               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 519 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de los Países Bajos

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de los Países Bajos

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, los Países Bajos deben velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 y 3 que figuran más abajo. En particular, las medidas relativas a la inversión y las medidas de apoyo al crecimiento de los salarios contribuirán a abordar la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al reequilibrio de dicha zona, las medidas fiscales contribuirán a abordar la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la lucha contra la planificación fiscal agresiva, y la reducción del sesgo en favor del endeudamiento de los hogares contribuirá a abordar la cuarta recomendación para la zona del euro en lo que se refiere a la reducción del sesgo en favor del endeudamiento en la fiscalidad.

               (3)El informe específico de 2019 sobre los Países Bajos
                  3
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se examinaban los avances de este país en el cumplimiento de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, el seguimiento dado a las recomendaciones adoptadas en años anteriores y los avances de los Países Bajos hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 27 de febrero de 2019
                  4
               . Sobre la base de su propio análisis, la Comisión concluye que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el considerable volumen de deuda privada y el elevado superávit por cuenta corriente constituyen fuentes de desequilibrios, con incidencia transfronteriza. Con el apoyo del crecimiento económico, la ratio deuda privada/PIB ha mantenido su tendencia a la baja, tanto en lo que respecta a las deudas de las empresas como de los hogares, aunque sigue siendo elevada. Sin embargo, la deuda nominal de los hogares está aumentando lentamente, como consecuencia de la subida de los precios de la vivienda.

               (4)El 29 de abril de 2019, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (6)Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el superávit de las Administraciones públicas experimente un descenso, pasando del 1,5 % del PIB en 2018 al 0,0 % en 2022. Basándose en el saldo estructural recalculado
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               , el objetivo presupuestario a medio plazo, que se sitúa en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, sigue superándose a lo largo de todo el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB registre un descenso desde el 52,4% del PIB en 2018 para situarse en el 44,6 % en 2022. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural pase de un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 al 0,7 % en 2019 y al 0,2 % en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda de las Administraciones públicas siga una firme tendencia a la baja. En general, el Consejo estima que los Países Bajos cumplirán las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. Al mismo tiempo, respetando el objetivo presupuestario a medio plazo, sería importante utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para apoyar el aumento de la inversión.

               (7)Con respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el aumento previsto del gasto público en cuidados de larga duración apunta a riesgos medios de sostenibilidad a largo plazo. En 2015, el Gobierno transfirió una gran parte del sistema de cuidados de larga duración al ámbito municipal para mejorar su eficiencia y reducir el gasto público. El impacto de esta reforma en la sostenibilidad presupuestaria debe ser objeto de seguimiento.

               (8)Desde noviembre de 2018, los fondos del Fondo de Garantía de Depósitos, una entidad jurídica independiente, han sido trasladados desde una cuenta separada en el Banco Central neerlandés a una cuenta del Tesoro. El Fondo de Garantía de Depósitos de los Países Bajos se está constituyendo gradualmente y hasta ahora ha acumulado alrededor de 1 000 millones EUR, con un importe adicional de 4 000 millones EUR que deben pagar los bancos de aquí a 2024, que debería haberse invertido en una cartera diversificada de activos de bajo riesgo en consonancia con la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos. La transferencia de la cuenta del Fondo reduce el nivel de deuda bruta, pero no afecta al déficit público. A raíz de esta transferencia, el Tesoro podrá utilizar los fondos para financiar gastos públicos, pero tendrá que poner los fondos a disposición en caso de que sea necesario hacer pagos a los depositantes o financiar intervenciones en virtud de su mandato legal, lo que puede tener un impacto en la estabilidad financiera.

               (9)Los hogares neerlandeses combinan grandes activos no líquidos en vivienda y pensiones con una elevada deuda de los hogares, lo que hace que estos sean vulnerables a las perturbaciones financieras y económicas. Esta elevada deuda de los hogares se explica por la generosa desgravación fiscal sobre los pagos de intereses hipotecarios, pero también por la falta de un segmento intermedio que funcione correctamente en el mercado del alquiler y un elevado ahorro obligatorio destinado a pensiones. Un reto fundamental para hacer frente al alto endeudamiento de los hogares lo constituye el mercado de la vivienda, en el que las rigideces y los incentivos distorsionadores que se han ido acumulando durante decenios determinan las pautas de financiación de la vivienda y el ahorro sectorial. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar parcialmente esta cuestión. La anunciada aceleración de la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses de las hipotecas se ha plasmado en una ley que comenzará a aplicarse en 2020. A pesar de ello, la desgravación fiscal sobre los pagos hipotecarios sigue siendo generosa y da lugar a un sesgo sustancial de la deuda en favor de los hogares. Al mismo tiempo, el mercado del alquiler privado, como único segmento no subvencionado, sigue estando infradesarrollado, y representa el 13 % del total de viviendas. El mal funcionamiento del segmento intermedio en el mercado de alquiler anima a los hogares a comprar en vez de alquilar, lo que ha dado lugar a altas ratios de endeudamiento y a vulnerabilidad económica.

               (10)Si bien el sistema de pensiones funciona correctamente en lo que respecta a la adecuación de las pensiones y la sostenibilidad presupuestaria, presenta inconvenientes en términos de equidad intergeneracional, transparencia de los derechos a pensión y flexibilidad. Por otra parte, las contribuciones de los planes de pensiones profesionales son elevadas y fluctúan en función del rendimiento de los fondos de pensiones. Así pues, pueden afectar a los gastos de los hogares de forma procíclica. Una reforma del sistema de pensiones podría dar lugar, a lo largo del ciclo de vida, a una reducción de las cotizaciones obligatorias y a estabilizar o moderar el consumo. El Gobierno ha confirmado su intención de reformar sustancialmente el segundo pilar del sistema de pensiones con el fin de mejorar la cobertura y de crear un sistema más transparente, flexible y justo desde el punto de vista actuarial. Una reforma simultánea de las instituciones del mercado de la vivienda y del sistema de pensiones podría reducir la deuda de los hogares y hacer que estos sean menos vulnerables a las perturbaciones financieras y económicas, con efectos beneficiosos para la resiliencia macroeconómica y el crecimiento económico.

               (11)A pesar de las bajas tasas de desempleo, las altas tasas de vacantes de empleo y la creciente escasez de trabajadores, el crecimiento de los salarios nominales se ha mantenido moderado hasta la fecha (1,1 % en 2017 y 2,4 % en 2018). Los salarios en los convenios colectivos aumentaron de media un 2,1 % en 2018, mientras que los salarios públicos aumentaron a un ritmo más rápido (un 3 % en el segundo semestre de 2018). Además, se alcanzaron acuerdos salariales que dieron lugar a un aumento nominal del 7 % en 2 años para todos los funcionarios del Gobierno central. Se ha facilitado financiación adicional para aumentar los salarios de los profesores de enseñanza primaria. Además, el Gobierno adoptó varias medidas fiscales que reducen la carga fiscal sobre el trabajo y pretenden aumentar la renta neta disponible de los hogares en los que sus miembros trabajan. Impulsar la renta disponible de los hogares mediante el refuerzo de las condiciones que favorecen el crecimiento de los salarios y reformar el segundo pilar del sistema de pensiones para que sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente en caso de perturbaciones, apoyaría la demanda interna y ayudaría al reequilibrio de la zona del euro.

               (12)La lucha contra la planificación fiscal agresiva es esencial para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal agresiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Los Países Bajos han tomado medidas contra la planificación fiscal agresiva, pero el elevado nivel de pagos de dividendos, cánones e intereses efectuados a través de los Países Bajos da a entender que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal agresiva. Una gran proporción de la inversión directa extranjera acumulada está en manos de entidades con finalidades especiales. La ausencia de retención fiscal sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) en concepto de pagos de cánones e intereses puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. El anuncio del programa de reformas fiscales, incluida la retención en origen sobre los pagos de cánones e intereses en caso de abuso o de pagos a países con baja tributación constituye un paso en la dirección adecuada para reducir la planificación fiscal agresiva y debe ser objeto de un seguimiento atento.

               (13)El crecimiento del empleo en los últimos años se debe principalmente al empleo temporal y al trabajo por cuenta propia, aunque el crecimiento de los contratos indefinidos ha superado recientemente al del empleo temporal. No obstante, la proporción del empleo flexible sigue siendo elevada y representa una parte sustancial del mercado de trabajo. El alto porcentaje de contratos temporales, así como el rápido aumento de la actividad por cuenta propia sin asalariados ocurre en un contexto de grandes diferencias en las normas laborales aplicables y la protección laboral, así como de diferencias en la legislación fiscal y la relativa a la seguridad social. El Gobierno adoptó un paquete de medidas (proyecto de ley del mercado de trabajo en equilibrio, «Wet Arbeidsmarkt in Balans») para facilitar la contratación de trabajadores fijos y hacer menos flexibles los contratos flexibles. Una vez aprobadas por el Parlamento, la aplicación de estas medidas (que deberían entrar en vigor en 2020) deberá ser objeto de un estrecho seguimiento. Además, se han anunciado medidas para facilitar la obligación de los empresarios de seguir pagando los salarios durante dos años en caso de enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha no se han adoptado otras medidas concretas. Por tanto, algunos de estos factores institucionales siguen creando incentivos financieros para que los empleados empiecen a trabajar por cuenta propia, o favorecen el uso del estatuto de trabajador autónomo sin asalariados. Los trabajadores autónomos se encuentran insuficientemente asegurados contra la discapacidad, el desempleo y la vejez con mayor frecuencia, lo que podría afectar a la sostenibilidad del sistema de seguridad social a largo plazo. Además, la aplicación de medidas para luchar contra el falso trabajo autónomo se ha suspendido hasta 2020.

               (14)A pesar de que el mercado de trabajo funciona bien en general, el fomento de la igualdad de oportunidades en lo que respecta al empleo y la inclusión activa siguen siendo retos importantes, en particular para las personas de origen inmigrante, para quienes operan en los márgenes del mercado laboral y para las personas económicamente inactivas. Además, sigue existiendo un potencial de trabajo sin explotar, en particular entre el elevado número de mujeres que trabajan a tiempo parcial.

               (15)Las capacidades técnicas y digitales y los profesionales cualificados son cruciales para la capacidad de innovación de la economía neerlandesa y para el crecimiento de la productividad. Esto apunta a la necesidad de invertir más en formación, incluida la formación en competencias digitales, y de promover oportunidades flexibles de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. La mejora de la capacidad de innovación de la sociedad requiere también inversiones para apoyar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por otra parte, el aumento de la inversión en capacidades, educación y formación es crucial para mejorar el acceso al mercado laboral y la empleabilidad de las personas situadas en los márgenes del mercado laboral, fomentando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades y la inclusión activa.

               (16)Aunque la intensidad de la inversión en investigación y desarrollo en los Países Bajos aumentó a más del 2 %, sigue estando muy por debajo del objetivo nacional del 2,5 % y del nivel de los países punteros al respecto. En términos de productividad, los Países Bajos son uno de los países con mejores resultados en muchos sectores. Así pues, el crecimiento continuo de la productividad depende en gran medida de la innovación y se vería apoyado por una mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación, especialmente en el sector privado.

               (17)La transición energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requieren inversiones sustanciales para garantizar un desarrollo económico más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Es probable que los Países Bajos superen sus objetivos para 2020 en el ámbito de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que alcanzar los objetivos de 2030 requerirá medidas adicionales. No se alcanzarán los objetivos de 2020 en materia de eficiencia energética primaria y energías renovables sin medidas adicionales. El objetivo neerlandés para las energías renovables de aquí a 2023, según lo definido en su objetivo de acuerdo energético, debería poder alcanzarse gracias a las inversiones en parques eólicos marítimos. A finales de 2019, el Gobierno se propone adoptar un plan nacional de energía y clima que hará balance de sus necesidades de inversión hasta 2030 para las diferentes dimensiones de la Unión de la Energía, incluidas las energías renovables, la eficiencia energética, la seguridad del suministro y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

               (18)Los embotellamientos siguen siendo un reto en los Países Bajos, que es un país denso y bien equipado y un actor clave en la logística de la UE, al contar con el mayor puerto de la UE, en Rotterdam, y uno de los mayores aeropuertos, Schiphol. El problema se ha aliviado con obras adicionales de infraestructura, pero sigue siendo planteando un reto debido a los elevados costes sociales y las horas perdidas en el tráfico.

               (19)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las necesidades identificadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe por país
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               . Esto permitiría a los Países Bajos hacer el mejor uso posible de estos fondos por lo que respecta a los sectores identificados.

               (20)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión. Esto refleja la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (21)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima
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                que cabe esperar que los Países Bajos cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (22)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 3 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de las Recomendaciones para la zona del euro, en particular la primera y la cuarta. Las políticas presupuestarias a las que se hace referencia en la recomendación 3 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con el superávit de la balanza por cuenta corriente.

               RECOMIENDA a los Países Bajos que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Reducir el sesgo en favor del endeudamiento de los hogares y las distorsiones en el mercado de la vivienda, en particular apoyando el desarrollo del sector del alquiler privado. Garantizar que el segundo pilar del sistema de pensiones sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente frente a las perturbaciones. Aplicar políticas para aumentar la renta disponible de los hogares, incluso mediante el refuerzo de las condiciones que favorecen el crecimiento de los salarios, respetando al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales. Abordar las características del sistema fiscal que puedan facilitar la planificación fiscal agresiva, en particular mediante pagos salientes, especialmente mediante la aplicación de las medidas anunciadas.

               2.Reducir los incentivos para los trabajadores autónomos sin asalariados a la vez que se promueve una protección social adecuada para los trabajadores autónomos, y luchar contra el falso trabajo autónomo. Reforzar las estrategias de aprendizaje permanente y mejorar las capacidades, en particular de las personas que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo y de las personas inactivas.

               3.Respetando el objetivo presupuestario a medio plazo, utilizar las políticas fiscales y estructurales para apoyar el aumento de la inversión. Centrar la política económica relativa a la inversión en la investigación y el desarrollo, en particular en el sector privado; en las energías renovables, la eficiencia energética y las estrategias de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; y en la eliminación de los embotellamientos en el transporte.

               Hecho en Bruselas, el

                      Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1018 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        SWD(2019) 1018 final.

                     (9)

                        En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 522 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Portugal

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Portugal

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Portugal debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, según se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación. En particular, centrar la política de inversión en las áreas especificadas y utilizar los resultados positivos inesperados para reducir la deuda pública contribuirá al cumplimiento de la segunda recomendación para la zona del euro en lo relativo al fomento de la inversión y la reconstitución de reservas presupuestarias. Las medidas encaminadas a reducir la segmentación del mercado de trabajo y mejorar las cualificaciones y la eficacia del sistema de seguridad social contribuirán al cumplimiento de la tercera recomendación para la zona del euro en lo concerniente al funcionamiento del mercado de trabajo y los sistemas de protección social. Las medidas destinadas a disminuir las cargas reglamentarias contribuirán al cumplimiento de la primera recomendación para la zona del euro en lo relativo al entorno empresarial y a las mejoras de la productividad con vistas a un reequilibrio de la zona del euro. Aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y recuperación contribuirá al cumplimiento de la cuarta recomendación para la zona del euro en lo que se refiere a la reducción del volumen de préstamos no productivos.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Portugal
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                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Portugal de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Portugal hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 27 de febrero de 2019
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               . El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de pasivos exteriores netos y de deuda privada y pública, así como una alta proporción de préstamos no productivos, constituyen puntos débiles en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. Siguen subsistiendo lagunas, especialmente en lo relativo a la aplicación de las medidas destinadas a reducir el volumen de préstamos no productivos y a mejorar el entorno empresarial. Será necesario hacer un seguimiento de la adopción y aplicación de los diversos programas de reforma, particularmente de las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

               (4)El 30 de abril de 2019, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para favorecer el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Portugal se encuentra sometido actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, Portugal se propone alcanzar un déficit global equivalente al 0,2 % del PIB en 2019, un superávit del 0,3 % del PIB en 2020 y una nueva mejora hasta un superávit equivalente al 0,7 % del PIB en 2022. Estos planes solo incluyen parcialmente el potencial efecto de aumento del déficit de las medidas de apoyo a los bancos a partir de 2020. Sobre la base del saldo estructural recalculado, el objetivo presupuestario a medio plazo —que ha pasado de un superávit estructural del 0,25 % del PIB en 2019 a una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales a partir de 2020— se alcanzaría en 2020. El Programa de Estabilidad de 2019 prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas / PIB alcance el 118,6 % en 2019, el 115,2 % en 2020 y el 103,7 % en 2022. El escenario macroeconómico subyacente a estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2019 y 2020 y optimista para los años siguientes. Al mismo tiempo, no se han especificado suficientemente las medidas necesarias para respaldar el logro de los objetivos presupuestarios previstos a partir de 2019.

               (7)El Programa de Estabilidad de 2019 no proporciona información sobre los efectos presupuestarios del gasto excepcional derivado de las medidas preventivas encaminadas a proteger el territorio nacional frente a los incendios forestales, tras los incendios forestales de grandes proporciones que tuvieron lugar en 2017. No obstante, en una carta de 9 de mayo de 2019, las autoridades portuguesas han facilitado pruebas suficientes sobre el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Particularmente, la carta indica que la ejecución presupuestaria en 2018 engloba gastos excepcionales (equivalentes aproximadamente al 0,04 % del PIB) derivados de las medidas preventivas encaminadas a proteger el territorio nacional contra los incendios forestales. Dicha carta señala gastos relacionados con la gestión de las situaciones de emergencia, que se clasifican como medidas puntuales, y gastos relativos a las actividades de prevención. Debido a la naturaleza integrada de estos gastos y a su relación directa con los grandes incendios forestales de 2017, puede concederse un trato específico a estos gastos de prevención de incendios forestales aplicándoles la «cláusula de acontecimientos inhabituales». Según la Comisión, los gastos subvencionables adicionales en 2018 ascienden al 0,04 % del PIB y se derivan de las medidas preventivas. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 contemplan estos gastos adicionales en la medida en que estos incendios forestales de proporciones sin precedentes se consideran acontecimientos inhabituales, su impacto sobre las finanzas públicas de Portugal es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida si se autorizase una desviación temporal respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por consiguiente, el ajuste exigido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2018 se ha reducido a fin de tener en cuenta estos costes adicionales.

               (8)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Portugal garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto no rebase el 0,7 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB
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               . Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, Portugal podría registrar una desviación importante respecto de este ajuste recomendado para 2019.

               (9)En 2020, Portugal deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta la autorización de desviación temporal concedida para tener en cuenta los acontecimientos inhabituales. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, esto es compatible con una tasa de incremento nominal máximo del gasto público primario neto del 1,5 %, que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Según dichas previsiones de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, en 2020 existe un riesgo de desviación significativa respecto de esta exigencia. Al mismo tiempo, se prevé que Portugal cumpla en 2019 con la norma transitoria en materia de deuda, gracias a la desviación anual autorizada del 0,25 %, pero, a primera vista, no cumpliría con la norma en materia de deuda en 2020. De forma global, el Consejo considera que a partir de 2019 deberán adoptarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Será importante utilizar los posibles resultados positivos inesperados para reducir aún más el ratio de deuda de las administraciones públicas.

               (10)El reforzamiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas portuguesas depende de la continuación de un saneamiento presupuestario favorable al crecimiento; sin embargo, existe margen para mejorar la calidad de las finanzas públicas y hacer que el gasto sea más favorable al crecimiento respaldando la inversión (véase más abajo). A pesar de haber aumentado en 2018, la inversión pública se ha mantenido a un nivel muy bajo en comparación con los niveles de la UE, situándose constantemente por debajo de los propios objetivos del Gobierno. La aplicación estricta y oportuna de la Ley sobre el control de los compromisos y de la Ley relativa al marco presupuestario y la continuación de los esfuerzos de racionalización siguen constituyendo aspectos fundamentales para mejorar el control del gasto y aumentar su eficiencia. Los recientes exámenes independientes del gasto efectuados a partir de la base en determinados sectores han permitido mejoras de eficiencia globalmente limitadas. Con el fin de alcanzar mayores mejoras de eficiencia, los exámenes del gasto deberán convertirse en un elemento habitual del marco presupuestario de Portugal. Por otra parte, siguen siendo necesarias unas reformas más profundas encaminadas a aumentar la eficiencia y un claro enfoque descendente para contener el gasto global. Estos elementos deberán basarse, en gran medida, en una estrategia de reforma de la Administración pública encaminada a alinear los niveles de empleo público con la necesidad de proporcionar servicios eficaces, lo que incluye el apoyo a la reasignación y el reciclaje del personal, así como el fomento del rendimiento individual y del atractivo de la función pública para el personal altamente cualificado.

               (11)Las finanzas públicas portuguesas están sometidas a una presión constante como consecuencia de las adversas tendencias demográficas, particularmente el envejecimiento de la población, que tiene consecuencias negativas, especialmente para la sostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema sanitario. Aunque las reformas anteriores habían mejorado la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, los aumentos de las pensiones especiales y las reformas de la jubilación anticipada que están teniendo lugar han implicado nuevos incrementos discrecionales del gasto en pensiones, que han venido a añadirse a la tendencia subyacente al alza de estos derivada del envejecimiento de la población. La sostenibilidad global del sistema de pensiones puede estar en peligro si no se dispone de medidas compensatorias adecuadas. En el sector sanitario, la relación eficacia/coste siguió fomentándose en 2018, en particular recurriendo más a las compras centralizadas y utilizando más los medicamentos genéricos y biosimilares. Al mismo tiempo, la persistencia de un alto volumen de pagos atrasados de los hospitales se deriva de una planificación y una inversión presupuestarias inadecuadas y de lagunas en el control de la contabilidad y las prácticas de gestión. Las disminuciones temporales de los pagos atrasados de los hospitales en 2018 se han debido esencialmente a la magnitud de las medidas de compensación extraordinarias. Un nuevo programa para 2019 está encaminado a abordar de forma estructurada los atrasos en los pagos de los hospitales mediante la introducción de un nuevo modelo de gobernanza para los hospitales públicos, junto con un aumento sustancial de sus presupuestos anuales. La capacidad de este programa para ralentizar la acumulación de pagos atrasados de los hospitales a corto plazo y, de esta forma, propiciar una reducción estructural de su importe global, depende fundamentalmente de la oportunidad y eficacia de su aplicación.

               (12)Aumentar los ingresos netos de las empresas de propiedad estatal y reducir su deuda contribuiría a aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas portuguesas. Las autoridades se proponen que los ingresos netos de las empresas estatales se acerquen globalmente a un nivel próximo al equilibrio en 2019, lo que significa un retraso respecto de anuncios anteriores, que contemplaban un resultado similar ya en 2018. Por otra parte, las medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de los planes de actividad iniciales y los esfuerzos tendentes a garantizar un seguimiento más oportuno, transparente y global se han retrasado y han tardado en plasmarse en medidas correctoras cuando ello era necesario. En particular, no se ha garantizado un nivel suficiente de transparencia ex ante en lo que se refiere a la financiación de las empresas estatales mediante recapitalizaciones y préstamos.

               (13)A pesar de que actualmente se están aplicando algunas medidas para reducir la segmentación del mercado laboral, tales como el reforzamiento de la inspección del trabajo y el inicio de un programa de integración para los trabajadores precarios de la función pública, la proporción de trabajadores temporales en Portugal sigue siendo superior a la media de la Unión. Una serie de medidas más específicas acordadas entre el Gobierno y los representantes de las empresas y de los trabajadores, encaminadas a reducir aún más la segmentación del mercado laboral y la precariedad y a fomentar la negociación colectiva, están pendientes de aprobación por el Parlamento para materializarse en legislación concreta.

               (14)La mejora de las condiciones del mercado de trabajo ha disminuido el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social A pesar de esta mejora, la desigualdad en la distribución de la renta se mantiene en un nivel elevado y el impacto de las transferencias sociales sobre la reducción de la pobreza es limitado. Aunque las desigualdades de renta están disminuyendo en Portugal, aún se mantienen muy por encima de la media de la UE. El régimen de renta mínima es uno de los peores de la UE, estableciendo una renta que representa únicamente el 40 % del umbral de pobreza nacional. A menos que se proceda a una revisión, la baja eficacia del de las transferencias sociales podría verse seriamente puesta a prueba en caso de una ralentización futura de la economía, que afectaría particularmente a las personas vulnerables.

               (15)El bajo nivel de cualificaciones de los trabajadores es un obstáculo para el incremento de la productividad y la inversión. Aproximadamente el 50 % de la población de edad comprendida entre 25 y 64 años tiene un bajo nivel educativo, proporción que es muy superior a la media de la UE en 2018 (22 %). La baja disponibilidad de personal cualificado constituye un importante obstáculo para la inversión mencionado por las empresas. En cuanto a la enseñanza de adultos, en particular, existe margen para atraer más a las personas poco cualificadas (cuya participación en los programas de formación es inferior a la media de la UE) y para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas incentivos destinados a la formación de su personal. Las capacidades digitales constituyen un reto particular: el 50 % de la población portuguesa carece de las capacidades digitales básicas, frente a una media de la Unión del 43 %. La inversión en la educación y la formación, con inclusión de las infraestructuras, es fundamental para mejorar la empleabilidad y la movilidad social.

               (16)En el marco de los esfuerzos encaminados a aumentar el número de titulados de la enseñanza superior, se están aplicando medidas encaminadas a aumentar las matriculaciones en la enseñanza superior, tales como un aumento significativo de la concesión de becas. En Portugal, el 33,5 % de las personas con edad comprendida entre 30 y 34 años ha finalizado estudios superiores, proporción que es inferior a la media de la UE (40,7 %). La persistencia de estas bajas tasas, particularmente en lo que se refiere a los titulados en tecnologías de la información y la comunicación, ciencias de la naturaleza, matemáticas y estadística, puede tener una incidencia negativa en el incremento de la productividad y la capacidad de innovación de la economía portuguesa. Aunque el Gobierno está intentando resolver este problema aumentando el número de plazas ofrecidas en estos sectores y efectuando una revisión del sistema de enseñanza superior, se requieren esfuerzos adicionales.

               (17)La tasa de préstamos no productivos del sistema financiero se mantiene en un nivel relativamente elevado (11,3 %). No obstante, la mayoría de los bancos ha logrado avances sustanciales hacia el objetivo de reducir el volumen de estos préstamos. El mercado secundario de activos devaluados ha cobrado impulso, mientras que los bancos también han acelerado los procedimientos de cancelación y saneamiento de sus créditos no productivos. El desglose de los préstamos no productivos sigue mostrando una constante elevada proporción (65 %) de los préstamos no productivos de las empresas. En los últimos años, las autoridades han aplicado una serie de reformas legales e institucionales en el ámbito de la insolvencia y la ejecución de deudas. Sin embargo, la duración media de los procedimientos de insolvencia se mantiene en un nivel persistentemente elevado, al igual que el número de asuntos pendientes ante los tribunales. Los marcos jurídico y judicial se ven fuertemente afectados por el proceso de recuperación y las perspectivas de una activación eficiente de las garantías reales. La larga duración media de los procedimientos de recuperación afecta a los precios aplicados por los mercados a los activos no productivos.

               (18)Las reformas tendentes a la simplificación administrativa han sido escasas, ya que los esfuerzos en este ámbito se limitan en su mayor parte a una aplicación generalizada del principio de «solo una vez» y de desmaterialización de los procedimientos. En particular, debe concederse prioridad a limitar el número de documentos que han de presentarse y a bien sustituir los regímenes de autorización por simples declaraciones de cumplimiento de las condiciones aplicables, o bien, para los sectores más sensibles, simplificar las autorizaciones mediante una reducción de los períodos de aprobación de una decisión y la adopción del principio de aprobación tácita. Aún se echa en falta la simplificación de los procedimientos aplicables en determinados sectores. Siguen subsistiendo excesivas cargas administrativas, particularmente en el sector de la construcción. Además, las lagunas en la planificación y el seguimiento de la contratación pública dificultan la competencia. Los resultados de la contratación pública podrían mejorarse introduciendo una planificación estructurada y cuantificada y garantizando una supervisión más estrecha de la fase de ejecución de los contratos. A pesar de una reducción significativa de las adjudicaciones directas en 2017 y 2018, su utilización se mantiene en un nivel elevado.

               (19)En el contexto del programa de ayuda financiera, Portugal ha procurado reducir las cargas reglamentarias para las profesiones muy reguladas, especialmente con la introducción de la Ley marco de 2013. No obstante, en algunos casos este progreso se vio interrumpido o incluso anulado con la adopción de disposiciones estatutarias para las distintas profesiones y la introducción de una prohibición para los grupos de empresas. Se imponen restricciones reglamentarias y administrativas a los servicios profesionales y a las empresas, lo que plantea inquietud en relación con la competencia, los niveles de precios, la innovación y la calidad de los servicios. Hasta la fecha, no se han anunciado planes de reforma en respuesta a las recomendaciones de la Comisión relativas a la regulación de los servicios profesionales
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               , ni en respuesta a la evaluación realizada en 2018 por la OCDE (con la colaboración de la autoridad portuguesa de defensa de la competencia) sobre las profesiones autorreguladas de Portugal.

               (20)Las condiciones para que las empresas accedan a la financiación han mejorado durante los últimos años y la proporción de empresas que manifiestan que el acceso a dicha financiación es la principal restricción para la inversión ya es similar a la media de la UE. Las autoridades portuguesas han emprendido y reforzado en este ámbito varias iniciativas, tales como el programa «Capitalizar» y otros programas dirigidos a determinados tipos de empresas o sectores. Sin embargo, las empresas portuguesas todavía siguen dependiendo considerablemente de sus propios recursos para financiar sus inversiones, y un importe significativo de préstamos bancarios va a parar a empresas de muy baja productividad. El bajo nivel de capital invertido por trabajador representa un importante obstáculo para mejorar la estructura productiva de la economía portuguesa. En este contexto, es importante que las inversiones productivas aumenten y se canalicen gradualmente hacia empresas con potencial de crecimiento y sectores con perfiles de alta productividad. Aunque han aumentado en los últimos años, otras fuentes de financiación, tales como el capital riesgo y el capital social, se mantienen muy por debajo de la media de la UE.

               (21)El sistema judicial se está haciendo más eficiente, pero sigue afrontando retos fundamentales, con unos procedimientos largos y un elevado número de asuntos pendientes, particularmente ante los tribunales administrativos y tributarios. Aunque prosiguen nuevos esfuerzos para erradicar la corrupción, la prevención de esta sigue siendo problemática debido a la ausencia de una estrategia coordinada y a la fragmentación de las responsabilidades al respecto.

               (22)La inversión en investigación y desarrollo ha vuelto a repuntar recientemente, pero sigue siendo insuficiente para mejorar el sistema nacional portugués de investigación e innovación. Tras años de disminución, la proporción que representa el gasto en investigación y desarrollo en el PIB ha aumentado recientemente, y en 2017 la intensidad de la actividad de investigación y desarrollo de las empresas rebasó ligeramente la intensidad de la actividad de investigación y desarrollo del sector público. Se han alcanzado pocos progresos para mejorar la estructura económica de Portugal y lograr una participación mayor en el valor añadido de los sectores de fabricación de alta tecnología y de los servicios intensivos en conocimiento. El fomento de la inversión en activos inmateriales, con inclusión de la investigación y el desarrollo y las competencias de gestión, la cultura financiera y las capacidades digitales para permitir a las empresas crecer, aumentar su capacidad de innovación y entrar en los mercados de exportación, ofrece a Portugal un medio adecuado para estimular la inversión e incrementar la productividad.

               (23)Unas conexiones marítimas y ferroviarias insuficientes dificultan a las empresas orientadas a la exportación disfrutar plenamente del potencial del mercado único. Debido a su situación geográfica, Portugal es un puerto de entrada marítimo natural, especialmente para las rutas trasatlánticas. Unas inversiones oportunas en las nuevas terminales de contenedores de Sines y Barreiro (Terminal Vasco da Gama) y en la finalización de los proyectos de inversión en curso en los otros principales puertos portugueses (Viana do Castelo, Leixoes, Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal) aumentaría la capacidad de manejo de contenedores de estos puertos. Los ferrocarriles siguen estando infrautilizados en las conexiones con España (corredor Este-Oeste y corredor Norte-Sur). El desarrollo de un plan global para la Península Ibérica, que incluya la determinación de las etapas intermedias, las terminales, las interconexiones necesarias para beneficiarse de la mejora de la red española y el desarrollo de la anchura de vía de la Unión Internacional de Ferrocarriles, contribuiría a potenciar los resultados internacionales de la red ferroviaria de Portugal.

               (24)Las inversiones encaminadas a mejorar la eficiencia de los recursos y la adaptación al cambio climático contribuirían a lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Prevenir los efectos adversos del cambio climático, tales como inundaciones e incendios forestales, sigue constituyendo un reto para Portugal. El logro del objetivo de eficiencia energética para 2020 requiere nuevos esfuerzos, y los datos más recientes para 2017 muestran que el consumo de energía está aumentando. Sigue existiendo un amplio margen para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir el consumo energético de las empresas. Una mejor conectividad energética de la Península Ibérica podría permitir una mayor competencia y facilitar el desarrollo de las energías renovables.

               (25)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 puede contribuir a subsanar algunas de las lagunas señaladas en las recomendaciones, particularmente en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe relativo a Portugal
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               . Esto permitiría al país utilizar de forma óptima estos fondos en los sectores indicados, teniendo en cuenta las disparidades regionales y la situación especial de las regiones ultraperiféricas. El reforzamiento de la capacidad administrativa del país para gestionar estos fondos es un importante factor para el éxito de estas inversiones.

               (26)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal, que ha publicado en el informe de 2019 relativo a este país. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y política presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

               (27)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (28)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 4 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen al seguimiento de las recomendaciones para la zona del euro, en particular las recomendaciones primera, segunda y cuarta. Las políticas fiscales a que se hace referencia en la recomendación 1 contribuyen en particular a abordar los desequilibrios derivados del alto nivel de deuda pública.

               RECOMIENDA a Portugal que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2020, teniendo en cuenta la autorización de una desviación temporal por acontecimientos inhabituales. Emplear los resultados positivos inesperados en acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Mejorar la calidad de las finanzas públicas concediendo prioridad al gasto favorable al crecimiento al mismo tiempo que se refuerza el control sobre el total de gastos y se mejora la relación eficacia/coste y la adecuación del procedimiento presupuestario, prestando una atención particular a una reducción sostenible de los pagos atrasados de los hospitales. Mejorar la viabilidad financiera de las empresas de propiedad estatal, garantizando al mismo tiempo un seguimiento más oportuno, transparente y global.

               2.Adoptar medidas encaminadas a reducir la segmentación del mercado de trabajo. Mejorar el nivel de cualificaciones de la población, sobre todo las capacidades digitales, particularmente adaptando más la formación de adultos a las necesidades del mercado de trabajo. Aumentar el número de titulados superiores, especialmente en ciencias y tecnologías de la información. Mejorar la eficacia y la adecuación del sistema de seguridad social.

               3.Centrar la política de inversión en la investigación y el desarrollo, el transporte ferroviario y las infraestructuras portuarias, la transición energética hacia una economía de baja intensidad de carbono y la ampliación de las interconexiones energéticas, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               4.Permitir una recuperación más rápida de las garantías vinculadas a préstamos no productivos aumentando la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y recuperación. Reducir las cargas administrativas y reglamentarias que pesan sobre las empresas, principalmente disminuyendo los obstáculos a la concesión de licencias. Elaborar una hoja de ruta para reducir las restricciones en las profesiones altamente reguladas. Aumentar la eficiencia de los tribunales administrativos y tributarios, en particular, reduciendo la duración de los procedimientos.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1021 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Los gastos primarios netos comprenden los gastos públicos totales, excluidos los gastos de intereses, los gastos derivados de programas de la Unión cubiertos totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión y las modificaciones no discrecionales operadas en los gastos en prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se distribuye a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas de ingresos discrecionales o los aumentos de ingresos resultantes de medidas legislativas. Se deducen las medidas puntuales tanto de ingresos como de gastos.

                     (8)

                        SWD(2016) 436 final.

                     (9)

                        SWD(2019) 1021 final.

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 29.11.2019
            COM(2019) 622 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para modificar el Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y el Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

                  El Convenio Interbus sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (
                     1
                  ) (en lo sucesivo, «el Convenio Interbus») entró en vigor el 1 de enero de 2003. La Unión Europea es Parte contratante del Convenio Interbus (
                     2
                  ).

                  El Convenio Interbus abarca actualmente el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús.

                  El 5 de diciembre de 2014 (
                     3
                  ), el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones, en nombre de la Unión Europea, con vistas a ampliar el ámbito de aplicación del Convenio Interbus al transporte regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús. En virtud de esa misma autorización del Consejo, la Comisión negoció un Protocolo por el que se hacía extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adherirse al Convenio Interbus.

                  El 16 de julio de 2018 (
                     4
                  ), el Consejo adoptó, sobre la base de una propuesta de la Comisión, las Decisiones relativas a la firma de ambos Protocolos.

                  El artículo 20, apartado 1, del Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús (en lo sucesivo, «el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales») y el artículo 2 del Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio (en lo sucesivo, «el Protocolo sobre el Reino de Marruecos») establecen que esos Protocolos quedan abiertos a la firma en Bruselas entre el 16.7.2018 y el 16.4.2019, en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, que actuará como depositaria.

                  Antes de que finalizara el período para la firma, esto es, antes del 16 de abril de 2019, solo una Parte contratante del Convenio Interbus había firmado el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales, y solo cuatro habían firmado el Protocolo sobre el Reino de Marruecos.

                  El Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales establece, en relación con su entrada en vigor, que las disposiciones correspondientes del Convenio Interbus, en particular sus artículos 27 y 28, serán aplicables mutatis mutandis. Con arreglo a esas disposiciones, el Convenio debe ser aprobado o ratificado por los signatarios de acuerdo con sus propios procedimientos y debe entrar en vigor para las Partes contratantes que lo hayan aprobado o ratificado una vez que cuatro de ellas, incluida la Unión, lo hayan hecho. La referencia a los signatarios implica que, para que el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales pueda entrar en vigor, al menos cuatro Partes contratantes deben haberlo firmado y, por ende, haberlo aprobado o ratificado. Tal como se ha mencionado anteriormente, antes de que finalizara el período durante el cual el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales estuvo abierto a la firma, solo la Unión lo había firmado.

                  El Protocolo sobre el Reino de Marruecos, por su parte, prevé que las Partes lo firmarán, aprobarán o ratificarán con arreglo a sus propios procedimientos. Sin embargo, no prevé la adhesión de Partes contratantes que no lo hayan firmado, aprobado ni ratificado. Tal como se ha mencionado anteriormente, antes de que finalizara el período durante el cual el Protocolo sobre el Reino de Marruecos estuvo abierto a la firma, no todas las Partes contratantes del Convenio Interbus lo habían firmado.

                  A la luz de lo anterior, a menos que los períodos para la firma de los Protocolos se prorroguen o supriman, ninguna otra Parte contratante del Convenio Interbus podrá firmarlos ni, por ende, aprobarlos o ratificarlos, ni convertirse en Parte contratante de los Protocolos. Esto tendría graves consecuencias: el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales no podría entrar en vigor, ya que requiere cuatro ratificaciones, mientras que el Protocolo sobre el Reino de Marruecos, que ha sido firmado y aprobado o ratificado por cuatro Partes contratantes del Convenio Interbus, podría entrar en vigor, pero solo incluiría a cuatro de las ocho Partes contratantes actuales, lo que complicaría excesivamente la gobernanza del Convenio Interbus y prácticamente anularía la posibilidad de que el Reino de Marruecos entable relaciones convencionales con todas sus Partes contratantes.

                  Por otra parte, si el Reino de Marruecos se adhiere al Convenio Interbus antes de que todas sus Partes contratantes actuales hayan ratificado el Protocolo sobre el Reino de Marruecos, se crearía, en la práctica, un nuevo Convenio Interbus de menor tamaño en el marco del Convenio principal (uno con el Reino de Marruecos y las Partes contratantes para las que el Protocolo hubiera entrado en vigor, y otro con las ocho Partes contratantes actuales, sin el Reino de Marruecos). El Convenio Interbus no prevé ningún convenio de ese tipo, ya que haría que su gobernanza fuera prácticamente imposible. Procede, por tanto, modificar el artículo 4 del Protocolo sobre el Reino de Marruecos, a fin de que ese Protocolo entre en vigor una vez que todas las Partes contratantes lo hayan aprobado o ratificado.

                  Dado que, entre tanto, una de las Partes contratantes del Convenio Interbus ha cambiado su denominación oficial, a saber, la República de Macedonia del Norte, resultaría también oportuno modificar ambos Protocolos a fin de se utilice la nueva denominación en las referencias a dicha Parte contratante.

                  La modificación de los Protocolos no debe afectar a la validez de las firmas ya realizadas.

               2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

                  La Comisión no ha efectuado ninguna evaluación de impacto, ni ha recurrido a asesoramiento técnico externo en relación con las modificaciones sugeridas en la presente Recomendación, ya que no se refieren al contenido de los Protocolos.

               3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

               •Base jurídica

                  La base jurídica es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) y proporcionalidad

                  La subsidiariedad o la proporcionalidad no se ven afectadas porque la cuestión es competencia exclusiva de la Unión.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  La Recomendación propuesta es coherente con la política común de transporte y otras políticas exteriores de la Unión.

               4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  Ninguna.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones para modificar el Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y el Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  5
               ,

               Considerando lo siguiente:

               (1)La celebración del Convenio Interbus sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús («Convenio Interbus») fue aprobada, en nombre de la Unión, mediante Decisión del Consejo de 3 de octubre de 2002
                  6
               . El Convenio Interbus entró en vigor el 1 de enero de 2003.

               (2)El Consejo adoptó la Decisión (UE) 2018/1195
                  7
                y la Decisión (UE) 2018/1211
                  8
               , de 16 de julio de 2018, relativas a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús (en lo sucesivo, «el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales») y de un Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio (en lo sucesivo, «el Protocolo sobre el Reino de Marruecos»).

               (3)La Unión firmó el Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales el 24 de septiembre de 2018 y el Protocolo sobre el Reino de Marruecos el 11 de abril de 2019.

               (4)Además de la Unión, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Turquía han firmado el Protocolo sobre el Reino de Marruecos. En cuanto al Protocolo sobre el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús, solo la Unión lo ha firmado.

               (5)El período durante el que los dos Protocolos estuvieron abiertos a la firma expiró el 16 de abril de 2019. A fin de permitir que las actuales Partes contratantes del Convenio Interbus que aún no lo hayan hecho firmen y celebren ambos Protocolos, procede modificarlos de modo que no se establezca un período específico para la firma.

               (6)Procede modificar el Protocolo sobre el Reino de Marruecos para que entre en vigor una vez haya sido firmado y ratificado por todas las Partes contratantes actuales del Convenio Interbus.

               (7)Una de las Partes contratantes del Convenio Interbus ha modificado su denominación oficial, a saber, la República de Macedonia del Norte, y resulta oportuno plasmarlo en los textos de los Protocolos.

               (8) Las firmas de los Protocolos que hayan tenido lugar antes del 16 de abril de 2019 deben seguir siendo válidas.

               (9) Procede, por tanto, autorizar a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión Europea, modificaciones del Protocolo sobre servicios regulares y regulares especiales, así como del Protocolo sobre el Reino de Marruecos.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión Europea, modificaciones del Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y del Protocolo por el que se modifica el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio, de manera que el período durante el que los Protocolos están abiertos a la firma no presente ninguna limitación, que se plasme el cambio en la denominación de una de las Partes contratantes del Convenio Interbus y que exista una nueva modalidad de entrada en vigor del Protocolo sobre el Reino de Marruecos.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial, que insertará el Consejo].

               Artículo 4

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente / La Presidenta

                     (1)

                        DO L 321 de 26.11.2002, p. 13.

                     (2)

                        Además de la Unión Europea, los países enumerados a continuación son también Partes contratantes del Convenio Interbus: República de Albania, Bosnia y Herzegovina, República de Moldavia, Montenegro, República de Macedonia del Norte, República de Turquía y Ucrania (en lo sucesivo, «las Partes contratantes del Convenio Interbus»).

                     (3)

                        SGS14/15073, de 5 de diciembre de 2014.

                     (4)

                        Decisión (UE) 2018/1195 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús (DO L 214 de 23.8.2018, p. 3).Decisión (UE) 2018/1211 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio (DO L 222 de 3.9.2018, p. 1).

                     (5)

                        [AÑADIR REFERENCIA]

                     (6)

                        Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2002, relativa a la celebración del Acuerdo Interbus sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús (DO L 321 de 26.11.2002, p. 11).

                     (7)

                        DO L 214 de 23.8.2018, p. 3.

                     (8)

                        DO L 222 de 3.9.2018, p. 1.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 29.11.2019
            COM(2019) 622 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de Decisión del Consejo
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para modificar el Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y el Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio

               ANEXO

               Directrices de negociación sobre la modificación del Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y del Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio

               1.Debe suprimirse el plazo para la firma del Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y del Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio que actualmente figura en el artículo 20, apartado 1, y el artículo 2, respectivamente, y que está fijado en el 16 de abril de 2019.

               2.Las referencias a «la Antigua República Yugoslava de Macedonia» que figuran en los dos Protocolos deben sustituirse por «la República de Macedonia del Norte».

               3.El Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio debe entrar en vigor una vez que todas las Partes contratantes actuales del Convenio Interbus hayan celebrado dicho Protocolo.

               4.El negociador debe encontrar la forma de instrumento internacional más adecuada para acordar las modificaciones. Las firmas ya realizadas no deben verse afectadas.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 9.9.2019
            COM(2019) 407 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Seychelles a las aguas de Mayotte

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

               •Razones y objetivos de la Recomendación

               La Comisión propone negociar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Seychelles a las aguas y a los recursos biológicos marinos de Mayotte, bajo la jurisdicción de la Unión Europea. La Comisión tiene la intención de llevar a cabo las negociaciones del nuevo acuerdo de acceso paralelamente a las negociaciones de un nuevo acuerdo de colaboración de pesca sostenible y de un nuevo protocolo con la República de Seychelles.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

               El 11 de julio de 2012, el Consejo Europeo adoptó la Decisión 2012/419/UE
                  1
               , por la que se modifica, con efecto a partir del 1 de enero de 2014, el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea. A partir de dicha fecha, Mayotte dejó de ser un país o territorio de ultramar y se convirtió en una región ultraperiférica de la Unión a efectos de lo dispuesto en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Como consecuencia de ello, la zona económica exclusiva (ZEE) de Mayotte se convirtió en aguas de la UE.

               En consecuencia, en 2014 la Unión Europea y Seychelles firmaron un acuerdo que garantizaba las operaciones de los buques que enarbolan pabellón de Seychelles en la ZEE de Mayotte, bajo la jurisdicción de Francia.

               El acuerdo vigente, que expirará el 6 de junio de 2020, permite que ocho buques de Seychelles faenen en aguas de Mayotte. El pago de las licencias y las capturas por los armadores de la flota seychellense es la única compensación financiera en virtud del acuerdo mencionado, y es recaudado por Francia por cuenta de la región ultraperiférica de Mayotte. Francia utiliza estos ingresos para establecer el marco legislativo, las actividades de control y la infraestructura física apropiados, así como para facilitar la adecuada creación de capacidad a fin de que la Administración de Mayotte cumpla los requisitos de la política pesquera común (PPC). El acuerdo contribuye a la pesca responsable en aguas de la UE, a fin de garantizar la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros.

                  Este acuerdo no tiene repercusiones financieras para la UE.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un nuevo acuerdo con Seychelles para acceder a las aguas de Mayotte bajo la jurisdicción de la UE está en consonancia con la acción exterior de la Unión respecto a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y, en particular, con los objetivos de la Unión relativos al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  La base jurídica de la Decisión es el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la quinta parte (acción exterior de la Unión), título V (acuerdos internacionales), que establece el procedimiento para la negociación y la celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No aplicable (competencia exclusiva).

               •Proporcionalidad

                  La Decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

                  El acuerdo sobre el acceso de los buques de Seychelles a las aguas de Mayotte no tiene repercusiones financieras para la UE. No obstante, en la evaluación ex post y ex ante de la Comisión del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Seychelles y de su Protocolo de aplicación
                     2
                   también se examinó cómo ha funcionado el acuerdo de acceso.

                  En esta evaluación, realizada en 2019, se llegó a la conclusión de que debía renovarse el acuerdo de acceso a las aguas de Mayotte, junto con un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Seychelles, a fin de que siguieran armonizándose las condiciones técnicas y financieras de ambos textos.

               •Consultas con las partes interesadas

                  Se ha consultado a los Estados miembros, a representantes del sector y a organizaciones internacionales de la sociedad civil, así como al organismo responsable de la pesca de Seychelles y a su sociedad civil, en el marco de la evaluación ex post y ex ante del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Seychelles y de su Protocolo de aplicación. También se han celebrado consultas en el marco del Consejo Consultivo de Larga Distancia, en particular con ocasión de su reunión de 27 de marzo de 2019.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No procede.

               •Evaluación de impacto

                  No procede.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

                  En las directrices de negociación propuestas como anexo a la Decisión se recomienda autorizar la apertura de negociaciones e incluir una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  El acuerdo sobre el acceso de los buques de Seychelles a las aguas de Mayotte no tiene repercusiones financieras para la UE.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que las negociaciones se inicien en el tercer trimestre de 2019.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la recomendación

                  La Comisión recomienda lo siguiente:

                  - el Consejo debe autorizar a la Comisión a entablar y llevar a cabo negociaciones para la celebración de un nuevo acuerdo con Seychelles, para que los buques de este país puedan acceder a las aguas de Mayotte bajo la jurisdicción de la UE;

                  - debe designarse a la Comisión como la negociadora de la Unión Europea a tal fin;

                  - la Comisión debe celebrar las negociaciones en consulta con el comité especial contemplado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

                  - el Consejo debe aprobar las directrices de negociación adjuntas a la presente recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Seychelles a las aguas de Mayotte

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Recordando la Decisión del Consejo Europeo de 11 de julio de 2012 por la que se modifica el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea
                  3
               ,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando que deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles relativo al acceso de los buques que enarbolan pabellón de Seychelles a las aguas de la Unión Europea, en particular la zona económica exclusiva (ZEE) frente a las costas de Mayotte.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar con la República de Seychelles un acuerdo relativo al acceso de los buques pesqueros que enarbolan pabellón de la República de Seychelles a las aguas y a los recursos biológicos marinos de la Unión, en particular las aguas y los recursos biológicos marinos de la ZEE frente a las costas de Mayotte.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial, que debe designar el Consejo].

               Artículo 4

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.

                     (2)

                  https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5e1b1689-7785-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-97941423

                     (3)

                        DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 9.9.2019
            COM(2019) 407 final
            ANEXO
            de la Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Seychelles a las aguas de Mayotte

               ANEXO

               Directrices de negociación

               –El objetivo de las negociaciones es la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles relativo al acceso de los buques que enarbolan pabellón de la República de Seychelles a las aguas y a los recursos biológicos marinos de la Unión Europea, en particular las aguas y los recursos biológicos marinos de la zona económica exclusiva (ZEE) frente a las costas de Mayotte.

               –Por tanto, el acuerdo relativo al acceso a las aguas de Mayotte, bajo la jurisdicción de la UE, por parte de los buques de Seychelles debe definir el marco general, los principios generales y los objetivos que servirán de base para dicho acceso. Debe contener una cláusula que derogue el acuerdo de acceso vigente entre la Unión Europea y la República de Seychelles
                  1
               .

               –A fin de garantizar, a través de este nuevo acuerdo, el fomento de la pesca sostenible y responsable, los objetivos de negociación de la Comisión se basarán en lo siguiente:

               ·Garantizar el acceso de los buques que enarbolan pabellón de Seychelles a las aguas y los recursos biológicos marinos de la Unión Europea, en particular a las aguas y los recursos biológicos marinos de la ZEE frente a las costas de Mayotte, y las autorizaciones de pesca necesarias para los buques que enarbolan pabellón de Seychelles para llevar a cabo actividades pesqueras en dicha ZEE.

               ·Tomar en consideración los mejores dictámenes científicos disponibles y los planes de gestión pertinentes adoptados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), a fin de garantizar la sostenibilidad medioambiental de las actividades pesqueras y promover la gobernanza de los océanos a escala internacional. Las actividades pesqueras deben dirigirse exclusivamente a los recursos disponibles, teniendo en cuenta la capacidad de pesca de la flota local y prestando al mismo tiempo especial atención al carácter altamente migratorio de las poblaciones afectadas.

               ·Garantizar el acceso de los buques que enarbolan pabellón de Seychelles a los recursos biológicos marinos tomando como base criterios similares a los que se aplican a la flota de la UE en la zona de competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) y a la evolución observada en los últimos años.

               ·Incluir en el acuerdo los derechos de licencia, que deben pagar únicamente los armadores. No debe preverse ninguna contribución financiera del Gobierno de Seychelles.

               ·Garantizar que el protocolo contribuya a promover el crecimiento sostenible y el trabajo digno vinculados a las actividades pesqueras, teniendo en cuenta los correspondientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

               ·Incluir una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               –El acuerdo, en particular, debe definir lo siguiente:

               ·la zona de pesca cubierta, cuyos límites deben figurar en un anexo;

               ·las posibilidades de pesca, por categorías, que se van a conceder a los buques pesqueros que enarbolan pabellón de Seychelles; y

               ·los cánones que deben pagar los buques pesqueros que enarbolan pabellón de Seychelles para ser autorizados a acceder a las aguas y los recursos biológicos marinos de la Unión en la ZEE frente a las costas de Mayotte, y las condiciones de estos pagos.

                     (1)

                        DO L 167 de 6.6.2014, p. 4.


title: Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, enmiendas del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

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