title: dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2006-2009)

text:
Aviso jurídico importante

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52007SC0068

Dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2006-2009)  /* SEC/2007/0068 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 23.1.2007SEC(2007) 68 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2006-2009)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO GENERALEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto realizada en 2005, aunque reconocía la utilidad de éste como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de estabilidad de los Países Bajos fue presentado en noviembre de 1998. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 1 de diciembre de 1998, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZADOLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de estabilidad de los Países Bajos, presentada el 22 de noviembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre dicha actualización (en el recuadro se recogen los principales aspectos abordados en la evaluación).Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de estabilidad actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  Los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años.2.  La evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de estabilidad).3.  La evaluación del programa nacional de reforma de septiembre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesDurante la segunda mitad de los años noventa, los Países Bajos experimentaron una prolongada fase de reactivación cíclica y registraron unos resultados en materia de crecimiento económico y desempleo mejores que la media de la zona del euro. A ello siguió una fase de ralentización a principios de la presente década. En el conjunto del ciclo actual, la economía neerlandesa registró unos resultados mejores que la media de la zona del euro. Sin embargo, una senda de crecimiento más estable probablemente habría sido beneficiosa para la economía. El nivel del endeudamiento privado, actualmente muy elevado, podría disminuir en caso de que se produzcan nuevos aumentos de los tipos de interés, lo que podría frenar el consumo privado y provocar así la próxima fase de ralentización de la economía.Por otra parte, el fuerte dinamismo de los mercados de la vivienda y de las acciones que explicaba en gran parte el auge económico de finales de los años noventa también dio lugar a aumentos temporales de las elasticidades tributarias. Las normas fiscales en vigor no lograron impedir una reorientación de la política fiscal a favor del ciclo económico. Tras registrar un sólido superávit en 2000, el saldo de las administraciones públicas se deterioró de forma pronunciada, pasando a convertirse en déficit en 2001 y 2002, que en 2003 rebasaba el 3% del PIB. En 2004 y 2005 se logró un substancial saneamiento presupuestario, con una reducción del déficit al 1,9% y al 0,3% del PIB, respectivamente, en ambos años. En junio de 2005, el Consejo puso fin al procedimiento de déficit excesivo que había iniciado en junio de 2004.Evaluación realizada en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 14 de marzo de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la anterior actualización del programa de estabilidad, referente al periodo 2005-2008. El Consejo acogió favorablemente «la acción del Gobierno neerlandés que, tras haber puesto fin rápidamente a la situación de déficit excesivo, se ha esforzado en 2005 por reducir aún más el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2005 y se propone respetar el objetivo a medio plazo a lo largo del período del programa». Asimismo, «habida cuenta, en particular, de unos resultados en 2005 mejores que los previstos», el Consejo instó a los Países Bajos «a garantizar el mantenimiento de una sólida situación presupuestaria en 2006 y en años posteriores».Evaluación del Programa nacional de reforma de 2006 realizada por la ComisiónEl informe de aplicación del Programa nacional de reforma de los Países Bajos, elaborado en el contexto de la nueva estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, fue presentado el 16 octubre de 2006. Dicho Programa se fija los siguientes retos o prioridades: mejorar la oferta de trabajo; lograr un mayor incremento de la productividad del trabajo, en particular, reforzando las actividades de I+D, innovación y educación; y mejorar la competitividad de precios, especialmente conteniendo los costes laborales.Según la evaluación de la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución[2] en diciembre 2006), los Países Bajos están avanzando satisfactoriamente en la aplicación de su Programa nacional de reforma. Aunque existen ciertos riesgos, particularmente en relación con el endeudamiento de las economías domésticas y la posible inflación de salarios debida al endurecimiento del mercado laboral, la política económica es globalmente apropiada. A pesar de unos progresos sólo moderados en el ámbito de investigación y desarrollo, los Países Bajos están avanzando generalmente de forma significativa en el sector microeconómico. A pesar de registrarse unas altas tasas de empleo para la mayoría de grupos, el panorama del sector de empleo es bastante desigual.Teniendo en cuenta los factores favorables y desfavorables detectados, se recomendó a los Países Bajos tomar medidas encaminadas a mejorar la oferta de trabajo, especialmente de los trabajadores de más edad, de las mujeres y de los grupos desfavorecidos.Recuadro: Principales aspectos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE nº 1466/97) del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada; Determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; Al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5% del PIB. Al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3% del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del periodo del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la "Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[3]). El grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el periodo 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo EcoFin declaró que los programas nacionales de reforma deben ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia). El cumplimiento del Código de conducta, que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia[4]. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2006-2009)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5], y, en particular, su artículo 5, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:4.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos, que abarca el periodo 2006-2009.5.  Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el PIB real crecería el 3,25% en 2006, el 3% en 2007 y el 1,75% al año durante el resto del período cubierto por el programa. A la luz de la información disponible, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento verosímiles para 2006 y 2007 y en hipótesis prudentes para años posteriores. Las previsiones de inflación del programa parecen realistas hasta 2007 y un tanto bajas para años posteriores teniendo en cuenta la rigidez prevista del mercado laboral.6.  Las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión contemplan una situación de las finanzas públicas equilibrada en 2006, frente al objetivo de un déficit equivalente al 1,5% del PIB establecido en la anterior actualización del programa de estabilidad. Ello se explica principalmente por unas perspectivas cíclicas significativamente mejores, reflejadas en unos mayores ingresos tributarios y unos mayores ingresos procedentes de la venta de gas natural. La información aparecida tras las previsiones del otoño (datos mensuales sobre el saldo presupuestario de las administraciones públicas) apunta a unos resultados presupuestarios incluso mejores. Según las estimaciones oficiales más recientes, contenidas en la Comunicación del otoño de 2006, en 2006 se registraría un superávit del 0,4% del PIB.7.  La estrategia presupuestaria a medio plazo contenida en el programa tiende a afrontar el reto que plantea el envejecimiento de la población mediante un mayor saneamiento fiscal. Con este fin, el programa prevé que el superávit de las administraciones públicas aumente del 0,1% del PIB en 2006 al 0,9% en 2009. Para el superávit primario se establece como objetivo una mejora, del 2,4% del PIB en 2006 al 2,9% en 2009, que se concentraría totalmente en el último año del programa, lo que refleja en gran medida el reembolso previsto en este año de la contribución a los recursos propios de la UE pagada en el periodo 2007-2009. El ajuste nominal se explica completamente por una reducción del ratio gastos/PIB, que compensa con creces una baja de 0,2 puntos porcentuales en el ratio ingresos/PIB. En comparación con la anterior actualización del programa de estabilidad, el nivel del saldo presupuestario de las administraciones públicas sería notablemente superior durante todo el periodo del programa. Esto refleja principalmente unos mayores ingresos procedentes de la venta de gas y la mejora de la situación macroeconómica en 2005 y de las perspectivas para 2006.8.  Se prevé que el saldo estructural (esto es, el saldo ajustado en función del ciclo excluyendo las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado por los servicios de la Comisión aplicando la metodología común, se deteriore en aproximadamente medio punto porcentual del PIB en 2007, para estabilizarse en 2008 y registrar una mejora de alrededor de medio punto porcentual del PIB en 2009. Al igual que en la anterior actualización del programa de estabilidad, el objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria presentada en el programa es un déficit estructural comprendido entre el 0,5% y el 1% del PIB, que el programa se propone mantener durante todo el periodo abarcado por el mismo. Dado que el límite inferior del intervalo del objetivo a medio plazo del programa coincide con el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit de alrededor del 1% del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Código de conducta y refleja adecuadamente el ratio de deuda y el crecimiento potencial medio a largo plazo.9.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados a partir de 2007. Por una parte, la posibilidad de que los mayores ingresos tributarios de 2006 se trasladen a 2007 constituye un factor que podría propiciar en 2007 unos resultados presupuestarios superiores a los previstos. Además, en lo que se refiere a 2008 y 2009, el prudente escenario macroeconómico apunta a la posibilidad de que la situación presupuestaria sea mejor que la prevista. Por otra parte, los ingresos procedentes de la venta de gas durante el periodo podrían ser inferiores a los previstos actualmente.10.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria presentada en el programa parece bastar para garantizar el mantenimiento del objetivo a medio plazo del programa a lo largo de todo el periodo cubierto por éste. Por otra parte, también proporciona un margen de seguridad suficiente a fin de evitar que se rebase el límite del 3% del PIB para el déficit con unas fluctuaciones macroeconómicas normales durante todo el periodo del programa. Sin embargo, existe el riesgo de que la política fiscal subyacente siga una orientación procíclica en 2007, cuando se espera una coyuntura favorable. Esta orientación no sería conforme con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.11.  Gracias a la fuerte reducción del déficit de las administraciones públicas en 2004 y 2005, se estima que la deuda pública bruta ha disminuido hasta el 50,2% del PIB en 2006, esto es, aún más por debajo del valor de referencia establecido en el Tratado (60% del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda siga disminuyendo, en seis puntos porcentuales, durante el período cubierto por el mismo.12.  Las repercusiones a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto serían en los Países Bajos superiores a la media de la UE, debido en gran parte a un aumento relativamente elevado de la proporción que representa el gasto en pensiones en el PIB durante las próximas décadas. Aunque no es tan sólida como en 2005, la situación presupuestaria inicial contribuye a disminuir las repercusiones a largo plazo del envejecimiento de la población, aunque no basta para neutralizarlas completamente. El aumento previsto de la proporción de ingresos en el PIB, debido principalmente a una imposición diferida de las pensiones, compensaría en parte el incremento del gasto público a largo plazo. La garantía de altos superávit primarios a medio plazo y/o la aplicación de medidas de reforma que frenen el incremento de los gastos relacionados con la edad contribuiría a mitigar los riesgos para la sostenibilidad de la hacienda pública. Globalmente, los Países Bajos parecen afrontar un bajo nivel de riesgo en lo que se refiere a la sostenibilidad de su hacienda pública.13.  El programa de estabilidad no contiene una evaluación cualitativa de las repercusiones globales del informe de 2006 sobre la aplicación del Programa nacional de reforma en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. Por otro lado, no proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma, aunque sus previsiones presupuestarias parecen tener en cuenta las repercusiones presupuestarias de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en el área de la hacienda pública previstas en el programa de estabilidad parecen ajustarse a las contempladas en el Programa nacional de reforma. En particular, ambos programas describen la reciente reforma de la asistencia sanitaria, las modificaciones del sistema del impuesto de sociedades y los gastos extraordinarios previstos, por ejemplo, en infraestructuras.14.  La estrategia presupuestaria del programa es conforme globalmente a las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.15.  En cuanto a los requisitos en materia de datos estipulados en el Código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa proporciona todos los datos obligatorios y la mayoría de los datos opcionales [6] .Como conclusión general puede decirse que la situación presupuestaria a medio plazo de la economía neerlandesas es sólida. Los riesgos asociados al logro de los objetivos presupuestarios son globalmente equilibrados, aunque existe el importante riesgo de que no se mantenga el alto nivel actual de ingresos procedentes de la venta de gas.A la luz de la anterior evaluación y de las favorables perspectivas de crecimiento, se insta a los Países Bajos a mantener una sólida situación estructural en 2007 y en años posteriores, evitando adoptar políticas procíclicas en coyunturas favorables.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |PIB real (% variación) | PE Nov 2006 | 1,5 | 3¼ | 3 | 1¾ | 1¾ |COM Nov 2006 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | – |PE Dic 2005 | ¾ | 2½ | 2½ | 2¼ | – |Inflación IPCA (%) | PE Nov 2006 | 1,5 | 1½ | 1¾ | 1¾ | 1¾ |COM Nov 2006 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | – |PE Dic 2005 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | – | – |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PE Nov 20061 | –1,9 | –0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |COM Nov 20065 | –2,0 | –1,2 | –0,4 | 0,0 | – |PE Dic 20051 | –2,3 | –1,5 | –0,9 | –0,6 | – |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PE Nov 2006 | –0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |COM Nov 2006 | –0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | – |PE Dic 2005 | –1,2 | –1,5 | –1,2 | –1,1 | – |Saldo primario (% del PIB) | PE Nov 2006 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 |COM Nov 2006 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | – |PE Dic 2005 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | – |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PE Nov 20061 | 0,8 | 0,4 | –0,1 | 0,0 | 0,7 |COM Nov 2006 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | – |PE Dic 20051 | 0,0 | –0,7 | –0,6 | –0,6 | – |Saldo estructural2 (% del PIB) | PE Nov 20063 | 0,8 | 0,4 | –0,1 | 0,0 | 0,4 |COM Nov 20064 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | – |PE Dic 2005 | 0,0 | –0,7 | –0,6 | –0,6 | – |Deuda pública bruta (% del PIB) | PE Nov 2006 | 52,7 | 50,2 | 47,9 | 46,3 | 44,2 |COM Nov 2006 | 52,7 | 50,5 | 47,8 | 45,4 | – |PE Dic 2005 | 54,4 | 54,5 | 53,9 | 53,1 | – |Notas: 1 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 2 Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 3 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas del programa (0,3% del PIB en 2009, reducción del déficit). 4 En las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión no figuran medidas excepcionales ni otras medidas de carácter temporal. 5 Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 1,9%, el 2,1%, el 2,2% y el 2,1%, respectivamente, en 2005, 2006, 2007 y 2008. Fuente: Programa de estabilidad (PE); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera: « Implementing the renewed Lisbon strategy for growth and jobs - A year of delivery », 12.12.2006, COM(2006)816.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574 final; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), « The long-term sustainability of public finances in the European Union », Economía Europea, nº 4/2006.[4] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[5] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[6] En particular, falta el desglose por funciones de los gastos públicos para 2009.


title: Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales

text:
               25.11.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 439/1

         Este texto constituye la actualización de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 338 de 6.11.2012, p. 1) aprobadas al día siguiente de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que se produjo el 1 de noviembre de 2012. Basándose tanto en la experiencia adquirida al aplicar este Reglamento (1), como en la jurisprudencia más reciente, estas recomendaciones pretenden recordar las características esenciales del procedimiento prejudicial y ofrecer a los órganos jurisdiccionales nacionales que plantean cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia todas las indicaciones prácticas necesarias para que este último pueda pronunciarse útilmente sobre las cuestiones planteadas.
   RECOMENDACIONES
   a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales
   (2016/C 439/01)

      Introducción

               1.

               La remisión prejudicial, contemplada en el artículo 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE») y en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), es un mecanismo fundamental del Derecho de la Unión Europea. Tiene por objeto garantizar la interpretación y la aplicación uniformes de este Derecho en el seno de la Unión, ofreciendo a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un instrumento que les permita someter, con carácter prejudicial, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión o a la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

               2.

               El procedimiento prejudicial se basa en una estrecha colaboración entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Para garantizar la plena eficacia de este procedimiento, parece necesario recordar sus características esenciales y formular ciertas precisiones destinadas a explicitar las disposiciones del Reglamento de Procedimiento en lo que respecta, principalmente, al autor de la petición de decisión prejudicial y a su alcance, así como a la forma y al contenido de la misma. Estas precisiones -aplicables a todas las peticiones de decisión prejudicial (I)- se completan con referencias a las disposiciones aplicables a las peticiones de decisión prejudicial que exijan una especial celeridad (II) y con un anexo que recapitula los elementos esenciales de toda petición de decisión prejudicial.

         I.   Disposiciones aplicables a todas las peticiones de decisión prejudicial

      Autor de la petición de decisión prejudicial

               3.

               El Tribunal de Justicia ejerce su competencia para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión exclusivamente a iniciativa de los órganos jurisdiccionales nacionales, con independencia de que las partes del litigio principal hayan solicitado o no que se someta la cuestión al Tribunal de Justicia. En efecto, como la responsabilidad de la futura resolución judicial recae en el órgano jurisdiccional nacional, es a este órgano -y únicamente a él- a quien corresponde apreciar, habida cuenta de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una petición de decisión prejudicial para poder emitir su fallo como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.

               4.

               El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta a este respecto un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le plantea la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación de normas jurídicas por parte de dicho órgano y su independencia.

               5.

               Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden plantear al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la interpretación o a la validez del Derecho de la Unión si estiman necesaria una decisión al respecto del Tribunal de Justicia para poder emitir su fallo (véase el artículo 267 TFUE, párrafo segundo). Una petición de decisión prejudicial puede revelarse especialmente útil cuando se suscite ante el órgano jurisdiccional nacional una nueva cuestión de interpretación que presente un interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión, o bien cuando la jurisprudencia existente no parezca ofrecer la claridad imprescindible en un contexto jurídico o fáctico inédito.

               6.

               Cuando la cuestión surja en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano está obligado, sin embargo, a someter una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia (véase el artículo 267 TFUE, párrafo tercero), a menos que exista ya una jurisprudencia bien asentada en la materia o no quepa ninguna duda razonable sobre el modo correcto de interpretar la norma jurídica.

               7.

               Además, según reiterada jurisprudencia, aunque los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la facultad de desestimar los motivos de invalidez de un acto de una institución, órgano u organismo de la Unión invocados ante ellos, la posibilidad de declarar inválido ese acto, en cambio, es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro dude de la validez de un acto de este tipo, está obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia indicando las razones por las que considera que dicho acto no es válido.

      Objeto y alcance de la petición de decisión prejudicial

               8.

               La petición de decisión prejudicial debe referirse a la interpretación o a la validez del Derecho de la Unión, y no a la interpretación de normas jurídicas nacionales o a cuestiones de hecho suscitadas en el litigio principal.

               9.

               El Tribunal de Justicia solo puede pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial cuando el Derecho de la Unión sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Resulta indispensable a este respecto que el órgano jurisdiccional remitente exponga todos los datos pertinentes, de hecho y de Derecho, que lo llevan a considerar que ciertas disposiciones del Derecho de la Unión pueden aplicarse al asunto de que se trate.

               10.

               En lo relativo a las peticiones de decisión prejudicial que se refieren a la interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es preciso recordar que, con arreglo a su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de esta Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Aunque los supuestos en los que se produce tal aplicación pueden ser muy variados, es preciso, sin embargo, que de la petición de decisión prejudicial se desprenda de modo claro e inequívoco que una norma de Derecho de la Unión distinta de la Carta es aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Como el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas por el órgano jurisdiccional remitente no pueden fundar por sí solas esta competencia.

               11.

               Por último, si bien el Tribunal de Justicia adopta su decisión teniendo necesariamente en cuenta el contexto jurídico y fáctico del litigio principal, tal como lo haya determinado el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, no es el propio Tribunal de Justicia quien aplica el Derecho de la Unión al litigio. Al pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia se esfuerza por dar una respuesta útil para la resolución del litigio principal, pero es el órgano jurisdiccional remitente quien debe extraer las consecuencias concretas de dicha respuesta, inaplicando, si fuera preciso, la norma nacional declarada incompatible con el Derecho de la Unión.

      Momento oportuno para plantear una petición de decisión prejudicial

               12.

               Un órgano jurisdiccional nacional puede plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede plantear tal petición.

               13.

               Sin embargo, como esa petición servirá de base al procedimiento que se siga ante el Tribunal de Justicia y como este último debe tener a su disposición todos los datos que le permitan, primero, verificar su competencia para pronunciarse sobre las cuestiones que se le plantean y, a continuación, en su caso, dar una respuesta útil a esas cuestiones, la decisión de plantear una cuestión prejudicial debe adoptarse en una fase del procedimiento en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de determinar, con suficiente precisión, el contexto jurídico y fáctico del asunto principal y las cuestiones jurídicas que desea plantear. En aras de una recta administración de la justicia, también puede resultar conveniente que la remisión se produzca tras un debate contradictorio.

      Forma y contenido de la petición de decisión prejudicial

               14.

               La petición de decisión prejudicial puede adoptar cualquiera de las formas admitidas por el Derecho nacional para los incidentes procesales, pero conviene tener en cuenta que esta petición servirá de base al procedimiento ante el Tribunal de Justicia y será notificada a todos los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «Estatuto»), y en especial a todos los Estados miembros, con el fin de recoger sus eventuales observaciones. La necesidad correlativa de traducir dicha petición de decisión prejudicial a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea aconseja, pues, que el órgano jurisdiccional remitente la redacte de forma sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos. La experiencia demuestra que una decena de páginas suelen bastar para exponer adecuadamente el contexto jurídico y fáctico de una petición de decisión prejudicial.

               15.

               El artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia fija el contenido de toda petición de decisión prejudicial, que se recapitula posteriormente en el anexo del presente documento. Además del propio texto de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, la petición de decisión prejudicial debe contener:

                           —

                           una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en los que se basan las cuestiones prejudiciales,

                           —

                           el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente, y

                           —

                           la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, y de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

                     Si faltan uno o varios de estos elementos, el Tribunal de Justicia puede verse obligado, bien a declararse incompetente para pronunciarse sobre las cuestiones que se le han planteado con carácter prejudicial, bien a declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

               16.

               En su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente debe proporcionar las referencias exactas de las disposiciones nacionales aplicables a los hechos del litigio principal e identificar con precisión las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita o de cuya validez duda. La petición incluirá, en su caso, un breve resumen de los argumentos pertinentes de las partes del litigio principal. En este contexto, conviene recordar que únicamente se traduce la petición de decisión prejudicial, y no los eventuales anexos que la acompañen.

               17.

               El órgano jurisdiccional remitente puede también indicar sucintamente su punto de vista sobre la respuesta que debe darse a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial. Tal indicación resulta útil para el Tribunal de Justicia, en particular cuando haya de pronunciarse sobre la petición en el marco de un procedimiento acelerado o de un procedimiento de urgencia.

               18.

               Por último, las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial deben figurar en una parte separada y claramente identificable de la resolución de remisión, preferentemente al principio o al final del texto. Estas cuestiones deben ser comprensibles por sí mismas, sin necesidad de consultar la motivación de la petición.

               19.

               Para facilitar su lectura, es esencial que la petición de decisión prejudicial que reciba el Tribunal de Justicia esté mecanografiada, y que las páginas y los apartados de la resolución de remisión estén numerados.

               20.

               La petición de resolución prejudicial debe estar fechada y firmada y remitirse por correo certificado a la Secretaría del Tribunal de Justicia, a la dirección siguiente: Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburgo. Esta petición ha de ir acompañada de todos los documentos pertinentes y, en particular, de los datos de contacto exactos de las partes del litigio principal y de sus eventuales representantes, así como de los autos del asunto principal o de una copia de estos. Estos autos (o una copia) se conservarán en la Secretaría mientras dure el procedimiento y podrán ser consultados allí por los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto, a menos que el órgano jurisdiccional remitente dé instrucciones en sentido contrario.

               21.

               En el procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia retoma en principio los datos contenidos en la resolución de remisión, incluidos los datos nominativos o de carácter personal. Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, si lo estima pertinente, proceder por sí mismo a ocultar en su petición de decisión prejudicial determinados datos o la identidad de una o varias de las personas o entidades a las que concierna el litigio principal.

               22.

               Con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede proceder igualmente a esa ocultación de identidad, de oficio o a petición del órgano jurisdiccional remitente o de una parte del litigio principal. A fin de preservar su eficacia, la solicitud de anonimato debe formularse, no obstante, en la fase más temprana posible del procedimiento y, en cualquier caso, antes de que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea la comunicación relativa al asunto de que se trate y de que se notifique la petición de decisión prejudicial a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto, notificación que se produce por lo general alrededor de un mes después de la presentación de la petición de decisión prejudicial. En efecto, a causa de la creciente utilización de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, carece de utilidad práctica ocultar la identidad después de que la petición de decisión prejudicial haya sido publicada y notificada.

      Interacciones entre la remisión prejudicial y el procedimiento nacional

               23.

               Aunque el órgano jurisdiccional nacional sigue siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente cuando la cuestión planteada se refiera a la validez de un acto o disposición, la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña sin embargo la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie.

               24.

               Pese a que, en principio, el Tribunal de Justicia sigue conociendo de la petición de decisión prejudicial mientras no sea retirada, debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el papel del Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial consiste en contribuir a la administración efectiva de la justicia en los Estados miembros, y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. Como el procedimiento prejudicial presupone la existencia real de un litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, incumbe a este último advertir al Tribunal de Justicia de todo incidente procesal capaz de afectar a su propio conocimiento del asunto, y en particular de todo desistimiento, solución amistosa del litigio o cualquier otro incidente que dé lugar a la extinción del proceso. Si la resolución de remisión ha sido recurrida, el órgano jurisdiccional remitente debe informar también al Tribunal de Justicia de la eventual decisión del recurso interpuesto, así como de las consecuencias de esa decisión para la petición de decisión prejudicial.

               25.

               En aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y para preservar su utilidad, es preciso que esas informaciones se comuniquen al Tribunal de Justicia con la mayor brevedad. Además, conviene recordar a los órganos jurisdiccionales nacionales que la retirada de una petición de decisión prejudicial puede influir en la tramitación de asuntos similares (o de series de asuntos similares) ante el órgano jurisdiccional remitente. Cuando el resultado de varios asuntos pendientes ante dicho órgano dependa de la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones que le han sido planteadas, el órgano jurisdiccional remitente puede indicar que acumula tales asuntos en la petición de decisión prejudicial a fin de permitir que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones planteadas pese a la eventual retirada de uno o varios de esos asuntos.

      Costas y asistencia jurídica gratuita

               26.

               El procedimiento prejudicial es gratuito y el Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre las costas de las partes del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente; es este último el que debe pronunciarse al respecto.

               27.

               Si alguna de las partes del litigio principal carece de recursos suficientes, y en la medida en que las normas nacionales lo permitan, el órgano jurisdiccional remitente puede reconocerle el derecho a la asistencia jurídica gratuita para cubrir los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia, en especial los de representación letrada. El Tribunal de Justicia puede conceder también esta asistencia jurídica gratuita en el supuesto de que la parte de que se trate no la haya obtenido en el ámbito nacional o en la medida en que esta no cubra -o cubra solo parcialmente- los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia.

      Comunicación entre el Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional nacional

               28.

               Mientras dure el procedimiento, la Secretaría del Tribunal de Justicia se mantiene en contacto con el órgano jurisdiccional remitente, al que envía copia de todos los escritos procesales y, en su caso, las solicitudes de precisiones o de aclaraciones que se estimen ineludibles para responder útilmente a las cuestiones planteadas por dicho órgano.

               29.

               Al término del procedimiento, la Secretaría transmite la resolución del Tribunal de Justicia al órgano jurisdiccional remitente, solicitándole que informe al Tribunal de Justicia de la aplicación que haga de ella en el asunto principal y que le comunique su fallo definitivo en dicho asunto.

         II.   Disposiciones aplicables a las peticiones de decisión prejudicial que exigen una especial celeridad

               30.

               Con arreglo al artículo 23 bis del Estatuto y a los artículos 105 a 114 del Reglamento de Procedimiento, la petición de decisión prejudicial puede tramitarse en determinadas circunstancias mediante un procedimiento acelerado o un procedimiento de urgencia. La decisión de aplicar dichos procedimientos corresponde al Tribunal de Justicia, que la adopta, bien sobre la base de una petición debidamente motivada del órgano jurisdiccional remitente en la que se expongan las circunstancias de Derecho o de hecho que lo justifiquen, o bien de oficio, excepcionalmente, cuando considere que la naturaleza o las circunstancias específicas del asunto así lo requieren.

      Requisitos para la aplicación del procedimiento acelerado y del procedimiento de urgencia

               31.

               A tenor del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento, una petición de decisión prejudicial puede tramitarse mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones de ese Reglamento cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo. Dado que este procedimiento impone restricciones importantes a todos los actores que en él participan, y en particular a los Estados miembros, a quienes se pide que presenten sus observaciones, escritas u orales, en plazos mucho más breves que de ordinario, su aplicación solo debe solicitarse cuando aparezcan circunstancias específicas que justifiquen que el Tribunal de Justicia se pronuncie rápidamente sobre las cuestiones planteadas. Según reiterada jurisprudencia, la existencia de un gran número de personas o de situaciones jurídicas potencialmente afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente deberá dictar tras haber sometido la petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia no constituye, en cuanto tal, una circunstancia excepcional que justifique la aplicación del procedimiento acelerado.

               32.

               Esta conclusión se impone aún con mayor motivo en lo que respecta al procedimiento prejudicial de urgencia, establecido en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento. En efecto, este procedimiento, que únicamente se aplica a las materias contempladas en el título V de la tercera parte del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, impone restricciones aún mayores a los interesados, ya que limita el número de partes autorizadas a presentar observaciones escritas y permite, en casos de extrema urgencia, omitir completamente la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, solo debe solicitarse la aplicación de este procedimiento en circunstancias en las que sea absolutamente necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie muy rápidamente sobre las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

               33.

               Sin que puedan enumerarse aquí tales circunstancias de manera exhaustiva, principalmente dada la variedad y el carácter evolutivo de las normas del Derecho de la Unión que regulan el espacio de libertad, seguridad y justicia, un órgano jurisdiccional nacional podría plantearse, por ejemplo, formular una solicitud de procedimiento prejudicial de urgencia en el caso, contemplado en el artículo 267 TFUE, párrafo cuarto, de una persona detenida o privada de libertad, cuando la respuesta a la cuestión planteada sea determinante para la apreciación de la situación jurídica de esta persona, o bien en un litigio relativo a la patria potestad o a la custodia de hijos menores, cuando la competencia del juez que deba conocer del asunto en virtud del Derecho de la Unión dependa de la respuesta a la cuestión prejudicial.

      Solicitud de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia

               34.

               Para permitir que el Tribunal de Justicia decida rápidamente si hay que aplicar el procedimiento acelerado o el procedimiento prejudicial de urgencia, la solicitud debe exponer con precisión las circunstancias de Derecho y de hecho que acrediten la urgencia y, en particular, los riesgos que conlleva la aplicación del procedimiento prejudicial ordinario. En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente debe indicar también, sucintamente, su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas. En efecto, tal indicación facilita la toma de posición de las partes del litigio principal y de los demás interesados que participan en el procedimiento, y contribuye así a su celeridad.

               35.

               De cualquier manera, la solicitud de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia debe presentarse de modo que no exista ambigüedad alguna, a fin de que la Secretaría pueda apreciar de inmediato que el expediente requiere una tramitación específica. A tal efecto, se insta al órgano jurisdiccional remitente a que precise cuál de los dos procedimientos considera necesario en el asunto de autos y a que mencione en su solicitud el artículo pertinente del Reglamento de Procedimiento (el artículo 105, relativo al procedimiento acelerado, o el artículo 107, relativo al procedimiento de urgencia). Esta mención debe figurar en un lugar claramente identificable de su resolución de remisión (por ejemplo, en el encabezamiento o en un documento judicial separado). En su caso, un escrito de acompañamiento del órgano jurisdiccional remitente puede ser útil para dejar constancia de esta solicitud.

               36.

               En lo que respecta a la propia resolución de remisión, su concisión resulta especialmente importante en una situación de urgencia, ya que contribuye a la celeridad del procedimiento.

      Comunicación entre el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente y las partes del litigio principal

               37.

               Para acelerar y facilitar las comunicaciones con el órgano jurisdiccional remitente y las partes del litigio principal, se insta al órgano jurisdiccional que solicite la tramitación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia a que indique la dirección de correo electrónico, o el número de fax, que el Tribunal de Justicia podrá utilizar para contactar con él, así como las direcciones electrónicas o los números de fax, de los representantes de las partes del litigio.

               38.

               Es posible transmitir previamente al Tribunal de Justicia, por correo electrónico (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o por fax (+352 433766), una copia de la resolución de remisión firmada, junto con la solicitud de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia. La tramitación de la petición de decisión prejudicial y de la solicitud podrá comenzar así tan pronto como se reciba esa copia. No obstante, los originales de estos documentos deben remitirse a la Secretaría del Tribunal de Justicia con la mayor brevedad.

      (1)  DO L 265 de 29.9.2012, p. 1.

      ANEXO

         Elementos esenciales de la petición de decisión prejudicial

      1.   Órgano jurisdiccional remitente

      La petición de decisión prejudicial debe indicar con exactitud el órgano jurisdiccional remitente y, en su caso, la sala o la formación que conozca del asunto y haya decidido plantear la petición, así como los datos de contacto completos de dicho órgano jurisdiccional, a fin de facilitar los contactos posteriores entre este y el Tribunal de Justicia.
      2.   Partes del litigio principal y representantes de las mismas

      La indicación del órgano jurisdiccional remitente irá seguida de la indicación de las partes del litigio principal y, en su caso, de las personas que las representan ante dicho órgano. Tales indicaciones deben ser lo más completas posible e incluir, en la propia resolución de remisión o en el escrito que la acompañe, la dirección postal exacta de aquellas personas, su número de teléfono o de fax y, si se dispone de ella, su dirección de correo electrónico.
      Conviene recordar aquí a los órganos jurisdiccionales nacionales el contenido del artículo 95 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y de los puntos 21 y 22 de las presentes recomendaciones. Si lo estima necesario, el órgano jurisdiccional remitente debe proceder por sí mismo a ocultar determinados datos o nombres en su petición de decisión prejudicial y transmitir, junto al texto íntegro de la petición de decisión prejudicial, una versión de esta petición que no los contenga, la cual servirá de base al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
      3.   Objeto del litigio principal y hechos pertinentes

      El órgano jurisdiccional remitente debe describir, sucintamente, el objeto del litigio principal y los hechos pertinentes, tal como hayan sido constatados o aceptados por él mismo.
      4.   Disposiciones jurídicas pertinentes

      La petición de decisión prejudicial debe indicar con precisión las disposiciones nacionales aplicables a los hechos del litigio principal, incluidas en su caso las resoluciones jurisprudenciales pertinentes, y las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita o de cuya validez duda. Estas indicaciones deben ser completas e incluir el título y las referencias exactas de las normas de que se trate, así como sus referencias de publicación. En la medida de lo posible, las citas de jurisprudencia nacional o europea incorporarán igualmente el número ECLI («European Case Law Identifier») de la resolución citada.
      5.   Motivación de la remisión

      El Tribunal de Justicia solo puede pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial cuando el Derecho de la Unión sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente debe explicar las razones que lo han llevado a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión y la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal. Si lo cree oportuno para la comprensión del asunto, el órgano jurisdiccional remitente puede mencionar aquí las alegaciones de las partes a este respecto.
      6.   Cuestiones prejudiciales

      El órgano jurisdiccional remitente debe formular de modo claro y distinto las cuestiones que plantea con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia. Estas deben ser comprensibles por sí mismas, sin necesidad de consultar la motivación de la petición de decisión prejudicial.
      En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente también debe exponer sucintamente su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial.
      7.   Eventual necesidad de una tramitación específica

      Por último, cuando el órgano jurisdiccional remitente estime que la petición que plantea al Tribunal de Justicia requiere un tratamiento específico, ya en lo que respecta a la necesidad de preservar el anonimato de personas a las que concierne el litigio principal, ya en lo relativo a la celeridad con la que el Tribunal de Justicia tiene que tramitarla, deberá exponer detalladamente la razones que abogan por ese tratamiento específico en la propia petición de decisión prejudicial y, en su caso, en el escrito que la acompañe.

         Aspectos formales de la petición de decisión prejudicial

      Las peticiones de decisión prejudicial deben presentarse de manera que faciliten su tratamiento informático posterior por parte del Tribunal de Justicia y, en particular, de un modo que permita escanearlas y aplicarles un método de reconocimiento óptico de caracteres. A estos efectos:

                  —

                  las peticiones de decisión prejudicial estarán mecanografiadas en papel blanco, sin rayas y de formato A4,

                  —

                  para el texto se utilizarán caracteres de un tipo usual (como Times New Roman, Courrier o Arial) y con un tamaño de al menos 12 puntos en el cuerpo del escrito y de 10 puntos en las eventuales notas a pie de página, con un interlineado de 1,5 y unos márgenes horizontales y verticales (márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de la página) de 2,5 cm como mínimo, y

                  —

                  todas las páginas de la petición de decisión prejudicial y todos sus apartados estarán numerados, con una numeración continuada y en orden creciente.

            La petición de resolución prejudicial debe estar fechada y firmada y remitirse por correo certificado, junto con los autos del asunto principal, a la Secretaría del Tribunal de Justicia, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburgo.
      Cuando se solicite la aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia, se recomienda enviar previamente por correo electrónico (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o por fax (+352 433766) una copia firmada de la petición de decisión judicial, y a continuación remitir por correo el original de esta petición.


Avis juridique important

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32001H0331

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros

Diario Oficial n° L 118 de 27/04/2001 p. 0041 - 0046

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejode 4 de abril de 2001sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros(2001/331/CE)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 175,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Comité Económico y Social(1),Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3), a la vista del texto conjunto aprobado el 8 de enero de 2001 por el Comité de conciliación.Considerando lo siguiente:(1) La Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativa al programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible(4) y la Decisión n° 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la revisión de dicho programa(5) subrayan la importancia de la aplicación del Derecho medioambiental comunitario a través del concepto de la responsabilidad compartida.(2) La Comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Derecho medioambiental comunitario, de 5 de noviembre de 1996, y, en particular, su punto 29, propone establecer orientaciones a escala comunitaria con el fin de asistir a los Estados miembros en la realización de sus tareas de inspección, y reducir de esta manera la gran disparidad existente en la actualidad entre los procedimientos de inspección de los Estados miembros.(3) El Consejo, mediante su Resolución de 7 de octubre de 1997, sobre la redacción, aplicación y cumplimiento del Derecho comunitario en materia de medio ambiente(6) pidió a la Comisión que propusiera al Consejo para un examen más detallado, en particular, sobre la base de los trabajos realizados en el marco de la Red de la Unión Europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL o Implementation and Enforcement of Environmental Law), una serie de orientaciones o criterios mínimos para las tareas de inspección realizadas en los Estados miembros, así como las posibles maneras de que los Estados miembros puedan supervisar su aplicación, a fin de garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes del Derecho en materia de medio ambiente. La propuesta de la Comisión tuvo en cuenta un documento adoptado por IMPEL en noviembre de 1997 relativo a criterios mínimos en materia de inspecciones.(4) El Parlamento Europeo, mediante su Resolución de 14 de mayo de 1997 relativa a la comunicación de la Comisión, solicitó que se elaborara una normativa comunitaria sobre inspecciones medioambientales; el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron dictámenes favorables sobre la comunicación de la Comisión y destacaron la importancia de las inspecciones medioambientales.(5) En los Estados miembros ya existen diferentes sistemas y prácticas de inspección, y no deben sustituirse por un sistema de inspección a nivel comunitario, tal como se recoge en la Resolución del Consejo de 7 de octubre de 1997, y los Estados miembros deben conservar la responsabilidad de las tareas de inspección medioambiental.(6) La Agencia Europea del Medio Ambiente puede asesorar a los Estados miembros sobre la concepción, el establecimiento y la ampliación de sus sistemas de supervisión de las medidas medioambientales y puede prestar asistencia a la Comisión y a los Estados miembros en la supervisión de las medidas medioambientales mediante el apoyo para la elaboración de informes con vistas a la coordinación de dicha elaboración.(7) El hecho de que existan sistemas de inspección y que las inspecciones se lleven a cabo de una manera eficaz sirve de disuasión para que no se produzcan infracciones medioambientales, ya que permite a las autoridades descubrirlas y hacer cumplir la legislación merced a sanciones u otros medios, por lo que tales inspecciones constituyen un eslabón indispensable de la cadena reglamentaria y un instrumento eficaz para contribuir a que la legislación comunitaria en materia de medio ambiente se aplique de forma más coherente y se haga cumplir en toda la Comunidad y para evitar falseamientos de la competencia.(8) En la actualidad los sistemas y mecanismos de inspección varían mucho de un Estado miembro a otro no sólo desde el punto de vista de la capacidad para llevar a cabo las inspecciones sino también por el alcance y contenido de las tareas de inspección realizadas e, incluso, por la existencia misma de tareas de inspección en unos pocos Estados miembros, situación que no puede considerarse satisfactoria si se tiene en cuenta el objetivo de conseguir que el desarrollo, aplicación práctica y vigilancia del cumplimiento de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente sean más coherentes y eficaces.(9) Por lo tanto es necesario establecer en esta fase orientaciones en forma de criterios mínimos que habrá que aplicar como base común en la realización de tareas de inspección medioambiental en los Estados miembros.(10) El Derecho comunitario en materia de medio ambiente obliga a los Estados miembros a regular algunos tipos de emisiones, vertidos y actividades. Los Estados miembros deben cumplir como primera etapa unos criterios mínimos sobre organización y práctica de las inspecciones de todas las instalaciones industriales, empresas y centros cuyas emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas, vertidos de residuos o actividades de recuperación estén sujetos a autorizaciones, permisos o licencias en virtud del Derecho comunitario.(11) Las inspecciones deben realizarse teniendo en cuenta la división de responsabilidades en los Estados miembros entre los servicios de autorización y de inspección.(12) Para que el sistema de inspecciones sea eficaz, los Estados miembros deben garantizar que las inspecciones medioambientales se programen con anticipación.(13) Las visitas a las instalaciones son una parte importante de las tareas de las inspecciones medioambientales.(14) La información y documentación proporcionada por agentes industriales y registrada con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales pueden ser una fuente valiosa de información para las inspecciones medioambientales.(15) Para sacar conclusiones de las visitas a instalaciones deben elaborarse informes periódicos.(16) Los informes sobre las inspecciones y el acceso de la población a los mismos constituyen un modo importante de conseguir por medio de la transparencia la participación de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas en la aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente. El acceso a esa información debe realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(7).(17) Los Estados miembros deben prestarse asistencia administrativa mutua para aplicar la presente Recomendación. La creación por los Estados miembros, en cooperación con IMPEL, de sistemas de información y asesoramiento en relación con las inspecciones y procedimientos de inspección ayudaría a fomentar las mejores prácticas en toda la Comunidad.(18) Los Estados miembros deben informar al Consejo y a la Comisión de sus experiencias en la aplicación de la presente Recomendación; la Comisión debe informar periódicamente al Parlamento Europeo.(19) La Comisión debe revisar la aplicación y eficacia de la presente Recomendación e informar de ello al Parlamento Europeo y al Consejo lo antes posible tras recibir los informes de los Estados miembros.(20) Deben fomentarse los trabajos adicionales de IMPEL y de los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, por lo que respecta a las mejores prácticas en lo que se refiere a las cualificaciones y a la formación de los inspectores de medio ambiente.(21) Según los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado, y dadas las diferencias existentes entre los sistemas y mecanismos de inspección en los distintos Estados miembros, los objetivos de la medida propuesta pueden lograrse mejor mediante el establecimiento de orientaciones a escala comunitaria.(22) Vista la experiencia adquirida en la aplicación de la Recomendación y teniendo en cuenta los trabajos adicionales de IMPEL, así como los resultados de cualesquiera sistemas previstos en la presente Recomendación, la Comisión, cuando reciba los informes de los Estados miembros, debe considerar el desarrollo de criterios mínimos, en su ámbito de aplicación y en su fondo, para presentar otras propuestas que en su caso podrán incluir una propuesta de Directiva.RECOMIENDAN:IPropósitoLos Estados miembros deberán llevar a cabo tareas de inspección medioambiental con arreglo a una serie de criterios mínimos que deberán aplicarse en la organización, realización, seguimiento y publicación de los resultados de esas tareas para cumplir y facilitar de ese modo la aplicación y el cumplimiento más coherentes del Derecho comunitario en materia de medio ambiente en todos los Estados miembros.IIÁmbito de aplicación y definiciones1. a) La presente Recomendación se refiere a las inspecciones medioambientales de todas las instalaciones industriales, las empresas y los centros cuyas emisiones a la atmósfera, cuyos vertidos a las aguas o cuyas actividades de vertido o recuperación de residuos estén sujetos en virtud del Derecho comunitario a la concesión de un permiso o una autorización, sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre inspecciones contenidas en la normativa comunitaria existente.b) A efectos de la presente Recomendación, todas las instalaciones, las empresas y los centros a que se refiere la letra a) son "instalaciones controladas".2. A efectos de la presente Recomendación se entenderá por "inspección medioambiental" una actividad consistente, según convenga, en:a) comprobar si las instalaciones controladas cumplen los requisitos medioambientales pertinentes establecidos en la legislación comunitaria tal como han sido transpuestos en las legislaciones nacionales o aplicados en el ordenamiento jurídico nacional (en lo sucesivo, denominados "las disposiciones legislativas comunitarias") e impulsar dicho cumplimiento;b) vigilar el impacto ambiental de las instalaciones controladas con objeto de determinar si es necesario realizar más inspecciones o aplicar medidas para hacer cumplir la legislación (por ejemplo, expedir, modificar o revocar las autorizaciones o permisos) para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias;c) realizar las actividades necesarias para esos propósitos, por ejemplo:- visitas a las instalaciones,- supervisión del cumplimiento de las normas de calidad medioambiental,- consideración de informes y declaraciones de ecoauditorías,- consideración y verificación de las actividades de autocontrol realizadas por entidades explotadoras de instalaciones controladas o en su nombre,- evaluación de las actividades y operaciones realizadas en la instalación controlada,- control de los locales y los equipos pertinentes (incluida la adecuación del mantenimiento de los mismos) y de la idoneidad de la gestión medioambiental de las instalaciones,- control de los registros pertinentes en poder de las entidades explotadoras de las instalaciones controladas.3. Las inspecciones medioambientales, incluidas las visitas a las instalaciones, podrán ser:a) rutinarias, es decir, realizadas como parte de un programa de inspecciones previsto, ob) no rutinarias, es decir, realizadas, por ejemplo, en respuesta a una reclamación, en relación con la expedición, renovación o modificación de una autorización o permiso, o para investigar accidentes, incidentes o casos de incumplimiento.4. a) Las inspecciones medioambientales podrá realizarlas cualquier autoridad pública, ya sea a nivel nacional, regional o local, instituida o designada por el Estado miembro y que será responsable de las tareas incluidas en la presente Recomendación.b) Los organismos a que se refiere la letra a) podrán, de acuerdo con la legislación nacional, delegar las tareas que deberán realizarse en virtud de la presente Recomendación, bajo su autoridad y supervisión, en cualquier persona jurídica de Derecho público o privado siempre y cuando tal persona no tenga intereses personales en los resultados de las inspecciones que realiza.c) Los organismos a que se refieren las letras a) y b) se denominarán "autoridades encargadas de las inspecciones".5. Con arreglo a la presente Recomendación, se entenderá por "entidad explotadora de una instalación controlada" toda persona física o jurídica que explote o supervise la instalación controlada o, si así lo dispone la legislación nacional, en quien se hayan delegado poderes económicos determinantes sobre el funcionamiento técnico de la instalación controlada.IIIOrganización y ejecución de las inspecciones medioambientales1. Los Estados miembros deberán velar por que las inspecciones medioambientales tengan por objeto conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente y, a tal fin, deberán adoptar las medidas necesarias para que las inspecciones medioambientales de instalaciones controladas se organicen y lleven a cabo según lo establecido en las secciones IV, V, VI, VII y VIII de la presente Recomendación.2. Los Estados miembros se deberán prestar asistencia mutua en los asuntos administrativos relacionados con la aplicación de las orientaciones de la presente Recomendación mediante el intercambio de la información pertinente y, si procede, de inspectores.3. Para evitar prácticas medioambientales transfronterizas ilegales, los Estados miembros, en cooperación con IMPEL, deberán fomentar la coordinación de las inspecciones de las instalaciones y actividades que puedan tener repercusiones transfronterizas significativas.4. Con objeto de fomentar las mejores prácticas en la Comunidad, los Estados miembros podrán, en cooperación con IMPEL, estudiar la creación de un sistema en el que los Estados miembros informarán y asesorarán sobre inspecciones y procedimientos de inspección en los Estados miembros y prestarán debida atención a los distintos sistemas y contextos en los que se desarrollan, e informarán a los Estados miembros en cuestión sobre sus constataciones.IVPlanificación de las inspecciones medioambientales1. Los Estados miembros deberán velar por que las inspecciones medioambientales estén planificadas de antemano, para lo cual deberá contarse, en todo momento, con uno o varios programas de inspecciones medioambientales que cubran todo el territorio del Estado miembro y todas las instalaciones controladas que se encuentren en el mismo. Los programas deberán ponerse a disposición del público de acuerdo con la Directiva 90/313/CEE.2. Los programas podrán elaborarse a nivel nacional, regional o local, pero los Estados miembros deberán velar por que se apliquen a todas las inspecciones medioambientales de las instalaciones controladas en su territorio y por que se designe a las autoridades a que se refiere el apartado 4 de la sección II para realizar tales inspecciones.3. Los programas de inspecciones medioambientales se deberán elaborar sobre la base de:a) las disposiciones legislativas comunitarias que deben cumplirse;b) una lista de las instalaciones controladas de la zona del programa;c) una apreciación general de los principales problemas ecológicos de la zona del programa y una evaluación general del cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias por parte de las instalaciones controladas;d) información de actividades de inspección anteriores, si las hubiere.4. Los programas de inspecciones medioambientales deberán:a) convenir a las tareas de inspección de las autoridades pertinentes y tener en cuenta las instalaciones controladas a que se dirigen y los riesgos de impacto ambiental de las emisiones y vertidos de las mismas;b) tener en cuenta la información pertinente disponible en relación con emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas, por ejemplo informes remitidos por las entidades explotadoras a las autoridades, datos sobre las actividades de autocontrol, información de ecoauditorías y declaraciones ambientales, en particular las elaboradas por instalaciones controladas y registradas con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), resultados de inspecciones anteriores e informes del seguimiento de la calidad del medio ambiente.5. Cada programa de inspecciones medioambientales deberá, como mínimo:a) determinar el área geográfica que cubre y que puede formar parte total o parcialmente del territorio de un Estado miembro;b) tener un período de vigencia establecido, por ejemplo de un año;c) incluir disposiciones específicas sobre su revisión;d) indicar los emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas que regula;e) especificar los programas de inspecciones medioambientales de rutina, teniendo en cuenta los riesgos medioambientales; estos programas deberán incluir, cuando proceda, la frecuencia de las visitas a los distintos tipos de instalaciones controladas o a una serie de instalaciones especificadas;f) presentar un resumen de los procedimientos de las inspecciones medioambientales no rutinarias que deban realizarse, por ejemplo, en respuesta a reclamaciones, accidentes, incidentes o casos de incumplimiento, así como para conceder una autorización;g) disponer una coordinación entre las distintas autoridades de inspección, cuando proceda.VVisitas a instalaciones1. Los Estados miembros deberán velar por que en todas las visitas a instalaciones se apliquen los criterios siguientes:a) deberá comprobarse de forma adecuada si se cumplen las disposiciones legislativas comunitarias pertinentes con respecto a la visita que se está realizando;b) si más de una autoridad debe realizar visitas a instalaciones, todas ellas deberán intercambiar información sobre sus actividades respectivas y, siempre que sea posible, coordinar las visitas y demás tareas de inspección medioambiental;c) las constataciones de las visitas a instalaciones deberán presentarse en los informes elaborados con arreglo a la sección VI e intercambiarse, si es necesario, entre las autoridades encargadas de las inspecciones, las autoridades responsables de hacer cumplir la legislación y otras autoridades pertinentes a nivel nacional, regional o local;d) los inspectores u otros funcionarios facultados para realizar las visitas a emplazamientos deberán tener derecho legal de acceso a los lugares y a la información para los fines de la inspección medioambiental.2. Los Estados miembros deberán velar por que las autoridades encargadas de las inspecciones realicen visitas periódicas a instalaciones como parte de las inspecciones medioambientales rutinarias y por que en esas visitas se apliquen los criterios adicionales siguientes:a) la serie completa de repercusiones ambientales pertinentes se estudiará de conformidad con las disposiciones legislativas comunitarias aplicables, los programas de inspecciones medioambientales y los acuerdos de los organismos inspectores en materia de organización;b) esas visitas a instalaciones deberán tener por objeto conseguir que las entidades explotadoras conozcan y comprendan mejor las disposiciones legislativas comunitarias pertinentes, las distintas formas de vulnerabilidad del medio ambiente y las repercusiones ambientales de sus actividades;c) los riesgos e impactos ambientales de la instalación controlada deberán considerarse para evaluar la eficacia de los requisitos vigentes en materia de autorizaciones, permisos o licencias, así como para determinar la necesidad de mejorar o modificar esos requisitos.3. Los Estados miembros deberán velar asimismo por que se realicen visitas no rutinarias a instalaciones en las circunstancias siguientes:a) en la investigación realizada por las autoridades encargadas de las inspecciones sobre reclamaciones medioambientales graves, y lo antes posible después de que las autoridades las hayan recibido;b) en la investigación de accidentes e incidentes ecológicos graves y de casos de incumplimiento y en cuanto las autoridades encargadas de la inspección correspondiente tengan conocimiento de los hechos;c) en su caso, cuando deba decidirse sobre la conveniencia y condiciones de la primera autorización, permiso o licencia de un procedimiento o actividad dentro de una instalación controlada o su emplazamiento propuesto, o para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la autorización, del permiso o de la licencia tras su expedición y antes del inicio de la actividad;d) en su caso, antes de expedir de nuevo, renovar o modificar autorizaciones, permisos o licencias.VIInformes y conclusiones de las visitas a instalaciones1. Los Estados miembros deberán velar por que las autoridades encargadas de las inspecciones, después de cada visita procesen o almacenen en ficheros de datos y de manera identificable los datos de la inspección y sus constataciones sobre el cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias, la evaluación de las mismas y una conclusión sobre la conveniencia o no de medidas adicionales, por ejemplo de tipo vinculante, sanciones incluidas, o medidas tales como expedir una autorización, permiso o licencia, nuevo o modificado, o realizar inspecciones de seguimiento, por ejemplo otras visitas a la instalación. Los informes se deberán ultimar lo antes posible.2. Los Estados miembros deberán velar por que esos informes consten adecuadamente por escrito y se conserven en una base de datos de fácil acceso. Los informes completos o, si ello no fuera factible, las conclusiones de los mismos, se deberán comunicar a la entidad explotadora de la instalación controlada de que se trate y se pondrán a disposición del público de conformidad con la Directiva 90/313/CEE. Los informes deberán estar a disposición del público en el plazo de dos meses a partir de la realización de la inspección.VIIInvestigación de accidentes graves, incidentes y de casos de incumplimientoLos Estados miembros deberán velar por que la autoridad encargada de la inspección pertinente investigue los accidentes graves, incidentes y los casos de incumplimiento de la legislación comunitaria que lleguen a conocimiento de las autoridades a través de reclamaciones o de otro modo, con objeto de:a) determinar las causas del hecho y su repercusión ambiental y, si procede, las responsabilidades jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus consecuencias, y comunicar las conclusiones a la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones reglamentarias (si se trata de una autoridad distinta);b) mitigar y si es posible corregir las repercusiones medioambientales del hecho mediante el establecimiento de las medidas apropiadas que deberán adoptar la entidad o entidades explotadoras y las autoridades;c) determinar las medidas que deben adoptarse para prevenir nuevos accidentes, incidentes o incumplimientos;d) aplicar medidas ejecutivas o sanciones, cuando proceda, ye) velar por que el operador tome las medidas de seguimiento adecuadas.VIIIInformes sobre las actividades de inspección medioambiental en general1. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión sobre su experiencia en la aplicación de esta Recomendación transcurridos dos años desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, utilizando, en la medida de lo posible, cualquier dato disponible de las autoridades de inspección tanto locales como regionales.2. Esos informes se deberán poner a disposición del público y deberán incluir, en particular:a) datos sobre el personal y demás recursos a disposición de las autoridades encargadas de las inspecciones;b) pormenores sobre la función de la autoridad encargada de las inspecciones y los resultados de su labor de elaboración y aplicación del programa o programas de inspecciones correspondientes;c) un resumen de las inspecciones realizadas en el que se deberá incluir el número de visitas realizadas a instalaciones, el porcentaje de instalaciones controladas inspeccionadas (por tipo) y el período de tiempo estimado que llevará inspeccionar todas las instalaciones controladas de dicho tipo;d) información sucinta sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias por parte de las instalaciones controladas según se desprenda de las inspecciones realizadas;e) un resumen, con datos cuantificados, de las medidas adoptadas en respuesta a graves reclamaciones, accidentes, incidentes y casos de incumplimiento, con las cifras correspondientes;f) una evaluación del éxito o fracaso de los programas de inspecciones aplicables al organismo encargado de la inspección, con recomendaciones para programas futuros.IXRevisión y desarrollo de la Recomendación1. La Comisión deberá estudiar cómo se ha aplicado la presente Recomendación y su grado de eficacia lo antes posible una vez recibidos los informes a que se refiere la sección VIII, con objeto de ampliar el ámbito de aplicación de los criterios mínimos a la luz de la experiencia adquirida en su aplicación y habida cuenta de las contribuciones de las partes interesadas, incluida la red IMPEL y la Agencia Europea del Medio Ambiente. La Comisión deberá presentar entonces al Parlamento Europeo y al Consejo un informe acompañado, en su caso, de una propuesta de Directiva. El Parlamento Europeo y el Consejo considerarán dicha propuesta sin demora.2. Se invita a la Comisión a elaborar con la mayor rapidez posible, en cooperación con IMPEL y otros interesados, criterios mínimos relativos a las cualificaciones de los inspectores facultados para llevar a cabo inspecciones medioambientales en nombre de las entidades encargadas de las mismas o bajo la autoridad o supervisión de éstas.3. Los Estados miembros, en colaboración con la red IMPEL, la Comisión y otros interesados, deberán elaborar con la mayor rapidez posible programas de formación con el fin de atender a la demanda de inspectores medioambientales cualificados.XAplicaciónLos Estados miembros deberán informar a la Comisión de la aplicación de la presente Recomendación, exponiéndole asimismo una descripción de los mecanismos de inspección existentes o previstos, a más tardar doce meses después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Luxemburgo, el 4 de abril de 2001.Por el Parlamento EuropeoLa PresidentaNicole FontainePor el ConsejoEl PresidenteB. Rosengren(1) DO C 169 de 16.6.1999, p. 12.(2) DO C 374 de 23.12.1999, p. 48.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1999 (DO C 54 de 25.2.2000, p. 92), Posición común del Consejo de 30 de marzo de 2000 (DO C 137 de 16.5.2000, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2000 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Parlamento Europeo de 1 de febrero de 2001 y Decisión del Consejo de 26 de febrero de 2001.(4) DO C 138 de 17.5.1993, p. 1.(5) DO L 275 de 10.10.1998, p. 1.(6) DO C 321 de 22.10.1997, p. 1.(7) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.