title: Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los organismos para la igualdad

text:
               4.7.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 167/28

         RECOMENDACIÓN (UE) 2018/951 DE LA COMISIÓN
   de 22 de junio de 2018
   sobre normas relativas a los organismos para la igualdad
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

               (2)

               El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión, en todas sus acciones, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

               (3)

               El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación por cualquier motivo, ya sea sexo, raza, origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. El artículo 23 de la Carta consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El artículo 26 reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. Además, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley está consagrada en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               (4)

               De conformidad con el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión. En virtud del artículo 157, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, como el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

               (5)

               Sobre las bases de esas disposiciones, se han adoptado distintas Directivas sobre la prohibición de la discriminación en los ámbitos pertinentes.

               (6)

               La Directiva 2000/43/CE del Consejo (1) prohíbe la discriminación directa o indirecta basada en el origen racial o étnico, incluido el acoso. Esta Directiva se aplica a todas las personas tanto del sector público como del privado, incluidos los organismos públicos, en relación con: a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y a la ocupación, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional, con inclusión de lo relativo a la promoción; b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje profesional, incluida la experiencia laboral práctica; c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración; d) la afiliación y la participación en una organización de trabajadores o empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas; e) la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria; f) las ventajas sociales; g) la educación; y h) el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda.

               (7)

               La Directiva 2000/78/CE del Consejo (2) prohíbe la discriminación directa e indirecta, incluido el acoso, por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en lo relativo al empleo, la ocupación y la formación profesional. Esta directiva se aplica a todas las personas, tanto del sector público como del privado, incluidos los organismos públicos, en relación con las letras a) a d) expuestas en el considerando anterior.

               (8)

               La Directiva 2004/113/CE del Consejo (3) prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, incluidos el acoso y el acoso sexual, en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

               (9)

               La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) relativa a la igualdad de género prevé una prohibición de discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, incluido el acoso y el acoso sexual, y en lo relativo al acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional, las condiciones de trabajo, incluida la retribución, y los regímenes profesionales de seguridad social.

               (10)

               La Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) prohíbe la discriminación directa e indirecta, incluidos el acoso y el acoso sexual, entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. El ámbito de aplicación de la Directiva abarca todos los tipos de discriminación, con la mención específica de la protección social y la maternidad.

               (11)

               Todas las Directivas citadas (en lo sucesivo, «las Directivas en materia de igualdad») han sido transpuestas en los Estados miembros. Las Directivas en materia de igualdad, a excepción de la Directiva 2000/78/CE, establecen que los Estados miembros designarán un organismo u organismos para la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por los motivos especificados en las Directivas correspondientes (en lo sucesivo, «organismos para la igualdad»). En consecuencia, todos los Estados miembros han establecido organismos para la igualdad.

               (12)

               La presente Recomendación se aplica a los organismos para la igualdad establecidos en virtud de las Directivas en materia de igualdad mencionadas.

               (13)

               Cuando las Directivas en materia de igualdad disponen el establecimiento de organismos para la igualdad, exigen a los Estados miembros que velen por que las competencias de aquellos incluyan la asistencia independiente a las víctimas de discriminación, la realización de estudios independientes sobre discriminación, la publicación de informes independientes y la formulación de recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con tal discriminación.

               (14)

               Además, el 2 de julio de 2008 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (6). El ámbito de aplicación de la propuesta abarca a) la protección social, incluidas la seguridad social y la sanidad; b) las ventajas sociales; c) la educación, y d) el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda. En virtud de la propuesta de Directiva, los Estados miembros están obligados a designar un organismo u organismos para la igualdad de trato también en los ámbitos mencionados, que podrán ser los mismos organismos que se crearon previamente en el marco de las Directivas en materia de igualdad. Aunque la propuesta no se ha adoptado hasta la fecha, conviene alentar a los Estados miembros a que designen organismos para la igualdad en estos ámbitos, pues la experiencia demuestra que esta práctica refuerza la protección contra la discriminación.

               (15)

               Asimismo, las Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE exigen a los Estados miembros que garanticen que una de las competencias de los organismos para la igualdad sea el intercambio de la información disponible con organismos europeos equivalentes.

               (16)

               En algunos Estados miembros, el mandato de los organismos para la igualdad engloba también los delitos motivados por el odio y la incitación al odio, lo cual es particularmente pertinente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo (7) relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, que establece normas mínimas relativas a la tipificación penal, el enjuiciamiento y la sanción de la incitación al odio y la delincuencia de índole racista.

               (17)

               Además de sus obligaciones resultantes de las Directivas para establecer organismos para la igualdad, la mayoría de los Estados miembros han ampliado el mandato de sus organismos para la igualdad para abarcar la discriminación por motivos de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos del empleo y la ocupación, el acceso a bienes y servicios y su suministro, la educación, la protección social y los beneficios sociales, entre otros, cubriendo así el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE.

               (18)

               El texto de las Directivas sobre la igualdad confiere a los Estados miembros un amplio margen de discreción en lo relativo a la estructura y el funcionamiento de los organismos para la igualdad. Ello genera importantes diferencias entre los distintos organismos para la igualdad establecidos en los Estados miembros en lo que respecta a su mandato, competencias, estructuras, recursos y funcionamiento operativo. Estas diferencias redundan en ocasiones en la insatisfacción de los ciudadanos a la hora de acceder a la protección, una protección que es desigual de un Estado miembro a otro (8).

               (19)

               Hay Estados miembros que han fundado más de un organismo para la igualdad, lo que exige la creación de mecanismos claros para su coordinación y cooperación.

               (20)

               En algunos Estados miembros, los organismos para la igualdad existentes han visto su mandato ampliado a los ámbitos más diversos sin que ello conllevara un aumento adecuado de los recursos. Algunos organismos para la igualdad incluso han sufrido importantes reducciones en sus presupuestos, lo cual puede provocar un debilitamiento de su capacidad para llevar a cabo sus tareas (9).

               (21)

               Algunos estudios han identificado casos de organismos para la igualdad que carecen de independencia y efectividad por motivos como la existencia de presiones exteriores o unos niveles de personal inadecuados (10).

               (22)

               En la práctica, la independencia de los organismos para la igualdad puede verse especialmente afectada cuando son establecidos como parte de un ministerio que obedece instrucciones emanadas directamente desde el Gobierno.

               (23)

               Los organismos para la igualdad no deben concentrar sus energías de forma desproporcionada en algunas tareas en detrimento de otras (11).

               (24)

               Para ayudar a los grupos o individuos que sufren discriminación a hacer uso de sus derechos, los organismos para la igualdad deben conseguir aumentar su visibilidad entre el público general, así como la de las normas antidiscriminatorias en vigor y de las vías de recurso. Para ello, todo el mundo debe tener fácil acceso a los organismos para la igualdad, tanto de forma física como en línea. También se debe facilitar la presentación de denuncias a través de la confidencialidad y de unos procedimientos simples y gratuitos.

               (25)

               Para contribuir a garantizar el buen funcionamiento de los organismos para la igualdad de manera equivalente en toda la Unión, parece apropiado recomendar normas relativas a los mismos a los Estados miembros.

               (26)

               La necesidad de crear normas relativas a los organismos para la igualdad se volvió a subrayar en el informe conjunto de 2014 sobre la aplicación de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE (12), el informe de 2015 sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE (13) así como en el informe de evaluación de la Recomendación sobre transparencia salarial de 2014 y el Plan de Acción de la UE 2017-2019 «Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres» (14). Además, el Parlamento Europeo hizo un llamamiento a la creación de normas relativas a los organismos para la igualdad en su Resolución de 2015 (15).

               (27)

               Las Naciones Unidas (16), la Red Europea de Organismos para la Igualdad (17) y el Consejo de Europa (18) ya han adoptado normas relativas a los organismos para la igualdad y las instituciones de defensa de los derechos humanos.

               (28)

               La presente Recomendación tiene como destinatarios a los Estados miembros. Su objetivo es contribuir a colmar la brecha normativa entre los organismos para la igualdad en toda Europa.

               (29)

               La Recomendación establece las normas relativas al mandato, la independencia, la efectividad, la accesibilidad y la coordinación de los organismos para la igualdad, así como las normas relativas a su acceso, con el fin de garantizar que puedan desempeñar sus funciones con eficacia.

               (30)

               La presente Recomendación se basa en el compromiso de la Comisión de alentar y ayudar a los Estados miembros a mejorar su capacidad de hacer cumplir la legislación de la Unión y establecer las vías para garantizar que los individuos y grupos que sufren discriminación y están protegidos por el Derecho de la Unión puedan disfrutar plenamente de sus derechos, de conformidad con la Comunicación «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» (19). Los organismos para la igualdad independientes desempeñan un papel fundamental a la hora de aplicar la legislación de la Unión de manera efectiva y de hacer que se cumpla de manera íntegra y coherente. Los organismos para la igualdad son también instituciones de gran valor para el desarrollo sostenible de sociedades democráticas, igualitarias e inclusivas.

               (31)

               En los ámbitos regulados por las normas de competencia de la Unión, las normas relativas a los organismos para la igualdad también deben cumplir los requisitos de accesibilidad recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Esta Convención fue aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo (20), de 26 de noviembre de 2009, y, por tanto, forma parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión que prevalece sobre el Derecho derivado de la UE.

               (32)

               Las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE y 2006/54/CE obligan a los Estados miembros a comunicar toda la información disponible sobre su aplicación para que la Comisión pueda elaborar un proyecto de informe de evaluación que examine las medidas que se han adoptado en virtud de las Directivas pertinentes. La comunicación se realizará dentro de determinados intervalos preestablecidos (21) para que la Comisión pueda adoptar y publicar el informe. Si la comunicación incluyera información sobre el cumplimiento de la presente Recomendación por parte de los Estados miembros, sería posible efectuar una evaluación de su impacto.

               (33)

               A nivel de la Unión, la presente Recomendación se entiende sin perjuicio a los principios de Derecho procesal nacional y a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Tampoco implica una ampliación de las competencias de la Unión, como disponen los Tratados y el Derecho derivado de la Unión.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   CAPÍTULO I

      FINALIDAD Y OBJETO

               1)

               La finalidad de la presente Recomendación es establecer las medidas que los Estados miembros pueden aplicar para ayudar a mejorar la independencia y la eficacia de los organismos para la igualdad, especialmente en lo que respecta a su capacidad de garantizar que los individuos y grupos que sufren discriminación puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

               2)

               Todos los Estados miembros deben garantizar que los organismos para la igualdad pueden desempeñar sus funciones, como disponen las Directivas 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE y 2010/41/UE, con independencia y eficacia.

         CAPÍTULO II

      MEDIDAS RECOMENDADAS

   1.1.   Mandato de los organismos para la igualdad

   1.1.1.   Motivos y alcance del mandato de los organismos para la igualdad

               1)

               Además de las obligaciones que les incumben en virtud de las Directivas 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE y 2010/41/UE en lo relativo a la designación de organismos responsables de la promoción de la igualdad de trato (en lo sucesivo, «organismos para la igualdad»), todos los Estados miembros deben considerar la designación de un organismo para la igualdad que abarque la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE.

               2)

               Los Estados miembros deben examinar la posibilidad de ampliar el mandato de los organismos para la igualdad para que este abarque todos los motivos de discriminación prohibidos en los ámbitos del empleo y la ocupación, el acceso a bienes y servicios y su suministro, la educación, la protección social y los beneficios sociales, incluida la incitación al odio relacionada con estos motivos y dentro de estos ámbitos.

               3)

               Los organismos para la igualdad, tanto los de un solo mandato como los que han tenido varios o que abarcan distintos motivos, deben garantizar que su estructura interna atiende todas las partes del mandato y todos los motivos. Esta atención debe ser proporcional al impacto del motivo de discriminación correspondiente, y los recursos deben equilibrarse adecuadamente.

         1.1.2.   Funciones en el mandato de los organismos para la igualdad

      Asistencia independiente

               1)

               Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes aspectos de la prestación de asistencia independiente a las víctimas: recibir y tramitar denuncias individuales o colectivas; proporcionar asesoramiento jurídico a las víctimas, también a la hora de tramitar sus denuncias; participar en actividades de mediación y de conciliación; representar a los denunciantes ante los tribunales; y actuar en calidad de amicus curiae o de experto donde fuera necesario.

               2)

               Los Estados miembros también deben considerar la opción de ofrecer a los organismos para la igualdad la posibilidad de participar o asistir en acciones judiciales, con el fin de hacer frente a la discriminación estructural y sistemática en los casos seleccionados por los propios organismos debido a su abundancia, su gravedad o su necesidad de clarificación desde el punto de vista jurídico. Dichas acciones judiciales podrían tener lugar bien en nombre del propio organismo o en nombre de las víctimas u organizaciones que las representan, de conformidad con el Derecho procesal nacional.

               3)

               Los Estados Miembros deben considerar la formulación de recomendaciones a la hora de proporcionar asistencia a las víctimas o, cuando la legislación nacional así lo autorice, decisiones jurídicamente vinculantes en casos individuales o colectivos de discriminación, así como la realización de un seguimiento para garantizar su aplicación.

               4)

               Los Estados miembros deben posibilitar que los organismos para la igualdad recopilen pruebas e información pertinentes, de conformidad con la legislación nacional.

               5)

               Cuando los organismos para la igualdad dispongan de la capacidad legal necesaria para adoptar decisiones vinculantes, los Estados miembros deben otorgarles también la capacidad de imponer sanciones adecuadas, eficaces y proporcionadas.

               6)

               El ejercicio de las competencias atribuidas a los organismos para la igualdad debe estar sujeto a unas garantías apropiadas, incluidas de carácter procesal y una tutela judicial efectiva, cuando proceda. Concretamente, el derecho a recurrir ante los tribunales contra decisiones vinculantes de los organismos para la igualdad, cuando tengan competencias para adoptar dichas decisiones con arreglo a la legislación nacional, debe estar expresamente estipulado en la legislación nacional.

      Estudios independientes

               7)

               Los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad realicen estudios independientes con regularidad. El alcance y diseño de los estudios debe asegurar la recopilación de una cantidad suficiente de datos fiables, cuantitativos y cualitativos sobre la discriminación que posibilite el análisis necesario para extraer conclusiones basadas en pruebas sobre cuáles son los principales retos y cómo abordarlos.

      Informes independientes

               8)

               Los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad publiquen informes independientes periódicamente y que los presenten a las instituciones públicas, incluidos los Parlamentos y los gobiernos nacionales o regionales pertinentes, cuando proceda. Su alcance debe ser lo suficientemente amplio para hacer posible una evaluación global de la situación de discriminación en el Estado miembro en relación con cada uno de los motivos contemplados.

               9)

               Con el fin de obtener informes independientes de alta calidad, los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad lleven a cabo investigaciones independientes en las que se recopile información concreta sobre: el número de denuncias por cada motivo de discriminación; la duración de los procedimientos administrativos desde la presentación de la denuncia hasta el archivo del caso; el resultado de los procedimientos administrativos; así como el número, duración y resultado de casos judiciales en los que haya presencia de organismos para la igualdad.

      Recomendaciones de los organismos para la igualdad

               10)

               Los Estados miembros deben garantizar que sus autoridades públicas tengan en cuenta, en la medida de lo posible, las recomendaciones de los organismos para la igualdad en materia de legislación, políticas, procedimientos, programas y prácticas. Debe velarse por que las autoridades públicas informen a los organismos para la igualdad sobre la forma en que dichas recomendaciones se han tenido en cuenta y hacer pública esta información.

      Fomento de la igualdad

               11)

               Con el fin de fomentar la igualdad y la diversidad, los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad contribuyan a la prevención de la discriminación, en concreto, ofreciendo formación, información, asesoramiento, orientación y apoyo a las instituciones e individuos que tengan obligaciones en virtud de las Directivas en materia de igualdad, y dando a conocer al público tanto la existencia de los organismos en general como el contenido de las normas contra la discriminación existentes y cómo obtener una reparación.

               12)

               Con el mismo fin, los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad participen en el debate público, mantengan un diálogo regular con las autoridades públicas, se comuniquen con los grupos discriminados y las partes involucradas, y promuevan buenas prácticas y acciones positivas.

         1.2.   Independencia y eficacia

   1.2.1.   Independencia

               1)

               A fin de garantizar la independencia de los organismos para la igualdad en el desempeño de sus cometidos, los Estados miembros deben considerar aspectos tales como las organizaciones de dichos organismos, su posición en la estructura administrativa global, su asignación de presupuesto y sus procedimientos para la tramitación de recursos, con especial atención a los procedimientos de nombramiento y despido de personal, incluidas las personas que ocupan puestos de liderazgo. Tales consideraciones deben entenderse sin perjuicio de las estructuras organizativas nacionales particulares de los Estados miembros.

               2)

               Los Estados miembros deben garantizar que el personal de los organismos para la igualdad, incluidas las personas que ocupan puestos de liderazgo y en el consejo de administración, no participe en acciones incompatibles con sus funciones y no se involucre en ninguna actividad, retribuida o no, que entre en conflicto con el ejercicio de dichas funciones.

         1.2.2.   Recursos

               1)

               Los Estados miembros deben garantizar que cada organismo para la igualdad disponga de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como de los locales y las infraestructuras necesarios para desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias con eficacia. Los recursos concedidos a los organismos para la igualdad deben tener en cuenta las competencias y funciones asignadas. Los recursos solo pueden considerarse adecuados cuando permitan que los organismos para la igualdad desempeñen cada una de sus funciones en materia de igualdad con eficacia, en un tiempo razonable y dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional.

               2)

               Los Estados miembros deben garantizar que los organismos para la igualdad dispongan de suficiente personal y que este esté cualificado con respecto a sus aptitudes, conocimientos y experiencia para cumplir de forma adecuada y eficaz cada una de las funciones de los organismos para la igualdad.

               3)

               Los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad supervisen eficazmente la ejecución de sus propias decisiones, así como las decisiones adoptadas por las instituciones, los órganos jurisdiccionales y los tribunales en relación con casos de discriminación. A tal fin, deben ser inmediatamente informados de dichas decisiones y de las medidas adoptadas para su aplicación.

         1.2.3.   Presentación de denuncias, acceso y accesibilidad

               1)

               Los Estados miembros deben garantizar la posibilidad de presentar denuncias ante los organismos para la igualdad de forma oral, escrita y en línea, en la lengua de elección del demandante que sea común en el Estado miembro en que se encuentre el organismo para la igualdad.

               2)

               Los Estados miembros deben garantizar que el procedimiento para presentar denuncias ante los organismos para la igualdad sea sencillo y gratuito.

               3)

               Los Estados miembros deben establecer la obligación de que los organismos para la igualdad ofrezcan confidencialidad a los testigos e informantes y, en la medida de lo posible, a los denunciantes por causa de discriminación.

               4)

               Los Estados miembros deben velar por que todas las personas puedan acceder fácilmente a las instalaciones físicas de los organismos para la igualdad, así como a sus formas de información y comunicación, incluidos las tecnologías de la información, servicios y productos tales como documentos, material audiovisual o reuniones y actos abiertos o públicos. En particular, deben ser accesibles para las personas con discapacidad, para las que además se deben realizar las adaptaciones necesarias, tal y como define la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para garantizar que las personas con discapacidad accedan a los organismos para la igualdad en las mismas condiciones que los demás.

               5)

               Cuando sea necesario por razones de índole geográfica o de otro tipo, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de permitir que los organismos para la igualdad establezcan oficinas regionales o locales, o iniciativas de alcance regional para establecer una presencia temporal regular.

               6)

               Los Estados miembros deben facilitar un presupuesto y unos recursos suficientes a los organismos para la igualdad para que estos puedan desempeñar campañas de sensibilización efectivas con el objetivo de informar al público general de su existencia y de la posibilidad de presentar denuncias por discriminación.

         1.3.   Coordinación y cooperación

               1)

               Cuando existan varios organismos para la igualdad en un mismo Estado miembro, los Estados miembros deben permitirles establecer una coordinación regular y eficaz con el fin de garantizar que los principios de no discriminación se apliquen de manera coherente. Los organismos para la igualdad no deben concentrar sus energías de forma desproporcionada en algunas tareas en detrimento de otras. Cuando se lleven a cabo actividades de sensibilización, otros organismos competentes deben participar en la medida de lo posible para informar exhaustivamente a la opinión pública.

               2)

               Los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad dialoguen y cooperen eficazmente con las autoridades nacionales competentes y los organismos dentro del mismo Estado miembro. Ello también implica velar por que las consultas a los organismos para la igualdad sobre las propuestas políticas y legislativas, así como los progresos en los asuntos que abarque su mandato, se realicen con el tiempo suficiente y de forma transparente.

               3)

               Los Estados miembros deben conceder a los organismos para la igualdad la capacidad de colaborar a nivel europeo e internacional con otros organismos para la igualdad y organizaciones, por ejemplo, compartiendo sus estudios.

               4)

               Los Estados miembros deben permitir que los organismos para la igualdad cooperen con los organismos pertinentes, incluidos los marcos nacionales designados en el artículo 33, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la red de puntos de contacto nacionales sobre integración de los gitanos; organizaciones de la sociedad civil; y, para garantizar que los fondos no se distribuyen a proyectos manchados por la discriminación, las autoridades de gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

         CAPÍTULO III

      COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

   Los Estados miembros están invitados a incluir información sobre cómo tienen en cuenta la presente Recomendación en sus comunicaciones sobre la aplicación de las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE y 2006/54/EC.

      Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 2018.

            Por la Comisión

         Věra JOUROVÁ

            Miembro de la Comisión

      (1)  Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).

      (2)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).

      (3)  Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, p. 37).

      (4)  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).

      (5)  Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).

      (6)  COM(2008) 426 final.

      (7)  Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 55).

      (8)  Véanse, entre otros, Human European Consultancy en colaboración con el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos, octubre de 2010, Study on Equality Bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC and 2006/54/EC, p. 177, y la red europea de organismos nacionales para la igualdad, octubre de 2012, Equality Bodies. Current Challenges.

      (9)  Human European Consultancy, op. cit., pp. 78, 125, 142, y la red europea de organismos nacionales para la igualdad, op.cit., pp. 8 y 17. Véase también la red europea de organismos para la igualdad, Strategic Role of Equality Bodies, 2009, pp 43-44 y 52.

      (10)  Human European Consultancy, op. cit., pp. 70-145, y la red europea de organismos nacionales para la igualdad, op.cit., pp. 8 y 13-20.

      (11)  Comisión Europea, 2006, Catalysts for Change? Equality bodies according to Directive 2000/43/EC — existence, independence and effectiveness, p. 57.

      (12)  Informe conjunto sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (Directiva sobre la igualdad racial) y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva sobre la igualdad en el empleo), COM(2014) 2 final.

      (13)  Informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, COM(2015) 190 final. Esta necesidad también se mencionó en la Revisión intermedia del Marco europeo de estrategias nacionales de integración de los gitanos, COM(2017) 458 final; en el Informe sobre los derechos fundamentales de mayo de 2017 realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales; en el Informe sobre la aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, COM(2017) 671 final.

      (14)  Informe sobre la aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, op. cit.; Plan de Acción de la UE 2017-2019 «Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres», COM(2017) 678 final.

      (15)  Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación [2014/2160(INI)].

      (16)  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), principios de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativos al estatuto de las instituciones nacionales (los principios de París), la Resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993 y las observaciones generales sobre la interpretación y aplicación de dichos principios por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, en su tenor de 21 de febrero de 2018.

      (17)  Red Europea de Organismos para la Igualdad, 2016, Developing Standards for Equality Bodies. An Equinet Working Paper.

      (18)  Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), Recomendación de política general n.o 2 revisada sobre los organismos para la igualdad en la lucha contra el racismo y la intolerancia a nivel nacional, CRI(2018) 06, adoptada el 7 de diciembre de 2017.

      (19)  C(2016) 8600.

      (20)  Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (DO L 23 de 27.1.2010, p. 35).

      (21)  Cada cuatro años, en virtud de la Directiva 2006/54/CE, y cada cinco años, de conformidad con las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2004/113/CEE.


title: Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, destinada al Consejo sobre las prioridades de la Unión para el 61.° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2017/2001(INI))

text:
               18.7.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 252/298

         P8_TA(2017)0029
   Prioridades para el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
   Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, destinada al Consejo sobre las prioridades de la Unión para el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2017/2001(INI))
   (2018/C 252/30)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo presentada por Constance Le Grip, en nombre del Grupo PPE, y Maria Arena, en nombre del Grupo S&D, sobre las prioridades de la Unión para el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (B8-1365/2016),

               —

               Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2015, sobre igualdad de género en el desarrollo y sobre una nueva asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015, y de 16 de diciembre de 2014, sobre una agenda transformadora para después de 2015;

               —

               Vistos el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y su tema prioritario «El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo»,

               —

               Vistos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en Pekín y los subsiguientes documentos finales de las sesiones especiales de las Naciones Unidas Pekín+5, Pekín+10, Pekín+15 y Pekín+20 sobre otras acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, adoptados, respectivamente, el 9 de junio de 2000, el 11 de marzo de 2005, el 2 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2015,

               —

               Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979,

               —

               Visto el artículo 113 de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0018/2017),

               A.

               Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión, consagrado en el Tratado de la Unión Europea, así como uno de sus objetivos y cometidos, y que este principio también orienta la acción exterior de la Unión, dado que ambas dimensiones deben estar coordinadas;

               B.

               Considerando que los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género no son solo derechos humanos fundamentales, sino también condiciones previas para la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza, así como un requisito necesario para un mundo pacífico, próspero y sostenible;

               C.

               Considerando que el acoso y la violencia contra las mujeres abarcan una amplia gama de violaciones de derechos humanos; que cualquiera de estos abusos puede dejar profundas secuelas psicológicas e implicar daños o sufrimientos físicos y sexuales, amenazas de actos de ese tipo y coerción, pueden dañar el estado general de salud de las mujeres y las niñas, en particular su salud reproductiva y sexual, y, en algunos casos, pueden llegar a provocar la muerte;

               D.

               Considerando que, el 23 de enero de 2017, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump reintrodujo la llamada «regla de mordaza» que impide que las organizaciones internacionales reciban asistencia sanitaria global procedente de Estados Unidos si proporcionan asesoramiento, se refieren o promueven el aborto —incluso cuando lo hagan por su propia cuenta, sin financiación de los Estados Unidos e incluso cuando el aborto sea legal en su país—; que se verán afectados los programas que abordan el VIH/sida, la salud materna e infantil, los esfuerzos de respuesta al virus del Zika, así como otros tipos de enfermedades y ámbitos sanitarios; que esta regla supondrá un retroceso respecto a los años de progresos en materia de salud y bienestar de las comunidades en el mundo entero, en particular en el ámbito de los derechos de las mujeres y de las niñas, y que podría limitar el acceso a la asistencia sanitaria a millones de personas a nivel mundial;

               E.

               Considerando que el quinto objetivo de desarrollo sostenible (ODS 5) persigue lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas del mundo; que este ODS es un objetivo independiente, lo que significa que se ha de integrar en toda la Agenda 2030 y en la consecución de todos los demás ODS; que el empoderamiento de la mujer significa poner en sus manos los instrumentos necesarios para que alcancen la independencia económica, tengan una representación paritaria en la sociedad y desempeñen el mismo papel que los hombres en todos los ámbitos de la vida, adquiriendo mayor poder en la vida pública y un mayor control sobre todas las decisiones que afecten a su vida;

               F.

               Considerando que las mujeres son importantes agentes económicos en todo el mundo y que la participación económica de la mujer puede estimular la economía, crear empleo y consolidar una prosperidad integradora; que los países que valoran a las mujeres y las empoderan para que participen plenamente en el mercado laboral y en los procesos de toma de decisiones son más estables, prósperos y seguros; que la presupuestación con perspectiva de género es un gesto económico inteligente y garantiza que el gasto público esté al servicio del progreso de la igualdad entre mujeres y hombres;

               G.

               Considerando que la creatividad y el potencial emprendedor de las mujeres son fuentes de crecimiento económico y empleo infrautilizadas que deberían desarrollarse en mayor medida;

               H.

               Considerando que, transcurridos veinte años desde la Conferencia de Pekín y pese las sólidas pruebas de que el empoderamiento de la mujer es fundamental para reducir la pobreza, fomentar el desarrollo y hacer frente a los retos más acuciantes del mundo, los Gobiernos de la Unión han reconocido que ningún país ha alcanzado plenamente la igualdad entre mujeres y hombres o el empoderamiento de mujeres y niñas, que los avances han sido lentos y desiguales, que siguen existiendo importantes lagunas y formas de discriminación y que han surgido nuevos desafíos en la aplicación de las doce esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción;

               I.

               Considerando que la Unión contribuye de forma importante al fomento del empoderamiento de mujeres y niñas, tanto en sus Estados miembros como en el resto del mundo, a través de medios políticos y financieros; que la Unión debe desempeñar la función fundamental de guardiana de los textos sobre derechos humanos acordados por las Naciones Unidas y la Unión;

               J.

               Considerando que las mujeres siguen produciendo aproximadamente el 80 % de los alimentos en los países más pobres y son, en la actualidad, las principales guardianas de la biodiversidad y de las semillas de cultivo;

               K.

               Considerando que la tierra no solo es un medio de producción, sino también un espacio de cultura e identidad; que, en consecuencia, el acceso a la tierra es un componente fundamental de la vida y un derecho inalienable de las mujeres campesinas e indígenas;

               1.

               Formula la siguiente recomendación destinada al Consejo:

                     Condiciones generales para el empoderamiento de las mujeres y las niñas

                           a)

                           que confirme su compromiso con la Plataforma de Acción de Pekín y con las acciones en favor de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género que figuran en ella; que confirme su compromiso con el enfoque de doble vía de los derechos humanos de la mujer, a través de la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos y la aplicación de acciones específicas en favor de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género;

                           b)

                           que fomente las políticas destinadas a invertir en la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a una educación y una formación profesional de calidad, incluida la educación formal, informal y no formal, así como las destinadas a eliminar las disparidades de género en estos ámbitos y en todos los sectores, en particular en aquellos dominados tradicionalmente por los hombres;

                           c)

                           que combata todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en las esferas pública y privada por constituir graves violaciones de su integridad física y psicológica que les impiden desarrollar todo su potencial; que avance hacia la plena ratificación del Convenio de Estambul por todas las partes;

                           d)

                           que considere que, para que las Naciones Unidas, la Unión y sus Estados miembros lleguen a ser actores más eficientes a escala mundial, también deben intensificar los esfuerzos internos para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia de género; que reitere, por consiguiente, su petición a la Comisión para que proponga una estrategia de la Unión de lucha contra la violencia sufrida por las mujeres, incluida una directiva por la que se establezcan normas mínimas; que pide asimismo en este contexto a todas las partes que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;

                           e)

                           que defina políticas que promuevan y favorezcan el pleno empleo y el trabajo digno para todas las mujeres;

                           f)

                           que garantice el acceso universal a la atención sanitaria sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos conforme a lo acordado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Pekín y los documentos finales de sus conferencias de revisión; que proporcione educación sexual, adaptada a la edad de las destinatarias, a las niñas y a las mujeres jóvenes con el fin de reducir los embarazos precoces no deseados y la propagación de enfermedades de transmisión sexual;

                           g)

                           que condene firmemente la «regla de mordaza» que prohíbe que las organizaciones internacionales perciban recursos para planificación familiar procedentes de Estados Unidos si proporcionan asesoramiento, promueven o ejercen presión a favor de servicios de interrupción del embarazo; considera esta regla como un ataque directo y un retroceso en los avances logrados en pro de los derechos de las mujeres y las niñas; insta, con carácter de urgencia, a la Unión y a sus Estados miembros a contrarrestar el impacto de la «regla de mordaza» aumentando significativamente la financiación en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como estableciendo un fondo internacional para financiar el acceso al control de la natalidad y al aborto legal y seguro, recurriendo tanto a la financiación nacional como a los fondos para el desarrollo de la Unión, a fin de cubrir el déficit de financiación causado tras la decisión del Gobierno Trump de dejar de financiar a las organizaciones de ayuda exterior que proporcionen servicios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y los derechos vinculados;

                           h)

                           que elimine las diferencias entre mujeres y hombres en lo que respecta al salario, los ingresos a lo largo de toda la vida y las pensiones;

                           i)

                           que ponga fin a todas las formas de discriminación contra la mujer en la legislación y las políticas a todos los niveles;

                           j)

                           que luche contra todas las formas de estereotipos de género que perpetúan la desigualdad, la violencia y la discriminación, en todos los ámbitos de la sociedad;

                           k)

                           que apoye a todos los niveles la labor de las organizaciones de mujeres; que les permita participar, en calidad de socios, en la elaboración de políticas y que garantice una financiación adecuada;

                           l)

                           que integre la perspectiva de género en la presupuestación de todo el gasto público, como herramienta de incorporación transversal de la dimensión de género;

                     Reforzar el empoderamiento económico de las mujeres y superar los obstáculos en el mercado laboral

                           m)

                           que pida a todas las partes que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, prestando especial atención a los artículos 1, 4, 10, 11, 13, 14 y 15;

                           n)

                           que inste a todas las partes a adoptar políticas y leyes que garanticen la igualdad en el acceso al trabajo, así como la igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor;

                           o)

                           que continúe e intensifique su trabajo en favor de políticas que apoyen y promuevan el emprendimiento de las mujeres en el contexto de un trabajo digno y la supresión de todos los obstáculos y prejuicios sociales respecto de la creación y gestión de empresas, en particular, mejorando el acceso a los servicios financieros, al crédito, al capital riesgo y a los mercados en igualdad de condiciones e impulsando el acceso a la información, a la formación y a las redes con fines profesionales; que reconozca y promueva, en este contexto, el papel de las empresas de la economía social, las cooperativas y los modelos alternativos de negocio en el empoderamiento de la mujer;

                           p)

                           que reconozca que las políticas macroeconómicas, en particular las relativas a la disciplina presupuestaria y los servicios públicos, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y que los responsables políticos han de tener en cuenta estas repercusiones desiguales en función del género;

                           q)

                           que promueva nuevas inversiones en infraestructuras de asistencia social, educación y sanidad, así como en la prestación pública de servicios accesibles, asequibles y de calidad de atención a las personas a lo largo de la vida, y en particular para niños, personas dependientes y ancianos; que vele por la firme protección de las embarazadas durante y tras el embarazo y por sus derechos laborales;

                           r)

                           que apoye políticas que favorezcan un reparto igualitario de las responsabilidades domésticas y de prestación de cuidados entre mujeres y hombres;

                           s)

                           que apoye la adopción de un convenio de la OIT que establezca una norma internacional sobre violencia de género en el lugar de trabajo;

                           t)

                           que aplique políticas para combatir el fenómeno de la violencia política contra las mujeres, en particular la violencia física, la intimidación y el ciberacoso;

                           u)

                           que adopte medidas eficaces para la abolición del trabajo infantil, habida cuenta de que millones de niñas son víctimas de esta explotación; que incorpore nuevos mecanismos a la legislación vigente de la Unión para impedir la importación de productos fabricados con mano de obra infantil;

                           v)

                           que, mediante campañas de sensibilización y programas de apoyo, anime a las mujeres y las niñas a acceder a carreras académicas y de investigación en todos los ámbitos científicos, especialmente en la tecnología y la economía digital;

                           w)

                           que garantice la coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión y los objetivos de desarrollo sostenible;

                     Garantizar la participación equitativa de la mujer en todos los niveles de toma de decisiones

                           x)

                           que proteja los derechos civiles y políticos y contribuya a garantizar el equilibrio de género en todos los niveles de toma de decisiones, en particular en el ámbito político, en las políticas y programas económicos, en los lugares de trabajo y en el mundo empresarial y académico;

                           y)

                           que implique a los interlocutores sociales, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres en la adopción de decisiones económicas;

                           z)

                           que refuerce el liderazgo y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto y que, en los países que se recuperan de un conflicto, garantice el acceso de las mujeres al empleo, a los mercados y a la participación y liderazgo políticos, todos ellos elementos esenciales para la estabilidad;

                     Atender las necesidades de las mujeres más marginadas

                           aa)

                           que facilite la propiedad de la tierra y el acceso al crédito a las mujeres de las zonas rurales y promueva, impulse y apoye las iniciativas de emprendimiento femenino en las zonas rurales, para que las mujeres puedan ser independientes económicamente y participar plenamente en el desarrollo rural y sostenible y disfrutar de sus ventajas; que proteja y fomente las cadenas cortas de suministro de alimentos mediante políticas activas, tanto internas como exteriores, en la Unión;

                           ab)

                           que establezca normas tanto internas como internacionales que impongan límites a los grandes acaparamientos de tierras que dañan los intereses de los pequeños propietarios, en particular las mujeres;

                           ac)

                           que pida la intervención de las organizaciones de mujeres del campo en la definición de las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales y apoye a las redes de mujeres en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, especialmente en el caso de decisiones que pueden afectar a la vida de las mujeres;

                           ad)

                           que haga un llamamiento a todos los países para que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en particular de su artículo 6, titulado «Mujeres con discapacidad»;

                           ae)

                           que haga hincapié en el derecho de las trabajadoras migrantes, especialmente de las trabajadoras domésticas migrantes y refugiadas, a unas condiciones de trabajo dignas y a la misma protección social; que haga un llamamiento en favor de la ratificación y aplicación del Convenio n.o 189 de la OIT;

                           af)

                           que inste a todas las partes a que apliquen políticas que garanticen un trato humano para las mujeres y niñas refugiadas y el respeto de sus derechos;

                           ag)

                           que garantice que la persecución por motivos de género pueda ser fundamento de una solicitud de asilo en virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, de 1951;

                           ah)

                           que subraye la necesidad de proteger y promover los derechos de las mujeres LGBTI;

                           ai)

                           que pida a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que adopten un planteamiento interseccional en sus análisis e impulsen en todos los organismos de las Naciones Unidas la idea de combatir la discriminación múltiple mediante el análisis interseccional;

                           aj)

                           que aplique políticas para corregir la situación de las mujeres en situación de pobreza y exclusión social;

                           ak)

                           que reconozca el papel de las mujeres como prestadoras, formales o informales, de cuidados y que mejore las condiciones en que realizan estas actividades;

                     Traducir estos compromisos en gasto y aumentar su visibilidad

                           al)

                           que movilice los recursos necesarios para garantizar los derechos económicos de las mujeres y reducir la desigualdad de género, en particular mediante la utilización de los instrumentos existentes a escala de la Unión y de los Estados miembros, como las evaluaciones de impacto por razón del género; que integre la perspectiva de género en la presupuestación de todo el gasto público a fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar todas las desigualdades de género;

                           am)

                           que garantice la plena participación del Parlamento y de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el proceso de toma de decisiones relativas a la posición de la Unión en el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas;

                           an)

                           que exprese su firme apoyo a la labor de ONU Mujeres, que es un actor fundamental del sistema de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y para reunir a todas las partes interesadas relevantes al objeto de propiciar cambios en las políticas y coordinar las acciones; que pida a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como a la Unión, que aumenten la financiación destinada a ONU Mujeres;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Hungría

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/72

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Hungría
      (2018/C 320/16)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Hungría fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (2), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 30 de abril de 2018, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé que el déficit global empeore del 2,0 % en 2017 al 2,4 % en 2018 y que después mejore gradualmente hasta el 0,5 % del PIB para 2022. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,5 % del PIB) se alcance a más tardar en 2020. Sobre la base del saldo estructural recalculado (4), el objetivo presupuestario a medio plazo se alcanzará como muy tarde en 2022. Con arreglo al Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya gradualmente hasta quedarse ligeramente por debajo del 60 % para el final de 2022. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable, lo que plantea notables riesgos para la consecución de los objetivos de déficit.

                  (6)

                  El Programa de Convergencia de 2018 indica que el impacto presupuestario de las medidas en el ámbito de la seguridad en 2017 es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos gastos presupuestarios. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2017 al 0,17 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la gravedad de la amenaza terrorista constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Hungría es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

                  (7)

                  El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Hungría que lograse un ajuste presupuestario anual del 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo se respetase con un menor esfuerzo. Atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Hungría presentaba una desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Hungría de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 22 de junio de 2018, el Consejo adoptó una Recomendación (5) en la que se confirmaba la necesidad de que Hungría adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación del esfuerzo recomendado.

                  (8)

                  En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Hungría por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 2,3 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 3,9 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,75 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019. En general, el Consejo considera que, a partir de 2018, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la recomendación dirigida a Hungría el 22 de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

                  (9)

                  La tasa de empleo ha mejorado significativamente y la favorable evolución económica proporciona una oportunidad para la reinserción, en particular la de los desempleados, en el mercado laboral. La diferencia de empleo entre mujeres y hombres es amplia, especialmente en el grupo de edad de 25 a 39 años, lo que puede explicarse en parte por una oferta limitada de servicios de guardería de buena calidad. El nivel de asistencia a guarderías de los niños menores de tres años está muy por debajo del objetivo de Barcelona y de la media de la Unión. Aunque el programa de obras públicas sigue siendo la principal política activa del mercado laboral, el hecho de que el número de participantes en este programa se haya reducido considerablemente constituye un avance positivo. Sin embargo, el programa todavía no tiene un enfoque suficientemente preciso, y su eficacia a la hora de reintegrar a los participantes al mercado de trabajo abierto continúa siendo limitada, habida cuenta de la situación de dicho mercado. Las políticas activas del mercado de trabajo que se centran más en la capacitación y el reciclaje profesional están poco desarrolladas.

                  (10)

                  El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha disminuido al 26,3 % en 2016, pero no obstante sigue estando por encima de la media de la Unión. Los niños en general están más expuestos a la pobreza que otros grupos de edad. El nivel de prestaciones de renta mínima es inferior al 50 % del umbral de pobreza para los hogares formados por una sola persona, lo que lo convierte en uno de los más bajos de la UE. La adecuación de las prestaciones por desempleo es muy baja: la duración máxima de tres meses es la menor de la UE, y representa solo en torno a una cuarta parte del tiempo medio que los solicitantes de empleo tardan en encontrar trabajo. Además, las cuantías del subsidio están entre las más bajas de la UE.

                  (11)

                  En Hungría, las estructuras y procesos de diálogo social están infradesarrollados y no permiten una adecuada participación de los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de las políticas. Las deficiencias en la participación de las partes interesadas y la limitada transparencia tienen un impacto sobre la base factual del proceso de elaboración de políticas y su calidad, generando incertidumbre para los inversores y ralentizando la convergencia.

                  (12)

                  Se han aplicado medidas para mejorar el sistema fiscal, pero persisten algunos problemas. Aunque en retroceso, la cuña fiscal sobre el trabajo, sobre todo para algunos grupos con bajos ingresos, sigue siendo elevada en comparación con el resto de la Unión. La complejidad del sistema fiscal, junto con la presencia continua de impuestos sectoriales específicos distorsionadores, sigue siendo un punto débil. Las medidas contra las estrategias de planificación abusiva del contribuyente son indispensables para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, tratar equitativamente a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Hungría registra entradas y salidas de capital relativamente altas a través de entidades específicas, que no tienen conexión con la economía real. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes de dividendos, intereses y cánones (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) por empresas con sede en Hungría puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben. La Comisión toma nota de que Hungría reconoce que los pagos salientes pueden conducir a una planificación fiscal abusiva si se utilizan indebidamente. Sobre la base de los últimos intercambios, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

                  (13)

                  Las barreras reglamentarias en el sector de los servicios, y en particular en el comercio minorista, repercuten en el rendimiento del sector y dificultan la reasignación eficiente de recursos, la productividad y la innovación. Existe una tendencia a confiar determinados servicios a empresas estatales creadas específicamente para estos fines, en detrimento de la competencia abierta. La imprevisibilidad del marco jurídico es otro problema, especialmente en el sector minorista, que en los últimos años ha tenido que hacer frente a frecuentes cambios de las normas. Como la normativa propuesta está con frecuencia adaptada al volumen de negocios o al tamaño físico, afecta principalmente a las cadenas minoristas extranjeras. Esto aumenta la incertidumbre entre los operadores y puede disuadir de la inversión. Se precisa un entorno normativo estable y favorable a la competencia. La reglamentación restrictiva de las profesiones sigue siendo elevada en Hungría, en particular en lo que se refiere a profesiones clave como los servicios jurídicos y contables.

                  (14)

                  Persisten dudas por lo que respecta a la prevención y la persecución de la corrupción. Según varios indicadores, la exposición a la corrupción en Hungría parece haber aumentado durante los últimos años y los riesgos de corrupción podrían afectar negativamente al potencial de crecimiento del país. El funcionamiento de la fiscalía es de crucial importancia para luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero, y mientras que las medidas para luchar contra la pequeña corrupción parecen haberse aplicado con cierto éxito, no se presta suficiente atención a iniciar investigaciones en los grandes casos de corrupción. La limitada transparencia y las restricciones en materia de acceso a la información obstaculizan la toma de nuevas medidas de prevención de la corrupción. Se han dado importantes pasos en cuanto a la contratación pública, pero hay margen para seguir mejorando la transparencia y la competencia en los procesos de licitación. Esto podría lograrse, entre otros medios, haciendo accesibles al público los datos obtenidos mediante la contratación pública electrónica.

                  (15)

                  Los resultados educativos en cuanto a capacidades básicas se sitúan muy por debajo de la media de la Unión, especialmente en el caso de los niños de origen socioeconómico desfavorecido. Los alumnos son canalizados muy pronto a distintos tipos de centros escolares, con grandes diferencias en cuanto a resultados educativos y vías de acceso al empleo. Los niños desfavorecidos, en particular los gitanos, tienden a concentrarse en centros de formación profesional secundaria que se caracterizan por bajos niveles de capacidades básicas y elevadas tasas de abandono escolar, y las personas que se gradúan en estas escuelas reciben salarios más bajos por término medio. La tasa de abandono escolar prematuro aumentó al 12,4 % por término medio, y es especialmente elevada entre los niños gitanos. Estos retos son especialmente acuciantes en el contexto de una educación inclusiva y de calidad. La disminución del número de candidatos y la elevada tasa de abandono en la enseñanza superior limitarán aún más la tasa de rendimiento académico en un momento en que la demanda de trabajadores altamente cualificados es cada vez mayor.

                  (16)

                  A pesar de los esfuerzos en curso para mejorar la salud pública, los deficientes indicadores de salud, agravados por estilos de vida poco saludables, persisten y tienen un impacto negativo sobre el capital humano. Los bajos niveles de gasto sanitario, junto con una asignación de recursos poco eficiente, limitan la eficacia del sistema sanitario húngaro. Esto, junto a una elevada dependencia de los pagos directos, presenta consecuencias negativas en términos de equidad por lo que respecta al acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa, de buena calidad. La escasez de personal sanitario también dificulta el acceso a la atención sanitaria, a pesar de que los recientes incrementos salariales han mitigado este problema. Los esfuerzos de reforma en curso se centran en la lucha contra el uso excesivo de la asistencia hospitalaria, una de cuyas principales causas es que los proveedores de atención primaria no estén adecuadamente equipados para actuar de filtros eficaces. Una mayor racionalización de los recursos hospitalarios, junto con inversiones dirigidas a reforzar los servicios de atención primaria, permitirían reducir las disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria, aumentar la eficiencia y mejorar los resultados en materia de salud.

                  (17)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión para las futuras decisiones nacionales.

                  (18)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar en 2018 el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En 2019, garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 3,9 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB.

                  2.

                  Seguir simplificando la estructura tributaria, en particular reduciendo los impuestos sectoriales específicos. Mejorar la calidad y transparencia del proceso de toma de decisiones mediante un diálogo social efectivo y el compromiso con otras partes interesadas, y mediante evaluaciones de impacto periódicas y adecuadas. Reforzar el marco de lucha contra la corrupción, reforzar la labor de la fiscalía y mejorar la transparencia y la competencia en la contratación pública, entre otras cosas desarrollando más la contratación pública electrónica. Reforzar la competencia, la estabilidad normativa y la transparencia en el sector de los servicios, en particular en los servicios minoristas.

                  3.

                  Desbloquear la reserva de mano de obra a través de la mejora de la calidad de las políticas activas del mercado laboral. Mejorar el rendimiento escolar y aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, sobre todo la población gitana, en un sistema general de enseñanza de calidad e integrador. Mejorar la adecuación y la cobertura de la asistencia social y las prestaciones por desempleo.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (4)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (5)  Recomendación del Consejo, de 22 de junio de 2018, con vistas a corregir la desviación significativa observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría (DO C 223 de 27.6.2018, p. 1).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (7)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.