title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Austria

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/84

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Austria
      (2018/C 320/19)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (2) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Austria debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Austria fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Austria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Austria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 25 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 21 de marzo de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Austria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore desde un déficit del 0,7 % del PIB en 2017 hasta un superávit del 0,4 % en 2022. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2017) se cumpla en 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente hasta el 62,2 % en 2022, desde el 78,1 % de 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es favorable para 2018 y verosímil con posterioridad. Los principales riesgos subyacentes de la planificación presupuestaria a medio plazo son medidas políticas discrecionales previstas a partir de 2020, tales como la anunciada reforma del impuesto sobre la renta, cuyos efectos presupuestarios netos aún no se han especificado plenamente.

                  (7)

                  El Programa de Estabilidad indica que el impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad conexas es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles ascendieron en 2017 al 0,03 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados, mientras que no se incurrió en gastos adicionales en relación con las medidas de seguridad. Las disposiciones recogidas en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la afluencia de refugiados, así como la gravedad de la amenaza terrorista, son acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas austriacas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, se ha reducido el ajuste requerido para la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo para 2017 a fin de tener en cuenta los gastos adicionales relacionados con los refugiados.

                  (8)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Austria que velara por que la desviación del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 se limitase al margen vinculado al impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y las medidas de seguridad conexas. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Teniendo en cuenta los márgenes concedidos, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión apuntan a un riesgo de cierta desviación de dicho requisito en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018, considerados conjuntamente.

                  (9)

                  En 2019, Austria deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a acontecimientos excepcionales, para lo que se concede una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 2,9 %, lo que corresponde a una mejora en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, Austria tendría un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019, debido a la desviación a lo largo de 2018 y 2019 considerados conjuntamente. Al mismo tiempo, se prevé que Austria se encuentre a una distancia de un 0,1 % del PIB de su objetivo a medio plazo en 2019. Además, se espera que Austria cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y en 2019. En general, el Consejo considera que Austria tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar la conformidad en 2018, y que en 2019 deberán tomarse las nuevas medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (10)

                  Según el Informe de 2018 sobre el envejecimiento, el aumento previsto de los gastos en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración apunta a un riesgo medio para la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo. El gasto público de Austria en pensiones es superior a la media de la Unión (13,8 % frente al 11,2 % del PIB en 2016), y se espera que siga aumentando hasta 2070 (0,5 % frente al -0,2 % del PIB). Las recientes reformas han tenido éxito al ofrecer incentivos para jubilarse más tarde. No obstante, al no haberse aumentado la edad legal de jubilación, la mayor acumulación de derechos a prestaciones durante una vida útil ampliada no mejora la sostenibilidad a largo plazo. La edad legal de jubilación de las mujeres, que es de 60 años, es una de las más bajas de la Unión y solo comenzará a alinearse gradualmente con la de los hombres en 2024, logrando la armonización en 2033. En general, el aumento de la edad legal de jubilación y la restricción de la jubilación anticipada contribuirán a la sostenibilidad de las pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.

                  (11)

                  El gasto público en asistencia sanitaria es superior a la media de la Unión (7 % frente al 6,8 % del PIB en 2016), y se espera que aumente más que la media de la Unión (1,3 % frente al 0,9 % del PIB), lo que elevaría el gasto en asistencia sanitaria pública al 8,3 % del PIB de aquí a 2070. Se prevé que el gasto en cuidados de larga duración se duplique, pasando del 1,9 % al 3,8 % del PIB de aquí a 2070. La introducción de límites máximos de gasto mediante la Ley de Compensación Financiera de 2017 y la reforma que refuerza la atención sanitaria primaria y reduce la dependencia respecto al sector hospitalario han comenzado a abordar el problema de la sostenibilidad. La persistencia de un elevado número de organismos de seguro de enfermedad es un indicio de los posibles ahorros adicionales en materia de gobernanza y costes administrativos. Además, una contratación pública más efectiva (por ejemplo, contratación a escala de la Unión, uso de criterios de adjudicación distintos del precio y agregación transregional de licitaciones) contribuiría a mejorar la calidad y la relación coste/eficacia. En el ámbito de los cuidados de larga duración, se espera que las recientes medidas, tales como la decisión de suprimir el recurso al patrimonio privado de las personas para financiarlos, aumenten el gasto, en lugar de contenerlo.

                  (12)

                  La Ley de Compensación Financiera de 2017 ha contribuido a racionalizar las relaciones presupuestarias entre los distintos niveles de gobierno, iniciando una financiación orientada a las tareas, simplificando la distribución de las transferencias entre el Estado central y los Estados federados, y asignando una fuente propia de ingresos a los Estados federados. No obstante, a pesar de estos esfuerzos de reforma, el marco presupuestario sigue siendo opaco y persiste el considerable desajuste entre las competencias en materia de gasto y las competencias en materia de recaudación de impuestos, proporcionando escasos incentivos para aumentar la eficacia a nivel subnacional.

                  (13)

                  A pesar de la reforma fiscal de 2016, la carga fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta y se prevé que aumente gradualmente a lo largo del tiempo si los tramos impositivos no se indexan con la inflación. Las personas con rentas superiores se beneficiaron relativamente más de la reforma que aquellas con ingresos más bajos, y la carga fiscal para las personas con bajos ingresos sigue siendo elevada. La reforma fiscal también benefició más a los hombres que a las mujeres. Las fuentes de ingresos consideradas menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, parecen estar infrautilizadas, debido principalmente a una base imponible en gran parte obsoleta. En Austria, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles son muy bajos, situándose en el 0,2 % del PIB, en comparación con una media de la Unión del 1,6 % en 2016. El desplazamiento de la carga fiscal del trabajo hacia fuentes de ingresos menos perjudiciales podría contribuir a resolver este problema.

                  (14)

                  El mercado de trabajo funciona bien; no obstante sigue habiendo dificultades para grupos específicos (por ejemplo, las mujeres y las personas de origen migrante). A pesar de la alta tasa de empleo de las mujeres, el porcentaje de estas que tienen un empleo a tiempo completo sigue siendo bastante bajo. La tasa de empleo a tiempo parcial de las mujeres (de entre 20 y 64 años), de un 47,9 % en 2017, sigue siendo una de las más elevadas de la Unión (media de la Unión: 31,1 %). Los problemas relacionados con el acceso a guarderías oficiales, en particular fuera de la zona urbana, contribuyen a este resultado. La alta proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, debida en gran medida a que las mujeres realizan importantes funciones no remuneradas como el cuidado de niños y de familiares, así como los inferiores ingresos por hora, contribuyen a que siga siendo ancha la brecha salarial entre hombres y mujeres, algo que tiene un impacto directo en la acumulación de derechos de pensión de las mujeres, lo que da lugar a una gran brecha en materia de pensiones.

                  (15)

                  Los resultados académicos de los estudiantes desfavorecidos no han mejorado. Existe una amplia brecha de rendimiento entre los estudiantes con y sin origen migrante. Las pruebas nacionales efectuadas en 2016 confirmaron que alrededor de una cuarta parte de los alumnos de 8.o curso no logran alcanzar el nivel educativo en alemán, o solo lo hacen parcialmente. Las recientes pruebas internacionales también han confirmado una brecha cada vez mayor en lectura para aquellos con menor nivel socioeconómico o de origen migrante. Comparando los resultados de 2012 y 2015 del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), la proporción de alumnos con bajo rendimiento aumentó en los tres ámbitos centrales analizados, es decir, matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos nacidos en Austria tienen mejores resultados que los migrantes de primera generación en un nivel equivalente a casi tres años de escolarización.

                  (16)

                  Si bien la productividad es elevada en Austria, su crecimiento ha sido mediocre durante los últimos años, pese a los considerables esfuerzos realizados por el país, por ejemplo en inversión en I+D y en la mejora del marco para las empresas de nueva creación. El resto de los instrumentos para apoyar el crecimiento de la productividad se refieren a la digitalización de las empresas, el crecimiento y la competencia en el sector de los servicios. En Austria existen importantes barreras de acceso y normas restrictivas para el ejercicio de los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Entre estas figuran los requisitos específicos relativos a la participación en el capital de una sociedad, las numerosas actividades reservadas y las restricciones interdisciplinarias. La labor continuada destinada a reducir las cargas y la evaluación prevista de la Ley de Licencias Comerciales (Gewerbeordnung) son instrumentos importantes para abordar esta cuestión.

                  (17)

                  Una mayor competencia en el sector de los servicios ayudaría a abordar los desafíos de Austria en la difusión de las tecnologías digitales y los modelos empresariales, en particular entre las microempresas y las pymes. La digitalización de estas empresas es especialmente importante, ya que constituyen la espina dorsal de la economía austriaca. Iniciativas tales como «KMU Digital» y «AT: net» y la aplicación de la hoja de ruta digital de Austria son fundamentales. Otro problema se refiere a la expansión de las empresas, y en particular de las muy innovadoras. La financiación en una fase posterior, como en forma de capital de riesgo y de acceso a los mercados de capital público para las empresas en expansión, constituye un obstáculo. Las empresas de crecimiento rápido son esenciales para la difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocio, incluidos los digitales, y por tanto para el crecimiento de la productividad.

                  (18)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Austria y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Austria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Austria, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (19)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Austria que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta el margen vinculado a acontecimientos excepcionales, para lo que se admite una desviación temporal. Garantizar la sostenibilidad de los sistemas de asistencia sanitaria, cuidados de larga duración y pensiones, en particular mediante el aumento de la edad legal de jubilación y la restricción de la jubilación anticipada. Hacer más eficientes los servicios públicos, entre otras cosas mediante la armonización de las responsabilidades en materia de financiación y de gasto.

                  2.

                  Reducir la cuña fiscal, especialmente para los trabajadores con bajos ingresos, desplazando la carga fiscal a fuentes de ingresos que impliquen un menor perjuicio para el crecimiento. Mejorar el comportamiento del mercado laboral en lo que concierne a las mujeres. Mejorar las cualificaciones básicas para los jóvenes desfavorecidos y para los migrantes y descendientes de migrantes. Apoyar el crecimiento de la productividad estimulando la digitalización de las empresas y su crecimiento, y reduciendo los obstáculos reglamentarios en el sector de los servicios.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Eslovenia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/103

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Eslovenia
      (2018/C 320/23)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Eslovenia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Eslovenia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Eslovenia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovenia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Eslovenia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos.

                  (4)

                  Eslovenia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 13 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 26 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Eslovenia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. El Programa de Estabilidad de 2018 fue presentado por un Gobierno en funciones y se basa en la hipótesis de mantenimiento de la política. Así, el Gobierno prevé que el superávit global mejore, pasando al 0,4 % del PIB en 2018 y al 0,9 % en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (superávit estructural del 0,25 % del PIB) no se alcanzará en 2021 si se mantiene la misma política. En virtud del Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje hasta situarse en el 69,3 % del PIB en 2018 y que siga disminuyendo hasta el 58,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Eslovenia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 0,6 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Eslovenia, realizada en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de 2018 de Eslovenia, y que tuvo debidamente en cuenta los retos ligados a la sostenibilidad, se requiere un esfuerzo presupuestario estructural de al menos el 0,6 % del PIB para 2018, sin ningún margen adicional de desviación durante un año. Esto se traduce en una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto que no supere el 1,5 %. Teniendo esto en cuenta en la valoración global, basada en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

                  (8)

                  En 2019, habida cuenta de la ratio de deuda pública de Eslovenia por encima del 60 % del PIB y de la brecha de producción positiva prevista del 4,1 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 2,2 %, de conformidad con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen fuertes indicios de que la capacidad no utilizada en la economía se subestima, de que la inflación alcanzará el 2 % en 2019, de que el empleo precario se situará por encima del nivel anterior a la crisis y de que la inversión repuntará marcadamente, tras una fuerte contracción durante los años de la crisis. Además, el instrumento de verosimilitud señala asimismo que existe un alto grado de incertidumbre que rodea a las estimaciones de la brecha de producción sobre la base del método común. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento del gasto público primario neto del 3,1 %, parece adecuado. En la hipótesis de mantenimiento de la política, existe un riesgo de una desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. Se prevé que Eslovenia cumpla la norma en materia de deuda transitoria en 2018 y la norma en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo estima que a partir de 2018 deberían adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  El Gobierno ha presentado propuestas de reforma del sistema de asistencia sanitaria. El proyecto de Ley de Asistencia Sanitaria y Seguro de Enfermedad, que es el elemento central de la reforma y que garantizará la financiación del sistema sanitario a largo plazo, se presentó al Consejo Económico y Social para consulta en diciembre de 2017, pero no fue aprobado antes de las elecciones, de modo que las perspectivas de su adopción son inciertas. En la actualidad se está redactando un proyecto de Ley de Cuidados de Larga Duración con objeto de que estos cuidados pasen a ser un nuevo pilar, complementario a otros ámbitos de la seguridad social (asistencia sanitaria, asistencia social y seguridad de las pensiones). Así pues, sigue siendo incierto cómo Eslovenia incrementará la rentabilidad, la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria en el futuro. En 2017 se adoptaron propuestas de modificación de la Ley sobre Profesiones de la Medicina, la Ley de Servicios de Salud, la Ley sobre Derechos de los Pacientes y la Ley de Medidas de Intervención para Garantizar la Estabilidad Financiera de las Instituciones de Asistencia Sanitaria Pública, que ahora deben aplicarse para garantizar la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria. Se han dado los primeros pasos para aplicar el Plan Nacional de Asistencia Sanitaria para 2016-2025. Las clínicas de medicina de familia se están introduciendo gradualmente, se prevé un sistema de evaluación de la tecnología sanitaria para 2020 y las soluciones de sanidad electrónica mejorarán el seguimiento a escala nacional. Además, se prevé que los beneficios de una contratación pública mejor coordinada en el ámbito de la asistencia sanitaria contribuyan a mejorar la relación coste/eficacia de dichos contratos.

                  (10)

                  En julio de 2017, el Consejo Económico y Social adoptó unánimemente un documento titulado «Puntos de base para la modernización del sistema de pensiones y seguro de invalidez de la República de Eslovenia», que subraya diversas medidas para garantizar unas pensiones suficientes y un sistema de pensiones sostenible y transparente. No obstante, falta todavía un plan de acción concreto para adoptar dichas medidas y, pese a un acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno para aplicar la reforma en 2020, el período de introducción progresiva de la reforma aún no se ha concretado. Siguen persistiendo retos en lo que respecta a: garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la suficiencia del sistema de pensiones, adaptando la edad legal de jubilación y fomentando el retraso de la jubilación; impulsar la cobertura de los regímenes complementarios de pensión; responder adecuadamente a las diferentes trayectorias profesionales y reducir los riesgos de pobreza en la vejez.

                  (11)

                  El crecimiento económico ha continuado y han mejorado la evolución del mercado de trabajo y el ámbito social. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se redujo, pero sigue siendo superior a la media de la Unión en el caso de las personas mayores, y en especial entre las mujeres. El empleo siguió aumentando y el desempleo prosiguió su disminución. No obstante, se observan indicios de escasez de mano de obra en determinadas profesiones. El desempleo de larga duración se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis y representa casi la mitad del total de parados. Persisten algunas dificultades, en particular para los trabajadores de más edad, ya que sus tasas de empleo y actividad siguen figurando entre las más bajas de la Unión. La sociedad eslovena envejece rápidamente, lo que significa que la población en edad laboral y la oferta de mano de obra están decreciendo. En respuesta a esta evolución, el Gobierno ha preparado una Estrategia de Envejecimiento Activo, pero todavía no dispone de planes de acción concretos.

                  (12)

                  El envejecimiento de la población enfatiza la necesidad de incrementar la participación en la formación continua, que ha estado disminuyendo desde 2010, y que es especialmente baja entre los trabajadores poco formados y los de más edad. La mejora de las cualificaciones mediante el aprendizaje permanente incrementaría las oportunidades de empleo, en particular para los trabajadores poco cualificados y de más edad. La tasa de empleo de los trabajadores poco cualificados mejoró, pero sigue por debajo de los niveles anteriores a la crisis y de la media de la Unión. La evaluación de las políticas activas del mercado laboral muestra que la mayor parte de los programas funcionan adecuadamente, pero el gasto en este ámbito y la tasa de participación de los desempleados en los programas siguen siendo limitados. Aunque la reforma del mercado laboral de 2013 ayudó sin lugar a dudas a encontrar trabajo a determinados grupos vulnerables, el empleo temporal sigue siendo un problema.

                  (13)

                  Se han adoptado medidas para mejorar las posibilidades de financiación de las empresas eslovenas y facilitarles alternativas a los créditos bancarios. Sin embargo, la dependencia con respecto al crédito bancario supone un permanente reto de financiación, en particular para las pymes, para las que el acceso a financiación sigue constituyendo una barrera al crecimiento. Las medidas actuales todavía no han mejorado la financiación, sobre todo para las empresas innovadoras. En Eslovenia solo existe un pequeño número de empresas de rápido crecimiento, y carecen de apoyo para expandirse. El capital de riesgo, como forma de financiación mediante emisión de acciones, está creciendo, pero parte de un nivel muy bajo. Las empresas innovadoras también se beneficiarían de una investigación pública más eficiente, actualmente obstaculizada por dificultades a la hora de atraer talento nacional y extranjero y por la falta de una financiación basada en los resultados. El nivel de inversión privada en Eslovenia sigue siendo relativamente bajo en comparación con países similares, lo que demanda esfuerzos focalizados para mejorar las condiciones marco para la inversión, particularmente en ámbitos que presentan un fuerte potencial de incremento de la productividad.

                  (14)

                  Las empresas se ven obstaculizadas por la todavía elevada carga normativa y administrativa. La burocracia se considera uno de los factores más problemáticos desde el punto de vista de la actividad empresarial en Eslovenia. Esto se deriva principalmente de la incertidumbre y la complejidad de los procedimientos tributarios, pero no se limita a este ámbito porque todavía es necesario aproximadamente un año para que un asunto mercantil sea visto por un órgano jurisdiccional. Eslovenia ha creado un instrumento para ayudar a reducir la carga administrativa y está implantándolo progresivamente. Una parte significativa de esta implantación todavía no se ha realizado.

                  (15)

                  Del mismo modo, Eslovenia solo ha empezado a abordar su elevado nivel de normativas restrictivas en determinados sectores de servicios. Se han aplicado reformas para liberalizar los requisitos profesionales de los arquitectos e ingenieros civiles, pero otros problemas observados por la Comisión en enero de 2017 siguen sin afrontarse. Las reformas también beneficiarían a las empresas manufactureras eslovenas, que dependen de unos insumos competitivos.

                  (16)

                  Una contratación pública eficaz es fundamental para controlar los costes y mejorar la calidad en el sector sanitario de Eslovenia. El fomento de la contratación pública centralizada y de otras formas de agrupación de contratos, como la contratación conjunta por parte de los hospitales, es crucial para garantizar la oferta de productos innovadores de buena calidad a precios competitivos.

                  (17)

                  Eslovenia tiene que hacer frente a ineficiencias en la contratación pública. La competencia entre licitadores es comparativamente baja, según indica el escaso número de ofertas recibidas por licitación y la alta proporción de procedimientos negociados sin convocatoria de licitación previa. Esto último también reduce la transparencia. La profesionalización de los agentes implicados en materia de contratación pública es baja y hay pocas garantías contra la corrupción y la colusión entre licitadores. En particular, la independencia de la Comisión Nacional de Control es limitada, debido al procedimiento de nombramiento de sus miembros. Aunque las autoridades estiman que la delincuencia económica y la corrupción han causado un daño significativo en los últimos años, algunas reformas en materia de lucha contra la corrupción siguen pendientes.

                  (18)

                  El Estado esloveno todavía participa activamente en la economía, en particular en el sector financiero. Los planes de privatización hechos públicos en el pasado se han aplicado con lentitud. Ejecutar las privatizaciones incrementaría la viabilidad a largo plazo de las empresas y reduciría los riesgos para las finanzas públicas.

                  (19)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Eslovenia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovenia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovenia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (20)

                  A la luz de la revisión a fondo efectuada por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja en particular en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Eslovenia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 3,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Adoptar y aplicar la Ley del Seguro de Salud y de Atención Sanitaria y la reforma prevista de los cuidados de larga duración. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la suficiencia del sistema de pensiones, incluso aumentando la edad legal de jubilación y limitando las jubilaciones anticipadas. Intensificar la empleabilidad de las personas poco cualificadas y los trabajadores de más edad a través de medidas de activación.

                  2.

                  Desarrollar fuentes alternativas de financiación para las empresas de crecimiento rápido. Reducir los obstáculos para la entrada en el mercado gracias a la revisión de la regulación del mercado de productos y la limitación de la carga administrativa. Reforzar la competencia, la profesionalización y la supervisión independiente en el ámbito de la contratación pública. Ejecutar las privatizaciones en consonancia con los planes existentes.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/33

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España
      (2018/C 320/08)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre España fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de deuda interna y externa, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo, siguen siendo puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. La recuperación del equilibrio externo está avanzando, gracias a los superávit de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, que están respaldados por mejoras estructurales en los resultados comerciales. No obstante, los pasivos exteriores netos siguen siendo elevados. La reducción de la deuda del sector privado también está avanzando, respaldada por unas condiciones de crecimiento favorables, pero siguen existiendo necesidades de desapalancamiento. Un sector financiero más sano está apoyando la actividad económica. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública en porcentaje del PIB apenas disminuye lentamente. La tasa de desempleo ha continuado su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado de segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de la productividad laboral. Tras el fuerte impulso reformista registrado entre 2012 y 2015, los avances en la aplicación de las recomendaciones han sido más limitados. La situación económica actual supone una oportunidad para abordar las necesidades de reforma pendientes con vistas a hacer la economía española más resiliente y afianzar el crecimiento de la productividad.

                  (4)

                  España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, España prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2018, en consonancia con la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo (5). Se prevé que el saldo de las administraciones públicas siga mejorando para alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. El Programa de Estabilidad de 2018 recoge todas las medidas incluidas en el proyecto de presupuesto presentado al Parlamento el 3 de abril de 2018, así como las medidas adicionales anunciadas a finales de abril de 2018. No está previsto que el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales se alcance durante el período de aplicación del Programa de Estabilidad de 2018. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta el 97,0 % en 2018, el 95,2 % en 2019 y el 89,1 % en 2021. Las hipótesis macroeconómicas del Programa de Estabilidad de 2018 son verosímiles. En conjunto, la consecución prevista de los objetivos de déficit global sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas y de que el gasto público crezca menos que el PIB nominal. Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios se derivan del hecho de que el Programa incluye tanto un mayor crecimiento de los ingresos como un aumento más contenido del gasto de los que figuraban en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, así como de la posible materialización de mayores pasivos contingentes.

                  (5)

                  En su Decisión (UE) 2017/984, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las administraciones públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, un 3,1 % en 2017 y un 2,2 % en 2018. Se consideró que esta mejora del saldo de las administraciones públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España registró un déficit global del 3,1 % del PIB en 2017, tal como exigía la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 2,6 % del PIB en 2018, un 0,4 % por encima del objetivo de déficit global del Programa de Estabilidad de 2018 y del fijado por el Consejo. En comparación con dicho Programa de Estabilidad de 2018, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión prevén un menor crecimiento de los ingresos públicos y un gasto algo superior. En las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se deteriore en un 0,3 % del PIB en 2018, en un contexto de medidas que aumentan el déficit incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que llegó al Parlamento el 3 de abril de 2018, y que solo mejore ligeramente en 2019. Por tanto, el esfuerzo presupuestario en 2018, así como el esfuerzo acumulado durante el período 2016-2018, podría no estar garantizado. Mientras que la expansión económica está apoyando la reducción del déficit, no se está utilizando para fortalecer estructuralmente las finanzas públicas. Por consiguiente, en su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario actualizado de España de 2018, la Comisión concluye que el plan se ajusta en líneas generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018 prevén que el déficit excesivo se corregirá a su debido tiempo, pero es expansionista.

                  (6)

                  Para 2019, en caso de que se lograse una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, España estaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. En vista de que España registra una ratio de deuda pública superior al 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,3 % del PIB, el gasto público primario neto nominal (6) debería disminuir al menos un 0,3 % en 2019, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de que la capacidad no utilizada en la economía está subestimada. En 2019, todavía está previsto que España registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión, lo que va a contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su vez se espera que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta a una persistente atonía del mercado laboral. Además, aunque la evaluación por la Comisión de las estimaciones sobre la brecha de producción (basadas en la metodología establecida de común acuerdo) no indica que estas no sean plausibles, muestra una gama bastante amplia de estimaciones realistas sobre la brecha de producción en el caso de España. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a una tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto del 0,6 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa en 2019 del ajuste presupuestario requerido. Además, no se espera que España cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que España tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar el cumplimiento en 2018, y que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

                  (7)

                  Además, en su Decisión (UE) 2017/984, el Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco presupuestario, con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos presupuestarios y reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad al saneamiento presupuestario. Sin embargo, el Programa de Estabilidad de 2018 no informa de planes para reforzar la regla de gasto nacional. Tampoco informa de medidas para aumentar por ley la automaticidad de los mecanismos correctores y preventivos. El Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco de contratación pública. España ha avanzado con la adopción, en noviembre de 2017, de una nueva Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la nueva legislación solo podrá mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública si se aplica de forma rápida y ambiciosa mediante el establecimiento de la nueva estructura de gobernanza y la mejora de los mecanismos de control de los procedimientos de contratación pública en todos los niveles de gobierno. En particular, la futura estrategia nacional de contratación pública deberá especificar los controles previos y posteriores que deberán realizar las nuevas estructuras. En junio de 2017, el Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que revisase el gasto en subvenciones específicas del sector público. La Comisión hace un seguimiento del desarrollo de la revisión, que se espera que esté finalizada a principios de 2019.

                  (8)

                  El 27 de abril de 2018, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (9)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (10)

                  El empleo ha seguido creciendo a buen ritmo en España, apoyado por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación salarial. La tasa de desempleo continúa disminuyendo, pero se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la crisis, y se encuentra entre las más altas de la Unión. Ello implica un considerable potencial de capacidades sin explotar, en particular de los jóvenes desempleados. La proporción de desempleados que han estado sin empleo durante más de un año está disminuyendo, pero sigue representando el 44,5 % de todos los desempleados. España ha adoptado una serie de iniciativas para ampliar el apoyo individual a los desempleados de larga duración y para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular aumentando el número de beneficiarios de la Garantía Juvenil. La eficacia de estas medidas depende también de la capacidad de los servicios sociales y los servicios públicos de empleo autonómicos para prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo, que mejora solo lentamente. También hay margen para una mayor cooperación con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes gestionados por los servicios de empleo, así como mejorando la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo y la correspondencia con las necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, deberían mantenerse los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de empleo, que experimentó ciertos avances en 2017.

                  (11)

                  La proporción de trabajadores con contratos temporales se encuentra entre las más altas de la Unión, y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco cualificados. Los contratos temporales son a menudo cortos y rara vez sirven de trampolín para un contrato permanente. Su uso generalizado, incluso en sectores menos proclives a la actividad estacional o cíclica, puede obstaculizar el crecimiento más rápido de la productividad y suele asociarse a menores derechos a prestaciones sociales y a un mayor riesgo de pobreza. Aunque los contratos indefinidos han aumentado en porcentaje de crecimiento neto del empleo en los últimos dos años, es necesario adoptar nuevas medidas para incentivar la transición de contratos temporales a indefinidos. El sistema de incentivos a la contratación sigue estando fragmentado y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. España adoptó un plan para reducir la temporalidad del empleo en el sector público, pero su aplicación está apenas empezando y debe acelerarse para cumplir el objetivo del 8 % establecido para 2019. La mayor capacidad y eficacia de las inspecciones de trabajo en la lucha contra el abuso de la contratación temporal ha dado lugar a la conversión de un mayor número de contratos temporales en indefinidos, pero no parece disuadir a los empresarios de seguir recurriendo ampliamente a los contratos temporales. La Mesa tripartita creada a principios de 2017 para analizar la calidad del empleo todavía no ha presentado propuestas concretas. La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas se ha incrementado recientemente, pero sigue habiendo margen para nuevas mejoras.

                  (12)

                  El crecimiento económico y la creación de empleo están contribuyendo a reducir el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (que no obstante sigue estando por encima de la media de la Unión), así como la desigualdad de ingresos. La pobreza de las personas empleadas es un motivo de preocupación, especialmente entre los hogares cuyos miembros están empleados con contratos temporales o a tiempo parcial. La tasa de pobreza infantil, aunque está disminuyendo, se mantiene en un nivel muy elevado. El impacto de las transferencias sociales distintas de las pensiones en la reducción de la pobreza es inferior a la media de la Unión y está disminuyendo. Los sistemas de renta mínima garantizada se caracterizan por grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas autonomías y por la fragmentación de los múltiples sistemas nacionales dirigidos a distintos grupos de demandantes de empleo, que están gestionados por distintas administraciones. En consecuencia, algunas personas necesitadas no reciben ayuda. Todavía no se ha acordado un plan de acción que plasme las conclusiones del reciente estudio de evaluación de la eficacia de los sistemas nacional y autonómicos de renta mínima garantizada. La puesta en marcha de un sistema de Tarjeta Social Universal hará que las prestaciones sociales concedidas sean más transparentes y facilitará la participación en las medidas de activación asociadas, si bien no abordará directamente las deficiencias de los sistemas existentes. La eficacia de las prestaciones familiares también es baja y la cobertura es desigual. El sistema de pensiones español desempeña un importante papel en el mantenimiento de la calidad de vida de las personas de más edad, que como consecuencia de ello se enfrentan a un riesgo de pobreza significativamente más bajo que las generaciones más jóvenes. En relación a los salarios, las pensiones actuales se encuentran entre las más elevadas de la Unión. Las proyecciones que figuran en el próximo Informe de 2018 sobre el envejecimiento y en el Informe sobre la adecuación de las pensiones (8) indican que las reformas de 2011 y 2013 contribuyeron a garantizar la sostenibilidad y la relativa adecuación de las pensiones a largo plazo. Sin embargo, las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante el proceso de adopción del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en entredicho el compromiso para con estas reformas. Al mismo tiempo, no abordan el reto principal de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que está más bien relacionado con la elevada tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral.

                  (13)

                  Si se resolviesen las deficiencias en la capacidad de innovación de las empresas españolas se podría mejorar su productividad. Los resultados en materia de innovación y el crecimiento de la productividad se ven obstaculizados por la persistente atonía de los niveles de inversión en investigación y desarrollo, que hacen muy improbable que se logre alcanzar el objetivo nacional del 2 % de intensidad de investigación y desarrollo contemplado en la Estrategia Europa 2020. Esta tendencia se ve reforzada por el porcentaje de ejecución bajo y decreciente del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. Mientras que la gobernanza de la política nacional de investigación e innovación se está racionalizando, en parte mediante la nueva Agencia Estatal de Investigación, la coordinación entre los niveles nacional y autonómicos para la concepción, la aplicación y la evaluación de las políticas sigue siendo débil. El desarrollo de una cultura de evaluación que sistematice el análisis de la eficacia de los programas y políticas de apoyo permitiría extraer enseñanzas de las políticas y crearía sinergias en todos los niveles de gobierno.

                  (14)

                  La limitada capacidad de innovación de las empresas españolas se explica también por la inadecuación de las cualificaciones, que repercute negativamente en el potencial a largo plazo de aumento de la productividad. La falta y el exceso de cualificaciones en el trabajo están generalizadas en España. A pesar de haber mejorado notablemente a lo largo del último decenio, las tasas de abandono escolar prematuro están muy por encima de la media de la Unión, y junto con los resultados educativos, varían mucho entre comunidades autónomas y pueden afectar a la igualdad de oportunidades. Los programas específicos para abordar estas disparidades solo han tenido hasta ahora efectos limitados. El Pacto Social y Político por la Educación, encaminado a una reforma en profundidad del sistema educativo, se encuentra aún en fase de negociación. Mientras tanto, el desarrollo profesional de los profesores va a ser apoyado mediante la reducción de los contratos de trabajo temporal, así como el aumento de los recursos para su formación. Al mismo tiempo, los titulados superiores en particular tienen dificultades a la hora de encontrar un empleo estable y adecuado. Una mayor cooperación entre la educación y la empresa podría incrementar el acceso al mercado de trabajo de jóvenes titulados, ofreciendo al mismo tiempo a las empresas las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovación. En este contexto, la propuesta de una nueva estrategia digital nacional reconoce la necesidad de mejorar las competencias digitales, pues existen problemas relacionados con el bajo número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, así como con la promoción del papel del sistema educativo en el fomento de las competencias digitales. El reciclaje profesional de los trabajadores para que adquiriesen competencias digitales permitiría también a las empresas españolas seguir siendo competitivas en una economía cada vez más digitalizada.

                  (15)

                  Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas también contribuyen a frenar el crecimiento de la productividad. En el contexto actual, las disparidades y restricciones normativas para las empresas provocan que los márgenes sean elevados, la movilidad geográfica de las empresas y de los trabajadores sea baja y el crecimiento de la productividad sea reducido. La Ley de garantía de la unidad de mercado, cuyo objetivo era resolver este problema, se ha aplicado solo parcialmente. El seguimiento de la aplicación de dicha Ley a nivel autonómico y local debe mejorarse y el papel de las conferencias sectoriales debe reforzarse. La Ley introdujo el principio de que el cumplimiento de determinados requisitos en una parte del territorio permitiría a las empresas operar en todo el territorio. En varias sentencias emitidas en 2017, el Tribunal Constitucional declaró que este principio no es válido a falta de normas mínimas comunes o equivalentes para el acceso a una actividad económica o el ejercicio de la misma. A la luz de estas sentencias, el establecimiento de normas coherentes comunes o equivalentes en todo el territorio podría contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley. Además, debe mejorarse la cooperación en todos los niveles de la Administración y en todas las fases de la aplicación para hacer frente más eficazmente a los efectos negativos que la fragmentación tiene en las empresas. El trabajo del Comité para la Mejora de la Regulación, que se estableció para garantizar la adaptación de la legislación al acervo de la Unión en materia de servicios, debería acelerarse. Las restricciones que afectan a determinadas profesiones reguladas, como los ingenieros civiles y los arquitectos, también se destacaron en el paquete de servicios adoptado en enero de 2017, y hasta la fecha no se han tomado medidas específicas para subsanarlas.

                  (16)

                  De manera más general, las mejoras en la calidad de las instituciones podrían impulsar la confianza en la economía española y aumentar los beneficios derivados de las medidas adoptadas para reforzar el crecimiento de la productividad. Se ha avanzado en la transparencia de la financiación de los partidos, así como en las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses. La actividad empresarial también se ha beneficiado de los avances en la lucha contra la corrupción, si bien sigue habiendo problemas en este ámbito. La percepción de la independencia del sistema judicial también ha mejorado entre los ciudadanos y las empresas. Los esfuerzos para seguir mejorando la eficacia del sistema judicial están en curso y deben continuar. Aunque se han realizado progresos en este amplio ámbito, sigue vigente el reto de fomentar la confianza en las instituciones en todos los niveles de gobierno.

                  (17)

                  La mejora de las infraestructuras de transporte, energía y agua fomentaría la cohesión territorial, una mejor integración en el mercado común y el aumento de la productividad. Las conexiones transfronterizas en los ámbitos del transporte y la energía, así como las infraestructuras hídricas, se enfrentan a déficits de inversiones. Podría hacerse un mejor uso de las infraestructuras ferroviarias de pasajeros y mercancías. Los diferentes anchos de vía que coexisten en España, Portugal y Francia son un obstáculo crucial para una mejor conectividad ferroviaria, aunque recientemente se han inaugurado nuevos tramos con el ancho más habitual a escala internacional. También existen deficiencias en el transporte ferroviario de mercancías entre los principales puertos de las costas atlántica y mediterránea y las zonas industriales del interior. La insuficiente conectividad obstaculiza también una mayor integración en los mercados del gas y de la electricidad de la Unión. Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, por ejemplo, para tratar las aguas residuales, reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro. Esto aportaría beneficios medioambientales, económicos y sociales a España.

                  (18)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (19)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (20)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, por la que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. A continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

                  2.

                  Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y profesores.

                  3.

                  Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia. Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con vistas a mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando la cooperación entre las administraciones.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  DO L 148 de 10.6.2017, p. 38.

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

         (7)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

         (8)  Comisión Europea (2018), Informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones: adecuación de los ingresos presentes y futuros durante la vejez en la UE, volumen I y volumen II, Informe conjunto preparado por el Comité de Protección Social (CPS) y la Comisión Europea (DG EMPL), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018.

         (9)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.