               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 514 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Letonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Letonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Letonia
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Letonia con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya modificado los marcos normativos pertinentes
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                para que los Estados miembros puedan movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de la COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Letonia a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un déficit de 0,2 % del PIB en 2019 a un déficit de 9,4 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit de las administraciones públicas baje al 5 % en 2021 y al 2,7 % del PIB en 2023, en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas. Tras bajar al 36,9 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB repuntaría hasta el 53 % del PIB en 2020 hasta el 59,8 % del PIB en 2023, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Letonia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 3,0 % del PIB. Entre ellas figuran opciones de aplazamiento del pago de las deudas tributarias hasta tres años, un aumento de la cobertura de la baja por enfermedad con cargo al Estado, el apoyo a sectores específicos y un aumento del gasto en sanidad. Por otra parte, Letonia ha proporcionado apoyo a la liquidez de las empresas mediante garantías y préstamos que representan un 3,2 del PIB. En general, las medidas adoptadas por Letonia se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas letonas debería situarse en el -7,3 % del PIB en 2020 y en el -4,5 % en 2021. Esta previsión refleja un efecto general de las medidas de estímulo similar al previsto en el Programa de Estabilidad, si bien se prevé que la caída del empleo será menor, del mismo modo que también se prevé que los estabilizadores automáticos por el lado del gasto serán también inferiores. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento previsto del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 por parte de Letonia. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)Letonia declaró el estado de alarma el 13 de marzo de 2020 y lo prorrogó hasta el 9 de junio de 2020. El Gobierno limitó la circulación de personas a través de las fronteras de Letonia por vía aérea, ferroviaria y marítima, cerró escuelas y universidades, prohibió todos los actos públicos, impuso medidas de distanciamiento físico, restringió el comercio en fines de semana y fomentó el uso de servicios públicos digitales. Dada la mejora de la situación en relación con la pandemia, las autoridades relajaron las restricciones nacionales el 12 de mayo de 2020 y acordaron reabrir las fronteras con Lituania y Estonia desde el 15 de mayo de 2020. Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo suba al 8,6 % en 2020 y que se recupere ligeramente en 2021, llegando al 8,3 %. Se prevé que la economía disminuya un 7 % en 2020; las inversiones y las exportaciones sufrirán la peor parte en el contexto actual de disminución de la demanda extranjera y de creciente incertidumbre. Asimismo, se prevé que el empleo bajará en un 2,5 %, dado que el efecto negativo sobre este se verá amortiguado considerablemente por el régimen de cesantía de trabajadores subvencionado por el Estado y por subsidios salariales en los sectores exportadores. Letonia reaccionó a la crisis con un paquete de medidas integral que combina las políticas presupuestaria y económica. Las autoridades han articulado la respuesta en tres vectores: 1) apoyo a los trabajadores; 2) apoyo a las empresas; y 3) apoyo a los sectores económicos más afectados. Algunas de las medidas de política laboral, destinadas a mantener el empleo y reforzar la red de seguridad social, son subvenciones salariales de hasta el 75 % del salario bruto, la cobertura de las bajas por enfermedad en caso de que a un trabajador se le diagnostique la COVID-19 o se le ponga en cuarentena y la ampliación de las prestaciones por desempleo. El apoyo a las empresas que se enfrentan a dificultades temporales ha tenido como objetivo respaldar la liquidez de las empresas viables e impulsar la oferta de bienes y servicios de vital importancia.

               (17)La pandemia de la COVID-19 exige adoptar medidas sin precedentes para contener la propagación y los efectos de la enfermedad. La COVID-19 ha ampliado las debilidades estructurales del sistema sanitario letón, que están directamente relacionadas con los limitados recursos financieros y humanos de que dispone y con el lento avance de las reformas. El acceso a una asistencia sanitaria de calidad y asequible y la eficacia del sistema sanitario se ven afectados por la escasa financiación pública, lo que conduce a unos altos índices de necesidades no satisfechas declaradas en materia sanitaria, pagos directos elevados, especialmente para los grupos vulnerables, y a desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria. Los modos de vida poco saludables son otra razón importante de los malos resultados sanitarios. Además, la falta de personal es un problema complejo y dificulta la prestación de servicios sanitarios. Para impulsar la eficiencia y la calidad de la asistencia sanitaria resulta crucial acelerar las reformas aún en curso en una fase temprana. Entre ellas se cuentan las medidas de prevención eficaces, la racionalización del sector hospitalario, la mejora de la atención primaria y el enfoque en la gestión de la calidad. La magnitud de la repercusión de estas reformas y la probabilidad de mejorar los resultados sanitarios también dependen en gran medida del importe de la financiación pública que se destine al ámbito sanitario. Para poder gestionar crisis similares en el futuro, resulta esencial invertir en medidas de salud pública eficaces y con recursos suficientes para prevenir, contener y mitigar la propagación de enfermedades infecciosas y controlar sus efectos sobre el sistema sanitario. Las inversiones pueden tener como objetivo garantizar los equipos necesarios, servicios sólidos de sanidad electrónica, instalaciones y recursos humanos para la atención sanitaria y la capacidad de prestar todos los servicios sanitarios ordinarios que cabe esperar junto con los servicios de asistencia a los pacientes de la COVID-19.

               (18)Letonia ha adoptado medidas para extender a los trabajadores la ayuda a la renta y para evitar que se produzcan despidos durante la situación de emergencia. Sin embargo, este apoyo es reducido en términos de cobertura y adecuación, principalmente porque depende del pago de cotizaciones sociales y de criterios de admisibilidad restrictivos. El régimen tampoco abarca los supuestos de inactividad parcial. Con una transición más gradual desde ayudas a la renta hasta rentas del trabajo se lograría una mayor flexibilidad del mercado de trabajo durante el período de inactividad y la recuperación económica. Es necesario no cesar en los esfuerzos para mejorar la adecuación, la duración y la cobertura de la red de seguridad social para todos. Sin embargo, estos esfuerzos se ven constreñidos por los bajos ingresos tributarios como proporción del PIB. A pesar de la ligera mejora registrada, la renta mínima garantizada, las pensiones mínimas y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad siguen siendo insuficientes. Letonia ha introducido una prestación por desempleo para los más vulnerables, pero los desempleados siguen corriendo un riesgo alto de caer en la pobreza, especialmente cuanto más dure el desempleo. Existen diferencias de cobertura en el acceso a la protección social, incluido el seguro de desempleo, de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores no convencionales, que pueden solucionarse. Si bien su proporción disminuye, el trabajo no declarado y los sueldos en mano siguen estando generalizados, lo que debilita la protección social de los trabajadores afectados y aumenta los riesgos laborales. Es de esperar que a los grupos vulnerables les resulte más difícil encontrar un nuevo empleo. La integración de los servicios de empleo, educativos, sanitarios y sociales y la prestación de servicios sociales sigue siendo baja. Los porcentajes de personas que sufren privaciones graves en materia de vivienda y de personas que viven hacinadas son de los mayores de la Unión; la vivienda social es escasa.

               (19)Prestar apoyo a las pymes para ayudarles a desarrollar rápidamente el teletrabajo y condiciones de trabajo flexibles puede ayudar considerablemente a paliar el efecto de la crisis. El bajo nivel de inscripción en los servicios públicos de empleo y el bajo nivel de participación de los desempleados en las medidas activas de empleo son motivo de especial preocupación Es preciso reforzar y adaptar la aplicación y la composición de las medidas activas de empleo para reducir la duración de los períodos de desempleo y facilitar la transición al empleo. Formar a las personas para que adquieran competencias adecuadas es aún más importante para mejorar la resiliencia de la mano de obra en momentos de recesión económica. Una educación de adultos eficaz y de fácil acceso, el reciclaje profesional y la formación complementaria, junto con la prestación de servicios sociales y el apoyo a la movilidad, podrían aumentar el número de personas con cualificación suficiente para el mercado laboral. También hay que mejorar las competencias digitales, ya que solo el 43 % de los letones tienen competencias digitales básicas o de nivel superior. La crisis de la COVID-19 también ha destacado la necesidad de diseñar una educación y formación digitales de calidad y de garantizar la igualdad de acceso a todos los alumnos. El refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales también es importante para garantizar su participación significativa y oportuna en la respuesta a la crisis de la COVID-19 y la salida de esta.

               (20)Se ha creado y puesto en marcha con suma rapidez un régimen de apoyo a la liquidez cuantioso a través de la institución nacional de desarrollo Altum. Ha ayudado a reestructurar los cuadros de amortización de los préstamos para las empresas y ha proporcionado apoyo a la liquidez mediante nuevos préstamos. Al mismo tiempo, la mayoría de las novaciones de préstamos bancarios se producen sin que medien garantías estatales. Por otra parte, las condiciones para la concesión de una garantía estatal son relativamente estrictas. Como consecuencia, existe el riesgo de que las empresas más pequeñas con una situación financiera más débil, o que no estén al día en el pago de sus impuestos, no reciban ayuda. Los restaurantes y los hoteles, que se encuentran entre los sectores más afectados por esta crisis, tienen dificultades para acceder a la liquidez debido a su débil situación en términos financieros y de garantías. Al mismo tiempo, resulta importante apuntalar la resiliencia del sector bancario.

               (21)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Las políticas de apoyo a las transiciones digital y ecológica del país deben tener en cuenta las importantes disparidades regionales. La mayoría de las zonas urbanas de Letonia cuentan con una infraestructura digital excelente, pero la cobertura de banda ancha fija en las zonas rurales, especialmente las conexiones de «último kilómetro», es pobre. La continuación y el refuerzo de los esfuerzos para desplegar una banda ancha de muy alta velocidad contribuirá a mejorar la infraestructura digital. Con el fin de afrontar las dificultades que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, son necesarias inversiones para diversificar la economía y hacerla más moderna y competitiva, en especial mediante el refuerzo de la inversión en I+i y en capital humano, y para aliviar los costes socioeconómicos de la transición. La sostenibilidad medioambiental de Letonia pasa por avanzar mejorar en eficiencia energética, ejecutando su plan nacional de energía y clima, en particular en el transporte y los edificios, e integrar las consideraciones de sostenibilidad medioambiental en otros sectores económicos, en particular en la agricultura y la silvicultura. La mejora de las infraestructuras de transporte intermodal dentro de Riga y en sus inmediaciones facilitaría la movilidad laboral y contribuiría a frenar el aumento del consumo de energía procedente de los turismos. Además, el proyecto Rail Baltica y los proyectos de interconexión energética son prioridades clave de inversión de Letonia destinadas a mejorar su seguridad y su integración en el mercado único de la UE. Aumentar las inversiones en energías renovables, en particular la eólica, y fomentar la transición a una economía circular con tasas de reciclado significativamente más elevadas puede también mejorar los resultados tanto medioambientales como económicos y contribuir a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Letonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Letonia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (22)Letonia ha reducido considerablemente el flujo de activos de riesgo en sus bancos y ha remodelado su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. En particular, prohibió prestar servicios comerciales a las sociedades fantasma no residentes y modificó una serie de leyes. Asimismo, reforzó la capacidad de las principales instituciones de supervisión, inteligencia financiera y vigilancia normativa. Si bien la supervisión de las entidades financieras se ha reforzado considerablemente, podría ser más específica y eficiente si se mejorasen las evaluaciones de riesgos. Por otra parte, aunque se ha reforzado la capacidad y la cooperación de los órganos de garantía del cumplimiento del Derecho, también se podría reforzar su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de blanqueo de capitales.

               (23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (24)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Letonia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (25)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones del Eurogrupo, Letonia debe velar por que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y están coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (26)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (27)A la luz de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020 y su dictamen
                  7
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia y la accesibilidad del sistema sanitario, en particular dotándolo con recursos humanos y financieros adicionales.

               2.Proporcionar una ayuda adecuada a la renta a los grupos más afectados por la crisis y reforzar la red de seguridad social. Mitigar el efecto de la crisis en el empleo, en particular a través de fórmulas de trabajo flexibles, medidas activas de empleo y el desarrollo de competencias.

               3.Garantizar que las empresas y, en particular, las PYMES puedan disponer de liquidez. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en las transiciones ecológica y digital, en particular en I+D, en transportes sostenibles, en infraestructuras digitales y en lo que se refiere a la producción y el uso limpios y eficientes de energía.

               4.Seguir avanzando en la lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 513 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 48.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 512 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Italia y por la que se emite un dictamen sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Italia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Italia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Italia
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la elevada deuda pública y la prolongadamente débil dinámica de la productividad implican riesgos con relevancia transfronteriza, en un contexto de elevado desempleo y un nivel aún elevado de préstamos no productivos.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, causando graves perturbaciones en la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de las personas y la actividad de las empresas. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . Dicha cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en épocas de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones existentes permitían la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros aceptaron la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por lo que respecta al componente corrector, el Consejo también puede decidir, previa recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros apartarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales y paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, así como garantizar unas condiciones sanitarias y de protección adecuadas en el lugar de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para recobrar un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden que el mercado único funcione normalmente tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha dejado patente la necesidad disponer de planes de preparación frente a las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de compra, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Dichos elementos son clave con vistas al desarrollo de planes más amplios de preparación frente a las crisis.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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               para permitir que los Estados miembros movilicen todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan paliar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. A través de esas modificaciones se logrará mayor flexibilidad, así como la simplificación y racionalización de los procedimientos. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros pueden beneficiarse también de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión durante el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Italia a que aproveche plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por los desafíos actuales.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual entre las regiones y territorios italianos debido a las persistentes disparidades económicas y sociales, las divergencias en el potencial de competitividad y el distinto grado de dependencia del turismo. Ello entraña el riesgo de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales dentro del país y se agraven así las tendencias divergentes entre las regiones más y menos desarrolladas, entre los barrios deprimidos y el resto de las zonas urbanas, así como entre ciertas zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, Italia presentó su Programa de Estabilidad de 2020.

               (11)Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore pasando de un déficit del 1,6 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,4 % en 2020. Se prevé que ese déficit se reduzca al 5,7 % del PIB en 2021. Tras haberse estabilizado en el 134,8 % en 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB aumente al 155,7 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por un elevado nivel de incertidumbre como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Existen riesgos específicos del país en los que se basan las previsiones presupuestarias, a saber, el considerable tamaño de las garantías públicas y la volatilidad de los rendimientos de la deuda soberana.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y en el marco de un enfoque de la Unión coordinado, Italia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a aquellas personas y sectores que se han visto especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, estas medidas presupuestarias ascienden al 4,5 % del PIB en 2020. Las medidas incluyen el refuerzo de la asistencia sanitaria y la protección civil, la ampliación de los regímenes de complemento salarial y el apoyo financiero a los trabajadores autónomos y las empresas. Además, Italia ha introducido medidas que, sin tener un impacto presupuestario directo, contribuirán a apoyar la liquidez de las empresas, como, por ejemplo, aplazamientos de pagos tributarios y garantías de préstamos. En general, las medidas adoptadas por Italia se ajustan a las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirán a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de las políticas, el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas de Italia sería del -11,1 % del PIB en 2020 y el -5,6 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las Administraciones Públicas alcance el 158,9 % del PIB en 2020 y el 153,6 % en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado debido al incumplimiento por parte de Italia de la norma en materia de deuda en 2019 y la infracción prevista del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020. En general, el análisis indica que no hay pruebas suficientes para concluir que el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 no se cumple, mientras que el criterio de déficit no se cumple.

               (16)La pandemia de COVID-19 ha sometido al sistema sanitario nacional a una tensión sin precedentes, dejando patentes las debilidades estructurales y la necesidad de aumentar la preparación ante situaciones de crisis. A pesar de que el gasto en sanidad es inferior a la media de la UE, el sistema sanitario de Italia se caracteriza por unos servicios universales altamente especializados y de buena calidad y ha logrado, en general, ofrecer acceso a la asistencia. No obstante, al inicio de la pandemia en particular, la fragmentación de la gobernanza del sistema sanitario y la coordinación entre las autoridades centrales y regionales ralentizaron la aplicación de las medidas de contención. La respuesta de los sistemas sanitarios regionales a la crisis se basó principalmente en una movilización extraordinaria, especialmente del personal sanitario y de los servicios sociales locales. Ello compensó las limitaciones de la infraestructura física, del número de trabajadores sanitarios y de las inversiones destinadas en los últimos años a mejorar las estructuras y los servicios. El Gobierno italiano ha realizado enormes esfuerzos por mitigar la propagación del virus, aliviar la presión sobre los hospitales y generar capacidad asistencial adicional. En la actualidad, se está desarrollando una estrategia de contención a más largo plazo a fin de garantizar un retorno seguro a la actividad productiva. Además de la mejora de los procesos de gobernanza y los planes de preparación frente a las crisis, las políticas posteriores a la COVID-19 deben tener como objetivo la reducción del déficit de inversión pública en asistencia sanitaria. A medio y largo plazo, será crucial desarrollar un plan estratégico de inversión a fin de mejorar la resiliencia del sistema sanitario italiano y garantizar que prosiga la prestación de asistencia accesible. Ante las proyecciones actuales relativas al personal sanitario, debe darse prioridad al desarrollo de políticas que acaben con los estrangulamientos existentes en su formación, contratación y retención.

               (17)Las medidas de confinamiento adoptadas en respuesta a la crisis sanitaria tienen un fuerte impacto negativo en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Antes de la crisis, la situación social registraba una lenta mejora, aunque el riesgo de pobreza o exclusión social, de pobreza entre las personas con empleo y de desigualdades de renta siguiera siendo elevado y mostrara grandes diferencias regionales. Dado el impacto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, es preciso reforzar las redes de protección social para garantizar una sustitución adecuada de la renta de las personas, independientemente de su situación laboral, incluidas aquellas que tienen que hacer frente a deficiencias en el acceso a la protección social. El refuerzo de la renta sustitutiva y del apoyo a la renta es especialmente importante para los trabajadores atípicos y las personas en situación de vulnerabilidad. También es fundamental la prestación de servicios destinados a la inclusión social y laboral. El nuevo régimen de renta mínima, que durante el pasado año proporcionó ayudas a más de un millón de hogares (513 EUR por término medio), puede mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, podría mejorarse la capacidad para hacerla llegar a los grupos vulnerables. El Gobierno ha introducido con carácter temporal una «renta de emergencia» adicional para ayudar a los hogares que no cumplen los requisitos para acogerse a la renta mínima. Las personas empleadas en la economía sumergida, especialmente en sectores como la agricultura, la industria alimentaria y la vivienda, también corren el riesgo de sufrir carencias en el acceso a la protección social y el apoyo a la renta. Para hacer frente a este problema, el Gobierno ha simplificado recientemente las normas para la legalización de la situación laboral de los trabajadores no declarados y para la obtención o la prórroga de los permisos de residencia para los trabajadores migrantes. Las tendencias demográficas negativas y la fuga de cerebros podrían obstaculizar asimismo las perspectivas de crecimiento. Además de dificultar en mayor medida las condiciones del mercado de trabajo, la falta de servicios de calidad impulsa la despoblación en las regiones meridionales y en las zonas rurales. Es fundamental mejorar el acceso a los servicios electrónicos, especialmente en un contexto de movilidad limitada.

               (18)Desde el estallido de la crisis, Italia está tomando medidas para mitigar su impacto en el empleo. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo (Cassa integrazione) han venido desempeñando un papel importante y se espera que lo sigan haciendo en el futuro. La posibilidad de acogerse a ellos se ha ampliado para incluir a las pequeñas empresas y microempresas y a todos los sectores económicos y trabajadores. Además, se ha creado un régimen (temporal) independiente para los trabajadores autónomos. Antes de la crisis, las condiciones del mercado laboral habían seguido mejorando. En 2019, la tasa de empleo alcanzó un 64 %, el índice más alto jamás registrado. Sin embargo, todavía estaba bastante por debajo de la media de la Unión. La tasa de desempleo era persistentemente elevada, al igual que otros indicadores de la atonía del mercado de trabajo, y se espera que aumente hasta el 11,8 % en 2020 y se recupere descendiendo al 10,7 % en 2021, según las previsiones de la Comisión. La proporción de contratos temporales también era elevada, aunque desde mediados de 2018 la creación de empleo se había visto impulsada por la provisión de puestos de trabajo permanentes. De cara al futuro, a fin de promover una recuperación sostenible e integradora, es esencial integrar en el mercado laboral a los jóvenes inactivos y a las mujeres. Se han adoptado algunas medidas para reforzar los servicios públicos de empleo e integrarlos mejor con los servicios sociales, el aprendizaje de adultos y la formación profesional. Sin embargo, su capacidad de colocación sigue siendo débil y varía considerablemente dependiendo de las regiones. La participación de los empleadores también sigue siendo marginal. A medida que se vayan levantando las medidas de confinamiento, los acuerdos de trabajo flexibles y el teletrabajo pueden ayudar a las empresas y a los trabajadores. En respuesta a la crisis, el Gobierno adoptó medidas temporales destinadas a conciliar la vida privada y la profesional, como el fomento del trabajo inteligente y de los permisos especiales y la oferta de bonos para servicios de cuidados de niños a domicilio. A pesar de los esfuerzos realizados recientemente, las medidas para promover la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida profesional y la privada, así como la oferta servicios de educación y cuidados de la primera infancia y de cuidados de larga duración asequibles, siguen siendo débiles y no se han integrado de forma satisfactoria.

               (19)La actual emergencia también pone de manifiesto la necesidad de mejorar el aprendizaje y las competencias digitales, en particular de los adultos en edad de trabajar, y el aprendizaje a distancia. La inversión en educación y capacitación es fundamental para promover una recuperación inteligente e integradora y seguir avanzando hacia la transición verde y digital. A este respecto, los resultados en educación y formación siguen constituyendo un reto importante para Italia. Existen grandes diferencias regionales en cuanto al dominio de las capacidades básicas, y la tasa de abandono escolar prematuro es notablemente superior a la media de la UE (13,5 % frente al 10,3 % en 2019), en particular en el caso de los alumnos nacidos fuera de la Unión (33 %). En un contexto de limitación de la movilidad, existe el riesgo de que se agudicen las disparidades regionales y territoriales. Ante tales circunstancias, es especialmente importante invertir en el aprendizaje a distancia, así como en la infraestructura y las competencias digitales tanto de los educadores como de los alumnos. Asimismo, en Italia, la proporción de titulados en ciencias e ingeniería es inferior a la media de la Unión y la de titulados superiores sigue siendo muy baja (27,6 % en 2019). Por otra parte, en comparación con la de países similares, la inversión de las empresas italianas en formar a sus empleados en tecnologías de la información y la comunicación es menor. El bajo índice de participación de los adultos poco cualificados en la formación es también motivo de preocupación, dado el descenso del número de puestos de trabajo que requieren poca cualificación. La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son más esenciales que nunca a fin de dotar a los trabajadores de competencias que se adecúen al mercado de trabajo y promover una transición justa hacia una economía más digital y sostenible.

               (20)La crisis ha reforzado la necesidad de apoyar el acceso a financiación por parte de las empresas. Italia ha adoptado varios regímenes para apoyar el flujo de liquidez a las empresas, en particular en virtud del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19
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               . La aplicación efectiva de dichos regímenes, por ejemplo, mediante garantías canalizadas a través del sistema bancario, es fundamental para garantizar que se beneficien de ellos todas las empresas, y, en particular, las de pequeño y mediano tamaño (pymes), las pertenecientes a los sectores y zonas geográficas más afectados, y las empresas innovadoras. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las subvenciones directas y los incentivos a la financiación a través del mercado también pueden contribuir a la liquidez de las pymes y de las empresas innovadoras. A estas últimas (que a menudo no cuentan con el respaldo de una garantía) les resulta más difícil acceder al crédito, y la crisis actual podría empeorar la situación. El aplazamiento del pago al Estado de los impuestos y las cotizaciones sociales ha contribuido a mejorar los flujos de tesorería de las empresas. Sin embargo, deben evitarse los retrasos en los pagos autorizados, ya sea de las administraciones a las empresas o de las empresas entre sí, ya que son una rémora para la liquidez de todas las empresas, especialmente de las más pequeñas.

               (21)A fin de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, en particular introduciendo las reformas pertinentes. La inversión en apoyo de la transición verde será especialmente importante para respaldar la recuperación y aumentar la resiliencia futura. Italia es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos e hidrogeológicos extremos, incluidas las sequías y los incendios forestales. La transformación de la economía italiana en una economía climáticamente neutra requerirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado de tiempo, en particular en los ámbitos de la producción de nuevas energías renovables, de las infraestructuras de electricidad y de la eficiencia energética, entre otros. Las inversiones en el marco del Pacto Verde destinadas a combatir el cambio climático se recogen en el Plan Nacional de Energía y Clima de Italia. Dichas inversiones son esenciales para hacer frente a la amenaza que representa el cambio climático, y desempeñan al mismo tiempo un papel fundamental en la recuperación de Italia y en el refuerzo de su resiliencia. Las inversiones en el marco del Pacto Verde también son esenciales para reducir los efectos sobre la salud humana de la contaminación atmosférica de las ciudades italianas, especialmente en la Cuenca del Po. Por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas de movilidad sostenible, como la renovación del parque de autobuses públicos a escala local, supone un ejemplo de cómo hacer frente al mismo tiempo a la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica. El déficit de infraestructuras para la gestión del agua y de los residuos, en particular en las regiones meridionales, tienen repercusiones medioambientales y sanitarias que suponen para la economía italiana costes considerables y una pérdida de ingresos. En términos más generales, la resiliencia ante el cambio climático tiene incidencia en todas las infraestructuras, incluida la sanitaria. Para lograrla se requieren estrategias de adaptación. Afrontar los retos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, como los riesgos hidrológicos, la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética, la economía circular y la transformación industrial, representa una oportunidad para mejorar la productividad, al tiempo que se evitan prácticas no sostenibles. Paralelamente, la inversión en tales proyectos puede contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de la recuperación tras la crisis. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Italia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país de 2020
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               . Ello permitiría al país garantizar una utilización óptima de ese Fondo.

               (22)El confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de invertir en la digitalización de la economía y ha demostrado la relevancia de las infraestructuras digitales. El bajo nivel de intensidad digital y de conocimientos informáticos de las empresas italianas, especialmente de las pymes y las microempresas, les ha impedido ofrecer modalidades de comercio electrónico y regímenes de teletrabajo, y facilitar y utilizar herramientas digitales durante el confinamiento. La inversión en la digitalización y capacitación a través de una aplicación sostenida y oportuna de políticas nacionales específicas es esencial para mejorar los modelos de comercio electrónico y ayudar a las empresas a adaptarse, así como para impulsar la productividad y la competitividad. El acceso a una infraestructura digital rápida y fiable ha demostrado ser fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la Administración Pública, la educación, la salud y la medicina, y es clave para el seguimiento y el control de la epidemia. Italia sigue rezagada respecto al despliegue de las redes de fibra óptica en las zonas rurales. Deben adoptarse medidas específicas para colmar esa laguna, así como para fomentar en mayor medida la adopción de la banda ancha por parte de la población.

               (23)El logro de un sistema de investigación e innovación eficaz depende de un apoyo político sostenido, coherente y basado en pruebas, combinado con inversiones y un capital humano adecuado. La crisis actual ha dejado patente la necesidad reforzar aún más el intercambio rápido de datos entre los investigadores, incluido el acceso de los usuarios a los resultados y las pruebas de forma gratuita y a la ciencia abierta. Esta última, junto con la cooperación entre los sectores científico y empresarial, es claramente decisiva a fin de introducir en el mercado los resultados de la investigación, incluidos los obtenidos en materia de vacunas y terapias, basándose en la fortaleza de Italia en el sector de la industria médica y de la investigación.

               (24)Es fundamental contar con una Administración Pública eficaz a fin de garantizar que la aplicación de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia y en apoyo de la recuperación económica no se ralentice. El desembolso de prestaciones sociales, las medidas de liquidez, la anticipación de las inversiones, etc. podrían no ser eficaces si se ven obstaculizados por estrangulamientos del sector público. Entre las deficiencias en este sentido, cabe citar la longitud de los procedimientos, en particular los relacionados con la justicia civil, el bajo nivel de digitalización y las escasas capacidades de la administración. Es preciso gestionar con agilidad los procedimientos y controles, en un contexto en el que se está incrementando de forma significativa la dotación de recursos públicos para apoyar la actividad económica. Antes de la crisis, la digitalización de las distintas Administraciones Públicas era desigual. La interacción en línea entre las autoridades y los ciudadanos era muy escasa. En la actualidad, la proporción de procedimientos administrativos gestionados por las regiones y municipios que pueden iniciarse y completarse íntegramente por medios informáticos sigue siendo reducida. La crisis también ha puesto de manifiesto la falta de interoperabilidad de los servicios digitales públicos. Para facilitar la capacidad de respuesta a las empresas por parte de la Administración Pública, es necesario mejorar y simplificar los reglamentos sectoriales, al tiempo que deben eliminarse los obstáculos a la competencia. Por último, la eficacia del sistema judicial es clave para lograr una economía que atraiga la inversión y esté orientada a las empresas, y será crucial en el proceso de recuperación, permitiendo asimismo marcos eficaces de rescate y recuperación.

               (25)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (26)Las medidas adoptadas por el Gobierno italiano para apoyar a los hogares y las empresas también son beneficiosas para preservar la capitalización y la resiliencia del sector bancario en el difícil entorno operativo actual. A pesar de las medidas de mitigación adoptadas, incluida la flexibilidad prudencial concedida por los supervisores bancarios, la pandemia de COVID-19 también está sometiendo a una presión significativa la calidad de los activos de los bancos en toda la Unión, y se espera que continúe haciéndolo en las próximas semanas y meses, también en Italia. Como consecuencia de ello, se están viendo afectados los esfuerzos de reducción de préstamos no productivos, debido asimismo a la ralentización del funcionamiento de los tribunales y de las actividades de reestructuración de activos deteriorados. A este respecto, el fomento de soluciones sostenibles destinadas a los prestatarios viables afectados por la crisis, en particular evitando automatismos jurídicos, es un requisito previo importante para salvaguardar la calidad de los activos. Mientras tanto, una notificación precisa del deterioro de la calidad de los activos y unas normas de crédito prudentes pueden ayudar al funcionamiento del mercado secundario de préstamos no productivos y contener efectos adversos sobre las actuales iniciativas de eliminación de préstamos no productivos.

               (27)La prevención y penalización efectivas de la corrupción puede desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la recuperación de Italia después de la crisis. La transparencia del sector público y el refuerzo de los controles contra la corrupción, en particular, pueden evitar las tentativas de infiltración por parte de la delincuencia organizada en la vida económica y financiera, el falseamiento de los procedimientos de contratación pública y, de manera más general, la desviación de los recursos públicos necesarios para la inversión. Al mismo tiempo, los procedimientos de contratación pública deben seguir siendo eficaces, y para ello, deben lograr un equilibrio entre la necesidad de un seguimiento escrupuloso y la necesidad de tempestividad. Sigue suscitando preocupación el tiempo de tramitación ante los tribunales de apelación penal, y en el seno del Parlamento se están debatiendo amplias reformas para racionalizar los procedimientos penales. El marco de lucha contra la corrupción de Italia se ha reforzado recientemente, pero debe completarse, también mediante la sanción de funcionarios públicos electos en caso de conflicto de intereses.

               (28)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Italia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (29)La estrecha coordinación de las economías de la Unión Económica y Monetaria es fundamental para lograr una rápida recuperación de los efectos económicos de la COVID-19. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo, Italia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para la zona del euro y sigan estando coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (30)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

               (31)A la luz de esa evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
                  10
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (32)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado [el Programa Nacional de Reformas de 2020 y] el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que tratan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 4.

               RECOMIENDA a Italia que adopte medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.Adoptar, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, todas las medidas necesarias para hacer frente eficazmente a la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales. Mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales.

               2.Proporcionar una renta sustitutiva adecuada y acceso a la protección social, especialmente para los trabajadores atípicos. Mitigar el impacto de la crisis en el empleo, en particular mediante fórmulas de trabajo flexibles y un apoyo activo al empleo. Reforzar el aprendizaje a distancia y las competencias conexas, incluidas las digitales.

               3.Garantizar la aplicación efectiva de medidas destinadas a aportar liquidez a la economía real, incluidas las pequeñas y medianas empresas, las empresas innovadoras y los trabajadores autónomos, y evitar retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición verde y digital, en particular en una producción y utilización limpia y eficiente de la energía, en la investigación y la innovación, en un transporte público sostenible, en la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, así como en una infraestructura digital reforzada para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

               4.Mejorar la eficiencia del sistema judicial y la eficacia de la Administración Pública.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 511 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014 en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversiones en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) n.º 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        DO C 91I de 20.3.2020, p. 1.

                     (9)

                        SWD(2020) 511 final.

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.