title: Recomendación n o  P1, de 12 de junio de 2009 , relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la cual deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las mismas ventajas de que disfrutan los trabajadores nacionales de un Estado miembro en virtud de un convenio bilateral de seguridad social que este haya celebrado con un tercer Estado (Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza)

text:
               24.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/47

         RECOMENDACIÓN No P1
   de 12 de junio de 2009
   relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la cual deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las mismas ventajas de que disfrutan los trabajadores nacionales de un Estado miembro en virtud de un convenio bilateral de seguridad social que este haya celebrado con un tercer Estado
   (Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza)
   2010/C 106/14
   LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL,
   Visto el artículo 72, letra a), del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (1), con arreglo al cual la Comisión Administrativa se encarga de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del Reglamento (CE) no 883/2004 y del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (2),
   Visto el artículo 72, letra c), del Reglamento (CE) no 883/2004, según el cual la Comisión Administrativa se encargará de promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros y sus instituciones en materia de seguridad social,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Reglamento (CE) no 883/2004, adoptado sobre la base de los artículos 42 y 308 del Tratado, representa un instrumento fundamental para el ejercicio de las libertades fundamentales previstas en el Tratado.

               (2)

               El principio de no discriminación por razón de la nacionalidad constituye una garantía esencial para el ejercicio de la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena prevista en el artículo 39 del Tratado. Dicho principio implica la supresión de toda discriminación entre los trabajadores no migrantes de los Estados miembros y los trabajadores migrantes por lo que se refiere al empleo, la remuneración y otras condiciones de trabajo.

               (3)

               En el asunto Gottardo (3), el Tribunal de Justicia extrajo las consecuencias de la aplicación de este principio en virtud del artículo 39 del Tratado en el caso de una persona residente en la Comunidad, que había trabajado en Francia, Italia y Suiza. Dicha persona, que carecía de derechos suficientes para obtener una pensión en Italia, solicitó la acumulación de los períodos realizados en Suiza e Italia, aplicable a los nacionales de estos países en virtud del acuerdo bilateral italo-suizo.

               (4)

               El Tribunal dictaminó que cuando un Estado miembro celebra con un tercer Estado un convenio internacional bilateral de seguridad social que prevé el cómputo de los períodos de seguro cubiertos en dicho tercer Estado para tener derecho a prestaciones de vejez, el principio fundamental de igualdad de trato obliga al Estado miembro en cuestión a conceder a los nacionales de los demás Estados miembros las mismas ventajas que las que disfrutan sus propios nacionales en virtud de dicho convenio, a menos que pueda justificar objetivamente su denegación (apartado 34).

               (5)

               A este respecto, el Tribunal señaló que su interpretación del concepto de «legislación» recogido en el artículo 1, letra j), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo (4) [actual artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004] no puede llevar al menoscabo de la obligación de todo Estado miembro de respetar el principio de igualdad de trato previsto en el artículo 39 del Tratado.

               (6)

               El Tribunal dictaminó en este caso que cuestionar el equilibrio y la reciprocidad de un convenio internacional bilateral celebrado entre un Estado miembro y un tercer Estado no puede ser una justificación objetiva para que el Estado miembro parte en dicho convenio se niegue a extender a los nacionales de los demás Estados miembros las ventajas que dicho convenio concede a sus propios nacionales.

               (7)

               Tampoco ha admitido las objeciones que se refieren al eventual aumento de las cargas financieras ni a las dificultades administrativas ligadas a la colaboración con las autoridades competentes del tercer Estado en cuestión para justificar la inobservancia por parte del Estado firmante del convenio bilateral de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

               (8)

               Es importante extraer todas las consecuencias de esta sentencia fundamental para los nacionales comunitarios que han ejercido su derecho a la libre circulación en otro Estado miembro.

               (9)

               Por ello conviene precisar que los convenios bilaterales de seguridad social existentes entre un Estado miembro y un tercer Estado deben interpretarse en el sentido de que las ventajas previstas para los nacionales del Estado miembro parte en dicho convenio deben, en principio, concederse a un nacional comunitario en la misma situación objetiva.

               (10)

               Independientemente de la aplicación uniforme de la jurisprudencia Gottardo en casos particulares, conviene proceder a un examen de los convenios bilaterales existentes. Respecto a acuerdos que se hayan celebrado anteriormente, el artículo 307 del Tratado establece lo siguiente: «el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado», y por lo que se refiere a los convenios celebrados posteriormente al 1 de enero de 1958 o a la fecha de la adhesión de un Estado miembro a la Comunidad Europea, el artículo 10 del Tratado dispone que estos mismos Estados miembros «se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado».

               (11)

               En cuanto a los nuevos convenios bilaterales de seguridad social que se celebren entre un Estado miembro y un tercer Estado, es importante recordar que estos deberían incluir una referencia expresa al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de los nacionales de otro Estado miembro que hayan ejercido el derecho a la libre circulación en el Estado miembro firmante del convenio en cuestión.

               (12)

               La aplicación de la sentencia Gottardo a casos específicos depende en gran medida de la cooperación de los terceros Estados, puesto que son ellos quienes deben certificar los períodos de seguro cumplidos allí por el interesado.

               (13)

               Corresponde a la Comisión Administrativa tratar esta cuestión, habida cuenta de que la jurisprudencia Gottardo se refiere a la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social.
               De conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE) no 883/2004,

         RECOMIENDA A LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE:

               1.

               Las ventajas que se derivan, en materia de pensiones, de un convenio de seguridad social entre un Estado miembro y un tercer Estado aplicable a los trabajadores nacionales (por cuenta ajena o por cuenta propia) se conceden, en principio, a los trabajadores (por cuenta propia o por cuenta ajena) nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en la misma situación objetiva, en aplicación del principio de igualdad de trato y de no discriminación entre trabajadores nacionales y ciudadanos de otros Estados miembros que hayan ejercido su derecho a la libre circulación en virtud del artículo 39 del Tratado.

               2.

               Los nuevos convenios bilaterales de seguridad social que celebren un Estado miembro y un tercer Estado deben incluir una referencia expresa al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de los nacionales de otro Estado miembro que hayan ejercido su derecho a circular libremente en el Estado miembro parte del convenio en cuestión.

               3.

               Los Estados miembros deben informar a las instituciones de los Estados con los que han celebrado convenios de seguridad social, cuyas disposiciones se aplican únicamente a los nacionales, sobre las consecuencias de la jurisprudencia Gottardo y deben solicitar su colaboración para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Los Estados miembros que hayan concluido convenios bilaterales con un mismo tercer Estado pueden tomar iniciativas conjuntas a fin de solicitar dicha colaboración. No cabe duda de que esta cooperación es una condición indispensable para respetar la jurisprudencia.

               4.

               La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 987/2009.

            La Presidenta de la Comisión Administrativa

         Gabriela PIKOROVÁ

      (1)  DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

      (2)  DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

      (3)  Sentencia de 15 de enero de 2002 en el asunto C-55/00, Elide Gottardo/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Rec. 2002, p. I-413.

      (4)  DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.


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		52012DC0314

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de Bélgica para 2012-2015 /* COM/2012/0314 final - 2012/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Bélgica
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad
de Bélgica para 2012-2015
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su
artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1]
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],

Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que
se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en
los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial
de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 12 de julio de 2011,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma de
Bélgica para 2011 y emitió su dictamen sobre el programa de estabilidad
actualizado de Bélgica para 2011-2014.
(4)       El 23 de noviembre de
2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación
integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la
Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la
base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de
alerta[6],
en el que se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(5)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de
dar prioridad al saneamiento presupuestario favorable al crecimiento, restablecer
la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento
y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(6)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el
Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación
para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus
programas nacionales de reforma.
(7)       El 30 de abril de 2012,
Bélgica presentó su programa de estabilidad de 2012, relativo al periodo
2012-2015, y su programa nacional de reforma de 2012. Con objeto de tener en
cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo. La
Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad
con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, si Bélgica presenta
desequilibrios macroeconómicos. En ese examen[7], la Comisión ha llegado a la conclusión de
que Bélgica presenta un desequilibrio externo, aunque no excesivo.
(8)       Sobre la base de la
evaluación del programa de estabilidad de 2012, realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el
programa es realista para los años 2012 y 2013 y optimista para los años 2014 y
2015, ya que se prevé un crecimiento del PIB muy superior a las últimas
estimaciones del crecimiento potencial que se deduce de las previsiones de
primavera de 2012 de la Comisión. El objetivo de la estrategia presupuestaria
presentada en el programa es situar el déficit por debajo del 3 % del PIB
en 2012 (hasta el 2,8 % del PIB, frente al 3,7 % del PIB en 2011) y situarlo
en cero en 2015. El programa confirma el objetivo presupuestario a medio plazo
(OMP) de lograr un superávit del 0,5 % del PIB en términos estructurales, que
refleja adecuadamente los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El
déficit global previsto para 2012 se ajusta al plazo establecido por el Consejo
para la corrección del déficit excesivo y el esfuerzo fiscal previsto se ajusta
a la recomendación del procedimiento de déficit excesivo de un esfuerzo medio
anual mínimo de ¾ % del PIB en términos estructurales. La tasa de
crecimiento del gasto público prevista, teniendo en cuenta las medidas
discrecionales relativas a los ingresos, se ajusta al valor de referencia del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2013 a 2015, pero no en 2012. Sobre la
base del saldo presupuestario estructural (recalculado)[8],
el programa prevé que el saldo estructural mejore en 1,1 puntos porcentuales
del PIB en 2012, y aproximadamente un 0,8 % del PIB de media a lo largo
del periodo 2013-2015. No obstante, existen riesgos derivados del hecho de que
aún no se han especificado las medidas adicionales que deben adoptarse a partir
de 2013 y de que el escenario macroeconómico a partir de 2014 es excesivamente
optimista. El programa prevé que la deuda pública (un 98 % del PIB en
2011, muy superior al umbral del 60 %) se estabilice y, posteriormente, se
reduzca al 92,3 % en 2015, lo que supondría avances suficientes hacia el
cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Por otra parte, los pasivos implícitos derivados de
las garantías dadas al sector financiero son especialmente cuantiosos. El marco
plurianual para las administraciones públicas basado en normas se beneficiaría
de los mecanismos de aplicación y/o de los compromisos de las regiones y
comunidades, así como del nivel local, en particular en lo que respecta a los
gastos, con el fin de cumplir sus objetivos de déficit asignados.
(9)       Deben abordarse los
costes asociados al envejecimiento y lograr una disminución del déficit estructural
con el fin de reducir la elevada deuda pública. El nuevo gobierno federal
acordó en diciembre de 2011 realizar una reforma del sistema de seguridad
social belga para la tercera edad. Ahora es necesario proseguir con la
aplicación y el seguimiento efectivos de las reformas legislativas iniciadas,
con vistas a aumentar la edad de jubilación efectiva. Resulta crucial apoyar la
reforma de la seguridad social para la tercera edad mediante medidas que
estimulen el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral, a la
vez que otras reformas, como la vinculación de la edad legal de jubilación a la
esperanza de vida, también ayudarían a conseguir ese objetivo.
(10)     El sistema financiero
belga aún se enfrenta a importantes retos. La reestructuración de los bancos
belgas está en curso, y las ayudas estatales concedidas en 2008/2009 como
respuesta a la crisis financiera aún no se han saldado totalmente. Además, dado
el elevado nivel de garantías, los riesgos de los sectores bancario y público
están interrelacionados.
(11)     La cuenta corriente se va
deteriorando gradualmente con el tiempo. La mejora de la balanza de servicios
no compensa el deterioro de la balanza comercial de mercancías. Las
exportaciones belgas de mercancías han retrocedido, no solo con respecto a la
expansión del comercio mundial, sino también en relación con otros países de la
zona del euro y con la media de la zona del euro, lo cual indica una evolución
desfavorable de los costes laborales unitarios internos frente a los principales
socios comerciales de Bélgica (NL, FR, DE) y a la zona del euro en su conjunto.
Dada la existencia de un sistema automático de indización de los salarios, los
esfuerzos del gobierno para limitar los aumentos de los salarios reales a no
más del 0,3 % en el periodo 2011-2012 pueden no haber impedido que el
crecimiento de los salarios nominales supere al de los países vecinos. Aunque
los niveles de productividad son elevados, su crecimiento es bajo y los costes
de los insumos intermedios, sobre todo de la energía, también son elevados. Los
precios al por menor del gas y la electricidad se han congelado con el fin de
limitar la inflación, pero no se han adoptado medidas concretas para reformar
el sistema de negociación salarial y de indización de los salarios. La
intensidad de I+D del sector privado se ha estancado en los últimos años y la
escasez de profesionales cualificados, sobre todo en ciencias e ingenierías,
podría convertirse en un obstáculo importante para seguir mejorando los
resultados de la innovación de la economía belga.
(12)     Se han adoptado algunas
medidas estructurales para impulsar el empleo de los trabajadores jóvenes y de
los de más edad, así como para conseguir que más desempleados pasen a la
población activa. Bélgica ha iniciado una amplia reforma de su sistema de
prestaciones por desempleo. A pesar de ello, sigue habiendo problemas
estructurales en el mercado de trabajo y podría hacerse un mayor esfuerzo para
resolverlos. El aumento del índice de participación en el aprendizaje permanente
y la continuación de las reformas en materia de educación y formación
profesionales (EFP) resultan cruciales para mejorar la eficacia de las
políticas activas del mercado laboral (PAML), en particular para los
trabajadores de más edad y para los grupos desfavorecidos, como las personas de
origen inmigrante. No se ha avanzado significativamente en la reducción de la
presión fiscal sobre el trabajo. En junio de 2011 se introdujo un nuevo crédito
fiscal para los salarios más bajos, pero no ha sido suficiente para remediar
las importantes trampas de desempleo en la parte baja de la escala retributiva.
No se ha emprendido la reorientación de la carga fiscal del trabajo hacia el
consumo y/o las ecotasas.
(13)     Los precios de numerosos
bienes y servicios suelen ser superiores a los de otros Estados miembros, lo
que refleja la debilidad de las presiones competitivas, en especial en el
sector minorista y en las industrias de red, además de la del marco de
supervisión. En el sector minorista, las barreras a la entrada y las
restricciones operativas siguen siendo elevadas. En particular, normativas
perjudiciales para la competencia siguen restringiendo los horarios
comerciales, protegiendo a las empresas históricas de los nuevos competidores e
impidiendo la difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Un problema
habitual para la competencia en los sectores de red en Bélgica es la sólida
posición del operador histórico y las elevadas barreras de entrada en
comparación con otros Estados miembros, lo que significa que los antiguos
operadores monopolísticos de estos sectores pueden seguir cobrando unos precios
más elevados que los que permitiría un mercado competitivo. La autoridad de
competencia belga está experimentando una reforma, pero sigue sin estar claro
si la nueva autoridad será lo suficientemente independiente y contará con los
recursos adecuados.
(14)     Aunque Bélgica está en
vías de cumplir el objetivo de aumentar el porcentaje de energías renovables en
la economía, los avances para conseguir el objetivo del 15 % de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores no
cubiertos por el RCDE[9]
se prevé que sean prácticamente inexistentes. Bélgica no ha adoptado
suficientes medidas o iniciativas políticas en 2011 para corregir esta situación.
(15)     Bélgica ha contraído una
serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos,
y la ejecución de los compromisos presentados en 2011, se refieren a la mejora
de la competitividad, el aumento de la tasa de empleo, el impulso a la
sostenibilidad de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la estabilidad
financiera. La Comisión ha evaluado la ejecución de los compromisos del Pacto
por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en
las recomendaciones.
(16)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política
económica de Bélgica, ha evaluado el programa de estabilidad y el programa
nacional de reforma y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido
en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Bélgica, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(17)     A la luz esta evaluación,
el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Bélgica de 2012 y su
dictamen[10]
se refleja en particular en su recomendación 1 recogida a continuación.
(18)     A la vista de los
resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de Bélgica
para 2012 y su programa de estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en
virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1176/2011, se reflejan, en
particular, en las recomendaciones 1, 4, 5 y 6 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que Bélgica tome
medidas en el periodo 2012-2013 a fin de:
1.           Ejecutar el presupuesto
para el año 2012 para asegurarse de que se ha corregido el déficit excesivo ese
año. Además, indicar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la
estrategia presupuestaria para el año 2013 y años posteriores, garantizando de
este modo que se haya corregido el déficit excesivo de forma duradera y que se
han realizado avances suficientes hacia el objetivo presupuestario a medio
plazo (OMP), incluyendo el logro de los valores de referencia del gasto, y
garantizar el progreso hacia el cumplimiento del valor de referencia de
reducción de la deuda. Ajustar el marco presupuestario para garantizar que los
objetivos presupuestarios son vinculantes a nivel federal y subfederal, y
aumentar la transparencia del reparto de cargas y la rendición de cuentas en
todos los niveles de la administración.
2.           Seguir mejorando la
sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública frenando los gastos
relacionados con el envejecimiento, incluido el gasto sanitario. En particular,
aplicar la reforma de los sistemas de pensiones y de jubilación anticipada e
introducir medidas que vinculen la edad legal de jubilación al aumento de la
esperanza de vida.
3.           Seguir aumentando la
capitalización de los bancos más débiles para reforzar al sector bancario de
modo que pueda desempeñar su función habitual de prestamista para la economía.
4.           A fin de impulsar la
creación de empleo y la competitividad, adoptar medidas de reforma, en consulta
con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, del
sistema de negociación salarial y de indización salarial. Como primer paso,
asegurarse de que el crecimiento salarial refleja mejor la evolución de la
productividad laboral y de la competitividad, i) garantizando la aplicación de
los mecanismos de corrección a posteriori previstos en la «norma
salarial» y fomentando acuerdos globales para mejorar la competitividad en
términos de costes y ii) facilitando el uso de cláusulas de exclusión
voluntaria de acuerdos colectivos sectoriales para ajustar mejor el crecimiento
salarial y la evolución de la productividad laboral a nivel local.
5.           Reorientar de forma
significativa la fiscalidad del trabajo hacia unos impuestos menos
distorsionadores del crecimiento, entre ellos por ejemplo los impuestos
medioambientales. Continuar con la reforma iniciada del sistema de subsidio de
desempleo para reducir los factores que desincentivan el trabajo y aumentar el
énfasis de la ayuda al empleo y las políticas de activación sobre los grupos
vulnerables, en particular las personas de origen inmigrante. Aprovechar el
aumento de la regionalización de las competencias del mercado de trabajo previsto
para impulsar la movilidad laboral interregional y reforzar la coherencia entre
enseñanza, aprendizaje permanente, formación profesional y políticas de empleo.
Ampliar los actuales esfuerzos de activación a todos los grupos de edad.
6.           Seguir reforzando la
competencia en el sector minorista reduciendo las barreras de entrada y las
restricciones operativas. Introducir medidas para reforzar la competencia en
las industrias de red (gas y electricidad, telecomunicaciones, servicios
postales y transportes) mediante la revisión de los obstáculos reglamentarios y
el refuerzo de las disposiciones institucionales para la aplicación efectiva de
las normas sobre ayudas estatales.
7.           Adoptar medidas para
corregir la falta de avances en la consecución de los objetivos de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades de los sectores
no cubiertos por el RCDE, en particular garantizando una contribución
significativa del transporte a este objetivo.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209
de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306
de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2012) 314
final.
[4]               P7_TA(2012)0048
y P7_TA(2012)0047.
[5]               Decisión
2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012.
[6]               COM(2012)
68 final.
[7]               SWD(2012) 150
final.
[8]               Saldo
ajustado en función del ciclo excluidas las medidas excepcionales y de carácter
temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la
información facilitada en el programa, utilizando la metodología acordada en
común.
[9]               En
Bélgica solo el 37,9 % de las emisiones proceden de sectores incluidos en
el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE). De los sectores
más importantes no cubiertos por el RCDE, el transporte por carretera
(21,5 %) y el uso de la energía (38,9 %) son las fuentes más
importantes de emisiones de gases de efecto invernadero del país. .
[10]             De
conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Finlandia y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Finlandia

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/14

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Finlandia y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Finlandia
   (2015/C 272/04)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, «Europa 2020», basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, el Consejo, a partir de las propuestas de la Comisión, aprobó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Finlandia y emitió su Dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2014 de Finlandia. El 28 de noviembre de 2014, en consonancia con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su Dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para 2015 de Finlandia.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo refrendó las prioridades para fomentar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Finlandia. En él se evaluaron los avances realizados por Finlandia para poner en práctica las recomendaciones específicas adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Finlandia está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren la adopción de medidas y un seguimiento. En particular, merecen atención los riesgos asociados al mediocre comportamiento de las exportaciones en un contexto de reestructuración industrial. Aunque casi se ha detenido el declive de las cuotas en el mercado de exportación y del sector de la electrónica, la inversión sigue siendo reducida y el potencial de crecimiento ha disminuido. El endeudamiento del sector privado se ha estabilizado y no parece ser motivo de preocupación inmediata, pero su nivel relativamente elevado requiere un estrecho seguimiento.

               (7)

               El 2 de abril de 2015, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Estabilidad de 2015. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. El Programa de Estabilidad de 2015 presentado por el Gobierno saliente, que se basa en una hipótesis de mantenimiento de la política económica y abarca el período 2014-2019, prevé que el déficit global, que aumentó al 3,2 % del PIB en 2014 y por tanto supera el valor de referencia del 3 % del PIB, empeore hasta el 3,4 % del PIB en 2015 y disminuya gradualmente al 3,1 % del PIB en 2017 y al 2,5 % del PIB en 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad de 2015, se prevé que la ratio de deuda pública sobre el PIB aumente en el período de previsión del Programa, hasta alcanzar un 67,8 % en 2019. No se alcanza en todo el período del programa el objetivo a medio plazo, que consiste en un déficit estructural del 0,5 % del PIB. El supuesto macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Según las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el déficit público global de Finlandia se situaría en el 3,3 % del PIB en 2015 y en el 3,2 % del PIB en 2016, mientras que la ratio deuda/PIB aumentaría al 64,4 % del PIB en 2016. El 13 de mayo de 2015, la Comisión publicó un informe, con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que concluye que no se considera que se cumplan los criterios de déficit y deuda. Sin embargo, el 27 de mayo el Gobierno entrante publicó su Programa Estratégico, que incluía una serie de medidas de saneamiento. Según una evaluación efectuada por la Comisión, de aplicarse íntegramente, estas medidas reducirían el déficit global muy por debajo del 3 % del PIB en 2016. Tras experimentar un deterioro en 2014, asistimos a una nueva desviación respecto del esfuerzo estructural requerido en el marco del componente preventivo en 2015. Se espera alcanzar el valor de referencia para el gasto con un amplio margen en 2015. Se correría por tanto, el riesgo de que se produzca una desviación importante del ajuste requerido para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el período 2014-2015, que habrá de evaluarse a posteriori. En 2016, a la vista de las medidas anunciadas por el Gobierno entrante, puede producirse cierta desviación. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para lograr los ajustes estructurales requeridos. Partiendo de la evaluación de su Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, así como una evaluación de las medidas de saneamiento presentadas por el Gobierno entrante el 27 de mayo, el Consejo considera que existe el riesgo de que Finlandia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Aunque Finlandia ha avanzado en la aplicación de reformas administrativas, la eficiencia del sector público finlandés podría mejorarse, sobre todo en los ámbitos que en el futuro tendrán que hacer frente a la presión de los costes derivados del envejecimiento.
               La reforma del sistema de pensiones aún no se ha adoptado, pese a que los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo en otoño de 2014 sobre su contenido. Es esencial aumentar la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, habida cuenta de la brecha de la sostenibilidad presupuestaria y del aumento previsto de la edad legal de jubilación. La salida anticipada del mercado laboral se debe principalmente a discapacidades o a la ampliación de las prestaciones por desempleo para los trabajadores de más edad. El proyecto de ley del Gobierno sobre la reforma de los servicios sociales y sanitarios se presentó al Parlamento en diciembre de 2014, pero no se encontró una solución para equilibrar el modelo administrativo de grandes consorcios municipales con la autonomía de los municipios únicos que garantiza la Constitución antes de las elecciones parlamentarias de abril de 2015, y por tanto el proyecto de ley expiró. Los municipios finlandeses son relativamente pequeños, pero llevan a cabo tareas muy amplias en comparación con los de otros países europeos. La reforma de las estructuras municipales avanza con cierto retraso y los municipios están realizando estudios sobre los beneficios de las fusiones. De acuerdo con el Programa Nacional de Reformas de 2015, puede presentarse una nueva propuesta legislativa al Parlamento antes de finales de 2016.

               (9)

               Teniendo en cuenta el envejecimiento y la reducción de la población en edad de trabajar, es importante que el mercado laboral tenga acceso a toda la mano de obra potencial. Finlandia ha realizado avances al respecto y ha adoptado diversas medidas, en particular una mejor organización de los subsidios salariales, con especial atención a las personas de edad avanzada, y del servicio público de empleo. La tasa de desempleo fue del 8,7 % en 2014 y está en aumento, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores de más edad. El moderado acuerdo salarial de 2013 contribuye a la recuperación de la competitividad de las exportaciones y los costes mediante un menor crecimiento de los costes laborales unitarios.

               (10)

               Finlandia ha realizado avances para incentivar su capacidad de desarrollar productos innovadores. El Gobierno está aplicando una reforma global de los institutos de investigación y de su financiación. Los programas relativos a las tecnologías limpias, la biotecnología y la digitalización son prometedores, pero relativamente pequeños. Aunque su inversión en I+D es de las mayores de la Unión, Finlandia aún debe superar obstáculos para materializar dicha inversión en servicios y productos que pueda exportar con éxito. El Gobierno desea simplificar los sistemas de apoyo a las empresas y mejorar su eficacia, así como aumentar la financiación para la creación de empresas y fomentar su internacionalización. Sin embargo, Finlandia sigue invirtiendo poco y encontrando dificultades para exportar, y su nivel de empleo se ha reducido. También debe intentar reforzar la competencia en los mercados de productos y servicios, especialmente en el sector minorista, que sigue estando muy concentrado.

               (11)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Finlandia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión Europea incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (12)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (13)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Las recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.

               (14)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Al ser un país cuya moneda es el euro, Finlandia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

         RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2015 y 2016 con el fin de:

               1.

               Lograr un ajuste presupuestario de al menos el 0,1 % del PIB de manera que pueda conseguirse el objetivo presupuestario a medio plazo en 2015 y del 0,5 % del PIB en 2016. Proseguir los esfuerzos para reducir la brecha de la sostenibilidad presupuestaria y mejorar las condiciones para el crecimiento.

               2.

               Adoptar la reforma acordada del sistema de pensiones y eliminar gradualmente las vías de salida anticipada del mercado laboral. Asegurar una elaboración y aplicación eficaces de las reformas administrativas de la estructura municipal y de los servicios sociales y de asistencia sanitaria, a fin de aumentar la productividad y la rentabilidad en la prestación de los servicios públicos, garantizando su calidad.

               3.

               Proseguir los esfuerzos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, los trabajadores de más edad y los desempleados de larga duración, centrándose en particular en el desarrollo de las cualificaciones específicas necesarias para el empleo. Promover la evolución de los salarios con arreglo a la productividad, respetando plenamente el papel de los interlocutores sociales y de conformidad con las prácticas nacionales.

               4.

               Tomar medidas para abrir el sector minorista a una competencia efectiva.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida por la Decisión 2014/322/EU del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Finlandia de 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 127).

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  DO C 272 de 18.8.2015, p. 98.


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31998H0282

98/282/CE: Recomendación de la Comisión de 21 de abril de 1998 relativa a las modalidades con arreglo a las cuales los Estados miembros y los otros países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberían garantizar la protección de la propiedad intelectual en lo que respecta al desarrollo y la fabricación de las sustancias aromatizantes a que se refiere el Reglamento (CE) nº 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 127 de 29/04/1998 p. 0032 - 0033

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 21 de abril de 1998 relativa a las modalidades con arreglo a las cuales los Estados miembros y los otros países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberían garantizar la protección de la propiedad intelectual en lo que respecta al desarrollo y la fabricación de las sustancias aromatizantes a que se refiere el Reglamento (CE) n° 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE) (98/282/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece un procedimiento comunitario para las sustancias aromatizantes utilizadas o destinadas a ser utilizadas en o sobre los productos alimenticios (1), los Estados miembros (2) deben notificar a la Comisión la lista de las sustancias aromatizantes que pueden ser utilizadas en o sobre los productos alimenticios comercializados en su territorio; que dichas sustancias aromatizantes y los datos técnicos correspondientes son comunicados inicialmente a las autoridades competentes de los Estados miembros por sus fabricantes; que, en aplicación del párrafo primero del apartado 2 del artículo 3 y del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2232/96, dichos datos pueden incluirse en un repertorio y en un programa de evaluación públicos; que, por otra parte, durante todo el procedimiento comunitario establecido por el Reglamento, un número determinado de personas debería tener acceso a dichos datos;Considerando que conviene, no obstante, limitar la difusión de algunos de estos datos; que, en efecto, el desarrollo de algunas sustancias aromatizantes nuevas, así como la fabricación de algunas sustancias aromatizantes existentes exigen, por parte de sus fabricantes, inversiones costosas en materia de investigación y producción; que las sustancias aromatizantes que no constituyen inventos no pueden ser objeto de patente; que el desarrollo y la fabricación de estas sustancias aromatizantes constituyen, no obstante, secretos de fabricación que deben gozar de protección frente a los actos de falsificación y competencia desleal;Considerando que el legislador comunitario ha tenido en cuenta esta situación de hecho estableciendo, en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2232/96, que dichas sustancias aromatizantes se designen «de tal forma que queden protegidos los derechos de propiedad intelectual de su fabricante»; que la necesidad de proteger la propiedad intelectual figura asimismo en el considerando 14 del mismo Reglamento; que dicha necesidad se impone no sólo a las sustancias aromatizantes notificadas en aplicación del apartado 1 del artículo 3 del mencionado Reglamento, sino también en adelante, a las nuevas sustancias aromatizantes a que se refiere el apartado 2 del artículo 5 de dicho Reglamento; que dicha necesidad se impone en todas las etapas del procedimiento comunitario establecido por el mencionado Reglamento;Considerando que la protección de la propiedad intelectual puede garantizarse mediante la confidencialidad de los datos técnicos relativos a las correspondientes sustancias aromatizantes; que es necesario determinar las modalidades con arreglo a las cuales los Estados miembros garantizan la protección de los datos confidenciales; que estas modalidades podrán determinarse en forma de Recomendación de la Comisión a los Estados miembros; que las modalidades con arreglo a las cuales la Comisión garantiza la protección de los datos confidenciales son objeto de la Comunicación de 21 de abril de 1998 (3);Considerando que los órganos representativos de los fabricantes de sustancias aromatizantes consideran suficiente que se garantice la protección de los datos confidenciales durante un período de cinco años;Considerando que los Estados miembros han sido consultados sobre la presente Recomendación en el marco del Comité permanente de productos alimenticios,FORMULA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:1. La protección de los datos confidenciales correspondientes a una sustancia aromatizante se otorgará a petición expresa del fabricante de la sustancia aromatizante de que se trate, o de su representante, ante las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio pueda utilizarse dicha sustancia aromatizante.2. Estos datos confidenciales podrán incluir:- la naturaleza de las sustancias aromatizantes, su origen y el procedimiento de fabricación;- las condiciones de uso de dichas sustancias aromatizantes, especialmente la designación de los productos alimenticios en o sobre los que pueden utilizarse;- todos los datos que no sean generalmente conocidos por las personas pertenecientes a círculos que suelen ocuparse de este tipo de datos, o a los que les resulte difícil acceder, y que tengan un valor comercial.3. Al notificar a la Comisión la lista de las sustancias aromatizantes que pueden ser utilizadas en su territorio, el Estado miembro indicará claramente en la misma las sustancias aromatizantes y/o los datos que deban ser objeto de protección.4. La necesidad de proteger los datos confidenciales se extiende a todas las fases del procedimiento comunitario establecido por el Reglamento (CE) n° 2232/96, especialmente en tres ámbitos: la posesión de los datos, su circulación y su tratamiento. Corresponderá a las administraciones interesadas garantizar la protección a su nivel, en cada uno de estos ámbitos, con los medios adecuados (seguridad de los locales en que se conservan estos datos, seguridad en la transmisión de documentos, identificación de las copias efectuadas en los distintos soportes y de los destinatarios de las mismas, confidencialidad de las traducciones, etc.).5. En todas las fases del procedimiento, sólo podrán acceder a los datos confidenciales las personas encargadas o directamente asociadas al tratamiento administrativo, técnico o científico, es decir, los funcionarios, agentes y expertos de las autoridades competentes de cada Estado miembro que deban tener conocimiento de expedientes procedentes de dicho Estado miembro, o puedan tener conocimiento de expedientes procedentes de otros Estados miembros con motivo de reuniones o de intercambios de información. Estas personas deberán guardar el secreto profesional en virtud de su Derecho nacional o del artículo 214 del Tratado CE. También podrán acceder a los datos confidenciales los funcionarios y agentes de los Estados miembros responsables del control oficial de los productos alimenticios, que deban guardar el secreto profesional en virtud de su Derecho nacional y del artículo 12 de la Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios (4). Cualquier otra persona que tenga acceso a los datos confidenciales, pero que no deba guardar el secreto profesional en virtud de disposiciones nacionales o comunitarias, deberá firmar una declaración de confidencialidad.6. La protección de los datos confidenciales relativos a una sustancia aromatizante quedará garantizada durante un período de cinco años a partir de la recepción, por la Comisión, de la lista notificada por el Estado miembro en el que figure la sustancia aromatizante, o de cualquier expediente relativo a una nueva sustancia aromatizante.Hecho en Bruselas, el 21 de abril de 1998.Por la ComisiónMartin BANGEMANNMiembro de la Comisión(1) DO L 299 de 23. 11. 1996, p. 1.(2) Cuando en la presente Recomendación se hace referencia a los Estados miembros, éstos comprenden asimismo a los demás países signatarios del Acuerdo EEE.(3) DO C 131 de 29. 4. 1998, p. 3.(4) DO L 186 de 30. 6. 1989, p. 23.


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31996H0162

96/162/CE: Recomendación de la Comisión, de 8 de febrero de 1996, sobre un sistema común de agregación para efectuar análisis económicos (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 038 de 16/02/1996 p. 0020 - 0023

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de febrero de 1996 sobre un sistema común de agregación para efectuar análisis económicos (Texto pertinente a los fines del EEE) (96/162/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3037/90 del Consejo (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 761/93 de la Comisión (2), establecía una clasificación estadística de las actividades económicas, de ahora en adelante «NACE (Rev. 1)»;Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3037/90 no fija ninguna obligación en lo que se refiere al grado de detalle de los análisis estadísticos (apartado 3 del artículo 1);Considerando que los niveles de detalle de la información disponible difieren según los ámbitos estadísticos y los Estados miembros;Considerando que los Estados miembros, para sus necesidades de análisis económico, podrían utilizar agregaciones diferentes y no comparables en el seno de la Comunidad Europea;Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la creación de unas normas estadísticas comunes es una tarea que sólo puede realizarse eficazmente a nivel comunitario y considerando que dichas normas serán aplicables en cada Estado miembro bajo los auspicios de los organismos e instituciones responsables de las estadísticas oficiales;Considerando que en los análisis económicos de la Comunidad Europea es indispensable disponer de unas agregaciones armonizadas,RECOMIENDA:Artículo único A los efectos de análisis económicos, los Estados miembros deberán tomar, en la medida de lo posible, las medidas necesarias para agregar los datos de la economía en las veinte partidas que se recogen en el Anexo y que están definidas en función de NACE (Rev. 1).Hecho en Bruselas, el 8 de febrero de 1996.Por la ComisiónYves-Thibault DE SILGUYMiembro de la Comisión(1) DO n° L 293 de 24. 10. 1990, p. 1.(2) DO n° L 83 de 3. 4. 1993, p. 1.ANEXO Agregaciones a efectos de análisis económicos A 20 >SITIO PARA UN CUADRO>


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 15 de diciembre de 2015, sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2015/2)

text:
               12.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 97/9

         RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
   de 15 de diciembre de 2015
   sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial
   (JERS/2015/2)
   (2016/C 97/02)
   LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), y en particular el artículo 3 y los artículos 16 a 18,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (2), y en particular el artículo 458,
   Vista la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (3), y en particular título VII, capítulo 4, sección II,
   Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4), y en particular el artículo 15, apartado 3, letra e), y los artículos 18 a 20,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El sistema financiero de la Unión está muy integrado, lo que significa que las entidades extranjeras ofrecen a menudo servicios financieros transfronterizos. En el mercado único, los proveedores de servicios financieros de un determinado Estado miembro pueden escoger entre prestar servicios financieros por medio de filiales o sucursales situadas en otro Estado miembro, o prestar directamente servicios financieros transfronterizos. Esta situación puede dar lugar a que la política macroprudencial nacional tenga notables efectos transfronterizos.

               (2)

               Normalmente, las entidades extranjeras que prestan servicios financieros transfronterizos sea directamente, sea por medio de sus sucursales en otros Estados miembros, no están sujetas a las medidas de política macroprudencial aplicables a los proveedores de servicios financieros nacionales de esos Estados miembros. Consecuentemente, los proveedores de servicios financieros que pudieran entrar en el ámbito de aplicación de esas medidas, por ejemplo por tener una filial local, tienen un incentivo para llevar a cabo sus actividades por conductos alternativos que eviten las medidas del país de acogida. Las fugas y el arbitraje regulatorio originados por esta conducta pueden minar la eficacia de las medidas nacionales de política macroprudencial.

               (3)

               Además, puede distorsionar la competencia que las sucursales de proveedores extranjeros de servicios financieros y las entidades extranjeras que prestan servicios financieros transfronterizos directamente utilicen sus ventajas competitivas, por ejemplo unos requisitos de capital más bajos para las exposiciones generadas en el Estado miembro activador, respecto de los proveedores nacionales de servicios financieros y las filiales de proveedores extranjeros de servicios financieros en ese Estado miembro, para aumentar su cuota de mercado.

               (4)

               Las medidas de política macroprudencial que se adopten en un país tendrán efectos externos en la estabilidad financiera de otros países por medio de los vínculos transfronterizos. En general, estos efectos serán positivos, pues la política macroprudencial reduce el riesgo sistémico y la probabilidad y repercusión de las crisis sistémicas, por lo que mejora también la estabilidad financiera de otros Estados miembros. Pero los efectos también pueden ser negativos. Por ejemplo, pese a estar expuestas a los mismos riesgos que los proveedores nacionales de servicios financieros y las filiales de los proveedores extranjeros de servicios financieros, las sucursales de proveedores extranjeros de servicios financieros y la entidades extranjeras que prestan servicios financieros transfronterizos directamente no estarán normalmente sujetas a la obligación de aumentar su capacidad de resistencia frente a esos riegos, por ejemplo por estar sujetas a medidas de capital nacionales en sus Estados miembros de origen. Además, en la medida en que estos proveedores de servicios financieros disfrutan de una ventaja competitiva sobre los proveedores nacionales de servicios financieros y las filiales de proveedores extranjeros de servicios financieros, podrían tener un incentivo para incrementar su exposición a los riesgos macroprudenciales pertinentes en el Estado miembro activador, exponiendo así a un mayor riesgo al Estado miembro de origen. De materializarse estos riesgos macroprudenciales relacionados con la prestación de servicios financieros, los colchones de capital de estos proveedores de servicios financieros podrían resultar insuficientes, lo que afectaría negativamente a sus sistemas financieros de origen.

               (5)

               Conforme a lo que antecede, y para velar por la eficacia y coherencia de la política macroprudencial, los responsables de esta deben tener debidamente en cuenta esos efectos transfronterizos y, en casos justificados, utilizar instrumentos apropiados para regularlos. Con este fin, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) recomienda una solución basada en dos pilares principales, que son: a) la determinación sistemática de los efectos transfronterizos de la política prudencial, y b) la respuesta coordinada en forma de reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial en caso necesario. Importa además que estos pilares se apliquen con la mayor coherencia posible en toda la Unión.

               (6)

               Hasta la fecha, la determinación sistemática de los efectos transfronterizos de la política macroprudencial no ha sido objeto de la atención que merece. Ello obedece en parte a que el conocimiento de las vías de contagio (potencial) sigue siendo limitado y los datos disponibles aún no se han examinado íntegramente a fin de analizar los efectos transfronterizos. Consecuentemente, la JERS considera importante que todos los datos disponibles se utilicen sistemáticamente para entender mejor y determinar los efectos transfronterizos.

               (7)

               Es importante establecer un procedimiento para determinar sistemáticamente los efectos transfronterizos de la política macroprudencial que asegure que los responsables de esta política evalúen de antemano los posibles efectos transfronterizos de las medidas que propongan. Además, teniendo en cuenta las actuales exigencias del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Directiva 2013/36/UE y la Recomendación JERS/2013/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (6), los responsables de la política macroprudencial deben evaluar con posterioridad a la adopción de sus medidas los efectos transfronterizos reales de estas. El trabajo analítico de los Estados miembros complementará el trabajo analítico de la JERS.

               (8)

               La actuación coordinada que propugna la JERS se concreta en un mecanismo de reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial. La naturaleza voluntaria del mecanismo, derivada de la naturaleza de las recomendaciones de la JERS (7), permite distinguir esa reciprocidad voluntaria del reconocimiento obligatorio de ciertas medidas de política macroprudencial impuesto por el derecho de la Unión. La presente recomendación, salvo por lo que respecta a la recomendación A, sobre la determinación de los efectos transfronterizos, y a la recomendación B, sobre la notificación de las medidas de política macroprudencial, no tiene por objeto medidas de política macroprudencial a cuyo reconocimiento ya obliga el derecho de la Unión. Actualmente, es obligatorio el reconocimiento de las medidas adoptadas en virtud del artículo 124, apartado 5, y el artículo 164, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, así como el reconocimiento del colchón de capital anticíclico (CCA) si se fija por debajo del tope para el reconocimiento obligatorio. La misma excepción se aplica a los porcentajes del CCA por encima del tope para el reconocimiento obligatorio, pues la Recomendación JERS/2014/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (8) ya propugna la plena reciprocidad entre los Estados miembros en cuanto a los porcentajes del CCA.

               (9)

               Para garantizar la eficacia y coherencia de las medidas nacionales de política macroprudencial es importante complementar el reconocimiento obligatorio impuesto por el derecho de la Unión con la reciprocidad voluntaria, de manera que también queden sujetas a dichas medidas nacionales las sucursales de proveedores extranjeros de servicios financieros y las entidades extranjeras que presten directamente servicios financieros transfronterizos. El objetivo último es aplicar las mismas exigencias macroprudenciales a los mismos tipos de exposición al riesgo en un determinado Estado miembro, con independencia de la condición jurídica y ubicación del proveedor de servicios financieros. Por eso, las medidas de política macroprudencial basadas en la exposición al riesgo, sobre todo las orientadas a una exposición al riesgo determinada, deben aplicarse recíprocamente.

               (10)

               La presente recomendación orienta a las autoridades pertinentes en cuanto a la adopción de medidas de política macroprudencial en reciprocidad a las adoptadas por otras autoridades pertinentes. Las medidas de política macroprudencial incluidas en la presente recomendación que se activen en un Estado miembro deben aplicarse recíprocamente en todos los demás Estados miembros. Se incluirán en la presente recomendación las medidas de política macroprudencial cuya aplicación recíproca sea solicitada por la autoridad activadora pertinente y sea considerada justificada por la JERS. A fin de garantizar la eficacia del mecanismo de reciprocidad voluntaria, es importante notificar las medidas a la JERS a su debido tiempo y con suficiente grado de detalle, por medio de un formulario uniforme.

               (11)

               Para asegurar la efectividad del mecanismo de reciprocidad voluntaria, las autoridades pertinentes deben adoptar medidas recíprocas en un plazo razonable. Se recomendarán plazos más largos para las medidas que no estén disponibles en todos los países.

               (12)

               La presente recomendación pretende abarcar todas las medidas de política macroprudencial con independencia de la parte del sistema financiero a la que vayan dirigidas. Sobre la base del mandato de la JERS conforme al Reglamento (UE) n.o 1092/2010, el ámbito de aplicación de la presente recomendación no incluye solo los instrumentos macroprudenciales previstos en la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 575/2013, sino también otras medidas no armonizadas por el derecho de la Unión. El ámbito de aplicación de la presente recomendación está sujeto a la jurisdicción respectiva de las autoridades pertinentes, y se refiere a las medidas de política macroprudencial que las autoridades pertinentes tienen el mandato de adoptar o activar.

               (13)

               Se consideran autoridades pertinentes, especialmente si tienen el mandato de adoptar medidas de política macroprudencial, las autoridades competentes, designadas o macroprudenciales, de ámbito nacional, además del Banco Central Europeo (BCE) [respecto de los Estados miembros que participan en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS)]. Además, el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (9) y el Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo (10) confieren funciones de supervisión específicas al BCE. Este puede requerir mayores colchones de capital o medidas más estrictas que las aplicadas por las autoridades nacionales designadas. Con este exclusivo fin, el BCE se considera, según proceda, la autoridad competente o designada, y tiene las facultades y obligaciones que, conforme al derecho aplicable de la Unión, corresponden a las autoridades competentes y designadas.

               (14)

               Las nuevas medidas de política macroprudencial que adopten los Estados miembros participantes en el MUS deben someterse a los procedimientos de coordinación pertinentes del MUS. El mecanismo de reciprocidad conforme se define en la presente recomendación no afecta a los procedimientos de coordinación internos del MUS, y la evaluación de reciprocidad de la JERS solo comenzará una vez concluidos dichos procedimientos.

               (15)

               Las autoridades pueden declarar exentos a los proveedores de servicios financieros que no tengan exposiciones importantes a un riesgo macroprudencial determinado en el país activador (conforme al principio de no regular lo nimio). Esta es una facultad nacional que las autoridades pueden también decidir no ejercer si consideran la reciprocidad una cuestión de principio.

               (16)

               Para asegurar la transparencia de las medidas de política macroprudencial, la rendición de cuentas respecto de las mismas, y su aplicación efectiva, las autoridades pertinentes deben crear una estrategia de comunicación relativa a las solicitudes y medidas de reciprocidad, dentro de su estrategia de comunicación general relativa a las medidas de política macroprudencial. En cuanto a las solicitudes de reciprocidad, es muy importante que todas las autoridades interesadas reciban a su debido tiempo la información pertinente y necesaria para sus respectivos procesos de toma de decisiones. Es igualmente importante que otros interesados (entre los que se incluyen los destinatarios directos de las medidas de política macroprudencial) sean informados íntegramente a su debido tiempo de toda medida de política macroprudencial que les afecte.

               (17)

               El proceso que se propugna en la presente recomendación y en la Decisión JERS/2015/4 (11) pretende ser tan eficiente y eficaz como sea posible para lograr la reciprocidad voluntaria. Sin embargo, en el contexto de la próxima revisión del marco de política macroprudencial de la Unión, y en el sentido de una posible modificación del conjunto de instrumentos macroprudenciales actualmente disponible, la Comisión Europea debe examinar si el mecanismo de reciprocidad voluntaria previsto en la presente recomendación puede afianzarse más, y de qué modo, en el derecho de la Unión, a fin de impulsar la eficacia de las medidas nacionales de política macroprudencial. Lo ideal sería que la Comisión Europea basara su propuesta en el mecanismo de reciprocidad voluntaria previsto en la presente recomendación y en el capítulo 11 del documento titulado ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential Policy in the Banking Sector
                   (12) (en lo sucesivo, el «Manual de la JERS»).

               (18)

               Las recomendaciones de la JERS se publican una vez que la Junta General haya informado de su propósito al Consejo y este haya tenido la oportunidad de reaccionar.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   SECCIÓN 1

      RECOMENDACIONES

      Recomendación A — Determinación de los efectos transfronterizos de las medidas de política macroprudencial de las propias autoridades pertinentes

               1.

               Se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que determinen los efectos transfronterizos de la aplicación de sus propias medidas de política macroprudencial antes de adoptarlas. Como mínimo deben determinar las vías de contagio que actúan por medio del ajuste de riesgos y el arbitraje regulatorio, empleando para ello la metodología establecida en el capítulo 11 del Manual de la JERS.

               2.

               Se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que determinen:

                           a)

                           los posibles efectos transfronterizos (fugas y arbitraje regulatorio) de la aplicación de medidas de política macroprudencial en su país, y

                           b)

                           los posibles efectos transfronterizos de cualquier medida propuesta de política macroprudencial en otros Estados miembros y en el mercado único.

               3.

               Se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que verifiquen al menos una vez al año la materialización y evolución de los efectos transfronterizos de las medidas de política macroprudencial que hayan adoptado.

      Recomendación B — Notificación y solicitud de reciprocidad de las medidas de política macroprudencial de las propias autoridades pertinentes

               1.

               Se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que notifiquen a la JERS las medidas de política macroprudencial tan pronto como se adopten y, en todo caso, en las dos semanas siguientes a su adopción. La notificación debe incluir la determinación de los efectos transfronterizos y de la necesidad de aplicación recíproca por otras autoridades pertinentes. Se solicita a las autoridades activadoras pertinentes que faciliten la información en inglés por medio de los formularios publicados en la dirección de la JERS en internet.

               2.

               Si la aplicación recíproca por otros Estados miembros se considera necesaria para asegurar la eficacia de las medidas pertinentes, se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que presenten a la JERS una solicitud de reciprocidad junto con la notificación de la medida.

               3.

               Si las medidas de política macroprudencial se activaron antes de la adopción de la presente recomendación, o si no se consideró necesaria su reciprocidad cuando se adoptaron pero posteriormente la autoridad activadora pertinente decide que la reciprocidad se ha hecho necesaria, se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que presenten a la JERS una solicitud de reciprocidad.

      Recomendación C — Reciprocidad de las medidas de política macroprudencial de otras autoridades pertinentes

               1.

               Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten recíprocamente las medidas de política macroprudencial que adopten otras autoridades pertinentes y cuya aplicación recíproca recomiende la JERS.

               2.

               Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten recíprocamente las medidas de política macroprudencial enumeradas en la presente recomendación, aplicando la misma medida que aplique la autoridad activadora. Si en la legislación nacional no se dispone de esa misma medida de política macroprudencial, se recomienda a las autoridades pertinentes que, previa consulta con la JERS, adopten la medida de política macroprudencial disponible en su país que tenga el efecto más próximo al de la medida de política macroprudencial activada.

               3.

               Salvo que ser recomiende un plazo específico para aplicar recíprocamente una medida de política macroprudencial, se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten medidas de política macroprudencial recíprocas en el plazo de los tres meses siguientes a la publicación de la última modificación de la presente recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea. En la medida de lo posible, las medidas adoptadas y las aplicadas recíprocamente deben tener la misma fecha de activación.

      Recomendación D — Notificación de la aplicación recíproca de las medidas de política macroprudencial de otras autoridades pertinentes

   Se recomienda a las autoridades pertinentes que notifiquen a la JERS la aplicación recíproca de las medidas de política macroprudencial de otras autoridades pertinentes. La notificación debe efectuarse en el mes siguiente a la adopción de la medida recíproca. Se solicita a las autoridades notificadoras que faciliten la información en inglés por medio del formulario publicado en la dirección de la JERS en internet.
   SECCIÓN 2

      APLICACIÓN

   1.   Interpretación

   A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:

               a)

               «activación», la aplicación de una medida de política macroprudencial en el ámbito nacional;

               b)

               «adopción», la decisión de una autoridad pertinente acerca de la introducción, aplicación recíproca o modificación de una medida de política macroprudencial;

               c)

               «servicio financiero», un servicio bancario o de crédito, seguro, pensión personal, inversión o pago;

               d)

               «medida de política macroprudencial», toda medida dirigida a prevenir o mitigar un riesgo sistémico en el sentido del artículo 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, y adoptada o activada por una autoridad pertinente con sujeción al derecho nacional o de la Unión;

               e)

               «notificación», el aviso a la JERS efectuado por escrito y en inglés por las autoridades pertinentes, incluido el BCE según el artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, relativo a una medida de política macroprudencial conforme al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE y al artículo 458 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, entre otras disposiciones, y que puede ser una solicitud de reciprocidad de un Estado miembro conforme al artículo 134, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE, y al artículo 458, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, entre otras disposiciones;

               f)

               «reciprocidad», el mecanismo por el que la autoridad pertinente de un país aplica una medida de política macroprudencial idéntica o análoga a la adoptada por la autoridad activadora pertinente de otro país, a todas las instituciones financieras sujetas a su jurisdicción y expuestas en ella al mismo riesgo;

               g)

               «autoridad activadora pertinente», la autoridad pertinente encargada de aplicar una medida de política macroprudencial en el ámbito nacional;

               h)

               «autoridad pertinente», la autoridad encargada de adoptar o activar medidas de política macroprudencial, como por ejemplo:

                           i)

                           una autoridad designada conforme al capítulo 4 de la Directiva 2013/36/UE y al artículo 458 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, una autoridad competente conforme al artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, el BCE conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, o

                           ii)

                           una autoridad macroprudencial con los objetivos, regímenes, facultades, requisitos de responsabilidad y demás características establecidas en la Recomendación JERS/2011/3 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (13).

         2.   Exenciones

               1.

               Las autoridades pertinentes pueden eximir a los proveedores de servicios financieros sujetos a su jurisdicción de aplicar recíprocamente una medida de política macroprudencial determinada si dichos proveedores no tienen exposiciones importantes al riesgo macroprudencial de que se trate en el país donde la autoridad activadora pertinente aplica esa medida de política macroprudencial (conforme al principio de no regular lo nimio). Análogamente a la práctica adoptada respecto del CCA en el artículo 130 de la Directiva 2013/36/UE, las autoridades pueden optar por eximir de aplicar recíprocamente esa medida de política macroprudencial a los proveedores de servicios financieros que tengan exposiciones inferiores a un umbral determinado. Se solicita a las autoridades pertinentes que informen a la JERS de esas exenciones por medio del formulario de notificación de medidas de reciprocidad publicado en la dirección de la JERS en internet. Al aplicar el principio de no regular lo nimio, las autoridades deben verificar cuidadosamente si se han materializado las fugas y el arbitraje regulatorio y, en caso necesario, suprimir los resquicios que permitan evadir la regulación.

               2.

               Si las autoridades pertinentes ya han publicado y aplicado recíprocamente una medida antes de que la presente recomendación recomiende su aplicación recíproca, esa medida no precisa ser modificada aun cuando difiera de la aplicada por la autoridad activadora.

         3.   Calendario y presentación de información

               1.

               Se solicita a las autoridades pertinentes que informen a la JERS y al Consejo de las medidas adoptadas en respuesta a la presente recomendación o justifiquen debidamente su inacción. Presentarán sus informes cada dos años; el primero, el 30 de junio de 2017 a más tardar. El contenido mínimo de los informes debe ser el siguiente:

                           a)

                           información sobre el fondo y los plazos de las medidas adoptadas;

                           b)

                           evaluación de si las medidas adoptadas han servido para lograr los objetivos de la presente recomendación;

                           c)

                           justificación detallada de toda exención concedida conforme al principio de no regular lo nimio, y de toda inacción o desviación respecto de la presente recomendación, incluidos los motivos del retraso si la información se presenta fuera de plazo.

               2.

               En caso de que existan responsabilidades compartidas, las autoridades pertinentes deben coordinarse para presentar la información necesaria a su debido tiempo.

               3.

               Se insta a las autoridades pertinentes a informar lo antes posible a la JERS de toda medida propuesta de política macroprudencial.

               4.

               Se considera que una medida recíproca de política macroprudencial es análoga a la medida de que se trate si, dentro de lo posible:

                           a)

                           tiene su misma repercusión económica;

                           b)

                           tiene su mismo ámbito de aplicación, y

                           c)

                           su incumplimiento tiene las mismas consecuencias (sanciones).

         4.   Modificación de la presente recomendación

   La Junta General decidirá cuándo deba modificarse la presente recomendación. Las modificaciones consistirán en particular en medidas nuevas o revisadas de política macroprudencial que deban aplicarse recíprocamente conforme a la recomendación C y los anexos correspondientes que contienen información sobre medidas determinadas. La Junta General puede también ampliar los plazos establecidos en los apartados precedentes en caso de que sean necesarias iniciativas legislativas para seguir una o varias recomendaciones. En particular, la Junta General puede decidir modificar la presente recomendación sea después de la revisión por parte de la Comisión Europea del régimen de reconocimiento obligatorio conforme al derecho de la Unión, sea en virtud de la experiencia adquirida en relación con el funcionamiento del mecanismo de reciprocidad voluntaria establecido en la presente recomendación.
   5.   Verificación y evaluación

               1.

               La Secretaría de la JERS:

                           a)

                           prestará asistencia a las autoridades pertinentes facilitando la prestación coordinada de información, ofreciéndoles los formularios pertinentes y especificando en caso necesario el procedimiento y los plazos de cumplimiento;

                           b)

                           verificará el cumplimiento de la presente recomendación por las autoridades pertinentes, entre otras medidas, prestándoles asistencia si la solicitan, y presentará informes de cumplimiento a la Junta General.

               2.

               La Junta General evaluará las medidas y justificaciones comunicadas por las autoridades pertinentes y, según proceda, decidirá si la presente recomendación no se ha cumplido y si las autoridades pertinentes no han justificado debidamente su inacción.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 15 de diciembre de 2015.

            El presidente de la JERS

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

      (2)  DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

      (3)  DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.

      (4)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

      (5)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

      (6)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 4 de abril de 2013, sobre objetivos intermedios e instrumentos de política macroprudencial (JERS/2013/1) (DO C 170 de 15.6.2013, p. 1).

      (7)  Aunque las recomendaciones de la JERS no son jurídicamente vinculantes, llevan aparejada la obligación de «actuar o dar explicaciones».

      (8)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 18 de junio de 2014, para orientar en la fijación de porcentajes de reservas anticíclicas (JERS/2014/1) (DO C 293 de 2.9.2014, p. 1).

      (9)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

      (10)  Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).

      (11)  Puede consultarse la versión inglesa en la dirección de la JERS en internet: www.esrb.europa.eu

      (12)  Publicado en la dirección de la JERS en internet: www.esrb.europa.eu

      (13)  Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/3) (DO C 41 de 14.2.2012, p. 1).


Avis juridique important

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31996Y0503(02)

Recomendación del Consejo de 22 de abril de 1996 sobre directrices para prevenir y contener los desórdenes relacionados con los partidos de fútbol

Diario Oficial n° C 131 de 03/05/1996 p. 0001 - 0011

RECOMENDACIÓN  DEL CONSEJOde 22 de abril de 1996sobre directrices para prevenir y contener los desórdenes  relacionados con los partidos de fútbol(96/C 131/01)EL CONSEJO DE LA UNIÓN  EUROPEA, Vista la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre intercambio de información en el caso  de grandes manifestaciones o concentraciones, adoptada el 30 de noviembre de 1994, Vista la iniciativa presentada por el Reino Unido el 21 de junio de 1995, Vista la conclusión del Consejo de la Unión Europea del 21 de junio de 1995, Considerando que en ocasiones se han producido graves desórdenes en los partidos de fútbol en  varios Estados miembros, incluso en partidos correspondientes a competiciones internacionales, y  que es preciso garantizar una respuesta coherente, coordinada y efectiva por parte de la policía y  de las autoridades responsables en materia futbolística; Considerando que el Consejo cree que las técnicas y procedimientos que han permitido contener  satisfactoriamente los desórdenes deberían aplicarse de forma más amplia y coherente en relación  con los partidos internacionales de alto riesgo; Considerando que el Consejo estima que la adopción de un enfoque más coherente para estos problemas  podría conducir a reducir el número y la gravedad de los desórdenes; Considerando que algunos de los desórdenes que se han producido recientemente pueden estar  vinculados a la laxitud de los controles de la venta de entradas en los estadios el día del  partido; Considerando que se han adoptado recomendaciones con arreglo al Convenio Europeo de 1985 sobre la  violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de  partidos de fútbol, para que se apliquen siempre que el país en que deba celebrarse un partido de  fútbol prevea una amenaza de desórdenes violentos, RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: I. Recurrir a las recomendaciones del Comité permanente del mencionado Convenio,  contenidas en el guión de las medidas que los organizadores y las autoridades deben tomar en  materia de encuentros deportivos de alto riesgo en estadios, en particular, las relativas a la  cooperación policial, adoptadas mediante la Recomendación n° 1/94 en su reunión n° 14 de los días 1  y 2 de junio de 1994, que considera especialmente útiles en la prevención y contención de  desórdenes. II. Seguir las siguientes recomendaciones, como complemento de las hechas con arreglo al Convenio: Intercambio de información1) Los Estados miembros deberían utilizar un modelo común para los  informes policiales sobre grupos de alborotadores conocidos o sospechosos. El modelo común debería  incluir una evaluación general de la posibilidad de que se produzcan desórdenes, así como  información detallada sobre los viajes realizados en avión, autocar, vehículos particulares y  ferrocarril. En el Anexo figura una copia del modelo propuesto. 2) Los Estados miembros deberían estudiar la posibilidad de transmitir dichos informes con rapidez  y eficacia, por ejemplo, a través de la red de corresponsales «violencia en el fútbol». Cooperación en lo relativo a la formaciónCon vistas al intercambio y difusión de información entre  Estados miembros sobre técnicas para prevenir desórdenes en partidos de fútbol, debería animarse a  los agentes de policía, si ha lugar, a asistir a cursos de formación para agentes de policía  impartidos en otros Estados miembros. Cooperación policialEl país anfitrión debería solicitar formalmente apoyo policial a la autoridad  responsable correspondiente del otro u otros Estados miembros, especificando el número de agentes  que estime apropiado. Dicha solicitud debería presentarse cuanto antes y, a ser posible, cuatro  semanas, a más tardar, antes del partido, pudiendo entonces ambas autoridades ponerse de acuerdo  sobre el número y la experiencia de los agentes. Cooperación de los supervisoresSi bien en los Estados miembros en que existe la figura del  acompañante encargado de vigilar a los aficionados corresponde a las autoridades deportivas o  clubes de fútbol contratarlos y formarlos, la policía debería cooperar en programas de formación  tendentes a propiciar una estrecha cooperación entre esos acompañantes encargados de la vigilancia  y los agentes policiales, reconociendo el importante papel de los primeros en la supervisión de la  afición y en la seguridad de la misma, y permitiendo que los agentes de policía presentes en los  estadios se concentren en su cometido esencial de aplicación de la ley. Hecho en Luxemburgo, el 22 abril de 1996. Por el ConsejoEl PresidenteS. AGNELLI ANEXO MODELO NORMALIZADO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POLICIAL SOBRE LOS GAMBERROS  DEL FÚTBOL PARTIDO DE COMPETICIÓN EUROPEO >PRINCIPIO DE GRÁFICO>. contra . COMPETICIÓN: . FECHA: . LUGAR: . HORA DE COMIENZO DEL PARTIDO: . EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS AFICIONADOSIndíquese entre paréntesis el número estimado de  aficionadosA = Pacíficos []B = Posibles participantes en enfrentamientos o desórdenes,  relacionados especialmente con el alcohol []C = Violentos u organizadores de actos de violencia  []INFORMACIÓN: . . . . . . . >FIN DE GRÁFICO>INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE >PRINCIPIO DE GRÁFICO>. contra . VEHÍCULO PRIVADO/MINIBÚS/COCHE REMOLQUE PARA ACAMPAR, CAMIONETA, ETC. VIAJE DE IDA/VUELTA(Táchese lo que no proceda)Descripción del vehículo: . . Marca/Color: . Número de matrícula: . Número de pasajeros: . Clasificación de los pasajeros: . . . Viaje organizado o por cuenta propia: . Fecha/Hora/Lugar de salida: . . Compañía de transbordadores/Cruce mediante transbordador/Fecha/Hora del cruce: . . Túnel del Canal/Fecha/Hora: . . Autopistas u otras carreteras: . . . Puntos/Horas de cruce de fronteras: . . . Hora de llegada al lugar de celebración del partido: . ALOJAMIENTOParadas durante el viaje, en su caso, y nombre del hotel/pensión/terreno de acampada:  . . . Hotel/pensión/terreno de acampada en el lugar de celebración del partido: . . . OBSERVACIONES>FIN DE GRÁFICO>INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE >PRINCIPIO DE GRÁFICO>. contra . POR VÍA AÉREAVIAJE DE IDA/VUELTA(Táchese lo que no proceda)Vuelo regular o chárter: . . Nombre de la agencia de viajes: . . Nombre de la compañía aérea o del operador de vuelos y número del vuelo: . . Fecha/Hora de salida: . Aeropuerto de salida: . . Número de aficionados que viajan en el mismo vuelo: . Clasificación de los aficionados que viajan en el mismo vuelo: . . . Viajes organizados o por cuenta propia: . Fecha/hora de llegada (indíquese en su caso la hora local): . . Aeropuerto de llegada: . . ALOJAMIENTONombre del hotel/pensión/terreno de acampada etc.: . . . . OBSERVACIONES>FIN DE GRÁFICO>INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE >PRINCIPIO DE GRÁFICO>. contra . VIAJE POR FERROCARRILVIAJE DE IDA/VUELTA(Táchese lo que no proceda)Fecha/Hora del tren: . . Estación de salida: . . Número de aficionados que viajan en el mismo tren: . . Viaje organizado o por cuenta propia: . . Compañía de transbordadores/Fecha/Hora del cruce: . . Túnel del Canal/Fecha/Hora: . . Estación de salida después del cruce: . . Fecha/Hora del tren: . . Fecha/Hora de llegada: . . ALOJAMIENTOParadas durante el viaje, en su caso, y nombre del hotel/pensión/terreno de acampada:  . . . Hotel/pensión/terreno de acampada en el lugar del partido: . . . OBSERVACIONES>FIN DE GRÁFICO>INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE >PRINCIPIO DE GRÁFICO>. contra . VIAJE EN AUTOCARVIAJE DE IDA/VUELTA(Táchese lo que no proceda)Nombre de la empresa: . . Número de autocares: . Descripción de los vehículos/distintivos: . . . Números de matrícula: . Número de pasajeros en cada vehículo: . Clasificación de los pasajeros de cada vehículo: . . Viaje organizado o por cuenta propia: . Fecha/Hora/Lugar de salida: . . Compañía de transbordadores/Fecha/Hora del cruce: . . Túnel del Canal/Fechas/Horas: . . Autopistas u otras carreteras, con indicación de los puntos de cruce de frontera/Fechas/Horas: . . . Paradas/Lugares/Horas: . . . Hora estimada de llegada al lugar del partido: . . ALOJAMIENTOParadas durante el viaje, en su caso, y nombre del hotel/pensión/terreno de acampada:  . . . Hotel/pensión/terreno de acampada en el lugar del partido: . . . OBSERVACIONES>FIN DE GRÁFICO>


title: Recomendación del Consejo, de  14 de febrero de 2006 , relativa al nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

text:
               17.2.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 47/58

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 14 de febrero de 2006
   relativa al nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
   (2006/108/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el artículo 112, apartado 2, letra b), y el artículo 122, apartado 4, así como los artículos 11.2 y 43.3 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,
   Considerando lo siguiente:
   El mandato del Sr. Otmar ISSING expira el 31 de mayo de 2006. Procede, por consiguiente, nombrar a un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.
   RECOMIENDA:
   Nombrar miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo al Sr. Jürgen STARK por un período de ocho años, a partir del 1 de junio de 2006.
   La presente Recomendación será presentada para su aprobación a aquellos Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros cuya moneda es el euro, tras consultar al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
   La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 14 de febrero de 2006.

            Por el Consejo

            El Presidente

         K.-H. GRASSER