               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 527 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Suecia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Suecia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Suecia
                  3
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Suecia con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  4
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. A raíz de su análisis, la Comisión concluyó que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada, lo que podría tener consecuencias negativas en la economía y quizá también para el sector bancario. Cualquier efecto negativo en ese sector también podría acabar afectando negativamente a los países vecinos, habida cuenta de las interrelaciones financieras sistémicas. En los últimos años se han adoptado algunas medidas para corregir estos desequilibrios. Sin embargo, hasta ahora las medidas han tenido un efecto limitado. Subsisten ciertas lagunas en cuanto a determinadas políticas fundamentales, en particular en relación con los incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda habitual financiada con deuda, el funcionamiento de la oferta de viviendas y, sobre todo, el mercado del alquiler.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, dando lugar a cambios bruscos en la demanda de los consumidores y teniendo efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y los ingresos de la ciudadanía y la actividad de las empresas. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo consecuencias significativas en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de emergencia o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, como figura en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión hizo saber al Consejo que, en su opinión, dada la grave recesión económica que acarreará el brote de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Finanzas de los Estados miembros aceptaron la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por lo que respecta al componente corrector, el Consejo también podrá decidir, partiendo de una Recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Posibilita que los Estados miembros se aparten de los requisitos presupuestarios normalmente aplicables, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo emprender las necesarias medidas de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a los hogares y las empresas y garantizar unas condiciones adecuadas en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de planes de preparación frente a situaciones de crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Son elementos clave para elaborar planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                para permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan mitigar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones ofrecerán mayor flexibilidad, así como procedimientos racionalizados y simplificados. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros también podrán beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Suecia a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida del turismo y, más en general, de las actividades de empresa a consumidor desarrolladas en persona. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales en el país y se agrave la tendencia ya observada de aumento gradual de las disparidades entre las capitales y el resto del territorio o entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere políticas de respuesta específicas.

               (10)El 27 de abril de 2020, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y, el día siguiente, su Programa de Convergencia de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (11)Suecia está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)Según lo planificado por el Gobierno en su Programa de Convergencia de 2020, el saldo global se deteriorará, pasando de un superávit del 0,4 % del PIB en 2019 a un déficit del 3,8 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 1,4 % del PIB en 2021 y que alcance un superávit del 1,5 % para 2023. Tras disminuir hasta el 35 % del PIB en 2019, se prevé que la ratio deuda pública / PIB aumente hasta el 40 % en 2020, según el Programa de Convergencia de 2020. Sobre las perspectivas macroeconómicas y fiscales pende una gran incertidumbre relacionada con la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia, y en el marco del enfoque coordinado de la Unión, Suecia ha adoptado distintas medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a los individuos y sectores especialmente afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias ascenderán al 2,4 % del PIB. Las medidas comprenden: el refuerzo de los servicios de asistencia sanitaria (0,1 % del PIB), el suministro de ayuda de emergencia a los sectores en dificultades (1,6 % del PIB) e intervenciones en el marco de la política social y del mercado de trabajo (0,2 % del PIB). Además, Suecia ha anunciado medidas que, si bien no tienen un impacto presupuestario directo, contribuirán a garantizar la liquidez de las empresas. Según el Programa de Convergencia, esas medidas incluyen, en particular, aplazamientos del pago de impuestos que podrían equivaler hasta el 6,9 % del PIB, así como diferentes tipos de garantías de préstamos y líneas de crédito ampliadas por un importe aproximado del 4,7 % del PIB. En general, las medidas adoptadas por Suecia se ajustan a las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de posiciones fiscales prudentes a medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirán a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que las políticas no varíen, se prevé que el saldo de las administraciones públicas suecas se sitúe en el -5,6 % del PIB en 2020 y el -2,2 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido al previsto rebasamiento, por Suecia, del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis sugiere que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (16)Tras el brote de la pandemia de COVID-19, la economía sueca ha experimentado una ralentización sin precedentes. Según las previsiones de la Comisión, el desempleo aumentaría hasta el 9,7 % en 2020 y se recuperaría hasta el 9,3 % en 2021. Se prevé que el consumo privado disminuya considerablemente, en particular en los sectores más expuestos, como el transporte, la restauración y el alojamiento. Se prevé que la formación bruta de capital fijo experimente un descenso aún más pronunciado que el consumo, impulsado en gran medida por la incertidumbre respecto al ritmo de la recuperación. Las autoridades suecas han reaccionado con rapidez y han ido ampliando progresivamente el alcance de las actuaciones aprobadas a medida que la pandemia se ha ido propagando. Las medidas se centran en la asistencia sanitaria y la mitigación de las consecuencias económicas de la crisis. Las medidas relacionadas con la asistencia sanitaria incluyen la prestación de apoyo económico por el Gobierno central a las autoridades locales y regionales competentes para sufragar todos los costes adicionales relacionados con el brote de COVID-19. En el plano económico, el Gobierno ha adoptado una amplia gama de medidas para reducir los costes que deben afrontar las empresas (regímenes de reducción temporal de las plantillas, costes salariales por enfermedad, dispensa de las cotizaciones a la seguridad social, garantías de créditos y reducciones de los alquileres) y para garantizar su liquidez (aplazamiento del pago de los impuestos, incluidos los pagos del IVA). Además, el Banco Central de Suecia ha decidido conceder préstamos a las empresas a través de las entidades financieras y adquirir bonos del Estado y las corporaciones locales, así como obligaciones hipotecarias garantizadas y bonos y pagarés emitidos por sociedades no financieras suecas. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. El Banco Central de Suecia también ha celebrado acuerdos de intercambio de divisas con otros bancos centrales para garantizar la disponibilidad de las principales divisas al sector financiero. Se ha ampliado el alcance de la política social y del mercado de trabajo, en concreto se han aumentado las prestaciones por desempleo y por enfermedad, se han reducido los requisitos para acceder al régimen de desempleo y se han impulsado nuevas políticas activas del mercado laboral y de formación (empleos verdes, ampliación del plan de empleo «nystartsjobb», cursos de verano, aumento del número de alumnos de enseñanza superior).

               (17)Las políticas de respuesta a corto plazo adoptadas por Suecia en relación con el brote de COVID-19 se basan en garantizar que se cuente con recursos adecuados y capacidades suficientes y en la adaptación de las tareas y responsabilidades del personal sanitario. A medio plazo, este planteamiento debería garantizar también la tempestividad y el equilibrio geográfico del suministro de asistencia sanitaria, la adecuación del despliegue del personal sanitario en los distintos contextos (por ejemplo, en la asistencia ambulatoria y la asistencia hospitalaria) y contribuir a evitar la escasez estructural de personal médico. El sector sueco de la innovación y el desarrollo goza de gran solidez y permitirá impulsar actuaciones con base científica que contribuyan a agilizar el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos y la plasmación de los resultados de las investigaciones en la política de salud pública.

               (18)Fomentar la disponibilidad de capacidades, en particular de capacidades digitales, puede potenciar un mayor crecimiento de la productividad a través de la investigación y la innovación en los sectores de alta tecnología, y contribuir a alcanzar los ambiciosos objetivos que Suecia ha establecido en materia de clima y energía y plasmado en su Plan Nacional de Clima y Energía. También se debe invertir para que se reduzcan las diferencias en los resultados académicos de los alumnos autóctonos y de origen inmigrante. La alta calidad de la mano de obra había contribuido en gran medida al crecimiento de la productividad laboral, pero prácticamente había dejado de hacerlo antes de la crisis de la COVID-19. También se deberá garantizar la integración en el mercado de trabajo de los grupos cuyo potencial no se estaba aprovechando plenamente antes de la crisis, como los migrantes procedentes de países ajenos a la UE y las personas con discapacidad. La escasez de personal cualificado es especialmente grave en los sectores de la educación, la asistencia sanitaria, el trabajo social, las tecnologías de la información y la comunicación, la industria y la construcción.

               (19)Para fomentar la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, en particular mediante las reformas pertinentes. En el sector digital y en el sector de la microelectrónica, más del 50 % de los empleadores denuncian que la escasez de mano de obra cualificada afecta al crecimiento. Mantener la elevada proporción del gasto público en investigación es una condición necesaria para mejorar la productividad. También es necesario dotar de capital y destinar mayores inversiones a los sectores innovadores y de alta tecnología para restablecer el crecimiento de la productividad laboral. La difusión de nuevas tecnologías digitales entre las pequeñas y medianas empresas contribuirá a incrementar la productividad. La crisis ha demostrado la importancia que reviste la infraestructura digital y la necesidad de garantizar unas conexiones rápidas y estables en todas las viviendas y lugares de trabajo. La expansión de la banda ancha móvil de 700 MHz desempeñará un papel importante, al igual que la posibilidad de destinar apoyo financiero al desarrollo de la banda ancha fija. La próxima subasta de la 5G impulsará en mayor medida la digitalización de la economía sueca. El objetivo de lograr una sociedad climáticamente neutra en 2045 también requerirá inversiones en investigación e innovación que permitan desarrollar y aplicar soluciones novedosas y competitivas para la descarbonización, así como actuaciones sociales y políticas coordinadas. El transporte es el sector más importante por lo que respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Suecia. En la agenda política figura una transformación completa y relativamente rápida de la flota de vehículos de bajo nivel de emisiones. Las inversiones previstas en las infraestructuras ferroviarias contribuirán a facilitar una distribución modal y alcanzar el ambicioso objetivo establecido por Suecia en materia de clima. La electrificación del transporte y la industria requerirá inversiones significativas en la producción y distribución de electricidad. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Suecia a abordar algunas de las dificultades que plantea la transición a una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Suecia hacer el mejor uso posible de dicho Fondo.

               (20)Las repetidas denuncias de presunto blanqueo de capitales han deteriorado la reputación de los bancos suecos, y la prevención de ese delito sigue siendo una prioridad para el país. Una supervisión eficaz requiere mayores recursos y procedimientos adecuados para aplicar el enfoque basado en el riesgo. Suecia ha reconocido que se necesitan más recursos para llevar a cabo adecuadamente las labores de supervisión e investigación y ha reforzado la capacidad de la Autoridad de Supervisión Financiera. Sin embargo, la capacidad de ese organismo sigue siendo reducida en comparación con el tamaño del sector financiero sueco. Siguen planteándose problemas y aún debe aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo.

               (21)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (22)El Semestre Europeo establece el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Suecia contribuirá a logro de los ODS y al esfuerzo común desarrollado para garantizar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (23)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Convergencia de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al país en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones de esta en las futuras decisiones nacionales.

               (24)A la vista de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020 y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (25)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Convergencia de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Tras su reorientación hacia el objetivo de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y de facilitar la recuperación económica, ninguna de las presentes recomendaciones aborda directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011.

               RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, adoptar todas las medidas necesarias para afrontar eficazmente la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación subsiguiente. Cuando las condiciones económicas lo permitan, impulsar políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Garantizar la resiliencia del sistema sanitario, en particular velando por la adecuación de las plantillas, las infraestructuras y los suministros de productos médicos esenciales.

               2.Fomentar la innovación y prestar apoyo a la educación y al desarrollo de capacidades. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, los sectores innovadores y de alta tecnología, las redes 5G y el transporte sostenible.

               3.Mejorar la eficacia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento eficaz del conjunto de disposiciones de lucha contra esas prácticas.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 526 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        SWD(2020) 526 final.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 523 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Rumanía

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
                y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Rumanía
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Rumanía con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. A raíz de su análisis, la Comisión concluyó que Rumanía está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades están relacionadas con la competitividad de los costes y el aumento del déficit por cuenta corriente, en un contexto de política fiscal expansionista y un entorno empresarial imprevisible.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Esta constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Está poniendo en peligro los puestos de trabajo y los ingresos de los ciudadanos y la actividad de las empresas. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo serias repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado el estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabe esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Finanzas de los Estados miembros se declararon de acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite apartarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Autoriza a los Estados miembros a apartarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar condiciones de salud y seguridad adecuadas en el lugar de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha demostrado la necesidad de contar con planes de preparación frente a situaciones de crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de abastecimiento diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos elementos son fundamentales para desarrollar planes más amplios de preparación frente a una situación de crisis.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                para permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan afrontar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Estas modificaciones proporcionarán mayor flexibilidad, así como procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se alienta a Rumanía a que aproveche plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la situación.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones rumanas debido a las considerables diferencias en materia de inversión y productividad laboral y a los diferentes patrones de especialización. Ello implica un riesgo considerable de que se acrecienten las disparidades regionales en Rumanía, invirtiendo la tendencia ya observada a una ligera reducción de dichas disparidades entre la capital y las demás regiones o entre zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 8 de mayo de 2020, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y, el 14 de mayo de 2020, su Programa de Convergencia de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (11)Rumanía se encuentra actualmente sujeta al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)El 3 de abril de 2020, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Rumanía a raíz del incumplimiento del criterio de déficit en 2019. La decisión se basó en los objetivos fiscales actualizados del Gobierno, que reflejaban los datos de ejecución presupuestaria desde el comienzo del ejercicio. Los resultados de déficit de las administraciones públicas en 2019, del 4,3 % del PIB, confirmaron el incumplimiento. Este vino dado por un continuo aumento de los desequilibrios fiscales como consecuencia de una política fiscal expansionista desde 2016, en un período de fuerte crecimiento económico. Las excepciones sistemáticas y reiteradas a las normas fiscales nacionales durante ese período hicieron que estas fueran en gran medida ineficaces. Además, Rumanía omitió repetidamente tomar medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones que le hizo el Consejo en el contexto del procedimiento de desviación significativa. El 3 de abril de 2020, el Consejo emitió también una recomendación con vistas a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Rumanía a más tardar en 2022.

               (13)La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas rumanas ya estaba en peligro antes de la pandemia de COVID-19, debido a los elevados déficits presupuestarios y al aumento significativo previsto de los costes relacionados con el envejecimiento de la población, en particular las pensiones. Las pensiones de jubilación se incrementaron un 15 % en septiembre de 2019 y, atendiendo a la Ley de pensiones adoptada en el verano de 2019, deberían aumentar un 40 % en septiembre de 2020 y volver a revalorizarse en septiembre de 2021. El gasto en pensiones aumentaría así sustancialmente en el período 2020-2022. Los riesgos para la sostenibilidad fiscal se ven agravados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad económica y el esfuerzo fiscal necesario para amortiguarlo. Las decisiones previas en materia de política fiscal han dejado a Rumanía con escasas reservas fiscales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

               (14)Según su Programa de Convergencia de 2020, el saldo público global se deteriorará, pasando de un déficit del 4,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 6,7 % del PIB en 2020, al tiempo que la ratio deuda pública/PIB aumentará del 35,2 % en 2019 al 40,9 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por la gran incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19. Además, las previsiones presupuestarias están sujetas a riesgos específicos del país, como son el hecho de que las estimaciones de algunas partidas de ingresos no parecen haberse realizado en consonancia con las previsiones macroeconómicas subyacentes y el hecho de que la moderación de algunas partidas de gastos corrientes parece basarse en medidas de saneamiento fiscal que no se especifican en el Programa.

               (15)En respuesta a la pandemia, y dentro del enfoque coordinado de la Unión, Rumanía ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a las personas y los sectores que se han visto especialmente afectados. Con arreglo al Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias representan el 1,2 % del PIB. Las medidas incluyen una prestación por desempleo técnico en favor de los asalariados y prestaciones similares en favor de otras categorías de trabajadores, equipos médicos y otros gastos para ayudar a combatir la COVID-19 y primas a los trabajadores del sector sanitario que se ocupan de pacientes con COVID-19. Además, el Gobierno ha anunciado medidas que, si bien no tienen una incidencia presupuestaria directa, contribuirán a aportar liquidez a las empresas. Dichas medidas comprenden el aplazamiento de los pagos de impuestos, la aceleración de los reembolsos del IVA, garantías para los préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), una moratoria temporal para el pago de las cuotas de los préstamos bancarios a los hogares y las pymes, y el aplazamiento del pago de alquileres y facturas de servicios públicos esenciales en favor de las pymes. En general, las medidas adoptadas por el Gobierno de Rumanía se ajustan a las orientaciones formuladas en la Comunicación de la Comisión sobre la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19.

               (16)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, en el supuesto de que las políticas no varíen, el saldo de las administraciones públicas rumanas será del -9,2 % del PIB en 2020 y del -11,4 % del PIB en 2021. La Comisión prevé que la ratio entre la deuda de las administraciones públicas y el PIB alcance el 46,2 % en 2020.

               (17)El 16 de marzo de 2020, Rumanía declaró el estado de emergencia. A partir del 25 de marzo de 2020 se decretaron el cierre de todos los centros educativos y comercios, excepto los que venden productos de primera necesidad, así como restricciones para el cruce de fronteras. Únicamente se autorizaban los desplazamientos en zonas públicas en casos limitados, aplicándose medidas más estrictas para las personas mayores de 65 años. Rumanía también prohibió los viajes internacionales a determinados países e impuso a varias ciudades una estricta cuarentena. Esta situación ha repercutido negativamente en el sector productivo de la economía, ya que las medidas de confinamiento han afectado gravemente a la actividad económica. En el sector industrial, varios fabricantes interrumpieron su producción en marzo, lo que ha repercutido considerablemente en sectores clave, como la industria del automóvil. Se ha registrado una evolución similar en los sectores de la venta al por menor y la hostelería. El efecto agregado sumirá a la economía en una recesión en 2020. El estado de emergencia finalizó el 14 de mayo de 2020 y Rumanía anunció que iba a aplicar gradualmente medidas de desconfinamiento. A partir del 15 de mayo de 2020, se introdujeron medidas para facilitar los desplazamientos dentro de las ciudades, reabrir parcialmente los comercios minoristas e imponer el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos y comerciales cerrados, el transporte público y los lugares de trabajo. A principios de mayo de 2020, algunos fabricantes del sector del automóvil reanudaron gradualmente sus actividades. El Gobierno está preparando nuevas medidas destinadas a relanzar la economía.

               (18)La pandemia ha sometido al sistema sanitario a una presión sin precedentes. La crisis se ha abatido sobre un sistema caracterizado por deficiencias estructurales, como el bajo nivel de gasto y el acceso desigual a la atención sanitaria. En este contexto, una labor fundamental será mejorar la resiliencia del sistema sanitario y su capacidad de reacción frente a situaciones de tensión. En el marco de su respuesta inmediata, Rumanía compró productos médicos esenciales e incluyó los costes médicos relacionados con la COVID-19 en el paquete de prestaciones mínimas para las personas no aseguradas. La considerable escasez de personal sanitario, incluidos médicos de familia, así como la vetustez de las instalaciones sanitarias, la falta de productos médicos, la formación insuficiente de los trabajadores sanitarios y la limitada continuidad e integración entre los distintos niveles de asistencia, merman la resiliencia del sistema sanitario. Las necesidades médicas no satisfechas comunicadas estaban aumentando ya antes de la crisis de la COVID-19 y es probable que el acceso a la asistencia sanitaria se haya deteriorado. La pandemia ha puesto al descubierto en mayor medida las disparidades regionales y las lagunas en la cobertura sanitaria de los grupos de bajos ingresos y las personas mayores. A más largo plazo, el envejecimiento de la población y la migración son problemas que ejercen cada vez mayor presión sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. A la luz de la COVID-19, es igualmente importante solventar las cuestiones estructurales, incluido el desarrollo de la asistencia preventiva, ambulatoria y comunitaria, mediante la adopción por los poderes públicos de medidas muy específicas. Serán necesarias inversiones a largo plazo para reforzar el sistema sanitario rumano, proveyéndolo de los trabajadores y equipos sanitarios oportunos, mejorando la investigación tecnológica y aplicada y ampliando la cobertura y la accesibilidad de los servicios sanitarios a todos los ciudadanos, también en zonas no urbanas, en su caso mediante el recurso a servicios de sanidad electrónica.

               (19)El rápido crecimiento económico de los últimos años mejoró las condiciones sociales. La renta bruta disponible de los hogares aumentó un 5,7 % en 2019. El riesgo de pobreza y exclusión social, del 31,2 % en 2019, figuraba entre los más altos de la UE, pero mostraba una tendencia a la baja constante. Sin embargo, el impacto de la pandemia en la economía puede provocar un deterioro de las condiciones sociales. La pobreza y la exclusión social, incluidas la pobreza infantil, la pobreza de los ocupados y las desigualdades de renta, aumentarán previsiblemente y los grupos vulnerables, como los trabajadores no convencionales, los trabajadores no declarados, los trabajadores por cuenta propia, los gitanos, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas sin hogar, estarán especialmente expuestos. La cobertura y la adecuación de las medidas de protección social y la eficacia del sistema tributario y de prestaciones a efectos de la redistribución de la renta siguen siendo limitadas. Los niños que viven en zonas rurales y asentamientos informales tienen un acceso limitado a servicios de atención y educación de la primera infancia de calidad o a una nutrición, atención sanitaria y vivienda adecuadas. Las transferencias sociales tienen una escasa incidencia en la reducción de la pobreza y el índice de referencia social utilizado como base para la mayoría de las prestaciones sociales no se ha actualizado desde 2008. La adecuación del subsidio de renta mínima sigue siendo una de las más bajas de la UE. Aunque se aprobó en 2016, la reforma de la renta mínima de inclusión se ha aplazado nuevamente hasta 2021. Los servicios sociales y esenciales siguen siendo muy insuficientes, en particular los relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento, la energía y la vivienda. Por otra parte, la distribución territorial es desigual y se caracteriza por importantes disparidades regionales y entre zonas rurales y urbanas, lo que podría limitar la capacidad para contrarrestar el impacto de la pandemia. El potencial de la economía social para mejorar las condiciones sociales está aún por explotar.

               (20)A lo largo de 2019, la evolución del mercado de trabajo siguió siendo positiva, pero subsisten disparidades entre regiones, zonas rurales y urbanas y grupos socioeconómicos. Se registran elevados niveles de inactividad, en particular entre las mujeres, los jóvenes, las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad y las personas de más edad. En el contexto de la pandemia de COVID-19, es probable que los problemas existentes se intensifiquen, paralelamente al rápido aumento del desempleo y la inactividad. Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo aumente hasta el 6,5 % en 2020 y descienda al 5,4 % en 2021. El trabajo no declarado sigue representando un reto y su impacto negativo podría agravarse en el contexto actual, poniendo así de relieve la necesidad de promover la transición hacia el trabajo declarado. En consecuencia, son esenciales servicios que respondan oportuna y específicamente a las necesidades de los grupos vulnerables y los trabajadores afectados por la crisis. Además del régimen de desempleo técnico que comenzó a aplicarse recientemente, con vistas a reforzar la resiliencia del mercado de trabajo a corto y largo plazo, es de vital trascendencia ampliar el acceso a regímenes de reducción del tiempo de trabajo, y fomentar medidas de apoyo a la renta, fórmulas de trabajo flexible y el teletrabajo para los trabajadores afectados, con la cooperación de los agentes sociales.

               (21)La inadecuación y la escasez persistentes de cualificaciones, propiciadas por la evolución demográfica y la limitada pertinencia de la educación y la formación de cara al mercado de trabajo, coartaban el potencial de crecimiento económico de Rumanía incluso antes de la pandemia. El porcentaje de adultos que participan en actividades de aprendizaje, del 1,3 % en 2019, es uno de los más bajos de la UE. La escasa participación en la atención y educación de la primera infancia agrava la desigualdad de oportunidades entre los alumnos. La equidad, la inclusividad y la calidad de la educación siguen siendo retos importantes y son necesarias reformas estratégicas en este ámbito. Rumanía registra un alto porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación (15,3 % en 2019) y de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (14,7 %, lo que supone un ligero aumento con respecto a 2018). Sigue sin existir un mecanismo integrado y de ámbito nacional orientado a subsanar el abandono escolar prematuro. Los resultados educativos, especialmente en las zonas rurales y económicamente deprimidas, no muestran ninguna mejora. La participación en la enseñanza superior es reducida y sigue estando insuficientemente adaptada a las necesidades del mercado de trabajo. El número de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) sigue siendo especialmente bajo. Rumanía obtiene una mala puntuación en muchos componentes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, entre ellos los servicios públicos digitales, las competencias digitales de la población en general y la digitalización de las empresas. Las competencias digitales básicas y los conocimientos básicos de software se encuentran entre los más bajos de la UE. Debido a la inadecuación de las infraestructuras digitales y el material didáctico y a la insuficiencia de las competencias digitales, la transición al aprendizaje a distancia provocada por la pandemia de COVID-19 plantea problemas a los centros de educación y formación, el personal docente y los estudiantes, en particular los estudiantes desfavorecidos y los gitanos.

               (22)Debido a la pandemia y a las consiguientes medidas de confinamiento, las cadenas de suministro se han interrumpido en todo el país y las empresas han tenido que reducir sus actividades o, incluso, cerrar, por lo que muchas personas no han podido trabajar. Las empresas de todos los tamaños, en particular las pymes, se ven seriamente afectadas por la perturbación del comercio y el confinamiento y se enfrentan a dificultades de liquidez y riesgos de quiebra. El Gobierno adoptó un conjunto de medidas que combinaban ayuda adaptada a las empresas y protección de la renta para todos los trabajadores afectados. Para recuperarse de la crisis, se necesitarán recursos adicionales con vistas a mantener el apoyo a las empresas y los hogares. El sector de los servicios requerirá una atención particular, ya que es el más perjudicado y se prevé que la contracción en algunos subsectores durará más que en la industria manufacturera. Las medidas de respuesta del Gobierno incluyen la creación de un régimen de garantía pública («IMM Invest»), con una dotación de 15 000 millones RON, por el que se ofrecerá una garantía estatal a las pymes que contraigan préstamos sin intereses para financiar inversiones y proporcionar capital circulante. Estas garantías también serán beneficiosas para los bancos, que deben conservar un nivel satisfactorio de capital y liquidez a fin de aportar el flujo de crédito necesario a los hogares y las empresas. Por otra parte, debido al papel hasta ahora más bien limitado que desempeñan los bancos en la concesión de créditos a las empresas, en particular a las pymes innovadoras, las garantías de préstamos por sí solas podrían no ser suficientes.

               (23)A fin de fomentar la recuperación económica, será importante adelantar la realización de los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, en particular mediante las reformas pertinentes. La crisis ha dejado aún más patente la necesidad vital para Rumanía de volver a poner en marcha obras públicas de infraestructura en ámbitos como el transporte sostenible, la energía limpia y las infraestructuras medioambientales y de servicios digitales. El transporte urbano adolece de una mala organización del sector y escasa capacidad administrativa de los proveedores locales. El sistema de gestión de residuos sigue caracterizándose por un nivel muy bajo de reciclado de los residuos municipales y unas tasas de vertido muy elevadas. La aplicación del plan nacional de energía y clima exigirá inversiones con vistas a la producción y utilización limpias de la energía, así como a la reconversión de regiones monoindustriales y con elevadas emisiones de carbono. Deben intensificarse los esfuerzos para ampliar y modernizar la infraestructura de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Las inversiones en la red de control del aire son también indispensables atendiendo a las serias deficiencias estructurales observadas. Asimismo, es necesario modernizar todos los servicios públicos digitales que generan intercambios de información, en particular en los ámbitos social, educativo y sanitario, y garantizar su interoperabilidad. Las grandes disparidades regionales y la baja productividad de algunos sectores son perjudiciales para el crecimiento sostenible a largo plazo. Igualmente importantes son las inversiones para promover la competitividad de la economía mediante el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo (I+D), las pymes innovadoras y la integración en las cadenas de valor estratégicas de la Unión. La inversión en I+D de las empresas sigue siendo modesta y se limita a un número reducido de subsectores que dependen considerablemente de la inversión extranjera directa. La disminución de la financiación pública de la I+D ha redundado en una escasa calidad científica y tecnológica y una vinculación inadecuada entre el mundo académico y las empresas. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Rumanía a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Rumanía garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (24)La reforma de la administración pública está estancada. No existe un marco eficaz para la planificación estratégica y presupuestaria, lo que repercute en la visión estratégica del desarrollo a largo plazo del país, la priorización de las actuaciones y la coordinación de las políticas a nivel central y local. El marco estratégico sectorial está fragmentado y, en ocasiones, se observan solapamientos, sin que exista tampoco una priorización de las medidas que deben adoptarse en los distintos sectores. La función de gestión estratégica de la Secretaría General del Gobierno aún no se ha consolidado. La importante fragmentación de competencias y recursos sigue afectando a la prestación de servicios públicos, especialmente a nivel local y en las comunidades pobres. La burocracia y la insuficiente capacidad para prestar servicios de calidad, en particular digitales, están incidiendo negativamente en los ciudadanos y las empresas, especialmente durante esta crisis. Los complicados procedimientos administrativos para la creación de empresas o los requisitos reglamentarios impuestos a los proveedores de servicios, incluidas las profesiones reguladas, impiden un mayor desarrollo del mercado. Una cooperación reforzada entre las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades aduaneras rumanas puede ayudar a reducir el volumen de productos no conformes importados de fuera de la Unión. La frecuente reorganización y el recurso excesivo a mandos temporales menoscaba la independencia de la administración. La introducción del gobierno corporativo en las empresas públicas sigue constituyendo un reto.

               (25)La previsibilidad de la toma de decisiones es aún un problema importante. Antes de la crisis, solo se respetaba en torno a una tercera parte del plan anual del Gobierno. El número de decretos de urgencia promulgados seguía siendo muy elevado, lo que genera incertidumbre y frena probablemente la inversión. Por ejemplo, el Decreto de Urgencia 114/2018 tuvo importantes efectos socioeconómicos en varios sectores, incluido el financiero. Si bien las disposiciones con efectos adversos sobre el sector bancario se han suprimido, algunas de las medidas que pueden perjudicar a la viabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones del segundo pilar siguen en vigor. La previsibilidad y la estabilidad de la legislación en materia de contratación pública aún dejan mucho que desear. La eficiencia de la contratación pública sigue siendo un problema, como lo es también la irreversibilidad de determinadas medidas, en particular la racionalización del control ex ante. La gobernanza, la calidad y el uso efectivo de las evaluaciones de impacto de la normativa apenas han mejorado. No existe un marco institucional para el control de calidad a nivel gubernamental y todavía se están evaluando las opciones para la creación de un consejo de evaluación del impacto de la normativa. El diálogo social sigue siendo limitado, en particular a nivel sectorial, pese a que una participación significativa y continua de los agentes sociales es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de salida y recuperación a la luz de la crisis actual. El marco institucional establecido para la consulta no se utiliza adecuadamente para alimentar el proceso de toma de decisiones y tampoco implica suficientemente a los agentes sociales en el diseño y la aplicación de las reformas. Los debates sobre las modificaciones de la ley relativa al diálogo social y la revisión de los sectores económicos están estancados. La aplicación de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo en abril de 2018 sigue siendo incierta. La falta de un mecanismo objetivo permanente para determinar el salario mínimo puede socavar el entorno empresarial.

               (26)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (27)Tras los vientos contrarios que han soplado en diversas ocasiones en los últimos años, las presiones sobre el sector bancario han disminuido, puesto que a principios de 2020 se suprimieron varias medidas que causaron preocupación en el pasado, incluido el impuesto bancario. El sector bancario ha abordado la actual crisis de la COVID-19 con un buen nivel de capital y liquidez, y la ratio de préstamos dudosos ha descendido por debajo del 5 %. Las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a los hogares y las empresas, en particular las pymes, también contribuyen notablemente a la resiliencia del sector bancario y a la capacidad de los bancos para absorber las perturbaciones. Los bancos comerciales también han adoptado medidas para apoyar a los clientes, como el aplazamiento de los pagos de principal e intereses, la ampliación del plazo de reembolso de los créditos, el aprovisionamiento de los cajeros automáticos y la reducción de los gastos cobrados por los servicios en línea. El 20 de marzo de 2020, el Banco Nacional de Rumanía redujo el tipo de interés de la política monetaria y anunció que comenzaría a comprar en el mercado secundario títulos de deuda pública denominados en RON para garantizar la correcta financiación de la economía real y del sector público. A pesar de las medidas adoptadas, entre las que se incluye la flexibilidad prudencial concedida por las autoridades de supervisión, es probable que la calidad de los activos se deteriore en los próximos meses. En este contexto, la aplicación de criterios crediticios prudentes y la concesión de apoyo con carácter prioritario a los prestatarios viables contribuirán a preservar la calidad de los activos del sector bancario. Además, es importante velar por un entorno normativo estable y previsible para los bancos, a fin de preservar su papel activo en el suministro de crédito a la economía y en la recuperación económica.

               (28)Las importantes modificaciones jurídicas y la considerable presión política ejercida sobre el poder judicial en 2017, 2018 y la mayor parte de 2019 han mermado la eficiencia, calidad e independencia del sistema judicial y su capacidad para investigar y sancionar la corrupción de alto nivel. Aunque el Gobierno promueve actualmente medidas para prevenir y sancionar la corrupción y se ha mostrado dispuesto a eliminar algunas de las medidas más controvertidas, Rumanía todavía no ha realizado las modificaciones legislativas necesarias. Estas cuestiones son objeto de seguimiento en el marco del mecanismo de cooperación y verificación. En virtud de este mecanismo, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía. Así pues, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Rumanía, pero son relevantes para desarrollar un entorno socioeconómico positivo en el país.

               (29)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Rumanía contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (30)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (31)A la luz de esa evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020 y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (32)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Convergencia de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que se refieren directamente a los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 quedan plasmadas en la recomendación 4.

               RECOMIENDA que Rumanía tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.Aplicar políticas fiscales que se ajusten a la Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020
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               , adoptando al mismo tiempo todas las medidas necesarias para hacer frente eficazmente a la pandemia, sostener la economía y apoyar la posterior recuperación. Evitar la aplicación de medidas permanentes que pongan en peligro la sostenibilidad fiscal. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario, centrándose en particular en los trabajadores sanitarios y los productos médicos, y mejorar el acceso a los servicios sanitarios.

               2.Proporcionar ingresos sustitutivos adecuados y extender las medidas de protección social y el acceso a los servicios esenciales a toda la población. Mitigar el impacto de la crisis en el empleo mediante el desarrollo de fórmulas de trabajo flexibles y medidas de activación. Reforzar las cualificaciones y el aprendizaje digital y garantizar la igualdad de acceso a la educación.

               3.Velar por la aportación de liquidez a la economía en beneficio de los hogares y las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Orientar la inversión hacia la transición ecológica y digital, propiciando en particular un transporte sostenible, las infraestructuras de servicios digitales, una producción y un uso limpios y eficientes de la energía, y las infraestructuras medioambientales, igualmente en las regiones mineras.

               4.Mejorar la calidad y la eficacia de la administración pública y la previsibilidad de la toma de decisiones, en particular mediante una implicación adecuada de los agentes sociales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 522 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5), y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        SWD(2020) 522 final.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.

                     (10)

                        DO C 116 de 8.4.2020, p. 1.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 526 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Finlandia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Finlandia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Finlandia
                  2
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Finlandia con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Toda medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
                  5
               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabía esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario que incluyan, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Finlandia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente.

               (11)Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo global se deteriore y pase de un déficit del 1,1 % del PIB en 2019 a un déficit del 7,2 % del PIB en 2020. Se espera que el déficit disminuya al 4,0 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras aumentar al 59,4 % del PIB en 2019, volvería a aumentar en 2020, hasta el 69,1 %. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre a raíz de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Finlandia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y los sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente al 1,7 % del PIB. Las medidas comprenden tanto un gasto de emergencia para la protección de la salud y el orden público como medidas de apoyo para empresas y trabajadores. Por otra parte, Finlandia ha anunciado medidas que, sin tener un efecto directo en el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 5 % del PIB. Esas medidas comprenden garantías de préstamo para empresas, principalmente las pymes, así como sistemas específicos de garantía para Finnair y las navieras que garantizan la seguridad del suministro. Además, el país ha adoptado otras medidas de refuerzo de la liquidez, no recogidas en el Programa de Estabilidad, en particular el aplazamiento del impuesto sobre sociedades. El importe de esas medidas adicionales se estima en el 15 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Finlandia están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas finlandesas sería del -7,4 % del PIB en 2020 y del -3,4 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 69,4 % del PIB en 2020 y el 69,6 % del PIB en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por Finlandia del valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)En respuesta a la crisis, Finlandia ha tomado medidas globales para apoyar su sistema sanitario y su economía. Por ejemplo, el Gobierno finlandés ha adoptado varios presupuestos suplementarios y ha apostado por mejorar la seguridad del empleo para los trabajadores, mientras que las condiciones para la percepción de prestaciones por desempleo se han suavizado. Se ha facilitado el acceso a las prestaciones por desempleo para los profesionales independientes y los empresarios. El importe de las medidas de seguridad social asciende a 1 600 millones EUR. Se han facilitado subvenciones directas a empresas por un importe de 1 000 millones EUR, además de 10 000 millones EUR en préstamos garantizados por el Estado. El Gobierno ha reducido temporalmente la cotización al régimen de pensiones del empleador en 2,6 puntos porcentuales y ha destinado al menos 1 000 millones EUR a un paquete de apoyo a municipios. La autoridad de supervisión financiera del país ha reducido los requerimientos de fondos propios de las entidades de crédito finlandesas eliminando el colchón contra riesgos sistémicos y ajustando los requisitos específicos para las entidades de crédito. El Gobierno constituyó un grupo de trabajo dirigido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud con el fin de preparar la estrategia de Finlandia para la salida de la crisis de la COVID-19. El Gobierno adoptó un plan de salida escalonada a principios de mayo, basándose en el primer informe del grupo de trabajo. El grupo de trabajo propondrá, además, medidas pertinentes para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis. Ha consultado a los interlocutores sociales, los municipios, la sociedad civil y las organizaciones medioambientales.

               (17)Aunque Finlandia ha demostrado estar en general bien preparada para hacer frente a la crisis de la COVID-19, su sistema sanitario podría gozar de una mayor resiliencia. Los distritos hospitalarios han tenido que reubicar al personal médico para tratar a los pacientes de coronavirus y apartarse de los plazos legales previamente establecidos para la atención sanitaria de carácter no urgente. El sistema actual de servicios sanitarios, prestados por diversos proveedores, ha dado lugar a una distribución desigual de los trabajadores sanitarios en el país. Es de esperar que la fragmentación de la prestación de servicios y la desigualdad en el acceso a los servicios de asistencia social y atención primaria sigan planteando problemas después de la crisis, especialmente para los desempleados y los jubilados, y en particular las personas con discapacidad. En vista del aumento del desempleo como consecuencia de la crisis de la COVID-19, la actuación política a corto y a medio plazo debería centrarse en mejorar la igualdad de acceso a la atención primaria. A medio plazo, sigue siendo importante proseguir los planes de reforma social y sanitaria contemplados por los sucesivos Gobiernos finlandeses, especialmente porque ayudarán a Finlandia a prepararse de cara a cambios demográficos de calado y a mantener la calidad de su sistema sanitario en el futuro, mejorando al mismo tiempo su accesibilidad. La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas finlandesas sigue amenazada debido al incremento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento de la población, en particular en lo referente a la asistencia social y la atención sanitaria.

               (18)De acuerdo con las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo aumente al 8,3 % en 2020 y se recupere en 2021, cuando disminuiría hasta el 7,7 %. Se precisan medidas políticas a corto y medio plazo eficaces, diseñadas en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, para frenar el aumento de la tasa de desempleo y facilitar que quienes hayan perdido su empleo a raíz de la crisis de la COVID-19 se reincorporen al mercado de trabajo. Los esfuerzos han de apoyar igualmente a los grupos en riesgo de pobreza y exclusión social, como las personas con una baja cualificación, las personas con discapacidad, quienes tengan capacidad parcial para trabajar y las personas de origen migrante. Finlandia ha puesto en marcha regímenes de reducción del tiempo de trabajo que han dejado a muchos trabajadores en situación de suspensión de empleo. Las políticas activas del mercado de trabajo, en particular las medidas de perfeccionamiento y reciclaje profesional, podrían garantizar una reincorporación rápida y duradera al mercado de trabajo. Las subvenciones salariales podrían ser selectivas e ir acompañadas de formación y seguimiento por parte de los servicios públicos de empleo. El perfeccionamiento y el reciclaje profesionales son clave para mantener la empleabilidad de la población activa en el contexto de una economía cada vez más ecológica y digital. La reforma del aprendizaje permanente podría ayudar a responder a la necesidad de reforzar las competencias de los adultos, en particular aquellos con una baja cualificación, en sectores pertinentes del mercado de trabajo, como el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A fin de proporcionar al mercado las competencias necesarias en tiempos de cambios demográficos y tecnológicos, será importante mantener la adecuación de la educación con respecto al mercado de trabajo, en particular garantizando un número suficiente de plazas universitarias en consonancia con las previsiones de empleo de cada sector y región. Para evitar que se agrave la situación socioeconómica de los grupos más vulnerables como resultado de la crisis de la COVID-19, será fundamental abordar la brecha digital, en concreto velando por que los estudiantes desfavorecidos tengan acceso a una educación de calidad. La complejidad del sistema de prestaciones crea obstáculos para el acceso al trabajo. Con el fin de fomentar el acceso a la reducción de jornada y al trabajo a tiempo parcial, debería implantarse de manera eficiente el registro de ingresos con información real sobre sueldos y prestaciones, en paralelo a la aceleración de los tiempos de tramitación de las prestaciones de seguridad social. A medio plazo, Finlandia debería reformar el sistema de prestaciones sociales para impulsar el empleo y preparar el sistema de bienestar del país de cara al futuro.

               (19)Ayudar a las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), a mantenerse a flote durante la crisis es esencial para estimular la economía una vez se levanten las medidas de confinamiento actualmente en vigor. El apoyo temporal a la liquidez mediante préstamos, subvenciones y garantías podría ayudar a las empresas a sobrevivir durante este período de gran incertidumbre y reducción sustancial de los ingresos. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

               (20)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La inversión en Finlandia sigue siendo inferior a la media de la UE en los ámbitos que más contribuyen al crecimiento de la productividad, en particular la inversión en equipos y en propiedad intelectual. Esta situación puede limitar el potencial de crecimiento a largo plazo del país y repercutir en su competitividad y su recuperación. Invertir más en investigación y desarrollo es un factor clave para propiciar un cambio estructural que favorezca a los sectores de la economía que requieren un alto nivel de conocimientos y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo. La evolución prevista hacia la neutralidad climática de aquí a 2035, que se refleja igualmente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Finlandia, requerirá una inversión sustancial, en particular en las redes eléctricas y el transporte sostenible. Se está desarrollando un nuevo sistema nacional de transporte para 2021 bajo el liderazgo de un grupo director parlamentario. En un contexto de preocupación ante las cuestiones sanitarias, medioambientales, regionales y de productividad, deben proseguir los esfuerzos para implantar la banda ancha de alta velocidad y mejorar otras infraestructuras digitales, con miras a racionalizar la logística y mantener la actividad económica en las zonas remotas. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Finlandia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Finlandia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (21)El análisis nacional de riesgos de Finlandia en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales está desactualizado y se actualizará en 2020. La autoridad de supervisión financiera del país ha mejorado recientemente su capacidad de supervisión. No obstante, la dotación de personal sigue siendo inadecuada, y aún no se aplica correctamente el enfoque «basado en el riesgo» para la supervisión. Si bien se han investigado varios casos de presuntas infracciones, el establecimiento de una política de sanciones disuasorias sigue siendo otro ámbito prioritario. En los últimos meses se ha registrado un fuerte aumento del número de operaciones sospechosas notificadas, pero las herramientas de la Unidad de Información Financiera parecen insuficientes para analizar esa información. El intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera y la autoridad de supervisión financiera aún es insuficiente.

               (22)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (23)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Finlandia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (24)Con miras a una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental que haya una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Finlandia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (25)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Ha valorado igualmente el Programa de Estabilidad de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Finlandia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de esta en las futuras decisiones nacionales.

               (26)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a alcanzar una situación fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Abordar la falta de personal sanitario con el fin de reforzar la resiliencia del sistema sanitario y mejorar el acceso a los servicios sociales y sanitarios.

               2.Reforzar las medidas de apoyo al empleo y las políticas activas del mercado de trabajo.

               3.Proporcionar liquidez a la economía real, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, las infraestructuras sostenibles y eficientes, y la investigación y la innovación.

               4.Garantizar la supervisión y aplicación efectivas del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 525 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5), y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        SWD(2020) 525 final.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.