               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 15.11.2017
            COM(2017) 664 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza a la Comisión a iniciar negociaciones con la Confederación Suiza para modificar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera con el fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

                  De conformidad con el artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 881/2004
                     1
                  , la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (en adelante, «la Agencia») está abierta a la participación de terceros países, en particular de los países que han concluido acuerdos con la Unión según los cuales han adoptado y aplican el Derecho de la Unión, o las disposiciones nacionales equivalentes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 218 del TFUE, en el ámbito cubierto por el Reglamento (UE) 2016/796, que es principalmente la seguridad e interoperabilidad ferroviarias.

                  El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera, de 21 de junio de 1999, (en adelante, «el Acuerdo de transporte terrestre») prevé una política coordinada de transportes en los ámbitos del transporte ferroviario, por carretera y combinado.

                  La cooperación con la Confederación Suiza se ha intensificado y ha evolucionado positivamente en el transcurso de los años. La situación geográfica de la Confederación Suiza y su papel como importante país de tránsito lo convierten en un socio principal para lograr un espacio ferroviario seguro e interoperable en Europa.

                  Mediante la Decisión n.º 1/2013 del Comité mixto
                     2
                  , la Confederación Suiza se comprometió a aplicar disposiciones legales equivalentes al acervo correspondiente en materia de interoperabilidad y seguridad ferroviarias. La Confederación Suiza ha adoptado y aplica de forma efectiva dichas disposiciones legales, y participa como observador en las reuniones del Comité de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria establecido por la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (texto refundido)
                     3
                  . Expertos suizos han participado como observadores en las reuniones técnicas de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (la Agencia).

                  Se considera beneficioso para ambas partes reforzar la cooperación constructiva existente entre la Unión y la Confederación Suiza a fin de lograr un espacio ferroviario seguro e interoperable y garantizar que la Confederación Suiza sigue aportando sus conocimientos especializados en cuestiones de interoperabilidad y seguridad.

                  En consecuencia, procede autorizar, en principio, a la Confederación Suiza a participar en la Agencia. La Confederación Suiza solicitó dicha participación en 2013.

                  Las normas de participación de la Confederación Suiza en los trabajos de la Agencia deben especificarse en disposiciones establecidas entre ambas. La Agencia firmará tales disposiciones tras recibir el acuerdo de la Comisión y del Consejo de Administración, tal como dispone el artículo 75, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/796.

                  Cuando establezca dichas disposiciones, la Agencia actuará de conformidad con las disposiciones pertinentes del acuerdo celebrado entre el país interesado y la Unión a que se refiere el artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/796. En el caso de la Confederación Suiza, dicho acuerdo es el Acuerdo de transporte terrestre.

                  Sin embargo, el Acuerdo de transporte terrestre no incluye actualmente ninguna disposición a este respecto. Se propone, por consiguiente, introducir un artículo nuevo en el Título III del Acuerdo de transporte terrestre, que incluye disposiciones sobre el transporte ferroviario internacional, que contemple la posible participación de la Confederación Suiza en la Agencia.

                   •
                        Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  La presente Recomendación es plenamente coherente con la política común de transportes, en general y con la política ferroviaria común, en particular. Permite la participación de la Confederación Suiza en la Agencia de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/796. Suiza está situada a lo largo de importantes corredores ferroviarios y cuenta con un sector ferroviario altamente desarrollado y muy competitivo, estrechamente integrado en el espacio ferroviario europeo.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La presente Recomendación está en consonancia con la política exterior de la Unión. Las relaciones entre la Confederación Suiza y la Unión se basan en una serie de acuerdos celebrados en 1999, entre los que se encuentra el Acuerdo de transporte terrestre, cuyo objetivo es, por una parte, liberalizar el acceso de las Partes Contratantes a sus respectivos mercados de transporte de mercancías y de viajeros por carretera y por ferrocarril y, por otra, establecer las modalidades de una política coordinada de transportes.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  La base jurídica es el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que proporciona el marco para el procedimiento aplicable a la negociación y celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países.

               •Proporcionalidad

                  La presente Recomendación propone al Consejo que autorice a la Comisión a iniciar negociaciones con la Confederación Suiza para un acuerdo de modificación del Acuerdo sobre transporte terrestre de 21 de junio de 1999. Puesto que solo es posible modificar las disposiciones básicas de dicho Acuerdo mediante otro acuerdo bilateral entre ambas Partes Contratantes, la medida propuesta es proporcionada.

               •Elección del instrumento

                  El artículo 218, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones.

               3.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  No se prevé que la presente Recomendación por la que se autoriza a la Comisión a abrir negociaciones con Suiza tenga repercusiones presupuestarias inmediatas. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento (UE) 2016/796, la Agencia y la Confederación Suiza establecerán disposiciones futuras que especifiquen las normas de participación de la Confederación Suiza en los trabajos de la Agencia, en particular la naturaleza y el ámbito de tal participación. Entre tales disposiciones estarán las relativas a las contribuciones financieras y al personal.

               4.OTROS ELEMENTOS

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  El artículo 1 autoriza a la Comisión a negociar con la Confederación Suiza una modificación del Acuerdo sobre transporte terrestre a fin de que este proporcione la base para una futura participación de la Confederación Suiza en la Agencia.

                  El artículo 2 se refiere a las directrices de negociación establecidas en el anexo de la presente Recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza a la Comisión a iniciar negociaciones con la Confederación Suiza para modificar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera con el fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera, de 21 de junio de 1999, (en adelante, «el Acuerdo de transporte terrestre») prevé una política coordinada de transportes en los ámbitos del transporte por carretera, por ferrocarril y combinado.

               (2)La cooperación con la Confederación Suiza se ha intensificado y ha evolucionado positivamente en el transcurso de los años. La Confederación Suiza ha adoptado y aplicado de forma efectiva disposiciones legales equivalentes al acervo correspondiente en materia de interoperabilidad y seguridad ferroviarias, y participa como observador en las reuniones del Comité de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria establecido por la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (texto refundido). Expertos suizos han participado como observadores en las reuniones técnicas de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (la Agencia). Se considera beneficioso para ambas partes intensificar más la cooperación constructiva existente entre la Unión y la Confederación Suiza a fin de lograr un espacio ferroviario seguro e interoperable y garantizar que la Confederación Suiza sigue aportando sus conocimientos especializados en cuestiones de interoperabilidad y seguridad.

               (3)Por consiguiente, deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo con la Confederación Suiza para modificar el Acuerdo de transporte terrestre a fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un acuerdo con la Confederación Suiza para modificar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera, de 21 de junio de 1999, con el fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 138 de 26.5.2016, p. 1.

                     (2)
                  DO L 352 de 24.12.2013, p. 79.

                     (3)
                  DO L 138 de 26.5.2016, p. 44.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 15.11.2017
            COM(2017) 664 final
            ANEXO
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJOpor la que se autoriza a la Comisión a iniciar negociaciones con la Confederación Suiza para modificar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera con el fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

               ANEXO

               de la

               Directrices de negociación de un acuerdo con la Confederación Suiza para modificar el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera con el fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

               El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera, de 21 de junio de 1999, debe modificarse con el fin de permitir la participación de la Confederación Suiza en la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (en adelante, «la Agencia») sin derecho de voto y a reserva de las disposiciones que se establezcan con la Agencia de conformidad con el artículo 75, aparatado 2, del Reglamento (UE) 2016/796
                  1
               .

                     (1)
                  DO L 138 de 26.5.2016, p. 1.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas,XXX
            COM(2018) 408/3
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Españay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2018 sobre España
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                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018
                  6
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de deuda interna y externa, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo, siguen siendo puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. La recuperación del equilibrio externo está avanzando, gracias a los superávit de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, que están respaldados por mejoras estructurales en los resultados comerciales. No obstante, los pasivos exteriores netos siguen siendo elevados. La reducción de la deuda del sector privado también está avanzando, respaldada por unas condiciones de crecimiento favorables, pero siguen existiendo necesidades de desapalancamiento. Un sector financiero más sano apoya la actividad económica. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública en porcentaje del PIB apenas disminuye lentamente. La tasa de desempleo ha continuado su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado de segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de la productividad laboral. Tras el fuerte impulso reformista registrado entre 2012 y 2015, los avances en la aplicación de las recomendaciones han sido más limitados. La situación económica actual supone una oportunidad para abordar las necesidades de reforma pendientes con vistas a hacer la economía española más resiliente y afianzar el crecimiento de la productividad.

               (4)España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, España prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2018, en consonancia con la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016 por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo
                  7
               . Se prevé que el saldo de las administraciones públicas siga mejorando para alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. El Programa de Estabilidad de 2018 recoge todas las medidas incluidas en el proyecto de presupuesto presentado al Parlamento el 3 de abril, así como las medidas adicionales anunciadas a finales de abril. No está previsto que el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales se alcance durante el período de aplicación del Programa de Estabilidad de 2018. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta el 97,0 % en 2018, el 95,2 % en 2019 y el 89,1 % en 2021. Las hipótesis macroeconómicas del Programa son verosímiles. En conjunto, la consecución prevista de los objetivos de déficit global sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas y de que el gasto público crezca menos que el PIB nominal. Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios se derivan del hecho de que el Programa incluye tanto un mayor crecimiento de los ingresos como un aumento más contenido del gasto de los que figuran en las previsiones de la Comisión, así como de la posible materialización de mayores pasivos contingentes.

               (5)El 8 de agosto de 2016, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las administraciones públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, un 3,1 % en 2017 y un 2,2 % en 2018. Se consideró que esta mejora del saldo de las administraciones públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España registró un déficit global del 3,1 % del PIB en 2017, tal como exigía la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 2,6 % del PIB en 2018, un 0,4 % por encima del objetivo de déficit global del Programa de Estabilidad de 2018 y del fijado por el Consejo. En comparación con dicho Programa, las previsiones de la Comisión prevén un menor crecimiento de los ingresos públicos y un gasto algo superior. En las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se deteriore en un 0,3 % del PIB en 2018, en un contexto de medidas que aumentan el déficit incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que llegó al Parlamento el 3 de abril, y que solo mejore ligeramente en 2019. Por tanto, el esfuerzo presupuestario en 2018, así como el esfuerzo acumulado durante el período 2016-2018, podría no estar garantizado. Mientras que la expansión económica está apoyando la reducción del déficit, no se está utilizando para fortalecer estructuralmente las finanzas públicas. Por consiguiente, en su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario actualizado de España, la Comisión concluye que el plan se ajusta en líneas generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que las previsiones de la Comisión de 2018 prevén que el déficit excesivo se corregirá a su debido tiempo, pero es expansionista.

               (6)Para 2019, en caso de que se lograse una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, España estaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. En vista de que España registra una ratio de deuda pública superior al 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,3 % del PIB, el gasto público primario neto nominal
                  8
                debería disminuir al menos un 0,3 % en 2019, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de que la capacidad no utilizada en la economía está subestimada. En 2019, todavía está previsto que España registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la UE, lo que va a contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su vez se espera que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta a una persistente atonía del mercado laboral. Además, aunque la evaluación por la Comisión de las estimaciones sobre la brecha de producción (basadas en la metodología establecida de común acuerdo) no indica que estas no sean plausibles, muestra una gama bastante amplia de estimaciones realistas sobre la brecha de producción en el caso de España. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a una tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto del 0,6 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa en 2019 del ajuste presupuestario requerido. Además, no se espera que España cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que España tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar el cumplimiento en 2018, y que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

               (7)Además, en agosto de 2016, el Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco presupuestario, con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos presupuestarios y reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad al saneamiento presupuestario. Sin embargo, el Programa de Estabilidad de 2018 no informa de planes para reforzar la regla de gasto nacional. Tampoco informa de medidas para aumentar por ley la automaticidad de los mecanismos correctores y preventivos. El Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco de contratación pública. España ha avanzado con la adopción, en noviembre de 2017, de una nueva Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la nueva legislación solo podrá mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública si se aplica de forma rápida y ambiciosa mediante el establecimiento de la nueva estructura de gobernanza y la mejora de los mecanismos de control de los procedimientos de contratación pública en todos los niveles de gobierno. En particular, la futura estrategia nacional de contratación pública deberá especificar los controles previos y posteriores que deberán realizar las nuevas estructuras. En junio de 2017, el Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que revisase el gasto en subvenciones específicas del sector público. La Comisión hace un seguimiento del desarrollo de la revisión, que se espera que esté finalizada a principios de 2019.

               (8)El 27 de abril de 2018, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (9)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  9
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (10)El empleo ha seguido creciendo a buen ritmo en España, apoyado por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación salarial. La tasa de desempleo continúa disminuyendo, pero se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la crisis, y se encuentra entre las más altas de la UE. Ello implica un considerable potencial de capacidades sin explotar, especialmente de los jóvenes desempleados. La proporción de desempleados que han estado sin empleo durante más de un año está disminuyendo, pero sigue representando casi la mitad de todos los desempleados. España ha adoptado una serie de iniciativas para ampliar el apoyo individual a los desempleados de larga duración y para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular aumentando el número de beneficiarios de la Garantía Juvenil. La eficacia de estas medidas depende también de la capacidad de los servicios sociales y los servicios públicos de empleo autonómicos para prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo, que mejora solo lentamente. También hay margen para una mayor cooperación con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes gestionados por los servicios de empleo, así como mejorando la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo y la correspondencia con las necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, deberían mantenerse los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de empleo, que experimentó ciertos avances en 2017.

               (11)La proporción de trabajadores con contratos temporales se encuentra entre las más altas de la UE, y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco cualificados. Los contratos temporales son a menudo cortos y rara vez sirven de trampolín para un contrato permanente. Su uso generalizado, incluso en sectores menos proclives a la actividad estacional o cíclica, puede obstaculizar el crecimiento más rápido de la productividad y suele asociarse a menores derechos a prestaciones sociales y a un mayor riesgo de pobreza. Aunque los contratos indefinidos han aumentado en porcentaje de crecimiento neto del empleo en los últimos dos años, es necesario adoptar nuevas medidas para incentivar la transición de contratos temporales a indefinidos. El sistema de incentivos a la contratación sigue estando fragmentado y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. España adoptó un plan para reducir la temporalidad del empleo en el sector público, pero su aplicación está apenas empezando y debe acelerarse para cumplir el objetivo del 8 % establecido para 2019. La mayor capacidad y eficacia de las inspecciones de trabajo en la lucha contra el abuso de la contratación temporal ha dado lugar a la conversión de un mayor número de contratos temporales en indefinidos, pero no parece disuadir a los empresarios de seguir recurriendo ampliamente a los contratos temporales. La Mesa tripartita creada a principios de 2017 para analizar la calidad del empleo todavía no ha presentado propuestas concretas. La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas se ha incrementado recientemente, pero sigue habiendo margen para nuevas mejoras.

               (12)El crecimiento económico y la creación de empleo están contribuyendo a reducir el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (que no obstante sigue estando por encima de la media de la UE), así como la desigualdad de ingresos. La pobreza de las personas empleadas es un motivo de preocupación, especialmente entre los hogares cuyos miembros están empleados con contratos temporales o a tiempo parcial. La tasa de pobreza infantil, aunque está disminuyendo, se mantiene en un nivel muy elevado. El impacto de las transferencias sociales distintas de las pensiones en la reducción de la pobreza es inferior a la media de la UE y está disminuyendo. Los sistemas de renta mínima garantizada se caracterizan por grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas autonomías y por la fragmentación de los múltiples sistemas nacionales dirigidos a distintos grupos de demandantes de empleo, que están gestionados por distintas administraciones. En consecuencia, algunas personas necesitadas no reciben ayuda. Todavía no existe un plan de acción que plasme las conclusiones del reciente estudio de evaluación de la eficacia de los sistemas nacional y autonómicos de renta mínima garantizada. La puesta en marcha de un sistema de tarjeta social hará que las prestaciones sociales concedidas sean más transparentes y facilitará la participación en las medidas de activación asociadas, si bien no abordará directamente las deficiencias de los sistemas existentes. La eficacia de las prestaciones familiares también es baja y la cobertura es desigual. El sistema de pensiones español desempeña un importante papel en el mantenimiento de la calidad de vida de las personas de más edad, que como consecuencia de ello se enfrentan a un riesgo de pobreza significativamente más bajo que las generaciones más jóvenes. En relación a los salarios, las pensiones actuales se encuentran entre las más elevadas de la UE. Las proyecciones que figuran en el próximo Informe de 2018 sobre el envejecimiento y en el Informe sobre la adecuación de las pensiones
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                indican que las reformas de 2011 y 2013 contribuyeron a garantizar la sostenibilidad y la relativa adecuación de las pensiones a largo plazo. Sin embargo, las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante el proceso de adopción del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en entredicho el compromiso para con estas reformas. Al mismo tiempo, no abordan el reto principal de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que está más bien relacionado con la elevada tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral.

               (13)Si se resolviesen las deficiencias en la capacidad de innovación de las empresas españolas se podría mejorar su productividad. Los resultados en materia de innovación y el crecimiento de la productividad se ven obstaculizados por la persistente atonía de los niveles de inversión en investigación y desarrollo, que hacen muy improbable que se logre alcanzar el objetivo nacional del 2 % de intensidad de investigación y desarrollo contemplado en la Estrategia Europa 2020. Esta tendencia se ve reforzada por el porcentaje de ejecución bajo y decreciente del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. Mientras que la gobernanza de la política nacional de investigación e innovación se está racionalizando, en parte mediante la nueva Agencia Estatal de Investigación, la coordinación entre los niveles nacional y autonómicos para la concepción, la aplicación y la evaluación de las políticas sigue siendo débil. El desarrollo de una cultura de evaluación que sistematice el análisis de la eficacia de los programas y políticas de apoyo permitiría extraer enseñanzas de las políticas y crearía sinergias en todos los niveles de gobierno.

               (14)La limitada capacidad de innovación de las empresas españolas se explica también por la inadecuación de las cualificaciones, que repercute negativamente en el potencial a largo plazo de aumento de la productividad. La falta y el exceso de cualificaciones en el trabajo están generalizadas en España. A pesar de haber mejorado notablemente a lo largo del último decenio, las tasas de abandono escolar prematuro están muy por encima de la media de la UE, y junto con los resultados educativos, varían mucho entre comunidades autónomas y pueden afectar a la igualdad de oportunidades. Los programas específicos para abordar estas disparidades solo han tenido hasta ahora efectos limitados. El Pacto Social y Político por la Educación, encaminado a una reforma en profundidad del sistema educativo, se encuentra aún en fase de negociación. Mientras tanto, el desarrollo profesional de los profesores va a ser apoyado mediante la reducción de los contratos de trabajo temporal, así como el aumento de los recursos para su formación. Al mismo tiempo, los titulados superiores en particular tienen dificultades a la hora de encontrar un empleo estable y adecuado. Una mayor cooperación entre la educación y la empresa podría incrementar el acceso al mercado de trabajo de jóvenes titulados, ofreciendo al mismo tiempo a las empresas las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovación. En este contexto, la propuesta de una nueva estrategia digital nacional reconoce la necesidad de mejorar las competencias digitales, pues existen problemas relacionados con el bajo número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, así como con la promoción del papel del sistema educativo en el fomento de las competencias digitales. El reciclaje profesional de los trabajadores para que adquiriesen competencias digitales permitiría también a las empresas españolas seguir siendo competitivas en una economía cada vez más digitalizada.

               (15)Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas también contribuyen a frenar el crecimiento de la productividad. En el contexto actual, las disparidades y restricciones normativas para las empresas provocan que los márgenes sean elevados, la movilidad geográfica de las empresas y de los trabajadores sea baja y el crecimiento de la productividad sea reducido. La Ley de garantía de la unidad de mercado, cuyo objetivo era resolver este problema, se ha aplicado solo parcialmente. El seguimiento de la aplicación de la Ley a nivel autonómico y local debe mejorarse y el papel de las conferencias intersectoriales debe reforzarse. La Ley introdujo el principio de que el cumplimiento de determinados requisitos en una parte del territorio permitiría a las empresas operar en todo el territorio. En varias sentencias emitidas en 2017, el Tribunal Constitucional declaró que este principio no es válido a falta de normas mínimas comunes o equivalentes para el acceso a una actividad económica o el ejercicio de la misma. A la luz de estas sentencias, el establecimiento de normas coherentes comunes o equivalentes en todo el territorio podría contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley. Además, debe mejorarse la cooperación en todos los niveles de la Administración y en todas las fases de la aplicación para hacer frente más eficazmente a los efectos negativos que la fragmentación tiene en las empresas. El trabajo del Comité para la Mejora de la Regulación, que se estableció para garantizar la adaptación de la legislación al acervo de la UE en materia de servicios, debería intensificarse y completarse. Las restricciones que afectan a determinadas profesiones reguladas, como los ingenieros civiles y los arquitectos, también se destacaron en el paquete de servicios adoptado en enero de 2017, y hasta la fecha no se han tomado medidas específicas para subsanarlas
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               .

               (16)De manera más general, las mejoras en la calidad de las instituciones podrían impulsar la confianza en la economía española y aumentar los beneficios derivados de las medidas adoptadas para reforzar el crecimiento de la productividad. Se ha avanzado en la transparencia de la financiación de los partidos, así como en las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses. La actividad empresarial también se ha beneficiado de los avances en la lucha contra la corrupción, si bien sigue habiendo problemas en este ámbito. La percepción de la independencia del sistema judicial también ha mejorado entre los ciudadanos y las empresas. Los esfuerzos para seguir mejorando la eficacia del sistema judicial están en curso y deben continuar. Aunque se han realizado progresos en este amplio ámbito, sigue vigente el reto de fomentar la confianza en las instituciones en todos los niveles de gobierno.

               (17)La mejora de las infraestructuras de transporte, energía y agua fomentaría la cohesión territorial, una mejor integración en el mercado común y el aumento de la productividad. Las conexiones transfronterizas en los ámbitos del transporte y la energía, así como las infraestructuras hídricas, se enfrentan a déficits de inversiones. Podría hacerse un mejor uso de las infraestructuras ferroviarias de pasajeros y mercancías. Los diferentes anchos de vía que coexisten en España, Portugal y Francia son un obstáculo crucial para una mejor conectividad ferroviaria, aunque recientemente se han inaugurado nuevos tramos con el ancho más habitual a escala internacional. También existen deficiencias en el transporte ferroviario de mercancías entre los principales puertos de las costas atlántica y mediterránea y las zonas industriales del interior. La insuficiente conectividad obstaculiza también una mayor integración en los mercados del gas y de la electricidad de la UE. Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, es decir, para tratar las aguas residuales, reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro. Esto aportaría beneficios medioambientales, económicos y sociales a España.

               (18)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (19)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Garantizar el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016, por la que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. A continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

               2.Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias y abordar las lagunas en la cobertura de los sistemas de renta mínima garantizada, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y profesores.

               3.Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia. Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con vistas a mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando la cooperación entre las administraciones.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        COM(2018) 408 final.

                     (4)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (5)

                        SWD(2018) 207 final.

                     (6)

                        COM(2018) 120 final.

                     (7)

                        DO L 148 de 10.6.2017, p. 38.

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (9)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (10)

                        COM(2014) 494 final.

                     (11)

                        Comisión Europea (2018), Informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones: adecuación de los ingresos presentes y futuros durante la vejez en la UE, volumen I y volumen II, Informe conjunto preparado por el Comité de Protección Social (CPS) y la Comisión Europea (DG EMPL), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018.

                     (12)

                        COM(2016) 820 final.

                     (13)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 16.5.2018
            COM(2018) 299 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones con Cabo Verde para la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y Cabo Verde
            {SWD(2018) 193 final}{SWD(2018) 194 final}

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

                  La Comisión propone negociar un nuevo Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero celebrado con la República de Cabo Verde que responda a las necesidades de la flota de la Unión y esté en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  El actual Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y Cabo Verde se firmó el 30 de diciembre de 2006
                     1
                  . El actual Protocolo, de cuatro años de duración, del Acuerdo de asociación en el sector pesquero
                     2
                   entró en vigor el 23 de diciembre de 2014 y expirará el 22 de diciembre de 2018. En él se fijan las posibilidades de pesca de que dispone la flota de la Unión y la correspondiente contrapartida financiera abonada por la Unión y por los armadores. La contrapartida financiera pública anual de la UE a Cabo Verde asciende a 550 000 EUR para los primeros dos años, de los cuales 275 000 EUR se destinan a apoyo sectorial, y, para los últimos dos años, a 500 000 EUR, de los cuales 250 000 EUR se destinan al apoyo sectorial.

               El Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde establece las posibilidades de pesca del atún y de especies altamente migratorias para buques de tres Estados miembros de la UE (España, Francia y Portugal). La Unión Europea cuenta ya con una red bien desarrollada de acuerdos bilaterales de colaboración de pesca sostenible (ACPS) en África Occidental, en particular con Marruecos, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Liberia y Costa de Marfil.

                  Los ACPS contribuyen a promover los objetivos de la política pesquera común a nivel internacional, garantizando que las actividades pesqueras de la UE fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud del Derecho de la Unión. Además, los ACPS fomentan la cooperación científica entre la UE y sus socios y promueven la transparencia y la sostenibilidad a fin de mejorar la gestión de los recursos pesqueros. También fomentan la gobernanza apoyando la supervisión, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras y ofrecen financiación para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y contribuir al desarrollo sostenible de la industria pesquera local. Además, estos acuerdos refuerzan la posición de la Unión Europea en las organizaciones internacionales y regionales de pesca, en particular en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, el organismo creado con arreglo al Derecho internacional para la conservación y gestión de especies altamente migratorias en la región.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un nuevo Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde está en consonancia con la acción exterior de la UE respecto a los países de África, el Caribe y el Pacífico y, en particular, con los objetivos de la Unión relativos al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos.

                  Si bien a escala muy local, el ACPS complementará el planteamiento del Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración
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                   y la actividad económica generada en la pesca contribuirá a hacer frente a las causas de la emigración desde Cabo Verde.

               2.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

               •Base jurídica

                  La base jurídica de la decisión es el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la quinta parte (acción exterior de la Unión), título V (acuerdos internacionales), que establece el procedimiento para la negociación y celebración de acuerdos entre la UE y terceros países.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No procede, competencia exclusiva.

               •Proporcionalidad

                  La decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

                  La Comisión llevó a cabo en 2017-2018 una evaluación ex post del actual Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde, así como una evaluación ex ante de una posible renovación del Protocolo. Las conclusiones de la evaluación se exponen en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado aparte.

                  En la evaluación se llegó a la conclusión de que los sectores de la pesca del atún de la UE están muy interesados en pescar en las aguas de Cabo Verde y que una renovación del Protocolo ayudaría a reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia, y contribuiría a mejorar la gobernanza de la pesca en la región. La evaluación concluyó asimismo que una renovación del Protocolo sería también beneficiosa para Cabo Verde, dada la importante contrapartida financiera abonada con arreglo al Protocolo.

               •Consultas con las partes interesadas

                  Se ha consultado a los Estados miembros, a representantes del sector y a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, así como al organismo responsable de la pesca de Cabo Verde y a la sociedad civil de este país como parte de la evaluación. También se han celebrado consultas en el marco del Consejo Consultivo de Larga Distancia.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No procede.

               •Evaluación de impacto

                  No procede.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

                  Las directrices de negociación propuestas como anexo a la decisión recomiendan autorizar el inicio de las negociaciones. También recomiendan incluir una cláusula sobre las consecuencias de la conculcación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

               Un nuevo Protocolo exigirá el pago de una contrapartida financiera a Cabo Verde que sea compatible con el marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020, en particular en lo que respecta a las asignaciones a la línea presupuestaria para acuerdos de colaboración de pesca sostenible. Los importes anuales para compromisos y pagos se establecen en el procedimiento presupuestario anual, incluidos los de la línea de reserva para los protocolos que no hayan entrado en vigor a principios de año
                  4
               .

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que las negociaciones se inicien en el segundo trimestre de 2018.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  La Comisión recomienda lo siguiente:

                  - que el Consejo autorice a la Comisión a entablar y mantener negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde;

                  - que se designe a la Comisión como negociadora de la UE a tal fin;

                  - que la Comisión mantenga las negociaciones en consulta con el comité especial contemplado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

                  - que el Consejo apruebe las directrices de negociación adjuntas a la presente Recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones con Cabo Verde para la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y Cabo Verde

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               Deben entablarse negociaciones con Cabo Verde con vistas a la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre las Comunidad Europea y Cabo Verde,

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones con Cabo Verde con vistas a la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y Cabo Verde.

               Artículo 2

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo de Trabajo del Consejo «Política Exterior de Pesca», sobre la base de las directrices de negociación que figuran en el anexo de la presente Decisión.

               Artículo 3

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                        El Presidente

                     (1)

                        DO L 414 de 30.12.2006, p. 36.

                     (2)

                        DO L 369 de 24.12.2014, p. 3.

                     (3)

                        COM(2016) 385 final de 7.6.2016.

                     (4)

                        Capítulo 40 (línea de reserva 40 02 41), en consonancia con el Acuerdo interinstitucional del MFP (2013/C 373/01).

    ---documentbreak---

               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas,16.5.2018
            COM(2018) 299 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones con Cabo Verde para la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y Cabo Verde
            {SWD(2018) 193 final}{SWD(2018) 194 final}

               ANEXO

               Directrices de negociación para la celebración de un nuevo Protocolo entre la Unión Europea y Cabo Verde

               –El objetivo de las negociaciones es la renovación del Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y Cabo Verde en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

               –Con el fin de fomentar, a través de un nuevo Protocolo, la pesca sostenible y responsable, garantizando al mismo tiempo beneficios mutuos para la UE y para Cabo Verde, los objetivos de negociación de la Comisión se basarán en lo siguiente:

               ·Garantizar el acceso a la zona de pesca de Cabo Verde y las autorizaciones necesarias para que los buques de la flota de la UE realicen actividades pesqueras en esa zona, manteniendo así, entre otras cosas, la red de acuerdos de colaboración de pesca sostenible a disposición de los operadores de la Unión.

               ·Tomar en consideración el mejor asesoramiento científico disponible y los planes de gestión pertinentes adoptados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), a fin de garantizar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y promover la gobernanza de los océanos a escala internacional. Las actividades pesqueras deberán dirigirse exclusivamente a los recursos disponibles, teniendo en cuenta la capacidad de pesca de la flota local y prestando al mismo tiempo especial atención al carácter altamente migratorio de algunas de las poblaciones afectadas.

               ·Obtener un cupo adecuado de los recursos pesqueros que satisfaga los intereses de las flotas de la UE, cuando otras flotas extranjeras también estén interesadas, teniendo en cuenta la actividad de la flota de la UE en la región, a la vista de las mejores y más recientes evaluaciones científicas disponibles.

               ·Entablar un diálogo para reforzar la política sectorial, con el fin de fomentar la implantación de una política pesquera responsable que esté en consonancia con los objetivos de desarrollo del país, especialmente en lo concerniente a la gobernanza de las pesquerías, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y el control, el seguimiento y la vigilancia de las actividades pesqueras, así como el asesoramiento científico, y estimular la creación de empleo contribuyendo así, entre otras cosas, a hacer frente a las causas profundas de la emigración desde Cabo Verde.

               ·Incluir una cláusula sobre las consecuencias de la conculcación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               ·Incluir una cláusula para el acceso preferencial de la flota de la UE a la zona de pesca de Cabo Verde y para la aplicación de las mismas condiciones técnicas a todas las flotas extranjeras.

               –Con el fin de evitar la interrupción de las actividades pesqueras, el nuevo Protocolo deberá incluir una cláusula de aplicación provisional.

               –En particular, el Protocolo deberá definir:

               ·las posibilidades de pesca, por categoría, que vayan a concederse a los buques de la Unión Europea;

               ·la compensación financiera y las condiciones para su pago, y

               ·las prioridades y los mecanismos para una ejecución efectiva del apoyo sectorial y para su seguimiento periódico.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.11.2017
            COM(2017) 801 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se deroga la Decisión 2008/713/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en el Reino Unido

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se deroga la Decisión 2008/713/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en el Reino Unido

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 126, apartado 12,

               Vista la Recomendación de la Comisión,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 8 de julio de 2008, a raíz de una Recomendación de la Comisión, el Consejo decidió, mediante la Decisión 2008/713/CE del Consejo, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que existía un déficit excesivo en el Reino Unido
                  1
               . El Consejo observó que, según los datos del procedimiento de déficit excesivo (PDE) notificados por las autoridades británicas en marzo de 2008, el déficit público del Reino Unido en 2008-2009 se estimaba en el 3,2 % del PIB, rebasando por tanto el valor de referencia del Tratado, a saber, el 3 % del PIB. Además, tras la publicación del presupuesto de marzo de 2008 y la declaración de 13 de mayo de 2008 que anunciaba una reducción del impuesto sobre la renta en 2008-2009, se estimaba que el déficit previsto en ese ejercicio iba a seguir aumentando. Si a ello se le añaden las previsiones para la primavera de 2008 de la Comisión, el déficit se elevaría al 3,5 % del PIB en 2008-2009. Por otra parte, el déficit excesivo no se consideró temporal: según las previsiones de la Comisión, en la hipótesis de mantenimiento de las políticas, el déficit sería del 3,3 % del PIB en 2009-2010. El Consejo tuvo en cuenta asimismo que la ratio de deuda pública seguía estando muy por debajo del valor de referencia del 60 %, aunque se preveía una tendencia al alza hasta 2009-2010.

               (2)En la misma fecha, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Tratado y el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, el Consejo, sobre la base de una Recomendación de la Comisión, dirigió una Recomendación al Reino Unido con vistas a que este país pusiese fin a la situación de déficit excesivo en el ejercicio 2009-2010 a más tardar. Asimismo, el Consejo estableció el 8 de enero de 2009 como fecha límite para la adopción de medidas efectivas.

               (3)De conformidad con el artículo 104, apartado 8, del Tratado, el 27 de abril de 2009 el Consejo decidió que el Reino Unido no había tomado medidas efectivas en respuesta a su Recomendación de 8 de julio de 2008
                  2
               .

               (4)Reconociendo que la situación presupuestaria del Reino Unido en 2009-2010 fue el resultado de la aplicación de medidas equivalentes a alrededor del 1,5 % del PIB, que constituyeron una respuesta adecuada al Plan Europeo de Recuperación Económica y al libre funcionamiento de los estabilizadores automáticos, el 2 de diciembre de 2009 el Consejo formuló una Recomendación revisada en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, en la que aconsejaba que el Reino Unido pusiese fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2014-2015. Concretamente, con el fin de situar el déficit público por debajo del 3 % del PIB de forma creíble y sostenible, se recomendaba al Reino Unido garantizar un esfuerzo presupuestario anual medio del 1,75 % del PIB entre 2010-2011 y 2014-2015. En su Recomendación de 2 de diciembre de 2009, el Consejo establecía el plazo del 2 de junio de 2010 para la adopción de medidas efectivas de conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (5)El 6 de julio de 2010, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2010 de la Comisión, esta concluyó que el Reino Unido había tomado medidas efectivas de conformidad con la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 adoptada en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado.

               (6)El 19 de junio de 2015, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, del Tratado, el Consejo decidió que el Reino Unido no había tomado medidas efectivas en respuesta a su Recomendación de 2 de diciembre de 2009
                  3
               . El Consejo observó que el crecimiento del PIB real del Reino Unido había experimentado una gran caída como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial de 2008 y 2009, que afectó también a sus finanzas públicas. Posteriormente el Reino Unido aplicó un plan de saneamiento, que hizo disminuir el déficit público, como porcentaje del PIB, todos los años entre los ejercicios 2009-2010 y 2014-2015. En cambio, la ratio de deuda pública siguió aumentando durante ese período, debido principalmente al déficit global y también a las intervenciones del sector financiero. El Consejo llegó a la conclusión de que, a pesar de que había elaborado y aplicado un programa de saneamiento presupuestario, el Reino Unido no había puesto fin a su déficit excesivo en 2014-2015 a más tardar. Por otra parte, el Reino Unido no había realizado el esfuerzo presupuestario anual medio del 1,75 % del PIB que el Consejo había recomendado el 2 de diciembre de 2009.

               (7)El mismo día, de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, este, basándose en una Recomendación de la Comisión, recomendó al Reino Unido que corrigiera el déficit excesivo en 2016-2017 a más tardar. Concretamente, se recomendó al Reino Unido que alcanzase un déficit global del 4,1 % del PIB en 2015-2016 y del 2,7 % del PIB en 2016-2017, lo que se estimó que llevaría a la consecución de una mejora del saldo estructural del 0,5 % del PIB en 2015-2016 y del 1,1 % del PIB en 2016-2017, sobre la base de las previsiones actualizadas de la primavera de 2015 de la Comisión.

               (8)El 16 de noviembre de 2015, la Comisión llegó a la conclusión de que el Reino Unido había tomado medidas efectivas para corregir el déficit excesivo a más tardar en el ejercicio 2016-2017, tal y como lo recomendó el Consejo el 19 de junio de 2015.

               (9)De acuerdo con el artículo 4 del Protocolo (n.º 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, la Comisión proporciona los datos para la aplicación de este procedimiento. En el marco de la aplicación de dicho Protocolo, los Estados miembros deben notificar los datos referentes al déficit público y la deuda pública, junto con otras variables conexas, dos veces al año, a saber, antes del 1 de abril y antes del 1 de octubre, con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 479/2009 del Consejo
                  4
               .

               (10)El Consejo se basa en los datos notificados a la hora de adoptar decisiones por las que se derogue una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo. Además, una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo únicamente debe derogarse si las previsiones de la Comisión indican que el déficit no rebasará el valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB durante el período de previsión
                  5
               .

               (11)Partiendo de los datos proporcionados por la Comisión (Eurostat) de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 479/2009, y sobre la base del Programa de Convergencia para 2017 y a raíz de la notificación de septiembre de 2017 remitida por el Reino Unido, así como de las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión, pueden sacarse las siguientes conclusiones:

               –El Reino Unido ha cumplido los objetivos de déficit público recomendados en los últimos años. Tras alcanzar un nivel máximo del 10 % del PIB en 2009-2010, el déficit público nominal ha seguido una tendencia continua a la baja, disminuyendo al 4 % en 2015-2016 y al 2,3 % en 2016-2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 19 de junio de 2015. El saneamiento presupuestario emprendido durante el período se ha basado principalmente en el gasto, disminuyendo el gasto corriente total del 42,9 % del PIB en 2009-2010 al 38 % del PIB en 2016-2017. Aunque en menor medida, también ha contribuido al saneamiento presupuestario el aumento de la ratio de ingresos públicos, que pasó del 37,4 % del PIB en 2009-2010 al 38,6 % del PIB en 2016-2017.

               –El Programa de Convergencia 2016-2017 presentado por las autoridades del Reino Unido el 27 de abril de 2017 y que abarca el período 2016-2017 a 2021-2022, preveía un aumento del déficit público hasta el 2,8 % del PIB en 2017-2018, seguido de un descenso hasta el 1,9 % del PIB en 2018-2019. Esta previsión se basaba en un déficit público previsto del 2,7 % del PIB en 2016-2017, sobre la base de los datos del PDE notificados por las autoridades británicas en marzo de 2017. Desde la presentación del programa de convergencia, el Instituto Nacional de Estadística (ONS) ha revisado a la baja su estimación del déficit público en 2016-2017, hasta el 2,3 % del PIB. Si bien las autoridades británicas no publicaron posteriormente una previsión actualizada del déficit público, las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión anuncian un déficit del 2,5 % en 2017-2018, del 1,8 % en 2018-2019 y del 1,3 % en 2019-2020, sobre la base de una hipótesis de mantenimiento de las políticas. Por consiguiente, se prevé que el déficit permanezca por debajo del valor de referencia del Tratado, a saber el 3 % del PIB, durante el período de previsión.

               –Según sus previsiones del otoño de 2017, la Comisión estima que el saldo estructural, que es el saldo de las administraciones públicas ajustado en función del ciclo económico, excluyendo las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, mejorará en un 3,2 % del PIB en 2016-2017.

               –La ratio de deuda pública bruta del Reino Unido ha aumentado considerablemente desde que el Consejo decidió, el 8 de julio de 2008, declarar que existía un déficit excesivo en el Reino Unido. La ratio de deuda pública aumentó del 41 % del PIB en 2007-2008 al 86,8 % en 2016-2017, lo que refleja unos déficit públicos nominales más elevados e intervenciones del sector financiero durante ese período. Según las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión, se espera que la ratio deuda/PIB haya alcanzado su nivel máximo en 2016-2017 y disminuya gradualmente hasta el 82,9 % del PIB en 2019-2020.

               (12)Conforme a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 12, del Tratado, una decisión del Consejo por la que se declare la existencia de un déficit excesivo ha de ser derogada cuando, a juicio del Consejo, el Estado miembro afectado haya corregido la situación de déficit excesivo.

               (13)En opinión del Consejo, el déficit excesivo del Reino Unido ha sido corregido y, por consiguiente, debe derogarse la Decisión 2008/713/CE.

               (14)A partir de 2017, año siguiente a la corrección del déficit excesivo, el Reino Unido estará sometido al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y deberá avanzar hacia su objetivo presupuestario a medio plazo a un ritmo adecuado, particularmente respetando el valor de referencia para el gasto, y cumplir con el criterio de deuda, de conformidad con el artículo 2, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               De una evaluación global se desprende que el déficit excesivo del Reino Unido ha sido corregido.

               Artículo 2

               Queda derogada la Decisión 2008/713/CE.

               Artículo 3

               El destinatario de la presente Decisión es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        Decisión 2008/713/CE del Consejo, de 24 de julio de 2008, sobre la existencia de un déficit excesivo en el Reino Unido (DO L 238 de 5.9.2008, p. 5).

                     (2)

                        Decisión 2009/409/CE del Consejo, de 27 de abril de 2009, por la que se determina, con arreglo al artículo 104, apartado 8, del Tratado, si el Reino Unido ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 8 de julio de 2008, formulada de conformidad con el artículo 104, apartado 7 (DO L 132 de 29.5.2009, p. 11).

                     (3)

                        Decisión 2015/1098/UE del Consejo, de 19 de junio de 2015, por la que se establece que el Reino Unido no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 (DO L 180 de 8.7.2015, p. 1).

                     (4)

                        Reglamento (CE) n.º 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO L 145 de 10.6.2009, p. 1).

                     (5)

                        De conformidad con las «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las directrices sobre el formato y el contenido y de los programas de estabilidad y de convergencia», de 3 de septiembre de 2012. Véase:

                  http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.11.2017
            COM(2017) 802 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía
            {SWD(2017) 603 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la recomendación de la Comisión,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que existía en Rumanía una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y emitió una recomendación para que ese país tome las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  2
                no supere el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB
                  3
               . Se recomendó a Rumanía que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit, al tiempo que las medidas de saneamiento presupuestario debían garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que favoreciera el crecimiento. El Consejo estableció la fecha límite del 15 de octubre de 2017 para que Rumanía informase sobre las medidas adoptadas en respuesta a dicha recomendación.

               (2)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Rumanía que en 2017 cumpla la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 de corrección de la significativa desviación respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo
                  4
               . Para el ejercicio de 2018, se recomendó a Rumanía que realizase un esfuerzo presupuestario considerable en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), con objeto de efectuar un ajuste adicional para alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del PEC, ese ajuste se tradujo en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 4,3 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB.

               (3)Los días 26 y 27 de septiembre de 2017, la Comisión llevó a cabo una misión de supervisión reforzada en Rumanía a efectos de comprobación in situ, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo. La Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 24 de octubre de 2017 y las hizo públicas después de haber enviado sus conclusiones provisionales a las autoridades rumanas.

               (4)El 13 de octubre de 2017, las autoridades rumanas presentaron el informe sobre las medidas efectivas aplicadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017. Habida cuenta de la información facilitada por las autoridades rumanas en el informe sobre las medidas efectivas adoptadas y la evaluación global basada en las previsiones del otoño de 2017, el Consejo de [XX] llegó a la conclusión de que Rumanía no ha adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017.

               (5)Rumanía está aplicando una política fiscal procíclica, que acompaña un elevado crecimiento económico y una brecha de producción positiva. Se estima que en 2017 el saldo estructural de Rumanía será del 2,3 % del PIB, lo que supone una desviación respecto de su objetivo presupuestario a medio plazo. Por consiguiente, y dado que Rumanía no ha adoptado ninguna medida efectiva al respecto, es conveniente dirigir a ese Estado miembro una recomendación revisada, conforme al artículo 121, apartado 4, del TFUE, sobre las medidas apropiadas.

               (6)Sobre la base de las estimaciones de la brecha de producción contenidas en las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión, Rumanía se halla en un período económico normal en 2017 y 2018. La ratio de deuda de las administraciones públicas de Rumanía se sitúa por debajo del umbral del 60 % del PIB. El esfuerzo estructural requerido mínimo establecido por el Reglamento (CE) n.º 1466/97 y la matriz de ajuste acordada en el marco del PEC, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los posibles problemas de sostenibilidad, asciende al 0,5 % del PIB.

               (7)Según las previsiones de la Comisión, el déficit estructural de Rumanía aumentará en un 1,1 % del PIB en 2017, mientras que la Recomendación del Consejo pidió una disminución estructural de al menos el 0,5 % del PIB. Además, se prevé que Rumanía se mantenga en 2017 en el valor de referencia del Tratado, a saber, el 3 % de déficit del PIB, pero que, sobre la base de las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión, lo supere en 2018 de modo significativo.

               (8)El ajuste del 0,5 % del PIB recomendado por el Consejo el 11 de julio de 2017 debe complementarse con el esfuerzo adicional necesario para que Rumanía vuelva a la senda de ajuste adecuada tras las desviaciones de 2016 y 2017. Un esfuerzo adicional del 0,3 % del PIB parece apropiado dada la magnitud de la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo; dicho esfuerzo acelerará el ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. La mejora del saldo estructural requerida, del 0,8 % del PIB en 2018, es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 3,3 % en 2018.

               (9)Según las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión, el saldo estructural experimentará un deterioro adicional del 1 % del PIB en 2018. Por consiguiente, una mejora estructural del 0,8 % del PIB en 2018 exige adoptar medidas con un rendimiento total del 1,8 % del PIB con respecto a la base de referencia actual de 2018 determinada de acuerdo con las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión.

               (10)Según las previsiones del otoño de 2017 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas será del 3,9 % del PIB en 2018, cifra que se sitúa por encima del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El ajuste estructural requerido del 0,8 % del PIB respecto del resultado previsto para 2017 garantizaría asimismo que Rumanía se ajuste al umbral de déficit de las administraciones públicas del 3 % del PIB en 2018, con un margen.

               (11)Los requisitos para 2018, formulados en la presente Recomendación, sustituyen a los elementos correspondientes establecidos en la recomendación presupuestaria contenida en la Recomendación del Consejo dirigida a Rumanía el 11 de julio de 2017.

               (12)Rumanía debe informar al Consejo sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación a más tardar el 15 de abril de 2018, posiblemente como parte de su Programa de Convergencia, presentado de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (13)Resulta oportuno que la presente Recomendación se haga pública.

               RECOMIENDA:

               QUE RUMANÍA

               1)tome las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual de al menos el 0,8 % del PIB en 2018 y situará al Estado miembro en la senda adecuada de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo;

               2)utilice todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit; las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento;

               3)informe al Consejo a más tardar el 15 de abril de 2018 sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

               El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        El gasto neto de las administraciones públicas está compuesto por el gasto total de dichas administraciones con la excepción de los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se contrarresten totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada nacionalmente se verá facilitada a lo largo de un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales por el lado de los ingresos y del gasto se integran sobre una base neta.

                     (3)

                        Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2017, con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía (DO C 216 de 6.7.2017, p. 1).

                     (4)

                        Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Rumanía y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Rumanía (DO C 261 de 9.8.2017, p. 98).