title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Italia 2020/C 282/12

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/74

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Italia
      (2020/C 282/12)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Italia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Italia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la elevada deuda pública y la prolongadamente débil dinámica de la productividad implican riesgos con relevancia transfronteriza, en un contexto de elevado desempleo y un nivel aún elevado de préstamos dudosos.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Italia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual entre las regiones y territorios italianos debido a las persistentes disparidades económicas y sociales, las divergencias en el potencial de competitividad y el distinto grado de dependencia del turismo. Ello entraña el riesgo de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales dentro del país y se agraven así las tendencias divergentes entre las regiones más y menos desarrolladas, entre los barrios deprimidos y el resto de las zonas urbanas, así como entre ciertas zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 30 de abril de 2020, Italia presentó su Programa de Estabilidad de 2020.

                  (11)

                  Italia se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 1,6 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 10,4 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 5,7 % del PIB en 2021. Tras haberse estabilizado en el 134,8 % en 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB aumente al 155,7 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Existen riesgos en los que se basan las previsiones presupuestarias, a saber, el considerable tamaño de las garantías públicas y la volatilidad de los rendimientos de la deuda soberana.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Italia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4,5 % del PIB en 2020. Las medidas incluyen el refuerzo de la asistencia sanitaria y la protección civil, la ampliación de los regímenes de complemento salarial y el apoyo financiero a los trabajadores autónomos y las empresas. Por otra parte, Italia ha introducido medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, como, por ejemplo, aplazamientos de pagos tributarios y garantías de préstamos. Globalmente, las medidas tomadas por Italia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas italianas sería del -11,1 % del PIB en 2020 y el -5,6 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 158,9 % del PIB en 2020 y el 153,6 % del PIB en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Italia de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que no hay pruebas suficientes para concluir que el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido, mientras que el criterio de déficit no se ha cumplido.

                  (16)

                  La pandemia de COVID-19 ha sometido al sistema sanitario nacional a una tensión sin precedentes, dejando patentes las debilidades estructurales y la necesidad de aumentar la preparación ante situaciones de crisis. A pesar de que el gasto en sanidad es inferior a la media de la Unión, el sistema sanitario de Italia se caracteriza por unos servicios universales altamente especializados y de buena calidad y ha logrado, en general, prestar asistencia de forma accesible. No obstante, al inicio de la pandemia de COVID-19 en particular, la fragmentación de la gobernanza del sistema sanitario y la coordinación entre las autoridades centrales y regionales ralentizaron la aplicación de algunas medidas de contención. La respuesta de los sistemas sanitarios regionales a la crisis se basó principalmente en una movilización extraordinaria, especialmente del personal sanitario y de los servicios sociales locales. Esta compensó las limitaciones de las infraestructuras físicas, el limitado número de trabajadores sanitarios y el importe reducido de las inversiones destinadas en años anteriores a mejorar las estructuras y los servicios. El Gobierno ha realizado enormes esfuerzos por mitigar la propagación del virus responsable de la COVID-19, aliviar la presión sobre los hospitales y generar capacidad asistencial adicional. En la actualidad, se está desarrollando una estrategia de contención a más largo plazo a fin de garantizar un retorno seguro a la actividad productiva. Además de la mejora de los procesos de gobernanza y los planes de preparación frente a las crisis, las políticas posteriores a la COVID-19 deben tener como objetivo la reducción del déficit de inversión pública en asistencia sanitaria. A medio y largo plazo, será crucial desarrollar un plan estratégico de inversión a fin de mejorar la resiliencia del sistema sanitario y garantizar que prosiga la prestación de asistencia accesible. Ante las proyecciones actuales relativas al personal sanitario, debe darse prioridad al desarrollo de políticas que acaben con los cuellos de botella existentes en su formación, contratación y retención.

                  (17)

                  Las medidas de contención adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19 tienen un fuerte impacto negativo en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Antes de la crisis, la situación social registraba una lenta mejora, aunque el riesgo de pobreza o exclusión social, de pobreza entre las personas con empleo y de desigualdades de renta siguiera siendo elevado y mostrara grandes diferencias regionales. Dado el impacto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, es preciso reforzar las redes de protección social para garantizar una sustitución adecuada de la renta de las personas, independientemente de su situación laboral, incluidas aquellas que tienen que hacer frente a deficiencias en el acceso a la protección social. El refuerzo de la renta sustitutiva y del apoyo a la renta es especialmente importante para los trabajadores atípicos y las personas en situación de vulnerabilidad. También es fundamental la prestación de servicios destinados a la inclusión social y laboral. El nuevo régimen de renta mínima, que durante el pasado año proporcionó ayudas a más de un millón de hogares (513 EUR por término medio), puede mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19. Sin embargo, podría mejorarse la capacidad para hacerla llegar a los grupos vulnerables. El Gobierno ha introducido con carácter temporal una «renta de emergencia» adicional para ayudar a los hogares que no cumplen los requisitos para acogerse a la renta mínima. Las personas empleadas en la economía sumergida, en particular en sectores como la agricultura, la industria alimentaria y la vivienda, también corren el riesgo de sufrir carencias en el acceso a la protección social y el apoyo a la renta. Para hacer frente a este problema, el Gobierno ha simplificado recientemente las normas para la legalización de la situación laboral de los trabajadores no declarados y para la obtención o la prórroga de los permisos de residencia para los trabajadores migrantes. Las tendencias demográficas negativas y la fuga de cerebros podrían obstaculizar asimismo las perspectivas de crecimiento. Además de dificultar en mayor medida las condiciones del mercado de trabajo, la falta de servicios de calidad impulsa la despoblación en las regiones meridionales y en las zonas rurales. Es fundamental mejorar el acceso a los servicios electrónicos, especialmente en un contexto de movilidad limitada.

                  (18)

                  Desde el estallido de la crisis de la COVID-19, Italia está tomando medidas para mitigar su impacto en el empleo. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo (Cassa integrazione) han venido desempeñando un papel importante y se espera que lo sigan haciendo en el futuro. La posibilidad de acogerse a ellos se ha ampliado para incluir a las pequeñas empresas y microempresas, así como a todos los sectores económicos y trabajadores. Además, se ha creado un régimen (temporal) independiente para los trabajadores autónomos. Antes de la crisis de la COVID-19, las condiciones del mercado laboral habían seguido mejorando. En 2019, la tasa de empleo alcanzó un 64 %, el índice más alto jamás registrado. Sin embargo, todavía estaba bastante por debajo de la media de la Unión. La tasa de desempleo era persistentemente elevada, al igual que otros indicadores de la atonía del mercado de trabajo, y se espera que siga aumentando hasta el 11,8 % en 2020 y descienda al 10,7 % en 2021, según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión. La proporción de contratos temporales también era elevada, aunque desde mediados de 2018 la creación de empleo se había visto impulsada por la provisión de puestos de trabajo permanentes. De cara al futuro, a fin de promover una recuperación sostenible e integradora, es esencial integrar en el mercado laboral a los jóvenes inactivos y a las mujeres. Se han adoptado algunas medidas para reforzar los servicios públicos de empleo e integrarlos mejor con los servicios sociales, el aprendizaje de adultos y la formación profesional. Sin embargo, su capacidad de colocación sigue siendo débil y varía considerablemente dependiendo de las regiones. La participación de los empleadores también sigue siendo marginal. A medida que se vayan levantando las medidas de contención, las fórmulas de trabajo flexibles y el teletrabajo pueden ayudar a las empresas y a los trabajadores. En respuesta a la crisis de COVID-19, el Gobierno adoptó medidas temporales destinadas a conciliar la vida privada y la profesional, como el fomento del trabajo inteligente y de los permisos especiales y la oferta de bonos para servicios de cuidados de niños a domicilio. A pesar de los esfuerzos realizados recientemente, las medidas para promover la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida profesional y la privada, así como la oferta servicios de educación y cuidados de la primera infancia y de cuidados de larga duración asequibles, siguen siendo débiles y no se han integrado de forma satisfactoria.

                  (19)

                  La actual emergencia también pone de manifiesto la necesidad de mejorar el aprendizaje y las competencias digitales, en particular de los adultos en edad de trabajar, y el aprendizaje a distancia. La inversión en educación y capacitación es fundamental para promover una recuperación inteligente e inclusiva y seguir avanzando hacia la transición ecológica y digital. A este respecto, los resultados en educación y formación siguen constituyendo un reto importante para Italia. Existen grandes diferencias regionales en cuanto al dominio de las capacidades básicas, y la tasa de abandono escolar prematuro es notablemente superior a la media de la UE (13,5 % frente al 10,3 % en 2019), en particular en el caso de los alumnos nacidos fuera de la Unión (33 %). En un contexto de limitación de la movilidad, existe el riesgo de que se agudicen las disparidades regionales y territoriales. Ante tales circunstancias, es especialmente importante invertir en el aprendizaje a distancia, así como en la infraestructura y las competencias digitales tanto de los educadores como de los alumnos. Asimismo, en Italia, la proporción de titulados en ciencias e ingeniería es inferior a la media de la Unión y la de titulados superiores sigue siendo muy baja (27,6 % en 2019). Por otra parte, en comparación con la de países similares, la inversión de las empresas italianas en formar a sus empleados en tecnologías de la información y la comunicación es menor. El bajo índice de participación de los adultos poco cualificados en la formación es también motivo de preocupación, dado el descenso del número de puestos de trabajo que requieren poca cualificación. La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son más esenciales que nunca a fin de dotar a los trabajadores de competencias que se adecúen al mercado de trabajo y promover una transición justa hacia una economía más digital y sostenible.

                  (20)

                  La crisis de la COVID-19 ha reforzado la necesidad de apoyar el acceso a financiación por parte de las empresas. Italia ha adoptado varios regímenes para apoyar el flujo de liquidez a las empresas, en particular en virtud del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (7). La aplicación efectiva de dichos regímenes, por ejemplo, mediante garantías canalizadas a través del sistema bancario, es fundamental para garantizar que se beneficien de ellos todas las empresas, y, en particular, las pequeñas y medianas empresas (pymes), las pertenecientes a los sectores y zonas geográficas más afectados, y las empresas innovadoras. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las subvenciones directas y los incentivos a la financiación a través del mercado también pueden contribuir a la liquidez de las pymes y de las empresas innovadoras. A estas últimas (que a menudo no cuentan con el respaldo de una garantía) les resulta más difícil acceder al crédito, y la crisis actual podría empeorar la situación. El aplazamiento del pago al Estado de los impuestos y las cotizaciones sociales ha contribuido a mejorar los flujos de tesorería de las empresas. Sin embargo, deben evitarse los retrasos en los pagos autorizados, ya sea de las administraciones a las empresas o de las empresas entre sí, ya que son una rémora para la liquidez de todas las empresas, especialmente de las más pequeñas.

                  (21)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La inversión en apoyo de la transición ecológica será especialmente importante para respaldar la recuperación y aumentar la resiliencia futura. Italia es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos e hidrogeológicos extremos, incluidas las sequías y los incendios forestales. La transformación de la economía italiana en una economía climáticamente neutra requerirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado de tiempo, en particular en los ámbitos de la producción de nuevas energías renovables, de las infraestructuras de electricidad y de la eficiencia energética. Las inversiones en el marco del Pacto Verde destinadas a combatir el cambio climático se recogen en el Plan Nacional de Energía y Clima de Italia. Dichas inversiones son esenciales para hacer frente a la amenaza que representa el cambio climático, y desempeñan al mismo tiempo un papel fundamental en la recuperación de Italia y en el refuerzo de su resiliencia. Las inversiones en el marco del Pacto Verde también son esenciales para reducir los efectos sobre la salud humana de la contaminación atmosférica de las ciudades italianas, especialmente en la Cuenca del Po. Por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas de movilidad sostenible, como la renovación del parque de autobuses públicos a escala local, supone un ejemplo de cómo hacer frente al mismo tiempo a la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica. El déficit de infraestructuras para la gestión del agua y de los residuos, en particular en las regiones meridionales, tienen repercusiones medioambientales y sanitarias que suponen para la economía costes considerables y una pérdida de ingresos. En términos más generales, la resiliencia ante el cambio climático tiene incidencia en todas las infraestructuras, incluida la sanitaria. Para lograrla se requieren estrategias de adaptación. Afrontar los retos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, como los riesgos hidrológicos, la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética, la economía circular y la transformación industrial, representa una oportunidad para mejorar la productividad, al tiempo que se evitan prácticas no sostenibles. Paralelamente, la inversión en tales proyectos puede contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de la recuperación tras la crisis. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Italia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Italia optimizar el uso de este Fondo.

                  (22)

                  La contención derivada de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de invertir en la digitalización de la economía y ha demostrado la relevancia de las infraestructuras digitales. El bajo nivel de intensidad digital y de conocimientos informáticos de las empresas italianas, especialmente de las pymes y las microempresas, les ha impedido ofrecer modalidades de comercio electrónico y regímenes de teletrabajo, y facilitar y utilizar herramientas digitales durante la contención. La inversión en la digitalización y capacitación a través de una aplicación sostenida y oportuna de políticas nacionales específicas es esencial para mejorar los modelos de comercio electrónico y ayudar a las empresas a adaptarse, así como para impulsar la productividad y la competitividad. El acceso a una infraestructura digital rápida y fiable ha demostrado ser fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la Administración Pública, la educación, la salud y la medicina, y es clave para el seguimiento y el control de la epidemia. Italia sigue rezagada respecto al despliegue de las redes de fibra óptica en las zonas rurales. Deben adoptarse medidas específicas para colmar esa laguna, así como para fomentar en mayor medida la adopción de la banda ancha por parte de la población.

                  (23)

                  El logro de un sistema de investigación e innovación eficaz depende de un apoyo político sostenido, coherente y basado en pruebas, combinado con inversiones y un capital humano adecuado. La presente crisis de la COVID-19 ha dejado patente la necesidad reforzar aún más el intercambio rápido de datos entre los investigadores, incluido el acceso de los usuarios a los resultados y las pruebas de forma gratuita y a la ciencia abierta. Esta última, junto con la cooperación entre los sectores científico y empresarial, es claramente decisiva a fin de introducir en el mercado los resultados de la investigación, incluidos los obtenidos en materia de vacunas y terapias, basándose en la fortaleza de Italia en el sector de la industria médica y de la investigación.

                  (24)

                  Es fundamental contar con una administración pública eficaz a fin de garantizar que la aplicación de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia y en apoyo de la recuperación económica no se ralentice. El desembolso de prestaciones sociales, las medidas de liquidez, la anticipación de las inversiones, etc. podrían no ser eficaces si se ven obstaculizados por estrangulamientos del sector público. Entre las deficiencias en este sentido, cabe citar la longitud de los procedimientos, en particular los relacionados con la justicia civil, el bajo nivel de digitalización y las escasas capacidades de la administración. Es preciso gestionar con agilidad los procedimientos y controles, en un contexto en el que se está incrementando de forma significativa la dotación de recursos públicos para apoyar la actividad económica. Antes de la crisis de la COVID-19, la digitalización de las distintas administraciones públicas era desigual. La interacción en línea entre las autoridades y los ciudadanos era muy escasa. En la actualidad, la proporción de procedimientos administrativos gestionados por las regiones y municipios que pueden iniciarse y completarse íntegramente por medios informáticos sigue siendo reducida. La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la falta de interoperabilidad de los servicios digitales públicos. Para facilitar la capacidad de respuesta a las empresas por parte de la administración pública, es necesario mejorar y simplificar los reglamentos sectoriales, al tiempo que deben eliminarse los obstáculos a la competencia. Por último, la eficacia del sistema judicial es clave para lograr una economía que atraiga la inversión y esté orientada a las empresas, y será crucial en el proceso de recuperación, permitiendo asimismo marcos eficaces de rescate y recuperación.

                  (25)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (26)

                  Las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a los hogares y las empresas también son beneficiosas para preservar la capitalización y la resiliencia del sector bancario en el difícil entorno operativo actual. A pesar de las medidas de mitigación adoptadas, incluida la flexibilidad prudencial concedida por los supervisores bancarios, la pandemia de COVID-19 también está sometiendo a una presión significativa la calidad de los activos de los bancos en toda la Unión, y se espera que continúe haciéndolo en las próximas semanas y meses, también en Italia. Como consecuencia de ello, se están viendo afectados los esfuerzos de reducción de préstamos dudosos, debido asimismo a la ralentización del funcionamiento de los tribunales y de las actividades de reestructuración de activos deteriorados. A este respecto, el fomento de soluciones sostenibles destinadas a los prestatarios viables afectados por la crisis de la COVID-19, en particular evitando automatismos jurídicos, es un requisito previo importante para salvaguardar la calidad de los activos. Mientras tanto, una notificación precisa del deterioro de la calidad de los activos y unas normas de crédito prudentes pueden ayudar al funcionamiento del mercado secundario de préstamos dudosos y contener los efectos adversos sobre las actuales iniciativas de eliminación de estos préstamos.

                  (27)

                  La prevención y penalización efectivas de la corrupción pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la recuperación de Italia después de la crisis de la COVID-19. La transparencia del sector público y el refuerzo de los controles contra la corrupción, en particular, pueden evitar las tentativas de infiltración por parte de la delincuencia organizada en la vida económica y financiera, el falseamiento de los procedimientos de contratación pública y, de manera más general, la desviación de los recursos públicos necesarios para la inversión. Al mismo tiempo, los procedimientos de contratación pública deben seguir siendo eficaces, y para ello, deben lograr un equilibrio entre la necesidad de un seguimiento escrupuloso y la necesidad de tempestividad. Sigue suscitando preocupación el tiempo de tramitación ante los tribunales de apelación penal, y en el seno del Parlamento se están debatiendo amplias reformas para racionalizar los procesos penales. El marco de lucha contra la corrupción de Italia se ha reforzado recientemente, pero debe completarse, también mediante la sanción de funcionarios públicos electos en caso de conflicto de intereses.

                  (28)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Italia contribuirá a los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (29)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Italia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (30)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (31)

                  A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (32)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 4.

            RECOMIENDA a Italia que adopte medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales. Mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales.

                  2.

                  Proporcionar una renta sustitutiva adecuada y acceso a la protección social, especialmente para los trabajadores atípicos. Mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo, en particular mediante fórmulas de trabajo flexibles y un apoyo activo al empleo. Reforzar el aprendizaje a distancia y las competencias conexas, incluidas las digitales.

                  3.

                  Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a la economía real, incluidas las pymes, las empresas innovadoras y los trabajadores autónomos, y evitar retrasos en los pagos. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para favorecer la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en una producción y utilización limpia y eficiente de la energía, en la investigación y la innovación, en un transporte público sostenible, en la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, así como en una infraestructura digital reforzada para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

                  4.

                  Mejorar la eficiencia del sistema judicial y la eficacia de la Administración Pública.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 69.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  DO C 91I de 20.3.2020, p. 1.

         (8)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Chipre 2020/C 282/13

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/82

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Chipre
      (2020/C 282/13)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Chipre fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Chipre con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, as′í como los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, un porcentaje muy elevado de préstamos dudosos lastra el sector financiero y los volúmenes de deuda privada, pública y externa de la economía son elevados, en un contexto de crecimiento potencial moderado.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Chipre a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual por todo el país debido a los diferentes modelos de especialización, en particular en las zonas que dependen en gran medida del turismo y, en términos más generales, de actividades empresariales que implican un contacto cara a cara con los clientes. Esto conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades territoriales en Chipre. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 7 de mayo de 2020, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Chipre se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 1,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 4,3 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 0,4 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 95,5 % en 2019, aumentaría hasta el 116,8 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Además, existen riesgos subyacentes tras las previsiones presupuestarias, a saber, los pasivos contingentes explícitos y las necesidades potenciales de financiación de los hospitales públicos durante los primeros años de puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Seguro de Enfermedad.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Chipre ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4,4 % del PIB. Incluyen el refuerzo de los servicios de asistencia sanitaria con un presupuesto adicional de hasta el 0,5 % del PIB, subvenciones salariales para mantener a los empleados en nómina en caso de suspensión de las actividades empresariales (2,7 % del PIB) y ayudas a la renta para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos (0,3 % del PIB). Además, Chipre ha anunciado medidas que, sin tener una incidencia presupuestaria directa, contribuirán a proporcionar apoyo a la liquidez de las empresas, como el aplazamiento del pago del IVA por un período de dos meses. Globalmente, las medidas tomadas por Chipre están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas de Chipre sería del -7 % del PIB en 2020 y del -1,8 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 115,7 % del PIB en 2020 y el 105 % del PIB en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Chipre de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 se ha cumplido, mientras que el criterio de déficit no se ha cumplido.

                  (16)

                  Chipre reaccionó al brote de COVID-19 con una serie de medidas para mitigar los efectos económicos de la crisis. El 15 de marzo de 2020 el Gobierno presentó un programa de apoyo financiero para proteger la salud pública y garantizar la supervivencia económica de las empresas y los empleadores. Este programa asigna 100 millones EUR de apoyo financiero al sector sanitario para luchar contra la pandemia; en concreto, para la contratación de personal médico, de enfermería y auxiliar adicional, y para equipos e infraestructuras. Contiene una serie de medidas destinadas a apoyar a las empresas mediante la mejora de la liquidez, por ejemplo regímenes de apoyo para las empresas y los trabajadores autónomos y suspensión temporal de los pagos del IVA para las empresas. El paquete incluye también una ayuda específica de 11 millones EUR para contribuir a la recuperación del sector turístico.

                  (17)

                  La crisis de la COVID-19 demuestra la necesidad de canalizar inversiones para mejorar y modernizar la asistencia sanitaria pública, restablecer las capacidades y llevar a cabo la reforma de la asistencia sanitaria. El nuevo sistema sanitario ofrece un mejor acceso a los servicios de atención primaria, una orientación adecuada y tratamientos basados en protocolos clínicos. Establece también el derecho universal a unos servicios sanitarios asequibles en el contexto del brote de COVID-19. Chipre dispone de un plan de emergencia contra la pandemia y ha asignado recursos adicionales para evitar la propagación y los contagios y gestionar sus efectos. A medio plazo, es preciso que Chipre destine inversiones a incrementar la eficacia, la accesibilidad y la resiliencia general del sistema sanitario. Asignarle más recursos debería evitar una futura escasez de personal médico, así como de infraestructuras y suministros médicos críticos. La realización sin contratiempos de la reforma de la asistencia sanitaria, según lo planeado, es fundamental para garantizar el acceso a esa asistencia y la cobertura universal. Las soluciones y las nuevas aplicaciones de sanidad digital contribuirían a aumentar la implantación de servicios de sanidad electrónica y a mejorar las teleconsultas y los mecanismos de alerta. Son esenciales políticas que mejoren la capacidad de los hospitales, que aborden las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y que garanticen el despliegue de equipos de protección individual, la realización de pruebas y la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos. La integración con los cuidados de larga duración así como con la atención primaria y comunitaria es fundamental, teniendo en cuenta la evolución demográfica y la necesidad de apoyar a las personas más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad.

                  (18)

                  Tras haberse registrado una tendencia positiva constante del mercado de trabajo durante los últimos años, Chipre tendrá ahora que afrontar problemas en relación con sus niveles de empleo a causa de la crisis sanitaria. Para que los efectos socioeconómicos de la crisis sean los mínimos es necesario emprender esfuerzos adicionales. Chipre ha adoptado ya medidas de emergencia, como la aplicación de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y la ampliación de las prestaciones por desempleo a los trabajadores autónomos. Será importante conservar el empleo y garantizar la puesta en práctica de las medidas anunciadas, en estrecha consulta con los interlocutores sociales. El refuerzo de la capacidad de los servicios públicos de empleo con personal permanente será fundamental, en concreto para preservar la continuidad de los servicios que prestan los asesores de empleo con contratos temporales que vencen en el segundo semestre de 2020. De este modo se evitará añadir más presión sobre los servicios y se prestará un apoyo eficiente a los desempleados recientes y a otros grupos vulnerables, como los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben ningún tipo de formación, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad. El apoyo a la transición de la escuela al trabajo y el acercamiento a los jóvenes requerirán especial atención, ya que los recién graduados podrían afrontar mayores dificultades para encontrar un empleo.

                  (19)

                  El brote de COVID-19 exige medidas adecuadas para mitigar las repercusiones sociales y apoyar las rentas de los hogares y sustentar una rápida recuperación de la economía. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo ascienda hasta el 8,6 % en 2020 y disminuya hasta el 7,5 % en 2021. La demanda exterior de servicios disminuirá significativamente, ya que se espera que la crisis afecte con especial dureza al sector del turismo. Conviene prever medidas suficientes de sustitución de los ingresos para todos los trabajadores por cuenta propia y ajena afectados, incluidos aquellos cuya situación pueda no estar amparada por el acceso a la protección social. Los regímenes de protección social tienen que proteger a los trabajadores por cuenta propia y ajena y a los desempleados. Hay margen para reforzar el sistema general de protección social y con ello evitar que aumenten los niveles de pobreza y desigualdad, en especial con medidas de acercamiento a los más vulnerables, incluidos los niños, las personas inactivas, los trabajadores no declarados y las personas inmigrantes y descendientes de inmigrantes.

                  (20)

                  Reviste suma importancia que se promuevan disposiciones de trabajo flexible con la participación de los interlocutores sociales, en particular en forma de teletrabajo. A corto plazo, estas disposiciones servirán de apoyo a los trabajadores con responsabilidades imprevistas de cuidado de menores y otras personas dependientes, mientras que, a largo plazo, facilitarán la reincorporación al mercado de trabajo del alto porcentaje de mujeres laboralmente inactivas por haber asumido responsabilidades de cuidados. Puesto que las personas de edad avanzada y las personas con enfermedades crónicas presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades graves ocasionadas por el virus, la inversión en servicios de cuidados de larga duración de calidad es muy importante para garantizar la continuidad de estos servicios y su eficiencia a corto y medio plazo.

                  (21)

                  Mejorar la calidad, la eficiencia y la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral es crucial en este contexto de crisis y para garantizar la rápida recuperación de este mercado. Equipar a las personas con las capacidades adecuadas es aún más importante en períodos en los que aumenta el número de quienes están expuestos a perder su empleo y tienen que estar preparados para realizar una transición laboral más adelante. Las restricciones de la movilidad han puesto de relieve las dificultades relacionadas con los bajos niveles de capacidades digitales en Chipre. Esto afecta negativamente a las actividades en línea, como el teletrabajo, la enseñanza a distancia y el uso de servicios de sanidad electrónica. La igualdad de acceso a las infraestructuras informáticas y a internet, en especial para los alumnos desfavorecidos, junto con una buena formación de los profesores, son factores decisivos para una educación digital y una enseñanza a distancia de calidad. Para hacer frente al bajo nivel de los resultados de la educación y la formación y, en términos más generales, mejorar las capacidades, es esencial continuar la reforma educativa, invirtiendo también en soluciones de enseñanza digital, aprendizaje en el trabajo y formación de aprendices, así como en el desarrollo de las competencias del personal docente para utilizar más eficazmente las herramientas informáticas. Hay margen para subsanar las deficiencias en cuanto a capacidades básicas e incrementar la participación en la educación de adultos. Para acelerar su implantación, los programas de reciclaje profesional podrían diseñarse para su uso en línea, en la medida de lo posible, y, una vez contenida la pandemia, se integrarían las clases presenciales según fuera conveniente.

                  (22)

                  Mientras dure la crisis y en el período subsiguiente son y seguirán siendo necesarios fondos considerables para el apoyo a las empresas. Es esencial garantizar un acceso suficiente a la financiación y la liquidez, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el fin de mantener la actividad empresarial y el empleo. En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas, es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Chipre ha puesto en marcha un plan de apoyo específico para pequeñas empresas que subvenciona el pago de los sueldos de las empresas con un máximo de cinco empleados. Además, la suspensión del incremento de las cuotas aportadas al sistema nacional de salud y el aplazamiento de los pagos de impuestos (por ejemplo, del IVA) aliviarán la presión inmediata. Es esencial contar con una rápida coordinación administrativa, un apoyo práctico y una comunicación eficaz sobre las medidas disponibles para respaldar a las pymes, en cooperación con sus estructuras de apoyo y con las organizaciones empresariales. La agilización de los pagos contractuales por parte de las autoridades públicas también puede contribuir a mejorar el flujo de tesorería de las pymes. Las empresas emergentes de reciente creación y en expansión pueden necesitar apoyo específico, por ejemplo en forma de participaciones de instituciones públicas en el capital e incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en estas empresas. Sigue siendo importante hacer efectivos los instrumentos financieros preparados antes de la crisis (Fondo de fondos de Energía de Chipre).

                  (23)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Proteger y utilizar con eficiencia los recursos naturales del país es primordial para garantizar una recuperación económica sostenible y el crecimiento futuro. El mantenimiento del atractivo turístico del país requiere que se aborden retos relacionados con la transición hacia una energía ecológica, una gestión eficaz de los residuos y del agua y la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Aunque se han iniciado ya inversiones importantes, deben adelantarse más inversiones en estos ámbitos. Chipre afronta dificultades importantes para alcanzar su objetivo para 2030 en materia de emisiones de gases de efecto invernadero no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Estas dificultades deben tratar de resolverse mediante la planificación y la adopción oportunas de medidas adicionales de conformidad con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del país. Esas medidas requerirán inversiones, en particular en ámbitos como las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte sostenible, que pueden contribuir también a proporcionar un potente estímulo ecológico. Chipre debe mejorar también su sistema de gestión de residuos y la economía circular. La generación de residuos sigue siendo significativamente más elevada que la media de la Unión, mientras que los índices de reciclaje siguen siendo significativamente inferiores a la media de la Unión. El índice de depósito de residuos en vertederos es también muy elevado. La gestión de los recursos hídricos y de las aguas residuales, en especial en las zonas urbanas, se caracteriza por su ineficiencia. Las sequías y la escasez de agua constituyen preocupaciones graves y una respuesta política insuficiente puede afectar a la economía rural y al turismo del país. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Chipre a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Chipre garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

                  (24)

                  Las restricciones a la movilidad a causa de la COVID-19 han puesto de relieve la importancia de una infraestructura digital moderna, el acceso universal a internet y la disponibilidad de servicios digitales. Invertir en la economía digital es esencial para reforzar la productividad e impulsar la recuperación económica después de la crisis. Chipre se sitúa en el extremo inferior del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2020 de la Comisión. Solo el 45 % de los chipriotas de entre 16 y 74 años tiene al menos capacidades digitales básicas y los especialistas en informática representan aún una reducida proporción de la población activa en comparación con la media de la Unión (2,7 % frente a 3,9 %), lo cual erosiona el potencial de la economía digital. El nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos es bajo, y solo el 51 % de los chipriotas interactúa en línea. El nivel del comercio electrónico (es decir, pymes que venden en línea, volumen de negocios procedente del comercio electrónico y ventas transfronterizas en línea) está mejorando (31,8 % en 2019 frente a 29,4 % en 2018) pero sigue por debajo de la media de la Unión, del 40,1 %.

                  (25)

                  Chipre puede seguir mejorando su sistema de investigación e innovación para apoyar el aumento de la productividad y la necesaria transición digital y medioambiental en un mundo posterior a la pandemia. La baja capacidad de absorción de investigación e innovación de las empresas supone un obstáculo para la competitividad de Chipre. La mejora de la cooperación entre el mundo académico y el empresarial y la comercialización de los resultados de la investigación siguen constituyendo los principales impedimentos y requieren una actuación urgente. Sin embargo, medidas recientes como la creación de una nueva cartera de viceministro de Investigación e Innovación, el nombramiento de un nuevo viceministro de Investigación, Innovación y Política Digital, y la nueva Estrategia Nacional de Investigación e Innovación 2019-2023 de Chipre («Innovate Cyprus»), que eleva el objetivo de investigación y desarrollo al 1,5 % del PIB para 2023 (con respecto al 0,56 % actual), son avances prometedores.

                  (26)

                  Hacer frente a la planificación fiscal abusiva es fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales, como se reconoce en la Recomendación de 2020 sobre la política económica de la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada a nivel nacional que complemente la legislación de la Unión. Los datos económicos indican que las normas fiscales de Chipre se utilizan con fines de planificación fiscal agresiva. Chipre ha tomado medidas para afrontar esta situación mediante la aplicación de iniciativas internacionales y europeas y la adopción de algunas medidas nacionales adicionales. No obstante, características del sistema como la ausencia de retención en origen sobre los dividendos de salida, los pagos de intereses y cánones por empresas con sede en Chipre a residentes en terceros países y las normas sobre residencia fiscal de las empresas pueden seguir facilitando la planificación fiscal abusiva. El régimen de deducción de los intereses teóricos debe supervisarse estrechamente. Por último, el programa chipriota de naturalización de inversores por exención y el programa de residencia por inversión han sido clasificados por la OCDE como de alto riesgo en cuanto a la posibilidad de que se haga un uso indebido de ellos. Chipre ha elaborado, y ha sometido a examen jurídico, varios proyectos de ley que introducen retenciones en origen sobre los pagos de dividendos, intereses y cánones para los países que figuran en el anexo I de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Chipre también ha elaborado, y ha sometido a examen jurídico, el establecimiento de un criterio para determinar la residencia fiscal a efectos del impuesto de sociedades basado en el lugar de constitución, que se añade a los criterios ya existentes basados en la gestión y el control. Deberá evaluarse la eficacia de estas medidas para hacer frente a la planificación fiscal abusiva.

                  (27)

                  La eficacia del sistema judicial seguirá siendo un factor clave para una economía atractiva y propicia para las inversiones y la actividad empresarial y será crucial en el proceso de recuperación. Las graves ineficiencias del sistema judicial siguen socavando el cumplimiento de los contratos e impiden la rápida resolución de asuntos civiles y mercantiles. Se ha anunciado una serie de reformas para tratar los problemas más graves que afectan al sistema judicial de Chipre, en particular el anacronismo de las normas de procedimiento civil y la digitalización de los tribunales, la tramitación del gran volumen de asuntos atrasados y la falta de formación continua para los jueces, pero los avances siguen siendo lentos.

                  (28)

                  El fortalecimiento de la resiliencia y la eficiencia de la administración pública es fundamental para garantizar la aplicación rápida y eficaz de las medidas de recuperación tras la COVID-19 en Chipre. Es preciso mejorar la coordinación entre la administración central y las administraciones locales y resolver la fragmentación y las ineficiencias a nivel local para eliminar los impedimentos que dificultan la coherencia en la aplicación, las inversiones y la prestación de servicios en el país. Impulsar la digitalización de la administración pública es clave para garantizar su propia continuidad, así como el acceso continuo y efectivo a los servicios públicos para ciudadanos y empresas.

                  (29)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (30)

                  Salvaguardar la solidez general del sistema bancario y gestionar los riesgos para la estabilidad financiera es esencial para sobrellevar la crisis de la COVID-19 y apoyar a la economía. Aunque la estabilidad del sector bancario ha mejorado significativamente en los últimos años, la pandemia está sometiendo a tensiones a los bancos, al incrementar el riesgo de crédito y las presiones sobre la rentabilidad y la capitalización. El sobreendeudamiento del sector privado y el gran volumen de préstamos dudosos generan vulnerabilidades y dificultades que limitan el alcance del apoyo crediticio. El sector bancario chipriota tiene el segundo porcentaje más elevado de préstamos dudosos de la zona del euro. Por consiguiente, los esfuerzos por reducir estos préstamos siguen siendo prioritarios, sobre todo para resolver los préstamos dudosos heredados, vencidos mucho antes de que comenzase la crisis de la COVID-19. Para lograr este objetivo, es esencial que progrese la sociedad de gestión de activos pública (KEDIPES), en particular por lo que respecta a su modelo organizativo y su estrategia. Cabe destacar el programa ESTIA, que trata de apoyar y proteger de manera adecuada a los prestatarios vulnerables, aunque sigue siendo esencial equilibrar este objetivo con la mejora de la cultura de pago. A este respecto, el refuerzo de la ejecución de los créditos y la promoción del uso del marco de insolvencia ayudarían a apuntalar una reestructuración sostenible de los préstamos morosos. Por otra parte, la reducción del atraso en la expedición de escrituras de propiedad mediante una solución estructural para subsanar las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y la transmisión de escrituras de propiedad) sigue siendo una tarea importante.

                  (31)

                  Proseguir los esfuerzos encaminados a consolidar el marco para prevenir y penalizar la corrupción es clave para garantizar la recuperación en el período posterior a la crisis de la COVID-19 y para lograr una asignación y una distribución eficientes, responsables y transparentes de los fondos y los recursos. Si bien se está aplicando un plan de acción contra la corrupción, sigue pendiente la adopción de medidas y legislación clave, en particular los proyectos de ley para la mejora de la transparencia en la toma de decisiones públicas, el establecimiento de la autoridad independiente contra la corrupción, la denuncia de la corrupción y la protección de los denunciantes de irregularidades. Las disposiciones relacionadas con la separación de funciones y los procedimientos de contratación de los despachos de abogados aún están incompletas.

                  (32)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Chipre contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (33)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Chipre debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (34)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Chipre en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (35)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (36)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 3 y 4.

            RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario para garantizar servicios de calidad y asequibles, también abordando las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

                  2.

                  Proporcionar medidas suficientes de sustitución de los ingresos y el acceso a la protección social para todos. Reforzar los servicios públicos de empleo, promover disposiciones de trabajo flexible y mejorar la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral.

                  3.

                  Garantizar un acceso suficiente a la financiación y la liquidez, especialmente para las pymes. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y utilización limpias y eficientes de energía, la gestión de los residuos y del agua, el transporte sostenible, la digitalización, la investigación y la innovación.

                  4.

                  Intensificar la actuación para revisar los aspectos del sistema fiscal que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva de particulares y de multinacionales. Mejorar la eficiencia y la digitalización del sistema judicial y del sector público.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 80.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.