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		52013DC0284

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Chipre /* COM/2013/0284 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo en Chipre
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 7,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)       Con arreglo al artículo
126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados
miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
(2)       El Pacto de Estabilidad
y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como
medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un
crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo, en aplicación del artículo 126, apartado 6, del TFUE, decidió que
en Chipre existía un déficit excesivo[1],
y emitió una Recomendación dirigida a corregir el déficit excesivo en 2012 a
más tardar, de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del TFUE y el
artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7
de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento
de déficit excesivo.
(4)       El 27 de enero de 2011,
en una Comunicación dirigida al Consejo, la Comisión concluyó que Chipre había
tomado medidas eficaces para atenerse a la Recomendación del Consejo de 13 de
julio de 2010 y reducir su déficit público por debajo del valor de referencia
del 3 % del PIB, sin que considerara necesario adoptar medidas adicionales
en el marco del procedimiento de déficit excesivo.
(5)       El 11 de enero de 2012,
en una segunda Comunicación dirigida al Consejo, la Comisión confirmó que
Chipre había tomado medidas eficaces para atenerse a la Recomendación del
Consejo de 13 de julio de 2010 y reducir su déficit público por debajo del
valor de referencia del 3 % PIB, sin que considerara necesario adoptar
medidas adicionales en el marco del citado procedimiento de déficit excesivo.
(6)       De conformidad con el
artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1467/97, el Consejo, partiendo
de una recomendación de la Comisión, puede decidir adoptar una recomendación
revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, si se han tomado
medidas eficaces y han aparecido factores económicos adversos e inesperados con
importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública tras la adopción de
la recomendación inicial. La aparición de factores económicos adversos e
inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública ha
de evaluarse teniendo en cuenta las previsiones económicas en que se base la
recomendación del Consejo.
(7)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE) nº
1467/97 del Consejo, este debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que
se trate para que ponga fin a la situación de déficit excesivo en un plazo
determinado. La recomendación debe establecer un plazo máximo de seis meses
para que el Estado miembro tome medidas eficaces encaminadas a corregir el
déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección
del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos
presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta las previsiones en que se base
la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del saldo
presupuestario estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluidas las
medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo
al 0,5 % del PIB, como valor de referencia.
(8)       Sobre la base de una
evaluación minuciosa de la naturaleza, el origen y la gravedad de la evolución
macroeconómica en Chipre, la Comisión concluyó, en mayo de 2012, que ese país
estaba experimentando desequilibrios muy graves, en particular en lo que se
refiere a la balanza de pagos, la hacienda pública y el sector financiero,
desequilibrios que debían abordarse con carácter de urgencia. Se observaba que
la situación en el sector bancario chipriota amenazaba la sostenibilidad de la
situación del país. En cuanto al sector exterior, la balanza por cuenta
corriente registraba déficits considerables y persistentes, vinculados a una
erosión gradual de la competitividad de precios y costes, y se consideraba
preocupante la posición de inversión internacional. Se observaba también que la
situación del sector bancario chipriota amenazaba la sostenibilidad de la
situación del país. En el ámbito interno suscitaban preocupación el sector
privado, altamente endeudado, así como el nivel de deuda pendiente de las
sociedades no financieras y el elevadísimo nivel de endeudamiento de los
hogares. Además, las finanzas públicas se habían deteriorado hasta registrar
déficits anuales crecientes, a pesar de que la economía estaba superando la
recesión, y los últimos esfuerzos invertidos para corregir el déficit excesivo
se consideraban posiblemente insuficientes. La deuda pública se había ido
elevando gradualmente hasta superar el umbral establecido en el Tratado y se
preveía que aumentase considerablemente.
(9)       El 10 de julio de 2012,
el Consejo dirigió una serie de recomendaciones específicas a Chipre, basadas,
en particular, en la evaluación de su programa nacional de reforma y de su
programa de estabilidad para el período 2012-2015. La primera recomendación
exige la aplicación rigurosa de la estrategia presupuestaria en 2013 y los años
posteriores. Requiere además que se acelere la introducción gradual de un marco
presupuestario plurianual viable con una base legal vinculante y un mecanismo
corrector. Ese marco debería reforzarse asimismo mediante la aplicación de una
planificación presupuestaria basada en programas y resultados. Habida cuenta de
las deficiencias de la administración tributaria y de la recaudación de
impuestos, han de adoptarse medidas destinadas a mejorar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y luchar contra la evasión fiscal.
(10)     Vistas las cada vez más
graves circunstancias económicas y financieras, el 25 de junio de 2012 las
autoridades chipriotas solicitaron oficialmente una ayuda financiera, en forma
de préstamo, de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera / del
Mecanismo Europeo de Estabilidad, así como del Fondo Monetario Internacional
(FMI), con el propósito de favorecer el retorno de la economía a una senda de
crecimiento sostenible, garantizar el buen funcionamiento del sistema bancario
y preservar la estabilidad financiera en la Unión Europea y en la zona del
euro. El 27 de junio de 2012, el Eurogrupo emplazó a la Comisión a que, en
coordinación con el BCE, las autoridades chipriotas y el FMI, acordara un programa
de ajuste macroeconómico, que incluyera las necesidades financieras, y adoptara
las medidas oportunas para salvaguardar la estabilidad financiera en el entorno
existente, plagado de dificultades y con riesgo de sufrir los efectos
indirectos de las turbulencias del mercado de deuda soberana. Los días 16 y 25
de marzo de 2013, el Eurogrupo alcanzó un acuerdo político con Chipre en
relación con una ayuda financiera y los elementos clave de un programa. El 12
de abril de 2013, el Eurogrupo consideró que se habían establecido los
elementos necesarios del programa de ajuste macroeconómico para iniciar los
procedimientos nacionales pertinentes a efectos de la aprobación oficial del
instrumento de ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad. El 25 de
abril de 2013, el Consejo adoptó una Decisión, en virtud del artículo 136
del TFUE, con los principales elementos del programa de ajuste macroeconómico
que Chipre debía aplicar. El 26 de abril de 2013, las autoridades chipriotas y
la Comisión, en nombre del Mecanismo Europeo de Estabilidad, firmaron un
Memorándum de Acuerdo coherente con la citada Decisión.
(11)     En 2009 llegó a su fin el
periodo de más de diez años de sólida e ininterrumpida expansión económica que
había registrado Chipre. La actividad económica disminuyó un 1,75 % y la
débil demanda interna y el marco exterior adverso lastraron considerablemente
el crecimiento. La actividad económica se recuperó en 2010, con un crecimiento
del PIB real del 1,1 % y un crecimiento del 1,5 % en el primer semestre
de 2011. Según las previsiones de la primavera de 2010 de los servicios de la
Comisión, sobre las que se basó la Recomendación del Consejo en virtud del
artículo 126, apartado 7, del TFUE, de 13 de julio de 2010, se
esperaba que la economía chipriota creciera un 1,3 % en 2011. A pesar de
la excelente temporada turística registrada ese año, la recuperación se vio
obstaculizada por el grave accidente ocurrido en julio de 2011, que destruyó la
planta de producción de electricidad de Vasilico, que suponía la mitad de la
capacidad total de producción. Por otro lado, la corrección de los gravísimos
desequilibrios de los sectores privado y público de la economía chipriota
provocó un endurecimiento de las condiciones presupuestarias y financieras, que
agravaron los efectos negativos sobre la actividad económica, generaron un alto
grado de incertidumbre económica y exacerbaron el deterioro de las condiciones
del mercado de trabajo. La debilidad persistente del entorno internacional
impidió que la demanda externa compensara el impacto sobre la demanda interna.
Por todo ello, en 2011 el crecimiento económico anual se cifró en el
0,5 %, cerca de un punto porcentual por debajo de las previsiones de la
Comisión en el momento de la formulación de la Recomendación del Consejo. El
horizonte temporal a efectos de las previsiones de la Comisión sobre las que se
basaba la Recomendación del Consejo no incluía 2012. Sin embargo, partiendo de
la hipótesis de una reducción gradual de la brecha de producción negativa, para
2012 se esperaba un crecimiento superior al de 2011. Según las últimas
previsiones de los servicios de la Comisión, el PIB real disminuiría en 2012 un
2,4 %.
(12)     El déficit de las
administraciones públicas alcanzó el 6,3 % del PIB en 2011, frente al
5,3 % en 2010. El deterioro del saldo presupuestario se produjo a pesar de
las medidas de saneamiento de las finanzas públicas incluidas en la Ley de
presupuestos de 2011 y tres baterías de medidas de reducción adicional del
déficit aprobadas durante ese año, que fueron insuficientes para contener el
deterioro de las finanzas públicas. La serie de factores económicos ya
mencionados, especialmente la corrección de los gravísimos desequilibrios de
los sectores privado y público de la economía chipriota, constituyen el marco
de la evolución de las finanzas públicas, incluidos efectos significativos
relacionados con la composición del crecimiento y mayores costes de
financiación de la deuda al hilo de la pérdida de acceso a la financiación en
el mercado a más largo plazo.
(13)     Según las previsiones más
recientes de los servicios de la Comisión, el déficit de las administraciones
públicas se situaría en el 6,3 % del PIB en 2012. Esta cifra de déficit es
significativamente peor que la de las anteriores previsiones de los servicios
de la Comisión, y se debe, en particular, a la disminución significativa de los
ingresos procedentes de los impuestos directos e indirectos (IVA, impuesto de
sociedades y cotizaciones sociales, sobre todo) y al incremento de los gastos a
causa del aumento del desempleo y las jubilaciones anticipadas, cuyo número ha
rebasado las cifras esperadas. En comparación con las previsiones del invierno
de 2013 de los servicios de la Comisión, el déficit de 2012 se ha ajustado al
alza en torno a un 0,5 % del PIB, a consecuencia de los gastos
excepcionales relacionados con los costes de seguro necesarios para cubrir la
explosión de la planta generadora de electricidad de Vasilico en julio de 2011,
que se pagarán en un período de cuatro años pero se contabilizaron plenamente
en 2012, así como del registro de una transferencia de capital a efectos del
pago del interés capitalizado sobre el compromiso de recapitalización en favor
del Banco Popular de Chipre.
(14)     Según las previsiones
económicas más recientes de los servicios de la Comisión, el déficit
estructural fue del 5,7 % y del 6,6 % del PIB en 2010 y 2011,
respectivamente. Se espera que alcance el 6,6 % del PIB en 2012. Las
previsiones de los servicios de la Comisión sobre las que se basó la Recomendación
del Consejo emitida en julio de 2010 señalaban un crecimiento potencial cercano
al 1 % a lo largo del período de ajuste. Según las últimas previsiones
económicas de los servicios de la Comisión, el crecimiento potencial medio
durante los años 2011-2012 se considera ahora negativo (alrededor del
-0,5 %), y no se espera que cambie de signo en el periodo 2013-2016.
Teniendo en cuenta la revisión a la baja de la producción potencial desde la
Recomendación del Consejo, el esfuerzo presupuestario medio en el período
2011-2012 se situaría en torno al 0,5 %. Sin embargo, la variación
estimada del saldo estructural se vio también gravemente afectada por la
disminución imprevista de los ingresos —debido a las menores importaciones y a
la cifra final de la demanda interna, por debajo de las previsiones— así como
por la profundización del deterioro del mercado laboral. Todo ello provocó una
reducción importante de los ingresos, especialmente de los procedentes de
impuestos indirectos. Teniendo en cuenta todos estos efectos, se calcula que el
esfuerzo presupuestario ajustado se aproxima en promedio al 2,4 % del PIB,
muy por encima del esfuerzo presupuestario anual medio exigido en el período
2011-2012, no inferior al 1,5 % del PIB, según la Recomendación del Consejo.
Así pues, cabe considerar que Chipre ha tomado medidas eficaces conforme a la
Recomendación del Consejo.
(15)     La Ley de presupuestos
para 2012, adoptada el 16 de diciembre de 2011, incorporaba una estrategia de
saneamiento basada en el gasto, consistente principalmente en: i) la imposición
de contribuciones al régimen de pensiones de los empleados públicos y la
congelación de la totalidad de los salarios del sector público durante dos años
ii) la inclusión de los nuevos empleados del sector público en el régimen general
de pensiones cubierto por el fondo de la seguridad social, menos generoso que
el régimen de pensiones del sector público; iii) una mejor orientación de las
transferencias sociales; iv) la aplicación de recortes en determinadas
categorías del gasto público; v) una subida del tipo del IVA del 15 % al
17 %; vi) una contribución temporal sobre los ingresos brutos de los
trabajadores y pensionistas del sector privado, y vii) un aumento del tipo
impositivo sobre el reparto de dividendos. Las previsiones presupuestarias ya
mencionadas incluyen también diversas medidas de saneamiento adoptadas por las
autoridades chipriotas para el resto de 2012 tras la aprobación, en noviembre
de 2012, de un acuerdo provisional con los socios del programa sobre las
políticas fiscales, en particular una reducción de la escala de las cantidades
percibidas por los empleados y los pensionistas del sector público y con él
relacionados. En suma, en 2011 y 2012 Chipre adoptó medidas de saneamiento con
un efecto directo estimado de reducción del déficit de más del 5,5 % del
PIB. Esta evaluación desde la base de las medidas de saneamiento presupuestario
adoptadas en los años 2011 y 2012 confirma la conclusión de que Chipre ha
tomado medidas efectivas.
(16)     La deuda pública bruta
ascendió hasta el 71,1 % del PIB en 2011, frente al 67,6 % del PIB
contemplado en las previsiones de la primavera de 2010 de los servicios de la
Comisión sobre las que se basó la Recomendación del Consejo, de 13 de julio de
2010, en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE. La evolución
de la deuda se vio impulsada principalmente por los resultados en materia de
déficit, peores de lo previsto, el crecimiento, menor de lo esperado, y las
dificultades de acceso de Chipre a los mercados internacionales para cubrir sus
necesidades de financiación, que provocaron el aumento de los costes de la
deuda. Estos factores, junto con la participación del Gobierno en la
recapitalización de un banco comercial en junio de 2012, provocaron el aumento
de la deuda de las administraciones públicas, que se situó en torno al
85,8 % del PIB en 2012. Es inevitable que la deuda pública siga aumentando
en los próximos años, a causa de la debilidad del crecimiento y las
sustanciales necesidades de financiación del presupuesto. En 2013-2014, la
deuda pública aumentará adicionalmente tras la recepción de la ayuda
financiera. Se prevé que el ratio deuda/PIB alcance un máximo cercano al
128 % del PIB en 2015 para disminuir posteriormente al hilo de superávit
primarios sostenibles y del retorno a tasas positivas de crecimiento del PIB
real.
(17)     Teniendo en cuenta todos
estos factores y, en particular, el deterioro sustancial de la situación
presupuestaria como resultado de la crisis económica, más grave de lo previsto,
así como de la situación global de la economía, más débil de lo previsto cuando
se formuló la Recomendación del Consejo en virtud del artículo 126,
apartado 7, del TFUE, está justificado establecer un nuevo plazo para la
corrección del déficit excesivo en Chipre. Conceder otros cuatro años para la
corrección del déficit excesivo resulta necesario habida cuenta de la distancia
prevista respecto del valor de referencia del 3 % del PIB a finales de
2012 y de la coyuntura macroeconómica adversa.
(18)     Según las últimas
previsiones económicas de los servicios de la Comisión para el crecimiento del
PIB nominal, el saldo presupuestario primario de las administraciones públicas
alcanzaría un déficit del 2,4 % del PIB en 2013, un déficit del 4,3 %
del PIB en 2014, un déficit del 2,1 % del PIB en 2015 y un superávit del
1,2 % del PIB en 2016, mientras que el déficit global de las
administraciones públicas alcanzaría el 6,5 % del PIB en 2013, el
8,4 % del PIB en 2014, el 6,3 % del PIB en 2015 y el 2,9 % del
PIB en 2016. A efectos de seguimiento y a la vista de lo limitado del control
de las autoridades chipriotas sobre los pagos de intereses, en el programa de
ajuste macroeconómico que habrá de aplicar Chipre se establecen objetivos para
el saldo presupuestario primario.
(19)     En aras de una corrección
sostenible del déficit excesivo, la senda adecuada de ajuste será establecida y
evaluada sobre la base de una valoración general que tomará como referencia el
saldo estructural y fijará como parámetro una mejora anual del saldo
presupuestario estructural no inferior al 0,5 % del PIB. Una serie de
medidas de saneamiento de alrededor del 4,75 % del PIB en 2013
especificadas con detalle deberían traducirse en una mejora del saldo
presupuestario estructural cercana al 1,3 % del PIB en 2013. En cuanto a 2014,
las medidas de saneamiento adoptadas ascienden aproximadamente al 1,75 %
del PIB y se calcula que mejorarán el saldo estructural en un 0,3 % del
PIB, mientras que la mejora del saldo estructural se estima en el 0,7 %
del PIB para 2015 y en el 1,8 % del PIB para 2016.
(20)     Para el periodo
2013-2016, el ajuste incluye medidas destinadas a reducir el crecimiento del
gasto —principalmente las prestaciones sociales y la masa salarial del sector
público— e incrementar los ingresos, en particular mediante el aumento de los
tipos del IVA, los impuestos especiales, el tipo impositivo sobre los ingresos
por intereses y la tributación del patrimonio y de las sociedades. El
saneamiento presupuestario ha de mantenerse a medio plazo mediante la
contención del crecimiento del gasto, la mejora de la estructura impositiva y
la aplicación de medidas presupuestarias de carácter estructural.
(21)     Habida cuenta de las
importantes medidas adicionales de saneamiento previstas para 2013 y de la
coyuntura macroeconómica adversa, sobre la que pesa un elevado grado de
incertidumbre, en particular debido a la imposición temporal de controles de
capitales, la pérdida de confianza y la inestabilidad del sector financiero, no
se ha considerado apropiado establecer una obligación ex ante de nuevas
medidas de saneamiento presupuestario para 2014 (además de las medidas
adoptadas en diciembre de 2012, con efecto a partir del 1 de enero de 2014). No
obstante, en el programa de ajuste económico y financiero se establece la
obligación de que las autoridades chipriotas estén preparadas para preservar
los objetivos del programa tomando medidas adicionales en caso de insuficiencia
de los ingresos o aumento del gasto social, teniendo también en cuenta los
efectos macroeconómicos negativos.
(22)     En
2014, se estima que el saldo estructural mejorará en un 0,3 % del PIB
sobre la base de las medidas de saneamiento presupuestario acordadas, que han
permanecido inalteradas en comparación con las incluidas en el proyecto de
Memorándum de Acuerdo de noviembre de 2012. Por tanto, basándose en las últimas
previsiones de los servicios de la Comisión, el esfuerzo estructural estimado
en 2014 queda ligeramente por debajo del parámetro establecido para la mejora
anual mínima del saldo estructural, que no debe ser inferior al 0,5 % del
PIB. No obstante, esta mejora debe ser considerada aceptable en la presente
situación excepcional, caracterizada por una coyuntura macroeconómica
extremadamente incierta, con variaciones importantes de la producción potencial
estimada y real, en cuyo marco las estimaciones del saldo estructural resultan
más inciertas y son más variables a lo largo del tiempo que en una coyuntura
macroeconómica más estable. En las previsiones del invierno de 2013 de los
servicios de la Comisión se tuvieron en cuenta las medidas de saneamiento para
2014 y se indicaba una mejora del saldo estructural próxima al 1,4 % del PIB de
2013 a 2014. A pesar de que no se han registrado cambios en la batería de
medidas de saneamiento, la menor mejora del saldo estructural estimada en la
actualidad para 2014 puede explicarse por: i) el deterioro de la base
tributaria de las medidas recaudatorias de 2013, de modo que se prevé que
algunas de ellas tengan menor incidencia en 2014; ii) la revisión a la baja del
efecto de algunas de las medidas de saneamiento ya adoptadas para 2014, debido
a la peor coyuntura macroeconómica durante el período del programa; iii) una
previsión de reducción, en 2014, de la recaudación de algunas medidas
impositivas, cuyos ingresos (por ejemplo, la recaudación de los impuestos sobre
la renta y el IVA) dependen de la actividad económica de 2013, y iv) el hecho
de que la elasticidad estándar utilizada para determinar la división entre el
componente cíclico y el saldo estructural puede provocar que se subestime el
verdadero esfuerzo presupuestario subyacente. Un análisis desde la base e
individualizado de las medidas de saneamiento discrecionales es un elemento
importante de la evaluación de la orientación de la política fiscal. Puede,
sobre todo en una coyuntura macroeconómica muy incierta, ofrecer una visión
útil y complementaria del verdadero esfuerzo presupuestario subyacente. Las
medidas de saneamiento presupuestario representan, en promedio, más del
3 % del PIB durante los años 2013-2014. Aunque significativa, la mejora
media correspondiente del saldo estructural será tan solo del 0,75 % del
PIB, aproximadamente.
(23)     Los avances registrados
en la aplicación de los compromisos de Chipre en relación con el procedimiento
de déficit excesivo se supervisarán periódicamente. En caso de resultados
insuficientes por lo que respecta a los ingresos o de mayores necesidades de
gasto social, Chipre debe estar dispuesta a tomar medidas adicionales para
preservar la consecución de los objetivos presupuestarios.
(24)     Chipre cumple las
condiciones para la ampliación del plazo de corrección del déficit público
excesivo según lo establecido en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE)
n° 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de
déficit excesivo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
(1)
Chipre debe poner fin a la actual situación de
déficit presupuestario excesivo de aquí a 2016.
(2)
Para situar el déficit público por debajo del
valor de referencia del 3 % del PIB de aquí a 2016, Chipre debe lograr los
siguientes objetivos de déficit global de las administraciones públicas:
6,5 % del PIB en 2013, 8,4 % del PIB en 2014, 6,3 % del PIB en
2015 y 2,9 % en 2016.
(3)
A tal fin, Chipre debe aplicar rigurosamente
la Ley de presupuestos de 2013 y las medidas adicionales de saneamiento
acordadas, que deben ascender por lo menos a 351 millones EUR en 2013. Debe
aplicar plenamente las medidas presupuestarias para 2014 que se adoptaron en
diciembre de 2012, por un importe no inferior a 270 millones EUR en 2014. Debe
supervisar el efecto presupuestario de las medidas de saneamiento adoptadas
mensualmente y estar preparada para preservar los objetivos presupuestarios
mediante la adopción de medidas adicionales en caso de mayor gasto social o de
resultados insuficientes por lo que respecta a los ingresos, teniendo en cuenta
la coyuntura macroeconómica.
(4)
Chipre debe mantener el saneamiento
presupuestario a medio plazo, convergiendo hacia su objetivo a medio plazo de
un presupuesto equilibrado en términos estructurales, mediante la contención
del crecimiento del gasto, la mejora de la estructura tributaria y la
aplicación de medidas presupuestarias de carácter estructural.
(5)
El Consejo establece el plazo de tres meses
para que las autoridades chipriotas adopten medidas eficaces y, de conformidad
con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del
Consejo, transmita un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento
prevista para alcanzar los objetivos.
Más allá del informe previsto en la recomendación
nº 5 y también en paralelo al programa de ajuste financiero, Chipre debe
informar trimestralmente sobre los avances realizados en la aplicación de estas
recomendaciones, así como en un capítulo independiente del programa de
estabilidad, hasta la total corrección del déficit excesivo.
El destinatario de la presente
Recomendación será la República de Chipre.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 186 de 20.7.2012, p. 30.


title: 2013/105/CE: Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2009 , relativa a la movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono

text:
               23.2.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 51/18

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 9 de octubre de 2009
   relativa a la movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono
   (2013/105/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En abril de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos (1), por la que se establecía un marco para las medidas relacionadas con el potencial de ahorro energético en los sectores que hacen uso final de la energía no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE).

               (2)

               Los planes de acción nacionales para la eficiencia energética (PANEE) que exige la Directiva 2006/32/CE desempeñan un papel fundamental en la planificación y notificación de la aplicación de las medidas nacionales en materia de eficiencia energética, con la excepción del RCDE. En sus primeros PANEE, varios Estados miembros de la UE han dejado constancia de planes para aprovechar el potencial de ahorro energético de las TIC (2).

               (3)

               En octubre de 2006, la Comisión adoptó la Comunicación Plan de acción para la eficiencia energética: Realizar el potencial
                   (3), que subraya la necesidad de un cambio de paradigma para modificar las pautas de comportamiento de nuestras sociedades de manera que sea posible utilizar menos energía sin detrimento de nuestra calidad de vida.

               (4)

               Posteriormente, en marzo de 2007, el Consejo Europeo confirmó el objetivo de ahorrar un 20 % del consumo de energía de la UE en comparación con las proyecciones para 2020 y aprobó el objetivo de una reducción del 20 % de las emisiones de gases de invernadero para 2020. El Consejo Europeo abogó también por el desarrollo de una política climática y energética sostenible de la UE, reconociendo así el vínculo entre consumo de energía y emisiones de carbono. Se espera que la liberación del potencial de reducción en un 20 % del consumo energético de la UE propicie ahorros de costes significativos y beneficios para el medio ambiente.

               (5)

               En enero de 2008, la Comisión adoptó la Comunicación Dos veces 20 para el 2020 - El cambio climático, una oportunidad para Europa, que contenía un paquete de propuestas concretas de gran alcance e indicaba que los objetivos acordados en materia de cambio climático son tecnológica y económicamente viables y representan una oportunidad comercial única para miles de empresas europeas (4). Las propuestas fueron aprobadas por el Consejo Europeo (5) y el Parlamento Europeo en diciembre de 2008.

               (6)

               En mayo de 2008, la Comisión adoptó la Comunicación Abordar el reto de la eficiencia energética mediante las tecnologías de la información y la comunicación
                   (6), en la que reconocía el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (las TIC) para aportar métodos rentables de mejorar la eficiencia energética en la industria y en la sociedad civil en general.

               (7)

               En julio de 2008, la Comisión adoptó la Comunicación relativa al Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible
                   (7) (CPS/PIS), con propuestas encaminadas a mejorar el comportamiento medioambiental de los productos durante todo su ciclo de vida e incrementar la demanda de mercancías más sostenibles, instando al mismo tiempo a la industria de la UE a aprovechar las oportunidades de innovar.

               (8)

               En apoyo del plan de acción SCP/SIP y sobre la base de un mandato conexo contenido en la Comunicación Política de Productos Integrada - Desarrollo del concepto del ciclo de vida medioambiental
                   (8), la Comisión está elaborando, a través de su Centro Común de Investigación, un manual orientativo (9) sobre la cuantificación y el análisis del impacto ambiental del ciclo de vida de los productos y procesos, incluidas las emisiones de carbono y la eficiencia energética.

               (9)

               En noviembre de 2008, la Comisión adoptó un Plan Europeo de Recuperación Económica (10) para regresar más aprisa a la senda del crecimiento económico, insistiendo en la necesidad inmediata de inversión en eficiencia energética y tecnologías limpias. Para aplicar este plan, en la Comunicación Invertir hoy en la Europa de mañana
                   (11), la Comisión propuso un paquete de medidas para encauzar el apoyo financiero hacia la energía y las redes de banda ancha de alta velocidad.

               (10)

               Dentro del Plan Europeo de Recuperación Económica, la Comisión ha puesto en marcha asociaciones público-privadas con el objetivo de seguir desarrollando las tecnologías verdes y las infraestructuras energéticas inteligentes en los sectores de los edificios, la fabricación y el transporte: las iniciativas sobre edificios de alta eficiencia energética, fábricas del futuro y automóviles ecológicos, respectivamente.

               (11)

               En diciembre de 2008, la Comisión adoptó, dentro de la iniciativa de transporte ecológico, un Plan de acción para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes en Europa, acompañado de una propuesta de directiva por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes (STI) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (12). La Comisión propuso medidas concretas encaminadas a acelerar el despliegue de los STI con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en los sistemas de transporte.

               (12)

               El consumo de energía de los equipos y servicios de TIC representa el 8 % aproximadamente de la energía eléctrica en la UE, y en torno al 2 % de las emisiones de carbono (13). La Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía (14), aporta una normativa de alcance comunitario para la comercialización de los productos que utilizan energía, incluidos los productos de TIC, en relación con su eficiencia energética y comportamiento medioambiental a lo largo de la totalidad de su ciclo de vida. La Directiva da también a la industria la oportunidad de presentar iniciativas voluntarias.

               (13)

               En su Comunicación sobre la movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono
                   (15), la Comisión subrayó el potencial no explotado que existe en el sector de las TIC si este se centra en la mejora sistémica de sus propios procesos, incluidos el funcionamiento, la fabricación, la prestación de servicios y la gestión de la cadena del suministro.

               (14)

               Los resultados de una consulta pública (16) que se difundieron públicos en septiembre de 2009 confirmaron que distintas empresas aplican actualmente diferentes estrategias para mejorar su rendimiento energético y medioambiental. Un enfoque coordinado permitiría realzar las oportunidades, centrar las inversiones y generar beneficios económicos para el conjunto del sector, aparte de contribuir al logro de los objetivos en materia de eficiencia energética.

               (15)

               Es de la mayor importancia que el sector de las TIC se fije unos objetivos ambiciosos de mejora del rendimiento energético y medioambiental de sus procesos. Los progresos conseguidos en la consecución de tales objetivos deben ser mensurables y verificables. Los objetivos deben actualizarse a medida que se cuente con datos básicos más fiables. El sector de las TIC ha manifestado su interés por establecer un Foro de las TIC para la eficiencia energética (ICT4EE) que trabaje en favor de la adopción y aplicación de un marco que permita medir las huellas de energía y de carbono del sector, establecer objetivos y evaluar comparativamente los avances conseguidos.

               (16)

               A efectos de la presente Recomendación, el sector de las TIC incluye las industrias de fabricación de TIC, de comercio de TIC y de servicios de TIC, según las define la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (17).

               (17)

               Se estima que las mejoras inducidas por las TIC en otros sectores podrían ahorrar aproximadamente el 15 % de las emisiones totales de carbono para 2020 (18). Se espera que gracias a las TIC puedan conseguirse mejoras significativas de la eficiencia energética a corto plazo en los edificios y la construcción, en la logística y el transporte y en el uso final de la energía.

               (18)

               El sector de las TIC puede ofrecer herramientas de simulación, modelización, análisis, control y visualización que resultan imprescindibles para facilitar un enfoque constructivo global en relación con el diseño y funcionamiento de los edificios, que tenga en cuenta los múltiples factores que influyen en la demanda de energía. Sin embargo, la ausencia de un método fiable y transparente de alcance sectorial que permita cuantificar y hacer un seguimiento de los ahorros de energía y de costes a lo largo del tiempo, que idealmente serviría de base para el diseño de estrategias y herramientas, actúa como elemento disuasorio de la inversión.

               (19)

               Las industrias del transporte y de la logística dependen fuertemente del uso de las TIC para el funcionamiento y optimización del conjunto de sus actividades, en particular en cuanto a las necesidades de transporte y almacenamiento. Por este motivo, se encuentran en una posición de privilegio para llevar adelante la optimización de las huellas de energía y carbono de sus servicios y aportar la información pertinente a sus clientes.

               (20)

               En los edificios y la construcción, al igual que en el transporte y la logística, se ha detectado ya la necesidad de disponer de metodologías comparables para medir el rendimiento energético y las emisiones de carbono, habiéndose iniciado trabajos encaminados a tal fin. Las metodologías comunes deben servir para proporcionar datos fiables y una base sobre la cual puedan desarrollarse las herramientas de TIC.

               (21)

               Las asociaciones entre sectores podrían acelerar el desarrollo y la implantación a gran escala de las soluciones basadas en las TIC para controlar, gestionar y medir el consumo de energía y las emisiones de carbono en las actividades que utilizan energía, contribuyendo así a aportar una base fiable para la adopción de decisiones en materia de ahorro energético y reducción de emisiones.

               (22)

               La medición inteligente puede aportar flujos de información en tiempo real y hacer posibles nuevos bucles de control, permitiendo de esta manera gestionar y controlar mejor la energía e influyendo en el consumo final de los consumidores, en particular si la medición va acompañada de una facturación informativa. Varios Estados miembros han introducido ya la medición inteligente o estudian su imposición legal. Una actuación concertada de los Estados miembros a fin de establecer unas especificaciones funcionales mínimas para los medidores inteligentes contribuiría a evitar los obstáculos técnicos, garantizar la interoperabilidad y hacer posible la introducción de aplicaciones innovadoras basadas en las TIC para gestionar el uso final de la energía.

               (23)

               La medición inteligente y las redes inteligentes constituyen medios importantes para maximizar el ahorro energético en los edificios, para el despliegue generalizado de los vehículos eléctricos y para un suministro y distribución eficientes de la energía, así como para integrar las fuentes de energía renovables. Las aplicaciones y servicios derivados de estos avances crearán probablemente nuevos sectores de actividad económica, cuyos protagonistas procederán tanto del sector de la energía como del de las TIC. Deberían estudiarse las condiciones que favorecen la aparición de nuevos mercados, junto con proyectos piloto y otras iniciativas exploratorias.

               (24)

               A efectos de la presente Recomendación, debe entenderse por desmaterialización de las TIC la reducción de la necesidad de equipos físicos que intervienen en la prestación de servicios electrónicos. La desmaterialización tiene particular interés para la contratación pública de las TIC. Puede lograrse optimizando el uso de los recursos físicos existentes, optimizando la configuración de los sistemas de TIC y garantizando que las ampliaciones o mejoras de los sistemas existentes no queden restringidas por motivos técnicos o contractuales.

               (25)

               Todos los niveles de la administración pública están dispuestos a embarcarse en actividades que lleven a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de las emisiones de carbono, según se evidenció en la consulta pública mencionada en el considerando 14. El papel de las TIC en la consecución de estos objetivos constituye también el tema de algunas iniciativas de las autoridades públicas actualmente en curso en Europa. Es necesaria una cooperación eficaz entre los niveles nacional, regional y local de las administraciones de los Estados miembros para garantizar la coherencia entre las medidas, explotar las sinergias positivas entre ellas y construir un conjunto de conocimientos colectivos a partir de la puesta en común de los resultados que arroja la experiencia.

               (26)

               Se calcula que un uso más amplio de aplicaciones tales como los servicios y aplicaciones públicos en línea y las tecnologías de colaboración avanzadas podría ahorrar al menos un 1-2 % del consumo total de energía para 2020 en todo el mundo (19). Una infraestructura de banda ancha de alcance europeo resulta esencial para que la UE pueda generar ahorros a gran escala.

               (27)

               Ninguna organización o grupo de partes interesadas puede actuar con eficacia por sí solo. La actuación concertada de muchas organizaciones, tanto del sector público como del privado, incluidas las asociaciones a niveles urbano y regional, puede abrir el camino a un cambio sistémico en toda la sociedad. Además, la Comisión desea fomentar el intercambio de mejores prácticas sobre el uso de las soluciones de TIC para la mejora de la eficiencia energética.

               (28)

               Si de verdad se quiere avanzar, es necesario un compromiso a nivel nacional, regional y local. Corresponde, por lo tanto, a los responsables de formular las políticas nacionales, regionales y locales en los Estados miembros confirmar su pleno compromiso para conseguir que las medidas contenidas en la presente Recomendación puedan aplicarse a tiempo.

         RECOMIENDA que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación,
   a fin de recortar la creciente proporción de las emisiones globales de carbono de que es responsable y reforzar el potencial que tienen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para desempeñar un papel esencial y crítico en la transición hacia una economía de alta eficiencia energética y bajas emisiones de carbono,

               (1)

               se comprometa con un proceso de descarbonización progresiva que desemboque en una reducción mensurable y verificable de la intensidad energética y de las emisiones de carbono de todos los procesos que intervienen en la producción, el transporte y la venta de los equipos y componentes de TIC;

               (2)

               participe, a través de sus asociaciones sectoriales, en un ejercicio que pondrá en marcha la Comisión Europea y cuyos objetivos son:

                           (a)

                           elaborar un marco que permita medir su rendimiento energético y medioambiental, cuyos datos de partida se espera aporte el sector antes de que concluya 2010,

                           (b)

                           adoptar e implementar metodologías comunes a tal efecto antes de que concluya 2011;

                           (c)

                           fijar, antes de que concluya 2011, unos objetivos de eficiencia energética que se propongan superar los objetivos de la UE para 2020 antes de que concluya 2015,

                           (d)

                           presentar una hoja de ruta dentro de los tres meses siguientes a la adopción de la presente Recomendación, y presentar posteriormente informes anuales;

               (3)

               colabore con la Comisión Europea y otros organismos públicos y organizaciones internacionales pertinentes a fin de elaborar un marco de auditoría y verificación que permita evaluar si los objetivos de reducción de la intensidad energética y las emisiones de carbono serán o no alcanzados por cada empresa en particular y de qué manera;

               (4)

               en estrecha cooperación con el sector de los edificios y la construcción, encuentre las soluciones de TIC que permitan mejorar el rendimiento energético y medioambiental de los edificios nuevos y existentes, así como las prácticas de construcción y renovación, elaborando una hoja de ruta conjunta para la adopción a gran escala de tales soluciones;

               (5)

               en estrecha cooperación con el sector de los edificios y la construcción, se enfrente a los obstáculos que dificultan el uso generalizado de las herramientas de modelización y simulación que aportan las TIC, así como de otras aplicaciones pertinentes que facilitan y favorecen el cumplimiento de los regímenes reguladores aplicables al rendimiento de los edificios;

               (6)

               en estrecha cooperación con el sector del transporte y la logística, encuentre las soluciones de TIC que permitan mejorar el rendimiento energético y medioambiental de sus servicios, elaborando una hoja de ruta conjunta para la adopción a gran escala de tales soluciones, en coordinación con los trabajos efectuados dentro del plan de acción sobre STI;

               (7)

               en estrecha cooperación con el sector del transporte y la logística, prepare un marco sistemático para facilitar datos completos, comparables y fiables sobre el consumo de energía y las emisiones de carbono de las actividades y servicios de transporte de mercancías a todos los usuarios potenciales.

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS,
   a fin de garantizar la plena coherencia de las políticas referidas a las TIC con los enfoques nacionales, locales y regionales relativos a la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajas emisiones de carbono,

               (8)

               a través de sus autoridades nacionales competentes:

                           (a)

                           antes de que finalice 2010, concierten una especificación funcional mínima común para la medición inteligente centrada en facilitar a los consumidores una mejor información sobre su consumo de energía y en mejorar su capacidad para gestionarlo,

                           (b)

                           antes de que finalice 2012, establezcan un marco coherente para la implantación de la medición inteligente;

               (9)

               adopten y apliquen prácticas de contratación pública que aprovechen la envergadura de la demanda del sector público para fomentar la desmaterialización de las mercancías y servicios de TIC;

               (10)

               faciliten, a todos los niveles de la administración pública, la utilización de herramientas de TIC pertinentes para entender mejor las consecuencias de las distintas políticas y evitar los efectos secundarios negativos de su interacción;

               (11)

               fomenten el uso de la simulación y modelización energética en la educación y formación de los profesionales en sectores críticos, y en particular de:

                           (a)

                           arquitectos, constructores e instaladores,

                           (b)

                           auditores energéticos,

                           (c)

                           logística y transporte de mercancías o personas,

                           (d)

                           servicios públicos, planificación y formulación de políticas;

               (12)

               a través de sus autoridades nacionales, regionales y locales, apliquen, y cuando proceda actualicen, estrategias para la implantación de una infraestructura de banda ancha fiable y de alta velocidad que facilite el seguimiento y la gestión del consumo, distribución y producción de energía, incluidas las energías renovables, y la introducción de sistemas de alcance comunitario tales como la medición inteligente, las redes inteligentes y las ciudades inteligentes;

               (13)

               además de las obligaciones que les incumben con arreglo al artículo 3, apartado 11 y al anexo I.2 de la Directiva 2009/72/CE; sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (20), impliquen a todas las partes interesadas en proyectos piloto y demostraciones a gran escala de medición inteligente y redes inteligentes, a fin de crear consenso sobre los requisitos para la aparición de futuras innovaciones posibilitadas por las TIC;

               (14)

               a través de sus autoridades nacionales, regionales y locales, hagan uso de las plataformas digitales abiertas para favorecer un enfoque integrado con respecto a la planificación urbana y a la prestación de servicios públicos y prestar apoyo a la puesta en común de conocimientos, a los catálogos de mejores prácticas y al mantenimiento de repositorios de información fácilmente accesibles;

               (15)

               a través de sus autoridades nacionales, regionales y locales, abran oportunidades para formas creativas de colaboración y resolución de problemas a nivel de comunidad mediante convocatorias de ideas, concursos y, cuando sea posible, facilitando un acceso abierto a una amplia gama de recursos digitales públicos y datos públicos;

               (16)

               a través de sus autoridades nacionales, regionales y locales, hagan extensivos los beneficios de la sustitución de los procesos administrativos fuera de línea por aplicaciones y servicios en línea, que suponen mejoras de la eficiencia energética, a todos los segmentos de sus comunidades.

         INVITA a los Estados miembros:
   a informar a la Comisión de las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación dentro de los doce meses siguientes a su publicación y, con posterioridad, una vez al año.

      Hecho en Bruselas, el 9 de octubre de 2009.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.

      (2)  Según se menciona en la síntesis de la evaluación completa de los 27 planes de acción nacionales sobre eficiencia energética, "Moving forward together on saving energy", SEC(2009)889 final, exigida por la Directiva 2006/32/CE.

      (3)  COM (2006) 545.

      (4)  COM (2008) 30.

      (5)  Conclusiones del Consejo Europeo, 11 y 12 de diciembre de 2008 – Conclusiones de la Presidencia, 17271/1/08 REV 1, 13 de febrero de 2009.

      (6)  COM (2008) 241.

      (7)  COM (2008) 397.

      (8)  COM (2003) 302.

      (9)  The International Reference Life Cycle Reference System (ILCD) Handbook and supporting Data Network. http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcd-handbook.

      (10)  COM(2008) 800, Un Plan Europeo de Recuperación Económica.

      (11)  COM(2009) 36.

      (12)  COM(2008) 886, Plan de acción para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes y COM(2008) 887, Propuesta de Directiva por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.

      (13)  Bio Intelligence «Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency».

      (14)  DO L 191 de 22.7.2005, p. 29.

      (15)  COM(2009) 111 final.

      (16)  Consulta pública sobre las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de una sociedad de bajas emisiones de carbono, 30 de marzo – 14 de junio de 2009.

      (17)  OECD Guide to Measuring the Information Society, Rev. de julio de 2009. www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide.

      (18)  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, informe de The Climate Group en nombre de la Global eSustainability Initiative (GeSI).

      (19)  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, informe de The Climate Group en nombre de la Global eSustainability Initiative (GeSI).

      (20)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Francia

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/114

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Francia
   (2016/C 299/27)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016 (3). Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Francia fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, en un contexto de crecimiento moderado y de baja inflación, Francia registra un elevado y creciente nivel de endeudamiento público, a lo que se suma un deterioro de la competitividad. Es en particular importante la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía francesa y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria.

               (3)

               El 29 de abril de 2016, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               Francia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose para situarse en el 1,2 % del PIB en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2018. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance el 96,5 % del PIB en 2017, para bajar luego al 93,3 % del PIB en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es, en líneas generales, verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,4 % del PIB en 2016, en consonancia con el déficit recomendado por el Consejo en 2015. Por lo que se refiere a 2017, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global alcance el 3,2 % del PIB, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del plazo para corregir el déficit excesivo. No se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice en 2016 ni en 2017, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades, con los consiguientes riesgos de incumplimiento. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que, aunque actualmente se prevé alcanzar el objetivo principal en 2016, existe un riesgo de que Francia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017.

               (6)

               La ratio gasto público/PIB en Francia es una de las más altas de la Unión y, pese a que ha disminuido ligeramente en 2015, sigue estando muy por encima de la media de la zona del euro. Francia está aplicando un plan para reducir el gasto público en 50 000 millones EUR en relación con el crecimiento tendencial entre 2015 y 2017 en todos los niveles de las administraciones públicas, pero no es seguro que este plan pueda lograr una reducción significativa del gasto público. Precisar las medidas que sustentan las reducciones del gasto, garantizando al mismo tiempo que las medidas de ahorro tienen en cuenta la inflación próxima a cero, contribuiría a aumentar la eficiencia de este plan.

               (7)

               Uno de los retos pendientes es seguir reduciendo la tasa de gasto según lo previsto, dado que el proceso de delimitación de los grandes ámbitos de ahorro potencial no ha producido frutos suficientes y las revisiones de gasto han tenido hasta la fecha resultados modestos. En el sector de la vivienda, Francia gasta casi el doble que otros países europeos comparables sin obtener mejores resultados apreciables en el mercado de la vivienda. El efecto combinado de la aplicación de la reducción prevista de las subvenciones del Gobierno central a las autoridades locales y un mayor control del gasto de las administraciones locales, en particular mediante la contención del aumento de los costes administrativos de estas, podría preservar su capacidad de inversión. Las revisiones de gastos podrían ser un instrumento apropiado para determinar tales ahorros. Por otra parte, la reciente reforma de la administración local podría aumentar la eficiencia del sistema de medio a largo plazo.

               (8)

               No es posible conseguir ahorros sustanciales a corto plazo sin reducir considerablemente el aumento del gasto en seguridad social, que representa más de la mitad del gasto de las administraciones públicas. La sostenibilidad del sistema de pensiones ha mejorado gracias al acuerdo alcanzado sobre los regímenes de pensiones complementarias en 2015, pero podría seguir registrando déficits a corto y medio plazo, especialmente en unas condiciones macroeconómicas adversas. Por otra parte, se espera que las anteriores reformas de las pensiones solo reduzcan el elevado nivel actual de gasto público en pensiones después de 2025. Francia ha fijado unos ambiciosos objetivos de limitación del crecimiento del gasto sanitario para 2016 y 2017. Estos objetivos podrían completarse con esfuerzos más decididos por delimitar mejoras de eficiencia a medio y largo plazo.

               (9)

               Se han emprendido medidas para reducir los costes laborales y mejorar los márgenes de beneficio de las empresas mediante una bonificación fiscal de 20 000 millones EUR para la competitividad y el empleo y reducciones adicionales de 10 000 millones EUR en las cotizaciones sociales de los empresarios con arreglo al Pacto de Responsabilidad y Solidaridad. El diseño de estas medidas, que representan el 1,5 % del PIB y contribuyen a reducir la brecha existente entre Francia y la media de la zona del euro en términos de costes laborales, podría mermar su eficacia. Los resultados de las evaluaciones previstas de estas medidas de reducción de costes serán de utilidad para la adopción de cualquier decisión sobre el futuro diseño de estos regímenes, a fin de garantizar que dichas medidas alcanzan sus objetivos en términos de eficiencia. El efecto en la formación de los salarios y en el empleo reviste especial interés para dichas evaluaciones.

               (10)

               En el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene el empleo de las personas poco cualificadas. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para la mayoría de las categorías de trabajadores y el riesgo de crear un efecto de compresión al alza de los salarios. Debido al mecanismo de indización del salario mínimo, existen bucles de realimentación entre las subidas de los salarios medios y los cambios en el salario mínimo, lo que retrasa la necesaria adaptación de los salarios como respuesta a una situación de debilidad económica.

               (11)

               Las recientes reformas permiten solo un margen de flexibilidad limitado para que los empresarios puedan apartarse de los convenios colectivos sectoriales. Esta situación afecta a todos los aspectos de las condiciones laborales, incluidos los salarios, la jornada laboral, el empleo y las condiciones de trabajo, y limita las posibilidades de que las empresas puedan ajustar su personal en función de sus necesidades. En la actualidad, los diferentes sectores pueden impedir que las empresas determinen, caso por caso y tras negociar con los interlocutores sociales, en qué condiciones la jornada laboral podría apartarse de los convenios sectoriales. Podría facilitarse, en consulta con los interlocutores sociales, la adopción de excepciones a los convenios sectoriales y a las disposiciones legales de carácter general en materia de condiciones de empleo mediante acuerdos de empresa.

               (12)

               En 2015 subió la tasa de desempleo hasta situarse en el 10,4 %. El desempleo afecta de forma más aguda a los jóvenes, los nacionales de terceros países y los trabajadores menos cualificados. La estructura del mercado de trabajo está cada vez más polarizada: los trabajadores altamente cualificados suelen tener contratos indefinidos y una proporción constante de empleos poco cualificados son cada vez más precarios. El porcentaje de contratos de duración determinada de menos de un mes en el total de las contrataciones creció hasta cerca del 70 % en 2015. El marco jurídico que rige los contratos de trabajo, en particular en lo que respecta a la legislación en materia de despido para los contratos indefinidos, puede contribuir a la elevada segmentación del mercado de trabajo. El prolongado deterioro del mercado laboral ha afectado de manera significativamente negativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones de desempleo. Según las previsiones de febrero de 2016, el déficit se situará en 4 500 millones EUR en 2015, 4 200 millones EUR en 2016 y 3 600 millones EUR en 2017. De esta forma, aumentaría aún más el endeudamiento del sistema, que pasaría de 25 800 millones EUR en 2015 a 30 000 millones EUR en 2016 y 33 600 millones EUR en 2017. El cálculo de las prestaciones favorece una sucesión de empleos a tiempo completo de corta duración en detrimento de los empleos a tiempo parcial de larga duración y crea incentivos para que los empleadores ofrezcan empleos de corta duración que deben complementarse con prestaciones a las personas empleadas. Por otra parte, el diseño del sistema de prestaciones de desempleo, en particular en lo que respecta a las condiciones de elegibilidad y el carácter degresivo de las prestaciones, puede debilitar los incentivos para regresar al trabajo.

               (13)

               La transición de la escuela al mundo laboral sigue siendo difícil, siendo los jóvenes menos cualificados los más afectados. El recurso al aprendizaje está disminuyendo entre categorías poco cualificadas, en un contexto de estrategias regionales diferenciadas y una limitada capacidad del sistema para responder a las nuevas necesidades económicas. La oferta de formación para los desempleados, los trabajadores menos cualificados y el personal de las PYME sigue siendo insuficiente. Las reformas en curso en materia de formación profesional, en particular en lo que respecta a la gobernanza, los incentivos y la orientación y el nuevo plan de formación específica para parados todavía tienen que aplicarse plenamente y deberían reforzarse. La insatisfactoria cooperación entre los distintos agentes implicados en la formación profesional continua impide una asignación eficiente de los recursos. La futura cuenta de actividad personal puede contribuir a reequilibrar el acceso.

               (14)

               El entorno empresarial francés sigue ocupando niveles medios, en particular en lo que se refiere a la carga que supone la regulación pública, aspecto que sitúa a Francia en un lugar muy bajo a nivel internacional. El programa de simplificación se está llevando a cabo según lo previsto, pero el progreso en la aplicación es desigual, en particular en lo que respecta a las medidas dirigidas a las empresas, y siguen planteándose retos en una serie de ámbitos.

               (15)

               La economía francesa registra un porcentaje desproporcionadamente alto de empresas pequeñas en comparación con otros Estados miembros, lo que limita su nivel de productividad. No se espera que las recientes iniciativas encaminadas a reducir el impacto de los requisitos relacionados con el tamaño afecten de forma significativa al crecimiento de las empresas, en particular habida cuenta de su alcance limitado y del carácter temporal de algunas de las medidas. Los efectos de umbral seguirán limitando, por tanto, el crecimiento de las empresas francesas.

               (16)

               La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero en otros persisten barreras, en particular en los servicios a las empresas, dado que una proporción significativa de estos servicios no se han visto afectados por las recientes reformas, y las industrias de red. Una serie de regulaciones y barreras de entrada, así como las tarifas, limitan la actividad económica de las profesiones reguladas y afectan a la productividad de otros sectores que utilizan estos servicios. La adopción de la Ley Macron en 2015 ha reducido algunas de estas limitaciones, pero todavía se han de hacer más esfuerzos. Otros problemas derivan de la aplicación restrictiva de los requisitos de autorización.

               (17)

               Francia sigue yendo a la zaga de los líderes en innovación de la UE, pese a la generosidad de las ayudas públicas en este ámbito. Durante los últimos quince años se ha producido una inflación e inestabilidad de los sistemas públicos de apoyo a la innovación, lo que constituye un motivo de preocupación en lo que respecta a la coordinación, coherencia y eficacia globales de dichos sistemas. Esta situación afecta especialmente a las PYME.

               (18)

               La ratio impuestos/PIB es una de las más altas de la Unión. Su composición no es propicia al crecimiento económico, ya que afecta significativamente a los factores de producción, pero relativamente poco al consumo. La imposición sobre sociedades empezó a disminuir ligeramente en 2014, y Francia ha comenzado a reducir las diferencias con la media de la UE en cuanto a fiscalidad medioambiental, pero los ingresos procedentes del IVA siguen siendo bajos, tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje de la carga fiscal total, debido a los bajos tipos, la aplicación generalizada de tipos reducidos y la elevada frecuencia de las exenciones en comparación con la media de la UE. Más allá de la supresión progresiva en curso de la sobretasa de solidaridad a las empresas y del impuesto extraordinario sobre sociedades, las medidas concretas para alcanzar el objetivo anunciado de reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020 tienen que precisarse en su totalidad.

               (19)

               El sistema tributario es muy complejo. Sigue existiendo un gran número de impuestos ineficientes que reportan escasos o nulos ingresos, y la imposición de la renta de las personas físicas es especialmente compleja, lo que entraña un importante coste administrativo. A pesar de la introducción en la Ley de programación de las finanzas públicas de 2014-2019 de la obligación de evaluar periódicamente y hacer un seguimiento de los gastos tributarios, la reducción prevista del gasto fiscal para 2016 es modesta tras varios años de aumento.

               (20)

               En general, los obstáculos a la inversión privada son moderados, siendo los principales escollos el elevado peso de la regulación y el alto nivel de los tipos del impuesto de sociedades. El entorno de inversión mejoraría merced a la mejora del entorno empresarial, la reducción de los impuestos sobre la producción y sobre beneficios de sociedades y la simplificación del sistema tributario. Todas las medidas destinadas a mejorar la competitividad relacionada o no con los costes de las empresas francesas encierran potencial para incrementar los niveles de inversión e incentivar a las empresas a invertir en capital físico y humano, con vistas a mejorar la productividad. El potencial de crecimiento a largo plazo se ve limitado asimismo por la debilidad de la inversión en actividades de innovación.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (22)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su Dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (23)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Francia tome medidas durante el período 2016-2017 con el fin de:

               1.

               Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017, tomando las medidas estructurales requeridas y utilizando todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Especificar los recortes en los gastos previstos durante los próximos años y redoblar los esfuerzos para aumentar el importe del ahorro generado por las revisiones de gastos, incluido el gasto de las administraciones locales, para finales de 2016. Reforzar las evaluaciones independientes de las políticas públicas con el fin de identificar los incrementos de eficiencia en todos los subsectores de las administraciones públicas.

               2.

               Garantizar que las reducciones del coste de la mano de obra son sostenidas y que la evolución del salario mínimo es compatible con la creación de empleo y la competitividad. Reformar el Derecho Laboral a fin de que los empresarios tengan más incentivos para ofrecer contratos indefinidos.

               3.

               Mejorar los vínculos entre el sector de la educación y el mercado de trabajo, en particular mediante la reforma de la formación profesional y del aprendizaje, con especial atención a las personas poco cualificadas. De aquí a finales de 2016, tomar medidas encaminadas a reformar el sistema de prestaciones de desempleo de modo que se restablezca su sostenibilidad presupuestaria y ofrezca más incentivos para reincorporarse al mercado laboral.

               4.

               Eliminar los obstáculos a la actividad en el sector de los servicios, en particular en el sector de los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Adoptar medidas para simplificar los programas de innovación y mejorar su eficiencia. De aquí a finales de 2016, continuar con la reforma de los criterios de tamaño recogidos en las regulaciones que impiden el crecimiento de las empresas y simplificar las reglas administrativas, fiscales y contables de las empresas, prosiguiendo el programa de simplificación.

               5.

               Tomar medidas que reduzcan los impuestos sobre la producción y el tipo nominal del impuesto de sociedades, a la vez que se amplía la base impositiva sobre el consumo, en particular en lo que respecta al IVA. Eliminar los gastos tributarios ineficientes, suprimir los impuestos que reportan escasos o nulos ingresos y adoptar la reforma de la retención en origen del impuesto sobre la renta de las personas físicas a más tardar a finales de 2016.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 96 de 11.3.2016, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2009 , sobre la utilización segura de combustibles con bajo contenido de azufre por los buques atracados en puertos comunitarios (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               29.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 348/73

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 21 de diciembre de 2009
   sobre la utilización segura de combustibles con bajo contenido de azufre por los buques atracados en puertos comunitarios
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2009/1020/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 4 ter de la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos (1), en su versión modificada, fija el contenido máximo de azufre de los combustibles para uso marítimo utilizados por los buques atracados en puertos comunitarios, incluida la obligación, a partir del 1 de enero de 2010, de que los Estados miembros garanticen que los buques no utilicen combustibles para uso marítimo con un contenido en azufre superior al 0,1 % en masa y que en su territorio no se comercialice gasóleo para uso marítimo con un contenido en azufre superior al 0,1 % en masa.

               (2)

               El artículo 6 de la Directiva también establece que los Estados miembros han de comprobar por muestreo que el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo cumple las disposiciones correspondientes del artículo 4 ter y que el muestreo ha de empezar a partir de la fecha en que entre en vigor el requisito.

               (3)

               Según lo indicado en la Comunicación de la Comisión sobre las notificaciones de las prórrogas de los plazos de cumplimiento de ciertos valores límite y las exenciones de la obligación de aplicarlos en virtud del artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa (2), las concentraciones de partículas superan actualmente el valor límite diario de PM10 en más del 40 % de las zonas y aglomeraciones de la Comunidad. La aplicación de un límite bajo de contenido de azufre del combustible utilizado por los buques atracados en puertos comunitarios es esencial para mejorar la calidad del aire ambiente, según señalan la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima (3) y la Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (4) adoptada en 2005.

               (4)

               En el marco de la revisión del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL), la Organización Marítima Mundial (OMI) adoptó en octubre de 2008 requisitos que deberán aplicarse a partir de 1 de enero de 2015 a los buques que naveguen en zonas de control de emisiones contempladas en el artículo 2, punto 3 sexto, de la Directiva 1999/32/CE.

               (5)

               Considerando los riesgos en juego para la seguridad, la Comisión cree necesario publicar las directrices oportunas dirigidas a los Estados miembros para garantizar un alto nivel de seguridad y una prevención eficaz de la contaminación por los buques en la aplicación de las disposiciones de esta Directiva en toda la Comunidad.

               (6)

               A partir del 1 de enero de 2010, los buques deberán sustituir el fuelóleo pesado que utilizan en el mar por combustibles más ligeros de uso marítimo, como combustible diésel o gasóleo para uso marítimo, cuando estén atracados en puertos comunitarios, ya que no suele haber fuelóleo pesado con un contenido de azufre lo suficientemente bajo.

               (7)

               Pueden plantearse problemas operativos y riesgos para la seguridad al utilizarse combustible diésel o gasóleo para uso marítimo en buques que no han sido diseñados para emplear esos combustibles o que no se han sometido a la necesaria adaptación técnica. La Comisión ha estudiado los riesgos ligados a la sustitución de combustibles y ha llegado a la conclusión de que el principal riesgo para la seguridad está relacionado con su uso en las calderas de buques no evaluadas aún y que no se han certificado para el uso del tipo de combustible requerido. Mientras que las calderas pueden utilizar fuelóleo pesado o combustibles destilados, existe un riesgo al ser el combustible diésel y los gasóleos para uso marítimo menos viscosos y más volátiles y no resultar necesario para los combustibles destilados el calentamiento del sistema de alimentación de combustible exigido por el fuelóleo pesado. El número de buques afectados y la probabilidad de que se produzcan estos casos son difíciles de calcular con exactitud.

               (8)

               La Directiva 1999/32/CE ha dado al sector naval tiempo suficiente para realizar una adaptación técnica de los buques que les permita utilizar combustibles para uso marítimo con un máximo del 0,1 % de azufre en masa cuando estén atracados en puertos comunitarios. Ya hay soluciones técnicas para limitar los riesgos. Hoy por hoy, sin embargo, sigue habiendo buques en los que no se han realizado las modificaciones necesarias, y son muy pocos los que se han sometido al proceso de verificación y certificación.

               (9)

               Existen soluciones técnicas para paliar las posibles consecuencias de la sustitución del combustible en buques atracados. El carácter reducido de la demanda del sector naval ha retrasado la creación de las soluciones técnicas necesarias, con los retrasos subsiguientes en el proceso de verificación y certificación.

               (10)

               La información que obra en poder de la Comisión indica que, en el caso de los buques que no han sufrido aún las adaptaciones técnicas, el proceso en su conjunto puede concluirse en menos de ocho meses.

               (11)

               Los fabricantes de calderas y motores deben formular recomendaciones y procedimientos específicos para la adaptación de estas soluciones, mientras que los armadores deben crear y aplicar procedimientos operativos específicos y proporcionar la formación oportuna a las tripulaciones.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Como parte de las medidas de control de los Estados miembros respecto a los buques que incumplan el requisito de utilizar combustibles con un contenido máximo autorizado de azufre del 0,1 % cuando estén atracados, los Estados miembros deben recabar de estos buques pruebas detalladas de las medidas que estén tomando de cara al cumplimiento. Entre ellas se deberán contar un contrato con un fabricante y un plan de adaptación que deberá aprobar la sociedad de clasificación del buque o, en el caso de los buques que enarbolen pabellón de un Estado miembro, la organización que disfrute de reconocimiento de conformidad con el Reglamento (CE) no 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). En el plan de adaptación deberá hacerse constar claramente la fecha en que se concluirá el proceso de adaptación y certificación.

               2.

               A la hora de determinar las sanciones que deben imponerse a los buques no conformes, los Estados miembros podrán tener en cuenta la existencia de un plan de adaptación aprobado.

               3.

               Los Estados miembros deberán tomar las medidas oportunas para que los armadores, los operadores y los marinos sean más conscientes de los riesgos para la seguridad que entraña la sustitución de combustible, a falta de las adaptaciones técnicas necesarias del sistema de alimentación de combustible de los buques, así como de la necesidad de una formación.

      Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 2009.

            Por la Comisión

         Antonio TAJANI

            Vicepresidente

      (1)  DO L 121 de 11.5.1999, p. 13.

      (2)  DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.

      (3)  COM(2002) 595.

      (4)  COM(2005) 446.

      (5)  DO L 131 de 28.5.2009, p. 11.