title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de diciembre de 2021 sobre la reforma de los fondos del mercado monetario (JERS/2021/9) 2022/C 129/01

text:
               22.3.2022

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/1

      RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
      de 2 de diciembre de 2021
      sobre la reforma de los fondos del mercado monetario
      (JERS/2021/9)
      (2022/C 129/01)
      LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), en particular el artículo 3, apartado, 2, letras b) y d), y los artículos 16 y 18,
      Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero de 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 18,
      Visto el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (3),
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las turbulencias de los mercados financieros al inicio de la pandemia de COVID-19 revelaron vulnerabilidades sistémicas persistentes en determinados subsectores de los fondos del mercado monetario de deuda privada (FMM). Esto requiere una reevaluación de determinados aspectos de las reformas reglamentarias posteriores a la crisis financiera mundial.

                  (2)

                  La crisis financiera mundial de 2008 puso de manifiesto que los FMM son vulnerables al riesgo de crédito y a grandes volúmenes de reembolsos. Esta vulnerabilidad conlleva que los fondos pueden extender o amplificar los riesgos en todo el sistema financiero. La Recomendación JERS/2012/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4) recomendó a la Comisión Europea que abordara estas vulnerabilidades. En concreto, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) recomendó pasar a un valor liquidativo variable a todos los FMM, reforzados requisitos de liquidez, mayor divulgación de información pública y presentación e intercambio de información más frecuentes.

                  (3)

                  El Reglamento (UE) 2017/1131 (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre FMM») establece normas destinadas a aumentar la resiliencia de los FMM y limitar las vías de contagio puestas de manifiesto durante la crisis financiera mundial. Este reglamento impone obligaciones directas a los FMM y a sus gestores en toda la Unión. La JERS analizó el contenido del Reglamento sobre FMM en relación con las disposiciones establecidas en la Recomendación JERS/2012/1 y consideró que se ajustaba en gran medida (5).

                  (4)

                  Al inicio de la pandemia de COVID-19, a medida que los inversores «se precipitaban para obtener efectivo» (6), algunos FMM que invertían en valores de renta fija del sector privado experimentaron fuertes tensiones de liquidez al enfrentarse a un elevado nivel de reembolsos por parte de los inversores, junto con una falta de liquidez en los mercados monetarios de deuda privada. Esta circunstancia suscitó la preocupación respecto a que los problemas de liquidez de esos FMM amplificarían los efectos de la perturbación provocada por la COVID-19 en otras partes del sistema financiero. La situación fue especialmente grave en los Estados Unidos y en la Unión. Las medidas excepcionales adoptadas por el Eurosistema, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra en el marco de sus respectivos mandatos de política monetaria contribuyeron a mejorar esta situación.

                  (5)

                  Los problemas de liquidez observados en los FMM reflejan una tensión subyacente entre las dos funciones económicas principales desempeñadas por los FMM para el sistema financiero y la economía real: i) proporcionar financiación a corto plazo a emisores, principalmente bancos y sociedades no financieras; y ii) ser utilizados como instrumentos de gestión de efectivo por los inversores. La tensión se deriva del hecho de que los FMM ofrecen liquidez a la carta a los inversores y a menudo se supone que son instrumentos similares al efectivo, mientras que los instrumentos en los que invierten no son líquidos de forma fiable, especialmente durante períodos de tensión en los que los FMM pueden tener que venderlos. Este es el caso, en particular, de los FMM que invierten principalmente en pagarés de empresa y certificados de depósito (valor liquidativo de baja volatilidad y FMM de valor liquidativo variable), ya que estos activos se mantienen generalmente hasta su vencimiento y no se benefician de mercados secundarios profundos (7).

                  (6)

                  El mercado de los valores representativos de deuda a corto plazo europeo está fragmentado y consta de cuatro bloques principales: el mercado de los pagarés de empresa negociables, el de efectos comerciales en euros, el de otros pagarés de empresa nacionales y certificados de depósito, y el de las letras soberanas a corto plazo. Esta fragmentación y la falta de información en estos mercados, en particular en los mercados secundarios no organizados, dificulta la evaluación de su tamaño y de su liquidez, lo que es importante para que los FMM puedan satisfacer las grandes solicitudes de reembolsos mediante la venta de activos en caso de ser necesario (8).

                  (7)

                  La presente recomendación contribuye a la próxima revisión del Reglamento sobre FMM por parte de la Comisión en 2022 para abordar las vulnerabilidades sistémicas persistentes en determinados subsectores de los FMM de deuda privada. Pretende reflejar el objetivo de la Recomendación JERS/2012/1 de reducir las características similares a los depósitos ofrecidas por determinados FMM a través del reembolso a la par en el contexto del actual Reglamento sobre FMM. Se ha elaborado en el contexto de una labor más amplia que se está llevando a cabo a escala internacional y en otros lugares de la UE sobre la reforma de los FMM. En particular, la presente recomendación ha tenido en cuenta las observaciones recibidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en respuesta a su consulta sobre la reforma del Reglamento sobre FMM. También está en consonancia con las propuestas del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), aunque no prevé exigir a los FMM que dispongan de colchones de capital o un saldo mínimo para riesgos (9). La JERS considera que estos requisitos de fondos propios no son necesarios, siempre que se reduzcan las características que hacen que los FMM sean similares a las entidades que aceptan depósitos y se incrementen las características que hacen que los FMM sean similares a otros fondos de inversión.

                  (8)

                  La recomendación A está concebida para reducir los efectos umbral. En concreto, tiene por objeto eliminar las consecuencias no deseadas que se derivan de dos requisitos reglamentarios. En primer lugar, el Reglamento sobre FFM establece que los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad pueden valorar determinados activos al coste amortizado, siempre que el valor liquidativo resultante permanezca dentro de una banda de 20 puntos básicos del valor liquidativo que se calcula aplicando la valoración a precios de mercado o a la valoración según modelo a todos los activos. Esta banda permite a los inversores beneficiarse de ser los primeros en actuar, ya que pueden amortizar sus participaciones a un valor liquidativo que no refleja la valoración de mercado de determinados activos. Esto podría incentivar las retiradas y debería eliminarse. En cambio, el valor liquidativo de los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad debería fluctuar. La eliminación de la banda modificará una característica importante de los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad y, con ello, también puede afectar a las decisiones tomadas por los inversores atraídos por la relativa estabilidad del valor liquidativo hasta la fecha. Al mismo tiempo, la recomendación B pretende mejorar los requisitos de liquidez de los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad, cuyo objetivo es hacerlos relativamente menos arriesgados y menos volátiles que los FMM de valor liquidativo variable a corto plazo. En segundo lugar, cuando se sobrepasen otros umbrales, los gestores de FMM de valor liquidativo de baja volatilidad y de valor liquidativo constante de deuda pública deben evaluar y documentar la actuación que proceda, que podría consistir en el uso de determinados instrumentos específicos de gestión de la liquidez, como las comisiones de liquidez a los inversores y el uso de restricciones de reembolso. Al inicio de la pandemia de COVID-19, uno de estos umbrales puede haber provocado que algunos inversores solicitasen el reembolso en previsión de la imposición automática de tales medidas. Por lo tanto, deben suprimirse. La eliminación de estos umbrales también facilitaría el uso por los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad y de valor liquidativo constante de deuda pública de las disposiciones del Reglamento sobre FFM que les permiten, en determinadas condiciones, incumplir temporalmente los requisitos de liquidez, tal como se establece en el artículo 24, apartado 2, de dicho reglamento.

                  (9)

                  La recomendación B está concebida para reducir la transformación de la liquidez de los FMM y mejorar su correspondencia entre activos y pasivos. Unos requisitos de liquidez más elevados para los FMM de valor liquidativo variable y de valor liquidativo de baja volatilidad, compuestos por activos con vencimiento diario y semanal y activos de deuda pública, garantizan una liquidez mayor y más diversificada en la cartera y reducen el riesgo de que los FMM desestabilicen los mercados monetarios más amplios en condiciones de tensión en el mercado. Para garantizar una disponibilidad suficiente de activos de deuda pública, estos pueden tener un plazo de vencimiento más largo que los activos con vencimiento semanal. Aunque esto puede aumentar el riesgo de vencimiento, también disminuye el riesgo de liquidez. El Reglamento sobre FFM ofrece cierta flexibilidad a los gestores de FMM, que pueden incumplir los requisitos de liquidez por razones ajenas a su control. Sin embargo, esta flexibilidad individual podría no ser suficiente en caso de tensión en todo el mercado. En tales casos, los gestores de FMM deben estar expresamente autorizados a utilizar sus activos líquidos para hacer frente a los reembolsos y mantener menos activos con un vencimiento semanal y activos de deuda pública de lo que se exige habitualmente. Las autoridades nacionales competentes (ANC) deben tener la facultad de especificar, para todos o un subconjunto de FMM de su jurisdicción, un plazo que defina el período durante el cual los FMM pueden optar por mantener menos activos líquidos de los normalmente necesarios. Esto garantizaría una respuesta de todo el sistema a circunstancias que afecten a todo el mercado. La coordinación por parte de la AEVM durante este proceso evitaría distorsiones en el mercado único.

                  (10)

                  La recomendación C está concebida para aumentar la disponibilidad y fomentar el uso de instrumentos de gestión de la liquidez que imponen a los inversores que soliciten el reembolso (y que suscriban) el coste de sus respectivos reembolsos (y suscripciones). La Recomendación JERS/2017/6 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (10) establece que la legislación pertinente de la Unión debe poner los instrumentos de gestión de la liquidez a disposición de todos los tipos de fondos de inversión, incluidos los FMM. Además, todos los FMM deben disponer de al menos un instrumento de gestión de la liquidez, como recargos antidilución, comisiones de liquidez o, en el caso de los FMM con un valor liquidativo fluctuante, ajustes de precios, que puedan imponer costes de reembolso (y de suscripción) a los inversores salientes (o entrantes), respectivamente. Asimismo, deben establecerse criterios para su inclusión en la legislación pertinente de la Unión a fin de facilitar de manera más general el uso de los instrumentos de gestión de la liquidez. Al encomendar a la AEVM que elabore estos criterios y orientaciones adicionales, la Comisión debe solicitar que no se introduzcan efectos umbral.

                  (11)

                  La recomendación D está concebida para mejorar la vigilancia y las pruebas de resistencia. Esta proporcionará a los organismos nacionales y de la Unión mejor información para detectar vulnerabilidades sistémicas en el sector de los FMM en su conjunto. En primer lugar, debe mejorarse la presentación de información periódica aumentando su frecuencia y facilitando más información sobre la base de inversores de los FMM. En segundo lugar, las ANC deben poder compartir los datos procedentes de informes periódicos y de informes específicos de crisis con organismos de la Unión con un mandato de estabilidad financiera. Además de esta recomendación, el intercambio de datos entre los bancos centrales y las ANC también contribuiría a la capacidad de las autoridades para evaluar los riesgos. Por último, las pruebas de resistencia a escala de la Unión deben complementar las pruebas de resistencia internas existentes realizadas por los distintos FMM. Para garantizar una aplicación coherente de los escenarios y validar los resultados, la AEVM, en cooperación con las ANC, debe coordinar las pruebas. La AEVM debe publicar su evaluación de los riesgos para la estabilidad financiera a partir de esos resultados.

                  (12)

                  Para abordar de manera exhaustiva las vulnerabilidades derivadas del sector de los FMM, las medidas establecidas en la presente recomendación deben aplicarse como un paquete.

                  (13)

                  La JERS considera que el Reglamento sobre FMM debe revisarse de nuevo cinco años después de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones para evaluar si la resiliencia de los FMM ha mejorado con las reformas legislativas y si han disminuido las vías de contagio. Esta revisión debe incluir la calibración de los requisitos de liquidez y evaluar si se necesitan instrumentos adicionales con efecto macroprudencial.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      SECCIÓN 1

         RECOMENDACIONES

         Recomendación A — Reducir los efectos umbral

      Se recomienda a la Comisión que proponga:

                  1.

                  Que la legislación pertinente de la Unión debe exigir que todos los fondos del mercado monetario (FMM) con un valor liquidativo de baja volatilidad tengan un valor liquidativo fluctuante.

                  2.

                  La derogación de los umbrales reglamentarios establecidos en el artículo 34, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2017/1131 (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre FMM»).

         Recomendación B — Reducir la transformación de la liquidez

      Se recomienda a la Comisión que proponga que la legislación de la Unión aplicable:

                  1.

                  Incorpore nuevos requisitos de liquidez para los FMM de valor liquidativo variable y los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad, que estén compuestos por activos con vencimiento diario, activos con vencimiento semanal y activos de deuda pública.

                  2.

                  Permita que los gestores de cada FMM adopten medidas que los lleven a mantener menos activos con vencimiento semanal y menos activos de deuda pública de los requeridos si:

                              (a)

                              se producen circunstancias en todo del mercado que afecten negativamente a los activos que mantengan los FMM o a los titulares de participaciones en FMM;

                              (b)

                              los gestores de FMM informan inmediatamente de ello a sus autoridades nacionales competentes (ANC).

                  3.

                  Autorice a las ANC a especificar un plazo que defina el período durante el cual los FMM bajo su supervisión pueden mantener menos activos con vencimiento semanal y activos de deuda pública de los requeridos, tal como se prevé en la recomendación B, apartado 2, en caso de darse circunstancias en todo el mercado que afecten negativamente a varios FMM.

                  4.

                  Prevea que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) coordine las medidas adoptadas por las ANC cuando actúen según lo previsto en la recomendación B, apartado 3, a fin de garantizar la coherencia en la aplicación de la medida en toda la Unión.

         Recomendación C — Imponer a los inversores el coste de sus reembolsos y suscripciones

      Se recomienda a la Comisión que proponga que la legislación de la Unión aplicable:

                  1.

                  Exija la incorporación en los documentos constitutivos de los FMM y cualquier otra información precontractual de al menos uno de los siguientes instrumentos de gestión de la liquidez:

                              (a)

                              recargos antidilución;

                              (b)

                              comisiones de liquidez;

                              (c)

                              ajustes de precios para los FMM con un valor liquidativo fluctuante;

                  2.

                  Faculte a la AEVM para que establezca criterios para su inclusión en la legislación pertinente de la Unión a fin de facilitar el uso de los instrumentos de gestión de la liquidez por parte de los gestores de FMM ante cualesquiera condiciones del mercado, así como orientaciones sobre dichos criterios.

         Recomendación D — Mejorar la vigilancia y las pruebas de resistencia

      Se recomienda a la Comisión que proponga que la legislación de la Unión aplicable:

                  1.

                  Incorpore disposiciones destinadas a mejorar el intercambio puntual de los datos procedentes de la presentación de información periódica de los FMM a sus respectivas ANC.

                  2.

                  Encomiende a la AEVM que coordine y, cuando sea necesario, armonice las solicitudes de datos ad hoc presentadas por las ANC a los FMM en momentos de tensión como consecuencia de circunstancias que afecten a todo el mercado.

                  3.

                  Incorpore disposiciones para garantizar que las ANC compartan los datos a que se refieren la recomendación D, apartados 1 y 2, con organismos de la Unión con un mandato de estabilidad financiera.

                  4.

                  Prevea que la AEVM inicie y coordine pruebas de resistencia a escala de la Unión de los FMM en cooperación con las ANC; prepare escenarios y parámetros para un régimen adecuado de pruebas de resistencia a escala de la Unión para los FMM, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS); publique una evaluación de los efectos de dichos escenarios en el sector de los FMM, incluido el posible contagio a otros participantes en el mercado; y, en su caso, coordine las acciones de supervisión de seguimiento.

            SECCIÓN 2

         APLICACIÓN

      1.   Definiciones

                  1.

                  A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:

                              (a)

                              «fondos del mercado monetario» (FMM), las instituciones de inversión colectiva reguladas y supervisadas de la Unión, que están establecidas, son gestionadas o comercializadas en la Unión, y cuyo objetivo principal es mantener el principal del fondo, mientras ofrecen una rentabilidad acorde a los tipos del mercado monetario, invirtiendo en instrumentos del mercado monetario o en depósitos con entidades de crédito;

                              (b)

                              «Reglamento sobre FFM», el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario;

                              (c)

                              «instrumentos de gestión de liquidez», los instrumentos que ayudan a los FMM, así como a sus gestores, a gestionar adecuada y eficazmente las solicitudes de reembolso en todo momento y, en especial, en situaciones de estrés del mercado;

                              (d)

                              «FMM de valor liquidativo de baja volatilidad», FMM de valor liquidativo de baja volatilidad tal como se define en el artículo 2, apartado 12, del Reglamento (UE) 2017/1131;

                              (e)

                              «FMM de valor liquidativo variable», FMM de valor liquidativo variable tal como se define en el artículo 2, apartado 13, del Reglamento (UE) 2017/1131;

                              (f)

                              «activos de deuda pública», los instrumentos del mercado monetario enumerados en el artículo 17, apartado 7, del Reglamento sobre FMM, con vencimientos legales o residuales de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra b), de dicho reglamento para los FMM a corto plazo, y el artículo 10, apartado 2, de dicho reglamento para los FMM estándar, y alineados con la moneda de inversión predominante de cada FMM;

                              (g)

                              «FMM de valor liquidativo constante de deuda pública», FMM de valor liquidativo constante de deuda pública tal como se define en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/1131;

                              (h)

                              «bancos centrales», los bancos centrales según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 46, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11);

                              (i)

                              «nuevos requisitos de liquidez», los requisitos enumerados en los criterios de cumplimiento de la recomendación B, apartado 1;

                              (j)

                              «autoridad competente», la autoridad competente del FMM tal como se define en el artículo 2, apartado 17, del Reglamento sobre FMM;

                              (k)

                              «restricciones de reembolso», instrumentos de gestión de la liquidez para evitar que los inversores del fondo retiren una parte de su capital durante un período de tiempo;

                              (l)

                              «suspensión de los reembolsos», instrumentos de gestión de la liquidez para evitar que los inversores del fondo retiren la totalidad de su capital durante un período de tiempo;

                              (m)

                              «comisiones de liquidez», cargos aplicados a los inversores que realizan operaciones individuales, pagaderas al fondo, para proteger a los inversores restantes de asumir los costes asociados a las compras o ventas de activos de un FMM como consecuencia de entradas o salidas importantes. Dichos cargos no se derivan específicamente de los costes asociados a la operación, sino que se trata de una comisión fija (o escalonada) establecida de antemano. Una comisión de liquidez no implica ningún ajuste del valor de las acciones del fondo (por ejemplo, el valor liquidativo);

                              (n)

                              «ajustes de precios», instrumentos de gestión de la liquidez que aplican un ajuste por dilución al valor liquidativo de un fondo para repercutir a los inversores que reembolsan o compran los costes de liquidez de las acciones derivados de los flujos netos de entrada o salida del fondo;

                              (o)

                              «recargos antidilución», cargos aplicados a los inversores que realizan operaciones individuales, pagaderas al fondo, para proteger a los inversores restantes de asumir los costes asociados a las compras o ventas de activos de un FMM como consecuencia de entradas o salidas importantes. Los recargos antidilución no conllevan ningún ajuste del valor de las acciones del fondo (por ejemplo, el valor liquidativo);

                              (p)

                              «organismos de la Unión con un mandato de estabilidad financiera»:

                                          i.

                                          la Autoridad Bancaria Europea;

                                          ii.

                                          la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación;

                                          iii.

                                          la Autoridad Europea de Valores y Mercados,

                                          iv.

                                          la Junta Europea de Riesgo Sistémico;

                                          v.

                                          el Banco Central Europeo;

                                          vi.

                                          el Mecanismo Único de Supervisión;

                                          vii.

                                          la Junta Única de Resolución;

                              (q)

                              «activos con vencimiento diario», los instrumentos admisibles del mercado monetario emitidos por entidades privadas o públicas a que se refieren el artículo 10, apartados 1 y 2 del Reglamento sobre FMM y que venzan en el plazo de un día, los pactos de recompra inversa a los que se pueda poner término con un preaviso de un día hábil, o el efectivo que pueda retirarse mediante un preaviso de un día hábil, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, letra c), de dicho reglamento;

                              (r)

                              «activos con vencimiento semanal», los instrumentos admisibles del mercado monetario emitidos por entidades privadas o públicas a que se refieren el artículo 10, apartados 1 y 2 del Reglamento sobre FMM y que venzan en el plazo de una semana, los pactos de recompra inversa a los que se pueda poner término con un preaviso de cinco días hábiles, o el efectivo que pueda retirarse mediante un preaviso de cinco días hábiles, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, letra e), de dicho reglamento;

            2.   Criterios de aplicación

                  1.

                  La aplicación de la presente recomendación se regirá por los siguientes criterios:

                              (a)

                              debe prestarse la consideración debida al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el objetivo y el contenido de la recomendación;

                              (b)

                              esta recomendación es de aplicación a todos los FMM según se definen en ella;

                              (c)

                              debe evitarse el arbitraje reglamentario;

                              (d)

                              en el anexo se establecen los criterios específicos para el cumplimiento de la presente recomendación.

                  2.

                  Se solicita al destinatario que comuniquen a la JERS y al Consejo las medidas adoptadas en respuesta a la presente recomendación o justifiquen adecuadamente su inacción. Los informes comprenderán como mínimo:

                              (a)

                              información sobre el fondo y los plazos de las medidas adoptadas;

                              (b)

                              una justificación detallada de toda inacción o inaplicación de la presente recomendación, incluidos los retrasos en su aplicación.

            3.   Plazos de seguimiento

      De acuerdo con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, el destinatario de la presente recomendación debe comunicar al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, y a la JERS, las medidas que tome al respecto, así como la justificación adecuada de cualquier inacción. El destinatario presentará su comunicación el 31 de diciembre de 2023 a más tardar.
      4.   Vigilancia y evaluación

                  1.

                  La Secretaría de la JERS:

                              (a)

                              prestará asistencia al destinatario garantizando la coordinación de la presentación de información, facilitando las plantillas pertinentes y especificando, en caso necesario, el procedimiento y los plazos de seguimiento;

                              (b)

                              verificará el seguimiento realizado por el destinatario, le prestará asistencia si así lo solicita y presentará informes de seguimiento a la Junta General.

                  2.

                  La Junta General evaluará las medidas y justificaciones que comunique el destinatario de la presente recomendación y, cuando proceda, podrá decidir que la presente recomendación no se ha aplicado y que el destinatario no ha justificado adecuadamente su inacción.

         Hecho en Fráncfort del Meno el 2 de diciembre de 2021.

               El Jefe de la Secretaría de la JERS,

               en nombre de la Junta General de la JERS

            Francesco MAZZAFERRO

         (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

         (2)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

         (3)  DO L 169 de 30.6.2017, p. 8.

         (4)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre fondos del mercado monetario (JERS/2012/1) (DO C 146 de 25.5.2013, p. 1).

         (5)  Véase «Compliance assessment of the implementation of the Recommendation of the European Systemic Risk Board of 20 December 2012 on money market funds (ESRB/2012/1)», marzo de 2019, disponible en inglés en la dirección de la JERS en Internet: www.esrb.europa.eu

         (6)  Véase «Holistic Review of the March Market Turmoil», FSB, 17 de noviembre de 2020, disponible en inglés en la dirección del FSB en Internet: www.fsb.org

         (7)  Véase «Issues note on systemic vulnerabilities of and preliminary policy considerations to reform money market funds (MMFs)», julio de 2021, disponible en inglés en la dirección de la JERS en Internet: www.esrb.europa.eu

         (8)  Véase «Economic rationale and assessment of the Recommendation of the ESRB of 2 December 2021 on money market funds», disponible en inglés en la dirección de la JERS en Internet: www.esrb.europa.eu

         (9)  Véase «Policy Proposals to Enhance Money Market Fund Resilience», FSB, 11 de octubre de 2021, disponible en inglés en la dirección del FSB en Internet: www.fsb.org.

         (10)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 7 de diciembre de 2017, sobre los riesgos de liquidez y apalancamiento de los fondos de inversión (JERS/2017/6) (DO C 151 de 30.4.2018, p. 1).

         (11)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p.1).

         ANEXO

            CRITERIOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA RECOMENDACIÓN

            Recomendación A — Reducir los efectos umbral

         Criterio de aplicación de la recomendación A, apartado 2:
         Debe derogarse la referencia actual del artículo 34, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre FMM») a la proporción de activos con vencimiento semanal que sea inferior al 30 % de los activos totales del fondo del mercado monetario (FMM) y las solicitudes de reembolso netas diarias que en un día hábil superen el 10 % del total de los activos, y la referencia en el artículo 34, apartado 1, letra b), a la proporción de activos con vencimiento semanal que sea inferior al 10 % de sus activos totales.

            Recomendación B — Reducir la transformación de la liquidez

         Criterios de aplicación de la recomendación B, apartado 1:
         Los nuevos requisitos de liquidez para los FMM de valor liquidativo variable y de valor liquidativo de baja volatilidad deben garantizar que:

                     —

                     aumento del nivel de liquidez de las carteras de FMM centrados en la deuda privada;

                     —

                     se ofrezca más tranquilidad a los inversores y, por tanto, se reduzca el riesgo de retirada súbita y masiva;

                     —

                     los FMM tengan liquidez suficiente para hacer frente a mayores solicitudes de reembolso durante períodos de tensión en el mercado, sin que ello implique efectos indirectos en otras partes del sistema financiero;

                     —

                     los FMM mantengan una parte de sus activos líquidos en activos de deuda pública emitidos por un conjunto diversificado de organismos, en la medida de lo posible en la principal moneda de inversión de dicho fondo, a fin de contribuir a una mayor diversificación y estabilidad del valor liquidativo de los FMM de deuda privada.

               Por lo que se refiere, en particular, a los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad, debe derogarse el artículo 24, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre FMM a fin de armonizar la admisibilidad de los activos para los activos con vencimiento semanal, los activos con vencimiento diario y los activos de deuda pública a los de los fondos de valor liquidativo variable.
         Los nuevos requisitos de liquidez para los FMM de valor liquidativo variable a corto plazo deben ser, como mínimo, iguales al 20 % de sus activos y dividirse entre:

                     —

                     al menos el 15 % de los activos con vencimiento semanal, incluido al menos el 10 % de los activos con vencimiento diario, y

                     —

                     al menos el 5 % de los activos de deuda pública adicionales.

               Los nuevos requisitos de liquidez para los FMM de valor liquidativo variable estándar deben ser, como mínimo, iguales al 25 % y dividirse entre:

                     —

                     al menos el 15 % de los activos con vencimiento semanal, incluido al menos el 10 % de los activos con vencimiento diario, y

                     —

                     al menos el 10 % de los activos de deuda pública adicionales.

               Los nuevos requisitos de liquidez para los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad deben ser, como mínimo, iguales al 45 % y dividirse entre:

                     —

                     al menos el 30 % de los activos con vencimiento semanal, incluido al menos el 15 % de los activos con vencimiento diario, y

                     —

                     al menos el 15 % de los activos de deuda pública adicionales.

               Cuando los activos de deuda pública no estén suficientemente disponibles en la moneda del fondo, los FMM, siempre que informen inmediatamente a sus autoridades nacionales competentes (ANC), deben poder cumplir los requisitos de liquidez de la deuda pública mediante:

                     —

                     depósitos en entidades de crédito que puedan retirarse en cualquier momento tras un preaviso no superior a un día hábil, sin perjuicio de los requisitos de diversificación establecidos en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre FMM, y

                     —

                     pactos de recompra inversa garantizados con activos de deuda pública a los que se pueda poner término en cualquier momento tras un preaviso no superior a un día hábil.

               Criterios de aplicación de la recomendación B, apartado 3:
         Los cambios propuestos por la Comisión en la legislación pertinente de la Unión deben garantizar que las decisiones de las ANC sean aplicables a subconjuntos de FMM según su tipo y moneda o a todos los FMM bajo su supervisión.
         Criterios de aplicación de la recomendación B, apartado 4:
         Los cambios propuestos por la Comisión en la legislación pertinente de la Unión deben prever que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) coordine las decisiones de las ANC a que se refiere la recomendación B, apartado 3, con respecto a:

                     —

                     subconjuntos de FMM situados en varios Estados miembros, según su tipo y moneda de denominación, y

                     —

                     el plazo en el que los FMM que se beneficien o puedan beneficiarse de las decisiones a que se refiere la recomendación B, apartado 3, deben corregir su situación.

            Recomendación C — Imponer a los inversores el coste de sus reembolsos y suscripciones

         Criterios de aplicación de la recomendación C, apartado 2:
         La Comisión debe velar por que la legislación pertinente de la Unión encomiende a la AEVM la elaboración de criterios y orientaciones específicos que definan las circunstancias en las que deben utilizarse los instrumentos de gestión de la liquidez, incluidos, entre otros, los mencionados en la recomendación C, apartado 1, las restricciones de reembolso y las suspensiones. El gestor de cada FMM debe decidir qué instrumento elegir, cómo activarlo y cómo calibrar su aplicación, con arreglo a los criterios que se establezcan. Cuando se tengan en cuenta parámetros cuantitativos, no deben introducirse efectos umbral.

            Recomendación D — Mejorar la vigilancia y las pruebas de resistencia

         Criterio de aplicación de la recomendación D, apartado 1:
         Los cambios propuestos por la Comisión en la legislación pertinente de la Unión deben aumentar la frecuencia de la presentación de información por parte de los gestores de FMM a sus respectivas autoridades competentes, tal como se contempla en el artículo 37 del Reglamento sobre FMM, a una frecuencia mensual como mínimo para los principales indicadores y parámetros utilizados a efectos de supervisión. Los FMM cuyos activos gestionados no superen en total los 100 millones EUR deben informar al menos trimestralmente.
         Además, los datos deben incluir información sobre el porcentaje de valor liquidativo clasificado tanto por tipo de inversor como por lugar de residencia. El desglose por sectores de un inversor debe incluir, como mínimo, los siguientes sectores:

                     —

                     sociedades no financieras, especificando su actividad económica, por ejemplo según la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE);

                     —

                     entidades de crédito;

                     —

                     empresas de seguros;

                     —

                     fondos de pensiones;

                     —

                     Administraciones Públicas;

                     —

                     FMM;

                     —

                     fondos de inversión no monetarios;

                     —

                     otras instituciones financieras;

                     —

                     hogares;

                     —

                     otros.

               Criterios de aplicación de la recomendación D, apartado 2:
         La AEVM debe estar facultada para elaborar plantillas para las solicitudes de datos ad hoc presentadas por las ANC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre FMM. Estas plantillas deben incluir, como mínimo, los datos siguientes:

                     —

                     el valor liquidativo por acción/participación y, en el caso de los FMM de valor liquidativo constante de deuda pública, el valor liquidativo variable por acción;

                     —

                     los activos totales;

                     —

                     el vencimiento medio ponderado, tal como se define en el artículo 2, apartado 19, del Reglamento sobre FMM;

                     —

                     la vida media ponderada, tal como se define en el artículo 2, apartado 20, del Reglamento sobre FMM;

                     —

                     las entradas y salidas;

                     —

                     los activos de deuda pública;

                     —

                     los activos con vencimiento semanal;

                     —

                     los activos con vencimiento diario;

                     —

                     saldos en efectivo.

               Criterio de aplicación de la recomendación D, apartado 4:
         Los cambios propuestos por la Comisión en la legislación pertinente de la Unión deben entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre FMM que regula las pruebas de resistencia realizadas por cada FMM.
         El régimen adecuado de pruebas de resistencia a escala de la Unión para los FMM debe basarse en un escenario común adverso pero verosímil y ofrecer la posibilidad de realizar pruebas de resistencia inversas para determinar el punto (en términos de reembolsos, perturbaciones en el riesgo de crédito, la liquidez o los tipos de interés) en el que los FMM no podrían operar de manera ordenada.

            (1)  Reglamento (UE) n.o 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de diciembre de 2021 sobre un marco paneuropeo de coordinación de ciberincidentes sistémicos para las autoridades pertinentes (JERS/2021/17) 2022/C 134/01

text:
               25.3.2022

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 134/1

      RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
      de 2 de diciembre de 2021
      sobre un marco paneuropeo de coordinación de ciberincidentes sistémicos para las autoridades pertinentes
      (JERS/2021/17)
      (2022/C 134/01)
      LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), en particular, su anexo IX,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 3, apartado, 2, letras b) y d), y los artículos 16 y 18,
      Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3), en particular los artículos 18 a 20,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Como se señala en el considerando 4 de la Recomendación JERS/2013/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4), el objetivo final de la política macroprudencial es contribuir a la protección de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, incluso mediante el refuerzo de la capacidad de resistencia del sistema financiero y la atenuación de los riesgos sistémicos, garantizando así una aportación sostenible del sector financiero al crecimiento económico. La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) se encarga de la vigilancia macroprudencial del sistema financiero de la Unión. En el cumplimiento de su mandato, la JERS debe contribuir a prevenir y reducir los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera, inclusive los relacionados con ciberincidentes, y proponer cómo atenuarlos.

                  (2)

                  Los ciberincidentes graves pueden suponer un riesgo sistémico para el sistema financiero, dado que pueden interrumpir operaciones y servicios financieros esenciales. La amplificación de una perturbación inicial puede producirse a través del contagio operativo o financiero o a través de una erosión de la confianza en el sistema financiero. Si el sistema financiero no puede absorber estas perturbaciones, la estabilidad financiera correrá peligro, y esta situación puede dar lugar a una crisis cibernética sistémica (5).

                  (3)

                  El panorama de ciberamenazas en constante evolución y el reciente aumento de ciberincidentes graves son indicadores de mayor riesgo para la estabilidad financiera de la Unión. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del papel que desempeña la tecnología en el funcionamiento del sistema financiero. Las autoridades e instituciones pertinentes deben adaptar su infraestructura técnica y sus marcos de gestión de riesgos a un aumento repentino del trabajo a distancia, que ha elevado la exposición global del sistema financiero a las ciberamenazas y ha permitido a los delincuentes concebir nuevos modos de operar y adaptar los existentes para aprovechar la situación (6). En este contexto, el número de ciberincidentes notificados a la supervisión bancaria del BCE en 2020 se incrementó en un 54 % en comparación con 2019 (7).

                  (4)

                  La gran escala, velocidad y tasa de propagación de un ciberincidente grave exigen una respuesta eficaz por parte de las autoridades competentes para atenuar los posibles efectos negativos sobre la estabilidad financiera. Una rápida coordinación y comunicación entre las autoridades pertinentes de la Unión puede contribuir a la evaluación temprana de los efectos de un ciberincidente grave en la estabilidad financiera, mantener la confianza en el sistema financiero y limitar el contagio a otras entidades financieras, contribuyendo así a evitar que un ciberincidente grave se convierta en un riesgo para la estabilidad financiera.

                  (5)

                  La perturbación subyacente tiene su origen en una forma novedosa en comparación con las crisis financieras y de liquidez tradicionales a las que se suelen enfrentar las autoridades pertinentes. Además de los aspectos financieros, la evaluación global de riesgos debe incluir la magnitud y los efectos de las perturbaciones operativas, ya que podrían influir en la elección de los mecanismos macroprudenciales. Del mismo modo, la estabilidad financiera también podría influir en la elección de medidas operativas por parte de los ciberexpertos. Esto requiere una coordinación estrecha y rápida y una comunicación abierta para, entre otras cosas, facilitar el conocimiento de la situación.

                  (6)

                  El riesgo de fallo de coordinación por parte de las autoridades existe y debe abordarse. Las autoridades pertinentes de la Unión tendrán que coordinarse entre sí y con otras autoridades, como la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA), con las que normalmente no interactúan. Dado que un número significativo de instituciones financieras de la Unión operan a escala mundial, es probable que un ciberincidente grave no se limite a la Unión o pueda desencadenarse fuera de esta y requiera una coordinación global de la respuesta.

                  (7)

                  Las autoridades pertinentes deben estar preparadas para estas interacciones. De lo contrario, podrían adoptar medidas incoherentes que contradigan o pongan en peligro las respuestas de otras autoridades. Este fallo de coordinación podría amplificar la perturbación del sistema financiero al provocar una erosión de la confianza en su funcionamiento que, en el peor de los casos, supondría un riesgo para la estabilidad financiera (8). Por lo tanto, deben adoptarse las medidas necesarias para abordar el riesgo para la estabilidad financiera derivado de un fallo de coordinación en caso de ciberincidente grave.

                  (8)

                  El informe de la JERS (2021) Mitigating systemic cyber risk (9) identifica la necesidad de establecer un marco paneuropeo de coordinación de ciberincidentes sistémicos (EU-SCICF) para las autoridades pertinentes de la Unión. El objetivo del EU-SCICF sería aumentar el nivel de preparación de las autoridades pertinentes para facilitar una respuesta coordinada a un ciberincidente potencialmente grave. El informe de la JERS (2021) Mitigating system cyber risk presenta la evaluación de la JERS sobre las características marco que serían necesarias, a primera vista, para hacer frente al riesgo de fallo de coordinación.

                  (9)

                  El objetivo principal de la presente recomendación es basarse en una de las funciones previstas de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) en virtud de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (10) (en lo sucesivo, «DORA») para permitir gradualmente una respuesta coordinada eficaz a nivel de la Unión en caso de un incidente transfronterizo grave relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o una amenaza conexa que tenga efectos sistémicos en el sector financiero de la Unión en su conjunto. Este proceso dará lugar a la creación del EU-SCICF para las autoridades pertinentes.

                  (10)

                  El EU-SCICF no debe tener como objetivo sustituir los marcos existentes, sino colmar las lagunas de coordinación y comunicación entre las propias autoridades pertinentes y con otras autoridades de la Unión y otros actores esenciales en el ámbito internacional. A este respecto, debe tenerse en cuenta el posicionamiento del EU-SCICF en el actual marco de crisis financiera y en el panorama del marco de ciberincidentes de la Unión. Por lo que respecta a la coordinación entre las propias autoridades pertinentes, deben considerarse, entre otras cosas, las funciones y actividades del Grupo de Cooperación sobre Redes y Sistemas de Información (SRI) para las entidades financieras en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y los mecanismos de coordinación previstos a través de la creación de la Unidad Informática Conjunta junto con la participación de la ENISA.

                  (11)

                  En particular, la propuesta de poner en marcha la preparación del EU-SCICF tiene por objeto respaldar las funciones potenciales de las AES, tal como se prevé en la propuesta de DORA. La DORA propone que «las AES, a través del Comité Mixto y en colaboración con las autoridades competentes, el Banco Central Europeo (BCE) y la JERS, podrán establecer mecanismos que permitan compartir prácticas eficaces en todos los sectores financieros a fin de mejorar la conciencia situacional y detectar las vulnerabilidades y los riesgos cibernéticos comunes a los diversos sectores» y «podrán organizar ejercicios de gestión de crisis y contingencia que incluyan escenarios de ciberataques con el fin de desarrollar los canales de comunicación y hacer posible gradualmente una respuesta coordinada eficaz a nivel de la UE en caso de que se produzca un incidente grave relacionado con las TIC de alcance transfronterizo o una amenaza conexa que tenga un impacto sistémico en el sector financiero de la Unión en su conjunto» (12). Todavía no existe un marco paneuropeo como el EU-SCICF, que debe establecerse y desarrollarse en el contexto de la DORA.

                  (12)

                  Habida cuenta del riesgo para la estabilidad financiera de la Unión derivado del riesgo cibernético, los trabajos preparatorios para el establecimiento gradual del EU-SCICF deben comenzar, en la medida de lo posible, incluso antes de que el marco jurídico y político necesario para su establecimiento sea plenamente aplicable. Este marco jurídico y político se completaría plenamente y se concluiría una vez sean aplicables las disposiciones pertinentes de la DORA y de sus actos delegados.

                  (13)

                  Una comunicación eficaz contribuye al conocimiento de la situación entre las autoridades pertinentes y, por lo tanto, es un requisito previo indispensable para la coordinación a escala de la Unión durante los ciberincidentes graves. A este respecto, debe definirse la infraestructura de comunicación necesaria para coordinar una respuesta a un ciberincidente grave. Esto implicaría especificar el tipo de información que debe compartirse, los canales regulares que deben utilizarse para compartir dicha información y los puntos de contacto con los que debe compartirse la información. El intercambio de información debe respetar los requisitos legales existentes. Además, las autoridades pertinentes pueden tener que definir un plan de acción claro y los protocolos que deben seguirse para garantizar una coordinación adecuada entre las autoridades implicadas en la planificación de una respuesta coordinada a un ciberincidente grave.

                  (14)

                  Una crisis cibernética sistémica requerirá la puesta en marcha de una plena cooperación a nivel nacional y de la Unión. Por consiguiente, puede preverse la designación de puntos de contacto para las AES, el BCE y cada Estado miembro entre sus autoridades nacionales pertinentes, que deben comunicarse a las AES, a fin de establecer los principales interlocutores en el sistema de coordinación del EU-SCICF que deben ser informados en caso de ciberincidente grave. La necesidad de designar puntos de contacto debe evaluarse durante el desarrollo del EU-SCICF, teniendo en cuenta el punto de contacto único designado en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148 que los Estados miembros han establecido sobre la seguridad de las redes y sistemas de información para garantizar la cooperación transfronteriza con otros Estados miembros y con el Grupo de Cooperación SRI (13).

                  (15)

                  La realización de ejercicios de gestión de crisis y contingencias podría facilitar la aplicación del EU-SCICF y permitir a las autoridades evaluar su disposición y preparación ante una cibercrisis sistémica a escala de la Unión. Estos ejercicios proporcionarían a las autoridades las enseñanzas extraídas y permitirían una mejora y evolución continuas del EU-SCICF.

                  (16)

                  Para la creación del EU-SCICF es esencial que las AES lleven a cabo conjuntamente los trabajos preparatorios pertinentes a fin de considerar los posibles elementos esenciales del marco y los recursos necesarios para su creación. A continuación, las AES podrían empezar a trabajar en un análisis preliminar de cualquier impedimento que pudiera dificultar su capacidad y la de las autoridades pertinentes para establecer el EU-SCICF y compartir información pertinente a través de canales de comunicación en caso de ciberincidente grave. Este análisis sería un paso importante para dar a conocer cualquier otra medida, ya sea de carácter legislativo u otras iniciativas de apoyo que la Comisión Europea pueda adoptar en la fase de aplicación posterior a la DORA.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      SECCIÓN 1

         RECOMENDACIONES

         Recomendación A – Establecimiento de un marco paneuropeo de coordinación de ciberincidentes sistémicos (EU-SCICF)

                  1.

                  Se recomienda que, tal como se prevé en la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (en lo sucesivo, «DORA»), las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), conjuntamente a través del Comité Mixto y junto con el Banco Central Europeo (BCE), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y las autoridades nacionales pertinentes, comiencen a prepararse para el establecimiento gradual de una respuesta coordinada eficaz a escala de la Unión en caso de ciberincidente transfronterizo grave o amenaza conexa que pueda tener un impacto sistémico en el sector financiero de la Unión. El trabajo preparatorio para lograr una respuesta coordinada a nivel de la Unión debe conllevar el establecimiento gradual del EU-SCICF para las AES, el BCE, la JERS y las autoridades nacionales pertinentes. Esto también debe incluir una evaluación de las necesidades de recursos para la creación efectiva del EU-SCICF.

                  2.

                  Se recomienda a las AES, a la vista de la recomendación A, apartado 1, que, en consulta con el BCE y la JERS, emprendan un inventario y un análisis posterior de los obstáculos actuales, jurídicos y de otra índole para la creación efectiva del EU-SCICF.

         Recomendación B – Establecimiento de puntos de contacto del EU-SCICF

      Se recomienda a las AES, al BCE y a cada Estado miembro, que, entre sus autoridades nacionales pertinentes, designen un punto de contacto principal que debe comunicarse a las AES. Esta lista de contactos facilitará la creación del marco y, una vez establecido el EU-SCICF, los puntos de contacto y la JERS deben ser informados en caso de ciberincidente grave. También debe preverse la coordinación entre el EU-SCICF y el punto de contacto único designado en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148 que los Estados miembros hayan establecido sobre la seguridad de las redes y sistemas de información para garantizar la cooperación transfronteriza con otros Estados miembros y con el Grupo de Cooperación sobre Redes y Sistemas de Información.

         Recomendación C – Medidas adecuadas a escala de la Unión

      Se recomienda que, sobre la base de los resultados de los análisis realizados de conformidad con la recomendación A, la Comisión considere las medidas adecuadas necesarias para garantizar una coordinación eficaz de las respuestas a los ciberincidentes sistémicos.
      SECCIÓN 2

         APLICACIÓN

      1.   Definiciones

      A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:

                  (a)

                  «cibernético», relacionado con, dentro o a través del soporte de la infraestructura de información interconectada de las interacciones entre personas, procesos, datos y sistemas de información (14);

                  (b)

                  «ciberincidente grave», un incidente relacionado con las TIC que puede tener efectos negativos importantes en las redes y los sistemas de información que respaldan las funciones esenciales de las entidades financieras (15);

                  (c)

                  «crisis cibernética sistémica», un ciberincidente grave que causa un nivel de perturbación del sistema financiero de la Unión que puede acarrear graves consecuencias negativas para el buen funcionamiento del mercado interior y el funcionamiento de la economía real. Una crisis de estas características podría ser consecuencia de un ciberincidente grave que provoque perturbaciones en una serie de canales, incluidos los aspectos operativos, de confianza y financieros;

                  (d)

                  «Autoridades Europeas de Supervisión» o «AES», la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (18);

                  (e)

                  «Comité Mixto», el Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión previsto en el artículo 54 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.o 1095/2010;

                  (f)

                  «autoridad nacional pertinente»,

                              1.

                              una autoridad competente o de supervisión de un Estado miembro especificada en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, y cualquier otra autoridad nacional competente especificada en los actos de la Unión que confieran funciones a las AES;

                              2.

                              una autoridad competente de un Estado miembro designada de conformidad con:

                                          i.

                                          el artículo 4 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19), sin perjuicio de las funciones específicas atribuidas al BCE por el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (20);

                                          ii.

                                          el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (21);

                                          iii.

                                          el artículo 37 de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (22);

                                          iv.

                                          el artículo 4 de la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo (23);

                                          v.

                                          el artículo 3, apartado 1, sexies sexies, primer guion, de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (24);

                                          vi.

                                          el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (25);

                                          vii.

                                          el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

                                          viii.

                                          el artículo 67 de la Directiva 2014/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (27);

                                          ix.

                                          el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 648/2012,

                                          x.

                                          el artículo 44 de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (28);

                                          xi.

                                          el artículo 97 de la Directiva 2009/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (29);

                                          xii.

                                          el artículo 30 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (30);

                                          xiii.

                                          el artículo 12 de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (31);

                                          xiv.

                                          el artículo 47 de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo (32);

                                          xv.

                                          el artículo 22 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (33);

                                          xvi.

                                          el artículo 3, apartado 2, y el artículo 32, de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (34);

                                          xvii.

                                          el artículo 40 del Reglamento (UE) n.o 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (35);

                                          xviii.

                                          el artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo (36);

                              3.

                              una autoridad a la que se haya encomendado la adopción o la activación de medidas de política macroprudencial, u otras funciones de estabilidad financiera, como, por ejemplo, el análisis de apoyo correspondiente, entre otras, a modo de ejemplo:

                                          i.

                                          una autoridad designada de conformidad con el capítulo 4, del título VII, de la Directiva 2013/36/UE, o con el artículo 458, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (37);

                                          ii.

                                          una autoridad macroprudencial con los objetivos, los acuerdos, las funciones, las competencias, los instrumentos, los requisitos de rendición de cuentas y otras características establecidos en la Recomendación JERS/2011/3 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (38);

                  (g)

                  «autoridad pertinente»,

                              1.

                              una AES;

                              2.

                              el BCE en lo que respecta a las funciones que se le atribuyen de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, y artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013;

                              3.

                              una autoridad nacional pertinente.

            2.   Criterios de aplicación

      La aplicación de la presente recomendación se regirá por los siguientes criterios:

                  (a)

                  Debe prestarse la debida consideración al principio de necesidad de conocer y al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el objetivo y el contenido de cada recomendación.

                  (b)

                  Se deben satisfacer los criterios específicos de cumplimiento establecidos en el anexo en relación con cada recomendación.

            3.   Plazos de seguimiento

      De acuerdo con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, los destinatarios de la presente recomendación deben comunicar al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, y a la JERS, las medidas que tomen al respecto, así como la justificación adecuada de cualquier inacción. Se pide a los destinatarios que realicen dicha comunicación de conformidad con los siguientes plazos:

                  1.

                  Recomendación A

                              (a)

                              A más tardar el 30 de junio de 2023, pero no antes de seis meses después de la entrada en vigor de la DORA, se pide a las AES que presenten al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS un informe provisional sobre la aplicación de la recomendación A, apartado 1.

                              (b)

                              A más tardar el 30 de junio de 2024, pero no antes de 18 meses después de la entrada en vigor de la DORA, se pide a las AES que presenten al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS un informe final sobre la aplicación de la recomendación A, apartado 1.

                              (c)

                              A más tardar el 30 de junio de 2025, pero no antes de 30 meses después de la entrada en vigor de la DORA, se pide a las AES que presenten al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS un informe sobre la aplicación de la recomendación A, apartado 2.

                  2.

                  Recomendación B
                  A más tardar el 30 de junio de 2023, pero no antes de seis meses después de la entrada en vigor de la DORA, se pide a las AES, al BCE y a los Estados miembros que presenten al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS un informe sobre la aplicación de la recomendación B.

                  3.

                  Recomendación C

                              (a)

                              A más tardar el 31 de diciembre de 2023, pero no antes de 12 meses después de la entrada en vigor de la DORA, se pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la JERS un informe sobre la aplicación de la recomendación C en vista del informe provisional de las AES de conformidad con la recomendación A, apartado 1.

                              (b)

                              A más tardar el 31 de diciembre de 2025, pero no antes de 36 meses después de la entrada en vigor de la DORA, se pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la JERS un informe sobre la aplicación de la recomendación C en vista de los informes de las AES de conformidad con la recomendación A.

            4.   Vigilancia y evaluación

                  1.

                  La Secretaría de la JERS:

                              (a)

                              prestará asistencia a los destinatarios garantizando la coordinación de la presentación de información, facilitando las plantillas pertinentes y especificando, en caso necesario, el procedimiento y los plazos de seguimiento;

                              (b)

                              verificará el seguimiento realizado por los destinatarios, les prestará asistencia si así lo solicitan y presentará informes de seguimiento a la Junta General. Las evaluaciones se iniciarán de la manera siguiente:

                                          (i)

                                          en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la DORA, en relación con la aplicación de las recomendaciones A y B;

                                          (ii)

                                          en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la DORA, en relación con la aplicación de la recomendación C;

                                          (iii)

                                          en un plazo de 24 meses a partir de la entrada en vigor de la DORA, en relación con la aplicación de la recomendación A;

                                          (iv)

                                          en un plazo de 36 meses a partir de la entrada en vigor de la DORA, en relación con la aplicación de la recomendación A;

                                          (v)

                                          en un plazo de 42 meses a partir de la entrada en vigor de la DORA, en relación con la aplicación de la recomendación C;

                  2.

                  La Junta General evaluará las medidas y justificaciones que comuniquen los destinatarios de la presente recomendación y, cuando proceda, podrá decidir que la presente recomendación no se ha aplicado y que el destinatario pertinente no ha justificado adecuadamente su inacción.

         Hecho en Fráncfort del Meno el 2 de diciembre de 2021.

               El Jefe de la Secretaría de la JERS,

               en nombre de la Junta General de la JERS

            Francesco MAZZAFERRO

         (1)  DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.

         (2)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

         (3)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

         (4)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 4 de abril de 2013, sobre objetivos intermedios e instrumentos de política macroprudencial (JERS/2013/1) (OJ C 170, 15.6.2013, p. 1).

         (5)  Véase «Systemic cyber risk», JERS, febrero de 2020, disponible en inglés en la dirección de la JERS en Internet: www.esrb.europa.eu

         (6)  Véase la Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en Internet, Europol, 2020, disponible en la dirección de Europol en Internet: www.europol.europa.eu

         (7)  Véase «IT and cyber risk: a constant challenge», BCE, 2021, disponible en inglés en la dirección de supervisión bancaria del BCE en internet, www.bankingsupervision.europa.eu

         (8)  Véase «Systemic cyber risk», JERS, febrero de 2020, disponible en inglés en la dirección de la JERS en Internet: www.esrb.europa.eu

         (9)  Véase «Mitigating systemic cyber risk», JERS, 2021, (disponible).

         (10)  COM(2020) 595 final.

         (11)  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).

         (12)  Véase el proyecto de artículo 43 de la propuesta de la DORA.

         (13)  Véase Comisión Europea, Grupo de cooperación SRI, disponible en la dirección de la Comisión Europea en Internet: www.ec.europa.eu

         (14)  Véase «Cyber Lexicon», FSB, 12 de noviembre de 2018, disponible en inglés en la dirección del FSB de internet en www.fsb.org

         (15)  Véase el proyecto de artículo 3, punto 7, de la propuesta de la DORA.

         (16)  Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

         (17)  Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

         (18)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

         (19)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

         (20)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

         (21)  Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).

         (22)  Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).

         (23)  Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (DO L 314 de 5.12.2019, p. 64).

         (24)  COM(2020) 593 final.

         (25)  Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014. p. 1).

         (26)  Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

         (27)  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

         (28)  Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

         (29)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

         (30)  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativa al acceso a la actividad de seguro y reaseguro y a su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

         (31)  Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (versión refundida) (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).

         (32)  Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p.37).

         (33)  Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 302 de 17.11.2009, p. 1).

         (34)  Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE (DO L 157 de 9.6.2006, p.87).

         (35)  Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p.1).

         (36)  Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937 (DO L 347 de 20.10.2020, p. 1).

         (37)  Reglamento (UE) No 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

         (38)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/3) (DO C 41 de 14.2.2012, p. 1).

         ANEXO
         CRITERIOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICOS DE LAS RECOMENDACIONES

            Recomendación A – Establecimiento de un marco paneuropeo de coordinación de ciberincidentes sistémicos (EU-SCICF)

         Se especifican los siguientes criterios de cumplimiento para la recomendación A, apartado 1.

                     1.

                     A la hora de preparar una respuesta coordinada eficaz a nivel de la Unión, que debería implicar el establecimiento gradual del EU-SCICF mediante el ejercicio de las competencias previstas en el futuro Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (en lo sucesivo, «DORA»), las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), actuando a través del Comité Mixto, y junto con el Banco Central Europeo (BCE), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y las autoridades nacionales pertinentes, y en consulta con la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea y la Comisión, cuando se considere necesario, deben considerar la posibilidad de incluir en la preparación prevista para el EU-SCICF al menos los aspectos siguientes:

                                 a.

                                 análisis de las necesidades de recursos para un establecimiento eficaz del EU-SCICF;

                                 b.

                                 preparación de ejercicios de gestión de crisis y contingencias que impliquen escenarios de ciberataque con vistas a desarrollar canales de comunicación;

                                 c.

                                 elaboración de un vocabulario común;

                                 d.

                                 creación de una clasificación coherente de ciberincidentes;

                                 e.

                                 establecimiento de canales de intercambio de información seguros y fiables, incluidos sistemas de respaldo;

                                 f.

                                 establecimiento de puntos de contacto;

                                 g.

                                 abordar la confidencialidad en el intercambio de información;

                                 h.

                                 iniciativas de colaboración e intercambio de información con la ciberinteligencia del sector financiero;

                                 i.

                                 desarrollo de procesos eficaces de activación y escalada a través del conocimiento de la situación;

                                 j.

                                 aclaración de las responsabilidades de los participantes en el marco;

                                 k.

                                 creación de interfaces para la coordinación intersectorial y, en su caso, de terceros países;

                                 l.

                                 garantizar una comunicación coherente de las autoridades pertinentes con el público para preservar la confianza;

                                 m.

                                 establecimiento de líneas de comunicación predefinidas para la comunicación oportuna;

                                 n.

                                 realización de ejercicios de pruebas marco adecuados, incluidas pruebas interjurisdiccionales y coordinación con terceros países, y evaluaciones de las que se extraigan las enseñanzas obtenidas y que contribuyan a la evolución del marco;

                                 o.

                                 garantizar una comunicación eficaz y contramedidas contra la desinformación.

            Recomendación B – Establecimiento de puntos de contacto del EU-SCICF

         Se especifican los siguientes criterios de cumplimiento para la recomendación B.

                     1.

                     Las autoridades nacionales pertinentes de las AES, del BCE y de cada Estado miembro deben acordar un enfoque común para compartir y mantener actualizada la lista de puntos de contacto designados del EU-SCICF.

                     2.

                     La designación del punto de contacto debe evaluarse atendiendo al punto de contacto único designado en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148 que los Estados miembros hayan establecido respecto a la seguridad de las redes y sistemas de información para garantizar la cooperación transfronteriza con otros Estados miembros y con el Grupo de Cooperación sobre Redes y Sistemas de Información.

            Recomendación C – Medidas adecuadas a escala de la Unión

         Se especifican los siguientes criterios de cumplimiento para la recomendación C.
         La Comisión debe considerar si son necesarias medidas, incluidos cambios en la legislación pertinente de la Unión, como resultado del análisis realizado de conformidad con la recomendación A, a fin de garantizar que las AES, a través del Comité Mixto y junto con el BCE, la JERS y las autoridades nacionales pertinentes, puedan establecer el EU-SCICF de conformidad con la recomendación A, apartado 1, y garantizar que las AES, el BCE, la JERS y las autoridades nacionales pertinentes, así como otras autoridades, puedan emprender acciones de coordinación e intercambio de información que sea lo suficientemente detallada y coherente como para apoyar un EU-SCICF eficaz.