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31999H0028

1999/28/CE: Recomendación de la Comisión de 14 de diciembre de 1998 sobre la mejora de los procedimientos de autorización de redes transeuropeas de energía [notificada con el número C(1998) 4063] (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 008 de 14/01/1999 p. 0027 - 0028

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de 1998 sobre la mejora de los procedimientos de autorización de redes transeuropeas de energía [notificada con el número C(1998) 4063] (Texto pertinente a los fines del EEE) (1999/28/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Decisión 96/391/CE del Consejo, de 28 de marzo de 1996, por la que se determinan un conjunto de acciones para establecer un contexto más favorable para el desarrollo de las redes transeuropeas en el sector de la energía (1), y, en particular, su artículo 2,(1) Considerando que el apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 96/391/CE establece que la Comunidad favorecerá la cooperación entre los Estados miembros, mediante consultas recíprocas, con el fin de facilitar la aplicación de procedimientos de autorización de proyectos de redes transeuropeas de energía a fin de acortar los plazos;(2) Considerando que la Decisión n° 1254/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía, modificada por la Decisión n° 1047/97/CE (3), determinó los proyectos de interés común; que esa determinación no va en detrimento del procedimiento de evaluación del impacto medioambiental de los proyectos;(3) Considerando que la realización de algunos de estos proyectos de interés común continúa enfrentándose con dificultades de orden administrativo derivadas principalmente de retrasos en la concesión de autorizaciones de construcción;(4) Considerando que entre los afectados existe preocupación por los retrasos debidos a la duración, la complejidad y la variedad en toda la Comunidad Europea de los procedimientos de autorización de la construcción de líneas de alta tensión, gasoductos, depósitos de gas y terminales de gas natural licuado;(5) Considerando que los retrasos pueden derivarse de la falta de transparencia de los procedimientos de autorización; que el establecimiento de procedimientos claros y previsibles corregiría en gran medida esta deficiencia al tiempo que determinaría claramente los organismos decisorios competentes;(6) Considerando que la complejidad de los procedimientos de autorización constituye otra causa de retrasos; que el establecimiento de un sistema de autorización más coordinado reduciría en gran medida esa complejidad;(7) Considerando que es posible mejorar los procedimientos de autorización efectuando las consultas pertinentes con antelación e implicando a las autoridades competentes, así como emprendiendo paralelamente, en lo posible, los trámites de evaluación que forman parte de los procedimientos administrativos de autorización, cada uno con la documentación correspondiente;(8) Considerando que los retrasos debidos a la falta de información del público y de otras partes interesadas sobre la necesidad de los proyectos energéticos podrían reducirse mediante la amplia difusión de información y el reconocimiento del interés común;(9) Considerando que la aplicación de las medidas de mejora de los procedimientos de autorización de redes transeuropeas de energía exige, en particular cuando se trata de proyectos transfronterizos, la colaboración entre los Estados miembros en grado suficiente, sin perjuicio de los principios y de la aplicación de las disposiciones comunitarias o nacionales en los campos del medio ambiente y de los mercados interiores del gas y la electricidad, o del principio de subsidiariedad;(10) Considerando que la Directiva 85/337/CEE del Consejo (4), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE (5), requiere la armonización de los principios generales de la evaluación de las repercusiones medioambientales y determina la necesidad de introducir disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las reglas del procedimiento de evaluación, así como el deseo de reforzar las disposiciones relativas a la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo;(11) Considerando que las medidas propuestas en esta Recomendación se ajustan al dictamen emitido por el Comité mencionado en el artículo 4 de la Decisión 96/391/CE,RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:a) continúen colaborando entre sí y, llegado el caso, con terceros países para fomentar la aplicación de los procedimientos de autorización de los proyectos transfronterizos de la red transeuropea de energía;b) tomen si procede y, en lo posible, utilizando una estrategia común y coordinada, las siguientes medidas para mejorar los procedimientos de autorización de proyectos transfronterizos de redes transeuropeas de energía:1) aumentar la transparencia de la autorización mediante procedimientos previsibles claramente establecidos y, en lo posible, simplificados y racionalizados, en los que se determinen con claridad los organismos decisorios responsables;2) garantizar una mayor coordinación entre los distintos procedimientos de autorización con, llegado el caso, los plazos apropiados, y el establecimiento de puntos de contacto nacionales;3) mejorar la comunicación y explicar la necesidad de los proyectos de interés común; facilitar información objetiva al inicio de la fase de planificación y del proceso decisorio;4) solicitar de los proponentes de los proyectos que presenten, desde una perspectiva integrada, documentación tanto sobre la necesidad del proyecto de que se trate como sobre las repercusiones medioambientales de cada una de las opciones posibles para su ejecución;c) colaboren con la Comisión en el seguimiento periódico de la aplicación de la presente Recomendación.Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1998.Por la ComisiónChristos PAPOUTSISMiembro de la Comisión(1) DO L 161 de 29. 6. 1996, p. 154.(2) DO L 161 de 29. 6. 1996, p. 147.(3) DO L 152 de 11. 6. 1997, p. 12.(4) DO L 175 de 5. 7. 1985, p. 40.(5) DO L 73 de 14. 3. 1997, p. 5.


title: Recomendación del Consejo a Grecia, de 16 de febrero de 2010 , con vistas a poner fin en Grecia a la contradicción con las orientaciones generales de las políticas económicas e impedir que se ponga en peligro el correcto funcionamiento de la Unión económica y monetaria

text:
               30.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 83/65

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO A GRECIA
   de 16 de febrero de 2010
   con vistas a poner fin en Grecia a la contradicción con las orientaciones generales de las políticas económicas e impedir que se ponga en peligro el correcto funcionamiento de la Unión económica y monetaria
   (2010/190/UE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,
   Vista la recomendación de la Comisión,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Durante el pasado año, la situación macroeconómica y presupuestaria de Grecia sufrió un acusado deterioro, habiéndose registrado una degradación de las finanzas públicas mucho mayor de lo que habría cabido esperar a raíz de la recesión. Esta evolución se debe en gran medida a factores nacionales que han ido tomando cuerpo desde hace tiempo, mermando la capacidad neta de financiación de la economía griega y generando unos elevados y persistentes desequilibrios exteriores, que son reflejo de la importante pérdida de competitividad y del pronunciado deterioro de la situación presupuestaria.

               (2)

               La gestión llevada a cabo en el país en materia de política presupuestaria, eficiencia de la Administración Pública y ausencia de reformas estructurales (aspectos en los que, de acuerdo con los indicadores, Grecia ocupa un lugar muy bajo en relación con los parámetros internacionales) han contribuido a los malos resultados económicos y presupuestarios.

               (3)

               La actual situación plantea grandes dificultades para la sostenibilidad de la economía griega a largo plazo, y la situación económica y presupuestaria puede repercutir negativamente en otros miembros de la zona euro, como pone de manifiesto la evolución de los márgenes financieros de algunos Estados miembros. La actual situación también hace peligrar el correcto funcionamiento de la Unión económica y monetaria.

               (4)

               El Consejo y la Comisión se han referido reiteradamente a los problemas estructurales de la economía griega a largo plazo en los diversos ejercicios de supervisión multilateral. Entre dichos ejercicios se cuentan el de la supervisión presupuestaria en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la Estrategia de Lisboa, en la que las orientaciones generales de las políticas económicas (1) proporcionan un marco de referencia general para la reforma estructural en la Unión y en la zona euro. Las citadas orientaciones incluyen recomendaciones dirigidas a los Estados miembros para que respeten sus objetivos presupuestarios a medio plazo y adopten medidas eficaces con vistas a garantizar una rápida corrección de los déficits excesivos, y para que traten de corregir los déficit por cuenta corriente mediante la instrumentación de reformas estructurales, el impulso de la competitividad exterior y la aplicación de políticas presupuestarias que favorezcan esa corrección.

               (5)

               En este contexto, y ante los profundos problemas estructurales de la economía griega, tanto en el ámbito presupuestario como en el laboral y en el de mercados de productos, el Consejo en su Recomendación de 25 de junio de 2009 (2) señaló la obligación de Grecia de «intensificar los esfuerzos para resolver los desequilibrios macroeconómicos y las debilidades estructurales de la economía griega» y formuló una serie de recomendaciones dirigidas específicamente a dicho país, entre otras la de proseguir la labor de saneamiento presupuestario; incrementar la competencia en el ámbito de los servicios profesionales; introducir reformas para aumentar las inversiones en I+D; utilizar los fondos estructurales de manera más eficiente; reformar las Administraciones Públicas, y adoptar toda otra serie de medidas relativas al mercado laboral con arreglo a un planteamiento integrado de flexiguridad. Al mismo tiempo, el Consejo recomendaba a Grecia que, en su calidad de miembro de la zona euro, garantizase la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorando la calidad de las mismas mediante la modernización de las Administraciones Públicas, además de aplicar los principios de flexiguridad comunes a toda la Unión.

               (6)

               Las políticas económica y presupuestaria de Grecia no se ajustan a la recomendación dirigida específicamente a ese país al amparo de las orientaciones generales de las políticas económicas, ni tampoco a las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros que forman parte de la zona euro, establecidas en la Recomendación del Consejo, de 14 de mayo de 2008, relativa a las Orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad.

               (7)

               El 15 de enero de 2010, Grecia presentó la actualización de 2010 de su programa de estabilidad, que contiene objetivos en materia presupuestaria para el período que concluye en 2013 y que debe leerse en relación con el presupuesto de 2010, adoptado por el Parlamento griego el 23 de diciembre de 2009; el 16 de febrero de 2010, el Consejo emitió un dictamen sobre la actualización de 2010 del programa de estabilidad de Grecia, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (3). Asimismo, el 16 de febrero de 2010 el Consejo adoptó una decisión, en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE, por la que se formula una advertencia a Grecia para que tome medidas dirigidas a la reducción del déficit que el Consejo considera necesaria para poner fin a la situación de déficit excesivo (4) (en adelante la «Decisión del Consejo de 16 de febrero de 2010»).

               (8)

               El correcto funcionamiento de la coordinación de las políticas económicas de la zona euro exige que se recurra oportunamente a los instrumentos disponibles al amparo del artículo 121 del TFUE. De acuerdo con el artículo 121, apartado 4, del TFUE, la Comisión podrá dirigir una advertencia al Estado miembro considerado y podrá recomendar al Consejo que formule las recomendaciones necesarias a dicho Estado miembro. Dada la gravedad de la situación, y a fin de garantizar la coherencia con la Decisión del Consejo de 16 de febrero de 2010, resulta oportuno que el Consejo adopte la correspondiente recomendación. Asimismo, el Consejo podrá decidir, a propuesta de la Comisión, hacer públicas sus recomendaciones.

               (9)

               Aunque el deterioro de las condiciones macroeconómicas en 2009 haya sido más pronunciado de lo que anticiparon las autoridades, la situación de las finanzas públicas ha empeorado mucho más de lo que se había previsto, como resultado de una recesión más profunda de lo esperado. El deterioro se ha debido, en gran medida, a las políticas presupuestarias aplicadas por el Gobierno griego. Las actuales estimaciones sitúan el déficit público de 2009 en un 12,75 % del PIB, frente al objetivo del 3,75 % del PIB fijado en la actualización de enero de 2009 del programa de estabilidad.

               (10)

               El 23 de diciembre de 2009, el Parlamento griego adoptó el presupuesto de 2010, que establecía como objetivo de déficit el 9,1 % del PIB en 2010. Entretanto, las autoridades griegas anunciaron su intención de intensificar el ajuste presupuestario a partir ya de 2010, estableciendo el objetivo presupuestario para 2010 en un 8,7 % del PIB. La actualización de enero de 2010 del programa de estabilidad confirmó el objetivo presupuestario revisado para este año, esto es, el 8,7 % del PIB.

               (11)

               Las repercusiones presupuestarias del envejecimiento de la población sobre el gasto público a largo plazo serán muy superiores a la media de la Unión, debido principalmente a que durante las próximas décadas se prevé un enorme incremento de la proporción que representan en el PIB los gastos en pensiones. Tal como pone de manifiesto el Informe de Sostenibilidad de 2009 de los servicios de la Comisión, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas pesan, de acuerdo con los indicadores disponibles, riesgos muy elevados que, además del saneamiento presupuestario, hacen necesaria una reforma de los sistemas de pensiones y de atención sanitaria. El sistema de pensiones griego adolece de varios problemas, entre ellos el carácter fragmentario de su cobertura. Si bien cuenta con uno de los ratios de prestaciones más elevados, en promedio, de la Unión — con el consiguiente efecto de desincentivación del trabajo, como queda patente, sobre todo, en la reducida tasa de empleo entre los trabajadores de más edad —, Grecia registra una de las mayores tasas de pobreza entre las personas mayores. También plantean problemas los regímenes de jubilación anticipada, que permiten vías de jubilación alternativas, pero onerosas. Es preciso reformar asimismo el sistema de asistencia sanitaria, con vistas sobre todo a mejorar sensiblemente su gestión y su eficiencia, que están en el origen del rebasamiento reiterado de los gastos presupuestados. Las reformas del mercado de trabajo deben apoyar la oferta de mano de obra creciente para ampliar la base de las contribuciones.

               (12)

               Grecia debe recuperar la pérdida de competitividad y corregir los grandes desequilibrios exteriores. En este contexto, y de acuerdo con las orientaciones generales de política económica, Grecia debe tratar de corregir el déficit por cuenta corriente «realizando reformas estructurales, impulsando la competitividad exterior y (…) contribuyendo a su corrección mediante políticas fiscales». A tal fin, las autoridades griegas han de aplicar medidas permanentes encaminadas a controlar el gasto primario corriente, incluidos los costes salariales del sector público, e instrumentar reformas en el mercado laboral y en los mercados de productos con carácter urgente. En particular, las autoridades griegas deben velar por que las medidas de saneamiento presupuestario vayan también dirigidas a mejorar la calidad de las finanzas públicas en el marco de un programa global de reformas, y poner en marcha prontamente una política orientada a proseguir la reforma de la administración tributaria.

               (13)

               Diversos indicadores y análisis confirman la importante y sostenida pérdida de competitividad de los precios que se ha venido registrando en Grecia a lo largo de los últimos diez años. Este fenómeno se explica, en parte, por un aumento de los salarios superior al incremento de la productividad. Los sueldos del sector público han registrado en Grecia, frente a los del sector privado, una mayor subida que en las demás economías de la zona euro y han afectado a las negociaciones salariales en general, dejando patente la necesidad de que el sector público marque la pauta para restablecer la moderación salarial. Por lo demás, algunas características del sistema de negociación colectiva en Grecia (por ejemplo, el nivel intermedio de negociación) pueden explicar también el desfase existente entre el crecimiento salarial y el incremento de la productividad, y requieren ajustes que habrán de acordar los interlocutores sociales. En una perspectiva de futuro, el sistema de negociación de los salarios debe favorecer cambios en materia de salarios que reflejen aún más la competitividad, las evoluciones en términos de productividad, así como las condiciones del mercado local de trabajo.

               (14)

               La Administración Pública representa uno de los mayores obstáculos que impiden aumentar la eficiencia en Grecia. El país ocupa, por lo que se refiere al sector público, un lugar muy bajo en la mayor parte de las clasificaciones internacionales, y se considera que muchos de los problemas se derivan de una capacidad y eficiencia administrativas insuficientes. Las autoridades han asumido el compromiso de mejorar su funcionamiento, compromiso que debe traducirse en reducciones de personal, una mejor gestión de los recursos humanos en los organismos públicos, una reducción de costes, una mayor transparencia y seguridad jurídica y la aplicación efectiva de las políticas.

               (15)

               Grecia dispone de un amplio margen para mejorar el entorno empresarial y el funcionamiento de los mercados de productos. Los procedimientos administrativos a que se enfrentan las empresas son complejos, dilatados y gravosos. Los servicios profesionales están muy reglamentados y Grecia figura entre los países de la Unión con mayor número de obstáculos a la competencia. Por otra parte, la liberalización de las industrias de red (por ejemplo, la energía) se sitúa a la zaga con respecto a la media de la Unión, al igual que la apertura de los mercados de transporte, especialmente en el sector ferroviario. Las reformas en estos ámbitos podrían incrementar la inversión privada y el empleo, con un escaso coste para las finanzas públicas. Las reformas de los mercados de productos podrían favorecer, asimismo, la aplicación de las reformas en el mercado de trabajo, reduciendo las presiones de los costes.

               (16)

               Como señaló el Consejo en sus recomendaciones de 2009 sobre la aplicación de las políticas de empleo, es preciso también reformar el mercado de trabajo griego de conformidad con los principios comunes de flexiguridad. Particular atención merecen los jóvenes, habida cuenta de las dificultades que experimentan a la hora de conseguir empleo formal. Hay amplio margen para favorecer las transiciones en el mercado laboral, especialmente mediante la mejora de las políticas en materia de educación y formación, la potenciación de las cualificaciones de la mano de obra, y la instrumentación de políticas activas del mercado de trabajo más eficaces, así como recurriendo a las ayudas del Fondo Social Europeo. Es necesario igualmente simplificar la legislación en materia de protección del empleo. Además, las políticas deben incitar la participación activa en el mercado de trabajo. La aplicación de estas recomendaciones es de importancia capital para la economía griega. Han de tenerse, por tanto, debidamente en cuenta las repercusiones sobre el empleo de las medidas estructurales arbitradas en el ámbito económico.

               (17)

               Una absorción más rápida y eficaz de los fondos estructurales y de cohesión de la Unión podría contribuir de manera decisiva a que los esfuerzos por restablecer la competitividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas alcancen su meta. En relación con otros Estados miembros, la absorción de fondos avanza con lentitud. Colaborando con la Comisión para adoptar medidas tendentes a mejorar la capacidad de absorción y la elaboración de los programas operativos, Grecia podría financiar inversiones públicas clave que desarrollen el potencial de crecimiento a largo plazo y permitir, al mismo tiempo, que prosiga el saneamiento presupuestario. Resulta oportuno prestar particular atención a los programas operativos relativos a la reforma administrativa y la convergencia digital, ya que redundan en pro de reformas esenciales en la Administración Pública, que son fundamentales para la estrategia de reforma presentada en la actualización de enero de 2010 del programa de estabilidad. Los fondos estructurales de la Unión destinados a los citados programas operativos pueden servir para respaldar al sector público en las reformas del sistema de asistencia sanitaria, de los servicios públicos de empleo, de la educación permanente y de la lucha contra el trabajo no declarado, y además para desarrollar la capacidad de controlar e imponer el cumplimiento de la normativa con eficacia.

               (18)

               Los bancos griegos parecen disfrutar de una situación relativamente saludable por lo que respecta a la rentabilidad y la adecuación del capital. Por otra parte, la resistencia del sector se ha visto confirmada a través de numerosas pruebas de tensión. Asimismo, los bancos griegos mantienen una escasa proporción de créditos morosos (aproximadamente el 7,2 % del total de préstamos) y un ratio de préstamos sobre depósitos relativamente bajo. Con todo, el sector bancario griego ha experimentado dificultades para obtener liquidez en los mercados mayoristas, viéndose obligado a recurrir fundamentalmente a los préstamos del Eurosistema. En resumen, si bien el sistema bancario griego presenta una situación, en conjunto, saludable y se ha visto menos afectado por la crisis financiera mundial que los de otros Estados miembros, no permanecerá inmune, probablemente, a los problemas que experimentan las finanzas públicas del país. Generan inquietud, asimismo, las repercusiones de los problemas económicos y financieros en algunos de los países vecinos de Grecia.

               (19)

               Habida cuenta de los efectos de la crisis económica y financiera mundial en la economía griega, la consiguiente revaloración de los riesgos aumenta la presión sobre el nivel de deuda y eleva las primas de riesgo de la deuda pública.

         RECOMIENDA:

               1)

               A la vista de la debilidad institucional de las finanzas públicas griegas y de la economía del país en general, Grecia debe elaborar y aplicar, lo más rápidamente posible, en 2010, un ambicioso paquete global de reformas estructurales que vaya más allá de las medidas expuestas en la actualización de enero de 2010 del programa de estabilidad. Deben presentarse calendarios claros y detallados para las reformas propuestas y ser objeto de un seguimiento durante su aplicación. Más específicamente, y habida cuenta de la importancia de garantizar la eficacia del sistema de negociación salarial y de la necesidad de moderación salarial en general, ante la situación de pérdida de competitividad, Grecia debe:

                           a)

                           reducir la masa salarial del sector público, de modo que la política salarial de este sector marque la pauta para la formación de salarios en el sector privado y contribuya a la moderación salarial;

                           b)

                           racionalizar el sistema retributivo de los empleados directos del sector público, estableciendo principios unificados para la fijación y planificación de los salarios y racionalizando la tabla salarial; esta política salarial ha de hacerse extensiva a las retribuciones de los empleados de empresas públicas;

                           c)

                           aumentar la flexibilidad del sistema de fijación de salarios, promoviendo una mayor descentralización de la negociación salarial (evitando, por ejemplo, la ampliación administrativa de los convenios colectivos a aquellas empresas que no hayan intervenido en las negociaciones), y desvinculándola de la evolución de los salarios en el sector público; mejorar la aplicación de la normativa que regula la negociación salarial, a fin de limitar el recurso a la cláusula de exención.

               2)

               Dada la imperiosa necesidad de reformar el sistema de pensiones, y a la vista de la amenaza que pesa sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, Grecia debe:

                           a)

                           llevar a cabo oportunamente una reforma en profundidad del sistema de pensiones, que deberá contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas;

                           b)

                           garantizar la equiparación de la edad legal de jubilación de hombres y mujeres e introducir parámetros adicionales que permitan la adaptación automática del nivel de las pensiones y la edad legal de jubilación a la variación de los factores económicos y demográficos subyacentes;

                           c)

                           garantizar que las reformas globales del mercado de trabajo apoyen la oferta de mano de obra creciente y el empleo para ampliar la base de las contribuciones;

                           d)

                           adaptar la fórmula de cálculo de las pensiones, reforzando el nexo entre las cotizaciones satisfechas y las prestaciones recibidas, y sustituir el actual sistema de indexación discrecional por una indexación de las pensiones en función de los precios;

                           e)

                           elevar la edad media de salida del mercado de trabajo mediante la supeditación de la jubilación anticipada a criterios más estrictos; reducir sustancialmente la lista de actividades profesionales que otorgan derecho a la jubilación anticipada, excesivamente amplia en la actualidad;

                           f)

                           simplificar el fragmentario sistema de pensiones e introducir disposiciones legislativas universalmente vinculantes en materia de derechos, cotizaciones, acumulación e indexación;

                           g)

                           adoptar los oportunos actos legislativos a partir ya de 2010.

               3)

               En el ámbito de la atención sanitaria, las reformas deben centrarse en:

                           a)

                           reformar la estructura excesivamente fragmentaria del sistema de atención sanitaria y su gobernanza;

                           b)

                           mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos de asistencia sanitaria primaria;

                           c)

                           modernizar la administración y los procedimientos contables de los hospitales; y

                           d)

                           someter el gasto farmacéutico a un control más estricto y perfeccionar los procedimientos de contratación pública, revisando asimismo la relación de medicamentos.

               4)

               Es necesario incrementar la eficiencia de la Administración pública. A tal fin, Grecia debe:

                           a)

                           elaborar, aprobar y llevar a efecto una reforma estratégica necesaria para garantizar una mejora significativa de la transparencia y de la eficacia de la Administración Pública, a partir de una revisión funcional independiente de la estructura global de la Administración Pública, con vistas a aumentar su eficacia en diversos ámbitos de actuación, especialmente por lo que se refiere a las estructuras decisorias, el reparto de responsabilidades entre instituciones, la organización interna de ministerios clave, la supervisión y la responsabilidad de la aplicación, y la importancia de la plantilla y de la gestión de los recursos humanos, debiendo invertirse la tendencia al crecimiento del empleo en el sector público;

                           b)

                           racionalizar el número de municipios y comunidades, con vistas a lograr una considerable reducción del gasto;

                           c)

                           adoptar medidas encaminadas a garantizar que la contratación pública se lleve a cabo con eficacia de costes y de manera transparente y competitiva.

               5)

               Otra de las prioridades que han de abordarse a partir ya de 2010 es la mejora del funcionamiento de los mercados de productos y del entorno empresarial. A tal fin, Grecia debe:

                           a)

                           alcanzar los objetivos fijados en el programa de mejora de la legislación, simplificando los procedimientos para la puesta en marcha, autorización y explotación de una empresa y, asimismo, racionalizando y simplificando el sistema normativo de Grecia, mediante la creación en cada ministerio de unidades especializadas en la mejora de la legislación, la potenciación del papel que desempeñan las evaluaciones de impacto y, en general, la aceleración del ritmo de aplicación del programa de reducción de las cargas administrativas;

                           b)

                           adoptar y aplicar un marco claro y de carácter práctico en materia de política de competencia, que comporte una revisión de las normas de fijación de prioridades y la reforma de las prácticas de vigilancia de la aplicación de la normativa; reforzar las funciones y las atribuciones de la Comisión Helénica para la Competencia;

                           c)

                           aplicar las normas de la Directiva de Servicios con rapidez y determinación;

                           d)

                           adoptar medidas eficaces para intensificar la competencia en el ámbito de los servicios profesionales;

                           e)

                           continuar impulsando y vigilando la liberalización de los sectores del transporte y la energía, eliminando, en particular, las restricciones de precios y los obstáculos que impiden el acceso al sector del transporte de mercancías por carretera, llevando plenamente a efecto el primer paquete ferroviario (5) a fin de impulsar la apertura del mercado del sector ferroviario y promoviendo la liberalización del sector de la electricidad mediante la segmentación de actividades de los operadores tradicionales; y

                           f)

                           flexibilizar la reglamentación del sector minorista.

               6)

               A fin de impulsar el incremento de la productividad y del empleo, Grecia debe:

                           a)

                           adoptar medidas inmediatas de lucha contra el trabajo no declarado;

                           b)

                           revisar la reglamentación del mercado laboral, incluida la legislación en materia de protección del empleo, con vistas a incrementar la oferta de mano de obra;

                           c)

                           apoyar la demanda de mano de obra, incrementando las reducciones selectivas de costes laborales;

                           d)

                           realizar reformas del sistema educativo orientadas a mejorar la capacitación de la población activa y la receptividad ante las necesidades del mercado laboral.

               7)

               Ante el reto de mejorar la productividad, especialmente a través de estrategias de priorización de las inversiones públicas, Grecia debe adoptar cuantas medidas resulten necesarias para potenciar la eficiencia y el ritmo de absorción de los fondos estructurales de la UE. Al acometer tal labor, es preciso que se preste particular atención a la rápida y eficiente aplicación de los programas operativos relativos a la reforma administrativa y la convergencia digital, ya que redundan en pro de reformas esenciales en la Administración Pública, que son fundamentales para la estrategia de reforma presentada en la actualización de enero de 2010 del programa de estabilidad.

               8)

               Se invita a Grecia a que comunique, a través de los informes trimestrales previstos en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo de 16 de febrero de 2010, las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación, así como el calendario de aplicación de las medidas estructurales expuestas en la actualización de enero de 2010 del programa de estabilidad.

      La destinataria de la presente Decisión es la República Helénica.
      Hecho en Bruselas, el 16 de febrero de 2010.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         E. SALGADO

      (1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/growth_jobs/guidelines/ index_en.htm

      (2)  Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativa a la actualización en 2009 de las Orientaciones Generales de Política Económica de los Estados miembros y de la Comunidad y a la ejecución de las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 183 de 15.7.2009, p. 1).

      (3)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (4)  DO L 83 de 30.3.2010, p. 13.

      (5)  Directivas 91/440/CEE (DO L 237 de 24.8.1991, p. 25), 95/18/CE (DO L 143 de 27.6.1995, p. 70) y 2001/14/CE (DO L 75 de 15.3.2001, p. 29).


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31995H0111

95/111/CE: Recomendación del Consejo de 20 de marzo de 1995 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1993

Diario Oficial n° L 080 de 08/04/1995 p. 0043 - 0043

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 20 de marzo de 1995 por la que se  aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979)  (quinto FED) para el ejercicio 1993 (95/111/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 206, Visto el segundo Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 31 de octubre de 1979, Vista la Decisión 80/1186/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, relativa a la asociación de  los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea  (1), Visto el Acuerdo interno de 1979 relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la  Comunidad  (2), firmado el 20 de noviembre de 1979, y, en particular el apartado 3 de su artículo  29, Visto el Reglamento financiero, de 17 de marzo de 1981, aplicable al quinto Fondo Europeo de  Desarrollo  (3) y, en particular, sus artículos 66 a 70, Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo  de Desarrollo (1979) (quinto FED) aprobados al 31 de diciembre de 1993, así como el informe del  Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1993, acompañado de las respuestas de la Comisión  (4), Considerando que en virtud del apartado 3 del artículo 29 del Acuerdo interno, la aprobación de la  gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED)  corresponde al Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo; Considerando que la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto  FED) durante el ejercicio 1993, por la Comisión, ha sido, en su conjunto, satisfactoria, RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las  operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1993. Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 1995. Por el Consejo El Presidente E. ALPHANDÉRY


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32003H0120

Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2003, sobre la protección y la información del público en relación con la exposición derivada de la contaminación persistente por cesio radiactivo de determinados alimentos de origen silvestre, como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil [notificada con el número C(2003) 510]

Diario Oficial n° L 047 de 21/02/2003 p. 0053 - 0055

Recomendación de la Comisiónde 20 de febrero de 2003sobre la protección y la información del público en relación con la exposición derivada de la contaminación persistente por cesio radiactivo de determinados alimentos de origen silvestre, como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil[notificada con el número C(2003) 510](2003/120/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, el apartado 1 de su artículo 38 y el párrafo segundo de su artículo 124,Visto el dictamen del grupo de expertos designados por el Comité Científico y Técnico con arreglo al artículo 31 del Tratado,Considerando lo siguiente:(1) Como consecuencia del accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, se han dispersado en la atmósfera cantidades considerables de elementos radiactivos.(2) La precipitación de cesio radiactivo procedente del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil ha afectado a una serie de terceros países.(3) La lluvia radiactiva ha afectado significativamente a determinadas zonas de varios Estados miembros y países candidatos a la adhesión a la Unión Europea.(4) El Reglamento (CEE) n° 737/90 del Consejo, de 22 de marzo de 1990, relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de países terceros como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 616/2000(2), fijó, respecto a la importación de productos agrícolas originarios de países terceros destinados a la alimentación humana, niveles máximos permitidos de cesio radiactivo que deberán cumplirse para la importación de aquéllos y que serán objeto de control por parte de los Estados miembros.(5) El 12 de mayo de 1986, en una declaración al Consejo relacionada con la adopción del Reglamento (CEE) n° 1707/86 del Consejo, de 30 de mayo de 1986, relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil(3), los Estados miembros se comprometieron a aplicar los mismos niveles máximos permitidos para el comercio en la Comunidad.(6) El Reglamento (CE) n° 1661/1999 de la Comisión, de 27 de julio de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 737/90 del Consejo relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil(4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1608/2002(5), introduce, entre otras cosas, condiciones específicas para reforzar los controles de las importaciones de setas silvestres procedentes de determinados terceros países.(7) Los Estados miembros han aplicado, y, en su caso, siguen aplicando, controles y condiciones similares en relación con la comercialización de alimentos procedentes del sector agroindustrial nacional de abastecimiento de alimentos, en particular en lo que se refiere a la carne de oveja y reno.(8) Las medidas in situ en los territorios de los Estados miembros derivan de las obligaciones legales existentes establecidas en la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes(6), y de los artículos 35 y 36 del Tratado Euratom.(9) Generalmente, los ecosistemas naturales y seminaturales como los bosques y superficies arboladas, constituyen el hábitat natural de la caza, las bayas y las setas silvestres; dichos ecosistemas tienden a retener el cesio radiactivo en un intercambio cíclico entre las capas superiores del suelo (humus), las bacterias, la microfauna, la microflora y la vegetación. Además, el suelo de estos ecosistemas, que en su mayor parte está formado por materia orgánica, tiende a incrementar la disponibilidad biológica del cesio radiactivo.(10) Las plantas silvestres susceptibles de ser consumidas por el hombre son las especies frutales comestibles, en particular, las bayas silvestres como los arándanos, los camemoros, los arándanos rojos, las frambuesas, las zarzamoras y las fresas silvestres. Las tendencias de contaminación por cesio radiactivo de las bayas silvestres muestran que la contaminación ha disminuido lentamente o ha permanecido estable, especialmente en las especies perennes, desde el accidente de Chernóbil.(11) Muchas especies de setas silvestres comestibles (rebozuelo, boleto bayo, lengua de gato y otras especies conocidas de setas comestibles), debido al efecto que tiene la naturaleza del suelo de los bosques para la disponibilidad del cesio radiactivo, siguen presentando niveles de cesio radiactivo que superan los 600 Bq/kg. Las setas de las especies micorrizas que viven en simbiosis con árboles y tienen un micelio que crece en profundidad (como, por ejemplo, la Boletus edulis), sufrieron los efectos de la lluvia radiactiva mucho después y actualmente presentan niveles muy elevados de contaminación por cesio radiactivo.(12) La contaminación por cesio radiactivo también afecta a las especies animales como los animales de caza y los peces carnívoros de agua dulce que viven en los lagos de las zonas de mayor precipitación. Especialmente, la presencia en la dieta de especies altamente contaminadas (líquenes, musgos y, en particular, determinadas especies de setas) contribuye claramente a incrementar el grado de contaminación de los animales de caza silvestre que los ingieren.(13) Se cree que la duración de la contaminación por cesio radiactivo derivada del accidente de Chernóbil de algunos productos procedentes de especies que viven y crecen en los bosques y otros ecosistemas naturales y seminaturales está fundamentalmente relacionada con la semivida física de dicho radionucleido, que es de 30 años, y, por lo tanto, la contaminación por cesio radiactivo de estos productos no presentará cambios significativos en las próximas décadas.(14) Los datos proporcionados por algunos Estados miembros a la Comisión en los últimos años muestran los elevados niveles de cesio radioactivo encontrados en la caza silvestre, las bayas, las setas y los peces carnívoros de agua dulce.(15) La incidencia de la carne de caza silvestre con niveles de cesio radioactivo de más de 600 Bq/kg disminuye lentamente, excepto en los jabalíes, cantidades significativas de carne de caza silvestre procedente de determinadas zonas del territorio de varios Estados miembros y países candidatos sigue superando los límites máximos.(16) En determinadas regiones de la República Federal de Alemania, el nivel de cesio radiactivo en la carne del jabalí puede ser diez veces superior, o incluso más, que el nivel encontrado en el corzo o el ciervo. Por ejemplo, la incidencia de casos de jabalí que superan los 600 Bq/kg de cesio radiactivo ha aumentado de forma constante desde 1996; en 1999 llegó a un 51 % aproximadamente, con valores superiores a los 10000 Bq/kg.(17) Se puede concluir que las zonas de los territorios de algunos Estados miembros y países candidatos con niveles parecidos de deposición de cesio radiactivo, presentarán unos niveles de contaminación en la carne de los animales de caza, especialmente el jabalí, comparables a los de la República Federal de Alemania.(18) Datos recientes indican que las concentraciones de cesio radiactivo siguen siendo altas en los peces carnívoros de agua dulce que viven en los lagos de las zonas de alta precipitación, con valores extremos que superan los 10000 Bq/kg en los lucios y los 5000 Bq/kg en las percas.(19) La comercialización de productos silvestres comestibles no se realiza necesariamente por medio de las cadenas de suministro de alimentos de la industria agroalimentaria, por lo que se pueden omitir la vigilancia y los controles nacionales obligatorios.(20) Los Estados miembros han informado a los ciudadanos de los riesgos para la salud derivados del consumo de determinadas categorías de alimentos tras el accidente de Chernóbil y la concienciación del público en relación con la contaminación persistente de productos alimenticios silvestres tiende a disminuir.(21) Aunque los efectos de la contaminación de productos silvestres en la salud del gran público son muy limitados, no se puede menospreciar el riesgo para la salud de las personas que consumen grandes cantidades de estos productos procedentes de las regiones afectadas, por lo que es necesario reforzar la concienciación del público respecto a estos riesgos.(22) El Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria(7), establece un sistema de alerta rápida. Es necesario utilizar este sistema para intercambiar información entre los Estados miembros sobre los casos registrados de superación de los valores límite permitidos.RECOMIENDA:1. Con objeto de proteger la salud del consumidor, los Estados miembros deberían tomar las medidas adecuadas para garantizar que en la Comunidad se respeten los niveles máximos permitidos de cesio 134 y 137 a que hace referencia el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 737/90 en relación con la comercialización de carne de caza, bayas silvestres, setas silvestres y peces carnívoros de agua dulce.2. Los Estados miembros deberían informar de los riesgos para la salud a la población de las regiones en las que se prevé que estos productos excedan los límites máximos permitidos.3. Los Estados miembros deberían comunicar a la Comisión y a los demás Estados miembros los casos registrados de productos comercializados en la Comunidad que excedan los límites máximos permitidos a través del sistema de alerta rápida establecido en el Reglamento (CE) n° 178/2002.4. Los Estados miembros deberían comunicar a la Comisión, así como a los otros Estados miembros, las acciones emprendidas sobre la base de la presente Recomendación.Hecho en Bruselas, el 20 de febrero de 2003.Por la ComisiónMargot WallströmMiembro de la Comisión(1) DO L 82 de 29.3.1990, p. 1.(2) DO L 75 de 24.3.2000, p. 1.(3) DO L 146 de 31.5.1986, p. 88.(4) DO L 197 de 29.7.1999, p. 17.(5) DO L 243 de 11.9.2002, p. 7.(6) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.(7) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.


title: Recomendación de la Comisión, de 8 de septiembre de 2011 , relativa al apoyo de un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 ( llamada eCall ) Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               22.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 303/46

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 8 de septiembre de 2011
   relativa al apoyo de un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para la transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 («llamada eCall»)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2011/750/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo (1) exigía a los Estados miembros que garantizaran la introducción del número 112 en las redes telefónicas públicas como número de llamada de urgencia único a escala europea.

               (2)

               La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal (2) y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicación electrónica (en lo sucesivo denominada «Directiva de servicio universal») exige a los Estados miembros que garanticen que las llamadas al número 112 obtienen una respuesta y un tratamiento adecuados, y que todos los usuarios pueden tener acceso a dicho número de forma gratuita.

               (3)

               La Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (3) incluye como acción prioritaria el suministro armonizado de un servicio de llamada a un número de urgencia interoperable en toda la Unión (eCall). La implantación de ese servicio armonizado en relación con todos los vehículos de la Unión Europea podría reducir de forma significativa el número de víctimas mortales y la gravedad de las lesiones en los accidentes de tráfico.

               (4)

               Es importante que todos los Estados miembros desarrollen soluciones técnicas y prácticas comunes con vistas a la prestación de los servicios de llamada de urgencia. El desarrollo de estas soluciones técnicas comunes debería encargarse a los organismos europeos de normalización, a fin de facilitar la introducción del servicio eCall, garantizar su interoperabilidad y continuidad en todo el territorio de la Unión Europea y reducir los costes de aplicación que soporta la Unión.

               (5)

               Una solución armonizada a escala europea aseguraría la interoperabilidad a la hora de transmitir la llamada de voz/audio y el conjunto mínimo de datos generados por el sistema eCall instalado en el vehículo, como por ejemplo, el lugar y la hora exacta del accidente, al punto de respuesta de seguridad pública. Garantizaría, además, la prestación ininterrumpida del servicio eCall en todos los países de la Unión Europea. Habida cuenta del elevado volumen de tráfico transfronterizo existente en Europa, resulta cada vez más necesario establecer un protocolo común de transferencia de datos para comunicar la información pertinente a los puntos de respuesta de seguridad pública y a los servicios de emergencia a fin de evitar confusiones o una interpretación equivocada de los datos comunicados.

               (6)

               La implantación efectiva de un servicio eCall armonizado e interoperable a escala de la UE exige que tanto la llamada de voz/audio como el conjunto mínimo de datos sobre el incidente generados por el sistema instalado en el vehículo se transmitan de forma automática a cualquier punto de respuesta de seguridad pública capaz de recibir y utilizar los datos sobre ubicación comunicados.

               (7)

               Conviene que las modalidades de transmisión de la información por los operadores de redes móviles a los puntos de respuesta de seguridad pública se establezcan de forma transparente y no discriminatoria, teniendo en cuenta, en caso necesario, cualquier aspecto relacionado con los costes.

               (8)

               La adopción de una solución armonizada a escala europea podría garantizar asimismo la interoperabilidad de las aplicaciones eCall avanzadas, como el suministro de información adicional, por ejemplo, sobre los indicadores de los sensores de choque, el tipo de mercancías peligrosas transportadas o el número de ocupantes del vehículo.

               (9)

               La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas («Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas») (5) imponen, en principio, el estricto respeto de los derechos individuales en materia de intimidad y de protección de datos así como la aplicación a esos efectos de las medidas de seguridad oportunas en los ámbitos técnico y organizativo. No obstante, autoriza la utilización por parte de los servicios de emergencia de los datos sobre ubicación sin el consentimiento de los usuarios afectados. En particular, los Estados miembros deben velar por que existan procedimientos transparentes, destinados a las entidades reconocidas por un Estado miembro para atender llamadas de urgencia, que determinen la forma en que el proveedor de una red pública de telecomunicaciones o de un servicio de telecomunicaciones a disposición del público puede anular la ausencia de consentimiento de un usuario al tratamiento de sus datos de localización, de manera selectiva por línea.

               (10)

               El diseño del servicio eCall se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones del Grupo del artículo 29 sobre protección de datos que figuran en el documento de trabajo sobre las implicaciones de la iniciativa eCall de cara a la protección de datos y la intimidad, de 26 de septiembre de 2006, en particular, la de que los vehículos equipados con un dispositivo eCall no puedan ser rastreados en condiciones normales y que el conjunto mínimo de datos enviado por el dispositivo eCall incluya exclusivamente la información mínima necesaria para una tramitación adecuada de las llamadas de urgencia.

               (11)

               La presente Recomendación permitirá a los Estados miembros organizar su sistema de respuesta a las llamadas eCall de la forma que mejor se adapte a su infraestructura de respuesta a las emergencias.

               (12)

               Las acciones emprendidas en el marco del programa de acción de la UE en el ámbito de la protección civil deberían tratar de integrar los objetivos de protección civil en otras políticas y acciones de la Unión y garantizar la coherencia del programa con esas otras acciones de la Unión. Este objetivo justifica que la Comisión emprenda acciones para intensificar la preparación de los organismos encargados de la protección civil en los Estados miembros, mediante la potenciación de su capacidad de respuesta ante las emergencias y mediante la mejora de las técnicas y los métodos de respuesta y de asistencia inmediata tras el accidente. Entre ellas, podría figurar el tratamiento y la utilización de la información eCall por parte de los puntos de respuesta de seguridad pública y de los servicios de emergencia.

               (13)

               A fin de que el servicio eCall pueda aplicarse con éxito a escala de la Unión, es preciso resolver las cuestiones relacionadas con su aplicación práctica y coordinar los diferentes calendarios previstos para la introducción de los nuevos sistemas. La Plataforma Europea para la Implantación de eCall, establecida por la Comisión en febrero de 2009 y concebida como una asociación entre los sectores público y privado, ha permitido a los interesados entablar discusiones y ponerse de acuerdo sobre los principios que deben regir una implantación armonizada y oportuna.

               (14)

               Con objeto de lograr los objetivos de la presente Recomendación, es esencial que exista un diálogo permanente entre, por una parte, los operadores de las redes móviles y, por otra, los proveedores de servicios y las autoridades públicas, incluidos los servicios de emergencia.

               (15)

               Habida cuenta de la constante evolución de los conceptos y las tecnologías, se insta a los Estados miembros a que fomenten y apoyen el desarrollo de servicios de ayuda de emergencia, destinados, por ejemplo, a los turistas y viajeros o a los transportistas de mercancías peligrosas por carretera, y que respalden el desarrollo y la aplicación de especificaciones de interfaz comunes a fin de asegurar la interoperabilidad de dichos servicios a escala de la Unión Europea.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se invita a los Estados miembros a que apliquen los siguientes principios y condiciones armonizados en las llamadas de urgencia realizadas de forma manual o automática desde el terminal telemático instalado en un vehículo a los puntos de respuesta de seguridad pública marcando el número de llamada de urgencia único europeo 112.

               2.

               A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:

                           a)

                           «servicio de emergencia»: un servicio, reconocido como tal por el Estado miembro, mediante el que se proporciona asistencia rápida e inmediata en situaciones en que exista un riesgo para la vida o la integridad física de las personas, para la salud y seguridad pública o individual, o para la propiedad pública o privada o el medio ambiente, sin que esta enumeración sea necesariamente exhaustiva;

                           b)

                           «punto de respuesta de seguridad pública» (PSAP public safety answering point): la ubicación física donde se reciben en un primer momento las llamadas de urgencia y que está bajo la responsabilidad de una autoridad pública o un organismo privado reconocido por el Gobierno nacional, siendo el «PSAP más adecuado» el designado previamente por las autoridades a fin de atender las llamadas de urgencia procedentes de una zona determinada o de un determinado tipo (por ejemplo las llamadas automáticas de urgencia «eCall»);

                           c)

                           «eCall»: una llamada automática de urgencia realizada desde un vehículo al número 112, o bien a través de la activación automática de los sensores con los que va equipado dicho vehículo, o bien de forma manual, transmitiendo, a través de redes de comunicaciones inalámbricas móviles, un conjunto de datos mínimos normalizados y estableciendo un canal audio entre los ocupantes del vehículo y el punto de respuesta de seguridad pública más adecuado;

                           d)

                           «valor de la categoría del servicio de emergencia»: el valor de 8-bits utilizado en relación con las llamadas de urgencia procedentes de móviles y que sirve para indicar el tipo de emergencia asociada a la llamada (1-Policía, 2-Ambulancia, 3-Bomberos, 4-Servicio de guardacostas, 5-Servicio de rescate en montaña, 6-eCall iniciada de forma manual, 7-eCall iniciada de forma automática, 8-Indeterminada) tal como se indica en el cuadro 10.5.135d de la norma ETSI TS 124.008;

                           e)

                           «discriminador de eCall» o «indicativo eCall»: el «valor de la categoría del servicio de emergencia» asignado a las llamadas eCall de conformidad con la norma ETSI TS 124.008 (o sea «6-eCall iniciada de forma manual» y 7-«eCall iniciada de forma automática») que permite distinguir una llamada al 112 desde un terminal móvil y desde un terminal instalado en un vehículo, y también diferenciar una llamada automática de una manual;

                           f)

                           «conjunto mínimo de datos»: la información que debe comunicarse al punto de respuesta de seguridad pública de conformidad con la norma EN 15722, y

                           g)

                           «operador de una red de telecomunicaciones móviles» u «operador de redes móviles», el proveedor público de una red de comunicaciones móviles inalámbricas.

               3.

               Se invita a los Estados miembros a que elaboren normas pormenorizadas destinadas a los operadores de redes móviles públicas que gestionen las llamadas eCall en sus respectivos territorios. Dichas normas deben cumplir plenamente las disposiciones en materia de protección de datos contempladas en las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. Además, deben indicar el punto de respuesta de seguridad pública más adecuado para encaminar la llamada eCall.

               4.

               Se invita a los Estados miembros a que garanticen que los operadores de redes móviles aplican el mecanismo para la implantación del «discriminador de eCall» en sus redes. Se invita a poner en práctica esta recomendación el 31 de diciembre de 2014, a más tardar.

               5.

               Se invita a los operadores de redes móviles a que tramiten las llamadas eCall como cualquier otra llamada al número europeo único de urgencia 112.

               6.

               Se invita a los Estados miembros a que exijan a sus autoridades competentes que comuniquen a la Comisión las medidas que adopten en relación con la presente Recomendación y sobre la fase en que se encuentra la aplicación por parte de los operadores de redes móviles del mecanismo para la gestión del «discriminador de eCall» en sus redes, a finales de marzo de 2012, a más tardar, de modo que la Comisión pueda emprender un análisis teniendo en cuenta los nuevos requisitos que deben cumplir los puntos de respuesta de seguridad pública.

      Hecho en Bruselas, el 8 de septiembre de 2011.

            Por la Comisión

         Neelie KROES

            Vicepresidenta

      (1)  DO L 217 de 6.8.1991, p. 31.

      (2)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

      (3)  DO L 207 de 6.8.2010, p. 1.

      (4)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

      (5)  DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.


title: 2014/208/UE: Recomendación de la Comisión de 9 de abril de2014 sobre la calidad de la información presentada en relación con la gobernanza empresarial ( «cumplir o explicar» )  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               12.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 109/43

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 9 de abril de2014
   sobre la calidad de la información presentada en relación con la gobernanza empresarial («cumplir o explicar»)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2014/208/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Un marco de gobernanza empresarial eficaz es de capital importancia para la sociedad, ya que las empresas bien gestionadas son propensas a ser más competitivas y sostenibles a largo plazo. Una buena gobernanza empresarial es, sobre todo, responsabilidad de la empresa de que se trate, y existen a nivel nacional y europeo normas para garantizar la observancia de ciertos criterios. Se trata, en particular, de actos legislativos de instrumentos de Derecho indicativo, a saber, los códigos nacionales de gobernanza empresarial.

               (2)

               Los códigos de gobernanza empresarial tienen por objeto establecer, en las empresas admitidas a cotización en Europa, principios de buena gobernanza empresarial basados en la transparencia, la rendición de cuentas y una perspectiva a largo plazo. Prevén una serie de criterios y mejores prácticas para las empresas, lo que les permite tener un mejor rendimiento y contribuye, por tanto, a promover el crecimiento, la estabilidad y la inversión a largo plazo.

               (3)

               La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (1), obliga a las empresas a incluir en su informe de gestión una declaración sobre gobernanza empresarial si sus valores mobiliarios se admiten a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro, a tenor del artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (2).

               (4)

               La declaración sobre gobernanza empresarial debe incluir información esencial sobre el régimen de gobernanza empresarial de la empresa, como, por ejemplo, información sobre el código o códigos de gobernanza empresarial pertinentes aplicados por la empresa, los sistemas internos de control y gestión de riesgos, la junta de accionistas y sus poderes, los derechos de los accionistas, los órganos de administración, dirección y supervisión, y sus comités.

               (5)

               Una publicidad de alta calidad de los regímenes de gobernanza empresarial de las empresas ofrece información útil para los inversores y facilita sus decisiones de inversión. También refuerza la confianza de los inversores en las empresas en las que invierten. Un mercado más transparente puede mejorar también, en un sentido más amplio, la imagen de las empresas y conferirles más legitimidad ante las partes interesadas y la sociedad en su conjunto.

               (6)

               El principio «cumplir o explicar», consagrado en el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE, constituye un elemento clave de la gobernanza empresarial europea. Según este principio, las empresas que se aparten del código de gobernanza empresarial pertinente han de explicar en su declaración de gobernanza empresarial qué partes del código no aplican y las razones para ello.

               (7)

               Si bien el pleno cumplimiento de un código puede transmitir una señal positiva al mercado, es posible que no sea siempre el mejor planteamiento para una empresa desde una perspectiva de gobernanza empresarial. En ciertos casos, no aplicar una disposición del código podría permitir una administración más eficaz de la empresa. El principio consistente en «cumplir o explicar» ofrece a las empresas un margen de flexibilidad, al permitirles adaptar su gobernanza empresarial a su tamaño, a la estructura de su accionariado o a sus especificidades sectoriales. Al mismo tiempo, promueve una cultura de la responsabilidad, ya que incita a las empresas a reflexionar más en profundidad obre los regímenes de gobernanza empresarial.

               (8)

               El principio «cumplir o explicar» goza de un amplio respaldo entre las empresas, los inversores y los reguladores, que lo consideran una herramienta adecuada de gobernanza empresarial. Sin embargo, como se indica en el Libro Verde de 2011 sobre la normativa de gobierno corporativo de la UE (3), parece haber algunas deficiencias en la forma en que el principio se está aplicando en la práctica, en particular en lo que se refiere a la calidad de las explicaciones ofrecidas por las empresas cuando se apartan de los códigos de gobernanza empresarial. A este respecto, la gran mayoría de quienes respondieron al Libro Verde eran partidarios de exigir a las empresas explicaciones de mejor calidad en caso de que decidan apartarse de un código.

               (9)

               Según datos más recientes recabados por la Comisión, se ha registrado una mejora gradual en este ámbito. Por ejemplo, varios Estados miembros han abierto debates o publicado orientaciones sobre la calidad de las explicaciones. Con todo, sigue habiendo margen para nuevas mejoras.

               (10)

               En su Resolución de 29 de marzo de 2012 (4), el Parlamento Europeo consideró que el principio «cumplir o explicar» era una herramienta útil para la gobernanza empresarial. En concreto, se pronunciaba a favor de la adhesión obligatoria de la empresa a un código pertinente y de requerir explicaciones fundadas en caso de que aquella decidiera apartarse de él, en particular una descripción de la medida alternativa adoptad.

               (11)

               El Plan de acción de 2012 sobre Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo (5) subrayó la importancia que revisten unas explicaciones de alta calidad, en particular para los inversores, y anunció una iniciativa de la Comisión para mejorar la calidad de los informes de gobernanza empresarial y, especialmente, la calidad de las explicaciones.

               (12)

               La finalidad de la presente Recomendación es ofrecer orientación a las empresas y ayudarlas a mejorar la calidad de su información de gobernanza empresarial. Habida cuenta de las diferentes tradiciones jurídicas y enfoques existentes, las presentes recomendaciones ofrecen un marco general, que puede seguir desarrollándose y adaptándose a los contextos nacionales específicos.

               (13)

               La presente Recomendación se aplica a las empresas que estén obligadas a presentar una declaración sobre gobernanza empresarial de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE y que deban dar explicaciones en caso de que decidan apartarse de las recomendaciones del código o los códigos de gobernanza empresarial.

               (14)

               Si bien la presente Recomendación está dirigida fundamentalmente a las empresas admitidas a cotización de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE, también podrían beneficiarse de la mejora de la calidad de la información que tengan previsto hacer pública otras entidades que elaboran declaraciones de gobernanza empresarial.

               (15)

               Además de la información que deben facilitar en su declaración sobre gobernanza empresarial, en algunos Estados miembros las empresas están obligadas igualmente a informar sobre la forma en que aplican los principales principios o recomendaciones del código. A fin de seguir mejorando la transparencia, se insta a todas las empresas europeas admitidas a cotización a que informen de cómo han seguido los códigos pertinentes en relación con aspectos que pueden ser de la mayor importancia para los accionistas. Además, para facilitar el acceso a esta información, las empresas deben plantearse ponerla a disposición del público también en internet.

               (16)

               No existe un modelo único para presentar información sobre la gobernanza empresarial en toda la Unión. Hacerlo en una declaración general o disposición por disposición es aceptable siempre que tenga carácter informativo y sea útil para los accionistas, los inversores y otras partes interesadas. Las empresas deben evitar hacer declaraciones de carácter excesivamente general, que podrían dejar de lado aspectos importantes para los accionistas, pero también declaraciones someras de escaso valor informativo. Asimismo, deben evitar proporcionar información prolija que no permita hacerse una idea cabal de la situación.

               (17)

               Una publicidad apropiada de la no aplicación de los códigos pertinentes y de las razones para ello es muy importante para garantizar que los interesados puedan tomar decisiones con fundamento sobre las empresas. Dicha publicidad reduce la asimetría de la información entre los directivos de la empresa y sus accionistas y, por lo tanto, reduce los costes de seguimiento para estos últimos. Las empresas deben indicar claramente las recomendaciones del código que no están aplicando y, para cada caso, dar una explicación sobre la forma en que la empresa las ha desatendido, las razones para ello, la manera en que se llegó a la decisión de hacerlo, el período de inaplicación y las medidas adoptadas para garantizar que la actividad de la empresa sigue siendo coherente con los objetivos de la recomendación y del código.

               (18)

               Al facilitar esta información, las empresas deben evitar utilizar un lenguaje estereotipado y deben centrarse en el contexto específico de la empresa que explica la no aplicación de una recomendación. Las explicaciones deben ser estructuradas y presentarse de tal forma que puedan ser fácilmente comprensibles y utilizadas. De esta forma se facilita que los accionistas entablen un diálogo constructivo con la empresa.

               (19)

               La aplicación efectiva del principio «cumplir o explicar» pasa por una supervisión eficiente para motivar a las empresas a respetar un código de gobernanza empresarial o a explicar por qué no se aplica. Según se indicaba en el Libro Verde de 2011, parece que las declaraciones sobre gobernanza empresarial que publican las empresas no se supervisan como deberían, y son pocos los Estados miembros que disponen de organismos públicos o especializados para comprobar si la información facilitada es completa, en particular las explicaciones.

               (20)

               En el control de la información hecha pública por las empresas participan distintos agentes, como consejos de administración, auditores y accionistas. Los consejos de administración y los accionistas también están llamados a desempeñar un papel importante a la hora de incitar a la preparación de explicaciones de alta calidad. En particular, un seguimiento más activo por parte de los accionistas, en su calidad de propietarios de la empresa, podría dar lugar a mejores prácticas de gobernanza empresarial.

               (21)

               Se insta igualmente a los Estados miembros y a los organismos responsables de los códigos de gobernanza empresarial a considerar cómo podría prestarse más atención a la calidad global de las explicaciones presentadas por las empresas en los casos de no aplicación en el contexto de los mecanismos de supervisión ya existentes en sus respectivos países. También podrían estudiarse medios adicionales para incentivar a las empresas y otras partes interesadas a mejorar la calidad de las explicaciones y de los informes sobre gobernanza empresarial en general.

               (22)

               Con el fin de garantizar un seguimiento eficiente de la presente Recomendación, los Estados miembros deben ponerla en conocimiento de los organismos responsables de los códigos nacionales de gobernanza empresarial, las empresas admitidas a cotización y otras partes interesadas. Los Estados miembros también deben informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas con arreglo a la presente Recomendación.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      SECCIÓN I

      Disposiciones generales

               1.

               La presente Recomendación tiene por objeto ofrecer orientación a los Estados miembros, los organismos responsables de los códigos nacionales de gobernanza empresarial, las empresas y otras partes interesadas. Esta orientación tiene por objeto mejorar la calidad global de las declaraciones sobre gobernanza empresarial publicadas por las empresas de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE y, en particular, la calidad de las explicaciones ofrecidas por las empresas en caso de no aplicación de las recomendaciones del código de gobernanza empresarial pertinente.

               2.

               Se recomienda que, cuando proceda, los códigos de gobernanza empresarial establezcan una clara distinción entre las partes del código que no pueden dejar de aplicarse, las partes que se aplican siguiendo el principio «cumplir o explicar» y las que se aplican de forma meramente voluntaria.

      SECCIÓN II

      Calidad de las declaraciones sobre gobernanza empresarial

               3.

               El artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE exige a las empresas admitidas a cotización que faciliten información sobre aspectos específicos de sus estructuras de gobernanza empresarial en su declaración sobre gobernanza empresarial.

               4.

               Con objeto de seguir mejorando la transparencia para los accionistas, los inversores y otras partes interesadas, y además de la información sobre los temas a que se refiere el apartado 3, las empresas deberían describir la forma en que han aplicado el código de gobernanza empresarial pertinente en relación con los temas que revisten mayor importancia para los accionistas.

               5.

               La información mencionada en los apartados 3 y 4 debería ser lo suficientemente clara, exacta y completa como para permitir que los accionistas, los inversores y otras partes interesadas comprendan bien la manera en que se administra la empresa. Además, debería hacer referencia a la situación y las características específicas de la empresa, como su tamaño, estructura o propiedad, o cualesquiera otras características pertinentes.

               6.

               Con el fin de garantizar un acceso más fácil a los accionistas, los inversores y otras partes interesadas, las empresas deberían publicar sistemáticamente la información contemplada en los apartados 3 y 4 en sus sitios web e incluir una referencia a estos en su informe de gestión, incluso si ya facilitan información por otros medios especificados en la Directiva 2013/34/UE.

      SECCIÓN III

      Calidad de las explicaciones en caso de no aplicación de un código

               7.

               El artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2013/34/UE obliga a las empresas admitidas a cotización a dar explicaciones en caso de no aplicación de las recomendaciones del código al que estén sujetas o que hayan decidido aplicar voluntariamente.

               8.

               A efectos del apartado 7, las empresas deberían indicar claramente qué recomendaciones específicas no han aplicado, y, para cada caso de no aplicación de una recomendación individual:

                           a)

                           explicar de qué manera han desatendido esa recomendación;

                           b)

                           describir las razones para ello;

                           c)

                           describir cómo adoptaron la decisión de desatender la recomendación;

                           d)

                           cuando la no aplicación sea temporal, explicar cuándo prevén atender una recomendación específica;

                           e)

                           cuando proceda, describir la medida adoptada en lugar del cumplimiento de la recomendación y explicar cómo contribuye esa medida al logro del objetivo subyacente de la recomendación específica o del código en su conjunto; o aclarar cómo contribuye a la buena gobernanza empresarial.

               9.

               La información mencionada en el apartado 8 debería ser lo suficientemente clara, exacta y completa como para permitir que los accionistas, los inversores y otras partes interesadas evalúen las consecuencias derivadas de la no aplicación de una recomendación específica.
               Además, debería hacer referencia a la situación y las características y específicas de la empresa, como su tamaño, estructura o propiedad, o cualesquiera otras características pertinentes.

               10.

               Las explicaciones de los casos de no aplicación deberían presentarse claramente en la declaración sobre gobernanza empresarial, de forma que los accionistas, los inversores y otras partes interesadas puedan encontrarlas fácilmente. Para ello, sería útil, por ejemplo, seguir el mismo orden de las recomendaciones que figuran en el código pertinente o agrupar todas las explicaciones sobre los casos de no aplicación en la misma sección de la declaración sobre gobernanza empresarial, siempre que se explique claramente el método utilizado.

      SECCIÓN IV

      Disposiciones finales

               11.

               Para motivar a las empresas a dar cumplimiento a lo dispuesto en el código de gobernanza empresarial o explicar mejor las desviaciones del mismo, es preciso llevar a cabo una supervisión eficiente a nivel nacional, dentro del marco de los regímenes de control actuales.

               12.

               Los Estados miembros deberían poner la presente Recomendación en conocimiento de los organismos responsables de los códigos nacionales de gobernanza empresarial, las empresas admitidas a cotización y otras partes interesadas. Se invita a los Estados miembros a informar a la Comisión de las medidas adoptadas de conformidad con la presente Recomendación a más tardar el 13 de abril de 2015, con el fin de permitir a la Comisión supervisar y evaluar la situación.

               13.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros, los organismos responsables de los códigos nacionales de gobernanza empresarial, las empresas admitidas a cotización y otras partes interesadas.

      Hecho en Bruselas, el 9 de abril de 2014.

            Por la Comisión

         Michel BARNIER

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 182 de 29.6.2013, p. 19.

      (2)  DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.

      (3)  COM(2011) 164, de 5 de abril de 2011.

      (4)  Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2012, sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas, 2011/2181(INI).

      (5)  COM(2012) 740, de 12 de diciembre de 2012.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Grecia

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/38

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Grecia
   2012/C 219/11
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vistas las recomendaciones de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reforma de Grecia para 2011.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (5)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (6)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (8)

               El 12 de abril de 2012, Grecia presentó su Programa Nacional de Reforma para 2012, así como información sobre sus planes presupuestarios, que resultó incompleta por encontrarse en curso la actualización de su estrategia presupuestaria a medio plazo (EPMP), proceso que se espera finalice en breve. Se invita a las autoridades griegas a que presenten la totalidad de los cuadros requeridos de conformidad con la vertiente preventiva del Pacto de estabilidad y crecimiento, una vez que hayan acabado la actualización de la EPMP.

               (9)

               El 21 de febrero de 2012, el Eurogrupo acordó un segundo programa de ajuste económico para Grecia. La aplicación de las políticas económicas expuestas en el Protocolo de Acuerdo sobre Condiciones Específicas de Política Económica contribuirá a reducir la deuda pública griega al 117 % del PIB en 2020. El Eurogrupo también acordó que la financiación sectorial oficial del Programa sería de 130 000 millones EUR hasta 2014, además de los importes comprometidos en el primer programa de financiación.

               (10)

               El desembolso de los tramos depende del cumplimiento de criterios cuantitativos de resultados y de una evaluación positiva de los progresos realizados con respecto a los criterios establecidos en la Decisión 2011/734/UE del Consejo, de 12 de de julio de 2011, dirigida a Grecia, con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuetaria y de formular una advertencia a Grecia a fin de que adopte las medidas para la reducción del déricit, considerada necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo (4) [modificada el 8 de noviembre de 2011 (5) y el 13 de marzo de 2012 (6)], y en el Protocolo de Acuerdo que establece las Condiciones Específicas de Política Económica, firmado el 14 de marzo de 2012.

               (11)

               El 19 de marzo de 2012, la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) pagó a Grecia el primer plazo (5 900 millones EUR) del primer tramo (14 500 millones EUR) del nuevo programa de financiación. Grecia también recibió 1 600 millones EUR del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta mayo de 2012, Grecia había recibido 147 500 millones EUR de financiación oficial en virtud del primer y segundo programa.

               (12)

               En 2010 y 2011, Grecia realizó progresos parciales hacia los ambiciosos objetivos del programa de ajuste. Varios factores obstaculizaron la ejecución: la inestabilidad política, el malestar social y problemas de capacidad administrativa y, más esencialmente, una recesión más profunda de lo previsto. No se alcanzaron objetivos presupuestarios importantes, lo que llevó a la adopción de medidas adicionales de consolidación en 2010 y 2011. Sin embargo, Grecia logró una reducción sustancial del déficit de las administraciones públicas: del 15,8 % del PIB en 2009 al 9,1 % en 2011.

               (13)

               El 18 de abril de 2012, la Comisión adoptó una Comunicación sobre «Crecimiento para Grecia» en la que resalta los cambios positivos que puede tener la plena y efectiva aplicación del programa de ajuste económico, al sentar las bases para el crecimiento, la inversión y la renovación social. Esta Comunicación recuerda que la pertenencia de Grecia a la Unión y a la zona del euro le puede dar vigor y apoyo concreto y subraya que las reformas acordadas en el marco del Segundo Programa de Ajuste Económico tienen por objeto restablecer el potencial de crecimiento y creación de empleo de la economía griega y crear una sociedad más equitativa. Destaca el amplio apoyo financiero que se está poniendo a disposición de Grecia y subraya la disponibilidad de los socios de Grecia y, en particular la Comisión, para identificar modos de maximizar los efectos de los primeros resultados mediante actuaciones rápidas y la ayuda de la UE.

               (14)

               La crisis económica y las posteriores medidas de saneamiento presupuestario han tenido un impacto en la capacidad de Grecia para alcanzar los objetivos de Europa 2020, especialmente los de orientación social. Sin embargo, las reformas estructurales, especialmente en el mercado laboral, la liberalización de varios sectores y una serie de medidas dirigidas a mejorar el entorno empresarial, ayudarán a promover la competencia, estimular la productividad, aumentar la tasa de empleo y reducir los costes de producción, contribuyendo así a aumentar el empleo y a limitar la pobreza y la exclusión social a medio plazo. A pesar de la crisis económica, Grecia ha continuado trabajando hacia la consecución de los objetivos medioambientales de Europa 2020.

               (15)

               Está en curso una reprogramación estratégica de los Fondos Estructurales, con especial hincapié en el apoyo al empleo de los jóvenes y la competitividad, en particular de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las nuevas medidas refuerzan las actuaciones en los ámbitos del pasaporte al empleo, la formación y las cualificaciones profesionales y el acceso a la financiación de las PYME.

               (16)

               Grecia ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y la ejecución de los compromisos presentados en 2011, se refieren al fomento del empleo, la mejora de la competitividad, el refuerzo de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el refuerzo de la estabilidad financiera.

         RECOMIENDA a Grecia que:
   Aplique las medidas establecidas en la Decisión 2011/734/UE, modificada el 8 de noviembre de 2011 y el 13 de marzo de 2012, y en el Protocolo de Acuerdo sobre Condiciones Específicas de Política Económica, firmado el 14 de marzo de 2012.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (3)  DO C 213 de 20.7.2011, p. 12.

      (4)  DO L 296 de 15.11.2011, p. 38.

      (5)  DO L 320 de 3.12.2011, p. 28.

      (6)  DO L 113 de 25.4.2012, p. 8.