title: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006 , relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea

text:
               27.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 378/72

      RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 20 de diciembre de 2006
   relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea
   (2006/952/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 157,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 251 del Tratado, (2)

   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (3), en lo sucesivo la «Carta», declara en su artículo 1 la inviolabilidad de la dignidad humana y establece que será respetada y protegida. El artículo 24 de la Carta establece que los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y que, en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial.

               (2)

               La Unión Europea debe orientar su acción política a impedir que se produzca cualquier violación del principio del respeto de la dignidad humana.

               (3)

               Es necesario adoptar a escala de la Unión medidas legislativas sobre la protección del desarrollo físico, mental y moral de los menores en relación con los contenidos de todos los servicios audiovisuales y de información y con la protección de los menores respecto del acceso a programas o servicios para adultos que son inapropiados.

               (4)

               Debido al desarrollo constante de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, es urgente que la Comunidad asegure de forma completa y adecuada la protección de los intereses de los ciudadanos en este ámbito, por una parte garantizando la libre difusión y la libre prestación de servicios de la información y, por otra, garantizando que los contenidos son lícitos, respetan el principio de la dignidad humana y no perjudican el desarrollo integral de los menores.

               (5)

               La Comunidad ha intervenido ya en el ámbito de los servicios audiovisuales y de información con el fin de crear las condiciones necesarias para garantizar la libre circulación de las emisiones de televisión y otros servicios de información, respetando los principios de la libre competencia y de la libertad de expresión y de información, pero debe intervenir con más determinación en este ámbito con objeto de adoptar medidas para proteger a los consumidores de la incitación a la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y de luchar contra tal discriminación. Tales acciones deben tener en cuenta el equilibrio entre la protección de los derechos individuales por una parte y la libertad de expresión por otra, en particular en lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados miembros de definir el concepto de incitación al odio o discriminación de conformidad con su legislación nacional y sus valores morales.

               (6)

               La Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana (4), es el primer instrumento jurídico a escala comunitaria que, en su considerando 5, aborda cuestiones de protección de los menores y de la dignidad humana en relación con los servicios audiovisuales y de información que se ofrecen al público, cualesquiera que sean las formas de difusión. El artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (5) (Directiva «televisión sin fronteras») aborda ya específicamente la cuestión de la protección de menores y de la dignidad humana en las actividades de difusión televisiva.

               (7)

               Se sugiere que el Consejo y la Comisión presten una atención especial a la aplicación de la presente Recomendación cuando revisen, negocien o celebren nuevos acuerdos de asociación o nuevos programas de cooperación con terceros países, habida cuenta del carácter mundial de los productores, difusores o proveedores de contenidos audiovisuales y de acceso a Internet.

               (8)

               Mediante la Decisión no 276/1999/CE (6), el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y perjudiciales en las redes mundiales (el «Plan de acción para una Internet más segura»).

               (9)

               Mediante la Decisión no 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) se amplió por dos años el Plan de acción para una Internet más segura y se modificó su ámbito de aplicación para incluir medidas destinadas a fomentar el intercambio de información y coordinación con las partes interesadas pertinentes a escala nacional, así como disposiciones especiales para los países en vías de adhesión.

               (10)

               La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (8), precisa algunos conceptos jurídicos y armoniza determinados aspectos para que los servicios de la sociedad de la información puedan beneficiarse plenamente de los principios del mercado interior. Algunas disposiciones de la Directiva 2000/31/CE se refieren también a la protección de los menores y de la dignidad humana, en particular el artículo 16, apartado 1, letra e), en virtud del cual los Estados miembros y la Comisión deben fomentar la elaboración de códigos de conducta en materia de protección de los menores y de la dignidad humana.

               (11)

               El panorama de los medios de comunicación, que es cambiante como consecuencia de las nuevas tecnologías y la innovación de los medios, hace que sea necesario enseñar a los niños, y también a sus padres, profesores y formadores, a usar de forma eficaz los servicios audiovisuales y de información en línea.

               (12)

               En términos generales, la autorregulación del sector audiovisual está resultando un medio adicional eficaz, pero no suficiente, para proteger a los menores frente a los mensajes de contenido perjudicial. El desarrollo de un espacio audiovisual europeo basado en la libertad de expresión y el respeto de los derechos de los ciudadanos debería basarse en un diálogo continuo entre los legisladores nacionales y europeos, las autoridades reguladoras, las industrias del sector, las asociaciones, los ciudadanos y la sociedad civil.

               (13)

               En la consulta pública sobre la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusion televisiva (9) se proponía que, entre los temas abordados por la Recomendación 98/560/CE, se incluyera la necesidad de adoptar medidas en relación con la alfabetización sobre los medios de comunicación.

               (14)

               La Comisión fomenta la cooperación y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los organismos autorreguladores y correguladores actuales, que se ocupan de la clasificación de los contenidos audiovisuales, sean cuales fueren los medios de difusión, con el fin de que todos los usuarios, pero especialmente los padres, profesores y formadores, puedan denunciar los contenidos ilícitos y evaluar el contenido de los servicios audiovisuales y de información en línea, así como los contenidos lícitos susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.

               (15)

               Tal como se puso de manifiesto durante la consulta pública realizada sobre la Directiva 97/36/CE, conviene que el derecho de réplica o los recursos equivalentes se apliquen a todos los medios de comunicación en línea y que se tomen en consideración las características respectivas del medio y del servicio.

               (16)

               La Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres y de los hombres en la publicidad y los medios de comunicación (10), invita a los Estados miembros y a la Comisión a tomar las medidas necesarias para fomentar una imagen diversificada y realista de las posibilidades y aptitudes de las mujeres y de los hombres en la sociedad.

               (17)

               Al presentar su propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su prestación, la Comisión señaló que la imagen de los sexos que se presenta en los medios de comunicación y en la publicidad plantea importantes cuestiones sobre la protección de la dignidad de los hombres y las mujeres, pero llegó a la conclusión de que, en consideración de otros derechos fundamentales, en particular de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, no sería adecuado abordar tales cuestiones en la propuesta, pero que tomaba nota de ellas y, en caso necesario, adoptaría las medidas adecuadas.

               (18)

               Conviene animar al sector de los servicios audiovisuales y de información en línea, al nivel de los Estados miembros, a que evite o combata todo tipo de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, en todos los medios de comunicación y en todos los mensajes publicitarios, incluidas las nuevas técnicas de publicidad, sin vulnerar la libertad de opinión y de prensa.

               (19)

               La presente Recomendación incorpora los nuevos avances tecnológicos y complementa la Recomendación 98/560/CE. Su ámbito de aplicación, debido a los avances tecnológicos, abarca los servicios audiovisuales y de información en línea que se ponen a disposición del público a través de redes electrónicas fijas o móviles.

               (20)

               La presente Recomendación no impide en modo alguno a los Estados miembros aplicar sus disposiciones constitucionales ni otras disposiciones legislativas, ni mantener su práctica jurídica en materia de libertad de expresión.

         RECOMIENDAN:
   I.   A los Estados miembros, en aras de promover el desarrollo del sector de servicios audiovisuales y de información en línea, adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores y de la dignidad humana en el conjunto de los servicios audiovisuales y de información en línea:

               1.

               estudiando la posibilidad de instaurar, en su legislación o sus prácticas nacionales, medidas relativas al derecho de réplica o recursos equivalentes en relación con los medios de comunicación en línea, teniendo debidamente en cuenta sus disposiciones legislativas nacionales y constitucionales y sin perjuicio de la posibilidad de adaptar su ejercicio a las particularidades de cada tipo de medio;

               2.

               promoviendo, para incentivar la adaptación al desarrollo tecnológico, además de las medidas jurídicas o de otro tipo existentes relativas a los servicios de radiodifusión y en consonancia con las mismas, y en estrecha colaboración con las partes interesadas:

                           a)

                           acciones que permitan a los menores utilizar de forma responsable los servicios audiovisuales y de información en línea, en concreto mediante una mejor sensibilización de los padres, profesores y formadores sobre el potencial de los nuevos servicios y sobre los medios adecuados de protección de los menores, en particular mediante programas de alfabetización sobre los medios de comunicación o de educación sobre los medios de comunicación y, por ejemplo, mediante la formación continua en el marco de la enseñanza escolar;

                           b)

                           acciones que faciliten, cuando sea apropiado y necesario, la identificación de contenidos y servicios de calidad para menores y el acceso a ellos, entre otras cosas mediante el suministro de medios de acceso tanto en las instituciones educativas como en los lugares públicos;

                           c)

                           acciones para informar en mayor medida a los ciudadanos de las posibilidades que ofrece Internet;

                     en el anexo II figuran ejemplos de posibles acciones relativas a la alfabetización sobre los medios de comunicación.

               3.

               promoviendo una actitud responsable de los profesionales, intermediarios y usuarios de los nuevos medios de comunicación, tales como Internet, mediante lo siguiente:

                           a)

                           animar al sector de los servicios audiovisuales y de información en línea a que, sin vulnerar la libertad de opinión y de prensa, evite la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual en todos los servicios audiovisuales y de información en línea, y a que luche contra esa discriminación;

                           b)

                           fomentar la vigilancia y denuncia de las páginas consideradas ilícitas, sin perjuicio de la Directiva 2000/31/CE;

                           c)

                           elaborar un código de conducta en cooperación con los profesionales y las autoridades reguladoras a escala nacional y comunitaria;

               4.

               promoviendo medidas para combatir todas las actividades ilícitas que son perjudiciales para los menores en Internet y para hacer de la red un medio mucho más seguro; podrían estudiarse, entre otras, las siguientes medidas:

                           a)

                           adoptar una etiqueta de calidad de los proveedores, de tal manera que cualquier usuario pueda comprobar fácilmente si un determinado proveedor está o no acogido a un código de buena conducta;

                           b)

                           establecer los medios adecuados para que se denuncien las actividades ilícitas y/o sospechosas en Internet.

         II.   Al sector de los servicios audiovisuales y de información en línea y demás partes interesadas:

               1.

               desarrollar medidas positivas en beneficio de los menores, entre ellas iniciativas que les faciliten un acceso más amplio a los servicios audiovisuales y de información en línea que a la vez eviten los contenidos que puedan ser perjudiciales, por ejemplo mediante sistemas de filtrado. Dichas medidas podrían incluir una armonización mediante la cooperación entre los organismos reguladores, autorreguladores y correguladores de los Estados miembros, y mediante el intercambio de las mejores prácticas relativas a cuestiones como un sistema de símbolos descriptivos o mensajes de aviso comunes que indiquen el tramo de edad y/o los aspectos del contenido que han dado lugar a que se recomiende una determinada edad, lo cual ayudaría a los usuarios a evaluar el contenido de los servicios audiovisuales y de información en línea. Ello podría lograrse, por ejemplo, mediante las acciones expuestas en el anexo III;

               2.

               estudiar la posibilidad de crear filtros que impidan la circulación por Internet de contenidos que atenten contra la dignidad humana;

               3.

               instaurar medidas para incrementar la utilización de sistemas de etiquetado de contenidos para el material que se distribuye por Internet;

               4.

               estudiar instrumentos eficaces que eviten la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en los servicios audiovisuales y de información en línea y luchen contra esa discriminación, y que fomenten una imagen diversificada y realista de las posibilidades y aptitudes de los hombres y mujeres en la sociedad.

         TOMAN NOTA DE QUE LA COMISIÓN:

               1.

               tiene intención de promover, en el marco del programa comunitario plurianual 2005-2008 destinado a fomentar una utilización más segura de Internet y de las nuevas tecnologías en línea, acciones de información de los ciudadanos a nivel europeo, utilizando todos los medios de comunicación, para informar a la opinión pública sobre las ventajas y los posibles riesgos de Internet, sobre la manera de utilizar esta red con responsabilidad y seguridad, sobre la presentación de reclamaciones y sobre la activación del control parental. Podrían dirigirse campañas específicas a grupos destinatarios como escuelas, asociaciones de padres y usuarios;

               2.

               tiene intención de estudiar la posibilidad de crear un número de teléfono gratuito europeo, o de potenciar un servicio existente, para ayudar a los usuarios de Internet encauzándolos hacia los mecanismos de reclamación y los recursos informativos disponibles y facilitando información a los padres sobre la eficacia de los programas informáticos de filtrado existentes;

               3.

               tiene intención de estudiar la posibilidad de apoyar la puesta en marcha de un nombre de dominio de segundo nivel genérico reservado a los sitios controlados que se comprometan a respetar a los menores y sus derechos, como .KID.eu;

               4.

               sigue manteniendo un diálogo constructivo y permanente con las organizaciones de proveedores de contenidos, las organizaciones de consumidores y todas las partes interesadas;

               5.

               tiene intención de facilitar y apoyar la constitución de redes de organismos de autorregulación y el intercambio de experiencias entre ellos con el fin de evaluar la eficacia de los códigos de conducta y los enfoques basados en la autorregulación para garantizar las normas más estrictas de protección de los menores;

               6.

               tiene intención de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a tenor de la información que le faciliten los Estados miembros, un informe sobre la aplicación y eficacia de las medidas descritas en la presente Recomendación, así como de revisar la presente Recomendación si surge la necesidad de hacerlo.

      Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2006.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORREL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. KORKEAOJA

      (1)  DO C 221 de 8.9.2005, p. 87.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 7 de septiembre de 2005 (DO C 193 E, de 17 de agosto de 2006, p. 217), Posición Común del Consejo de 21 de septiembre de 2006 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2006 (no publicada aún en el Diario Oficial).

      (3)  DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

      (4)  DO L 270 de 7.10.1998, p. 48.

      (5)  DO L 298, de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).

      (6)  Decisión no 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales. (DO L 33 de 6.2.1999, p. 1). Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión no 788/2004/CE (DO L 138 de 30.4.2004, p. 12).

      (7)  Decisión no 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, que modifica la Decisión n° 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales. DO L 162 de 1.7.2003, p. 1.

      (8)  DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

      (9)  DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.

      (10)  DO C 296 de 10.11.1995, p. 15.

      ANEXO I
      DIRECTRICES INDICATIVAS PARA LA APLICACIÓN, A ESCALA NACIONAL, DE MEDIDAS EN LA LEGISLACIÓN O LAS PRÁCTICAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA O RECURSOS EQUIVALENTES EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA
      Objetivo: instaurar, en la legislación o las prácticas nacionales de los Estados miembros, medidas destinadas a garantizar el derecho de réplica o recursos equivalentes en relación con los medios de comunicación en línea, teniendo debidamente en cuenta sus disposiciones legislativas nacionales y constitucionales y sin perjuicio de la posibilidad de adaptar su ejercicio a las particularidades de cada tipo de medio de comunicación.
      La palabra «medios» se refiere a cualesquiera medios de comunicación para la divulgación al público de información editada en línea, como diarios, publicaciones periódicas y servicios de noticias por radio, televisión y basados en Internet.
      Sin perjuicio de las demás disposiciones civiles, administrativas o penales adoptadas por los Estados miembros, cualquier persona física o jurídica, independientemente de su nacionalidad, cuyos legítimos intereses, en particular, pero no exclusivamente, por lo que atañe a su honor y su reputación, hayan sido lesionados como consecuencia de una afirmación de hechos en una publicación o difusión, debería poder disponer de un derecho de réplica o de recursos equivalentes. Los Estados miembros deberían velar por que el ejercicio efectivo del derecho de réplica o recurso equivalente no se vea obstaculizado por la imposición de obligaciones o condiciones excesivas.
      Debería existir un derecho de réplica o recurso equivalente en relación con los medios de comunicación en línea que están bajo la jurisdicción de un Estado miembro.
      Los Estados miembros deberían adoptar las disposiciones necesarias para establecer el derecho de réplica o recurso equivalente y determinar el procedimiento para su ejercicio. En particular, deberían velar por que exista un plazo suficiente y por que las modalidades permitan que personas las físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en otros Estados miembros puedan ejercer adecuadamente dicho derecho de réplica o recursos equivalentes.
      El derecho de réplica podrá garantizarse no sólo por medio de la legislación, sino también mediante medidas de corregulación o de autorregulación.
      El derecho de réplica es una vía de recurso especialmente apropiada en un entorno en línea, ya que permite responder de forma inmediata a la información que se desmiente y es técnicamente fácil insertar las respuestas procedentes de las personas a las que concierne. No obstante, la réplica deberá darse en un plazo razonable una vez justificada la petición, y en un momento y de una manera adecuados a la publicación o difusión a que se refiera la petición.
      Deberían establecerse procedimientos mediante los cuales las controversias sobre el ejercicio del derecho de réplica o recurso equivalente puedan ser objeto de revisión por los tribunales o por un órgano independiente similar.
      La solicitud del ejercicio del derecho de réplica o recurso equivalente podrá desestimarse si el solicitante no tuviera un interés legítimo en la publicación de la réplica, o si ésta constituyera un acto punible, diera lugar a que el proveedor del contenido se viese sujeto a procedimientos civiles o fuera contraria a las buenas costumbres.
      El derecho de réplica se entenderá sin perjuicio de otras vías de recurso que estén a disposición de las personas cuyo derecho a la dignidad, al honor, a la reputación o a la vida privada haya sido vulnerado por los medios de comunicación.

      ANEXO II
      Ejemplos de posibles acciones relativas a la alfabetización sobre los medios de comunicación

                  a)

                  formación permanente de los profesores y formadores, conjuntamente con las asociaciones de protección de la infancia, sobre la utilización de Internet en el marco del aprendizaje escolar para mantener la sensibilización acerca de los posibles riesgos de Internet, prestando especial atención a los espacios de tertulia electrónica y foros;

                  b)

                  implantación de una formación específica en Internet dirigida a los niños desde muy temprana edad, con sesiones en las que participen los padres;

                  c)

                  enfoque educativo integrado que forme parte de los planes de estudio escolares y de los programas de alfabetización sobre los medios de comunicación, con objeto de facilitar información sobre la utilización responsable de Internet;

                  d)

                  organización de campañas nacionales destinadas a los ciudadanos, con la participación de todos los medios de comunicación, con objeto de facilitar información sobre la utilización responsable de Internet;

                  e)

                  distribución de folletos informativos sobre los posibles riesgos de Internet («cómo navegar por Internet con seguridad», «cómo filtrar los mensajes no deseados») y creación de servicios de asistencia telefónica a los que puedan dirigirse denuncias o reclamaciones sobre contenidos perjudiciales o ilícitos;

                  f)

                  medidas adecuadas para implantar o mejorar la eficacia de los servicios de asistencia telefónica, con el fin de facilitar la presentación de reclamaciones y hacer posible la denuncia de contenidos perjudiciales o ilícitos.

      ANEXO III
      Ejemplos de acciones que pueden llevar a cabo las industrias y las partes interesadas en beneficio de los menores

                  a)

                  proporcionar sistemáticamente a los usuarios un sistema eficaz, actualizable y fácil de utilizar cuando se suscriban a un proveedor de acceso;

                  b)

                  ofrecer el acceso a servicios específicamente destinados a los niños y dotados de un sistema de filtros automáticos operado por los proveedores de acceso y de telefonía móvil;

                  c)

                  crear incentivos para proporcionar una descripción actualizada regularmente de los sitios disponibles, facilitando así la clasificación de los sitios y la evaluación de su contenido;

                  d)

                  colocar en los motores de búsqueda pancartas que avisen de que existe información sobre la utilización responsable de Internet y sobre los servicios de asistencia telefónica.


Avis juridique important

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52004SC0824

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Eslovenia (2004-2007)  /* SEC/2004/0824 final */

Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Eslovenia (2004-2007)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], establecía que los países no participantes, esto es, los que no hubieran adoptado la moneda única, habrían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de convergencia a efectos de la supervisión multilateral periódica prevista en el artículo 99 del Tratado.[1]  DO L 209, 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/main_en.htm.De conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento, el Consejo debía examinar cada programa de convergencia basándose en las evaluaciones efectuadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (el Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación de la Comisión, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo habrá de emitir su dictamen. De conformidad con el Reglamento, los Estados miembros deberán presentar anualmente programas de convergencia actualizados, los cuales también podrán ser examinados por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.Los diez países que se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004 se encuentran acogidos a una excepción y, por tanto, no participan todavía en la moneda única. Dichos países se comprometieron a presentar sus programas de convergencia antes del 15 de mayo de 2004, y su primera actualización a finales de 2004.El programa de convergencia de Eslovenia, correspondiente al periodo 2004-2007, fue presentado el 14 de mayo de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica del mismo, teniendo en cuenta los resultados de las Previsiones de Primavera de 2004, así como el Código de conducta [2] y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 27 de noviembre de 2002 relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias [3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:[2]  Dictamen revisado del Comité económico y financiero sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo Ecofin el 10.7.2001.[3]  COM(2002) 668 final, de 27.11.2002.El 14 de mayo de 2004, Eslovenia presentó su primer programa de convergencia para el período 2004-2007. Pretende ingresar próximamente en el MTC II, a más tardar a finales de 2004, con objeto de adoptar el euro a principios de 2007.El programa cumple en gran medida los requisitos en materia de datos del nuevo Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia [4].[4]  La delimitación del sector público no se ha realizado en su totalidad y es preciso seguir mejorando la contabilidad de ejercicio.Las hipótesis macroeconómicas en que se basa el programa de convergencia se han revisado a la baja desde el programa económico de preadhesión de 2003, pero siguen siendo ligeramente más optimistas que las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión hasta 2005. En particular, el crecimiento previsto en 2004 se sitúa entre las previsiones actuales más optimistas. Para el periodo restante cubierto por el programa, la evolución del crecimiento - que se aproxima más y a partir de 2006 supera ligeramente al crecimiento potencial, estimado en un 3,7% por las autoridades nacionales - parece razonable y, en general, en consonancia con las proyecciones de la Comisión. Según las previsiones de la inflación, ésta alcanzará el 3,3 % en 2004 y se estabilizará por debajo del 3,0 % a finales de 2005. Estas previsiones ponen de relieve unas expectativas bastante favorables para el futuro desarrollo de los precios, mientras que los servicios de la Comisión se muestran más prudentes al considerar el proceso de desinflación.La caída gradual de la inflación, que comenzó en 2001, se aceleró en la segunda mitad de 2003. El aumento anual de los precios al consumo alcanzó el 4,6% al final del año, y esto hizo que la media anual del 7,5 % del año anterior disminuyera hasta el 5,7 %. La desinflación continuó en 2004 y la tasa de inflación anual de los precios al consumo fue del 3,9% en mayo, 0,3 puntos porcentuales más que el mes anterior. La sostenibilidad a largo plazo del descenso de la inflación - que seguía siendo relativamente alta pero con una media móvil en doce meses del 4,7% - debe reforzarse. Una buena coordinación de las políticas económicas se considera de capital importancia para reducir la inflación de forma duradera. La moderación salarial y los cambios en el sistema de indización de salarios, en particular, se han considerado esenciales para mantener el proceso deflacionista. El nuevo método de adaptación salarial para 2004-2005, que introduce unos mecanismos de indización de largo alcance - con una inflación interna más prevista que real y teniendo en cuenta las expectativas respecto de la inflación en la UE y el tipo de cambio euro/tólar - deberá incluir subidas salariales y mejorar las presiones inflacionistas. El Banco de Eslovenia tiene como objetivo principal la estabilidad de los precios y dirige la política monetaria combinando la política de los tipos de interés con la gestión de los tipos de cambio. Desde 2003, los tipos de interés a corto plazo han disminuido en 350 puntos básicos acumulativos - dando lugar, actualmente, a un tipo de interés real a corto plazo de aproximadamente el 2% -, mientras que la tasa de depreciación del tipo de cambio respecto del euro ha disminuido hasta aproximadamente el 0,1 % al mes.Sin referirse explícitamente al pacto de estabilidad y crecimiento, el programa se propone lograr una situación presupuestaria estable y próxima al equilibrio. Sin embargo, con un déficit previsto del 0,9% del PIB en 2007, la situación próxima al equilibrio sólo se alcanzará al final del periodo de aplicación del programa a través de una reducción gradual del déficit de las administraciones públicas. Al trazar una trayectoria ligeramente más lenta que la contemplada en el programa de preadhesión de 2003, el programa de convergencia prevé una consolidación fiscal concentrada en el final del periodo, en la que se pospone la reducción del déficit hasta el más lejano horizonte del programa, de modo que el ajuste se canalizará principalmente a través de una reducción del ratio de gasto.La trayectoria de consolidación parece creíble pero resulta poco ambiciosa a la hora de fijar los objetivos presupuestarios. El programa de convergencia no suministra datos detallados y falta, en particular, el impacto cuantitativo de las medidas presupuestarias previstas. Ahora bien, comparado con el programa de preadhesión de 2003, se observa que la estrategia de consolidación parece ser la misma. El programa se propone reorganizar los gastos y los ingresos de las administraciones públicas para mejorar la flexibilidad presupuestaria. En particular, se estima necesario reducir los gastos presupuestarios obligatorios para cumplir los compromisos financieros de participación en la OTAN y la UE, que las autoridades parecen considerar fuentes de presión adicional sobre el presupuesto, mientras que la proporción de los gastos obligatorios es superior al 80% del presupuesto. El Gobierno se ha comprometido a cumplir los objetivos mediante la reducción gradual del déficit adaptado al ciclo y, en circunstancias adversas, dejará que funcionen los estabilizadores automáticos a escala limitada (del orden del 0,2% del PIB, según las normas de ejecución del presupuesto 2004). Dado que el déficit presupuestario previsto se sitúa ligeramente por debajo del 2% del PIB durante el período 2004-2005, es posible que no exista un margen de seguridad suficiente a fin de no superar el límite del 3% de déficit del PIB si las autoridades no consiguen limitar el funcionamiento de los estabilizadores presupuestarios. Si se producen caídas de los índices como consecuencia de una evolución económica decreciente, similares a las que se han producido en el pasado reciente, los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previsto.La deuda pública bruta es relativamente reducida y se mantendrá así durante el período de aplicación del programa. En 2003, el ratio deuda/PIB aumentó hasta el 28,6% del PIB. Con un déficit primario permanente, el Gobierno prevé un aumento adicional del ratio de la deuda en los dos primeros años, hasta alcanzar un máximo del 29,5% del PIB en 2005. Para 2007 está previsto que la deuda disminuirá al 28,4% del PIB, ya que se prevé que el crecimiento nominal del PIB será superior al tipo de interés, lo cual contribuirá a la estabilización de la deuda. Por otra parte, las autoridades consideran que la deuda tiene una composición y una estructura monetaria adecuadas, ya que el perfil de reembolsos a largo plazo se distribuye de forma equilibrada a lo largo del tiempo y el porcentaje de la deuda en tólares eslovenos va en aumento mientras que la mayoría de la deuda exterior se denomina en euros.El programa examina brevemente la agenda de la reforma estructural del Gobierno, que se centra en el aumento de la competitividad de la economía mediante el incremento de la parte de los gastos de I+D en el presupuesto. También anuncia otras medidas para sostener el crecimiento económico como, por ejemplo, el fomento de la inversión orientada a la creación de empleo y la eliminación de la rigidez estructural del mercado laboral. No obstante, el programa no se detiene en las características específicas del proceso de reestructuración; los objetivos políticos parecen bastante generales y sólo excepcionalmente están acompañados de medidas bien elaboradas. Las repercusiones presupuestarias no pueden percibirse con nitidez, ya que las reformas estructurales programadas no se han intentado cuantificar en las proyecciones de los principales datos presupuestarios.Eslovenia corre el riesgo de experimentar desequilibrios presupuestarios derivados de los costes del envejecimiento demográfico. La plena aplicación de la reforma de las pensiones y la creación de un sistema de Sanidad estable, junto con la seguridad de alcanzar un superávit primario, son esenciales para sentar las bases de una hacienda pública sostenible.Cuadro: Comparación entre las principales proyecciones macroeconómicas y presupuestarias>SITIO PARA UN CUADRO>Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y remite al Consejo la Recomendación adjunta con vistas a un dictamen en relación con el Programa de Convergencia de Eslovenia.Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Eslovenia (2004-2007)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [5] y, en particular, el apartado 3 de su artículo 9,[5]  DO L 209, de 2.8.1997, p. 1. Los documentos mencionados en este texto pueden consultarse encontrarse en la siguiente dirección electrónica:  http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/main_en.htm.Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [5 de julio de 2004] el Consejo examinó el programa de convergencia de Eslovenia para el periodo de 2004 a 2007. El programa cumple en gran medida los requisitos en materia de datos del Código de conducta revisado sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia.La estrategia presupuestaria en que se basa el programa pretende lograr una hacienda pública saneada, definida como situación presupuestaria próxima al equilibrio. A tal fin, el programa prevé a lo largo del periodo de aplicación una reducción gradual del déficit de las administraciones públicas que resulta coherente con una reducción de los ingresos y del gasto primario. Este último se reducirá mediante la restricción del gasto obligatorio. Según el plan de ajuste, el déficit se reducirá a la mitad en los próximos cuatro años hasta situarse justo por debajo del 1% en 2007. Al dirigir las políticas hacia una disminución gradual del déficit estructural, las autoridades permitirán que los estabilizadores presupuestarios automáticos funcionen - aunque de forma limitada - en condiciones económicas desfavorables.Las hipótesis macroeconómicas en que se basa el programa a partir de 2005 parecen reflejar unos supuestos de crecimiento razonables y prever un crecimiento del PIB real ligeramente superior al potencial. No obstante, se prevé que en 2004 el crecimiento será bastante favorable. La inflación prevista para 2004 también parece poco importante según las estimaciones actuales, y resulta una previsión realista a partir de dicho año si las políticas económicas siguen coordinándose para reducir la inflación de forma duradera.Mediante un incremento marginal de hasta el 1,9% del PIB en 2004 y una disminución gradual posterior hasta el 0,9% del PIB en 2007, está previsto que los déficit de las administraciones públicas se mantengan cada año por debajo del 3% del valor de referencia del PIB. Los objetivos presupuestarios presentados en el programa no son suficientes para garantizar el objetivo a medio plazo de una situación presupuestaria próxima al equilibrio que recoge el Pacto de estabilidad y crecimiento. El objetivo a medio plazo sólo se alcanzará al final del periodo de aplicación del programa. Además, los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previstos debido a que los riesgos macroeconómicos a la baja - relacionados con las optimistas previsiones de crecimiento para 2004 anteriormente mencionadas - podrían conducir al rebasamiento de gastos ya experimentado en el pasado. Por ello, la orientación presupuestaria del programa puede no ofrecer un margen de seguridad suficiente para no superar el límite máximo del 3% del déficit en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales, especialmente en los primeros años del periodo de aplicación del programa.La deuda pública bruta es relativamente reducida y así se mantendrá en el futuro. Tras aumentar hasta el 29,5% del PIB en 2005, se espera que en 2007 el porcentaje de la deuda disminuya hasta aproximadamente el nivel del 28,4% del PIB. Eslovenia se enfrenta a un riesgo de desequilibrios presupuestarios provocados por los costes del envejecimiento demográfico. Para mantener un nivel sostenible de la deuda pública es esencial la plena aplicación de la reforma de las pensiones, establecer un sistema sanitario estable y garantizar un superávit primario adecuado.Principales proyecciones recogidas en el Programa de Convergencia de Eslovenia>SITIO PARA UN CUADRO>


title: Recomendación del Banco Central Europeo, del 9 de diciembre de 2011 , sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores (BCE/2011/24)

text:
               3.3.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 64/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   del 9 de diciembre de 2011,
   sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores
   (BCE/2011/24)
   2012/C 64/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante los «Estatutos del SEBC»), y en particular el artículo 5.1 y el tercer guión del artículo 34.1,
   Visto el Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (1), en particular el artículo 4;
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Para el desempeño de sus funciones, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) precisa estadísticas exteriores completas y fiables de la balanza de pagos, la posición de inversión internacional y las reservas internacionales, que muestren las principales partidas que afectan a las condiciones monetarias y a los mercados de divisas en la zona del euro, así como estadísticas sobre los envíos transfronterizos de billetes en euros. Las exigencias estadísticas del Banco Central Europeo (BCE) en este campo se establecen en la Orientación BCE/2011/23, de 9 de diciembre de 2011, sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores (refundición) (2).

               (2)

               En la primera frase del artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, los «Estatutos del SEBC») se exige que el BCE, asistido por los bancos centrales nacionales (BCN), recopile de las autoridades nacionales competentes distintas de los BCN, o directamente de los agentes económicos, la información estadística necesaria para cumplir las funciones del SEBC. En la segunda frase del artículo 5.1 se dispone que, con esa finalidad, el BCE cooperará con las instituciones u organismos comunitarios y con las autoridades competentes de los Estados miembros o de terceros países y con organizaciones internacionales. El artículo 5.2 establece que los BCN ejecutarán, en la medida de lo posible, las funciones descritas en el artículo 5.1.

               (3)

               La información necesaria para cumplir las exigencias del BCE en materia de estadísticas exteriores pueden recopilarla o elaborarla autoridades competentes distintas de los BCN. Por consiguiente, algunas de las funciones que deben llevarse a cabo para cumplir estas exigencias requieren la cooperación entre el BCE o los BCN y esas autoridades competentes, según se establece en el artículo 5.1 de los Estatutos del SEBC. El artículo 4 del Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo dispone que los Estados miembros se organizarán en el ámbito estadístico y cooperarán plenamente con el SEBC a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del artículo 5 de los Estatutos del SEBC.

               (4)

               Cuando, de acuerdo con las normas y los usos establecidos en cada país, los agentes informadores informan a autoridades competentes distintas de los BCN, estas autoridades y sus BCN respectivos deben cooperar entre sí para velar por el cumplimiento de las exigencias estadísticas del BCE. En Irlanda, la Central Statistics Office (Oficina Central de Estadísticas) y en Malta, la National Statistics Office (Oficina Nacional de Estadísticas), recogen y recopilan la información necesaria en el ámbito de estadísticas exteriores. A fin de cumplir las exigencias estadísticas mencionadas, el Banco Central de Irlanda y la Central Statistics Office, y el Central Bank of Malta y National Statistics Office deben cooperar entre sí. Esta cooperación debe incluir el establecimiento de un mecanismo permanente de transmisión de datos, salvo que la legislación nacional garantice ya el mismo resultado.

               (5)

               La evaluación de calidad de las estadísticas sobre balanza de pagos, posición de inversión y reservas internacionales de la zona del euro debe llevarse a cabo de conformidad con el Marco de calidad de las estadísticas del BCE. Los BCN, en cooperación con otras autoridades competentes, si procede, deberían evaluar la calidad de los datos aportados por las autoridades competentes.

               (6)

               Según establece el artículo 3 bis del Reglamento (CE) no 2533/98 y el Compromiso público del Sistema Europeo de Bancos Centrales en relación con las Estadísticas Europeas, la preparación, elaboración y distribución de las estadísticas por parte del SEBC se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad, independencia profesional, relación coste-eficacia, confidencialidad estadística, minimización de la carga de información y elevada calidad de los resultados.

               (7)

               En vista de lo establecido en la Orientación BCE/2011/23 que deroga la Orientación BCE/2004/15, es necesario sustituir la Recomendación BCE/2004/16, de 16 de julio de 2004, sobre las exigencias de información estadística del BCE en materia de estadísticas de balanza de pagos, posición de inversión internacional y reservas internacionales (3).

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   SECCIÓN I

      Definiciones

   En esta recomendación, los términos «estadísticas exteriores», «balanza de pagos», «posición de inversión internacional» y «estadística de reservas internacionales» tendrán el mismo significado que en el artículo 1 de la Orientación BCE/2011/23.
   SECCIÓN II

      Transmisión de información estadística a los BCN

               1.

               En la medida en que la recopilación de estadísticas exteriores se encomiende a los destinatarios de la presente recomendación, estos velarán por que dichas estadísticas se transmitan oportunamente a los BCN correspondientes, para permitir a dichos BCN cumplir sus obligaciones de información previstas en los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Orientación BCE/2011/23.

               2.

               La información deberá transmitirse de acuerdo con las normas y exigencias estadísticas del BCE sobre estadísticas exteriores, tal y como se establece en los anexos I, II, III, IV y VI de la Orientación BCE/2011/23. Sin perjuicio de la función supervisora del BCE establecida en el anexo V de la Orientación BCE/2011/23, los destinatarios de esta recomendación vigilarán la calidad y fiabilidad de la información estadística facilitada al BCN correspondiente.

         SECCIÓN III

      Cooperación permanente con los BCN correspondientes

   Los destinatarios de la presente recomendación establecerán por escrito con el BCN correspondiente las formas apropiadas de cooperación que garanticen un mecanismo permanente de transmisión de datos que se ajuste a las normas y exigencias estadísticas del BCE, salvo que la legislación nacional garantice ya el mismo resultado.
   SECCIÓN IV

      Disposiciones finales

               1.

               La presente recomendación sustituye a la Recomendación BCE/2004/16 a partir del 1 de junio de 2014.

               2.

               Las referencias a la Recomendación BCE/2004/16 se entenderán hechas a esta recomendación.

               3.

               Esta recomendación se dirige a la Central Statistics Office de Irlanda y a la National Statistic Office de Malta.

               4.

               Esta recomendación será aplicable desde el 1 de junio de 2014.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 9 de diciembre de 2011.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 318 de 27.11.1998, p. 8.

      (2)  DO L 65 de 3.3.2012, p. 1.

      (3)  DO C 292 de 30.11.2004, p. 21.


title: Recomendación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011 , sobre la revisión de los objetivos recogidos en los planes de rendimiento contemplados en el Reglamento de la Comisión (UE) n ° 691/2010  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               29.11.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 348/1

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 23 de noviembre de 2011
   sobre la revisión de los objetivos recogidos en los planes de rendimiento contemplados en el Reglamento de la Comisión (UE) no 691/2010
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   2011/C 348/01
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 100, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 691/2010 de la Comisión, de 29 de julio de 2010, que adopta un sistema de evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de red y que modifica el Reglamento (CE) no 2096/2005, por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea (1), y, en particular, su artículo 13, apartado 3,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Reglamento (UE) no 691/2010 de la Comisión, que adopta un sistema de evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de red y que modifica el Reglamento (CE) no 2096/2005, por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea, establece que el Estado o Estados miembros adoptarán planes a escala nacional o de los bloques funcionales del espacio aéreo que incluirán objetivos vinculantes nacionales u objetivos vinculantes de los bloques funcionales del espacio aéreo que garanticen la coherencia con los objetivos de rendimiento de toda la Unión Europea. También establece que la Comisión debe evaluar la coherencia de los objetivos nacionales y de los bloques funcionales del espacio aéreo con los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea.

               (2)

               Con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento de la Comisión (UE) no 691/2010, la Comisión puede decidir dirigir al Estado o Estados miembros interesados una recomendación para que adopten objetivos de rendimiento revisados.

               (3)

               El 29 de julio de 2010, la Comisión, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) no 691/2010 de la Comisión, designó un organismo de evaluación del rendimiento para asistirla en la aplicación del sistema de evaluación del rendimiento.

               (4)

               Con vistas a establecer objetivos nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo, en virtud de la Decisión 2011/121/UE de la Comisión (2), se adoptaron objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea durante los años 2012 a 2014. Dichos objetivos corresponden a los ámbitos de rendimiento principales de medio ambiente, capacidad y eficiencia económica. Sin embargo, no se instó a los Estados miembros a establecer objetivos vinculantes en los ámbitos de seguridad y medio ambiente durante el primer periodo de referencia.

               (5)

               Hasta el 5 de julio de 2011 los Estados miembros comunicaron sus planes nacionales a la Comisión, incluido un plan presentado conjuntamente por Bélgica y Luxemburgo. Dinamarca y Suecia comunicaron a la Comisión un plan para su bloque funcional de espacio aéreo (FAB sueco-danés). Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza comunicaron a la Comisión un plan para su bloque funcional de espacio aéreo (FABEC).

               (6)

               En julio y agosto de 2011, el organismo de evaluación del rendimiento asistió a la Comisión en la evaluación de los planes de rendimiento nacionales y de los bloques funcionales de espacio aéreo, y el 20 de septiembre de 2011 presentó a la Comisión un informe de evaluación.

               (7)

               El informe de evaluación del organismo de evaluación del rendimiento atendía a los supuestos recogidos en el artículo 3 de la Decisión 2011/121/UE de la Comisión, a la información públicamente disponible o en poder de Eurocontrol y a la información facilitada por los Estados miembros en los planes de rendimiento nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo.

               (8)

               Habida cuenta de los objetivos prioritarios de seguridad, la evaluación de la Comisión de los planes de rendimiento y objetivos nacionales y de los bloques funcionales del espacio aéreo se basaba en los criterios establecidos en el Anexo III del Reglamento (UE) no 691/2010, en particular, en la situación general de cada Estado miembro conforme a lo dispuesto en el apartado 1, letra b) de dicho Anexo. La evaluación de la Comisión no sólo atiende a los objetivos de rendimiento que establece el Reglamento (UE) no 691/2010, sino también a los demás indicadores u objetivos de rendimiento que pueden recogerse en los planes de resultas de iniciativas nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo.

               (9)

               Los Estados miembros deben adoptar objetivos revisados nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo junto con medidas adecuadas para alcanzarlos con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento (UE) no 691/2010.

               (10)

               La revisión de los objetivos de capacidad debe atender a la interacción con el Gestor de la Red y a la asistencia que facilite.

               (11)

               Con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1794/2006 (3) de la Comisión, los Estados miembros deben calcular las tarifas unitarias para el período de referencia basándose en los planes de rendimiento nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo, incluidos los objetivos de eficiencia económica contemplados en dichos planes, a más tardar el 1 de noviembre de 2011. Si después del 1 de noviembre de 2011 se adoptan objetivos revisados de rentabilidad (reg. 691/2010), las tarifas unitarias para el periodo de referencia deben volver a calcularse basándose en los objetivos de rentabilidad finalmente adoptados.

               (12)

               Tras la publicación del informe de evaluación del organismo de evaluación de rendimiento, una serie de Estados miembros ya han manifestado su intención de tomar las medidas necesarias para adoptar objetivos de rendimiento revisados conformes a los puntos de vista de la Comisión formulados en la presente Recomendación.

               (13)

               A la hora de evaluar los objetivos de rendimiento revisados con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 14 del Reglamento (UE) no 691/2010 de la Comisión, se tendrá en cuenta, cuando proceda, la presente Recomendación.

               (14)

               La Comisión ha consultado a los Estados miembros interesados por la presente Recomendación de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (UE) no 691/2010.

               (15)

               Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Cielo Único,

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               La presente Recomendación tiene por objetivo instar a los Estados miembros, habida cuenta de las evaluaciones emprendidas por el organismo de evaluación del rendimiento y de los resultados de los contactos contemplados en el apartado 5, a que adopten, en la medida de lo necesario y/o conveniente, objetivos de rendimiento revisados a nivel de los planes nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo a fin de conformarse y contribuir adecuadamente a los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea durante los años 2012 a 2014 (en lo sucesivo denominados «el periodo de referencia») adoptados en virtud de la Decisión 2011/121/UE.

               2.

               A partir de las recomendaciones recogidas en el informe de evaluación del organismo de evaluación del rendimiento, la Comisión considera que:

                           a)

                           los objetivos de capacidad establecidos por Grecia, España, Austria, Polonia y el Reino Unido en sus planes nacionales no son coherentes con los objetivos para toda la Unión Europea ni contribuyen adecuadamente a los mismos;

                           b)

                           el objetivo de capacidad establecido por Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos en el plan para el bloque funcional del espacio aéreo de Europa central (FABEC) no es coherente con los objetivos para toda la Unión Europea ni contribuye adecuadamente a los mismos;

                           c)

                           los objetivos de rentabilidad establecidos por Bulgaria, la República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, España (para su zona continental de tarificación en ruta), Francia, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido en sus planes nacionales no son coherentes con los objetivos para toda la Unión Europea ni contribuyen adecuadamente a los mismos.

               3.

               Al adoptar objetivos de rendimiento revisados, se insta a los Estados miembros interesados a garantizar que atiendan a las recomendaciones recogidas en el informe de evaluación del organismo de evaluación del rendimiento.
               En particular, y habida cuenta de las circunstancias de cada Estado miembro:

                           a)

                           Grecia, España, Polonia, Austria y el Reino Unido deben mejorar sus objetivos de capacidad hasta alcanzar, como máximo en 2014, valores iguales o inferiores a los siguientes valores de referencia (calculados por Eurocontrol y utilizados en el informe de evaluación del organismo de evaluación del rendimiento):

                                       —

                                       Grecia: 0,26 minutos de retraso medio por vuelo

                                       —

                                       España: 0,31 minutos de retraso medio por vuelo

                                       —

                                       Polonia: 0,26 minutos de retraso medio por vuelo

                                       —

                                       Austria: 0,23 minutos de retraso medio por vuelo

                                       —

                                       Reino Unido: 0,27 minutos de retraso medio por vuelo

                           b)

                           Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos deben mejorar el objetivo de capacidad del FABEC hasta alcanzar, a más tardar en 2014, valores iguales o inferiores al valor de referencia de 0,4 minutos de retraso medio por vuelo;

                           c)

                           los Estados miembros contemplados el apartado 2, letra c), deben aprovechar toda oportunidad para mejorar más aún los objetivos de rentabilidad de los planes de rendimiento nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo durante el periodo de referencia, en particular con respecto a la evolución del contexto general, la reducción de los costes de capital y los costes auxiliares (costes distintos de los vinculados a los controladores de tráfico aéreo en servicio), el aumento de productividad y la racionalización de las inversiones en el contexto del establecimiento de bloques funcionales del espacio aéreo;

                           d)

                           la República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Malta, Austria, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido deben revisar los supuestos en los que se basa la prima de riesgo y, en consecuencia, el rendimiento del capital, y facilitar justificaciones de los significativos aumentos del coste del capital;

                           e)

                           Bulgaria, la República Checa, Estonia, Francia, Italia, Estonia, Hungría, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido deben reevaluar la magnitud y necesidad de las inversiones destinadas a alcanzar los objetivos de rendimiento a lo largo del periodo de referencia teniendo en cuenta la oportunidad de racionalizarla en el contexto de los bloques funcionales del espacio aéreo o de proyectos regionales.

               4.

               Además de las recomendaciones contempladas en el apartado 3:

                           a)

                           se insta a los Estados miembros a especificar en los planes de rendimiento nacionales o de los bloques funcionales del espacio aéreo la contribución y el impacto de las inversiones a lo largo del período de referencia en los objetivos de rendimiento, facilitando argumentos comerciales y/o análisis de costes y beneficios y explicando su pertinencia en relación con el Plan Maestro ATM Europeo, en particular por lo que respecta al despliegue del primer dispositivo de aplicación (IP1). Esta información debe ser coherente con la recogida en los planes empresariales de los proveedores de servicios de navegación aérea con arreglo a la sección 2.2, letra b), del Anexo I del Reglamento de la Comisión (CE) no 2096/2005 (4).

                           b)

                           se insta a los Estados miembros a comunicar los supuestos y los motivos para establecer costes que pueden considerarse fuera de control a efectos del artículo 11 bis, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1794/2006 con vistas a facilitar los ajustes necesarios al final del periodo de referencia.

                           c)

                           se insta a los Estados miembros de un bloque funcional del espacio aéreo que, conjuntamente con el organismo de evaluación del rendimiento, no hayan adoptado a nivel de ese bloque un plan de rendimiento con objetivos a que comuniquen a la Comisión para su información los objetivos de rendimiento agregados, destacando su compatibilidad a dicho nivel con los objetivos de rendimiento fijados a nivel de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) no 691/2010.

               5.

               La Comisión, conjuntamente con el organismo de evaluación del rendimiento, pretende dar seguimiento a la presente Recomendación a través de contactos bilaterales y/o multilaterales con los Estados miembros.

               6.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 23 de noviembre de 2011.

            Por la Comisión

         Siim KALLAS

            Vicepresidente

      (1)  DO L 201 de 3.8.2010, p. 1.

      (2)  DO L 48 de 23.2.2011, p. 16.

      (3)  DO L 341 de 7.12.2006, p. 3.

      (4)  DO L 335 de 21.12.2005, p. 13.


Avis juridique important

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31998H0316

98/316/CE: Recomendación del Consejo de 1 de mayo de 1998 con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 J del Tratado

Diario Oficial n° L 139 de 11/05/1998 p. 0021 - 0027

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 1 de mayo de 1998 con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 J del Tratado (98/316/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 109 J,Vista la Recomendación de la Comisión,Visto el informe de la Comisión,Visto el informe del Instituto Monetario Europeo,Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),(1) Considerando que el artículo 109 J del Tratado establece el procedimiento y el calendario para la adopción de decisiones sobre el paso a la tercera fase de la unión económica y monetaria; que el Consejo, reunido en Dublín el 13 de diciembre de 1996, en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, decidió que no existía una mayoría de Estados miembros que cumpliera las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única, que la Comunidad no entraría en la tercera fase de la unión económica y monetaria en 1997 y que el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado debía aplicarse en 1998, tan pronto como fuese posible; que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 109 J, dado que a finales de 1997 no se fijó la fecha para el inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria, la tercera fase comenzará el 1 de enero de 1999;(2) Considerando que, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J, el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de ese mismo artículo, salvo en lo relativo al segundo guión del apartado 2, tiene que repetirse;(3) Considerando que el apartado 1 del artículo 109 J establece que los informes preparados por la Comisión y el Instituto Monetario Europeo (IME) incluirán un examen de la compatibilidad de la legislación nacional de cada Estado miembro, incluidos los estatutos de su banco central nacional, con los artículos 107 y 108 del Tratado, así como con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), y, asimismo, examinarán la consecución de un alto grado de convergencia sostenible, atendiendo al cumplimiento por parte de cada uno de los Estados miembros de los siguientes criterios contenidos en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- el logro de un alto grado de estabilidad de precios, que deberá quedar de manifiesto a través de una tasa de inflación que esté próxima a la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejores resultados en cuanto a la estabilidad de precios,- las finanzas públicas deberán encontrarse en una situación sostenible, lo que quedará demostrado en caso de haberse conseguido una situación del presupuesto sin un déficit público excesivo, definido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 104 C,- el respeto, durante dos años como mínimo, sin que se haya producido devaluación frente a la moneda de ningún otro Estado miembro, de los márgenes normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo,- el carácter duradero de la convergencia conseguida por el Estado miembro y de su participación en el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo deberá verse reflejado en los niveles de tipos de interés a largo plazo;Que estos cuatro criterios, así como los períodos durante los cuales deberán respetarse, se desarrollan en el Protocolo n° 6 del Tratado; que los informes de la Comisión y del IME deberán tomar en consideración la evolución del ecu, los resultados de la integración de los mercados, la situación y la evolución de las balanzas de pagos por cuenta corriente y un estudio de la evolución de los costes laborales unitarios y de otros índices de precios;(4) Considerando que, con arreglo a lo previsto en el primer guión del apartado 2 del artículo 109 J, basándose en dichos informes, el Consejo evaluará, para cada Estado miembro, si cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única y recomendará sus conclusiones al Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, que, tras consultar al Parlamento Europeo, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J, confirmará qué Estados miembros cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única;(5) Considerando que las legislaciones nacionales de los Estados miembros, incluidos los estatutos de sus bancos centrales nacionales, deberán adaptarse, si fuera necesario, para garantizar su compatibilidad con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC; que dichas adaptaciones deberán garantizar la compatibilidad con el Tratado a más tardar en la fecha de creación del SEBC; que los informes de la Comisión y del IME contienen un análisis pormenorizado de la compatibilidad de la legislación de cada Estado miembro con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC; que el proceso de adaptación de la legislación nacional aún no se había completado en España, Francia, Luxemburgo y Austria en el momento de la presentación de los informes por la Comisión y el IME; que desde entonces España y Austria han aprobado la legislación necesaria; que Luxemburgo y Francia han tomado todas las medidas necesarias para que su legislación nacional, incluidos los estatutos de sus bancos centrales nacionales, sean compatibles con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC;(6) Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Protocolo n° 6 del Tratado, el criterio relativo a la estabilidad de precios contemplado en el primer guión del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado se entenderá en el sentido de que los Estados miembros deberán tener un comportamiento de los precios sostenible y una tasa promedio de inflación, observado durante un período de un año antes del examen, que no exceda en más de 1,5 puntos porcentuales la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejores resultados en materia de estabilidad de precios; que, a efectos de la aplicación del criterio de estabilidad de precios, la inflación ha de medirse con arreglo a los índices de precios al consumo armonizados definidos en el Reglamento (CE) n° 2494/95 (2); que para determinar si se cumple el criterio de estabilidad de precios, la inflación de cada uno de los Estados miembros viene dada por la variación porcentual entre la media aritmética de los doce índices mensuales del período considerado y la media aritmética de los doce índices mensuales del período anterior; que, en el período de doce meses que concluyó en enero de 1998, los tres Estados miembros con mejores resultados en materia de estabilidad de precios fueron Francia, Irlanda y Austria, con tasas de inflación del 1,2, 1,2 y 1,1 %, respectivamente; que en los informes de la Comisión y del IME se tomó un valor de referencia, calculado como la media aritmética simple de las tasas de inflación de los tres Estados miembros con mejores resultados en materia de estabilidad de precios, más 1,5 puntos porcentuales; que, en el período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el valor de referencia fue del 2,7 %;(7) Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo n° 6 del Tratado, el criterio relativo a la situación del presupuesto público, contemplado en el segundo guión del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado, se entenderá en el sentido de que, en el momento de la presente evaluación por el Consejo, el Estado miembro de que se trate no sea objeto de una decisión del Consejo con arreglo al apartado 6 del artículo 104 C del Tratado, relativa a la existencia de un déficit excesivo;(8) Considerando que, en virtud de lo previsto en el artículo 5 del Protocolo n° 6 del Tratado, la Comisión suministrará los datos que se utilicen en la presente evaluación del cumplimiento de los criterios de convergencia; que la Comisión facilitó los datos para la preparación de la presente Recomendación; que la Comisión facilitó los datos presupuestarios una vez recibidas las notificaciones de los Estados miembros antes del 1 de marzo de 1998, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 3605/93 (3);(9) Considerando que durante la segunda fase de la unión económica y monetaria no se adoptó ninguna decisión del Consejo sobre la existencia de un déficit excesivo en relación con Irlanda y Luxemburgo; que, en su Decisión de 27 de junio de 1996, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 12 del artículo 104 C, el Consejo derogó su anterior Decisión sobre la existencia de un déficit excesivo en Dinamarca; que, en su Decisión de 30 de junio de 1997, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 12 del artículo 104 C, el Consejo derogó sus anteriores Decisiones sobre la existencia de un déficit excesivo en los Países Bajos y Finlandia; que, en su Decisión de 1 de mayo de 1998, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 12 del artículo 104 C, el Consejo derogó sus anteriores Decisiones sobre la existencia de un déficit excesivo en Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Suecia y el Reino Unido;(10) Considerando que, en virtud de lo previsto en el artículo 3 del Protocolo n° 6 del Tratado, el criterio relativo a la participación en el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo, contemplado en el tercer guión del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado, se entenderá en el sentido de que los Estados miembros hayan observado, sin tensiones graves y durante por lo menos los dos años anteriores al examen, los márgenes normales de fluctuación dispuestos por el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo y que, en particular, no habrán devaluado, durante el mismo período, por iniciativa propia, el tipo central bilateral de su moneda respecto de la de ningún otro Estado miembro; que, al considerar en sus informes si se cumple este criterio, la Comisión y el IME han examinado el período de dos años que concluyó en febrero de 1998 y han tenido en cuenta la decisión, adoptada en agosto de 1993 por los Ministros y los Gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros, de ampliar temporalmente los márgenes de fluctuación del mecanismo de tipos de cambio en torno a los tipos centrales bilaterales de ± 2,25 % a ± 15 %;(11) Considerando que, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Protocolo n° 6 del Tratado, el criterio relativo a la convergencia de los tipos de interés, contemplado en el cuarto guión del apartado 1 del artículo 109 J, se entenderá en el sentido de que, observados durante un período de un año antes del examen, los Estados miembros han tenido un tipo promedio de interés nominal a largo plazo que no excede en más de dos puntos porcentuales el de, como máximo, los tres Estados miembros que mejores resultados hayan tenido en materia de estabilidad de precios; que, a efectos de la aplicación del criterio de tipos de interés, se utilizaron tipos de interés comparables, a saber, los correspondientes a los bonos del Estado a diez años; que, para determinar si se cumple el criterio del tipo de interés, en los informes de la Comisión y del IME se tomó un valor de referencia, calculado como la media aritmética simple de los tipos de interés nominales a largo plazo de los tres Estados miembros con mejores resultados en materia de estabilidad de precios, más dos puntos porcentuales; que, para el período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el valor de referencia era el 7,8 %;(12) Considerando que, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del Protocolo n° 11 del Tratado, el Reino Unido ha notificado al Consejo que no se propone pasar a la tercera fase de la unión económica y monetaria el 1 de enero de 1999; que en virtud de esta notificación los apartados 4 a 9 del Protocolo n° 11 establecen las disposiciones aplicables al Reino Unido en tanto en cuanto no pase a la tercera fase;(13) Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del Protocolo n° 12 del Tratado y la Decisión adoptada por los Jefes de Estado o de Gobierno en Edimburgo en diciembre de 1992, Dinamarca ha notificado al Consejo que no participará en la tercera fase de la unión económica y monetaria; que, en virtud de esta notificación, todos los artículos y disposiciones del Tratado y de los Estatutos del SEBC que hagan referencia a una excepción serán aplicables a Dinamarca;(14) Considerando que, en virtud de las mencionadas notificaciones, no es necesario que el Consejo haga una evaluación conforme al apartado 2 del artículo 109 J del Tratado en relación con el Reino Unido y Dinamarca;(15) Considerando que, sobre la base de las presentes recomendaciones, el Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, confirmará qué Estados miembros cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única,RECOMIENDA LO SIGUIENTE:SECCIÓN 1 EVALUACIONES Artículo 1 Bélgica En Bélgica, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Bélgica, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,4 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Bélgica no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Bélgica ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el franco belga no ha estado sometido a tensiones graves y Bélgica no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del franco belga frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Bélgica fue del 5,7 %, lo que es inferior al valor de referencia.Bélgica ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Bélgica cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 2 Alemania En Alemania, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Alemania, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,4 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Alemania no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Alemania ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el marco alemán no ha estado sometido a tensiones graves y Alemania no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del marco alemán frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Alemania fue del 5,6 %, lo que es inferior al valor de referencia.Alemania ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Alemania cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 3 Grecia En Grecia, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Grecia, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 5,2 %, lo que es superior al valor de referencia,- el 26 de septiembre de 1994, el Consejo decidió que existía un déficit excesivo en Grecia, y dicha Decisión no ha sido derogada,- la moneda griega no participó en el mecanismo de tipos de cambio durante el período de dos años que concluyó en febrero de 1998; durante ese período, la dracma griega fue relativamente estable frente a las monedas del mecanismo de tipos de cambio, pero experimentó en algunas ocasiones tensiones, a las que se ha hecho frente con subidas ocasionales en los tipos de interés nacionales e intervenciones en los mercados de cambios. La dracma griega ingresó en el mecanismo de tipos de cambio en marzo de 1998,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Grecia fue del 9,8 %, lo que es superior al valor de referencia.Grecia no cumple ninguno de los criterios de convergencia contemplados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J.En consecuencia, Grecia no cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 4 España En España, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en España, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,8 %, lo que es inferior al valor de referencia,- España no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- España ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, la peseta española no ha estado sometida a tensiones graves y España no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral de la peseta española frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en España fue del 6,3 %, lo que es inferior al valor de referencia.España ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, España cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 5 Francia Francia ha adoptado todas las medidas necesarias para que su legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, sea compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Francia, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,2 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Francia no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Francia ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el franco francés no ha estado sometido a tensiones graves y Francia no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del franco francés frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Francia fue del 5,5 %, lo que es inferior al valor de referencia.Francia ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Francia cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 6 Irlanda En Irlanda, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Irlanda, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,2 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Irlanda no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Irlanda ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, la libra irlandesa no ha estado sometida a tensiones graves, no habiendo Irlanda devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral de la libra irlandesa frente a la moneda de ningún otro Estado miembro; el 16 de marzo de 1998, los tipos centrales bilaterales de la libra irlandesa frente a las restantes monedas del mecanismo de tipos de cambio se revaluaron un 3 % a petición de las autoridades irlandesas,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Irlanda fue del 6,2 %, lo que es inferior al valor de referencia.Irlanda ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Irlanda cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 7 Italia En Italia, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Italia, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,8 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Italia no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Italia se reintegró en el mecanismo de tipos de cambio en noviembre de 1996; en el transcurso del período comprendido entre marzo de 1996 y noviembre de 1996, la lira italiana se ha apreciado respecto de las otras monedas del mecanismo de tipos de cambio; desde su reintegración en dicho mecanismo, la lira italiana no ha estado sometida a tensiones graves, no habiendo Italia devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral de la lira italiana frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Italia fue del 6,7 %, lo que es inferior al valor de referencia.Italia cumple los criterios de convergencia contemplados en el primer, segundo y cuarto guiones del apartado 1 del artículo 109 J; en lo que se refiere al criterio de convergencia contemplado en el tercer guión del apartado 1 del artículo 109 J, la moneda italiana, pese a no haberse reintegrado en el mecanismo de tipos de cambio hasta noviembre de 1996, se ha mostrado lo suficientemente estable en los dos últimos años. Por consiguiente, Italia ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible.En consecuencia, Italia cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 8 Luxemburgo Luxemburgo ha adoptado todas las medidas necesarias para que su legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, sea compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Luxemburgo, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,4 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Luxemburgo no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Luxemburgo ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el franco luxemburgués no ha estado sometido a tensiones graves, no habiendo Luxemburgo devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del franco luxemburgués frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo fue en Luxemburgo del 5,6 %, lo que es inferior al valor de referencia.Luxemburgo ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Luxemburgo cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 9 Países Bajos En los Países Bajos, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en los Países Bajos, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,8 %, lo que es inferior al valor de referencia,- los Países Bajos no son objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- los Países Bajos han participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el florín neerlandés no ha estado sometido a tensiones graves y los Países Bajos no han devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del florín neerlandés frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en los Países Bajos fue del 5,5 %, lo que es inferior al valor de referencia.Los Países Bajos han alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, los Países Bajos cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 10 Austria En Austria, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Austria, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,1 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Austria no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Austria ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el chelín austriaco no ha estado sometido a tensiones graves y Austria no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del chelín austriaco frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Austria fue del 5,6 %, lo que es inferior al valor de referencia.Austria ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Austria cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 11 Portugal En Portugal, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Portugal, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,8 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Portugal no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Portugal ha participado en el mecanismo de tipos de cambio durante los dos últimos años; en el transcurso de ese período, el escudo portugués no ha estado sometido a tensiones graves y Portugal no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del escudo portugués frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Portugal fue del 6,2 %, lo que es inferior al valor de referencia.Portugal ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible en relación con cada uno de los cuatro criterios.En consecuencia, Portugal cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 12 Finlandia En Finlandia, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Finlandia, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,3 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Finlandia no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- Finlandia ha participado en el mecanismo de tipos de cambio desde octubre de 1996; en el transcurso del período comprendido entre marzo de 1996 y octubre de 1996, el marco finlandés se ha apreciado respecto de las otras monedas del mecanismo de tipos de cambio; desde su integración en dicho mecanismo, el marco finlandés no ha estado sometido a tensiones graves y Finlandia no ha devaluado por propia iniciativa el tipo central bilateral del marco finlandés frente a la moneda de ningún otro Estado miembro,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Finlandia fue del 5,9 %, lo que es inferior al valor de referencia.Finlandia cumple los criterios de convergencia contemplados en el primer, segundo y cuarto guiones del apartado 1 del artículo 109 J; en lo que se refiere al criterio de convergencia contemplado en el tercer guión del apartado 1 del artículo 109 J, la moneda finlandesa, pese a no haberse integrado en el mecanismo de tipos de cambio hasta octubre de 1996, se ha mostrado lo suficientemente estable en los dos últimos años. Por consiguiente, Finlandia ha alcanzado un alto grado de convergencia sostenible.En consecuencia, Finlandia cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.Artículo 13 Suecia En Suecia, la legislación nacional, incluidos los estatutos de su Banco Central nacional, no es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado y los Estatutos del SEBC.Respecto del cumplimiento de los criterios de convergencia mencionados en los cuatro guiones del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado:- en Suecia, la tasa media de inflación durante el período de doce meses que concluyó en enero de 1998 fue del 1,9 %, lo que es inferior al valor de referencia,- Suecia no es objeto de una decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo,- la moneda sueca no ha participado nunca en el mecanismo de tipos de cambio; en los dos últimos años del período de referencia, la corona sueca ha fluctuado con respecto a las monedas que participan en el mecanismo de tipos de cambio, reflejando, entre otras cosas, la ausencia de un objetivo cambiario,- en el transcurso del período de doce meses que concluyó en enero de 1998, el tipo medio de interés a largo plazo en Suecia fue del 6,5 %, lo que es inferior al valor de referencia.Suecia cumple los criterios de convergencia contemplados en el primer, segundo y cuarto guiones del apartado 1 del artículo 109 J, pero no cumple el criterio de convergencia contemplado en el tercer guión.En consecuencia, Suecia no cumple las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única.SECCIÓN 2 CONCLUSIONES Artículo 14 Por cuanto antecede, el Consejo llega a la conclusión de que Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única. El Consejo recomienda que el Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, confirme que los citados Estados miembros cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única el 1 de enero de 1999.SECCIÓN 3 PUBLICACIÓN Artículo 15 La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 1 de mayo de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteG. BROWN(1) Dictamen emitido el 30 de abril de 1998 (no publicado aún en el Diario Oficial).(2) DO L 257 de 27. 10. 1995, p. 1.(3) DO L 332 de 31. 12. 1993, p. 7.