title: Recomendación (UE) 2020/1563 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre la pobreza energética

text:
               27.10.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 357/35

      RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1563 DE LA COMISIÓN
      de 14 de octubre de 2020
      sobre la pobreza energética
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 168 y 194,
      Vista la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (1) («refundición de la Directiva sobre la electricidad»), y, en particular, su artículo 29,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  La pobreza energética es la situación en la que los hogares no pueden acceder a los servicios energéticos esenciales. Los europeos que no pudieron permitirse calentar adecuadamente sus hogares en 2018 fueron casi 34 millones (2), por lo que la pobreza energética es un reto importante para la Unión.

                  (2)

                  Tal como reconocen los colegisladores, la calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas, así como la energía para hacer funcionar los aparatos son servicios esenciales para preservar un nivel de vida digno y la salud. El acceso a los servicios energéticos es esencial para la inclusión social. Así, la lucha contra la pobreza energética puede reportar múltiples beneficios, entre ellos un menor gasto en salud, una reducción de la contaminación atmosférica (al sustituir las fuentes de calefacción que no son adecuadas para su finalidad), una comodidad y un bienestar mayores y una mejora de los presupuestos de los hogares. En conjunto, estos beneficios impulsarían directamente el crecimiento económico y la prosperidad en la Unión Europea.

                  (3)

                  El pilar europeo de derechos sociales, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, incluye la energía entre los servicios esenciales a los que toda persona tiene derecho a acceder. Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios (3).

                  (4)

                  Una transición justa hacia una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 es un aspecto clave del Pacto Verde Europeo, propuesto por la Comisión en diciembre de 2019 (4). Un elemento central de este Pacto Verde es la «oleada de renovación» (5), una importante iniciativa diseñada para impulsar la renovación estructural de edificios privados y públicos y, de ese modo, reducir las emisiones, fomentar la recuperación y abordar la pobreza energética. Esta renovación estructural contribuirá a impulsar los esfuerzos realizados por la Unión para mitigar el cambio climático. Por este motivo, se ha considerado fundamental que la «oleada de renovación» y la presente Recomendación se adopten conjuntamente con el fin de lograr un refuerzo mutuo entre los llamamientos para abordar la pobreza energética y los edificios menos eficientes.

                  (5)

                  La pobreza energética es un concepto clave consolidado en el paquete legislativo titulado «Energía limpia para todos los europeos», concebido para facilitar una transición energética justa. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (Reglamento sobre la gobernanza), y con la refundición de la Directiva sobre la electricidad, la Comisión debe proporcionar orientaciones indicativas sobre los indicadores adecuados para medir la pobreza energética (7) y sobre la definición de «número significativo de hogares en situación de pobreza energética» (8). No existe una definición normalizada de «pobreza energética», por lo que son los Estados miembros quienes deben desarrollar sus propios criterios en función de su contexto nacional. Sin embargo, el paquete legislativo recientemente adoptado ofrece principios generales e información útiles sobre las posibles causas y consecuencias de la pobreza energética. También subraya la importancia de las políticas para abordar el problema, especialmente las relacionadas con los planes nacionales de energía y clima y con las estrategias de renovación a largo plazo (9).

                  (6)

                  En sus planes nacionales de energía y clima, los Estados miembros deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética. En caso de que un Estado miembro constate la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, debe incluir en su plan un objetivo nacional, así como políticas y medidas, para reducir la pobreza energética. En el contexto del quinto informe sobre el estado de la Unión de la Energía, la Comisión ha publicado documentos de trabajo de sus servicios para cada Estado miembro e ha incluido en ellos evaluaciones individuales de cada plan nacional de energía y clima final. Estos documentos de trabajo de los servicios de la Comisión también evalúan el modo en que los planes finales abordaron las recomendaciones en la materia realizadas por la Comisión en 2019, especialmente las relativas a la pobreza energética, e incluyen orientaciones sobre la ejecución de los planes nacionales de energía y clima.

                  (7)

                  La refundición de la Directiva sobre la electricidad exige a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, incluidas medidas que aborden el contexto más amplio de la pobreza en general. Los Estados miembros también deben proteger a los clientes vulnerables, sobre todo a los de zonas apartadas. La Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) contiene disposiciones similares.

                  (8)

                  Una novedad del nuevo marco legislativo es que exige que se determine el número de hogares en situación de pobreza energética. El artículo 29 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad se refiere a la obligación de los Estados miembros de evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, así como de establecer y publicar los criterios en los que se basa esa evaluación. Cuando haya un número significativo de hogares de este tipo, los Estados miembros deben incluir en sus planes nacionales de energía y clima un objetivo indicativo de reducción de la pobreza energética, establecer un calendario y esbozar las políticas pertinentes. A continuación, de conformidad con el Reglamento sobre la gobernanza, están obligados a informar a la Comisión sobre los avances hacia el objetivo de reducir el número de hogares en situación de pobreza energética.

                  (9)

                  La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), relativa a la eficiencia energética y modificada por la Directiva (UE) 2018/2002 (12), exige a los Estados miembros que tengan en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética en el contexto de sus obligaciones en materia de eficiencia energética. El artículo 7, apartado 11, exige, en la medida apropiada, una cuota de medidas de eficiencia energética que debe aplicarse de manera prioritaria entre los hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por la pobreza energética (13). El Reglamento sobre la gobernanza también contiene obligaciones similares.

                  (10)

                  Con arreglo a la versión revisada de la Directiva (UE) 2018/844, relativa a la eficiencia energética de los edificios, los Estados miembros deben esbozar las medidas nacionales pertinentes para contribuir a paliar el problema de la pobreza energética, como parte de sus estrategias de renovación a largo plazo para apoyar la renovación de los parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales (14).

                  (11)

                  El marco legislativo de la Unión también contiene salvaguardias para garantizar que las medidas adoptadas para abordar la pobreza energética no impidan la apertura o el funcionamiento del mercado. Los mercados minoristas que funcionan correctamente son esenciales para una transición justa. Estas salvaguardias están consagradas en el artículo 28 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad y se aplican principalmente en su artículo 5, apartado 5.

                  (12)

                  El artículo 27 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad refuerza el principio al obligar a los Estados miembros a garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios. Para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados miembros pueden designar un suministrador de último recurso.

                  (13)

                  Tal como se resume en el considerando 59 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad, la pobreza energética se deriva de una combinación de bajos ingresos, gasto elevados en energía y mala eficiencia energética de las viviendas. El impacto de la volatilidad de los precios del mercado de la energía y la mala eficiencia energética, especialmente en lo que a los edificios se refiere, en combinación con una amplia gama de factores socioeconómicos asociados a la pobreza general y a problemas derivados de los regímenes inmobiliarios, hacen que sea difícil abordar esta cuestión.

                  (14)

                  En 2018, el 6,8 % de las personas que vivían en hogares privados en la Unión (30,3 millones de personas (15)) no pudieron pagar las facturas de servicios básicos, como las facturas de energía, por lo que corrieron el riesgo de que se les cortara el suministro. Mientras tanto, el 7,3 % de la población de la Unión (37,4 millones de personas) experimentó temperaturas ambiente incómodas en sus hogares.

                  (15)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la urgencia de abordar la pobreza energética si queremos crear una Europa social que atienda a las necesidades de todos sus habitantes. Dado que cada vez son más los europeos que probablemente tendrán que luchar por poder acceder a la energía esencial, en particular a raíz del aumento del desempleo, los niveles de pobreza energética de todos los Estados miembros pasarán a ser objeto de especial atención. En este contexto, a pesar de las perturbaciones sin precedentes que sacuden actualmente las economías europeas, es vital alcanzar los objetivos intermedios del Pacto Verde Europeo.

                  (16)

                  El paquete de recuperación Next Generation EU (16) se presentó para «orientarse hacia la construcción de una Europa más sostenible, resiliente y justa para la próxima generación». Los planes de recuperación de Europa deben guiarse por los principios de la sostenibilidad medioambiental, la solidaridad, la cohesión y la convergencia y por la determinación de que ningún Estado miembro, región ni individuo queden rezagados. Next Generation EU confirma el papel de la «oleada de renovación» como principal facilitador de la recuperación verde.

                  (17)

                  Las estrategias de renovación a largo plazo nacionales y demás instrumentos diseñados para cumplir los objetivos de eficiencia energética para 2030 y 2050 deben intentar proteger a los hogares en situación de pobreza energética y capacitar a los consumidores de energía vulnerables ayudando a los ciudadanos a ahorrar dinero en la factura energética, ofreciéndoles unas condiciones de vida más saludables y reduciendo la pobreza energética.

                  (18)

                  La identificación de los hogares más necesitados de protección y las viviendas que más precisan de una renovación contribuye a orientar y gestionar mejor las intervenciones públicas, lo que aporta resultados prácticos para los consumidores, mejora la eficiencia energética y minimiza cualquier distorsión en el funcionamiento del mercado interior de la energía.

                  (19)

                  Mediante la publicación de la presente Recomendación y la puesta a disposición de los Estados miembros de las orientaciones de la Comisión sobre la pobreza energética en uno de los documentos de trabajo de sus servicios que la acompañan, la Comisión está cumpliendo la obligación antes mencionada y ayudando a los Estados miembros a transponer las nuevas disposiciones sobre pobreza energética. La Comisión también facilita información sobre las buenas prácticas emergentes (17).

                  (20)

                  La principal dificultad a la hora de establecer una definición es el modo de obtener datos numéricos fiables. Se ha desarrollado a escala de la Unión un conjunto de indicadores estadísticos para medir los posibles factores determinantes de la pobreza energética y sus consecuencias. Se trata de indicadores agregados. Dado que la pobreza energética es un fenómeno pluridimensional, no existe ningún indicador que, por sí solo, pueda reflejar plenamente todos sus aspectos.

                  (21)

                  Los indicadores agregados se han elaborado a nivel europeo y se enumeran en el anexo de la presente Recomendación. Desarrollados por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) y el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y derivados de las recopilaciones de datos armonizadas de la Unión, estos indicadores permiten hacer un seguimiento de la situación a escala de la Unión y detectar las especificidades nacionales, así como promover un aprendizaje mutuo más eficiente y el intercambio de mejores prácticas. Los indicadores nacionales pueden contribuir a complementarlos y a perfeccionar la identificación de la pobreza energética, cuando proceda

                  (22)

                  Esto exige una estrecha cooperación entre las autoridades competentes pertinentes y, sobre todo, una adecuada coordinación de esfuerzos a nivel regional y local, de modo que cualquier análisis basado en indicadores a escala nacional o de la Unión se contraste y se complemente con un planteamiento ascendente. Las autoridades regionales y locales están bien situadas para detectar los principales retos financieros y sociales a los que se enfrentan los hogares en situación de pobreza energética y para desempeñar un papel significativo en el diseño y la ejecución de una transición ecológica que sea justa, inclusiva y sostenible para todos en Europa.

                  (23)

                  La Comisión seguirá apoyando el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, en cooperación con el Comité de Protección Social y de otras formas. Los programas de financiación de la Unión, incluida la política de cohesión, el Instrumento de Apoyo Técnico y otras formas de apoyo pueden movilizarse para abordar los retos detectados a través de canales como las plataformas facilitadas por el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y la iniciativa del Pacto de los Alcaldes.

                  (24)

                  El cuarto informe de la Comisión Europea sobre los precios y costes de la energía también examina las circunstancias particulares de las personas en situación de pobreza energética y de los consumidores vulnerables (18). La Comisión también prestará especial atención a la manera en que los Estados miembros aplican el artículo 5 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad, que permite la intervención pública en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes en situación de pobreza energética o a los que viven en hogares vulnerables.

            RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:

                  1.

                  Desarrollar un enfoque sistemático para la liberalización de los mercados de la energía, con el fin de compartir los beneficios con todos los sectores de la sociedad, en particular los más necesitados.

                  2.

                  Tener especialmente en cuenta el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto, que ofrece orientaciones sobre indicadores de pobreza energética, así como sobre la definición de lo que constituye una cantidad significativa de hogares en situación de pobreza energética. Es importante señalar que los Estados miembros deben utilizar las orientaciones de la Comisión al ejecutar y actualizar sus planes nacionales de energía y clima vigentes, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

                  3.

                  Utilizar los indicadores descritos en el anexo en sus evaluaciones de la pobreza energética.

                  4.

                  En consonancia con el considerando 60 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad, elaborar soluciones políticas integradas como parte de la política energética y social. Estas deben incluir medidas de política social y mejoras de la eficiencia energética que se refuercen mutuamente, especialmente en el ámbito de la vivienda.

                  5.

                  Evaluar los efectos distributivos de la transición energética, en particular las medidas de eficiencia energética en el contexto nacional, y definir y ejecutar políticas que aborden las preocupaciones conexas. Debe prestarse la debida atención a los obstáculos a la inversión en viviendas eficientes desde el punto de vista energético y al perfil de las viviendas que más necesitan una renovación, en consonancia con las estrategias nacionales de renovación a largo plazo.

                  6.

                  Desarrollar todas las políticas destinadas a combatir la pobreza energética sobre la base de procesos significativos y responsables de participación pública y de una amplia participación de las partes interesadas.

                  7.

                  Desarrollar medidas destinadas a abordar la pobreza energética basadas en una estrecha cooperación entre todos los niveles de la administración, de forma que se permita, en particular, una estrecha cooperación entre las autoridades regionales y locales, por una parte, y las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del sector privado, por otra.

                  8.

                  Aprovechar plenamente el potencial que ofrecen la financiación y los programas de la Unión, incluida la política de cohesión, para combatir la pobreza energética, analizando los efectos distributivos de los proyectos de transición energética y priorizando las medidas dirigidas a los grupos vulnerables, a fin de garantizar su acceso al apoyo.

                  9.

                  Al asignar fondos públicos, especialmente subvenciones, procurar que se destinen a hogares con bajos ingresos incluidos en las categorías de beneficiarios que disponen de recursos propios muy limitados y de un acceso también limitado a préstamos comerciales. Explorar el papel de las empresas de servicios energéticos y los contratos de rendimiento energético a la hora de proporcionar soluciones de financiación para la renovación de hogares en situación de pobreza energética que permitan a estos hogares vulnerables superar los elevados costes iniciales.

         Hecho en Bruselas, el 14 de octubre de 2020.

               Por la Comisión

            Kadri SIMSON

               Miembro de la Comisión

         (1)  DO L 158 de 14.6.2019, p. 125.

         (2)  Datos correspondientes a 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

         (3)  Pilar europeo de derechos sociales, principio 20 «Acceso a los servicios esenciales»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es

         (4)  COM(2019) 640 final. Comunicación de la Comisión titulada «El Pacto Verde Europeo».

         (5)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Una oleada de renovación para Europa: edificios más verdes, más empleo y mejor calidad de vida» [COM(2020) 662 final].

         (6)  Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

         (7)  Artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1999.

         (8)  Artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/944.

         (9)  De conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13) modificada por la Directiva (UE) 2018/844 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 75).

         (10)  Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).

         (11)  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).

         (12)  Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO L 328 de 21.12.2018, p. 210).

         (13)  Esto se basa en las obligaciones vigentes en virtud de la Directiva 2012/27/UE. Véase también el anexo de la Recomendación de la Comisión relativa a la transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética en su versión modificada [C(2019) 6621 final].

         (14)  Esto se basa en las obligaciones vigentes en virtud del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, que se han trasladado a la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios y reforzado por lo que respecta a la necesidad de abordar la pobreza energética. El considerando 11 de la Directiva (UE) 2018/844 aclara que la necesidad de aliviar la pobreza energética debe tenerse en cuenta de acuerdo con los criterios fijados por los Estados miembros. Ese considerando aclara también que los Estados miembros, al tiempo que perfilan las acciones nacionales que contribuyen a aliviar la pobreza energética en su estrategia de renovación, tienen derecho a definir lo que consideran «acciones pertinentes».

         (15)  Sobre la base de una población estimada de la EU-27 de 446 millones de habitantes a 1 de enero de 2018: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics

         (16)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación», de 27 de mayo de 2020.

         (17)  El considerando 59 de la Directiva (UE) 2019/944 establece que la Comisión debe apoyar activamente la aplicación de las disposiciones en materia de pobreza energética establecidas en esa Directiva, facilitando el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros.

         (18)  Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los precios y costes de la energía en Europa [COM(2020)951] y documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto [SWD(2020)951].

         ANEXO
         INDICADORES DE POBREZA ENERGÉTICA
         La oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) y el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética ponen a disposición de los Estados miembros los indicadores que se describen a continuación, para que puedan consultarlos al evaluar los niveles nacionales de pobreza energética.
         Con el fin de ayudar a los Estados miembros, la Comisión ofrece orientaciones sobre la interpretación de estos indicadores, desarrollados a escala de la Unión con el fin de cuantificar mejor el concepto de «número significativo» de hogares en situación de pobreza energética identificados en virtud de las definiciones nacionales de «pobreza energética» (1).
         Los Estados miembros pueden desglosar más algunos de los indicadores enumerados en los puntos 1 y 2, a fin de realizar un análisis más profundo de los posibles factores de la pobreza energética a nivel nacional.
         Los indicadores pueden dividirse en cuatro grupos:

                     a)

                        indicadores que comparan el gasto en energía con los ingresos: cuantifican la pobreza energética comparando la suma que los hogares destinan a la energía con los ingresos (por ejemplo, el porcentaje o el número de hogares que gastan más de un determinado porcentaje de la renta de que disponen en servicios energéticos domésticos);

                     b)

                        indicadores basados en la autoevaluación: se pregunta directamente a los hogares en qué medida sienten que pueden permitirse el gasto en energía (por ejemplo, su capacidad para mantener la vivienda lo suficientemente caliente en invierno y lo suficientemente fría en verano);

                     c)

                        indicadores basados en mediciones directas: miden variables físicas para determinar si los servicios energéticos son adecuados (por ejemplo, la temperatura ambiente);

                     d)

                        indicadores indirectos: miden la pobreza energética a través de factores asociados, como los atrasos en el pago de las facturas de servicios básicos, el número de desconexiones y la calidad de la vivienda.

               1.   Indicadores centrados en la asequibilidad de los servicios energéticos

                     —

                     Porcentaje de la población en riesgo de pobreza (inferior al 60 % de la renta mediana disponible equivalente nacional) que no puede mantener su casa lo suficientemente caliente, sobre la base de las respuestas a la pregunta «¿Puede su hogar permitirse mantener la casa lo suficientemente caliente?» (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

                     —

                     Porcentaje de la población total que no puede mantener su casa lo suficientemente caliente, sobre la base de las respuestas a la pregunta «¿Puede su hogar permitirse mantener la casa lo suficientemente caliente?» (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

                     —

                     Atrasos en el pago de las facturas de servicios básicos: porcentaje de la población en riesgo de pobreza (inferior al 60 % de la renta mediana disponible equivalente nacional) que presenta atrasos en el pago de las facturas de servicios básicos (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]).

                     —

                     Atrasos en el pago de las facturas de servicios básicos: porcentaje de la población que presenta atrasos en el pago de las facturas de servicios básicos (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]).

                     —

                     Gasto en electricidad, gas y otros combustibles como porcentaje del gasto total de los hogares.

                     —

                     Proporción de hogares cuyo porcentaje de ingresos destinado al gasto energético es superior al doble del porcentaje de la mediana nacional (fuente: Eurostat, encuestas de presupuestos familiares de 2015).

                     —

                     Porcentaje de hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional (Eurostat, encuestas de presupuestos familiares de 2015).

               2.   Indicadores complementarios

                     —

                     Precios de la electricidad para consumidores domésticos; banda de consumo medio (Eurostat, [nrg_pc_204]).

                     —

                     Precios del gas para consumidores domésticos; banda de consumo medio (Eurostat, [nrg_pc_202]).

                     —

                     Precios del gas para consumidores domésticos; banda de consumo más baja (Eurostat, [nrg_pc_202]).

                     —

                     Porcentaje de población en riesgo de pobreza (inferior al 60 % de la renta mediana disponible equivalente nacional) cuyas viviendas presentan fugas, humedades o putrefacción (Eurostat, SILC, [ilc_mdho01]).

                     —

                     Porcentaje de población cuyas viviendas presentan fugas, humedades o putrefacción; población total (Eurostat SILC, [TESSI292]).

                     —

                     Consumo final de energía por metro cuadrado en el sector residencial, previa corrección de las variaciones climáticas (base de datos del proyecto Odyssee-Mure).

            (1)  SWD(2020) 960: «Orientaciones de la Unión sobre la pobreza energética».


               28.10.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 363/173

      P8_TA(2018)0483
      Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión (2018/2117(INI))
      (2020/C 363/24)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

                  —

                  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 13,

                  —

                  Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia (11855/2012), adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012,

                  —

                  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en línea o no, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de mayo de 2014,

                  —

                  Vistos el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2016, y la política de la Unión Europea al respecto,

                  —

                  Vista la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 29.a reunión, celebrada del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997,

                  —

                  Vista la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, aprobada por el Servicio Universitario Mundial en septiembre de 1988,

                  —

                  Vista la Resolución 29/7 sobre el derecho a la educación, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 42.a reunión, celebrada el 2 de julio de 2015,

                  —

                  Vista la Observación General n.o 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, aprobada el 8 de diciembre de 1999 en su vigésimo primera sesión,

                  —

                  Visto el Dictamen n.o 891/2017 de la Comisión de Venecia,

                  —

                  Vistos los informes de organizaciones no gubernamentales nacionales, europeas e internacionales y, en particular, los principios de la responsabilidad del Estado en materia de protección de la enseñanza superior frente a los ataques,

                  —

                  Vistas sus anteriores resoluciones sobre los derechos fundamentales,

                  —

                  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

                  —

                  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

                  —

                  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0403/2018),

                  A.

                  Considerando que la Unesco define la libertad académica como «la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas»;

                  B.

                  Considerando que el derecho a la educación tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos humanos y para alcanzar un desarrollo sostenible; que este derecho solo se puede disfrutar en un ambiente de libertad académica y con la autonomía de las instituciones de educación superior;

                  C.

                  Considerando que la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior define la libertad académica como la libertad de los miembros de la comunidad académica —entendiendo como tal al conjunto de personas que enseñan, estudian, investigan y trabajan en instituciones de educación superior— para buscar, desarrollar y transmitir conocimientos, individual o colectivamente, a través de la investigación, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación, la enseñanza, la divulgación y la escritura;

                  D.

                  Considerando que esta definición debe basarse en valores democráticos fundamentales, como los principios de acceso equitativo y de lucha contra la discriminación, la responsabilidad, el pensamiento crítico e independiente, la autonomía institucional y la responsabilidad social; que no puede haber democracia sin una libertad académica que haga posible un debate informado;

                  E.

                  Considerando que la libertad académica es un elemento clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible, y en particular hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consagrados en la Agenda 2030, en la que la educación de calidad, la investigación científica y la innovación ocupan un lugar central;

                  F.

                  Considerando que la autonomía es una condición previa necesaria para que los centros de educación puedan desempeñar sus funciones; que la libertad académica requiere una protección permanente y atenta contra presiones indebidas por parte del Estado o de intereses comerciales;

                  G.

                  Considerando que la libertad académica —que incluye las libertades de pensamiento, opinión, expresión, asociación, viaje e instrucción— contribuye a crear el espacio en el que cualquier sociedad pluralista abierta y estable es libre de pensar, cuestionar, compartir ideas y producir, consumir y diseminar conocimientos;

                  H.

                  Considerando que los ataques a la libertad académica socavan la investigación, el estudio, la enseñanza, el discurso público y el derecho a la educación, y perjudican a la calidad académica y al desarrollo social, político, económico y cultural; Considerando que las respuestas a los problemas de la sociedad deben encontrarse utilizando la razón, a través de pruebas y de persuasión;

                  I.

                  Considerando que el derecho a la educación, la enseñanza y la investigación solo se puede disfrutar plenamente en un ambiente de libertad académica;

                  J.

                  Considerando que existe una necesidad imperiosa de abordar adecuadamente la cuestión de la libertad académica durante el proceso de adhesión a la Unión Europea con el fin de evitar que se produzcan ataques en los Estados miembros de la Unión, como los intentos de cerrar la Universidad Centroeuropea (CEU) en Budapest, que darán lugar al traslado de las admisiones de estudiantes a Viena a partir de 2019, así como el bloqueo de los estudios de género en Hungría; considerando que los países candidatos deben comprometerse con los valores fundamentales de la educación superior, incluida la libertad académica y la autonomía institucional;

                  K.

                  Considerando que la comunidad académica y los centros de educación son cada vez más vulnerables a la intromisión, la presión o la represión por parte de los Estados, el sector empresarial y otros agentes no estatales; que cada año se notifican cientos de ataques contra universidades, centros de educación superior y sus miembros en todo el mundo, entre ellos asesinatos, actos de violencia y desapariciones, detenciones y encarcelamientos injustificados, enjuiciamientos injustificados, pérdidas de cargos, despidos y expulsiones de los estudios injustificados, restricciones de viaje o de circulación y otras amenazas extremas o sistémicas; que las violaciones de las libertades académicas también tienen lugar en Estados miembros de la Unión y en sus socios más cercanos;

                  L.

                  Considerando que los recortes en la financiación pública de la educación, incluida la educación superior, con la consiguiente necesidad de fuentes de ingresos alternativas, ponen en riesgo a los académicos, especialmente cuando dicha financiación externa proviene de regímenes autocráticos extranjeros o de empresas multinacionales;

                  M.

                  Considerando que los centros de educación extranjeros en la Unión están sufriendo ataques por parte de los Gobiernos nacionales y son víctimas de violaciones de su libertad académica;

                  N.

                  Considerando que los intentos de controlar o silenciar a los centros de educación superior o a sus académicos, sus estudiantes y su personal se extienden mucho más allá de las personas y los centros directamente atacados y afectan a la sociedad en su conjunto al reducir el espacio para la participación democrática inclusiva, la libertad de expresión y la capacitación de todos los ciudadanos y al privar a las generaciones futuras de académicos e investigadores de gran valía;

                  O.

                  Considerando que la aplicación efectiva del derecho a la educación y la garantía de la libertad académica requieren que los Estados aseguren un nivel adecuado y fiable de financiación para la educación; que las políticas de austeridad financiera y económica han socavado gravemente la libertad académica y siguen haciéndolo en todo el mundo, incluso dentro de la Unión;

                  P.

                  Considerando que las violaciones de la libertad académica raramente se tratan dentro del marco de los derechos humanos, lo que refleja, por un lado, la falta de familiaridad con las cuestiones de libertad académica entre los defensores de los derechos humanos y, por otro, el hecho de que las denuncias a menudo hacen referencia a la violación de otros derechos, como la libertad de expresión o de opinión; que, como consecuencia de ello, las normas en este ámbito no están suficientemente desarrolladas y las violaciones de la libertad académica no siempre se notifican;

                  Q.

                  Considerando que existe una necesidad general de sensibilizar en mayor medida sobre la importancia de la libertad académica como herramienta para promover la democracia, el respeto del Estado de Derecho y la rendición de cuentas, y de crear oportunidades para reforzar la capacidad de promoción y defensa de la libertad académica;

                  R.

                  Considerando que es importante identificar los ataques a la libertad académica como parte de un fenómeno mundial y fomentar el reconocimiento de los académicos y de los estudiantes que son objeto de los ataques, no solo como personas cuyos derechos están siendo violados, sino también como defensores de los derechos humanos que están siendo atacados; que se requiere una respuesta firme a escala nacional e internacional, tanto desde la propia educación superior como desde la sociedad civil y el público en general;

                  S.

                  Considerando que muchos académicos y estudiantes en situación de riesgo no tienen la posibilidad de acceder a las oportunidades que ofrecen los programas de la Unión para la movilidad académica y los defensores de los derechos humanos, por no cumplir los criterios para la presentación de solicitudes o por tener grandes dificultades para respetar los procedimientos, los requisitos y los plazos generales de solicitud;

                  T.

                  Considerando que las limitaciones de financiación en los programas de la Unión restringen las acciones de las organizaciones y las universidades de la Unión que ya prestan apoyo a estudiantes y académicos que corren el riesgo de huir de sus países debido a la amenaza de ser perseguidos por su compromiso académico; que estas organizaciones y universidades requieren una mayor asistencia en sus acciones e iniciativas;

                  U.

                  Considerando que la Unión está comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en todo el mundo; que el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia exige una política de apoyo a la democracia y a los derechos humanos de la Unión que sea más eficaz, en particular aumentando la eficacia de los diálogos sobre derechos humanos, mejorando la visibilidad y el impacto de las estrategias por país en materia de derechos humanos, centrándose en la aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre derechos humanos y mejorando la diplomacia pública y las comunicaciones sobre derechos humanos;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que:

                              a)

                              reconozcan explícitamente la importancia de la libertad académica en sus declaraciones públicas, políticas y acciones relacionadas con la acción exterior de la Unión, incluido el reconocimiento de los principios que sostienen que las ideas no son delitos y que el discurso crítico no constituye deslealtad, sino que es una parte esencial de toda sociedad democrática y de su desarrollo, que la autonomía de los centros de educación debe protegerse en todo momento, y que la libertad académica desempeña un papel esencial en el progreso educativo y en el desarrollo del ser humano y de la sociedad moderna;

                              b)

                              reconozcan que las denuncias relacionadas con la libertad académica entran dentro del ámbito de aplicación de la legislación vigente sobre derechos humanos y se derivan del derecho a la educación y de los derechos a la libertad expresión y de opinión; recuerden que la libertad académica se extiende a la libertad de los académicos de divulgar información, realizar investigaciones, difundir el conocimiento y la verdad sin restricciones y expresar sus ideas y opiniones (incluso si estas son controvertidas o impopulares) en los ámbitos de su competencia profesional y de investigación, lo que puede incluir que el funcionamiento de las instituciones públicas de un sistema político determinado sea analizado o criticado;

                              c)

                              pongan de manifiesto públicamente los problemas de los ataques a la libertad académica, incluidas sus consecuencias negativas; expresen preocupación con respecto a la vulnerabilidad de la comunidad académica frente a las injerencias indebidas por parte de las autoridades nacionales, los agentes privados o los intereses corporativos; recuerden la responsabilidad de los Estados de garantizar la libertad académica, actuar de acuerdo con ella y proteger proactivamente de estos ataques a los centros, los académicos y los estudiantes de la enseñanza superior, independientemente de su origen o su condición;

                              d)

                              garanticen que se informe a los representantes de las instituciones europeas y de los Estados miembros que visiten terceros países sobre la situación de la libertad académica;

                              e)

                              demuestren su apoyo a los centros, el personal y los estudiantes que estén en situación de riesgo o que hayan sido víctimas de coerción o ataques violentos y que condenen públicamente estos ataques elevando el asunto a todas las instancias, en particular mediante declaraciones, visitas, invitaciones a manifestaciones públicas y seguimientos de juicios y encarcelamientos, así como a través de referencias específicas a casos particulares de miembros de la comunidad de la enseñanza superior en situación de riesgo;

                              f)

                              apoyen la igualdad de acceso a la comunidad académica, sin tener en cuenta etnias, castas, discapacidades, nacionalidades, creencias religiosas, identidades de género, orientaciones sexuales ni cualquier otra condición; presten especial atención, en sus relaciones con terceros países, al apoyo de la eliminación de la discriminación en función del género y de cualquier forma de violencia, y que ayuden a hacer realidad la igualdad de género y el derecho a la educación para todos;

                              g)

                              pongan de manifiesto que los ataques a la libertad académica también pueden darse en forma de ciberataques, puesto que los académicos hacen cada vez más uso de internet y de las redes sociales para expresar sus ideas y opiniones;

                              h)

                              eleven la libertad académica a diferentes instancias del diálogo político, incluidos los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos con los países socios; intensifiquen los esfuerzos diplomáticos con los países socios mediante un compromiso bilateral y multilateral en relación con los incidentes que impliquen amenazas o ataques a la libertad académica, especialmente los ataques violentos contra centros y miembros de la comunidad de la educación superior, así como las políticas o prácticas discriminatorias, las restricciones indebidas a la investigación o a la expresión, las detenciones o los enjuiciamientos injustificados y las restricciones al derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos; animen a los países socios a establecer un marco para la libertad académica y la autonomía institucional, así como a supervisar la aplicación de estos derechos fundamentales; garanticen que cualquier acuerdo de cooperación internacional con países socios respete estos principios;

                              i)

                              incluyan la defensa y la protección de la libertad académica y la autonomía institucional en los criterios de Copenhague para el proceso de adhesión a la Unión Europea, con miras a prevenir los ataques a la libertad académica en los Estados miembros, como los que se han observado en el caso de la CEU en Hungría;

                              j)

                              animen a todos los Estados a que respalden y apliquen, como ya han hecho la mayoría de Estados miembros de la Unión, la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus Directrices para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado, que constituyen una guía sobre la responsabilidad de proteger valores fundamentales, y en particular la libertad académica y la autonomía institucional, en el contexto de ataques violentos y coercitivos a la educación superior;

                              k)

                              trabajen en colaboración con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, las agencias internacionales, la sociedad civil y las comunidades de la educación superior para crear mecanismos de seguimiento y notificación de ataques, amenazas y restricciones indebidas a la educación superior y a los académicos y refuercen y promuevan el seguimiento con vistas a aumentar la sensibilización, garantizar que los autores asuman la responsabilidad de sus actos y mejorar los esfuerzos de prevención y respuesta frente a los ataques a la libertad académica;

                              l)

                              inicien y alienten un diálogo regular con las comunidades universitarias y con las organizaciones cuya misión consiste en proteger a las comunidades de la enseñanza superior y promover la libertad académica, a fin de desarrollar los mejores marcos políticos, iniciativas y estrategias de promoción en favor de la libertad académica;

                              m)

                              contribuyan al desarrollo de capacidades para llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas y transparentes de las violaciones de la libertad académica, especialmente en situaciones que impliquen ataques violentos; mejoren los esfuerzos de prevención y respuesta frente a los ataques a la libertad académica, y hagan todos los esfuerzos posibles por que los autores asuman la responsabilidad de sus actos;

                              n)

                              fomenten los trabajos de investigación y promoción destinados a reformar la legislación y los reglamentos que imponen restricciones indebidas a la libertad académica o a la autonomía académica de los centros de enseñanza superior; promuevan la autonomía institucional como una forma de proteger los sistemas de enseñanza superior de las injerencias o los ataques por parte del Estado, el sector empresarial u otros agentes no estatales, y de preservar la educación superior de la politización y la manipulación ideológica;

                              o)

                              intensifiquen los esfuerzos diplomáticos con los países socios mediante un compromiso bilateral y multilateral en relación con los incidentes que impliquen amenazas o ataques a la libertad académica, especialmente los ataques violentos contra centros y miembros de la comunidad de la educación superior, así como las políticas o prácticas discriminatorias, las restricciones indebidas a la investigación o a la expresión, y las detenciones o los enjuiciamientos injustificados;

                              p)

                              revisen los mecanismos de apoyo y protección existentes para que los defensores de los derechos humanos desarrollen la capacidad de identificación y asistencia, incluida la protección y el apoyo de emergencia, en casos de ataques contra la libertad académica, en particular mediante la protección física, el apoyo jurídico y en materia de visados, el apoyo médico, el seguimiento de juicios y encarcelamientos, la promoción y defensa de los intereses, y el apoyo a largo plazo durante el exilio; pidan, en particular, que la promoción de la libertad académica y el apoyo a los miembros de la comunidad académica en situación de riesgo se incluyan entre las prioridades del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos;

                              q)

                              revisen los programas existentes y los recursos para la movilidad académica y otras formas de cooperación para la educación y la investigación, incluidos sus criterios, procedimientos de solicitud, requisitos, calendarios y plazos, con el fin de eliminar los obstáculos que podrían impedir que los académicos o los estudiantes cualificados en situación de riesgo puedan acceder a las oportunidades que ofrecen los programas, las colocaciones u otros recursos; promuevan los proyectos existentes financiados por la Unión, como el «Refugio Académico», con el que se pretende aumentar la sensibilización sobre la importancia de la libertad académica en el sector de la enseñanza superior, así como sobre las consecuencias que la represión de esta libertad tiene para la sociedad en general;

                              r)

                              garanticen que los programas de ayuda macrofinanciera de la Unión para terceros países y las políticas de las instituciones financieras europeas no socaven la libertad académica apoyando políticas que reduzcan la asignación de presupuesto nacional al sector educativo;

                              s)

                              creen nuevas iniciativas en el marco de programas existentes y futuros (posiblemente como sinergias desarrolladas y financiadas por la Unión mediante recursos presupuestarios no relacionados con la educación y la investigación), como el instrumento de preadhesión (IPA III), Horizonte 2020, Erasmus + y las acciones Marie Skłodowska-Curie, para poner en marcha nuevos programas y acciones financiados por la Unión para apoyar la colocación de académicos, investigadores y estudiantes de titulación completa en situación de riesgo con estatuto de protección internacional en centros europeos de enseñanza superior e investigación;

                              t)

                              apoyen los esfuerzos normativos en curso a escala regional e internacional, en particular mediante la adopción de una declaración internacional sobre la libertad académica y la autonomía de los centros de enseñanza superior; animen a la Unión y a sus Estados miembros a adoptar iniciativas en materia de libertad académica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

                              u)

                              aseguren un apoyo constante y de alto nivel al Centro Interuniversitario Europeo y al Campus Mundial de Derechos Humanos y Democracia, como rasgo distintivo del apoyo de la Unión a la educación sobre derechos humanos a nivel mundial;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2020/16) 2021/C 43/01

text:
                  8.2.2021

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  C 43/1

         RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
         de 22 de diciembre de 2020
         por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial
         (JERS/2020/16)
         (2021/C 43/01)
         LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
         Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), en particular el artículo 3 y los artículos 16 y 18,
         Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (2), en particular el artículo 458, apartado 8,
         Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3), en particular los artículos 18 a 20,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     Para garantizar la eficacia y coherencia de las medidas nacionales de política macroprudencial es importante complementar la reciprocidad obligatoria impuesta por el derecho de la Unión con la reciprocidad voluntaria.

                     (2)

                     El marco sobre la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial establecidas en la Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4) pretende asegurar que todas las medidas de política macroprudencial basadas en la exposición al riesgo activadas en un Estado miembro se apliquen recíprocamente en los demás Estados miembros.

                     (3)

                     El 8 de enero de 2018, de acuerdo con la Recomendación JERS/2018/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (5), se modificó la Recomendación JERS/2015/2 con el fin de recomendar la aplicación recíproca de un suelo del 15 % para la ponderación media del riesgo de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales garantizados por unidades residenciales en Finlandia, que fue aplicado por Finanssivalvonta (la autoridad finesa de supervisión financiera), con arreglo al artículo 458, apartado 2, letra d, inciso vi), del Reglamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, RRC), a las entidades de crédito autorizadas en Finlandia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio.

                     (4)

                     En respuesta a la decisión del 30 de septiembre de 2020 de Finanssivalvonta de no renovar el suelo para la ponderación media del riesgo a partir del 31 de diciembre de 2020, la Junta General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) ha decidido excluir la medida finesa de la lista de medidas de política macroprudencial cuya aplicación recíproca se recomienda por la Recomendación JERS/2015/2.

                     (5)

                     Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2015/2.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN

            SECCIÓN I

            MODIFICACIONES

         La Recomendación JERS/2015/2 se modifica como sigue:

                     1.

                     En la sección 1, la recomendación C(1) se sustituye por la siguiente:

                                 «1.

                                 Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente las medidas de política macroprudencial que adopten otras autoridades pertinentes y cuya aplicación recíproca recomiende la JERS. Se recomienda la aplicación recíproca de las medidas siguientes que se detallan en el anexo:
                                 Bélgica:

                                             —

                                             un recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio, y formado por:

                                                         (a)

                                                         un recargo fijo de la ponderación del riesgo de 5 puntos porcentuales, y

                                                         (b)

                                                         un recargo proporcional de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica.

                                       Francia:

                                             —

                                             endurecimiento del límite a grandes exposiciones contemplado en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, de aplicación a grandes sociedades no financieras fuertemente endeudadas con domicilio social en Francia, al 5 % de su capital admisible, que se aplica a las entidades de importancia sistémica mundial (G-SII) y otras entidades de importancia sistémica (O-SII) al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso ii) del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                                       Suecia:

                                             —

                                             un suelo específico para entidades de crédito del 25 % para la ponderación media de las ponderaciones del riesgo aplicado a la cartera de exposiciones minoristas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles, a tenor del artículo 458, apartado 2, letra d, inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a entidades de crédito autorizadas en Suecia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para calcular los requisitos de capital regulatorio».

                     2.

                     El anexo se sustituye por el anexo de la presente recomendación.

            SECCIÓN II

            ENTRADA EN VIGOR

         La presente recomendación entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

            Hecho en Fráncfort del Meno el 22 de diciembre de 2020.

                  El Jefe de la Secretaría de la JERS,

                  en nombre de la Junta General de la JERS

               Francesco MAZZAFERRO

            (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

            (2)  DO L 176 de 27.6.2013, p.1.

            (3)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

            (4)  Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 15 de diciembre de 2015, sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (DO C 97 de 12.3.2016, p. 9).

            (5)  Recomendación JERS/2018/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 8 de enero de 2018, por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (DO C 41 de 3.2.2018, p. 1).

            ANEXO
            El anexo de la Recomendación JERS/2015/2 se sustituye por el siguiente:

                     «ANEXO

                        Bélgica

                           Recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica, aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB). El recargo está formado por dos elementos:

                                 (a)

                                       un recargo fijo de la ponderación del riesgo de 5 puntos porcentuales, y

                                 (b)

                                       un recargo proporcional de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica.

                           I.   Descripción de la medida

                                 1.

                                 La medida belga, aplicada de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, e impuesta a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB), consiste en un recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica formado por dos elementos:

                                             (a)

                                             El primer elemento es un recargo de 5 puntos porcentuales de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica, que se obtiene después de calcular el segundo elemento del recargo de la ponderación del riesgo conforme a lo establecido en la letra b).

                                             (b)

                                             El segundo elemento es un recargo de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica. La media ponderada por exposición es la media de las ponderaciones del riesgo de los préstamos individuales calculadas conforme al artículo 154 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ponderada por el valor de la exposición pertinente.

                           II.   Aplicación recíproca

                                 2.

                                 De conformidad con el artículo 458, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se recomienda a las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados que apliquen recíprocamente la medida belga en el plazo establecido en la recomendación C(3) a las sucursales sitas en Bélgica de entidades de crédito autorizadas en el ámbito nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB).

                                 3.

                                 Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida belga a las entidades de crédito autorizadas en el ámbito nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas directas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica. Conforme a la recomendación C(2), se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen en el plazo establecido en la recomendación C(3) la misma medida que la autoridad activadora aplica en Bélgica.

                                 4.

                                 Si no disponen de la misma medida de política macroprudencial en su jurisdicción, se recomienda a las autoridades pertinentes que, previa consulta con la JERS, apliquen la medida de política macroprudencial disponible en su país que tenga el efecto más próximo al de la medida cuya aplicación recíproca se recomienda, incluida la adopción de las medidas y facultades de supervisión establecidas en el título VII, capítulo 2, sección IV, de la Directiva 2013/36/UE DEL Parlamento Europeo y del Consejo (*1). Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten la medida equivalente en el plazo de los cuatro meses siguientes a la publicación de la presente recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

                           III.   Umbral de importancia

                                 5.

                                 La medida se complementa con un umbral de importancia relativa específico por entidad de 2000 millones EUR para orientar la posible aplicación del principio de no regular lo nimio por las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida.

                                 6.

                                 Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, las autoridades pertinentes del Estado miembro interesado podrán eximir a las entidades de crédito individuales autorizadas en el ámbito nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales en Bélgica que no alcancen el umbral de importancia relativa de 2000 millones EUR. Cuando apliquen el umbral de importancia relativa, las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida belga a las entidades de crédito individuales autorizadas en el ámbito nacional y exentas hasta entonces cuando superen el umbral de importancia relativa de 2000 millones EUR.

                                 7.

                                 Cuando no existan entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros interesados con sucursales sitas en Bélgica o que tengan exposiciones minoristas directas garantizadas por inmuebles residenciales en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones de 2000 millones EUR o más al mercado hipotecario residencial belga, las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados podrán decidir no aplicar recíprocamente la medida belga, como se establece en el apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2. En este caso las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia relativa de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida belga cuando una entidad de crédito que utilice el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) supere el umbral de 2000 millones EUR.

                                 8.

                                 Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, el umbral de importancia relativa de 2000 millones EUR es el umbral máximo recomendado. Las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida pueden por consiguiente, en lugar de aplicar el umbral recomendado, fijar para sus jurisdicciones un umbral inferior si procede, o aplicar recíprocamente la medida sin umbral de importancia relativa.

                        Francia

                        Endurecimiento del límite a grandes exposiciones contemplado en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, de aplicación a grandes sociedades no financieras fuertemente endeudadas con domicilio social en Francia, al 5 % de su capital admisible, que se aplica a las entidades de importancia sistémica mundial (G-SII) y otras entidades de importancia sistémica (O-SII) al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso ii) del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                     I.   Descripción de la medida

                                 1.

                                 La medida francesa, aplicada con arreglo al artículo 458, apartado 2, letra d), inciso ii) del Reglamento (UE) n.o 575/2013 e impuesta sobre las G-SII y O-SII al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial (no a nivel subconsolidado), consiste en un endurecimiento del límite a grandes exposiciones al 5 % de su capital admisible, de aplicación a grandes sociedades no financieras fuertemente endeudadas con domicilio social en Francia.

                                 2.

                                 Se entiende por sociedad no financiera, toda persona física o jurídica de derecho privado con domicilio social en Francia y que, a su nivel y al máximo nivel de consolidación, pertenezca al sector de sociedades no financieras, conforme a la definición del punto 2.45 del anexo A al Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2).

                                 3.

                                 La medida se aplica a las exposiciones a sociedades no financieras con domicilio social en Francia y a exposiciones a grupos de sociedades no financieras vinculadas de la manera siguiente:

                                             a)

                                             Respecto a las sociedades no financieras que forman parte de un grupo de sociedades no financieras vinculadas con domicilio social al máximo nivel de consolidación en Francia, la medida se aplica a la suma de exposiciones netas al grupo y a todas sus entidades vinculadas, en el sentido del artículo 4, apartado, 1, punto 39, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                                             b)

                                             En cuanto a sociedades no financieras que forman parte de un grupo de sociedades con domicilio social al máximo nivel de consolidación fuera de Francia, la medida se aplica a la suma de:

                                                         (i)

                                                         las exposiciones a sociedades no financieras con domicilio social en Francia,

                                                         (ii)

                                                         las exposiciones a entidades en Francia o en el extranjero sobre cuyas operaciones, a las que hace referencia el inciso i), tengan un control directo o indirecto en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 39 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y

                                                         (iii)

                                                         las exposiciones a entidades en Francia o en el extranjero que dependan económicamente de las sociedades no financieras a las que hace referencia el inciso i), en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 39 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
                                                         Las sociedades no financieras que tengan domicilio social en Francia y que no sean filiales o entidades económicamente dependientes, y que no estén controladas directa o indirectamente por una sociedad no financiera con domicilio social en Francia, quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la medida.
                                                         Con arreglo al artículo 395, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la medida es aplicable tras tener en cuenta el efecto de las técnicas de reducción del riesgo crediticio y exenciones de conformidad con los artículos 399 a 403 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                                 4.

                                 Si la exposición original a una sociedad no financiera con domicilio social en Francia o al grupo de sociedades no financieras vinculadas, en el sentido del apartado 3, es igual o superior a 300 millones de euros, la G-SII o la O-SII considerará que dicha sociedad es una gran sociedad financiera. El valor de la exposición original se calculará de acuerdo con los artículos 389 y 390 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, antes de tener en cuenta el efecto de las técnicas de reducción del riesgo crediticio y exenciones establecidas en los artículos 399 a 403 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, notificado conforme al artículo 9 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión (*3).

                                 5.

                                 Se considerará que una sociedad no financiera está fuertemente endeudada si su ratio de apalancamiento es superior al 100 % y su ratio de cobertura de gastos financieros es inferior a tres, calculados al máximo nivel de consolidación de la manera siguiente:

                                             (a)

                                             El ratio de apalancamiento es el coeficiente entre la deuda total neta de efectivo y patrimonio.

                                             (b)

                                             El ratio de cobertura de gastos es el coeficiente entre, por un lado, el valor añadido más subvenciones para funcionamiento, menos: (i) salarios; (ii) impuestos y derechos de explotación; (iii) otros gastos de explotación ordinarios netos, sin incluir intereses y asimilados; y (iv) depreciación y amortización; y, por otro lado, intereses y asimilados.
                                             Los ratios se calculan a partir de los agregados contables definidos de acuerdo con las normas aplicables que se hayan presentado en los estados financieros de la sociedad no financiera y que un auditor de cuentas haya certificado, si procede.

                           II.   Aplicación recíproca

                                 6.

                                 Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen la medida francesa recíprocamente a las G-SII y O-SII autorizadas en el ámbito nacional al máximo nivel de consolidación dentro de la jurisdicción de su perímetro bancario prudencial.

                                 7.

                                 Si en su jurisdicción no se dispone de esa misma medida de política macroprudencial, con arreglo a la recomendación C(2), se recomienda a las autoridades pertinentes que, previa consulta con la JERS, apliquen la medida de política macroprudencial disponible en su país que tenga el efecto más próximo al de la medida de política macroprudencial cuya aplicación recíproca se recomienda. Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten la medida equivalente en el plazo de los seis meses siguientes a la publicación de la presente recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

                           III.   Umbral de importancia

                                 8.

                                 La medida se complementa con un umbral de importancia relativa combinado para orientar la posible aplicación del principio de no regular lo nimio por las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida, que está formado por:

                                             (a)

                                             Un umbral de 2000 millones EUR para el total de exposiciones originales de G-SII y O-SII al máximo nivel de consolidación del perímetro bancario prudencial autorizadas en el ámbito nacional al sector de sociedades no financieras francés.

                                             (b)

                                             Un umbral de 300 millones EUR aplicable a las G-SII y O-SII autorizadas en el ámbito nacional que igualen o superen el umbral mencionado en la letra a) para:

                                                         (i)

                                                         Una única exposición original a una sociedad no financiera con domicilio social en Francia.

                                                         (ii)

                                                         La suma de exposiciones originales a un grupo de sociedades no financieras vinculadas con domicilio social en Francia al máximo nivel de consolidación, calculada de acuerdo con el apartado 3, letra a).

                                                         (iii)

                                                         La suma de las exposiciones originales a sociedades no financieras con domicilio social en Francia que formen parte de un grupo de sociedades no financieras vinculadas con domicilio social al máximo nivel de consolidación fuera de Francia, conforme a lo presentado en las plantillas C 28.00 y C 29.00 del anexo VIII al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014.

                                             (c)

                                             Un umbral del 5 % del capital admisible de la G-SII o la O-SII al máximo nivel de consolidación para las exposiciones identificadas en la letra b) tras tener en cuenta el efecto de las técnicas de reducción del riesgo crediticio y exenciones previstas en los artículos 399 a 403 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
                                             Los umbrales mencionados en las letras b) y c) se aplicarán con independencia de si la entidad o sociedad no financiera en cuestión están fuertemente endeudadas o no.
                                             El valor de la exposición original al que hacen referencia las letras a) y b) se calculará de conformidad con los artículos 389 y 390 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 antes de tener en cuenta el efecto de las técnicas de reducción del riesgo crediticio y exenciones establecidas en los artículos 399 a 403 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, notificado conforme al artículo 9 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014.

                                 9.

                                 En consonancia con el apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, las autoridades pertinentes del Estado miembro interesado podrán eximir a las G-SII u O-SII autorizadas en el ámbito nacional al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial que no superen el umbral de importancia relativa combinado del apartado 8. Al aplicar el umbral de importancia relativa, las autoridades pertinentes supervisarán la importancia de las exposiciones al sector de sociedades no financieras francés de las G-SII y O-SII autorizadas en el ámbito nacional, así como la concentración de exposiciones a grandes sociedades no financieras con domicilio social en Francia de las G-SII y O-SII autorizadas en el ámbito nacional, y se recomienda que apliquen la medida francesa a las G-SII y O-SII al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial y exentas hasta entonces autorizadas en el ámbito nacional cuando superen el umbral del apartado 8. Se anima asimismo a las autoridades pertinentes a indicar a otros participantes en el mercado de su país los riesgos sistémicos asociados con el mayor apalancamiento de las sociedades no financieras con domicilio social en Francia.

                                 10.

                                 De no existir G-SII u O-SII al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial autorizadas en los Estados miembros interesados con exposiciones al sector de las sociedades no financieras francés que superen el umbral de importancia relativa del apartado 8, las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados podrán decidir no aplicar recíprocamente la medida, como se establece en el apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2. En tal caso, las autoridades pertinentes supervisarán la importancia de las exposiciones de las G-SII y O-SII autorizadas en el ámbito nacional al sector de sociedades no financieras francés, así como la concentración de exposiciones a grandes sociedades no financieras con domicilio social en Francia de las G-SII y O-SII autorizadas en el ámbito nacional, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida francesa a las G-SII y O-SII al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial cuando superen el umbral del apartado 8. Se anima asimismo a las autoridades pertinentes a indicar a otros participantes en el mercado de su país los riesgos sistémicos asociados con el mayor apalancamiento de las sociedades no financieras con domicilio social en Francia.

                                 11.

                                 Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, el umbral de importancia relativa combinado al que hace referencia el apartado 8 es el umbral máximo recomendado. Las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida pueden, por consiguiente, en lugar de aplicar el umbral recomendado, fijar para sus jurisdicciones un umbral inferior si procede, o aplicar recíprocamente la medida sin umbral de importancia relativa.

                        Suecia

                        Un suelo específico para entidades de crédito del 25 % para la ponderación media de las ponderaciones del riesgo aplicado a la cartera de exposiciones minoristas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles, a tenor del artículo 458, apartado 2, letra d, inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a entidades de crédito autorizadas en Suecia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para calcular los requisitos de capital regulatorio.

                     I.   Descripción de la medida

                                 1.

                                 La medida sueca, aplicada de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, e impuesta a las entidades de crédito autorizadas en Suecia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB), consiste en un suelo específico para entidades de crédito del 25 % para la ponderación media de las ponderaciones del riesgo aplicado a la cartera de exposiciones minoristas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles.

                                 2.

                                 La media ponderada por exposición es la media de las ponderaciones del riesgo de las exposiciones individuales calculadas conforme al artículo 154 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ponderada por el valor de la exposición pertinente.

                           II.   Aplicación recíproca

                                 3.

                                 De conformidad con el artículo 458, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se recomienda a las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados que apliquen recíprocamente la medida sueca en el plazo establecido en la recomendación C(3) a las sucursales sitas en Suecia de entidades de crédito autorizadas en el ámbito nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB).

                                 4.

                                 Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida sueca a las entidades de crédito autorizadas a nivel nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas directas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles. Conforme a la recomendación C(2), se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen en el plazo establecido en la recomendación C(3) la misma medida que la autoridad activadora aplica en Suecia.

                                 5.

                                 Si en su jurisdicción no se dispone de esa misma medida de política macroprudencial, se recomienda a las autoridades pertinentes que, previa consulta con la JERS, apliquen la medida de política macroprudencial disponible en su país que tenga el efecto más próximo al de la medida de política macroprudencial cuya aplicación recíproca se recomienda. Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten la medida equivalente en el plazo de los cuatro meses siguientes a la publicación de la presente recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

                           III.   Umbral de importancia

                                 6.

                                 La medida se complementa con un umbral de importancia específico por entidad de 5 000 millones SEK para orientar la posible aplicación del principio de no regular lo nimio por las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida.

                                 7.

                                 Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, las autoridades pertinentes del Estado miembro interesado podrán eximir a las entidades de crédito individuales autorizadas a nivel nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas menos relevantes a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles que no alcancen el umbral de importancia de 5 000 millones SEK. Cuando apliquen el umbral de importancia, las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida sueca a las entidades de crédito individuales autorizadas a nivel nacional y exentas hasta entonces cuando superen el umbral de importancia de 5 000 millones SEK.

                                 8.

                                 Cuando no existan entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros interesados con sucursales sitas en Suecia o que tengan exposiciones minoristas directas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas de 5 000 millones SEK o más a deudores residentes en Suecia garantizadas por bienes inmuebles, las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados podrán decidir no aplicar recíprocamente la medida sueca, como se establece en el apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2. En este caso las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia relativa de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida sueca cuando una entidad de crédito que utilice el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) supere el umbral de 5 000 millones SEK.

                                 9.

                                 Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, el umbral de importancia de 5 000 millones SEK es el umbral máximo recomendado. Las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida pueden, por consiguiente, en lugar de aplicar el umbral recomendado, fijar para sus jurisdicciones un umbral inferior si procede, o aplicar recíprocamente la medida sin umbral de importancia.

               .

               (*1)  DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.

               (*2)  Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

               (*3)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).»