               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.11.2020
            COM(2020) 746 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            sobre la política económica de la zona del euro
            {SWD(2020) 276 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               sobre la política económica de la zona del euro

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la economía de la zona del euro sufrió una recesión repentina y profunda en el primer semestre de 2020 y sigue siendo vulnerable a la persistente crisis sanitaria. La crisis de la COVID-19 ha provocado una serie de grandes perturbaciones de la oferta y la demanda, lo que se traduce en una disminución prevista del PIB del 7,8 % en 2020. La recuperación en 2021 ahora se prevé que será más lenta de lo que se había esperado y una gran brecha de producción de alrededor del -7,0 % del PIB potencial en 2020 no se habrá cerrado para finales de 2021. Existe una incertidumbre considerable sobre las perspectivas económicas, en cuanto a la evolución de la pandemia y los cambios de comportamiento de los agentes económicos. La rápida actuación a nivel nacional y de la Unión, en particular mediante el Instrumento Next Generation EU, ha contribuido decisivamente a contrarrestar algunas de las consecuencias negativas de la perturbación y a estabilizar los mercados. Tanto el consumo privado como la inversión se han visto gravemente afectados, lo que, a su vez, ha afectado negativamente a los precios y los salarios. Las perspectivas del mercado laboral también han empeorado, interrumpiendo siete años de mejoras. Sin embargo, debido al éxito de la aplicación de medidas ambiciosas en todos los Estados miembros, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras políticas de apoyo para evitar despidos masivos y grandes pérdidas de ingresos, el aumento del desempleo se ha visto mitigado por un descenso de las tasas de actividad porque los trabajadores desisten y abandonan el mercado laboral, junto con un descenso del número total de horas trabajadas.

               (2)La crisis de la COVID-19 está incrementando las divergencias económicas entre los Estados miembros de la zona del euro. Hay varios factores causantes de estas divergencias, entre otros: la intensidad y el momento en que se produjo la perturbación inicial de la COVID-19; la dimensión e importancia económica relativas de los sectores en los que se producen muchos contactos entre personas (por ejemplo, el turismo y la hostelería) y las diferencias en el margen de maniobra presupuestario. Estas diferencias afectan a la confianza, a las inversiones y a las perspectivas de crecimiento, así como a las disparidades regionales, que ya existían, pero que pueden agravarse. A más largo plazo, la actual crisis de la COVID-19 corre el riesgo de tener efectos negativos permanentes en el crecimiento potencial y las brechas de ingresos debido a la reducción del capital humano y físico (tanto tangible como intangible). Esto podría traducirse en un crecimiento aún menor de la productividad laboral y de los ingresos.

               (3)La reacción rápida y contundente de la Unión, incluido el Instrumento Next Generation EU, que comprende el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha impulsado la confianza del mercado y ha mostrado unidad entre los Estados miembros en un esfuerzo coordinado por reactivar el crecimiento económico y reforzar la resiliencia económica y social. Asimismo, se acordaron inmediatamente una serie de nuevos instrumentos para la Unión y la zona del euro. Estos instrumentos ya ofrecen una red de seguridad a los trabajadores (a través del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia — SURE)
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               , a las empresas (a través de un régimen del Banco Europeo de Inversiones) y a los Estados miembros con el fin de estabilizar los costes de financiación de la deuda soberana, en particular a través del Instrumento de apoyo ante la crisis pandémica del Mecanismo Europeo de Estabilidad
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               . La respuesta de la Unión también incluía la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un marco temporal para hacer uso de la flexibilidad que permiten las normas sobre ayudas estatales de la UE
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               . Los fondos de la política de cohesión se reorientaron hacia donde más falta hacían a través de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC y IIRC +)
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               .

               (4)La aplicación de políticas bien diseñadas en el contexto del Instrumento Next Generation EU y su principal instrumento, el MRR, ayudará a los Estados miembros a acometer reformas que propicien el crecimiento y aumentará el nivel y la calidad de las inversiones, en consonancia con los objetivos de resiliencia y la doble transición ecológica y digital. Ello deberá contribuir a la creación de capital humano y al éxito de la transición laboral de los trabajadores, factores que, junto con los fondos de la política de cohesión, serán esenciales para garantizar la cohesión, fomentar la productividad y mejorar la resiliencia económica y social. Son fundamentales los objetivos de crecimiento de la UE y los retos estructurales nacionales, incluidos los señalados en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible
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               , que promueve estos objetivos, presenta siete iniciativas emblemáticas: 1) Activación, 2) Renovación, 3) Recarga y Repostaje, 4) Conexión, 5) Modernización, 6) Expansión y 7) Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional. Estas iniciativas emblemáticas representan retos comunes que requieren inversiones y reformas coordinadas. Los Estados miembros deben canalizar las inversiones, aplicar reformas e integrar en mayor medida sus cadenas de valor en estos ámbitos emblemáticos. La propuesta de Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece, entre otras cosas, que los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros de la zona del euro sean coherentes con los retos y prioridades señalados en la Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Esta coherencia debe tenerse en cuenta en la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia.

               (5)La zona del euro requiere una política económica que preste apoyo y sea coordinada, integral y coherente para amortiguar el impacto de la pandemia de COVID-19. El objetivo es limitar cualquier impacto negativo a largo plazo en el mercado laboral, reducir las divergencias económicas y sociales significativas, abordar los desequilibrios y otros riesgos de importancia macroeconómica y, más en general, evitar consecuencias negativas en el crecimiento económico potencial a medio plazo. La coherencia mutua de las tres dimensiones principales de la política económica de la zona del euro (monetaria, fiscal y estructural) es esencial para garantizar una política económica global favorable para la zona del euro.

               (6)Las oportunas intervenciones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) han buscado mantener intactos los canales de transmisión monetaria y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. El BCE ha anunciado importantes compras adicionales de activos del sector público y privado, que ascenderán a 1 470 000 millones EUR en el marco del programa de adquisiciones de activos (APP, 120 000 millones EUR hasta finales de 2020)
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                y del programa de compras de emergencia en caso de pandemia (PEPP, 1 350 000 millones EUR hasta mediados de 2021 como mínimo)
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               .

               (7)Se prevé que la orientación presupuestaria sea altamente expansionista en 2020 y que siga siendo favorable en 2021, tanto a escala nacional como de la zona del euro. La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es crucial para dar una respuesta eficaz a la perturbación causada por la COVID-19 y para el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM). El 20 de marzo de 2020, la Comisión concluyó que la economía de la UE estaba experimentando una grave recesión económica y que se cumplían las condiciones para activar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta conclusión fue respaldada por los ministros de Hacienda de los Estados miembros
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               . Los Estados miembros introdujeron importantes medidas presupuestarias para contener la pandemia y prestar apoyo a particulares y empresas especialmente afectados, cabiendo destacar un apoyo excepcional a la liquidez, principalmente a través de garantías aportadas a las empresas y a los bancos para garantizar el flujo de crédito. Se prestará más apoyo presupuestario coordinado a escala de la UE, en particular a través del MRR.

               (8)Las repercusiones económicas de la COVID-19 están teniendo un gran impacto negativo en las finanzas públicas. Cuando las condiciones económicas y sanitarias lo permitan, una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, incluida la eliminación gradual de las medidas de apoyo a las empresas y los ciudadanos, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Esto debe hacerse de manera que se mitigue el impacto social y laboral de la crisis. Resultan especialmente pertinentes las reformas destinadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales y a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, también en vista del cambio climático y los retos sanitarios. Mejorar la composición de los presupuestos nacionales, especialmente mediante revisiones del gasto y unos marcos eficaces de contratación pública, puede crear un margen presupuestario que es muy necesario. Las prácticas de presupuestación ecológica también pueden ayudar a abordar los retos de la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente. Unos sistemas sanitarios y de protección social adecuados, eficientes e integradores ofrecen una protección muy necesaria a quienes más lo necesitan, desempeñan un papel clave como estabilizadores automáticos y deben preservar la sostenibilidad presupuestaria. Del mismo modo, las reformas que refuerzan el funcionamiento de los mercados de trabajo, capitales, productos y servicios, mediante una aplicación y una secuenciación adecuadas, aumentan la producción potencial, evitando al mismo tiempo un impacto negativo a corto plazo sobre la demanda agregada.

               (9)La crisis de la COVID-19 está aumentando la importancia de las reformas para lograr unos sistemas de ingresos públicos más eficientes y justos. Dado que la cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro, algunas de las reformas consistirían en desplazar la presión fiscal hacia bases impositivas menos perjudiciales para la oferta de trabajo, la productividad, la inversión y el crecimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo el correspondiente impacto distributivo. Hacer más uso de la fiscalidad medioambiental u otras formas de determinación de precios de las externalidades puede contribuir al crecimiento sostenible, incentivando comportamientos «más ecológicos». Las medidas destinadas a abordar la planificación fiscal agresiva y la elusión fiscal, tanto a escala internacional como en la Unión, pueden hacer que los sistemas tributarios sean más eficientes y justos. Por otra parte, la globalización y la digitalización de la economía han creado una desconexión entre dónde se crea valor y dónde se pagan los impuestos. Se está trabajando en el marco de la OCDE con el fin de alcanzar una solución de consenso global para hacer frente a los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía.

               (10)La anticipación de las reformas que abordan los obstáculos a la inversión y las limitaciones de la oferta reviste especial importancia teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre generado por la crisis provocada por la COVID-19 y su efecto perjudicial en la inversión. Las medidas que aceleran la absorción de los fondos de la UE y una utilización eficaz y eficiente de los recursos son esenciales, en particular en los Estados miembros que se quedan rezagados a este respecto y donde los fondos de la UE financian una parte significativa de las inversiones. Las reformas que reducen la carga administrativa para las empresas (por ejemplo, la digitalización de las administraciones públicas, con inclusión de la identificación electrónica y las reformas judiciales) y evitan el uso indebido de fondos (como la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales
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               ) pueden mejorar el entorno empresarial y contribuir a impulsar la inversión, el empleo y la creación de empresas.

               (11)La crisis de la COVID-19 ha provocado importantes pérdidas de ingresos para muchas empresas y plantea riesgos para la solvencia de las empresas en toda la zona del euro. Unos marcos de insolvencia eficaces desempeñan un papel crucial a la hora de apoyar a empresas viables que atraviesan problemas temporales y de facilitar la salida ordenada de las empresas inviables. La mejora de los marcos de insolvencia también puede ayudar a hacer frente al probable aumento de préstamos dudosos y a mantener el crédito a la economía, facilitando el saneamiento de los balances bancarios y estimulando la inversión transfronteriza a largo plazo. En este contexto, se adoptó la Directiva sobre reestructuración y segunda oportunidad (2019/1023)
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                para introducir normas mínimas en materia de solvencia en la legislación nacional de todos los Estados miembros, a fin de garantizar que los deudores con dificultades financieras dispongan de marcos de reestructuración preventiva, establecer procedimientos de exoneración de deudas contraídas por empresarios sobreendeudados y aumentar la eficiencia de todos los tipos de procedimientos de insolvencia. Es importante proceder a la transposición y aplicación de la Directiva. La Comisión Europea también anunció, en el plan de acción para la Unión de los Mercados de Capitales de septiembre de 2020
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               , la realización de trabajos en pos de una armonización mínima o una mayor convergencia en ámbitos específicos de insolvencia básica no bancaria. Además, existe margen para que los Estados miembros sigan evaluando la eficiencia y la eficacia de sus marcos de insolvencia en consonancia con las buenas prácticas internacionales y aborden las deficiencias restantes
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               .

               (12)Profundizar en el mercado único de bienes y servicios y adaptar la zona del euro a la era digital puede ser un importante motor de crecimiento, convergencia y resiliencia. La moneda común y el mercado único han contribuido conjuntamente a la creación de mejores condiciones para la estabilización económica y el crecimiento a largo plazo. La crisis de la COVID-19 ha impulsado el uso de herramientas digitales, ha puesto de relieve la importancia del mercado único digital y ha acelerado la utilización de métodos de pago digitales y sin efectivo. Sin embargo, el mercado único sigue estando incompleto, especialmente en el ámbito de los servicios y, más concretamente, en el comercio minorista y los servicios profesionales. El mercado único puede limitar las rigideces de precios que obstaculizan tanto el mecanismo de transmisión de la política monetaria como la resiliencia económica. El mercado único contribuye a la movilidad de los factores de producción, lo que permite a los sectores, regiones y Estados miembros minimizar los costes económicos (por ejemplo, el desempleo) en respuesta a las perturbaciones. Para lograr una mayor integración del mercado único de bienes y servicios, es necesario eliminar todas las restricciones innecesarias restantes, mejorar los mecanismos de vigilancia del mercado y adoptar medidas que garanticen la capacidad administrativa con el fin de alcanzar estos objetivos.

               (13)Unas reformas e inversiones que mejoren la integración y las transiciones en el mercado laboral, con especial atención a los empleos digitales y ecológicos, son esenciales para aumentar la resiliencia económica y social y apoyar la recuperación. Las medidas de crisis adoptadas inmediatamente a nivel nacional y de la Unión han limitado el impacto económico y social negativo para los trabajadores. Al mismo tiempo, una serie de reformas iniciadas hace tiempo son ahora aún más urgentes: políticas del mercado de trabajo activas y eficaces, incluido el apoyo individualizado, la mejora de la calidad y la inclusión de los sistemas de educación y formación para reforzar los resultados educativos desde una edad temprana, medidas sólidas de reciclaje y mejora de las capacidades e inversión en educación y formación para adultos y en plataformas de aprendizaje en línea, lucha contra la falta de cualificaciones, mejora de las perspectivas de empleo de los segmentos más vulnerables de la población activa, incluidos los jóvenes y los desempleados de larga duración, y eliminación de la brecha de género. Para apoyar una recuperación sostenible e integradora, es fundamental fomentar la creación de empleo de calidad y mejorar las condiciones de trabajo, en particular garantizando unos salarios mínimos adecuados y abordando la segmentación del mercado laboral. El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel importante en el éxito del diseño y la aplicación de las políticas.

               (14)El acceso a sistemas sanitarios y de protección social adecuados, integradores y sostenibles, que funcionan como estabilizadores automáticos en la crisis, es importante para la resiliencia económica y social. Dichos sistemas contribuyen a mantener un nivel de vida digno y la buena salud de la población, lo cual es fundamental para una economía laboral productiva, a lo largo de todo el ciclo económico. Las inversiones para apoyar las reformas sanitarias y unos sistemas sanitarios resilientes deben seguir siendo una prioridad para los Estados miembros. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales
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                es fundamental para orientar las políticas. Ante la crisis, es aún más acuciante garantizar una cobertura adecuada de protección social para todos, tanto en términos de asistencia sanitaria de calidad y de larga duración como en términos de ingresos de sustitución para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos atípicos y los trabajadores por cuenta propia. Muchos Estados miembros han adoptado medidas temporales de apoyo a la renta y de asistencia social en favor de los grupos vulnerables con rentas muy bajas y de los trabajadores que no tienen derecho a prestaciones por desempleo. Se han tomado medidas en relación con las prestaciones, las condiciones de admisibilidad y los servicios adicionales en especie. Debe reforzarse la adecuación y la cobertura de los sistemas de protección social de modo que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la equidad intergeneracional.

               (15)En los últimos años, se han logrado avances significativos, pero las repercusiones económicas de la pandemia han añadido presión sobre el sector financiero. Los bancos de la zona del euro entraron en la crisis actual con mayores capacidades de absorción de pérdidas que antes del inicio de la crisis financiera mundial. Junto con medidas de política monetaria y fiscal, esto ha evitado que se endurecieran las condiciones de financiación de los mercados, más allá de la fase inicial de la crisis, y ha garantizado la continuidad de la concesión de crédito al sector privado. Es probable que la crisis ejerza más presión sobre los ya bajos niveles de rentabilidad y las ratios de préstamos dudosos de los bancos, así como sobre el sector financiero no bancario, que experimentó salidas y pérdidas de valoración que solo se han recuperado parcialmente. Esto podría obstaculizar la concesión de créditos, que es esencial para la recuperación. Las rápidas y considerables intervenciones políticas han inspirado confianza y contribuido a preservar la estabilidad macrofinanciera. Para mitigar los riesgos, es fundamental romper el círculo vicioso existente entre las vulnerabilidades del sector empresarial y los riesgos del sector financiero y abordar las deficiencias estructurales con el fin de reforzar la rentabilidad. Los sistemas de garantía de préstamos públicos contribuyen a proteger a las empresas y al sector bancario, pero también constituyen pasivos contingentes para los presupuestos de los Estados miembros. Sin un sistema eficaz que distinga las empresas viables de las no viables, la prórroga de las moratorias de insolvencia y la reestructuración de los préstamos dudosos entraña decisiones difíciles ya que podrían dar lugar a una asignación errónea de fondos e incrementar las pérdidas en caso de quiebra.

               (16)Sigue siendo esencial completar la arquitectura de la UEM. Colmar las lagunas restantes podría aumentar aún más la estabilidad y la resiliencia de la zona del euro y reforzaría el papel internacional del euro, que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. Además de su función de estabilización a corto plazo y de su papel de apoyo a la recuperación, el Instrumento Next Generation EU tiene potencial para influir en la UEM a largo plazo. El aumento de la capacidad de resiliencia de la zona del euro frente a futuras perturbaciones, así como mediante la importante emisión de deuda denominada en euros, incluidos los bonos verdes y sociales, añadirá profundidad y liquidez al mercado de instrumentos de renta fija denominados en euros de alta calidad y, de este modo, podrá reforzar el euro como moneda de reserva internacional. No obstante, faltan todavía elementos importantes en la UEM, como la culminación de la Unión Bancaria y de la Unión de los Mercados de Capitales. Fortalecer la Unión Bancaria sigue siendo crucial para garantizar la estabilidad financiera, reducir la fragmentación financiera y proteger los préstamos a la economía en tiempos de crisis. Es prioritario finalizar los trabajos sobre el paquete de reformas del MEDE, incluida la introducción de un mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución. Este mecanismo de protección debe preverse y hacerse operativo, siempre que se haya avanzado lo suficiente en la reducción del riesgo. Se debe seguir trabajando en torno a soluciones que permitan superar las limitaciones del mecanismo actual de inyección de liquidez en los procedimientos de resolución. Completar la Unión de Mercados de Capitales es una prioridad clave, como demuestra el nuevo plan de acción de septiembre de 2020. Una UEM fuerte y resiliente también será importante para reforzar el papel internacional del euro y garantizar la autonomía económica y financiera de la Unión sobre la que la Comisión presentará una Comunicación, al tiempo que se respetan plenamente el mercado interior de la Unión y se lleva a cabo de manera abierta y transparente con respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

               RECOMIENDA que, durante el período 2021-2022, los Estados miembros de la zona del euro adopten individualmente medidas mediante sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de:

               1.Garantizar una orientación de las medidas que apoye la recuperación

               Puesto que la situación de emergencia sanitaria persiste, las políticas fiscales deberán seguir siendo de apoyo en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021.

               Las medidas deberán adaptarse a las circunstancias específicas de cada país y ser oportunas, temporales y específicas. Dado que los riesgos de revisión a la baja de las previsiones siguen materializándose, los Estados miembros deben seguir coordinando acciones para hacer frente eficazmente a la pandemia, sostener la economía y apoyar una recuperación sostenible.

               Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, convendrá eliminar gradualmente las medidas de apoyo a las empresas y los ciudadanos, de manera que se mitigue el impacto social y en el mercado laboral de la crisis, y aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión.

               Los Estados miembros deberán proseguir reformas que refuercen la cobertura, la adecuación y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de protección social.

               Los Estados miembros deberán prestar especial atención a la calidad de las medidas presupuestarias, mejorar la gestión de las finanzas públicas, en particular los marcos de inversión y presupuestación ecológica y de contratación pública y realizar revisiones del gasto para centrar más el gasto público en las necesidades de recuperación y resiliencia.

               2.Seguir mejorando la convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador

               Mitigar el riesgo de nuevas divergencias y aumentar la resiliencia económica y social en la zona del euro mediante la aplicación de reformas que refuercen la productividad y el empleo, garanticen una asignación fluida de los recursos y mejoren el funcionamiento de los mercados y la administración pública, y aumentando el nivel de inversión pública y privada para apoyar una recuperación compatible con transiciones ecológicas y digitales justas e integradoras.

               Proseguir la integración del mercado único de bienes y servicios, incluido el digital, mediante la eliminación de restricciones innecesarias, la mejora de la vigilancia del mercado y la garantía de una capacidad administrativa suficiente.

               Garantizar unas políticas activas eficaces en el mercado laboral y apoyar las transiciones laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital. Fomentar unas condiciones de trabajo justas y abordar la segmentación del mercado laboral. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. Reforzar unos sistemas de educación y formación integradores y la inversión en la adquisición de cualificaciones, abordando la escasez de las mismas.

               Seguir trabajando en una solución de consenso global para hacer frente a los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía en el marco de la OCDE, y estar en disposición de seguir adelante con la actuación a nivel de la UE para junio de 2021. Seguir avanzando en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, reducir la cuña fiscal y apoyar un cambio en la fiscalidad hacia la tarificación del carbono y la fiscalidad medioambiental.

               3.Reforzar los marcos institucionales nacionales

               Proseguir y anticipar las reformas para abordar los obstáculos a las inversiones y garantizar el uso eficiente y oportuno de los fondos de la UE, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Reforzar la eficacia y la digitalización de la administración pública, incluidos los sistemas de justicia y salud, así como los servicios públicos de empleo. Reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar el entorno empresarial. Establecer marcos eficaces para luchar contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales.

               Promover acciones concretas para aumentar la eficiencia, la eficacia y la proporcionalidad de los marcos de insolvencia, sanear las exposiciones dudosas y garantizar una asignación eficiente del capital.

               4.Garantizar la estabilidad macrofinanciera

               Mantener los canales de crédito a la economía y las medidas de apoyo a las empresas viables mientras sea necesario durante esta crisis sin precedentes.

               Mantener unos balances del sector bancario sólidos, incluida la continuación del tratamiento del problema de los préstamos dudosos, en particular mediante el desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos.

               5.Completar la UEM y reforzar el papel internacional del euro

               Avanzar en la profundización de la Unión Económica y Monetaria con el fin de aumentar la resiliencia de la zona del euro, completando la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales y a través de iniciativas que apliquen políticas de finanzas digitales, financiación minorista y finanzas sostenibles.

               Aumentar la eficiencia, la proporcionalidad y la coherencia general del marco de gestión de las crisis bancarias y del sistema de garantía de depósitos, incluidas unas sólidas redes de seguridad de la Unión Bancaria como prioridades a corto plazo.

               Los avances en estos ámbitos contribuirán a reforzar el papel internacional del euro y a promover los intereses económicos de Europa a escala mundial, respetando plenamente al mismo tiempo el mercado interior de la Unión.

               Hecho en Bruselas, el

                        Por el Consejo

                        El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        DO L 159 de 20.5.2020, p. 1.

                     (4)

                  https://www.consilium.europa.eu/media/44011/20200508-pcs-term-sheet-final.pdf

                     (5)

                        DO C 91I de 20.3.2020, p. 1, DO C 112I de 4.4.2020, p. 1, DO C 164 de 13.5.2020, p. 3 y DO C 218 de 2.7.2020, p. 3.

                     (6)

                        DO L 99 de 31.3.2020, p. 5.

                     (7)

                        COM/2020/575 final.

                     (8)

                        DO L 157 de 15.6.2016, p. 28.

                     (9)

                        DO L 91 de 25.3.2020, p. 1.

                     (10)

                  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/

                     (11)

                        Comunicación COM (2019) 360 final de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de julio de 2019:
                     Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

                     (12)

                        DO L 172 de 26.6.2019, p.18.

                     (13)

                        COM(2020)590 final.

                     (14)

                        El Eurogrupo señaló una serie de principios, entre ellos la detección precoz de los problemas de deuda y la disponibilidad de procedimientos de reestructuración temprana. Véase
                  https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2016/04/22/

                     (15)

                        Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales (DO C 428 de 13.12.2017, p.10).