title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Estonia 2020/C 282/06

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/33

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Estonia
      (2020/C 282/06)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Estonia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Estonia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Estonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos, así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Estonia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 30 de abril de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020 el 28 de abril de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Estonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como parte de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (7), el Consejo recomendó a Estonia garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (8) no rebasara el 4,1 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del producto interior bruto (PIB). La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. No obstante, en vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia, no está justificado adoptar nuevas medidas en el marco del procedimiento de desviación significativa.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,1 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 3,8 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 8,4 % en 2019, aumentaría hasta el 21,9 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Estonia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4,3 % del PIB. Las medidas comprenden el refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para empresas en dificultades, subsidios salariales temporales y mayores inversiones públicas. Por otra parte, Estonia ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Esas medidas comprenden garantías de préstamo y préstamos a empresas por un importe equivalente al 8,7 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Estonia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas estonias sería del -8,3 % del PIB en 2020 y el -3,4 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021, y que en ese último año alcance el 22,6 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el déficit público para 2020 será inferior al del Programa de Estabilidad de 2020, lo que refleja las diferencias en las previsiones macroeconómicas.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020 por parte de Estonia. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  Entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, el Gobierno estonio declaró una situación de alarma debido a la pandemia de COVID-19. La respuesta inmediata del Gobierno se dirigía a evitar una mayor propagación del virus y a garantizar que la economía estonia pudiera funcionar con la máxima normalidad posible. Las restricciones para detener la propagación del virus han afectado gravemente a la economía. Desde que se declaró la situación de alarma, el número de personas desempleadas oficialmente inscritas ha aumentado en un 35 %. El mayor número de nuevas personas desempleadas se ha registrado en el sector del comercio minorista y los servicios de atención al cliente, la construcción, la restauración, el sector hotelero y el sector de la gestión de eventos. Se espera que la tasa de desempleo aumente al 9,2 % en 2020 y se recupere en 2021, cuando disminuiría hasta el 6,5 %. El 15 de abril de 2020, el Parlamento estonio aprobó el presupuesto suplementario de 2020. Se introdujeron nuevas medidas destinadas a preservar los puestos de trabajo, evitar los despidos masivos y garantizar la liquidez de las empresas. El presupuesto comprende una amplia gama de medidas, en particular de apoyo al sector sanitario, los municipios y determinados programas de inversión, así como un apoyo a la liquidez no selectivo para las empresas (como sistemas de garantía y aplazamiento de impuestos). Determinadas medidas específicas están diseñadas para las microempresas y el sector turístico, incluidas algunas medidas dirigidas en concreto a las regiones más afectadas. Se han introducido medidas impositivas adicionales, como una reducción temporal de los impuestos especiales sobre el gasóleo, el gas natural y la electricidad. El paquete de medidas prevé una suspensión temporal de las contribuciones estatales al régimen de pensiones del segundo pilar.

                  (17)

                  Estonia ha tomado medidas de calado para contener la propagación y las repercusiones sanitarias de la COVID-19. No obstante, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas deficiencias estructurales en el sistema sanitario relacionadas con la escasez de los recursos financieros y humanos disponibles. La resiliencia del sistema se ha visto socavada por la escasez de personal sanitario, la desigualdad en el acceso a la atención primaria y la disponibilidad de productos médicos críticos. Por otra parte, Estonia se enfrenta al reto de absorber la acumulación de tratamientos aplazados e inaccesibles como consecuencia de la situación de alarma. Además, antes incluso de la pandemia de COVID-19, las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas en Estonia se encontraban entre las más elevadas de la Unión debido a los largos tiempos de espera tanto para la atención primaria como para la especializada. Estos factores y los riesgos relacionados con el estilo de vida contribuyen a explicar el mal estado de salud de la población. La mejora de la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario es una condición previa para garantizar una respuesta eficiente ante pandemias y abordar los retos ligados al estado de salud de la población.

                  (18)

                  Mejorar la adecuación de la red de seguridad social es un desafío de larga data en Estonia. Ya antes de la crisis más reciente, las prestaciones sociales en Estonia se consideraban menos eficaces que la media de la UE para reducir la incidencia de la pobreza. Además, hay deficiencias en la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo para aquellos que ejercen formas de trabajo atípicas o que trabajan por breves períodos. Los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en el empleo y los ingresos, sumados a la falta de cobertura adecuada, podrían aumentar la pobreza, en particular para los hogares sin empleo. Estonia introdujo un régimen de reducción del tiempo de trabajo a modo de subvención especial para que las empresas afectadas mantuvieran los puestos de trabajo. La medida se limita a un período de dos meses, que podría ser insuficiente para mitigar los efectos de la crisis, ya que es posible que las dificultades se prolonguen y que algunos sectores económicos sientan los efectos con retraso. La pandemia de COVID-19 ha agravado las dificultades para proporcionar servicios sociales asequibles y disponibles, en particular servicios de cuidados de larga duración, especialmente para las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes tienen bajos ingresos. Seguir adelante con el plan para desarrollar una oferta integrada de servicios sociales y sanitarios ayudaría a afrontar estos retos. Es importante garantizar la participación significativa y oportuna de los interlocutores sociales en el diseño del proceso de salida y recuperación, al tiempo que se refuerza su capacidad para hacerlo.

                  (19)

                  La crisis de la COVID-19 ha afectado a empresas estonias de muchos sectores, pero son las pequeñas y medianas empresas (pymes) las peor paradas. Las repercusiones negativas para las actividades económicas han venido motivadas no solo por las restricciones, sino también por la caída de la demanda en los mercados de exportación y las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales. Las medidas de apoyo a la liquidez adoptadas por el Gobierno están concebidas para ayudar a mitigar esas repercusiones, pero será fundamental que se apliquen de forma rápida y eficaz para apoyar a las empresas viables de todos los sectores afectados, al tiempo que se apoya la resiliencia del sector bancario. El aplazamiento de impuestos y de créditos también puede contribuir a mejorar la tesorería de las pymes. Además, el proceso de recuperación dependerá del acierto con que se enfoquen las inversiones. La crisis actual ha puesto en evidencia la importancia de las soluciones digitales e innovadoras para mantener la economía en funcionamiento. Aunque la administración electrónica ha funcionado bien, una mayor digitalización de las pymes aumentaría su resiliencia y ayudaría a acelerar la recuperación, además de incrementar la productividad a medio plazo. En los últimos años, la economía en su conjunto se ha ido digitalizando cada vez más. No obstante, hasta el momento, el ritmo de asimilación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector manufacturero ha sido lento. Si bien el rendimiento global de Estonia en materia de innovación mejoró en 2019, el sector empresarial sigue presentando bajos niveles de capacidad y actividad en relación con la innovación basada en la investigación. La innovación basada en la investigación y la introducción de soluciones innovadoras en las empresas podrían mejorar la situación competitiva del país e impulsar el crecimiento económico. A fin de ayudar a las empresas a recuperarse de la crisis de la COVID-19, habrá que garantizar un buen acceso a la financiación, en particular a la financiación mediante fondos propios para las empresas emergentes.

                  (20)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, especialmente a través de reformas pertinentes. Como se refleja en particular en su Plan Nacional de Energía y Clima, el crecimiento sostenible de Estonia depende de los avances hacia la descarbonización mediante la reducción de la intensidad de carbono en el sector de la energía, el transporte y la construcción, la reestructuración de la industria del esquisto bituminoso y la mejora de la productividad de los recursos, incluida la introducción de modelos de negocio de la economía circular. La productividad de los recursos de Estonia es una de las más bajas de la Unión, mientras que los niveles de consumo de energía están por encima de la media de la UE. Contar con una estrategia general sobre economía circular, como complemento al Plan Nacional de Energía y Clima, podría contribuir a la transición hacia la descarbonización, reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente de la industria del esquisto bituminoso e impulsar la economía. Como país periférico con baja densidad de población, un sistema de transporte interconectado y que funcione correctamente resulta fundamental para la actividad económica y las exportaciones de Estonia. La infraestructura de transporte de Estonia presenta algunas deficiencias en términos de conectividad y sostenibilidad. El transporte por ferrocarril y el transporte intermodal siguen estando infradesarrollados. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado en los últimos años, y las energías renovables en el transporte todavía están por debajo de los objetivos nacionales. El proyecto «Rail Baltica» y los proyectos de interconexión energética figuran entre las principales prioridades de inversión de Estonia de cara a mejorar su seguridad y su integración en el mercado interior. Es clave promover los proyectos de inversión que tengan en cuenta la dimensión medioambiental y climática para lograr una recuperación económica sostenible y reducir las disparidades regionales. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Estonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en el ámbito contemplado en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Estonia optimizar el uso de este Fondo.

                  (21)

                  El sector bancario estonio es en general sólido, pero persisten los riesgos de blanqueo de capitales. Aunque se han tomado medidas para limitar la exposición a los riesgos reduciendo los depósitos de no residentes, el análisis nacional de riesgos no contempla otros productos que podrían presentar riesgos, como los servicios de custodia para clientes no residentes. Una actualización del análisis nacional de riesgos garantizaría una identificación adecuada de estos y permitiría poner en marcha las medidas de mitigación necesarias. Si bien se han adoptado medidas de supervisión contra los bancos y las entidades de pago incumplidores, hay margen para mejorar aún más la eficacia de la supervisión y de la aplicación de esas medidas. En particular, aún no se ha adoptado una serie de instrumentos legislativos destinados a reforzar el marco preventivo y el decomiso y a aumentar las sanciones administrativas. Las investigaciones sobre los casos de blanqueo de capitales avanzan con lentitud. Todavía no se ha reforzado lo suficiente la capacidad de la Autoridad de Supervisión Financiera estonia, y sigue sin aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo para la supervisión, en particular cuando se trata de inspecciones temáticas sobre el terreno. Falta proactividad en el intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera y las fuerzas de seguridad.

                  (22)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (23)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Estonia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (24)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Estonia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (25)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Estonia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Estonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (26)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Estonia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario, en particular abordando el problema de la escasez de personal sanitario, reforzando la atención primaria y garantizando el suministro de productos médicos críticos.

                  2.

                  Reforzar la adecuación de la red de seguridad social, especialmente ampliando la cobertura de las prestaciones por desempleo.

                  3.

                  Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la digitalización de las empresas, la investigación y la innovación, la producción y el uso limpios y eficientes de energía, la eficiencia en el uso de los recursos y el transporte sostenible, con miras a propiciar una descarbonización progresiva de la economía. Apoyar la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas y garantizar un acceso suficiente a la financiación.

                  4.

                  Redoblar los esfuerzos para garantizar la supervisión y aplicación efectivas del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 30.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 24.

         (8)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (9)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Irlanda 2020/C 282/07

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/39

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Irlanda
      (2020/C 282/07)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Irlanda fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Irlanda con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Irlanda hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Estos desequilibrios atañen, en particular, a unos volúmenes considerables de deuda pública y privada y de pasivos externos netos.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pidió al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Irlanda a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 21 de abril de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020 el 30 de abril de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Irlanda se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 7,4 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 4,1 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 58,8 % en 2019, aumentaría hasta el 69,1 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Irlanda ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente a aproximadamente el 2,0 % del PIB. Las medidas comprenden ayudas al empleo y en materia de desempleo durante un período de doce semanas (en torno al 1,4 % del PIB) y un gasto adicional dirigido a aumentar la capacidad y la accesibilidad del sistema sanitario (en torno al 0,6 % del PIB). Por otra parte, Irlanda ha anunciado medidas que, sin tener un efecto directo en el presupuesto, contribuirán a proporcionar apoyo a la liquidez de las empresas y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en torno al 0,3 % del PIB. Esas medidas comprenden garantías de créditos y diversos mecanismos de préstamo, la suspensión de intereses y de penalizaciones por determinados retrasos en los pagos por parte de los empleadores, la suspensión de la actividad de ejecución de deudas y aplazamientos de pagos de hasta tres meses en los préstamos a empresas. El 2 de mayo de 2020, el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas de ayuda para empresas por medio de instrumentos de deuda y de capital. Representa aproximadamente el 2 % del PIB y no está recogido en el Programa de Estabilidad de 2020 ni en las previsiones de la Comisión. Globalmente, las medidas tomadas por Irlanda están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, siempre que no se produzca un cambio de políticas, se prevé que el saldo de las administraciones públicas de Irlanda se sitúe en el -5,6 % del PIB en 2020 y en el -2,9 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 66,4 % del PIB en 2020 y el 66,7 % del PIB en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Irlanda del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a Irlanda en el primer semestre de 2020 y ha sometido a su sistema sanitario a una presión extrema. Irlanda introdujo medidas urgentes para reforzar el sistema sanitario, así como medidas de contención, a fin de frenar la pandemia, que han restringido drásticamente la actividad económica en determinados sectores. Además, el Gobierno introdujo una amplia gama de medidas económicas para mitigar en lo posible las consecuencias de la crisis de la COVID-19. Comprendían regímenes de subsidio salarial para proteger el empleo, pagos de prestaciones sociales, prohibiciones temporales de la subida de los alquileres y de los desahucios, así como medidas de apoyo a la liquidez y crediticio. Aunque las medidas tienen por objeto aplacar la perturbación económica de la pandemia, el riesgo de que el país registre importantes pérdidas de producción y numerosos casos de quiebras e insolvencias, así como un aumento del desempleo y de la población en riesgo de pobreza, sigue siendo elevado.

                  (17)

                  Antes de la pandemia de COVID-19, los hospitales ya estaban funcionando casi al máximo de su capacidad, y el porcentaje de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se encontraba entre los más altos de los países de la OCDE. El principal motivo era la falta de acceso universal a la atención primaria y una marcada dependencia de la atención hospitalaria. Debido a los problemas relacionados con la contratación y la retención del personal de enfermería, había escasez de estos trabajadores en determinadas regiones y hospitales. Los servicios de cuidados a domicilio de larga duración apenas satisfacen la demanda y no gozan de un marco legal suficiente, mientras que las políticas incentivan el recurso a los cuidados en instituciones. La COVID-19 ha sometido al sistema sanitario a una presión sin precedentes. Rápidamente se pusieron en marcha medidas de emergencia para aumentar la capacidad hospitalaria y proporcionar servicios sanitarios universales de forma temporal. No obstante, a medio plazo, Irlanda deberá remediar las limitaciones estructurales de su sistema sanitario en términos de eficiencia, flexibilidad, resiliencia y accesibilidad. La ambiciosa reforma de Sláintecare pretende instaurar un sistema sanitario sostenible y accesible a todos. Sin embargo, deben mejorarse los planes para su puesta en marcha por lo que respecta a los hitos, explicando los avances en el acceso a los sistemas públicos de atención primaria durante el período de ejecución hasta que se alcance la cobertura universal. Definir hitos y plazos claros y un marco sólido de seguimiento puede contribuir a la implantación oportuna de la cobertura universal. La puesta en marcha de reformas en el ámbito de los servicios de cuidados de larga duración, incluidos nuevos métodos de trabajo en el seno de la comunidad a través del apoyo a los cuidados a domicilio y la reorganización de los recursos de enfermería, podría requerir un inventario de las instalaciones existentes, previsiones sobre el aumento de la demanda en el futuro y un análisis proporcional de las deficiencias, todo ello seguido de un plan para la concreción de las reformas.

                  (18)

                  En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 7,4 % en 2020 y descienda ligeramente hasta el 7 % en 2021. El Gobierno ha recurrido en gran medida al apoyo a la renta y al empleo para afrontar la pandemia, en particular a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, que deben seguir aplicándose rápidamente. Los regímenes deben revisarse y prorrogarse, en caso necesario, para ayudar a conservar a las personas en los puestos de trabajo o a mantener los ingresos. El número relativamente alto de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral exige esfuerzos adicionales para fomentar estrategias de activación individualizadas. Los retos a los que se enfrenta Irlanda en materia de pobreza, calidad del empleo y apoyo al empleo, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad, no han desaparecido y pueden agravarse debido a la pandemia. En cooperación con los interlocutores sociales, el contexto actual exige que se prosigan los esfuerzos dirigidos al perfeccionamiento y reciclaje profesional a fin de satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de trabajo y preparar a la mano de obra para la transición climática, energética y de la economía circular. Se ha detectado escasez de personal cualificado en el sector de la vivienda, y cabe esperar que surjan otras carencias a medida que avance la transición. En el contexto de la pandemia de COVID-19, es esencial garantizar que la digitalización de la educación y el trabajo no aumente las desigualdades educativas y sociales.

                  (19)

                  El Gobierno ha aplicado diversas medidas de apoyo a la oferta de viviendas que contribuyeron a aumentar el número anual de viviendas terminadas en casi un 57 % en los dos años anteriores a septiembre de 2019. Esas medidas, combinadas con instrumentos macroprudenciales eficaces, parecen haber ayudado a frenar la inflación de los precios de la vivienda. Sin embargo, el número de viviendas terminadas aún es inferior a la demanda. La asequibilidad de la vivienda es un problema para muchos hogares, y la inflación de los alquileres se mantiene elevada. La mejora de las infraestructuras, unida a la ordenación del territorio, podría ser un factor facilitador fundamental para mejorar la oferta de viviendas. Además, la resolución de las deficiencias administrativas en la exacción relativa a los terrenos sin edificar (vacant site levy) podría en última instancia mejorar la asequibilidad de la vivienda a medio plazo. La escasez en la oferta de viviendas sigue siendo un reto importante por lo que respecta a fomentar la inclusión, especialmente para los más vulnerables. Las medidas políticas recientes han acelerado la entrega de viviendas sociales, pero, en junio de 2019, Irlanda aún contaba aproximadamente 68 700 hogares en las listas de espera de viviendas sociales. Hay que redoblar los esfuerzos para cubrir las necesidades de los hogares todavía inscritos en esas listas y de los posibles nuevos solicitantes. De las alrededor de 10 000 personas sin hogar registradas en Irlanda, 3 500 son niños. Es una situación preocupante en cuanto a los posibles riesgos de agravamiento de las desigualdades, de pobreza arraigada y de exclusión social. Las familias monoparentales con niños se encuentran entre los grupos más afectados por el problema de la carencia de hogar. Persisten importantes diferencias regionales y urbanas; así, el 69 % del total de adultos sin hogar se concentra en el área del Gran Dublín.

                  (20)

                  El sistema bancario nacional es una fuente importante de liquidez para las empresas irlandesas. El acceso oportuno a los préstamos puede resultar complicado para las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como para aquellas sin garantías reales o sin relación previa con un prestamista. Las autoridades y los bancos irlandeses han introducido una serie de medidas para paliar las dificultades financieras a las que se enfrentan las empresas y los hogares. Es importante que esas medidas proporcionen la liquidez necesaria y fomenten soluciones de reestructuración para los prestatarios cuyas dificultades financieras estén estrictamente vinculadas a la pandemia y que, por tanto, deberían recuperar la viabilidad tras un período de transición. Solo un enfoque equilibrado como el que se sugiere puede ayudar a las empresas y a los hogares a superar los problemas temporales sin socavar la rentabilidad (ya de por sí débil) y los incipientes progresos realizados por Irlanda en los últimos años en cuanto a la mejora de la estabilidad financiera de su sector bancario. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario.

                  (21)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La reactivación de la economía exige que Irlanda avance en lo referente a sus ambiciosas inversiones en materia de medio ambiente, clima, energía e infraestructuras. Hasta el momento, el país ha ido a la zaga en el proceso de descarbonización. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y los edificios son elevadas y han seguido registrando una tendencia al alza. Irlanda no cumplirá los objetivos de eficiencia energética y energías renovables para 2020. El país depende de las importaciones de energía y es uno de los Estados miembros con los precios más altos de la electricidad, lo que podría afectar negativamente tanto al medio ambiente como a la competitividad de las empresas. La transformación de la economía irlandesa en una economía climáticamente neutra requerirá inversiones públicas y privadas considerables, durante un período prolongado, especialmente en energías renovables, infraestructuras de electricidad, eficiencia energética y transporte sostenible. El Plan de Acción por el Clima constituye una iniciativa creíble para invertir la trayectoria de las emisiones. Se requerirá una aplicación eficaz y continuada de sus políticas y medidas para que la ambición se traduzca en resultados concretos. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Irlanda a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en el territorio contemplado en el anexo D del informe del país de 2020. Ello permitiría a Irlanda garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

                  (22)

                  Los esfuerzos de Irlanda para reducir la brecha de producción entre sus sectores exteriores y nacionales siguen siendo débiles. Destaca positivamente la ayuda directa a través del «Disruptive Technologies Innovation Fund» (Fondo de Innovación en materia de Tecnologías Disruptivas) a efectos de la cooperación entre empresas y centros públicos de investigación, por ejemplo, a través de proyectos de colaboración entre la industria —incluidas las pymes— y los organismos de investigación. Irlanda proporciona un importe relativamente alto de ayudas públicas a las empresas, pero esas ayudas se ofrecen principalmente a través de un sistema de créditos fiscales para la investigación y el desarrollo. Aunque recientemente se han introducido modificaciones en el presupuesto de 2020 que hacen los créditos fiscales más atractivos para las pymes, el sistema tiende a beneficiar a las grandes empresas multinacionales. El marco adoptado por Irlanda en relación con los trabajos del futuro («Future Jobs Ireland») identifica las medidas clave que podrían ayudar a abordar las deficiencias de la economía nacional, especialmente las iniciativas para reforzar la productividad de las empresas nacionales, en particular las pymes. Es importante que esas medidas se apliquen de manera efectiva. La crisis también ha puesto de relieve las necesidades de digitalización de las pymes, en especial por lo que respecta a las soluciones de trabajo a distancia, la formación de los trabajadores y la ciberseguridad. La infraestructura digital es esencial para impulsar la productividad de las pymes y promover el espíritu emprendedor. La banda ancha ultrarrápida solo está disponible para el 5 % de las instalaciones rurales, muy por debajo de la media de la Unión del 29 %; además, Irlanda es uno de los Estados miembros más caros para la banda ancha fija. Ahora que se ha firmado el contrato para una gran inversión pública en el marco del plan nacional para la banda ancha («National Broadband Plan») con el fin de subsanar las deficiencias de la infraestructura es importante que se haga un seguimiento estrecho para garantizar que la implantación de la red de banda ancha ultrarrápida financiada con fondos públicos se lleva a cabo dentro de los plazos fijados, en particular en las zonas rurales.

                  (23)

                  Hacer frente a la planificación fiscal abusiva es fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales, como se reconoce en la Recomendación de 2020 sobre la política económica de la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Con el fin de hacer frente a dichas prácticas, Irlanda ha aplicado iniciativas acordadas a nivel internacional y europeo y ha adoptado determinadas medidas adicionales a nivel nacional. No obstante, el elevado nivel de los pagos de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa tributaria de Irlanda es utilizada por empresas que practican la planificación fiscal abusiva, y será preciso evaluar la eficacia de las medidas nacionales. La ampliación de la base imponible dotaría a los ingresos de mayor resiliencia frente a fluctuaciones económicas y perturbaciones idiosincráticas, además de reforzar el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. La fuerte concentración del impuesto sobre sociedades (las diez principales empresas representan el 45 % de este impuesto), su volatilidad y carácter potencialmente transitorio, así como el hecho de que constituya un porcentaje cada vez mayor del total de ingresos fiscales (siendo el valor máximo registrado el 18,7 % en 2018), subrayan los riesgos que entraña depender en exceso de estos ingresos para la financiación de los gastos corrientes permanentes.

                  (24)

                  A pesar de los esfuerzos para fortalecer su marco de lucha contra el blanqueo de capitales, Irlanda aún se enfrenta a riesgos debido a su economía de vocación internacional, que implica una entrada significativa de inversiones extranjeras directas, y la presencia de complejas estructuras jurídicas con patrocinadores extranjeros. Se ha revisado el análisis nacional de riesgos para reflejar mejor la exposición al riesgo efectiva de los profesionales que intervienen en la prestación de servicios a empresas y fideicomisos. La comprensión inadecuada de la exposición al riesgo por parte de estos profesionales se traduce en un bajo nivel de notificación de las operaciones sospechosas. La intensidad de la supervisión es inadecuada para solucionar estas cuestiones y no se apoya en un enfoque basado en el riesgo, situación que obstaculiza la eficacia del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Se ha creado un registro nacional de titulares reales para las empresas, a fin de limitar el secreto e identificar a dichos titulares. La calidad de la información facilitada y la eficacia del registro deben ser objeto de seguimiento a lo largo del tiempo.

                  (25)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (26)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Irlanda contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (27)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Irlanda debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (28)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Irlanda en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Irlanda, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (29)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (30)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2 y 4.

            RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a alcanzar una situación presupuestaria prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Mejorar la accesibilidad del sistema sanitario y reforzar su resiliencia, en particular atendiendo a las necesidades del personal sanitario y garantizando la cobertura universal en la atención primaria.

                  2.

                  Apoyar el empleo mediante el desarrollo de cualificaciones. Abordar el riesgo de brecha digital, especialmente en el sector de la educación. Aumentar la oferta de viviendas sociales y asequibles.

                  3.

                  Seguir prestando apoyo a las empresas, poniendo énfasis en las pymes, especialmente a través de medidas que garanticen su liquidez. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, el transporte público sostenible, el suministro de agua y su tratamiento, la investigación y la innovación, y las infraestructuras digitales.

                  4.

                  Ampliar la base imponible. Intensificar las medidas dirigidas a abordar las características del sistema tributario que facilitan la planificación fiscal abusiva, en particular en lo referente a los pagos salientes. Garantizar una supervisión y aplicación efectivas del marco de lucha contra el blanqueo de capitales por lo que respecta a los profesionales que prestan servicios a empresas y fideicomisos.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 35.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.