title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Luxemburgo

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/72

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Luxemburgo
   2014/C 247/14
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de Luxemburgo de 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Luxemburgo para 2014.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo relativo a Luxemburgo, realizado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Sobre la base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Luxemburgo no está experimentando desequilibrios macroeconómicos en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En particular, el análisis del superávit por cuenta corriente muestra que no se deriva de una demanda interna anémica, sino que es más bien el resultado del modelo de crecimiento específico de Luxemburgo, basado firmemente en servicios financieros. Existen efectivamente riesgos para la estabilidad financiera nacional derivados de la presencia de un amplio sector financiero, pero son relativamente limitados, en la medida en que el sector está diversificado y especializado al mismo tiempo. El elevado nivel de endeudamiento en el sector privado, especialmente entre las sociedades no financieras, refleja principalmente la presencia de un gran número de empresas multinacionales que utilizan sus sucursales o filiales en Luxemburgo para sus operaciones de financiación intragrupo. Por último, la actual situación favorable de las finanzas públicas depende en gran medida de la sostenibilidad de un modelo de crecimiento basado en un sector financiero dinámico, y presenta un elevado riesgo de sostenibilidad a largo plazo.

               (8)

               El 28 de abril de 2014, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014, y, el 25 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria a medio plazo recogida en el Programa de Estabilidad de 2014 es regresar al objetivo a medio plazo en 2016, tras haberse desviado considerablemente de él en 2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo fijado anteriormente de un superávit del 0,5 % del PIB, que refleja los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Está previsto que el superávit estructural (recalculado) de las administraciones públicas pase del 1,4 % del PIB en 2013 al 1,1 % en 2014, antes de convertirse en un déficit del 0,1 % del PIB en 2015. A partir de ese momento, lo previsible es que se alcancen superávits estructurales cada vez mayores. Por lo tanto, Luxemburgo debería mantenerse dentro de su objetivo a medio plazo en 2014, para luego desviarse considerablemente de él en 2015. Según el programa, la tasa de crecimiento del gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, superaría la tasa a medio plazo de referencia de crecimiento potencial del PIB en 2015. En general, los objetivos del programa se atienen en parte a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con una desviación, en particular, en 2015. La tasa de endeudamiento, que se situó en el 23,1 % del PIB en 2013, muy por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB, experimentará probablemente un nuevo descenso durante el período de aplicación del programa. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, elaborado por un organismo independiente (STATEC), resulta ligeramente optimista con respecto a 2014 y 2015. El Gobierno prevé una tasa de crecimiento del PIB del 3,2 % tanto en 2014 como en 2015, mientras que las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión de 2014 arrojan un 2,6 % y un 2,7 %, respectivamente. Además, las autoridades todavía no han especificado plenamente las medidas en que se basa la senda fiscal para el período 2015‐2018. Según las previsiones de la Comisión, que no tienen en cuenta las medidas anunciadas más recientemente, el superávit estructural está llamado a bajar al 0,6 % del PIB en 2014 y a convertirse en un déficit del 1,3 % del PIB en 2015. La tasa de crecimiento del gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, superará previsiblemente la tasa a medio plazo de referencia del PIB potencial en 2015, año en que se espera una desviación significativa. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que hay riesgos de que no se alcancen los objetivos del Programa de Estabilidad, que solo en parte se atienen a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente a partir de 2015.

               (10)

               En julio de 2013, el Gobierno presentó al Parlamento un anteproyecto de ley sobre la transposición de las disposiciones de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (5) y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Aunque el anteproyecto de ley debía entrar en vigor el 1 de enero de 2014, se pospuso su adopción debido a la dimisión del Gobierno en julio. En virtud del anteproyecto de ley, se introduce una nueva ley de programación financiera plurianual que cubre el mismo horizonte temporal que la próxima actualización del Programa de Estabilidad. La ley de programación financiera plurianual se actualizaría cada año de forma sistemática, junto con el presupuesto anual. Detallaría las medidas previstas para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en la administración pública. El anteproyecto de ley introduce límites máximos plurianuales en la ley de programación financiera plurianual únicamente aplicables al sector de la administración central, pero no hace ninguna referencia a las consecuencias en caso de rebasarse tales límites máximos. El anteproyecto de ley no prevé una norma nacional en materia de gasto que determine la configuración de objetivos plurianuales de gasto. No obstante, contiene disposiciones para la senda de ajuste que permitiría alcanzar el objetivo a medio plazo. En marzo de 2014 se presentó al Parlamento un proyecto revisado de esta ley, que entre otras cosas prevé asignar la tarea de realizar un seguimiento independiente de las normas presupuestarias a una institución de nueva creación, el Conseil National des Finances Publiques.

               (11)

               Por otra parte, los ingresos tributarios procedentes del IVA se verán afectados por las nuevas normas sobre la recaudación del IVA generada por las actividades de comercio electrónico. A partir de 2015, dichos ingresos se transferirán del país en que el proveedor está establecido al país de residencia del cliente. El Gobierno ha anunciado que los tipos de IVA se incrementarán en dos puntos porcentuales, lo que debería compensar parcialmente la pérdida de ingresos. No obstante, teniendo en cuenta el uso generalizado de los tipos impositivos reducido y superreducido, los ingresos adicionales pueden aumentarse extendiendo la aplicación del tipo normal, lo que compensaría en mayor medida las citadas pérdidas.

               (12)

               Según las cifras del Informe sobre el envejecimiento de 2012 de la Comisión, en Luxemburgo el gasto público bruto en pensiones como porcentaje del PIB está llamado a pasar del 9,2 % del PIB al 18,6 % en 2060. Esto se debe principalmente al gasto relacionado con el envejecimiento, y más concretamente a las pensiones. La reforma de las pensiones de 2012 tenía un alcance limitado y no abordaba sustancialmente la amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La financiación a corto plazo del sistema de pensiones está actualmente garantizada por una baja ratio de dependencia de las personas mayores y se basa en las contribuciones de la población relativamente joven de trabajadores transfronterizos. En el futuro, esta tendencia debería invertirse y es probable que los costes de las pensiones, así como los gastos de la asistencia de larga duración, aumenten sustancialmente. Para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, se precisaría un incremento considerable del porcentaje de cotización a partir de 2020, además de la moderación automática de la adaptación de las pensiones al nivel de vida. Esto supondría un significativo incremento de la presión fiscal sobre los trabajadores que deberá soportar la futura población activa y, por consiguiente, una pérdida de competitividad de costes. Teniendo en cuenta el nivel actualmente elevado de la tasa de reemplazo, podrían haberse adoptado diferentes medidas para garantizar una distribución más justa de la carga entre generaciones. La imposición de un límite máximo a la adaptación de las pensiones acorde con el aumento de los salarios reales aumentaría las reservas de las pensiones. Por otra parte, elevar la edad efectiva de jubilación, actualmente fijada en los 59 años, adaptándola a los cambios registrados en la esperanza de vida, ayudaría a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. También deberían reducirse las posibilidades de jubilación anticipada. Los incentivos financieros para prolongar la vida laboral, según lo previsto en la reforma de las pensiones, pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad debería mejorar, mediante el refuerzo de la formación profesional y el aprendizaje permanente. Luxemburgo debe limitar la futura necesidad de asistencia de larga duración, y los costes que de esta se derivan, para garantizar su sostenibilidad. Podría asimismo conseguirse que los servicios de asistencia de larga duración resulten más eficientes reforzando la coordinación entre la atención sanitaria y la asistencia social, mejorando la prestación de servicios y brindando un mayor apoyo a los cuidadores familiares.

               (13)

               El gran superávit por cuenta corriente de Luxemburgo viene impulsado por los servicios financieros y enmascara un déficit persistente y cada vez mayor de la balanza comercial de mercancías, resultante de un lento crecimiento de las exportaciones. Mientras esta tendencia refleja la creciente importancia del sector servicios en la economía, responde igualmente a una pérdida más estructural de competitividad de costes. El continuo incremento observado recientemente del coste laboral unitario ha socavado la competitividad del tejido industrial de Luxemburgo. La modulación del mecanismo de indización salarial adoptado por el Gobierno en 2012 estará concluida de aquí a finales de 2014. Aunque caben distintas líneas de actuación, es importante que los salarios estén más estrechamente vinculados a la productividad mediante una reforma del sistema de indización salarial que permita una diferenciación sectorial. La fuerte dependencia del sector financiero representa un riesgo estructural para la economía. Por lo tanto, Luxemburgo tiene que concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de empresas altamente especializadas, que sirvan de trampolín hacia un crecimiento impulsado por la innovación. Aunque la cuadruplicación de la intensidad de la I+D del sector público desde 2000 refleja la decisión de reforzar las capacidades de investigación públicas, Luxemburgo no está dando los pasos necesarios para alcanzar su objetivo para 2020 de intensidad de la I+D del 2,3-2,6 % del PIB, debido a la fuerte disminución de la intensidad de I+D de las empresas (del 1,53 % del PIB en 2000 al 1 % en 2012). Por lo que respecta a los indicadores de cooperación entre los organismos públicos de investigación y las empresas, Luxemburgo debería mejorar aún más sus resultados. Debe darse un nuevo impulso a la reforma lanzada en 2013 con vistas al refuerzo de las agrupaciones empresariales innovadoras.

               (14)

               Aunque se han adoptado distintas medidas, el desempleo juvenil sigue siendo alto: alcanzó el 17,4 % de la población activa en 2013, lo que no obstante supuso un descenso con respecto al 18 % alcanzado en 2012. Depende fuertemente del nivel educativo y es inferior entre las personas con un grado de instrucción más alto. El sistema educativo de Luxemburgo se enfrenta a una serie de retos específicos, como el multilingüismo y las competencias específicas requeridas por un mercado laboral altamente especializado con un gran sector financiero. Los resultados del estudio para la evaluación de alumnos de la OCDE de 2012 confirmaron que se precisan medidas adicionales para contrarrestar el rendimiento relativamente pobre de los jóvenes en las competencias básicas, según lo observado desde 2006. A este respecto, habría que seguir avanzando en las reformas de la enseñanza primaria y secundaria. Además, convendría potenciar la calidad y el atractivo de la formación profesional y educativa para poder ofrecer al mercado laboral una mano de obra cualificada, especialmente en el caso de las personas de origen inmigrante. El diseño del sistema fiscal y de prestaciones sociales es la causa de las significativas deficiencias del mercado de trabajo, que se cuentan entre las más significativas de la Unión, en todos los niveles salariales y estructuras familiares. Vemos también que, a pesar de los recientes esfuerzos de reforma, las políticas de activación laboral han seguido siendo débiles; y la participación en políticas activas del mercado de trabajo no se ha hecho obligatoria en ningún momento durante el período de desempleo.

               (15)

               Luxemburgo está decidido a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en los sectores no sujetos al RCDE en un 20 % de aquí a 2020, pero lo previsible es que se desvíe de este objetivo en 23 puntos porcentuales. Además, las emisiones de 2013 se situarán previsiblemente un 1 % por encima del objetivo fijado para 2013 en la Decisión de reparto del esfuerzo. En torno al 70 % de las emisiones asociadas al transporte están vinculadas a las exportaciones de combustible, entre otras cosas como resultado de la escasa entidad de los impuestos sobre consumos específicos que gravan los combustibles. El reconocimiento de la exportación de combustible como un reto clave en el segundo Plan Nacional de Acción Climática adoptado en mayo de 2013 es un paso adelante. No obstante, se necesitan medidas más concretas y a largo plazo para abordar esta cuestión. La fiscalidad medioambiental representó el 2,4 % del PIB en 2012, mientras que en 2004 representó el 3,1 %. Esta caída es concretamente el resultado de la disminución de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la energía, resultado, a su vez, de la ausencia de indización de dichos impuestos. Los impuestos sobre los transportes, con excepción de los combustibles, representaron el 0,2 % del PIB en 2012. Los impuestos sobre el combustible utilizado en el transporte se elevan al 2,2 % del PIB, un porcentaje alto, a pesar del trato fiscal preferente del gasoil, en razón, principalmente, de la compra transfronteriza de combustible. Vemos, pues, que con una fiscalidad medioambiental que representa una proporción de la recaudación tributaria total inferior a la media, el régimen de la fiscalidad medioambiental es susceptible de mejora, especialmente si se aumenta la tributación sobre los productos energéticos utilizados en el transporte.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Como país cuya moneda es el euro, Luxemburgo debe asimismo asegurar la plena aplicación de esas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

         RECOMIENDA que Luxemburgo tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Preservar una situación presupuestaria saneada en 2014 y reforzar significativamente la estrategia presupuestaria en 2015, a fin de garantizar que se alcanza el objetivo a medio plazo, y mantenerse después dentro del mismo, para proteger la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en especial teniendo en cuenta los pasivos implícitos relacionados con el envejecimiento de la población. Reforzar la gobernanza presupuestaria, mediante la rápida adopción de un marco presupuestario a medio plazo que abarque las administraciones públicas e incluya techos de gasto plurianuales, y el establecimiento de una supervisión independiente de las normas presupuestarias. Ampliar aún más la base impositiva, en particular la que grava el consumo.

               2.

               Con vistas a garantizar la sostenibilidad presupuestaria, limitar los gastos relacionados con el envejecimiento, haciendo que la asistencia de larga duración resulte más eficiente, prosiguiendo la reforma de las pensiones para aumentar la edad efectiva de jubilación, limitando, en particular, la jubilación anticipada, y poniendo en consonancia la edad de jubilación o las prestaciones del régimen de pensiones con el cambio en la esperanza de vida. Redoblar los esfuerzos por aumentar la tasa de participación de los trabajadores de mayor edad, en particular mejorando su empleabilidad mediante el aprendizaje permanente.

               3.

               Acelerar la adopción de medidas estructurales, tras consultar a los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, para reformar el sistema de fijación de salarios, incluida la indización salarial, con vistas a mejorar la capacidad de los salarios de responder a la evolución de la productividad, en particular a nivel sectorial. Proseguir la diversificación de la estructura de la economía, fomentando, en particular, la inversión privada en investigación, y desarrollando en mayor medida la cooperación entre la investigación pública y las empresas.

               4.

               Proseguir los esfuerzos destinados a reducir el desempleo juvenil entre los solicitantes de empleos poco cualificados, incluidos los de origen inmigrante, a través de una estrategia coherente, en particular mejorando el diseño y el seguimiento de las políticas activas del mercado de trabajo, abordando la inadecuación de las competencias, y reduciendo los factores financieros que desincentivan el trabajo. En esta misma dirección, acelerar la aplicación de la reforma de la formación profesional y la enseñanza general para que las competencias de los jóvenes respondan mejor a la demanda laboral.

               5.

               Desarrollar un marco integral y adoptar medidas concretas para cumplir el objetivo de reducir de aquí a 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades no sujetas al RCDE, especialmente a través de la imposición de los productos energéticos utilizados en los transportes.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (3)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 55.

      (4)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (5)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  Véase la página 141 del presente Diario Oficial.


title: 2014/710/UE: Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2014 , relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               11.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 295/79

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 9 de octubre de 2014
   relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
   (Texto pertinente a efectos del EEE)

      (2014/710/UE)

   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (1) y, en particular, su artículo 15, apartado 1,
   Vistos los dictámenes del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y del Comité de Comunicaciones,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 2002/21/CE establece un marco legislativo para el sector de las comunicaciones electrónicas que pretende, entre otras cosas, dar respuesta a la tendencia hacia la convergencia incluyendo en su ámbito de aplicación la totalidad de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. De conformidad con la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), el objetivo del marco regulador es, entre otras cosas, reducir progresivamente la reglamentación sectorial ex ante, a medida que se desarrolla la competencia en los mercados y, en última instancia, que las comunicaciones electrónicas se rijan tan solo por las legislación sobre competencia.

               (2)

               En consonancia con ello, la finalidad de la presente Recomendación es identificar los mercados de productos y servicios en los que podría justificarse la regulación ex ante, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE. El objetivo de cualquier intervención reguladora ex ante es en definitiva beneficiar a los usuarios finales, haciendo que los mercados al por menor sean realmente competitivos sobre una base sostenible. Es probable que las autoridades nacionales de reglamentación puedan ir comprobando paulatinamente que hay mercados minoristas competitivos incluso en ausencia de regulación a nivel mayorista, especialmente teniendo en cuenta las mejoras esperadas en la innovación y la competencia.

               (3)

               La definición de los mercados pertinentes puede cambiar con el tiempo, ya que pueden evolucionar las características de los productos y servicios y alterarse las posibilidades de sustitución tanto del lado de la demanda como del de la oferta. Dado que la Recomendación 2007/879/CE de la Comisión (3) lleva más de seis años en vigor, conviene ahora revisarla teniendo en cuenta la evolución del mercado con posterioridad a su adopción. Por ello, la presente Recomendación sustituye a la Recomendación 2007/879/CE y proporciona orientaciones a las autoridades nacionales de reglamentación con vistas a las próximas revisiones de los mercados.

               (4)

               El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE exige a la Comisión enumerar los mercados dentro del sector de las comunicaciones electrónicas cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones reglamentarias de conformidad con los principios del Derecho de la competencia. Por consiguiente, en la presente Recomendación se utilizan los principios del Derecho de la competencia para definir los mercados de productos en el sector de las comunicaciones electrónicas.

               (5)

               De conformidad con el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, corresponde a las autoridades nacionales de reglamentación definir, de conformidad con el Derecho de la competencia y teniendo en cuenta en la mayor medida posible la presente Recomendación, los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales, y en particular los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio.

               (6)

               De conformidad con el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, las obligaciones reglamentarias ex ante solo deben imponerse en los mercados que no sean realmente competitivos. Según se explica en el considerando 27 de la Directiva, estos mercados son aquellos en los que existen una o más empresas con un peso significativo y en los que las soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y de la UE no bastan para remediar el problema de competencia detectado. Además, el análisis de la competencia efectiva debe incluir un análisis de si, en prospectiva, el mercado es competitivo y, por tanto, de si la falta de competencia efectiva tiene carácter duradero.

               (7)

               Tanto para la Comisión como para las autoridades nacionales de reglamentación, el punto de partida para la identificación de los mercados mayoristas que pueden ser objeto de regulación ex ante es el análisis de los mercados minoristas correspondientes. Este análisis a nivel minorista se hace teniendo en cuenta el punto de vista de la demanda y, en su caso, la sustituibilidad de la oferta desde una perspectiva de futuro a lo largo de un horizonte temporal dado. Al definir los mercados pertinentes de conformidad con el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, las autoridades nacionales de reglamentación deben identificar una zona geográfica en la que las condiciones de la competencia son similares o suficientemente homogéneas y que pueda distinguirse de las zonas vecinas en las que las condiciones de la competencia sean sustancialmente diferentes, estando particularmente atentas a la cuestión de si el potencial operador con PSM actúa de manera uniforme en toda la zona de su red o se enfrenta a unas condiciones de competencia sensiblemente diferentes, en tal medida que sus actividades se ven restringidas en unas zonas, pero no en otras.

               (8)

               Debe evaluarse si los mercados minoristas son realmente competitivos desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación basada en la declaración de un peso significativo en el mercado. Por otra parte, el análisis debe tener en cuenta los efectos de otros tipos de regulación aplicable a los mercados minoristas y mayoristas conexos pertinentes durante el período de referencia.

               (9)

               A la hora de llevar a cabo un análisis de mercados con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE, la evaluación de un mercado debe hacerse desde una perspectiva de futuro, partiendo de las condiciones existentes del mismo. El análisis debe evaluar si el mercado es prospectivamente competitivo y si la ausencia de competencia tiene carácter duradero, teniendo en cuenta la evolución esperada o previsible del mercado (4).

               (10)

               Si el mercado minorista en cuestión no es realmente competitivo desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación ex ante, deben evaluarse el mercado o los mercados mayoristas correspondientes que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE. A la hora de analizar los límites y el peso en el mercado dentro del mercado o los mercados mayoristas correspondientes para determinar si es o son realmente competitivos, deben tenerse en cuenta las presiones competitivas directas e indirectas, independientemente de si estas derivan de las redes de comunicaciones electrónicas, de los servicios de comunicaciones electrónicas o de otros tipos de servicios o aplicaciones que sean comparables desde el punto de vista de los usuarios finales (5). Por otra parte, si el mercado minorista en cuestión es realmente competitivo desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación ex ante en los mercados mayoristas correspondientes, esto debería llevar a la autoridad nacional de reglamentación a concluir que ya no es necesaria la regulación a nivel mayorista. En tal caso, el mercado o los mercados mayoristas correspondientes deberían evaluarse con vistas a la supresión de la regulación ex ante. Cuando los mercados mayoristas están vinculados verticalmente en la cadena de suministro, el mercado mayorista que primero debe analizarse es el situado a más distancia del mercado minorista en cuestión.

               (11)

               Los mercados mayoristas que se enumeran en el anexo pueden tener características que justifiquen la regulación ex ante por cumplir globalmente los tres criterios acumulativos siguientes, que también fueron utilizados para identificar los mercados que podían ser objeto de regulación ex ante en las versiones anteriores de la Recomendación. El primer criterio es la presencia de obstáculos fuertes y no transitorios al acceso al mercado. No obstante, dados el carácter dinámico y el funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas, es preciso, a la hora de efectuar un análisis prospectivo para identificar los mercados pertinentes con vistas a una posible regulación ex ante, tomar también en consideración las posibilidades de superar esos obstáculos que dificultan el acceso dentro del horizonte temporal pertinente. El segundo criterio se refiere a si una estructura de mercado tiende hacia la competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. La aplicación de este criterio implica el examen de la situación de la competencia basada en infraestructuras o de otro tipo que subyace a los obstáculos al acceso. El tercer criterio es que la mera aplicación de la legislación sobre competencia no permita hacer frente de manera adecuada a las deficiencias del mercado en cuestión. Los principales indicadores que deben tenerse en cuenta al evaluar los criterios primero y segundo son similares a los examinados en el contexto de un análisis prospectivo de mercado para determinar la presencia de un peso significativo en el mercado. En particular, los indicadores de obstáculos al acceso en ausencia de regulación (incluido el alcance de los costes irrecuperables), la estructura del mercado, el comportamiento del mercado y la dinámica del mercado, incluyendo indicadores como las cuotas de mercado y sus tendencias, los precios de mercado y sus tendencias, y el alcance y cobertura de las redes o infraestructuras competidoras.

               (12)

               En lo que respecta al primer criterio, dos tipos de obstáculos son pertinentes a efectos de la presente Recomendación: los obstáculos estructurales y los obstáculos legales o reglamentarios. Los obstáculos estructurales derivan de una situación original de la demanda o de los costes que crea unas condiciones asimétricas entre los operadores históricos y los nuevos que dificultan o impiden la entrada en el mercado de estos últimos. Por ejemplo, puede detectarse la existencia de obstáculos estructurales considerables cuando un mercado se caracteriza por ventajas absolutas de costes, unas economías de escala y/o alcance sustanciales y unos elevados costes irrecuperables. También puede existir un obstáculo estructural afín cuando la prestación de un servicio exija un componente de red que no pueda duplicarse técnicamente, o solo a un coste que lo haga antieconómico para los competidores.

               (13)

               Los obstáculos legales o reglamentarios no se basan en la situación económica, sino que derivan de medidas legislativas, administrativas o de otro tipo que repercuten directamente sobre las condiciones de entrada y/o el posicionamiento de los operadores en el mercado pertinente. Sirva de ejemplo de obstáculo legal o reglamentario que dificulta o impide la entrada el caso en que se ha fijado un límite al número de empresas que tienen acceso al espectro para la prestación de servicios subyacentes. Otro ejemplo de obstáculo legal o reglamentario son los controles de los precios u otras medidas relacionadas con los precios, impuestas a las empresas, que afectan no solo al acceso, sino también al posicionamiento de las empresas en el mercado. Los obstáculos legales o reglamentarios que es probable desaparezcan dentro del horizonte temporal pertinente no deben considerarse normalmente obstáculos al acceso conformes con el primer criterio.

               (14)

               Los obstáculos al acceso pueden perder también importancia en los mercados impulsados por la innovación y caracterizados por un progreso tecnológico permanente. En estos mercados, las presiones competitivas suelen provenir de las amenazas de innovación procedentes de competidores potenciales aún no presentes en el mercado. En dichos mercados, puede existir una competencia dinámica o a largo plazo entre empresas que no son necesariamente competidoras en un mercado «estático» ya existente. La presente Recomendación identifica los mercados en los que se espera que los obstáculos al acceso persistan más allá de un período previsible. Para evaluar la probabilidad de que estos obstáculos persistan en ausencia de regulación, es necesario examinar la frecuencia y el éxito de las incorporaciones al mercado en el sector y si estas incorporaciones han sido, o es probable que vayan a ser, suficientemente inmediatas y persistentes para limitar el poder de mercado. La importancia de los obstáculos al acceso dependerá entre otras cosas de la escala mínima de eficacia de la producción y de los costes irrecuperables.

               (15)

               Aun cuando un mercado se caracterice por unos fuertes obstáculos al acceso, pueden existir en él otros factores estructurales que le hagan tender hacia una situación de competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. Una tendencia hacia la competencia efectiva implica que el mercado va a alcanzar una situación de competencia efectiva en ausencia de regulación ex ante dentro del período de referencia, o bien pasado ese período siempre que existan indicios fundados de una dinámica positiva en el mercado dentro de dicho período. La dinámica del mercado puede estar causada, por ejemplo, por los progresos tecnológicos, o por la convergencia de productos y mercados, lo que puede dar lugar a presiones competitivas ejercidas entre operadores activos en mercados de productos distintos. Este puede ser asimismo el caso en los mercados donde existe un número de empresas limitado, pero suficiente, con estructuras de costes divergentes y donde la demanda es elástica en relación con los precios. Puede serlo también en un mercado con un exceso de capacidad que permita normalmente a las empresas rivales aumentar su producción muy rápidamente en respuesta a cualquier incremento de los precios. En tales mercados, las cuotas de mercado pueden modificarse con el tiempo y/o pueden observarse reducciones de los precios.

               (16)

               El tercer criterio sirve para evaluar la adecuación de las medidas correctoras que pueden imponerse con arreglo a la legislación sobre competencia para hacer frente a las deficiencias del mercado persistentes detectadas, en especial dado que las obligaciones reglamentarias ex ante pueden impedir eficazmente las infracciones del Derecho de la competencia. Es probable que las intervenciones con arreglo a la legislación sobre competencia no sean suficientes si, por ejemplo, los requisitos de cumplimiento de una intervención para remediar una deficiencia persistente del mercado son muy amplios, o cuando sea indispensable una intervención frecuente y/o en un momento preciso. Así pues, la regulación ex ante debe considerarse un complemento apropiado del Derecho de la competencia cuando este no permita por sí solo hacer frente de manera adecuada a las deficiencias persistentes del mercado detectadas.

               (17)

               La aplicación de estos tres criterios acumulativos debería limitar el número de mercados del sector de las comunicaciones electrónicas donde se impongan obligaciones reglamentarias ex ante, contribuyendo así al logro de uno de los objetivos del marco regulador, a saber, reducir progresivamente las normas sectoriales ex ante a medida que se desarrolle la competencia en el mercado. El hecho de no satisfacer uno de los tres criterios indicaría que ese mercado no debe incluirse entre los que pueden ser objeto de regulación ex ante.

               (18)

               La regulación ex ante impuesta en el nivel mayorista debe considerarse suficiente para hacer frente a posibles problemas de competencia en los mercados descendentes conexos. Un mercado descendente solo debe someterse a regulación ex ante si la competencia en ese mercado sigue mostrando un peso significativo en el mercado pese a la presencia de regulación ex ante en los mercados mayoristas ascendentes conexos. Habida cuenta de los avances en la competencia que se han alcanzado gracias a la regulación, la presente Recomendación solo identifica mercados pertinentes en el nivel mayorista. Se cree que su regulación puede remediar una ausencia de competencia efectiva en dicho nivel, que a su vez es la causa de las deficiencias del mercado detectadas en los mercados minoristas conexos. No obstante, en caso de que una autoridad nacional de reglamentación demuestre que las intervenciones en el mercado mayorista han sido infructuosas, podrá ser objeto de regulación ex ante el mercado minorista correspondiente a condición de que la autoridad nacional de reglamentación haya comprobado que se cumple la prueba de los tres criterios prescritos en la presente Recomendación.

               (19)

               Los mercados enumerados en el anexo se han identificado sobre la base de los tres criterios acumulativos mencionados. Las autoridades nacionales de reglamentación deben partir de la presunción de que, en estos mercados, se cumplen los tres criterios. En caso de que, no obstante, una autoridad nacional de reglamentación llegue a la conclusión de que, en ausencia de regulación en el nivel mayorista, el mercado o los mercados minoristas definidos exhiben una competencia sostenible, debe concluir también que la regulación ex ante ya no es necesaria en el nivel mayorista.

               (20)

               Respecto a los mercados enumerados en el anexo, una autoridad nacional de reglamentación podrá de todos modos considerar oportuno, sobre la base de las circunstancias nacionales específicas, llevar a cabo su propia prueba de los tres criterios, pudiendo llegar a la conclusión de que dichos criterios se cumplen o no se cumplen en las circunstancias nacionales. Si no se cumplen en un mercado concreto de los que figuran en la Recomendación, la ANR no debe imponer obligaciones reglamentarias en dicho mercado.

               (21)

               Las autoridades nacionales de reglamentación podrán identificar mercados distintos de los enumerados en la presente Recomendación y aplicarles la prueba de los tres criterios. En particular, si las autoridades nacionales de reglamentación, tras llegar a la conclusión de que un mercado minorista no es realmente competitivo en ausencia de regulación ex ante, tienen intención de regular el mercado o mercados mayoristas correspondientes, y este mercado o mercados no figuran en la Recomendación, deben realizar siempre la prueba de los tres criterios. En tal caso, el mercado mayorista que primero debe analizarse es el más distante del mercado minorista en cuestión en la cadena vertical de suministro. La autoridad nacional de reglamentación debe llevar a cabo un análisis gradual de los mercados situados por debajo de un insumo ascendente regulado, a fin de determinar si serían realmente competitivos en presencia de regulación ascendente, hasta llegar al mercado minorista.

               (22)

               Asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben aplicar la prueba de los tres criterios a los mercados enumerados en los anexos de la Recomendación 2003/311/CE de la Comisión (6) y de la Recomendación 2007/879/CE que ya no figuran en el anexo de la presente Recomendación en caso de que estén regulados actualmente en función de las circunstancias nacionales, con el fin de determinar si, sobre la base de tales circunstancias nacionales, estos mercados pueden ser objeto todavía de regulación ex ante.

               (23)

               De conformidad con la Directiva 2002/21/CE, los nuevos mercados en expansión no deben ser sometidos a obligaciones reglamentarias ex ante inadecuadas, aunque exista la ventaja que confiere el hecho de ser pioneros. Se consideran nuevos mercados en expansión los mercados de productos o servicios en los que, por su novedad, es muy difícil predecir las condiciones de la demanda o las condiciones de la oferta y del acceso al mercado, por lo que resulta difícil aplicar la prueba de los tres criterios. El objetivo de no someter a los nuevos mercados en expansión a obligaciones reglamentarias ex ante inadecuadas es fomentar la innovación, según exige el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE; al mismo tiempo, conviene evitar que la empresa líder se apropie de estos mercados, como también se indica en las directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (7). Las mejoras graduales de las infraestructuras de red existentes raramente se traducen en un mercado nuevo o emergente. La falta de sustituibilidad de un producto debe establecerse tanto desde el punto de vista de la oferta como del de la demanda, antes de que pueda concluirse que no forma parte de un mercado ya existente. La aparición de nuevos servicios al por menor puede dar lugar a un nuevo mercado al por mayor derivado, en la medida en que tales servicios al por menor no puedan prestarse utilizando los productos al por mayor existentes.

               (24)

               Las autoridades nacionales de reglamentación deberán hacer accesibles, para el ORECE y para las demás autoridades nacionales de reglamentación, los resultados de la aplicación de la prueba de los tres criterios llevada a cabo de conformidad con la presente Recomendación y que entran en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE a la Comisión. El incumplimiento de la obligación de notificar un proyecto de medida que afecte a los intercambios entre los Estados miembros, según se describe en el considerando 38 de la Directiva 2002/21/CE, podrá dar lugar a la incoación de un procedimiento de infracción contra el Estado miembro de que se trate.

               (25)

               Entre los mercados enumerados en el anexo de la Recomendación no figuran ya dos mercados que sí figuraban en la Recomendación 2007/879/CE (los mercados 1 y 2), ya que ha dejado de cumplir la prueba de los tres criterios. Dado que puede haber un cierto grado de variación entre Estados miembros en el ritmo de la evolución esperada o previsible del mercado que subyace a esta conclusión a escala de la Unión, las circunstancias nacionales específicas pueden justificar que una autoridad nacional de reglamentación determine que el mercado 1 de la Recomendación 2007/879/CE u otros mercados minoristas relacionados con el mercado 2 de la Recomendación 2007/879/CE todavía no son realmente competitivos desde una perspectiva de futuro en ausencia de medidas correctoras a nivel mayorista adecuadas y proporcionadas. Las autoridades nacionales de reglamentación podrían, por tanto, justificar la continuación de la intervención reguladora ex ante en el nivel mayorista siempre que se verifique la prueba de los tres criterios, en las circunstancias nacionales, para el período de revisión de referencia. Los restantes mercados de la Recomendación 2007/879/CE siguen precisando de regulación ex ante, aunque se han redefinido los límites de los mercados 4, 5 y 6 de la Recomendación 2007/879/CE. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta las circunstancias nacionales a la hora de delimitar estos mercados.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Al definir los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, las autoridades nacionales de reglamentación deberían analizar los mercados de productos y servicios enumerados en el anexo.

               2.

               Al identificar mercados distintos de los que figuran en el anexo, las autoridades nacionales de reglamentación deberían demostrar, y la Comisión comprobar, que se satisfacen acumulativamente los tres criterios siguientes:

                           a)

                           la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural, jurídico o reglamentario;

                           b)

                           una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el grado de competencia basada en la infraestructura y de otro tipo detrás de las barreras de entrada;

                           c)

                           el hecho de que la legislación en materia de competencia por sí sola resulte insuficiente para abordar adecuadamente la(s) deficiencia(s) detectada(s).

               3.

               En caso de que se considere que alguno de los mercados que figuran en el anexo no debe ser objeto de regulación ex ante en las circunstancias nacionales específicas, las autoridades nacionales de reglamentación deberían demostrar, y la Comisión comprobar, que no se cumple al menos uno de los tres criterios establecidos en el punto 2.

               4.

               Las autoridades nacionales de reglamentación deberían tener en cuenta todas las presiones competitivas pertinentes, independientemente de que se considere que estas presiones tienen su origen en las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas u otros tipos de servicios o aplicaciones que sean comparables desde el punto de vista del usuario final.

               5.

               La presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de las definiciones de mercados, los resultados de los análisis de mercados y las obligaciones reguladoras que hayan adoptado las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el artículo 15, apartado 3, y el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE antes de la fecha de adopción de la presente Recomendación.

               6.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 9 de octubre de 2014.

            Por la Comisión

         Neelie KROES

            Vicepresidenta

      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

      (2)  Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 337 de 18.12.2009, p. 37).

      (3)  Recomendación 2007/879/CE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2007, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 344 de 28.12.2007, p. 65).

      (4)  Punto 20 de las directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (2002/C 165/03).

      (5)  Como por ejemplo, los servicios de transmisión libre (over the top u OTT) que, si bien en la actualidad no pueden considerarse sustitutos directos de los servicios prestados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, es probable se expandan de manera continuada en los próximos años impulsados por los avances tecnológicos.

      (6)  Recomendación de la Comisión, de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 114 de 8.5.2003, p. 45).

      (7)  Directrices de la Comisión (DO C 165 de 11.7.2002, p. 6).

      ANEXO

                  Mercado 1

                  :

                  Terminación de llamadas al por mayor en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija

                  Mercado 2

                  :

                  Terminación de llamadas vocales al por mayor en redes móviles individuales

                  Mercado 3

                  :

                              a)

                              Acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija

                              b)

                              Acceso central al por mayor facilitado en una ubicación fija para productos del mercado de masas

                  Mercado 4

                  :

                  Acceso de alta calidad al por mayor facilitado en una ubicación fija


Avis juridique important

|

32003H0523(01)

Recomendación del Consejo de 8 de mayo de 2003 relativa a un modelo de acuerdo por el que se crea un equipo conjunto de investigación (ECI)

Diario Oficial n° C 121 de 23/05/2003 p. 0001 - 0006

Recomendación del Consejode 8 de mayo de 2003relativa a un modelo de acuerdo por el que se crea un equipo conjunto de investigación (ECI)(2003/C 121/01)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,VISTOS el artículo 13 del Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea(1) (denominado en lo sucesivo el Convenio) y la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre equipos conjuntos de investigación(2) (denominada en lo sucesivo Decisión marco),RECORDANDO el resultado de la conferencia titulada "Una iniciativa estratégica europea sobre el desarrollo de una política y una legislación relativas a los equipos conjuntos de investigación" (7 al 9 de octubre de 2002, Dublín), organizada por la policía irlandesa (An Garda Síochána) con el apoyo de la Comunidad Europea en el contexto del programa Grotius;CONVENCIDO de la necesidad de establecer un modelo de acuerdo para facilitar la creación de equipos conjuntos de investigación con objeto de aplicar rápidamente la Decisión marco, que ha puesto en aplicación de manera anticipada al artículo 13 del Convenio;TENIENDO PRESENTE que dicho modelo de acuerdo debe ser de amplio alcance pero también suficientemente flexible para que las autoridades competentes puedan adaptarlo a las circunstancias concretas de cada caso;TENIENDO EN CUENTA que Eurojust y Europol celebrarán un acuerdo de cooperación que será importante para la participación de ambos organismos en equipos conjuntos de investigación,RECOMIENDA a los Gobiernos de los Estados miembros que:Exhorten a sus autoridades competentes que deseen crear un equipo conjunto de investigación a tenor de la Decisión marco y del Convenio con las autoridades competentes de otros Estados miembros a que, cuando sea procedente, utilicen el modelo de acuerdo que figura en el anexo de la presente Recomendación, a efectos de convenir las modalidades del equipo conjunto de investigación.Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteM. Chrisochoïdis(1) DO C 197 de 12.7.2000, p. 3.(2) DO L 162 de 20.6.2002, p. 1.ANEXOMODELO DE ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE UN EQUIPO CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN>PIC FILE= "C_2003121ES.000202.TIF">>PIC FILE= "C_2003121ES.000301.TIF">>PIC FILE= "C_2003121ES.000401.TIF">>PIC FILE= "C_2003121ES.000501.TIF">APÉNDICE DEL MODELO DE ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE UN EQUIPO CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN>PIC FILE= "C_2003121ES.000602.TIF">


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Grecia (2003 2006)


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Dinamarca para 2013-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/18

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Dinamarca para 2013-2016
   2013/C 217/05
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y crecimiento, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Dinamarca para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Dinamarca para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de 2013 para la coordinación de las políticas económicas. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas Resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 10 de abril de 2013, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Dinamarca, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Dinamarca está experimentando desequilibrios macroeconómicos, aunque estos no son excesivos.

               (9)

               El 30 de abril de 2013, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013, y su Programa de Convergencia de 2013, que cubre el período 2013-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es verosímil. El escenario, que cifra el crecimiento del PIB en el 0,7 % en 2013 y el 1,6 % en 2013, es conforme en líneas generales con las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión (0,7 % y 1,7 % respectivamente). El Programa de Convergencia presenta una estrategia presupuestaria destinada a corregir el déficit excesivo y a alcanzar el objetivo a medio plazo, consistente en un déficit estructural que no exceda del 0,5 % del PIB en 2013, lo que es acorde con los objetivos del Pacto. El Programa de Convergencia fija como objetivo de déficit de las administraciones públicas el 1,7 % del PIB en 2013 y el 1,8 % en 2014, lo que está en consonancia con el plazo fijado por la Comisión en el procedimiento de déficit excesivo. El esfuerzo presupuestario anual medio durante el período 2011-2013, basado en los cálculos del saldo presupuestario estructural, se ajusta a la recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. En el Programa de Convergencia, se estima que las medidas discrecionales netas producen una consolidación ampliamente en línea con la Recomendación emitida en virtud del procedimiento de déficit excesivo. El gasto público real estimado (incluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) registra un crecimiento nulo en 2013 y se sitúa en el 0,4 % en 2014, cumpliendo por tanto ambos años el valor de referencia para el gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las finanzas públicas son, en general, sólidas y el país ha alcanzado ya su objetivo presupuestario a medio plazo. Sin embargo, debido también al envejecimiento de la población y a sus ambiciosas políticas de protección social, es fundamental para Dinamarca mantener unas políticas presupuestarias sólidas y sostenibles y conservar el déficit por debajo del valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB.

               (11)

               En 2012, Dinamarca completó la reforma de los regímenes de pensiones de invalidez y de subvención al empleo («el sistema flex-job»), que entró en vigor el 1 de enero de 2013. Estas reformas representan medidas importantes para aumentar la oferta de mano de obra en el país. No obstante, la mejora de la empleabilidad de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo, entre ellas las de origen inmigrante, los desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualificados, sigue constituyendo un desafío. Aun reconociendo la importancia del ambicioso programa de reformas del Gobierno, es primordial velar por que el prestigioso modelo danés de «flexiguridad» siga facilitando una transición armoniosa entre el desempleo y el empleo, limitando, al mismo tiempo, la marginalización y la exclusión social. A este respecto, la educación, la formación y la mejora de las cualificaciones desempeñan un valioso papel.

               (12)

               Para Dinamarca, la educación es, con razón, una clara prioridad. No obstante, hacen falta esfuerzos continuos para mejorar la calidad y rentabilidad de sus sistemas de educación y formación, en particular llevando a término las reformas iniciadas. La reforma propuesta del sistema de educación primaria y secundaria inferior va en la dirección adecuada y debería tener un impacto positivo en la relación coste/eficacia del sistema educativo y la calidad de la educación, en particular el nivel educativo de los alumnos. En cuanto a la formación profesional, el Gobierno ha tomado medidas en 2012 para reforzar la calidad de la formación profesional de los jóvenes y garantizar los contratos de aprendizaje necesarios en el sector privado. Se ha creado un comité integrado por representantes del Gobierno, los municipios, las regiones y los interlocutores sociales para buscar una solución permanente que garantice una oferta suficiente de plazas de aprendizaje y aumentar la calidad del sistema de educación y formación profesionales. Encontrar soluciones duraderas y ambiciosas tanto para la falta de contratos de aprendizaje como para la elevada tasa de abandono escolar en el sistema de formación profesional permitiría sin duda a Dinamarca estar mejor preparada para la futura demanda de cualificaciones en el mercado laboral y mejorar la productividad.

               (13)

               Dinamarca podría generar un mayor crecimiento económico si eliminara los obstáculos a la competencia en los servicios locales y minoristas, dada la importancia de este sector para la economía danesa. En 2012, el Gobierno presentó una nueva Ley de competencia que constituye un paso importante en la dirección correcta. Con la revisión de la legislación en este ámbito, se han introducido mecanismos más eficaces para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de competencia, lo que responde plenamente a la parte correspondiente de la recomendación de 2012. No obstante, aún puede hacerse más para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas en algunos sectores y en los servicios públicos y mejorar así la competencia y el funcionamiento del mercado. Diversas iniciativas en este sentido se encuentran en una fase inicial y se requieren esfuerzos continuos para garantizar su aplicación efectiva.

               (14)

               El pasado año se llevó a cabo una importante labor de análisis del endeudamiento de los hogares a nivel nacional y de la UE, con objeto de evaluar las amenazas que plantea para la estabilidad financiera y económica. Por el momento, los riesgos para la estabilidad financiera parecen controlados, pero requieren un seguimiento continuo. Las autoridades danesas han adoptado una serie de medidas para consolidar el sistema de créditos hipotecarios, entre ellas un sistema de etiquetado de los riesgos asociados a los préstamos hipotecarios y restricciones aplicables a los préstamos de interés variable y/o con amortización diferida. Las entidades de crédito hipotecario han adoptado medidas, por iniciativa propia, para reducir la necesidad de garantías adicionales. Todas estas medidas van en la buena dirección, pero será necesario seguirlas de cerca, a fin de comprobar si tienen el impacto deseado. La Comisión examinará los informes periódicos de Dinamarca sobre los efectos de las medidas adoptadas en este contexto. Con el tiempo, convendría revisar la fiscalidad de los bienes inmuebles en Dinamarca, a fin de reducir las distorsiones y reforzar sus características anticíclicas.

               (15)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica danesa, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia, y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (16)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de Dinamarca y su Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en la recomendación 3 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Dinamarca tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Aplicar la estrategia presupuestaria de 2013 según lo previsto, con objeto de corregir el déficit excesivo antes de que finalice 2013. Aplicar además la estrategia presupuestaria para 2014 y años posteriores, a fin de garantizar un esfuerzo presupuestario adecuado y permanecer en el objetivo a medio plazo.

               2.

               Adoptar medidas adicionales para mejorar la empleabilidad de las personas excluidas del mercado de trabajo, entre ellas las de origen inmigrante, los desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualificados. Mejorar la calidad de la formación profesional para reducir las tasas de abandono escolar y aumentar el número de contratos de aprendizaje. Aplicar la reforma de la educación primaria y la educación secundaria inferior, a fin de aumentar el nivel educativo y mejorar la rentabilidad del sistema educativo.

               3.

               Continuar los esfuerzos destinados a eliminar los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios, en particular en el comercio minorista y en la construcción, y mejorar la eficacia de los servicios públicos.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (4)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 21.

      (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de 19 de marzo de 2010 , relativa a la autorización de los sistemas para los servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques (servicios de MCV) (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               20.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 72/42

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 19 de marzo de 2010
   relativa a la autorización de los sistemas para los servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques (servicios de MCV)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2010/167/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (1), y, en particular, su artículo 19, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La iniciativa i2010, marco estratégico para una sociedad de la información europea, promueve una economía digital abierta y competitiva en la Unión Europea, hace hincapié en las TIC en tanto que impulsoras de la inclusión y la calidad de vida y subraya los beneficios aportados por un fácil acceso a los recursos de información y comunicación en todos los aspectos de la vida cotidiana.

               (2)

               Los servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques (servicios de MCV) se utilizan a bordo de los buques de carga y de pasajeros que navegan en los mares territoriales de la Unión Europea y en las aguas internacionales, y a menudo son de carácter paneuropeo o interestatal. Los sistemas que prestan servicios de MCV («sistemas de MCV») tienen por objetivo complementar la conectividad móvil existente cuando operan en las zonas de los mares territoriales de los Estados miembros de la UE, según se definen en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que no están cubiertas por las redes móviles terrestres.

               (3)

               Un sistema de MCV («sistema de MCV dedicado») consta por lo general de una o más estaciones base picocelulares a bordo del buque (EB del buque) que permiten acceder a una red principal GSM por medio de una red troncal, por ejemplo vía satélite. La EB del buque de tal sistema atiende a los terminales móviles GSM itinerantes que llevan los pasajeros o la tripulación del buque.

               (4)

               Los servicios de MCV se prestan actualmente con carácter comercial utilizando solamente la norma del GSM y exclusivamente las bandas de 880-915 MHz y 1 710-1 785 MHz para el enlace ascendente (terminal transmisor y estación de base receptora) y las bandas de 925-960 MHz y 1 805-1 880 MHz para el enlace descendente (estación de base transmisora y terminal receptor). Sin embargo, en el futuro podrían ampliarse a otros sistemas públicos de comunicaciones móviles terrenales que funcionasen con arreglo a otras normas y en otras bandas de frecuencias.

               (5)

               El funcionamiento de los sistemas de MCV dedicados debe distinguirse de la cobertura ampliada que proporcionan las redes de comunicaciones electrónicas móviles terrestres en los mares territoriales en la medida en que esta se basa en el derecho de los operadores a establecer y explotar redes móviles terrestres.

               (6)

               Una regulación coordinada de los servicios de MCV vendría a facilitar la prestación de estos servicios en toda la Unión Europea, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del mercado único de la UE. Ayudaría asimismo a garantizar a los consumidores y a los usuarios empresariales una conectividad móvil sin fisuras y reforzaría el potencial de los servicios de comunicación marítima innovadores.

               (7)

               Cuando autoricen el uso de espectro para la prestación de servicios de MCV, los Estados miembros deben cumplir la Directiva 2002/21/CE y la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (2). En particular, en virtud del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros deben velar por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio y fomentar la armonización del uso de las radiofrecuencias en la Unión Europea, atendiendo a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente de las mismas.

               (8)

               Con arreglo a la Directiva 2002/21/CE, las autoridades nacionales de reglamentación de los Estados miembros deben contribuir al desarrollo del mercado interior, entre otras cosas suprimiendo los obstáculos que aún se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos y servicios asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo, y fomentando el establecimiento y desarrollo de las redes transeuropeas, la interoperabilidad de los servicios paneuropeos y la posibilidad de conexión de extremo a extremo. También deben fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, entre otras cosas promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias y de los recursos de numeración.

               (9)

               Con arreglo a la Directiva 2002/20/CE, debe aplicarse el sistema de autorización menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y de redes y servicios de comunicaciones paneuropeos, y hacer posible que proveedores de servicios y consumidores se beneficien de las economías de escala del mercado único.

               (10)

               De conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE, el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas solo podrá someterse a una autorización general, sin perjuicio de las obligaciones específicas a que hace referencia el artículo 6, apartado 2, o de los derechos de uso a que se hace mención en el artículo 5.

               (11)

               Según el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2002/20/CE, cuando resulte posible, en particular cuando el riesgo de interferencia perjudicial sea insignificante, los Estados miembros no deben someter el uso de las radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino incluir las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general.

               (12)

               Siempre que se cumplan las condiciones técnicas expuestas en la Decisión 2010/166/UE de la Comisión (3), el riesgo de interferencia perjudicial ocasionada por el funcionamiento de las MCV será insignificante, por lo que, en principio, los Estados miembros deben conceder autorizaciones generales para la utilización de espectro radioeléctrico con vistas a la prestación de los servicios de MCV.

               (13)

               Algunos Estados miembros someten actualmente el uso del espectro para la prestación de servicios de MCV a la concesión de derechos individuales. Conviene reconsiderar este enfoque en materia de autorización, en particular sobre la base de la experiencia relativa a la prestación de servicios de MCV en los mares territoriales de los Estados miembros.

               (14)

               De conformidad con el artículo 1 de la Directiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad (4), los Estados miembros deben examinar si es probable que la asignación actual de la banda de 900 MHz a los operadores móviles que compiten en su territorio falsee la competencia en los mercados móviles afectados y hacer frente a estos falseamientos de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2002/20/CE. Los Estados miembros deben, si procede, estudiar la posibilidad de aprovechar esta ocasión para modificar los eventuales derechos de uso exclusivos otorgados a operadores de redes móviles terrestres a fin de que no excluyan la prestación de servicios de MCV en las frecuencias pertinentes.

               (15)

               Los Estados miembros deben compartir información entre ellos y con la Comisión a fin de resolver cualquier problema de interferencia perjudicial ocasionada por los servicios de MCV. En la medida en que la participación del Comité de Comunicaciones y del Comité del espectro radioeléctrico pueda facilitar la resolución de estos problemas, la Comisión debe informar a estos comités.

               (16)

               En virtud de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (5), los Estados miembros deben velar por que los usuarios finales y los consumidores puedan disponer de una información transparente y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, así como sobre las condiciones generales, con respecto al acceso a los servicios telefónicos disponibles al público y a su utilización. La Directiva pide también a los Estados miembros que garanticen que, al abonarse a servicios que faciliten la conexión o el acceso a la red de telefonía pública, los consumidores tengan derecho a celebrar contratos con una empresa o empresas que presten tales servicios en los que se precisen, entre otras cosas, los datos relativos a precios y tarifas y las modalidades de obtención de información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y las cuotas de mantenimiento.

               (17)

               Los acuerdos internacionales en el ámbito de la seguridad marítima o la seguridad pública no deben verse perjudicados por el funcionamiento de los servicios de MCV.

               (18)

               Los elementos técnicos y reglamentarios del enfoque común en materia de autorización del uso del espectro para la prestación de servicios de MCV en la Unión Europea debe ser objeto de evaluación para garantizar que siguen siendo satisfactorios para la finalidad global de evitar la interferencia perjudicial, debiéndose estudiar en caso contrario las medidas correctoras apropiadas.

               (19)

               Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité de Comunicaciones.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               La presente Recomendación pretende coordinar las condiciones y procedimientos de autorización nacionales relativos al uso del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques (servicios de MCV) en los mares territoriales de los Estados miembros a fin de facilitar el despliegue de tales servicios en toda la Unión Europea, evitando al mismo tiempo que los servicios de MCV ocasionen interferencias perjudiciales a los servicios de comunicaciones electrónicas móviles terrestres.
               Las condiciones y procedimientos de autorización nacionales a que se refiere la presente Recomendación se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones jurídicas relativas a la seguridad marítima y la seguridad pública ni de las disposiciones reglamentarias o administrativas relativas a los equipos para los servicios de MCV establecidas por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, en particular con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (6), o cualquier instrumento de la UE e internacional aplicable en relación con los equipos marítimos.

               2.

               Por «servicios de comunicaciones móviles a bordo de los buques (servicios de MCV)» se entenderán los servicios de comunicaciones electrónicas, según se definen en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE, prestados por una empresa para que las personas que se encuentran a bordo de un buque puedan comunicarse a través de las redes públicas de comunicaciones que utilizan el sistema GSM sin establecer conexiones directas con las redes móviles terrestres.

               3.

               La presente Recomendación se aplica a la autorización del uso de espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencias definidas en la Decisión 2010/166/UE para la prestación de servicios de MCV en los mares territoriales de los Estados miembros, según se definen en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Quedan fuera del ámbito de la presente Recomendación la prestación de servicios de MCV en alta mar, las comunicaciones por satélite entre buques y estaciones espaciales y la prestación de servicios móviles por satélite (MSS) a usuarios finales a bordo de buques.

               4.

               Dentro de los doce meses siguientes a la adopción de la presente Recomendación, los Estados miembros deberían adoptar todas las medidas necesarias para poder autorizar, en las bandas o subbandas de frecuencias puestas a disposición de conformidad con la Decisión 2010/166/UE, el uso del espectro para la prestación de servicios de MCV en sus mares territoriales a bordo de buques de su nacionalidad y el uso de espectro para la prestación de servicios de MCV en sus mares territoriales, según proceda.

               5.

               Los Estados miembros no deberían autorizar la utilización de espectro para la prestación se servicios de MCV a menos que tal utilización satisfaga las condiciones técnicas establecidas en la Decisión 2010/166/UE.

               6.

               Los Estados miembros podrán exigir que los sistemas de MCV utilicen solamente las bandas o subbandas de frecuencias específicas puestas a disposición, de conformidad con la Decisión 2010/166/UE, para la explotación de los sistemas de MCV en sus mares territoriales.

               7.

               Los Estados miembros deberían someter el uso del espectro para la prestación de servicios de MCV a una autorización general. Sin perjuicio del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2002/20/CE, cuando el uso del espectro para la prestación de servicios de MCV esté sometido a derechos individuales, los Estados miembros deberían reconsiderar la necesidad de esos derechos individuales con el objetivo de incorporar las condiciones anejas a tales derechos a una autorización general lo antes posible, y a más tardar dentro de los tres años siguientes a la adopción de la presente Recomendación.

               8.

               A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la adopción de la presente Recomendación, los Estados miembros no deberían exigir ninguna autorización adicional para utilizar el espectro puesto a disposición para la prestación de servicios de MCV en sus mares territoriales si el uso del espectro por el sistema de MCV de que se trate ha sido ya autorizado por otro Estado miembro de conformidad con su régimen de autorización y en cumplimiento de la presente Recomendación.

               9.

               Los Estados miembros deberían examinar la posibilidad de no exigir una autorización adicional para utilizar el espectro en sus mares territoriales para la prestación de servicios de MCV a bordo de un buque de un tercer país, siempre que el uso del espectro para la prestación de servicios de MCV a bordo de tal buque haya sido ya autorizado por el país en cuestión en las condiciones que establece la Decisión 2010/166/UE.

               10.

               Los Estados miembros que, antes de la adopción de la presente Recomendación, hayan otorgado, en las bandas o subbandas de frecuencias puestas a disposición para la explotación de los sistemas de MCV, derechos de uso exclusivos individuales para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas móviles terrestres que se extiendan a sus mares territoriales, deberían alterar tales derechos de uso para permitir la explotación de los sistemas de MCV en sus mares territoriales, con motivo de la primera revisión, modificación, prórroga o renovación de tales derechos de uso exclusivos, sobre la base de la legislación nacional o de la UE, cuando proceda. En tanto se produce la mencionada revisión, modificación, prórroga o renovación, los Estados miembros afectados deberían promover la prestación de servicios de MCV en sus mares territoriales sobre la base del comercio de espectro, del uso compartido del espectro o de cualquier otro mecanismo comparable establecido con los operadores móviles terrestres que disfruten de los derechos exclusivos en cuestión.

               11.

               Los Estados miembros deberían cooperar activa y constructivamente, con espíritu de solidaridad y utilizando los procedimientos existentes cuando proceda, para hacer frente a cualquier problema relativo a una interferencia perjudicial supuestamente causada por la explotación de un sistema de MCV.

               12.

               Los Estados miembros deberían señalar de inmediato los problemas relativos a una interferencia perjudicial supuestamente causada por la explotación de un sistema de MCV que pertenece a la jurisdicción de otro Estado miembro a este Estado miembro e informar de ello a la Comisión. Cuando proceda, la Comisión debería informar al Comité de Comunicaciones y al Comité del espectro radioeléctrico de los problemas mencionados a fin de buscar solución a las eventuales dificultades.

               13.

               Los Estados miembros que tienen jurisdicción sobre los sistemas de MCV sospechosos de ocasionar interferencias perjudiciales a los servicios en el territorio de otro Estado miembro deberían responder y resolver inmediatamente las eventuales interferencias.

               14.

               Los Estados miembros deberían tomar las medidas necesarias para garantizar que los consumidores y otros usuarios finales fueran informados adecuadamente de las condiciones de uso de los servicios de MCV.

               15.

               Los Estados miembros deberían supervisar la utilización del espectro para la prestación de servicios de MCV, en particular en lo relativo a interferencias perjudiciales reales o potenciales, e informar de sus conclusiones a la Comisión para permitir, si fuere necesario, la revisión oportuna de la presente Recomendación.

      Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 2010.

            Por la Comisión

         Neelie KROES

            Vicepresidenta

      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

      (2)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

      (3)  Véase la página 38 del presente Diario Oficial.

      (4)  DO L 274 de 20.10.2009, p. 25.

      (5)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

      (6)  DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.