title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Italia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/69

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Italia
      (2019/C 301/12)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Este estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «las recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 5. En particular, la adopción de medidas en el ámbito de la Administración pública, la justicia y la competencia contribuirá a poner en práctica la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la resiliencia de los mercados de productos y a la calidad de las instituciones; centrar la política de inversiones en los ámbitos especificados y utilizar los resultados positivos no previstos para la reducción de la deuda pública ayudará a poner en práctica la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta al apoyo a la inversión y a la reconstitución de las reservas presupuestarias; las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad y hacer que la presión fiscal deje de ejercerse predominantemente sobre los factores de producción contribuirán a la puesta en práctica de la tercera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al funcionamiento del mercado de trabajo, y las medidas para mejorar los balances de los bancos ayudarán a aplicar la cuarta recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la reducción de los préstamos dudosos.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Italia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la prolongada dinámica de alto nivel de endeudamiento de la Administración pública y de escasa productividad entraña riesgos con incidencia transfronteriza. Reviste especial importancia adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y sobre la unión económica y monetaria, habida cuenta del tamaño y la incidencia transfronteriza de la economía de este país.

                  (4)

                  El 19 de abril de 2019, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones. El Programa Nacional de Reformas de Italia para 2019 solo aborda parcialmente los problemas estructurales puestos de manifiesto en las recomendaciones específicas por país de 2018 y en muchos casos no aporta información pormenorizada sobre los escasos nuevos compromisos que figuran en él, ni sobre su calendario de aplicación. Sin embargo, la estrategia de reforma que plantea se basa en importantes reformas que se encuentran ya en fase de preparación en diferentes ámbitos, lo que pone de manifiesto una continuidad general con respeto a anteriores programas nacionales de reforma.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han tenido en cuenta las recomendaciones específicas pertinentes por país. Tal como dispone el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones a su acuerdo de asociación y programas correspondientes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el déficit global aumente, pasando del 2,1 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 2,4 % en 2019, y disminuya gradualmente a continuación hasta situarse en el 2,1 % en 2020 y el 1,5 % en 2022. Estas previsiones se basan en una subida del IVA (1,3 % del PIB en 2020 y 1,5 % del PIB a partir de 2021) que se adoptaría mediante la activación de una «cláusula de salvaguardia» a fin de alcanzar los objetivos presupuestarios a partir de 2020. Basándose en el saldo estructural recalculado (6), durante el período de duración del Programa no está previsto alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, que se ha modificado (de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales en 2019 a un superávit del 0,5 % del PIB en términos estructurales en 2020). Por lo que respecta a la ratio deuda pública/PIB, el Programa de Estabilidad de 2019 prevé que, tras el aumento registrado en 2018 (hasta el 132,2 % del PIB, frente al 131,4 % en 2017), aumente en 0,4 puntos porcentuales del PIB, hasta el 132,6 %, en 2019, y descienda al 128,9 % en 2022. Estas previsiones se basan en el supuesto de que se obtendrán ingresos procedentes de la privatización equivalentes al 1 % del PIB en 2019 y el 0,3 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Sin embargo, en los últimos años, las subidas del IVA adoptadas mediante «cláusulas de salvaguardia» han sido derogadas sistemáticamente sin que se hayan adoptado las oportunas medidas de financiación alternativas, y los objetivos en materia de privatización no se han alcanzado. Basándose en que no haya cambios en las políticas, las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión se inclinan por un crecimiento del PIB nominal más bajo y un déficit público más elevado en 2020 que los previstos en el Programa de Estabilidad de 2019. Las previsiones de la Comisión no incorporan la subida del IVA mediante la activación de una «cláusula de salvaguardia» en 2020.

                  (7)

                  El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Italia de la norma en materia de deuda en 2018. Tras una evaluación de todos los factores pertinentes, el informe concluye que debe considerarse que no se cumple el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/1997 del Consejo, y que se justifica por tanto la activación de un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda.

                  (8)

                  A raíz de la solicitud formulada en el proyecto de plan presupuestario revisado para 2019, el Programa de Estabilidad de 2019 confirma que el impacto presupuestario del derrumbe del Puente Morandi en Génova y de las condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas registradas en 2018 ha sido significativo y aporta pruebas suficientes del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. En particular, el Programa señala que el presupuesto de 2019 incluye gastos excepcionales equivalentes a aproximadamente el 0,2 % del PIB vinculados a un programa extraordinario de mantenimiento de la red de carreteras y a un plan de prevención para limitar los riesgos hidrogeológicos. Debido a su vinculación directa con el derrumbe del Puente Morandi en Génova y las adversas condiciones meteorológicas de 2018, puede concederse un trato específico a los gastos de mantenimiento extraordinario de las carreteras y de prevención de riesgos hidrogeológicos aplicándoles la «cláusula relativa a acontecimientos excepcionales». Según la Comisión, los gastos adicionales admisibles en 2019 en relación con estas medidas ascienden al 0,18 % del PIB. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional en la medida en que el derrumbe del Puente Morandi y las condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas se consideran acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas de Italia es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida por permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. En la primavera de 2020 se realizará una evaluación final en la que se incluirán los importes admisibles, sobre la base del análisis de los datos de 2019 facilitados por las autoridades italianas.

                  (9)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Italia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no superara el 0,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Esta conclusión no se modificaría incluso aunque el impacto presupuestario del programa de mantenimiento extraordinario de la red de carreteras tras el derrumbe del Puente Morandi en Génova y del plan preventivo para limitar los riesgos hidrogeológicos a raíz de unas condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas no se tuviera en cuenta en la evaluación del requisito del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019.

                  (10)

                  En 2020, habida cuenta de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas italianas, superior al 60 % del PIB, y la brecha de producción prevista del –0,1 %, el gasto público primario neto debería reducirse en un 0,1 %, en términos nominales, en consonancia con el ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión en el supuesto de que no se modifique la política económica, existe el riesgo de que se produzca una desviación significativa respecto del requisito en 2020. En principio, no se prevé que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2019 y 2020. Además, la elevada ratio de deuda pública de Italia, que se sitúa en torno al 132 % del PIB, supone que se están asignando recursos significativos para financiar los costes del servicio de la deuda, en detrimento de partidas más generadoras de crecimiento, tales como la educación, la innovación y las infraestructuras. En general, el Consejo considera que para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento deben adoptarse las medidas necesarias ya a partir de 2019. Sería importante utilizar los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas.

                  (11)

                  El sistema tributario italiano sigue imponiendo una pesada carga a los factores de producción, en detrimento del crecimiento económico. La elevada presión fiscal sobre el trabajo y el capital desincentiva el empleo y la inversión. En el presupuesto de 2019 se ha reducido la imposición de los trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas. Sin embargo, se ha incrementado al mismo tiempo de forma temporal la presión fiscal de las empresas a nivel agregado, en particular de las entidades financieras. El recurso a bases imponibles menos perjudiciales para el crecimiento, como las correspondientes a la propiedad y el consumo, es una opción infrautilizada, lo que deja cierto margen para desplazar de manera neutra desde el punto de vista presupuestario la presión fiscal sobre el trabajo y el capital. El impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles que grava las primeras residencias fue derogado en 2015, incluso para las rentas más altas. Además, los valores del suelo y de la construcción («valores catastrales»), que sirven de base para el cálculo del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, han quedado en gran parte obsoletos, y aún sigue pendiente una reforma que los adapte a los actuales valores de mercado. El número y el volumen de los gastos tributarios, en particular de los relativos a la reducción de los tipos del impuesto sobre el valor añadido, son elevados, y su racionalización se ha pospuesto sistemáticamente en los últimos años. También existe margen para aliviar la carga que pesa sobre las empresas y las familias que cumplen con sus obligaciones tributarias mediante la reducción de la complejidad de la legislación tributaria y el aumento del nivel general de dicho cumplimiento. En particular, la brecha del IVA (o sea, la diferencia entre los ingresos en concepto de IVA que deberían percibirse en teoría y los recaudados realmente) es una de las más elevadas de la Unión. Una de las razones de este fenómeno es el elevado nivel de evasión fiscal, vinculado especialmente a la omisión de facturación. La transmisión electrónica obligatoria de los tickets de compra correspondientes a todas las operaciones comerciales con consumidores finales supone un paso positivo de cara a la subsanación de esta brecha. Sin embargo, en los últimos años, se han incrementado los umbrales legales aplicables a los pagos en efectivo, lo que podría desincentivar el recurso a los pagos electrónicos. En cambio, el fomento de dichos pagos podría incentivar la expedición de facturas, mejorándose así el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

                  (12)

                  El gasto en pensiones en Italia, que en 2017 se situó en torno al 15 % del PIB, es uno de los más elevados de la Unión, y aumentará previsiblemente a medio plazo debido al empeoramiento de la ratio de dependencia de las personas de la tercera edad. El presupuesto de 2019 y el decreto-ley por el que se aplica el nuevo régimen de jubilación anticipada de enero de 2019 suponen un retroceso en comparación con algunos aspectos de las anteriores reformas de las pensiones y menoscaban la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Estas disposiciones nuevas aumentarán aún en mayor medida el gasto en pensiones a medio plazo. Entre 2019 y 2021, el nuevo régimen de jubilación anticipada («Quota 100») permitirá a los trabajadores retirarse a los 62 años si han cotizado durante 38 años. Además, se ha ampliado el ámbito de aplicación de las disposiciones vigentes en materia de jubilación anticipada, por ejemplo a través de la suspensión hasta 2026 de la indexación de la cotización mínima requerida en función de la esperanza de vida, medida que se había introducido mediante anteriores reformas de las pensiones. Los fondos asignados en el presupuesto de 2019 a la financiación de estas disposiciones equivalen al 0,2 % del PIB en 2019 y el 0,5 % del PIB en 2020 y 2021, aunque también se prevén costes adicionales en los años siguientes. El elevado gasto público en pensiones limita otros gastos sociales o favorables al crecimiento, como los correspondientes a la educación y la inversión, y restringe los márgenes existentes para reducir la pesada carga fiscal y la elevada deuda pública. Por otra parte, la ampliación de la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada podría afectar negativamente a la oferta de mano de obra, en un contexto en el que Italia se encuentra ya rezagada con respecto a la media de la Unión en lo que se refiere a la participación de los trabajadores de más edad (55 a 64 años) en el empleo, lo que frena el potencial de crecimiento y empeora la sostenibilidad de la deuda pública. A fin de limitar el aumento del gasto en pensiones, deberían aplicarse plenamente las reformas de las pensiones adoptadas previamente para frenar los pasivos implícitos derivados del envejecimiento de la población. Además, se podría lograr un ahorro mediante la intervención en los derechos de pensión elevados no compensados con cotizaciones, respetando al mismo tiempo los principios de equidad y proporcionalidad.

                  (13)

                  Pese a la ralentización de la economía, el empleo siguió aumentando en 2018, aunque a un ritmo algo más lento que en el año anterior. El número de personas con empleo alcanzó los 23,2 millones al final del año, superándose los niveles previos a la crisis. La tasa de empleo (en la población de entre 20 y 64 años) aumentó al 63 % el año pasado, pero sigue situándose muy por debajo de la media de la Unión (73,2 %). Por otra parte, las diferencias regionales son importantes y se mantiene la segmentación de un mercado laboral en el que en 2018 se registró un crecimiento adicional del porcentaje de contratos temporales. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido hasta situarse en el 10,6 %, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración siguen siendo elevados, lo que lastra el potencial de crecimiento y la cohesión social. La inactividad es predominante entre las mujeres, las personas poco cualificadas y los jóvenes. Por otra parte, el porcentaje de jóvenes (de edades comprendidas entre 15 y 24 años) que carecen de empleo, pero que tampoco cursan estudios ni siguen una formación profesional, es el más elevado de la Unión y alcanzó un 19,2 % en 2018. El trabajo a tiempo parcial no voluntario es asimismo un fenómeno ampliamente extendido, lo que apunta a la persistencia de la atonía del mercado laboral.

                  (14)

                  Las desigualdades de renta y el riesgo de pobreza son elevados, con grandes disparidades regionales y territoriales. En 2017, el 28,9 % de la población se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que se sitúa por encima de los niveles anteriores a la crisis y muy por encima de la media de la Unión de 2017 (22,4 %). Los menores, sobre todo los de origen inmigrante, se ven especialmente afectados por este problema. La pobreza de las personas con empleo es elevada y va en aumento, en particular entre los trabajadores temporales y de origen inmigrante. Los trabajadores autónomos, que representan el 20,8 % de la población activa (frente a una media del 13,7 % de la Unión), suelen gozar de menor protección frente a los riesgos sociales que los trabajadores por cuenta ajena. El acceso a una vivienda asequible y digna también supone un reto, y la prestación de servicios sociales sigue adoleciendo de fragmentación y falta de desarrollo. El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y de las desigualdades es uno de los más bajos de la Unión. El mecanismo de lucha contra la pobreza que se introdujo en 2018 ha sido sustituido por un nuevo régimen de gran calado (la renta de ciudadanía), que mantiene un enfoque de inclusión activa, supeditado a determinadas condiciones. La considerable carga administrativa de los servicios sociales y de empleo representa un reto para la aplicación de la reforma. Su impacto real dependerá del grado de eficacia de las políticas a la hora de facilitar trabajo o formación a las personas, de la medida en que se presten servicios sociales personalizados y de los controles que se efectúen. En particular, la capacidad real para llegar a los más necesitados influirá en el impacto sobre la reducción de la pobreza y la exclusión social. Los resultados del sistema sanitario son, en conjunto, satisfactorios, a pesar de que el volumen de gasto se sitúa por debajo de la media de la Unión. Sin embargo, la prestación de asistencia sanitaria varía en gran medida dependiendo de las regiones, lo que tiene repercusiones en el acceso a dicha asistencia y en la equidad y la eficiencia, y podría mejorarse mediante una mejor administración y un seguimiento de la prestación de niveles de servicios estándar. Es fundamental que la asistencia y los cuidados de larga duración se presten en mayor medida a domicilio y en centros de proximidad para subvenir a las necesidades de las personas discapacitadas y de otros grupos de población desfavorecidos.

                  (15)

                  En Italia, el trabajo no declarado es un fenómeno muy extendido, especialmente en las regiones meridionales. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, el valor de la economía sumergida ascendía a unos 210 000 millones EUR (12,4 % del PIB) en 2016. En torno al 37,2 % de esta cifra corresponde al trabajo no declarado, que afecta en particular a los grupos vulnerables, como los inmigrantes, las mujeres y los menores. La nueva Agencia de Inspección de Trabajo, operativa desde 2017, ha prestado especial atención al fenómeno del «caporalato» en el sector agrario, que se caracteriza por la elevada incidencia de irregularidades y por el riesgo de explotación laboral que entraña, en particular de los inmigrantes irregulares. Con el fin de abordar y prevenir el trabajo no declarado y la explotación laboral y de garantizar unas condiciones laborales justas y seguras, es preciso seguir de cerca las medidas recientemente adoptadas, así como prever otras suplementarias. Por último, es importante garantizar que la puesta en práctica de la renta de ciudadanía maximice los incentivos para el trabajo regular y la transformación del trabajo no declarado en empleo regular, tanto a través de un estrecho seguimiento como de incentivos.

                  (16)

                  La mejora de los servicios públicos de empleo a través de la oferta de recursos adicionales y de unas prestaciones de mayor calidad es crucial para la aplicación de la reforma relativa al nuevo régimen de renta de ciudadanía. En el contexto del nuevo régimen de renta de ciudadanía en favor de los trabajadores con salarios más bajos y de los desempleados, la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo que sean eficaces es una herramienta importante para reducir las fricciones en el mercado laboral e incentivar la búsqueda de empleo. A este respecto, es esencial que los servicios de empleo dispongan de suficiente personal cualificado. Una asistencia eficaz en la búsqueda de empleo encaminada a reforzar la formación y mejorar las cualificaciones profesionales es esencial con el fin de mejorar la movilidad laboral y proporcionar a los trabajadores las competencias adecuadas para enfrentarse a los futuros retos del mercado de trabajo y a un entorno laboral cada vez más difícil y competitivo. Recientemente, se han tomado algunas medidas para aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, tales como la definición de indicadores de seguimiento y de normas mínimas, la adopción de una estrategia en favor de los desempleados de larga duración y el desarrollo de una herramienta cualitativa de elaboración de perfiles. No obstante, la eficiencia global de los servicios públicos de empleo y su capacidad para facilitar puestos de trabajo siguen siendo insuficientes, sus resultados varían significativamente entre regiones y su integración con las políticas sociales y educativas es limitada. También es escasa la cooperación con los empresarios.

                  (17)

                  La brecha de género en materia de empleo de Italia sigue siendo una de las más elevadas de la Unión y la tasa de empleo femenino del país, aunque en ligero aumento, es considerablemente inferior a la media de la Unión (un 53,1 % frente a un 67,4 % en 2018). La inversión en servicios de asistencia y la participación de la mujer en el mercado laboral siguen siendo insuficientes, como lo son las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y unas políticas adecuadas de conciliación de la vida familiar y profesional. Sigue faltando una estrategia global que fomente la participación de la mujer en el mercado laboral. Aunque el permiso de paternidad obligatorio se ha ampliado marginalmente de cuatro a cinco días, el sistema sigue siendo insatisfactorio. Este factor, unido al escaso desarrollo de los servicios de guardería y de cuidados de larga duración, tiende a impedir que las mujeres con hijos u otros familiares dependientes accedan a un empleo. En 2017, solo el 28,6 % de los niños menores de tres años asistía a establecimientos oficiales de educación de la primera infancia, muy por debajo de la media de la Unión. A la hora de invertir en cuidados infantiles, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración deberían tenerse en cuenta las amplias disparidades geográficas existentes en cuanto a disponibilidad de los servicios. Además, la elevada cuña fiscal que soportan los segundos perceptores de renta en la unidad familiar reduce los incentivos financieros de las mujeres para aceptar un trabajo. Una mayor tasa de actividad de las mujeres, así como unas mayores tasas de actividad en general, podrían fomentar el crecimiento económico, elevando la oferta de mano de obra, aliviando la pobreza y atenuando los riesgos sociales y financieros derivados del envejecimiento de la población.

                  (18)

                  La reforma del marco de negociación colectiva prevista inicialmente tenía por objeto adecuar en mayor medida los sueldos y salarios a las condiciones económicas a nivel regional y empresarial. En marzo de 2018, Confindustria firmó un acuerdo marco con los tres principales sindicatos italianos (Cgil, Cisl y Uil) a fin de ampliar la negociación de segundo nivel. Además, el acuerdo aumentaba la seguridad jurídica estableciendo normas más claras de representación de los interlocutores sociales en las negociaciones e introducía un algoritmo mejorado para la fijación de los salarios mínimos. La patronal y los tres principales sindicatos firmaron el primer acuerdo de aplicación en materia de representatividad, salud y seguridad laboral a finales de 2018.

                  (19)

                  La inversión en educación y capacitación es esencial para promover un crecimiento inteligente, integrador y sostenible. La lenta evolución de la productividad en Italia se ve afectada por las deficiencias del sistema de educación y formación y por la escasa demanda de cualificaciones elevadas. La mejora de la calidad del sistema de educación y formación supone un reto importante. La tasa de abandono escolar (abandono escolar prematuro) sigue situándose muy por encima de la media de la Unión (el 14,5 % frente al 10,6 % en 2018) y los resultados en materia de educación divergen ampliamente en función de las regiones y territorios. Aunque la proporción de fondos dedicados a la educación primaria y secundaria se ajusta en líneas generales a la media de la Unión, emprender esfuerzos adicionales por atraer, contratar de manera eficaz y motivar al profesorado podría contribuir a mejorar los resultados en materia de aprendizaje. El sistema de contratación se basa excesivamente en los conocimientos teóricos, en detrimento de las competencias prácticas, mientras que el componente de formación es limitado. Además, el nivel de los salarios de los docentes italianos sigue siendo bajo en comparación con los niveles internacionales y frente a otros trabajadores con títulos de enseñanza superior. Sus salarios aumentan a un ritmo más lento que los de sus homólogos de otros países, y sus perspectivas de carrera son más limitadas y están basadas en una única trayectoria profesional. Por otro lado, en las promociones se tiene en cuenta exclusivamente la antigüedad, en lugar del mérito. Como consecuencia de ello, la profesión reviste escaso atractivo para las personas muy cualificadas, y el personal docente se encuentra desmotivado, lo que, a su vez, repercute negativamente sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El sistema de contratos de aprendizaje había ido cobrando impulso en los últimos años, pero las medidas adoptadas lo han ido reduciendo. Los estudiantes italianos, ya sean jóvenes o adultos, se encuentran entre los que obtienen peores resultados de la Unión en competencias clave y capacidades básicas. La participación de adultos en el aprendizaje es muy limitada y está disminuyendo, en un contexto en el que la brecha de empleo entre los trabajadores más cualificados y los menos cualificados es una de las más elevadas de la Unión. La mejora de las capacidades es especialmente necesaria en el ámbito de las competencias digitales. Hasta la fecha se han registrado avances limitados en el desarrollo de capacidades e infraestructuras digitales. La inversión en capital humano es un requisito previo para estimular la inversión pública y privada, y las medidas actuales para impulsar las competencias digitales y el aprendizaje de adultos carecen de un enfoque global. Los niveles de competencia digital básica y avanzada son inferiores a la media de la Unión: solo el 44 % de las personas de edades comprendidas entre 16 y 74 años disponen de competencias digitales básicas (frente al 57 % en la Unión).

                  (20)

                  En Italia, la escasa inversión en el desarrollo de competencias está ralentizando la transición hacia una economía basada en el conocimiento, frenando el crecimiento de la productividad y limitando el potencial para mejorar la competitividad no relacionada con los precios y el crecimiento del PIB. Las lagunas existentes en materia educativa también contribuyen a explicar la menor productividad de las microempresas y pequeñas empresas italianas en comparación con las de otros países. El sistema de enseñanza superior está infrafinanciado y carece de personal suficiente, y el alcance de la enseñanza superior con orientación profesional es limitado, pese a los elevados índices de empleabilidad. La proporción de personas con un título universitario sigue siendo baja (el 27,9 % de la población de 30 a 34 años en 2018) y ello va unido a una disponibilidad relativamente escasa de estos titulados superiores, especialmente en los ámbitos científico y técnico; las inversiones específicas en capacitación son un requisito previo para impulsar tanto la inversión pública como la privada, especialmente en activos intangibles. Es necesario impulsar los estudios en ámbitos relacionados con los sectores intensivos en conocimientos y reforzar las competencias específicas, como las digitales y las financieras.

                  (21)

                  La adopción por parte de las empresas más pequeñas de estrategias para aumentar la productividad, relacionadas con la innovación en materia de productos, procesos y organización, sigue siendo limitada, especialmente en el sur de Italia. La inversión en activos intangibles se ha situado considerablemente por debajo de la media de la Unión desde principios del siglo XXI. El gasto de las empresas en investigación y desarrollo equivale casi a la mitad de la media de la zona del euro. El apoyo público a los gastos de las empresas en investigación y desarrollo sigue siendo escaso, aunque va mejorando gracias al mayor papel que están cobrando los incentivos fiscales. El gasto público en investigación y desarrollo también se encuentra por debajo de la media de la zona del euro. La exigua innovación podría ralentizar asimismo la transición hacia una economía ecológica. La mejora de los resultados del país en materia de innovación exige una mayor inversión en activos intangibles, así como un mayor énfasis en la transferencia de tecnología, tomando en consideración las deficiencias regionales y el tamaño de las empresas. Recientemente se han anunciado en el presupuesto algunas medidas para promover tecnologías innovadoras. El apoyo público al gasto de las empresas en investigación y desarrollo puede mejorarse mediante una combinación equilibrada de medidas directas e indirectas y una evaluación en profundidad de los incentivos fiscales temporales existentes a fin de conferir carácter permanente a los que resulten más eficientes. Las medidas de apoyo al conocimiento (como las agrupaciones tecnológicas) y la cooperación interempresarial ayudan a las empresas, en particular a las más pequeñas, a hacer frente a estas dificultades y a incrementar su baja productividad.

                  (22)

                  Para mejorar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras del país se requiere inversión. En el sector de los transportes, Italia no ha cumplido su estrategia de inversión en infraestructuras (Connettere l’Italia). Se han realizado progresos muy limitados en la ejecución de las inversiones previstas en transporte ferroviario y por carretera, y en movilidad urbana sostenible. Ello se debe a los retrasos administrativos, a la ineficiencia del gasto, a la aplicación incompleta del nuevo Código sobre contratación pública y concesiones y sobre litigios. El cuadro de indicadores del transporte de la Unión muestra que la calidad de las infraestructuras italianas es inferior a la media de la Unión. El estado de mantenimiento de las mismas es una fuente de preocupación evidente, que ha quedado patente tras el hundimiento del Puente Morandi en Génova. El Gobierno ha otorgado prioridad al mantenimiento y la seguridad con la adopción de un plan para supervisar el estado de mantenimiento de todas las infraestructuras y la creación de una nueva agencia encargada de la seguridad de las infraestructuras ferroviarias y de carreteras. A este respecto, se concedió a Italia una dotación de 1 000 millones EUR para 2019, en virtud de las normas presupuestarias de la Unión, para que aplicara un plan de inversión destinado a garantizar la seguridad de las infraestructuras de carreteras similares al Puente Morandi. Invertir en transporte e infraestructuras sostenibles es también una manera de abordar los desafíos medioambientales. A fin de alcanzar los ambiciosos objetivos de la Unión para 2030 en materia de cambio climático y energía, son necesarias inversiones sostenidas en el ámbito ecológico. El plan nacional integrado de energía y cambio climático es una fuente de orientación esencial para determinar las necesidades de inversión en el ámbito de la reducción de las emisiones de carbono y la energía. Se necesitan inversiones para mejorar la infraestructura energética: contribuirían a lograr un sistema energético más resiliente, limpio, seguro y flexible, al tiempo que fortalecerían la integración del mercado y reducirían las diferencias de precios. La red eléctrica italiana todavía no está suficientemente equipada para hacer frente al aumento de los intercambios transfronterizos ni a la magnitud de la intermitencia de las energías renovables según se prevé para 2030. Es necesario invertir en la prevención de riesgos hidrogeológicos y sísmicos a fin de reducir los gastos para hacer frente a casos de urgencia, incluidos los destinados a infraestructuras. Se ha concedido a Italia una dotación de 2 100 millones EUR para 2019, en virtud de las normas presupuestarias de la Unión, a fin de que garantice la prevención frente a los principales riesgos hidrogeológicos. Por último, no se están realizando suficientes inversiones efectivas en gestión de residuos ni en infraestructura hídrica en la Italia meridional, a pesar de la persistencia de los riesgos de escasez de agua y de sequía. La fragmentación del sector, unida al débil perfil de crédito de los operadores más pequeños, sigue siendo un obstáculo a la inversión. La inversión, como la destinada a atajar el cambio climático y a promover la sostenibilidad medioambiental, la prevención de riesgos y la conectividad rural, también contribuiría a atenuar las disparidades regionales. En las zonas rurales, la instalación de la red de banda ancha se encuentra también menos avanzada. Por lo que se refiere a la cobertura de la banda ancha ultrarrápida (100 Mbps y superior), Italia sigue rezagada (un 24 % únicamente, frente a una media del 60 % en la Unión) y se clasifica casi en el último puesto (el vigesimoséptimo), con una tasa de crecimiento aún muy moderada. Tanto la cobertura de la banda ancha ultrarrápida como su grado de adopción por la población muestran resultados muy inferiores a las medias de la Unión.

                  (23)

                  La escasa capacidad del sector público para administrar fondos, especialmente a escala local, representa un obstáculo a la inversión en todos los sectores y se debe a la complejidad de los procedimientos, el solapamiento de responsabilidades y la mala gestión del empleo público. La inadecuación de las competencias de los empleados del sector público limita su capacidad para evaluar, seleccionar y gestionar los proyectos de inversión. Ello socava a su vez la ejecución de los fondos de la Unión, aspecto en el que Italia va a la zaga en comparación con la media de la Unión. En el sur del país, la menor calidad de la gobernanza limita gravemente la capacidad de gasto y de formulación de políticas. La mejora de la capacidad administrativa es un requisito previo para la aplicación eficaz de la inversión pública y el uso de los fondos de la Unión, con efectos indirectos positivos sobre la inversión privada y el crecimiento del PIB. Estas mejoras podrían conferir mayor impacto a las inversiones en los ámbitos de la banda ancha, el transporte, la gestión hidrológica y la economía circular, especialmente en la Italia meridional, que acumula retrasos principalmente en términos de inversiones inmateriales. La mejora de la capacidad administrativa de los entes centrales y locales tendría una repercusión favorable sobre la planificación, la evaluación y el seguimiento de los proyectos de inversión, así como sobre la determinación y la superación de los posibles obstáculos.

                  (24)

                  El aumento de la eficiencia de la Administración Pública italiana y de su capacidad de responder a las necesidades de las empresas tendría un impacto favorable sobre el entorno empresarial, la inversión y la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades de innovación. En 2015, se adoptó una Ley general de reforma de la Administración Pública. La reforma se refería a la mayor parte de las fuentes de ineficiencia, como la larga duración y la complejidad de los procedimientos, la falta de transparencia, la gestión ineficaz del empleo público, la gestión ineficiente de las empresas de propiedad pública y la escasa informatización. A finales de 2017, se había aplicado la mayor parte de la reforma, y en la actualidad prosigue su ejecución con el apoyo de la nueva ley de «Concretezza». Sin embargo, la falta de coherencia en la planificación, los escasos recursos financieros y una coordinación insuficiente están retrasando la implantación de los servicios públicos digitales en ámbitos clave tales como los sistemas de pago en línea, que contribuiría a reducir la complejidad y a aumentar la transparencia. La elevada media de edad y las escasas competencias digitales medias de los empleados públicos están ralentizando aún más el proceso. No obstante, cuando se combinan unos objetivos claros con una aplicación efectiva, se obtienen resultados evidentes, como ha dejado patente el rápido desarrollo del mercado electrónico para las Administraciones Públicas y la facturación electrónica. La reforma de la Administración Pública de 2015 también preveía un nuevo marco de reforma de la gestión de los servicios públicos locales. Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional de Italia declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de una serie de decretos legislativos, incluido el relativo a los servicios públicos locales. Así pues, será preciso adoptar una nueva iniciativa legislativa que fomente la eficiencia y la calidad de estos servicios, en particular otorgando prioridad a las ofertas competitivas sobre las soluciones internas o las subvenciones.

                  (25)

                  La Nota de Actualización del Documento Económico y Financiero 2018 (NADEF 2018) determinó que la preparación de los proyectos y la mejora de la calidad del ciclo del proyecto eran factores esenciales para la reactivación de un gasto en inversión efectivo en Italia. En el mismo documento, se informaba de la constitución de un fondo de subvenciones específico para la preparación y revisión de proyectos relacionados con infraestructuras clave. Se preveía además otro fondo de subvenciones para la preparación de proyectos de menor envergadura ejecutados por entes locales. Sin embargo, aún no se ha dictado el decreto de aplicación de ninguno de los dos fondos, y la dotación asignada a los mismos podría ser inferior a la que se presentó inicialmente en el DEF de 2018. En la Ley de Presupuestos de 2019, se menciona la creación de una «Centrale per la proggetazione», pero este organismo aún no está operativo, y su creación parece requerir un esfuerzo a largo plazo. Por lo que se refiere a la funcionalidad, no está claro el modo de interacción de esta Centrale per la proggetazione con los municipios y otros entes locales.

                  (26)

                  La mejora del entorno empresarial facilitaría el emprendimiento, y la mejora de las condiciones marco para la competencia favorecería una asignación más eficiente de los recursos y traería consigo un aumento de la productividad. La ley anual en materia de competencia de 2015, adoptada en agosto de 2017, ha de aplicarse correctamente. Por otro lado, persisten importantes obstáculos a la competencia en determinados sectores, como los servicios empresariales y el comercio minorista. La mejora de la calidad del marco regulador garantizaría unas condiciones de competencia equitativas tanto en favor de las plataformas innovadoras como de los operadores tradicionales, liberando todo el potencial de la economía colaborativa y favoreciendo una competencia más leal en todos los sectores. Potenciar los procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público y concesiones de acceso a bienes públicos repercutiría positivamente en la calidad de los servicios. La falta de estabilidad normativa en el sistema de contratación pública podría poner en peligro algunos beneficios esenciales de anteriores reformas y contribuir a aplazar la inversión. La vigilancia del mercado de productos se reparte entre diversas organizaciones, presenta numerosos solapamientos y carece de sistemas para una coordinación eficaz. Ello reduce la eficacia de los controles destinados a evitar la competencia desleal de las empresas que no cumplen las normas.

                  (27)

                  La escasa eficiencia del sistema judicial civil italiano sigue siendo motivo de preocupación. En 2017, el tiempo necesario para resolver contenciosos civiles y mercantiles en Italia seguía siendo el más largo de la Unión en todas las instancias. Aunque la duración de los procedimientos en primera instancia registró un aumento frente a 2016, las anteriores reformas están empezando a incidir positivamente en la duración de los juicios en las instancias superiores, aunque todavía hay margen para limitar abusos en los procesos y garantizar un funcionamiento más eficiente de los tribunales. El elevado número de causas que entran en el Tribunal Supremo de Casación, combinado con unos porcentajes de resolución inferiores en su sección tributaria, afecta negativamente a la eficiencia del Tribunal y suscita preocupación respecto del sistema de justicia tributaria en primera y segunda instancia. En general, la adecuada aplicación de unas normas procesales más sencillas podría contribuir a acelerar de forma decisiva los juicios civiles. A este respecto, se ha anunciado una reforma para racionalizar los procesos civiles que, no obstante, aún no se ha presentado al Parlamento. Otros retos aún pendientes son la utilización limitada y poco sistemática del filtro de inadmisibilidad en los recursos en segunda instancia, las numerosas vacantes para el personal administrativo y las diferencias persistentes entre los órganos jurisdiccionales en cuanto a la eficacia de la gestión de los casos.

                  (28)

                  Italia ha realizado recientemente algunos avances en la mejora de su marco de lucha contra la corrupción, en particular mediante una mayor protección de los denunciantes de irregularidades, un papel reforzado de la autoridad nacional de lucha contra la corrupción en la aplicación de dicho marco y la adopción de una nueva ley de lucha contra la corrupción en enero de 2019. Esta última pretende impulsar la detección y represión de la corrupción a través de la imposición de sanciones más severas, mejores técnicas de investigación y un régimen de clemencia para quienes denuncien la corrupción. La ley también suprime los plazos de prescripción tras una condena en primera instancia, pero solo a partir de 2020. Esta última medida es una paso positivo y esperado desde hace tiempo que está en consonancia con las normas internacionales. Sin embargo, en Italia, la represión de la corrupción sigue siendo ineficaz, debido principalmente a la duración de los procesos penales, que aún es excesiva, puesto que no se ha procedido a su necesaria reforma (en particular en cuanto al sistema de recurso para evitar un uso abusivo de los litigios). Además, persisten lagunas en la persecución de delitos específicos, como la malversación de fondos públicos.

                  (29)

                  Los bancos italianos han seguido progresando adecuadamente en el saneamiento de su balance, pese a haber surgido nuevas presiones del mercado. Sin embargo, como consecuencia de su elevado nivel de exposición a la deuda soberana, la volatilidad del mercado ha afectado negativamente a sus posiciones de capital, lo que ha incidido en los costes de financiación y dificultado en mayor medida su acceso a financiación mayorista no garantizada. La continuación de la reducción del remanente de préstamos dudosos y morosos sigue estando justificada, especialmente en el caso de los bancos pequeños y de segundo nivel, a fin de continuar defendiendo la estabilidad financiera y reforzando la concesión de crédito a la economía. Lograr que los bancos, especialmente los de pequeñas dimensiones, progresen en el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de financiación impulsaría también la resiliencia del sistema frente a perturbaciones externas. Es importante asimismo hacer frente a la baja rentabilidad de los bancos, que reviste carácter estructural, mediante el aumento de la eficiencia y la optimización de los modelos de empresa. Una aplicación oportuna de los decretos de reforma en materia de insolvencia contribuiría a acelerar los procedimientos de ejecución hipotecaria y de ejecución de garantías, que siguen siendo lentos, y a reforzar aún más la resiliencia del sector bancario. Toda indemnización concedida por el Estado a los accionistas y titulares minoristas de deuda subordinada de bancos inmersos en el pasado en procedimientos de liquidación administrativa debería destinarse estrictamente a paliar los efectos sociales de anteriores ventas abusivas. Es preciso seguir mejorando la gobernanza del sistema bancario mediante la rápida compleción de la reforma de las grandes cooperativas de crédito de 2015, una vez conseguida la claridad jurídica.

                  (30)

                  El crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiación de las empresas. Sin embargo, las más pequeñas e innovadoras siguen teniendo dificultades para acceder al crédito, especialmente en la Italia meridional. El mercado de capitales está poco desarrollado en comparación con el de otros Estados miembros, debido en particular a factores que limitan la demanda, como por ejemplo la escasa cultura financiera, el temor a perder el control sobre la empresa y los gravosos requisitos administrativos. En los últimos años, se han introducido diversas medidas para mejorar el acceso a la financiación que se han orientado en su mayoría hacia el canal de crédito bancario, aunque se han adoptado asimismo otras basadas en el mercado como, por ejemplo, los «minibonos», el mercado de inversiones alternativo, el capital riesgo y el apoyo público directo, que también han contribuido a que las empresas más pequeñas e innovadoras obtuvieran financiación. La supresión en el presupuesto de 2019 de la bonificación aplicada al capital social puede reducir los incentivos para que las empresas recurran a la financiación con fondos propios. El impulso efectivo del acceso a financiación no bancaria requiere tener en cuenta las necesidades de las empresas más pequeñas e innovadoras, así como la capacidad de los inversores para evaluar los proyectos de inversión. La diversificación de las fuentes de financiación permitiría proteger mejor la inversión de las empresas frente a los choques en el sector bancario, apoyando al mismo tiempo la innovación y el crecimiento.

                  (31)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Italia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores señalados, habida cuenta de las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

                  (32)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (33)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (34)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de las cuatro primeras recomendaciones para la zona del euro. Las políticas presupuestarias a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios asociados a la deuda pública elevada.

            RECOMIENDA a Italia que adopte medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar una reducción nominal del gasto público primario neto del 0,1 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los resultados positivos no previstos para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. Aligerar la fiscalidad del trabajo, en particular reduciendo el gasto tributario y reformando los valores catastrales, que han quedado obsoletos. Combatir la evasión fiscal, especialmente la derivada de la ausencia de facturación, en particular reforzando el uso obligatorio de los pagos electrónicos, por ejemplo, mediante la disminución de los umbrales legales para los pagos en efectivo. Aplicar plenamente las anteriores reformas del sistema de pensiones con el fin de reducir el porcentaje del gasto público que se destina a las pensiones y de disponer de margen para financiar otros gastos sociales y favorables al crecimiento.

         2.

            Intensificar los esfuerzos por combatir el trabajo no declarado. Velar por una integración efectiva de las políticas activas del mercado de trabajo y de las políticas sociales y por la aplicación de las mismas, en particular, en favor de los jóvenes y de los grupos vulnerables. Apoyar la participación de la mujer en el mercado laboral mediante una estrategia global que incluya el acceso a servicios de guardería y a cuidados de larga duración de calidad. Mejorar los resultados en materia educativa, particularmente a través de inversiones adecuadas y específicas, y fomentar una mejora de las capacidades, en especial reforzando las competencias digitales.

         3.

            Centrar la política de inversiones en la investigación y la innovación, así como en la calidad de las infraestructuras, tomando en consideración las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de la Administración Pública, en particular invirtiendo en las capacidades de los funcionarios, acelerando la digitalización y aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales. Abordar las restricciones a la competencia, concretamente en el sector minorista y en el ámbito de los servicios empresariales, especialmente mediante la adopción de una nueva ley anual sobre competencia.

         4.

            Reducir la duración de los procesos civiles en las diferentes instancias mediante la racionalización y el cumplimiento de las normas procesales, en particular las que están siendo examinadas por el legislador y con especial énfasis en los regímenes de insolvencia. Mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción mediante la reforma de las normas procesales a fin de reducir la duración de los procesos penales.

         5.

            Fomentar la reestructuración de los balances, especialmente de los bancos de pequeñas y medianas dimensiones, mejorando la eficiencia y la calidad de los activos, prosiguiendo la reducción de los préstamos dudosos y diversificando las fuentes de financiación. Mejorar la financiación no bancaria en favor de las empresas pequeñas e innovadoras.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 48.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Chipre

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/80

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Chipre
      (2019/C 301/13)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Este estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 5 que figuran más adelante. En concreto, la adopción de medidas para reducir la carga administrativa ayudará a dar respuesta a la primera recomendación para la zona del euro por lo que respecta a las mejoras del entorno empresarial y de la productividad con el fin de reequilibrar la zona del euro; centrar las políticas económicas relacionadas con la inversión en los ámbitos especificados ayudará a atender la segunda recomendación para la zona del euro por lo que respecta al apoyo a la inversión; las medidas fiscales y las destinadas a mejorar las capacidades ayudarán a poner en práctica la tercera recomendación para la zona del euro por lo que respecta a la lucha contra la planificación fiscal abusiva y el funcionamiento del mercado de trabajo; y las medidas para mejorar el funcionamiento de la sociedad de gestión de activos ayudarán a dar respuesta a la cuarta recomendación para la zona del euro por lo que respecta a la reducción de los préstamos no productivos.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Chipre fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Chipre de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chipre hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es esencial que el Estado miembro haga frente a los elevados niveles de deuda privada, deuda pública y deuda exterior y de préstamos no productivos.

                  (4)

                  Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 15 de abril de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 el 30 de abril de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han tenido en cuenta en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Tal como dispone el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones a su acuerdo de asociación y programas correspondientes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Chipre se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, se prevé que el saldo de las administraciones públicas, que se convirtió en un déficit del 4,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 y, por tanto, rebasó el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, alcance un superávit en términos nominales del 3,0 % del PIB en 2019 y algo más del 2,0 % del PIB a lo largo del período del programa. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, se alcance en el transcurso del período 2019-2022. Se espera que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB, que aumentó hasta situarse en torno al 102,5 % del PIB en 2018, disminuya al 95,7 % en 2019 y siga reduciéndose de manera constante posteriormente, hasta alcanzar el 77,5 % en 2022, según el Programa de Estabilidad de 2019. Las hipótesis macroeconómicas en las que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Tienden a infravalorarse los riesgos asociados con los supuestos macroeconómicos y presupuestarios que se presentan en el Programa de Estabilidad, vinculados principalmente a sucesos externos, así como la posible repercusión presupuestaria de sentencias judiciales sobre reformas tributarias pasadas y las necesidades de financiación de los hospitales públicos durante los primeros años del sistema nacional de salud. Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión pronostican que el saldo de las administraciones públicas registre un superávit del 3,0 % del PIB en 2019 y del 2,8 % del PIB en 2020. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el 1,1 % del PIB en 2019 y en el 0,7 % del PIB en 2020, manteniéndose por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Chipre cumpla la norma en materia de deuda en 2019 y 2020. En general, el Consejo considera que Chipre probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (7)

                  El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado debido a que, según los datos transmitidos, el déficit global incumplió en 2018 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. La conclusión del informe era que no debían tomarse medidas adicionales que condujeran a una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo. Las ineficiencias de la administración pública y de los gobiernos locales siguen planteando dificultades, pese a los avances realizados en cuanto a servicios de administración electrónica. Esto repercute en el entorno empresarial. Sigue pendiente la aprobación de propuestas legislativas fundamentales para tratar esta cuestión, como los proyectos de ley sobre la reforma de la administración pública y de los gobiernos locales. Las deficiencias del marco de gobernanza de las entidades estatales podrían facilitar la acumulación de pasivos contingentes públicos y obstaculizar la capacidad de inversión en servicios esenciales, como los de telecomunicaciones y energía. La contención de la masa salarial del sector público, que ha sido un factor significativo en el saneamiento presupuestario de Chipre, debería continuar.

                  (8)

                  La lucha contra la planificación fiscal abusiva es esencial para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación de 2019 para la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal agresiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Chipre ha tomado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero los altos niveles de pagos en concepto de dividendos e intereses (en relación con el PIB) indican que hay empresas que pueden aprovechar la normativa fiscal chipriota para practicar una planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) en concepto de dividendos, intereses y, en muchos casos, cánones, realizados por empresas establecidas en Chipre a residentes en terceros países puede dar lugar a que dichos pagos eludan por completo la tributación en aquellos casos en que tampoco estén sujetos a tributación en el país receptor. La ausencia de tales impuestos, junto con las normas sobre residencia fiscal de las empresas, podrían facilitar la planificación fiscal abusiva. El régimen de deducción de los intereses teóricos debe supervisarse estrechamente para evitar que se aproveche indebidamente con fines de planificación fiscal abusiva. Por último, el régimen chipriota de ciudadanía para inversores por exención y el régimen de residencia por inversión dan acceso a un tipo impositivo bajo sobre la renta de las personas físicas para rentas procedentes de activos financieros exteriores y no exigen que una persona pase un período significativo en el territorio que ofrece el régimen. La OCDE ha señalado que presentan un riesgo potencialmente elevado de que se aprovechen para eludir el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

                  (9)

                  Se aplicaron medidas significativas en el contexto de una estrategia global frente a los préstamos no productivos. Esto condujo a una reducción notable de los préstamos no productivos en el sector bancario, gracias principalmente a la venta y la liquidación del Cyprus Cooperative Bank y a la transferencia de su cartera de préstamos no productivos a una sociedad estatal de gestión de activos. Por otra parte, mejoró la legislación sobre la venta de préstamos y se aprobó una ley sobre la titulización de préstamos. Para maximizar las ganancias procedentes de la venta de activos y, en última instancia, ayudar a reducir la deuda privada, es esencial que la sociedad estatal de gestión de activos tenga una estructura de gobernanza eficaz, una gestión muy especializada, independencia operativa con respecto al Estado chipriota y objetivos bien definidos y acordes con los compromisos contraídos por el gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal relativa a la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. Por otra parte, es importante que se establezca un marco de supervisión adecuado para las empresas que adquieren créditos, incluida la sociedad estatal de gestión de activos, ya que el número de ellas ha aumentado y están planeadas más ventas de carteras de préstamos no productivos en el futuro. La capacidad administrativa y de gobernanza de los supervisores de seguros y fondos de pensiones sigue siendo baja. Debería concretarse sin demora la integración de estos supervisores. En términos más generales, debe reforzarse el marco de supervisión aplicable a los mercados de capitales, habida cuenta de la considerable importancia relativa de las actividades transfronterizas de las empresas de servicios financieros no bancarios y del crecimiento exponencial de las empresas autorizadas en los últimos años.

                  (10)

                  El empleo está aumentando, el desempleo está disminuyendo y la capacidad a corto plazo de los servicios públicos de empleo para prestar apoyo activo al empleo ha mejorado. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo de la capacidad de estos servicios sigue siendo dudosa, ya que el personal suplementario fue contratado por tan solo dos años. En 2018, la proporción de jóvenes que carecían de empleo y tampoco estaban llevando a cabo estudios ni una formación profesional figuraba entre las más altas de la Unión. La escasa eficiencia de los servicios públicos de empleo y su alcance y participación limitados en la adopción de medidas de activación para ayudar a la gente a encontrar trabajo siguen siendo un problema. Por consiguiente, hay margen para reforzar las medidas de acercamiento y de apoyo a la activación para el acceso al empleo, en particular las dirigidas a los jóvenes y los desempleados de larga duración. Esto incluye promover el trabajo autónomo y la economía social, así como modernizar las instituciones y los servicios del mercado laboral con el fin de ayudar a las personas a adquirir capacidades que respondan mejor a las necesidades del mercado de trabajo.

                  (11)

                  La escasez de personal cualificado y la inadecuación de las capacidades se encuentran entre los principales obstáculos a la inversión empresarial, lo que pone de relieve la necesidad de invertir más en la formación profesional de la mano de obra potencial no utilizada e infrautilizada, de ajustar mejor los planes de estudios a las necesidades del mercado de trabajo y de invertir en una infraestructura de formación profesional adaptada a él. Los avances en reformas cruciales de la educación y la formación, como las destinadas a mejorar los procesos de designación y evaluación de los profesores, son desiguales. El rendimiento académico sigue siendo bajo, al igual que la participación en la educación infantil y los cuidados a la infancia, que se han vuelto menos asequibles para los hogares, cuyos ingresos durante la crisis disminuyeron a un ritmo superior al de los costes de los servicios de atención a la infancia. La continuación de los esfuerzos para modernizar el sistema de educación y de formación a todos los niveles ayudará a mejorar los resultados educativos e incrementará el potencial de crecimiento sostenible de Chipre. La modificación de los planes de estudios de la formación general y profesional es un paso alentador para reducir la inadecuación de las capacidades en el mercado de trabajo. Sin embargo, la elevada proporción de titulados universitarios que se ven afectados por la inadecuación de sus capacidades y la baja participación en la educación de adultos, en especial de las personas con más baja cualificación, indican la necesidad de reforzar las medidas de formación complementaria y reciclaje profesional.

                  (12)

                  Chipre ha avanzado en materia de asistencia sanitaria con la aprobación de legislación para la creación del nuevo sistema nacional de salud. Con este nuevo sistema se trata de mejorar el acceso, introducir la cobertura sanitaria universal, reducir el elevado nivel de pago directo e incrementar la eficiencia de la prestación de asistencia en el sector público. Antes de que el sistema sea plenamente operativo, en 2020, deberán solventarse aún importantes escollos prácticos y se requerirá una inversión importante. Sigue siendo crucial preservar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, y en concreto garantizar la autonomía financiera y operativa de los hospitales públicos, como está previsto. La adopción de medidas de modernización y mejora de la eficiencia de los proveedores de asistencia sanitaria, incluida la asistencia sanitaria primaria, con la introducción de la sanidad electrónica y la creación de una organización nacional de medicamentos, apuntalaría aún más el sistema sanitario. El nivel de los cuidados de larga duración es bajo y sigue planteando un problema, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.

                  (13)

                  Es muy preocupante el deficiente comportamiento medioambiental de Chipre, cuya vulnerabilidad frente al cambio climático se mantiene. Chipre debe mejorar significativamente su sistema de gestión de residuos y la economía circular. La generación de residuos sigue siendo significativamente más elevada que la media de la Unión y ha aumentado desde 2014. Las instalaciones existentes de tratamiento de residuos no permiten niveles elevados de reciclaje, y la falta de instrumentos económicos, como los impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos, hace que el reciclaje resulte poco atractivo económicamente. La gestión de los recursos hídricos, en particular en las zonas urbanas, se caracteriza por su ineficiencia. La escasez de agua, combinada con la extracción excesiva de agua subterránea, es el principal problema para Chipre. Por lo que respecta a las aguas residuales urbanas, una cantidad considerable se sigue evacuando sin pasar por instalaciones de recogida o depuración; solo alrededor de la mitad de las aguas residuales totales se somete a un tratamiento secundario. Las sequías y la escasez de agua constituyen preocupaciones graves y una respuesta política insuficiente puede afectar a la economía rural y al turismo de Chipre. Por consiguiente, una gestión sostenible y un uso eficiente de sus recursos naturales, junto con medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental y climática, son esenciales para que Chipre pueda mitigar los efectos adversos del cambio climático, preservar y restablecer su entorno natural y garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

                  (14)

                  Chipre puede aprovechar mucho mejor sus fuentes de energía renovables, en especial la solar, y corregir las actuales ineficiencias energéticas. El porcentaje de energía renovable en Chipre fue del 9,72 % en 2017, y su objetivo para 2020 es del 13 %. Los edificios residenciales y comerciales construidos con poca protección térmica o sin ella, especialmente en las zonas urbanas, son una causa importante de ineficiencia energética. Las condiciones marco para invertir en el sector de las energías renovables han mejorado, y se han introducido diversas medidas, como la instalación de sistemas fotovoltaicos y regímenes de ayuda para pequeñas y medianas empresas (pymes) y hogares. Sin embargo, Chipre aún no ha aprovechado plenamente su considerable potencial de generación de energía renovable, en particular la procedente de fuentes solares. La dependencia de las carreteras para el transporte interior plantea una serie de retos políticos, en especial a la hora de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ocasiona graves congestiones de tráfico en las zonas urbanas durante las horas punta, así como en las carreteras que enlazan con los puertos. Con un porcentaje del 2,7 % en 2016, Chipre también va a la zaga en el uso de fuentes de energía renovables en los transportes, y puede tener dificultades para alcanzar el objetivo vinculante del 10 % para 2020.

                  (15)

                  Invertir en la economía digital y en la mejora de las capacidades digitales de los trabajadores es esencial para impulsar la productividad. Chipre se sitúa en el extremo inferior del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2019 de la Comisión Europea. Solo el 50 % de los chipriotas de entre 16 y 74 años tiene capacidades digitales básicas y los especialistas en TIC representan aún una reducida proporción de la población activa en comparación con el conjunto de la Unión (2,3 % frente a 3,7 %), lo cual erosiona el potencial de la economía digital. El nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos es bajo, y solo el 50 % de los chipriotas interactúa en línea. El comercio electrónico está mejorando pero continúa por debajo de la media en la Unión.

                  (16)

                  Chipre, cuyos resultados en materia de innovación han empeorado desde 2010, sigue siendo un innovador poco destacado. Los niveles de gasto en actividades de investigación y desarrollo públicas y privadas están entre los más bajos de la Unión, lo que obstaculiza la capacidad de los centros de investigación y el sector empresarial para innovar. La interacción entre universidades y empresas es también muy limitada. Para mejorar la competitividad de Chipre y, en concreto, la de sus pymes, es crucial aumentar la capacidad del sector empresarial para innovar e impulsar el acceso a financiación e inversiones centradas en áreas bien definidas de especialización inteligente.

                  (17)

                  La carga administrativa es elevada, en especial cuando se trata de poner en marcha inversiones estratégicas. Hay margen para simplificar significativamente los procedimientos de obtención de permisos para realizar inversiones estratégicas y falta la legislación pertinente.

                  (18)

                  La ejecución del plan de acción para el crecimiento ha propiciado algunos progresos en materia de emprendimiento y acceso a la financiación para las pymes. Sin embargo, las medidas de apoyo financiero para las pymes siguen consistiendo principalmente en subvenciones y financiación de los bancos con respaldo de fondos nacionales o de la Unión. Fuentes alternativas de financiación, como el capital de riesgo, la financiación mediante fondos propios y la microfinanciación colectiva, siguen siendo marginales para las empresas chipriotas. Una mejor coordinación del apoyo a las empresas podría mejorar su implantación. Muchas iniciativas de privatización destinadas a atraer inversiones extranjeras que promuevan la productividad están en suspenso, y solo unos pocos proyectos de privatización avanzan gradualmente.

                  (19)

                  Las persistentes ineficiencias del sistema judicial siguen afectando al cumplimiento de los contratos e impiden la rápida resolución de asuntos civiles y mercantiles y la investigación de delitos graves. Las engorrosas y anticuadas normas que regulan los procedimientos civiles y el deficiente cumplimiento de las sentencias judiciales merman el incentivo de los bancos para utilizar los marcos de insolvencia y ejecución hipotecaria con el fin de reducir su volumen de préstamos no productivos. Se ha iniciado una serie de reformas para tratar los problemas más graves que afectan al sistema judicial, en particular el anacronismo de las normas de procedimiento civil, la escasa especialización y digitalización de los tribunales, la tramitación del gran volumen de asuntos atrasados y la falta de formación continua para los jueces; pero los avances siguen siendo lentos. La reforma debe ser acorde con los compromisos contraídos por el Gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal sobre la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. En 2018 se adoptaron marcos mejorados para los procedimientos de insolvencia y de ejecución hipotecaria. La aplicación decidida de la nueva legislación, combinada con medidas que garanticen un sistema judicial eficiente y un cumplimiento más estricto de las sentencias, debería contribuir a mejorar la disciplina de reembolso de deudas. Desde diciembre de 2017 se ha aplicado una estrategia nacional anticorrupción, que se ha reforzado con un plan de acción nacional horizontal contra la corrupción aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2019. Se han presentado en el Parlamento sendos proyectos de ley para la creación de un nuevo organismo independiente anticorrupción y para la protección de las personas denunciantes, pero aún no han sido aprobados. Estas leyes ayudarían a reforzar el marco nacional de lucha contra la corrupción. Las reformas anticorrupción deberían acelerarse mediante la rápida aplicación del Plan de Acción Anticorrupción. Debe salvaguardarse la independencia de los fiscales y debe reforzarse la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

                  (20)

                  El atraso en la expedición de escrituras de propiedad sigue siendo elevado, pese a algunos esfuerzos realizados para reducirlo. Sigue faltando una solución estructural para subsanar las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y la transmisión de escrituras de propiedad). Esto es esencial para facilitar los procedimientos de ejecución hipotecaria y permitir la liquidación de garantías.

                  (21)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Chipre utilizar de manera óptima esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades territoriales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

                  (22)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando contribuciones a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (23)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima (7) que cabe esperar que Chipre cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (24)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, en particular la primera, la tercera y la cuarta de las recomendaciones para la zona del euro.

            RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Aprobar reformas legislativas fundamentales para mejorar la eficiencia del sector público, en concreto por lo que respecta al funcionamiento de la administración pública y a la gobernanza de las entidades estatales y los gobiernos locales. Revisar los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva de particulares y de multinacionales, en concreto a través de los pagos salientes por parte de las multinacionales.

         2.

            Facilitar la reducción de los préstamos no productivos, en concreto mediante la implantación de una estructura de gobernanza eficaz para la sociedad estatal de gestión de activos, la adopción de medidas para mejorar la disciplina de pago y el refuerzo de la supervisión de las empresas que adquieren los créditos. Fortalecer las capacidades de supervisión del sector financiero no bancario, en concreto mediante la plena integración de los supervisores de seguros y de fondos de pensiones.

         3.

            Completar las reformas encaminadas a aumentar la eficacia de los servicios públicos de empleo y reforzar las medidas de proximidad y de apoyo a la activación dirigidas a los jóvenes. Hacer efectiva la reforma del sistema de educación y de formación, incluida la evaluación de los profesores, e incrementar la implicación de los empleadores y la participación de los estudiantes en la formación profesional, y promover una educación infantil y unos cuidados infantiles asequibles. Tomar medidas para asegurar que el sistema nacional de salud esté en funcionamiento en 2020, según lo planeado, preservando al mismo tiempo su sostenibilidad a largo plazo.

         4.

            Centrar la política económica de inversión en el transporte sostenible, el medio ambiente, en particular la gestión de residuos y de aguas residuales, la eficiencia energética y las energías renovables, la digitalización, incluidas las capacidades digitales, así como la investigación y la innovación, teniendo en cuenta las disparidades territoriales existentes dentro de Chipre. Adoptar legislación para simplificar los procedimientos de expedición de los permisos y licencias necesarios para los inversores estratégicos. Mejorar el acceso de las pymes a la financiación y reanudar la ejecución de proyectos de privatización.

         5.

            Intensificar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema judicial, incluido el funcionamiento de la justicia administrativa y la revisión de los procedimientos civiles, incrementar la especialización de los tribunales e implantar un sistema operativo de justicia en red. Tomar medidas para reforzar la ejecución legal de las reclamaciones y garantizar que existan sistemas rápidos y fiables de expedición y transmisión de escrituras de propiedad y derechos sobre bienes inmuebles. Acelerar las reformas anticorrupción, salvaguardar la independencia de los fiscales y reforzar la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 55.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.