title: Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 13 de abril de 2011 , sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en los Estados de la AELC

text:
               8.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 340/5

         RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
   de 13 de abril de 2011
   sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en los Estados de la AELC (1)

   2012/C 340/04
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC (2),
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (3),
   Visto el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia y, en particular, su artículo 5.2.b),
   Visto el Acto mencionado en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE, es decir, la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (4), y, en particular, su artículo 19, apartado 1, adaptado al Acuerdo EEE por su Protocolo no 1,
   Previa consulta al Comité de Comunicaciones de la AELC,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el artículo 8, apartado 3, de la Directiva marco, las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) contribuirán al desarrollo del mercado interior, entre otras cosas, cooperando mutuamente y con la Comisión Europea y/o el Órgano, cuando proceda, de forma transparente, para garantizar el desarrollo de prácticas reglamentarias coherentes. Sin embargo, al evaluar más de 850 proyectos de medidas notificados de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco, se observó que aún existían incoherencias en la regulación de las tarifas de terminación de las llamadas vocales.

               (2)

               Aunque en la mayoría de los Estados del EEE se prevé en general alguna forma de orientación en función de los costes, prevalece la divergencia entre ellos en cuanto a sus medidas de control de los precios. Además de la variedad significativa de los instrumentos elegidos para el cálculo de los costes, difieren también las prácticas de aplicación de esos instrumentos. Esto amplía la diferencia, solo en parte explicable por características específicas nacionales, entre las tarifas al por mayor de terminación aplicadas en el EEE. El Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (ERG) establecido por el Acto mencionado en el punto 5ci del anexo XI del Acuerdo EEE [Decisión 2002/627/CE de la Comisión (5)], adaptado al Acuerdo EEE mediante su Protocolo 1 (6), reconoció lo anterior en su Posición común sobre la simetría de las tarifas de terminación de las llamadas de telefonía fija y la simetría de las tarifas de terminación de las llamadas de telefonía móvil. En algunos casos, las ANR han autorizado también tarifas de terminación más elevadas para operadores fijos o móviles de menor tamaño alegando que, al haberse incorporado recientemente al mercado, estos operadores no se habían beneficiado de economías de escala o estaban sujetos a condiciones de costes diferentes. Estas asimetrías existen tanto en el interior de las fronteras nacionales como entre ellas, aunque están disminuyendo poco a poco. El ERG reconoció en su Posición común que las tarifas de terminación debían en principio ser simétricas, y que la asimetría debía estar adecuadamente justificada.

               (3)

               Las significativas divergencias en el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil crean falseamientos fundamentales de la competencia. Los mercados de terminación representan una situación de acceso bidireccional en la que se supone que ambos operadores interconectados se benefician del acuerdo, pero, como estos operadores compiten también entre sí por los abonados, las tarifas de terminación pueden tener implicaciones estratégicas y competitivas importantes. Si las tarifas de terminación se fijan por encima del nivel de eficiencia de los costes, se generan transferencias sustanciales entre los mercados y los consumidores de telefonía fija y móvil. Además, en los mercados en los que los operadores tienen cuotas de mercado asimétricas, esto puede ocasionar pagos significativos de los competidores de menor tamaño a los de mayor tamaño. Por otra parte, el nivel absoluto de las tarifas de terminación de la telefonía móvil sigue siendo elevado en algunos Estados del EEE en comparación con el de las aplicadas en algunos países no pertenecientes al EEE, y también en comparación con las tarifas de terminación de la telefonía fija en general, lo cual sigue teniendo como resultado precios elevados, aunque en descenso, para los consumidores finales. Las elevadas tarifas de terminación suelen dar lugar a elevados precios al por menor para la originación de llamadas y a índices de utilización consecuentemente inferiores, lo cual reduce el bienestar de los consumidores.

               (4)

               La falta de armonización en la aplicación de los principios de contabilidad de costes a los mercados de terminación hasta la fecha pone de manifiesto la necesidad de adoptar un planteamiento común que proporcione mayor seguridad jurídica y los incentivos adecuados para los potenciales inversores, y que reduzca la carga reglamentaria que soportan los operadores existentes actualmente activos en varios Estados del EEE. El objetivo de aplicar una regulación coherente en los mercados de terminación es claro y está reconocido por las ANR, y ha sido expresado repetidamente por la Comisión Europea y el Órgano de Vigilancia en el contexto de su evaluación de los proyectos de medidas adoptados de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco.

               (5)

               Determinadas disposiciones del marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas exigen que se apliquen mecanismos necesarios y apropiados de contabilidad de costes y obligaciones de control de los precios; en concreto, así está dispuesto en los artículos 9, 11 y 13, leídos en relación con el considerando 20 del Acto mencionado en el punto 5cj del anexo XI del Acuerdo EEE [Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (7)] (Directiva acceso), adaptado al Acuerdo EEE mediante su Protocolo no 1 (8).

               (6)

               El Acto mencionado en el punto 26j del anexo XI del Acuerdo EEE (Recomendación 2005/698/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2005, relativa a la separación contable y los sistemas de contabilidad de costes dentro del marco regulador de las comunicaciones electrónicas (9)), adaptado al Acuerdo EEE mediante su Protocolo no 1 (10), ha proporcionado un marco para la aplicación coherente de las disposiciones específicas relativas a la contabilidad de costes y la separación contable, con la finalidad de mejorar la transparencia de los sistemas de contabilidad, las metodologías y los procesos de auditoría e informe reglamentarios en beneficio de todas las partes interesadas.

               (7)

               La terminación al por mayor de llamadas vocales es el servicio necesario para terminar las llamadas a las ubicaciones (en las redes fijas) o los abonados (en las redes móviles) destinatarios de las mismas. El sistema de tarificación en el EEE está basado en el principio de que «paga la red de la parte llamante», lo cual significa que la tarifa de terminación es fijada por la red a la que se llama y pagada por la red que efectúa la llamada. La parte llamada no es facturada por este servicio y, en general, no tiene incentivo para responder al precio de terminación fijado por su suministrador de red. En este contexto, la fijación de precios excesivos es la principal preocupación de las autoridades de reglamentación por lo que respecta a la competencia. Los elevados precios de terminación se recuperan en última instancia a través de la aplicación de tarifas más elevadas a los usuarios finales. Teniendo en cuenta el carácter bidireccional del acceso en los mercados de terminación, otro de los problemas que pueden afectar a la competencia es la interfinanciación entre operadores. Estos potenciales problemas de competencia son comunes a los mercados de terminación tanto en fijo como en móvil. Por lo tanto, a la vista de la capacidad y los incentivos que tienen los operadores de terminación para subir los precios sustancialmente por encima de los costes, la orientación en función de los costes se considera la actuación más apropiada para tratar este problema a medio plazo. En el considerando no 20 de la Directiva de acceso se observa que el método de recuperación de costes debe ser adecuado a las circunstancias. Habida cuenta de las características específicas de los mercados de terminación de llamadas y de las consiguientes preocupaciones por lo que respecta a la competencia y la distribución, la Comisión Europea y el Órgano de Vigilancia reconocen desde hace mucho tiempo que establecer un planteamiento común basado en un nivel de costes eficiente y la aplicación de tarifas de terminación simétricas promovería la eficiencia y una competencia sostenible, y maximizaría los beneficios de los consumidores en cuanto a precio y oferta de servicios.

               (8)

               De acuerdo con el artículo 8, apartado 1, de la Directiva marco, los Estados del EEE velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la citada Directiva y en las directivas específicas, en particular las destinadas a garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de una regulación tecnológicamente neutra. En el artículo 8, apartado 2, de la Directiva marco se exige además a las ANR que fomenten la competencia, entre otras cosas, velando por que todos los usuarios obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad del servicio y por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia. Para realizar estos objetivos y lograr una aplicación coherente en todos los Estados del EEE, las tarifas de terminación reguladas deben reducirse a los costes de un operador eficiente lo antes posible.

               (9)

               En un entorno competitivo, los operadores competirían en función de gastos corrientes y no serían compensados por gastos que hubieran contraído por ineficiencias. Por consiguiente, las cifras de gasto históricas deben ajustarse a las cifras de gasto actuales para reflejar los costes de un operador eficiente que utiliza tecnología moderna.

               (10)

               Los operadores a los que se compensa por los costes reales que conlleva la terminación tienen pocos incentivos para ser más eficientes. La aplicación de un modelo ascendente es coherente con el concepto de desarrollo de la red para un operador eficiente según el cual se construye un modelo económico/técnico de red eficiente utilizando los costes actuales. El modelo refleja la cantidad de equipo necesaria, más que la efectivamente proporcionada, y hace caso omiso de los costes heredados.

               (11)

               Puesto que el modelo ascendente se basa en gran medida en datos derivados, por ejemplo, los costes de la red se computan utilizando información obtenida de los vendedores de equipo, puede ser aconsejable que los reguladores concilien los resultados de un modelo ascendente con los de uno descendente a fin de producir unos resultados lo más sólidos que sea posible y de evitar grandes discrepancias en los costes de explotación, el coste de la inversión y la imputación de costes entre un operador hipotético y uno real. Con el fin de localizar y subsanar las posibles deficiencias del modelo ascendente, como la asimetría de la información, las ANR pueden comparar los resultados del modelo ascendente con los que se obtengan de un modelo descendente correspondiente que utilice datos auditados.

               (12)

               El modelo de costes debe basarse en las opciones tecnológicas eficientes disponibles dentro del marco temporal considerado por el modelo, en la medida en que puedan determinarse. Por lo tanto, un modelo ascendente que se construyera hoy podría en principio asumir que la red central para las redes fijas esté basada en redes de la próxima generación (Next Generation Network — NGN). El modelo ascendente para las redes móviles debe basarse en una combinación de segunda generación y tercera generación en la parte de acceso de la red, que responda a la situación prevista, al mismo tiempo que se podría suponer que la parte central está basada en NGN.

               (13)

               Teniendo en cuenta las características particulares de los mercados de terminación de llamadas, los costes de los servicios de terminación deben calcularse en función de los costes incrementales prospectivos a largo plazo (LRIC en sus siglas inglesas). En un modelo basado en los LRIC todos los costes se vuelven variables, y, como se da por supuesto que todos los activos se sustituyen a largo plazo, el establecimiento de las tarifas en función de los LRIC permite una recuperación eficiente de los costes. Los modelos basados en los LRIC incluyen solo aquellos costes causados por la provisión de un incremento definido. Un planteamiento basado en el coste incremental que atribuya solo gastos contraídos de manera eficiente, que no se sustentarían si el servicio incluido en el incremento dejara de prestarse (es decir, costes evitables), promueve una producción y un consumo eficientes y reduce al mínimo los posibles falseamientos de la competencia. Cuanto más se aparten las tarifas de terminación del coste incremental, mayores serán los falseamientos de la competencia entre los mercados de la telefonía fija y la móvil o entre los operadores con cuotas de mercado e intensidades de tráfico asimétricas. Por consiguiente, es razonable aplicar un planteamiento basado estrictamente en los LRIC, en el cual el incremento pertinente corresponde al servicio mayorista de terminación de llamadas e incluye solo los costes evitables. Un planteamiento basado en los LRIC permitiría también recuperar todos los costes fijos y variables (ya que se supone que los costes fijos se vuelven variables a largo plazo) que son incrementales a la prestación del servicio al por mayor de terminación de llamadas y, de este modo, facilitaría una recuperación eficiente de los costes.

               (14)

               Los costes evitables son la diferencia entre los costes totales a largo plazo identificados de un operador que presta su gama completa de servicios, y los costes totales a largo plazo identificados de ese operador, si presta su gama completa de servicios a excepción del servicio mayorista de terminación de llamadas a terceros (es decir, el coste autónomo de un operador que no ofrezca servicio de terminación a terceros). Para garantizar una asignación correcta de los costes, es preciso hacer una distinción entre aquellos costes que están relacionados con el tráfico, es decir, todos los costes fijos y variables que suben cuando aumentan los niveles de tráfico, y aquellos que no están relacionados con el tráfico, es decir, todos los que no suben cuando aumenta el nivel de tráfico. Para identificar los costes evitables importantes para la terminación mayorista de las llamadas, deben descartarse los costes no relacionados con el tráfico. A continuación, puede ser adecuado asignar los costes relacionados con el tráfico en primer lugar a otros servicios (por ejemplo, originación de llamadas, SMS, MMS, banda ancha, arrendamiento de líneas, etc.), y solo en último lugar tener en cuenta el servicio mayorista de terminación de llamadas vocales. De este modo, el coste asignado al servicio mayorista de terminación de llamadas debería equivaler únicamente al gasto adicional contraído para prestar ese servicio. En consecuencia, la contabilidad de costes basada en un planteamiento de LRIC para los servicios mayoristas de terminación de llamadas en los mercados de telefonía fija y móvil debería permitir recuperar únicamente los costes que se evitarían si dejase de prestarse a terceras partes ese tipo de servicio.

               (15)

               Puede observarse que la terminación de llamadas es un servicio que genera beneficios tanto a la parte que efectúa la llamada como a la que la recibe (si el receptor no obtuviera un beneficio no aceptaría la llamada), lo cual sugiere a su vez que ambas partes tienen una responsabilidad en la creación de costes. La utilización de principios relativos al origen de los costes para fijar precios orientados en función de los costes parece sugerir que es el creador de los costes el que debe soportarlos. Habida cuenta de que en los mercados de terminación de llamadas los costes están determinados por dos partes, no todos los costes relacionados deben recuperarse a través de la regulación de la tarifa del servicio mayorista de terminación. Sin embargo, a los efectos de la presente Recomendación, todos los costes evitables de la prestación del servicio al por mayor de terminación de llamadas, es decir, todos los costes que aumentan como consecuencia de un incremento del tráfico de terminación al por mayor, pueden recuperarse a través de la tarifa al por mayor.

               (16)

               Al fijar las tarifas de terminación, cualquier desviación respecto de un nivel único de costes eficiente debe estar basada en diferencias objetivas entre los costes que queden fuera del control de los operadores. En las redes fijas, no se han encontrado tales diferencias objetivas entre los costes que queden fuera del control del operador. En las redes móviles, la asignación desigual del espectro puede considerarse un factor exógeno que da lugar a diferencias en los costes unitarios entre los operadores móviles. Pueden surgir diferencias exógenas entre los costes cuando el espectro no se ha asignado utilizando mecanismos de mercado, sino con arreglo a un proceso secuencial de concesión de licencias. Cuando la asignación del espectro se produce por medio de un mecanismo basado en el mercado, como una subasta, o cuando existe un mercado secundario, las diferencias entre los costes ocasionadas por la asignación de frecuencias responden a factores más endógenos y es más probable que se reduzcan significativamente o se eliminen.

               (17)

               La incorporación de nuevos operadores a los mercados de telefonía móvil puede estar sujeta también a costes unitarios más elevados durante un período de transición, hasta que se alcance la escala mínima de eficiencia. En estas situaciones, las ANR podrían permitirles, tras haber determinado que existen en el mercado minorista impedimentos para la incorporación al mercado y la expansión, recuperar sus costes incrementales más elevados en comparación con los del operador modelizado durante un período de transición de hasta cuatro años tras la incorporación al mercado. De acuerdo con la Posición común del ERG, es razonable prever un marco temporal de cuatro años para la eliminación gradual de las asimetrías basándose en la estimación de que, en el mercado de la telefonía móvil, cabe esperar que se tarden de tres a cuatro años tras la incorporación en alcanzar una cuota de mercado de entre el 15 % y el 20 %, aproximándose así al nivel de la escala mínima de eficiencia. Esta situación es distinta a la de los nuevos operadores que se incorporan a los mercados de telefonía fija, que tienen la posibilidad de conseguir bajos costes unitarios centrando sus redes en rutas de gran densidad de tráfico en zonas geográficas concretas o alquilando los insumos a la red pertinentes a los operadores históricos.

               (18)

               El planteamiento preferido es el de un método de depreciación que refleje el valor económico de un activo. No obstante, si el desarrollo de un modelo sólido de depreciación económica no es viable, hay otros planteamientos posibles, como la amortización lineal, las anualidades y la amortización variable. El criterio para elegir entre los planteamientos alternativos es la probabilidad que cada uno de ellos ofrezca de aproximarse a una medida económica de la depreciación. Por consiguiente, si el desarrollo de un modelo sólido de depreciación económica no es viable, debe examinarse por separado el perfil de amortización de cada activo importante en el modelo ascendente, y debe elegirse el planteamiento que genere un perfil de depreciación similar al de depreciación económica.

               (19)

               Por lo que respecta a la escala de eficiencia, se aplican diferentes consideraciones en los mercados de telefonía fija y móvil. La escala mínima de eficiencia puede alcanzarse a diferentes niveles en los sectores de la telefonía fija y móvil, ya que depende de los diferentes entornos normativo y comercial aplicables a cada uno de ellos.

               (20)

               Cuando regulen las tarifas de terminación al por mayor, las ANR no deben impedir que los operadores adopten acuerdos alternativos para el intercambio de tráfico de terminación en el futuro, en la medida en que estos acuerdos sean compatibles con la competitividad del mercado.

               (21)

               Un período de transición que terminase el 31 de diciembre de 2012 debería considerarse lo bastante largo para permitir que las ANR implantasen el modelo de costes y que los operadores adaptasen sus planes de actividad en consecuencia, al mismo tiempo que, por otra parte, se reconocería la apremiante necesidad de asegurar que los consumidores obtengan el máximo beneficio de unas tarifas de terminación eficientes basadas en los costes.

               (22)

               Las ANR con recursos limitados podrían necesitar de manera excepcional un período de transición adicional para preparar el modelo de costes recomendado. En tales circunstancias, si una ANR es capaz de demostrar que otra metodología (por ejemplo, el análisis comparativo) que no sea un modelo ascendente de LRIC basado en los costes corrientes conduce a resultados coherentes con la presente Recomendación y genera unos resultados eficientes compatibles con un mercado competitivo, podría considerar establecer precios provisionales basados en un planteamiento alternativo hasta el 1 de julio de 2014. En los casos en que resultaría objetivamente desproporcionado que las ANR con recursos limitados aplicasen después de esta fecha la metodología de costes recomendada, esas ANR podrían seguir aplicando una metodología alternativa hasta la fecha de revisión de la presente Recomendación, a menos que el órgano establecido para la cooperación entre las ANR y la Comisión Europea y el Órgano de Vigilancia, incluidos sus grupos de trabajo conexos, proporcione apoyo práctico y orientación suficientes para superar esta limitación de recursos y, en concreto, para hacer frente al coste de aplicación de la metodología recomendada. Cualquier resultado que se derive de metodologías alternativas no debe exceder del promedio de las tarifas de terminación fijadas por las ANR que apliquen la metodología de costes recomendada.

               (23)

               La presente Recomendación ha sido objeto de consulta al Comité de Comunicaciones de la AELC, que ha emitido dictamen al respecto.

         RECOMIENDA:

               1.

               Cuando impongan obligaciones en materia de control de los precios y la contabilidad de costes de conformidad con el artículo 13 de la Directiva de acceso a los operadores designados por las autoridades nacionales de reglamentación como poseedores de un peso significativo en los mercados de terminación al por mayor de las llamadas de voz en redes telefónicas públicas individuales (en lo sucesivo denominados «mercados de terminación en fijo y en móvil») como resultado de un análisis del mercado llevado a cabo de conformidad con el artículo 16 de la Directiva marco, las ANR deben establecer unas tarifas de terminación basadas en los costes contraídos por un operador eficiente. Esto implica que serían también simétricas. Las ANR deberán proceder para ello del modo que se expone a continuación.

               2.

               Se recomienda que la evaluación de la eficiencia de los costes se base en costes corrientes y en la utilización de un modelo ascendente que emplee los costes incrementales prospectivos a largo plazo (LRIC) como metodología de costes pertinente.

               3.

               Las ANR pueden comparar los resultados del planteamiento de modelización ascendente con los de un modelo descendente que utilice datos auditados a fin de verificar y mejorar la solidez de los resultados y pueden hacer ajustes en consecuencia.

               4.

               El modelo de costes debe basarse en tecnologías eficientes disponibles dentro del período temporal considerado por el modelo. Por lo tanto, la parte central tanto de las redes fijas como de las móviles podría en principio estar basada en redes de la próxima generación (Next Generation Network — NGN). La parte de acceso de las redes móviles debe estar basada también en una combinación de telefonía de segunda y de tercera generación.

               5.

               Las diferentes categorías de costes a las que aquí se hace referencia deben definirse de la siguiente manera:

                           a)

                           «costes incrementales» son aquellos que pueden evitarse si un incremento específico deja de darse (también denominados «costes evitables»);

                           b)

                           «costes relacionados con el tráfico» son los costes fijos y variables que aumentan cuando se incrementan los niveles de tráfico.

               6.

               Dentro del modelo de LRIC, el incremento pertinente debe definirse como el servicio al por mayor de terminación de llamadas vocales prestado a terceros. Esto implica que, al evaluar los costes incrementales, las ANR deben establecer la diferencia entre el coste total a largo plazo de un operador que preste su gama completa de servicios, y los costes totales a largo plazo de ese mismo operador, excluido el servicio al por mayor de terminación de llamadas que se está prestando a terceros. Hay que hacer una distinción entre costes relacionados con el tráfico y costes no relacionados con el tráfico que permita descartar éstos para calcular las tarifas de terminación al por mayor. El planteamiento recomendado para identificar el coste incremental pertinente consistiría en asignar los costes relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación al por mayor de llamadas de voz, para asignar sólo los costes residuales relacionados con el tráfico al servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz. Esto implica que solo deberían asignarse a los servicios regulados de terminación de llamadas de voz aquellos costes que se evitarían si dejara de prestarse a terceros un servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz. Los principios para calcular el incremento correspondiente al servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz en las redes de terminación en fijo y en móvil respectivamente se elaboran con más detalle en el anexo.

               7.

               El planteamiento recomendado para valorar la amortización de los activos es la depreciación económica, siempre que sea viable.

               8.

               Para decidir sobre la escala de eficiencia apropiada del operador para el que se está construyendo el modelo, las ANR deben tener en cuenta los principios para definir la escala de eficiencia adecuada en las redes de terminación en fijo y en móvil expuestos en el anexo.

               9.

               Cualquier determinación de los niveles de costes eficientes que se desvíe de los principios enunciados más arriba debe estar justificada por diferencias de costes objetivas que queden fuera del control de los operadores en cuestión. Estas diferencias de costes objetivas pueden surgir en los mercados de terminación en móvil a causa de asignaciones desiguales del espectro. En la medida en que el espectro adicional adquirido para proporcionar terminación de llamadas al por mayor esté incluido en el modelo de costes, las ANR deben revisar periódicamente cualesquiera diferencias objetivas de los costes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si es probable que más adelante se ponga a disposición espectro adicional a través de procesos de asignación basados en el mercado, lo cual podría atenuar las diferencias de costes derivadas de las asignaciones existentes, o si esta desventaja relativa en términos de costes disminuye con el paso del tiempo a medida que aumentan los volúmenes de las últimas incorporaciones al mercado.

               10.

               En caso de que pueda demostrarse que un operador recién incorporado al mercado de la telefonía móvil que se mantiene por debajo de la escala mínima de eficiencia contrae costes incrementales unitarios superiores a los del operador modelizado, las ANR podrían permitirle, tras haber determinado que existen en el mercado minorista impedimentos para la incorporación al mercado y la expansión, recuperar estos costes superiores durante un período de transición a través de tarifas de terminación reguladas. Este período no debe exceder de cuatro años desde la incorporación al mercado.

               11.

               La presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de las decisiones normativas previas adoptadas por las ANR en relación con los asuntos que en ella se plantean. No obstante, las ANR deben velar por que las tarifas de terminación se apliquen a un nivel eficiente en cuanto a los costes y simétrico antes del 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de cualesquiera diferencias de costes objetivas que se determinen de conformidad con los puntos 9 y 10.

               12.

               En circunstancias excepcionales, cuando una ANR no esté en condiciones, debido en particular a sus limitados recursos, de finalizar el modelo de costes recomendado dentro del plazo establecido, y si es capaz de demostrar que otra metodología que no sea un modelo ascendente de LRIC basado en los costes corrientes conduce a resultados coherentes con la presente Recomendación y genera unos resultados eficientes compatibles con un mercado competitivo, la ANR podría considerar establecer precios provisionales basados en un planteamiento alternativo hasta el 1 de julio de 2014. En los casos en que resultaría objetivamente desproporcionado que las ANR con recursos limitados aplicasen después de esta fecha la metodología de costes recomendada, esas ANR podrían seguir aplicando una metodología alternativa hasta la fecha de revisión de la presente Recomendación, a menos que el órgano establecido para la cooperación entre las ANR y la Comisión Europea y el Órgano de Vigilancia, incluidos sus grupos de trabajo conexos, proporcione apoyo práctico y orientación suficientes para superar esta limitación de recursos y, en concreto, para hacer frente al coste de aplicación de la metodología recomendada. Cualquier resultado que se derive de metodologías alternativas no debe exceder del promedio de las tarifas de terminación fijadas por las ANR que apliquen la metodología de costes recomendada.

               13.

               La presente Recomendación será reconsiderada a tenor de todo cambio futuro en la Recomendación 2009/396/CE de la Comisión Europea sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE.

               14.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros de la AELC.

      Hecho en Bruselas, el 13 de abril de 2011.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

            Presidenta en funciones

         Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

            Miembro del Colegio

      (1)  Corresponde a la Recomendación 2009/396/CE de la Comisión Europea, de 7 de mayo de 2009, sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE (DO L 124 de 20.5.2009, p. 67), adaptada al Acuerdo del EEE.

      (2)  Denominado en lo sucesivo «el Órgano de Vigilancia».

      (3)  Denominado en lo sucesivo «el Acuerdo EEE».

      (4)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

      (5)  DO L 200 de 30.7.2002, p. 38.

      (6)  Decisión del Comité Mixto del EEE no 10/2004 (DO L 116 de 22.4.2004, p. 58, y Suplemento del EEE no 20 de 22.4.2004, p. 13), entrada en vigor el 7 de febrero de 2004.

      (7)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

      (8)  Decisión del Comité Mixto del EEE no 11/2004 (DO L 116 de 22.4.2004, p. 60, y Suplemento del EEE no 20 de 22.4.2004, p. 14), entrada en vigor el 1 de noviembre de 2004.

      (9)  DO L 266 de 11.10.2005, p. 64.

      (10)  Decisión del Comité Mixto del EEE no 84/2008 (DO L 280 de 23.10.2008, p. 18, y Suplemento del EEE no 64 de 23.10.2008, p. 11), entrada en vigor el 5 de julio de 2008.

      ANEXO

         Principios para el cálculo de las tarifas de terminación al por mayor en redes fijas

      Los costes incrementales pertinentes (es decir, costes evitables) del servicio mayorista de terminación de llamadas son la diferencia entre los costes totales a largo plazo de un operador que presta su gama completa de servicios y los costes totales a largo plazo de ese operador si no presta un servicio al por mayor de terminación de llamadas a terceros.
      Es preciso hacer una distinción entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados con el tráfico para asegurar una asignación adecuada de esos costes. Los costes no relacionados con el tráfico deben descartarse al calcular las tarifas de terminación al por mayor. De los costes relacionados con el tráfico, solo aquellos que se evitarían si no se prestara un servicio al por mayor de terminación de llamadas deberían asignarse al incremento de terminación pertinente. Estos costes evitables pueden calcularse asignando los costes relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación de llamadas al por mayor (por ejemplo, los de originación de llamadas, servicios de datos, IPTV, etc.), y asignando solo los costes residuales relacionados con el tráfico al servicio de terminación de llamadas de voz al por mayor.
      El punto de demarcación por defecto entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados con el tráfico es normalmente el punto en el que se produce la primera concentración de tráfico. En una red telefónica pública conmutada (RTPC) se considera normalmente que éste se encuentra en el lado de entrada de la tarjeta de línea en el concentrador (remoto). El equivalente en una NGN (red de próxima generación) de banda ancha es la tarjeta de línea en el DSLAM/MSAN (1). Cuando el DSLAM/MSAN está situado en un cajetín exterior debe considerarse si el bucle anterior entre la caseta y el repartidor principal es un medio compartido y debe tratarse como parte de la categoría de costes a la que afecta el tráfico, en cuyo caso el punto de demarcación entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados estará situado en la caseta exterior. Si la capacidad dedicada se asigna al servicio de terminación de llamadas vocales con independencia de la tecnología utilizada, el punto de demarcación sigue estando al nivel del concentrador (remoto).
      Según el planteamiento aquí descrito, algunos costes que se incluirían en el incremento del servicio de terminación serían la capacidad de red adicional necesaria para transportar un aumento del tráfico de terminación al por mayor (por ejemplo, la infraestructura de red adicional en la medida en que está determinada por la necesidad de incrementar la capacidad con el fin de transportar el tráfico de terminación adicional al por mayor), así como los costes comerciales al por mayor adicionales directamente relacionados con la prestación a terceros del servicio mayorista de terminación.
      Para determinar la escala de eficiencia de un operador a los efectos de elaborar el modelo de costes, las ANR deben tener en cuenta que, en las redes fijas, los operadores tienen la posibilidad de construir sus redes en zonas geográficas concretas y centrarse en rutas de gran densidad de tráfico o alquilar los insumos a la red pertinentes a los operadores históricos. Por consiguiente, cuando definan la escala de eficiencia específica del operador modelizado, las ANR deben tener en cuenta la necesidad de promover una entrada en el mercado eficiente y, al mismo tiempo, reconocer que, en determinadas condiciones, los operadores más pequeños pueden producir a un coste unitario bajo en zonas geográficas más pequeñas. Además, se puede suponer que los operadores más pequeños que no pueden igualar las ventajas de escala de los operadores más grandes en áreas geográficas más extensas compran insumos al por mayor en lugar de prestar directamente los servicios de terminación.

         Principios para el cálculo de las tarifas de terminación al por mayor en redes móviles

      Los costes incrementales pertinentes (es decir, los costes evitables) del servicio al por mayor de terminación de llamadas son la diferencia entre los costes totales a largo plazo de un operador que prestara su gama completa de servicios y los costes totales a largo plazo de un operador que no prestase un servicio al por mayor de terminación de llamadas a terceros.
      Es preciso hacer una distinción entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados con el tráfico para asegurar una asignación adecuada de esos costes. Los costes no relacionados con el tráfico deben descartarse al calcular las tarifas de terminación al por mayor. De los costes relacionados con el tráfico, solo aquellos que se evitarían si no se prestara un servicio al por mayor de terminación de llamadas deberían asignarse al incremento de terminación pertinente. Estos costes evitables pueden calcularse asignando los costes relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación de llamadas al por mayor (por ejemplo, originación de llamadas, SMS, MMS, etc.), y asignando solo los costes residuales relacionados con el tráfico al servicio de terminación de llamadas de voz al por mayor.
      Los costes del microteléfono y de la tarjeta SIM no están relacionados con el tráfico y deben excluirse de cualquier modelo de costes en relación con los servicios al por mayor de terminación de llamadas de voz.
      La cobertura puede definirse con exactitud como la capacidad o la opción para hacer una llamada concreta desde cualquier punto de la red en un momento determinado, y la capacidad representa los costes adicionales de la red que son necesarios para transportar niveles de tráfico cada vez mayores. La necesidad de proporcionar esta cobertura a los abonados ocasionará costes no relacionados con el tráfico que no deberían atribuirse al incremento de la terminación de llamadas al por mayor. Las inversiones en mercados maduros de telefonía móvil están más determinadas por aumentos de la capacidad y por el desarrollo de nuevos servicios, y esto debe quedar reflejado en el modelo de costes. El coste incremental de los servicios al por mayor de terminación de llamadas de voz debe excluir, por lo tanto, los costes de cobertura, pero debe incluir los costes de la capacidad adicional en la medida en que estén causados por la prestación de servicios al por mayor de terminación de llamadas de voz.
      Los costes de utilización del espectro (la autorización de conservar y utilizar frecuencias del espectro) contraídos para prestar servicios al por menor a los abonados a la red están determinados en principio por el número de abonados y, por consiguiente, no están determinados por el tráfico y no deben calcularse como parte del incremento del servicio al por mayor de terminación de llamadas. Los costes de la compra de espectro adicional para incrementar la capacidad (por encima del mínimo necesario para prestar servicios al por menor a los abonados) con el fin de transportar un aumento de tráfico resultante de la prestación de un servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz deben incluirse, en la medida de lo posible, como costes de oportunidad prospectivos.
      Según el planteamiento aquí descrito, uno de los costes que se incluirían en el incremento del servicio de terminación sería la capacidad de red adicional necesaria para transportar un aumento del tráfico al por mayor (por ejemplo, la infraestructura de red adicional en la medida en que está determinada por la necesidad de incrementar la capacidad con el fin de transportar el tráfico adicional al por mayor). Estos costes relacionados con la red podrían ser los de nuevos centros de conmutación móvil o los de la infraestructura troncal directamente necesaria para transportar el tráfico de terminación para terceros. Además, cuando para prestar los servicios de originación y terminación de llamadas se compartan determinados elementos de la red, como emplazamientos de células o estaciones transceptoras de base, estos elementos de la red se incluirán en el modelo de costes de terminación en la medida en que los haga necesarios la capacidad adicional que se precisa para el transporte de tráfico de terminación de terceros. Además, se tendrían en cuenta también los costes del espectro adicional y los costes comerciales al por mayor directamente relacionados con la prestación del servicio mayorista de terminación a terceras partes. Esto implica que los costes de cobertura, los costes generales inevitables de la actividad empresarial y los costes del comercio minorista no están incluidos.
      Para determinar la escala mínima de eficiencia a los efectos de la elaboración del modelo de costes, y teniendo en cuenta la evolución de la cuota de mercado en algunos Estados del EEE, el planteamiento recomendado es establecer esa escala en el 20 % de la cuota de mercado. Cabe esperar que los operadores de telefonía móvil, una vez que hayan entrado en el mercado, se esfuercen por maximizar su eficiencia y sus ingresos y, por lo tanto, estén en condiciones de conseguir una cuota de mercado mínima del 20 %. En caso de que una ANR pueda demostrar que las condiciones del mercado en el territorio de ese Estado de la AELC implicarían una escala mínima de eficiencia diferente, podría desviarse del planteamiento recomendado.

         (1)  Digital Subscriber Line Access Multiplexer/Multi-Service Access Node (Multiplexor de acceso a la línea de abonado digital/Nodo de acceso multiservicios).


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Eslovenia

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/90

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Eslovenia
   (2016/C 299/22)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016 (3). Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Eslovenia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Eslovenia se publicó el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Eslovenia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 14 de julio de 2015, así como los avances de Eslovenia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión adoptó una Comunicación en la que presentaba los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Eslovenia se enfrenta a desequilibrios macroeconómicos. Las deficiencias del sector bancario, el endeudamiento de las empresas, la falta de inversiones y los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo constituyen los puntos débiles que deben abordarse. Se ha recuperado la confianza en el sector bancario esloveno. No obstante, el crecimiento del crédito sigue siendo negativo y el nivel de préstamos no productivos sigue siendo relativamente elevado. Es fundamental que Eslovenia aborde los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas derivados de la creciente presión sobre sus sistemas sanitario y de pensiones y reduzca el aumento de la deuda pública. Es necesaria una mayor reducción de los obstáculos a la inversión, sobre todo en el ámbito de la administración pública. Existe la necesidad de reforzar la participación de los interlocutores sociales en el diseño y la aplicación de políticas de reformas estructurales, en particular en las políticas de pensiones, asistencia sanitaria, cuidados de larga duración y del mercado de trabajo.

               (3)

               El 15 de abril de 2016, Eslovenia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes a cada país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               El Programa de Estabilidad de 2016 de Eslovenia indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados es importante y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron al 0,06 % del PIB en 2015 y actualmente se estiman en el 0,07 % del PIB para 2016. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a estos gastos adicionales dado que la llegada de refugiados es un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas eslovenas es significativo y la sostenibilidad no se ve comprometida al permitirse una desviación temporal de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Considerando que esta disposición no es aplicable para 2015 ya que Eslovenia se encontraba bajo un procedimiento de déficit excesivo, en la primavera de 2017 se efectuará una evaluación final para 2016, incluidos los importes subvencionables, sobre la base de los datos proporcionados por las autoridades eslovenas.

               (6)

               Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Eslovenia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde el 2,2 % del PIB en 2016 al 0,4 % del PIB en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo-equilibrio presupuestario en términos estructurales, que no respeta los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento-se alcance en 2020, más allá del horizonte del Programa. No obstante, el saldo estructural recalculado (5) apunta a un déficit estructural del 1,2 % del PIB en 2019. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública sobre el PIB disminuya hasta el 80,2 % del PIB en 2016 y siga disminuyendo hasta el 73,8 % del PIB en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, la brecha de producción de Eslovenia en 2017 se estima en el 1,8 % del PIB, mientras que el crecimiento potencial se prevé sea del 1,1 % y el crecimiento real del PIB del 2,3 %. Sobre esta base, se considera que Eslovenia se encuentra en una coyuntura favorable en 2017, lo que exige un ajuste estructural del 1 % del PIB. No obstante, existe un importante grado de incertidumbre sobre el cálculo del crecimiento potencial y de la brecha de producción en el caso concreto de Eslovenia, debido a la situación específica del mercado de trabajo, la gran contracción de la actividad económica en el período 2008-2013 y las reformas estructurales en curso de ejecución. Las estimaciones alternativas de la brecha de producción que abarca un horizonte temporal más largo, reflejo de la actual revisión del método de estimación, sugieren un perfil de la brecha de producción más suave para Eslovenia, lo que significa que sería prematuro concluir que la economía eslovena estará en una coyuntura favorable en 2017. Por lo tanto, requerir un esfuerzo estructural en 2017 en consonancia con condiciones de tiempos normales parece más apropiado en la coyuntura actual. Parece que hay un riesgo de cierta desviación del ajuste recomendado hacia el objetivo a medio plazo en 2016 y, suponiendo que no haya cambios en las políticas, un riesgo de desviación significativa en 2017. La conclusión para 2016 no cambiaría en el caso de que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados se excluyera de la evaluación. Se prevé que Eslovenia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2016 y, en términos generales, en 2017. A tenor de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de la Comisión de 2016, el Consejo considera que existe el riesgo de que Eslovenia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas en 2016 y 2017 para garantizar el cumplimiento.

               (7)

               En julio de 2015, el Parlamento aprobó la Ley de normativa presupuestaria. Sin embargo, aún no se ha nombrado el consejo presupuestario independiente para supervisar la aplicación de la normativa. Además, todavía está pendiente la revisión de la Ley de hacienda pública necesaria para que sea completamente operativa la Ley de normativa presupuestaria y encaminada a dar prioridad a un enfoque plurianual en materia presupuestaria sobre una base legal.

               (8)

               El elevado nivel de deuda pública, muy por encima del 60 % del PIB, hace a Eslovenia vulnerable a las perturbaciones en el crecimiento nominal y en los tipos de interés. Al mismo tiempo, la población de Eslovenia está envejeciendo más rápidamente que en la mayoría de los Estados miembros. Eslovenia se enfrenta a altos riesgos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, dado que cuenta con el indicador de la brecha de sostenibilidad a largo plazo más elevado de todos los Estados miembros, debido al incremento previsto del gasto público relacionado con el gasto en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. El gasto público en pensiones es el más elevado de todos los Estados miembros y se estima que pasará del 11,8 % en 2013 al 15,3 % del PIB en 2060. Está previsto que el coeficiente de dependencia de las personas mayores aumente en más del doble entre 2013 y 2060, lo que incrementará significativamente la presión sobre los sistemas de pensiones. Las obligaciones implícitas relacionadas con el coste del envejecimiento reflejan los retos a largo plazo en materia de envejecimiento de la población. Además, cabe esperar que en el futuro haya problemas de adecuación de los trabajadores que no tengan una carrera laboral completa, con un número cada vez mayor de personas con carreras profesionales cortas o incompletas, debido también a su entrada tardía en el mercado laboral, trabajando en empleos intermitentes y con una baja densidad de contribución. En abril de 2016 se publicó un Libro Blanco sobre las pensiones que servirá de base para una amplia consulta pública. Los resultados de la consulta se integrarán en una nueva reforma de las pensiones que debería aprobarse en la actual legislatura, empezando sin dilación a partir del acuerdo con los interlocutores sociales sobre los principales elementos de la reforma, a saber, la edad de jubilación, el nivel de las pensiones, la indexación y la optimización del segundo pilar.

               (9)

               Se prevé que el gasto público en cuidados de larga duración sea más del doble en 2060 debido al envejecimiento de la población, lo que representa un grave problema de sostenibilidad presupuestaria para Eslovenia. Se prevé que se triplique la proporción de la población de 80 años o más, pasando de un 4,6 % en 2013 a un 12,4 % en 2060. Entre 2003 y 2013, el gasto global en cuidados de larga duración aumentó un 85 %, creciendo el gasto privado a un ritmo más rápido que el gasto público. No existe asistencia integrada a largo plazo en Eslovenia. Eslovenia centra su gasto en prestaciones en especie formales, la mayoría de las cuales se invierten en atención institucionalizada en lugar de atención domiciliaria, si bien ambas cifras se sitúan por debajo de la media de la UE. Existe un margen importante para aumentar la relación coste/eficacia del sistema sanitario reforzando las medidas para mejorar la atención primaria como punto de acceso, pasando de la asistencia hospitalaria a la atención ambulatoria, mejorando la eficiencia y la gobernanza de los hospitales, mejorando los procesos de contratación y de pago por los servicios sanitarios, desarrollando mejor información sobre el coste de la adaptación de los grupos relacionados por el diagnóstico importados y mediante un mayor desarrollo de un marco de control de la calidad. La proporción de la contratación conjunta es baja y hay una marcada orientación hacia el criterio de adjudicación a la oferta más ventajosa. Se ha completado la revisión global del sistema sanitario y el Gobierno adoptó la Resolución sobre el Plan nacional de asistencia sanitaria 2016-2025 a finales de 2015 y el Parlamento, en marzo de 2016. La Resolución constituye un plan estratégico de desarrollo del sistema sanitario. Algunas de sus medidas se están aplicando, mientras se están elaborando propuestas de medidas de aplicación vinculantes efectivas, que aún no se han presentado. Asimismo, no queda claro si la reforma abordará cuestiones clave tales como los sistemas integrados de estabilizador automático, que podrían paliar las fluctuaciones de los ingresos durante el ciclo económico o el acceso y la calidad de la prestación del servicio. La adopción de la Ley de cuidados de larga duración y la Ley del seguro de enfermedad se ha retrasado en repetidas ocasiones y el actual plan de trabajo para su adopción parece optimista para el segundo semestre de 2016.

               (10)

               El funcionamiento del mercado de trabajo está mejorando gradualmente y las condiciones sociales se han estabilizado. La creación de empleo ha aumentado considerablemente y el desempleo está disminuyendo. No obstante, los índices de participación de los trabajadores de más edad y de los trabajadores poco cualificados siguen constituyendo un desafío. Los parados de larga duración siguen representando más de la mitad del total de los desempleados, siendo una parte significativa de desempleados de larga duración poco cualificados o mayor de 50 años. Las orientaciones para las medidas de políticas activas del mercado de trabajo 2016-2020 representan una continuación del enfoque aplicado hasta ahora, mientras que el gasto para este ámbito político sigue siendo bajo. En noviembre de 2015 se adoptaron exenciones temporales de las cotizaciones sociales de los empleadores para los trabajadores recién contratados mayores de 55 años. Se prevé que en 2016 se presenten nuevas medidas para prolongar la vida activa, incluida la adaptación del entorno de trabajo, que son también pertinentes para la sostenibilidad del sistema de pensiones. El crecimiento salarial se mantuvo en consonancia con las mejoras de la productividad y siguió apoyando la competitividad exterior. En noviembre de 2015, el Parlamento aprobó un proyecto de ley propuesto por los sindicatos que redefinía el salario mínimo para excluir algunas primas. A consecuencia de ello, las organizaciones empresariales se retiraron del acuerdo social, debilitando considerablemente el diálogo social.

               (11)

               Se ha avanzado en el saneamiento de los préstamos no productivos, si bien siguen siendo muy elevados en comparación con el período anterior a la crisis. Eslovenia ha adoptado varias medidas políticas para mejorar la sostenibilidad del sector bancario. Estas incluyen reforzar la capacidad de saneamiento de los bancos e introducir medidas que establezcan objetivos específicos para la reducción de los préstamos no productivos. Eslovenia ha introducido también varias medidas para gestionar el riesgo de crédito. Se esperan resultados positivos para mediados de 2016. Sin embargo, las prioridades políticas a corto plazo siguen siendo la resolución de los préstamos no productivos y la gestión del riesgo de crédito. Se ha completado la reestructuración operativa y financiera de grandes empresas y los acuerdos marco de reestructuración son objeto de un seguimiento continuo. La sociedad de gestión de activos bancarios (BAMC) es plenamente operativa y se ha fijado su estrategia 2017-22. Aunque la BAMC ha avanzado de cara al saneamiento de su cartera de préstamos, sigue presentando un riesgo importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 2015, sus actividades contribuyeron en un 1 % del PIB al déficit de las administraciones públicas del 2,9 %. El control de las actividades de la sociedad de gestión de activos bancarios no es suficiente ya que las autoridades habían subestimado considerablemente el déficit de la BAMC de 2015 en un 0,7 % del PIB y parecían ignorar el nivel de las amortizaciones realizadas por la BAMC. También se dispone de herramientas de reestructuración adicional. Al socaire del progreso sustancial en la reestructuración de grandes empresas, Eslovenia ha comenzado la reestructuración de las PYME. Los bancos están aplicando actualmente las directrices para su reestructuración. Se ha mejorado el acceso a la financiación de las PYME y de las microempresas. No obstante, el acceso a fuentes alternativas de financiación, como el capital riesgo, es limitado. Las pequeñas empresas son todavía extremadamente dependientes de los préstamos bancarios a pesar de la creciente disponibilidad de instrumentos de deuda y capital en el mercado. Por consiguiente, este segmento es muy vulnerable a la evolución de los mercados de crédito.

               (12)

               El crecimiento de las inversiones se ha moderado en los últimos años, lo que ha limitado la producción económica de Eslovenia y sus perspectivas de crecimiento. La inversión privada disminuyó considerablemente durante la crisis económica y, desde entonces, su proporción en el PIB ha disminuido. Con una inversión pública que depende en gran medida de la dinámica de los fondos de la UE, se necesitan inversiones más productivas para estimular y apoyar el crecimiento económico. La inversión extranjera directa en Eslovenia ha aumentado notablemente en los últimos dos años, debido principalmente al incremento de los esfuerzos de privatización. Sin embargo, el entorno empresarial sigue viéndose obstaculizado por el proceso de desapalancamiento en curso y un elevado nivel de carga administrativa, particularmente en los ámbitos de la construcción, la ordenación del territorio y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero debido también a una normativa restrictiva en materia de acceso y ejercicio de las profesiones reguladas, lo que impide la entrada de inversiones. Facilitar la posibilidad de hacer negocios en Eslovenia depende de una mayor confianza empresarial y de que se sigan eliminando las ineficiencias en la administración pública y la burocracia derivada del gran número de leyes y normativas y las frecuentes modificaciones de la legislación. Alrededor de la mitad de las medidas de reducción de cargas administrativas establecidas en el documento único del Gobierno ya se aplican, pero algunas medidas pertinentes, especialmente sobre los permisos de construcción y la ordenación territorial, se han retrasado.

               (13)

               La estrategia 2015-2020 para el desarrollo de la administración pública, adoptada como parte del cumplimiento de Eslovenia de las condiciones previas para acceder a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020, abarca diversas carteras, lo que hace que la coordinación interministerial sea esencial para su correcta aplicación dentro de los plazos previstos. En febrero de 2016, el Gobierno adoptó el segundo informe provisional sobre la aplicación del programa «Tolerancia cero con la corrupción». Ha habido algunos avances en la aplicación del programa. Sin embargo, se han retrasado algunas medidas del programa (contratación pública conjunta para sanidad, examen de los delitos en el sector bancario y la adopción de la Ley sobre integridad y prevención de la corrupción). La modificación prevista de la Ley sobre integridad y prevención de la corrupción será una oportunidad para mejorar el funcionamiento de la Comisión para la prevención de la corrupción, al abordar cuestiones de credibilidad y la eficiencia de su trabajo. En el sistema judicial, se ha seguido acortando la duración de los juicios y se ha reducido aún más el número de casos pendientes, de niveles muy elevados, en parte gracias a que los nuevos casos han sido menos. La disminución viene, en cierta medida, determinada por los cambios en el tratamiento estadístico y de procedimiento de los casos de ejecución. El Tribunal Supremo continúa actualizando los procesos empresariales en los tribunales y reformando los sistemas de gestión procesal. A pesar de una mejora del marco de insolvencia, que ofrece a las empresas nuevas oportunidades de reorganización, los procedimientos de liquidación siguen siendo largos e ineficaces.

               (14)

               La intervención del Estado en la economía sigue siendo importante. El Estado es el principal empleador, gestor de activos y titular de la deuda de las empresas de Eslovenia. En respuesta a las recomendaciones destinadas a Eslovenia entre 2012 y 2015 sobre esta cuestión, el país elaboró un nuevo marco para el Slovenian Sovereign Holding. Incluye una estrategia sobre la gestión de la propiedad del Estado, un conjunto de criterios sobre el rendimiento de activos y un plan de gestión para 2016. Este sistema complementa el nuevo código de gobernanza corporativa para las empresas públicas adoptado a finales de 2014. La estrategia confirma el alcance de la actual participación del Estado en la economía y se centra en conseguir un mejor rendimiento de las empresas de propiedad estatal. Por tanto, la aplicación del marco revisado por el Slovenian Sovereign Holding tiene mucha importancia para garantizar la separación de la propiedad pública y las funciones de reglamentación y la gestión profesional de las empresas estatales. Esto, junto con la continuación de la privatización de activos seleccionados, debería reducir los pasivos contingentes para el presupuesto en este ámbito. La privatización de Nova Ljubljanska Banka (NLB) se pondrá en marcha en 2016, de conformidad con el plan de gestión del Slovenian Sovereign Holding.

               (15)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Eslovenia y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovenia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovenia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (16)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y su Programa de Estabilidad. Las recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1, 3 y 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Eslovenia tome medidas en 2016 y 2017 a fin de:

               1.

               Tras la corrección del déficit excesivo, lograr un ajuste presupuestario anual del 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y 2017. Fijar un objetivo presupuestario a medio plazo que respete las exigencias del Pacto de estabilidad y crecimiento. Reforzar el marco presupuestario mediante el nombramiento de un consejo presupuestario independiente y la modificación de la Ley de hacienda pública. Completar y aplicar la reforma de los sistemas de cuidados de larga duración y de asistencia sanitaria, haciéndolos más rentables para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de cuidados accesibles y de alta calidad. A más tardar a finales de 2017, adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y su adecuación.

               2.

               En consulta con los interlocutores sociales, aumentar la empleabilidad de las personas poco cualificadas y los trabajadores de más edad, en particular mediante medidas específicas de aprendizaje permanente y de activación.

               3.

               Mejorar las condiciones de financiación de las empresas solventes, particularmente facilitando la resolución duradera de los préstamos no productivos y el acceso a fuentes de financiación alternativas. Garantizar la aplicación correcta de la estrategia empresarial de gestión de activos bancarios.

               4.

               Tomar medidas de modernización de la administración pública y reducir la carga administrativa que pesa sobre las empresas. Mejorar la gobernanza y los resultados de las empresas públicas.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 96 de 11.3.2016, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  La Comisión recalcula el balance estructural sobre la base de la información recopilada en el Programa de Estabilidad, con arreglo a una metodología generalmente aceptada.

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


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32004H0358

Recomendación de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativa a la utilización de un modelo común europeo para las licencias expedidas de conformidad con la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias [notificada con el número C(2004) 1279]

Diario Oficial n° L 113 de 20/04/2004 p. 0037 - 0044

Recomendación de la Comisiónde 7 de abril de 2004relativa a la utilización de un modelo común europeo para las licencias expedidas de conformidad con la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias[notificada con el número C(2004) 1279](2004/358/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,Considerando lo siguiente:(1) El artículo 4 de la Directiva 95/18/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias(1), modificada por la Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(2), establece que una licencia es válida en todo el territorio de la Comunidad y el apartado 8 del artículo 11 obliga a los Estados miembros a informar a la Comisión de las licencias concedidas, suspendidas, revocadas o modificadas, y a la Comisión a informar inmediatamente de ello a los demás Estados miembros. Por consiguiente, un modelo común de licencias y comunicaciones en materia de licencias facilitaría la labor de los Estados miembros y de la Comisión, y simplificaría el acceso a la información sobre licencias a todas las partes interesadas, en particular las autoridades otorgantes y los administradores de infraestructuras.(2) La Directiva 2001/13/CE extiende la obligación de los Estados miembros de conceder licencias ferroviarias a empresas ferroviarias que prestan los servicios a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios(3), modificada por la Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4), a todas las empresas ferroviarias pertinentes. Por consiguiente, la licencia ferroviaria va a ser objeto de un reconocimiento y una utilización más amplios en la Comunidad.(3) La Directiva 2001/12/CE prevé el acceso de las empresas ferroviarias titulares de una licencia a la red transeuropea de transporte ferroviario de mercancías para la explotación de servicios de transporte internacional de mercancías a partir del 15 de marzo de 2003 y a toda la red ferroviaria a partir del 15 de marzo de 2008. Los Estados miembros intensificarán el intercambio de información sobre licencias y comprobarán si las empresas ferroviarias que ejercen tales derechos de acceso disponen de una licencia válida; es necesario, por tanto, normalizar la licencia y la información sobre licencias, y simplificar el acceso a las mismas.(4) Las licencias ferroviarias expedidas con arreglo a las Directivas 95/18/CE y 2001/13/CE son válidas también en el Espacio Económico Europeo mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE n° 118/2001, de 28 de septiembre de 2001, por la que se modifica el anexo XIII del Acuerdo EEE(5). Las licencias expedidas en el Espacio Económico Europeo son igualmente válidas en la Comunidad de conformidad con dicha Decisión.(5) Toda la información necesaria que confirme que una empresa ferroviaria determinada ha sido debidamente autorizada para cierto tipo de servicios de transporte ferroviario puede incluirse en un documento normalizado de una página. El modelo normalizado de licencia facilitaría la publicación de toda la información pertinente sobre licencias en el sitio Internet de la Comisión. El modelo normalizado podría modificarse en el futuro con arreglo a la experiencia derivada de su uso y a la evolución de las necesidades de mayor información en materia de licencias.(6) No obstante, los requisitos del artículo 9 de la Directiva 95/18/CE en materia de seguros, o medidas equivalentes para cubrir la responsabilidad civil, pueden variar de un Estado miembro a otro según las legislaciones nacionales y, por tanto, deberá demostrarse que la empresa ferroviaria cumple esos requisitos nacionales en un anexo de la licencia. En caso de que los requisitos legales en materia de cobertura financiera de la responsabilidad civil lo exijan deberá añadirse un anexo aparte para los Estados miembros en los que una empresa ferroviaria autorizada ejerza derechos de acceso.(7) Además de los requisitos de la Directiva 95/18/CE, un Estado miembro podrá imponer disposiciones legales y reglamentarias nacionales a empresas ferroviarias, como se describe en el artículo 12 de esta misma Directiva. Tales disposiciones pueden figurar en la licencia, pero no se exigirá su comunicación a la Comisión en relación con el documento normalizado de licencia. No obstante, deberá señalarse su existencia en dicho documento y proporcionarse a instancias de la Comisión.(8) Las disposiciones de la presente Recomendación se presentaron al Comité de desarrollo de los ferrocarriles europeos establecido por el artículo 11 bis de la Directiva 91/440/CEE y el artículo 35 de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad(6), modificada por la Decisión 2002/844/CE de la Comisión(7). El Comité emitió un dictamen favorable sobre la Recomendación.(9) Cuando los Estados miembros, en aplicación de los requisitos de la Directiva 95/18/CE, establezcan normas sobre el modelo de licencia de transporte ferroviaria, este deberá basarse en el modelo normalizado.(10) La autoridad otorgante de los Estados miembros debe transmitir información sobre la concesión, suspensión, revocación y modificación de licencias ferroviarias a las empresas ferroviarias interesadas y a la Comisión Europea, utilizando el modelo normalizado de licencia.RECOMIENDA:1. Las licencias expedidas de conformidad con la Directiva 95/18/CE deberán utilizar el modelo normalizado establecido en el anexo I de la presente Recomendación.En caso de que una licencia determinada se modifique, suspenda o revoque, o se sustituya por una licencia temporal, deberá emitirse un documento con arreglo a un modelo normalizado.2. La prueba de que una empresa ferroviaria titular de una licencia cumple los requisitos nacionales en materia de seguros o ha adoptado medidas equivalentes para cubrir su responsabilidad civil deberá figurar en un anexo de la licencia, utilizando el modelo normalizado establecido en el anexo II de la presente Recomendación.3. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 2004.Por la ComisiónLoyola De PalacioVicepresidente(1) DO L 143 de 27.6.1995, p. 70.(2) DO L 75 de 15.3.2001, p. 26.(3) DO L 237 de 24.8.1991, p. 25.(4) DO L 75 de 15.3.2001, p. 1.(5) DO L 322 de 6.12.2001, p. 32.(6) DO L 75 de 15.3.2001, p. 29.(7) DO L 289 de 26.10.2002, p. 30.ANEXO IModelo normalizado de licencia de transporte ferroviarioEn las páginas que siguen a continuación se presenta el modelo normalizado de licencia de transporte ferroviario y las explicaciones e instrucciones necesarias para la persona que debe utilizarlo.>PIC FILE= "L_2004113ES.004001.TIF">>PIC FILE= "L_2004113ES.004101.TIF">ANEXO IIModelo normalizado de anexo relativo al seguro de la licencia para el transporte ferroviarioEn las páginas que siguen a continuación se presenta el modelo normalizado de anexo de la licencia de transporte ferroviario y las explicaciones e instrucciones necesarias para la persona que debe utilizarlo.>PIC FILE= "L_2004113ES.004301.TIF">>PIC FILE= "L_2004113ES.004401.TIF">


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32002H0201

Recomendación de la Comisión, de 4 de marzo de 2002, relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) en los piensos y los alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002) 836]

Diario Oficial n° L 067 de 09/03/2002 p. 0069 - 0073

Recomendación de la Comisiónde 4 de marzo de 2002relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) en los piensos y los alimentos[notificada con el número C(2002) 836](Texto pertinente a efectos del EEE)(2002/201/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,Considerando lo siguiente:(1) Por ahora, los niveles aceptables de dioxinas en los piensos y los alimentos deben evaluarse a la luz de los actuales niveles de base. Los contenidos máximos, establecidos, por lo que se refiere a los piensos, por la Directiva 1999/29/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/102/CE del Consejo(2), y, por lo que se refiere a los alimentos, por el Reglamento (CE) n° 466/2001 de la Comisión, de 8 de marzo de 2001, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios(3), modificado por el Reglamento (CE) n° 2375/2001 del Consejo(4), se fijaron a un nivel estricto pero viable, teniendo en cuenta la contaminación de base. Estos contenidos máximos evitarán unos niveles de exposición inaceptablemente elevados de los animales y las personas, así como una distribución de piensos y alimentos con una contaminación inaceptablemente elevada.(2) El 30 de mayo de 2001, el Comité científico de la alimentación humana (CCAH) adoptó un Dictamen sobre la evaluación del riesgo de las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en los alimentos; se trata de una actualización basada en las nuevas informaciones científicas que aparecieron a raíz de la adopción de un Dictamen por este mismo comité sobre este asunto el 22 de noviembre de 2000. El CCAH estableció una ingesta semanal tolerable (IST) para las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas de 14 pg de equivalentes tóxicos (EQT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por kilo de peso corporal. Las estimaciones de exposición indican que una parte importante de la población comunitaria tiene una ingesta alimentaria que supera la ingesta tolerable.(3) Por tanto, es importante y necesario reducir la exposición humana a las dioxinas a través del consumo de alimentos a fin de garantizar la protección de los consumidores. Más del 90 % de la exposición humana a las dioxinas tiene su origen en los alimentos. Los alimentos de origen animal contribuyen normalmente a aproximadamente el 80 % de la exposición total. La carga de dioxinas en los animales procede principalmente de los alimentos para animales. Dado que la contaminación de los alimentos está directamente relacionada con la contaminación de los alimentos para animales, debería adoptarse un planteamiento integrado a fin de reducir la incidencia de las dioxinas a lo largo de la cadena alimentaria, es decir, desde las materias primas para la alimentación animal, pasando por los animales destinados a la producción de alimentos y hasta los seres humanos.(4) Es preciso aplicar medidas a fin de reducir más la presencia y la liberación de contaminación por dioxinas con vistas a limitar el impacto de la contaminación medioambiental en la contaminación de los piensos y los productos alimenticios. El 24 de octubre de 2001 la Comisión adoptó una Comunicación al Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social relativa a una estrategia comunitaria sobre las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos [COM(2001) 593 final](5). Esta estrategia establece las medidas actuales y futuras para reducir las emisiones de dioxinas y PCB en el medio ambiente.(5) Las medidas basadas únicamente en el establecimiento de contenidos máximos para las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en los alimentos y los piensos no serán lo suficientemente eficaces para reducir el nivel de contaminación en la alimentación de las personas y los animales a no ser que los niveles establecidos sean tan bajos que una gran parte del suministro de alimentos y piensos se declare no apta para el consumo de las personas o los animales. Se reconoce generalmente que, a fin de reducir activamente la presencia de dioxinas en los alimentos y los piensos, los contenidos máximos deberían estar acompañados de medidas que estimularan un planteamiento proactivo, que incluyera la fijación de umbrales de intervención y de niveles objetivo para los alimentos y los piensos, combinados con medidas para limitar las emisiones. Los umbrales de intervención deben ser un instrumento para las autoridades competentes y los operadores a fin de destacar los casos en los que es apropiado determinar la fuente de contaminación y tomar medidas para su reducción o eliminación, no solamente en caso de incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 1999/29/CE o del Reglamento (CE) n° 466/2001, sino también cuando se descubran en los alimentos y los piensos niveles significativos de dioxinas por encima del nivel de base normal. Con este enfoque se conseguirá una reducción progresiva de los niveles de dioxinas en los alimentos y los piensos y, finalmente, se alcanzarán los niveles objetivo.(6) Si bien, desde un punto de vista toxicológico, cualquier nivel que se fije debería aplicarse a las dioxinas, los furanos y los PCB similares a las dioxinas, los contenidos máximos establecidos en la Directiva 1999/29/CE y en el Reglamento (CE) n° 466/2001 solamente se han fijado para las dioxinas y los furanos, y no para los PCB similares a las dioxinas, debido a la escasez de datos disponibles sobre la prevalencia de estos últimos. Por tanto, es necesario, de conformidad con las recomendaciones del CCAH y el CCAA, generar datos fiables sobre la presencia de PCB similares a las dioxinas en la serie más amplia posible de materias primas para la alimentación animal, piensos y productos alimenticios a fin de obtener una base de datos fiable en un período de tiempo relativamente breve. Con ello se podrán reexaminarse los contenidos máximos establecidos por la Directiva 1999/29/CE y el Reglamento (CE) n° 466/2001 de la Comisión y los umbrales de intervención establecidos en la presente Recomendación, a fin de incluir los PCB similares a las dioxinas en los niveles que deban fijarse, así como para establecer niveles objetivo numéricos.(7) Los umbrales de intervención establecidos en el anexo se reexaminarán el 31 de diciembre de 2004, a más tardar, cuando se disponga de datos suficientes sobre la presencia de PCB similares a las dioxinas en las materias primas para la alimentación animal, los piensos y los productos alimenticios.(8) Junto con la revisión a fin de incluir los PCB similares a las dioxinas, deberán ajustarse periódicamente los umbrales de intervención de conformidad con la tendencia a la reducción progresiva de la presencia de dioxinas y el planteamiento proactivo aplicado a fin de reducir progresivamente su presencia en los piensos y los productos alimenticios.(9) Los niveles objetivo indican los niveles de contaminación que deben conseguirse en los piensos y los alimentos a fin de reducir finalmente la exposición humana de la mayoría de la población comunitaria a la IST para las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas establecida por el CCAH. Deberán fijarse en función de información más precisa sobre el impacto de las medidas medioambientales y las medidas que afectan al origen de piensos y productos alimenticios para la reducción de la presencia de dioxinas y de PCB similares a las dioxinas en las diferentes materias primas, piensos y productos alimenticios. Los niveles objetivo deberán fijarse antes del 31 de diciembre de 2004, fecha en que se dispondrá de mayor información y con motivo de la primera revisión de los umbrales de intervención, a fin de incluir los PCB similares a las dioxinas.(10) Es muy importante que la supervisión de las materias primas para la alimentación animal, los piensos y los productos alimenticios se lleve a cabo de forma uniforme en todo el territorio de la Comunidad. Para ello, deberán establecerse directrices detalladas para la supervisión de las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en el marco del Comité permanente de la alimentación animal por lo que se refiere a los piensos y en el marco del Comité permanente de productos alimenticios por lo que se refiere a los alimentos. Estas directrices contienen, entre otras cosas, disposiciones relativas a la frecuencia mínima con que deben llevarse a cabo los controles en cada Estado miembro, a las materias primas para los piensos, a los piensos y a los productos alimenticios que deben controlarse y a la forma en que deben comunicarse los resultados.RECOMIENDA:1. Que los Estados miembros lleven a cabo, de acuerdo con su producción, uso y consumo de materias primas para la alimentación animal, piensos y productos alimenticios, un control aleatorio de la presencia de dioxinas y PCB similares a las dioxinas en las materias primas para la alimentación animal, los piensos y los productos alimenticios. Este control se llevará a cabo de conformidad con las directrices y la frecuencia establecidas por el Comité permanente de la alimentación animal para los piensos y por el Comité permanente de productos alimenticios para los alimentos.2. Que, en los casos de incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 1999/29/CE y del Reglamento (CE) n° 466/2001 y (sujeto al punto 3) en los casos en que se descubran niveles superiores a los umbrales de intervención establecidos en los anexos I y II, los Estados miembros, en cooperación con los operadores:a) inicien investigaciones a fin de determinar la fuente de contaminación;b) comprueben la presencia de PCB similares a las dioxinas;c) tomen medidas para reducir o eliminar la fuente de contaminación.3. Que los Estados miembros en los que los niveles de base en relación con la presencia de dioxinas sean especialmente elevados establezcan umbrales de intervención para su producción nacional de materias primas para la alimentación animal, piensos y productos alimenticios, de forma que en el 5 % de los resultados obtenidos en el control a que se hace referencia en el punto 1 se emprenda una investigación a fin de determinar la fuente de contaminación.4. Que los Estados miembros informen a la Comisión y a los demás Estados miembros sobre sus descubrimientos, los resultados de sus investigaciones y las medidas tomadas a fin de reducir o eliminar la fuente de contaminación.5. Que los Estados miembros transmitan anualmente la información mencionada en el punto 4 a más tardar el 31 de diciembre, en relación con los productos alimenticios, y, en relación con los piensos, como parte del informe anual que debe presentarse a la Comisión de conformidad con el apartado 2 del artículo 22 de la Directiva 95/53/CE del Consejo(6), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7), excepto en los casos en que la información interese directamente a los demás Estados miembros, en cuyo caso deberá transmitirse inmediatamente.Hecho en Bruselas, el 4 de marzo de 2002.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 115 de 4.5.1999, p. 32.(2) DO L 6 de 10.1.2002, p. 45.(3) DO L 77 de 16.3.2001, p. 1.(4) DO L 321 de 6.12.2001, p. 1.(5) DO C 322 de 17.11.2001, p. 2.(6) DO L 265 de 8.11.1995, p. 17.(7) DO L 234 de 2.9.2001, p. 55.ANEXO IDioxina [suma de policlorodibenzo-para-dioxinas (PCDD) y policlorodibenzofuranos (PCDF)] expresada en equivalentes tóxicos de la Organización Mundial de la Salud (EQT-OMS), utilizando los factores de equivalencia de toxicidad de la misma organización (FET-OMS, 1997)>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO IIDioxina [suma de policlorodibenzo-para-dioxinas (PCDD) y policlorodibenzofuranos (PCDF)] expresada en equivalentes tóxicos de la Organización Mundial de la Salud (EQT-OMS), utilizando los factores de equivalencia de toxicidad de la misma organización (FET-OMS, 1997)>SITIO PARA UN CUADRO>


title: Recomendación (UE) 2016/213 del Consejo, de 12 de febrero de 2016, relativa a la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (undécimo FED) para el ejercicio 2014

text:
               16.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 39/62

         RECOMENDACIÓN (UE) 2016/213 DEL CONSEJO
   de 12 de febrero de 2016
   relativa a la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (undécimo FED) para el ejercicio 2014
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1) tal que modificado por última vez,
   Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE (2) («el Acuerdo interno»), por el que se crea, entre otros, el undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (undécimo FED), y, en particular, su artículo 11, apartado 7,
   Visto el Reglamento (UE) 2015/232 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (3), y, en particular, sus artículos 43 a 45,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del undécimo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2014, y el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 11, apartado 7, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del undécimo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del undécimo FED durante el ejercicio 2014 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del undécimo FED para el ejercicio 2014.

      Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 210 de 6.8.2013, p. 1.

      (3)  DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.

      (4)  DO C 373 de 10.11.2015, p. 289.