title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de los Países Bajos y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de los Países Bajos

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/83

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de los Países Bajos y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de los Países Bajos
   (2015/C 272/22)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3). Estas forman, juntas, las «directrices integradas» que se ha pedido a los Estados miembros tengan en cuenta en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de los Países Bajos y emitió su Dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de 2014 de los Países Bajos. El 28 de noviembre de 2014, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión emitió su Dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de los Países Bajos para 2015.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para impulsar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre los Países Bajos. En él se evaluaron los avances realizados por los Países Bajos de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren la aplicación de medidas y un seguimiento. Persisten y merecen atención los riesgos derivados del alto nivel de deuda privada, pese a que las recientes medidas respaldan una reactivación del mercado de la vivienda y contribuirán a frenar el crecimiento de las hipotecas. Aunque el elevado superávit de la balanza por cuenta corriente refleja en parte las características estructurales de la economía, la estructura de los sistemas fiscales y de pensiones podría generar una ineficaz distribución del capital.

               (7)

               El 30 de abril de 2015, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Estabilidad de 2015. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, así como sujetos a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé que el déficit global experimente una mejora gradual hasta llegar al 1,8 % del PIB en 2015 y al 0,7 % del PIB en 2018. El Gobierno tiene intención de cumplir el objetivo a medio plazo, que consiste en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, durante todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio de deuda pública sobre el PIB alcance un máximo del 68,8 % en 2015 y disminuya gradualmente hasta el 66,1 % en 2018. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la Comisión correspondientes a la primavera de 2015, se prevé que se cumpla el objetivo a medio plazo de que el saldo estructural alcance un — 0,3 % del PIB en 2015 y un — 0,4 % del PIB en 2016. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad, y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión correspondientes a la primavera de 2015, el Consejo considera que es de esperar que los Países Bajos cumplan las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. El gasto público en investigación y desarrollo, un 0,84 % del PIB en 2013, es bajo, teniendo en cuenta el grado de instrucción, los resultados académicos y el nivel de desarrollo económico. El gasto público en este ámbito sigue una tendencia a la baja desde 2014, mientras que el gasto privado en I+D sigue siendo reducido. Un desplazamiento del gasto público hacia la innovación y la investigación, en particular la investigación fundamental, y la aplicación de políticas marco para fomentar la inversión privada en I+D contribuirían a mejorar el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía neerlandesa.

               (9)

               Un reto fundamental lo constituye el mercado de la vivienda, en el que se han ido acumulando durante décadas rigideces e incentivos distorsionadores, configurando en ese sector unas pautas particulares de financiación y ahorro. La tendencia de los hogares a contraer deudas hipotecarias brutas con la garantía de su patrimonio inmobiliario se explica, en gran medida, por unos incentivos fiscales de los que disfrutan desde hace mucho tiempo, especialmente la deducibilidad fiscal total de los intereses hipotecarios. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar en parte el problema que suponen estos incentivos. Algunas de esas medidas implican un ajuste del tratamiento fiscal que se otorga a la financiación de la vivienda. Está justificada una transición paulatina para limitar la deducibilidad fiscal de los intereses hipotecarios y aumentar los incentivos a la amortización. Sin embargo, la introducción progresiva de dicha medida podría aplicarse a un ritmo más rápido para influir más en los comportamientos de amortización. Se mantendrá un importante incentivo fiscal para invertir en activos no productivos. La ratio entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble del 100 % que se debería alcanzar en 2018 sigue siendo elevada. El mercado del alquiler se encuentra limitado por la reglamentación y por la existencia de un sector de la vivienda social muy importante, que también ha de hacer frente a largas listas de espera. La introducción de más diferenciación en los alquileres de viviendas sociales, en función de la renta, supone un paso en la dirección adecuada, si bien su impacto es limitado. En virtud de una nueva Ley, las empresas dedicadas a la vivienda tienen que separar las actividades de interés económico general (es decir, la vivienda social) de otras actividades. Queda por ver si estas medidas dan lugar a la reorientación de la vivienda social hacia los ciudadanos necesitados y si garantizan la disponibilidad de vivienda social para las personas desfavorecidas que no encuentran alojamiento en condiciones de mercado.

               (10)

               La sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones ha mejorado. Además de un aumento gradual de la edad legal de jubilación del primer pilar, que pasa de los 65 años en 2012 a los 67 en 2021 y se vincula a la esperanza de vida a partir de esa fecha, los Países Bajos han adoptado reformas globales del pilar de financiación privada del sistema de pensiones y del sistema de cuidados de larga duración. Se ha mejorado la supervisión financiera de los fondos de pensiones y la resistencia del sistema a las turbulencias financieras. Estas medidas se han visto complementadas por el éxito de las reformas destinadas a animar a los trabajadores de más edad a que trabajen más tiempo. Las reformas de la asistencia de larga duración han trasladado responsabilidades a los municipios, reduciendo con ello el gasto global y en aras de una mayor eficiencia. La calidad y accesibilidad de los cuidados de larga duración debe ser objeto de seguimiento.

               (11)

               Entre los retos pendientes, cabe citar la distribución adecuada, intrageneracional e intergeneracional, de los costes y riesgos más allá de las normas aprobadas en materia de indexación y reservas financieras (marco de evaluación financiera), en particular mediante la reducción de las contribuciones de quienes se encuentran en los primeros años de su vida laboral. Una mejora de la equidad actuarial de las contribuciones al segundo pilar del régimen de pensiones podría ayudar a los hogares a asignar sus recursos financieros de manera más favorable al crecimiento.

               (12)

               La amplia reforma de la legislación de protección del empleo aprobada en 2014 pretende aumentar la movilidad y la participación en el mercado laboral. Se han reducido los desincentivos fiscales al trabajo. Una ley aprobada por el Parlamento ha introducido la posibilidad de activar una cuota en caso de que los empresarios no generen los empleos adicionales que se comprometieron a crear para personas con discapacidad. El impacto de estas medidas solo podrá evaluarse plenamente una vez aplicadas. Son necesarias más medidas para mejorar la integración de las personas situadas en los márgenes del mercado laboral, en particular las de origen inmigrante.

               (13)

               Teniendo en cuenta los pagos obligatorios distintos de los impuestos, en los Países Bajos la cuña fiscal es significativamente superior a la media de la UE, y existe margen para reorientar la fiscalidad a factores menos perjudiciales para el crecimiento. La reforma tributaria prevista contribuiría a aumentar la participación en el mercado laboral. Una vez adoptada, su impacto ha de ser objeto de estrecho seguimiento.

               (14)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones a escala de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (15)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su Dictamen (6) es que los Países Bajos cumplen el Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (16)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Basándose en este análisis, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Los Países Bajos, en tanto que país cuya moneda es el euro, deben asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

         RECOMIENDA que los Países Bajos tomen medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.

               Reorientar el gasto público para fomentar la inversión en I+D y trabajar en establecer unas condiciones marco para mejorar el gasto privado en I+D, a fin de contrarrestar la tendencia a la baja del gasto público en I+D y aumentar el potencial de crecimiento económico.

               2.

               Con la consolidación de la recuperación, acelerar la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses hipotecarios para disminuir los incentivos fiscales de la inversión en activos no productivos. Establecer un mecanismo de fijación de precios más orientado al mercado en el sector del alquiler, y vincular en mayor medida los alquileres a la renta familiar en el sector de la vivienda social.

               3.

               Reducir el nivel de las contribuciones al segundo pilar del sistema de pensiones en los primeros años de vida laboral.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de los Países Bajos para 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 88).

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  DO C 272 de 18.8.2015, p. 98.


Avis juridique important

|

31965H0379

65/379/CEE: Recomendación de la Comisión a los Estados miembros, de 7 de julio de 1965, relativa a la vivienda de los trabajadores y de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Diario Oficial n° 137 de 27/07/1965 p. 2293 - 2298 Edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 1 p. 0043  Edición especial en portugués: Capítulo 05 Tomo 1 p. 0043

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN  de 7 de julio de 1965  a los Estados miembros, relativa a la vivienda de los trabajadores y de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad  (65/379/CEE) I. Exposición de motivos      1. Simultáneamente a la entrada en vigor del Reglamento del Consejo nº 38/64/CEE, de 25 de marzo de 1964, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (1), la Comisión ha considerado oportuno, en razón de las responsabilidades que le otorga el artículo 155, recomendar un conjunto de medidas que, a distintos niveles y en plazos más o menos aproximados, puedan contribuir a solucionar los problemas complejos que plantea la vivienda de dichos trabajadores y de sus familias, sea cual fuere la duración de su estancia.           2. El Reglamento nº 15 aplicaba ya, en el apartado 3 de su artículo 11, el principio de igualdad de trato a este respecto entre trabajadores nacionales y trabajadores nacionales de otro Estado miembro, especialmente en lo referente al acceso a la vivienda. Dichas disposiciones han sido incorporadas, sin alteración, al nuevo Reglamento (artículo 10) cuyo texto precisa que «el trabajador nacional de un Estado miembro que esté empleado con regularidad en el territorio de otro Estado miembro, disfrutará de los mismos derechos y de las mismas ventajas que los trabajadores nacionales para todo lo referente al acceso a la vivienda».  De esta forma se logra, en el plano jurídico, la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad en lo que se refiere, principalmente, a los criterios de atribución de viviendas de alquiler, la concesión por parte de los poderes públicos de préstamos, primas, subvenciones, ventajas fiscales u otras, que puedan incluir los regímenes nacionales de ayuda a la vivienda, incluidas las ayudas para acceder a la propiedad.           3. No obstante, podrían surgir dificultades en la aplicación del artículo 10 del Reglamento nº 38/64/CEE.        a) Aunque esta disposición, al igual que las de todo reglamento, sea directamente aplicable en todo Estado miembro a pesar de las disposiciones contrarias que puedan figurar en las legislaciones nacionales, ocurre que la modificación de los comportamientos administrativos exige a menudo, de hecho, medidas de ejecución a nivel interno.               b) La acción directa del Estado no representa a menudo más que una parte de la intervención de los poderes públicos en materia de vivienda. Las colectividades regionales y locales, u organismos dependientes de las mismas asumen, a veces en lo esencial, la responsabilidad de aplicar la política de la vivienda, (1)DO nº 62 de 17.4.1964, p. 965/64.   especialmente en el sector social. Esta situación puede hacer difícil el control del respeto a las normas previstas en el artículo 10 del Reglamento arriba mencionado.               c) Finalmente, la penuria de viviendas y especialmente de viviendas sociales, sigue siendo hoy todavía la dificultad principal en muchas regiones.  4.   a) Dicha penuria puede crear una discriminación entre los trabajadores nacionales y los trabajadores de los demás países de la Comunidad, que continúan encontrando dificultades de hecho mayores que justifican una atención particular, sobre todo cuando, recién llegados a una población, no poseen el tiempo de residencia que a veces se exige a los candidatos a ciertas viviendas.  b) No se puede poner sobre el mismo plano al trabajador nacional, incluso si cambia de lugar de trabajo y de residencia, y al trabajador de otro Estado miembro, pues de cualquier forma las consecuencias del alojamiento son para uno y para otro de naturaleza muy diferente.  De esta forma, para hacer venir a los suyos, el trabajador, en virtud del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento nº 38/64/CEE «debe disponer de una vivienda para su familia, considerada como normal para los trabajadores nacionales en la región en que esté empleado».  c) Finalmente, la Comisión no desconoce los problemas análogos que pueden plantearse en cuanto a los repatriados y refugiados en ciertos países de la Comunidad que, por otra parte, se han beneficiado justamente de medidas especiales.  Por consiguiente, aparte de las medidas destinadas a abolir algunas discriminaciones que pudieran aún subsistir, la Comunidad debe emprender una acción que implique un esfuerzo especial en favor de la vivienda de dichos trabajadores, con el fin de apoyar y estimular los esfuerzos emprendidos en los Estados miembros, de forma que pueda existir una igualdad real de oportunidades en materia de atribución de viviendas para los trabajadores que provengan de un país de la Comunidad por un lado, y para los del país de acogida por otro.  5. Una iniciativa de este tipo se justifica desde tres puntos de vista, sobre todo dada la aportación de dichos trabajadores a la expansión económica registrada en estos últimos años, fundamentalmente asumiendo una gran parte de las tareas más penosas:          a) En primer lugar, en el plano social, no se puede permanecer al margen de las consecuencias humanas de dichas migraciones que, por otro lado, sólo deben facilitarse en caso de necesidad o si los interesados lo desean, pero sin perder de vista que es a menudo preferible desarrollar «in situ» las posibilidades de empleo de la mano de obre disponible.                   b) Seguidamente, en el plano económico, la carencia de buenas condiciones de alojamiento genera una inestabilidad de la mano de obra en la empresa y regresos a los países de origen desfavorables para la expansión económica.                   c) Finalmente, en el plano político, especialmente desde el punto de vista del equilibrio general de la aplicación del Tratado, deben aplicarse todas las medidas necesarias para facilitar la realización de la libre circulación de los trabajadores asalariados y el derecho de establecimiento de los trabajadores independientes.  6. Por estas tres razones, de orden social, económico y político, la Comisión ha tomado iniciativas en este campo a pesar de la complejidad de los problemas que plantea el alojamiento de dichos trabajadores y sobre todo de sus familias.  Con esta finalidad, ha llevado a cabo varios estudios y procedido a una encuesta parcial sobre las condiciones de vivienda de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad.  7. Las conclusiones de dichos trabajos son las siguientes:            a) La necesidad de controlar con especial atención la aplicación concreta de los artículos arriba mencionados 10 y 17 del Reglamento nº 38/64/CEE, con el fin de asegurar la no subsistencia de ninguna discriminación.                       b) Los problemas deberán enfocarse de diferente forma según se trate de viviendas para trabajadores individuales (solteros o casados sin sus familias) o para trabajadores acompañados de sus familias.  En todos estos casos, las encuestas han puesto de manifiesto los obstáculos especiales con los que se encuentran los trabajadores migrantes enfrentados a diversas dificultades (de orden material, psicológico, lingüístico ...).                       c) La penuria de viviendas sociales que aún persiste en varios países o regiones de la Comunidad y la financiación de un mayor número de nuevas construcciones constituyen el fondo del problema, ya se trate de trabajadores nacionales y de migrantes internos, o de aquellos que se desplazan de un Estado miembro a otro.  8. Siendo el financiero el problema principal, la Comisión declaró, en su «Memorándum sobre el programa de acción de la Comunidad durante la segunda etapa», de 24 de octubre de 1962, considerar «necesaria la  elaboración de dictámenes, recomendaciones o propuestas tendentes a la cooperación financiera entre los Estados miembros en favor de las viviendas de los trabajadores que se desplazan en la Comunidad» (aportado 82).  La presente Recomendación tiende a responder a algunas de las preocupaciones expresadas en dicho apartado 82 del memorándum, especialmente a las que se refieren a las condiciones de alojamiento desde el punto de vista cualitativo y a la satisfacción de las necesidades de viviendas sociales.  El coloquio sobre política de la vivienda social celebrado en Bruselas del 16 al 19 de diciembre de 1963, que estudió dicho tema bajo el triple aspecto:              - de las necesidades de viviendas;                           - de la demanda y su solvencia;                           - de las condiciones de atribución de viviendas sociales en alquiler,                             subrayó los problemas especiales con los que se encuentran los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad.  9. En el plano internacional, el problema del alojamiento de los trabajadores migrantes ha sido ya objeto de diversos textos tales como:              a) El Convenio nº 97 de la OIT (Ginebra, 1 de julio de 1949), relativo a los trabajadores migrantes;                           b) La Recomendación nº 115 de la OIT (Ginebra, 28 de junio de 1961) relativa al alojamiento de los trabajadores, cuyo artículo 5 ha sido incorporado, a petición unánime y concertada de los seis Estados miembros, a propuesta de la Comisión;                           c) La Carta Social Europea (Consejo de Europa, Turín, 18 de octubre de 1961) : en su artículo 19, relativo a los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias a la protección y a la asistencia, las partes contratantes se comprometen, entre otros, a garantizar a dichos trabajadores «... c) la vivienda ...». La Comisión invitó a los Estados miembros a ratificar la citada Carta, que entró en vigor el 26 de febrero de 1965.  10. La Comisión no ha dejado de tener en cuenta las posiciones, en esta materia, tanto del Parlamento Europeo como del Comité Económico y Social.  En este sentido, la Comisión social del Parlamento Europeo (1) llamó la atención sobre la necesidad de facilitar, por medio de intervenciones financieras, la construcción de viviendas para los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad. En otro informe de la Comisión social del Parlamento Europeo, relativo a la memoria sobre la evolución de la situación social en la Comunidad (2), se expresa el deseo de que el ejecutivo invite a los gobiernos a emprender la construcción de viviendas para los trabajadores migrantes. En el informe de la Comisión económica y financiera sobre política regional de la Comunidad (3), vuelve a llamarse la atención sobre la necesidad de construir viviendas en las regiones de acogida de los trabajadores que se beneficien de la libre circulación. Finalmente, en otro informe (4), se recomienda examinar la posibilidad de conceder créditos con tipos reducidos de interés a la construcción de viviendas sociales para trabajadores migrantes.  Por su parte, el Comité Económico y Social ha incorporado de nuevo en su dictamen relativo al Capítulo VI (política social) del «Memorándum de la Comisión de la CEE sobre el programa de acción de la Comunidad durante la segunda etapa», el deseo que había ya expresado con anterioridad, especialmente en su dictamen de 30 de enero de 1963, relativo a la libre circulación de los trabajadores, de una «acción comunitaria en materia de construcción de viviendas, especialmente para los trabajadores migrantes» (5).  Compartiendo análogas preocupaciones, la Comisión ha tomado la iniciativa, en sus propuestas, de 27 de enero de 1965, al Consejo de ministros, sobre un reglamento complementario tendente a incrementar la eficacia de las intervenciones del Fondo Social Europeo, de incluir en él una ayuda a la «construcción de viviendas sociales destinadas a los trabajadores que se desplazan, al objeto de que puedan reinstalarse dentro de la Comunidad» (6).  11. La Comisión de la CEE ha tenido interés en consultar a la Alta Autoridad de la CECA y a la Comisión de la CEEA, las cuales han dado su pleno apoyo a la presente Recomendación y ello sin perjuicio de las acciones que hayan podido o puedan emprenderse en aplicación de sus respectivos Tratados.  12. La Comisión, apreciando los esfuerzos que, en los países de inmigración, han llevado o están llevando a cabo las autoridades nacionales, los empresarios y las distintas institituciones interesadas, para resolver el problema de la vivienda de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad y de sus familias, considera  (1)Doc. PE 8659/Def., Sesión de 12 de noviembre de 1962, Doc. nº 100. (2)Doc. PE 119 de 15 de enero de 1963, punto 34 del Capítulo II. (3)Doc. PE 99 de 17 de diciembre de 1963. (4)Doc. PE 112 de 20 de enero de 1964. (5)DO nº 189, de 29 de diciembre de 1963, punto 30/45. (6)Doc. V/COM(65) 28.   no obstante que deben emprenderse nuevas iniciativas para acelerar la solución de las graves dificultades que constituyen todavía limitaciones de hecho a la aplicación del principio de libre circulación de los trabajadores, así como a la del derecho de establecimiento, aplicaciones que van siendo progresivamente realizadas.  13. La Comisión desearía que se diese la mayor difusión, por parte de las administraciones nacionales competentes, a la presente Recomendación, y que los intercambios regulares de puntos de vista, en base a los informes de los Estados miembros, previstos en las conclusiones, conduzcan a mejorar las condiciones de alojamiento de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad, y de sus familias.                             II. Recomendación  Por estos motivos, en virtud de las disposiciones del Tratado, y especialmente de su artículo 155, y después de haber consultado el Parlamento Europeo (1) y el Comité Económico y Social (2), la Comisión recomienda a los Estados miembros que adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adecuadas y que emprendan cualquier otra acción pertinente con el fin de asegurar la realización de los objetivos enumerados a continuación:      1. Cálculo de las necesidades actuales y futuras  El cálculo de las necesidades actuales y futuras de viviendas, a nivel nacional, regional y local, debe incluir tanto a los nacionales de los países considerados y de los demás Estados miembros (trabajadores asalariados o independientes) como a los trabajadores de los países asociados de Europa y de ultramar, así como a los de países terceros.  Para evaluar la incidencia de las migraciones sobre la población futura y las necesidades futuras de viviendas, ya se trate de previsiones especificas o integradas en previsiones económicas y sociales a medio o a largo plazo, es conveniente que las hipótesis planteadas en lo que afecta a todos los trabajadores mencionados no tengan en cuenta únicamente a los trabajadores solteros o que no vayan acompañados de sus familias, sino que incluyan también una proporción suficiente de familias de distintos tamaños. Sería de utilidad prever un reajuste periódico de dichas hipótesis, teniendo en cuenta situaciones reales, comprobadas fundamentalmente a nivel regional y local y, en particular, los datos mencionados en el punto 3 siguiente.           2. Programa de financiación  El establecimiento o, eventualmente, la revisión de los programas de financiación, anuales o plurianuales (y, especialmente, de los créditos de ayuda a la vivienda por parte de los poderes públicos) o de construcción de viviendas sociales, teniendo en cuenta las necesidades suplementarias, sobre todo a nivel regional, resultantes de la presencia de trabajadores y de sus familias nacionales de otros países de la Comunidad, de Estados asociados, de países de ultramar y de países terceros, así como de las previsiones mencionadas en el punto 1.  La ejecución de dichos programas debería hacerse teniendo en cuenta el punto 9 de la Recomendación del Consejo de ministros a los Estados miembros en materia de política coyuntural, de fecha 15 de abril de 1964 (3).  Cuando en un Estado miembro la construcción de viviendas sociales esté limitada a un contingente y su atribución corresponda a las autoridades locales, debería prescribirse a las mismas que reservaran un determinado porcentaje a los trabajadores «migrantes» y previeran, a estos efectos, los medios financieros necesarios.           3. Datos sobre el alojamiento de dichos trabajadores  La mejora de los datos sobre las condiciones efectivas de las viviendas de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad, con el fin de permitir el control de la aplicación, por parte de todos aquéllos a quienes incumba, de los artículos 10 y 17 del Reglamento nº 38/64/CEE, tanto en lo que se refiere a la supresión de toda clase de discriminación como a la admisión de la familia.  Las encuestas a realizar por las autoridades nacionales competentes o bajo su responsabilidad, con el fin de comparar la situación de dichos trabajadores con la de  (1)DO nº 62 de 12.4.1965. (2)DO nº 137 de 27.7.1965, p. 2305/65. (3)En este punto, los gobiernos quedaban invitados a «recurrir a medidas restrictivas especiales consistentes, especialmente, en disminuir la demanda de construcción directamente emanada de los poderes públicos, en reducir las ventajas fiscales, subvenciones y primas que conceden, en limitar el crédito hipotecario y en prohibir temporalmente las construcciones suntuarias. En los países en que existe penuria de locales escolares, de hospitales o de viviendas destinadas a los grupos sociales económicamente débiles, la construcción de los mismos no debe, no obstante, reducirse y hacerse más difícil» (DO nº 64 de 22.4.1964).   los nacionales que se encuentren en análogas condiciones y regiones, deberán:        a) Indicar el número de viviendas sociales individuales o familiares, en alquiler o no, que les han sido atribuidas;               b) Determinar el número de aquellos trabajadores que estén decididos a hacer venir a su familia y dispongan de una vivienda normal;               c) Valorar el esfuerzo financiero que habrán de afrontar en esta hipótesis, con relación al que ya realizan.  Deberán igualmente indicar el número de estos trabajadores instalados en viviendas colectivas o provisionales, en barracas, tugurios o locales no destinados a ser habitados, así como de aquéllos que se encuentren alojados en condiciones de hacinamiento (superpoblación) consideradas como anormales en la región interesada.            4. Acción en favor de la mejora de las condiciones de alojamiento        a) El establecimiento de una lista de las medidas adoptadas con el fin de aplicar en su plenitud el artículo 10 del Reglamento nº 38/64/CEE, fundamentalmente al objeto de comprobar la desaparición de discriminaciones directas o indirectas en los criterios adoptados por los organismos locales responsables de la elaboración de las listas de espera o de la atribución de viviendas sociales, o en la concesión de otras ventajas para el acceso a la vivienda.               b) El establecimiento de un balance de los resultados conseguidos dentro del marco de acuerdos bilaterales o multilaterales tendentes a mejorar el alojamiento de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad.                          5. Cooperación financiera  La puesta en práctica de una cooperación financiera entre los Estados miembros en el marco y de conformidad con las fórmulas más adecuadas, con el fin de promover la construcción de viviendas por parte de distintos organismos - incluidas las cooperativas -, fundamentalmente en las regiones donde subsista una penuria al respecto, o en las que se prevea una importante inmigración, sin descuidar la posibilidad de favorecer una cooperación financiera privada, especialmente entre los organismos especializados en el campo de la vivienda social, al objeto de facilitar la aportación de capitales con tipos reducidos de interés.  El desarrollo de las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones con el fin de contribuir a la financiación de viviendas sociales, cuando se reúnan las condiciones actualmente previstas por el artículo 130 del Tratado, así como por los Estatutos del Banco, objeto de un Protocolo anejo al Tratado.           6. Aplicación de las normas de alojamiento        a) La aplicación, sin discriminación, entre los trabajadores nacionales y los trabajadores de otro Estado miembro, de las normas vigentes en cada país y de las contenidas en la Recomendación 115 de la O.I.T., relativas al alojamiento de los trabajadores y, eventualmente, la elaboración de dichas normas o su revisión, tal y como se recomienda en el apartado 19 de los «Principios generales» y en los apartados 7 a 11 de las «Sugerencias» relativas a las modalidades de aplicación de dicho texto.               b) En lo que se refiere a las viviendas colectivas, además del control sobre la aplicación de dichas normas, la adopción de las medidas necesarias, por un lado con el fin de evitar toda clase de segregación en cuanto a su lugar de implantación y, por otro, de favorecer los contactos con la población autóctona, especialmente por medio de la utilización y creación de equipamientos colectivos (sociales, médicos, culturales, escolares ...).  A este respecto se llama la atención sobre el interés de prever viviendas separadas para los trabajadores jóvenes cuando su número lo justifique y una participación de los trabajadores en la gestión de las viviendas colectivas o, al menos, su representación ante la dirección responsable.             7. Información de los trabajadores  Una acción informativa concreta en favor de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad, por parte de todos los organismos interesados de los países de origen y de acogida, especialmente con la ayuda de los servicios sociales a que se refiere la Recomendación de la Comisión, de 25 de julio de 1962 (1), con el fin de que:        a) Cada uno de los mencionados trabajadores esté al corriente, en el momento de su solicitud de expatriación, de las posibilidades generales y de las condiciones de alojamiento existentes en el país de la CEE al que tiene la intención de desplazarse, así como del  (1)Recomendación de la Comisión a los Estados miembros relativa a la actividad de los servicios sociales para los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad (DO nº 75 de 16.8.1962).   importe previsible del alquiler y, eventualmente, de las cargas conexas, tanto en valores absolutos como en relación con su salario;               b) En el lugar de destino, dichos trabajadores sean rápidamente informados en su idioma y de forma detallada, por un lado, de la cuantía de los alquileres reglamentados o usuales, incluidos los hoteles y, por otro, de las posibilidades de obtener una vivienda social o de las ventajas sociales relativas al alojamiento;               c) En uno u otro caso, los trabajadores cabeza de familia sean informados de las disposiciones administrativas vigentes en los países de acogida en materia de reagrupación familiar y de las posibilidades concretas de encontrar una vivienda para su familia.                          8. Viviendas proporcionadas por el empresario        a) En el caso en que la vivienda sea facilitada por el empresario, las claúsulas relativas a las condiciones de alojamiento deberán estar claramente especificadas, formen parte o no del contrato de trabajo. Dichas cláusulas concertarán, además del lugar y la naturaleza de la vivienda, el importe del alquiler y de las cargas, las condiciones de rescisión del contrato de alquiler o del cese de la ocupación de la vivienda, especialmente al expirar el contrato de trabajo (plazo de preaviso).  Igualmente, es deseable que se establezcan garantías relativas al respeto a la vida privada de los trabajadores, sobre todo en caso de alojamientos colectivos, cuyas normas de disciplina eventualmente impuestas deberán adjuntarse al contrato de trabajo.               b) El establecimiento de cláusulas-tipo relativas a las condiciones de alojamiento a que se refiere el apartado a).  La Comisión:          - Invita a los gobiernos de los Estados miembros a que le informen cada dos años y, por primera vez, un año después del envío de la presente Recomendación, sobre las medidas adoptadas para su aplicación, así como de su ejecución, de las dificultades encontradas, de los datos disponibles en materia de alojamiento de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad y de sus familias y, finalmente, de las sugerencias que estimen oportunas;                   - Ofrece la ayuda de sus servicios, fundamentalmente en lo que afecta al estudio de las modalidades para el desarrollo de la cooperación financiera pública o privada entre los Estados miembros, con el fin de promover la construcción de viviendas.                                          Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1965.  Por la Comisión  El Presidente  Walter HALLSTEIN


Avis juridique important

|

32001H0191

Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2001, destinada a poner término al desajuste respecto de las orientaciones generales de política económica en Irlanda

Diario Oficial n° L 069 de 10/03/2001 p. 0022 - 0023

Recomendación del Consejode 12 de febrero de 2001destinada a poner término al desajuste respecto de las orientaciones generales de política económica en Irlanda(2001/191/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 de su artículo 99,Vista la Recomendación de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) El 19 de junio de 2000 el Consejo recomendó a las autoridades irlandesas, en su Recomendación relativa a las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad(1), que procuraran, ya en 2000, utilizar la política presupuestaria para asegurar la estabilidad económica, dada la magnitud de recalentamiento de la economía, y adaptar el presupuesto de 2001 a este objetivo.(2) El 6 de diciembre de 2000, Irlanda presentó la actualización de 2000 del programa de estabilidad, que contiene objetivos en materia presupuestaria para el período hasta 2003, y que debe analizarse simultáneamente con el presupuesto de 2001, publicado en la misma fecha.(3) El Consejo, en su dictamen de 12 de febrero de 2001 sobre la actualización de 2000 del programa de estabilidad irlandés, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(2), considera que los planes presupuestarios irlandeses para 2001 no son coherentes con las orientaciones generales de política económica en lo relativo a la política presupuestaria.(4) El buen funcionamiento de la coordinación de las políticas económicas en la zona del euro requiere un uso oportuno de los instrumentos disponibles, de conformidad con el apartado 4 del artículo 99.(5) El Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999 puso de relieve que los procedimientos y disposiciones existentes en materia de coordinación de la política económica por el Consejo deben aplicarse de forma efectiva y que debe supervisarse atentamente la aplicación de las políticas.Reconociendo lo siguiente:a) La economía irlandesa tuvo un excelente comportamiento y prosiguió su fuerte crecimiento en 2000, calculándose para ese año una tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) real por encima del 10 %. Como consecuencia, las previsiones presupuestarias de la actualización de 1999 del programa de estabilidad han sido superadas por un amplio margen. Se prevé que la ratio de endeudamiento disminuya hasta el 24 % del PIB en 2003. Con un diferencial de producción positivo las presiones inflacionistas se intensificaron y la inflación basada en el IPC armonizado fue del 5,3 % de media en 2000. Si bien este rápido aumento de la inflación en 2000 se debió en parte a factores externos y transitorios, que deberían desaparecer poco a poco del índice de precios al consumo, también ha habido una mayor contribución de la inflación endógena, lo que sigue dando motivos de preocupación.b) El 6 de diciembre de 2000 se presentó el presupuesto irlandés de 2001. Las medidas principales son: un paquete de impuestos directos (recortes de tipos impositivos y mayores desgravaciones) con un coste anual de alrededor del 1,5 % del PIB; recortes de impuestos indirectos con un coste anual del 0,4 % del PIB; un aumento del 18 % del gasto corriente aprobado con respecto a la previsión de 2000 (alrededor del 40 % destinado a gastos salariales) y un aumento del 29 % en la inversión de capital aprobada. La actualización de 2000 del programa de estabilidad de Irlanda prevé una reducción del superávit estatal general en 2001 del 0,4 % del PIB a partir del 4,7 % del PIB, lo que implica un deterioro en la posición presupuestaria subyacente.c) El presupuesto de 2001 dará otro impulso sustancial a la demanda en Irlanda y sus posibles efectos sobre la oferta serán probablemente escasos a corto plazo. Por tanto, agravará el recalentamiento y las presiones inflacionistas y ampliará el diferencial positivo de producción, diferencial que, según la actualización de 2000, alcanzará en 2001 el 5,4 % del PIB de tendencia.d) La estrategia de fomentar el aumento de la mano de obra aligerando la presión fiscal directa, que fue recomendada en las orientaciones generales de política económica para 2000 con respecto al mercado laboral, podría ser menos efectiva que en períodos anteriores, ya que tuvo lugar en el contexto de una política presupuestaria expansionista, y las tensiones del mercado laboral podrían muy bien obstaculizar cualquier nuevo intento de incentivar la moderación salarial mediante recortes de los impuestos directos. Además, y si bien estos recortes de impuestos indirectos tienen un efecto momentáneo sobre el nivel de precios, carecen probablemente de efectos duraderos sobre la tasa de inflación y claramente estimulan aún más la demanda. Dada la actual situación de la política monetaria común establecida para la zona del euro, la contribución prevista de la política fiscal a la política macroeconómica es inoportuna.e) El presupuesto irlandés de 2001 es expansionista y procíclico, por lo que no se ajusta a las orientaciones generales de política económica dadas por el Consejo en 2000, que señalan que la política presupuestaria irlandesa debería "servir, ya en 2000, para asegurar la estabilidad económica dada la magnitud del recalentamiento de la economía; adaptar el presupuesto de 2001 a este objetivo". La Comisión considera que medidas restrictivas equivalentes al menos al 0,5 % del PIB compensarían la naturaleza expansionista de los planes presupuestarios de 2001.RECOMIENDA:1. Para suprimir el desajuste respecto de las orientaciones generales de política económica generado por las previsiones presupuestarias de 2001, el Gobierno irlandés debería adoptar medidas presupuestarias compensatorias durante el corriente ejercicio fiscal. Conforme a las hipótesis macroeconómicas de la actualización de 2000 del programa de estabilidad, con ello se debería lograr que no se produzca reducción alguna del superávit presupuestario subyacente de 2000.2. Se insta a la Comisión a que informe durante 2001 sobre las novedades económicas y presupuestarias en Irlanda. El Consejo supervisará de cerca la evolución de la situación y evaluará, en particular, su coherencia con las orientaciones generales de política económica.El destinatario de la presente Recomendación será Irlanda.Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2001.Por el ConsejoEl PresidenteB. Ringholm(1) DO L 210 de 21.8.2000, p. 1.(2) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.


Avis juridique important

|

31991H0561

91/561/CEE: Recomendación de la Comisión, de 24 de octubre de 1991, relativa a la normalización de los anuncios de contratos públicos

Diario Oficial n° L 305 de 06/11/1991 p. 0019 - 0021

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN  de 24 de octubre de 1991  relativa a la normalización de los anuncios de contratos públicos  (91/561/CEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,  Considerando que las Directivas 71/305/CEE (1), 72/277/CEE (2) y 89/440/CEE (3) del Consejo, así como las Directivas 77/62/CEE (4) y 88/295/CEE (5) del Consejo, establecen por una parte la obligación de publicar anuncios de licitación en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas en relación con los procedimientos que entran en su campo de aplicación y determinan por otra las secciones que deben figurar en esta publicación;  Considerando la declaración del Consejo y de la Comisión (6) relativa a los modelos de anuncios de licitación y a la utilización de las nuevas tecnologías en el marco de la aprobación de la Directiva 88/295/CEE;  Considerando la comunicación de la Comisión al Consejo sobre el fomento de la participación de las PYME en los contratos públicos en el seno de la Comunidad (7), así como las conclusiones del Consejo sobre la contribución a una mayor transparencia de  las licitaciones públicas facilitando el acceso de las PYME a los contratos públicos (8);  Considerando que la normalización de la información contenida en cada sección podrá contribuir, sin menoscabo de las disposiciones del Derecho comunitario y del Derecho interno de cada Estado miembro en materia de adjudicación de contratos públicos, a  una mejor realización de los objetivos de la política de apertura de los contratos públicos y, más especialmente:  - a una mejor comprensión por parte de los licitadores de las exigencias de participación derivadas de un lenguaje común de los anuncios de licitación, lo cual constituye un aspecto fundamental de la transparencia de los procedimientos;  - a una reducción de los errores involuntarios y de las deficientes aplicaciones de las Directivas por parte de los poderes adjudicadores, causados por la incomprensión de los textos comunitarios, habida cuenta de la función orientativa que se adopta en  este enfoque;  - a una simplificación de la tarea de los poderes adjudicadores en la preparación de los anuncios, tarea que pasará a consistir esencialmente en seleccionar las palabras o frases que les convengan o en añadir, si es necesario, los elementos  complementarios de información adecuados al caso específico;  Considerando que esta normalización llevará también consigo una simplificación del procedimiento administrativo de preparación y una reducción sustancial de los costes originados por la publicación gratuita en el Suplemento al Diario Oficial de las  Comunidades Europeas;  Considerando que la eficacia de este sistema lleva implícita también la aprobación de las nomenclaturas apropiadas a la descripción del objeto del contrato;  Considerando que es de desear que la adopción definitiva del sistema se base en la experiencia extraída de un período transitorio;  Considerando el dictamen favorable del Comité consultivo de contratos públicos sobre la solución propuesta,  FORMULA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN: 1. Se recomienda a los Estados miembros que tomen las disposiciones necesarias para:  - que los poderes adjudicadores a que hace referencia el artículo 1 de las Directivas antes mencionadas puedan utilizar, a título facultativo, para la publicación de los contratos públicos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, modelos  normalizados de anuncios de licitación;  - que, en el caso de los contratos de obras públicas, los poderes adjudicadores con arreglo a la Directiva 71/305/CEE para el Reino de España, la República Helénica y la República Portuguesa y con arreglo a la mencionada Directiva modificada por la  Directiva 89/440/CEE para los restantes Estados miembros, puedan utilizar para la descripción del objeto del contrato, a título facultativo, la « Nomenclatura general de obras públicas ».  2. Se invita a los Estados miembros a que procedan a la aplicación de la presente Recomendación a más tardar el 1 de enero de 1992 y a que comuniquen a la Comisión en el mismo plazo las medidas adoptadas.  3. Se invita a los Estados miembros a que comuniquen a la Comisión, el 1 de enero de 1993 a más tardar, sus observaciones, si las hubiere, sobre la entrada en vigor de estas disposiciones. Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1991. Por la Comisión  Martin BANGEMANN  Vicepresidente   (1) DO no L 185 de 16. 8. 1971, p. 5. (2) DO no L 176 de 3. 8. 1972, p. 12. (3) DO no L 210 de 21. 7. 1989, p. 1. (4) DO no L 13 de 15. 1. 1977, p. 1. (5) DO no L 127 de 20. 5. 1988, p. 1. (6) Acta no 5275/88 del Consejo de 22. 3. 1988. (7)  COM(90) 166 de 7. 5. 1990. (8) Acta no 6617/90 del Consejo de 28. 5. 1990.    ANEXO  Los modelos normalizados mencionados en el primer guión del punto 1 de la presente Recomendación así como las instrucciones para su utilización, y la « Nomenclatura general de obras públicas » mencionada en el segundo guión de dicho  punto, serán publicados según el siguiente cuadro:       Estado miembro  Idioma  Publicación      Bélgica  Alemán  DO no S 217 A de 16 de noviembre de 1991      Bélgica  Francés  DO no S 217 B de 16 de noviembre de 1991      Bélgica  Neerlandés  DO no S 217 C de 16 de noviembre de 1991       Dinamarca  Danés  DO no S 217 D de 16 de noviembre de 1991      Alemania  Alemán  DO no S 217 E de 16 de noviembre de 1991      Grecia (*)  Griego  DO no S 217 F de 16 de noviembre de 1991      España (*)  Español  DO no S 217 G de 16 de noviembre de  1991      Francia  Francés  DO no S 217 H de 16 de noviembre de 1991      Irlanda  Inglés  DO no S 217 I de 16 de noviembre de 1991      Italia  Italiano  DO no S 217 J de 16 de noviembre de 1991      Luxemburgo  Francés  DO no S 217 K de 16 de  noviembre de 1991      Países Bajos  Neerlandés  DO no S 217 L de 16 de noviembre de 1991      Portugal (*)  Portugués  DO no S 217 M de 16 de noviembre de 1991      Reino Unido  Inglés  DO no S 217 N de 16 de noviembre de 1991     (*) Los modelos  normalizados para estos tres Estados miembros se adaptarán a los requisitos de las Directivas 88/295/CEE y 89/440/CEE a partir del 1 de marzo de 1992.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de 2011 , sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/3)

text:
               14.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 41/1

         RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
   de 22 de diciembre de 2011
   sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales
   (JERS/2011/3)
   2012/C 41/01
   LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el apartado 2 del artículo 2 y la letra a) del apartado 2 del artículo 4, así como el Protocolo (no 25) sobre el ejercicio de las competencias compartidas,
   Visto el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) (1), en particular las letras b), d) y f) del apartado 2 del artículo 3 y los artículos 16 a 18,
   Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular la letra e) del apartado 3 del artículo 15 y los artículos 18 a 20,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Un marco bien definido es condición necesaria para una política macroprudencial eficaz. Con motivo de la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico como parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, se articuló un marco para las políticas macroprudenciales en la Unión Europea, que se ejercería mediante avisos y recomendaciones, que debe ser aplicado.

               (2)

               La eficacia de la política macroprudencial en la Unión también depende de los marcos de política macroprudencial nacionales de los Estados miembros, ya que la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para mantener la estabilidad financiera reside principalmente en los marcos nacionales.

               (3)

               En la actualidad se están debatiendo en algunos Estados miembros iniciativas legislativas relativas a los marcos macroprudenciales.

               (4)

               Es necesario facilitar principios rectores sobre los elementos fundamentales de los mandatos macroprudenciales nacionales, que equilibren la necesidad de coherencia entre las iniciativas nacionales con la flexibilidad para contemplar las características específicas de cada país.

               (5)

               El establecimiento explícito de un objetivo claro ayudaría a las autoridades macroprudenciales nacionales a superar la tendencia a la inacción. Las políticas macroprudenciales pueden aplicarse en el plano nacional a iniciativa de las autoridades macroprudenciales nacionales, o en respuesta a las recomendaciones o avisos de la JERS.

               (6)

               Por lo general, la política macroprudencial puede ser aplicada por una única institución o por una junta compuesta por varias instituciones, según los marcos institucionales nacionales. En cualquier caso, la autoridad responsable será identificada de forma clara y transparente.

               (7)

               El considerando 24 del Reglamento (UE) no 1092/2010 establece que: «los bancos centrales nacionales deben desempeñar un papel protagonista en la supervisión macroprudencial, habida cuenta de su pericia y de sus actuales responsabilidades en materia de estabilidad financiera». Esta conclusión ve reforzada cuando los bancos centrales también se encargan de la supervisión microprudencial.

               (8)

               Dependiendo del marco institucional nacional, la cooperación entre autoridades cuyas competencias influyen en la estabilidad financiera puede tomar diversas formas, desde la coordinación hasta el intercambio de datos e información.

               (9)

               La JERS analizará los posibles efectos transfronterizos que para las políticas pueden tener las medidas macroprudenciales concebidas por las autoridades nacionales competentes, para asegurar un grado mínimo de coordinación y limitar los posibles efectos negativos. A este fin, la Secretaría de la JERS debe ser informada con antelación de las acciones macroprudenciales importantes propuestas por las autoridades nacionales, para que puedan debatirse en el seno del Comité Director de la JERS. Si el Comité Director lo estima necesario, las acciones macroprudenciales propuestas pueden ser llevadas ante la Junta General.

               (10)

               Las funciones y facultades de la autoridad macroprudencial deben estar claramente definidas. Habida cuenta del efecto que podría tener la reforma en curso de la UE del marco sobre requisitos de capital para las entidades de crédito (3), los procedimientos para asignar instrumentos a la autoridad macroprudencial deben permitir — respetando los principios del marco legislativo correspondiente — los ajustes oportunos de los instrumentos relativos a las políticas en respuesta a la innovación y cambios del sistema financiero y a la naturaleza cambiante de los riesgos para la estabilidad financiera. La autoridad macroprudencial debe justificar con antelación por qué necesita determinados instrumentos, y tendrá derecho de iniciativa para solicitar la asignación de dichos instrumentos. Los instrumentos incluirán tanto los que pueden afectar a los riesgos cíclicos, como los niveles de apalancamiento, desajustes de vencimientos y crecimiento del crédito insostenibles, como los que pueden afectar a las estructuras de mercado. Debe establecerse una separación institucional entre instrumentos vinculantes y no vinculantes.

               (11)

               La transparencia mejora la comprensión de las políticas macroprudenciales por el sector financiero y la opinión pública, y es un requisito necesario para la responsabilidad frente al legislador, como representante de la población en general. Dado que el objetivo último de la política macroprudencial es difícil de cuantificar, la responsabilidad puede entenderse en términos de consecución de objetivos intermedios, o de explicar públicamente los motivos del uso de instrumentos macroprudenciales.

               (12)

               Se puede presionar a los responsables de la elaboración de políticas macroprudenciales para que estas no se restrinjan en períodos de auge ni se hagan laxas en períodos de contracción económica. A fin de proteger la credibilidad de las políticas, las autoridades macro-prudenciales deben blindarse contra las presiones externas mediante la independencia. Los bancos centrales a los que se hayan encomendado mandatos macroprudenciales deben ser independientes en el sentido del artículo 130 del Tratado.

               (13)

               Esta recomendación se entiende sin perjuicio de los mandatos de política monetaria de los bancos centrales de la Unión y de las funciones encomendadas a la JERS.

               (14)

               Las recomendaciones de la JERS se publican después de que la Junta General informe al Consejo de la Unión Europea de su intención en tal sentido y de que este haya tenido oportunidad de reaccionar.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   SECCIÓN 1

      RECOMENDACIONES

      Recomendación A —   Objetivo

   Se recomienda a los Estados miembros que:

               1)

               especifiquen que el objetivo final de la política macroprudencial es contribuir a la protección de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, incluso mediante el refuerzo de la capacidad de resistencia del sistema financiero y la atenuación de los riesgos sistémicos, garantizando así una aportación sostenible del sector financiero al crecimiento económico;

               2)

               garanticen que las políticas macroprudenciales pueden aplicarse a escala nacional a iniciativa de la autoridad macroprudencial nacional, o como un seguimiento a las recomendaciones o advertencias de la JERS.

      Recomendación B —   Acuerdos institucionales

   Se recomienda a los Estados miembros que:

               1)

               designen en su legislación nacional una autoridad responsable de la aplicación de la política macroprudencial, por lo general, ya sea como una institución separada o como un consejo compuesto por las autoridades cuyas acciones tienen un efecto sustancial sobre la estabilidad financiera. La legislación nacional debe contemplar el proceso de toma de decisiones del órgano rector de la autoridad macroprudencial;

               2)

               cuando se designe a una institución como autoridad macroprudencial, se establezcan mecanismos de cooperación entre todas las autoridades cuyas acciones tengan un efecto importante sobre la estabilidad financiera, sin perjuicio de sus respectivos mandatos;

               3)

               garanticen que el banco central desempeñe un papel principal en la política macroprudencial, y que la política macroprudencial no menoscabe su independencia conforme a lo establecido en el artículo 130 del Tratado;

               4)

               otorguen a la autoridad macroprudencial el mandato de colaborar e intercambiar información, también de carácter transfronterizo, en particular informando a la JERS de las medidas adoptadas para solucionar los riesgos sistémicos en el plano nacional.

      Recomendación C —   Funciones, facultades e instrumentos

   Se recomienda a los Estados miembros que:

               1)

               encomienden a la autoridad macroprudencial, como mínimo, las funciones de identificar, vigilar y valorar los riesgos para la estabilidad financiera, así como la de implantar políticas para conseguir su objetivo mediante la prevención y mitigación de esos riesgos;

               2)

               garanticen que la autoridad macroprudencial cuente con facultades para exigir y obtener en tiempo oportuno toda la información y datos nacionales relevantes para el desempeño de sus funciones, incluida la información de los supervisores microprudenciales y del mercado de valores o la información ajena al perímetro regulador, así como información específica de una entidad previa solicitud razonada y con mecanismos adecuados para proteger su confidencialidad; En virtud de esos mismos principios, la autoridad macroprudencial debe compartir con las autoridades de supervisión microprudenciales la información y datos relevantes para el desempeño de las funciones de esas autoridades;

               3)

               encomienden a la autoridad macroprudencial la facultad de designar o desarrollar métodos de vigilancia para identificar, en coordinación o junto con los supervisores microprudenciales y del mercado de valores, las entidades y estructuras financieras que tienen relevancia sistémica para el Estado miembro correspondiente, y determinar o recomendar sobre el perímetro de la normativa nacional;

               4)

               garanticen que la autoridad macroprudencial tiene control sobre los instrumentos adecuados para conseguir sus objetivos. Cuando sea necesario, deben establecerse procedimientos claros y expeditos para asignar instrumentos a la autoridad macroprudencial.

      Recomendación D —   Transparencia y responsabilidad

   Se recomienda a los Estados miembros que:

               1)

               garanticen que las decisiones relativas a la política macroprudencial y sus motivaciones se hagan públicas de modo oportuno, a menos que eso plantee riesgos para la estabilidad financiera, y que las estrategias sobre la política macroprudencial sean definidas y publicadas por la autoridad macroprudencial;

               2)

               faculten a la autoridad macroprudencial para hacer declaraciones públicas y privadas sobre los riesgos sistémicos;

               3)

               hagan a la autoridad macroprudencial responsable en última instancia ante el parlamento nacional;

               4)

               garanticen protección jurídica para la autoridad macroprudencial y sus empleados cuando actúen de buena fe.

      Recomendación E —   Independencia

   Se recomienda a los Estados miembros que garanticen que:

               1)

               en la consecución de su objetivo, la autoridad macroprudencial sea como mínimo independiente en sus operaciones, en particular respecto a los órganos políticos y el sector financiero;

               2)

               los acuerdos organizativos y financieros no pongan en peligro la aplicación de la política macroprudencial.

         SECCIÓN 2

      APLICACIÓN

   1.   Interpretación

   Los términos empleados en la presente Recomendación tendrán el significado siguiente:

               «entidades financieras», las definidas en el Reglamento (UE) no 1092/2010;

               «sistema financiero»: el definido en el Reglamento (UE) no 1092/2010.

         2.   Criterios para la aplicación

               1)

               La aplicación de la presente recomendación se regirá por los criterios siguientes:

                           a)

                           las medidas recomendadas deben ser aprobadas en la legislación nacional;

                           b)

                           debe evitarse el arbitraje reglamentario;

                           c)

                           se considerará debidamente el principio de proporcionalidad en la aplicación, en lo que concierne a la diferente relevancia sistémica de las entidades financieras en los distintos sistemas institucionales, teniendo además en cuenta el objetivo y el contenido de cada recomendación;

                           d)

                           a efectos de la recomendación A:

                                       i)

                                       los objetivos intermedios de la política pueden identificarse como especificaciones operativas del objetivo final,

                                       ii)

                                       la política macroprudencial debería permitir intervenir también en las medidas que tengan relevancia macroprudencial.

               2)

               Se pide a los destinatarios que comuniquen a la JERS y al Consejo las medidas adoptadas en respuesta a esta recomendación, o que justifiquen adecuadamente su inacción. Los informes correspondientes deben comprender como mínimo:

                           a)

                           información sobre el fondo y los plazos de las medidas adoptadas;

                           b)

                           una evaluación del funcionamiento de las medidas adoptadas desde el punto de vista de los objetivos de esta recomendación;

                           c)

                           una justificación detallada de toda inacción o aplicación divergente de esta recomendación, incluidos los retrasos en su aplicación.

         3.   Plazos de seguimiento

               1)

               Se pide a los destinatarios que comuniquen a la JERS y al Consejo las medidas adoptadas en respuesta a esta recomendación, o que justifiquen adecuadamente su inacción, según se especifica en los apartados siguientes.

               2)

               Antes del 30 de junio de 2012, los destinatarios remitirán a la JERS un informe provisional en el que se reflejen al menos los siguientes aspectos: a) una declaración sobre si se ha aplicado o se prevé aplicar el mandato macroprudencial; b) un análisis de la base jurídica para la aplicación de esta recomendación; c) el perfil institucional previsto de la autoridad macroprudencial y los cambios institucionales dispuestos; d) una valoración de cada recomendación contemplada en este documento, indicando si queda cubierta por las medidas nacionales relativas al mandato microprudencial y, en caso de respuesta negativa, una explicación adecuada. La JERS puede informar a los destinatarios de su opinión sobre las valoraciones recogidas en el informe provisional.

               3)

               Antes del 30 de junio de 2013, los destinatarios entregarán un informe final a la JERS y al Consejo. Las medidas recomendadas deben entrar en vigor como muy tarde el 1 de julio de 2013.

               4)

               La Junta General puede ampliar los plazos de los apartados 2 y 3 cuando sea necesario emprender iniciativas legislativas para aplicar una o varias recomendaciones.

         4.   Vigilancia y evaluación

               1)

               La Secretaría de la JERS:

                           a)

                           presta asistencia a los destinatarios, entre otras cosas, facilitando la presentación coordinada de información y los modelos pertinentes, y especificando en caso necesario el modo y los plazos de seguimiento;

                           b)

                           verifica el seguimiento de los destinatarios, incluso ayudándoles si lo solicitan, e informa del seguimiento a la Junta General por medio del Comité Director en los dos meses siguientes a la expiración de los plazos de seguimiento.

               2)

               La Junta General evalúa las medidas y justificaciones comunicadas por los destinatarios y, en su caso, decide si esta recomendación no se ha aplicado y si los destinatarios no han justificado adecuadamente su inacción.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de diciembre de 2011.

            El Presidente de la JERS

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

      (2)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

      (3)  Propuestas de la Comisión de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y de la supervisión prudencial de las entidades de crédito y de las empresas de inversión, y por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero [COM(2011) 453 final] y de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión [COM(2011) 452 final].


Avis juridique important

|

31996H0280

96/280/CE: Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 107 de 30/04/1996 p. 0004 - 0009

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 1996 sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (Texto pertinente a los fines del EEE) (96/280/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,Considerando que la aplicación del Programa integrado en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y el artesanado (1), en adelante Programa integrado, de acuerdo con el Libro blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, requiere el establecimiento de un marco coherente, visible y eficaz en el que pueda encuadrarse la política de empresa en favor de las PYME;Considerando que mucho antes de la aplicación del Programa integrado existían varias políticas comunitarias que tenían por objetivo las PYME, utilizando criterios diferentes para definirlas; que gradualmente se han ido desarrollando políticas comunitarias que carecen de un enfoque común o de una reflexión global sobre los elementos que objetivamente constituyen una PYME; que el resultado es una gran diversidad de criterios y, por consiguiente, una multiplicidad de definiciones actualmente utilizadas en el ámbito comunitario, además de las definiciones utilizadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), así como una gama bastante amplia de definiciones en los Estados miembros;Considerando que en muchos Estados miembros no existe una definición general y se aplican reglas basadas en el uso o relativas a sectores particulares, mientras que otros aplican integralmente la definición contenida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME (2);Considerando que la existencia de definiciones diferentes en el ámbito comunitario y nacional puede dar lugar a incoherencias y a la vez falsear la competencia entre las empresas; que el Programa integrado persigue una coordinación más estrecha, por una parte, entre las diferentes iniciativas comunitarias en favor de las PYME y, por otra, entre estas iniciativas y las de ámbito nacional; que estos objetivos no pueden conseguirse plenamente a menos que se precise la definición de PYME;Considerando que en el Informe de la Comisión al Consejo Europeo de Madrid de 15 y 16 de diciembre de 1995 se señalaba que es necesario reorientar los esfuerzos en favor de las PYME para crear más puestos de trabajo en todos los sectores de la economía;Considerando que el Consejo «Investigación» de 29 de septiembre de 1994 reconoció que el trato preferencial a las PYME debía ir acompañado de una definición más clara de lo que significa una pequeña o mediana empresa y en consecuencia pidió a la Comisión que reexaminara los criterios que debían adoptarse para definir las PYME;Considerando que en un primer informe presentado al Consejo en 1992 a petición del Consejo «Industria» de 28 de mayo de 1990, la Comisión proponía ya que se limitase la proliferación de las definiciones utilizadas en el ámbito comunitario; en particular proponía la utilización de los cuatro criterios siguientes: número de empleados, volumen de negocio, balance general e independencia, así como unos umbrales de 50 y 250 empleados para las empresas pequeñas y medianas respectivamente;Considerando que se ha adoptado esta definición en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y en todas las demás directrices o comunicaciones sobre las ayudas estatales aprobadas o revisadas desde 1992 [en particular, la Comunicación de la Comisión relativa al procedimiento acelerado de aprobación de los planes de ayudas a las PYME y de modificaciones de planes vigentes (3), las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (4) y las Directrices comunitarias sobre las ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (5)];Considerando que otros actos recogen esta definición en su totalidad o en parte, particularmente la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (6), cuya última modificación la constituye la Directiva 94/8/CE (7), la Decisión 94/217/CE del Consejo, de 19 de abril de 1994, relativa a la concesión por la Comunidad de bonificación de intereses de los préstamos a pequeñas y medianas empresas otorgados por el Banco Europeo de Inversiones con cargo a su línea de crédito temporal (8) y la Comunicación de la Comisión (9) relativa a la iniciativa comunitaria PYME en el marco de los Fondos estructurales;Considerando que no se ha conseguido todavía esta convergencia; que determinados programas siguen fijando umbrales muy diversos o ignoran algunos criterios, tales como el de independencia;Considerando que conviene que prosiga el proceso de convergencia hasta su conclusión basándose en las normas fijadas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME y que la Comisión utilice en todas las políticas que aplique los mismos criterios y umbrales que exige a los Estados miembros;Considerando además que, en la lógica de un mercado único sin fronteras interiores, el trato aplicado a las empresas debe basarse en un conjunto de normas comunes, especialmente en lo que se refiere a las ayudas públicas, nacionales o comunitarias;Considerando que dicho enfoque es tanto más necesario cuanto que existe una diversidad de interacciones entre las medidas nacionales y comunitarias de ayuda a PYME, por ejemplo, en materia de Fondos estructurales y la investigación, y que conviene evitar que la Comunidad centre su actuación en una categoría determinada de PYME y los Estados miembros en otra;Considerando que el respeto por la Comisión, los Estados miembros, el BEI y el FEI de la misma definición reforzaría la coherencia y la eficacia de las políticas destinadas a las PYME y con ello se limitaría el riesgo de distorsiones de la competencia; que, además, muchos de los programas destinados a las PYME son cofinanciados por los Estados miembros y la Comunidad y, en determinados casos, por el BEI y el FEI;Considerando que, antes de proponer umbrales para la definición de PYME, debe señalarse que este intento de racionalizar y de establecer una norma de referencia no significa que las empresas que superen estos umbrales no merezcan la atención de la Comisión y los poderes públicos de los Estados miembros; que sería más adecuado resolver este problema con medidas específicas en el marco de los programas correspondientes, en particular los programas de cooperación internacional, en vez de utilizar o mantener una definición de PYME diferente;Considerando que aunque el criterio del número de empleados es sin duda uno de los más importantes y debe considerarse obligatorio, el establecimiento de un criterio financiero es un complemento necesario para comprender la importancia real de una empresa, su rendimiento y su posición respecto de sus competidores;Considerando, sin embargo, que no sería oportuno adoptar como único criterio financiero el volumen de negocio porque, por su propia naturaleza, las empresas comerciales y de distribución tienen un volumen de negocio más elevado que las del sector manufacturero; por lo que el criterio del volumen de negocio debería combinarse con el del balance general, que representa el patrimonio total de la empresa, de forma que se pueda superar uno de estos dos criterios financieros;Considerando que la independencia es también un criterio básico porque una PYME perteneciente a un grupo importante dispone de medios y de una asistencia que no tienen sus competidores de igual dimensión; que también es necesario excluir a las entidades jurídicas compuestas por PYME que constituyen un grupo cuya potencia económica supera en realidad a la de una PYME;Considerando que en lo que se refiere al criterio de independencia, los Estados miembros, el BEI y el FEI deberían garantizar que no eludan la definición las empresas que, si bien respetan formalmente dicho criterio, de hecho están controladas por una gran empresa o, de forma conjunta, por varias grandes empresas;Considerando que las participaciones de las sociedades de inversión pública y de las empresas de capital riesgo no suelen dar lugar a que una empresa pierda el carácter de PYME, por lo que pueden considerarse insignificantes; que lo mismo se aplica a las participaciones de inversores institucionales, que suelen mantener una relación de independencia con respecto a la empresa en la que han invertido;Considerando que debe encontrarse una solución al problema de las sociedades por acciones, que siendo PYME no pueden conocer exactamente la composición de su accionariado, debido a la dispersión de su capital y al anonimato de sus accionistas, por lo no pueden saber si cumplen el criterio de independencia;Considerando que conviene fijar umbrales bastante estrictos para definir a las PYME a fin de que las medidas a ellas destinadas redunden en beneficio de aquellas empresas cuya dimensión constituya una desventaja;Considerando que el umbral de 500 asalariados no es verdaderamente selectivo porque engloba a la casi totalidad de las empresas (el 99,9 % de los 14 millones de empresas) y prácticamente a las tres cuartas partes de la economía europea en términos de empleo y volumen de negocio; que una empresa de 500 asalariados dispone de recursos humanos, financieros y técnicos que exceden del marco de las medianas empresas, que se caracterizan por la identidad de propiedad y dirección, el carácter familiar de las mismas y la ausencia de una posición predominante en el mercado;Considerando que las empresas de 250 a 500 asalariados tienen a menudo una posición muy fuerte en el mercado y también poseen unas estructuras de gestión muy sólidas en los aspectos de producción, venta, comercialización, investigación y gestión de personal que las diferencian claramente de las medianas empresas de hasta 250 asalariados; que en este último grupo dichas estructuras son mucho más frágiles; que, por lo tanto, el umbral de 250 asalariados refleja de modo mucho más significativo la realidad de una PYME;Considerando que el umbral de los 250 asalariados constituye ya el criterio que prevalece en las definiciones utilizadas a nivel comunitario y que se ha sido recogido en las legislaciones de muchos Estados miembros a raíz de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME; y que también el BEI utiliza esta definición en una parte sustancial de los préstamos que concede en el marco del «mecanismo PYME» previsto en la Decisión 94/217/CE;Considerando que, según datos de Eurostat, el volumen de negocio de una empresa de 250 asalariados no supera por término medio los 40 millones de ecus (cifras en 1994); que resulta, pues, apropiado aplicar como umbral la cifra de 40 millones de ecus; que de acuerdo con unos cálculos recientes, la relación media entre volumen de negocio y el balance general en el caso de las PYME y las pequeñas empresas es de 1,5 (10); que, por consiguiente, el umbral para el balance general debería fijarse en 27 millones de ecus;Considerando, sin embargo, que debe diferenciarse dentro de las PYME entre empresas medianas, empresas pequeñas y microempresas; que estas últimas no deben confundirse con las empresas artesanales, que continuarán siendo definidas en el ámbito nacional debido a sus características peculiares;Considerando que conviene fijar, con arreglo al mismo método, los umbrales de las pequeñas empresas; que de ello se desprende que dichos umbrales son de 7 millones de ecus para el volumen de negocio y de 5 millones de ecus para el balance general;Considerando que los umbrales elegidos no reflejan necesariamente a la PYME o a la pequeña empresa media sino que constituyen topes calculados de forma que todas las empresas que reúnen las características de una PYME o de pequeña empresa puedan figurar en una de las dos categorías;Considerando que los umbrales del volumen de negocio y del balance general fijados para definir las PYME deberían revisarse cuando sea necesario para tener en cuenta las circunstancias económicas cambiantes, tales como los niveles de precios y el incremento de la productividad de las empresas;Considerando que las directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME se modificarán, sustituyendo las definiciones utilizadas actualmente por una referencia a la presente Recomendación;Considerando que conviene también prever que, en la próxima modificación de los umbrales de la Directiva 78/660/CEE, que concede a los Estados miembros la facultad de eximir a las PYME de determinadas obligaciones relativas a la publicación de sus cuentas, la Comisión propondrá que la definición actual sea sustituida por una referencia a la presente Recomendación;Considerando además que sería conveniente que, en las evaluaciones de las medidas en favor de las PYME, la Comisión, los Estados miembros, el BEI y el FEI indicaran con precisión las empresas que se benefician de dichas medidas, distinguiendo diversas categorías de PYME en función de su dimensión; que con un mejor conocimiento de los beneficiarios es posible adoptar y orientar mejor las medidas propuestas para las PYME con lo que las medidas comunitarias serían más eficaces;Considerando que debe permitirse un cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros, al BEI y al FEI para fijar umbrales inferiores a los umbrales comunitarios en el caso de que deseen dirigir sus acciones a una categoría específica de PYME, pues estos últimos umbrales constituyen únicamente límites máximos;Considerando que, a efectos de simplificación administrativa, también es posible que los Estados miembros, el BEI y el FEI utilicen sólo un criterio, particularmente el número de empleados, en la aplicación de algunas de sus políticas, con excepción de los ámbitos que se rigen por las diversas directivas sobre ayudas estatales, en los que deberán utilizarse y cumplirse también criterios financieros;Considerando que la presente Recomendación se refiere únicamente a la definición de PYME utilizada en las políticas comunitarias aplicadas en la Comunidad y en el Espacio Económico Europeo,FORMULA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:Artículo 1 Se recomienda a los Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones que:- cumplan lo dispuesto en el artículo 1 del Anexo en sus programas destinados a las «PYME», «medianas empresas», «pequeñas empresas» o «microempresas»;- respeten los topes fijados para el volumen de negocio y el balance general en caso de modificación de conformidad con el artículo 2 del Anexo;- adopten las medidas necesarias para que se utilicen las categorías de tamaños que se especifican en el apartado 2 del artículo 3 del Anexo, en particular cuando se trate del control de los instrumentos financieros comunitarios.Artículo 2 Los umbrales fijados en el artículo 1 del Anexo deben considerarse como máximos. Los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones podrán en determinados casos fijar umbrales inferiores. Podrán asimismo aplicar algunas de sus políticas, tener en cuenta únicamente el criterio del número de empleados, excepto en ámbitos donde se apliquen las distintas directrices sobre ayudas estatales.Artículo 3 Con objeto de que la Comisión pueda evaluar los progresos realizados, se invita a los Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones a que informen a la Comisión, antes del 31 de diciembre de 1997, acerca de las medidas que hubieren adoptado en cumplimiento de la presente Recomendación.Artículo 4 La presente Recomendación se refiere a la definición de PYME utilizada en las políticas comunitarias aplicadas dentro de la Comunidad y el Espacio Económico Europeo y está destinada a los Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones.Hecho en Bruselas, el 3 de abril de 1996.Por la ComisiónChristos PAPOUTSISMiembro de la Comisión(1) COM(94) 207 final.(2) DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2.(3) DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 10.(4) DO n° C 72 de 10. 3. 1994, p. 3, nota a pie de página 16.(5) DO n° C 368 de 23. 12. 1994, p. 12.(6) DO n° L 222 de 14. 8. 1978, p. 11.(7) DO n° L 82 de 25. 3. 1994, p. 33.(8) DO n° L 107 de 28. 4. 1994, p. 57. Véase el informe de la Comisión sobre esta cuestión [COM(94) final 434 de 19 de octubre de 1994].(9) DO n° C 180 de 1. 7. 1994, p. 10.(10) Fuente: Base de datos BACH (Banco de cuentas armonizadas).ANEXO DEFINICIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ADOPTADA POR LA COMISIÓN Artículo 1 1. Se entenderá por pequeñas y medianas empresas, denominadas de ahora en adelante «PYME», las empresas:- que empleen a menos de 250 personas,- cuyo volumen de negocio anual no exceda de 40 millones de ecuso cuyo balance general anual no exceda de 27 millones de ecus,- y que cumplan el criterio de independencia tal como se define en el apartado 3.2. Cuando sea necesario diferenciar las empresas pequeñas de las empresas medianas, se entenderá por «pequeña empresa» la empresa que:- emplee a menos de 50 personas,- cuyo volumen de negocio anual no exceda de 7 millones de ecuso cuyo balance general anual no exceda de 5 millones de ecus,- y que cumpla el criterio de independencia tal como se define en el apartado 3.3. Se considerarán empresas independientes las empresas en las que el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezca a otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso. Este umbral podrá superarse en los dos casos siguientes:- si la empresa pertenece a sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo o a inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, ningún control sobre la empresa;- si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar quién lo posee y si la empresa declara que puede legítimamente presumir que el 25 % o más de su capital no pertenece a otra empresa o conjuntamente a varias empresas que no responden a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso.4. Para el cálculo de los umbrales contemplados en los apartados 1 y 2 convendrá añadir las cifras correspondientes de la empresa beneficiaria y de todas las empresas en las que posea directa o indirectamente el 25 % o más de su capital o de los derechos de voto.5. Cuando resulte necesario diferenciar las microempresas de los otros tipos de PYME, se entenderá por microempresas las empresas que empleen a menos de 10 empleados.6. Cuando, en la fecha de cierre de su balance, una empresa supere en un sentido o en otro los umbrales relativos al número de empleados o los umbrales financieros, ésta adquirirá o perderá la calidad de «PYME», «mediana empresa», «pequeña empresa» o «microempresa» si dicha circunstancia se repite durante dos ejercicios financieros consecutivos.7. El número de empleados corresponderá al número de unidades de trabajo/año (UTA), es decir, el número de asalariados a jornada completa empleados durante un año, constituyendo el trabajo a tiempo parcial o el trabajo estacional fracciones de UTA. Como año de referencia se tomará el año del último ejercicio financiero cerrado.8. Los umbrales elegidos para el volumen de negocio o el balance general serán los correspondientes al último ejercicio financiero cerrado. En el caso de empresas de nueva creación cuyas cuentas aún no se hayan cerrado, los umbrales aplicables deberán basarse en unas estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.Artículo 2 La Comisión modificará, cuando resulte necesario y normalmente cada cuatro años, los topes establecidos para el volumen de negocio y el balance general, a partir de la fecha de adopción de la presente Recomendación, para tener en cuenta las cambiantes circunstancias económicas de la Comunidad.Artículo 3 1. La Comisión se compromete a adoptar las medidas necesarias a fin de que la definición de PYME contemplada en el artículo 1 se aplique al conjunto de los programas que ella administre y en los que aparezcan los términos «PYME», «mediana empresa», «pequeña empresa» y «microempresa».2. La Comisión se compromete a adoptar las medidas necesarias para adaptar las estadísticas que elabora a las categorías de tamaño siguientes:- 0 asalariados,- 1 a 9 asalariados,- 10 a 49 asalariados,- 50 a 249 asalariados,- 250 a 499 asalariados,- 500 o más.3. Con carácter transitorio, los programas comunitarios en vigor que definen las PYME con criterios diferentes de los enunciados en el artículo 1 continuarán aplicándose en beneficio de las empresas que fueron consideradas PYME en el momento de la aprobación de dichos programas. Sólo se podrá modificar la definición de PYME en tales programas si se adopta la definición contenida en la presente Recomendación, sustituyendo la definición divergente por una referencia a la presente Recomendación. El período transitorio debería finalizar en principio a más tardar el 31 de diciembre de 1997. Sin embargo, los compromisos vinculantes contraídos por la Comisión con arreglo a dichos programas no quedarán afectados.4. Cuando se modifique la Cuarta Directiva 78/660/CEE, la Comisión propondrá que los criterios utilizados para la definición de PYME actualmente en vigor se sustituyan por una referencia a la definición que figura en la presente Recomendación.5. Cualquier disposición adoptada por la Comisión en la que aparezcan los términos «PYME», «mediana empresa», «pequeña empresa», «microempresa» o cualquier expresión similar se referirá a la definición que figura en la presente Recomendación.