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		52013DC0368

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Malta para 2012-2016 /* COM/2013/0368 final - 2013/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Malta
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Malta para 2012-2016

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en particular,
su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010, sobre
la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una recomendación
sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados
miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010,
una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012,
los jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas,
instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían
emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su
compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6 de julio de 2012,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas
de Malta para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad
actualizado de Malta para 2011-2015.
(5)       El 28 de noviembre de
2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[6], marcando el inicio
del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. También
el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE)
nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[7], en el que se
señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen
exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento,
restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El 10 de abril de 2013,
la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo[8] sobre Malta, en
virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. Dicho análisis lleva a
la Comisión a concluir que Malta está experimentando desequilibrios
macroeconómicos que requieren un seguimiento y la adopción de medidas. En particular,
es preciso seguir de cerca la evolución del sector bancario y del mercado
inmobiliario. La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas requiere
una atención política.
(8)       El 30 de abril de 2013,
Malta presentó su Programa de Estabilidad de 2013 que cubre el periodo
2012-2016 y su Programa Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de tener en
cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)       Partiendo de la
evaluación del Programa de Estabilidad de 2012 realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa
es realista. El Consejo derogó su decisión sobre la existencia de un déficit
excesivo en Malta el 4 de diciembre de 2012, debido a su corrección en 2011,
que parecía duradera sobre la base de las previsiones de otoño de 2012 de la
Comisión. No obstante, en 2012, Malta registró un déficit de las
administraciones públicas del 3,3 % del PIB, con lo que superó de nuevo el
valor de referencia del 3 % del PIB. El objetivo de la estrategia
presupuestaria presentada en el programa es reducir progresivamente el déficit
del 3,3 % del PIB en 2012 al 0,8 % del PIB en 2016, lo cual supone un
avance progresivo hacia el objetivo a medio plazo. El programa confirma el
objetivo a medio plazo de una situación de equilibrio estructural, más
ambiciosa que la que requiere el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si bien no
está previsto que se alcance en el período del programa. El objetivo de déficit
de 2013 presentado en el programa se basa en un incremento relativamente alto
de los ingresos tributarios, que no parece explicar plenamente el escenario
macroeconómico subyacente. Además, no está respaldado de forma suficiente por
medidas detalladas, y lo mismo sucede con los años posteriores. Por
consiguiente, el cambio en el saldo estructural previsto (recalculado) es
significativamente superior al de las previsiones de la Comisión. Según este
último elemento, el saldo estructural mejora tan solo en un cuarto de punto del
PIB en 2013 y solo de forma marginal en 2014, suponiendo que las políticas no
varíen. Se prevé que la deuda pública se mantenga por encima del umbral del
60 % del PIB durante todo el período de vigencia del programa. Las
autoridades nacionales prevén que la deuda aumente hasta el 74,2 % del PIB
en 2014 y posteriormente empiece a reducirse hasta el 70 % en 2016. En las
previsiones de primavera de 2013 de la Comisión, se prevé que aumente un poco
más deprisa la tasa de endeudamiento con respecto al PIB, alcanzando el
74,9 % en 2014, ya que se prevé que siga aumentando el déficit primario.
Habida cuenta de la corrección del déficit excesivo en 2011, Malta se encuentra
en un período transitorio de tres años en lo que se refiere a la aplicabilidad
del valor de referencia para la reducción de la deuda, a partir de 2012. Malta
no ha registrado avances suficientes para cumplir el criterio de deuda en 2012,
y no se prevé que lo haga en el período 2013-2014. Si bien es cierto que el
marco presupuestario de Malta es bastante flexible, su carácter no vinculante y
la brevedad del horizonte de planificación presupuestaria no favorecen una
situación presupuestaria sólida. La Directiva 2011/85/UE sobre los marcos
presupuestarios aún no ha sido incorporada a la legislación nacional, y tampoco
se ha adoptado una norma de equilibrio presupuestario estructural, tal como
establece el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. El Programa de
Estabilidad expresa la intención del Gobierno de crear un consejo
presupuestario, pero no presenta planes concretos.
(10)     El cumplimiento de las
obligaciones tributarias y la evasión fiscal siguen planteando un reto para la
calidad de las finanzas públicas. Las autoridades han introducido varias
medidas pertinentes, y están previstas otras tantas, pero su ejecución ha de
ser seguida de cerca, ya que aún no se observan resultados concretos. Los
incentivos fiscales para el endeudamiento de las empresas siguen siendo muy
altos. En 2012, Malta fue el segundo país con la mayor diferencia en el trato
fiscal de la financiación mediante deuda y mediante fondos propios de las
nuevas inversiones. Esta distorsión a favor del endeudamiento puede dar lugar a
un endeudamiento de las empresas excesivamente alto y a una asignación de
capital ineficiente. Malta es uno de los pocos Estados miembros que no ha
adoptado ninguna disposición para contrarrestar la distorsión a favor del
endeudamiento.
(11)     Malta sigue afrontando
retos en materia de sostenibilidad de sus finanzas públicas, habida cuenta del
impacto presupuestario del envejecimiento de la población, que se prevé supere
con creces la media en la UE, y del gasto en pensiones que representa más de la
mitad del gasto total previsto vinculado con el envejecimiento de la población,
mientras que, si se compara con otros Estados miembros, la edad legal de
jubilación sigue siendo baja y el aumento inscrito en la reforma legal de 2006
es lento. Es necesario seguir reformando para garantizar la sostenibilidad,
manteniendo la adecuación y respondiendo a las preocupaciones en materia de
igualdad entre generaciones. Aunque ha habido negociaciones con los
interlocutores sociales, no se han adoptado propuestas concretas para seguir
reformando las pensiones. La tasa de empleo de los trabajadores mayores es baja
y debe desarrollarse aún una estrategia global en materia de envejecimiento
activo. La prestación limitada de asistencia primaria, combinada con el
envejecimiento previsto de la población, puede dar lugar a unos elevados gastos
sanitarios a largo plazo. La capacidad administrativa en el ámbito de la
contratación pública es escasa, lo que deriva en procedimientos largos y
complicados.
(12)     Las medidas adoptadas
para reducir la tasa de abandono escolar prematuro son bienvenidas, incluido el
lanzamiento reciente de un proceso preparatorio que desembocará en una
estrategia al respecto, y que permitirá reducir asimismo la falta de adecuación
entre oferta y demanda de cualificaciones. La eficacia de los esfuerzos
desplegados va a depender de una aplicación adecuada y oportuna, que deberá ser
objeto de un estrecho seguimiento. No obstante, el vínculo insuficiente entre
la enseñanza y la formación y las necesidades del mercado de trabajo provoca un
obstáculo importante. Se espera asimismo que la creación prevista de un sistema
único de aprendizaje que abarque más niveles de cualificación contribuya a
fomentar una mano de obra orientada a las necesidades del mercado.
(13)     Malta también ha dado
pasos importantes para aumentar la participación de las mujeres en la mano de
obra, sobre todo mediante una mejor conciliación de la vida profesional y
familiar. La tasa de empleo femenino sigue aumentando, aprovechando un efecto
generacional favorable. Con todo, la situación puede mejorar: la tasa de empleo
femenino sigue siendo baja, la maternidad aún tiene un impacto significativo en
la participación de las mujeres en la mano de obra y la disparidad entre el
empleo femenino y masculino es la mayor de la UE. Fomentar unas condiciones
laborales flexibles y proporcionar servicios de guardería y actividades
extraescolares asequibles a un mayor segmento de la población puede contribuir
a que siga aumentando la tasa de empleo femenino.
(14)     El mecanismo de
adaptación al coste de la vida de Malta presenta características específicas
que, al parecer, mitigan sus efectos negativos en el rendimiento general del
mercado laboral y el ajuste salarial: el mecanismo concede un incremento a
tanto alzado, que solo representa una compensación parcial de la inflación para
los salarios por encima del salario básico de referencia, existen cláusulas de
excepción a escala micro y macroeconómica, y la negociación salarial está
totalmente descentralizada. No obstante, en caso de fases muy desfavorables del
ciclo económico, el sistema sigue suponiendo un posible reto para la
flexibilidad de los salarios reales, lo cual obstaculiza el ajuste del mercado
laboral y afecta a la competitividad. La volatilidad de los precios de algunos
componentes del índice de precios empleado en este mecanismo, en particular los
precios de la energía, puede ejercer una presión sobre la inflación mediante
una espiral de precios y salarios. Por consiguiente, la recopilación de datos
sectoriales sobre salarios y productividad, y un estrecho seguimiento del
impacto del sistema de indización salarial serán esenciales para mitigar los
posibles riesgos. Las autoridades maltesas deberían seguir de cerca el impacto
del mecanismo en la economía y estar dispuestas a reformarlo si procede.
(15)     La competitividad de
Malta sigue en peligro por la diversificación limitadísima y el comportamiento
medioambiental deficiente de su suministro energético, lo que desemboca en
altas tarifas eléctricas. La situación económica alarmante del principal
proveedor de energía (Enemalta) agrava esta inseguridad, si bien se
espera que la conexión eléctrica con Sicilia suponga un alivio a partir de
2014. Aunque se han mantenido varias iniciativas, como la penetración de la
energía fotovoltaica, la cuota de las fuentes de energía renovables sigue
siendo especialmente baja, y parece estar en juego la viabilidad de algunos
proyectos importantes, como el desarrollo de parques eólicos. Se han registrado
avances en materia de eficiencia energética, especialmente en los edificios
públicos, merced a la financiación de la Unión. El rendimiento medioambiental
del sistema de transporte maltés también deja que desear. Malta podría sacar
provecho de una estrategia de transporte global que procure mejorar el transporte
público, la red vial y el rendimiento del sistema en materia de emisión de
carbono, y que siga fomentando el uso de otros tipos de transporte que no sean
los vehículos de pasajeros.
(16)     El sector bancario de
Malta es muy grande si se compara con la economía nacional. Si bien es cierto
que esto se debe especialmente a la presencia de bancos nacionales e
internacionales que se dedican a actividades accesorias y que apenas están
expuestos a la economía nacional, se justifica una supervisión estricta permanente
de los mismos para evitar impactos negativos de sus actividades en la
estabilidad financiera. Los bancos nacionales siguen estando muy expuestos al
mercado inmobiliario, mientras que las provisiones específicas por préstamos
fallidos son relativamente escasas. Se han celebrado varios debates políticos
al respecto, pero aún no se han plasmado en medidas reglamentarias adecuadas.
El sistema judicial adolece de ineficiencias que suponen un riesgo adicional
para la estabilidad financiera. La resolución de los casos de insolvencia
requiere mucho tiempo, lo cual obstruye la aplicación eficiente de los derechos
en materia de garantías. En tiempos de tensión económica, esto puede suponer
una carga adicional para los balances de los bancos y aumentar las pérdidas,
con las consiguientes necesidades de recapitalización.
(17)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política
económica de Malta. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa
Nacional de Reformas y presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido
en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y
la política socioeconómica de Malta, sino también su conformidad con las normas
y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las
futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre
Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.
(18)     A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Malta, y su
dictamen[9]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(19)     A la luz del examen
exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado
el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus
recomendaciones, formuladas con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE)
nº 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 5 que figuran a
continuación.
(20)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión también ha realizado un análisis de la política
económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha
emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya
moneda es el euro. Malta también debería garantizar una aplicación plena y
puntual de las presentes recomendaciones.
RECOMIENDA que Malta tome medidas
en el período 2013-2014 a fin de:
1.           Especificar y aplicar
las medidas necesarias para alcanzar el esfuerzo de ajuste estructural anual
que figura en las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de
déficit excesivo para corregirlo de aquí al año 2014 de forma sostenible y
favorable al crecimiento, limitando el recurso a medidas excepcionales y
temporales. Tras corregir el déficit excesivo, proseguir el esfuerzo de ajuste
estructural a un ritmo adecuado para alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí
al año 2017. Crear en 2013 un marco presupuestario plurianual vinculante, basado
en normas. Garantizar una materialización concreta de las medidas adoptadas
para aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la lucha contra
la evasión fiscal y adoptar medidas para reducir la distorsión a favor del
endeudamiento en el impuesto de sociedades.
2.           Garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reformar el sistema de
pensiones para frenar el incremento previsto del gasto, incluso acelerando el
aumento de la edad legal de jubilación, introduciendo un vínculo entre dicha
edad y la esperanza de vida y fomentando los planes de ahorro privados para la
pensión. Tomar medidas para aumentar la tasa de empleo de los trabajadores
mayores, desarrollando y aplicando una estrategia global en materia de envejecimiento
activo. Proseguir las reformas de la asistencia sanitaria para aumentar la
rentabilidad del sector, especialmente mediante el refuerzo de la prestación
pública de asistencia primaria. Mejorar la eficiencia y reducir la duración de
los procedimientos de contratación pública.
3.           Seguir impulsando los
esfuerzos políticos para reducir el abandono escolar prematuro, especialmente
creando un régimen global de seguimiento, y aumentar la pertinencia para el
mercado laboral de la enseñanza y de la formación a fin de resolver el problema
de la escasez de personal cualificado, incluso mediante la reforma anunciada
del sistema de aprendizaje. Seguir respaldando una mayor participación de las
mujeres en el mercado laboral, fomentando unas condiciones laborales flexibles,
sobre todo aumentando la prestación y la asequibilidad de las guarderías y de
los centros extraescolares.
4.           Mantener los esfuerzos
para diversificar la combinación energética y las fuentes de energía,
especialmente mediante un aumento de la cuota de las energías renovables y la
plena realización, a su debido tiempo, de la conexión eléctrica con Sicilia.
Mantener los esfuerzos para fomentar la eficiencia energética y reducir las
emisiones del sector del transporte.
5.           Adoptar medidas para
seguir reforzando las provisiones sobre préstamos fallidos en el sector
bancario para mitigar los posibles riesgos derivados de la exposición al
mercado inmobiliario. Mantener los esfuerzos políticos para garantizar una
supervisión estricta del sector bancario, incluso para los bancos nacionales y
de orientación internacional que se dedican a actividades accesorias. Mejorar
la eficiencia general del sistema judicial, por ejemplo reduciendo el tiempo
necesario para resolver los casos de insolvencia.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2013) 368 final.
[4]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[5]               Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de
2013.
[6]               COM(2012) 750 final.
[7]               COM(2012) 751 final.
[8]               SWD(2013) 120 final.
[9]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2015

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/46

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2015
   2012/C 219/14
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6 apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma de Italia para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Italia para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, la consolidación presupuestaria y una actuación dirigida a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorecedor del crecimiento, restaurar la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (9)

               El 30 de abril de 2012, Italia presentó su Programa de Estabilidad para el período 2012-2015 y su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, si Italia presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la Comisión llegó a la conclusión en su estudio de que Italia está experimentando desequilibrios, aunque no excesivos. En particular, aunque el nivel de deuda pública ya es objeto de una estrecha vigilancia en el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento, merece especial atención la evolución macroeconómica en el ámbito de los resultados de exportación, a fin de reducir el riesgo de efectos adversos sobre el funcionamiento de la economía.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad, realizada de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que la hipótesis macroeconómica en que se basa el programa es verosímil, en el supuesto de que no se sigan deteriorando las condiciones de los mercados financieros. En línea con las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, se prevé que el PIB real experimente una contracción considerable este año y que se vaya recuperando gradualmente en 2013. De conformidad con el Procedimiento de déficit excesivo (PDE), el objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el programa de Estabilidad es situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB del valor de referencia del Tratado a más tardar en 2012, sobre la base de nuevas restricciones del gasto y de ingresos adicionales. Tras la corrección del déficit excesivo, el Programa de Estabilidad confirma el objetivo presupuestario a medio plazo (situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales), que refleja adecuadamente los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Se prevé alcanzar este objetivo en 2013, es decir, un año antes de lo previsto en el anterior Programa de Estabilidad, mediante las medidas ya adoptadas en 2010-2011. Sobre la base del equilibrio presupuestario estructural (recalculado) (5), el esfuerzo presupuestario anual medio previsto durante el período 2010-2012 es muy superior al 0,5 % del PIB recomendado por el Consejo en el marco del PDE. El ritmo previsto de ajuste en términos estructurales en 2013 permite a Italia alcanzar el objetivo a medio plazo en ese año y la tasa prevista de aumento del gasto público, teniendo en cuenta medidas discrecionales relativas a los ingresos, sería compatible con el valor de referencia para el gasto indicado en el Pacto de estabilidad y crecimiento.
               Según el Programa de Estabilidad, la tasa de deuda pública alcanzará su máximo en 2012 e iniciará posteriormente un descenso a un ritmo cada vez más rápido, a medida que aumente el superávit primario. En 2013-2014, Italia estará en una fase de transición y sus planes presupuestarios deberían permitir a Italia avanzar de manera suficiente hacia el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda, como también confirmaron los servicios de la Comisión en sus previsiones de primavera de 2012. Según los planes, este valor de referencia deberá cumplirse al final del período de transición (2015). Alcanzar los resultados de déficit y deuda mencionados exigirá una ejecución presupuestaria rigurosa y completa de las medidas correctoras adoptadas en 2010-2011.

               (11)

               Por lo que se refiere al marco presupuestario, el Parlamento italiano aprobó un proyecto de ley por el que se introduce una regla de equilibrio presupuestario en la Constitución italiana. Deberá adoptarse legislación de desarrollo para concretar las principales características de esta regla, es decir, sus modalidades de aplicación y los oportunos mecanismos de corrección y cláusulas de salvaguardia, así como la necesaria coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. El Gobierno se ha comprometido a seguir mejorando de forma duradera la eficiencia y la calidad del gasto público a través de un análisis profundo de los gastos en todos los niveles de la Administración. Este análisis también debería permitir dar prioridad a las partidas de gasto que favorezcan el crecimiento. Con el mismo objetivo, está en curso una reorientación del uso de los Fondos Estructurales mediante las medidas tomadas en marzo de 2011 y el Plan de Acción para la Cohesión de noviembre de 2011, cuyo objetivo es acelerar la absorción de los Fondos Estructurales. No obstante, importantes deficiencias en términos de capacidad de la Administración pública, especialmente en las regiones de convergencia, siguen obstaculizando la absorción de los fondos.

               (12)

               La estructura del régimen tributario y el elevado nivel de evasión fiscal y de trabajo no declarado han repercutido negativamente en los resultados económicos del país. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y la gobernanza fiscal se ven también afectados por la diversidad de los gastos fiscales y unos procedimientos administrativos complejos y onerosos. El desplazamiento parcial de la presión fiscal de los factores de producción al consumo y la propiedad ya aplicado en reformas legislativas representa un importante primer paso para conseguir que la estructura fiscal sea más favorable al crecimiento, pero está justificado reforzar este proceso, al tiempo que se tiene presente el efecto distributivo.

               (13)

               El acuerdo de los interlocutores sociales de junio de 2011 con vistas a reformar el marco de negociación salarial ha quedado plasmado en la legislación. El acuerdo debe permitir una mayor utilización de los contratos a nivel de empresa, teniendo más en cuenta las necesidades de actividades de producción específicas, y esto debería supervisarse. No obstante, para resolver adecuadamente la cuestión de unos costes salariales unitarios nominales más flexibles, cuya rigidez en comparación con sus socios comerciales constituye uno de los factores de la pérdida de competitividad de la economía italiana, debería procederse a nuevas reformas del sistema de negociación salarial, autorizando acuerdos más flexibles, también a nivel sectorial nacional. En abril de 2012, el Gobierno italiano propuso una ambiciosa reforma del mercado de trabajo para dar solución a los problemas persistentes de su mercado laboral, en particular la segmentación. Esta reforma debe adoptarse urgentemente, velando por que su objetivo y nivel de ambición estén a la altura de los retos que plantea el mercado laboral italiano. La magnitud y eficacia de la liberalización del sistema de servicios de empleo debe ser objeto de un estrecho seguimiento.

               (14)

               Pese a los esfuerzos desplegados para mejorar la empleabilidad de las mujeres, principalmente en forma de incentivos fiscales específicos, la tasa de empleo femenino en Italia es considerablemente inferior (46,5 % en 2011) a la media de la EU-27 (58,5 % en 2011). Deben adoptarse medidas adicionales en relación con las estructuras de cuidado de niños y personas de edad avanzada. Los problemas a este respecto son especialmente agudos en el caso de las trabajadoras de más edad del sector privado, ya que la edad de jubilación de las mujeres va a aumentar cinco años entre 2012 y 2018.

               (15)

               En 2011, el desempleo juvenil en Italia alcanzó una media del 29,1 % y ha vuelto a aumentar en los primeros meses de 2012. En particular, la tasa de desempleo entre los titulados de enseñanza superior es alta y existe un desajuste entre las competencias adquiridas y las que necesita el mercado de trabajo. El fomento del aprendizaje como principal vía de entrada al mercado laboral es una medida positiva, pero todavía deben aplicarse los instrumentos adecuados, como un nuevo sistema de normas de formación profesional y sistemas de certificación de cualificaciones. La Comisión ha puesto en marcha un equipo de acción para reorientar los fondos de cohesión hacia medidas que favorezcan el empleo de los jóvenes y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME).

               (16)

               La tasa de abandono escolar prematuro es del 18,8 % a nivel nacional, con fuertes variaciones regionales, y tiene efectos adversos en el paro juvenil. Deberían adoptarse medidas más específicas y coordinadas para abordar el problema del abandono escolar mediante la combinación de medidas de compensación, intervención y prevención. Convendría abordar también los malos resultados del sistema de enseñanza superior mediante la plena aplicación de la reforma universitaria de 2010 y una vinculación más estrecha entre los resultados de las universidades y la asignación de fondos públicos.

               (17)

               Italia ha adoptado importantes medidas de liberalización de los servicios, en particular los servicios profesionales, y de mejora de la competencia en las industrias de red. No obstante, en los sectores de la energía y los transportes, en particular, el transporte ferroviario y los puertos, quedan por resolver retos múltiples, ya que siguen existiendo cuellos de botella importantes en las infraestructuras y los mercados.

               (18)

               Aunque ya se han adoptado algunas medidas para fomentar la simplificación administrativa, el entorno empresarial italiano sigue siendo complejo. Concretamente, el sistema judicial adolece de una serie de ineficiencias en términos de utilización de recursos, procedimientos y organización institucional, que se reflejan en el bajo rendimiento del sistema de la justicia civil italiana, en particular en lo que se refiere a la excesiva duración de los trámites judiciales y a la gran cantidad de atrasos acumulados.

               (19)

               El acceso de las PYME a la financiación es difícil y la intensidad del capital-riesgo es baja. En diciembre de 2011 se introdujo un régimen fiscal ventajoso, la Allowance for new Corporate Equity (ACE), que permite a las sociedades deducir de la renta imponible la rentabilidad teórica de las nuevas inyecciones de capital. Se espera facilitar así el aumento de tamaño de las PYME y la inversión en innovación. Aunque se han tomado algunas medidas para fomentar la investigación y desarrollo (I + D) privada, concretamente la refinanciación de las bonificaciones fiscales para la inversión de las empresas en investigación, la intensidad sigue siendo limitada, al igual que la ejecución de proyectos de carácter innovador.

               (20)

               Italia ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y el cumplimiento de los compromisos presentados en 2011, se refieren al aumento del empleo, la mejora de la competitividad y el refuerzo de la sostenibilidad de la hacienda pública y de la estabilidad financiera. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones que figuran a continuación.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Italia. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (22)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja particularmente en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (23)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y su Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1, 4, 5 y 6 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Italia tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Aplicar la estrategia presupuestaria según lo previsto y garantizar la corrección del déficit excesivo en 2012. Garantizar los superávits primarios estructurales previstos, a fin de situar la proporción entre la deuda pública y el PIB en una trayectoria decreciente de aquí a 2013. Garantizar un avance adecuado hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, cumpliendo al mismo tiempo el valor de referencia para el gasto y avanzando suficientemente hacia el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda.

               2.

               Garantizar que la especificación en la legislación de aplicación de las principales características de la regla de equilibrio presupuestario establecida en la Constitución, incluida la adecuada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, sea coherente con el marco de la UE. Seguir mejorando de forma duradera la eficiencia y la calidad del gasto público mediante el análisis del gasto previsto y la aplicación del Plan de Acción para la Cohesión de 2011, destinado a mejorar la absorción y gestión de los fondos de la UE, sobre todo en el sur de Italia.

               3.

               Tomar nuevas medidas para hacer frente al desempleo juvenil, entre otras cosas mejorando la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral y facilitando la transición a la vida laboral, también mediante incentivos para la creación de empresas y la contratación de trabajadores. Aplicar de manera efectiva el reconocimiento de competencias y cualificaciones a escala nacional para promover la movilidad laboral. Tomar medidas para reducir las tasas de fracaso en la enseñanza superior y luchar contra el abandono escolar prematuro.

               4.

               Adoptar con carácter prioritario la reforma del mercado de trabajo para reducir su segmentación y establecer un régimen integrado de prestaciones de desempleo. Tomar nuevas medidas para incentivar la participación femenina en el mercado laboral, en particular mediante la oferta de servicios de cuidado de niños y personas de edad avanzada. Llevar a cabo un seguimiento del nuevo marco de fijación de salarios y, en caso necesario, reforzarlo, con objeto de contribuir al ajuste entre el crecimiento de los salarios y la productividad tanto en el plano sectorial como en el seno de cada empresa.

               5.

               Proseguir la lucha contra la evasión fiscal. Combatir la economía sumergida y el trabajo no declarado, por ejemplo mediante la intensificación de los controles. Tomar medidas para reducir el ámbito de aplicación de las exenciones fiscales, las desgravaciones y los tipos reducidos del IVA y simplificar el código tributario. Tomar nuevas medidas para desplazar la presión fiscal del capital y el trabajo a la propiedad y el consumo, así como a las actividades perjudiciales para el medio ambiente.

               6.

               Aplicar las medidas de simplificación y liberalización adoptadas en el sector de los servicios. Tomar medidas adicionales para mejorar el acceso al mercado en las industrias de red, así como la capacidad de la infraestructura y las interconexiones. Simplificar en mayor medida el marco reglamentario de las empresas y aumentar la capacidad administrativa. Mejorar el acceso a instrumentos financieros, en particular capital, para la financiación de empresas en crecimiento y la innovación. Aplicar la reorganización prevista del sistema judicial civil y fomentar el recurso a mecanismos alternativos de resolución de litigios.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (4)  DO C 215 de 21.7.2011, p. 4.

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información contenida en el programa, utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de 28 de diciembre de 2004, complementaria a la Recomendación 96/129/CE relativa a la tarjeta europea de armas de fuegoTexto pertinente a efectos del EEE

text:
               12.1.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 9/1

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 28 de diciembre de 2004
   complementaria a la Recomendación 96/129/CE relativa a la tarjeta europea de armas de fuego
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2005/11/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, relativa al control de la adquisición y tenencia de armas de fuego (1), se contempla la creación de una tarjeta europea de armas de fuego.

               (2)

               Con arreglo a la Recomendación 93/216/CEE de la Comisión, de 25 de febrero de 1993, relativa a la tarjeta europea de armas de fuego (2), y a la Recomendación 96/129/CE de la Comisión, de 12 de enero de 1996, complementaria a la Recomendación 93/216/CEE relativa a la tarjeta europea de armas de fuego (3), la Comisión invitó a los Estados miembros a instaurar dicho documento con arreglo a un modelo incluido en anexo en las Recomendaciones mencionadas.

               (3)

               A raíz de la adhesión de nuevos Estados miembros, es necesario modificar dicho modelo de tarjeta europea de armas de fuego,

         RECOMIENDA:
   Artículo 1
   La instauración por parte de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca de la tarjeta europea de armas de fuego con arreglo al modelo que figura en anexo.
   Artículo 2
   La instauración progresiva, por parte de los demás Estados miembros que ya emiten la tarjeta europea de armas de fuego conforme al modelo que figura como anexo de la Recomendación 96/129/CE, de la tarjeta según el modelo del anexo de la presente Recomendación, a medida que se agoten las existencias de la antigua y no más tarde del 1 de mayo de 2006.

      Hecho en Bruselas, el 28 de diciembre de 2004.

            Por la Comisión

         Günter VERHEUGEN

            Vicepresidente

      (1)  DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.

      (2)  DO L 93 de 17.4.1993, p. 39.

      (3)  DO L 30 de 8.2.1996, p. 47.

      ANEXO
      Adaptación de la tarjeta europea de armas de fuego (modelo de 1996), incluidas las modificaciones lingüísticas necesarias a raíz de la ampliación de 1 de mayo de 2004.


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		52013DC0356

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Estonia para 2012-2017 /* COM/2013/0356 final - 2013/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Estonia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Estonia para 2012-2017
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero:
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
a partir de las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una recomendación
sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados
miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010,
una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros[4],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012,
los jefes de Estado y de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas,
instrumentos y políticas posibles. Asimismo, decidieron sobre las acciones que
debían emprenderse al nivel de los Estados miembros, expresando en particular
su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6 de julio de 2012,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas
de Estonia para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad
actualizado de Estonia para 2011-2015.
(5)       El 28 de noviembre de
2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[5], marcando el inicio
del tercer Semestre Europeo de coordinación de política económica. También el
28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº
1176/2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[6], en el que no se
señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un
examen exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. También hizo hincapié en la necesidad de proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento,
restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración Pública.
(7)       El 30 de abril de 2013,
Estonia presentó su Programa de Estabilidad de 2013, que cubre el periodo
2012-2017, y su Programa Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de tener en
cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.
(8)       Basándose en la
evaluación del Programa de Estabilidad de 2013, realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que la hipótesis
macroeconómica en la que se apoyan las proyecciones presupuestarias del
Programa es verosímil en 2013-2014, ejercicio en que se espera que el
crecimiento medio del PIB ronde el 3,3 %. La previsión de primavera de
2013 de los servicios de la Comisión contempla un crecimiento del PIB del 3,5%
en 2013-2014. En 2012, Estonia alcanzó un déficit presupuestario global del 0,3
% del PIB. El Programa confirma el objetivo a medio plazo (OMP) de superávit
estructural. Se trata de un objetivo más ambicioso que el requerido por el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Habida cuenta de que el saldo estructural
de Estonia presentaba en 2012 un superávit, el país alcanzó su OMP un año antes
de lo previsto en su programa anterior. El objetivo de la estrategia
presupuestaria trazada en el Programa de Estabilidad es garantizar una política
presupuestaria sostenible que apoye un crecimiento equilibrado, manteniéndose
en el nivel del OMP, asegurando al mismo tiempo la existencia de reservas
presupuestarias suficientes y reduciendo la presión fiscal sobre el trabajo. El
déficit global planeado, a saber, un 0,5 % del PIB en 2013, mejorará conforme
al Programa a lo largo del periodo de previsión, alcanzando el equilibrio en
2014 y pasando a continuación a superávit. Según un estudio global del saldo
estructural recalculado, que incluye un análisis del valor de referencia de
gasto, Estonia no se desviará significativamente del OMP en 2013, regresando a
un excedente estructural en 2014. La ratio de endeudamiento será
considerablemente inferior al 60 % del PIB y, de conformidad con el
Programa, probablemente disminuya a partir de 2013 hasta situarse en torno al
9 % en 2015-2016. Estonia tiene previsto introducir en 2013 una regla de
equilibrio presupuestario estructural conforme requiere el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza. Tan pronto como esté vigente, esta regla deberá
complementarse con el refuerzo del carácter vinculante de los objetivos
plurianuales de gasto.
(9)       Por lo que se refiere al
mercado de trabajo, si bien el empleo sigue aumentando, persisten ciertas
trabas al crecimiento entre las que se encuentran un pertinaz paro juvenil y de
larga duración, la inadecuación de las cualificaciones y la creciente escasez
de mano de obra debida en parte a las bajas ocasionadas por problemas de salud
crónicos. El sistema de prestaciones sociales debería ser más flexible y
selectivo, aportando servicios de apoyo e incentivos a la población inactiva y
a los desempleados que podrían ser reintegrados en el mercado laboral, mientras
que deberían intensificarse las medidas de reactivación para asegurar que
benefician a quienes más las necesitan La rentabilidad de los gastos en
política familiar podría mejorarse sin incidir en el presupuesto, para lo que
se podrían reasignar los fondos de las prestaciones por hijos a medidas más
eficientes, como los servicios de cuidado infantil, lo que repercutiría
positivamente en el empleo femenino. El desarrollo económico de las regiones
debe ser objeto de una política más coordinada que permita obtener resultados
más tangibles.
(10)     En el ámbito de la
educación y la formación, Estonia ha aplicado parcialmente las recomendaciones
de 2012. En ese año se aprobó la reforma de la educación superior, que irá
seguida en 2013 de una nueva reforma general de la educación y la formación
profesional. Deberá prestarse especial atención a la necesidad de conseguir la
suficiente implicación de los interlocutores sociales para conseguir un número
suficiente de contratos de aprendizaje como parte de la educación profesional.
La prestación racionalizada de servicios de segunda enseñanza sigue siendo un
importante compromiso por cumplir. El desempleo juvenil, todavía relativamente
elevado, es un problema que debe aún abordarse, habida cuenta de la alta
proporción de personas sin formación o educación profesional. El acceso de los
trabajadores poco cualificados al aprendizaje permanente sigue sin resolverse
satisfactoriamente, y las medidas destinadas a los jóvenes en paro no siempre
se ajustan convincentemente a las necesidades del mercado laboral. El desfase
existente entre el sector de la investigación pública y la economía sigue
entorpeciendo el crecimiento de la productividad y afectando a la
competitividad de Estonia. Además, dada la pequeña escala de la economía, la
internacionalización y la priorización del sistema de investigación e
innovación siguen presentando dificultades.
(11)     La intensidad energética
de Estonia sigue siendo muy elevada. Si bien el Gobierno ha adoptado algunas
medidas al respecto, los esfuerzos deben sostenerse y redoblarse, dedicando una
mayor atención a la reforma de los edificios de viviendas. El parque de
automóviles nuevos de Estonia es el que más energía consume de la UE, y las
pautas de consumo no parecen modificarse a pesar del aumento de los impuestos especiales
sobre el combustible. De no adoptar medidas suplementarias, especialmente en
los sectores del transporte y la vivienda, es poco probable que Estonia cumpla
su objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero. El mercado de energía
de Estonia permanece relativamente aislado debido a las insuficientes
conexiones transfronterizas.
(12)     La prestación de los
servicios que la Administración local está obligada a facilitar por imperativo
legal es ineficiente en casi todos los sectores, especialmente la asistencia a
largo plazo, los servicios de apoyo a las familias, la atención sanitaria, la
educación y el transporte. Ello se deriva de la escasa capacidad administrativa
de dichas administraciones y de la inadecuación entre sus ingresos y las
competencias que les han sido transferidas. Aún no se ha trazado ningún plan
viable de mejora de la administración local.
(13)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política
económica de Estonia, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa
Nacional de Reformas, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la
sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de
Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE,
dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión
incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.
Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1) a 5) que figuran a continuación.
(14)     A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Estonia, y su
dictamen[7]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(15)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la
política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido
recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el
euro. Estonia deberá asimismo asegurar la plena aplicación de estas
recomendaciones dentro de los plazos previstos.
RECOMIENDA que Estonia tome
medidas en el período 2013-2014 a fin de:
1.       Aplicar una política presupuestaria
favorable al crecimiento y mantener una situación presupuestaria saneada
conforme a lo previsto, garantizando el cumplimiento del objetivo
presupuestario del programa durante todo su periodo de vigencia. Complementar
la norma presupuestaria prevista con otras normas vinculantes en materia de
gastos plurianuales dentro del marco presupuestario a medio plazo y seguir
mejorando la eficiencia del gasto público.
2.       Mejorar los incentivos al trabajo,
reforzando la coherencia entre los distintos sistemas de prestaciones sociales
y aumentando la flexibilidad y la especificidad de la asignación de esas
prestaciones. Mejorar la prestación de servicios sociales, incluidos los de
cuidado infantil, aumentando de forma pareja la eficiencia y la rentabilidad de
la política familiar. Reforzar las medidas de activación laboral para facilitar
el retorno al mercado laboral de los desempleados de larga duración y de los
beneficiarios de prestaciones por discapacidad o incapacidad laboral.
Establecer una estrategia coordinada para fomentar el desarrollo económico en
las regiones afectadas por altas tasas de desempleo.
3.       Proseguir los esfuerzos para mejorar
la adecuación de los sistemas de educación y formación al mercado laboral,
consiguiendo para ello una mayor implicación de los interlocutores sociales y
aplicando medidas específicas para resolver el paro juvenil. Aumentar
significativamente la participación del personal poco cualificado en el
aprendizaje permanente. Intensificar los esfuerzos para priorizar e
internacionalizar los sistemas de investigación e innovación y potenciar la cooperación
entre empresas, centros de enseñanza superior e institutos de investigación.
4.       Mejorar la eficiencia energética, en
particular en los sectores de la vivienda y el transporte, y reforzar los
incentivos medioambientales relacionados con los vehículos y los residuos,
considerando por ejemplo la percepción de impuestos sobre los automóviles y/o
el aumento de los impuestos especiales sobre los combustibles. Acelerar el
desarrollo de las conexiones energéticas transfronterizas para diversificar las
fuentes de energía y fomentar la competencia en el mercado de la energía.
5.       Equilibrar mejor los ingresos de las
Administraciones locales con las competencias que se les han transferido.
Aumentar la eficiencia de las Administraciones locales y asegurar la prestación
de servicios locales de calidad.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2013) 356 final.
[3]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[4]               Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de
2013.
[5]               COM(2012) 750 final.
[6]               COM(2012) 751 final.
[7]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97.


Avis juridique important

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32003H0047

Recomendación de la Comisión, de 15 de enero de 2003, sobre orientaciones para asistir a los Estados miembros en la elaboración de planes nacionales de reducción de emisiones en relación con las disposiciones de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 9]

Diario Oficial n° L 016 de 22/01/2003 p. 0059 - 0067

Recomendación de la Comisiónde 15 de enero de 2003sobre orientaciones para asistir a los Estados miembros en la elaboración de planes nacionales de reducción de emisiones en relación con las disposiciones de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión[notificada con el número C(2003) 9](Texto pertinente a efectos del EEE)(2003/47/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión(1), y, en particular, la letra d) del quinto párrafo del apartado 6 de su artículo 4,Considerando lo siguiente:(1) En virtud de la Directiva 2001/80/CE, los Estados miembros están obligados a reducir las emisiones procedentes de las grandes instalaciones de combustión existentes, como muy tarde, a partir del 1 de enero de 2008.(2) La Directiva ofrece dos opciones para reducir las emisiones de las instalaciones existentes: o bien mediante el establecimiento de valores límite de emisión específicos, o bien mediante la aplicación de un plan nacional de reducción de las emisiones procedentes de dichas instalaciones.(3) Se solicita de la Comisión que dicte orientaciones para asistir a los Estados miembros que elijan la opción del plan nacional de reducción de emisiones a elaborar dicho plan.RECOMIENDA:1. Los Estados miembros que elijan la opción de un plan nacional de reducción de emisiones para cumplir los requisitos de la Directiva 2001/80/CE relativos a las instalaciones de combustión existentes, con arreglo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 de la Directiva, deben tener en cuenta las orientaciones que figuran en el anexo de la presente Recomendación.2. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2003.Por la ComisiónMargot WallströmMiembro de la Comisión(1) DO L 309 de 27.11.2001, p. 1.ANEXO1. INTRODUCCIÓNCon arreglo al apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 2001/80/CE, los Estados miembros están obligados a lograr reducciones importantes en las emisiones procedentes de las instalaciones existentes a más tardar el 1 de enero de 2008, eligiendo para ello una de las dos opciones obligatorias mencionadas en el apartado 3 del artículo 4:- Opción 1: Cumplimiento de los valores límite de emisión (VLE). Con esta opción, se cumple la Directiva si todas las instalaciones existentes en funcionamiento cumplen los valores límite de emisión estipulados en la parte A de los anexos III a VII en lo que se refiere al SO2, los NOx y las partículas, y, llegado el caso, aplicando los artículos 5, 7 y 8 de la Directiva 2001/80/CE.- Opción 2: Aplicación de un plan nacional de reducción de emisiones. Como alternativa a la aplicación de los VLE, los Estados miembros pueden poner en marcha un plan nacional de reducción de emisiones como el mencionado en el apartado 6 del artículo 4. El plan nacional de reducción de emisiones "deberá reducir las emisiones anuales totales de óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y partículas de las instalaciones existentes a los niveles que se hubieran alcanzado aplicando los valores límite de emisión...a las instalaciones existentes en funcionamiento en el año 2000,... en función del tiempo de funcionamiento anual real de cada instalación, el combustible utilizado y la potencia térmica, calculado sobre la base del promedio de los 5 últimos años de funcionamiento hasta el 2000 inclusive". Además, "el cierre de una instalación incluida en el plan nacional de reducción de emisiones no podrá dar pie a un aumento de las emisiones anuales totales del resto de las instalaciones que el mismo abarque". Asimismo, el plan "comprenderá objetivos generales y parciales así como medidas y calendarios para la consecución de dichos objetivos generales y parciales, y un mecanismo de control".Las instalaciones existentes pueden quedar exentas de los VLE especificados en la Directiva 2001/80/CE o excluidas de un plan nacional de reducción de emisiones si optan por la excepción que prevé limitar el número de horas operativas (apartado 4 del artículo 4). Esta excepción se aplicará siempre y cuando "el titular de una instalación existente se comprometa mediante una declaración por escrito presentada ante la autoridad competente a más tardar el 30 de junio de 2004 al no hacer funcionar la instalación durante más de 20000 horas operativas a partir del 1 de enero de 2008 y hasta, a más tardar, el 31 de diciembre de 2015".La letra d) del quinto párrafo del apartado 6 del artículo 4 de la Directiva establece que la Comisión debe dictar orientaciones para asistir a los Estados miembros a elaborar su plan nacional de reducción de emisiones.1.1. Relación entre el plan nacional de reducción de emisiones previsto por la nueva Directiva sobre grandes instalaciones de combustión y otras políticas fundamentalesA la hora de definir un plan nacional de reducción de emisiones en virtud de la Directiva 2001/80/CE, los Estados miembros deben asimismo tener en cuenta las obligaciones que se derivan de otros textos legales comunitarios, y en particular de la Directiva PCIC [Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 257 de 10.10.1996, p. 26)]. La Directiva 2001/80/CE establece claramente que "el plan nacional de reducción de emisiones no podrá eximir en ningún caso a una instalación del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación comunitaria pertinente, entre otras la Directiva 96/61/CE". En virtud del artículo 5 de la Directiva PCIC, las instalaciones existentes deberán cumplir los requisitos de esa Directiva a más tardar el 30 de octubre de 2007.1.2. Características de las instalaciones de combustión existentes en un Estado miembro hipotéticoUn Estado miembro que opte por el plan nacional de reducción de emisiones debe elaborar la lista de instalaciones que desea incluir en el plan y dar información sobre los combustibles utilizados, así como las características y las condiciones de explotación. Estos datos deben recopilarse y presentarse como se muestra en el cuadro A.1 del apéndice A. Podría ser necesario efectuar los cálculos correspondientes para obtener algunos de los datos (por ejemplo, el caudal anual medio de gases residuales). Para cada instalación deberán darse los datos básicos siguientes:- tipos de combustible utilizados,- capacidad de la instalación,- número de horas anuales de funcionamiento (cuando se aplique la excepción relativa a la limitación del número de horas de funcionamiento),- emisiones anuales más recientes de SO2, NOx y partículas (datos no obligatorios pero útiles para determinar las medidas de conformidad),- emisiones anuales medias de SO2 sin equipo de reducción de emisiones entre 1996 y 2000 (cuando se utilice el índice de desulfuración para calcular la contribución de la instalación a los objetivos de emisión),- el caudal medio anual de gases residuales de 1996 a 2000 (utilizado para calcular la contribución de la instalación a los objetivos de emisión, salvo cuando se tenga en cuenta el índice de desulfuración).2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE UN PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONESLos objetivos del plan nacional de reducción de emisiones comprenderán los objetivos de emisión globales para el SO2, los NOx y las partículas. Las emisiones procedentes de todas las instalaciones de combustión incluidas en el plan deberán ser inferiores a los objetivos definidos durante los períodos de aplicación correspondientes.Los objetivos de emisión deberán calcularse para cada Estado miembro sobre la base de la contribución de cada instalación como se indica en el cuadro A.2 del apéndice.2.1. Contribución de cada instalación a los objetivos de emisiones totalesDe conformidad con los requisitos del apartado 6 del artículo 4, la contribución de cada instalación a los objetivos de emisión de SO2, NOx y partículas se podrá calcular mediante la ecuación siguiente:contribución de la instalación al objetivo (t/año) = índice del caudal de gases residuales (Nm3/año) x VLE (mg/Nm3) x 1,0x10-9donde:- índice del caudal de gases residuales es el índice volumétrico del caudal de gases residuales que figura en el cuadro del documento de orientación expresado en millones de metros cúbicos al año, calculando la media de los últimos cinco años de funcionamiento hasta el año 2000 inclusive. Este caudal se expresa en condiciones normales de temperatura (273 K), presión (101,3 kPa) y contenido de oxígeno, una vez corregido el contenido de vapor de agua,- el VLE es el valor límite de emisión expresado en mg/Nm3, suponiendo un contenido de oxígeno en volumen en el gas residual del 3 %, en el caso de los combustibles líquidos y gaseosos, y del 6 % en el caso de los combustibles sólidos,- t/año = toneladas por año.La ecuación anterior se aplicará a todos los casos salvo cuando el índice de desulfuración de SO2 sea tenido en cuenta (véase la nota de la parte A del anexo III de la Directiva). En este caso, la contribución de la instalación a los objetivos de emisión fijados en relación con el SO2 se podrá calcular según la ecuación siguiente:contribución de la instalación al objetivo (t/año) = emisiones de SO2 sin equipo de reducción (t/año) x [1 - (índice de desulfuración en %/100)]donde:- por emisiones de SO2 sin tratamiento de reducción se entiende las emisiones anuales de SO2, calculando la media de los cinco últimos años, hasta 2000 inclusive, expresadas en toneladas por año, determinadas antes de cualquier reducción en un equipo de desulfuración (incluida la retención de azufre y cenizas en la instalación),- el índice de desulfuración corresponde al definido en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva.2.2. Calendario de aplicaciónLa Directiva prevé valores límite de emisión (VLE) más estrictos a partir de 2016 y 2018. Por consiguiente, hay tres períodos de aplicación:- de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2015 (los VLE serán de aplicación general a partir de 1 de enero de 2008),- de 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 (a partir de 1 de enero de 2016, las instalaciones de una potencia superior a 500MWth que funcionen con combustibles sólidos estarán sometidos a VLE más estrictos en materia de NOx; se aplicarán asimismo VLE más estrictos en relación con los NOx y el SO2 a las instalaciones de combustibles sólidos que funcionen durante un número de horas limitado),- a partir de 1 de enero de 2018 (el 1 de enero de 2018 caducará la excepción relativa a los VLE de NOx para las instalaciones que utilicen combustibles sólidos con un contenido de materias volátiles inferior al 10 %).2.3. Objetivos de emisiones totalesLos objetivos de emisiones totales de SO2, NOx y partículas pueden cuantificarse sumando la contribución de cada instalación a los objetivos de emisiones respectivos:Objetivos de emisiones del Estado miembro (t/año) = [sum     ] (contribución de cada instalación al objetivo).Los posibles cambios en los objetivos en materia de emisiones, respecto de los establecidos en los planes nacionales de reducción de emisiones de los Estados miembros presentados a la Comisión antes del 27 de noviembre de 2003, podrían referirse a:- las excepción relativa a un factor de baja carga de NOx para las instalaciones alimentadas con combustibles sólidos de potencia superior a los 500MWth. Esta excepción se basa en el tiempo de funcionamiento medio anual calculado en un quinquenio a partir de 2008. Los Estados miembros deberán indicar en el plan que se comunique a la Comisión las instalaciones que se acojan a esta excepción. Estas designaciones podrían no obstante modificarse durante la aplicación del plan previa aprobación de la autoridad competente, siempre y cuando se apliquen medidas compensatorias conformes a la Directiva que garanticen el logro del mismo objetivo de emisiones totales,- la excepción que prevé la limitación del número de horas de funcionamiento. Los titulares tendrán hasta el 30 de junio de 2004 para notificar a la autoridad competente si desean o no quedar incluidos en el plan nacional y beneficiarse de la excepción anteriormente mencionada (apartado 4 del artículo 4). Cuando un titular de una instalación decida optar por la excepción referida con posterioridad a la comunicación del plan del Estado miembro a la Comisión, pero antes del 30 de junio de 2004, el Estado miembro de que se trate deberá presentar las modificaciones pertinentes del plan.3. MEDIDAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOSEn sus planes nacionales de reducción de emisiones, los Estados miembros deben describir las medidas previstas para obtener las reducciones de emisiones necesarias para cumplir la Directiva 2001/80/CE.En primer lugar, deben calcularse las reducciones mínimas necesarias para cumplir los objetivos, restando los objetivos de emisiones anuales del dato anual más reciente, como se indica a continuación en el cuadro 1.Cuadro 1Determinación de la reducción de emisiones para cumplir los objetivos en un Estado miembro hipotético>SITIO PARA UN CUADRO>Nota:Las cifras del cuadro anterior se dan exclusivamente a título de ejemplo.En segundo lugar, una vez calculadas las reducciones mínimas necesarias y los objetivos que deben respetarse, deben determinarse las medidas para lograr esas reducciones. Por ejemplo, el plan se puede aplicar cambiando de combustible, modificando la combustión, recurriendo a técnicas de reducción de la contaminación, gestionando el factor de carga, etc. Incumbirá al Estado miembro decidir las medidas necesarias para lograr los objetivos atendiendo a criterios, por ejemplo, de rentabilidad, de viabilidad, de impacto sobre la seguridad y la variedad del abastecimiento energético, de las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria y de cualquier otra limitación pertinente.El cuadro A.3 del anexo presenta un ejemplo de las medidas que permitirían lograr los objetivos. Las medidas enumeradas en el cuadro y comunicadas a la Comisión en el plan nacional de reducción de emisiones no excluyen la aplicación de otras medidas conformes a la Directiva, previa aprobación de las autoridades competentes y a condición de que se respeten los objetivos fijados para el Estado miembro de que se trate.4. CALENDARIOEn el cuadro 2 figura el calendario con los principales plazos que deben respetar los Estados miembros que opten por el plan nacional de reducción de emisiones.Cuadro 2Principales plazos para la aplicación de los planes nacionales de reducción de emisiones previstos en la Directiva 2001/80/CE>SITIO PARA UN CUADRO>5. MECANISMO DE CONTROL5.1. Disposiciones de las autoridades competentesA partir del 1 de enero de 2008 se deberán aplicar una serie de medidas de control e información, en particular:- los titulares de las instalaciones estarán obligados a facilitar un cálculo de las emisiones totales anuales de SO2, NOx y partículas que satisfaga a la autoridad competente; a confirmar la aplicabilidad de la excepción que prevé la limitación del tiempo de funcionamiento en lo que se refiere a las emisiones de NOx y a presentar un informe sobre las horas utilizadas y no utilizadas respecto a las instalaciones excluidas del plan en virtud de la excepción mencionada,- las autoridades competentes estarán obligadas a verificar los cálculos de las emisiones totales anuales de SO2, NOx y partículas presentadas por el titular respecto de todas las instalaciones incluidas en el plan y a comparar los totales con los objetivos. Las autoridades serán responsables de controlar las instalaciones incluidas en el plan para garantizar que las emisiones totales anuales sean inferiores a los objetivos. Además, las autoridades deberán establecer un mecanismo que permita identificar el cierre de cualquier instalación incluida en el plan y asegurarse de que el cierre de una instalación no implique el aumento de las emisiones totales anuales procedentes de las demás instalaciones incluidas en el plan,- los Estados miembros deberán garantizar asimismo la disponibilidad de mecanismos que permitan aprobar cualquier modificación de las medidas originalmente previstas para cumplir las reducciones de emisiones estipuladas en el plan nacional correspondiente.5.2. Informes a la ComisiónLas obligaciones en lo que se refiere a la presentación de informes a la Comisión por parte de los Estados miembros están definidas en la sección B del anexo VIII de la Directiva 2001/80/CE. Además, se recomienda a los Estados miembros que lo deseen que establezcan un sistema nacional de elaboración de informes anuales sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos.Apéndice ACUADROS ILUSTRATIVOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES ((Las cifras que figuran en el cuadro de este apéndice se dan meramente a título de ejemplo.))>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>


title: Recomendación de la Comisión, de 13 de junio de 2007 , por la que se define una serie de actuaciones con vistas a la aplicación del Reglamento (CE) n o  338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio [notificada con el número C(2007) 2551]

text:
               20.6.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 159/45

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 13 de junio de 2007
   por la que se define una serie de actuaciones con vistas a la aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
   [notificada con el número C(2007) 2551]
   (2007/425/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El comercio ilegal de especímenes de las especies contempladas en el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1), que aplica la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (denominado en adelante «CITES») provoca graves daños a los recursos de la vida silvestre, reduce la eficacia de los programas de gestión de la vida silvestre, va en detrimento del comercio legal y sostenible y pone en peligro el desarrollo sostenible, especialmente en las economías en vías de desarrollo de muchos países productores.

               (2)

               Abordar las causas profundas del comercio ilegal de vida silvestre es importante para apoyar los esfuerzos de aplicación.

               (3)

               De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 338/97, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento del Reglamento o, si procede, entablar acciones legales.

               (4)

               De conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 338/97, los Estados miembros y la Comisión velarán por que se haga todo lo necesario para sensibilizar e informar al público de las disposiciones relativas a la aplicación de CITES y del Reglamento.

               (5)

               De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) no 338/97, los Estados miembros deben asegurar la imposición de sanciones adecuadas a la naturaleza y a la gravedad de las infracciones.

               (6)

               Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, incumbe a los Estados miembros velar por que las sanciones por las infracciones del Derecho comunitario sean eficaces, disuasorias y proporcionadas.

               (7)

               De conformidad con el artículo 10 del Tratado CE, la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros y sus autoridades resultan esenciales para garantizar la aplicación eficaz del Reglamento (CE) no 338/97.

               (8)

               La aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 requiere la cooperación internacional, la cual también es fundamental para la consecución de los objetivos de CITES.

               (9)

               El Estudio de la Comisión sobre la aplicación de los Reglamentos sobre el comercio de vida silvestre en la UE de 25 miembros, publicado en noviembre de 2006, reconoce la necesidad de definir ámbitos prioritarios de trabajo coordinado y de elaborar una serie de directrices comunes para facilitar la aplicación del Reglamento (CE) no 338/97.

               (10)

               En sus conclusiones de diciembre de 2006 sobre cómo atajar la pérdida de la biodiversidad (2), el Consejo insta a los Estados miembros a incrementar sus esfuerzos de lucha contra el comercio ilegal de las especies de CITES y a los Estados miembros y la Comisión a reforzar una respuesta y actuaciones coordinadas en la aplicación de CITES.

               (11)

               La serie de actuaciones contempladas en la presente Recomendación refleja los debates entablados en el marco del Grupo de ejecución creado de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 338/97 y del Comité sobre el comercio de fauna y flora silvestres, establecido de conformidad con el artículo 18 del mismo Reglamento.

         RECOMIENDA:

               I.

               Los Estados miembros deberían ejecutar las actuaciones definidas en la presente Recomendación para facilitar la aplicación del Reglamento (CE) no 338/97.

               II.

               Para mejorar la capacidad de aplicación, los Estados miembros deberían tomar las medidas siguientes:

                           a)

                           adoptar planes de acción nacionales de coordinación de la aplicación, los cuales deben tener unos objetivos y plazos claramente definidos y armonizarse y revisarse periódicamente;

                           b)

                           velar por que todas las autoridades competentes tengan los recursos financieros y de personal adecuados para poder hacer cumplir el Reglamento (CE) no 338/97 y por que puedan disponer de equipos especializados y de las competencias pertinentes;

                           c)

                           velar por que las sanciones por las infracciones del Reglamento (CE) no 338/97 sean disuasorias frente a los delitos relacionados con el comercio de vida silvestre, de conformidad con la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia; por que su aplicación sea coherente y, en especial, por que tengan en cuenta, el valor de los especímenes en el mercado, el valor de las especies intervenidas desde el punto de vista de la conservación y los costes contraídos, entre otras cosas;

                           d)

                           a efectos de la letra c), llevar a cabo actividades de formación o concienciación dirigidas a las autoridades competentes, los ministerios públicos y la judicatura;

                           e)

                           velar por que todas las autoridades competentes reciban una formación adecuada sobre el Reglamento (CE) no 338/97 y sobre la identificación de las especies;

                           f)

                           garantizar el suministro de información adecuada a la población y a las partes interesadas, sobre todo con vistas a una mayor concienciación sobre las repercusiones negativas del comercio de vida silvestre;

                           g)

                           además de los controles en los pasos fronterizos previstos en el Reglamento (CE) no 338/97, garantizar su cumplimiento en el interior de los países, sobre todo mediante inspecciones periódicas de comercios y negocios tales como tiendas de mascotas, criadores y viveros;

                           h)

                           utilizar sistemáticamente evaluaciones de riesgo y de información para garantizar unos controles rigurosos en los pasos fronterizos y en el interior de los países;

                           i)

                           velar por la creación de instalaciones para el cuidado temporal de los especímenes vivos incautados o confiscados y de mecanismos para su reinstalación a largo plazo, en caso necesario.

               III.

               Para mejorar la cooperación y el intercambio de información, los Estados miembros deberían tomar las medidas siguientes:

                           a)

                           establecer procedimientos de coordinación de la aplicación entre todas las autoridades nacionales pertinentes mediante la creación de comités de colaboración entre organismos y la celebración de memorandos de acuerdo y de otros acuerdos de cooperación interinstitucional, entre otras cosas;

                           b)

                           facilitar el acceso de los funcionarios competentes a los recursos, instrumentos y canales de comunicación existentes para el intercambio de información sobre el cumplimiento del Reglamento (CE) no 338/97 y de CITES, de forma que dispongan de toda la información oportuna todos los funcionarios competentes de cualquier grado, incluido el personal de primera línea;

                           c)

                           designar centros nacionales de coordinación para el intercambio de información sobre el comercio de vida silvestre;

                           d)

                           compartir la información pertinente sobre tendencias, embargos y asuntos sometidos a los tribunales importantes en las reuniones regulares del Grupo de ejecución y durante el período entre sesiones;

                           e)

                           cooperar con las autoridades competentes de otros Estados miembros en lo que respecta a las investigaciones sobre los delitos previstos en el Reglamento (CE) no 338/97;

                           f)

                           utilizar los recursos de comunicación, coordinación y conocimientos técnicos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude a la hora de coordinar las investigaciones a escala comunitaria;

                           g)

                           intercambiar información sobre las sanciones impuestas por los delitos relacionados con el comercio de vida silvestre para garantizar la coherencia de su aplicación;

                           h)

                           contribuir a la capacitación con vistas al cumplimiento del Reglamento (CE) no 338/97 en otros Estados miembros mediante programas de formación y el reparto de manuales y materiales de formación, entre otras cosas;

                           i)

                           poner a la disposición de otros Estados miembros los instrumentos de concienciación y los materiales existentes dirigidos a la población y a las partes interesadas;

                           j)

                           asistir a otros Estados miembros en el cuidado temporal y la reinstalación a largo plazo de los especímenes vivos incautados o confiscados;

                           k)

                           colaborar estrechamente con las autoridades de gestión de CITES y las autoridades competentes de los países de origen, tránsito y consumo de fuera de la Comunidad, así como con la Secretaría de CITES, la OIPC Interpol y la Organización Aduanera Mundial, para contribuir a la detección, disuasión y prevención del comercio ilegal de vida silvestre mediante el intercambio de información;

                           l)

                           proporcionar asesoramiento y apoyo a los órganos de gestión de CITES y a las autoridades competentes de los países de origen, tránsito y consumo de fuera de la Comunidad para facilitar el comercio legal y sostenible mediante la correcta aplicación de los procedimientos;

                           m)

                           apoyar los programas de capacitación de terceros países para mejorar la aplicación y el cumplimiento de CITES mediante fondos de cooperación al desarrollo y en el marco de la futura «Estrategia europea de ayuda al comercio» (3), entre otras cosas;

                           n)

                           fomentar la colaboración interregional para combatir el comercio ilegal de vida silvestre mediante la creación de vínculos con otras iniciativas regionales y subregionales, entre otras cosas.

               IV.

               La información relativa a las disposiciones adoptadas atendiendo a la presente Recomendación debe notificarse a la Comisión al mismo tiempo que la información contemplada en el artículo 15, apartado 4, letra c), del Reglamento (CE) no 338/97.

      Hecho en Bruselas, el 13 de junio de 2007.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1332/2005 de la Comisión (DO L 215 de 19.8.2005, p. 1).

      (2)  2773a reunión del Consejo de Medio Ambiente, celebrada el 18 de diciembre de 2006.

      (3)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una estrategia europea de ayuda al comercio — Contribución de la Comisión [COM(2007) 163].