               5.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 45/89

         P7_TA(2013)0180
   Recomendación destinada al Consejo sobre el principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger»
   Recomendación del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2013, destinada al Consejo sobre el principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger» (R2P) (2012/2143(INI))
   (2016/C 045/15)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vistos los valores, los objetivos, los principios y las políticas de la Unión Europea, consagrados, entre otros, en los artículos 2, 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

               —

               Vista la Carta de las Naciones Unidas,

               —

               Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

               —

               Vista la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948,

               —

               Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

               —

               Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/63/308, de 7 de octubre de 2009, sobre la responsabilidad de proteger,

               —

               Vistas la Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), de abril de 2006, y la Resolución 1894 del CSNU, de noviembre de 2009, sobre la «Protección de los civiles en los conflictos armados» (1),

               —

               Vistas las Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del CSNU sobre la mujer y la paz y la seguridad; la Resolución 1888 (2009) del CSNU sobre la violencia sexual contra las mujeres y los niños en situaciones de conflicto armado; la Resolución 1889 (2009) del CSNU destinada a reforzar la aplicación y supervisión de la Resolución 1325 (2000) del CSNU; y la Resolución 1960 (2010) del CSNU, por la que se creó un mecanismo para la recopilación de datos sobre la violencia sexual en los conflictos armados y la elaboración de una lista sobre sus autores;

               —

               Vistas la Resolución 1970 del CSNU sobre Libia, de 26 de febrero de 2011, en la que se hace referencia a la R2P y se autorizan varias medidas no coercitivas para evitar la escalada de atrocidades, y la Resolución 1973 del CSNU sobre Libia, de 17 de marzo de 2011, en la que por primera vez en la historia se hace referencia expresa al primer pilar de la responsabilidad de proteger y se autoriza el uso de la fuerza contra un país haciendo referencia explícita a la responsabilidad de proteger, que ha sido seguida de referencias similares en las Resoluciones 1975 sobre Costa de Marfil, 1996 sobre Sudán y 2014 sobre Yemen,

               —

               Vistos los apartados 138 y 139 de las conclusiones de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, de 2005 (2),

               —

               Vistos el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal (ICISS) titulado «La responsabilidad de proteger», de 2001, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, titulado «Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos» (3), de 2004, así como el informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos» (4), de 2005,

               —

               Vistos los informes del Secretario General de las Naciones Unidas, en especial los titulados «Hacer efectiva la responsabilidad de proteger» (5), de 2009, «Alerta temprana y evaluación y la responsabilidad de proteger» (6), de 2010, «La función de los mecanismos regionales y subregionales para hacer efectiva la responsabilidad de proteger» (7), de 2011, y «La responsabilidad de proteger: respuesta oportuna y decisiva» (8), de 2012,

               —

               Visto el Informe del panel de revisión interna del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la acción en Sri Lanka, de noviembre de 2012, en la que se investiga el hecho de que la comunidad internacional no haya protegido a los civiles de violaciones a gran escala de la legislación en materia humanitaria y de derechos humanos y se incluyen recomendaciones acerca de futuras medidas de las Naciones Unidas para responder de forma efectiva a situaciones similares en las que se produzcan crímenes atroces masivos,

               —

               Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre «Fortalecimiento de la función de mediación en el arreglo pacífico de controversias, la prevención de conflictos y su solución», de 25 de julio de 2012,

               —

               Vista la iniciativa brasileña presentada en las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2011 bajo el título «Responsabilidad al proteger: elementos para el desarrollo y la promoción de un concepto»,

               —

               Vistos el Programa de la Unión Europea para la prevención de conflictos violentos (Programa de Gotemburgo), de 2001, y los informes anuales sobre su ejecución,

               —

               Vistas las prioridades de la UE para el 65o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de mayo de 2010 (9),

               —

               Visto el Premio Nobel de la Paz 2012, que no solo hace honor a la contribución histórica de la UE a una Europa y un mundo en paz, sino que también aumenta las expectativas en cuanto a su futuro compromiso con un orden mundial más pacífico y basado en las normas del Derecho internacional,

               —

               Vistos el Consenso europeo sobre desarrollo (10) y el Consenso europeo sobre ayuda humanitaria (11),

               —

               Vistas sus Recomendaciones destinadas al Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre el 66o período de sesiones de la AGNU (12), y de 13 de junio de 2012, sobre el 67o período de sesiones de la AGNU (13),

               —

               Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre el 19o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (14),

               —

               Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor global: su papel en organizaciones multilaterales (15),

               —

               Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la Estrategia Europea de Seguridad y la PESD (16),

               —

               Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0130/2013),

               A.

               Considerando que el Documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, de 2005, ofrece por vez primera una definición común del principio de la R2P; considerando que el principio de la R2P integrado en los apartados 138 y 139 del Documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas constituye un paso importante hacia un mundo más pacífico, al establecer la obligación de los Estados de proteger a sus poblaciones contra el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad, así como la obligación de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a asumir esta responsabilidad y de reaccionar en caso de que los Estados no protejan a sus ciudadanos contra los cuatro tipos de crímenes y violaciones especificados;

               B.

               Considerando que el principio de la R2P se basa en tres pilares: (i) incumbe en primer lugar al Estado proteger a su población contra el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica; (ii) la comunidad internacional debe ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones de protección; (iii) cuando un Estado incumpla manifiestamente su obligación de proteger a su población o, de hecho, incurra en los crímenes mencionados, incumbirá a la comunidad internacional emprender una acción colectiva;

               C.

               Considerando que, con arreglo al trabajo sobre la R2P desarrollado antes de la adopción del Documento final de la Cumbre Mundial en 2005, y en particular en el informe sobre la R2P de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal (ICISS), de 2001, se ha definido más detalladamente el principio de la R2P, a fin de abarcar los elementos que componen la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccionar y la responsabilidad de reconstruir, tal y como se presenta en el informe de la ICISS;

               D.

               Considerando que se celebra el desarrollo del concepto de la R2P, puesto que aclara y refuerza las obligaciones vigentes de los Estados de asegurar la protección de la población civil; considerando que este concepto, que se deriva de los fracasos de la comunidad internacional en Ruanda en 1994, es fundamental para la supervivencia de la comunidad de naciones;

               E.

               Considerando que, en los casos en cuestión, el uso legítimo de la fuerza debe ejercerse de manera prudente, proporcionada y restringida;

               F.

               Considerando que el desarrollo del principio de la responsabilidad de proteger es un paso importante para anticipar, prevenir y responder a los casos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad, y para que se respeten los principios fundamentales del Derecho internacional, en particular del Derecho internacional humanitario, de los refugiados y el relativo a los derechos humanos; considerando que es preciso aplicar dichos principios de la forma más coherente y uniforme posible, para lo cual resulta vital que la alerta y la evaluación tempranas se lleven a cabo correcta, cuidadosa y profesionalmente, y que el uso de la fuerza continúe siendo una medida de último recurso;

               G.

               Considerando que, transcurrida más de una década desde la creación del principio de la R2P, y ocho años desde su aprobación por la comunidad internacional durante la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, los acontecimientos recientes han vuelto a situar en un primer plano la importancia y los retos de garantizar una respuesta rápida y decisiva a los cuatro crímenes principales que abarca este principio, así como la necesidad de seguir trabajando en pro de la operatividad de dicho principio, a fin de poder aplicarlo de forma efectiva y evitar atrocidades masivas;

               H.

               Considerando que el desarrollo del principio de la R2P —en particular su componente preventivo— puede hacer avanzar los esfuerzos mundiales hacia un mundo más pacífico, dado que numerosos crímenes atroces de carácter masivo se perpetran en tiempos de conflictos violentos y hacen necesario crear capacidades eficaces de prevención estructural y operativa de conflictos, con lo que se reduce la necesidad del uso de la fuerza como medida de último recurso;

               I.

               Considerando que el recurso a todos los instrumentos disponibles en virtud de los capítulos VI, VII y VIII de la Carta, desde medidas no coercitivas a las acciones colectivas, reviste una importancia fundamental para el desarrollo futuro y la legitimidad del principio de la R2P;

               J.

               Considerando que la forma más efectiva de prevenir conflictos, violencia y sufrimiento humano reside en promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, reforzar el Estado de Derecho, promover la buena gobernanza, la seguridad humana, el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, la inclusión, los derechos socioeconómicos, la igualdad de género y las prácticas y los valores democráticos, así como la reducción de las desigualdades económicas;

               K.

               Considerando que la intervención militar de 2011 en Libia ha puesto de manifiesto la necesidad de clarificar el papel de las organizaciones regionales y subregionales a la hora de aplicar la R2P; considerando que dichas organizaciones pueden al mismo tiempo legitimar la R2P y participar en su aplicación, pero que a menudo carecen de las capacidades y los recursos necesarios;

               L.

               Considerando que los derechos humanos ocupan un lugar preeminente en las relaciones internacionales;

               M.

               Considerando la necesidad de cambiar la manera en que enfocamos el principio de la R2P que debería integrarse en todos nuestros sistemas de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y gestión de crisis y basarse, por otra parte, en programas que ya incluyan este principio;

               N.

               Considerando que una aplicación más consecuente del elemento de prevención de la R2P, incluidas las medidas de mediación y la diplomacia preventiva en una fase inicial, evitarían o reducirían el peligro de conflictos y violencia y contribuirían a evitar su intensificación, evitando de este modo las intervenciones internacionales en el marco del elemento de la responsabilidad de reaccionar de la R2P; considerando que la diplomacia de doble vía constituye un elemento importante de la diplomacia preventiva que se basa en la dimensión humana de los esfuerzos de reconciliación;

               O.

               Considerando que el principio de R2P es, en primer lugar, una doctrina de carácter preventivo y que la intervención militar debe ser el último recurso en las situaciones en las que se aplica dicho principio; que, siempre que sea posible, el principio de la R2P debe aplicarse, en primer lugar y, en particular, sobre la base de acciones diplomáticas y de desarrollo centradas en la creación de capacidades en los ámbitos de los derechos humanos, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la reducción de la pobreza y el refuerzo de la enseñanza y de la salud, la prevención de conflictos mediante la educación y el fomento de los intercambios comerciales, un control eficaz de los armamentos, la prevención del tráfico ilegal de armas y el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana; considerando, además, que hay muchas alternativas coercitivas de carácter no militar, como la diplomacia preventiva, sanciones, mecanismos de rendición de cuentas y la mediación; considerando que la UE ha de continuar ejerciendo la función de liderazgo en materia de prevención de conflictos;

               P.

               Considerando que la cooperación con las organizaciones regionales es una dimensión importante de los cometidos relacionados con el principio de R2P; que, en consecuencia, pide que se refuercen las capacidades regionales en términos de prevención y de definición de políticas eficaces para la prevención de los cuatro delitos a los que se hace referencia anteriormente; considerando que la próxima Cumbre UE-África de 2014 brindará una buena oportunidad para demostrar nuestro apoyo al liderazgo ejercido por la UA y fomentar la apropiación por parte de África del principio de la R2P;

               Q.

               Considerando que las Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz identifican el dilema de que las órdenes de detención emitidas por la CPI, los regímenes de sanciones y las políticas antiterroristas a escala nacional e internacional también afectan a la forma en que pueden abordarse ciertos conflictos mediante un proceso de mediación; que la definición según el Derecho internacional de los crímenes que requieren una reacción inmediata por parte de la comunidad internacional ha avanzado considerablemente desde la creación de la CPI, aunque siguen siendo extremadamente necesarios mecanismos de evaluación independientes para los casos en los que se cumplen estas definiciones; considerando que la aplicación del Estatuto de Roma aumentaría la eficacia del régimen de la CPI; considerando que el Estatuto de Roma no ha sido ratificado por todos los Estados de la comunidad internacional;

               R.

               Considerando que la CPI y la R2P están interconectadas, ya que ambas aspiran a prevenir el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra; considerando que, por una parte, la R2P refuerza la misión de la CPI de luchar contra la impunidad abogando por que los Estados cumplan con su responsabilidad judicial y que, por otra, la R2P refuerza el principio de complementariedad de la CPI, en virtud del cual la responsabilidad primaria de perseguir los crímenes incumbe a los Estados;

               S.

               Considerando que la CPI desempeña un papel fundamental no solo a la hora de prevenir los crímenes, sino también en la reconstrucción de los países y en los procesos de mediación;

               T.

               Considerando que la UE siempre ha promovido activamente la R2P a escala internacional; considerando que debe reforzar su protagonismo político a escala mundial, en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del Derecho humanitario, y reflejar este apoyo político en sus propias políticas;

               U.

               Considerando que los Estados miembros de la UE también han aprobado el principio de la R2P, pero que solo unos cuantos han integrado dicho principio en sus textos nacionales;

               V.

               Considerando que las últimas experiencias con crisis concretas, como las de Sri Lanka, Costa de Marfil, Libia y Siria, han puesto de manifiesto los retos persistentes a la hora de llegar a un entendimiento común sobre cómo garantizar la aplicación oportuna y eficaz del principio de la R2P, generando al mismo tiempo también la voluntad política común y la capacidad efectiva de evitar o detener genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad cometidos por autoridades nacionales y locales o actores no estatales, así como las consiguientes múltiples víctimas civiles;

               W.

               Considerando que, en situaciones en las que se aplica el principio de la R2P, mantener la distinción entre los mandatos de los actores militares y humanitarios reviste la mayor importancia a fin de mantener la idea de neutralidad y de imparcialidad de todos los actores humanitarios y de evitar poner en peligro la prestación eficaz de ayuda y de asistencia médica o de cualquier otro tipo, el acceso a los beneficiarios o la seguridad del personal humanitario en el terreno;

               X.

               Considerando que la propuesta presentada por Brasil sobre «Responsabilidad al proteger» constituye una oportuna contribución a la necesaria elaboración de criterios que deben seguirse cuando se ponga en marcha la misión de la responsabilidad de proteger, incluida la proporcionalidad del alcance y duración de cualquier intervención, el riguroso equilibrio de las consecuencias, la claridad ex ante de los objetivos políticos y la transparencia de la justificación de la intervención; considerando que deben reforzarse los mecanismos de supervisión y revisión de las misiones iniciadas, también por medio del Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio y la responsabilidad de proteger, así como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esto debe llevarse a cabo «de forma imparcial, prudente y profesional, sin injerencias políticas ni dobles raseros» (17);

               Y.

               Considerando que la definición según el Derecho internacional de los crímenes que requieren una reacción inmediata por parte de la comunidad internacional ha avanzado considerablemente desde la creación de la CPI, aunque siguen siendo extremadamente necesarios mecanismos de evaluación independientes para los casos en los que se apliquen estas definiciones;

               Z.

               Considerando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desempeña una importante función de sensibilización hacia los casos de crímenes atroces masivos que se dan en la actualidad; considerando que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desempeña una función cada vez más importante en la aplicación de la R2P, también al autorizar misiones de prospección y comisiones de investigación para recopilar y evaluar las informaciones relacionadas con los cuatro crímenes y violaciones especificados, y por su disponibilidad creciente a la hora de recurrir a la R2P en situaciones de crisis como las de Libia y Siria;

               AA.

               Considerando que un planteamiento limitado pero profundo para la aplicación de la responsabilidad de proteger debe restringir la misma a los cuatro crímenes y violaciones atroces masivos especificados;

               AB.

               Considerando que el principio de la R2P no debe aplicarse en el contexto de las urgencias de carácter humanitario y las catástrofes naturales; considerando que la acción humanitaria no debe servir de pretexto para la acción política y que todos los actores participantes deben respetar el espacio humanitario;

               AC.

               Considerando que debe ofrecerse una ayuda completa en situaciones post-conflicto; considerando que se requieren esfuerzos adicionales para confirmar la responsabilización en caso de violaciones graves de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario y para asegurar la lucha contra la impunidad;

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), al SEAE, a la Comisión, a los Estados miembros y al Consejo:

                           (a)

                           que confirmen de nuevo el compromiso de la UE para con la R2P mediante la adopción conjunta de un consenso interinstitucional sobre R2P, incluido un acuerdo común sobre las implicaciones R2P para la acción exterior de la UE y la función que pueden desempeñar sus acciones e instrumentos en situaciones preocupantes, que se preparará conjuntamente con el Consejo, el SEAE, la Comisión y el Parlamento Europeo, habiendo tenido en cuenta también los puntos de vista de las partes interesadas, incluidos los actores de la sociedad civil y las ONG;

                           (b)

                           que incluyan un capítulo en el informe anual de la AR/VP al Parlamento Europeo sobre la Política Exterior y de Seguridad Común relativa a las acciones de la UE en materia de prevención y mitigación de conflictos, aplicando el principio de la R2P; que analicen en este capítulo la utilidad de los instrumentos y estructuras administrativas pertinentes para la aplicación de la R2P, e incluyan la identificación de las revisiones necesarias; que preparen este capítulo en cooperación con el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y teniendo en cuenta las diversas posiciones adoptadas por el Parlamento sobre cuestiones específicas relativas a la prevención de conflictos o a la protección de los derechos humanos; y que examinen los resultados junto con el Parlamento;

                           (c)

                           que integren el principio de la R2P en la ayuda de la UE para el desarrollo; que continúen profesionalizando y reforzando la diplomacia preventiva, la mediación y las capacidades en materia de prevención de crisis y respuesta ante las mismas de la Unión, en especial la recopilación e intercambio de informaciones así como los sistemas de alerta rápida; que mejoren la coordinación entre las distintas estructuras de la Comisión, el Consejo y el SEAE con respecto a todos los aspectos de la R2P, y que informen regularmente al Parlamento de las iniciativas adoptadas en apoyo de la R2P;

                           (d)

                           que garanticen la suficiencia en la planificación de las políticas, los conceptos operativos y los objetivos de desarrollo de la capacidad en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) para que la Unión pueda aplicar plenamente la responsabilidad de proteger en estrecha colaboración internacional con las Naciones Unidas y las organizaciones regionales;

                           (e)

                           que refuercen las capacidades de la UE en materia de prevención y atenuación de conflictos, en particular las capacidades de reserva de los expertos jurídicos, agentes policiales y analistas regionales, así como la creación de un Instituto Europeo para la Paz autónomo, destinado a ofrecer a la Unión asesoramiento y capacidades para la mediación, la diplomacia de doble vía y el intercambio de buenas prácticas en materia de paz y disminución de las hostilidades; que refuercen los aspectos preventivos de los instrumentos exteriores de la UE, en particular del Instrumento de Estabilidad;

                           (f)

                           que refuercen los vínculos entre la alerta rápida, la planificación de políticas y la toma de decisiones de alto nivel en el seno del SEAE y del Consejo;

                           (g)

                           que incluyan una evaluación sistemática de los factores de riesgo de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad en los análisis estratégicos nacionales y regionales, y que incluyan la prevención de estos factores de riesgo en los diálogos con países terceros donde existe un riesgo de que se perpetren dichos crímenes y violaciones;

                           (h)

                           que desarrollen la cooperación con el personal de las delegaciones de la UE y las embajadas de los Estados miembros, así como su formación, incluidas las misiones civiles y militares, en los ámbitos de los derechos humanos internacionales, el Derecho humanitario y el Derecho penal, así como su capacidad de detectar situaciones potenciales que impliquen los cuatro crímenes y violaciones especificados, entre otras cosas, a través de intercambios regulares con la sociedad civil local; que garanticen que los representantes especiales de la UE velen por el respeto de la R2P siempre que sea necesario y que amplíen el mandato del Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a fin de incluir en el mismo las cuestiones relativas a la R2P; que identifiquen, en el contexto de las estructuras y recursos existentes en el SEAE, un punto de enlace de la UE, que se encargará en particular de la sensibilización hacia las implicaciones de la R2P y velará por el intercambio oportuno de informaciones entre todos los actores implicados acerca de situaciones preocupantes, fomentando al mismo tiempo la creación de puntos de enlace nacionales para la R2P en los Estados miembros; que continúen profesionalizando y reforzando la diplomacia y la mediación preventivas;

                           (i)

                           que inicien y promuevan un debate interno en la UE sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único órgano legítimo a escala internacional que puede autorizar las intervenciones en el marco de la R2P sin el consentimiento del Estado al que va dirigida la intervención;

                           (j)

                           que impliquen y formen a los representantes de la sociedad civil y de las ONG, que podrían contribuir a la diplomacia informal (Track II), con miras a fomentar el intercambio de buenas prácticas en este ámbito;

                           (k)

                           que refuercen la cooperación con organizaciones regionales y subregionales, también a través de la mejora de sus medidas de prevención, de creación de capacidades y de respuesta en relación con la R2P;

                           (l)

                           que velen por una rápida ratificación, por parte de todos los Estados miembros de la UE, de las enmiendas a los Estatutos de la CPI en los que se define el delito de agresión, ya que dicha Corte puede desempeñar un papel fundamental en la prevención de crímenes atroces masivos, así como en las actividades destinadas a garantizar la rendición de cuentas;

                           (m)

                           que insistan en el respeto de la cláusula de la CPI en los acuerdos con terceros países; y que consideren la posibilidad de revisar los acuerdos celebrados con los países que no cumplan las órdenes de detención de la CPI;

                           (n)

                           que adopten un enfoque de doble vía, por ejemplo, promoviendo la aceptación universal de la R2P, alentando al mismo tiempo a los Estados a que apoyen y ayuden a la CPI;

               2.

               Insta a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión y al Consejo a:

                           (a)

                           contribuir activamente en el debate sobre el principio de la R2P, que se sustente en la legislación internacional existente en materia de derechos humanos y los Convenios de Ginebra, con miras a reforzar la atención de la comunidad internacional hacia el componente de prevención de la R2P y la aplicación universal de los instrumentos no coercitivos, y a desarrollar un plan de acción concreto con este fin que incluye asimismo consideraciones relativas a la responsabilidad/necesidad de reconstrucción;

                           (b)

                           que promuevan el principio de la R2P en las Naciones Unidas y se esfuercen por velar por su carácter universal como parte fundamental de un modelo de seguridad colectivo basado en el multilateralismo y la primacía de las Naciones Unidas y en el contexto del refuerzo de la CPI; que recuerden que este principio implica, asimismo, la responsabilidad de luchar contra la impunidad;

                           (c)

                           que respalden los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para revitalizar y mejorar la comprensión de las implicaciones del principio de la R2P, y cooperar con otros miembros de las Naciones Unidas que deseen mejorar las capacidades de la comunidad internacional a fin de prevenir y responder a los crímenes atroces masivos cubiertos por el principio de la R2P;

                           (d)

                           que pidan al CSNU que tome en consideración la propuesta acerca de la «Responsabilidad al proteger», con el fin de asegurar la aplicación más eficiente del principio de la R2P causando el menor daño posible, y que contribuyan a la necesaria elaboración de criterios que deberán seguirse cuando se actúe en aplicación, en particular, del tercer pilar de la R2P, incluidos la proporcionalidad del alcance y la duración de cualquier intervención, el riguroso equilibrio de las consecuencias, la claridad ex ante de los objetivos políticos y la transparencia de la justificación de la intervención; teniendo en cuenta que el desarrollo de dichos criterios puede ofrecer garantías que podrían persuadir a los Estados miembros actualmente recelosos con respecto a la doctrina de la R2P y su aplicabilidad, que refuercen los mecanismos de supervisión y revisión de las misiones iniciadas, también a través de los Asesores Especiales del Secretario General para la Prevención del Genocidio y la responsabilidad de proteger, así como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que lleven a cabo esos mecanismos «de forma imparcial, prudente y profesional, sin injerencias políticas ni dobles raseros» (18);

                           (e)

                           que extraigan lecciones, en cooperación con los Estados miembros y nuestros socios internacionales, de la aplicación del principio de la R2P en Libia en 2011 y de la actual incapacidad de actuar en Siria;

                           (f)

                           que propongan a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la adopción de un código de conducta voluntario que limite el uso del derecho de veto en casos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes contra la humanidad;

                           (g)

                           que colaboren con los socios regionales de la UE, a fin de clarificar mejor el papel de las organizaciones regionales y subregionales en la aplicación de la R2P;

                           (h)

                           que trabajen en pro del establecimiento de la R2P como una nueva norma del Derecho internacional, dentro del marco acordado por los Estados miembros de las Naciones Unidas durante la Cumbre Mundial de 2005;

                           (i)

                           que hagan llegar al Consejo de Seguridad la opinión de que el hecho de que la responsabilidad de proteger, hoy norma emergente, llegue a consolidarse como norma de Derecho internacional, no limitaría la capacidad decisoria del Consejo;

                           (j)

                           que contribuyan a reforzar el marco y las aptitudes a escala de las Naciones Unidas para la mediación, la diplomacia de doble vía y el intercambio de las mejores prácticas en materia de resolución pacífica de conflictos incipientes y la mitigación y los sistemas de alerta rápida, como las de la Dependencia de Apoyo a la Mediación del Departamento de Asuntos Políticos; reforzar la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y al Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger; y asociar al Consejo de Derechos Humanos al debate sobre la R2P;

                           (k)

                           que, en cooperación con los Estados miembros que ocupan un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todos los socios internacionales, aseguren la plena coherencia de la posible evolución del principio de la R2P con el Derecho internacional humanitario, y que defiendan y controlen el pleno respeto del Derecho internacional humanitario en los casos en los que se aplique el principio de la R2P en el futuro;

                           (l)

                           que resuelva la cuestión de un escaño único para la UE en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de un presupuesto común para las misiones de la PESC realizadas con arreglo a un mandato de las Naciones Unidas;

                           (m)

                           que integren en mayor medida a las mujeres, incluidas las líderes y los grupos de mujeres en todas las actividades de prevención y mitigación, así como de resolución de conflictos, de conformidad con las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

                           (n)

                           que trabajen en colaboración con las Naciones Unidas con miras a establecer un vínculo claro entre la aplicación de la R2P y la lucha contra la impunidad en relación con los crímenes más graves que contempla este principio;

               3.

               Encarga a la AR/VP:

                           (a)

                           que presente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo un plan de acción concreto, en un plazo de seis meses tras la aprobación de la presente Recomendación, sobre el seguimiento de las propuestas del Parlamento, en particular en relación con las etapas conducentes a un consenso sobre la responsabilidad de proteger;

               4.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión, a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros.

      (1)  S/RES/1674.

      (2)  A/RES/60/1.

      (3)  http://www.un.org/secureworld/report3.pdf

      (4)  A/59/2005.

      (5)  A/63/677.

      (6)  A/64/864.

      (7)  A/65/877-S/2011/393.

      (8)  A/66/874/-S/2012/578.

      (9)  10170/2010.

      (10)  DO C 46 de 24.2.2006, p. 1.

      (11)  DO C 25 de 30.1.2008, p. 1.

      (12)  DO C 380 E de 11.12.2012, p. 140.

      (13)  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0240.

      (14)  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0058.

      (15)  DO C 377 E de 7.12.2012, p. 66.

      (16)  DO C 76 E de 25.3.2010, p. 61.

      (17)  Artículo 51, «La responsabilidad de proteger: respuesta oportuna y decisiva», informe del Secretario General, 25 de julio de 2012 (A/66/874-S/2012/578).

      (18)  Artículo 51, «La responsabilidad de proteger: respuesta oportuna y decisiva», informe del Secretario General, 25 de julio de 2012 (A/66/874-S/2012/578).


title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 de Hungría

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/76

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 de Hungría
   (2015/C 272/20)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo nacionales.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Hungría y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado para 2014 de Hungría.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para fomentar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Hungría. En él se evaluaron los avances realizados por Hungría para poner en práctica las recomendaciones específicas adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Hungría está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren la adopción de medidas contundentes y un seguimiento específico. Debe prestarse atención, en particular, a los riesgos derivados de la posición internacional neta (que, a pesar de algunos avances en el reequilibrio de la balanza de pagos, sigue siendo muy negativa), el alto nivel de deuda pública, la importante carga normativa que soporta el sector financiero y el alto nivel de préstamos no productivos, que dificultan el desapalancamiento.

               (7)

               El 30 de abril de 2015, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Convergencia de 2015. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               Hungría está actualmente sometida al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda durante el período 2013-2015. En su Programa de Convergencia de 2015, el Gobierno prevé una mejora gradual del déficit global hasta el 2,4 % del PIB en 2015 y el 1,6 % del PIB en 2018, y, según el nuevo cálculo del saldo estructural (5) se espera alcanzar el objetivo a medio plazo, un déficit estructural del 1,7 % del PIB, para 2017. Según el Programa de Convergencia, el Gobierno prevé reducir gradualmente la ratio deuda/PIB hasta el 74,9 % en 2015 y el 68,9 % en 2018. El escenario macroeconómico en el que se apoyan estas previsiones presupuestarias es verosímil en líneas generales hasta 2016 y favorable para los años siguientes. Las medidas que contribuirán a alcanzar los objetivos de déficit previstos a partir de 2016 todavía no se han especificado lo suficiente, en particular tras ese año. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, tanto el saldo estructural como el crecimiento del gasto neto apuntan al riesgo de que se registre una desviación significativa respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo a medio plazo en 2015 y 2016. Será, por tanto, preciso adoptar nuevas medidas en 2015 y 2016. Al mismo tiempo, se prevé que Hungría cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2015 y, una vez finalizado el período transitorio, el parámetro de reducción de la deuda en 2016. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo estima que cabe el riesgo de que Hungría no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. La aplicación rigurosa del marco presupuestario a medio plazo ya legislado y la atribución de un rol analítico más destacado al Consejo Presupuestario redundarían en beneficio del sistema de gobernanza presupuestaria de Hungría.

               (9)

               Las grandes dificultades a las que se enfrenta el sector bancario han persistido durante los últimos doce meses, en particular las dificultades para restablecer la concesión de préstamos basados en el mercado mediante la mejora de las posibilidades de acumulación de capital y el incremento de la eficiencia del saneamiento de las carteras. Desde mediados de 2013, los préstamos bancarios se han basado principalmente en regímenes subvencionados; es el caso, por ejemplo, de cerca del 40 % de los préstamos concedidos a las pymes. Las elevadas cargas tributarias y normativas se combinan con un elevado porcentaje de préstamos problemáticos, de modo que los bancos carecen de los incentivos necesarios para aumentar la concesión de préstamos normales, no subvencionados. La exposición exterior de Hungría y los correspondientes riesgos para la estabilidad financiera se han reducido considerablemente debido a la reciente conversión a moneda local de las hipotecas denominadas en divisas. Al mismo tiempo, el legado del endeudamiento contraído en divisas por los hogares sigue siendo el principal factor de la alta proporción de créditos morosos. La mayoría de los regímenes de rescate de divisas adoptados hasta la fecha no van dirigidos a los prestatarios en dificultades, salvo el de la agencia nacional de gestión de activos en el sector de los hogares, y es poco probable que se resuelva el problema de los préstamos de dudoso cobro. La eficiencia del saneamiento de las carteras se ve obstaculizada, en particular, por la falta de ejecuciones hipotecarias y la ineficiencia de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de resolución. Un acuerdo celebrado recientemente con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo incluye una serie de compromisos por parte del Gobierno para hacer frente a las dificultades que se plantean en el sector financiero, en particular la reducción progresiva de la tasa bancaria y el respeto del principio de consulta previa. Aplicar rigurosamente esas medidas contribuiría a restablecer la solidez y predictibilidad del marco de política financiera. A lo largo del último año, Hungría ha ampliado varias veces su participación directa en el sector bancario. Aun cuando solo sea temporal, la intervención del Estado en ese sector, efectuada a través de un aumento de la propiedad directa, puede acarrear considerables riesgos presupuestarios.

               (10)

               Los cambios introducidos recientemente en el ámbito de la fiscalidad (establecimiento de nuevos impuestos y aumento de los ya existentes) traslucen un retorno a la anterior tendencia a incrementar el peso de los impuestos aplicados a las empresas de determinados sectores. La imprevisibilidad y la selectividad de esos cambios provocan distorsiones de la inversión en todos los sectores. Aunque se han introducido nuevas medidas, la carga fiscal que soportan algunos grupos de trabajadores con bajos salarios sigue estando entre las más elevadas de la Unión, y ello afecta especialmente a las personas solteras. Parece existir margen para una mayor transferencia de la carga fiscal hacia fuentes de ingresos que repercutan menos en el crecimiento. Distintas medidas adoptadas a lo largo del pasado año contribuyen a reforzar los sistemas de lucha contra la evasión fiscal. Ya se ha completado fructíferamente el programa que conecta las cajas registradoras de los establecimientos minoristas a un sistema en línea, y en 2015 se prevé extenderlo a una serie de servicios comerciales. Se ha reducido el umbral de presentación obligatoria de las declaraciones del IVA. En 2015 se ha introducido un sistema electrónico de inspección del transporte de mercancías por carretera con el objetivo principal de reducir el fraude del IVA en cascada. No obstante, queda mucho por hacer para mejorar la eficiencia administrativa en la recaudación de impuestos y reducir los costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente para las pymes.

               (11)

               En general, el mercado de trabajo húngaro mejoró en 2014, y el empleo en el sector privado se recuperó gracias al repunte económico. Aún existen algunos problemas significativos en relación con el programa de obras públicas, que se ha ampliado considerablemente desde 2011. Parece tratarse de una política activa del mercado de trabajo ineficaz e ineficiente, que podría perturbar el buen funcionamiento del mercado laboral. Si se gastaran de manera diferente, los mismos recursos podrían resultar más beneficiosos para la economía húngara. El coste presupuestario del programa se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años, hasta el 0,8 % del PIB, y se prevé que se duplique otra vez entre 2015 y 2018, de modo que esos recursos no podrán utilizarse a fin de introducir mejoras esenciales en la formación y los servicios necesarios para facilitar la participación en el mercado de trabajo abierto. Cabe el riesgo de que obras públicas de tal magnitud creen importantes «efectos de bloqueo» y sustituyan de forma permanente el sistema de prestaciones sociales para los trabajadores poco cualificados. El programa no está adecuadamente coordinado con las demás medidas y políticas activas del mercado de trabajo y no promueve suficientemente la reincorporación de los participantes al mercado de trabajo abierto. El índice de salida del programa solo fue del 13,8 % en el primer semestre de 2014, lo que corroboraría la anterior afirmación. Aunque el programa está destinado específicamente a los desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualificados (y a los desempleados que viven en zonas desfavorecidas), en 2013 el 47 % de los participantes tenían estudios secundarios o superiores. El período de admisibilidad para percibir las prestaciones por desempleo (tres meses) no se ha ampliado, por lo que no coincide con la duración media (más de doce meses) del período que los desempleados permanecen en paro antes de encontrar otro empleo. Se han implantado varios programas de mejora de la integración de la población romaní en el mercado de trabajo y se ha establecido un sistema de supervisión. Sin embargo, deben desarrollarse medidas coordinadas racionalizadas capaces de reducir de forma significativa la pobreza. Los indicadores de pobreza, aunque sugieren tendencias moderadamente positivas, siguen mostrando niveles alarmantemente elevados, sobre todo entre la población romaní y los niños. Todavía existen deficiencias en la adecuación y la cobertura de la asistencia social.

               (12)

               Los obstáculos introducidos en los últimos años para dificultar la incorporación al sector de los servicios no se han eliminado; al contrario, en 2014 se introdujeron otros que dificultan la asignación eficiente de los recursos económicos, incrementan la incertidumbre de los inversores y restringen la competencia. Cabe citar, por ejemplo, el requisito de que los establecimientos medianos y grandes de venta al por menor deban ser autorizados con arreglo a un procedimiento centralizado. La corrupción y la falta de transparencia en la Administración pública, la toma de decisiones y la contratación pública siguen provocando inquietud. Tanto el bajo nivel de competencia en la contratación pública como la utilización generalizada de la adjudicación directa de contratos persistieron en 2014. Ese mismo año se llevó a cabo una reorganización de la Administración de la contratación pública, cuyos resultados deben ser objeto de un estrecho seguimiento. En noviembre de 2014 Hungría presentó un plan de acción para la transposición de las nuevas Directivas sobre contratación pública y el fomento de la competencia y la transparencia. También se han anunciado varias medidas encaminadas a mejorar el marco de la lucha contra la corrupción.

               (13)

               Aunque se han aplicado algunas medidas de fomento de la instrucción de los niños romaníes, todavía no se ha desarrollado un planteamiento sistemático que promueva un sistema general de enseñanza inclusivo. Sigue siendo elevada la proporción de niños romaníes en escuelas o clases que apenas frecuentan alumnos pertenecientes a otras etnias, y los resultados educativos de los alumnos romaníes son inferiores a la media nacional. Los profesores no están capacitados para prestar apoyo suficiente a los grupos desfavorecidos. Es preciso redoblar los esfuerzos para mejorar la transición entre las diferentes formas y fases de la enseñanza y entre esta y el mercado de trabajo. Los cambios previstos en la asignación de plazas subvencionadas por el Estado en la enseñanza secundaria y el aumento de los requisitos de admisión para la enseñanza superior pueden limitar aún más las pasarelas entre las diferentes modalidades de enseñanza, en detrimento sobre todo de los grupos desfavorecidos. La tasa de abandono de los estudios superiores de Hungría es muy elevada. En diciembre de 2014, el Gobierno anunció la adopción de una estrategia nacional de enseñanza superior que pretendía elevar hasta el 34 % el porcentaje nacional de personas con estudios superiores. En general, las últimas medidas no han logrado mejorar la participación de los grupos desfavorecidos en la enseñanza superior ni invertir el abandono de los estudios. El actual sistema de financiación no propicia de forma suficiente un acceso equitativo.

               (14)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (15)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (16)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Las recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Hungría tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.

               Lograr un ajuste presupuestario del 0,5 % del PIB hacia el objetivo a medio plazo en 2015 y del 0,6 % del PIB en 2016.

               2.

               Tomar medidas para restablecer el crédito normal a la economía real y eliminar los obstáculos al saneamiento de las carteras basado en el mercado; reducir considerablemente los riesgos de pasivos contingentes relacionados con el incremento de la participación del Estado en el sector bancario.

               3.

               Reducir los impuestos de sociedades específicos para determinados sectores con efectos distorsionadores; reducir la cuña fiscal de los trabajadores con bajos ingresos, en particular reorientando la fiscalidad hacia ámbitos que distorsionen en menor medida el crecimiento; continuar la lucha contra la evasión fiscal, reducir los costes de cumplimiento e incrementar la eficiencia de la recaudación tributaria. Fortalecer, en la contratación pública, las estructuras que promueven la competencia y la transparencia y proseguir la mejora del marco de la lucha contra la corrupción.

               4.

               Reorientar los recursos presupuestarios asignados al programa de obras públicas hacia medidas activas del mercado de trabajo para promover la integración en el mercado de trabajo primario; mejorar la adecuación y la cobertura de la asistencia social y las prestaciones por desempleo.

               5.

               Aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, sobre todo los romaníes, en un sistema general de enseñanza inclusivo, y mejorar el apoyo concedido a esos grupos mediante la capacitación específica del profesorado; reforzar las medidas destinadas a facilitar la transición entre las diferentes fases de la enseñanza y hacia el mercado de trabajo, y mejorar la enseñanza de las competencias esenciales.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría de 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 77).

      (5)  El saldo estructural, calculado de nuevo por la Comisión a partir de los datos que figuran en el Programa de Convergencia, y aplicando una metodología establecida de común acuerdo.

      (6)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación de la Comisión, de 11 de febrero de 2009 , sobre la aplicación de un sistema de contabilidad y control de materiales nucleares por los operadores de instalaciones nucleares [notificada con el número C(2009) 785]

text:
               12.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 41/17

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 11 de febrero de 2009
   sobre la aplicación de un sistema de contabilidad y control de materiales nucleares por los operadores de instalaciones nucleares
   [notificada con el número C(2009) 785]
   (2009/120/Euratom)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, sus artículos 77 y 124,

               (1)

               El Reglamento (Euratom) no 302/2005 de la Comisión, de 8 de febrero de 2005, relativo a la aplicación del control de seguridad de Euratom (1), definió la naturaleza y alcance de las obligaciones a que se refiere el artículo 79 del Tratado Euratom con el fin de facilitar la contabilidad de los minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales empleados o producidos.

               (2)

               El artículo 7 del Reglamento (Euratom) no 302/2005 exige que los operadores nucleares lleven un sistema de contabilidad y control de los materiales nucleares y fija algunos requisitos para dicho sistema.

               (3)

               El documento de trabajo de la Comisión titulado «Aplicación de las garantías del Tratado Euratom» («Implementing Euratom Treaty Safeguards — IETS») (2), menciona la exigencia de que la Comisión elabore un marco de referencia para sistemas de control y contabilidad de materiales nucleares (CCMN) de alta calidad. También establece que una de las actividades de supervisión de la Comisión será la auditoría de los sistemas CCMN de los operadores nucleares.

               (4)

               La red ESARDA («European Safeguards Research and Development Association») presentó en 2007 una guía de buenas prácticas para los sistemas de control y contabilidad de materiales nucleares que se ocupa de los elementos del sistema CCMN que podrían ser objeto de auditorías y de los posibles criterios para indicar la calidad de cada uno de dichos elementos.

         RECOMIENDA:
   Sección 1 —   Objeto y ámbito de aplicación
   La presente Recomendación describe las características de referencia de los sistemas CCMN de los operadores conforme a las obligaciones legales establecidas por el Reglamento (Euratom) no 302/2005. Determinadas características descritas en la presente Recomendación son solo aplicables a las instalaciones que llevan a cabo actividades en los ámbitos correspondientes (3).
   Sección 2 —   Términos y definiciones
   Se entenderá por:

               1)

               «confinamiento»: una característica estructural de una instalación, contenedor o equipo que sirva para determinar la integridad física de una zona o de un artículo (incluidos los equipos o datos del control de seguridad) y para mantener la continuidad del conocimiento sobre una zona o un artículo impidiendo el acceso no detectado a materiales nucleares o de otro tipo, o su movimiento, o la interferencia con los artículos confinados en dicha zona. Por ejemplo, las paredes de un local o piscina de almacenamiento, los recipientes para transporte y los contenedores de almacenamiento;

               2)

               «acción correctiva»: la acción destinada a eliminar la causa de una discrepancia, anomalía u otra situación indeseable detectada respecto al CCMN. La acción correctiva se adopta para evitar que la situación se repita. Es preciso distinguir entre corrección y acción correctiva;

               3)

               «tratamiento de datos»: el vínculo entre la creación de resultados de medición y los datos de trazabilidad del material, por una parte, y, por otra, la elaboración de una serie de informes reglamentarios, documentos justificantes de la verificación de Euratom y documentos de trabajo internos relacionados con la trazabilidad del material por parte de la propia instalación;

               4)

               «control del inventario» por parte del operador nuclear: un programa de control de la calidad destinado a garantizar la conformidad entre los registros y la situación física en el momento oportuno. El control del inventario deberá incluir la resolución y notificación de las discrepancias descubiertas, así como la conciliación con otras contabilidades locales y contabilidades centrales;

               5)

               «lista de artículos del inventario» (LAI): una lista completa de los artículos de materiales nucleares (MN) de una zona de balance de material (ZBM) o de una localización específica dentro de una ZBM, elaborada como resultado de la aplicación de un procedimiento en una instalación. La lista puede incluir material que se considere un lote. La lista deberá incluir las identidades y localizaciones de los artículos o lotes. Los valores de masa y otras características de los artículos o lotes deberán ser trazables;

               6)

               «prueba del balance de materiales»: el método para evaluar el valor del balance de materiales; teniendo en cuenta la estimación justificada de la incertidumbre de la medida, la prueba del balance decidirá si el balance es aceptable o no;

               7)

               «discrepancia del balance de materiales»: un valor del balance de materiales que no es aceptado por la prueba del balance de materiales;

               8)

               «medición»: la actividad por la que se determina la cantidad y las características de los materiales nucleares contabilizado;

               9)

               «contabilidad y control de los materiales nucleares» (CCMN): todas las actividades realizadas en una instalación nuclear relacionadas con la contabilidad y control de los materiales nucleares, incluida la determinación y el tratamiento de datos y la presentación de informes a la Comisión;

               10)

               «discrepancia CCMN»: toda discrepancia entre dos o más elementos de información CCMN (por ejemplo registros) en los que dicha discrepancia no pueda justificarse una vez tenida en cuenta la variación legítima de las mediciones o la incertidumbre legítima de las estimaciones. Las discrepancias CCMN incluyen discrepancias en las mediciones, discrepancias en el balance de materiales y discrepancias en el control de los materiales nucleares;

               11)

               «anomalía CCMN»: una discrepancia CCMN o una serie de discrepancias que concuerdan con la falta o el aumento de una cantidad importante de materiales nucleares. Puede detectarse una anomalía CCMN durante una investigación de discrepancias CCMN de cualquier tipo;

               12)

               «discrepancia de control de materiales nucleares»: una disconformidad en la identificación o localización de los materiales nucleares;

               13)

               «seguimiento de materiales nucleares»: la documentación de la identificación, los movimientos, la localización y las características básicas de cada artículo de materiales nucleares en la ZBM. En particular, la trazabilidad incluye los registros de operaciones que constituyen la base para las modificaciones de los lotes, las nuevas mediciones, las diferencias remitente/receptor y las declaraciones de cambio de categoría;

               14)

               «operador nuclear»: toda persona o empresa que cree o explote una instalación para la producción, separación, reprocesado, almacenamiento o cualquier otro uso de material básico o material fisionable especial. El término se utiliza también para referirse a la organización responsable en última instancia de la conformidad del CCMN con el Reglamento (Euratom) no 302/2005;

               15)

               «indicador de rendimiento»: un indicador principal de los resultados obtenidos por un individuo, un equipo, una organización o una acción;

               16)

               «elaboración del inventario físico» (EIF): el proceso de elaboración de una lista completa de artículos de materiales nucleares para una zona de balance de material (ZBM) como base para permitir la verificación del inventario físico por parte de los inspectores de la Comisión;

               17)

               «verificación del inventario físico» (VIF): una actividad de inspección que verifica la validez del inventario físico elaborado por el operador y cierra el período del balance de materiales. La base de la VIF es la lista de artículos del inventario (LAI) elaborada por el operador. Los datos de la LAI están en correlación con los informes del listado del inventario físico;

               18)

               «control de calidad» (CC): un control destinado a garantizar que se cumplen los requisitos de calidad;

               19)

               «sistema de gestión de la calidad»: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que respecta a la calidad;

               20)

               «aseguramiento de calidad» (AC): una parte del sistema de gestión de la calidad dirigido a dar confianza respecto al cumplimiento de las exigencias de calidad;

               21)

               «trazabilidad»: la capacidad de seguir la historia, aplicación o localización de aquello que está siendo considerado.

         Sección 3 —   La gestión de un sistema CCMN
   Organización y responsabilidades

               1.

               Los niveles superiores de dirección deberán asegurar que las responsabilidades y la autoridad se han definido y son conocidas dentro de la organización. Se nombrará a un miembro de la dirección para que, independientemente de otras responsabilidades, sea el responsable de garantizar al director gerente, todos los años y por escrito, que todo el sistema CCMN es adecuado para su finalidad.

               2.

               Las funciones y responsabilidades conjuntas de los miembros de la dirección deberán incluir también procedimientos organizativos y modelos de comunicación que permitan:

                           a)

                           transmitir información sobre el desempeño del CCMN, tanto por vía jerárquica como entre los diversos ámbitos de responsabilidad funcional;

                           b)

                           atribuir responsabilidades para la mejora del CCMN según convenga, basadas en criterios para reconocer cuándo es necesaria una mejora;

                           c)

                           facilitar al gestor del sistema CCMN información sobre las anomalías CCMN;

                           d)

                           asegurarse de que el personal que participa en las actividades CCMN dispone de las competencias adecuadas;

                           e)

                           garantizar que las obligaciones legales relativas al control de seguridad son bien conocidas.

         Gestión y control de la calidad

               3.

               Las funciones clave deben incluir medidas de aseguramiento de la calidad y de control de la calidad. Los objetivos de estas medidas deben ser:

                           a)

                           reducir el riesgo intrínseco de errores humanos;

                           b)

                           asegurar el funcionamiento correcto de los instrumentos y del software;

                           c)

                           proporcionar una serie de indicadores destinados a alertar a los miembros de la dirección sobre cualquier señal de funcionamiento inadecuado (indicadores de resultados);

                           d)

                           efectuar una evaluación interna destinada a detectar el mal funcionamiento;

                           e)

                           instaurar un mecanismo de acción correctiva en casos de mal funcionamiento.

         Sección 4 —   Mediciones y control de las mediciones
   Programa de mediciones

               1.

               Cuando se realicen mediciones, deberá establecerse un programa para determinar con suficiente exactitud y precisión la cantidad y las características del material que ha de mencionarse en las declaraciones contables. Las actividades de medición deberán realizarse de forma que sea posible la trazabilidad en caso de investigación de una anomalía. Las actividades de medición deberán incluir la medición de material, y también los procesos mediante los cuales el material medido se selecciona como representativo de un conjunto de materiales y todo tratamiento posterior de esta muestra de material (toma, envío y preparación de las muestras), así como los procesos necesarios de tratamiento de los datos. También deberá incluir las actividades de medición necesarias para el control de las mediciones y el aseguramiento de la calidad.

         Exigencias relativas a los datos contables

               2.

               Con el fin de garantizar que las mediciones se realizan correctamente, es preciso tener en cuenta los siguientes factores:

                           a)

                           validación de los métodos de medición aplicados;

                           b)

                           trazabilidad de los resultados de las mediciones;

                           c)

                           precisión y exactitud;

                           d)

                           aprobación de cada resultado de medición por una persona responsable;

                           e)

                           representatividad de las muestras del material.

               3.

               En los casos en que los datos contables se basan en cálculos que no son mediciones directas, los valores deberán estar validados, ser trazables y estar aprobados. Para el recuento de los artículos son aplicables exigencias semejantes.

         Control de las mediciones

               4.

               Deberá implantarse un programa de control de las mediciones con el fin de garantizar la validez de los resultados de las mediciones y sus incertidumbres se indicarán en las declaraciones contables.

               5.

               El programa de control de las mediciones deberá incluir:

                           a)

                           medidas para garantizar que los instrumentos están funcionando como es debido;

                           b)

                           garantía de que los valores de masa de la contabilidad no están sujetos a ningún margen de error significativo y de que la incertidumbre de medición ha sido estimada convenientemente;

                           c)

                           registros de todos los datos del programa de control de las mediciones;

                           d)

                           descripción de los equipos y métodos de medición;

                           e)

                           aprobación de los procedimientos de medición.

         Sección 5 —   Trazabilidad de los materiales nucleares

               1.

               La trazabilidad de los materiales nucleares deberá documentar cualquier movimiento y la localización de todos los artículos de material nuclear. También exigirá un conocimiento de las características del material y de su confinamiento. Toda acción relacionada con material nuclear que afecta a la localización, la identificación, la naturaleza o la cantidad del material nuclear debe estar documentada. En particular, la trazabilidad de material nuclear deberá incluir los registros de operaciones que constituyen la base de las modificaciones de los lotes, las nuevas mediciones, las diferencias remitente/receptor y las declaraciones de cambio de categoría.

         Identidad

               2.

               El material nuclear deberá colocarse, en su caso, en contenedores que tengan una identidad única registrada. Cuando el material nuclear no se encuentre en un contenedor transportable, la localización bien delimitada del proceso podrá considerarse como la identidad del «contenedor» y como la localización del contenedor/material. Esto incluye el material que se encuentra en recipientes de proceso u otros equipos. Las identidades de los contenedores serán permanentes y fácilmente legibles para la verificación de los inventarios. Si es necesario cambiar la identidad del artículo, deberá registrarse el vínculo entre la identidad antigua y la nueva. Si el material nuclear se encuentra en algún tipo de confinamiento doble, la naturaleza y las características del material de cualquier contenedor o localización deberán ser trazables mediante el control de la identificación.

         Identificación de la localización de almacenamiento

               3.

               Las localizaciones en las que puede guardarse material nuclear deberán tener identidades que sirvan de base para el registro de la localización y las transferencias de material. Las posiciones específicas dentro de las zonas deberán mencionarse, en su caso, a efectos de la especificación de la localización exacta. Los registros de control del almacenamiento deberán garantizar que las identidades de los contenidos de cada localización de almacenamiento sean conocidas y que a partir de ellas pueda llegarse a localizar cada artículo identificado. La naturaleza y las características del material en cualquier localización deberán estar disponibles mediante el control de la identificación u otros medios.

         Trazabilidad de los materiales durante la producción

               4.

               Cuando los materiales nucleares entran en un procesamiento (o vuelve a embalarse), los registros de producción deberán permitir la identificación de los artículos de los que procede el material que ha entrado al procesamiento (o a los nuevos contenedores). Con esto se pretende garantizar la trazabilidad de las características nucleares pertinentes del material que está en proceso.
               Los registros de producción deberán especificar la cantidad de material que ha entrado en el procesamiento o ha sido reembalado y, tal como se ha mencionado, deberá mantenerse la trazabilidad de la información relacionada con la naturaleza de los materiales nucleares.
               Cuando se creen nuevos artículos o conjuntos de material como resultado del proceso o reembalado, se determinarán los valores de masa y las identidades de dichos artículos y su identidad deberá vincularse con los correspondientes resultados de masa y con las anteriores mediciones.

         Control del inventario

               5.

               El control del inventario por parte del operador nuclear deberá:

                           a)

                           garantizar que todas las transferencias de materiales nucleares desde los depósitos hasta las zonas de procesamiento y viceversa quedan registradas (puntos clave de medición, PCM);

                           b)

                           verificar periódicamente que los registros de las existencias corresponden a los registros de flujo PCM, registros de localizaciones de almacenamiento y registros del procesamiento, y conciliar regularmente los registros locales con los registros centrales de la ZBM;

                           c)

                           tener en cuenta los registros de operaciones de las medidas de control del inventario que garantizan la continuidad del conocimiento sobre el contenido de material nuclear de los artículos;

                           d)

                           comprobar regularmente que concuerdan la información del material presente y la realidad física;

                           e)

                           resolver y notificar las discrepancias detectadas y proceder a la conciliación con otras contabilidades locales o con contabilidades centrales.

                     En caso de una transferencia de material nuclear que no sea la transferencia de un artículo confinado, deberá medirse la cantidad de materiales nucleares transferidos.

         Gestión de las discrepancias

               6.

               La instalación deberá tener un método de actuación que reconozca e investigue las discrepancias CCMN y documente su tratamiento. El método deberá:

                           a)

                           indicar para cada tipo de discrepancia las acciones de investigación que se vayan a adoptar y las condiciones que se consideran en cada caso para resolver la discrepancia. Las acciones que se vayan a tomar deberán especificar las responsabilidades del personal y los datos adicionales que se vayan a utilizar;

                           b)

                           efectuar la pertinente corrección de los registros y declaraciones reglamentarias cuando se haya resuelto una discrepancia;

                           c)

                           consignar las discrepancias que queden sin resolver y la acción adoptada para resolverlas.

         Gestión de las anomalías

               7.

               La instalación deberá contar con un método de actuación que corresponda a las obligaciones en cuanto a presentación de informes del artículo 6 y del artículo 14 (informes especiales) del Reglamento (Euratom) no 302/2005. Además de la gestión de las discrepancias descrita en el punto 6 de la sección 5 de la presente Recomendación, el método deberá:

                           a)

                           reconocer, investigar y documentar el tratamiento de las anomalías CCMN correspondientes al artículo 15, letra a), del Reglamento (Euratom) no 302/2005. Dichas investigaciones CCMN deberán destinarse a establecer de forma oportuna las evidencias contables que demuestren que todo el material ha sido contabilizado;

                           b)

                           reconocer, investigar y documentar el tratamiento de otras situaciones correspondientes al artículo 15, letra b), del Reglamento (Euratom) no 302/2005;

                           c)

                           definir responsabilidades del personal y la forma de comunicación interna exigida cuando son necesarias acciones en virtud del artículo 15, letras a) o b), del Reglamento (Euratom) no 302/2005. El método deberá definir también los mecanismos mediante los cuales el personal informará a la Comisión;

                           d)

                           definir las responsabilidades y la autoridad del personal con el fin de facilitar «cualquier detalle o explicación» cuando se les solicite en virtud del artículo 14 del Reglamento (Euratom) no 302/2005.

         Sección 6 —   Tratamiento y control de los datos

               1.

               Se implantará un sistema de tratamiento de datos para preparar:

                           a)

                           el almacenamiento en condiciones de seguridad de todos los datos necesarios para el funcionamiento correcto del sistema CCMN;

                           b)

                           las declaraciones exigidas por el Reglamento (Euratom) no 302/2005 (informes de cambios en el inventario, informes del balance de materiales, listados del inventario físico, informes especiales, notificaciones previas);

                           c)

                           la desviación estándar del balance de materiales para las pruebas del balance de materiales (si procede);

                           d)

                           diversos tipos de documentos vinculados a las declaraciones de cambios en el inventario (CI), como la documentación de envío;

                           e)

                           documentos de trabajo para el control de inventario rutinario;

                           f)

                           documentos de trabajo para la elaboración del inventario físico (EIF);

                           g)

                           una lista de los artículos del inventario (LAI) resultante del EIF y utilizada durante la VIF u otra verificación.

               2.

               Deberán implantarse procedimientos de tratamiento de datos para corregir los registros y generar declaraciones de corrección, si procede, para cualquier situación en la que se haya detectado una discrepancia. Durante dichos procesos de corrección, se mantendrá la trazabilidad. Para garantizar la exhaustividad y la corrección del sistema de tratamiento informático, se dispondrá de medidas de control de calidad y de aseguramiento de la calidad.

               3.

               Las capacidades de tratamiento de datos deberán incluir también lo siguiente:

                           a)

                           la elaboración de listas de inventario que permitan al operador verificar el inventario;

                           b)

                           listas de inventario que faciliten toda la información necesaria para identificar discrepancias entre las localizaciones descritas en los registros y la localización física real;

                           c)

                           apoyo a la conciliación regular de los registros locales y de los registros centrales de la ZBM, cuando la contabilidad del material nuclear en procesamiento implique que dichos registros se guarden por separado;

                           d)

                           la posibilidad de incluir correcciones que surjan de la investigación de discrepancias para la comprobación y conciliación de los inventarios;

                           e)

                           documentación de los resultados de la comprobación de los inventarios y la conciliación de la base de datos, incluida la documentación sobre las discrepancias observadas a efectos de los indicadores de rendimiento.

               4.

               Los procedimientos para las actividades de ejecución del tratamiento de datos deberán facilitar al gestor del sistema CCMN las informaciones necesarias para la supervisión. Entre ellas se incluye la indicación del miembro del personal que inicia cada ejecución de software, la identificación del programa o programas de aplicación en cuestión, así como la identificación de la localización de los datos utilizados y de los datos creados. Deberá ser posible también identificar cualquier ejecución de aplicaciones informáticas o cualquier acceso a los registros y datos que no se ajusten a la política autorizada en materia de tratamiento de datos.

         Trazabilidad

               5.

               El sistema de tratamiento de datos deberá producir la información exigida por el Reglamento (Euratom) no 302/2005 y también garantizar la trazabilidad de toda la información facilitada. Deberá ser posible identificar cualquier información o datos que puedan ser necesarios para resolver discrepancias y anomalías a partir de los requisitos del Reglamento (Euratom) no 302/2005.

         Sección 7 —   Balance de materiales
   Recepciones y envíos

               1.

               Los operadores nucleares deberán aplicar procedimientos de recepción que incluyan:

                           a)

                           la verificación de la información relativa al remitente (exhaustividad, coherencia interna);

                           b)

                           verificación de la naturaleza, identidad e integridad del contenedor y de los sellos de transporte y verificación inicial de la naturaleza del material nuclear (cuando proceda);

                           c)

                           introducción del material recibido en el proceso de contabilidad;

                           d)

                           reconocimiento y tratamiento de las diferencias entre remitente-destinatario;

                           e)

                           acciones correctivas en caso de discrepancias;

                           f)

                           registro de forma que esté garantizada la trazabilidad;

                           g)

                           control del respeto de las obligaciones contempladas en los artículos 21 y 22 del Reglamento (Euratom) no 302/2005.

               2.

               Los operadores nucleares deberán aplicar procedimientos de envío en los que se definan:

                           a)

                           el contenido de la información que se envía al receptor;

                           b)

                           la forma de actualizar la contabilidad;

                           c)

                           las acciones correctivas y la respuesta adecuada a las situaciones de discrepancia indicadas por el receptor;

                           d)

                           la preparación y ejecución del proceso de envío;

                           e)

                           la forma de llevar el registro para que esté garantizada la trazabilidad;

                           f)

                           las actividades destinadas a garantizar el respeto de las obligaciones contempladas en los artículos 21 y 22 del Reglamento (Euratom) no 302/2005.

         Elaboración del inventario físico (EIF)

               3.

               Todos los años deberá establecerse un inventario físico de cada ZBM y el intervalo transcurrido entre dos establecimientos de inventarios físicos sucesivos no deberá superar los 14 meses. Los procedimientos de EIF deberán incluir aquellos relativos a la notificación a la Comisión y la lista de artículos del inventario facilitada para las verificaciones del inventario físico (VIF). En particular, los operadores nucleares deberán contar con procedimientos de EIF que tengan en cuenta las siguientes necesidades:

                           a)

                           definición de los métodos de trabajo y responsabilidades del EIF para cada zona de almacenamiento y zona de procesamiento;

                           b)

                           establecimiento de una lista detallada fiable de todos los materiales de cada localización de la ZBM. Dichos procedimientos deberán estar concebidos para garantizar que no se pasa por alto ningún material;

                           c)

                           ha de registrarse la ejecución del establecimiento del inventario físico;

                           d)

                           si existen actividades de EIF que comprendan verificaciones físicas (control de etiquetas o mediciones), los procedimientos deberán incluir normas para definir las correcciones que haya que hacer a las informaciones de los sistemas de tratamiento de los datos (cuando se descubran discrepancias), así como normas para transmitir dichas correcciones al departamento de tratamiento de datos;

                           e)

                           la lista de los artículos del inventario de una ZBM que se presente a los inspectores de la Comisión como base para una VIF deberá estar autenticada mediante la firma de una persona responsable antes de ser entregada;

                           f)

                           en un método de actuación EIF para una zona de almacenamiento que se base totalmente en los registros de las transferencias, la fiabilidad del método deberá incrementarse con:

                                       i)

                                       disposiciones en materia de control de calidad (CC) y aseguramiento de la calidad (AC) para la creación de los registros de las transferencias,

                                       ii)

                                       medidas de CC y AC que garanticen la fiabilidad de los registros de las localizaciones de almacenamiento,

                                       iii)

                                       registros rutinarios del hecho de que se hayan puesto en práctica dichas disposiciones y medidas de CC y AC,

                                       iv)

                                       garantía de la integridad del material durante su presencia dentro de la zona,

                                       v)

                                       confirmación independiente de que los registros de las transferencias son completos.

               4.

               La lista de los artículos del inventario elaborada con fines de verificación formal deberá incluir, en cada artículo:

                           a)

                           la localización y posición de almacenamiento dentro de la localización;

                           b)

                           el tipo de contenedor y la identidad del contenedor (si procede);

                           c)

                           el tipo de material;

                           d)

                           la masa de material nuclear por artículo (peso bruto, tara y peso neto);

                           e)

                           el enriquecimiento de uranio;

                           f)

                           la composición isotópica del plutonio (si se conoce).

                     La lista de artículos del inventario deberá incluir entradas para el material que sea difícil de medir, bien debido a su localización (retenido en el recipiente de proceso), o bien porque está en una forma que no es adecuada para la medición. En tales casos, el operador deberá declarar una magnitud estimada de masa para cada artículo y la trazabilidad deberá facilitar el vínculo con los datos usados para la estimación. Las estimaciones de masa para el material que no es accesible o está en los recipientes de proceso deberán incluir la localización del material. Los valores de masa para las descargas, pérdidas accidentales y transferencias a residuos medidas deberán tener unos antecedentes trazables.

         Pruebas del balance de materiales

               5.

               En una ZBM que implique procesamiento o nueva medición, el balance de materiales obtenido de un EIF, y también los balances de materiales de la zona de procesamiento que formen parte de un método de control de inventario, deberá ser probado antes de ser aceptado utilizando desviaciones estándar del balance que tengan en cuenta la incertidumbre justificada de la medición y, en el caso de cantidades estimadas, la incertidumbre del proceso y de la medición. Estas pruebas deberán formar parte del sistema de AC.
               Los procedimientos para cualquier prueba del balance deberán tener en cuenta lo siguiente:

                           a)

                           el software usado para calcular la desviación estándar de cualquier balance deberá ajustarse al planteamiento de calidad para el software y a su uso;

                           b)

                           los datos relativos a los métodos de contabilidad y medición usados para calcular la desviación estándar de cualquier balance deberán ajustarse al planteamiento de calidad para los datos y su empleo;

                           c)

                           los algoritmos usados para calcular la desviación estándar deberán describirse en un documento técnico;

                           d)

                           el método usado deberá permitir obtener desviaciones estándar del balance que reflejen correctamente la pauta de transformación durante el intervalo del balance y que refleje también correctamente las mediciones anteriores (o el método de estimación) de los valores de masa usados para calcular el balance;

                           e)

                           cuando las estimaciones del material en procesamiento se basen en información histórica o en algún tipo de modelización, el método de estimación y el método de establecimiento de la incertidumbre deberán describirse en un documento técnico;

                           f)

                           los procedimientos de trabajo para la prueba del balance, el manual del usuario del software, la descripción del software y los documentos del método técnico deberán estar escritos de forma tal que pongan de manifiesto su exhaustividad y su coherencia mutua.

      Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros.
      Hecho en Bruselas, el 11 de febrero de 2009.

            Por la Comisión

         Andris PIEBALGS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 54 de 28.2.2005, p. 1.

      (2)  SEC(2007) 293.

      (3)  Las referencias a la verificación de las mediciones y del balance de materiales no serán pertinentes en una instalación en la que no se realicen mediciones.


Avis juridique important

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E1995C0608(01)

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC de 17 de marzo de 1995 relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios en 1995

Diario Oficial n° L 125 de 08/06/1995 p. 0026 - 0027

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC de 17 de marzo de 1995 relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios en 1995 EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 109 y su Protocolo n° 1,Visto el Acuerdo por el que se crea un Órgano de vigilancia y un Tribunal de Justicia y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5 y el Protocolo n° 1,Visto el acto jurídico al que se hace referencia en el punto 50 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo sobre el EEE [Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios (1)] y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,Considerando que es necesario, con vistas a un buen funcionamiento del Espacio Económico Europeo, concertar programas coordinados de control de alimentos dentro del EEE;Considerando que en el marco del Comité de productos alimenticios de la AELC, que asiste al Órgano de vigilancia de la AELC, se ha consultado a los Estados de la AELC el 17 de noviembre de 1994;Considerando que dichos programas no sólo deben garantizar la conformidad con la legislación aplicable en virtud del Acuerdo sobre el EEE, sino que también deben servir para comprobar que los alimentos son aptos para el consumo;Considerando que una aplicación simultánea de los programas nacionales y los coordinados permitirá adquirir la experiencia de la que tanto se carece en la fase actual,HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:1. Se recomienda que los Estados de la AELC tomen muestras de los siguientes productos y analicen los parámetros especificados en 1995:1) adulteración del café soluble con otros elementos distintos de los granos;2) listeria monocitógenos, escherichia coli y aeromonas en ensaladas refrigeradas, y verduras y hortalizas aliñadas en crudo;3) declaraciones sobre el origen botánico y geográfico de la miel, tanto fabricada en el EEE como importada de terceros países;4) temperatura de los productos alimenticios ultracongelados, vendidos al por menor.2. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 de la Directiva 89/397/CEE, se recomienda a los Estados de la AELC un programa coordinado de controles. Los ámbitos cubiertos se discutieron con los Estados de la AELC y afectan a la protección de la salud pública y a los intereses de los consumidores, así como a la lealtad de las transacciones comerciales.3. Eventualmente, se sugiere un método de análisis para cada ámbito. Por lo que se refiere al muestreo, no se han establecido coeficientes uniformes. El número de muestras tomadas deberá ser lo suficientemente amplio para proporcionar una visión global del mercado de productos alimenticios en cada Estado de la AELC.4. El número de muestras y métodos de análisis utilizados deberá mencionarse o describirse brevemente en los impresos modelo de respuesta.I. Adulteración del café soluble En ocasiones, el café soluble puede estar adulterado con elementos procedentes de la planta del café, distintos de los granos, tales como cáscaras, pieles, tallos y pedúnculos o maltodextrinas, lo que no se ajusta al acta jurídico al que se refiere el punto 14 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo sobre el EEE [Directiva 77/436/CEE del Consejo (2)].II. Listeria monocitógenos, escherichia coli y aeromonas en ensaladas refrigeradas, y verduras y hortalizas aliñadas en crudo Una serie de estudios epidemiológicos muestra casos de listeriosis asociados al consumo de verduras y hortalizas crudas y diversas publicaciones científicas señalan la posibilidad de contaminación de dichos productos con escherichia coli, listeria monocitógenos y aeromonas spp.III. Declaraciones sobre el origen botánico y geográfico de la miel, tanto fabricada dentro de la EEE como importada de países terceros Últimamente, el mercado de la miel en el EEE se enfrenta a una fuerte competencia y una serie de informes indican la existencia de declaraciones falsas, tanto a lo que se refiere al origen botánico como a la zona de procedencia.IV. Temperatura de los productos alimenticios ultracongelados, vendidos al por menor Dada la relación existente entre la duración de la conservación en almacén y la temperatura de almacenamiento de los productos alimenticios perecederos, parece oportuno controlar la temperatura de los productos ultracongelados, especialmente cuando las operaciones de manutención se realizan en condiciones críticas.Hecho en Bruselas, el 17 de marzo de 1995.Por el Órgano de vigilancia de la AELCEl PresidenteKnut ALMESTAD(1) DO n° L 186 de 30. 6. 1989, p. 23.(2) DO n° L 172 de 12. 7. 1977, p. 20.