               12.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/1

         Recomendaciones del SEPD sobre las opciones de la UE en cuanto a la reforma de la protección de datos
   (El texto completo puede encontrarse en inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD www.edps.europa.eu)
   (2015/C 301/01)
   El 24 de junio de 2015, las tres instituciones principales de la UE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, entablaron las negociaciones de codecisión relativas a la propuesta de Reglamento general de protección de datos (RGPD), un procedimiento conocido como «diálogo tripartito» informal (1). La base del diálogo tripartito es la propuesta de la Comisión de enero de 2012, la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 2014 y el planteamiento general del Consejo de 15 de junio de 2015 (2). Las tres instituciones se han comprometido a tratar el RGPD como parte de una reforma más amplia del paquete de protección de datos, que incluye la propuesta de Directiva relativa a las actividades policiales y judiciales. El proceso debería concluir a finales de 2015 y, probablemente, permitiría la adopción formal de los dos instrumentos a comienzos de 2016, a lo que seguiría un período transitorio de dos años (3).
   El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) es una institución independiente de la UE. El Supervisor no participa en el diálogo tripartito, pero vela, con arreglo al artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, «por lo que respecta al tratamiento de los datos personales, […] por que los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho de las mismas a la intimidad, sean respetados por las instituciones y los organismos comunitarios y asesorará a las instituciones y a los organismos comunitarios, así como a los interesados, en todas las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales». El Supervisor y el Supervisor Adjunto fueron designados en diciembre de 2014, con el mandato concreto de ser más constructivos y activos, y en marzo de 2015 publicaron una estrategia quinquenal en la que indican cómo pretenden llevar a la práctica dicho mandato y rendir cuentas al respecto (4).
   Este dictamen es el primer hito en la estrategia del SEPD. Sobre la base de los debates celebrados con las instituciones de la UE, los Estados miembros, la sociedad civil, la industria y otras partes interesadas, nuestro dictamen tiene por objeto ayudar a los participantes en el diálogo tripartito a alcanzar a tiempo el consenso adecuado. Trata sobre el RGPD en dos partes:

               —

               la visión del SEPD respecto a normas sobre protección de datos de futuro, con ejemplos ilustrativos de nuestras recomendaciones y

               —

               un anexo («Anexo al Dictamen 3/2015: Cuadro comparativo de textos del RGPD con la recomendación del SEPD»), que incorpora un cuadro de cuatro columnas para la comparación, artículo por artículo, de la versión del RGPD aprobada, respectivamente, por la Comisión, el Parlamento y el Consejo, junto a la recomendación del SEPD.

         El Dictamen se publica en nuestro sitio web y a través de una aplicación móvil. Se complementará en otoño de 2015 con recomendaciones referidas tanto a los considerandos del RGPD como, una vez que el Consejo haya adoptado su posición común en relación con la Directiva, a la protección de datos aplicable a las actividades policiales y judiciales.
   Sigue siendo vigente el exhaustivo Dictamen del SEPD sobre el paquete de reformas propuesto por la Comisión en 2012. Tres años después, no obstante, tenemos que actualizar nuestro dictamen para abordar más directamente las posiciones de los colegisladores y ofrecer recomendaciones concretas (5). Al igual que el Dictamen de 2012, este se atiene a las opiniones y declaraciones del Grupo de trabajo del artículo 29, incluido el «Apéndice» sobre «Temas principales en vista de la celebración del diálogo tripartito» aprobado el 17 de junio, al que el SEPD contribuyó en calidad de miembro de pleno derecho del Grupo de trabajo (6).

      Una oportunidad única: ¿Por qué es tan importante esta reforma?

      La UE se halla en el último tramo del esfuerzo maratoniano emprendido para reformar sus normas sobre información personal. El Reglamento general de protección de datos afectará potencialmente, durante los próximos decenios, a todas las personas de la UE, a todas las organizaciones de la Unión que tratan datos personales y a las organizaciones externas a la UE que tratan datos personales referidos a personas en la UE (7). Ha llegado la hora de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas en la sociedad de la información del futuro.

      Una protección de datos eficaz capacita a la persona y supone un impulso para las empresas responsables y para las autoridades. La legislación en este ámbito es compleja y técnica y exige recomendaciones especializadas procedentes, sobre todo, de autoridades de protección de datos independientes que comprendan las dificultades que entraña el cumplimiento. Es probable que el RGPD se convierta en uno de los textos más largos de la legislación de la Unión, por lo que procede que la UE trate de ser selectiva y se centre en las disposiciones que son realmente necesarias, evitando detalles que pudieran acarrear como consecuencia imprevista el interferir indebidamente en las futuras tecnologías. Los textos de cada institución predican claridad e inteligibilidad en el tratamiento de los datos personales: así pues, el RGPD debe predicar con el ejemplo, siendo tan conciso e inteligible como sea posible.

      Corresponde al Parlamento y al Consejo, en calidad de colegisladores, determinar el texto jurídico final auxiliados por la Comisión, en su calidad de iniciadora de la legislación y guardiana de los Tratados. El SEPD no forma parte de las negociaciones «tripartitas», aunque sí le corresponde la competencia jurídica de ejercer una función consultiva de manera activa, con arreglo al mandato encomendado al Supervisor y el Supervisor Adjunto en el momento de su nombramiento y a la estrategia reciente del SEPD. El Dictamen se articula sobre más de un decenio de experiencia en la supervisión del cumplimiento de la protección de datos y el asesoramiento en materia de políticas con objeto de ayudar a las instituciones a lograr unos resultados que redunden en interés de las personas.

      La legislación es el arte de lo posible. Las opciones encima de la mesa, en la forma de los correspondientes textos preferidos por la Comisión, el Parlamento y el Consejo, contienen numerosas disposiciones valiosas, aunque todos ellos pueden mejorarse. El resultado no será perfecto, en nuestra opinión, aunque tenemos la intención de prestar apoyo a las instituciones para lograr el mejor resultado posible. Por este motivo, nuestras recomendaciones se ciñen a los límites de los tres textos. Nos impulsan tres preocupaciones constantes:

               —

               lograr un mejor acuerdo para los ciudadanos,

               —

               definir unas normas que funcionen en la práctica,

               —

               definir unas normas que perduren a lo largo de una generación.

      El presente Dictamen es un ejercicio de transparencia y responsabilidad, dos principios que representan, acaso, la más destacada novedad del RGPD. El proceso de diálogo tripartito está siendo objeto de un examen más riguroso que nunca. Nuestras recomendaciones son públicas e instamos a las instituciones de la UE a que tomen la iniciativa y prediquen con el ejemplo, de manera que esta reforma legislativa sea el resultado de un proceso transparente y no un compromiso secreto.

      La UE precisa de un nuevo acuerdo sobre protección de datos, un nuevo capítulo. El resto del mundo observa atentamente. Son fundamentales calidad de la nueva legislación y el modo en que interaccione con los sistemas jurídicos y las tendencias mundiales. Con el presente Dictamen, el SEPD pone de manifiesto su voluntad y disposición a contribuir a que la UE aproveche al máximo esta oportunidad histórica.
   1.   Lograr un mejor acuerdo para los ciudadanos

   Las normas de la UE han tratado siempre de facilitar el flujo de datos dentro de la UE y entre esta y sus socios comerciales, si bien con una preocupación constante por los derechos y libertades de la persona. Internet ha permitido un grado de conectividad y expresión y ofrecido un margen para la creación de valor sin precedentes para las empresas y los consumidores. Sin embargo, la privacidad tiene más importancia que nunca para los europeos. Según la encuesta del Eurobarómetro sobre protección de datos de junio de 2015 (8), más de seis de cada diez ciudadanos no confían en las empresas en línea, mientras que dos terceras partes de los encuestados se muestran preocupados por no ejercer un control completo sobre la información que facilitan por Internet.
   El marco reformado tiene que mantener y, donde sea posible, elevar el nivel de protección de las personas. El paquete de reforma de la protección de datos se propuso, en un principio, a modo de vehículo para el «fortalecimiento de los derechos de privacidad en línea» garantizando que las personas estén «mejor informadas sobre sus derechos y ejerzan un mayor control sobre su información» (9). Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil enviaron, en abril de 2015, una carta a la Comisión en la que urgían a las instituciones a que se atuvieran a estas intenciones (10).
   Los principios vigentes recogidos en la Carta, la legislación primaria/de base? de la UE, deben aplicarse de manera coherente, dinámica e innovadora, de manera que sean eficaces para el ciudadano en la práctica. La reforma tiene que ser exhaustiva, de ahí el compromiso con el desarrollo de un paquete, aunque, dado que es probable que el tratamiento de datos se aborde en instrumentos jurídicos distintos, habrá de establecerse con claridad su ámbito de aplicación exacto y el modo en que aquellos interactúan, de manera que no existan lagunas que permitan vulnerar las salvaguardias (11).
   Para el SEPD, el punto de partida es la dignidad de la persona, que trasciende las cuestiones referidas al mero cumplimiento jurídico de la normativa (12). Nuestras recomendaciones se basan en una evaluación de cada artículo del RGPD, de manera individual y acumulativa, conforme a si supondrá una mejora de la situación de la persona en comparación con el marco vigente. El punto de referencia son los principios en los que se fundamenta la protección de datos, es decir, los recogidos en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales (13).
   1.1.   Definiciones: aclaremos qué es información personal

   Las personas deben ejercer de un modo más eficaz sus derechos en lo tocante a cualquier información que pueda servir para identificarlas o señalarlas, incluso si la información se considera «seudonimizada» (14).
   1.2.   Todo tratamiento de datos debe ser tanto legal como estar justificado

               —

               Las exigencias con arreglo a las que todo tratamiento de datos ha de limitarse a una finalidad concreta y basarse en un fundamento jurídico son acumulativas, no alternativas. Recomendamos evitar cualquier fusión que debilite estos principios. En lugar de ello, la UE debe conservar, simplificar y hacer operativo el concepto de que los datos personales solo deben emplearse de manera compatible con la finalidad original para la que fueron recopilados (15).

               —

               El consentimiento es un fundamento jurídico posible para el tratamiento, aunque hemos de evitar formularios que contengan casillas coercitivas en las que no se ofrezcan a la persona opciones razonables o exijan la aportación de unos datos cuyo tratamiento no sea en absoluto necesario. Recomendamos permitir que las personas otorguen un consentimiento amplio o restringido a la realización, por ejemplo, de un examen clínico, que se respete y que pueda retirarse (16).

               —

               El SEPD apoya unas soluciones sólidas e innovadoras para la transferencia internacional de información nacional que facilite los intercambios de datos y respete los principios de protección y supervisión de los datos. Recomendamos enérgicamente que no se permitan las transferencias basadas en los intereses legítimos del responsable del tratamiento en vista del grado insuficiente de protección de la persona, y que no se abran las puertas de la UE al acceso directo a datos ubicados en su territorio por parte de autoridades de terceros países. Cualquier solicitud de transferencia expedida por las autoridades de un tercer país se reconocerá únicamente si respeta las normas establecidas en tratados bilaterales de asistencia jurídica, acuerdos internacionales u otros canales jurídicos de cooperación internacional (17).

         1.3.   Una supervisión más independiente y fidedigna

               —

               Las autoridades de protección de datos de la UE deben estar listas para ejercer sus funciones en el momento en que entre en vigor el RGPD y el Consejo Europeo de Protección de Datos habrá de estar plenamente operativo tan pronto como el Reglamento empiece a aplicarse (18).

               —

               Las autoridades deben estar en condiciones de escuchar e investigar las quejas y reclamaciones que les presenten interesados u organismos, organizaciones y asociaciones.

               —

               El ejercicio de los derechos individuales exige un sistema de responsabilidad eficaz y la indemnización por los daños causados por el tratamiento ilícito de los datos. Habida cuenta de los claros obstáculos que impiden obtener una compensación en la práctica, las personas podrán ser representadas por órganos, organizaciones y asociaciones en los procedimientos judiciales (19).

         2.   Definir unas normas que funcionen en la práctica

   Las salvaguardias no han de confundirse con meras formalidades. Un exceso de detalles o el intento de «microgestionar» los procesos operativos entraña el riesgo de obsolescencia en el futuro. Aquí cabría seguir el ejemplo del manual de competencia de la UE, en el que un corpus limitado de legislación secundaria se aplica de manera rigurosa y fomenta una cultura de la responsabilidad y la concienciación entre las empresas (20).
   Cada uno de los tres textos exige una claridad y una simplicidad mayores por parte de los responsables del tratamiento de la información personal (21). Igualmente, las obligaciones técnicas deben ser asimismo concisas y fácilmente comprensibles si lo que se pretende es que los responsables del control las apliquen correctamente (22).
   Los procedimientos existentes no son sacrosantos: nuestras recomendaciones aspiran a identificar métodos de desburocratizar y minimizar las exigencias de documentación y de trámites irrelevantes. Recomendamos legislar únicamente donde sea verdaderamente necesario. Ello ofrece margen de maniobra a las empresas, las autoridades públicas o las autoridades de protección de datos: un espacio que ha de colmarse con responsabilidad y orientaciones procedentes de las autoridades de protección de datos. En general, nuestras recomendaciones darían lugar un texto del RGPD casi un 30 % más breve que la longitud media de los documentos de las tres instituciones (23).
   2.1.   Salvaguardias eficaces, no procedimientos

               —

               La documentación debe constituir un medio, no un fin para el cumplimiento; la reforma ha de centrarse en los resultados. Recomendamos un planteamiento «escalable» que reduzca las obligaciones en materia de documentación impuestas sobre los responsables del control y establezca un política única sobre el modo en que aquellos cumplirán la reglamentación, teniendo en cuenta los riesgos, y demostrarán el cumplimiento de manera transparente en lo que concierne a las transferencias, los contratos con los responsables del tratamiento o las notificaciones de infracciones (24).

               —

               Sobre la base de unos criterios de evaluación del riesgo explícitos, y ateniéndonos a nuestra experiencia en la supervisión de las instituciones de la UE, recomendamos exigir la notificación de las infracciones en materia de tratamiento de datos a la autoridad de control y la realización de evaluaciones de impacto de la protección de datos únicamente en caso de que los derechos y las libertades de los interesados se encuentren en peligro (25).

               —

               Deben fomentarse activamente las iniciativas de la industria, bien a través de normas empresariales vinculantes o de distintivos de protección de la intimidad (26).

         2.2.   Un mejor equilibrio entre el interés público y la protección de los datos personales

               —

               Las normas sobre protección de datos no deben obstaculizar la realización de investigaciones históricas, estadísticas y científicas que redunden verdaderamente en el interés público. Los responsables habrán de establecer los regímenes necesarios para evitar que la información personal se utilice en contra de los intereses de la persona y prestarán especial atención a las normas que regulan el tratamiento de la información sanitaria sensible, por ejemplo (27).

               —

               Los investigadores y archiveros deberán estar en condiciones de conservar los datos durante todo el tiempo que sea preciso ateniéndose a tales salvaguardias (28).

         2.3.   Confianza en las autoridades de control y capacitación de estas

               —

               Recomendamos que las autoridades de control puedan publicar orientaciones para los responsables del tratamiento de datos y que puedan desarrollar sus propios reglamentos internos en el marco de una aplicación simplificada y más sencilla del RGPD a través de una única autoridad de control («ventanilla única») próxima al ciudadano («proximidad») (29).

               —

               Las autoridades deben estar en condiciones de imponer unas sanciones compensatorias y administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias basadas en todas las circunstancias pertinentes (30).

         3.   Definir unas normas que perduren a lo largo de una generación

   El pilar fundamental del marco vigente, la Directiva 95/46/CE, ha sido un modelo para el desarrollo de legislación adicional en materia de tratamiento de datos en la UE y en todo el mundo e incluso ha constituido la base para la formulación del derecho a la protección de los datos personales recogida en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Esta reforma dará forma al tratamiento de datos para una generación que no recuerde haber vivido sin Internet. La UE debe, pues, comprender plenamente las repercusiones de este acto en las personas y su sostenibilidad en vista del desarrollo tecnológico.
   A lo largo de los últimos años se ha producido un incremento exponencial de la recopilación de datos, el análisis y el intercambio de información personal, el resultado de innovaciones tecnológicas como la «Internet de las cosas», la computación en nube, los macrodatos (big data) y los datos de libre acceso (open data), cuya explotación se considera esencial en la UE para su competitividad (31). A juzgar por la longevidad de la Directiva 95/46/CE, es razonable prever un plazo similar antes de que se produzca la siguiente revisión importante de la normativa de protección de datos, acaso no antes del decenio de 2030. Mucho antes de dicha fecha, cabe prever una convergencia de las tecnologías basadas en los datos con la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguajes naturales y los sistemas biométricos, lo que permitirá el desarrollo de aplicaciones dotadas de una capacidad de aprendizaje artificial y una inteligencia avanzada.
   Estas tecnologías suponen un desafío para los principios de la protección de datos. Una reforma orientada hacia el futuro debe fundamentarse, pues, en la dignidad de la persona y estar basada en criterios éticos. Debe corregir el desequilibrio entre la innovación en la protección de los datos personales y su explotación, estableciendo unas salvaguardias eficaces en nuestra sociedad digital.
   3.1.   Prácticas empresariales responsables y técnicas innovadoras

               —

               La reforma debe invertir la tendencia reciente hacia el seguimiento secreto y la adopción de decisiones basada en perfiles ocultos de la persona. El problema no es la publicidad personalizada o la práctica de la elaboración de perfiles, sino, más bien, la falta de información adecuada sobre la lógica algorítmica a partir de la que se desarrollan tales perfiles y que repercute en el interesado (32). Recomendamos un mayor grado de transparencia por parte de los responsables del tratamiento de datos.

               —

               Apoyamos firmemente, asimismo, la introducción de los principios de la protección de datos desde la fase de concepción y por defecto como medio para impulsar unas soluciones comerciales en la economía digital. Recomendamos una formulación más sencilla de las exigencias de integración de los derechos e intereses de la persona en el desarrollo de productos y en las opciones por defecto (33).

         3.2.   Personas capacitadas

   La transferibilidad de los datos es la puerta que, en el medio digital, conduce al control del usuario del que los ciudadanos están dándose cuenta de que carecen. Recomendamos habilitar la transferencia directa de datos de un responsable de su tratamiento a otro a petición del interesado y facultar a este para recibir una copia de los datos que pueda transferir a otro responsable (34).
   3.3.   Normas a prueba de la evolución futura

   Recomendamos evitar un lenguaje y unas prácticas proclives a quedar desfasados o tornarse debatibles (35).
   4.   Asunto inconcluso

   La adopción de un paquete de reforma de la legislación en materia de datos de futuro constituirá un logro impresionante y, pese a todo, incompleto.
   Todas las instituciones están de acuerdo en que los principios del RGPD deben aplicarse de manera coherente a todas las instituciones de la UE. Hemos abogado por la seguridad y uniformidad jurídicas del marco jurídico, sin dejar de reconocer el carácter único del sector público de la UE y la necesidad de evitar cualquier debilitamiento del nivel actual de las obligaciones (así como la necesidad de ofrecer la base jurídica y organizativa necesaria para el SEPD). La Comisión debería, pues, presentar una propuesta coherente con el RGPD para la revisión del Reglamento (CE) no 45/2001 tan pronto como sea posible, una vez hayan concluido las conversaciones sobre el Reglamento general, de manera que ambos textos entren en vigor al mismo tiempo (36).
   En segundo lugar, está claro que la Directiva 2002/58/CE (sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) tendrá que modificarse. Y, lo que es mucho más importante, la UE precisa de un marco claro en cuanto a la confidencialidad de las comunicaciones, un elemento integrante del derecho a la intimidad que rija todos los servicios que incluyan comunicaciones, no solamente los prestados por los proveedores de comunicaciones electrónicas de acceso público. Ello ha de llevarse a cabo por medio de un reglamento de armonización que genere seguridad jurídica y establezca, cuando menos, los mismos niveles de protección que la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas en una situación de igualdad de condiciones.
   El presente Dictamen recomienda, pues, que se alcance un compromiso para la adopción rápida, lo antes posible, de propuestas en estos dos ámbitos.
   5.   Un momento crucial para los derechos digitales dentro y fuera de Europa

   Por vez primera en una generación, la UE tiene la opción de modernizarse y armonizar las normas con arreglo a las que se gestiona la información personal. La privacidad y la protección de datos no están en conflicto con el crecimiento económico y el comercio internacional ni con la prestación de servicios o la oferta de productos excelentes: forman parte de una propuesta de calidad y valor. Tal como reconoce el Consejo Europeo, la confianza es una condición previa necesaria para unos productos y servicios innovadores que se basen en el tratamiento de los datos personales.
   En 1995, la UE se situó a la vanguardia de la protección de datos. Hoy, más de 100 países de todo el mundo disponen de leyes de protección de datos y menos de la mitad de ellos son países europeos (37). La UE, no obstante, sigue siendo objeto de una atenta observación por parte de los países que están considerando establecer o revisar sus marcos jurídicos. La situación actual, en la que la confianza de la ciudadanía en las empresas y los gobiernos se ha visto menoscabada por la revelación de la existencia de actividades masivas de vigilancia e infracciones de los derechos a la protección de los datos, conlleva una gran responsabilidad impuesta sobre los legisladores de la UE, pues cabe prever que las decisiones que adopten este año tengan repercusiones dentro y fuera de Europa.
   En opinión del SEPD, los textos del RGPD se hallan en el buen camino, aunque siguen existiendo ciertos motivos de preocupación, en algunos casos de índole muy grave. En el marco del proceso de codecisión, existe siempre el riesgo de que determinadas disposiciones se vean debilitadas por la actuación de negociadores bienintencionados que pretenden lograr un compromiso político. El caso de la reforma de la legislación de protección de datos es distinto, ya que se trata de derechos fundamentales y del modo en que estos se protegerán a lo largo de una generación.
   Sobre esta base, el presente Dictamen desea asistir a las principales instituciones de la UE en la resolución de problemas. No solo deseamos unos derechos más sólidos para los interesados y un mayor grado de responsabilidad para el responsable del tratamiento, también queremos facilitar la innovación con un marco jurídico que sea neutral en materia tecnológica y favorable en lo que atañe a las ventajas que la tecnología puede aportar a la sociedad.
   Con las negociaciones en su tramo final, esperamos que nuestras recomendaciones ayuden a la UE a alcanzar la línea de meta con una reforma que siga siendo apta a lo largo de los años y los decenios venideros: un nuevo capítulo para la protección de datos con una perspectiva global y con la UE al frente, predicando con el ejemplo.

      Hecho en Bruselas, el 27 de julio de 2015.

         Giovanni BUTTARELLI

            Supervisor Europeo de Protección de Datos

      (1)  Declaraciones comunes, Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las modalidades prácticas del procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE) (2007/C 145/02) (DO C 145, 30.6.2007).

      (2)  COM(2012) 11 final; Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general sobre protección de datos), COM(2012) 11 final, P7_TA(2014)0212; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), preparación de un planteamiento general, documento del Consejo 9565/15, 11.6.2015.

      (3)  El título extenso es «Propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos», COM(2012)10 final; Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, P7_TA(2014)0219. Sobre los plazos y el alcance del diálogo tripartito, véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de 25-26 de junio de 2015 (EUCO 22/15); en la conferencia de prensa conjunta Parlamento-Consejo-Comisión relativa al diálogo tripartito, se hizo mención de una «hoja de ruta»: http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?id=690e8d8d-682d-4755-bfb6-a4c100eda4ed [consultado por última vez el 20.7.2015], aunque aquella no se ha publicado de manera oficial. El RGPD entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial y está previsto que sea plenamente aplicable dos años después de su entrada en vigor (artículo 91).

      (4)  Vacante para el puesto de Supervisor Europeo de Protección de Datos, COM/2014/10354 (2014/C 163 A/02), DO C 163 A/6 28.5.2014. En la Estrategia del SEPD 2015-2019 se prometió «buscar soluciones que eviten la burocracia, conserven la flexibilidad para la innovación tecnológica y los flujos de datos transfronterizos y permitan a las personas ejercer sus derechos más eficazmente en Internet y fuera de Internet»; Leading by example: The EDPS Strategy 2015-2019, marzo de 2015.

      (5)  Dictamen del SEPD sobre el paquete de reforma de la legislación en materia de protección de datos, 7.3.2015.

      (6)  Véase el anexo a la carta del Grupo de trabajo del artículo 29 a Vĕra Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, 17.6.2015.

      (7)  No es fácil resumir sucintamente el ámbito de aplicación material y territorial del RGPD. Las instituciones parecen convenir, al menos, en que dicho ámbito comprende las organizaciones establecidas en la UE y responsables del tratamiento de datos personales dentro o fuera de la Unión y las organizaciones establecidas fuera de la UE que tratan datos personales de personas en la UE al ofrecerles productos o servicios o que efectúan un seguimiento individualizado en la UE. (Véase el artículo 2 en relación con el ámbito de aplicación material y el artículo 3 en lo que atañe al territorial).

      (8)  Otros resultados incluyeron que siete de cada diez encuestados expresara preocupación por que la información se utilice con fines distintos de aquel para el que se recabó, que uno de cada siete declarara que se le debería pedir su aprobación explícita en todos los casos antes de recopilar y tratar sus datos y que dos de cada tres considerara importante que se pudiera transferir información de un proveedor de servicios anterior a otro nuevo; Eurobarómetro especial 431 sobre protección de datos, junio de 2015. Se obtuvieron resultados comparables en el estudio Pew de 2014, con arreglo al que un 91 % de los estadounidenses expresó su percepción de haber perdido el control sobre el modo en que las empresas recogen y utilizan la información personal, un 80 % de los usuarios de redes sociales se manifestó preocupado por el modo en que terceros, como anunciantes o empresas, obtienen sus datos y un 64 % declaró que el Gobierno debería hacer algo más para regular la actuación de los anunciantes; Pew Research Privacy Panel Survey, enero de 2014.

      (9)  La Comisión propone una reforma exhaustiva de las normas de protección de datos para incrementar el control de los usuarios con respecto a sus datos y ahorrar costes a las empresas.

      (10)  Carta de ONG al Presidente Juncker, 21.4.2015 https://edri.org/files/DP_letter_Juncker_20150421.pdf y respuesta del Jefe de Gabinete del Vicepresidente Timmermans, 17.7.2015 https://edri.org/files/eudatap/Re_EC_EDRi-GDPR.pdf [consultadas el 23.7.2015]. El SEPD se reunió, en mayo de 2015, con representantes de varias de estas ONG para debatir sobre sus preocupaciones. Comunicado de prensa EDPS/2015/04, 1.6.2015, Reforma del régimen de protección de datos de la UE: SEPD se reúne con grupos internacionales de defensa de las libertades civiles; grabación íntegra del debate disponible en el sitio web del SEPD (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Videos/GDPR_civil_soc).

      (11)  Artículo 2, apartado 2, letra e).

      (12)  Artículo 1.

      (13)  El artículo 8 de la Carta establece lo siguiente [se ha añadido el énfasis]:

                  1.

                  Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.

                  2.

                  Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación.

                  3.

                  El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.

      (14)  Artículo 10. A menos que exista una definición clara y vinculante de «datos seudonimizados» distinta de la de «datos personales», este tipo de datos debe mantenerse dentro del ámbito de protección de las normas de protección de datos.

      (15)  Artículos 6.2 y 6.4. En vista de que hay cierta incertidumbre a propósito del significado de «compatibilidad», recomendamos ceñirse al Dictamen del GT29 sobre la limitación de la finalidad, criterios generales para la evaluación de si el tratamiento es compatible (véase el artículo 5, apartado 2).

      (16)  Una separación funcional efectiva constituye un medio de garantizar un tratamiento legal en ausencia de consentimiento, aunque la interpretación del interés legítimo no ha de llevarse al extremo. Un derecho de exclusión (opt out) incondicional también puede constituir una alternativa adecuada en ciertas situaciones. Evaluar si el consentimiento se otorga libremente depende en parte de a) si existe un desequilibrio significativo entre el interesado y el responsable del tratamiento y b) en casos en que el tratamiento se ciña a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), si la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio se supedita a un consentimiento del tratamiento de datos que no es necesario para tales fines. (Véase el artículo 7, apartado 4). Ello refleja la disposición recogida en la legislación de protección del consumidor de la UE: con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, «las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato».

      (17)  Tales normas comprenden decisiones sobre idoneidad referidas a sectores y territorios específicos, revisiones periódicas de las decisiones sobre idoneidad y normas empresariales vinculantes. Véanse los artículos 40 a 45.

      (18)  Artículo 73.

      (19)  Artículo 76. A propósito de la dificultad de obtener una compensación en caso de infracción de las normas de protección de datos, consúltese el informe de la Agencia de Derechos Fundamentales, «Acceso a las vías de recurso en materia de protección de datos en los Estados miembros de la Unión Europea», 2013.

      (20)  Las normas de la UE hacen hincapié en la autoevaluación de las empresas en lo que concierne al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE sobre la prohibición de los acuerdos contrarios a la competencia, mientras que a las empresas dominantes en un mercado les corresponde la «responsabilidad especial» de evitar cualquier actuación que pueda menoscabar la competencia efectiva (apartado 9 de las Orientaciones de la Comisión 2009/C 45/02); véase el Dictamen preliminar del SEPD sobre la privacidad y la competitividad en la era de los macrodatos, 14.3.2014.

      (21)  Los tres textos se refieren de manera diversa al «modo y forma inteligibles, utilizando para ello un lenguaje sencillo y claro» (considerando 57, PE; artículo 19 COM y Consejo), y a ser «claros e inequívocos» (considerando 99, PE; artículo 10 bis, PE) y ofrecer «información clara y fácilmente comprensible» (artículo 10, PE, artículo 11, PE) e información que sea «concisa, transparente, sencilla y fácilmente accesible» (considerando 25, PE, COM y Consejo; artículo 11, PE).

      (22)  Las disposiciones relativas a los actos delegados se han eliminado en su mayoría en las versiones del Parlamento y el Consejo. Creemos que la UE podría ir más allá y someter estos asuntos técnicos al criterio experto de autoridades independientes.

      (23)  Nuestras recomendaciones darían lugar a un texto de unas 20 000 palabras; la longitud media de los textos de las tres instituciones es de aproximadamente 28 000 palabras.

      (24)  Artículo 22.

      (25)  Artículos 31 y 33.

      (26)  Artículo 39.

      (27)  Artículo 83. La investigación y el archivo no constituyen, en sí mismos, un fundamento jurídico para el tratamiento, motivo por el que recomendamos la supresión del artículo 6, apartado 2.

      (28)  Artículo 83 bis.

      (29)  El GT29 ha desarrollado una visión en lo que atañe a la gobernanza, el mecanismo de coherencia y la ventanilla única basada en la confianza en unas autoridades responsables del tratamiento de datos independientes y la ha establecido en tres niveles:

               —

               la autoridad concreta, fuerte y plenamente dotada de los recursos necesarios para tratar los asuntos que le competen;

               —

               una cooperación eficaz entre las autoridades y una definición clara de la competencia en casos transfronterizos;

               —

               el CEPD, que debe ser autónomo, estar dotado de una personalidad jurídica propia y de fondos suficientes, integrado por autoridades responsables del tratamiento equivalentes que cooperen solidariamente y facultado para adoptar decisiones vinculantes y contar con el apoyo de una secretaría que preste su servicio al consejo a través de la presidencia.

      (30)  También recomendamos clarificar las competencias de las autoridades de control y la designación de una autoridad principal en casos de tratamiento internacional, conservando las primeras la capacidad de tramitar asuntos enteramente locales. Recomendamos simplificar el mecanismo de coherencia, aclarando en mayor medida el modo de identificar los casos en que las autoridades de control tendrán que consultar al Consejo Europeo de Protección de Datos y aquellos en que dicho Consejo tendrá que emitir una resolución vinculante para garantizar la aplicación coherente del Reglamento.

      (31)  Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, COM(2015) 192 final; Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2015, EUCO 22/15; Conclusiones del Consejo sobre la transformación digital de la industria europea, 8993/15.

      (32)  Artículo 14, letra h).

      (33)  Artículo 23.

      (34)  Artículo 18. Recomendamos asimismo que, para garantizar su eficacia, se establezca un ámbito de aplicación amplio al derecho de transferibilidad de los datos y que aquel no se aplique únicamente a las operaciones de tratamiento que utilicen datos aportados por el interesado.

      (35)  Recomendamos, por ejemplo, omitir términos como «en línea», «por escrito» y «la sociedad de la información».

      (36)  Preferiríamos la opción de incluir una disposición en el propio RGPD.

      (37)  Greenleaf, Graham, «Global Data Privacy Laws 2015: 109 Countries, with European Laws Now a Minority» (30 de enero de 2015); (2015) 133 Privacy Laws & Business International Report, febrero de 2015; UNSW Law Research Paper No 2015-21.


Aviso jurídico importante

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52007SC0191

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia del Reino Unido (2006/2007-2011/2012)  /* SEC/2007/0191 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 13.2.2007SEC(2007) 191 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia del Reino Unido (2006/2007-2011/2012)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSContexto generalEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, se basa en el objetivo de finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para un crecimiento sólido y sostenible que conduzca a la creación de empleo. La reforma de 2005, aun reconociendo la utilidad del Pacto como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales [los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)]. El Reino Unido presentó su primer programa de convergencia en diciembre de 1998. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 8 de febrero de 1999, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.Contexto de la evaluación del programa actualizadoLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de convergencia del Reino Unido, presentada el 18 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre dicha actualización (en el recuadro se recogen los principales aspectos abordados en la evaluación).Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de convergencia actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años;2.  la situación del país respecto de la vertiente correctora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (procedimiento de déficit excesivo);3.  la evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de convergencia);4.  la evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesLos resultados económicos del Reino Unido durante los diez últimos años han sido muy positivos, con tasas de crecimiento relativamente elevadas, bajos niveles de inflación y mercados laborales que han resistido diversas conmociones económicas. Una característica particularmente notable ha sido la mayor estabilidad, con una nivelación de las fluctuaciones cíclicas de la producción y una menor volatilidad de la inflación. El acusado crecimiento de la producción se ha apoyado principalmente en el fuerte consumo de las economías domésticas, que ha ido acompañado de niveles de ahorro doméstico relativamente bajos. A pesar de la gran flexibilidad de los mercados de trabajo, capitales y productos en la mayoría de las medidas, persisten algunas deficiencias en el lado de la oferta que no han podido subsanarse. La productividad relativamente discreta puede explicarse hasta cierto punto por unos niveles de empleo comparativamente elevados, aunque es probable que también haya influido la falta de cualificaciones intermedias y la inversión insuficiente en infraestructuras, en particular en transporte. Si se comparan con la importante consolidación fiscal observada en la primera parte del período, las finanzas públicas han sufrido un considerable deterioro desde 2001, en parte planificado, como reflejo de la decisión del Gobierno de abordar algunos de estos problemas a través de un aumento del gasto en servicios públicos, no totalmente financiado, pero también debido a un nivel de ingresos inferior a lo previsto.Aplicación del procedimiento de déficit excesivo al Reino UnidoEl 24 de enero de 2006, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en el Reino Unido, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado, y le dirigió una recomendación con arreglo al artículo 104, apartado 7, indicando que el déficit excesivo debería corregirse, a más tardar, en el ejercicio presupuestario 2006/2007 y que las autoridades deberían tomar medidas eficaces a más tardar el 24 de julio de 2006, es decir, en un plazo de seis meses según lo especificado en el Pacto. El 20 de septiembre de 2006, la Comisión publicó una comunicación al Consejo en la que evaluaba las medidas adoptadas por el Reino Unido. Según la información disponible entonces, la Comisión consideraba que el Reino Unido parecía seguir el rumbo adecuado para corregir su déficit excesivo, aunque esta conclusión estaba sujeta a un elevado grado de incertidumbre y el ajuste estructural parecía no alcanzar el 0,5 % del PIB recomendado. El 10 de octubre de 2006, el Consejo aprobó el dictamen de la Comisión y concluyó que en ese momento no eran necesarias nuevas medidas.Evaluación realizada en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 14 de marzo de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la actualización anterior del programa de convergencia, que abarca el período comprendido entre los ejercicios presupuestarios 2005/2006 y 2011/2012[2]. El Consejo consideró que «la senda de ajuste prevista está sometida a riesgos» e instó al Reino Unido, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, y con el fin de abordar los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo, a «situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2006/2007 de forma creíble y sostenible, y a seguir realizando esfuerzos de saneamiento fiscal posteriormente, especialmente poniendo en práctica la reducción prevista del incremento del gasto después de 2007/2008», así como a «alcanzar un objetivo a medio plazo que garantice una evolución rápida hacia la sostenibilidad y un ratio prudente de deuda muy por debajo del 60 % del PIB, ofrezca un margen de seguridad suficiente para impedir que se rebase el valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit, que el Reino Unido tiene la obligación de tratar de evitar, así como un margen de maniobra presupuestario habida cuenta, en particular, de las necesidades en materia de inversión pública».Evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la ComisiónEl 16 de octubre de 2006, el Reino Unido presentó el informe de aplicación de su Programa nacional de reforma, elaborado en el contexto de la nueva Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. Este Programa se fija las siguientes prioridades clave: mantener la sostenibilidad fiscal frente a los desafíos demográficos; construir un sector empresarial emprendedor y flexible, fomentando la innovación y la I+D; ampliar las oportunidades de adquisición de cualificaciones; aumentar la innovación y la adaptabilidad en la utilización de recursos; y garantizar la equidad a través de un Estado del bienestar moderno y flexible.De la evaluación del Programa realizada por la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución, de diciembre de 2006 [3] ), se desprende que el Reino Unido está realizando progresos notables en la aplicación de su Programa nacional de reforma. Se han registrado importantes avances en todos los ámbitos de actuación, en particular en la política microeconómica y de empleo. En la política macroeconómica, se han elaborado planes de saneamiento fiscal y de reforma de las pensiones, pero todavía deben aplicarse. El Reino Unido ha redoblado sus esfuerzos para implicar a las partes interesadas.Teniendo en cuenta los factores favorables y desfavorables detectados, se recomendó al Reino Unido tomar medidas en el ámbito de las cualificaciones básicas e intermedias.Recuadro: Principales puntos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada; determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB; al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3 % del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del período del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008. En la evaluación también se examina: la evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse «atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias», de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento». Una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[4]; el grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo; en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo ECOFIN declaró que los programas nacionales de reforma deben ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia; el cumplimiento del Código de conducta[5], que impone, en particular, una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado del Reino Unido (2006/2007-2011/2012)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[6], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:5.  El [27 de febrero de 2007] el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado del Reino Unido, que abarca los ejercicios presupuestarios 2006/2007 a 2011/2012[7].6.  El programa contiene dos escenarios macroeconómicos: un escenario central y un escenario alternativo, que se basa en un crecimiento tendencial inferior en un cuarto de punto porcentual al del escenario central. Las previsiones relativas a las finanzas públicas que se exponen en la actualización del programa de convergencia se basan en este último escenario, que se considera el escenario de referencia en la presente evaluación. Prevé un crecimiento del PIB real del 2,75 % en 2006 y 2007, reduciéndose al 2,5 % por término medio durante el resto del período del programa. Teniendo en cuenta la información actualmente disponible, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento verosímiles. Las previsiones de inflación, que se espera retroceda del 2,5 % en 2006 al 2 % a partir de 2007, parecen un tanto optimistas a corto plazo habida cuenta de los resultados publicados más recientemente; no obstante, resultan verosímiles.7.  Para el ejercicio 2006/2007, el déficit de las administraciones públicas se estima en un 3,0 % del PIB en las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión. La última actualización del programa de convergencia lo sitúa en el 2,8 % del PIB para el mismo ejercicio, lo que significa que las tendencias recientes, que apuntan a un crecimiento vigoroso de los ingresos y un crecimiento más lento de los gastos, se mantendrán en los meses que restan del ejercicio presupuestario.8.  Los principales objetivos de la política fiscal, tal como se exponen en el programa de convergencia actualizado, son garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la solidaridad intra e intergeneracional y, supeditado a éstos, apoyar la política monetaria, permitiendo en particular a los estabilizadores automáticos facilitar la senda de la economía. El programa prevé una reducción del déficit por debajo del 3 % del PIB para 2006/2007 (2,8 %) y hasta el 1,4 % del PIB para el final del período cubierto, en 2011/2012. En cuanto al saldo primario, estimado en un déficit del 0,6 % del PIB en 2005/2006, se prevé una vuelta al equilibrio para 2008/2009 y un superávit del 0,7 % del PIB para 2011/2012. El ajuste presupuestario durante el período de previsión se reparte por igual entre ingresos y gastos. Se espera que el aumento del ratio de ingresos, impulsado en parte por medidas discrecionales tenga lugar en los dos primeros años del período considerado, mientras que, a partir del ejercicio 2008/2009, se prevé un ajuste importante en el lado de los gastos, merced a la moderación del ritmo de crecimiento de los gastos corrientes. La inversión pública, según la definición utilizada en el programa de convergencia[8], se estabilizaría en un 2,25 % del PIB a partir de 2006/2007, de manera que, a partir de 2007/2008, el déficit se destinaría íntegramente a financiar la inversión pública. La senda de ajuste coincide en general con la prevista en la actualización de 2005, en un contexto macroeconómico más favorable a corto plazo.9.  Se prevé una mejora del saldo estructural (esto es, el saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado aplicando la metodología común, que pasaría de un 2,5 % del PIB en 2006/2007 a un 1,25 % del PIB aproximadamente en el último ejercicio del programa (2011/2012). Este ajuste es más pronunciado entre 2006/2007 y 2008/2009, pero se reduce después. Como en la actualización de 2005, no se especifica ningún objetivo cuantitativo a medio plazo para el saldo estructural. Aunque el programa menciona objetivos presupuestarios, definidos según las normas nacionales, que suponen una senda a medio plazo para el déficit ajustado en función del ciclo en consonancia con la estabilización del ratio deuda/PIB a un nivel relativamente bajo, sólo ofrece en determinadas circunstancias un margen de seguridad suficiente para impedir que se rebase el valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit de las administraciones públicas.10.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados hasta 2007/2008, pero, a partir de ahí, los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo que se anuncia en el programa. La recuperación prevista del ratio impuestos/PIB se basa en parte en factores relativamente volátiles, como los beneficios de los sectores financiero y petrolero. No obstante, las perspectivas relativamente favorables en materia de ingresos parecen verse respaldadas por la reciente evolución económica, en particular la elevada rentabilidad. A partir del ejercicio 2008/2009, la consecución de los objetivos de déficit del programa dependerá de que se realice el esfuerzo previsto de moderación del ritmo de incremento de los gastos, y de que se supervise activamente el respeto de los techos de gasto acordados. Si bien las autoridades británicas han anunciado previamente una reducción de la asignación presupuestaria de algunos de los departamentos más pequeños, la mayor parte del esfuerzo de contención del gasto a partir de 2008/2009 todavía no se ha concretado en medidas específicas, sino que está pendiente de confirmación en el «Comprehensive Spending Review» (Análisis global de gastos), previsto para julio de 2007, en el que se anunciará una planificación en firme de los gastos hasta 2010/2011. El resultado de la supervisión activa para hacer cumplir los límites de gasto es positivo.11.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa parece en general compatible con una corrección del déficit excesivo en 2006/2007 a más tardar, conforme a la recomendación del Consejo. No obstante, sólo a partir del ejercicio 2009/2010 aproximadamente, cuando las previsiones están supeditadas a los resultados del «Comprehensive Spending Review», ofrece un margen de seguridad suficiente para evitar que se sobrepase el límite máximo de déficit del 3 % del PIB en el marco de fluctuaciones macroeconómicas normales. Por tanto, en los años siguientes a la corrección del déficit excesivo, debería acelerarse el ritmo de consolidación fiscal que implica el programa, especialmente hacia el final del período de previsión, cuando no está previsto ningún ajuste suplementario significativo a pesar de un contexto económico globalmente favorable.12.  Según el programa, el ratio de deuda bruta, que ascendía al 42,1 % del PIB en 2005/2006, muy por debajo, pues, del valor de referencia establecido en el Tratado (60 % del PIB), se incrementaría lentamente durante el período considerado, alcanzando su nivel máximo en 2008/2009 (ligeramente por encima del 44 % del PIB). Posteriormente, el ratio se estabilizaría, antes de iniciar un descenso al final del período del programa.13.  Las repercusiones a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto británico se aproximan a la media comunitaria, aunque el aumento del gasto en pensiones es algo inferior a esta media, lo que se explica en parte por el papel históricamente más importante que desempeñan en el Reino Unido los sistemas privados de pensiones, en comparación con otros países de la UE. Las reformas propuestas del sistema de pensiones intentan afrontar la posibilidad de dotación insuficiente en el futuro, reforzando los incentivos para el ahorro privado destinado a la jubilación y aumentando la dotación de las pensiones públicas, lo que implica un incremento del gasto de los regímenes públicos de jubilación ligeramente superior al previsto en un principio; la reforma también contempla un aumento gradual de la edad preceptiva de jubilación. La situación presupuestaria inicial, pese a haber mejorado si se compara con la de 2005, sigue representando un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluso sin tener en cuenta los efectos a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto. Así pues, para reducir este riesgo, es preciso proceder a un saneamiento de la hacienda pública reforzando la situación presupuestaria más de lo previsto en el programa de convergencia. Globalmente, el Reino Unido parece afrontar un nivel de riesgo medio en lo que se refiere a la sostenibilidad de la hacienda pública.14.  El programa de convergencia contiene una evaluación cualitativa de los efectos globales del informe de octubre de 2006 sobre la aplicación del Programa nacional de reforma en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. Por otra parte, proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma, y sus previsiones presupuestarias tienen en cuenta explícitamente las repercusiones presupuestarias de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en materia de finanzas públicas mencionadas en el programa de convergencia parecen compatibles con las previstas en el Programa nacional de reforma. En particular, ambos programas contemplan una aplicación gradual de los objetivos del Gobierno para aumentar la eficacia y la rentabilidad de la prestación de servicios públicos, mientras que las previsiones presupuestarias a largo plazo incorporan el coste estimado de la reforma propuesta del sistema de pensiones.15.  La estrategia presupuestaria del programa es en general compatible con las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.16.  En cuanto a los requisitos en materia de datos, estipulados en el Código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta lagunas en los datos obligatorios y opcionales[9], que resultan más graves que en la actualización anterior, habida cuenta de que el horizonte temporal al que se refieren los planes de gasto es más breve.Como conclusión general cabe señalar que el programa parece globalmente compatible con una corrección del déficit excesivo en el plazo fijado por el Consejo (ejercicio presupuestario 2006/2007). No obstante, después de 2009/2010 no se prevén avances importantes en la consolidación y la realización de los objetivos presupuestarios después de 2007/2008 dependerá de la aplicación efectiva de la contención prevista del gasto.A la luz de la evaluación anterior, se insta al Reino Unido a continuar la consolidación fiscal durante todo el período del programa, especialmente aplicando la reducción prevista del incremento del gasto después de 2007/2008, y a seguir reforzando su situación presupuestaria, con el fin de limitar los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública.Asimismo, se insta al Reino Unido a cumplir los requisitos del Código de conducta en materia de datos.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] En el Reino Unido el ejercicio presupuestario se desarrolla de abril a marzo.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera: «Ejecución de la Estrategia de Lisboa renovada para el Crecimiento y el Empleo – Un año de resultados», 12.12.2006, COM(2006) 816.[4] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574 final; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), «The long-term sustainability of public finances in the European Union», Economía Europea, nº 4/2006.[5] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo Ecofin de 11 de octubre de 2005.[6] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[7] En el Reino Unido, el ejercicio presupuestario se desarrolla de abril a marzo.[8] La definición de inversión pública en el programa de convergencia del Reino Unido, que no es un concepto del SEC, engloba todas las inversiones del sector público (es decir, las entidades de Derecho público y las administraciones públicas) e incluye subvenciones de capital al sector privado, excluida la amortización.[9] Concretamente, no se facilitan los datos sobre las previsiones en materia de empleo, desempleo e inflación salarial ni un desglose detallado de las previsiones de ingresos y gastos de las administraciones públicas después de 2007/2008. En comparación con la actualización de 2005, el horizonte temporal para el desglose de los gastos de las administraciones públicas es más breve en la presente actualización, que es la última antes de que se fijen los nuevos planes de gasto en el «Comprehensive Spending Review», en julio de 2007.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Letonia para 2012-2015

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/50

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Letonia para 2012-2015
   2012/C 219/15
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reforma de Letonia para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Letonia para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista al Consejo sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               En 2011 Letonia cumplió la mayoría de las condiciones relacionadas con el Programa de Asistencia Financiera a Medio Plazo de conformidad con la Decisión 2009/290/CE del Consejo (5). El 21 de diciembre de 2011, la Comisión completó el quinto y último examen del programa de apoyo a la balanza de pagos de Letonia con una evaluación global positiva sobre los avances del Gobierno en las reformas presupuestaria, financiera y estructurales. El Programa de Asistencia Financiera a Medio Plazo expiró en enero de 2012. Tras la expiración de dicho programa, Letonia está sujeta a una vigilancia post-programa. Esta vigilancia forma parte integrante de los procedimientos existentes y de los mecanismos de vigilancia y aspira a realizar un estrecho seguimiento de los riesgos que podrían poner en peligro la estabilidad macroeconómica y, con ello, afectar a la capacidad de reembolso de los préstamos. La vigilancia post-programa se prolongará hasta que se reembolse una parte importante (cerca del 70 %) de los mismos.

               (7)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (8)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento presupuestario y una actuación dirigida a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorecedor del crecimiento, restaurar la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (9)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (10)

               El 30 de abril de 2012, Letonia presentó su Programa de Convergencia para el período 2012-2015 y su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (11)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias son prudentes en 2012, teniendo en cuenta la última información disponible, y verosímiles en 2013. Aunque las proyecciones macroeconómicas para 2012 basadas en el escenario del Programa de Convergencia se acercan mucho a las de las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión (con unas previsiones de crecimiento del PIB del 2,0 % y del 2,2 %, respectivamente), los datos económicos recientes indican que los resultados pueden ser más elevados. El objetivo de la estrategia presupuestaria del Programa de Convergencia es corregir el déficit excesivo de aquí a 2012 y acercarse al objetivo presupuestario a medio plazo hacia el final del período del programa. El Programa de Convergencia para 2012-2015 ha cambiado el objetivo presupuestario a medio plazo del -1,0 % al -0,5 % del PIB, y el nuevo objetivo presupuestario a medio plazo refleja adecuadamente lo exigido en el Pacto de estabilidad y crecimiento. La previsión de déficit global en 2012 cumple con el plazo para la corrección del déficit excesivo establecido en la Recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009. Para 2013, el Programa de Convergencia prevé un déficit global de un 1,4 % del PIB, aunque la reducción planeada del gasto aún no está totalmente respaldada por medidas. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado) (6), Letonia se acercará a su objetivo presupuestario a medio plazo al final del período del Programa de Convergencia, en 2015. Aunque la información recalculada hace pensar que los avances hacia el objetivo presupuestario a medio plazo son inferiores al 0,5 % del PIB en términos estructurales en los últimos años del Programa de Convergencia, la limitación de gastos prevista garantizaría que la tasa de crecimiento del gasto público, teniendo en cuenta medidas discrecionales relativas a los ingresos, estaría en consonancia con el valor de referencia del gasto del Pacto de estabilidad y crecimiento.
               Al mismo tiempo, los cambios fiscales a partir del segundo semestre de 2012 adoptados el 24 de mayo de 2012 por el Parlamento, que aún no se reflejan en el escenario del Programa de Convergencia pero se reconocen en la carta que acompaña la presentación del Programa de Convergencia, representan un riesgo para el logro de los objetivos en 2013 y años subsiguientes. La tasa de endeudamiento de las administraciones públicas es inferior al 60 % del PIB, pasando del 42,6 % del PIB en 2011 al 46,7 % del PIB en 2014, ya que las autoridades prefinancian grandes cantidades de reembolsos relacionados con el programa de ayuda financiera internacional que deben pagarse en 2014-2015, y desciende al 38,9 % en 2015 al realizar estos reembolsos.

               (12)

               Letonia debería proseguir la estrategia de reorientar la imposición del trabajo hacia la imposición del consumo, la propiedad y la utilización de los recursos naturales y de otro tipo, a la vez que mejora el saldo estructural. La relativamente alta presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos y el alto nivel de trabajo no declarado indican la necesidad de unas políticas apropiadas para el mercado laboral, una revisión del sistema fiscal y de prestaciones y un aumento del esfuerzo para luchar contra la economía sumergida. Los impuestos ambientales siguen estando relativamente poco desarrollados y están fuertemente dominados por la imposición sobre los combustibles para motores, mientras que la fiscalidad sobre otras fuentes de energía, la contaminación y la utilización de los recursos naturales está por debajo de la media de la UE. La ampliación de la base impositiva a otras fuentes de la fiscalidad ambiental, en particular la contaminación, así como una fiscalidad más amplia de las fuentes de energía, contribuiría a lograr los objetivos ambientales, permitiendo al mismo tiempo un desplazamiento de la presión fiscal que reduzca la fiscalidad del trabajo.

               (13)

               En el proceso de reforma en curso de la gobernanza presupuestaria, se insta a Letonia a garantizar la adopción por el Parlamento de la Ley de Disciplina Presupuestaria y a desarrollar una legislación del marco presupuestario a medio plazo para apoyar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. La adopción de la Ley de Disciplina Presupuestaria estará en consonancia con los compromisos contraídos por el Gobierno en el marco del programa de la balanza de pagos; el proyecto de Ley adoptado por el Gobierno también pretende transponer la evolución del acervo de la UE en el ámbito de la gobernanza presupuestaria a la legislación letona. Cuando se adopte y se aplique, la nueva Ley permitiría reforzar considerablemente el marco presupuestario en Letonia, que actualmente carece de un mecanismo eficaz para limitar el crecimiento del gasto en tiempos de bonanza económica.

               (14)

               Con el fin de garantizar la continuidad de la reforma de las pensiones, Letonia debe restablecer las contribuciones al régimen obligatorio de pensiones privadas por capitalización en el 6 % de los salarios brutos en 2013, desde el actual nivel reducido del 2 % de los salarios brutos.

               (15)

               Letonia debe reforzar y reformar el sistema de asistencia social y afrontar uno de los índices de desempleo más elevados de la Unión. El reto del desempleo juvenil se hizo especialmente visible durante la crisis, revelando también una elevada inadecuación de las cualificaciones. Se han concebido y aplicado políticas activas especiales del mercado de trabajo destinadas a los jóvenes que incluyen la formación profesional, el trabajo voluntario y los subsidios salariales para los jóvenes. No obstante, dada la magnitud del problema, estas pocas actividades tienen un impacto relativamente pequeño.

               (16)

               En 2011, el 40 % de la población letona se enfrenta al riesgo de pobreza y exclusión social, lo cual tiene implicaciones para la empleabilidad de la mano de obra y las perspectivas futuras de crecimiento. Letonia adoptó una estrategia de red de seguridad social de emergencia. Las políticas del Gobierno para la reducción de la pobreza se concentran en la reducción de las desigualdades en los ingresos, la reducción de la carga fiscal para las familias trabajadoras y el incremento del acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, Letonia gasta relativamente poco en protección social y las transferencias sociales tienen una baja repercusión en la reducción de la pobreza, ya que una gran parte de las transferencias sociales se redistribuye a los asalariados con rentas medias y altas. El gasto en prestaciones con control de recursos es bajo, mientras que el papel de la red de seguridad social es cubierto en parte con puestos de trabajo públicos temporales poco remunerados. La concepción de las prestaciones de asistencia social también tiene trampas de pobreza y desempleo y se producen usos indebidos del sistema. Existe una gran desigualdad en el acceso a la asistencia social entre los gobiernos locales y la falta de transparencia complica la toma de decisiones. Los retos del desempleo de larga duración y del desempleo juvenil se hicieron especialmente visibles durante la crisis. La mayoría de los jóvenes desempleados no poseen cualificaciones profesionales. El número de jóvenes sin empleo que no están en el sistema educativo o de formación es relativamente elevado. Deben adoptarse medidas que se ajusten a las conclusiones sobre el desempleo juvenil procedentes del equipo de actuación conjunto Letonia-Comisión.

               (17)

               Letonia debería seguir mejorando la eficiencia energética y promover la competencia en las grandes redes de energía, a la vez que mejora la conectividad con las redes de energía de la UE. El sistema fiscal no ofrece suficientes incentivos para reducir los costes de la energía y la transferencia de consumo e inversión hacia productos eficientes desde el punto de vista energético (vehículos de transporte, aislamiento de edificios, sistemas de calefacción, etc.). Los mercados de la energía en Letonia siguen estando dominados por monopolios. Por razones históricas, los mercados del gas y la electricidad están muy distanciados de los de otros Estados miembros.

               (18)

               Las deficiencias en el sistema judicial civil tienen un efecto negativo sobre las empresas y el entorno económico, ya que aumentan el riesgo y el coste de las operaciones. La tramitación de los procesos sufre grandes retrasos en los tribunales de primera y segunda instancia en los asuntos civiles y mercantiles, especialmente en lo que se refiere a obligaciones contractuales e insolvencias. El rendimiento profesional de los jueces debe ser evaluado. Deben introducirse nuevas mejoras en el régimen legislativo de las insolvencias.

               (19)

               A pesar del nivel de estudios relativamente elevado, una parte significativa de la mano de obra no posee cualificaciones profesionales y tiene un acceso limitado a la enseñanza superior. Los resultados de las universidades son bajos a escala mundial y se caracterizan por una baja competitividad internacional y una floja gobernanza. La baja cooperación entre universidades, centros de investigación y empresas afecta a los bajísimos niveles de innovación. Falta una estrategia sistemática y efectiva para la investigación y la innovación. Letonia también presenta el gasto más bajo en la Unión en investigación y desarrollo de las empresas.

               (20)

               Letonia ha adquirido una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y el cumplimiento de los compromisos presentados en 2011, se refieren al aumento del empleo, la mejora de la competitividad, el refuerzo de la sostenibilidad de la hacienda pública y la consolidación de la estabilidad financiera. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones que figuran más adelante.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Letonia y ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

               (22)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Letonia tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Garantizar los progresos previstos hacia la oportuna corrección del déficit excesivo. A tal fin, aplicar el presupuesto para el año 2012 como está previsto y alcanzar el esfuerzo presupuestario especificado en la recomendación del Consejo en lo relativo al procedimiento de déficit excesivo. A continuación, aplicar una estrategia presupuestaria, respaldada por medidas estructurales suficientemente especificadas, para el año 2013 y años subsiguientes, con el fin de hacer progresos suficientes hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y respetar el valor de referencia de los gastos. Utilizar mejor de lo previsto los ingresos cíclicos para reducir la deuda pública.

               2.

               Aplicar medidas para reorientar la imposición del trabajo hacia la imposición del consumo, la propiedad y la utilización de los recursos naturales y de otro tipo, a la vez que se mejora el saldo estructural; garantizar la adopción de la Ley de Disciplina Presupuestaria y desarrollar una legislación del marco presupuestario a medio plazo para apoyar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública; restablecer las contribuciones al régimen obligatorio de pensiones privadas por capitalización en el 6 % de los salarios brutos en 2013.

               3.

               Adoptar medidas para reducir el desempleo juvenil y de larga duración, luchando contra el abandono escolar prematuro, promoviendo una educación y formación profesionales más eficientes y su componente de contratos de aprendizaje, mejorando la calidad, la cobertura y la eficacia de la política activa del mercado de trabajo y su componente de formación y mediante un régimen eficaz de subsidios salariales.

               4.

               Combatir los altos índices de pobreza y exclusión social reformando el sistema de asistencia social para hacerlo más eficiente, mejorando al mismo tiempo la protección de los pobres. Garantizar una mejor focalización y aumentar los incentivos al trabajo.

               5.

               Seguir mejorando la eficiencia energética aplicando medidas y ofreciendo incentivos para reducir los costes de la energía y reorientar el consumo hacia productos eficientes energéticamente, incluyendo vehículos, edificios y sistemas de calefacción. Fomentar la competencia en las grandes redes de energía y mejorar la conectividad con las redes energéticas de la UE.

               6.

               Adoptar medidas para mejorar la gestión y la eficiencia del sistema judicial, en particular reducir los retrasos y la duración de los procesos. Adoptar medidas para mejorar el régimen de insolvencia y las leyes sobre mediación.

               7.

               Proseguir las reformas en la enseñanza superior, entre otras cosas mediante la aplicación de un nuevo modelo de financiación que recompense la calidad, refuerce los vínculos con las necesidades del mercado y las instituciones de investigación, y evite la fragmentación de los recursos presupuestarios. Concebir y aplicar una política de investigación e innovación efectiva que anime a las empresas a innovar, también a través de incentivos fiscales, mejorando las infraestructuras y racionalizando las instituciones de investigación.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (3)  DO C 215 de 21.7.2011, p. 8.

      (4)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  DO L 79 de 25.3.2009, p. 39.

      (6)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información contenida en el programa, utilizando el método generalmente acordado.

      (7)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


Avis juridique important

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31998H0370

98/370/CE: Recomendación de la Comisión de 27 de mayo de 1998 relativa a la ratificación del Convenio nº 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio de 20 de junio de 1996 [notificada con el número C(1998) 764]

Diario Oficial n° L 165 de 10/06/1998 p. 0032 - 0032

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de mayo de 1998 relativa a la ratificación del Convenio n° 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio de 20 de junio de 1996 [notificada con el número C(1998) 764] (98/370/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,Considerando que el Convenio n° 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio, de 20 de junio de 1996, completado por una Recomendación adoptada el mismo día, proporciona un marco para la protección de los trabajadores a domicilio;Considerando que este Convenio impone a los países que lo ratifican la obligación de adoptar, aplicar y revisar periódicamente una política nacional sobre el trabajo a domicilio destinada a mejorar la situación de los trabajadores a domicilio;Considerando que el Convenio establece también expresamente que la política nacional sobre el trabajo a domicilio deberá promover, en la medida de lo posible, la igualdad de trato;Considerando que los objetivos que propugna el Convenio coinciden con los objetivos de la Comisión según lo expresado en su Programa de acción social a medio plazo (1995-1997);Considerando que los objetivos que propugna el Convenio contribuyen a promover el objetivo de equilibrio entre la flexibilidad del mercado de trabajo y la seguridad de los trabajadores;Considerando que el segundo guión del párrafo primero del artículo 118 del Tratado atribuye a la Comisión la misión de promover una estrecha colaboración entre los Estados miembros en el ámbito social, particularmente en las materias relacionadas con el Derecho del trabajo y las condiciones de trabajo;Considerando que el punto 10 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores establece que «todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a una protección social adecuada y, sea cual fuere su estatuto o la dimensión de la empresa en que trabaja, debe beneficiarse de prestaciones de seguridad social de nivel suficiente»;Considerando que 6,9 millones de personas en la Comunidad realizan de forma habitual su trabajo a domicilio, lo que, a nivel comunitario, representa un 4,9 % de la población activa;Considerando que se reconoce la particular vulnerabilidad de los trabajadores a domicilio y la necesidad de prestarles una protección apropiada;Considerando que la naturaleza del trabajo a domicilio está evolucionando rápidamente con la introducción de nuevas tecnologías de la información, lo que hace más necesaria una protección apropiada;Considerando que la mayor parte de los trabajadores a domicilio son mujeres; que recurren al trabajo a domicilio como medio para combinar el ejercicio de una actividad que les procure ingresos salariales necesarios para el hogar con el cuidado de personas a su cargo, niños en su mayor parte; que esta elección responde a menudo a factores externos tales como la escasez de oportunidades de trabajo o la ausencia de servicios de cuidados de niños y otros servicios de asistencia,RECOMIENDA:- que los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho ratifiquen el Convenio de la OIT sobre el trabajo a domicilio, adoptado el 20 de junio de 1996,- que los Estados miembros informen a la Comisión de las medidas adoptadas en aplicación de la presente Recomendación, en un plazo de 18 meses a partir de su publicación.Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1998.Por la ComisiónPádraig FLYNNMiembro de la Comisión