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32003H0361

Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 1422]

Diario Oficial n° L 124 de 20/05/2003 p. 0036 - 0041

Recomendación de la Comisiónde 6 de mayo de 2003sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas[notificada con el número C(2003) 1422](Texto pertinente a efectos del EEE)(2003/361/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,Considerando lo siguiente:(1) En un informe presentado al Consejo en 1992 a petición del Consejo de Industria, de 28 de mayo de 1990, la Comisión había propuesto limitar la proliferación de definiciones de pequeñas y de medianas empresas utilizadas en el ámbito comunitario. Por consiguiente, la Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre definición de las pequeñas y medianas empresas(1), se basaba en la idea de que la existencia de definiciones diferentes en los ámbitos comunitario y nacional podía originar incoherencias. En la lógica de un mercado único sin fronteras interiores ya se consideraba que las empresas debían ser tratadas con arreglo a una base de normas comunes. Mantener este enfoque es especialmente necesario si se tienen en cuenta las numerosas interacciones existentes entre medidas nacionales y comunitarias de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), por ejemplo, en cuanto a Fondos Estructurales y de investigación, y la necesidad de evitar que la Comunidad oriente sus acciones hacia un tipo determinado de PYME y los Estados miembros hacia otro. Por otra parte, se consideró que si la Comisión, los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) se ceñían a una misma definición quedarían reforzadas la coherencia y eficacia del conjunto de políticas destinadas a las PYME, limitándose así los riesgos de distorsión de la competencia.(2) La Recomendación 96/280/CE de la Comisión ha sido ampliamente aplicada por los Estados miembros, y la definición incluida en su anexo ha sido recogida en el Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas(2). Además de la necesaria adaptación a la evolución económica, prevista en el artículo 2 del anexo de dicha Recomendación, conviene considerar una serie de dificultades de interpretación surgidas en su aplicación, así como las observaciones formuladas por las empresas. El elevado número de modificaciones que es preciso introducir en la Recomendación 96/280/CE hace necesario, por mor de la claridad, substituirla por una nueva.(3) Conviene precisar que conforme a lo dispuesto en los artículos 48, 81 y 82 del Tratado, según la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, procede considerar empresa a toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerce una actividad económica, incluidas, en particular, las entidades que ejercen una actividad artesanal y otras actividades a título individual o familiar, las sociedades personalistas o las asociaciones que ejercen una actividad económica.(4) El criterio del número de personas ocupadas (en lo sucesivo, "criterio de los efectivos") sigue siendo indudablemente uno de los más significativos y tiene que imponerse como criterio principal, pero es necesario introducir como criterio complementario un criterio financiero para poder comprender la importancia real de una empresa, sus resultados y su situación respecto a la competencia. No sería deseable, con todo, elegir como único criterio financiero el del volumen de negocios, ya que en las empresas comerciales y de distribución es por naturaleza más elevado que en el sector manufacturero. El criterio del volumen de negocios debe combinarse por tanto con el del balance general, que representa el patrimonio total de la empresa, de forma que se pueda superar uno de los dos criterios.(5) El límite de volumen de negocios afecta a empresas con actividades económicas muy diferentes. Con el fin de no limitar indebidamente el beneficio de la aplicación de la definición, conviene proceder a una actualización que tenga en cuenta a la vez la evolución de los precios y de la productividad.(6) Respecto al límite para el balance general y ante la ausencia de nuevos elementos, se justifica mantener el enfoque, consistente en aplicar al límite máximo del volumen de negocios un coeficiente basado en la relación estadística existente entre ambas variables. La evolución estadística observada implica un aumento mayor del límite del volumen de negocios. Dado que dicha evolución ha sido distinta según el tamaño de las empresas, conviene modular el coeficiente para reflejar lo más fielmente posible la evolución económica y no penalizar a las microempresas y pequeñas empresas respecto a las medianas empresas. Dicho coeficiente está muy cerca de 1 en las microempresas y pequeñas empresas. Para simplificar, se utilizará un mismo valor en dichas categorías para los límites de volumen de negocios y balance general.(7) Como en la Recomendación 96/280/CE, los límites para los efectivos y los límites financieros representan máximos, y los Estados miembros, el BEI y el FEI pueden fijar límites más bajos que los comunitarios para dirigir acciones hacia una categoría precisa de PYME. Por razones de simplificación administrativa pueden optar por atenerse a un criterio único, el de sus efectivos, al aplicar algunas de sus políticas, a excepción de los ámbitos cubiertos por las distintas normas sobre derecho de la competencia que exigen igualmente seguir y respetar criterios financieros.(8) A raíz de la aprobación de la Carta europea de la pequeña empresa por el Consejo Europeo de Santa María da Feira en junio de 2000, procede mejorar la definición de microempresa, que constituye una categoría de pequeñas empresas especialmente importante para el desarrollo del espíritu empresarial y la creación de empleo.(9) Para reflejar mejor la realidad económica de las PYME, y excluir de esta calificación a los grupos de empresas cuyo poder económico sea superior al de una verdadera PYME, conviene distinguir diferentes tipos de empresas según sean autónomas, tengan participaciones que no impliquen posición de control (empresas asociadas), o estén vinculadas a otras empresas. Se mantiene el grado de participación del 25 % indicado en la Recomendación 96/280/CE, por debajo del cual se considera a una empresa como autónoma.(10) Con el fin de fomentar la creación de empresas, la financiación con fondos propios de las PYME y el desarrollo tanto rural como local, las empresas se pueden considerar autónomas a pesar de una participación igual o superior al 25 % de determinadas categorías de inversores con un papel positivo en su financiación y en su creación. Conviene no obstante precisar las condiciones aplicables a estos inversores. Se menciona específicamente el caso de personas físicas o grupos de personas físicas que lleven a cabo una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o "business angels") porque, en comparación con los demás inversores en capital riesgo, su capacidad para aconsejar de manera pertinente a los nuevos empresarios constituye una contribución muy valiosa. Su inversión en capital propio añade también un complemento a la actividad de las sociedades de capital riesgo, aportando importes más reducidos en fases tempranas de la vida de la empresa.(11) En aras de una simplificación pensada especialmente para los Estados miembros y las empresas, conviene utilizar una definición de empresas vinculadas que tenga en cuenta, cuando se adapten al objeto de la presente Recomendación, las condiciones fijadas en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(3), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4). Con el fin de reforzar las medidas de incentivo para la inversión en fondos propios en las PYME, se introdujo la presunción de que no existe influencia dominante sobre la empresa en cuestión, basándose en los criterios del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(5), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/65/CE.(12) Con el fin de reservar las ventajas derivadas de las distintas normativas o medidas en favor de las PYME para las empresas que realmente lo necesiten, conviene tener presente, en su caso, las relaciones existentes entre empresas a través de personas físicas. Con el fin de limitar a lo estrictamente necesario el examen de estas situaciones, conviene circunscribir la consideración de estas relaciones a los casos de sociedades que ejercen sus actividades en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos, refiriéndose, cuando sea necesario, a la definición de mercado de referencia objeto de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia(6).(13) Con el fin de evitar distinciones arbitrarias entre los distintos organismos públicos de un Estado miembro, y visto el interés de la seguridad jurídica, resulta necesario confirmar que una empresa con 25 % o más de sus derechos de capital o de voto controlados por un organismo público o colectividad pública no es una PYME.(14) Con el fin de reducir las obligaciones administrativas de las empresas y facilitar y acelerar la tramitación administrativa de los expedientes que requieren la condición de PYME, puede recurrirse a una declaración jurada de la empresa para certificar determinadas características de la misma.(15) Conviene precisar la composición de los efectivos pertinente para la definición de las PYME. Con el fin de fomentar el desarrollo de la formación profesional y la formación en alternancia, conviene no contabilizar los aprendices ni los estudiantes con contrato de formación profesional, al calcular los efectivos. Del mismo modo, no se contabilizarán los permisos de maternidad o permisos parentales.(16) Los diferentes tipos de empresa definidos en función de sus relaciones con otras empresas corresponden a grados de integración objetivamente diferentes. Por tanto, es apropiado aplicar modalidades diferenciadas para cada uno de dichos tipos de empresa a la hora de calcular las magnitudes de su actividad y poder económico.FORMULA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:Artículo 11. La presente recomendación se refiere a la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas utilizada en las políticas comunitarias aplicadas dentro de la Comunidad y del Espacio Económico Europeo.2. Se recomienda a los Estados miembros así como al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) lo siguiente:a) la aplicación del título I del anexo en el conjunto de sus programas destinados a las o microempresas, pequeñas o medianas empresas;b) la adopción de las medidas necesarias para utilizar las clases de tamaño enunciadas en el artículo 7 del anexo, en particular cuando se trate de apreciar su utilización de instrumentos financieros comunitarios.Artículo 2Los límites indicados en el artículo 2 del anexo representan máximos. Los Estados miembros, el BEI y el FEI pueden fijar límites inferiores. Pueden también tener en cuenta únicamente el criterio de los efectivos al aplicar algunas de sus políticas, a excepción, no obstante, de los ámbitos cubiertos por las distintas normas sobre ayudas estatales.Artículo 3La presente Recomendación sustituirá a la Recomendación 96/280/CE a partir del 1 de enero de 2005.Artículo 4Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros, el BEI y el FEI.Se les solicita que informen a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2004, acerca de las medidas adoptadas en virtud de la misma y, a más tardar el 30 de septiembre de 2005, de los primeros resultados de su aplicación.Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 2003.Por la ComisiónErkki LiikanenMiembro de la Comisión(1) DO L 107 de 30.4.1996, p. 4.(2) DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.(3) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1.(4) DO L 283 de 27.10.2001, p. 28.(5) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.(6) DO C 372 de 9.12.1997, p. 5.ANEXOTÍTULO IDEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ADOPTADA POR LA COMISIÓNArtículo 1EmpresaSe considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.Artículo 2Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.2. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.3. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.Artículo 3Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los importes financieros1. Es una "empresa autónoma" la que no puede calificarse ni como empresa asociada a efectos del apartado 2, ni como empresa vinculada a efectos del apartado 3.2. Son "empresas asociadas" todas las empresas a las que no se puede calificar como empresas vinculadas a efectos del apartado 3 y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas a efectos de la definición del apartado 3, el 25 % o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25 %, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a condición de que entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3:a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o "business angels") e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos "business angels" en la misma empresa no supere 1250000 euros;b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y una población inferior a 5000 habitantes.3. Son "empresas vinculadas" las empresas entre las cuales existe alguna de las relaciones siguientes:a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.Hay presunción de que no existe influencia dominante, cuando los inversores enunciados en el segundo párrafo del apartado 2 no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas o de asociados.Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el primer párrafo a través de otra u otras empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.Se considerarán también empresas vinculadas las que mantengan alguna de dichas relaciones a través de una persona física o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su actividad o parte de la misma en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos.Se considerará "mercado contiguo" el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del mercado en cuestión.4. A excepción de los casos citados en el segundo párrafo del apartado 2, una empresa no puede ser considerada como PYME, si el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos o colectividades públicas.5. Las empresas pueden efectuar una declaración relativa a su calificación como empresa autónoma, asociada o vinculada, así como a los datos relativos a los límites máximos enunciados en el artículo 2. Puede efectuarse esta declaración aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda determinar con precisión quién lo posee, si la empresa declara con presunción legítima y fiable que el 25 % o más de su capital no pertenece a otra empresa o no lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas entre ellas o a través de personas físicas o de un grupo de personas físicas. Tales declaraciones no eximen de los controles y verificaciones previstos por las normativas nacionales o comunitarias.Artículo 4Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el período de referencia1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros son los correspondientes al último ejercicio contable cerrado, y se calculan sobre una base anual. Se tienen en cuenta a partir de la fecha en la que se cierran las cuentas. El total de volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni tributos indirectos.2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se han rebasado en un sentido o en otro, y sobre una base anual, los límites máximos de efectivos o los límites máximos financieros enunciados en el artículo 2, esta circunstancia sólo le hará adquirir o perder la calidad de media o pequeña empresa, o de microempresa, si este rebasamiento se produce en dos ejercicios consecutivos.3. En empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.Artículo 5Los efectivosLos efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA. En los efectivos se contabiliza a las categorías siguientes:a) asalariados;b) personas que trabajan para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional;c) propietarios que dirigen su empresa;d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.Artículo 6Determinación de los datos de la empresa1. En el caso de empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre la base de las cuentas de dicha empresa.2. Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas, se determinarán sobre la base de las cuentas y demás datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales la empresa esté incluida por consolidación.A los datos contemplados en el primer párrafo se han de agregar los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a ésta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (al más elevado de estos dos porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.A los datos contemplados en el primer y segundo párrafos se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que puedan estar directa o indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas por consolidación.3. Para aplicar el apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas empresas asociadas, salvo si sus datos ya se hubiesen incluido por consolidación.Para aplicar dicho apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder de sus cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos. A éstos se habrá de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a éstas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el segundo guión del apartado 2.4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calculará incorporando de manera proporcional los datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las que esté vinculada.TÍTULO IIOTRAS DISPOSICIONESArtículo 7EstadísticasLa Comisión adoptará las medidas necesarias para adaptar las estadísticas que elabora a las clases siguientes:a) 0 a 1 persona;b) 2 a 9 personas;c) 10 a 49 personas;d) 50 a 249 personas.Artículo 8Referencias1. Toda normativa o programa comunitario que sea modificado o adoptado y mencione el término "PYME", "microempresa", "pequeña empresa", "mediana empresa", o términos similares deberá referirse a la definición que figura en la presente Recomendación.2. Con carácter transitorio, los programas comunitarios en vigor que utilizan la definición de PYME recogida en la Recomendación 96/280/CE continuarán aplicándose en beneficio de las empresas que fueron consideradas PYME en el momento de la aprobación de dichos programas. Sin embargo, los compromisos vinculantes contraídos por la Comisión con arreglo a dichos programas no quedarán afectados.Sin perjuicio del primer guión, sólo se podrá modificar la definición de PYME en tales programas si se adopta la definición contenida en la presente Recomendación, de conformidad con el apartado 1.Artículo 9RevisiónSobre la base de un balance relativo a la aplicación de la definición que figura en la presente Recomendación, establecido, a más tardar el 31 de marzo de 2006, y tomando en consideración eventuales modificaciones del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, en lo referente a la definición de empresas vinculadas a efectos de dicha Directiva, la Comisión adaptará, en la medida de lo posible, la definición que figura en la presente Recomendación, especialmente los límites establecidos para el volumen de negocios y el balance general para tener en cuenta la experiencia y la evolución económica en la Unión Europea.


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31998H0463

98/463/CE: Recomendación del Consejo de 29 de junio de 1998 sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea

Diario Oficial n° L 203 de 21/07/1998 p. 0014 - 0026

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 29 de junio de 1998 sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea (98/463/CE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión del apartado 4 de su artículo 129,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),(1) Considerando que, de conformidad con la letra o) del artículo 3 del Tratado, la acción de la Comunidad debe implicar una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud;(2) Considerando que en su Comunicación de 21 de diciembre de 1994 sobre seguridad de la sangre y autoabastecimiento en la Comunidad Europea la Comisión indicó la necesidad de elaborar una estrategia en materia de sangre para aumentar la confianza en la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea y fomentar el autoabastecimiento en la Comunidad Europea;(3) Considerando que, en respuesta a la Comunicación de la Comisión, el Consejo adoptó, el 2 de junio de 1995, una Resolución sobre la seguridad de las transfusiones y el autoabastecimiento de sangre en la Comunidad (2);(4) Considerando que el Consejo adoptó, el 12 de noviembre de 1996, una Resolución relativa a una estrategia en materia de seguridad de las transfusiones y autoabastecimiento de sangre en la Comunidad Europea (3);(5) Considerando que el Parlamento Europeo, en sus Resoluciones sobre la seguridad de las transfusiones y el autoabastecimiento en la Comunidad Europea (4) (5) (6) (7), ha subrayado la importancia de asegurar el más alto nivel posible de seguridad en la selección de donantes y la verificación de las donaciones, así como el principio de la donación voluntaria y no remunerada, y ha reiterado su apoyo constante al objetivo del autoabastecimiento en la Comunidad Europea;(6) Considerando que la Directiva 89/381/CEE (8), amplió el ámbito de la legislación farmacéutica para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las especialidades farmacéuticas a base de sangre o plasma humanos preparadas industrialmente; que esta Directiva, como tal, no se aplica a la sangre completa, al plasma ni a las células sanguíneas de origen humano;(7) Considerando que el uso terapéutico de la sangre y de los medicamentos a base de sangre y plasma humanos contribuye en gran medida a salvar vidas humanas y aporta beneficios considerables a las personas que padecen trastornos sanguíneos crónicos; que, no obstante, a pesar de su valor terapéutico importante, la sangre, los componentes sanguíneos y los derivados de la sangre y el plasma pueden ser transmisores de enfermedades infecciosas;(8) Considerando que la disponibilidad de la sangre y del plasma utilizados para fines terapéuticos y como materia prima para la fabricación de medicamentos depende de la voluntad y generosidad de los ciudadanos de la Comunidad que están dispuestos a donar;(9) Considerando que las donaciones deben ser voluntarias y no remuneradas;(10) Considerando que, en lo que concierne a la utilización de sangre o plasma como materias primas para la fabricación de medicamentos, el artículo 3 de la Directiva 89/381/CEE hace referencia a medidas que deben adoptar los Estados miembros para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, aludidas en la referencia a las modificaciones de los requisitos de las pruebas que figura en el artículo 6 de dicha Directiva, entre las que se cuenta la aplicación de las monografías de la Farmacopea Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS) referidas, en particular, a la selección y comprobación de los donantes de sangre y plasma, medidas para promover el autoabastecimiento de sangre y plasma en la Comunidad, y medidas para fomentar las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre y plasma;(11) Considerando que en el momento de la recogida de sangre completa o plasma no siempre es posible saber qué donación se destinará a la elaboración de productos derivados y cuál para transfusión;(12) Considerando que toda la sangre y plasma utilizados con fines terapéuticos, ya sea para transfusión o para la elaboración industrial de medicamentos, deben proceder de personas cuyo estado de salud sea tal que la donación no tenga como consecuencia un deterioro del mismo y permita reducir al mínimo todo posible riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas; que todas y cada una de las donaciones de sangre deben verificarse de acuerdo con normas que sean una garantía de que se han adoptado todas las medidas necesarias para proteger la salud de los ciudadanos comunitarios receptores de sangre y de productos sanguíneos;(13) Considerando que, dado que los sistemas de transfusión sanguínea de los Estados miembros están al servicio de sus ciudadanos, es necesario garantizar que éstos confíen en la seguridad de dichos sistemas;(14) Considerando que existen divergencias en las políticas y prácticas de los Estados miembros en materia de selección de donantes y verificación de las donaciones en la Comunidad, por razones epidemiológicas, históricas y culturales;(15) Considerando que, a fin de garantizar un abastecimiento suficiente a efectos clínicos, resulta esencial la cooperación entre los Estados miembros para superar dichas divergencias y crear una confianza mutua en todos los aspectos de la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea;(16) Considerando que la idoneidad de una persona para donar sangre y plasma es un componente fundamental para contribuir a la seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos;(17) Considerando que debería recabarse de los posibles donantes información basada en un cuestionario escrito, que podrá variar de un Estado miembro a otro, orientado a detectar conductas de riesgo y enfermedades comunes;(18) Considerando que es fundamental adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud de los donantes de sangre o plasma, y reducir al mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas por la sangre o los productos sanguíneos;(19) Considerando que la convergencia de las prácticas en toda la Comunidad con respecto a la aceptación de donantes, la verificación de las donaciones y el registro de datos pertinentes contribuirá a aumentar la confianza en la seguridad de las donaciones de sangre y plasma y en el proceso de transfusión; que para conseguir dicha convergencia de las prácticas deben adoptarse medidas a escala comunitaria;(20) Considerando que las medidas comunitarias deben tener en cuenta las directrices, recomendaciones y normas existentes en materia de sangre tanto en el plano nacional como en el plano internacional, en particular las que dimanan de la OMS y del Consejo de Europa;(21) Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, cualquier nueva medida que se adopte en un ámbito que no sea competencia exclusiva de la Comunidad, como es la idoneidad de los donantes y la verificación de las donaciones, sólo puede ser adoptada por la Comunidad si los objetivos de la acción pretendida pueden ser alcanzados mejor por la Comunidad que por los Estados miembros debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada; que deben establecerse recomendaciones consensuadas en materia de idoneidad de los donantes y de verificación de las donaciones para contribuir a la seguridad de las donaciones de sangre y plasma y a la protección de la salud de los donantes, para conseguir que los ciudadanos confíen en la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea, sobre todo cuando se desplazan dentro de la Comunidad, y favorecer la consecución del autoabastacimiento en la Comunidad, tal como se prevé en la legislación comunitaria;(22) Considerando, no obstante, que los Estados miembros, al tiempo que deben cumplir las disposiciones del Tratado y las medidas que se adoptan en virtud de él, siguen siendo libres de mantener e introducir otros requisitos además de los criterios básicos preconizados en la presente Recomendación, y siguen siendo responsables de las decisiones relativas a la importación y exportación de sangre y plasma que hayan sido donados;(23) Considerando que, de conformidad con el principio de proporcionalidad, los medios que deben utilizarse a escala comunitaria para fomentar las prácticas correctas y la coherencia en toda la Comunidad en lo que concierne a la idoneidad de los donantes de sangre y plasma y a la verificación de las donaciones de sangre deben ser proporcionados con respecto al objetivo perseguido; que las recomendaciones del Consejo, con arreglo al artículo 129 del Tratado, son los medios adecuados para conseguir este objetivo a escala comunitaria; que dichas recomendaciones deben ser acordes con la Directiva 89/381/CEE;(24) Considerando que las recomendaciones sobre la idoneidad de los donantes y los requisitos sobre pruebas forman parte de una estrategia tendente a aumentar la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea, que incluye también la inspección y la autorización de centros de donación de sangre, requisitos de garantía de calidad de los procesos en cuestión, el uso óptimo de la sangre y de los productos sanguíneos, la hemovigilancia y la sensibilización de la población;(25) Considerando que es necesario que la Comunidad disponga del mejor asesoramiento científico posible en materia de seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos, y que ha de prevalecer el principio de precaución cuando no se dispone de pruebas científicas;(26) Considerando que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (9) establece requisitos especiales para el tratamiento de datos relativos a la salud,RECOMIENDA:1. Definiciones A efectos de la presente Recomendación, conviene que los Estados miembros atribuyan a los términos enumerados en el anexo I la definición que se les da en él.2. Suministro de información a los posibles donantes Los Estados miembros deberían velar por que se proporcione a todos los posibles donantes de sangre o de plasma:2.1. Para su información: a) material educativo preciso pero comprensible para la población en general sobre las características esenciales de la sangre, de los productos derivados de ella y sobre los beneficios importantes que las donaciones de sangre y plasma tienen para los pacientes;b) las razones por las que se pide el historial médico, una explotación y la realización de análisis de las donaciones; información sobre el riesgo de contraer enfermedades infecciosas que pueden transmitirse por lo sangre o los productos sanguíneos; los signos y síntomas del VIH/sida y de la hepatitis y la importancia del consentimiento con conocimiento de causa, la autoexclusión, la exclusión temporal y la definitiva;c) las razones por las que no debe hacerse una donación que pueda ser perjudicial para la propia salud;d) las razones por las que no debe hacerse una donación que suponga un riesgo para los receptores, tales como el comportamiento sexual de riesgo, el VIH/sida, la hepatitis, la toxicomanía y el uso o abuso de medicamentos;e) la posibilidad de echarse atrás antes de proceder a la donación sin sentirse avergonzado ni incómodo;f) información sobre la posibilidad de retirarse o autoexcluirse en cualquier momento del proceso de donación;g) la posibilidad de formular preguntas en cualquier momento;h) la garantía de que, por su propia seguridad y la de los posibles receptores, serán informados y excluidos de donar sangre, tal como se recomienda en las secciones B y C del anexo II, si los resultados de los análisis reflejan la existencia de cualquier patología; los posibles donantes que se nieguen a ser informados al respecto deberían quedar excluidos del proceso de donación;i) información específica sobre la naturaleza de los procedimientos de que consta la donación y los riesgos que entrañan para las personas que participan en programas de donación de sangre completa o en programas de plasmaféresis.2.2. Para asegurar la confidencialidad: a) información sobre las medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad de cualquier información sobre la salud que se comunique al personal sanitario, de los resultados de los análisis de sus donaciones y del seguimiento de la donación;b) la seguridad de que todas las entrevistas con posibles donantes tienen carácter confidencial;c) la posibilidad de pedir al centro de donación de sangre y plasma mediante un procedimiento de autoexclusión confidencial que no se utilice la donación.3. Información exigida a los posibles donantes Los Estados miembros deberían velar por que, una vez expresada la voluntad de donar sangre o plasma, los posibles donantes faciliten al centro de donación de sangre y plasma:3.1. Identificación: medios adecuados de identificación, que faciliten el nombre y los apellidos, la dirección y la fecha de nacimiento, u otros medios que permitan identificar inequívocamente a cada donante.3.2. Historial médico: a) información sobre la salud y la historia médica del donante, incluidas las características de comportamiento pertinentes, que pueda ayudar a identificar y descartar a personas cuya donación pueda presentar un riesgo sanitario para ellas mismas o un riesgo de transmisión de enfermedades a otros, mediante un cuestionario escrito que tome en consideración los criterios recomendados en el anexo II y una entrevista personal con un miembro del personal sanitario con formación específica;b) la firma del donante, junto con la del miembro del personal sanitario que realiza las entrevistas sobre el cuestionario o la firma del donante en una declaración aparte, a fin de dejar constancia de que se ha leído y comprendido el material educativo que se ha facilitado, de que se ha tenido la posibilidad de plantear preguntas y de que se ha obtenido una respuesta satisfactoria; del consentimiento del donante para que la sangre o el plasma que done pueda utilizarse para pacientes que necesiten transfusión o productos sanguíneos en el país donde se efectúe la donación o en otro país al que se traslade de conformidad con las disposiciones del país donde se efectúe la donación y, en particular, con respecto al destino de la donación; y del consentimiento con conocimiento de causa del donante indicando que desea proceder a la donación.4. Registro de donantes Los Estados miembros deberían velar por la creación de un sistema de identificación y registro de donantes a fin de:4.1. Identificación del centro de donación: permitir la identificación inequívoca de todos los centros de donación de los Estados miembros.4.2. Identificación y registros de donantes: a) registrar la información relativa a la identificación de posibles donantes en un sistema manual o automatizado que permita efectuar comprobaciones cada vez que se efectúe una donación;b) hacer que los registros de donantes y de posibles donantes permitan identificar inequívocamente a los donantes y protejan la identidad del donante frente a cualquier acceso no autorizado a información confidencial, sin dejar de facilitar el seguimiento futuro del destino de toda donación;c) permitir la inclusión de información relativa a la reacción adversa del donante a la donación y los motivos para excluir a una persona temporal o definitivamente, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad.5. Idoneidad de los donantes A fin de garantizar la idoneidad de las personas que se ofrecen para donar sangre y plasma, los Estados miembros deberían garantizar:5.1. Criterios para la aceptación de donantes de sangre completa y donantes de componentes mediante plasmaféresis: a) que en cada centro de donación se publiquen los criterios generales para la aceptación de donantes de sangre y de plasma y se transmitan a éstos mensajes claros sobre la importancia de su donación y también sobre la importancia de dichos criterios de aceptación;b) que las respuestas a las preguntas del cuestionario escrito o de la entrevista personal induzcan la confianza necesaria en que la donación no perjudicará la salud de los futuros receptores de los productos derivados de dicha donación;c) que los posibles donantes cumplan los criterios sobre requisitos físicos recomendados en la sección A del anexo II a fin de que la donación no perjudique su salud;d) que antes de cada donación se establezca la idoneidad del posible donante;e) que se elimine progresivamente la utilización de donantes de sustitución;f) que un médico responsable dé por escrito su autorización para la aceptación de posibles donantes cuando pueda haber dudas sobre su idoneidad.5.2. Criterios de exclusión de donantes de sangre completa y de donantes de componentes mediante plasmaféresis Las personas que presenten cualquiera de las dolencias o características relacionadas en las secciones B y C del anexo II deberían ser declaradas, temporal o definitivamente, no aptas para donar sangre y plasma.5.3. Registros de donantes excluidos Los centros de donación deberían llevar un registro de los posibles donantes excluidos de forma temporal o definitiva y de las razones de ello.6. Protección de datos Los Estados miembros deberían garantizar, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, la confidencialidad de la información médica delicada sobre posibles donantes y, en particular:a) velar por que se adopten medidas de protección de datos y medidas de seguridad para evitar que se realicen sin autorización adiciones, supresiones o modificaciones en las fichas de los donantes o en los registros de donantes excluidos, así como transferencias de información;b) velar por que se establezcan procedimientos para dilucidar las divergencias de datos;c) prohibir la revelación no autorizada de dicha información garantizando al mismo tiempo el seguimiento del destino de las donaciones.7. Cantidades que pueden extraerse e intervalos de tiempo A fin de proteger la salud de los donantes, los Estados miembros deberían velar por que:a) las cantidades de sangre y de plasma que pueden extraerse no superen las cantidades recomendadas en el anexo III;b) los intervalos entre donaciones no sean inferiores a los recomendados en el anexo III;c) el donante pueda ser atendido médicamente en caso de que se produzca alguna reacción adversa debida a la donación.8. Análisis de muestras de donaciones de sangre A fin de garantizar la seguridad de las donaciones de sangre y de plasma, los Estados miembros deberían:a) garantizar que se analice una muestra de todas las donaciones de sangre o plasma, independientemente de que vayan a emplearse para transfusión o para la fabricación industrial de medicamentos, respecto de las enfermedades transmisibles por la sangre o el plasma, mediante pruebas autorizadas de cribado a fin de eliminar las unidades que hayan dado resultado positivo más de una vez;b) comprobar que las donaciones de sangre y plasma no han dado resultado positivo a los indicadores de enfermedades transmisibles que se enumeran en el anexo IV, antes de proceder a su utilización;c) obligar a repetir los análisis de las muestras de sangre que hayan dado resultado positivo en una primera prueba de cribado teniendo en cuenta el algoritmo indicativo que se presenta en el anexo V.9. Medidas adicionales Los Estados miembros deberían:a) garantizar que se adopten las disposiciones adecuadas en el centro de donación para asistir de manera adecuada a los donantes excluidos;b) fomentar la obtención, análisis y evaluación de datos epidemiológicos relativos a los donantes y a las donaciones, con el fin de incrementar la seguridad de las transfusiones de sangre;c) adoptar todas las medidas necesarias para difundir la presente Recomendación entre todas las partes interesadas, en particular entre los centros de donación de sangre de su territorio;d) adoptar todas las medidas necesarias para fomentar las donaciones de sangre y plasma voluntarias y no remuneradas, y apoyar totalmente los esfuerzos del Consejo de Europa en este ámbito; tener en cuenta la definición de «donación voluntaria y no remunerada» formulada por el Consejo de Europa en los términos siguientes:«Una donación se considera voluntaria y no remunerada cuando la persona que dona sangre, plasma o componentes celulares lo hace de manera libre y no recibe pago alguno por ello, ya sea en efectivo o de cualquier otro modo que pueda considerarse como un sustituto de dinero. Aquí debería incluirse el tiempo pasado fuera del trabajo más allá del tiempo razonablemente necesario para efectuar la donación y el correspondiente desplazamiento. Los pequeños regalos, los refrigerios y el reembolso de los costes directos de los desplazamientos son compatibles con las donaciones voluntarias y no remuneradas.»,INVITA A LA COMISIÓN:- a informar sobre la aplicación de la presente Recomendación y a realizar el seguimiento de las cuestiones abarcadas por ella a fin de formular las propuestas necesarias para su revisión y actualización; a recurrir a expertos nacionales de todos los Estados miembros para que contribuyan a preparar tales propuestas;- a fomentar prioritariamente, a la luz de los estudios científicos, el trabajo sobre los efectos sanitarios que podrían producirse en caso de desviación con respecto a los límites máximos de cantidades y los intervalos de tiempo mínimos entre donaciones establecidos en el anexo III, con objeto, en particular, de saber si puede tener efectos adversos para la salud el extraer, mediante plasmaféresis, cantidades anuales de plasma superiores a las recomendadas por las actuales directrices internacionales; y a emprender los trabajos relativos a los límites comunes de cantidad y frecuencia de otros tipos de plasmaféresis;- a proponer, cuando proceda, una terminología común para seguir desarrollando la estrategia comunitaria en materia de seguridad de las transfusiones y autoabastecimiento de sangre;- a estudiar lo antes posible y en estrecha cooperación con los Estados miembros todos los aspectos relacionados con el uso de la tecnología de amplificación génica (GAT), incluida la prueba de la polimerización en cadena (RCP), a fin de prevenir la transformación de enfermedades por transfusión sanguínea.Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteR. COOK(1) DO C 138 de 4. 5. 1998, p. 139.(2) DO C 164 de 30. 6. 1995, p. 1.(3) DO C 374 de 11. 12. 1996, p. 1.(4) DO C 268 de 4. 10. 1993, p. 29.(5) DO C 329 de 6. 12. 1993, p. 268.(6) DO C 141 de 13. 5. 1996, p. 131.(7) DO C 249 de 25. 9. 1995, p. 231.(8) Directiva 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas y por la que se adoptan disposiciones especiales sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos (DO L 181 de 28. 6. 1989, p. 44).(9) DO L 281 de 23. 11. 1995, p. 31.ANEXO I >SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO II CRITERIOS BÁSICOS DE ACEPTACIÓN O EXCLUSIÓN DE DONANTES DE SANGRE Y PLASMA A. Criterios de requisitos físicos para la aceptación de donantes de sangre y de plasma destinados a la protección de éstos Edad Los donantes de sangre y plasma deben tener entre 18 y 65 años. La aceptación de un donante que dona por prima vez y cuya edad está entre los 60 y 65 años depende de la opinión del médico responsable. Los donantes conocidos pueden seguir donando después de los 65 años, para lo cual el médico responsable debe dar cada año su autorización.Para las donaciones de sangre completa, es posible aceptar a los donantes de 17 años que no se consideren menores legalmente; de no ser así, se requiere una autorización escrita de conformidad con la legislación aplicable.Peso corporal Pueden donar sangre completa o plasma los donantes que no pesen menos de 50 kg.Presión arterial La presión arterial sistólica no debe rebasar los 180 mm de mercurio y la presión arterial diastólica, los 100 mm de mercurio.Pulso El pulso debe ser regular y estar situado entre las 50 y las 110 pulsaciones por minuto. Puede aceptarse a los posibles donantes que realizan un entrenamiento deportivo intensivo y que tienen un pulso inferior a las 50 pulsaciones.Bien:Hemoglobina En el momento de la donación debería determinarse la concentración de hemoglobina, que no debería ser inferior a 12,5 g/100 ml paras las mujeres y 13,5 g/100 ml para los hombres (o valores equivalentes expresados en mmol/l),o bien:Hematócrito En el momento de la donación debería determinarse el volumen celular previa centrifugación (hematócrito) y no debería ser inferior al 38 % para las mujeres y al 40 % para los varones. Para los donantes de plasma para fraccionamiento, la cifra mínima debería ser el 38 %.Sólo para la plasmaféresis La proteína debería alcanzar un valor mínimo de 60 g/l.B. Criterios para excluir a donantes de sangre y plasma destinados a la protección de éstos Si los posibles donantes se encuentran en cualquiera de las siguientes situaciones o tienen cualquiera de los siguientes antecedentes en su historial médico, un médico del centro de donación debería estudiar la posibilidad de declararlos no aptos para donar sangre o plasma de forma permanente o temporal con el fin de proteger su salud.1. Exclusión definitiva - Enfermedades autoinmunes- Enfermedades cardiovasculares- Enfermedades del sistema nervioso central- Enfermedades malignas- Propensión anormal a sufrir hemorragias- Desmayos (síncopes) o convulsiones- Enfermedades gastrointestinales, hematológicas, metabólicas, respiratorias o renales graves o crónicas no incluidas en las categorías anteriores2. Exclusión temporal Exclusión durante nueve meses- Embarazo (después del parto)- AbortoExclusión (plazo variable)- Participación en deportes peligrosos- Actividad laboral que pudiera ser causa de problemas poco tiempo después de la donación- Otras razonesC. Criterios para excluir a donantes de sangre y de plasma destinados a la protección de los receptores Si los posibles donantes se encuentran en cualquiera de las siguientes situaciones o tienen cualquiera de los siguientes antecedentes en su historial médico, un médico del centro de donación debería estudiar la posibilidad de declararlos no aptos para donar sangre o plasma de forma permanente o temporal con el fin de proteger la salud de los posibles receptores.1. Exclusión permanente - Enfermedades autoinmunes- Enfermedades infecciosas: personas que padecen o han padecido:- Babesiosis- Hepatitis B (HBsAg confirmado positivo)- Hepatitis C- Hepatitis infecciosa (de etiología no determinada)- VIH/sida- HTLV I/II- Lepra- Kala-Azar (leishmaniasis)- Fiebre Q- Sífilis- Tripanosoma cruzi (enfermedad de Chagas)- Enfermedades malignas- Encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) o antecedentes de las mismas en la familia genética- Alcoholismo crónico- Receptor de trasplante de córnea/duramadre- Diabetes insulinodependiente- Consumo de drogas por vía intravenosa (IV)- Receptor de hormona hipofisaria humana (por ejemplo, hormona de crecimiento humana)- Conducta sexual por la que se presente alto riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, incluidas las personas que hayan mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero o de drogas2. Exclusión temporal 2.1. Exclusión durante dos años- Tuberculosis (después de que se declare la curación)- Toxoplasmosis (después de la curación clínica y ausencia de anticuerpos IgM)- Brucelosis (después de la recuperación total)2.2. Exclusión durante un año- Exposición accidental a sangre o instrumentos contaminados por sangre- Acupuntura (si no es realizada por un profesional cualificado)- Examen endoscópico- Tratamiento con catéteres- Receptor de transfusión sanguínea o sometido a cirugía mayor- Trasplante de tejido o trasplante celular- Incisión corporal- Alergia a los medicamentos, en particular a la penicilina (después de la última exposición)- Tatuaje- Contacto directo con un enfermo de hepatitis B o C- Inmunización antirrábica (en caso de que sea posterior a la exposición)2.3. Exclusión durante seis meses- Mononucleosis infecciosa (después de la curación clínica)2.4. Exclusión durante cuatro semanas- Después de la administración de vacunas de virus vivos atenuados2.5. Exclusión durante dos semanas- Enfermedades infecciosas leves2.6. Exclusión durante una semana- Cirugía menor2.7. Exclusión durante 72 horas- Después de la administración de vacunas desensibilizantes2.8. Exclusión durante 48 horas- Tratamiento odontológico o efectuado por higienista dental- Después de la administración de vacunas de virus, bacterias o rickettsias muertos o atenuados- Inmunización antirrábica (administración profiláctica)2.9. Exclusión durante un período de tiempo variable- Hepatitis A- Medicamentos- Paludismo (no se aplica a los donantes de plasma para fraccionamiento)- Enfermedades tropicales (otras)Para haber otras razones para excluir temporalmente a un donante a fin de proteger los receptores. La duración de dicha exclusión dependerá del criterio de un médico del centro de donación de sangre.ANEXO III DONACIONES DE SANGRE COMPLETA Y DE PLASMA >SITIO PARA UN CUADRO>Las directrices internacionales actuales en el ámbito de la sangre recomiendan 15 litros como volumen máximo anual de plasma recogido por plasmaféresis automatizada; no hay pruebas científicas de que una recogida superior pueda o no causar efectos negativos para la salud; este ámbito debería ser prioritario para el estudio científico.Al evaluar las cantidades adecuadas de donación en cada caso concreto deberían tenerse en cuenta asimismo las características físicas tales como el sexo y el peso corporal.ANEXO IV PRUEBAS DE CRIBADO BÁSICAS PARA TODAS LAS MUESTRAS DE SANGRE TANTO SI PROCEDEN DE UNA DONACIÓN DE SANGRE COMPLETA COMO DE PLASMA >SITIO PARA UN CUADRO>Grupo ABO (1A)(2B)Factor Rh (3A)(4B)Paludismo (5B) para personas que viajen a zonas endémicas (a no ser que se prevenga ya el riesgo de transmisión del paludismo recurriendo a un período de exclusión de tres años para dichas personas)Treponema pallidum (sífilis) (6B)(1A) Si puede demostrarse que el grupo sanguíneo de un donante conocido, cuyo grupo sanguíneo se ha determinado y verificado con anterioridad y de manera fiable a partir de dos donaciones distintas, puede transferirse de forma fiable a la etiqueta del componente sanguíneo utilizando un sistema automatizado de tecnología de la información homologado, no es necesario repetir la determinación del grupo ABO y el factor Rh en cada donación de sangre. En tal caso, el grupo sanguíneo del donante debería verificarse periódicamente.(2B) No requerida para la plasmaféresis prevista sólo para fraccionamiento.ANEXO V Algoritmo básico común para la interpretación de resultados positivos de pruebas de cribado en relación con la utilización clínica de la donación y resultados positivos de las pruebas adicionales o de confirmación para excluir o no al donante >REFERENCIA A UN FILM>


title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Bélgica de 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Bélgica de 2014
   2014/C 247/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Bélgica y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Bélgica para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Bélgica para 2014.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo relativo a Bélgica, realizado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Sobre la base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Bélgica sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos, que requieren supervisión y medidas estratégicas. En particular, es preciso supervisar la evolución de la competitividad exterior de las mercancías, dado que un deterioro persistente amenazaría la estabilidad macroeconómica.

               (8)

               El 30 de abril de 2014, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria señalado en el Programa de Estabilidad de 2014 es conseguir un presupuesto equilibrado en términos estructurales de aquí a 2016 y alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo el año posterior a esa fecha. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo previo a medio plazo fijado anteriormente del 0,75 % del PIB, que refleja los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero su consecución se aplaza a 2017, un año después del año establecido como objetivo en el Programa de Estabilidad del año pasado. El progreso anual previsto hacia el objetivo presupuestario a medio plazo se atiene al ajuste exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, el valor de referencia para el gasto se alcanza en líneas generales durante el período de aplicación del programa. La deuda supera los valores de referencia de Tratado del 60 % del PIB, alcanzando el 101,5 % del PIB en 2013, y debería disminuir gradualmente hasta rondar el 93 % del PIB en 2017, según el Programa de Estabilidad. En general, los objetivos del Programa de Estabilidad se atienen a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, elaborado por un organismo independiente (la Oficina Federal de Planificación), es verosímil. Las previsiones de crecimiento difieren muy poco de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. La senda fiscal aún no se ha traducido en medidas concretas. Las previsiones de la Comisión no evidencian ninguna mejora estructural en 2014 y, en el supuesto habitual de mantenimiento de la política económica, apuntan a un deterioro del saldo estructural en 2015. Esto pone en peligro la consecución de los objetivos y podría implicar una desviación significativa del ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2014‐15. Por otra parte, según las previsiones de la Comisión, Bélgica no cumplirá la normativa en materia de deuda ni en 2014 ni en 2015. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que Bélgica ha logrado situar su déficit de las administraciones públicas de manera sostenible por debajo del 3 % del PIB en 2013, pero corre el peligro de desviarse considerablemente de las exigencias del componente preventivo a partir de 2014.

               (10)

               Bélgica ha realizado importantes progresos por lo que se refiere a la introducción de acuerdos de coordinación de carácter más estructural. Un acuerdo de cooperación sobre coordinación presupuestaria celebrado a finales de 2013 introduce una regla de equilibrio presupuestario estructural (definido con arreglo al objetivo presupuestario a medio plazo) a nivel de las administraciones públicas, como se exige en el Pacto Presupuestario. Además, formaliza la práctica de coordinación establecida: i) oficializando en mayor medida el papel del «comité consultivo» intergubernamental en el proceso y ii) explicitando aún más la función de asesoramiento del Alto Consejo de Finanzas. Además, el Acuerdo prevé un refuerzo de la función de supervisión del Alto Consejo mediante la introducción de un mecanismo de corrección explícita en caso de desviación significativa de los objetivos acordados. Puede que sea preciso alcanzar acuerdos adicionales para que los objetivos fijados para después de 2014 sean vinculantes.

               (11)

               Aunque Bélgica ha logrado recientemente frenar el aumento de su ratio de deuda pública, la carga de esta deuda es alta, con un 101,5 % del PIB, y a ella se suman unos pasivos sustanciales y futuras obligaciones derivadas de los compromisos en materia de pensiones. Para cubrirlas sin renunciar a un alto nivel de vida, es preciso contener la futura evolución de los costes presupuestarios; hay que aumentar las tasas de actividad y empleo; y debe mejorarse la competitividad internacional. En cada uno de estos ámbitos, Bélgica sigue enfrentándose a importantes desafíos. Aunque Bélgica ha dado pasos en la dirección correcta que tendrán sus efectos en los próximos años, tendrá que adoptar medidas más ambiciosas, máxime teniendo en cuenta que también sus socios comerciales están realizando reformas.

               (12)

               El nivel fiscal en Bélgica figura entre los más altos de la Unión y la presión fiscal está marcadamente orientada hacia los trabajadores, originando una de las mayores brechas fiscales de la Unión. Una serie de características específicas del sistema tributario son perjudiciales para el medio ambiente, como el tratamiento fiscal de los vehículos de empresa. Se han adoptado varias medidas específicas para disminuir los costes laborales con relación a algunos grupos específicos y reducir la brecha entre los salarios brutos y netos en la parte baja de la escala retributiva. No obstante, no se ha producido ningún cambio significativo de la presión fiscal hacia bases menos perjudiciales para el crecimiento. Se ha lanzado una primera tanda de reflexiones sobre una reforma fiscal integral que permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, apoyar la competitividad y el crecimiento del empleo, y preservar el medio ambiente. Esta reforma fiscal integral pasaría necesariamente por desplazar a otros ámbitos los impuestos que gravan actualmente a los trabajadores, simplificar el sistema tributario, aumentar la eficiencia del IVA, ampliar las bases imponibles, reducir los gastos tributarios, colmar los vacíos legales y eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

               (13)

               Bélgica se enfrenta a un impacto del envejecimiento de la población en su economía previsiblemente muy significativo, con costes relacionados con el envejecimiento que, según las previsiones, aumentarán en más del 8 % del PIB entre 2010 y 2060, en particular como consecuencia de las pensiones y la asistencia de larga duración. La reforma iniciada recientemente de las prestaciones de la Seguridad Social en favor de las personas mayores está llamada a repercutir positivamente en su nivel de empleo. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud del reto, se requieren mayores esfuerzos adicionales para alcanzar la sostenibilidad presupuestaria. En particular, deberá tenerse en cuenta la necesidad de adecuar los planes de seguridad social para la tercera edad. Se precisan medidas para vincular la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, reducir la brecha entre la edad legal de jubilación y la efectiva, y mejorar la relación coste-eficacia del gasto público en asistencia de larga duración.

               (14)

               Bélgica se enfrenta a un infrautilización crónica de la mano de obra. Las tasas de actividad y empleo están por debajo de la media de la UE y se encuentran actualmente estancadas, mientras que el desempleo de larga duración como porcentaje del desempleo total sigue siendo elevado. En la mayoría de los casos, la gran brecha fiscal que existe en la mano de obra, combinada con el sistema de prestaciones sociales, genera importantes cifras de desempleo y trampas de inactividad para la mayoría de las categorías de trabajadores. Aunque se han adoptado medidas para reducir las trampas del desempleo para las personas con salarios bajos, la trampa se ha ampliado en el caso de otras muchas categorías, y las trampas de la inactividad siguen siendo un problema generalizado. Frente a unos costes laborales que siguen siendo elevados, las políticas de contratación tienden a minimizar el riesgo y a penalizar a los que se encuentran fuera del mercado laboral, como los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen inmigrante, que, junto con los trabajadores de edad avanzada, registran unas tasas de participación en el mercado de trabajo muy inferiores a la media de la UE. La fuerte protección del empleado, en virtud de la cual cambiar de trabajo supone perder una serie de derechos (como la indemnización por despido, la jubilación anticipada o los beneficios de antigüedad), desincentiva la movilidad profesional entre empleos y sectores. Esta inercia hace que las políticas activas del mercado de trabajo en Bélgica resulten relativamente ineficientes y lleva a una situación en que el elevado índice de desempleo coexiste en algunos ámbitos y sectores con la escasez de mano de obra, y, en otros, con una escasez de personal cualificado, desfavorable al crecimiento. El desempleo juvenil ha aumentado considerablemente durante el año pasado, con grandes diferencias entre regiones y grupos. Para abordar el problema estructural de la inadecuación de las cualificaciones con las necesidades del mercado de trabajo, habrá que combatir en primer lugar el problema urgente del abandono escolar temprano y de los jóvenes que abandonan los estudios sin ninguna cualificación. La sexta reforma del Estado brinda la oportunidad de mejorar la eficiencia y orientación de las políticas de empleo, siempre que se optimice la cooperación entre el nivel federal y el regional.

               (15)

               En Bélgica, la competitividad sigue empeorando, inclusive por lo que respecta a los factores no relacionados con el coste. En particular, la capacidad de la industria manufacturera para competir a nivel internacional está perdiendo fuerza, lo que se refleja en unos márgenes decrecientes para los productores y en la destrucción de empleo. Bélgica ha dependido tradicionalmente de la indización salarial para mantener su poder adquisitivo. Sin embargo, se han corregido tarde y de forma insuficiente los excesos en el crecimiento salarial. Por otra parte, la norma salarial central no siempre permite que la evolución de la productividad sectorial y las condiciones locales del mercado de trabajo queden convenientemente reflejadas. Por consiguiente, los salarios han crecido más rápidamente que la productividad, generando pérdidas de competitividad y de empleo. Previa consulta de los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, Bélgica tendría que reformar su sistema de fijación de salarios para permitir una mayor dispersión salarial por sectores y unos salarios mejor adaptados a la evolución de la productividad. Los precios en el sector minorista siguen siendo más elevados que en los países vecinos, mientras las restricciones impuestas a los servicios profesionales dificultan el desarrollo de unos modelos de negocio innovadores y limitan la inversión. Las tarifas de distribución de la electricidad siguen figurando entre las más elevadas de Europa y su prevista regionalización se suma a la incertidumbre relativa a la futura evolución de los costes de distribución que soportan los usuarios finales, dado que la actualmente congelada tarifa no cubre los costes cada vez mayores que soportan los distribuidores. Si Bélgica quiere mantener los altos salarios actuales y, al mismo tiempo, crear nuevos empleos, tendrá que producir y vender en los mercados mundiales bienes más sofisticados que los que vende actualmente, y con mayor valor añadido. Bélgica carece de empresas de rápido crecimiento en sectores innovadores. El apoyo a la innovación está muy desarrollado y cubre todo el ciclo de innovación pero se ha vuelto complejo y está fragmentado. El crecimiento de actividades de alto valor añadido se ve a menudo obstaculizado por la falta de recursos humanos cualificados.

               (16)

               Bélgica no alcanzará previsiblemente su objetivo de reducción del 15 % para las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE de aquí a 2020, salvo que se apliquen algunos mecanismos de flexibilidad. Aunque se han puesto en marcha algunas iniciativas, se diría que carecen de una orientación coherente, y sigue estando poco claro el impacto combinado de las medidas destinadas a reducir las emisiones, en particular las correspondientes al sector de los transportes y al sector inmobiliario. La reducción del IVA que grava la electricidad podría socavar aún más los esfuerzos desplegados en ese sentido. Las negociaciones sobre un acuerdo de cooperación y de distribución de la carga entre el Estado federal y las regiones no se han materializado en un reparto claro del esfuerzo. La congestión vial representa una pesada carga para la economía belga, en comparación con la mayoría de los otros países. La gravedad del problema exige una respuesta política global que tenga en cuenta el potencial de unas tasas por congestión moduladas en el tiempo, revise el tratamiento fiscal favorable que recibe el uso privado de los vehículos de empresa y de las tarjetas de carburante, y aumente la eficiencia del transporte público.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (18)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Bélgica, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (19)

               A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad de Bélgica. Sus recomendaciones, emitidas en virtud del artículo 6 del Reglamento no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2, 4, y 5 que figuran a continuación.

               (20)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Como un país cuya moneda es el euro, Bélgica debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

         RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Reforzar, tras la corrección del déficit excesivo, las medidas presupuestarias aplicables en 2014 a la luz de la brecha emergente del 0,5 % del PIB sobre la base de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, que evidencian un riesgo de desviación significativa con respecto al componente preventivo de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente la estrategia presupuestaria para garantizar el ajuste necesario del 0,6 % del PIB en dirección al objetivo presupuestario a medio plazo, que también garantizaría el cumplimiento de la normativa en materia de deuda. A partir de ese momento, y hasta que se alcance el objetivo presupuestario a medio plazo, seguir aplicando el ajuste estructural anual previsto en dirección a dicho objetivo, en línea con el requisito de un ajuste estructural anual de al menos un 0,5 % del PIB, y más en buenas condiciones económicas, o, si es necesario, garantizar que se cumple la normativa en materia de deuda para imprimir una tendencia a la baja sostenida al elevado ratio de deuda pública. Garantizar una contribución equilibrada de todos los niveles de la Administración al cumplimiento de las normas presupuestarias, incluida la norma de equilibrio presupuestario estructural, mediante un instrumento vinculante que incluya un desglose explícito de objetivos en una perspectiva de planificación a medio plazo.

               2.

               Mejorar el equilibrio y la equidad de todo el sistema tributario y preparar una reforma fiscal integral que permita desplazar los impuestos de los trabajadores hacia unas bases más favorables al crecimiento, simplificando el sistema tributario, colmando las lagunas, aumentando la eficiencia del IVA, ampliando las bases imponibles, reduciendo los gastos tributarios y eliminando gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

               3.

               Limitar el futuro crecimiento del gasto público relacionado con el envejecimiento, en particular el derivado de las pensiones y la asistencia de larga duración, intensificando los esfuerzos destinados a reducir la brecha existente entre la edad legal de jubilación y la efectiva, anticipando la reducción de las posibilidades de abandono prematuro de la vida laboral, promocionando el envejecimiento activo, adaptando la edad de jubilación a los cambios registrados en la esperanza de vida, y mejorando la relación coste‐eficacia del gasto público en la asistencia de larga duración.

               4.

               Aumentar la participación en el mercado de trabajo, reduciendo, en particular, los factores financieros que desincentivan la actividad laboral, mejorando el acceso al mercado de trabajo por parte de los grupos desfavorecidos, como los jóvenes y las personas de origen inmigrante, fomentando la movilidad profesional y abordando los problemas de la escasez de personal cualificado y del abandono escolar prematuro. Reforzar en todo el país las asociaciones de las autoridades públicas, los servicios públicos de empleo y los centros de enseñanza cuyo objetivo es proporcionar a los jóvenes un apoyo temprano y ad hoc.

               5.

               Restablecer la competitividad, prosiguiendo la reforma del sistema de fijación de salarios, mediante, en particular, la indización salarial, previa consulta de los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, para garantizar que la evolución salarial se ajusta a la evolución de la productividad a nivel sectorial o empresarial, así como a las circunstancias económicas, y prever unas correcciones automáticas eficaces en caso necesario; reforzando la competencia en los sectores minoristas, mediante la supresión de las restricciones excesivas a que están sujetos los servicios, incluidos los servicios profesionales, y la gestión del riesgo de un ulterior aumento de los costes de distribución de la energía; y promocionando la innovación a través de planes de incentivos simplificados y la reducción de las barreras administrativas; e implementando políticas coordinadas de enseñanza y formación que aborden la escasez generalizada de personal cualificado y las disparidades regionales en materia de abandono escolar prematuro.

               6.

               Garantizar que se cumplen los objetivos de 2020 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, en particular por lo que respecta a los sectores inmobiliario y de los transportes. Garantizar que la contribución del transporte se ajusta al objetivo de reducir la congestión vial. Llegar a un acuerdo con respecto a una distribución clara de los esfuerzos y cargas entre las entidades federales y regionales.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión del Consejo 2014/322/UE de 6 de mayo de 2014 sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 5.

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  Véase la página 141 del presente Diario Oficial.


title: Recomendación del Consejo, de 15 de febrero de 2011 , sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

text:
               22.2.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 56/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 15 de febrero de 2011
   sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
   2011/C 56/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 283, apartado 2, y 139, apartado 2, letra h), y vistos los artículos 11.2 y 42.3 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,
   RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
   Nombrar a D. Peter PRAET miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, con efectos a partir del 1 de junio de 2011.

      Hecho en Bruselas, el 15 de febrero de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         MATOLCSY Gy.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Luxemburgo (2002 2006)