title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Malta

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/107

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Malta
      (2019/C 301/18)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Malta debe velar por la aplicación íntegra y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 2 y 3 que figuran más abajo. En particular, centrar la política económica relacionada con la inversión en los ámbitos indicados y en medidas fiscales contribuirá a dar efecto a la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta al apoyo a las inversiones y la lucha contra la planificación fiscal agresiva.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Malta fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Malta de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Malta hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 16 de abril de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 el 30 de abril de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé un descenso del superávit global del 2 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 0,9 % del PIB en 2019, seguido de un incremento marginal hasta el 1,0 % del PIB en 2020 y el 1,1 % del PIB en 2021 y 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un presupuesto equilibrado en términos estructurales) siga superándose durante todo el período del programa. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que el déficit de las Administraciones Públicas en relación con el PIB se mantenga por debajo del valor de referencia del Tratado, a saber, el 60 % del PIB, y que vaya disminuyendo gradualmente desde el 46 % del PIB en 2018 hasta aproximadamente el 33 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en las que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,6 % del PIB en 2019 y del 0,8 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Desde un punto de vista global, el Consejo considera que Malta probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de una estrecha supervisión a corto y medio plazo, especialmente ante los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos.

                  (7)

                  El incremento del gasto vinculado al envejecimiento de la población representa un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Se prevé que, en comparación con otros Estados miembros, el gasto público en los sistemas de pensiones y sanidad relacionado con el envejecimiento de la población aumente de manera significativa, lo que apunta al riesgo de que también aumente el endeudamiento a largo plazo. Hay varias medidas dirigidas a mejorar la adecuación de las pensiones, por ejemplo, mediante el refuerzo de los incentivos para contratar planes de pensiones privados y acceder a regímenes profesionales de jubilación voluntarios. Los esfuerzos que se están realizando han ayudado a aumentar la oferta de mano de obra y prolongar la vida laboral, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de empleo en el caso de las mujeres y los trabajadores de más edad. En 2018, el Gobierno hizo ajustes para incluir las cotizaciones efectuadas tras la edad de jubilación y permitió que los pensionistas menores de 65 años que trabajen por cuenta propia o a tiempo parcial paguen cotizaciones proporcionales a sus ingresos, todo ello con el fin de fomentar la prolongación de la vida laboral. No obstante, está previsto que la edad legal de jubilación, que se va incrementando gradualmente desde los 63 años en la actualidad, no se modifique después de 2027, cuando se sitúe en los 65 años, a pesar de que se espera que la esperanza de vida siga aumentando. El Grupo de Estrategia de Pensiones, creado en 2018, tiene previsto publicar un informe, a más tardar en diciembre de 2020, en el que se recogerán recomendaciones para mejorar la adecuación y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por lo que respecta a la asistencia sanitaria, hay medidas en curso dirigidas a descentralizar servicios de los hospitales a los centros de atención primaria y a mejorar la prestación de servicios de cuidados de larga duración. Los planes actuales para ampliar la capacidad de atención ambulatoria de los hospitales públicos pueden ayudar a reducir los largos tiempos de espera en determinadas especialidades. No obstante, hasta el momento el país no ha aplicado plenamente otras medidas destinadas a reducir el recurso innecesario a médicos especialistas y reorientar hacia la atención ambulatoria a los pacientes que acuden indebidamente a los servicios de urgencias, lo que impide mejorar la eficiencia del sistema. Con vistas a la descentralización de servicios de los hospitales a los centros de atención primaria, se está aplicando un nuevo concepto para estos centros y se está invirtiendo en la ampliación gradual del uso de la sanidad electrónica. En respuesta al incremento de la demanda de cuidados de larga duración, en 2017-2018 se introdujeron nuevos tipos de servicios comunitarios y a domicilio. A pesar del potencial de las medidas en materia de pensiones y sanidad, aún no se aprecian efectos concretos en la sostenibilidad presupuestaria.

                  (8)

                  En la última década, Malta ha experimentado una pronunciada evolución hacia el sector terciario, con un fuerte énfasis en ámbitos con vocación internacional, como los servicios financieros, el turismo y los juegos a distancia. La expansión del sector terciario ha contribuido a alimentar el crecimiento económico y generar un gran superávit de la balanza por cuenta corriente. Paralelamente, la creciente dependencia de sectores considerados vulnerables a los riesgos de integridad financiera plantea retos para el marco de gobernanza y somete a presión las capacidades de supervisión y control del cumplimiento de la normativa. En particular, el tamaño del sector financiero y de los juegos, y los esfuerzos por atraer a los operadores de criptomonedas exigen una ejecución eficaz de las medidas contra el blanqueo de capitales. El reciente aumento de los recursos humanos y presupuestarios de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, así como la mejora de sus procedimientos y procesos, representan un avance positivo en este sentido. Las deficiencias en la gobernanza, en particular en lo referente a la lucha contra la corrupción, también pueden afectar negativamente al entorno empresarial y lastrar la inversión. Existe, sobre todo, un riesgo de conflicto de intereses en varios niveles de gobierno. Además, la unidad policial encargada de los delitos económicos carece en la actualidad de personal suficiente. En vista de este contexto, es importante contar con un marco legislativo más sólido que vaya acompañado de una aplicación oportuna y exhaustiva. Mejorar el marco de gobernanza y garantizar una aplicación eficaz son elementos clave para preservar el atractivo de Malta y proteger la economía frente a los riesgos asociados con la reputación.

                  (9)

                  El sector de los seguros está expuesto a los riesgos de la supervisión pasiva, que exige la cooperación entre los supervisores nacionales y externos. A diferencia del sector bancario, las filiales del sector de los seguros están sujetas a la supervisión «en origen», esto es, las aseguradoras registradas en Malta que ejercen actividades en otros países están bajo la supervisión directa de la autoridad reguladora maltesa. No obstante, la capacidad de supervisión todavía no se ha reforzado lo suficiente. Por otra parte, la complejidad de los modelos de negocio y los productos del ámbito de los seguros, unida a un interés cada vez mayor en la creación y expansión de vehículos de seguros especializados, exige una supervisión rigurosa.

                  (10)

                  Se están llevando a cabo reformas destinadas a seguir mejorando la independencia del poder judicial y el sistema judicial. Destacan, en particular, la creación de una nueva fiscalía, independiente del Fiscal General y la policía, como ya recomendó la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho («Comisión de Venecia») del Consejo de Europa en un dictamen sobre Malta adoptado en diciembre de 2018. Por otra parte, un requisito imprescindible para recoger todos los frutos de las inversiones es contar con un marco reforzado de gobernanza en el que las decisiones judiciales y las medidas de lucha contra la corrupción se ejecuten de manera eficaz.

                  (11)

                  La proporción de empresas innovadoras sigue a la zaga. Es necesario mejorar los resultados en materia de investigación e innovación mediante estrategias de especialización inteligente, de manera que se contribuya a aumentar la productividad. Malta aún no ha formulado una estrategia de competitividad coherente, global y a largo plazo para que la economía nacional ascienda en la cadena de valor. Dada la especialización de Malta en los servicios de rápido crecimiento y sus aspiraciones en relación con la tecnología de cadena de bloques, es fundamental invertir aún más en las capacidades administrativas y de supervisión. Además, para que Malta obtenga mejores resultados en el ámbito de la innovación, deberán realizarse inversiones adicionales en activos inmateriales, en particular, la investigación y el desarrollo (I+D), y será necesario abordar los déficits y carencias de capacidades, así como facilitar los vínculos entre la ciencia y las empresas, todo ello en el marco de una gobernanza más eficaz del sistema de investigación e innovación.

                  (12)

                  Malta debe promover la transición hacia una economía más sostenible y eficiente en el uso de los recursos, por ejemplo, invirtiendo en el potencial no explotado en relación con la eficiencia energética y las energías renovables, el ciclo de gestión del agua, la gestión de residuos, la lucha contra el aumento de las emisiones procedentes del aire acondicionado, la acción por el clima y una movilidad sostenible que limite las emisiones del transporte por carretera. Debido a las escasas opciones de transporte y desplazamiento como alternativa a la conducción, así como a la elevada penetración de los automóviles, la congestión vial es uno de los puntos más débiles del entorno empresarial de Malta y sigue siendo un reto de primer orden. Además, durante los últimos cinco años han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera. El porcentaje de energías renovables en la combinación energética ascendió hasta el 7,2 % en 2017, ligeramente por encima del nivel indicativo del 6,5 % para 2017-2018. No obstante, el consumo de energía final de Malta va en continuo aumento. A fin de cumplir los objetivos nacionales en materia de energías renovables y eficiencia energética para 2020, se requieren inversiones adicionales a corto plazo en todos los sectores. Deben adoptarse medidas de financiación de la I+D o de apoyo a estas actividades con el objetivo de desarrollar tecnologías nuevas o mejoradas que permitan hacer frente a las cuestiones ligadas al medio ambiente y al cambio climático. Los costes medioambientales y sociales del auge de la construcción requieren un seguimiento más estrecho. Sería conveniente aplicar los principios de la economía circular a la eliminación de residuos de la construcción con miras a limitar su impacto medioambiental. Debe prestarse atención a las consecuencias económicas y sociales del incremento de los precios de la vivienda.

                  (13)

                  La tasa de empleo en Malta, actualmente superior a la media de la Unión, sigue aumentando. Sin embargo, sería beneficioso poner especial énfasis en las personas con discapacidad. La disparidad entre el empleo masculino y el femenino sigue siendo la mayor de la Unión, y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye notablemente a partir de los 40 años, en gran medida debido a las responsabilidades familiares. Un mayor apoyo en el mercado de trabajo a los cuidadores no profesionales desempleados podría ayudar a colmar esta laguna. El recurso cada vez mayor a trabajadores extranjeros para subsanar la escasez de mano de obra y cualificaciones es fuente de problemas sociales y de sostenibilidad. En este sentido, la mejora del seguimiento y la evaluación podría ser beneficiosa para las iniciativas políticas en materia de mercado de trabajo, cualificaciones e inclusión social.

                  (14)

                  La inversión de Malta en educación y formación es relativamente elevada; pero, si bien en general la participación y el rendimiento han aumentado, aún no se ha traducido en mejores resultados para todos. La estrategia de inversión ganaría si se centrara más en corregir las desventajas sociales, a fin de respetar el principio del pilar europeo de derechos sociales relativo a una educación de calidad e integradora. Las medidas adoptadas en la última década han logrado reducir el abandono escolar prematuro, pero la tasa sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Si bien las últimas medidas adoptadas también han tratado de mejorar el carácter integrador de la educación superior, los resultados a este nivel todavía están por debajo de la media de la Unión y plantean problemas en relación con las competencias. Aunque la participación en el aprendizaje para adultos va en aumento, sigue siendo baja en el caso de las personas poco cualificadas y las inactivas.

                  (15)

                  La lucha contra la planificación fiscal agresiva es esencial para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal agresiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Malta ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero el alto nivel de pagos en concepto de cánones y dividendos como porcentaje del PIB indica que las empresas que practican una planificación fiscal abusiva podrían aprovechar la normativa fiscal del país. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Malta puede dar lugar a la elusión de impuestos respecto de dichos pagos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. Si bien el régimen maltés de deducción de los intereses teóricos contribuirá a reducir el sesgo en favor del endeudamiento, las normas de este régimen dirigidas a luchar contra las prácticas abusivas, combinadas con una tasa generosa y un régimen basado en valores, merecen un estrecho seguimiento a fin de prevenir todo uso indebido con fines de planificación fiscal abusiva. Aunque el programa para inversores individuales y el programa de residencia y visado malteses no otorguen automáticamente la residencia a efectos fiscales, si se reúnen ciertos requisitos, los ingresos pueden quedar exentos en virtud del régimen «non dom» sin obligación material de presencia física, siempre que no se transfieran a Malta. Así pues, estos programas pueden facilitar la planificación fiscal abusiva, y la OCDE ha señalado que presentan un riesgo potencialmente elevado de que se aprovechen para eludir el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

                  (16)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Malta hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores identificados.

                  (17)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Malta en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Malta, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (18)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima (7) que cabe esperar que Malta cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Malta que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los sistemas sanitario y de pensiones, en particular mediante la restricción de la jubilación anticipada y el ajuste de la edad legal de jubilación, habida cuenta del aumento previsto de la esperanza de vida.

         2.

            Revisar los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva por parte de particulares y de multinacionales, en concreto a través de los pagos salientes. Consolidar el marco general de gobernanza, en particular prosiguiendo los esfuerzos dirigidos a detectar y perseguir la corrupción. Seguir progresando en lo que respecta al refuerzo del marco de lucha contra el blanqueo de capitales, especialmente por lo que se refiere a la capacidad de ejecución. Consolidar la independencia del poder judicial, en particular las salvaguardias para los nombramientos y las destituciones judiciales, y crear un servicio fiscal independiente.

         3.

            Centrar la política económica de inversión en la investigación y la innovación, la gestión de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de los recursos y la energía, el transporte sostenible, la reducción de la congestión del tráfico, y la educación y formación integradoras.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 76.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común a los datos del programa.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de los Países Bajos

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/112

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de los Países Bajos
      (2019/C 301/19)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, los Países Bajos deben velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 y 3 que figuran más abajo. En particular, las medidas relativas a la inversión y las medidas de apoyo al crecimiento de los salarios contribuirán a abordar la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al reequilibrio de dicha zona, las medidas fiscales contribuirán a abordar la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la lucha contra la planificación fiscal agresiva, y la reducción del sesgo en favor del endeudamiento de los hogares contribuirá a abordar la cuarta recomendación para la zona del euro en lo que se refiere a la reducción del sesgo en favor del endeudamiento en la fiscalidad.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre los Países Bajos fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se examinaban los avances de este país en el cumplimiento de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), el seguimiento dado a las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores y los avances de los Países Bajos hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. Sobre la base de su propio análisis, la Comisión concluye que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el considerable volumen de deuda privada y el elevado superávit por cuenta corriente constituyen fuentes de desequilibrios, con incidencia transfronteriza. Con el apoyo del crecimiento económico, la ratio deuda privada/PIB ha mantenido su tendencia a la baja, tanto en lo que respecta a las deudas de las empresas como de los hogares, aunque sigue siendo alta. Sin embargo, la deuda nominal de los hogares está aumentando lentamente, como consecuencia de la subida de los precios de la vivienda.

                  (4)

                  El 29 de abril de 2019, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el superávit de las Administraciones públicas experimente un descenso, pasando del 1,5 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 0,0 % en 2022. Basándose en el saldo estructural recalculado (6), el objetivo presupuestario a medio plazo, que se sitúa en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, sigue superándose a lo largo de todo el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB registre un descenso desde el 52,4 % del PIB en 2018 para situarse en el 44,6 % en 2022. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural pase de un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 al 0,7 % en 2019 y al 0,2 % en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda de las Administraciones públicas siga una firme tendencia a la baja. En general, el Consejo estima que los Países Bajos cumplirán las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. Al mismo tiempo, respetando el objetivo presupuestario a medio plazo, sería importante utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para apoyar el aumento de la inversión.

                  (7)

                  Con respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el aumento previsto del gasto público en cuidados de larga duración apunta a riesgos medios de sostenibilidad a largo plazo. En 2015, el Gobierno transfirió una gran parte del sistema de cuidados de larga duración al ámbito municipal para mejorar su eficiencia y reducir el gasto público. El impacto de esta reforma en la sostenibilidad presupuestaria debe ser objeto de seguimiento.

                  (8)

                  Desde noviembre de 2018, los fondos del Fondo de Garantía de Depósitos, una entidad jurídica independiente, han sido trasladados desde una cuenta separada en el Banco Central neerlandés a una cuenta del Tesoro. El Fondo de Garantía de Depósitos de los Países Bajos se está constituyendo gradualmente y hasta ahora ha acumulado alrededor de 1 000 millones EUR, con un importe adicional de 4 000 millones EUR que deben pagar los bancos de aquí a 2024, que debería haberse invertido en una cartera diversificada de activos de bajo riesgo en consonancia con la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 (7) (Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos). La transferencia de la cuenta del Fondo reduce el nivel de deuda bruta, pero no afecta al déficit público. A raíz de esta transferencia, el Tesoro podrá utilizar los fondos para financiar gastos públicos, pero tendrá que poner los fondos a disposición en caso de que sea necesario hacer pagos a los depositantes o financiar intervenciones en virtud de su mandato legal, lo que puede tener un impacto en la estabilidad financiera.

                  (9)

                  Los hogares neerlandeses combinan grandes activos no líquidos en vivienda y pensiones con una elevada deuda de los hogares, lo que hace que estos sean vulnerables a las perturbaciones financieras y económicas. Esta elevada deuda de los hogares se explica por la generosa desgravación fiscal sobre los pagos de intereses hipotecarios, pero también por la falta de un segmento intermedio que funcione correctamente en el mercado del alquiler y un elevado ahorro obligatorio destinado a pensiones. Un reto fundamental para hacer frente al alto endeudamiento de los hogares lo constituye el mercado de la vivienda, en el que las rigideces y los incentivos distorsionadores que se han ido acumulando durante decenios determinan las pautas de financiación de la vivienda y el ahorro sectorial. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar parcialmente esta cuestión. La anunciada aceleración de la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses de las hipotecas se ha plasmado en una ley que comenzará a aplicarse en 2020. A pesar de ello, la desgravación fiscal sobre los pagos hipotecarios sigue siendo generosa y da lugar a un sesgo sustancial de la deuda en favor de los hogares. Al mismo tiempo, el mercado del alquiler privado, como único segmento no subvencionado, sigue estando infradesarrollado, y representa el 13 % del total de viviendas. El mal funcionamiento del segmento intermedio en el mercado de alquiler anima a los hogares a comprar en vez de alquilar, lo que ha dado lugar a altas ratios de endeudamiento y a vulnerabilidad económica.

                  (10)

                  Si bien el sistema de pensiones funciona correctamente en lo que respecta a la adecuación de las pensiones y la sostenibilidad presupuestaria, presenta inconvenientes en términos de equidad intergeneracional, transparencia de los derechos a pensión y flexibilidad. Por otra parte, las contribuciones de los planes de pensiones profesionales son elevadas y fluctúan en función del rendimiento de los fondos de pensiones. Así pues, pueden afectar a los gastos de los hogares de forma procíclica. Una reforma del sistema de pensiones podría dar lugar, a lo largo del ciclo de vida, a una reducción de las cotizaciones obligatorias y a estabilizar o moderar el consumo. El Gobierno ha confirmado su intención de reformar sustancialmente el segundo pilar del sistema de pensiones con el fin de mejorar la cobertura y de crear un sistema más transparente, flexible y justo desde el punto de vista actuarial. Una reforma simultánea de las instituciones del mercado de la vivienda y del sistema de pensiones podría reducir la deuda de los hogares y hacer que estos sean menos vulnerables a las perturbaciones financieras y económicas, con efectos beneficiosos para la resiliencia macroeconómica y el crecimiento económico.

                  (11)

                  A pesar de las bajas tasas de desempleo, las altas tasas de vacantes de empleo y la creciente escasez de trabajadores, el crecimiento de los salarios nominales se ha mantenido moderado hasta la fecha (1,1 % en 2017 y 2,4 % en 2018). Los salarios en los convenios colectivos aumentaron de media un 2,1 % en 2018, mientras que los salarios públicos aumentaron a un ritmo más rápido (un 3 % en el segundo semestre de 2018). Además, se alcanzaron acuerdos salariales que dieron lugar a un aumento nominal del 7 % en dos años para todos los funcionarios del Gobierno central. Se ha facilitado financiación adicional para aumentar los salarios de los profesores de enseñanza primaria. Además, el Gobierno adoptó varias medidas fiscales que reducen la carga fiscal sobre el trabajo y pretenden aumentar la renta neta disponible de los hogares en los que sus miembros trabajan. Impulsar la renta disponible de los hogares mediante el refuerzo de las condiciones que favorecen el crecimiento de los salarios y reformar el segundo pilar del sistema de pensiones para que sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente en caso de perturbaciones, apoyaría la demanda interna y ayudaría al reequilibrio de la zona del euro.

                  (12)

                  La lucha contra la planificación fiscal agresiva es esencial para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal agresiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Los Países Bajos han tomado medidas contra la planificación fiscal agresiva, pero el elevado nivel de pagos de dividendos, cánones e intereses efectuados a través de los Países Bajos da a entender que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal agresiva. Una gran proporción de la inversión directa extranjera acumulada está en manos de entidades con finalidades especiales. La ausencia de retención fiscal sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) en concepto de pagos de cánones e intereses puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. El anuncio del programa de reformas fiscales, incluida la retención en origen sobre los pagos de cánones e intereses en caso de abuso o de pagos a países con baja tributación constituye un paso en la dirección adecuada para reducir la planificación fiscal agresiva y debe ser objeto de un seguimiento atento.

                  (13)

                  El crecimiento del empleo en los últimos años se debe principalmente al empleo temporal y al trabajo por cuenta propia, aunque el crecimiento de los contratos indefinidos ha superado recientemente al del empleo temporal. No obstante, la proporción del empleo flexible sigue siendo elevada y representa una parte sustancial del mercado de trabajo. El alto porcentaje de contratos temporales, así como el rápido aumento de la actividad por cuenta propia sin asalariados ocurre en un contexto de grandes diferencias en las normas laborales aplicables y la protección laboral, así como de diferencias en la legislación fiscal y la relativa a la seguridad social. Se ha adoptado un paquete de medidas (Ley del mercado de trabajo en equilibrio, «Wet Arbeidsmarkt in Balans») para facilitar la contratación de trabajadores fijos y hacer menos flexibles los contratos flexibles. La aplicación de estas medidas (que deberían entrar en vigor en 2020) deberá ser objeto de un estrecho seguimiento. Además, se han anunciado medidas para facilitar la obligación de los empresarios de seguir pagando los salarios durante dos años en caso de enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha no se han adoptado otras medidas concretas. Por tanto, algunos de estos factores institucionales siguen creando incentivos financieros para que los empleados empiecen a trabajar por cuenta propia, o favorecen el uso del estatuto de trabajador autónomo sin asalariados. Los trabajadores autónomos se encuentran insuficientemente asegurados contra la discapacidad, el desempleo y la vejez con mayor frecuencia, lo que podría afectar a la sostenibilidad del sistema de seguridad social a largo plazo. Además, la aplicación de medidas para luchar contra el falso trabajo autónomo se ha suspendido hasta 2020.

                  (14)

                  A pesar de que el mercado de trabajo funciona bien en general, el fomento de la igualdad de oportunidades en lo que respecta al empleo y la inclusión activa siguen siendo retos importantes, en particular para las personas de origen inmigrante, para quienes operan en los márgenes del mercado laboral y para las personas económicamente inactivas. Además, sigue existiendo un potencial de trabajo sin explotar, en particular entre el elevado número de mujeres que trabajan a tiempo parcial.

                  (15)

                  Las capacidades técnicas y digitales y los profesionales cualificados son cruciales para la capacidad de innovación de la economía neerlandesa y para el crecimiento de la productividad. Esto apunta a la necesidad de invertir más en formación, incluida la formación en competencias digitales, y de promover oportunidades flexibles de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. La mejora de la capacidad de innovación de la sociedad requiere también inversiones para apoyar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por otra parte, el aumento de la inversión en capacidades, educación y formación es crucial para mejorar el acceso al mercado laboral y la empleabilidad de las personas situadas en los márgenes del mercado laboral, fomentando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades y la inclusión activa.

                  (16)

                  Aunque la intensidad de la inversión en investigación y desarrollo en los Países Bajos aumentó a más del 2 %, sigue estando muy por debajo del objetivo nacional del 2,5 % y del nivel de los países punteros al respecto. En términos de productividad, los Países Bajos son uno de los países con mejores resultados en muchos sectores. Así pues, el crecimiento continuo de la productividad depende en gran medida de la innovación y se vería apoyado por una mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación, especialmente en el sector privado.

                  (17)

                  La transición energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requieren inversiones sustanciales para garantizar un desarrollo económico más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Es probable que los Países Bajos superen sus objetivos para 2020 en el ámbito de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que alcanzar los objetivos de 2030 requerirá medidas adicionales. No se alcanzarán los objetivos de 2020 en materia de eficiencia energética primaria y energías renovables sin medidas adicionales. El objetivo neerlandés para las energías renovables de aquí a 2023, según lo definido en su objetivo de acuerdo energético, debería poder alcanzarse gracias a las inversiones en parques eólicos marítimos. A finales de 2019, el Gobierno se propone adoptar un plan nacional de energía y clima que hará balance de sus necesidades de inversión hasta 2030 para las diferentes dimensiones de la Unión de la Energía, incluidas las energías renovables, la eficiencia energética, la seguridad del suministro y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

                  (18)

                  Los embotellamientos siguen siendo un reto en los Países Bajos, que es un país denso y bien equipado y un actor clave en la logística de la Unión, al contar con el mayor puerto de la Unión, en Rotterdam, y uno de los mayores aeropuertos, Schiphol. El problema se ha aliviado con obras adicionales de infraestructura, pero sigue siendo un reto debido a los elevados costes sociales y las horas perdidas en el tráfico.

                  (19)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las necesidades identificadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe por país de 2019. Esto permitiría a los Países Bajos hacer el mejor uso posible de estos fondos por lo que respecta a los sectores identificados.

                  (20)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (21)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima (8) que cabe esperar que los Países Bajos cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (22)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 3 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, en particular la primera y la cuarta de las recomendaciones para la zona del euro. Las políticas presupuestarias a las que se hace referencia en la recomendación 3 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con el superávit de la balanza por cuenta corriente.

            RECOMIENDA a los Países Bajos que tomen medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Reducir el sesgo en favor del endeudamiento de los hogares y las distorsiones en el mercado de la vivienda, en particular apoyando el desarrollo del sector del alquiler privado. Garantizar que el segundo pilar del sistema de pensiones sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente frente a las perturbaciones. Aplicar políticas para aumentar la renta disponible de los hogares, incluso mediante el refuerzo de las condiciones que favorecen el crecimiento de los salarios, respetando al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales. Abordar las características del sistema fiscal que puedan facilitar la planificación fiscal agresiva, en particular mediante pagos salientes, en particular mediante la aplicación de las medidas anunciadas.

         2.

            Reducir los incentivos para los trabajadores autónomos sin asalariados a la vez que se promueve una protección social adecuada para los trabajadores autónomos, y luchar contra el falso trabajo autónomo. Reforzar las estrategias de aprendizaje permanente y mejorar las capacidades, en particular de las personas que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo y de las personas inactivas.

         3.

            Respetando el objetivo presupuestario a medio plazo, utilizar las políticas fiscales y estructurales para apoyar el aumento de la inversión. Centrar la política económica relativa a la inversión en la investigación y el desarrollo, en particular en el sector privado; en las energías renovables, la eficiencia energética y las estrategias de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; y en la eliminación de los embotellamientos en el transporte.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 80.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantías de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Austria

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/117

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Austria
      (2019/C 301/20)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Austria debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, según se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación. En particular, centrar la política económica en materia de inversión en las áreas especificadas contribuirá a abordar la segunda recomendación relativa a la zona del euro (en lo que se refiere al apoyo a la inversión), mientras que la recomendación de desplazar la presión fiscal ejercida sobre el factor trabajo aborda la tercera recomendación relativa a la zona del euro (en lo que se refiere al funcionamiento del mercado de trabajo).

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Austria fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Austria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Austria hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (4)

                  El 24 de abril de 2019, Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Austria está sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la normativa en materia de deuda. En su programa de estabilidad de 2019, el Gobierno espera que el saldo presupuestario mejorará, de un superávit del 0,1 % del producto interior bruta (PIB) en 2018 a un superávit equivalente al 0,3 % del PIB en 2019, para posteriormente reducirse de forma gradual hasta una situación presupuestaria equilibrada en 2023. Sobre la base del saldo estructural recalculado (6), el objetivo presupuestario a medio plazo —déficit estructural del 0,5 % del PIB— se seguiría superando a lo largo de todo el período de programación. Según el programa de estabilidad, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB disminuiría gradualmente desde el 73,8 % del PIB en 2018 hasta el 59,8 % del PIB en 2023. El escenario macroeconómico subyacente a estas previsiones presupuestarias es optimista. Los riesgos subyacentes a la planificación presupuestaria a medio plazo parecen moderados y se deben principalmente a la aplicación anunciada de ahorros de costes en la Administración Pública que han de emplearse para financiar la reforma prevista del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de sociedades.

                  (7)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Austria alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta la derogación por acontecimientos inhabituales por los que se autoriza una desviación temporal. Ello es compatible con una tasa de incremento nominal máximo del gasto público primario neto (7) del 2,9 %, lo que corresponde a una mejora del saldo estructural equivalente al 0,3 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, el saldo estructural mejoraría del -0,1 % del PIB en 2019 al 0,0 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Austria cumpla la normativa en materia de deuda en 2019 y 2020. Globalmente, el Consejo considera que se prevé que Austria cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (8)

                  Austria afronta a largo plazo un nivel medio de riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas, debido al aumento previsto del gasto público en sanidad, cuidados de larga duración y pensiones. Aunque la cobertura de los servicios sanitarios es generalmente elevada en Austria, se prevé que de aquí a 2070 el gasto público en sanidad aumente 1,3 puntos porcentuales, esto es, más que la media de la Unión (aumento de 0,9 puntos porcentuales), para situarse en el 8,3 % del PIB. Se prevé que el gasto público en cuidados de larga duración se duplique, pasando del 1,9 % al 3,8 % del PIB de aquí a 2070. La introducción de límites máximos de gasto mediante la Ley de Compensación Financiera de 2017 y la reforma de la atención sanitaria primaria, encaminada a reducir la excesiva dependencia respecto del sector hospitalario, han comenzado a abordar el problema de la sostenibilidad. La recientemente adoptada Ley de organización de la seguridad social puede conllevar ahorros en gastos de gobernanza y administración, pero generará costes iniciales. La calidad y la relación eficiencia/coste se mejorarán más mediante una contratación pública más eficaz (por ejemplo, licitaciones a escala de la Unión, utilización de criterios de adjudicación distintos del precio y agregación de las licitaciones de las distintas regiones) y una mayor utilización de soluciones de sanidad electrónica. En el ámbito de los cuidados de larga duración, se espera que las recientes medidas, tales como la decisión de suprimir la obligación de los pacientes de recurrir a su propio patrimonio para financiar los cuidados de larga duración en centros sanitarios, aumenten el gasto, en lugar de contenerlo.

                  (9)

                  El gasto en pensiones alcanzará un máximo en 2036, situándose 1,2 puntos porcentuales del PIB por encima del nivel de referencia de 2016. Las reformas ya aplicadas han logrado incentivar el retraso de la edad de jubilación (de 2014 a 2017, se estima que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo aumentó en 1,5 años para los hombres y en un año para las mujeres). Sin embargo, sigue sin resolverse la eliminación de la diferencia entre la edad de jubilación legal y la edad de jubilación efectiva, y debe fomentarse una mayor duración de la vida laboral. Por otra parte el ajuste de la edad mínima para la jubilación legal y para la jubilación anticipada contribuiría a mejorar más eficazmente la sostenibilidad a largo plazo en el contexto del envejecimiento de la población. Vincular de forma automática la edad de jubilación legal al aumento de la esperanza de vida en el futuro podría reducir el gasto público en pensiones. Esta reducción se estima en 2,4 puntos porcentuales del PIB de 2016 a 2070; de esta forma se contrarrestaría el aumento que resultaría del mantenimiento de la política económica.

                  (10)

                  El régimen federal austriaco lleva, a efectos fiscales, a un desajuste significativo entre las competencias en materia de gastos e ingresos a niveles inferiores al nacional. En lugar de basarse en una autonomía en el ámbito tributario, los presupuestos subnacionales están financiados por un complejo sistema de reparto de los ingresos tributarios y de transferencias intergubernamentales. Esta situación dificulta la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, y proporciona pocos incentivos para un gasto público eficiente. La Ley de relaciones fiscales intergubernamentales, de 2017, ha introducido una serie de modificaciones para simplificar las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno. Entre dichas modificaciones cabe citar: una simplificación de la distribución de los impuestos compartidos, una asignación de fuentes propias de ingresos a los Estados federados, y un acuerdo sobre nuevas reformas para una asignación más transparente de las responsabilidades legislativas y ejecutivas entre los distintos niveles de gobierno. En cuanto a este último aspecto, el Kompetenzbereinigungspaket constituye un primer paso hacia la disociación de las competencias, ya que asigna competencias compartidas bien, exclusivamente, al Gobierno Federal, o bien a los gobiernos de los Estados federados, y reduce los derechos mutuos en materia de consentimiento. No obstante, la Ley afecta únicamente a un número limitado de ámbitos.

                  (11)

                  La estructura tributaria de Austria se caracteriza por una elevada presión fiscal sobre el factor trabajo (impuestos sobre salarios y cotizaciones a la seguridad social). Se prevé que dicha presión aumente con el tiempo, en la medida en que los tramos impositivos no están indexados en función de la inflación. En 2017, la proporción que representan los impuestos sobre el trabajo en los ingresos tributarios totales (55,3 %) era una de las más elevadas de la Unión (media: 49,7 %). Las reformas recientes, tales como las reducciones de las cotizaciones a la seguridad social para los perceptores de rentas bajas y los empresarios y la bonificación fiscal para los padres que trabajan, proporcionada por el nuevo bono familiar plus, han contribuido a disminuir la cuña fiscal sobre el factor trabajo. No obstante, existe un margen de maniobra para orientar la presión fiscal hacia fuentes favorables a un crecimiento más inclusivo y sostenible. En particular, se considera que los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles son relativamente favorables al crecimiento y progresivos, ya que es probable que los perceptores de rentas elevadas posean más patrimonio inmobiliario. Sin embargo, debido a una base imponible en gran medida obsoleta, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles en Austria se mantienen a un bajo nivel, muy por debajo de la media de la Unión. Una revalorización de la base imponible contribuiría a generar más ingresos y a abordar cuestiones de equidad que surgen cuando los valores de los terrenos o de los inmuebles se apartan de los precios de mercado. Un impuesto sobre el patrimonio bien diseñado y eficaz también podría aumentar la equidad del sistema tributario, especialmente en el contexto de la flagrante desigualdad de la distribución de la riqueza en Austria y en ausencia de un impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por último, los impuestos medioambientales contribuyen a internalizar los efectos externos negativos para la salud y el clima de la utilización de recursos y de las actividades contaminantes. En este contexto, deberá volverse a examinar el régimen fiscal preferente de que disfrutan actualmente tales actividades.

                  (12)

                  El mercado de trabajo está mejorando; sin embargo, el potencial de recursos humanos sin explotar dificulta la productividad y el crecimiento a largo plazo, necesitándose modificaciones particularmente en relación con las mujeres, los trabajadores poco cualificados, los trabajadores de más edad y las personas procedentes de la inmigración. A pesar de una alta tasa global de empleo femenino (del 71,7 %, frente a una media del 67,4 % para la Unión en 2018), el nivel absoluto de empleo a tiempo completo sigue siendo bastante bajo. En 2018, el empleo a tiempo parcial de las mujeres (47,6 %) era muy superior a la media de la Unión (30,8 %), lo cual está muy relacionado con la insuficiencia de guarderías y la alta proporción de mujeres que prestan cuidados sin recibir remuneración. El actual diseño de la prestación de servicios de guardería y de las bajas por motivos familiares no contribuye suficientemente a la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral. Una mayor inversión en servicios de guardería a tiempo completo asequibles y en escuelas de toda la jornada ayudaría a más mujeres a trabajar a tiempo completo, mejoraría el potencial que representan las mujeres para el mercado laboral y aumentaría la productividad y el crecimiento integrador a largo plazo. El empleo de las mujeres a tiempo parcial también explica una parte importante de las diferencias de remuneración entre sexos (sin ajustar), que se mantienen claramente por encima de la media de la Unión (19,9 % en Austria frente al 16,0 % en la Unión en 2017). Otros importantes factores son la representación excesiva de las mujeres en los sectores poco remunerados, la segregación relacionada con la enseñanza elegida, la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de gestión y supervisión y las interrupciones de la carrera profesional. De forma global, la substancial diferencia existente entre las pensiones de jubilación de hombres y mujeres (40,5 % en Austria, frente al 35,2 % en la Unión, en 2017), se debe en gran medida a estas desigualdades de renta entre sexos que se han ido generando a lo largo de la vida laboral. Por otra parte, las personas con un empleo marginal, una mayoría de las cuales son mujeres, no están cubiertas por el subsidio de desempleo. Las altas tasas de desempleo de las personas poco cualificadas indican una infrautilización del potencial del mercado laboral. Más del 44 % de todos los desempleados solo han finalizado la enseñanza básica (hasta el primer ciclo de la educación secundaria, Pflichtschule). Unas políticas activas del mercado laboral que animen a más personas a trabajar o a buscar un empleo, con inclusión de oportunidades de aprendizaje permanente, siguen siendo fundamentales para realizar el potencial laboral de los trabajadores que proceden de la inmigración y de los adultos poco cualificados. A pesar de ser tradicionalmente importante, la participación de los interlocutores sociales en el proceso decisorio en el ámbito de estas políticas se ha puesto en entredicho.

                  (13)

                  La falta de mano de obra cualificada señala la necesidad de invertir más en formación y educación de carácter general. Los resultados académicos de los estudiantes desfavorecidos no han mejorado. Sigue habiendo grandes diferencias de resultados entre los estudiantes con y sin origen migrante. Las pruebas nacionales llevadas a cabo en 2016 mostraron que el nivel de cualificaciones básicas representa un problema, ya que alrededor de una cuarta parte de los alumnos de octavo curso no alcanza o alcanza solo parcialmente los niveles académicos exigidos en alemán. Los resultados de aquellos con bajo nivel socioeconómico y/o de origen migrante apenas han mejorado en las pruebas nacionales. Las recientes pruebas internacionales también han confirmado una brecha cada vez mayor en lectura para aquellos con menor nivel socioeconómico o de origen migrante. En el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, los alumnos que han nacido con la nacionalidad austriaca obtienen mejores resultados que los de la primera generación de migrantes, situándose la diferencia en casi tres años de escolaridad. Las reformas recientes del sistema educativo minan en parte anteriores esfuerzos de reforma y no están en consonancia con las mejores prácticas de la Unión o de la OCDE. En este contexto, se ha ralentizado la expansión de la escolarización a jornada completa, y en la enseñanza general se está intensificando la selección y la distribución de los alumnos atendiendo a sus capacidades. Es necesario invertir para abordar las desigualdades en materia de educación debidas al estrato socioeconómico o al origen migrante. Aunque Austria tiene mejores resultados que la media de la Unión en lo relativo a las competencias digitales de sus ciudadanos, se está quedando atrás respecto de los países con mejores resultados en este ámbito. La economía sufre una creciente falta de trabajadores cualificados en tecnologías de la información, ya que la oferta de diplomados informáticos es insuficiente para responder a la demanda creciente.

                  (14)

                  Austria es un país que invierte considerablemente en investigación y desarrollo, con unos ambiciosos objetivos nacionales. Sin embargo, los resultados científicos y en materia de innovación no se equiparan con los de los países de la Unión «líderes en innovación» (8). El aumento de la inversión en investigación y desarrollo no se plasma totalmente en una mejora de resultados en materia de innovación y en un incremento de la productividad. En particular, Austria presenta unos pobres resultados en lo que se refiere al empleo en las empresas innovadoras de rápido crecimiento. La inversión en investigación y desarrollo sería más eficaz si se plasmase completamente en una ciencia de excelencia y en innovaciones pioneras. Para lograrlo deben hacerse posibles más y mejores relaciones entre el mundo científico y el empresarial y debe fomentarse la cooperación sobre las prioridades de especialización inteligente entre las diferentes regiones y con otros países. Por otra parte, unas inversiones adicionales podrían generar importantes incrementos de productividad y mejores resultados en materia de innovación, por ejemplo en innovación favorable al medio ambiente, en capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en activos inmateriales complementarios.

                  (15)

                  Aunque Austria obtiene mejores resultados que la media de la Unión en el proceso general de digitalización, no alcanza el nivel de «líder en innovación» de la Unión. Estos resultados se refieren a la utilización de las tecnologías digitales y también a su desarrollo. El sector austriaco de la información y las tecnologías es relativamente pequeño y no ha experimentado el mismo crecimiento que el de los países «líderes en innovación». Por otra parte, las zonas rurales carecen de una conectividad de alta velocidad, lo que aumenta las desigualdades en las capacidades de digitalización e innovación entre regiones. También existen diferencias significativas en cuanto a la infraestructura digital de las escuelas, por ejemplo, en lo que se refiere a la cobertura de las redes locales inalámbricas. Austria ha establecido algunos programas de financiación para mejorar la conectividad a internet de alta velocidad en todo el país. Un relanzamiento de la estrategia global de digitalización de Austria ofrece una oportunidad de adoptar objetivos e indicadores y realizar un seguimiento de los progresos sobre la necesaria inversión pública y privada en el sector de la digitalización.

                  (16)

                  Un aumento de la eficiencia energética y de la proporción de las fuentes de energía renovables reforzará el potencial de crecimiento sostenible de Austria y ayudará al país a alcanzar sus objetivos en materia de lucha contra el cambio climático y energía para 2030. No obstante, se deberán realizar esfuerzos adicionales para lograr dichos objetivos. Además, la inversión pública en investigación y desarrollo en los sectores del medio ambiente y de la energía es inferior a la media de la Unión. La mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables en las pymes contribuirían a reducir el consumo de energía. La inversión en la renovación de edificios, en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y en la movilidad sostenible podría proporcionar un impulso significativo a la economía austriaca. Una transición hacia una economía circular requiere una estrategia global y un aumento de la inversión por parte de las empresas.

                  (17)

                  A pesar de un repunte reciente asociado a la favorable coyuntura económica, Austria no ha logrado reanudar el aumento de la productividad global de los factores ni dejar atrás la década de estancamiento en este factor fundamental de crecimiento económico y competitividad. Los instrumentos que permiten aumentar la productividad son la digitalización y la expansión de las empresas y la competencia en el sector de los servicios. Aunque las grandes empresas de Austria están adoptando a buen ritmo modelos de empresa y tecnologías digitales, las empresas más pequeñas siguen retrasadas al respecto. La digitalización de las empresas más pequeñas, incluidas las microempresas, es particularmente importante, ya que forman la espina dorsal de la economía austriaca. La considerable penetración del programa KMU Digital muestra la demanda y el interés de las pymes en el asesoramiento en materia de digitalización. La prolongación y ampliación de este programa sería un factor favorable; también sería útil prestar una mayor atención a la digitalización de las empresas en la estrategia global de digitalización de Austria.

                  (18)

                  Persisten retos estructurales para la creación y la expansión de empresas en Austria, y particularmente de empresas muy innovadoras. Austria se mantiene rezagada respecto de Estados miembros comparables en lo que se refiere al empleo de las empresas innovadoras de rápido crecimiento. Ello apunta a la necesidad de mejorar las condiciones para la expansión de las empresas innovadoras, que siguen tropezando con factores tales como un capital riesgo menos desarrollado y diversificado que el de los países «líderes en innovación». La financiación en una fase posterior (por ejemplo, a través del capital riesgo y del acceso a los mercados de capital público para las empresas en expansión) constituye un obstáculo. El segmento de pymes recientemente creado en la bolsa de Viena constituye un paso en la dirección adecuada. Las empresas de rápido crecimiento son esenciales para la difusión de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos económicos, incluidos los digitales, y por tanto para el aumento de la productividad.

                  (19)

                  En Austria existen importantes barreras de acceso y normas restrictivas para el ejercicio de los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Entre estas figuran los requisitos específicos relativos a la participación en el capital de una sociedad, las numerosas actividades reservadas y las restricciones interdisciplinarias. Los obstáculos reglamentarios, especialmente relacionados con la gestión cotidiana de los establecimientos comerciales, contribuyen al desarrollo relativamente débil del sector minorista austriaco. Las elevadas cargas administrativas siguen siendo una preocupación acuciante para las empresas austriacas. Los continuos esfuerzos destinados a reducir las cargas y la evaluación prevista de la Ley de Licencias Comerciales (Gewerbeordnung) son instrumentos importantes para mejorar el entorno empresarial. Una mayor competencia en el sector de servicios también contribuiría a abordar los retos que tiene planteados Austria en materia de difusión de las tecnologías digitales y los modelos de empresa.

                  (20)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Austria utilizar mejor estos fondos en los sectores indicados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

                  (21)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Austria, que ha publicado en el informe de 2019 relativo a este país. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Austria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Austria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión. Ello refleja la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones de esta en las futuras decisiones nacionales.

                  (22)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y considera (9) que se prevé que Austria cumpla con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Austria que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, del sistema de cuidados de larga duración y de los regímenes de pensiones, particularmente adaptando la edad de jubilación legal al aumento previsto de la esperanza de vida. Simplificar y racionalizar las relaciones presupuestarias entre los diferentes niveles de gobierno, y las competencias presupuestarias de estos, y alinear las competencias en materia de financiación y gasto.

         2.

            Desplazar la carga fiscal sobre el trabajo hacia fuentes que perjudiquen menos el crecimiento inclusivo y sostenible. Respaldar el empleo a jornada completa de las mujeres, particularmente mejorando los servicios de guardería, y mejorar los resultados en el mercado laboral para los trabajadores poco cualificados, en cooperación constante con los interlocutores sociales. Aumentar los niveles de cualificaciones básicas de los grupos desfavorecidos, incluyendo a las personas procedentes de la inmigración.

         3.

            Centrar la política de inversión en los sectores de investigación y desarrollo, innovación, digitalización y sostenibilidad, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Apoyar el aumento de la productividad estimulando la digitalización de las empresas y su crecimiento y reduciendo los obstáculos reglamentarios en el sector de servicios.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo,

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 84.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Según la definición del cuadro europeo de indicadores de innovación 2018 (líderes en innovación: SE, DK, FI, NL, UK, LU; grandes innovadores: DE, BE, IE, AT, FR, SI).

         (9)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.