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		52013PC0778

			Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la celebración por parte de la Comisión, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea /* COM/2013/0778 final */

			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 24 de septiembre de 2012, el Consejo autorizó a la
Comisión a entablar negociaciones, en nombre de la Unión Europea y de sus
Estados miembros y de la República de Croacia, con la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, con objeto de celebrar un Protocolo del Acuerdo de
Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión
Europea.
Dichas negociaciones se iniciaron el 18 de
diciembre de 2012, tras la celebración de consultas técnicas previas con la
Antigua República Yugoslava de Macedonia. El 25 de enero y el 10 de abril de
2013 tuvieron lugar rondas de negociación adicionales. El Gobierno de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia ha confirmado su acuerdo con el
Protocolo el 25 de octubre de 2013. El Protocolo se ha actualizado para
reflejar el Arancel Aduanero de la UE de 2013 y la supresión gradual de
derechos en el marco del AEA. El texto del Protocolo figura adjunto.
La Comisión propone que el Consejo adopte una
Decisión relativa a la firma y la aplicación provisional del Protocolo en
nombre de la Unión Europea y celebre el Protocolo en nombre de la Unión Europea
y de sus Estados miembros. La Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA)
también es Parte en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Para la
celebración del Protocolo en nombre de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, la Comisión propone que el Consejo dé su aprobación, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 101, párrafo segundo, del Tratado CEEA.
De conformidad con el artículo 101 del Tratado
CEEA, la Comisión, por un lado, adopta la decisión de la firma del Acuerdo y,
por otro, con la aprobación del Consejo, adopta la decisión de celebración del
Acuerdo. Por ello es necesario adoptar decisiones separadas para la firma y la
celebración del Protocolo por parte de la UE y por parte de la CEEA.
Para la celebración del Protocolo en nombre de
la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Comisión propone que el Consejo:
–
dé su aprobación, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 101, párrafo segundo, del Tratado CEEA.
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
relativa a la aprobación de la
celebración por parte de la Comisión, en nombre de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, de un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 101, párrafo
segundo,
Vista la Recomendación de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)       El
24 de septiembre de 2012, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar
negociaciones, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros y de la
República de Croacia, con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, con
objeto de celebrar un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.
(2)       Las
negociaciones se han llevado a cabo con éxito.
(3)       Debe
aprobarse la celebración del Protocolo por parte de la Comisión en lo que
respecta a las cuestiones que son competencia de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica.
(4)       La
firma y la celebración del Protocolo son objeto de un procedimiento separado en
lo que respecta a los asuntos que son competencia de la Unión Europea.
DECIDE:
Artículo único
Queda aprobada la celebración por la Comisión,
en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Protocolo del
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea (en lo sucesivo, «el Protocolo»).
El texto del Protocolo se adjunta a la
Decisión del Consejo relativa a la firma y la aplicación provisional de un
Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente


Avis juridique important

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31999Y0115(01)

Recomendación del Banco Central Europeo de 7 de julio de 1998 sobre la adopción de medidas para intensificar la protección legal de los billetes y las monedas denominados en euros (BCE/1998/7)

Diario Oficial n° C 011 de 15/01/1999 p. 0013 - 0015

RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 7 de julio de 1998 sobre la adopción de medidas para intensificar la protección legal de los billetes y las monedas denominados en euros (BCE/1998/7) (1999/C 11/08)EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE) (en adelante denominados los «Estatutos» y, en particular, el apartado 1 de su artículo 34,Considerando que el Reglamento (CE) n° 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (1) establece un período transitorio de tres años entre la fecha de introducción del euro y la emisión por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (en adelante denominado el «SEBC») y los Estados miembros de los billetes y las monedas denominados en euros;Considerando que algunos agentes económicos y entidades han emitido monedas y billetes denominados en euros carentes de curso legal; que parece probable que semejantes fenómenos vayan en aumento conforme se acerca la fecha de puesta en circulación de los billetes y las monedas denominados en euros, en algunos casos con la intención -de buena fe- de familiarizar al público con la nueva moneda única;Considerando que la emisión de billetes y monedas denominados en euros carentes de curso legal, aun cuando su objetivo sea familiarizar al ciudadano con el futuro paso al euro, puede originar conductas impropias, fraudes y errores que afecten en particular a las personas mayores o poco informadas;Considerando que en la mayoría de los Estados miembros se halla en vigor una legislación en virtud de la cual la emisión de monedas y billetes denominados en la unidad monetaria nacional es competencia exclusiva de las autoridades monetarias nacionales; que en el apartado 1 del artículo 105 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en adelante denominado el «Tratado») se declara que «el BCE tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en la Comunidad. El BCE y los bancos centrales nacionales podrán emitir billetes. Los billetes emitidos por el BCE y los bancos centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Comunidad»; que el sistema jurídico de los Estados miembros debe garantizar que no puedan emitirse billetes sin autorización;Considerando que por billetes y monedas carentes de curso legal se entenderán, a efectos de la presente Recomendación, aquéllos cuyo diseño se base, aunque sea vagamente, en el de los billetes o monedas denominados en euros o que imiten los billetes o monedas reales pudiendo ser confundidos con ellos, y se emitan con el fin de ser utilizados como medios de pago en una zona limitada, por un período limitado o para un número limitado de bienes y servicios, o puedan crear de algún otro modo confusión en el ámbito de los pagos por haber sido profusamente distribuidos;Considerando que el paso al euro implica, por cuanto a los billetes se refiere, la puesta en circulación de una serie completa de diseños y valores nominales de billetes que tendrán curso legal en una zona geográfica que rebasa los actuales límites territoriales de uso de los billetes nacionales; que, dada la novedad de los diseños, el público en general no estará familiarizado al principio con las nuevas denominaciones y diseños de los billetes y las monedas denominadas en euros; que el régimen jurídico aplicable a la falsificación en esta zona ampliada de circulación de los billetes difiere de un Estado miembro a otro; que se conservarán también billetes denominados en euros a modo de reservas fuera de los límites geográficos de la unión monetaria, lo que ampliará el alcance geográfico de su circulación; que esta combinación de factores podría contribuir a aumentar el riesgo de falsificación de billetes en los períodos anteriores y posteriores a la fecha de emisión de los billetes denominados en euros;Considerando que es probable que aumenten los riesgos de falsificación, dados los medios tecnológicos actualmente disponibles para la reproducción de billetes; que se dispone en la actualidad de dispositivos en las fotocopiadoras y los aparatos de lectura óptica en color para reconocer los billetes e impedir su reproducción; que los billetes denominados en euros contarán con las características tecnológicas necesarias para garantizar la eficacia de dichos dispositivos técnicos; que debe considerarse la posibilidad de establecer medios legales para imponer dichos dispositivos técnicos en las fotocopiadoras y los aparatos de lectura óptica de la Comunidad Europea a fin de proteger a los agentes económicos de los acrecentados riesgos de falsificación de billetes; que la Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen las prioridades para la cooperación en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (2) concedió prioridad a la lucha contra la utilización de la nueva tecnología con fines delictivos y a la utilización de dicha tecnología para luchar contra la delincuencia;Considerando que la adopción de medidas para prevenir la falsificación atañe tanto a la Comunidad, en virtud de su competencia en materia de moneda única, como a los Estados miembros, en virtud de su competencia en la esfera del Derecho penal y las políticas para luchar contra la delincuencia organizada;Considerando, sin embargo, que el SEBC es el primer interesado en adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una transición sin complicaciones a la plena introducción del euro y la aceptación por los ciudadanos de los billetes denominados en euros; que ello requiere la formulación de una recomendación en la que se establezcan algunos objetivos políticos, dejándose al arbitrio de las autoridades competentes de la Unión Europea y de los Estados miembros la tarea de examinarlos y adoptar las medidas pertinentes para su consecución;Considerando que el Consejo de la Unión Europea y los Estados miembros deben considerar la próxima emisión de billetes denominados en la moneda única como un acontecimiento que ha de propiciar una revisión de las políticas actualmente practicadas por los Estados miembros para luchar contra la falsificación;Considerando que el artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea estipula la cooperación policial para la prevención y lucha contra las formas graves de delincuencia internacional; que en virtud del apartado 2 del artículo 2 del Convenio Europol de 26 de julio de 1995 (3), se requiere una decisión por unanimidad del Consejo de la Unión Europea para encomendar a la Oficina Europea de Policía la tarea de ocuparse de la falsificación de dinero y de medios de pago; que podría encomendarse asimismo a la Comisión Europea dicha cooperación entre las fuerzas nacionales de orden público en la esfera de la falsificación de dinero y de medios de pago; que lo ideal sería que dicha cooperación estuviera plenamente consolidada antes de la introducción de los billetes y monedas denominados en euros,HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:1) Los Estados miembros y las instituciones comunitarias no deberán fomentar la emisión, posesión y utilización de billetes y monedas denominados en euros carentes de curso legal, sino ponerles coto y controlarlas estrictamente, en particular antes del 1 de enero de 2002.2) Los Estados miembros deberán recurrir a los medios legales necesarios para velar por el debido cumplimiento de la prohibición de emitir billetes no autorizados, estipulada en el apartado 1 del artículo 105 A del Tratado. Cuando proceda, deberá adaptarse la legislación nacional vigente que protege la facultad exclusiva de los bancos centrales nacionales de emitir billetes nacionales antes de 2002, de tal modo que recoja la facultad exclusiva conferida por el Tratado al BCE en lo relativo a los billetes.3) Los Estados miembros deberán velar por que los diseños de los billetes gocen legalmente de la protección de los derechos de autor.4) El Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y los Estados miembros deberán contemplar la posibilidad de revisar las actuales políticas de lucha contra la falsificación, con el objetivo de conferir a esa campaña el carácter de asunto de interés común, evaluar la necesidad de armonización de las legislaciones penales en materia de falsificación, lograr una mayor cooperación institucional, judicial y policial, concluir a tal fin nuevos convenios, procurar fortalecer la coordinación con los gobiernos y las organizaciones no comunitarios, analizar los nuevos medios tecnológicos disponibles para la falsificación de billetes y adoptar o examinar cualquier otra medida posible.5) Deberá examinarse la organización de la cooperación entre las fuerzas policiales en lo relativo a la falsificación de dinero y de medios de pago bien a través de la Oficina Europea de Policía (Europol) bien de la Comisión Europea, y la participación del BCE en estas tareas.6) La Comisión Europea y los Estados miembros deberán pensar en proponer todas las medidas legales necesarias para velar por que las entidades de crédito y otras entidades que reciban y manejen dinero en efectivo retengan, cuando los descubran, los billetes denominados en euros falsificados, y los entreguen posteriormente a las autoridades responsables de imponer el cumplimiento de la ley.7) Deberá examinarse la posibilidad de elaborar una legislación comunitaria que obligue a instalar dispositivos técnicos en las fotocopiadoras en color y las máquinas reprográficas -ya sean de fabricación comunitaria o importada- que permita la identificación de los billetes e impida su reproducción.Para que se aplique un sistema similar en otros países, se recomienda la preparación paralela de un convenio internacional.8) Esta Recomendación va dirigida al Consejo de la Unión Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los Estados miembros.9) Esta Recomendación será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Francfort del Meno, el 7 de julio de 1998.El Presidente del BCEWillem F. DUISENBERG(1) DO L 139 de 11.5.1998, p. 1.(2) DO C 11 de 15.1.1998, p. 1.(3) DO C 316 de 27.11.1995, p. 2.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , sobre el Programa Nacional de Reforma de 2011 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Lituania (2011-2014)

text:
               16.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 210/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   sobre el Programa Nacional de Reforma de 2011 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Lituania (2011-2014)
   2011/C 210/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 28 de abril de 2011, Lituania presentó la actualización de 2011 de su programa de convergencia , relativa al período 2011-2014, y su Programa Nacional de Reforma para 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (7)

               La economía lituana se está recuperando de una grave crisis económica, durante la cual el PIB se contrajo en un 17 % desde su nivel máximo, y el colapso de la demanda interna se amplificó por efecto de la caída del comercio mundial. El mercado laboral acusó rápidamente la crisis y el desempleo alcanzó un máximo histórico del 18,3 % a mediados de 2010, desde el 4,2 % registrado a comienzos de 2008. Un sólido compromiso con el régimen de junta monetaria, sustentado en una importante consolidación fiscal y un ajuste de los salarios del sector privado para fortalecer la estabilidad del sistema financiero contribuyeron a estabilizar la economía. A medida que la economía mundial entró en fase de recuperación, y Lituania se benefició de la recuperación de su competitividad, las exportaciones se dispararon y el crecimiento económico se reanudó en 2010. En 2011 la recuperación está ganando ritmo conforme aumenta la demanda interna. Sin embargo, aunque se prevé una rápida disminución del desempleo, este se mantendrá por encima del 10 %.

               (8)

               Sobre la base de la evaluación del programa de convergencia actualizado de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo entiende que los supuestos macroeconómicos subyacentes en el programa de convergencia de 2011 son verosímiles, aunque el crecimiento económico y la inflación pueden acabar siendo superiores a las proyecciones actuales. Aunque se basan en hipótesis sobre el crecimiento en 2011 algo más favorables, las previsiones coinciden en general con las últimas proyecciones de la Comisión para 2012. El programa de convergencia pretende situar el déficit por debajo del 3 % de referencia en 2012, el plazo fijado por el Consejo, aunque las medidas en que se apoya ese objetivo no son suficientes. La aceleración del crecimiento económico puede conducir a resultados presupuestarios en 2011 que mejoren las previsiones del programa de convergencia. Sin embargo, si las medidas temporales de saneamiento que expirarán en 2011 no se renuevan y complementan con otras permanentes de considerable importancia, existe el riesgo de que los objetivos presupuestarios para 2012 del programa de convergencia no se cumplan, a pesar de la mejor perspectiva macroeconómica. El esfuerzo fiscal medio anual durante el período 2010-2012 se sitúa bastante por debajo del 2,25 % del PIB recomendado por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo adoptado el 16 de febrero de 2010. Dado que el crecimiento económico y los ingresos fiscales son sustancialmente mayores de lo que se preveía el 16 de febrero de 2010, fecha de la adopción por el Consejo de su recomendación en relación con el procedimiento de déficit excesivo, la aplicación del necesario esfuerzo fiscal debería permitir una reducción del déficit y un avance hacia el objetivo a medio plazo más rápidos de lo que contempla el programa. El objetivo a medio plazo de un excedente estructural del 0,5 % del PIB no está previsto dentro del período abarcado por el programa de convergencia.

               (9)

               Vistos el considerable ajuste que hace falta para alcanzar el objetivo de 2012 del procedimiento de déficit excesivo y avanzar hacia el objetivo a medio plazo, así como la necesidad de garantizar la necesaria cofinanciación a fin de concentrar en las fases iniciales la absorción de los fondos estructurales de la UE e incrementar la inversión productiva en la economía, es difícil encontrar medidas de consolidación adicionales. Una mayor eficiencia del sector público podría crear espacio adicional para ajustes del gasto sin poner en peligro la calidad de los servicios públicos. Si no se introducen nuevas reformas, los gastos derivados de la estructura de edades de la población se incrementarán a un ritmo superior al de la media de la UE en los próximos decenios. En junio de 2010, el Gobierno aprobó las líneas generales de una amplia reforma del sistema de seguridad social y de las pensiones. La propuesta incluía incrementos significativos de la edad de jubilación, cambios del método de cálculo de las pensiones e integración de las pensiones públicas en el régimen general de la seguridad social. La aprobación y una aplicación satisfactoria de todos los aspectos de esas propuestas resultarán decisivas para la sostenibilidad fiscal a largo plazo y podrían incrementar la oferta de mano de obra al aportar mayores incentivos para trabajar a edades más avanzadas, garantizando al mismo tiempo unas pensiones adecuadas. Por otra parte, la sostenibilidad fiscal a largo plazo necesitaría también un marco fiscal más sólido. En particular, durante la época anterior a la crisis, el marco fiscal no impidió importantes revisiones periódicas de los objetivos de gasto y un crecimiento procíclico del gasto financiado gracias al aumento de los ingresos fiscales. Un excesivo crecimiento del gasto financiado con los ingresos extraordinarios obtenidos en el período de expansión fue el origen de los grandes desequilibrios fiscales que aparecieron durante la crisis, y además contribuyó al sobrecalentamiento de la economía. Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parecen elevados.

               (10)

               El desempleo de Lituania es uno de los más altos de la UE. La primera preocupación es garantizar que no se desemboque en un fenómeno estructural. Una normativa laboral estricta y los desincentivos al trabajo desde el sistema de asistencia social están poniendo en peligro el funcionamiento del mercado laboral. Esto obliga a una reforma del Código Laboral y de otras normas pertinentes, en particular de la Ley sobre prestaciones dinerarias de la asistencia social. Combinadas con unas políticas activas del mercado de trabajo suficientemente financiadas, las medidas que se adopten en estas materias pueden contribuir a atenuar el riesgo de un alto desempleo estructural y a reducir la economía sumergida.

               (11)

               Las empresas lituanas de titularidad estatal representan aproximadamente el 18 % del PIB. Esas empresas son propensas a la ineficiencia y a rendimientos financieros insatisfactorios. Una adecuada reforma de las empresas públicas mejoraría también la competencia y el entorno empresarial. En 2010 Lituania inició la reforma de cinco sectores importantes. Se aprobaron orientaciones de transparencia para las empresas del Estado, sentando las bases para la responsabilización en la administración pública. La Resolución del Gobierno de diciembre de 2010 relativa a la mejora de la eficiencia aportó un contexto adicional creíble para la reforma. Sin embargo, esas iniciativas son sólo marcos orientativos, y en la citada Resolución se echan en falta algunas medidas esenciales, propuestas inicialmente, que habrían garantizado la separación de las funciones de reglamentación y propiedad.

               (12)

               La intensidad energética de la economía lituana figura entre las más altas de la UE. Ello se debe en gran medida a la calefacción utilizada en las viviendas particulares, gran parte de las cuales se encuentran en edificios de pisos mal mantenidos. A pesar de la introducción en 2004 de una estrategia para afrontar el problema, se han realizado pocas inversiones. Además, han aumentado con rapidez los índices de propiedad de automóviles, al tiempo que los ingresos derivados de la fiscalidad de la energía y los transportes han descendido en relación con el PIB y la fiscalidad del trabajo (que es considerablemente superior a la media de la UE). Abordar el problema de los bajos niveles impositivos de la energía, incluidas las tasas de matriculación y propiedad de vehículos, contribuiría a la consolidación fiscal a corto plazo, incentivando a la vez la eficiencia en el uso de la energía.

               (13)

               Aunque Lituania posee un marco regulador para las empresas favorable en general, la situación es relativamente insatisfactoria en los ámbitos de la creación de nuevas empresas, los plazos y costes de expedición de permisos de construcción y la protección de los inversores. Una mejora de la normativa contribuiría a estimular el crecimiento y la creación de empleo. La reforma de la política de competencia favorecería todavía más el entorno empresarial, aunque los avances son lentos, especialmente en los sectores de la energía y la alimentación al por menor. La finalización de la estrategia nacional revisada de independencia energética contribuirá a abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad del abastecimiento e impulsará una mayor competencia en el sector de la generación eléctrica. La aplicación del tercer paquete legislativo de la UE sobre el mercado de la electricidad y el gas mejorará la competencia en los mercados energéticos minoristas. En el sector de la distribución alimentaria al por menor, Lituania aprobó en 2009 una ley que prohíbe a las empresas incurrir en prácticas desleales. Sin embargo, el sector de la distribución de alimentos al por menor sigue adoleciendo de un nivel de competencia insuficiente, debido en parte a su estructura y a las ineficiencias de la regulación del mercado. La concentración en la cadena minorista de alimentación experimenta una tendencia creciente, alcanzando las cuatro empresas más importantes el 72 % de las ventas totales en 2008.

               (14)

               Lituania ha asumido varios compromisos dentro del Pacto por el Euro Plus. Para reforzar la sostenibilidad fiscal, aprobará leyes que faciliten la acumulación de fondos en las reservas de la Hacienda Pública como preparación para los períodos económicos difíciles y favorecerá una política presupuestaria antiinflacionista responsable. También se han anunciado varias medidas importantes para reformar el sistema de pensiones y la seguridad social. Las actuaciones en materia de empleo se enfocan hacia el fomento del mismo, la lucha contra el empleo ilegal y no declarado y la flexibilidad. Con el fin de mejorar el entorno empresarial se han asumido compromisos para reforzar la inspección de empresas, incrementar la transparencia y reducir las cargas administrativas. Esos compromisos hacen referencia a los cuatro ámbitos del Pacto. En general, reflejan la agenda de actuaciones que se bosqueja en el programa de convergencia y el Programa Nacional de Reforma. Las distintas medidas en materia de empleo supondrían, de aplicarse, una buena contribución a la generación de demanda de mano de obra. Esos compromisos han sido evaluados y tenidos en cuenta en las recomendaciones.

               (15)

               La Comisión ha evaluado el programa de convergencia y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos del Pacto por el Euro Plus. Ha tenido en cuenta, no sólo su pertinencia para una política fiscal y socioeconómica sostenible en Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de fortalecer el gobierno económico general de la Unión Europea introduciendo aportaciones de ésta en las futuras decisiones nacionales. A la vista de lo expuesto, la Comisión considera que han de especificarse las medidas que garantizarán el cumplimiento de los objetivos presupuestarios para 2012. Se deben dar también nuevos pasos para reformar el sistema de pensiones a fin de mejorar la sostenibilidad fiscal y estimular la prolongación de la vida laboral, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, aplicar el paquete de reformas de las empresas públicas, acrecentar la eficiencia energética y abordar la cuestión del bajo nivel impositivo de la energía, y fomentar la competencia en determinados sectores.

               (16)

               A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 16 de febrero de de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de convergencia de Lituania y su dictamen (3) se refleja particularmente en las recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Lituania.

         RECOMIENDA: que Lituania tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:

               1.

               Adoptar nuevas medidas fiscales permanentes cuando se apruebe el presupuesto de 2012 a fin de corregir el déficit excesivo, en consonancia con las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aprovechar plenamente la recuperación económica para seguir acelerando la reducción del déficit y garantizar que se avanza hacia el objetivo a medio plazo a un ritmo mínimo del 0,5 % anual. Robustecer el marco fiscal, en particular introduciendo techos de gasto vinculantes y legalmente exigibles en el marco presupuestario a medio plazo.

               2.

               Aprobar la legislación que desarrolla la reforma del sistema de pensiones. Para mejorar la participación en el mercado de trabajo, eliminar los desincentivos fiscales al trabajo, en particular para las personas en edad de jubilación.

               3.

               Mejorar la flexibilidad del mercado laboral mediante una reforma de la legislación laboral, para hacerlo más flexible y permitir un mejor uso de los contratos de duración determinada. Modificar la legislación pertinente para evitar que el sistema de asistencia social albergue elementos desincentivadores del trabajo.

               4.

               Aplicar íntegramente el paquete de reformas de la empresa pública antes de que finalice 2011, garantizando la separación de las funciones de propiedad y reglamentación, fijando objetivos empresariales claros, mejorando la transparencia y separando las actividades comerciales y no comerciales.

               5.

               Mejorar la eficiencia energética de los edificios, por medio, entre otros, de una rápida aplicación del fondo de cartera, y tomar medidas para reorientar la fiscalidad hacia el uso de la energía.

               6.

               Mejorar las condiciones para la creación de empresas y la expedición de permisos de construcción, e impulsar la competencia en los sectores de la energía y el comercio al por menor.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p.1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


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32002H0218

Recomendación del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1995) (octavo FED) para el ejercicio 2000

Diario Oficial n° L 072 de 14/03/2002 p. 0025 - 0025

Recomendación del Consejode 5 de marzo de 2002por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1995) (octavo FED) para el ejercicio 2000(2002/218/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989, modificado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995,Vista la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea(1), objeto de revisión intermedia mediante la Decisión 97/803/CE(2),Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad(3), firmado en Bruselas el 20 de diciembre de 1995, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 33,Visto el Reglamento financiero, de 16 de junio de 1998, aplicable al octavo Fondo Europeo de Desarrollo(4), y, en particular, sus artículos 69 a 74,Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1995) (octavo FED) aprobados al 31 de diciembre de 2000, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de la Comisión(5),Considerando lo siguiente:(1) En virtud del apartado 3 del artículo 33 del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1995) (octavo FED) corresponde al Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo.(2) La ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1995) (octavo FED) durante el ejercicio 2000, por la Comisión, ha sido, en su conjunto, satisfactoria.RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1995) (octavo FED) para el ejercicio 2000.Hecho en Bruselas, el 5 de marzo de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteR. de Rato y Figaredo(1) DO L 263 de 19.9.1991, p. 1.(2) DO L 329 de 29.11.1997, p. 50.(3) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108, corrección de errores en el DO L 173 de 18.6.1998, p. 54.(4) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53.(5) DO C 359 de 15.12.2001, p. 421.


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		52013PC0914

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Croacia /* COM/2013/0914 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo de Croacia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 7,
Vista la
recomendación de la Comisión,
Considerando lo
siguiente:
(1)       De conformidad con el
artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los
Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
(2)       El Pacto de Estabilidad
y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como
medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un
crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)       El X de enero de 2014, el Consejo, de conformidad
con el artículo 126, apartado 6, del TFUE, decidió declarar la existencia de un
déficit excesivo en Croacia.
(4)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 7, del TFUE, y con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1467/97
del Consejo, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de
déficit excesivo (PDE)[1],
el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que se trate para
que este ponga fin a la situación de déficit excesivo en un plazo determinado.
La recomendación del Consejo debe establecer un plazo máximo de seis meses para
que el Estado miembro tome medidas efectivas destinadas a corregir el déficit
excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del
déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios
anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación,
sean compatibles con una mejora anual mínima equivalente como mínimo al
0,5 % del PIB del saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función
del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter
temporal). Además, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1467/97
del Consejo, en el que se especifica el requisito correspondiente al criterio
de deuda, el objetivo presupuestario recomendado para el último año del período
de corrección debe garantizar que la reducción exigida de la diferencia entre
el ratio de deuda con respecto al PIB y el valor de referencia del 60 %
del PIB mencionado en el Tratado se produzca en el transcurso de los dos años
siguientes a la corrección del déficit excesivo, de acuerdo con las previsiones
de la Comisión.
(5)       Según las previsiones
del otoño de 2013 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas
se mantendría por encima del valor de referencia del 3 % del PIB en el
período 2013-2015, y el saldo estructural seguiría deteriorándose a lo largo
del período de previsión, pasando de aproximadamente el 4 % del PIB en
2013 a cerca del 6 % del PIB en 2015. Esta evolución se derivaría,
principalmente, de aumentos de los gastos, tales como gastos de intereses,
combinados con disminuciones de los ingresos. En las previsiones del otoño de
2013 de la Comisión no se incluía el programa de saneamiento presupuestario
anunciado en septiembre de 2013 con la publicación de las Orientaciones para
las políticas económica y presupuestaria, ya que la información sobre las
medidas en que se sustentaba este paquete de saneamiento era muy limitada. Las
medidas presentadas en la segunda revisión del presupuesto de 2013 y en el
proyecto de presupuesto para 2014, adoptado por el Gobierno el 14 de noviembre
de 2013 y enviado al Parlamento, no tienen efectos sustanciales en las
tendencias presupuestarias. De hecho, las previsiones de ingresos y gastos
públicos y de deuda pública que se recogen en la actualización de las
previsiones del otoño de 2013 de la Comisión, para reflejar la nueva
información disponible, solo muestran cambios muy limitados. Las previsiones
revisadas constituyen la nueva hipótesis de base de la Comisión.
(6)       En lo que respecta a la
evolución de la deuda de las administraciones públicas, de acuerdo con la
revisión del presupuesto de 2013 y el proyecto de presupuesto para 2014 el
ratio deuda/PIB previsto para el final de 2014 se situaría en el 62 %, y
alcanzaría el 64 % y el 64,75 % en 2015 y 2016, respectivamente.
Según las previsiones del otoño de 2013 de la Comisión, el ratio de deuda
pública rebasará el valor de referencia del Tratado en 2014, aproximándose al
65 % y aumentando aún más durante el período de previsión. Una
actualización de las previsiones del otoño de 2013 para incorporar información
adicional disponible después de su publicación, principalmente una nueva
emisión de obligaciones en USD en noviembre de 2013, sitúa el ratio de deuda de
las administraciones públicas por encima del límite del 60 % del PIB ya en
2013.
(7)       En este contexto de gran
incertidumbre en cuanto a la evolución económica y presupuestaria, el objetivo
presupuestario recomendado para el último año del período de corrección debería
fijarse en un nivel claramente inferior al valor de referencia, a fin de
garantizar el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la
deuda en el último año del período correspondiente al procedimiento de déficit
excesivo.
(8)       De conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse
en el año siguiente a su detección, salvo que concurran circunstancias
especiales. Con el fin de corregir el déficit excesivo dentro del plazo de 2015
coherente con este planteamiento y garantizar al mismo tiempo el cumplimiento
del valor de referencia para la reducción de la deuda, el ajuste estructural
requerido debería ser equivalente, como mínimo, al 1,3 % del PIB, tanto en
2014 como en 2015. Ello daría lugar a una pérdida significativa de producción y
agravaría la recesión, ya profunda y prolongada. Podrían fijarse plazos más
largos, en particular en el caso de los procedimientos de déficit excesivo
sobre la base del criterio de deuda, cuando el déficit público exigido para
cumplir el criterio de deuda sea significativamente inferior al 3 % del
PIB.
(9)       Teniendo esto en cuenta,
se justifica fijar como plazo para la corrección del déficit excesivo el año
2016. En concreto, una senda de ajuste creíble y sostenible en el marco de este
plazo ampliado exigiría que Croacia alcanzara un objetivo de déficit público
global del 4,6 % del PIB en 2014, del 3,5 % del PIB en 2015 y del
2,7 % del PIB en 2016, lo que resulta compatible con una mejora anual del
saldo presupuestario estructural del 0,5 % del PIB en 2014, del 0,9 %
del PIB en 2015 y del 0,7 % del PIB en 2016, sobre la base del escenario
del PDE. El escenario en que se basa la senda de ajuste tiene en cuenta las
previsiones del otoño de 2013 de la Comisión, actualizadas para reflejar la
nueva información disponible, en particular a partir de la revisión del
presupuesto de 2013 y el proyecto de presupuesto para 2014, y prolongadas hasta
2018 basándose en hipótesis normalizadas sobre la eliminación de la brecha de
producción y la sensibilidad del presupuesto al ciclo. Esta senda de ajuste
permitiría situar el déficit público global por debajo del valor de referencia
del 3 % del PIB para 2016, garantizando al mismo tiempo que el ratio
deuda/PIB se aproxime al valor de referencia del 60 % del PIB a un ritmo
satisfactorio, cumpliendo de esta forma el criterio de deuda. Sobre la base del
escenario del PDE, para alcanzar los objetivos estructurales señalados Croacia
tendría que adoptar medidas de consolidación que representen el 2,3 % del
PIB en 2014 y el 1 % del PIB en 2015 y 2016. Estos objetivos tienen en
cuenta la necesidad de compensar los efectos secundarios negativos del
saneamiento presupuestario sobre las finanzas públicas, a través de su impacto
en la actividad económica.
(10)     Las medidas de
saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo de
las administraciones públicas, orientándose al mismo tiempo hacia la mejora de
la calidad de la hacienda pública. En particular, unas medidas que den
prioridad a inversiones y gastos que propicien el crecimiento, en particular
recurriendo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión de la UE, que
mejoren el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que refuercen el marco
presupuestario respaldarían este proceso.
(11)     A fin de garantizar unos
resultados que favorezcan la prosperidad económica a medio y largo plazo, la
corrección del déficit excesivo se beneficiaría de la adopción de reformas
macroestructurales de acompañamiento. Estas medidas deberían tender a reforzar
el potencial de crecimiento de la economía mediante la flexibilización del
mercado laboral, la mejora de la calidad del entorno empresarial y el aumento
de la eficiencia de la administración pública,
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
1)           Croacia debe poner fin a la
situación actual de déficit excesivo de aquí a 2016.
2)           Croacia debe alcanzar un
objetivo de déficit público global del 4,6 % del PIB en 2014, del
3,5 % del PIB en 2015 y del 2,7 % del PIB en 2016, lo cual es
compatible con una mejora anual del saldo estructural del 0,5 % del PIB en
2014, del 0,9 % del PIB en 2015 y del 0,7 % del PIB en 2016.
3)           Croacia debe especificar y
aplicar rigurosamente las medidas necesarias para lograr la corrección del
déficit excesivo de aquí a 2016, y utilizar cualquier resultado positivo no
previsto para reducir el déficit.
4)           El Consejo establece el plazo
del 30 de abril de 2014 para que Croacia adopte medidas eficaces y, de
conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) nº
1467/97 del Consejo, transmita un informe detallado sobre la estrategia de
saneamiento prevista para alcanzar los objetivos; posteriormente, las
autoridades deben informar sobre los progresos realizados en la aplicación de
estas recomendaciones, al menos cada seis meses, hasta que se haya corregido
totalmente el déficit excesivo.
Por otra parte, el Consejo insta a las
autoridades croatas a: i) llevar a cabo una profunda revisión del gasto con el
objetivo de racionalizar los salarios, la seguridad social y los subsidios y
ofrecer suficiente margen presupuestario para la realización de gastos que
favorezcan el crecimiento, incluida la cofinanciación de proyectos financiados
por la UE; ii) mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aumentar
la eficiencia de la administración tributaria; y iii) mejorar el marco
institucional de las finanzas públicas, en particular mejorando la programación
presupuestaria plurianual, reforzando el papel y la independencia del Comité de
Política Fiscal y garantizando el cumplimiento de la normativa fiscal. Además,
el Consejo insta a las autoridades croatas a que apliquen reformas
estructurales, abordando particularmente las rigideces del mercado laboral y un
entorno empresarial desfavorable y mejorando la calidad de la administración
pública, con vistas a aumentar el crecimiento del PIB potencial.
El destinatario de la presente Decisión
será la República de Croacia.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.


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31996H0527

96/527/CE: Recomendación de la Comisión de 30 de julio de 1996 relativa al empleo del vocabulario común de contratos publicos (CPV) para la descripción del objeto del contrato (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 222 de 03/09/1996 p. 0010 - 0012

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 30 de julio de 1996 relativa al empleo del vocabulario común de contratos públicos (CPV) para la descripción del objeto del contrato (Texto pertinente a los fines del EEE) (96/527/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,(1) Considerando que la Comisión ha adoptado la Comunicación relativa a la simplificación administrativa en la Comunidad para lograr una mayor transparencia en la transmisión de la información;(2) Considerando que las Directivas 92/50/CEE (1), 93/36/CEE (2), 93/37/CEE (3) y 93/38/CEE (4) del Consejo imponen a las entidades adjudicadoras de todos los Estados miembros la obligación de publicar anuncios de contratos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a fin de que pueda ejercer una competencia efectiva en el ámbito de la contratación pública;(3) Considerando que determinadas rúbricas de los anuncios de contrato exigen una descripción precisa del objeto del contrato, con referencias a distintas nomenclaturas (5);(4) Considerando que es preciso armonizar las referencias a las distintas nomenclaturas utilizadas actualmente por los poderes adjudicadores o por las unidades adjudicadoras en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones para describir el objeto de los contratos, que deben publicarse con arreglo a las directivas sobre contratos públicos;(5) Considerando que el vocabulario común de contratos públicos (CPV) es una adaptación de la nomenclatura CPA establecida por el Reglamento (CE) n° 3693/93 del Consejo (6) destinada a describir el objeto de los contratos;(6) Considerando que la nomenclatura CPA garantiza una correspondencia fija con la nomenclatura CCP (clasificación común de productos) de las Naciones Unidas, y está compuesta por cuatro dígitos de la NACE Rev. 1 (nomenclatura general de actividades económicas de las Comunidades Europeas), de la que conserva la estructura por sectores de actividad;(7) Considerando que es preciso que las entidades adjudicadoras (en el caso de los contratos públicos de obras) utilicen para describir el objeto del contrato el CPV en lugar de la «nomenclatura general sobre obras públicas» recomendada hasta ahora por la Recomendación 91/561/CEE de la Comisión (7);(8) Considerando que la normalización de la información llevará, además, a:- aumentar la transparencia de los contratos públicos,- posibilitar la creación de un sistema de información para los contratos públicos (proyecto SIMAP),- reducir los errores involuntarios en la traducción de los anuncios,- simplificar la tarea de los poderes adjudicadores al preparar los anuncios y, en particular, al describir el objeto del contrato,- simplificar la elaboración de estadísticas sobre contratación pública, incluidas las que requiere el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Unión Europea en virtud del Acuerdo sobre contratación pública celebrado en el marco de la OMC;(9) Considerando que conviene velar por que la información contenida en los anuncios de contrato sea suficiente para que los candidatos o licitadores puedan valorar si los contratos propuestos les interesan;(10) Considerando además, que las instituciones comunitarias precisan información clara para prevenir cualquier falseamiento de la competencia;(11) Considerando que las empresas han manifestado su interés por el vocabulario que les ha sido propuesto;(12) Considerando que dicho vocabulario se adaptará a las circunstancias, puesto que será revisado regularmente,FORMULA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:1. Se recomienda a las entidades adjudicadoras a que se refieren las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE que, para describir la naturaleza y alcance de sus contratos públicos en los anuncios que han de remitir a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, utilicen los términos y códigos del CPV, del que hoy se publica una versión en el Suplemento del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que será actualizado regularmente. Para los anuncios relativos a los contratos de obras, se recomienda el empleo del CPV en lugar de la nomenclatura general sobre obras públicas, publicada en el Suplemento del Diario Oficial de las Comunidades Europeas S 217, de 16 de noviembre de 1991.2. Se recomienda a los suministradores de bienes, obras y servicios, y a sus agentes, que utilicen el CPV para determinar los anuncios que les interesen de entre los publicados en el Suplemento del Diario Oficial y en la base de datos TED (Tenders Electronic Daily).3. Se recomienda a los Estados miembros que adopten cuantas medidas estén a su alcance para dar a conocer el CPV y fomentar y facilitar su uso por parte de los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras y los empresarios.4. Se recomienda a los usuarios que cuando comprueben que el CPV no describe clara y concisamente la naturaleza y alcance de un contrato público, informen de ello a la Comisión y, en la medida de lo posible, propongan las modificaciones que deban introducirse, empleando el formulario que figura en el Anexo del CPV.5. La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 91/561/CEE.Hecho en Bruselas, el 30 de julio de 1996.Por la ComisiónMario MONTIMiembro de la Comisión(1) DO n° L 209 de 24. 7. 1992, p. 1.(2) DO n° L 199 de 9. 8. 1993, p. 1.(3) DO n° L 199 de 9. 8. 1993, p. 54.(4) DO n° L 199 de 9. 8. 1993, p. 84.(5) Nomenclatura CCP (clasificación común de productos) de las Naciones Unidas en la Directiva 92/50/CEE y en la Directiva 93/38/CEE.Nomenclatura CPA (clasificación de productos por actividades) en la Directiva 93/36/CEE.Nomenclatura NACE (nomenclatura general de actividades económicas de las Comunidades Europeas) en la Directiva 93/37/CEE y en la Directiva 93/38/CEE.(6) DO n° L 342 de 31. 12. 1993, p. 1.(7) DO n° L 305 de 6. 11. 1991, p. 19.