title: Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo de 3 de junio de 2021 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción

text:
                  4.6.2021

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 198/1

         RECOMENDACIÓN (UE) 2021/892 DEL CONSEJO
         de 3 de junio de 2021
         por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letras b) y e), y su artículo 292, frases primera y segunda,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (1) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo»).

                     (2)

                     El 16 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1052 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (2). El 30 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1144 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (3). El 7 de agosto de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1186 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (4). El 22 de octubre de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1551 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (5).
                     El 17 de diciembre de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/2169 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (6). El 28 de enero de 2021, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2021/89 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (7). El 2 de febrero de 2021, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2021/132 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (8) y el 6 de mayo de 2021 la Recomendación (UE) 2021/767 (9) sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

                     (3)

                     El 20 de mayo de 2021, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2021/816 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (10), con el fin de actualizar los criterios utilizados para evaluar si los viajes no esenciales realizados desde terceros países son seguros y deben permitirse.

                     (4)

                     La Recomendación del Consejo prevé que los Estados miembros levanten gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, a partir del 1 de julio de 2020 y de manera coordinada, para los residentes de los terceros países que figuran en su anexo I. Cada dos semanas, el Consejo debe revisar y, si procede, actualizar la lista de terceros países que figura en el anexo I, tras mantener estrechas consultas con la Comisión y con los organismos y servicios competentes de la UE al término de una evaluación global basada en la metodología, los criterios y la información mencionados en la Recomendación del Consejo.

                     (5)

                     Desde la adopción de la Recomendación, el Consejo, consultando estrechamente con la Comisión y los organismos y servicios competentes de la UE, ha debatido la revisión de la lista de terceros países que figura en el anexo I de la Recomendación del Consejo, aplicando los criterios y la metodología establecidos en dicha Recomendación del Consejo, modificada por la Recomendación (UE) 2021/816. Como resultado de estos debates, debe modificarse la lista de terceros países que figura en el anexo I. En particular, debe añadirse Japón a la lista.

                     (6)

                     El control fronterizo no se efectúa únicamente en interés del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se realiza, sino en interés del conjunto de los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fronteras interiores. Por consiguiente, y para preservar el buen funcionamiento del espacio Schengen, los Estados miembros deben garantizar que las medidas que adopten en las fronteras exteriores estén coordinadas. A tal efecto, a partir del 3 de junio de 2021, los Estados miembros deben continuar de manera coordinada el proceso de levantamiento de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE para los residentes de los terceros países que figuran en el anexo I de la Recomendación del Consejo modificada por la presente Recomendación.

                     (7)

                     De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.

                     (8)

                     La presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (11); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

                     (9)

                     Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (12).

                     (10)

                     Por lo que respecta a Suiza, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (13), en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (14).

                     (11)

                     Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (15), leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (16).

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
         La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, modificada por la Recomendación (UE) 2020/1052, por la Recomendación (UE) 2020/1144, por la Recomendación (UE) 2020/1186, por la Recomendación (UE) 2020/1551, por la Recomendación (UE) 2020/2169, por la Recomendación (UE) 2021/89, por la Recomendación (UE) 2021/132, por la Recomendación (UE) 2021/767 y por la Recomendación (UE) 2021/816, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, queda modificada como sigue:

                     1)

                     El párrafo primero del punto 1 de la Recomendación del Consejo se sustituye por el texto siguiente:

                                 «1.

                                 A partir del 3 de junio de 2021, los Estados miembros deben levantar gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, de manera coordinada, para los residentes de los terceros países que figuran en el anexo I.».

                     2)

                     El anexo I de la Recomendación se sustituye por el texto siguiente:

                           «ANEXO I
                           Terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no deben verse afectados por la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE a través de las fronteras exteriores:

                                       I.

                                       ESTADOS

                                                   1.

                                                   AUSTRALIA

                                                   2.

                                                   ISRAEL

                                                   3.

                                                   JAPÓN

                                                   4.

                                                   NUEVA ZELANDA

                                                   5.

                                                   RUANDA

                                                   6.

                                                   SINGAPUR

                                                   7.

                                                   COREA DEL SUR

                                                   8.

                                                   TAILANDIA

                                                   9.

                                                   CHINA (*)

                                       II.

                                       REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

                                                   Región Administrativa Especial de Hong Kong (*1)

                                                   Región Administrativa Especial de Macao (*1)

                        (*1)  Con sujeción a confirmación de reciprocidad."

                        (*1)  Con sujeción a confirmación de reciprocidad."

            Hecho en Luxemburgo, el 3 de junio de 2021.

                  Por el Consejo

                  El Presidente

               P. N. SANTOS

            (1)  DO L 208 I de 1.7.2020, p. 1.

            (2)  DO L 230 de 17.7.2020, p. 26.

            (3)  DO L 248 de 31.7.2020, p. 26.

            (4)  DO L 261 de 11.8.2020, p. 83.

            (5)  DO L 354 de 26.10.2020, p. 19.

            (6)  DO L 431 de 21.12.2020, p. 75.

            (7)  DO L 33 de 29.1.2021, p. 1.

            (8)  DO L 41 de 4.2.2021, p. 1.

            (9)  DO L 165 I de 11.5.2021, p. 66.

            (10)  DO L 182 de 21.5.2021, p. 1.

            (11)  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

            (12)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

            (13)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

            (14)  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).

            (15)  DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.

            (16)  Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).


title: Recomendación del Consejo de 10 de octubre de 2019 sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 2019/C 351/01

text:
               17.10.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 351/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 10 de octubre de 2019
      sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
      (2019/C 351/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 283, apartado 2, y su artículo 139, apartado 2,
      Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,
      RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
      Nombrar a D. Fabio PANETTA miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.

         Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ


               9.3.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 76/206

      P8_TA(2018)0227
      Libia
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Libia (2018/2017(INI))
      (2020/C 76/25)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistas la Resolución 2259 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y posteriores resoluciones,

                  —

                  Visto el Acuerdo Político Libio,

                  —

                  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 22 de agosto de 2017, sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia,

                  —

                  Vista la Resolución 1973 (2011) y posteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Libia, incluida la 2308 (2017),

                  —

                  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas presentado de conformidad con la Resolución 2312 (2016) del Consejo de Seguridad,

                  —

                  Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 14 de noviembre de 2017, sobre el sufrimiento de los migrantes en Libia, que constituye un ultraje a la conciencia de la humanidad,

                  —

                  Visto el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de abril de 2018, titulado «Abuse Behind Bars: Arbitrary and unlawful detention in Libya» (Abuso tras los barrotes: detenciones arbitrarias e ilícitas en Libia),

                  —

                  Vistas sus Resoluciones, de 18 de septiembre de 2014 (1), 15 de enero de 2015 (2) y 4 de febrero de 2016 (3), sobre la situación en Libia,

                  —

                  Vista la declaración de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 20 de diciembre de 2017, sobre la situación de los migrantes en Libia,

                  —

                  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

                  —

                  Visto el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM) de la Unión,

                  —

                  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de enero de 2017, titulada «Migración en la ruta del Mediterráneo Central: gestionar los flujos, salvar vidas» (JOIN(2017)0004),

                  —

                  Vista la Declaración de Malta, de 3 de febrero de 2017,

                  —

                  Vistos la Asociación Estratégica UE-África y su plan de acción,

                  —

                  Vista la declaración conjunta sobre la situación migratoria en Libia, adoptada en la Cumbre Unión Africana-Unión Europea de 2017 y la creación de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel trilateral UA-UE-ONU,

                  —

                  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de julio de 2017, sobre Libia,

                  —

                  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 19 de octubre de 2017,

                  —

                  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0159/2018),

                  A.

                  Considerando que la situación en Libia es extremadamente lábil y que el país se halla frente a una serie de complejos retos que guardan relación entre sí acerca de la estabilidad política, el desarrollo económico y la seguridad;

                  B.

                  Considerando que, dado que la crisis en Libia tiene un enorme impacto en su población y también afecta al conjunto de la región circundante y a la Unión, por el bien de la población libia y de los países vecinos, así como de las regiones subsahariana y mediterránea es de vital importancia garantizar la estabilidad en Libia, como un requisito previo fundamental para mejorar la situación económica y social del país;

                  C.

                  Considerando que la estabilidad en el sur de Libia es un asunto particular dada la fragilidad de sus países vecinos con una insurgencia yihadista potencial que amenaza a los gobiernos debilitados en la región Sahel-Sáhara;

                  D.

                  Considerando que la Unión debería informar de forma más proactiva sobre sus esfuerzos diplomáticos y su gran contribución financiera a la consolidación de la situación socioeconómica y de seguridad en Libia;

                  E.

                  Considerando que el conflicto en Libia solo se puede resolver mediante un enfoque coherente, integral e inclusivo que cuente con la participación de todos los agentes internacionales y de las partes interesadas, incluidos representantes de las diversas comunidades locales, los jefes tribales y los activistas de la sociedad civil, y que garantice la responsabilidad e inclusión de Libia en el proceso de paz;

                  F.

                  Considerando que el Acuerdo Político Libio y el Plan de Acción para Libia de las Naciones Unidas constituyen actualmente el único marco posible para la solución de esta crisis;

                  G.

                  Considerando que, mediante la acción diplomática y una ayuda concreta, la Unión está ayudando a la transición política de Libia hacia un país estable y operativo y está respaldando los esfuerzos de mediación dirigidos por las Naciones Unidas a este respecto;

                  H.

                  Considerando que es de la máxima importancia que todos los Estados miembros hablen con una sola voz, reforzando los esfuerzos de mediación de la Unión y haciendo hincapié en la función fundamental de las Naciones Unidas y del Plan de Acción de las Naciones Unidas; que, en todos los casos, las iniciativas individuales de los Estados miembros solo se aceptarán si se adoptan dentro del marco europeo y son plenamente conformes con la política exterior de la Unión;

                  I.

                  Considerando que la acción de la Unión muestra resultados en el frente migratorio, teniendo en cuenta que las cifras disminuyeron un tercio a finales de 2017 en comparación con 2016 y que para los primeros meses de 2018 las cifras son un 50 % más bajas en comparación con el mismo período del año pasado;

                  J.

                  Considerando que Libia es un importante punto de tránsito y salida de migrantes que intentan llegar a Europa, en particular procedentes del África subsahariana; que miles de migrantes y refugiados que huyen de la violencia en Libia han perdido la vida intentando atravesar el Mediterráneo para alcanzar Europa;

                  K.

                  Considerando que los migrantes se encuentran entre quienes más sufren debido a los problemas de seguridad en Libia, pues a menudo son objeto de actos violentos, detenciones y encarcelamientos arbitrarios por parte de agentes no estatales, extorsiones, secuestros con fines de chantaje y explotación;

                  L.

                  Considerando que muchos migrantes, en especial los procedentes del África subsahariana, se han visto sometidos a detenciones arbitrarias por parte de distintos grupos armados del país;

                  M.

                  Considerando que el retorno forzoso a Libia por parte de Níger de, al menos, 132 sudaneses que recibían ayuda del ACNUR es un motivo de gran preocupación;

                  N.

                  Considerando que se mantiene el problema de los desplazados internos; que a menudo deben encarar amenazas críticas, como el cruce de zonas de conflicto o la presencia de minas terrestres o artefactos sin explotar, además de la violencia de las distintas milicias;

                  O.

                  Considerando que Libia se ha convertido en un país de tránsito para la trata de seres humanos; que Libia sigue albergando a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo de nacionalidades diferentes, muchos de los cuales viven en condiciones trágicas, lo que los convierte en objetivo de los traficantes; que ha habido denuncias de esclavitud en Libia;

                  P.

                  Considerando que la vida cotidiana de los libios se caracteriza por unas condiciones de vida cada vez más difíciles, que se complican aún más por una crisis de liquidez, cortes de agua y frecuentes cortes de electricidad y el estado en general catastrófico del sistema sanitario del país;

                  Q.

                  Considerando que el clima político en Libia se caracteriza por una profunda desconfianza entre los principales agentes políticos y militares de diferentes regiones;

                  R.

                  Considerando que el Gobierno de Consenso Nacional confía cada vez más en diversas milicias para su propia seguridad; que estas milicias han adquirido un grado sin precedentes de influencia sobre las instituciones del Estado en Trípoli, amenazando los actuales intentos de las Naciones Unidas de crear un marco político más viable en el país;

                  S.

                  Considerando que países como Turquía, Qatar, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos ejercen una influencia significativa en varios grupos de facciones beligerantes;

                  T.

                  Considerando que las identidades subnacionales de las distintas comunidades libias, tribus o grupos étnicos siempre han constituido el tejido sociocultural profundo de Libia y desempeñan un papel fundamental en las dinámicas sociales y políticas y en las cuestiones de seguridad del país; que la sociedad libia tiene sólidas tradiciones de resolución de disputas entre ciudades, tribus y comunidades étnicas;

                  U.

                  Considerando que, en la actualidad, el país carece de un marco legislativo claro y compartido por lo que respecta al sistema electoral; que no se ha aprobado ninguna constitución, dejando al país sin el marco jurídico necesario para la celebración de nuevas elecciones; que el actual clima de impunidad, ilegalidad generalizada y corrupción, el papel de los grupos armados y las tensiones tribales y regionales libias contribuyen a reducir aún más la confianza en las ya débiles instituciones públicas y gubernamentales;

                  V.

                  Considerando que Libia ha experimentado un aumento constante de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias y los ataques indiscriminados en zonas residenciales e infraestructuras, así como una creciente incitación al odio y a la violencia;

                  W.

                  Considerando que el grupo extremista salafista madjalista es cada vez más fuerte y más importante en el este y en el oeste de Libia; que los madjalistas son contrarios a la celebración de elecciones, desean mantener el status quo, rechazan totalmente cualquier modelo de democracia y están fuertemente armados, por lo que representan un riesgo concreto de intensificación del extremismo y la violencia en el país;

                  X.

                  Considerando que el colapso del sistema de justicia penal aumenta la impunidad en el país, reduciendo las posibilidades de que las víctimas busquen protección y recursos; que en varias regiones, incluso en casos en que se han archivado denuncias policiales después de un delito, se han adoptado pocas medidas para iniciar investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes y para llevar a los responsables ante la justicia; que ningún autor de un delito perteneciente a un grupo armado ha sido condenado en Libia desde 2011;

                  Y.

                  Considerando que el ciclo de violencia en Libia se ha alimentado continuamente de una impunidad generalizada por violaciones graves de los derechos humanos; que, a menos que se aborde adecuadamente, la ausencia continuada del Estado de Derecho hará que el discurso de la coexistencia pacífica y la lucha contra el extremismo violento no tenga sentido para la población;

                  Z.

                  Considerando que docenas de militantes políticos y de defensa de los derechos humanos, profesionales de los medios de comunicación y otras figuras públicas han sido secuestrados o amenazados; que las Naciones Unidas han recibido informes acerca de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos practicados por ambos bandos;

                  AA.

                  Considerando que el aumento de los ataques contra miembros de la judicatura, organizaciones locales de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación, así como refugiados y migrantes, ha acelerado el deterioro de la situación de los derechos humanos de todos los civiles en territorio libio; que la ausencia del Estado de Derecho y la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura, la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras, siguen avivando el ciclo de violencia en el país;

                  AB.

                  Considerando que la porosidad de las fronteras libias incentiva el tráfico ilegal transfronterizo; que la proliferación de grupos armados en las zonas de frontera ha exacerbado aún más la lucha entre traficantes rivales por el control y el acceso a los recursos transfronterizos; que los denominados combatientes extranjeros que llegan al país y las distintas redes delictivas siguen beneficiándose de la proliferación incontrolada de armas;

                  AC.

                  Considerando que la inseguridad y la inestabilidad política han hecho de Libia un terreno fértil para la actividad de grupos extremistas; que la región de Fezán es estructuralmente inestable y lugar histórico de tránsito a Europa para refugiados y migrantes, de contrabando de petróleo, oro, armas y drogas y de tráfico de seres humanos; que dicha región se caracteriza por tensiones étnicas y tribales agravadas tras la caída de Gadafi y por la lucha por el control de los recursos del país; que la estabilización de Fezán es fundamental para la estabilización del país en su conjunto;

                  AD.

                  Considerando la importancia de las autoridades locales libias a la hora de prevenir los conflictos y prestar servicios públicos esenciales para la población;

                  AE.

                  Considerando que desde el 7 de mayo de 2018 se han intensificado los ataques terrestres, aéreos y de artillería a la ciudad de Derna; que numerosos civiles han sido asesinados, al mismo tiempo que el acceso a la ayuda y a los servicios médicos ha sido limitado drásticamente y la situación humanitaria es dramática;

                  AF.

                  Considerando que una delegación oficial del Parlamento llevó a cabo una misión a Libia del 20 al 23 de mayo de 2018;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

                              a)

                              que recaben el mayor apoyo posible para el Plan de Acción para Libia de las Naciones Unidas presentado en septiembre de 2017 por Ghassan Salamé, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, para la estabilización de Libia y para un proceso de reconciliación nacional político e integrador que permita a todos los actores libios, incluidas las entidades tribales, alcanzar un acuerdo político estable y duradero que también preste la debida atención a la participación de las mujeres y las minorías; que tengan en cuenta los resultados de los procesos de consulta inclusivos presentados al CSNU el 21 de mayo de 2018; que condenen firmemente cualquier intento de socavar el proceso de paz auspiciado por las Naciones Unidas; que sigan cooperando estrechamente con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL);

                              b)

                              que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos para apoyar el plan de las Naciones Unidas y ayuden a consolidar un Gobierno libio en sus esfuerzos para crear un acuerdo político, garantizar la seguridad y ampliar su autoridad a todo el territorio de Libia, más allá del estrecho control territorial del Gobierno de Consenso Nacional reconocido internacionalmente, como condición previa necesaria para una solución política integradora que promueva la estabilización, la reconstrucción y la reconciliación del país, para la consolidación del Estado y para toda operación de mantenimiento de la paz basada en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; que garanticen que sean los libios los que se hagan cargo del proceso de estabilización y de la decisión sobre la futura forma del Estado; que apoyen el refuerzo de mecanismos y capacidades locales en el país para la mediación, la resolución de litigios y los ceses de hostilidades y que los vinculen al Plan de Acción de las Naciones Unidas como parte de un enfoque coherente e integrado que conduzca a resultados concretos y duraderos;

                              c)

                              que apoyen las denominadas asambleas públicas que se están celebrando en diversos municipios bajo los auspicios de las Naciones Unidas como una iniciativa efectiva de reconciliación abajo-arriba que tiene por objeto fomentar el diálogo entre diferentes comunidades, contribuyendo concretamente al desarrollo de una solución viable y sostenible para la crisis libia y a la creación de una cultura nacional de sentido cívico;

                              d)

                              que elaboren medios para promover la consolidación institucional, construyendo una auténtica sociedad civil e impulsando la economía, y que se aparten de un servicio público demasiado extendido y fomenten el desarrollo sostenible del sector privado, elementos necesarios para asegurar la estabilidad y la prosperidad a largo plazo del país;

                              e)

                              que apoyen los esfuerzos de Libia para trabajar en un nuevo orden constitucional que debería incluir una fórmula para la distribución justa de la riqueza petrolera así como una clara división de tareas y obligaciones de las regiones históricas por un lado y de un gobierno nacional por otro lado; que recuerden que una constitución tan nueva, que podría inspirarse en elementos de la Constitución enmendada de 1963, respaldaría los esfuerzos para organizar unas elecciones nacionales, que solo deberían celebrarse cuando se apruebe la nueva constitución y se cumplan realmente las condiciones necesarias para garantizar una alta participación así como su aceptación pública y legitimidad;

                              f)

                              que sigan dando prioridad en el seno de las instituciones de la Unión al trabajo sobre la mejor manera de abordar todos los aspectos de la crisis libia y qué instrumentos y sectores involucrar, prestando mayor atención a la dinámica local, para adoptar un enfoque global del país y mostrar unidad entre todas las instituciones y Estados miembros en lo que se refiere a objetivos y actuaciones, al objeto de garantizar la coherencia en las medidas de todos los agentes participantes, como parte de una estrategia regional más amplia;

                              g)

                              que aumenten su presencia, visibilidad y comprensión de la complejidad de la situación en el país mediante el restablecimiento de la delegación de la Unión en Trípoli y el retorno del personal permanente de la Unión a la delegación;

                              h)

                              que no dejen de hacer hincapié en que la solución a la crisis libia no puede ser militar ni de insistir en la necesidad de que todas las partes y los grupos armados del país se comprometan con el artículo 42 del Acuerdo Político Libio, respeten los principios del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y se abstengan tanto del discurso de la violencia como del recurso a esta y se desmovilicen y comprometan a alcanzar una solución pacífica al conflicto, de modo que se eviten mayores daños y la pérdida de más vidas humanas; considera que las negociaciones deberían servir para unificar las fuerzas de seguridad libias de las distintas regiones para crear estructuras de seguridad nacional bajo control civil del Gobierno libio integrador reconocido internacionalmente, con garantías de transparencia y rendición de cuentas y respetando las obligaciones internacionales de Libia en materia de derechos humanos, y que también deberían llevar a la firma de un protocolo por el que todos los grupos armados se comprometan a renunciar al uso de la fuerza y la violencia, dentro del marco de un proceso coherente y global de desarme, desmovilización y reinserción destinado a reinsertar a los miembros de grupos armados en la sociedad y de un proceso de reforma del sistema de seguridad guiado por los principios de Sjirat de no discriminación y transparencia; que tengan en cuenta que la firma de un protocolo de este tipo debería permitir la aplicación del acuerdo de paz allanando el camino para celebrar elecciones libres y justas y debería derivar en incentivos económicos y financieros y estimular a los signatarios a trabajar para la creación de nuevas instituciones estatales;

                              i)

                              que tengan presente la necesidad de elaborar programas a medida para reintegrar en el aparato de seguridad regular a las personas, no a los grupos, pertenecientes a las milicias, limitando las lealtades divididas;

                              j)

                              que apoyen los esfuerzos de las Naciones Unidas destinados a celebrar elecciones en Libia a finales de 2018, pero solo cuando se haya aprobado una nueva constitución; que apoyen especialmente los esfuerzos por registrar votantes, ya que actualmente solo se han registrado alrededor del 50 % de los electores; que se aseguren de que se adopta un acuerdo sobre una disposición transitoria antes de las elecciones con el fin de restablecer la confianza y así fortalecer la legitimidad nacional e internacional del nuevo gobierno; que apoyen, también con medios técnicos, el proceso de creación de un marco constitucional válido, así como el proceso electoral en su conjunto, vinculando las posibles contribuciones financieras europeas a la adopción de una ley electoral que cumpla, en la medida de lo posible, los principios internacionales consagrados por la Comisión de Venecia;

                              k)

                              que presionen a quienes obstaculizan las conversaciones políticas de paz y hagan cumplir efectivamente el embargo de armas impuesto a Libia por las Naciones Unidas; que consideren la introducción de nuevas sanciones a quienes apoyan los negocios ilegales de petróleo;

                              l)

                              que estrechen la cooperación con todas las organizaciones internacionales y agentes de otro tipo presentes sobre el terreno para una mayor coherencia y convergencia de la acción internacional; que hagan un mayor despliegue diplomático hacia todos los agentes regionales y los países vecinos, a fin de garantizar que ayuden a alcanzar una solución positiva a la crisis en Libia en consonancia con el Plan de Acción de las Naciones Unidas, único marco en el que dicha solución resulta posible; que apoyen
                                    el proceso en curso
                                  de
                                    la
                                  conferencia nacional en Libia con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las diferentes partes libias sobre los siguientes pasos para completar la transición; que disuadan a los agentes regionales de cualquier intervención militar unilateral o multilateral que carezca de fundamento jurídico o del consentimiento político del Gobierno libio;

                              m)

                              que apoyen el despliegue en Libia de legisladores, jueces y fiscales especializados que puedan ayudar a revisar las leyes libias de lucha contra el terrorismo y que garanticen que estén debidamente capacitados para presidir y llevar a cabo procesos judiciales de lucha contra el terrorismo de acuerdo con el Estado de Derecho;

                              n)

                              que pongan la crisis libia en un contexto más amplio, regional y panafricano, que tenga en cuenta que Libia resulta fundamental para la estabilidad del Norte de África, el Sahel y el Mediterráneo; que promuevan y faciliten la cooperación libia con sus vecinos del Sahel; que estudien, como parte de este enfoque, la repercusión de la situación en Libia sobre las dinámicas y retos a los que se enfrenta la Unión; que elaboren una política global respecto a Libia que tenga en cuenta la perspectiva regional y panafricana abarcando políticas más amplias de desarrollo, seguridad y migratorias y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la respuesta al terrorismo y la lucha contra la esclavitud y la explotación; que velen por que esta política se vea respaldada por una financiación que resulte adecuada y suficiente para que su ejecución, incluido el próximo marco financiero plurianual, rinda frutos concretos; que continúen y redoblen en la medida de lo posible la cooperación entre la operación «Sea Guardian» de la OTAN y la operación EUNAVFOR MED SOPHIA;

                              o)

                              que garanticen una participación permanente y activa en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo y contra la trata, no solo mediante la integración de inteligencia, cooperación financiera y apoyo táctico, sino también con programas sociales y educativos para la atención sanitaria y la educación que apoyen la formación y el despliegue de agentes sociales y formadores de opinión importantes para combatir el extremismo violento y promover un mensaje de coexistencia y cooperación pacífica;

                              p)

                              que tengan en cuenta que, si bien el Dáesh/EI podría haberse debilitado significativamente en Libia, hay nuevas formas de extremismo en alza en el país, como la que representan los madjalistas; que recuerden que la respuesta más efectiva a la presencia militante radical en el país radica básicamente en el establecimiento de instituciones nacionales inclusivas que puedan sostener el Estado de Derecho, proporcionar servicios públicos y seguridad local y luchar eficazmente contra los grupos que amenazan la estabilidad del país y de la región en general;

                              q)

                              que garanticen que, en consonancia con la Declaración de París, de 25 de julio de 2017, los fondos de la Unión se utilicen de manera eficaz con el fin de garantizar la coordinación intergubernamental en la restauración de la infraestructura pública a través de los sistemas de estabilización de la Unión; que den prioridad a la financiación de proyectos e iniciativas que respalden a los actores que promuevan la rendición de cuentas y el cambio democrático y que estimulen el diálogo, la reconciliación y mecanismos de resolución de conflictos de raíz local, con la participación de las mujeres y el trabajo de los jóvenes, para evitar que se involucren en actividades delictivas como unirse a milicias que participan en el tráfico y la trata de seres humanos; que continúen fortaleciendo la sociedad civil, en particular a los defensores de los derechos humanos, y apoyen el proceso político y las actividades de seguridad y mediación, en particular a través del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz; que favorezcan la institución de una gobernanza representativa a escala local y nacional para responder mejor a los retos que plantea la reconciliación, la estabilización y el restablecimiento de la seguridad; que velen por que la concesión de dinero del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión se otorgue solamente cuando respete sus objetivos originales y vaya siempre acompañada de un riguroso análisis de las autoridades locales y los perceptores y de una evaluación posterior;

                              r)

                              que apoyen a los municipios a la hora de prestar servicios básicos y construir una gobernanza local; que garanticen un nivel de vida mínimo para la población, teniendo en cuenta que una comprensión más cercana del sistema político y económico local es fundamental para llevar el proceso de reconciliación a la población y para luchar contra el tráfico ilícito; que garanticen que los fondos de la Unión se utilicen de manera efectiva en proyectos que ayuden a la población y la sociedad civil de Libia; que promuevan la comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales locales;

                              s)

                              que apoyen iniciativas como la promovida por la Comisión de Reconciliación Misrata-Tawergha, en la que las dos ciudades de Misrata y Tawergha alcanzaron un acuerdo basado en una doctrina de coexistencia pacífica, abriendo el camino para el regreso de la población desplazada de Tawergha a su ciudad;

                              t)

                              que continúen alentando a las instituciones libias a trabajar con más eficacia y transparencia por la mejora de las condiciones de vida de todos los libios, entre otras cosas, mediante la recuperación de servicios públicos prioritarios y la reconstrucción de infraestructuras públicas, a mejorar la gobernanza económica del país, a resolver la crisis de liquidez y a llevar a cabo las reformas económicas y financieras necesarias pedidas por las instituciones financieras internacionales para ayudar a la estabilización y la recuperación económica; que ayuden al país a establecer una economía basada en el mercado capaz de llegar a todos los libios; que insten a las autoridades libias a garantizar que los ingresos de los recursos naturales y sus beneficios se exploten en beneficio del conjunto de la población, también a nivel local; que pidan a las autoridades libias que se comprometan con elevados niveles de transparencia en el sector extractivo nacional y, en particular, que se comprometan con los requisitos de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) lo más rápido posible; que ayuden a las autoridades libias a luchar contra toda actividad ilegal que obstaculice la economía nacional, como se informó recientemente en el informe provisional del Grupo de Expertos establecido en virtud de la Resolución 1973 (2011) sobre Libia;

                              u)

                              que sigan condenando enérgicamente la vulneración de los derechos humanos y las violaciones del Derecho internacional humanitario y redoblen sus esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria a la población necesitada y a todas las partes del país, en particular en lo que se refiere a la sanidad y a las instalaciones energéticas; que doten de mayor eficacia la ayuda financiera humanitaria y refuercen el apoyo a las organizaciones humanitarias presentes sobre el terreno y la cooperación con estas; que condenen los múltiples y crecientes intentos de reducir el espacio para la sociedad civil, especialmente a través de un marco jurídico represivo y de ataques contra los defensores de los derechos humanos y contra la judicatura; que pidan que la Unión Africana, las Naciones Unidas y la Unión Europea sigan trabajando juntas y que adopten medidas enérgicas para poner fin de inmediato a estas violaciones de los derechos humanos; que refuercen la sociedad civil y apoyen el desarrollo y la independencia de los medios de comunicación locales;

                              v)

                              que aceleren los esfuerzos en relación con el mecanismo de evacuación de emergencia de ACNUR financiado por la Unión, que ha permitido el desalojo de Libia de alrededor de 1 000 de los refugiados más vulnerables necesitados de protección; que alienten a sus homólogos libios a que amplíen el número actual de nacionalidades con las que actualmente Libia permite que trabaje la ACNUR;

                              w)

                              que aborden el problema de la migración ilegal que atraviesa Libia y la procedente de allí, teniendo en cuenta la necesidad de soluciones a largo plazo eficaces y viables que deben asimismo abordar las causas profundas de la migración en África en los países de origen y de tránsito y establecer una base jurídica para los procesos de migración internacional, que actualmente se basan en reasentamientos mediante el mecanismo de tránsito de emergencia o reasentamientos directos; que centren los esfuerzos de la Unión en la protección de los migrantes en Libia; que ayuden a las autoridades libias a garantizar el retorno de los desplazados internos a sus hogares y que apoyen a las comunidades locales a afrontar sus retos, al tiempo que garanticen que el retorno de los desplazados no consiste simplemente en el intercambio del derecho de retorno por una compensación monetaria que favorece a las diversas milicias; que alerten a la comunidad internacional de la necesidad de medidas, como pueden ser medios de lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, para abordar los desafíos en materia de desarrollo, derechos humanos y seguridad a que se enfrentan Libia y la región sahelo-sahariana; que garanticen que las medidas de lucha contra la trata de seres humanos no dificulten la libre circulación en vista del desarrollo económico de la región;

                              x)

                              que intensifiquen los esfuerzos conjuntos realizados por la Unión, la Unión Africana y las Naciones Unidas para mejorar la protección de los migrantes y refugiados en Libia, prestando especial atención a las personas vulnerables; que investiguen a fondo e inmediatamente las acusaciones de abusos y trato inhumano de migrantes y refugiados a manos de grupos delictivos en Libia, así como las denuncias sobre prácticas de esclavitud; que planteen iniciativas para evitar sucesos de este tipo en el futuro; que mejoren las condiciones de los refugiados y migrantes recluidos en los centros de detención e insten a las autoridades libias a que clausuren lo antes posible aquellos centros que se determine que no se ajustan a las normas internacionales; que continúen e intensifiquen los retornos voluntarios asistidos y los esfuerzos de reasentamiento llevados a cabo en cooperación con las Naciones Unidas y la Unión Africana, subrayando en este sentido la importancia de abolir el requisito libio de «visados de salida»; que alienten a las autoridades libias a que pongan fin a las detenciones arbitrarias y eviten la detención de personas vulnerables, en particular niños; que velen por que el trato recibido por los migrantes sea conforme a los instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos y asignen la financiación necesaria con cargo al presupuesto de la Unión; que pidan a Libia que firme y ratifique la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y su Protocolo de 1967; que garanticen que la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia), la operación EUNAVFOR MED SOPHIA y la operación Themis de Frontex se centren conjuntamente en cómo desarticular actividades ilícitas, incluido el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y el terrorismo en el Mediterráneo central; que garanticen que EUBAM, de acuerdo con su mandato, siga participando activamente y asista a las autoridades libias en áreas prioritarias relacionadas con la gestión de fronteras, la aplicación de las leyes y el sistema de justicia penal en general;

                              y)

                              que continúen potenciando sus esfuerzos contra todos los actos de tráfico ilícito y trata de seres humanos que se dirigen al territorio libio, lo atraviesan y proceden de él y que tienen lugar frente a la costa de Libia, lo que socava el proceso de estabilización de Libia y pone en peligro la vida de miles de personas; que garanticen, en ese sentido, la continuidad de la contribución de la Unión para contrarrestar estos problemas ayudando a sus homólogos libios a construir la capacidad que necesitan desde hace tiempo para proteger las fronteras terrestres y marítimas del país y comprometiéndose con las autoridades libias para establecer una estrategia global de gestión de fronteras;

                              z)

                              que apoyen una solución duradera para los más de 180 000 desplazados internos en Libia, incluidos unos 40 000 antiguos residentes de Tauarga, a través de posibilidades de reasentamiento o facilitación de retornos seguros a sus hogares y mediante un mayor apoyo a la ACNUR y la OIM a tal fin;

                              aa)

                              que aborden el fenómeno de hibridación entre las actividades de grupos delictivos internacionales y grupos terroristas realizando investigaciones en profundidad por lo que respecta, en particular, a la trata de seres humanos y a los actos de violencia sexual cometidos en tiempos de conflicto;

                              ab)

                              que apoyen el compromiso con la guardia costera libia, que permitió rescatar a casi 19 000 migrantes en aguas territoriales libias entre enero y finales de octubre de 2017; que ayuden a las autoridades libias a notificar formalmente su área de búsqueda y salvamento, establecer un conjunto de procedimientos operativos normalizados claros para el desembarco y garantizar un sistema eficaz de vigilancia de la guardia costera libia, con miras a crear un registro claro y transparente de todas las personas desembarcadas en las costas libias, asegurando que son tratadas de conformidad con las normas humanitarias internacionales; que sigan colaborando con las autoridades libias para intensificar el trabajo preparatorio de un centro de coordinación de salvamento marítimo en Libia con el objetivo de mejorar su capacidad de búsqueda y salvamento; que garanticen la continuación de la formación especializada brindada por la OIM y la ACNUR a la guardia costera de Libia sobre la protección internacional, la legislación sobre los refugiados y los derechos humanos;

                              ac)

                              que intensifiquen la ayuda humanitaria y civil a fin de aliviar la difícil situación de la población libia y responder a las necesidades más urgentes de los que se han visto gravemente afectados por el conflicto en Libia, en particular en las zonas más afectadas, y que estén preparados para responder a cualquier deterioro de la situación; insta a la Unión a que respalde el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil y en particular de los grupos de mujeres, que buscan encontrar soluciones no violentas para las múltiples crisis del país;

                              ad)

                              que pongan a disposición todos los recursos financieros y humanos necesarios para ayudar a los refugiados y aportar una ayuda humanitaria adecuada a las personas desplazadas para hacer frente a la crisis humanitaria en Libia, que ha obligado a miles de personas a huir del país;

                              ae)

                              que intensifiquen los esfuerzos internacionales para desmantelar el tráfico ilícito de migrantes y las redes de trata de seres humanos y redoblen sus esfuerzos en la lucha contra este delito y para llevar a los responsables ante la justicia; que continúen con las actividades de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA con aún mayor ahínco para desarticular el modelo comercial de los traficantes y tratantes de personas, desarrollar la capacidad de los guardacostas de Libia y apoyar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el embargo de armas y el tráfico ilícito de petróleo; que continúen prestando apoyo a Libia a través de misiones civiles de la PCSD; que aumenten las capacidades relativas a la búsqueda y el salvamento de personas en peligro y capacidades que desarrollen todos los Estados y que reconozcan el apoyo proporcionado por agentes privados y ONG al llevar a cabo operaciones de salvamento marítimo o terrestre, teniendo en cuenta el marco jurídico internacional existente y los problemas de seguridad;

                              af)

                              que reafirmen su pleno apoyo al mandato de la Corte Penal Internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en Libia, recordando que los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, como la Corte Penal Internacional y la jurisdicción universal, desempeñan un papel importante en la aplicación del plan de paz en un marco que establece medidas para la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos en Libia; que respalden a la Corte Penal Internacional en sus esfuerzos por llevar a los responsables de crímenes atroces ante la justicia; que apoyen al representante especial de las Naciones Unidas para Libia en su llamamiento de noviembre de 2017 a la comunidad internacional para ayudar a Libia a combatir la impunidad por crímenes de guerra y estudiar alternativas para tribunales conjuntos; que pidan a la Unión y los Estados Miembros que apoyen los mecanismos internacionales para proporcionar al sistema judicial nacional todos los medios necesarios para comenzar a investigar violaciones graves anteriores y actuales y apoyar a las futuras autoridades legítimas libias en el cumplimiento de esta misión por sí solas; que consideren que los juicios justos llevarán justicia a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el territorio libio, lo que allanará el camino para una reconciliación y paz sostenibles;

                              ag)

                              expresa su preocupación por la creciente presencia del Dáesh y de otros grupos terroristas en Libia, que está desestabilizando al país y amenazando a sus países vecinos, así como a la Unión;

                              ah)

                              que pidan, en particular, a las autoridades y a las milicias libias que garanticen el acceso externo a las instalaciones de detención, en especial las destinadas a los migrantes;

                              ai)

                              que aclaren la situación relativa al pago de los dividendos en acciones, los ingresos por bonos y los pagos de intereses sobre los activos de la Autoridad de Inversión de Libia congelados en la Unión; que proporcionen un informe detallado sobre el importe total de intereses extraídos de los activos de Gadafi desde su congelamiento en 2011 y una lista de las personas o entidades que se han beneficiado de estos pagos de intereses; que aborden como asunto prioritario las preocupaciones sobre una posible laguna en el régimen de sanciones de la Unión relacionada con este tema;

                              aj)

                              que promuevan proyectos que tengan por objeto el desarrollo económico de la región de Fezzan y de la economía legal, cooperando estrechamente con los distintos municipios, sobre todo los situados a lo largo de las rutas migratorias, a fin de combatir las actividades ilegales de las redes delictivas y el violento extremismo de los grupos terroristas mediante la creación de fuentes alternativas de ingresos, sobre todo para los jóvenes;

                              ak)

                              que mantengan el embargo sobre la exportación de armas a Libia, evitando así que caigan en manos de extremistas y grupos armados, un factor que alimenta aún más la inseguridad y la inestabilidad en todo el territorio libio;

                              al)

                              que adopten medidas diplomáticas urgentes destinadas a proteger a los civiles y abordar la situación humanitaria en Derna;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como, para información, al Gobierno de Consenso Nacional libio.

         (1)  DO C 234 de 28.6.2016, p. 30.

         (2)  DO C 300 de 18.8.2016, p. 21.

         (3)  DO C 35 de 31.1.2018, p. 66.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 27 de mayo de 2020 sobre la limitación de las distribuciones de capital durante la pandemia de COVID-19 (JERS/2020/7) 2020/C 212/01

text:
                  26.6.2020

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  C 212/1

         RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
         de 27 de mayo de 2020
         sobre la limitación de las distribuciones de capital durante la pandemia de COVID-19
         (JERS/2020/7)
         (2020/C 212/01)
         LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
         Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), en particular el artículo 3, apartado 2, letras b), d) y f), y los artículos 16 a 18,
         Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 15, apartado 3, letra e), y los artículos 18 a 20,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     La crisis de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) se ha transformado rápidamente de dramática emergencia médica en grave perturbación económica con posibilidades de convertirse en una crisis financiera sistémica. No se sabe cuánto durará esta crisis ni lo grave que será, pero es obvio que las instituciones financieras deben mantener un nivel de capital que les permita reducir el riesgo sistémico y contribuir a la recuperación económica.

                     (2)

                     Varias instituciones que son miembros de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), como la Autoridad Bancaria Europea (3) (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (4) (AESPJ) y el Banco Central Europeo (5) (BCE), y muchas autoridades nacionales, han pedido a las entidades de crédito y a las entidades de seguros y reaseguros de la Unión que eviten desembolsos voluntarios (por ejemplo, pagos de dividendos y primas y recompras de acciones para remunerar a los accionistas). Esto puede contribuir a mejorar la resiliencia del sector financiero, reforzar su capacidad de dar crédito a la economía real en situaciones de crisis, y reducir el riesgo de insolvencia de instituciones financieras a causa de los riesgos relacionados con la COVID-19.

                     (3)

                     La JERS se encarga de la vigilancia macroprudencial del sistema financiero de la Unión y debe contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, asegurando así la contribución sostenible del sector financiero al crecimiento económico. La JERS celebra y respalda totalmente las iniciativas de sus instituciones miembros, pero además considera necesario adoptar una recomendación para velar por que las instituciones financieras del conjunto del sector financiero que pueden suponer un riesgo para la estabilidad financiera mantengan elevados niveles de capital.

                     (4)

                     La presente recomendación reconoce el comportamiento procíclico de las entidades de crédito y la función decisiva que desempeñan en la economía, y tiene por objeto limitar la distribución de sus beneficios y su capital para aumentar su resiliencia durante la crisis y fomentar el crédito necesario para la economía real. También se propone reducir el riesgo de que, cuando los Estados apoyen a las entidades de crédito durante la crisis, sus accionistas y altos cargos cambien la asignación del capital en su propio beneficio. Además, si algunas entidades de crédito transmiten fortaleza al mercado mediante el reparto de dividendos, su conducta puede socavar la posición relativa de otras instituciones financieras más prudentes, que pueden resultar estigmatizadas. Este último argumento respalda que las medidas que se adopten sean generales, coordinadas y obligatorias. Las empresas de servicios de inversión se incluyen entre las instituciones financieras a efectos de la presente recomendación, pues son importantes para el funcionamiento de los mercados y pueden suponer riesgos análogos a los de las entidades de crédito.

                     (5)

                     La presente recomendación reconoce el riesgo que esta crisis supone para la solvencia de las entidades de seguros y reaseguros. Es probable que se produzca una reducción de los flujos de caja de nuevas operaciones, unida a un aumento del pasivo como consecuencia de un período prolongado de tipos de interés muy bajos y de un menor rendimiento del activo en el futuro. Puesto que las entidades de seguros y reaseguros desempeñan una función esencial en el sector financiero, existe también el peligro de que tenga lugar una estrategia común de reducción de riesgos, como la venta de los bonos corporativos de mayor rentabilidad, que se amplificaría por rebajas de calificación crediticia a gran escala. Además, es aplicable a las entidades de seguros y reaseguros el mismo argumento referido a las entidades de crédito de que el reparto de dividendos transmite fortaleza al mercado pero es un estigma para su restricción.

                     (6)

                     La presente recomendación se refiere también a las entidades de contrapartida central (ECC), dada la importancia sistémica de su función de compensación de las operaciones de los mercados financieros. Manteniendo más recursos propios, las ECC podrán cubrir las pérdidas no relativas a incumplimientos, lo que importa especialmente para el riesgo operacional, que estas entidades cubren con recursos propios en vez de con las aportaciones de los miembros compensadores. La presente recomendación asegurará la igualdad de todas las instituciones financieras en un momento en que los ingresos de las ECC podrían beneficiarse de unos mayores volúmenes de operaciones de los mercados y, en su caso, permitirá a las ECC aumentar su participación en la prelación de garantías con carácter voluntario, en vista del incremento general del riesgo debido a la mayor volatilidad de los mercados. Por ultimo, se prevé que el mantenimiento de los recursos propios de las ECC reducirá la probabilidad de tener que recurrir al dinero de los contribuyentes en caso de pérdidas (relativas o no a incumplimientos) en un momento en que el gasto fiscal es objeto de fuerte presión. En general, importa que las ECC mantengan recursos propios prefinanciados suficientes, además de los márgenes iniciales y los fondos de garantía.

                     (7)

                     La presente recomendación se refiere también a las medidas de las instituciones financieras que reducen la cantidad y calidad de sus fondos propios o su capacidad de absorber pérdidas durante la crisis relacionada con la COVID-19. Son medidas como el pago de dividendos, la recompra de acciones ordinarias y el pago de remuneración variable. La sustitución de acciones ordinarias es compatible con la presente recomendación.

                     (8)

                     La presente recomendación reconoce los principios que rigen el Mercado Único y la función de estímulo del crecimiento que desempeñan en la Unión la libre circulación de capitales y el reparto de riesgos, y tiene en cuenta los riesgos de posibles externalidades negativas derivadas de las decisiones de las instituciones financieras transfronterizas en tiempo de crisis. La huida hacia la seguridad o el prejuicio doméstico que se observan a menudo en tiempos de crisis financiera pueden influir negativamente en las economías locales. La presente recomendación defiende que las autoridades pertinentes dialoguen cuando consideren la posibilidad de imponer a las filiales de instituciones financieras de la Unión restricciones en materia de distribuciones de capital.

                     (9)

                     La regulación varía según sectores y Estados miembros, por lo que las autoridades pertinentes deben considerar la posibilidad de emplear las herramientas supervisoras que les ofrezca el derecho interno y de la Unión, tales como las recomendaciones y las directrices, para lograr los objetivos de la presente recomendación en la medida que sea conforme a derecho.

                     (10)

                     La presente recomendación enumera los tipos de instituciones financieras para las que, como mínimo, deben establecerse limitaciones. Las autoridades son libres de extender las limitaciones a otras instituciones financieras que den crédito a la economía real, como las sociedades de arrendamiento financiero.

                     (11)

                     La presente recomendación pretende apoyar iniciativas previas del BCE, de la ABE, de la AESPJ y de las autoridades nacionales, e insistir en la necesidad de un enfoque uniforme de la Unión y los distintos segmentos del sector financiero que al mismo tiempo tenga en cuenta la importancia crucial de estos segmentos para la economía real en tiempo de crisis. El fin último que se persigue es que las instituciones financieras mantengan un nivel de capital y una capacidad de absorción de pérdidas suficientes para atenuar los efectos de la actual crisis y facilitar así la recuperación de la economía europea en su conjunto.

                     (12)

                     La presente recomendación se entiende sin perjuicio de los mandatos de política monetaria de los bancos centrales de la Unión.

                     (13)

                     Las recomendaciones de la JERS se publican después de informados sus destinatarios y una vez que la Junta General ha informado de su propósito de publicarlas al Consejo de la Unión Europea y ha dado a este la oportunidad de reaccionar.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
         SECCIÓN 1

            RECOMENDACIÓN

            Recomendación A — Limitación de las distribuciones de capital

         Se recomienda que las autoridades pertinentes soliciten a las instituciones financieras sujetas a su supervisión (6) que, al menos hasta el 1 de enero de 2021, se abstengan de tomar las medidas siguientes:

                     a)

                     repartir dividendos o comprometerse irrevocablemente a repartirlos;

                     b)

                     recomprar acciones ordinarias;

                     c)

                     contraer la obligación de pagar una remuneración variable a las personas que asumen riesgos importantes,

               que conllevan la reducción de la cantidad o calidad de los fondos propios al nivel del grupo de la UE (o a nivel individual si la institución financiera no es parte de un grupo de la UE) y, en su caso, a nivel subconsolidado o individual.
         SECCIÓN 2

            APLICACIÓN

         1.   Definiciones

                     1.

                     A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:

                                 a)

                                 «autoridad pertinente»:

                                             i)

                                             la autoridad competente;

                                             ii)

                                             la autoridad encargada de adoptar o activar medidas de política macroprudencial, como por ejemplo:

                                                         1.

                                                         una autoridad designada conforme al título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), o al artículo 458, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8);

                                                         2.

                                                         una autoridad macroprudencial que tenga los objetivos, organización, funciones, facultades, instrumentos, requisitos de responsabilidad y demás características establecidas en la Recomendación JERS/2011/3 (9).

                                 b)

                                 «autoridad competente», la autoridad competente o de supervisión definida en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o en el artículo 13, punto 10, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), o regulada en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), según proceda;

                                 c)

                                 «institución financiera», una entidad de las siguientes que tenga su sede social u oficina principal en la Unión:

                                             i)

                                             las entidades definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

                                             ii)

                                             las empresas de seguros definidas en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE;

                                             iii)

                                             las empresas de reaseguros definidas en el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE;

                                             iv)

                                             las entidades de contrapartida central definidas en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

                                 d)

                                 «persona que asume riesgos importantes», el miembro del personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la institución financiera, incluidos los miembros de las categoría de personal a que se refiere el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, o el artículo 275, apartado 1, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión (12), o los miembros de la alta dirección de las entidades de contrapartida central definida en el artículo 2, punto 29, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, según proceda;

                                 e)

                                 «autoridad de resolución», la definida en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE (13).

               2.   Exenciones

         Las autoridades pertinentes podrán eximir de la limitación relativa a las medidas de la recomendación A, letras a) a c), a las instituciones financieras que estén legalmente obligadas a tomar esas medidas.
         3.   Criterios de aplicación

                     1.

                     La aplicación de la presente recomendación por las autoridades pertinentes se regirá por los siguientes criterios:

                                 a)

                                 debe prestarse la debida consideración al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta en particular la naturaleza de las instituciones financieras y su capacidad para contribuir a la recuperación económica y a reducir el riesgo sistémico que la crisis de la COVID-19 supone para la estabilidad financiera;

                                 b)

                                 debe evitarse el arbitraje reglamentario;

                                 c)

                                 las autoridades pertinentes deben evaluar periódicamente a la luz de los objetivos de la presente recomendación los efectos de la limitación impuesta a las distribuciones de capital.

                     2.

                     La aplicación de la recomendación A, letras a) y b), se regirá por los siguientes criterios específicos: al evaluar si procede aplicar la limitación a nivel subconsolidado o individual, se recomienda que las autoridades pertinentes sigan los principios siguientes:

                                 a)

                                    Principio 1: Sin perjuicio de tener en cuenta la necesidad de prevenir o reducir el riesgo sistémico para la estabilidad financiera en sus Estados miembros y en la Unión, las autoridades pertinentes deben apoyar el buen funcionamiento del mercado interior y reconocer la necesidad de que el sector financiero contribuya sustancialmente al crecimiento económico de los Estados miembros y del conjunto de la Unión.

                                 b)

                                    Principio 2: Las autoridades pertinentes deben velar por que las limitaciones no supongan efectos adversos desproporcionados para todo o parte del sistema financiero de los demás Estados miembros o del conjunto de la Unión.

                                 c)

                                    Principio 3: Las autoridades pertinentes deben cooperar estrechamente entre sí y con las autoridades de resolución pertinentes, inclusive, si procede, con los colegios de dichas autoridades.

               4.   Calendario de seguimiento

         De acuerdo con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, los destinatarios de la presente recomendación deben comunicar al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, y a la JERS, las medidas que tomen al respecto, así como la justificación adecuada de cualquier inacción. Las comunicaciones tendrán lugar presentando el formulario del anexo el 31 de julio de 2020 a más tardar.
         5.   Modificación de la presente recomendación

         La Junta General decidirá si debe modificarse la presente recomendación y cuándo debe modificarse. La modificación podrá consistir, en particular, en prorrogar la vigencia de la recomendación A.
         6.   Vigilancia y evaluación

                     1.

                     La Junta General evaluará las medidas y justificaciones que comuniquen los destinatarios de la presente recomendación y, cuando proceda, podrá decidir que la presente recomendación no se ha aplicado y que el destinatario pertinente no ha justificado adecuadamente su inacción.

                     2.

                     No será de aplicación la metodología del manual de evaluación del seguimiento de las recomendaciones de la JERS, que describe el procedimiento de dicha evaluación.

            Hecho en Fráncfort del Meno, el 27 de mayo de 2020.

                  El jefe de la Secretaría de la JERS,

                  en nombre de la Junta General de la JERS

               Francesco MAZZAFERRO

            (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1
            .

            (2)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

            (3)  https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector

            (4)  https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en

            (5)  Recomendación BCE/2020/19 del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2020, sobre el reparto de dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 (DO C 102 I de 30.3.2020, p. 1).

            (6)  Excluidas las sucursales de instituciones financieras.

            (7)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

            (8)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

            (9)  Recomendación JERS/2011/3 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (DO C 41 de 14.2.2012, p. 1).

            (10)  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 2009/138/EC (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

            (11)  Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

            (12)  Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, p. 1).

            (13)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

            ANEXO
            Comunicación de las medidas tomadas respecto de la presente recomendación
            1.   Detalles del destinatario

                        Recomendación

                        País del destinatario

                        Institución

                        Calidad (*1)

                        Nombre y detalles de contacto del comunicante

                        Fecha de la comunicación

                  2.   Comunicación de medidas tomadas

                        Recomendación

                        ¿La aplica? (sí/no/no procede)

                        Por favor, describa las medidas tomadas respecto de la recomendación

                        Si no la aplica, o la aplica solo parcialmente, justifíquelo adecuadamente

                        Por favor, dé más detalles (por ejemplo enlace, diario oficial, número de publicación) de las medidas tomadas respecto de la presente recomendación

                        Recomendación A(a)

                        Recomendación A(b)

                        Recomendación A(c)

                  3.   Notas

                        1.

                        Este formulario se emplea para la comunicación a que se refiere el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010.

                        2.

                        Cada destinatario presentará el formulario cumplimentado a la JERS, a través de la Secretaría de la JERS, de modo electrónico en Darwin, en la carpeta creada al efecto, o por correo electrónico a notifications@esrb.europa.eu. (La Secretaría de la JERS se ocupará de transmitir las comunicaciones de forma agregada al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión).

                        3.

                        Los destinatarios deben facilitar toda la información y documentación pertinente relativa a la aplicación de la presente recomendación y los criterios de su aplicación, incluida información sobre el fondo (por ejemplo, la forma jurídica de las medidas y el tipo de instituciones financieras comprendidas) y el calendario de las medidas tomadas.

                        4.

                        Cuando un destinatario de la recomendación solo la aplique parcialmente, facilitará una explicación completa del alcance de la no aplicación, y los demás detalles de la aplicación parcial. En la explicación se especificarán claramente las partes de la recomendación que no se aplican.

               (*1)  Por favor, indique en qué calidad efectúa la comunicación, esto es, autoridad competente o autoridad de supervisión según el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o el artículo 13, punto 10, de la Directiva 2009/138/CE; autoridad competente según el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, o autoridad macroprudencial.