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		52011SC0817

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Españay por la que se emite un dictamen del Consejosobre el programa de estabilidad actualizado de España (2011-2014) /* SEC/2011/0817 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2011 de España
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de estabilidad actualizado de España (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[3],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de
gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación
integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia
Europa 2020.
(4)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión).
El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(6)
El 29 de abril de 2011, España presentó la actualización
de 2011 de su programa de estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su
programa nacional de reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus
interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(7)
La economía española fue gravemente afectada
por la crisis, siendo sometida a un intenso proceso de ajuste en 2008-2009. El
PIB real disminuyó un 4,3% desde principios de 2008 a finales de 2010 y el
empleo se contrajo más del 10%. Como consecuencia de ello, la tasa de desempleo
aumentó al 20,1% al final de 2010, la más elevada de la UE. Los jóvenes (tasa
de desempleo del 41,6%) y los trabajadores menos cualificados (tasa de
desempleo del 26,4%) están sufriendo gran parte de los efectos de la recesión de
la economía española. Los tipos de interés de la deuda estatal aumentaron y el
sistema bancario, en particular las cajas de ahorros, sufrieron presiones
provocadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la aguda contracción
del sector de la construcción. El proceso de absorción de los amplios
desequilibrios macroeconómicos acumulados durante el periodo de auge económico
proseguirá durante cierto tiempo. Como respuesta a estos retos, el Gobierno
español ha emprendido un programa de reforma que abarca el saneamiento fiscal,
la reestructuración de las cajas de ahorros y la aplicación de reformas en los
mercados de trabajo y de productos.
(8)
Partiendo de la evaluación del programa de
estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el
que se basan las previsiones presupuestarias del programa de estabilidad es
demasiado optimista para 2011 y 2012. En el programa se prevé situar el déficit
presupuestario por debajo del valor de referencia del 3% en 2013 a más tardar,
según las recomendaciones formuladas por el Consejo en abril de 2009, y
seguirlo reduciendo en 2014, hasta el 2,1% del PIB. Durante el periodo que
abarca el programa no se espera alcanzar el objetivo a medio plazo, que sigue
siendo el equilibrio presupuestario. Esta senda de ajuste es globalmente
apropiada. La mejora anual del saldo estructural sería del 1,5% del PIB por
término medio en el periodo 2010-2013, conforme a la recomendación del Consejo,
y del 0,3% del PIB en 2014. Se prevé que el ratio deuda/PIB aumente del 60,1%
del PIB en 2010 a alrededor del 69% al final del periodo cubierto por el
programa. Existen riesgos para la senda de saneamiento derivados de las hipótesis
macroeconómicas subyacentes y del posible incumplimiento de los objetivos
presupuestarios por las Comunidades Autónomas. Éstas representan una gran parte
del gasto público total y muchas de ellas rebasaron sus objetivos
presupuestarios en 2010. No obstante, el Gobierno español se ha comprometido a
tomar nuevas medidas si se observan desvíos en la ejecución del presupuesto.
(9)
El logro del saneamiento fiscal previsto en
2011 y 2012 requiere una aplicación estricta de los mecanismos de control del
déficit y de la deuda que se han establecido para las Comunidades Autónomas. El
logro de los objetivos presupuestarios en caso de que la evolución
macroeconómica y presupuestaria resulte peor de lo previsto en 2011 y 2012 requerirá
medidas adicionales que el Gobierno se ha comprometido a tomar. Para 2013 se
han especificado algunas medidas en apoyo de los objetivos presupuestarios.
(10)
El marco presupuestario a medio plazo de la
economía española ha contribuido a promover una planificación presupuestaria
plurianual y ha tenido un comportamiento globalmente satisfactorio. Sin
embargo, la crisis lo ha puesto a prueba y ha mostrado la necesidad de reforzar
más la estabilidad de las finanzas públicas y el aspecto preventivo de la
política fiscal, que se fortalecería introduciendo una norma de gasto en
función del crecimiento del PIB nominal a medio plazo. Esta norma, presentada
por las autoridades españolas en su programa de estabilidad, sería automáticamente
vinculante para la Administración central y las administraciones locales. El
Gobierno también se propone buscar un consenso, en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, sobre su aplicación por las Comunidades Autónomas.

(11)
El efecto previsible del envejecimiento de la
población sobre el presupuesto español a largo plazo sería superior a la media
de la UE, principalmente como consecuencia del aumento substancial que tendría lugar
en las próximas décadas en la proporción que representan los gastos de
pensiones en el PIB. A largo plazo, el envejecimiento de la población llevará a
un aumento significativo del número de jubilados por trabajador. En ausencia de
reforma, se estima que el gasto en pensiones aumentaría a una tasa muy superior
a la media de la UE y pondría en peligro la sostenibilidad de la hacienda
pública. La propuesta gubernamental de reforma de las pensiones, concertada con
los interlocutores sociales, contribuirá a mejorar la sostenibilidad de la
hacienda pública y a crear incentivos para la participación en el mercado de
trabajo. No obstante, la reforma está pendiente de aprobación por el Parlamento
y aún puede ser objeto de modificaciones.
(12)
España ha tomado importantes medidas para
reforzar su sistema bancario, especialmente proporcionando un apoyo público
substancial y tomando medidas para reestructurar las cajas de ahorros, reforzar
la solvencia de los bancos y mejorar la transparencia de sus balances. Sin
embargo, los problemas creados por el papel de las autoridades locales en la
gobernanza de las cajas de ahorros aún no se han resuelto del todo, y el saneamiento
de las cajas de ahorros a través de sistemas institucionales de protección (las
denominadas «fusiones frías») ha suscitado cierta incertidumbre en cuanto a la
eficacia en la reorganización de los bancos y la disminución de su tamaño. El
Gobierno se ha comprometido a finalizar la reestructuración para finales de
septiembre de 2011.
(13)
La reforma del mercado de trabajo que se está
realizando actualmente en España debe complementarse con una revisión del poco
ágil sistema actual de negociación colectiva. El predominio de los acuerdos
provinciales y sectoriales deja escaso margen de negociación a nivel de
empresa. La prórroga automática de los convenios colectivos, el periodo de validez
de los contratos no renovados y la utilización de cláusulas de indización a la
inflación ex post contribuyen a la inercia salarial e impiden una
flexibilidad de los salarios suficiente para acelerar el ajuste económico y
restablecer la competitividad. El Gobierno ha pedido a los interlocutores
sociales que a lo largo de la primavera de 2011 lleguen a un acuerdo sobre una
reforma del sistema de negociación colectiva de los salarios y se ha
comprometido a plasmar el acuerdo resultante en legislación.
(14)
En un contexto de altísimo nivel de desempleo,
España comenzó la reforma de su mercado de trabajo con la Ley de septiembre de
2010, encaminada a reducir la dualidad del mercado de trabajo y el desempleo de
los jóvenes, a aumentar la empleabilidad de los grupos vulnerables y aumentar
la flexibilidad a nivel de empresa. Con este fin, en febrero de 2011 se adoptó una
reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, que también incluía
medidas para reforzar el papel asesor y orientativo de los servicios de empleo
y su coordinación a nivel nacional y de las Comunidades Autónomas. Por ahora es
demasiado pronto para evaluar si la reforma bastará con el fin de reducir la
segmentación del mercado de trabajo y el desempleo de los jóvenes y de larga
duración, dado que algunas medidas todavía no son operativas. El Gobierno se ha
comprometido a adoptar nuevas medidas en octubre de 2011.
(15)
España experimentó una fuerte subida de sus
costes laborales unitarios desde finales de los años noventa, lo que implicó un
deterioro de su competitividad de precios y de costes. Unas subidas salariales superiores
y unos incrementos de productividad inferiores a los de la zona del euro han
contribuido a una inflación constantemente superior en España. Se podría
potenciar la competitividad disminuyendo de forma neutra para el presupuesto el
nivel relativamente alto de las contribuciones sociales a fin de reducir los
costes laborales no salariales. Por ejemplo, los impuestos sobre la energía, especialmente
los impuestos sobre los carburantes, se mantienen a un nivel relativamente bajo
en España y podrían constituir una posible fuente de ingresos compensatorios.
(16)
El alto nivel de abandono prematuro de la
escuela en España (31,2% en 2009) es particularmente preocupante, ya que
disminuye el volumen de mano de obra cualificada, afecta a las perspectivas de
empleo de los interesados y reduce el potencial de crecimiento. La Ley de Economía
Sostenible, aprobada el 15 de febrero de 2011, incluye medidas encaminadas a
aumentar la calidad y cantidad de los recursos humanos a través de la educación
y formación profesional. Sin embargo, la eficacia de las nuevas medidas para
combatir el abandono prematuro de la escuela y mejorar la formación profesional
es incierta y su aplicación a todos los niveles de la Administración podría
encontrar dificultades.
(17)
España ha progresado en la mejora de las
condiciones de competencia en los mercados de productos y de servicios,
abordando así una de las causas del lento incremento de la productividad.
Aunque la incorporación de la Directiva de servicios a la legislación nacional
está bien avanzada en España, se necesita una mayor apertura de los servicios
profesionales. La Ley de Economía Sostenible incluye un amplio abanico de
medidas tendentes a mejorar el entorno empresarial, reforzar la competencia y
promover la sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, podría resultar
difícil su aplicación a todos los niveles de la Administración.
Específicamente, deben evitarse los solapamientos entre distintos niveles de la
Administración, una sobrerregulación a distintos niveles, y una legislación de
las Comunidades Autónomas substancialmente heterogénea.
(18)
España ha contraído una serie de compromisos
en el marco del Pacto por el Euro Plus[4].
En lo relativo a las finanzas públicas España se ha comprometido a establecer
una norma de gasto que permita mejorar la estabilidad presupuestaria y, de esta
forma, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para reforzar la estabilidad
financiera, España se ha comprometido a completar antes del 30 de septiembre el
proceso de reestructuración del sector financiero. Las medidas de empleo se
centran en la aplicación de disposiciones legislativas sobre las políticas
activas del mercado de trabajo y de disposiciones en el ámbito de la formación
profesional, y en combatir el empleo no declarado. Las medidas en el ámbito de
la competitividad se centran en la reforma del sistema de negociación
colectiva, las profesiones reguladas, el establecimiento de un comité consultivo
sobre competitividad y una reforma de la Ley Concursal. Los compromisos
mencionados hacen referencia a las cuatro áreas del Pacto. Representan una
continuidad del actual programa de reforma, añadiendo un calendario estricto para
la aplicación de ciertas reformas y garantizando la plena aplicación de las reformas
ya iniciadas. Estos compromisos se han evaluado y se han tenido en cuenta en
las recomendaciones.
(19)
La Comisión ha evaluado el programa de
estabilidad y el programa nacional de reforma, incluidos los compromisos
contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus[5], y ha tenido en
cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su
cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este sentido,
la Comisión considera que, aunque el Gobierno español ha establecido planes de
saneamiento fiscal compatibles con los objetivos fijados, existen ciertos
riesgos. El aumento del gasto público deberá mantenerse por debajo de la tasa
de crecimiento del PIB a medio plazo y habrá que realizar la reforma del
sistema de pensiones. Otras medidas en 2011-2012 deberán centrarse en
garantizar la estabilidad del sistema financiero (mediante la finalización del
proceso de reestructuración y consolidación de las cajas de ahorros) y en reforzar
los factores internos de crecimiento, abordando el actual repunte del
desempleo, particularmente mediante la reforma de la negociación colectiva, la
continuación de la aplicación de las reformas actuales del mercado laboral, con
un estrecho seguimiento y la evaluación de su eficacia. El sector de servicios,
comercio y profesiones liberales debe abrirse a una mayor competencia y deben
reducirse asimismo las cargas administrativas que pesan sobre las empresas.
(20)
A la luz de la presente evaluación, y teniendo
en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 2 de junio de 2010 en
virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de
estabilidad de España, y su dictamen[6]
se refleja particularmente en su recomendación (1) recogida a continuación.
Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de
2011, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de España.
RECOMIENDA que España tome medidas
en el periodo 2011-2012 a fin de:
(1)
Aplicar la estrategia presupuestaria en 2011 y
2012, garantizando el logro de los objetivos de déficit a todos los niveles de
la Administración, en particular aplicando estrictamente los mecanismos
existentes de control del déficit y de la deuda para los gobiernos de las
Comunidades Autónomas; adoptar nuevas medidas en caso de que los resultados
presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto; aprovechar cualquier
oportunidad que se presente, por ejemplo, la que se derivaría de unas mejores
condiciones económicas, para acelerar la reducción del déficit; establecer
medidas concretas a fin de apoyar completamente los objetivos establecidos para
2013 y 2014. Mantener la expansión del gasto público por debajo de la tasa de
crecimiento del PIB a medio plazo, introduciendo una norma de gasto para todos
los niveles de la Administración en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según
lo previsto.
(2)
Adoptar la reforma del sistema de pensiones
propuesta con el fin de retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de
años de trabajo para el cálculo de las pensiones, según lo planeado; revisar
periódicamente los parámetros de las pensiones a la luz de la evolución de la
esperanza de vida, según lo previsto, y adoptar nuevas medidas para aumentar la
edad efectiva de jubilación, tales como el aprendizaje permanente para los
trabajadores de más edad.
(3)
Reforzar la reestructuración que está teniendo
lugar en el sector de las cajas de ahorros abordando los puntos débiles que
persisten en su estructura de gobernanza.
(4)
Estudiar el ámbito para reducir el nivel de
las cotizaciones a la seguridad social con objeto de reducir los costes
laborales no salariales de forma neutra para el presupuesto, por ejemplo modificando
la estructura y los tipos del IVA y los impuestos sobre la energía. Adoptar y
aplicar, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con la
práctica nacional, una reforma del proceso de negociación colectiva de los
salarios y del sistema de indización salarial para garantizar que las subidas
salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones
imperantes a nivel local y a nivel de empresa.
(5)
Evaluar para finales de 2011 los efectos de
las reformas del mercado laboral de septiembre de 2010 y de la reforma de las
políticas activas del mercado laboral de febrero de 2011, y presentar, en caso
necesario, propuestas de nuevas reformas para reducir la segmentación del
mercado de trabajo, y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes y
garantizar un estrecho seguimiento de la eficacia de las medidas contempladas
en el programa nacional de reforma, con vistas a reducir el nivel de abandono escolar
prematuro, especialmente mediante políticas preventivas, y facilitar la
transición a la educación y formación profesional.
(6)
Liberalizar más los servicios profesionales y
promulgar la legislación prevista con objeto de redefinir el marco
reglamentario y eliminar las restricciones actuales a la competencia, la
eficiencia y la innovación; aplicar, a todos los niveles de la Administración, la
Ley de Economía Sostenible, y, en particular, medidas encaminadas a mejorar el
entorno empresarial y fomentar la competencia en los mercados de productos y de
servicios; mejorar la coordinación entre la Administración central y las
administraciones de las Comunidades Autónomas para reducir la cargas
administrativas que soportan las empresas.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO C de , p. .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
del Consejo 2011/308 UE de 19 de mayo de 2011.
[4]               Para más detalles sobre los compromisos contraídos
en el marco del Pacto por el Euro Plus véase SEC(2011) 718.
[5]               SEC(2011) 718.
[6]               Previsto en el artículo 5, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 9 de junio de 2011 , al Consejo de la Unión Europea, sobre los auditores externos del Oesterreichische Nationalbank (BCE/2011/7)

text:
               15.6.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 174/6

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 9 de junio de 2011
   al Consejo de la Unión Europea, sobre los auditores externos del Oesterreichische Nationalbank
   (BCE/2011/7)
   2011/C 174/04
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               Con arreglo al apartado 1 del artículo 37 de la Ley Federal del Oesterreichische Nationalbank, la Junta General del Oesterreichische Nationalbank nombra cada año dos auditores externos y dos auditores externos suplentes. Los auditores externos suplentes desempeñarán su función sólo en el caso de que los auditores externos no puedan hacerlo.

               (3)

               El mandato de los auditores externos y los auditores externos suplentes del Oesterreichische Nationalbank expiró tras la auditoría del ejercicio de 2010. Por lo tanto, es preciso nombrar auditores externos y auditores externos suplentes a partir del ejercicio de 2011.

               (4)

               El Oesterreichische Nationalbank ha seleccionado para el ejercicio de 2011 a TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH y Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. conjuntamente como sus nuevos auditores externos, y a KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft y Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH conjuntamente como sus nuevos auditores externos suplentes.

               (5)

               El mandato de los auditores externos puede renovarse anualmente hasta cumplir un período total de cinco años, y el mandato de los auditores externos suplentes puede renovarse una sola vez.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se recomienda que TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH y Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. sean nombrados conjuntamente auditores externos del Oesterreichische Nationalbank para el ejercicio de 2011.

               2.

               Se recomienda que KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft y Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH sean nombrados conjuntamente auditores externos suplentes del Oesterreichische Nationalbank para el ejercicio de 2011.

               3.

               El mandato de los auditores externos podrá renovarse anualmente hasta cumplir un período total de cinco años y finalizar a más tardar con el ejercicio de 2015. El mandato de los auditores externos suplentes podrá renovarse una sola vez y finalizar con el ejercicio de 2012.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 9 de junio de 2011.

            El Presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET


Avis juridique important

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31991K3909

Racomendación n° 3909/91/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1991, relativa a la vigilancia comunitaria previa de las importaciones de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA y originarios de terceros países

Diario Oficial n° L 370 de 31/12/1991 p. 0032 - 0034

RECOMENDACIÓN N° 3909/91/CECA  DE LA COMISIÓNde 18 de diciembre de 1991relativa a la vigilancia comunitaria previa de las  importaciones de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA y originarios de  terceros paísesLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su  artículo 74, Considerando que, en virtud de la Recomendación n° 556/91/CECA (1), la Comisión ha sometido a  vigilancia comunitaria las importaciones en la Comunidad de determinados productos siderúrgicos  regulados por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero; Considerando que persisten las razones que en principio indujeron a la Comisión a tomar dicha  medida y que, por lo tanto, es conveniente prorrogar dicho sistema de vigilancia con objeto de  asegurar un conocimiento más completo de las importaciones previsibles y de las condiciones de  realización de las mismas; Considerando que, por otra parte, en varios Estados miembros siguen existiendo restricciones  cuantitativas para algunos productos siderúrgicos originarios de determinados países y que es  necesario vigilar estas importaciones; Considerando que, no obstante, conviene simplificar la vigilancia y acrecentar su eficacia, FORMULA LA RECOMENDACIÓN SIGUIENTE: Artículo 11.  El despacho a libre práctica en la Comunidad de los productos  siderúrgicos regulados por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero  enumerados en el Anexo II y originarios de terceros países distintos de los de la Asociación  Europea de Libre Comercio (AELC) quedará supeditado a la expedición de un documento de  importación. 2.  Los Estados miembros expedirán o visarán el documento de importación, sin gastos y para todas  las cantidades solicitadas, en el momento de la recepción de la solicitud y, en todo caso, dentro  de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la presentación de la solicitud debidamente  cumplimentada. 3.  El apartado 2 se aplicará sin perjuicio de la consideración de los límites cuantitativos  debidos a las restricciones existentes, impuestas por los Estados miembros a algunos productos  siderúrgicos originarios de determinados terceros países. 4.  El período de validez del documento de importación quedará fijado en tres meses, sin perjuicio  de una posible modificación del régimen de importación en vigor. 5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los documentos de importación no utilizados o  parcialmente utilizados podrán ser renovados con arreglo al procedimiento establecido por la  autoridad competente. Artículo 21.  La solicitud del importador deberá mencionar: a)  el nombre y la dirección del importador, su profesión y su número de teléfono, de télex y de  telefax; b)el nombre y la dirección del exportador; c)la designación de la(s) mercancía(s) y la indicación de su código o códigos según la  nomenclatura combinada; d)el país de origen; e)el país de procedencia; f)el peso neto por partida de la nomenclatura combinada; g)la moneda de facturación y el valor (cif o daf) detallado por partida de la nomenclatura  combinada; h)la condición de segunda clase o de desclasificado del producto o productos en cuestión (2); i)la fecha o fechas y el lugar o lugares previstos para el despacho aduanero. 2.  El importador deberá certificar la exactitud de su solicitud de un documento de importación y  presentar una copia, sea del contrato o contratos de compra, sea de la confirmación o  confirmaciones de pedido del vendedor, acompañadas estas últimas de la factura pro forma. 3.  El importador deberá precisar si su solicitud corresponde a una entrega que haya sido ya objeto  de una solicitud anterior de un documento de importación. 4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1, el apartado 1 no constituirá un  impedimento para el despacho a libre práctica si el precio unitario al que se efectúe la  transacción es superior al indicado en el documento de importación o si la cantidad de los  productos presentados para su importación supera, en total, en menos de un 5 % a las cantidades  mencionadas en el documento de importación. Artículo 31.  Los Estados miembros darán a conocer a la Comisión, en los diez primeros días de  cada mes, el tonelaje y los valores (calculados sobre la base de los precios cif o daf) para los  que se hayan expedido los documentos de importación en el curso del mes anterior y facilitarán los  datos mencionados en las letras a), c) a h) del apartado 1 del artículo 2 e incluidos en las  solicitudes de los importadores. 2.  Los Estados miembros darán a conocer a la Comisión, en los diez primeros días de cada mes, los  tonelajes y los valores para los que hayan caducado los documentos de importación en el curso del  mes anterior, sin que hayan sido utilizados total o parcialmente. 3.  Los Estados miembros señalarán las anomalías o fraudes observados. Artículo 4Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros. Artículo 5La presente Recomendación será aplicable a partir del 1 de enero de 1992. Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1992. Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1991. Por la Comisión, F. H. J. J. ANDRIESSENVicepresidente(1) DO n° L 62 de 8. 3. 1991, p. 18. (2) Según los criterios enunciados en el DO n° C 180 de 11. 7. 1991, p. 4.


Avis juridique important

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31977H0712

77/712/CEE: Recomendación del Consejo, de 25 de octubre de 1977, relativa a la regulación de la calefacción, la producción de agua caliente sanitaria y la medición de las cantidades de calor en los inmuebles de nueva construcción

Diario Oficial n° L 295 de 18/11/1977 p. 0001 - 0002 Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0034  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0034

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 25 de octubre de 1977    relativa a la regulación de la calefacción ,   la producción de agua caliente sanitaria y la medición   de las cantidades de calor en los inmuebles de nueva   construcción     ( 77/712/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Visto el proyecto de la Comisión ,    Considerando que , en su Resolución de 17 de   septiembre de 1974 , referente a la nueva estrategia de   política energética para la Comunidad (1) , el Consejo   ha aprobado el objetivo de una disminución de la tasa de   crecimiento del consumo interior de energía mediante   medidas de uso racional y de ahorro de la energía , sin   que ello comprometa los objetivos de desarrollo   económica y social ;    Considerando que una mejora en el uso racional de la   energía es generalmente beneficiosa para el medio   ambiente ;    Considerando que , en su Resolución de 17 de   diciembre de 1974 , referente al programa de acción   comunitaria en el campo del uso racional de la energía   (2) , el Consejo ha tomado nota de que , en su Comunicación   al Consejo titulada « Uso racional de la energía » ,   la Comisión ha establecido un programa de acción   comunitaria en la materia ;    Considerando que la Recomendación del Consejo de 4   de mayo de 1976 (3) contempladas las instalaciones de   calefacción de los inmuebles existentes , y dado que es   conveniente lograr lo antes posible ahorro de energía   en las instalaciones de calefacción de los inmuebles de   nueva construcción ;    Considerando que dicho objetivo no puede ser   alcanzado en los inmuebles con calefacción central sino   cuando los ocupantes tienen la posibilidad de regular   su consumo ;    Considerando que es conveniente dotar a los sistemas   colectivos de calefacción y de producción de agua   caliente en los inmuebles de nueva construcción para   varios ocupantes de sistemas que permitan el reparto   entre los diferentes ocupantes de los gastos de   calefacción correspondientes , en proporción a las   cantidades de calor suministradas ;    Considerando que las acciones recomendadas son de   tal naturaleza que aseguran suficientes economías de   energía al tiempo que garantizan la rentabilidad de la   necesarias inversiones ,    RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS :    Adoptar todas las medidas legales , reglamentarias y   administrativas a fin de que :    1 . en los inmuebles de nueva construcción para uso   de oficinas , de locales públicos y de ocupación   temporal en general    1.1 . cada instalación de calefacción esté equipada   con un sistema automático de programación   y de regulación que permita a los locales a los   que da servicio seguir una curva de temperaturas   predeterminadas ;    1.2 . cuando funcionen los generadores de calor , la   temperatura en los locales que dependen de un   mismo inquilino no supere un promedio de 20 grados   Celsius , sin sobrepasar en ninguna estancia los   22 grados Celsius ;    2 . en los inmuebles de nueva construcción para uso   residencial    2.1 . el suministro de calor por sistemas de   calefacción individual , centralizada o por local , esté   regulado por uno o varios dispositivos automáticos   en función de las temperaturas exterior e interior   o de una de dichas temperaturas ;    2.2 . el flujo de calor a la red de calefacción de un   sistema de calefacción central colectivo sea   función de las temperaturas exterior e interior ;    2.3 . durante la noche o los períodos de no   ocupación , un dispositivo permita reducir el nivel   de calefacción ;    3 . para la producción de agua caliente sanitaria en los   nuevos inmuebles    3.1 . la temperatura del agua caliente a la entrada   del circuito común no exceda de 60 grados Celsius   y sea regulable por debajo de dicho máximo . El   caudal de circulación en el circuito común   deberá ser lo más débil posible , al tiempo   que permita una extracción rápida y suficiente   en los puntos de utilización . Las derivaciones   hacia los puntos de extracción deberán ser   lo más cortas posible ;    3.2 . cuando la potencia necesaria para la   producción de agua caliente sanitaria y de calor   destinados a la calefacción de los locales esté   repartida entre varios generadores , la producción   de agua caliente sanitaria fuera de los períodos   de calefacción esté asegurada por uno o varios   generadores cuya potencia corresponda a las   necesidades exclusivas de agua caliente sanitaria ;    4 . para la medición de las cantidades de calor en los   inmuebles de nueva construcción    cada vivienda cuya calefacción pertenezca a una   instalación colectiva esté equipada originalmente   con aparatos de medición y/o de repartición   directa o indirecta de la cantidad de calor y/o de   agua caliente sanitaria proporcionada por dicho   sistema de calefacción colectivo , permitiendo un   reparto equitativo de los gastos correspondientes   entre los ocupantes del inmueble ;    5 . para la información de la Comunidad    los Estados miembros comunicarán regularmente a   la Comisión las medidas tomadas en el ámbito   correspondiente a la presente Recomendación y los   efectos obtenidos o esperados de dichas medidas .    Hecho en Luxemburgo , el 25 de octubre de 1977 .    Por el Consejo    El Presidente    W. CLAES    (1) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 1 .    (2) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 5 .    (3) DO n º L 140 de 28 . 5 . 1976 , p. 12 .


title: Recomendación n° 1230/83/CECA de la Comisión, de 18 de mayo de 1983, por la que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinadas chapas de hierro o de acero originarias de Brasil

text:
 138                                            Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               11 /Yol . 28
383L1230KSG
20 . 5 . 83                                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                             N°L 131 / 13
                                 RECOMENDACIÓN N° 1230/83/CECA DE LA COMISIÓN
                                                          de 18 de mayo de 1983
              por la que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determina
                                            das chapas de hierro o de acero originarías de Brasil
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,                                 gado a la conclusión de que las importaciones objeto de
                                                                         dumping, originarias de Brasil, ocasionan un perjuicio
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea                    importante a un sector económico comunitario ; que, vis
del Carbón y del Acero,                                                  tas las circunstancias, los intereses de la Comunidad exi
Vista la Recomendación n° 3018 / 79/ CECA de la Comi                    gen una acción inmediata y la Comisión estableció me
sión, de 21 de diciembre de 1979, relativa a la defensa                  diante la Recomendación n° 376/ 83 /CECA (") un de
contra las importaciones que sean objeto de dumping o                    recho antidumping provisional sobre las importaciones
de subvenciones (*) por parte de países no miembros de                   de los productos de que se trata originarios de Brasil ;
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, modifi                     Considerando que fue establecido un plazo durante el
cada en último lugar por la Recomendación n° 3025 / 82 /-                que las partes implicadas podían, previo establecimiento
CECA (2) y, en particular, su artículo 12,                               del derecho provisional, dar a conocer su punto de vista
Previa consulta en el seno del Comité consultivo consti                 y solicitar ser oídas por la Comisión ; que ninguna de las
tuido en virtud de lo dispuesto en dicha Recomendación,                  partes implicadas aprovechó dicha posibilidad ;
Considerando que, en mayo de 1982, fue sometida a la                     Considerando que durante la posterior investigación no
Comisión una queja formulada por la Asociación Euro                     fue presentada, a la Comisión, otra prueba cualquiera de
pea de la Siderurgia (EUROFER) en nombre de casi to                     dumping o de perjuicio que podría haber cuestionado las
dos los productores comunitarios de chapas de hierro o                   conclusiones de la investigación preliminar ;
de acero simplemente laminadas en caliente, de un espe                  Considerando que, vistas las circunstancias, la Comisión
sor de 3 milímetros o más ;
                                                                         llegó a la conclusión de que las importaciones objeto de
Considerando que dicha queja iba acompañada de sufi                     dumping, originarias de Brasil, ocasionaron un grave per
cientes elementos de prueba relativos a la existencia de                 juicion a un sector económico comunitario y que un per
prácticas de dumping, que se refieren a productos similar                juicio adicional habría sido ocasionado si no se hubieran
res originarios de Brasil, así como del importante perjui               adoptado unas medidas provisionales ;
cio ocasionado por las mismas ; que, por consiguiente, la
Comisión anunció, en una nota publicada en el Diario                     Considerando que, en las graves circunstancias que debe
Oficial de las Comunidades Europeas (3), la apertura de un               afrontar el sector siderúrgico comunitario, los intereses
procedimiento relativo a las importaciones de determina                 de la Comunidad exigen el establecimiento de un de
das chapas de hierro o de acero originarias de Brasil e                  recho antidumping definitivo cuyo importe debe ser, por
inició una investigación a nivel comunitario ;                           lo menos, igual al del derecho provisional, así como la
                                                                         percepción definitiva de los importes pagados en con
Considerando que, las autoridades brasileñas se oponen                   cepto de derecho provisional,
a que se compruebe el valor normal en los locales de los
exportadores brasileños implicados, la Comisión, para la                 HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN :
determinación preliminar del dumping comparó los pre
cios de exportación de los productos objeto de la queja                                              Articulo 1
practicados por Brasil y reajustados sobre una base caf
franco frontera comunitaria, todos derechos pagados,                      1 . Queda establecido un derecho antidumping defini
con los precios efectivos (precios de base más extras) pu               tivo sobre las chapas de hierro o acero, simplemente la
blicados, relativos a productos de calidad y dimensiones                 minadas en caliente, de un espesor de 3 milímetros o
similares durante el período de referencia ; que dicha                   más , de la subpartida 73.13 B I ex a) del arancel adua
comparación puso de manifiesto un margen medio pon                      nero común, correspondiente a los códigos Nimexe
derando de dumping del 24,3 % ; que, además, la Comi                    73.13-17, 19, 21 y 23 , originarias de Brasil
sión realizó una investigación sobre el perjuicio y ha lle
                                                                         2 . El importe de dicho derecho será igual a 72,20
                                                                         ECUS por 1 000 kilogramos neto.
(■) DO n° L 339 de 31 . 12 . 1979, p . 15 .
(2) DO n° L 317 de 13 . 11 . 1982 , p. 17 .
O DO n° C 197 de 31 . 7 . 1982, p. 3 .                                   (4) DO n° L 45 de 17 . 2 . 1983, p. 14 .
 ---pagebreak---  11 /Vol . 28                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   139
3 . No obstante, el importe de dicho derecho será re                                 Articulo 3
ducido si el importador demuestra a las autoridades na
cionales competentes que la calidad de dichos productos        La presente Recomendación entrará en vigor el día siT
es inferiora la más baja de las calidades descritas en la      guíente al de su publicación en el Diario Oficial de las
última publicación sobre los precios de base efectuada         Comunidades Europeas.
por la Comisión .
4 . Se aplicarán a dicho derecho las disposiciones en
vigor en materia de derechos de aduana.                        Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 1983 .
                        Articulo 2
Se percibirán de modo definitivol los importes pagados                                            Por la Comisión
en concepto de derecho antidumping provisional en vir                                             Edgard PISANI
tud de lo dispuesto en la Recomendación n° 376/ 83 /
CECA.                                                                                Miembro de la Comisión


Avis juridique important

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31998H0218

98/218/CE: Recomendación del Consejo de 9 de marzo de 1998 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) para el ejercicio 1996

Diario Oficial n° L 082 de 19/03/1998 p. 0043 - 0043

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 9 de marzo de 1998 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) para el ejercicio 1996 (98/218/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 206,Visto el Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989,Vista la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado en Bruselas el 16 de julio de 1990, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 33,Visto el Reglamento financiero de 29 de julio de 1991, aplicable al séptimo Fondo Europeo de Desarrollo (3), y, en particular, sus artículos 69 a 77,Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) aprobados al 31 de diciembre de 1996, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1996, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 33 del acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) corresponde al Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo,Considerando que la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989), (séptimo FED) durante el ejercicio 1996, por la Comisión, ha sido, en su conjunto, satisfactoria,RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) para el ejercicio 1996.Hecho en Bruselas, el 9 de marzo de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteG. BROWN(1) DO L 263 de 19. 9. 1991, p. 1.(2) DO L 229 de 17. 8. 1991, p. 288.(3) DO L 266 de 21. 9. 1991, p. 1.(4) DO C 348 de 18. 11. 1997, volumen I.


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		52012DC0317

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia de Hungría para 2012-2015 /* COM/2012/0317 final - 2012/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Hungría
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia
de Hungría para 2012-2015
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su
artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1]
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en particular,
su artículo 6, apartado 1,
Vistas las recomendaciones de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],

Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)(1)   El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la
propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo
y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)(2)   El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación
sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados
miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010,
una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)(3)   El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación
relativa al programa nacional de reforma de Hungría para 2011 y emitió su
dictamen sobre el programa de convergencia actualizado de Hungría para
2011-2014.
(4)(4)   El 23 noviembre 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre
Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas,
en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión
adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe sobre el
mecanismo de alerta[6],
en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(5)(5)   El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las
prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento
presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El
Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la
competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(6)(6)   El 29 de febrero de 2012, el Parlamento Europeo y Hungría
intercambiaron opiniones con arreglo al artículo 2 bis del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
coordinación de las políticas económicas.
(7)(7)   El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a
los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus
compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de
estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.
(8)(8)   El 23 de abril de 2012, Hungría presentó su programa de
convergencia para el período 2012-2015 y su programa nacional de reforma para
2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han
evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen
exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº
1176/2011, si Hungría presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen,
la Comisión ha llegado a la conclusión[7]
de que Hungría presenta un desequilibrio interno y externo, aunque no excesivo.

(9)(9)   Partiendo de la evaluación del programa de convergencia de
2012 realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el
Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las
previsiones del programa es optimista. Las previsiones de crecimiento de las
autoridades húngaras para 2012 y 2013 son superiores en aproximadamente medio
punto porcentual a las previsiones de la primavera de 2012 de la Comisión,
debido a las hipótesis oficiales más optimistas en relación con la demanda
interna, en particular en 2013. El objetivo de la estrategia presupuestaria que
figura en el programa es garantizar la corrección sostenible del déficit
excesivo dentro del plazo de 2012 establecido por el Consejo. Los objetivos
oficiales de déficit y los esfuerzos presupuestarios previstos cumplen las
recomendaciones del Consejo de marzo de 2012, de conformidad con el articulo
126, apartado 7. El programa confirma el objetivo presupuestario a medio plazo
del 1,5 % del PIB, que tiene previsto alcanzar de aquí a 2013. El objetivo
a medio plazo refleja adecuadamente las exigencias del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado)[8], el avance hacia el
objetivo a medio plazo no parece ser suficiente en 2013 con arreglo a la
evaluación de las previsiones de la primavera 2012 de la Comisión, que tiene en
cuenta los riesgos de ejecución relacionados con algunas medidas de ahorro y un
escenario macroeconómico menos optimista. La tasa de aumento del gasto público,
teniendo en cuenta las medidas discrecionales previstas en relación con los
ingresos, son conformes con el valor de referencia para el gasto del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2013, pero no en 2014 ni en 2015. De acuerdo con
los planes del Gobierno, la deuda pública se reduce constantemente a lo largo
del período de programación hasta situarse por debajo del 73 % del PIB en
2015, pero seguirá por encima del valor de referencia del 60 % del PIB. En
lo que respecta al valor de referencia para la reducción de la deuda, Hungría
estará en un período transitorio en 2013-2014 y el programa garantizará un
avance suficiente hacia el cumplimiento del valor de referencia. De acuerdo con
el programa, el valor de referencia para la reducción de la deuda se cumplirá a
finales del período transitorio, en 2015, y por consiguiente deberá contribuir
a reducir el endeudamiento interno y externo acumulado.
(10)(10)           Se han adoptado nuevos reglamentos para la
aplicación del marco constitucional de gobernanza presupuestaria, pero algunas
de sus características siguen acusando deficiencias. La planificación
presupuestaria a medio plazo es solo indicativa, los recursos del Consejo
Fiscal no se corresponden con su fuerte derecho de veto recientemente obtenido
y la información presupuestaria disponible sigue siendo insuficiente. Reforzar
la planificación presupuestaria a medio plazo y ampliar la misión de análisis del
Consejo Fiscal contribuiría a garantizar que el nuevo marco institucional de
gobernanza presupuestaria pueda desempeñar su papel.
(11)(11)           Las medidas para hacer frente a los efectos de la
reforma fiscal en los trabajadores con salarios bajos (aumento del salario
mínimo, régimen de subsidios salariales) no han contribuido a fomentar el
empleo, mientras que las medidas para promover la participación de las mujeres
en el mercado de trabajo representan un pequeño paso en la buena dirección.
Promover una fiscalidad sobre el trabajo más favorable al empleo y potenciar
las medidas dirigidas a promover la participación de las mujeres en el mercado
de trabajo, en particular ampliando la oferta de servicios de guardería y centros
de educación preescolar, contribuiría a mejorar la tasa de empleo.
(12)(12)           Se han reorganizado los servicios públicos de
empleo reduciendo globalmente su tamaño, al contrario de lo recomendado en
2011. En el ámbito de las políticas activas del mercado de trabajo, algunas
medidas dirigidas a introducir servicios específicamente adaptados a los grupos
desfavorecidos, por ejemplo, en el marco de los programas del FSE, parecen creíbles
y pertinentes. No obstante, es poco probable que otras medidas dirigidas a
grupos desfavorecidos (por ejemplo, realización de obras públicas) contribuyan
a mejorar la posición de los participantes en el mercado libre de trabajo. La
adopción de importantes medidas para mejorar la capacidad de los servicios
públicos de empleo sin demora, manteniendo una distribución adecuada de fondos
entre obras públicas y otras políticas activas del mercado de trabajo,
contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y a aumentar la
tasa de participación en el mismo. Promover el potencial de crecimiento a
través de la reforma estructural del mercado laboral también es importante para
una reducción sostenida de los puntos débiles provocados por el gran volumen de
la deuda interna y externa. Por otra parte, la Estrategia Nacional de
Integración de los Gitanos no se ha integrado en otras políticas.
(13)(13)           Las medidas destinadas a mejorar el entorno
empresarial van en su mayor parte en la buena dirección, pero sigue existiendo
un amplio margen de mejora. Los esfuerzos dirigidos a mejorar el acceso a la
financiación no bancaria también van en la dirección adecuada, pero sigue
faltando una evaluación global de las medidas en favor de las PYME. Hungría
ocupa una posición muy baja en relación con muchos indicadores que miden la
transparencia y la calidad de la administración pública, ámbito en el cual los
progresos también contribuirán a mejorar la estabilidad del contexto
institucional y político. Esto a su vez podría mejorar las condiciones para la
inversión extranjera directa y contribuiría a reducir el importante
desequilibrio de la posición de inversión internacional neta: en particular, el
porcentaje de beneficios reinvertidos cayó radicalmente en 2009 y 2010, debido
en parte a la crisis pero también como resultado de una serie de cambios
imprevisibles y controvertidos del entorno político y presupuestario y del
sistema jurídico e institucional. La reciente tendencia de la financiación
pública para la investigación y la innovación (desde mediados de 2010) no es
conforme con la prioridad del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de
2012 de saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento.
(14)(14)           El Gobierno húngaro ha llevado a cabo una reforma
de la enseñanza superior que ha introducido cambios en su estructura y
financiación. Además, algunos elementos de la nueva legislación en materia
educativa podrían traducirse en un aumento del abandono escolar prematuro y la
segregación en el sistema educativo húngaro. Tampoco se ha abordado
suficientemente la cuestión igualmente importante del aprendizaje permanente. La
mejora de la educación a todos los niveles será importante para aumentar la
competitividad de la mano de obra húngara.
(15)(15)           La falta de avances en la reestructuración del
transporte público ha sido una razón importante de las desviaciones
presupuestarias de años recientes. La gran mayoría del material rodante de las
empresas de transporte público han alcanzado los límites de su vida útil. El
incremento de la capacidad transfronteriza de la red eléctrica contribuiría a
un aumento potencial de los intercambios con los países vecinos. El regulador
nacional de energía no está facultado para organizar sus estructuras de forma
autónoma y carece de competencia exclusiva para fijar las tarifas de la red,
incluida la tasa de rentabilidad que los operadores de redes están autorizados
a obtener. Los precios regulados deben aplicarse únicamente a los clientes
vulnerables.
(16)(16)           En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha
efectuado un análisis global de la política económica húngara, ha evaluado el
programa de convergencia y el programa nacional de reforma y ha presentado un
examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para
la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política económica de
Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE,
dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión
Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones
nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en
las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(17)(17)           A la luz de esta evaluación, el Consejo ha
examinado el programa de convergencia de Hungría, y su dictamen[9] se refleja, en
particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(18)(18)           A la luz de los resultados del examen exhaustivo
realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado
el programa nacional de reforma de Hungría para 2012 y su programa de
convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, se reflejan, en particular, en las
recomendaciones 1, 3, 4 y 5 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que Hungría actúe en el
período 2012-2013 a fin de:
1.           Corregir el déficit
excesivo de aquí a 2012 de manera sostenible, ejecutando el presupuesto para
2012 y reduciendo el recurso a medidas puntuales. A continuación, especificar
todas las medidas estructurales necesarias para garantizar una corrección
duradera del déficit excesivo y avanzar suficientemente hacia la consecución
del objetivo presupuestario a medio plazo, incluido el cumplimiento del valor
de referencia para el gasto, y garantizar un avance suficiente hacia el
cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda. Con objeto
de mitigar los desequilibrios macroeconómicos acumulados, situar el ratio de deuda
pública en una firme tendencia decreciente.
2.           Revisar la ley cardinal
adoptada sobre estabilidad económica integrando las nuevas normas numéricas en
un marco presupuestario a medio plazo vinculante. Seguir ampliando la misión de
análisis del Consejo Fiscal, con el fin de aumentar la transparencia de las
finanzas públicas.
3.           Promover una fiscalidad
del trabajo más favorable al empleo, atenuando los efectos de las reformas fiscales
de 2011 y 2012 en los trabajadores con bajos salarios, de modo sostenible y sin
incidencia presupuestaria, por ejemplo desviando parte de la presión fiscal
hacia los impuestos energéticos e impuestos recurrentes sobre los bienes
inmuebles. Reforzar las medidas destinadas a promover la participación de las
mujeres en el mercado laboral, en particular ampliando la oferta de servicios
de guardería y centros de educación preescolar.
4.           Mejorar la capacidad de
los servicios públicos de empleo a fin de mejorar la calidad y eficacia de la
formación, la asistencia en la búsqueda de empleo y la prestación de servicios
individualizados, con una atención especial a los grupos desfavorecidos.
Reforzar el elemento de activación del plan de obras públicas a través de una
asistencia a la búsqueda de empleo y una formación eficaz. Aplicar la
Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos, e integrarla en otras
políticas.
5.           Aplicar medidas
destinadas a reducir la carga administrativa. Velar por que la contratación pública
y el proceso legislativo apoyen la competencia en el mercado e instaurar un
marco regulador favorable para las empresas financieras y no financieras,
incluidos los inversores directos extranjeros. Reducir los costes de
cumplimiento de las obligaciones tributarias y establecer un marco del impuesto
sobre sociedades estable, legítimo y que no genere falseamiento. Eliminar las restricciones injustificadas a la
implantación de establecimientos de venta al por menor a gran escala. En el
marco de la nueva estrategia para la innovación, ofrecer incentivos específicos
dirigidos a apoyar a las PYME innovadoras.
6.           Establecer y aplicar una
estrategia nacional en materia de abandono escolar prematuro, garantizando una
financiación adecuada. Garantizar que la aplicación de la reforma de la
educación superior mejora el acceso a la educación para los grupos
desfavorecidos.
7.           Reformar
el sistema de transporte público para mejorar su rentabilidad. Aumentar la
capacidad transfronteriza de la red eléctrica, garantizar la independencia del
regulador de energía y suprimir gradualmente los precios regulados de la
energía.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p.1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p.25.
[3]               COM (2012) 317 final.
[4]               P7_TA(2012)0048 `y P7_TA(2012)0047
[5]               Decisión 2012/238/UE del Consejo de 26 de abril de
2012.
[6]               COM (2012) 68 final.
[7]               SWD (2012) 157 final.
[8]               Balance anual ajustado en función del ciclo, tras
deducir las medidas puntuales y otras medidas temporales, recalculado por los
servicios de la Comisión sobre la base de la información facilitada en el
programa, utilizando la metodología común.
[9]               Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


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52004SC0011

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Suecia (2003-2006)  /* SEC/2004/0011 final */

Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Suecia (2003-2006)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], establecía que que los países que no participen en la moneda única habían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de convergencia antes del 1 de marzo de 1999. De conformidad con el artículo 9 de este Reglamento, el Consejo debe examinar cada programa de convergencia basándose en las evaluaciones realizadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (Comité Económico y Financiero). La Comisión adoptó una recomendación sobre cada programa. Basándose en esta recomendación, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo emitió un dictamen. De conformidad con el Reglamento, los programas de convergencia actualizados, que han de presentarse anualmente, también pueden ser examinados por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.[1]   DO L 209, 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:El programa de convergencia de Suecia para el periodo 1998-2001 fue presentado el 23 de diciembre de 1998 y fue evaluado por el Consejo el 8 de febrero de 1999 [2], habiéndose presentado actualizaciones del mismo en cada uno de los años siguientes.[2]   DO C 68, 11.3.1999.El 1 de diciembre de 2003, Suecia presentó el quinto y más reciente programa de convergencia actualizado, relativo al periodo 2003-2006. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica del mismo, teniendo en cuenta la información facilitada de conformidad con el Código de conducta [3], las previsiones de otoño y evaluaciones posteriores, la metodología establecida de común acuerdo para la estimación de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo, las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Generales de Política Económica y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo del 27 de noviembre de 2002 relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias [4]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:[3]   Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo EcoFin el 10.7.2001.[4]   COM(2002) 668 final, 27.11.2002.El programa de convergencia actualizado de Suecia abarca el periodo de 2003 a 2006 y se basa en el proyecto de presupuesto para 2004. El presupuesto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2003. El programa actualizado proporciona información detallada y una descripción a fondo de las cuestiones estructurales, con inclusión de la situación cíclica de la economía y sus repercusiones sobre las finanzas públicas. Además, se aborda con cierto detalle la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. Esto se ajusta en líneas generales al Código de conducta. En la actualización de 2003, la política económica sigue estando orientada principalmente al pleno empleo y a aumentar la prosperidad por medio de un crecimiento elevado y sostenible. Se mantiene el marco de política macroeconómica orientado a la estabilidad de precios y a unas finanzas públicas saneadas.Como ha ocurrido en el resto de la UE, en Suecia la evolución de la economía ha sido menos favorable que la prevista en la actualización de 2002. La actualización de 2003 prevé un crecimiento del PIB del 1,4% en 2003, 2,0% en 2004, 2,6% en 2005 y del 2,5% en 2006. El mercado de trabajo se ha deteriorado en 2003, con una reducción del empleo y unincremento de la tasa de desempleo, y no se espera una recuperación hasta 2005. Este escenario se ajusta en líneas generales a la evaluación de la Comisión y a las previsiones de otoño, aunque en éstas se contempla una evolución del mercado de trabajo algo menos favorable.La hacienda pública sueca se mantiene en buenas condiciones, debido a un fructífero programa de saneamiento presupuestario iniciado a mediados de los años noventa, y a un marco presupuestario reforzado con el ambicioso objetivo de un superávit a medio plazo equivalente al 2% del PIB por término medio a lo largo del ciclo. En la actualización de 2003, se fija como objetivo un superávit del 0,4% del PIB en 2003, y unos superávit gradualmente superiores en los años subsiguientes hasta 2006. Además, la ratio de deuda bruta -por debajo del 60% del PIB desde el año 2000- se prevé que siga disminuyendo y alcance el 48,3% del PIB en 2006, esperándose el paso de este bajo nivel de endeudamiento neto a un crédito neto en 2006. La opinión de la Comisión se ajusta a estas previsiones.El considerable estímulo fiscal observado en 2002 -que fue posible gracias a la saneada situación fiscal- y el prolongado periodo de crecimiento económico relativamente moderado pesan sobre las finanzas públicas. No obstante, se espera que la situación presupuestaria ajustada en función del ciclo se mantenga sólida y se refuerce gradualmente, aunque se mantenga por debajo del objetivo del 2% del PIB para cada año hasta 2005, de conformidad con el análisis y las estimaciones de la Comisión contenidas en la actualización de 2003.Los principales instrumentos para mantener unas finanzas públicas saneadas siguen siendo: a) el límite de gasto para la administración central, y b) la obligación de equilibrio presupuestario impuesta a las administraciones locales. El margen presupuestario incluido en el límite establecido para 2004 es muy reducido, lo que indica que sigue siendo importante una supervisión estricta y que se recurrirá a medidas correctoras en caso de una evolución peor que la prevista. Para 2005 y 2006, los márgenes presupuestarios son más amplios. Conforme a los cálculos contenidos en la actualización, el objetivo de un superávit equivalente al 2% del PIB se alcanzará por término medio durante el periodo 2000-2006. Sin embargo, esto dependerá, entre otros factores, de la capacidad de la administración central de cumplir con el límite de gasto en 2004 y sus planes de gasto para 2005 y 2006, lo que indica que queda poco margen, o ninguno, para un mayor deterioro en este ámbito. La actualización de 2003 prevé que se cumpla con la exigencia de un presupuesto equilibrado por parte de las administraciones locales durante el periodo 2004-2006. Con este fin, varias administraciones locales aumentaron sus impuestos en 2003. Se prevén nuevas subidas en 2004. A pesar de ello, algunas de las mayores administraciones locales afrontan grandes dificultades para alcanzar el equilibrio, lo que se traduce en una propuesta de aumento de los impuestos y las tasas. Si las administraciones locales pretenden alcanzar un presupuesto equilibrado, podrían verse obligadas a unos mayores aumentos de los impuestos. Si las demás condiciones no varían, esto pondría fin a la tendencia de los últimos años de reducción de la presión fiscal, lo que, a su vez, podría afectar negativamente al crecimiento económico.La actualización de 2003 incluye una sección detallada referente a las posibles repercusiones del envejecimiento de la población sobre la hacienda pública. De 2007 a 2050, los gastos relacionados con el envejecimiento de la población se espera que aumenten en un 6,7% del PIB. Sobre la base de las políticas actuales, Suecia parece encontrarse en una buena posición relativa para hacer frente a los costes presupuestarios asociados al envejecimiento de la población. Las previsiones a largo plazo indican que la deuda bruta se mantendrá en todo momento por debajo del 60% y que la deuda pública ajustada disminuirá hasta un valor próximo a cero. Esto se debe en gran parte a la reforma del sistema de pensiones y a la estrategia a medio plazo encaminada a volver a un superávit estructural equivalente al 2% del PIB. Sin embargo, debe abordarse el aumento de los gastos de asistencia sanitaria, incluidos los ocasionados por las enfermedades, que se contempla en las previsiones, ya que en la actualización se indica la necesidad de nuevas medidas para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el número de días de ausencia por enfermedad. Por otra parte, según el análisis de la Comisión, debe alcanzarse el objetivo a medio plazo, pues de lo contrario podrían aparecer desequilibrios presupuestarios a muy largo plazo. Además, como se observa en las Orientaciones Generales de Política Económica, "son necesarios nuevos esfuerzos para mejorar más los incentivos al trabajo, particularmente teniendo en cuenta que Suecia sigue siendo el país con mayor presión fiscal de la UE y tiene unos sistemas de prestaciones sociales relativamente generosos desde el punto de vista internacional".La inflación ha disminuido recientemente en Suecia, tras haber sido relativamente elevada como consecuencia de factores temporales a principios de 2003. Se espera que a principios de 2004 se alcancen nuevos acuerdos salariales para la mayor parte del mercado de trabajo. Parece probable que los incrementos salariales se mantengan moderados, debido en parte a una evolución poco favorable del mercado de trabajo.Durante el último año, la evolución de los rendimientos de las obligaciones suecas ha estado en consonancia con la observada en los mercados internacionales de obligaciones. En la actualización de 2003 se indica que no se contempla la entrada en el mecanismo de tipos de cambio (MTC II). En comparación con los años anteriores, la corona sueca se mantuvo relativamente estable en 2002 y 2003.Con el fin de alcanzar un crecimiento económico sostenible, se están aplicando medidas estructurales encaminadas a fomentar la oferta de la economía. Sin embargo, algunas de las medidas planeadas podrían tener repercusiones negativas sobre la oferta de trabajo. En este contexto, la estrategia del programa es coherente en líneas generales con las Orientaciones Generales de Política Económica. En el marco de unas finanzas públicas saneadas, habrá que conceder prioridad a la realización de la reforma tributaria y a los esfuerzos tendentes a alcanzar los objetivos fundamentales de aumento del empleo y reducción del número de beneficiarios de la seguridad social y del número de días de ausencia por enfermedad.Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y transmite al Consejo la Recomendación adjunta, con vistas a que éste emita un dictamen en relación con el Programa de convergencia actualizado de Suecia.Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Suecia (2003-2006)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [5], y,en particular, el apartado 3 de su artículo 9,[5]   DO L 209, 2.8.1997.Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [20 de enero de 2004], el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Suecia, que abarca el periodo 2003-2006. Los datos proporcionados en el programa actualizado cumplen generalmente con el nuevo Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia.La estrategia presupuestaria subyacente en la actualización sigue basándose en el objetivo a medio plazo de alcanzar un superávit presupuestario medio del 2% del PIB durante el ciclo, que debe permitir sentar las bases para afrontar las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto y favorecer la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo. La realización de la previsión de una vuelta a un superávit de las administraciones públicas equivalente al 2% del PIB a partir de 2006 dependerá, en particular, de que el ratio gasto/PIB, que se espera aumente en 2003, disminuya a partir de 2004, así como de que el ratio ingresos/PIB, que se espera aumente en 2003 y se mantenga constante en 2004, disminuya a partir de 2005.La actualización prevé que el crecimiento del PIB real aumente de una estimación del 1,4% en 2003 al 2% en 2004. Para 2005 y 2006 se prevé un crecimiento del 2,6% y del 2,5%, respectivamente. Se espera un repunte del aumento del empleo, del 0,1% en 2004 al 0,7% en 2005 y 2006. La inflación del Índice de Precios de Consumo se prevé que aumente gradualmente del 1,3% en 2004 a una cifra ligeramente superior al 2% en 2006. Partiendo de la información disponible actualmente, el escenario macroeconómico subyacente en la previsión parece realista y se ajusta a la evaluación de la Comisión y a las previsiones de otoño.La actualización establece como objetivo un superávit de las administraciones públicas equivalente al 0,6% del PIB en 2004, frente a una previsión de superávit del 0,4% para 2003. En términos ajustados en función del ciclo, y sobre la base de las estimaciones de la Comisión realizadas aplicando la metodología establecida de común acuerdo, se contempla una mejora del 0,5% al 1% del PIB. Para 2005 y 2006, se prevén superávit globales del 1,4% y el 1,9% del PIB, respectivamente. En términos ajustados en función del ciclo, los superávit correspondientes equivaldrían al 1,8% y el 2,3% del PIB, respectivamente. Se prevé una reducción gradual de la ratio de deuda, del 51,7% en 2003 al 48,3% en 2006.La orientación presupuestaria del programa deberá proporcionar un margen de seguridad suficiente para impedir que se rebase el límite de déficit del 3% del PIB en el caso de fluctuaciones macroeconómicas normales. Con unas hipótesis macroeconómicas y presupuestarias verosímiles, el objetivo a medio plazo de alcanzar una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit deberá mantenerse a lo largo del periodo cubierto por el programa.Sin embargo, partiendo del análisis de la Comisión y de las estimaciones incluidas en la actualización de 2003, se espera que la situación presupuestaria ajustada en función del ciclo registre un superávit, aunque inferior al 2% del PIB -objetivo establecido para la economía sueca en los años hasta 2005-, y ello debido a que el considerable estímulo fiscal de 2002 sólo se contrarrestaría parcialmente en los años siguientes. Por consiguiente, a este respecto sigue siendo importante un control estricto del gasto, que implica particularmente el cumplimiento del límite de gasto para 2004 y de los planes de gasto para 2005 y 2006.Con las políticas actuales, Suecia deberá poder hacer frente a los costes presupuestarios derivados del envejecimiento de la población. Sin embargo, debe abordarse el aumento de los gastos de asistencia sanitaria, incluidos los ocasionados por las enfermedades, que se contempla en las previsiones, ya que en la actualización se indica la necesidad de nuevas medidas para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el número de días de ausencia por enfermedad. Por otra parte, según el análisis de la Comisión, debe alcanzarse el objetivo a medio plazo, pues de lo contrario podrían aparecer desequilibrios presupuestarios a muy largo plazo.Las políticas económicas reflejadas en el programa actualizado se ajustan en líneas generales a las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Generales de Política Económica. Sin embargo, algunas de las medidas previstas podrían tener repercusiones adversas sobre la oferta de trabajo. En el marco de unas finanzas públicas saneadas, habrá que conceder prioridad a la realización de la reforma tributaria y a los esfuerzos tendentes a alcanzar los objetivos fundamentales de aumento del empleo y reducción del número de beneficiarios de la seguridad social y del número de días de ausencia por enfermedad.


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52001SC1181

Recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión para que, en nombre de la Comunidad Europea, negocie en las instancias competentes del Consejo de Europa un proyecto de Convenio sobre la información y la cooperación jurídica en materia de servicios de la sociedad de la información  /* COM/2001/1181 final */

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la Comisión para que, en nombre de la Comunidad Europea, negocie en las instancias competentes del Consejo de Europa un proyecto de Convenio sobre la información y la cooperación jurídica en materia de servicios de la sociedad de la información(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1. En el curso del presente año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa será llamado a examinar y adoptar sobre la base del modelo establecido por la Directiva 98/48/CE [1] un proyecto de Convenio sobre la información y la cooperación jurídica en materia de « servicios de la sociedad de la información ».[1]  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. Como resultado de esa modificación, la Directiva 98/34/CE, de 22 de junio de 1998, se titula ahora « Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información ».2. Esa Directiva, que viene a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 98/34/CE (relativa a los productos), ha introducido entre los Estados miembros de la Unión Europea un sistema de notificación previa y de cooperación administrativa para los proyectos de reglamentación nacional que tengan como objetivo específico los servicios de la sociedad de la información (es decir, los prestados a distancia por vía electrónica y a petición individual). Vigente desde agosto de 1999, dicha Directiva ha constituido hasta el momento un eficaz mecanismo de información previa y de diálogo administrativo en un contexto reglamentario (el de los servicios en línea) que se halla en plena evolución y que afecta a actividades de carácter eminentemente transfronterizo.3. El objetivo del Convenio del Consejo de Europa es establecer en el campo de esos servicios un sistema de información previa y de cooperación que, basándose en el modelo de transparencia reglamentaria de la Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE, esté abierto a un amplio número de países y se adapte al mismo tiempo al contexto propio del Consejo de Europa. El sistema previsto sería más flexible que el dispuesto por la Directiva CE dado que, aún teniendo el mismo objeto que ésta, el Convenio no establece que el deber de notificación previa de los proyectos reglamentarios haya de ir acompañado de un período de statu quo (bloqueo de la medida).4. La Comunidad Europea y sus Estados miembros deben participar en ese Convenio ya que el sistema previsto les permitiría ser informados regularmente de las iniciativas reglamentarias en preparación en otros países y, en su caso, emitir observaciones sobre los proyectos que tuvieran en el contexto de los servicios en línea graves implicaciones jurídicas y económicas con relación al ejercicio de las libertades y derechos fundamentales (entre otros, por ejemplo, los de las personas y empresas comunitarias que operan en países terceros).5. En la práctica, esa participación se apoyaría en el dispositivo operativo que ha existido desde 1983 con la Directiva 83/189/CEE (varias veces modificada y, después, codificada por la Directiva 98/34/CE). Más concretamente, con objeto de simplificar al máximo los procedimientos internos de la Comunidad, la Comisión enviaría al Consejo de Europa las mismas notificaciones en materia de servicios que recibe ya de cada Estado miembro y que transmite a su vez a los otros 14 Estados en el marco de la Directiva 98/34/CE. La Comunidad deberá velar así por que el ámbito de aplicación del futuro Convenio guarde paralelismo con el de la Directiva 98/34/CE en lo referente a los proyectos de reglamentación nacional sobre los servicios de la sociedad de la información. Ello es necesario para evitar a las autoridades de los Estados miembros una carga de notificación suplementaria con relación a las obligaciones que ya les corresponden en virtud de la Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE. Además, para que el objetivo del Convenio se realice efectivamente, es preciso que la Comunidad vele también por que cada Parte notifique los proyectos reglamentarios que se elaboren a todos sus niveles institucionales (federal o regional).RECOMENDACIÓN6. Por consiguiente, se recomienda que el Consejo tome la decisión de:- autorizar a la Comisión para que negocie en el Consejo de Europa un proyecto de Convenio Europeo sobre la información y la cooperación jurídica en materia de servicios de la sociedad de la información; la Comisión emprenderá esas negociaciones en consulta con el comité especial designado por el Consejo para asistirle en esa tarea y de acuerdo con las directrices de negociación adjuntas;- encargar a la Comisión la coordinación in situ con los Estados miembros necesaria para garantizar que la postura de negociación de la Comunidad sea eficaz.ANEXO: DIRECTRICES DE NEGOCIACIÓN1. El objetivo de las negociaciones es lograr que el Convenio del Consejo de Europa sobre la información y la cooperación jurídica en materia de servicios de la sociedad de la información permita establecer en ese campo un sistema obligatorio de información reglamentaria previa (sin períodos de statu quo) y un mecanismo regular de cooperación administrativa con terceros países que se inspiren en el modelo de la Directiva 98/34/CE, modificada por la también Directiva 98/48/CE.2. Durante las discusiones que tengan lugar en el Consejo de Europa, la Comisión deberá velar muy especialmente por que:- el ámbito de aplicación del futuro Convenio guarde paralelismo con el de la Directiva 98/34/CE en lo referente a los proyectos de reglamentación nacional orientados específicamente a los servicios de la sociedad de la información, y ello con el fin primordial de evitar a las autoridades de los Estados miembros toda carga de notificación suplementaria con relación a las obligaciones que ya les incumben en virtud de la Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE;- el Convenio tenga debidamente en cuenta las particularidades de la Comunidad Europea, permitiendo la plena participación de ésta, como Parte contratante, en el proceso de toma de decisiones previsto por el Convenio.FICHA DE FINANCIACIÓN1. Denominación de la medidaRecomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión para que negocie un proyecto de Convenio del Consejo de Europa sobre la información y la cooperación jurídica en materia de servicios de la sociedad de la información.2. Líneas presupuestariasA-110 Funcionarios y agentes temporales que desempeñan un puesto de plantillaA-50 Informática3. Fundamento jurídicoArtículo 133 del Tratado CE4. Descripción de la medida4.1 Objetivo general de la medidaEl Convenio que va a negociarse tiene por objeto establecer en el Consejo de Europa un mecanismo de transparencia reglamentaria, fuertemente inspirado en la Directiva 98/48/CE, que se aplique a los proyectos nacionales en materia de servicios de la sociedad de la información.El ámbito de aplicación de la Directiva 98/34/CE (referente a los productos) ha sido ampliado por la Directiva 98/48/CE al imponer a los Estados miembros de la UE el deber de notificación previa de sus proyectos de reglamentación orientados específicamente a los servicios de la sociedad de la información (es decir, los que se prestan a distancia por vía electrónica y a petición de un destinatario o, lo que es lo mismo, las actividades interactivas en línea). Tras esa notificación, la Directiva prevé un período de statu quo (de al menos tres meses) durante el cual no puede adoptarse a nivel nacional el proyecto notificado.El mecanismo que contemple el proyecto de Convenio del Consejo de Europa debe reproducir a mayor escala geográfica, aunque de forma menos restrictiva (notificación previa pero sin aplicación de ningún plazo de espera), el sistema que ya existe a nivel comunitario para los servicios de la sociedad de la información en virtud de la Directiva 98/48/CE.La Comisión recomienda al Consejo que adopte la decisión de autorizarla para negociar el citado Convenio. Debe tenerse en cuenta que la participación comunitaria en ese sistema internacional de cooperación administrativa redundaría claramente en favor de la Comisión y de los Quince al permitirles conocer con antelación (y hacer objeto de sus observaciones) las iniciativas reglamentarias que estuvieran preparando los países terceros en un campo que, como el de los servicios de la sociedad de la información, se halla en plena evolución reglamentaria y presenta profundas implicaciones transfronterizas.4.2 Duración de la medida y disposiciones para su renovaciónLa validez del Convenio no está sujeta a ningún límite de tiempo, pero sí se prevé la posibilidad de modificar posteriormente su ámbito de aplicación.5. Clasificación del gasto5.1 GNO (gastos no obligatorios)5.2 CND (créditos no disociados)6. Tipo del gasto100 %7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS7.1. Incidencia en los recursos humanos>SITIO PARA UN CUADRO>Las tareas de transmisión y recepción de los proyectos reglamentarios entre la Comisión y la Secretaría del Consejo de Europa se enmarcarán en el mecanismo administrativo de la Directiva 98/34/CE que se halla ya en funcionamiento a nivel comunitario desde 1983.Puede preverse que el número de proyectos procedentes de los países terceros se sitúe en torno a unos 60 por año.La DG Empresa deberá encargarse de:- coordinar el examen al que sometan los proyectos los otros servicios interesados de la Comisión (principalmente, la DG Sociedad de la Información y la DG Mercado Interior);- coordinar los comentarios sobre los proyectos de los países terceros y las respuestas a los comentarios de esos países sobre los proyectos de los Estados miembros o de la Comunidad;- gestionar la base de datos y transmitir los mensajes.Los empleos necesarios para desempeñar estas actividades se proveerán mediante una reasignación de personal a cargo de la DG Empresa.7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos>SITIO PARA UN CUADRO>Los importes corresponden al gasto total de 12 meses.7.3 Otros gastos de funcionamiento derivados de la medida>SITIO PARA UN CUADRO>Los importes corresponden al gasto total de la medida en 12 meses.I. Total anual (7.2 + 7.3)II. Duración de la medidaIII. Coste total de la medida (I x II)  //  171.000EURIndefinidaSe asistirá al aumento de dos tipos de gastos de funcionamiento:7.3.1. Gastos de traducciónDada la constante evolución de este campo, la Comisión prevé, como media, unas 60 notificaciones de textos al año. En cerca de un 10% de estos casos, se requerirá una traducción.Suponiendo que la longitud media de los textos notificados sea de una decena de páginas, cabe esperar entre 60 y 100 páginas de traducción al año, lo que representa un importe anual de 4.000EUR (100 páginas a 40EUR/página). Este importe se financiará con la dotación existente de la DG Empresa.7.3.2. Gastos informáticosDeberá crearse una aplicación que permita enviar automáticamente al Consejo de Europa los textos de los Estados miembros de la Comunidad.El establecimiento de esa aplicación (consistente en una adaptación de la ya existente para el sistema comunitario) y el funcionamiento de la misma exigirán unos 10 días de trabajo al año, lo que supone un importe anual de 5.000EUR (10 días a 500EUR/día). Este importe se financiará con cargo al presupuesto informático del que está dotada la DG Empresa.8. Disposiciones contra el fraudeNinguna (no se prevén medidas ni estudios de seguimiento)9. Elementos del análisis coste-eficacia9.1 Objetivos concretos cuantificables y ámbito geográficoEl objetivo del Convenio del Consejo de Europa es establecer a nivel internacional un sistema de información previa y de cooperación que sea complementario del establecido a nivel comunitario por la Directiva 98/48/CE en materia de servicios de la sociedad de la información.El ámbito geográfico potencial de este Convenio es muy amplio ya que está abierto a un gran número de Estados: además de los 41 países miembros del Consejo de Europa, se incluyen la Comunidad Europea y los Estados no miembros que hayan participado en la elaboración del Convenio o que sean invitados a adherirse a él más adelante.9.2 Justificación de la medidaLa Comunidad Europea y sus Estados miembros deben participar en el Convenio dado que el sistema que en él se contempla les permitirá ser informados regularmente de las iniciativas legislativas que se hallen en preparación en otros países así como, en su caso, presentar sus observaciones sobre los proyectos en materia de información en línea que puedan tener graves implicaciones jurídicas y económicas desde el punto de vista del ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales (entre otros, por ejemplo, los de las personas y empresas comunitarias que operen en terceros países).No cabe duda de que en la actualidad hace falta ese mecanismo de notificación regular en un campo que, como el de la información en línea, es cada vez más importante.9.3 Seguimiento y evaluación de la medidaLa participación comunitaria en el futuro Convenio debe apoyarse en la práctica en el dispositivo operativo que existe ya desde 1983 con la Directiva 83/189/CEE (modificada en varias ocasiones y, después, codificada por la Directiva 98/34/CE).Más concretamente, se propone que, para simplificar al máximo los procedimientos internos de la CE, la Comisión envíe al Consejo de Europa las mismas notificaciones en materia de servicios que recibe ya de cada Estado miembro y que transmite a su vez a los otros 14 Estados en el marco de la Directiva 98/34/CE.El Convenio constituirá, en definitiva, un instrumento sencillo pero muy valioso para la evaluación de la situación reglamentaria y la cooperación administrativa en ese campo en plena expansión que es el de las actividades en línea.