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31990H0543

90/543/CEE: Recomendación del Consejo, de 9 de octubre de 1990, sobre la introducción coordinada de un sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda en la Comunidad

Diario Oficial n° L 310 de 09/11/1990 p. 0023 - 0027

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO   de 9 de octubre de 1990   sobre la introducción coordinada de un  sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda en la Comunidad   (90/543/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo  235,  Vista la propuesta de la Comisión  (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo  (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social  (3),  Considerando que mediante la Recomendación 84/549/CEE  (4) el Consejo aboga por que se introduzcan  los servicios sobre la base de un enfoque armonizado común en el sector de las telecomunicaciones;  Considerando que los recursos que ofrecen las modernas redes de telecomunicaciones deben  utilizarse plenamente para el desarrollo económico de la Comunidad;  Considerando que los servicios de radiobúsqueda constituyen un método de comunicación  particularmente eficaz para avisar y/o enviar mensajes a personas que se desplazan;  Considerando que los sistemas públicos terrestres de radiobúsqueda que actualmente se utilizan en  la Comunidad no permiten en general que las personas que se desplazan a través de la Comunidad  aprovechen las ventajas que supondría contar con unos servicios de radiobúsqueda y unos mercados de  alcance europeo;  Considerando que el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) encargó al comité  técnico (PS) que especificase todos los aspectos de un sistema público de radiobúsqueda llamado  ERMES (Sistema Europeo de Radiomensajes);  Considerando que la introducción del ERMES especificado por el ETSI constituirá una oportunidad  única para establecer un auténtico sistema paneuropeo de radiobúsqueda;  Considerando que una política coordinada de introducción de un sistema paneuropeo público  terrestre de radiobúsqueda hará posible el establecimiento de un mercado europeo de terminales  móviles (receptores de radiobúsqueda) capaces de crear, por su tamaño, características y costes del  servicio, las condiciones de desarrollo necesarias para que las empresas puedan mantener y mejorar  su posición en los mercados mundiales;  Considerando que es esencial garantizar que se disponga ampliamente de aparatos del tipo de  exploración de frecuencias;  Considerando que resulta necesario permitir el acceso sin restricciones a los servicios de  radiobúsqueda y la libre circulación de los receptores de radiobúsqueda en toda la Comunidad;  Considerando que, en este contexto, es preciso respetar el Derecho comunitario y, en particular,  las normas sobre competencia;  Considerando que la aplicación de la Directiva 86/361/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986,  relativa a la primera etapa del reconocimiento mutuo de la homologación de equipos terminales de  telecomunicaciones  (5) contribuirá sensiblemente a facilitar la consecución de este objetivo;  Considerando que es preciso tener en cuenta la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de  1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y  reglamentaciones técnicas  (1), y la Decisión 87/95//CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,  relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las  telecomunicaciones  (2);  Considerando que resulta oportuno hacer uso de las posibilidades de los instrumentos financieros  comunitarios, a fin de fomentar el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones en la  Comunidad;  Considerando que es preciso tener en cuenta la Recomendación 87/371/CEE del Consejo, de 25 de  junio de 1987, relativa a la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales  celulares públicas paneuropeas en la Comunidad  (3), en la que se señala la conveniencia de prestar  especial atención a las necesidades urgentes de comunicaciones terrestres paneuropeas planteadas  por ciertos usuarios y que la Comisión presentará en el futuro otras propuestas en el campo de las  comunicaciones móviles incluyendo los sistemas de radiobúsqueda;  Considerando que las administraciones públicas de telecomunicación, las empresas privadas  reconocidas y otros operadores habilitados que ofrecen servicios públicos de telecomunicación móvil  se denominan en lo sucesivo «  administraciones de telecomunicaciones  »;  Considerando que el SOG-T (Grupo de Altos Funcionarios de Telecomunicaciones) ha emitido un  dictamen favorable, basándose en el informe detallado redactado por el GAP (Grupo de Análisis y  Previsión), que constituye una base estratégica para el desarrollo de las comunicaciones móviles  públicas en la Comunidad a fin de facilitar a los usuarios europeos que se desplazan una  comunicación eficaz y económica;  Considerando que las administraciones de telecomunicaciones, la Conferencia Europea de Correos y  Telecomunicaciones (CEPT) y los fabricantes de equipos de telecomunicaciones en los Estados  miembros han emitido dictámenes favorables sobre este informe;  Considerando que gracias a las medidas contempladas será posible sacar pleno rendimiento de las  ventajas económicas y del mercado potencial, en rápido aumento, de la radiobúsqueda pública en la  Comunidad;  Considerando que el Tratado no prevé, para la adopción de la presente Recomendación, más poderes  de acción que los del artículo 235,  RECOMIENDA: 1.  Que las administraciones de telecomunicaciones apliquen,  respetando debidamente el Derecho comunitario, las recomendaciones detalladas que figuran en el  Anexo, relativas a la introducción coordinada del servicio paneuropeo de radiobúsqueda en la  Comunidad. A efectos de la presente Recomendación se entenderá por «  sistema paneuropeo público  terrestre de radiobúsqueda  » un servicio público de radiobúsqueda basado en una infraestructura  terrestre en los Estados miembros con arreglo a una especificación común, que permita a las  personas que lo deseen enviar y/o recibir un aviso y/o un mensaje numérico o alfanumérico en  cualquier lugar de la Comunidad situado en la zona de cobertura del servicio;  2.  Que las administraciones de telecomunicaciones sigan colaborando en la CEPT y, con el apoyo de  los industriales y de los usuarios, en el ETSI, en particular en lo que se refiere a los objetivos  y el calendario fijados en el Anexo para la finalización de las especificaciones y la puesta en  marcha del sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda;  3.  Que las administraciones de telecomunicaciones planifiquen el paso gradual de los actuales  sistemas de radiobúsqueda al sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda con vistas a  garantizar una transición que satisfaga las necesidades de los usuarios y los intereses de las  administraciones de telecomunicaciones y de los fabricantes;  4.  Que los Gobiernos de los Estados miembros y las administraciones de telecomunicaciones  completen las disposiciones técnicas necesarias para aplicar los medios que permitan el  encaminamiento y el tratamiento de las llamadas, de manera que resulte posible transmitir mensajes  sonoros y/o numéricos o alfanuméricos desde cualquier parte de la Comunidad a un receptor de  radiobúsqueda situado en cualquier punto de la zona geográfica cubierto por el servicio ERMES el 31  de diciembre de 1992 como muy tarde;  5.  Que la Comisión adopte las iniciativas adecuadas, en el marco de la aplicación de directivas  ya existentes, para facilitar la conclusión de las especificaciones y la aplicación del sistema  paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda con arreglo al calendario establecido en el Anexo;  6.  Que los instrumentos financieros comunitarios tengan en cuenta la presente Recomendación en el  contexto de sus intervenciones, en especial en lo que se refiere a las inversiones de capital  necesarias para la creación de la infraestructura del sistema paneuropeo público terrestre de  radiobúsqueda;  7.  Que las administraciones de telecomunicaciones preparen y firmen, en julio de 1990 a más  tardar, un memorándum de acuerdo sobre la aplicación del sistema paneuropeo público terrestre de  radiobúsqueda;  8.  Que los Gobiernos de los Estados miembros informen a la Comisión al final de cada año, a  partir de 1990, de las medidas adoptadas y de los problemas que encuentren en la aplicación de la  presente Recomendación. La Comisión y el SOG-T (Grupo de Altos Funcionarios de Telecomunicaciones),  estudiarán la marcha de los trabajos; que se informe regularmente al Parlamento Europeo.  Hecho en Luxemburgo, el 9 de octubre de 1990. Por el Consejo   El Presidente   P. ROMITA  ANEXO ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA INTRODUCCIÓN COORDINADA DEL SISTEMA PANEUROPEO  PÚBLICO TERRESTRE DE RADIOBÚSQUEDA EN LA COMUNIDAD   1.  REQUISITOS GENERALES   El futuro sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda debe cumplir los siguientes  requisitos generales:  -  podrá funcionar en toda la banda de frecuencia de 169.4 MHz a 169.8 MHz con radiocanales de 25  KHz;  -  hará posible el incremento del número de usarios del servicio por área de radiobúsqueda y por  unidad de espectro y para el mismo grado de servicio, en comparación con los sistemas basados en el  código de radiobúsqueda número 1 del CCIR (POCSAG), supuesta la misma combinación de receptores  sonores, numéricos o alfanuméricos;  -  permitirá un fácil acceso a la red vía RTC, SCDP, terminales de videotex, télex y otras formas  de acceso directo, tales como la RDSI;  -  permitirá el funcionamiento simultáneo de dos o más sistemas independientes en la misma zona  geográfica y de varios sistemas independientes en las zonas en las que existan varias fronteras  nacionales.  Deberán suministrarse las funciones de acceso necesarias para que un abonado que llama pueda poner  en marcha una petición de radiobúsqueda desde las zonas de servicio situadas en cualquier parte de  la Comunidad de la manera más eficaz y sencilla.  2.  ELECCIÓN DE UN SUBSISTEMA DE RADIO   En Europa se cuenta ya con una amplia experiencia en el diseño, la fabricación y la explotación de  los sistemas públicos de radiobúsqueda. Buena parte de esta experiencia se deriva del  perfeccionamiento del desarrollo y la explotación del código europeo de radiobúsqueda POCSAG  (actual código de radiobúsqueda n° 1 del CCIR) por parte de fabricantes y administraciones de  telecomunicaciones. La experiencia y el conocimiento acumulados deberían facilitar la tarea de  seleccionar un subsistema de radio adecuado para el sistema de radiobúsqueda paneuropeo. Basándose  en los estudios que se llevan a cabo en el ETSI deberá llegarse a una decisión final sobre la  especificación del sistema antes de junio de 1990. La especificación del subsistema de radio  comprende el método de modulación, la codificación de canal, la estructura del sistema de radio y  la estructura del código de identidad de la unidad de radiobúsqueda (RIC).  3.  ESPECIFICACIÓN DEL RECEPTOR DE RADIOBÚSQUEDA   La especificación del receptor de radiobúsqueda comprenderá las prestaciones de radio, así como  las de los servicios, las funciones y las características físicas. La especificación del receptor  deberá concluir antes de junio de 1990. No obstante, la optimización y el comienzo de la  fabricación de prototipos de los receptores deberá poder iniciarse, de ser posible, desde el  momento de la decisión sobre el subsistema de radio, de forma que quede un plazo suficiente para la  comprobación y fabricación de los equipos antes de la puesta en marcha del servicio en diciembre de  1992 a más tardar. La estrecha cooperación de los fabricantes del sistema, en particular en el  ETSI, facilitará este rápido inicio en la especificación.  4.  APLICACIÓN DEL SISTEMA   Las administraciones de telecomunicaciones se harán responsables de la aplicación del sistema de  radiobúsqueda en sus respectivos países. Aunque en cada sistema nacional el tráfico será  mayoritariamente nacional, la aplicación debería permitir que el sistema fuese itinerante. Además  la especificación del sistema deberá ser lo suficientemente flexible para permitir su aplicación  rentable tanto en zonas de baja densidad de tráfico como en zonas de alta densidad. Para que el  servicio pueda comenzar el 31 de diciembre de 1992 a más tardar, la especificación deberá estar  terminada antes de junio de 1990.  La especificación comprenderá el acceso al sistema, el encaminamiento y el tratamiento de las  llamadas, el sistema de numeración y la especificación del controlador de la red de radiobúsqueda.  5.  SERVICIOS Y FUNCIONES ESPECIFICADOS Y FACILITADOS POR EL SISTEMA PANEUROPEO DE RADIOBÚSQUEDA   La especificación de servicios y funciones deberá concluir antes de diciembre de 1989 y distinguir  dos categorías: servicios y funciones mínimos y servicios y funciones adicionales.  Servicios y funciones mínimos   Los servicios y funciones mínimos son aquellos que deben estar disponibles en cada uno de los  sistemas nacionales y, por consiguiente, en el sistema paneuropeo en su conjunto.  Servicios y funciones adicionales   Los servicios y funciones adicionales son aquellos cuya prestación debe efectuarse en régimen de  libre competencia habida cuenta de las condiciones nacionales de aplicación de dichos servicios. El  hecho de que un servicio o una función adicional no se preste no afectará al funcionamiento del  serviio paneuropeo básico. La prestación de un servicio o de una función adicional en un sistema  nacional no encarecerá el servicio mínimo en ese sistema ni supondrá un aumento del precio o de la  funcionalidad de cualquier otro sistema nacional.  6.  TARIFAS   Los principios de tarificación para el servicio europeo deberán elaborarse teniendo debidamente en  cuenta las normas sobre competencia establecidas en el Tratado para los servicios europeos y las  normas de tarificación entre los operadores nacionales para el abonado itinerante, así como las  implicaciones técnicas para la red. Las administraciones deberían esforzarse en garantizar que el  coste de utilización del futuro servicio de radiobúsqueda no sea superior al de los servicios  actuales del mismo tipo.  7.  COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SERVICIO   Las administraciones estudiarán qué zonas deben quedar cubiertas prioritariamente por el servicio  para fomentar de la mejor manera la demanda de tráfico paneuropeo, lo antes posible y de manera  compatible con las estrategias comerciales.  El sistema paneuropeo público de radiobúsqueda deberá introducirse el 31 de diciembre de 1992 a  más tardar. Su objetivo es la cobertura geográfica del servicio en cada uno de los Estados miembros  y deberá irse ampliando progresivamente con arreglo al siguiente calendario:  -  31 de diciembre de 1992: Comienzo del servicio   -  enero de 1994: Al menos el 25  % de la población   -  enero de 1995: Al menos el 50  % de la población   -  enero de 1997: Al menos el 80  % de la población   8.  REQUISITOS ESPECIALES   Deberá tenerse presente la posibilidad de que en el sistema ERMES puedan aparecer en las pantallas  de los receptores de radiobúsqueda los caracteres de todas las lenguas oficiales de la Comunidad,  cuando ello sea posible.


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32003H0532

Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2003, sobre las orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 2253]

Diario Oficial n° L 184 de 23/07/2003 p. 0019 - 0032

Recomendación de la Comisiónde 10 de julio de 2003sobre las orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental[notificada con el número C(2003) 2253](Texto pertinente a efectos del EEE)(2003/532/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,(1) Considerando que el Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)(1) determina los requisitos esenciales para la participación de las organizaciones en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS);(2) Considerando que el Reglamento (CE) n° 761/2001 encomienda a la Comisión que garantice la coherencia en la aplicación del EMAS;(3) Considerando que esta coherencia puede mejorarse mediante el suministro tanto a las organizaciones como a los verificadores medioambientales de orientaciones sobre la elaboración de declaración medioambiental según se dispone en la letra c) del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 761/2001;(4) Considerando que, de conformidad con el punto 3.3. del anexo III del Reglamento (CE) n° 761/2001, las organizaciones que apliquen el EMAS pueden utilizar indicadores del comportamiento medioambiental para aumentar la claridad, la transparencia y la comparabilidad de la información proporcionada por una organización;(5) Considerando que la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental pueden también ayudar a las organizaciones a comprender mejor y a mejorar su gestión y comportamiento medioambientales;(6) Considerando que las directrices sobre la declaración medioambiental del EMAS que figuran en el punto 3 del anexo I de la Recomendación 2001/680/CE(2) anuncian que la Comisión preparará orientaciones sobre la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental a su debido tiempo;(7) Considerando que la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental deben ser rentables y apropiados al tamaño y tipo de organización y a sus necesidades y prioridades;(8) Considerando que las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité mencionado en el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 761/2001,RECOMIENDA:1. Al efecto de elaborar declaraciones medioambientales del EMAS, las organizaciones podrán utilizar los indicadores del comportamiento medioambiental que figuran en el anexo I.2. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2003.Por la ComisiónMargot WallströmMiembro de la Comisión(1) DO L 114 de 24.4.2001, p. 1.(2) DO L 247 de 17.9.2001, p. 1.ANEXO IORIENTACIONES SOBRE LA SELECCIÓN Y EL USO DE INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL (REGLAMENTO EMAS)1. IntroducciónEn el punto 3.3 del anexo III del Reglamento EMAS, se alienta a las organizaciones participantes a utilizar los indicadores pertinentes del comportamiento medioambiental donde proceda.El uso de este tipo de indicadores mejorará la notificación del comportamiento medioambiental al convertir los datos brutos en información fácilmente comprensible para el público destinatario. Los indicadores del comportamiento medioambiental sintetizan una información medioambiental muy amplia en un número limitado de grupos de datos clave significativos, lo que ayuda a las organizaciones a cuantificar y notificar su comportamiento medioambiental. Otra función importante de estos indicadores es ayudar a las organizaciones a gestionar sus aspectos e impactos medioambientales. Además, las organizaciones tales como las agencias de clasificación y organizaciones de consultoría financiera se interesan cada vez más por el comportamiento medioambiental.La obtención de información medioambiental puede ser cara y lleva mucho tiempo. Por ello, los indicadores del comportamiento ambiental deben ser rentables y adecuarse al tamaño y al tipo de organización, así como a sus necesidades y prioridades. Se deberían referir en primer lugar a los impactos en el medio ambiente más significativos y en los que la empresa puede influir a través de sus operaciones, gestión, actividades, productos y servicios. También deberían ser lo suficientemente sensibles como paras reflejar cambios significativos en los impactos medioambientales. Además, las organizaciones deberían aprovechar lo mejor posible la información medioambiental que recojan. Con este objeto, los indicadores del comportamiento medioambiental deberían cumplir el doble objetivo de ayudar a la gestión de la organización y de suministrar información a las partes interesadas. Dependiendo de las capacidades y recursos de la organización, el uso de indicadores del comportamiento medioambiental podrá limitarse en principio a los aspectos que se consideren más relevantes y ampliarse gradualmente con el tiempo el ámbito inicial. Los indicadores y las unidades de medida que se suministran en estas orientaciones tienen valor de ejemplo.Ya existen varias publicaciones y normas que pueden servir a las organizaciones. Una relación de ellas figura en la bibliografía del anexo II de la presente Recomendación.Los principios básicos de los sistemas de indicadores del comportamiento medioambiental son:- Comparabilidad: los indicadores deben prestarse a comparación y reflejar la evolución del comportamiento medioambiental.- Equilibrio entre los aspectos problemáticos (malos) y prometedores (buenos).- Continuidad: los indicadores deben basarse en los mismos criterios y referirse a períodos de tiempo o unidades comparables.- Actualidad: los indicadores deben actualizarse con la suficiente frecuencia como para poder tomar las medidas oportunas.- Claridad: los indicadores deben ser claros y comprensibles.2. Categorías de indicadores del comportamiento medioambientalNormalmente, se definen tres categorías de indicadores medioambientales para evaluar y notificar el comportamiento medioambiental de una organización(1):>SITIO PARA UN CUADRO>Indicadores del comportamiento operacional (ICO): Se centran en los aspectos asociados con las y seguimiento del impacto medioambiental de las operaciones de la organización. Los indicadores del operaciones de una organización, incluidas sus actividades, productos o servicios de la organización y pueden cubrir temas tales como las emisiones, el reciclado de productos y de materias primas, el consumo de combustible del parque de vehículos o el uso de energía.Los indicadores del comportamiento operacional pueden dividirse en indicadores de entrada, indicadores de equipos e instalaciones e indicadores de salida. Estos indicadores se centran en la planificación, control comportamiento medioambiental constituyen también un instrumento relevante para comunicar datos medioambientales mediante informes sobre el comportamiento medioambiental o declaraciones medioambientales, de conformidad con el Reglamento EMAS. Al incluir los costes, sirven además para la gestión de los costes medioambientales.Indicadores del comportamiento de la gestión (ICG): Se refieren a los esfuerzos de gestión dirigidos a facilitar la infraestructura necesaria para una gestión ambiental acertada. Pueden cubrir, por ejemplo, los programas medioambientales, los objetivos y metas, la formación, los sistemas de incentivos, la frecuencia de las auditorías, las inspecciones in situ, la administración y las relaciones comunitarias.Estos indicadores sirven, fundamentalmente, como medidas internas de control e información, pero sí solos no proporcionan información suficiente como para reflejar exactamente el comportamiento medioambiental de la organización.Indicadores de estado medioambiental (IEM): Informan sobre la calidad del medio ambiente del entorno de la organización o el estado del medio ambiente local, regional o mundial. Ejemplos pueden ser la calidad del agua de un lago cercano, la calidad del aire en la región, las concentraciones de gases de efecto invernadero o las concentraciones de determinados contaminantes en el suelo. Si bien pueden tener un alcance muy amplio, pueden servir para que la atención de la organización se centre en la gestión de los aspectos medioambientales asociados a impactos medioambientales significativos.El estado de los medios ambientales (atmósfera, agua, suelo) y los problemas medioambientales derivados suelen depender de factores muy variados (por ejemplo, las emisiones de diferentes organizaciones, los hogares privados o el tráfico). Los datos sobre el estado de los compartimentos medioambientales los miden y registran en general las instituciones públicas. Esta información sirve para obtener sistemas de indicadores del comportamiento medioambiental específicos relativos a los principales problemas del medio ambiente. Respecto a los objetivos de política medioambiental, los indicadores del comportamiento medioambiental públicos pueden orientar a las organizaciones a la hora de fijar sus prioridades respecto a la determinación de sus propios indicadores y objetivos, especialmente cuando la organización sea uno de los principales focos de un problema de medio ambiente (por ejemplo, el impacto de un aeropuerto en su entorno en cuanto al ruido o el impacto de un vertido directo de efluentes en la calidad del agua de la zona). Sobre todo en estos casos, los IEM permiten medir los impactos medioambientales de la organización.Estas tres categorías de indicadores del comportamiento medioambiental disfrutan de una aceptación general y las organizaciones deben combinarlos para poder demostrar las afirmaciones siguientes:- Comprenden los impactos medioambientales de sus actividades, productos y servicios (IEM).- Están tomando las medidas oportunas para garantizar la gestión de los aspectos medioambientales asociados a sus impactos medioambientales (ICG).- El resultado de la gestión de los aspectos medioambientales es un mejor comportamiento medioambiental de sus operaciones (ICO).No obstante, se reconoce que, en el caso de las organizaciones con impactos medioambientales menos significativos y un sistema de gestión medioambiental menos complejo, los indicadores más importantes serán los relacionados con el comportamiento operacional.3. OrientacionesAl seleccionar los indicadores del comportamiento medioambiental correspondientes a un aspecto medioambiental concreto, una organización debe hacerse las siguientes preguntas:- ¿Cuáles son los principales aspectos e impactos medioambientales de interés para la organización?- ¿Dónde se pueden alcanzar mejores resultados?- ¿Dónde pueden traducirse las mejoras medioambientales en reducciones de costes?Los indicadores del comportamiento medioambiental seleccionados deben ajustarse a las prioridades de la política medioambiental:- ¿Cómo afecta la organización a la situación local o regional del medio ambiente en relación con cuestiones políticas medioambientales locales o regionales de importancia?- ¿Qué problemas medioambientales dominan los debates políticos en la actualidad?- ¿Qué requisitos externos afectan a la organización, por ejemplo de las partes interesadas?Figura:Organigrama de los procesos de toma de decisiones al seleccionar indicadores del comportamiento medioambiental.>PIC FILE= "L_2003184ES.002201.TIF">Además, las organizaciones deben seleccionar indicadores que mejoren su gestión. Los indicadores que no contribuyan a la gestión de la organización no se incorporarán al final a la gestión cotidiana y surtirán por tanto escasos efectos en la mejora del comportamiento. En suma, sólo los indicadores que permitan a los empleados y a la dirección desempeñar mejor sus tareas son los más ajustados a la organización.Las secciones a) a e) tendrán en cuenta cada uno de los criterios contemplados en el punto 3.3. del anexo III del Reglamento EMAS y ayudarán a las organizaciones a seleccionar los indicadores apropiadosa) Los indicadores deben ofrecer una valoración exacta del comportamiento de la organizaciónEs importante que la organización disponga de una valoración correcta de su comportamiento medioambiental. Los indicadores deben reflejar su comportamiento medioambiental con la mayor exactitud posible, presentando equilibradamente los distintos aspectos e impactos medioambientales.Por ejemplo, si una organización reduce sus emisiones a la atmósfera o sus vertidos al agua pero produce más residuos sólidos como consecuencia, la organización debería estudiar e informar del beneficio medioambiental global, lo que también tendrá repercusiones financieras al tener que contemplarse el coste de la eliminación para que la dirección pueda calcular los costes y ventajas de la medida.En el siguiente cuadro, se dan los ejemplos de indicadores y unidades de medida para el uso en la declaración ambiental del EMAS. Se refieren a las diversas categorías y subcategorías de indicadores según lo mencionado anteriormente en la tabla de la sección 2 sobre categorías de indicadores del comportamiento medioambiental.Además de los valores absolutos de los impactos medioambientales, las unidades de medida pueden también abordar los impactos medioambientales por la unidad de producto o servicio, por volumen de negocio, ventas brutas, valor añadido bruto (los indicadores de "eficiencia ecológica") o impacto medioambiental por empleado(2).N.B.:A menudo los compartimentos medioambientales y los ecosistemas locales son los más relevantes en el caso de los indicadores de estado medioambiental (IEM). Sin embargo, en algunos casos (por ejemplo, en el de las emisiones de gases de efecto invernadero), el estado ambiental mundial también puede ser de interés. Si los IEM no reflejan en primer lugar los impactos en el medio ambiente de la propia organización registrada sino más bien el de otras organizaciones o fuentes desconocidas, se debería mencionar claramente en la comunicación con las partes interesadas.>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>En el siguiente cuadro se dan algunos ejemplos de presentación de indicadores del comportamiento medioambiental en forma de diagramas. En muchos casos conviene dar la información no solo del último año sino también las tendencias a lo largo de varios años.Figura:Evolución de tres tipos distintos de residuos peligrosos en 1000 toneladas por año entre 1996 y 2002: escorias (10.04.01), granzas y espumas (10.04.02) y partículas procedentes de efluentes gaseosos (10.04.04)(3).>PIC FILE= "L_2003184ES.002701.TIF">Si las organizaciones notifican indicadores de gestión tales como la formación, conviene saber el porcentaje de la formación en su conjunto dedicada a temas ambientales o, de otro modo, el porcentaje de las auditorías que se dedica al medio ambiente, con lo que una organización podrá calcular mejor los costes de la gestión ambiental en comparación con los resultados de un mejor comportamiento.Figura:Porcentaje por empleado de horas de formación sobre seguridad, medio ambiente y calidad en 2002.>PIC FILE= "L_2003184ES.002702.TIF">En el caso de que las organizaciones deseen notificar su comportamiento respecto al estado del medio ambiente, convendría saber la contribución relativa de la organización al impacto medioambiental. Por consiguiente, si una organización informa sobre el estado de un río local, convendría calcular su contribución al estado global de río para poder concentrar sus esfuerzos de una manera eficaz.b) Los indicadores deben ser comprensibles e inequívocosPor razones tanto de credibilidad como de control de la gestión, es importante que los indicadores no creen impresiones falsas o engañen al público destinatario. Los indicadores deben ser claros y comprensibles para los usuarios y corresponder a las necesidades de información de éstos. Los indicadores deben ser coherentes e incidir en los datos esenciales.A efectos de notificación, los datos se suelen agregar o normalizar. Si bien este procedimiento puede facilitar una presentación sucinta, es importante que se comprenda fácilmente el resultado final. Por ejemplo, la notificación respecto a un índice interno de reciclaje dentro de la empresa podría ser difícil de entender si el método para su obtención no se explica en términos sencillos.La normalización de datos respecto a un año de base puede permitir una comparación año por año, pero puede no reflejar todos los aspectos del comportamiento medioambiental. Por ejemplo, es importante que se expliquen claramente los efectos de las adquisiciones y las desinversiones y el público debe poder comprender la dimensión absoluta del aspecto notificado.c) Los indicadores deben permitir efectuar una comparación año por añoEste aspecto tiene por objeto facilitar el seguimiento de la evolución del comportamiento medioambiental de una organización. La importancia de la selección correcta de indicadores al principio del proceso de información puede demostrarse en el requisito de comparación año por año. Si cambian los parámetros de notificación de un aspecto medioambiental concreto, a menudo resulta difícil comprobar si se han introducido mejoras.Por ejemplo, si se notifica la energía en el primer año como el consumo total, pero en el segundo año se notifica como el uso de energía por tonelada de producto, no es posible la comparación año por año. En su selección de indicadores, las organizaciones deben procurar tener en cuenta por tanto la continuidad en años sucesivos y, para evitar confusiones, a los indicadores deben acompañar siempre los valores absolutos, tal como se presenta, por ejemplo, en el cuadro siguiente:Cuadro:Ejemplo de cuadro que permite una comparación año por año((Rauberger (1998).))>SITIO PARA UN CUADRO>Las organizaciones deben ser conscientes de que, para reflejar con exactitud la evolución anual de su comportamiento, hay que notificar medias anuales absolutas y, en caso necesario, sus variaciones. Si éstas no fueran adecuadas, habría que utilizar como base de referencia una media anual o una media a largo plazo. Los años excepcionales no son años de referencia correctos.Es necesario cambiar de vez en cuando el método de notificación de un aspecto medioambiental, en cuyo caso una organización debe procurar que pueda procederse a comparaciones con los años anteriores, por ejemplo volviendo a calcular los datos de esos años según el nuevo método de notificación.d) Los indicadores deben permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regionalUno de los requisitos esenciales para la comparación de los indicadores es que se obtengan por el mismo procedimiento para evitar comparaciones heterogéneas. En el área del consumo de energía, por ejemplo, podría plantearse la cuestión a cerca de informar sobre el consumo de energía primaria o informar sobre el consumo de energía secundaria. La organización debe preocuparse por aplicar una "norma común" al crear sus indicadores. Estas "normas comunes" las fijan en determinados casos la comunidad científica, las asociaciones comerciales, los organizaciones no gubernamentales o las autoridades locales, nacionales o regionales. Las organizaciones deben procurar conocer esos términos de referencia y, si notifican en relación con esos aspectos, los indicadores que elijan deben permitir la comparación directa con ellos. Para evitar la sobrenotificación, de haberse definido diversos términos de referencia, las organizaciones deberán elegir el más relevante en su sector.Cuadro:Ejemplo de cuadro que permite la comparación con términos de referencia((Rauberger (1998).)):>SITIO PARA UN CUADRO>e) Los indicadores deben permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentariosPor razones tanto de gestión interna como de credibilidad, las organizaciones deben poder evaluar su comportamiento respecto a los requisitos reglamentarios. Cuando existan éstos en relación con el aspecto que se notifique, las organizaciones harán constar los requisitos reglamentarios en la misma tabla o representación gráfica que el comportamiento.Figura:Ejemplo de gráfico que permite la comparación con los requisitos reglamentarios.>PIC FILE= "L_2003184ES.002901.TIF">4. ResumenAntes de decidir el indicador que se utilizará para tratar un aspecto medioambiental, la organización debe hacerse las siguientes preguntas:a) ¿Reflejan los datos el impacto medioambiental de la organización?b) ¿Permiten los indicadores la cuantificación de objetivos medioambientales?c) ¿Apoyan los datos el proceso de gestión de la organización?d) ¿Son los datos comprensibles sin necesidad de explicaciones complicadas?e) ¿Podrá servir el formato de los datos de un año para otro?f) ¿Se han tenido en cuenta los valores límites vigentes en la legislación aplicables a este aspecto?g) ¿Pueden compararse los datos con los términos de referencia pertinentes para este aspecto?Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es NO, la organización debe reconsiderar la concepción del indicador medioambiental correspondiente. No obstante, los indicadores deben revisarse con regularidad para garantizar su pertinencia y tener en cuenta nuevos datos o situaciones.(1) Las principales categorías de ICO, IC G e IEM y la mayoría de las subcategorías corresponden directamente a las categorías relevantes de indicadores utilizados en EN/ISO 14301:1999 "Gestión medioambiental - Evaluación del comportamiento medioambiental - Directrices". Las subcategorías "productos de apoyo al funcionamiento de la organización", "transportes", "participación de los empleados", "administración y planificación", "compras e inversiones" y "salud y seguridad" son específicos del EMAS.(2) El uso de indicadores relacionados con los empleados debería tratarse con precaución porque esta medida depende mucho en algunos casos de la combinación capital-trabajo de la empresa.(3) Los códigos entre paréntesis se refieren a los códigos de las diversas entradas de la lista europea de residuos.ANEXO IISELECCIÓN DE PUBLICACIONES NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES SOBRE INDICADORES MEDIOAMBIENTALESANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1998) (Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente): "Manuale per l'attuazione del Sistema Comunitario di Ecogestione ed Audit (Manual de aplicación del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) (EMAS)", CD-ROM Sezione Banca Dati Indicatori (Section - Data Base of Environmental Indicators), Roma, Internet: www.anpa.it/emas.Association for Environmental Management in Banks; Saving Banks and Insurance Companies (VfU) y Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania (1997): "Time to act - environmental management in financial institutions - A survey of recent developments including principles and guidelines for in-house eco-balances of financial service providers", Bonn, Internet: www.vfu.de.Business in the Community (2000): "Winning With Integrity", Londres, Internet: www.bitc.org.uk.Business in the Community (2001): "A Measure of Progress", Londres, Internet: www.bitc.org.uk.FORGE Group (2000): "Guidelines on Environmental Management and Reporting for the Financial Services Sector", Internet: www.bba.org.uk.Minesterio Federal de Medio Ambiente y Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania (ed.) (1997): "A Guide to Corporate Environmental Indicators", Bonn/Berlín, Internet: www.umweltbundesamt.de.Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania (1999): "Leitfaden betriebliche Umweltauswirkungen - Ihre Erfassung und Bewertung im Rahmen des Umweltmanagements. (Guía de los impactos medioambientales operacionales: su recogida y evaluación en el marco de la gestión medioambiental)", Berlín, Internet: www.umweltbundesamt.de.Global reporting initiative (2002): "Sustainability reporting guidelines", Boston, USA, Internet: www.globalreporting.org.EN/ISO 14031:1999 "Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines", Ginebra, Internet: www.iso.ch.ISO/TR 14032:1999 "Environmental management - Examples of environmental performance evaluation (EPE)", Ginebra, Internet: www.iso.ch.Jasch, C. and Rauberger, R. (1998): "Leitfaden Kennzahlen zur Messung der betrieblichen Umweltleistung (Guía de indicadores para la medida del comportamiento medioambiental operacional)" editado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Juventud y Familia de Austria, Viena, IÖW Wien Publications No. 25/1998, Internet: www.ioew.at/ioew/index.html.Rauberger, R. (1998): "Erweitertes betriebliches Umweltcontrolling (Control medioambiental operacional ampliado)", en "Praxishandbuch Umweltschutz - Management", editado por Hans-Peter Wruk y Horst Ellringmann, Colonia, Deutscher Wirtschaftsdienst, Internet: www.dvd-verlag.com.UK Association of Certified and Chartered Accountants and Certified Accountants Educational Trust (2001): "An Introduction to Environmental Reporting", Londres, Internet: www.accaglobal.com.UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2000): "Environmental Reporting - Guidelines for Company Reporting on Waste", Londres, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/ index.htm.UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2000): "Environmental Reporting Guidelines for Company Reporting on Water", Londres, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/ index.htm.UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2001): "Environmental Reporting - General Guidelines", Londres, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/ index.htm.UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2001): "Guidelines for Company Reporting on Greenhouse Gas Emissions", Londres, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/ index.htm.División de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2001): "Environmental Management Accounting, Procedures and Principles", publicación de las Naciones Unidas, Serie Asuntos Económicos y Sociales, Internet: www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm.VDI Verein Deutscher Ingenieure (Asociación de Ingenieros Alemanes) (ed.) (2001): "Betriebliche Kennzahlen für das Umweltmanagement - Leitfaden zu Aufbau, Einführung und Nutzung (Indicadores operacionales para la gestión medioambiental: elaboración, introducción y utilización)", VDI Richtline Nr. 4050, Duesseldorf, Internet: www.vdi.de.World Business Council for Sustainable Development (2000): "Measuring eco-efficiency - a guide to reporting company performance", Ginebra, Internet: www.wbcsd.org/newscenter/reports/ 2000/MeasuringEE.pdf.


Avis juridique important

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31996Y0110(02)

Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995 relativa a la concentración y cooperación en la ejecución de las medidas de expulsión

Diario Oficial n° C 005 de 10/01/1996 p. 0003 - 0007

RECOMENDACIÓN DEL  CONSEJOde 22 de diciembre de 1995relativa a la concentración y cooperación en la ejecución de las  medidas de expulsión(96/C  5/02)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Vista la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa al tránsito a efectos de  expulsión, y su complemento de los días 1 y 2 de junio de 1993. Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del punto 3 del artículo K.1 del  Tratado de la Unión Europea, la lucha contra la inmigración, la estancia y el trabajo irregulares  de nacionales de países terceros en el territorio de los Estados miembros constituye una cuestión  de interés común; Considerando que el Consejo ya ha adoptado medidas específicas para asegurar un mejor control de  los flujos migratorios y evitar que los nacionales de países terceros penetren en el territorio de  los Estados miembros de forma irregular y permanezcan en él ilegalmente; Considerando que la medida de expulsión contra estos nacionales de países terceros en situación  irregular no puede ejecutarse como consecuencia de la ausencia de documentos de viaje o de  identidad; Considerando que para lograr la eficacia en la ejecución de la medida de expulsión conviene adoptar  en el Consejo recomendaciones para los Estados miembros de la Unión Europea a fin de conseguir una  mejor coordinación de las medidas en la materia; Considerando que lo dispuesto en la presente Recomendación deberá entenderse sin perjuicio de lo  establecido en el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades  Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, y en la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951,  relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de  1967, RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS: la aplicación de los principios que se enumeran a continuación: Con vistas a una cooperación para la obtención de la documentación necesaria1. La aplicación de  mecanismos específicos para mejorar la obtención de la documentación necesaria ante las autoridades  consulares del tercer Estado hacia el que vayan a ser expulsados los nacionales de países terceros  cuando éstos carezcan de la documentación de viaje o de identidad. 2. Cuando tengan de forma reiterada dificultades con determinados Estados terceros para la  obtención de la documentación: a) la realización de esfuerzos para que las personas expulsadas puedan ser identificadas por las  autoridades consulares, b) la solicitud de manera reiterada a las autoridades consulares de que se desplacen al lugar donde  los nacionales de países terceros, en su caso, se encuentren detenidos para proceder a su  identificación a efectos de expedirles su documentación, c) insistir ante las autoridades consulares para la expedición de documentos de viaje con una  vigencia suficiente como para poder llevar a cabo la expulsión. 3. La aplicación de forma prioritaria de las disposiciones previstas en el acuerdo tipo de  readmisión adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 1994. 4. La expedición, cuando la utilización de las medidas mencionadas anteriormente no permita obtener  los documentos de viaje necesarios, del modelo tipo de documento de viaje adoptado por el Consejo  el 30 de noviembre de 1994. Con vistas a una cooperación para la realización del tránsito a efectos de expulsión5. La  cooperación para facilitar el tránsito a efectos de expulsión cuando la resolución haya sido  adoptada por otro Estado miembro, en base a los principios siguientes: a) cada Estado miembro podrá, a petición de otro Estado miembro, autorizar el tránsito de un  nacional de un país tercero por su territorio a efectos de expulsión de acuerdo con lo dispuesto en  la Recomendación de los ministros, de 30 de noviembre de 1992, relativa al tránsito a efectos de  expulsión, y su complemento de 1 y 2 de junio de 1993, que se adjuntan a la presente  Recomendación; b) el Estado miembro que solicita el tránsito indicará al Estado requerido si considera esencial  que la persona expulsada sea escoltada; c) el Estado requerido tendrá la facultad de decidir las modalidades del tránsito del extranjero  expulsado, ya sea con escolta del Estado que acordó la expulsión, o si él mismo garantiza la  escolta durante el tránsito o si la escolta se realiza conjuntamente con el Estado que acordó la  expulsión durante el tránsito; d) si el tránsito se efectúa sin escolta, el Estado que ha adoptado la medida de expulsión podrá  solicitar con antelación al Estado que ha autorizado el tránsito que adopte las medidas necesarias  para asegurar la salida hacia el lugar de destino; e) en caso de que el extranjero se niegue a embarcar en el Estado de tránsito, los Estados miembros  implicados podrán contemplar, de acuerdo con su legislación y para evitar que la expulsión no pueda  llevarse a cabo, la posibilidad de utilizar o buscar los mecanismos jurídicos adecuados para  proceder a la expulsión; f) en el supuesto de que por cualquier causa no se pueda ejecutar la expulsión, el Estado miembro  de tránsito puede devolver al extranjero al territorio del Estado que hubiere adoptado la medida de  expulsión; g) los Estados miembros podrán determinar bilateralmente las condiciones para una eventual renuncia  al pago de los gastos caso por caso, a cambio de realizar una liquidación anual en relación al  coste de las operaciones de expulsión realizadas a instancia de cada uno de ellos. Con vistas a una concertación para la ejecución de las expulsiones6. Efectuar las expulsiones, en  los casos adecuados, de forma concertada con otros Estados miembros según los principios  siguientes: a) el Estado miembro que haya acordado la medida de expulsión asumirá la responsabilidad en la  ejecución de la medida de expulsión de los nacionales de países terceros que han sido acordadas por  él y deberá utilizar los medios disponibles en el mercado para el transporte aéreo o, en su caso,  los que él mismo organice; b) el Estado miembro que adopte la medida de expulsión puede solicitar de otro Estado miembro la  cooperación para la localización de plazas disponibles para la ejecución de la expulsión por vía  aérea; c) en todo caso, el Estado miembro al que se ha solicitado su cooperación para la ejecución de la  medida de expulsión por vía aérea tiene la facultad de no autorizar dicha ejecución desde su  territorio; d) con el fin de coordinar la ejecución de la medida de expulsión, cada Estado miembro comunicará a  los restantes Estados miembros la autoridad encargada en su territorio de: - centralizar la información sobre las plazas disponibles en los vuelos a efectos de expulsión, - ponerse en contacto con las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos de poder  utilizar las plazas disponibles en los vuelos, - solicitar de otros Estados miembros autorización para utilizar las plazas disponibles en los  vuelos con salida de dichos Estados miembros, - intercambiar cualquier información con las autoridades de otros Estados miembros relacionada con  la ejecución de las expulsiones por vía aérea. Con vista al seguimiento de la puesta en práctica de la presente RecomendaciónEl Consejo procederá  periódicamente a realizar un examen de los progresos realizados en relación con la aplicación  práctica de las medidas de cooperación y concertación contempladas en la presente Recomendación. Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1995. Por el ConsejoEl PresidenteL. ATIENZA SERNA ANEXO I RECOMENDACIÓN relativa al tránsito a efectos de expulsión (Aprobada por los  ministros el 30 de noviembre de 1992) LOS MINISTROS RESPONSABLES DE LA INMIGRACIÓN, CONSIDERANDO las prácticas de los Estados miembros en materia de tránsito a efectos de expulsión; CONSIDERANDO que procede homogeneizar dichas prácticas con vistas a su armonización; CONSIDERANDO que las medidas que hayan de aplicarse deberán responder a los criterios de rapidez,  eficacia y economía, RECOMIENDAN la aplicación de las siguientes orientaciones: IA efectos de la presente Recomendación, se entiende por «tránsito» el paso de una persona que no  sea nacional de un Estado miembro por el territorio o la zona de tránsito de un puerto o aeropuerto  de un Estado miembro. IIEl Estado miembro que haya decidido expulsar a un nacional de un país tercero: - hacia un país tercero deberá, en principio, hacerlo sin que el extranjero transite por el  territorio de otro Estado miembro; - hacia otro Estado miembro deberá, en principio, hacerlo sin que el extranjero transite por el  territorio de un tercer Estado miembro. III1. Cuando así lo justifiquen motivos especiales y, en particular, en aras de la eficacia, la  rapidez y la economía, un Estado miembro podrá solicitar a otro Estado miembro que autorice la  entrada en su territorio o el tránsito por el mismo de nacionales de países terceros que estén  sometidos a una medida de expulsión  (1). 2. El Estado que haya adoptado la medida de expulsión comprobará, antes de presentar dicha  solicitud, que la continuación del viaje y la admisión en el país de destino de la persona  expulsada estén garantizadas de forma regular. 3. El Estado al que se presente dicha solicitud dará curso a la misma sin perjuicio de los casos  contemplados en la sección VI. IVEl Estado que adopte la medida de expulsión indicará al Estado de tránsito si es necesario  escoltar a la persona expulsada. El Estado de tránsito podrá: - autorizar al Estado que haya adoptado la medida de expulsión a garantizar le escolta por sí  mismo, - o bien tomar la decisión de garantizar la escolta por sí mismo, - o bien tomar la decisión de garantizar la escolta en colaboración con el Estado que haya adoptado  la medida de expulsión. V1. La solicitud de tránsito a efectos de expulsión deberá incluir información relativa: - a la identidad del extranjero expulsado, - al Estado de destino final, - al carácter y a la fecha de la decisión de expulsión y a la autoridad que haya tomado dicha  decisión, - a los elementos que permitan juzgar que el extranjero es admisible en el país de destino final o  en el segundo país de tránsito, - a los documentos de viaje u otros documentos personales que posea el interesado, - a las señas del servicio que presente la solicitud, - a las condiciones de paso por el Estado requerido (horario, itinerario, medio de transporte,  etc.), - a la necesidad y las condiciones de la escolta. 2. La solicitud de tránsito a efectos de expulsión deberá presentarse lo antes posible con arreglo  al derecho interno del Estado requerido a las autoridades responsables de la expulsión, que deberán  responder a la misma con la mayor brevedad. 3. El Estado de tránsito podrá solicitar información, sobre todo en lo referente a la necesidad de  tránsito. VICasos en los que podrá denegarse el tránsito a efectos de expulsión: - cuando el extranjero que se encuentre en el caso de tránsito terrestre constituya una amenaza  para el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales del Estado de  tránsito; - cuando la información mencionada en el apartado 3 de la sección V no se considere satisfactoria. VIISi por la razón que fuere no pudiera ejecutarse la medida de expulsión, el Estado en el que se  efectúe el tránsito podrá devolver a la persona expulsada, sin trámite alguno, al territorio del  Estado requirente. VIIICuando la expulsión no pueda efectuarse a cargo del extranjero o de un tercero, correrán por  cuenta del Estado requirente: - los gastos de viaje y otros, incluidos los gastos de escolta, que se sufragarán hasta la salida  del territorio del Estado miembro de tránsito del extranjero cuyo tránsito se haya autorizado; - los gastos de un posible regreso. IXLas presentas recomendaciones no impedirán una cooperación más estrecha entre dos o más Estados  miembros. XLos Estados miembros que se propongan llevar a cabo negociaciones con otro Estado miembro o con  un Estado tercero relativas al tránsito a efectos de expulsión informarán con la debida antelación  a los demás Estados miembros. XILa presente Recomendación no contravendrá las disposiciones del Convenio Europeo para la  protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, ni  las de la Convención sobre el Estatuto de los refugiados, de 28 de julio de 1951. La presente Recomendación tampoco contravendrá las disposiciones de los Convenios internacionales  actualmente en vigor relativos a la extradición y a la extradición en tránsito. La presente Recomendación no podrá sustituir los procedimientos de extradición y de extradición de  tránsito por el procedimiento de tránsito a efectos de expulsión.(1) Declaración ad  Sección III: «Los motivos de eficacia, rapidez y economía mencionados en la sección III incluirán, entre otras  cosas, las obligaciones derivadas de la situación geográfica del Gran Ducado de Luxemburgo.».   ANEXO II ADENDA a la Recomendación relativa al tránsito a efectos de expulsión (Aprobada  por los ministros los días 1 y 2 de junio de 1993) 1. Con el fin de responder a los criterios de  eficacia, rapidez y economía en relación con el tránsito necesario a efectos de expulsión puede  establecerse una distinción entre las diferentes medidas de expulsión por vía aérea, marítima o  terrestre aplicadas por los Estados miembros. 2. La expulsión por vía aérea acompañada del paso por la zona de tránsito de un aeropuerto debería  quedar excluida de las disposiciones que exigen una solicitud de autorización de entrada y de  tránsito (sección III del Anexo I), de manera que en dichos casos bastaría con informar al país de  tránsito. 3. La notificación del tránsito a efectos de expulsión por vía aérea debería contener la  información correspondiente a las solicitudes de tránsito indicada en la sección V del Anexo I. 4. Cuando se trate de una expulsión por vía terrestre o marítima, las solicitudes y notificaciones  de entrada en el territorio de un Estado o de tránsito por el mismo se dirigirán a un organismo  central de contacto designado por el Estado de tránsito, de conformidad con las recomendaciones  formuladas en el Anexo I. Si, en el supuesto de expulsión por vía aérea, el Estado de tránsito no concediera el permiso,  dicha información debería notificarse al Estado requirente en un plazo de 24 horas a partir de la  notificación del tránsito. 5. Los Estados miembros establecerán una lista común de organismos de contacto. Cuando se trate de una expulsión por vía aérea, sería conveniente establecer contacto directamente  con el funcionario o los funcionarios competentes del aeropuerto de tránsito de que se trate o, de  acuerdo con los procedimientos nacionales, con cualquier otro funcionario competente, siempre que  se respete la regla de las 24 horas (véase el apartado 4 anterior).


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Francia

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/36

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Francia
   (2017/C 261/09)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Francia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, Francia se caracteriza por su débil competitividad y el elevado y creciente nivel de la deuda pública, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. De especial importancia es la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía francesa y, dadas su magnitud y relevancia transfronteriza, sobre la unión económica y monetaria.

               (4)

               El 28 de abril de 2017, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (6)

               Francia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, de acuerdo con la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015 en el marco del procedimiento de déficit excesivo, con un déficit global del 2,8 % del PIB. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose hasta situarse en el 1,3 % del PIB en 2020. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2019. Sin embargo, se prevé que el saldo estructural recalculado (5) alcance el -1,2 % del PIB en 2020, de modo que el objetivo a medio plazo no se alcanzaría antes del final del período del programa. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB descienda del 95,9 % del PIB en 2018 al 93,1 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.

               (7)

               El 10 de marzo de 2015, el Consejo recomendó a Francia que pusiera término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2017 y que limitara el déficit de las administraciones públicas al 2,8 % del PIB, coherente con una mejora del saldo estructural del 0,9 % del PIB, en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,0 % del PIB en 2017, en consonancia con el valor de referencia del Tratado, pero por encima del objetivo recomendado por el Consejo. Para 2018, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global se sitúe en el 3,2 % del PIB, rebasando así el valor de referencia del Tratado y poniendo en riesgo la corrección duradera del déficit excesivo. Además, no se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice durante el período cubierto por el procedimiento de déficit excesivo, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades.

               (8)

               Para el ejercicio de 2018, en el caso de que se lograra una corrección oportuna y duradera, Francia quedaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. A la luz de su situación presupuestaria y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Francia realice nuevos ajustes con vistas a su objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 0,4 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 1,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación importante respecto de este requisito en 2018. También existe un riesgo de que Francia no cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018, ya que se prevé que empeore el saldo estructural en un 0,5 % del PIB, frente al ajuste estructural lineal mínimo del 0,4 % del PIB. En general, el Consejo considera que Francia tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas para poder garantizar su cumplimiento en 2017 y que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas francesas. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Francia.

               (9)

               La ratio gasto público/PIB en Francia es una de las más altas de la Unión. Está previsto que el ratio de gasto se sitúe en el 56,2 % del PIB en 2017, es decir, 9,7 puntos porcentuales más que en la Unión. Francia ha seguido una estrategia de saneamiento centrada en los gastos que se ha sustentado principalmente en una reducción de los tipos de interés y recortes en la inversión pública. Sin embargo, no es probable que el entorno de bajos tipos de interés se prolongue a medio plazo y el recorte en las inversiones públicas productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Frente a ello, las revisiones de gastos han identificado una serie de posibles mejoras de eficiencia que no han sido ejecutadas. Las revisiones de gastos reflejaron una parte —menos del 2 %— del total de los ahorros de gastos previstos por valor de 50 000 millones EUR durante el período 2015-2017. Sin embargo, solo una parte de ellos se ha traducido en medidas concretas en el presupuesto de 2016, mientras que la Ley presupuestaria de 2017 se basó en los ya identificados en la revisión del gasto del ejercicio 2015. El ahorro derivado de revisiones de gastos podría aumentar significativamente mediante la ampliación de los ámbitos de gasto y la ejecución de una estrategia plurianual con el fin de convertir plenamente el ahorro identificado en medidas presupuestarias concretas.

               (10)

               Las elevadas cargas sociales y los altos niveles de impuestos a los que deben hacer frente las empresas pueden desalentar la inversión privada y dificultar el crecimiento de las empresas y nuevas contrataciones. Se han seguido aplicando medidas para reducir los costes laborales y a principios de abril de 2016 se inició la segunda fase de las reducciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social previstas en el Pacto de Solidaridad y Responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno ha aumentado, en 2017, el crédito fiscal para la competitividad y el empleo (CICE), pasando del 6 % al 7 %. Estas medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo han mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En 2015, en relación con el salario medio, Francia poseía el nivel más alto de cotizaciones empresariales a la seguridad social en el conjunto de la Unión, cuantificado como porcentaje del total de los costes salariales pagados por el empleador, pese a que existe una tendencia a la baja. Las recientes evaluaciones de estas medidas pusieron de manifiesto su efecto positivo en el empleo y los márgenes de beneficio de las empresas, pero es necesario llevar a cabo más evaluaciones a fin de valorar plenamente su impacto en la inversión, el empleo, los salarios y los márgenes de las empresas. Las recientes evaluaciones muestran también que la consolidación de los planes de reducción de costes laborales y su transformación en reducciones permanentes en las cotizaciones sociales permitiría optimizar sus efectos sobre el empleo y la inversión.

               (11)

               Situado en el 38,4 % a 1 de julio de 2016, el tipo impositivo medio efectivo era el más elevado de la Unión. Paralelamente, los otros impuestos sobre la producción son también especialmente elevados. Sin embargo, Francia ha adoptado medidas con el fin de reducir el tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020. Al mismo tiempo, sigue disminuyendo la presión fiscal sobre el consumo, pero en menor medida que en otros Estados miembros. En 2014, Francia ocupaba el puesto 27.o en la Unión en relación con los ingresos fiscales ligados al consumo en porcentaje de la carga fiscal total. El sistema del IVA se caracteriza por un tipo impositivo normal intermedio y unos bajos tipos reducidos aplicados a una base amplia. La complejidad del sistema fiscal puede constituir un obstáculo para el buen funcionamiento del entorno empresarial. Francia cuenta con una elevada presión fiscal combinada con muchos tipos reducidos y desgravaciones fiscales y un gran número de regímenes fiscales que dan lugar a un aumento de los costes de cumplimiento y generan incertidumbre, en particular para las empresas. El total de los gastos fiscales en Francia asciende a más del 3 % del PIB. Los costes administrativos que supone la recaudación de impuestos por parte de las autoridades fiscales también es alto y superior a la media de la Unión.

               (12)

               La tasa de desempleo, que en 2016 descendió hasta situarse en el 10,1 %, es superior entre los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los no nacidos en la Unión. Las reformas en curso son esenciales para la adaptación de las oportunidades de formación a las perspectivas de empleo y a las necesidades económicas. Paralelamente, los demandantes de empleo, los trabajadores menos cualificados y el personal de las pymes se enfrentan a dificultades persistentes para acceder a la formación. Garantizar su participación y la pertinencia de la formación impartida podría exigir un refuerzo de las medidas existentes y el reequilibrio de los recursos. Los jóvenes y, entre ellos, los menos cualificados, se enfrentan a dificultades para entrar en el mercado laboral. En este contexto, las medidas adoptadas para apoyar la formación de los aprendices se han plasmado, por el momento, en unos resultados positivos. Pero la educación y formación profesional inicial, concretamente cuando se ofrece en algunos sectores terciarios y en el marco de centros de enseñanza, no está suficientemente vinculada a las oportunidades de empleo. Por otra parte, los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos son dirigidos con más frecuencia hacia la formación profesional inicial, lo que explica igualmente el número mayor de abandonos escolares precoces y contribuye a incrementar las desigualdades educativas. La incidencia del estatus socioeconómico sobre los resultados de los estudiantes es de las más elevadas de la OCDE.

               (13)

               En 2016, solo el 54,5 % de las personas en edad de trabajar que no habían nacido en la UE tenían empleo. La actividad laboral de las mujeres que no habían nacido en la UE (45,4 %) figuraba entre las más bajas de la Unión. La diferencia entre la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE y los nacidos franceses aumentó hasta el 17,5 % en 2016 (23,7 % en el caso de las mujeres). Los pobres resultados de las personas que no han nacido en la UE rebajan la tasa global de empleo y representan una infrautilización crónica de la mano de obra. Los inmigrantes de segunda generación también se enfrentan a unos datos negativos en materia de empleo que no se explican por las diferencias de edad, educación y cualificaciones. Por otra parte, las deficiencias en los resultados educativos son persistentes, y los inmigrantes de segunda generación ganan terreno solo en parte. Para afrontar este reto, se requiere una estrategia global que incluirá, en particular, medidas específicas sobre competencias lingüísticas, la mejora de las competencias y la formación, la orientación profesional y otras políticas específicas activas del mercado de trabajo. El acceso eficaz a los servicios constituye un factor clave para promover la participación en el mercado laboral, así como medidas contra las prácticas discriminatorias en la contratación de los inmigrantes que no han nacido en la UE y de segunda generación.

               (14)

               Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación que le son aplicables. En un contexto de debilidad de la inflación y de ralentización del crecimiento de los salarios, su crecimiento ha sido inferior al salario de referencia. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra que recibe el salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para la mayoría de las categorías de trabajadores y el riesgo de crear un efecto de compresión al alza de los salarios. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación podría contribuir a retrasar el necesario ajuste general de los salarios. Además, en el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene las oportunidades de empleo de las personas poco cualificadas. El grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo en Francia y elabora dictámenes no vinculantes sobre su desarrollo. Su dictamen sobre las subidas ad hoc siempre se ha respetado hasta ahora y está desempeñando un papel importante para controlar el uso de dichos aumentos ad hoc.

               (15)

               Con la Ley sobre el trabajo, el diálogo social y las trayectorias profesionales de agosto de 2016, Francia introdujo medidas destinadas a mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir la segmentación. La ley clarifica las normas en materia de despido por razones económicas, amplía el ámbito de aplicación de la mayoría de los acuerdos de empresa y aumenta la eficacia de la negociación colectiva. La persistencia de elevados niveles de desempleo ha afectado de manera significativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones por desempleo. A este respecto, los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo en marzo de 2017 sobre un nuevo convenio de prestaciones por desempleo, aprobado por el Gobierno, y que tiene por objeto reducir el déficit anual en 1 200 millones EUR.

               (16)

               Si bien Francia ha mejorado su marco normativo general, el entorno empresarial sigue situándose en niveles intermedios en comparación con sus principales competidores. En particular, pese a los esfuerzos de simplificación, las empresas deben hacer frente a una pesada carga normativa y unos rápidos cambios en la legislación. Este constituye uno de los principales obstáculos para la inversión privada. Con el programa de simplificación, Francia ha tomado medidas para reducir la carga administrativa que grava a las empresas, pero una quinta parte de las medidas adoptadas antes de 2016 todavía no se habían aplicado en mayo de 2017. Al mismo tiempo, los efectos de umbral siguen afectando al desarrollo de las empresas con implicaciones para su resultados económicos y en términos de mercado. El aumento de las obligaciones sociales y fiscales aplicables a las empresas por encima de un determinado número de trabajadores puede disuadirlas de crecer lo suficiente para poder exportar e innovar. Estos efectos de umbral pueden, a su vez, afectar a la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas. De hecho, según datos empíricos, los umbrales de 10 y 50 empleados son especialmente costosos para los empresarios y la economía francesa se caracteriza por un número desproporcionadamente bajo de empresas por encima de estos umbrales, lo que da a entender que existe un vínculo entre los dos fenómenos.

               (17)

               La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero algunos de ellos, importantes desde el punto de vista económico, como la contabilidad, la arquitectura, la asistencia a domicilio, los servicios de alojamiento y comida, los servicios de taxi y los de alquiler de vehículos privados, se caracterizan todavía por un bajo nivel de competencia y/o por obstáculos normativos. Siguen existiendo barreras para estos servicios y, en particular, unos requisitos normativos excesivos, y este hecho desalienta la entrada o limita la competencia efectiva. Reducir estas barreras podría permitir que las empresas existentes o nuevas que utilizan los nuevos avances tecnológicos y digitales aumenten su competitividad y/o accedan a los mercados, y aporten beneficios a los consumidores a través de unos precios más bajos y una mejor calidad en los servicios. A este fin, como parte de un paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios, en enero de 2017 la Comisión puso en marcha un ejercicio de evaluación mutua en el que invita a los Estados miembros a que consideren cuáles son las barreras que, en cada uno de ellos, limitan el acceso a determinadas profesiones.

               (18)

               La innovación en Francia ha quedado rezagada con respecto a los resultados de los líderes en innovación en Europa. Sigue habiendo un alto grado de complejidad y está pendiente una coordinación global. La diferencia entre el importe de la ayuda pública concedida y el rendimiento en materia de innovación en Francia suscita cuestiones acerca de la eficiencia de los mecanismos de apoyo público. En particular, la cooperación entre la investigación y las empresas públicas está por debajo del nivel óptimo y afecta negativamente a la producción económica del sistema de innovación.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (20)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (21)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Velar por el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015 en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Llevar a cabo en 2018 un importante esfuerzo presupuestario, de acuerdo con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la recuperación iniciada y de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Francia. Proceder a una revisión global de las partidas de gastos con el fin de lograr un incremento de la eficiencia que se traduzca en una reducción de los gastos.

               2.

               Consolidar las medidas de reducción de los costes del trabajo para maximizar su eficacia sin incidencia presupuestaria y con el fin de ampliar sus efectos sobre el empleo y la inversión. Ampliar la base impositiva global y adoptar nuevas medidas para aplicar la disminución prevista del tipo nominal del impuesto de sociedades.

               3.

               Mejorar el acceso al mercado de trabajo de los demandantes de empleo, en particular el de los trabajadores menos cualificados y los inmigrantes y descendientes de inmigrantes, revisando, entre otras medidas, el sistema de educación y formación profesional. Garantizar que la evolución del salario mínimo sea compatible con la creación de empleo y la competitividad.

               4.

               Reducir aún más la carga normativa para las empresas, prosiguiendo también el programa de simplificación. Continuar eliminando los obstáculos a la actividad en el sector de los servicios, en particular en el de los servicios a las empresas y en las profesiones reguladas. Simplificar y mejorar la eficiencia de los programas públicos de apoyo a la innovación.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte en un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.