				|

		52012DC0313

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de Francia para 2012-2016 /* COM/2012/0313 final - 2012/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Francia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad
de Francia para 2012-2016
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (CE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],

Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que
se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en
los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial
de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 12 de julio de 2011,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma de
Francia para 2011 y emitió su dictamen sobre el programa de estabilidad
actualizado de Francia para 2011-2014.
(4)       El 23 de noviembre de
2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación
integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la
Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la
base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta[6],
en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(5)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de
proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento,
restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(6)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el
Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación
para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus
programas nacionales de reforma.
(7)       El 4 de mayo de 2012,
Francia presentó su programa de estabilidad actualizado relativo al periodo
2012-2016, y, el 13 de abril de 2012, su programa nacional de reforma de 2012.
Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han
evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen
exhaustivo[7]
efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, si
Francia presenta desequilibrios macroeconómicos. La Comisión concluyó que
Francia está experimentando desequilibrios, si bien no son excesivos.
(8)       Partiendo de la
evaluación del programa de estabilidad realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa
de estabilidad es optimista. Las previsiones de primavera de 2012 de la
Comisión consideraban que el crecimiento del PIB alcanzara el 0,5 % en
2012 y el 1,3 % en 2013, frente a un 0,7 % y un 1,75 %, respectivamente,
según el programa. Tras haberse registrado un déficit inferior a lo previsto,
del 5,2 % del PIB en 2011, el programa prevé reducirlo al 3 % en
2013, plazo fijado por el Consejo para corregir el déficit excesivo, y
proseguir el saneamiento en los siguientes años alcanzándose un presupuesto
equilibrado en 2016. Se espera que el objetivo a medio plazo (OMP), consistente
en un presupuesto equilibrado en términos estructurales, se alcance en el
período cubierto por el programa. El OMP refleja adecuadamente las exigencias del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Basándose sobre el saldo estructural
(recalculado)[8]
el ajuste presupuestario medio anual previsto en 2010-2013 se corresponden con
la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009. Según las previsiones,
deberían realizarse avances anuales en términos estructurales equivalentes al
0,7 % del PIB para alcanzar el OMP en 2014-2016. Según el programa, la
tasa de crecimiento del gasto público, teniendo en cuenta las medidas
discrecionales relativas a los ingresos, se atiene al índice de referencia del
gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La trayectoria de ajuste
presentada en el programa está sujeta a riesgos. El escenario macroeconómico
podría ser menos favorable que lo que indican las previsiones de primavera de
2012 de la Comisión. Las medidas para alcanzar los objetivos a partir de 2013 y
para llegar al ajuste presupuestario anual medio recomendado no son lo
suficientemente precisas. Además, los resultados de Francia respecto al
cumplimiento de los objetivos de gasto son dispares. Por consiguiente, no puede
garantizarse que el déficit excesivo se corregirá para 2013, salvo que las
medidas previstas se definan suficientemente y se apliquen otras
complementarias en caso necesario. El ratio de deuda, que en 2011 correspondía
al 85,8 % del PIB, debería alcanzar el 89,2 % en 2013 y bajar al
83,2 % en 2016. Según el programa, el índice de referencia de reducción de
la deuda se alcanzará al final del periodo de transición (2016).
(9)       Si bien se han adoptado
medidas adicionales de saneamiento en el segundo semestre de 2011 y en febrero
de 2012, la aplicación del saneamiento presupuestario sigue siendo un desafío
de talla. Para restablecer una situación presupuestaria sostenible es
indispensable evitar desviaciones en los gastos intensificando el ajuste
presupuestario sobre la base de medidas claramente definidas. Además, Francia
debería aprovechar las ocasiones que se presenten para acelerar la reducción
del déficit con el fin de facilitar la corrección del excesivo déficit tal como
está previsto. Por lo que respecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas
a largo plazo y la adecuación de las pensiones futuras, la reforma de las
pensiones de 2010 se está aplicando gradualmente. Sin embargo, no es seguro que
el sistema esté equilibrado para 2018 si el empleo y el crecimiento son
inferiores a lo previsto, lo que haría que el sistema fuera deficitario con
posterioridad a 2020. Además, el comité de dirección recién creado, que se
instauró para publicar un dictamen anual sobre la situación financiera de los
distintos regímenes de pensiones y las condiciones necesarias para garantizar
el equilibrio de las cuentas no más tarde de 2018, no emitió su dictamen en
2011, dificultando la evaluación de la viabilidad del régimen de pensiones.
(10)     Para mejorar el
funcionamiento del mercado laboral francés se debería reducir aún más su
segmentación. El contrato de seguridad profesional (CSP), instaurado por la ley
de julio de 2011 y que fusiona dos contratos ya existentes, prevé que en caso
de despidos económicos, las cargas de las actividades de orientación pasen de
las empresas a los servicios públicos de empleo (Pôle emploi). Es un
paso positivo pero limitado. También se han adoptado, o se están debatiendo,
varias medidas para proporcionar a las empresas que tienen que hacer frente a
dificultades temporales una organización flexible del trabajo. Sin embargo,
estas medidas no se ocupan específicamente de la segmentación del mercado
laboral. Además, el examen de la legislación para la protección del empleo
muestra que el procedimiento administrativo en los despidos individuales sigue
generando incertidumbre y costes potencialmente importantes para las empresas.
Por último es importante garantizar que cualquier evolución del salario mínimo
favorezca el empleo, en particular de los trabajadores jóvenes y de los poco
cualificados.
(11)     Tras la reforma de las
pensiones, las medidas adoptadas para fomentar el empleo de trabajadores
mayores, incluida la obligación de que las empresas pongan en marcha una
gestión activa de la edad, son pasos en la buena dirección. Sin embargo, el
plan de actuación correspondiente carece, en líneas generales, de ambición y no
incluye medidas tales como la reducción del tiempo de trabajo u ofrecer empleos
adaptados específicamente a los trabajadores mayores. Además, ciertos aspecto
del sistema de prestaciones por desempleo para los trabajadores más mayores
(duración, ausencia de disminución progresiva) pueden ser solo unos incentivos
limitados para el trabajo. Por último, hace falta una estrategia más ambiciosa
en el ámbito del aprendizaje de adultos, con el fin de incrementar la
empleabilidad de los mayores.
(12)     Para hacer frente al
desempleo de los jóvenes, las autoridades francesas se han comprometido a
incrementar el número de contratos de aprendizaje de 600 000 a
800 000 de aquí a 2015. En 2011 y 2012 se introdujeron varias medidas para
incrementar la cuota de aprendices en las empresas y reforzar las
penalizaciones a las empresas que no cumplieran. A pesar de estas medidas, el
número total de contratos de aprendizaje sigue lejos del objetivo. Además, un
informe reciente encargado por las autoridades francesas mostró que el
40 % de las PYME considera que las cualificaciones de los aprendices no
concuerdan con sus necesidades. Por lo tanto, las políticas que se ocupan del
desempleo de los jóvenes deben ser más coherentes entre las competencias que se
enseñan en el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral.
(13)     La fusión de los
servicios de colocación para demandantes de empleo (ANPE) y la agencia de
prestaciones por desempleo (UNEDIC) en un organismo único (Pôle emploi)
todavía no ha producido los resultados esperados en términos de eficacia y
calidad de los servicios. El nuevo acuerdo tripartito plurianual firmado en
enero de 2012 (entre el Gobierno, los interlocutores sociales y el Pôle
emploi) sobre el funcionamiento y los servicios del Pôle emploi para
2012-2014 es un paso en la buena dirección. Sin embargo, todavía debe fijarse
una serie de objetivos, lo que hace difícil en este momento valorar la ambición
de la reforma. Su credibilidad se ve también obstaculizada por las limitaciones
presupuestarias y de recursos humanos de los servicios públicos de empleo.
(14)     En febrero de 2012
Francia aprobó un incremento de 1,6 puntos en el IVA, para situarlo en el
21,2 %, y un aumento de 2 puntos en las contribuciones sociales sobre
rentas y plusvalías de capital, hasta el 15,5 %, para compensar unas
contribuciones sociales más bajas de las empresas. Es una medida apropiada para
introducir un sistema tributario más equilibrado que aparte del trabajo las
cargas fiscales. Tal como se ha señalado en el examen exhaustivo sobre los
desequilibrios macroeconómicos efectuado por los servicios de la Comisión, ello
podría contribuir a mejorar la competitividad de los costes de los exportadores
franceses, con posibles efectos positivos sobre la rentabilidad de las empresas
y, a largo plazo, sobre las inversiones y la competitividad no basada en los
precios. No obstante, el enfoque de la reforma es demasiado estrecho. Además,
si bien se han hecho esfuerzos para reducir los gastos tributarios, han ido
acompañados de subidas de tipos que tienden a incrementar las ya elevadas
cargas fiscales sobre el trabajo. La proporción correspondiente a los impuestos
medioambientales dentro de los ingresos fiscales de Francia es la segunda más
baja de la UE, lo que indica un amplio margen para incrementar dichos
impuestos. Por último, no se han tomado medidas para evaluar la eficiencia de
algunos tipos reducidos a la hora de alcanzar sus objetivos de empleo o
sociales (en particular en lo referente a los tipos reducidos de IVA).
(15)     Si bien se han aprobado
ciertas reformas para simplificar el entorno empresarial y eliminar
restricciones en algunos sectores y profesiones reguladas, éstas no han servido
para abordar los obstáculos de entrada y las condiciones de comportamiento
restrictivo en otros muchos (p. ej., veterinarios, sector del taxi, de la salud
y profesiones jurídicas, incluidos los notarios). En consecuencia, se hace
necesaria una revisión más horizontal y sistemática de las restricciones a la
entrada y de comportamiento que siguen existiendo en las profesiones reguladas
para valorar su necesidad y su proporcionalidad. En lo que respecta al sector
de la venta minorista, se debe permitir que los distribuidores fijen libremente
los precios y otras condiciones comerciales de forma que los consumidores
puedan beneficiarse de unos precios más bajos. Los consumidores también se
beneficiarían de otras medidas para fomentar la competencia en este sector
altamente concentrado, tales como la supresión o la revisión de las
restricciones en la ordenación del territorio y la simplificación de los
procedimientos para crear nuevos puntos de distribución.
(16)     Se debe reforzar la
intensidad de la competencia en cierto número de industrias de redes (mercado
mayorista de la electricidad, sector ferroviario) ya que, hasta la fecha, los
resultados de las reformas emprendidas en estos sectores solo han sido
parciales. El grado de concentración en el mercado de la electricidad sigue
siendo uno de los más elevados de la UE. Si bien la ley NOME ha tenido un
efecto positivo sobre la competencia, es necesario avanzar más para mejorar el
acceso de otros operadores con capacidad de generación en Francia, como por
ejemplo la generación hidráulica de electricidad. Respecto al transporte
ferroviario, la entrada de nuevas empresas sigue siendo limitada tanto en el
transporte de carga como en el internacional de pasajeros. En el caso de la
carga, sobreviven también barreras técnicas al acceso no discriminatorio.
(17)     La cuota de mercado del
sector exportador francés ha disminuido un 19,4 % entre 2005 y 2010, uno
de los mayores descensos entre los Estados miembros, y es muy superior al
umbral contemplado en el informe sobre el mecanismo de alerta publicado por la
Comisión el 14 de febrero de 2012. En su examen exhaustivo sobre Francia, los
servicios de la Comisión han llegado a la conclusión de que las pérdidas en las
cuotas de mercado del sector exportador están originadas por un deterioro de la
competitividad de costes y de la no relacionada con los precios, en particular
esta última. El incremento de los costes laborales unitarios, en particular, ha
pesado sobre la rentabilidad de las empresas francesas y ha limitado su
capacidad para crecer, para hacer las inversiones necesarias para mejorar sus
resultados y para innovar. Las iniciativas adoptadas para estimular la
innovación en el sector privado deben vigilarse y complementarse con medidas
para restaurar la rentabilidad de las empresas francesas.
(18)     Francia ha contraído una
serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos,
y la ejecución de los compromisos presentados en 2011, se refieren a incentivar
el empleo, mejorar la competitividad y fortalecer la sostenibilidad de las
finanzas públicas. La Comisión ha evaluado la ejecución de los compromisos del
Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en
cuenta en las recomendaciones.
(19)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política
económica francesa, ha evaluado el programa de estabilidad y el programa
nacional de reforma y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido
en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Francia, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.
(20)     A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el programa de estabilidad de Francia, y su
dictamen[9]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(21)     A la luz de los
resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de Francia
para 2012 y su programa de estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en
virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1176/2011, se reflejan, en particular,
en las recomendaciones 2, 4 y 5 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que Francia tome
medidas en el período 2012-2013 a fin de:
1.           Reforzar y aplicar la
estrategia presupuestaria, apoyada por medidas suficientemente definidas, con
respecto a 2012 y años posteriores para garantizar una corrección oportuna del
excesivo déficit y alcanzar el esfuerzo del ajuste estructural formulado en las
recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo.
A continuación, garantizar un esfuerzo de ajuste estructural adecuado para
avanzar hacia la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo (OMP),
en particular, el índice de referencia del gasto, y garantizar un avance
suficiente hacia el cumplimiento del índice de referencia de reducción de la
deuda. Seguir examinando la sostenibilidad y la adecuación del sistema de
pensiones y adoptar medidas suplementarias, en su caso.
2.           Introducir nuevas
reformas para luchar contra la segmentación del mercado de trabajo mediante una
revisión de aspectos concretos de la legislación sobre protección del empleo,
de acuerdo con las prácticas nacionales de consulta a los interlocutores
sociales, en particular en lo que respecta al procedimiento administrativo
aplicable a los despidos individuales. Seguir garantizando que
toda adaptación del salario mínimo redunde en beneficio de la creación de
empleo y la competitividad; tomar medidas para incrementar la participación de
los adultos en el aprendizaje permanente.
3.           Adoptar medidas en el
mercado laboral para garantizar que se alarga la vida laboral de los
trabajadores mayores; mejorar la empleabilidad de los jóvenes, especialmente de
aquellos que corren un riesgo de desempleo mayor, ofreciéndoles, en particular,
más y mejores regímenes de contratos de aprendizaje que respondan con
efectividad a sus necesidades; intensificar las políticas activas en el mercado
laboral y garantizar que los servicios públicos de empleo son más eficaces al
prestar una ayuda individualizada.
4.           Dar nuevos pasos para
introducir un nuevo sistema tributario más simple y equilibrado, desplazando la
carga fiscal del trabajo a otras formas de fiscalidad que pesen menos sobre el
crecimiento y la competitividad exterior, en particular la fiscalidad
medioambiental y sobre el consumo; proseguir los esfuerzos para reducir y
racionalizar los gastos tributarios (sobre todo los que incentivan el
endeudamiento); examinar si los actuales tipos reducidos de IVA favorecen la
creación de empleo.
5.           Proseguir los esfuerzos
para eliminar las restricciones injustificadas en los sectores y las
profesiones reguladas, en particular en los sectores de servicios y de comercio
minorista; dar nuevos pasos para liberalizar las industrias de redes, en
particular en el mercado mayorista de electricidad, desarrollar la capacidad de
interconexión en el sector energético y facilitar la entrada de nuevos
operadores en los sectores de trasporte ferroviario de carga e internacional de
pasajeros.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209
de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306
de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2012)
313 final.
[4]               P7_TA(2012)0048
y P7_TA(2012)0047.
[5]               Decisión
2012/238/UE del Consejo de 26 de abril de 2012.
[6]               COM(2012)
68 final.
[7]               SWD(2012)
155 final.
[8]               Balance
anual neto ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas
excepcionales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por los
servicios de la Comisión sobre la base de la información que figura en el
programa, aplicando una metodología consensuada.
[9]               De
conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo.


				|

		52012DC0309

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia del Reino Unido para 2012-2017 /* COM/2012/0309 final  */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 del Reino Unido
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia
del Reino Unido
para 2012-2017
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (CE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención
y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que
se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en
los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial
de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones
para las políticas de empleo de los Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 12 de julio de 2011,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma
del Reino Unido para 2011 y emitió su dictamen sobre el programa de
convergencia actualizado del Reino Unido para 2011-2014.
(4)       El 23 de noviembre de
2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación
integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la
Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la
base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de
alerta[6],
en el que se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(5)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de
proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al
crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el
crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias
sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.
(6)       El 30 de abril de 2012,
el Reino Unido presentó su programa de convergencia para el periodo 2011-2012 a
2016-2017 y su programa nacional de reforma de 2012. Con objeto de tener en
cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo. La
Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad
con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, si el Reino Unido presenta
desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la Comisión ha llegado a la
conclusión[7]
de que el Reino Unido presenta un desequilibrio interno, si bien no
excesivo.
(7)       Partiendo de la
evaluación del programa de convergencia de 2012 realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa
de estabilidad es verosímil. El objetivo de la estrategia presupuestaria que
figura en el programa es llevar a cabo el saneamiento presupuestario necesario
para lograr los objetivos presupuestarios del Gobierno respecto a la deuda neta
y la balanza corriente ajustada en función del ciclo. El programa de
convergencia no contempla un objetivo a medio plazo (OMP) tal como prevé el
Pacto de estabilidad y crecimiento. Según las proyecciones del programa, se espera
que el plazo para corregir el excesivo déficit fijado por el Consejo en sus
recomendaciones de 2 de diciembre de 2010 se vea superado en un año. El déficit
público en 2014-2015, plazo fijado por el Consejo, se estima en un 4,4 %
del PIB, lo que supone, basándose sobre el déficit estructural (recalculado)[8],
un ajuste presupuestario medio del 1,25 % del PIB entre 2010-2011 y
2014-2015 que es inferior al ajuste del 1¾ % fijado en la recomendación
del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Si bien el
Gobierno no se ha desviado de su estrategia de saneamiento presupuestario que
inicialmente, sobre la base de proyecciones macroeconómicas anteriores, parecía
suficiente para alcanzar los objetivos fijados por el PDE, los resultados
presupuestarios y las perspectivas se han visto afectados por el deterioro de
las perspectivas de crecimiento económico. Las medidas relativas a los ingresos
se han concentrado particularmente en la trayectoria de ajuste del saneamiento
presupuestario. Casi el 40 % del saneamiento presupuestario total anual
previsto para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 se ha alcanzado a finales de
2011-2012, así como el 30 % de los recortes del gasto y dos tercios de los
incrementos fiscales netos. Las posibles contribuciones a los ingresos debido
una mayor eficiencia del sistema fiscal, originadas por la revisión de la
estructura de tipos del IVA, siguen estando relativamente poco explotadas. De
conformidad con el programa de convergencia, se espera que el déficit de las
administraciones públicas sea 8,3 % del PIB en 2011-2012, 5,9 % en
2012-2013, 6,0 % del PIB en 2013-2014, 4,4 % del PIB en 2014-2015,
2,9 % del PIB en 2015-2016 y 1,2 % del PIB en 2016-2017. Estas
estimaciones son ligeramente inferiores a las de los servicios de la Comisión,
que en sus previsiones de primavera de 2012 esperaban un déficit del 6,1 %
del PIB en 2012-2013 (que sería del 7,9 % sin una próxima transferencia
extraordinaria de fondos de pensiones) y del 6,5 % del PIB en 2013-2014. Las
diferencias se explican por unas previsiones del crecimiento a medio plazo
inferiores y por las modificaciones introducidas por Eurostat a los datos del
Reino Unido. Se hicieron algunos ajustes a los planes fiscales del Gobierno en
la declaración de otoño de 2011 para dar prioridad al gasto que favorezca el
crecimiento, pero se espera que la inversión del sector público todavía
descienda drásticamente en 2014-2015. La deuda de las administraciones
públicas, prevista en un 94,7 % en 2013-2014, se espera que alcance su
máximo nivel en 2014-2015.
(8)       La fase inmediatamente
anterior a la crisis contempló un recalentamiento del mercado de la vivienda,
con el coeficiente entre el precio de la vivienda y los ingresos alcanzando
alturas históricas en el contexto de una penuria creciente de viviendas, lo que
condujo a una acumulación de elevados niveles de deuda hipotecaria. Según el
examen exhaustivo realizado por la Comisión, el elevado endeudamiento de los
hogares constituye un desequilibrio interno de la economía del Reino Unido.
Debido a la elevada proporción de hipotecas a tipo de interés variable, las
finanzas de las familias son vulnerables a los incrementos del tipo de interés,
con un posible efecto desestabilizador en cadena sobre el conjunto de la
economía a través del sector financiero. Un descenso continuo e importante del
endeudamiento de las economías domésticas solo se podría producir si el precio
de la vivienda se reduce en relación con la renta disponible; sin embargo, con
una caída rápida de los precios nominales de la vivienda se correría el riesgo
de empujar a muchos hogares a una situación de patrimonio negativo. La
construcción de viviendas sigue en niveles mínimos históricos, debido a un
sistema de urbanismo restrictivo y a una debilidad cíclica, y en un sentido más
amplio, la actividad del sector inmobiliario todavía sigue siendo floja. En
noviembre de 2011, el gobierno publicó su estrategia para la vivienda en
Inglaterra, con el objetivo de estimular la construcción de viviendas, pero no
se ha despejado la incertidumbre sobre el efecto neto del nuevo sistema sobre
la evolución del sector de la vivienda. Tampoco menciona esta estrategia de la
vivienda la cuestión de la tributación de los bienes inmuebles, en la que el
Reino Unido combina una fiscalidad recurrente regresiva (impuesto local) con
una fiscalidad sobre las transacciones progresiva (stamp duty land tax –
SDLT, impuesto sobre transmisiones patrimoniales), que pueden desempeñar un
papel en la evolución cíclica de los ingresos presupuestarios y la estabilidad
financiera. En el presupuesto de 2012 se efectuaron algunos ajustes del SDLT,
pero en este terreno solo se han producido cambios mínimos.
(9)       El Reino Unido se
enfrenta a retos cada vez mayores de desempleo y de participación en el mercado
laboral. El desempleo en el Reino Unido se sitúa actualmente en el 8,4 %.
El desempleo juvenil es mucho más elevado, el 22,2 %, y más del 38 %
de los desempleados del Reino Unido tiene menos de 25 años. El 17,7 % de
los jóvenes (de 18 a 24 años) no tiene trabajo, ni estudia o se forma. El
empleo en el sector privado ha crecido modestamente, pero no lo suficiente para
compensar las reducciones de empleo en el sector público y el crecimiento de la
mano de obra. El Reino Unido tiene exceso de oferta de
trabajadores poco cualificados, de los que cada vez hay menos demanda, y
escasez de trabajadores con competencias profesionales y técnicas de alta
calidad que son especialmente necesarias en los sectores de producción y
exportación de bienes, en los que los resultados del Reino Unido son
relativamente mediocres. La política de educación y formación profesional se
centra en las competencias básicas y las cualificaciones de nivel 2, mientras
que la economía demanda cada vez más niveles más altos de cualificación. El
Reino Unido sigue teniendo un número relativamente elevado de adultos con
conocimientos lingüísticos y numéricos muy bajos y que no se encuentran en
buena situación para beneficiarse de la formación profesional. El abandono
prematuro de la escuela se ha incrementado en un 3,3 pp. desde 2005 y se sitúa
por encima de la media de la UE en un 14,9 %; proseguir la ayuda a las
familias con escasos ingresos es fundamental para prevenir el abandono escolar
prematuro.
(10)     El Gobierno dispone de un
programa de reforma de la asistencia social para ayudar a más gente a acceder a
un puesto de trabajo ayudando al mismo tiempo a los más vulnerables. El Crédito
Universal, que pretende simplificar el sistema de prestaciones, todavía no se
aplica, pero hay un riesgo considerable de que los efectos positivos de las
nuevas políticas de empleo y de renta se vean más que anulados por unos
importes cada vez más reducidos para las prestaciones, con lo que se corre el
peligro de que se incremente la pobreza, en particular la de las familias con
niños. Estimaciones independientes prevén que en 2020-2021 la pobreza infantil
alcance su nivel más elevado desde 2001-2002, de forma que el Gobierno no
logrará los objetivos de reducción de la pobreza infantil establecidos en la
Ley de pobreza infantil. Un acceso insuficiente a la asistencia infantil,
especialmente para las personas con ingresos bajos, aún sigue planteando
importantes problemas y el Gobierno todavía no ha definido planes adecuados
para hacer frente a este reto. Los recortes en la ayuda a la asistencia
infantil pueden agravar el problema.
(11)     Las condiciones de
financiación siguen siendo rigurosas, en particular para las PYME. La
financiación neta al sector empresarial fue negativa en 2011, mientras que los
datos de las encuestas muestran que un importante número de PYME tienen
dificultades para acceder al crédito. Además, el acceso a préstamos
extrabancarios sigue estando en gran medida reservado a las grandes empresas, y
la competencia en el sector bancario es limitada. El grupo de trabajo Breedon
sobre mercados de deuda alternativos estimó que, a pesar de los pasos dados por
las autoridades para mejorar la situación, en los próximos cinco años seguirá
habiendo un importante déficit de financiación, especialmente para las PYME.
(12)     El Reino Unido tiene el
reto de mejorar su infraestructura de energía y transporte, que va ligado a
sentar las bases del crecimiento y la competitividad a largo plazo y a hacer
frente a las causas de la falta de competitividad exterior del Reino Unido en
el sector industrial. El Reino Unido necesita importantes inversiones para
mejorar su capacidad de generación de electricidad, dada su necesidad de
sustituir una gran parte de la actual capacidad generadora, que deberá cerrar
en la próxima década, y cumplir los objetivos ligados a las obligaciones
relativas a las energías renovables y a la reducción de las emisiones de
carbono. El sector del transporte del Reino Unido se enfrenta a deficiencias en
la capacidad y calidad de sus redes, lo que podría ir en detrimento del objetivo
del Gobierno de reequilibrar la economía del Reino Unido hacia la inversión y
las exportaciones. Como parte de la estrategia de saneamiento presupuestario
del Gobierno, la inversión neta del sector público se reducirá drásticamente en
2014-2015, lo que puede agravar las presiones existentes sobre la
infraestructura de transporte a menos que se puedan garantizar fuentes
alternativas de financiación.
(13)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica
del Reino Unido, ha evaluado el programa de convergencia y el programa nacional
de reforma y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en
cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica del Reino Unido, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.
(14)     A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el programa de convergencia del Reino
Unido, y su dictamen[9]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(15)     A la luz de los
resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión de conformidad con
el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 y de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el programa nacional de reforma del Reino Unido para 2012 y su
programa de convergencia para 2012-2017. Su recomendación, formulada en virtud
del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1176/2011, se refleja, en particular, en
las recomendaciones 2, 3 y 6 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que el Reino Unido tome
medidas en el periodo 2012-2013 a fin de:
1.           Aplicar plenamente la
estrategia presupuestaria para el ejercicio financiero 2012-2013 y reforzar la
estrategia presupuestaria para el ejercicio financiero 2013-2014 y siguientes,
apoyada por medidas suficientemente definidas, a fin de garantizar una
corrección oportuna del excesivo déficit de forma sostenible y alcanzar el
esfuerzo del ajuste estructural formulado en las recomendaciones del Consejo en
el marco del procedimiento de déficit excesivo y situar los altos niveles de
deuda pública en una senda descendente sostenida. Dar prioridad a un gasto que
favorezca el crecimiento para evitar el riesgo de que un nuevo debilitamiento
de las perspectivas de crecimiento a medio plazo, tenga consecuencias negativas
sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
2.           Hacer frente al efecto
desestabilizador de unos precios de la vivienda elevados y volátiles y al
elevado endeudamiento de las economías domésticas aplicando un amplio programa
de reforma del sector de la vivienda para incrementar la oferta y paliar los
problemas de asequibilidad y la necesidad de subvencionar la vivienda con
fondos públicos. Proseguir con nuevas reformas de los mercados hipotecario y de
alquiler, la reglamentación financiera y la tributación de los bienes inmuebles
para evitar una volatilidad y unas distorsiones excesivas en el mercado de la
vivienda.
3.           Seguir mejorando la
empleabilidad juvenil, en particular la de los jóvenes que no tienen trabajo,
ni estudian o se forman, incluso mediante la utilización del Contrato Juvenil.
Garantizar que más jóvenes sigan los programas de aprendizaje, que estos
programas se centren suficientemente en cualificaciones avanzadas y de alto
nivel y que participen en ellos más empresas pequeñas y medianas. Tomar medidas
para reducir la elevada proporción de jóvenes que abandona la escuela con muy
escasas competencias básicas.
4.           Intensificar las medidas
para facilitar la integración en el mercado laboral de personas de hogares
cuyos miembros están todos desempleados. Garantizar que las reformas previstas
de la asistencia social no se traducen en una mayor pobreza infantil. Aplicar
plenamente medidas para facilitar el acceso a los servicios de asistencia
infantil.
5.           Seguir mejorando la
disponibilidad de financiación bancaria y no bancaria para el sector privado y,
en particular, para las PYME. Prestar apoyo a la competencia en el sector
bancario, en particular mediante medidas para reducir los obstáculos a la
entrada, reforzar la transparencia y facilitar el cambio de banco tal como
recomienda la Independent Commission on Banking (Comisión independiente
de la banca), y estudiar las formas de mejorar el acceso al capital riesgo y el
capital inversión y a otras formas de préstamos no bancarios.
6.           Aplicar una estrategia a
largo plazo para mejorar la capacidad y la calidad de la infraestructura de la
red del Reino Unido, incluidas medidas para hacer frente a la presión en las redes
de transporte y energía fomentando unos procesos de planificación y de toma de
decisiones más eficientes y robustos, así como aprovechando los acuerdos de
financiación públicos-privados apropiados.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209
de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306
de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2012)
309 final.
[4]               P7_TA(2012)0048
y P7_TA(2012)0047
[5]               Decisión
2012/238/UE del Consejo de 26 de abril de 2012
[6]               COM(2012)
68 final.
[7]               SWD(2012)
161 final.
[8]               Balance
anual neto ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas
excepcionales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por los
servicios de la Comisión sobre la base de la información que figura en el
programa, aplicando una metodología consensuada.
[9]               De
conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo.


Aviso jurídico importante

|

52007SC0187

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Grecia (2006-2009)  /* SEC/2007/0187 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 13.2.2007SEC(2007) 187 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Grecia (2006-2009)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO GENERALEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene por objeto lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto de 2005, aunque reconocía su utilidad como elemento para afianzar la disciplina presupuestaria, se proponía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados) y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de estabilidad de Grecia fue presentado en junio de 2000. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió dictamen sobre dicho programa el 12 de febrero de 2001, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia actualizados son evaluados por la Comisión y examinados por el citado Comité; el Consejo, por su parte, puede examinarlos.CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZADOLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de estabilidad de Grecia, presentada el 18 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación de dictamen del Consejo al respecto (en el recuadro se recogen los principales aspectos analizados en la evaluación).A fin de delimitar el contexto en el que se inscribe la evaluación de la estrategia presupuestaria del programa de estabilidad actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  los resultados económicos y presupuestarios de los últimos diez años;2.  la situación del país respecto de la vertiente correctora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (procedimiento de déficit excesivo);3.  la evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de estabilidad); y4.  la evaluación del programa nacional de reforma de octubre de 2006, efectuada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesGrecia ha venido experimentando un elevado crecimiento económico y está recortando distancias respecto a la EU-25 en cuanto a nivel de vida[2]. El país registra una alta inflación que se debe a un gran potencial de crecimiento unido a problemas estructurales (rigidez del mercado de productos). A pesar de la escasez de mano de obra en determinados sectores, la rigidez del mercado laboral entorpece la redistribución de la misma haciendo que el desempleo se mantenga elevado: ello es indicio de posibles disparidades entre la capacitación laboral y las necesidades de las empresas, a la vez que la participación en el mercado laboral es baja, sobre todo de las mujeres, en comparación con los niveles de la Unión Europea. Aunque el incremento de la productividad laboral es satisfactorio, los costes laborales unitarios están creciendo con mayor rapidez que los de los principales socios comerciales de Grecia de la zona del euro, situándose por encima de éstos, lo que empeora la situación competitiva del país. Por consiguiente, Grecia registra elevados déficit comerciales que se ven sólo en parte compensados por la situación de superávit en los servicios. El déficit exterior es imputable en gran parte al déficit del sector público. Los déficit de Grecia sobrepasan tradicionalmente el 3% del PIB. Grecia es un país sumamente endeudado que también ha de afrontar los riesgos derivados del aumento de costes de la sanidad pública y otros gastos corrientes. Esta pauta de gasto público es motivo de inquietud ya que la financiación exterior no sólo no se canaliza hacia inversiones productivas, sino que también depende de la credibilidad y la sostenibilidad de la hacienda pública.Aplicación del procedimiento de déficit excesivo a GreciaEl 5 de julio de 2004, el Consejo adoptó una Decisión en la que declaraba la existencia de un déficit excesivo en Grecia, de conformidad con el artículo 104, apartado 6. Simultáneamente, el Consejo formuló una Recomendación, en virtud del artículo 104, apartado 7, en la que señalaba que el déficit excesivo debía corregirse para 2006.El 18 de enero de 2005, el Consejo estimó, al amparo del artículo 104, apartado 8, que Grecia no había aplicado medidas efectivas en respuesta a dicha Recomendación y el 17 de febrero de 2005, decidió dirigir una advertencia a Grecia, de conformidad con el artículo 104, apartado 9, con el fin de que adoptara medidas dirigidas a la reducción del déficit que se considera necesaria para remediar la situación. De acuerdo con esta advertencia, el déficit excesivo sigue teniendo que corregirse para 2006. El 6 de abril de 2005, la Comisión adoptó una comunicación al Consejo sobre la actuación emprendida por las autoridades griegas en respuesta a la advertencia del Consejo, teniendo en cuenta la actualización de marzo de 2005 del programa de estabilidad presentada como parte del seguimiento a la advertencia del Consejo. La comunicación concluía que, según la información disponible en ese momento, el Gobierno griego había adoptado decisiones coherentes con dicha advertencia, por lo que no se precisaban entonces nuevas medidas en el marco del procedimiento de déficit excesivo (PDE). En su reunión de 12 de abril de 2005, el Consejo se mostró de acuerdo con tal evaluación.Evaluación realizada en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 14 de marzo de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la anterior actualización del programa de estabilidad, que abarcaba el periodo 2005-2008. El Consejo « celebra los esfuerzos emprendidos hasta la fecha y la prioridad concedida por el Gobierno griego a una reducción permanente del déficit». Señalaba asimismo que «globalmente, el programa es compatible con la corrección del déficit excesivo en 2006 a más tardar, a condición de que se aplique plenamente el ajuste previsto y sin perjuicio de los efectos sobre los déficit previstos de las posibles nuevas revisiones estadísticas de los datos presupuestarios». A la luz de las recomendaciones del Consejo el 17 de febrero de 2005, de conformidad con el artículo 104, apartado 9, el Consejo instaba a Grecia a:«(i) aplicar las medidas permanentes necesarias para corregir el déficit excesivo en 2006 a más tardar;(ii) continuar persiguiendo la reducción del déficit estructural hacia el objetivo a medio plazo establecido en el programa, aprovechando las coyunturas económicas favorables para reducir los gastos primarios;(iii) intensificar los esfuerzos tendentes a determinar y controlar los factores distintos del endeudamiento neto que contribuyen a una modificación de los niveles de deuda, con objeto de garantizar una disminución suficiente del ratio de deuda y una aproximación del mismo al valor de referencia a un ritmo satisfactorio;(iv) controlar los gastos del sistema público de pensiones, aplicar resueltamente las reformas del mismo que se hayan aprobado y llevar a cabo reformas estructurales complementarias a fin de lograr la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública;(v) seguir mejorando la recogida y tratamiento de los datos relativos a las administraciones públicas, particularmente reforzando los mecanismos que garanticen un suministro rápido y correcto de datos presupuestarios, especialmente de los relativos a la seguridad social.»Evaluación del programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la ComisiónEl informe de aplicación del programa nacional de reforma griego, previsto en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo, se presentó en octubre de 2006. El programa nacional de reforma de Grecia se centra en los siguientes retos fundamentales: consolidación fiscal; I+D e innovación; modernización de las administración pública; políticas enérgicas de empleo y reformas de la educación y la formación.La evaluación de dicho programa realizada por la Comisión (adoptada en el contexto de su Informe anual a diciembre de 2006[3]) ponía de manifiesto que los avances de Grecia son limitados a la hora de aplicar su programa nacional de reforma. Grecia está dando pruebas de un impulso relativamente fuerte en el sector macroeconómico, mientras que los progresos de la reforma del sector microeconómico y del mercado de trabajo siguen siendo insuficientes. Respecto a la gobernanza, es preciso alcanzar una mayor coordinación y afianzar la responsabilidad entre los distintos niveles administrativos.Recuadro: Principales aspectos tratados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la trayectoria de ajuste es adecuada; Determinar si las medidas que se están adoptando o se prevé adoptar para seguir esta trayectoria de ajuste son suficientes para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; Al evaluar la trayectoria de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5% del PIB; Al definir la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (incluso elevando el crecimiento potencial) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3% del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del período del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos macroeconómicos del programa se evalúa con referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[4]); El grado de integración con el programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo EcoFin declaró que los programas nacionales de reforma deben ser coherentes con los programas de estabilidad y convergencia); El cumplimiento del Código de conducta[5], que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Grecia (2006-200 9)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[6], y, en particular, su artículo 5, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:5.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Grecia, que abarca el período 2006-2009[7].6.  De acuerdo con el escenario macroeconómico en el que se basa el programa, el crecimiento del PIB real se mantendrá estable en términos generales (alrededor del 4% anual). A la luz de la información de que se dispone en la actualidad, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento realistas para 2006 y 2007, pero optimistas para los años siguientes. Las previsiones de inflación del programa parecen bajas en los últimos años del programa.7.  La estimación del déficit de las administraciones públicas correspondiente a 2006, que se recoge en las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006 y en la nueva actualización, es del 2,6% del PIB, totalmente en consonancia con el objetivo de la anterior actualización del programa de estabilidad. El gasto total alcanzó el objetivo fijado en el presupuesto de 2006. Si bien las principales categorías del gasto cumplieron globalmente los objetivos, una reducción de las transferencias sociales no realizadas en especie contrarrestó íntegramente un exceso de gastos en inversión pública equivalente al 0,5% del PIB. Los ingresos totales fueron ligeramente superiores a los previstos. Las medidas excepcionales se sustituyeron a mitad del año en parte por medidas permanentes, a saber, aumentos de los impuestos especiales sobre los combustibles y el tabaco, y un incremento de la fiscalidad de las conexiones móviles. Los ingresos de estas medidas permanentes contrarrestaron la reducción de los ingresos excepcionales, que pasaron del 0,6% del PIB fijado en el presupuesto de 2006 al 0,4% del PIB.8.  El principal objetivo de la estrategia presupuestaria del programa es corregir el déficit excesivo en 2006. Posteriormente, está previsto que el déficit de las administraciones públicas siga estrechándose de manera constante a lo largo del periodo del programa, hasta llegar al 1,2% del PIB en 2009. La reducción del déficit (1,5 puntos porcentuales del PIB) entre 2006 y 2009 se repartiría casi por igual entre el aumento de los ingresos y la reducción del gasto. En lo relativo a los ingresos, la previsión es que los ingresos totales crezcan 0,75 puntos porcentuales del PIB, en especial debido a los impuestos indirectos y las cotizaciones sociales. En lo tocante al gasto, el descenso proyectado para el gasto total es de alrededor de 0,75 puntos porcentuales del PIB a lo largo del mismo periodo, de los cuales 0,5 puntos porcentuales corresponderían a unos menores pagos de intereses. Como consecuencia, se espera que la reducción del gasto primario se limite a 0,25 puntos porcentuales. El aumento previsto de las transferencias sociales es de 0,5 puntos porcentuales, que quedaría sobradamente compensado por reducciones de 0,75 puntos porcentuales en otras categorías de gasto, especialmente el consumo colectivo. El superávit primario habría de mejorar alrededor de un punto porcentual durante el programa, hasta cerca del 3% del PIB en 2009. Si bien los objetivos para 2006-2008, comparados con el programa anterior, permanecen en gran medida inalterados, con un escenario macroeconómico idéntico, el ajuste correspondiente a 2006 es más significativo ya que el déficit registrado en 2005 (5,2% del PIB) es superior al previsto en la actualización de diciembre de 2005 (4,3% del PIB).9.  Se prevé que aumente el saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado aplicando la metodología común, pasando de un déficit de aproximadamente el 3,5% del PIB en 2006 al 1,75% al final del programa. Al igual que en la anterior actualización del programa de estabilidad, el objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria presentado en el programa es el equilibrio o un superávit en términos estructurales, objetivo que el programa no persigue durante su andadura. Puesto que el objetivo a medio plazo es más exigente que el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit estructural en torno al 1,5% del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Código de conducta, y refleja adecuadamente el ratio de deuda y el crecimiento potencial medio a largo plazo.10.  Los riesgos que presentan las proyecciones presupuestarias del programa parecen quedar equilibrados en líneas generales hasta 2007, pero los resultados presupuestarios posteriormente podrían ser menos satisfactorios de lo previsto en el programa. Concretamente para 2008 y 2009, el programa no aporta información suficiente sobre las medidas previstas y se basa en un escenario macroeconómico favorable. Si bien no se han registrado desvíos en los dos últimos años, la experiencia del pasado indica que no debe excluirse la posibilidad de que aparezcan excesos de gasto a lo largo de la duración del programa, a la vez que podría materializarse un déficit de ingresos si las medidas contra la evasión de impuestos anunciadas resultaran ineficaces.11.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa es coherente con la corrección del déficit excesivo ya en 2006 como recomendara el Consejo. Sin embargo ello no parece proporcionar un margen de seguridad suficiente para que el déficit no rebase el límite máximo del 3% del PIB contando con unas fluctuaciones macroeconómicas normales a lo largo del programa. En los años siguientes a la corrección del déficit excesivo, es de esperar que Grecia siga atravesando una coyuntura favorable. En vista de esta evaluación, deberá aumentar el ritmo de ajuste hacia el objetivo a medio plazo del programa, en especial después de 2007, para ponerse a la altura del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con arreglo al cual, en los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II, la mejora anual del saldo estructural deberá ser del 0,5% del PIB como mínimo, pudiendo ser el ajuste superior en coyunturas económicas favorables e inferior en coyunturas desfavorables.12.  Según las estimaciones realizadas, la deuda pública ha alcanzado el 104% del PIB en 2006, muy por encima, pues, del valor de referencia establecido en el Tratado (60% del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda disminuya paulatinamente hasta situarse casi en 13 puntos porcentuales del PIB durante el período cubierto por el programa, mientras que los ajustes de flujo-fondos serían muy pequeños a partir de 2007. Es probable que la evolución del ratio de deuda después de 2007 sea menos favorable de lo previsto en el programa, dados las favorables previsiones de crecimiento y los riesgos en cuanto a los objetivos para el déficit arriba señalados. No obstante lo anterior, a la vista de la evaluación de riesgos, el ratio de deuda da muestras de descendería lo suficiente para acercarse al valor de referencia a lo largo del periodo del programa.13.  Los efectos presupuestarios a largo plazo del envejecimiento de la población en Grecia son inciertos ya que no se dispone de previsiones a largo plazo del gasto en pensiones; es muy probable, no obstante, que se sitúen muy por encima de la media de la Unión Europea ya que, de acuerdo con los datos más recientes contenidos en el programa de estabilidad actualizado de Grecia de 2002, se prevé a largo plazo un importante aumento del gasto en pensiones en proporción del PIB. La situación presupuestaria inicial, si bien ha mejorado respecto a la de 2005, constituye un riesgo considerable para el saneamiento de las finanzas públicas incluso sin tomar en cuenta los efectos que a largo plazo puede tener el envejecimiento de la población sobre el presupuesto. Por otra parte, el nivel actual de deuda bruta supera con mucho el valor de referencia que marca el Tratado y reducirlo supone lograr elevados superávit primarios en un largo espacio de tiempo. Consolidar las finanzas públicas según lo previsto, junto con una serie de medidas urgentes de reforma encaminadas a contener el aumento, seguramente considerable, del gasto vinculado al envejecimiento de la población, contribuiría a reducir los riesgos que pesarían sobre la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. Desde un punto de vista general, Grecia da muestras de estar en situación de alto riesgo respecto a la sostenibilidad de la hacienda pública. La disponibilidad de previsiones sobre el gasto en pensiones permitiría realizar una evaluación más precisa de la viabilidad presupuestaria a largo plazo.14.  El programa de estabilidad no contiene una evaluación cualitativa de las repercusiones generales del informe de aplicación de octubre de 2006 del programa nacional de reforma dentro de la estrategia fiscal a medio plazo. Además, no aporta información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios directos de las principales reformas contempladas en el programa nacional de reforma y, si se excluye 2007, sus previsiones presupuestarias no tienen en cuenta de manera explícita las implicaciones para la hacienda pública de la actuación trazada en dicho programa. Ahora bien, las medidas en el campo de las finanzas públicas previstas en el programa de estabilidad parecen ser acordes con las previstas en el programa nacional de reforma. En concreto, la mayor parte de las medidas y acciones anunciadas para 2007 en el informe de aplicación del programa nacional de reforma parecen haber quedado incluidas en la Ley del Presupuesto de 2007, aunque la ausencia de una descripción detallada de las medidas y de su aplicación plantean dudas sobre las implicaciones presupuestarias.15.  La estrategia presupuestaria del programa es en sus rasgos generales coherente con las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.16.  En cuanto a los requisitos en materia de datos estipulados en el Código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta todos los datos obligatorios y la mayor parte de los opcionales[8].De forma general, puede concluirse que, a raíz de una considerable consolidación fiscal y en un contexto de unas perspectivas de alto crecimiento, el programa se adecua a la corrección del déficit excesivo ya en 2006 y prevé avances hacia el objetivo a medio plazo que, sin embargo, no se alcanzaría dentro del periodo del programa. La consolidación, que se basaría asimismo en una considerable disminución del pago de intereses, está sujeta a riesgos ya que no se definen con precisión medidas concretas para después de 2007.A la luz de la anterior evaluación, se insta a Grecia a:(i) fortalecer, habida cuenta de la favorable coyuntura y una vez corregido el déficit excesivo, el ajuste hacia el objetivo a medio plazo y lograr que el ratio deuda/PIB se reduzca en consecuencia;(ii) seguir mejorando el procedimiento presupuestario aumentando su transparencia, definiendo claramente la estrategia presupuestaria en una perspectiva a más largo plazo y aplicando eficazmente mecanismos tendentes a supervisar y controlar el gasto primario;(iii) mejorar, a la luz del elevado nivel de deuda y del aumento previsto del gasto relacionado con el envejecimiento de la población, la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública logrando el objetivo a medio plazo, controlando el gasto en pensiones y sanidad y aplicando resueltamente las reformas adoptadas; y presentar a la mayor brevedad previsiones a largo plazo para los gastos relacionados con el envejecimiento de la población.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |PIB real (% variación) | PE Dic 2006 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |COM Nov 2006 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | - |PE Dic 2005 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | - |Inflación IPCA (%) | PE Dic 2006 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,6 |COM Nov 2006 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - |PE Dic 2005 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | - |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PE Dic 20061 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |COM Nov 20065 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | - |PE Dic 20051 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | - |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PE Dic 2006 | -5,2 | -2,6 | -2,4 | -1,8 | -1,2 |COM Nov 2006 | -5,2 | -2,6 | -2,6 | -2,4 | - |PE Dic 2005 | -4,3 | -2,6 | -2,3 | -1,7 | - |Saldo primario (% del PIB) | PE Dic 2006 | -0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |COM Nov 2006 | -0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | - |PE Dic 2005 | 0,9 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | - |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PE Dic 20061 | -5,6 | -3,0 | -2,8 | -2,3 | -1,8 |COM Nov 2006 | -5,9 | -3,3 | -3,3 | -3,1 | - |PE Dic 20051 | -4,8 | -3,1 | -2,8 | -2,4 | - |Saldo estructural2 (% del PIB) | PE Dic 20063 | -5,6 | -3,4 | -2,8 | -2,3 | -1,8 |COM Nov 20064 | -5,9 | -3,7 | -3,3 | -3,1 | - |PE Dic 2005 | -4,8 | -3,7 | -2,8 | -2,4 | - |Deuda pública bruta (% del PIB) | PE Dic 2006 | 107,5 | 104,1 | 100,1 | 95,9 | 91,3 |COM Nov 2006 | 107,5 | 104,8 | 101,0 | 96,4 | - |PE Dic 2005 | 107,9 | 104,8 | 101,1 | 96,8 | - |Notas: 1 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 2 Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 3 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas del programa (0,4% del PIB en 2006). 4 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal contenidas en las previsiones de los servicios de la Comisión de otoño de 2006 (0,4% del PIB en 2006). 5 Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 3,7%, el 3,8%, el 3,6% y el 3,5% respectivamente en el período comprendido entre 2005 y 2008. Fuente: Programa de estabilidad (PE); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente página web :http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] El 22 de septiembre, las autoridades griegas enviaron a Eurostat nuevos datos del PIB para el periodo 1995-2005, datos que mostraban una drástica revisión de los niveles del PIB. La revisión se realizó de acuerdo con el proceso de evaluación marcado por las normas estadísticas de Eurostat. Sin embargo. la actualización del programa de estabilidad (así como la Ley del presupuesto de 2007) no toman en consideración las cifras revisadas del PIB. Dadas la magnitud y complejidad de la revisión, cuya comprobación por Eurostat sigue en curso, la Comisión se ha servido, en su evaluación del programa actualizado, de las series de datos relativos al PIB anteriores a dicha revisión.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera: Ejecución de la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo – «Un año de resultados», 12.12.2006, COM(2006) 816.[4] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574, y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), « The long-term sustainability of public finances in the European Union », Economía Europea, nº 4/2006.[5] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los Programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[6] OJ L 209, 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente página web :http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[7] La actualización se presentó a las dos semanas de concluir el plazo de 1 de diciembre establecido en el código de conducta.[8] Se echan en falta, particularmente, una clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas y datos sobre la sostenibilidad a largo plazo y sobre las contribuciones al crecimiento del PIB potencial.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , sobre el Programa Nacional de Reforma de 2011 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia (2011-2014)

text:
               20.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 213/8

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   sobre el Programa Nacional de Reforma de 2011 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia (2011-2014)
   2011/C 213/03
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1) y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 3 de mayo de 2011, Francia presentó la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (7)

               Francia se ha visto relativamente menos afectada por la crisis económica y financiera que otros Estados miembros, con una disminución del PIB del 2,7 % en 2009, debido en parte a la magnitud de los estabilizadores económicos y a la firmeza mostrada por el consumo de los hogares. También el sector bancario se ha mostrado firme. En 2010, la economía experimentó una recuperación y el PIB creció, globalmente, un 1,5 %. No obstante, la crisis económica ha tenido una repercusión considerable en las finanzas públicas francesas. Por efecto de los estabilizadores automáticos y a las medidas discrecionales de estímulo presupuestario, el déficit de las administraciones públicas aumentó, pasando del 3,3 % del PIB en 2008 al 7,5 % en 2009. Asimismo, la crisis ha exacerbado la infrautilización de la mano de obra y las debilidades estructurales del mercado de trabajo francés, que en 2010 registró una tasa de desempleo relativamente elevada, del 9,7 %. Por otra parte, la balanza de mercancías ha sufrido un deterioro durante la última década, poniendo de relieve las dificultades que afrontan las empresas francesas, en términos de competitividad de costes y de competitividad no relacionada con los precios.

               (8)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es optimista, en particular porque las tasas de crecimiento previstas se mantienen muy por encima del crecimiento potencial en años posteriores. Tras registrarse un déficit del 7 % del PIB en 2010, inferior a lo esperado, el Programa de Estabilidad prevé reducirlo al 3 % del PIB en 2013 —plazo fijado por el Consejo para corregir la situación de déficit excesivo— y proseguir el saneamiento en los siguientes años. El ratio de deuda, situado en el 82 % del PIB en 2010, seguirá aumentando previsiblemente hasta alcanzar el 86 % en 2012, antes de iniciar un leve descenso. Las sendas de saneamiento del déficit y la deuda están sujetas a riesgos de corrección, debido, entre otras cosas, a la posibilidad de que el escenario macroeconómico resulte menos favorable, al hecho de que las medidas no han sido suficientemente especificadas para alcanzaar los objetivos a partir de 2012, y al frecuente incumplimiento de los objetivos en el pasado, pese a los resultados mejores que los previstos en 2010. Así pues, no puede garantizarse la corrección del déficit excesivo en 2013, a no ser que se adopten nuevas medidas en caso necesario. No es probable que el objetivo a medio plazo, consistente en un presupuesto equilibrado en términos estructurales, se alcance en el período cubierto por el Programa de Estabilidad. El ajuste presupuestario anual medio durante el período 2010-2013, recalculado por los servicios de la Comisión conforme al os métodos comunmente admitidos, será ligeramente inferior al preconizado en la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 (más del 1 % del PIB).

               (9)

               La aplicación de las medidas de saneamiento presupuestario sigue representando un importante reto. Para restablecer una situación presupuestaria sostenible, resulta imprescindible evitar desviaciones en los gastos, intensificando el ajuste presupuestario sobre la base de medidas bien detalladas, especialmente habida cuenta de que el objetivo para 2013 no deja margen de seguridad alguno por debajo del límite del 3 % del PIB. Convendría, por lo demás, como está previsto en la Ley de programación de las finanzas públicas para los años 2011 a 2014, votada en diciembre de 2010, utilizar todos los ingresos extraordinarios para acelerar la reducción del déficit y la deuda. De acuerdo con la última evaluación de la Comisión, los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo son reducidos. Con vistas a mejorar en 2010 la sostenibilidad de sus finanzas públicas a largo plazo, Francia adoptó una nueva reforma de las pensiones. Las medidas proyectadas, que suponen un retraso gradual de la edad mínima de jubilación, de 60 a 62 años, y de la edad mínima de jubilación legal de 65 a 67 , así como de la eliminación progresiva de los regímenes de jubilación anticipada, deberían tener repercusiones en la baja tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad. Cabe esperar, por otra parte, que el sistema de pensiones alcance el equilibrio en 2018. A partir de entonces, es probable que se observe un déficit, a menos que se adopten nuevas medidas. La última reforma de las pensiones ha creado además un nuevo organismo público: el «Comité de pilotage des régimes de retraite», encargado de presentar evaluaciones anuales de la situación presupuestaria de los sistemas de pensiones y, en caso de que se considere probable un deterioro de los mismos, proponer medidas correctoras.

               (10)

               La normativa vigente relativa a la protección del empleo sigue siendo excesivamente estricta: no existe seguridad jurídica en cuanto a las condiciones de los despidos por razones económicas. Esto está dando lugar a una situación en el mercado de trabajo en la que los trabajadores con contrato indefinido (la mayoría de la población ocupada) gozan de una seguridad relativa, en tanto que los trabajadores con contratos temporales (la mayoría de las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo) se exponen a condiciones inciertas. En consecuencia, la proporción de contratos temporales es significativamente mayor entre los trabajadores jóvenes, y son escasas las transiciones de contratos temporales a contratos permanentes. Esta segmentación se percibe asimismo en lo que respecta al acceso a la formación profesional. La rotación de estos trabajadores es, por tanto, elevada y su acumulación de capital humano, escasa. Los trabajadores jóvenes o poco cualificados están, por tanto, expuestos a riesgos desproporcionados en el mercado de trabajo. Si bien la Ley de renovación del diálogo social y la Ley de Modernización del Mercado de Trabajo de 2008 perseguía el objetivo de modernizar el diálogo social y solventar el problema del dualismo existente en el mercado laboral, no se abordó en la reforma la segmentación contractual y en general no se estuvo a la altura de lo que se requería para resolver el dualismo del mercado laboral francés.

               (11)

               La tasa de desempleo en Francia fue algo superior a la media de la UE en 2010 y el desempleo de larga duración va en aumento (el 3,9 % en 2010 frente al 2,9 % en 2008). En este contexto, los servicios públicos de empleo han de desempeñar un papel importante de apoyo a los desocupados que buscan empleo. El nuevo servicio público de empleo de ventanilla única (Pôle Emploi) ha registrado hasta la fecha resultados desiguales. En el período 2009-2010, el principal objetivo de dicho servicio fue la fusión de los dos entes administrativos previos. Por el momento, la externalización de los servicios de colocación ha arrojado resultados dispares en lo que se refiere al logro de los objetivos fijados por el Pôle Emploi en materia de reincorporación al trabajo. Al mismo tiempo, los recursos del Pôle emploi destinados a prestar ayuda individualizada a los demandantes de empleo siguen siendo escasos (71 equivalentes a tiempo completo por cada 10 000 desempleados, cifra significativamente inferior a las registradas en algunos de los países comparables).

               (12)

               El déficit de la balanza por cuenta corriente de Francia ha experimentado un deterioro gradual durante la pasada década, reflejo de la degradación de la balanza de mercancías, debida, en parte, a la menor competitividad de los costes laborales resultante de la reintroducción de un único salario mínimo en el período 2003-2005 (con la anterior reforma, por la que se implantó la semana laboral de 35 horas, se habían establecido cinco salarios mínimos distintos). La introducción de ciertas mejoras en el procedimiento de indización (creación de un comité asesor de expertos independientes, eliminación de los aumentos discrecionales) se ha traducido en un incremento más moderado del salario mínimo. En consecuencia, la proporción de empleados que percibe el salario mínimo ha disminuido sensiblemente, permitiendo así una mejor diferenciación salarial. El salario mínimo en Francia sigue contándose entre los más elevados de la UE si se compara con el salario mediano, aun cuando la cuña fiscal es muy inferior a la correspondiente al salario medio, debido al recorte de las cotizaciones sociales de las empresas.

               (13)

               Las cargas fiscales y sociales sobre el trabajo en Francia figuran entre las más elevadas de la Unión Europea, en tanto que el impuesto sobre el consumo se mantiene en un nivel relativamente bajo. Por otra parte, la proporción que representan en el PIB los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales son también muy inferiores a la media de la UE. Un reequilibrio del sistema tributario, que incluya , por ejemplo, hacer recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, incidiría, probablemente, de manera favorable en el empleo y propiciaría la consecución de los objetivos medioambientales.

               (14)

               Las exenciones fiscales y sociales (concretamente los «niches fiscales») en Francia son muy importantes. Además, hacen que las empresas y los hogares se vean obligados a invertir abundantemente en servicios de asesoría para comprender y aprovechar las ventajas del sistema. Aun cuando los gastos tributarios se utilizan para aplicar una determinada política económica, no se ha efectúado hasta la fecha evaluación sistemática alguna de la medida en que se cumplen los objetivos perseguidos. En última instancia, su carácter intercambiable con el gasto público ha permitido a las autoridades francesas atenerse formalmente a la normativa en materia de gasto, pese a que el artículo 9 de la Ley de programación de las finanzas públicas para los años 2011 a 2014 no permita más sustituciones. Las autoridades prevén un aumento discreccional de los ingresos fiscales (en parte mediante la reducción de el coste presupuestario de los gastos tributarios) en torno a un 0,75 % del PIB durante el período 2011-2013. A partir de 2012 se han determinado solo parcialmente con exactitud qué gastos tributarios se van a suprimir.

               (15)

               La competencia en el sector minorista se sigue viendo frenada por las restricciones administrativas que afectan a la apertura de grandes superficies comerciales, y la prohibición de la venta por debajo del precio de coste. En el sector de servicios, se mantienen los obstáculos a la competencia por lo que respecta a diversas profesiones reguladas, situación que podría subsanarse ya sea revisando las condiciones de acceso al mercado, o eliminando gradualmente determinadas cuotas (numerus clausus) y los derechos exclusivos de que gozan las citadas profesiones.

               (16)

               Francia ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. En lo relativo a las finanzas públicas, Francia se ha comprometido a aplicar sin demora la reforma del sistema de pensiones de 2010. Con vistas a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, Francia modificará, además, su Constitución con la introducción de una planificación presupuestaria plurianual de carácter vinculante. A fin de incrementar la participación en el mercado laboral, se están estudiando diversas medidas destinadas a potenciar las políticas activas del mercado de trabajo (p.ej., formación de aprendices para facilitar a los trabajadores más jóvenes la transición de la escuela al trabajo, un aumento de los servicios de guardería, de aquí a 2012, que favorezca las perspectivas de empleo de las mujeres, o el reforzamiento de los servicios públicos de empleo en beneficio de los desocupados). Las medidas en el ámbito de la competitividad están focalizadas en mejorar el sistema de educación superior y en promover la investigación y el desarrollo ( I + D) y la innovación («investissements d'avenir»), reduciendo asimismo las cargas administrativas mediante la aplicación de un programa global de simplificación administrativa. Estos compromisos hacen referencia a tres de las cuatro áreas del Pacto, dejando de lado el sector financiero. Si bien atañen a aquellos ámbitos en los que se enmarcan los principales retos, muchos de ellos (concretamente los referidos a la gobernanza presupuestaria o el fomento de la educación superior y la I + D) no son sino una confirmación de las políticas en vigor o las reformas en curso. El plan de reformas no parece compaginarse totalmente con los retos macroeconómicos que se plantean en el mercado de trabajo o en el entorno empresarial. Por lo demás, sobre la prevista reforma constitucional pesa la incertidumbre que se deriva de la evolución política. Estos compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus se han evaluado y se han tenido en cuenta en las recomendaciones.

               (17)

               La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, así como los compromisos contraídos por Francia en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Francia, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. A la luz de todo ello, la Comisión considera que la estrategia de saneamiento presupuestario requiere mayor concreción de cara a 2012 y los años siguientes, a fin de garantizar la corrección del déficit excesivo antes de 2013 y asegurarse de situar la deuda en una trayectoria descendente. Los posibles ingresos extraordinarios deberían destinarse a acelerar la reducción del déficit y la deuda, como se prevé en el artículo 11 de la Ley de programación de las finanzas públicas para los años 2011 a 2014. El desplazamiento del peso de la fiscalidad de manera que recaiga sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar del trabajo, y una racionalización de los gastos tributarios, favorecería la consecución de los objetivos presupuestarios y medioambientales y mejoraría el entorno empresarial. Otras medidas en el período 2011-2012 deberán centrarse en adaptar la legislación sobre protección del empleo a la reducción del dualismo del mercado laboral, y al reforzamiento de los servicios públicos de empleo con el fin de proporcionar un amplio apoyo a los demandantes de empleo. Debe proseguirse con la actual política de moderación en materia de salario mínimo. Debe asimismo alentarse la competencia en las profesiones reguladas y el comercio minorista.

               (18)

               A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Francia, y su dictamen (3) se refleja particularmente en su recomendación 1. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Francia.

         RECOMIENDA que Francia tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:

               1.

               Garantizar un ajuste presupuestario anual medio superior al 1 % del PIB durante el período 2010-2013, conforme a lo recomendado, y aplicar las medidas encaminadas a la corrección del déficit excesivo en 2013 a más tardar; conforme a las recomendaciones del Consejo en virtud del procedimiento de déficit excesivo , trayendo la tasa de deuda pública a una senda descendente, y garantizando posteriormente un progreso a decuado hacia el objetivo a medio plazo, concretando las medidas necesarias a tal fin a partir de 2012, adoptando medidas suplementarias si fuese necesario y utilizar los posibles ingresos extraordinarios para acelerar la reducción del déficit y la deuda, como está planeado; seguir examinando la sostenibilidad del sistema de pensiones y adoptar medidas suplementarias, en su caso.

               2.

               Reanudar los esfuerzos, de acuerdo con las prácticas nacionales de consulta a los interlocutores sociales, encaminados a combatir la segmentación del mercado de trabajo mediante una revisión de aspectos concretos de la legislación sobre protección del empleo; al tiempo que se refuerza el capital humano y se favorecen las transiciones hacia una mayor estabilidad en los contratos, y garantizar que toda adaptación del salario mínimo redunde en beneficio de la creación de empleo.

               3.

               Alentar el acceso a la formación permanente a fin de favorecer el mantenimiento en el mercado laboral de los trabajadores de mayor edad y promover estímulos a la reincorporación al trabajo. Intensificar las políticas activas del mercado de trabajo y adoptar medidas orientadas a mejorar la organización, los procesos decisorios y los procedimientos del servicio público de empleo, con vistas a reforzar los servicios prestados y la ayuda individualizada a quienes se exponen al riesgo de desempleo de larga duración.

               4.

               Mejorar la eficiencia del sistema tributario, incluyendo por ejemplo el desplazamiento d el peso de la fiscalidad de manera que recaiga sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, y llevando a efecto la reducción prevista del número y del coste de las exenciones fiscales y sociales (concretamente los «niches fiscales»).

               5.

               Adoptar medidas adicionales para eliminar las restricciones injustificadas en los sectores y las profesiones reguladas, en particular en los sectores de servicios y comercio minorista.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.