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		52013DC0351

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Bélgica para 2012-2016 /* COM/2013/0351 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Bélgica
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Bélgica para 2012-2016

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una recomendación
sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados
miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010,
una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012,
los jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas,
instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían
emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su
compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6 de julio de 2012,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas
de Bélgica para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad
actualizado de Bélgica para 2011-2015.
(5)       El 28 de noviembre de
2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[6], marcando el inicio
del Semestre Europeo de 2013 para la coordinación de las políticas económicas.
También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento
(UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[7], en el que se
señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un
examen exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer
la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento
y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El 10 de abril de 2013,
la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo[8] referido a Bélgica,
con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Los análisis
realizados llevan a la Comisión a la conclusión de que Bélgica registra
desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento y la adopción de
medidas. En particular, la evolución macroeconómica en lo que respecta a
la competitividad externa de los productos y al endeudamiento, y más concretamente
las implicaciones del elevado nivel de deuda pública para la economía real, son
aspectos a los que conviene seguir prestando atención.
(8)       El 29 de abril de 2013,
Bélgica presentó su Programa de Estabilidad de 2013, que cubre el período
2012-2016, y su Programa Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de tener en
cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)       Partiendo de la
evaluación del Programa de Estabilidad de 2013 realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa
es verosímil. En comparación con las previsiones de la primavera de 2013 de la
Comisión, que apuntan a un crecimiento nulo del PIB en 2013 y del 1,2 % en
2014, es ligeramente más optimista (augurando un 0,2 % y un 1,5 %,
respectivamente). Desde 2010, Bélgica ha aplicado medidas de saneamiento,
especialmente en 2012, y también en 2012 llevó a cabo reformas estructurales
del sistema de pensiones, del sistema de prestaciones por desempleo y de los
mercados de productos. No obstante, el esfuerzo presupuestario realizado no
bastó para atenerse a la recomendación formulada por el Consejo el 2 de
diciembre de 2009 de poner fin a la situación de déficit excesivo. Habida
cuenta asimismo de la recapitalización del grupo bancario Dexia, que tuvo un
impacto negativo cifrado en un 0,8 % del PIB sobre el resultado de
déficit, y de la evolución económica más desfavorable de lo esperado en el
segundo semestre de 2012, Bélgica no ha cumplido el plazo para la corrección
del déficit excesivo. Al no haberse logrado corregir el déficit excesivo en
2012, se prevé ahora que el déficit descenderá por debajo del 3 % del PIB
a partir de 2013. El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa
es alcanzar el equilibrio presupuestario en términos estructurales en 2015 y el
objetivo a medio plazo un año más tarde. El Programa ha modificado el objetivo
a medio plazo, el cual pasa de un superávit del 0,5 % a un superávit del
0,75 % del PIB. El nuevo objetivo a medio plazo se ajusta a los requisitos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa es compatible con el nuevo
plazo fijado en el marco del PDE, a saber 2013, pero, con arreglo a las
previsiones de primavera, el margen de seguridad frente a un incumplimiento del
valor de referencia del Tratado es estrecho, puesto que el déficit proyectado
en 2013 es del 2,9 % del PIB. La progresión anual proyectada hacia el
objetivo a medio plazo, que se prevé alcanzar en 2016, es superior al
0,5 % del PIB (en términos estructurales). Más allá de 2013 no se
especifican medidas de saneamiento. Según la información contenida en el Programa,
se prevé que la tasa de aumento del gasto público, teniendo en cuenta las
medidas discrecionales por el lado de los ingresos, durante el período
2014-2016 contribuirá a un ajuste estructural anual hacia el objetivo a medio
plazo del 0,5 % del PIB. Con arreglo al Programa, el ratio de deuda
alcanzará un punto máximo del 100 % del PIB en 2013 y descenderá después
gradualmente hasta situarse en el 93 % en 2016. Entre 2014 y 2016, Bélgica
puede considerarse en un período de transición en lo que respecta al
cumplimiento del criterio de deuda. Según los planes, al término del período de
transición se cumplirá la pauta fijada en materia de deuda. Sobre la base de
las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión, que apuntan a un ratio
de deuda del 101,4 % en 2013 y a un nuevo aumento del mismo hasta el 102,1 %
del PIB en 2014, suponiendo que se mantenga la misma política, la norma de
reducción de la deuda no se respetará en 2014, lo que indica que la progresión
hacia el objetivo a medio plazo no es suficiente. El Programa no explica de qué
modo se distribuirá el ajuste previsto entre los diferentes niveles de la
administración, un problema al que también se hacía referencia en la
recomendación dirigida específicamente al país el año pasado. Además de un
marco plurianual de carácter normativo aplicable a las administraciones
públicas, es necesario elaborar y aprobar disposiciones explícitas de
coordinación para obtener de las regiones, comunidades y autoridades locales un
compromiso automático más sólido de atenerse a los objetivos presupuestarios, y
hacer cumplir ese compromiso.
(10)     Bélgica se enfrenta ya a
un incremento muy significativo de los gastos ligados al envejecimiento de la
población en el período 2010-2020 (+2,0 puntos porcentuales del PIB), en
particular en concepto de pensiones y ciudades de larga duración. La reforma
del sistema de seguridad social para la tercera edad que se ha iniciado tendrá
previsiblemente una incidencia positiva en el empleo de las personas de más
edad. Con todo, según las previsiones, Bélgica no conseguirá alcanzar el objetivo
de 2020 que fijó para sí misma en este ámbito. Dada la magnitud de la tarea, se
requerirán esfuerzos adicionales para colmar la brecha entre la edad de
jubilación legal y la real. La adopción de medidas para vincular la edad legal
de jubilación a la evolución de la esperanza de vida permitiría preservar la
viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Es preciso hallar un
equilibrio entre la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas y la
necesidad de mantener sistemas de seguridad social adecuados para la tercera
edad. En lo que respecta a los cuidados de larga duración, conviene explorar la
posibilidad de mejorar la eficiencia del gasto público dedicado a tales
servicios y de reducir costes a través de medidas de prevención y rehabilitación
sanitaria y de la creación de mejores condiciones para una vida autónoma,
habida cuenta del coste relativamente elevado de los cuidados en instituciones
que se observa en Bélgica.
(11)     La pérdida de
competitividad a largo plazo de Bélgica se debe a varios factores, entre ellos
el sistema de negociación salarial, las disfunciones de los mercados de insumos
y factores ajenos a los costes que están relacionados con la capacidad de
innovación de la economía. La norma salarial de 1996, cuya finalidad era preservar
la competitividad frente a los principales socios comerciales, no siempre ha
cumplido su función. Las medidas inmediatas tomadas hasta ahora con vistas a
conciliar en mayor medida la evolución salarial con los niveles de
productividad van en la dirección adecuada, pero resultan insuficientes para
asegurar la compatibilidad a largo plazo entre la evolución de los salarios y
de la productividad. Aún es necesario aportar mejoras estructurales al sistema
de negociación salarial, tales como correcciones automáticas en caso de que no
se respete la norma salarial o de que el aumento del «índice-salud» exceda de
los incrementos salariales de los principales socios comerciales. El sistema de
negociación salarial debe garantizar que la evolución de los salarios se ajuste
a la de la productividad a nivel local. Bélgica está especializada en productos
intermedios expuestos a una intensa competencia internacional, lo que hace
difícil que puedan tenerse en cuenta en el precio final las variaciones en los
precios de los insumos. Si bien la pujanza del sistema belga de investigación e
innovación ha contribuido a mitigar el problema de la competitividad de costes,
la actividad de I+D en las empresas sigue estando muy concentrada y se observa
un retraso en su difusión entre las empresas. Se deben reforzar las condiciones
generales para acelerar la transición a una economía con mayor intensidad de
conocimiento, poniendo énfasis en el emprendimiento y facilitando los procesos
empresariales y la formación de capital humano.
(12)     Los precios de la
electricidad, el gas y muchos otros bienes y servicios son más elevados en
Bélgica que en otros Estados miembros, debido a una escasa competencia y a la
existencia de obstáculos estructurales. Los precios en el sector minorista
siguen siendo superiores a la media de la zona del euro y, paralelamente, las
restricciones de que son objeto los servicios profesionales impiden desarrollar
modelos de negocios innovadores y limitan la inversión. Bélgica ha progresado
solo de forma limitada en lo que respecta a la intensificación de la
competencia en las industrias de red y el establecimiento de reguladores
fuertes e independientes sigue estando incompleto. Bélgica registra la segunda
tasa más baja de penetración de la banda ancha móvil en la UE, debido, en gran
parte, a problemas de regulación y coordinación en lo que respecta a la
disponibilidad de espectro. Aunque la mayor frecuencia de cambio de proveedor
por parte de los consumidores ha reducido el dominio del operador energético
histórico en el sector de producción, la competencia en el sector minorista, en
lo que respecta a la electricidad y el gas, y en el sector mayorista, en lo que
respecta a la electricidad, sigue siendo una asignatura pendiente, y los
elevados costes de distribución repercuten desproporcionadamente en los niveles
de los precios netos para los usuarios industriales en comparación con los
países vecinos. La decisión de Bélgica de controlar los precios minoristas de
la electricidad y el gas para los usuarios finales puede perjudicar las
inversiones en capacidad y la entrada en el mercado de nuevos operadores. Las
condiciones de concesión de licencias en el sector postal siguen planteando
problemas. El transporte ferroviario nacional de pasajeros no está abierto a la
competencia y la normativa laboral portuaria no ha sido objeto de
modernización. Dada la trascendencia de todos los sectores antes mencionados
para la competitividad, es urgente adoptar las oportunas medidas.
(13)     El sistema tributario
belga se basa desproporcionadamente en los impuestos directos y adolece de
ciertas lagunas que le restan equidad. Si bien Bélgica ha procurado hasta
cierto punto reducir la presión tributaria global sobre el trabajo, el tipo
impositivo implícito sigue figurando entre los más altos de la UE en lo que
respecta a la mayor parte de categorías de trabajadores. Bélgica sigue siendo
uno de los países en los que la proporción de impuestos medioambientales en el
total de ingresos tributarios es más baja. Es posible simplificar el sistema
tributario y mejorar su eficiencia, en particular reduciendo y racionalizando
los gastos fiscales y eliminando los tipos reducidos del IVA que no se
justifiquen o sean ineficaces.
(14)     Bélgica presenta una
participación en el mercado laboral inferior a la media y que permanece
estancada, así como amplias disparidades en materia de empleo y desempleo entre
regiones y subgrupos de población. Los grupos de población que menos participan
en el mercado de trabajo son los de origen inmigrante, las personas mayores y los
jóvenes con escasas cualificaciones en todas las regiones. Estos grupos están
expuestos asimismo a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. La reforma
del sistema de prestaciones por desempleo es un paso en la dirección correcta,
pero no garantiza en sí misma una mayor adecuación de la oferta y la demanda de
trabajo si no va unida a una ayuda eficaz en la búsqueda de empleo y
oportunidades de formación. La interacción entre las reducciones previstas a
nivel federal y los programas de apoyo al empleo instrumentados por las
regiones genera una complejidad considerable. Aunque las medidas dirigidas a
los jóvenes poco cualificados pueden probablemente beneficiar también a los
inmigrantes, se requiere una estrategia global orientada a este grupo específico
de población. Además, parece difícil que puedan subsanarse ciertos desfases
entre la oferta y la demanda de trabajo sin incrementar sensiblemente la
movilidad laboral interregional. Es necesario analizar más a fondo la manera de
hacer más eficaz y transparente la oferta de educación y formación y de
reforzar las sinergias entre los distintos proveedores de formación.
(15)     Las previsiones en
materia de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2020 llevan a la
conclusión de que Bélgica no cumplirá con su objetivo de reducción del
15 %. Aún no queda claro cómo podrán las iniciativas aisladas adoptadas
por las diversas autoridades garantizar que se cumpla el objetivo, ni cómo se
distribuirá la carga entre las regiones. Sigue sin dilucidarse qué impacto tendrá
el conjunto de medidas sobre la reducción de las emisiones, en particular del
sector del transporte y los edificios. La congestión del tráfico representa una
elevada carga para la economía belga, estimada nada menos que en un 2 %
del PIB y una de las más altas de Europa, pero la aplicación del nuevo sistema
de impuesto de circulación en las tres regiones se ha aplazado hasta 2016.
(16)     Los problemas de
coordinación inherentes a una estructura marcadamente regionalizada ponen de
manifiesto la importancia de una organización eficiente de la gobernanza
pública, dado que la existencia de múltiples redes, niveles y agentes puede
llevar a una duplicación de las estructuras, debilitando así la gobernanza e
incrementando los costes administrativos. Estas cuestiones cobran particular
trascendencia cuando se trata de la fiscalidad y del reparto de la carga
presupuestaria, por ejemplo en los ámbitos de la educación y la seguridad
social, que requieren en general una mayor cooperación y coordinación.
(17)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política
económica de Bélgica. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa
Nacional de Reformas y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Bélgica, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(18)     A la luz de esta
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Bélgica y su
dictamen[9]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(19)     A la vista de los
resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de Bélgica
y su Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud del
artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, relativo a la prevención y
corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se reflejan, en particular,
en las recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 5 que figuran a continuación.
(20)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política
económica de la zona del euro en su conjunto. Basándose en el mismo, el Consejo
ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya
moneda es el euro. Bélgica debe velar igualmente por que se apliquen plena y
oportunamente dichas recomendaciones.
RECOMIENDA que, en el período
2013-2014, Bélgica lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1.           Adopte medidas
adicionales para lograr el ajuste estructural especificado en la Decisión del
Consejo en la que se insta a la corrección del déficit excesivo en 2013 y
mejorar la sostenibilidad y credibilidad del saneamiento. Una corrección duradera de los desequilibrios
presupuestarios exige que se lleven a cabo de forma creíble reformas
estructurales ambiciosas que aumenten la capacidad de ajuste y estimulen el
crecimiento potencial. Una vez corregido el
déficit excesivo, prosiga el ajuste estructural a un ritmo adecuado a fin de
alcanzar el objetivo a medio plazo en 2016 y de imprimir una sólida trayectoria
descendente al elevado ratio de deuda. Presente, a tal fin, a más tardar el 15
de octubre de 2013, medidas estructurales de cara a 2014 compatibles con el
crecimiento y que garanticen una corrección sostenible del déficit excesivo y
una oportuna progresión hacia su objetivo a medio plazo. Vele por que la labor
de ajuste esté equilibrada a lo largo del tiempo o, incluso, concentrada al
comienzo del período. Establezca mecanismos explícitos de coordinación para
garantizar que los objetivos presupuestarios sean vinculantes a nivel federal y
subfederal desde una perspectiva de planificación a medio plazo –en particular,
mediante la pronta adopción de una norma sobre el equilibrio/superávit del
presupuesto de las administraciones públicas que se atenga a los requisitos del
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria–, y para fomentar la transparencia del reparto de cargas y la
rendición de cuentas en todos los niveles de la administración.
2.           Intensifique los
esfuerzos para colmar la brecha entre la edad de jubilación legal y la real, en
particular suprimiendo con rapidez los sistemas de jubilación anticipada.
Sustente las reformas del sistema de seguridad social para la tercera edad con
medidas de apoyo al empleo y de reforma del mercado laboral que propicien el
envejecimiento activo. Adopte con celeridad una decisión que vincule la edad
legal de jubilación a la esperanza de vida. Siga mejorando la eficiencia del
gasto público en cuidados institucionales de larga duración.
3.           Con vistas a restablecer
la competitividad, prosiga la labor en curso para reformar el sistema de
fijación de salarios, incluida la indización salarial; en particular, mediante
la adopción de medidas estructurales, en concertación con los interlocutores
sociales y con arreglo a la práctica nacional, vele por que la fijación de los
salarios responda a la evolución de la productividad, refleje las diferencias
locales en la productividad y las condiciones del mercado laboral, y prevea
correcciones automáticas cuando la evolución de los salarios ponga en peligro
la competitividad de costes.
4.           Presente medidas
estructurales concretas y definidas en el tiempo para promover la competencia
en el sector de servicios, eliminando los obstáculos en el ramo minorista y las
restricciones excesivas impuestas a los servicios profesionales y mejorando el
suministro de banda ancha móvil. Siga mejorando el funcionamiento del sector de
la energía mediante la reducción de los costes de distribución y el control de
los costes al por menor, y refuerce la independencia de los reguladores de los
sectores de la energía, las telecomunicaciones y los transportes (ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, transporte por carretera). Elimine los obstáculos
normativos que subsisten en el sector postal.
5.           Elabore propuestas
concretas y definidas en el tiempo para desplazar la presión tributaria del
trabajo hacia bases imponibles menos perjudiciales para el crecimiento, en
particular analizando la posibilidad de introducir impuestos medioambientales,
por ejemplo, sobre el diésel o los combustibles para calefacción, y de gravar
el uso privado de los vehículos empresariales. Simplifique el sistema
tributario reduciendo los gastos fiscales en el impuesto sobre la renta,
aumentando la eficiencia del IVA y mejorando el cumplimiento de las
obligaciones tributarias mediante la eliminación de las lagunas existentes.
6.           Siga eliminando todos
aquellos factores que desincentiven el trabajo, velando por una aplicación
efectiva de los requisitos de búsqueda de empleo y por una asistencia
personalizada en dicha búsqueda para todos los desempleados. Adopte medidas
para incrementar la movilidad laboral interregional. Simplifique los incentivos
al empleo, las políticas de reinserción laboral, la adecuación de la oferta y
la demanda de trabajo, la educación y las políticas de formación permanente y
profesional para las personas mayores y los jóvenes, y refuerce la coherencia
entre estas políticas. Desarrolle estrategias globales de inclusión social para
las personas de origen inmigrante.
7.           Adopte medidas concretas
y acuerde una clara división de funciones entre las autoridades federales y
regionales con vistas a progresar en la consecución de los objetivos de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores no
cubiertos por el RCDE, en particular las generadas por el transporte y los edificios.

Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2013) 351 final.
[4]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[5]               Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de
2013.
[6]               COM(2012) 750 final.
[7]               COM(2012) 751 final.
[8]               SWD(2013) 113 final.
[9]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

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32002H0216

Recomendación del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) para el ejercicio 2000

Diario Oficial n° L 072 de 14/03/2002 p. 0023 - 0023

Recomendación del Consejode 5 de marzo de 2002por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) para el ejercicio 2000(2002/216/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Tercer Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984,Vista la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea(1),Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad(2), firmado en Bruselas el 19 de febrero de 1985, modificado por la Decisión 86/281/CEE(3), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 29,Visto el Reglamento financiero, de 11 de noviembre de 1986, aplicable al sexto Fondo Europeo de Desarrollo(4), y en particular, sus artículos 66 a 73,Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) aprobados al 31 de diciembre de 2000, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de la Comisión(5),Considerando lo siguiente:(1) En virtud del apartado 3 del artículo 29 del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) corresponde al Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo.(2) La ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) durante el ejercicio 2000, por la Comisión, en su conjunto, ha sido satisfactoria.RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por parte de la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) para el ejercicio 2000.Hecho en Bruselas, el 5 de marzo de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteR. de Rato y Figaredo(1) DO L 175 de 1.7.1986, p. 1.(2) DO L 86 de 31.3.1986, p. 210.(3) DO L 178 de 2.7.1986, p. 13.(4) DO L 325 de 20.11.1986, p. 42.(5) DO C 359 de 15.12.2001, p. 421.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 26 de abril de 2013 , al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Suomen Pankki (BCE/2013/12)

text:
               3.5.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 126/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 26 de abril de 2013
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Suomen Pankki
   (BCE/2013/12)
   2013/C 126/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del Suomen Pankki ha expirado tras la auditoría del ejercicio de 2012. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2013.

               (3)

               El Suomen Pankki ha seleccionado a PricewaterhouseCoopers Oy como auditor externo para los ejercicios de 2013 a 2019.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que PricewaterhouseCoopers Oy sea nombrado auditor externo del Suomen Pankki para los ejercicios de 2013 a 2019.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 26 de abril de 2013.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI


title: 2014/661/UE: Recomendación de la Comisión, de 10 de septiembre de 2014 , sobre el control de la presencia de 2- y 3-monocloropropano-1,2-diol (2- y 3-MCPD), de ésteres de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los alimentos  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               12.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 271/93

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 10 de septiembre de 2014
   sobre el control de la presencia de 2- y 3-monocloropropano-1,2-diol (2- y 3-MCPD), de ésteres de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los alimentos
   (Texto pertinente a efectos del EEE)

      (2014/661/UE)

   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) es un contaminante de la transformación alimentaria, clasificado como posible carcinógeno humano, para el que se ha establecido una ingesta diaria tolerable (TDI) de 2 μg/kg de peso corporal (1). El Reglamento (CE) no 1881/2006 de la Comisión (2) estableció un nivel máximo de 20 μg/kg para la proteína vegetal hidrolizada (PVH) y la salsa de soja en el caso de los productos líquidos que contienen un 40 % de materia seca, lo que corresponde a un contenido máximo de 50 μg/kg en la materia seca.

               (2)

               Los ésteres de 2- y 3-monocloropropano-1,2-diol (MCPD) y los ésteres glicidílicos son contaminantes importantes de los aceites comestibles transformados utilizados como alimentos o como ingredientes alimentarios. La Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (Contam) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se mostró de acuerdo con la estimación de que el 3-MCPD libera el 100 % de sus ésteres en las personas (3).

               (3)

               Los ésteres glicidílicos de ácidos grasos son contaminantes de procesos generados durante la fase de desodorización del refinado de aceites comestibles. Aún no se ha esclarecido plenamente la importancia toxicológica de los ésteres glicidílicos de ácidos grasos. El propio glicidol está clasificado como probablemente carcinógeno para las personas. Los estudios científicos más recientes señalan una liberación (casi) total del glicidol procedente de ésteres de ácidos grasos en el tubo digestivo humano.

               (4)

               El 20 de septiembre de 2013, la EFSA publicó un informe científico sobre la incidencia de 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) en los alimentos en Europa durante el período 2009-2011, así como una evaluación preliminar de la exposición (4).

               (5)

               Hacen falta más datos sobre la presencia de ésteres de ácidos grasos de MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos para lograr una evaluación más exacta de la exposición.

               (6)

               Por tanto, conviene recomendar el control de la presencia de MCPD, de ésteres de MCPD y de ésteres glicidílicos en los aceites y grasas vegetales, los alimentos derivados y los alimentos que contienen aceites y grasas vegetales.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Contando con la participación activa de los explotadores de empresas alimentarias y de piensos, los Estados miembros deben controlar la presencia de 2- y 3-MCPD, de ésteres de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los alimentos, en particular en:

                           a)

                           los aceites y grasas vegetales y sus productos derivados, como la margarina y productos similares;

                           b)

                           los productos alimenticios destinados a una alimentación especial definidos en la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y destinados a lactantes y niños de corta edad, incluidos los preparados para lactantes y preparados de continuación definidos en la Directiva 2006/141/CE de la Comisión (6), así como los alimentos dietéticos para usos médicos especiales definidos en la Directiva 1999/21/CE de la Comisión (7) y dirigidos a los lactantes;

                           c)

                           los productos de bollería fina, pan y panecillos;

                           d)

                           las conservas de carne (ahumada) y de pescado (ahumado);

                           e)

                           los productos de aperitivo a base de patatas fritas o de cereales y otros productos a base de patatas fritas;

                           f)

                           los aceites vegetales que contengan alimentos y alimentos elaborados o producidos con aceites vegetales.

                     Se reconoce que el análisis de 2- y 3-MCPD, de ésteres de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los alimentos mencionados en las letras b) a f) es muy difícil y que aún no se dispone de ningún método de análisis que haya sido validado por un estudio colaborativo. Por tanto, debe prestarse especial atención al analizar los alimentos mencionados en las letras b) a f) para garantizar que los datos generados sean fiables.
               Por consiguiente, los Estados miembros que tengan intención de analizar la presencia de 2- y 3-MCPD, de ésteres de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los alimentos mencionados en las letras b) a f) podrán solicitar, cuando proceda y sea necesaria, la asistencia técnica del Centro Común de Investigación de la Comisión, Instituto de Materiales y Medidas de Referencia (IRMM), Unidad de Normas para la Biociencia Alimentaria.

               2.

               Para garantizar que las muestras sean representativas del lote objeto de muestreo, los Estados miembros deben seguir los procedimientos de muestreo establecidos en la parte B del anexo del Reglamento (CE) no 333/2007 de la Comisión (8).

               3.

               Para determinar el MCPD y el glicidol ligados en forma de ésteres, se recomienda utilizar los métodos normalizados de la American Oil Chemists' Society. Estos métodos son métodos de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) que han sido validados por un estudio colaborativo en relación con los aceites y grasas vegetales, y están disponibles en la siguiente dirección: www.aocs.org
               El límite de cuantificación no debe ser superior a 100 μg/kg para el análisis de MCPD y glicidol ligados en forma de ésteres de ácidos grasos en los aceites y grasas comestibles. En el caso de otros alimentos que contengan más de un 10 % de grasa, es preferible que el límite de cuantificación no sea superior cuando esté relacionado con el contenido en grasas del alimento, es decir, el límite de cuantificación para el análisis de ésteres de ácidos grasos de MCPD y glicidol en los alimentos que contengan un 20 % de materia grasa no debe ser superior a 20 μg/kg en relación con el peso total. En el caso de los alimentos que contengan menos de un 10 % de materia grasa, el límite de cuantificación no debe ser superior a 10 μg/kg en relación con el peso total.

               4.

               Los laboratorios deben disponer de procedimientos de control de calidad para evitar que, durante el análisis, los ésteres glicidílicos se transformen en ésteres de MCPD y viceversa. Además, es necesario especificar inequívocamente el mensurando e informar por separado sobre el 2- y el 3- MCPD libres presentes en la matriz analizada que procedan de ésteres de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD, pues ambos se miden como 3-MCPD. Debe informarse por separado sobre los mensurandos siguientes:

                           —

                           2-MCPD

                           —

                           3-MCPD

                           —

                           ésteres de 2-MCPD

                           —

                           ésteres de 3-MCPD

                           —

                           ésteres glicidílicos.

                     Por ahora no existen pruebas de la presencia de glicidol libre en los alimentos mencionados en el punto 1. No obstante, en caso de que se analice el glicidol libre, debe informarse de ello por separado.

               5.

               Los Estados miembros deben velar por que se faciliten a la EFSA regularmente (cada seis meses) los resultados de los análisis, en el formato de presentación de datos de la EFSA y con arreglo a lo dispuesto en las Directrices de la EFSA sobre la Descripción Normalizada de Muestras (SSD) para alimentos y piensos (9) y los requisitos adicionales de la EFSA en materia de información específica.
               Se pondrá a disposición un formato simplificado, con menos campos que deban cumplimentarse obligatoriamente, para garantizar que se presente la mayor cantidad posible de datos útiles de que se disponga.

               6.

               Se elaborará una nota orientativa para garantizar una aplicación uniforme de la presente Recomendación, así como para garantizar la comparabilidad de la información sobre resultados.

      Hecho en Bruselas, el 10 de septiembre de 2014.

            Por la Comisión

         Tonio BORG

            Miembro de la Comisión

      (1)  Dictamen del Comité Científico de la Alimentación Humana sobre el 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) por el que se actualiza el dictamen del CCAH de 1994 (adoptado el 30 de mayo de 2001) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf).

      (2)  Reglamento (CE) no 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L 364 de 20.12.2006, p. 5).

      (3)  Declaración de la Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (Contam) solicitado por la Comisión Europea en relación con los ésteres de 3-MCPD (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf).

      (4)  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, Análisis de 2013 sobre la incidencia de 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) en los alimentos en Europa durante el período 2009-2011 y evaluación preliminar de la exposición. EFSA Journal 2013;11(9):3381, 45 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381, que puede consultarse en la dirección siguiente: www.efsa.europa.eu/efsajournal

      (5)  Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial (DO L 124 de 20.5.2009, p. 21).

      (6)  Directiva 2006/141/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, relativa a los preparados para lactantes y preparados de continuación y por la que se modifica la Directiva 1999/21/CE (DO L 401 de 30.12.2006, p. 1).

      (7)  Directiva 1999/21/CE de la Comisión, de 25 de marzo de 1999, sobre alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales (DO L 91 de 7.4.1999, p. 29).

      (8)  Reglamento (CE) no 333/2007 de la Comisión, de 28 de marzo de 2007, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los niveles de plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD e hidrocarburos aromáticos policíclicos en los productos alimenticios (DO L 88 de 29.3.2007, p. 29).

      (9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Lituania

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/62

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Lituania
   (2017/C 261/14)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Lituania debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en la recomendación 2.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Lituania fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Lituania a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Lituania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)

               Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 el 27 de abril de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017 el 28 de abril de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

               (6)

               Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé una mejora del saldo global, que pasaría de un déficit del 0,4 % del PIB en 2017 a un superávit del 1,3 % del PIB en 2020. El objetivo presupuestario a medio plazo (OMP) —un déficit estructural del 1 % del PIB— pretende cumplirse con cierto margen a lo largo de todo el período del programa. La trayectoria de ajuste permitida incorpora la reforma sistémica de las pensiones a partir de 2016. En 2017 refleja grandes reformas estructurales adicionales del mercado de trabajo y de las pensiones. Con arreglo al Programa de Estabilidad de 2017, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya del 40,2 % del PIB en 2016 al 33,8 % en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de superávit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.

               (7)

               En su Programa de Estabilidad de 2017, Lituania solicitó acogerse a la desviación temporal del 0,5 % del PIB del componente preventivo con arreglo a la «Posición común sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», aprobada por el Consejo ECOFIN en febrero de 2016 con miras a la aplicación de grandes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. Dentro de estas reformas destaca, en particular, el refuerzo de la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante un aumento de la indexación y un incremento gradual del período de actividad computable a efectos de pensión. Sin embargo, las reformas no han llegado a establecer un vínculo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. Además, las reformas modernizan las relaciones laborales mediante la introducción de nuevos tipos de contratos de trabajo, la reducción de los plazos de preaviso, indemnizaciones por despido más bajas y horarios de trabajo más flexibles. Las reformas también refuerzan la cobertura y adecuación de las prestaciones sociales y por desempleo, amplían el alcance de las políticas activas del mercado de trabajo y reducen el nivel de empleo ilegal y no asegurado. Las autoridades consideran que las reformas están teniendo un efecto positivo en la sostenibilidad de la hacienda pública al generar un ahorro medio del gasto anual en pensiones de hasta el 3,8 % del PIB a largo plazo, al tiempo que la parte de la reforma relativa al mercado de trabajo puede aumentar el número anual medio de empleados hasta en un 10 %, lo que parece ser una hipótesis verosímil. Por lo tanto, si se aplican en su totalidad y en los plazos previstos, estas reformas tendrán un efecto positivo sobre la sostenibilidad de la hacienda pública. Hoy por hoy, puede considerarse que Lituania cumple los requisitos para poder acogerse a la desviación temporal que solicita para 2017, siempre que lleve a cabo adecuadamente las reformas acordadas, lo cual será objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo. No obstante, habida cuenta de la necesidad de garantizar un continuo respeto del valor de referencia mínimo, esto es, un déficit estructural del 1,5 % del PIB, y teniendo en cuenta el margen de maniobra previamente concedido en virtud de la cláusula de reforma sistémica de las pensiones (0,1 % del PIB), puede considerarse actualmente que Lituania puede acogerse a una desviación temporal adicional del 0,4 % del PIB en 2017, es decir, ligeramente por debajo del 0,5 % del PIB requerido.

               (8)

               El 12 de julio de 2016, y en lo que respecta a 2017, el Consejo recomendó a Lituania velar por que la desviación del OMP se limitase al margen de maniobra vinculado a la reforma sistémica de las pensiones (5). Teniendo en cuenta los márgenes de maniobra vinculados a la reforma de las pensiones concedidos para 2016 y la desviación temporal vinculada a la realización de reformas estructurales concedida en 2017, se permite que el saldo estructural se deteriore en un 1,3 % del PIB en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que Lituania cumpla este requisito en 2017. En 2018, Lituania debería alcanzar su OMP, teniendo en cuenta los márgenes de maniobra vinculados a la realización de la reforma sistémica de las pensiones concedidos para 2016 y la reforma estructural concedida para 2017; las desviaciones temporales se han prorrogado por un período de tres años. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, ello es coherente con un índice de crecimiento nominal máximo del gasto público primario neto (6) del 6,4 % en 2018, que corresponde a un deterioro del saldo estructural del -0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, se prevé que Lituania cumpla este requisito en 2018. Desde un punto de vista global, el Consejo considera que Lituania cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2017 y 2018.

               (9)

               A raíz del reciente aumento del salario mínimo no sujeto a tributación, la carga fiscal sobre los trabajadores con ingresos bajos ha disminuido considerablemente en los últimos años y ahora se acerca a la media de la Unión. Al mismo tiempo, la compensación de los aumentos fiscales ha sido limitada, por lo que los ingresos tributarios como proporción del PIB siguen siendo de los más bajos de la Unión, lo cual reduce la capacidad de Lituania para hacer frente a sus retos sociales. El bajo nivel de los ingresos fiscales se debe a la proporción relativamente alta de la economía sumergida y al nivel relativamente bajo de los ingresos por impuestos sobre el medio ambiente y sobre el capital.

               (10)

               Si bien en los últimos años Lituania ha mejorado en la recaudación del IVA, su brecha del IVA es una de las más elevadas de la Unión. La insuficiencia de la declaración de los salarios se suma al problema de la baja recaudación tributaria. Aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales podría incrementar los ingresos presupuestarios y mejorar la equidad del sistema tributario y la eficiencia de la economía.

               (11)

               Se prevé que aumente la tasa de dependencia de la población de más edad y, en el marco de las normas vigentes en materia de pensiones, que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB se incremente en alrededor del 50 % de aquí al final de la década de 2030. Vincular las prestaciones del régimen de pensiones a la esperanza de vida es esencial para limitar la presión que el gasto en pensiones ejercerá sobre la hacienda pública.

               (12)

               Lituania ha pospuesto la entrada en vigor del nuevo Código Laboral y otra legislación sobre el nuevo modelo social. Ello supone una oportunidad para garantizar un buen equilibrio entre flexibilidad y seguridad en las relaciones laborales. El alto porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, junto con el aumento de la desigualdad de ingresos, siguen siendo retos importantes para Lituania. La ratio entre los ingresos del 20 % de los hogares más ricos y el 20 % de los más pobres ha aumentado de 5,3 en 2012 a 7,5 en 2015 y es la segunda más elevada de la Unión. Ello es perjudicial para el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de una sociedad integradora. En la actualidad, la red de seguridad social no aborda eficazmente este reto, debido a su bajo nivel de gasto en protección social. Además, la diferencia en la desigualdad de ingresos antes y después de los impuestos y las transferencias sociales es una de las más reducidas de la Unión. No obstante, el Gobierno ha situado la lucha contra la pobreza y la exclusión social en un lugar destacado de su programa. La legislación sobre el nuevo modelo social contempla aumentar la adecuación y la cobertura de las prestaciones por desempleo, y existen algunos debates sobre la mejora de la adecuación de la asistencia social. Estas importantes decisiones todavía tienen que aprobarse y aplicarse. Para luchar contra la pobreza entre las personas mayores, en 2016 Lituania añadió un mecanismo de indexación a su legislación en materia de pensiones, que puede utilizarse para mejorar la adecuación de las mismas.

               (13)

               Es importante que Lituania haga frente a sus deficiencias en materia de competencias y luche contra los efectos negativos de la disminución de la población en edad laboral. La proporción de alumnos con cualificaciones básicas insuficientes sigue siendo elevada. A pesar de los elevados porcentajes de titulados de la enseñanza superior, esta se ve obstaculizada por su baja calidad y por los incentivos financieros que fomentan un tamaño excesivo y la ineficiencia en lugar del rendimiento. Conviene continuar los esfuerzos por garantizar una docencia de alta calidad en todos los niveles de la educación (en particular mediante la reforma de las carreras y las condiciones de trabajo). Ello es esencial para luchar contra el bajo rendimiento y las deficiencias educativas y garantizar la calidad en la enseñanza superior (incluso mediante la introducción de una financiación basada en el rendimiento, así como la consolidación de las instituciones de enseñanza superior). La persistencia de los bajos niveles de participación en la enseñanza para adultos en Lituania está obstaculizando la eficacia de las reformas del mercado de trabajo y el desarrollo de una mano de obra más cualificada. Lituania ha centrado sus esfuerzos en aumentar la oferta y la pertinencia de las oportunidades de aprendizaje que ofrece el sector público, pero hasta el momento no ha conseguido resultados tangibles en ese ámbito. Para alcanzar niveles de participación más elevados y sostenibles en la enseñanza para adultos, Lituania también debe alentar a las personas a que emprendan estudios y estimular a más empleadores a que faciliten posibilidades de aprendizaje para sus empleados.

               (14)

               El nivel de desempleo de las personas con una calificación baja y media sigue estando por encima del de la media de la Unión. Las personas con discapacidad tienen un elevado índice de pobreza, en parte debido a su escasa integración en el mercado de trabajo. Las medidas de política activa del mercado de trabajo desempeñan actualmente un papel limitado a la hora de ayudar a las personas a reintegrarse en el mercado de trabajo de Lituania. Lituania tiene un margen considerable para hacer que su mercado de trabajo sea más inclusivo, especialmente ofreciendo más medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Ello implica, por ejemplo, potenciar el empleo asistido y el Programa de Readaptación Profesional y aumentar la disponibilidad de presupuestos para la readaptación. La Ley de Empleo adoptada recientemente tiene potencial para mejorar la adopción de medidas de política activa del mercado de trabajo.

               (15)

               En los últimos años, Lituania ha avanzado en la mejora del diálogo social. Los interlocutores sociales participan activamente en los debates sobre el nuevo código laboral y el nuevo modelo social, y el Gobierno ha puesto en marcha un plan de acción para fortalecer el diálogo social. Dicho plan tiene como objetivo aumentar la capacidad de los interlocutores sociales, promover la negociación colectiva y mejorar el diálogo social en todos los niveles.

               (16)

               En Lituania, los resultados en materia de salud siguen teniendo un impacto negativo significativo sobre la potencial mano de obra disponible y la productividad laboral. Si bien se están haciendo esfuerzos para desplazar a los pacientes a tipos de asistencia sanitaria con una mejor relación coste-eficacia, el rendimiento del sistema de salud sigue lastrado por la elevada dependencia de la asistencia hospitalaria y un escaso gasto en prevención y salud pública. Los pagos directos son muy elevados, especialmente en el caso de los productos farmacéuticos.

               (17)

               La evolución demográfica adversa implica que el crecimiento dependerá cada vez más de la productividad laboral. Durante el período 2000-2015, Lituania contó con una de las mayores tasas de crecimiento de la productividad laboral entre los Estados miembros, pero recientemente dichas tasas se han ralentizado. La inversión pública de Lituania adolece de una planificación deficiente y una escasa vinculación a los objetivos estratégicos del país. La intensidad de la I+D del sector público aumentó en 2015 hasta un valor ligeramente por encima de la media de la Unión, mientras que la intensidad de la I+D del sector privado sigue estando por debajo. Las directrices de la reforma de la política de ciencia e innovación lituana, adoptadas en 2016, tienen por objeto responder a las dificultades persistentes en el ámbito de la investigación y la innovación. Para ello, dichas directrices promueven la reforma de la financiación institucional de la I+D, la consolidación de los centros de investigación y enseñanza superior, los «valles científicos» y los parques tecnológicos, y una mejor coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas. Lituania ha realizado algunos progresos en el apoyo a medios de financiación alternativos. Ha ayudado a establecer una serie de fondos de capital riesgo y de capital de lanzamiento. El Parlamento también ha aprobado recientemente una ley sobre microfinanciación colectiva.

               (18)

               El número de casos de corrupción llevados a los tribunales ha ido en constante aumento en los últimos años, lo que pone de manifiesto que Lituania ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. No obstante, en algunos ámbitos importantes, como la asistencia sanitaria y la contratación pública, las disposiciones contra la corrupción de pequeño y de alto nivel no siempre se aplican en la práctica. El sector de la asistencia sanitaria adolece de la práctica frecuente de pagos informales a los médicos. No hay suficiente transparencia en la contratación pública, en particular a nivel municipal. Por otra parte, la escasa reglamentación en materia de denuncias desalienta la información sobre posibles irregularidades en los sectores público y privado. El Gobierno se ha fijado como prioridad de su programa de lucha contra la corrupción combatirla en el sector de la asistencia sanitaria. Asimismo, con el fin de reducir los riesgos de corrupción y los conflictos de interés en materia de contratación pública de escasa cuantía, el Gobierno ha obligado a los poderes adjudicadores a publicar información en línea sobre las licitaciones abiertas, los licitadores seleccionados y los contratos adjudicados. Sin embargo, es necesario un seguimiento permanente para garantizar la aplicación de esta política.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (20)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Seguir manteniendo una política presupuestaria que atienda a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que supone permanecer en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los márgenes de maniobra vinculados a la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal; mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliar la base impositiva a otras fuentes que sean menos perjudiciales para el crecimiento; tomar medidas que aborden el reto de la sostenibilidad de la hacienda pública a medio plazo en materia de pensiones.

               2.

               Subsanar la falta de competencias a través de medidas de política activa del mercado de trabajo y la enseñanza para adultos y mejorar el rendimiento educativo mediante incentivos a la calidad en la prestación de enseñanza y en la educación superior; mejorar el rendimiento del sistema de asistencia sanitaria mediante la promoción de la asistencia ambulatoria, la prevención de enfermedades y la asequibilidad de la asistencia sanitaria; mejorar la adecuación de la red de seguridad social.

               3.

               Adoptar medidas para aumentar la productividad mediante la mejora de la eficiencia de la inversión pública y el refuerzo de su vinculación con los objetivos estratégicos del país.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Se permite a Lituania desviarse de su OMP en 2017 y 2018 dentro del margen de maniobra con arreglo a la cláusula de la reforma sistémica de las pensiones concedida en 2016; las desviaciones temporales se han prorrogado por un período de tres años.

      (6)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte en un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


Avis juridique important

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31977K0328

77/328/CECA: Recomendación de la Comisión, de 15 de abril de 1977, relativa a la protección contra las importaciones que causan o puedan causar un perjuicio grave a la producción, en el mercado común, de productos similares o directamente competidores

Diario Oficial n° L 114 de 05/05/1977 p. 0004 - 0005 Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 3 p. 0064  Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 3 p. 0064  Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 9 p. 0026  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 7 p. 0054  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 7 p. 0054

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 1977 relativa a la protección contra las importaciones que causan o puedan causar un perjuicio grave a la producción, en el mercado común, de productos similares o directamente competidores(77/328/CECA) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, sus artículos 74 y 86,  Considerando que, en virtud del artículo 74 del Tratado, la Comisión está habilitada para adoptar todas las medidas conformes al mismo y para dirigir a los Estados miembros, en las condiciones previstas, todas las recomendaciones necesarias, si alguno  de los productos enumerados en el artículo 81 del Tratado fuere importado en el territorio de uno o varios de los Estados miembros en cantidades tan importantes y en condiciones tales que dichas importaciones causen o puedan causar un perjuicio grave a  la producción, en el mercado común, de productos similares o directamente competidores;  Considerando que, habida cuenta de la existencia del mercado común del carbón y del acero, la puesta en práctica de medidas nacionales, aun en el caso de asistencia mutua, no puede constituir una protección eficaz y adecuada contra ese tipo de  importaciones sino que, por el contrario, podría obstaculizar el funcionamiento de este mercado común y comprometer sus realizaciones, en particular, el arancel aduanero unificado, aplicable a terceros países;  Considerando que, por dicha razones, la Comisión se podría ver abligada a utilizar los poderes que le son atribuidos por el punto 3 del artículo 74 del Tratado;  Considerando que para que la Comisión pueda ejercer sus poderes de forma rápida y eficaz es conveniente elaborar determinadas normas de procedimiento y organizar la cooperación con los Estados miembros;  Considerando que, por una parte, para evitar contradicciones entre las acciones de la Comisión y las de los Estados miembros, y, por otra, para asegurar que, siempre que no se comprometan los intereses comunitarios, los Estados miembros puedan adoptar  las medidas que juzguen oportunas para proteger la producción nacional, resulta conveniente prever que, en caso de no haberse adoptado acciones comunitarias y previa consulta, se puedan poner en práctica las medidas nacionales,  HA FORMULADO LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN:   Artículo 1  1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de todo peligro que se derive de la evolución de las importaciones que pudiera ocasionar la necesidad de recurrir a medidas de salvaguardia.  2. La Comisión informará inmediatamente a los demás Estados miembros.   Artículo 2  La Comisión organizará una consulta entre los Estados miembros en los ocho días hábiles siguientes a aquel en que la Comisión reciba la información mencionada en el artículo 1.   Artículo 3  La consulta se referirá principalmente:  a) a las condiciones de las importaciones y a su evolución así como a los diferentes aspectos de la situación económica y comercial del producto de que se trate.  b) a las medidas que eventualmente conviniera adoptar.   Artículo 4  1. Cuando, después de la consulta prevista en el artículo 2, la Comisión estime que tiene que recurrir a las disposiciones del punto 3 del artículo 74 del Tratado, lo comunicará a los Estados miembros en los diez días hábiles posteriores a  la consulta.  2. Si, al terminar este plazo, la Comisión no hubiere proporcionado la información a que se refiere en el apartado 1, el o los Estados miembros interesados podrán adoptar medidas nacionales. De todos modos, la adopcción de tales medidas deberá ir  precedida de una consulta entre la Comisión y los demás Estados miembros. La Comisión organizará esta consulta en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud del o de los Estados miembros interesados. La Comisión se ocupará  principalmente de analizar las medidas previstas en cuanto a su adecuación a los objetivos y disposiciones del Tratado y a los acuerdos internacionales vigentes, así como en cuanto a su influencia en el funcionamiento del mercado común y a las medidas  de asistencia mutua que fueran eventualmente necesarias.   Artículo 5  Esta Recomendación será notificada a los gobiernos de los Estados miembros y se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Entrará en vigor en cada Estado miembro en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Hecho en Bruselas, el 15 de abril de 1977.  Por la Comisión El Presidente Roy JENKINS