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		52013DC0365

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia de Lituania para 2012-2016 /* COM/2013/0365 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Lituania
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia
de Lituania para 2012-2016
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1]
y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Vistas las recomendaciones de la Comisión
Europea[2],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el periodo
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[4], que juntas forman las
«orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en
cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012,
los jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos
y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a
nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total
para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las
recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6 de julio de 2012,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de
Lituania para 2012 y emitió su dictamen sobre el programa de convergencia
actualizado de Lituania para 2011-2015.
(5)                   El 28 de
noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento[5],
marcando el inicio del Semestre Europeo de coordinación de política económica
de 2013. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[6], en el que no se señalaba a
Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen
exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de
proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el
crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el
crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias
sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El 9 de abril de 2013, Lituania
presentó su Programa Nacional de Reforma actualizado para 2013 y, el 26 de
abril de 2013, su programa de convergencia para el período 2012-2016. Con
objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado
al mismo tiempo.
(8)       Partiendo de la
evaluación del programa de convergencia de 2013 realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa
es verosímil y está en consonancia con las previsiones de primavera de la
Comisión. Tras un saneamiento presupuestario ambicioso desde 2009, el déficit
de las administraciones públicas se ha logrado situar en el 3,2 % del PIB
en 2012, lo que se considera suficiente para derogar la Decisión sobre la
existencia de un déficit excesivo, teniendo en cuenta el coste de la reforma
sistémica de las pensiones. La reducción del déficit se basaba también en
cierta medida en un crecimiento económico sólido y en congelaciones temporales del
gasto. El programa ha cambiado el objetivo a medio plazo (OMP) del +0,5 %
al -1,0 %, que sigue en línea con los objetivos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. La estrategia presupuestaria presentada en el programa es alcanzar
el objetivo a medio plazo de aquí a 2016. Sobre la base del saldo
presupuestario estructural (recalculado), los progresos anuales hacia el
objetivo a medio plazo en términos estructurales es superior al 0,5 % del
PIB. Se cumple el valor de referencia para el gasto a lo largo del período del
programa. El ajuste está ligeramente adelantado y se basa principalmente en una
limitación del gasto, aunque solo está parcialmente respaldado por medidas
concretas, en particular medidas concretas que no siempre se especifican. Según
las previsiones de la Comisión, se espera que el ajuste estructural en 2013 y
2014 sea del 0,3 % y el 0 % del PIB, respectivamente, y por tanto,
por debajo del aumento requerido del 0,5 % del PIB, lo que también suscita
dudas sobre la senda de ajuste del programa. Aún hay que especificar nuevas
medidas de saneamiento, y deberían estudiarse reformas estructurales, en
particular un cambio hacia medidas basadas en los ingresos. La deuda de las
administraciones públicas se mantiene por debajo del 60 % del PIB, con un
40,7 % en 2012, y se prevé que disminuya ligeramente a lo largo del
programa. Mientras que el programa de convergencia prevé que la deuda disminuya
al 39,7 % en 2013 y que siga disminuyendo hasta el 34,5 % en 2016,
según las previsiones de la Comisión deberá caer hasta un 40,1 % del PIB
en 2013 y un 39,4 % en 2014. Las diferencias se deben principalmente a la
reducción del déficit previsto en el programa de convergencia.
(9)       Aunque su situación
deficitaria ha mejorado con los años, Lituania sigue careciendo de margen presupuestario
suficiente para reaccionar a acontecimientos adversos. Sin embargo, existe
margen para una fiscalidad menos distorsionadora y para nuevas mejoras en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lituania sigue teniendo la menor
ratio impuestos/PIB de la UE y la consolidación se ha centrado principalmente en
los gastos. Todavía hay margen para buscar fuentes de ingresos fiscales que
resulten menos perjudiciales para el crecimiento, tales como impuestos
medioambientales y gravamen recurrente de los bienes inmuebles. Si bien
Lituania ha tomado medidas para incrementar los ingresos fiscales recurrentes
sobre bienes inmuebles, parece haber margen para nuevos esfuerzos. Los ingresos
de Lituania procedentes de los impuestos medioambientales se encuentran en
tendencia decreciente y fueron los segundos más bajos de la UE en 2011, debido,
en particular, a que se situaron al nivel más bajo de los impuestos sobre
transportes de la UE; ello no facilita la reducción de la elevada intensidad
energética de la economía lituana. Al mismo tiempo, los gastos que propician el
crecimiento, por ejemplo en materia de investigación y educación, deben
constituir una prioridad en el saneamiento presupuestario. Se ha retrasado la
aplicación de la legislación que refuerza el marco presupuestario. El marco
presupuestario de Lituania no ha podido impedir una política presupuestaria
procíclica en los años de gran crecimiento, y las normas no son suficientemente
vinculantes. Es necesario mejorar el control, la responsabilidad y la ejecución
del proceso presupuestario, y reforzar el carácter vinculante del marco a medio
plazo.
(10)     La evolución demográfica
es un reto para la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo de Lituania. Por
tanto, sigue revistiendo importancia una reforma en profundidad del sistema de
pensiones, centrada tanto en la sostenibilidad como en la adecuación de las
pensiones. La adecuación de las pensiones es un reto, ya que las personas de
más edad se enfrentan a un alto riesgo de pobreza y exclusión. La reforma del
sistema de acumulación de pensiones de 2012 fomenta la acumulación de pensiones
del segundo pilar con incentivos financieros con cargo al presupuesto del
Estado. También introduce la posibilidad de exclusión voluntaria de la
acumulación de pensiones privadas y la vuelta al fondo de seguro social estatal
durante un período transitorio, así como un aumento gradual de la edad de
jubilación. La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Se trata de pasos
importantes pero aislados en la dirección adecuada, y han de realizarse cambios
importantes, en particular en el marco de las pensiones del primer pilar.
Además, es preciso introducir medidas que promuevan la empleabilidad de los
trabajadores de más edad y entornos de trabajo adecuados a las necesidades de
las personas mayores.
(11)     La lucha contra el
desempleo y el bajo nivel de participación de la mano de obra sigue siendo un
reto clave. Los jóvenes y los trabajadores poco cualificados se ven
especialmente afectados por las elevadas tasas de paro. Los desajustes en las
cualificaciones han quedado especialmente patentes durante la crisis y
representan un problema cada vez más grave, que apuntan a la existencia de
deficiencias estructurales en la educación y las políticas del mercado de
trabajo. Las consiguientes carencias de trabajadores cualificados se ven
agravadas por los altos índices de emigración. Por tanto, se precisan medidas
adicionales destinadas a mejorar la flexibilidad del mercado laboral y a fomentar
la participación en el mismo, en particular de los jóvenes, los trabajadores no
cualificados y los trabajadores de más edad. La cobertura global de medidas
activas para el mercado de trabajo y la dotación financiera para cada medida
siguen siendo insuficientes, y las medidas no están bien orientadas a los
trabajadores con escasa cualificación y a los desempleados de larga duración.
Un análisis exhaustivo de la legislación laboral, con la participación de los
interlocutores sociales, podría identificar las restricciones innecesarias y
los obstáculos administrativos que afectan a la flexibilidad de los contratos
de trabajo, las condiciones de despido y las disposiciones sobre la jornada
laboral flexible. Para facilitar la transición de la escuela al mercado de
trabajo, podrían hacerse más atractivos los contratos de aprendizaje y de
prácticas.
(12)     La pobreza y la exclusión
social siguen teniendo un nivel preocupante. Preocupa especialmente el aumento
de la pobreza infantil. En 2012 se pusieron en marcha medidas de reforma
consistentes en prestaciones dinerarias de asistencia social destinadas a
aumentar los incentivos al trabajo (prestaciones vinculadas al trabajo para los
desempleados de larga duración, reducción gradual de las prestaciones sociales
para las personas en edad laboral que están inactivas) y a reducir la pobreza.
Un proyecto piloto en cinco municipios arrojó resultados extraordinarios en
cuanto a ahorro de gastos y mejor selección de los beneficiarios. Ahora es
necesario establecer un mecanismo de seguimiento para evaluar su eficacia y su repercusión
en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Asimismo, conviene establecer un
vínculo entre la reforma y las medidas de activación destinadas a aumentar la
participación, en particular en lo que se refiere a los beneficiarios sociales
a largo plazo. Las medidas adoptadas para reducir la pobreza incluyen el
aumento de la cobertura de las prestaciones sociales y un nuevo método para
calcular el importe de las prestaciones. Además, el 1 de enero de 2013 el
salario mínimo aumentó un 18 %, lo cual podría contribuir a reducir la trampa
de la inactividad y la pobreza de las personas con empleo. Sin embargo, estas
medidas parecen insuficientes habida cuenta de la magnitud del problema, y no
existe una estrategia global o un plan de acción de lucha contra la pobreza.
(13)     El Gobierno ha emprendido
una ambiciosa reforma de las empresas estatales desde 2010. Esta reforma es
oportuna y creíble, e implica cambios legislativos y organizativos. Se han
puesto en marcha los aspectos de la reforma relacionados con la reglamentación
y se ha logrado un amplio cumplimiento de las obligaciones de notificación.
Ahora el reto es evitar los conflictos de intereses, con respecto a las
funciones reglamentarias y no reglamentarias, y distinguir entre las actividades
comerciales y no comerciales de las empresas públicas. Cuando se aplique
plenamente, la reforma podría contribuir a impulsar la competitividad y el
crecimiento. Por tanto, será fundamental el control del cumplimiento.
(14)     La conexión de gas y
electricidad con los vecinos está infradesarrollada. Como resultado de ello, la
competencia en el sector de la energía es muy limitada y los precios de la
energía son elevados. Además, la eficiencia energética continúa siendo un
problema. Se ha progresado lentamente por lo que se refiere a la renovación de
los edificios, por ejemplo en relación con las inversiones en el fondo de
cartera de JESSICA, y subsisten los principales desafíos en la renovación de
viviendas privadas.
(15)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política
económica lituana. Ha evaluado el programa de convergencia y el Programa
Nacional de Reformas. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia
para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política económica de
Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE,
dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión
Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.
Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.
(16)     A la luz de esta
evaluación, el Consejo ha examinado el programa de convergencia de Lituania, y
su dictamen[7]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
RECOMIENDA que Lituania tome
medidas en el período 2013-2014 a fin de:
1.           Garantizar el
saneamiento presupuestario favorable al crecimiento y aplicar la estrategia
presupuestaria según lo previsto, realizando un esfuerzo de ajuste estructural
que permita a Lituania alcanzar el objetivo a medio plazo. Dar prioridad a un
gasto que favorezca el crecimiento. Reforzar el marco presupuestario, en
particular mediante la introducción de límites máximos ejecutivos y vinculantes
en el marco presupuestario a medio plazo. Revisar el sistema fiscal y
considerar el aumento de los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento,
tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles y los impuestos
medioambientales, en particular introduciendo impuestos sobre los automóviles
y, al mismo tiempo, continuar reforzando el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
2.           Adoptar y aplicar legislación
relativa a una reforma global del sistema de pensiones. Adecuar la edad legal
de jubilación a la esperanza de vida, restringir el acceso a la jubilación
anticipada, establecer normas claras para la indización de las pensiones y
fomentar el recurso a los regímenes de jubilación complementarios, garantizando
al mismo tiempo la aplicación de las reformas en curso. Respaldar la reforma de
las pensiones con medidas que promuevan la empleabilidad de los trabajadores de
más edad.
3.           Luchar contra el alto
nivel de desempleo entre los trabajadores poco cualificados y los desempleados
de larga duración, concentrando los recursos en políticas activas del mercado
de trabajo y mejorando su cobertura y eficiencia. Mejorar la empleabilidad de
los jóvenes, por ejemplo, a través de la «Garantía Juvenil», mejorar la
aplicación y la eficacia de los sistemas de contratos de aprendizaje, y abordar
los persistentes desajustes de las cualificaciones. Revisar la adecuación de la
legislación laboral en lo que respecta a la flexibilidad de los contratos de
trabajo, las condiciones de despido y las disposiciones sobre la jornada
laboral flexible, tras consultar a los interlocutores sociales.
4.           Aplicar medidas
específicas concretas para reducir la pobreza y la exclusión social. Reforzar
los vínculos entre la reforma de la asistencia social en metálico y las medidas
de activación.
5.           Completar la aplicación
de la reforma de las empresas estatales, en particular para garantizar la
separación entre la propiedad y las funciones de reglamentación, y realizar un
estrecho seguimiento del cumplimiento de los requisitos de la reforma.
6.           Adoptar medidas para
mejorar la eficiencia energética de los edificios, en concreto mediante la
supresión de las disposiciones que tengan un efecto disuasorio y la aplicación
rápida del fondo de cartera. Promover la competencia en el ámbito de las redes
energéticas, mejorando la interconexión con las redes de gas y electricidad de otros
Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM (2013) 365 final
[3]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[4]               2013/208/UE de 22 de abril de 2013.
[5]               COM (2012) 750 final.
[6]               COM (2012) 751 final.
[7]               De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

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31998Y0617(01)

Recomendación del Consejo de 28 de mayo de 1998 sobre equipo para detección de falsificaciones en los puntos de entrada en la Unión Europea

Diario Oficial n° C 189 de 17/06/1998 p. 0019 - 0020

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 28 de mayo de 1998 sobre equipo para detección de falsificaciones en los puntos de entrada en la Unión Europea (98/C 189/02)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra a) del apartado 2 del artículo K.3,Vista la iniciativa presentada por el Reino Unido,Considerando que es importante fijar unos niveles uniformes de conocimientos y equipo para la detección de documentos falsificados en los puntos de entrada en la Unión Europea,RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS:tomen, con objeto de lograr unos niveles uniformes de equipo en los puntos de entrada, las medidas siguientes:1. Factores determinantesEl equipo a proveer en los puntos de entrada se determinará con respecto a los siguientes factores:- cantidad de tráfico de pasajeros,- niveles actuales de falsificación,- disponibilidad de material de referencia,- presencia de agentes de control y niveles de formación dispensados.2. Niveles de equipo recomendadosa) Nivel MÍNIMO: pequeños puntos de entrada, o aquéllos sin custodia permanente, en los que el personal de servicio sólo ha recibido un nivel de formación básico.Equipo requerido:Foco de rayos ultravioletas- Fijos, para uso en las oficinas- Portátil, para uso móvil, por ejemplo, a bordo de trenes, autocares, etc.Aumento- Lupa de mano- Mesa iluminada con superficie de lente de aumentoMaterial de consulta- Manual de documentos auténticos de la UE- Boletín de falsificaciones europeob) Nivel INTERMEDIO: puntos de entrada de pequeña y mediana importancia custodiados permanentemente por personal con una formación básica que cuenta o puede contar con los servicios de un especialista en documentos con formación de nivel medio.Equipo requerido:Foco de rayos ultravioletas- Fijo, en cada puesto de control y para uso en las oficinas- Portátil, para uso móvil, por ejemplo, a bordo de trenes, autocares, etc.Aumento- Microscopio estereoscópico de baja potencia con foco regulable- Foco luminoso con guía flexible de fibra óptica- Cajeta de iluminaciónMaterial de consulta- Manual de documentos auténticos de la UE- Boletín de falsificaciones europeoc) Nivel SUPERIOR: puntos de entrada custodiados permanentemente con elevada incidencia de documentos falsos y que cuentan con una diversidad de personal formado y con especialistas en documentos.Equipo requerido:Foco de rayos ultravioletas- Fijo, en cada puesto de control y para uso en las oficinas- Portátil, para uso móvil, pro ejemplo, a bordo de trenes, autocares, etc.Aumento- Microscopio estereoscópico de baja potencia con foco regulable- Foco luminoso con guía flexible de fibra óptica- Cajeta de iluminaciónEquipo de verificación con rayos infrarrojos- Aparato de examen de documentos mediante rayos infrarrojosMaterial de consulta- Manual de documentos auténticos de la UE- Boletín de falsificaciones europeo.Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteJ. STRAW


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Suecia para 2012-2015

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/85

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Suecia para 2012-2015
   2012/C 219/25
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vistas las recomendaciones de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma de Suecia para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Suecia para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011 el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 20 de abril de 2012, Suecia presentó su Programa de Convergencia para el período 2012-2015 y su Programa Nacional de Reforma. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, si Suecia presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Suecia presenta desequilibrios, aunque no excesivos.

               (9)

               Partiendo de la evaluación del programa de convergencia, realizada de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del programa es verosímil para 2012 y optimista para el período 2013-2015, en que el crecimiento del PIB se espera en torno a una media del 3,5 %. Las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión prevén que el PIB crezca un 2,1 % en 2013. El objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el Programa de Convergencia es garantizar la viabilidad a largo plazo respetando las normas del marco presupuestario sueco, incluido el objetivo de registrar un superávit en la capacidad de financiación de las administraciones públicas del 1 % a lo largo del ciclo. Se trata asimismo de cumplir los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento, en particular el valor de referencia del 3 % del PIB. El Programa de Convergencia ha revisado el objetivo presupuestario a medio plazo, pasando de un superávit de las administraciones públicas del 1,0 % del PIB a un déficit del 1,0 % del PIB. El nuevo objetivo presupuestario a medio plazo refleja adecuadamente los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Con este cambio, y partiendo del saldo presupuestario estructural (recalculado), debería alcanzarse el objetivo presupuestario a medio plazo durante el período del programa, incluso si se tiene en cuenta la posible adopción, en 2013 o 2014, de nuevas medidas discrecionales expansionistas. Ciertos riesgos de deterioro de las previsiones presupuestarias a partir de 2013 se deben a las hipótesis macroeconómicas optimistas. El índice de crecimiento previsto del gasto público, teniendo en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos, debería ajustarse al valor de referencia del gasto previsto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. El ratio de deuda se sitúa por debajo del 60 % del PIB y, según el Programa de Convergencia, debería seguir reduciéndose durante el período del programa.

               (10)

               El examen exhaustivo de la Comisión en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011 ha confirmado que la deuda de los hogares suecos presenta un nivel bastante alto. Si bien es cierto que el mercado inmobiliario e hipotecario se estabilizó en 2011, persisten varias distorsiones estructurales que amenazan a la estabilidad de dichos mercados a largo plazo. Se han adoptado medidas pertinentes para reforzar la resistencia del sector financiero. No obstante, se ha prestado menos atención a varias políticas actuales que pueden contribuir a la volatilidad del mercado inmobiliario sueco y a la acumulación de deudas hipotecarias: desgravación fiscal generosa del pago de los intereses, bajos impuestos sobre bienes inmuebles, amortización escasa y legislación estricta sobre los alquileres. Por lo que se refiere a la oferta, el monopolio en materia de planificación local, los procesos dilatados de urbanización y la falta de competencia obstaculizan la oferta de viviendas.

               (11)

               Pese a una mejora general del mercado laboral en 2011, las tasas de desempleo de los jóvenes y de los grupos vulnerables siguen siendo elevadas, especialmente para las personas procedentes de la inmigración. Suecia está aplicando varias políticas activas de empleo y reformas educativas para remediar esta situación. Esas medidas parecen, en su mayoría, pertinentes y creíbles, aunque es demasiado pronto para evaluar su impacto. Ahora bien, no puede asegurarse que la medida principal destinada al empleo juvenil (la reducción del IVA para los restaurantes y los servicios de restauración) sea pertinente y eficaz, por lo que deberá ser evaluada. Además, el nivel de ambición podría aumentar si los desafíos se afrontaran de forma más global, respondiendo asimismo al problema de los salarios relativamente altos en el extremo inferior de la escala salarial y de las diferencias en cuanto a protección del empleo entre trabajadores fijos y temporales.

               (12)

               Suecia es el segundo país de la UE con mayor gasto en investigación y desarrollo (I + D) en porcentaje del PIB y es considerado un líder de la innovación según el marcador de la «Unión por la innovación». No obstante, en lo que se refiere a la comercialización de productos innovadores, los resultados de Suecia se sitúan por debajo de la media de la UE y registran una tendencia negativa. Además, Suecia parece acusar cierto retraso en la creación de empresas innovadoras de crecimiento rápido. Por otra parte, la posición generalmente sólida de Suecia en materia de I + D es vulnerable, dado que depende en gran parte de algunas grandes multinacionales, que trasladan cada vez más sus actividades de I + D fuera de Suecia. Estos problemas deben ser resueltos en la nueva Ley sobre investigación y desarrollo prevista para el otoño de 2012.

               (13)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica sueca, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (14)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (15)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan, en particular, en la recomendación 2 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Suecia tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Preservar una situación presupuestaria sólida en 2012 y más adelante, aplicando la estrategia presupuestaria prevista y garantizando el cumplimiento continuo del objetivo presupuestario a medio plazo.

               2.

               Adoptar nuevas medidas preventivas para reforzar la estabilidad del mercado inmobiliario e hipotecario a medio plazo, por ejemplo fomentando una política de préstamos prudente, reduciendo la distorsión a favor del endeudamiento en la financiación de las inversiones inmobiliarias y resolviendo las restricciones en la oferta de viviendas y en la legislación sobre alquileres.

               3.

               Adoptar nuevas medidas para mejorar la participación en el mercado laboral de los jóvenes y de los grupos vulnerables, por ejemplo mejorando la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo, facilitando la transición entre la escuela y el trabajo, fomentando políticas destinadas a aumentar la demanda por lo que respecta a los grupos vulnerables y mejorando el funcionamiento del mercado de trabajo. Revisar la eficacia del régimen actual de IVA reducido para los restaurantes y los servicios de restauración en favor de la creación de empleo.

               4.

               Adoptar nuevas medidas en la futura ley de investigación e innovación para seguir mejorando la excelencia de la investigación y centrarse en medidas que mejoren la comercialización de productos innovadores y el desarrollo de nuevas tecnologías.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (4)  DO C 217 de 23.7.2011, p. 9.

      (5)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


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		52013DC0383

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España /* COM/2013/0383 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo de España
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126,
apartado 7,
Vista la
Recomendación de la Comisión Europea,
Considerando lo
siguiente:
(1)       Con arreglo al
artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits
públicos excesivos.
(2)       El Pacto de Estabilidad
y Crecimiento está basado en el objetivo de lograr unas haciendas públicas
saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios
y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)       El 27 de abril de 2009,
el Consejo, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), declaró la existencia de un
déficit excesivo en España y, con arreglo al artículo 104, apartado 7, del
Tratado CE y al artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de
julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de
déficit excesivo[1],
dirigió a este país una recomendación para su corrección en 2012 a más tardar.
(4)       El 2 de diciembre de
2009, el Consejo, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento
(CE) nº 1467/97 del Consejo decidió que se habían tomado medidas eficaces y
que, tras la adopción de dicha recomendación[2],
habían aparecido factores económicos adversos e inesperados con importantes
efectos desfavorables sobre la hacienda pública. En particular, el agudo
deterioro de las perspectivas de crecimiento a raíz de la crisis económica y
financiera mundial ha tenido importantes implicaciones presupuestarias
negativas. Como consecuencia de ello, el Consejo decidió adoptar una
recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, por
la que se instaba a España a poner fin a su situación de déficit excesivo en
2013 a más tardar, de forma creíble y sostenible, tomando medidas a medio
plazo.
(5)       El 15 de junio de 2010,
la Comisión concluyó que España había tomado medidas eficaces para atenerse a
la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 con objeto de situar su
déficit público por debajo del 3 % del valor de referencia del PIB y
consideró que, por lo tanto, no era necesario tomar ninguna medida adicional en
el marco del procedimiento de déficit excesivo.
(6)       El 10 de julio de 2012,
el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1467/97, que se habían tomado medidas eficaces pero
que, tras la adopción de la recomendación revisada en 2009, habían aparecido
factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos
desfavorables sobre la hacienda pública. En particular, un deterioro de las
perspectivas de crecimiento y la transición a una composición del crecimiento
menos generadora de ingresos tributarios tuvieron importantes implicaciones
presupuestarias negativas. Por consiguiente, el Consejo adoptó una Recomendación
revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE (la
«recomendación revisada del procedimiento de déficit excesivo») y recomendó a
España que corrigiera el déficit excesivo de aquí a 2014, a más tardar. Para
situar el déficit público por debajo del 3 % del valor de referencia del
PIB en 2014, se recomendó a España que lograra una mejora del saldo estructural
del 2,7 % del PIB en 2012, del 2,5 % del PIB en 2013 y del 1,9 %
del PIB en 2014, basándose en la actualización de las previsiones de la
primavera de 2012 efectuada por los servicios de la Comisión. Los objetivos de déficit se fijaron en el 6,3 % del
PIB en 2012, el 4,5 % del PIB en 2013 y el 2,8 % del PIB en 2014.
También se recomendó a España que aplicara las medidas adoptadas en el presupuesto
para 2012, y en los planes de reequilibrio de las Comunidades Autónomas y
adoptara, a finales de julio de 2012 a más tardar, el plan presupuestario
plurianual para 2013-2014 anunciado, incluyendo una estrategia presupuestaria a
medio plazo que especificase plenamente las medidas estructurales necesarias
para lograr la corrección del déficit excesivo en 2014.
(7)       El 14 de noviembre de
2012, la Comisión, sobre la base de las previsiones del otoño de 2012 de los
servicios de la Comisión, llegó a la conclusión de que España había tomado
medidas eficaces para atenerse a la recomendación revisada del Consejo, de 10
de julio de 2012 y que no era necesario tomar ninguna medida adicional en el
marco del procedimiento de déficit excesivo.
(8)       De conformidad con el
artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1467/97, el Consejo, partiendo
de una recomendación de la Comisión, puede decidir adoptar una recomendación
revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, si se han tomado
medidas eficaces y, tras la adopción de la recomendación, aparecen factores
económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables sobre
la hacienda pública. La aparición de estos factores ha de evaluarse teniendo en
cuenta las previsiones económicas subyacentes a la recomendación del Consejo.
(9)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE) nº
1467/97, el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que se
trate para que este ponga fin a la situación de déficit excesivo en un plazo
determinado. La recomendación del Consejo debe establecer un plazo máximo de
seis meses para que el Estado miembro tome medidas eficaces encaminadas a
corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a
la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de
objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que
se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del
saldo estructural (saldo ajustado en función del ciclo tras deducir las medidas
puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo al 0,5 %
del PIB, como valor de referencia.
(10)     Después de una breve
recuperación en 2011, la economía ha vuelto a la recesión, con una tasa
trimestral negativa de crecimiento real del PIB desde el tercer trimestre de
2011. En términos anuales, el PIB se redujo un 1,4 % en 2012. Según las
previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, la recesión
continuará en 2013 y las exportaciones positivas netas no lograrán aún
compensar la actual contracción de la demanda interna. Se espera que la
producción no se estabilice hasta el final de 2013. Así pues, se prevé que el
PIB real se contraerá un 1,5 % en 2013, antes de aumentar un 0,9 % en
2014 (en el supuesto de que no se modifique la política económica). Cuando se
efectuó la última recomendación del Consejo, se preveía que el PIB real se
contraería un 1,9 % y un 0,3 % en 2012 y 2013, respectivamente, y que
crecería un 1,1 % en 2014. El crecimiento menos negativo registrado en
2012 se debió principalmente a que la demanda interna fue algo más resistente y
posiblemente también a la inyección de liquidez a través del sistema de
reembolso de la deuda comercial acumulada por las Comunidades Autónomas y las
administraciones locales antes del 1 de enero de 2012 (27 400 millones
EUR, lo que equivale al 2,6 % del PIB). En lo que respecta a 2013 y 2014,
la previsión de primavera de 2013 de la Comisión, contempla una mayor contracción
del PIB real en 2013 y una recuperación más tímida en 2014. Esto incluye una
caída más pronunciada de la demanda interna durante ambos años y un descenso
más prolongado del empleo. El deterioro de las perspectivas macroeconómicas se
debe en parte a que se han tenido en cuenta las medidas de saneamiento
adicionales incluidas en el plan presupuestario 2013-2014 y en el presupuesto
de 2013.
(11)     Según las previsiones de
primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, el déficit de las
administraciones públicas alcanzó el 10,6 % del PIB en 2012, frente a un
objetivo del Gobierno y del procedimiento de déficit excesivo del 6,3 %
del PIB y el 9,4 % del PIB en 2011. Teniendo en cuenta las transferencias
de capital a los bancos (que se consideran operaciones puntuales), los
correspondientes déficits fueron del 7,0 % y el 9,0 % del PIB en 2012
y 2011, respectivamente. La disminución del saldo
global corresponde a una mejora del saldo primario de 2,4 puntos porcentuales
(descontadas las transferencias de capital a los bancos), en un contexto de
contracción de la economía y una composición del crecimiento generadora de
escasos ingresos tributarios. Las previsiones de primavera de 2013 de
los servicios de la Comisión indican una mejora del déficit estructural de 1,8
puntos porcentuales en 2012, frente a una mejora recomendada de 2,7 puntos
porcentuales. Si se corrige para tener en cuenta la revisión ligeramente a la
baja del potencial de producción desde la última recomendación del Consejo, el
esfuerzo presupuestario estimado no sufre variación. Sin embargo, la variación
estimada del saldo estructural se ha visto gravemente afectada por una
reducción imprevista de los ingresos equivalente a cerca de 1,0 puntos
porcentuales. En total, teniendo en cuenta estos efectos, el esfuerzo
presupuestario ajustado aumentaría a 2,9 puntos porcentuales, por encima del
esfuerzo recomendado en la recomendación revisada del procedimiento de déficit
excesivo. Aparte de las medidas de recapitalización, la desviación
presupuestaria en 2012 está vinculada a una combinación de unos ingresos
inferiores a lo previsto (teniendo en cuenta el impacto de las medidas
discrecionales y el efecto de base) y un consumo intermedio y unas
transferencias sociales más elevadas. La composición del crecimiento menos
generadora de ingresos tributarios y un mayor deterioro del mercado laboral
implicaron fuertes reducciones de los ingresos, especialmente de los impuestos
directos e indirectos, así como un aumento de los gastos sociales. España
adoptó medidas de saneamiento apreciables durante 2012, que supusieron en torno
al 4 % del PIB, concretamente alrededor del 1,5 % del PIB por el lado
de los ingresos, y del 2,5 % del PIB por el del gasto. Estas medidas
también compensaron parcialmente un deterioro subyacente del saldo estructural
debido a un aumento de los pagos de intereses y un incremento de las
transferencias sociales.
(12)     Para 2013, según las
previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, se prevé que
el déficit público se reduzca al 6,5 % del PIB, frente a un objetivo del
procedimiento de déficit excesivo del 4,5 % del PIB. Se espera que el
saldo primario mejore en 4,5 puntos porcentuales (0,9 puntos porcentuales, una
vez descontadas las transferencias de capital a los bancos). Tras la última
recomendación del Consejo, el Gobierno español presentó en agosto de 2012 un
plan presupuestario plurianual para 2013-2014, en el que exponía algunas de las
características de la estrategia de saneamiento a medio plazo. En total, se
calcula que en 2013 los efectos presupuestarios de las medidas discrecionales
serán de aproximadamente el 1 % del PIB por el lado de los gastos y de
cerca del 1,5 % del PIB por de los ingresos. La desviación presupuestaria
de alrededor del 2 % del PIB con respecto al objetivo de déficit excesivo
se explica en parte por la peor posición de inicio. Sin embargo, el principal
factor de la desviación es la composición desfavorable del crecimiento, con una
mayor contracción del consumo privado y unas cifras peores del mercado de
trabajo en comparación con lo previsto en la recomendación revisada del
procedimiento de déficit excesivo. Las previsiones de primavera de 2013 de los
servicios de la Comisión prevén que el déficit estructural se reduzca aún más,
1,1 puntos porcentuales, en 2013, frente a un esfuerzo recomendado de 2,5
puntos porcentuales. Si se corrige para tener en cuenta la variación del
crecimiento potencial estimado y la disminución de los ingresos superior a lo
previsto, el esfuerzo presupuestario estimado mejora en 1,4 puntos
porcentuales, con lo que el esfuerzo presupuestario ajustado se sitúa en el 2,5 %
del PIB, en línea con el esfuerzo recomendado en la recomendación revisada del
procedimiento de déficit excesivo. En su programa de estabilidad de 2013, el Gobierno
español anunció un objetivo de déficit general de las administraciones públicas
del 6,3 % del PIB en 2013, al que se añadirían otras medidas de
saneamiento de alrededor de 3 000 millones EUR (0,3 % del PIB) que aún
deben ser adoptadas y aplicadas este año.
(13)     Para 2014, se espera que
el déficit global aumente hasta el 7,0 % del PIB, frente al objetivo del
procedimiento de déficit excesivo del 2,8 % del PIB. El déficit primario
aumentaría en un 0,4 % del PIB. Aparte del efecto de base, la desviación
esperada refleja principalmente la expiración de las medidas de carácter
temporal tomadas en años anteriores, así como el hecho de que las medidas de
saneamiento planeadas para 2014 no estaban lo suficientemente especificadas en
el plan presupuestario plurianual de agosto de 2012 para poder incluirlas en
las previsiones de los servicios de la Comisión. Por otra parte, la composición
del crecimiento económico seguirá generando pocos ingresos tributarios y las
cotizaciones sociales y los impuestos indirectos no crecerán en proporción
igual al PIB nominal. Los pagos de intereses también seguirán aumentando debido
al elevado nivel de la deuda. Las previsiones de primavera de 2013 de los
servicios de la Comisión pronostican que el déficit estructural se deteriorará
en 1,1 puntos porcentuales, frente a la mejora recomendada del 1,9 % del
PIB. Corrigiendo esta cifra para tener en cuenta la variación del crecimiento
potencial y los ingresos menores de lo previsto, la diferencia aumenta otros
0,2 puntos porcentuales.
(14)     Por lo que se refiere a
la gobernanza presupuestaria, se ha avanzado considerablemente en la rendición
de cuentas sobre la ejecución presupuestaria a los niveles subcentrales de la
administración. No obstante, las disposiciones de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria sobre los mecanismos de alerta temprana y de corrección para
limitar las desviaciones presupuestarias no han sido plenamente eficaces y cabe
mejorar la transparencia de su aplicación. A pesar de los avances realizados en
lo que atañe a la rendición de cuentas presupuestaria a nivel regional, para
lograr una mayor transparencia presupuestaria sería necesario que la rendición
de cuentas se realizase de forma más exhaustiva, coherente y en el momento
pertinente, también en lo que respecta a los planes presupuestarios, con
carácter consolidado a escala de las administraciones públicas de conformidad
con el sistema SEC-95. La creación de un Consejo Fiscal, con plena
independencia institucional y financiera, está aún pendiente.
(15)     La deuda pública bruta se
incrementó hasta cerca del 84 % del PIB en 2012, frente al 80,9 % del
PIB previsto en las previsiones actualizadas de primavera de 2012 de los
servicios de la Comisión. El aumento del ratio de deuda se debió a un déficit
superior al previsto, un menor crecimiento del PIB nominal, a los costes de las
operaciones de recapitalización de los bancos y al pago de atrasos de la
administración pública. Según las previsiones de primavera de 2013 de los
servicios de la Comisión, se prevé que el ratio deuda/PIB crezca aún más y
supere el 95 % en 2014, en el supuesto de que no se modifique la política
económica, lo que excedería del valor de referencia del Tratado en todos los
años.
(16)     El 10 de abril de 2013,
la Comisión concluyó, basándose en su examen exhaustivo de España de
conformidad con el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos[3], que este país
registra unos desequilibrios macroeconómicos excesivos. La corrección de estos
desequilibrios acumulados durante los años de auge, y en especial la absorción
de los elevadísimos niveles de la deuda privada y externa, están teniendo
graves consecuencias para el crecimiento económico, la estabilidad financiera y
las finanzas públicas. Una corrección sostenible del déficit excesivo a medio
plazo requiere avanzar simultáneamente para garantizar la corrección de los
desequilibrios macroeconómicos, con el apoyo de reformas estructurales que
impulsen el crecimiento y la creación de empleo y reduzcan las rigideces
estructurales que obstaculizan el ajuste.
(17)     Según las previsiones de
primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, España no va a cumplir los
objetivos presupuestarios nominales establecidos en la Recomendación del
Consejo de 10 de julio de 2012. Sin embargo, España ha realizado un esfuerzo estructural
en 2012 y 2013 que, habida cuenta de la inesperada evolución económica adversa
en comparación con el momento en que se emitió la Recomendación del Consejo, se
ajusta a la recomendación revisada del procedimiento de déficit excesivo. Esa
inesperada evolución económica adversa ha entrañado unas importantes
consecuencias desfavorables para la hacienda pública. En particular, la notable
reducción de los ingresos vinculada al actual proceso de reequilibrio de la
economía hacia una estructura menos generadora de ingresos tributarios y a los
efectos asociados negativos para las elasticidades de los ingresos han
provocado un importante deterioro de la situación presupuestaria. Además, la
recesión económica ha afectado al empleo de forma muy negativa y el desempleo
se ha incrementado considerablemente. Teniendo en cuenta todos estos factores,
siendo coherentes con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
incluida la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos
que tienen graves consecuencias para la hacienda pública, resulta justificada
una ampliación en dos años del plazo para la corrección del déficit excesivo en
España, es decir, hasta 2016.
(18)     En este contexto de gran
incertidumbre en cuanto a la evolución económica y presupuestaria, el objetivo
presupuestario recomendado para el último año del período de corrección debe
situarse claramente por debajo del valor de referencia, con el fin de
garantizar una corrección efectiva y duradera dentro del plazo fijado.
(19)     Los objetivos intermedios
de déficit global que desemboquen en la corrección del déficit excesivo de aquí
a 2016 se fijan en el 6,5 % del PIB para 2013, el 5,8 % del PIB en
2014, el 4,2 % del PIB para 2015, y el 2,8 % del PIB para 2016. Para
lograr estos objetivos es necesaria una mejora anual del saldo primario
(descontadas las medidas excepcionales) del 1,3 % del PIB por término
medio durante el período 2013-16 y, basándose en las previsiones de primavera
de 2013 de los servicios de la Comisión ampliadas hasta 2016, una mejora del
saldo estructural del 1,1 % del PIB en 2013, el 0,8 % del PIB en
2014, el 0,8 % del PIB en 2015, y el 1,2 % del PIB en 2016. Este
proceso de ajuste más gradual tiene en cuenta el difícil entorno económico
existente y la importante transformación estructural de la economía española
actualmente en curso y habrá de tener el apoyo de unas reformas estructurales
ambiciosas. En este sentido, se espera que contribuya a corregir los
desequilibrios macroeconómicos internos y externos, y a mitigar los efectos
negativos a corto plazo del saneamiento presupuestario sobre el crecimiento
económico, sin dejar por ello de estabilizar e invertir la tendencia al alza de
la deuda de las administraciones públicas.
(20)     Según las previsiones de
la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, ampliadas hasta 2016,
basadas en el supuesto de que no cambie la política económica, en este momento
no parecen necesarias medidas adicionales para lograr la mejora recomendada del
saldo estructural para 2013 (así como el nuevo objetivo de déficit del 6,5 %
del PIB), pero habrá que aplicar estrictamente los planes presupuestarios a
todos los niveles del Estado. Para el período 2014-2016, si se quiere situar el
déficit por debajo del valor de referencia del Tratado sobre una base
sostenible, habrá que tomar considerables medidas presupuestarias
estructurales, además de las ya incluidas en las previsiones de la primavera de
2013 de los servicios de la Comisión. Estas medidas, que representan en torno a
un 2 % del PIB en 2014, el 1 % del PIB en 2015, y el 1,5 % del
PIB en 2016 deberán tener en cuenta la necesidad de compensar los efectos
negativos secundarios, el crecimiento negativo del potencial de producción, y
el aumento de los intereses y las prestaciones sociales.
(21)     El programa de
estabilidad de 2013 prevé un proceso de ajuste compatible en general con la
corrección del déficit excesivo de aquí a 2016, con unos objetivos de déficit
global del 6,3 % del PIB en 2013, 5,5 % en 2014, 4,1 % en 2015,
y 2,7 % en 2016. Para 2013, el objetivo se basa en medidas de saneamiento
adicionales de alrededor de 3 000 millones EUR previstas en el programa,
que aún deben concretarse plenamente.
(22)     Las medidas de
saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo de
las administraciones públicas, al tiempo que se orientan a mejorar la calidad
de la hacienda pública y reforzar el potencial de crecimiento de la economía.
(23)     En España, los riesgos
para la sostenibilidad son elevados a medio plazo y medios a largo plazo. La
vuelta a un saldo primario estructural más elevado, de aproximadamente un
- 0,5 % del PIB, el nivel medio en el período 1998-2012, ayudaría a
contener esos riesgos. Se confía en que la reforma del régimen de jubilación
anticipada de 2013 contribuya a la sostenibilidad a largo plazo del sistema de
la Seguridad Social. Sin embargo, se precisarán otras medidas para controlar el
incremento del gasto derivado del envejecimiento de la población, por ejemplo,
una adecuada regulación del factor de sostenibilidad previsto en la reforma del
sistema de pensiones de 2011, que entre otras cosas prevea que la edad de
jubilación se prolongue en consonancia con el aumento de la esperanza de vida.
(24)     Teniendo en cuenta el
carácter descentralizado de la hacienda pública, el proceso de ajuste
presupuestario en España debe fundamentarse en una estrategia creíble de
saneamiento a medio plazo que incluya: i) un plan presupuestario plurianual
detallado con una especificación completa de las medidas para 2014-16; ii) una
mayor consolidación de la eficacia del marco institucional (incrementando aún
más la transparencia de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
creando un Consejo Fiscal independiente); iii) la realización de acciones
concretas que frenen el creciente déficit estructural del sistema de seguridad
social, y iv), un mayor hincapié en que el saneamiento propicie el crecimiento
(incluida la realización sistemática de revisiones del gasto y del sistema
tributario).
(25)     Paralelamente a las revisiones
periódicas de la ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad para la
recapitalización de las entidades financieras en España[4] y tal como se convino en el Memorándum de Acuerdo
firmado el 23 de julio de 2012, se procederá a un seguimiento trimestral del
progreso en la aplicación de los compromisos asumidos por España en el marco
del procedimiento de déficit excesivo.
(26)     España cumple las
condiciones para la prórroga del plazo de corrección del déficit público
excesivo establecidas en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento
(CE) nº 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación de
la aplicación del procedimiento de déficit excesivo,
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
(1)
España debe poner fin a su actual situación de
déficit excesivo de aquí a 2016.
(2)
España debe cumplir unos objetivos de déficit
global del 6,5 % del PIB en 2013, del 5,8 % del PIB en 2014, del 4,2 %
del PIB en 2015 y del 2,8 % del PIB en 2016, lo que, sobre la base de las
perspectivas de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión ampliadas
hasta 2016, es coherente con una mejora anual del saldo presupuestario
estructural del 1,1 % del PIB en 2013, del 0,8 % del PIB en 2014, del
0,8 % del PIB en 2015 y del 1,2 % del PIB en 2016.
(3)
España debe aplicar las medidas adoptadas en
los planes presupuestarios de 2013 en todos los niveles del Estado y estar
preparada para tomar medidas correctivas en caso de que se produzcan
desviaciones con respecto a los planes presupuestarios. Las autoridades deben
reforzar la estrategia presupuestaria a medio plazo mediante las medidas
estructurales para 2014-2016 que sean necesarias para lograr la corrección del
déficit excesivo de aquí a 2016.
(4)
El Consejo fija el plazo del 1 de octubre de
2013 para que el Gobierno español adopte medidas eficaces y para que, de
conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento
(CE) nº 1467/97, informe en detalle de la estrategia de saneamiento
prevista para alcanzar los objetivos.
Además, las autoridades españolas deben:
i) mejorar la eficacia del marco institucional aumentando más la transparencia
en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como creando un
Consejo Fiscal independiente que analice, asesore y supervise que la política
fiscal cumple las normas presupuestarias nacionales y de la UE, ii) adoptar
medidas concretas para frenar el creciente déficit estructural del sistema de
la Seguridad Social, y iii) hacer mayor hincapié en que el saneamiento propicie
el crecimiento (incluidas la realización sistemática de revisiones del gasto y
del sistema tributario). Además, para garantizar el éxito de la estrategia de
saneamiento presupuestario, será importante apoyar dicho saneamiento con
reformas estructurales de gran alcance, acordes con las recomendaciones que el
Consejo ha dirigido a España en el contexto del Semestre Europeo y del
procedimiento de desequilibrios macroeconómicos excesivos.
El destinatario de la presente
recomendación será el Reino de España.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209, de 2.8.1997, p.6.
[2]               Todos los documentos sobre el procedimiento de
déficit excesivo referentes a España pueden consultarse en:
                http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm

[3]               http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op134_en.htm.
[4]               http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/spain/index_en.htm.