title: Recomendación del Consejo, de 6 de marzo de 2018, relativa a un programa para la aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)

text:
               8.3.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 88/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 6 de marzo de 2018
   relativa a un programa para la aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
   (2018/C 88/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 46, apartado 6,
   Visto el Protocolo n.o 10 sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes (1),
   Vista la propuesta de la República Federal de Alemania, del Reino de España, de la República Francesa y de la República Italiana,
   Considerando Lo Siguiente:

               (1)

               El Consejo Europeo de junio de 2017 convino en la necesidad de poner en marcha una Cooperación Estructurada Permanente (CEP) integradora y ambiciosa, con objeto de reforzar la seguridad y la defensa de Europa, y contribuir a alcanzar el nivel de ambición de la Unión manifestado en la Estrategia Global de la UE y según se describe en las Conclusiones del Consejo de 14 de noviembre de 2016 sobre la aplicación de la Estrategia Global de la UE en materia de Seguridad y Defensa. El Consejo Europeo afirmó que esta labor ha de ser coherente con la planificación de la defensa nacional y los compromisos de los Estados miembros acordados en el marco de la OTAN y las Naciones Unidas por los Estados miembros afectados.

               (2)

               El 13 de noviembre de 2017, el Consejo y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alta Representante») recibieron una notificación conjunta de 23 Estados miembros, de conformidad con el artículo 46, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y el 7 de diciembre de 2017, otra de dos Estados miembros más.

               (3)

               La Decisión (PESC) 2017/2315 estableció la CEP y determinó que la gobernanza de dicha CEP se organizará a nivel del Consejo y en el marco de proyectos puestos en marcha por grupos de los Estados miembros participantes que hayan acordado entre sí llevarlos a cabo.

               (4)

               El 11 de diciembre de 2017, los Estados miembros participantes en la CEP adoptaron también una Declaración en la que expresaban su intención de preparar, en grupos de diferente composición, los primeros proyectos de colaboración de la CEP que figuran en el anexo de la Declaración.

               (5)

               El 14 de diciembre de 2017, el Consejo Europeo acogió favorablemente el establecimiento de CEP ambiciosa e integradora, destacó la importancia de que se lleve a cabo con rapidez el primer conjunto de proyectos e instó a los Estados miembros participantes a cumplir los objetivos de sus planes nacionales de aplicación.

               (6)

               El 6 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/340 (2) por la que se establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la CEP.

               (7)

               El artículo 4, apartado 2, letra a), de la Decisión (PESC) 2017/2315 confirma que el Consejo, de conformidad con el artículo 46, apartado 6, del TUE, puede adoptar decisiones o recomendaciones que proporcionen una dirección y orientaciones estratégicas a la CEP.

               (8)

               Por consiguiente, el Consejo debe adoptar una recomendación que aporte esa dirección y orientaciones estratégicas a la aplicación de la CEP.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

               1.

               La presente recomendación tiene por objetivo aportar dirección y orientaciones estratégicas a la aplicación de la CEP, a fin de estructurar los futuros trabajos necesarios sobre los procesos y la gobernanza, en particular en materia de proyectos, a fin de que los Estados miembros participantes cumplan los compromisos más vinculantes que han suscrito entre sí, según figuran en el anexo de la Decisión (PESC) 2017/2315.

         II.   APLICACIÓN

      Etapas del cumplimiento de los compromisos y especificación de objetivos más precisos

               2.

               El artículo 4, apartado 2, letra b), de la Decisión (PESC) 2017/2315 establece que el Consejo debe adoptar decisiones y recomendaciones para definir las diferentes etapas de la realización de los compromisos más vinculantes que figuran en el anexo de dicha Decisión en el transcurso de las dos etapas iniciales consecutivas (años 2018-2020 y 2021-2025) y especificar al principio de cada etapa los objetivos más precisos para el cumplimento de los compromisos más vinculantes.

               3.

               Conviene por consiguiente que el Consejo adopte una recomendación antes de junio de 2018 que determine las diferentes etapas de realización de los compromisos para las etapas 2018-2020 y 2021-2025 y especifique objetivos más precisos, en particular los compromisos que han de cumplirse antes de 2020. Esta recomendación debe establecer también indicadores acordados para ayudar a los Estados miembros participantes a cumplir los compromisos y a evaluar los progresos al respecto.

               4.

               Se invita a la Secretaría de la CEP, asumida conjuntamente por el Servicio Europeo de Acción Exterior, incluido el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE), y la Agencia Europea de Defensa, tal como se establece en el artículo 7 de la Decisión (PESC) 2017/2315, a que dé a conocer sus reacciones para finales de marzo de 2018 sobre el tipo, el nivel de detalle y la estructura de la información facilitada en los planes nacionales de aplicación comunicados por los Estados miembros participantes en diciembre de 2017, a la luz del cumplimiento de sus compromisos. Estas reacciones deberían contribuir a la elaboración de la recomendación sobre las etapas, que el Consejo debe adoptar de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), de la Decisión (PESC) 2017/2315. La Secretaría de la CEP también podría apoyar individualmente a cada Estado miembro participante, previa solicitud por su parte, para mejorar la calidad de sus planes nacionales de aplicación.

               5.

               Tras la adopción de la recomendación sobre las etapas, los Estados miembros participantes deberían revisar y actualizar conforme a esta sus planes nacionales de aplicación, de ser necesario, y comunicarlos a la Secretaría de la CEP hasta el 10 de enero de 2019, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2017/2315. A partir de 2020, estos planes deberían presentarse anualmente a la Secretaría de la CEP hasta el 10 de enero, teniendo en cuenta la revisión de la CEP por parte del Consejo –basada en el informe anual anterior del Alto Representante a que se refiere el artículo 6 de la Decisión (PESC) 2017/2315–, el Plan de Desarrollo de Capacidades y las recomendaciones del informe bienal sobre revisión anual coordinada de la defensa (CARD).

               6.

               Al final de la primera etapa, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Decisión (PESC) 2017/2315, el Consejo actualizará y mejorará en caso necesario, los compromisos más vinculantes establecidos en dicha Decisión a la luz de los logros alcanzados mediante la CEP, a fin de reflejar la capacidad y las necesidades operativas de la Unión y la evolución del entorno de seguridad. Esta decisión se basará en un proceso de revisión estratégica que evalúe el cumplimiento de los compromisos de la CEP.

               7.

               Al comienzo de la siguiente etapa, el Consejo debería adoptar un segundo conjunto de objetivos más precisos para la etapa 2021-2025, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Decisión (PESC) 2017/2315.

      Lista de los proyectos que deben realizarse en el marco de la CEP

               8.

               Tras la adopción de una Decisión por el Consejo, el 6 de marzo de 2018, por la que se establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la CEP, los Estados miembros participantes deberían hacer esfuerzos importantes por definir unos objetivos y unos calendarios para cada proyecto.

               9.

               El Consejo debería actualizar esta lista para noviembre de 2018 con el fin de incluir el siguiente conjunto de proyectos de CEP, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Decisión (PESC) 2017/2315.

               10.

               A continuación, y con objeto de aplicar la CEP de manera duradera y efectiva, este procedimiento de evaluación de nuevos proyectos presentados por los Estados miembros participantes debería quedar concluido, en principio, en noviembre de cada año, tras una convocatoria de propuestas de nuevos proyectos antes de principios de mayo de ese mismo año. La evaluación de las propuestas de proyectos de CEP por la Secretaría de la CEP debería guiarse por unos criterios transparentes que abarquen tanto la perspectiva de las capacidades como el aspecto operativo y que deberían desarrollarse junto con los Estados miembros participantes. Conforme al artículo 5 de la Decisión (PESC) 2017/2315, el Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) facilitará asesoramiento militar sobre la recomendación del Alto Representante relativa a la identificación y a la evaluación de los proyectos de CEP.

               11.

               Los Estados miembros participantes que tengan intención de proponer un proyecto individual deberían informar a los demás Estados miembros participantes en tiempo oportuno antes de presentar sus propuestas, a fin de recabar apoyo y ofrecerles la oportunidad de sumarse a la presentación colectiva de la propuesta. Deberían presentarse propuestas de proyecto detalladas, que incluyan calendarios de aplicación, con suficiente antelación para que la Secretaría de la CEP las evalúe con miras a una recomendación del Alto Representante al Consejo según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2017/2315. El Consejo insta a la Secretaría de la CEP a elaborar un modelo para la presentación de proyecto y a apoyar a los Estados miembros participantes en la transmisión de sus propuestas individuales de proyecto de CEP a otros Estados miembros.

      Conjunto común de reglas de gobernanza para los proyectos

               12.

               El Consejo debería adoptar, para junio de 2018, el conjunto común de reglas de gobernanza para los proyectos de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra f), de la Decisión (PESC) 2017/2315, que los Estados miembros que participen en un proyecto concreto podrían adaptar en caso necesario para dicho proyecto. Dicho conjunto debería proporcionar un marco que garantice una aplicación coherente y sistemática de los proyectos de CEP e incluir mecanismos para informar periódicamente al Consejo sobre el desarrollo de cada uno de los proyectos, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2017/2315, y para permitir la necesaria supervisión por parte del Consejo. A este respecto, habría que concretar aún más las funciones y responsabilidades de los Estados miembros participantes, también, entre otros, las funciones de los observadores, en su caso, y de la Secretaría de la CEP. Este marco debería facilitar asimismo a los participantes orientación general en la concepción de los mecanismos adecuados para la gestión de cada proyecto, conforme al artículo 5, apartado 3, de la Decisión (PESC) 2017/2315. En este contexto, el Consejo también debería considerar, para junio de 2018, la cuestión de las funciones de coordinación de los Estados miembros participantes en el marco de los proyectos. Condiciones generales de la participación excepcional de terceros Estados en proyectos individuales

      Condiciones generales de la participación excepcional de terceros Estados en proyectos individuales

               13.

               De conformidad con los artículos 4, apartado 2, letra g), y 9, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2017/2315, el Consejo adoptará una Decisión en la que establezca, en tiempo oportuno, las condiciones generales en las cuales pueda invitarse, con carácter excepcional, a terceros Estados a participar en proyectos individuales, y determinará con arreglo al artículo 9, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2017/2315 si un tercer Estado concreto cumple esas condiciones. La elaboración de esas condiciones generales debería iniciarse tan pronto esté listo el conjunto común de reglas de gobernanza para los proyectos y las etapas para el cumplimiento de los compromisos, a más tardar para junio de 2018, y, una vez el Consejo haya realizado otra evaluación, en principio antes de finales de 2018, se debería adoptar una Decisión.

      Informe anual del Alto Representante al Consejo y mecanismo de evaluación

               14.

               Con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Decisión (PESC) 2017/2315, y a partir de los planes nacionales de aplicación actualizados presentados por los Estados miembros participantes, el Alto Representante presentará al Consejo un informe anual en el que se describa el estado de aplicación de la CEP y que incluya el cumplimiento de sus compromisos por parte de cada Estado miembro participante, de conformidad con su plan nacional de aplicación. Dicho informe debería centrarse en las actuaciones y disposiciones concretas adoptadas por los Estados miembros participantes para cumplir sus compromisos, también a través de los proyectos de CEP, y basándose en los objetivos y la determinación de etapas más precisos definidos para las dos etapas iniciales consecutivas. En este contexto, se insta a la Secretaría de la CEP a proporcionar el modelo actualizado para los planes nacionales de aplicación.
               Los Estados miembros participantes deberían incluir en sus planes nacionales de aplicación información sobre las actuaciones y disposiciones concretas adoptadas para cumplir sus compromisos, con inclusión de información sobre las contribuciones a los proyectos. Además, la realización de consultas informales podría contribuir a aclarar la información facilitada en ellos.

               15.

               El Alto Representante debería presentar su primer informe anual en abril de 2019 o, al menos, con anterioridad al Consejo de Asuntos Exteriores correspondiente al primer semestre del año, con el fin de tener en cuenta los planes nacionales de aplicación actualizados presentados por los Estados miembros participantes a más tardar el 10 de enero de 2019. A partir de 2020, el informe anual debería presentarse en marzo o abril, teniendo en cuenta los planes nacionales de aplicación revisados y actualizados presentados en enero del mismo año.

               16.

               Sobre la base del informe elaborado por el Alto Representante, el CMUE debería proporcionar al Comité Político y de Seguridad asesoramiento militar y recomendaciones para permitirle preparar la revisión del Consejo sobre si los Estados miembros participantes siguen cumpliendo los compromisos más vinculantes, para mayo de cada año. En este contexto, el Consejo debería considerar también los progresos realizados en cuanto al cumplimiento del nivel de ambición de la Unión, mejorando así la capacidad de la Unión de actuar como proveedora de seguridad y su autonomía estratégica, y reforzando su capacidad de cooperar con los socios y proteger a sus ciudadanos.

      Hecho en Bruselas, el 6 de marzo de 2018.

            Por el Consejo

            El Presidente

         F. MOGHERINI

      (1)  DO L 331 de 14.12.2017, p. 57.

      (2)  DO L 65 de 8.3.2018, p. 24


               4.10.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 356/130

      P8_TA(2017)0440
      La Asociación Oriental: cumbre de noviembre de 2017
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017 (2017/2130(INI))
      (2018/C 356/18)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistos los artículos 2, 3 y 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

                  —

                  Vista la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga, el 7 de mayo de 2009, como un empeño común de la Unión y de sus socios orientales, a saber, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania,

                  —

                  Vistas las Declaraciones comunes de las cumbres de la Asociación Oriental celebradas en 2011 en Varsovia, en 2013 en Vilna y en 2015 en Riga,

                  —

                  Vista la Declaración de los dirigentes de los veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, adoptada el 25 de marzo de 2017 en Roma,

                  —

                  Vistas las recomendaciones y actividades de la Asamblea Parlamentaria Euronest, del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y del Comité de las Regiones y la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap),

                  —

                  Vistas las Comunicaciones de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Política Europea de Vecindad (PEV), en particular el informe de 2017 sobre la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018) y el documento de trabajo revisado de 2017 titulado «Eastern Partnership — 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Asociación Oriental — 20 objetivos para 2020: Centrarse en las prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la Comunicación de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

                  —

                  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la PEV y la Asociación Oriental,

                  —

                  Vista su Recomendación, de 5 de julio de 2017, sobre el 72.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1), sus Resoluciones, en particular las de 15 de junio de 2017, sobre el caso de Afgan Mujtarli y la situación de los medios de comunicación en Azerbaiyán (2), de 6 de abril de 2017 (3) y 24 de noviembre de 2016 (4), sobre la situación en Bielorrusia, de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017 (5), de 13 de diciembre de 2016, sobre los derechos de la mujer en los Estados de la Asociación Oriental (6), de 21 de enero de 2016, sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania (7), y de 9 de julio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad (8),

                  —

                  Vista la Declaración común, de 3 de julio de 2017, de los Parlamentos de Georgia, Moldavia y Ucrania,

                  —

                  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0308/2017),

                  A.

                  Considerando que la Asociación Oriental se basa en el compromiso compartido por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania y la Unión Europea de profundizar sus relaciones y adherirse al Derecho internacional y respetar los valores fundamentales tales como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de género, así como en favor de la economía social de mercado, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza;

                  B.

                  Considerando que la Asociación Oriental persigue los objetivos comunes de fomento de la estabilidad, la confianza y la cooperación, de apoyo a las reformas democráticas, a unas buenas relaciones de vecindad, a la resolución pacífica de conflictos y a la cooperación regional, de mejora de las relaciones interpersonales y de impulso del comercio, a fin de intensificar el diálogo político y la asociación, así como la cooperación económica y la integración;

                  C.

                  Considerando que, a través de su Estrategia Global y de la PEV revisada, la Unión intenta lograr un mayor acercamiento de sus socios a través de una asociación política y una integración económica aceleradas con la Unión, a la vez que aspira a promover la estabilización política, la resiliencia de la sociedad y la prosperidad económica en su vecindad, y a posibilitar unas relaciones políticas y económicas privilegiadas en consonancia con el nivel de ambición de cada país socio;

                  D.

                  Considerando que, dado que la Unión estima que la cooperación es un valor en sí mismo y cree firmemente que redunda en beneficio de todas las partes interesadas, existe el compromiso por parte de la Unión de seguir trabajando con todos los países de la Asociación Oriental, siempre y cuando no se cuestionen ni se menoscaben los valores europeos fundamentales;

                  E.

                  Considerando que la Unión y sus socios deben adaptar los recursos y los instrumentos a los compromisos contraídos, y que han de conceder mayor prioridad a la aplicación de estos acuerdos;

                  F.

                  Considerando que los participantes en la Cumbre de Riga de 2015 hicieron un llamamiento para que hasta la próxima cumbre se avance en los ámbitos de (1) la consolidación de las instituciones y la buena gobernanza, (2) la movilidad y los contactos interpersonales, (3) el desarrollo económico y las oportunidades de mercado, y (4) la conectividad, la eficiencia energética, el medio ambiente y el cambio climático;

                  G.

                  Considerando que desde la última cumbre se ha avanzado significativamente, concretamente con la celebración y entrada en vigor de tres Acuerdos de Asociación que incluyen el establecimiento de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) con Georgia, Moldavia y Ucrania, así como los regímenes de exención de visado con Georgia y Ucrania a partir de 2017 (y con Moldavia a partir de 2014), la conclusión de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación global y reforzado con Armenia, que sirve de ejemplo del modo en que pueden coexistir la adhesión a la Unión Económica Euroasiática y la participación en las estrategias de vecindad de la Unión, la puesta en marcha de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo global con Azerbaiyán y la adopción de una serie de reformas de primer orden en varios de esos países con la asistencia política, técnica y financiera de la Unión, y la continuación de la política de «compromiso crítico» con respecto a Bielorrusia;

                  H.

                  Considerando que, desde la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga, algunos miembros fundadores han experimentado un deterioro global de la situación de los derechos humanos y un retroceso de las tendencias de democratización; que uno de los principales retos consistirá en facilitar la transición en curso hacia unas democracias integradoras, responsables, estables y viables;

                  I.

                  Considerando que el aumento de la movilidad y el refuerzo de los contactos interpersonales entre los países socios y la Unión siguen siendo un instrumento indispensable para promover los valores europeos;

                  J.

                  Considerando que con el nuevo plan de trabajo estratégico que han propuesto la Comisión Europea y el SEAE y que combina la cooperación bilateral y la regional se pretende orientar la futura labor de la Unión y los seis países socios, centrándose en veinte objetivos para 2020;

                  K.

                  Considerando que la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los socios orientales de la Unión siguen bajo la amenaza que entrañan los conflictos regionales aún no resueltos, incluyendo algunos que fueron iniciados y siguen siendo activamente apoyados por la Federación de Rusia, lo que está en contradicción con sus compromisos internacionales de defensa del orden jurídico internacional; Considerando que la Unión debería desempeñar un papel más activo en la resolución pacífica de conflictos en su vecindad; que la agresión rusa contra Ucrania, la anexión ilegal de Crimea y la ocupación continuada de dos regiones de Georgia, así como las amenazas híbridas de Rusia, en particular las actividades de desestabilización y propaganda, son una amenaza para la seguridad europea en su conjunto;

                  L.

                  Considerando que la política de la Asociación Oriental se basa en el derecho soberano de cada socio a elegir el nivel de ambición al que aspira en sus relaciones con la Unión; que los socios que buscan estrechar sus relaciones con la Unión deberían poder contar con más apoyo y asistencia para alcanzar los objetivos establecidos mutuamente si cumplen los compromisos de reforma establecidos, conforme al principio de «más por más»;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior:

            Sobre el futuro de la Asociación Oriental

                  a)

                  que velen por que la Cumbre de noviembre de 2017 mire hacia adelante, inyectando un nuevo dinamismo y fijando una clara visión política para el futuro de la Asociación Oriental como política a largo plazo; que garanticen que, por lo respecta a los resultados de esta Cumbre, la prioridad fundamental consistirá en proporcionar la base para la defensa de los valores fundamentales de la Unión, en particular el respeto de la democracia, las libertades fundamentales, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los derechos fundamentales, la lucha contra la discriminación y la igualdad de género, en los que se funda la Asociación Oriental, destacando que esos valores constituyen el núcleo de los Acuerdos de Asociación y reconociendo el compromiso de los socios en favor de la aplicación y la promoción de dichos valores;

                  b)

                  que estén a la altura de las grandes expectativas de los ciudadanos en todos los países socios en lo que se refiere a la erradicación de la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la buena gobernanza; que, por tanto, procuren que los países socios asuman un nuevo compromiso para adoptar y aplicar plenamente las reformas relativas al poder judicial, la administración pública y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada con arreglo a programas adecuados, dotados de objetivos y plazos establecidos con claridad;

                  c)

                  que refuercen la sociedad civil en los países socios y su papel fundamental dentro de la Asociación Oriental, tanto de agente indispensable en el proceso de consolidación democrática como de plataforma para la cooperación regional, oponiéndose sin concesiones a toda legislación y todas las medidas con las que se pretenda limitar sus actividades legítimas y fomentando su mayor participación en la concepción, el control y el seguimiento de la aplicación de las reformas relacionadas con la Asociación, así como promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas;

                  d)

                  que favorezcan las reformas electorales que garanticen que los marcos jurídicos se ajusten a los estándares internacionales, las recomendaciones de las misiones internacionales de observación lideradas por la OSCE y los dictámenes de la Comisión de Venecia, y que se establezcan mediante un proceso transparente y sean objeto de una consulta amplia y, en la medida de lo posible, de consenso con la oposición y la sociedad civil, con el fin de mejorar los marcos electorales sin ningún sesgo a favor de los partidos gobernantes; que garanticen la estricta aplicación por la Unión de la condicionalidad establecida en relación con las reformas electorales;

                  e)

                  que garanticen que los resultados de la cumbre de noviembre de 2017 partan de lo ya conseguido, insistan en la necesidad de cumplir todos los compromisos ya asumidos e impriman un nuevo impulso para el futuro de la Asociación Oriental, en particular con resultados tangibles para los ciudadanos, especialmente en los ámbitos del empleo, la reducción de las disparidades socioeconómicas, el transporte, la conectividad, la independencia energética, la movilidad y la educación, teniendo presente que un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) es un instrumento importante a ese respecto;

                  f)

                  que prosigan sus esfuerzos en favor de la lucha contra el desempleo, particularmente el desempleo juvenil, por ejemplo mediante un paquete de medidas de apoyo para los jóvenes como el Programa EU4Youth, y del desarrollo de las capacidades que se requieren en el mercado laboral, por ejemplo mediante la formación profesional, el fomento del espíritu empresarial, el apoyo a la agricultura sostenible, el desarrollo de la economía digital, la ampliación de las infraestructuras y del sector de los servicios públicos y privados, entre otros, en el ámbito de la salud y la atención, y el turismo;

                  g)

                  que promuevan y apoyen activamente la aplicación de políticas de lucha contra la discriminación en todos los sectores de la sociedad; que garanticen la integración de la igualdad de género en las políticas públicas y el apoyo a la empleabilidad y el espíritu empresarial de las mujeres, asegurando la continuidad de las políticas más allá de la fecha objetivo de 2020;

                  h)

                  que se comprometan a colaborar en favor de una mayor movilidad entre la Unión y los países socios; que ayuden a Moldavia, Georgia y Ucrania a aplicar el acuerdo de liberalización de visados y garanticen que en el futuro no se activen los mecanismos de suspensión, en particular, a través de una estrecha cooperación en los ámbitos policial y de aduanas como medio de protección contra las amenazas para la seguridad, la delincuencia y el incumplimiento de la duración autorizada para los periodos de estancia; que entablen diálogos sobre visados con Armenia, apoyen los progresos de Azerbaiyán en la aplicación de los Acuerdos de readmisión y de facilitación de visados con miras a entablar un diálogo sobre visados en el futuro, y concluyan las negociaciones sobre los Acuerdos de readmisión y de facilitación de visados con Bielorrusia en provecho de sus ciudadanos, en caso de que esos países realicen avances importantes en el ámbito de los valores fundamentales y cumplan las condiciones definidas minuciosamente en los planes de acción para la liberalización de los regímenes de visado;

                  i)

                  que faciliten en mayor medida el establecimiento de una cooperación más estrecha en los ámbitos de la educación, la investigación y la innovación, particularmente facilitando la participación en programas como Erasmus+ y EU4Innovation, así como de la concesión de garantías crediticias por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones como parte de su Programa InnovFin; que presten apoyo a la reforma de la educación para hacer frente a la brecha de investigación e innovación;

                  j)

                  que garanticen que los resultados de la cumbre de noviembre de 2017 también generen un nuevo impulso para promover las oportunidades en materia de crecimiento económico sostenible, modernización de los sectores existentes y oportunidades de comercio e inversión, en particular las oportunidades intrarregionales de cooperación transfronteriza, con una atención especial al emprendimiento y las pymes;

                  k)

                  que soliciten que la Unión reajuste el apoyo que da a los planes de la Asociación y las reformas estructurales conexas, concretamente las que permiten una mayor competitividad, un entorno más favorable para las empresas y un acceso adecuado a las fuentes de financiación, por ejemplo a través de la iniciativa EU4business; que supervisen estrechamente la aplicación de las ZLCAP con el fin de evitar el dumping social y medioambiental; que elaboren una asistencia específica para las pymes a fin de ayudarlas a absorber plenamente el potencial de las ZLCAP; que promocionen y apoyen una reforma genuina del sistema económico con el objetivo de eliminar los monopolios, limitando el papel de los oligarcas a través del establecimiento de leyes adecuadas sobre el conflicto de intereses, y de una profunda reforma de los sectores bancarios y financieros destinada a combatir el blanqueo de dinero y la evasión fiscal;

                  l)

                  que apoyen el desarrollo de las infraestructuras de transporte y conectividad necesarias, por ejemplo a través de un ambicioso plan de inversiones para la red básica de la RTE-T, y que también promuevan el comercio intrarregional; que apoyen proyectos de infraestructuras que proporcionen nuevas oportunidades para el comercio y permitan un incremento de la comunicación y los intercambios entre la Unión y los países socios, así como entre los socios;

                  m)

                  que incrementen la independencia y la eficiencia energéticas a través de inversiones específicas y de la diversificación de las fuentes de energía, en particular lo que respecta a las energías renovables y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, mediante una cooperación reforzada en todas las áreas prioritarias cubiertas por la Unión de la Energía de la UE y una integración más estrecha de los mercados de la energía de los países socios con el mercado europeo de la energía, atendiendo especialmente a la interconectividad y las infraestructuras; que garanticen que todas las infraestructuras de oleoductos de la región, en tierra y en el mar, incluido el gasoducto Nord Stream 2, sean plenamente conformes con la legislación de la Unión y con la Estrategia de la Unión de la Energía y no menoscaben la seguridad energética de la región; que trabajen con los socios orientales para apoyar a los hogares más afectados por el aumento de los precios de la energía;

                  n)

                  que garanticen el pleno respeto de los acuerdos y obligaciones internacionales en materia de seguridad nuclear y de protección del medio ambiente; que redoblen los esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos relativos al cambio climático, por ejemplo a través de la sensibilización de la opinión pública y del cierre progresivo y sostenible de las centrales de energía obsoletas de Armenia y Ucrania; que sigan atentamente el desarrollo de nuevos proyectos, como la central nuclear bielorrusa de Ostrovets;

                  o)

                  que garanticen que los resultados de la cumbre de noviembre de 2017 también respondan a las amenazas para la seguridad y a los conflictos que afectan a la independencia, la soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos fundamentales y la estabilidad y el desarrollo políticos, sociales y económicos de los países socios y del conjunto de la región;

                  p)

                  que se comprometan a apoyar la unidad de acción entre los Estados miembros de la Unión con miras al mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia, cuya presencia militar en la región, no obstante, ha aumentado en los últimos años, en particular reforzando las medidas restrictivas selectivas; a solucionar el conflicto en el este de Ucrania a través de la aplicación cabal de los Acuerdos de Minsk y del mantenimiento de la misión de observación de la OSCE; a resolver el conflicto entre Rusia y Georgia a través de resultados tangibles en las conversaciones internacionales de Ginebra y de la plena aplicación por parte de Rusia del acuerdo de alto el fuego de 2008; a restablecer la plena soberanía de Ucrania en Crimea, de Georgia en sus territorios ocupados de Abjasia y Osetia del Sur y de Moldavia en Transnistria; a prestar una atención adecuada a la peligrosa situación ecológica del este de Ucrania, y a poner término a las amenazas adicionales que constituyen los asesinatos, la guerra cibernética, la desinformación y otros tipos de desestabilización patrocinados por Estados;

                  q)

                  que insistan en que es inadmisible la participación de un socio oriental en ejercicios militares dirigidos a la Unión y/o a algunos de sus socios, como el ejercicio «Zapad» dirigido por Rusia en 2017 en Bielorrusia; que velen por que ningún socio vuelva a participar en tales ejercicios en el futuro;

                  r)

                  que exhorten a que cesen de inmediato las hostilidades militares entre fuerzas armenias y azerbaiyanas, que se cobran innecesariamente las vidas de civiles y soldados al tiempo que obstaculizan el desarrollo socioeconómico; que reiteren su apoyo a los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE en sus esfuerzos para resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj y a sus Principios básicos de 2009, en particular la integridad territorial, la autodeterminación y la renuncia al uso de la fuerza; que insten a Armenia y Azerbaiyán a relanzar las negociaciones de buena fe con miras a aplicar estos principios para resolver el conflicto, que no tiene una solución militar; que pidan a los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán que celebren conversaciones de alto nivel y que se comprometan a aplicar medidas auténticas de creación de confianza y de diálogo entre las sociedades civiles armenia y azerbaiyana; que supediten la ratificación de nuevos acuerdos entre la Unión y cada una de las partes a la condición de que se asuman compromisos sustanciales y se realicen avances significativos para solucionar el conflicto, como el mantenimiento del alto el fuego y el apoyo a la aplicación de los Principios básicos de 2009;

                  s)

                  que hagan un llamamiento en favor del apoyo continuado a la labor realizada por la misiones de la Unión y la OSCE en Georgia, Moldavia y Ucrania oriental por tratarse de operaciones esenciales para garantizar la paz y la seguridad en beneficio ante todo de los ciudadanos in situ; que aseguren la ejecución efectiva de los mandatos de estas misiones y que insten a Rusia a garantizar su acceso sin restricciones; que consideran la posibilidad de apoyar el despliegue de una misión policial armada de la OSCE en Ucrania oriental; que reflexionen, junto con los países socios, sobre las perspectivas de refuerzo del papel de la Unión en la resolución de esos conflictos mediante, por ejemplo, el despliegue de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) ambiciosas y plenamente habilitadas con el cometido de incrementar la seguridad y la estabilidad;

                  t)

                  que pidan a los socios de la Unión que cooperen plena y efectivamente con la Unión para atajar desafíos como la migración ilegal, el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de seres humanos, el contrabando y el comercio ilícito;

                  u)

                  que estudien, dentro de la política de la Asociación Oriental, un modelo de Asociación Oriental + que sea atractivo a más largo plazo para los países asociados que hayan realizado avances considerables en la aplicación de las reformas relacionadas con los Acuerdos de Asociación y las ZLCAAP, que puedan llevar finalmente a la adhesión a la unión aduanera, la Unión de la Energía, la unión digital y el espacio Schengen, un mayor acceso al mercado interior de la Unión, la integración en las redes de transporte de la Unión o en asociaciones industriales, una mayor participación en otros programas de la Unión, una mayor cooperación en el ámbito de la PESD y medidas más inmediatas, como preferencias arancelarias unilaterales adicionales, un calendario concreto para la supresión de las tarifas de itinerancia entre los países socios y la Unión, y el desarrollo de la banda ancha de gran capacidad; que abran el modelo de Asociación Oriental + a otros países de la Asociación Oriental una vez estén preparados para asumir esos mayores compromisos y hayan realizado avances considerables en la aplicación de las reformas acordadas mutuamente;

                  v)

                  que consideren, para los países no asociados, nuevos medios para apoyar a la sociedad civil, las empresas, el mundo académico y las comunidades de medios de comunicación independientes y los jóvenes, por ejemplo a través de financiación adicional y de asociaciones de movilidad;

                  w)

                  que aseguren que, en ambos casos, los objetivos comunes se entienden, si es necesario, tanto a medio como a largo plazo, animando a algunos de los países socios a superar la lógica de los ciclos electorales en favor de planteamientos de carácter más estratégico;

            Sobre la puesta en práctica de la Asociación Oriental

                  x)

                  que reafirmen el principio de diferenciación y reiteren que el alcance y la profundidad de la cooperación con la Unión están determinados por las ambiciones de la Unión y las de los países socios, así como por el ritmo y la calidad de las reformas, que se evaluarán en base a su aplicación plena y efectiva, en particular por lo que se refiere al respeto de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza;

                  y)

                  que subrayen que la Asociación Oriental aspira a crear las condiciones necesarias para establecer una asociación política y una integración económica estrechas, incluyendo la participación en los programas de la Unión; que reiteren que los Acuerdos de Asociación con Georgia, Moldavia y Ucrania no constituyen el objetivo final de sus relaciones con la Unión; que reconozcan una vez más las aspiraciones europeas de estos países; que señalen que, de conformidad con el artículo 49 del TUE y de acuerdo con la Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017, cualquier Estado europeo puede solicitar el ingreso como miembro de la Unión siempre que se adhiera a los criterios de Copenhague y los principios de la democracia, respete las libertades fundamentales y los derechos humanos, en particular los de las minorías, y defienda el Estado de Derecho; insta a los Estados miembros, a este respecto, a que acuerden una declaración ambiciosa para la cumbre de 2017 que fije objetivos pertinentes a largo plazo;

                  z)

                  que pidan a Georgia, Moldavia y Ucrania que se centren en la aplicación de los programas de asociación, a fin de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los Acuerdos de Asociación, participando también en los debates conjuntos sobre los avances, las oportunidades y los retos relacionados con las reformas en el ámbito de los Acuerdos de Asociación y las ZLCAAP; que reiteren la importancia de la aplicación efectiva de dichas reformas para la estabilidad y el desarrollo futuros de los países y el bienestar de sus sociedades; que reafirmen que la profundización de las relaciones dentro del modelo de Asociación Oriental +, así como la perspectiva de adhesión a la Unión, requiere avances considerables por lo que respecta a la aplicación de esas reformas, en particular en relación con el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la buena gobernanza;

                  aa)

                  que garanticen que siempre se asocie una condicionalidad estricta a los niveles actuales y posteriores de cooperación y apoyo para los socios, y que también se cumpla; que subrayen que el apoyo financiero de la Unión a sus socios estará condicionado a la realización de reformas concretas y a su aplicación efectiva, y que el enfoque de la Unión basado en incentivos seguirá beneficiando a los socios que más se involucren en reformas ambiciosas; que consideren la posibilidad de abonar las subvenciones en tramos más reducidos, a fin de que la Unión pueda responder mejor ante crisis inesperadas o ante la ausencia de reformas que pongan de relieve, en particular, que no se ratificará ningún acuerdo global con un país que manifiestamente no respete los valores de la Unión, concretamente, no aplicando las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y acosando, intimidando y persiguiendo a defensores de los derechos humanos, ONG y periodistas; que también destaquen que se han de alcanzar unos valores de referencia claros antes de iniciarse y concluirse un nuevo diálogo sobre regímenes de exención de visado; que reiteren que cualquier retroceso respecto de logros ya alcanzados se traducirá sistemáticamente en la suspensión de los acuerdos, también en el ámbito de los regímenes de exención de visado y la financiación de la Unión;

                  ab)

                  que apoyen la dimensión multilateral de la Asociación Oriental como medio para reforzar la creación de confianza a nivel multilateral, en particular en zonas en conflicto, y generar oportunidades de cooperación regional, también mediante plataformas transnacionales de la sociedad civil, cooperación entre autoridades regionales y locales y proyectos transfronterizos, como programas de contacto interpersonal con un diálogo intercultural y participación de la joven generación como factores para el cambio;

                  ac)

                  que destaquen la importancia de las políticas de comunicación relativas a la Asociación Oriental de forma coherente y eficaz, a nivel tanto interno como externo, y de prever actividades de comunicación adaptadas a las distintas regiones, en particular para subsanar las lagunas de conocimientos sobre la Unión y sus relaciones con sus socios; que reconozcan el excelente trabajo realizado hasta la fecha por el Grupo de Trabajo East StratCom y que apoyen sus actividades con financiación adicional; que aborden el desafío que entraña informar mejor sobre los beneficios concretos y los objetivos de la Asociación Oriental, y afronten la desinformación facilitando información factual, accesible y de calidad en todas las lenguas de los países socios y garantizando el pleno respeto de la libertad de expresión;

                  ad)

                  que sostengan que la ayuda de la Unión debe configurarse a medida para responder al nivel de ambición común respecto de la cooperación con cada uno de los países socios, según los principios de «más por más» y «menos por menos»; que pidan, en particular, que la Unión ajuste los instrumentos presupuestarios, como el Instrumento Europeo de Vecindad y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, a las tareas políticas y las estrategias de aplicación, especialmente en el marco de sus procedimientos presupuestarios anuales y plurianuales;

                  ae)

                  que acojan favorablemente las propuestas de la Comisión para proporcionar a los países socios ayuda macrofinanciera, insistiendo al mismo tiempo en la condicionalidad estricta y efectiva asociada a las propuestas, concretamente en relación con la defensa del Estado de Derecho (incluido un poder judicial independiente y un sistema parlamentario multipartidista), la garantía de una buena gobernanza (incluida la lucha eficaz contra la corrupción) y la defensa de los derechos humanos y de la libertad de los medios de comunicación; que cada seis meses faciliten al Parlamento Europeo y al Consejo un informe por escrito y detallado sobre los avances logrados en esos tres ámbitos por los países socios que ya se benefician de ese tipo de ayuda; que pidan a la Comisión que elabore nuevos programas de ayuda macrofinanciera para países socios que hayan concluido con éxito programas anteriores y que prevea sistemáticamente esta condicionalidad en futuras propuestas de este tipo de ayuda y que garantice su estricta aplicación, en particular en el caso de Moldavia;

                  af)

                  que soliciten a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a otras instituciones financieras multilaterales que trabajen con miras a la aplicación con éxito del Plan Europeo de Inversiones y de un mecanismo específico de apoyo para los países de la Asociación Oriental comprometidos con la aplicación de los Acuerdos de Asociación; que soliciten el establecimiento de un fondo fiduciario para Ucrania, Georgia y Moldavia basado en las mejores prácticas de los instrumentos de donantes múltiples, insistiendo en que dicho fondo fiduciario debería centrarse en inversiones públicas y privadas, particularmente en las destinadas a infraestructuras sociales y económicas y a impulsar la capacidad de absorción de inversiones, y en la coordinación de las instituciones financieras internacionales y la ayuda de los donantes internacionales sobre el terreno; que consideren la posibilidad de organizar una conferencia de donantes para Ucrania en apoyo de las necesidades humanitarias originada por el conflicto en la parte oriental y la anexión de Crimea; que garanticen que el uso de estos fondos sea controlado estrictamente con el fin de evitar cualquier uso indebido de los mismos;

                  ag)

                  que reiteren su firme apoyo a la contribución y el control parlamentarios en relación con la política de la Asociación Oriental, en particular por lo que se refiere al impacto de la política en las vidas de los ciudadanos; que refuercen a ese respecto el papel de la Asamblea Parlamentaria Euronest dentro de la nueva configuración multilateral de la Asociación Oriental, y también el papel de las Comisiones Parlamentarias de Asociación o de Cooperación en el seno de los Consejos de Asociación o de Cooperación; que acojan favorablemente los programas del planteamiento integral de apoyo a la democracia que se están aplicando; que inviten a parlamentarios de los países socios a trabajar conjuntamente a fin de llevar un control de la aplicación y el intercambio de las mejores prácticas; que aumenten la participación del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental en este proceso;

                  ah)

                  que tomen nota del propósito del Parlamento de intensificar su seguimiento de la aplicación de los acuerdos internacionales con los socios orientales y de aumentar su control de las ayudas proporcionadas por la Unión en ese ámbito; que respondan al llamamiento dirigido por el Parlamento a los países socios y a la Comisión en favor de una mayor transparencia de todos los beneficiarios de la financiación de la Unión; que insten a la Comisión y al SEAE a transmitir cada seis meses al Parlamento Europeo y al Consejo un informe por escrito detallado sobre la aplicación de esos acuerdos;

                  ai)

                  que tomen nota del propósito del Parlamento de incrementar su control de las negociaciones de futuros acuerdos internacionales con los países socios orientales; que insten al Consejo a facilitar sin demora al Parlamento todas las directrices de negociación pertinentes en consonancia con el Acuerdo Interinstitucional correspondiente (9); que acojan favorablemente la cooperación efectiva de la Comisión y del SEAE con el Parlamento a la hora de proporcionar información sobre dichas negociaciones, pero que les pidan que también faciliten sin demora los proyectos de textos de negociación y los acuerdos rubricados, en consonancia con el Acuerdo marco correspondiente (10);

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior y, para información, al Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la Crisis en Georgia, a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a los Gobiernos y los Parlamentos de los países miembros de la Asociación Oriental.

         (1)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0304.

         (2)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0267.

         (3)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0126.

         (4)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0456.

         (5)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0089.

         (6)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0487.

         (7)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0018.

         (8)  DO C 265 de 11.8.2017, p. 110.

         (9)  DO C 95 de 1.4.2014, p. 1.

         (10)  DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 28 de diciembre de 2017, sobre las políticas de reparto de dividendos (BCE/2017/44)

text:
               11.1.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 8/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 28 de diciembre de 2017
   sobre las políticas de reparto de dividendos
   (BCE/2017/44)
   (2018/C 8/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular el artículo 127, apartado 6, y el artículo 132,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 34,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1), en particular el artículo 4, apartado 3,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (2),
   Considerando lo siguiente:
   Las entidades de crédito tienen que seguir preparándose para aplicar íntegramente a su debido tiempo el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) en un entorno macroeconómico y financiero difícil, lo que afecta a la rentabilidad de las entidades de crédito y, consecuentemente, a su capacidad para aumentar sus bases de capital. Además, si bien las entidades de crédito tienen que financiar la economía, la política de reparto de dividendos conservadora es uno de los elementos necesarios para lograr una gestión adecuada del riesgo y un sistema bancario sólido. Debe seguirse el mismo método establecido en la Recomendación BCE/2016/44 del Banco Central Europeo (5).
   HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.

               1.

               Las entidades de crédito deben establecer las políticas de dividendos sobre la base de presunciones prudentes y conservadoras de manera que, después de repartir dividendos, cumplan los requisitos de capital aplicables y lo establecido conforme al proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

                           (a)

                           Las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos mínimos de capital aplicables (los “requisitos del Pilar 1”), que comprenden un ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5 %, un ratio de capital de nivel 1 del 6 % y un ratio total de capital del 8 %, conforme establece el artículo 92 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                           (b)

                           Además, las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos de capital establecidos por la decisión del PRES en aplicación del artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, y que van más allá de los requisitos del Pilar 1 (los “requisitos del Pilar 2”).

                           (c)

                           Las entidades de crédito deben también cumplir los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE.

                           (d)

                           Asimismo, las entidades de crédito deben cumplir al final del período de adaptación aplicable sus ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital, “fully loaded” (6), es decir, deben implementar plenamente esos ratios tras la aplicación de las disposiciones transitorias, así como los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE. Las disposiciones transitorias se establecen en el título XI de la Directiva 2013/36/UE y en la parte décima del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                     Estos requisitos se deben cumplir en base consolidada y en base individual, a menos que se haya concedido una exención a la aplicación de los requisitos prudenciales en base individual conforme a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

               2.

               El BCE recomienda lo siguiente a las entidades de crédito que paguen en 2018 dividendos (7) respecto del ejercicio de 2017:

                           (a)

                           Categoría 1: Las entidades de crédito que: i) cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y ii) al 31 de diciembre de 2017 hayan alcanzado sus ratios “fully loaded” conforme al apartado 1, letra d), deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras.

                           (b)

                           Categoría 2: Las entidades de crédito que al 31 de diciembre de 2017 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), pero que en la citada fecha no hayan alcanzado sus ratios “fully loaded” conforme al apartado 1, letra d), deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deben repartir dividendos en la medida en que, como mínimo, se garantice una trayectoria lineal (8) hacia la plena implementación de los requisitos de capital conforme al apartado 1, letra d), y lo establecido conforme al PRES.

                           (c)

                           Categoría 3: Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el apartado 1, letras a), b) o c), no deben en principio repartir dividendos.

                     Las entidades de crédito que no puedan seguir la Recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión.
               Las entidades de crédito de las categorías 1, 2 y 3 a que se refiere el presente apartado respectivamente en sus letras a), b) y c), deben cumplir además las directrices de capital del Pilar 2. De mantenerse sin cambios las demás condiciones, cabe esperar que la exigencia de capital (9) se mantenga en general estable. Si una entidad de crédito opera o espera operar por debajo de las directrices de capital del Pilar 2, debe contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. El BCE examinará las razones por las que el capital de la entidad de crédito ha descendido, o se espera que descienda, y estudiará tomar medidas apropiadas y proporcionadas específicas para la entidad.

         II.
   La presente recomendación se dirige a las entidades supervisadas significativas y a los grupos supervisados significativos conforme al artículo 2, puntos 16 y 22, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17).
   III.
   La presente recomendación se dirige también a las autoridades nacionales competentes y designadas por lo que respecta a las entidades supervisadas menos significativas y a los grupos supervisados menos significativos conforme al artículo 2, puntos 7 y 23, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17). Se espera que las autoridades nacionales competentes y designadas apliquen la presente recomendación a aquellas entidades y grupos que consideren oportuno (10).

      Hecho en Fráncfort del Meno el 28 de diciembre de 2017.

            El presidente del BCE

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.

      (2)  DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.

      (3)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

      (4)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

      (5)  Recomendación BCE/2016/44 del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre de 2016, sobre las políticas de reparto de dividendos (DO C 481 de 23.12.2016, p. 1).

      (6)  Plena implementación de todos los colchones.

      (7)  Las entidades de crédito pueden tener varias formas jurídicas, p. ej. sociedades cotizadas y empresas no constituidas como sociedades anónimas, como las sociedades mutuas, las sociedades cooperativas o las entidades de ahorro. El término “dividendo” empleado en la presente recomendación se refiere a cualquier tipo de pago en efectivo que deba aprobarse por la asamblea general.

      (8)  En la práctica esto significa que, durante un periodo de cuatro años contado desde el 31 de diciembre de 2014, las entidades de crédito deben en principio conservar al menos el 25 % anual de la diferencia que las separe de la plena implementación de sus ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital, conforme al apartado 1, letra d).

      (9)  Forman la exigencia de capital los requisitos del Pilar 1, los requisitos del Pilar 2, el colchón de conservación de capital, y las directrices de capital del Pilar 2. Independientemente del período de adaptación del colchón de conservación de capital, las entidades de crédito deben esperar también en el futuro unas directrices de capital del Pilar 2 superiores a cero.

      (10)  Si la presente recomendación se aplica a entidades supervisadas menos significativas y a grupos supervisados menos significativos que se consideren incapaces de seguirla por entender que están legalmente obligados a repartir dividendos, tales entidades y grupos deben contactar inmediatamente con sus autoridades nacionales competentes.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Rumanía

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/98

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Rumanía
      (2018/C 320/22)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Rumanía fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Rumanía de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (2), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 10 de mayo, y su Programa de Convergencia de 2018 el 14 de mayo de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé un déficit global del 2,95 % del PIB en 2018, y una reducción posterior, hasta el 1,45 % del PIB, en 2021. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) de aquí a 2021, cuando finaliza el periodo cubierto por el programa. Está previsto que el saldo estructural recalculado alcance el -2,1 % en 2021. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública / PIB permanezca por debajo del 40 % de aquí a 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable. Además, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos no se han concretado suficientemente.

                  (6)

                  El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía en 2016. En vista de la desviación significativa observada, el 16 de junio de 2017 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (4) no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pidió a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. El 22 de junio de 2018, el Consejo (5) concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 5 de diciembre de 2017. Además, atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del ajuste recomendado en 2017.
                  De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Rumanía de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 22 de junio de 2018, el Consejo (6) adoptó una Recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicha Recomendación en 2018.

                  (7)

                  Para 2019, el 22 de junio de 2018 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 5,1 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicho requisito en 2019. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018 apuntan a un déficit de las administraciones públicas del 3,4 % y del 3,8 % del PIB en 2018 y 2019, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. En general, el Consejo considera que, a partir de 2018, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la recomendación dirigida a Rumanía el 22 de junio de 2018 dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía.

                  (8)

                  La planificación presupuestaria de Rumanía hace caso omiso regularmente de lo establecido en su marco presupuestario, a pesar de la necesidad de introducir políticas presupuestarias responsables. La Ley de Responsabilidad Presupuestaria de Rumanía transpone el Pacto Presupuestario en la legislación nacional. Sus normas están bien concebidas, pero en la práctica se pasan por alto constantemente. En 2016, el déficit estructural aumentó por encima del objetivo a medio plazo, infringiendo la norma del déficit. Los presupuestos de 2017 y 2018 tenían como objetivo un déficit global próximo al 3 % del PIB, lo que supone un deterioro del saldo estructural que infringe la norma. Las dos enmiendas presupuestarias realizadas en 2017 no eran conformes con las normas que prohíben los aumentos de los límites máximos del déficit global y del déficit primario y los aumentos de gasto en personal y del gasto público total durante el ejercicio en curso, respectivamente. Además, como en años anteriores, en 2017 la actualización de la estrategia presupuestaria se presentó al Parlamento bien rebasado el plazo legal, por lo que no ofrece una perspectiva a largo plazo para la planificación presupuestaria.

                  (9)

                  El cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue siendo bajo, en particular para el impuesto sobre el valor añadido. El año pasado, Rumanía realizó avances limitados en lo que respecta al seguimiento de la repetida recomendación específica por país de reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, la diferencia entre los ingresos previstos teóricamente y los realmente recaudados sigue siendo muy elevada. Para mejorar el cumplimiento, las autoridades introdujeron los pagos fraccionados. Esta medida es opcional, salvo para las empresas insolventes y los sujetos pasivos con grandes importes pendientes en concepto de IVA. Sin embargo, la medida todavía no ha dado resultados significativos. La introducción de cajas registradoras electrónicas conectadas al sistema informático de la Administración tributaria está aún pendiente de aplicación.

                  (10)

                  La salud del sector financiero ha mejorado, pero algunos acontecimientos requieren un seguimiento. La banca está bien capitalizada y la calidad de sus activos ha mejorado. Sin embargo, varias iniciativas legislativas en curso, que pueden afectar negativamente a la transferencia de préstamos no productivos y al crédito y la inversión, justifican una estrecha vigilancia. La reciente reducción de las cotizaciones a los fondos de pensiones del segundo pilar prefinanciados suavizó los problemas presupuestarios a corto plazo, pero podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de los mercados de capitales.

                  (11)

                  El mercado de trabajo ha registrado tensiones debido al crecimiento del empleo, junto con una reducción de la mano de obra debido al envejecimiento de la población y a la emigración. Rumanía tiene al mismo tiempo un considerable potencial de mano de obra no utilizado, y algunos grupos como los jóvenes, los gitanos, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. El año pasado, Rumanía realizó pocos avances respecto a la recomendación específica por país de reforzar unas políticas selectivas de activación y servicios públicos integrados, centradas en las personas más alejadas del mercado laboral. A pesar del aumento de los incentivos financieros para los sistemas de movilidad, la participación en las políticas activas del mercado de trabajo se ha mantenido muy baja, y la carga administrativa ha sido elevada. Los programas de obras públicas de ámbito local han hecho muy poco para proporcionar las capacidades pertinentes y apoyar la transición a empleos convencionales. No existe una gestión de casos para los desempleados de larga duración y los beneficiarios de asistencia social. La cooperación entre los servicios públicos de empleo y los proveedores de servicios sociales y educativos, y los proveedores externos, ha sido limitada.

                  (12)

                  El riesgo de pobreza o exclusión social ha sido muy elevado. Las familias con hijos, las personas con discapacidad, la población gitana y la población rural se han visto especialmente afectadas. La desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, también debido a la escasa incidencia del sistema de ventajas fiscales en la mitigación de la desigualdad de los ingresos procedentes del trabajo y de las rentas. El índice de referencia social, que sirve para calcular las prestaciones sociales más importantes, no se ha actualizado desde 2008. La Ley sobre inclusión mínima, que estaba previsto que entrase en vigor en 2018, habría aumentado la cobertura y la adecuación de las prestaciones de asistencia social. No obstante, su entrada en vigor se ha pospuesto más de un año. La edad de jubilación más baja de las mujeres supone unos derechos a pensión más reducidos, agravando la pobreza en la vejez y la disparidad en el empleo entre hombres y mujeres.

                  (13)

                  La participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las reformas económicas y sociales ha sido muy limitada. Los puntos de vista de los interlocutores sociales no suelen tenerse en cuenta, ni siquiera cuando convergen. El marco de negociación colectiva de Rumanía no es propicio para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales. El diálogo social se caracteriza por unos bajos niveles de negociación colectiva, especialmente a nivel sectorial, y de afiliación a sindicatos y organizaciones patronales. Los altos umbrales de representatividad y la vaga definición de los sectores se encuentran entre los principales obstáculos a un diálogo social más eficaz. Las enmiendas legislativas dirigidas a mejorar el marco han avanzado poco hasta ahora.

                  (14)

                  En los últimos años, el salario mínimo ha aumentado en varias ocasiones de manera discrecional. Desde 2015, el salario mínimo neto se ha incrementado en más del 60 %. En 2017, aproximadamente el 30 % de los trabajadores ganaban el salario mínimo, lo que supone una escala salarial corta. Los interlocutores sociales han refrendado una propuesta para un mecanismo objetivo de incremento del salario mínimo, pero no ha sido aplicada por el Gobierno.

                  (15)

                  La oferta de capacidades no es acorde con las necesidades de la economía. Los bajos niveles de las capacidades básicas y de las cibercapacidades tienen un impacto adverso en la competitividad, el empleo y la convergencia. La participación en el aprendizaje de adultos ha sido muy baja. Aún no existe un mecanismo que adapte las políticas activas del mercado laboral a la demanda de capacidades, y la capacidad para prever las futuras necesidades de capacidades y estimar el impacto previsto de las nuevas tecnologías es débil. La educación y la formación profesionales sigue siendo una segunda opción y no está suficientemente armonizada con las necesidades del mercado de trabajo ni con las estrategias de especialización regionales o sectoriales.

                  (16)

                  El bajo rendimiento del sistema educativo contribuye a la gran desigualdad de oportunidades y debilita las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Rumanía. La existencia y el acceso a una educación general de calidad es un reto, en particular para la población gitana y los niños de las zonas rurales. Aún está por desarrollar una metodología de seguimiento para hacer frente a la segregación escolar. El porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación está disminuyendo, pero sigue siendo elevado. Se está desarrollando un mecanismo de alerta precoz para identificar a los niños en riesgo de abandono escolar, pero su atención a la calidad de la educación es insuficiente. Pese a que se han tomado algunas medidas, la garantía de la calidad en la educación escolar y superior se enfrenta a dificultades. Los resultados en educación superior son muy bajos. La inversión en educación es relativamente baja, y en particular las escuelas desfavorecidas carecen de un apoyo adecuado.

                  (17)

                  El estado de salud de la población ha mejorado, pero sigue por debajo de los niveles de la Unión. El acceso a la asistencia sanitaria sigue siendo un reto, con repercusiones negativas en el desarrollo de los niños, la empleabilidad de la mano de obra y el envejecimiento saludable. La escasa financiación y el uso ineficiente de los recursos limitan la eficacia del sistema de asistencia sanitaria, en el contexto de una considerable escasez de personal médico y de enfermería. El acceso a la asistencia sanitaria está limitado por la prevalencia de los pagos informales y la distancia a las infraestructuras sanitarias. Rumanía ha realizado algunos avances para cumplir la recomendación específica por país de frenar los pagos informales, y se está instaurando un mecanismo de control, aunque su impacto real aún debe evaluarse. Rumanía ha realizado avances limitados en lo que respecta al seguimiento de una recomendación específica por país de proceder a una reorientación hacia la asistencia ambulatoria. La instauración en curso de la estrategia nacional de asistencia sanitaria se ve obstaculizada por el cambio de prioridades y una planificación deficiente de las inversiones.

                  (18)

                  La planificación estratégica, el proceso de consulta pública y la evaluación del impacto de la legislación siguen siendo débiles en la concepción, aplicación y seguimiento de las medidas. Ello va en detrimento de la calidad y la previsibilidad de la reglamentación. Por otra parte, los cambios frecuentes en la legislación, como las modificaciones del código fiscal, pesan sobre el entorno empresarial. La participación de los interesados en la concepción y aplicación de las reformas es escasa, y apenas tiene lugar un verdadero diálogo, aunque existen las estructuras institucionales pertinentes. El mecanismo para abordar las opiniones de las partes interesadas en las consultas públicas no garantiza su adecuado seguimiento. Un ejemplo reciente es el incumplimiento de una propuesta aprobada por los interlocutores sociales respecto de un mecanismo objetivo para incrementar el salario mínimo, que habría respondido a una recomendación específica por país. No se han alcanzado resultados tangibles en las reformas de la Administración pública. La adopción de la legislación pertinente sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración pública se ha retrasado. La Secretaría General del Gobierno desempeña un papel limitado en el control de calidad de la elaboración de políticas.

                  (19)

                  La mala calidad de las infraestructuras, entre otros en los sectores del transporte, los residuos y las aguas residuales, limita las perspectivas de crecimiento de Rumanía. La inversión pública se caracteriza por una baja eficiencia, especialmente en la elaboración y establecimiento de prioridades de los proyectos. El estado general y la fiabilidad de las infraestructuras viarias, ferroviarias y de vías de navegación interior siguen siendo deficientes y la reforma del sector del transporte avanza muy lentamente. Los avances en la reforma de la gestión de los residuos también son lentos, mientras que los sectores de los residuos sólidos y las aguas residuales se enfrentan a desafíos similares. El plan director de transporte y el plan nacional de gestión de residuos están destinados a servir de hoja de ruta estable para las inversiones y reforzar la capacidad administrativa en los sectores, pero la adaptación de la preparación de los proyectos a la planificación estratégica ha sido limitada hasta la fecha. Rumanía ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país.

                  (20)

                  La eficiencia y transparencia de la contratación pública siguen siendo fundamentales para hacer frente a los grandes retos políticos a que se enfrenta Rumanía, en particular la eficiencia del gasto público, la lucha contra la corrupción y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e integrador. Rumanía ha realizado algunos avances para abordar la recomendación específica por país de aplicar la estrategia de contratación pública, pero el plan aún no está plenamente ejecutado. Al mismo tiempo, siguen constituyendo retos el aumento de la eficacia y el uso estratégico de la contratación pública, auditorías efectivas y el control del fraude. La sostenibilidad de las medidas adoptadas y la irreversibilidad de las reformas necesitan un seguimiento continuado. Los desafíos de la transparencia y la eficiencia en relación con la contratación pública afectan, en particular, a las grandes inversiones en infraestructuras sanitarias en los hospitales regionales de Iași, Cluj y Craiova.

                  (21)

                  Las empresas públicas desempeñan un papel fundamental en los sectores de infraestructuras críticas tales como la energía y el transporte ferroviario. No obstante, su rendimiento operativo y financiero es más débil que el de sus homólogos del sector privado. El buen gobierno de las empresas públicas se ha debilitado en gran medida últimamente, revirtiendo el progreso alcanzado en las recomendaciones específicas por país de 2015 y 2016. No solo la aplicación de la nueva legislación ha sido vacilante, sino que se está intentado eximir a una serie de empresas de su ámbito de aplicación. Además, la publicación de los datos financieros sobre empresas estatales se ha retrasado. En consecuencia, las condiciones clave para promover el uso eficiente de los recursos públicos se están deteriorando, lo que abre un margen para decisiones de inversión distorsionadas. En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional instó al Parlamento a que revisara estas exenciones.

                  (22)

                  Los acontecimientos del año pasado pusieron en tela de juicio la irreversibilidad y la sostenibilidad del importante avance de Rumanía en la reforma de su sistema judicial y la lucha contra los grandes casos de corrupción. La independencia judicial está en entredicho y se está ejerciendo presión sobre las instituciones judiciales y sobre el marco jurídico de lucha contra la corrupción; por otro lado, los avances respecto a los retos pendientes son poco visibles. La aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2016-2020 que desarrolla medidas para prevenir y combatir la corrupción sigue avanzando a nivel técnico, pero es necesario un apoyo político más tangible, puesto que la corrupción y los problemas de gobernanza en el sector público persisten en todos los niveles y figuran entre los principales retos para el entorno empresarial.

                  (23)

                  En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para Rumanía, pero son pertinentes para el desarrollo de un entorno socioeconómico positivo en el país.

                  (24)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (25)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA que Rumanía tome medidas en 2018 y 2018 a fin de:

                  1.

                  Garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Garantizar la plena aplicación del marco presupuestario. Reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación.

                  2.

                  Completar la reforma sobre la renta mínima de inclusión. Mejorar el funcionamiento del diálogo social. Garantizar la fijación del salario mínimo, sobre la base de criterios objetivos. Mejorar la capacitación y el acceso a una educación general de calidad, en particular para la población gitana y los niños de las zonas rurales. Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, en particular mediante la reorientación hacia la asistencia ambulatoria.

                  3.

                  Aumentar la previsibilidad del proceso de toma de decisiones mediante el uso sistemático y efectivo de la evaluación del impacto de la legislación, y la consulta y la participación de las partes interesadas en la concepción y aplicación de las reformas. Mejorar la preparación y la priorización de los grandes proyectos de infraestructura y acelerar su ejecución, en particular en los sectores del transporte, los residuos y las aguas residuales. Mejorar la transparencia y la eficiencia de la contratación pública. Reforzar el buen gobierno de las empresas estatales.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (4)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (5)  Decisión (UE) 2018/923 del Consejo, de 22 de junio de 2018, por la que se establece que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 5 de diciembre de 2017 (DO L 164 de 29.6.2018, p. 42).

         (6)  Recomendación del Consej de 22 de junio de 2018, dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía (DO C 223 de 27.6.2018, p. 3).

         (7)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.