title: Recomendación (UE) 2021/1433 de la Comisión de 1 de septiembre de 2021 relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa la COVID-19

text:
               2.9.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 310/1

      RECOMENDACIÓN (UE) 2021/1433 DE LA COMISIÓN
      de 1 de septiembre de 2021
      relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa la COVID-19
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  A principios de 2020, a raíz de la pandemia de COVID-19, el mercado de la UE registró un crecimiento exponencial y sin precedentes de la demanda de equipos de protección individual (en lo sucesivo, «EPI»), como mascarillas, guantes, monos de protección o gafas protectoras, así como de productos sanitarios, como mascarillas quirúrgicas, guantes de exploración y ciertos tipos de batas. En particular, la cadena de suministro de determinados tipos de EPI, como las mascarillas desechables, sufrió una fuerte presión. Además, la cadena de suministro mundial de estos productos ha sufrido perturbaciones importantes que también han repercutido en el mercado de la UE.

                  (2)

                  Los agentes económicos activos en toda la UE han trabajado sin descanso para aumentar su capacidad de fabricación y distribución. A fin de mitigar los efectos de los diversos factores que están perturbando la situación, los agentes económicos han reorganizado frecuentemente sus cadenas de suministro mediante la puesta en marcha de nuevas cadenas de fabricación o la diversificación de su base de proveedores.

                  (3)

                  Los requisitos para el diseño, la fabricación y la introducción en el mercado de los equipos de protección individual se establecen en el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (1).

                  (4)

                  Los requisitos relativos al diseño, la fabricación y la introducción en el mercado de los productos sanitarios se establecen en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (2), y por el que se derogó la Directiva 93/42/CEE, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (3), con efectos a partir del 26 de mayo de 2021.

                  (5)

                  Las mascarillas desechables o reutilizables que protegen contra los peligros de las partículas, los monos desechables o reutilizables, los guantes y las gafas protectoras, que se utilizan para la prevención y la protección contra agentes biológicos nocivos, como los virus, son productos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/425.

                  (6)

                  Las mascarillas quirúrgicas, los guantes de exploración y algunos tipos de batas son productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2017/745 y de la Directiva 93/42/CEE derogada.

                  (7)

                  Con el trasfondo de la amenaza que representa la COVID-19, tales EPI y productos sanitarios han demostrado ser esenciales para los profesionales de la sanidad, los servicios de primera intervención y el resto del personal que participa en los esfuerzos por contener el virus y evitar su propagación.

                  (8)

                  El Reglamento (UE) 2016/425 armoniza plenamente las normas relativas al diseño, la fabricación y la comercialización en la Unión de EPI y establece una serie de requisitos esenciales de salud y seguridad de estos equipos basados en la clasificación de los EPI en función del riesgo contra el que se pretende proteger a los usuarios. Así pues, los productos que son EPI fabricados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 pueden circular libremente en todo el mercado interior, y los Estados miembros no pueden introducir requisitos adicionales ni divergentes en relación con la fabricación y comercialización de dichos productos.

                  (9)

                  El Reglamento (UE) 2017/745 y la Directiva 93/42/CEE derogada armonizan plenamente las normas relativas al diseño, la fabricación y la introducción en el mercado de la Unión de productos sanitarios y establecen una serie de requisitos generales de seguridad y funcionamiento. Estos requisitos se basan en una clasificación de los productos sanitarios en función de normas específicas que se rigen por la finalidad prevista de estos productos. Así pues, los productos fabricados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y la Directiva 93/42/CEE en determinadas condiciones pueden circular libremente en todo el mercado interior, y los Estados miembros no están autorizados a introducir requisitos adicionales ni divergentes en relación con su fabricación y comercialización.

                  (10)

                  Los EPI destinados a la protección contra agentes biológicos nocivos, como los virus, están consignados en la categoría III del anexo I del Reglamento (UE) 2016/425, que incluye exclusivamente los riesgos que pueden causar «consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles a la salud».

                  (11)

                  Los productos sanitarios de tipo no invasivo se recogen en la clase I, salvo que se apliquen normas específicas.

                  (12)

                  De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/425, para poder comercializar productos EPI, los fabricantes deben someterlos a los procedimientos aplicables de evaluación de la conformidad y, cuando se haya demostrado que cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables mediante el procedimiento adecuado, deben etiquetarlos con el marcado CE.

                  (13)

                  De conformidad con el artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/745 y con artículo 11 de la Directiva 93/42/CEE derogada, cuando los fabricantes deseen introducir productos sanitarios en el mercado, deben someterlos a los procedimientos aplicables de evaluación de la conformidad y, cuando se haya demostrado que cumplen los requisitos generales de seguridad y funcionamiento aplicables mediante el procedimiento adecuado, deben etiquetarlos con el marcado CE. Los Estados miembros pueden autorizar en sus territorios excepciones a los procedimientos de evaluación de la conformidad, a petición debidamente justificada, en relación con la introducción en el mercado y la puesta en servicio de dispositivos específicos cuya utilización redunde en beneficio de la salud pública o de la seguridad o la salud de los pacientes.

                  (14)

                  El Reglamento (UE) 2016/425 es tecnológicamente neutro y no establece soluciones técnicas específicas obligatorias para el diseño de productos EPI. Sin embargo, el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425 establece los requisitos esenciales de salud y seguridad a los que deben ajustarse los EPI para poder comercializarse y circular libremente en todo el mercado de la UE.

                  (15)

                  El Reglamento (UE) 2017/745 y la Directiva 93/42/CEE derogada son tecnológicamente neutros y no establecen soluciones técnicas específicas obligatorias para el diseño de productos sanitarios. Sin embargo, el anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 establece los requisitos generales de seguridad y funcionamiento a los que deben ajustarse los productos sanitarios para poder comercializarse y circular libremente en todo el mercado de la UE.

                  (16)

                  En el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/425 se establecen los procedimientos específicos de evaluación de la conformidad aplicables a las distintas categorías de EPI. Con arreglo a este artículo, los productos EPI de la categoría III, como los diseñados para proteger contra los agentes biológicos nocivos, deben someterse a una combinación específica de procedimientos de evaluación de la conformidad que se describen en los anexos V, VII y VIII del mismo Reglamento, respectivamente. Cada uno de los distintos procedimientos de evaluación de la conformidad que pueden utilizarse requiere la participación obligatoria de un organismo tercero de evaluación de la conformidad.

                  (17)

                  En el artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/745 se establecen los procedimientos específicos de evaluación de la conformidad aplicables a las distintas categorías de productos sanitarios. Con arreglo a este artículo, los productos sanitarios de la clase I que no sean productos a medida ni que estén en investigación deben someterse al procedimiento de evaluación de la conformidad para la declaración CE de conformidad sin la intervención de un organismo tercero de evaluación de la conformidad.

                  (18)

                  Los organismos notificados son los organismos de evaluación de la conformidad designados por los Estados miembros y autorizados para llevar a cabo tareas de evaluación de la conformidad en calidad de terceros con arreglo al Reglamento (UE) 2016/425. En virtud del artículo 24, apartado 6, y del punto 4, letra f), del anexo V del Reglamento (UE) 2016/425, los organismos notificados deben evaluar si un producto EPI cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables.

                  (19)

                  Además, con arreglo a los procedimientos de vigilancia del mercado pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425 y, en particular, de su artículo 38, apartados 1 y 2, cuando las autoridades de vigilancia del mercado detecten un EPI que no lleve el marcado CE, tienen la obligación de evaluarlo. Cuando, en el transcurso de la evaluación, las autoridades de vigilancia del mercado constaten que el EPI no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento, deben pedir al agente económico en cuestión que adopte medidas correctoras para adaptar el EPI a los citados requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo. También han de informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que hayan pedido al agente económico, en caso de que consideren que el incumplimiento no se limita al territorio nacional.

                  (20)

                  A fin de facilitar la comercialización rápida y sin retrasos injustificados de más suministros de EPI y productos sanitarios, el 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la Recomendación (UE) 2020/403 relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19 (4).

                  (21)

                  Por cuanto atañe a los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos EPI y los productos sanitarios, en la Recomendación (UE) 2020/403 se instó a los organismos notificados, con arreglo al Reglamento (UE) 2016/425, a establecer prioridades y ejecutar con rapidez las actividades de evaluación de la conformidad relacionadas con los EPI necesarios para la protección por el brote de la COVID-19 en el marco de todas las nuevas solicitudes presentadas por agentes económicos.
                  Asimismo, en la Recomendación (UE) 2020/403 se recordó que pueden utilizarse soluciones técnicas distintas de las normas armonizadas para diseñar productos EPI, siempre que estas soluciones garanticen un nivel adecuado de protección acorde a los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables que se establecen en el Reglamento (UE) 2016/425. A ese respecto, las recomendaciones de la OMS sobre la selección adecuada de EPI se consideraron como una posible fuente de referencia para dichas soluciones técnicas.

                  (22)

                  Con respecto a los EPI o los productos sanitarios que no han sido sometidos a los procedimientos de evaluación de la conformidad dispuestos en el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/425 o en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/745, la Recomendación (UE) 2020/403 encomendó a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros la aplicación de dos mecanismos distintos.

                  (23)

                  Por una parte, en virtud del punto 7 de la Recomendación (UE) 2020/403, cuando las autoridades de vigilancia del mercado consideren que los EPI o los productos sanitarios garantizan un nivel adecuado de salud y seguridad de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425, o con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento (UE) 2017/745, aunque los procedimientos de evaluación de la conformidad, incluida la colocación del marcado CE, no se hayan efectuado completamente según las normas armonizadas, pueden autorizar la comercialización en el mercado de la Unión de estos productos durante un período limitado, mientras se estén llevando a cabo los procedimientos necesarios.

                  (24)

                  Por otra parte, los EPI o los productos sanitarios que no lleven el marcado CE también podrían ser evaluados y formar parte de una adquisición organizada por las autoridades competentes de los Estados miembros, siempre que se garantice que dichos productos solo estén disponibles para el personal sanitario durante la crisis sanitaria en curso y que no entren en los canales habituales de distribución ni se pongan a disposición de otros usuarios.

                  (25)

                  Asimismo, de conformidad con el punto 9 de la Recomendación (UE) 2020/403, las autoridades de vigilancia del mercado deberían informar inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros de cualquier disposición temporal que hayan establecido en relación con los EPI o los productos sanitarios específicos. Para los EPI, esto debería hacerse mediante el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS).

                  (26)

                  Por último, en la Recomendación (UE) 2020/403 se recuerda que las autoridades de vigilancia del mercado pertinentes deberían centrarse prioritariamente en los EPI o los productos sanitarios no conformes que planteen graves riesgos para la salud y la seguridad de sus usuarios previstos.

                  (27)

                  Desde marzo de 2020, varias autoridades de vigilancia del mercado han utilizado los mecanismos descritos en los puntos 7 y 8 de la Recomendación (UE) 2020/403. En particular, algunas de ellas desarrollaron protocolos de ensayo específicos y consagraron en sus ordenamientos jurídicos nacionales los mecanismos descritos en los puntos 7 y 8 de la Recomendación (UE) 2020/403. Esto se llevó a cabo principalmente en el marco de los instrumentos jurídicos nacionales que rigen la respuesta a la COVID-19 a escala nacional.

                  (28)

                  Desde el inicio del brote de COVID-19, la Comisión ha supervisado muy de cerca el estado de las cadenas de suministro de EPI y productos sanitarios. En este contexto, la Comisión continúa permanentemente en contacto con todas las autoridades de vigilancia del mercado y las partes interesadas pertinentes de los Estados miembros, como los organismos notificados, los agentes económicos y las asociaciones de consumidores, usuarios y pacientes.

                  (29)

                  Según la información recabada tanto de las partes interesadas de la industria como de las autoridades nacionales pertinentes, puede concluirse ya no hay una escasez importante de EPI y productos sanitarios en el mercado de la UE, y cabe esperar que la situación evolucione de manera estable.

                  (30)

                  La Recomendación (UE) 2020/403 pretendía facilitar una comercialización más rápida en el mercado de la UE de los EPI y los productos sanitarios esenciales utilizados para hacer frente a la COVID-19, a fin de contribuir al abanico de medidas aplicadas en vista del aumento del suministro y la disponibilidad de tales EPI y productos sanitarios esenciales.

                  (31)

                  Habida cuenta de que, durante los últimos meses, no se han producido fluctuaciones drásticas en el suministro o la demanda de EPI y productos sanitarios esenciales utilizados para combatir la COVID-19, y en vista de las perspectivas de una evolución estable del suministro y la demanda, ya no se cumplen las condiciones subyacentes que justifican la aplicación de la Recomendación (UE) 2020/403. Por consiguiente, procede suspender, en particular, la aplicación de los mecanismos descritos en los puntos 7 y 8 de la Recomendación (UE) 2020/403.

                  (32)

                  A fin de garantizar la seguridad jurídica y, en particular, para proporcionar a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y a los agentes económicos afectados tiempo suficiente para adaptarse, procede aplazar la fecha a partir de la cual dejarían de aplicarse los mecanismos descritos en los puntos 7 y 8 de la Recomendación (UE) 2020/403.

                  (33)

                  Ha quedado patente que los EPI o los productos sanitarios que han sido evaluados por una autoridad de vigilancia del mercado de conformidad con los mecanismos descritos en los puntos 7 y 8 de la Recomendación (UE) 2020/403 y en relación con los cuales la autoridad competente de vigilancia del mercado ha emitido una decisión de aprobación cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425, en el anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 o en el anexo I de la Directiva 93/42/CEE derogada. Con la intención de que los usuarios finales agoten y utilicen las existencias potenciales de EPI o productos sanitarios que hayan demostrado proporcionar un nivel adecuado de protección de la salud y la seguridad de los usuarios, y en aras de garantizar la seguridad jurídica, procede aplazar la fecha a partir de la cual los productos aprobados con arreglo a los mecanismos descritos en los puntos 7 y 8 de la Recomendación (UE) 2020/403 ya no podrán ponerse a disposición de los usuarios finales. Una vez transcurrida esta fecha, en el mercado de la UE no se podrá comercializar ningún EPI ni producto sanitario que no haya sido sometido a los procedimientos obligatorios de evaluación de la conformidad y que no lleve el marcado CE o, en el caso de los productos sanitarios, los Estados miembros deben autorizar excepciones específicas al procedimiento de evaluación de la conformidad en virtud del artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745.

                  (34)

                  El mecanismo descrito en el punto 8 de la Recomendación (UE) 2020/403 pretendía garantizar que los EPI y los productos sanitarios esenciales se pusieran rápidamente a disposición de los profesionales sanitarios. Habida cuenta de la demanda considerable de EPI y productos sanitarios registrada en el sector sanitario para hacer frente a la pandemia de COVID-19, no puede excluirse que, en los últimos meses, determinados centros sanitarios hayan podido acumular determinadas existencias de productos EPI y productos sanitarios, para los que se ha emitido una decisión de aprobación en virtud del mecanismo descrito en el punto 8 de la Recomendación (UE) 2020/403. Puede resultar razonable prever que la demanda de EPI y productos sanitarios esenciales generada por el sector sanitario se mantenga alta mientras dure la pandemia de COVID-19. En aras de prevenir el riesgo de crear distorsiones en el suministro de EPI y productos sanitarios esenciales en beneficio de los profesionales sanitarios, conviene garantizar que los centros sanitarios y los primeros intervinientes puedan utilizar todos los EPI y productos sanitarios pertinentes que hayan demostrado cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425, en el anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 o en el anexo I de la Directiva 93/42/CEE derogada, incluidos los productos evaluados de conformidad con el mecanismo descrito en el punto 8 de la Recomendación (UE) 2020/403.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

         Procedimientos de vigilancia del mercado

                  1.

                  A partir del 1 de octubre de 2021, las autoridades de vigilancia del mercado ya no podrán autorizar los EPI que no hayan superado con éxito los procedimientos de evaluación de la conformidad pertinentes con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/425. Los EPI autorizados por las autoridades de vigilancia del mercado en virtud de los mecanismos descritos en los puntos 7 u 8 de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión ya no se podrán comercializar en el mercado de la UE a partir del 1 de octubre de 2021.

                  2.

                  Las autoridades de vigilancia del mercado podrán autorizar la comercialización en el mercado de la Unión Europea de los productos sanitarios que no hayan superado satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de la conformidad pertinentes establecidos en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/745, pero solo si se acogen al procedimiento para la exención de los procedimientos de evaluación de la conformidad dispuesto en el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745.

                  3.

                  Los EPI o productos sanitarios autorizados por una autoridad de vigilancia del mercado de conformidad con los mecanismos descritos en los puntos 7 u 8 de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión no podrán comercializarse hasta el 31 de mayo de 2022. A título excepcional, cualquier EPI o producto sanitario de este tipo que forme parte de las existencias que ya están a disposición de los profesionales sanitarios, los primeros intervinientes y otro personal dedicado a contener el virus y evitar su propagación podrá estar disponible hasta que dichas existencias se agoten por completo, pero como máximo hasta el 31 de julio de 2022.

                  4.

                  Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros deben seguir centrándose con carácter prioritario en los EPI o los productos sanitarios no conformes que planteen graves riesgos para la salud y la seguridad de sus usuarios. En particular, a partir del 1 de agosto de 2022, las autoridades de vigilancia del mercado deben garantizar que todos los EPI o productos sanitarios que se hayan comercializado en el mercado de la UE hayan superado con éxito los procedimientos de evaluación de la conformidad pertinentes con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/425 o al artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/745 y lleven un marcado CE legalmente etiquetado, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/425 o el artículo 20 del Reglamento (UE) 2017/745, a menos que, en el caso de los productos sanitarios, los Estados miembros hayan autorizado excepciones específicas al procedimiento de evaluación de la conformidad en virtud del artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745.

                  5.

                  Las autoridades de vigilancia del mercado deberían informar inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros de todos los casos que detecten de EPI o productos sanitarios no conformes. Para los EPI, esto debería hacerse mediante el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS). Si se descubren productos que no son seguros y se adoptan medidas contra dichos productos que no protegen adecuadamente, las autoridades de vigilancia del mercado deben notificarlo en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate/RAPEX).

                  6.

                  Siempre que identifiquen un EPI o producto sanitario no conforme, las autoridades de vigilancia del mercado deben poner en marcha sin dilación los procedimientos pertinentes establecidos en el capítulo VI del Reglamento (UE) 2016/425 o en el capítulo VII del Reglamento (UE) 2017/745.

         Hecho en Bruselas, el 1 de septiembre de 2021.

               Por la Comisión

            Thierry BRETON

               Miembro de la Comisión

         (1)  DO L 81 de 31.3.2016, p. 51.

         (2)  DO L 117 de 5.5.2017, p. 1.

         (3)  DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.

         (4)  DO L 79 I de 16.3.2020, p. 1.


title: Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 (BCE/2020/19) 2020/C 102 I/01

text:
               30.3.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               CI 102/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 27 de marzo de 2020
      sobre el reparto de dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1
      (BCE/2020/19)
      (2020/C 102 I/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1), en particular el artículo 4, apartado 3,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El Banco Central Europeo (BCE) considera esencial que las entidades de crédito puedan seguir desempeñando su función de financiar a los hogares y a las empresas en la situación de perturbación económica provocada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19). Para ello es preciso que las entidades de crédito conserven su capital y mantengan así su capacidad de apoyar a la economía en la situación de gran incertidumbre creada por el COVID-19. Con este fin, en estos momentos, disponer de recursos de capital para apoyar a la economía real y absorber pérdidas debe primar sobre la discrecionalidad para repartir dividendos y recomprar acciones.

                  (2)

                  Por consiguiente, el BCE considera procedente que las entidades de crédito significativas se abstengan de repartir dividendos y recomprar acciones para remunerar a los accionistas durante la situación de perturbación económica provocada por el COVID-19. En estas circunstancias extraordinarias, debe derogarse la Recomendación BCE/2020/1 del Banco Central Europeo (2).

                  (3)

                  A fin de proporcionar el máximo apoyo posible a la economía real, también se considera procedente que las entidades de crédito menos significativas se abstengan de repartir dividendos discrecionalmente.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

         I.

                  1.

                  El BCE recomienda que, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, las entidades de crédito se abstengan de repartir dividendos (3) o de contraer compromisos irrevocables de repartirlos respecto de los ejercicios de 2019 y 2020, así como de recomprar acciones para remunerar a los accionistas.

                  2.

                  Las entidades de crédito que no puedan seguir la presente recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben exponer inmediatamente a su equipo conjunto de supervisión las razones en que se basen.

                  3.

                  La presente recomendación se aplica en base consolidada a los grupos supervisados significativos conforme al artículo 2, punto 22, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/17) (4), e individualmente a las entidades supervisadas significativas conforme al artículo 2, punto 16, de dicho reglamento, que no formen parte de un grupo supervisado significativo.

         II.

      La presente recomendación se dirige a las entidades supervisadas significativas y a los grupos supervisados significativos conforme al artículo 2, puntos 16 y 22, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17).

         III.

      La presente recomendación se dirige también a las autoridades nacionales competentes y designadas por lo que respecta a las entidades supervisadas menos significativas y a los grupos supervisados menos significativos conforme al artículo 2, puntos 7 y 23, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17). Se espera que las autoridades nacionales competentes y designadas apliquen la presente recomendación a los grupos y entidades que consideren oportuno.

         IV.

      El BCE seguirá al tanto de la situación económica y examinará si es aconsejable que se suspenda el reparto de dividendos después del 1 de octubre de 2020.

         V.

      Se deroga la Recomendación BCE/2020/1 del Banco Central Europeo.

         Hecho en Fráncfort del Meno el 27 de marzo de 2020.

               La presidenta del BCE

            Christine LAGARDE

         (1)  DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.

         (2)  Recomendación BCE/2020/1 del Banco Central Europeo, de 17 de enero de 2020, sobre las políticas de reparto de dividendos (DO C 30 de 29.1.2020, p. 1).

         (3)  Las entidades de crédito pueden tener varias formas jurídicas, p. ej. sociedades cotizadas y empresas no constituidas como sociedades anónimas, como las sociedades mutuas, las sociedades cooperativas o las entidades de ahorro. El término «dividendo» empleado en la presente recomendación se refiere a cualquier tipo de pago en efectivo que deba aprobarse por la asamblea general.

         (4)  Reglamento (UE) no 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Bulgaria 2020/C 282/02

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/8

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Bulgaria
      (2020/C 282/02)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Bulgaria fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Bulgaria con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) («recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Bulgaria ya no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En años anteriores, a las vulnerabilidades del sector financiero se sumaron un elevado endeudamiento y préstamos dudosos en el sector empresarial. Se ha comprobado que Bulgaria ya no experimenta desequilibrios; esto se debe a que una actuación política coherente y un entorno macroeconómico favorable han reducido aún más el riesgo y las vulnerabilidades.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto que es necesario estar preparados ante posibles crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Bulgaria a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones búlgaras debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida de actividades que implican un contacto cara a cara con los clientes. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales en Bulgaria, lo que agravaría la tendencia ya observada hacia una ampliación de las disparidades entre la capital y el resto del país, y entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 30 de abril de 2020, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Bulgaria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 2,1 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 3,1 % en 2020. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 20,4 % en 2019, aumentaría hasta el 28,5 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Bulgaria ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 1,3 % del PIB. Las medidas incluyen un mayor gasto en asistencia sanitaria y servicios de seguridad, así como un régimen de apoyo al empleo para los sectores en dificultades. Por otra parte, Bulgaria ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en el 0,6 % del PIB. Estas medidas incluyen garantías del Banco de Desarrollo de Bulgaria, de propiedad estatal, y aplazamientos fiscales para los impuestos de sociedades. Globalmente, las medidas tomadas por Bulgaria están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el déficit de las administraciones públicas búlgaras debería ser del 2,8 % del PIB en 2020 y del 1,8 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Bulgaria del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Dicho informe indica, tras evaluar todos los factores pertinentes, que se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97.

                  (16)

                  El 13 de marzo de 2020, Bulgaria declaró el estado de alarma desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020; posteriormente, lo prorrogó hasta el 13 de mayo de 2020 y, luego, lo remplazó por una situación extraordinaria de epidemia hasta el 14 de junio de 2020. El 6 de abril de 2020, el Parlamento búlgaro adoptó una propuesta de modificación del presupuesto del Estado para 2020 presentada por el Gobierno. El nuevo presupuesto prevé un déficit del presupuesto del Estado de 3 500 millones BGN (2,9 % del PIB), debido al aumento del gasto destinado a las medidas relacionadas con la crisis y a una reducción prevista de los ingresos de 2 400 millones BGN. Se prevé una quintuplicación del límite máximo de la nueva deuda pública, que pasa de 2 200 millones BGN a 10 000 millones BGN. En total, Bulgaria movilizó un paquete financiero de más de 870 millones BGN en el marco de varios programas operativos financiados por los Fondos EIE para el período 2014-2020 a fin de prestar apoyo al sistema sanitario y abordar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

                  (17)

                  En respuesta a la crisis de la COVID-19, Bulgaria introdujo una medida de apoyo al empleo mediante la cual el Estado se compromete a pagar el 60 % de los ingresos de los trabajadores y la correspondiente cotización a la seguridad social durante un período de hasta tres meses, siempre que el empresario pague la diferencia restante y se comprometa a mantener a los trabajadores en activo. El empresario también está obligado a mantener los puestos de trabajo durante, como mínimo, un período equivalente al cubierto por la subvención. Entre las empresas elegibles se incluyen las de los sectores que se han visto directamente afectados por las restricciones impuestas por el estado de alarma. Las empresas de otros sectores que demuestren una pérdida de ingresos de un 20 % durante un determinado período de tiempo en marzo de 2020 en comparación con marzo de 2019 también son elegibles, según lo establecido en el Decreto n.o 55 de 30 de marzo de 2020.

                  (18)

                  A fin de aumentar la liquidez en la economía, se amplió el capital del Banco de Desarrollo de Bulgaria en 700 millones BGN. Se destinaron 500 millones BGN para ofrecer garantías de cartera a los bancos para flexibilizar las condiciones de los préstamos a las empresas, mientras que se destinaron 200 millones BGN a garantías de préstamos sin intereses de hasta 4 500 BGN para autónomos o personas a las que su empresa ha impuesto una baja sin sueldo. El Banco de Desarrollo de Bulgaria también aplicará un sistema de garantía de préstamos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por valor de 100 millones EUR, financiado por el programa operativo «Innovación y Competitividad» en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El gestor del fondo de instrumentos financieros de Bulgaria ha reexaminado su cartera y está adaptando sus instrumentos de apoyo a las empresas a la realidad económica actual. El Banco Nacional de Bulgaria ha introducido un paquete de medidas por valor de 9 300 millones BGN, que tiene por objeto mantener la resiliencia del sistema bancario y aumentar su flexibilidad, a fin de reducir los efectos negativos de las restricciones impuestas a los ciudadanos y las empresas.

                  (19)

                  La economía búlgara se ha visto duramente perturbada por la crisis de la COVID-19, que ha afectado tanto a los servicios como a la industria manufacturera. El impacto negativo se vio agravado por la disminución de la demanda y la oferta, así como por las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales. Las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la emergencia pueden ayudar a mitigar las consecuencias de la crisis, pero su aplicación rápida y eficaz será clave para preservar el empleo y mejorar la liquidez de las empresas, especialmente de las pymes, así como de los trabajadores independientes. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. En consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020, Bulgaria ha suprimido las prohibiciones de exportación de equipos de protección individual y ha creado «carriles verdes» de controles rápidos en los pasos fronterizos.

                  (20)

                  La crisis de la COVID-19 supone una carga adicional para el sistema sanitario de Bulgaria, que ya se caracteriza por una accesibilidad limitada como consecuencia de una financiación pública escasa, una limitada cobertura del seguro de enfermedad, un número de enfermeros reducido, aunque en aumento, y una distribución regional desigual de los trabajadores sanitarios. Por lo tanto, hay margen para reforzar en general la resiliencia, la accesibilidad y la capacidad del sistema sanitario búlgaro. Una mayor atención (general y especializada) en entornos ambulatorios, también a través de consultas a distancia, aliviaría la presión sobre los hospitales, y toda la población debería poder acceder a pruebas y tratamientos, independientemente de su situación respecto al seguro de enfermedad. Debe garantizarse un acceso adecuado a los profesionales de la salud y a sus servicios en todo el territorio, atendiendo a las necesidades de la población. La integración de la asistencia primaria, de larga duración y comunitaria es crucial para las personas de edad avanzada y los grupos más vulnerables.

                  (21)

                  En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 7,0 % en 2020 y descienda hasta el 5,8 % en 2021. Desde el principio del estado de alarma, el desempleo ha aumentado rápidamente en los servicios ligados al comercio, el alojamiento y la alimentación y en la industria manufacturera, en las grandes ciudades y entre las personas con educación equivalente o inferior a la enseñanza secundaria. El Gobierno ha tomado medidas para proteger el empleo, en particular sistemas de jornada reducida, que deben aplicarse rápidamente y mejorarse. En cooperación con los interlocutores sociales, el contexto actual justifica un amplio apoyo a los empleadores y trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, para evitar nuevas pérdidas de puestos de trabajo. A fin de responder a los efectos negativos en el mercado de trabajo, deberán reforzarse la capacidad de la Agencia de Empleo y las medidas que esta se encarga de aplicar. Más esfuerzos de activación, capacitación y reciclaje profesional serán fundamentales para que las personas vuelvan a trabajar, al tiempo que se prepara a la población activa para los retos y las oportunidades derivados de la digitalización. La crisis de la COVID-19 también podría tener repercusiones significativas en los trabajadores que tienen un empleo informal y, por lo tanto, un acceso limitado a los servicios sanitarios y la protección social. Unas medidas políticas específicas podrían evitar que aumente la pobreza entre los trabajadores no protegidos y los grupos más vulnerables y mejorar sus medios de subsistencia durante la recuperación.

                  (22)

                  La crisis de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables y exacerba los desafíos sociales existentes. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ya era elevado antes de la crisis, especialmente entre los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y la población romaní, y las transferencias sociales solo han reducido la pobreza de forma limitada. La desigualdad de ingresos era una de las más elevadas de la Unión y los sistemas fiscales y de prestaciones estaban entre los que menos conseguían reducirla. La crisis requiere medidas para subsanar las carencias ya detectadas en años anteriores y, en particular, en el régimen de renta mínima, que es uno de los menos adecuados en la Unión para sacar a los destinatarios de la pobreza. Siguen siendo pertinentes cuestiones como garantizar la protección social para todos, incluidos los trabajadores atípicos, los trabajadores por cuenta propia y los hogares con bajos ingresos, garantizar la ayuda a la renta, alimentos y servicios sociales adecuados, así como ofrecer alojamiento de emergencia y apoyo a las personas sin hogar. La reforma de los servicios sociales contribuiría a estabilizar el sistema, mientras que una mayor cooperación entre los servicios sanitarios y sociales permitiría proteger mejor a las personas que no pueden cuidar de sí mismas y a las personas con discapacidad. Muchos hogares romaníes, que ya se encontraban en situación de extrema pobreza antes de la crisis, necesitan servicios de mediación y servicios y apoyo esenciales.

                  (23)

                  Una mejora de la prestación de servicios de educación y formación y una población activa más cualificada también respaldarían firmemente la recuperación y fomentarían un crecimiento integrador y sostenible a medio plazo. Todavía hay margen para mejorar la calidad, la pertinencia para el mercado de trabajo y la inclusividad de la educación y la formación en Bulgaria. Bulgaria es uno de los Estados miembros en los que el contexto socioeconómico tiene mayor influencia en los resultados del aprendizaje. La inclusión de la población romaní en la educación sigue siendo un reto, ya que el abandono escolar prematuro es especialmente elevado entre la población romaní y en las zonas rurales. El nivel global de capacidades digitales de la población (de 16 a 74 años), e incluso de los jóvenes (de 16 a 19 años), es bajo. Una mejora de las capacidades digitales, por ejemplo, a través de grados y planes de estudios con mayor componente digital, podría ayudar en la adaptación a los cambios del mercado laboral producidos por la digitalización y a la necesidad de trabajar a distancia en un entorno digital. Al mismo tiempo, todavía hay un 11 % de estudiantes que carecen de ordenadores o de acceso a internet y 2 000 profesores sin ordenadores. Por consiguiente, la actual situación, caracterizada por el aprendizaje a distancia, corre el riesgo de agravar las ya elevadas desigualdades en la educación y la formación, a pesar de las medidas de apoyo recientemente adoptadas. La adopción de nuevas iniciativas para mejorar el conocimiento digital de todos los estudiantes y su acceso a una infraestructura técnica adecuada tendría efectos positivos y duraderos en el acceso a la educación, en particular para los grupos vulnerables, incluida la población romaní y, así, contribuiría a reducir sus elevadas tasas de abandono escolar.

                  (24)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia estratégica de una administración pública eficiente, digital y que funcione correctamente, incluida la sanidad electrónica y la contratación pública electrónica. La Unión ha apoyado las reformas en este ámbito, pero su aplicación progresa con excesiva lentitud, lo que ha afectado negativamente a la eficacia del sector público durante el período de confinamiento. Por lo tanto, Bulgaria va a la zaga en la prestación de servicios electrónicos, y debe fomentarse su adopción por parte de los ciudadanos y las empresas. También será preciso abordar plenamente las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la seguridad de las infraestructuras críticas. De cara al futuro, una administración pública eficaz será clave para garantizar la aplicación oportuna y eficaz de las medidas de recuperación. Siguen siendo especialmente importante la cooperación y la coordinación en todos los niveles de la administración, también por lo que respecta a las concesiones y los contratos públicos, así como a la vigilancia del mercado. Una mayor previsibilidad y estabilidad reglamentaria, un control efectivo de la aplicación de las políticas y una reducción de la carga administrativa mejorarían el entorno empresarial y fomentarían la inversión, lo que afectaría positivamente a la velocidad de la recuperación.

                  (25)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La crisis de la COVID-19 aumentó la importancia de la digitalización y la innovación, aspectos en los que Bulgaria, y en particular sus pymes, obtiene resultados muy por debajo de la media de la Unión. Un ejemplo significativo de esta cuestión es el espectro que está previsto asignar a las bandas pioneras para la 5G, que no está a la altura de lo necesario para permitir la prestación oportuna y efectiva de servicios 5G. Todavía deben abordarse los problemas ya conocidos del sistema de investigación y educación superior, como la fragmentación, la escasa financiación y la limitada transferencia de conocimientos y tecnología. Al mismo tiempo, Bulgaria es la economía más intensa de la Unión por lo que respecta a los recursos, la energía y la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que tiene importantes necesidades de inversión en los ámbitos de la energía y la descarbonización para facilitar la transición hacia la neutralidad climática, tal como se describe en el Plan Nacional de Energía y Clima de Bulgaria.

                  (26)

                  Los esfuerzos de transformación para hacer frente a la elevada intensidad energética de Bulgaria, su dependencia significativa de los combustibles fósiles y su uso ineficiente de la energía y los recursos se encuentran en una fase inicial. El Plan Nacional de Energía y Clima hace hincapié en el compromiso de Bulgaria de descarbonizar su economía a más tardar en 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo, pero también manifiesta la intención de mantener la dependencia de Bulgaria de las fuentes domésticas de lignito hasta 2050 y más adelante. La cobertura y la calidad de las infraestructuras de transporte en Bulgaria sigue por debajo de la media de la Unión y la red transeuropea de transporte sigue incompleta. La red de plataformas multimodales, algunas secciones ferroviarias y de carretera, así como los sistemas europeos de gestión del tráfico ferroviario y los sistemas de transporte inteligentes siguen estando poco desarrollados. Es preciso abordar cuestiones medioambientales importantes, ya que afectan al crecimiento sostenible y han creado riesgos adicionales para la salud durante la crisis de la COVID-19. Bulgaria es uno de los Estados miembros con mayor incidencia de muertes relacionadas con la contaminación, y siguen siendo un reto la gestión de residuos y el cumplimiento de las obligaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Bulgaria a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Bulgaria optimizar el uso de este Fondo.

                  (27)

                  Contar con un marco de insolvencia que funcione correctamente será importante para la recuperación de la economía real tras la crisis de la COVID-19, que podría provocar un aumento significativo de las quiebras. Este marco también facilitaría una resolución más rápida de los préstamos dudosos, limitando así su acumulación. Al mismo tiempo, la ineficacia del marco de insolvencia da lugar a procedimientos de insolvencia lentos y costosos. En junio de 2019 se adoptó la hoja de ruta del marco de insolvencia, que detectó lagunas importantes. Bulgaria ha iniciado su aplicación y está preparando medidas de seguimiento, en particular cambios legislativos y actividades de desarrollo de capacidades.

                  (28)

                  Bulgaria adoptó varias leyes en 2019 para transponer las Directivas (UE) 2015/849 (7) y (UE) 2018/843 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo (la cuarta y quinta Directivas contra el blanqueo de capitales), cuya aplicación está pendiente. La evaluación nacional de riesgos realizada recientemente pone de manifiesto deficiencias que requieren una mitigación urgente para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aún no se han evaluado adecuadamente los riesgos asociados a la concesión de la ciudadanía por programas de inversión y a los activos virtuales. Es preciso diseñar y ejecutar acciones para que las entidades obligadas apliquen de manera efectiva el marco de lucha contra el blanqueo de capitales. La eficacia de la aplicación y el control del cumplimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales ha sido limitada, y el uso de la información financiera ha sido insuficiente.

                  (29)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (30)

                  En general, los bancos búlgaros son rentables y están bien capitalizados. A pesar de algunas disminuciones en los últimos años, la ratio de préstamos dudosos brutos y anticipos se mantiene en un 7,2 % en el tercer trimestre de 2019, es decir, entre las más elevadas de la Unión, en particular por parte de las sociedades no financieras y los bancos de propiedad nacional, por lo que sigue siendo importante mantener los esfuerzos para fomentar un mercado secundario de préstamos dudosos operativo. La provisión de préstamos dudosos ha seguido una tendencia decreciente desde finales de 2018, acompañada en ocasiones de provisiones insuficientes para los préstamos dudosos con mucho retraso existentes. La evaluación global realizada por el Banco Central Europeo puso de manifiesto la necesidad de aumentar el capital de dos bancos. La recapitalización se está completando. Una mayor provisión de liquidez por parte de los bancos para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 y relanzar el crecimiento económico debe ir acompañada de una evaluación del riesgo crediticio y de unas normas de crédito prudentes, unas buenas prácticas de tasación y una notificación precisa de cualquier deterioro de la calidad de los activos.

                  (31)

                  La Comisión ha supervisado los avances de Bulgaria en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en el contexto del mecanismo de cooperación y verificación (MCV). Por ello, hasta ahora estos ámbitos no se han contemplado en las recomendaciones específicas para Bulgaria, pero son pertinentes para desarrollar un entorno socioeconómico positivo en el país. El último informe del MCV de octubre de 2019 señalaba que los progresos realizados por Bulgaria son suficientes para cumplir los compromisos asumidos por Bulgaria en el momento de su adhesión a la Unión. Bulgaria ha llevado a cabo una amplia reforma de su marco jurídico de lucha contra la corrupción, aunque necesita un sólido historial de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel para lograr la confianza de la ciudadanía. Además, sigue teniendo que hacer frente a una serie de retos, en particular garantizar la eficacia de las investigaciones judiciales, reequilibrar de la carga de trabajo entre los tribunales y racionalizar las fiscalías locales. Tras concluir el MCV, a escala nacional se encargará del seguimiento de las reformas un consejo de seguimiento a posteriori; a escala de la Unión, el seguimiento se hará en el marco del mecanismo global de Estado de Derecho y, cuando proceda, del Semestre Europeo.

                  (32)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Bulgaria contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (33)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (34)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (9), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Bulgaria que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Movilizar recursos financieros adecuados para reforzar la resiliencia, la accesibilidad y la capacidad del sistema sanitario y garantizar una distribución regional equilibrada de los trabajadores sanitarios, atendiendo a las necesidades de la población.

                  2.

                  Garantizar una protección social adecuada y unos servicios esenciales para todos, y reforzar las políticas activas del mercado de trabajo. Mejorar el acceso a las actividades de trabajo a distancia, y promover las competencias digitales y la igualdad de acceso a la educación. Corregir las deficiencias en la adecuación del régimen de renta mínima.

                  3.

                  Racionalizar y acelerar los procedimientos para proporcionar apoyo efectivo a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia, garantizando también su acceso continuado a la financiación y a acuerdos de pago flexibles. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de la energía y los recursos, la infraestructura medioambiental y el transporte sostenible, contribuyendo a la descarbonización progresiva de la economía, incluso en las regiones carboníferas.

                  4.

                  Reducir al mínimo la carga administrativa para las empresas, mediante la mejora de la eficacia de la administración pública y el refuerzo de la administración digital. Garantizar un funcionamiento eficaz del marco de insolvencia. Redoblar los esfuerzos para garantizar una evaluación y mitigación adecuada del riesgo, así como la supervisión y aplicación efectivas del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 8.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

         (8)  Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, (DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

         (9)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.