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51999SC1902

Proyecto de RECOMENDACIÓN Nº 1/1999 DEL COMITÉ MIXTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUIZA para la simplificación de determinados controles veterinarios sobre productos de origen animal procedentes de terceros países que transitan por la Comunidad Europea con destino a Suiza - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad  /* SEC/99/1902 final */

Proyecto de RECOMENDACIÓN Nº 1/1999 DEL COMITÉ MIXTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUIZA para la simplificación de determinados controles veterinarios sobre productos de origen animal procedentes de terceros países que transitan por la Comunidad Europea con destino a Suiza - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad -(presentado por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1 El Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Suiza relativo a la facilitación de los controles y formalidades en el transporte de mercancías entró en vigor el 1 de julio de 1991 [1].[1] DO L 116 de 8.5.1990, p. 18.2 De acuerdo con el artículo 34 de la Directiva 97/78/CE del Consejo, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros [2], a partir del 1 de julio de 1999, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva.[2] DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.3 La Directiva 97/78/CE del Consejo establece nuevas normas para los controles veterinarios en el caso de las partidas procedentes de un país tercero y destinadas a otro país tercero que transitan por la CE, con fines de sanidad animal y salud pública.4 Las nuevas normas están contenidas en el artículo 11 de la Directiva 97/78/CE y, en particular, en las letras c), d) y e) de su apartado 2, que exigen que los productos en tránsito se expidan bajo control aduanero desde el puesto fronterizo de entrada en la Comunidad hasta un determinado puesto fronterizo de salida, donde el veterinario oficial debe certificar su salida de la Comunidad. Éste debe firmar el certificado del anexo B que acompaña las partidas y devolverlo al veterinario oficial del puesto fronterizo de entrada, al objeto de confirmar que las partidas han salido de la Comunidad.5 Las autoridades competentes suizas han expresado el temor de que, al imponerse un control de salida de los productos que transitan por la UE, se pudieran ocasionar serios retrasos en el transporte de aquellas partidas que llegan a los puestos de inspección situados en la frontera entre la Comunidad Europea y Suiza.6 En este contexto cabe considerar la posibilidad de implantar un sistema perfeccionado de cooperación entre los servicios veterinarios de Suiza y los de la CE. Dicho sistema de cooperación se aplicará en determinados puestos fronterizos de inspección, en los que, de no existir tal acuerdo, puede paralizarse el tráfico por carretera.7 La Comisión solicita al Consejo que apruebe el texto de la presente Recomendación de cara a la posición de la Comunidad en el Comité mixto.Proyecto deRECOMENDACIÓN Nº 1/1999 DEL COMITÉ MIXTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUIZApara la simplificación de determinados controles veterinarios sobre productos de origen animal procedentes de terceros países que transitan por la Comunidad Europea con destino a SuizaEl Comité mixto,Visto el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza relativo a la facilitación de los controles y formalidades en el transporte de mercancías, y en particular su artículo 5, el apartado 1 de su artículo 11 y el apartado 1 de su artículo 17,Considerando que resulta necesaria una simplificación de determinados controles veterinarios a que están sujetos los productos de origen animal procedentes de terceros países en tránsito hacia Suiza,RECOMIENDA a las Partes Contratantes del Acuerdo:Que las autoridades veterinarias competentes de ambas partes cooperen a la hora de efectuar los controles de salida necesarios sobre las partidas en tránsito que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/78/CE, con arreglo al procedimiento previsto en el anexo.Hecho en Bruselas,  Por el Consejo El PresidenteANEXOAplicación de lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 11  de la Directiva 97/78/CE1. El procedimiento descrito en el presente anexo será de aplicación en los siguientes puestos fronterizos de inspección:- Francia: Saint-Julien / Bardonnex- Francia: Saint-Louis / Bâle- Alemania: Weil am Rhein / Basel- Alemania: Konstanz Strasse / Kreuzlingen- Alemania: Bietingen / Thayngen.2. El procedimiento será aplicable a todos los productos de origen animal, a excepción de la leche y los productos lácteos, los huevos y los ovoproductos, y la miel.3. En el momento de efectuar el control de entrada en Suiza de una partida, las autoridades veterinarias suizas solicitarán que se les entregue el certificado del anexo B que acompañe la partida. Asimismo, dichas autoridades comprobarán en todos los casos la concordancia entre los certificados del anexo B y los productos. 4. En principio, el veterinario oficial del puesto fronterizo de inspección de la Comunidad se reunirá con el veterinario oficial suizo encargado de la coordinación en un puesto dado dos veces por semana, con vistas a:- examinar los mensajes recibidos a través de ANIMO del puesto fronterizo de inspección de entrada, así como los certificados del anexo B a que se refiere el punto 3 anterior,- examinar y debatir cuantos problemas ocasionen las operaciones de tránsito contempladas en el presente anexo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 21.10.2015
            COM(2015) 601 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa a la creación de consejos nacionales de competitividad dentro de la zona del euro

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa a la creación de consejos nacionales de competitividad
                  dentro de la zona del euro

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 292, leído en relación con su artículo 121, apartado 2, y su artículo 136,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Si bien es necesario mejorar la coordinación y la supervisión de la evolución de la competitividad en la Unión, la reciente crisis ha puesto de manifiesto que los Estados miembros cuya moneda es el euro («Estados miembros de la zona del euro») pueden estar expuestos, en particular, a una acumulación y corrección repentina de desequilibrios macroeconómicos, con efectos que pueden propagarse a otros Estados miembros de la zona del euro. Habida cuenta de la ausencia de tipos de cambio nominales flexibles, estos Estados miembros necesitan mecanismos adecuados de ajuste para hacer frente a las perturbaciones. La dinámica de la competitividad es importante tanto para la acumulación y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos (por ejemplo, déficits comerciales y por cuenta corriente, niveles de los pasivos internos y externos), como para la eficacia del ajuste frente a perturbaciones asimétricas. El deterioro de la competitividad también puede provocar una reducción del crecimiento potencial, lo que a su vez, dificultaría el reembolso del elevado nivel de deuda. La coordinación de las políticas que influyen en la dinámica de la competitividad contribuiría a garantizar que la evolución de la competitividad sea compatible con el objetivo de buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Si bien la presente Recomendación está dirigida a los Estados miembros de la zona del euro, también se anima a los demás Estados miembros a crear organismos similares.

               (2)El Semestre Europeo, en particular el procedimiento de desequilibrio macroeconómico establecido en el Reglamento (UE) nº 1176/2011 y el Reglamento (UE) nº 1174/2011, establece un marco para una coordinación y supervisión integradas de la política económica. Habida cuenta de la necesidad de impulsar los progresos de las reformas estructurales en el ámbito de la competitividad, tales mecanismos existentes deben apoyarse en una mayor implicación de los Estados miembros en los programas de reforma. A tal efecto, parece justificado recurrir, a nivel nacional, a expertos independientes especializados en la definición de políticas y reforzar el diálogo en la materia entre la Unión y los Estados miembros de la zona del euro.

               (3)La creación de consejos nacionales de competitividad encargados de
                  realizar un seguimiento de los resultados obtenidos y las políticas aplicadas en el ámbito de la competitividad deberá contribuir a fomentar la implicación en las políticas y reformas necesarias a nivel nacional y a mejorar los conocimientos en que se basa la coordinación de las políticas económicas de la Unión en materia de competitividad. Estos consejos deberán evaluar la evolución y las políticas en el ámbito de la competitividad, pero también proporcionar consejos estratégicos para la realización de las reformas, teniendo en cuenta las particularidades nacionales y las prácticas establecidas.

               (4)El ámbito de intervención de los consejos de competitividad deberá definirse teniendo en cuenta el concepto de competitividad en sentido amplio. En el ámbito de competencias de estos consejos deberán entrar no solo la dinámica salarial, sino también los factores no salariales, los determinantes de la productividad y factores dinámicos asociados a la inversión, la innovación y la atracción de la economía para las empresas.

               (5)Deberá dotarse a los consejos de competitividad de la capacidad para efectuar análisis económicos de gran calidad que les sirvan de base para su función consultiva.

               (6)Los consejos de competitividad deberán ser independientes de los ministerios o las autoridades públicas que se ocupen de cuestiones relacionadas con la competitividad. También deberán ser imparciales, en el sentido de que no deben transmitir solo o principalmente opiniones de grupos específicos de interesados. Tales requisitos de independencia e imparcialidad tienen por objeto garantizar que el papel consultivo de los consejos de competitividad refleje adecuadamente las opiniones de expertos emitidas en aras del interés general.

               (7)Las características de los consejos de competitividad deberán respetar lo dispuesto en el artículo 152 del Tratado y tener en cuenta las prácticas e instituciones nacionales en el ámbito de la formación de salarios. De conformidad con el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su funcionamiento no deberá afectar al derecho de los trabajadores o de las empresas, o de sus organizaciones respectivas, de negociar y celebrar convenios colectivos al nivel apropiado o recurrir a acciones colectivas, con arreglo al Derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales.

               (8)La Comisión deberá coordinar las actividades de los consejos de competitividad con vistas a favorecer la realización de los objetivos fijados para el conjunto de la zona del euro y garantizar que las contribuciones de la red de consejos de competitividad se tengan en cuenta en la coordinación de las políticas económicas de la Unión.

               (9)Los consejos de competitividad deberán recopilar y publicar sus análisis y consejos en un informe anual. A fin de garantizar que los objetivos de la Unión y de la zona del euro se tomen en consideración en los trabajos de los consejos, deberán realizarse consultas entre la Comisión y estos para la elaboración de tales informes y durante las misiones de investigación en los Estados miembros. Los informes servirán a la Comisión para la realización de sus análisis en el contexto del Semestre Europeo y del procedimiento de déficit excesivo.

               (10)Con el fin de facilitar la coordinación a nivel supranacional, deberá haber un consejo de competitividad en cada Estado miembro. Sin embargo, para realizar sus actividades correctamente, los consejos de competitividad podrán basarse en diferentes organismos ya existentes, siempre que cumplan los principios comunes anteriormente expuestos.

               (11)El seguimiento y la aplicación de las recomendaciones específicas por país deben proseguir al nivel de la Unión, en el marco del Semestre Europeo y de la aplicación del procedimiento de desequilibrio macroeconómico establecido en el Reglamento (UE) nº 1176/2011.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               I. Objetivos y ámbito de aplicación

               1.El objetivo de la presente Recomendación es la creación de consejos nacionales de competitividad encargados de realizar un seguimiento de los resultados obtenidos y las políticas aplicadas en el ámbito de la competitividad, contribuyendo así a una convergencia económica sostenida y a una mayor implicación en las reformas necesarias a nivel nacional.

               2.Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros de la zona del euro. También se anima a los demás Estados miembros a establecer organismos similares.

               II. Creación de los consejos de competitividad

               3.Cada Estado miembro deberá contar con un consejo de competitividad con la misión de:

               a)
                     seguir la evolución de la competitividad en el Estado miembro, teniendo en cuenta los factores que puedan afectar a corto plazo a los precios y a la calidad de los bienes y servicios con respecto a los de sus competidores mundiales (incluidos los costes laborales), así como factores a largo plazo tales como la productividad y la capacidad de innovación, que son relevantes no solo para el rendimiento relativo de la economía, sino también para su potencial de crecimiento y su capacidad de atraer inversiones, empresas y capital humano;

               b)
                     contribuir a los procesos de fijación de los salarios a nivel nacional proporcionando información pertinente;

               c)
                     seguir las políticas relacionadas con la competitividad en el Estado miembro, y, en particular, contribuir a su evaluación ex post; y

               d)
                     evaluar los retos políticos y proporcionar asesoramiento en el ámbito de la competitividad; el asesoramiento de los consejos de competitividad deberá tener en cuenta la dimensión más amplia de la zona del euro y de la Unión; en particular, los consejos de competitividad deberán proporcionar asesoramiento sobre la aplicación de las recomendaciones por país dirigidas al Estado miembro por el Consejo en el marco del Semestre Europeo.

               4.Cada Estado miembro deberá designar un consejo de competitividad, que podrá apoyarse en organismos ya existentes.

               5.Los consejos de competitividad deberán llevar a cabo sus actividades de forma continua, y publicar sus análisis y consejos en un informe anual. Deberán mantener contactos con la Comisión y los consejos de competitividad de los otros Estados miembros con vistas a coordinar sus puntos de vista.

               III. Características de los consejos de competitividad

               6.Los consejos de competitividad deberán ser independientes estructuralmente o estar dotados de autonomía funcional respecto de cualquier autoridad pública que se ocupe de cuestiones relacionadas con la competitividad dentro del Estado miembro (en particular, los ministerios, las administraciones, las instituciones públicas y las agencias públicas). Los consejos de competitividad deberán sustentarse en disposiciones jurídicas nacionales que garanticen un alto grado de autonomía funcional y responsabilidad, en particular:

               a)un régimen jurídico basado en disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales de carácter vinculante,

               b)la no aceptación de instrucciones de ninguna autoridad pública que se ocupe de cuestiones relacionadas con la competitividad ni de cualquier otra entidad pública o privada,

               c)la capacidad para comunicar información públicamente y a su debido tiempo,

               d)unos procedimientos de nombramiento de sus miembros sobre la base de su experiencia y competencias,

               e)unos recursos suficientes y un acceso adecuado a la información para llevar a cabo su mandato.

               7.Los consejos de competitividad deberán consultar a las partes interesadas (por ejemplo, los actores o grupos de actores nacionales, incluidos los interlocutores sociales, que participen regularmente en el diálogo económico y social en los Estados miembros), pero no deberán transmitir solo o principalmente las opiniones y los intereses de un determinado grupo de partes interesadas.

               8.Los consejos de competitividad deberán tener la capacidad de llevar a cabo análisis económicos y estadísticos con un alto grado de calidad, reconocido particularmente por la comunidad académica.

               IV. Articulación con el Semestre Europeo

               9.La Comisión deberá facilitar la coordinación entre los consejos nacionales de competitividad e intercambiar puntos de vista con ellos, en particular para garantizar la consideración de los objetivos de la zona del euro y de la UE en sus trabajos. Deberán preverse contactos antes de la elaboración de sus informes anuales y durante las misiones de investigación en los Estados miembros.

               10.El asesoramiento técnico independiente aportado por estos consejos, en particular a través de sus informes anuales, se utilizará en los análisis de los Estados miembros y de la Comisión realizados en el marco del Semestre Europeo y del procedimiento de déficit excesivo.

               V. Rendición de cuentas y transparencia

               11.Por regla general, los análisis presentados por estos consejos deberán hacerse públicos.

               VI. Disposiciones finales

               12.Se invita a los Estados miembros a aplicar los principios establecidos en la presente Recomendación a más tardar el [fecha de adopción de la presente Recomendación + 6 meses].

               13.Se invita a la Comisión a que, a más tardar el [fecha de adopción de la presente Recomendación + 12 meses], prepare, partiendo de la información pertinente comunicada por los Estados miembros, un informe de situación sobre la aplicación y la idoneidad de la presente Recomendación, pronunciándose particularmente sobre la necesidad o no de adoptar disposiciones vinculantes.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 511 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italiay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Italia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Italia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017 y adoptada por el Consejo el 21 de marzo de 2017
                  7
               .

               (2)Al tratarse de un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro que se recoge en las recomendaciones 1 a 4 más abajo.

               (3)El informe específico de 2017 sobre Italia
                  8
                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017
                  9
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. Una elevada deuda pública y una dinámica prolongada de debilidad en la productividad conllevan riesgos con efectos transfronterizos en un contexto de elevados préstamos no productivos y desempleo. Es particularmente importante la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y, dado su tamaño y su influencia sobre otros países de la Unión, de efectos secundarios negativos para la Unión Económica y Monetaria.

               (4)El 27 de abril de 2017, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo. El Programa Nacional de Reformas incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo. A corto plazo, están previstas la adopción definitiva de la legislación pendiente en materia de competencia y la reforma del proceso penal y del régimen de prescripción, la aplicación de la ley de lucha contra la pobreza, así como las medidas relativas a convenios colectivos negociados a nivel de empresa, desplazamiento de la presión fiscal y privatizaciones. Las medidas previstas a medio plazo afectan a la hacienda pública, la fiscalidad, el mercado de trabajo, los sistemas bancarios y crediticios, la competencia, la Administración pública y la justicia, y la inversión. El Programa Nacional de Reformas incluye también los retos identificados en el informe específico de 2017 y la Recomendación para la zona del euro, incluida la necesidad de relanzar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si se aplican íntegramente, en los plazos indicados, estas medidas ayudarían a abordar los desequilibrios macroeconómicos de Italia y las recomendaciones específicas por país. Sobre la base de la evaluación de los compromisos políticos de Italia, la Comisión confirma su evaluación anterior, según la cual, de momento, no se justifican nuevas medidas en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. La aplicación de la agenda de reformas será objeto de un estrecho seguimiento a través de un control específico.

               (5)La recomendaciones específicas pertinentes por país han sido tenidas en cuenta en los programas de los Estados miembros con respecto a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020. Según lo previsto en la legislación relativa a los Fondos EIE
                  10
               , cuando sea necesario contribuir a la aplicación de recomendaciones específicas por país, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas correspondientes en el marco de los Fondos EIE. La Comisión ha facilitado directrices sobre la aplicación de esas normas
                  11
               .

               (6)Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé una mejora del déficit global, que pasaría del 2,4 % del PIB en 2016 al 2,1 % en 2017, el 1,2 % en 2018, y, en general, a una situación de equilibrio presupuestario en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, lograr el equilibrio presupuestario en términos estructurales, se alcance en 2019 y se mantenga en 2020, mientras que el saldo estructural recalculado
                  12
                apunta a un pequeño déficit estructural (0,3 % del PIB) en ambos años. Tras haber aumentado en 2016 (hasta el 132,6 % del PIB, frente al 132,1 % en 2015), se estima que la proporción del PIB que representa el endeudamiento de las administraciones públicas prevista en el Programa de Estabilidad se estabilizará, en términos generales, en 2017, y disminuirá a partir de 2018 hasta alcanzar el 125,7 % en 2020. La incertidumbre sobre la composición y la ejecución de la estrategia presupuestaria a medio plazo del Programa de Estabilidad implica riesgos de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y en relación con el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. En particular, las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión prevén casi el mismo crecimiento del PIB real para 2018 que el Programa de Estabilidad de 2017, a pesar de un déficit notablemente más elevado. De hecho, la previsión de la Comisión no incorpora una subida del IVA (0,9 % del PIB) adoptada como «cláusula de salvaguardia» para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2018, debido también a que el Programa de Estabilidad de 2017 confirma la intención de no activarla sin dar más detalles sobre las medidas de compensación alternativas. Por otra parte, el Programa de Estabilidad de 2017 recoge la intención de encontrar más margen de maniobra para reducir la carga fiscal.

               (7)El Programa de Estabilidad de 2017 indica que el impacto presupuestario general de la afluencia excepcional de refugiados y de las medidas en materia de seguridad tomadas en 2016 y 2017 es importante y constituye una prueba suficiente del volumen y el carácter de estos gastos presupuestarios adicionales. Según la Comisión, el gasto adicional admisible ascendió en 2016 al 0,06 % del PIB para hacer frente a la afluencia excepcional de refugiados y hasta el 0,06 % del PIB en el caso de las medidas en materia de seguridad. Para 2017, los gastos admisibles relacionados con la excepcional afluencia de refugiados se estiman, con carácter preliminar, en el 0,16 % del PIB
                  13
               . Por otra parte, en 2017, las autoridades italianas invocaron la cláusula de circunstancia inusual en respuesta a la actividad sísmica excepcional. Los gastos admisibles relacionados con la actividad sísmica excepcional se estiman, con carácter preliminar, en el 0,18 % del PIB en 2017
                  14
               . Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permitirían hacer frente a este gasto adicional en la medida en que el flujo de refugiados, la gravedad de la amenaza terrorista y la actividad sísmica excepcional constituyen acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas italianas sea significativo y la sostenibilidad no se vea comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2016 se ha reducido en un 0,12 % del PIB para tener en cuenta otros costes relacionados con los refugiados y la seguridad. En cuanto a 2017, en la primavera de 2018 se realizará una evaluación final, en la que se incluirán los importes admisibles, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades italianas.

               (8)Para 2016, se concedió a Italia una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a fin de tener en cuenta importantes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y un 0,25 % adicional del PIB para tener en cuenta las necesidades de gastos nacionales de inversión en proyectos cofinanciados por la UE. Por lo que se refiere a la cláusula de inversión, una de las condiciones de admisibilidad es el aumento de la inversión pública. Los datos relativos a la ejecución para el ejercicio 2016 registraron una disminución de la inversión pública en el mismo ejercicio con respecto a 2015 (1 600 millones EUR). Sin embargo, el Consejo reconoce que existen factores específicos que afectaron a la inversión pública el año pasado. Uno de estos factores fue la incertidumbre asociada a la transición al nuevo Código de contratación pública y concesiones, que se ha revisado en consonancia con las recomendaciones específicas por país de 2016. Además, lo cual es aún más importante, en 2016 se produjo una fuerte caída de las inversiones financiadas a través de los fondos de la UE como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo período de programación, mientras que la inversión financiada en el ámbito nacional aumentó ligeramente (1 100 millones EUR). Por lo tanto, dado que las inversiones financiadas en el ámbito nacional aumentaron en 2016 y los gastos relacionados con la cláusula de inversión no sustituyen a esta, se puede conceder una desviación temporal del 0,21 % del PIB a Italia en relación con la cláusula de inversión correspondiente a los gastos nacionales admisibles para su cofinanciación, como se indica en el Programa de Estabilidad de 2017. Una vez que se tiene en cuenta la flexibilidad adicional del 0,83 % del PIB en virtud de una circunstancia inusual, la reforma estructural y las cláusulas de inversión, las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión apuntan a una cierta desviación de la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2016.

               (9)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Italia lograr un ajuste presupuestario anual del 0,6 % o más del PIB de cara al objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto del ajuste recomendado con vistas al objetivo a medio plazo en 2017, y para el conjunto de 2016 y 2017. Esta conclusión podría cambiar, sin embargo, a un riesgo de cierta desviación si la prestación temporal para el caso improbable de que se aplique la cláusula de acontecimiento inusual relativa a la afluencia excepcional de refugiados y el plan de inversiones preventivo para la protección del territorio nacional contra los riesgos sísmicos (estimado en el 0,34 % del PIB, con carácter preliminar, en su conjunto) se deduce de los requisitos en 2017.

               (10)En 2018, a la vista de su situación fiscal y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Italia aplique más ajustes con el fin de cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de un porcentaje de reducción nominal del gasto público primario neto de al menos un 0,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa del requisito en 2018. No está previsto, en principio, que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. En conjunto, el Consejo considera que Italia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2017 y que será preciso adoptar nuevas medidas en 2018 para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.º 1466/97, la evaluación de los planes presupuestarios y los resultados deben tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberá tener en cuenta el objetivo de conseguir una situación presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia. En este contexto, la Comisión tiene la intención de hacer uso de su margen de apreciación a la luz de la situación cíclica de Italia.

               (11)Debido a que Italia no cumplió, después de un primer examen, la norma en materia de deuda en 2015, el 22 de febrero de 2017 la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, en el que se concluía que «salvo que las medidas estructurales adicionales, por un valor de al menos el 0,2 % del PIB que el Gobierno se comprometió a adoptar a más tardar en abril de 2017 sean promulgadas de forma creíble por entonces y se consiga reducir la brecha para lograr un claro cumplimiento del componente preventivo en 2017 (y, por tanto, en 2016), el análisis actual sugiere que debe considerarse que, por el momento, no se cumple el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997. Sin embargo, una decisión sobre si es o no oportuno recomendar el inicio de un procedimiento de déficit excesivo solo debería adoptarse sobre la base de las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión, teniendo en cuenta los datos relativos a la ejecución para 2016 y la aplicación de los compromisos suscritos por las autoridades italianas en febrero de 2017». En abril de 2017, el Gobierno italiano adoptó las medidas de saneamiento adicionales solicitadas. Por tanto, no son necesarios nuevos pasos para el cumplimiento del criterio de la deuda en 2015 en esta fase. La Comisión reevaluará la conformidad de Italia con el criterio de deuda en el otoño de 2017 sobre la base de los datos notificados para 2016 y las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión, en las que se incorporarán nuevos datos sobre la ejecución presupuestaria real en 2017 y los planes presupuestarios para 2018.

               (12)La alta proporción de endeudamiento de las administraciones públicas de Italia se estabilizará, pero no disminuirá, debido al empeoramiento del saldo primario estructural y la actual situación macroeconómica. Situado a más del 130 % del PIB, esto supone que se están asignando recursos significativos a financiar los costes del servicio de la deuda en detrimento de partidas generadoras de crecimiento, como la educación, la innovación y las infraestructuras.

               (13)El sistema tributario de Italia no favorece el crecimiento económico y la eficacia, por varios motivos. A pesar de una modesta reducción reciente, la carga fiscal sobre los factores de producción sigue siendo una de las más elevadas de la UE. Existe margen para otorgar un mayor papel a los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, sin que ello tenga incidencia en el presupuesto. El impuesto aplicable a la primera residencia fue derogado en 2015, lo que supuso un paso atrás en el proceso hacia una estructura fiscal más eficiente. A pesar de que la legislación nacional lo exigía con una periodicidad anual, se ha aplazado la muy esperada revisión de los gastos fiscales, en particular por lo que respecta a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. Aún sigue pendiente una reforma de los valores catastrales, obsoletos en comparación con los valores corrientes de mercado. El bajo cumplimiento de las obligaciones tributarias y la complejidad de la Ley Tributaria italiana aumentan la presión sobre las empresas y las familias que cumplen sus obligaciones tributarias. Las medidas recientes, como la obligación de facturación electrónica y el pago fraccionado para las compras de los organismos públicos, van en la dirección correcta. No obstante, no es obligatoria la facturación electrónica en el caso de las transacciones entre particulares y recientemente se ha planteado fijar unos límites al uso de dinero en efectivo, de modo que los pagos electrónicos siguen estando muy por debajo de la media de la UE, en detrimento del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               (14)Por lo que se refiere al procedimiento presupuestario, en 2016 se aprobó una reforma integral. La Comisión seguirá de cerca la aplicación de la reforma, que hará de la revisión del gasto una parte integrante del procedimiento presupuestario.

               (15)Las condiciones marco, la Administración pública y el entorno empresarial de Italia siguen adoleciendo de una serie de deficiencias estructurales que siguen ralentizando la ejecución de las reformas, desalentando la inversión, creando incertidumbre e induciendo al rentismo parasitario. Las reformas del sistema judicial civil adoptadas en los últimos años para aumentar su eficiencia, mejorar la gestión de los asuntos y garantizar el rigor en los procedimientos, están comenzando a dar resultado, aunque muy lentamente. La duración de los procesos civiles sigue constituyendo un reto importante. Aunque ha disminuido ligeramente en las instancias inferiores, el tiempo de tramitación y la acumulación de demandas civiles y mercantiles siguen estando entre los más altos de la UE en todas las instancias. Una reforma del procedimiento civil aún pendiente prevé unos criterios de admisibilidad más estrictos para interponer un recurso, la simplificación de los procedimientos civiles en todas las instancias y la adopción de medidas disuasorias contra los litigios entablados con temeridad.

               (16)Varios indicadores confirman que la corrupción sigue siendo un problema grave en Italia a pesar de las reformas adoptadas hasta ahora. La reforma largo tiempo esperada relativa al régimen de prescripción con el fin de intensificar la lucha contra la corrupción está pendiente desde 2014. En su forma actual, el régimen de prescripción conduce a una elevada proporción de casos prescritos tras una condena en primera instancia. Por otra parte, la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción dispone de limitados recursos financieros y humanos para ejercer sus competencias y, por ello, el marco de prevención sigue estando fragmentado.

               (17)En 2015 se aprobó una ley general que permitía la reforma de la administración pública que tiene potencial para mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración. Sin embargo, a raíz de la sentencia de noviembre de 2016 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de determinados decretos legislativos de ejecución, aún sigue pendiente la aplicación de partes fundamentales de la reforma. En particular, la sentencia se refiere a tres ámbitos fundamentales: los servicios públicos locales, el empleo público y las empresas públicas. Son necesarias nuevas iniciativas legislativas para la reforma de los servicios públicos locales y el empleo público a nivel de gestión, ya que el plazo para los respectivos decretos expiró en noviembre de 2016. Por lo que se refiere a las empresas públicas, el Decreto adoptado antes de la sentencia debe ser modificado. La reforma tiene por objeto reducir el número de empresas públicas, mejorar su eficiencia, y asegurarse de que funcionan con las mismas normas que para las entidades de propiedad privada. La puesta en marcha de las privatizaciones previstas contribuiría también a la racionalización de las empresas públicas.

               (18)Las condiciones marco para la competencia también siguen siendo desfavorables. En particular, la legislación en materia de competencia de 2015 aún no se ha adoptado. Persisten importantes obstáculos a la competencia en ciertos sectores, como el de las profesiones reguladas, las concesiones, la contratación pública y el sistema de autorizaciones, así como los servicios públicos locales, incluido el transporte. En particular, siguen siendo muy limitados los avances en el fomento de un funcionamiento eficiente, transparente y orientado a la competencia del mercado del transporte público, especialmente en el caso de los ferrocarriles en régimen de concesión por el Estado. Según un nuevo indicador desarrollado por la Comisión, el nivel de restricción es superior en Italia a la media ponderada en la UE para la mayoría de las profesiones analizadas. Como parte del paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios
                  15
               , en enero de 2017 se presentaron directrices específicas por profesión para abordar esta cuestión mediante una Comunicación de la Comisión sobre las recomendaciones para la reforma de la reglamentación en materia de servicios profesionales.

               (19)El importante volumen de préstamos no productivos del sector bancario sigue lastrando los beneficios de los bancos y su capacidad de generar capital a nivel interno. Esto afecta a la oferta de crédito y, en particular, a las pequeñas empresas. Las iniciativas políticas adoptadas hasta la fecha no han dado lugar a una importante reducción de los préstamos no productivos. Siguen sin desarrollarse suficientemente las orientaciones para la supervisión sobre la gestión de préstamos no productivos a escala nacional. Los bancos medianos y pequeños siguen siendo más vulnerables que las grandes entidades de crédito. Por lo tanto, la Comisión controlará la aplicación de la reforma de la gobernanza corporativa de los bancos popolari más grandes y de los pequeños bancos mutualistas, elemento que resulta fundamental para el saneamiento del sistema bancario. El marco de insolvencia y ejecución de garantías sigue siendo poco propicio para una rápida reestructuración y saneamiento de los préstamos no productivos, especialmente por lo que se refiere a las pequeñas empresas y las microempresas. Un proyecto de ley de habilitación destinada a revisar y racionalizar los instrumentos de ejecución forzosa y de insolvencia, actualmente en debate en el Parlamento, podría contribuir a superar las ineficiencias actuales y al desarrollo de un mercado secundario para la deuda morosa en Italia.

               (20)A pesar de la mejora gradual del mercado de trabajo gracias a las reformas, el desempleo juvenil y de larga duración siguen siendo elevados (6,7 % y 38 %, respectivamente, en 2016) y más de 1,2 millones de jóvenes no tienen estudios ni trabajo y no reciben formación. Si bien la aplicación de la Garantía Juvenil ha progresado mucho, persisten algunos retos para garantizar una aplicación más eficaz y completa. El número y la calidad de las ofertas sigue siendo bajo y las diferencias regionales en la prestación son elevadas. La reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, incluida la reforma de su sistema de gobernanza, se encuentra todavía en una fase temprana y los servicios de empleo siguen siendo débiles, con grandes disparidades regionales. La formación de los adultos no está suficientemente desarrollada, lo que puede afectar negativamente al mercado de trabajo de las personas poco cualificadas.

               (21)La participación de las mujeres en el mercado laboral y su potencial como población activa sigue estando en gran medida infrautilizado. La actividad laboral de las mujeres italianas figura entre la más bajas de la UE. Algunas características del sistema tributario y de prestaciones siguen disuadiendo a los segundos perceptores de renta a la hora de participar en el mercado de trabajo mientras que el acceso a unos servicios de asistencia asequibles (para niños y personas mayores) sigue siendo limitado y con grandes disparidades regionales. El permiso de paternidad es uno de los más bajos de la UE.

               (22)La negociación de segundo nivel no es muy utilizada. Esta situación impide una asignación de recursos eficiente y la adaptación de los salarios a las condiciones económicas locales. Esto se debe, en particular, a las normas marco y prácticas de negociación colectiva, que aportan incertidumbre a las relaciones laborales y reducen el margen de negociación local. Las desgravaciones fiscales sobre los incrementos salariales ligados a la productividad no han resultado eficaces a la hora de ampliar significativamente el uso de la negociación de segundo nivel.

               (23)El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social está muy por encima de la media de la UE, especialmente en el caso de los niños y las personas de origen inmigrante. También existen importantes disparidades regionales. Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la estrategia contra la pobreza. El recientemente aprobado régimen de renta de inclusión social constituye un paso positivo hacia el establecimiento de un sistema único y global contra la pobreza. Su eficacia dependerá de su aplicación adecuada con la movilización de recursos pertinentes (por ejemplo, mediante la racionalización de las distintas asignaciones de carácter social), a través de una adecuada focalización en función de los recursos disponibles y la asignación prioritaria en favor de las familias con hijos, así como de procedimientos eficaces sobre el terreno en relación con la prestación de las ayudas en términos de renta y de servicios integrados. En la situación actual, no queda claro si los recursos financieros serán suficientes para abordar el desafío de la pobreza de Italia. Sufragar los recursos suplementarios al mismo tiempo que se respetan los objetivos presupuestarios, reducir la fragmentación del sistema de asistencia social, racionalizar los gastos sociales y hacer frente a su actual desviación en favor de las pensiones, siguen siendo los principales retos.

               (24)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

               (25)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen
                  16
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (26)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo cual supondrá un importante esfuerzo presupuestario para 2018. Al adoptar las medidas políticas correspondientes, debe prestarse atención al logro de una política presupuestaria que contribuya tanto a consolidar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia. Desplazar la presión fiscal de los factores de producción hacia los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento sin que ello tenga incidencia financiera en el presupuesto y con el objetivo claro de reducir el número y el alcance de los gastos tributarios, reformar el anticuado sistema catastral y el restablecimiento del impuesto sobre la primera residencia para los hogares de renta alta. Ampliar el uso obligatorio de la facturación y de los pagos electrónicos.

               2.Reducir la duración de los procesos civiles por medio de una gestión eficaz de los asuntos y unas normas que garanticen la disciplina en dichos procesos. Intensificar la lucha contra la corrupción, en particular, mediante la revisión de los plazos de prescripción. Completar las reformas del empleo público y mejorar la eficiencia de las empresas públicas. Adoptar y aplicar rápidamente la legislación pendiente en materia de competencia y abordar las restantes restricciones que afectan a la competencia.

               3.Acelerar la reducción del volumen de préstamos no productivos y reforzar los incentivos para el saneamiento y la reestructuración del balance, en particular en el sector de los bancos sujetos a supervisión a nivel nacional. Adoptar una reforma radical del marco regulador de la insolvencia y de la ejecución de las garantías.

               4.Reforzar, con la participación de los interlocutores sociales, el marco de negociación colectiva con el fin de que los convenios colectivos tengan mejor en cuenta las condiciones locales. Desarrollar políticas activas del mercado laboral eficaces. Facilitar la incorporación al trabajo de la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares. Racionalizar el gasto social y mejorar su composición.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2017) 511 final.

                     (4)
                  P8_TA(2017)0038, P8_TA(2017)0039, y P8_TA(2017)0040.

                     (5)
                  COM(2016) 725 final.

                     (6)
                  COM(2016) 728 final.

                     (7)
                  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

                     (8)
                  SWD(2017) 77 final.

                     (9)
                  COM(2017) 90 final.

                     (10)
                  El artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (11)
                  COM(2014) 494 final.

                     (12)
                  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología acordada.

                     (13)
                  Este importe se basa en el coste presupuestario global del 0,25 % del PIB previsto en el Programa de Estabilidad de 2017, del cual ya se han deducido la desviaciones temporales del 0,03 % del PIB y del 0,06 % ya concedidas en 2015 y 2016, respectivamente. En su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de 2017 de Italia, la Comisión anunció que estaba dispuesta a estudiar un desvío adicional debido a la persistencia de la excepcional afluencia de refugiados en Italia, también en la perspectiva del Consejo Europeo de octubre de 2016, en el que se reconocía «la importante contribución, asimismo de carácter financiero, realizada por los Estados miembros de primera línea en los últimos años».

                     (14)
                  En su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 2017 de Italia, la Comisión ha considerado que los importes asignados a la gestión de emergencias y el plan de inversiones preventivo para la protección del territorio nacional contra los riesgos sísmicos podían considerarse de carácter integrado. Respecto de los años siguientes, únicamente las variaciones positivas en los recursos asignados a este fin se considerarían admisibles de cara a otras posibles desviaciones temporales.

                     (15)
                  COM(2016) 820 final, COM(2016) 821 final, COM(2016) 822 final, COM(2016) 823 final, COM(2016) 824 final.

                     (16)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


                              COMISIÓN
                              EUROPEA
                                                     Bruselas, 13.5.2015
                                                     COM(2015) 268 final
                                      Recomendación de
                             RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de los Países Bajos
   y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015
                                      de los Países Bajos
ES                                                                                ES
 ---pagebreak---                                           Recomendación de
                                RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
             relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de los Países Bajos
   y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015
                                          de los Países Bajos
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121,
   apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
   reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
   coordinación de las políticas económicas1, y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
   noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
   macroeconómicos2, y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea3,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo4,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:
   (1)      El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de
            poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020,
            basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los
            ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de
            crecimiento sostenible y competitividad de Europa.
   (2)      El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo
            adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas
            económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el
   1
           DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
   2
           DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
   3
           COM(2015) 268.
   4
           P8_TA(2015)0067, P8_TA(2015)0068, P8_TA(2015)0069.
ES                                                 2                                           ES
 ---pagebreak---         21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de
        empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se
        ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus
        políticas económicas y de empleo nacionales.
   (1)  El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación relativa al Programa
        Nacional de Reformas de 2014 de los Países Bajos y emitió su dictamen sobre el
        Programa de Estabilidad actualizado de 2014 de los Países Bajos. El 28 de
        noviembre de 2014, en consonancia con el Reglamento (UE) nº 473/20135, la
        Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 2015 de
        los Países Bajos6.
   (2)  El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre
        el Crecimiento7, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la
        coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base
        del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
        Alerta8, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros
        que serían objeto de un examen exhaustivo.
   (3)  El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para
        fomentar la inversión, acelerar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento
        presupuestario responsable que propicie el crecimiento.
   (4)  El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre
        los Países Bajos9. En él se evaluaron los avances realizados por los Países Bajos de
        cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de
        julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen
        exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE)
        nº 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que los Países Bajos están
        experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren la aplicación de
        medidas y un seguimiento. Persisten y merecen atención los riesgos derivados del
        alto nivel de deuda privada, pese a que las recientes medidas respaldan una
        reactivación del mercado de la vivienda y contribuirán a frenar el crecimiento de las
        hipotecas. Aunque el elevado superávit de la balanza por cuenta corriente refleja en
        parte las características estructurales de la economía, la estructura de los sistemas
        fiscales y de pensiones podría generar una ineficaz distribución del capital.
   (5)  El 30 de abril de 2015, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de
        Reformas de 2015 y su Programa de Estabilidad de 2015. Para tener en cuenta sus
        interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.
   (6)  Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto
        de Estabilidad y Crecimiento, así como sujetos a la norma transitoria en materia de
        deuda. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé que el déficit
        global experimente una mejora gradual hasta llegar al 1,8 % del PIB en 2015 y al
        0,7 % del PIB en 2018. El Gobierno tiene intención de cumplir el objetivo a medio
        plazo, que consiste en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, durante todo el
        período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio de
   5
       DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
   6
       C(2014) 8810 final.
   7
       COM(2014) 902.
   8
       COM(2014) 904.
   9
       COM(2015) 38.
ES                                             3                                               ES
 ---pagebreak---        deuda pública sobre el PIB alcance un máximo del 68,8 % en 2015 y disminuya
       gradualmente hasta el 66,1 % en 2018. El escenario macroeconómico en que se
       basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones
       de la Comisión correspondientes a la primavera de 2015, se prevé que se cumpla el
       objetivo a medio plazo de que el saldo estructural alcance un –0,3 % del PIB en 2015
       y un –0,4 % del PIB en 2016. Sobre la base de su evaluación del Programa de
       Estabilidad, y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión correspondientes a
       la primavera de 2015, el Consejo considera que es de esperar que los Países Bajos
       cumplan las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El gasto público
       en investigación y desarrollo, un 0,84 % del PIB en 2013, es bajo, teniendo en cuenta
       el grado de instrucción, los resultados académicos y el nivel de desarrollo económico
       de los Países Bajos. El gasto público en este ámbito sigue una tendencia a la baja
       desde 2014, mientras que el gasto privado en I+D sigue siendo reducido. Un
       desplazamiento del gasto público hacia la innovación y la investigación, en particular
       la investigación fundamental, y la aplicación de políticas marco para fomentar la
       inversión privada en I+D contribuirían a mejorar el potencial de crecimiento a largo
       plazo de la economía neerlandesa.
   (7) Un reto fundamental lo constituye el mercado de la vivienda, en el que se han ido
       acumulando durante décadas rigideces e incentivos distorsionadores, configurando
       en ese sector unas pautas particulares de financiación y ahorro. La tendencia de los
       hogares a contraer deudas hipotecarias brutas con la garantía de su patrimonio
       inmobiliario se explica, en gran medida, por unos incentivos fiscales de los que
       disfrutan desde hace mucho tiempo, especialmente la deducibilidad fiscal total de los
       intereses hipotecarios. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para
       abordar en parte el problema que suponen estos incentivos. Algunas de esas medidas
       implican un ajuste del tratamiento fiscal que se otorga a la financiación de la
       vivienda. Está justificada una transición paulatina para limitar la deducibilidad fiscal
       de los intereses hipotecarios y aumentar los incentivos a la amortización. Sin
       embargo, la introducción progresiva de dicha medida es demasiado lenta para influir
       de forma significativa en los comportamientos de amortización y se mantendrá un
       importante incentivo fiscal para invertir en activos no productivos. La ratio
       del 100 % entre el importe del préstamo y el valor del bien, que se debería alcanzar
       en 2018, sigue siendo elevada. El mercado del alquiler se encuentra limitado por la
       reglamentación y por la existencia de un sector de la vivienda social muy importante,
       que también ha de hacer frente a largas listas de espera. La introducción de más
       diferenciación en los alquileres de viviendas sociales, en función de la renta, supone
       un paso en la dirección adecuada, si bien su impacto es limitado. En virtud de una
       nueva Ley, las empresas dedicadas a la vivienda tienen que separar las actividades de
       interés económico general (es decir, la vivienda social) de otras actividades. Queda
       por ver si estas medidas dan lugar a la reorientación de la vivienda social hacia los
       ciudadanos necesitados y si garantizan la disponibilidad de vivienda social para las
       personas desfavorecidas que no encuentran alojamiento en condiciones de mercado.
   (8) La sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones ha mejorado. Además de un
       aumento gradual de la edad legal de jubilación del primer pilar, que pasa de los 65
       años en 2012 a los 67 en 2023 y se vincula a la esperanza de vida a partir de esa
       fecha, los Países Bajos han adoptado reformas globales del pilar de financiación
       privada del sistema de pensiones y del sistema de cuidados de larga duración. Se ha
       mejorado la supervisión financiera de los fondos de pensiones y la resistencia del
       sistema a las turbulencias financieras. Estas medidas se han visto complementadas
       por el éxito de las reformas destinadas a animar a los trabajadores de más edad a que
ES                                            4                                                 ES
 ---pagebreak---          trabajen más tiempo. Las reformas de la asistencia de larga duración han trasladado
         responsabilidades a los municipios, reduciendo con ello el gasto global y en aras de
         una mayor eficiencia. La calidad y accesibilidad de los cuidados de larga duración
         debe ser objeto de seguimiento.
   (9)   Entre los retos pendientes, cabe citar la distribución adecuada, intrageneracional e
         intergeneracional, de los costes y riesgos más allá de las normas aprobadas en
         materia de indexación y reservas financieras (marco de evaluación financiera), en
         particular mediante la reducción de las contribuciones de los jóvenes. Una mejora de
         la equidad actuarial de las contribuciones al segundo pilar del régimen de pensiones
         podría ayudar a los hogares a asignar sus recursos financieros de manera más
         favorable al crecimiento.
   (10)  La amplia reforma de la legislación de protección del empleo aprobada en 2014
         pretende aumentar la movilidad y la participación en el mercado laboral. Se han
         reducido los desincentivos fiscales al trabajo. Se establecerá, mediante legislación
         parlamentaria, una cuota para que los empresarios contraten a personas con
         discapacidad. El impacto de estas medidas solo podrá evaluarse plenamente una vez
         aplicadas. Son necesarias más medidas para mejorar la integración de las personas
         situadas en los márgenes del mercado laboral, en particular las de origen inmigrante.
   (11)  Teniendo en cuenta los pagos obligatorios distintos de los impuestos, en los Países
         Bajos la cuña fiscal es significativamente superior a la media de la UE, y existe
         margen para reorientar la fiscalidad a factores menos perjudiciales para el
         crecimiento. La reforma tributaria prevista contribuiría a aumentar la participación en
         el mercado laboral. Una vez adoptada, su impacto ha de ser objeto de estrecho
         seguimiento.
   (12)  En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de
         la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe específico
         de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional
         de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones
         dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su
         pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política
         socioeconómica de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y
         orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
         general de la Unión Europea incluyendo aportaciones a escala de la UE en las futuras
         decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se
         reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.
   (13)  A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de
         Estabilidad de los Países Bajos y su dictamen10 es que los Países Bajos cumplen el
         Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
   (14)  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente
         evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el
         Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6
         del Reglamento (UE) nº 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que
         figuran a continuación.
   (15)  En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis
         de la política económica de la zona del euro en su conjunto, sobre cuya base el
   10
        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.
ES                                                      5                                        ES
 ---pagebreak---           Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros
          cuya moneda es el euro. Los Países Bajos deben asimismo asegurar la plena
          aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.
   RECOMIENDA que los Países Bajos tomen medidas en 2015 y 2016 a fin de:
   1.     Reorientar el gasto público para fomentar la inversión en I+D y trabajar en establecer
          unas condiciones marco para mejorar el gasto privado en I+D, a fin de contrarrestar
          la tendencia a la baja del gasto público en I+D y aumentar el potencial de
          crecimiento económico.
   2.     Acelerar la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses hipotecarios para
          disminuir los incentivos fiscales de la inversión en activos no productivos. Establecer
          un mecanismo de fijación de precios más orientado al mercado en el sector del
          alquiler, y vincular en mayor medida los alquileres a la renta familiar en el sector de
          la vivienda social.
   3.     Reducir el nivel de las contribuciones al segundo pilar del sistema de pensiones en
          los primeros años de vida laboral.
   Hecho en Bruselas, el
                                              Por el Consejo
                                              El Presidente
ES                                               6                                                ES


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 342 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Portugaly por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Portugal

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Portugal

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Portugal

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro
                  7
               . Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016. Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Portugal debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)El informe específico de 2016 sobre Portugal
                  8
                fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Portugal de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 14 de julio de 2015 por el Consejo, así como los avances de Portugal hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo
                  9
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la gran acumulación de pasivos exteriores netos, la deuda privada y pública y el elevado porcentaje de préstamos no productivos constituyen puntos vulnerables en un contexto de elevado desempleo. Persisten las deficiencias de las políticas relativas a los mercados de productos y servicios, la reestructuración de la deuda de las empresas, las cuestiones presupuestarias y determinados ámbitos del mercado laboral.

               (3)El 29 de abril de 2016, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos Programas se han evaluado al mismo tiempo. El Programa Nacional de Reformas de Portugal demuestra ambición suficiente para abordar los desequilibrios excesivos, esboza medidas pertinentes para fomentar la competitividad y la reducción de la deuda privada y se refiere a los retos del informe por país de 2016 y a las recomendaciones de la zona del euro, centrándose en la necesidad de relanzar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En caso de que se apliquen plena y rápidamente, estas medidas ayudarían a abordar los desequilibrios macroeconómicos del país. Sobre la base de la evaluación de los compromisos de Portugal, por el momento no es necesario un refuerzo del procedimiento de desequilibrio macroeconómico.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  10
               .

               (5)Actualmente, Portugal se halla sujeto al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No corrigió el déficit excesivo en el plazo de 2015 y no realizó el esfuerzo presupuestario recomendado por el Consejo. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno tiene previsto corregir el déficit excesivo y alcanzar un déficit global del 2,2 % del PIB en 2016. Una vez lograda la corrección duradera del déficit excesivo, Portugal quedará sujeto al componente preventivo y a la norma transitoria en materia de deuda. Se prevé que el saldo estructural (recalculado
                  11
               ) mejore solo en torno a un 0,35 % del PIB al año entre 2016 y 2020, por debajo del 0,6 % del PIB exigido, y no se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (un superávit estructural del 0,25 % del PIB) en el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya al 124,8 % en 2016 y que siga disminuyendo hasta el 110,3 % en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es bastante optimista. Por otra parte, no se han concretado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas alcanzará el 2,7 % del PIB en 2016, por debajo del valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB, y el 2,3 % en 2017. Como se prevé que el déficit estructural aumente ligeramente en 2016 y 2017, el esfuerzo presupuestario no está en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por otra parte, no está previsto que Portugal se ajuste a la norma transitoria en materia de deuda en 2017. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que Portugal no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016 y 2017.

               (6)De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, la Comisión supervisará periódicamente la aplicación de las medidas adoptadas por Portugal en respuesta a la última Recomendación formulada por el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE. Por ello, la Comisión recomendará al Consejo las medidas adecuadas que deban adoptarse en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

               (7)La aplicación estricta y oportuna, tras su modificación, de la Ley marco presupuestaria y de la Ley de control de los compromisos, así como la introducción de mejoras adicionales en la recaudación y el control del gasto pueden contribuir de forma significativa al logro del ajuste presupuestario necesario. Portugal se enfrenta al doble reto de garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo del sistema sanitario y de mantener al mismo tiempo el nivel de acceso a los servicios sanitarios a través de la mejora de la eficiencia del sistema. Pese a que Portugal tiene actualmente uno de los menores porcentajes de gasto público sanitario total, el aumento previsto del mismo, del 2,5 % del PIB para 2060, es el mayor de toda la UE. A fin de abordar las dificultades que se plantean para la sostenibilidad a largo plazo del sector sanitario, todavía no se han adoptado medidas globales que permitan fomentar las políticas de salud pública y la prevención de las enfermedades, o garantizar la prestación de asistencia sanitaria primaria en una fase temprana y menos onerosa. A corto plazo, sigue siendo importante mejorar la exactitud de la planificación y la ejecución de los presupuestos en los hospitales para garantizar la liquidación de los atrasos. Si bien es cierto que las recientes reformas han abordado la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, las dificultades que amenazan su sostenibilidad a corto y medio plazo siguen sin afrontarse. El sistema público de pensiones se caracteriza por una gran dependencia de las transferencias presupuestarias y las desigualdades intergeneracionales. Las deficiencias de las políticas y los retrasos en su ejecución siguen menoscabando la sostenibilidad presupuestaria de las empresas de titularidad pública, en particular en el sector del transporte. Intensificar las medidas de mejora de la eficiencia incluidas en sus planes de reestructuración sigue siendo crucial en aras del ahorro.

               (8)Se han realizado esfuerzos considerables para reducir la evasión fiscal, mejorando la eficiencia de la Administración tributaria. Se están tomando medidas para atajar el fraude fiscal, mejorar el intercambio de información con las entidades financieras y fortalecer el marco contra el blanqueo de dinero. Pese a los avances registrados, aún queda margen para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Reformar la Administración tributaria para hacerla más eficiente también contribuiría a fomentar la inversión.

               (9)La evolución global de los salarios ha sido moderada, coherente con el alto nivel de desempleo y la necesidad de promover el reequilibrio exterior, y ha estado en consonancia con el crecimiento de la productividad a medio plazo. La negociación colectiva a nivel sectorial ha contribuido a esta evolución, aunque las características del sistema de negociación colectiva siguen limitando el alcance del ajuste en las empresas. En un contexto de baja inflación y elevado desempleo, en enero de 2016 el salario mínimo mensual se incrementó de 505 a 530 EUR, y está previsto que siga aumentando gradualmente hasta los 600 EUR en 2019 (14 pagas al año). Por lo que respecta al porcentaje del salario medio que representa el salario mínimo, Portugal se sitúa en un puesto intermedio entre los países de la UE, pero entre los países con mayor salario mínimo en porcentaje de la mediana salarial. Así pues, la distribución de los salarios en Portugal estaría muy escorada hacia los salarios más bajos, y nuevos incrementos del salario mínimo podrían extender rápidamente la proporción de trabajadores cubiertos, que en 2016 abarca ya a casi una cuarta parte de todos los trabajadores. Aunque es posible que esta evolución contribuya a reducir la intensidad de la pobreza de las personas empleadas, también supone una mayor compresión de la estructura salarial, que presiona al alza los salarios globales. Si no se compensa con un aumento de la productividad, se corre el riesgo de que ello dañe las perspectivas del empleo y la competitividad, especialmente en el caso de las industrias que absorben mucha mano de obra. También podría reducir el incentivo para invertir en las cualificaciones.

               (10)El mercado de trabajo portugués siguió recuperándose en 2014 y 2015, y se han realizado esfuerzos importantes para reformar las políticas de activación, modernizar el servicio público de empleo y aumentar la sensibilización de los jóvenes no inscritos, aunque la aplicación de las medidas no deja de plantear algunos problemas. En vista del reciente deterioro de la situación social, en particular en lo que se refiere al aumento de la pobreza infantil, también se han tomado medidas importantes para reforzar la asistencia social, especialmente en los ámbitos del régimen de renta mínima, las prestaciones por hijos y las pensiones bajas. Se ha de evaluar su repercusión en la reducción de la intensidad de la pobreza. No obstante, absorber el gran número de desempleados de larga duración sigue siendo un problema que afecta negativamente al crecimiento económico y la situación social. Hay margen para proseguir la activación de los desempleados de larga duración, a través de políticas específicas del mercado de trabajo y la mejora de la coordinación de los servicios sociales y de empleo. Aunque la recuperación ha propiciado la creación de muchos nuevos puestos de trabajo con contratos indefinidos, la segmentación del mercado laboral es aún considerable. La proporción de trabajadores con contrato de duración determinada figura entre las más elevadas de Europa y el porcentaje de transición de contratos temporales a contratos permanentes es pequeño.

               (11)El elevado endeudamiento del sector privado sigue constituyendo un punto vulnerable importante para la economía portuguesa y las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas siguen siendo difíciles. Aunque se han realizado algunos avances en la reducción del nivel de endeudamiento de las empresas y en la facilitación de ese proceso en el sector privado, este sigue figurando entre los más endeudados de la UE, lo que constituye un gran obstáculo para la inversión y el crecimiento de la producción potencial. Las sociedades no financieras están ajustando sus balances, aunque en menor medida que los hogares. El nivel elevado y el crecimiento de los préstamos no productivos en el sector empresarial lastran los balances tanto del sector financiero como del sector no financiero y constituyen un obstáculo importante para la inversión. Aunque a diversos niveles se han tomado medidas para reducir el endeudamiento de las empresas, apenas se han visto resultados. El sesgo en favor del endeudamiento en la tributación de las empresas sigue siendo elevado. En los últimos años, el Gobierno ha intentado corregir este problema introduciendo normas en materia de subcapitalización y una desgravación para el capital social. Sin embargo, en 2015, la diferencia del coste del capital (antes y después de impuestos) entre el endeudamiento y las inversiones con fondos propios seguía estando entre las más elevadas de la UE. El acceso al crédito sigue resultando costoso y difícil para las empresas, en particular las pequeñas y medianas o las de nueva creación. Las fuentes alternativas de financiación, tales como los fondos de capital inversión, el capital de riesgo, la financiación colectiva o los inversores providenciales, siguen siendo marginales y están totalmente infradesarrolladas.

               (12)Pese a los avances registrados, los obstáculos reglamentarios y la escasa capacidad institucional siguen frenando la inversión, la competitividad y el crecimiento de las empresas. La eficiencia del sistema judicial portugués sigue siendo escasa, especialmente en relación con los litigios en materia impositiva. La contratación pública es en gran parte transparente en Portugal. Sin embargo, según los datos de una plataforma especializada en línea («BASE»), los poderes adjudicadores portugueses suelen utilizar el procedimiento de adjudicación directa (en el período 2013-2015, así fueron adjudicados, en promedio, el 87,3 % de los contratos públicos, es decir, el 47 % del total de los importes adjudicados). La transparencia sigue dejando que desear en los contratos de concesiones y las colaboraciones entre los sectores público y privado, sobre todo a escala local y regional. La Unidad Técnica de Acompañamiento de Proyectos (UTAP) del Ministerio de Hacienda supervisa algunas de las colaboraciones entre los sectores público y privado que gestiona la Administración central, pero las concesiones y las colaboraciones de esa índole a escala local y regional no están sujetas a su supervisión. En cuanto al sector portuario, las reformas siguen sufriendo retrasos y no se han eliminado los obstáculos a la entrada de nuevos operadores. Aunque se ha simplificado el registro de nuevas empresas, la concesión de licencias sigue siendo engorrosa y la complejidad e imprevisibilidad de los procedimientos administrativos mina la confianza de los inversores. Sigue habiendo problemas en lo que respecta a los procedimientos para el acceso al mercado de la construcción, la obtención de licencias de obra y la aplicación efectiva, tras su racionalización, de las normas de concesión de permisos medioambientales. Las barreras reglamentarias en algunos sectores de los servicios a las empresas impiden la asignación eficiente de los recursos, particularmente en lo que se refiere a los servicios jurídicos. Las disposiciones que rigen los colegios profesionales, en especial las relativas a sus estatutos y normas internas, son restrictivas y pueden dificultar el acceso a las profesiones correspondientes de las personas físicas o jurídicas. Esta situación afecta especialmente a las profesiones jurídicas, en las que abundan las restricciones a la publicidad y al ofrecimiento de actividades multidisciplinares.

               (13)Portugal presenta resultados insuficientes en lo que respecta a la cooperación entre los ámbitos científico y empresarial y la comercialización del conocimiento. Las barreras a la cooperación entre las universidades y las empresas son elevadas, debido a la existencia de obstáculos reglamentarios y burocráticos y a la falta de incentivos para la cooperación en el sistema académico. Esta situación va en detrimento de la innovación y la empleabilidad de los titulados. La puesta en marcha de los nuevos cursos de técnico superior de ciclo corto ha creado nuevas oportunidades de cooperación entre las escuelas politécnicas y los agentes económicos regionales, pero los programas universitarios siguen estando al margen del proceso de modernización.

               (14)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (15)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Portugal, y su dictamen
                  12
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (16)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Portugal que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo en 2016, reduciendo el déficit de las administraciones públicas al 2,3 % del PIB en 2016, tomando las medidas estructurales necesarias y utilizando todos los beneficios extraordinarios para reducir el déficit y la deuda. Esto es coherente con una mejora del balance estructural del 0,25 % del PIB en 2016. A continuación, lograr un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB en 2017. Llevar a cabo, para febrero de 2017, una revisión global de los gastos en todos los niveles de la Administración pública y reforzar el control del gasto, la relación coste/eficacia y la presupuestación adecuada. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sector de la salud, sin menoscabar el acceso a la asistencia sanitaria primaria. Reducir la dependencia del sistema de pensiones de las transferencias presupuestarias. Para finales de 2016, volver a centrar los planes de reestructuración de las empresas de propiedad estatal aplicados actualmente.

               2.En consulta con los interlocutores sociales, garantizar que el salario mínimo sea compatible con los objetivos de fomento del empleo y la competitividad en todos los sectores.

               3.Garantizar la activación efectiva de los desempleados de larga duración y mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de empleo. Reforzar los incentivos para que las empresas ofrezcan contratos indefinidos a los trabajadores.

               4.Tomar medidas, antes de octubre de 2016, para facilitar el saneamiento de los balances de las entidades de crédito y reducir el elevado nivel de préstamos no productivos. Reducir el sesgo en favor del endeudamiento en la tributación de las empresas y mejorar el acceso a la financiación a través del mercado de capitales para las pequeñas y medianas empresas y las de nueva creación.

               5.Aumentar la transparencia y la eficiencia de la contratación pública en lo que respecta a las concesiones y las colaboraciones entre los sectores público y privado. Para finales de 2016, mejorar y agilizar los procedimientos administrativos y de concesión de licencias, acelerar los litigios tributarios y reducir los obstáculos reglamentarios, especialmente en los servicios a las empresas. Incentivar la cooperación entre las universidades y el sector empresarial.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2016) 342 final.

                     (4)
                  P8_TA(2016) 0058, P8_TA(2016) 0059 y P8_TA(2016) 0060.

                     (5)
                  COM(2015) 690 final.

                     (6)
                  COM(2015) 691 final.

                     (7)
                  COM(2015) 692 final.

                     (8)
                  SWD(2016) 90 final.

                     (9)
                  COM(2016) 95 final.

                     (10)
                  COM(2014) 494.

                     (11)
                  La Comisión recalcula el balance estructural sobre la base de la información recopilada en el Programa de Estabilidad, con arreglo a la metodología generalmente aceptada.

                     (12)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.