Aviso jurídico importante

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52006SC0025

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de la República Checa (2005-2008)  /* SEC/2006/0025 final */

	Bruselas, 11.1.2006SEC(2006) 25 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,en relación con el programa de convergencia actualizado de la República Checa (2005-2008)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSAntecedentesEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene como objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. En 2005 se reformó el Pacto por primera vez. La reforma, aunque reconocía la utilidad del Pacto como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento[1], establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de convergencia de la República Checa fue presentado en mayo de 2004. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 5 de julio de 2004, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.En estos programas, los Estados miembros deben especificar su objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria y establecer las medidas encaminadas a alcanzarlo y mantenerse en el mismo, así como las hipótesis económicas asociadas. Tras la reforma del Pacto, el objetivo a medio plazo debe diferenciarse por Estados miembros habida cuenta de la heterogeneidad de las situaciones económicas y presupuestarias en el seno de la Unión, heterogeneidad que también existe en lo que se refiere a los riesgos en materia de sostenibilidad. Entre otros elementos de la reforma cabe señalar la necesidad de aplicar un enfoque fiscal más simétrico a lo largo del ciclo, reforzando la disciplina presupuestaria en coyunturas favorables, así como la necesidad de considerar las "reformas estructurales de gran envergadura» que tengan repercusiones verificables sobre la sostenibilidad a largo plazo a la hora de evaluar una desviación temporal respecto del objetivo a medio plazo o respecto de la senda de ajuste para alcanzarlo.Teniendo en cuenta sus previsiones del otoño de 2005, el Código de conducta[2], la metodología establecida de común acuerdo para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo y las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008, la Comisión ha examinado el programa de convergencia actualizado presentado recientemente por la República Checa, y, basándose en la evaluación que figura a continuación, ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre el mismo.Evaluación1.  La segunda actualización del programa de convergencia de la República Checa, referente al período 2005-2008, fue presentada el 24 de noviembre de 2005. El programa sigue en líneas generales el modelo de estructura para los programas de estabilidad y de convergencia especificado en el nuevo código de conducta y facilita todos los datos obligatorios y la mayoría de los datos opcionales estipulados en el nuevo código de conducta.2.  El 5 de julio de 2004, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en la República Checa. De conformidad con la recomendación del Consejo formulada en la misma fecha con arreglo al artículo 104, apartado 7, el déficit excesivo debe corregirse en 2008 a más tardar. En su dictamen de 18 de enero de 2005 sobre la anterior actualización del programa de convergencia de la República Checa, referente al período 2004-2007, el Consejo recomendó a la República Checa emplear los ingresos superiores a los presupuestados en la reducción del déficit y respetar estrictamente los límites máximos de gasto a medio plazo para la administración central, que serán legalmente vinculantes a partir de 2006. Por otra parte, se instó a la República Checa a intensificar la reforma del sistema de pensiones y emprender la reforma del sistema de asistencia sanitaria con el fin de mejorar la viabilidad de la hacienda pública.3.  Tras haber realizado avances en materia de reforma económica y de estabilización a mediados de los años noventa, la República Checa se vio envuelta en desequilibrios macroeconómicos que llevaron a una crisis del mercado de cambios en mayo de 1997 y una recesión económica en 1997-1999. Unas amplias reformas estructurales en los sectores financiero y empresarial contribuyeron a la recuperación de la economía a partir 2000. Desde entonces, el crecimiento anual del PIB real ha sido de aproximadamente el 3%, frente a una tasa media anual de crecimiento del 1,7% en la UE.4.  El programa presenta tres escenarios para la previsión macroeconómica. Un escenario «inicial», un escenario «optimista» y un escenario «pesimista». El escenario «inicial» se considera como escenario de referencia para la evaluación de las previsiones presupuestarias. Se prevé un crecimiento anual del PIB real del 4,8% en 2005, el 4,4% en 2006 y una ligera disminución al 4,25% en 2007-2008. Estas previsiones se ajustan en líneas generales a las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión para los años 2005-2007. Para el año 2008, se prevé un crecimiento ligeramente superior al crecimiento potencial estimado por los servicios de la Comisión. Así pues, las hipótesis de crecimiento del programa pueden considerarse verosímiles, aunque quizás un tanto optimistas en el último año del mismo. Debido a una posible sobreestimación del crecimiento potencial, es probable que las condiciones cíclicas sean más favorables de lo que implican las previsiones del programa. Se espera que la inflación aumente del 1,5% en 2005 al 2,2% en 2006, y disminuya ligeramente al 2,0% en 2007, lo que parece relativamente optimista.5.  Tras una depreciación de la corona checa respecto del euro cercana al 15% de julio de 2002 a febrero de 2004, la moneda checa siguió la tendencia de las monedas de la región de apreciación continua hasta marzo de 2005, recuperando aproximadamente el 12% frente al euro. Esta tendencia fue interrumpida temporalmente por una depreciación en marzo-abril de 2005, pero la corona checa reanudó su tendencia a la apreciación en junio de 2005. Los tipos de interés a largo plazo vigentes en la República Checa permanecen a un bajo nivel. Tras su disminución en el segundo semestre de 2004, el diferencial respecto de la zona del euro fluctuó entre 0 y 40 puntos básicos durante la mayor parte de 2005. El programa de convergencia especifica que la República Checa se propone adherirse a la zona del euro en 2010 y vuelve a confirmar que la participación en el MTC II deberá limitarse al período mínimo necesario. Un calendario indicativo para la adhesión plena a la zona del euro, publicado recientemente por el ministerio de Hacienda, propone la entrada en el MTC II en el segundo semestre de 2007.6.  Sobre la base de las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas para 2005 se estima en el 3,2% del PIB, frente al objetivo de déficit del 4,7% del PIB contemplado en la anterior actualización. Se espera que el déficit sea influido principalmente por el comportamiento presupuestario de la administración central, particularmente del presupuesto estatal, que (según la contabilidad de caja) registró unos ingresos tributarios superiores a los previstos y unos gastos inferiores a los presupuestados en aproximadamente el 1,5% del PIB.7.  La presente actualización tiende a reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2008, de conformidad con la recomendación del Consejo formulada en virtud del artículo 104, apartado 7. En particular, prevé reducir el déficit en más de dos puntos porcentuales del PIB de 2005 a 2008, y el déficit primario, en 2,3 puntos porcentuales. No obstante, si se excluyen los efectos de los gastos excepcionales realizados en 2005, la mejora del déficit nominal durante el periodo sería de sólo un punto porcentual del PIB. La reducción del déficit refleja principalmente una disminución del ratio de gastos (en 2,3 puntos porcentuales del PIB), mientras que los ingresos se mantienen prácticamente invariados (–0,2 puntos porcentuales). El consumo público y las transferencias sociales son las partidas de gasto para las que se prevé una mayor reducción en porcentaje del PIB. Se prevé que la inversión pública aumente considerablemente, del 5% del PIB en 2004 a una cifra superior al 6% del PIB en 2008, esto es, muy por encima de la media de la UE (2,5% del PIB en 2005). En comparación con el programa anterior, la actualización de noviembre de 2005 confirma globalmente el ajuste planeado, aunque el escenario macroeconómico subyacente es considerablemente más favorable.8.  Partiendo de los cálculos efectuados por los servicios de la Comisión sobre la base del programa aplicando la metodología establecida de común acuerdo, se prevé que el saldo estructural mejore sólo ligeramente durante el periodo del programa (en medio punto porcentual del PIB). El esfuerzo de ajuste fiscal se concentraría en los últimos años del programa, para los que se prevé una brecha de producción positiva. De hecho, para 2006 se espera un deterioro de la situación presupuestaria. En la actualización se establece un objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria, en el sentido del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de un «déficit estructural equivalente aproximadamente al 1% del PIB», que se espera alcanzar de aquí a 2012.9.  Habida cuenta de que el objetivo a medio plazo del programa es más exigente que el valor de referencia (estimado en un déficit de aproximadamente el 1,5% del PIB), el logro del mismo permitiría cumplir otro objetivo: contar con un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo establecido en el programa es apropiado ya que refleja adecuadamente el ratio de deuda y la tasa media de crecimiento potencial a largo plazo.10.  Los riesgos que encierran las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados. Por una parte, la tradicionalmente prudente planificación presupuestaria de la República Checa indica que los resultados podrían ser mejores que los previstos (como ocurrió en 2004 y también esperan los servicios de la Comisión para 2005). Las hipótesis de crecimiento subyacentes en los presupuestos han sido generalmente realistas y las hipótesis sobre las elasticidades tributarias han sido prudentes. Además, los gastos presupuestarios no siempre se han realizado totalmente, debido principalmente a la posibilidad de pasar fondos no gastados a ejercicios presupuestarios posteriores. Por otra parte, el programa hace referencia a una serie de medidas (propuestas) en el área de los gastos sociales que aumentarían estos gastos en lugar de reducirlos, como prevé el programa. Por otro lado, en 2004 se acumularon gastos prorrogados de ejercicios anteriores por un importe superior al 1% del PIB, y los servicios de la Comisión esperan que el volumen de éstos siga aumentando en 2005. Si se llega a realizar este importante volumen de gastos prorrogados, además de los gastos presupuestados –lo cual no puede descartarse, especialmente en 2006, que es un año electoral–, los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previsto, particularmente en 2006. Por último, la hipótesis de crecimiento para el último año del programa parece favorable.11.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa parece compatible con una corrección del déficit excesivo de aquí a 2008, último año del programa, conforme a lo recomendado por el Consejo. Sin embargo, el ritmo previsto de ajuste en términos estructurales podría aumentarse, especialmente si se tiene en cuenta la posibilidad de que los resultados sean mucho mejores en 2005 y la previsión al alza de las perspectivas de crecimiento.12.  De 2005 a 2008 se espera que la deuda pública aumente en medio punto porcentual del PIB y alcance el 38% del PIB en 2008, muy por debajo del valor de referencia del 60%. Se prevé que los efectos negativos del déficit primario queden en gran medida compensados por un efecto de bola de nieve positivo, en virtud del cual la contribución negativa de una tasa de interés implícito ligeramente creciente sería contrarrestada con creces por la continuación de un alto crecimiento del PIB nominal. También se espera que el ajuste de flujos-fondos ejerza un efecto atenuador sobre el aumento de la deuda.13.  En cuanto a la sostenibilidad de la hacienda pública, la República Checa parece afrontar altos riesgos a causa de los costes presupuestarios previstos del envejecimiento de la población. Aunque el ratio de deuda es actualmente relativamente bajo en comparación con los demás países de la UE, el elevado déficit contribuye a un ratio de deuda creciente en las previsiones a largo plazo hasta el año 2050, lo que aumenta el riesgo para la sostenibilidad de la deuda. Al mismo tiempo, los altos aumentos previstos de los gastos de pensiones durante el periodo de previsión se espera que supongan una rémora significativa para la hacienda pública. Una aplicación rigurosa del saneamiento previsto de la hacienda pública a medio plazo y un mayor reforzamiento de la situación presupuestaria junto con unas reformas estructurales adicionales encaminadas a contener el aumento de los gastos relacionados con la edad, particularmente los gastos de pensiones y de asistencia sanitaria, resultan de importancia capital con el fin de mitigar los riesgos para la sostenibilidad de la hacienda pública[3].14.  Las medidas previstas en el área de la hacienda pública son globalmente compatibles con las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En particular, el programa prevé la corrección del déficit excesivo conforme a la recomendación del Consejo. También presenta medidas encaminadas a fomentar una asignación de recursos orientada al crecimiento y al empleo, especialmente disminuyendo el peso del sector público en la economía y reorientando la presión fiscal de la imposición directa a la imposición indirecta. No obstante, aunque el Gobierno es consciente del problema de la sostenibilidad a largo plazo, el programa no presenta medidas concretas para abordarlo.15.  El Programa nacional de reforma de la República Checa, presentado el 14 de octubre de 2005 en el contexto de la nueva estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, establece la viabilidad a largo plazo como principal reto con implicaciones para la hacienda pública. Las repercusiones presupuestarias del limitado número de medidas concretas de reforma especificadas en dicho Programa se reflejan en las previsiones presupuestarias del programa de convergencia. Las medidas fiscales previstas en el programa de convergencia son conformes con las medidas previstas en el Programa nacional de reforma. En particular, el programa de convergencia presenta medidas encaminadas a fomentar el empleo y el crecimiento modificando la estructura de ingresos y gastos (especialmente, mediante una reorientación de la presión fiscal de la imposición directa a la imposición indirecta y un recorte de las transferencias y el consumo públicos) y haciendo de la inversión pública una prioridad de gasto, pero no presenta medidas de reforma concretas para abordar el problema de la viabilidad a largo plazo. El programa prevé un reforzamiento del papel de los límites máximos de gasto a medio plazo aplicando los principios vinculantes a las rúbricas del presupuesto estatal y de los fondos estatales e incluyendo a las administraciones locales en el proceso de planificación presupuestaria.A la luz de la presente evaluación y de las recomendaciones formuladas por el Consejo el 5 de julio de 2004 de conformidad con el artículo 104, apartado 7, sería conveniente que la República Checa:(i) Intensifique sus esfuerzos de ajuste presupuestario estructural, habida cuenta del pequeño margen por debajo del valor de referencia previsto para 2008 (fecha en la que finalizará el plazo para la corrección del déficit excesivo), con el fin de aprovechar plenamente la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento respecto de las perspectivas subyacentes en la recomendación del Consejo.(ii) Fomente la calidad de la planificación presupuestaria, en particular analizando las causas del volumen significativo de gastos prorrogados y consolidando los límites máximos de gasto a medio plazo.(iii) Mejore la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública, especialmente acelerando la reforma del sistema de pensiones y emprendiendo la reforma del sistema de asistencia sanitaria.Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,en relación con el programa de convergencia actualizado de la República Checa (2005-2008)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[4], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:16.  El [24 de enero de 2006], el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de la República Checa relativo al periodo 2005–2008. El programa sigue en líneas generales el modelo de estructura para los programas de estabilidad y de convergencia especificado en el nuevo código de conducta y facilita todos los datos obligatorios y la mayoría de los datos opcionales estipulados en el nuevo código de conducta.17.  Tras haber realizado avances en materia de reforma económica y de estabilización a mediados de los años noventa, la República Checa experimentó desequilibrios macroeconómicos que llevaron a una crisis del mercado de cambios en mayo de 1997 y una recesión económica en 1997-1999. Unas amplias reformas estructurales en los sectores financiero y empresarial contribuyeron a la recuperación de la economía a partir 2000. Desde entonces, el crecimiento anual del PIB real ha sido de aproximadamente el 3%, frente a una tasa media anual de crecimiento del 1,7% en la UE. El programa presenta tres escenarios para la previsión macroeconómica. Un escenario «inicial», un escenario «optimista» y un escenario «pesimista». El escenario «inicial» se considera como escenario de referencia para la evaluación de las previsiones presupuestarias ya que, partiendo de la información disponible, las hipótesis de crecimiento del programa pueden considerarse verosímiles, aunque quizás un tanto optimistas en el último año del mismo. En el programa se contempla que el crecimiento del PIB real disminuya ligeramente del 4,8% en 2005 al 4,3% por término medio durante el resto del periodo del programa. Debido a una posible sobreestimación del crecimiento potencial, es probable que las condiciones cíclicas sean más favorables de lo que implican las previsiones del programa. Las previsiones de inflación del programa parece un tanto optimistas.18.  El 5 de julio de 2004, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en la República Checa. De conformidad con la recomendación formulada por el Consejo en la misma fecha en virtud del artículo 104, apartado 7, el déficit excesivo ha de corregirse de aquí a 2008. En su dictamen de 18 de enero de 2005 sobre la anterior actualización del programa de convergencia de la República Checa, referente al período 2004-2007, el Consejo recomendó a la República Checa emplear los ingresos superiores a los presupuestados en la reducción del déficit y respetar estrictamente los límites máximos de gasto a medio plazo para la administración central, que serán legalmente vinculantes a partir de 2006. Por otra parte, se instó a la República Checa a intensificar la reforma del sistema de pensiones y emprender la reforma del sistema de asistencia sanitaria con el fin de mejorar la viabilidad de la hacienda pública.19.  Sobre la base de las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas para 2005 se estima en el 3,2% del PIB, frente al objetivo de déficit del 4,7% del PIB contemplado en la anterior actualización. Se espera que el déficit sea influido principalmente por el comportamiento presupuestario de la administración central, particularmente del presupuesto estatal, que registró unos ingresos tributarios superiores a los previstos y unos gastos inferiores a los presupuestados en aproximadamente el 1,5% del PIB.20.  La presente actualización tiende a reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2008, de conformidad con la recomendación del Consejo formulada en virtud del artículo 104, apartado 7. En particular, prevé reducir el déficit en más de dos puntos porcentuales del PIB de 2005 a 2008, y el déficit primario, en 2,3 puntos porcentuales. No obstante, si se excluyen los efectos de los gastos excepcionales realizados en 2005, la mejora del déficit nominal durante el periodo sería de sólo un punto porcentual del PIB. La reducción del déficit refleja principalmente una disminución del ratio de gastos (en 2,3 puntos porcentuales del PIB), mientras que los ingresos se mantienen prácticamente invariados (–0,2 puntos porcentuales). El consumo público y las transferencias sociales son las partidas de gasto para las que se prevé una mayor reducción en porcentaje del PIB. Se prevé que la inversión pública aumente considerablemente, del 5% del PIB en 2004 a una cifra superior al 6% del PIB en 2008, esto es, muy por encima de la media de la UE (2,5% del PIB en 2005). En comparación con el programa anterior, la actualización de noviembre de 2005 confirma globalmente el ajuste planeado, aunque el escenario macroeconómico subyacente es considerablemente más favorable.21.  Durante el periodo del programa, se prevé que el saldo estructural (esto es, el saldo ajustado en función del ciclo descontando las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, que se calcula aplicando la metodología común) mejore en medio punto porcentual del PIB. El programa establece el objetivo a medio plazo de llegar a una situación presupuestaria con un déficit estructural de «aproximadamente» el 1% del PIB, objetivo que no se pretende alcanzar durante el periodo del programa. Habida cuenta de que el objetivo a medio plazo del programa es más exigente que el valor de referencia (estimado en un déficit de aproximadamente el 1,5% del PIB), el logro del mismo permitiría cumplir otro objetivo: contar con un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo establecido en el programa es apropiado ya que refleja adecuadamente el ratio de deuda y la tasa media de crecimiento potencial a largo plazo.22.  Los riesgos que encierran las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados. Por una parte, la tradicionalmente prudente planificación presupuestaria de la República Checa indica que los resultados podrían ser mejores que los previstos (como ocurrió en 2004 y también esperan los servicios de la Comisión para 2005). Las hipótesis de crecimiento subyacentes en los presupuestos han sido generalmente realistas y las hipótesis sobre las elasticidades tributarias han sido prudentes. Además, los gastos presupuestarios no siempre se han realizado totalmente, debido principalmente a la posibilidad de pasar fondos no gastados a ejercicios presupuestarios posteriores. Por otra parte, el programa hace referencia a una serie de medidas (propuestas) en el área de los gastos sociales que aumentarían estos gastos en lugar de reducirlos, como prevé el programa. Por otro lado, en 2004 se acumularon gastos prorrogados de ejercicios anteriores por un importe superior al 1% del PIB, y los servicios de la Comisión esperan que el volumen de éstos siga aumentando en 2005. Si se llega a realizar este importante volumen de gastos prorrogados, además de los gastos presupuestados –lo cual no puede descartarse, especialmente en 2006, que es un año electoral–, los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previsto, particularmente en 2006. Por último, la hipótesis de crecimiento para el último año del programa parece favorable.23.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa parece compatible con una corrección del déficit excesivo de aquí a 2008, último año del programa, conforme a lo recomendado por el Consejo. Sin embargo, el ritmo previsto de ajuste en términos estructurales podría aumentarse, especialmente si se tiene en cuenta la posibilidad de que los resultados sean mucho mejores en 2005 y la previsión al alza de las perspectivas de crecimiento.24.  Se estima que en 2005 el ratio de deuda ha alcanzado el 37,4% del PIB, muy por debajo del valor de referencia del 60% del PIB. El programa prevé que el ratio de deuda aumente medio punto porcentual durante el periodo cubierto por el mismo.25.  En cuanto a la sostenibilidad de la hacienda pública, la República Checa parece afrontar altos riesgos a causa de los costes presupuestarios previstos del envejecimiento de la población. Aunque el ratio de deuda es actualmente relativamente bajo en comparación con los demás países de la UE, el elevado déficit contribuye a un ratio de deuda creciente en las previsiones a largo plazo hasta el año 2050, lo que aumenta el riesgo para la sostenibilidad de la deuda. Al mismo tiempo, los altos aumentos previstos de los gastos de pensiones durante el periodo de previsión se espera que supongan una rémora significativa para la hacienda pública. Una aplicación rigurosa del saneamiento previsto de la hacienda pública a medio plazo y un mayor reforzamiento de la situación presupuestaria junto con unas reformas estructurales adicionales encaminadas a contener el aumento de los gastos relacionados con la edad, particularmente los gastos de pensiones y de asistencia sanitaria, resultan de importancia capital con el fin de mitigar los riesgos para la sostenibilidad de la hacienda pública[5].26.  Las medidas previstas en el área de la hacienda pública son globalmente compatibles con las orientaciones de política económica incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En particular, el programa prevé la corrección del déficit excesivo conforme a la recomendación del Consejo. También presenta medidas encaminadas a fomentar una asignación de recursos orientada al crecimiento y al empleo, especialmente disminuyendo el peso del sector público en la economía y reorientando la presión fiscal de la imposición directa a la imposición indirecta. No obstante, aunque el Gobierno es consciente del problema de la sostenibilidad a largo plazo, el programa no presenta medidas concretas para abordarlo.27.  El Programa nacional de reforma de la República Checa, presentado el 14 de octubre de 2005 en el contexto de la nueva estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, establece la viabilidad a largo plazo como principal reto con implicaciones para la hacienda pública. Las repercusiones presupuestarias del limitado número de medidas concretas de reforma especificadas en dicho Programa se reflejan en las previsiones presupuestarias del programa de convergencia. Las medidas fiscales previstas en el programa de convergencia son conformes con las medidas previstas en el Programa nacional de reforma. En particular, el programa de convergencia presenta medidas encaminadas a fomentar el empleo y el crecimiento modificando la estructura de ingresos y gastos (especialmente, mediante una reorientación de la presión fiscal de la imposición directa a la imposición indirecta y un recorte de las transferencias y el consumo públicos) y haciendo de la inversión pública una prioridad de gasto, pero no presenta medidas de reforma concretas para abordar el problema de la viabilidad a largo plazo. El programa prevé un reforzamiento del papel de los límites máximos de gasto a medio plazo aplicando los principios vinculantes a las rúbricas del presupuesto estatal y de los fondos estatales e incluyendo a las administraciones locales en el proceso de planificación presupuestaria.A la luz de la presente evaluación y de la recomendación formulada en virtud del artículo 104, apartado 7, el Consejo considera que la República Checa deberá:(i) Intensificar sus esfuerzos de ajuste presupuestario estructural, habida cuenta del pequeño margen por debajo del valor de referencia previsto para 2008 (fecha en la que finalizará el plazo para la corrección del déficit excesivo), con el fin de aprovechar plenamente la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento respecto de las perspectivas subyacentes en la recomendación del Consejo.(ii) Fomentar la calidad de la planificación presupuestaria, en particular analizando las causas del volumen significativo de gastos prorrogados y consolidando los límites máximos de gasto a medio plazo.(iii) Mejorar la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública, especialmente acelerando la reforma del sistema de pensiones y emprendiendo la reforma del sistema de asistencia sanitaria.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |PIB real (% variación) | PC Nov 2005 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |COM Nov 2005 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | – |PC Dic 2004 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | – |Inflación IPCA (%) | PC Nov 2005 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |COM Nov 2005 | 2,6 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | – |PC Dic 2004 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | – |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PC Nov 20051 | -1,9 | -0,8 | -0,1 | 0,3 | 0,8 |COM Nov 20055 | -1,4 | -0,2 | 0,6 | 1,2 | – |PC Dic 20041 | -1,3 | -0,9 | -0,4 | 0,3 | – |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PC Nov 2005 | -3,0 | -4,8 | -3,8 | -3,3 | -2,7 |COM Nov 2005 | -3,0 | -3,2 | -3,7 | -3,3 | – |PC Dic 2004 | -5,2 | -4,7 | -3,8 | -3,3 | – |Saldo primario (% del PIB) | PC Nov 2005 | -1,8 | -3,5 | -2,5 | -2,0 | -1,2 |COM Nov 2005 | -1,8 | -1,9 | -2,3 | -1,9 | – |PC Dic 2004 | -4,0 | -3,4 | -2,4 | -1,7 | – |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PC Nov 20051 | -2,4 | -4,5 | -3,8 | -3,4 | -3,0 |COM Nov 2005 | -2,5 | -3,1 | -4,0 | -3,8 | – |PC Dic 20041 | – | – | – | – | – |Saldo estructural2 (% del PIB) | PC Nov 20053 | -1,9 | -3,4 | -3,8 | -3,4 | -3,0 |COM Nov 20054 | -2,0 | -2,0 | -4,0 | -3,8 | – |PC Dic 2004 | – | – | – | – | – |Deuda pública bruta (% del PIB) | PC Nov 2005 | 36,8 | 37,4 | 37,1 | 37,9 | 37,8 |COM Nov 2005 | 36,8 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | – |PC Dic 2004 | 38,6 | 38,3 | 39,2 | 40,0 | – |Notas: 1 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 2 Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 3 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas de la notificación fiscal (0,5% del PIB en 2004) y del programa (1,1% en 2005) (aumento del déficit en ambos casos). 4 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas de las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión (0,4% del PIB en 2004, 1,1% en 2005; ambos tipos de medidas aumentan el déficit). 5 Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 3,5%, el 3,5%, el 3,6% y el 3,7%, respectivamente, en 2004, 2005, 2006 y 2007. Fuente: Programa de convergencia (PC); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2005; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209, 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Dictamen del Comité Económico y Financiero relativo a «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[3] Para más detalles sobre la viabilidad a largo plazo, véase la evaluación técnica del programa a cargo de los servicios de la Comisión, que se publicará en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[4] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[5] Para más detalles sobre la viabilidad a largo plazo, véase la evaluación técnica del programa a cargo de los servicios de la Comisión, que se publicará en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm


title: Recomendación (UE) 2017/432 de la Comisión, de 7 de marzo de 2017, sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

text:
               11.3.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 66/15

         RECOMENDACIÓN (UE) 2017/432 DE LA COMISIÓN
   de 7 de marzo de 2017
   sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

               (2)

               El mecanismo de evaluación de Schengen (2) y la información recogida a través de la Red Europea de Migración (3) han permitido realizar una evaluación detallada del modo en que los Estados miembros aplican la política de la Unión en materia de retorno.

               (3)

               Las evaluaciones indican que el margen de discreción concedido a los Estados miembros por la Directiva 2008/115/CE ha dado lugar a su transposición incoherente a las legislaciones nacionales, con un impacto negativo en la eficacia de la política de la Unión en materia de retorno.

               (4)

               Desde la entrada en vigor de la Directiva 2008/115/CE, y habida cuenta de la creciente presión migratoria que sufren los Estados miembros, los retos a que debe hacer frente la política de la Unión en materia de retorno han aumentado y han hecho que este aspecto protagonice la política europea global en materia de migración. En sus conclusiones de 20 y 21 de octubre de 2016 (4), el Consejo Europeo pidió el refuerzo de los procesos administrativos nacionales en relación con los retornos.

               (5)

               La Declaración de Malta de los Jefes de Estado o de Gobierno (5) de 3 de febrero de 2017 puso de manifiesto la necesidad de una revisión de la política de la UE en materia de retorno que se base en un análisis objetivo de la manera en que se aplican las herramientas jurídicas, operativas, financieras y prácticas disponibles a escala nacional y de la Unión. También aplaudió la intención de la Comisión de presentar rápidamente un Plan de Acción de la UE actualizado en materia de retorno y de proporcionar orientaciones para hacer más operativos los retornos efectuados por la UE y por los Estados miembros y para conseguir una readmisión efectiva con arreglo al acervo vigente.

               (6)

               Teniendo en cuenta el aumento del número de nacionales de terceros países que entran y permanecen ilegalmente en los Estados miembros, y a fin de garantizar la capacidad adecuada para proteger a las personas necesitadas, es preciso aprovechar plenamente la flexibilidad prevista en la Directiva 2008/115/CE. Una aplicación más eficaz de esta Directiva reduciría las posibilidades de abuso de los procedimientos y subsanaría los problemas de eficiencia, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               (7)

               La presente Recomendación proporciona orientaciones sobre la manera en que deberían utilizarse las disposiciones de la Directiva 2008/115/CE para mejorar la eficacia de los procedimientos de retorno e insta a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para eliminar los obstáculos jurídicos y prácticos al retorno.

               (8)

               Una política eficaz de la Unión en materia de retorno requiere medidas eficientes y proporcionadas para la aprehensión y la identificación de los nacionales de terceros países en situación irregular, la rápida tramitación de sus asuntos y las capacidades adecuadas para garantizar su presencia con vistas al retorno.

               (9)

               Organizar el retorno exige una organización fluida y bien integrada de competencias pluridisciplinares a nivel nacional. Además, exige procedimientos e instrumentos que permitan que la información se comunique sin demora a las autoridades competentes, así como cooperación entre todas las partes que participan en los distintos procedimientos.

               (10)

               Hace falta personal competente y formado de modo pluridisciplinar para garantizar que las autoridades nacionales sean capaces de satisfacer las necesidades, especialmente cuando los Estados miembros sufran una presión considerable a la hora de cumplir su obligación de repatriar a los nacionales de terceros países en situación irregular. Al organizar este enfoque integrado y coordinado, los Estados miembros deben hacer pleno uso de los proyectos, los programas y los instrumentos financieros disponibles de la Unión en materia de retorno, especialmente del Fondo de Asilo, Migración e Integración. A este respecto, los Estados miembros deben tener también en cuenta la presión migratoria que afrontan las autoridades competentes.

               (11)

               De conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE, los Estados miembros deben expedir sistemáticamente decisiones de retorno a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en su territorio. La legislación y las prácticas en los Estados miembros no dan pleno efecto a esta obligación en todas las circunstancias, lo que menoscaba la eficacia del sistema de retorno de la Unión. Por ejemplo, algunos Estados miembros no expiden decisiones de retorno tras una decisión negativa sobre una solicitud de asilo o de permiso de residencia, o no expiden tales decisiones a los nacionales de terceros países en situación irregular que no posean un documento de viaje o de identidad válido.

               (12)

               En función de las estructuras institucionales de los Estados miembros, sobre todo cuando diversas autoridades tramitan el procedimiento, una decisión de retorno no es necesariamente o inmediatamente seguida de una solicitud a las autoridades de terceros países para que comprueben la identidad de los nacionales de terceros países en situación irregular y emitan un documento de viaje válido.

               (13)

               De conformidad con el artículo 13 del Código de fronteras de Schengen (6), toda persona que haya cruzado una frontera ilegalmente y que no tenga derecho de estancia en el territorio del Estado miembro de que se trate será aprehendida y sometida a unos procedimientos conformes a la Directiva 2008/115/CE.

               (14)

               La Directiva 2008/115/CE establece que el estado de salud de los nacionales de terceros países de que se trate será tenido en cuenta a la hora de aplicar dicha Directiva, y que debe prestarse atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de las enfermedades a la espera del retorno. No obstante, es fundamental garantizar que las expulsiones de nacionales de terceros países en situación irregular se apliquen de forma efectiva y que se tomen medidas para impedir las conductas destinadas a obstaculizar o impedir el retorno, tales como nuevas declaraciones médicas falsas. Además, también es necesario poner en práctica medidas que aborden de manera eficaz las solicitudes de asilo presentadas únicamente para retrasar o frustrar la ejecución de las decisiones de retorno.

               (15)

               Al tiempo que obliga a un nacional de un tercer país en situación irregular a abandonar la Unión, la Directiva 2008/115/CE requiere que las decisiones de retorno las ejecute únicamente el Estado miembro que las haya expedido. Se puede poner en marcha un proceso de retorno en cada Estado miembro que haya aprehendido residentes ilegales nacionales de terceros países. El reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno, tal como disponen la Directiva 2001/40/CE del Consejo (7) y la Decisión 2004/191/CE del Consejo (8), aceleraría el proceso de retorno y desalentaría los movimientos secundarios no autorizados dentro de la Unión.

               (16)

               El internamiento puede ser un elemento esencial para mejorar la eficacia del sistema de retorno de la Unión y solo debe utilizarse si no se pueden aplicar con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE. En particular y en caso necesario, para garantizar que no se fuguen los nacionales de terceros países en situación irregular, el internamiento puede permitir preparar y organizar con éxito las operaciones de retorno.

               (17)

               La duración máxima del período de internamiento actual en varios Estados miembros es muy inferior al autorizado por la Directiva 2008/115/CE y que resulta necesario para completar con éxito el procedimiento de retorno. Estos breves períodos de internamiento están impidiendo unas expulsiones eficaces.

               (18)

               Los plazos de la interposición de recursos contra las decisiones relativas al retorno difieren considerablemente entre los Estados miembros y oscilan entre unos días y un mes o más. En observación de los derechos fundamentales, el plazo debería dar tiempo suficiente para garantizar el acceso a vías de recurso efectivas, teniendo en cuenta al mismo tiempo que los largos plazos pueden tener un efecto perjudicial en los procedimientos de retorno.

               (19)

               Debe concederse a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular el derecho a ser oídos por las autoridades competentes antes de adoptarse cualquier medida individual que les afecte.

               (20)

               En virtud de la Directiva 2008/115/CE, debe concederse un efecto suspensivo automático de los recursos contra las decisiones de retorno si existe un riesgo de que el nacional de un tercer país de que se trate quede expuesto a un riesgo real de tratos degradantes en caso de retorno, en violación del artículo 19, apartado 2, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9).

               (21)

               Un gran número de Estados miembros llevan a cabo evaluaciones repetidas del riesgo de expulsión a lo largo de las diferentes fases de los procedimientos de asilo y de retorno, lo que puede dar lugar a retrasos innecesarios en el retorno de residentes nacionales de terceros países en situación irregular.

               (22)

               El retorno de un menor no acompañado al tercer país de origen y la reunificación familiar pueden redundar en el interés superior del menor. La prohibición de expedir decisiones de retorno de los menores no acompañados, que existe en las legislaciones nacionales de varios Estados miembros, no da pleno efecto a la obligación de los Estados miembros de tener debidamente en cuenta el interés superior del niño y de prestar atención a las circunstancias de cada caso. Tales prohibiciones pueden provocar consecuencias imprevistas para la inmigración ilegal, al incitar a menores no acompañados a emprendan peligrosos viajes para llegar a la Unión.

               (23)

               Las decisiones sobre el estatuto jurídico y sobre el retorno de los menores no acompañados deben basarse siempre en sólidas evaluaciones individuales y pluridisciplinares, que incluyan la búsqueda de familiares y la apreciación de la situación familiar. Tal evaluación debe estar debidamente justificada.

               (24)

               De conformidad con el artículo 17 de la Directiva 2008/115/CE, que define las condiciones en que los Estados miembros pueden recurrir al internamiento de menores no acompañados y de familias con menores como medida de último recurso y por el menor tiempo posible, los Estados miembros deben velar por que haya alternativas al internamiento de menores. Sin embargo, cuando estas no existan, una prohibición absoluta de internamiento en tales casos podría no dar pleno efecto a la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el retorno, lo que se traduce en la anulación de las operaciones de retorno debido a las fugas.

               (25)

               A la espera de la adopción de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (10), los Estados miembros deben hacer pleno uso de la posibilidad de introducir una descripción sobre una prohibición de entrada en virtud del artículo 24, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

               (26)

               La presente Recomendación debe dirigirse a todos los Estados vinculados por la Directiva 2008/115/CE.

               (27)

               Los Estados miembros deben instruir a sus autoridades nacionales competentes para llevar a cabo las tareas relacionadas con el retorno para que apliquen la presente Recomendación en el ejercicio de sus funciones.

               (28)

               La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, procura garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y la aplicación de los artículos 1, 4, 14, 18, 19, 24 y 47 de la Carta, y debe aplicarse en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      CAPACIDADES MEJORES Y REFORZADAS EN MATERIA DE RETORNO

               1)

               Para solventar los obstáculos operativos, técnicos y de procedimiento a unos retornos más eficaces, los Estados miembros deben reforzar, para el 1 de junio de 2017, su capacidad de proceder al retorno de nacionales de terceros países garantizando un enfoque integrado y coordinado.

               2)

               Los objetivos de un enfoque integrado y coordinado en materia de retorno deben ser los siguientes:

                           a)

                           garantizar procedimientos de retorno ágiles y aumentar de forma significativa la tasa de retorno;

                           b)

                           movilizar, en la medida necesaria, las autoridades de inmigración y las autoridades policiales, y coordinar actuaciones con las autoridades judiciales, las responsables de centros de internamiento, los sistemas de tutela y los servicios médicos y sociales, a fin de asegurar la disponibilidad de respuestas pluridisciplinares adecuadas y ágiles por parte de todas las autoridades que intervienen en los procedimientos de retorno;

                           c)

                           garantizar la disponibilidad de un número suficiente de personal formado y competente al servicio de todas las autoridades con competencias en los procedimientos de retorno, a fin de que actúen con rapidez y, si es necesario, veinticuatro horas al día y los siete días de las semana, especialmente a la hora de enfrentarse a una presión creciente al cumplir su obligación de repatriar a los nacionales de terceros países en situación irregular;

                           d)

                           en función de la situación específica del Estado miembro, desplegar personal adicional en las fronteras exteriores de la Unión con el mandato y la capacidad de tomar medidas inmediatas para determinar y comprobar la identidad y el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países y, con carácter inmediato, denegar la entrada o expedir decisiones de retorno a quienes no tengan derecho a entrar o a permanecer en el territorio de la Unión.

               3)

               Un enfoque integrado y coordinado en materia de retorno debe cubrir, en particular, las tareas siguientes:

                           a)

                           llevar a cabo con rapidez reconocimientos médicos para evitar posibles abusos en las situaciones contempladas en el apartado 9, letra b);

                           b)

                           establecer contactos e intercambiar información operativa pertinente con los demás Estados miembros y con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el cumplimiento de sus objetivos y el desempeño de sus funciones;

                           c)

                           hacer pleno uso de los sistemas de TI pertinentes, tales como Eurodac, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Visados (VIS), para obtener oportunamente información sobre la identidad y la situación jurídica de los nacionales de terceros países de que se trate.

               4)

               Los Estados miembros deben velar por que las unidades u órganos encargados de garantizar un enfoque integrado y coordinado dispongan de todos los recursos humanos, financieros y materiales necesarios.

      EXPEDICIÓN SISTEMÁTICA DE DECISIONES DE RETORNO

               5)

               Con el fin de garantizar que las decisiones de retorno se expidan sistemáticamente a los nacionales de terceros países que no tengan o ya no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea, los Estados miembros deben:

                           a)

                           aplicar medidas para localizar y aprehender de forma eficaz a los nacionales de terceros países en situación irregular;

                           b)

                           expedir decisiones de retorno con independencia de si el nacional de un tercer país en situación irregular es titular o no de un documento de identidad o viaje;

                           c)

                           hacer el mejor uso posible de la posibilidad prevista en el artículo 6, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE de combinar en un único acto o adoptar al mismo tiempo la decisión sobre la finalización de la situación regular y la decisión de retorno, siempre que se observen las garantías pertinentes y las disposiciones de cada decisión individual.

               6)

               Los Estados miembros deben garantizar que las decisiones de retorno tengan duración ilimitada, de modo que puedan ejecutarse en cualquier momento sin necesidad de volver a poner en marcha procedimientos de retorno tras un determinado período de tiempo. Esto debe entenderse sin perjuicio de la obligación de tener en cuenta cualquier cambio que se produzca en la situación individual de los nacionales de terceros países de que se trate, incluido el riesgo de devolución.

               7)

               Los Estados miembros deben incluir sistemáticamente en las decisiones de retorno la información de que el nacional de un tercer país deberá abandonar el territorio del Estado miembro para llegar a un tercer país, al efecto de prevenir y desincentivar los movimientos secundarios no autorizados.

               8)

               Los Estados miembros deben recurrir a la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/115/CE si esto facilita procedimientos más eficaces, sobre todo cuando sufran una presión migratoria considerable.

      EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS DECISIONES DE RETORNO

               9)

               Con el fin de garantizar el retorno rápido de los nacionales de terceros países en situación irregular, los Estados miembros deben:

                           a)

                           de conformidad con la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), organizar un examen rápido de las solicitudes de protección internacional mediante un procedimiento acelerado o, cuando se considere oportuno, en la frontera, también cuando se presente una solicitud de asilo con el único objetivo de retrasar o frustrar la ejecución de una decisión de retorno;

                           b)

                           tomar medidas para prevenir posibles abusos relacionados con nuevas declaraciones falsas destinadas a prevenir la expulsión, por ejemplo, garantizando que haya personal médico designado por la autoridad nacional competente para ofrecer un dictamen objetivo e independiente;

                           c)

                           garantizar que a las decisiones de retorno suceda sin demora una solicitud al tercer país de readmisión para que emita documentos de viaje válidos o acepte el uso del documento de viaje europeo para el retorno expedido de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 2016/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo (13);

                           d)

                           hacer uso de los instrumentos de reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno dispuestos en la Directiva 2001/40/CE y la Decisión 2004/191/CE.

               10)

               Con el fin de garantizar de manera eficaz las expulsiones de nacionales de terceros países en situación irregular, los Estados miembros deben:

                           a)

                           recurrir al internamiento, en la medida necesaria y adecuada en los casos previstos en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE, y en particular cuando exista riesgo de fuga conforme a lo dispuesto en los apartados 15 y 16 de la presente Recomendación;

                           b)

                           establecer en su legislación nacional un período inicial máximo de internamiento de seis meses que puedan adaptar las autoridades judiciales a la luz de las circunstancias del asunto, así como la posibilidad de prorrogar el internamiento hasta 18 meses en los casos previstos en el artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE;

                           c)

                           crear capacidad de internamiento en consonancia con las necesidades reales, sobre todo invocando, cuando sea necesario, la excepción para situaciones de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 2008/115/CE.

               11)

               En relación con los nacionales de terceros países en situación irregular que obstaculicen deliberadamente los procedimientos de retorno, los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de recurrir a sanciones con arreglo al Derecho nacional. Estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, y no deben poner en peligro la consecución de los objetivos de la Directiva 2008/115/CE.

      GARANTÍAS PROCESALES Y VÍAS DE RECURSO

               12)

               Los Estados miembros deben:

                           a)

                           fusionar en un único trámite, en la medida de lo posible, las audiencias administrativas llevadas a cabo por las autoridades competentes para distintos fines, tales como la concesión de un permiso de residencia, el retorno o el internamiento. También deben fomentarse nuevas formas de participación en estas audiencias de nacionales de terceros países, tales como el uso de la videoconferencia;

                           b)

                           prever el plazo más breve posible para la interposición de recursos contra las decisiones de retorno establecidas por el Derecho nacional en situaciones comparables, a fin de evitar un uso inapropiado de los derechos y los procedimientos, sobre todo los recursos interpuestos poco antes de la fecha de expulsión;

                           c)

                           garantizar que el efecto suspensivo automático de los recursos contra las decisiones de retorno solo se conceda cuando sea necesario a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, y el artículo 47 de la Carta;

                           d)

                           evitar la repetición de las evaluaciones del riesgo de violación del principio de no devolución, si el respeto de dicho principio ya ha sido evaluado en otros procedimientos, la evaluación es firme y no se ha producido ningún cambio en la situación individual de los nacionales de terceros países de que se trate.

      FAMILIA Y NIÑOS

               13)

               Para garantizar el respeto de los derechos del niño, y teniendo plenamente en cuenta el interés superior del menor y la vida familiar en virtud del artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE, los Estados miembros deben:

                           a)

                           establecer normas claras sobre la situación jurídica de los menores no acompañados que permitan, bien expedir decisiones de retorno y ejecutarlas, bien concederles el derecho a permanecer;

                           b)

                           garantizar que las decisiones sobre la situación jurídica de los menores no acompañados se funden siempre en una evaluación particular de su interés superior; esta evaluación debe tener sistemáticamente en cuenta si el retorno de un menores no acompañado a su país de origen y la reunificación con su familia redundan en su interés superior;

                           c)

                           formular políticas de reintegración específicas para los menores no acompañados;

                           d)

                           garantizar que las autoridades competentes lleven a cabo una evaluación del interés superior del menor de forma sistemática sobre la base de un enfoque pluridisciplinar, que el menor no acompañado de un tutor sea oído y que un tutor participe debidamente.

               14)

               En observancia de los derechos fundamentales y de los requisitos fijados en la Directiva 2008/115/CE, los Estados miembros no deben impedir en su legislación nacional la posibilidad de internar a menores, cuando sea estrictamente necesario para ejecutar una decisión de retorno firme en la medida en que los Estados miembros no puedan aplicar con eficacia medidas menos coercitivas a fin de garantizar un retorno efectivo.

      RIESGO DE FUGA

               15)

               Cada una de las circunstancias objetivas siguientes debe constituir una presunción iuris tantum de que existe riesgo de fuga:

                           a)

                           negarse a cooperar en el proceso de identificación, utilizar documentos de identidad falsos o falsificados, destruir o eliminar de otro modo los documentos existentes, negarse a facilitar impresiones dactilares;

                           b)

                           oponerse violenta o fraudulentamente a la operación de retorno;

                           c)

                           incumplir una medida destinada a prevenir la fuga impuesta en aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE, como no presentarse ante las autoridades competentes o no permanecer en un lugar determinado;

                           d)

                           incumplir una prohibición de entrada ya existente;

                           e)

                           proceder a movimientos secundarios no autorizados a otro Estado miembro.

               16)

               Los Estados miembros deben disponer que los criterios siguientes se tengan debidamente en cuenta como un indicio de que existe riesgo de fuga de los nacionales de un tercer país en situación irregular:

                           a)

                           la manifestación expresa de la voluntad de incumplir una decisión de retorno;

                           b)

                           el incumplimiento de un plazo para la salida voluntaria;

                           c)

                           una condena por un delito grave en los Estados miembros.

      SALIDA VOLUNTARIA

               17)

               Los Estados miembros solo deben conceder un plazo de salida voluntaria previa solicitud presentada por el nacional de un tercer país interesado, garantizando al mismo tiempo que dicho nacional está informado de la posibilidad de presentar una solicitud en este sentido.

               18)

               Los Estados miembros deben establecer en la decisión de retorno el período más breve posible para la salida voluntaria que sea necesario para organizar y llevar a cabo el retorno, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto.

               19)

               Para determinar la duración del plazo de salida voluntaria, los Estados miembros deben evaluar las circunstancias particulares del caso, en especial las perspectivas de retorno y la disposición del nacional de un tercer país en situación irregular a cooperar con las autoridades competentes con vistas al retorno.

               20)

               Un período superior a siete días solo debe concederse cuando el nacional de un tercer país en situación irregular coopere activamente con vistas al retorno.

               21)

               No debe concederse un plazo de salida voluntaria en los casos previstos en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2008/115/CE, y en particular cuando exista riesgo de fuga del nacional de un tercer país en situación irregular conforme a lo dispuesto en los apartados 15 y 16 de la presente Recomendación y en caso de condenas anteriores por delitos graves en otros Estados miembros.

      PROGRAMAS DE AYUDA AL RETORNO VOLUNTARIO

               22)

               Los Estados miembros deben disponer de programas operativos de ayuda al retorno voluntario para el 1 de junio de 2017, los cuales han de estar en consonancia con las normas comunes sobre el retorno voluntario y los programas de reintegración creados por la Comisión en cooperación con los Estados miembros y aprobados por el Consejo (14).

               23)

               Los Estados miembros deben tomar medidas para mejorar sus procedimientos de difusión de la información sobre el retorno voluntario y los programas de ayuda al retorno voluntario para los nacionales de terceros países en situación irregular, en cooperación con las autoridades nacionales de educación y los servicios sociales y de salud.

      PROHIBICIONES DE ENTRADA

               24)

               Con el fin de aprovechar plenamente las prohibiciones de entrada, los Estados miembros deben:

                           a)

                           garantizar que las prohibiciones de entrada entren en vigor el día en que los nacionales de terceros países abandonen la UE, de manera que su duración efectiva no sea indebidamente reducida; esto debe hacerse cuando las autoridades nacionales conozcan la fecha de salida, en particular en los casos de expulsión y de salida efectuada en conjunción con un programa de ayuda al retorno voluntario;

                           b)

                           establecer medios para comprobar si un nacional de un tercer país que se halle en situación irregular en la Unión Europea se ha marchado en el plazo para la salida voluntaria, y garantizar un seguimiento eficaz en el caso de que esta persona no lo haya hecho, incluida la expedición de una prohibición de entrada;

                           c)

                           introducir una descripción sistemática de prohibición de entrada en el Sistema de Información de Schengen de segunda generación, en aplicación del artículo 24, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1987/2006; y

                           d)

                           establecer un sistema para la expedición de decisiones de retorno también en los casos en que la estancia irregular se descubra durante un control de salida; cuando ello esté justificado, tras una evaluación individual y en aplicación del principio de proporcionalidad, debe expedirse una prohibición de entrada a fin de evitar futuros riesgos de estancia irregular.

      Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2017.

            Por la Comisión

         Dimitris AVRAMOPOULOS

            Miembro de la Comisión

      (1)  Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).

      (3)  Decisión 2008/381/CE del Consejo, de 14 de mayo de 2008, por la que se crea una Red Europea de Migración (DO L 131 de 21.5.2008, p. 7).

      (4)  Conclusiones del Consejo Europeo de 20 y 21 de diciembre de 2016, EUCO 31/16.

      (5)  Comunicado de prensa 43/17 del Consejo Europeo, de 3 de febrero de 2017.

      (6)  Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).

      (7)  Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (DO L 149 de 2.6.2001, p. 34).

      (8)  Decisión 2004/191/CE del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países (DO L 60 de 27.2.2004, p. 55).

      (9)  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-562/13 de 18 de diciembre de 2014.

      (10)  COM(2016) 881 final.

      (11)  Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 381 de 28.12.2006, p. 4).

      (12)  Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).

      (13)  Reglamento (UE) 2016/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo al establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y por el que se deroga la Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 1994 (DO L 311 de 17.11.2016, p. 13).

      (14)  Conclusiones del Consejo de los días 9 y 10 de junio de 2016.


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31995H0198

95/198/CE: Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales

Diario Oficial n° L 127 de 10/06/1995 p. 0019 - 0022

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de mayo de 1995 relativa a los plazos de pago en las  transaciones comerciales (*) (Texto pertinente a los fines del EEE) (95/198/CE)LA  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Considerando que el Parlamento Europeo adoptó el 21 de abril de 1993 una resolución sobre las  comunicaciones de la Comisión al Consejo «  Hacia un mercado europeo de la subcontratación  » y  sobre «  la participación de las PYME en los contratos públicos en la Comunidad  » (1), donde se  invita a la Comisión a presentar propuestas específicas sobre la cuestión de las demoras en los  pagos; Considerando que el Comité Económico y Social emitió el 30 de junio de 1993  (2) un dictamen sobre  el «  Documento de trabajo de la Comisión sobre los plazos de pago en las transacciones comerciales   » (3); Considerando que la Comisión anunció en su Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo  una iniciativa sobre los plazos de pago  (4); Considerando que la Comisión adoptó el 25 de mayo de 1994 una comunicación relativa a la  realización de un programa integrado en favor de las PYME y del artesanado  (5); Considerando que el Parlamento Europeo, en su resolución sobre el Programa integrado, ha insistido  en que la Comisión debe presentar propuestas con objeto de solucionar el problema de los retrasos  en el pago  (6); Considerando que las pesadas cargas administrativas y financieras pesan sobre las empresas, y  especialmente sobre las pequeñas y medianas, debido a la larga duración de los plazos de pago en  las transacciones comerciales; que estas demoras en el pago suponen un riesgo para el equilibrio  financiero y para la propia supervivencia de las empresas; Considerando que se ha observado en la mayoría de los Estados miembros, durante los últimos años,  un deterioro de las prácticas de pago; que este deterioro no sólo se debe a factores coyunturales,  sino que también refleja una evolución estructural de las relaciones entre empresas; que la  intensificación de los intercambios y de la competencia en el mercado interior puede provocar una  prolongación generalizada de los plazos de pago en la Comunidad; Considerando que las diferencias existentes entre los Estados miembros, en lo que se refiere a las  normas y prácticas de pago, constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado  interior; Considerando que, sin cuestionar la libertad contractual en lo que respecta a la fijación de los  plazos de pago, conviene fomentar una mayor transparencia de los plazos aplicables entre las partes  contratantes, así como el respeto de los plazos acordados; Considerando que una mejor información y formación de las empresas, y en especial de las pequeñas y  medianas, sobre los plazos de pago contribuiría a mejorar las prácticas de las empresas en este  ámbito; Considerando que el dispositivo de sanciones de los Estados miembros aplicables a las demoras en el  pago debe poder disuadir, por una parte, para que no se produzcan demoras en el pago y, por otra,  permitir indemnizar integralmente a los acreedores víctimas de dichas demoras por los gastos que  éstas les hayan ocasionado; Considerando que un dispositivo de sanciones sólo puede ser disuasorio si va acompañado de  procedimientos de recursos rápidos, eficaces y poco costosos para el acreedor; Considerando que es necesario adoptar medidas complementarias para mejorar la observancia de los  plazos de pago en las transacciones transfronterizas; Considerando que las autoridades públicas y las empresas públicas realizan un volumen considerable  de pagos a las empresas; que, una estricta disciplina en materia de pagos por parte de esas  autoridades y empresas tendrá un efecto de atracción para el conjunto de la economía; que la  apertura efectiva de los contratos públicos a las empresas, y especialmente a las pequeñas y  medianas, requiere la mejora de determinadas prácticas actuales, RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: Artículo 1 Objetivos Se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas  jurídicas y prácticas necesarias con objeto de hacer respetar los plazos de pago contractuales en  las transacciones comeciales y garantizar mejores plazos de pago en los contratos públicos. En concreto, se invita a los Estados miembros a que adopten las medidas más apropiadas para  completar su marco jurídico y administrativo, con objeto de: -  incrementar la transparencia en las relaciones contractuales, mejorar la formación y la  formación de las empresas y atenuar los efectos fiscales de las demoras en los pagos, -  garantizar una indemnización adecuada en caso de demoras en el pago, -  garantizar procedimientos de recurso apropiados, -  suprimir las dificultades específicas de los intercambios transfronterizos, -  mejorar el pago en los contratos públicos. Artículo 2 Transparencia, información y formación, IVA 1.  En conveniente fomentar una mejor  transparencia en los plazos de pago aplicables en las transacciones comerciales. Con este fin, se  invita a los Estados miembros a: a)  favorecer mediante medidas adecuadas la indicación precisa del plazo aplicable, así como la  fecha de vencimiento del pago en los contratos comerciales, por ejemplo, mediante una indicación en  la factura. A falta de contrato escrito o de indicación clara del plazo en la factura, será  conveniente prever con carácter subsidiario una norma sencilla y precisa que determine el plazo y  el vencimiento del pago legalmente aplicable al contrato; b)  fomentar asimismo la indicación, en los documentos comerciales, de descuentos o recargos  aplicables, en caso de pago anticipado o de demora; c)  favorecer la indicación, en los contratos comerciales, de un período, tras la recepción de las  mercancías o la prestación de un servicio, para que el destinatario o beneficiario pueda formular  sus eventuales objeciones sobre la calidad o cantidad recibida. La legislación debería prever una  norma subsidiaria aplicables a falta de una disposición contractual; d)  prever, en los anuncios de licitación o en los pliegos de condiciones, indicaciones precisas  sobre los plazos y los vencimientos de pago practicados por las entidades adjudicadoras. 2.  Se invita a los Estados miembros a fomentar aquellas iniciativas, públicas o privadas,  incluidas las de las organizaciones profesionales, cuyo objetivo sea mejorar la información y  formación de las empresas, y en especial de las pequeñas y medianas empresas, sobre gestión de los  plazos de pago. Dichas acciones podrán incluir, en particular, los siguientes aspectos: a)  asesoramiento y asistencia jurídica en materia de redacción de documentos comerciales y  contratos; b)  información y formación sobre las normas y prácticas más idóneas en materia de pagos para  determinadas empresas, sectores, regiones o países, así como sobre los procedimientos internos o  externos de cobro de créditos; c)  desaarrollo de mecanismo prácticos de gestión de tesorería, especialmente de índole  informática, y fomento del intercambio electrónico de datos (IED) en las PYME; d)  recurso a las técnicas de movilización de créditos, como, por ejemplo, el «  factoring  ». 3.  Teniendo en cuenta las características específicas de las PYME y concretamente las  consecuencias que pueden tener para su tesorería las demoras en el pago, se invita a los Estados  miembros a prever que dichas empresas se beneficien de los plazos más favorables en el marco de la  Directiva 77/388/CEE del Consejo  (1) (sexta Directiva) en materia de IVA. Se trata de la  posibilidad de: a)  aplazar, por lo menos para las pequeñas empresas, el pago del IVA hasta el cobro de las  facturas; b)  permitir a las pequeñas empresas que presenten sus declaraciones de IVA en plazos más largos. Artículo 3 Indemnización en caso de demora en el pago Es conveniente crear las condiciones que  permitan indemnizar de forma adecuada a los acreedores, por los daños y perjuicios debidos a la  demora en el pago por parte de su deudor. Con este fin, se invita a los Estados miembros: a)  reconocer el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora transcurrido el plazo  contractual o legal; b)  fijar el tipo de interés de demora, aplicable en caso de ausencia de disposiciones  contractuales específicas, a un nivel suficientemente disuasorio para los morosos; c)  reconocer, además del derecho a percibir intereses de demora, el derecho a otras  indemnizaciones por los daños y perjuicios causados al acreedor por la demora en el pago. Dichas  indemnizaciones cubrirán en particular los gastos ocasionados por el cobro de la deuda, ya sean  estos de carácter legal o administrativo. Artículo 4 Procedimientos de recurso Es conveniente garantizar que los acreedores que sufran  demoras en el pago dispongan de procedimientos de recurso rápidos, eficaces y poco costosos para  conseguir el pago y la reparación del perjuicio ocasionado. Con este fin, se invita a los Estados  miembros a: a)  fomentar la creación de procedimientos extrajudiciales para la solución de litigios, que  permitan solucionar de forma rápida, eficaz y poco costosa los litigios en materia de pagos; b)  mejorar la eficacia de los procedimientos judiciales simplificados para la solución de los  litigios que se refieran a importes limitados. Estos procedimientos deberían prever modalidades  simplificadas y poco costosas para la presentación de las demandas. Los umbrales de aplicación de  estos procedimientos deberían fijarse a un nivel que permita cubrir un número considerable de  transacciones comerciales. Deberían crearse también condiciones eficaces para la ejecución de los  fallos dictados en el marco de estos procedimientos simplificados; c)  mejorar la eficacia de los procedimientos acelerados para el cobro de los créditos. Estos  procedimientos deberían permitir, mediante trámites reducidos y plazos limitados, obtener un título  ejecutivo en el caso de que un crédito no sea impugnado. Estos procedimientos deberían  desarrollarse de manera acelerada con un mínimo de trámites y de cargas económicas para el acreedor  y aplicarse sin límites en cuanto al importe del litigio. Artículo 5 Intercambios transfronterizos Es conveniente suprimir las dificultades específicas  de los intercambios transfronterizos en materia de pagos. Con este fin, se invita a los Estados  miembros a: a)  fomentar una mejor información y formación de las empresas sobre gestión de los plazos de pago  transfronterizos; b)  facilitar las modalidades de cobro de los créditos transfronterizos no impugnados. En  particular, debería resultar más fácil obtener un título ejecutivo para ese tipo de créditos; c)  por lo que respecta a los procedimientos de solución de litigios y a la ejecución de  sentencias, a adoptar todas las medidas necesarias para que se faciliten y aceleren en caso de  demoras en los pagos transfronterizos. Artículo 6 Contratos públicos Es conveniente que se garantice la disciplina de las entidades  adjudicadoras y de las empresas públicas en materia de pagos; estas últimas están definidas en la  Directiva 93/38/CEE del Consejo  (1). Con este fin, se invita a los Estados miembros a: a)  tomar medidas para sensibilizar a todas las autoridades implicadas sobre las consecuencias que  las demoras en los pagos tienen para la salud financiera de los operadores económicos; b)  respetar un plazo de sesenta días para los pagos en el marco de los contratos públicos, sin  perjuicio de los plazos más cortos que pudieran estar en vigor. Los Estados miembros deberían examinar en qué medida pueden reducir los plazos de pago de las  administraciones públicas a las empresas y en qué medida pueden simplificar las normas existentes  al respecto; c)  establecer procedimientos administrativos precisos, con unos plazos que garanticen la mayor  rapidez de los pagos públicos. En concreto, deberían fijarse plazos para realizar los trámites  administrativos previos al pago, como puedan ser los procedimientos de recepción en las obras  públicas; d)  realizar a todos los niveles controles regulares sobre los plazos de pago de las autoridades  públicas; los resultados deberían darse a conocer de forma oficial; e)  prever el pago - simultáneo al pago del principal - de los intereses de demora adeudados en el  caso de que se sobrepasen los plazos contractuales, cuando ello sea imputable a las entidades  adjudicadoras o empresas públicas. Deberían preverse sistemas de control adecuados par garantizar  que las autoridades públicas respeten este principio; f)  adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que se realice, en plazos razonables, el  pago a los subcontratistas en el marco de los contratos públicos. Artículo 7 Informe Con objeto de que la Comisión pueda evaluar los progresos realizados, se  invita a los Estados miembros a presentar a la Comisión, antes del 31 de diciembre de 1997, un  informe sobre las medidas adoptadas en relación con los principales aspectos de la presente  recomendación. Artículo 8 Destinatarios Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados  miembros. Hecho en Bruselas, el 12 de mayo de 1995. Por la Comisión Christos PAPOUTSIS Miembro de la Comisión


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31980H0907

80/907/CEE: Recomendación del Consejo, de 23 de septiembre de 1980, relativa a la ratificación del Convenio internacional de Torremolinos sobre la seguridad de los barcos de pesca (1977)

Diario Oficial n° L 259 de 02/10/1980 p. 0029 - 0029 Edición especial en español: Capítulo 07 Tomo 2 p. 0209  Edición especial en portugués: Capítulo 07 Tomo 2 p. 0209

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 23 de septiembre de 1980    relativa a la ratificación del Convenio internacional   de Torremolinos sobre la seguridad de los barcos   de pesca 1977     ( 80/907/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , el apartado 2 de   su artículo 84 ,    Considerando que el Convenio internacional de Torremolinos   sobre la seguridad de los barcos de pesca ( 1977 )   puede contribuir a promover la seguridad de los barcos   en general y la de los barcos de pesca en particular ;    Considerando que la ratificación o la adhesión   por parte de todos los Estados miembros puede acelerar   la entrada en vigor de dicho Convenio ,    RECOMIENDA :     - que los Estados miembros que no lo hayan hecho   todavía procedan sin demora , a más tardar el   31 de julio de 1982 , a la ratificación del Convenio   internacional de Torremolinos sobre la seguridad   de los barcos de pesca ( 1977 ) o a la adhesión al mismo ,     - que los Estados miembros informen al Secretario   General de la Organización Intergubernamental   Consultiva de la Navegación Marítima de que su   ratificación del Convenio o su adhesión al mismo   se ha hecho teniendo en cuenta la presente Recomendación .    Hecho en Bruselas , el 23 de septiembre de 1980 .    Por el Consejo    El Presidente    J. SANTER


Avis juridique important

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31978H0584

78/584/CEE: Recomendación del Consejo, de 26 de junio de 1978, relativa a la ratificación de convenios sobre la seguridad del transporte marítimo

Diario Oficial n° L 194 de 19/07/1978 p. 0017 - 0018 Edición especial griega: Capítulo 05 Tomo 2 p. 0241  Edición especial en español: Capítulo 07 Tomo 2 p. 0117  Edición especial en portugués: Capítulo 07 Tomo 2 p. 0117

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 26 de junio de 1978    relativa a la ratificación de Convenios   sobre la seguridad del transporte marítimo     ( 78/584/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,    Considerando que el Consejo Europeo de 7 y 8 de abril de   1978 ha declarado que la prevención y la lucha contra la   contaminación del mar , en particular por los   hidrocarburos , debe ser un objetivo importante de la   acción de la Comunidad , y que ha invitado al Consejo ,   a propuesta de la Comisión , y a los Estados miembros   a adoptar sin demora , en el seno de la Comunidad , las   medidas apropiadas , así como a adoptar en los   marcos internacionales competentes actitudes comunes   sobre la aplicación rápida de las normas   internacionales existentes en este ámbito , en   particular , sobre las normas mínimas relativas a las   condiciones de explotación de los barcos ;    Considerando que es de interés primordial llevar   a cabo una acción eficaz contra los peligros   inherentes al transporte de petróleo y , en   particular , contra las amenazas de una contaminación   de las costas por los accidentes acaecidos en alta mar ,   interés primordial subrayado por los programas   de acción de las Comunidades Europeas en materia   de medio ambiente ;    Considerando que es importante garantizar la seguridad   de los transportes marítimos así como la seguridad   de las condiciones de vida y de trabajo de las   tripulaciones y su nivel de competencia ;    Considerando que la acción de la Comunidad en el   marco de las iniciativas de los organismos internacionales   especializados y , en particular , el marco de la   Organización Intergubernamental Consultiva de   Navegación Marítima ( OMCI ) , de la   Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) y   de los Convenios concluidos en su seno puede verse   comprometida si transcurre demasiado tiempo entre   la celebración de estos Convenios y su entrada   en vigor ;    Considerando que el Convenio internacional de 1974   para la seguridad de la vida humana en el mar ( SOLAS )   y el Protocolo de 1978 relativo al mismo , así como el   Convenio n º 147 de la OIT de 1976 , relativo a las   normas mínimas que deben cumplirse en los barcos   mercantes , que todavía no han entrado en vigor ,   pueden contribuir de manera considerable   a la mejora de las normas técnicas y sociales relativas ,   respectivamente , a la seguridad del barco y de su   tripulación , y a las condiciones de vida y de   trabajo de la tripulación ;    Considerando que el Convenio de 1973 para prevenir la   contaminación por los buques ( MARPOL ) , modificado   por el Protocolo de 1978 , puede contribuir de manera   importante a la protección del medio marino contra la   contaminación por los buques y , en particular , por   los petroleros ;    Considerando que la firma y la ratificación o la   adhesión de todos los Estados miembros puede acelerar   la entrada en vigor y reforzar la eficacia de estos   Convenios ,    RECOMIENDA :     - que , en caso de no haberlo hecho , los Estados   miembros firmen , cuando proceda , los Convenios   internacionales siguientes , y los ratifiquen o se   adhieran a ellos :     - Convenio internacional de 1974 para la seguridad   de la vida humana en el mar ( SOLAS ) ,     - Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional   de 1974 para la seguridad de la vida humana en el   mar ,     - Convenio internacional de 1973 para prevenir la   contaminación por los buques ( MARPOL ) , modificada   por el Protocolo de 1978 ,     - Convenio n º 147 relativo a las normas   mínimas que deben cumplirse en los barcos mercantes   adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo en   1976 ,     - que , según los casos , las firmas , ratificaciones   o adhesiones de los Estados miembros tengan lugar en   los plazos siguientes :     - Convenio SOLAS ( 1974 ) :    ratificación o adhesión lo antes posible y ,   en todo caso , antes del 1 de enero de 1979 ,     - su Protocolo ( 1978 ) :     - firma lo antes posible y a más tardar el 1 de   marzo de 1979 ,     - ratificación lo antes posible y , en todo caso ,   antes del 30 de junio de 1979 ,     - Protocolo ( 1978 ) por el que se modifica y   completa el Convenio MARPOL ( 1973 ) , así como   su anexo I :     - firma antes del 1 de junio de 1979 ,     - ratificación antes del 1 de junio de 1980 ,     - Convenio n º 147 de la OIT :    ratificación o adhesión antes del 1 de abril de   1979 ,     - que los Estados miembros informen por escrito al   Secretario General de la Organización Intergubernamental   Consultiva de Navegación Marítima o de la Organización   Internacional del Trabajo , según el caso , de que su   firma , ratificación o adhesión se ha producido   teniendo en cuenta la presente Recomendación .    Hecho en Luxemburgo , el 26 de junio de 1978 .    Por el Consejo    El Presidente    K. B. ANDERSEN    (1) DO n º C 163 de 10 . 7 . 1978 , p. 17 .    (2) Dictamen emitido el 21 . 6 . 1978 ( todavía   no publicado en el Diario Oficial ) .