               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 413 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Letoniay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Letonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Letonia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Letonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 y 2 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Letonia
                  4
                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 11 de abril de 2018, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y, el 16 de abril, su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (6)Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un deterioro del saldo global desde un déficit del 0,5 % del PIB en 2017 a un 0,9 % tanto en 2018 como 2019, antes de una mejora hasta el 0,4 % en 2020 y 2021. Se espera que esta evolución sea coherente con el objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB, y las desviaciones permitidas deberían basarse en la reforma de las pensiones y en la cláusula de reforma estructural para el sector sanitario. El saldo estructural recalculado se estima que pasará del -1,2 % del PIB en 2017 al -1,7 % en 2018 para luego descender hasta el -1,5 % en 2019. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 40,1 % en 2017 a aproximadamente el 36 % en 2021. Las previsiones de crecimiento del PIB recogidas en el Programa parecen claramente favorables para 2018 y verosímiles para 2019 en comparación con las previsiones de la Comisión. Los riesgos para la posición presupuestaria marcan una tendencia a la baja debido a las previsiones optimistas sobre los resultados de las medidas destinadas a mejorar la recaudación tributaria.

               (7)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Letonia alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de la reforma del sistema de pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una excepción temporal. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  7
                del 6,0 % en 2018, que corresponde a un deterioro permitido del saldo estructural del 0,3 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sin embargo, debido a unos resultados mejores de lo previsto para 2017, este riesgo puede ser menor en 2018. Al mismo tiempo, el instrumento de verosimilitud basado en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión indica un alto grado de incertidumbre acerca de la estimación de la brecha de producción de Letonia sobre la base de la metodología común. En caso de confirmarse, estos factores se tendrán en cuenta en la evaluación a posteriori de 2018 que se efectuará en la primavera de 2019.

               (8)En 2019, Letonia debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de las reformas estructurales en el sector de la sanidad para 2017-2019. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 4,3 % en 2019, que corresponde a una mejora del saldo estructural requerida del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé una desviación significativa con respecto a ese criterio en 2019 y en 2018 y 2019 tomados en su conjunto. En general, el Consejo considera que deberían adoptarse las medidas necesarias a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)La desigualdad de rentas en Letonia es elevada. La proporción de ingresos del 20 % de los hogares más ricos con respecto al 20 % más pobres se situaba en el 6,3 en 2017, una de las más altas de la UE, ya que la redistribución a través del sistema tributario y de prestaciones es inferior. El sistema tributario letón se ha reorganizado y se ha incrementado la progresividad del impuesto sobre la renta; no obstante, la cuña fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos sigue siendo relativamente elevada y desincentiva el empleo formal. La reforma tributaria es limitada en términos de desplazamiento de la fiscalidad a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y para lograr el objetivo declarado de aumentar la cuota de los ingresos tributarios en el PIB. La baja proporción de los ingresos tributarios en el PIB limita los recursos para la sostenibilidad de la prestación de servicios públicos y la inclusión social. El potencial de ingresos de la tributación sobre los bienes inmuebles y sobre el capital está infrautilizado en relación con otros países de la UE. A pesar de algunos progresos en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue planteando un reto importante.

               (10)Las insuficiencias de la red de seguridad social se ven reflejadas en la gran proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y plantean retos por lo que respecta a la renta mínima, las pensiones y la inclusión de las personas con discapacidad. Las tasas de pobreza entre las personas con discapacidad y las de edad avanzada ha aumentado en los últimos años y se encuentran entre las más altas de Europa. La reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014, no se ha materializado, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. La adecuación de las prestaciones de asistencia social solo aumentó ligeramente y sigue siendo baja. La pensión mínima de jubilación no se ha incrementado desde 2006. El porcentaje de personas que sufren privación grave de vivienda es una de las más altas de Europa y la vivienda social escasea.

               (11)El mercado laboral se está endureciendo debido a la adversa evolución demográfica y a la emigración. Aunque el crecimiento del empleo se ve limitado por la caída de la oferta de mano de obra, las oportunidades de empleo varían entre regiones y niveles de cualificaciones. La reforma de los planes de estudio en la enseñanza y la formación profesionales, cuyo objetivo es adaptarlos a las exigencias contemporáneas, ha progresado. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para aplicar plenamente la reforma y aumentar la participación en la educación y la formación profesionales inicial y continuada. Ha comenzado la aplicación del nuevo enfoque de aprendizaje basado en el trabajo, con la participación de interlocutores sociales y empresas. Sin embargo, son pocos los estudiantes inscritos en este régimen. La participación de los adultos en actividades de aprendizaje solo ha aumentado ligeramente y la de los desempleados en medidas activas del mercado laboral es inferior a la de la mayor parte de los demás Estados miembros. Esto es preocupante en el contexto de una alta tasa de desempleo de las personas poco cualificadas. En un contexto más amplio, reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para fomentar su participación.

               (12)Se han aplicado reformas en el sistema sanitario. Se espera que el aumento de la financiación de la asistencia sanitaria aborde algunas restricciones de acceso relacionadas con los límites del servicio anual y unos largos plazos de espera. Sin embargo, la financiación pública de la asistencia sanitaria sigue estando muy por debajo de la media de la UE y aún están pendientes de aplicación medidas que incrementen la eficiencia, como medidas de prevención efectivas, la racionalización del sector hospitalario, el refuerzo de la atención primaria y la atención especial prestada a la gestión de la calidad. Los resultados en el campo de la salud son relativamente pobres y el acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible para todos sigue siendo un motivo de preocupación. Los elevados pagos directos y la división de los servicios sanitarios en dos grupos («completo» y «mínimo») podría reducir el acceso de algunos grupos y provocar efectos negativos para la salud.

               (13)Las insuficiencias en la calidad de la regulación y la escasa eficacia y eficiencia de la Administración pública obstaculizan las actividades empresariales. En 2016, el Gobierno presentó un ambicioso plan de reformas para lograr un sector público más eficiente y profesional a través de reducciones de personal y la centralización de las funciones de apoyo, reforzando al mismo tiempo los salarios basados en el rendimiento y aumentando la transparencia. No obstante, este plan se limita a la Administración central, a pesar de que también podría lograrse un aumento significativo de la eficiencia a nivel municipal. Las empresas públicas, que representan una parte considerable de la economía, son coordinadas por el Gobierno. Mientras que las empresas propiedad del Gobierno central están sujetas a una gestión centralizada, los puertos y las empresas de propiedad municipal quedan excluidas de este mecanismo.

               (14)La corrupción daña a las actividades empresariales en Letonia, y la prevención de los conflictos de intereses sigue siendo rígida y formalista. Los retrasos a la hora de legislar en materia de protección de los denunciantes obstaculizan la rendición de cuentas y la eficiencia de la Administración pública. La regulación del proceso concursal se ha reforzado considerablemente en los últimos años, lo que limita las posibilidades de abusos. No obstante, el Consejo del Poder Judicial impulsó la investigación de acusaciones de abusos en el pasado en el sistema concursal mediante la revisión de algunos asuntos, recomendando mejorar la evaluación de las cualificaciones de los jueces y reconsiderando las medidas disciplinarias existentes.

               (15)Los bancos letones que tienen clientes no residentes están expuestos a un elevado riesgo de participación en el blanqueo de capitales. Esto crea problemas para la integridad del sector financiero letón, podría dañar su reputación y afectar negativamente a la inversión y al crecimiento económico. La normativa contra el blanqueo de capitales ha sido reforzada recientemente, pero deberán continuar los esfuerzos para lograr una mejora sostenible. Letonia ha adoptado recientemente una ley destinada a limitar la exposición de su sector financiero al riesgo de blanqueo. Sus elementos clave son el refuerzo del intercambio de información entre entidades financieras y organismos policiales y judiciales y la supresión de las operaciones con sociedades ficticias. Las consecuencias de la ley y su eficacia habrán de ser objeto de seguimiento.

               (16)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (17)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen
                  8
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes ligados a la aplicación de las reformas estructurales para las que se acuerda una desviación temporal. Reducir la tributación para los trabajadores con salarios bajos, trasladando la fiscalidad a otras fuentes, en particular el capital y el patrimonio, y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               2.Mejorar la adecuación de las prestaciones de renta mínima, las pensiones mínimas de jubilación y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad. Mejorar la pertinencia para el mercado laboral de la educación y la formación profesionales, y promover la mejora de las competencias de los trabajadores poco cualificados y los demandantes de empleo. Incrementar la accesibilidad, la calidad y la relación coste/eficacia del sistema sanitario.

               3.Reforzar la eficiencia del sector público, especialmente en lo tocante a las autoridades locales y las empresas estatales. Reforzar la rendición de cuentas de la Administración pública mediante la protección de los denunciantes de infracciones, la prevención de conflictos de interés y el seguimiento de los resultados de la evaluación en curso de antiguos procedimientos de insolvencia.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        COM(2018) 413 final.

                     (3)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (4)

                        SWD(2018) 212 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 419 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Austriay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Austria

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Austria

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Austria

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Austria debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Austria
                  4
                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Austria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Austria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 25 de abril de 2018, Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y el 21 de marzo de 2018, Austria presentó su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (6)Austria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore desde un déficit del 0,7 % del PIB en 2017 hasta un superávit del 0,4 % en 2022. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2017) se cumpla en 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya gradualmente hasta el 62,2 % en 2022, desde el 78,1 % de 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es favorable para 2018 y verosímil con posterioridad. Los principales riesgos subyacentes de la planificación presupuestaria a medio plazo son medidas políticas discrecionales previstas a partir de 2020, tales como la anunciada reforma del impuesto sobre la renta, cuyos efectos presupuestarios netos aún no se han especificado plenamente.

               (7)El Programa de Estabilidad indica que el impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad conexas es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles ascendieron en 2017 al 0,03 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados, mientras que no se incurrió en gastos adicionales en relación con las medidas de seguridad. Las disposiciones recogidas en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la afluencia de refugiados, así como la gravedad de la amenaza terrorista, son acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas austriacas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, se ha reducido el ajuste requerido para la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo para 2017 a fin de tener en cuenta los gastos adicionales relacionados con los refugiados.

               (8)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Austria que velara por que la desviación del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 se limitase al margen vinculado al impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y las medidas de seguridad conexas. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Teniendo en cuenta los márgenes concedidos, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión apuntan a un riesgo de cierta desviación de dicho requisito en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018, considerados conjuntamente.

               (9)En 2019, Austria deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a acontecimientos excepcionales, para lo que se concede una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 2,9 %, lo que corresponde a una mejora en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, Austria tendría un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019, debido a la desviación a lo largo de 2018 y 2019 considerados conjuntamente. Al mismo tiempo, se prevé que Austria se encuentre a una distancia de un 0,1 % del PIB de su objetivo a medio plazo en 2019. Además, se espera que Austria cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y en 2019. En general, el Consejo considera que Austria tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar la conformidad en 2018, y que en 2019 deberán tomarse las nuevas medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (10)Según el Informe de 2018 sobre el envejecimiento, el aumento previsto de los gastos en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración apunta a un riesgo medio para la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo. El gasto público de Austria en pensiones es superior a la media de la UE (13,8 % frente al 11,2 % del PIB en 2016), y se espera que siga aumentando hasta 2070 (0,5 % frente al -0,2 % del PIB). Aunque las recientes reformas han tenido éxito al ofrecer incentivos para jubilarse más tarde, la mayor acumulación de derechos a prestaciones durante una vida útil ampliada no mejora la sostenibilidad a largo plazo. La edad legal de jubilación de las mujeres, que es de 60 años, es una de las más bajas de la UE y solo comenzará a alinearse gradualmente con la de los hombres en 2024, logrando la armonización en 2033. En general, el aumento de la edad legal de jubilación y la restricción de la jubilación anticipada contribuirán a la sostenibilidad de las pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.

               (11)El gasto público en asistencia sanitaria es superior a la media de la UE (7 % frente al 6,8 % del PIB en 2016), y se espera que aumente más que la media de la UE (1,3 % frente al 0,9 % del PIB), lo que elevaría el gasto en asistencia sanitaria pública al 8,3 % del PIB de aquí a 2070. Se prevé que el gasto en cuidados de larga duración se duplique, pasando del 1,9 % al 3,8 % del PIB de aquí a 2070. La introducción de límites máximos de gasto mediante la Ley de Compensación Financiera de 2017 y la reforma que refuerza la atención sanitaria primaria y reduce la dependencia respecto al sector hospitalario han comenzado a abordar el problema de la sostenibilidad. La persistencia de un elevado número de organismos de seguro de enfermedad es un indicio de los posibles ahorros adicionales en materia de gobernanza y costes administrativos. Además, una contratación pública más efectiva (por ejemplo, contratación a escala de la UE, uso de criterios de adjudicación distintos del precio y agregación transregional de licitaciones) contribuiría a mejorar la calidad y la relación coste/eficacia. En el ámbito de los cuidados de larga duración, se espera que las recientes medidas, tales como la decisión de suprimir el recurso al patrimonio privado de las personas para financiarlos, aumenten el gasto, en lugar de contenerlo.

               (12)La Ley de Compensación Financiera de 2017 ha contribuido a racionalizar las relaciones presupuestarias entre los distintos niveles de gobierno, iniciando una financiación orientada a las tareas, simplificando la distribución de las transferencias entre el Estado central y los Estados federados, y asignando una fuente propia de ingresos a los Estados federados. No obstante, a pesar de estos esfuerzos de reforma, el marco presupuestario sigue siendo opaco y persiste el considerable desajuste entre las competencias en materia de gasto y las competencias en materia de recaudación de impuestos, proporcionando escasos incentivos para la disciplina presupuestaria a nivel subnacional.

               (13)A pesar de la reforma fiscal de 2016, la carga fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta y se prevé que aumente gradualmente a lo largo del tiempo si los tramos impositivos no se indexan con la inflación. Las personas con rentas superiores se beneficiaron relativamente más de la reforma que aquellas con ingresos más bajos, y la carga fiscal para las personas con bajos ingresos sigue siendo elevada. La reforma fiscal también benefició más a los hombres que a las mujeres. Las fuentes de ingresos consideradas menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, parecen estar infrautilizadas, debido principalmente a una base imponible en gran parte obsoleta. En Austria, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles son muy bajos, situándose en el 0,2 % del PIB, en comparación con una media de la UE del 1,6 % en 2016. El desplazamiento de la carga fiscal del trabajo hacia fuentes de ingresos menos perjudiciales podría contribuir a resolver este problema.

               (14)El mercado de trabajo funciona bien; no obstante persisten retos para grupos específicos (por ejemplo, las mujeres y las personas de origen migrante). A pesar de la alta tasa de empleo de las mujeres, el porcentaje de ellas que tienen un empleo a tiempo completo sigue siendo bastante bajo. La tasa de empleo a tiempo parcial de las mujeres, de un 47,9 % en 2016, sigue siendo una de las más elevadas de la UE (media de la UE: 31,4 %). Los problemas relacionados con el acceso a guarderías oficiales, en particular fuera de la zona urbana, contribuyen a este resultado. La alta proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, debida en gran medida a que las mujeres realizan importantes funciones no remuneradas como el cuidado de niños y de familiares, así como los inferiores ingresos por hora, contribuyen a una brecha salarial entre hombres y mujeres persistentemente ancha, que tiene un impacto directo en la acumulación de derechos de pensión de las mujeres, lo que da lugar a una gran brecha en materia de pensiones.

               (15)Los resultados académicos de los estudiantes desfavorecidos no han mejorado. Existe una amplia brecha de rendimiento entre los estudiantes con y sin origen migrante. Las pruebas nacionales efectuadas en 2016 confirmaron que más del 25 % de los alumnos carecen de cualificaciones básicas en alemán. Las recientes pruebas internacionales también han confirmado una brecha cada vez mayor en lectura para aquellos con menor nivel socioeconómico o de origen migrante. Comparando los resultados de 2012 y 2015 del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), la proporción de alumnos con bajo rendimiento aumentó en los tres ámbitos centrales analizados, es decir, matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos nacidos en Austria tienen mejores resultados que los inmigrantes de primera generación en un nivel equivalente a casi tres años de escolarización.

               (16)Mientras que la productividad es elevada en Austria, su crecimiento ha sido mediocre durante los últimos años, a pesar de los considerables esfuerzos de Austria, por ejemplo, en inversión en investigación y desarrollo y en la mejora del marco para las empresas de nueva creación. El resto de los instrumentos para apoyar el crecimiento de la productividad se refieren a la digitalización de las empresas, el crecimiento y la competencia en el sector de los servicios. En Austria existen importantes barreras de acceso y normas restrictivas para el ejercicio de los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Entre estas figuran los requisitos específicos relativos a la participación en el capital de una sociedad, las numerosas actividades reservadas y las restricciones interdisciplinarias
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               . Los esfuerzos continuados para reducir las cargas y la evaluación prevista de la Ley de Licencias Comerciales (Gewerbeordnung) son instrumentos importantes para abordar esta cuestión.

               (17)Una mayor competencia en el sector de los servicios ayudaría a abordar los desafíos de Austria en la difusión de las tecnologías digitales y los modelos empresariales, especialmente entre las microempresas y las pymes. La digitalización de estas empresas es especialmente importante, ya que constituyen la espina dorsal de la economía austriaca. Iniciativas tales como «KMU Digital» y «AT: net» y la aplicación de la hoja de ruta digital de Austria son fundamentales. Otro problema se refiere a la expansión de las empresas, y en particular de las muy innovadoras. La financiación en una fase posterior, como en forma de capital de riesgo y de acceso a los mercados de capital público para las empresas en expansión, constituye un obstáculo. Las empresas de crecimiento rápido son esenciales para la difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocio, incluidos los digitales, y por tanto para el crecimiento de la productividad.

               (18)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Austria y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Austria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Austria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (19)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Austria que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta el margen vinculado a acontecimientos excepcionales, para lo que se admite una desviación temporal. Garantizar la sostenibilidad de los sistemas de asistencia sanitaria, cuidados de larga duración y pensiones, en particular mediante el aumento de la edad legal de jubilación y la restricción de la jubilación anticipada. Hacer los servicios públicos más eficientes, entre otras cosas mediante la armonización de las responsabilidades en materia de financiación y de gasto.

               2.Reducir la cuña fiscal, especialmente para los trabajadores con bajos ingresos, desplazando la carga fiscal a fuentes de ingresos que impliquen un menor perjuicio para el crecimiento. Mejorar el comportamiento del mercado laboral en lo que concierne a las mujeres. Mejorar las cualificaciones básicas para los jóvenes desfavorecidos y para los inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Apoyar el crecimiento de la productividad estimulando la digitalización de las empresas y su crecimiento, y reduciendo los obstáculos reglamentarios en el sector de los servicios.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        COM(2018) 419 final.

                     (3)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (4)

                        SWD(2018) 218 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        En enero de 2017 se formularon recomendaciones para abordar estas cuestiones en los documentos COM(2016) 820 y SWD(2016) 436.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 414 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Lituaniay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Lituania

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Lituania

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Lituania

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
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               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
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               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Lituania debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la número 1.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Lituania
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                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Lituania de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Lituania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 26 de abril de 2018, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018, y el 30 de abril su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé mantener un superávit global del 0,6 % del PIB de 2018 a 2020, antes de su reducción prevista al 0,3 % del PIB, en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) se alcance a lo largo de todo el periodo del programa. En 2016 y 2017, también se concedió a Lituania una desviación temporal vinculada a la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones y a las reformas estructurales. Estas desviaciones se han prorrogado por un periodo de tres años. Con arreglo al Programa de Estabilidad de 2018, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya del 39,7 % del PIB en 2017 al 35,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de superávit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

               (7)Con respecto a 2017, el 11 de julio de 2017 el Consejo recomendó a Lituania que permaneciese en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los márgenes de maniobra vinculados a la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                del 6,4 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,6 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el déficit estructural de Lituania permanezca en el 0,7 % del PIB en 2018 y en el 0,6 % del PIB en 2019. Por tanto, se prevé que el saldo estructural permanezca por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en ambos años. En general, el Consejo considera que Lituania cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

               (8)Los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales y los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles siguen siendo inferiores a la media de la UE. Lituania ha emprendido una reforma de su régimen tributario sobre los bienes inmuebles, que introduce un elemento de progresividad en el sistema, y ha suprimido las exenciones de impuestos especiales para el carbón y el coque utilizados para calefacción. Sin embargo, continúa existiendo un margen para ampliar la base impositiva a otras fuentes que sean menos perjudiciales para el crecimiento. Si bien en los últimos años Lituania ha mejorado en la recaudación del IVA, su brecha del IVA es una de las más elevadas de la Unión. Lituania está tomando medidas adicionales para combatir la evasión fiscal y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y las medidas aplicadas recientemente están arrojando los primeros resultados positivos. Aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales podría incrementar los ingresos presupuestarios y mejorar la equidad del sistema tributario.

               (9)Con la introducción de una nueva fórmula de indexación de las pensiones en 2018, que las vincula al crecimiento de la masa salarial, se prevé que el porcentaje de gasto público en pensiones del PIB se mantendrá estable hasta 2040. De este modo se garantizaría la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones lituano. Sin embargo, esta evolución está impulsada principalmente por una disminución de la ratio de beneficio dado que se prevé que la masa salarial total aumente a un ritmo más lento que los salarios, debido a la rápida disminución de la población en edad de trabajar. Esto suscita preocupación por la adecuación de las pensiones, que ya están entre las más bajas de la UE. Tampoco está claro cómo funcionará en la práctica esta reforma, ya que el Gobierno está jurídicamente obligado a proponer medidas en caso de un descenso de la tasa de sustitución. Si la tasa de sustitución no sufriese modificación alguna, el total del gasto en pensiones como porcentaje del PIB aumentaría en casi un 45 % a finales de la década de 2040, sometiendo así a una fuerte presión a las finanzas públicas. Por consiguiente, es importante aclarar la incertidumbre jurídica sobre la legislación en materia de pensiones y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo del sistema de pensiones, ocupándose al mismo tiempo de su baja adecuación.

               (10)El mercado laboral está endureciendo rápidamente sus condiciones como consecuencia de un crecimiento económico sólido, pero también debido a circunstancias adversas en la evolución demográfica y la emigración, que ya están llevando a una carencia de competencias. Tal situación exige un sistema de educación y formación capaz de proporcionar a todos los ciudadanos las competencias necesarias. Mientras que las reformas iniciadas durante el año pasado constituyen un paso en la buena dirección, es importante que Lituania aplique estas reformas para mejorar los resultados de sus sistemas de educación y formación. Las normas en materia de acreditación y financiación en la educación superior de Lituania contribuyen a aumentar el número de personas con educación superior, pero, al mismo tiempo, han contribuido a aumentar la preocupación por su calidad, fragmentación y adecuación a las exigencias del mercado laboral. La consolidación universitaria en curso, si se complementa con cambios en las normas en materia de acreditación y financiación, debería contribuir a hacer frente a los desafíos actuales. Además, la persistente presión demográfica ha afectado a la eficiencia del sistema educativo y ha hecho más urgente la necesidad de facilitar un acceso equitativo a una educación inclusiva y de calidad. Para abordar los resultados educativos inferiores a la media en competencias básicas en Lituania, se precisan reformas en la formación inicial, las carreras y las condiciones de trabajo de los docentes, junto con otras reformas centradas en la calidad.

               (11)La baja participación de los adultos en el aprendizaje en Lituania indica que el aprendizaje de adultos sigue estando poco desarrollado y no permite que la economía se beneficie de la mejora de las capacidades, la innovación y la mejor integración de las personas desfavorecidas en el mercado laboral (por ejemplo, los adultos de más edad, los desempleados o los inactivos). A pesar de las inversiones en infraestructuras, el contenido de la educación y la formación profesionales está a menudo desfasado, mientras que podría avanzarse en su armonización con las necesidades de los mercados de trabajo locales y regionales. El aprendizaje en el lugar de trabajo se encuentra todavía en fase inicial y podría ampliarse. Las medidas activas del mercado de trabajo contienen una mayor oferta de formación, pero esta oferta podría mejorarse. Las recientes reformas y medidas adoptadas en este ámbito no han tenido resultados significativos hasta la fecha. En un contexto más amplio, es importante reforzar la capacidad de los interlocutores sociales para fomentar su participación.

               (12)Persisten las carencias en materia de atención sanitaria, que están teniendo un impacto negativo sobre la productividad, la competitividad de la economía y la calidad de vida. La prestación de servicios sanitarios sigue dependiendo demasiado de la atención hospitalaria, dejando margen para seguir reforzando la atención primaria. Una mayor racionalización de los recursos, junto con medidas destinadas a mejorar la calidad de la atención primaria y hospitalaria, son fundamentales para mejorar la eficacia de los servicios sanitarios. Las políticas de promoción de la salud y la prevención de enfermedades deberían frenar los comportamientos de riesgo con mayor firmeza y rapidez. Sin embargo, la escala de estas políticas sigue siendo reducida, mientras que la colaboración entre los diversos estamentos está infradesarrollada y la obligación de rendir cuentas por los resultados no está suficientemente integrada a nivel municipal. Un alto grado de dependencia de los pagos directos, el bajo nivel de gasto en salud y una asignación ineficiente de recursos limitan la eficiencia del sistema de asistencia sanitaria.

               (13)El alto porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, junto con la elevada desigualdad de ingresos, siguen constituyendo retos importantes para Lituania que dificultan sus perspectivas de crecimiento económico. También amenazan la cohesión social y pueden avivar la emigración. Pese al crecimiento económico continuado, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, los niños, los hogares monoparentales y los desempleados se enfrentan al riesgo más elevado de pobreza y exclusión social. La capacidad de corrección del sistema fiscal y de prestaciones sociales de Lituania es una de las más bajas de la UE. Aunque se han dado pasos iniciales importantes para luchar contra la pobreza y la desigualdad de ingresos, el país todavía tiene un largo camino por recorrer para converger hacia las medias de la UE en estos aspectos. La relativamente elevada cuña fiscal sobre los trabajadores con bajos ingresos podría limitar sus incentivos para trabajar y aumentar el riesgo de pobreza y las desigualdades. Los niveles de pobreza y desigualdad podrían reducirse incentivando la participación en el mercado de trabajo, en particular entre las personas pertenecientes a grupos vulnerables y con bajos ingresos, y aumentando la capacidad de corrección del sistema fiscal y de prestaciones con la ayuda de una mejor recaudación de impuestos. Dichas medidas también podrían aumentar la justicia social.

               (14)Después de haberse moderado desde el año 2012, el crecimiento de la productividad se recuperó en 2017, aliviando las presiones sobre la competitividad de los costes. No obstante, esta mejora está impulsada en gran medida por el sector privado. Apenas se han logrado pequeños avances en la mejora de la eficiencia de la inversión pública. En particular, la eficiencia del gasto público en I+D y la cooperación entre las empresas y la ciencia se mantienen en niveles bajos. Por otra parte, la inversión pública en investigación y desarrollo disminuyó considerablemente en 2016. La fragmentación de la coordinación y la gobernanza de la política de investigación e innovación generó ineficiencias e impidió que las empresas se beneficiasen plenamente de la variedad de los sistemas de apoyo. Nuevos avances en la reforma en curso de la organización y financiación del sector de la investigación pública deberán contribuir a un mejor uso de los recursos disponibles.

               (15)Lituania ha progresado en la consolidación de su marco de prevención de la corrupción mediante la adopción de legislación relativa a la defensa de intereses y a la protección de denunciantes para los trabajadores de los sectores público y privado. No obstante, la aplicación de la legislación sigue constituyendo un reto.  La corrupción en el sector de la salud sigue preocupando, a pesar de los encomiables resultados del programa de «manos limpias» del Gobierno.

               (16)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (17)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y estima que cabe esperar que Lituania cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliar la base impositiva a otras fuentes que sean menos perjudiciales para el crecimiento. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, al tiempo que se aborda la adecuación de las pensiones.

               2.Mejorar la calidad, la eficacia y la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral, incluida la formación de adultos. Mejorar los resultados del sistema de asistencia sanitaria mediante una transición de la hospitalización a la asistencia ambulatoria, el refuerzo de las medidas de prevención de enfermedades, en particular a nivel local, y el aumento de la calidad y la asequibilidad de la asistencia sanitaria. Mejorar el diseño del sistema fiscal y de prestaciones para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos.

               3.Estimular el crecimiento de la productividad mejorando la eficiencia de la inversión pública, garantizando una coordinación gubernamental eficiente de la política de investigación e innovación, y haciendo frente a las lagunas y deficiencias de las medidas públicas de apoyo a la cooperación entre ciencia e industria.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        COM(2018) 414 final.

                     (3)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (4)

                        SWD(2018) 213 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un periodo de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 415 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Luxemburgoy por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Luxemburgo

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Luxemburgo

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Luxemburgo

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Luxemburgo debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 y 2 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Luxemburgo
                  4
                se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan ciertos avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Luxemburgo hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 30 de abril de 2018, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (6)Luxemburgo se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018 el Gobierno prevé un descenso del superávit global desde el 1,5 % del PIB en 2017 al 1,1 % en 2018, seguido posteriormente de un incremento casi constante, para alcanzar un superávit del 2,4 % en 2022. El objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) sigue cumpliéndose con un margen a lo largo de todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB permanezca muy por debajo del 60 % del valor de referencia del PIB establecido en el Tratado. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable para el período hasta 2020 y verosímil posteriormente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 y del 0,3 % en 2019, inferior, en particular en 2019, a lo previsto en el Programa de Estabilidad de 2018, aunque todavía por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que Luxemburgo cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

               (7)La economía luxemburguesa continúa registrando una expansión sólida y ha obtenido mejores resultados que la media de la zona del euro desde la recesión mundial de 2009. El sector financiero sigue siendo el principal motor del crecimiento económico y se muestra sano y rentable. Esto se refleja en fuertes superávits en la balanza de servicios y en la balanza por cuenta corriente. La contribución relativa media del sector exterior al crecimiento del PIB real representó un 61 % en 2013-2016, a pesar de una balanza comercial que se mantiene negativa. Luxemburgo es un acreedor neto con respecto al resto del mundo y, a finales de 2016, los activos y pasivos externos brutos alcanzaban los 10,5 billones EUR. Las autoridades nacionales han seguido aplicando medidas de supervisión y macroprudenciales, y los intermediarios financieros afectados se están adaptando al cambiante marco político nacional y de la UE.

               (8)Como se indica en la Recomendación para la zona del euro de 2018, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para evitar distorsiones de la competencia entre las empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes entre Estados miembros requiere una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. A pesar del tamaño de su sector financiero, el alto nivel de pagos de dividendos, intereses y cánones como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La mayor parte de la inversión directa extranjera está en manos de entidades con fines especiales. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) de intereses y cánones, y la exención de las retenciones en origen sobre los pagos de dividendos en determinadas circunstancias puede dar lugar a que dichos pagos eludan los impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. La Comisión toma nota de la medida positiva tomada por Luxemburgo, es decir, la adopción de un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles conforme con las normas internacionales. Sobre la base de las últimas gestiones realizadas, la Comisión continuará su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

               (9)Durante varios decenios, las autoridades luxemburguesas han intentado activamente diversificar la economía, mediante el desarrollo de determinados sectores, en particular el de las tecnologías de la información y la comunicación y el espacial. Teniendo en cuenta los elevados costes laborales del país, las actividades con mayor valor añadido encierran potencial para aprovechar otras fuentes de crecimiento. Por ello, el éxito de la diversificación de la economía luxemburguesa depende en gran medida de sectores que son menos sensibles a los niveles de costes laborales. Estos sectores se basan en gran medida en la investigación y la innovación, que tienden a requerir una gran intensidad de tecnología y conocimientos. Esta estrategia se ha intensificado recientemente. Se están ejecutando grandes proyectos de inversión pública, incluidos los reglamentos sobre I+D y de mercado, entre otras medidas enfocadas a desarrollar los sectores prioritarios. Entre 2000 y 2016, Luxemburgo quintuplicó su gasto público en I+D, alcanzando el 0,60 % del PIB. Estas inversiones han llevado al país a crear rápidamente un buen sistema público de investigación. Sin embargo, aunque la inversión pública en I+D se sitúa por encima de la media de la zona del euro, ello no ha impedido que la inversión privada en I+D y los resultados de la innovación, medidos con arreglo al cuadro europeo de indicadores de innovación, sigan bajando. La estructura de la economía luxemburguesa explica en parte la menor intensidad de la I+D empresarial con respecto a los resultados internacionales, porque los sectores que aportan el mayor porcentaje del PIB de Luxemburgo (los servicios, en particular el sector financiero) invierten tradicionalmente menos en I+D. No obstante, esta tendencia es más acentuada en Luxemburgo en comparación con la media de la UE y la intensidad de la I+D empresarial se redujo al 0,64 % del PIB en 2016, desde el 1,5 % registrado en 2000. La bajada de la inversión privada indica que siguen existiendo obstáculos en dicho ámbito. Esto apunta también a una falta de efecto de apalancamiento de los esfuerzos públicos de I+D sobre la inversión de las empresas. Por consiguiente, la creación de capacidades de investigación pública tendrían que estar mejor integradas en un enfoque general del «ecosistema de innovación». En 2017, se aprobó una nueva ley con el fin de renovar los regímenes de ayudas para investigación, desarrollo e innovación, ampliando el ámbito de aplicación de las ayudas públicas disponibles.

               (10)Se prevé que Luxemburgo incumplirá su objetivo para 2020 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La contaminación atmosférica y la congestión del tráfico en horas punta constituyen problemas importantes para el país y han exacerbado las concentraciones de dióxido de nitrógeno y las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2015, más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero procedían del sector del transporte. La baja fiscalidad del combustible utilizado en el transporte, el gran número de vehículos de empresa y el alto precio de la vivienda son los principales factores que estimulan los elevados niveles de uso de vehículos privados e incrementan el número de trabajadores transfronterizos. Los tipos impositivos del combustible de transporte son de los más bajos de la UE e incentivan un mayor consumo, incluidas ventas transfronterizas. No obstante, ciertas medidas recientes han fomentado el desarrollo de una movilidad más sostenible, especialmente a través de la reforma fiscal de 2016, pero también gracias a una inversión considerable en transporte público. Los retos más urgentes son, en particular, completar y mejorar las infraestructuras ferroviarias.

               (11)Luxemburgo mantiene su compromiso de reducir las restricciones reglamentarias en el sector de los servicios a empresas. Las medidas recientes se han centrado sobre todo en las profesiones de arquitecto e ingeniero, y se han anunciado reformas adicionales para reducir aún más las restricciones en ambas. Además, la denominada «Ley Ómnibus» adoptada en marzo de 2017 introdujo medidas de simplificación administrativa (es decir, permitir el control horizontal de los procedimientos administrativos). Sin embargo, en Luxemburgo persisten obstáculos reglamentarios en el sector de las empresas de servicios. La falta de un procedimiento específico de evaluación de la equivalencia de los requisitos de seguro profesional que permita una cobertura equivalente del seguro por parte de los proveedores de servicios de otros Estados miembros puede ser una fuente de restricciones. Las profesiones jurídicas están especialmente afectadas por normas que son muy restrictivas en comparación con la media de la UE. El amplio alcance de las actividades reservadas tiene un impacto en la prestación de servicios de asesoría jurídica por parte de los abogados u otros proveedores de servicios, en particular para los servicios en línea. Otras restricciones son la forma jurídica y los requisitos para la participación en el capital, las normas de incompatibilidad y las restricciones multidisciplinarias.

               (12)Sigue preocupando la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas debido al aumento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento. Se prevé un notable aumento de la población de edad avanzada que será dependiente en 2070 y, según las últimas previsiones del Ministerio de Seguridad Social, el equilibrio operativo del sistema de pensiones registrará un déficit a más tardar en 2023. No obstante, se han ahorrado los superávit pasados y actuales del sistema de pensiones y las reservas acumuladas mantendrán la viabilidad del sistema por un período suplementario de 20 años. Según el informe de 2018 al respecto, los costes derivados del envejecimiento de la población deberían aumentar en 13 puntos porcentuales del PIB entre 2016 y 2070, superando los umbrales de sostenibilidad y se derivarían particularmente de las pensiones (8,9 puntos porcentuales). El gasto en cuidados de larga duración como proporción del PIB es uno de los mayores de los Estados miembros y pese a la reforma aprobada en 2017, se prevé que aumente en 3 puntos porcentuales hasta 2070 en comparación con el nivel actual.

               (13)La tasa de empleo de las personas de más edad sigue siendo especialmente baja y se requieren nuevas medidas para mejorar su empleabilidad y sus oportunidades en el mercado de trabajo. Esto también es importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Siguen estando generalizados los regímenes de jubilación anticipada que fomentan que los trabajadores abandonen el empleo: así, el 59,2 % de las pensiones acordadas recientemente corresponden a jubilaciones anticipadas. En diciembre de 2017, se aprobó una ley que suprime los regímenes de jubilación anticipada, pero su impacto neto sobre la edad media efectiva de jubilación y los gastos es incierto, ya que relaja los requisitos en otros regímenes de jubilación anticipada. Este deficiente comportamiento del mercado laboral puede atribuirse en parte a la desincentivación financiera del trabajo, que es comparativamente más elevada para este grupo. Fomentar el empleo de los trabajadores de edad avanzada requiere una estrategia general que incluya medidas para ayudarles a seguir en activo durante más tiempo. El «Pacto de la Edad», un proyecto de ley presentado al Parlamento en abril de 2014 cuyo objetivo es animar a las empresas con más de 150 empleados a contratar y mantener a trabajadores mayores gracias a medidas de gestión de la edad, está aún pendiente en el Parlamento. Por lo que se refiere a la educación, Luxemburgo debe abordar el fuerte impacto de la situación socioeconómica de los estudiantes en sus resultados educativos. Esto también es importante para responder a la gran demanda de conocimientos muy especializados.

               (14)Los precios de la vivienda han seguido creciendo, lo que puede minar la capacidad de atraer y retener a trabajadores cualificados, una gran proporción de los cuales no son luxemburgueses. La presión sobre los precios de la vivienda se deriva de un desajuste fundamental entre oferta y demanda. Por lo que respecta a la oferta, la falta de terrenos y de incentivos para que los propietarios privados vendan terrenos o edificios parece representar un obstáculo a la construcción de nuevas viviendas. Es necesario seguir trabajando para fomentar la inversión en vivienda, aumentando los incentivos para la promoción de la venta de bienes inmuebles, mejorando los procedimientos administrativos de concesión de licencias de obras y ofreciendo viviendas sociales asequibles. La reforma tributaria recientemente aprobada en relación con las plusvalías sobre las ventas de bienes inmuebles y la actualización del programa de vivienda social hace improbable que aumente la oferta inmobiliaria, dada la constante tendencia al aumento de los precios. Por el lado de la demanda, la gran población y el crecimiento del empleo empujan los precios al alza. La situación del mercado de la vivienda agrava además el problema de la congestión del tráfico y la contaminación. Además, este aumento de precios repercute en el endeudamiento de los hogares, lo que suscita inquietud sobre la sostenibilidad de esta deuda, pues dicho endeudamiento se ha incrementado rápidamente en los últimos 10 años para alcanzar, se estima, el 165 % de la renta disponible en 2016, lo que refleja la inflación de precios de los bienes inmuebles, ya que casi el 80 % de la deuda de los hogares se deriva de préstamos hipotecarios. No obstante, los supervisores de Luxemburgo están introduciendo medidas macroprudenciales y recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico para reducir posibles vulnerabilidades y riesgos para la estabilidad financiera. A raíz de las propuestas de la comisión nacional de riesgo sistémico, el Gobierno también ha presentado recientemente un conjunto de medidas, incluidas limitaciones ligadas a los empréstitos, a fin de evitar un aumento de la vulnerabilidad de los hogares, aunque las medidas están pendientes de aprobación por el Parlamento.

               (15)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (16)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima que cabe esperar que Luxemburgo cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               RECOMIENDA a Luxemburgo que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Aumentar la tasa de empleo de las personas de edad avanzada mediante la mejora de sus oportunidades de empleo y su empleabilidad, y limitando la jubilación anticipada, con vistas a mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.

               2.Seguir reduciendo las restricciones normativas en el sector de servicios a las empresas.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        COM(2018) 415 final.

                     (3)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (4)

                        SWD(2018) 214 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 430 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo

                  en Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la recomendación de la Comisión,

               Considerando lo siguiente:

               (1)De conformidad con el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros deben fomentar unas finanzas públicas saneadas a medio plazo mediante la coordinación de las políticas económicas y la vigilancia multilateral con el fin de evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)El 16 de junio de 2017, el Consejo recomendó a Rumanía que tomara las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  2
                no fuera superior al 3,3 % en 2017, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB y situaría al país en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo llegó a la conclusión de que Rumanía no había adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017. En consecuencia, el 5 de diciembre de 2017 el Consejo formuló una recomendación revisada con el fin de que Rumanía tomara las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no fuera superior al 3,3 % en 2018, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB.

               (4)En 2017, con arreglo a las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y a los datos de ejecución de 2017 validados por Eurostat, el crecimiento del gasto público primario neto fue muy superior al valor de referencia para el gasto, lo que apunta a una desviación significativa por un margen bastante amplio (diferencia del 3,3 % del PIB). El saldo estructural empeoró a un -3,3 % del PIB desde una cifra del -2,1 % del PIB en 2016, lo que apunta también a una desviación significativa con respecto al ajuste estructural recomendado por un amplio margen (desviación del 1,7 % del PIB). El tamaño de la desviación indicado por el saldo estructural se ha visto afectado negativamente por una estimación puntual del crecimiento potencial del PIB más elevada que la media a medio plazo subyacente al valor de referencia para el gasto, así como por una caída de la inversión pública, que se atenúa en el valor de referencia para el gasto. Independientemente de esa diferencia, ambos indicadores confirman una desviación significativa respecto de los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2017.

               (5)El 23 de mayo de 2018, tras una evaluación global, la Comisión consideró que en Rumanía se observaba una importante desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo y dirigió una advertencia a ese país con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del TFUE y el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (6)Según el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, en el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia, el Consejo debe dirigir una recomendación al Estado miembro afectado para que adopte las medidas necesarias. El Reglamento prevé que la recomendación fijará un plazo máximo de cinco meses para que el Estado miembro corrija la desviación. Sobre esa base, parece apropiado fijar el [15 de octubre de 2018] como fecha límite para que Rumanía corrija la desviación. Dentro de ese plazo, Rumanía debe informar sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

               (7)Sobre la base de las estimaciones de la brecha de producción contenidas en las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, Rumanía se mantendrá en un período económico normal en 2018 y 2019. La ratio de deuda de las administraciones públicas de Rumanía se sitúa por debajo del umbral del 60 % del PIB. En lo sucesivo, el esfuerzo estructural mínimo requerido prescrito por el Reglamento (CE) n.º 1466/97 y la matriz de exigencias, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los posibles problemas de sostenibilidad, asciende al 0,5 % del PIB para 2018 y 2019.

               (8)El déficit estructural de Rumanía aumentó en un 2,1 % del PIB en 2016 y un 1,2 % del PIB en 2017, situándose en el 3,3 % del PIB en 2017. El requisito mínimo de ajuste debería complementarse con un esfuerzo adicional y persistente necesario para corregir la desviación acumulada y volver a llevar a Rumanía a una trayectoria de ajuste adecuada tras las desviaciones de 2016 y 2017. Un esfuerzo adicional del 0,3 % del PIB parece apropiado dada la magnitud de la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y acelerará el ajuste orientándolo de nuevo hacia ese objetivo.

               (9)La mejora del saldo estructural requerida, del 0,8 % del PIB en 2018 y en 2019, es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 3,3 % en 2018 y al 5,1 % en 2019.

               (10)Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, el saldo estructural volvería a deteriorarse en un 0,5 % del PIB en 2018 y en otro 0,4 % del PIB en 2019. Por consiguiente, una mejora estructural del 0,8 % del PIB tanto en 2018 como en 2019 exige que se adopten medidas con un rendimiento estructural total del 1,3 % del PIB en 2018 y medidas adicionales con un rendimiento estructural del 1,2 % del PIB en 2019, con respecto a la base de referencia actual de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión.

               (11)Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas será del 3,4 % del PIB en 2018 y el 3,8 % del PIB en 2019, cifra que se sitúa por encima del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El ajuste estructural requerido parece adecuado también para garantizar que Rumanía respete el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado en 2018 y 2019 con un margen.

               (12)El hecho de que no se actuara de acuerdo con las recomendaciones anteriores para corregir la desviación significativa observada y el riesgo de que se rebase el valor de referencia establecido en el Tratado exigen la adopción de medidas urgentes para volver a situar la política fiscal de Rumanía en una trayectoria prudente.

               (13)Resulta oportuno que la presente Recomendación se haga pública.

               (14)Al objeto de alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Rumanía adopte y aplique estrictamente las medidas necesarias y realice un estrecho seguimiento de la evolución del gasto corriente,

               RECOMIENDA:

               (1)Rumanía debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 3,3 % en 2018 y al 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB cada año y sitúa al país en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (2)Rumanía debe utilizar todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit. Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento.

               (3)Rumanía debe informar al Consejo a más tardar el [15 de octubre de 2018] sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación. El informe debe proporcionar medidas suficientemente específicas y presentadas de manera solvente, incluida la incidencia presupuestaria de cada una de ellas, así como una actualización de las previsiones presupuestarias detalladas para el período 2018-2019.

               El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada nacionalmente se verá facilitada a lo largo de un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 431 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría
            {SWD(2018) 368 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo

                  en Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la recomendación de la Comisión,

               Considerando lo siguiente:

               (1)De conformidad con el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros deben fomentar unas finanzas públicas saneadas a medio plazo mediante la coordinación de las políticas económicas y la supervisión multilateral con el fin de evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio para reforzar las condiciones de estabilidad de precios y de crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Hungría que realizase un ajuste presupuestario del 0,6 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo pudiese cumplirse con un esfuerzo menor.

               (4)Conforme a las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y a los datos de ejecución de 2017 validados por Eurostat, el crecimiento del gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas puntuales, ha sido claramente superior a la tasa de referencia del gasto aplicable en 2017, lo que apunta a una desviación significativa respecto al ajuste estructural requerido (desviación del 2,4 % del PIB). En 2017, a partir de una posición de -1,8 % del PIB potencial en 2016, el saldo estructural se deterioró hasta alcanzar el -3,1 % del PIB, lo que apunta asimismo a una desviación significativa (desviación del 1,4 % del PIB). La evaluación global indicaba que el valor de referencia del gasto se veía negativamente afectado por tres factores, a saber, una tasa de crecimiento potencial a medio plazo y un deflactor del PIB subyacente al valor de referencia del gasto demasiado bajos, así como un efecto permanente en los ingresos. Tras aplicar la corrección correspondiente a estos factores, el valor de referencia del gasto parece reflejar adecuadamente el esfuerzo presupuestario y apunta a una desviación significativa. Esta conclusión se ve confirmada por la evaluación del pilar del saldo estructural, que después de tener en cuenta las repercusiones de la reducción del gasto por intereses, la volatilidad de las inversiones y los ingresos imprevistos, sigue apuntando a una desviación significativa. La apreciación global lleva por lo tanto a la conclusión de que la desviación observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 es significativa.

               (5)El [23 de mayo] de 2018, al término de una valoración global, la Comisión consideró que se observaba en Hungría una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo, motivo por el que dirigió a ese país una advertencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del TFUE y en el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (6)Según el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, en el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia, el Consejo ha de dirigir una recomendación al Estado miembro afectado para que adopte las medidas necesarias. El Reglamento prevé asimismo que esa recomendación fije un plazo máximo de cinco meses para que el Estado miembro corrija la desviación. De conformidad con esas disposiciones, se considera apropiado fijar la fecha límite de 15 de octubre de 2018 para que Hungría corrija la desviación. Antes de que expire ese plazo, Hungría deberá informar sobre las medidas adoptadas en respuesta a esa recomendación.

               (7)Se estima que en 2017 el saldo estructural de Hungría registró una desviación del 1,6 % del PIB respecto de su objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, un déficit estructural de -1,5 % del PIB. Según las estimaciones de la brecha de producción incluidas en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, Hungría está atravesando en 2018 una coyuntura económica favorable. La ratio de deuda de las administraciones públicas de Hungría se sitúa por encima del umbral del 60 % del PIB. El esfuerzo estructural mínimo exigido por el Reglamento (CE) n.º 1466/97 y la matriz de requisitos, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los problemas de sostenibilidad, asciende al menos al 1 % del PIB para 2018. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé un nuevo deterioro del saldo estructural del 0,5 % del PIB en 2018. Por consiguiente, una mejora estructural mínima del 1 % del PIB en 2018 exige adoptar medidas con un rendimiento total del 1,5 % del PIB con respecto a la base de referencia actual de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión. Dada la considerable magnitud del esfuerzo de saneamiento estructural exigido como consecuencia del requisito de ajuste mínimo, no procede exigir ningún ajuste adicional más allá del requisito mínimo del 1 % del PIB.

               (8)La mejora del saldo estructural requerida, del 1 % del PIB en 2018, es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 2,8 % en 2018.

               (9)Procede que la presente Recomendación se haga pública.

               (10)Con el fin de alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Hungría adopte y aplique estrictamente las medidas necesarias y que realice un estrecho seguimiento de la evolución del gasto corriente.

               RECOMIENDA:

               1)Hungría debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del PIB y situará al país en la senda adecuada de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               2)Hungría habrá de utilizar todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit. Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento.

               3)Hungría debe notificar al Consejo, no más tarde del 15 de octubre de 2018, las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación. El informe debe contener medidas suficientemente detalladas y explicadas de forma verosímil, con indicación de la repercusión presupuestaria de cada una de ellas, así como previsiones presupuestarias actualizadas y pormenorizadas para 2018.

               La destinataria de la presente Recomendación es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.