title: 2011/136/UE: Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2011 , sobre directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS)

text:
               2.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 57/44

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 1 de marzo de 2011
   sobre directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS)
   (2011/136/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (1) (denominado en lo sucesivo «el Reglamento CPC») pretende reforzar la cooperación para el cumplimiento de la legislación de protección de los consumidores en el mercado único, crea una red europea de autoridades públicas nacionales encargadas de la aplicación de la legislación (denominada en lo sucesivo «la red CPC»), y fija el marco y las condiciones generales según las cuales dichas autoridades deben cooperar para proteger el interés económico colectivo de los consumidores.

               (2)

               La cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación es esencial para que el mercado único funcione eficazmente, por lo que cada autoridad puede, en el marco de la red CPC, solicitar ayuda a otras autoridades para investigar posibles infracciones de la legislación europea de protección de los consumidores.

               (3)

               El objetivo del Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (denominado «CPCS» en sus siglas inglesas) es que las autoridades públicas encargadas de la aplicación de la legislación puedan intercambiar información sobre posibles infracciones de la legislación de protección de los consumidores en un entorno seguro y bien protegido.

               (4)

               Es preciso que el intercambio electrónico de información entre Estados miembros se atenga a las normas sobre protección de datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (2) (denominada en lo sucesivo «la Directiva de protección de datos») y en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (3) (denominado en lo sucesivo «el Reglamento de protección de datos»).

               (5)

               El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la protección de datos. El CPCS debe garantizar que las diversas obligaciones y responsabilidades que comparten la Comisión y los Estados miembros en lo que respecta a las normas sobre protección de datos sean claras, y que las personas a quienes se refieran tales datos dispongan de información y de mecanismos de fácil acceso para hacer valer sus derechos.

               (6)

               Conviene fijar directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el CPCS (denominadas en lo sucesivo «las directrices») para garantizar que se respeten las normas de protección de datos al tratar datos en dicho sistema.

               (7)

               Es preciso animar a los funcionarios responsables de hacer cumplir la legislación a que se pongan en contacto con sus autoridades nacionales de control de protección de datos para recibir orientación y ayuda sobre la mejor manera de aplicar las directrices de conformidad con la legislación nacional y, si es necesario, para asegurarse de que la notificación y los controles previos al procesamiento en el CPCS se realicen a nivel nacional.

               (8)

               Debe fomentarse decididamente la participación en las sesiones de formación organizadas por la Comisión para ayudar a aplicar las directrices.

               (9)

               Debe proporcionarse a la Comisión información sobre la aplicación de las directrices a más tardar dos años después de que se adopte la presente Recomendación. La Comisión debe volver a evaluar entonces el nivel de la protección de los datos en el CPCS y decidir si se necesitan instrumentos adicionales, incluidas medidas reglamentarias.

               (10)

               Deben tomarse las medidas necesarias para facilitar la aplicación de las directrices a los actores y usuarios del CPCS. Las autoridades nacionales de protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos deben vigilar de cerca la evolución y la aplicación de las garantías de protección de datos en relación con el CPCS.

               (11)

               Las directrices complementan la Decisión 2007/76/EC de la Comisión (4) y tienen en cuenta el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales, creado por el artículo 29 (5) de la Directiva de protección de datos, así como el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (6), creado por el artículo 41 del Reglamento de protección de datos (denominado en lo sucesivo «SEPD»).

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Los Estados miembros deben seguir las directrices que figuran en el anexo.

      Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 2011.

            Por la Comisión

         John DALLI

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.

      (2)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

      (3)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

      (4)  DO L 32 de 6.2.2007, p. 192.

      (5)  Dictamen 6/2007 sobre aspectos de protección de datos relacionados con el sistema de cooperación de protección a los consumidores (CPCS), 01910/2007/EN (WP 130), adoptado el 21 de septiembre de 2007.

      (6)  Dictamen del SEPD, ref. 2010-0692.

      ANEXO

         Directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS)

      1.   INTRODUCCIÓN
      La cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior, ya que los incumplimientos en casos transfronterizos socavan la confianza de los consumidores en las ofertas transfronterizas (y, por tanto, su confianza en el mercado interior), además de distorsionar la competencia.
      El CPCS es una herramienta informática creada por el Reglamento CPC, que ofrece un mecanismo estructurado de intercambio de información a las autoridades nacionales de protección de los consumidores que forman parte de la red CPC. Permite que las autoridades públicas soliciten ayuda a sus homólogas de la red CPC para investigar y solucionar posibles infracciones de la legislación europea de protección de los consumidores, así como para tomar medidas a fin de hacer cumplir la legislación, deteniendo las prácticas comerciales ilegales de venta y prestación de servicios destinadas a consumidores de otros países de la UE. Las solicitudes de información y todas las comunicaciones entre las autoridades públicas competentes relativas a la aplicación del Reglamento CPC se canalizan a través del CPCS.
      El objetivo del Reglamento CPC es mejorar el cumplimiento de la legislación de protección de los consumidores en todo el mercado interior mediante la creación, a escala de la UE, de una red de autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación, y establecer las condiciones bajo las cuales deben cooperar los Estados miembros entre sí. El Reglamento CPC establece que dichos intercambios de solicitud de información y ayuda mutua entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación deben realizarse a través de una base de datos específica. El CPCS se elaboró para facilitar la cooperación administrativa y el intercambio de información con objeto de hacer cumplir la legislación europea de protección de los consumidores.
      El ámbito de la cooperación se limita a las infracciones intracomunitarias de los actos jurídicos enumerados en el anexo del Reglamento CPC, que protege los intereses económicos colectivos de los consumidores.
      2.   ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO DE LAS PRESENTES DIRECTRICES
      Las presentes directrices pretenden abordar la cuestión esencial de garantizar un equilibrio en la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros para conseguir un cumplimiento eficaz y efectivo de la legislación, así como el respeto de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de los datos personales.
      La Directiva de protección de datos (1) define los datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
      Dado que los funcionarios nacionales encargados de hacer cumplir la legislación («los responsables de los casos»), que son los usuarios del CPCS, no siempre son expertos en protección de datos, y pueden no ser siempre suficientemente conscientes de los requisitos de protección de datos impuestos por su propia legislación nacional, es aconsejable facilitarles directrices que expliquen el funcionamiento del CPCS desde una perspectiva práctica de protección de datos, detallando las salvaguardias inherentes al sistema y los posibles riesgos que puede conllevar su uso.
      El objetivo de las directrices es abordar las cuestiones más significativas que puede suscitar la protección de datos en el contexto del CPCS y ofrecer una explicación sencilla que puedan consultar todos los usuarios de dicho sistema. Sin embargo, no analizan exhaustivamente las implicaciones de la protección de datos en el CPCS.
      Se recomienda encarecidamente que se consulte a las autoridades de protección de datos de los Estados miembros para garantizar que las directrices se complementan con las obligaciones específicas establecidas en las legislaciones nacionales de protección de datos. Los usuarios del CPCS también pueden obtener ayuda y orientación de dichas autoridades nacionales de protección de datos para garantizar que se cumplan los requisitos en la materia. Puede consultarse una relación de dichas autoridades, con los datos de contacto y la dirección de su sitio web, en:
      http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/#eu
      Cabe aclarar que el tratamiento de datos personales debe realizarse de conformidad con las condiciones y los principios específicos fijados en la Directiva de protección de datos. Los responsables de los casos están autorizados, en el marco del Reglamento, a intercambiar datos a través del CPCS, incluidos los datos personales, si la finalidad del tratamiento es detener una infracción de la legislación europea sobre consumidores que figura en el anexo del Reglamento CPC. Sin embargo, antes de tratar los datos, debe realizarse una evaluación minuciosa para garantizar que se cumplen los principios de protección de datos y que dicho tratamiento es estrictamente necesario para alcanzar los objetivos del Reglamento CPC.
      Teniendo esto en cuenta, los responsables de los casos que tengan acceso al CPCS deben realizar una evaluación caso por caso antes de efectuar cualquier tratamiento de datos personales (2). La finalidad de las presentes directrices es ayudar a los responsables de los casos a realizar dicha evaluación presentando algunos principios rectores de protección de datos que es preciso tomar en consideración.
      Las presentes directrices también pretenden aclarar algunas de las complejidades de la arquitectura del CPCS en lo que respecta a las operaciones conjuntas de tratamiento y control, clarificando las funciones de la Comisión y las de las autoridades competentes de los Estados miembros como «responsables conjuntos» de los intercambios de datos en el CPCS.
      3.   EL CPCS: UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE COOPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
      El CPCS es una herramienta informática elaborada y mantenida por la Comisión en cooperación con los Estados miembros. El propósito del CPCS es ayudar a los Estados miembros en la aplicación práctica de la legislación europea de protección de los consumidores. Lo utiliza la red CPC, que está compuesta por autoridades públicas designadas por los Estados miembros y los países del EEE, para cooperar e intercambiar información sobre el cumplimiento de la legislación de protección de los consumidores, según lo previsto en el Reglamento CPC.
      El artículo 10 del Reglamento CPC establece lo siguiente:

         «La Comisión mantendrá actualizada una base de datos electrónica en la que registrará y tratará la información recibida con arreglo a los artículos 7, 8 y 9. Dicha base de datos podrá ser consultada solo por las autoridades competentes».

      El artículo 12, apartado 3, del Reglamento CPC añade lo siguiente:

         «Las solicitudes de asistencia y toda comunicación de información se presentarán por escrito en un formulario tipo y se comunicarán por vía electrónica mediante la base de datos establecida en el artículo 10».

      El CPCS facilita la cooperación y los intercambios de información únicamente sobre infracciones intracomunitarias de las Directivas y de los Reglamentos enumerados en el anexo del Reglamento CPC, que aborda diversas cuestiones, entre otras las prácticas comerciales desleales, la venta a distancia, el crédito al consumo, los viajes organizados, las cláusulas contractuales abusivas, la utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, el comercio electrónico, etc. El CPCS no puede utilizarse para intercambiar información sobre ámbitos legislativos que no figuren específicamente en dicho anexo.
      Por ejemplo:

                  I.

                  Un comerciante establecido en Bélgica impone cláusulas abusivas en sus transacciones con consumidores residentes en Francia, infringiendo lo dispuesto en la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas. La autoridad francesa responsable de los consumidores puede utilizar el CPCS para solicitar a su homóloga belga que tome todas las medidas ejecutivas necesarias disponibles en Bélgica contra el comerciante en cuestión, para que cese inmediatamente la infracción intracomunitaria.

                  II.

                  La autoridad danesa responsable de los consumidores recibe denuncias acerca de un sitio web que utiliza prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en perjuicio de los consumidores. El sitio web está hospedado en Suecia. La autoridad danesa responsable de los consumidores necesita información sobre el sitio web. Por lo tanto, puede utilizar el CPCS para solicitar información a su homóloga sueca, que está obligada a facilitar la información.

            La información es introducida por los Estados miembros, almacenada en el CPCS para que pueden acceder a ellas los Estados miembros a los que se dirige, y suprimida por la Comisión (3). El CPCS se utiliza como repertorio de información y como instrumento para intercambiar información a través de un sistema de comunicación eficaz y seguro.
      Desde una perspectiva de protección de los datos, la creación de una base de datos de este tipo presenta siempre ciertos riesgos para el derecho fundamental de protección de datos personales: compartir más datos que los estrictamente necesarios para una cooperación eficaz, conservar datos que deberían haberse suprimido, mantener datos que ya no son exactos o correctos, que no se respeten los derechos de los interesados o que los responsables del tratamiento no cumplan sus obligaciones. Por lo tanto, es necesario abordar dichos riesgos garantizando que los usuarios del CPCS están bien informados y formados en lo que respecta a las normas de protección de datos y pueden asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable en la materia.
      4.   MARCO JURÍDICO Y DE SUPERVISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
      La Unión Europea tiene un marco jurídico bien establecido en materia de protección de datos desde 1995: la Directiva de protección de datos (4), que regula el tratamiento de los datos personales por parte de los Estados miembros, y el Reglamento de protección de datos (5), que regula el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones y los organismos de la Unión Europea. La aplicación de la legislación sobre protección de datos depende actualmente de quién sea el agente o el usuario del CPCS.
      El tratamiento por parte de la Comisión está regulado por el Reglamento de protección de datos, mientras que el tratamiento realizado por los responsables de los casos de las autoridades nacionales competentes encargadas de la aplicación de la legislación está regulado por las legislaciones nacionales que transponen la Directiva de protección de datos.
      Siendo los dos actores principales con funciones específicas en el CPCS, la Comisión y las autoridades competentes designadas, como responsables conjuntos, tienen obligación de notificar y presentar sus respectivas operaciones de tratamiento para su comprobación previa por parte de las autoridades de control pertinentes, así como para garantizar que se cumplen las normas de protección de datos. Sin embargo, las legislaciones nacionales que transponen la Directiva de protección de datos pueden establecer excepciones a los requisitos de notificación y comprobación previa.
      La armonización de las normativas de protección de datos persigue garantizar un elevado nivel de protección a ese respecto y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, sin menoscabar la libre circulación de datos personales entre Estados miembros. Dado que las medidas nacionales de aplicación pueden dar lugar a normas divergentes, para garantizar el cumplimiento de la legislación de protección de datos se aconseja encarecidamente que los usuarios del CPCS analicen las presentes directrices con sus autoridades nacionales de protección de datos, puesto que pueden variar las normas, por ejemplo en cuanto a la información que debe facilitarse a los particulares o a la obligación de notificar determinadas operaciones de tratamiento a las autoridades de protección de datos.
      Una característica significativa del marco jurídico de protección de datos de la UE es su supervisión por autoridades independientes de protección de datos. Los ciudadanos tienen derecho a presentar denuncias ante dichas autoridades y a resolver rápidamente sus problemas de protección de datos fuera de los tribunales. El tratamiento de los datos personales está supervisado, a nivel nacional, por las autoridades nacionales de protección de datos y, cuando dicho tratamiento lo realizan las instituciones europeas, por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) (6). Por tanto, la Comisión está sujeta a la supervisión del SEPD y los demás usuarios del CPCS están sujetos a la supervisión de las autoridades nacionales de protección de datos.
      5.   ¿QUIÉN SE ENCARGA DE QUÉ EN EL CPCS? RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
      El CPCS constituye un claro ejemplo de tratamiento conjunto y responsabilidad compartida. Si, por un lado, solo las autoridades competentes de los Estados miembros recogen, registran, revelan o intercambian datos de naturaleza personal, el almacenamiento y la supresión de dichos datos en sus servidores es responsabilidad de la Comisión. La Comisión no tiene acceso a estos datos personales, pero se considera que es el administrador y operador del sistema.
      Por lo tanto, el reparto de las diferentes tareas y responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros puede resumirse del siguiente modo:

                  —

                  cada autoridad competente es responsable de los datos en lo que respecta a sus propias actividades de tratamiento de datos,

                  —

                  la Comisión no es usuaria, sino el operador del sistema, responsable principalmente del mantenimiento y la seguridad de la arquitectura del sistema. Sin embargo, la Comisión también tiene acceso a las alertas, a la información de retroalimentación y a otra información relacionada con el caso (7). El objetivo del acceso de la Comisión es supervisar la aplicación del Reglamento CPC y de la legislación de protección de los consumidores que figura en el anexo del Reglamento CPC, así como compilar información estadística relacionada con la realización de dichas tareas. En cambio, la Comisión no tiene acceso a la información que figura en las solicitudes de ayuda mutua y de cumplimiento de la legislación, ya que estas solamente se dirigen a las autoridades competentes de los Estados miembros que tratan el caso específico en cuestión. Sin embargo, el Reglamento CPC prevé que la Comisión pueda ayudar a las autoridades competentes en determinados litigios (8) y que sea invitada a participar en una investigación coordinada en la que estén involucrados más de dos Estados miembros (9),

                  —

                  los agentes del CPCS comparten responsabilidad en cuanto a la legitimidad del tratamiento, el suministro de información y los derechos de acceso, rectificación y oposición,

                  —

                  tanto la Comisión como las autoridades competentes, en sus funciones de controladores, son individualmente responsables de velar por que las normas sobre tratamiento de datos sean compatibles con las normas de protección de datos.

            6.   AGENTES Y USUARIOS DEL CPCS
      En el CPCS existen diferentes perfiles de acceso: el acceso a la base de datos está restringido y asignado a un solo funcionario designado de la autoridad competente (usuario autenticado), y no es transferible. Las solicitudes de acceso al CPCS solo pueden concederse a funcionarios notificados a la Comisión por las autoridades competentes de los Estados miembros. Para acceder al sistema se necesita una identificación y una contraseña, que pueden obtenerse en la oficina de enlace única.
      Solo los usuarios de la autoridad competente requerida y solicitante tienen acceso pleno a la información completa que se intercambia para un caso determinado, incluyendo también los anexos del expediente del caso del CPCS. Las oficinas de enlace únicas solo pueden leer la información más importante sobre un caso a fin de poder identificar a la autoridad competente a la que hay que transferir la correspondiente solicitud. No pueden leer documentos confidenciales adjuntos a una solicitud o a una alerta.
      En casos relacionados con el cumplimiento de la legislación, se comparte información general entre los usuarios de todas las autoridades competentes notificadas como responsables de los actos jurídicos que se hayan infringido. Este intercambio se produce a través de las notificaciones. Dichas notificaciones deben ofrecer una descripción general del caso y evitar incluir datos personales. Pueden existir excepciones, como el nombre del comerciante o proveedor (si es una persona física).
      La Comisión no tiene acceso a las solicitudes de información y cumplimiento de la legislación ni a documentos confidenciales, pero recibe notificaciones y alertas.
      7.   PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICABLES AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
      Los usuarios del CPCS de los Estados miembros solo pueden tratar datos personales en las condiciones y de conformidad con los principios que fija la Directiva de protección de datos. Al tratar datos personales en el CPCS, el responsable del tratamiento debe garantizar que se cumplan los principios de protección de datos.
      Cabe también señalar que las normas de confidencialidad y de protección de datos se aplican al CPCS. Las normas de confidencialidad y de secreto profesional pueden aplicarse a los datos en general, pero las normas de protección de datos se limitan a los datos personales.
      No debe olvidarse que los usuarios del CPCS de los Estados miembros son también responsables de muchas otras operaciones de tratamiento, y puede que no sean especialistas en protección de datos. El cumplimiento de las normas de protección de datos en el CPCS no tiene que ser innecesariamente complicado ni representar una carga administrativa excesiva. Tampoco tiene por qué haber una sola forma de lograrlo. Las presentes directrices son recomendaciones para el tratamiento de datos personales, y cabe recordar que no todos los datos intercambiados en el CPCS son personales.
      Antes de introducir información en el CPCS, los funcionarios responsables de hacer cumplir la legislación deben verificar si los datos personales que van a enviar son estrictamente necesarios para una cooperación eficaz y tomar en consideración a quién van a enviarlos. Dichos funcionarios deben preguntarse si el receptor de los datos necesita realmente recibir dicha información a efectos de la alerta o la solicitud de ayuda mutua.
      La siguiente lista de principios fundamentales de protección de datos pretende ayudar a los funcionarios responsables de hacer cumplir la legislación que acceden al CPCS a evaluar caso por caso si se cumplen las normas de protección de datos relacionadas con el tratamiento de datos personales cada vez que tratan datos personales en el sistema. Dichos funcionarios también deben tener en cuenta que, a nivel nacional, pueden existir excepciones y limitaciones a la aplicación de los principios de protección de datos descritos a continuación, por lo que se aconseja que consulten a sus autoridades nacionales de protección de datos (10).

         ¿Qué principios de protección de datos deben respetarse?

      Los principios generales de protección de datos que deben tenerse en cuenta antes de tratar datos personales se han extraído de la Directiva de protección de datos. Dado que esta Directiva se ha transpuesto a la legislación nacional, se recuerda a los responsables de los casos que deben consultar a sus autoridades nacionales de control de protección de datos sobre la aplicación de los principios descritos a continuación, y se aconseja que comprueben si existen excepciones o limitaciones a su aplicación.

         Principio de transparencia

      Según la Directiva de protección de datos, los interesados tienen derecho a ser informados si se tratan sus datos personales. El responsable del tratamiento debe indicar su nombre y dirección, los fines del tratamiento, los destinatarios de los datos y cualquier otra información necesaria para garantizar la lealtad del tratamiento de datos (11).
      Los datos solo pueden tratarse en las circunstancias siguientes (12):

                  —

                  si el interesado ha dado su consentimiento,

                  —

                  si el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales,

                  —

                  si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica,

                  —

                  si el tratamiento es necesario para proteger los intereses esenciales del interesado,

                  —

                  si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos,

                  —

                  si el tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o los terceros a los que se comuniquen los datos.

         Principio de licitud y lealtad

      Los datos personales no pueden recogerse ni tratarse de forma desleal o ilícita ni utilizarse para fines no compatibles con los establecidos en el Reglamento CPC. Para que el tratamiento sea lícito, los responsables de los casos deben asegurarse de tener razones inequívocas que justifiquen el tratamiento. El tratamiento debe realizarse con fines determinados, explícitos y legítimos. No debe realizarse un tratamiento posterior de manera incompatible con dichos fines (13). Esto solo puede preverse en el Reglamento CPC.
      Para que el tratamiento sea leal, es preciso informar a los interesados de los fines para los cuales se tratarán sus datos, así como de la existencia del derecho de acceso, rectificación y oposición.

         Principios de proporcionalidad y exactitud, y período de conservación

      La información debe ser proporcional, adecuada, pertinente y no excesiva con relación a los fines para los que se recoge o trata. Los datos deben ser exactos y, si procede, estar actualizados. Se tomarán todas las medidas razonables para suprimir o rectificar los datos inexactos o incompletos en relación con los fines para los que fueron recogidos o para los que son tratados posteriormente. Los datos de carácter personal deben conservarse de forma que permitan la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que se recogieron o trataron. Deben establecerse garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más largo con fines históricos, estadísticos o científicos.
      Los responsables de los casos deben considerar si la información que están tratando es estrictamente necesaria para conseguir los objetivos fijados.

         Principio de limitación de la finalidad

      Los datos personales deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos. No deben tratarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines, y es preciso informar a los interesados. Los responsables de los casos solo deben tratar datos personales si existe un motivo inequívoco para ello, es decir, si existe un fundamento jurídico en el Reglamento CPC que justifique la transmisión.

         Derechos de acceso

      Los interesados tienen derecho, según la Directiva de protección de datos (14), a ser informados si se tratan sus datos personales, así como de los fines del tratamiento, de los destinatarios de los datos y de sus derechos específicos, es decir, los derechos de información y rectificación. El interesado tiene derecho de acceso a todos los datos tratados sobre su persona. También tiene derecho a solicitar la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos incompletos, inexactos o cuyo tratamiento no se ajuste a las normas de protección de datos (15).

         Datos sensibles

      Está prohibido tratar datos que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, el estado de salud, la orientación sexual y las condenas penales. Sin embargo, la Directiva de protección de datos (16) establece excepciones a esta norma, según las cuales pueden tratarse datos sensibles en determinadas condiciones (17). Los usuarios del CPCS deben adoptar una actitud de prudencia al manejar datos sensibles (18). Se recomienda a los usuarios del CPCS que verifiquen con su autoridad nacional de protección de datos si se aplican excepciones al tratamiento de datos sensibles.

         Excepciones

      La Directiva de protección de datos autoriza determinadas excepciones en el marco de la prevención, investigación, detección y persecución de infracciones. Se aconseja a los responsables de los casos que consulten la legislación nacional para evaluar si dichas excepciones son posibles y en qué condiciones (19). Si existen esas excepciones, se recomienda que estén claramente indicadas en las declaraciones de confidencialidad de cada autoridad competente.

         Aplicación de los principios de protección de datos

      La aplicación de estos principios de protección de datos al funcionamiento del CPCS lleva a formular las siguientes recomendaciones:

                  1)

                  El uso del CPCS debe limitarse estrictamente a los fines establecidos en el Reglamento CPC. El artículo 13, apartado 1, del Reglamento CPC establece que la información comunicada solo puede utilizarse para asegurar el respeto de la legislación protectora de los intereses de los consumidores. Estos actos legislativos figuran en el anexo de dicho Reglamento.

                  2)

                  Se recomienda a los funcionarios responsables de hacer cumplir la legislación que solo utilicen la información obtenida de una solicitud o de una alerta de ayuda mutua para fines relativos a ese caso concreto, cumpliendo estrictamente los requisitos jurídicos de protección de datos y evaluando previamente la necesidad del tratamiento en el marco de investigaciones realizadas en interés general público.

                  3)

                  Al transmitir datos, los funcionarios responsables de hacer cumplir la legislación deben evaluar caso por caso quién debe ser el destinatario de la información que va a tratarse.

                  4)

                  Los usuarios del CPCS deben escoger cuidadosamente las preguntas que hacen en la solicitud de ayuda mutua y solo solicitar los datos necesarios. No se trata solo de cumplir los principios de calidad de los datos, sino también de reducir la carga administrativa.

                  5)

                  La Directiva de protección de datos (20) exige que los datos personales sean exactos y estén actualizados. Se recomienda que la autoridad competente que ha facilitado la información ayude a garantizar la exactitud de los datos almacenados en el CPCS. En este sistema se han incorporado mensajes que recuerdan periódicamente a los responsables de los casos que deben comprobar si los datos personales son exactos y si están actualizados.

                  6)

                  Una forma práctica de informar a los interesados de sus derechos es mediante una declaración completa de confidencialidad en internet. Se recomienda que cada autoridad competente incluya una declaración de confidencialidad en su sitio web. Dicha declaración debe cumplir todos los requisitos de información fijados en la Directiva de protección de datos, incluir un enlace al sitio web en el que figura la declaración de confidencialidad de la Comisión, así como información adicional, como la información de contacto de la autoridad competente en cuestión y las limitaciones nacionales a los derechos de acceso o información. Todos los responsables de los datos involucrados tienen la responsabilidad de garantizar que se publiquen las declaraciones de confidencialidad.

                  7)

                  Los interesados pueden pedir el acceso, la rectificación y la supresión de sus datos personales en relación con más de una fuente. Aunque cada autoridad competente asume la responsabilidad de sus propias operaciones de tratamiento de datos, como responsable del tratamiento, es deseable ofrecer una respuesta coordinada a las solicitudes relativas a asuntos transfronterizos. En estos casos, se recomienda que las autoridades competentes informen de la recepción de la solicitud a las demás autoridades competentes afectadas.
                  Cuando una autoridad competente considere que la aceptación de una solicitud puede afectar al procedimiento de investigación o de cumplimiento de la legislación que lleven a cabo otras autoridades competentes, la citada autoridad debe solicitar la opinión de sus homólogas antes de aceptar la solicitud.
                  Los interesados pueden también dirigir su solicitud a la Comisión. La Comisión solo puede aceptar solicitudes en relación con los datos a los que tiene acceso. Al recibir una solicitud, la Comisión debe consultar a la autoridad competente que ha facilitado la información. Si no se formula ninguna objeción o la autoridad competente no responde en un plazo razonable, la Comisión puede decidir si es o no oportuno dar curso favorable a la solicitud sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de protección de datos. La Comisión también debe solicitar la opinión de las autoridades competentes cuyas actividades de investigación o de cumplimiento de la legislación pueden resultar comprometidas si se da curso favorable a la solicitud. La Comisión debe analizar si es posible facilitar dichos intercambios mediante la incorporación de características técnicas adicionales en el CPCS.

                  8)

                  La Decisión 2007/76/CE de aplicación de la CPC prevé la introducción de campos de datos en el CPCS con los nombres de los directores de empresa. Los funcionarios responsables de hacer cumplir la legislación deben evaluar si es necesario incluir este tipo de datos personales para solucionar el caso. Antes de introducir la información en el CPCS o de enviar una alerta o una solicitud de ayuda mutua a otra autoridad competente, debe evaluarse caso por caso si es necesario incluir el nombre de un director de empresa en los campos previstos al efecto.

                  9)

                  La Decisión 2007/76/CE de aplicación de la CPC exige que la autoridad competente que introduzca información, alertas o solicitudes de cumplimiento de la legislación indique si la información debe tratarse de forma confidencial. Esto debe hacerse caso por caso. Del mismo modo, al enviar la información solicitada, la autoridad requerida debe indicar si dicha información debe tratarse de forma confidencial. El CPCS incluye un parámetro por defecto en el que los usuarios del sistema deben conceder explícitamente el acceso a los documentos desactivando el icono de indicación de confidencialidad.

            8.   CPCS Y PROTECCIÓN DE DATOS

         Entorno favorable para la protección de datos

      El CPCS se ha elaborado teniendo en cuenta los requisitos de la legislación de protección de datos:

                  —

                  el CPCS utiliza s-TESTA, que son las siglas de secured Trans European Services for Telematics between Administrations (Servicios transeuropeos seguros de telemática entre administraciones). Ofrece una plataforma paneuropea gestionada, fiable y segura de comunicación para las administraciones europeas y nacionales. La red s-TESTA está basada en una infraestructura privada dedicada y totalmente independiente de internet. El diseño del sistema incluye medidas de seguridad apropiadas para garantizar la mejor protección posible de la red. La red tiene una acreditación de seguridad que la hace apropiada para transmitir información clasificada «EU Restricted» («Restringido UE»),

                  —

                  se han introducido varias características técnicas: contraseñas seguras y personalizadas para los funcionarios competentes notificados de las autoridades designadas, el uso de la red segura s-TESTA, mensajes que recuerdan a los responsables de los casos que deben tener en cuenta las normas de protección de datos al tratar datos personales, la creación de diversos perfiles de usuario que modulan el acceso a la información según la función del usuario (autoridad competente, oficina de enlace única o la Comisión), la posibilidad de limitar el acceso a documentos definiéndolos como confidenciales y el mensaje de la página de inicio del CPCS sobre las normas de protección de datos,

                  —

                  normas de aplicación (21) que cubren aspectos importantes para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos: normas claras sobre supresión (qué información; cómo y cuándo suprimir datos); principios que especifican los tipos de acceso a la información (solo las autoridades competentes directamente afectadas tienen acceso completo y los demás solo tienen acceso a información general),

                  —

                  directrices operativas (22) que clarifican los aspectos que es preciso tener en cuenta al cumplimentar los diferentes campos de datos, así como la integración de las presentes directrices (23),

                  —

                  revisiones anuales para asegurar que las autoridades competentes verifiquen la exactitud de los datos personales (está previsto un marcado, pero aún no está implementado) y también que los casos están cerrados y/o suprimidos según lo previsto por las normas, para garantizar que no se olviden. La Comisión organiza periódicamente con los Estados miembros una revisión sistemática de los casos que han estado abiertos durante un período sustancialmente superior al período medio de tratamiento,

                  —

                  supresión automática de los casos de ayuda mutua cinco años después del cierre del caso de acuerdo con el Reglamento CPC,

                  —

                  el CPCS es una herramienta informática en proceso de evolución que pretende ofrecer un entorno favorable para la protección de datos. Se han incorporado numerosas salvaguardias en la arquitectura del sistema, que se han descrito anteriormente. La Comisión tiene intención de continuar incorporando mejoras según sea necesario.

         Directrices adicionales

         ¿Cuánto tiempo debe conservarse un caso y cuándo debe cerrarse y suprimirse?

      Solo la Comisión puede suprimir información del CPCS (24), y normalmente lo hace a solicitud de una autoridad competente. Al solicitar una supresión, la autoridad competente debe especificar los motivos. La única excepción son las solicitudes de cumplimiento de la legislación. Estas son suprimidas automáticamente por la Comisión cinco años después de que la autoridad solicitante cierre el caso.
      Se han fijado normas con plazos específicos para garantizar la supresión de los datos que ya no se necesitan, que sean inexactos o infundados, o que han sido conservados durante los plazos máximos autorizados.

         ¿Por qué el período de conservación es de cinco años?

      El propósito del período de conservación es facilitar la cooperación entre las autoridades públicas encargadas de hacer cumplir la legislación protectora de los intereses de los consumidores durante el examen de las infracciones intracomunitarias, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, a la calidad y coherencia del cumplimiento de la legislación protectora de los intereses de los consumidores, al control de la protección de los intereses económicos de estos y a elevar los niveles y la coherencia del cumplimiento de la legislación. Durante el período de conservación, los funcionarios autorizados encargados de hacer cumplir la legislación que trabajen para una autoridad competente que ha tratado originalmente un caso pueden consultar el expediente para establecer vínculos con infracciones posiblemente repetidas, a fin de contribuir a un cumplimiento mejor y más eficaz.

         ¿Qué información puede incluirse en el foro de debate?

      El foro de debate anexo al sistema es una herramienta destinada a intercambiar información sobre cuestiones tales como nuevas facultades para hacer cumplir la legislación y mejores prácticas. En general, aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación no utilizan frecuentemente el foro de debate, este no debe servir para intercambiar datos relacionados con los casos ni debe hacer referencia a datos personales.

         ¿Qué tipo de datos puede incluirse en los resúmenes breves y en los documentos adjuntos?

      La Decisión 2007/76/CE de implementación de la CPC prevé un campo de datos «documentos adjuntos» en las alertas y en las solicitudes de información y de cumplimiento de la legislación. Los resúmenes breves son campos en los que debe describirse la infracción. Se recomienda que no se incluyan datos personales en los resúmenes breves, dado que el propósito de este campo es facilitar una descripción general sobre la infracción. Deben suprimirse los datos personales de los documentos adjuntos que no sean estrictamente necesarios.

         ¿Qué se entiende por «sospecha razonable» de que se ha producido una infracción?

      El término «sospecha razonable» debe interpretarse con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, se recomienda que las supuestas infracciones solo se incluyan en el CPCS si existen pruebas de que se ha producido o puede haberse producido una infracción.

         ¿Cómo deben tratarse las transmisiones a terceros países?

      El Reglamento CPC (25) establece que un Estado miembro que tenga un acuerdo bilateral de asistencia mutua puede también transmitir a una autoridad de un tercer país información notificada en virtud del Reglamento CPC, siempre que la autoridad competente que envió inicialmente la información haya dado su consentimiento y que se cumplan las disposiciones de protección de datos.
      Se recomienda que, en ausencia de un acuerdo internacional de la Unión Europea sobre medidas de asistencia mutua (26) con un tercer país, los acuerdos bilaterales de asistencia con un tercer país concreto establezcan garantías adecuadas de protección de los datos y se notifiquen a las autoridades pertinentes de control de protección de datos para que realicen un control previo, a menos que la Comisión haya constatado que el tercer país en cuestión garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales transmitidos por la Unión de conformidad con el artículo 25 de la Directiva de protección de datos.

         (1)  Artículo 2, letra a).

         (2)  Cabe señalar que los principios de protección de datos se aplican tanto a los datos almacenados de forma física como electrónica.

         (3)  Las normas específicas sobre la supresión de datos pueden consultarse en la Decisión 2007/76/CE y en «La red de cooperación en materia de protección de los consumidores: Directrices operativas».

         (4)  Directiva 95/46/CE.

         (5)  Reglamento (CE) no 45/2001.

         (6)  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS

         (7)  Artículos 8, 9 y 15 del Reglamento (CE) no 2006/2004 (Reglamento CPC).

         (8)  Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2006/2004 (Reglamento CPC).

         (9)  Artículo 9 del Reglamento (CE) no 2006/2004 (Reglamento CPC).

         (10)  Artículo 11, apartado 2, y artículo 13 de la Directiva 95/46/CE.

         (11)  Artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE.

         (12)  Artículo 7 de la Directiva 95/46/CE.

         (13)  Artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46/CE.

         (14)  Artículos 10, 11 y 12 de la Directiva 95/46/CE.

         (15)  Artículo 12 de la Directiva 95/46/CE.

         (16)  Artículo 8, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE.

         (17)  Artículo 8 de la Directiva 95/46/CE.

         (18)  Capítulo 4 del anexo de la Decisión 2007/76/CE.

         (19)  Dictamen 6/2007 sobre aspectos de protección de datos relacionados con el sistema de cooperación de protección a los consumidores (CPCS), 01910/2007/EN (WP 130), adoptado el 21 de septiembre de 2007, p. 24-26.

         (20)  Artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46/CE.

         (21)  Decisión 2007/76/CE.

         (22)  «La red de cooperación en materia de protección de los consumidores: Directrices operativas», documento aprobado por el Comité CPC el 8 de junio de 2010.

         (23)  El contenido de las presentes directrices se integrará en las futuras formaciones sobre el CPCS.

         (24)  Artículo 10 del Reglamento (CE) no 2006/2004 (Reglamento CPC) y capítulo 2 del anexo de la Decisión 2007/76/CE de aplicación de la CPC.

         (25)  Artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2006/2004 (Reglamento CPC).

         (26)  Artículo 18 del Reglamento (CE) no 2006/2004 (Reglamento CPC).


Avis juridique important

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31962H1130

Recomendación de la Comisión dirigida a los Estados miembros, relativa al régimen aduanero aplicable a las herramientas, instrumentos o materiales importados temporalmente desde un Estado miembro a otro Estado miembro para ser utilizados en la ejecución de cualquier clase de trabajos

Diario Oficial n° 125 de 30/11/1962 p. 2767 - 2768 Edición especial en español: Capítulo 02 Tomo 1 p. 0003  Edición especial en portugués: Capítulo 02 Tomo 1 p. 0003

++++Recomendacion de la Comision dirigida a los Estados miembros , relativa al régimen aduanero aplicable a las herramientas , instrumentos o materiales importados temporalmente desde un Estado miembro a otro Estado miembro para ser utilizados en la ejecucion de cualquier clase de trabajos  El " Programa general " para la supresion de restricciones a la libre prestacion de servicios , adoptado por el Consejo el 18 de diciembre de 1961 en aplicacion del apartado 1 del articulo 63 del Tratado dispone que constituye tal restriccion " cualquier prohibicion o cualquier obstaculo al desplazamiento del objeto o del soporte de la prestacion o de instrumentos , maquinas , aparatos y demas medios auxiliares utilizados para ella " .  No pudiendo considerarse , en virtud de lo dispuesto en el articulo 60 del Tratado , como una restriccion en el sentido del " Programa general " la percepcion de derechos de aduana por las mercancias que constituyan el objeto , el soporte o el instrumento de una prestacion de servicios , el Consejo ha adoptado , en el momento de la aprobacion de dicho " Programa general " , el texto de una declaracion en la que manifiesta que la adaptacion , en el sentido del Tratado , de las disposiciones legislativas , reglamentarias o administrativas sobre la percepcion de derechos de aduana al atravesar dichas mercancias las fronteras , contribuiria de manera sensible a la realizacion de los objetivos del " Programa general " y que seria deseable que tal adaptacion se realizase en el plazo mas breve posible .  Al establecer las reglas que se deberan aplicar en lo sucesivo a las herramientas , instrumentos o materiales importados temporalmente desde un Estado miembro para ser utilizados en la ejecucion de cualquier clase de trabajos , la presente Recomendacion responde al deseo expresado por el Consejo . Se basa en el hecho de que las disposiciones aduaneras vigentes en todos los Estados miembros no contemplan la concesion del régimen de importacion temporal en favor de dichas herramientas , instrumentos o materiales mas que en la medida en que se cumplan ciertas condiciones de caracter economico muy precisas . Dado el grado de realizacion de la union aduanera actualmente alcanzado , la Comision estima que los Estados miembros podran renunciar en lo sucesivo a estas exigencias en todos los casos en los que las herramientas , los instrumentos o materiales para los que se solicite el régimen de importacion temporal cumplan las condiciones exigidas para beneficiarse del régimen preferencial previsto en el Tratado , siempre que el plazo de permanencia en el Estado miembro de importacion no exceda de seis meses . Ademas , la importacion temporal de dichas herramientas o materiales debera efectuarse con suspension total de los derechos de aduana . Sin embargo , ante la posibilidad de que la concesion de este régimen favorable pueda ocasionar dificultades a ciertas empresas del Estado miembro de importacion , la Recomendacion admite que dicho Estado , pueda subordinar la concesion del régimen de importacion temporal al pago de una fraccion de los derechos de aduana a los que estarian sujetos las herramientas , instrumentos o materiales considerados si fueran despachados a consumo .  Por estos motivos , y en virtud de lo dispuesto en el articulo 155 del Tratado , la Comision recomienda a los Estados miembros , sin perjuicio de las obligaciones que resulten de los articulos 12 y 14 del Tratado , incorporar las reglas siguientes a sus disposiciones legislativas , reglamentarias o administrativas en materia aduanera .  I . Las herramientas , instrumentos o materiales que cumplan las condiciones exigidas para beneficiarse de la eliminacion progresiva , entre los Estados miembros , de los derechos de aduana , de las restricciones cuantitativas y de todas las demas medidas de efecto equivalente y que sean importados temporalmente desde un Estado miembro a otro Estado miembro para ser utilizados en la ejecucion de toda clase de trabajos , seran admitidos con los beneficios del régimen de admision temporal cuando el plazo de estancia en el Estado miembro de importacion no exceda de seis meses . meses .  II . La importacion temporal de las herramientas , instrumentos o materiales mencionados en el apartado I anterior , se efectuara con suspension total de derechos de aduana .  Sin embargo , la aplicacion del régimen de importacion temporal podra quedar subordinada al pago de una fraccion del importe de los derechos de aduana a los que estarian sujetos si fueran despachados a consumo :   - cuando se trate de herramientas , instrumentos o materiales respecto a los que la suspension de toda proteccion arancelaria pudiere colocar en situacion dificil a los productores o importadores de herramientas , instrumentos o materiales similares establecidos en el territorio del Estado miembro de importacion ,   - o cuando la no percepcion de derechos de aduana perturbare sensiblemente las condiciones de competencia entre los usuarios de las herramientas , instrumentos o materiales en régimen de admision temporal y los usuarios de herramientas , instrumentos o materiales similares adquiridos en el mercado del Estado miembro de importacion .  III . Cuando la aplicacion del régimen de importacion temporal a determinadas herramientas , instrumentos o materiales esté subordinada al gravamen parcial previsto en el Apartado II anterior , la fraccion del importe de los derechos de aduana que deba ser percibido se determinara , teniendo en cuenta la naturaleza de las herramientas , instrumentos o materiales considerados , en funcion del plazo de permanencia en el territorio aduanero del Estado miembro de importacion .  IV . Para la determinacion del plazo de permanencia de las herramientas , instrumentos o materiales en el territorio aduanero del Estado miembro de importacion , se considerara que las sucesivas operaciones de importacion temporal de que puedan ser objeto constituyen una sola operacion de importacion temporal .  Los Estados miembros se prestaran mutuamente asistencia para la aplicacion de la presente disposicion .  V . Cuando las herramientas , instrumentos o materiales importados temporalmente constituyan el objeto de la prestacion de un servicio - en el sentido del articulo 60 del Tratado - o se destinen a la ejecucion de dicho servicio , no se considerara contrario a la presente Recomendacion el aplazar la aplicacion de las anteriores disposiciones hasta el momento en que tenga lugar , entre los Estados miembros , la liberalizacion del servicio considerado .  VI . Los Estados miembros se informaran mutuamente e informaran a la Comision de las medidas que adopten para la aplicacion de la presente Recomendacion .  Hecho en Bruselas , el 8 de noviembre de 1962 .  Por la Comision  El presidente  W . HALLSTEIN


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 23 de agosto de 2010 , al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo de la Banca d’Italia (BCE/2010/11)

text:
               28.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 233/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 23 de agosto de 2010
   al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo de la Banca d’Italia
   (BCE/2010/11)
   2010/C 233/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo de la Banca d’Italia expiró después de la auditoría del ejercicio de 2009. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2010.

               (3)

               La Banca d’Italia ha seleccionado a PricewaterhouseCoopers SpA como auditor externo para los ejercicios de 2010 a 2015.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que PricewaterhouseCoopers SpA sea nombrado auditor externo de la Banca d’Italia para los ejercicios de 2010 a 2015.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 23 de agosto de 2010.

            El Presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET


title: Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: trióxido de cromo, dicromato de amonio y dicromato de potasio [notificada con el número C(2008) 2326] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               18.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 158/65

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 30 de mayo de 2008
   sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: trióxido de cromo, dicromato de amonio y dicromato de potasio
   [notificada con el número C(2008) 2326]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/455/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (1), y, en particular, su artículo 11, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el marco del Reglamento (CEE) no 793/93, las siguientes sustancias se han clasificado como sustancias prioritarias para su evaluación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 143/97 de la Comisión, de 27 de enero de 1997, relativo a la tercera lista de sustancias prioritarias prevista en el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (2):

                           —

                           trióxido de cromo,

                           —

                           dicromato de amonio,

                           —

                           dicromato de potasio.

               (2)

               El Estado miembro ponente designado según dicho Reglamento ha llevado a término las actividades de evaluación del riesgo que suponen estas sustancias para el ser humano y el medio ambiente, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (3), y ha sugerido estrategias para limitar los riesgos.

               (3)

               El Comité Científico de la Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente (CCTEMA) ha sido consultado y ha emitido sus dictámenes con respecto a las evaluaciones del riesgo efectuadas por el ponente. Estos dictámenes pueden encontrarse en la página Internet del Comité Científico.

               (4)

               Los resultados de la evaluación del riesgo y otros resultados de la estrategia de limitación del riesgo se recogen en la correspondiente Comunicación de la Comisión (4).

               (5)

               Basándose en dicha evaluación, es conveniente recomendar determinadas medidas de reducción del riesgo en relación con ciertas sustancias.

               (6)

               Las medidas de reducción del riesgo recomendadas para los trabajadores deben aplicarse dentro del marco de la legislación sobre protección de los trabajadores, de la que se considera que ofrece el marco adecuado para limitar los riesgos de estas sustancias en la medida necesaria.

               (7)

               Las medidas de reducción del riesgo previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 793/93.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1
   TRIÓXIDO DE CROMO

         (No CAS 1333-82-0; no Einecs 215-607-8)

   DICROMATO DE AMONIO

         (No CAS 7789-09-05; no Einecs 232-143-1)

   DICROMATO DE POTASIO

         (No CAS 7778-50-9; no Einecs 231-906-6)

   Medidas de reducción del riesgo para los trabajadores (1) y el medio ambiente (2, 3, 4, 5, 6)

               1)

               Que los empresarios que utilicen compuestos de cromo (VI) en la fabricación de pigmentos y colorantes, formulación de productos de tratamiento de metales, revestimiento electrolítico de metales y como mordientes en la tinción de lana, tomen nota de las eventuales directrices sectoriales elaboradas en el ámbito nacional, basadas en las directrices prácticas de carácter no obligatorio facilitadas por la Comisión de acuerdo con el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 98/24/CE (5).

               2)

               Que las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes establezcan, en las autorizaciones que concedan en virtud de la Directiva 2008/1/CE (6), condiciones, valores límite de emisión o parámetros o medidas técnicas equivalentes respecto a los compuestos de cromo (VI) a fin de que se apliquen las mejores técnicas disponibles (MTD), teniendo en cuenta las características técnicas de las instalaciones correspondientes, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales.

               3)

               Que los Estados miembros lleven a cabo un seguimiento cuidadoso de la aplicación de las MTD en relación con los compuestos de cromo (VI) e informen a la Comisión sobre los eventuales cambios importantes, en el marco del intercambio de información relativa a las MTD.

               4)

               Que las emisiones locales al medio ambiente se controlen, en caso necesario, mediante normas nacionales a fin de que no quepa esperar ningún riesgo para el medio ambiente.

               5)

               Que, en particular respecto a la reducción in situ de compuestos de cromo (VI) a sales de curtido de cromo (III) en instalaciones de curtido de cueros y pieles, en la próxima modificación del documento BREF sobre instalaciones para curtido de cueros y pieles se incluyan referencias adecuadas para indicar que no debe considerarse como MTD la reducción in situ de compuestos de cromo (VI) para producir sales de curtido de cromo (III).

               6)

               Que, en relación con las masas de agua donde las emisiones de cromo (VI) puedan provocar un riesgo, el Estado miembro correspondiente establezca normas de calidad medioambiental (NCM) y medidas nacionales de reducción de la contaminación para cumplir tales NCA en 2015 de acuerdo con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

         SECCIÓN 2
   DESTINATARIOS

               7)

               La presente Recomendación se dirige a todos los sectores que importen, produzcan, transporten, almacenen, formulen en preparados o elaboren de otra manera, utilicen, eliminen o recuperen dichas sustancias, así como a los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2008.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

      (2)  DO L 25 de 28.1.1997, p. 13.

      (3)  DO L 161 de 29.6.1994, p. 3.

      (4)  DO C 152 de 18.6.2008, p. 1.

      (5)  DO L 131 de 5.5.1998, p. 11. Directiva modificada por la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 165 de 27.6.2007, p. 21).

      (6)  DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.

      (7)  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/32/CE (DO L 81 de 20.3.2008, p. 60).


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E1997C0167

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC Nº 167/97/COL de 17 de junio de 1997 sobre un programa coordinado de inspecciones en 1997 para garantizar la observancia de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas

Diario Oficial n° L 303 de 06/11/1997 p. 0026 - 0029

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 167/97/COL de 17 de junio de 1997 sobre un programa coordinado de inspecciones en 1997 para garantizar la observancia de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo EEE y, en particular, su artículo 109 y su Protocolo n° 1,Visto el Acuerdo sobre el Órgano de Vigilancia y el Tribunal de Justicia y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5 y su Protocolo n° 1,Visto el acto mencionado en el punto 54 del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE, relativo a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (Directiva 90/642/CEE del Consejo, en su versión modificada), adaptado mediante el Protocolo n° 1 al Acuerdo EEE (en lo sucesivo, «acto») y, en particular, el apartado 3 de su artículo 4,Tras consultar al Comité de alimentos de la AELC que asiste el Órgano de Vigilancia de la AELC,Considerando que, según el apartado 2 del artículo 4 del acto, los Estados de la AELC deben enviar al Órgano de Vigilancia de la AELC antes del 1 de agosto de 1996 toda la información necesaria sobre la aplicación en 1995 de sus programas nacionales de inspección para garantizar el cumplimiento de los contenidos máximos de los residuos de plaguicidas como establece el anexo II de dicha Directiva; que el Órgano ha recibido determinadas informaciones con arreglo a esta obligación;Considerando que el apartado 1 del artículo 4 del acto exige que los Estados de la AELC elaboren programas que establezcan la naturaleza y la frecuencia de las inspecciones que deben efectuarse para garantizar la conformidad con la lista de contenidos máximos de residuos de plaguicidas;Considerando que la información transmitida al Órgano de Vigilancia de la AELC no ha sido suficiente para dar una visión completa de las actividades de control de los Estados miembros en materia de residuos de plaguicidas durante 1995, ni para permitir una evaluación global de los planes de control de los Estados de la AELC para 1997; que, sin embargo, se dispone de suficiente información para coordinar un programa de inspección de combinaciones específicas plaguicidas/productos a nivel del EEE; que éste es el tercer programa coordinado específico de este tipo que se recomienda y las indicaciones sobre los productos que deben incluirse en los futuros programas coordinados específicos anuales son importantes a efectos de la planificación de las autoridades competentes de los Estados de la AELC; que estos productos normalmente no volverán a ser objeto de programas coordinados específicos durante un período de tres años;Considerando que el anexo II del acto, en su versión modificada, contiene listas de contenidos máximos armonizados para determinados plaguicidas que deben someterse a programas de inspección nacionales y coordinados en 1997;Considerado que sigue siendo necesario recomendar medidas básicas generales para las inspecciones en materia de residuos de plaguicidas que los Estados de la AELC deben efectuar durante 1997 para garantizar la observancia de los contenidos máximos obligatorios de residuos de plaguicidas y contribuir al buen funcionamiento del Espacio Económico Europeo;Considerando que es importante que la información sobre las medidas nacionales de garantía de calidad vigentes que se aplican a los muestreos y análisis de los contenidos de residuos de plaguicidas sea comunicada por los Estados de la AELC para alimentar el debate;Considerando que también sería útil para adoptar futuras recomendaciones que el Órgano de Vigilancia de la AELC fuera informado previamente de los programas de los Estados de la AELC para 1998 relativos al control de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecidos en el acto;Considerando que las inspecciones y los muestreos que efectúan los Estados de la AELC para garantizar el cumplimiento de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecidos en la lista a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 90/642/CEE deben efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el acto mencionado en el punto 20 de capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 79/700/CEE de la Comisión, por la que se establecen los métodos comunitarios de toma de muestras para el control oficial de los residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas) el acto mencionado en el punto 37 de capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 85/591/CEE del Consejo, referente a la introducción de modos de toma de muestras y de métodos de análisis comunitarios para el control de los productos destinados a la alimentación humana) el acto mencionado en los puntos 50 y 54.N del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 89/397/CEE del Consejo, relativa al control oficial de los productos alimenticios y Directiva 93/99/CEE del Consejo, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios);Considerando que Liechtenstein cumplirá lo dispuesto en los actos a que se refiere el capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE antes del 1 de enero del año 2000; que Liechtenstein debía hacer lo posible para cumplir lo dispuesto en los actos mencionados en dicho capítulo antes del 1 de enero de 1997; que Liechtenstein, por tanto, se incluye en la presente Recomendación para 1997;Considerando que la Comisión Europea, en su Recomendación de 2 de diciembre de 1996 sobre un programa coordinado de inspecciones en 1997 para garantizar el cumplimiento de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, ha recomendado a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen un programa correspondiente,HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:Se recomienda que Islandia, Liechtenstein y Noruega:1) Con carácter específico para 1997, tomen muestras y analicen las combinaciones de productos/residuos de plaguicidas establecidas en el anexo, teniendo como objetivo el análisis de 50 muestras de cada producto, reflejando adecuadamente la cuota nacional, del EEE y de los países terceros en el mercado de los Estados de la AELC y preparen un informe con los resultados, mencionando los métodos analíticos utilizados, los contenidos que deben notificarse alcanzados y las medidas de garantía de calidad, a más tardar el 1 de agosto de 1998.2) Que, a más tardar el 1 de agosto de 1997, envíen al Órgano de Vigilancia de la AELC todas las informaciones requeridas por el apartado 2 del artículo 4 del acto relativo al ejercicio de control de 1996, para garantizar, al menos por muestreo, que se respetan los contenidos máximos de residuos de plaguicidas y, en particular:2.1) los resultados del ejercicio específico de 1996, tal como se define en el punto 5 de la Recomendación n° 85/96/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, sobre un programa coordinado de inspecciones en 1996 para garantizar el respeto de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas;2.2) los resultados de sus programas nacionales sobre plaguicidas mencionados en el anexo II de la Directiva 90/642/CEE, en relación con los contenidos armonizados y, cuando éstos no se hayan fijado a nivel del EEE, con los niveles nacionales vigentes;2.3) los criterios aplicados en la elaboración de sus programas nacionales sobre el número de muestras tomadas y los análisis efectuados;2.4) los criterios aplicados al definir y fijar los contenidos que deben notificarse;2.5) las medidas de garantía de calidad aplicadas al muestreo de productos y los cambios ocurridos en las medidas comunicadas en años anteriores;2.6) detalles sobre la autorización, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 93/99/CE, de los laboratorios que efectúan los análisis y, cuando dicha autorización aún no se haya concedido, a los criterios aplicados al establecer las medidas de garantía de calidad en dichos laboratorios.3) Antes del 1 de julio de 1997, que envíen al Órgano de Vigilancia de la AELC sus respectivos programas provisionales de control de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecidos en la Directiva 90/642/CEE para 1998 y, en la medida de lo posible, para los años siguientes.4) La presente Recomendación se dirige a Islandia, Liechtenstein y Noruega.Hecho en Bruselas, el 17 de junio de 1997.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCKnut ALMESTADPresidenteANEXO Contenidos máximos de residuos (CMR) de plaguicidas que habrán de controlarse durante el ejercicio específico de 1997, de acuerdo con el punto 1 de la presente Recomendación >SITIO PARA UN CUADRO>


title: Recomendación del Consejo, de  14 de marzo de 2006 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (séptimo FED) para el ejercicio 2004

text:
               18.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 81/10

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 14 de marzo de 2006
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (séptimo FED) para el ejercicio 2004
   (2006/221/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Cuarto Convenio ACP-CE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 y modificado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995,
   Visto el Acuerdo interno 91/401/CEE relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del Cuarto Convenio ACP-CE (1), por el que se crea, entre otros, un séptimo Fondo Europeo de Desarrollo (séptimo FED), y, en particular, el artículo 33, apartado 3, de dicho Acuerdo,
   Visto el Reglamento financiero 91/491/CEE, de 29 de julio de 1991, aplicable a la Cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al Cuarto Convenio de Lomé (2), y, en particular, sus artículos 69 a 77,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del séptimo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2004, así como el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2004, acompañado de las respuestas de la Comisión (3);
   Considerando que en virtud del artículo 33, apartado 3, del Acuerdo interno citado, la aprobación de la gestión financiera del séptimo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo;
   Considerando que la ejecución por la Comisión de las operaciones del séptimo FED durante el ejercicio 2004 ha sido, en su conjunto, satisfactoria,
   RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del séptimo FED para el ejercicio 2004.

      Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2006.

            Por el Consejo

            El Presidente

         K.-H. GRASSER

      (1)  DO L 229 de 17.8.1991, p. 288.

      (2)  DO L 266 de 21.9.1991, p. 1.

      (3)  DO C 301 de 30.11.2005, p. 249.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 30 de abril de 2008 , al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco Central Europeo (BCE/2008/2)

text:
               9.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 114/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

   de 30 de abril de 2008
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco Central Europeo
   (BCE/2008/2)
   (2008/C 114/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales del Eurosistema son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del BCE ha expirado tras la auditoría del ejercicio de 2007. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2008.

               (3)

               El BCE ha seleccionado a PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft como auditor externo para los ejercicios de 2008 a 2012.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sea nombrado auditor externo del BCE para los ejercicios de 2008 a 2012.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 30 de abril de 2008.

            El presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET


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32001H0042

Recomendación de la Comisión, de 22 de diciembre de 2000, relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2001 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2000) 4096]

Diario Oficial n° L 011 de 16/01/2001 p. 0040 - 0045

Recomendación de la Comisiónde 22 de diciembre de 2000relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2001 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas[notificada con el número C(2000) 4096](Texto pertinente a efectos del EEE)(2001/42/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/58/CE de la Comisión(2), y, en particular la letra b) del apartado 2 de su artículo 7,Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas(3), cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/58/CE, y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 4,Considerando lo siguiente:(1) En virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y de la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, la Comisión ha de presentar al Comité fitosanitario permanente antes del 31 de diciembre de cada año una Recomendación en la que se establezca un pograma comunitario coordinado de control, destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados en los anexos II de las Directivas mencionadas.(2) La experiencia adquirida por la Comisión y los Estados miembros en la elaboración y aplicación de los tres programas coordinados de control anuales anteriores muestra que los programas plurianuales son más efectivos y prácticos. Resulta apropiado indicar en la presente Recomendación las directrices para futuros programas. El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 645/2000 de la Comisión(4) establece que las Recomendaciones de la Comisión cubrirán períodos de entre uno y cinco años.(3) La Comisión debe esforzarse por implantar progresivamente un sistema que permita calcular la exposición real a los plaguicidas a través de la alimentación, tal como se establece en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE. Para facilitar un análisis de la viabilidad de dichas evaluaciones, debe disponerse de datos sobre el control de los residuos de plaguicidas en un número determinado de productos alimenticios que constituyen los componentes principales de la alimentación europea. En vista de los recursos disponibles a escala nacional para el control de los residuos de plaguicidas, los Estados miembros sólo pueden analizar muestras de diez productos cada año, dentro de un programa coordinado de control. La utilización de plaguicidas registra cambios dentro de un programa rotativo de cinco años. Cada plaguicida debe controlarse, por lo general, en entre veinte y treinta productos alimenticios a lo largo de varios ciclos trienales.(4) Los residuos que se recomienda controlar en 2001 permitirán evaluar la viabilidad de la utilización de los datos sobre los siguientes plaguicidas: acefato, el grupo del benomilo, clorpirifós, iprodiona y metamidofós, ya que dichos componentes (clasificados como grupo A en el anexo I A) ya han sido controlados entre 1996 y 2000 para calcular la exposición real a través de la alimentación. Los dispositivos de control continuado facilitan el reconocimiento de cambios en la presencia de plaguicidas.(5) Los residuos que se recomienda controlar entre 2001 y 2004 permitirán evaluar la viabilidad de la utilización de los datos sobre los siguientes plaguicidas: diazinón, metalaxilo, metidatión, tiabendazol y triazofós para calcular la exposición real a través de la alimentación ya que dichos componentes (clasificados como grupo B en el anexo I A) ya han sido controlados entre 1997 y 2000.(6) Los residuos que se recomienda controlar entre 2001 y 2004 permitirán evaluar la viabilidad de la utilización de los datos sobre los siguientes plaguicidas: clorpirifós-metilo, deltametrina, endosulfán, imazalilo, lambda-cihalotrina, el grupo del maneb, mecarbam, permetrina, pirimifós-metilo y vinclozolina para calcular la exposición real a través de la alimentación, ya que dichos componentes (clasificados como grupo C en el anexo I A) ya han sido controlados en 1998, 1999 y 2000.(7) Los residuos que se recomienda controlar entre 2001 y 2004 permitirán evaluar la viabilidad de la utilización de los datos sobre los siguientes plaguicidas: azinfós-metilo, captán, clorotalonilo, diclofluanida, dicofol, dimetoato, folpet, malatión, ometoato, promicidona, propizamida, y azoxistrobina para calcular la exposición real a través de la alimentación, ya que estos componentes, excepto la azoxistrobina, (clasificados como grupo D en el anexo I A) ya han sido controlados en 1998, 1999 y 2000.(8) No resulta viable efectuar el control de disulfotón, forato, tiometón y oxidemetón-metilo mediante métodos rutinarios de control de análisis de multiresiduos. Es conveniente recoger datos sobre la presencia de estos residuos cuando ésta sea previsible, en aquellos Estados miembros en los que sea más probable la detección de los residuos de plaguicidas.(9) Es necesario adoptar un procedimiento estadístico sistemático con respecto al número de muestras que han de tomarse en cada ejercicio coordinado de control. Dicho procedimiento ha sido fijado por la Comisión del Codex Alimentarius(5). Según una distribución binómica de probabilidades, el examen de 459 muestras proporciona un 99 % de seguridad de detectar una muestra con residuos de plaguicidas por encima del límite de detección cuando el 1 % de los productos de origen vegetal contiene residuos por encima del límite de detección. En consecuencia, deberá tomarse un mínimo de 459 muestras en toda la Comunidad, repartidas proporcionalmente entre los Estados miembros, según la población y al número de consumidores, con un mínimo de doce muestras por producto y año, tal y como se especifica en el anexo I B.(10) El proyecto de orientaciones sobre los métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas fue debatido por los expertos de los Estados miembros en Oeiras, Portugal, los días 15 y 16 de septiembre de 1997, así como debatido y tomado en consideración en el subgrupo de residuos de plaguicidas del grupo de trabajo sobre productos fitosanitarios los días 20 y 21 de noviembre de 1997. Se ha acordado que este proyecto de orientaciones debe ser aplicado en la medida de lo posible por los laboratorios de análisis de los Estados miembros y debe revisarse a la luz de la experiencia. Las orientaciones fueron debatidas y revisadas por expertos de los Estados miembros en Atenas, Grecia, del 15 al 17 de noviembre de 1999. Las directrices revisadas se presentarán al Comité fitosanitario permanente y serán publicadas por la Comisión(6).(11) En virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, los Estados miembros han de especificar los criterios aplicados para elaborar sus programas nacionales de control al transmitir a la Comisión información sobre su aplicación durante el año anterior. Dicha información debe incluir los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y los análisis que deben realizarse, así como los niveles de referencia aplicados y los criterios empleados para fijarlos. Deberán proporcionar información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a la Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios(7).(12) La información sobre los resultados de los programas de control se presta especialmente al tratamiento, almacenamiento y transmisión mediante métodos electrónicos o informáticos. La Comisión ha desarrollado formatos para que los Estados miembros puedan suministrar los datos en forma de disquete. Por tanto, los Estados miembros deberán poder enviar a la Comisión sus informes en el formato normalizado. La elaboración de directrices por parte de la Comisión es la forma más eficaz de seguir desarrollando dicho formato normalizado.(13) Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE:Artículo 1Tomen muestras y efectúen análisis de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I A, basándose en el número de muestras por producto un plaguicida que pueda suponer un riesgo grave, se someta uno de los productos a un análisis individual de los componentes de la muestra compuesta: se tomarán dos muestras de un número adecuado de componentes, que, cuando sea posible, serán productos obtenidos por un único productor; si en la primera muestra global se encuentra un nivel detectable de plaguicidas, los componentes de la segunda muestra se analizarán individualmente; en 2001 se incluirá la combinación de patatas y forato y/o de manzanas y metidatión.Artículo 2Tomen muestras de productos para el análisis de disulfotón, forato, tiometón y oxidemetonmetilo, basándose en el número de muestras por producto asignado a cada Estado miembro en el anexo I B, en aquellos países en que esté autorizado el uso de dichos plaguicidas en aquellos productos.Artículo 3A más tardar el 31 de agosto de 2001, comuniquen los resultados de la parte del ejercicio específico asignado para 2000 en el anexo I A, indicando los métodos analíticos utilizados y los niveles de referencia alcanzados, de acuerdo con los métodos de control de calidad fijados en los métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas(8), en el formato -incluido el formato electrónico- fijado en el Documento de trabajo para orientar a los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión en relación con los programas coordinados de control(9).Artículo 4Transmitan a la Comisión y a los Estados miembros, a más tardar el 31 de agosto de 2001, toda la información requerida en el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE con respecto al ejercicio de control de 2000 con objeto de garantizar, al menos mediante comprobación por muestreo, la conformidad con los límites máximos de residuos de plaguicidas, que incluya:1) los resultados de sus programas nacionales referentes a los plaguicidas recogidos en los anexos II de las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE, en relación con los límites armonizados, y cuando éstos no se hayan fijado a escala comunitaria, en relación con los límites nacionales vigentes;2) información sobre los procedimientos de control de calidad en sus laboratorios y, en particular, información sobre los aspectos de las orientaciones sobre los métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas que no hayan podido aplicar o cuya aplicación haya sido difícil;3) información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 93/99/CEE (incluido el tipo de autorización, el organismo de autorización y una copia del certificado de autorización);4) información sobre los tests repetidos y los tests circulares en que haya participado el laboratorio.Artículo 5Remitan a la Comisión, no más tarde del 30 de septiembre de 2001, sus proyectos para el año 2002 de programa nacional de control de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados por las Directivas 90/642/CEE y 86/362/CEE.Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2000.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.(2) DO L 244 de 29.9.2000, p. 78.(3) DO L 350 de 14.12.1990, p. 71.(4) DO L 78 de 29.3.2000, p. 7.(5) Codex Alimentarius, "Residuos de plaguicidas en los productos alimentarios", Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 372.(6) Publicadas en DO L 128 de 21.5.1999, p. 30. Puede consultarse una versión revisada en el documento SANCO 3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph-ps/pest/index-en.htm).(7) DO L 290 de 24.11.1993, p. 14.(8) Véase la nota 6.(9) DO L 128 de 21.5.1999, p. 48.ANEXO I ACombinaciones de plaguicidas y productos que habrán de controlarse durante el ejercicio específico establecido en el artículo 1 de la presente Recomendación>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO I BNúmero de muestras de cada producto que deben tomar los Estados miembros de acuerdo con el programa comunitario coordinado de control para 2001>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO IIPrograma comunitario coordinado de control para los años 1996 a 2004; período de tiempo para la estimación de la ingesta y plaguicidas incluidos>SITIO PARA UN CUADRO>z Manzana, fresa, uva, tomate, lechuga.y Mandarina, pera, plátano, alubias, patata.x Naranja, pera, zanahoria, espinaca.w Coliflor, pimiento, trigo, melón.v Arroz, pepino, col, guisante.u Cebolla, puerro, zumo de naranja, zumo de manzana, centeno.