title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Suecia 2020/C 282/27

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/177

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Suecia
      (2020/C 282/27)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Suecia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Suecia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada, lo que podría tener consecuencias negativas en la economía y quizá también para el sector bancario. Cualquier efecto negativo en ese sector también podría acabar afectando negativamente a los países vecinos, habida cuenta de las interrelaciones financieras sistémicas. En los últimos años se han adoptado algunas medidas para corregir esos desequilibrios. Sin embargo, hasta ahora las medidas han tenido un efecto limitado. Subsisten ciertas lagunas en cuanto a determinadas políticas fundamentales, en particular en relación con los incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda habitual financiada con deuda, el funcionamiento de la oferta de viviendas y, sobre todo, el mercado del alquiler.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Suecia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las zonas que dependen en gran medida del turismo y, en términos más generales, de actividades empresariales que implican un contacto cara a cara con los clientes. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales en el país y se agrave la tendencia ya observada de aumento gradual de las disparidades entre las capitales regionales y el resto del territorio o entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere políticas de respuesta específicas.

                  (10)

                  Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 27 de abril de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020 el 28 de abril de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

                  (11)

                  Suecia está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 3,8 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 1,4 % del PIB en 2021 y que alcance un superávit del 1,5 % del PIB para 2023. Tras disminuir hasta el 35 % del PIB en 2019, se prevé que la ratio deuda pública/PIB aumente hasta el 40 % en 2020, según el Programa de Convergencia de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Suecia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias ascenderán al 2,4 % del PIB. Las medidas consisten en el refuerzo de los servicios de asistencia sanitaria (0,1 % del PIB), el suministro de ayuda de emergencia a los sectores en dificultades (1,6 % del PIB) e intervenciones en el marco de la política social y del mercado de trabajo (0,2 % del PIB). Por otra parte, Suecia ha anunciado medidas que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas. Según el Programa de Convergencia de 2020, esas medidas incluyen, en particular, aplazamientos del pago de impuestos que podrían equivaler hasta el 6,9 % del PIB, así como diferentes tipos de garantías de préstamos y líneas de crédito ampliadas por un importe aproximado del 4,7 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Suecia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las Administraciones públicas de Suecia sería del -5,6 % del PIB en 2020 y del -2,2 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las Administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Suecia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  Tras el brote de la pandemia de COVID-19, la economía sueca ha experimentado una ralentización sin precedentes. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumentará hasta el 9,7 % en 2020 y se recupere hasta alcanzar el 9,3 % en 2021. Se prevé que el consumo privado disminuya considerablemente, en particular en los sectores más expuestos, como el transporte, la restauración y el alojamiento. Se prevé que la formación bruta de capital fijo experimente un descenso aún más pronunciado que el consumo, impulsado en gran medida por la incertidumbre respecto al ritmo de la recuperación. Las autoridades suecas han reaccionado con rapidez y han ido ampliando progresivamente el alcance de las actuaciones aprobadas a medida que la pandemia de COVID-19 se ha ido propagando. Las medidas se centran en la asistencia sanitaria y la mitigación de las consecuencias económicas de la crisis. Las medidas relacionadas con la asistencia sanitaria incluyen la prestación de apoyo económico por el Gobierno central a las autoridades locales y regionales competentes para sufragar los costes adicionales relacionados con la pandemia de COVID-19. En el plano económico, el Gobierno ha adoptado una amplia gama de medidas para reducir los costes que deben afrontar las empresas (regímenes de reducción temporal de las plantillas, costes salariales por enfermedad, dispensa de las cotizaciones a la seguridad social, garantías de créditos y reducciones de los alquileres) y para garantizar su liquidez (aplazamiento del pago de los impuestos, incluidos los pagos del IVA). Además, el Banco Central de Suecia, Sveriges Riksbank, ha decidido conceder préstamos a las empresas a través de las entidades financieras y adquirir bonos del Estado y las corporaciones locales, así como obligaciones hipotecarias garantizadas y bonos y pagarés emitidos por sociedades no financieras suecas. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. El Banco Central de Suecia también ha celebrado acuerdos de intercambio de divisas con otros bancos centrales para garantizar la disponibilidad de las principales divisas al sector financiero. Se ha ampliado el alcance de la política social y del mercado de trabajo, por ejemplo modificando temporalmente las prestaciones por enfermedad, aumentando las prestaciones por desempleo, reduciendo los requisitos para acceder al régimen de desempleo e impulsando nuevas políticas activas del mercado laboral y de formación (como los empleos verdes, la ampliación del plan de empleo «nystartsjobb», los cursos de verano o el aumento del número de alumnos de enseñanza superior).

                  (17)

                  Las respuestas a corto plazo adoptadas por Suecia en relación con la pandemia de COVID-19 se basan en garantizar que se cuente con recursos adecuados y capacidades suficientes y en la adaptación de las tareas y responsabilidades del personal sanitario. A medio plazo, este planteamiento debería garantizar también la tempestividad y el equilibrio geográfico del suministro de asistencia sanitaria, la adecuación del despliegue de personal sanitario en distintos contextos (por ejemplo, en la asistencia ambulatoria y la asistencia hospitalaria) y contribuir a evitar la escasez estructural de personal médico. El sector sueco de la innovación y el desarrollo (I+D) goza de gran solidez y permitirá impulsar actuaciones con base científica que contribuyan a agilizar el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos y la plasmación de los resultados de las investigaciones en la política de salud pública.

                  (18)

                  Fomentar la disponibilidad de capacidades, en particular de capacidades digitales, puede potenciar un mayor crecimiento de la productividad a través de la (I+D) en los sectores de alta tecnología, y contribuir a alcanzar los ambiciosos objetivos que Suecia ha establecido en materia de clima y energía y plasmado en su Plan Nacional de Clima y Energía. También se debe invertir para que se reduzcan las diferencias en los resultados académicos de los alumnos autóctonos y de origen inmigrante. La alta calidad de la mano de obra había contribuido en gran medida al crecimiento de la productividad laboral, pero prácticamente había dejado de hacerlo antes de la crisis de la COVID-19. También se deberá garantizar la integración en el mercado de trabajo de los grupos cuyo potencial no se estaba aprovechando plenamente antes de la crisis, como los migrantes procedentes de países ajenos a la UE y las personas con discapacidad. La escasez de personal cualificado ha sido especialmente grave en los sectores de la educación, la asistencia sanitaria, el trabajo social, las tecnologías de la información y la comunicación, la industria y la construcción.

                  (19)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. En el sector digital y en el sector de la microelectrónica, más del 50 % de los empleadores denuncian que la escasez de mano de obra cualificada afecta al crecimiento. Mantener la elevada proporción del gasto público en investigación es una condición necesaria para mejorar la productividad. También es necesario dotar de capital y destinar mayores inversiones a los sectores innovadores y de alta tecnología para restablecer el crecimiento de la productividad laboral. La difusión de nuevas tecnologías digitales entre las pequeñas y medianas empresas contribuirá a incrementar la productividad. La crisis ha demostrado la importancia que reviste la infraestructura digital y la necesidad de garantizar unas conexiones rápidas y estables en todas las viviendas y lugares de trabajo. La expansión de la banda ancha móvil de 700 MHz desempeñará un papel importante, al igual que la posibilidad de destinar apoyo financiero al desarrollo de la banda ancha fija. La próxima subasta de la 5G impulsará en mayor medida la digitalización de la economía sueca. El objetivo de lograr una sociedad climáticamente neutra en 2045 también requerirá inversiones en I+I que permitan desarrollar y aplicar soluciones novedosas y competitivas para la descarbonización, así como actuaciones sociales y políticas coordinadas. El transporte es el sector más importante por lo que respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Suecia. En la agenda política figura una transformación completa y relativamente rápida de la flota de vehículos de bajo nivel de emisiones. Las inversiones previstas en las infraestructuras ferroviarias contribuirán a facilitar una distribución modal y alcanzar el ambicioso objetivo establecido por Suecia en materia de clima. La electrificación del transporte y la industria requerirá inversiones significativas en la producción y distribución de electricidad. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Suecia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Ello permitiría a Suecia hacer el mejor uso posible de dicho Fondo.

                  (20)

                  Las repetidas denuncias de presunto blanqueo de capitales han deteriorado la reputación de los bancos suecos, y la prevención de ese delito sigue siendo una prioridad para el país. Una supervisión eficaz requiere mayores recursos y procedimientos adecuados para aplicar el enfoque basado en el riesgo. Suecia ha reconocido que se necesitan más recursos para llevar a cabo adecuadamente las labores de supervisión e investigación y ha reforzado la capacidad de la Autoridad de Supervisión Financiera. Sin embargo, la capacidad de ese organismo sigue siendo reducida en comparación con el tamaño del sector financiero sueco. Siguen planteándose problemas y aún debe aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo.

                  (21)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (22)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Suecia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (23)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones por país dirigidas a Suecia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (24)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (7), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (25)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Convergencia de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Como las recomendaciones específicas por país se han reorientado hacia el objetivo de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 y de facilitar la recuperación económica, ninguna de ellas aborda directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011.

            RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Garantizar la resiliencia del sistema sanitario, en particular velando por la adecuación de las plantillas, las infraestructuras y los suministros de productos médicos esenciales.

                  2.

                  Fomentar la innovación y prestar apoyo a la educación y al desarrollo de capacidades. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, los sectores innovadores y de alta tecnología, las redes 5G y el transporte sostenible.

                  3.

                  Mejorar la eficacia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento eficaz del conjunto de disposiciones de lucha contra esas prácticas.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 159.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 del Reino Unido 2020/C 282/28

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/183

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 del Reino Unido
      (2020/C 282/28)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  A raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión el 31 de enero de 2020 y la entrada en vigor del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), el Reino Unido entró en un período transitorio, que durará hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho período transitorio podrá prorrogarse hasta un máximo de uno o dos años mediante una decisión única tomada por la Unión y el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020 en el Comité Mixto establecido en el Acuerdo de Retirada. Durante el período transitorio, el Derecho de la Unión, incluidas las disposiciones relativas al Semestre Europeo, se seguirá aplicando al Reino Unido y dentro de su territorio.

                  (3)

                  El informe específico de 2020 sobre el Reino Unido fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por el Reino Unido con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (4) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales y perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, creando profundas perturbaciones de la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (5)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (6)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (5), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión consideró que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de activación de la cláusula general de salvaguardia y solicitó al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, al tiempo que permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

                  (7)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con el fin de reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (8)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (9)

                  Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones del Reino Unido debido a los diferentes patrones de especialización. Esto plantea un riesgo sustancial de que se amplíen aún más las disparidades regionales dentro del Reino Unido. La situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 30 de abril de 2020, y su Programa de Convergencia de 2020 el 7 de mayo de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

                  (11)

                  El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma en materia de deuda. El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó al Reino Unido que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario (6) neto no supere el 1,6 % en 2019-2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del producto interior bruto (PIB). La evaluación general de la Comisión confirma el riesgo de una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2019-2020 y a lo largo de 2018-2019 y 2019-2020, considerados en su conjunto. Los datos de ejecución presupuestaria de 2019-2020 estarán disponibles en otoño de 2020.

                  (12)

                  En su Programa de Convergencia de 2019-2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario empeore y pase de un déficit del 2,2 % del PIB en 2019-2020 a un déficit del 2,5 % del PIB en 2020-2021. Según las proyecciones, el déficit aumentará hasta el 3,1 % del PIB en 2021-22 y disminuirá al 2,4 % del PIB en 2024-2025. En 2019-2020, según las estimaciones, la ratio deuda pública/PIB había descendido al 83,2 %, y, según el Programa de Convergencia de 2019-2020, se espera que en 2020-2021 disminuya hasta el 82,9 %. Sin embargo, no parece que el escenario macroeconómico en el que se basan estas proyecciones presupuestarias siga siendo realista ya que en él no se tienen en cuenta las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19. En las proyecciones del Programa tampoco se tienen en cuenta las medidas anunciadas por el Reino Unido en respuesta a la pandemia de COVID-19. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Reino Unido ha adoptado oportunamente medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar apoyo a las personas y sectores especialmente afectados por la crisis. Estas medidas no están incluidas en las proyecciones del Programa de Convergencia, pero sí se tienen en cuenta en las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión. Las medidas presupuestarias equivalen aproximadamente a un 5,5 % del PIB, e incluyen ayudas para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y las empresas, así como medidas sociales. Además, el Reino Unido ha anunciado medidas que, aunque no tienen incidencia presupuestaria directa, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Estas medidas incluyen garantías de préstamos equivalentes a aproximadamente el 16 % del PIB. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias con el fin de lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a mantener la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión y en el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas, se prevé que el saldo de las administraciones públicas del Reino Unido se sitúe en el -10,7 % del PIB en 2020-2021 y en el -6,2 % en 2021-2022. Según las proyecciones, la ratio deuda pública/PIB se elevará al 102,5 % del PIB en 2020-2021 y al 100,2 % en 2022. En el escenario macroeconómico en el que se basa el Programa de Convergencia no se tienen en cuenta las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y, por consiguiente, las proyecciones de la deuda y del déficit divergen considerablemente de las de la Comisión.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que, según las proyecciones, el Reino Unido superaría en 2020-2021 el límite de déficit del 3 % del PIB. En general, del análisis se desprende que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/1997.

                  (16)

                  La actual crisis de la COVID-19 ha creado retos en materia de política económica y social, sin precedentes en las últimas décadas. Se prevé que en 2020 el desempleo, que en 2019 fue del 3,8 %, aumente casi 3 puntos porcentuales hasta llegar al 6,7 % para luego recuperarse ligeramente y situarse en el 6 % en 2021. El Gobierno del Reino Unido ha adoptado medidas de emergencia para aliviar los efectos negativos de las perturbaciones económicas. El coste del apoyo presupuestario directo dependerá de la demanda, pero puede elevarse a aproximadamente 110 000 millones de libras esterlinas (5,5 % del PIB), más 330 000 millones (16 % del PIB) en garantías crediticias para préstamos bancarios. Se han desplegado programas de reducción del tiempo de trabajo para proteger el empleo y se han tomado medidas para prestar apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Se han mejorado temporalmente la cobertura y los criterios de admisibilidad para acceder a los pagos anticipados del crédito universal y se han ampliado temporalmente durante doce meses los criterios básicos de admisibilidad para el crédito universal. Las autoridades locales también recibirán una financiación única adicional para prestar apoyo a las personas y los hogares vulnerables desde el punto de visto económico. El Gobierno ha anunciado asimismo una moratoria de tres meses para los pagos de hipotecas en beneficio de los propietarios de viviendas que se encuentren en dificultades debido a la pandemia de COVID-19.

                  (17)

                  Para prestar apoyo a la situación financiera de las empresas, el Banco de Inglaterra ha reducido el tipo de interés bancario en dos ocasiones, pasando en total del 0,75 % al 0,1 %; ha reducido el porcentaje de las reservas de capital anticíclico del Reino Unido al 0 % a partir de una trayectoria preexistente hacia el 2 % en diciembre de 2020; ha aumentado su programa de compra de bonos hasta 645 000 millones de libras esterlinas; y ha ampliado su apoyo a la concesión de préstamos bancarios comerciales a la economía real junto con las garantías de préstamos del Gobierno. El Gobierno ha ofrecido a algunos sectores una moratoria de un año en los pagos de los impuestos sobre bienes inmuebles comerciales, un aplazamiento de los pagos del IVA y subvenciones en efectivo para las empresas más pequeñas. También se ha facilitado ayuda a la liquidez en forma de garantías y subvenciones combinadas en el marco del plan de préstamos a las pequeñas y medianas empresas que han debido interrumpir su actividad debido al coronavirus y cuyo volumen de negocios es inferior a un umbral concreto, utilizando una amplia gama de productos financieros, por ejemplo, líneas de crédito renovables y otros productos, como préstamos a plazo. Además, se ha puesto a disposición de todos los sectores de actividad un plan general destinado a proporcionar liquidez a las pymes, pero también a empresas de mayor tamaño, que podría incluir ayudas a la inversión. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

                  (18)

                  La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los puntos débiles del Reino Unido en el grado de preparación y en la capacidad de los sistemas sanitarios para hacer frente a este tipo de pandemia, especialmente en lo que se refiere a las instalaciones, el personal y los suministros. A resultas de esto, se han instalado urgentemente en todo el Reino Unido hospitales de campaña provisionales para los pacientes de COVID-19. Se ha instado a la industria manufacturera del país a modificar sus líneas de producción para fabricar urgentemente más equipos médicos, como respiradores, con el fin de hacer frente a la demanda prevista. La crisis de la COVID-19 ha acentuado aún más la escasez existente de personal sanitario. Para poder gestionar crisis parecidas en el futuro serán necesarias inversiones en los sistemas sanitarios de todo el Reino Unido, lo que incluye medidas de salud pública eficaces y con recursos suficientes. El objetivo de dichas inversiones debería ser proporcionar los equipos e instalaciones necesarios, así como la mano de obra cualificada requerida, y, en general, la capacidad de prestar todos los servicios sanitarios ordinarios al mismo tiempo que se proporciona asistencia a los pacientes de COVID-19 u otras enfermedades contagiosas parecidas.

                  (19)

                  Es probable que la actual crisis tenga mayores repercusiones para las personas más vulnerables y que agrave la pobreza. El riesgo de pobreza o de exclusión social ya iba en aumento antes de la crisis, a pesar de que el desempleo estaba en niveles históricamente bajos. También son elevadas la pobreza de las personas con empleo y la pobreza infantil. Con los recortes y las reformas del bienestar se corre el riesgo de socavar el sólido efecto de reducción de la pobreza del sistema tributario y de prestaciones del Reino Unido. Hay margen de maniobra para reforzar el apoyo a los más vulnerables, incluidos los niños en situación de pobreza, especialmente porque se prevé que la crisis haga aumentar aún más la desigualdad de los ingresos.

                  (20)

                  Mejorar el rendimiento de la productividad laboral sigue siendo un reto importante para el Reino Unido. La producción por hora es considerablemente menor en el Reino Unido que en la mayoría de las demás economías desarrolladas y apenas es mayor de lo que era antes de la crisis financiera. El crecimiento del PIB se ha visto impulsado por el crecimiento del empleo y en los últimos tiempos no se ha producido prácticamente aumento alguno de la productividad. A pesar de las tensiones del mercado laboral, la curva de la productividad laboral del Reino Unido se ha mantenido prácticamente plana desde principios de 2018. El crecimiento de los salarios reales también ha seguido siendo lento. Muchas zonas del Reino Unido son relativamente pobres y presentan niveles comparativamente bajos de inversión en capacidades e infraestructuras. Las limitadas perspectivas de progresar profesionalmente que tienen las personas en empleos con salarios bajos repercuten negativamente tanto en la productividad como en la pobreza. Se prevé que esta situación se mantenga e incluso se recrudezca con motivo de la crisis de la COVID-19. La reciente pandemia también plantea retos significativos para los sistemas de educación y formación del Reino Unido, principalmente con respecto a la enseñanza a distancia y las diferencias de acceso a la enseñanza estructurada. Por consiguiente, hay margen para aumentar la productividad haciendo frente a problemas generalizados, como los bajos niveles de inversión en bienes de equipo, infraestructuras e investigación y desarrollo, y las carencias de capacidades, especialmente de las capacidades básicas y técnicas. El Reino Unido tiene como objetivo invertir más en investigación e innovación y mejorar el uso de las tecnologías existentes en toda la economía.

                  (21)

                  Para impulsar la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada, por ejemplo, mediante las reformas pertinentes. El Reino Unido registra una persistente escasez de vivienda. Están apareciendo limitaciones de capacidad y, al mismo tiempo, la construcción residencial sigue por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda estimada. Tanto la cantidad como la ubicación del suelo disponible para nuevas viviendas están limitadas por una reglamentación estricta del mercado del suelo, en particular en torno a las grandes ciudades. El sector de la construcción sigue siendo un sector clave para la vivienda, así como para cumplir los futuros objetivos climáticos y de eficiencia energética, aunque resulta complicado reducir la cantidad de energía utilizada para la calefacción doméstica debido a la vetustez del parque inmobiliario y al lento ritmo al que se sustituye. Tras décadas de infrainversión por parte de los poderes públicos, el Gobierno ha comenzado a abordar el déficit de infraestructuras. Se han registrado avances alentadores en la inversión en energías renovables y se ha conseguido una reducción significativa de las emisiones en el sector energético. Sin embargo, avanzar hacia la neutralidad climática sigue siendo un reto para toda la economía. El uso de las redes de carreteras, ferroviarias y aéreas del Reino Unido está alcanzando los límites de su capacidad, lo que contribuye a la congestión y a la contaminación atmosférica. El Reino Unido aspira a estar en la vanguardia de los vehículos de emisión cero, pero la mayoría de su red ferroviaria todavía no está electrificada. Aunque en el Reino Unido la cobertura de las redes de fibra óptica en su totalidad sigue siendo modesta, la competencia en el mercado de la fibra óptica está creciendo debido a que el Gobierno está aumentando significativamente las ayudas públicas al despliegue de las redes de fibra óptica. Sin embargo, estas inversiones en infraestructuras digitales deben ir acompañadas de una mejora de las capacidades digitales, ya que el Reino Unido adolece de un déficit estructural de capacidades informáticas especializadas.

                  (22)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo hasta el final del período transitorio.

                  (23)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020, los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, el Reino Unido contribuirá a los avances hacia la consecución de los ODS.

                  (24)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas al Reino Unido en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión.

                  (25)

                  A la luz de la esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA al Reino Unido que tome disposiciones en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir eficazmente la pandemia de COVID-19, sostener la economía y prestar apoyo a la recuperación subsiguiente. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario.

                  2.

                  Garantizar la adecuación y la cobertura del sistema de protección social para prestar apoyo a todos y, especialmente, a los más afectados por la crisis.

                  3.

                  Fomentar la innovación y prestar apoyo al desarrollo del capital humano. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en la transición ecológica y digital, especialmente en la vivienda, en la producción y uso eficientes de energías limpias, en infraestructuras de transporte sostenible y en redes de banda ancha de alta velocidad.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.

         (4)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 163.

         (5)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y las variaciones no discrecionales de los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (7)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Finlandia 2020/C 282/26

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/171

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Finlandia
      (2020/C 282/26)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Finlandia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Finlandia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Finlandia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Finlandia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 30 de abril de 2020, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 1,1 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 7,2 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 4,0 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 59,4 % en 2019, aumentaría hasta el 69,1 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Finlandia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 1,7 % del PIB. Las medidas comprenden tanto un gasto de emergencia para la protección de la salud y el orden público como medidas de apoyo para empresas y trabajadores. Por otra parte, Finlandia ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 5 % del PIB. Esas medidas comprenden garantías de préstamo para empresas, principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como sistemas específicos de garantía para Finnair y las navieras que garantizan la seguridad del suministro. Además, el país ha adoptado otras medidas de refuerzo de la liquidez, no recogidas en el Programa de Estabilidad de 2020, en particular el aplazamiento del impuesto sobre sociedades. El importe de esas medidas adicionales se estima en el 15 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Finlandia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas finlandesas sería del -7,4 % del PIB en 2020 y el -3,4 % del PIB en 2021. Se estima que la ratio de deuda de las Administraciones públicas alcanzará el 69,4 % del PIB en 2020 y el 69,6 % del PIB en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Finlandia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  En respuesta a la crisis de la COVID-19, Finlandia ha tomado medidas globales para apoyar su sistema sanitario y su economía. Por ejemplo, el Gobierno finlandés ha adoptado varios presupuestos suplementarios y ha apostado por mejorar la seguridad del empleo para los trabajadores, mientras que las condiciones para la percepción de prestaciones por desempleo se han suavizado. Se ha facilitado el acceso a las prestaciones por desempleo para los profesionales independientes y los empresarios. El importe de las medidas de seguridad social asciende a 1 600 millones EUR. Se han facilitado subvenciones directas a empresas por un importe de 1 000 millones EUR, además de 10 000 millones EUR en préstamos garantizados por el Estado. El Gobierno ha reducido temporalmente la cotización al régimen de pensiones del empleador en 2,6 puntos porcentuales y ha destinado al menos 1 000 millones EUR a un paquete de apoyo a municipios. La autoridad de supervisión financiera del país ha reducido los requerimientos de fondos propios de las entidades de crédito finlandesas eliminando el colchón contra riesgos sistémicos y ajustando los requisitos específicos para las entidades de crédito. El Gobierno constituyó un grupo de trabajo dirigido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud con el fin de preparar la estrategia de Finlandia para la salida de la crisis de la COVID-19. El Gobierno adoptó un plan de salida escalonada a principios de mayo, basándose en el primer informe del grupo de trabajo. El grupo de trabajo propondrá, además, medidas pertinentes para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis. Ha consultado a los interlocutores sociales, los municipios, la sociedad civil y las organizaciones medioambientales.

                  (17)

                  Aunque Finlandia ha demostrado estar en general bien preparada para hacer frente a la crisis de la COVID-19, su sistema sanitario podría gozar de una mayor resiliencia. Los distritos hospitalarios han tenido que reubicar al personal médico para tratar a los pacientes de COVID-19 y apartarse de los plazos legales previamente establecidos para la atención sanitaria de carácter no urgente. El sistema actual de servicios sanitarios, prestados por diversos proveedores, ha dado lugar a una distribución desigual de los trabajadores sanitarios en el país. Es de esperar que la fragmentación de la prestación de servicios y la desigualdad en el acceso a los servicios de asistencia social y atención primaria sigan planteando problemas después de la crisis, especialmente para los desempleados y los jubilados, y en particular las personas con discapacidad. En vista del aumento del desempleo como consecuencia de la crisis de la COVID-19, las actuaciones políticas a corto y a medio plazo deberían centrarse en mejorar la igualdad de acceso a la atención primaria. A medio plazo, sigue siendo importante proseguir los planes de reforma social y sanitaria contemplados por los sucesivos Gobiernos finlandeses, especialmente porque ayudarán a Finlandia a prepararse de cara a cambios demográficos de calado y a mantener la calidad de su sistema sanitario en el futuro, mejorando al mismo tiempo su accesibilidad. La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas finlandesas sigue amenazada debido al incremento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento de la población, en particular en lo referente a la asistencia social y la atención sanitaria.

                  (18)

                  En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 8,3 % en 2020 y se recupere hasta alcanzar el 7,7 % en 2021. Se precisan medidas políticas a corto y medio plazo eficaces, diseñadas en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, para frenar el aumento de la tasa de desempleo y facilitar que quienes hayan perdido su empleo a raíz de la crisis de la COVID-19 se reincorporen al mercado de trabajo. Los esfuerzos han de apoyar igualmente a los grupos en riesgo de pobreza y exclusión social, como las personas con una baja cualificación, las personas con discapacidad, quienes tengan capacidad parcial para trabajar y las personas de origen migrante. Finlandia ha puesto en marcha regímenes de reducción del tiempo de trabajo que han dejado a muchos trabajadores en situación de suspensión de empleo. Las políticas activas del mercado de trabajo, en particular las medidas de perfeccionamiento y reciclaje profesional, podrían garantizar una reincorporación rápida y duradera al mercado de trabajo. Las subvenciones salariales podrían ser selectivas e ir acompañadas de formación y seguimiento por parte de los servicios públicos de empleo. El perfeccionamiento y el reciclaje profesionales son clave para mantener la empleabilidad de la población activa en el contexto de una economía cada vez más ecológica y digital. La reforma del aprendizaje permanente podría ayudar a responder a la necesidad de reforzar las competencias de los adultos, en particular aquellos con una baja cualificación, en sectores pertinentes del mercado de trabajo, como el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A fin de proporcionar al mercado las competencias necesarias en tiempos de cambios demográficos y tecnológicos, será importante mantener la adecuación de la educación con respecto al mercado de trabajo, en particular garantizando un número suficiente de plazas universitarias en consonancia con las previsiones de empleo de cada sector y región. Para evitar que se agrave la situación socioeconómica de los grupos más vulnerables como resultado de la crisis de la COVID-19, será fundamental abordar la brecha digital, en concreto velando por que los estudiantes desfavorecidos tengan acceso a una educación de calidad. La complejidad del sistema de prestaciones crea obstáculos para el acceso al trabajo. Con el fin de fomentar el acceso a la reducción de jornada y al trabajo a tiempo parcial, debería implantarse de manera eficiente el registro de ingresos con información real sobre sueldos y prestaciones, en paralelo a la aceleración de los tiempos de tramitación de las prestaciones de seguridad social. A medio plazo, Finlandia debería reformar el sistema de prestaciones sociales para impulsar el empleo y preparar el sistema de bienestar del país de cara al futuro.

                  (19)

                  Ayudar a las empresas, en particular a las pymes, a mantenerse a flote durante la crisis de la COVID-19 es esencial para estimular la economía una vez se levanten las medidas de confinamiento actualmente en vigor. El apoyo temporal a la liquidez mediante préstamos, subvenciones y garantías podría ayudar a las empresas a sobrevivir durante este período de gran incertidumbre y reducción sustancial de los ingresos. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario.

                  (20)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La inversión en Finlandia sigue siendo inferior a la media de la UE en los ámbitos que más contribuyen al crecimiento de la productividad, en particular la inversión en equipos y en propiedad intelectual. Esta situación puede limitar el potencial de crecimiento a largo plazo del país y repercutir en su competitividad y su recuperación. Invertir más en investigación y desarrollo es un factor clave para propiciar un cambio estructural que favorezca a los sectores de la economía que requieren un alto nivel de conocimientos y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo. La evolución prevista hacia la neutralidad climática de aquí a 2035, que se refleja igualmente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Finlandia, requerirá una inversión sustancial, en particular en las redes eléctricas y el transporte sostenible. Se está desarrollando un nuevo plan nacional de transporte para 2021-2032 bajo el liderazgo de un grupo director parlamentario. En un contexto de preocupación ante las cuestiones sanitarias, medioambientales, regionales y de productividad, deben proseguir los esfuerzos para implantar la banda ancha de alta velocidad y mejorar otras infraestructuras digitales, con miras a racionalizar la logística y mantener la actividad económica en las zonas remotas. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Finlandia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Finlandia optimizar el uso de este Fondo.

                  (21)

                  El análisis nacional de riesgos de Finlandia en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales está desactualizado y se actualizará en 2020. La autoridad de supervisión financiera del país ha mejorado recientemente su capacidad de supervisión. No obstante, la dotación de personal sigue siendo inadecuada, y aún no se ha aplicado correctamente el enfoque «basado en el riesgo» para la supervisión. Si bien se han investigado varios casos de presuntas infracciones, el establecimiento de una política de sanciones disuasorias sigue siendo otro ámbito prioritario. En los últimos meses se ha registrado un fuerte aumento del número de operaciones sospechosas notificadas, pero los recursos de la unidad de información financiera parecen insuficientes para analizar esa información. El intercambio de información entre la unidad de información financiera y la autoridad de supervisión financiera aún es insuficiente.

                  (22)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (23)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Finlandia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (24)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Finlandia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (25)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Finlandia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (26)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Abordar la falta de personal sanitario con el fin de reforzar la resiliencia del sistema sanitario y mejorar el acceso a los servicios sociales y sanitarios.

                  2.

                  Reforzar las medidas de apoyo al empleo y las políticas activas del mercado de trabajo.

                  3.

                  Proporcionar liquidez a la economía real, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, las infraestructuras sostenibles y eficientes, y la investigación y la innovación.

                  4.

                  Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 154.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.