Aviso jurídico importante

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52007PC0217

Recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980  /* COM/2007/0217 final - CNS 2007/0077 */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 25.4.2007COM(2007) 217 final2007/0077 (CNS)Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOsobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania[1] de 2005, introduce un sistema simplificado para la adhesión de Bulgaria y Rumania a los convenios (y protocolos) concluidos por los Estados miembros sobre la base del artículo 34 TUE (previamente artículo K.3 TUE) o del artículo 293 CE. En efecto, ya no es necesario negociar y concluir protocolos específicos de adhesión a estos convenios (que habrían requerido la ratificación por parte de 27 Estados): el artículo 3, apartado 3, de la ley establece simplemente que Bulgaria y Rumania se adhieren a estos convenios y protocolos en virtud del Acta de adhesión.El artículo 3, apartados 3 y 4, del Acta de adhesión establece que, a tal efecto, el Consejo adoptará una decisión para determinar la fecha de entrada en vigor de dichos Convenios en Bulgaria y Rumania y para hacer todos los ajustes de los convenios necesarios en virtud de la adhesión de los dos nuevos Estados miembros (que incluirían, en cualquier caso, la adopción de los convenios en las lenguas búlgara y rumana, de modo que estas versiones puedan ser «igualmente auténticas»). El Consejo actuará por recomendación de la Comisión, después de consultar al Parlamento Europeo.El anexo I al Acta de adhesión recoge la lista de los siete convenios y protocolos afectados en el área de Justicia e Interior.La lista incluye el Convenio de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, el Convenio de 10 de abril de 1984 relativo a la adhesión de la República Helénica al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, el Primer Protocolo de 19 de diciembre de 1988 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, el Segundo Protocolo de 19 de diciembre de 1988 por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ciertas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, el Convenio de 18 de mayo de 1992 relativo a la adhesión del Reino de España y la República Portuguesa al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, el convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 y al Primer y Segundo Protocolos relativos a la interpretanción por el Tribunal de Justicia.De conformidad con el artículo, apartado 6, la Comisión ha preparado una propuesta para añadir a la lista el Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, y al Primer y Segundo Protocolos relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.La presente Recomendación de la Comisión con vistas a una Decisión del Consejo tiene por objeto efectuar los ajustes necesarios debido a la adhesión de Bulgaria y Rumania a los convenios y protocolos mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, del Acta de adhesión.2007/0077 (CNS)Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOsobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumania,Vista el Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania (en lo sucesivo el «Acta de adhesión»), y en especial el artículo 3, apartado 4 de la misma,Vista la recomendación de la Comisión[2],Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],Considerando lo siguiente:(1) El Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en lo sucesivo el Convenio de 1980) se abrió a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 y entró en vigor 1 de abril de 1991.(2) El Convenio de 1980 fue completado a través del Primer y Segundo protocolos de 19 de diciembre de 1988 relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia[4].(3) La República Helénica se adhirió al convenio de 1980 mediante el convenio de 10 de abril de 1984[5], que entró en vigor 1 de abril de 1991.(4) El Reino de España y la República Portuguesa se adhirieron al Convenio de 1980 mediante el Convenio de 18 de mayo de 1992[6], que entró en vigor 1 de septiembre de 1993.(5) La República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia se adhirieron al Convenio de 1980 mediante el Convenio de 29 de noviembre de 1996[7], que entró envigor 1 de octubre de 1998.(6) El 14 de abril de 2005, tras la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, se firmó un Convenio relativo a la adhesión de estos nuevos Estados miembros al Convenio de 1980[8], que aún no ha entrado en vigor.(7) El artículo 3, apartado 3, del Acta de Adhesión establece que Bulgaria y Rumania se adhieren a los convenios y protocolos concluidos entre los Estados miembros y relacionados en el Anexo I del Acta de Adhesión, entre los que figura el Convenio de 1980 y el Primer y Segundo protocolos de 1988, así como los Convenios relativos a la adhesión de 10 de abril de 1984, 18 de mayo de 1992, 29 de noviembre de 1996 y 14 de abril de 2005. Éstos deben entrar en vigor respecto a Bulgaria y Rumania en la fecha fijada por el Consejo.(8) De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Acta de Adhesión, el Consejo debe hacer todos los ajustes requeridos en virtud de la adhesión a dichos convenios y protocolos.DECIDE:Artículo 1El Primer Protocolo de 1988 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio de 1980 se modifica del siguiente modo:En el artículo 2, letra a), se incluirán los siguientes guiones:-  en Bulgaria:Върховен касационен съд-  en Rumania:Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieArtículo 2El Convenio de 1980 y Primer y Segundo Protocolos de 1988, así como los Convenios relativos a la adhesión de 10 de abril de 1984, 18 de mayo de 1992 y 29 de noviembre de 1996 en su versión modificada por la presente Decisión, entrarán en vigor entre Bulgaria, Rumania y los demás Estados miembros el primer día del primer mes tras la fecha de adopción de la presente Decisión. El Convenio relativo a la adhesión de 14 de abril de 2005 entrará en vigor entre Bulgaria, Rumania y los demás Estados miembros en la fecha de su entrada en vigor.Artículo 3Los textos del Convenio de 1980 y del Primer y Segundo Protocolos de 1988, así como los Convenios relativos a la adhesión de 10 de abril de 1984, 18 de mayo de 1992 y 29 de noviembre de 1996 y 14 de abril de 2005 en las lenguas búlgara y rumana en anexo a la presente Decisión serán auténticos en las mismas condiciones que los demás textos del Convenio contra la corrupción de los funcionarios.Artículo 4La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Hecho en Bruselas, [… ]Por el ConsejoEl PresidenteANEXO Texto del Convenio de 1980, el Convenio de 1984, el Primer Protocolo de 1988, el Segundo Protocolo de 1988, el Convenio de 1992, el Convenio de 1996 y el Convenio de 2005 en las lenguas búlgara y rumana.[1] DO L 157 de 21.6.2005, p. 203.[2] DO C […] de […], p. […].[3] DO C […] de […], p. […].[4] DO L 48, de 20.2.1989, p. 1 y DO L 48, de 20.12.1989, p. 17.[5] DO L 146, de 31.5.1984, p. 1.[6] DO L 333, 18.11, 1992, p. 1.[7] DO C 15, de 15.1.1997, p. 10.[8] DO C 169 de 8.7.2005, p. 1.


title: Órgano de vigilancia de la AELC recomendación, de 5 de noviembre de 2008 , relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios en el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de reglamentación previa de conformidad con la legislación citada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas), tal como fue adaptada por el Protocolo 1 y por las adaptaciones sectoriales contenidas en el anexo XI de dicho Acuerdo

text:
               9.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 156/18

      ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC RECOMENDACIÓN

   de 5 de noviembre de 2008
   relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios en el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de reglamentación previa de conformidad con la legislación citada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas), tal como fue adaptada por el Protocolo 1 y por las adaptaciones sectoriales contenidas en el anexo XI de dicho Acuerdo
   2009/C 156/12
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
   VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1),
   VISTO el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia y, en particular, su artículo 5.2.b),
   VISTO la legislación citada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas) (2), tal como fue adaptada por el Protocolo 1 y por las adaptaciones sectoriales contenidas en el anexo XI de dicho Acuerdo y, en particular, su artículo 15,
   VISTO la Decisión no 194/04/COL del Órgano, de 14 de julio de 2004, por la que se adopta una Recomendación relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante y las Directrices sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva marco establece un marco legislativo para el sector de las comunicaciones electrónicas que pretende dar respuesta a la tendencia hacia la convergencia, incluyendo en su ámbito de aplicación la totalidad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. El objetivo del marco regulador es reducir progresivamente la reglamentación sectorial previa a medida que se desarrolle la competencia en el mercado.

               (2)

               El artículo 15 de la Directiva marco establece que el Órgano de Vigilancia de la AELC (en lo sucesivo, «el Órgano») adoptará una recomendación sobre mercados pertinentes de productos y servicios, previa consulta pública y consulta a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) de los Estados de la AELC.

               (3)

               La finalidad de la presente Recomendación es identificar los mercados de productos y servicios en los que podría justificarse una reglamentación previa, de conformidad con el artículo 15.1 de la Directiva marco. El objetivo de cualquier intervención reglamentaria previa es en definitiva beneficiar a los usuarios finales, haciendo que los mercados al por menor sean competitivos y sostenibles. La definición de mercados pertinentes puede cambiar con el tiempo, y de hecho lo hace, al evolucionar las características de los productos y servicios y las posibilidades de sustitución de la demanda y la oferta. Como la Recomendación de 14 de julio de 2004 (3) ha estado en vigor durante más de cuatro años, es preciso revisarla sobre la base de los avances en el mercado del EEE. Por lo tanto, la presente Recomendación sustituye a la Recomendación de 14 de julio de 2004, tal como fue adoptada por la Decisión no 194/04/COL.

               (4)

               El artículo 15.1 de la Directiva marco establece que el Órgano definirá los mercados de conformidad con los principios del Derecho de la competencia. Por consiguiente, los principios del Derecho de la competencia se utilizan en la presente Recomendación para delimitar los mercados de productos en el sector de las comunicaciones electrónicas, mientras que la identificación o selección de mercados concretos para la reglamentación previa depende de aquellos mercados cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones reglamentarias previas. La terminología utilizada en la presente Recomendación se basa en la utilizada en la Directiva marco y en la Directiva 2002/22/CE (4). De conformidad con la Directiva marco, corresponde a las autoridades nacionales de reglamentación definir los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales, y en particular los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio.

               (5)

               El punto de partida para la identificación de mercados en la presente Recomendación es la definición de mercados al por menor desde una perspectiva de futuro, teniendo en cuenta el margen de sustitución en lo tocante a la demanda y la oferta. Una vez definidos los mercados al por menor, conviene identificar los mercados al por mayor pertinentes. Si el mercado derivado es suministrado en gran parte por una empresa o por empresas integradas verticalmente, podría ser difícil para empresas no integradas obtener los insumos necesarios. Por lo tanto, para determinar si el mercado es susceptible de una reglamentación previa, puede ser necesario definir un mercado al por mayor teórico. Los mercados en el sector de las comunicaciones electrónicas son con frecuencia de naturaleza bilateral al englobar servicios prestados a través de redes o plataformas que reúnen a usuarios de ambos lados del mercado; por ejemplo, los usuarios finales que intercambian comunicaciones, o los remitentes y receptores de información o contenidos. Estos aspectos deben tenerse en cuenta al considerar la identificación y definición de mercados, ya que pueden afectar tanto a la forma de definirlos como a la determinación de si poseen o no características que pueden justificar la imposición de obligaciones reglamentarias previas.

               (6)

               Con el fin de identificar los mercados que pueden ser objeto de reglamentación previa, conviene aplicar los siguientes criterios acumulativos. El primero es la presencia de obstáculos fuertes y no transitorios al acceso al mercado, que podrán ser de carácter estructural, legal o reglamentario. No obstante, dados el carácter dinámico y el funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas, es preciso, a la hora de efectuar un análisis prospectivo para identificar los mercados pertinentes con vistas a una posible reglamentación previa, tomar también en consideración las posibilidades de superar esos obstáculos que dificultan el acceso en el plazo pertinente. Por consiguiente, el segundo criterio admite solo aquellos mercados cuya estructura no tienda hacia una competencia efectiva en el plazo pertinente. La aplicación de este criterio implica examinar la situación de la competencia que ocasiona estos obstáculos al acceso. El tercer criterio es que la mera aplicación de la legislación sobre competencia no permita hacer frente adecuadamente a los fallos del mercado en cuestión.

               (7)

               Los principales indicadores que deben considerarse al evaluar los dos primeros criterios son similares a los examinados en el contexto de un análisis prospectivo de mercado, en particular, indicadores de obstáculos al acceso a falta de reglamentación (incluido el alcance de los costes irrecuperables), estructura de mercado, comportamiento y dinámica del mercado mediante indicadores como cuotas y precios y sus tendencias, y alcance y cobertura de redes o infraestructuras competidoras. Cualquier mercado que satisfaga los tres criterios en ausencia de reglamentación previa puede ser objeto de reglamentación previa.

               (8)

               Desde el punto de vista de la competencia, los nuevos mercados en expansión no deberían estar sujetos a obligaciones inapropiadas, incluso si quien primero se posiciona tiene ventaja, de conformidad con la Directiva marco. Se consideran nuevos mercados en expansión los de productos o servicios en los que, por su novedad, es muy difícil predecir las condiciones de la demanda y la oferta y de acceso al mercado, por lo que resulta difícil aplicar los tres criterios. El objetivo de no someter a dichos mercados a medidas reglamentarias en nombre de la competencia es promover la innovación de acuerdo con el artículo 8 de la Directiva marco; al mismo tiempo, conviene evitar que la empresa líder se apropie de estos mercados, como también se indica en las Directrices del Órgano sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (5). Las mejoras graduales de las infraestructuras de red existentes raramente se traducen en un mercado nuevo o en expansión. La falta de capacidad de sustitución de un producto debe establecerse tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, antes de que pueda concluirse que no forma parte de un mercado ya existente. La aparición de nuevos servicios al por menor puede dar lugar a un nuevo mercado al por mayor derivado, en la medida en que tales servicios al por menor no puedan prestarse utilizando los productos al por mayor existentes.

               (9)

               En lo que respecta a los obstáculos al acceso al mercado, dos tipos son pertinentes a efectos de la presente Recomendación: los obstáculos estructurales y los obstáculos legales o reglamentarios.

               (10)

               Los obstáculos estructurales derivan de una situación original de los costes o de la demanda que crea unas condiciones asimétricas entre los operadores históricos y los nuevos que dificultan o impiden la entrada en el mercado de estos últimos. Por ejemplo, puede detectarse la existencia de obstáculos estructurales considerables cuando un mercado se caracteriza por ventajas absolutas de costes, economías de escala o alcance sustanciales y elevados costes irrecuperables. En este momento, estos obstáculos pueden encontrarse todavía en relación con el despliegue o el suministro generalizados de redes de acceso local a ubicaciones fijas. También puede existir un obstáculo estructural afín cuando la prestación de un servicio exija un componente de red que no pueda duplicarse técnicamente, o solo a un coste que lo haga antieconómico para los competidores.

               (11)

               Los obstáculos legales o reglamentarios no se basan en la situación económica, sino que derivan de medidas legislativas, administrativas o públicas que repercuten directamente sobre las condiciones de entrada o el posicionamiento de los operadores en el mercado pertinente. Sirva de ejemplo el caso en que se fija un límite al número de empresas que tienen acceso al espectro para la prestación de servicios subyacentes. Otro ejemplo de obstáculos legales o reglamentarios son los controles de los precios u otras medidas relacionadas con los precios, impuestas a las empresas, que afectan no solo al acceso, sino también al posicionamiento de las empresas en el mercado. Los obstáculos legales o reglamentarios que pueden suprimirse en el plazo pertinente no deben considerarse normalmente obstáculos económicos al acceso de conformidad con el primer criterio.

               (12)

               Los obstáculos al acceso pueden perder también importancia en los mercados impulsados por la innovación y caracterizados por un progreso tecnológico permanente, en los que las presiones competitivas suelen provenir de amenazas de innovación procedentes de competidores potenciales aún no presentes en el mercado. En los mercados impulsados por la innovación, puede existir una competencia dinámica o a largo plazo entre empresas que no son necesariamente competidoras en un mercado «estático» ya existente. La presente Recomendación no identifica mercados donde no se espera que los obstáculos al acceso persistan más allá de un período previsible. Para evaluar la probabilidad de que estos obstáculos persistan en ausencia de reglamentación, es necesario examinar la frecuencia y el éxito de las incorporaciones al mercado en el sector y si estas incorporaciones han sido, o es probable que vayan a ser, suficientemente inmediatas y persistentes para limitar el peso de mercado. La importancia de los obstáculos al acceso dependerá, entre otras cosas, de la escala mínima eficaz de producción y de los costes irrecuperables.

               (13)

               Aun cuando un mercado se caracterice por unos fuertes obstáculos al acceso, pueden existir en él otros factores estructurales que le hagan tender hacia una situación de competencia efectiva dentro del plazo pertinente. La dinámica del mercado puede estar causada, por ejemplo, por los progresos tecnológicos, o por la convergencia de productos y mercados, lo que puede dar lugar a presiones competitivas ejercidas entre operadores activos en mercados de productos distintos. Este puede ser el caso, por ejemplo, en los mercados donde existe un número de empresas limitado pero suficiente, con estructuras de costes divergentes y donde la demanda es elástica en relación con los precios. Puede serlo también en un mercado con un exceso de capacidad que permita normalmente a las empresas rivales aumentar su producción muy rápidamente en respuesta a cualquier incremento de precios. En tales mercados, las cuotas pueden modificarse con el tiempo o pueden observarse reducciones de precios. En los casos en que la dinámica de mercado cambia rápidamente, debe elegirse con cuidado el plazo considerado, con el fin de que quede reflejada la correspondiente evolución del mercado.

               (14)

               La decisión de incluir un mercado entre los que pueden ser objeto de una reglamentación previa debe supeditarse también a una evaluación de si la legislación sobre competencia es suficiente para subsanar los fallos del mercado resultantes del cumplimiento de los dos primeros criterios. Probablemente, la legislación sobre competencia no será suficiente si su intervención para remediar un fallo del mercado debe cumplir requisitos múltiples o cuando sea indispensable una intervención frecuente o en el momento preciso.

               (15)

               La aplicación de los tres criterios debe limitar el número de mercados en el sector de las comunicaciones electrónicas donde se impongan obligaciones reglamentarias previas, contribuyendo así al objetivo del marco regulador de reducir progresivamente las normas sectoriales previas a medida que se desarrolle la competencia en el mercado. Estos criterios deben aplicarse acumulativamente, es decir, que el hecho de no satisfacer cualquiera de ellos significaría que ese mercado no debe incluirse entre los que pueden ser objeto de reglamentación previa.

               (16)

               Los controles de reglamentación de los servicios al por menor solo deben imponerse cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren que las medidas aplicadas al mercado al por mayor relativas a la selección o preselección de operadores no harían posible alcanzar el objetivo de garantizar la competencia efectiva y la consecución de objetivos de interés público. Mediante su intervención en el nivel mayorista, incluso con medidas correctivas que pueden afectar a los mercados al por menor, los Estados del EEE pueden conseguir abrir la mayor parte posible de la cadena de valor a los procesos normales de competencia, ofreciendo de esta forma los mejores resultados a los usuarios finales. Así pues, la presente Recomendación identifica principalmente los mercados al por mayor, cuya reglamentación adecuada tiene por objeto remediar una falta de competencia efectiva que es evidente en los mercados de los usuarios finales. En caso de que una autoridad nacional de reglamentación demuestre que las intervenciones en el mercado al por mayor han sido infructuosas, el mercado al por menor pertinente podrá ser objeto de reglamentación previa, a condición de que se cumplan los tres criterios expuestos anteriormente.

               (17)

               El 17 de diciembre de 2007, la Comisión Europea publicó una nueva Recomendación 2007/879/CE relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva marco (6).

               (18)

               El punto de partida para la revisión de la Recomendación del Órgano sobre mercados pertinentes es la nueva Recomendación de la Comisión y las consideraciones de la Comisión en la nota explicativa de la misma. En su proceso de revisión, el Órgano considera que la comparación de la evolución del mercado debería llevarse a cabo con respecto a una referencia del EEE y no solo teniendo en cuenta la situación de mercado en cada uno de los Estados de la AELC.

               (19)

               Sobre la base de la evolución del mercado en los Estados de la AELC, de las observaciones recogidas durante la consulta pública y de la información de la que dispone el Órgano, no parece probable que en general el funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas de los tres Estados de la AELC se desvíe en mayor medida del funcionamiento medio de los mercados de la UE o del conjunto del EEE que el funcionamiento de los respectivos mercados en los Estados miembros de la UE en comparación con esa media.

               (20)

               El objetivo del Acuerdo EEE es establecer «un Espacio Económico Europeo dinámico y homogéneo, basado en normas comunes y en condiciones iguales de competencia» (7). Teniendo en cuenta este objetivo y las antedichas consideraciones, el Órgano adopta una Recomendación basada en la Recomendación de la Comisión con el fin de garantizar una aplicación uniforme del marco regulador común y la seguridad jurídica de los participantes en los mercados de comunicaciones electrónicas en el EEE. Por lo tanto, el número de mercados que podrían ser objeto de reglamentación previa se reduce en la presente Recomendación de 18 a 7.

               (21)

               La reducción del número de mercados que podrían ser objeto de reglamentación previa no indica necesariamente que los mercados no incluidos sean efectivamente competitivos en cada uno de los Estados de la AELC y que ya no precisen de dicha reglamentación previa. Las contribuciones presentadas al Órgano durante el proceso de revisión apuntan a que una reglamentación continua podría estar justificada en ciertos mercados.

               (22)

               Los mercados enumerados en el anexo han sido identificados sobre la base de los tres criterios acumulativos. En el caso de los mercados que no figuran en la presente Recomendación, las autoridades nacionales de reglamentación deberían aplicar la prueba de los tres criterios al mercado afectado. En cuanto a los mercados del anexo de la Recomendación no 194/04/CE, de 14 de julio de 2004, que no figuran en el anexo de la presente Recomendación, las autoridades nacionales de reglamentación deberían contar con la potestad de aplicar la prueba de los tres criterios para evaluar si, sobre la base de las circunstancias nacionales, un mercado puede ser objeto de reglamentación previa. Respecto a los mercados enumerados en la presente Recomendación, la autoridad reglamentaria nacional puede decidir no proceder a un análisis de mercado si llega a la conclusión de que un mercado determinado no satisface los tres criterios. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán identificar mercados diferentes de los que figuran en la presente Recomendación, a condición de que actúen de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco. La falta de notificación de un proyecto de medida que afecte al comercio entre Estados de la AELC según lo descrito en el considerando 38 de la Directiva marco podrá dar lugar a un procedimiento de infracción contra el Estado en cuestión. Los mercados distintos de los enumerados en la presente Recomendación deben definirse sobre la base de los principios de competencia establecidos en la Comunicación del Órgano relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa de competencia en el EEE (8) y ser coherentes con las Directrices del Órgano sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado, cumpliendo al mismo tiempo los tres criterios definidos anteriormente.

               (23)

               El hecho de que en la presente Recomendación se identifiquen los mercados de productos y servicios en los que puede estar justificada la reglamentación previa no significa que dicha reglamentación esté justificada siempre ni que deban imponerse en dichos mercados las obligaciones reglamentarias indicadas en las Directivas específicas. En particular, la reglamentación no puede imponerse o debe eliminarse si existe competencia efectiva en esos mercados en ausencia de reglamentación, es decir, si ningún operador tiene un peso significativo en el mercado, a tenor del artículo 14 de la Directiva marco. Las obligaciones reglamentarias deben ser apropiadas y basarse en la naturaleza del problema detectado, ser proporcionadas y estar justificadas a la luz de los objetivos señalados en la Directiva marco, en particular conseguir un máximo de beneficios para los usuarios, velar para que no exista falseamiento ni restricción de la competencia, promover una inversión eficaz en materia de infraestructuras y fomentar la innovación, y promover un uso y gestión eficaces de las radiofrecuencias y de los recursos de numeración.

               (24)

               La identificación de mercados de la presente Recomendación no obsta a las definiciones de mercado en casos individuales con arreglo a la legislación sobre competencia. Por otra parte, el ámbito de la reglamentación previa debe entenderse sin perjuicio del ámbito de actividades que pueda analizarse de conformidad con la legislación sobre competencia.

               (25)

               La presente Recomendación ha sido objeto de una consulta pública y de una consulta con las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades nacionales de los Estados de la AELC.

               (26)

               La presente Recomendación debe interpretarse a la luz de la nota explicativa de la Recomendación 2007/879/CE de la Comisión relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva marco. La nota explicativa incluye, entre otras cosas, la descripción de la evolución de las tecnologías en relación con los mercados definidos en la Recomendación.

         RECOMIENDA:

               1.

               Al definir los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales de conformidad con el artículo 15, apartado 3, de la legislación citada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE, Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, tal como fue adaptada por el Protocolo 1 y por las adaptaciones sectoriales contenidas en el anexo XI de dicho Acuerdo, las autoridades nacionales de reglamentación deberán analizar los mercados de productos y de servicios identificados en el anexo de la presente Recomendación.

               2.

               Al identificar mercados distintos de los que figuran en el anexo, las autoridades nacionales de reglamentación deberán asegurarse de que se cumplen los tres criterios siguientes:

                           a)

                           La presencia de obstáculos al acceso al mercado fuertes y no transitorios que pueden ser de carácter estructural, legal o reglamentario;

                           b)

                           Una estructura de mercado que no tienda hacia una competencia efectiva en el plazo pertinente. La aplicación de este criterio implica examinar la situación de la competencia que provoca estos obstáculos al acceso;

                           c)

                           La mera aplicación de la legislación sobre competencia no permite hacer frente de manera adecuada a los fallos del mercado en cuestión.

               3.

               La presente Recomendación no obsta a las definiciones de mercado, los resultados de análisis de mercado y las obligaciones reglamentarias adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el artículo 15, apartado 3, y con el artículo 16 de la legislación citada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE, tal como fue adaptada al Acuerdo por el Protocolo 1 y por las adaptaciones sectoriales contenidas en el anexo XI de dicho Acuerdo (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas), antes de la fecha de adopción de la presente Recomendación.

               4.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros de la AELC.

      Hecho en Bruselas, el 5 de noviembre de 2008.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Per SANDERUD

            Presidente

         Kurt JAEGER

            Miembro del Colegio

      (1)  En lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE».

      (2)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 717/2007 (DO L 171 de 29.6.2007, p. 32). En lo sucesivo denominada «la Directiva marco».

      (3)  Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 14 de julio de 2004, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, incorporada al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO L 113 de 27.4.2006, p. 18, y Suplemento EEE no 21 de 27.4.2006, p. 33). Adoptada por la Decisión no 194/04/COL.

      (4)  Directiva 2002/22 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), DO L 108 de 24.4.2002, p. 51, tal como fue incorporada en el punto 5cm del anexo XI del Acuerdo EEE mediante la Decisión no 11/2004 del Comité Mixto, DO L 116 de 22.4.2004, p. 60, y Suplemento EEE no 20 de 22.4.2004, p. 14.

      (5)  Directrices del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 14 de julio de 2004, sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas contemplado en el anexo XI del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO C 101 de 27.4.2006, p. 1, y Suplemento EEE no 21 de 27.4.2006, p. 1).

      (6)  DO L 344 de 28.12.2007, p. 65.

      (7)  Cuarto considerando del Preámbulo del Acuerdo EEE.

      (8)  Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 46/98/COL, de 4 de marzo de 1998, relativa a la adopción de dos comunicaciones en el ámbito de la competencia sobre la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa de competencia en el Espacio Económico Europeo (EEE) y sobre los acuerdos de menor importancia no contemplados en el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE (DO L 200 de 16.7.1998, p. 46, y Suplemento EEE no 28 de 16.7.1998, p. 1).

      ANEXO

         Nivel minorista

                  1.

                  Acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes residenciales y no residenciales.

         Nivel mayorista

                  2.

                  Originación de llamadas en la red telefónica pública en una ubicación fija.
                  A efectos de la presente Recomendación, se considera que la originación de llamadas incluye el transporte de llamadas y está delineada de manera coherente, en un contexto nacional, con las fronteras delineadas para el mercado de tránsito de llamadas y de terminación de llamadas en la red telefónica pública, en una ubicación fija.

                  3.

                  Terminación de llamadas en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija.
                  A efectos de la presente Recomendación, se considera que la terminación de llamadas incluye el transporte de llamadas y está delineada de manera coherente, en un contexto nacional, con las fronteras delineadas para los mercados de originación de llamadas y de tránsito de llamadas en la red telefónica pública, en una ubicación fija.

                  4.

                  Acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija.

                  5.

                  Acceso de banda ancha al por mayor.
                  Este mercado comprende el acceso no físico o virtual a la red, incluido el acceso indirecto, en una ubicación fija. Es un mercado descendente respecto al acceso físico cubierto por el mercado 4 citado anteriormente, puesto que el acceso de banda ancha al por mayor puede construirse utilizando este recurso combinado con otros elementos.

                  6.

                  Segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, con independencia de la tecnología utilizada para proporcionar la capacidad arrendada o dedicada.

                  7.

                  Terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales.


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31988H0090

88/90/CEE: Recomendación de la Comisión de 22 de diciembre de 1987 a la República Portuguesa sobre la adecuación del monopolio nacional de carácter comercial de los productos petrolíferos con respecto a los otros Estados miembros (El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)

Diario Oficial n° L 056 de 02/03/1988 p. 0030 - 0032

*****RECOMENDACIÓN  DE LA COMISIÓN  de 22 de diciembre de 1987  a la República Portuguesa sobre la adecuación del monopolio nacional de carácter comercial de los productos petrolíferos con respecto a los otros Estados miembros  (El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)  (88/90/CEE)  I  1. Alcance del artículo 208 del Acta de adhesión  1.1. En virtud de lo establecido en el artículo 208 del Acta de adhesión de España y de Portugal y en las adaptaciones de los Tratados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del mismo artículo, Portugal estará obligada a adecuar progresivamente, desde el 1 de enero de 1986, los monopolios nacionales de carácter comercial, definidos en el apartado 1 del artículo 37 del Tratado CEE, de tal modo que, antes del 1 de enero de 1993, quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado.  1.2. En lo que respecta a la gasolina de automoción, al queroseno, al gasóleo y al fueloil, la adecuación del derecho exclusivo de comercialización empezará en la fecha de la adhesión. Las cuotas de comercialización existentes y concedidas a las sociedades actualmente beneficiarias distintas de Petrogal se suprimirán el 1 de enero de 1986. La liberalización total de los mercados para estos productos deberá ser efectiva el 31 de diciembre de 1992.  1.3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 208, la Comisión formulará recomendaciones sobre la adecuación para la realización de esta liberalización, tomando como punto de partida la parte de mercado anual por producto más baja que posea la empresa pública Petrogal durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1985.  Desde el momento de la adhesión, Portugal abrirá, para cada uno de dichos productos, un contingente igual al conjunto de las cuotas de comercialización de que disponían, con anterioridad a esta fecha, las empresas distintas de Petrogal. Este contingente será incrementado progresivamente con las cantidades liberalizadas con arreglo a las recomendaciones de la Comisión.  2. Fijación de los contingentes iniciales  2.1. Para cada uno de los productos enumerados en el artículo 208 del Acta de adhesión, la parte de mercado más baja de Petrogal entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1985 fue la siguiente:  - Gasolina  de automoción: 59,18 %,  - Queroseno: 51,64 %,  - Gasóleo: 68,14 %,  - Fueloil: 79,36 %.  2.2. En aplicación del apartado 3 de la Orden ministerial 969/85, de 31 de diciembre de 1985, el Gobierno portugués, basándose en una estimación del consumo previsto para dicho año, fijó para 1986 los contingentes siguientes:  - Gasolina  de automoción: 359 216 toneladas,  - Queroseno: 14 993 toneladas,  - Gasóleo: 573 480 toneladas,  - Fueloil: 309 500 toneladas.  2.3. La Comisión estima que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208, el contingente para el año 1986 debería haber sido al menos igual al volumen total de las cuotas de comercialización concedidas a las sociedades distintas de Petrogal en 1985, teniendo en cuenta un aumento eventual del consumo nacional.  Para 1985, el mercado total portugués, la parte reservada a Petrogal y la reservada a empresas distintas de Petrogal, habida cuenta un aumento del consumo en 1986 de la gasolina de automoción prevista por las autoridades portuguesas, eran las siguientes: (toneladas)  1.2.3.4 //  //  //  //  //  // Mercado total   // Parte reservada a PETROGAL   // Parte reservada a las empresas distintas de PETROGAL   //    //   //   //   // Gasolina de automoción   // 855 000   // 505 989   // 349 011   // (Previs. 86)   // (880 000)   // (520 784)   // (359 216)   // Queroseno   // 32 000   // 16 525   // 15 475   // Gasóleo   // 1 918 000   // 1 306 925   // 611 075   // Fueloil   // 3 287 000   // 2 608 563   // 678 437   //    //   //   //  2.4. De conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Decreto-Ley 525/85, así como el apartado 3 de la Orden ministerial 969/85, el Gobierno portugués fijó, por iniciativa propia, la tasa de incremento anual liberalizado en un 5 % para el año 1986.  Habida cuenta la brevedad del período transitorio para la adecuación del monopolio portugués de productos petrolíferos y de la necesidad de garantizar una apertura del mercado suficientemente progresiva a fin de evitar que sea demasiado radical al final del citado período transitorio, la Comisión estima que una tasa de incremento del 10 % sería más equitativa y apropiada para garantizar la adecuación progresiva preconizada por el artículo 208.  Por ello, el contingente que las autoridades portuguesas deberían abrir en 1987 debería ser el siguiente:  - Gasolina  de automoción: 395 138 toneladas,  - Queroseno: 17 022 toneladas,  - Gasóleo: 672 182 toneladas,  - Fueloil: 746 280 toneladas.  3. Gestión del contingente  Por Decreto 969/85, el Gobierno portugués fijó los criterios para el reparto de los contingentes así como el procedimiento utilizado para dicho reparto.  Por Decisión del primer ministro portugués, de 23 de diciembre de 1986, el Gobierno portugués procedió al reparto de los contingentes para el año 1986, sin haber previamente publicado un anuncio dirigido a las empresas interesadas. El resultado práctico de dicho reparto no parece haber implicado una modificación sustancial de las partes de mercado portugués correspondientes a las empresas ya presentes en él antes de la adhesión.  Habida cuenta la realidad del mercado portugués y la presencia de determinados operadores que disponen ya de redes de venta desarolladas, la Comisión considera que los criterios que deben aplicarse no deben favorecer solamente a las empresas ya implantadas en el mercado portugués en detrimento de aquellas que desearían iniciar la distribución de productos petrolíferos en el mismo mercado.  En consecuencia, con vistas a garantizar no solamente la continuidad del suministro de los operadores ya instalados sino también el acceso efectivo, los nuevos operadores que no estaban presentes en 1985 en el mercado portugués, el reparto de los contingentes debería efectuarse con arreglo a los criterios siguientes:  - La importancia de las redes de puntos de venta y los volúmenes de ventas del año precedente en el caso de los operadores ya instalados.  - Los planes de instalación y los programas de venta de los nuevos operadores.  - La cantidad total concedida al conjunto de los nuevos operadores no podría, en todo caso, ser inferior a un 15 % del contingente abierto para el producto considerado.  - La mitad al menos del incremento anual del contingente abierto para cada producto considerado debería destinarse enteramente a los nuevos operadores con vistas a ampliar progresivamente su presencia en el mercado.  El contingente anual debería dividirse en dos partes iguales, que serían objeto de un reparto semestral. Si uno o varios operadores no hubiese utilizado efectivamente la cuota que le hubiese sido atribuida, la parte no utilizada debería agregarse al contingente global correspondiente al semestre siguiente.  4. Publicidad que debe darse a la apertura del contingente  Para 1987 no se ha realizado ninguna publicidad hasta el presente y el anuncio publicado en la prensa diaria para el reparto de los contingentes de 1988 no menciona ni las cantidades que deben repartirse ni los criterios que serán aplicados para dicho reparto.  A fin de dar la suficiente transparencia al procedimiento de reparto de los contingentes, la Comisión estima que debería publicarse en el Diario Oficial portugués un anuncio que incluya los elementos siguientes:  - volumen de los contingentes para cada producto,  - fecha límite para presentar la solicitud,  - lugar donde hay que enviar la solicitud,  - criterios que serán aplicados para el reparto de los contingentes. Dicha publicación deberá realizarse semestralmente, tres meses antes de la fecha límite para la presentación de las solicitudes. Los contingentes contemplados deberían abrirse a todos los operadores sin restricción y los productos importados deberían poder ser distribuidos de manera no discriminatoria.  5. Régimen aplicable en materia de precios de venta de los productos petrolíferos  Por Orden ministerial 99/87, de 12 de febrero de 1987, el Gobierno portugués estableció una nueva fórmula para establecer los precios máximos aplicables a los productos petrolíferos comercializados en Portugal. La Comisión se reserva su posición en cuanto a la compatibilidad de dicha regulación sobre precios con el Derecho comunitario y, más especialmente, con los artículos 12, 30 y 95 del Tratado, habida cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justica en la materia.  6. Criterios de admisibilidad en la actividad de importación y de distribución de productos petrolíferos  La actividad de distribuidor de productos petrolíferos podrá estar sometida, en Portugal, a una regulación comercial objetiva y no discriminatoria. Las condiciones a las que los operadores deberán responder en el marco de tal regulación, deberán, sin embargo, tener en cuenta la situación inicial diferente de las empresas ya presentes en el mercado portugués y la de las empresas que desean iniciar una actividad de distribución en dicho país.  II  Contenido de la Recomendación  Por tales motivos, y sin perjuicio de la actitud que los resultados obtenidos, en aplicación de la presente Recomendación, la condujeran a adoptar posteriormente, la Comisión recomienda a la República Portuguesa, en virtud del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 208 del Acta de adhesión:  1. abrir, para el año 1987, un contingente anual al menos igual a los volúmenes siguientes:  - Gasolina de automoción: 395 138 toneladas,  - Queroseno: 17 022 toneladas,  - Gasóleo: 672 182 toneladas,  - Fueloil: 746 280 toneladas.  aumentar en un 10 % los años siguientes los contingentes del año precedente;  2. proceder a un reparto semestral de los contingentes, cada vez para la mitad del contingente total previsto por producto, garantizando que, si uno o varios operadores no han utilizado los volúmenes de productos concedidos en el marco de los contingentes del primer semestre, las cantidades no utilizadas serán objeto de un nuevo reparto y se agregarán al segundo contingente semestral que deba concederse;  3. proceder a la publicación semestral, en el Diario Oficial portugués, de un anuncio a los interesados en el que se precise el volumen de los contingentes, la fecha límite para la presentación de las solicitudes, el lugar donde deben presentarse éstas, así como los criterios que se aplicarán para el reparto de los contingentes;  4. aplicar criterios para el reparto de los contingentes que, al mismo tiempo que tengan en cuenta la importancia de las redes de venta y los volúmenes distribuidos por medio de ellas por los operadores ya instalados, tomen en consideración los planes de instalación y los programas de venta de los nuevos operadores que no estaban autorizados en 1985 en el mercado portugués;  5. garantizar que la cantidad total concedida al conjunto de los nuevos operadores no sea inferior al 15 % del contingente total abierto para el producto considerado y que les sea destinada la mitad al menos de los aumentos anuales previstos;  6. garantizar que el régimen de precios aplicables a los productos petrolíferos importados en el marco de los contingentes deberá ser conforme a las exigencias de los artículos 12, 30 y 95 del Tratado, habida cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;  7. aplicar a la actividad de distribución de los productos petrolíferos en Portugal una regulación comercial que, al mismo tiempo que tenga en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad de los suministros en territorio portugués, sea al mismo tiempo objetiva y no discriminatoria.  Hecha en Bruselas, el 22 de diciembre de 1987.  Por la Comisión  Peter SUTHERLAND  Miembro de la Comisión


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31990H0246

90/246/CEE: Recomendación del Consejo, de 28 de mayo de 1990, relativa a la aplicación de una política de simplificación administrativa en los Estados miembros

Diario Oficial n° L 141 de 02/06/1990 p. 0055 - 0056

*****RECOMENDACIÓN  DEL CONSEJO  de 28 de mayo de 1990  relativa a la aplicación de una política de simplificación administrativa en los Estados miembros  (90/246/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el artículo 235,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Vistas las resoluciones siguientes adoptadas por el Consejo:  - Resolución, de 3 de noviembre de 1986, relativa al programa de acción para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (4) y la declaración relativa a las trabas administrativas sobre las empresas,  - Resolución, de 22 de diciembre de 1986, sobre el programa de acción para el incremento del empleo (5),  - Resolución, de 30 de junio de 1988, relativa a la mejora del entorno de las empresas y a la promoción del desarrollo de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad (6),  Vistas las comunicaciones siguientes adoptadas por la Comisión:  - Comunicación sobre una política empresarial para la Comunidad,  - Comunicación relativa a la simplificación administrativa en la Comunidad,  - Tercer informe sobre la realización de los objetivos del programa de acción de la Comunidad para las pequeñas y medianas empresas,  - Comunicación sobre las medidas de simplificación administrativa adoptadas por los Estados miembros en favor de las empresas de la Comunidad,  Considerando que a nivel comunitario se están tomando medidas encaminadas a garantizar condiciones favorables para las empresas y, sobre todo, a simplificar la legislación y a disminuir las cargas administrativas que encuentran, en particular las pequeñas y medianas empresas;  Considerando que tanto la administración nacional como las regionales y las locales deben aplicar este tipo de medidas;  Considerando que los intercambios de información y la comparación de experiencias entre los Estados miembros, en particular los realizados en el contexto de la Comunidad, han facilitado el logro de una visión global de las medidas aplicadas en cada Estado miembro;  Considerando que un enfoque de este tipo lleva a reforzar esta política y, como consecuencia de ello, al fomento del espíritu de empresa;  Considerando que sin embargo el objetivo de simplificación administrativa no debe menoscabar las libertades, poner en peligro la existencia de organismos consultivos creados para contribuir a la democracia dentro de la vida económica o conducir a una disminución de la seguridad jurídica de los administrados;  Considerando que ya se han hecho importantes esfuerzos para simplificar leyes y reglamentos, modernizar administraciones, formar a los funcionarios y mejorar la calidad del servicio pero que hace falta intensificar dichos esfuezos,  RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:  1) Realizar programas de simplificación administrativa en favor de las empresas en los que participen todos los organismos públicos competentes.  2) Garantizar que las mencionadas medidas se refieran tanto a la simplificación de las nuevas propuestas legislativas como a la de la legislación existente, a la supresión de leyes superadas y a la adaptación de leyes que ya no reflejan la realidad económica y social.  3) Esforzarse por garantizar que en una fase temprana se efectúe también un estudio de la necesidad, eficacia e inteligibilidad de los proyectos de ley y de otras normas, cuando éstos entrañen el peligro de aumentar la carga administrativa que pesa sobre las empresas, de modo similar a como la Comisión ha estudiado el impacto de la legislación comunitaria especialmente en las pequeñas y medianas empresas (evaluación de impacto).  4) Prestar una atención particular a los siguientes puntos:  a) modernización de la organización de la Administración, en particular de los servicios que están en contacto con las empresas, con vistas a mejorar la coordinación de los distintos departamentos y la eficacia y rapidez de respuesta;  b) mejora de la tramitación mediante normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas;  c) establecimiento de unidades que proporcionen orientación sobre todos los trámites necesarios para la creación de una empresa;  d) sustitución de la necesidad de una resolución formal por procedimientos de aprobación basados en el silencio administrativo, con arreglo al cual se considera que la falta de respuesta de la Administración, transcurrido un determinado plazo, implica la aprobación de la solicitud;  e) mejora de la información que se facilita a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo mediante la publicación de manuales, folletos y organigramas administrativos;  f) consolidación o compilación de la legislación nacional, para que sea más fácil la comprensión por las empresas;  g) cuando proceda, desarrollar medidas administrativas simplificadas especialmente para las pequeñas y medianas empresas.  5) Crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación.  6) A la hora de poner en práctica lo que antecede, no perjudicar los derechos legales de los empleados o de terceros.  7) Informar a la Comisión sobre los principales logros alcanzados, los problemas encontrados y las iniciativas propuestas en el campo de la simplificación administrativa con el fin de que la Comisión pueda garantizar que todos los Estados miembros tengan pleno conocimiento de la evolución y de las posibilidades en este ámbito.  INSTA A LA COMISIÓN:  a) a que ponga en práctica dentro de dicha institución, los puntos contenidos en la presente Recomendación y a que informe a los Estados miembros de las principales realizaciones;  b) a que proponga un examen para estudiar la repercusión de la legislación comunitaria existente y a que identifique los sectores en que dicha legislación constituye un entorpecimiento;  c) a que simplifique el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los fondos estructurales y a los programas comunitarios de investigación y de desarrollo así como a los demás programas comunitarios;  d) a que adopte las disposiciones necesarias para consultar a los representantes de las empresas sobre los diferentes elementos del programa relativo a la simplificación administrativa;  e) a que siga mejorando las evaluaciones de impacto en el marco de la Comisión y a que las publique;  f) a que estudie las posibilidades de reducir la repetición innecesaria de las formalidades administrativas que deben cumplir las empresas cuando ejercen sus actividades en otro país;  g) a que presente con regularidad un informe acerca de la medidas comunitarias y nacionales relativas a la simplificación administrativa  Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 1990.  Por el Consejo  El Presidente  D. J. O'MALLEY  (1) DO no C 189 de 26. 7. 1989, p. 17; y  DO no C 101 de 2. 4. 1990, p. 8.  (2) DO no C 15 de 22. 1. 1990, p. 363.  (3) DO no C 298 de 27. 11. 1989, p. 53.  (4) DO no C 287 de 14. 11. 1986, p. 1.  (5) DO no C 340 de 31. 12. 1986, p. 2.  (6) DO no C 197 de 27. 7. 1988, p. 6.


title: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Italyand delivering a Council opinionon the updated Stability Programme of Italy, 2011-2014

text:
      COMISIÓN EUROPEA
                                       Bruselas, 7.6.2011
                                       SEC(2011) 810 final
                        Recomendación de
              RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Italia
          y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de estabilidad actualizado de Italia (2011-2014)
                      {SEC(2011) 720 final}
 ---pagebreak---                                             Recomendación de
                                RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
                    relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Italia
                            y por la que se emite un dictamen del Consejo
                sobre el programa de estabilidad actualizado de Italia (2011-2014)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121,
   apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
   reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
   coordinación de las políticas económicas1, y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea2,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión
           Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia
           Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y
           se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el
           potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
   (2)     El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices
           generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para
           el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
           orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros3, que juntas
           forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
           en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
   1
           DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
   2
           DO C de , p. .
   3
           Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
ES                                                    2                                                      ES
 ---pagebreak---    (3) El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE
       y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas
       económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
   (4) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el
       saneamiento fiscal y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo
       de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de
       conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la
       sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas
       del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y
       pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que
       habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus
       programas nacionales de reforma.
   (5) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros
       participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida
       antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en
       sus programas nacionales de reforma.
   (6) El 6 de mayo de 2011, Italia presentó la actualización de 2011 de su programa de
       estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011.
       Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al
       mismo tiempo.
   (7) La economía italiana adolecía de deficiencias estructurales mucho antes de la actual
       crisis económica y financiera mundial. Entre 2001 y 2007, el crecimiento medio del
       PIB real fue aproximadamente del 1 %, esto es, apenas la mitad de la media registrada
       en la zona euro, debido principalmente a un apático crecimiento de la productividad.
       Al afectar esta evolución a la totalidad del país, las amplias disparidades económicas
       regionales no disminuyeron. Aunque la economía no se caracterizaba por grandes
       desequilibrios internos del sector privado, se vio seriamente perjudicada por la crisis
       mundial. La caída de las exportaciones y, posteriormente, de la inversión originó una
       pronunciada contracción del PIB real – en torno a un 7 % – entre el segundo trimestre
       de 2008 y el segundo trimestre de 2009. Tras haber disminuido de manera constante
       en la década anterior, la deuda pública bruta aumentó hasta el 119 % a finales de 2010,
       reflejo también de la fuerte reducción del PIB. El empleo disminuyó mucho menos,
       gracias a un régimen promovido por el Gobierno para reducir la jornada laboral, por lo
       que la tasa de desempleo solo aumentó moderadamente en 2008-09. Impulsada por las
       exportaciones, la economía comenzó a recuperarse, si bien con lentitud, en el segundo
       semestre de 2009. La situación del mercado de trabajo era aún frágil en 2010, con una
       tasa de desempleo que se estabilizó en torno al 8,5 % al final del año. Dado el
       elevadísimo ratio de deuda pública, Italia aplicó una política presupuestaria
       convenientemente prudente durante la crisis, absteniéndose de poner en marcha un
       programa ambicioso de estímulo presupuestario y manteniendo así el déficit público
       por debajo de la media de la zona euro en el período 2009-10.
   (8) Partiendo de la evaluación del programa de estabilidad actualizado realizada de
       conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera
       que el escenario macroeconómico en el que se basa el programa es plausible. El
ES                                             3                                               ES
 ---pagebreak---         programa prevé situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor
        de referencia del 3 % del PIB en 2012, merced a una reducción suplementaria del
        gasto y a los ingresos adicionales derivados de un mayor cumplimiento de las
        obligaciones tributarias. Tras la corrección del déficit excesivo, el programa proyecta
        alcanzar el objetivo a medio plazo de un saldo presupuestario equilibrado en términos
        estructurales al finalizar su período de vigencia (2014), apoyándose para ello en el
        compromiso de una reducción adicional del gasto primario. De acuerdo con el
        programa, el ratio de deuda pública alcanzará su nivel máximo en 2011 y disminuirá
        posteriormente a un ritmo cada vez más rápido, a medida que aumente el superávit
        primario. El saneamiento presupuestario medio previsto en el período 2010-2012
        supera el 0,5 % del PIB recomendado por el Consejo en el marco del procedimiento de
        déficit excesivo, y el ritmo de ajuste que se contempla después de 2012 es muy
        superior a lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Alcanzar los
        resultados de déficit y deuda antes mencionados exigirá una ejecución estricta del
        presupuesto y, por otra parte, es necesaria más información sobre las medidas de
        saneamiento planeadas a fin de aumentar la credibilidad del programa.
   (9)  Dada la considerable magnitud de la deuda pública, que representa alrededor del
        120 % del PIB en 2011, lograr un saneamiento duradero y creíble y adoptar medidas
        estructurales que potencien el crecimiento son para Italia prioridades absolutas. En el
        período anterior a 2012, la consecución de los objetivos de déficit de las
        administraciones públicas fijados en el programa de estabilidad, y, por ende, la
        corrección del déficit excesivo en 2012, dependen de que se apliquen plenamente las
        medidas ya adoptadas. Serían necesarias medidas adicionales si, por ejemplo, los
        ingresos derivados del mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias se revelan
        inferiores a los presupuestados o si surgen dificultades para restringir los gastos de
        capital según lo previsto. De cara a 2013-14, el nuevo marco presupuestario trienal
        exige que las medidas concretas que sustentarán la labor de saneamiento se adopten de
        aquí a octubre de 2011. Si bien el marco presupuestario se ha reforzado
        considerablemente en los últimos años, la introducción de límites vinculantes de
        gastos y algunas mejoras complementarias de la supervisión de las cuentas públicas en
        todos los subsectores de la Administración favorecerían la disciplina presupuestaria y
        aumentarían la credibilidad de la estrategia presupuestaria a medio plazo.
   (10) Pese a una creación de empleo relativamente dinámica durante los años que
        precedieron a la crisis, el mercado de trabajo de Italia muestra ciertas deficiencias
        estructurales. Los trabajadores con contratos indefinidos gozan de más protección que
        los que no cuentan con demasiada estabilidad laboral o tienen contratos temporales,
        especialmente si, pese a mantener, en realidad, una relación laboral dependiente
        normal, están oficialmente censados como trabajadores autónomos. En lo que atañe a
        los primeros, la normativa laboral permite los despidos colectivos y los despidos por
        razones económicas en casos muy limitados. Al mismo tiempo, no todos los
        trabajadores que se quedan sin empleo reciben una ayuda a la renta adecuada, ya que
        la segmentación del mercado de trabajo lleva aparejado un sistema fragmentado de
        prestaciones por desempleo. El desempleo entre los menores de 25 años alcanzó el
        27,8 % en 2010, con una distribución desigual en las diferentes partes del país, puesto
        que el paro juvenil en las regiones del sur era dos veces más alto que en las regiones
        del norte. El papel de la formación de aprendices y de la enseñanza profesional no se
        pone suficientemente de relieve. Si bien sería muy útil y necesario, no hay actualmente
        un sistema único de certificación de cualificaciones y homologación de niveles
ES                                              4                                               ES
 ---pagebreak---         profesionales y de formación que esté reconocido en todo el país, lo que repercute
        negativamente en la movilidad laboral y las oportunidades de empleo en toda Italia. La
        eficacia de los servicios de empleo, en especial en las regiones con un elevado
        desempleo, puede mejorarse. Finalmente, el trabajo no declarado sigue siendo un
        fenómeno significativo en Italia.
   (11) Adaptar la evolución salarial al crecimiento de la productividad es importante, dada la
        constante pérdida de competitividad registrada en Italia desde finales de la década de
        los noventa; en este contexto, la negociación salarial a nivel de empresa puede
        desempeñar un papel destacado y ayudar, además, a hacer frente a las disparidades
        regionales del mercado de trabajo. La reforma del marco de negociación llevada a
        cabo en 2009 instauró, entre otras cosas, la posibilidad de introducir cláusulas de
        apertura (es decir, desviaciones con respecto al salario sectorial pactado a nivel
        nacional), pero esta práctica aún no se ha extendido.
   (12) La tasa de empleo de las mujeres se sitúa a la zaga de la de los hombres por más de 20
        puntos porcentuales en todo el territorio. En 2009, apenas una tercera parte de las
        mujeres de edad comprendida entre los 20 y los 64 años ocupaban un empleo en las
        regiones meridionales, debido, tanto a unas tasas de actividad relativamente más bajas,
        como a un desempleo más alto. La presión impositiva relativamente elevada a la que
        está sometido el trabajo en Italia reduce los incentivos para la oferta de mano de obra,
        especialmente en el caso de los cónyuges dependientes, y repercute negativamente en
        la demanda de mano de obra de las empresas. A fin de contribuir a aumentar el empleo
        de las mujeres, el programa nacional de reforma se basa en el plan adoptado en 2010
        para coordinar en todos los niveles de la Administración pública la labor orientada a
        favorecer la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. El Gobierno introdujo
        recientemente un incentivo tributario para las empresas que contratan a trabajadores
        desfavorecidos, entre los que se incluyen aquellos que trabajan en sectores o
        profesiones con un desequilibrio de género particularmente marcado, en las regiones
        con un fuerte desempleo. El programa anuncia también una reforma del sistema
        tributario, con objeto de desplazar gradualmente la presión impositiva del trabajo al
        consumo, lo que podría contribuir a un aumento del empleo.
   (13) En comparación con los niveles de la UE, el coste de la actividad empresarial en Italia
        sigue siendo elevado, sobre todo en las regiones meridionales, a pesar de las recientes
        medidas encaminadas a mejorar el entorno empresarial y fomentar la búsqueda de la
        eficacia y la responsabilización en la Administración pública. Aún quedan numerosos
        obstáculos reglamentarios y administrativos por eliminar en los mercados de productos
        y servicios, sobre todo en el ámbito de los servicios profesionales. En 2009 se
        introdujo una Ley Anual sobre la Competencia, que pretende ser un instrumento
        legislativo para mejorar el entorno competitivo y la protección del consumidor, pero
        que todavía no ha sido adoptada. La dilación de los procedimientos de ejecución de los
        contratos constituye otra deficiencia del entorno empresarial italiano. Los conductos
        no bancarios para financiar el crecimiento de las empresas, en particular las PYME,
        siguen siendo comparativamente escasos en Italia. La inversión en fondos propios y el
        capital riesgo, en particular, desempeñan aún un papel limitado, pese al potencial que
        encierran para promover la expansión de las empresas, la conquista de nuevos
        mercados mundiales y un mejor gobierno corporativo.
   (14) El gasto en I+D ha experimentado un modesto incremento en los diez últimos años,
        por lo que la intensidad de la I+D sigue siendo baja –situándose en torno al 1,27 % del
ES                                              5                                                ES
 ---pagebreak---         PIB–, y muy inferior a la media de la UE (1,90 %). Esta diferencia se debe ante todo al
        bajo nivel de investigación industrial, puesto que la intensidad de la I+D en las
        empresas representa un 0,64 % del PIB, frente a una media del 1,23 % en EU-27. La
        intensidad del capital riesgo sigue siendo, asimismo, muy limitada. Si bien en el
        programa nacional de reforma se presentan algunas medidas, entre ellas
        desgravaciones tributarias por un tiempo limitado para las empresas que invierten en
        proyectos de investigación realizados por universidades o entidades del sector público,
        el objetivo fijado en lo que respecta a la intensidad de la I+D, esto es, el 1,53 % del
        PIB, está apenas por encima de los actuales niveles.
   (15) Italia, que es el tercer mayor beneficiario de los fondos de la política de cohesión de la
        UE, ha recibido el 8 %, aproximadamente, del presupuesto total asignado a dicha
        política durante el período 2007-2013. Pese a haber transcurrido ya la mitad del
        período de programación, la proporción de los fondos de la UE realmente utilizados
        representa solo un 16,8 % y es mucho más reducida en las regiones de convergencia
        del sur.
   (16) Italia ha adquirido una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus4.
        El programa nacional de reforma menciona algunas medidas que se han adoptado
        recientemente y traza las grandes líneas de algunos planes de reforma futuros
        encaminados a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad
        financiera, a estimular la competitividad y a incrementar el empleo, de conformidad
        con los principios del Pacto por el Euro Plus. Otro compromiso fundamental adquirido
        específicamente en respuesta al Pacto es la intención del Gobierno de modificar la
        Constitución a fin de reforzar la disciplina presupuestaria. Estos factores se han
        evaluado y tenido en cuenta en las recomendaciones.
   (17) La Comisión ha evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de
        reforma de Italia, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el
        Euro Plus5, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la
        política presupuestaria y la política socioeconómica de Italia, sino también su
        cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la
        gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de
        la UE en las futuras decisiones nacionales. En este sentido, la Comisión considera que,
        si bien el plan de saneamiento italiano para el período 2011-14 es creíble hasta 2012,
        debe venir respaldado por medidas concretas en 2013-14, de modo que la altísima
        deuda pública pueda situarse en una senda gradualmente descendente. El programa
        nacional de reforma presenta una serie completa de iniciativas en todos los ámbitos de
        la Estrategia Europa 2020, pero se consideran necesarias medidas complementarias
        para hacer frente a las deficiencias estructurales que vienen registrándose desde hace
        ya largo tiempo y que la crisis ha exacerbado. A fin de estimular el potencial de
        crecimiento y creación de empleo de Italia, y contribuir a que las regiones
        meridionales se nivelen con las demás, conviene adoptar otras medidas en 2011-12
        para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, abrir en mayor medida los
        mercados de servicios y productos a la competencia, mejorar el entorno empresarial,
   4
        Para más detalles sobre los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, véase
        SEC(2011) 720.
   5
        SEC(2011) 720.
ES                                                6                                                      ES
 ---pagebreak---         reforzar la política de investigación e innovación, y promover una utilización más
        rápida y eficaz de los fondos de cohesión de la UE.
   (18) A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada
        por el Consejo el 2 de junio de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado
        de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de
        2011 del programa de estabilidad de Italia y su dictamen6 se refleja particularmente en
        su recomendación (1) recogida a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones
        del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el programa
        nacional de reforma de Italia.
   RECOMIENDA que Italia tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:
   (1)    Llevar a cabo el saneamiento presupuestario previsto en 2011 y 2012 para garantizar
          la corrección del déficit excesivo. Aprovechar plenamente las posibles condiciones
          presupuestarias más favorables de lo previsto a fin de acelerar la reducción del déficit
          y de la deuda y prepararse para prevenir desviaciones en la ejecución presupuestaria.
          Respaldar, de aquí a octubre de 2011, los objetivos para 2013-14 con medidas
          concretas, según lo previsto en el nuevo marco presupuestario plurianual. Reforzar el
          marco mediante la introducción de límites máximos vinculantes de gastos y una
          supervisión más eficaz de todos los subsectores de la Administración.
   (2)    Tomar medidas para combatir la segmentación del mercado de trabajo, revisando
          determinados aspectos de la normativa de protección del empleo y reformando el
          sistema, actualmente fragmentado, de prestaciones por desempleo. Multiplicar los
          esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado. Tomar medidas, asimismo, para
          aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, incrementando la
          disponibilidad de servicios de guardería en todo el país e incentivando
          económicamente el trabajo de una segunda persona de las unidades familiares de
          forma neutra para el presupuesto.
   (3)    Basándose en la Ley de 2009 de reforma del marco de negociación colectiva, y tras
          consultar a los interlocutores sociales, según la práctica nacional, tomar medidas para
          garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad,
          así como las condiciones imperantes a nivel local y de la empresa.
   (4)    Introducir medidas para abrir más a la competencia el sector de servicios, en
          particular, en el ámbito de los servicios profesionales. Adoptar en 2011 la Ley Anual
          sobre la Competencia, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la autoridad
          de defensa de la competencia. Reducir la duración de los procedimientos de
          ejecución del Derecho contractual. Tomar medidas para promover el acceso de las
          PYME a los mercados de capitales, eliminando los obstáculos reglamentarios y
          reduciendo los costes.
   (5)    Mejorar el marco para la inversión del sector privado en investigación e innovación,
          ampliando los actuales incentivos fiscales, creando condiciones más favorables para
          el capital riesgo y respaldando los sistemas innovadores de contratación pública.
   6
        Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.
ES                                                      7                                          ES
 ---pagebreak---    (6)    Tomar medidas dirigidas a acelerar los gastos cofinanciados por los fondos de la
          política de cohesión que propicien el crecimiento a fin de reducir las persistentes
          disparidades entre regiones, mejorando para ello la capacidad administrativa y la
          gobernanza política. Respetar los compromisos contenidos en el marco estratégico
          nacional de referencia en lo que respecta a la cantidad de recursos y a la calidad del
          gasto.
   Hecho en Bruselas,
                                             Por el Consejo
                                             El Presidente
ES                                             8                                                 ES