title: Recomendación de la Comisión, de 31 de marzo de 2008 , relativa a una mayor cooperación administrativa en lo concerniente al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               4.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 85/1

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 31 de marzo de 2008
   relativa a una mayor cooperación administrativa en lo concerniente al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/C 85/01)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (1) establece obligaciones claras en materia de cooperación entre las administraciones nacionales y encomienda a los Estados miembros la tarea de crear las condiciones propicias para dicha cooperación. Dicha obligación conlleva la designación, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales, de una o varias autoridades de control organizadas y dotadas con los medios necesarios para funcionar eficazmente y responder con celeridad a las solicitudes relacionadas con las condiciones laborales en el marco de la Directiva 96/71/CE.

               (2)

               Además, la Directiva 96/71/CE impone claramente a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para que tengan acceso a la información sobre las condiciones laborales no sólo los prestadores de servicios extranjeros, sino también los trabajadores desplazados interesados.

               (3)

               Pese a los progresos realizados en materia de acceso a la información, sigue habiendo motivos razonables para preocuparse por la manera en que los Estados miembros han implementado o aplicado las normas de la Directiva 96/71/CE relativas a la cooperación administrativa (2). Si no se corrige esa situación, no parece que pueda haber una implementación satisfactoria ni una correcta aplicación, ni tampoco un cumplimiento efectivo ni una ejecución práctica de la Directiva 96/71/CE (3).

               (4)

               El ejercicio de control emprendido por la Comisión a raíz de su Comunicación «Orientaciones en relación con el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios» (4) mostró además que muchos Estados miembros tienden a recurrir únicamente a sus propios instrumentos y medidas nacionales a la hora de controlar si los prestadores de servicios cumplen las condiciones laborales aplicables a los trabajadores desplazados. Es posible que esta situación esté relacionada con la aparente falta de cooperación administrativa, o incluso que se deba a ella (5).

               (5)

               Para garantizar el cumplimiento de los términos y las condiciones de empleo (6), las autoridades del Estado miembro en el que se prestan los servicios aplican determinadas medidas de control o requisitos administrativos a las empresas que efectúan el desplazamiento. La necesidad de aplicar acciones preventivas y sanciones apropiadas dirigidas a proteger a los trabajadores desplazados es innegable. Sin embargo, el análisis de las medidas de control puestas en práctica por los Estados miembros pone de manifiesto su flagrante diversidad e indica que algunas de ellas podrían no ser proporcionadas y, en consecuencia, no ser conformes con el artículo 49 del Tratado, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia, o con la Directiva 96/71/CE.

               (6)

               Las necesidades de control legítimas sólo se cubrirán, respetándose al mismo tiempo la normativa comunitaria, si los Estados miembros mejoran y refuerzan, si fuera necesario, la eficacia de la cooperación mutua y/o si se mejora el acceso a la información, tal como se establece en la Directiva 96/71/CE (7).

               (7)

               Una implementación y una ejecución adecuadas y eficaces son elementos decisivos para la protección de los derechos de los trabajadores desplazados, mientras que una mala ejecución debilita la eficacia de las disposiciones comunitarias aplicables en este ámbito. Una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros es, pues, fundamental, sin olvidar el importante papel de las inspecciones de trabajo y de los interlocutores sociales a este respecto.

               (8)

               En lo que respecta al desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios, las diferentes culturas y estructuras administrativas, las distintas lenguas y la falta de claridad de los procedimientos establecidos, así como la falta de actores claramente identificados, son barreras significativas para una cooperación eficaz de trabajo entre los Estados miembros en este ámbito. La utilización de un sistema electrónico de información adecuado y eficaz, diseñado con el objetivo de facilitar una ayuda mutua y un intercambio de información entre los Estados miembros, es un instrumento muy eficaz para derribar varias de estas barreras y, por consiguiente, es fundamental para que los Estados miembros puedan cooperar estrechamente entre sí. Ese sistema debería permitir a las autoridades competentes y a los agentes implicados —por ejemplo, los interlocutores sociales— identificar fácilmente a los interlocutores pertinentes en otros Estados miembros y comunicar de forma eficaz. Además, debería contribuir a crear un clima de confianza mutua, que es fundamental para que la cooperación administrativa funcione eficazmente.

               (9)

               Facilitar información fácilmente accesible, exacta y actualizada a las empresas y a los trabajadores sobre los términos y las condiciones de empleo que se aplicarán a los trabajadores desplazados en el Estado miembro de acogida es una condición fundamental que contribuye a la prevención de la aparición de nuevos conflictos, de situaciones problemáticas y de abusos. Por tanto, deberían adoptarse las medidas necesarias para facilitar a los trabajadores desplazados y a sus empleadores el acceso eficaz a esos datos (8).

               (10)

               Es necesaria una acción urgente para remediar las deficiencias de implementación, aplicación y ejecución de la legislación aplicable a los trabajadores destacados, mediante un incremento de la cooperación administrativa entre los Estados miembros, la utilización de sistemas más efectivos de intercambio de información, la mejora del acceso a la información y la promoción del intercambio de información y de las mejores prácticas.

         RECOMIENDA:
   1.   Sistema de intercambio de información

      Los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias y hacer los esfuerzos precisos para poner en práctica un sistema electrónico de intercambio de información, como el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)
       (9)
      , y, en particular, para desarrollar, en estrecha cooperación con los servicios de la Comisión, una aplicación dirigida específicamente a respaldar la cooperación necesaria para mejorar la implementación de la Directiva 96/71/CE.

   El desarrollo de dicho sistema electrónico de intercambio de información para la cooperación administrativa en el marco de la Directiva 96/71/CE implicaría lo siguiente para los Estados miembros:

               1)

               determinar los principales aspectos y cuestiones sobre la información que ha de intercambiarse y que deben, pues, incluirse en el sistema;

               2)

               identificar a las autoridades competentes y, en caso necesario, a otros agentes implicados en el seguimiento y el control de las condiciones laborales de los trabajadores desplazados que participarán en el sistema de intercambio;

               3)

               clarificar el papel de los centros de enlace;

               4)

               examinar la cuestión de las garantías suficientes para la protección de los datos personales intercambiados durante el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros y, en caso necesario, de otros agentes implicados (10).

      A partir de los resultados de ese análisis preliminar, los Estados miembros deberían evaluar y decidir, en cooperación con los servicios de la Comisión, si el IMI proporciona el apoyo más adecuado para el intercambio de información, tal como se establece en el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE.

   La Comisión prestará apoyo y asistencia a los Estados miembros a este respecto y se compromete a trabajar estrechamente con ellos para alcanzar los progresos necesarios a su debido tiempo. En particular, facilitará y coordinará las tareas de un grupo de trabajo operativo, que se creará de forma voluntaria, y, en caso necesario, proporcionará asistencia técnica externa durante el desarrollo de la aplicación específica.
   2.   Acceso a la información

      Los Estados miembros deberían incrementar sus esfuerzos para lograr un mayor acceso a la información sobre las condiciones laborales que deben aplicar los prestadores de servicios, y para garantizar que sus oficinas de enlace se hallan en condiciones de llevar a cabo eficazmente sus tareas.

   Para lograr nuevas mejoras en lo que respecta al acceso a la información, los Estados miembros deberían:

               1)

               evitar referirse genéricamente al Derecho laboral o facilitar información de carácter general sobre éste, y, por el contrario, indicar claramente qué condiciones de empleo y qué legislación (nacional y/o regional) deben aplicarse a los trabajadores desplazados en su territorio;

               2)

               adoptar las medidas necesarias para que, por regla general, esté garantizado el acceso a la información sobre qué convenios colectivos se aplican (y a quién), y sobre qué condiciones laborales deben aplicar los prestadores de servicios extranjeros; cuando sea posible, deberían facilitarse enlaces con sitios de internet y otros puntos de contacto, en particular los interlocutores sociales pertinentes;

               3)

               poner dicha información a disposición de los trabajadores y de los prestadores de servicios en lenguas distintas de la lengua o las lenguas del país en el que se prestan los servicios. Si es posible, hacerlo en un folleto resumido en el que se indiquen las principales condiciones laborales aplicables;

               4)

               utilizar mejor las posibilidades ofrecidas por internet y mejorar la accesibilidad y la claridad de la información facilitada en los sitios web nacionales (11).

         Además, los Estados miembros deberían:

               5)

               dotar a los servicios de enlace de una estructura bien organizada y equipada con el personal adecuado y otros recursos a fin de poder llevar a cabo su tarea de facilitar la información;

               6)

               si es posible, indicar una persona de contacto en la oficina de enlace encargada de tramitar las solicitudes de información.

         La Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros en este ámbito, especialmente a través del portal EUROPA, que contiene enlaces con los sitios web nacionales sobre desplazamiento de trabajadores.
   3.   Intercambio de buenas prácticas

      Los Estados miembros deberían participar activamente en un proceso sistemático y formal de determinación y de intercambio de buenas prácticas en materia de desplazamiento de trabajadores a través de foros de cooperación establecidos por la Comisión a tal fin, por ejemplo el Comité de Alto Nivel previsto (para más detalles, véase el anexo).

      Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 2008.

            Por la Comisión

         Vladimír ŠPIDLA

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

      (2)  Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2006) 439 y SEC(2007) 747, así como la Comunicación «Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación — sacar el mayor partido posible de sus ventajas y potencial, al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores», en particular su apartado 6 — Conclusiones, COM(2007) 304 final, de 13 de junio de 2007, página 9.

      (3)  En este contexto, véase asimismo la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, B6-0266/2007.

      (4)  COM(2006) 159 final, de 4 de abril de 2006.

      (5)  Comunicación «Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios: Sacar el mayor partido posible de sus ventajas y potencial, al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores», en particular su apartado 6 — Conclusiones, COM(2007) 304 final, de 13 de junio de 2007, así como el documento de trabajo adjunto, SEC(2007) 747.

      (6)  Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2006, sobre el informe Schroedter.

      (7)  También se hace hincapié en esa cuestión en la Resolución del Parlamento Europeo; véanse en particular los puntos 21 y 32 y siguientes. De las respuestas recibidas en el marco de la consulta iniciada sobre la modernización de la legislación laboral, COM(2006) 708 de 22 de noviembre de 2006, se desprende que los Estados miembros respaldaron ampliamente la necesidad de mejorar e incrementar la cooperación [véase COM(2007) 627 final, de 24 de octubre de 2007], así como el documento de trabajo adjunto, SEC(2007) 1373.

      (8)  El Parlamento Europeo hizo hincapié en este mismo punto en su Resolución de 11 de julio de 2007; véase el punto 18.

      (9)  El sistema IMI tiene por objeto favorecer la asistencia mutua y el intercambio de información entre los Estados miembros. Sirve de herramienta para que las autoridades europeas puedan intercambiar datos de manera fiable y rápida, lo que les permite colaborar eficazmente a pesar de los obstáculos vinculados a la utilización de lenguas y procedimientos y estructuras administrativas diferentes. Las primeras aplicaciones desarrolladas apoyarán la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo revisada, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

      (10)  En este contexto, véase asimismo la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de los datos personales en la explotación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) (DO L 13 de 16.1.2008, p. 18).

      (11)  El sitio web de la Comisión tiene enlaces con los sitios web nacionales sobre trabajadores desplazados:
   http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/postingofworkers_en.htm

      ANEXO
      Comité de Alto Nivel sobre desplazamiento de trabajadores (pendiente de creación): Papel, tareas y responsabilidades previstos
      Los intercambios de información que se han llevado a cabo hasta ahora de forma voluntaria en el grupo informal de expertos gubernamentales sobre el desplazamiento de trabajadores han puesto de manifiesto que el grupo era efectivo en la mejora de los medios disponibles para el intercambio de la información sobre las condiciones laborales de los trabajadores desplazados. Además, ha proporcionado a la Comisión información útil sobre la implementación y la aplicación de la Directiva 96/71/CE.
      Para que haya una mayor cooperación administrativa también es necesario desarrollar medios efectivos para determinar e intercambiar buenas prácticas en todos los asuntos relevantes para la correcta aplicación y la ejecución de la Directiva 96/71/CE. De esta forma se podrá mejorar considerablemente la cooperación administrativa y prevenir el surgimiento de conflictos y el recurso frecuente a la vía jurisdiccional para resolver los conflictos.
      Por tanto, como ya se anunció en su Comunicación de 13 de junio de 2007, la Comisión tiene intención de crear un Comité de Alto Nivel, con los siguientes objetivos y tareas previstos:

                  1)

                  identificar y promover intercambio de experiencia y de buenas prácticas;

                  2)

                  promover el intercambio de información pertinente, incluida la información sobre formas existentes de cooperación administrativa (bilateral) entre los Estados miembros y/o los interlocutores sociales;

                  3)

                  examinar las cuestiones (administrativas), las dificultades y los problemas específicos en relación con la implementación, la aplicación, el cumplimiento efectivo y la ejecución de la Directiva 96/71/CE o las medidas nacionales de ejecución que sean relevantes para el desplazamiento de trabajadores;

                  4)

                  examinar cualquier dificultad que pueda surgir en la aplicación del artículo 3, apartado 10, de la Directiva 96/71/CE;

                  5)

                  supervisar los progresos alcanzados en la mejora de la cooperación administrativa, en particular el desarrollo de la aplicación destinada específicamente a apoyar la cooperación administrativa, y la adaptación e implementación del IMI, así como la mejora del acceso a la información y, en caso necesario, sugerir la adopción de acciones o medidas;

                  6)

                  examinar las posibilidades de mejorar el cumplimiento efectivo y la ejecución de los derechos de los trabajadores y, en caso necesario, de proteger su posición;

                  7)

                  realizar un examen pormenorizado de los problemas que plantea la ejecución práctica transfronteriza de la legislación.

            Para alcanzar dichos objetivos, el Comité de Alto Nivel debería cooperar estrechamente con los organismos responsables del control de la legislación nacional aplicable a los trabajadores desplazados, como, por ejemplo, los servicios de inspección de trabajo. También debería, de conformidad con el Derecho nacional y/o con la práctica, implicar formalmente a los interlocutores sociales de forma periódica, en particular los representantes de los interlocutores sociales de sectores que recurren con frecuencia a trabajadores desplazados.
      La Comisión está dispuesta a adoptar una decisión de la Comisión dirigida a crear en un futuro próximo dicho Comité de Alto Nivel, y a definir en ella su composición, sus objetivos y sus métodos de trabajo. A tal fin, se tendrá en cuenta el resultado del debate en el Consejo tras la presente Recomendación.


title: Recomendación del Consejo, de 21 de marzo de 2013 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED) para el ejercicio 2011

text:
               26.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 88/3

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 21 de marzo de 2013
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED) para el ejercicio 2011
   2013/C 88/03
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1), y modificado por el Acuerdo firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (2),
   Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE (3) (el «Acuerdo interno»), por el que se crea, entre otros, el décimo Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED), y en particular el apartado 8 de su artículo 11,
   Visto el Reglamento (CE) no 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo (4), y en particular sus artículos 142 a 144,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del décimo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2011, y el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 11, apartado 8, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del décimo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del décimo FED durante el ejercicio 2011 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del décimo FED para el ejercicio 2011.

      Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. HOGAN

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

      (3)  DO L 247 de 9.9.2006, p. 32.

      (4)  DO L 78 de 19.3.2008, p. 1.

      (5)  DO C 344 de 12.11.2012, p. 243.


Avis juridique important

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31994H0079

94/79/CE: Recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 1993, relativa al régimen tributario de determinadas rentas obtenidas por no residentes en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen

Diario Oficial n° L 039 de 10/02/1994 p. 0022 - 0028

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 1993 relativa al régimen tributario de determinadas rentas obtenidas por no residentes en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen (94/79/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES  EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,  Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada;  Considerando que la libre circulación de personas puede verse obstaculizada por disposiciones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas que impongan mayor carga fiscal a los no residentes que a los residentes que se hallen en  situaciones comparables;  Considerando que deben emprenderse nuevas iniciativas para que la libre circulación de personas quede plenamente garantizada con vistas al correcto funcionamiento del mercado interior y que resulta necesario poner en conocimiento de los Estados miembros  las disposiciones que, a juicio de la Comisión, pueden garantizar que los no residentes se beneficien de un trato fiscal tan favorable como el de los residentes;  Considerando que esta iniciativa no es óbice para que la Comisión prosiga su política activa en materia de procedimientos de infracción con objeto de garantizar el respeto de los principios fundamentales del Tratado;  Considerando que, desde esta óptica, no es necesario establecer una distinción entre la imposición de la renta de las profesiones autónomas, así como la de las rentas de las actividades agrícolas, forestales, industriales y comerciales, las normas de  igualdad de trato y no discriminación con respecto a los residentes se aplicarán indistintamente a las personas que obtengan dichas rentas;  Considerando que el principio de la igualdad de trato que se deriva del artículo 48, así como del artículo 52 del Tratado, exige que no se prive a las personas que obtengan dichas rentas de las ventajas y deducciones fiscales de las que gozan los  residentes, cuando la parte preponderante de sus rentas se obtenga en el país en donde desarrollan su actividad;  Considerando que cabe suponer razonablemente que una persona obtiene la parte preponderante de sus ingresos en el país en que desarrolla su actividad cuando dichos ingresos constituyen como mínimo el 75 % de la renta total imponible;  Considerando que el Estado miembro de residencia de una persona física debe estar facultado para no reconocer las deducciones u otras ventajas fiscales previstas para los residentes, cuando dicha persona disfrute de deducciones u otras ventajas  idénticas o similares en el Estado miembro en el que desarrolle su actividad;  Considerando que los Estados miembros conservan la posibilidad de mantener o introducir disposiciones más favorables para los contribuyentes que las previstas por la presente Recomendación,  FORMULA LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN:   Ámbito de aplicación   Artículo 1  1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la presente Recomendación a las personas físicas que sean residentes en un Estado miembro y estén sujetas al impuesto sobre la renta en otro Estado miembro, del que no sean residentes,  con respecto a las siguientes rentas:  - rentas procedentes del ejercicio de profesiones asalariadas;  - pensiones y otras rentas similares percibidas por un antiguo empleo, así como las pensiones de la seguridad social;  - rentas procedentes del ejercicio de profesiones liberales o de otras actividades de carácter autónomo, incluidos artistas y deportistas;  - rentas de las actividades agrícolas y forestales;  - rentas de las actividades industriales y comerciales.  2. A efectos de la ejecución de la presente Recomendación, el término « residente » se definirá con arreglo a lo dispuesto en los convenios destinados a evitar la doble imposición concluidos entre los Estados miembros o, de no existir dicho convenio,  con arreglo al Derecho nacional.   Imposición de las rentas del no residente   Artículo 2  1. Los Estados miembros no someterán las rentas a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, en el Estado miembro que las grave, a un impuesto superior al que dicho Estado establecería si el contribuyente, su cónyuge y sus hijos fueran  residentes en ese mismo Estado miembro.  2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 estará subordinada a la condición de que las rentas contempladas en el apartado 1 del artículo 1 que sean imponibles en el Estado miembro en el que la persona física no sea residente, constituyan como  mínimo un 75 % de la renta total imponible de dicha persona durante el año fiscal.  El Estado miembro de imposición podrá pedir a la persona física considerada todos los justificantes que juzgue necesarios para demostrar que obtiene como mínimo el 75 % de su renta en dicho Estado miembro.  3. Cuando la persona física que se beneficie del trato fiscal contemplado en el apartado 1 obtenga, en el Estado miembro de imposición, otras rentas además de las contempladas en el apartado 1 del artículo 1, lo dispuesto en dicho apartado será de  aplicación igualmente a esas otras rentas.  4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado miembro que grave las rentas contempladas en el apartado 1 del artículo 1 estará facultado para no conceder deducciones u otras ventajas fiscales relacionadas con rentas no imponibles en ese Estado  miembro.   Concesión por duplicado de deducciones u otras ventajas fiscales   Artículo 3  El Estado miembro de residencia de una determinada persona física estará facultado para denegar las deducciones u otras ventajas fiscales que otorgue, habitualmente, a los residentes, si dicha persona goza de deducciones u otras ventajas  idénticas o similares en el Estado miembro que grave aquellas de sus rentas que figuren entre las contempladas en el artículo 1.   Disposiciones más favorables para los contribuyentes   Artículo 4  Los Estados miembros tendrán la facultad de mantener o introducir disposiciones más favorables para los contribuyentes que las previstas en la presente Recomendación.   Disposiciones finales   Artículo 5  Se invita a los Estados miembros a comunicar a la Comisión, antes del 31 de diciembre de 1994, el texto de las principales disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten para dar curso a la presente Recomendación, y a  que pongan en conocimiento de la Comisión cualquier ulterior modificación en este ámbito.   Artículo 6  Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1993.  Por la Comisión Christiane SCRIVENER Miembro de la Comisión EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. Condiciones generales 1. La libre circulación de personas es uno de los objetivos fundamentales de la Comunidad, recogido en los artículos 3, 48, 49, 52 y 53 del Tratado de Roma, así como un elemento esencial del mercado interior, definido en el Tratado como « un espacio sin  fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del (presente) Tratado ».  La libre circulación constituye un derecho fundamental para los trabajadores y sus familias. La Comunidad concede una gran importancia a la promoción de la movilidad de los trabajadores, especialmente en las regiones fronterizas. En este sentido, la  Comisión acaba de subrayar en su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, la necesidad de que exista una flexibilidad en el mercado de trabajo y señala, como primer paso en esta dirección, la necesidad de mejorar la movilidad geográfica  de los trabajadores, eliminando los obstáculos que se oponen a ella.  En efecto, esta libre circulación todavía se ve obstaculizada por determinadas disposiciones fiscales cuya aplicación supone que, en muchos casos, las personas que hacen uso de dicha libertad para ejercer su actividad en un Estado miembro distinto del  de su residencia, están sujetas al impuesto sobre la renta en este último en unas condiciones menos favorables que los residentes en dicho Estado.  De esta forma, varios centenares de miles de personas se ven frecuentemente discriminadas. Las numerosas denuncias recibidas por la Comisión, así como las peticiones presentadas por el Parlamento Europeo son muestra de ello.  El principio fundamental de la no discriminación que se encuentra en los propios fundamentos del Tratado, exige una solución clara y rápida.  Este problema afecta a las siguientes categorías de personas:  - trabajadores fronterizos;  - otros trabajadores por cuenta ajena;  - beneficiarios de pensiones y otras retribuciones previstas en concepto de un empleo anterior;  - personas que ejercen una profesión liberal u otra actividad de carácter independiente, incluidos los artistas y deportistas;  - personas que ejercen actividades agrícolas y forestales;  - personas que ejercen actividades industriales y comerciales.  2. En principio, estas personas están gravadas en el país en donde ejercen su actividad. En este caso, la mayor parte de los Estados miembros aplican a estas personas un régimen impositivo diferente del que se aplica a los residentes, a saber, el  régimen denominado de los no residentes. Este régimen supone, por lo general, que sólo se gravan aquellos ingresos cuya fuente procede del país en el que se ejerce la actividad y no prevé la concesión de las ventajas fiscales de que disfrutan los  residentes derivadas de la situación familiar, ni las distintas deducciones a que tienen derecho los residentes, ya que se parte de la idea de que estas ventajas deberían ser concedidas por el país de residencia. Estas ventajas pueden dividirse en  varias categorías teniendo en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo:  - por lo que se refiere al propio trabajador consisten fundamentalmente en la reducción de la base impositiva por la que determinados ingresos mínimos no resultan gravados, pero incluyen también determinadas deducciones específicas en concepto de gastos  médicos o gastos extraordinarios;  - para los trabajadores casados, este estado da derecho a una imposición conjunta de los cónyuges, en algunos casos con aplicación de un « splitting », a la aplicación de un coeficiente conyugal o de otras desgravaciones que pueden variar según los  Estados miembros;  - por lo que a lo hijos se refiere, existen frecuentemente deducciones especiales, especialmente importantes en los casos de hijos minusválidos, deducciones de gastos escolares, etc.  No obstante, muy a menudo estas personas tampoco pueden gozar de las respectivas ventajas en su país de residencia, al carecer de ingresos imponibles en el mismo o al ser éstos insuficientes.  Una excepción a esta norma la constituye el régimen fiscal de las rentas de determinados trabajadores fronterizos en la medida en que los Estados miembros han convenido mediante acuerdos bilaterales, que dichas rentas sean gravadas en el país de  residencia de los trabajadores (de 26 relaciones bilaterales posibles, en 14 se prevé que la imposición se efectúe en el país de residencia y en 12 en el país donde se desarrolle la actividad). Únicamente cuando los trabajadores fronterizos están  gravados en el país de residencia gozan de un trato no discriminatorio puesto que están sujetos al mismo régimen que los residentes.  En cambio, las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena, autónoma, agrícola y forestal o industrial y comercial en otro Estado miembro distinto al de su residencia y son gravadas en éste, están, en la mayor parte de las ocasiones, sujetas a  una imposición superior a la de las personas que ejercen las mismas actividades en su país de residencia.  3. Para poner remedio a esta situación, la Comisión presentó en 1979 una propuesta de Directiva sobre armonización de las disposiciones relativas al régimen tributario de las rentas, en conexión con la libre circulación de los trabajadores dentro de la  Comunidad. Por otra parte, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros, a causa de disposiciones fiscales discriminatorias para los no residentes.  4. A pesar de un debate que dura ya muchos años, el Consejo no ha podido pronunciarse en relación con esta propuesta, ya que algunos Estados miembros se oponen al principio de que la renta de los trabajadores fronterizos se grave en el país de  residencia. Al mismo tiempo, algunas asociaciones de trabajadores fronterizos han argumentado que, si la imposición se efectúa en el lugar de residencia, ello significará, en muchos casos, una carga fiscal más pesada que la actual (es el caso, por  ejemplo de las relaciones Bélgica-Luxemburgo y Dinamarca-Alemania).  Por último, son muchos los Estados miembros que han considerado que los convenios bilaterales son la mejor manera de solucionar el problema de la tributación de los trabajadores no residentes en general.  5. Habida cuenta de esta situación, la Comisión retiró en 1992 la propuesta de Directiva de 1979 y estima que ha llegado el momento de tomar nuevas iniciativas con objeto de incitar a los Estados miembros a que eliminen de su legislación las  disposiciones discriminatorias relativas a la imposición de los no residentes y a reordenar su legislación inspirándose en normas comunes.  Esto resulta tanto más necesario cuanto que determinados Estados miembros han modificado ya por propia iniciativa su régimen impositivo en este ámbito, mientras que otros tienen previsto modificarlo.  Por consiguiente, la Comisión opina que de no existir unas líneas directrices comunitarias, existe un riesgo de que se introduzcan nuevos regímenes muy distintos en diferentes Estados miembros.  6. Por lo que a la jurisprudencia se refiere, cabe señalar que el Tribunal dictó una sentencia a este respecto el 26 de enero de 1993 (Asunto C-112/91 - Werner/Finanzamt Aachen).  El Tribunal manifestó que el « artículo 52 del Tratado CEE no se opone a que un Estado miembro grave en mayor medida a sus ciudadanos cuando éstos ejercen su actividad profesional en su territorio y tienen su residencia en otro Estado miembro ». No  obstante, el Tribunal no se pronunció en esta sentencia en cuanto a la posibilidad de que un Estado miembro adopte la misma actitud frente a los ciudadanos de otros Estados miembros. Entre tanto, se ha presentado ante el Tribunal un nuevo asunto con  carácter prejudicial (asunto C-279/93 Finanzamt Koeln-Altstadt/Roland Schumaekers), en el que se plantea si la aplicación del régimen fiscal de los no residentes a un ciudadano de otro Estado miembro es compatible con el Derecho comunitario.  7. La presente Recomendación se inscribe en el marco de la acción que la Comisión pretende desarrollar activamente con vistas a garantizar especialmente a través de los procedimientos de infracción, el respeto absoluto de los principios fundamentales  del Tratado de los que debe gozar el ciudadano europeo.  8. Por los motivos antes mencionados, la Comisión formula la presente Recomendación, que define los principios y normas que deberían servir de base a las disposiciones de los Estados miembros aplicables al trato fiscal de los no residentes.  9. En este sentido, parece conveniente destacar los elementos fundamentales de la Recomendación:  - su ámbito de aplicación abarca las rentas del conjunto de personas que ejercen una profesión por cuenta ajena, así como las pensiones y otras actividades económicas. En relación con la propuesta de 1979, se amplía de esta forma el ámbito de aplicación  a las profesiones independientes y a las actividades agrícolas, forestales, industriales y comerciales cuyo régimen fiscal está siendo objeto de peticiones y denuncias cada vez más numerosas;  - el reparto de los derechos de imposición de los no residentes entre el Estado de actividad y el Estado de residencia según queda determinado en los convenios tendentes a evitar la doble imposición firmados entre los Estados miembros, queda respetado  por lo que a las rentas de los trabajadores fronterizos se refiere. Por consiguientes, éstos pueden estar sujetos al impuesto o bien en el Estado en el que trabajan o bien el que residen;  - se definen de forma concreta las normas que se deben seguir para garantizar una imposición no discriminatoria por parte del Estado donde los no residentes ejercen la actividad cuando éstos se encuentran en una situación comparable a la de sus propios  residentes. Se considera que existe una situación comparable cuando la renta obtenida en el Estado en que se desarrolla la actividad constituye, como mínimo, un 75 % de la renta total imponible del no residente;  - el Estado miembro de residencia conserva la posibilidad de no conceder a un contribuyente el beneficio de determinadas ventajas o deducciones si éstas ya han sido concedidas por el Estado en el que ejerce su actividad. En efecto, el objetivo consiste  en garantizar a las personas afectadas por la Recomendación un trato no discriminatorio y no un trato más favorable que el de los demás contribuyentes.  La Comisión considera que estas disposiciones son claras, equilibradas y fáciles de aplicar, y que, por su naturaleza, permiten dar una solución equitativa a la mayor parte de los problemas que plantea la imposición de los no residentes.  10. La aplicación del contenido de la Recomendación puede exigir, según la Comisión, un intercambio de información más intenso entre la administración fiscal del país de residencia y la del país en el que el contribuyente ejerce su actividad. En este  sentido, la Comisión quisiera destacar que las disposiciones aplicadas con arreglo a la Directiva 77/799/CEE (1), permiten a los Estados miembros efectuar cualquier intercambio de información necesaria al efecto.  Si resultase que el funcionamiento en la práctica de este intercambio es insuficiente, la Comisión está dispuesta a estudiar con los Estados miembros las medidas indispensables para mejorar dicho funcionamiento.  11. Habida cuenta de la importancia del objetivo de realizar plenamente la libre circulación de personas, que constituye un elemento constitutivo fundamental del mercado interior, la Comisión recomienda a los Estados miembros que pongan en práctica  cuanto antes las medidas fiscales necesarias.  La Comisión procederá a evaluar las medidas que los Estados miembros hayan adoptado con vistas a aplicar la presente Recomendación y decidirá, en caso necesario, iniciar otras acciones teniendo en cuenta, entre otras cosas, la evolución de la  jurisprudencia del Tribunal en este ámbito.  II. Comentario de algunos artículos Artículo 1 12. En este artículo se definen en primer lugar las categorías que entran en el ámbito de aplicación de la Recomendación. Quedan incluidas las personas físicas que sean residentes de un Estado miembro y estén sujetas al impuesto sobre la renta en otro  Estado miembro donde no sean residentes.  El apartado 1 enumera, además, las categorías de rentas que entran en el ámbito de aplicación de la Recomendación. Las dos primeras categorías (rentas derivadas del ejercicio de profesiones asalariadas y de pensiones) ya se incluyeron en la propuesta de  Directiva de 1979. A ellas, se añaden las rentas derivadas del ejercicio de profesiones liberales o de otro tipo de actividades autónomas, las rentas de las actividades agrícolas y forestales, así como las de las actividades industriales y comerciales,  con el fin de garantizar que aquellas personas que ejerzan tales profesiones o actividades reciban el mismo trato que los asalariados y los beneficiarios de pensiones.  Para las definiciones de estas categorías de rentas se ha recurrido, en gran medida, a las utilizadas en el convenio-tipo de la OCDE.  13. El apartado 2 de este artículo señala los criterios por los que se define la calidad de residente.  En este sentido, conviene remitirse en primer lugar a las disposiciones correspondientes de los convenios destinados a evitar la doble imposición firmados entre los Estados miembros, puesto que las disposiciones de dichos convenios determinan claramente  el lugar de residencia de una persona que tenga vínculos fiscales con dos Estados miembros.  Según la Comisión, la referencia a las disposiciones nacionales relativas a la residencia fiscal plantearía mayores problemas puesto que estas disposiciones pueden ser divergentes. No se debería recurrir a ellas sino cuando no exista convenio alguno  entre dos Estados miembros determinados (2).  Artículo 2 14. En el apartado 1 de este artículo se establece el principio de que las personas y las rentas contempladas en el artículo 1 no estarán sujetas a un gravamen superior al que el Estado considerado establezca para sus residentes.  En aplicación de este principio, dichas personas se beneficiarán, en el país en el que desarrollen su actividad, de las mismas deducciones individuales otorgadas a los residentes para las rentas imponibles, así como de las mismas deducciones u otro tipo  de ventajas fiscales de carácter general.  Cuando el Estado miembro en que se ejerce la actividad practica un sistema especial de imposición familiar (por ejemplo, sistema de « splitting », coeficiente familiar), se entenderá que esta ventaja deberá aplicarse igualmente a las rentas mencionadas  en el apartado 1 del artículo 1 y obtenidas por el no residente en dicho Estado. Por lo general estos sistemas especiales están vinculados a una imposición común de las personas afectadas (cónyuge y, eventualmente, hijos) y, en este caso, el Estado  miembro en que se ejerce la actividad tiene la posibilidad de tener en cuenta las rentas de estas personas para determinar el tipo impositivo aplicable a las rentas tributables.  15. El apartado 2 de este mismo artículo establece que este principio sólo se aplicará si las rentas obtenidas en el país en donde se desarrolla la actividad constituyen como mínimo un 75 % de la renta total imponible de dichas personas.  La Comisión estima que un trato idéntico al de los residentes sólo se justifica si los no residentes se hallan en una situación comparable a la de los residentes. Se considera que existe esta situación cuando el no residente obtiene la parte  preponderante de sus rentas, es decir, un 75 % de la renta total imponible, en el país en el que desarrolla la actividad. Ciertamente, en este caso, el importe de las rentas imponibles en el país de residencia puede no bastar para poder acogerse a las  deducciones y otras ventajas fiscales previstas por la legislación de ese país.  En cambio, si el no residente obtiene una parte importante de su renta en el país de residencia, no parece justificado obligar al Estado miembro en el que desarrolla la actividad a concederle deducciones. Además, el umbral del 75 %, ofrece también la  ventaja de que el Estado miembro podría, eventualmente, no tener en cuenta la renta obtenida fuera de este Estado (aplicando una progresividad) con lo que se facilitaría considerablemente la labor de la administración fiscal.  La Comisión considera que este enfoque resolvería casi todos los problemas de los no residentes cuando sus rentas están gravadas en el país en el que ejercen la actividad.  Por lo general, cabe señalar que, en la situación actual, no es posible ofrecer un trato completamente equitativo y neutro para todas las situaciones existentes en este ámbito. Este trato sólo podría ofrecerse si las disposiciones en materia de impuesto  sobre la renta estuviesen totalmente armonizadas en la Comunidad.  16. En el segundo párrafo del apartado 2 de este mismo artículo se establece, además, que el Estado miembro podrá pedir al no residente que aporte pruebas de que obtiene al menos el 75 % de su renta en su territorio. Esta prueba podrá materializarse en  documentos tales como una copia de la declaración de la renta, un certificado del empresario para el que trabaje, una copia del balance, etc.  17. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el régimen fiscal previsto por la Recomendación se aplica sólo a las rentas derivadas del ejercicio de profesiones asalariadas o autónomas así como a las pensiones y demás actividades económicas  mencionadas.  Puede suceder, sin embargo, que una persona que obtenga ese tipo de rentas en otro Estado miembro que no sea el de su residencia obtenga también otras rentas en ese mismo Estado miembro, como, por ejemplo, rentas de bienes e inmuebles. El apartado 3 del  artículo 2 tiene por objeto garantizar que esas otras rentas reciban el mismo trato fiscal.  18. El apartado 4 del artículo 2 autoriza a los Estados miembros a no conceder deducciones u otras ventajas fiscales por rentas no sujetas a gravamen en el Estado miembro en el que se desarrolla la actividad. Efectivamente, no parece justificado  conceder determinadas deducciones estrechamente ligadas a rentas no imponibles en ese Estado miembro. Un ejemplo es la deducción por adquisición de determinados valores mobiliarios, dado que las rentas del capital mobiliario están, por lo general,  sujetas a gravamen en el país de residencia.  Artículo 3 19. El objetivo de la presente Recomendación es garantizar a las personas que obtienen determinadas rentas en un Estado miembro en el que no residen, un régimen tributario no discriminatorio y equitativo.  Al mismo tiempo, es conveniente evitar que los no residentes se beneficien de un trato fiscal más ventajoso que el de los demás contribuyentes. Esto podría ocurrir si se beneficiaran en el Estado miembro de residencia de las mismas deducciones u otras  ventajas fiscales que las ya obtenidas en el Estado miembro en el que desarrollan su actividad.  En este artículo se prevé, por consiguiente, la posibilidad de que el Estado miembro de residencia se niegue a otorgar, en estos casos, tales deducciones o ventajas fiscales.  No obstante, la Comisión considera que esta posibilidad debería limitarse en la práctica. En este sentido, se ha comprobado que, si el Estado miembro de residencia aplica el método ordinario de imputación para tener en cuenta las rentas obtenidas en  otros Estados -método que, por otra parte, aplica la mayoría de los Estados miembros-, en principio no deberían existir dobles deducciones.  Artículo 4 20. La presente Recomendación establece unas condiciones mínimas que garanticen a los no residentes un trato fiscal no discriminatorio en el país de desarrollo de la actividad.  Los Estados miembros podrán mantener o introducir regímenes más favorables para los contribuyentes.   (1) DO no L 336 de 27. 12. 1977, p. 15.  (2) Las relaciones entre Estados miembros que no están cubiertas por un convenio bilateral son las siguientes (situación a 1. 1. 1993): Grecia-Portugal Grecia-España Grecia-Irlanda Grecia-Luxemburgo Portugal-Irlanda España-Irlanda Portugal-Luxemburgo  Portugal-Países Bajos.


Avis juridique important

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32001H0166

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2001, relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar

Diario Oficial n° L 060 de 01/03/2001 p. 0051 - 0053

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejode 12 de febrero de 2001relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar(2001/166/CE)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 de su artículo 149 y el apartado 4 de su artículo 150,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Comité Económico y Social(1),Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),Considerando lo siguiente:(1) Es necesario impulsar una dimensión europea de la enseñanza, pues ello constituye un objetivo esencial en la construcción de una Europa de los ciudadanos.(2) Lograr una educación de calidad constituye un objetivo primordial de la enseñanza primaria y secundaria, incluida la formación profesional, para todos los Estados miembros en el marco de la sociedad del conocimiento.(3) La calidad de la educación escolar debe garantizarse en todos los niveles y en todos los sectores de la enseñanza, independientemente de las diferencias en lo que se refiere a los objetivos, los métodos y las necesidades educativas, así como de las clasificaciones de los centros escolares según su calidad, en caso de que existan.(4) Los recursos destinados a la educación han aumentado en todos los países industrializados a lo largo de las últimas décadas. La educación se percibe no sólo como un enriquecimiento personal sino también como una contribución a la cohesión social, la integración social y a la solución a los problemas de empleo. La formación permanente es un medio importante para que las personas puedan encauzar su futuro personal y profesional. Una educación de calidad es esencial a la luz de las políticas del mercado de trabajo y de la libre circulación de trabajadores en la Comunidad, así como del reconocimiento de títulos y cualificaciones en la enseñanza.(5) Compete a los Estados miembros velar, cuando tengan tal posibilidad, por que los programas de los centros escolares tengan en cuenta la evolución de la sociedad.(6) Los Estados miembros deben ayudar a los centros escolares a responder a las nuevas exigencias educativas y sociales del nuevo milenio y a estar al día de las novedades que de ellas se derivan. Los Estados miembros deben, por consiguiente, ofrecerles apoyo para mejorar la calidad de los servicios que prestan ayudándoles a desarrollar nuevas iniciativas centradas en la garantía de la calidad de la enseñanza y a fomentar tanto la movilidad de las personas de un país a otro como la transferencia de conocimientos.(7) En el ámbito de las políticas del mercado de trabajo, el Consejo adopta cada año una serie de directrices para el empleo apoyándose en objetivos e indicadores cuantitativos. Entre las directrices para las políticas de empleo en 2000, la directriz n° 7, enunciada en el anexo de la Decisión 2000/228/CE(4), afirma que los Estados miembros "mejorarán la eficacia de sus sistemas escolares, entre otras cosas, prestando también especial atención a los jóvenes con dificultades de aprendizaje, a fin de reducir sustancialmente el número de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela".(8) En la directriz n° 8 de las mencionadas directrices se hace referencia explícita a la necesidad de desarrollar conocimientos informáticos, de equipar las escuelas con material informático y de facilitar el acceso de los estudiantes a Internet antes de que finalice el año 2002, lo que deberá incidir positivamente en la calidad de la educación y preparar a los jóvenes para la era digital.(9) Una educación de calidad debe fomentar la movilidad, que figura como objetivo de la Comunidad en los artículos 149 y 150 del Tratado.(10) La cooperación europea y los intercambios transnacionales de experiencias contribuirán a definir y difundir métodos eficaces y aceptables para la evaluación de la calidad.(11) Los sistemas de garantía de la calidad deben seguir siendo flexibles y poder adaptarse a las nuevas situaciones creadas por los cambios en la estructura y los objetivos de los centros escolares, teniendo en cuenta la dimensión cultural de la educación.(12) Los sistemas de garantía de la calidad varían según los Estados miembros y los centros escolares, dada la diversidad de tamaño, estructuras, condiciones financieras, características institucionales y planteamientos pedagógicos de los diferentes centros.(13) La evaluación de la calidad y la autoevaluación de las escuelas en particular constituyen herramientas muy apropiadas para luchar contra el abandono prematuro del sistema escolar por los jóvenes y la exclusión social en general.(14) El objetivo de una educación de calidad puede lograrse mediante una amplia serie de medios disponibles. La evaluación de la calidad es uno de estos medios y es una contribución valiosa para asegurar y desarrollar la calidad de la educación en las escuelas de enseñanza general y de formación profesional. La evaluación de la calidad de la educación deberá centrarse, entre otras cosas, en apreciar la capacidad de los centros escolares para tomar en consideración el uso de las nuevas tecnologías de la información que tiende a generalizarse.(15) La integración en una red a escala europea de las instituciones que participan en la evaluación de la calidad de la educación escolar es de una importancia fundamental. Las redes existentes, como la red europea de responsables de la evaluación de los sistemas educativos creada por los Estados miembros en 1995, pueden aportar una ayuda inestimable a la puesta en práctica de la presente Recomendación.(16) La Comisión llevó a cabo un proyecto experimental sobre evaluación de la calidad de la educación superior en 1994 y 1995. La Recomendación 98/561/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior(5), subraya la importancia del intercambio de información y experiencias y de la cooperación entre otros Estados miembros en materia de garantía de la calidad.(17) En particular, la acción 6.1 del programa Sócrates(6) insta a la Comisión a promover el intercambio de información y experiencias sobre cuestiones de interés común. Evaluar la calidad de la educación escolar es uno de los temas prioritarios de dicha acción.(18) Desde marzo de 1996 la Comisión ha iniciado diversos estudios y actividades operativas a fin de analizar desde distintas perspectivas la cuestión de la evaluación, con el propósito de describir la gran variedad y riqueza de planteamientos y metodologías de evaluación de la educación empleados a distintos niveles.(19) La Comisión desarrolló un proyecto piloto durante el año escolar 1997/1998 en 101 centros de enseñanza secundaria superior e inferior de los Estados participantes en el programa Sócrates, que ha contribuido a la sensibilización sobre las cuestiones de calidad, así como a mejorar la calidad de la enseñanza en dichas escuelas. El informe final de junio de 1999 denominado "Evaluación de la calidad de la enseñanza; un proyecto experimental europeo", hace hincapié en una serie de elementos metodológicos considerados importantes para el éxito de la autoevaluación.(20) En sus Conclusiones de 16 de diciembre de 1997(7), el Consejo declaró que la evaluación es también un elemento necesario para garantizar y, en su caso, mejorar la calidad.(21) En el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, la Presidencia del Consejo declaró, en sus conclusiones, que los sistemas europeos de educación y de formación deben adaptarse tanto a las demandas de la sociedad de la información como a la necesidad de mejorar el nivel y la calidad del empleo.(22) Teniendo en cuenta la próxima ampliación de la Unión, los países candidatos deberían estar involucrados en la cooperación europea en el ámbito de la evaluación de la calidad.(23) Debe tenerse en cuenta el principio de subsidiariedad y las competencias exclusivas de los Estados miembros en materia de organización y estructura de sus sistemas educativos, de manera que puedan desarrollarse las características culturales y las tradiciones particulares de la enseñanza en cada Estado.I. RECOMIENDAN QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:En su específico contexto económico, social y cultural y teniendo debidamente en cuenta la dimensión europea, fomenten la mejora en la evaluación de la calidad de la educación escolar a través de las medidas siguientes:1) Fomento y, en su caso, establecimiento de sistemas transparentes de evaluación de la calidad a fin de:a) garantizar una educación de calidad, promoviendo al mismo tiempo la integración social y la igualdad de oportunidades entre jóvenes de ambos sexos;b) salvaguardar la calidad de la educación escolar como base de la formación permanente;c) promover la autoevaluación de las escuelas como un método que permite a los centros escolares aprender y mejorar, asociando de manera equilibrada la autoevaluación y las evaluaciones externas;d) utilizar técnicas destinadas a mejorar la calidad como medio de adaptarse mejor a las exigencias de un mundo en rápida y permanente evolución;e) aclarar el propósito y las condiciones de la autoevaluación de las escuelas, y garantizar que el planteamiento sea coherente con otras formas de regulación;f) desarrollar la evaluación externa con objeto de aportar un apoyo metodológico a la autoevaluación y disponer de una visión exterior de la escuela que fomente un proceso de mejora constante, cuidando de que ello no se limite a un mero control administrativo.2) Estímulo y, en caso necesario, apoyo a la participación de todos los interesados en la escuela, concretamente, los profesores, los alumnos, la dirección, los padres y los expertos, en el proceso de evaluación externa y de autoevaluación en las escuelas con el fin de fomentar una responsabilidad compartida con vistas a la mejora de los centros docentes.3) Fomento de la formación para la gestión y utilización de instrumentos de autoevaluación, a fin de:a) convertir la autoevaluación escolar en un instrumento eficaz para reforzar la capacidad de mejora de los centros de enseñanza;b) difundir de forma eficaz ejemplos de buenas prácticas y nuevos instrumentos en el ámbito de la autoevaluación.4) Fomento de la capacidad de aprendizaje mutuo de los centros de enseñanza, a escala nacional o europea, a fin de:a) determinar y difundir buenas prácticas e instrumentos eficaces, tales como indicadores y puntos de referencia, en el ámbito de la evaluación de la calidad de la educación escolar;b) crear, a todos los niveles pertinentes, redes entre escuelas para apoyo mutuo y para dar impulso externo al proceso de evaluación.5) Fomento de la cooperación entre todas las autoridades que intervienen en la evaluación de la calidad de la educación escolar y promoción de su integración en una red a escala europea:Dicha cooperación podría abarcar algunos de los ámbitos siguientes:a) el intercambio de información y experiencia, sobre todo en materia de avances metodológicos y ejemplos de buenas prácticas, especialmente mediante el uso de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación y, cuando proceda, a través de la organización de conferencias, seminarios y talleres europeos;b) la recogida de datos y creación de instrumentos, tales como indicadores y puntos de referencia de particular interés para la evaluación de la calidad de la educación escolar;c) la publicación de los resultados de la evaluación escolar de acuerdo con las normas generales pertinentes de cada Estado miembro y de sus centros de enseñanza, que estarán a disposición de las autoridades de los Estados miembros;d) la promoción de contactos entre expertos con vistas al desarrollo, en Europa, de conocimientos especializados en dicho ámbito;e) la utilización de los resultados de estudios internacionales para el desarrollo de la evaluación de la calidad en los centros escolares.II. INVITAN A LA COMISIÓN:1) A fomentar, en estrecha cooperación con los Estados miembros y basándose en los programas comunitarios en curso, la cooperación a la que se refieren los puntos 4 y 5 de la sección I, cuidando también de que en ella participen las organizaciones y asociaciones pertinentes con la necesaria experiencia en este ámbito.La Comisión debería velar al mismo tiempo por que se aprovechen plenamente los conocimientos técnicos de la red Eurídice contemplada en la acción 6.1 del programa Sócrates.2) A establecer, a partir de los programas comunitarios en curso, una base de datos para la difusión de herramientas e instrumentos eficaces para la evaluación de la calidad de la educación escolar. Esta base de datos, a la que se podrá acceder a través de Internet, debería contener, asimismo, ejemplos de buenas prácticas; debería garantizarse la utilización interactiva de la misma.3) A explotar los recursos de los programas comunitarios existentes, integrar la experiencia adquirida en el marco de dichos programas y desarrollar las redes existentes.4) A elaborar, en un primer momento, un inventario de los instrumentos y de las estrategias para la evaluación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria ya utilizados en los diferentes Estados miembros. Una vez ultimado dicho inventario, la Comisión trabajará con los Estados miembros en las oportunas medidas de acompañamiento. Debería informarse periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre las citadas medidas de acompañamiento.5) A presentar, a partir de contribuciones de los Estados miembros, informes trienales detallados al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativos a la aplicación de la presente Recomendación.6) A sacar conclusiones y formular propuestas sobre la base de estos informes.Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2001.Por el Parlamento EuropeoLa PresidentaN. FontainePor el ConsejoEl PresidenteT. Östros(1) DO C 168 de 16.6.2000, p. 30.(2) DO C 317 de 6.11.2000, p. 56.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 9 de noviembre de 2000 (DO C 375 de 28.12.2000, p. 38) y Decisión del Parlamento Europeo de 16 de enero de 2001 (no publicada aún en el Diario Oficial).(4) DO L 72 de 21.3.2000, p. 15.(5) DO L 270 de 7.10.1998, p. 56.(6) DO L 28 de 3.2.2000, p. 1.(7) DO C 1 de 3.1.1998, p. 4.


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		52011SC0814

			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Portugal[and delivering a Council opinionon the updated Stability Programme of Portugal, 2011-2014]

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2011 de Portugal
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de estabilidad actualizado de Portugal (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas, y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea,
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[1],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(4)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma. Las medidas y compromisos concretos para
2011, que no se han comunicado expresamente en el programa nacional de reforma
de Portugal, tienen que presentarse al Consejo Europeo.
(6)
El 23 de marzo de 2011, el Gobierno portugués
presentó a su Parlamento, que lo rechazó, un programa de estabilidad para el
período 2011-2014. El 19 de abril, presentó también un programa nacional de reforma. Los escenarios macroeconómico y
fiscal propuestos y las recomendaciones quedaron superados por el Memorándum de
Acuerdo firmado el 17 de mayo de 2011.
(7)
El 17 de mayo de 2011, el Consejo ECOFIN adoptó
la Decisión 2011/0122 por la que se ponía a disposición de Portugal una ayuda
financiera a medio plazo de una duración de tres años (2011-2014) de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de
2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera.
El Memorándum de Acuerdo firmado ese mismo día y sus suplementos sucesivos
establecen las condiciones de política económica a las que se supedita el
desembolso de esa ayuda financiera.
(8)
El PIB de Portugal creció en 2010 un 1,3 %.
Sin embargo, esta tasa de crecimiento positiva se debió en gran medida a
factores excepcionales que vinieron a impulsar las exportaciones y el consumo
privado. La evolución de los precios y de los costes indicaba con claridad que
Portugal no estaba ganando competitividad con la rapidez necesaria para
corregir su alto déficit por cuenta corriente, que en 2010 se situaba en
el 10 % del PIB. La debilidad de la economía y el fuerte aumento del
desempleo (11,2% al final de 2010) desembocaron en un gran déficit público,
que, del 3,5 % del PIB registrado en 2008, pasó a un 10 % en 2009 y a
un 9 % en 2010. Como resultado de ello, Portugal viene sufriendo desde
hace poco una presión cada vez mayor en los mercados financieros, que dudan de
la sostenibilidad de su hacienda pública. Como consecuencia de las sucesivas
reducciones de la calificación de las obligaciones portuguesas por parte de las
agencias de calificación crediticia, el país se ha visto en la imposibilidad de
refinanciarse a unos tipos compatibles con la sostenibilidad presupuestaria a
largo plazo. Paralelamente, el sector bancario, muy dependiente de la
financiación exterior, en especial dentro de la zona del euro, ha quedado cada
vez más excluido de la financiación del mercado.
(9)
Portugal se ha comprometido a aplicar el
programa de ajuste económico y financiero para la recuperación de la confianza
en su deuda pública y en el sector bancario, así como a apoyar el crecimiento y
el empleo. El programa prevé una amplia acción en tres frentes: i) una
estrategia de saneamiento fiscal creíble y equilibrada que se apoye en medidas presupuestarias
estructurales y en un mejor control presupuestario; ii) una profunda reforma
estructural de los mercados de trabajo y de productos concentrada en los
primeros años y iii) un esfuerzo para salvaguardar al sector financiero de un
proceso de desapalancamiento desordenado por medio de mecanismos que se basen
en el mercado y cuenten con el apoyo de dispositivos de reserva.
(10)
La Comisión ha evaluado el programa nacional
de reforma de Portugal[2],
y en esa evaluación ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para que el país
pueda tener una política presupuestaria y socioeconómica sostenible, sino
también su respeto de las normas y orientaciones de la UE. Ello es
indispensable dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de
la Unión Europea garantizando que en las futuras decisiones nacionales
intervengan consideraciones atinentes al conjunto de la UE. La Comisión estima en
este contexto que es necesario proseguir con rigor la aplicación de las medidas
previstas para ajustarse a la Decisión 2011/0122 del Consejo.
EMITE LA RECOMENDACIÓN SIGUIENTE
para Portugal:
Aplicar [plenamente] las medidas que
establece la Decisión 2011/0122 del Consejo y que se especifican con detalle en
el Memorándum de Acuerdo de 17 de mayo de 2009 y en sus sucesivos suplementos.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
2011/308 UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[2]               Véase SEC(2011) 730.


Avis juridique important

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31978H1029

78/1029/CEE: Recomendación del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, referente a los nacionales del Gran Ducado de Luxemburgo que estén en posesión de un diploma de veterinario expedido en un Estado tercero

Diario Oficial n° L 362 de 23/12/1978 p. 0012 - 0012 Edición especial en español: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0061  Edición especial en portugués: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0061

 RECOMENDACION DEL CONSEJO    de 18 de diciembre de 1978    referente a los nacionales de Gran Ducado   de Luxemburgo que estén en posesión de un diploma de   veterinario expedido en un Estado tercero     ( 78/1029/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Aprobando la Directiva 78/1026/CEE sobre reconocimiento   recíproco de diplomas , certificados y otros   títulos de veterinario , que adopta además medidas   destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho   de establecimiento y de libre prestación de   servicios (1) ,    Comprobando que esta Directiva sólo se   refiere a los diplomas , certificados y otros   títulos concedidos en un Estado miembro ,    Preocupado , sin embargo , por tener en cuenta la   situación particular de los nacionales   luxemburgueses que , no disponiendo en el Gran Ducado   de Luxemburgo de un ciclo completo de enseñanza   universitaria , hayan proseguido sus estudios en un   Estado tercero ,    Recomienda a los gobiernos de los otros Estados   miembros que , a los nacionales del Gran Ducado de   Luxemburgo que estén de posesión de un título de   fin de estudios de medicina veterinaria expedido en   un Estado tercero y reconocido , de acuerdo con la   Ley luxemburguesa de 18 de junio de 1969 , les   faciliten el acceso a las actividades no asalariadas   de veterinario y al ejercicio de las mismas dentro de la   Comunidad , reconociendo esos diplomas en sus respectivos   territorios .    Hecho en Bruselas , el 18 de diciembre de 1978 .    Por el Consejo    El Presidente    H.-D. GENSCHER    (1) DO n º L 362 de 23 . 12 . 1978 , p. 1 .


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Bulgaria

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/32

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Bulgaria
   (2016/C 299/08)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Bulgaria se publicó el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Bulgaria de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015 y el progreso de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020. El informe también incluyó el examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión adoptó una Comunicación en la que presentaba los resultados del examen exhaustivo. Del análisis de la Comisión se desprende que Bulgaria se enfrenta a desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la economía se caracteriza por las deficiencias que siguen existiendo en el sector financiero y el alto endeudamiento de las empresas en un contexto de elevado desempleo.

               (3)

               El 15 de abril de 2016, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Convergencia de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han formulado recomendaciones específicas por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre cómo utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               Bulgaria está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario hasta el – 1,9 % del PIB en 2016 y el – 0,2 % del PIB en 2019. Está previsto alcanzar en 2017 el objetivo presupuestario a medio plazo, a saber, un déficit estructural del 1 % del PIB. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio de deuda pública sobre el PIB alcance un máximo del 31,8 % en 2018 y disminuya hasta el 30,8 % en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es moderadamente favorable. No se han concretado suficientemente las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos de 2017 en adelante. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, y si no se producen cambios en las políticas, existe un cierto riesgo de desviación de la trayectoria de ajuste hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo de 2016 y 2017. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia, y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que cabe pensar que, en rasgos generales, Bulgaria cumplirá las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Con todo, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar que se sigan cumpliendo en 2016 y en 2017.

               (6)

               Bulgaria ha realizado ciertos progresos respecto a las recomendaciones del año pasado en el sentido de hacer más productivo el gasto sanitario, en particular mediante la realización de un mapa sanitario que permitiría que los gastos de carácter médico se planificaran con arreglo a criterios territoriales sobre la base de las necesidades de la población. El sistema sanitario búlgaro se enfrenta a importantes dificultades, entre ellas la limitación del acceso al mismo, la escasez de fondos y unos resultados decepcionantes desde el punto de vista sanitario. A pesar de los esfuerzos realizados recientemente para mejorar la recaudación fiscal, la economía sumergida sigue siendo un reto importante que menoscaba los ingresos del Estado. El trabajo no declarado, junto con la remuneración infradeclarada y la evasión de las cotizaciones de la seguridad social, distorsionan el mercado del trabajo y reducen los ingresos fiscales.

               (7)

               Las prácticas económicas imprudentes en el sistema financiero, y en particular en el sector bancario, unidas a una supervisión ineficiente, han creado un entorno en el que los desequilibrios se acumulan. La consecución, de forma transparente y conforme con las mejores prácticas internacionales, de una serie de medidas lanzadas recientemente (verificación del sector bancario, de los seguros y de los fondos de pensiones), y de las medidas de seguimiento correspondientes, contribuirá a aumentar la confianza en el sector financiero. Por otro lado, la continuidad de los esfuerzos para mejorar la supervisión financiera, tanto en el sector bancario como no bancario, será determinante para el fortalecimiento del sistema financiero, que se encontrará en una mejor posición para sostener la naciente recuperación macroeconómica.

               (8)

               El mercado de trabajo ha experimentado una modesta recuperación, pero persisten algunas deficiencias que lastran el crecimiento y limitan la capacidad de ajuste de la economía. El ajuste del mercado laboral se ve obstaculizado por el carácter estructural del desempleo de larga duración, la reducción y envejecimiento de la mano de obra, la baja participación en el mercado laboral y la falta de adecuación de las cualificaciones. Aunque el desempleo está disminuyendo paulatinamente, aún quedan importantes retos por afrontar, por ejemplo en lo que atañe al desempleo de larga duración y a los jóvenes que carecen de empleo, estudios o formación. Políticas activas del mercado de trabajo podrían desempeñar una función más importante para ayudar a estos grupos a acceder al mercado laboral. La activación de las personas beneficiarias de prestaciones sociales tropieza con la fragmentación y la falta de cooperación de las distintas agencias encargadas de suministrar las prestaciones sociales y los servicios de integración en el mercado laboral. Se han creado unos centros de empleo y asistencia social que combinan los cometidos de las agencias de empleo y de asistencia social, pero aún no se ha adoptado decisión alguna sobre un eventual desarrollo del proyecto a una escala mayor antes de que su vigencia expire en diciembre de 2016.

               (9)

               Aunque el salario mínimo de Bulgaria sigue siendo el más bajo de la Unión, su incremento desde 2011 ha sido sustancial, y la falta de criterios objetivos respecto a su fijación es fuente de incertidumbre. A pesar del esfuerzo del Gobierno y los interlocutores sociales en este campo, Bulgaria sigue sin tener unas directrices claras ni unos criterios transparentes para la fijación del salario mínimo, unos criterios que tengan en cuenta el impacto sobre la creación de empleo, las condiciones sociales y la competitividad.

               (10)

               Bulgaria sigue registrando niveles muy altos «de riesgo de pobreza o exclusión social» y de desigualdad. Los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social se ven dificultados por los continuos desafíos para integrar la población romaní en el mercado laboral, facilitar la transición de la escuela al trabajo y mejorar la cobertura y eficacia de las políticas social, sanitaria y laboral. El régimen general de renta mínima ofrece niveles muy limitados de apoyo y cobertura a la población. Las prestaciones se encuentran por debajo del límite de pobreza y no han aumentado en los últimos años de forma proporcional a los salarios medios o mínimos. Las estimaciones de la cobertura muestran que una gran parte de los beneficiarios potenciales no reciben prestación alguna. Ampliar la población beneficiaria para incluir más colectivos potenciales, sin descuidar por ello la disciplina presupuestaria, serviría para aliviar la pobreza.

               (11)

               El sistema educativo tiene una escasa capacidad para integrar a los grupos vulnerables y proporcionar a los estudiantes unas cualificaciones productivas. Los grupos vulnerables, como romaníes y estudiantes de familias pobres, siguen teniendo grandes dificultades para acceder a la educación y finalizar sus estudios. El nivel de escolarización de los romaníes en todos los niveles de la educación es considerablemente inferior al del resto. El índice de abandono escolar prematuro sigue aumentando y es particularmente elevado en las zonas rurales y en las regiones menos desarrolladas. Es preciso eliminar las barreras que dificultan la participación de los niños más desfavorecidos en las primeras fases de la educación con el fin de mejorar los resultados e impedir los abandonos. En septiembre de 2015 el Parlamento adoptó una nueva Ley de educación preescolar y escolar que constituye un importante primer paso para una reforma integral del sistema de educación primaria. La puesta en práctica de esta normativa, junto con medidas específicas para superar las barreras no legislativas que impiden la plena participación de grupos desfavorecidos en la educación, contribuirá a mejorar el potencial de crecimiento de la economía búlgara y la cohesión social a largo plazo. Los índices de inscripción y graduación en la educación superior están aumentando y el índice de empleo de los titulados recientes se está recuperando lentamente, aunque sigue estando muy por debajo de la media de la UE.

               (12)

               Los riesgos derivados de la elevada deuda de las empresas y las barreras al desapalancamiento siguen siendo importantes. El actual marco de insolvencia ofrece poco margen para un eficaz proceso de renegociación de la deuda y no contribuye a resolver el elevado nivel de endeudamiento de las empresas. Las reformas destinadas a facilitar los procedimientos de insolvencia de empresas mejorarían el desapalancamiento y abrirían el camino a la concesión de nuevos préstamos y a la inversión.

               (13)

               El sistema de contratación pública en Bulgaria sigue adoleciendo de deficiencias estructurales, como por ejemplo irregularidades sistemáticas en los procedimientos de contratación pública, falta de capacidad administrativa y mecanismos de control deficientes, combinados con recursos judiciales sistemáticos que a menudo retrasan los trabajos sobre el terreno. La transición a un sistema de contratación plenamente electrónico solo ha logrado avances limitados. Las deficiencias del sistema de contratación pública búlgaro han conducido a la interrupción de los pagos y a correcciones financieras en los programas de financiación de la UE y también afectan al entorno empresarial en general.

               (14)

               Las políticas inestables y la falta de confianza en instituciones públicas fundamentales, tales como el poder judicial, constituyen importantes elementos de disuasión de la inversión en la economía búlgara. La lentitud en la aplicación de las reformas de la administración pública y de las reformas en sectores específicos, tales como la investigación, la innovación y la energía, obstaculizan los avances en la mejora del clima inversor. Aunque Bulgaria ha adoptado un marco estratégico para reformar y modernizar su administración pública, el avance es lento y su aplicación a menudo aplazada. La nueva legislación no está sometida a una evaluación sistemática del impacto, aunque ha habido algunos esfuerzos para cambiar esta situación. Los cambios frecuentes del marco jurídico crean incertidumbre y afectan al entorno empresarial. La corrupción sigue siendo una lacra importante y la respuesta de las autoridades nacionales a este problema sigue viéndose obstaculizada por la debilidad y la fragmentación de las instituciones. En virtud del Mecanismo de Cooperación y Verificación, Bulgaria recibe recomendaciones sobre la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Aunque estos ámbitos revisten una importancia crucial para el entorno empresarial general, no están cubiertos en las recomendaciones específicas por países dirigidas a Bulgaria.

               (15)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones a escala de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (16)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (4) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Las recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Bulgaria tome medidas en 2016 y 2017 a fin de:

               1.

               Lograr un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB al objeto de alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y en 2017. Seguir mejorando la recaudación de impuestos y adoptar medidas para reducir la incidencia de la economía informal, incluido el trabajo no declarado.

               2.

               A más tardar a finales de 2016, finalizar el análisis de la calidad de los activos y las pruebas de resistencia de los bancos. A más tardar a finales de 2016, completar la revisión de los balances y las pruebas de resistencia de las compañías de seguros y la revisión de los activos de los fondos de pensiones privados. Adoptar, si fuera necesario, medidas de seguimiento en los tres sectores y seguir mejorando la supervisión bancaria y no bancaria.

               3.

               Fortalecer e integrar la asistencia social, en particular los servicios sociales correspondientes y las políticas activas del mercado de trabajo, especialmente en lo que se refiere a los desempleados de larga duración y los jóvenes que carecen de empleo, estudios o formación. Aumentar la prestación de una enseñanza de calidad a los grupos desfavorecidos, en particular la población romaní. Incrementar la eficiencia del sistema sanitario gracias a una mejora del acceso y la financiación, e impulsar los resultados en materia de salud. Previa consulta con los interlocutores sociales, establecer orientaciones y criterios para la fijación del salario mínimo. Aumentar la cobertura y la suficiencia del régimen de renta mínima.

               4.

               Reformar el marco de insolvencia para acelerar los procedimientos de reestructuración y resolución y mejorar su eficacia y transparencia. Aumentar la capacidad de los tribunales en relación con los procedimientos de insolvencia. Intensificar la capacidad de la Agencia de Contratación Pública y de las autoridades de contratación y mejorar la concepción y el control de los procedimientos de licitación pública, en particular aplicando plenamente la Estrategia Nacional para el desarrollo del sector de la contratación pública (2014-2020). Acelerar la implantación de la contratación pública electrónica.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.