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52004SC0833

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Eslovaquia (2004-2007)  /* SEC/2004/0833 final */

Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Eslovaquia (2004-2007)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], establecía que los países no participantes, esto es, los que no hubieran adoptado la moneda única, habrían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de convergencia a efectos de la supervisión multilateral periódica prevista en el artículo 99 del Tratado.[1]  DO L 209 de 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:  http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/main_en.htm.De conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento, el Consejo debía examinar cada programa de convergencia basándose en las evaluaciones efectuadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (el Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación de la Comisión, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo habrá de emitir su dictamen. De conformidad con el Reglamento, los Estados miembros deberán presentar anualmente programas de convergencia actualizados, los cuales también podrán ser examinados por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.Los diez países que se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004 se encuentran acogidos a una excepción y, por tanto, no participan en la moneda única. Dichos países se comprometieron a presentar sus programas de convergencia antes del 15 de mayo de 2004, y su primera actualización, a finales de 2004.El programa de convergencia de Eslovaquia, correspondiente al periodo 2004-2007, fue presentado el 14 de mayo de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica del mismo, teniendo en cuenta los resultados de las Previsiones de Primavera de 2004, así como el Código de conducta [2] y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 27 de noviembre de 2002 relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias [3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:[2]  Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, documento CEF/ECFIN/404/01 - REV. 1 de 27.6.2001, aprobado por el Consejo ECOFIN el 10.7.2001.[3]  COM(2002) 668 final de 27.11.2002.Eslovaquia presentó su primer programa de convergencia el 14 de mayo de 2004. El programa abarca el periodo 2004-2007 y proporciona, además, proyecciones orientativas hasta 2010. El documento incorpora las medidas recogidas en el presupuesto 2004 y es coherente con el proyecto de marco presupuestario plurianual detallado de las autoridades para los años 2005 a 2007. Expresa la intención de estas últimas de adoptar el euro, a más tardar, en 2008 o 2009.El programa está muy bien presentado y cumple en general los requisitos de información de la versión revisada del «Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia» [4]. Supera a los programas económicos de preadhesión 2001 a 2003 en términos de riqueza y coherencia de la información facilitada.[4]  De hecho, salvo contadas excepciones de poca importancia (faltan algunas proyecciones correspondientes a los años 2006 y 2007 en el cuadro de los supuestos sobre la evolución de la coyuntura internacional y los datos sobre consumo público se facilitan sólo de forma agregada [combinan las líneas 16 y 17] en el cuadro 2), los cuadros del Código de conducta que se adjuntan al programa proporcionan no sólo la información obligatoria, sino también la optativa indicada en el Código. Además, el programa facilita toda una gama de datos suplementarios. Por otro lado, se dispone ahora de las estimaciones de las ratios entre gastos consolidados- e ingresos - y PIB y sus desgloses, conforme a las clasificaciones SEC95, desde 2002, que antes de dicho año faltaban.El déficit de las administraciones públicas se redujo al 3,6 % del PIB en 2003, cifra superior al valor de referencia del 3 % del PIB que figura en el Tratado. La Comisión abrió un procedimiento por déficit excesivo contra Eslovaquia el 12 de mayo de 2004, con la adopción de un informe, de conformidad con el apartado 3 del artículo 104 del Tratado. El Comité Económico y Financiero emitió su dictamen sobre este informe el 25 de mayo. Está previsto que el 5 de julio de 2004 el Consejo, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión, decida que efectivamente existe un déficit excesivo en Eslovaquia y formule recomendaciones a este país para poner fin a dicha situación.El escenario macroeconómico presentado en el programa es realista y responde en líneas generales a las previsiones de la Comisión: después de un aumento constante de la tasa de crecimiento del PIB real desde un 1,5 % en 1999 hasta un 4,2 % en 2003, el programa prevé la continuación de la expansión del PIB real en torno a esta cifra en 2004 y 2005, sostenida por una demanda interna cada vez más fuerte y la debilitación de la contribución del sector exterior al crecimiento. Para 2006 y 2007, más allá del horizonte de las previsiones de la Comisión, el programa pronostica de forma realista una aceleración del crecimiento hasta prácticamente el 5 % (es decir, en general dentro de las estimaciones disponibles sobre crecimiento potencial para esas fechas), fruto principalmente del refuerzo de las exportaciones a consecuencia de la expansión de la capacidad de exportación inducida por la IED. Durante el periodo del programa, las exportaciones se beneficiarán del repunte previsto del crecimiento en los principales socios comerciales de Eslovaquia hasta 2005 y la posterior estabilización del crecimiento. De acuerdo con las perspectivas de crecimiento y las recientes e importantes reformas en el mercado laboral, se prevé un descenso paulatino del desempleo hasta aproximadamente un 14,5 % de aquí a 2007 (desde algo más del 17 % en 2003).La proyección de inflación indica una rápida caída después de 2004 (hasta situarse por debajo del 3 % en 2006 y 2007) a medida que se moderen los aumentos de los precios regulados. Esta proyección es realista en un supuesto de contención estricta de los efectos indirectos, sobre todo si se contrarresta el desfasado sistema de fijación de salarios, en particular en el sector público, por su efecto de demostración potencialmente desfavorable. La política monetaria persigue un objetivo implícito de inflación e intenta al mismo tiempo reducir la volatilidad excesiva de los tipos de cambio y compensar las presiones cambiarias, que se consideran contrarias a los fundamentos económicos. Los tipos de interés políticos se han reducido, debido a la inquietud suscitada por la fortaleza de la moneda, que se apreció en torno al 10 % desde mediados de 2002, y al apoyo de las iniciativas adoptadas de ajuste fiscal. El programa sugiere que Eslovaquia podría empezar a participar en el MTC II en 2005 o 2006.El objetivo del programa es reducir el déficit de las administraciones públicas desde el 3,6 % del PIB en 2003 hasta el 3,0 % del PIB para 2007, a fin de cumplir el criterio de déficit de Maastricht. La senda de ajuste coincide casi exactamente con el programa económico de preadhesión de 2003 (a 2006) y establece los siguientes objetivos intermedios de déficit: el 4,0 % del PIB en 2004 y el 3,9 % del PIB en 2005 y 2006. En el contexto de una reforma fiscal de gran envergadura, pero sin incidencia prevista en los ingresos, ya que consiste básicamente en trasladar la presión fiscal de los impuestos directos a los indirectos, y que entrará en vigor al inicio de 2004, el ajuste durante el periodo del programa se basa en reducciones de un 1,5 % del PIB de los gastos primarios. Estas reducciones van ligadas en gran medida a reformas estructurales, sobre todo en el ámbito de la sanidad y la protección social, la mayoría de las cuales ya se han adoptado y han entrado en vigor.En un entorno de fuerte crecimiento, una reducción de sólo el 0,6 % del PIB a lo largo de cuatro años no parece un objetivo muy ambicioso. Además, el recorte se concentra al final del programa. No obstante, han de tenerse en cuenta las circunstancias siguientes: en primer lugar, la reducción relativamente amplia del déficit registrada entre 2002 y 2003 (un 2,1 % del PIB), debida en parte a factores excepcionales; en segundo lugar, el hecho de que el ajuste se basa en el gasto; en tercer lugar, la introducción de un sistema de pensiones de capitalización en 2005, que implica una reorientación de las contribuciones a la seguridad social y, por tanto, una disminución de los ingresos de las administraciones públicas (medio punto porcentual del PIB en 2005 y un 1 % del PIB al final del programa); y, por último, el incremento de la inversión pública durante el programa. Siempre que se controlen estrictamente los riesgos que afectan a los gastos, a lo que contribuiría la fijación de un límite de gasto a medio plazo, los posibles excesos de los ingresos fiscales efectivos respecto de los previstos en 2004 y años posteriores brindarían una estupenda oportunidad de acelerar la reducción del déficit con respecto a lo previsto en el programa.La posibilidad de acelerar la reducción del déficit es un aspecto especialmente importante, ya que no sólo permitiría situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del 3,0 % del PIB en 2007, sino que también facilitaría la consecución del segundo objetivo principal del programa, a saber: una situación presupuestaria estructural próxima al equilibrio o con superávit a finales de la década, y lograr un margen de seguridad suficiente para impedir que se rebase el valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB para el criterio del déficit a causa de fluctuaciones macroeconómicas normales. Además, acelerar el recorte del déficit siempre que se presente la ocasión permitiría amortiguar los posibles riesgos negativos. Si bien la situación en 2004 parece más bien favorable, los riesgos durante todo el periodo del programa se presentan bastante equilibrados. Sin embargo, los riesgos negativos más importantes parecen concentrarse en el capítulo de gastos, y se refieren, en particular, a retrasos de la reforma sanitaria prevista y a la falta de racionalización del sector público.Las reformas estructurales emprendidas por las autoridades, que en su mayoría ya se han adoptado y han entrado en vigor, mejorarán la calidad de las finanzas públicas tanto en el capítulo de ingresos (paquete de reformas fiscales) como en el de gastos (en particular, la asistencia sanitaria y la protección social) y es probable que impliquen una mejora del crecimiento, al reforzar los incentivos al trabajo (principalmente mediante una mejor asignación de las transferencias sociales), y la creación de nuevos empleos.El programa proyecta un aumento del 2,5 % de la ratio deuda/PIB entre 2003 y 2005, que se situaría en el 46,4%, valor que en general coincide con las previsiones de la Comisión. Posteriormente, prevé un descenso hasta el 45,5 % para 2007. El papel de los ajustes entre flujos y fondos en la dinámica de la deuda, importante antes de 2003 debido a la privatización y a otros factores excepcionales, ha disminuido sustancialmente. El año 2004 constituye una excepción notable, principalmente porque el déficit basado en los devengos debería ser inferior al déficit de caja.Respecto a la sostenibilidad a largo plazo, las proyecciones del programa dependen del cumplimiento estricto de los objetivos de ajuste fiscal (que conducen a una situación presupuestaria próxima al equilibrio o con superávit de aquí a 2010), de la aplicación íntegra de las medidas previstas (incluidos nuevos aumentos de la edad preceptiva para tener derecho a pensión después del periodo de proyección), y de los supuestos demográficos subyacentes, en especial unas tasas de fertilidad que podrían ser demasiado optimistas. En estas condiciones, las proyecciones indican que Eslovaquia estaría relativamente bien situada para afrontar los costes presupuestarios del envejecimiento de la población. Aparte de los riesgos adicionales que pudieran surgir a largo plazo, los principales riesgos para estas proyecciones se derivan de la no aplicación o de retrasos de las reformas, o de cualquier retroceso en las ya emprendidas.Cuadro: Comparación de las principales proyecciones macroeconómicas y presupuestarias>SITIO PARA UN CUADRO>Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y remite al Consejo la Recomendación adjunta con vistas a un dictamen en relación con el Programa de Convergencia de Eslovaquia.Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9  del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Eslovaquia (2004-2007)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [5] y, en particular, el apartado 3 de su artículo 9,[5]  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:  http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/main_en.htm.Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [5 de julio de 2004)], el Consejo examinó el programa de convergencia de Eslovaquia, que abarca el periodo 2004-2007 y que proporciona además proyecciones indicativas hasta 2010. El programa cumple en general los requisitos de información del nuevo «Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia».La estrategia presupuestaria en que se basa el programa pretende reducir el déficit de las administraciones públicas desde el 3,6 % del PIB en 2003 hasta el 3,0 % del PIB para 2007, a fin de cumplir el criterio de déficit de Maastricht, y establece los siguientes objetivos intermedios: el 4,0 % del PIB en 2004 y el 3,9 % del PIB en 2005 y 2006. Está previsto que la reducción del déficit se produzca principalmente en 2007. El programa prevé un ajuste basado en reducciones del gasto primario de un 1,5 % del PIB. Estas reducciones se apoyan en gran medida en reformas estructurales, sobre todo en el ámbito de la sanidad y la protección social, la mayoría de las cuales ya se han adoptado y han entrado en vigor. Las reformas que afectan a los gastos se inscriben en el marco de un paquete de reformas fiscales de gran envergadura (en vigor desde el inicio de 2004), pero sin incidencia prevista en los ingresos, ya que consisten básicamente en trasladar la presión fiscal de los impuestos directos a los indirectos. Además, se introducirá en 2005 un sistema de pensiones de capitalización, lo que implicará una disminución de los ingresos de las administraciones públicas (medio punto del PIB en 2005 y un 1 % del PIB al final del periodo del programa).Según la información disponible actualmente, el escenario macroeconómico en que se basa el programa parece reflejar supuestos de crecimiento realistas: un crecimiento algo superior al 4 % en 2004 y 2005 y una aceleración hasta casi el 5 % en 2006 y 2007, fruto del refuerzo de las exportaciones a consecuencia de la expansión de la capacidad de exportación inducida por la IED. Pese al descenso previsto del desempleo, deberán seguirse aplicando con firmeza las políticas que abordan los problemas estructurales profundamente arraigados del mercado laboral, habida cuenta de la tasa de desempleo muy elevada que sigue existiendo en Eslovaquia. La proyección de una rápida desinflación después de 2004, a medida que se moderen los ajustes de los precios regulados y las subidas de los impuestos indirectos, es viable si se controlan estrictamente los efectos secundarios. En particular, la evolución de los salarios, sobre todo los del sector público, no debería verse influida por la situación de la inflación en el pasado.El programa pronostica una reducción del déficit de las administraciones públicas hasta el 3,0 % del PIB, valor de referencia en 2007 que fija el Tratado, y nuevos recortes en los siguientes años. Habida cuenta del fuerte crecimiento previsto de la economía eslovaca, la magnitud y la trayectoria de la reducción del déficit no parecen muy ambiciosas. No obstante, han de tenerse en cuenta las circunstancias siguientes: la reducción prevista del gasto primario, la disminución de los ingresos derivada de la reforma de las pensiones, y el ajuste, en parte excepcional, a que se procedió en 2003. La orientación presupuestaria del programa parece suficiente para reducir el déficit hasta el umbral del 3 % del PIB para finales del periodo considerado. Los riesgos positivos y negativos para las proyecciones presupuestarias en el horizonte global del programa parecen en general equilibrados. La situación es más bien favorable en 2004, año en el que se prevé que el déficit aumente sólo de forma marginal. Los riesgos más importantes parecen concentrarse en el capítulo de gastos, y se refieren, en particular, a retrasos de la reforma sanitaria prevista y a la falta de racionalización del sector público. La consecución de los objetivos de déficit dependerá de la capacidad del Gobierno de controlar los gastos primarios, a lo que contribuiría la fijación de un límite de gasto a medio plazo. Deberían aprovecharse las oportunidades que se presenten, por ejemplo la recaudación de más ingresos fiscales de lo previsto, para acelerar la reducción del déficit. Además de aumentar las probabilidades de conseguir situar el valor del déficit por debajo del 3 % del PIB en 2007, se facilitaría la consecución del segundo objetivo principal del programa antes de la fecha prevista en el mismo (2010), y lograr un margen de seguridad suficiente para impedir que se rebase el valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB para el criterio del déficit a causa de las fluctuaciones macroeconómicas normales. También se dispondría de una mejor base para enfrentarse a entradas de capital súbitas y masivas.El programa proyecta un aumento del 2,5 % de la ratio deuda/PIB entre 2003 y 2005, que se situaría en el 46,4%, y una caída hasta el 45,5 % para 2007. Eslovaquia parece relativamente bien situada para hacer frente al coste presupuestario del envejecimiento de la población. La sostenibilidad a largo plazo depende del cumplimiento estricto de los objetivos de ajuste fiscal y de la aplicación íntegra de las políticas previstas. Los supuestos demográficos en que se basan las proyecciones del programa, en particular las tasas de fertilidad, podrían ser un tanto optimistas. Los principales riesgos para la sostenibilidad a largo plazo se derivan de la no aplicación o el retraso de las reformas, o de cualquier retroceso en las ya emprendidas.****El 5 de julio de 2004, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión, el Consejo decidió que existía en Eslovaquia un déficit excesivo de conformidad con el apartado 6 del artículo 104 del Tratado y formuló recomendaciones a Eslovaquia de conformidad con el apartado 7 del artículo 104, a fin de poner fin a dicha situación; en ellas el Consejo ofrece asesoramiento político.Principales proyecciones recogidas en el Programa de Convergencia de Eslovaquia>SITIO PARA UN CUADRO>


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31977H0713

77/713/CEE: Recomendación del Consejo, de 25 de octubre de 1977, relativa al uso racional de la energía en las empresas industriales

Diario Oficial n° L 295 de 18/11/1977 p. 0003 - 0004 Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 1 p. 0229  Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0036  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0036

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 25 de octubre de 1977    relativa al uso racional de la energía en las   empresas industriales     ( 77/713/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Visto el proyecto de la Comisión ,    Considerando que , en su Resolución de 17 de   septiembre de 1974 , relativa a la nueva estrategia de la   Comunidad en política energética (1) , el Consejo ha   fijado el objetivo de una disminución de la tasa de   crecimiento del consumo interno de energía mediante la   adopción de medidas de uso racional y de ahorro de   energía , sin por ello interferir en los objetivos de   desarrollo económico y social ;    Considerando que una mejora en el uso racional de la   energía beneficia generalmente al medio ambiente ;    Considerando que el Consejo , en su Resolución de 17   de diciembre de 1974 , relativa al programa de acción   comunitaria sobre el uso racional de la energía (2) , ha   tomado nota de que , en la Comunicación que la   Comisión le dirigió , titulada « Uso racional de la   energía » , ésta establecía un programa de acción   comunitaria en la materia ;    Considerando que , el sector industrial se presta   igualmente a una mejor utilización de la energía , aún   respetando sus objetivos económicos específicos , y que   esta posibilidad será diferente según la dimensión de   la empresa , su localización , sus procesos de   fabricación y sus productos ;    Considerando que , es conveniente informar ,   sensibilizar y estimular a las empresas en sus esfuerzos por   un mayor ahorro de energía , de conformidad con los   artículos 92 y siguientes del Tratado , y que es asimismo   conveniente generalizar las iniciativas que ya han   adoptado algunos Estados miembros de crear   organismos públicos o autorizados encargados de estas   funciones ;    Considerando que , debería generalizarse la práctica   ya existente , especialmente en las grandes empresas de   elevado consumo de energía , de nombrar una persona   encargada de la gestión energética ;    Considerando que , los organismos anteriormente   mencionados deberían seguir los progresos que las   empresas hayan conseguido al aplicar sus programas de   ahorro de energía ;    Considerando que , uno de los medios más rentables a   nivel comunitario , es el intercambio sistemático y   periódico de los conocimientos adquiridos sobre los   procedimientos de ahorro de energía entre las empresas   de la Comunidad , especialmente las pequeñas y   medianas empresas , las organizaciones profesionales   deberían recabar de los encargados de la gestión   energética la información sobre la experiencia adquirida   y las dificultades con las que se hayan encontrado , con   objeto de difundirla ; que estas mismas organizaciones   deberían también organizar periódicamente reuniones o   seminarios para que sus miembros pudieran intercambiar   experiencias ,    RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS :    1 . que adopten las medidas pertinentes a fin de   emprender las campañas de información y de   concienciación necesarias , y de fomentar el ahorro de   energía , con arreglo a los artículos 92 y siguientes   del Tratado ; y que creen , a dicho efecto uno o   varios organismos o servicios públicos u organismos   autorizados encargados de estas funciones ,   siguiendo las iniciativas ya adoptadas por algunos   de ellos , en caso de que dichos organismos no   existan todavía ;    2 . que inviten a las organizaciones profesionales ,   sectoriales y generales , así como a las asociaciones   técnicas y científicas y a las sociedades asesoras de   ingeniería a promover periódicamente , mediante   reuniones y seminarios , un intercambio de   experiencias a nivel nacional y , en su caso , a nivel   comunitario , con objeto de garantizar una difusión   lo más amplia y rápida posible de dichas experiencias ;    3 . que alienten a las empresas industriales :     - a crear un servicio de energía en el seno de su   organización , si aún no existiera , o bien a   recurrir a un especialista exterior . Las funciones   y las tareas de estos servicios o personas podrían ,   en principio , ser análogas a las que se proponen ,   a título indicativo , en el Anexo de la presente   Recomendación ;     - en la medida en que las empresas estén   obligadas a presentar un informe anual , a que   dediquen un capítulo de dicho informe a su   consumo de energía . Este capítulo debería incluir   igualmente las medidas de ahorro de energía   adoptadas o que vayan a adoptarse , así como   los resultados obtenidos ;    4 . a que reúnan , de la forma más adecuada , todas   las informaciones útiles relacionadas con los   resultados de las medidas de ahorro de energía ,   contempladas en el punto 3 obtenidos por las empresas   industriales ;    5 . que comuniquen periódicamente a la Comisión las   medidas adoptadas en el ámbito a que se refiere la   presente Recomendación , así como los efectos ,   obtenidos o esperados de dichas medidas .    Hecho en Luxemburgo , el 25 de octubre de 1977 .    Por el Consejo    El Presidente    W. CLAES    (1) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 1 .    (2) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 5 .    ANEXO    Funciones y tareas , sugeridas a título indicativo ,   de las personas encargadas de la gestión energética   en las empresas industriales    1 . Las funciones de los servicios o personas encargados   de la gestión energética en la medida en que   no interfieran en los objetivos económicos de la   empresa , podrían orientarse hacia las tareas siguientes :    i ) dentro de la empresa    establecer las vías y medios específicos para   la ejecución del programa de ahorro de energía   que haya establecido la empresa y , especialmente :     - ejercer un control permanente con objeto de   evitar cualquier derroche de energía en la empresa ,     - proponer las adaptaciones del equipo y de los   procesos industriales que permitan un uso más   racional de la energía : a tal fin , cualquier   inversión relacionada con equipo o procesos nuevos   o complementarios debería ser objeto de una evaluación   energética además de financiera ,     - establecer canales de comunicación entre las   diferentes secciones o departamentos , así como   con los empleados y obreros con objeto de que adquieran   mayor sensibilidad respecto de los objetivos de   ahorro de energía ;    ii ) con relación al exterior    mantener contactos profesionales con los demás   sectores industriales interesados , con objeto de que   la empresa se beneficie de la experiencia adquirida   en los mismos .    2 . Para que pueda ejercer sus funciones de forma   eficaz , el servicio encargado de la gestión   energética , deberá depender directamente de   los órganos de decisión de su empresa .


title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Finlandia de 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/127

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Finlandia de 2014
   2014/C 247/24
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2) y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Finlandia de 2013 y emitió su dictamen sobre su Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, conforme al Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Finlandia para 2014 .

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (7)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Finlandia, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Finlandia sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y adopción de medidas. En particular, conviene prestar una constante atención a los pobres resultados de las exportaciones registrados en los últimos años, motivados por la reestructuración industrial y por factores de competitividad tanto de costes como de otros capítulos.

               (8)

               El 17 de abril de 2014, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria que se expone en el Programa de Estabilidad de 2014 es regresar al objetivo a medio plazo en 2015, mantener el saldo estructural por encima de este objetivo mientras dure el Programa de Estabilidad y equilibrar el presupuesto general de las administraciones públicas a partir de 2017. El objetivo a medio plazo de Finlandia, a saber, el 0,5 % del déficit estructural del PIB, se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Finlandia alcanzó su objetivo a medio plazo en 2013 y prevé mantenerse cerca del mismo en 2014, cumpliendo además el valor de referencia del gasto. Finlandia proyecta situarse por encima de su objetivo a medio plazo en 2015 y seguir ajustándose al valor de referencia del gasto. Con ello, cumple a grandes rasgos los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, la ratio de deuda bruta está dibujando una trayectoria ascendente que se calcula romperá temporalmente el techo del 60 % del PIB en 2015, debido esencialmente a las poco halagüeñas perspectivas macroeconómicas. El escenario macroeconómico en el que se sustentan las proyecciones presupuestarias en el Programa de Estabilidad (que no se ha realizado de forma independiente) es realista, si bien algo más optimista que las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión en lo tocante al crecimiento económico en 2014 y 2015. Las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión indican un deterioro del saldo estructural del 0,3 % del PIB en 2014, lo que implica una desviación respecto del objetivo a medio plazo y una mejora del mismo del 0,6 % del PIB en 2015, aunque se prevé que se respetará el valor de referencia del gasto en ambos años. Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad y de las previsiones de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que Finlandia puede alcanzar los objetivos del Programa de Estabilidad, que se ajustan a grandes rasgos al Pacto de Estabilidad y Empleo.

               (10)

               Finlandia presenta un alto riesgo de sostenibilidad a largo plazo debido al impacto presupuestario del coste del envejecimiento de la población. Consciente de la existencia de esta brecha de sostenibilidad, Finlandia presentó en 2013 un programa de política estructural dirigido a colmarla y a reactivar el crecimiento. Otras medidas de gran importancia son la introducción de límites en el gasto de la Administración central y la presentación del plan presupuestario de las administraciones públicas para 2015-2018, de marzo de 2014, que contempla medidas de ajuste, reformas estructurales e inversiones en crecimiento. Las medidas de ajuste por el lado de los ingresos consisten por lo esencial en aumentos de los impuestos sobre la renta y sobre los productos.

               (11)

               La eficiencia de los servicios públicos no ha evolucionado de forma pareja a la productividad del sector privado. Finlandia está preparando reformas administrativas que inciden en la estructura municipal y en los servicios sanitarios y sociales. La reforma municipal se basa en una fusión voluntaria de municipios con incentivos económicos del Estado. Los resultados de estas fusiones voluntarias son hasta el momento inciertos. Los servicios sociales y sanitarios correrán a cargo de cinco proveedores regionales con la participación de los municipios. Está prevista una propuesta legislativa, cuyos pormenores se desconocen, para el otoño de 2014. Las nuevas estructuras deberán estar a punto al inicio de 2017. La Ley de julio de 2013, con la que se trata de potenciar la capacidad funcional de las personas mayores, insistiendo más en los aspectos de prevención, rehabilitación y autonomía, debería contribuir a reducir la necesidad de asistencia institucional y contener los futuros costes de los cuidados de larga duración.

               (12)

               La principal dificultad a la que se enfrenta el mercado laboral de Finlandia sigue siendo la oferta de mano de obra a largo plazo, habida cuenta de que el número de personas que abandonan el mercado laboral es actualmente superior al de trabajadores que acceden a él. La prolongación de la vida laboral y el aumento de la oferta de mano de obra son factores necesarios para atender la demanda de mano de obra futura. El programa de política estructural para 2013 del Gobierno incluye medidas dirigidas a alargar las carreras laborales y mejorar la oferta de mano de obra, reforzando además los incentivos para aceptar determinados puestos de trabajo. Finlandia está reduciendo el abandono prematuro de la vida laboral, pero persisten algunas vías de escape laboral como el llamado «túnel del desempleo», con arreglo al cual los desempleados de mayor edad pueden, en determinadas condiciones, seguir percibiendo el subsidio de paro hasta su jubilación. La reciente introducción del coeficiente de esperanza de vida y la multiplicación por tres de la tasa de acumulación de derechos parecen haber tenido un efecto limitado en las pautas de jubilación. Además, dado que la esperanza de vida está aumentando a un ritmo superior al previsto y que los trabajadores no están alargando su vida laboral, existe cierto riesgo de inadecuación de las pensiones. Finlandia se ha fijado el objetivo de aumentar la edad efectiva de la jubilación a por lo menos 62,4 años de aquí a 2025. Es dudoso que ese objetivo se pueda conseguir a falta de nuevas medidas como el aumento de la edad de jubilación obligatoria y de nuevos esfuerzos para potenciar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad. Los interlocutores sociales están trabajando en su propuesta de reforma del sistema de pensiones, que habrá de aplicar el nuevo Gobierno que surja de las urnas tras las elecciones generales de la primavera de 2015 y que entrará en vigor al principio de 2017. Finlandia ha adoptado medidas pertinentes y ambiciosas para luchar contra el desempleo juvenil y de larga duración. La mejora permanente de las cualificaciones útiles de los grupos destinatarios y de sus perspectivas en el mercado de trabajo requerirá cierto tiempo.

               (13)

               Finlandia ha adoptado una serie de medidas para mejorar el entorno general de la competencia y se han registrado progresos en la aplicación del programa de fomento de la competencia sana. Las autoridades de competencia y consumo se han fusionado y la nueva estructura resultante se encuentra en las primeras fases de implantación. La Ley de competencia impone ahora un umbral de posición dominante para el sector de la venta al por menor de bienes de consumo y se han conferido facultades específicas a la Autoridad finlandesa de competencia y consumo para que, en determinadas condiciones, intervenga contra las actividades económicas emprendidas por organismos públicos que falseen la competencia en el mercado. El mercado minorista en Finlandia presenta un alto grado de concentración y algunos aspectos de la normativa correspondiente restan potencialmente eficacia a la competencia y refuerzan la posición de los dos líderes en el mercado minorista. Cabe citar el ejemplo de los requisitos de planificación urbana, que son estrictos en particular para los grandes centros comerciales. Se halla actualmente en proceso de revisión la ley de ordenación y uso del suelo, lo que supone una oportunidad para abrir la puerta a una competencia sana. El sector minorista sigue encontrándose entre los más regulados de los Estados miembros; la regulación de las grandes superficies minoristas plantea ciertos obstáculos a la competencia.

               (14)

               La reactivación del crecimiento y la competitividad es un desafío clave para la economía finlandesa. Finlandia figura todavía en buena posición en las clasificaciones internacionales de competitividad, pero es el país de la Unión que más cuota del mercado de exportación perdió durante el periodo 2007-2012. La intensidad de la I+D orientada a la empresa presenta una tendencia a la baja y el objetivo nacional de gasto en I+D parece cada vez más inalcanzable. La eficiencia del sistema de investigación e innovación finlandés para transformar las inversiones en I+D en productos y servicios nuevos e innovadores es un aspecto de importancia crítica. Las inversiones actuales son insuficientes para lograr ese fin. El limitado número de empresas de exportación, que venden una reducida gama de productos, y la escasa tendencia exportadora de las pequeñas empresas finlandesas pesan sobre los resultados comerciales y el potencial de crecimiento. El potencial de exportación podría aprovecharse ofreciendo nuevas ayudas individualizadas a la internacionalización de las empresas más pequeñas. Finlandia ha acometido reformas para ampliar la capacidad de obtención de productos innovadores y fomentar la diversificación de la industria, recurriendo entre otras medidas a una reforma general de los centros de investigación y sus modos de financiación. El programa de política estructural de 2013 y los límites de gasto público y el plan fiscal para 2015-2018 de marzo de 2014 no solo contienen medidas de ajuste y reformas estructurales, sino también iniciativas de fomento del crecimiento y la innovación. También sería beneficiosa para Finlandia la diversificación de sus fuentes de abastecimiento de energía, máxime si se considera que depende de un único proveedor de gas.

               (15)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica finlandesa, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (16)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2, 4 y 5 que figuran a continuación.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha llevado a cabo un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Finlandia, como país cuya moneda es el euro, debe también garantizar la plena y oportuna aplicación de estas recomendaciones.

         RECOMIENDA que Finlandia tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Limitar la brecha constatada con respecto al objetivo a medio plazo, garantizar que se vuelve a este objetivo en 2015 y se respeta en los años sucesivos, conforme a lo proyectado. Garantizar el cumplimiento del criterio relativo a la deuda, aplicando al mismo tiempo una política presupuestaria propicia al crecimiento. Aplicar sin demora las reformas que se exponen en el programa de política estructural, los límites de gasto público y el plan fiscal para 2015-2018 a fin de reducir la brecha de la sostenibilidad presupuestaria y de reforzar las condiciones necesarias para el crecimiento.

               2.

               Asegurar la aplicación efectiva de las reformas administrativas en curso de la estructura municipal y los servicios sociales y sanitarios con el propósito de aumentar la rentabilidad de la prestación de servicios públicos.

               3.

               Mejorar el uso del potencial de la mano de obra en el mercado de trabajo, para lo que será preciso mejorar la tasa de empleo y la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad y aumentar la edad efectiva de jubilación, reduciendo las vías de salida anticipada de la vida laboral y alinear la edad de jubilación o las prestaciones de la pensión con los cambios en la esperanza de vida. Mejorar las perspectivas en el mercado de trabajo de los jóvenes y los parados de larga duración, con especial énfasis en la formación profesional y las medidas de activación específicas.

               4.

               Seguir trabajando para potenciar la competencia en los mercados de productos y servicios, especialmente en el sector minorista, mediante la aplicación del programa de fomento de la competencia sana y la modificación de la ley de uso del suelo y edificación para que favorezca en mayor medida esa competencia.

               5.

               Seguir potenciando la capacidad de Finlandia para crear productos, servicios y empresas de alto crecimiento en un entorno rápidamente cambiante, y proseguir la diversificación de la industria, en particular, mejorando el entorno empresarial para reforzar la inversión en Finlandia y facilitando aún en mayor medida el acceso de las empresas más pequeñas a los mercados de exportación. Acelerar el desarrollo de los gasoductos transfronterizos con Estonia.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49)

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 24

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  Previsto en el artículo 5, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  Véase la página 141 del presente Diario Oficial.


title: Recomendación del Consejo, de 20 de septiembre de 2016, sobre la creación de consejos nacionales de productividad

text:
               24.9.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 349/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 20 de septiembre de 2016
   sobre la creación de consejos nacionales de productividad
   (2016/C 349/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292, en relación con su artículo 121, apartado 2, y su artículo 136,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El potencial de crecimiento de la zona del euro y del conjunto de la Unión se ha reducido considerablemente desde 2000. La tendencia a la baja del crecimiento potencial de la producción se debe principalmente a una reducción constante de la contribución que aporta la productividad total de los factores. Desde 2008, el crecimiento económico también se ha debilitado debido a un descenso de la inversión. De cara al futuro, el crecimiento económico dependerá en última instancia de aumentar la productividad. El aumento de la productividad es un reto que exige un conjunto equilibrado de políticas destinadas especialmente a apoyar la innovación, mejorar las cualificaciones, reducir las rigideces de los mercados laboral y de productos, y permitir una mejor asignación de los recursos. Si bien es necesario mejorar la productividad y reforzar la competitividad en la Unión, la reciente crisis ha puesto de manifiesto que los Estados miembros cuya moneda es el euro («Estados miembros de la zona del euro») pueden estar expuestos, en particular, a una acumulación y corrección repentina de desequilibrios macroeconómicos, con efectos que pueden propagarse a otros Estados miembros de la zona del euro y de fuera de la zona del euro. Habida cuenta de la ausencia de tipos de cambio nominales flexibles, estos Estados miembros necesitan mecanismos adecuados de ajuste para hacer frente a las perturbaciones específicas de cada país. La dinámica de la competitividad y la productividad es importante tanto para la acumulación y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos (por ejemplo, déficits comerciales y por cuenta corriente, niveles de los pasivos internos y externos), como para la eficacia del ajuste frente a perturbaciones asimétricas. La investigación y análisis de las políticas que influyen en la dinámica de la productividad y la competitividad deben servir de base a una evolución que sea compatible con el objetivo de buen funcionamiento de la unión económica y monetaria.

               (2)

               Si bien la presente recomendación está dirigida a los Estados miembros de la zona del euro, se anima a los Estados miembros de fuera de la zona del euro a que identifiquen o establezcan organismos similares. Debería permitirse que los Estados miembros de fuera de la zona del euro que declaren su intención de dar curso a esta Recomendación participen en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la cooperación relacionada con los consejos de productividad.

               (3)

               El Semestre Europeo, en particular el procedimiento de desequilibrio macroeconómico establecido en el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y el Reglamento (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), establece un marco para una coordinación y supervisión integradas de la política económica. A fin de estimular el progreso en las reformas estructurales, se debe otorgar a estos mecanismos existentes una marcada dimensión nacional. Con este fin, parece plausible garantizar un análisis independiente a escala nacional y reforzar el diálogo político en los Estados miembros.

               (4)

               La creación de consejos nacionales de productividad que sigan la evolución y alimenten el debate nacional en el ámbito de la productividad y la competitividad deberá contribuir a fomentar la implicación en las políticas y reformas necesarias a nivel nacional y a mejorar los conocimientos en que se basa la coordinación de las políticas económicas de la Unión. Estos consejos deben analizar la productividad y la competitividad, también la evolución con respecto a los competidores mundiales, teniendo en cuenta las especificidades nacionales y las prácticas establecidas.

               (5)

               El ámbito de diagnóstico y análisis por parte de los consejos de productividad incluye un concepto general de productividad y competitividad. Deben tener en cuenta los factores que hacen posible y que potencian la productividad y la competitividad a largo plazo, entre ellos la innovación y la capacidad para atraer inversiones, empresas y capital humano, y abordar los factores relacionados y no relacionados con los costes que puedan afectar a los precios y a la calidad de los bienes y servicios, entre ellos los relativos a los competidores mundiales a corto plazo.

               (6)

               Por otra parte, un análisis económico de los retos políticos, independiente y de calidad, aumenta la transparencia en los debates políticos. Evaluar los retos políticos podría aumentar la concienciación de todos los interlocutores, y ello puede tener un impacto positivo en el apoyo público y la apropiación de las reformas necesarias. Además, en la medida en que así lo prevea su mandato nacional, los consejos de productividad podrían evaluar los efectos de las distintas opciones políticas haciendo explícitas las soluciones políticas de compromiso.

               (7)

               Los consejos de productividad deben gozar de autonomía funcional respecto de las autoridades encargadas de la concepción y aplicación de políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad en el Estado miembro o en el plano europeo. En particular, dichas autoridades deben poder realizar análisis independientes en el contexto de su ámbito de trabajo. La composición de los consejos de productividad, aunque se deje a la discreción nacional, también deberá ser imparcial, en el sentido de que no deben transmitir solo o principalmente opiniones de grupos específicos de interesados. Estos requisitos de independencia e imparcialidad tienen por objeto garantizar que los consejos de productividad tengan competencias para realizar análisis de expertos emitidos en aras del interés general.

               (8)

               Las características de los consejos de productividad deberán acatar plenamente lo dispuesto en el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y respetar las prácticas e instituciones nacionales en el ámbito de la determinación de salarios. De conformidad con el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su funcionamiento no deberá afectar al derecho de los trabajadores o de las empresas, o de sus organizaciones respectivas, de negociar y celebrar convenios colectivos al nivel apropiado o recurrir a acciones colectivas, con arreglo al Derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales.

               (9)

               Los consejos de productividad deberán mantener contactos con los de otros Estados miembros participantes con el objetivo de intercambiar puntos de vista y mejores prácticas, teniendo también en cuenta la dimensión más amplia de la zona del euro y de la Unión. La Comisión podría facilitar el intercambio de puntos de vista entre los consejos de la productividad del conjunto de los Estados miembros participantes. Debe existir también un debate periódico entre los consejos de productividad y el Comité de Política Económica sobre cuestiones pertenecientes al ámbito de competencias de esta última, en el que participen los expertos pertinentes de los Estados miembros no participantes.

               (10)

               Los consejos de productividad deben desempeñar sus actividades de forma continuada. Deben poner sus análisis a disposición del público y publicar un informe anual que podría incorporarse a un informe ya existente. El asesoramiento técnico independiente que aporten estos consejos, incluyendo los informes anuales, podrá ser utilizado por los Estados miembros y la Comisión en el contexto del Semestre Europeo y del procedimiento de déficit excesivo.

               (11)

               Con el fin de facilitar el intercambio de puntos de vista a escala supranacional, deberá haber un consejo de productividad en cada Estado miembro. Es importante basarse en las estructuras existentes para conservar lo que ya funciona y minimizar los costes administrativos. Cuando proceda, el consejo de productividad podría basarse en una estructura nacional ya establecida y respetada, entre otras cosas en lo que se refiere a la participación y la consulta de las partes interesadas. Sin embargo, para realizar sus actividades correctamente, los consejos de productividad podrían a su vez basarse en organismos diferentes y existentes, siempre que sus análisis tengan la misma elevada calidad.

               (12)

               La presente Recomendación no afecta a las responsabilidades asignadas en el Semestre Europeo, tampoco a la emisión y seguimiento de las recomendaciones específicas por país, ni a la aplicación del procedimiento relativo a los desequilibrios macroeconómicos establecido en el Reglamento (UE) n.o 1176/2011.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   Objetivos y ámbito de aplicación

               1.

               El objetivo de la presente Recomendación es la identificación o creación de consejos nacionales de productividad para analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad, contribuyendo así a promover la apropiación y la aplicación de las reformas necesarias a escala nacional y, de este modo, fomentar el crecimiento económico sostenido y la convergencia.

               2.

               Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros de la zona del euro. También se anima a los Estados miembros de fuera de la zona del euro a identificar o establecer organismos similares.

               3.

               Al aplicar la presente Recomendación, se debe acatar plenamente lo dispuesto en el artículo 152 del TFUE y respetar las prácticas e instituciones nacionales en el ámbito de la determinación de salarios. La presente Recomendación tiene en cuenta el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y no afecta por lo tanto al derecho a negociar, celebrar o aplicar convenios colectivos o a emprender acciones colectivas de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales.

         II.   Los consejos de productividad

               4.

               Cada Estado miembro deberá contar con un consejo de productividad con la misión de:

                           a)

                           Realizar diagnósticos y análisis de la evolución de la productividad y la competitividad en el Estado miembro de que se trate. Los análisis deben tener en cuenta los aspectos de la zona del euro y de la Unión, y abordar los factores que hacen posible y que potencian la productividad y la competitividad a largo plazo, entre ellos la innovación y la capacidad para atraer inversiones, empresas y capital humano, y abordar los factores relacionados y no relacionados con los costes que puedan afectar a los precios y a la calidad de los bienes y servicios, entre ellos los relativos a los competidores mundiales a corto plazo. Los análisis se deben basar en indicadores transparentes y comparables; y

                           b)

                           Realizar análisis independientes de los retos estratégicos en el ámbito de la productividad y la competitividad y, en la medida en que así lo prevea su mandato nacional, evaluar las repercusiones de las opciones políticas y hacer explícitas las soluciones políticas de compromiso.

               5.

               Cada Estado miembro deberá designar un consejo de productividad, que podrá apoyarse o consistir en organismos ya existentes.

               6.

               Los consejos de productividad deben desempeñar sus actividades de forma continuada. Deberán poner sus análisis a disposición del público y publicar un informe anual. Deberán mantener contactos con los de los Estados miembros de fuera de la zona del euro con el objetivo de intercambiar puntos de vista y mejores prácticas y, cuando proceda, realizar análisis conjuntos, teniendo también en cuenta la dimensión más amplia de la zona del euro y de la Unión. La Comisión mantendrá un intercambio periódico de puntos de vista con todos los consejos de la productividad, incluso durante las misiones de investigación a los Estados miembros, y podría facilitarlo entre los consejos de productividad.

         III.   Características de los consejos de productividad

               7.

               Los consejos de productividad deben gozar de autonomía funcional respecto de las autoridades encargadas de la concepción y aplicación de políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad en el Estado miembro o en el plano europeo. Para cumplir las funciones de la presente Recomendación, las tareas deben sustentarse en disposiciones nacionales que garanticen un nivel elevado de autonomía funcional y responsabilidad, y entre otras:

                           a)

                           la capacidad para comunicar información públicamente y a su debido tiempo,

                           b)

                           unos procedimientos de nombramiento de miembros basados en su experiencia y competencia,

                           c)

                           un acceso adecuado a la información para cumplir su mandato.

               8.

               Los consejos de productividad deben ser objetivos, imparciales y plenamente independientes en sus análisis y contenido. Podrán consultar a las partes interesadas pertinentes, pero no deberán transmitir solo o principalmente las opiniones o intereses de un grupo determinado de ellas.

               9.

               Los consejos de productividad deberán tener la capacidad de llevar a cabo análisis económicos y estadísticos con un alto grado de calidad, reconocido particularmente por la comunidad académica. Los análisis podrán ser realizados por diferentes organismos ya existentes, siempre que tengan la misma calidad elevada.

         IV.   Relación con el Semestre Europeo

               10.

               El asesoramiento técnico independiente que realicen estos consejos, incluyendo los informes anuales, podría ser utilizado por los Estados miembros y la Comisión en el contexto del Semestre Europeo y del procedimiento de déficit excesivo. La presente Recomendación no afecta a las responsabilidades asignadas en el Semestre Europeo, tampoco al diseño y seguimiento de las recomendaciones específicas por país, ni a la aplicación del procedimiento relativo a los desequilibrios macroeconómicos establecido en el Reglamento (UE) n.o 1176/2011.

         V.   Rendición de cuentas y transparencia

               11.

               Por regla general, los análisis presentados por estos consejos deberán hacerse públicos.

         VI.   Disposiciones finales

               12.

               Se invita a los Estados miembros de la zona del euro a aplicar los principios establecidos en la presente Recomendación antes del 20 de marzo de 2018.

               13.

               Se invita a la Comisión a que, a más tardar el 20 de marzo de 2019, prepare, partiendo de la información pertinente comunicada por todos los Estados miembros, un informe de situación sobre la aplicación y la idoneidad de la presente Recomendación, pronunciándose particularmente sobre la necesidad o no de adoptar otras disposiciones. Cuando así se justifique, el informe irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

      Hecho en Bruselas, el 20 de septiembre de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         I. KORČOK

      (1)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (DO L 306 de 23.11.2011, p. 8).


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31986Y0018

Recomendación nº 18 de 28 de febrero de 1986 relativa a la legislación aplicable a los parados empleados a tiempo parcial en un Estado miembro distinto del Estado de residencia, adoptada por la Comisión administrativa en su sesión 202 del 27 y 28 de febrero de 1986

Diario Oficial n° C 284 de 11/11/1986 p. 0004 - 0006

RECOMENDACIÓN No 18de 28 de febrero de 1986relativa a la legislación aplicable a los parados  empleados a tiempo parcial en un Estado miembro distinto del Estado de residencia, adoptada por la  Comisión administrativa en su sesión 202 del 27 y 28 de febrero de 1986(86/C 284/05)LA  COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES  MIGRANTES, Considerando que, cuando los trabajadores que residen en el territorio de un Estado  miembro se benefician, en virtud de la legislación que les es aplicable, de las prestaciones por  desempleo, conviene permitirles ejercer una actividad profesional a tiempo parcial en el territorio  de otro Estado miembro, sin dejar de conservar el beneficio de las prestaciones por desempleo a  cargo del Estado de residencia; Considerando que es necesario en esta situación, para prevenir los  eventuales conflictos legales, determinar a legislación aplicable a estos trabajadores;  Considerando que es deseable que estos trabajadores estén sujetos a la legislación de su país de  residencia tanto en lo relativo al pago de las cotizaciones debidas en razón de su actividad  profesional como para la concesión de las prestaciones; RECOMIENDA a las autoridades competentes de  los Estados miembros afectados que, por medio de los organismos designados por estas autoridades  competentes, celebren o hagan celebrar acuerdos, en virtud del artículo 17 del Reglamento (CEE) no  1408/71 en las siguientes condiciones: 1. Los acuerdos deberán determinar que los trabajadores que  se beneficien en el Estado de residencia de las prestaciones por desempleo y que ejerzan  simultáneamente una actividad profesional a tiempo parcial en otro Estado miembro, estén  exclusivamente sometidos a la legislación del primer Estado tanto en lo que se refiere al pago de  las cotizaciones como a la concesión de las prestaciones. 2. Para la aplicación de estos acuerdos,  se deberán respetar las formalidades administrativas siguientes: a) La institución que abona la  prestación por desempleo en el Estado de residencia del interesado informará a la institución  designada por la autoridad competente de este Estado, sobre el ejercicio de toda actividad  profesional a tiempo parcial que el interesado desarrolle, en otro Estado miembro. b) Esta última  institución entregará al interesado un certificado que acredite que está sometido a su legislación  y transmitirá una copia a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro  en cuyo territorio el interesado ejerza su actividad a tiempo parcial. En el Anexo de este  certificado se adjuntará, destinada al empleador, toda la información requerida debida al  sometimiento del interesado a la legislación del Estado de su residencia. El certificado será  válido hasta que la institución del país de empleo no haya recibido la notificación de su  anulación. c) Las instituciones de que se trate utilizarán el modelo de certificación anejo a la  presente Recomendación. El Presidente de la Comisión administrativa C. van den BERG >SITIO PARA UN  CUADRO> INSTRUCCIONES El formulario deberá cumplimentarse en caracteres de imprenta, utilizando  únicamente las líneas de puntos La institución designadadel Estado miembro a cuya legislación esté  sometido el interesado, informada del ejercicio a tiempo parcial de una actividad profesional en el  territorio de otro Estado miembro por la institución que abona las prestaciones por desempleo,  cumplimentará el formulario y lo entregará al interesado. Remitirá también un ejemplar del  formulario a la institución desginada del Estado miembro en cuyo territorio el interesado ejerza su  actividad a tiempo parcial. NOTAS  B = Bélgica; DK = Dinamarca; D = República Federal de Alemania;  E = España; GR = Grecia; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Luxemburgo; NL = Países Bajos;  P = Portugal; GB = Reino Unido.  Para los nacionales portugueses, indíquense todos los apellidos  (apellidos, nombre y apellido de soltera) en el orden del registro civil, tal como aparecen en el  documento de identidad o en el pasaporte. . . (1) Sigla del Estado miembro a cuya  legislación está sometido el trabajador: (2) Para los nacionales españoles, indicar los dos apellidos. (3) Para los nacionales españoles, indicar el número del Documento Nacional de Identidad (D. N. I.  ) si se posee, aunque esté caducado. En caso de no poseerlo indicar expresamente «ninguno». (4) Calle, número, código postal, localidad, país (5) Completar si se tiene. (6) La institución designada en el punto 6 cumplimentará el formulario, casillas 1 y 7, y lo  remitirá a la institución designada del Estado miembro en cuyo territorio el interesado ejerza su  actividad a tiempo parcial


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31986H0379

86/379/CEE: Recomendación del Consejo de 24 de julio de 1986 sobre el empleo de los minusválidos en la Comunidad

Diario Oficial n° L 225 de 12/08/1986 p. 0043 - 0047

*****RECOMENDACIÓN  DEL CONSEJO  de 24 de julio de 1986  sobre el empleo de los minusválidos en la Comunidad  (86/379/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Visto el proyecto de Recomendación presentado por la Comisión,  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),  Considerando que la Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, respecto a un programa de acción social (3), estipula en particular la creación de un programa en favor de la reintegración profesional y social de los minusválidos;  Considerando que la Resolución del Consejo, de 27 de junio de 1974, establece un primer programa de acción comunitaria para la rehabilitación profesional de los minusválidos (4);  Considerando que la Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 21 de diciembre de 1981, referente a la integración social de los minusválidos (5) invita a los Estados miembros a asegurar que los minusválidos no sufrirán injustamente las consecuencias, particularmente desde el punto de vista del empleo, de las dificultades económicas, y a fomentar medidas destinadas a preparar a los minusválidos para la vida activa, sin estipular por ello una acción concertada o concentrada por parte de la Comunidad al respecto;  Considerando que, en la presente Recomendación, el término « minusválidos » comprende a todas aquellas personas seriamente incapacitadas por motivos físicos, mentales o psicológicos;  Considerando que los minusválidos tienen los mismos derechos que los otros trabajadores a la igualdad de oportunidades en materia de formación y empleo;  Considerando que las acciones a nivel europeo y comunitario en una época de crisis económica no deben tan sólo continuar, sino que deben intensificarse para conseguir una igualdad de oportunidades mediante políticas positivas y coherentes;  Considerando que dichas políticas deberían tener en cuenta las aspiraciones de los minusválidos a una vida independiente y plenamente activa;  Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 11 de marzo de 1981 (6), ha subrayado la necesidad de fomentar la integración económica, social y profesional de los minusválidos a nivel comunitario;  Considerando que el trato equitativo de los minusválidos en materia de empleo y de formación profesional es necesario para la realización de uno de los objetivos de la Comunidad; que el Tratado no ha previsto poderes de acción necesarios para la adopción de la presente Recomendación distintos de los del artículo 235,  I. RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:  1. Que adopten todas las medidas convenientes para garantizar el trato equitativo de los minusválidos en materia de empleo y de formación profesional, incluyendo tanto la formación inicial y el primer puesto de trabajo como la rehabilitación y la reinserción.  El principio de trato equitativo de los minusválidos debería aplicarse con respecto a:  a) el acceso a un puesto de trabajo y a una formación profesional, normal o específica, incluyendo los servicios de orientación, colocación y seguimiento;  b) el mantenimiento del empleo o de la formación profesional, así como la protección contra el despido injusto;  c) las oportunidades de promoción y de formación permanente.  2. Que prosigan y, si fuera necesario, intensifiquen y examinen de nuevo a tal efecto, llegado el caso previa consulta con las organizacione de los minusválidos y de los interlocutores sociales, sus políticas en favor de los minusválidos; dichas políticas deberían tener en cuenta las medidas y las acciones específicas puestas en práctica en los demás Estados miembros y que hayan demostrado su eficacia y utilidad.  En dichas políticas debería estar previsto en particular:  a) la eliminación de las discriminaciones negativas mediante:  i) la revisión de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas con el fin de que éstas no sean contrarias al principio de trato equitativo para los minusválidos;  ii) la adopción de medidas adecuadas para evitar en la mayor medida posible los despidos vinculados con una incapacidad;  iii) la limitación de las excepciones al principio de trato equitativo para el acceso a la formación o a un puesto de trabajo únicamente a los casos que se justifican por la existencia de una incompatibilidad específica entre, por un lado, una actividad particular correspondiente a un puesto de trabajo o a un curso de formación y, por otro lado, una determinada minusvalía; en caso necesario, debería poderse confirmar dicha incompatibilidad mediante certificado médico; toda excepción debería ser objeto de una revisión periódica para determinar si continúa siendo justificada;  iv) la garantía de que las pruebas exigidas para tener acceso a los cursos de formación profesional, así como las pruebas exigidas durante o al final de dichos cursos, se realicen de tal forma que los candidatos minusválidos no se encuentren en desventaja;  v) la garantía de que los minsuválidos puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes y recibir la asistencia necesaria a tal efecto con arreglo a las legislaciones y prácticas nacionales;  b) acciones positivas en favor de los minusválidos mediante, en particular:  i) la fijación por los Estados miembros, si dicha fijación resultara apropiada teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los diversos sectores y empresas, y previa consulta a las organizaciones de minusválidos y a los interlocutores sociales, de objetivos cuantificados realistas de empleo de personas minusválidas en empresas públicas o privadas, que tengan un número mínimo de asalariados, mínimo que puede situarse entre 15 y 50. Deberían adoptarse además medidas para hacer públicos tales objetivos y para poder alcanzarlos;  ii) el establecimiento en cada Estado miembro de una guía o un código del buen proceder para la contratación de minusválidos, que incluya las medidas positivas ya adoptadas en el Estado miembro correspondiente y que se ajuste en su espíritu a las disposiciones de la presente Recomendación; en el Anexo figura un cuadro orientativo para una guía o código semejantes, en el que se enumeran ejemplos de acciones positivas;  la difusión de la guía o el código del buen proceder debería ser tan amplia como fuera posible y su aplicación llevarse a cabo en el sector público y en el privado;  en él se debería describir con claridad la contribución que los destinatarios pueden y deberían aportar a la puesta en práctica efectiva de la política nacional relativa a los minusválidos; debería además incluir informaciones y consejos relativos al apoyo que pueden prestar los servicios públicos;  iii) el fomento por parte de los Estados miembros para incitar a las empresas públicas y privadas para que adopten todas las medidas apropiadas en materia de contratación de minusválidos que correspondan en su espíritu a la guía o al código del buen proceder; los Estados miembros deberían definir los medios para hacer públicas dichas políticas y los resultados anuales conseguidos en su ejecución, de acuerdo con los procedimientos ya existentes para la difusión de informaciones en el ámbito social;  iv) cuando un trabajador adquiera la condición de minusválido, la cooperación entre el empresario y los servicios de rehabilitación con vistas a la reintegración del trabajador, de ser posible en la propia empresa.  3. Que informen a la Comisión acerca de las medidas tomadas para poner en práctica la presente Recomendación con el fin de que la Comisión pueda elaborar el informe citado en el punto II.3.  II. INVITA A LA COMISIÓN:  1. A coordinar el intercambio de experiencias e informaciones relativas a la rehabilitación y contratación de minusválidos entre las autoridades nacionales, intercambio en el que participarán los organismos designados a tal fin por los Estados miembros.  2. A mantener una ayuda apropiada del Fondo Social Europeo en favor de los minusválidos cualquiera que sea su edad.  3. A presentar un informe al Consejo sobre la aplicación de la presente Recomendación en un período de dos años a partir de la fecha de adopción.  Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 1986.  Por el Consejo  El Presidente  A. CLARK  (1) DO no C 148 de 16. 6. 1986, p. 84.  (2) DO no C 189 de 28. 7. 1986, p. 10.  (3) DO no C 13 de 12. 2. 1974, p. 1.  (4) DO no C 80 de 9. 7. 1974, p. 30.  (5) DO no C 347 de 31. 12. 1981, p. 1.  (6) DO no C 77 de 6. 4. 1981, p. 27.  ANEXO  Marco de orientación de acciones positivas para el fomento del empleo y de la formación profesional de los minusválidos  El texto que aparece a continuación incluye un conjunto de medidas posibles, propuestas por la Comisión, que los Estados miembros deberían tener en cuenta en la puesta en práctica de la presente Recomendación, y en especial en la elaboración de una guía o código del buen proceder.  SECCIÓN I:  ASPECTOS RELATIVOS A LA VIDA PROFESIONAL DE LOS MINUSVÁLIDOS  1. Creación de empleo  a) Proyectos concertados  Hacer que los minusválidos se beneficien plenamente y de modo equitativo de proyectos tales como los programas regionales de desarrollo, las iniciativas locales en materia de empleo y las acciones destinadas a promover la creación de cooperativas o de medianas empresas de pequeña dimensión.  b) Nuevas tecnologías  Estimular nuevas posibilidades de empleo por medio de iniciativas nacionales tanto en el sector de las nuevas tecnologías como a través de la utilización de las nuevas tecnologías en cuanto que medios auxiliares para hacer posible el empleo en otros ámbitos.  En dicho marco, fomentar proyectos que den a los minusválidos posibilidad del trabajo a distancia.  Estudiar los riesgos específicos que amenazan al empleo por el hecho del desarrollo de las nuevas tecnologías y tomar medidas adecuadas.  Adaptar los puestos de trabajo a las necesidades de las personas minusválidas.  c) Otras actividades  Fomentar y apoyar proyectos que formen y preparen a minusválidos con vistas a la creación de sus propias empresas, o que definan nuevas posibilidades de empleo en los medios de comunicación o en servicios destinados a otros minusválidos.  Definir otros sectores (tales como los servicios terciarios, incluidos el turismo y la hostelería, la agricultura o la horticultura y la silvicultura) que ofrecen buenas perspectivas y resultan adecuados para personas que presentan determinados tipos de incapacidad.  Poner em marcha en dichos ámbitos programas de creación de empleo para los minusválidos.  Establecer políticas nacionales especiales destinadas a ofrecer nuevos empleos a trabajadores que sufren de incapacidades mentales y pierden su empleo a causa de la evolución del mercado de trabajo.  Crear mayores posibilidades de empleo a tiempo parcial a favor de los trabajadores minusválidos.  2. Empleo protegido  a) Generalidades  Revisar en cada Estado miembro la situación del empleo protegido y de las actividades protegidas y definir planes para el futuro de este sector.  b) Aspectos cuantitativos  Disponer la elaboración de proyectos que evalúen la demanda futura y las necesidades de desarrollo o de restricción de tales medidas.  c) Aspectos cualitativos  Cuidar de que la revisión tenga en cuenta los siguientes elementos:  - mejora de la calidad de los talleres o de los centros con menos éxito, de modo que se aproximen a los mejores,  - introducción de nuevos modos de actividad (p. ej. en el sector informático), a la vez más interesantes y con más posibilidades de éxito en el plano comercial,  - aumento de las posibilidades de formación en los talleres,  - desarrollo del papel de transición de los talleres, es decir, de su función de centros de evaluación y de desarrollo personal situados entre la educación fundamental o un período de paro y la entrada en el mercado general del trabajo,  - reducción de la segregación mediante el desarrollo de puestos de trabajo o de grupos protegidos en las empresas ordinarias, o mediante el desarrollo de cooperativas mixtas. 3. Transición, readaptación profesional y formación profesional  Dar a los minusválidos en prácticas la posibilidad de que se inscriban en cursos de formación integrada en establecimintos ordinarios, siempre que ello sea posible y deseable.  Dar una gran prioridad a la mejora de las posibilidades de formación y de preparación para la vida activa ofrecidas a los minusválidos, así como de la calidad de dichas medidas, habida cuenta, en particular, de los siguientes objetivos:  - prestar la misma atención a las necesidades de los trabajadores que quedan minusválidos a consecuencia de un accidente o de una enfermedad y a las de los jóvenes cuya incapacidad es congénita o se ha producido en la infancia o la adolescencia,  - adaptar el contenido de los cursos de formación disponibles a fin de que respondan de modo más realista a las necesidades del mercado del empleo,  - reforzar los vínculos directos entre las instituciones de formación y los representantes locales de los interlucutores sociales,  - mejorar los métodos de formación , en particular mediante el desarrollo de la utilización de las nuevas tecnologías como medios técnicos auxiliares, introduciendo la formación modular y, en su caso, posibilidades de formación a distancia,  - fomentar experiencias en los ámbitos de la estructura y de la concepción de los cursos, con objeto de facilitar la coordinación entre la formación teórica y la formación práctica,  - mejorar todos los aspectos del acceso a cursos de formación,  - favorecer que los minusválidos en prácticas participen más activamente , en la medida de lo posible, en la planificación de sus propios programas de formación,  - asegurar la continuidad en la preparación y la formación profesionales, favoreciendo la cooperación interprofesional y creando equipos multidisciplinarios.  4. Orientación, evaluación y colocación  a) Orientación  Poner en funcionamiento, a nivel regional, en el marco de los servicios generales de orientación, servicios de orientación escolar y profesional expresamente encargados de hacer frente a las necesidades de los minusválidos.  Disponer, cuando se trate de servicios de orientación con carácter más general que especializado, que el personal tenga una formación tal que le permita comprender las necesidades particulares de las personas minusválidas y resolver sus problemas.  b) Evaluación  Definir los métodos de evaluación que pueden ser eficaces y, en la medida de lo posible, aplicar dichos métodos.  Dar prioridad a los siguientes principios:  - el propio minusválido (y, en su caso, su familia) ha de participar activamente en la evaluación,  - debe alentarse a cada cliente para que escoja el mejor de los niveles de formación y el más elevado de los objetivos profesionales que pueda alcanzar.  c) Servicios de colocación  Organizar a nivel regional, en el marco de los servicios generales de empleo, servicios de empleo destinados a ayudar a que encuentren empleo aquellos minusválidos que tengan una formación adecuada.  Garantizar que dichos servicios se ocupen igualmente de la atención y el apoyo a los minusválidos en su empleo, al menos durante el período inicial.  Poner em marcha programas de formación de los responsables de la colocación de minusválidos.  5. Empresarios y organizaciones de los trabajadores  a) Estímulos dirigidos a los empresarios  Alentar a los empresarios para que hagan mayor uso de fondos públicos.  En su caso, de acuerdo con la política y la situación nacionales, facilitar fondos públicos para cubrir los costes especiales que resulten para el empresario de la contratación de un trabajador minusválido, o contribuir a sufragar tales costes.  Entre dichos gastos deberían figurar las adaptaciones de las máquinas o equipos, el acondicionamiento de los accesos y los gastos para personal suplementario.  Las ayudas deberían concederse tanto cuando se volviera a dar empleo a un trabajador tras haber quedado éste minusválido, como cuando se tratara de nuevas contrataciones.  En los casos de nuevas contrataciones, contemplar la concesión de una aportación pública para el pago del salario del trabajador durante un determinado período de adaptación.  b) Organizaciones de los trabajadores  Alentar a los sindicatos a que ofrezcan todo el apoyo necesario a los trabajadores minusválidos y aseguren una consideración adecuada de sus intereses en el marco de estructuras representativas. 6. Seguridad social  Asegurar que los trabajadores minusválidos que pierdan su empleo, o no puedan encontrar empleo tras una readaptación profesional, no se hallen luego, debido únicamente a su incapacidad, más desfavorecidos económicamente que otros trabajadores que se encuentren en una situación similar.  Asegurar igualmente que los sistemas de prestaciones no produzcan el efecto de frenar la utilización del empleo a tiempo parcial, de los períodos de empleo a prueba o de la progresividad de la iniciación o el retorno al empleo, cuando tales medidas parezcan oportunas tanto desde el punto de vista del trabajador minusválido como desde el del empresario.  SECCIÓN II:  ASPECTOS DE ORDEN GENERAL  1. Entorno general  Asegurar que los minusválidos vivan en un entorno que les ofrezca la posibilidad de beneficiarse de una educación y una formación permanente y aportar a la economía la contribución de la que son capaces.  Aplicar de modo eficaz la legislación existente, y, si es necesario, introducir una legislación nueva, para fomentar:  - una vivienda adecuada (siempre que ello sea posible, integrada en el marco vital ordinario),  - medios de transporte adecuados con destino a los lugares de formación y de trabajo,  - facilidades de acceso a los lugares de trabajo y de desplazamiento en el interior de los mismos, en particular en el sector del trabajo de oficina.  Operar de tal modo que las medidas destinadas a garantizar un eficaz trato equitativo de los minusválidos no se consideren discriminatorias con respecto a las personas con plena capacidad.  Atender a la necesidad de flexibilización de las condiciones de trabajo de las personas que tengan a su cargo un minusválido.  2. Información y consejos  a) Ayuda a los minusválidos  Poner en marcha un sistema de información y de consejos a favor de los minusválidos, de sus familias y de los profesionales interesados (ya se trate de trabajadores de los servicios sociales especializados en la ayuda individual o de administradores), que incluya ayudas técnicas y otras cuestiones importantes para los minusválidos.  A medida que los recursos disponibles lo permitan, extender progresivamente dicho sistema - que podría instituirse mediante centros especializados o mediante servicios introducidos en los centros existentes, ampliando las funciones de éstos -, por debajo del nivel nacional, a los niveles regional y local.  b) Acción de sensibilización  Emprender una acción coordinada para informar y aconsejar a los responsables políticos, los interlocutores sociales y al público sobre las posibilidades y las necesidades de los minusválidos.  En particular, dar amplia difusión a documentos audiovisuales sobre los problemas de los minusválidos, a través de canales adecuados, tales como, por ejemplo, los grupos de interés y los sistemas de formación de los interlocutores sociales.  3. Investigación social  Fomentar y coordinar la investigación social - que debería dar lugar a la constitución de bases de datos nacionales - para analizar las necesidades y las posibilidades y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.  4. Consulta, coordinación y participación  Mantener y desarrollar los sistemas de consulta, de coordinación y de participación establecidos por las autoridades nacionales, regionales y locales, implicando en los mismos a los servicios y organismos públicos, las organizaciones benéficas, las profesiones independientes, los interlocutores sociales y los medios de comunicación, así como a los minusválidos y a sus familias.  Dar especial prioridad a la participación activa de los minusválidos, tanto en calidad de representantes como a título personal, en la adopción y en la puesta en práctica de las decisiones que les afecten.