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52004SC0010

Recomendación con vistas a un Dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Finlandia (2003-2007)  /* SEC/2004/0010 final */

Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Finlandia (2003-2007)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], establecía que los países que participen en la moneda única habían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de estabilidad antes del 1 de marzo de 1999. De conformidad con el artículo 5 de este Reglamento, el Consejo debe examinar cada programa de estabilidad basándose en las evaluaciones realizadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (Comité Económico y Financiero). La Comisión adoptó una recomendación sobre cada programa. Basándose en esta recomendación, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo emitió un dictamen. De conformidad con el Reglamento, los programas de estabilidad actualizados, que han de presentarse anualmente, también pueden ser examinados por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.[1]  DO L 209, 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.El primer programa de estabilidad de Finlandia, relativo al período 1998-2002, fue presentado el 7 de septiembre de 1998, siendo evaluado por el Consejo el 12 de octubre del mismo año [2]. Finlandia presentó el quinto y más reciente programa de estabilidad actualizado, relativo al período 2003-2007, el 27 de noviembre de 2003.[2]  DO C 372, 2.12.1998.Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica del mismo, teniendo en cuenta la información facilitada de conformidad con el Código de conducta [3], las previsiones de otoño y evaluaciones posteriores, la metodología establecida de común acuerdo para la estimación de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo, las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Generales de Política Económica y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo de 27 de noviembre de 2002 relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias [4]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:[3]  Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, documento EFC/ECFIN/404/01 - rev. 1, de 27.6.2001, aprobado por el Consejo EcoFin el 10.7.2001.[4]  COM(2002) 668 final, 27.11.2002.La nueva actualización del programa de estabilidad finlandés presenta previsiones macroeconómicas y sobre financiación del sector público para el período 2003-2007. La actualización se ajusta en líneas generales al "Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia".La actualización de noviembre de 2003 del programa de estabilidad finlandés prevé un incremento acusado del crecimiento del PIB, hasta el 2,7% en 2004, esto es, una tasa casi equivalente al doble de la prevista para 2003. De 2005 a 2007, se prevé un crecimiento anual de aproximadamente el 2,5%, con lo que se rebasaría el nivel potencial en cerca de medio punto porcentual. Por consiguiente, se prevé que en el último año del periodo cubierto por el programa se cierre la brecha de producción negativa, a partir de una brecha superior a 1,3 puntos porcentuales en 2003 como consecuencia de la ralentización de la actividad económica. Esta quinta actualización del programa de estabilidad contempla a partir de 2004 un perfil de la producción bastante similar al del programa anterior. Las contribuciones al crecimiento de los distintos componentes de la demanda se han modificado un tanto, siendo mayor la contribución del sector exterior en el programa actual y ligeramente inferior la de la demanda interna. En 2003, la creación de empleo se ha mantenido relativamente firme frente a la ralentización de la actividad económica. Por ello, se espera que el desempleo se mantenga constante en 2003 (a una tasa del 9,1%) y, gracias a la aceleración del crecimiento, disminuya a partir de 2004. Se espera que la inflación toque fondo en 2004 a una tasa del 0,7% [5], debido principalmente a los recortes de los impuestos sobre bebidas alcohólicas y a la ausencia de perturbaciones de origen exterior sobre los precios, y que, a continuación, vuelva a su tendencia anterior en torno al 2%, a medida que crece la economía y desaparecen gradualmente los efectos de los recortes tributarios. Al margen de una estimación de mayor crecimiento para 2004, las previsiones a corto plazo del programa son bastante similares a la evaluación de la Comisión, en particular a sus previsiones del otoño de 2003.[5]  La terminación del periodo transitorio para la importación libre de impuestos de alcohol y tabaco procedentes de otros países de la UE y de los países en vías de adhesión ha implicado una pérdida estimada de ingresos tributarios próxima al 0,4% del PIB.El programa actualizado prevé una reducción significativa del superávit de las administraciones públicas, de 4,2% del PIB en 2002 al 1,7% en 2004. Esto responde en parte a factores cíclicos, que debilitan la situación financiera de la administración central, y en parte al aumento del gasto establecido en el programa del nuevo Gobierno. Además, según el programa, el aumento de la competencia fiscal exterior contribuirá a una cierta erosión de las bases impositivas. En 2005 y en años posteriores, se espera que el superávit sólo aumente ligeramente y se estabilice ligeramente por encima del 2% del PIB, a pesar de un crecimiento superior al potencial. Sin embargo, se prevé que las finanzas públicas finlandesas proporcionen el margen de seguridad necesario para impedir rebasar el valor de referencia del 3% del PIB durante todo el periodo cubierto por el programa. El principal factor de la tendencia decreciente del ratio de superávit es el deterioro de las finanzas de la administración central, que se prevé pasarán a registrar un déficit a partir de 2003. Como consecuencia de ello, el programa actualizado sugiere que no se alcanzará el objetivo del Gobierno de llegar al equilibrio presupuestario al final de su mandato en 2007. Además, se prevé que las finanzas de las administraciones locales se mantengan deficitarias durante todo el periodo del programa. En realidad, según el programa, el superávit de las administraciones públicas en 2003-2007 sólo se deberá al superávit de la seguridad social y al superávit de los fondos de pensiones relacionados con los ingresos, que se preparan para hacer frente a las presiones financieras derivadas del envejecimiento de la población. Se prevé que el saldo ajustado en función del ciclo disminuya más de medio punto porcentual del PIB en 2003-2005. Con todo, según el programa, el superávit presupuestario ajustado en función del ciclo deberá mantenerse por encima del 2% del PIB durante todo el periodo del programa. Ello deberá dejar todavía un margen suficiente frente a fluctuaciones normales de la actividad económica. Se prevé que el superávit ajustado en función del ciclo disminuya en 0,2 puntos porcentuales del PIB de 2005 a 2007. Estas previsiones se ajustan en líneas generales a las estimaciones de la Comisión del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo.El último programa prevé que en 2003 y 2004 la deuda de las administraciones públicas disminuya a un ritmo ligeramente superior (-0,3 puntos porcentuales) al previsto en el programa de 2002, aunque el ratio de deuda era menos favorable que el previsto en 2002. Sin embargo, a diferencia del programa anterior, para 2004-2006 se espera una subida del ratio de deuda, como consecuencia de una estimación del PIB nominal ligeramente inferior y del déficit de la administración central [6]. Además, el proceso de reducción de la deuda se ve obstaculizado por transacciones financieras, relativas, en particular, a la actual diversificación de los activos de los organismos de la seguridad social en detrimento de las obligaciones de la administración central y la acumulación de activos de fondos de pensiones relacionados con los ingresos de la administración central.[6]  Ha tenido lugar un cambio de carácter técnico en la clasificación de la deuda de la administración central; la cartera de pactos de recompra ("repos"), esto es, la deuda de la administración central poseída por el Tesoro, se ha suprimido del balance del Tesoro, dado que ya no era necesaria para el servicio de la deuda pública. Como consecuencia de ello, el ratio deuda/PIB ha aumentado 3,2 puntos porcentuales en 2003 respecto del programa anterior.El Gobierno se propone reducir los impuestos sobre la renta en al menos 1 120 millones de euros (0,8% del PIB) durante su mandato con vistas a fomentar la creación de empleo. Según la actualización, la mayor parte de estos recortes tributarios ya se han previsto en el proyecto de presupuesto para 2004. Esta medida puede justificarse en el contexto de la ralentización cíclica y de la saneada situación financiera anterior y de una elevada presión fiscal sobre el trabajo. Además, la reducción de impuestos se combina con unos estrictos límites máximos de gasto plurianual para la administración central en 2004-2007.La actualización prevé que los gastos de las administraciones públicas se mantengan prácticamente constantes de 2003 a 2007 (48,75% del PIB). Mientras que el aumento de las transferencias sociales y la financiación de las administración locales ejercerán una presión al alza, los límites de gasto plurianual aplicados por el nuevo Gobierno deberán permitir mantener un estricto control del gasto. Conforme a la actualización, el gasto de la administración central contemplado en el proyecto de presupuesto para 2004, excluidos los pagos de intereses, supone un aumento del 4% en términos reales con respecto a 2003. La mitad de este aumento procede de aumentos de los gastos impuestos por la legislación actual y las decisiones adoptadas por el Gobierno anterior, y la otra mitad de los aumentos del gasto y de las compensaciones incluidas en el programa del nuevo Gobierno. El proyecto de presupuesto para 2004 sigue esta recomendación, al prever un gasto de la administración central inferior a los límites máximos de gasto acordados en mayo de 2003.La legislación recientemente adoptada exige a los municipios mantener el equilibrio presupuestario en un periodo de planificación trienal. Sin embargo, conforme al programa, se espera que las administraciones locales registren déficit en todo el período de 2003 a 2007. Por consiguiente, el Gobierno debe reforzar la aplicación de la legislación mediante una estrecha supervisión de las finanzas municipales [7].[7]  Las administraciones locales finlandesas gozan de un elevado grado de independencia a nivel administrativo.El programa actualizado de 2003 contiene una sección detallada relativa a la sostenibilidad de la hacienda pública, completada con previsiones presupuestarias sobre los ingresos y gastos públicos hasta 2050. Se prevé un aumento de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población de aproximadamente seis puntos porcentuales del PIB entre 2005 y 2050, mientras que se prevé un aumento de los ingresos de aproximadamente un punto porcentual del PIB en el mismo periodo. No obstante, la hacienda pública finlandesa parece relativamente en buenas condiciones para hacer frente a las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto, pues el mantenimiento de un superávit presupuestario está llevando a un rápido ritmo de reducción de la deuda a largo plazo. Aunque el superávit de las administraciones públicas se espera que disminuya un tanto durante el periodo del programa, la deuda bruta seguirá reduciéndose durante las dos próximas décadas gracias a un objetivo explícito. Además, la sostenibilidad de la hacienda pública se ve respaldada por un sistema de pensiones prefinanciado en gran medida [8]. Las recientes reformas de los sistemas de pensiones y del subsidio de desempleo [9] deberán contribuir a contener las presiones sobre los gastos a largo plazo [10]. No obstante, algunos de los efectos positivos sobre el presupuesto aparecen con un considerable retraso.[8]  El valor de mercado de los activos de los fondos de pensiones relacionados con los ingresos era de aproximadamente el 51% del PIB en 2002.[9]  Cabe citar el abandono de algunos sistemas de jubilación anticipada, los incentivos para animar a los trabajadores de más edad a permanecer en la población activa y los mecanismos para adaptar los derechos de pensión en función de la variación de la esperanza de vida.[10]  Sin embargo, se prevén nuevas medidas, entre las que cabe destacar las relacionadas con los sistemas de pensión del sector público.El hecho de que la sostenibilidad prevista de la hacienda pública se basa en el supuesto de una presión fiscal cercana al 44% del PIB en las próximas décadas puede plantear un reto a largo plazo. Una presión fiscal global de este nivel sería relativamente elevada en comparación con la de otros países industrializados. Aparte de la preocupación actual por los desincentivos que suponen unos elevados costes salariales para la creación de empleo, la conveniencia de mantener estos elevados niveles de presión fiscal a muy largo plazo también puede quedar en entredicho por la creciente movilidad de los factores de producción (y, consiguientemente, de las bases impositivas) en el contexto de la mundialización de la economía.El programa actualizado sigue ampliamente las recomendaciones formuladas por el Consejo en las Orientaciones Generales de Política Económica para 2003-2005, ya que el Gobierno ha introducido los límites de gasto plurianual para controlar los gastos presupuestarios y presentar medidas encaminadas a reducir el desempleo estructural y fomentar la competencia. Además, se han tomado medidas para mejorar la eficiencia del sector público.Basándose en la reciente evaluación, la Comisión ha adoptado y transmite al Consejo la Recomendación adjunta, con vistas a que éste emita un dictamen en relación con el Programa de estabilidad actualizado de Finlandia.Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Finlandia (2003-2007)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [11], y, en particular, el apartado 3 de su artículo 5,[11]  DO L 209, 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [20 de enero de 2004], el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Finlandia, que abarca el periodo 2003-2007. Los datos proporcionados en el programa actualizado cumplen generalmente con el nuevo Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia.La estrategia presupuestaria subyacente en la actualización se basa en el mantenimiento del ratio gasto/PIB a un nivel constante durante todo el periodo del programa, mientras que, para el ratio de ingresos, tras una reducción transitoria en 2004, se prevé una tendencia gradual al alza hacia el final del periodo del programa. El objetivo presupuestario del Gobierno es lograr el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas en 2007; sin embargo, conforme al programa, este objetivo no se logrará si se verifican las actuales previsiones a medio plazo.Conforme al escenario macroeconómico presentado en el programa de estabilidad actualizado de 2003, se prevé un reforzamiento de la actividad económica del 1,4% en 2003 al 2,7% en 2004, que parece plausible a la luz de los datos más recientes. Posteriormente, se espera que el crecimiento del PIB alcance su tasa tendencial, con una media del 2,5% entre 2005 y 2007. Se prevé una disminución del empleo del 0,2% en 2003 y un aumento del mismo a una tasa media del 0,3% en 2004-2007. Se prevé un aumento gradual de la inflación, desde el 1,0% en 2003 hasta el 1,8% en 2007. Las previsiones a corto plazo son muy similares a las previsiones del otoño de 2003 de la Comisión. Con la hipótesis de un marco exterior favorable, la previsión de estabilización del crecimiento del PIB durante los últimos años del programa parece bastante prudente.El programa prevé una disminución substancial del superávit de las administraciones públicas, del 4,2% del PIB en 2002 al 2,3% en 2003 y a una cifra inferior al 2% en 2004 [12]. Para los últimos años del programa se restablecería un superávit del 2% o superior, en línea con los límites de gasto definidos recientemente. Tanto la administración central como, en menor medida, las administraciones locales, contribuirán a la tendencia de deterioro de la situación financiera entre 2003 y 2007, mientras que los fondos de la seguridad social permitirán mantener el superávit del conjunto de administraciones públicas. La reducción prevista del superávit ajustado en función del ciclo en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales del PIB en 2003-2005 se debe en parte a la reducción de los impuestos directos (renta) e indirectos (bebidas alcohólicas) y a unos menores ingresos procedentes del impuesto de sociedades. Se observa una disminución del superávit ajustado en función del ciclo del 4,4% del PIB en 2002 al 3,0% en 2003 y al 2,4% en 2004. En 2005 y en años posteriores este superávit se estabilizará por encima del 2% del PIB. Estas previsiones se ajustan en gran medida a las estimaciones de la Comisión relativas al saldo presupuestario ajustado en función del ciclo. A pesar de unos resultados mejores de lo previsto en 2002, el ratio deuda pública/PIB se prevé que siga disminuyendo moderadamente, del 45,1% del PIB en 2003 al 44,6% del PIB en 2007.[12]  Con la excepción de 2002, los superávit de las administraciones públicas se han revisado a la baja para todo el período cubierto por el programa.A pesar de que se espera la persistencia de pequeños déficit de la administración central y de las administraciones locales, el objetivo presupuestario del programa de lograr un cómodo superávit de las administraciones públicas deberá proporcionar un margen de seguridad suficiente para impedir rebasar el límite máximo de déficit público del 3% del PIB en el caso de fluctuaciones cíclicas normales.La disminución del superávit público se debe principalmente a una reducción del impuesto sobre la renta superior a la prevista en el periodo 2000-2004 y a un gasto discrecional de la administración central superior al previsto en 2001-2003. Los altos superávit registrados anteriormente han creado un margen de maniobra adicional que permitiría mantener durante el periodo cubierto por el programa el objetivo a medio plazo de lograr una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit partiendo de unas hipótesis macroeconómicas y presupuestarias verosímiles. Sin embargo, la tendencia observada sistemáticamente en el pasado de rebasar los objetivos de gasto a medio plazo constituye un riesgo para la estrategia presupuestaria del Gobierno. Por lo tanto, los límites de gasto plurianual introducidos por el nuevo Gobierno deberán considerarse más vinculantes con el fin de mantener el gasto bajo control.El programa de estabilidad presta la debida atención a la sostenibilidad de la hacienda pública. Sobre la base de las políticas actuales, la hacienda pública parece estar en condiciones de hacer frente a las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto, gracias al mantenimiento de superávit presupuestarios y a un sistema de pensiones reformado que en gran medida está prefinanciado. La sostenibilidad también debe respaldarse con las reformas en curso y previstas, encaminadas a aumentar la tasa de empleo, y las autoridades finlandesas deberán proceder a su aplicación conforme al calendario indicado en el programa de estabilidad.La presión fiscal global de Finlandia es elevada en comparación con la de otros países industrializados. El objetivo de los recientes recortes tributarios y de algunas medidas adicionales previstas es no sólo fomentar el empleo y la creación de puestos de trabajo, sino también frenar la erosión de las bases impositivas provocada por la creciente movilidad internacional de los factores de producción (trabajo y capital). Con objeto de salvaguardar los logros de la última década en materia de saneamiento de la hacienda pública, será esencial el cumplimiento estricto de los límites máximos de gasto recientemente establecidos.Las políticas económicas presentadas en el programa actualizado se ajustan en gran medida a las Orientaciones Generales de Política Económica, que, entre otras cosas, recomiendan para Finlandia la introducción de límites de gasto plurianual y la reducción del elevado nivel de desempleo estructural.


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52011DC0400

/* COM/2011/0400 final */  Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre el programa nacional de reforma de 2011 de Alemaniay por la que se emite un dictamen del Consejosobre el programa de estabilidad actualizado de Alemania (2011-2014)

	COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONESque concluye el primer Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas: Orientación de las políticas nacionales en 2011-2012CONTRIBUIR A QUE LA UE SALGA REFORZADA DE LA CRISISLa UE afronta la peor crisis económica desde su fundación: sus Gobiernos y ciudadanos han soportado presiones sin precedentes, y se han adoptado decisiones inéditas con enorme celeridad, lo cual ha resultado muy costoso y doloroso. La crisis no se inició en Europa, y otras grandes economías han sufrido conmociones similares. En el seno de la UE, el impacto ha sido diferente según los países: algunos Estados miembros se recuperaron rápidamente de la recesión inicial, pero otros siguen enfrentándose a enormes desafíos. Las previsiones de la Comisión muestran que la recuperación económica está ganando terreno en la UE, aunque de manera desigual y sujeta a incertidumbres.No existe una perspectiva de simple «vuelta a la normalidad»: nuestras sociedades se verán radicalmente afectadas y transformadas por las perturbaciones experimentadas en los últimos tres años, nuestro potencial de crecimiento se ha resentido, al igual que nuestras finanzas públicas y sistemas financieros, y el desempleo ha golpeado a un amplio sector de la población, y especialmente a los jóvenes. Muchas personas adivinan un horizonte difícil durante cierto tiempo, pero otras empiezan a tomar conciencia de lo que puede significar una recuperación que no genere empleo. En numerosos lugares, la reacción ha sido de cólera y frustración.La crisis nos ha hecho comprender que nuestras economías están interconectadas y que nuestro futuro depende del de los demás. La UE es un espacio económico común, no veintisiete economías, y lo que afecta a un país repercute sobre todos. Ello es especialmente cierto para los 17 Estados miembros que comparten una moneda única en la zona del euro. Para recuperar nuestra capacidad de crecimiento y garantizar que las actuaciones de los Estados miembros se refuerzan mutuamente en lugar de obstaculizarse, necesitamos inyectar una dimensión colectiva de la Unión Europea en las políticas nacionales antes de que se adopten las decisiones internas. La necesidad de una coordinación política más intensa a nivel de la UE no se deriva solo de la crisis, ya que desde hace varios años se habían acumulado desequilibrios macroeconómicos que dejaron a numerosos Estados miembros con un margen de maniobra escaso o nulo cuando estalló la crisis. Una mayor coordinación política es también la mejor respuesta que puede dar la UE a los retos de la mundialización. Fuera de la Unión Europea, las economías emergentes han resultado menos afectadas por la crisis y actualmente gozan de tasas de crecimiento muy vigorosas: la UE necesita realizar un esfuerzo constante para impulsar su competitividad en los mercados mundiales a fin de mantener sus niveles de vida.Una importante enseñanza de la experiencia vivida ha sido que atender sólo al criterio del déficit que se recoge en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a su inadecuada aplicación no ha impedido la aparición de problemas graves en otros ámbitos. Por esta razón, reaccionamos demasiado tarde en su momento a un conjunto de problemas cruciales. Y cuando lo hicimos, nuestra renuencia a ponernos en cuestión unos a otros de forma constructiva eliminó el sentido de la responsabilidad colectiva por los resultados. Las presiones de los mercados han dictado nuestra línea de actuación demasiado a menudo.Enfrentada a la inmediatez de la crisis, la Unión Europea ha venido desarrollando una respuesta común, coherente y amplia, consistente en elaborar planes de recuperación, coordinar el rescate y reestructuración de los bancos y transformar por completo la supervisión de los servicios financieros, prestar ayuda macrofinanciera a varios Estados miembros[1], crear nuevos mecanismos de apoyo para proteger la estabilidad financiera de la zona del euro y establecer objetivos ambiciosos para una nueva senda que nos conduzca a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, dentro de la Estrategia Europa 2020[2].Está naciendo un nuevo gobierno económico de la UE. Las propuestas legislativas de la Comisión y las actividades del grupo de trabajo dirigido por el Presidente del Consejo Europeo conducirán a una completa redefinición de los instrumentos de que dispone la UE para prevenir los desequilibrios macroeconómicos y reforzar el funcionamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la primavera de este año, los Estados participantes en la zona del euro, junto con algunos otros Estados miembros[3], acordaron realizar esfuerzos suplementarios para fomentar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad financiera como parte del Pacto por el Euro Plus.La UE ha empezado a aplicar un nuevo método de trabajo en el marco del denominado Semestre Europeo, de acuerdo con el cual las prioridades esenciales son debatidas colectivamente a nivel de la UE antes, y no después, de que se adopten las correspondientes decisiones nacionales. Los resultados de ese debate deben quedar reflejados efectivamente en los procesos nacionales de toma de decisiones, en especial en los ámbitos de los presupuestos y las reformas estructurales, de modo que los esfuerzos de los Estados miembros y de la UE se aúnen en una secuencia idónea para impulsar los avances y supervisar su realización.Sobre la base de su evaluación de los programas presentados por los Estados miembros, la Comisión propone una serie de recomendaciones específicas para cada país, así como otras recomendaciones para el conjunto de la zona del euro. Esta orientación se circunscribe a las prioridades esenciales que deberán abordarse en los próximos 12-18 meses. Ello refleja una decisión consciente de concentrarse en los retos más acuciantes a los cuales, siendo realistas, cabe dar respuesta en dicho horizonte temporal, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada Estado miembro. En relación con los Estados miembros que están recibiendo ayuda financiera exterior, la Comisión ha decidido limitarse a una recomendación: que apliquen los compromisos de sus respectivos programas según el calendario establecido. En los documentos de apoyo se ofrece un análisis más pormenorizado en el que se destacan los aspectos de carácter estructural y se señalan las prioridades a medio plazo, en especial en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Una vez adoptadas por el Consejo, cada uno de los Estados miembros deberá velar por que estas orientaciones se reflejen en sus decisiones nacionales y en la tramitación anual de sus presupuestos.Recuadro 1: El primer Semestre EuropeoEl Semestre Europeo se inició en enero de 2011 con la presentación de los desafíos socioeconómicos más importantes a los que se enfrenta la UE, llevada a cabo por la Comisión en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Informe conjunto sobre el empleo[4]. El Consejo Europeo de primavera refrendó y completó las orientaciones recogidas en dicho Estudio. En ese contexto se pidió a los Estados miembros que presentaran a finales de abril programas de estabilidad o de convergencia (en los que se trata la situación de las finanzas públicas) y programas nacionales de reforma (que presentan las políticas más importantes para sostener el crecimiento y el empleo y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020)[5]. Por añadidura, la mayor parte de los miembros del Pacto por el Euro Plus han presentado sus compromisos específicos en virtud del mismo (véase a continuación).La Comisión ha evaluado esos programas y compromisos y presenta ahora sus orientaciones por países, a fin de que el Consejo Europeo de junio pueda ultimar el primer Semestre. Aunque se admite que las reformas pueden necesitar tiempo para dar resultado, la Comisión se ha centrado en aquellos ámbitos en los cuales es preciso tomar medidas adicionales desde ahora.A la luz de esta primera experiencia, la Comisión considera que el Semestre Europeo puede convertirse en un método de gobierno eficaz para apoyar la toma de decisiones políticas europeas y nacionales de manera integrada, transparente y oportuna, siempre que los Estados miembros decidan colectivamente sobre las orientaciones políticas esenciales que deberán aplicarse y el curso que habrá de darse a las recomendaciones del Consejo:- La presentación simultánea de los programas de estabilidad y convergencia y los programas nacionales de reforma permite a la UE evaluar conjuntamente las estrategias presupuestarias nacionales y de crecimiento de los Estados miembros, incluidos posibles riesgos, desequilibrios o compensaciones que en otro caso pasarían desapercibidos. Por esa razón la Comisión presenta un conjunto integrado de recomendaciones para cada Estado miembro, ateniéndose a las distintas bases legales que las sustentan. Se invita al Consejo a remitir un conjunto único de recomendaciones a cada Estado miembro, que incluya el dictamen del Consejo sobre su situación presupuestaria.- Reunir las orientaciones dadas a nivel de la UE y a los distintos Estados miembros permitirá debatir y presentar los programas nacionales en el contexto de los objetivos de la UE. Ello significa que la dimensión de la UE puede integrarse en la política nacional antes de que se tomen las decisiones. También posibilita que la UE tenga en cuenta los esfuerzos nacionales y decida sobre iniciativas complementarias que han de tomarse a nivel europeo, por ejemplo, en el marco de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020[6].- La combinación de las orientaciones a corto plazo y los objetivos a medio plazo brinda a la UE y sus Estados miembros los medios para elaborar una secuencia de reformas y diseñar unas políticas más sólidas y mejor coordinadas en el tiempo.EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓNLa valoración general que la Comisión hace es que los programas presentados por los Estados miembros constituyen un buen punto de partida para sostener la recuperación europea, afrontar los desafíos presupuestarios e impulsar reformas nacionales más ambiciosas. Los esfuerzos nacionales se han basado en gran medida en las orientaciones del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. La adopción de los objetivos nacionales demuestra la existencia de un notable grado de compromiso con las metas de la Estrategia Europa 2020[7].Sin embargo, preocupa a la Comisión que la suma de estos compromisos no va a permitir a la UE cumplir sus objetivos principales en 2020. Sobre la base de los compromisos nacionales, la UE está en camino de cumplir sus objetivos en materia de reducción de emisiones, energía renovable y abandono escolar. Ahora bien, son necesarios esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos fijados en las áreas del empleo, la investigación y desarrollo, la eficiencia energética, la educación terciaria y la pobreza.En 2011-2012, los Estados miembros afrontan retos de gran alcance en un contexto señaladamente difícil. El margen de maniobra presupuestario es muy limitado y cunde el descontento entre los ciudadanos de varios Estados miembros a medida que se deja sentir el impacto de la crisis. Sin embargo, bajo la presión de los acontecimientos, muchos de los cambios necesarios para remediar deficiencias estructurales, que a menudo habían sido postergados durante años, están actualmente siendo considerados o aplicados. Ello es especialmente evidente en los Estados miembros perceptores de asistencia de la UE, de otros Estados miembros o del FMI, pero también lo es en distinto grado en todos los programas nacionales.En su evaluación, la Comisión reconoce la amplitud de las reformas ya emprendidas por los Estados miembros y reconoce que no existen varitas mágicas o soluciones universales: no todos pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Sin embargo, dada la gravedad de la situación y las interdependencias de nuestras economías, la Comisión recomienda adoptar medidas nacionales en los siguientes ámbitos indicados en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento:Condiciones necesarias para el crecimiento-  Con 24 Estados miembros actualmente en procedimiento de déficit excesivo y unos niveles de deuda pública que siguen siendo preocupantemente elevados, la mayoría de los Gobiernos están desplegando esfuerzos de saneamiento fiscal de gran calado, y se enfrentan a la tarea de revisar sustancialmente los niveles y estructura de sus presupuestos nacionales, en las vertientes tanto de los gastos como de los ingresos. La adopción de marcos presupuestarios reforzados en algunos Estados miembros, lo que incluye el uso de techos de gasto y «frenos al endeudamiento», constituye un paso positivo. Algunos Estados miembros están reformando también sus administraciones públicas y sus sistemas de seguridad social para controlar mejor los niveles de gasto público. La Comisión considera esencial cumplir los plazos convenidos para la corrección de los déficits excesivos y llevar a cabo rápidamente los esfuerzos de saneamiento, avanzando hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo definidos por el Consejo. En ese proceso, la Comisión exhorta también a que se preste especial atención a la calidad del gasto público y a las estructuras tributarias, a fin de preservar o reforzar los factores más favorables al crecimiento, como las inversiones en investigación, educación y eficiencia energética[8].-  El avance en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos aparecidos durante el último decenio ha sido lento en algunos Estados miembros; son necesarias más correcciones. En particular, los Estados miembros con grandes déficits por cuenta corriente derivados de pérdidas sostenidas de competitividad y de unas condiciones de financiación de la deuda favorables en el pasado, deben dar nuevos pasos para afrontar sus deficiencias estructurales. En algunos casos, ello puede suponer la revisión de los sistemas de fijación de salarios, en consulta con los interlocutores sociales, a fin de garantizar que los salarios sustenten la competitividad y evolucionen en línea con el crecimiento de la productividad. En otros casos, el desafío principal es avanzar en las reformas estructurales orientadas a la mejora de la productividad, por ejemplo, transfiriendo actividad económica hacia sectores de alto valor añadido o que producen bienes y servicios exportables. En los Estados miembros con superávit por cuenta corriente se pueden observar algunas tendencias compensatorias. Existe margen para fortalecer la demanda interna, que se verá favorecida principalmente por la adopción de medidas que impulsen la incorporación al mercado trabajo y la apertura de los mercados de servicios y redes.-  La capacidad del sector bancario para prestar con eficacia los servicios que la economía necesita sigue siendo motivo de preocupación en varios Estados miembros. Los resultados de las nuevas pruebas de resistencia, que se publicarán próximamente, deben ser seguidos inmediatamente por medidas que resuelvan las vulnerabilidades que persistan. Además de la actual revisión del marco reglamentario de la UE, la Comisión aboga por que se emprenda una serie de reformas sistémicas para modernizar el gobierno y funcionamiento de algunos sistemas nacionales. Algunos Estados miembros deben considerar también fortalecer el marco regulador de los préstamos hipotecarios a fin de prevenir burbujas inmobiliarias y reducir el endeudamiento excesivo de las familias.Movilización de los mercados laborales, creación de oportunidades de empleo-  La mayor parte de los Estados miembros está reformando sus sistemas de pensiones, tanto para limitar el futuro gasto derivado del envejecimiento de la población, como para crear incentivos adicionales para la prolongación de la vida laboral. Siguen siendo prioritarios el incremento de la edad legal de jubilación y su vinculación a la esperanza de vida y, en este sentido, puede resultar eficaz la creación de relaciones automáticas o basadas en una fórmula entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. La eliminación gradual de los planes de jubilación anticipada y el impulso a la empleabilidad de los trabajadores de más de 50 años constituyen elementos necesarios de la estrategia que se adopte. Dado el efecto de la crisis financiera sobre los fondos de pensiones privados, los Estados miembros que utilicen sistemas de dos o tres pilares deben garantizar la viabilidad de cada uno de ellos. En varios Estados miembros, la idoneidad del nivel de las pensiones para garantizar un nivel de vida adecuado en la tercera edad puede resultar un problema, ya sea actualmente o en el futuro.-  En algunos Estados miembros la crisis ha generado incrementos drásticos del desempleo, fenómeno que a veces coincide con acusadas caídas de los niveles de empleo y a menudo se ceba en las personas más vulnerables. El riesgo de que determinadas personas caigan en la inactividad o la exclusión puede materializarse si no se toman las medidas preventivas necesarias. Así, son esenciales medidas de apoyo y servicios de empleo eficaces que ayuden a los desempleados a encontrar un puesto de trabajo y a seguir desarrollando sus competencias profesionales. También precisa particular atención la situación de las personas que sufren pobreza y otros grupos especialmente vulnerables.-  Los Estados miembros deben ser más proactivos para mejorar el rendimiento educativo y el acceso al aprendizaje permanente, como maneras de mejorar la empleabilidad y fomentar el capital humano. En algunos Estados miembros es necesario un esfuerzo especial para afrontar el problema del abandono escolar, y proporcionar una oferta de aprendizaje y formación profesional. También se recomiendan medidas selectivas para solucionar los altos niveles de desempleo de los jóvenes. Numerosos Estados miembros están experimentando un rápido envejecimiento de su población trabajadora, y el retorno del crecimiento plantea la perspectiva de que se acentúen los fenómenos de desajuste de las cualificaciones: así pues, es prioritario hacer coincidir los resultados de los procesos educativos y formativos con las necesidades del mercado laboral.-  Varios Estados miembros siguen sufriendo la segmentación de sus mercados de trabajo, en los que coexisten distintos tipos de contratos, y deben avanzar más resueltamente hacia una combinación más efectiva (y justa) de flexibilidad y seguridad en sus regímenes laborales («flexiguridad»), incluido un reequilibrio de la legislación en materia de protección del empleo, a fin de estimular la creación de puestos de trabajo, la participación en el mercado laboral, la movilidad intersectorial y la acumulación de capital humano.-  Hasta ahora no se ha prestado suficiente atención a la reducción de la distorsión fiscal sobre el trabajo, especialmente en lo que respecta a los trabajadores con bajos niveles salariales y de cualificación. En un contexto de saneamiento fiscal, numerosos Estados miembros deberán reconsiderar los impuestos y los gastos en sus presupuestos nacionales. En general se recomienda desviar la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y/o el apoyo a objetivos medioambientales. También son necesarias nuevas actuaciones para eliminar los obstáculos sociales y fiscales que dificultan el acceso a la actividad laboral o el mantenimiento en ella de los segundos perceptores de renta. En este contexto se recomiendan prioritariamente la revisión de los sistemas tributario y de prestaciones sociales, una mayor oferta de servicios de atención infantil y formas más flexibles de empleo.Concentración inicial de medidas para impulsar el crecimiento-  Varios Estados miembros han sido señalados por retrasarse en la aplicación de la Directiva de servicios[9], circunstancia que está demorando innecesariamente el dinamismo de ese sector. Se recomiendan medidas concretas a fin de que dichos países puedan aprovechar el potencial que brinda el mercado único para impulsar el crecimiento y crear empleo, especialmente eliminando barreras injustificadas de entrada o abriendo en mayor medida los servicios profesionales mediante la eliminación de cuotas y la restricción de acceso, fomentando una mayor competencia en los sectores de redes y haciendo un uso más estratégico de las grandes cantidades de fondos que se invierten en la contratación pública.-  Como parte de sus estrategias de saneamiento fiscal, los Estados miembros han de considerar el modo de dar prioridad al gasto en investigación y educación, así como en las infraestructuras esenciales para sustentar el crecimiento, maximizando al mismo tiempo la calidad del gasto y la eficiencia de los servicios.-  Es necesario mejorar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras, en particular en lo que se refiere al capital-riesgo destinado a las pymes, y facilitar las condiciones de creación de empresas, por ejemplo, simplificando los trámites de expedición de licencias y permisos, reduciendo los plazos y costes de concesión, y mejorando la protección de los inversores.-  Se hace especial hincapié en la necesidad que existe en varios Estados miembros de fomentar una mayor eficiencia energética. Ello no solamente contribuirá a la seguridad energética y a la lucha contra el cambio climático, sino que también promoverá la difusión de tecnologías innovadoras e impulsará la creación de empleo cualificado.-  Varios Estados miembros necesitan tomar medidas para reducir la carga administrativa que soportan las empresas y mejorar la capacidad y el rendimiento de las administraciones públicas y el sistema judicial. En algunos casos es urgente modernizar el entorno empresarial reduciendo la burocracia y aumentando la transparencia de la contratación pública. Se recomienda también a varios Estados miembros que hagan un mejor uso de los fondos de la UE.Recuadro 2: El Pacto por el Euro Plus: Balance de los primeros compromisosEl Pacto por el Euro Plus fue acordado en marzo de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, y a él se incorporaron también Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Su finalidad es fortalecer el pilar económico de la Unión Monetaria, dar un salto cualitativo en la coordinación de las políticas económicas y mejorar la competitividad, lo que conducirá a un mayor grado de convergencia. El Pacto se centra principalmente en ámbitos de competencia nacional que son esenciales para incrementar la competitividad y evitar desequilibrios nocivos. Está concebido para incluir un esfuerzo adicional especial, incluidos compromisos y medidas concretas más ambiciosos que los ya acordados en el marco de la UE, acompañados de un calendario de ejecución. Estos nuevos compromisos se incluirán en los planes nacionales de reforma y los planes de estabilidad y de convergencia, y quedarán sujetos al marco de supervisión periódica de la UE.La mayoría de los 23 participantes han presentado compromisos, que abarcan más de 100 medidas en total, relativos de forma exclusiva o mayoritaria a las cuatro áreas contempladas en el Pacto: fomento de la competitividad, fomento del empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecimiento de la estabilidad financiera.Sin embargo, el grado de ambición y precisión de estos compromisos no es uniforme:- Cinco miembros del Pacto no han comunicado sus compromisos todavía[10].- Los compromisos se refieren generalmente a la concentración en fase temprana de medidas favorecedoras del crecimiento, por ejemplo, fomentando la competitividad en los sectores de las redes y de los servicios. Muchos hacen referencia a iniciativas en materia de empleo orientadas a mejorar los resultados educativos y las cualificaciones. Otros son iniciativas de saneamiento fiscal, por ejemplo, dar carácter legislativo a la exigencia de una disciplina presupuestaria más estricta. En menor medida, los compromisos se centran en mejorar la estabilidad financiera, en particular, mediante el refuerzo de la supervisión nacional de las entidades financieras. Por otra parte, en el futuro merecerían mayor atención aquellos aspectos relacionados con la coordinación pragmática de las políticas fiscales, en forma de intercambios de mejores prácticas, evitación de usos nocivos y propuestas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.- Algunos Estados miembros se han comprometido a realizar iniciativas mensurables, por ejemplo, aplicar una legislación concreta o determinados programas declarando la cuantía financiera que implican, mientras que otros han optado por compromisos más genéricos, como reducir el desempleo de los trabajadores con escaso nivel de cualificación, mantener una baja presión fiscal, mejorar el entorno empresarial reduciendo la burocracia o aplicar las directivas de la UE.- Incluso cuando se trata de compromisos específicos, la mayoría se refiere, al parecer, a proyectos legislativos en curso, más que a planes de reforma orientados al futuro que hayan sido iniciados como respuesta al Pacto. Hasta ahora, ninguno de los compromisos parece reflejar la importancia que concede el Pacto a las mejores prácticas ni tomar como referencia a los países con mejores resultados, ya sean países europeos u otros socios estratégicos.La evaluación que la Comisión realiza de los compromisos contraídos se refleja en sus recomendaciones. A menudo se hace una recomendación específica en áreas que se describen más generalmente en los compromisos asumidos en virtud del Pacto, por ejemplo, en los ámbitos de la reforma de pensiones, la fiscalidad del trabajo y la mejora de la cualificación profesional.PRÓXIMOS PASOSLa Comisión invita al Consejo Europeo a que refrende sus recomendaciones en su reunión de junio de 2011, previamente a su adopción oficial por el Consejo de Ministros.A nivel de la UE se seguirá trabajando en las actuaciones consecutivas al Semestre Europeo:-  El legislador debe adoptar el nuevo paquete legislativo sobre prevención y corrección de desequilibrios y sobre el robustecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ello reforzará nuestros instrumentos colectivos para valorar la situación y garantizar una actuación consecutiva idónea.-  A la vista de las recomendaciones específicas dirigidas a los distintos Estados miembros, las diversas formaciones del Consejo deben examinar las políticas y resultados de los Estados miembros en sus áreas competenciales respectivas, vigilar la aplicación y llevar a cabo revisiones paritarias sobre temas específicos para estimular el aprendizaje mutuo de prácticas interesantes.-  Tras las recomendaciones específicas dirigidas a sus miembros, el Eurogrupo debe intensificar su coordinación política, centrándose especialmente en la detección y prevención de desequilibrios. También debe vigilar la aplicación de las recomendaciones.-  Como se indica en el Pacto por el Euro Plus, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros participantes deben realizar un seguimiento de los compromisos contraídos. Dada la evaluación realizada por la Comisión sobre las primeras experiencias derivadas del Pacto, los Estados miembros participantes deben hacer que sus próximos compromisos sean más específicos, medibles y sujetos a un calendario, a fin de que se pueda realizar un seguimiento de sus progresos. Esos compromisos deben apoyarse en el desarrollo y aplicación de los programas nacionales de reforma y los programas de estabilidad o convergencia.-  Se debe dar al Parlamento Europeo la oportunidad de examinar el avance de los principales elementos de la Estrategia Europa 2000 y de dar a conocer sus puntos de vista en el próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento que elaborará la Comisión. A este respecto, también tienen un papel que desempeñar el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones.-  La Comisión tendrá en cuenta los progresos que se realicen en la aplicación de las recomendaciones por países, primeramente a nivel de la UE en su próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento previsto para enero de 2012, y en relación con cada Estado miembro en las orientaciones que se elaborarán ese mismo año. La Comisión seguirá apoyando los esfuerzos de los Estados miembros a través de una actuación a nivel de la Unión Europea encaminada a la ejecución de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 e intensificará sus esfuerzos para aprovechar el potencial del mercado único, por ejemplo, a través del Acta del Mercado Único.La conclusión del primer Semestre Europeo marca el inicio de un «semestre nacional»: en el segundo semestre del presente año, corresponderá a los Estados miembros debatir e incorporar las orientaciones europeas en sus presupuestos y decisiones para 2012, con vistas también a la preparación de los próximos programas nacionales que deberán entregarse en la primavera del próximo año.Aunque algunos Estados miembros pueden haber sido cautelosos en su elección de objetivos y medidas en este primer año, a la vista de las actuales dificultades, en los próximos años será necesario efectuar esfuerzos adicionales para garantizar que la UE invierte lo suficiente en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los Estados miembros han de hacer más para proteger el gasto en investigación y educación y la inversión en infraestructuras esenciales. Deben abrir más oportunidades en el sector de servicios, lo que incluye eliminar los obstáculos a la creación de empleo y la competencia en los sectores de las redes, y decidir rápidamente sobre las medidas propuestas en el Acta del Mercado Único. La mayoría de los Estados miembros pueden hacer más para mejorar el entorno empresarial mejorando la reglamentación, limitando la sobrerregulación y facilitando el acceso de las pymes a la financiación. Se deben tomar medidas para implantar la «flexiguridad» y adaptar las cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo.En sus esfuerzos de saneamiento fiscal y reforma estructural, los Estados miembros han de buscar maneras de afrontar el impacto social de las transformaciones que actualmente están en curso. En la Estrategia Europa 2020, la UE decidió fijar un objetivo de inclusión social, con el objetivo de sacar a 20 millones de personas de una situación de pobreza y exclusión en 2020. Las tendencias que se aprecian en numerosos países ponen de manifiesto un riesgo creciente de pobreza y marginación, a menos que se tomen medidas activas para contrarrestar estos fenómenos. A la vista de las actuaciones que se describen en los programas nacionales, los Estados miembros han de hacer más para alcanzar este objetivo.Para conferir legitimidad y eficacia al nuevo gobierno económico de la UE, los Estados miembros deben decidir la mejor forma de hacer participar a sus parlamentos nacionales, autoridades subnacionales y otras partes interesadas, en el desarrollo y seguimiento de sus programas. La Comisión está preparada para contribuir a los debates nacionales y participar en ellos, dentro de este nuevo y reforzado gobierno económico de la UE.Debemos aprovechar el impulso del cambio desencadenado por la crisis para contribuir a que la UE emerja más fuerte y mejor preparada para el futuro, capaz de competir con éxito y confianza en los mercados mundiales. El primer Semestre Europeo es un paso fundamental hacia el logro de nuestros objetivos de la Estrategia Europa 2020, y marca un cambio cualitativo en la coordinación de las políticas económicas y en el gobierno de la UE. Redoblando la actuación nacional y trabajando juntos en la UE estaremos en mejor situación para alcanzar un crecimiento sostenible y ayudar a nuestros ciudadanos a materializar sus esperanzas para el futuro.[1] Grecia, Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía.[2] La estrategia comprende cinco objetivos principales que la UE debe alcanzar en 2020: elevar su tasa de empleo al 75 %, elevar su nivel de inversión en I+D al 3% del PIB, cumplir sus objetivos en materia de energía y cambio climático («20-20-20»), incrementar la proporción de la población de nivel educativo terciario o equivalente hasta al menos el 40 % y reducir el abandono escolar a menos del 10 %, fomentar la inclusión social sacando al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión.[3] Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.[4] «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis» -COM(2011) 11, 12.1.2011, incluido el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo.[5] Portugal y Grecia no han presentado oficialmente programas de estabilidad. Sus prioridades políticas se debatirán periódicamente en el marco del seguimiento de los programas de asistencia.[6] La Comisión ha presentado una serie de iniciativas de la UE («iniciativas emblemáticas Europa 2020») para apoyar la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: «Agenda Digital», «Unión por la innovación», «Una nueva política industrial», «Juventud en movimiento», «Nuevas cualificaciones y empleos», «Plataforma europea contra la pobreza», «Una Europa que utilice eficazmente los recursos». También ha propuesto un conjunto de actuaciones esenciales para aprovechar el potencial del mercado único europeo en forma de una nueva «Acta del Mercado Único».[7] Con excepción del Reino Unido, que ha presentado objetivos cualitativos en varios ámbitos, y Luxemburgo, que ha retirado recientemente su objetivo de pobreza.[8] Se incluye la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.[9] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.[10] Finlandia, Grecia, Letonia, Portugal y Eslovenia.


title: Política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas Recomendación del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012 , con una Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (2011/2187(INI))

text:
               20.8.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               CE 239/11

         Jueves 2 de febrero de 2012Política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas
   P7_TA(2012)0018
   Recomendación del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, con una Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (2011/2187(INI))
   2013/C 239 E/02

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo, presentada por Graham Watson en nombre del Grupo ALDE, sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes autoritarios contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defiendan sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (B7-0235/2011),

               —

               Vista la Carta de las Naciones Unidas, en particular los artículos 1 y 25 y, en el capítulo VII, los artículos 39 y 41,

               —

               Vistas todas las convenciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y los protocolos facultativos,

               —

               Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los dos Protocolos Facultativos,

               —

               Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (el Convenio Europeo de Derechos Humanos),

               —

               Vista la Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de abril de 2006, que confirma las disposiciones del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,

               —

               Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

               —

               Vista la Estrategia Europea de Seguridad (EES) titulada «Una Europa segura en un mundo mejor», aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

               —

               Vistas las Resoluciones 1267 (1999) sobre la situación en Afganistán y 1371 (2001) sobre la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU),

               —

               Vistos el artículo 21, apartado 2, el artículo 22 y el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

               —

               Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Vista la Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (1),

               —

               Visto el documento del Consejo titulado «Establecimiento de una formación "Sanciones" del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX/Sanciones)», de 22 de enero de 2004 (5603/2004),

               —

               Visto el documento del Consejo titulado «Principios Básicos sobre la Aplicación de Medidas Restrictivas (Sanciones)», de 7 de junio de 2004 (10198/1/2004),

               —

               Vista la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Yusuf y Al Barakaat International Foundation / Consejo y Comisión (Rec. 11-3533 (2005)),

               —

               Vista la Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (2),

               —

               Visto el documento titulado «Prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 9 de julio de 2007 (11679/2007),

               —

               Visto el documento del Consejo titulado «Aplicación de la Posición Común 2001/931/PESC», de 21 de julio de 2007 (10826/1/2007),

               —

               Visto el documento del Consejo titulado «Actualización de las prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 24 de abril de 2008 (08666/1/2008),

               —

               Vista la Posición Común 2009/67/PESC del Consejo, de 26 de enero de 2009, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2008/586/PESC (3),

               —

               Visto el documento titulado «Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas (sanciones) en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE», modificadas en último lugar el 15 de diciembre de 2009 (17464/2009),

               —

               Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos (4),

               —

               Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (5),

               —

               Vistos los recursos de la política exterior de los Estados miembros,

               —

               Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0007/2012),

         Observaciones generales sobre el enfoque de la UE con respecto a los líderes autoritarios

               A.

               Considerando que el nuevo artículo 21 del TUE, introducido por el artículo 1, apartado 24 del Tratado de Lisboa, reconoce que la acción de la Unión se regirá por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»;

               B.

               Considerando que se prevé la aplicación de sanciones en el cumplimiento de los objetivos de la PESC enumerados en el artículo 21 del TEU, entre ellos el fomento de la paz y la seguridad a escala internacional, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la consolidación de la democracia y el buen gobierno;

               C.

               Considerando que, en el marco de la PESC, las sanciones o medidas restrictivas se consideran medidas coercitivas sin recurso a la fuerza, como los embargos de armas, las sanciones comerciales, financieras o económicas, la congelación de activos, la prohibición de vuelos, las restricciones de acceso, las sanciones diplomáticas, el boicoteo de espectáculos deportivos y culturales y la suspensión de la cooperación con el país tercero de que se trate;

               D.

               Considerando que la aplicación de sanciones o medidas restrictivas es eficaz en la medida en que se inscribe en una estrategia coherente y global de la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de derechos humanos;

               E.

               Considerando que hay «sanciones selectivas» en forma de sanciones personales, medidas económicas selectivas y medidas diplomáticas, como la prohibición de visados, la congelación de activos, los embargos a la exportación o la importación de productos determinados, la prohibición de vuelos, la prohibición de inversiones o la limitación de los contactos oficiales;

               F.

               Considerando que los desacuerdos entre los Estados miembros a menudo dan lugar a una aplicación incoherente de las medidas restrictivas, lo cual perjudica la credibilidad de la UE e incide negativamente en la eficacia de dichas medidas;

               G.

               Considerando que la UE ha aplicado a menudo su política de sanciones de una manera incoherente, tratando de forma diferente a terceros países que registraban un balance similar en cuanto al respeto de los derechos humanos y la democracia, lo que le ha valido la crítica de aplicar una política de «doble rasero»;

               H.

               Considerando que los adelantos de la tecnología de la información hacen cada vez más irrelevantes las fronteras nacionales y que, en un mundo globalizado, con esto se reducen las posibilidades de aislar a un país o a su élite;

               I.

               Considerando que la mayoría de los países objeto de sanciones son aquellos que se han mantenido más aislados del orden internacional y cuyas sociedades se beneficiarían más de una intensificación de los contactos internacionales en aras del cambio; y que en algunos casos las medidas restrictivas, en particular las dirigidas contra ciertos individuos, pueden tener no obstante efectos disuasorios y psicológicos;

               J.

               Considerando que las decisiones sobre sanciones de la UE solamente deben tomarse partiendo de una evaluación exhaustiva del modo más eficiente de lograr el cambio democrático en el país; considerando que toda decisión debe ir acompañada de la correspondiente justificación;

               K.

               Considerando que la Unión Europea representa para numerosos líderes autoritarios y para las personas allegadas a los mismos un polo de atracción para la inversión, las propiedades y las operaciones bancarias, así como para la atención sanitaria, y una zona en la que disfrutan de la libre circulación y de libertad para gastar su riqueza, acumulada frecuentemente de manera cuestionable;

               L.

               Considerando que la posibilidad que tienen los líderes autoritarios de convertir su poder en riquezas personales, a menudo mediante la apropiación indebida o el control personal de activos del Estado, entre otros medios, supone un incentivo para la usurpación y la permanencia en el poder y refuerza su capacidad de conseguir estos fines; considerando que es preciso estudiar otros medios de minimizar cualquier relación entre la ayuda exterior para el desarrollo o para otros fines y el enriquecimiento de líderes autoritarios y sus círculos más íntimos;

               M.

               Considerando que, sin una acción concertada, resulta difícil recabar informaciones exactas sobre los activos que poseen los líderes autoritarios en la UE, y que la UE debe perseverar en su búsqueda de información;

               N.

               Considerando que los líderes objeto de sanciones se verán afectados en la medida en que sufran personalmente presiones en forma de restricciones a sus posibilidades de desplazar dinero, invertir sus activos financieros y acceder a los mismos, restricciones a sus posibilidades de desplazamiento, así como restricciones al acceso a bienes y servicios concretos o a la representación diplomática;

               O.

               Considerando que la multiplicidad de agentes internacionales y regionales hace preciso un diálogo y mecanismos formales e informales de consulta entre ellos;

               P.

               Considerando que un aspecto esencial de una política eficaz con respecto a los regímenes autoritarios debe consistir en mantener el equilibrio entre una diplomacia coercitiva, incluidas medidas restrictivas caracterizadas por la claridad en la comunicación, y opciones constructivas sin uso de la fuerza, y haciendo prevalecer un diálogo crítico y progresivo en la aplicación de los recursos de política exterior de que disponen la UE y los Estados miembros, por encima del aislamiento;

               Q.

               Considerando que el procedimiento de revisión, mediante el cual es posible ampliar, relajar o levantar las sanciones como respuesta a cambios en la conducta de los líderes sancionados, es crucial para que sean eficaces las medidas restrictivas y debe llevarse a cabo con rigor y sentido estratégico;

               R.

               Considerando que todas las medidas restrictivas deben respetar los derechos humanos, el Derecho humanitario internacional, las garantías procesales, la proporcionalidad y el derecho a unas vías de recurso eficaces y no debe penalizar en modo alguno a los grupos de población más vulnerables de los países objeto de las medidas;

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

                     Elaboración de unas definiciones más claras

                           a)

                           que se elaboren unos criterios claros para establecer las condiciones de aplicación de las medidas restrictivas, los objetivos de las mismas, la forma que revestirán las sanciones, unas directrices para su evaluación periódica y el procedimiento de revisión aplicable, en consulta con el Parlamento Europeo; que se establezcan los criterios de manera que refuercen la coherencia y la credibilidad de las sanciones de la UE y permitan una flexibilidad suficiente en el plano operativo, de modo que la UE pueda emplear el instrumento como un instrumento efectivo en su actuación exterior;

                           b)

                           que se defina clara y expresamente contra quién se dirigirán las sanciones, cuando se trate de Estados en descomposición o de agentes no estatales, habida cuenta de que las estructuras son a menudo oscuras;

                           c)

                           que las sanciones se inscriban en un contexto político global, estableciendo unos objetivos específicos a corto y a largo plazo con miras a un proceso de democratización sostenible;

                           d)

                           que se reconozca que las sanciones no son un fin en sí, y que su aplicación esté acompañada por unos criterios de referencia claros y viables para el levantamiento de las sanciones;

                           e)

                           que se apoye sistemáticamente la labor de la Corte Penal Internacional velando por que se tengan debidamente en cuenta los procedimientos y las sentencias de la Corte en la política de sanciones de la UE;

                           f)

                           que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que apliquen el principio de jurisdicción universal para la lucha contra la impunidad y los crímenes cometidos contra la humanidad con el objetivo de mejorar el sistema de justicia penal internacional;

                     Establecimiento de una política de sanciones eficaz

                           g)

                           que se exhorte a maximizar la colaboración y la sinergia entre los 27 Estados miembros de la UE instándoles a que se expresen de forma unificada y coherente a la hora de condenar los regímenes autoritarios a través de un enfoque integrado único de la UE;

                           h)

                           que se reconozca que las sanciones no coordinadas a escala internacional pueden resultar ineficaces y contraproducentes con sus objetivos, pueden mermar la transparencia, la credibilidad y la coherencia de la política europea de sanciones y pueden reforzar el régimen autoritario al que van dirigidas o reducir el margen de negociación relativo y la credibilidad de la UE y sus Estados miembros con el Estado en cuestión; que se garantice una mejor coordinación y un mejor intercambio de información entre los Estados miembros mediante unos procedimientos claros;

                           i)

                           que se apliquen los regímenes de sanciones con rigor y coherencia, intentando evitar la aplicación de dobles raseros e incluyendo en su ámbito de aplicación los casos de violación de las libertades fundamentales y especialmente la libertad religiosa y la libertad de expresión; que se garantice que los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo y los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea apliquen también las medidas restrictivas e intercambien con la Unión información pertinente;

                           j)

                           que se apliquen sanciones o medidas restrictivas que sean específicas y guarden proporción con el objetivo previsto, con objeto de incidir únicamente en las élites responsables de los regímenes represivos o criminales y los agentes no estatales de los Estados en descomposición, minimizando, en la medida de lo posible, el impacto negativo en la población civil, en particular la más vulnerable;

                           k)

                           que se vele por que la ayuda exterior para el desarrollo o para otros fines no se convierta en un incentivo para el enriquecimiento de líderes autoritarios y sus círculos más íntimos;

                           l)

                           que se vele por que, siempre que ello sea posible, la política de sanciones vaya asociada a un apoyo a la sociedad civil en el país de que se trate; y que se mejore la calidad y la transparencia de la etapa de presentación de informes, de manera que pueda cuantificarse con precisión la asistencia prestada y su contribución real a la cobertura de las necesidades de la sociedad civil evaluadas con exactitud;

                           m)

                           que se vele por que no haya dobles raseros a hora de decidir medidas restrictivas o sanciones y por que éstas se apliquen independientemente de intereses políticos, económicos y de seguridad;

                           n)

                           que se vele por que las medidas restrictivas que limitan las actividades comerciales de empresas europeas en países objeto de sanciones no beneficien a competidores de terceros países;

                           o)

                           que se procure asociar estrechamente a los Estados miembros, así como a los jefes de las misiones y delegaciones de la UE al proceso de elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas restrictivas y de sus consecuencias sobre el terreno aportando elementos para la evaluación de impacto, que hace que la presencia de la UE sobre el terreno sea fundamental; y que se vele por que la información pertinente se transmita rápidamente al Parlamento Europeo;

                           p)

                           que se vele por que, en los países objeto de medidas restrictivas, los principales agentes que militan por la democracia y los derechos humanos participen estrechamente en la concepción, la aplicación y la evaluación de las medidas restrictivas;

                           q)

                           que se exhorte a las estructuras existentes en el SEAE y la Comisión a que lleven a cabo un análisis exhaustivo de la situación de la estructura económica y societal del país de que se trate antes y después de la adopción de sanciones, examinando de este modo los efectos directos e indirectos de todas las medidas concretas en los ámbitos políticos y socioeconómicos de la sociedad de que se trate, así como teniendo en cuenta el impacto de las mismas en las élites empresariales, los grupos de la sociedad civil, la oposición política e incluso los elementos de orientación reformista del gobierno;

                           r)

                           que se exhorte a la formación RELEX/Sanciones a que cumpla con su mandato de investigación sobre la adopción de sanciones, evaluación de las sanciones existentes y desarrollo de mejores prácticas en materia de aplicación y ejecución de medidas restrictivas, y a que informe regularmente al Consejo y al Parlamento Europeo acerca de sus conclusiones;

                           s)

                           que se exhorte a los servicios jurídicos de la UE y otros servicios pertinentes a que asesoren al Consejo acerca de las precauciones que han de tomarse para evitar que las personas objeto de sanciones consigan eludirlas;

                           t)

                           que se exhorte al SEAE y a la Comisión a que adopten un enfoque más integrado en el que se compartan las competencias y los conocimientos técnicos en la elaboración, aplicación y revisión de las sanciones;

                           u)

                           que se exhorte al Consejo y a la Comisión a que destinen tiempo y recursos suficientes, y a que recurran a expertos de los países y a personal especializado en derechos humanos para los análisis previos a la concepción de las sanciones y para la evaluación de su eficacia;

                           v)

                           que se exhorte a la Comisión y a los Estados miembros a que coordinen la aplicación de embargos de armas que son competencia de los Estados miembros;

                           w)

                           que se exhorte a la Comisión y a los Estados miembros a informar cada año sobre el esfuerzo sancionador hecho y sobre su eficacia;

                           x)

                           que se pida a Francia y al Reino Unido, así como a cualquier miembro europeo no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que velen por una aplicación rigurosa y concienzuda de las resoluciones del Consejo de Seguridad;

                           y)

                           que se considere, cuando proceda, la posibilidad de activar las cláusulas sobre los «elementos esenciales» de los acuerdos internacionales que permiten que la UE imponga sanciones por violación de los derechos humanos y los principios democráticos y que se aplique una política exterior europea coherente con el fin de apoyar medidas dirigidas contra regímenes autoritarios;

                     Adhesión a una política coherente dentro de las fronteras de la UE

                           z)

                           que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que, en caso de que personas objeto de sanciones posean activos materiales y financieros en su territorio, lo revelen, así como el valor aproximado de los activos y su ubicación; que se pida a los Estados miembros que colaboren intercambiando información pertinente, por ejemplo a través de los ya existentes Organismos de Recuperación de Activos y también por medio de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de CAMDEN en Europa (CARIN); que intensifiquen la cooperación entre Estados miembros de la UE con miras a la identificación y confiscación de estos activos;

                           aa)

                           que se exhorte a todos los Estados miembros de la UE a velar por una aplicación rigurosa de las sanciones financieras específicas o medidas restrictivas, por ejemplo:

                                       —

                                       ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo para hacer obligatoria su aplicación en todos los casos de intento de apertura de cuentas o depósito de fondos por dictadores sancionados o personas físicas y jurídicas o entidades vinculadas a ellos, pues estos fondos proceden del crimen, el, robo y la malversación; y examinando opciones para otros mecanismos preventivos destinados a reducir la afluencia a las entidades financieras de la UE de fondos públicos o activos obtenidos por apropiación indebida;

                                       —

                                       la denegación de préstamos, el refuerzo de las medidas orientadas al reembolso de préstamos y el bloqueo de activos, a fin de garantizar que, en la práctica, con dichas medidas se impida a las personas y entidades objeto de las mismas cualquier acceso a todos los servicios financieros que estén dentro de la jurisdicción de la UE;

                           ab)

                           que se garantice que las medidas restrictivas económicas y financieras, incluidas las sanciones financieras selectivas, sean aplicadas por todas las personas y entidades que operan en la Unión, incluidos los nacionales de terceros países, así como por los ciudadanos o entidades de la Unión que operan fuera de las fronteras de la Unión pero están registradas o establecidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión;

                           ac)

                           que se vele por que se prohíba a los líderes objeto de sanciones, así como a las personas físicas y jurídicas y las entidades claramente allegadas a los mismos, que tengan activos y propiedades dentro de la UE;

                           ad)

                           que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que prohíban que escuelas, universidades, laboratorios de ideas y otras instituciones académicas acepten financiación, subvenciones o donativos de líderes objeto de sanciones y de sus socios físicos y jurídicos y que establezcan la transparencia respecto de su financiación privada;

                           ae)

                           que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que prohíban que las asociaciones deportivas (incluidos los clubes de fútbol) y las organizaciones de solidaridad acepten financiación, subvenciones o donativos de líderes objeto de sanciones y de sus socios físicos y jurídicos;

                           af)

                           que se exhorte a la UE y a sus Estados miembros a que apliquen escrupulosamente las prohibiciones de viaje decretadas contra las personas objeto de sanciones, a fin de impedir que se desplacen dentro de la UE con fines distintos de los humanitarios;

                           ag)

                           que se exhorte a los Estados miembros a investigar activamente y, si procede, a procesar a personas o entidades jurídicas europeas que hayan prestado asistencia a líderes objeto de sanciones y a las personas allegadas a los mismos para evitar o eludir sanciones impuestas legalmente;

                     Proyección

                           ah)

                           que se exhorte a la UE a recabar el apoyo internacional y a formar coaliciones para sus políticas, especialmente cerca de los agentes influyentes en la zona en cuestión y de las organizaciones internacionales, y que se asocie plenamente al Parlamento Europeo a este proceso;

                           ai)

                           que se exhorte a la UE a que refuerce la legitimidad y recabe un amplio respaldo público y político para sus políticas, incluidas las medidas restrictivas y las sanciones, a escala de la UE e internacional, en especial en los países cuyos regímenes son objeto de sanciones, y que se asocie plenamente al Parlamento Europeo a este proceso;

                           aj)

                           que se exhorte a la UE a que, en ausencia de sanciones o medidas restrictivas del Consejo de Seguridad de la ONU, coopere con los demás Estados que apliquen sanciones, comparta información y coordine sus acciones con el fin de garantizar el mayor efecto posible a escala internacional y maximizar la eficacia de la aplicación de las sanciones comunitarias;

                           ak)

                           que se exhorte a la AR/VP, a los jefes de misión y al SEAE a que comuniquen expresamente a los líderes objeto de sanciones qué se espera de ellos, y a que establezcan unos objetivos precisos y realizables con el fin de incentivar el cambio positivo y a que ofrezcan una asistencia técnica adecuada;

                           al)

                           que se exhorte a los Estados miembros a que compartan las informaciones sobre personas objeto de sanciones, hasta donde lo permita la ley, con otros Estados, con los organismos competentes de la UE y con las organizaciones internacionales;

                           am)

                           que se exhorte a los Estados miembros a que garanticen un grado razonable de acceso público a las informaciones sobre las medidas nacionales en materia de medidas restrictivas aplicadas;

                           an)

                           que se exhorte al Consejo a consultar plenamente al Parlamento Europeo en el marco del proceso de revisión de las sanciones y a solicitar su aportación en materia de orientaciones políticas y estructuración de una política más amplia de la UE en materia de sanciones;

                           ao)

                           que se recuerde que la diplomacia coercitiva debe ir de la mano de medidas positivas como la ayuda al desarrollo, la cooperación económica sostenible y el apoyo a la sociedad civil;

                           ap)

                           que las sanciones y su evaluación estén acompañadas por medidas basadas en la cooperación y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos de los países objeto de las sanciones, con el objetivo de desarrollar o consolidar la cultura del respeto de la democracia y de los derechos humanos en el país en cuestión;

                           aq)

                           que se hagan esfuerzos por movilizar los activos bloqueados y confiscados a fin de restituirlos lo antes posible a sus países de origen en beneficio de la población;

                     *
               * *

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión y al SEAE.

      (1)  DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.

      (2)  DO L 328 de 24.11.2006, p. 59.

      (3)  DO L 23 de 27.1.2009, p. 37.

      (4)  DO C 295 E de 4.12.2009, p. 49.

      (5)  DO L 309 de 25.11.2005, p.15


title: Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1466/97 delConsejo de 7 de julio de 1997 en relación con el Programa de estabilidad actualizado de Alemania, 2001-2005

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Avis juridique important

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31998H0480

98/480/CE: Recomendación de la Comisión de 22 de julio de 1998 relativa a prácticas respetuosas del medio ambiente aplicables a los detergentes domésticos [notificada con el número C(1998) 2163]

Diario Oficial n° L 215 de 01/08/1998 p. 0073 - 0075

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 1998 relativa a prácticas respetuosas del medio ambiente aplicables a los detergentes domésticos [notificada con el número C(1998) 2163] (98/480/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,Considerando que los detergentes y los productos de limpieza ya son objeto de una serie de disposiciones comunitarias relativas a su fabricación, correcta manipulación, utilización y etiquetado, en particular a través de la Directiva 73/404/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de detergentes (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 86/94/CEE (2), así como de la Recomendación 89/542/CEE de la Comisión, de 13 de septiembre de 1989, relativa al etiquetado de detergentes y productos de limpieza (3);Considerando que la Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (4) cuya última modificación la constituye la Directiva 96/65/CE (5), es aplicable a los detergentes clasificados como peligrosos con arreglo a las disposiciones de su artículo 3;Considerando que las acciones contempladas en la presente Recomendación son sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (6);Considerando que los productos cosméticos ya son objeto de disposiciones comunitarias propias y que no están cubiertos por la presente Recomendación;Considerando que los criterios ecológicos que rigen la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes domésticos establecidos en virtud de la Decisión 95/365/CE de la Comisión (7) difieren de las disposiciones previstas por la presente Recomendación y que, por lo tanto, además del respeto de la misma los productores habrían de tener debidamente en cuenta la solicitud de la etiqueta ecológica comunitaria;Considerando que la Comisión ha formulado una serie de directrices relativas a la utilización eficaz de los acuerdos sobre medio ambiente, a través de una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo (8); que el Consejo y el Parlamento Europeo reconocieron en sus Resoluciones sobre este tipo de acuerdos que los mismos pueden constituir un instrumento válido para que la industria optimice sus resultados en el cumplimiento de las responsabilidades que le incumben (9);Considerando que la Comisión entiende que, para aumentar la eficacia y garantizar la transparencia y credibilidad de este compromiso industrial reconocido por la Comisión a través de una Recomendación, se debe consultar a todas las partes interesadas sobre la misma y, en especial, sobre su puesta en práctica y los resultados logrados;Considerando que una reducción de las temperaturas de lavado reduciría el consumo de energía, con la consiguiente disminución de las emisiones de CO2;Considerando que es previsible que la reducción del consumo de detergentes y de sus envases permita reducir el impacto ambiental general de los detergentes;Considerando que la reducción de la presencia de sustancias poco biodegradables en los detergentes disminuirá el impacto ambiental de éstos;Considerando que la industria ha elaborado un código de conducta con el fin de mejorar la información de que disponen los consumidores y así garantizar un uso correcto y, en particular, una dosificación adecuada de los detergentes a través de un etiquetado más detallado, de una publicidad didáctica y de otros programas que tengan por objeto la sensibilización de los consumidores, la conservación de los recursos y la mejora de la calidad del agua y del medio ambiente en general;Considerando que en los Estados miembros existen asociaciones nacionales en las que están representadas la gran mayoría de las empresas del sector de los detergentes y los productos de limpieza de cada país; que tales asociaciones son miembros de la AISE (Association internationale de la savonnerie, de la détergence et des produits d'entretien) y se han comprometido a aplicar la presente Recomendación de la Comisión;Considerando que la AISE -en la que está representado más del 90 % del sector comunitario de los detergentes y los productos de limpieza- se ha comprometido a garantizar la aplicación de la presente Recomendación, en cooperación con las asociaciones nacionales;Considerando que las empresas ajenas a la AISE que venden, comercializan o producen detergentes domésticos en la Comunidad Europea y en el Espacio Económico Europeo pueden participar asimismo en la presente acción;Considerando que los resultados obtenidos mediante la aplicación de la presente Recomendación habrán de ser comunicados al Parlamento Europeo y al Consejo, así como a la opinión pública, de conformidad con lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos sobre medio ambiente;Considerando que la aplicación de la presente Recomendación de la Comisión debería quedar garantizada no sólo por el compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones que en ella se establecen asumido por la AISE ante la Comisión, sino también por la acción de las asociaciones nacionales, las cuales cooperarán con las autoridades de los Estados miembros al objeto de garantizar dicha aplicación;Considerando que la presente Recomendación habría de entrar en vigor cuanto antes con objeto de reducir el impacto ambiental producido por la utilización de detergentes domésticos;Considerando que será necesario que los productores y los consumidores efectúen un esfuerzo adicional para lograr un desarrollo sostenible,RECOMIENDA:Artículo 1 A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por detergentes de uso doméstico los productos vendidos al público destinados al lavado de prendas del hogar.Artículo 2 En 2002, la cantidad total de energía consumida en cada ciclo de lavado por la categoría de productos a la que se refiere el artículo 1 deberá ser inferior a los niveles de 1996 en un 5 %.Artículo 3 En 2002, el consumo comunitario per capita de la categoría de productos a la que se refiere el artículo 1 deberá ser inferior a los niveles de 1996 en un 10 %.Artículo 4 En 2002, el consumo comunitario per capita de los envases primarios y secundarios utilizados en la categoría de productos a la que se refiere el artículo 1 deberá ser inferior a los niveles de 1996 en un 10 %.Artículo 5 En 2002, la cantidad de ingredientes orgánicos poco biodegradables, conforme a la definición que figura en el anexo a la presente Recomendación, contenida en la categoría de productos a la que se refiere el artículo 1 deberá ser inferior a los niveles de 1996 en un 10 %.Artículo 6 Sin perjuicio de lo establecido en la Directiva 84/450/CEE del Consejo (10) en materia de publicidad engañosa, los consumidores deberán recibir una información especialmente concebida para fomentar una utilización correcta de los detergentes de uso doméstico.Artículo 7 Al objeto de supervisar la correcta aplicación de la presente Recomendación, se procederá a la recopilación de datos estadísticos en los Estados miembros. Tales estadísticas estarán comunicadas a la Comisión así como a las autoridades nacionales. En el anexo a la presente Recomendación se especifican la información y los datos que habrán de ser recopilados, así como los procedimientos que deberán aplicarse para su recogida y comprobación.La AISE y las asociaciones nacionales en ella representadas confiarán a un organismo exterior la recopilación y el tratamiento de las estadísticas.Artículo 8 A efectos de la aplicación de la presente Recomendación, las autoridades nacionales deberían cooperar con los miembros de la AISE implantados en su territorio.Artículo 9 Cada dos años hasta la realización de los objetivos establecidos en la presente Recomendación, la Comisión consultará a los Estados miembros, a la AISE y al Comité de los consumidores (11) sobre el estado de aplicación de la misma. La Comisión informará en consecuencia al Consejo y al Parlamento Europeo, así como a la opinión pública.Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 1998.Por la ComisiónMartin BANGEMANNMiembro de la Comisión(1) DO L 347 de 17. 12. 1973, p. 51.(2) DO L 80 de 25. 3. 1986, p. 51.(3) DO L 291 de 10. 10. 1989, p. 55.(4) DO L 187 de 16. 7. 1988, p. 14.(5) DO L 265 de 18. 10. 1996, p. 15.(6) DO L 365 de 31. 12. 1994, p. 10.(7) DO L 217 de 13. 9. 1995, p. 14.(8) COM(96) 561 final, 27 de noviembre de 1996.(9) DO C 286 de 22. 9. 1997, p 254 y DO C 321 de 22. 10. 1997, p. 6.(10) DO L 250 de 19. 9. 1984, p. 17; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 23. 10. 1997, p. 18).(11) DO L 162 de 13. 7. 1995, p. 37.ANEXO La AISE y las asociaciones nacionales que la constituyen recopilarán todos los datos necesarios y supervisarán la aplicación de la presente Recomendación. A tal efecto, las asociaciones nacionales integradas en la AISE podrán cooperar con las autoridades nacionales. El año 1996 sirve como referencia para determinar el grado de realización de los objetivos establecidos en la presente Recomendación.En cada mercado nacional deberán recopilarse los datos que a continuación se enumeran:Consumo de productosLas empresas comunicarán el consumo total (toneladas/año) de detergentes domésticos (polvo y líquido) relativo a cada año civil. Se entenderá por consumo la cantidad total en toneladas de detergentes vendidos en cada mercado nacional.Consumo de envasesLas empresas comunicarán el consumo total (toneladas/año) de envases relacionados con el consumo de detergentes antes mencionado, relativo a cada año civil. Se entenderá por consumo la cantidad total en toneladas de envases utilizados en cada mercado nacional.Ingredientes orgánicos poco biodegradablesLas empresas comunicarán el consumo total de ingredientes orgánicos poco biodegradables (1) (toneladas/año) relacionados con el consumo de detergentes antes mencionado (polvo y líquido) relativo a cada año civil. Se entenderá por consumo la cantidad total en toneladas de ingredientes orgánicos poco biodegradables contenida en los detergentes vendidos en cada mercado nacional.Consumo de energíaLa reducción del consumo de energía por carga de lavado se determinará en función del cambio que debe operarse en la distribución de las temperaturas de los ciclos de lavado. La AISE realizará estudios adecuados y representativos sobre las prácticas de lavado a escala europea, a fin de elaborar un perfil de temperaturas relativo a cada país.La AISE comunicará a la Comisión cada dos años las estadísticas que hayan sido recopiladas en los Estados miembros, salvo en el caso de los datos relativos al consumo de energía, que sólo serán comunicados en relación con 1996 y, de nuevo, en 2002. En septiembre de 1998 se presentará a la Comisión el primer informe efectuado en relación con los datos de referencia correspondientes a 1996.El primer informe recapitulativo correspondiente a 1997 y 1998 se presentará a la Comisión en septiembre de 1999. En los informes a la Comisión figurarán los datos relativos a cada Estado miembro y los datos medios referidos a la Unión Europea.El cumplimiento de los objetivos que se establecen en la presente Recomendación será determinado en función de las medias comunitarias ponderadas que se obtengan.Junto con su primer informe, la AISE entregará a la Comisión una lista de las empresas que aplican en cada Estado miembro la presente Recomendación.La recopilación y comprobación de los datos serán confiadas a un organismo independiente debidamente cualificado. Dicho organismo independiente deberá garantizar el carácter confidencial de los datos relativos a cada empresa.(1) Se entenderá por ingredientes orgánicos poco biodegradables aquellos que presenten una degradación biológica no superior al 70 % en una prueba de biodegradabilidad inherente de tipo LASC o Zahn Wellens, con arreglo a lo establecido en los puntos C.12 y C.9 del anexo V de la Directiva 67/548/CEE del Consejo (DO 196 de 16. 8. 1967, p. 1); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 92/32/CEE (DO L 154 de 5. 6. 1992).