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32002H0663

Recomendación de la Comisión, de 19 de agosto de 2002, relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2003 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002) 3084]

Diario Oficial n° L 225 de 22/08/2002 p. 0029 - 0033

Recomendación de la Comisiónde 19 de agosto de 2002relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2003 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal[notificada con el número C(2002) 3084](Texto pertinente a efectos del EEE)(2002/663/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/42/CE de la Comisión(2), y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 7,Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas(3), cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/42/CE, y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 4,Considerando lo siguiente:(1) En virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y de la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, la Comisión ha de presentar al Comité fitosanitario permanente antes del 31 de diciembre de cada año una Recomendación en la que se establezca un programa comunitario coordinado de control, destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados en los anexos II de las Directivas mencionadas. El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 645/2000 de la Comisión(4) establece que dichas recomendaciones podrán cubrir períodos de entre uno y cinco años.(2) La Comisión debe esforzarse por implantar progresivamente un sistema que permita calcular la exposición a los plaguicidas existentes a través de la alimentación, tal como se establece en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE. Para poder realizar estimaciones fiables, deberá disponerse de datos sobre el control de los residuos de plaguicidas en una serie de productos alimenticios que son parte importante de la dieta europea. Está generalmente admitido que la dieta europea está constituida por entre 20 y 30 productos alimenticios. En vista de los recursos disponibles a escala nacional para el control de los residuos de plaguicidas, los Estados miembros sólo pueden analizar muestras de ocho productos cada año, dentro de un programa coordinado de control. La utilización de plaguicidas cambia en una escala de tiempo de tres años. Cada plaguicida debería, por lo general, controlarse en una serie de entre 20 y 30 productos alimenticios a lo largo de varios ciclos trienales.(3) En 2003 deberán controlarse los residuos de los plaguicidas acefato, el grupo del benomilo, clorpirifós, iprodiona, metamidofós, diazinón, metalaxilo, metidatión, tiabendazol, triazofós, clorpirifós-metilo, deltametrina, endosulfano, imazalilo, cresoxim-metilo, lambda-cihalotrina, el grupo del maneb, mecarbam, permetrina, pirimifós-metilo, vinclozolina, azinfós-metilo, captano, clorotalonilo, diclofluanida, dicofol, dimetoato, folpet, malatión, ometoato, oxidemetón-metilo, forato, procimidona, propizamida, azoxistrobina, aldicarb, bromopropilato, cipermetrina, metiocarb, metomilo, paratión y tolilfluanida, pues ello permitirá utilizar estos datos para calcular la exposición real a estos plaguicidas a través de la alimentación, ya que estos componentes están siendo controlados desde 2001.(4) Es necesario adoptar un procedimiento estadístico sistemático con respecto al número de muestras que han de tomarse en cada ejercicio coordinado de control. Dicho procedimiento ha sido fijado por la Comisión del Codex Alimentarius(5). Según una distribución binómica de probabilidades, puede calcularse que el examen de 459 muestras proporciona un 99 % de confianza de detectar una muestra con residuos de plaguicidas por encima del límite de determinación en caso de que el 1 % de los productos de origen vegetal contenga residuos por encima del límite de determinación. En consecuencia, deberá tomarse un mínimo de 459 muestras en toda la Comunidad. La recogida de esas muestras debería repartirse proporcionalmente entre los Estados miembros, en función de la población y del número de consumidores, con un mínimo de doce muestras por producto y año.(5) El proyecto de orientaciones sobre los métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas fueron publicadas por la Comisión(6). Se ha acordado que este proyecto de orientaciones debe ser aplicado en la medida de lo posible por los laboratorios de análisis de los Estados miembros y debe revisarse continuamente a la luz de la experiencia resultante de los programas de control.(6) En virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE y de la letra a) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE, los Estados miembros han de especificar los criterios aplicados para elaborar sus programas nacionales de control al transmitir a la Comisión información sobre su aplicación durante el año siguiente. Dicha información debe incluir los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y los análisis que deben realizarse, así como los niveles de referencia aplicados y los criterios empleados para fijarlos. Deberán proporcionar información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a la Directiva 93/99/CEE, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios(7).(7) La información sobre los resultados de los programas de control se presta especialmente al tratamiento, almacenamiento y transmisión mediante métodos electrónicos o informáticos. La Comisión ha desarrollado formatos para que los Estados miembros puedan suministrar los datos en forma de disquete. Por tanto, los Estados miembros deberán poder enviar a la Comisión sus informes en el formato normalizado. La elaboración de directrices por parte de la Comisión es la forma más eficaz de seguir desarrollando dicho formato normalizado.(8) Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.RECOMIENDA:Artículo 1Se invita a los Estados miembros a tomar muestras y efectuar análisis de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, basándose en el número de muestras por producto que se les asigna en el anexo II, proporcionalmente, según proceda, a la cuota de mercado nacional, comunitaria y de terceros países del Estado miembro.Además, se invita a los Estados miembros a controlar específicamente la combinación nitrofeno/trigo sobre la misma base de número de muestras.En el caso de los plaguicidas que puedan suponer un riesgo agudo, tales como los ésteres OP, endosulfano y N-metilcarbamates, diez muestras de los productos uvas, pimientos y pepinos se someterán a un análisis individual de cada uno de los componentes de la muestra de laboratorio, en caso de que se detecten tales plaguicidas.Se tomarán dos muestras de un número adecuado de componentes, que, cuando sea posible, serán productos obtenidos por un único productor; si en la primera muestra de laboratorio se encuentra un nivel detectable de plaguicidas, los componentes de la segunda muestra se analizarán individualmente.Artículo 2Se invita a los Estados miembros a comunicar los resultados de la parte del ejercicio específico asignado para 2003 en el anexo I a más tardar el 31 de agosto de 2004, indicando los métodos analíticos utilizados y los niveles de referencia alcanzados, de acuerdo con los métodos de control de calidad fijados en los Métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas.El informe deberá elaborarse en un formato -incluido el formato electrónico- conforme al Documento de trabajo para orientar a los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión en relación con los programas coordinados de control, establecido en el anexo III de la Recomendación 1999/333/CE de la Comisión(8).Artículo 3Se invita a los Estados miembros a transmitir a la Comisión y a todos los demás Estados miembros, a más tardar el 31 de agosto de 2004, toda la información requerida en el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE con respecto al ejercicio de control de 2003 con objeto de garantizar, al menos mediante comprobación por muestreo, la conformidad con los límites máximos de residuos de plaguicidas, que incluya:a) los resultados de sus programas nacionales referentes a los plaguicidas recogidos en los anexos II de las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE, en relación con los límites armonizados, y cuando éstos no se hayan fijado a escala comunitaria, en relación con los límites nacionales vigentes;b) información sobre los procedimientos de control de calidad en sus laboratorios y, en particular, sobre los aspectos de las orientaciones sobre los Métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas que no hayan podido aplicar o cuya aplicación haya resultado difícil;c) información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 93/99/CEE (incluido el tipo de autorización, el organismo de autorización y una copia del certificado de autorización);d) información sobre las pruebas de cualificación y pruebas circulares en que haya participado el laboratorio.Artículo 4Se invita a los Estados miembros a remitir a la Comisión, a más tardar el 30 de septiembre de 2003, su proyecto para el año 2004 de programa nacional de control de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados por las Directivas 90/642/CEE y 86/362/CEE.Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 19 de agosto de 2002.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.(2) DO L 134 de 22.5.2002, p. 29.(3) DO L 350 de 14.12.1990, p. 71.(4) DO L 78 de 29.3.2000, p. 7.(5) Codex Alimentarius, residuos de plaguicidas en los productos alimentarios, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, p. 372.(6) Documento SANCO 3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).(7) DO L 290 de 24.11.1993, p. 14.(8) DO L 128 de 21.5.1999, p. 25.ANEXO ΙCombinaciones de plaguicidas y productos que habrán de controlarse durante el ejercicio específico establecido en el artículo 1 de la presente Recomendación>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO IINúmero de muestras de cada producto que debe tomar cada Estado miembro de acuerdo con el programa comunitario coordinado de control para 2003>SITIO PARA UN CUADRO>


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Italia (2003-2007)


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32003H0868

Recomendación n° 22, de 18 de junio de 2003, relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la cual deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las mismas ventajas de que disfrutan los trabajadores nacionales de un Estado miembro en virtud de un convenio bilateral de seguridad social que éste haya celebrado con un tercer Estado

Diario Oficial n° L 326 de 13/12/2003 p. 0035 - 0036

Recomendación no 22de 18 de junio de 2003relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la cual deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las mismas ventajas de que disfrutan los trabajadores nacionales de un Estado miembro en virtud de un convenio bilateral de seguridad social que éste haya celebrado con un tercer Estado(2003/868/CE)LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES,Vista la letra a) del artículo 81 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(1), en virtud de la cual la Comisión Administrativa se encargará de resolver todas las cuestiones administrativas que se deriven del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y de los reglamentos ulteriores.Vista la letra c) del artículo 81 de dicho Reglamento, según la cual la Comisión Administrativa se encargará de promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros en materia de seguridad social,Considerando lo siguiente:(1) El Reglamento (CEE) n° 1408/71, adoptado sobre la base del artículo 42, representa un instrumento fundamental al servicio del ejercicio de las libertades fundamentales previstas en el Tratado.(2) El principio de no discriminación por razón de la nacionalidad constituye una garantía esencial para el ejercicio de la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena prevista en el artículo 39 del Tratado. Implica la supresión de toda discriminación entre los trabajadores no migrantes de los Estados miembros y los trabajadores migrantes por lo que se refiere al empleo, la remuneración y otras condiciones de trabajo.(3) En el asunto Gottardo(2), el Tribunal de Justicia extrajo las consecuencias de la aplicación de este principio en virtud del artículo 39 en el caso de una persona residente en la Comunidad, que había trabajado en Francia, Italia y Suiza. Dicha persona, que carecía de derechos suficientes para obtener una pensión en Italia, solicitó la acumulación de los períodos realizados en Suiza e Italia, aplicable a los nacionales de estos países en virtud del acuerdo bilateral italo-suizo.(4) El Tribunal dictaminó que cuando un Estado miembro celebra con un tercer Estado un convenio internacional bilateral de Seguridad Social que prevé el cómputo de los períodos de seguro cubiertos en dicho tercer Estado para tener derecho a prestaciones de vejez, el principio fundamental de igualdad de trato obliga al Estado miembro en cuestión a conceder a los nacionales de los demás Estados miembros las mismas ventajas que las que disfrutan sus propios nacionales en virtud de dicho convenio, a menos que pueda justificar objetivamente su denegación (apartado 34).(5) A este respecto, el Tribunal señaló que su interpretación del concepto de "legislación" recogido en la letra j) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71(3) no puede llevar al menoscabo de la obligación de todo Estado miembro de respetar el principio de igualdad de trato previsto en el artículo 39 del Tratado CE.(6) El Tribunal dictaminó en este caso que cuestionar el equilibrio y la reciprocidad de un convenio internacional bilateral celebrado entre un Estado miembro y un tercer Estado no puede ser una justificación objetiva para que el Estado miembro parte en dicho convenio se niegue a extender a los nacionales de los demás Estados miembros las ventajas que dicho convenio concede a sus propios nacionales.(7) Tampoco ha admitido las objeciones que se refieren al eventual aumento de las cargas financieras ni a las dificultades administrativas ligadas a la colaboración con las autoridades competentes del tercer Estado en cuestión para justificar la inobservancia por parte del Estado firmante del convenio bilateral de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.(8) Es importante extraer todas las consecuencias de esta sentencia fundamental para los nacionales comunitarios que han ejercido su derecho a la libre circulación en otro Estado miembro.(9) Por ello conviene precisar que los convenios bilaterales de seguridad social existentes entre un Estado miembro y un tercer Estado deben interpretarse en el sentido de que las ventajas previstas para los nacionales del Estado miembro parte en dicho convenio deben, en principio, concederse a un nacional comunitario en la misma situación objetiva.(10) Independientemente de la aplicación uniforme de la jurisprudencia Gottardo en casos particulares, conviene proceder a un examen de los convenios bilaterales existentes. A este respecto, el artículo 307 del Tratado CE prevé que "los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado" con respecto a los convenios celebrados anteriormente, y el artículo 10 del Tratado CE dispone que estos mismos Estados miembros "se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado", por lo que se refiere a los convenios celebrados posteriormente al 1 de enero de 1958 o a la fecha de su adhesión a la Comunidad Europea.(11) En cuanto a los nuevos convenios bilaterales de seguridad social que se celebren entre un Estado miembro y un tercer Estado, es importante recordar que éstos deberían incluir una referencia expresa al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de los nacionales de otro Estado miembro que hayan ejercido el derecho a la libre circulación en el Estado miembro firmante del convenio en cuestión.(12) La aplicación de la sentencia Gottardo a casos específicos depende en gran medida de la cooperación de los terceros Estados, puesto que son ellos quienes deben certificar los períodos de seguro cumplidos por el interesado.(13) Corresponde a la Comisión Administrativa tratar esta cuestión, habida cuenta de que la jurisprudencia Gottardo se refiere a la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social.RECOMIENDA:1. Las ventajas que se derivan, en materia de pensiones, de un convenio de seguridad social entre un Estado miembro y un tercer Estado aplicable a los trabajadores nacionales (por cuenta ajena o por cuenta propia) se conceden, en principio, a los trabajadores (por cuenta propia o por cuenta ajena) nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en la misma situación objetiva, en aplicación del principio de igualdad de trato y de no discriminación entre trabajadores nacionales y ciudadanos de otros Estados miembros que hayan ejercido su derecho a la libre circulación en virtud del artículo 39 del Tratado CE.2. Los nuevos convenios bilaterales de Seguridad Social que celebren un Estado miembro y un tercer Estado deberían incluir una referencia expresa al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de los nacionales de otro Estado miembro que hayan ejercido su derecho a circular libremente en el Estado miembro parte del convenio en cuestión.3. Los Estados miembros informan a las instituciones de los Estados con los que han celebrado convenios de Seguridad Social, cuyo ámbito de aplicación personal o material incluya únicamente a los nacionales, sobre las consecuencias de la jurisprudencia Gottardo y solicitan su colaboración para aplicar la decisión del Tribunal de Justicia. Los Estados miembros que hayan concluido convenios bilaterales con un mismo tercer Estado pueden tomar iniciativas conjuntas a fin de solicitar la colaboración. No cabe duda de que esta cooperación es una condición indispensable para respetar la jurisprudencia.El Presidente de la Comisión AdministrativaThéodora Tsotsorou(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.(2) Sentencia de 15 de enero de 2002, en el asunto C-55/00.(3) Sentencia de 2 de agosto de 1993, en el asunto C-23/92, Grana-Novoa, Rec. 1993, p. I-4505.


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31981H0924

81/924/CEE: Recomendación del Consejo, de 27 de octubre de 1981, relativa a las estructuras tarifarias para la energía eléctrica en la Comunidad

Diario Oficial n° L 337 de 24/11/1981 p. 0012 - 0013 Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 4 p. 0034  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 4 p. 0034

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 27 de octubre de 1981 relativa a las estructuras tarifarias para la energía eléctrica en la Comunidad(81/924/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Visto el proyecto de recomendación de la Comisión,  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),  Considerando que, en su Resolución de 13 de febrero de 1975 (2), el Consejo ha subrayado la necesidad de permitir que los precios cubran progresivamente, en la medida de lo posible, los costes de suministro de la energía y la amortización de las  inversiones necesarias;  Considerando que la coherencia de las estructuras del precio de la energía es un elemento fundamental de la política económica y energética;  Considerando que unas estructuras tarifarias racionales permiten una mejor utilización de los recursos;  Considerando que las estructuras tarifarias establecidas sobre principios comunes contribuyen a la realización de condiciones de abastecimiento más homogéneas y permiten una formación más coherente de los precios en la Comunidad;  Considerando que la distribución de energía eléctrica, independientemente del estatuto jurídico de las empresas, constituye un servicio de interés público y que, por dicha razón, las empresas deben garantizar igual tratamiento a los consumidores que se  encuentren en condiciones de abastecimiento comparables;  Considerando que las empresas eléctricas, respetando los principios de una gestión racional, deben cubrir sus costes sobre la base de un reparto lo más objetivo posible de dichos costes entre las diferentes categorías de usuarios;  Considerando que es conveniente evitar las estructuras tarifarias de promoción, que impiden el uso racional de la energía;  Considerando que, en la Comunidad, los principios básicos de las estructuras tarifarias para la electricidad varían según los países, aunque determinadas estructuras reflejan ya una orientación común, que deben proseguirse los esfueros de simplificación  y de unificación,  RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS.  Procurar, si aún no lo han hecho, mediante medidas adecuadas, que las estructuras tarifarias de la energía eléctrica tengan como base los siguientes principios comunes:  1. La tarificación de la electricidad se debería estructurar y establecer de forma que permita una política de precios racional, y que refleje los costes del suministro para las diferentes categorías de consumidores; se debería definir teniendo en  cuenta el uso racional de la energía y de forma que se evite el estímulo de un consumo no justificado, siendo lo más clara y simple posible.  2. Se debería generalizar la tarificación binómica, que, entre las diferentes fórmulas tarifarias, permite reflejar mejor estructura de los costes del suministro de energía eléctrica (3).  3. Se deberían descartar las estructuras tarifarias de promoción que fomentan el consumo superfluo y acentúan artificialmente la disminución progresiva de los costes.  4. Se deberían abandonar las tarifas basadas en el uso que se hace de la energía eléctrica, a no ser que dichas tarifas estén de acuerdo con las disposiciones generales del punto 1 y contribuyan a la realización de los objetivos a largo plazo de la  política energética.  5. Con el fin de transferir la demanda fuera de las horas de carga máxima de la red, e incluso permitir su descongestión, sería necesario prever la aplicación de tarifas múltiples con precios diferenciados y/o la posibilidad de suministros con  interrupciones.  6. Las tarifas no deberían mantenerse a un nivel artificialmente bajo, por ejemplo, por motivos sociales o razones relacionadas con la política antiinflacionista; en estos casos, si fuera necesario, se deberían adoptar medidas específicas.  7. Las fórmulas tarifarias deberían permitir la actualización de los precios de forma periódica;  Proseguir las investigaciones sobre las características de la demanda de electricidad de las diferentes categorías de consumidores y de su evolución a largo plazo, así como desarrollarse en estrecha cooperación a nivel comunitario, a fin de mejorar más  las estructuras tarifarias.  Velar por que los precios de la electricidad presenten el más alto nivel de transparencia posible y que dichos precios y los costes para los consumidores sean, en la medida de lo posible, de conocimiento público.  Hecho en Luxemburgo, el 27 de octubre de 1981.  Por el Consejo El Presidente P. WALKER   (1) DO no C 144 de 15. 6. 1981, p. 105.(2) DO no C 153 de 9. 7. 1975, p. 6.(3) El término «tarifa binómica» comprende estructuras tarifarias compuestas de un elemento fijo y de un elemento que varía en función de la cantidad de energía  eléctrica utilizada.


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31998Y0806(02)

Recomendación del Banco Central Europeo de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicación de reservas mínimas por el Banco Central Europeo

Diario Oficial n° C 246 de 06/08/1998 p. 0006 - 0008

Recomendación del Banco Central Europeo de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicación de reservas mínimas por el Banco Central Europeo (98/C 246/06)(Presentada por el Banco Central Europeo el 7 de julio de 1998)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados los «Estatutos») y, en particular, su artículo 19.2;Vista la recomendación del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominado «BCE»)Visto el dictamen del Parlamento Europeo,Visto el dictamen de la Comisión,De acuerdo con el procedimento previsto en el apartado 6 del artículo 106 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea («en lo sucesivo denominado el Tratado») y en el artículo 42 de los Estatutos:(1) Considerando que, de conformidad con el artículo 19.2 de los Estatutos, en unión al artículo 43.1 de los Estatutos, el punto 8 del Protocolo (n° 11) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el del Protocolo (n° 12) sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca, no otorgan derecho ni imponen obligación alguna a un Estado miembro no participante;(2) Considerando que el artículo 19.2 de los Estatutos exige al Consejo definir, entre otros, la base correspondiente a las reservas mínimas y los coeficientes máximos admisibles entre dichas reservas y sus bases;(3) Considerando que, de conformidad con el artículo 19.2 de los Estatutos, el Consejo debe, asimismo, definir las sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de dichos requisitos; que las sanciones concretas deben establecerse en el presente Reglamento, y que los principios y procedimientos relativos a la imposición de las sanciones están contemplados en el Reglamento (CE) del Consejo sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones en caso de ciertos tipos de incumplimientos; que, en caso de conflicto entre las disposiciones del Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones y las disposiciones del presente Reglamento que facultan al BCE a imponer sanciones, prevalecerán éstas últimas;(4) Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 19.1 de los Estatutos, el Consejo de gobierno del BCE podrá establecer los reglamentos relativos al cálculo y a la determinación de las reservas mínimas exigidas;(5) Considerando que, para la efectividad de las reservas mínimas como instrumento para el cumplimiento de las funciones de gestión del mercado monetario y de control monetario, es necesario que se estructure de forma que el BCE disponga de la capacidad y flexibilidad suficientes para establecer dichas exigencias de reservas en función tanto del contexto como de la variación de las condiciones económicas y financieras de los Estados miembros participantes; que el BCE puede imponer reservas mínimas al pasivo resultante de partidas extra-balance, en particular las individuales o en combinación con otras partidas extra-balance, comparables con el pasivo registrado en el balance, al objeto de limitar las posibilidades de elusión;(6) Considerando que el BCE, al establecer disposiciones específicas referentes a la imposición de reservas mínimas que contengan tanto la determinación del coeficiente de reserva efectivo, como de cualquier remuneración de las reservas, exención o modificación de la exigencia de reservas mínimas aplicables a un grupo o grupos específicos de instituciones, estará obligado a actuar de conformidad con los objetivos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo denominado el «SEBC») establecidos en el párrafo 1 del artículo 105 del Tratado, plasmados en el artículo 2 de los Estatutos, lo que implica, entre otros, la observancia del principio de no producir una deslocalización o desintermediación significativa no deseada; que la imposición de dichas reservas mínimas puede constituir un elemento de la definición e instrumentación de la política monetaria de la Comunidad, siendo ésta una de las principales funciones del SEBC, tal y como se recoge en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 105 del Tratado y en el primer párrafo del artículo 3.1 de los Estatutos;(7) Considerando que las sanciones estipuladas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento no obstan para que el SEBC pueda establecer disposiciones adecuadas de cumplimiento en sus relaciones con sus interlocutores, incluida la exclusión parcial o total de una institución de las operaciones de política monetaria en caso de incumplimientos graves de las exigencias de reservas mínimas;(8) Considerando que las disposiciones del presente Reglamento únicamente podrán ser aplicadas de modo efectivo en su integridad si los Estados miembros participantes han adoptado las medidas necesarias para asegurar que sus autoridades tienen las potestades de ayudar y colaborar plenamente con el BCE en la recogida y verificación de la información, según establece el artículo 6 del presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado,HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:Artículo 1 DefinicionesCon arreglo al presente Reglamento, se entenderá por:1) «Estado miembro participante»: un Estado miembro que haya adoptado la moneda única de acuerdo con el Tratado;2) «banco central nacional»: el banco central de un Estado miembro participante;3) «institución»: cualquier entidad de un Estado miembro participante a la que el BCE pueda imponer el mantenimiento de unas reservas mínimas en los términos establecidos en el artículo 19.1 de los Estatutos;4) «coeficiente de reserva»: el porcentaje de las reservas mínimas que pueda especificar el BCE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de los Estatutos;5) «sanciones»: multas, pagos periódicos en concepto de penalización, intereses de penalización y depósitos sin interés.Artículo 2 Derecho a eximir a institucionesEl BCE puede eximir de reservas mínimas, de manera no discriminatoria, a algunas instituciones, de acuerdo con los criterios establecidos por el BCE.Artículo 3 Base para la fijación de las reservas mínimas1. La base para el cálculo de las reservas mínimas que puede imponer el BCE a las instituciones, según lo dispuesto en el artículo 19.1 de los Estados, estará sujeta a las disposiciones especificadas en los párrafos 2 y 3, constituida por i) los pasivos de la institución que resulten de la captación de fondos y ii) aquellos que sean resultado de operaciones de extra-balance, exceptuándose total o parcialmente iii) los saldos deudores frente a otra institución según las modalidades a especificar por el BCE, y iv) los saldos deudores frente al BCE o a un banco central nacional.2. Para los pasivos en la forma de instrumentos de deuda negociables, el BCE puede especificar, de manera alternativa a lo dispuesto en el inciso iii) del apartado 1, que los pasivos adeudados por una institución a otra se deducirán total o parcialmente de la base de las reservas mínimas de la institución a que se adeudan.3. EI BCE puede conceder, con carácter no discriminatorio, la deducción de tipos específicos de activos de las categorías de pasivos que forman parte de las reservas mínimas.Artículo 4 Coeficiente de reservas mínimas1. El coeficiente de reservas, que puede fijar el BCE según lo establecido en el artículo 19.2 de los Estatutos, no podrá exceder del 10 por ciento de los pasivos computables que formen parte de la base de las reservas mínimas, pudiendo ser el cero por ciento.2. El BCE podrá, de forma no discriminatoria, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, especificar coeficientes de reserva diferentes para categorías específicas de pasivos que formen parte de la base de las reservas mínimas.Artículo 5 Potestad reglamentariaPara los fines de los artículos 2, 3 y 4 del presente Reglamento, el BCE adoptará, cuando corresponda, reglamentos o decisiones.Artículo 6 Derecho a recopilar y verificar la información1. EI BCE podrá recopilar de las instituciones la información necesaria para la aplicación de las reservas mínimas. Dicha información tendrá carácter confidencial.2. EI BCE tendrá derecho a verificar la exactitud y calidad de la información que le proporcionen las instituciones para demostrar el cumplimiento de las reservas mínimas. EI BCE notificará a la institución su decisión de verificar los datos o de llevar a cabo su recogida forzosa.3. El derecho a la verificación de los datos incluirá la facultad de:a) exigir la presentación de documentos;b) examinar los libros y registros de las instituciones;c) obtener copias o extractos de dichos libros o registros;d) solicitar explicaciones escritas o verbales.Cuando una institución obstaculice la recogida y/o verificación de la información, el Estado miembro participante en el que se encuentran sus locales prestará la asistencia necesaria, incluida la facilitación del acceso a los locales de dicha institución, para que puedan ejercerse los mencionados derechos.4. EI BCE podrá delegar en los bancos centrales nacionales la realización de las funciones referidas en los párrafos anteriores. Según lo estipulado en el primer párrafo del artículo 3/4.1 de los Estatutos, el BCE podrá determinar en un reglamento las condiciones en las que puede ejercerse el derecho de verificación.Artículo 7 Sanciones por incumplimiento1. Cuando una institución incumpla, total o parcialmente, las obligaciones de reservas mínimas impuestas según lo establecido en este Reglamento o en reglamentos y decisiones complementarias dictadas por el BCE, el BCE podrá imponer una de las siguientes sanciones:a) el pago de hasta 5 puntos porcentuales sobre el tipo marginal de crédito del SEBC o 2 veces el tipo marginal de crédito del SEBC, aplicable, en ambos casos, al déficit de cobertura de las reservas mínimas obligatorias en que incurra la institución en cuestión;b) obligación de la institución en cuestión de constituir depósitos no remunerados en el BCE o en los de los Estados miembros participantes de hasta 3 veces la cantidad del déficit de cobertura de las reservas mínimas obligatorias en que incurra la institución en cuestión. La duración del depósito no excederá del período durante el cual la institución haya incumplido las disposiciones relativas a reservas mínimas.2. Cuando se imponga una sanción de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, serán de aplicación los principios y procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones, con las modificaciones siguientes:a) el BCE remitirá a la empresa en cuestión una notificación por escrito de la decisión de su Comité ejecutivo;b) no serán de aplicación los párrafos 1 y 3 del artículo 2, los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones, y los períodos a que hacen referencia los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 3 del dicho Reglamento se reducirán a quince días.3. Cuando una institución incumpla las obligaciones derivadas de este Reglamento o de los reglamentos o decisiones del BCE a él asociados, distintas de las establecidas en el apartado 1, las sanciones por dicho incumplimiento y las condiciones relativas a la imposición de dichas sanciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (CE) del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones.Artículo 8 Disposiciones finalesEl presente Reglamento entrará en vigor el 1 enero de 1999.El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.