title: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de  16 de noviembre de 2005 , relativa al patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades industriales relacionadas

text:
               9.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 323/57

      RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 16 de noviembre de 2005
   relativa al patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades industriales relacionadas
   (2005/865/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 157,
   Vista la propuesta de la Comisión (1),
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el artículo 151, apartado 4, del Tratado se establece que la Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.

               (2)

               La cinematografía es una forma artística apoyada en un soporte frágil, por lo que para garantizar su conservación se requiere una acción positiva por parte de las autoridades públicas. Las obras cinematográficas constituyen un aspecto esencial de nuestro patrimonio cultural y, por lo tanto, merecen gozar de plena protección.

               (3)

               Además de su valor cultural, las obras cinematográficas son una fuente de información histórica sobre la sociedad europea, y un testigo fundamental para la historia de la riqueza de las identidades culturales de Europa y de la diversidad de sus gentes. Las imágenes cinematográficas son un elemento esencial de aprendizaje sobre el pasado y de reflexión cívica sobre nuestra civilización.

               (4)

               La presente Recomendación tiene por objeto promover una mejor explotación del potencial industrial y cultural del patrimonio cinematográfico europeo mediante el fomento de las políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la conservación y restauración de las obras cinematográficas. El objetivo de las medidas que se recomiendan a continuación es asegurar que se dan las condiciones necesarias para la competitividad de la industria cinematográfica europea y para acelerar el desarrollo de dicha competitividad.

               (5)

               El patrimonio cinematográfico es un importante elemento de la industria cinematográfica y el fomento de su conservación, restauración y explotación puede contribuir a mejorar la competitividad de esta industria.

               (6)

               El desarrollo de la industria cinematográfica europea es de vital importancia para Europa dado su considerable potencial por lo que respecta al acceso a la cultura, al desarrollo económico y a la creación de empleo. Esto no es aplicable sólo a la producción y proyección de películas, sino también a la recopilación, catalogación, conservación y restauración de obras cinematográficas. Las condiciones necesarias para la competitividad de las actividades industriales relacionadas con el patrimonio cinematográfico deben mejorarse, especialmente en lo que se refiere a un mejor uso de los progresos tecnológicos, como por ejemplo la digitalización.

               (7)

               El pleno desarrollo de este potencial requiere la existencia en la Comunidad de una industria cinematográfica próspera e innovadora. A ello puede contribuir la mejora de las condiciones de conservación, restauración y explotación del patrimonio cinematográfico, así como la eliminación de los obstáculos al desarrollo y a la plena competitividad de la industria, en particular mediante la recopilación, catalogación, conservación y restauración del patrimonio cinematográfico y facilitando su acceso para usos pedagógicos, culturales y de investigación, así como otros usos similares no comerciales, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines.

               (8)

               La competitividad general de la industria cinematográfica podrá mejorar con el desarrollo de un entorno que favorezca la cooperación entre los organismos designados, como son los archivos europeos, nacionales o regionales, y los institutos cinematográficos o similares, sobre las cuestiones relativas a la conservación y protección del patrimonio cinematográfico.

               (9)

               En la Resolución del Consejo, de 26 de junio de 2000, relativa a la conservación y promoción del patrimonio cinematográfico europeo (4) se insta a los Estados miembros a cooperar en la restauración y conservación del patrimonio cinematográfico, incluido el recurso a las técnicas de digitalización, a intercambiar las prácticas más idóneas en este ámbito, a fomentar la constitución gradual de una red de bases de datos de los archivos europeos y a estudiar la posibilidad de utilizar las colecciones para usos pedagógicos.

               (10)

               El Convenio europeo para la protección del patrimonio audiovisual establece que cada Parte ha de imponer, a través de medidas legislativas o de otro tipo, el depósito obligatorio del material de imágenes en movimiento que forma parte de su patrimonio audiovisual y haya sido producido o coproducido en su territorio.

               (11)

               En la Comunicación de la Comisión de 26 de septiembre de 2001 sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual (5), se examinó la cuestión del depósito legal de las obras audiovisuales a escala nacional o regional como una de las posibles maneras de conservar y proteger el patrimonio audiovisual europeo, y se analizó pormenorizadamente la situación en lo que se refiere al depósito de las obras cinematográficas en los Estados miembros.

               (12)

               En el Consejo «Cultura/audiovisual» de 5 de noviembre de 2001, el Presidente del Consejo observó que éste había acogido favorablemente el contenido de la Comunicación de la Comisión.

               (13)

               En su Resolución de 2 de julio de 2002 (6) sobre la Comunicación de la Comisión, el Parlamento Europeo destacó la importancia de la protección del patrimonio cinematográfico y manifestó su apoyo al Convenio europeo para la protección del patrimonio audiovisual, que constituye una importante referencia en una época de intensos cambios tecnológicos. El paso gradual a las tecnologías digitales permitirá una mayor competitividad de la industria cinematográfica europea y contribuirá, a largo plazo, a reducir los costes de catalogación, depósito, conservación y restauración de las obras audiovisuales. Al mismo tiempo, creará nuevas oportunidades de innovación en el ámbito de la protección del patrimonio cinematográfico.

               (14)

               En la Resolución del Consejo de 24 de noviembre de 2003 sobre el depósito de películas en la Unión Europea (7), se instó a los Estados miembros a establecer sistemas eficaces para el depósito y la conservación de las obras cinematográficas que formen parte de su patrimonio audiovisual en los archivos nacionales, las filmotecas o instituciones similares, cuando no existan todavía esos sistemas.

               (15)

               Todos los Estados miembros cuentan ya con sistemas para recopilar y conservar las obras cinematográficas que formen parte de su patrimonio audiovisual. Cuatro de cada cinco sistemas se basan en la obligación legal o contractual de depositar todas las películas, o al menos las que han percibido financiación pública.

               (16)

               Por «material de imágenes en movimiento» se entiende un conjunto de imágenes en movimiento grabadas por cualesquiera medios y sobre cualquier soporte, con o sin sonido, que pueden transmitir una impresión de movimiento.

               (17)

               Por «obra cinematográfica» se entiende el material de imágenes en movimiento, cualquiera que sea su duración, especialmente obras cinematográficas de ficción, dibujos animados y documentales, destinado a su proyección en salas de cine.

               (18)

               Por «obras cinematográficas que formen parte de su patrimonio audiovisual» se entienden las producciones cinematográficas, incluidas las coproducciones con otros Estados miembros y/o terceros países, denominadas así por los Estados miembros o por los organismos designados por éstos, sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Los patrimonios audiovisuales de los Estados miembros considerados en su conjunto constituyen el patrimonio audiovisual europeo.

               (19)

               Para que el patrimonio cinematográfico europeo pueda ser transmitido a las generaciones futuras, ha de ser recopilado, catalogado, conservado y restaurado, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines.

               (20)

               El patrimonio cinematográfico europeo debe estar más accesible para usos pedagógicos, culturales, de investigación y otros usos similares no comerciales, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines.

               (21)

               La cesión de las obras cinematográficas a los organismos de archivo no implica la cesión de los derechos de autor y derechos afines.

               (22)

               En el artículo 5, apartado 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (8), se prevé que los Estados miembros pueden establecer una excepción o limitación en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas accesibles al público o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto.

         TOMAN NOTA DE LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:

               1)

               examinar la posibilidad de exigir a los beneficiarios de financiación de la Unión Europea el depósito, por lo menos en un archivo nacional, de una copia de las películas europeas que hayan obtenido financiación de la Unión Europea;

               2)

               apoyar la cooperación entre los organismos designados;

               3)

               estudiar la financiación de proyectos de investigación en los ámbitos de la conservación de películas a largo plazo y su restauración;

               4)

               promover la normalización europea de la catalogación de películas, con el fin de mejorar la interoperabilidad de las bases de datos, incluso mediante la cofinanciación de los proyectos de normalización y la intensificación de los intercambios de las mejores prácticas, dentro del respeto de la diversidad lingüística;

               5)

               facilitar la negociación de un modelo de contrato a escala europea entre los organismos designados y los titulares de los derechos que estipule las condiciones en las que los organismos designados puedan hacer accesibles al público las obras cinematográficas depositadas;

               6)

               controlar y evaluar hasta qué punto las medidas contempladas en la presente Recomendación funcionan eficazmente, y estudiar la necesidad de adoptar otras medidas,

         RECOMIENDAN A LOS ESTADOS MIEMBROS que mejoren las condiciones de conservación, restauración y explotación del patrimonio cinematográfico y eliminen los obstáculos al desarrollo y a la plena competitividad de la industria cinematográfica europea mediante:

               1)

               el fomento de una mejor explotación del potencial industrial y cultural del patrimonio cinematográfico europeo, mediante medidas de conservación y restauración sistemáticas y el fomento de las políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la conservación y restauración de las obras cinematográficas;

               2)

               la adopción, a más tardar el 16 de noviembre de 2007, de medidas legislativas, administrativas u otras adecuadas, que garanticen que las obras cinematográficas que formen parte de su patrimonio audiovisual sean sistemáticamente recogidas, catalogadas, conservadas y restauradas, de forma que estén accesibles para usos pedagógicos, culturales y de investigación, así como otros usos similares no comerciales, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines;

               3)

               la designación de organismos idóneos encargados de llevar a cabo las tareas de interés público descritas en el punto 2 con independencia y profesionalidad, garantizándoles los mejores recursos técnicos y económicos disponibles;

               4)

               el estímulo a los organismos designados a especificar, mediante un acuerdo o un contrato celebrado con los titulares de los derechos, las condiciones en las que las obras cinematográficas depositadas pueden ser puestas a disposición del público;

               5)

               el estudio, en particular con vistas al fomento del patrimonio cinematográfico, de la posibilidad de crear o prestar apoyo a academias cinematográficas nacionales u organismos similares;

               6)

               la adopción de medidas adecuadas para incrementar el grado de utilización de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías en la recopilación, catalogación, conservación y restauración de las obras cinematográficas;

         Recopilación

               7)

               la recopilación sistemática de las obras cinematográficas que formen parte de su patrimonio audiovisual mediante la obligación legal o contractual de depositar al menos una copia de alta calidad de dichas obras cinematográficas en los organismos designados. Al establecer las condiciones del depósito, los Estados miembros deberían hacer lo necesario para que:

                           a)

                           durante un período transitorio, abarquen las producciones o coproducciones que hayan recibido financiación pública a escala nacional o regional; transcurrido este período transitorio, deben abarcar, en la medida de lo posible, todas las producciones, incluyendo las que no hayan recibido financiación pública;

                           b)

                           las obras cinematográficas depositadas sean de buena calidad técnica, para facilitar su conservación y posible reproducción, y vayan acompañadas de metadatos en un formato normalizado, según proceda;

                           c)

                           el depósito se efectúe cuando la película se ponga a disposición del público o, en cualquier caso, en los dos años siguientes;

         Catalogación y creación de bases de datos

               8)

               la adopción de medidas adecuadas (que pueden conducir finalmente a la creación de un código de archivo de la producción cinematográfica) para promover la catalogación y elaboración de un índice de obras cinematográficas depositadas, y fomentar la creación de bases de datos con información sobre las películas, utilizando normas europeas e internacionales;

               9)

               el fomento de la normalización y la interoperabilidad europea de las bases de datos de filmografía y su disponibilidad para el público, por ejemplo por Internet, en particular mediante la participación activa de los organismos designados;

               10)

               el estudio de la posibilidad de establecer una red de bases de datos que abarquen todo el patrimonio audiovisual europeo en colaboración con las organizaciones pertinentes, particularmente el Consejo de Europa (Eurimages y Observatorio Audiovisual Europeo);

               11)

               la invitación a los organismos de archivo a valorizar las obras depositadas, organizándolas en colecciones a escala europea, por ejemplo por tema, autor y período;

         Conservación

               12)

               la adopción de normativa legal o el empleo de otros métodos, conforme a las prácticas nacionales, para garantizar la conservación de las obras cinematográficas depositadas. Entre las medidas de conservación deberían contarse especialmente las siguientes:

                           a)

                           la reproducción de películas sobre nuevos soportes de almacenamiento;

                           b)

                           la conservación del material necesario para la proyección de obras cinematográficas en diferentes soportes;

         Restauración

               13)

               la introducción de todas las medidas adecuadas con el fin de permitir la reproducción de obras cinematográficas depositadas legalmente a efectos de restauración, y la posibilidad para los titulares de los derechos de beneficiarse del potencial industrial mejorado de su obra gracias a la restauración, sobre la base de un acuerdo entre todas las Partes interesadas;

               14)

               el fomento de proyectos para la restauración de películas antiguas o películas con un gran valor cultural o histórico;

         Hacer que las obras cinematográficas depositadas estén accesibles para usos pedagógicos, culturales y de investigación, así como otros usos similares no comerciales

               15)

               la adopción de las medidas legislativas o administrativas necesarias para que los organismos designados puedan hacer que las obras cinematográficas depositadas estén accesibles al público para usos pedagógicos, culturales y de investigación, así como otros usos similares no comerciales, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines;

               16)

               la adopción de las medidas adecuadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las obras cinematográficas depositadas, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines;

         Formación profesional y alfabetización mediática

               17)

               el fomento de la formación profesional en todos los ámbitos relativos al patrimonio cinematográfico con el fin de estimular una mejor explotación del potencial industrial del patrimonio cinematográfico;

               18)

               el fomento de la utilización del patrimonio cinematográfico como medio para reforzar la dimensión europea en la enseñanza y estimular la diversidad cultural;

               19)

               el estímulo y fomento de la enseñanza visual, los estudios de cine y la alfabetización mediática en todos los niveles educativos, en los programas de formación profesional y en los programas europeos;

               20)

               el fomento de una estrecha cooperación entre productores, distribuidores, exhibidores e institutos cinematográficos con fines pedagógicos, respetando al mismo tiempo los derechos de autor y derechos afines;

         Depósito

               21)

               el estudio del establecimiento de un sistema de depósito voluntario u obligatorio del material siguiente:

                           a)

                           material publicitario y accesorio relativo a las obras cinematográficas que formen parte del patrimonio cinematográfico nacional;

                           b)

                           obras cinematográficas que formen parte del patrimonio audiovisual nacional de otros países;

                           c)

                           material de imágenes en movimiento que no sean obras cinematográficas;

                           d)

                           obras cinematográficas del pasado;

         Cooperación entre los organismos designados

               22)

               el aliento y apoyo a los organismos designados a los efectos de intercambio de información y coordinación de sus actividades nacionales y europeas, con el fin de, por ejemplo:

                           a)

                           garantizar la coherencia de los métodos de recopilación y conservación, así como la interoperabilidad de las bases de datos;

                           b)

                           difundir, por ejemplo en DVD, material de archivo con subtítulos en el mayor número posible de lenguas de la Unión Europea, respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines;

                           c)

                           recopilar una filmografía europea;

                           d)

                           elaborar una norma común para el intercambio electrónico de información;

                           e)

                           producir investigación y proyectos educativos comunes, fomentando al mismo tiempo el desarrollo de redes europeas de escuelas y museos cinematográficos;

         Seguimiento de la presente Recomendación

               23)

               la información a la Comisión cada dos años sobre las medidas que hayan tomado como respuesta a la presente Recomendación.

      Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2005.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         Bach of LUTTERWORTH

      (1)  DO C 123 de 30.4.2004, p. 4.

      (2)  DO C 74 de 23.3.2005, p. 18.

      (3)  Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 24 de octubre de 2005.

      (4)  DO C 193 de 11.7.2000, p. 1.

      (5)  DO C 43 de 16.2.2002, p. 6.

      (6)  DO C 271 E de 12.11.2003, p. 176.

      (7)  DO C 295 de 5.12.2003, p. 5.

      (8)  DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.


Avis juridique important

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32000H0263

2000/263/CE: Recomendación de la Comisión, de 20 de marzo de 2000, por la que se modifica la Recomendación 98/511/CE sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado (Parte 1 - Tarifas de interconexión) [notificada con el número C(2000) 651] (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 083 de 04/04/2000 p. 0030 - 0034

Recomendación de la Comisiónde 20 de marzo de 2000por la que se modifica la Recomendación 98/511/CE sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado (Parte 1 - Tarifas de interconexión)[notificada con el número C(2000) 651](Texto pertinente a efectos del EEE)(2000/263/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 98/61/CE(2) y, en particular, el apartado 5 de su artículo 7,Previa consulta al Comité consultivo creado en virtud del apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones(3), modificada por la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4),Considerando lo siguiente:(1) En el punto 9 de la Recomendación 98/511/CE de la Comisión(5), por la que se modifica la Recomendación 98/195/CE(6), sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado (Parte 1 - Tarifas de interconexión) se establece que dicha Recomendación, y, en particular, las cuotas de interconexión basadas en la "mejor práctica actual" que figuran en el punto 4 y los datos del anexo II, será revisada por la Comisión antes del 31 de julio de 1999, a más tardar, y actualizada si resulta necesario.(2) Como se indica en el Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones(7), en muchos Estados miembros todavía no se aplican sistemas adecuados de contabilidad de costes y, por consiguiente, se considera conveniente actualizar las gamas de precios de la "mejor práctica actual" en esta Recomendación para el año 2000.(3) Si las cuotas de interconexión reflejan los costes, las cuotas de la "mejor práctica actual" orientan a las autoridades nacionales de reglamentación para evaluar las cuotas de interconexión para la terminación de llamadas propuestas por los operadores notificados por su peso significativo en el mercado, a falta de información adecuada sobre la contabilidad de los costes.(4) Es conveniente que en la próxima revisión de la presente Recomendación a finales de 2000, se evalúe, en especial, la necesidad de continuar publicando las cuotas de la "mejor práctica actual" y de mantener la misma metodología.RECOMIENDA:Artículo 1La Recomendación 98/511/CE quedará modificada como sigue:1) El punto 4 bis se sustituirá por el texto siguiente: "4 bis. Sobre la base de los datos que figuran en el anexo II de la presente Recomendación, se recomiendan las siguientes cuotas basadas en la 'mejor práctica actual' como cuotas de interconexión máximas para el período que comienza el 1 de enero de 2000:Cuotas de interconexión basadas en la 'mejor práctica actual'>PIC FILE= "L_2000083ES.003101.EPS">";2) el punto 9, quedará redactado como sigue: "La presente Recomendación, y en particular la necesidad de continuar publicando las cuotas de la 'mejor práctica actual' y manteniendo la misma metodología, será reconsiderada a finales de 2000.";3) el cuadro 1 bis del punto 1 del anexo II se sustituirá por el siguiente: "Cuadro 1 bisTarifas de interconexión para terminación de llamadas (1 de noviembre de 1999)>PIC FILE= "L_2000083ES.003102.EPS">"4) el cuadro que figura en el punto 3 del anexo II se sustituirá por el que figura en el anexo de la presente Recomendación.Artículo 2Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2000.Por la ComisiónErkki LiikanenMiembro de la Comisión(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.(2) DO L 268 de 3.10.1998, p. 37.(3) DO L 192 de 24.7.1990, p. 1.(4) DO L 295 de 29.10.1997, p. 23.(5) DO L 228 de 15.8.1998, p. 30.(6) DO L 73 de 12.3.1998, p. 42.(7) COM (1999) 537.ANEXOCuadroCostes de interconexión detallados de los Estados miembros (1 de noviembre de 1999)>SITIO PARA UN CUADRO>Fuente:Comisión y autoridades nacionales de reglamentación.Notas


title: Recomendación de decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio, de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol)

text:
Aviso jurídico importante

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52007PC0215

Recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio, de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol)  /* COM/2007/0215 final - CNS 2007/0076 */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 25.4.2007COM(2007) 215 final2007/0076 (CNS)Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOsobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio, de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania[1] de 2005, introduce un sistema simplificado para la adhesión de Bulgaria y Rumania a los convenios (y protocolos) concluidos por los Estados miembros sobre la base del artículo 34 TUE (previamente artículo K.3 TUE) o del artículo 293 CE. En efecto, ya no es necesario negociar y concluir protocolos específicos de adhesión a estos convenios (que habrían requerido la ratificación por parte de 27 Estados): el artículo 3, apartado 3, de la ley establece simplemente que Bulgaria y Rumania se adhieren a estos convenios y protocolos en virtud del Acta de adhesión.El artículo 3, apartados 3 y 4, del Acta de adhesión establece que, a tal efecto, el Consejo adoptará una decisión para determinar la fecha de entrada en vigor de dichos Convenios en Bulgaria y Rumania y para hacer todos los ajustes de los convenios necesarios en virtud de la adhesión de los dos nuevos Estados miembros (que incluirían, en cualquier caso, la adopción de los convenios en las lenguas búlgara y rumana, de modo que estas versiones puedan ser «igualmente auténticas»). El Consejo actuará por recomendación de la Comisión, después de consultar al Parlamento Europeo.El anexo I al Acta de adhesión recoge la lista de los siete convenios y protocolos afectados en el área de Justicia e Interior.La lista incluye el Convenio, de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el Protocolo de 24 de julio de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía, el Protocolo de 19 de junio de 1997, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes, el Protocolo de 30 de noviembre de 2000, que modifica, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio, el Protocolo de 28 de noviembre de 2002, que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) y el Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes y el protocolo de 27 de noviembre de 2003, establecido sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), que modifica dicho Convenio.La presente Recomendación de la Comisión con vistas a una Decisión del Consejo tiene por objeto efectuar los ajustes necesarios debido a la adhesión de Bulgaria y Rumania a los convenios y protocolos mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, del Acta de adhesión.2007/0076 (CNS)Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOsobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio, de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado de la Unión Europea,Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumania,Vista el Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania (en lo sucesivo el «Acta de adhesión») y en especial su artículo 3, apartado 4),Vista la recomendación de la Comisión[2],Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],Considerando lo siguiente:1.  El Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) (en lo sucesivo, «Convenio Europol») se firmó en Bruselas el 26 de julio de 1995 y entró en vigor 1 de octubre de 1998.2.  El Convenio Europol fue complementado por dos Protocolos firmados el 24 de julio de 1996 y el 19 de junio de 1997 que entraron en vigor el 29 de diciembre de 1998 y el 1 de julio de 1999[4] respectivamente.3.  El Convenio Europol fue modificado por otros tres protocolos firmados el 30 de noviembre de 2000[5], el 28 de noviembre de 2002[6] y el 27 de noviembre de 2003[7], que entrarán en vigor noventa días después de la fecha en que realice la notificación el Estado, miembro de la Unión Europea en la fecha en la que el Consejo adopte el acto por el que se celebra el Protocolo, que proceda en último lugar a dicha formalidad.4.  El Convenio Europol entró en vigor en la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia tras su adhesión a la Unión Europea.5.  El artículo 3, apartado 3, del Acta de adhesión establece que Bulgaria y Rumania se adhieren a los convenios y protocolos concluidos entre los Estados miembros y relacionados en el Anexo I del Acta de adhesión, entre los que figura el Convenio Europol y los Protocolos de 24 de julio de 1996, 19 de junio de 1997, 30 de noviembre de 2000, 28 de noviembre de 2002 y 27 de noviembre de 2003. Éstos deben entrar en vigor respecto a Bulgaria y Rumania en la fecha fijada por el Consejo.6.  De conformidad con el artículo 3, apartado 4 del Acta de adhesión, el Consejo debe hacer todos los ajustes requeridos en virtud de la adhesión a dichos convenios y protocolos.DECIDE:ArtículoEl Convenio Europol y los Protocolos de 24 de julio de 1996 y 19 de junio de 1997, entrarán en vigor para Bulgaria y Rumania el primer día del primer mes siguiente a la fecha de adopción de la presente Decisión.Artículo 2Los Protocolos de 30 de noviembre de 2000, 28 de noviembre de 2002 y 27 de noviembre de 2003 entrarán en vigor para Bulgaria y Rumania en la fecha de entrada en vigor de dichos Protocolos.Artículo 3Los textos búlgaro y rumano del Convenio Europol y de los Protocolos de 24 de julio de 1996, 19 de junio de 1997, 30 de noviembre de 2000, 28 de noviembre de 2002 y 27 de noviembre de 2003 en anexo a la presente Decisión, serán auténticos en las mismas condiciones que los demás textos del Convenio Europol y de los Protocolos de 24 de julio de 1996, 19 de junio de 1997, 30 de noviembre de 2000, 28 de noviembre de 2002 y 27 de noviembre de 2003.Artículo 4La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Hecho en Bruselas,Por el ConsejoEl PresidenteANEXO Texto del Convenio Europol y de los Protocolos de 24 de julio de 1996, 19 de junio de 1997, 30 de noviembre de 2000, 28 de noviembre de 2002 y 27 de noviembre de 2003 en las lenguas búlgara y rumana..[1] DO L 157 de 2005, p. 203.[2] DO C […] de […], p. […].[3] DO C […] de […], p. […].[4] El Protocolo de 24 de julio de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Europol) (DO C 299, 9.10.1996, p. 2); el Protocolo de 19 de junio de 1997, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes (DO C 221, 19.7.1997, p. 2).[5] DO C 358 de 13.12.2000, p. 2.[6] DO C 312 de 16.12.2002, p. 2.[7] DO C 2 de 6.1.2004, p. 3.


title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Italia

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/61

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Italia
   (2015/C 272/16)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas. La estrategia se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3). Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo nacionales.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Italia y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Italia actualizado. El 28 de noviembre de 2014, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia para 2015.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para fomentar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Italia. En él se evaluaron los avances realizados por Italia de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos que requieren medidas decisivas y un seguimiento específico. En particular, es fundamental atajar la causa subyacente de la persistente baja productividad laboral y el reducido nivel de competitividad, así como situar la deuda pública en una trayectoria descendente. En particular, es muy necesario adoptar medidas para reducir el riesgo de efectos adversos sobre la economía italiana y, dado su tamaño, sobre la unión económica y monetaria en general.

               (7)

               El 28 de abril de 2015, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Estabilidad de 2015. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               Italia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, así como sujeta a la norma transitoria en materia de deuda para 2013-2015. El 27 de febrero de 2015, la Comisión publicó un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE, indicando que no se esperaba que Italia progresara lo suficiente hacia el cumplimiento de la norma en materia de deuda en 2014-2015. El análisis llegaba a la conclusión de que el criterio de deuda debía considerarse cumplido en ese momento.

               (9)

               El 30 de abril de 2015, pasada la fecha límite de las previsiones económicas de primavera, el Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional la no indexación temporal de las pensiones más altas en 2012-2013. El 18 de mayo de 2015, el Gobierno adoptó un Decreto-Ley en respuesta a esa resolución y confirmó los objetivos presupuestarios del Programa de Estabilidad. Habida cuenta de esta información, en este momento puede considerarse que las conclusiones del informe de febrero con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE son todavía válidas en líneas generales. La incidencia presupuestaria exacta de dicha resolución dependerá de su aplicación por parte del Gobierno, que está todavía por aclarar. Habida cuenta de la nueva información, puede estar justificado emitir un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE. A falta de este nuevo elemento y en espera de una mayor clarificación, en líneas generales pueden considerarse válidas, por ahora, las conclusiones del informe de febrero.

               (10)

               En su Programa de Estabilidad de 2015, Italia ha solicitado una desviación temporal de 0,4 puntos porcentuales del PIB de la trayectoria de ajuste requerida hacia el objetivo a medio plazo en 2016 para tener en cuenta importantes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La información detallada en que se basan estas reformas se ha fijado en el Programa Nacional de Reformas de 2015 de Italia. Los ámbitos de reforma anunciados en el programa que tienen un impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas son los siguientes: i) administración pública y simplificación; ii) mercados de productos y servicios; iii) mercado laboral; iv) justicia civil; v) educación; vi) desplazamiento de la presión fiscal, y vii) análisis de los gastos como medida de financiación. Las autoridades estiman que el impacto de las reformas sobre el PIB real será de 1,8 puntos porcentuales de aquí a 2020, lo cual parece verosímil. Si se aplican en su totalidad, de forma oportuna y en los plazos previstos, estas reformas tendrán un efecto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. A condición de que el Gobierno adopte en 2015 las medidas necesarias para compensar adecuadamente la incidencia permanente de la citada resolución del Tribunal Constitucional, a fin de garantizar que: i) Italia siga en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento; ii) se conserve un margen de seguridad adecuado con respecto a la referencia de déficit del Tratado, y iii) se alcance el objetivo a medio plazo en el período de cuatro años del Programa de Estabilidad. Puede considerarse actualmente que Italia cumple los requisitos para la desviación temporal que solicita para 2016, siempre que ejecute adecuadamente las reformas acordadas, lo cual será objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo.

               (11)

               El Programa de Estabilidad de 2015 prevé que el déficit global experimente una mejora gradual hasta llegar al 2,6 % del PIB en 2015 y al 1,8 % del PIB en 2016. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé alcanzar a más tardar en 2017 el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales. Sin embargo, el saldo estructural recalculado (6) alcanzará el objetivo a medio plazo en 2018. Parece adecuado situar a más tardar en 2017 la consecución del objetivo a medio plazo, teniendo en cuenta la aplicación de la cláusula de reforma estructural y los compromisos recogidos en el Programa de Estabilidad de 2015.

               (12)

               Se prevé que la ratio de deuda pública sobre el PIB alcance un máximo del 132,5 % en 2015 y disminuya paulatinamente hasta situarse en torno al 120,0 % en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil. El Gobierno tiene pendiente especificar las nuevos recortes de gastos que le permitan evitar la aplicación del aumento legislado del IVA en 2016.

               (13)

               Italia debe mejorar su saldo estructural en un 0,25 % del PIB en 2015. Con arreglo a las previsiones de la Comisión correspondientes a la primavera de 2015, el ajuste estructural previsto hacia el objetivo a medio plazo del 0,3 % del PIB es compatible con las obligaciones que incumben a Italia en virtud del componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En 2016, Italia debe mejorar su saldo estructural como mínimo en un 0,1 % del PIB, teniendo en cuenta la desviación permitida con arreglo a la cláusula de reforma estructural. No obstante, según la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la Comisión muestran un deterioro del PIB del 0,2 %, como consecuencia del cual existe el riesgo de que se produzca alguna desviación. Por tanto, será preciso adoptar nuevas medidas. A tenor de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión correspondientes a la primavera de 2015, el Consejo considera que existe el riesgo de que Italia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (14)

               Pese a su contribución prevista a los esfuerzos de reducción de la deuda, que constituye un desafío de primer orden para Italia, la ejecución del ambicioso programa de privatizaciones presentado por las autoridades italianas ha sufrido retrasos en 2014; como consecuencia de ello, los ingresos procedentes de privatizaciones representaron en 2014 un 0,2 % del PIB, una cifra inferior al objetivo del 0,7 % anual.

               (15)

               A lo largo del pasado año, Italia ha tomado medidas significativas para aliviar la presión impositiva sobre el trabajo, que, no obstante, sigue siendo elevada. El número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, siguen siendo excesivamente elevados. En cuanto a la fiscalidad de la propiedad, solo se ha conseguido avanzar lentamente en la reforma catastral, en la que es particularmente necesario revisar los valores catastrales obsoletos. Por otra parte, no se ha abordado la revisión de la fiscalidad medioambiental ni la supresión de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Italia ha creado un Comité de fiscalidad medioambiental. Estos aspectos están cubiertos por la Ley de habilitación para la reforma fiscal, cuya aplicación, sin embargo, se ha retrasado por falta de decretos legislativos. Pese a algunas medidas en este ámbito, la eficiencia del sistema fiscal italiano también se ve socavada por los niveles persistentemente bajos y costosos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como por la elevada evasión fiscal (estimada por el Gobierno en 91 000 millones EUR anuales, es decir, el 5,6 % del PIB). El Gobierno ha presentado medidas para garantizar la exactitud de las declaraciones fiscales, que ahora es necesario aplicar plenamente.

               (16)

               Solo se han dado pasos limitados para mejorar de forma duradera la eficiencia y la calidad del gasto público en todos los niveles de las administraciones públicas. El ahorro presupuestario establecido por vía legislativa, también a nivel regional y local, no está a la altura de lo que se preveía en el Programa Nacional de Reformas de 2014. El hecho de que la revisión del gasto aún no esté integrada en el procedimiento presupuestario supone un lastre para la eficacia global a largo plazo del ejercicio. La gestión de los fondos de la UE sigue presentando graves deficiencias, en particular en las regiones del sur. Se está elaborando un plan estratégico nacional para los puertos y la logística, pero solo se han tomado medidas parciales para mejorar la gestión de los puertos y sus conexiones con el interior.

               (17)

               La Administración Pública italiana sigue caracterizada por importantes ineficiencias que afectan al entorno empresarial y a la capacidad del país para aplicar reformas de manera efectiva. Se han hecho y siguen haciéndose esfuerzos para mejorar el marco institucional y la calidad global de la administración pública. A más tardar a finales de 2015 está prevista una ambiciosa reforma de la Constitución, destinada, en particular, a clarificar el reparto de responsabilidades entre los distintos niveles de la Administración. Está pendiente una reforma global de la administración pública que aborde, entre otras cosas, la rotación del personal, la movilidad y la compensación. Aunque se han adoptado medidas para fomentar la transparencia y otorgar competencias a la autoridad nacional de lucha contra la corrupción, todavía no se ha llevado a cabo la revisión de las normas de prescripción, considerada también por otras organizaciones internacionales como un pilar de la lucha contra la corrupción en Italia. En los últimos años se han adoptado importantes medidas para mejorar los servicios de Justicia mediante la revisión de la jurisdicción geográfica, la creación de tribunales especializados y la reducción de la demanda de dichos servicios fomentando la solución extrajudicial de los litigios. La duración de los procedimientos judiciales sigue siendo un grave problema, y las reformas emprendidas todavía tienen que dar sus frutos.

               (18)

               Desde finales de 2008, ha aumentado considerablemente la tasa de préstamos fallidos del sector bancario italiano, sobre todo en relación con las exposiciones bancarias frente a empresas. Hasta la fecha, el saneamiento de los activos deteriorados ha sido demasiado reducido y su eliminación ha sido limitada. Ello obedece en parte al escaso desarrollo del mercado privado de deuda morosa en Italia. Recientemente se ha adoptado legislación para abordar las deficiencias en la gobernanza empresarial de las mayores cooperativas de crédito (banche popolari), al tiempo que se ha llegado en abril de 2015 a un acuerdo entre las fundaciones y las autoridades italianas que tiene por objeto, entre otras cosas, la reducción de la influencia de las fundaciones en la gobernanza de los bancos. Actualmente las pequeñas cooperativas de crédito (banche di credito cooperative) preparan una reforma no vinculante de la gobernanza, que posteriormente se incorporará a la legislación. Está justificada una mayor reestructuración y consolidación del sector bancario italiano, a fin de mejorar la eficacia de la mediación financiera y favorecer la recuperación económica.

               (19)

               En diciembre de 2014 se adoptó una extensa Ley de habilitación para la reforma del mercado laboral, la «Ley de empleo», en la línea de reformas anteriores. Dicha Ley incluye, en particular, modificaciones de la legislación de protección del empleo, el régimen de prestaciones por desempleo, la gobernanza y el funcionamiento de las políticas activas y pasivas del mercado laboral, así como la conciliación entre la vida familiar y profesional. La aplicación efectiva de dicha legislación depende esencialmente de la adopción de los necesarios decretos de aplicación. Estos tratan de la utilización de los sistemas de complemento salarial, la revisión de los acuerdos contractuales, la conciliación entre vida familiar y profesional y el refuerzo de las políticas activas del mercado laboral. La negociación de segundo nivel, que puede contribuir a una mejor adecuación de los salarios a la productividad y fomentar la adopción de soluciones innovadoras dentro de las empresas, solo se practica de momento en una minoría de empresas. El acuerdo de enero de 2014, que establece procedimientos para medir la representatividad sindical en el sector industrial, puede contribuir a fomentar la negociación de segundo nivel, pero aún no está operativo. La participación de las mujeres en el mercado laboral aumenta, pero sigue siendo una de las más bajas de la Unión. Además, el desempleo juvenil alcanzó casi el 43 % en el tercer trimestre de 2014, y el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni trabajan ni siguen estudios ni formación es el más elevado de la Unión. Algunas de las causas se encuentran en el sistema educativo, que todavía presenta resultados escolares por debajo de la media de la UE e índices relativamente elevados de abandono escolar prematuro. Transcurridos tres años desde la finalización de la primera y la segunda fase de la educación terciaria, solo tiene un empleo el 54,6 % de las personas de entre 15 y 34 años, frente a una media del 78,6 % en la UE. Italia es uno de los países de la Unión que ha sufrido uno de los mayores aumentos de la pobreza y la exclusión social, con especial incidencia en los niños. Los regímenes de asistencia social siguen fragmentados y no abordan este reto con eficacia, lo que produce importantes ineficiencias de costes.

               (20)

               El correcto funcionamiento de los mercados de productos y servicios todavía se ve obstaculizado por diversas restricciones de la competencia. Se encuentra pendiente en el Parlamento una Ley que aborda determinados obstáculos en diversos sectores. Siguen existiendo obstáculos significativos en ciertos sectores cubiertos por la Ley (servicios jurídicos y farmacias), así como en otros sectores que incluyen los de servicios públicos locales, aeropuertos y puertos, bancos y asistencia sanitaria. La contratación pública sigue presentando carencias significativas, pese a que se utiliza más ampliamente la contratación centralizada. Los servicios públicos locales, que muestran claros indicios de ineficiencia, siguen estando protegidos de la competencia, lo que también incide negativamente sobre las finanzas públicas. Aunque un pequeño porcentaje de contratos se adjudica mediante licitaciones abiertas, para la gran mayoría de contratos se utilizan adjudicaciones internas o procedimientos similares.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión haciendo aportaciones a escala de la UE a las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (22)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (7) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (23)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (24)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. A tenor de este análisis, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas para los Estados miembros cuya moneda es el euro (8). Como país cuya moneda es el euro, Italia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones en los plazos previstos.

         RECOMIENDA que Italia tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.

               Conseguir un ajuste presupuestario hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de al menos el 0,25 % del PIB en 2015 y del 0,1 % del PIB en 2016, mediante la adopción de las medidas estructurales necesarias tanto en 2015 como en 2016, teniendo en cuenta la desviación permitida para la aplicación de reformas estructurales de gran calado. Velar por que la revisión del gasto forme parte integrante del procedimiento presupuestario. Aplicar de forma rápida y completa el programa de privatizaciones, y utilizar los beneficios extraordinarios para seguir tratando de situar la ratio de deuda pública en la adecuada trayectoria descendente. Aplicar la Ley de habilitación para la reforma fiscal antes de septiembre de 2015, en particular la revisión de los gastos fiscales y de los valores catastrales, así como las medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               2.

               Adoptar el plan estratégico nacional previsto en materia de puertos y logística, en particular para ayudar a promover el transporte intermodal mediante mejores conexiones. Garantizar que la Agencia de Cohesión Territorial sea plenamente operativa para mejorar sensiblemente la gestión de los fondos de la UE.

               3.

               Adoptar y aplicar la legislación pendiente destinada a mejorar el marco institucional y a modernizar la administración pública. Revisar las normas de prescripción antes de mediados de 2015. Garantizar que las reformas adoptadas para mejorar la eficacia de la Justicia civil contribuyan a reducir la duración de los procedimientos.

               4.

               Introducir antes del término de 2015 medidas vinculantes para hacer frente a las deficiencias que siguen existiendo en la gobernanza corporativa de los bancos, llevar a cabo la reforma convenida de las fundaciones y adoptar medidas para acelerar la reducción generalizada de los préstamos fallidos.

               5.

               Adoptar los decretos legislativos sobre concepción y utilización de los sistemas de complemento salarial, revisión de los acuerdos contractuales, conciliación entre vida familiar y profesional y refuerzo de las políticas activas del mercado laboral. Promover, tras consultar con los interlocutores sociales y con arreglo a las prácticas nacionales, un marco eficaz de negociación contractual de segundo nivel. Dentro de la labor para combatir el desempleo juvenil, adoptar y aplicar la reforma educativa prevista, así como ampliar la educación terciaria orientada al mundo profesional.

               6.

               Aplicar el programa de simplificación para el período 2015-2017, a fin de aliviar la carga administrativa y reglamentaria. Adoptar medidas para fomentar la competencia en todos los sectores regulados por el Derecho de competencia, así como tomar medidas decididas para eliminar los obstáculos restantes. Garantizar que se modifiquen, a más tardar al término de 2015, los contratos de servicios públicos locales que no cumplan los requisitos sobre adjudicaciones internas.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida por la Decisión 2014/322/EU del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2014 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia, 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 57).

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  El saldo estructural recalculado por la Comisión sobre la base de la información que figura en el Programa de Estabilidad y aplicando la metodología consensuada.

      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (8)  DO C 272 de 18.8.2015, p. 98.


title: Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997, sobre el Programa de estabilidad actualizado de España para el periodo 2001-2005

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Avis juridique important

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31978K0790

Recomendación n° 790/78/CECA de la Comisión, de 19 de abril de 1978, por la que se establece un derecho antidumping definitivo con respecto a los desbastes en rollos para chapas, de hierro o de acero, originarios de Corea del Sur

Diario Oficial n° L 106 de 20/04/1978 p. 0021 - 0023

 /* No existe versión española de este documento, pues no está en la Edición Especial en lengua española del Derecho Derivado. En dicha Edición Especial no se incluyeron los actos que  - no estaban vigentes en la fecha de la Adhesión del Reino de España (01/01/1986),  - dejaron de estar vigentes con motivo de la Adhesión, por ejemplo: algunos acuerdos entre la Comunidad y el Reino de España o la República Portuguesa,  - sólo eran vinculantes para sus destinatarios y, por tanto, la única lengua auténtica era la suya,  - no eran obligatorios,  - no eran suficientemente relevantes,  - fueron derogados durante la elaboración de la Edición Especial.   oknoes86 */


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre de 2007 , al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos del Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/17)

text:
               15.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

   de 29 de noviembre de 2007
   al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos del Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
   (BCE/2007/17)
   (2007/C 304/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante, los «Estatutos del SEBC»), en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales del Eurosistema son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               Con arreglo al artículo 1 de la Decisión 2007/504/CE del Consejo, de 10 de julio de 2007, de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado, relativa a la adopción por Malta de la moneda única el 1 de enero de 2008 (1), Malta cumple las condiciones necesarias para la adopción del euro, y la excepción en su favor a que hace referencia el artículo 4 del Acta de adhesión de 2003 queda derogada con efectos a partir del 1 de enero de 2008.

               (3)

               De acuerdo con el artículo 20 de la Ley del Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en su versión revisada, que entra en vigor el 1 de enero de 2008, los estados financieros anuales del Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta son controlados conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos del SEBC.

               (4)

               El Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ha seleccionado conjuntamente a PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young como auditores externos independientes para el ejercicio de 2008.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young sean nombrados conjuntamente auditores externos del Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta para el ejercicio de 2008.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 29 de noviembre de 2007.

            El presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET

      (1)  DO L 186 de 18.7.2007, p. 32.


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		52013PC0709

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se concede asistencia mutua a Rumanía /* COM/2013/0709 final - 2013/ () */

			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Introducción
Tras el programa conjunto de ayuda
financiera a medio plazo para Rumanía desarrollado por la UE y el FMI, en cuyo
marco la parte europea desembolsó 5 000 millones EUR y el FMI 12 900
millones EUR entre la primavera de 2009 y la primavera de 2011, el 12 de mayo
de 2011 el Consejo de la Unión Europea adoptó una decisión sobre un programa
consecutivo que pondría a disposición de ese país, con carácter preventivo, un
máximo de 1 400 millones EUR en ayuda financiera a medio plazo[1]. El segundo
programa era también un programa conjunto de la UE y el FMI y tenía carácter
preventivo, de modo que ninguna de las partes tuvo que desembolsar fondos.
El 4 de julio de 2013, habida cuenta de
los riesgos que seguían pesando sobre la balanza de pagos, las autoridades
rumanas solicitaron un tercer programa de ayuda financiera a medio plazo de la
UE, vinculado asimismo a un acuerdo de derechos de giro del FMI. Está previsto
que la ayuda de la UE y el FMI tenga también carácter preventivo, de modo que
no se prevén desembolsos efectivos. El 9 de julio, el Comité Económico y
Financiero (CEF) aprobó la solicitud formulada y otorgó a la Comisión un
mandato para negociar un nuevo programa preventivo de la UE y el FMI.
Del 17 al 31 de julio de 2013, los
servicios de la Comisión, acompañados por personal del FMI, realizaron un
misión conjunta de negociación en Bucarest. Se alcanzó un acuerdo sobre las
modalidades y el contenido del nuevo programa. Este seguirá prestando apoyo al
programa económico del Gobierno, encaminado, en particular, a consolidar la
estabilidad macroeconómica, presupuestaria y financiera, aumentar la
resiliencia y el potencial de crecimiento de la economía, mejorar la capacidad
administrativa, reformar la administración tributaria y mejorar la gestión y el
control de las finanzas públicas. El nuevo programa de ayuda de carácter
preventivo tendrá una duración de 24 meses e incluirá una aportación máxima de
2 000 millones EUR de la Unión Europea y de 1 750 millones DEG (unos
2 000 millones EUR) del FMI, en el marco de un acuerdo de derechos de
giro. Además, el Banco Mundial seguirá proporcionando el apoyo que había
comprometido, 891 millones EUR, de los que aún quedan por desembolsar 514
millones.
2. Evolución macroeconómica y perspectivas
Rumanía ha registrado un crecimiento
económico positivo desde 2011. La evolución reciente indica que, en 2013, el
crecimiento será de aproximadamente el 2 %, un porcentaje ligeramente
superior al anunciado en las previsiones de primavera de la Comisión, del
1,6 %. Los excelentes resultados de las exportaciones (sobre todo del
sector de los servicios y la industria del automóvil) y la buena cosecha son
los principales motores del crecimiento. No obstante, estas tendencias
positivas enmascaran la debilidad de la demanda interna, caracterizada por la
atonía del consumo y la reducción de la inversión en el primer semestre de
2013.
De cara al futuro se espera que el
crecimiento se vaya reforzando gradualmente, a medida que comiencen a dar fruto
las reformas estructurales, mejore la absorción de los fondos comunitarios y se
mantenga la solidez de las exportaciones al hilo de la recuperación de la
economía europea. Partiendo de la hipótesis de una cosecha media, en 2014 se
prevé un crecimiento ligeramente superior al 2 %. La demanda interna sería
el principal motor del crecimiento, impulsado por la inversión y el consumo
privado. Se prevé que la contribución de las exportaciones netas sea
ligeramente negativa, pues se espera que las importaciones repunten en 2014 en
el marco de la consolidación de la demanda interna.
En 2009-2011 la inflación, medida por el
IPCA, se mantuvo en Rumanía en un nivel elevado, en torno al 6 %, pero en
2012 se redujo a una media del 3,4 %. No obstante, las presiones al alza
de los precios volvieron a cobrar fuerza hacia finales de 2012 y en el primer
semestre de 2013. Se espera que durante el segundo semestre de 2013 la
inflación se reduzca, gracias al pronunciado descenso de los precios de los
alimentos y la inversión de los efectos de base, hasta situarse por debajo del
3,5 % antes de finales de año, es decir, dentro del objetivo del Banco
Central (2,5 % ± 1 punto porcentual). Se espera una reducción
adicional en 2014.
3.
Finanzas públicas
Rumanía ha saneado su hacienda pública en
los últimos años, reduciendo su déficit presupuestario del 9 % del PIB en
2009 hasta algo menos del 3 % en 2012. Ello permitió al Consejo poner fin,
el 21 de junio de 2013, a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a
ese país. El nuevo programa apoyará la continuación de los esfuerzos de
saneamiento presupuestario del Gobierno rumano con objeto de alcanzar el
objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB en 2015.
Las autoridades mantienen su compromiso con el objetivo de déficit del programa
anterior, el 2,4 % para 2013 según las normas SEC. En 2014 se prevé un
saneamiento adicional, en consonancia con los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC). Sobre la base de los datos actuales, Rumanía
podría alcanzar un déficit del 2 % según las normas SEC, en consonancia
con la actualización de 2013 de su programa de convergencia.
La misión de negociación de julio llegó a
un acuerdo sobre la rectificación presupuestaria de mediados de año, que prevé
algunas modificaciones de los ingresos y gastos, pero mantiene el objetivo del
déficit global para 2013, del 2,3 % según la contabilidad de caja y del
2,4 % según las normas SEC. El presupuesto revisado contempla una
disminución de los ingresos nacionales y reduce las inversiones de capital, las
provisiones para correcciones relacionadas con los fondos de la UE y las
transferencias a otras unidades de la Administración Pública. En relación con
el presupuesto de 2014, las autoridades están estudiando la manera de aumentar
los ingresos, principalmente a través de la ampliación de la base. Por el lado
de los gastos, un desafío importante es la introducción progresiva de la Ley
unificada sobre los salarios acordada en el marco del primer programa.
Una vez logrado la mayor parte del saneamiento
presupuestario requerido, el nuevo programa se centrará en la mejora de la
gobernanza presupuestaria. Su objetivo será mejorar el marco presupuestario
para ajustarlo a los requisitos del Pacto Presupuestario, introducir otras
mejoras en el contenido de la Estrategia Presupuestaria e incrementar la
transparencia del proceso presupuestario. Exigirá mejoras en la presupuestación
de capital anual y a medio plazo, la finalización del sistema de control de los
compromisos (para evitar nuevos atrasos) y mejoras en la administración
tributaria en aras de la eficiencia de la recaudación impositiva.
4. Evolución de los mercados
financieros y del sector bancario
Las condiciones del mercado financiero
han mejorado considerablemente desde el verano de 2012 en un contexto de mejora
de las expectativas del mercado mundial y tras la estabilización de la
situación política nacional hacia finales de año. En líneas generales ha
evolucionado en paralelo a los mercados de la región y ha mantenido una
posición relativamente favorable en el primer semestre de 2013. Los
diferenciales de CDS de la deuda soberana a cinco años de Rumanía disminuyeron
de cerca de 500 puntos básicos en mayo de 2012 a menos de 200 puntos básicos a
principios de enero de 2013, y se han mantenido ligeramente por encima de los
200 puntos básicos desde finales de junio de 2013. Tras registrar pérdidas
sustanciales en mayo de 2012, el índice BET del mercado de valores se fue
recuperando hasta finales de 2012. Desde entonces y hasta principios de septiembre
de 2013, ha experimentado una subida cercana al 10 %, aunque con bruscas
oscilaciones.
A pesar de la tendencia al alza de los
activos deteriorados (la tasa de fallidos alcanzó el 20,3 % en junio de
2013), la capitalización del sector bancario se ha mantenido en niveles
tranquilizadores (el coeficiente de adecuación del capital era del 14,7 %
en junio). Los riesgos asociados al aumento de los préstamos no productivos se
han mitigado gracias a una política prudente de constitución de provisiones para
fallidos, aunque estas siguen lastrando la rentabilidad (el rendimiento del
capital accionarial alcanzó el 6 % en el primer semestre de 2013 tras tres
años de pérdidas). El Banco Central sigue supervisando estrechamente los bancos
cuyas matrices se sitúan en países periféricos de la zona del euro, que han
mantenido unas reservas de capital suficientes. Los efectos indirectos de la
crisis de Chipre se mitigaron mediante el acuerdo para transferir la base de
depósitos locales de la sucursal rumana del Banco de Chipre al Banco Marfin,
filial del Grupo Laiki; el proceso de desapalancamiento de los bancos
extranjeros y la reducción de la financiación de las entidades matrices (-14,6 %
desde diciembre de 2012), aunque globalmente están teniendo lugar de manera
ordenada y en consonancia con la evolución regional, siguen requiriendo toda la
atención del organismo supervisor.
5.
Balanza de pagos y necesidades de financiación exterior
Se espera que Rumanía mantenga el pleno
acceso a los mercados de deuda soberana durante el período del programa
contemplado (24 meses), salvo factores exteriores adversos. Los diferenciales
de CDS registran sus niveles más bajos desde 2010. Se espera que el déficit de
la balanza por cuenta corriente se reduzca de aproximadamente el 4 % del
PIB en 2012 a alrededor del 2 % en 2013, principalmente gracias a una
disminución del déficit comercial.
Conforme al escenario de base, en los dos
próximos años no debería aparecer ningún déficit de financiación exterior o de
la deuda soberana. Sin embargo, Rumanía sigue siendo vulnerable a la
volatilidad del tipo de cambio y los movimientos de capital internacionales. En
un escenario adverso, la financiación por cuenta corriente puede llegar a ser
difícil y el acceso al mercado de deuda soberana podría verse obstaculizado. En
este último caso, una primera línea de defensa sería la reserva de caja del
Tesoro (que cubre aproximadamente las necesidades de financiación de 6 meses)
y, en menor medida, las reservas internacionales del Banco Nacional de Rumanía.
Si Rumanía experimentase dificultades de financiación graves y prolongadas,
podría activarse el programa preventivo y los fondos disponibles (2 000
millones EUR de la UE, desembolsables en sendos tramos de 1 000 millones
EUR y hasta 2 000 millones EUR con cargo al acuerdo de derechos de giro
del FMI) permitirían cubrir los compromisos presupuestarios y de financiación
soberana. El nuevo programa daría también confianza a los mercados financieros
por lo que respecta al compromiso de Rumanía con el ambicioso programa de
reformas económicas.
6. El apoyo de la UE en el marco del
instrumento de balanza de pagos forma parte de un esfuerzo internacional
Teniendo en cuenta las vulnerabilidades y
los riesgos que siguen pesando sobre la balanza de pagos, y sobre la base del
compromiso de las autoridades rumanas de aplicar un programa de ajuste
presupuestario, financiero y estructural, la Comisión, tras haber consultado al
Comité Económico y Financiero (CEF), recomienda al Consejo, el 3 de octubre de
2013, que adopte una Decisión por la que se siga concediendo asistencia mutua a
Rumanía de conformidad con el artículo 143 del Tratado (TFUE). El Gobierno
rumano aplicará su programa económico con el fin de eliminar los puntos
vulnerables restantes y mitigar las amenazas para la sostenibilidad de su
balanza de pagos y desarrollará la capacidad necesaria para diseñar y aplicar
las políticas económicas sin apoyo internacional.
Por otra parte, la Comisión, tras
consultar al Comité Económico y Financiero, propone al Consejo adoptar una
decisión que permita a la UE proporcionar a Rumanía, llegado el caso, hasta
2 000 millones EUR en ayuda financiera a medio plazo para reforzar la
sostenibilidad de su balanza de pagos. La activación
y los desembolsos de la citada ayuda financiera con carácter preventivo podrán
solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2015.
7. Contenido principal del nuevo
programa
La nueva ayuda financiera con carácter
preventivo presta apoyo al programa económico del Gobierno, encaminado, en
particular, a consolidar la estabilidad macroeconómica, presupuestaria y
financiera, aumentar la resiliencia y el potencial de crecimiento de la
economía, mejorar la capacidad administrativa, reformar la administración
tributaria y mejorar la gestión y el control de las finanzas públicas. Las
condiciones específicas de política económica se establecerán en un memorando
de entendimiento que firmarán la Comisión y las autoridades rumanas. En él se
preservarán los logros de los dos programas anteriores y se retomarán las
condiciones que aún no se hayan cumplido del segundo programa.
A: Saneamiento presupuestario
Tras corregir su déficit excesivo, se
espera que, en consonancia con los requisitos del PEC, Rumanía reduzca su saldo
presupuestario estructural hasta su objetivo a medio plazo de un déficit
estructural de las administraciones públicas del 1 % del PIB para 2015, y
que a continuación mantenga ese nivel. Además, el programa seguirá velando por
impedir la acumulación de pagos atrasados tanto en la administración central
como en la local. La masa salarial del sector público no habrá de rebasar los
límites de la sostenibilidad, de modo que se limitarán los niveles de empleo
público y el crecimiento de sus salarios.
B: Gobernanza presupuestaria y reforma
fiscal estructural
Para anclar firmemente el saneamiento
presupuestario, el programa supondrá una consolidación adicional del marco de
gobernanza de las finanzas públicas. La aplicación del Pacto Presupuestario es
fundamental a este respecto, así como las mejoras en la planificación presupuestaria
plurianual, que asegurarán una política fiscal más sostenible.
El Gobierno contará con el apoyo de la
amplia asistencia técnica proporcionada por el FMI y el Banco Mundial en el
ámbito del control y la gestión de las finanzas públicas. La aplicación de un
sistema de control de los compromisos, que se desplegará en varias fases,
contribuirá a garantizar la reducción y el control de los pagos atrasados. En
el sector sanitario, se consolidarán los mecanismos de control presupuestario
mediante la mejora de los marcos de información y seguimiento, en particular
con respecto a los hospitales y el gasto farmacéutico, con objeto de evitar una
nueva acumulación de pagos atrasados. Se reforzará la priorización de las
inversiones públicas, para aumentar el potencial de crecimiento del país.
C: Gestión de la deuda pública
Las autoridades tomarán las medidas
necesarias para mejorar la gestión de la deuda pública, con el fin de reducir
los riesgos y los costes de financiación y aumentar el vencimiento medio de las
emisiones.
D: Regulación y supervisión del sector
financiero
En el sector financiero, las autoridades
deberán seguir mejorando el marco de resolución bancaria y la legislación sobre
el fondo de garantía de depósitos modificando el Decreto 39/1996 y el Decreto
de emergencia 99/2006. Para acelerar el proceso de depuración de balances, el
Banco Nacional de Rumanía (BNR) ha aclarado las disposiciones aplicables a la
amortización de los préstamos con la Asociación Bancaria Rumana y presentará un
análisis exhaustivo de la calidad de los activos del sector bancario. A fin de
seguir desarrollando el mercado de capital y diversificar las fuentes de
financiación de los bancos, las autoridades modificarán la legislación sobre
los bonos garantizados. Mantener la disciplina crediticia y evitar el riesgo
moral entre los deudores contribuye significativamente a aumentar la
estabilidad financiera. Por consiguiente, el Gobierno seguirá absteniéndose de
adoptar iniciativas legislativas (por ejemplo, la Ley sobre insolvencia
personal) y disposiciones en la Ley de cobro de deudas, que puedan minar la
disciplina crediticia. Las autoridades consultarán exhaustivamente a las partes
interesadas pertinentes, teniendo también presente la evaluación de impacto
realizada por el BNR, sobre las nuevas disposiciones referidas a las cláusulas
abusivas incluidas en la normativa de aplicación de la Ley de enjuiciamiento
civil, garantizarán que los asuntos judiciales relacionados con tales cláusulas
sean resueltos por los órganos jurisdiccionales de mayor rango o por un único
tribunal especializado y adoptarán las demás medidas necesarias para garantizar
una aplicación coherente de esas disposiciones. Para reforzar la supervisión
del mercado financiero no bancario y fomentar la protección de los
consumidores, las autoridades garantizarán que la legislación relativa al
organismo de regulación financiera no bancaria, la Autoridad de Supervisión
Financiera (ASF), sea modificada en consonancia con las buenas prácticas
internacionales.
E: Reformas estructurales
Las reformas estructurales tienen por
objeto mejorar el funcionamiento del mercado, aumentar la resiliencia a las
perturbaciones exteriores y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo
de Rumanía. El conjunto de reformas estructurales del presente programa forma
parte de la más amplia serie de medidas previstas en el Programa Nacional de
Reforma de Rumanía y queda cubierto por las recomendaciones específicas
dirigidas a Rumanía en el contexto del Semestre Europeo.
Se intensificará la reestructuración de
las empresas estatales, incluida la privatización, con el fin de reducir los
riesgos para el presupuesto general de los atrasos acumulados y las pérdidas de
explotación, aumentando al mismo tiempo la viabilidad financiera de la mayoría
de las operaciones de esas empresas. Las autoridades tomarán medidas para
reforzar la gobernanza de las empresas estatales, y, en particular, de las del
sector financiero.
En el sector energético se llevarán a
cabo las medidas pendientes acordadas en el marco de los dos programas
anteriores, entre ellas la aplicación de las hojas de ruta para la
liberalización de los mercados del gas y la electricidad.
La mejora del entorno empresarial y la
facilitación del acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas
(PYME) constituye otro pilar importante del conjunto de reformas estructurales
del programa. Este aspira a reducir la carga administrativa que pesa sobre las
PYME, facilitar su acceso al crédito bancario y al capital social, reducir la
inseguridad jurídica mediante la mejora del registro de la propiedad rural y
urbana y prestar apoyo a las PYME en sus estrategias de internacionalización.
Por otra parte, el programa apoya la reforma de los derechos de propiedad
intelectual, en particular en relación con las patentes, a fin de captar
inversión extranjera directa y dirigirla hacia las actividades de investigación
e innovación.
En el ámbito del mercado de trabajo, el
programa impulsa la compleción de la reforma de las pensiones de 2010,
igualando la edad de jubilación de hombres y mujeres.
Además de las amplias series de medidas
anteriormente citadas, destinadas a mejorar la eficacia de la Administración
Pública en las áreas críticas para la aplicación del programa, se solicitará a
las autoridades rumanas que informen semestralmente al Comité Económico y
Financiero (CEF) / Comité de Política Económica (CPE) sobre los progresos
realizados en este ámbito.
F: Política monetaria
La política monetaria tratará de seguir
preservando la estabilidad de precios, con el fin de mantener la inflación
dentro de la banda establecida como objetivo por el Banco Nacional de Rumanía
(2,5 % ± 1 punto porcentual).
Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se concede asistencia mutua a
Rumanía
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 143,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea presentada previa consulta al Comité Económico y Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       Rumanía ha aplicado un
importante programa de reforma desde 2009. Sendos programas centrados en la
balanza de pagos (BP) han permitido a Rumanía corregir en gran medida los
desequilibrios macroeconómicos externos y el Consejo ha derogado el
procedimiento de déficit excesivo el 21 de junio de 2013. Procede proseguir el
saneamiento presupuestario, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, con el fin de alcanzar el objetivo a medio plazo (OMP) en 2015. El
Gobierno ha recuperado su pleno acceso a la financiación del mercado y el tipo
de cambio se ha mantenido relativamente estable desde mediados de 2009.
(2)       Se ha de consolidar la
estabilidad macroeconómica y financiera mediante la aplicación de políticas
prudentes. Las reformas estructurales que se iniciaron en programas anteriores
han de proseguirse y, si procede, ser reforzadas para reducir las
vulnerabilidades y consolidar las bases para la recuperación y el crecimiento
futuros.
(3)       El Consejo supervisa
periódicamente las políticas económicas aplicadas por Rumanía, particularmente
en el marco del examen anual de la actualización del Programa de Convergencia
de Rumanía y de la aplicación del Programa Nacional de Reforma y del examen
periódico de los avances realizados por ese país en el contexto del informe de
convergencia.
(4)       Aunque, según el
escenario de base del programa económico, las necesidades globales brutas de
financiación hasta finales de 2015 están totalmente cubiertas, y el Gobierno
continúa teniendo acceso a la financiación del mercado, los riesgos asociados
al escenario de base justifican la solicitud de Rumanía de una ayuda financiera
de carácter preventivo como continuación de la ayuda concedida en virtud de las
Decisiones 2009/458/CE[2]
y 2011/289/UE[3]
del Consejo.
(5)       Las autoridades rumanas
han solicitado ayuda financiera a la Unión y a otras instituciones financieras
internacionales en apoyo de la sostenibilidad de su balanza de pagos y para
garantizar que sus reservas de divisas puedan mantenerse en un nivel prudente,
incluso en caso de evolución económica adversa.
(6)       A pesar de las mejoras
en su cuenta corriente, Rumanía sigue siendo vulnerable a la volatilidad del
tipo de cambio y los movimientos de capital internacionales. En un escenario
adverso caracterizado por la disminución de la abundante liquidez actual,
podrían producirse situaciones en las que los costes de financiación para
Rumanía aumentaran, posiblemente de manera abrupta. Además, una evolución
adversa de la zona del euro podría provocar el recrudecimiento de las presiones
sobre el sector bancario. Las vulnerabilidades restantes justifican la
concesión de asistencia mutua por parte de la Unión.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo único
La Unión concederá asistencia mutua a
Rumanía.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
DECLARACIÓN DE INCIDENCIA
PRESUPUESTARIA
(véase
el artículo 16 de las normas internas)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: TÍTULO 01 –
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
ACTIVIDAD: OPERACIONES E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
1.           DENOMINACIÓN DE LA
PROPUESTA, LÍNEA PRESUPUESTARIA AFECTADA Y TÍTULO
Propuesta de Decisión del Consejo por la que
se concede una ayuda financiera a medio plazo con carácter preventivo de la UE
a Rumanía en combinación con la Recomendación de Decisión del Consejo por la
que se concede asistencia mutua a Rumanía.
Partida 01 04 01 01 – Garantía de la Unión
Europea sobre los empréstitos de la UE destinados a sostener las balanzas de
pagos.
2.           BASE JURÍDICA:
Artículo 143 del TFUE, Reglamento (CE) nº
332/2002 del Consejo.
3.           DATOS GENERALES DEL
EJERCICIO (EN EUROS)
Esta partida constituye la estructura para la
garantía proporcionada por la Unión Europea, y permitirá a la Comisión atender
el servicio de la deuda (principal, intereses y otros costes) en caso de impago
del deudor (Rumanía).
La partida presupuestaria («p.m.») que
refleja la garantía presupuestaria únicamente se activará en caso de ejecución
de la garantía. En principio, se espera que no habrá que ejecutar la garantía
presupuestaria.
3a – Año en curso
No procede
   ||   || CC
 Crédito inicial del ejercicio (presupuesto) ||   ||
 Transferencias ||   ||
 Crédito adicional ||   ||
 Crédito total ||   ||
 Créditos ya reservados por otro programa de trabajo ||   ||
 Saldo disponible ||   ||
 Importe destinado a la acción propuesta ||   ||
3b – Créditos prorrogados
No procede
   ||   || CC
 Créditos prorrogados ||   ||
 Créditos ya reservados por otro programa de trabajo ||   ||
 Saldo disponible ||   ||
 Importe destinado a la acción propuesta ||   ||
3c – Ejercicio siguiente
No procede
   ||   || CC
 Crédito inicial del ejercicio (presupuesto) ||   || p.m.
 Transferencias ||   ||
 Crédito adicional ||   ||
 Crédito total ||   ||
 Créditos ya reservados por otro programa de trabajo ||   ||
 Saldo disponible ||   ||
 Importe destinado a la acción propuesta ||   || p.m.
4.           DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN
La ayuda financiera a medio plazo con
carácter preventivo de la UE en favor de Rumanía, si se activa, consistirá en
un préstamo de la UE (que habrá de financiarse con empréstitos de la UE en los
mercados internacionales de capitales o en las instituciones financieras) por
un importe máximo de 2 000 millones EUR. Formará parte de un paquete de
financiación internacional, compuesto, particularmente, por un préstamo del FMI
de 1 750 millones DEG (aproximadamente, 2 000 millones EUR) en el
marco de un acuerdo de derechos de giro. El Banco Mundial ha puesto a
disposición 1 000 millones EUR en el marco de un préstamo en apoyo de las
políticas de desarrollo, con una opción de activación diferida. Además, el
Banco Mundial seguirá proporcionando el apoyo que había comprometido, 891
millones EUR, de los que aún quedan por desembolsar 514 millones. La ayuda
financiera a medio plazo con carácter preventivo de la UE en favor de Rumanía
está destinada a abordar los riesgos que siguen amenazando la sostenibilidad de
la balanza de pagos de Rumanía; aunque el déficit de la balanza por cuenta
corriente ha disminuido claramente, la volatilidad de los flujos de capital
supone riesgos para su financiación. La ayuda con carácter preventivo también
sigue prestando apoyo al programa económico del Gobierno, encaminado, en
particular, a consolidar la estabilidad macroeconómica, fiscal y financiera,
mejorar la capacidad administrativa, reformar la administración tributaria,
mejorar la gestión y control de la hacienda pública y aumentar la resiliencia y
el potencial de crecimiento de la economía rumana. Por último, la ayuda
gestionada por la Comisión, en consulta con el Comité Económico y Financiero,
es una forma de alentar que las políticas económicas de Rumanía sean conformes
con los compromisos contraídos por el país en el marco de la UE y con las
recomendaciones del Consejo, especialmente en lo que se refiere a la aplicación
del Programa Nacional de Reforma y del Programa de Convergencia.
Los fondos que obtendría la UE en los
mercados de capitales o en las instituciones financieras para financiar el
préstamo en favor de Rumanía, en caso de solicitud de ese país y evaluación
positiva de dicha solicitud por la Comisión previa consulta al Comité Económico
y Financiero, estarían cubiertos por la garantía de la UE. Los fondos para el
préstamo se obtienen en los mercados de capitales o en las instituciones
financieras. El importe del principal de los préstamos que podrían concederse a
Rumanía está limitado a 2 000 millones EUR.
La estructura de la garantía proporcionada
por la UE permitirá a la Comisión afrontar el servicio de la deuda en caso de
impago por parte de Rumanía.
A fin de cumplir sus obligaciones, la
Comisión podrá recurrir a sus recursos de tesorería para hacer frente
temporalmente al servicio de la deuda. En tal caso será aplicable el artículo
12 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de
2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436/CE, Euratom, relativa al
sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 130 de 31.5.2000,
p. 1).
5.           MÉTODO DE CÁLCULO
ADOPTADO
No procede.
6.           CALENDARIO DE PAGOS (EN
EUROS)
No procede.
 Denominación || Créditos || Pagos
   ||   ||   || Año n || Año n+1 || Año n+2 || Año n+3 || Ejercicios posteriores
   || Año n ||   ||   ||   ||   ||   ||
   || Año n+1 ||   ||   ||   ||   ||   ||
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
   || Año n ||   ||   ||   ||   ||   ||
   || Año n+1 ||   ||   ||   ||   ||   ||
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
   || Total ||   ||   ||   ||   ||   ||
[1]               El primer programa se había establecido en virtud de la
Decisión 2009/459/CE del Consejo y el segundo mediante la Decisión 2001/288/UE
del Consejo.
[2]               DO L 150 de 13.6.2009, p. 6.
[3]               DO L 132 de 12.5.2011, p. 28.