               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 418 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de los Países Bajosy por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de los Países Bajos

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de los Países Bajos

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de los Países Bajos

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El lunes, 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, los Países Bajos deben velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 y 2 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2018 sobre los Países Bajos
                  5
                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan ciertos avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de los Países Bajos hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018
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               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los Países Bajos muestran el mayor superávit por cuenta corriente medio de tres años en términos de PIB entre los Estados miembros de la zona del euro. El superávit sugiere una asignación de recursos que no es óptima, desaprovechando oportunidades de un mayor crecimiento y bienestar. La deuda privada es elevada, concretamente las hipotecas de los hogares y la deuda de las empresas multinacionales. Los abultados balances de los hogares aumentan la vulnerabilidad a las crisis financieras.

               (4)El 30 de abril de 2018, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2018 y el 26 de abril, su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  7
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el superávit de las administraciones públicas experimente un descenso, pasando del 1,1 % del PIB en 2017 al 0,3 % en 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo, que se sitúa en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, sigue cumpliéndose a lo largo de todo el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB registre un descenso para situarse en el 44,0 % del PIB en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural pase de un superávit del 0,5 % del PIB en 2017 a un déficit del 0,1 % en 2018 y del 0,3 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda bruta de las administraciones públicas siga una firme tendencia a la baja y por debajo del valor de referencia establecido en el Tratado. En general, el Consejo estima que los Países Bajos cumplirán las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, aun respetando el objetivo a medio plazo, sigue existiendo margen para utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para incrementar las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación.

               (7)Los Países Bajos disponen de un sector de investigación y desarrollo eficiente que, junto con un sistema educativo y una base científica sólidos, sientan unos cimientos sanos para impulsar la capacidad de innovación y crecimiento a través de la educación y de actividades de investigación y desarrollo. Se han anunciado inversiones adicionales sustanciales que podrían contribuir a estabilizar la investigación pública y privada y la intensidad del desarrollo. Todavía sigue siendo incierto si los Países Bajos alcanzarán los objetivos de Europa 2020, en particular en lo que respecta a la inversión en investigación y desarrollo y en energía renovable.

               (8)Un reto fundamental para hacer frente al alto endeudamiento de los hogares lo constituye el mercado de la vivienda, en el que las rigideces y los incentivos distorsionadores que se han ido acumulando durante decenios determinan las pautas de financiación de la vivienda y el ahorro sectorial. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar parcialmente esta cuestión. En 2017, el Gobierno anunció planes para acelerar la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses de las hipotecas a partir de 2020. Sin embargo, el mal funcionamiento del segmento medio en el mercado de alquiler anima a los hogares a comprar en vez de alquilar, lo que ha dado lugar a altas ratios de endeudamiento y a vulnerabilidad económica desde una edad precoz. El sector de la vivienda social es uno de los más desarrollados de la Unión, pero las viviendas no siempre están ocupadas por quienes realmente las necesitan. Los hogares con altos ingresos siguen habitando viviendas sociales, dado que las entidades de vivienda social no incrementan los alquileres tan rápidamente como podrían hacerlo. Aunque el Gobierno ha anunciado su intención de apoyar la oferta de viviendas asequibles en el mercado de alquiler a particulares, todavía no se han comunicado planes concretos para este apoyo.

               (9)Como se indica en la Recomendación de 2018 relativa a la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para impedir los falseamientos de la competencia entre empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación abusiva del contribuyente entre Estados miembros requiere una actuación coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. El elevado nivel de pagos de dividendos, cánones e intereses efectuados a través de los Países Bajos sigue sugiriendo que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. Una gran proporción de la inversión directa extranjera acumulada está en manos de entidades con finalidades especiales. La ausencia de retención fiscal sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) en concepto de pagos de cánones e intereses puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. La falta de determinadas normas contra los abusos, especialmente en el caso de las entidades híbridas, también puede facilitar la planificación fiscal abusiva. La Comisión toma nota del compromiso de los Países Bajos de combatir la planificación fiscal abusiva, tal como se explicita en el programa de reformas fiscales, incluida la retención en origen sobre los pagos de cánones, intereses y dividendos en caso de abuso o de pagos a países con baja tributación constituye un paso en la dirección adecuada para reducir la planificación fiscal abusiva y debe aplicarse con rapidez y ser objeto de un seguimiento atento. Sobre la base de las últimas gestiones realizadas, la Comisión continuará su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

               (10)Pese a una baja tasa de desempleo y a un número de empleos no cubiertos, el crecimiento nominal de los salarios fue moderado, registrando un 1,5 % en 2017. Este porcentaje es inferior al nivel que podría esperarse sobre la base de la inflación, la productividad y el desempleo. El crecimiento salarial moderado puede estar parcialmente vinculado al lento incremento de la productividad, a la atonía que muestra el resto del mercado laboral y a la creciente segmentación de dicho mercado. En 2017, el Gobierno adoptó varias medidas fiscales que reducen la carga fiscal sobre el trabajo y pretenden aumentar la renta neta disponible de los hogares en los que sus miembros trabajan. Impulsar la renta neta disponible de los hogares mediante la creación de las condiciones necesarias para promover el crecimiento de los salarios y reformar el segundo pilar del sistema de pensiones para que sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente en caso de perturbaciones, apoyaría la demanda interna y contribuiría al reequilibrio de la zona del euro.

               (11)El reciente crecimiento del empleo puede atribuirse en gran medida a un aumento del número de personas con contratos temporales y de los trabajadores por cuenta propia. El alto y creciente porcentaje de contratos temporales, así como el rápido aumento de la actividad por cuenta propia sin asalariados ocurre en un contexto de grandes diferencias en las normas laborales aplicables y la protección laboral, así como de diferencias en la legislación fiscal y la relativa a la seguridad social. Aunque se han adoptado algunas medidas y recientemente se han anunciado otras adicionales, algunos de estos factores siguen creando incentivos financieros para que los empleados comiencen a trabajar como autónomos o para favorecer su contratación mediante contratos temporales. Además, la aplicación de medidas para luchar contra el falso trabajo por cuenta propia se ha suspendido hasta 2020. A menudo, los trabajadores por cuenta propia están insuficientemente asegurados contra la discapacidad, el desempleo y en materia de pensiones. Esto podría afectar a la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.

               (12)A pesar de un mercado laboral que funciona bien en general, todavía existe un potencial de mano de obra no aprovechado. En particular, el gran número de mujeres que trabajan a tiempo parcial y la situación laboral de las personas de origen migrante siguen constituyendo retos importantes. La tasa de empleo de los migrantes nacidos fuera de la UE es 20,6 puntos porcentuales inferior a la de las personas nacidas en los Países Bajos, y esta diferencia todavía crece en el caso de las mujeres.

               (13)El aumento en los últimos años de la tasa de ahorro de los hogares se debió en parte al mayor ahorro en el segundo pilar del sistema de pensiones (regímenes privados complementarios obligatorios), a lo que contribuyó el marco normativo. Una adecuada distribución intrageneracional e intergeneracional de los costes y riesgos más allá de las normas aprobadas en materia de indexación y las reservas financieras (marco de evaluación financiera) podría ayudar a los hogares a emplear sus recursos financieros de una forma más favorable al crecimiento. El Gobierno ha confirmado su intención de reformar sustancialmente el segundo pilar del sistema de pensiones con el fin de mejorar la cobertura y de crear un sistema más transparente, flexible y justo desde el punto de vista actuarial del sistema. Por lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el informe sobre el envejecimiento de 2018 indica un riesgo medio para la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, ya que se prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumentará del 3,5 % al 6,0 % del PIB hasta 2070.

               (14)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe por país de 2018
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               . Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (15)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y según su dictamen
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                cabe esperar que los Países Bajos cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (16)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 2 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a los Países Bajos que tomen medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Respetando el objetivo a medio plazo, utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para incrementar las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación. Tomar medidas para reducir el sesgo en favor del endeudamiento de los hogares y las distorsiones que subsisten en el mercado de la vivienda, en particular apoyando el desarrollo del sector del alquiler privado.

               2.Reducir los incentivos para la utilización de contratos temporales y de trabajadores por cuenta propia sin asalariados, fomentando al mismo tiempo una protección social adecuada para los trabajadores por cuenta propia, y luchar contra el falso trabajo por cuenta propia. Crear las condiciones necesarias para promover un mayor crecimiento de los salarios reales, respetando el papel de los interlocutores sociales. Garantizar que el segundo pilar del sistema de pensiones sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente frente a las perturbaciones.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        COM(2018) 418 final.

                     (4)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (5)

                        COM(2018) 217 final.

                     (6)

                        COM(2018) 120 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.

                     (9)

                        https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 411 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Italiay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Italia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Italia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Italia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
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               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Italia
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                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018
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               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En especial, la alta deuda pública y la prolongada debilidad de la dinámica de la productividad acarrean riesgos con incidencia transfronteriza, en un contexto aún caracterizado por el elevado volumen de los préstamos dudosos y un desempleo muy alto, aunque ambos a la baja. Reviste una particular importancia adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y sobre la Unión Económica y Monetaria, dado el tamaño y la relevancia transfronteriza de la economía de Italia.

               (4)El 16 de mayo de 2018, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  7
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. El Programa de Estabilidad de 2018 presentado por el Gobierno saliente se basa en la hipótesis de que no haya cambios en las políticas. Las autoridades italianas prevén que el déficit global mejorará, pasando del 2,3 % del PIB en 2017 al 1,6 % en 2018, al 0,9 % en 2019 y a una situación prácticamente de equilibrio presupuestario en 2020. El objetivo presupuestario a medio plazo, suponiendo una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, debería alcanzarse en 2020 y mantenerse en 2021, mientras que el saldo estructural recalculado
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                apunta a un pequeño déficit estructural (0,2 % del PIB) en ambos años. Tras haber disminuido ligeramente en 2017 (hasta el 131,8 % del PIB, frente al 132,0 % en 2016), en el Programa de Estabilidad de 2018 se estima que la ratio deuda pública/PIB seguirá disminuyendo a partir de 2018, alcanzando el 122,0 % en 2021, entre otras cosas gracias a los ingresos previstos por privatizaciones, que suman un 0,3 % anual en el período 2018-2020. Sin embargo, los objetivos de privatización no han sido alcanzados en los últimos años. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión se inclinan por un crecimiento del PIB real más bajo y un déficit más elevado en 2019 que en el Programa de Estabilidad de 2018. De hecho, la previsión de la Comisión no incorpora una subida del IVA (0,7 % del PIB) legislada como «cláusula de salvaguardia» para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2019.

               (7)El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE debido a que Italia incumplió presuntamente la norma en materia de deuda en 2016 y 2017. El informe concluyó, tras una evaluación de todos los factores pertinentes, que el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 debe considerarse cumplido en la actualidad y que la incoación de un procedimiento de déficit excesivo no está justificada atendiendo, en particular, a la posterior conformidad de Italia con respecto al componente preventivo en 2017. La Comisión reevaluará la conformidad sobre la base de los datos a posteriori de 2018 que deben notificarse en la primavera de 2019.

               (8)El Programa de Estabilidad indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados y la protección contra riesgos sísmicos es considerable y prueba de manera adecuada el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, el gasto elegible adicional ascendió en 2017 al 0,16 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados y al 0,19 % del PIB en relación con la protección contra riesgos sísmicos. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la llegada de refugiados y las medidas de protección antisísmica guardan relación con acontecimientos inusuales, su impacto en las finanzas públicas italianas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se redujo el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (9)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Italia que garantizase una reducción de la tasa nominal del gasto primario neto
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                no inferior al 0,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Italia, que tuvo en cuenta los retos en cuanto a la viabilidad y fue realizada en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia, se requiere un esfuerzo presupuestario estructural del 0,3 % del PIB para 2018, sin ningún margen adicional de desviación durante un año. Esto se traduce en una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto que no supere el 0,5 %. Teniendo en cuenta la evaluación general sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

               (10)En 2019, teniendo presente la ratio de deuda pública italiana, superior al 60 % del PIB y la brecha de producción prevista del 0,5 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería sobrepasar el 0,1 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de un desviación significativa con respecto a este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y 2019. Además, situada en torno al 130 % del PIB, la alta ratio de deuda pública de Italia supone que se están asignando recursos significativos para financiar los costes del servicio de la deuda, en detrimento de partidas más generadoras de crecimiento, tales como educación, innovación e infraestructuras. Globalmente, el Consejo considera que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a partir de 2018 de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar los hipotéticos beneficios excepcionales para reducir más la ratio de deuda pública.

               (11)El gasto de Italia en pensiones, situado aproximadamente en el 15 % del PIB potencial, es actualmente uno de los más elevados de la UE. Los pasivos implícitos derivados del envejecimiento de la población se vieron restringidos en anteriores reformas de las pensiones, mejorando la sostenibilidad a largo plazo de Italia al adaptar también gradualmente la edad de jubilación a la esperanza de vida. Sin embargo, tanto el presupuesto de 2017 como el de 2018 contenían disposiciones que revirtieron parcialmente esas reformas. Italia tiene una proporción de población de más de 65 años superior a la media de la UE. Se prevé que esta proporción aumente gradualmente, empeorando así la ratio de dependencia de la tercera edad de Italia. Por lo tanto, el gasto en pensiones aumentará a medio plazo. La gran proporción del gasto público que se destina a pensiones de jubilación también restringe otros gastos sociales, como la lucha contra la pobreza y las partidas de gasto que propician el crecimiento, como la educación, cuya participación en el gasto ha estado marcada por un descenso desde principios del siglo XXI. Respetando al mismo tiempo los principios de equidad y de proporcionalidad, podrían alcanzarse ahorros considerables mediante la intervención en los derechos a pensiones altas no cubiertas por cotizaciones.

               (12)El sistema tributario italiano ejerce un peso considerable sobre el capital y el trabajo, con efectos negativos sobre el crecimiento económico. A pesar de la reciente ampliación de incentivos fiscales específicos, la carga fiscal sobre los factores de producción sigue siendo una de las más elevadas de la UE, lo que desalienta la inversión y el empleo. Hay margen para reducirla de manera presupuestariamente neutra, pasando a bases tributarias menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos sobre bienes inmuebles y el consumo. El impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles que grava las primeras residencias fue derogado en 2015, incluso para las rentas más altas. Además, los valores catastrales suelen estar muy obsoletos en general, y está pendiente una reforma para adecuarlos a los valores de mercado actuales. El número y volumen de los gastos fiscales, en particular en el caso de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, son particularmente altos y su racionalización se ha pospuesto de nuevo, a pesar de ser obligatoria en virtud de la legislación nacional. También hay margen para reducir la carga que pesa sobre las empresas y las familias que cumplen sus obligaciones tributarias, reduciendo la complejidad de la legislación tributaria y aumentando el nivel general de dicho cumplimiento. La extensión de la obligación de facturación electrónica a todas las operaciones del sector privado desde 2019 es un paso positivo en esa dirección. No obstante, el aumento de los umbrales legales de los pagos en efectivo podría desalentar el uso de medios de pago electrónicos, cuya obligatoriedad puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Instituto Nacional de Estadística de Italia calcula que la economía sumergida representa en torno al 12,9 % del PIB, pero no está prevista ninguna acción estratégica para hacer frente a este reto. Alrededor del 15,9 % del empleo no se declara parcial o totalmente, con picos aproximados del 50 % en algunos sectores.

               (13)La inversión disminuyó considerablemente durante la crisis y todavía no ha recuperado su nivel de 2007. A pesar del aumento registrado en 2017, el nivel de inversión sigue siendo bajo en comparación con otros países de la UE. La inversión privada ha sido particularmente escasa debido a factores estructurales. Entre ellos se incluyen un ambiente menos favorable a las empresas, limitaciones financieras relacionadas con unos mercados de capitales poco desarrollados, el deterioro de los préstamos bancarios y falta de personal cualificado debido, entre otros motivos, a la fuga de cerebros y a un limitado aprendizaje permanente. Los activos inmateriales, tales como la investigación y el desarrollo, la innovación y la formación de los trabajadores, son cruciales para la productividad y el crecimiento económico, y pueden contribuir a explicar las diferencias de productividad entre países. Sin embargo, la inversión en tales activos sigue siendo inferior a la media de la UE. Esto se debe al gran número de microempresas, a la falta de especialización en sectores intensivos en conocimiento, y a la limitación de la digitalización y de las competencias digitales. Al mismo tiempo, el gasto público en investigación y desarrollo se ha reducido. La financiación de las pymes depende sobremanera del sector bancario, y el crédito sigue moroso, a pesar de unos costes de financiación que se encuentran a niveles históricamente bajos. Existen también grandes diferencias regionales en la inversión en investigación y desarrollo, la incorporación de los recientes incentivos para las empresas innovadoras y la calidad de la educación. Sobre la base de la evaluación actual de los resultados de las diferentes medidas industriales en virtud de las iniciativas «Financiación para el crecimiento» e «Industria/Empresa 4.0», parece conveniente establecer un marco político a largo plazo para apoyar la inversión, capaz de reforzar los distintos factores (disponibilidad de crédito, fuerte base de investigación, educación superior y cualificaciones adecuadas) que apoyan la innovación. Además, parece oportuno considerar las diferencias existentes en los sistemas educativos e industriales regionales.

               (14)La eficiencia del sistema de justicia italiano ha mejorado solo ligeramente en los últimos años y la duración de los procedimientos judiciales sigue siendo un motivo de preocupación, sobre todo en las altas instancias. Concretamente, en 2016, el tiempo necesario para resolver contenciosos civiles y mercantiles seguía siendo uno de los más altos de la UE en todas las instancias. El retraso siguió aumentando en el Tribunal Supremo de Casación, que obtiene uno de los peores resultados de toda la UE. Durante dos años ha estado pendiente en el Parlamento una importante ley para racionalizar las normas procesales civiles e introducir medidas más disuasorias contra los litigios entablados con temeridad. Además, entre las medidas encaminadas a contener los litigios y reforzar la disciplina procesal, el procedimiento simplificado (rito sommario), no se han convertido en norma en los tribunales de apelación y el uso del filtro de la inadmisibilidad de los recursos sigue siendo desigual y limitado en segunda instancia, no aportando por tanto la reducción esperada de los asuntos admitidos a trámite. Por el contrario, en 2016, el número de asuntos civiles incoados aumentó tanto en primera como en segunda instancia, debido también al aumento constante del porcentaje de recursos. Además, una creciente proporción de recursos de casación fueron declarados inadmisibles en 2016, lo que confirma la reciente tendencia al alza. La capacidad del Tribunal Supremo para hacer frente a esta afluencia de casos también disminuyó en el contexto de un acusado aumento de los asuntos no penales (incluidos los tributarios), lo que podría socavar su papel. La aplicación adecuada de las normas procesales, incluso contra el uso indebido de los litigios, también podría contribuir a la correcta y eficaz administración de la justicia.

               (15)En Italia, la corrupción sigue representando un reto para la actividad empresarial y la contratación pública. Italia ha mejorado su marco de lucha contra la corrupción mediante la revisión de su legislación sobre prescripción, la ampliación a los trabajadores del sector privado de la protección brindada a los denunciantes de irregularidades, así como una mejor adaptación a las normas internacionales del delito de corrupción entre particulares. Si bien la reforma adoptada sobre la prescripción no suspende los plazos de prescripción tras una condena en primera instancia, según lo recomendado por el Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa, podría reducir los litigios penales abusivos como táctica dilatoria utilizada por los abogados en instancias superiores. Como tal, puede aliviar una preocupación ya antigua en el sentido de que los casos de corrupción acaban prescribiendo tras una condena en primera instancia. La represión de la corrupción podría mejorarse aumentando la eficiencia de la justicia penal. En 2014, Italia registraba el mayor número de asuntos penales pendientes en la UE en segunda y tercera instancia, debido también a una de las tasas más altas de recursos de casación, lo que resulta en un proceso penal más largo. Incentivar los procedimientos acelerados y evitar que se abuse de los procesos penales podría contribuir a que la justicia y la lucha contra la corrupción fuesen más eficaces. Por otra parte, la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción tiene un papel clave en la complicada aplicación del nuevo marco en la materia.

               (16)Mejorar la baja calidad de la Administración pública italiana repercutiría positivamente en la actividad empresarial y la inversión, así como en la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades de innovación. La gran variación regional de la capacidad de respuesta de las administraciones hacia las empresas sugiere que los empresarios de zonas específicas se enfrentan a mayores obstáculos a la hora de hacer negocios. En 2015, se aprobó una ley general que permite la reforma de la Administración pública, con potencial para mejorar la eficiencia en beneficio de la economía. Al final de 2017, había concluido la aplicación de la reforma y ahora se requiere su ejecución, en especial en las regiones con peores resultados. En materia de empresas estatales, la reforma tiene por objetivo garantizar que estas operen con las mismas normas que las entidades privadas. Los objetivos declarados son: racionalizar las empresas estatales mediante concentraciones, consolidaciones de empresas no rentables y privatizaciones; aumentar la eficiencia de las restantes empresas; y evitar la proliferación de empresas estatales no esenciales. La ejecución del nuevo marco es fundamental para lograr estos objetivos. Además, los servicios públicos locales están protegidos de la competencia frente al mercado, lo que se traduce en ineficacia, baja calidad de los servicios y descontento de los consumidores. La reforma de la Administración pública de 2015 también preveía un nuevo marco de reforma de la gestión de los servicios públicos locales. Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de determinados decretos legislativos, incluido el relativo a los servicios públicos locales. Como el plazo de los decretos expiró en noviembre de 2016, es necesaria una nueva iniciativa legislativa.

               (17)La mejora del entorno empresarial facilitaría el espíritu empresarial, mientras que la mejora de las condiciones marco para la competencia favorecería una asignación más eficiente de los recursos y aumentos de productividad. La ley de 2015 en materia de competencia fue adoptada en agosto de 2017 y ha de aplicarse correctamente. No obstante, persisten importantes obstáculos a la competencia en determinados sectores, como los servicios profesionales, el transporte público local, el ferrocarril y los sectores minoristas. Potenciar los procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público y concesiones de acceso a bienes públicos repercutiría positivamente en la calidad de los servicios. En el ámbito de la contratación pública, las ventajas de la reciente reforma dependerán de la finalización a tiempo de esta, de una aplicación coherente de los planes relativos a la contratación pública electrónica y de la activación del órgano central de agregación para la coordinación de las políticas (Cabina di regia per gli appalti pubblici).

               (18)La confianza del mercado en los bancos italianos ha aumentado a raíz de las medidas adoptadas en 2017 para resolver el problema planteado por varios de los bancos más débiles. Gracias a la mejora de las condiciones económicas y a la presión que ejercen los controles, se han logrado progresos en la reducción de los préstamos no productivos, pero el legado sigue pesando mucho. Ello limita la rentabilidad de los bancos y su capacidad de generar capital a nivel interno. El ritmo de liquidación de los préstamos no productivos, que incluye la profundización del mercado secundario de préstamos no productivos, debe mantenerse a fin de consolidar la estabilidad financiera y la concesión de créditos a la economía real. También debe apoyarse una mayor reestructuración y consolidación de los balances, en particular para los bancos pequeños y los de segundo nivel. Esto implica abordar la debilidad estructural de los bancos mediante el recorte de costes y la optimización del modelo de negocio.

               (19)Considerando las diversas reformas en curso de la gobernanza empresarial, la plena aplicación de las reformas de los grandes bancos cooperativos y los pequeños bancos mutualistas propiciará la salud general del sector bancario. Los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria siguen siendo poco favorables a una rápida puesta a punto y reestructuración de los préstamos no productivos. Adoptar y aplicar rápidamente las medidas legislativas necesarias para la reforma de la insolvencia podría ayudar a corregir las deficiencias estructurales. Las medidas adoptadas en 2016 para acelerar la ejecución de garantías por los bancos todavía no se han utilizado. El marco para la ejecución de garantías todavía no es plenamente aplicable a las empresas y los hogares.

               (20)A pesar de los avances realizados gracias a varias medidas políticas adoptadas durante los últimos años, el acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo importante para la inversión y la financiación para el crecimiento, en particular de las pymes. Las empresas siguen recurriendo para su financiación fundamentalmente a los bancos, mientras que el mercado de capitales está poco desarrollado en comparación con otros países de la UE. La proporción de pymes financiadas por capital es particularmente baja en comparación con la media de la UE. La reciente reducción de la «desgravación para el capital social» ha agravado aún más el sesgo hacia el crédito bancario. Impulsar el acceso de las empresas a la financiación en el mercado sería un componente esencial a la hora de diversificar sus fuentes de financiación a fin de apoyar la inversión y el crecimiento.

               (21)Las instituciones del mercado laboral se han reformado considerablemente en los últimos años. Las condiciones del mercado laboral siguen mejorando, ya que el número de empleados aumentó un 1,0 % en 2017, superando los 23 millones de personas y recuperando así los niveles anteriores a la crisis. La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años superó el 62 % el año pasado, aunque, en gran medida se trataba de empleos temporales. Sin embargo, es una cifra considerablemente inferior a la media de la UE. La tasa de desempleo cayó al 10,9 %, pero el total de horas trabajadas es aún considerablemente menor que antes de la recesión. A pesar de las mejoras, el desempleo juvenil y de larga duración sigue siendo elevado, lo que pone en peligro la cohesión social y el crecimiento. Al haberse situado en casi un 20,1 % en 2017, el porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación se encuentra entre los más altos de la UE, y persisten amplias diferencias regionales.

               (22)La negociación salarial a nivel territorial sigue siendo limitada, debido a la prevalencia de las pequeñas empresas en Italia. Esto puede impedir la adaptación rápida de los salarios a las condiciones económicas locales. A finales de febrero de 2018, Confindustria firmó un acuerdo marco con las tres grandes organizaciones sindicales italianas (Cgil, Csil y Uil), en el que destaca el papel de la negociación de segundo nivel, mediante el aumento de la seguridad jurídica gracias a normas más claras para la representación de los interlocutores sociales en las negociaciones. Las desgravaciones fiscales sobre los incrementos salariales ligados a la productividad establecidos por los acuerdos de segundo nivel se reforzaron en 2017, pero su eficacia es difícil de evaluar. Aunque el número total de convenios colectivos aumenta, tan solo un pequeño porcentaje está firmado por las principales organizaciones sindicales y patronales.

               (23)La reforma de las políticas activas del mercado laboral esbozadas por la Ley de Empleo registró pocos avances en 2017. La formación y el reciclaje son particularmente importantes visto el aumento de la flexibilidad y la proporción de contratos temporales en el mercado laboral italiano. En general, no se han establecido todavía unas normas de servicio generalmente vinculantes y los servicios de empleo siguen careciendo de personal y de un control adecuado. Aumentar el personal y velar por que tenga una cualificación suficiente para prestar servicios de empleo y servicios sociales es fundamental también para la correcta ejecución del sistema introducido en 2018 de lucha contra la pobreza y para la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes que lo necesitan un empleo o una formación adecuados y oportunos.

               (24)La proporción de mujeres que participan en el mercado laboral, aunque creciente, sigue siendo una de las más bajas de la UE. El impacto de las medidas introducidas recientemente y centradas en el pago en efectivo por parto independientemente de los recursos del beneficiario, no ha sido evaluado por las autoridades italianas. Hay indicios de que esas transferencias de efectivo pueden no ser eficaces para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, es poco probable que contribuyan aumentar la natalidad, que se ha estancado en niveles muy bajos durante los últimos 20 años. No existe una estrategia general enfocada a compaginar la vida familiar y profesional. Estas deficiencias se reflejan en la falta de un equilibrio entre sexos en el diseño del permiso parental, en la falta de disposiciones laborales flexibles y en la oferta insuficiente de guarderías y servicios asistenciales adecuados, asequibles y de calidad.

               (25)Introducir medidas para incrementar el capital humano y las cualificaciones ayudaría a mejorar la empleabilidad y a responder a las futuras necesidades del mercado laboral. La calidad general de la escolarización está mejorando, pero persisten grandes disparidades regionales. La proporción de alumnos que abandonan la escuela sin título sigue superando la media de la UE (30 %, en comparación con la media de la UE del 19,7 %), especialmente entre los alumnos nacidos en el extranjero. En general, la aplicación de la reforma escolar es satisfactoria y la educación y la formación profesionales están mejorando. La educación superior, que sufre un grave déficit de financiación, ya que representa un gasto de menos del 0,4 % del PIB, se caracteriza por unas altas tasas de abandono y períodos de estudio prolongados. Por ello, el nivel de titulaciones es uno de los más bajos de la UE (26,9 % de la población entre 30 y 34 años). La tasa de participación en los programas de aprendizaje de adultos aumenta, pero sigue siendo una de las más bajas de la UE, especialmente para los adultos menos cualificados. Debe fomentarse la mejora de las cualificaciones y el reciclaje profesional, y animar a los empresarios a ofrecer más oportunidades de aprendizaje a los trabajadores. La aplicación de la estrategia nacional sobre capacidades, iniciada en octubre de 2017, será crucial.

               (26)A diferencia de la tendencia de la UE, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha seguido aumentando y se situaba en el 30 % en 2016, muy por encima de la media de la UE. Esto afecta especialmente a niños, trabajadores temporales y migrantes. La desigualdad de rentas es elevada y sigue aumentando. En 2016, los ingresos del 20 % de los hogares más ricos eran 6,3 veces superiores a los del 20 % de los hogares más pobres. Esta proporción es incluso mayor en el caso de las personas en edad de trabajar, pues el efecto redistributivo de las pensiones está excluido. La introducción de un nuevo régimen permanente para abordar la pobreza (Reddito di Inclusione) constituye un paso significativo en las políticas sociales. Concebido como una transferencia universal para las personas que cumplan determinadas condiciones de pobreza, se espera que el régimen aumente la todavía escasa repercusión de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza. El régimen se basa en sólidos mecanismos de gobernanza y se someterá a una evaluación sistemática. Es importante destacar que también se prevé un refuerzo sustancial del personal de los servicios sociales, en la actualidad muy infradotados. Una cooperación más estrecha entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo, así como la asignación de recursos suficientes, será crucial para una aplicación sin problemas de la reforma. El régimen incorpora el antiguo sistema de subsidio de desempleo (ASDI), como primer paso para la racionalización del gasto social. El sistema italiano de asistencia sanitaria ofrece una cobertura universal y la salud de la población es buena en general; no obstante, las necesidades no satisfechas de atención médica son elevadas y persisten diferencias entre regiones en la organización y la calidad de la asistencia sanitaria. Italia ha hecho algunos esfuerzos para garantizar un acceso adecuado a la asistencia sanitaria para todos, por ejemplo, mediante la revisión y la ampliación del conjunto mínimo legal de prestación de servicios asistenciales.

               (27)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (28)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (29)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 0,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los beneficios extraordinarios para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Reducir la fiscalidad del trabajo, en particular reduciendo los gastos fiscales y reformando los obsoletos valores catastrales. Intensificar los esfuerzos para luchar contra la economía sumergida, en particular reforzando el uso obligatorio de los pagos electrónicos al disminuir los límites legales para los pagos en efectivo. Reducir el gasto público que se destina a las pensiones de jubilación con el fin de disponer de margen para otros gastos sociales.

               2.Reducir la duración de los juicios civiles en todos los casos mediante la racionalización y el cumplimiento de las normas de procedimiento, en particular las que están siendo estudiadas por el legislador. Mejorar la eficacia de la prevención y represión de la corrupción, reduciendo la duración de los procesos penales, y aplicar correctamente el nuevo marco de lucha contra la corrupción. Garantizar una aplicación adecuada del nuevo marco para las empresas públicas y aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales. Abordar las restricciones a la competencia, entre otros en los servicios, y también mediante una nueva legislación en materia de competencia.

               3.Mantener el ritmo de reducción del gran volumen de préstamos no productivos y apoyar una mayor reestructuración y consolidación de los balances, en particular de los bancos pequeños y medianos, y aplicar rápidamente la reforma de la insolvencia. Mejorar el acceso de las empresas a la financiación en el mercado.

               4.Acelerar la aplicación de la reforma de las políticas activas del mercado laboral, a fin de garantizar la igualdad de acceso a una ayuda eficaz en la búsqueda de empleo y la formación. Fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral a través de una estrategia general, la racionalización de las políticas de apoyo a la familia y el aumento de la cobertura de los servicios de guardería. Fomentar la investigación, la innovación, las competencias digitales y las infraestructuras a través de una inversión mejor orientada, y aumentar la participación en la educación superior centrada en las actividades profesionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        COM(2018) 411 final.

                     (4)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (5)

                        SWD(2018) 210 final.

                     (6)

                        COM(2018) 120 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.

                     (9)

                        Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología acordada.

                     (10)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (11)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 21.11.2018
            COM(2018) 802 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía
            {SWD(2018) 503 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que en 2016  se había observado en Rumanía una desviación significativa del -1% del PIB respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió el 16 de junio de 2017 una Recomendación dirigida a Rumanía para que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pidió a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. El 22 de junio de 2018, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación revisada del Consejo de 5 de diciembre de 2017.

               (2)El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que también en 2017 se había observado en Rumanía una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió el 22 de junio de 2018 una Recomendación
                  2
                dirigida a Rumanía para que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  3
                no superase el 3,3 % en 2018 ni el 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB cada año. El Consejo recomendó también a Rumanía que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario habrán de garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento. El Consejo estableció la fecha límite de 15 de octubre de 2018 para que Rumanía informase sobre las medidas adoptadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (3)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Rumanía que en 2018 y en 2019 cumpla la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 de corrección de la significativa desviación respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo
                  4
               .

               (4)Los días 27 y 28 de septiembre de 2018, la Comisión llevó a cabo una misión de supervisión reforzada en Rumanía a efectos de comprobación in situ, con arreglo al artículo -11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Después de haber enviado sus conclusiones provisionales a las autoridades rumanas para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 21 de noviembre de 2018. Estas conclusiones se hicieron públicas posteriormente.

               (5)El 16 de octubre de 2018, las autoridades rumanas presentaron el informe sobre las medidas efectivas aplicadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018
                  5
               . Habida cuenta de la información facilitada por las autoridades rumanas en su informe y la evaluación global basada en las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, el Consejo de 21 de noviembre de 2018 llegó a la conclusión de que Rumanía no ha adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018.

               (6)Teniendo en cuenta que Rumanía no ha adoptado ninguna medida efectiva al respecto, y dada la gran desviación acumulada respecto de la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, es conveniente dirigir a este Estado miembro una recomendación revisada sobre las medidas apropiadas que deban adoptarse, con arreglo al artículo 121, apartado 4, del TFUE.

               (7)El déficit estructural de Rumanía aumentó un 2,1 % del PIB en 2016 y un 1,2 % del PIB en 2017. Alcanzó el 3,4 % del PIB en 2017, y según las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión,  se estabilizaría globalmente a partir de 2018. Para corregir las desviaciones acumuladas y conseguir que Rumanía vuelva a la senda adecuada de ajuste tras las pasadas desviaciones, se precisa esfuerzo adicional que complemente el esfuerzo estructural del 0,8 % del PIB recomendado por el Consejo el 22 de junio de 2018. Un esfuerzo adicional del 0,2 % del PIB parece apropiado, dada la magnitud de la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Dicho esfuerzo aceleraría el ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo sin poner en peligro el crecimiento económico.

               (8)La mejora del saldo estructural requerida del 1,0 % del PIB en 2019 es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 4,5 % en 2019.

               (9)Según las previsiones de la otoño de 2018 de la Comisión, se prevé un nuevo deterioro del saldo estructural del 0,1 % del PIB en 2019. Por consiguiente, una mejora estructural del 1,0 % del PIB exige que se adopten medidas con un rendimiento estructural total del 1,1 % del PIB en 2019, con respecto a la base de referencia actual de las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión.

               (10)Según las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas será del 3,4 % del PIB en 2019, cifra que se sitúa por encima del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El ajuste estructural requerido parece adecuado también para garantizar que Rumanía respete el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado en 2019 con un margen.

               (11)El hecho de que no se actuara de acuerdo con las recomendaciones anteriores para corregir la desviación significativa observada y el riesgo de que se rebase el valor de referencia establecido en el Tratado exigen la adopción de medidas urgentes para volver a situar la política fiscal de Rumanía en una trayectoria prudente.

               (12)Con el fin de alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Rumanía adopte y aplique estrictamente las medidas necesarias y que realice un estrecho seguimiento de la evolución del gasto corriente.

               (13)Los requisitos formulados en la presente Recomendación sustituyen a los elementos correspondientes establecidos en la recomendación presupuestaria contenida en la Recomendación del Consejo dirigida a Rumanía el 13 de julio de 2018.

               (14)Rumanía debe informar al Consejo sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación a más tardar el 15 de abril de 2019, posiblemente como parte de su Programa de Convergencia, presentado de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (15)Procede que la presente Recomendación se haga pública.

               RECOMIENDA QUE RUMANÍA:

               (1)tome las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 4,5 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB y situará al Estado miembro en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (2)utilice todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario habrán de garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento.

               (3)informe al Consejo, a más tardar el 15 de abril de 2019, sobre las medidas tomadas en respuesta a la presente Recomendación; el informe debe contener medidas suficientemente detalladas y presentadas de forma verosímil, con indicación de la repercusión presupuestaria de cada una de ellas, así como previsiones presupuestarias actualizadas y pormenorizadas para 2019.

               El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 3.

                     (3)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales por el lado de los ingresos y del gasto se integran sobre una base neta.

                     (4)

                        Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Rumanía y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Rumanía (DO C 320 de 10.9.2018, p. 98).

                     (5)

                        Disponible en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2018-INIT/en/pdf


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.11.2019
            COM(2019) 922 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría
            {SWD(2019) 941 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo

                  en Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)De conformidad con el artículo 121 del Tratado, los Estados miembros fomentarán unas finanzas públicas saneadas a medio plazo mediante la coordinación de las políticas económicas y la supervisión multilateral a fin de evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)En junio de 2018, el Consejo concluyó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2017 se había producido una desviación significativa observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo de Hungría. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió una Recomendación el 22 de junio de 2018
                  2
                para que Hungría adoptase las medidas necesarias para corregirla. El Consejo concluyó posteriormente que Hungría no había adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación y emitió una Recomendación revisada el 4 de diciembre de 2018
                  3
               . El Consejo concluyó posteriormente que Hungría tampoco había adoptado medidas efectivas en respuesta a esta Recomendación.

               (4)El 14 de junio de 2019, el Consejo decidió que de nuevo se había producido en Hungría una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y le dirigió una Recomendación para que tomara las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  4
                no superase el 3,3 % en 2019 y el 4,7 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del PIB en 2019 y del 0,75 % del PIB en 2020
                  5
               . El Consejo recomendó también a Hungría que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario debían garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas de manera propicia al crecimiento. El Consejo señaló el 15 de octubre de 2019 como fecha límite para que Hungría informase sobre las medidas tomadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (5)El 9 de julio de 2019, el Consejo recomendó a Hungría que garantizase que en 2019 y en 2020 se cumpliera la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019 con vistas a corregir la significativa desviación respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo
                  6
               .

               (6)El 26 de septiembre de 2019, la Comisión realizó una misión de supervisión reforzada en Hungría a efectos de comprobación in situ con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Tras remitir sus conclusiones provisionales a las autoridades húngaras para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 20 de noviembre de 2019. Estas conclusiones se hicieron públicas.

               (7)El 15 de octubre de 2019, las autoridades húngaras presentaron el informe sobre las medidas efectivas aplicadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019
                  7
               . Habida cuenta de la información facilitada por las autoridades en su informe y de la evaluación global basada en las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, el 20 de noviembre de 2019, el Consejo concluyó que Hungría no había adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019.

               (8)Teniendo en cuenta que Hungría no ha adoptado ninguna medida efectiva al respecto, y dada la desviación acumulada respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia su objetivo presupuestario a medio plazo, es conveniente dirigir a Hungría una Recomendación revisada sobre las medidas apropiadas que deben adoptarse con arreglo al artículo 121, apartado 4, del Tratado.

               (9)Según las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, el saldo estructural de Hungría mejorará en un 0,5 % del PIB en 2019 y en un 1,2 % adicional del PIB en 2020. Como consecuencia de ello, se estima que en 2020 el saldo estructural será del 1,8 % del PIB y del 1,1 % del PIB, lo que supone una desviación respecto de su objetivo presupuestario a medio plazo del 1,5 % en 2019 y del 1,0 % en 2020.

               (10)A fin de devolver a Hungría a una trayectoria de ajuste adecuada tras las pasadas desviaciones, parece adecuado el ajuste estructural anual del 0,75% del PIB en 2020 recomendado por el Consejo el 14 de junio de 2019 dada la evolución macropresupuestaria general en el contexto de la desaceleración de la actividad económica prevista para los próximos años, cuando se prevé que los factores cíclicos que han venido favoreciendo el crecimiento los últimos años vayan poco a poco perdiendo fuerza.

               (11)Según las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, la mejora del saldo estructural exigida, del 0,75% del PIB en 2020, es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 4,7 %.

               (12)Según las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, el déficit estructural de Hungría mejoraría en un 1,2 % del PIB en 2020, mientras que el valor de referencia para el gasto apunta a una desviación respecto del requisito. Teniendo en cuenta los factores que influyen tanto en el saldo estructural como en el valor de referencia para el gasto, y sobre la base de las proyecciones actuales, se espera que el presupuesto de 2020 adoptado por el Gobierno húngaro produzca el esfuerzo necesario.

               (13)El hecho de que no se actuara de acuerdo con las Recomendaciones anteriores para corregir la desviación significativa observada exige la adopción de medidas para volver a situar la política presupuestaria de Hungría en una trayectoria prudente.

               (14)Para alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Hungría aplique estrictamente las medidas necesarias y que siga de cerca la evolución del gasto corriente y contenga los gastos excesivos a finales de año.

               (15)Los requisitos formulados en la presente Recomendación sustituyen a los elementos correspondientes establecidos en la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019.

               (16)Hungría debe informar al Consejo sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación a más tardar el 15 de abril de 2020, posiblemente como parte de su Programa de Convergencia, presentado de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (17)Procede que la presente Recomendación se haga pública,

               RECOMIENDA QUE HUNGRÍA:

               (1)tome las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 4,7 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB y situará al Estado miembro en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo;

               (2)utilice todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit; compense las pérdidas inesperadas de ingresos mediante medidas fiscales permanentes de alta calidad. Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento;

               (3)informe al Consejo a más tardar el 15 de abril de 2020 sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación. El informe debe incluir medidas suficientemente específicas y presentadas de manera solvente, incluida la incidencia presupuestaria de cada una, a fin de cumplir la trayectoria de ajuste requerida, así como una actualización de las previsiones presupuestarias detalladas para 2020.

               El destinatario de la presente Recomendación es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 1.

                     (3)

                        DO C 460 de 21.12.2018, p. 4.

                     (4)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Se deducen las medidas puntuales tanto de ingresos como de gastos.

                     (5)

                        DO C 210 de 21.6.2019, p. 4.

                     (6)

                        Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Hungría y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Hungría (DO C 301 de 5.9.2019, p. 101).

                     (7)

                        https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.11.2019
            COM(2019) 913 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se establece que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019
            {SWD(2019) 932 final}

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se establece que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo cuarto,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)En junio de 2017 y junio de 2018, el Consejo concluyó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2016 y 2017, respectivamente, se había producido una desviación significativa observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo de Rumanía o de la trayectoria de ajuste para alcanzarlo. Habida cuenta de las significativas desviaciones constatadas, el Consejo emitió Recomendaciones dirigidas a Rumanía el 16 de junio de 2017
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                y el 22 de junio de 2018
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                para que adoptase las medidas necesarias para corregir dichas desviaciones. El Consejo concluyó posteriormente que Rumanía no había adoptado medidas efectivas en respuesta las Recomendaciones y emitió Recomendaciones revisadas el 5 de diciembre de 2017
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                y el 4 de diciembre de 2018
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               , respectivamente. El Consejo concluyó posteriormente que Rumanía tampoco había adoptado medidas efectivas en respuesta a estas Recomendaciones.

               (2)El 14 de junio de 2019, el Consejo decidió que de nuevo se había producido en Rumanía una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y le dirigió una Recomendación para que tomara las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no superase el 4,5 % en 2019 y el 5,1 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB en 2019 y del 0,75 % del PIB en 2020
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               . El Consejo recomendó también a Rumanía que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario debían garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas de manera propicia al crecimiento. El Consejo señaló el 15 de octubre de 2019 como fecha límite para que Rumanía informase sobre las medidas tomadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (3)El 25 de septiembre de 2019, la Comisión realizó una misión de supervisión reforzada en Rumanía a efectos de comprobación in situ, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Tras remitir sus conclusiones provisionales a las autoridades rumanas para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 20 de noviembre de 2019. Estas conclusiones se hicieron públicas. El informe de la Comisión concluye que las autoridades rumanas solo prevén emprender ajustes estructurales a partir de 2022 y, por tanto, no tienen intención de actuar en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019.

               (4)El 15 de octubre de 2019, las autoridades rumanas presentaron un informe sobre las medidas tomadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019. El informe no recoge una proyección global de cada categoría presupuestaria ni incluye el impacto presupuestario de cada medida contemplada. De este modo, el informe no cumple las obligaciones de información recomendadas por el Consejo. En el informe, las autoridades reiteraban que su objetivo para 2019 seguía siendo un déficit global del 2,8 % del PIB, el mismo del Programa de Convergencia de 2019. Si se alcanzara este objetivo de déficit global, y pese al fuerte crecimiento económico registrado por Rumanía, tan solo representaría una reducción marginal del déficit de las administraciones públicas en comparación con 2018. En 2020, las autoridades se proponer alcanzar un déficit global del 2,9 % del PIB, superior al objetivo del 2,7 % del PIB contemplado en el Programa de Convergencia de 2019. Por tanto, la incidencia presupuestaria de las medidas comunicadas se sitúa por debajo del requisito formulado en la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019.

               (5)En 2019, sobre la base de las previsiones de otoño de 2019 de la Comisión, el crecimiento previsto del gasto público primario neto se fija en el 12,8 %, muy por encima del tipo de referencia recomendado de un crecimiento del 4,5 % (desviación del 2,5 % del PIB). El saldo estructural se deteriorará previsiblemente en un 0,8 % del PIB, frente a la mejora recomendada del 1,0 % (desviación del 1,8 % del PIB). Por lo tanto, ambos pilares apuntan a una desviación respecto del ajuste recomendado. La apreciación global confirma una desviación respecto del ajuste recomendado en 2019.

               (6)En 2020, sobre la base de las previsiones de otoño de 2019 de la Comisión, el crecimiento previsto del gasto público primario neto se fija en el 11,1 %, muy por encima del tipo de referencia recomendado de un crecimiento del 5,1 % (desviación del 1,8 % del PIB). El saldo estructural se deteriorará previsiblemente en un 0,8 % del PIB, frente a la mejora recomendada del 0,75 % (desviación del 1,6 % del PIB). Por tanto, ambos pilares indican un riesgo de desviación de magnitud similar respecto del ajuste recomendado. La apreciación global confirma una desviación respecto del ajuste recomendado en 2020.

               (7)Por otra parte, según las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas será del 3,6 % en 2019 y del 4,4 % en 2020, por encima del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado.

               (8)De todo lo expuesto se concluye que la respuesta de Rumanía a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019 ha sido insuficiente,

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019.

               Artículo 2

               El destinatario de la presente Decisión es Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 216 de 6.7.2017, p. 1.

                     (3)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 3.

                     (4)

                        DO C 439 de 20.12.2017, p. 1.

                     (5)

                        DO C 460 de 21.12.2018, p. 1.

                     (6)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Se deducen las medidas puntuales tanto de ingresos como de gastos.

                     (7)

                        DO C 210 de 21.6.2019, p. 1.


Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Lituania