               6.10.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 404/224

      P9_TA(2020)0280
      Recomendación al Consejo, a la Comisión y al VP/AR sobre las relaciones con Bielorrusia
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2020, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las relaciones con Bielorrusia (2020/2081(INI))
      (2021/C 404/14)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistos los artículos 2, 3 y 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

                  —

                  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de febrero de 2016, sobre Bielorrusia,

                  —

                  Vista la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga, el 7 de mayo de 2009, como un empeño común de la Unión y de sus seis socios orientales, a saber, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania,

                  —

                  Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental celebradas en 2009 en Praga, en 2011 en Varsovia, en 2013 en Vilna, en 2015 en Riga, y en 2017 en Bruselas y la videoconferencia de los dirigentes de la Asociación Oriental celebrada en 2020,

                  —

                  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la readmisión de residentes en situación ilegal (1), que entró en vigor el 1 de julio de 2020,

                  —

                  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados (2), que entró en vigor el 1 de julio de 2020,

                  —

                  Vista la 6.a sesión del diálogo bilateral sobre derechos humanos entre la Unión y Bielorrusia, que se celebró el 18 de junio de 2019 en Bruselas,

                  —

                  Vista la declaración conjunta del alto representante / vicepresidente, Josep Borrell, y del comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, de 10 de agosto de 2020, así como la declaración del alto representante en nombre de la Unión sobre las elecciones presidenciales en Bielorrusia de 11 de agosto de 2020,

                  —

                  Vista la declaración del portavoz del SEAE sobre los recientes acontecimientos en Bielorrusia de 19 de junio de 2020 y las declaraciones del alto representante / vicepresidente, Josep Borrell, relativas a las elecciones en Bielorrusia de 14 de julio de 2020, 7 de agosto de 2020 y 17 de agosto de 2020,

                  —

                  Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE sobre la aplicación de la pena de muerte en Bielorrusia, en particular las de 30 de julio de 2019, 28 de octubre de 2019, 20 de diciembre de 2019, 11 de enero de 2020 y 7 de marzo de 2020,

                  —

                  Vista su Recomendación al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020,

                  —

                  Visto el informe, de 10 de julio de 2020, del relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia,

                  —

                  Vistas las declaraciones de las Naciones Unidas sobre la situación en Bielorrusia, en particular las de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 12 de agosto de 2020, de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos de 13 de agosto de 2020 y del portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 21 de agosto de 2020,

                  —

                  Vista la declaración del presidente del Parlamento Europeo de 13 de agosto de 2020 en la que pedía el cese de la violencia en Bielorrusia,

                  —

                  Vista la declaración conjunta sobre Bielorrusia de dirigentes políticos de los grupos PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE y ECR en el Parlamento Europeo de 17 de agosto de 2020,

                  —

                  Vistos los principales resultados de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores, del 14 de agosto de 2020, las conclusiones del presidente del Consejo Europeo, de 19 de agosto de 2020, sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 y las Conclusiones del Consejo Europeo de 1 de octubre de 2020 y del Consejo de Asuntos Exteriores de 12 de octubre de 2020 sobre la imposición de medidas restrictivas contra personas identificadas como responsables de la represión e intimidación contra manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas a raíz de las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, así como por conducta irregular del proceso electoral,

                  —

                  Vista la carta abierta sobre las actividades de vigilancia diplomática durante las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia (Minsk, 13 de agosto de 2020),

                  —

                  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

                  —

                  Vistas la Estrategia Global de la UE y la política europea de vecindad revisada,

                  —

                  Vistas sus Resoluciones sobre Bielorrusia, en particular las de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación en Bielorrusia (3), de 6 de abril de 2017, sobre la situación en Bielorrusia (4), de 19 de abril de 2018, sobre Bielorrusia (5), de 4 de octubre de 2018, sobre el deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia (6), en particular el caso de Carta 97, y de 17 de septiembre de 2020, sobre la situación en Bielorrusia (7),

                  —

                  Visto el artículo 118 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0167/2020),

                  A.

                  Considerando que las acciones del régimen de Lukashenko son delictivas y contrarias a los valores europeos, los principios de la democracia y la voluntad del pueblo bielorruso; que, a pesar de las restricciones fundamentales a las libertades fundamentales y los derechos humanos que siguen existiendo en Bielorrusia, la política de la Unión de compromiso crítico con Bielorrusia ha producido algunos resultados en forma de acuerdos firmados y de una cooperación reforzada en ámbitos como el medio ambiente y la conectividad, la cooperación transfronteriza y la gestión de las fronteras, pero resultados insuficientes en lo que respecta a la adhesión del régimen a los valores fundamentales de la Asociación Oriental; que las actuaciones ilícitas del régimen bielorruso ponen en peligro estos resultados y las relaciones entre la Unión y Bielorrusia deben estar sujetas a una revisión exhaustiva en vista del incumplimiento del régimen de sus propios compromisos en el marco del Derecho internacional y de sus acuerdos con la Unión; que las relaciones futuras entre la Unión y Bielorrusia se definirán en las Prioridades de la Asociación, que deberán ser acordadas por la Unión y las nuevas autoridades legítimas y democráticamente elegidas en Bielorrusia, y deberán basarse en los valores comunes en los que se fundamenta la Unión, a saber, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

                  B.

                  Considerando que el pueblo de Bielorrusia comparte un patrimonio y una cultura europeos comunes en un país que limita con tres Estados miembros de la Unión; que la situación en Bielorrusia puede tener repercusiones directas en la Unión;

                  C.

                  Considerando que ninguna de las elecciones parlamentarias o presidenciales celebradas en Bielorrusia desde 1994 hasta la fecha han sido libres y justas, pero pese a estas duras condiciones antidemocráticas el pueblo de Bielorrusia votó claramente a favor de un cambio, después de más de dos décadas de opresión; que las recientes elecciones presidenciales no fueron ni libres ni justas, se vieron empañadas, en mayor medida incluso que las anteriores, por una falta de consideración general por las libertades fundamentales de reunión, asociación y expresión y tuvieron lugar tras un período limitado de campaña electoral y en un entorno extremadamente restrictivo caracterizado por la represión que en general no propició una contienda política significativa o competitiva;

                  D.

                  Considerando que las autoridades bielorrusas no cumplieron las normas mínimas internacionales para un proceso de elecciones presidenciales creíble, transparente, libre y justo;

                  E.

                  Considerando que la campaña de elecciones presidenciales se vio empañada por una interferencia burocrática generalizada en favor del presidente en ejercicio, la intimidación y la represión de otros candidatos y de sus familias y partidarios, la denegación del registro de candidatos que habían recogido un número suficiente de firmas, múltiples detenciones e intentos de silenciar a periodistas y blogueros independientes y de cerrar sitios web disidentes;

                  F.

                  Considerando que un proceso de registro restrictivo y arbitrario impidió participar a la mayoría de los candidatos, incluidas las detenciones del principal contendiente presidencial Víktor Babariko y de Serguéi Tijanovski, marido de Svetlana Tijanóvskaya, otra candidata clave, y la negación por parte de la Comisión Electoral Central (CEC) de registrar al candidato clave de la oposición Valeri Tsepkalo debido a un número insuficiente de firmas de aval para el acceso a las elecciones, sin ninguna posibilidad de pedir una reevaluación del rechazo; que esto pone de relieve el carácter desproporcionado e irrazonable de los obstáculos a la candidatura, en contra de los compromisos de la OSCE y otras normas internacionales; que dicha exclusión de candidatos limitó la posibilidad del pueblo bielorruso de elegir a sus candidatos;

                  G.

                  Considerando que según los «Defensores de los derechos humanos por unas elecciones libres», otras medidas perjudicaron a los candidatos de la oposición, como la restricción de las ubicaciones donde pueden tener lugar legalmente actividades electorales, la detención de miembros de los equipos de campaña de los candidatos y el bloqueo de casi todos los candidatos de la oposición a las comisiones de las circunscripciones electorales, lo que dio lugar a que el 1,1 % del número total de candidatos electos proviniese de los partidos de la oposición y el 96,7 % de los partidos progubernamentales;

                  H.

                  Considerando que el Gobierno de Bielorrusia no emitió una invitación oportuna a la OSCE/OIDDH para la observación de las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, lo que condujo a la ausencia de observadores internacionales independientes durante estas elecciones;

                  I.

                  Considerando que, debido a restricciones impuestas por la CEC durante la pandemia del coronavirus, se impidió a los observadores electorales locales el pleno desempeño de sus funciones durante todas las fases de la votación, a saber, la votación anticipada, la votación en el día de las elecciones y la votación desde casa; que el régimen bielorruso utilizó la votación anticipada para multiplicar por varias veces la participación electoral, a la vez que se registraron numerosos casos de votación forzosa de determinadas categorías de votantes, por ejemplo, personal militar, funcionarios públicos, empleados de empresas de propiedad estatal y ciudadanos que viven en viviendas sociales; que el día de las elecciones se impidió a los observadores electorales locales supervisar el recuento de votos y que el número de votantes y los resultados electorales anunciados por las comisiones de las circunscripciones electorales y la CEC diferían significativamente de sus observaciones;

                  J.

                  Considerando que plataformas independientes creadas por organizaciones de la sociedad civil de Bielorrusia (como Golos-Belarus2020.org) realizaron sondeos a pie de urna independientes y analizaron los protocolos de más de 200 comisiones de las circunscripciones electorales, produciendo resultados genuinos que apuntan claramente hacia el hecho de que Svetlana Tijanóvskaya recibió una mayoría absoluta de los votos (entre el 71,1 % y el 97,6 %);

                  K.

                  Considerando que la CEC anunció a Aleksandr Lukashenko como ganador de las elecciones tras haber recibido supuestamente el 80,10 % de los votos, mientras que su principal oponente, Svetlana Tijanóvskaya, había obtenido el 10,12 %; que durante las jornadas electorales se denunciaron constantemente irregularidades, que a menudo se denegó el derecho de voto a las personas y que se falsificaron protocolos de las comisiones de las circunscripciones electorales;

                  L.

                  Considerando que la Unión y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales debido a dudas sustanciales acerca de su imparcialidad, condenaron el uso desproporcionado e inaceptable de la fuerza contra protestantes pacíficos y apoyaron el derecho del pueblo de Bielorrusia a determinar su futuro;

                  M.

                  Considerando que Svetlana Tijanóvskaya, presidenta electa según el pueblo bielorruso, fue intimidada y obligada a abandonar Bielorrusia dos días después de las elecciones presidenciales; que otros activistas civiles y políticos y dirigentes de trabajadores también abandonaron Bielorrusia debido a las amenazas a su seguridad o la de su familia;

                  N.

                  Considerando que el régimen bielorruso se niega a entablar un diálogo nacional con el pueblo y no reconoce el Consejo de Coordinación (CC), creado por Svetlana Tijanóvskaya con el único objetivo de facilitar una transición pacífica y ordenada del poder a través del diálogo, y trata de intimidarlo y dispersarlo persiguiendo a sus miembros e iniciando acciones penales contra ellos; que la miembro de la Mesa del Consejo de Coordinación, Svetlana Alexiévich, es la única que no ha sido detenida ni expulsada por la fuerza del país por las autoridades bielorrusas;

                  O.

                  Considerando que Bielorrusia ha conocido protestas pacíficas a escala nacional sin precedentes que reclamaban unas nuevas elecciones libres y justas, tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 y el anuncio de unos resultados falsificados, declarando la victoria del presidente en ejercicio; que las protestas dieron lugar a una violenta represión con miles de bielorrusos detenidos, centenares hospitalizados, al menos seis muertos confirmados y docenas aún desaparecidas;

                  P.

                  Considerando que el Parlamento Europeo expresa su apoyo a las reclamaciones de elecciones libres y justas del pueblo bielorruso y su capacidad de tomar decisiones libres acerca del futuro de su país;

                  Q.

                  Considerando que el Parlamento Europeo acoge favorablemente y alienta la organización pacífica continuada de protestas a nivel nacional, y elogia el papel y el firme liderazgo de las mujeres bielorrusas;

                  R.

                  Considerando que los testimonios de los manifestantes bielorrusos acerca delas condiciones inhumanas y el trato de que fueron objeto durante su detención ilegal, incluidos informes de palizas interminables, episodios de violación, tratos degradantes, condiciones de detención inhumanas en celdas hacinadas sin acceso a agua potable, comida, instalaciones sanitarias y asistencia médica; que el líder de la oposición bielorrusa y preso político Paval Sieviaryniets se cortó las muñecas en una protesta contra la tortura y las condiciones de detención inhumanas; que tras su liberación muchas personas fueron hospitalizadas, algunas en cuidados intensivos, con lesiones como extremidades rotas, cráneos fracturados y visión y audición dañadas, algunas de las cuales, junto con los traumas psicológicos sufridos, tendrán efectos para toda la vida, incluida la infertilidad;

                  S.

                  Considerando que las represalias contra opositores del régimen, observadores electorales, periodistas, blogueros, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, también mediante violencia física, secuestros por personas desconocidas sin marcadores de identificación, multas administrativas, amenazas de perder la custodia de un hijo y procesos penales, así como la tortura física y psicológica, se han convertido en prácticas habituales en Bielorrusia en los últimos meses;

                  T.

                  Considerando que el pueblo de Bielorrusia necesita urgentemente ayuda y apoyo de la comunidad internacional;

                  U.

                  Considerando que la situación en Bielorrusia exige una investigación internacional urgente sobre la violación de los derechos humanos de los manifestantes pacíficos y el uso de una fuerza excesiva por el régimen bielorruso;

                  V.

                  Considerando que el clima para el trabajo de los defensores de los derechos humanos, representantes de la oposición, de la sociedad civil y de los medios de comunicación se ha ido deteriorando continuamente y que son sistemáticamente objeto de intimidación, acoso y restricciones de las libertades fundamentales; que se deniega sistemáticamente el registro a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones de la sociedad civil, y que la adhesión a grupos no registrados y la percepción fondos extranjeros están tipificados; que se prohíbe a abogados de derechos humanos defender a activistas políticos y civiles detenidos que no pueden contar con recibir un juicio justo;

                  W.

                  Considerando que la impunidad generalizada de los agentes de policía contribuye a que se produzcan aún más violaciones de los derechos humanos y represalias contra defensores de los derechos humanos y personas inocentes;

                  X.

                  Considerando que el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia de julio de 2020 no constata ninguna mejora importante en la protección legal y reglamentaria de los derechos humanos en Bielorrusia y, además de los problemas antes destacados, llama la atención sobre la aplicación continuada de la pena de muerte, la persistente discriminación de grupos vulnerables, incluidas mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas y religiosas y personas LGBTQI, la práctica continuada del trabajo forzoso, la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de personas detenidas y la discriminación de los hablantes de la lengua bielorrusa;

                  Y.

                  Considerando que, según las organizaciones de derechos humanos bielorrusas, hay unas cien personas detenidas por motivos políticos en Bielorrusia; que entre los miembros de la oposición bielorrusa encarcelados están Mikola Statkevich, un contendiente democrático en las elecciones presidenciales de 2010, preso de conciencia desde 2011 hasta 2017, otro antiguo preso de conciencia, Anatol Liabedzka, los miembros de la Mesa del Consejo de Coordinación de Bielorrusia María Kolésnikova, Liliya Ulasava y Maxim Znak, el candidato presidencial Víktor Babariko, y el videobloguero Serguéi Tijanovski;

                  Z.

                  Considerando que el Parlamento Europeo expresó sus más sentidas condolencias por las muertes de Alyaksandr Taraykouski, Alyaksandr Vikhor, Artsyom Parukou, Henadz Shutau y Kanstantsin Shyshmakou a sus familias y a toda la nación bielorrusa;

                  AA.

                  Considerando que el 14 de agosto de 2020 el régimen bielorruso negó la entrada al país a dos diputados al Parlamento Europeo, Robert Biedroń, presidente de la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia, y Petras Auštrevičius, ponente permanente del Parlamento Europeo sobre Bielorrusia, quienes viajaban a Bielorrusia por invitación de la sociedad civil bielorrusa;

                  AB.

                  Considerando que, desde 2014, 18 000 menores bielorrusos han sido sentenciados a penas de prisión desproporcionadamente largas, que van de los ocho a los quince años, por delitos no violentos relacionados con drogas en virtud del artículo 328 del código penal; que durante la detención y la privación de libertad los menores bielorrusos se enfrentan a numerosas violaciones de sus derechos, incluidas violencia física y torturas, y son expuestos a condiciones de trabajo peligrosas para la salud;

                  AC.

                  Considerando que, en 2016, la Unión levantó la mayoría de las sanciones contra Bielorrusia, a excepción del embargo de armas y las sanciones contra cuatro personas, y que si esto se hizo no fue porque Bielorrusia cumpliera todas las condiciones, sino con la esperanza de que continuara en la dirección de mejorar el entorno para la participación política y cívica y de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales; que no se ha logrado ningún progreso en los ámbitos de la gobernanza democrática y los derechos humanos, con un aumento de la represión administrativa, financiera y física contra la oposición democrática, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y blogueros, e incluso contra ciudadanos de a pie;

                  AD.

                  Considerando que el Consejo Europeo decidió en 2020 imponer sanciones a un número considerable de personas responsables de actos de violencia, represión y falsificación de resultados electorales en Bielorrusia, prohibiéndoles la entrada a la Unión y congelando sus activos financieros en la Unión;

                  AE.

                  Considerando que es inaceptable que un Estado miembro no condene de manera inequívoca el fraude electoral, la violencia y la represión y considere la Bielorrusia de Lukashenko un Estado socio, dado que la situación en Bielorrusia exige adoptar una posición firme y basada en principios y acordar una acción común de la Unión;

                  AF.

                  Considerando que las autoridades bielorrusas negaron que la COVID-19 se hubiera propagado en el país —desperdiciando así un tiempo precioso que podría haberse utilizado para preparar y proteger a la población del país y, en particular, a su personal médico—, y no anuló eventos de masas, —en especial el desfile militar del 9 de mayo de 2020 con miles de participantes y el día anual del trabajo comunitario al que asistió un cuarto de la población bielorrusa—, sino que se atrevió a intimidar a periodistas, a blogueros, a la oposición democrática, a organizaciones de la sociedad civil y a personas de a pie que compartieron información crucial sobre la pandemia y las medidas de precaución necesarias, con la consecuencia de que Bielorrusia tiene uno de los índices de infección por COVID-19 per cápita más altos de Europa y representa una amenaza sanitaria para la región; que el Gobierno y el presidente de Bielorrusia no aportaron dato alguno sobre la pandemia ni reaccionaron a tiempo ante ella, sino que, en su lugar, difundieron activamente información falsa que puso en peligro la salud de sus ciudadanos;

                  AG.

                  Considerando que la Unión ha mostrado su solidaridad con el pueblo de Bielorrusia desde el principio de la pandemia de la COVID-19, y ha asignado 60 millones EUR al país para la mitigación de los efectos inmediatos y, en reacción a la situación postelectoral en Bielorrusia, se añadieron 53 millones EUR adicionales para apoyar al pueblo bielorruso; que Bielorrusia está estudiando la posibilidad de solicitar ayuda macrofinanciera a la Unión;

                  AH.

                  Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la resiliencia, la firme resolución y la autoorganización sin precedentes de la sociedad bielorrusa, en particular a la luz de la respuesta letárgica de las autoridades, incluso con negaciones de la pandemia y de su impacto;

                  AI.

                  Considerando que no existen agencias de noticias bielorrusas independientes registradas en el país, y que la libertad de prensa en Bielorrusia se ha deteriorado significativamente desde 2015, como confirma anualmente la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y que la situación se ha agravado aún más desde las elecciones presidenciales de agosto de 2020; que los pocos periodistas, blogueros, fotógrafos o medios de comunicación independientes que pueden operar en el país y denuncian violaciones de derechos humanos están sometidos a un acoso sistemático y a medidas punitivas, como detenciones o iniciación de investigaciones penales, en particular bajo la acusación de producción ilegal y distribución de información, extremismo, descrédito e insultos al presidente o vandalismo, y que ha aumentado el número de enjuiciamientos por declaraciones en internet; que en 2000 y en 2016 dos periodistas especializados en derechos humanos fueron asesinados tras informar activamente sobre violaciones de derechos humanos y criticar las políticas represivas del Gobierno autoritario de Bielorrusia;

                  AJ.

                  Considerando que tras las elecciones presidenciales el régimen bielorruso endureció todavía más su control sobre la libertad de los medios de comunicación y el derecho de las personas a acceder a información e intercambiarla, bloqueando el acceso a internet, interrumpiendo la impresión de periódicos y deteniendo a periodistas locales y corresponsales extranjeros que fueron testigos e informaron de las manifestaciones, así como a los que criticaron la política medioambiental del Estado o que hicieron comentarios sobre la pandemia de la COVID-19 en Bielorrusia y exponiéndolos a torturas y tratos inhumanos; que los periodistas fueron objeto de ataques específicos y varios resultaron heridos cuando cubrían la represión autorizada por el régimen bielorruso contra manifestantes pacíficos; que las cadenas de televisión de propiedad estatal no cubren las protestas en curso y las atrocidades cometidas por el régimen de Lukashenko y están siendo utilizadas para difundir desinformación, atacar y desacreditar a Svetlana Tijanóvskaya, a activistas políticos y a protestantes pacíficos; que, tras la dimisión de periodistas de las cadenas de televisión estatales, estos fueron sustituidos por expertos en propaganda de Rusia;

                  AK.

                  Considerando que se está persiguiendo a los periodistas independientes que colaboran con medios de comunicación extranjeros y trabajan para ellos, en virtud del artículo 22, apartado 9, del código de infracciones administrativas, que declara ilegal recibir compensaciones económicas de medios de comunicación que no estén debidamente registrados y acreditados en Bielorrusia; que la cadena de televisión Belsat, registrada oficialmente en Polonia, no está registrada en Bielorrusia y sus actividades se hallan bajo presión y ataques constantes, incluidas detenciones brutales de sus periodistas y multas impuestas a sus colaboradores por un total de 101 791 USD a fecha de 18 de junio de 2020;

                  AL.

                  Considerando que Bielorrusia ha sufrido una presión sin precedentes por parte de Rusia para profundizar su integración dentro del Estado de la Unión, en detrimento de la soberanía de Bielorrusia, lo que ha dado lugar, entre otras cosas, al actual estancamiento de las importaciones de petróleo y de gas procedentes de Rusia;

                  AM.

                  Considerando que los veintiséis años de Lukashenko en el poder se han caracterizado por políticas de menoscabo de la soberanía y la independencia del país, y el debilitamiento de la identidad, el patrimonio y la cultura bielorrusos;

                  AN.

                  Considerando que Bielorrusia está estrechamente vinculada a Rusia y depende de ella desde el punto de vista de la seguridad, y que está llevando a cabo acciones que suponen una amenaza para los Estados miembros de la Unión, como los ejercicios militares conjuntos Zapad 2017 faltos de transparencia, los ejercicios militares conjuntos Zapad 2021 previstos y la construcción de instalaciones nucleares poco seguras;

                  AO.

                  Considerando que, tras el surgimiento de las protestas masivas, Aleksandr Lukashenko solicitó a Rusia ayuda para garantizar la supervivencia del régimen bielorruso, y pretende salvar su imagen y su respaldo público creando falsas narrativas sobre amenazas externas contra Bielorrusia por parte de agentes occidentales extranjeros y utilizándolas para justificar la intensificación de las actividades y el desplazamiento de las fuerzas militares bielorrusas en la región de Grodno junto a la frontera con Polonia y Lituania, lo que supone una amenaza directa para la Unión y sus Estados miembros;

                  AP.

                  Considerando que Bielorrusia está construyendo, en asociación con la corporación rusa ROSATOM, la central nuclear de Astravets en una ubicación injustificada a solo veinte kilómetros de la frontera exterior de la Unión y a cuarenta y cinco kilómetros de la capital de Lituania; que a la construcción de la central nuclear de Astravets le ha seguido la falta de respeto por las normas internacionales de seguridad nuclear, graves violaciones de seguridad e importantes incidentes, como la continuación de los trabajos de construcción en el lugar pese al brote de la COVID-19; que la puesta en marcha del primer reactor de la central nuclear de Astravets estaba programada para antes de las elecciones presidenciales de agosto 2020 y antes de la plena aplicación de las recomendaciones de las pruebas de resistencia llevadas a cabo por las autoridades de seguridad nuclear de la Unión;

                  AQ.

                  Considerando que la difícil situación económica, que empeorará debido a las huelgas a escala nacional y a la negativa del régimen bielorruso a entablar un diálogo nacional con el pueblo bielorruso, indica que el modelo económico de Bielorrusia ha alcanzado sus límites y que el país podría estar entrando en un período de transición en que la Unión puede desempeñar una función fundamental de equilibrio;

                  AR.

                  Considerando que se ha producido un aumento notable de la colaboración con la sociedad civil bielorrusa, también a través de actividades respaldadas por la Unión y un refuerzo de los contactos entre las personas;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

            La situación en Bielorrusia después de las elecciones

                  a)

                  que apoyen firmemente la decisión de la Unión y de sus Estados miembros de no reconocer los resultados electorales fraudulentos anunciados por la Comisión Electoral Central de Bielorrusia, debido a las serias dudas sobre la equidad de las elecciones, y de no reconocer a Aleksandr Lukashenko como presidente legítimo del país una vez que su mandato actual expire a más tardar el 5 de noviembre de 2020; que denuncien el acto de Aleksandr Lukashenko de autoproclamarse presidente de Bielorrusia mediante una ceremonia de inauguración ilegítima celebrada en secreto el 23 de septiembre de 2020; que le pidan que respete la voluntad del pueblo de Bielorrusia y dimita pacíficamente; que pidan a todos los Estados miembros que condenen el fraude electoral, la represión de la oposición y de la sociedad civil, las restricciones de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y la violación de valores democráticos básicos y del Estado de Derecho;

                  b)

                  que insistan en que estos acontecimientos tendrán un impacto negativo en las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

                  c)

                  que apoyen inequívocamente al pueblo de Bielorrusia en sus legítimas reclamaciones de nuevas elecciones libres y justas, que deben celebrarse lo antes posible bajo la supervisión de la OSCE y de observadores internacionales independientes; que hagan hincapié en la necesidad de una solución pacífica y democrática para la actual crisis, basada en medios de comunicación independientes y libres y una sociedad civil sólida;

                  d)

                  que insistan en la plena conformidad de los procesos electorales en Bielorrusia con las normas internacionales, las recomendaciones de la OSCE y los dictámenes de la Comisión de Venecia, y pidan que se modifique la legislación electoral de la República de Bielorrusia para incluir garantías procesales y jurídicas sustanciales que refuercen la inclusividad, la integridad y la transparencia en todas las fases del proceso electoral, y, en particular, para introducir criterios y mecanismos claros y razonables para el registro de los candidatos y la verificación de la firma, asegurar la inclusión de representantes de todos los actores del proceso electoral en las comisiones electorales y garantizar la igualdad de acceso a todos los medios de comunicación;

                  e)

                  que pidan la celebración de elecciones libres y justas antes de un proceso de reforma constitucional transparente e inclusivo, sujeto a una consulta pública de todas las partes interesadas pertinentes de la sociedad bielorrusa, como una oportunidad crucial para introducir cambios genuinos, también en lo que respecta a los derechos y las libertades civiles fundamentales, que aborden las deficiencias del sistema político actual, garanticen un proceso electoral transparente y pluralista y permitan que el pueblo bielorruso esté representado en un Parlamento elegido democráticamente y participe activamente en la vida y los procesos políticos;

                  f)

                  que pidan a las autoridades que aumenten la transparencia, eliminen las barreras arbitrarias que han hecho que no se haya registrado ningún nuevo partido político en Bielorrusia desde 2000 y permitan el registro de partidos políticos, organizaciones religiosas y de la sociedad civil y sindicatos independientes, y que pongan fin a las restricciones que se aplican a las organizaciones existentes y a la persecución de los opositores políticos del régimen;

                  g)

                  que señalen que Svetlana Tijanóvskaya, que, según las encuestas sociológicas independientes, recibió más de la mitad de los votos en las elecciones presidenciales de 2020, es a juicio del pueblo bielorruso su presidente electo;

                  h)

                  que reconozcan al Consejo de Coordinación (CC) iniciado por Svetlana Tijanóvskaya como representante legítimo de la población que exige el cambio democrático y la libertad en Bielorrusia, e insistan en que el régimen bielorruso entable un diálogo con él; que deploren la persecución de los miembros del CC y pidan que se retiren todas las acciones legales emprendidas por las autoridades contra ellos y que se libere a todas las personas detenidas y encarceladas;

                  i)

                  que apoyen los esfuerzos del CC por una transición pacífica y democrática del poder como resultado de un diálogo nacional integrador entre el Gobierno bielorruso y la oposición, la sociedad civil y el CC, incluidos los representantes de las iglesias como mediadores respetados y neutrales; que presten toda la asistencia necesaria para reforzar la organización y el funcionamiento del CC;

                  j)

                  animen y apoyen la creación de un centro independiente para una Bielorrusia democrática en Bruselas, entre otras capitales, con el objetivo de difundir información y organizar actividades relacionadas con los procesos democráticos en Bielorrusia;

                  k)

                  que insistan en que Aleksandr Lukashenko acepte la oferta de los presidentes en ejercicio actuales y entrantes de la OSCE para facilitar el diálogo nacional con el fin de resolver la crisis política y la tensa situación en el país, y que velen por que la Unión preste asistencia concreta a la OSCE para su propuesta de asumir un papel de mediación;

                  l)

                  que exijan el cese inmediato de la violencia, la represión cruel, la tortura y la represión violenta de manifestantes pacíficos; que denuncien declaraciones como las efectuadas el 12 de octubre de 2020 por el Ministerio del Interior de Bielorrusia en las que amenazaban con utilizar equipos especiales y armas letales contra manifestantes pacíficos; que pidan que se lleve a cabo una investigación completa, a nivel de la Unión e internacional, de los crímenes contra la población de Bielorrusia cometidos por las autoridades policiales del régimen de Lukashenko y que las autoridades faciliten a todas las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos el acceso a la justicia y garanticen su derecho a una tutela judicial efectiva;

                  m)

                  que revisen y actualicen el anexo III del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas en cuanto a Bielorrusia (8), que contiene la lista de equipos que pueden utilizarse para la represión en el país, por ejemplo, añadiendo los drones de vigilancia a dicha lista;

                  n)

                  que condenen la táctica del régimen bielorruso de dispersar al CC intimidando a sus miembros —al igual que a políticos y activistas de la oposición— y expulsándolos de Bielorrusia para alejarlos de los procesos políticos internos;

                  o)

                  que pidan a Bielorrusia la liberación inmediata e incondicional y la retirada de todos los cargos que pesan sobre todos los presos políticos y todos los miembros de la sociedad civil, periodistas y cualquier otra persona detenida arbitrariamente antes, durante y después de la campaña electoral; que exijan el pleno restablecimiento y el respeto de los derechos humanos y las libertades, incluida la libertad de prensa, la libertad de reunión y otras libertades políticas y civiles en Bielorrusia;

                  p)

                  que elogien la actuación de los trabajadores de numerosas fábricas e instituciones de todo el país que se sumaron a las protestas por diversas vías, incluidas las huelgas, y proporcionen el apoyo necesario a aquellos que fueron castigados por el régimen por ejercer sus derechos democráticos;

                  q)

                  que aborden los problemas a los que se enfrentan los sindicatos independientes, incluida la denegación del registro, el enjuiciamiento por motivos políticos de sus dirigentes y la afiliación forzosa de los trabajadores contratados recientemente en los sindicatos controlados por el Estado;

                  r)

                  que se mantengan vigilantes en relación con detenciones, desapariciones y acoso de candidatos, manifestantes, activistas y periodistas independientes y que sigan dichos casos con las autoridades bielorrusas;

                  s)

                  que continúen siguiendo de cerca los casos de detenciones y desapariciones en Bielorrusia, llamen la atención de las autoridades bielorrusas sobre estos casos y exijan su actuación adecuada e inmediata; que lancen un programa de asistencia de la Unión específico para ayudar a las víctimas de la represión política y la violencia policial, en particular mediante acceso a asesoramiento jurídico, ayuda material y médica y rehabilitación;

                  t)

                  que insistan en la investigación independiente y eficaz de las muertes relacionadas con las protestas de Alyaksandr Taraykouski, Alyaksandr Vikhor, Artsyom Parukou, Henadz Shutau y Kanstantsin Shyshmakou y los asesinatos de las figuras de la oposición política Yuriy Zakharenko, Anatoliy Krasovskiy y Victor Honchar que tuvieron lugar en 1999, así como el destino y el paradero del periodista Dmitriy Zavadski en 2000;

                  u)

                  que pidan a Bielorrusia que introduzca en su código penal una definición específica de la tortura en consonancia con las normas internacionales sobre derechos humanos —y que garantice que se castiga con sanciones—, así como modificaciones legislativas para tipificar la desaparición forzosa;

                  v)

                  que pidan a las autoridades que mejoren el acceso, la disponibilidad y la calidad por lo que respecta a la atención sanitaria en los lugares de detención, en particular dada la pandemia de la COVID-19, así como las condiciones de trabajo del personal médico, teniendo en cuenta los informes, según los cuales la policía impidió que se ayudara a manifestantes heridos y detuvo a trabajadores médicos;

                  w)

                  que apliquen las sanciones acordadas por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión y el Consejo Europeo lo antes posible y en coordinación significativa con los socios internacionales;

                  x)

                  que amplíen las sanciones ampliando la lista de personas para incluir a Aleksandr Lukashenko y a un número considerable de altos y medios funcionarios, así como a miembros de la Comisión Electoral Central que sean responsables o hayan contribuido a la falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia y sean responsables de violaciones de los derechos humanos y civiles o hayan contribuido a ellas; esta lista debe actualizarse constantemente y ampliarse de acuerdo con el nivel de los delitos cometidos por el régimen de Lukashenko;

                  y)

                  que impongan prohibiciones de visado y sanciones económicas, incluida la inmovilización de activos, contra los representantes del régimen, las personas sancionadas y los miembros de sus familias;

                  z)

                  que hagan operativo y apliquen cuanto antes el mecanismo de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos, que permitirá imponer sanciones similares a las de la ley Magnitski de Estados Unidos a personas y empresas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos y responsables de otros delitos, y que lo apliquen a los funcionarios bielorrusos, incluidos los investigadores y jueces que dirigen procesos penales contra presos políticos, así como otras personas y empresas implicadas en la represión violenta de concentraciones de recogida de firmas y protestas pacíficas en Bielorrusia, también en lo que se refiere a la tortura y los malos tratos de detenidos y presos políticos;

                  aa)

                  que estudien la posibilidad de imponer sanciones sectoriales a Bielorrusia, que podrían aumentar la presión sobre el régimen, pero no deberían tener un impacto negativo a largo plazo en la población;

                  ab)

                  que se comprometan con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Bielorrusia; que rechacen firmemente toda injerencia exterior encubierta o manifiesta de cualquier tercer Estado, incluida la Federación de Rusia, en particular en los medios de comunicación estatales y las fuerzas de seguridad bielorrusas; que hagan hincapié en que las protestas bielorrusas son de naturaleza prodemocrática y no geopolítica; que reiteren que la Unión Europea estaría abierta a seguir desarrollando sus relaciones con el país, tanto a nivel bilateral como en el marco de la Asociación Oriental, solo si Bielorrusia cumple todas las condiciones previamente acordadas relativas a la democracia, el Estado de Derecho, unas elecciones libres y justas, el Derecho internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales;

                  ac)

                  que insten a la Federación de Rusia a no emprender acciones que amenacen la soberanía y la integridad territorial de Bielorrusia; que expresen preocupación por el hecho de que esté utilizando las negociaciones sobre la continuación del suministro de petróleo y gas a Bielorrusia como medio político para ejercer presión; que califiquen y condenen públicamente la injerencia híbrida ejercida por la Federación de Rusia, por ejemplo mediante el envío de los denominados expertos en medios de comunicación a los medios de comunicación estatales de Bielorrusia y de asesores a las fuerzas armadas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y que prevengan la continuación de tales acciones; que adviertan contra cualquier intento de militarizar la situación y de provocar tensiones con los países vecinos;

                  ad)

                  que denuncien que Bielorrusia ha acusado a Sviatlana Tsijanóuskaya por haber hecho presuntamente llamamientos públicos a dañar la seguridad del país y hacerse con el poder, y que denuncien la decisión de la Federación de Rusia de incluirla en la lista interestatal de personas buscadas;

                  ae)

                  que pongan de relieve que el ejercicio militar de las fuerzas armadas bielorrusas celebrado a finales de agosto de 2020 en la frontera con Lituania y Polonia, seguido de una campaña de información hostil y engañosa, ha aumentado innecesariamente la tensión y la desconfianza;

                  af)

                  que reconozcan que, si bien la política de compromiso crítico que se siguió antes de las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 ha producido una cierta evolución en las relaciones bilaterales, los avances en los ámbitos clave de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales —incluidas la libertad de expresión y de opinión y la libertad de los medios de comunicación, así como los derechos laborales— y la sociedad civil se han invertido durante y después de dichas elecciones, la situación socioeconómica se caracteriza por unos bajos ingresos de los hogares y altas tasas de desempleo, y la economía está estancada y se ve gravemente afectada por la corrupción y las empresas estatales; que, a medida que la Unión adopte un enfoque más adaptado a la Asociación Oriental y una revisión completa de sus relaciones con Bielorrusia, consideren la posibilidad de aplicar el principio de «menos por menos» en caso de un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos, que no debería afectar al compromiso y el apoyo a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación independientes y al pueblo bielorruso, ya que, por el contrario, es necesario seguir impulsando el apoyo político, financiero, tecnológico e informativo de la Unión en la aplicación del principio de «más por más» y fomentar una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas y proyectos de Bielorrusia;

                  ag)

                  que realicen una revisión exhaustiva de su política con respecto a Bielorrusia, prestando especial atención al apoyo de la Unión a la sociedad civil y al pueblo de Bielorrusia, teniendo en cuenta los distintos escenarios de evolución en el país, y que suspendan las negociaciones sobre las Prioridades de la Asociación UE-Bielorrusia hasta que se celebren unas elecciones presidenciales libres y justas en Bielorrusia; que insistan en que la Unión necesita estar unida y persistir en su respuesta a la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales;

                  ah)

                  que celebren la declaración del Consejo de Asuntos Exteriores, de 12 de octubre de 2020, en la que expresaba la disposición de la Unión a apoyar una transición democrática pacífica y a utilizar distintos instrumentos conformes con la Asociación Oriental, por ejemplo, la puesta en marcha de un plan global de apoyo económico;

                  ai)

                  que apoyen la iniciativa de designar una misión de alto nivel para Bielorrusia, formada por antiguos jefes de Estado o de Gobierno, cuya tarea será contribuir a poner fin a la violencia, ayudar en la liberación de presos políticos y detenidos, y explorar todas las vías nacionales e internacionales con miras a crear un entorno propicio para un diálogo político inclusivo en Bielorrusia;

                  aj)

                  que denuncien las acciones emprendidas por las autoridades bielorrusas contra las embajadas lituana y polaca en Minsk, en especial su solicitud de que retiren a los embajadores lituano y polaco y reduzcan el personal diplomático de sus embajadas; que garanticen una respuesta coordinada y unida de los Estados miembros de la Unión; que celebren, en este contexto, los gestos de solidaridad de aquellos Estados miembros que decidieron llamar a consultas a sus embajadores;

                  ak)

                  que ofrezcan la alternativa de una cooperación reforzada y mucho más estrecha con Bielorrusia, que también incluya un compromiso financiero y técnico sustancialmente mayor por parte de la Unión en caso de que se hagan realidad los cambios democráticos, incluidas las nuevas elecciones;

                  al)

                  que desarrollen un programa exhaustivo para Bielorrusia después de la celebración de las elecciones presidenciales y organicen una conferencia de donantes para una Bielorrusia democrática, que reúna a instituciones financieras internacionales, a los países del G7, a los Estados miembros y las instituciones de la Unión y a otras partes dispuestas a conceder un paquete financiero de varios miles de millones de euros para apoyar los futuros esfuerzos de reforma y reestructurar la economía;

                  am)

                  que cesen con carácter inmediato cualquier desembolso de apoyo financiero de la Unión a las autoridades bielorrusas ilegítimas, y eviten proporcionar cualquier financiación al Gobierno y a proyectos controlados por el Estado, incluidos los proyectos de hermanamiento y de cooperación transfronteriza y la canalización de ayuda o financiación destinada a la sociedad civil a través de estas entidades; que fijen condiciones claras para garantizar que el apoyo financiero de la Unión a Bielorrusia no terminará en manos de los representantes del régimen o servirá para legitimar sus acciones, a menos que el régimen ponga fin a toda represión, abra un diálogo con los ciudadanos y permita nuevas elecciones libres y justas;

                  an)

                  que garanticen que la ayuda adicional de 53 millones EUR satisfaga las necesidades del pueblo bielorruso, cubriendo así, además de la ayuda relacionada con la COVID-19, el tratamiento médico de las personas bielorrusas que han resultado heridas y traumatizadas como consecuencia de la brutal represión contra los manifestantes y, en los casos más graves, facilitando y apoyando su tratamiento y recuperación en los Estados miembros de la Unión; que expresen su apoyo a las organizaciones y los activistas de la sociedad civil, incluidos los que operan en el exilio, a que se permita a las organizaciones y abogados prestar servicios jurídicos a las víctimas del régimen bielorruso, a la documentación y la investigación de las violaciones de los derechos humanos, así como a los trabajadores bielorrusos en huelga y a los sindicatos independientes, a los medios de comunicación independientes y al periodismo de investigación;

                  ao)

                  que elaboren una estrategia para la distribución de los fondos de la Unión en cooperación con la sociedad civil y los representantes democráticos del pueblo bielorruso, la Unión, organizaciones de la sociedad civil internacionales e instituciones con experiencia de trabajo con Bielorrusia;

                  ap)

                  que insistan en que los programas de apoyo implementados a través del BEI, el BERD, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deban estar también condicionados a la mejora de la situación de los derechos humanos y la democracia y al cumplimiento de normas internacionales para la seguridad nuclear; que observen y aborden la situación de que, en la actualidad, los programas implementados en cooperación entre estas organizaciones internacionales y estructuras estatales de Bielorrusia no suelen incluir partes interesadas independientes en sus órganos gubernamentales, lo que no solo da lugar a que estos programas tengan solo resultados dudosos, sino que también contribuye a que las organizaciones de la sociedad civil de la estructura de cooperación con la Unión sean desplazadas por organizaciones públicas de propiedad estatal (ONG organizadas por el Gobierno);

                  aq)

                  que acojan favorablemente los numerosos actos de solidaridad con el pueblo de Bielorrusia, incluidos la captación de fondos, los actos benéficos y la ayuda humanitaria; que condenen, a este respecto, el bloqueo del transporte de ayuda humanitaria organizado por «NSZZ Solidarnosc»;

                  ar)

                  que apoyen la labor que desarrollan fundaciones políticas europeas en el refuerzo del desarrollo y del papel de la ciudadanía en la configuración de los asuntos públicos y en la capacitación de futuros dirigentes políticos de Bielorrusia;

                  as)

                  que recuerden a las autoridades bielorrusas que la Unión ha reaccionado rápidamente y ha respondido a las necesidades urgentes del país durante la pandemia de la COVID-19, movilizando más de 60 millones EUR para ayudar a hacer frente a necesidades inmediatas, como el apoyo al sector sanitario y las comunidades vulnerables, así como a necesidades a corto plazo para respaldar la recuperación social y económica;

                  at)

                  que insistan en que cualquier futura ayuda macrofinanciera de la Unión destinada a mitigar las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 está condicionada a criterios políticos y económicos estrictos, en particular a los relacionados con la democracia y los derechos humanos, como el cese de la represión política y la liberación de los presos políticos; que tomen nota de las preocupaciones en materia de seguridad nuclear expresadas por algunos Estados miembros de la Unión y de las amenazas planteadas por la cooperación militar entre Bielorrusia y Rusia, e insistan en que se tomen las medidas adecuadas para combatir el virus y proteger a la población;

                  au)

                  que insistan en que este apoyo debe ser objeto de un estrecho seguimiento para evitar cualquier uso indebido de los fondos de la Unión, como la financiación de medicamentos experimentales o vacunas;

                  av)

                  que subrayen la necesidad de abordar los esfuerzos del régimen bielorruso por difundir desinformación, presentando el apoyo de la Unión como apoyo al régimen; que expresen su preocupación por la propagación de noticias falsas y desinformación en Bielorrusia durante la pandemia de la COVID-19, y animen tanto a las autoridades bielorrusas como a la Unión a desarrollar programas específicos de lucha contra la desinformación y la propaganda;

                  aw)

                  que pidan a las autoridades bielorrusas que reconozcan públicamente la amenaza que representa la pandemia de la COVID-19, refuercen el sistema sanitario, proporcionen a los ciudadanos, de manera transparente e inclusiva, información y estadísticas necesarias para salvar vidas sobre la pandemia, sigan las recomendaciones de la misión de expertos de la OMS a Bielorrusia de abril de 2020, mejoren las condiciones de trabajo del personal médico y mejoren el acceso a la asistencia sanitaria, así como su disponibilidad y calidad, también en los lugares de detención;

                  ax)

                  que mantengan la cuestión de la seguridad nuclear como una prioridad para la Unión debido a las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría un accidente para toda la región; que aborden con urgencia la cuestión de la central nuclear de Astravets, teniendo en cuenta que se acerca el inicio de sus operaciones, ya que el primer suministro de combustible nuclear se recibió de Rusia en mayo de 2020 y se cargó en el primer reactor, mientras se realizan nuevos preparativos técnicos para iniciar la generación de electricidad en noviembre de 2020;

                  ay)

                  que exijan el aplazamiento de la entrada en funcionamiento programada de la central nuclear de Astravets hasta que se cumplan las normas de seguridad nuclear internacionales, se realicen auditorías públicas obligatorias y se estabilice la situación política en Bielorrusia, teniendo en cuenta una serie de problemas de seguridad nuclear no resueltos detectados durante las pruebas de resistencia, la ausencia de una conclusión final sobre la seguridad de la central nuclear, la insuficiente capacidad de almacenamiento para combustible nuclear gastado y para reservas de energía y la situación actualmente inestable en Bielorrusia que complica las medidas de respuesta en caso de accidente, del que existe un mayor riesgo durante la puesta en marcha del reactor;

                  az)

                  que expresen su preocupación por que Bielorrusia no aplique plenamente las recomendaciones de las pruebas de resistencia llevadas a cabo por las autoridades de seguridad nuclear de la Unión antes del lanzamiento del primer reactor de la central nuclear de Astravets, señalando además que la central nuclear se está construyendo sin garantizar una reserva de control secundaria necesaria para su funcionamiento seguro;

                  ba)

                  que insistan en el pleno respeto de las normas de seguridad nuclear y medioambiental internacionales, la cooperación transparente, inclusiva y constructiva con autoridades internacionales y la facilitación del acceso y de capacidades de observación a organizaciones medioambientales independientes de Bielorrusia en relación con la central nuclear de Astravets y que vinculen su aplicación con el desembolso de la ayuda financiera de la Unión; que apoyen los esfuerzos para garantizar la solidaridad europea en la cuestión de prohibir importaciones de energía de la central nuclear de Astravets al mercado de la Unión;

            Derechos humanos y libertad de los medios de comunicación

                  bb)

                  que elogien al pueblo de Bielorrusia por su valentía y su determinación y apoyen firmemente su deseo de un cambio democrático, de justicia social y de libertad, basando el futuro de su país en los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, a fin de garantizar la libertad, la independencia, la soberanía y la prosperidad de la República de Bielorrusia;

                  bc)

                  que insistan en la necesidad de modificar la legislación nacional de la República de Bielorrusia a fin de garantizar los derechos y las libertades civiles básicos, como la libertad de reunión, asociación, expresión y opinión, así como la libertad de los medios de comunicación, y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y las directrices de la OSCE sobre la libertad de reunión pacífica; que pidan a Bielorrusia que coopere plenamente con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país, incluidas las visitas a Bielorrusia, así como con el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el fin de llevar a cabo las reformas pendientes desde hace tiempo para proteger los derechos humanos, reforzar la democracia y abordar la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas detenidas en Bielorrusia;

                  bd)

                  que condenen la actual aplicación de la pena de muerte en Bielorrusia y sigan trabajando con las autoridades bielorrusas en pro de una moratoria como primer paso hacia su abolición permanente y que, en espera de la abolición de la pena de muerte, trabajen en favor de un derecho eficaz de recurso contra condenas a muerte; que promuevan la intensificación del debate público en torno a la abolición de la pena de muerte, allanando el camino para un posible futuro referéndum al respecto;

                  be)

                  que condenen la intimidación y la persecución continuas de miembros de la oposición, entre los que se incluyen aspirantes a la presidencia, sus partidarios y familiares, manifestantes pacíficos, activistas de la sociedad civil, observadores electorales, defensores de los derechos medioambientales, líderes religiosos, deportistas, estudiantes, investigadores y periodistas y blogueros independientes, en particular las tácticas de desaparición y las elevadas multas aplicadas por las autoridades; que pidan a Bielorrusia que ponga fin a esta represión y garantice la capacidad de estas personas para llevar a cabo sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones; que lamenten el silenciamiento y la intimidación de médicos, personal médico y otros que se pronunciaron abiertamente y advirtieron acerca de la propagación de la COVID-19 en Bielorrusia;

                  bf)

                  que tomen nota de los intentos de interrumpir y limitar las actividades laborales y de silenciar la denuncia de los miembros del Centro de Derechos Humanos «Viasna», en particular Aliaksandr Burakou, Ales Burakou, Raman Kisliak, Uladzimir Vialichkin, Alena Masliukova, Andrei Miadzvedzeu y Siarhej Lacinski, y que pidan que se ponga fin a la detención, el procesamiento y la intimidación de estas personas y de sus familiares;

                  bg)

                  que reconozcan el efecto adverso de la represión sobre la sociedad civil y el importante papel de los defensores de los derechos humanos en garantizar la supervisión independiente, en particular durante las elecciones;

                  bh)

                  que condenen los esfuerzos del régimen bielorruso por negar la entrada al país a bielorrusos críticos con él, como el jefe de la Iglesia Católica de Bielorrusia, el arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz, así como a periodistas independientes, trabajadores de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional, incluidos diputados al Parlamento Europeo;

                  bi)

                  que desarrollen un procedimiento claro y capacidades entre los Estados miembros de la Unión con vistas a la tramitación acelerada de las solicitudes de visados Schengen y su expedición, y la creación de un corredor humanitario para los ciudadanos bielorrusos en casos de necesidad urgente de asistencia médica y refugio;

                  bj)

                  que condenen la discriminación y estigmatización continuas dirigidas contra las personas con discapacidad, las personas con VIH, las minorías, las personas LGBTQI y las familias de detenidos en Bielorrusia, y pidan la creación de un organismo nacional independiente de derechos humanos y un nuevo plan de acción en materia de derechos humanos, así como la adopción de una legislación global contra la discriminación;

                  bk)

                  que recuerden que la República de Bielorrusia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo con el cual la legislación nacional debe garantizar a todas las personas una protección igual y eficaz frente a la discriminación por cualquier motivo: raza, color, sexo, lengua, religión, creencias políticas o de otro tipo, origen nacional o social, situación patrimonial y nacimiento u otras circunstancias; que expresen preocupación por el hecho de que la sensibilización y los conocimientos acerca del Pacto entre funcionarios gubernamentales, jueces, fiscales y abogados siguen siendo limitados; que pidan a las autoridades bielorrusas que mejoren el sistema educativo y difundan información en los medios de comunicación a fin de fomentar una actitud tolerante hacia grupos vulnerables;

                  bl)

                  que pidan que se actúe para contrarrestar eficazmente los continuos estereotipos y discriminaciones que afectan a las mujeres, mejorando su entorno de trabajo, permitiendo el acceso de las mujeres a todos los sectores del empleo, reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres y promoviendo la participación política de las mujeres, entre otras medidas; que integren la igualdad de género en las relaciones de la Unión con Bielorrusia;

                  bm)

                  que planteen la cuestión de la discriminación de los hablantes de lengua bielorrusa en Bielorrusia y que apoyen iniciativas destinadas a promover un uso más amplio de la lengua bielorrusa en la educación, la vida pública y cultural y los medios de comunicación;

                  bn)

                  que condenen la prevalencia del trabajo forzoso, que afecta desproporcionadamente a las categorías vulnerables de población, incluidos los empleados de empresas y administraciones de propiedad estatal, los estudiantes, las personas retenidas en los llamados centros de tratamiento laboral, los reclusos y los reclutas del ejército; que pidan a Bielorrusia que revoque toda la legislación que permite el trabajo forzoso y que no obligue a la población bielorrusa a participar en la jornada anual de trabajo comunitario;

                  bo)

                  que aborden el problema de los castigos desproporcionados dentro del sistema jurídico de Bielorrusia, en particular el artículo 328 del código penal, en virtud del cual los menores están siendo castigados por delitos no violentos relacionados con drogas con penas desproporcionadamente largas de prisión;

                  bp)

                  que fomenten la continuación del diálogo UE-Bielorrusia sobre derechos humanos, pero que insistan en que su auténtica utilidad no se deriva de meros contactos institucionales, sino de progresos mensurables, que no se están dando según las organizaciones de la sociedad civil bielorrusas participantes;

                  bq)

                  que supervisen la situación de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia y apoyen y creen un entorno de trabajo seguro para los medios de comunicación, los periodistas y blogueros independientes, incluidos aquellos que trabajan por cuenta propia con medios extranjeros no registrados, así como para los medios de comunicación con base en Polonia, como Belsat TV, European Radio for Belarus and Radio Racja, dado que constituyen una importante fuente de información tanto para Bielorrusia como sobre Bielorrusia y proporcionan un canal muy necesario para visiones alternativas;

                  br)

                  que condenen enérgicamente la supresión de internet y de los medios de comunicación, los bloqueos de carreteras y la intimidación de periodistas y las retiradas masivas de sus acreditaciones a fin de detener el flujo de información acerca de la situación en el país, así como la denegación de acceso a Bielorrusia a medios de comunicación internacionales y a parlamentarios o miembros de gobiernos de la comunidad democrática;

                  bs)

                  que denuncien la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de cancelar todas las acreditaciones de periodistas que trabajan para organizaciones de medios extranjeros y que han cubierto las protestas en curso en el país, alegando una actualización de los procedimientos de acreditación;

                  bt)

                  que elogien las actuaciones de los periodistas y los empleados de medios de comunicación públicos, quienes pese a la represión y las amenazas contra ellos se mantuvieron fieles a la ética periodística, siguieron apoyando la oposición democrática y fueron despedidos en consecuencia; que reconozcan la labor de los medios de comunicación independientes, incluidos Charter 97, Belsat TV, Radio Svoboda y otros; que utilicen la Dotación Europea para la Democracia y otros instrumentos para apoyar a estos medios de comunicación y periodistas sujetos a represión por el régimen;

                  bu)

                  que contrarresten de forma vigilante los discursos propagandísticos y la desinformación difundida por los medios de comunicación estatales bielorrusos acusando a la Unión y a sus Estados miembros de injerencia en los procesos en curso en Bielorrusia y que supuestamente amenazan a la integridad territorial del país, así como cualquier amenaza híbrida por parte de terceros; que pidan la retirada de los supuestos «periodistas» enviados desde Rusia para sustituir a los empleados que dimitieron de las cadenas de televisión de propiedad estatal bielorrusa;

            Cooperación económica y sectorial

                  bv)

                  que recuerden a Bielorrusia que la Unión es su segundo socio comercial más importante y que la intensificación de las relaciones económicas puede traer consigo el tan necesario equilibrio para el comercio exterior de Bielorrusia, que sigue siendo muy dependiente de Rusia y la Unión Económica Euroasiática;

                  bw)

                  que hagan hincapié en la importancia de continuar el proceso de adhesión de Bielorrusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que fomentará la modernización y diversificación de la economía, contribuirá a la creación de un entorno empresarial más estable en el país y facilitará el comercio basado en normas con la Unión;

                  bx)

                  que observen que el presidente de China fue el primero en felicitar a Lukashenko tras las elecciones; que expresen preocupación por las crecientes inversiones chinas en infraestructura estratégica y que adviertan acerca del efecto de dependencia que esto puede crear para Bielorrusia;

                  by)

                  que señalen que la economía bielorrusa se está estancando y que más de una quinta parte de la población vive en la absoluta pobreza, y que las cifras tienden a aumentar debido a la crisis de la COVID-19; que señalen que el salario mínimo en Bielorrusia es de 375 rublos bielorrusos al mes, es decir, 137 EUR, y que el país se enfrenta a una crisis demográfica, con una disminución de la población en edad de trabajar y una emigración masiva de mano de obra;

                  bz)

                  que señalen los efectos perjudiciales para la economía bielorrusa de la negativa del régimen a entablar un diálogo con el pueblo y, en particular, los continuos ataques a escala nacional contra empresas estatales y las huelgas de profesores y trabajadores sociales y culturales; que tomen nota asimismo de los efectos perjudiciales para el sector de las tecnologías de la información, que podrían no recuperarse hasta su nivel anterior;

                  ca)

                  que manifiesten su pesar por la falta de voluntad de las autoridades bielorrusas para seguir las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, o para aplicar reformas que reduzcan el gran número de empresas de propiedad estatal, reformen el sector empresarial, fomenten el emprendimiento, apoyen a las pymes, reduzcan la deuda pública, externalicen los costes reales de la población y mejoren las condiciones del mercado laboral;

                  cb)

                  que manifiesten su preocupación por las regulaciones estatales perjudiciales para el sector privado, en particular el requisito de pagar un salario mínimo no inferior al salario medio de las diez empresas de propiedad estatal de mayor éxito;

                  cc)

                  que expresen su preocupación por la corrupción sistémica a gran escala prevaleciente en las instituciones públicas y las empresas de propiedad estatal bielorrusas, que promuevan y apoyen investigaciones y campañas informativas contra la corrupción, que expresen preocupación por el acoso y la persecución de periodistas que denuncian casos de corrupción y que insistan en un entorno seguro para los periodistas de investigación y los denunciantes;

                  cd)

                  que insistan en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los flujos financieros de la familia de Aleksandr Lukashenko y sus asociados, incluidas las actividades de empresas estatales de Bielorrusia fuera del territorio nacional, así como de tramas de corrupción de empresas bielorrusas;

                  ce)

                  que acojan favorablemente y fomenten la diversificación energética de Bielorrusia y la reducción de su dependencia de Rusia a través de las importaciones de petróleo y gas de suministradores nuevos, incluso a través del territorio de la Unión; que fomenten asimismo la mejora de la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo de fuentes de energía alternativas;

                  cf)

                  que hagan hincapié en la importancia que concede la Unión a la lucha contra el cambio climático, en particular mediante la aplicación del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París de 2015, y que animen a Bielorrusia a intensificar su cooperación con la Unión en materia de medio ambiente con vistas a la transformación ecológica, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la neutralidad climática y a aprovechar las oportunidades que ofrece la Asociación Europea Oriental para la Eficiencia Energética y el Medio Ambiente, al tiempo que insisten en que debe ponerse fin al acoso a activistas medioambientales; que pidan a Bielorrusia que redoble sus esfuerzos por combatir el cambio climático y aplicar la integración del cambio climático en todos los ámbitos de la elaboración de políticas;

                  cg)

                  que destaquen iniciativas en el marco de la Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional (NDEP, por sus siglas en inglés) destinadas a hacer frente a los problemas medioambientales más acuciantes en la zona;

            Contactos entre personas

                  ch)

                  que declaren que la Unión está interesada en contactos personales lo más amplios posibles como la mejor manera de acercar a la Unión y a Bielorrusia, así como de promover la comprensión mutua y el intercambio de mejores prácticas; que promuevan programas de intercambio con un historial acreditado, como el plan de movilidad para contactos humanos específicos (MOST), y reiteren que el acuerdo de facilitación de la expedición de visados es una expresión tangible de esta política;

                  ci)

                  que acojan favorablemente el progreso en la aplicación de la asociación de movilidad y los acuerdos de readmisión y de facilitación de visados como parte de un entorno de movilidad seguro y bien gestionado entre la Unión y Bielorrusia;

                  cj)

                  que reconozcan y aprovechen el hecho de que la creciente movilidad entre la Unión y Bielorrusia aumenta la exposición de los ciudadanos a los valores europeos y el apoyo a la transformación democrática;

                  ck)

                  que estudien la posibilidad de viaje sin visados para ciudadanos bielorrusos a fin de que el contacto entre personas no sea rehén de los principios antidemocráticos de las autoridades bielorrusas;

                  cl)

                  que apoyen la cooperación transfronteriza y la circulación entre Bielorrusia y los Estados miembros de la Unión vecinos, en particular animando a las autoridades bielorrusas a aplicar el régimen de tráfico fronterizo menor con Lituania, que beneficiaría a quienes vivan dentro de un radio de 50 kilómetros a ambos lados de la frontera;

                  cm)

                  que reconozcan el papel de la diáspora bielorrusa en el despertar democrático de Bielorrusia y que hagan participar a sus integrantes en los Estados miembros de la Unión en cuanto agentes importantes de un diálogo nacional en Bielorrusia;

                  cn)

                  que apoyen la cooperación en la esfera de la cultura a través de programas como Europa Creativa y, en particular, de proyectos destinados a fomentar la creatividad, implicando a organizaciones de la sociedad civil e iniciativas a nivel local; que promuevan y movilicen la solidaridad europea con la sociedad bielorrusa a través de expresiones culturales;

                  co)

                  que intensifiquen los esfuerzos por garantizar que los jóvenes de Bielorrusia puedan beneficiarse de una educación de mejor calidad mediante el progreso en la aplicación del Proceso de Bolonia y el aumento de la movilidad académica y de las oportunidades de estudiar en la Unión a través del programa Erasmus +, que puede contribuir a un cambio de la mentalidad en Bielorrusia, en términos reales y a largo plazo, y a la transferencia de forma natural de los valores europeos al país, así como a su democratización;

                  cp)

                  que apoyen a los jóvenes bielorrusos que, debido a su participación en protestas a escala nacional, se verán privados de educación en Bielorrusia y les proporcionen becas para estudiar en instituciones educativas de Estados miembros de la Unión;

                  cq)

                  que mantengan el apoyo financiero de la Unión a la Universidad Europea de Humanidades, una universidad bielorrusa en el exilio en Vilna;

                  cr)

                  que ofrezcan becas para académicos que perdieron su puesto de docente o de investigador a causa de su participación en las protestas;

                  cs)

                  que proporcionen ayuda humanitaria urgente, por ejemplo mediante visados Schengen y becas, a deportistas y a sus familiares que se hayan visto privados de ingresos por sus posiciones políticas y tengan que soportar actos de represión física y psicológica por parte del régimen de Lukashenko;

                  ct)

                  que apoyen programas educativos para la reorientación profesional de funcionarios bielorrusos que fueron despedidos o que abandonaron voluntariamente la administración pública;

                  cu)

                  que apoyen la digitalización de la educación debida al brote de COVID-19 en Bielorrusia;

                  cv)

                  que reconozcan que muchas voces de la revolución democrática en curso en Bielorrusia son de graduados de universidades de los Estados miembros de la Unión o participantes en diferentes programas respaldados por la Unión destinados a aumentar sus cualificaciones profesionales y a permitirles actividades profesionales;

                  cw)

                  que alienten a la comunidad científica de Bielorrusia a intensificar la cooperación con sus homólogos europeos y a hacer pleno uso de Horizonte Europa;

                  cx)

                  que refuercen los programas de apoyo a la democracia y la comunicación estratégica, así como la proximidad con las comunidades locales más allá de los grupos proeuropeos tradicionales;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

         (1)  DO L 181 de 9.6.2020, p. 3.

         (2)  DO L 180 de 9.6.2020, p. 3.

         (3)  DO C 224 de 27.6.2018, p. 135.

         (4)  DO C 298 de 23.8.2018, p. 60.

         (5)  DO C 390 de 18.11.2019, p. 100.

         (6)  DO C 11 de 13.1.2020, p. 18.

         (7)  Textos Aprobados, P9_TA(2020)0231.

         (8)  DO L 134 de 20.5.2006, p. 1.