               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 508 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Grecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Grecia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Grecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Grecia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Grecia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Grecia
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Grecia con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Grecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, los desequilibrios detectados están relacionados con la elevada deuda pública, el considerable volumen de préstamos dudosos en los balances de los bancos y el sector exterior, en un contexto en el que el crecimiento potencial sigue siendo reducido y el desempleo, elevado.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Está poniendo en peligro los puestos de trabajo y los ingresos de los ciudadanos y la actividad de las empresas. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo serias repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado el estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabe esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Finanzas de los Estados miembros se declararon de acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite apartarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Autoriza a los Estados miembros a apartarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar condiciones de salud y seguridad adecuadas en el lugar de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha demostrado la necesidad de contar con planes de preparación frente a situaciones de crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de abastecimiento diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos elementos son fundamentales para desarrollar planes más amplios de preparación frente a una situación de crisis.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                para permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan afrontar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Estas modificaciones proporcionarán mayor flexibilidad, así como procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se alienta a Grecia a que aproveche plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la situación.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones griegas debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida del turismo y, más generalmente, de actividades que requieren un contacto cara a cara con los consumidores. Ello entraña un riesgo sustancial de que se acentúen las disparidades regionales y territoriales en Grecia, lo que agravaría la tendencia expansiva ya observada de las disparidades entre la capital y, en especial, las regiones insulares y montañosas, disparidades que se intensificaron más durante los años de la crisis financiera. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, Grecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (11)Grecia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario global se deteriore, pasando de un superávit del 1,5 % del PIB en 2019 a un déficit del 4,7 % del PIB en 2020. En 2021, se prevé que el déficit disminuya al 0,2 % del PIB. Tras disminuir hasta el 176,6 % del PIB en 2019, la ratio deuda pública/PIB aumentará al 188,8 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las previsiones presupuestarias están sujetas a riesgos específicos del país, a saber, los litigios pendientes y las obligaciones de servicio público. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por la gran incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia, y dentro del enfoque coordinado de la Unión, Grecia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a las personas y los sectores que se han visto especialmente afectados. Con arreglo al Programa de Estabilidad de 2020, estas medidas presupuestarias representan el 5,4 % del PIB. Las medidas comprenden un apoyo económico temporal para los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, los empresarios individuales y determinados profesionales liberales afectados por la pandemia, el pago de anticipos reembolsables a las empresas cuyo volumen de negocios ha disminuido, el pago de las cotizaciones a la seguridad social de los empleados cuyos contratos de trabajo han sido suspendidos, el aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social —incluido un régimen de escalonamiento de la deuda tributaria durante al menos tres meses para todas las empresas y los trabajadores por cuenta propia y ajena afectados por la pandemia de coronavirus—, una bonificación de intereses para los préstamos a las pequeñas y medianas empresas, y un mayor gasto en asistencia sanitaria. Además, Grecia ha anunciado medidas que, si bien no tienen una incidencia presupuestaria directa, contribuirán a aportar liquidez a las empresas. Estas medidas incluyen la prestación de una garantía en efectivo para respaldar los préstamos bancarios, distribuida a través del Banco de Desarrollo Helénico. Sin embargo, las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión equiparan también a medidas de liquidez sin incidencia presupuestaria negativa en 2020 todos los aplazamientos tributarios. En general, las medidas adoptadas por Grecia se ajustan a las orientaciones formuladas en la Comunicación de la Comisión sobre la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, en el supuesto de que las políticas no varíen, el déficit de las administraciones públicas griegas será del 6,4 % del PIB en 2020 y del 2,1 % en 2021. La ratio de deuda de las administraciones públicas alcanzará, según las previsiones, el 196,4 % del PIB en 2020 y el 182,6 % en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado a raíz del incumplimiento por Grecia de la norma en materia de deuda en 2019 y la superación prevista en 2020 del umbral de déficit del 3 % del PIB. Globalmente, el análisis sugiere que se cumple el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997, pero no así el criterio de déficit.

               (16)En lo que respecta a la pandemia de COVID-19, la pronta respuesta y aplicación de restricciones por parte de Grecia parece haber sido eficaz, a juzgar por el número relativamente bajo de infecciones confirmadas hasta la fecha. No obstante, se prevé que el impacto económico de la crisis de la COVID-19 será grave, dado que, en comparación con otros países de la UE, Grecia depende enormemente de los sectores del turismo y el transporte. En el sector turístico, Grecia podría perder una gran parte de sus ingresos en comparación con 2019. El turismo constituye la principal fuente de exportaciones de servicios de la economía griega, representando el 45 % de dichas exportaciones. Además, el sector del transporte marítimo, al que corresponde el 40 % de las exportaciones de servicios, se verá también previsiblemente afectado por una caída de la demanda, al ralentizarse el comercio mundial debido a la pandemia. Debido a las medidas de confinamiento, a la disminución de la renta disponible y al aumento del desempleo, cabe esperar una importante contracción de la demanda interna.

               (17)Frente al brote de COVID-19, Grecia activó su plan nacional antipandemia y puso rápidamente en marcha un conjunto de medidas sin precedentes, que incluían una estricta cuarentena y el distanciamiento social, especialmente para las personas de las que se sospechaba que habían tenido contacto con personas portadoras del virus. Las autoridades adoptaron una amplia gama de medidas, valoradas en el 10,5 % del PIB en 2020, con vistas a mitigar el impacto económico y social. Las medidas comprenden medidas fiscales por el equivalente a un 5 % del PIB, con un impacto presupuestario del 3,7 % del PIB y un 1,9 % del PIB adicional en concepto de aplazamientos tributarios temporales y garantías en efectivo para los bancos comerciales, que podrían proporcionar nuevos préstamos adicionales por valor de hasta un 3,6 % del PIB. El sector de la sanidad pública ha recibido una aportación puntual de 273 millones EUR que cubrirá, por ejemplo, la contratación de 2 000 trabajadores sanitarios adicionales, la adquisición de equipos y suministros sanitarios y mayores controles.

               (18)Para afrontar eficazmente la pandemia de COVID-19, es necesario mejorar la capacidad, la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario. Los gastos directos en servicios de salud privados y los pagos informales, que están estrechamente vinculados a una gestión hospitalaria ineficiente, siguen siendo elevados, lo cual origina desigualdades. El acceso sigue siendo un problema, y las necesidades de atención sanitaria no satisfechas declaradas figuran entre las más elevadas de la UE, con grandes diferencias en función de los grupos de renta y la situación laboral. El copago no está suficientemente vinculado a un control de recursos para proteger a los grupos vulnerables. Esta situación se ve exacerbada por el suministro excesivo y, por tanto, el consumo excesivo de medicamentos con frecuencia exageradamente caros. Para hacer frente a este problema, Grecia está llevando a cabo una ambiciosa reforma de la atención primaria a fin de ofrecer acceso a servicios esenciales de calidad a corto plazo, y está implantando un sistema global de derivación de pacientes que se aplicará al conjunto de la población a más largo plazo. Según las primeras indicaciones, estas medidas están demostrando ser fundamentales para proteger a los ciudadanos y limitar la propagación del virus, garantizando que la capacidad íntegra del sistema pueda utilizarse para tratar a los pacientes en función de sus necesidades. Aún debe hallarse una solución sostenible para el gasto sanitario, ya que la sostenibilidad fiscal está garantizada ante todo por un sistema de restituciones (clawback) que está sometido a una presión creciente por la insuficiencia de medidas estructurales. A pesar de algunas medidas alentadoras adoptadas recientemente, la contratación pública centralizada sigue siendo escasa. En 2018, el gasto público en sanidad se situaba por debajo de la media de la UE, incluso añadiendo el valor de las restituciones, que representaba en torno al 1 % del PIB. Es necesaria una mayor eficiencia, junto con recursos financieros adicionales, para mejorar la eficacia, accesibilidad y resiliencia general del sistema sanitario.

               (19)Se requieren medidas para mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 en los trabajadores y las empresas. Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo aumente hasta el 19,9 % en 2020 y descienda al 16,8 % en 2021. Grecia ha implantado ya un régimen temporal destinado a aliviar los costes laborales para las empresas cuya actividad ha sido suspendida o se ha visto gravemente afectada, y al mismo tiempo a proteger los contratos de trabajo y proporcionar una ayuda a la renta en beneficio de los trabajadores afectados. No obstante, la aplicación de un régimen general de reducción del tiempo de trabajo ofrecería una solución más sostenible y flexible, por lo que las autoridades han tomado medidas en ese sentido. Un régimen de este tipo permitiría a las empresas aplicar una reducción modulada de las horas de trabajo, que se corresponda con el grado de disminución de sus actividades, preservando al mismo tiempo el funcionamiento de los sectores económicos y evitando que los despidos temporales se conviertan en estructurales. La ampliación de las fórmulas de trabajo flexibles, como el teletrabajo, que hasta ahora han sido limitadas en Grecia en comparación con otros Estados miembros, también contribuiría a preservar la actividad económica y el empleo durante el período de confinamiento y de distanciamiento social.

               (20)La crisis de la COVID-19 podría exacerbar una vez más la situación social de amplios sectores de la población e incrementar la desigualdad de ingresos. Antes del estallido de la pandemia, la proporción de la población griega en riesgo de pobreza o exclusión social seguía figurando entre las mayores de la UE, siendo el riesgo más elevado entre los menores y las personas en edad de trabajar que entre las personas de más edad. La pobreza de los ocupados, el acceso a una vivienda asequible y la pobreza energética son también importantes motivos de preocupación. Con el fin de mitigar el impacto de la crisis, será esencial proporcionar ingresos sustitutivos adecuados a todos los trabajadores por cuenta propia y ajena perjudicados, incluidos aquellos que se ven afectados por las lagunas de acceso a la protección social. Asimismo, será primordial apoyar a las personas más vulnerables, incluidas las personas inactivas y los trabajadores no declarados, mediante el refuerzo de las redes de seguridad social. Al aumentar el número de personas que probablemente volverán a necesitar el amparo de las redes básicas de seguridad, será importante mejorar la adecuación del subsidio de renta mínima. Es imprescindible que los grupos más desfavorecidos y vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los refugiados y los solicitantes de asilo, tengan acceso general a los servicios sociales. Por otra parte, los servicios de asistencia de larga duración no están suficientemente desarrollados. Grecia también debe promover en mayor medida el acceso a viviendas asequibles, especialmente de los hogares en riesgo de pobreza, por ejemplo mediante la introducción de un régimen de ayuda a los propietarios vulnerables de viviendas que deban hacer frente a una hipoteca.

               (21)La crisis de la COVID-19 ha interrumpido la evolución positiva del mercado de trabajo observada en los últimos años, y se prevé que el desempleo vuelva a subir. Con vistas a respaldar una sólida recuperación del empleo después de la crisis, Grecia debe finalizar las reformas para aumentar la eficacia de las políticas destinadas a la integración laboral de las personas, en particular a través de programas de formación. Será esencial aumentar la capacidad del servicio público de empleo para prestar apoyo continuo e individualizado a los solicitantes de empleo. Grecia ha de prestar especial atención a los jóvenes y las mujeres, que se ven más afectados por la falta de oportunidades de empleo. También es posible mejorar el diálogo social, fomentando la participación activa y fructífera de los agentes sociales en la elaboración de las políticas, y en concreto en el diseño y la aplicación de medidas para hacer frente a las repercusiones de la crisis de la COVID-19. El Gobierno debe centrar sus esfuerzos en la mejora de las competencias básicas del conjunto de la población. Será esencial corregir los malos resultados educativos, modernizar la educación y formación profesionales y desarrollar el aprendizaje de adultos. A fin de reducir la inadecuación de las cualificaciones y acelerar la recuperación del mercado de trabajo, es crucial aumentar la calidad de la educación y la formación y su pertinencia para el mercado de trabajo.

               (22)Una de las prioridades del Gobierno desde que comenzó a tomar medidas en respuesta a la pandemia de COVID-19 ha sido, muy acertadamente, aportar liquidez sostenible, incluido capital circulante, a las empresas afectadas, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las microempresas, sobre todo a través de préstamos y garantías. Con arreglo al marco temporal aplicable a las ayudas estatales, Grecia ha establecido tres regímenes encaminados a aumentar el capital líquido de las empresas, a saber: i) un régimen que cubre los pagos de anticipos reembolsables; ii) un régimen de garantías en efectivo para cubrir los préstamos bancarios; y iii) un régimen de bonificación de intereses respecto de los préstamos corrientes. Es importante que, en este proceso, el sector bancario, con el apoyo de las autoridades, desempeñe su función de intermediario y mantenga el flujo de crédito necesario, basándose en una evaluación adecuada del riesgo de crédito y criterios de concesión prudentes, y que paralelamente informe con precisión de cualquier deterioro de la calidad de los activos. Respaldar la capacidad del sector bancario para ofrecer soluciones sostenibles de reestructuración de la deuda a los prestatarios viables afectados por la crisis no solo será crucial para preservar la calidad de los activos, sino que también impulsará la recuperación económica.

               (23)Con vistas a impulsar la recuperación económica, será importante adelantar la realización de los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, en particular mediante las reformas pertinentes. El aumento de las inversiones generadoras de crecimiento en los sectores prioritarios contribuirá a sustentar el crecimiento a largo plazo y a reducir las disparidades regionales. En 2019, la inversión pública fue inferior a lo planeado en más de un 1 % del PIB, perpetuando los resultados insatisfactorios similares de años anteriores. Las autoridades comenzaron a tomar medidas ante la persistente infraejecución estableciendo un «plan de desarrollo nacional» destinado a reforzar las normas que rigen el desarrollo, la gestión, la financiación y la ejecución de los proyectos subvencionados, así como un plan de acción para mejorar la previsión y el seguimiento de las inversiones públicas. Dado el importante papel que desempeñará la inversión pública a la hora de relanzar la recuperación económica después de la crisis de la COVID-19, es fundamental eliminar cualquier obstáculo administrativo subsistente y crear una reserva de nuevos proyectos. La instauración de un mecanismo específico para la preparación de proyectos podría mejorar y acelerar en mayor medida las inversiones públicas. Una implementación más eficiente de la inversión pública estimularía el crecimiento debido al efecto multiplicador. En el marco de sus esfuerzos para mejorar y racionalizar el gasto público, así como para garantizar un entorno empresarial competitivo, Grecia podría también beneficiarse de una contratación pública más eficiente y sostenible. Para ello sería preciso corregir las deficiencias detectadas, como las licitaciones excesiva e injustificadamente bajas que se observan de manera persistente, mediante medidas legislativas y administrativas adecuadas.

               (24)La revitalización de la economía griega también exigirá que se subsanen algunas deficiencias a largo plazo y que se aprovechen las posibles oportunidades futuras. Entre los sectores con importantes necesidades de inversión figuran el de transporte y logística, en el que es especialmente necesario el apoyo para la seguridad ferroviaria, la seguridad vial y la mejora de los centros intermodales, así como el de la gestión de los residuos sólidos y de las aguas residuales urbanas, que requiere inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La transformación de Grecia en una economía climáticamente neutra requerirá igualmente una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado. Las inversiones previstas —por ejemplo, los proyectos de pequeña escala en el ámbito de la eficiencia energética, las renovaciones de edificios y los proyectos de energías renovables— podrían adelantarse y contribuir a la recuperación económica posterior a la COVID-19. Los trabajos preparatorios con vistas a medidas de recuperación a medio plazo pueden beneficiarse de las inversiones previstas en los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros, las listas de proyectos de interés común y los planes de desarrollo de infraestructuras. Las correspondientes inversiones podrían incluir conexiones transfronterizas para la importación y exportación de electricidad entre Estados miembros vecinos, a fin de garantizar el suministro sostenible de energía a los particulares y empresas en Grecia, y medidas orientadas a la transición justa de las regiones más afectadas por el ambicioso plan de Grecia de abandonar la generación de electricidad a partir de lignito. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Grecia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Grecia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (25)A pesar de algunos avances registrados en los años anteriores, Grecia tiene que actuar con mayor rapidez para mejorar su rendimiento digital, en particular mediante el despliegue de herramientas y servicios digitales en la administración pública, el sistema judicial y las empresas. Para la administración pública y la fase de recuperación será especialmente pertinente mantener el impulso y preservar los logros alcanzados gracias al lanzamiento de una serie de servicios digitales durante la pandemia de COVID-19. Un planteamiento estratégico para acelerar el uso de las tecnologías digitales en todos los sectores económicos, incluida la administración pública, y la interoperabilidad de los distintos sistemas informáticos, en particular la base de datos de vigilancia del mercado, ayudarían a colmar la brecha de productividad con los países de la zona del euro y a aliviar la carga administrativa. Otra de las prioridades consiste en mejorar la disponibilidad de redes de muy alta capacidad y la utilización de internet de muy alta velocidad. En lo que respecta a las competencias digitales, Grecia sigue estando por debajo de la media de la UE, puesto que en 2019 solo el 51 % de las personas de edad comprendida entre los 16 y los 74 años parecía tener al menos competencias digitales básicas, frente a una media del 58 % en la UE. La adquisición de mayores competencias digitales permitirá a toda la población griega acceder por igual a los servicios electrónicos, ayudará a las empresas a hacer un uso eficaz del teletrabajo y las herramientas electrónicas, y contribuirá a que todos los educandos, ya estén en centros de enseñanza o universidades o siguiendo una formación para adultos, participen plenamente en el aprendizaje a distancia. Debe prestarse especial atención a las personas procedentes de entornos desfavorecidos, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, y a las que viven en zonas remotas o rurales.

               (26)Tras finalizar satisfactoriamente en 2018 el programa de asistencia financiera en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Grecia está sujeta a supervisión reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 472/2013.El recurso a la supervisión reforzada para Grecia
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                supone el reconocimiento de que, a medio plazo, Grecia necesita seguir aplicando medidas para hacer frente a las causas potenciales de desequilibrios macroeconómicos y, al mismo tiempo, llevar a cabo reformas estructurales en pro de un crecimiento económico robusto y sostenible. En la reunión del Eurogrupo de 22 de junio de 2018, Grecia asumió el compromiso de proseguir todas las reformas clave adoptadas en el marco del programa hasta que se completen íntegramente. Grecia también se comprometió a aplicar medidas específicas en relación con las políticas fiscales, incluidas las de carácter estructural, el bienestar social, la estabilidad financiera, los mercados de trabajo y de productos, la privatización, el funcionamiento del sistema judicial, la administración pública y la lucha contra la corrupción. Estas reformas estructurales cobran cada día mayor importancia de cara a la labor de Grecia para la reactivación de su economía. Cabe esperar que la correcta aplicación y finalización de estas reformas contribuya de manera significativa a sustentar el crecimiento de Grecia a medio y largo plazo. Grecia está obligada a presentar informes trimestrales sobre los progresos realizados en el cumplimiento de sus compromisos en el marco de la supervisión reforzada, y la presentación de informes favorables a lo largo de seis meses puede allanar el camino para la aplicación de medidas de reducción de la deuda por un valor anual equivalente al 0,7 % del PIB. La liberación de los dos primeros tramos de medidas relacionadas con la deuda y supeditadas al cumplimiento de determinadas políticas, por valor de 970 millones EUR y 767 millones EUR, fue aprobada por el Eurogrupo en abril de 2019 y diciembre de 2019, respectivamente. El sexto informe de supervisión reforzada, en el que se evalúan los avances realizados por Grecia en el cumplimiento de sus compromisos, se publicó el 20 de mayo de 2020.

               (27)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (28)En particular, en la situación actual es fundamental seguir centrándose en la reestructuración bancaria, a fin de preservar la estabilidad financiera y liberar capacidad en el sector bancario para financiar la recuperación económica. La resiliencia del sector bancario se ha incrementado, lo que dio lugar a la supresión de los controles de capitales en septiembre de 2019, pero los riesgos y desafíos heredados del pasado siguen siendo importantes. Entre ellos se incluyen un volumen aún considerable de préstamos dudosos, una situación de capital acorde con los requisitos en la materia, pero abocada a una creciente demanda de capital a corto plazo, así como una baja rentabilidad que depende del crecimiento de los préstamos. En consecuencia, los bancos griegos se encuentran particularmente expuestos al riesgo de aumento de los costes de financiación, así como a un nuevo deterioro de la calidad de los activos debido a la pandemia de COVID-19. Estimular el funcionamiento continuo del mercado secundario de préstamos dudosos, paralelamente a la concesión de nuevos préstamos y a reestructuraciones a largo plazo viables de préstamos, con arreglo a criterios crediticios prudentes, puede desempeñar un papel fundamental a la hora de lograr el doble objetivo de mitigar el impacto de la pandemia sobre la calidad de los activos y de hacer frente al mismo tiempo a las existencias de préstamos dudosos heredadas del pasado. Una reforma del marco jurídico que permita ejecutar sin restricciones las garantías reales de los prestatarios en situación de impago puede constituir un paso esencial en esa dirección.

               (29)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Grecia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (30)La estrecha coordinación de las economías de la unión económica y monetaria es fundamental para que aquellas se recuperen rápidamente de los efectos de la COVID-19. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones políticas del Eurogrupo, Grecia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de esa misma zona.

               (31)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Grecia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Grecia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Grecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (32)A la luz de esa evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020 y su dictamen
                  10
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (33)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que se refieren directamente a los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 son las recomendaciones 1, 2, 3 y 4.

               RECOMIENDA a Grecia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente eficazmente a la pandemia, sostener la economía y apoyar la posterior recuperación. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a alcanzar una situación fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario y garantizar un acceso adecuado y equitativo a la atención sanitaria.

               2.Mitigar los efectos de la crisis en el empleo y sus repercusiones sociales, en particular mediante medidas tales como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y la concesión efectiva de apoyo a la activación.

               3.Desplegar rápidamente medidas para proporcionar liquidez y un flujo continuo de crédito y otras formas de financiación a la economía, prestando particular atención a las pequeñas y medianas empresas más afectadas por la crisis. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Orientar la inversión hacia la transición ecológica y digital, propiciando en particular un sector de transporte y logística seguro y sostenible, una producción y un uso limpios y eficientes de la energía, las infraestructuras medioambientales, la infraestructura digital de muy alta capacidad y las competencias digitales. Mejorar la eficacia y la digitalización de la administración pública y promover la transformación digital de las empresas.

               4.Proseguir y finalizar las reformas en consonancia con los compromisos posteriores al programa asumidos en el Eurogrupo el 22 de junio de 2018, a fin de reanudar una recuperación económica sostenible tras el levantamiento gradual de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 507 final 2.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5), y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        SWD(2020) 507 final 2.

                     (9)

                        Decisión de Ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativa a la activación de una supervisión reforzada para Grecia (DO L 211 de 22.8.2018, p. 1), y Decisión de Ejecución (UE) 2019/338 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, relativa a la prolongación de la supervisión reforzada para Grecia (DO L 60 de 28.2.2019, p. 17).

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 25.9.2020
            COM(2020) 582 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones, en nombre de la Unión Europea, para la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible con el Gobierno de la República de Liberia
            {SWD(2020) 196 final} - {SWD(2020) 197 final}

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

                  La Comisión propone negociar un nuevo Protocolo que responda a las posibilidades y necesidades reales de la flota de los Estados miembros y esté en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  La Unión Europea y el Gobierno de la República de Liberia han celebrado un Acuerdo de colaboración de pesca sostenible (ACPS)
                     1
                   con efecto a partir del 9 de diciembre de 2015
                     2
                  . Su Protocolo de aplicación expirará el 8 de diciembre de 2020. En este Protocolo se fijan las posibilidades de pesca de que dispone la flota de la Unión y la correspondiente contrapartida financiera pagada por la Unión y los armadores.

                  El Protocolo prevé un importe de 357 500 EUR para el primer año, de 325 000 EUR para los años segundo, tercero y cuarto, y de 292 500 EUR para el quinto año, con cargo al presupuesto de la UE, en concepto de compensación financiera por el acceso a las zonas de pesca para un tonelaje de referencia de 6 500 toneladas anuales. Además, los armadores de la UE pagan cánones de autorización basados en los precios fijados en el Protocolo para la cuota asignada. A ello se añaden 1 625 000 EUR al año del presupuesto de la UE para apoyar la política pesquera sectorial de la República de Liberia durante los cinco años de vigencia del Protocolo.

               El ACPS con la República de Liberia ofrece posibilidades de pesca del atún y de especies altamente migratorias para buques de dos Estados miembros de la Unión (España y Francia), y forma parte de una red bien desarrollada de ACPS bilaterales en África occidental y central, concretamente con Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe.

               Los acuerdos de colaboración de pesca sostenible contribuyen a promover los objetivos de la PPC a nivel internacional, garantizando que las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud del Derecho de la Unión. Además, los ACPS fomentan la cooperación científica entre la UE y sus socios, y promueven la transparencia y la sostenibilidad para una mejor gestión de los recursos pesqueros. Los ACPS fomentan la gobernanza apoyando la supervisión, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras y financiando la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), y contribuyen al desarrollo sostenible del sector pesquero local.

               Los ACPS refuerzan la posición de la Unión Europea como miembro de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), el organismo creado con arreglo al Derecho internacional para la conservación y gestión de especies altamente migratorias en la región.

                  •
                        Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un nuevo Protocolo con la República de Liberia está en consonancia con la acción exterior de la Unión respecto a los países de África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP), en particular con los objetivos de la Unión relativos al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  La base jurídica de la Decisión la proporciona el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en su quinta parte (acción exterior de la Unión), título V (acuerdos internacionales), artículo 218, apartados 3 y 4, donde se establece el procedimiento para la negociación y la celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No procede (competencia exclusiva).

               •Proporcionalidad

                  La Decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

                  La Comisión ha llevado a cabo en 2019-2020 una evaluación ex post del actual Protocolo del ACPS de la UE con Liberia, así como una evaluación ex ante de la posible renovación de dicho Protocolo. Las conclusiones de la evaluación se exponen en un documento de trabajo aparte
                     3
                  .

                  En la evaluación se llegó a la conclusión de que la industria pesquera de la UE (túnidos) está muy interesada en operar en la zona de pesca de Liberia y que la renovación del Protocolo aparece claramente como la opción preferida. La no renovación privaría a la UE de un instrumento capaz de responder a las necesidades de las distintas partes interesadas y a sus propias necesidades en términos de refuerzo de la gobernanza mundial de los océanos en el Atlántico oriental a través del marco multilateral de la CICAA.

                  En el caso de Liberia, la intervención de la UE aporta un valor añadido consistente en unos ingresos asegurados a lo largo de varios años, una plataforma oficial para el diálogo sectorial e intercambios directos para la cooperación con la UE, así como un marco para el seguimiento y el control conjuntos de las actividades de la UE. El ACPS contribuye a la promoción de las prácticas pesqueras responsables y da acceso a una línea presupuestaria específica (apoyo sectorial) para la ayuda financiera a la ejecución de la política pesquera nacional por parte de Liberia.

               •Consultas con las partes interesadas

                  En el contexto de la evaluación, se ha consultado a los Estados miembros, a representantes del sector y a organizaciones internacionales de la sociedad civil, así como al organismo responsable de la pesca de Liberia y a la sociedad civil de este país. También se han celebrado consultas en el marco del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No procede.

               •Evaluación de impacto

                  No procede.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

                  Se ha incluido una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y los principios democráticos en el ACPS.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  Las repercusiones presupuestarias relacionadas con el nuevo Protocolo incluyen el pago de una contribución financiera a Liberia que sea compatible con el actual marco financiero plurianual (MFP), en particular en lo que respecta a las asignaciones a la línea presupuestaria
                     4
                   para ACPS. Los importes anuales para compromisos y pagos se establecen en el procedimiento presupuestario anual, incluida la línea de reserva para propuestas que no hayan entrado en vigor a principios de año.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

               El 23 de mayo de 2017 se notificó a la República de Liberia la posibilidad de ser considerada tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante la Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión
                  5
               , de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Las negociaciones para la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Liberia no empezarán hasta que se revoque la Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  La Comisión recomienda lo siguiente:

                  - que el Consejo autorice a la Comisión a entablar y mantener negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo Protocolo del ACPS con el Gobierno de la República de Liberia;

                  - que se la designe como negociadora de la UE a tal fin;

                  - que la Comisión lleve a cabo las negociaciones con el asesoramiento del comité especial, según lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

                  - que el Consejo apruebe las directrices de negociación adjuntas a la presente Recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones, en nombre de la Unión Europea, para la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible con el Gobierno de la República de Liberia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Deben entablarse negociaciones para la celebración de un nuevo Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Liberia
                  6
               .

               (2)El 23 de mayo de 2017 se notificó a la República de Liberia la posibilidad de ser considerada tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante la Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Las negociaciones para la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Liberia no empezarán hasta que se revoque la Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión
                  7
               .

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un nuevo Protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible con el Gobierno de la República de Liberia.

               La Comisión entablará las negociaciones una vez se haya revocado la Decisión 2017/C 169/12.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo «Política Exterior de Pesca» del Consejo.

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     La Presidenta / El Presidente

                     (1)

                        DO L 177 de 1.7.2016.

                     (2)

                        DO L 328 de 12.12.2015, p. 3.

                     (3)

                        SWD(2020) 196.

                     (4)

                        Véase el capítulo 40 (línea de reserva 40 02 41), en consonancia con el Acuerdo interinstitucional del MFP (2013/C 373/01).

                     (5)

                        (2017/C 169/12), DO 169/11, 30.5.2017, p. 11.

                     (6)

                        Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Liberia(DO L 328 de 12.12.2015, p. 3).

                     (7)

                        Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por la que se cursa una notificación a la República de Liberia sobre la posibilidad de que se la identifique como tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (DO C 169 de 30.5.2017, p. 11).

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 25.9.2020
            COM(2020) 582 final
            ANEXO
            de la Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones, en nombre de la Unión Europea, para la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible con el Gobierno de la República de Liberia
            {SWD(2020) 196 final} - {SWD(2020) 197 final}

               ANEXO

               Directrices para la negociación de un nuevo Protocolo para el Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de Liberia

               El objetivo de estas negociaciones es la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Liberia, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  1
                y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012
                  2
               , relativas a la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común
                  3
               .

               A fin de garantizar, a través de este nuevo Protocolo, el fomento de la pesca sostenible y responsable, los objetivos de negociación de la Comisión se basarán en los siguientes aspectos:

               ·garantizar el acceso a la zona de pesca de la República de Liberia y las autorizaciones necesarias a fin de que los buques de la flota de la Unión Europea puedan llevar a cabo actividades pesqueras en dicha zona;

               ·tomar debidamente en consideración los mejores dictámenes científicos disponibles y los planes de gestión correspondientes adoptados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), a fin de garantizar y mejorar la sostenibilidad medioambiental de unas actividades pesqueras dirigidas exclusivamente a los recursos excedentarios disponibles, teniendo en cuenta la capacidad de pesca de las flotas locales y prestando al mismo tiempo especial atención al carácter compartido de las poblaciones afectadas;

               ·procurar obtener un cupo adecuado de los recursos pesqueros que satisfaga los intereses de las flotas de la Unión, cuando otras flotas extranjeras también estén interesadas en tales recursos;

               ·garantizar que el acceso a las pesquerías se base en la actividad histórica y la actividad futura prevista de la flota de la Unión en la región, a la vista de las mejores y más actualizadas valoraciones científicas disponibles;

               ·proseguir el diálogo para reforzar la política sectorial con vistas a fomentar la aplicación de una política pesquera responsable desde el punto de vista medioambiental y social, conectada con los objetivos de desarrollo del país, en particular en lo que se refiere a la gobernanza, el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades pesqueras y el asesoramiento científico, y teniendo en cuenta los medios de subsistencia y los intereses de las comunidades pesqueras locales;

               ·incluir una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos, los derechos laborales fundamentales y los principios democráticos.

               En particular, el Protocolo debe definir:

               –las posibilidades de pesca, por categoría, que se van a conceder a los buques de la Unión Europea;

               –la contrapartida financiera y las condiciones del pago, y

               –los mecanismos para poner en práctica la ayuda sectorial.

               El 23 de mayo de 2017 se notificó a la República de Liberia la posibilidad de ser considerada tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante la Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión
                  4
               , de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Las negociaciones para la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Liberia, en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, no empezarán hasta que se revoque la Decisión 2017/C 169/12 de la Comisión.

                     (1)

                        Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).

                     (2)

                        https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/129052.pdf

                     (3)

                        Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Reforma de la Política Pesquera Común» [COM(2011) 0417 final].

                     (4)

                        (2017/C 169/12), DO 169/11, 30.5.2017, p. 11.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 25.1.2021
            COM(2020) 697 final/2
            COM(2020) 697 final of 12.11.2020 downgraded on 25.1.2021
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Mongolia sobre indicaciones geográficas

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               La Comisión propone la negociación de un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas entre la Unión Europea (UE) y Mongolia.

               1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

               •Razones y objetivos de la propuesta

               La protección de las indicaciones geográficas de la Unión a nivel internacional es un elemento clave de la política comercial de la UE. La UE negocia la protección de sus indicaciones geográficas mediante acuerdos comerciales o acuerdos autónomos específicos.

               La UE, sus Estados miembros y Mongolia son signatarios del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación (ACC), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017. El artículo 27, apartado 1, de dicho Acuerdo, relativo a la protección de la propiedad intelectual, establece que las Partes convienen en concluir a la mayor brevedad un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas.

               Las indicaciones geográficas son conocidas y están consolidadas en Mongolia, donde veinte indicaciones geográficas están registradas actualmente a nivel nacional a través de legislación específica. La reputación de que goza el país en lo que se refiere a productos tradicionales constituye una oportunidad para obtener beneficios económicos considerables de la utilización de las indicaciones geográficas.

               Esta iniciativa da cumplimiento a la obligación de celebrar un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas que contempla el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Mongolia.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

               La celebración del Acuerdo sobre Indicaciones Geográficas (IG) con Mongolia se inscribe en la estrategia general de la UE de promoción de su política en materia de IG. La iniciativa tiene por objeto proporcionar un elevado nivel de protección directa a una serie de indicaciones geográficas de la UE en Mongolia y a indicaciones geográficas de Mongolia en la UE. La iniciativa brindará una ventaja competitiva a los productores de productos amparados por indicaciones geográficas. En particular, los pequeños productores de Mongolia obtendrán un mejor acceso al gran mercado de la UE. La UE tiene competencia exclusiva en materia de indicaciones geográficas para proporcionar protección a productos agrícolas, como alimentos, vinos aromatizados, vinos y bebidas espirituosas, a escala de la Unión; sin embargo, actualmente no existe un sistema de protección a escala de la UE de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas con Mongolia está en consonancia con las acciones exteriores de la UE y, en particular, con los objetivos de esta en relación con su estrategia de promoción de su política en materia de IG.

               2.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •
                     Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

                  No procede.

               •
                     Consultas con las partes interesadas

                  No procede.

               •
                     Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No procede.

               •
                     Evaluación de impacto

                  No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto de la iniciativa, ya que no existen otras opciones de actuación alternativas. Sin perjuicio de la posibilidad de que Mongolia se adhiera en el futuro al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, del que la UE es miembro, en la actualidad la opción de actuación más adecuada para alcanzar el objetivo que se persigue y aplicar el ACC es la celebración de un acuerdo entre la UE y Mongolia sobre indicaciones geográficas. La hoja de ruta para el «Acuerdo UE-Mongolia sobre indicaciones geográficas» se publicó el 11 de junio de 2019
                     1
                  .

               •
                     Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •
                     Derechos fundamentales

                  No procede.

               3.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

               •Base jurídica

                  La presente iniciativa es competencia exclusiva de la UE en virtud del artículo 207, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que forma parte de la política comercial común, que abarca, entre otras cosas, los «aspectos comerciales de la propiedad intelectual», lo que incluye las indicaciones geográficas.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No aplicable (competencia exclusiva).

               •Proporcionalidad

                  La Decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218 del TFUE.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  El Acuerdo no tendrá ninguna incidencia directa sobre el presupuesto de la UE.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que las negociaciones se inicien en el segundo trimestre de 2021.

               •Documentos explicativos (para las Directivas)

                  No procede.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  La Comisión recomienda que:

                  - El Consejo autorice a la Comisión a entablar y llevar a cabo negociaciones para la celebración de un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas entre la Unión Europea (UE) y Mongolia.

                  - La Comisión sea designada negociadora de la UE a tal fin.

                  - El Consejo apruebe las directrices de negociación adjuntas a la presente Recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Mongolia sobre indicaciones geográficas

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)La Unión Europea, sus Estados miembros y Mongolia son signatarios del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación
                  2
                (ACC), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017.

               (2)El artículo 27, apartado 1, de dicho Acuerdo establece que las Partes convienen en concluir a la mayor brevedad un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas, por lo que, con la celebración allí contemplada de un acuerdo bilateral sobre indicaciones geográficas, se da cumplimiento a esa obligación.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones con Mongolia, en nombre de la Unión, con vistas a la celebración de un acuerdo internacional sobre indicaciones geográficas.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial, que debe insertar el Consejo].

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3719410_es

                     (2)

                        Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Mongolia, por otra (DO L 326 de 9.12.2017, p. 7).

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 25.1.2021
            COM(2020) 697 final/2
            COM(2020) 697 final of 12.11.2020 downgraded on 25.1.2021
            ANEXO
            de la
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Mongolia sobre indicaciones geográficas

               ANEXO

               DIRECTRICES DE NEGOCIACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO ENTRE la Unión Europea y Mongolia sobre indicaciones geográficas

               A. NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO

               El Acuerdo debe contener exclusivamente disposiciones sobre indicaciones geográficas que amparen productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados.

               B. CONTENIDO PROPUESTO DEL ACUERDO

               El Acuerdo debe basarse en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y complementarlo, transcendiendo las normas actuales de los ADPIC con el objetivo de garantizar un nivel más elevado, adecuado y efectivo de protección y observancia de los derechos relativos a las indicaciones geográficas (IG). El Acuerdo debe aspirar a lograr una observancia más eficaz de los derechos relativos a las indicaciones geográficas, en particular en el entorno digital y en las fronteras (incluidas las exportaciones).

               El Acuerdo debe establecer mecanismos de cooperación adecuados entre las Partes en beneficio de su aplicación, así como un diálogo periódico en torno a las IG para promover el intercambio de información sobre los respectivos avances legislativos, el intercambio de experiencias en materia de observancia de la legislación y las consultas en relación con terceros países.

               El Acuerdo debe proporcionar una protección directa y un reconocimiento efectivo, mediante el establecimiento de una lista de IG (vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y productos alimenticios) con un alto nivel de protección sobre la base del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular contra la evocación; establecer un control reforzado de la observancia; contemplar la coexistencia con marcas anteriores de buena fe; brindar protección contra la genericidad posterior y prever disposiciones sobre la inclusión de nuevas indicaciones geográficas. Deberán abordarse cuestiones relativas a derechos individuales anteriores, por ejemplo, respecto a las obtenciones vegetales, las marcas, los usos genéricos u otros usos anteriores legítimos, con el fin de resolver los conflictos existentes de forma equitativa y satisfactoria.

               Todas las IG recogidas en el Acuerdo deben contar con una protección efectiva desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

               Disposiciones institucionales

               El Acuerdo debe crear un comité mixto encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo.

               Lenguas auténticas

               El Acuerdo, que ha de ser igualmente auténtico en todas las lenguas oficiales de la UE, debe incluir una cláusula lingüística a tal efecto.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 518 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Malta

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Malta

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Malta debe velar por la aplicación íntegra y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 y 2 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Malta
                  2
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Malta de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Malta hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 16 de abril de 2019, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019, y, el 30 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé un descenso del superávit global del 2 % del PIB en 2018 al 0,9 % del PIB en 2019, seguido de un incremento marginal hasta el 1,0 % del PIB en 2020 y el 1,1 % del PIB en 2021 y 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un presupuesto equilibrado en términos estructurales) siga superándose durante todo el período del programa. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que el déficit de las Administraciones Públicas en relación al PIB se mantenga por debajo del valor de referencia del Tratado, a saber, el 60 % del PIB, y que vaya disminuyendo gradualmente desde el 46 % del PIB en 2018 hasta aproximadamente el 33 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en las que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,6 % del PIB en 2019 y del 0,8 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Desde un punto de vista global, el Consejo considera que Malta probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de una estrecha supervisión a corto y medio plazo, especialmente ante los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos.

               (7)El incremento del gasto vinculado al envejecimiento de la población representa un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Se prevé que, en comparación con otros países de la UE, el gasto público en los sistemas de pensiones y sanidad relacionado con el envejecimiento de la población aumente de manera significativa, lo que apunta al riesgo de que también aumente el endeudamiento a largo plazo. Hay varias medidas dirigidas a mejorar la adecuación de las pensiones, por ejemplo, mediante el refuerzo de los incentivos para contratar planes de pensiones privados y acceder a regímenes profesionales de jubilación voluntarios. Los esfuerzos que se están realizando han ayudado a aumentar la oferta de mano de obra y prolongar la vida laboral, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de empleo en el caso de las mujeres y los trabajadores de más edad. En 2018, el Gobierno hizo ajustes para incluir las cotizaciones efectuadas tras la edad de jubilación y permitió que los pensionistas menores de 65 años que trabajen por cuenta propia o a tiempo parcial paguen cotizaciones proporcionales a sus ingresos, todo ello con el fin de fomentar la prolongación de la vida laboral. No obstante, está previsto que la edad legal de jubilación, que se va incrementando gradualmente desde los 62 años en la actualidad, no se modifique después de 2027, cuando se sitúe en los 65 años, a pesar de que se espera que la esperanza de vida siga aumentando. El Grupo de Estrategia de Pensiones, creado en 2018, tiene previsto publicar un informe, a más tardar en diciembre de 2020, en el que se recogerán recomendaciones para mejorar la adecuación y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por lo que respecta a la asistencia sanitaria, hay medidas en curso dirigidas a descentralizar servicios de los hospitales a los centros de atención primaria y a mejorar la prestación de servicios de cuidados de larga duración. Los planes actuales para ampliar la capacidad de atención ambulatoria de los hospitales públicos pueden ayudar a reducir los largos tiempos de espera en determinadas especialidades. No obstante, hasta el momento el país no ha usado plenamente otras medidas destinadas a reducir el recurso innecesario a médicos especialistas y reorientar hacia la atención ambulatoria a los pacientes que acuden indebidamente a los servicios de urgencias, lo que impide mejorar la eficiencia del sistema. Con vistas a la descentralización de servicios de los hospitales a los centros de atención primaria, se está aplicando un nuevo concepto para estos centros y se está invirtiendo en la ampliación gradual del uso de la sanidad electrónica. En respuesta al incremento de la demanda de cuidados de larga duración, en 2017-2018 se introdujeron nuevos tipos de servicios comunitarios y a domicilio. A pesar del potencial de las medidas en materia de pensiones y sanidad, aún no se aprecian efectos concretos en la sostenibilidad presupuestaria.

               (8)En la última década, Malta ha experimentado una pronunciada evolución hacia el sector terciario, con un fuerte énfasis en ámbitos con vocación internacional, como los servicios financieros, el turismo y los juegos a distancia. La expansión del sector terciario ha contribuido a alimentar el crecimiento económico y generar un gran superávit de la balanza por cuenta corriente. Paralelamente, la creciente dependencia de sectores considerados vulnerables a los riesgos de integridad financiera plantea retos para el marco de gobernanza y somete a presión las capacidades de supervisión y control del cumplimiento de la normativa. En particular, el tamaño del sector financiero y de los juegos, y los esfuerzos por atraer a los operadores de criptomonedas exigen una ejecución eficaz de las medidas contra el blanqueo de capitales. El reciente aumento de los recursos humanos y presupuestarios de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, así como la mejora de sus procedimientos y procesos, representan un avance positivo en este sentido. Las deficiencias en la gobernanza, en particular en lo referente a la lucha contra la corrupción, también pueden afectar negativamente al entorno empresarial y lastrar la inversión. Existe, sobre todo, un riesgo de conflicto de intereses en varios niveles de gobierno. Además, la unidad policial encargada de los delitos económicos carece en la actualidad de personal suficiente. En vista de este contexto, es importante contar con un marco legislativo más sólido que vaya acompañado de una aplicación oportuna y exhaustiva. Mejorar el marco de gobernanza y garantizar una aplicación eficaz son elementos clave para preservar el atractivo de Malta y proteger la economía frente a los riesgos asociados con la reputación.

               (9)El sector de los seguros está expuesto a los riesgos de la supervisión pasiva, que exige la cooperación entre los supervisores nacionales y externos. A diferencia del sector bancario, las filiales del sector de los seguros están sujetas a la supervisión «en origen», esto es, las aseguradoras registradas en Malta que ejercen actividades en otros países están bajo la supervisión directa de la autoridad reguladora maltesa. No obstante, la capacidad de supervisión todavía no se ha reforzado lo suficiente. Por otra parte, la complejidad de los modelos de negocio y los productos del ámbito de los seguros, con un interés cada vez mayor en la creación y expansión de vehículos de seguros especializados, exige una supervisión rigurosa.

               (10)Se están llevando a cabo reformas destinadas a seguir mejorando la independencia del poder judicial y el sistema judicial. Destacan, en particular, la creación de una nueva fiscalía, independiente del Fiscal General y la policía, como ya recomendó la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho («Comisión de Venecia») del Consejo de Europa en un dictamen sobre Malta adoptado en diciembre de 2018. Por otra parte, un requisito imprescindible para recoger todos los frutos de las inversiones es contar con un marco reforzado de gobernanza en el que las decisiones judiciales y las medidas de lucha contra la corrupción se ejecuten de manera eficaz.

               (11)La proporción de empresas innovadoras sigue a la zaga. Es necesario mejorar los resultados en materia de investigación e innovación mediante estrategias de especialización inteligente, de manera que se contribuya a aumentar la productividad. Malta aún no ha formulado una estrategia de competitividad coherente, global y a largo plazo para que la economía nacional ascienda en la cadena de valor. Dada la especialización de Malta en los servicios de rápido crecimiento y sus aspiraciones en relación con la tecnología de cadena de bloques, es fundamental invertir aún más en las capacidades administrativas y de supervisión. Además, para que Malta obtenga mejores resultados en el ámbito de la innovación, deberán realizarse inversiones adicionales en activos inmateriales, en particular, la investigación y el desarrollo, y será necesario abordar los déficits y carencias de capacidades, así como facilitar los vínculos entre la ciencia y las empresas, todo ello en el marco de una gobernanza más eficaz del sistema de investigación e innovación.

               (12)Malta debe promover la transición hacia una economía más sostenible y eficiente en el uso de los recursos, por ejemplo, invirtiendo en el potencial no explotado en relación con la eficiencia energética y las energías renovables, el ciclo de gestión del agua, la gestión de residuos, la lucha contra el aumento de las emisiones procedentes del aire acondicionado, la acción por el clima y una movilidad sostenible que limite las emisiones del transporte por carretera. Debido a las escasas opciones de transporte y desplazamiento como alternativa a la conducción, así como a la elevada penetración de los automóviles, la congestión vial es uno de los puntos más débiles del entorno empresarial de Malta y sigue siendo un reto de primer orden. Además, durante los últimos cinco años han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera. El porcentaje de energías renovables en la combinación energética ascendió hasta el 7,2 % en 2017, ligeramente por encima del nivel indicativo del 6,5 % para 2017-2018. No obstante, el consumo de energía final de Malta va en continuo aumento. A fin de cumplir los objetivos nacionales en materia de energías renovables y eficiencia energética para 2020, se requieren inversiones adicionales a corto plazo en todos los sectores. Deben adoptarse medidas de financiación de la investigación y el desarrollo o de apoyo a estas actividades con el objetivo de desarrollar tecnologías nuevas o mejoradas que permitan hacer frente a las cuestiones ligadas al medio ambiente y al cambio climático. Los costes medioambientales y sociales del auge de la construcción requieren un seguimiento más estrecho. Sería conveniente aplicar los principios de la economía circular a la eliminación de residuos de la construcción con miras a limitar su impacto medioambiental. Debe prestarse atención a las consecuencias económicas y sociales del incremento de los precios de la vivienda.

               (13)La tasa de empleo en Malta, actualmente superior a la media de la UE, sigue aumentando. Sin embargo, sería beneficioso poner especial énfasis en las personas con discapacidad. La disparidad entre el empleo masculino y el femenino sigue siendo la mayor de la UE, y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye notablemente a partir de los 35 años, en gran medida debido a las responsabilidades familiares. Un mayor apoyo en el mercado de trabajo a los cuidadores no profesionales desempleados podría ayudar a colmar esta laguna. El recurso cada vez mayor a trabajadores extranjeros para subsanar la escasez de mano de obra y cualificaciones es fuente de problemas sociales y de sostenibilidad. En este sentido, la mejora del seguimiento y la evaluación podría ser beneficiosa para las iniciativas políticas en materia de mercado de trabajo, cualificaciones e inclusión social.

               (14)La inversión de Malta en educación y formación es relativamente elevada, pero aún no se ha traducido en mejores resultados para todos. La estrategia de inversión ganaría si se centrara más en corregir las desventajas sociales, a fin de respetar el principio del pilar social relativo a una educación de calidad e integradora. La tasa de abandono escolar prematuro sigue siendo una de las más elevadas de la UE, a pesar de las medidas dirigidas a luchar contra este fenómeno. Si bien las últimas medidas adoptadas también han tratado de mejorar el carácter integrador de la educación superior, los resultados a este nivel todavía están por debajo de la media de la UE y plantean problemas en relación con las competencias. Aunque la participación en el aprendizaje para adultos va en aumento, sigue siendo baja en el caso de las personas poco cualificadas y las inactivas.

               (15)Es fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los sistemas impositivos sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales que complemente la legislación de la UE. Malta ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero el alto nivel de pagos en concepto de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es aprovechada por empresas que practican una planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Malta puede dar lugar a la elusión de impuestos respecto de dichos pagos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. Si bien el régimen maltés de deducción de los intereses teóricos contribuirá a reducir el sesgo en favor del endeudamiento, las normas de este régimen dirigidas a luchar contra las prácticas abusivas, combinadas con una tasa generosa y un régimen basado en valores, merecen un estrecho seguimiento a fin de prevenir todo uso indebido con fines de planificación fiscal abusiva. Aunque el programa para inversores individuales y el programa de residencia y visado malteses no otorguen automáticamente la residencia a efectos fiscales, si se reúnen los requisitos, los ingresos pueden quedar exentos en virtud del régimen «non dom», en caso de que no se transfieran a Malta, sin obligación material de presencia física. Así pues, estos programas pueden facilitar la planificación fiscal abusiva, y la OCDE ha señalado que presentan un riesgo potencialmente elevado de que se aprovechen para eludir el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

               (16)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular, en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe específico
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               . Ello permitiría a Malta hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores identificados.

               (17)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Malta en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Malta, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (18)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima que cabe esperar que Malta cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               RECOMIENDA a Malta que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los sistemas sanitario y de pensiones, en particular mediante la restricción de la jubilación anticipada y el ajuste de la edad legal de jubilación, habida cuenta del aumento previsto de la esperanza de vida.

               2.Revisar los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva por parte de particulares y de multinacionales, en concreto a través de los pagos salientes. Consolidar el marco general de gobernanza, en particular prosiguiendo los esfuerzos dirigidos a detectar y perseguir la corrupción. Seguir progresando en lo que respecta al refuerzo del marco de lucha contra el blanqueo de capitales, especialmente por lo que se refiere a la capacidad de ejecución. Consolidar la independencia del poder judicial, en particular las salvaguardias para los nombramientos y las destituciones judiciales, y crear un servicio fiscal independiente.

               3.Centrar la política económica de inversión en la investigación y la innovación, la gestión de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de los recursos y la energía, el transporte sostenible, la reducción de la congestión del tráfico, y la educación y formación integradoras.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1017 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común a los datos del programa.

                     (6)

                        SWD(2019) 1017 final.