Aviso jurídico importante

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52005SC0226

Recomendación con vistas a una Recomendación del Consejo a Hungría para que ponga fin a su situación de déficit público excesivo  /* SEC/2005/0226 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 16.2.2005SEC(2005) 226 finalRecomendación con vistas a unaRECOMENDACIÓN DEL CONSEJO A HUNGRÍApara que ponga fin a su situación de déficit público excesivo(presentada por la Comisión)  EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE) se rige por el artículo 104 del Tratado y por el Reglamento (CE) nº 1467/97, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dicho procedimiento se completa con los compromisos políticos contraídos en la Resolución sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptada en el Consejo Europeo de Amsterdam de 17 de junio de 1997.Partiendo de las previsiones de la primavera de 2004 de los servicios de la Comisión, que tenían en cuenta los datos comunicados por Hungría en marzo de 2004 e indicaban un déficit del 5,9% del PIB en 2003[1], la Comisión inició la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a Hungría el 12 de mayo de 2004 con la adopción de un informe de conformidad con el artículo 104.3. Sobre la base de la recomendación de la Comisión, el Consejo, en virtud del artículo 104.6, decidió el 5 de julio de 2004 que Hungría tenía un déficit excesivo y, por consiguiente, con arreglo al artículo 104.7, formuló una recomendación a las autoridades húngaras para su corrección[2]. En esta recomendación, el Consejo invitó a las autoridades húngaras a aplicar las medidas previstas en el programa de convergencia de mayo de 2004 tendentes a una corrección del déficit en 2008 a más tardar. En particular, se recomendó a las autoridades húngaras estar dispuestas a introducir medidas adicionales, en caso necesario, con vistas a alcanzar el objetivo de déficit público para 2004, y adoptar el 5 de noviembre a más tardar las medidas previstas con objeto de alcanzar el objetivo de déficit para 2005[3]. Sobre la base de la recomendación de la Comisión del 22 de diciembre de 2004, el Consejo adoptó el 18 de enero de 2005 una Decisión, conforme al artículo 104.8, en la que declaraba que Hungría no había tomado medidas efectivas para seguir sus recomendaciones del 5 de julio. El Consejo reconoció que las autoridades húngaras habían adoptado una serie de medidas favorables a la reducción del déficit en 2004 y 2005, pero las mismas no eran suficientes para evitar un desvío considerable respecto de los objetivos en ambos años ni, más generalmente, para evitar un desvío respecto de la senda de ajuste prevista en el programa de convergencia de mayo. En este contexto, el Consejo puso de relieve que el compromiso del Gobierno de corregir el déficit excesivo en 2008 a más tardar debía reforzarse con medidas resueltas tendentes al saneamiento presupuestario y una aplicación más enérgica de las reformas estructurales.Dado que Hungría no es miembro de la zona del euro, y consiguientemente no le son aplicables las dos últimas etapas del procedimiento de déficit excesivo en virtud de los artículos 104.9 y 104.11, el Consejo puede formular otra recomendación con arreglo al artículo 104.7. Dicha recomendación deberá tener en cuenta la información relativa a la estrategia presupuestaria facilitada en la primera actualización del programa de convergencia de Hungría presentada el 1 de diciembre de 2004.La actualización prevé los siguientes objetivos anuales para el déficit público: 4,5%, 3,8%, 3,1%, 2,4% y 1,8% del PIB, respectivamente para los años comprendidos entre 2004 y 2008. Estas cifras son conformes a la decisión adoptada por Eurostat el 23 de septiembre de 2004, que permite que, durante un período transitorio, hasta la notificación presupuestaria de marzo de 2007, los fondos de pensiones del segundo pilar se contabilicen dentro del presupuesto de las administraciones públicas. Las autoridades húngaras decidieron aprovechar esta posibilidad, por lo que presentaron cifras de déficit deduciendo del déficit de las administraciones públicas la carga del segundo pilar creada por la reforma del sistema de pensiones de 1998. En comparación con el programa de mayo de 2004, esto supone una reducción de las cifras anuales de déficit en 0,8-1 puntos porcentuales entre 2004 y 2008. Incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones de 1998, como se requiere una vez que haya expirado el período transitorio concedido por Eurostat, se prevé un déficit de las administraciones públicas de 5,3% del PIB en 2004, 4,7% en 2005, 4,1% en 2006, 3,4% en 2007 y 2,8% en 2008; aunque concentra menos el ajuste al principio del periodo que el programa anterior, la actualización mantiene la fecha objetivo para la corrección del déficit excesivo. Para permitir la comparación con las previsiones del otoño de 2004 de los servicios de la Comisión, con el anterior programa de convergencia y con la recomendación del Consejo en virtud del artículo 104.7, y habida cuenta de que el objetivo de 2008 se sitúa fuera del período transitorio, se emplean ambos tipos de cifras (con inclusión o exclusión de los fondos de pensiones).Los servicios de la Comisión han efectuado una evaluación técnica de esta actualización. En su proyecto de recomendación del 16 de febrero de 2005 con vistas a un dictamen del Consejo sobre esta actualización[4], la Comisión consideró que la senda de ajuste descrita en la actualización debería permitir la corrección del déficit excesivo para 2008, a condición de que sea reforzada por medidas suficientes que minimicen los riesgos asociados a la aplicación. Esto también afecta al nuevo objetivo de déficit para 2005 del 3,8% del PIB (4,7% incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones), que reviste especial importancia dado que los posibles desvíos repercutirían en los años siguientes y, de esta forma, reducirían la capacidad de alcanzar un déficit inferior al 3% del PIB de aquí a 2008 según lo previsto.La Comisión observó un riesgo de que los resultados presupuestarios sean peores de lo previsto y la orientación presupuestaria del programa sea insuficiente para seguir esta senda. Para 2005, los servicios de la Comisión preveían en el otoño de 2004 un déficit del 5,2% (4,3% excluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones). Los principales riesgos son: (1) Los gastos de intereses podrían resultar superiores a los previstos. (2) Podrían ser insuficientes las normas recientemente introducidas para la limitación de los gastos. También existe incertidumbre, que es fundamental para el ajuste previsto, en relación con la adopción en el momento oportuno de las nuevas medidas tendentes a reformar la administración pública y los sistemas sanitario y educativo que fueron anunciadas en el programa de convergencia de mayo de 2004 y su actualización. (3) Las hipótesis sobre determinados ingresos (principalmente procedentes del IVA y de las cotizaciones sociales) parecen excesivamente optimistas. También podría ocurrir que las restituciones de IVA originadas en 2004 se traspasasen a 2005, pero las autoridades se han comprometido a acelerar los pagos con el fin de no gravar el presupuesto de 2005. El presupuesto contiene una reserva de «emergencia» equivalente al 0,5% del PIB encaminada a hacer frente a un posible rebasamiento del objetivo para 2005. Con ella se pretende cubrir ajustes imprevistos derivados de la posible aparición de factores que escapen al control del Gobierno. Aunque se acoge favorablemente la existencia de esta reserva, el importe asignado a la misma parece insuficiente habida cuenta de los riesgos asociados al presupuesto para 2005. Además, la utilización de esta reserva demasiado pronto en el año podría reducir los incentivos para ejecutar rigurosamente el presupuesto. Otro riesgo podría derivarse de las inversiones actuales que se pretende transferir a asociaciones público-privadas. Si estas transferencias no se realizasen a tiempo tendrían que financiarse con cargo al presupuesto. Por otro lado, cualquier posible reducción de los tipos del IVA en el marco de la actual reforma fiscal podría aumentar el riesgo para los ingresos, incluso aunque se compensase con el aumento de otros tipos impositivos. Por otra parte, si no se planifica detenidamente, esta operación podría poner en peligro el logro del objetivo revisado para 2005 y, por consiguiente, la senda de reducción del déficit[5]. Este análisis sugiere que se necesitarían medidas adicionales de un importe equivalente a medio punto porcentual del PIB con el fin de alcanzar el objetivo de déficit del 3,8% del PIB para 2005 (4,7% del PIB incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones).A la luz de esta evaluación, las autoridades húngaras deberán: (i) tomar medidas adicionales, en la medida de lo posible de carácter estructural, con el fin de alcanzar el nuevo objetivo de déficit para 2005 del 3,8% del PIB (4,7% del PIB incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones de 1998, como se requiere una vez que haya expirado el período transitorio en 2005 concedido por Eurostat para la contabilización de esta partida); en particular, podría incrementarse sustancialmente la reserva de «emergencia» y su utilización limitarse al máximo y supeditarse a la constatación clara del logro del objetivo de déficit para 2005; (ii) supeditar la planificación y aplicación de las posibles reducciones impositivas al logro de los objetivos de déficit establecidos en la actualización del programa de convergencia presentada en diciembre 2004; (iii) avanzar en la realización de las reformas anunciadas de la administración pública y de los sistemas sanitario y educativo con vistas a mejorar la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública.En este contexto, la Comisión transmite al Consejo una recomendación con vistas a que éste formule una nueva recomendación a Hungría para que este país ponga fin a su situación de déficit excesivo, de conformidad con el artículo 104.7 del Tratado.Recomendación con vistas a unaRECOMENDACIÓN DEL CONSEJO A HUNGRÍApara que ponga fin a su situación de déficit público excesivoEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Unión Europea y, en particular, su artículo 104.7,Vista la Recomendación de la Comisión,Considerando lo siguiente:1.  De conformidad con el artículo 104 del Tratado, los Estados miembros deben evitar déficit públicos excesivos.2.  El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se basa en el objetivo de una hacienda pública saneada como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un fuerte crecimiento sostenible y favorable a la creación de empleo3.  El 5 de julio de 2004, el Consejo, en virtud del artículo 104.6, decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Hungría.4.  Tras declarar la existencia de un déficit excesivo en Hungría, el Consejo, de conformidad con el artículo 104.7 del Tratado y el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1467/97, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo[6], recomendó que las autoridades húngaras tomasen medidas a medio plazo encaminadas a situar el déficit por debajo del 3% del PIB en 2008 a más tardar de forma creíble y sostenible, conforme a la senda de reducción del déficit especificada en el Dictamen del Consejo de 5 de julio de 2004 sobre el programa de convergencia presentado en mayo de 2004. En particular, el Consejo recomendó que las autoridades estuviesen dispuestas a introducir medidas adicionales tendentes a alcanzar el objetivo de déficit para 2004, y adoptasen el 5 de noviembre a más tardar las medidas previstas con objeto de alcanzar el objetivo de déficit para 2005.5.  El 18 de enero de 2005, el Consejo reconoció que se habían tomado una serie de medidas para reducir el déficit público en 2004 y 2005 dentro del plazo del 5 de noviembre de 2004. Sin embargo, consideró que no eran suficientes para alcanzar los objetivos y no evitarían un desvío respecto de la senda de ajuste previsto en el programa de convergencia de mayo de 2004. El Consejo consideró que debía reforzarse el compromiso del Gobierno de corregir el déficit excesivo en 2008 a más tardar con medidas resueltas tendentes al saneamiento presupuestario y una aplicación más enérgica de las reformas estructurales. En este contexto, el Consejo, actuando conforme al artículo 104.8 del Tratado, decidió que en fecha de 5 de noviembre de 2004 Hungría no había adoptado medidas efectivas para seguir su recomendación de 5 de julio de 2004[7].6.  Al haber ingresado en la Comunidad el 1 de mayo de 2004, Hungría es un Estado miembro acogido a una excepción en el sentido del artículo 122.1 del Tratado, lo que significa que debe evitar déficit excesivos, pero que no se le aplican los artículos 104.9 y 104.11 Por consiguiente, procede formular una nueva recomendación en virtud del artículo 104.7.7.  Con arreglo al artículo 3.4 del Reglamento (CE) nº 1467/97, la recomendación dirigida por el Consejo con arreglo a lo establecido en el apartado 7 del artículo 104 debe fijar un plazo de cuatro meses como máximo para que el Estado miembro afectado tome medidas efectivas y un plazo para la corrección del déficit excesivo, que, salvo en el caso de que concurran circunstancias especiales, deberá llevarse a cabo en el año siguiente a la constatación de dicho déficit. Tales circunstancias especiales siguen presentes en el caso de Hungría, ya que en el momento de la Adhesión su déficit público era significativamente superior al valor de referencia del 3% del PIB y su economía estaba sufriendo un proceso de transformación estructural.8.  Si existen circunstancias especiales puede permitirse al Estado miembro afectado corregir su déficit excesivo a medio plazo. La actualización del programa de convergencia presentada por Hungría en diciembre 2004 contiene un marco revisado, con los siguientes objetivos anuales para el déficit público: 4,5%, 3,8%, 3,1%, 2,4% y 1,8% del PIB de 2004 a 2008. Incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones de 1998, como se requiere una vez que expirado el período transitorio concedido por Eurostat hasta la notificación presupuestaria de marzo de 2007 para la contabilización de esta partida, se prevé un déficit de las administraciones públicas para los años comprendidos entre 2004 y 2008 de 5,3%, 4,7%, 4,1%, 3,4% y 2,8% del PIB, respectivamente. Así pues, la actualización sigue previendo la corrección del déficit a más tardar en 2008. Conforme al Dictamen del Consejo de [8 de marzo de 2005], la senda de ajuste –en particular, los objetivos de déficit del 3,8% del PIB para 2005 (4,7% del PIB incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones) y del 2,8% del PIB para 2008, incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones– puede considerarse apropiada para corregir el déficit excesivo de aquí a 2008, a condición de que sea respaldada por medidas suficientes para alcanzar los objetivos de déficit.9.  Aunque esta senda de ajuste y, en particular, el nuevo objetivo de déficit del 3,8% para 2005 (4,7% del PIB incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones) pueden considerarse apropiados, la actual política presupuestaria de las autoridades húngaras no es suficiente para alcanzar sus objetivos. Sobre la base del proyecto de presupuesto para 2005 y una tasa prevista de crecimiento del 3,7% en dicho año, en el otoño de 2004 los servicios de la Comisión preveían un déficit equivalente al 5,2% del PIB en 2005 (incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones). Los principales riesgos señalados son: (i). Los gastos de intereses podrían resultar superiores a los previstos. (ii) Podrían ser insuficientes las normas recientemente introducidas para la limitación de los gastos. También existe incertidumbre, que es fundamental para el ajuste previsto, en relación con la adopción en el momento oportuno de nuevas medidas tendentes a reformar la administración pública y los sistemas sanitario y educativo que fueron anunciadas en el programa de convergencia de mayo de 2004 y su actualización. (iii) Algunas partidas de ingresos, especialmente el IVA y las cotizaciones a la seguridad social, podrían ser inferiores a lo previsto. En cuanto al IVA se ha observado el riesgo de que las restituciones originadas en 2004 se transfieran a 2005, pero, dado el reciente compromiso de las autoridades de acelerar los pagos, se supone que esto no gravará el presupuesto de 2005, por lo que no se requerirá un ajuste adicional. Otro riesgo podría derivarse de las actuales inversiones que se propone transferir a asociaciones público-privadas. En el caso de que estas transferencias no se realicen a su debido tiempo, deberán financiarse con cargo al presupuesto. El presupuesto contiene una reserva de «emergencia» equivalente al 0,5% del PIB encaminada a hacer frente a un posible rebasamiento del objetivo para 2005. Aunque se acoge favorablemente la existencia de esta reserva, el importe asignado a la misma parece insuficiente habida cuenta de los riesgos asociados al presupuesto para 2005 y se teme que las reservas se utilicen demasiado pronto en el año. Este análisis sugiere que para alcanzar el objetivo de un déficit del 3,8% del PIB para 2005 (4,7% del PIB incluyendo la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones) serán necesarias medidas por un importe equivalente a medio punto porcentual del PIB.10.  Las medidas de saneamiento presupuestario deberán garantizar una mejora permanente del saldo de las administraciones públicas, al mismo tiempo que fomentan la calidad de la hacienda pública y refuerzan el potencial de crecimiento economía.RECOMIENDA:-  que las autoridades húngaras pongan fin a su situación de déficit excesivo lo más rápidamente posible.-  que las autoridades húngaras tomen medidas a medio plazo encaminadas a situar el déficit por debajo del 3% del PIB a más tardar en 2008 de forma creíble y sostenible, de conformidad con la senda de reducción del déficit especificada en el Dictamen del Consejo de [8 de marzo de 2005] sobre la actualización del programa de convergencia presentada en diciembre de 2004.-  que las autoridades húngaras adopten de aquí al [8 de julio de 2005] medidas adicionales, en la medida de lo posible de carácter estructural, con el fin de alcanzar el nuevo objetivo de déficit para 2005 del 3,8% del PIB establecido en el programa de convergencia (4,7% del PIB si se incluye la carga derivada de la reforma del sistema de pensiones de 1998, como se requiere una vez que haya expirado el período transitorio concedido por Eurostat hasta la notificación presupuestaria de marzo de 2007 para la contabilización de esta partida). En particular, podría incrementarse sustancialmente la reserva de «emergencia» y su utilización limitarse al máximo y supeditarse a la constatación clara del logro del objetivo de déficit para 2005.-  que las autoridades húngaras supediten la planificación y aplicación de las posibles reducciones impositivas al logro de los objetivos de déficit establecidos en la actualización del programa de convergencia presentada en diciembre de 2004.Por otra parte, el Consejo invita a las autoridades húngaras a:-  aprovechar cualquier oportunidad que se les presente de acelerar el proceso de saneamiento fiscal;-  avanzar en la realización de las reformas anunciadas de la administración pública y de los sistemas sanitario y educativo con vistas a mejorar la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública.El destinatario de la presente Recomendación es la República de Hungría.Hecho en Bruselas, el [8 de marzo de 2005].Por el Consejo El Presidente [1] La notificación de septiembre de 2004 corrigió al alza el déficit de las administraciones públicas en 2003, del 5,9% del PIB al 6,2% del PIB.[2] Véase http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11218.en04.pdf[3] Por otra parte, el Consejo invitó a las autoridades húngaras a aprovechar cualquier oportunidad que se les presente de acelerar el ajuste presupuestario, a emprender las reformas previstas de la administración pública y de los sistemas sanitario y educativo con objeto de asegurar la reducción planeada del ratio de gasto y mejorar la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública, y a garantizar que los recortes tributarios previstos se financian adecuadamente y su aplicación se supedita al logro de los objetivos presupuestarios .[4] SEC(2005) 229.[5] La cifra definitiva de déficit para 2004 todavía es incierta debido a la diferencia entre los datos obtenidos aplicando el principio de la contabilidad de caja y los obtenidos aplicando el principio del devengo. En particular, persiste incertidumbre contable en relación con el pago de subvenciones agrarias y el pago del décimotercer mes a los empleados públicos, que podrían llevar a un aumento del déficit estimado según el principio del devengo en 2004 y repercutir en el déficit de 2005.[6] DO L 209, 2.8.1997, p.6.[7] Véase http://register.consilium.eu.int.


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		52014PC0253

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se designa la Capital Europea de la Cultura 2018 en los Países Bajos /* COM/2014/0253 final */

			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Decisión nº 1622/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se
establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital Europea
de la Cultura» para los años 2007 a 2019[1],
establece el procedimiento de designación de las capitales europeas de la
cultura. De acuerdo con su artículo 2, a partir de 2009 dos ciudades de sendos
Estados miembros serán designadas por turno capitales europeas de la cultura
según el orden cronológico establecido en su anexo. Malta y los Países Bajos
son los países que tienen derecho a acoger esta manifestación en 2018. Malta
decidió iniciar su procedimiento de selección un año antes del plazo habitual,
y La Valeta fue designada «Capital Europea de la Cultura 2018» en Malta
mediante la Decisión 2013/286/UE del Consejo, de 17 de mayo de 2013[2].
Para la designación de la Capital Europea
de la Cultura de 2018 en los Países Bajos debe seguirse el procedimiento
indicado a continuación.
El Estado miembro interesado publica una
convocatoria de presentación de solicitudes a más tardar seis años antes de la
manifestación. Se convoca un comité de selección compuesto por trece expertos
independientes del ámbito de la cultura para celebrar una reunión de
preselección a más tardar cinco años antes de la manifestación. Dicho comité
estudia las solicitudes recibidas sobre la base de los criterios establecidos
en el artículo 4 de la Decisión nº 1622/2006/CE y acuerda una lista
restringida de ciudades candidatas, que han de ser examinadas con mayor
detenimiento una vez hayan completado su solicitud.
El Estado miembro interesado convoca al
comité para que realice la selección final, nueve meses después de la reunión
de preselección. Después de realizar una evaluación detallada de las ciudades
preseleccionadas en función de los criterios establecidos para la acción, el
comité recomienda una ciudad candidata en el Estado miembro en cuestión.
Basándose en esa recomendación, el Estado
miembro designa una ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura y lo
comunica al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Comité de las
Regiones a más tardar cuatro años antes del inicio de la manifestación.
El Parlamento Europeo puede remitir un
dictamen a la Comisión a más tardar tres meses después de que se le hayan
comunicado las ciudades candidatas.
El Consejo, a partir de la recomendación
de la Comisión, designa oficialmente las ciudades en cuestión para el año de su
candidatura.
Una vez finalizado el concurso en dos
fases descrito anteriormente, el Comité recomendó, en su informe de septiembre
de 2013, que la ciudad de Leeuwarden (Países Bajos) acogiera esta manifestación
en 2018. Los Países Bajos notificaron esta candidatura al Parlamento Europeo,
al Consejo, a la Comisión y al Comité de las Regiones en diciembre de 2013.
El Parlamento Europeo remitió su dictamen
favorable a la Comisión en febrero de 2014.
En consecuencia, la Comisión, de
conformidad con el artículo 9, apartado 3, de la Decisión nº 1622/2006/CE,
presenta al Consejo la Recomendación adjunta sobre la designación oficial de
Leeuwarden (Países Bajos) para la manifestación «Capital Europea de la Cultura»
en 2018.
Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se designa la Capital Europea
de la Cultura 2018 en los Países Bajos

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea,
Vista la Decisión nº 1622/2006/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se
establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital Europea
de la Cultura» para los años 2007 a 2019[3],
y, en particular, su artículo 9, apartado 3,
Vista la
recomendación de la Comisión Europea,
Visto el
informe del Comité de Selección, de septiembre de 2013, relativo al procedimiento
de selección de la Capital Europea de la Cultura en los Países Bajos,
Considerando
lo siguiente:
Se cumplen
íntegramente los criterios establecidos en el artículo 4 de la
Decisión nº 1622/2006/CE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Leeuwarden queda designada «Capital
Europea de la Cultura 2018» en los Países Bajos.
Artículo 2
La
presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 304 de 3.11.2006, p. 1.
[2]               DO L 162 de 14.6.2013, p. 9.
[3]               DO L 304 de 3.11.2006, p. 1.


Aviso jurídico importante

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52008DC0413

Recomendación de la Comisión al Consejo relativa a la propuesta, en nombre de la Comunidad Europea y de los Estados miembros, de enmienda del anexo I del Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) del Convenio de la CEPE/ONU sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia  /* COM/2008/0413 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 1.7.2008COM(2008) 413 finalRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJOrelativa a la propuesta, en nombre de la Comunidad Europea y de los Estados miembros, de enmienda del anexo I del Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) del Convenio de la CEPE/ONU sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distanciaA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1. El Órgano Ejecutivo del Convenio de la CEPE/ONU sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (CLRTAP) adoptó el Protocolo sobre COP en junio de 1998. El Protocolo sobre COP se centra actualmente en una lista de 16 sustancias que comprende once plaguicidas, dos sustancias químicas industriales y tres subproductos no intencionales. El objetivo en última instancia es eliminar cualquier vertido, emisión y fuga de esas sustancias COP. El Protocolo sobre COP entró en vigor el 23 de octubre de 2003. 29 Partes, incluida la Comunidad y 21 Estados miembros, lo han ratificado[1].2. El 19 de febrero de 2004 el Consejo adoptó una Decisión sobre la celebración del Protocolo en nombre de la Comunidad Europea[2]. El instrumento de aprobación comunitario se depositó el 30 de abril de 2004.3. Con arreglo al artículo 14 del Protocolo, cualquiera de las Partes puede proponer enmiendas del Protocolo y sus anexos. Los Partes reunidas en el Órgano Ejecutivo discutirán las enmiendas propuestas, las cuales se adoptarán por consenso de las Partes presentes en la reunión.4. Las propuestas de enmienda de los anexos del Protocolo sólo se deben hacer en nombre de la Comunidad y de sus Estados miembros, conforme a la obligación de cooperación y unidad en la representación internacional de la Comunidad que se desprende del artículo 10 del Tratado CE.5. Con vistas a emprender los procedimientos para negociar posibles enmiendas de los anexos del Protocolo, la Comisión, en las cuestiones que son de competencia de la Comunidad, presentó en 2005 al Órgano Ejecutivo del Protocolo, en nombre de la Comunidad y de los Estados miembros que son Partes en el Convenio, la propuesta de enmienda de los anexos pertinentes del Protocolo mediante la inclusión de las sustancias siguientes: hexaclorobutadieno (HCBD), éter de octabromodifenilo comercial (c-OctaBDE), pentaclorobenceno (PeCB), naftalenos policlorados (PCN), parafinas cloradas de cadena corta (SCCP) y sulfonato de perfluorooctano (PFOS).6. Según la información científica disponible y los informes de revisión, tanto el endosulfán como la trifluralina presentan características de los contaminantes orgánicos persistentes. Las dos sustancias se han evaluado con arreglo a la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios[3]. Por tanto, los productos fitosanitarios que contienen endosulfán se retiraron total y definitivamente en diciembre de 2007[4] y los productos fitosanitarios que contienen trifluralina deben ser retirados total y definitivamente para diciembre de 2008[5]. Debido a la posibilidad del transporte ambiental a gran distancia de esas sustancias químicas, las medidas adoptadas a escala nacional o comunitaria no bastan para salvaguardar un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana y, por tanto, son necesarias medidas internacionales más amplias. Las sustancias fueron propuestas, por la Comunidad y los Estados miembros, para su inclusión en el Convenio de Estocolmo sobre COP en 2007. Por consiguiente, procede que la Comunidad y los Estados miembros que son Partes en el Protocolo propongan enmendar los anexos pertinentes del Protocolo mediante la adición de esas dos sustancias.B. RECOMENDACIÓNTeniendo en cuenta lo anterior, la Comisión recomienda que:El Consejo, con vistas a emprender los procedimientos necesarios para negociar posibles enmiendas de los anexos del Protocolo de la CEPE-ONU sobre COP, autorice a la Comisión a presentar al Órgano Ejecutivo del Protocolo sobre COP, en nombre de la Comunidad y de los Estados miembros que son Partes en el Convenio y con la antelación suficiente para que pueda estudiarse en la próxima reunión del Órgano Ejecutivo de 2008, la propuesta de enmienda de los anexos pertinentes del Protocolo mediante la inclusión en el anexo I de las sustancias siguientes:- endosulfán- trifluralinaLa Comisión, junto con los Estados miembros, velará por la presentación al Órgano Ejecutivo de la información pertinente en justificación de las propuestas.Hecho en Bruselas, elPor el Consejo, El Presidente [1] Según la última actualización de 18 de septiembre de 2007 efectuada por la Secretaría COP.[2] Decisión 2004/259/CE del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes (DO L 81 de 19.3.2004, p. 37).[3] DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/58/CE (DO L 246 de 22.9.2005, p. 17).[4] DO L 317 de 3.12.2005, p. 25.[5] Decisión de la Comisión de 20 de septiembre de 2007 relativa a la no inclusión de la trifluralina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa (DO L 255 de 29.9.2007, p. 42).


title: Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, de 11 de junio de 2013, sobre el 68° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2013/2034(INI))

text:
               19.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/162

         P7_TA(2013)0234
   Recomendación destinada al Consejo sobre el 68o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
   Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, de 11 de junio de 2013, sobre el 68o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2013/2034(INI))
   (2016/C 065/23)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 21 y 34,

               —

               Vista la propuesta de recomendación al Consejo sobre el 68o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentada por Alexander Graf Lambsdorff, en nombre del Grupo ALDE (B7-0083/2013),

               —

               Vista la Decisión 2011/168/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la Corte Penal Internacional y por la que se deroga la Posición Común 2003/444/PESC,

               —

               Vistas las prioridades de la UE para el 67o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptadas por el Consejo el 23 julio 2012 (1),

               —

               Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de septiembre de 2003 titulada «La Unión Europea y las Naciones Unidas: la opción del multilateralismo» (COM(2003)0526),

               —

               Visto el 67o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones de este organismo sobre el Tratado sobre el comercio de armas (2), la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas (3), la libertad de religión o creencias (4), la promoción de un orden internacional democrático y equitativo (5), el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos (6), el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional (7), y Mujeres, desarme, no proliferación y control de armamentos (8),

               —

               Visto el proyecto de Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de mayo de 2011, sobre la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas (9),

               —

               Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, por la que se adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (10),

               —

               Vista la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2000,

               —

               Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 5 de julio de 2012, titulada «Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet», que reconoce la importancia de la protección de los derechos humanos y la libre circulación de la información en la red,

               —

               Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 13 de junio de 2012, sobre el 67o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (11),

               —

               Vista su Recomendación al Consejo, de 18 de abril de 2013, sobre el principio de las Naciones Unidas de la «Responsabilidad de Proteger» (12),

               —

               Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor mundial: su papel en las organizaciones multilaterales (13),

               —

               Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización (14),

               —

               Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (15),

               —

               Visto el informe de la delegación conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos al 67o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha de 28 y 29 de octubre de 2012,

               —

               Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0202/2013),

               A.

               Considerando que, dada la creciente globalización e interconexión de los Estados y las sociedades, existe una necesidad y una oportunidad cada vez mayores de normas y mecanismos de toma de decisiones comunes para afrontar conjuntamente los nuevos retos mundiales;

               B.

               Considerando que, junto a la proliferación de foros internacionales y transnacionales, la fragmentación de la elaboración de políticas a escala mundial está creando nuevas complejidades en las relaciones internacionales;

               C.

               Considerando que la UE está comprometida con un multilateralismo efectivo que gravite en torno a un sistema de las Naciones Unidas fuerte; que las Naciones Unidas ocupan el centro de la gobernanza mundial;

               D.

               Considerando que una colaboración sólida y estable entre la Unión Europea y las Naciones Unidas representa una base importante y una contribución para la labor de esta organización en el marco de los tres pilares —paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo—, y que la UE debe asumir a este respecto su responsabilidad en la solución común a los retos mundiales;

               E.

               Considerando que el respeto por la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, así como su promoción y salvaguardia, constituyen las bases de la acción de la UE en la escena internacional; que la democracia y el Estado de Derecho son pilares de una paz sostenible, que garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales;

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

         La UE como actor mundial

               a)

               que garantice de forma continua la coherencia y la visibilidad de la UE como actor mundial en las Naciones Unidas; que consolide la capacidad de la UE para actuar de forma coordinada, rápida y global en la escena internacional y para intervenir de manera coherente y oportuna; que garantice la plena aplicación de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de mayo de 2011, sobre la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas;

               b)

               que avance hacia un multilateralismo efectivo mejorando la representatividad, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la efectividad de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar su intervención sobre el terreno; que recuerde la necesidad de lograr un nuevo equilibrio institucional entre el papel emergente del G-20, las Naciones Unidas y sus agencias así como las instituciones financieras internacionales;

               c)

               que se comprometa más activamente con socios estratégicos y otros interlocutores bilaterales y multilaterales para fomentar soluciones efectivas a los problemas y, cuando sea posible, optar por esfuerzos colectivos a fin de aportar mejores resultados;

         La UE y la gobernanza mundial

               d)

               que estreche la cooperación con sus socios haciendo de las Naciones Unidas una organización más eficaz y unida para el siglo XXI;

               e)

               que fomente una reforma global y consensuada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que presente una propuesta concreta sobre cómo conseguir un puesto común de la UE en un Consejo de Seguridad ampliado como objetivo central a largo plazo de la Unión; que tome la iniciativa para elaborar una posición común de los Estados miembros de la Unión a tal efecto; que fomente una mayor transparencia y una mejor coordinación de las políticas y las posiciones de los miembros del Consejo de Seguridad que son Estados miembros de la UE; que vele por que los Estados miembros que sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promuevan los criterios y posiciones de la Unión como medio de que la UE actúe de forma coordinada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

               f)

               que prosiga sus esfuerzos concertados para reforzar el papel y la autoridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como su efectividad y su eficiencia, también mediante la mejora de sus métodos de trabajo;

               g)

               que fomente una participación más institucional de otras partes interesadas (representantes de la sociedad civil, universidades) en la labor de la Asamblea General; que refuerce el sistema de las Naciones Unidas ampliando y profundizando su acervo de conocimientos civiles;

               h)

               que promueva la puesta en práctica de la divulgación obligatoria, país por país, de los pagos de empresas transnacionales, a saber, en el sector bancario y extractivo, que estén registradas o coticen en mercados financieros en las jurisdicciones nacionales de sus socios;

         Paz y seguridad

               i)

               que promueva la incorporación de una perspectiva de consolidación de la paz en las operaciones de mantenimiento de la paz y que mejore y estreche la coordinación entre las operaciones de mantenimiento de la paz, los equipos locales de las Naciones Unidas y los actores del desarrollo;

               j)

               que coopere en el fortalecimiento del papel y la capacidad de las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos, la gestión de crisis civiles y militares, y la resolución de conflictos; que promueva misiones conjuntas de evaluación y refuerce la cooperación entre la UE y sus socios (incluidas la Unión Africana y las organizaciones subregionales, la OTAN, la OSCE, la ASEAN, la CELAC, la Liga Árabe, etc.) en la prevención de conflictos y en los países que han sufrido conflictos;

               k)

               cuando se le solicite, que proporcione a las Naciones Unidas apoyo proveniente de los grupos de combate de la UE para las misiones de imposición de la paz y para que los Estados miembros cooperen plenamente en su uso para misiones que hayan sido autorizadas por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas;

               l)

               que garantice que los mandatos de las misiones de mantenimiento de la paz reflejen la necesidad de apoyar los procesos electorales, incluidas las misiones de observación electoral;

               m)

               que trabaje por establecer la Responsabilidad de Proteger como una nueva norma del Derecho internacional, dentro del ámbito de aplicación acordado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005;

               n)

               que garantice la plena coherencia y conformidad con el Derecho internacional humanitario de toda posible evolución y aplicación ulterior del principio de la responsabilidad de proteger, trabajando a la vez con miras a lograr su universalidad como instrumento de diplomacia preventiva y como impulsor del desarrollo humano;

               o)

               que realice un seguimiento de las propuestas del Parlamento en su Recomendación al Consejo sobre el principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger» (16) y que trabaje con sus socios para garantizar que el concepto de «responsabilidad de proteger» se centra en la prevención, la protección y la reconstrucción post-conflictos, incluidas situaciones de preocupación por genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, pero que nunca se use como pretexto para favorecer intereses particulares o nacionales, o intereses de coaliciones internacionales basados en consideraciones geoestratégicas o económicas con la finalidad de un cambio de régimen; que ayude a los Estados a crear capacidades en este sentido;

               p)

               que desarrolle criterios a seguir a la hora de actuar para poner en práctica el principio de la responsabilidad de proteger, en particular, el tercer pilar, en el que se incluyen las intervenciones militares, como la proporcionalidad, la claridad ex ante acerca de los objetivos políticos y el uso de evaluaciones de impacto en profundidad;

               q)

               que refuerce el papel de la UE como actor político mundial desempeñando un papel activo en la diplomacia preventiva;

               r)

               que pida a todas las partes, ya sean entes estatales o no estatales implicados directa o indirectamente en conflictos armados, que respeten plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional, incluida la de garantizar un espacio humanitario y el acceso sin trabas de los necesitados a la asistencia humanitaria, prestando especial atención a la protección de los civiles, y que aboguen por una solución pacífica y diplomática a todo tipo de conflictos;

               s)

               que apoye las Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad; que haga hincapié y garantice la participación de las mujeres en los procesos de paz; que reconozca la necesidad de incorporar las perspectivas de género en la prevención de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos;

               t)

               que coopere con las Naciones Unidas para hacer frente a las amenazas a la seguridad mundial, como la proliferación de armas nucleares, la delincuencia organizada y el terrorismo; que redoble sus esfuerzos por concluir las negociaciones relativas a un convenio exhaustivo sobre terrorismo internacional;

               u)

               que coopere con sus socios multilaterales y bilaterales para añadir una presión más enérgica y efectiva con el fin de poner fin inmediatamente a la violación de derechos humanos y a la violencia en Siria; que estudie con sus socios, especialmente los Estados Unidos, Turquía y la Liga de Estados Árabes, todas las opciones en lo que respecta a la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger a fin de ayudar al pueblo sirio y para detener el derramamiento de sangre; que ejerza presión sobre el Gobierno sirio y sobre todos los implicados en la crisis para que respeten plenamente el Derecho humanitario internacional y para que permitan la prestación rápida de asistencia humanitaria transfronteriza y de los servicios públicos básicos, así como el pleno acceso a las organizaciones humanitarias; que se exija a los socios internacionales que respeten sus compromisos financieros en relación con la ayuda a los refugiados sirios, de manera que el ACNUR y otras organizaciones puedan prestar la asistencia necesaria; que junto con sus socios estudie cómo limitar al mínimo las consecuencias de la crisis Siria en los países vecinos;

               v)

               que promueva, de acuerdo con las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los esfuerzos de la región y de la comunidad internacional para hallar una solución política al conflicto de Mali y fomentar una transición democrática consolidando las instituciones de transición, promoviendo (en particular, a través de la mediación) el diálogo nacional integrador y la reconciliación, así como elecciones libres, justas y transparentes; que apoye también las iniciativas para mantener la integridad territorial de Mali y la seguridad de la población del país; que destaque la importancia de mantener la estabilidad en la región del Sahel y de evitar un impacto negativo en la estabilidad de los países vecinos de Mali; que coordine estrechamente sus acciones con los socios regionales e internacionales, incluida la Unión Africana y la CEDEAO; que preste asistencia a una misión de mantenimiento de la paz dirigida por las Naciones Unidas, que fomente la participación de los Estados miembros en ella, y que apoye una función para proporcionar entrenamiento militar a las fuerzas armadas de Mali en la EUTM Mali; que siga prestando asistencia a MISMA (Misión Internacional de Apoyo a Mali);

               w)

               que acoja con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas el 2 de abril de 2013, el cual se aplicará a una amplia variedad de armas, incluida la munición; que apoye activamente la firma rápida, la ratificación acelerada y la aplicación efectiva y universal del Tratado sobre el Comercio de Armas por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos los principales países productores de armas del mundo; que lidere los esfuerzos para establecer las normas comunes más elevadas posibles, también en relación con la situación de los derechos humanos en los países receptores, para la regulación del comercio internacional de armas y la lucha contra el tráfico ilícito, reduciendo así el sufrimiento humano y la corrupción, y contribuyendo a la paz y la seguridad internacionales;

               x)

               que aumente sus esfuerzos para que los compromisos multilaterales reduzcan el número de armas nucleares;

         Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho

               y)

               que potencie los esfuerzos internacionales para que todos los derechos humanos acordados en convenciones de las Naciones Unidas se consideren universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí, así como para garantizar que estén siendo efectivamente respetados; que se oponga a los intentos por minar el Derecho humanitario en la lucha contra el terrorismo; que fomente la incorporación de los derechos humanos, incluidas las libertades digitales, y las libertades básicas en todos los aspectos del trabajo de las Naciones Unidas;

               z)

               que intente consolidar el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) incorporando las recomendaciones en los diálogos bilaterales y multilaterales con los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular, en sus diálogos en materia de derechos humanos; que facilite un entorno que permita que las ONG aporten sus contribuciones en las diferentes fases del proceso de EPU;

               aa)

               que luche contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación y la incitación a la violencia; que manifieste su profundo pesar por el aumento de la violencia contra miembros de comunidades religiosas y de otro tipo en diferentes partes del mundo;

               ab)

               que aborde las restricciones a la libertad de la prensa y de los medios de comunicación en todo el mundo; que combata la violencia contra los periodistas y los blogueros; que proteja y promueva la libertad de expresión, tanto en los medios en línea como sin conexión;

               ac)

               que preste un apoyo universal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que trabaje por lograr un refuerzo de las capacidades de trabajo de la Corte con el fin de reducir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad;

               ad)

               que fomente el compromiso con un orden internacional basado en el Estado de Derecho, que es esencial para la coexistencia pacífica de los Estados y para la construcción de Estados más resistentes y de una paz sostenible; que recuerde a este respecto que el apoyo a la democracia y el respeto del Estado de Derecho están relacionados entre sí y que deben promoverse de esa forma como objetivo de política exterior de la UE;

               ae)

               que refuerce el apoyo a los Estados, a petición suya, para el cumplimiento nacional de sus respectivas obligaciones internacionales mediante una asistencia técnica reforzada y mediante el desarrollo institucional y de capacidades;

               af)

               que aplique las recomendaciones de la declaración política aprobada en la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de septiembre de 2012; que apoye la creación del punto focal mundial común para el Estado de Derecho; que apoye sin reservas el papel del Grupo de coordinación y apoyo sobre el Estado de Derecho en la coordinación y la coherencia generales, asimismo para evitar la fragmentación entre servicios (Departamento de Asuntos Políticos, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, etc.);

               ag)

               que recuerde que la corrupción constituye una violación de los derechos humanos y que la Unión Europea ha reivindicado la competencia exclusiva para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; que solicite a la VP/AR que presente un Plan de Acción de la UE contra la corrupción para supervisar de manera eficaz las recomendaciones de la Convención, por ejemplo, mediante la obligación de que los Estados miembros publiquen y divulguen información relativa a la corrupción; que cree canales para la denuncia de estas violaciones, elabore un marco jurídico para la protección de testigos y ponga los medios para la participación de la sociedad civil;

         Desarrollo sostenible

               ah)

               que contribuya a intensificar la coherencia política del desarrollo y al empeño en la lucha contra la pobreza, y a mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo, puesto que estas cuestiones siguen siendo fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);

               ai)

               que incorpore la evaluación y la gestión de la reducción del riesgo de catástrofes en las estrategias de desarrollo a fin de proteger las vidas y los medios de subsistencia de las poblaciones;

               aj)

               que mejore la relación entre ayuda, rehabilitación, reducción del riesgo de catástrofes y desarrollo y que potencie la coordinación entre los agentes humanitarios y de ayuda al desarrollo para garantizar la continuidad de la ayuda y desarrollar una capacidad de resistencia cuya necesidad queda de manifiesto ante las recurrentes crisis alimentarias en la región del Sahel y en el Cuerno de África;

               ak)

               que trabaje por lograr la plena aplicación de los resultados de la Conferencia de Río+20, sobre todo promoviendo el desarrollo sostenible como principio guía para el desarrollo mundial a largo plazo; pide a la UE y a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones internacionales, independientemente de los efectos concretos de la crisis financiera y económica en la UE-27, y destinen un 0,7 % de su renta nacional bruta a la ayuda al desarrollo;

               al)

               que coopere para que el foro político de alto nivel en materia de desarrollo sostenible sea operativo en los plazos previstos para coordinar el control y la evaluación permanentes de los progresos hacia los objetivos marcados;

               am)

               que fomente el acceso universal al agua y a servicios energéticos asequibles y sostenibles, que son vectores fundamentales de la erradicación de la pobreza y del crecimiento inclusivo;

               an)

               que trabaje para avanzar hacia la Agenda de ODM después de 2015 de manera coherente y coordinada; que negocie un paquete único de objetivos para el desarrollo sostenible que tengan alcance mundial, estén orientados a la acción, sean mensurables, tengan plazos vinculantes y sean fáciles de comunicar; que apunte a objetivos que incorporen la sostenibilidad, la equidad y la gobernanza;

               ao)

               que apoye la iniciativa del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas de presentar a la sociedad civil un programa de desarrollo posterior a 2015 mediante la organización de un acto específico relativo a la consecución de los ODM, que se celebrará durante el 68o período de sesiones de la Asamblea General, en 2013, como punto importante de consulta a la sociedad civil, dado que este acontecimiento podría contribuir a reunir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el proceso de desarrollo posterior a 2015 en un «carril común»;

               ap)

               que pida que el nuevo marco de cooperación después de 2015 venga acompañado de una agenda de financiación predecible y realista, en consonancia con los objetivos acordados;

         Cooperación mundial entre parlamentos

               aq)

               que promueva la interacción en temas globales entre los gobiernos y los parlamentos; que consolide la gobernanza mundial y permita una mayor participación parlamentaria y pública en las actividades de las Naciones Unidas;

         Consideraciones generales

               ar)

               que mejore el seguimiento dado a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo, también instando al Servicio Europeo de Acción Exterior a que informe al Parlamento cada año sobre los resultados de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y, para información, a la Comisión.

      (1)  Consejo de la Unión Europea 9820/1/12.

      (2)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/234.

      (3)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/226.

      (4)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/179.

      (5)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/175.

      (6)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/169.

      (7)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/97.

      (8)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/67/48.

      (9)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/65/276.

      (10)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/58/4.

      (11)  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0240.

      (12)  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0180.

      (13)  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0229.

      (14)  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.

      (15)  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0055.

      (16)  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0180.


Avis juridique important

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31998H0287

98/287/CE: Recomendación de la Comisión de 23 de abril de 1998 en relación con la doble indicación de precios y otros importes monetarios

Diario Oficial n° L 130 de 01/05/1998 p. 0026 - 0028

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 1998 en relación con la doble indicación de precios y otros importes monetarios (98/287/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 155,(1) Considerando que, de acuerdo con el proyecto de Reglamento del Consejo sobre la introducción del euro (1), a partir del 1 de enero de 1999 el euro pasará a ser la moneda de los Estados miembros participantes; que el euro sustituirá a las monedas nacionales de los Estados miembros participantes con arreglo a los tipos de conversión establecidos; que durante un período transitorio el euro existirá bajo distintas denominaciones; que las unidades monetarias nacionales constituirán subdivisiones del euro con arreglo a los tipos de conversión; que, en virtud del apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro (2), los tipos de conversión se aplicarán para las conversiones en ambos sentidos entre la unidad euro y las unidades monetarias nacionales;(2) Considerando que, en la primera mesa redonda sobre los aspectos prácticos del euro, celebrada en mayo de 1997, se examinó el tema de la doble indicación de precios y otros importes monetarios; que, como consecuencia de esa mesa redonda, la Comisión creó varios Grupos consultivos de expertos encargados de estudiar la doble indicación y la adaptación a los nuevos precios y valores en euros; que los informes elaborados por los citados Grupos consultivos de expertos han sido publicados (3) y sus conclusiones, junto con las conclusiones preliminares de la Comisión, han sido expuestas en la Comunicación de la Comisión titulada «Aspectos prácticos de la introducción del euro: actualización», aprobada el 11 de febrero de 1998 (4); que en la mesa redonda celebrada el 26 de febrero de 1998 se analizó el planteamiento propuesto;(3) Considerando que, basándose en esas conclusiones, la Comisión opina que la doble indicación facilitará considerablemente la adaptación al euro de los consumidores, minoristas y proveedores de servicios y, en particular, supondrá un importante instrumento para la sensibilización y protección del consumidor; que la doble indicación es, no obstante, uno de los muchos instrumentos de comunicación que pueden utilizarse dentro de una estrategia global de comunicaciones orientada a facilitar la transición al euro;(4) Considerando que, a juicio de la Comisión, legislar en el plano europeo sobre el empleo de la doble indicación no sería la mejor forma de garantizar una doble indicación que responda a las exigencias de los consumidores, minimizando al mismo tiempo los costes de la transición al euro; que, no obstante, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, en los casos en que se efectúe la doble indicación, la observancia de ciertas «normas de buenas prácticas» aportaría mayor seguridad y claridad a todas las partes afectadas; que las citadas normas de buenas prácticas deben comportar lo siguiente: clara indicación por los minoristas de si están dispuestos a aceptar pagos en euros durante el período transitorio; nítida diferenciación entre la unidad en que se fije el precio y deban calcularse los importes por pagar y el correspondiente contravalor indicado con fines de información exclusivamente; cuando proceda, acuerdos para la adopción de un mismo formato o diseño para la doble indicación; y evitar un exceso de información que pueda inducir a error;(5) Considerando que los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) n° 1103/97 regulan la adopción y utilización de los tipos de conversión; que, al calcular los contravalores con fines de doble indicación, deben aplicarse los tipos de conversión y las normas de redondeo; que la doble indicación no debe implicar que el minorista esté obligado a aceptar pagos en euros durante el período transitorio;(6) Considerando que existe toda una serie de disposiciones sobre la protección e información del consumidor; que el artículo 4 de la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (5), establece que la indicación de precios (precio de venta y precio por unidad) deberá ser inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible; que dicho artículo 4, a la luz del decimotercer considerando de la citada Directiva, establece que, en aras de la transparencia, los Estados miembros podrán limitar el número de precios que deban ser indicados en la unidad monetaria nacional y en la unidad euro; que el quinto considerando del Reglamento (CE) n° 1103/97 establece que, además de las contenidas en ese mismo Reglamento y en el Reglamento que deberá adoptarse en virtud de lo dispuesto en la tercera frase del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, deberían estudiarse otras medidas para conseguir una transición equilibrada, especialmente para los consumidores;(7) Considerando que, en aras de la claridad y exhaustividad, resulta oportuno presentar conjuntamente en la presente Recomendación los requisitos legales, según los entiende la Comisión, y las normas de buenas prácticas propuestas por la Comisión; que las citadas normas de buenas prácticas pueden servir de base mínima de negociación entre los profesionales y los consumidores, con el objeto de acordar reglas en materia de transparencia y aporte de información; que esas negociaciones ya se han iniciado en los planos tanto nacional como europeo;(8) Considerando que sería conveniente que la doble indicación comenzara en los inicios del período transitorio en lo que se refiere a los «documentos de referencia», tales como los extractos bancarios y las facturas de las empresas de servicios públicos; que la implantación de la doble indicación en el sector minorista debe hacerse de forma progresiva, atendiendo a diversos factores: el ritmo que los clientes deseen efectuar el paso al euro, la necesidad de educar a los consumidores, la naturaleza del establecimiento minorista y los tipos de productos vendidos y, asimismo, el coste y las implicaciones técnicas de la modificación de los sistemas de exposición de precios y valores financieros existentes;(9) Considerando que la Recomendación 98/286/CE de la Comisión, de 23 de abril de 1998, relativa al diálogo, al seguimiento y a la información para facilitar la transición al euro (6) incluye medidas de seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas de buenas prácticas en el proceso de introducción del euro; que, si esas medidas resultaran ineficaces, la Comisión se plantearía la posibilidad de elaborar legislación para garantizar el respeto de buenas prácticas en los casos de doble indicación,RECOMIENDA:Artículo 1 Definiciones A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:a) «doble indicación de precios u otros importes monetarios»: la indicación simultánea de un importe en la unidad monetaria nacional y la unidad euro;b) «Estados miembros participantes»: aquellos Estados miembros que adopten la moneda única según lo dispuesto en el Tratado;c) «unidad monetaria nacional»: la unidad monetaria de un Estado miembro participante, según la definición vigente el día anterior al del inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria;d) «unidad euro»: la unidad monetaria del euro, según lo previsto en la segunda frase del artículo 2 del proyecto de Reglamento del Consejo sobre la introducción del euro;e) «período transitorio»: el comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001;f) «tipo de conversión»: el tipo fijado de manera irrevocable por el Consejo con respecto a la moneda de cada uno de los Estados miembros participantes, conforme a lo dispuesto en la primera frase del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado.Artículo 2 Normas de buenas prácticas 1. Siempre que se proporcione una doble indicación de precios o de otros importes monetarios, serán de aplicación las siguientes normas, con arreglo a la legislación existente:a) para calcular los contravalores a efectos de una doble indicación deberán aplicarse los tipos de conversión;b) el redondeo al céntimo más próximo representará el grado mínimo de exactitud con que deberán indicarse los precios u otros importes monetarios que se hayan convertido de una unidad monetaria nacional a la unidad euro;c) la doble indicación de precios y otros importes monetarios deberá ser inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible.2. Además, deberían aplicarse los principios siguientes:a) en lo que se refiere, en particular, a la claridad de la doble indicación:i) debería ser posible diferenciar, por un lado, la unidad en que se ha fijado el precio y deben calcularse los importes por pagar y, por otro, el correspondiente contravalor indicado con fines de información exclusivamente,ii) la doble indicación de precios y otros importes monetarios no debería sobrecargarse con un número excesivo de cifras. Como regla general, la doble indicación de precios para los productos individuales puede limitarse al precio final que los consumidores hayan de pagar. Asimismo, en general, la doble indicación en los recibos de los establecimientos minoristas y en otros extractos financieros puede limitarse al importe total;b) los minoristas deberían indicar claramente si están dispuestos a aceptar pagos en euros durante el período transitorio.Artículo 3 Puesta en práctica 1. La doble indicación debería formar parte de una estrategia global de comunicaciones orientada a facilitar la transición de los consumidores y los empleados al euro.2. La doble indicación en los documentos de referencia tales como los extractos bancarios y las facturas de las empresas de servicios públicos debería comenzar en los inicios del período transitorio.3. La implantación de la doble indicación en el sector minorista debería hacerse de forma progresiva, atendiendo a la necesidad de facilitar la transición a los clientes y los consumidores y al ritmo al que los mismos deseen efectuar el paso al euro. Debería atenderse, asimismo, a la naturaleza del establecimiento minorista y los tipos de productos vendidos y al coste y las implicaciones técnicas de la modificación de los sistemas de exposición de precios y valores financieros existentes.4. Las organizaciones profesionales deberían plantearse la posibilidad de establecer el uso de formatos o diseños comunes en las dobles indicaciones. Igualmente, se les exhorta a prestar ayuda a los pequeños minoristas para que estén en condiciones de hacer la doble indicación y adopten otras medidas de comunicación.Artículo 4 Disposiciones finales Se invita a los Estados miembros a apoyar la aplicación de la presente Recomendación.Artículo 5 Destinatarios Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros y todos los agentes económicos que efectúen la doble indicación de precios u otros importes monetarios.Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1998.Por la ComisiónYves-Thibault DE SILGUYMiembro de la Comisión(1) DO C 236 de 2. 8. 1997, p. 8.(2) DO L 162 de 19. 6. 1997, p. 1.(3) Informe del Grupo de expertos sobre los aspectos técnicos y coste de la doble indicación, Cahier Euro n° 13; Informe del Grupo de expertos sobre la aceptación de los nuevos precios y valores en euros, Cahier Euro n° 18.(4) COM(1998) 61 final.(5) DO L 80 de 18. 3. 1998, p. 27.(6) Véase la página 22 del presente Diario Oficial.


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		52013DC0367

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría para 2012-2016 /* COM/2013/0367 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Hungría
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
de Hungría para 2012-2016
EL CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado
2, y su artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento
(CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
coordinación de las políticas económicas[1], y, en particular, su
artículo 9, apartado 2,
Visto el Reglamento
(UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre
de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2], y, en particular, su artículo 6, apartado
1,
Vista la
recomendación de la Comisión Europea[3],
Vistas las
resoluciones del Parlamento Europeo[4],
Vistas las
conclusiones del Consejo Europeo,
Visto el dictamen del
Comité de Empleo,
Previa consulta al
Comité Económico y Financiero,
Considerando lo
siguiente:
(1)       El
26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de
iniciar una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Estrategia Europa
2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se
centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar
el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13
de julio de 2010, sobre la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo
aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas
económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y,
el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros[5], que juntas forman las
«orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en
cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El
29 de junio de 2002, los Jefes de Estado o de Gobierno decidieron adoptar una
decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco
coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro
utilizando todos los instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las
acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en
particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia
Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6
de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación relativa al Programa
Nacional de Reformas de Hungría para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa
de Convergencia actualizado de Hungría para 2011-2015.
(5)       El
28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento[6], que iniciaba el Semestre Europeo de
coordinación de las políticas económicas de 2013. Asimismo, el 28 de noviembre
de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE)
nº 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta[7],
en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(6)       El
14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar
la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas
dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir
un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer
la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la
competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El
10 de abril de 2013, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo
para Hungría[8], de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento (UE) nº 1176/2011. El análisis de la Comisión llega a la conclusión
de que Hungría está experimentando desequilibrios macroeconómicos, que merecen
un seguimiento y requieren que se actúe con determinación. En particular, el
actual ajuste de la muy negativa posición de inversión internacional neta, que
está siendo impulsado en gran parte por el desapalancamiento del sector privado
en un contexto de alto nivel de deuda de las administraciones públicas y un
débil entorno empresarial, sigue mereciendo una atención muy especial con el
fin de reducir los importantes riesgos de efectos adversos sobre el
funcionamiento de la economía.
(8)       El
24 de abril de 2013, Hungría presentó su Programa de Convergencia de 2013 para
el período 2012-2016, y, el 22 de abril de 2013, su Programa Nacional de
Reformas de 2013. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos
programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)       Partiendo
de la evaluación del Programa de Convergencia de 2013 (en lo sucesivo, «el
programa»), realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, este considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las
previsiones del programa es un tanto optimista. Las previsiones de crecimiento
de las autoridades húngaras para 2013 y 2014 (0,7 % y 1,9 %,
respectivamente) son superiores en aproximadamente medio punto porcentual a las
contenidas en las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión. El
objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el programa es
garantizar una corrección sostenible del déficit excesivo en el plazo de 2012 y
seguir cumpliendo el objetivo a medio plazo. Hungría emprendió esfuerzos
presupuestarios significativos en 2012 y, con un déficit presupuestario del
1,9 % del PIB, cumplió con creces el objetivo de déficit recomendado por
el Consejo (2,5 % del PIB), y ello debido en parte a unos ingresos
puntuales adicionales equivalentes al 0,2 % del PIB, que vinieron a
añadirse a los ya considerados cuando el Consejo formuló su Recomendación. Sin
embargo, las medidas correctoras para 2012 y años posteriores, particularmente
las anunciadas en el otoño de 2012, se concentran sobre todo en los ingresos,
focalizándose principalmente en determinados sectores, lo que plantea dudas
sobre la sostenibilidad de los esfuerzos de saneamiento. Según las previsiones
de la primavera de 2013 de la Comisión, se requieren nuevos esfuerzos para 2013
y 2014 con el fin de corregir el déficit excesivo de forma sostenible. Tras la
publicación de las previsiones de primavera, el Gobierno adoptó un nuevo
paquete de medidas correctoras que, según la evaluación actualizada de la
Comisión, permitirían mantener el déficit por debajo del umbral del 3 %
del PIB en 2013 y 2014. El programa ha modificado el objetivo a medio plazo,
que ha pasado de un saldo presupuestario estructural del -1,5 % al
-1,7 % del PIB. El nuevo objetivo a medio plazo es conforme con las
exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hungría registró un saldo
estructural del -0,7 % del PIB en 2012, esto es, muy superior a su
objetivo a medio plazo revisado, y según las previsiones de la primavera de
2013 de la Comisión, el saldo estructural se ajustaría al objetivo a medio
plazo durante el periodo de previsión, situándose en el -1,1 % en 2013 y
el -1,8 % en 2014. Sobre la base de las medidas adoptadas después de la
publicación de las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión, el saldo
presupuestario estructural también podría mantenerse por encima del objetivo a
medio plazo en 2014. La tasa de incremento del gasto público en 2013 y 2014,
excluidas las medidas de ingresos discrecionales, sería conforme globalmente a
la tasa de referencia para el crecimiento del PIB potencial a medio plazo, pero
se espera que la rebase de forma significativa en 2015 y 2016. Así, el valor de
referencia para el gasto no se cumplirá en estos dos años. Según los planes del
Gobierno, el ratio deuda pública/PIB disminuirá continuamente a lo largo del
periodo cubierto por el programa, del 79,2 % en 2012 al 77,2 % en
2014 y al 73,4 % en 2016, lo que significa que se mantendría por encima
del valor de referencia del 60 % del PIB. En cambio, teniendo en cuenta
los riesgos inherentes a los planes de saneamiento, las previsiones de la
primavera de 2013 de la Comisión esperan solo una disminución marginal en 2014,
hasta el 78,9 % del PIB, cifra que sería aproximadamente 0,5 puntos
porcentuales inferior gracias a las nuevas medidas correctoras. Hungría
atravesará un periodo de transición en 2013 en lo que se refiere al
cumplimiento del criterio de deuda, y según las previsiones de la primavera de
2013 de la Comisión, está realizando avances suficientes para cumplir dicho
criterio en 2013 y 2014.
(10)     En
cualquier caso, el marco presupuestario a medio plazo es solo indicativo; la
planificación presupuestaria se centra únicamente en el año presupuestario
considerado. Además, a pesar de algunas mejoras recientes, las tareas
obligatorias y los recursos analíticos del Consejo Presupuestario todavía no
son adecuados a su poder de veto sin precedentes ni a la necesidad de una
evaluación ex post sistemática del cumplimiento de las reglas
presupuestarias numéricas. El reforzamiento del marco presupuestario a medio
plazo y la ampliación del mandato del Consejo Presupuestario contribuirían a
mejorar la solidez y la credibilidad del marco de gobernanza presupuestaria
recientemente renovado.
(11)     El
sector financiero húngaro está inmerso en un rápido proceso de desapalancamiento,
debido en parte a algunas medidas que han tenido fuertes repercusiones
negativas sobre la rentabilidad de los bancos y contribuyen a endurecer las
condiciones crediticias. La gestión de la cartera de valores, cuya calidad se
está deteriorando, representa uno de los mayores retos para el sector
financiero, junto con el creciente número de préstamos no productivos. En los
últimos años, el Gobierno ha adoptado varias medidas de ayuda a los
prestatarios en moneda extranjera, en algunos casos sin consultar a las partes
interesadas del sector bancario. Sin embargo, estas medidas no siempre han
estado encaminadas a los prestatarios en dificultades. La adopción de una serie
de medidas a corto plazo podría aumentar el riesgo moral entre los prestatarios
debido a que se mantienen las expectativas de mantenimiento de la ayuda
pública. La crisis financiera mundial ha demostrado en qué medida el sistema
bancario existente puede obligar a las autoridades nacionales a intervenir para
salvaguardar la estabilidad financiera. En el primer programa de ayuda
financiera a Hungría se afirmaba la necesidad de disponer de un sistema de
supervisión de primer nivel, lo que incluía la concesión al supervisor
financiero de facultades efectivas para actuar en caso de urgencia y el
establecimiento de un mecanismo de resolución. Aunque durante los tres últimos
años las facultades de la autoridad húngara de supervisión financiera han
aumentado sustancialmente, el legislador no la ha dotado con poderes de control
suficientes.
(12)     Hungría
no ha seguido la recomendación de 2012 de establecer un marco estable y no
distorsionador para la fiscalidad de las sociedades y ha aumentado la presión
fiscal sobre determinados sectores empresariales introduciendo nuevas cargas
impositivas adicionales sectoriales. Aunque el nuevo impuesto sobre las
pequeñas empresas introducido como parte de la Ley de protección del empleo
tiene un diseño favorable, la existencia de tipos impositivos diferentes según
el sector dificulta la asignación eficiente de recursos y afecta a la inversión
y al crédito. La introducción de tipos reducidos de contribución a la seguridad
social al amparo de la Ley de protección del empleo constituye un paso en la
dirección adecuada para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo. No obstante,
la cuña fiscal sobre los trabajadores de bajos salarios sigue siendo elevada,
por lo que convendría perfeccionar el sistema a fin de mejorar la definición de
este grupo. Hungría también se propone combatir el incumplimiento de las
obligaciones tributarias con varias medidas, tales como la obligación de
establecer una conexión obligatoria entre todas las cajas registradoras y las
autoridades tributarias. En cuanto a la fiscalidad de la energía, las medidas
adoptadas no proporcionan incentivos para reducir el consumo de energía y
tienen efectos distorsionadores.
(13)     La
baja tasa de empleo se asocia a una tasa de actividad muy baja. El desempleo
juvenil ha aumentado del 11 % en 2011 al 28,1 % en 2012. El programa
de obras públicas utiliza la mayor parte de los recursos presupuestarios para
proporcionar a los desempleados de larga duración un trabajo remunerado en
lugar de prestaciones sociales, aunque sus efectos favorables sobre la
empleabilidad a largo plazo aún no se han demostrado. Aunque Hungría ha
reforzado sus políticas activas del mercado de trabajo, habrá que mejorar el
acceso a las mismas de algunas personas desfavorecidas, y la participación de
los adultos en la formación permanente sigue siendo una de las más bajas de la
UE. En los últimos cinco años, la tasa de empleo femenino se ha mantenido
prácticamente en el mismo bajo nivel. Con el fin de animar a las mujeres a
participar en el mercado de trabajo, el Gobierno ha aumentado la oferta de
guarderías y ha fomentado los regímenes de horario de trabajo flexible. La
situación social sigue empeorando: el 31 % de la población corre riesgo de
pobreza o exclusión social y un alto porcentaje de personas afrontan graves
privaciones materiales. La pobreza sigue afectando de forma desproporcionada a
los territorios y comunidades desfavorecidos, en particular a los gitanos.
(14)     El
entorno empresarial en Hungría se ha deteriorado constantemente en los tres
últimos años debido a una serie de medidas tales como las relativas a
restricciones sobre los inversores y a un marco reglamentario inestable,
particularmente en el sector de servicios. Las recientes restricciones, que
afectan de forma desproporcionada a los inversores extranjeros, se centran
principalmente en el sector de servicios, incluidos los servicios minoristas.
El Programa de Simplificación de la Administración incluye 114 medidas
encaminadas a reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas
en aproximadamente 500 000 millones HUF, pero su aplicación se ha
retrasado un tanto. Persisten bajos niveles de competencia en la contratación
pública, aunque en enero de 2012 entró en vigor una nueva ley. El programa de
lucha contra la corrupción constituye un elemento central del Programa Magiar.
Sin embargo el programa no aborda el tema del grado insuficiente de aplicación
de la legislación en este ámbito ni el de la realización de controles más
estrictos sobre la financiación de los partidos políticos, aspecto que suscita especial
preocupación. Por otra parte aún no se han aplicado la mayoría de las medidas
anunciadas. La falta de seguimiento de las medidas aplicadas también sigue
constituyendo un problema. La evolución registrada en Hungría en 2012 y 2013 ha
aumentado la preocupación en torno a la independencia del poder judicial. En el
Marcador de la Unión para la Innovación se califica a Hungría de «innovador
moderado». Las inversiones empresariales en I+D están impulsadas principalmente
por empresas extranjeras.
(15)     Hungría
ha logrado reducir el abandono escolar prematuro. Dado que aún persisten
importantes diferencias regionales, los nuevos elementos del sistema
centralizado de educación pública, si no se aplican cuidadosamente, podrían
tener repercusiones negativas y aumentar la segregación y las desigualdades
sociales. Aunque el número de estudiantes que inician la educación superior ha
aumentado rápidamente en los últimos años, aún queda trabajo por hacer para
alcanzar la media de la UE y el objetivo nacional fijado en la Estrategia
Europa 2020. No está claro que la reforma de la educación superior que se está
llevando a cabo pueda facilitar el acceso a los alumnos desfavorecidos.
(16)     La
aplicación de las medidas incluidas en el Plan Szell Kalman, que se propone
mejorar la rentabilidad y la eficiencia del transporte público, podría sufrir
retrasos considerables y la ausencia de una estrategia de transporte integral
afecta negativamente a la sostenibilidad financiera del sistema de transporte.
Aunque Hungría ha aumentado de forma adecuada las interconexiones de la red
eléctrica con sus países vecinos, tal como se recomendó en 2012, siguen siendo
motivo de precupación la falta de independencia de la autoridad reguladora del
sector energético para fijar las tarifas energéticas y la alta proporción de
precios energéticos regulados.
(17)     En el
contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la
política económica de Hungría, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa
Nacional de Reformas y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
fiscal y la política económica de Hungría, sino también su conformidad con las
normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza
económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE
en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del
Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a
continuación.
(18)     A la
luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de
Hungría, y su dictamen[9] se refleja, en particular, en la
recomendación 1 que figura a continuación.
(19)     A la
luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa
de Convergencia. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del
Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5 y
7 que figuran a continuación.

RECOMIENDA que
Hungría actúe en el período 2013-2014 a fin de:
1.           Aplicar
una estrategia presupuestaria creíble y favorable al crecimiento, especificando
las medidas necesarias centradas en ahorros por el lado de los gastos, y
mantener una situación presupuestaria sólida cumpliendo el objetivo a medio
plazo a lo largo del periodo cubierto por el programa. Basándose en las medidas
anteriores, situar el ratio de deuda de las administraciones públicas en una
firme tendencia decreciente, con vistas, en particular, a reducir los desequilibrios
macroeconómicos acumulados. Promover el marco presupuestario a medio plazo
haciéndolo más vinculante y basándolo en reglas numéricas. Ampliar el mandato
del Consejo Presupuestario, particularmente mediante un control ex post
sistemático del cumplimiento de las reglas presupuestarias numéricas y mediante
la elaboración de previsiones presupuestarias periódicas y la realización de
evaluaciones de los efectos presupuestarios de las principales medidas
propuestas.
2.           Contribuir
a restablecer un flujo normal de crédito a la economía, principalmente
mejorando la capacidad de acumulación de capital del sector financiero, en
especial reduciendo las cargas excesivas impuestas actualmente a dicho sector.
Mejorar la calidad de la cartera eliminando los activos tóxicos de los balances
de los bancos, consultar a las partes interesadas acerca de las nuevas
iniciativas y garantizar que las nuevas medidas no aumenten el riesgo moral
para los prestatarios. Promover la regulación y supervisión del sector
financiero, en particular confiriendo a la autoridad húngara de supervisión
financiera facultades más eficaces para actuar en caso de urgencia y
estableciendo un sistema de resolución de entidades bancarias.
3.           Garantizar
un impuesto de sociedades estable, más equilibrado y predecible. Racionalizar
la imposición de las sociedades y minimizar las distorsiones de la asignación
de recursos causadas por impuestos sectoriales específicos, con el fin de
fomentar el crecimiento y el empleo. Seguir haciendo más favorable al empleo la
fiscalidad del trabajo, disminuyendo la presión fiscal sobre los trabajadores
de bajos salarios, particularmente mejorando los criterios de elegibilidad de
la Ley de protección del empleo y reorientando la fiscalidad hacia los
impuestos medioambientales. Aplicar plenamente y reforzar las medidas ya
anunciadas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
reducir el coste de cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4.           Combatir
el desempleo juvenil, por ejemplo, mediante un mecanismo de garantía destinado
a los jóvenes. Reforzar las políticas activas del mercado de trabajo y mejorar
el sistema de establecimiento del perfil del cliente del servicio público de
empleo. Reducir el predominio del programa de obras públicas entre las medidas
en favor del empleo y reforzar sus elementos de activación. Fortalecer los
programas de formación para estimular la participación en el aprendizaje
permanente. Seguir aumentando el número de guarderías para promover la
participación de las mujeres en el mercado laboral. Garantizar que el objetivo
de la estrategia nacional de inclusión social se integre en todos los ámbitos
de actuación con objeto de reducir la pobreza, particularmente entre los niños
y los gitanos.
5.           Crear
un entorno empresarial favorable, restableciendo en particular un marco
atractivo para las inversiones extranjeras directas, por medio de un aumento de
la estabilidad del marco reglamentario y de un fomento de la competencia en el
mercado. Garantizar la rápida aplicación de las medidas previstas para reducir
las cargas administrativas, mejorar la competencia en la contratación pública y
adoptar medidas adecuadas para combatir la corrupción. Abordar las
preocupaciones existentes en relación con la independencia del poder judicial.
Suprimir las barreras de acceso al sector de servicios, incluidos los servicios
minoristas. Ofrecer incentivos selectivos para apoyar a las empresas
innovadoras.
6.           Aplicar
una estrategia nacional en materia de abandono escolar prematuro y garantizar
que el sistema educativo proporciona a todos los jóvenes conocimientos,
competencias y cualificaciones adecuados para acceder al mercado de trabajo.
Mejorar el acceso a un sistema general de educación favorable a la inclusión,
particularmente para los gitanos. Respaldar la transición entre diferentes
etapas del proceso educativo y hacia el mercado de trabajo. Realizar una
reforma de la enseñanza superior que permita una mayor tasa de titulación en
este nivel de enseñanza, particularmente para los estudiantes desfavorecidos.
7.           Abolir
gradualmente los precios energéticos regulados, garantizando al mismo tiempo la
protección efectiva de los consumidores económicamente vulnerables. Tomar
nuevas medidas para garantizar la independencia de la autoridad nacional de
regulación. Garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales
del sector de transportes reduciendo sus costes de funcionamiento y aumentando
sus ingresos.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO
L 209 de 2. 8.1997, p. 1.
[2]               DO
L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2013)
367 final.
[4]               P7_TA(2013)0052
y P7_TA(2013)0053.
[5]               Decisión
2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013.
[6]               COM(2012) 750 final.
[7]               COM(2012) 751 final.
[8]               SWD(2013) 119 final.
[9]               De
conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo.