title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Italia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/48

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Italia
      (2018/C 320/11)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Italia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En especial, la alta deuda pública y la prolongada debilidad de la dinámica de la productividad acarrean riesgos con incidencia transfronteriza, en un contexto aún caracterizado por el elevado volumen de los préstamos dudosos y un desempleo alto, aunque ambos a la baja. Reviste una particular importancia adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y sobre la Unión Económica y Monetaria, dado el tamaño y la relevancia transfronteriza de la economía de Italia.

                  (4)

                  El 16 de mayo de 2018, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. El Programa de Estabilidad de 2018 presentado por el Gobierno saliente se basa en la hipótesis de que no haya cambios en las políticas. Las autoridades italianas prevén que el déficit global mejorará, pasando del 2,3 % del PIB en 2017 al 1,6 % en 2018, al 0,8 % en 2019 y a una situación prácticamente de equilibrio presupuestario en 2020. El objetivo presupuestario a medio plazo, suponiendo una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, debería alcanzarse en 2020 y mantenerse en 2021, mientras que el saldo estructural recalculado (6) apunta a un pequeño déficit estructural (0,2 % del PIB) en ambos años. Tras haber disminuido ligeramente en 2017 (hasta el 131,8 % del PIB, frente al 132,0 % en 2016), en el Programa de Estabilidad de 2018 se estima que la ratio deuda pública/PIB disminuya en un punto porcentual del PIB hasta el 130,8 % en 2018, alcanzando el 122,0 % en 2021, entre otras cosas gracias a los ingresos previstos por privatizaciones, que suman un 0,3 % anual en el período 2018-2020. Sin embargo, los objetivos de privatización no han sido alcanzados en los últimos años. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión se inclinan por un crecimiento del PIB real más bajo y un déficit más elevado en 2019 que en el Programa de Estabilidad de 2018. De hecho, la previsión de la Comisión no incorpora una subida del IVA (0,7 % del PIB) legislada como «cláusula de salvaguardia» para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2019.

                  (7)

                  El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE debido a que Italia incumplió presuntamente la norma en materia de deuda en 2016 y 2017. El informe concluyó, tras una evaluación de todos los factores pertinentes, que el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (7) debe considerarse cumplido en la actualidad y que la incoación de un procedimiento de déficit excesivo no está justificada atendiendo, en particular, a la posterior conformidad de Italia con respecto al componente preventivo en 2017. La Comisión reevaluará la conformidad sobre la base de los datos a posteriori de 2018 que deben notificarse en la primavera de 2019.

                  (8)

                  El Programa de Estabilidad de 2018 indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados y la protección contra riesgos sísmicos es considerable y prueba de manera suficiente el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, el gasto adicional admisible ascendió en 2017 al 0,16 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados y al 0,19 % del PIB en relación con la protección contra riesgos sísmicos. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la llegada de refugiados y las medidas de protección antisísmica guardan relación con acontecimientos inusuales, su impacto en las finanzas públicas italianas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se redujo el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

                  (9)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Italia que garantizase una reducción de la tasa nominal del gasto público primario neto (8) no inferior al 0,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de plan presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Italia, que tuvo en cuenta los retos en cuanto a la viabilidad y fue realizada en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 2018 de Italia, se requiere un esfuerzo presupuestario estructural del 0,3 % del PIB para 2018, sin ningún margen adicional de desviación durante un año. Esto se traduce en una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto que no supere el 0,5 %. Teniendo en cuenta la evaluación general sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

                  (10)

                  En 2019, teniendo presente la ratio de deuda pública italiana, superior al 60 % del PIB y la brecha de producción prevista del 0,5 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería sobrepasar el 0,1 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de un desviación significativa con respecto a este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y 2019. Además, situada en torno al 130 % del PIB, la alta ratio de deuda pública de Italia supone que se están asignando recursos significativos para financiar los costes del servicio de la deuda, en detrimento de partidas más generadoras de crecimiento, tales como educación, innovación e infraestructuras. Globalmente, el Consejo considera que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a partir de 2018 de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

                  (11)

                  El gasto de Italia en pensiones, situado aproximadamente en el 15 % del PIB, es actualmente uno de los más elevados de la Unión. Los pasivos implícitos derivados del envejecimiento de la población se vieron restringidos en anteriores reformas de las pensiones, mejorando la sostenibilidad a largo plazo de Italia al adaptar también gradualmente la edad de jubilación a la esperanza de vida. Sin embargo, tanto el presupuesto de 2017 como el de 2018 contenían disposiciones que revirtieron parcialmente esas reformas. Italia tiene una proporción de población de más de 65 años superior a la media de la Unión. Se prevé que esta proporción aumente gradualmente, empeorando así la ratio de dependencia de la tercera edad de Italia. Por lo tanto, el gasto en pensiones aumentará a medio plazo. La gran proporción del gasto público que se destina a pensiones de jubilación también restringe otros gastos sociales, entre ellos los destinados a la lucha contra la pobreza y las partidas de gasto que propician el crecimiento, como la educación, cuya participación en el gasto ha estado marcada por un descenso desde principios del siglo XXI. Respetando al mismo tiempo los principios de equidad y de proporcionalidad, podrían alcanzarse ahorros considerables mediante la intervención en los derechos a pensiones altas no cubiertas por cotizaciones.

                  (12)

                  El sistema tributario italiano ejerce un peso considerable sobre el capital y el trabajo, con efectos negativos sobre el crecimiento económico. A pesar de la reciente ampliación de incentivos fiscales específicos, la carga fiscal sobre los factores de producción sigue siendo una de las más elevadas de la Unión, lo que desalienta la inversión y el empleo. Hay margen para reducirla de manera presupuestariamente neutra, pasando a bases tributarias menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos sobre bienes inmuebles y el consumo. El impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles que grava las primeras residencias fue derogado en 2015, incluso para las rentas más altas. Además, los valores catastrales suelen estar muy obsoletos en general, y está pendiente una reforma para adecuarlos a los valores de mercado actuales. El número y volumen de los gastos fiscales, en particular en el caso de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, son particularmente altos y su racionalización se ha pospuesto de nuevo, a pesar de ser obligatoria en virtud de la legislación nacional. También hay margen para reducir la carga que pesa sobre las empresas y las familias que cumplen sus obligaciones tributarias, reduciendo la complejidad de la legislación tributaria y aumentando el nivel general de dicho cumplimiento. La extensión de la obligación de facturación electrónica a todas las operaciones del sector privado desde 2019 es un paso positivo en esa dirección. No obstante, el aumento de los umbrales legales de los pagos en efectivo podría desalentar el uso de medios de pago electrónicos, cuya obligatoriedad puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Instituto Nacional de Estadística de Italia calcula que la economía sumergida representa en torno al 12,6 % del PIB en 2015, pero no está prevista ninguna acción estratégica para hacer frente a este reto. Alrededor del 15,9 % del empleo no se declara parcial o totalmente, con picos aproximados del 50 % en algunos sectores.

                  (13)

                  La inversión disminuyó considerablemente durante la crisis y todavía no ha recuperado su nivel de 2007. A pesar del aumento registrado en 2017, el nivel de inversión sigue siendo bajo en comparación con otros países de la Unión. La inversión privada ha sido particularmente escasa debido a factores estructurales. Entre ellos se incluyen un ambiente menos favorable a las empresas, limitaciones financieras relacionadas con unos mercados de capitales poco desarrollados, el deterioro de los préstamos bancarios y falta de personal cualificado debido, entre otros motivos, a la fuga de cerebros y a un limitado aprendizaje permanente. Los activos inmateriales, tales como la investigación y el desarrollo, la innovación y la formación de los trabajadores, son cruciales para la productividad y el crecimiento económico, y pueden contribuir a explicar las diferencias de productividad entre países. Sin embargo, la inversión en tales activos sigue siendo inferior a la media de la Unión. Esto se debe al gran número de microempresas, a la falta de especialización de Italia en sectores intensivos en conocimiento, y a la limitación de la digitalización y de las competencias digitales. Al mismo tiempo, el gasto público en investigación y desarrollo se ha reducido. La financiación de las pymes depende sobremanera del sector bancario, y el crédito sigue moroso, a pesar de unos costes de financiación que se encuentran a niveles históricamente bajos. Existen también grandes diferencias regionales en la inversión en investigación y desarrollo, la incorporación de los recientes incentivos para las empresas innovadoras y la calidad de la educación. Sobre la base de la evaluación actual de los resultados de las diferentes medidas industriales en virtud de las iniciativas «Financiación para el crecimiento» e «Industria/Empresa 4.0», parece conveniente establecer un marco político a largo plazo para apoyar la inversión, capaz de reforzar los distintos factores que apoyan la innovación, como la disponibilidad de crédito, la fuerte base de investigación, la educación superior y la adecuación de las cualificaciones. Además, parece oportuno considerar las diferencias existentes en los sistemas educativos e industriales regionales.

                  (14)

                  La eficiencia del sistema de justicia italiano ha mejorado solo ligeramente en los últimos años y la duración de los procedimientos judiciales sigue siendo un motivo de preocupación, sobre todo en las altas instancias. Por ejemplo, en 2016, el tiempo necesario para resolver contenciosos civiles y mercantiles seguía siendo uno de los más altos de la Unión en todas las instancias. El retraso siguió aumentando en el Tribunal de Casación (Corte suprema di Cassazione), que obtiene uno de los peores resultados de toda la Unión. Durante dos años ha estado pendiente en el Parlamento una importante ley para racionalizar las normas procesales civiles e introducir medidas más disuasorias contra los litigios entablados con temeridad. Además, entre las medidas encaminadas a contener los litigios y reforzar la disciplina procesal, el procedimiento simplificado (rito sommario), no se han convertido en la opción por defecto en los tribunales de apelación, y el uso del filtro de la inadmisibilidad de los recursos sigue siendo desigual y limitado en segunda instancia, por lo que no aporta la reducción esperada de los asuntos admitidos a trámite. Por el contrario, en 2016, el número de asuntos civiles incoados aumentó tanto en primera como en segunda instancia, debido también al aumento constante del porcentaje de recursos. Además, una creciente proporción de recursos de casación fueron declarados inadmisibles en 2016, lo que confirma la reciente tendencia al alza. La capacidad del Tribunal de Casación para hacer frente a esta afluencia de casos se vio negativamente afectada en el contexto de un acusado aumento de los asuntos no penales debido principalmente a casos tributarios, lo que podría socavar su papel. La aplicación adecuada de las normas procesales, incluso contra el uso indebido de los litigios, también podría contribuir a la correcta y eficaz administración de la justicia.

                  (15)

                  En Italia, la corrupción sigue representando un reto para la actividad empresarial y la contratación pública. Italia ha mejorado su marco de lucha contra la corrupción mediante la revisión de su legislación sobre prescripción, la ampliación a los trabajadores del sector privado de la protección brindada a los denunciantes de irregularidades, así como una mejor adaptación a las normas internacionales del delito de corrupción entre particulares. Si bien la reforma adoptada sobre la prescripción no suspende los plazos de prescripción tras una condena en primera instancia, según lo recomendado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, podría reducir los litigios penales abusivos como táctica dilatoria utilizada por los abogados en instancias superiores. Como tal, puede aliviar una preocupación ya antigua en el sentido de que los casos de corrupción acaban prescribiendo tras una condena en primera instancia. La represión de la corrupción podría mejorarse aumentando la eficiencia de la justicia penal. En 2014, Italia registraba el mayor número de asuntos penales pendientes en la Unión en segunda y tercera instancia, debido también a una de las tasas más altas de recursos de casación, lo que resulta en un proceso penal más largo. Incentivar los procedimientos acelerados y evitar que se abuse de los procesos penales podría contribuir a que la justicia y la lucha contra la corrupción fuesen más eficaces. Por otra parte, la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción tiene un papel clave en la complicada aplicación del nuevo marco en la materia.

                  (16)

                  Mejorar la calidad de la Administración pública italiana repercutiría positivamente en la actividad empresarial y la inversión, así como en la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades de innovación. La gran variación regional de la capacidad de respuesta de las administraciones hacia las empresas sugiere que los empresarios de zonas específicas se enfrentan a mayores obstáculos a la hora de hacer negocios. En 2015, se aprobó una ley general que permite la reforma de la Administración pública, con potencial para mejorar la eficiencia en beneficio de la economía. Al final de 2017, había concluido la aplicación de la reforma y ahora se requiere su ejecución, en especial en las regiones con peores resultados. En materia de empresas estatales, la reforma tiene por objetivo garantizar una mejor adecuación entre las normas que regulan las empresas estatales y las entidades privadas. Los objetivos declarados son: racionalizar las empresas estatales mediante concentraciones, consolidaciones de empresas no rentables y privatizaciones; aumentar la eficiencia de las restantes empresas, y evitar la proliferación de empresas estatales no esenciales. La ejecución del nuevo marco es fundamental para lograr estos objetivos. Además, los servicios públicos locales están protegidos de la competencia frente al mercado, lo que se traduce en ineficacia, baja calidad de los servicios y descontento de los consumidores. La reforma de la Administración pública de 2015 también preveía un nuevo marco de reforma de la gestión de los servicios públicos locales. Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de determinados decretos legislativos, incluido el relativo a los servicios públicos locales. Como el plazo de los decretos expiró en noviembre de 2016, es necesaria una nueva iniciativa legislativa.

                  (17)

                  La mejora del entorno empresarial facilitaría el espíritu empresarial, mientras que la mejora de las condiciones marco para la competencia favorecería una asignación más eficiente de los recursos y aumentos de productividad. La ley de 2015 en materia de competencia fue adoptada en agosto de 2017 y ha de aplicarse correctamente. No obstante, persisten importantes obstáculos a la competencia en determinados sectores, como los servicios profesionales, el transporte público local, el ferrocarril y los sectores minoristas. Potenciar los procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público y concesiones de acceso a bienes públicos repercutiría positivamente en la calidad de los servicios. En el ámbito de la contratación pública, las ventajas de la reciente reforma dependerán de la finalización a tiempo de esta, de una aplicación coherente de los planes relativos a la contratación pública electrónica y de la activación del órgano central de agregación para la coordinación de las políticas (Cabina di regia per gli appalti pubblici).

                  (18)

                  La confianza del mercado en los bancos italianos ha aumentado a raíz de las medidas adoptadas en 2017 para resolver el problema planteado por varios de los bancos más débiles. Gracias a la mejora de las condiciones económicas y a la presión que ejercen los controles, se han logrado progresos en la reducción de los préstamos no productivos, pero el legado sigue pesando mucho. Ello limita la rentabilidad de los bancos y su capacidad de generar capital a nivel interno. El ritmo de liquidación de los préstamos no productivos, que incluye la profundización del mercado secundario de préstamos no productivos, debe mantenerse a fin de consolidar la estabilidad financiera y la concesión de créditos a la economía real. También debe apoyarse una mayor reestructuración y consolidación de los balances, en particular para los bancos pequeños y los de segundo nivel. Esto implica abordar la debilidad estructural de los bancos mediante el recorte de costes y la optimización del modelo de negocio.

                  (19)

                  Considerando las diversas reformas en curso de la gobernanza empresarial, la plena aplicación de las reformas de los grandes bancos cooperativos y los pequeños bancos mutualistas propiciará la salud general del sector bancario. Los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria siguen siendo poco favorables a una rápida puesta a punto y reestructuración de los préstamos no productivos. Adoptar y aplicar rápidamente las medidas legislativas necesarias para la reforma de la insolvencia podría ayudar a corregir las deficiencias estructurales. Las medidas adoptadas en 2016 para acelerar la ejecución de garantías por los bancos todavía no se han utilizado. El marco para la ejecución de garantías extrajudiciales todavía no es plenamente aplicable a los hogares y ha empezado a aplicarse recientemente a las empresas.

                  (20)

                  A pesar de los avances realizados gracias a varias medidas políticas adoptadas durante los últimos años, el acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo importante para la inversión y la financiación para el crecimiento, en particular de las pymes. Las empresas siguen recurriendo para su financiación fundamentalmente a los bancos, mientras que el mercado de capitales está poco desarrollado en comparación con otros países de la Unión. La proporción de pequeñas y medianas empresas financiadas mediante la venta de acciones es particularmente baja en comparación con la media de la Unión. La introducción de la «desgravación para el capital social» constituyó una reforma importante, pero el tipo de referencia se redujo posteriormente, lo que anuló sus consecuencias positivas. Impulsar el acceso de las empresas a la financiación en el mercado sería un componente esencial a la hora de diversificar sus fuentes de financiación a fin de apoyar la inversión y el crecimiento.

                  (21)

                  Las instituciones del mercado laboral se han reformado considerablemente en los últimos años. Las condiciones del mercado laboral siguen mejorando, ya que el número de empleados aumentó un 1,2 % en 2017, superando los 23 millones de personas y recuperando así los niveles anteriores a la crisis. La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años superó el 62 % el año pasado, aunque, en gran medida se trataba de empleos temporales. Sin embargo, es una cifra considerablemente inferior a la media de la Unión. La tasa de desempleo cayó al 11,2 % en 2017, pero el total de horas trabajadas es aún considerablemente menor que antes de la recesión. A pesar de las mejoras, el desempleo juvenil y de larga duración sigue siendo elevado, lo que pone en peligro la cohesión social y el crecimiento. Al haberse situado en casi un 20,1 % en 2017, el porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación se encuentra entre los más altos de la Unión, y persisten amplias diferencias regionales.

                  (22)

                  La negociación salarial a nivel territorial sigue siendo limitada, debido también a la prevalencia de las pequeñas empresas en Italia. Esto puede impedir la adaptación rápida de los salarios a las condiciones económicas locales. A finales de febrero de 2018, Confindustria firmó un acuerdo marco con las tres grandes organizaciones sindicales italianas (Cgil, Csil y Uil), en el que destaca el papel de la negociación de segundo nivel, mediante el aumento de la seguridad jurídica gracias a normas más claras para la representación de los interlocutores sociales en las negociaciones. Las desgravaciones fiscales sobre los incrementos salariales ligados a la productividad establecidos por los acuerdos de segundo nivel se reforzaron en 2017, pero su eficacia es difícil de evaluar. Aunque el número total de convenios colectivos aumenta, tan solo un pequeño porcentaje está firmado por las principales organizaciones sindicales y patronales.

                  (23)

                  La reforma de las políticas activas del mercado laboral esbozadas por la Ley de Empleo registró pocos avances en 2017. La formación y el reciclaje son particularmente importantes visto el aumento de la flexibilidad y la proporción de contratos temporales en el mercado laboral italiano. Todavía no se han establecido unas normas de servicio generalmente vinculantes y los servicios de empleo siguen careciendo de personal y de un control adecuado, a pesar de que la nueva ley presupuestaria para 2018 ha asignado a las regiones recursos financieros y humanos adicionales para los servicios públicos de empleo. Aumentar el personal y velar por que tenga una cualificación suficiente para prestar servicios de empleo y servicios sociales es fundamental también para la correcta ejecución del sistema introducido en 2018 de lucha contra la pobreza y para la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes que lo necesitan un empleo o una formación adecuados y oportunos.

                  (24)

                  La proporción de mujeres que participan en el mercado laboral, aunque creciente, sigue siendo una de las más bajas de la Unión. El impacto de las medidas introducidas recientemente y centradas en el pago en efectivo por parto independientemente de los recursos del beneficiario, no ha sido evaluado por las autoridades italianas. Hay indicios de que esas transferencias de efectivo pueden no ser eficaces para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, es poco probable que contribuyan aumentar la natalidad, que se ha estancado en niveles muy bajos durante los últimos 20 años. No existe una estrategia general enfocada a compaginar la vida familiar y profesional. Estas deficiencias se reflejan en la falta de un equilibrio entre sexos en el diseño del permiso parental, en la falta de disposiciones laborales flexibles y en la oferta insuficiente de guarderías y servicios asistenciales adecuados, asequibles y de calidad.

                  (25)

                  Introducir medidas para incrementar el capital humano y las cualificaciones ayudaría a mejorar la empleabilidad y a responder a las futuras necesidades del mercado laboral. La calidad general de la escolarización está mejorando, pero persisten grandes disparidades regionales. La proporción de alumnos que abandonan la escuela sin título sigue superando la media de la Unión, especialmente entre los alumnos nacidos en el extranjero (30,1 % en comparación con la media de la Unión del 19,4 %). En general, la aplicación de la reforma escolar es satisfactoria y la educación y la formación profesionales están mejorando. La educación superior, que sufre un grave déficit de financiación pública, ya que representa un gasto de menos del 0,4 % del PIB, se caracteriza por unas altas tasas de abandono y períodos de estudio prolongados. Por ello, el nivel de titulaciones es uno de los más bajos de la Unión (26,9 % de la población entre 30 y 34 años). La tasa de participación en los programas de aprendizaje de adultos aumenta, pero sigue siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente para los adultos menos cualificados. Debe fomentarse la mejora de las cualificaciones y el reciclaje profesional, y animarse a los empresarios a ofrecer más oportunidades de aprendizaje a los trabajadores. La aplicación de la estrategia nacional sobre capacidades, iniciada en octubre de 2017, será crucial.

                  (26)

                  A diferencia de la tendencia de la Unión, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha seguido aumentando y se situaba en el 30 % en 2016, muy por encima de la media de la Unión. Esto afecta especialmente a niños, trabajadores temporales y migrantes. La desigualdad de rentas es elevada y sigue aumentando. En 2016, los ingresos del 20 % de los hogares más ricos eran 6,3 veces superiores a los del 20 % de los hogares más pobres. Esta proporción es incluso mayor en el caso de las personas en edad de trabajar, pues el efecto redistributivo de las pensiones está excluido. La introducción de un nuevo régimen permanente para abordar la pobreza (Reddito di Inclusione) constituye un paso significativo en las políticas sociales. Concebido como una transferencia universal para las personas que cumplan determinadas condiciones de pobreza, se espera que el régimen aumente la todavía escasa repercusión de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza. El régimen se basa en sólidos mecanismos de gobernanza y se someterá a una evaluación sistemática. Es importante destacar que también se prevé un refuerzo sustancial del personal de los servicios sociales, en la actualidad muy infradotados. Una cooperación más estrecha entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo, así como la asignación de recursos suficientes, será crucial para una aplicación sin problemas de la reforma. El régimen incorpora el antiguo sistema de subsidio de desempleo (ASDI), como primer paso para la racionalización del gasto social. El sistema italiano de asistencia sanitaria ofrece una cobertura universal y la salud de la población es buena en general; no obstante, las necesidades no satisfechas de atención médica son elevadas y persisten diferencias entre regiones en la organización y la calidad de la asistencia sanitaria. Italia ha hecho algunos esfuerzos para garantizar un acceso adecuado a la asistencia sanitaria para todos, por ejemplo, mediante la revisión y la ampliación del conjunto mínimo legal de prestación de servicios asistenciales.

                  (27)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (28)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (29)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 0,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. Reducir la fiscalidad del trabajo, en particular reduciendo los gastos fiscales y reformando los obsoletos valores catastrales. Intensificar los esfuerzos para luchar contra la economía sumergida, en particular reforzando el uso obligatorio de los pagos electrónicos al disminuir los límites legales para los pagos en efectivo. Reducir el gasto público que se destina a las pensiones de jubilación con el fin de disponer de margen para otros gastos sociales.

                  2.

                  Reducir la duración de los juicios civiles en todos los casos mediante la racionalización y el cumplimiento de las normas de procedimiento, en particular las que están siendo estudiadas por el legislador. Mejorar la eficacia de la prevención y represión de la corrupción, reduciendo la duración de los procesos penales, y aplicar correctamente el nuevo marco de lucha contra la corrupción. Garantizar una aplicación adecuada del nuevo marco para las empresas públicas y aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales. Abordar las restricciones a la competencia, entre otros en los servicios, y también mediante una nueva legislación en materia de competencia.

                  3.

                  Mantener el ritmo de reducción del gran volumen de préstamos no productivos y apoyar una mayor reestructuración y consolidación de los balances, en particular de los bancos pequeños y medianos, y aplicar rápidamente la reforma de la insolvencia. Mejorar el acceso de las empresas a la financiación en el mercado.

                  4.

                  Acelerar la aplicación de la reforma de las políticas activas del mercado laboral, a fin de garantizar la igualdad de acceso a una ayuda eficaz en la búsqueda de empleo y la formación. Fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral a través de una estrategia general, la racionalización de las políticas de apoyo a la familia y el aumento de la cobertura de los servicios de guardería. Fomentar la investigación, la innovación, las competencias digitales y las infraestructuras a través de una inversión mejor orientada, y aumentar la participación en la educación superior centrada en las actividades profesionales.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (8)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (9)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Bulgaria

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/7

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Bulgaria
      (2018/C 320/02)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Bulgaria se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Bulgaria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Las vulnerabilidades del sector financiero se unen al elevado endeudamiento y a los préstamos dudosos en el sector empresarial, en un contexto de ajuste incompleto del mercado de trabajo.

                  (3)

                  El 19 de abril de 2018, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente. El Programa Nacional de Reformas de Bulgaria de 2018 incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo y abarca los retos identificados en el informe por país de 2018. En particular, anuncia medidas para reforzar la supervisión bancaria y no bancaria, mejorar el marco de insolvencia y reducir las restantes deficiencias detectadas en las pruebas de resistencia de 2016. También figuran medidas para reforzar la recaudación tributaria y luchar contra la economía sumergida, mejorar la focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, aumentar la protección social y hacer frente a los diversos retos de la asistencia sanitaria y la educación. En conjunto, la aplicación efectiva del Programa Nacional de Reformas de 2018 favorecería la corrección de los desequilibrios.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Bulgaria está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno, partiendo de un superávit global del 0,9 % del PIB en 2017, se ha propuesto como objetivo lograr un presupuesto equilibrado en 2018 y un superávit del 0,3 % del PIB en 2019, del 0,5 % en 2020 y del 0,2 % en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 1 % del PIB) se siga cumpliendo con un margen a lo largo de todo el período del Programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia para 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente desde el 25,4 % del PIB en 2017 al 19,4 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se mantenga en superávit, pero que disminuya desde el 0,9 % del PIB en 2017 al 0,5 % en 2018 y que se mantenga en el mismo nivel en 2019. Así pues, se prevé que el saldo estructural se mantenga por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en ambos años. En general, el Consejo considera que Bulgaria cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

                  (6)

                  Aumentar la eficiencia de la política presupuestaria reviste la máxima importancia. Los ingresos fiscales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales están mejorando, pero más como consecuencia de una mejor perspectiva económica que de la mejora de la Administración tributaria y la recaudación de impuestos. La eficiencia del gasto público en algunos sectores es muy baja. Las reformas en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas son importantes en este sentido y la actual coyuntura económica y las condiciones fiscales son especialmente favorables para este tipo de reformas. Los resultados económicos de las empresas estatales son pobres en comparación con otros países de la región y con el sector privado, y también son una fuente de incertidumbres y riesgos para las finanzas públicas porque los atrasos en los pagos de estas empresas representan pasivos contingentes. En general, la gobernanza de las empresas estatales sigue suponiendo un reto y no cumple las normas internacionales. Por otra parte, las reformas en este ámbito son muy importantes para el mundo empresarial.

                  (7)

                  La solidez del sector financiero ha seguido mejorando, pese a la persistencia de algunas flaquezas. Los préstamos empresariales dudosos todavía son elevados, aunque su volumen se ha reducido. En general, las reservas de capital son cómodas y facilitan así margen para un saneamiento de los balances. Se han registrado notables progresos en la mejora de la supervisión del sector financiero, pero algunas medidas importantes no se han aplicado plenamente. Mitigar los riesgos residuales asociados a la exposición de las partes vinculadas y mejorar la valoración de activos es fundamental para reforzar los balances y potenciar la capacidad de recuperación de los bancos y las compañías de seguros.

                  (8)

                  La ineficacia del marco de insolvencia está lentificando la reducción del endeudamiento del sector privado y el saneamiento de los préstamos no productivos. Los procedimientos resultan demasiado largos y la tasa de recuperación es baja. Todavía faltan determinados elementos de un marco operativo y en particular se carece de normas para los procedimientos de condonación de deudas y para la concesión de una segunda oportunidad a los empresarios en un plazo razonable tras la quiebra. La falta de instrumentos de recopilación de datos y de herramientas de seguimiento adecuados impide evaluar la eficacia de los procedimientos antiguos o nuevos, incluidos los aplicables a la reestructuración empresarial.

                  (9)

                  Los niveles de trabajo no declarado siguen siendo elevados, lo que tiene repercusiones importantes para los ingresos fiscales, las condiciones laborales y la suficiencia de los ingresos tras la jubilación. Recientemente, Bulgaria ha adoptado una serie de medidas para mejorar la situación, a saber: contratos de un día de duración en el sector agrario, mejora de la cooperación entre autoridades tributarias y laborales e intensificación de los esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias negativas para los trabajadores. Su eficacia dependerá de su aplicación efectiva. Acelerar la transición a la economía formal es esencial para lograr un crecimiento inclusivo y garantizar unas condiciones de trabajo justas para todos.

                  (10)

                  El mercado de trabajo ha mejorado, pero subsisten retos. La tasa de empleo ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis y la tasa de desempleo es inferior a la media de la Unión. Sin embargo, la evolución favorable del mercado laboral no está beneficiando del mismo modo a toda la población en edad laboral. Los desempleados de larga duración, los jóvenes inactivos, los miembros de la población gitana y las personas que viven en las regiones más pobres y las zonas rurales siguen enfrentándose a importantes dificultades a la hora de acceder o de reintegrarse al empleo. El envejecimiento y la disminución de la población, junto con una tasa de actividad inferior a la media de la UE, da lugar a la escasez de trabajadores y de cualificaciones, debilitando así las perspectivas a largo plazo de la economía. Así pues, estaría justificada una mayor atención a la mejora de las competencias y la formación. La participación en el mercado laboral y la empleabilidad podrían impulsarse mediante una combinación de medidas de comunicación eficaces, políticas activas del mercado laboral y servicios sociales.

                  (11)

                  La desigualdad de ingresos y de acceso a los servicios (educación, asistencia sanitaria y vivienda), así como el riesgo de pobreza o exclusión social siguen estando entre los más altos de la Unión. En 2016, dos quintas partes de la población se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social y los ingresos del 20 % más rico de los hogares era casi ocho veces superior al 20 % más pobre. El gasto en protección social es bajo, también en lo que concierne al régimen general de renta mínima, cuya cobertura y suficiencia son limitadas, así como su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se carece de un mecanismo objetivo de revisión del nivel de prestaciones. A pesar de recientes mejoras en la adecuación de las prestaciones de asistencia social y las pensiones mínimas, el sistema de protección social no ofrece suficiente nivel de apoyo a los grupos más vulnerables o desfavorecidos, como la población gitana, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y las que viven en zonas rurales. La prestación de servicios sociales sigue siendo escasa, y su integración en el mercado de trabajo y otros servicios está incompleta.

                  (12)

                  El salario mínimo se ha fijado sin un mecanismo claro y transparente y el porcentaje de trabajadores que percibe el salario mínimo ha aumentado más del doble en los últimos seis años. La ausencia de un mecanismo de este tipo puede poner en peligro la consecución e un equilibrio adecuado entre los objetivos de apoyo al empleo y la competitividad, salvaguardando al mismo tiempo las rentas del trabajo. Además, genera una inseguridad que puede afectar desfavorablemente a la previsibilidad de las condiciones de la actividad empresarial. El Gobierno ha presentado propuestas de un mecanismo de fijación del salario mínimo que subsane esta deficiencia. Sin embargo, no hay acuerdo entre los interlocutores sociales sobre este tema. Asimismo, en sus previsiones presupuestarias, el Gobierno incluyó aumentos del salario mínimo hasta 2020. En 2018, Bulgaria ratificó el Convenio relativo a la fijación de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo. Esta podría ser una buena base para el establecimiento de un mecanismo objetivo.

                  (13)

                  Sigue constituyendo un reto importante el acceso limitado a la asistencia sanitaria, causada por la escasez de gasto público, la distribución desigual de los recursos limitados y la baja cobertura de los seguros de salud. El bajo nivel del gasto público tiene que ser compensado por un elevado nivel de gasto privado, principalmente en forma de pagos directos. La proporción de búlgaros sin seguro de enfermedad es elevada en comparación con la proporción correspondiente en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Las diferencias en el reparto de médicos en función de los distritos y el escaso número de enfermeros sigue suscitando preocupación. Como nota positiva, el número de médicos que abandonan Bulgaria ha descendido en los últimos tiempos. Medidas como la estrategia nacional de salud deberían utilizarse para abordar estas deficiencias.

                  (14)

                  A pesar de las recientes medidas encaminadas a modernizar el sistema educativo, los resultados educativos son pobres y se ven muy influidos por la situación socioeconómica. Los niños de familias desfavorecidas, en particular los gitanos, no disfrutan de igualdad de oportunidades. El gran nivel de abandono escolar prematuro tiene consecuencias negativas para las futuras oportunidades de empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo. Ofrecer servicios de guardería, escuelas y clases donde exista diversidad étnica sigue siendo un reto para la prestación de servicios de calidad en el marco de un sistema general de enseñanza inclusivo. La reforma de los planes de estudio aspira a mejorar los resultados educativos y las competencias digitales. Sin embargo, el nivel de competencias digitales sigue siendo uno de los más bajos de la Unión y varía entre los diferentes grupos socioeconómicos. Pese a las recientes medidas, la adecuación de la educación y la formación profesionales al mercado laboral sigue siendo insuficiente. La reforma de la enseñanza superior está en curso, pero abordar la escasez de competencias constituye un reto debido al desequilibrio de los perfiles de titulados por sectores. La participación en el aprendizaje de adultos es muy baja, a pesar de la necesidad de mejorar la capacitación profesional. En un contexto de envejecimiento pronunciado entre los profesores, se han comenzado a tomar medidas para hacer frente a futuras carencias. A pesar de recientes mejoras, los programas de educación de los profesores todavía deben reforzarse.

                  (15)

                  Se han aplicado muchas de las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. No obstante, las autoridades nacionales deben poner mayor empeño en garantizar su aplicación efectiva. En opinión de empresas y organizaciones no gubernamentales, el panorama de la contratación pública ya ha empezado a mejorar. No obstante, la falta de transparencia y la corrupción siguen siendo motivo de preocupación. El incremento en el uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas podría obstaculizar significativamente la transparencia y la eficacia del sistema. Está en curso la primera evaluación independiente de las nuevas funciones de control del Organismo de Contratación Pública. Serían necesarias actualizaciones periódicas para asegurar una optimización de las funciones de control del Organismo. Los problemas que siguen existiendo con la capacidad administrativa, también a nivel municipal, reclaman nuevos esfuerzos de profesionalización y normalización, así como de consideración detenida de las posibilidades que ofrecen las centrales de compras. La agregación de la demanda podría mejorar también la eficacia y producir un ahorro en el sistema de contratación pública en materia de salud. La búsqueda de una solución para la prevención de retrasos relacionados con importantes proyectos públicos requerirá una reflexión más detenida.

                  (16)

                  Las deficiencias estructurales y el elevado grado de fragmentación en el sistema de investigación, desarrollo e innovación limitan su aportación a la productividad y el crecimiento. Los segmentos de baja tecnología dominan todavía la producción y la innovación es muy escasa. El nivel de deuda pública, así como el gasto de las empresas en investigación y desarrollo es particularmente bajo. La lentitud de las reformas impide la evolución hacia un sistema orientado a la innovación. Aunque existen muchas universidades e institutos de investigación, solo algunos de ellos producen resultados científicos de gran calidad. La comercialización de la investigación sigue siendo un importante punto débil. El sistema de financiación de la investigación carece de convocatorias de licitación competitivas, de una evaluación internacional y de una financiación basada en el rendimiento de los centros de investigación. La cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito de la investigación y el desarrollo es escasa. La iniciativa emblemática «Sofía Tech Park» todavía se enfrenta a una serie de problemas, entre ellos: gobernanza ineficiente, gestión inestable, infrautilización de la infraestructura científica y falta de compromiso financiero a largo plazo del Gobierno. La transformación estructural, junto con una gobernanza eficaz y un nivel estable de recursos públicos de investigación e innovación, pueden maximizar el impacto en la productividad y el crecimiento y apoyar la transición de la economía hacia actividades de mayor valor añadido en consonancia con la estrategia de especialización inteligente.

                  (17)

                  El entorno empresarial debe ser objeto de mejoras adicionales. Aunque se ha adoptado una serie de reformas, su aplicación práctica se está eternizando. Las empresas siguen preocupadas por la corrupción, las deficiencias institucionales y la insuficiente oferta de mano de obra. Los avances en la reforma de la administración pública y en la administración electrónica son lentos. La gobernanza del sector público podría beneficiarse de una mayor transparencia, unas normas más claras y una perspectiva a largo plazo. Además, el papel del diálogo social puede evolucionar, facilitado, en caso necesario, por las autoridades públicas. Las deficiencias en las infraestructuras se reflejan en la escasa eficacia y rendimiento del sector del transporte. El mercado del transporte de viajeros ha estado sufriendo una falta de competencia efectiva. No se han puesto en práctica medidas bien orientadas y efectivas destinadas a reducir la contaminación atmosférica.

                  (18)

                  En 2017, Bulgaria continuó sus esfuerzos para reformar el poder judicial y subsanar las deficiencias en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La celebración de nuevas elecciones al Consejo Judicial Supremo confirmó el impacto positivo de las reformas constitucionales y legislativas aplicadas en 2015 y 2016. Se han adoptado reformas del Código Penal para mejorar el sistema de enjuiciamiento en casos importantes de corrupción, y se están estudiando otras reformas. A principios de 2018 se aprobó una ley que establece un nuevo organismo unificado de lucha contra la corrupción destinado a reforzar la prevención y la disuasión de la corrupción a gran escala. En el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria, aunque son relevantes para el desarrollo de un entorno empresarial positivo en el país.

                  (19)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (20)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y estima que (5) cabe esperar que Bulgaria cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (21)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Convergencia de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Bulgaria que tome medidas en 2018 y 2019 a fin de:

                  1.

                  Mejorar la recaudación tributaria y la eficacia del gasto público, particularmente acelerando la ejecución de medidas para reducir la magnitud de la economía informal. Mejorar la gestión de las empresas estatales en consonancia con las buenas prácticas internacionales.

                  2.

                  Tomar medidas de seguimiento derivadas de las revisiones del sector financiero y aplicar planes de acción de supervisión para reforzar la vigilancia y la estabilidad del sector. Garantizar una adecuada valoración de los activos financieros, incluidas las garantías bancarias, mediante la mejora de los procesos de evaluación y auditoría. Completar la reforma del marco de insolvencia y promover el buen funcionamiento del mercado secundario de préstamos no productivos.

                  3.

                  Aumentar la posibilidad de empleo de los grupos desfavorecidos gracias a la mejora de las cualificaciones y el refuerzo de las medidas de activación. Mejorar la prestación de unos servicios educativos de calidad e inclusivos, en particular para los gitanos y otros grupos desfavorecidos. En consonancia con la Estrategia Nacional de Salud y su plan de acción, mejorar el acceso a los servicios sanitarios, en particular reduciendo los pagos directos y abordando la escasez de profesionales de la salud. Introducir un sistema de revisión periódica y transparente para los ingresos mínimos y mejorar su cobertura y suficiencia.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 6 de septiembre de 2018, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España (BCE/2018/22)

text:
               14.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 325/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 6 de septiembre de 2018
      al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España
      (BCE/2018/22)
      (2018/C 325/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 27.1,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

                  (2)

                  El mandato del actual auditor externo del Banco de España, KPMG Auditores, SL, expiró tras la auditoría del ejercicio de 2017. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2018.

                  (3)

                  Banco de España ha seleccionado la asociación temporal de empresas Mazars Auditores, S.L.P.-Mazars, SA como auditor externo para los ejercicios de 2018 a 2020, con la opción de ampliar el mandato a los ejercicios de 2021 y 2022.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      Se recomienda que la asociación temporal de empresas Mazars Auditores, S.L.P.-Mazars, SA sea nombrada auditor externo del Banco de España para los ejercicios de 2018 a 2020, con la opción de ampliar el mandato a los ejercicios de 2021 y 2022.

         Hecho en Fráncfort del Meno el 6 de septiembre de 2018.

               El Presidente del BCE

            Mario DRAGHI