title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad del Reino Unido para 2012-2017

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/91

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad del Reino Unido para 2012-2017
   2012/C 219/27
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista las recomendaciones de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma del Reino Unido para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado del Reino Unido para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros Comités, a que presentase sus puntos de vista sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 30 de abril de 2012, el Reino Unido presentó su Programa de Convergencia para el período 2011-2012 a 2016-2017 y su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, si el Reino Unido presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Reino Unido presenta un desequilibrio interno, si bien no excesivo.

               (9)

               De conformidad con el apartado 4 del Protocolo (no 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la obligación de evitar déficits públicos excesivos prevista en el apartado 1 del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no es aplicable al Reino Unido, a menos que este adopte el euro como moneda. El apartado 5 del Protocolo dispone que el Reino Unido tratará de evitar un déficit público excesivo. El 8 de julio de 2008 el Consejo decidió, con arreglo al apartado 6 del artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que existía un déficit público excesivo en el Reino Unido.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia, realizada de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil. El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia es realizar el saneamiento presupuestario necesario para realizar los objetivos presupuestarios del Gobierno en materia de deuda neta y de saldo de operaciones corrientes ajustado en función del ciclo. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo presupuestario a medio plazo según lo previsto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. A tenor de las proyecciones del programa, se espera que se rebase en un año el plazo para corregir el déficit excesivo fijado por el Consejo en su Recomendación del 2 de diciembre de 2009. El déficit público en 2014-15, que correspondería al plazo fijado por el Consejo, se calcula en un 4,4 % del PIB, lo que implica, sobre la base del saldo estructural (recalculado) (5), un esfuerzo presupuestario medio del 1,25 % del PIB entre 2010-11 y 2014-15, es decir, inferior al esfuerzo del 1,75 % recomendado por el Consejo en el procedimiento de déficit excesivo. Aunque el Gobierno no se ha apartado de su estrategia de saneamiento presupuestario, que inicialmente, a partir de proyecciones macroeconómicas anteriores, parecía bastar para dar cumplimiento a los objetivos del procedimiento de déficit excesivo, la evolución y las previsiones presupuestarias se han visto afectadas por un deterioro de las previsiones de crecimiento económico. Las medidas en la vertiente de los ingresos se han concentrado sustancialmente al principio de la senda de ajuste del saneamiento presupuestario. Casi un 40 % del saneamiento presupuestario anual total previsto para el período comprendido entre 2010-11 y 2014-15 se ha realizado al final del ejercicio 2011-12, con inclusión del 30 % de los recortes de gastos y las dos terceras partes de los incrementos fiscales netos. Las posibles contribuciones a los ingresos debido a una mayor eficiencia del sistema fiscal, originadas por una revisión de la estructura de tipos del IVA, siguen estando relativamente poco explotadas.
               De conformidad con el Programa de Convergencia, se prevé que el déficit de las administraciones públicas sea 8,3 % del PIB en 2011-2012, 5,9 % del PIB en 2012-2013, 6,0 % del PIB en 2013-2014, 4,4 % del PIB en 2014-2015, 2,9 % del PIB en 2015-2016 y 1,2 % del PIB en 2016-2017. Estas estimaciones son ligeramente inferiores a las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, concretamente un déficit del 6,1 % del PIB en 2012-2013 (que sería del 7,9 % sin una próxima transferencia extraordinaria de fondos de pensiones) y del 6,5 % del PIB en 2013-2014. Las diferencias se explican por unas previsiones del crecimiento a medio plazo inferiores y por las modificaciones introducidas por Eurostat a los datos del Reino Unido. Se hicieron algunos ajustes a los planes fiscales del Gobierno en la declaración de otoño de 2011 para dar prioridad al gasto que favorezca el crecimiento, pero se espera que la inversión del sector público todavía descienda drásticamente en 2014-2015. La deuda de las administraciones públicas, prevista en un 94,7 % en 2013-2014, se espera que alcance su máximo nivel en 2014-2015.

               (11)

               La fase inmediatamente anterior a la crisis contempló un recalentamiento del mercado de la vivienda, con el coeficiente entre el precio de la vivienda y los ingresos alcanzando alturas históricas en el contexto de una penuria creciente de viviendas, lo que condujo a una acumulación de elevados niveles de deuda hipotecaria. Según el examen exhaustivo realizado por la Comisión, el elevado endeudamiento de los hogares constituye un desequilibrio interno de la economía del Reino Unido. Debido a la elevada proporción de hipotecas a tipo de interés variable, las finanzas de las familias son vulnerables a los incrementos del tipo de interés, con un posible efecto desestabilizador en cadena sobre el conjunto de la economía a través del sector financiero. Un descenso continuo e importante del endeudamiento de las economías domésticas solo se podría producir si el precio de la vivienda se reduce en relación con la renta disponible; sin embargo, con una caída rápida de los precios nominales de la vivienda se correría el riesgo de empujar a muchos hogares a una situación de patrimonio negativo. La construcción de viviendas sigue en niveles mínimos históricos, debido a un sistema de urbanismo restrictivo y a una debilidad cíclica, y en un sentido más amplio, la actividad del sector inmobiliario todavía sigue siendo floja. En noviembre de 2011, el Gobierno publicó su estrategia para la vivienda en Inglaterra, con el objetivo de estimular la construcción de viviendas, pero no se ha despejado la incertidumbre sobre el efecto neto del nuevo sistema sobre la evolución del sector de la vivienda. Tampoco menciona esta estrategia de la vivienda la cuestión de la tributación de los bienes inmuebles, en la que el Reino Unido combina una fiscalidad recurrente regresiva (impuesto local) con una fiscalidad sobre las transacciones progresiva (stamp duty land tax – SDLT, impuesto sobre transmisiones patrimoniales), que pueden desempeñar un papel en la evolución cíclica de los ingresos presupuestarios y la estabilidad financiera. En el presupuesto de 2012 se efectuaron algunos ajustes del SDLT, pero en este terreno solo se han producido cambios mínimos.

               (12)

               El Reino Unido se enfrenta a retos cada vez mayores de desempleo y de participación en el mercado laboral. El desempleo en el Reino Unido se sitúa actualmente en el 8,4 %. El desempleo juvenil es mucho más elevado, el 22,2 %, y más del 38 % de los desempleados del Reino Unido tiene menos de 25 años. Además, el 17,7 % de los jóvenes (de 18 a 24 años) no tiene trabajo, ni estudia o se forma. El empleo en el sector privado ha crecido modestamente, pero no lo suficiente para compensar las reducciones de empleo en el sector público y el crecimiento de la mano de obra. El Reino Unido tiene exceso de oferta de trabajadores poco cualificados, de los que cada vez hay menos demanda, y escasez de trabajadores con competencias profesionales y técnicas de alta calidad que son especialmente necesarias en los sectores de producción y exportación de bienes, en los que los resultados del Reino Unido son relativamente mediocres. La política de educación y formación profesional se centra en las competencias básicas y las cualificaciones de nivel 2, mientras que la economía demanda cada vez más niveles más altos de cualificación. El Reino Unido sigue teniendo un número relativamente elevado de adultos con conocimientos lingüísticos y numéricos muy bajos y que no se encuentran en buena situación para beneficiarse de la formación profesional. El abandono prematuro de la escuela se ha incrementado en 3,3 puntos porcentuales desde 2005 y se sitúa con un 14,9 % por encima de la media de la UE; proseguir la ayuda a las familias con escasos ingresos es fundamental para prevenir el abandono escolar prematuro.

               (13)

               El Gobierno dispone de un programa de reforma de la asistencia social para ayudar a más gente a acceder a un puesto de trabajo ayudando al mismo tiempo a los más vulnerables. El Crédito Universal, que pretende simplificar el sistema de prestaciones, todavía no se aplica. El Gobierno debe tomar medidas para garantizar que los efectos positivos de las nuevas políticas de empleo y de renta no se vean anulados por unos importes cada vez más reducidos para las prestaciones, con lo que se correría el riesgo de que aumentara la pobreza, en particular la de las familias con niños. Una estimación independiente prevé que en 2020-2021 la pobreza infantil alcance su nivel más elevado desde 2001-2002, de forma que el Gobierno no logrará los objetivos de reducción de la pobreza infantil establecidos en la Ley de pobreza infantil. El Gobierno debe adoptar medidas para garantizar acceso suficiente a la asistencia infantil, especialmente para las personas con ingresos bajos. Todo posible recorte en la ayuda a la asistencia infantil podría agravar el problema.

               (14)

               Las condiciones de financiación siguen siendo rigurosas, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME), y en 2011 la financiación neta al sector empresarial fue negativa. Los datos de las encuestas muestran que un importante número de PYME tienen dificultades para acceder al crédito, al tiempo que existe también retos potenciales desde el punto de vista de la demanda. Además, el acceso a préstamos extrabancarios sigue estando reservado en gran medida a las grandes empresas, y la competencia en el sector bancario es limitada. El grupo de trabajo Breedon sobre mercados de deuda alternativos ha estimado que, a pesar de los pasos dados por las autoridades para mejorar la situación, en los próximos cinco años seguirá habiendo un importante déficit de financiación, especialmente para las PYME.

               (15)

               El Reino Unido tiene el reto de mejorar su infraestructura de energía y transporte, que va ligado a sentar las bases del crecimiento y la competitividad a largo plazo y a hacer frente a las causas de la falta de competitividad exterior del Reino Unido en el sector industrial. El Reino Unido necesita importantes inversiones para mejorar su capacidad de generación de electricidad, dada su necesidad de sustituir una gran parte de la actual capacidad generadora, que deberá cerrar en la próxima década, y cumplir los objetivos ligados a las obligaciones relativas a las energías renovables y a la reducción de las emisiones de carbono. El sector del transporte del Reino Unido se enfrenta a deficiencias en la capacidad y calidad de sus redes, lo que podría ir en detrimento del objetivo del Gobierno de reequilibrar la economía del Reino Unido hacia la inversión y las exportaciones. Como parte de la estrategia de saneamiento presupuestario del Gobierno, la inversión neta del sector público se reducirá drásticamente en 2014-2015, lo que puede agravar las presiones existentes sobre la infraestructura de transporte a menos que se puedan garantizar fuentes alternativas de financiación.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (18)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011 y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y el Programa de Convergencia. Su recomendación, formulada en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1176/2011, se refleja, en particular, en las recomendaciones 2, 3 y 6 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que el Reino Unido tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Aplicar plenamente la estrategia presupuestaria para el ejercicio financiero 2012-2013 y siguientes, apoyada por medidas suficientemente definidas, a fin de garantizar una corrección oportuna del excesivo déficit de forma sostenible y alcanzar el esfuerzo del ajuste estructural formulado en las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo y situar los altos niveles de deuda pública en una senda descendente sostenida. Reforzar la estrategia presupuestaria para el ejercicio financiero 2013-2014 y siguientes, como paso previo para dar prioridad a un gasto que favorezca el crecimiento para evitar el riesgo de que un nuevo debilitamiento de las perspectivas de crecimiento a medio plazo tenga consecuencias negativas sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

               2.

               Hacer frente al efecto desestabilizador de unos precios de la vivienda elevados y volátiles y al elevado endeudamiento de las economías domésticas aplicando un amplio programa de reforma del sector de la vivienda para incrementar la oferta y paliar los problemas de asequibilidad y la necesidad de subvencionar la vivienda con fondos públicos. Proseguir con nuevas reformas del mercado de la vivienda, incluidos los mercados hipotecario y de alquiler, la reglamentación financiera y la tributación de los bienes inmuebles para evitar una volatilidad y unas distorsiones excesivas en el mercado de la vivienda.

               3.

               Seguir mejorando la empleabilidad juvenil, en particular la de los jóvenes que no tienen trabajo, ni estudian o se forman, incluso mediante la utilización del Contrato Juvenil. Garantizar que más jóvenes sigan los programas de aprendizaje, que estos programas se centren suficientemente en cualificaciones avanzadas y de alto nivel y que participen en ellos más empresas pequeñas y medianas. Tomar medidas para reducir la elevada proporción de jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 24 años que abandonan la escuela con muy escasas competencias básicas.

               4.

               Intensificar las medidas para facilitar la integración en el mercado laboral de personas de hogares cuyos miembros están todos desempleados. Garantizar que las reformas previstas de la asistencia social no se traducen en una mayor pobreza infantil. Aplicar plenamente medidas para facilitar el acceso a los servicios de asistencia infantil.

               5.

               Seguir mejorando la disponibilidad de financiación bancaria y no bancaria para el sector privado y, en particular, para las PYME. Prestar apoyo a la competencia en el sector bancario, en particular mediante medidas para reducir los obstáculos a la entrada, reforzar la transparencia y facilitar el cambio de banco tal como recomienda la Independent Commission on Banking (Comisión independiente de la banca), y estudiar las formas de mejorar el acceso al capital riesgo y el capital inversión y a otras formas de préstamos no bancarios.

               6.

               Aplicar una estrategia a largo plazo para mejorar la capacidad y la calidad de la infraestructura de la red del Reino Unido, incluidas medidas para hacer frente a la presión en las redes de transporte y energía fomentando unos procesos de planificación y de toma de decisiones más eficientes y robustos, así como aprovechando los acuerdos de financiación públicos o privados apropiados.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (4)  DO C 217 de 23.7.2011, p. 12.

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información contenida en el programa, utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2012-2016

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/31

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2012-2016
   2012/C 219/09
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (CE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma de Francia para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, la consolidación presupuestaria y una actuación dirigida a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restaurar la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (9)

               El 4 de mayo de 2012, Francia presentó su Programa de Estabilidad actualizado relativo al período 2012-2016, y, el 13 de abril de 2012, su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, si Francia presenta desequilibrios macroeconómicos. La Comisión concluyó que Francia está experimentando desequilibrios, si bien no son excesivos.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es optimista. Según las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el PIB crecerá un 0,5 % en 2012 y un 1,3 % en 2013, frente a un 0,7 % y un 1,75 %, respectivamente, según el Programa de Estabilidad. Tras haberse registrado un déficit inferior a lo previsto, del 5,2 % del PIB en 2011, el Programa de Estabilidad prevé reducirlo al 3 % en 2013, plazo fijado por el Consejo para corregir el déficit excesivo, y proseguir el saneamiento en los siguientes años, alcanzándose un presupuesto equilibrado en 2016. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, consistente en un presupuesto equilibrado en términos estructurales, se alcance en el período cubierto por el Programa de Estabilidad. El objetivo presupuestario a medio plazo refleja adecuadamente las exigencias del Pacto de estabilidad y crecimiento. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado) (5), el ajuste presupuestario medio anual previsto en 2010-2013 se corresponde con la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009. Según las previsiones, deberían realizarse avances anuales en términos estructurales equivalentes al 0,7 % del PIB para alcanzar el OMP en 2014-2016. Según el Programa de Estabilidad, la tasa de crecimiento del gasto público, teniendo en cuenta las medidas discrecionales relativas a los ingresos, se atiene al índice de referencia del gasto del Pacto de estabilidad y crecimiento. La trayectoria de ajuste presentada en el Programa de Estabilidad está sujeta a riesgos. El escenario macroeconómico podría ser menos favorable que lo que indican las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión.
               Las medidas para alcanzar los objetivos a partir de 2013 y para llegar al ajuste presupuestario anual medio recomendado no son lo suficientemente precisas. Además, los resultados de Francia respecto al cumplimiento de los objetivos de gasto son dispares. Por consiguiente, no puede garantizarse que el déficit excesivo se corregirá para 2013, salvo que las medidas previstas se definan suficientemente y se apliquen otras complementarias en caso necesario. La tasa de endeudamiento, que en 2011 correspondía al 85,8 % del PIB, debería alcanzar el 89,2 % en 2013 y bajar al 83,2 % en 2016. Según el Programa de Estabilidad, el índice de referencia de reducción de la deuda se alcanzará al final del período de transición (2016).

               (11)

               Si bien se han adoptado medidas adicionales de saneamiento en el segundo semestre de 2011 y en febrero de 2012, la aplicación del saneamiento presupuestario sigue siendo un desafío de talla. Para restablecer una situación presupuestaria sostenible es indispensable evitar desviaciones en los gastos intensificando el ajuste presupuestario sobre la base de medidas claramente definidas. Además, Francia debería aprovechar las ocasiones que se presenten para acelerar la reducción del déficit con el fin de facilitar la corrección del excesivo déficit tal como está previsto. Por lo que respecta a la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo y la adecuación de las pensiones futuras, la reforma de las pensiones de 2010 se está aplicando gradualmente. Sin embargo, no es seguro que el sistema esté equilibrado para 2018 según lo previsto si el empleo y el crecimiento son inferiores a lo previsto, por lo que es probable que el sistema sea deficitario con posterioridad a 2020. Además, el comité de dirección recién creado, que se instauró para publicar un dictamen anual sobre la situación financiera de los distintos regímenes de pensiones y las condiciones necesarias para garantizar el equilibrio de las cuentas no más tarde de 2018, no emitió su dictamen en 2011, dificultando la evaluación de la viabilidad del régimen de pensiones.

               (12)

               Para mejorar el funcionamiento del mercado laboral francés se debería reducir aún más su segmentación. El contrato de seguridad profesional (CSP), instaurado por la ley de julio de 2011 y que fusiona dos contratos ya existentes, prevé que en caso de despidos económicos, las cargas de las actividades de orientación recaigan en los servicios públicos de empleo (Pôle emploi). Es un paso positivo pero limitado. También se han adoptado, o se están debatiendo, varias medidas para proporcionar a las empresas que tienen que hacer frente a dificultades temporales una organización flexible del trabajo. Sin embargo, estas medidas no se ocupan específicamente de la segmentación del mercado laboral. Además, el examen de la legislación para la protección del empleo muestra que los procedimientos de despido siguen generando incertidumbre y costes potencialmente importantes para las empresas. Por último, es importante garantizar que cualquier evolución del salario mínimo favorezca el empleo, en particular de los trabajadores poco cualificados y sin experiencia.

               (13)

               Tras la reforma de las pensiones, las medidas adoptadas para fomentar el empleo de trabajadores de más edad, incluida la obligación de que las empresas pongan en marcha una gestión activa de la edad, son pasos en la buena dirección. Sin embargo, el plan de actuación correspondiente carece, en líneas generales, de ambición y no incluye medidas tales como la reducción del tiempo de trabajo ni la oferta de empleos adaptados específicamente a los trabajadores de más edad. Además, ciertos aspectos del sistema de prestaciones por desempleo para los trabajadores de más edad (duración) pueden ser solo unos incentivos limitados para el trabajo. Por último, hace falta una estrategia más ambiciosa en el ámbito del aprendizaje de adultos, con el fin de incrementar la empleabilidad de la mano de obra adulta.

               (14)

               Para hacer frente al desempleo de los jóvenes, las autoridades francesas se han comprometido a incrementar el número de contratos de aprendizaje de 600 000 a 800 000 de aquí a 2015. En 2011 y 2012 se introdujeron varias medidas para incrementar la cuota de aprendices en las empresas y reforzar las penalizaciones a las empresas que no cumplieran. A pesar de estas medidas, el número total de contratos de aprendizaje sigue lejos del objetivo. Parece necesario reforzar la correspondencia entre las necesidades de los jóvenes y las de las empresas. Por lo tanto, las políticas que se ocupan del desempleo de los jóvenes saldrían beneficiadas si las enseñanzas que se dispensan en el sistema educativo guardasen una mayor consonancia con las necesidades del mercado laboral.

               (15)

               La fusión de los servicios de colocación para demandantes de empleo (ANPE) y la agencia de prestaciones por desempleo (UNEDIC) en un organismo único (Pôle emploi) todavía no ha dado los resultados esperados en términos de eficacia y calidad de los servicios. El nuevo acuerdo tripartito plurianual firmado en enero de 2012 (entre el Gobierno, los interlocutores sociales y Pôle emploi) sobre el funcionamiento y los servicios del Pôle emploi para 2012-2014 es un paso en la buena dirección. Sin embargo, todavía debe fijarse una serie de objetivos, lo que hace difícil en este momento valorar la ambición de la reforma. Su credibilidad se ve también empañada por las limitaciones presupuestarias y de recursos humanos de los servicios públicos de empleo.

               (16)

               En febrero de 2012 Francia aprobó un incremento del IVA de 1,6 puntos porcentuales, para situarlo en el 21,2 %, y un aumento de 2 puntos en las contribuciones sociales sobre rentas y plusvalías de capital, hasta el 15,5 %, para compensar unas contribuciones sociales más bajas de las empresas. El nuevo gobierno ha anunciado su intención de revisar dicha medida y de adoptar una reforma fiscal durante 2012. Es una medida apropiada para introducir un sistema tributario más equilibrado que atenúe la fiscalidad sobre el trabajo. Tal como se ha señalado en el examen exhaustivo sobre los desequilibrios macroeconómicos efectuados por los servicios de la Comisión, ello podría contribuir a mejorar la competitividad de los costes de las exportaciones francesas, con posibles efectos positivos sobre la rentabilidad de las empresas y, a largo plazo, sobre las inversiones y la competitividad no basada en los precios. No obstante, el enfoque de la reforma es demasiado estrecho. Además, si bien se han hecho esfuerzos para reducir los gastos tributarios, han ido acompañados de subidas de tipos que tienden a incrementar las ya elevadas cargas fiscales sobre el trabajo. La proporción correspondiente a los impuestos medioambientales dentro de los ingresos fiscales de Francia es la segunda más baja de la UE, lo que indica un amplio margen para incrementar dichos impuestos. Por último, aunque Francia evaluó en 2011 la eficiencia de diferentes gastos fiscales a la hora de alcanzar sus objetivos de empleo o sociales, sigue pendiente, en particular, la evaluación de algunos tipos reducidos del IVA.

               (17)

               Si bien se han aprobado ciertas reformas para simplificar el entorno empresarial y eliminar restricciones en algunos sectores y profesiones reguladas, estas no han servido para abordar los obstáculos de entrada y las condiciones de comportamiento restrictivo en otros muchos (por ejemplo, veterinarios, sector del taxi, de la salud y profesiones jurídicas, incluidos los notarios). En consecuencia, se hace necesaria una revisión más horizontal y sistemática de las restricciones a la entrada y de comportamiento que siguen existiendo en las profesiones reguladas para valorar su necesidad y su proporcionalidad. En lo que respecta al sector de la venta minorista, se debe permitir que los distribuidores fijen libremente los precios y otras condiciones comerciales de forma que los consumidores puedan beneficiarse de unos precios más bajos. Los consumidores también se beneficiarían de otras medidas para fomentar la competencia en este sector altamente concentrado, tales como la supresión o la revisión de las restricciones en la ordenación del espacio y la simplificación de los procedimientos para crear nuevos puntos de distribución.

               (18)

               Se debe reforzar la intensidad de la competencia en cierto número de industrias de redes (mercado mayorista de la electricidad, sector ferroviario) ya que, hasta la fecha, los resultados de las reformas emprendidas en estos sectores solo han sido parciales. El grado de concentración en el mercado de la electricidad sigue siendo uno de los más elevados de la Unión. Si bien la ley sobre la nueva organización del mercado de la electricidad (Ley NOME) ha tenido un efecto positivo sobre la competencia, es necesario tomar más medidas para mejorar el acceso de otros operadores con capacidad de generación en Francia, como por ejemplo la generación hidráulica de electricidad. Respecto al transporte ferroviario, la entrada de nuevas empresas sigue siendo limitada tanto en el transporte de carga como en el internacional de pasajeros. En el caso de la carga, sobreviven también barreras técnicas al acceso no discriminatorio.

               (19)

               La cuota de mercado del sector exportador francés ha disminuido un 19,4 % entre 2005 y 2010, uno de los mayores descensos entre los Estados miembros, y es muy superior al umbral contemplado en el informe sobre el mecanismo de alerta publicado por la Comisión el 14 de febrero de 2012. En su examen exhaustivo sobre Francia, los servicios de la Comisión han llegado a la conclusión de que las pérdidas en las cuotas de mercado del sector exportador están originadas por un deterioro de la competitividad de costes y de la no relacionada con los precios, en particular esta última. El incremento de los costes laborales unitarios, en particular, ha pesado sobre la rentabilidad de las empresas francesas y ha limitado su capacidad para crecer, para hacer las inversiones necesarias para mejorar sus resultados y para innovar. Las iniciativas adoptadas para estimular la innovación en el sector privado deben vigilarse y complementarse con medidas para restaurar la rentabilidad de las empresas francesas.

               (20)

               Francia ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y el cumplimiento de los compromisos presentados en 2011, se refieren al aumento del empleo, la mejora de la competitividad y el refuerzo de la sostenibilidad de la hacienda pública. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Francia. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (22)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (23)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y su Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan, en particular, en las recomendaciones 2, 4 y 5 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Francia tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Reforzar y aplicar la estrategia presupuestaria, apoyada por medidas suficientemente definidas, en particular por cuanto atañe al gasto, con respecto a 2012 y años posteriores para garantizar una corrección del excesivo déficit para 2013 y alcanzar el esfuerzo del ajuste estructural formulado en las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. A continuación, garantizar un esfuerzo de ajuste estructural adecuado para avanzar hacia la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo, en particular, el índice de referencia del gasto, y garantizar un avance suficiente hacia el cumplimiento del índice de referencia de reducción de la deuda. Seguir examinando la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones y adoptar medidas suplementarias, en su caso.

               2.

               Introducir nuevas reformas para luchar contra la segmentación del mercado de trabajo mediante una revisión de aspectos concretos de la legislación sobre protección del empleo, de acuerdo con las prácticas nacionales de consulta a los interlocutores sociales, en particular en lo que respecta a los despidos. Seguir garantizando que toda adaptación del salario mínimo redunde en beneficio de la creación de empleo y la competitividad; tomar medidas para incrementar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente.

               3.

               Adoptar medidas en el mercado laboral para garantizar que se prolongue la vida laboral de los trabajadores de más edad; mejorar la empleabilidad de los jóvenes, especialmente de aquellos que corren un riesgo de desempleo mayor, ofreciéndoles, por ejemplo, más y mejores regímenes de contratos de aprendizaje que respondan con efectividad a sus necesidades. Intensificar las políticas activas en el mercado laboral y garantizar que los servicios públicos de empleo sean más eficaces al prestar una ayuda individualizada.

               4.

               Dar nuevos pasos para introducir un nuevo sistema tributario más simple y equilibrado, desplazando la carga fiscal del trabajo a otras formas de fiscalidad que pesen menos sobre el crecimiento y la competitividad exterior, en particular la fiscalidad medioambiental y sobre el consumo. Proseguir los esfuerzos para reducir y racionalizar los gastos fiscales (sobre todo los que incentivan el endeudamiento); examinar si los actuales tipos reducidos del IVA favorecen el crecimiento y la creación de empleo.

               5.

               Proseguir los esfuerzos para eliminar las restricciones injustificadas en los sectores y las profesiones reguladas, en particular en los sectores de servicios y de comercio minorista. Dar nuevos pasos para liberalizar las industrias de redes, en particular en el mercado mayorista de electricidad, desarrollar la capacidad de interconexión en el sector energético y facilitar la entrada de nuevos operadores en los sectores de transporte ferroviario de carga e internacional de pasajeros.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (4)  DO C 213 de 20.7.2011, p. 8.

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información contenida en el programa, utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Irlanda (2011-2015)

text:
               21.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 215/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Irlanda (2011-2015)
   2011/C 215/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 7 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2011/77/UE (3) sobre la concesión por la Unión de ayuda financiera a Irlanda para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado y en el Reglamento (UE) no 407/2010, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (4). El Memorándum de Acuerdo adjunto, firmado el 16 de diciembre de 2010, y su primera actualización establecen las condiciones de política económica a las que se supedita el desembolso de la ayuda financiera. La Decisión de Ejecución 2011/77/UE se modificó mediante la Decisión de Ejecución 2011/326/UE (5). La primera actualización del Memorándum de Acuerdo se firmó el 18 de mayo de 2011.

               (4)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (7)

               El 29 de abril de 2011, Irlanda presentó la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2015, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               La crisis causó una importante corrección de los grandes desequilibrios que se habían producido durante el anterior periodo de auge. Entre 2007 y 2010, el PIB real se contrajo en un 12 % y el empleo en casi un 13 %; el desempleo aumentó del 4,6 % en 2007 al 13,6 % en 2010. La crisis acarreó además un grave deterioro de las finanzas públicas; el déficit de las administraciones públicas alcanzó niveles de dos dígitos en 2008 y 2009 y en 2010 ascendió a un 32,4 % del PIB, incluidas medidas de apoyo del sector financiero por importe equivalente a un 20,5 % del PIB. El ratio deuda/PIB aumentó desde un 25 % en 2007 a un 96 % en 2010.

               (9)

               La aplicación del programa de ayuda financiera UE-FMI está ya en marcha. Las medidas presupuestarias acordadas han sido llevadas a la práctica y en 2010 se cumplieron los objetivos presupuestarios; los resultados del primer trimestre de 2011 también se han ajustado a las metas que se proponía el programa de ayuda. Se prevé que el déficit de las administraciones públicas se mantenga por debajo del límite máximo impuesto por el programa de ayuda, a pesar de una revisión a la baja del PIB nominal en 2011. Se han realizado grandes progresos en la reforma del sistema bancario, y se han dado pasos para lograr los objetivos de la reforma estructural.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Estabilidad es verosímil. La estrategia presupuestaria a medio plazo del Programa de Estabilidad está encaminada a llevar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en el plazo previsto en la Recomendación del Consejo de 3 de diciembre de 2010. El Programa de Estabilidad se propone obtener un déficit del 10 % del PIB en 2011, del 8,6 % en 2012, del 7,2 % en 2013, del 4,7 % en 2014 y del 2,8 % al final del periodo del Programa de Estabilidad, en 2015. Esta senda está respaldada por medidas de saneamiento que suponen un 3,8 % del PIB incluidas en el presupuesto para 2011, seguidas de otras medidas de saneamiento más amplias, del 5,9 % del PIB, en 2012-2014, y un último esfuerzo de saneamiento de más del 1 % del PIB en 2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo de un – 0,5 % del PIB, que no se alcanzaría en el periodo cubierto por el mismo. Según la última evaluación de la Comisión, la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece estar en peligro. Para mejorar esta situación es necesario alcanzar suficientes superávit primarios a medio plazo y efectuar una reforma del sistema de seguridad social.

               (11)

               Irlanda ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus, compromisos que presentó el 3 de mayo de 2011. Entre ellos están medidas concretas para fomentar la competitividad, incluida una reforma de los mecanismos de fijación de salarios, la apertura a la competencia de determinados servicios profesionales y el fortalecimiento de la investigación y la innovación; para consolidar la estabilidad financiera mediante, en particular, los mecanismos de resolución de crisis; y para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, instaurando un marco presupuestario a medio plazo, reformando el sistema de pensiones y retrasando la edad de jubilación.

               (12)

               La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta, no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Irlanda, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE, incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este contexto, la Comisión insiste en la urgente necesidad de aplicar las medidas previstas para cumplir la Decisión de Ejecución 2011/77/UE.

               (13)

               A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la Recomendación formulada por el Consejo el 7 de diciembre de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Irlanda y su dictamen (6). Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Irlanda.

         RECOMIENDA que Irlanda:
   Aplique las medidas recogidas en la Decisión de Ejecución 2011/77/UE, modificada por la Decisión de Ejecución 2011/326/UE, y especificada en el Memorándum de Acuerdo de 16 de diciembre de 2010 y su actualización de 18 de mayo de 2011.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  DO L 30 de 4.2.2011, p. 34.

      (4)  DO L 118 de 12.5.2010, p. 1.

      (5)  DO L 147 de 2.6.2011, p. 17.

      (6)  Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 20 de marzo de 1989 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1987 #

text:
Avis juridique important

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31989H0212

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 20 de marzo de 1989 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1987  -

Diario Oficial n° L 080 de 23/03/1989 p. 0081 - 0081

*****RECOMENDACIÓN  DEL CONSEJO  de 20 de marzo de 1989  por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1987  (89/212/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 206 ter,  Visto el segundo Convenio ACP-CEE de Lomé firmado el 31 de octubre de 1979,  Vista la Decisión 80/1186/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),  Visto el acuerdo interno de 1979 relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado el 20 de noviembre de 1979, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 29,  Visto el reglamento financiero, de 17 de marzo de 1981, aplicable al quinto Fondo Europeo de Desarrollo (3), y, en particular, sus artículos 66 a 70,  Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED), aprobados el 31 de diciembre de 1987, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1987, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),  Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 29 del acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) se efectuará por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo;  Considerando que la ejecución, en su conjunto, de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) durante el ejercicio 1987, por la Comisión, ha sido satisfactoria,  RECOMIENDA  al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1987.  Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 1989.  Por el Consejo  El Presidente  F. FERNANDEZ ORDOÑEZ  (1) DO no L 361 de 31. 12. 1980, p. 1.  (2) DO no L 347 de 22. 12. 1980, p. 210.  (3) DO no L 101 de 11. 4. 1981, p. 12.  (4) DO no C 316 de 12. 12. 1988, pp. 173, 303.