               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.2.2019
            COM(2019) 71 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la participación en las negociaciones sobre un Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (STE n.º 185)

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO

               La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación brinda oportunidades sin precedentes para la humanidad, pero también plantea retos, en particular en el ámbito de la justicia penal y, por tanto, para el Estado de Derecho en el ciberespacio. Al tiempo que se recrudecen la ciberdelincuencia y otros delitos que implican pruebas electrónicas en los sistemas informáticos y que las pruebas relacionadas con tales delitos se almacenan cada vez más en servidores situados en jurisdicciones extranjeras, múltiples, cambiantes o desconocidas, es decir, en la nube, las competencias coercitivas siguen estando limitadas por fronteras territoriales.

               En abril de 2015, la Comisión Europea se comprometió, en la Agenda Europea de Seguridad
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               , a revisar los obstáculos a las investigaciones penales sobre la ciberdelincuencia, en particular el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas. El 17 de abril de 2018, la Comisión propuso al Consejo y al Parlamento Europeo un Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal
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                y una Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales (en lo sucesivo, las «propuestas sobre las pruebas electrónicas»)
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               . El objetivo de estas propuestas es acelerar en la Unión Europea el proceso tendente a la obtención y protección de las pruebas electrónicas que son almacenadas u obran en poder de los proveedores de servicios establecidos en otra jurisdicción.

               Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia

               El Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185) tiene por objeto facilitar la lucha contra la delincuencia que hace uso de las redes informáticas. Contiene disposiciones que 1) armonizan elementos del Derecho penal sustantivo nacional y disposiciones conexas en el ámbito de la ciberdelincuencia, 2) prevén las competencias nacionales en materia de Derecho procesal penal necesarias para la investigación y los procedimientos relativos a estos delitos, así como otros delitos cometidos sirviéndose de un sistema informático, o para la obtención de pruebas electrónicas, y 3) tienen como objetivo implantar un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional. El Convenio está abierto tanto a los Estados miembros del Consejo de Europa como a los que no lo son. Actualmente son Partes en el Convenio 62 países, incluidos 26 Estados miembros de la Unión Europea
                  4
               . Aunque el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia no contempla la posibilidad de que la Unión Europea se adhiera al Convenio, esta es reconocida como organización observadora en el Comité del Convenio (T-CY). Sobre esa base, la Unión Europea participa en las reuniones del Comité del Convenio.

               El artículo 46, apartado 1, letra c), del Convenio dispone que las Partes se consultarán periódicamente, según sea necesario, con el fin de facilitar el estudio de la posibilidad de ampliar o enmendar el Convenio. Las Partes en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia vienen considerando desde hace algún tiempo los desafíos y los escollos existentes al acceso por parte de las autoridades judiciales y policiales nacionales a las pruebas electrónicas de los delitos objeto de investigación penal en forma de datos informatizados (de 2012 a 2014, mediante un grupo de trabajo sobre el acceso transfronterizo a los datos y de 2015 a 2017 mediante el Grupo sobre pruebas en la nube).

               Negociaciones para un Segundo Protocolo adicional al Convenio

               Tras las propuestas del Grupo sobre pruebas en la nube
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               , el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (T-CY) adoptó una serie de recomendaciones, una de ellas acerca de la negociación de un Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia
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                relativo a una cooperación internacional reforzada (en lo sucesivo, el «Segundo Protocolo adicional»). En junio de 2017, el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia aprobó el mandato para la preparación del Segundo Protocolo adicional durante el período comprendido entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019.

               De conformidad con lo dispuesto en el mandato de negociación, el Segundo Protocolo adicional puede incluir los siguientes elementos:

               ·disposiciones para hacer más eficaz la asistencia jurídica mutua, en particular:

               –un régimen simplificado para las solicitudes de asistencia jurídica mutua relativa a la información sobre los abonados;

               –las órdenes de entrega internacionales;

               –la cooperación directa entre las autoridades judiciales en las solicitudes de asistencia jurídica mutua;

               –las investigaciones conjuntas y equipos conjuntos de investigación;

               –las solicitudes en inglés;

               –las audiencias audio y vídeo de testigos, víctimas y expertos;

               –los procedimientos de urgencia para las solicitudes de asistencia jurídica mutua;

               ·disposiciones que permitan la cooperación directa con los proveedores de servicios en otras jurisdicciones con respecto a las solicitudes de información sobre los abonados, las solicitudes de conservación y los procedimientos de urgencia para la tramitación de las solicitudes;

               ·un marco más claro y salvaguardas más sólidas de las prácticas existentes de acceso transfronterizo a los datos;

               ·salvaguardas, incluidos los requisitos de protección de datos.

               Las negociaciones de las diferentes disposiciones del Segundo Protocolo adicional avanzan a ritmos diferentes. La situación actual en los grupos de trabajo sobre los cuatro grandes bloques de trabajo descritos en el mandato de negociación es la siguiente:

               ·Las disposiciones sobre las «Lenguas en las que deben formularse las solicitudes» y los «Procedimientos de urgencia para las solicitudes de asistencia jurídica mutua» fueron aprobadas, con carácter preliminar, en la reunión plenaria de redacción del Protocolo de julio de 2018.

               ·Las disposiciones sobre las «Videoconferencias» fueron aprobadas, con carácter preliminar, en la reunión plenaria de redacción del Protocolo de noviembre de 2018.

               ·La reunión plenaria de redacción del Protocolo de noviembre de 2018 brindó la posibilidad de entablar también discusiones detalladas (disposiciones relativas a la «Jurisdicción» y el «Modelo de aprobación») y actualizaciones («Cooperación directa con los proveedores», «Órdenes internacionales de entrega», «Ampliación de las búsquedas/acceso sobre la base de credenciales», «Investigaciones conjuntas y equipos conjuntos de investigación» y «Técnicas de investigación»).

               ·En otros asuntos (salvaguardas, incluidos los requisitos de protección de datos) aún no se ha avanzado lo suficiente.

               2.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

               La presente Recomendación se presenta al Consejo con el fin de recabar su autorización para participar en las negociaciones en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros sobre un Segundo Protocolo adicional, adoptar las directrices de negociación y designar a la Comisión como negociadora con arreglo a lo dispuesto en el proyecto de directrices de negociación adjunto, de conformidad con el artículo 218 del TFUE.

               El artículo 3, apartado 2, del TFUE, establece que la Unión dispone de competencia exclusiva «para la celebración de un acuerdo internacional […] en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas». Un acuerdo internacional puede afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas cuando el ámbito del acuerdo se solapa con el de la legislación de la Unión o está regulado en gran medida por el Derecho de la Unión.

               La Unión Europea ha adoptado normas comunes, sobre la base del artículo 82, apartado 1, y del artículo 16 del TFUE, relativas a elementos que están siendo considerados con miras al Segundo Protocolo adicional. El actual marco jurídico de la Unión Europea incluye en particular instrumentos de ejecución forzosa y cooperación judicial en materia penal, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal
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               , el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea
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               , el Reglamento 2018/1727 sobre Eurojust
                  9
               , el Reglamento (UE) 2016/794 sobre Europol
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               , la Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo sobre equipos conjuntos de investigación
                  11
               , y la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales
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               . Por otra parte, la Unión Europea ha adoptado una serie de directivas que refuerzan los derechos procesales de sospechosos y acusados
                  13
               .

               En el exterior, la Unión Europea ha celebrado una serie de acuerdos bilaterales con terceros países, como los acuerdos de asistencia judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América
                  14
                y entre la Unión Europea y Japón
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               .

               La protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en los Tratados de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y estos datos solo pueden tratarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos)
                  16
                y la Directiva (UE) 2016/680 (Directiva sobre protección de datos policiales)
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               . El derecho fundamental de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones está consagrado asimismo en la Carta de los Derechos Fundamentales, e incluye como elemento esencial el respeto de la privacidad de las comunicaciones personales. Los datos de las comunicaciones electrónicas únicamente pueden ser tratados de conformidad con la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)
                  18
               .

               Por otra parte, para evaluar si un ámbito está regulado en gran medida por normas comunes, ha de tenerse en cuenta no solo el Derecho de la Unión en su estado actual, sino también su evolución en el futuro, en la medida en que sea previsible en el momento de dicho análisis. El ámbito cubierto por el Segundo Protocolo adicional es de relevancia directa para la previsible evolución en el futuro de las correspondientes normas comunes. A este respecto, también son relevantes las propuestas de la Comisión de abril de 2018 sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas
                  19
               .

               El ámbito de aplicación de las propuestas incluye tipos específicos de proveedores de servicios que prestan servicios en la Unión Europea. Se entiende que un proveedor presta servicios en la Unión Europea cuando permite a usuarios en uno o varios Estados miembros utilizar sus servicios y cuando tiene un vínculo sustancial con la Unión, por ejemplo por tener un establecimiento en un Estado miembro o prestar servicios a un gran número de usuarios en dicho Estado miembro. Los proveedores que no tengan presencia en la Unión Europea deben designar a un representante legal como responsable de las órdenes de entrega.

               Según las conclusiones del Consejo Europeo de 18 de octubre «Deben hallarse soluciones para garantizar el acceso transfronterizo rápido y efectivo a las pruebas electrónicas, con objeto de combatir eficazmente el terrorismo y otras formas de delincuencia grave y organizada, tanto en la UE como a escala internacional; debe alcanzarse un acuerdo, a más tardar al final de la legislatura, sobre las propuestas de la Comisión relativas a las pruebas electrónicas y al acceso a la información financiera, así como a la mejora de la lucha contra el blanqueo de capitales. La Comisión debe presentar asimismo con urgencia mandatos de negociación para las negociaciones internacionales sobre las pruebas electrónicas».

               Las propuestas sobre las pruebas electrónicas de la Comisión constituyen la base para un enfoque coordinado y coherente tanto dentro de la Unión Europea como de cara a su posición a escala internacional, con el debido respeto de las normas de la Unión Europea, en particular las que consagran la no discriminación entre los Estados miembros de la Unión Europea y entre sus nacionales respectivos. Aunque en su evaluación de impacto de las propuestas sobre las pruebas electrónicas la Comisión ya había señalado que estas podrían complementarse de manera útil con acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas con las salvaguardas correspondientes, decidió proponer normas de la UE relativas a las modalidades y salvaguardas apropiadas para el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas, antes de entablar negociaciones internacionales con terceras partes
                  20
               .

               A nivel internacional, la Comisión ha seguido participando en calidad de observadora en los debates relacionados en el marco del Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia
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               . El acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas ha sido un punto recurrente en las recientes reuniones ministeriales de Justicia y Asuntos de Interior entre la UE y los EE. UU.

               Las dos recomendaciones (participar en las negociaciones del Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia y entablar negociaciones con los Estados Unidos de América) van a ser adoptadas por la Comisión al mismo tiempo. Aunque ambos procesos progresan a distinto ritmo, abordan cuestiones interrelacionadas, y los compromisos asumidos en una negociación podrían tener un impacto directo sobre otros capítulos de las negociaciones.

               Si bien las propuestas sobre las pruebas electrónicas abordan la situación de tipos específicos de proveedores de servicios que prestan servicios en el mercado de la UE, existe el riesgo de que se impongan obligaciones contradictorias con las legislaciones de terceros países. A fin de abordar estos conflictos legales, y en consonancia con el principio de cortesía internacional, las propuestas sobre las pruebas electrónicas incluyen disposiciones relativas a mecanismos específicos en caso de que un proveedor de servicios se vea confrontado con obligaciones contradictorias que se derivan de la legislación de un tercer país cuando se solicitan pruebas. Estos mecanismos incluyen un procedimiento de revisión para aclarar tales situaciones. El Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia debe aspirar a evitar las obligaciones contradictorias entras las Partes en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia.

               Por consiguiente, cabe considerar que la conclusión del Segundo Protocolo adicional puede afectar a normas comunes o alterar su ámbito de aplicación.

               En consecuencia, la Unión dispone de competencia exclusiva para la negociación del Segundo Protocolo adicional que complementa el Convenio sobre la Ciberdelincuencia (en virtud del artículo 3, apartado 2, del TFUE).

               El objeto del Segundo Protocolo adicional entraría en el ámbito de aplicación de las competencias y políticas de la UE, en particular en el ámbito de los instrumentos sobre cooperación judicial en materia penal (artículo 82, apartado 1, del TFUE) y la protección de datos (artículo 16 del TFUE), y, siendo como son una cuestión del Derecho de la Unión, las negociaciones no pueden llevarse a cabo sin la participación de la UE. Además, la Comisión tiene una función de representación de la Unión Europea en general en virtud del artículo 17, apartado 1, del TUE. En vista de lo anterior, la Comisión debe ser designada por el Consejo como negociadora para el Segundo Protocolo adicional que complementa el Convenio sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185).

               3.DISPOSICIONES RELEVANTES EN LA MISMA POLÍTICA SECTORIAL

               Las negociaciones deben garantizar que las disposiciones que se acuerden sean compatibles con el Derecho de la UE y con las obligaciones de los Estados miembros derivadas del mismo, teniendo también en cuenta su desarrollo en el futuro. Además, también será necesario garantizar que el Segundo Protocolo adicional incluya una cláusula de desconexión que permita a los Estados miembros de la Unión Europea que sean Partes en el Segundo Protocolo adicional regular las relaciones entre sí sobre la base del Derecho de la Unión. En concreto, el funcionamiento de las propuestas sobre las pruebas electrónicas de la Comisión Europea, en particular a medida que estas evolucionan en las negociaciones de los colegisladores en el marco del procedimiento legislativo y finalmente en su forma definitiva (una vez adoptada), debe preservarse entre los Estados miembros de la Unión Europea.

               El Segundo Protocolo adicional debe incluir las salvaguardas necesarias de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el domicilio y las comunicaciones reconocido en el artículo 7 de la Carta, el derecho a la protección de los datos de carácter personal reconocido en el artículo 8 de la Carta, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta, la presunción de inocencia y el derecho de la defensa reconocidos en el artículo 48 de la Carta y los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas reconocidos en el artículo 49 de la Carta. El Segundo Protocolo adicional ha de aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.

               El Protocolo debe incluir salvaguardas apropiadas en materia de protección de datos y privacidad para la recogida, transferencia y ulterior utilización de los datos personales y de las comunicaciones electrónicas, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento por parte de los proveedores de servicios de la UE con las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación de la UE en materia de protección de datos y privacidad, en la medida en que un acuerdo internacional de estas características puede proporcionar una base jurídica para la transferencia de datos en respuesta a órdenes de entrega o de solicitudes formuladas por una autoridad de una Parte en el Protocolo Adicional que no sea un Estado miembro de la UE para que un responsable o un encargado del tratamiento revele datos personales y datos de comunicaciones electrónicas. Estas salvaguardas deben garantizar por tanto la protección de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la UE, incluido el derecho a la vida privada y la protección de los datos personales cuando se comuniquen datos personales o comunicaciones electrónicas a las autoridades con funciones coercitivas de países no pertenecientes a la UE.

               En vista de la ausencia de disposiciones que permitan a las autoridades acceder a los datos sin la ayuda de un intermediario («acceso directo») en las propuestas sobre las pruebas electrónicas de la Comisión Europea, la utilización de estas medidas solo puede basarse en el Derecho nacional. Aunque el Segundo Protocolo adicional podría incluir disposiciones en relación con la «Ampliación de las búsquedas/acceso sobre la base de credenciales» y las «Técnicas de investigación», el principal objetivo debe ser desarrollar salvaguardas más sólidas para tal acceso transfronterizo directo a los datos a fin de garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la UE, incluido el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales.

               La conclusión del Segundo Protocolo adicional debe permitir la celebración de tratados o acuerdos bilaterales entre las Partes en el Protocolo y entre las Partes en el Protocolo y la Unión Europea que regulen sus relaciones. A tal fin, debe insertarse una cláusula que contemple que si dos o más Partes en el Convenio ya han celebrado un acuerdo o un tratado sobre las cuestiones abordadas en el Convenio o vayan a hacerlo en el futuro, podrán aplicar dicho acuerdo o tratado o regular dichas relaciones en consecuencia, siempre que se haga de forma coherente con los objetivos y principios del Convenio. En las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas para la cooperación judicial en cuestiones penales debe prevalecer sobre cualquier acuerdo o arreglo alcanzado en las negociaciones del Segundo Protocolo adicional, en la medida en que regule las mismas cuestiones.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la participación en las negociaciones sobre un Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (STE n.º 185)

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 9 de junio de 2017, el Comité de Partes en el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185) (T-CY) adoptó una decisión por la que se adopta el mandato para la preparación de un Segundo Protocolo adicional al Convenio.

               (2)El mandato para el Segundo Protocolo adicional incluye los siguientes elementos de reflexión: disposiciones para hacer más eficaz la asistencia jurídica mutua (un régimen simplificado para las solicitudes de asistencia jurídica mutua relativa a la información sobre los abonados; órdenes de entrega internacionales; cooperación directa entre las autoridades judiciales en las solicitudes de asistencia jurídica mutua; investigaciones conjuntas y equipos conjuntos de investigación; solicitudes en inglés; audiencias audio y vídeo de testigos, víctimas y expertos; procedimientos de urgencia para las solicitudes de asistencia mutua); disposiciones que permitan la cooperación directa con los proveedores de servicios en otras jurisdicciones con respecto a las solicitudes de información sobre los abonados, las solicitudes de conservación y los procedimiento de urgencia para la tramitación de las solicitudes;  un marco más claro y salvaguardas más sólidas de las prácticas existentes de acceso transfronterizo a los datos; y salvaguardas, incluidos los requisitos de protección de datos.

               (3)La Unión ha adoptado normas comunes que se solapan en gran medida con los elementos que se están considerando para el Segundo Protocolo adicional. Se trata en particular de un conjunto completo de instrumentos con el fin de facilitar la cooperación judicial en materia penal
                  22
                y garantizar unos estándares mínimos en materia de derechos procesales
                  23
               , así como salvaguardas en materia de protección de datos y respeto de la vida privada
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               .

               (4)La Comisión presentó igualmente propuestas legislativas relativas a un Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, y una Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, que introduce órdenes europeas de entrega y conservación vinculantes y transfronterizas que pueden dirigirse directamente a un representante de un proveedor de servicios en otro Estado miembro
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               .

               (5)Por lo tanto, el Segundo Protocolo adicional puede afectar a normas comunes de la Unión o alterar su ámbito de aplicación.

               (6)El artículo 82, apartado 1, y el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión especifican las competencias de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, así como en materia de protección de datos y respeto de la vida privada. A fin de proteger la integridad del Derecho de la Unión y de velar por que las normas del Derecho internacional y del Derecho de la Unión sigan siendo coherentes, es preciso que la Unión participe en las negociaciones sobre el Segundo Protocolo adicional.

               (7)El Segundo Protocolo adicional debe incluir las garantías necesarias de los derechos y las libertades fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos personales y de la privacidad, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el domicilio y las comunicaciones reconocido en el artículo 7 de la Carta, el derecho a la protección de los datos de carácter personal reconocido en el artículo 8 de la Carta, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta, la presunción de inocencia y el derecho de la defensa reconocidos en el artículo 48 de la Carta y los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas reconocidos en el artículo 49 de la Carta. El Segundo Protocolo adicional ha de aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.

               (8) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  26
               , emitió su dictamen el ...
                  27
               ,

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, el Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185).

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con un comité especial que deberá designar el Consejo.

               Artículo 4

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Agenda Europea de Seguridad, de 28 de abril de 2015 [COM(2015) 185 final].

                     (2)

                        Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 225 final].

                     (3)

                        Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 226 final].

                     (4)

                        Todos excepto Irlanda y Suecia, que aunque han firmado pero no ratificado el Convenio, se han comprometido a avanzar en la adhesión.

                     (5)

                        Informe final del Grupo T-CY sobre pruebas en la nube titulado «Acceso de la justicia penal a la pruebas electrónicas en la nube: recomendaciones para su examen por el T-CY», de 16 de septiembre de 2016.

                     (6)

                        El Primer Protocolo adicional (STE n.º 189) al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos quedó abierto a la firma por los Estados, que firmaron el Convenio en 2003. Son Partes en el Primer Protocolo adicional 31 países, entre ellos 17 Estados miembros de la UE.

                     (7)

                        Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).

                     (8)

                        Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1).

                     (9)

                        Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo.

                     (10)

                        Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p.º 53).

                     (11)

                        Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1).

                     (12)

                        Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42).

                     (13)

                        Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1); Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1); Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1); Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

                     (14)

                        Decisión 2009/820/PESC del Consejo, de 23 de octubre de 2009, sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y del Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América (DO L 291 de 7.11.2009, p. 40).

                     (15)

                        Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación judicial en materia penal (DO L 39 de 12.2.2010, p. 20).

                     (16)

                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

                     (17)

                        Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

                     (18)

                        Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37), modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores.

                     (19)

                        Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 225 final];  Propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 226 final].

                     (20)

                        Mientras siguen su curso las negociaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo, el Consejo acordó una orientación general sobre la propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 7 de diciembre de 2018.

                     (21)

                        Convenio de Budapest del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185), 23 de noviembre de 2001, http://conventions.coe.int.

                     (22)

                        Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1); Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018); Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53); Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1); Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42);  y Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).

                     (23)

                        Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1); Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1); y Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1).

                     (24)

                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

                     (25)

                        COM(2018) 225 final y COM(2018) 226 final.

                     (26)

                        Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

                     (27)

                        DO C ...

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.2.2019
            COM(2019) 71 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la participación en las negociaciones sobre un Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (STE n.º 185)

               ANEXO

               1.OBJETIVOS

               La Comisión debe perseguir en las negociaciones los objetivos que se detallan a continuación:

               a)Las negociaciones han de garantizar la plena compatibilidad del Convenio y de los Protocolos adicionales con el Derecho de la Unión y con las obligaciones que este impone a los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las competencias de investigación concedidas a las Partes no pertenecientes a la UE.

               b)En concreto, las negociaciones deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales, las libertades y los principios generales del Derecho de la Unión, consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, incluido el de proporcionalidad, las garantías procesales, la presunción de inocencia y el derecho de defensa de las personas imputadas en un proceso penal, así como el respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal y los datos de comunicaciones electrónicas objeto de tratamiento, incluidas las transferencias a las autoridades con funciones coercitivas de los países no pertenecientes a la Unión Europea, y cualesquiera obligaciones que correspondan a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a las autoridades judiciales a este respecto.

               c)Por otra parte, el Segundo Protocolo adicional debe ser compatible con las propuestas legislativas de la Comisión sobre las pruebas electrónicas, tanto a medida que estas evolucionan en las negociaciones de los colegisladores en el marco del procedimiento legislativo como, finalmente, en su forma definitiva (una vez adoptadas), y prevenir los conflictos de leyes. En particular, el Protocolo debe reducir en la mayor medida posible los riesgos de que las órdenes de entrega emitidas en el marco de un futuro instrumento de la UE sean contradictorias con las legislaciones de terceros países que sean Partes en el Segundo Protocolo adicional. Si va acompañado de salvaguardas apropiadas en materia de protección de datos y de respeto de la vida privada, facilitaría el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios de la UE con las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación de la UE en materia de protección de datos y respeto de la vida privada, en la medida en que un acuerdo internacional de estas características podría servir de base jurídica para la transferencia de datos en respuesta a las órdenes o solicitudes de entrega formuladas por una Parte en el Segundo Protocolo adicional no perteneciente a la UE que obliguen a un responsable o encargado del tratamiento a comunicar datos personales o datos de comunicaciones electrónicas.

               2.CUESTIONES ESPECÍFICAS

               I. Relación con el Derecho de la UE y otros (posibles) acuerdos:

               d)Ha de garantizarse que el Segundo Protocolo adicional contenga una cláusula de desconexión que establezca que los Estados miembros, en sus relaciones mutuas, sigan aplicando la normativa de la Unión Europea y no el Segundo Protocolo adicional.

               e)El Segundo Protocolo adicional podría aplicarse en ausencia de otros acuerdos internacionales más específicos que vinculen a la Unión Europea o a sus Estados miembros y a otras Partes en el Convenio, o, en caso de que existan dichos acuerdos internacionales, únicamente en la medida en que ciertas cuestiones no estén reguladas por dichos acuerdos. Tales acuerdos internacionales más específicos deben, por tanto, prevalecer sobre el Segundo Protocolo adicional, siempre que sean coherentes con los objetivos y principios del Convenio.

               II. Disposiciones tendentes a reforzar la eficacia de la asistencia jurídica mutua:

               f)En la versión actual del borrador, las disposiciones relativas a las «Lenguas en las que deben formularse las solicitudes» establecen que las solicitudes deben presentarse en una lengua que sea aceptable para la Parte a la que se dirige la solicitud o ir acompañadas de una traducción a dicha lengua. La Unión Europea debe apoyar el borrador y el informe explicativo adoptado con carácter preliminar.

               g)Las disposiciones relativas a los «Procedimientos de urgencia para las solicitudes de asistencia jurídica mutua», tal como están redactadas en el borrador actual, permiten procurarse asistencia de forma rápida mediante el envío de una solicitud en formato electrónico cuando la Parte solicitante estime que existe una emergencia, definida como una situación en la que existe un riesgo significativo e inminente para la vida o la seguridad de cualquier persona física. La Unión Europea debe apoyar el borrador y el informe explicativo adoptado con carácter preliminar. El alcance de la asistencia mutua debe ser idéntico al establecido en el artículo 25 del Convenio.

               h)Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a las «Videoconferencias», la Unión Europea ha de cerciorarse de que el Segundo Protocolo adicional sea coherente, en la medida de lo posible, con las disposiciones correspondientes de los acuerdos internacionales existentes entre la Unión Europea y sus Estados miembros y otras Partes en el Convenio. Las disposiciones deben permitir a los Estados miembros garantizar el respeto de las salvaguardas aplicables en materia de derechos procesales derivadas del Derecho nacional y del Derecho de la Unión.

               i)Con respecto a las disposiciones sobre el «Modelo de aprobación», la Unión Europea ha de velar por que el borrador y la exposición de motivos incluyan elementos (p. ej. plazos máximos obligatorios para las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales) que garanticen que su utilización se traduce en unos procedimientos más rápidos; además, debe garantizar que la carga que pesa sobre los proveedores de servicios es proporcionada, y que se aplicarán, en su caso, vías de reparación.

               III.Disposiciones destinadas a permitir la cooperación directa con los proveedores de servicios en otras jurisdicciones:

               j)Con respecto a las disposiciones relativas a la «Cooperación directa con los proveedores en otras jurisdicciones», la Unión Europea debe garantizar que el Segundo Protocolo adicional es compatible con el Derecho de la Unión e incluye las salvaguardas apropiadas y que la carga que pesa sobre los proveedores de servicios es proporcionada.

               k)Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a las «Órdenes de entrega internacionales», la Unión Europea ha de garantizar que el Segundo Protocolo adicional incluye salvaguardas apropiadas de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta el diferente nivel de sensibilidad de las categorías de datos de que se trate y de las salvaguardas incluidas en las órdenes de entrega europeas para las diferentes categorías de datos.

               l)Con respecto a las disposiciones sobre las «Órdenes de entrega internacionales», la Unión Europea no debe oponerse a la inclusión en el Segundo Protocolo adicional de otras salvaguardas y motivos de denegación no previstos en las propuestas de la Comisión sobre las pruebas electrónicas, tanto durante las negociaciones en el marco del procedimiento legislativo por parte de los colegisladores como, finalmente, en su forma definitiva (una vez adoptadas), como la notificación y el consentimiento por parte del Estado del proveedor de servicios y el control previo por parte de un órgano jurisdiccional o de una entidad administrativa independientes, siempre que ello no reduzca desproporcionadamente la eficacia del instrumento en virtud del Segundo Protocolo adicional (por ejemplo, en los casos urgentes debidamente justificados). Las salvaguardas y motivos de denegación adicionales no deben afectar al funcionamiento de las propuestas sobre las pruebas electrónicas de la UE entre los Estados miembros.

               IV.Salvaguardas más sólidas para las prácticas existentes de acceso transfronterizo a los datos:

               m)Con respecto a las disposiciones relativas a la «Ampliación de las búsquedas/acceso sobre la base de credenciales» y a las «Técnicas de investigación», la Unión Europea debe cerciorarse de que el Segundo Protocolo adicional incluye salvaguardas apropiadas en materia de derechos fundamentales. Por consiguiente, el borrador debe incluir asimismo la condición de que los datos almacenados en el sistema informático conectado sean legalmente accesibles desde el sistema inicial y que el acceso sea necesario y proporcional y no vulnere las medidas de seguridad en dispositivos, en consonancia con las salvaguardas que se indican a continuación.

               n)La Unión Europea también debe garantizar que no se restrinjan las posibilidades de acceso que se prevén actualmente en los Estados miembros.

               V.Salvaguardas, incluidos los requisitos de protección de datos:

               o)La Unión Europea debe velar por que el Segundo Protocolo adicional prevea salvaguardas apropiadas en materia de protección de datos en el sentido de la Directiva (UE) 2016/680, del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Directiva 2002/58/CE aplicables a la recogida, transferencia y ulterior utilización de los datos personales y los datos de las comunicaciones electrónicas incluidos en las pruebas electrónicas buscados por la autoridad que presenta la solicitud. Estas salvaguardas deben incluirse en el Segundo Protocolo adicional teniendo en cuenta las establecidas en los acuerdos de la UE, como el Acuerdo marco UE-EE. UU., así como en la versión modernizada del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (STE n.º 108). Estas salvaguardas deben abordar las situaciones de tratamiento de datos en el contexto de la asistencia mutua entre las autoridades con funciones coercitivas y la cooperación directa entre estas autoridades y los proveedores. La Unión Europea debe procurar que estas salvaguardas se apliquen a todas las competencias de investigación, tanto las existentes en el contexto del Convenio como las creadas por el Segundo Protocolo adicional.

               3.APLICACIÓN TERRITORIAL, ENTRADA EN VIGOR Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES

               Las disposiciones finales del Protocolo adicional, incluidas las disposiciones en materia de entrada en vigor, reservas, denuncia, etc. deben inspirarse en la medida de lo posible y oportuno en las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185). Solo deben utilizarse disposiciones que se aparten de las cláusulas estándar cuando ello sea necesario para obtener los objetivos o reflejar las circunstancias específicas del Segundo Protocolo adicional.


title: Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza el inicio de negociaciones sobre la reforma del Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones («Acuerdo revisado de 1958»)

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 534 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría
            {SWD(2019) 534 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)De conformidad con el artículo 121 del Tratado, los Estados miembros deben fomentar unas finanzas públicas saneadas a medio plazo mediante la coordinación de las políticas económicas y la supervisión multilateral con el fin de evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio para reforzar las condiciones de estabilidad de precios y de crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)El 22 de junio de 2018, el Consejo concluyó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2017 se registró en Hungría una significativa desviación observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit de las administraciones públicas equivalente al 1,0 % del PIB en términos estructurales. En vista de la desviación significativa observada, el 22 de junio de 2018, el Consejo recomendó a Hungría
                  2
                que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  3
                no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. También recomendó que Hungría utilizase todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit, lo que situaría al país en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo llegó a la conclusión de que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018. Dadas esas circunstancias, el Consejo emitió el 4 de diciembre de 2018 una recomendación revisada dirigida a Hungría para que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 3,3 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB.

               (4)En 2018, con arreglo a las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión y a los datos de ejecución de 2018 validados por Eurostat, el crecimiento del gasto público primario neto fue muy superior al valor de referencia para el gasto, lo que apunta a una desviación significativa (desviación del 1,3 % del PIB). El saldo estructural empeoró hasta llegar a un -3,7 % del PIB desde el -3,4 % del PIB en 2017, lo que apunta también a una desviación significativa con respecto al ajuste estructural recomendado (desviación del 1,3 % del PIB). La magnitud de la desviación indicada por el saldo estructural se ha visto afectada negativamente por una disminución sustancial de los ingresos y por un aumento de los gastos de inversión en un contexto de recalentamiento de la economía, aunque se considera que se ha beneficiado marginalmente de la disminución del gasto en concepto de intereses. El valor de referencia para el gasto sufre un fuerte impacto negativo debido al crecimiento potencial del PIB a medio plazo aplicado en su cálculo, que incluye un crecimiento del PIB potencial muy bajo después de la crisis. Además, el deflactor del PIB en el que se basa el valor de referencia para el gasto no parece atender de forma adecuada a las crecientes presiones sobre los costes que afectan al gasto público. Tras aplicar la corrección correspondiente a estos factores, el valor de referencia del gasto parece reflejar adecuadamente el esfuerzo presupuestario y sigue apuntando a una desviación significativa. Teniendo en cuenta estos factores, ambos indicadores confirman una desviación significativa respecto de los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018.

               (5)El 5 de junio de 2019, tras realizar una valoración global, la Comisión consideró que existía en Hungría una significativa desviación observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, por lo que dirigió una advertencia a Hungría de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado y el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (6)Según el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, en el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia, el Consejo ha de dirigir una recomendación al Estado miembro afectado para que tome las medidas necesarias. El Reglamento (CE) n.º 1466/97 dispone que la recomendación fije un plazo máximo de cinco meses para que el Estado miembro corrija la desviación. De conformidad con esas disposiciones, se considera apropiado fijar la fecha límite de 15 de octubre de 2019 para que Hungría corrija la desviación. Antes de que expire ese plazo, Hungría debe informar sobre las medidas tomadas en respuesta a la presente Recomendación.

               (7)Sobre la base de las estimaciones de la brecha de producción contenidas en las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, Hungría se mantendrá en una coyuntura económica favorable en 2019 y 2020. Si bien en 2019 se estima que el PIB real crecerá en consonancia con el PIB potencial (un 3,7 %), en 2020 se prevé que el PIB real (un 2,8 %) sea inferior al potencial de crecimiento (un 3,6 %). La ratio de deuda de las administraciones públicas de Hungría se sitúa por encima del umbral del 60 % del PIB. Por tanto, el esfuerzo estructural mínimo exigido por el Reglamento (CE) n.º 1466/97 y la matriz de ajuste consensuada en virtud del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los posibles problemas de sostenibilidad, asciende al menos al 0,75 % del PIB para 2019 y 2020.

               (8)El déficit estructural de Hungría aumentó en un 1,4 % del PIB en 2017 y en un 0,3 % del PIB en 2018, situándose en el 3,7 % del PIB en 2018. En las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión se prevé que disminuya a partir de 2019. El requisito mínimo de ajuste en 2019 debe complementarse con un esfuerzo adicional necesario para corregir las desviaciones acumuladas y llevar de nuevo a Hungría a una trayectoria de consolidación adecuada tras las desviaciones desde 2017. Un esfuerzo adicional del 0,25 % del PIB en 2019 con respecto al resultante de la matriz de ajuste consensuada conforme al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se considera apropiado dada la magnitud de la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo y acelerará el reajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. El esfuerzo exigido para 2019 está en consonancia con el ajuste recomendado por el Consejo el 4 de diciembre de 2018. Para 2020, el requisito mínimo de ajuste del 0,75 % del PIB se considera adecuado, si bien queda supeditado al cumplimiento de ajuste exigido en 2019.

               (9)La mejora del saldo estructural exigida, del 1,0 % del PIB en 2018 y del 0,75 % del PIB en 2020, es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superior al 3,3 % en 2019 y al 4,7 % en 2020.

               (10)Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión apuntan a una mejora del saldo estructural de un 0,4 % del PIB en 2019 y de un 0,6 % adicional del PIB en 2020. Por consiguiente, una mejora estructural del 1,0 % del PIB en 2019 y del 0,75 % en 2020 exige que se adopten medidas con un rendimiento estructural total del 0,6 % del PIB en 2019 y medidas adicionales con un rendimiento estructural del 0,2 % del PIB en 2020 con respecto a la base de referencia actual de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión.

               (11)El hecho de que no se actuara de acuerdo con las recomendaciones anteriores para corregir la desviación significativa observada exige la adopción de medidas urgentes para volver a situar la política presupuestaria de Hungría en una trayectoria prudente.

               (12)Para alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Hungría adopte y aplique estrictamente las medidas necesarias y que realice un estrecho seguimiento de la evolución del gasto corriente.

               (13)Hungría debe informar al Consejo a más tardar el 15 de octubre de 2019 sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

               (14)Resulta oportuno que la presente Recomendación se haga pública.

               RECOMIENDA QUE HUNGRÍA:

               1)tome las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 3,3 % en 2019 y al 4,7 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB en 2019 y del 0,75 % del PIB en 2020 y situará al Estado miembro en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo;

               2)utilice todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit; las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento;

               3)informe al Consejo a más tardar el 15 de octubre de 2019 sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación; el informe debe proporcionar medidas suficientemente específicas y presentadas de manera solvente para cumplir la trayectoria de ajuste exigida, incluida la incidencia presupuestaria de cada una, así como una actualización de las previsiones presupuestarias detalladas para el período 2019-2020.

               El destinatario de la presente Recomendación es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 1.

                     (3)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 27.6.2019
            COM(2019) 291 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos vivos marinos en el Atlántico centro-occidental

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

               •Razones y objetivos de la Recomendación

               La Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (Copaco) es un órgano consultivo creado en 1973 de conformidad con el artículo VI de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su objetivo es promover la conservación, la gestión y el desarrollo de los recursos marinos vivos dentro de su zona de actuación. Sin embargo, la Copaco no adopta decisiones vinculantes para sus miembros. La FAO gestiona y financia la Secretaría de la Copaco. La Unión es miembro de la Copaco.

               En el marco de la acción 2, «Fomentar la gestión regional de la pesca y la cooperación en zonas oceánicas clave con el objetivo de solventar las deficiencias regionales en materia de gobernanza», perteneciente a la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión Europea «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos», la Unión se comprometió a «apoyar la modernización de aquí a 2020 del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental y la de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental».

               En 2012 se inició un proceso de reorientación estratégica que incluyó una revisión del rendimiento (2013-2014), un plan estratégico (2014), dos talleres de «reorientación y planificación estratégica» (2014 y 2015) y un análisis coste-beneficio del proceso de reorientación (2016). En la 16.ª sesión plenaria de la Copaco (2016), los miembros de la Comisión acordaron poner en marcha un proceso para aclarar algunas cuestiones clave relacionadas con el establecimiento de una organización regional de ordenación pesquera (OROP) en la zona de la Copaco. A finales de 2018, la Secretaría de la Copaco preparó un «documento de debate» para aclarar cuestiones relacionadas con los objetivos, la zona de actuación, la cobertura de las poblaciones, la estructura institucional, las implicaciones financieras, etc. Los días 25 y el 26 de marzo de 2019 tuvo lugar en Barbados el primer taller preparatorio de la reorientación de la Copaco, con el objetivo de preparar la 17.ª sesión plenaria de la Copaco prevista para julio de 2019, en la que se abordará el tema del establecimiento de una OROP en la zona de la Copaco.

                  La creación de un instrumento vinculante para la reforma de la Copaco en la zona centro-occidental del Atlántico proporcionará una base sólida para la gestión y conservación sostenibles de los recursos biológicos marinos. Este planteamiento está en consonancia con el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  Las OROP son organizaciones internacionales formadas por países. Entre sus miembros se hallan países de la región (Estados costeros), organizaciones de integración regional, como la UE, y entidades pesqueras con intereses pesqueros en una zona determinada. Algunas OROP ordenan todas las poblaciones de peces en una zona concreta, mientras que otras se centran en determinadas especies altamente migratorias, en particular los túnidos, en extensas zonas geográficas. Si bien algunas de ellas son de carácter puramente consultivo, la mayoría tienen competencias de ordenación que les permiten establecer límites de capturas y de esfuerzo pesquero, así como medidas técnicas y obligaciones de control.

                  En consonancia con la Comunicación de la Comisión «Participación en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP)», la Unión Europea, representada por la Comisión, desempeña un papel activo en seis organizaciones dedicadas al atún y en once organizaciones no dedicadas al atún.

                  La promoción de medidas para que las OROP sean más eficaces y, cuando proceda, mejorar su gobernanza es una característica fundamental de la acción de la UE en estos foros. Esto está en consonancia con la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos» y con las conclusiones del Consejo sobre dicha Comunicación conjunta.

               2.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

               •Base jurídica

                  El objetivo de la presente Recomendación es obtener del Consejo la autorización para que la Comisión negocie el establecimiento de una OROP en la zona del Atlántico centro-occidental en nombre de la UE.  La base jurídica para que el Consejo autorice la apertura de negociaciones es el artículo 218, apartados 3 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

               •Elección del instrumento

                  De conformidad con el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE, la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones. El Consejo podrá dictar directrices al negociador y designar un comité especial para que supervise las negociaciones de conformidad con las directrices de negociación.

               3.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS

               La presente iniciativa está ligada a un compromiso contraído en el marco de la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos», para lo cual se organizó una consulta de las partes interesadas. Además, en marzo de 2019 la Comisión presentó un documento oficioso al grupo de trabajo del Consejo, en el que proponía el apoyo de la UE al proceso de reforma de la Copaco, que contó con el amplio apoyo de los Estados miembros.

               4.INCIDENCIA PRESUPUESTARIA

                  La adhesión de la UE a la Convención puede llevar consigo la obligación de abonar a la nueva organización una contribución financiera anual, estimada en 100 000 EUR, procedente de la línea presupuestaria 11.03.02 (Contribuciones obligatorias a las OROP). La contribución de la UE puede variar, en función del acuerdo final sobre los criterios que se utilizarán para calcular las contribuciones de las Partes a los gastos de la organización. La cantidad exacta se consignará en las líneas presupuestarias pertinentes durante el procedimiento presupuestario anual.

                  También podrían ser pertinentes las contribuciones voluntarias al presupuesto de la organización con cargo a la línea presupuestaria 11.06.62.03, con el fin de promover la investigación científica, pero en esta fase es difícil determinar su importe exacto. En la línea presupuestaria 11.01.04.01 se prevé también asistencia técnica para prestar asesoramiento científico en la reunión de la NPFC. Se calcula que esta asistencia tendrá un coste de 10 000 EUR al año.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos vivos marinos en el Atlántico centro-occidental

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)La Unión es competente para adoptar medidas de conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común y celebrar acuerdos con terceros países y organizaciones internacionales.

               (2)En virtud de la Decisión 98/392/CE del Consejo, la Unión es Parte contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982. Dicha Convención exige que todos los miembros de la comunidad internacional cooperen en la conservación y ordenación de los recursos biológicos del mar.

               (3)En virtud de la Decisión 98/414/CE del Consejo, la Unión es Parte contratante del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios.

               (4)El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que la Unión ha de mantener sus relaciones exteriores en materia pesquera de acuerdo con sus obligaciones internacionales y objetivos políticos, así como con los objetivos y principios contemplados en los artículos 2 y 3 de dicho Reglamento, para garantizar una explotación, gestión y conservación sostenibles de los recursos biológicos marinos y del medio ambiente marino.

               (5)La Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (Copaco) es un órgano consultivo creado en 1973 de conformidad con el artículo VI de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de promover la conservación, la gestión y el desarrollo de los recursos marinos vivos de su zona de actuación.

               (6)En 2012 se inició un proceso de reorientación estratégica que incluyó una revisión del rendimiento (2013-2014), un plan estratégico (2014), dos talleres de «reorientación y planificación estratégica» (2014 y 2015) y el primer taller preparatorio (marzo de 2019).

               (7)A partir de julio de 2019, se celebrarán consultas internacionales con vistas a la celebración de un acuerdo internacional para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera, que tenga la facultad de adoptar decisiones jurídicamente vinculantes para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos del Atlántico centro-occidental, con la participación de los miembros de la Copaco.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión Europea, un acuerdo para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos vivos marinos en el Atlántico centro-occidental.

               Artículo 2

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial que debe designar el Consejo], sobre la base de las directrices de negociación que figuran en el anexo de la presente Decisión.

               Artículo 3

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 27.6.2019
            COM(2019) 291 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos vivos marinos en el Atlántico centro-occidental

               ANEXO

               Directrices para las negociaciones que llevará a cabo la Comisión en nombre de la Unión Europea para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental

               1.La finalidad de las negociaciones es habilitar a la Unión Europea para participar en el proceso de negociación de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (Copaco) a fin de celebrar un acuerdo para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera (en lo sucesivo, «el Acuerdo») que pueda adoptar decisiones jurídicamente vinculantes para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental.

               2.En las negociaciones con las otras Partes implicadas en la creación de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental, la Comisión actuará de forma que se garantice que el Acuerdo:

               –sea coherente con el Derecho internacional, y en particular con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, del Acuerdo de 1995 relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios y del Acuerdo de 1995 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, sin que ello afecte a los derechos y obligaciones de los Estados costeros, ni al Acuerdo de 2009 sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

               –garantice la compatibilidad entre las medidas de conservación y ordenación establecidas para las mismas poblaciones de peces en las aguas bajo jurisdicción nacional y las medidas adoptadas respecto a la alta mar, de conformidad con el artículo 118 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y el artículo 8 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (UNFSA);

               –no infrinja el papel ni los mandatos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) ni de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) y garantice una estrecha cooperación y coordinación entre las medidas pertinentes adoptadas, respectivamente, sobre la base del acuerdo y por la CICAA o la NAFO;

               –promueva el planteamiento de conservación y ordenación de la Unión en todos los océanos del mundo y refuerce su compromiso de conservación a largo plazo y de uso sostenible de los recursos pesqueros a nivel mundial;

               –sea coherente con los objetivos y los principios perseguidos por la Unión en el marco de la política pesquera común, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013;

               –establezca una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera que pueda adoptar decisiones jurídicamente vinculantes para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental;

               –permita la participación de entidades pesqueras y organizaciones de integración económica regional a las que sus Estados miembros hayan transferido competencias sobre cuestiones reguladas por el Acuerdo;

               –tenga como objetivo principal la conservación y ordenación de los recursos pesqueros, incluidas las pesquerías exploratorias, mediante la aplicación del criterio de precaución, y busque garantizar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible, proporcionando al mismo tiempo un nivel de vida justo a quienes dependen de las actividades pesqueras y contribuyen a la disponibilidad de suministros de pescado;

               –procure aplicar a la ordenación de la pesca un enfoque ecosistémico, en el contexto del cambio climático, a fin de contribuir a la gestión sostenible de los océanos en todas sus dimensiones, garantizar que cualquier impacto negativo de las actividades pesqueras en el ecosistema marino sea mínimo, y esforzarse por evitar la degradación del medio marino;

               –comprenda la totalidad o parte de la actual zona de la Copaco, preferiblemente incluidas las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados ribereños;

               –incluya un proceso de toma de decisiones eficiente que permita, de preferencia, prever, en su caso, mecanismos de votación por mayoría y procedimientos de oposición;

               –incluya mecanismos apropiados, inclusivos y transparentes para la recogida de datos pertinentes y la elaboración de un dictamen científico sólido que sustente la toma de decisiones, así como una adecuada participación de las partes interesadas;

               –incluya los mecanismos adecuados para promover el seguimiento, el control y la vigilancia eficaces de las actividades pesqueras, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y la regulación de las actividades de transbordo, un programa de inspección tanto en el mar como en los puertos, y la trazabilidad de los productos de la pesca;

               –apoye la cooperación para luchar contra el trabajo forzoso relacionado con la pesca INDNR y para promover el trabajo digno en el sector de la pesca, en consonancia con el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

               –incluya un instrumento para promover el cumplimiento del Acuerdo y las medidas adoptadas por la organización o el mecanismo establecido por el Acuerdo;

               –establezca una revisión periódica de las medidas adoptadas por la organización o el mecanismo establecido por el Acuerdo;

               –incluya una estructura administrativa y unos órganos adecuados, así como recursos financieros suficientes, a los que contribuyan de forma equitativa todos los miembros;

               –permita el acceso a los recursos pesqueros  de la zona cubierta a la flota de la UE, y le asigne su correspondiente cuota;

               –incluya un procedimiento de resolución pacífica de conflictos;

               –tenga en cuenta, en su caso, las circunstancias específicas de los pequeños Estados insulares en desarrollo de la zona cubierta.