               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 524 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Eslovenia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Eslovenia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, también adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Eslovenia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, según se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación. En particular, la reducción de las restricciones reglamentarias ayudará a seguir la primera recomendación para la zona del euro en lo que se refiere a la resiliencia de los mercados de productos y de servicios, y centrar la política de inversión en las áreas especificadas contribuirá a abordar la segunda recomendación para la zona del euro en materia de respaldo de la inversión.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Eslovenia
                  2
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Eslovenia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Eslovenia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)El 15 de abril de 2019, Eslovenia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplica esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)Eslovenia se encuentra actualmente sometida al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la normativa en materia de deuda. En su programa de estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el superávit global aumente al 0,9 % del PIB en 2019 y al 1,2 % en 2022. Sobre la base del saldo estructural recalculado, se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —que ha pasado de un superávit estructural equivalente al 0,25 % del PIB en 2019 a un déficit estructural de 0,25 % del PIB a partir de 2020— se alcanzará de aquí a 2021
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               . En virtud del Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda de las administraciones públicas / PIB siga bajando hasta situarse en el 65,4 % del PIB en 2019 y el 54,7 % en 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es optimista.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Eslovenia que garantice que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no rebase el 3,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019.

               (8)En 2020, Eslovenia deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo. Partiendo de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, esto es compatible con una tasa de incremento nominal máximo del gasto público primario neto del 4,0 %, que corresponde a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, se prevé que Eslovenia se aproxime en 2020 a su objetivo presupuestario a medio plazo. Así pues, la actual evaluación indica un riesgo de que haya cierta desviación en 2020. Mientras que la tasa prevista de incremento nominal del gasto público primario neto apunta actualmente a un riesgo de cierta desviación respecto del ajuste exigido en 2020, la desviación sería significativa para 2019 y 2020 considerados conjuntamente. Si bien ya no se prevé que el saldo estructural se aproxime al objetivo presupuestario a medio plazo, en las futuras evaluaciones globales habría que tener en cuenta una posible desviación respecto del ajuste exigido. Está previsto que Eslovenia se ajuste a la normativa en materia de deuda en 2019 y 2020. En conjunto, el Consejo estima que en 2019 deberían adoptarse las medidas necesarias y Eslovenia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas a partir de 2020 para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)El envejecimiento de la población someterá a tensiones crecientes a los sistemas de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. La financiación del sistema de asistencia sanitaria no está adaptada para afrontar el aumento previsto de los costes derivados del envejecimiento de la población. Hasta la fecha, Eslovenia no ha propuesto ninguna medida global encaminada a garantizar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo de su sistema sanitario. En el marco de su estrategia activa en materia de envejecimiento de la población, Eslovenia está elaborando un proyecto de ley relativa a los cuidados de larga duración. Sin embargo, sigue sin estar claro cómo las medidas previstas mejorarán la relación eficacia/coste, la accesibilidad y la calidad de la asistencia, si se exceptúa la previsión de que aumente la rentabilidad de la contratación pública en el ámbito de la asistencia sanitaria gracias a una mejor coordinación. Las inversiones en equipamientos y estructuras en el ámbito de la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración podrían contribuir a disminuir las tensiones futuras sobre los sistemas de asistencia.

               (10)Los retos relativos a la adecuación y sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones se están haciendo cada vez más acuciantes ya que la población eslovena está envejeciendo más deprisa que la población de la mayoría de los restantes Estados miembros. En el documento «Elementos básicos para la modernización del sistema de pensiones de jubilación y pensiones de invalidez», adoptado en 2017 por el Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y el anterior Gobierno acordaron adoptar una reforma en 2020 a más tardar, y el Programa Nacional de Reformas 2019-2020 menciona la posibilidad de una revisión de las pensiones para respaldar la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema y unos niveles adecuados para las pensiones. También establece el objetivo de alargar la vida laboral y proporcionar mejores oportunidades de explotar el potencial en recursos humanos que representan los trabajadores de más edad, pero no especifica cómo ni cuándo alcanzar este objetivo. El ajuste de la edad legal de jubilación conforme al aumento de la esperanza de vida y el fomento de una jubilación más tardía aumentarían la sostenibilidad del sistema. Sigue planteando un reto garantizar pensiones adecuadas, ya que algunos pensionistas aún se encuentran en el umbral de pobreza o por debajo de dicho umbral Cerca del 70 % de todos los trabajadores autónomos de Eslovenia optan por pagar cotizaciones a la seguridad social al nivel mínimo, lo que solo les da derecho a la pensión de jubilación mínima. La adecuación de las pensiones podría mejorarse más ampliando la cobertura de los regímenes de pensión complementarios, teniendo debidamente en cuenta la evolución de las carreras profesionales y reduciendo los riesgos de pobreza de las personas de edad.

               (11)El empleo ha seguido aumentando y el desempleo, disminuyendo. Al mismo tiempo, el desempleo de larga duración se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis y representa casi la mitad del desempleo total. Persisten algunas dificultades, en particular para los trabajadores poco cualificados y los trabajadores de más edad, ya que sus tasas de empleo y actividad siguen figurando entre las más bajas de la UE. Su participación en los programas de aprendizaje de adultos es muy baja. La evaluación de las políticas encaminadas a animar a las personas a ocupar un puesto de trabajo o seguir una formación muestra que la mayoría de los programas existentes están obteniendo buenos resultados. Sin embargo, siguen siendo limitados los gastos en este ámbito y la tasa de participación de los desempleados poco cualificados y de más edad en los programas. Por consiguiente, revisten particular importancia las inversiones en medidas eficaces que aumenten la empleabilidad de los trabajadores poco cualificados y de más edad, particularmente desarrollando sus capacidades digitales. Aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad también contribuirá a disminuir las presiones sobre el sistema de pensiones. Aunque la reforma del mercado laboral de 2013 ayudó sin lugar a dudas a encontrar trabajo a determinados grupos vulnerables, el empleo temporal sigue siendo un problema. El porcentaje de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social se redujo, pero sigue siendo superior a la media de la UE en el caso de las personas de más edad.

               (12)Están apareciendo indicios de escasez de mano de obra en un número creciente de sectores de la economía. A esta escasez contribuyen el desajuste entre las cualificaciones que adquieren los jóvenes durante su proceso de formación y las cualificaciones que buscan las empresas. Junto con las deficiencias en el funcionamiento de los ecosistemas de innovación, esta escasez obstaculiza la transformación industrial en las áreas prioritarias de la estrategia de especialización inteligente según se define en la consulta a las partes interesadas. El desarrollo de las capacidades digitales de la mano de obra futura es esencial para satisfacer las necesidades de la economía.

               (13)Se han adoptado o se adoptarán algunas medidas para mejorar las posibilidades de financiación de las empresas eslovenas y facilitarles alternativas a los préstamos bancarios. Sin embargo, las empresas eslovenas siguen dependiendo en gran medida de los préstamos bancarios y de los flujos de tesorería para cubrir sus necesidades de financiación. Sigue a un bajo nivel el acceso al capital de los mercados privados. La oferta de capital riesgo está creciendo, pero a partir de un nivel muy bajo. La capitalización de la Bolsa de Valores de Liubliana es baja y sigue disminuyendo. El limitado e infradesarrollado mercado de capitales, junto con unas condiciones marco desfavorables, tales como los escasos conocimientos financieros de las empresas más pequeñas, dificulta la entrada de capital social y de capital riesgo en el país. El difícil acceso al capital social presenta un obstáculo para la expansión de las empresas innovadoras, y también para las empresas establecidas, que podrían beneficiarse de cambios en su estructura de financiación.

               (14)Las empresas eslovenas se ven obstaculizadas por las todavía elevadas cargas reglamentarias y administrativas. Estas cargas se consideran un problema fundamental para la actividad empresarial en Eslovenia, y son relativas a cuestiones tales como la concesión de licencias, las exigencias de notificación, los procedimientos tributarios y los largos procedimientos ante los tribunales mercantiles. Las dificultades para perseguir los delitos económicos y financieros también afectan al entorno empresarial. Eslovenia ha creado instrumentos para reducir las cargas administrativas, cabiendo destacar el portal SPOT («Slovenska poslovna točka») y el «documento único», que abordan algunas de las cargas detectadas. Sin embargo, gran parte de las medidas de reducción de las cargas administrativas están pendientes y el impacto de algunas de las ya aplicadas ha sido inferior al esperado. Eslovenia también ha realizado algunas reformas para liberalizar los requisitos profesionales restrictivos. Sin embargo, algunos aspectos de las recomendaciones dirigidas al país a partir de 2017 siguen sin abordarse, particularmente en lo que se refiere a los abogados y los agentes inmobiliarios.

               (15)En Eslovenia existen deficiencias en cuanto a la competencia y la transparencia de la contratación pública, como indica particularmente la alta tasa de contratos establecidos mediante procedimientos negociados (sin recurrir a una licitación). Siguen siendo insuficientes las salvaguardias contra la corrupción y la colusión entre licitadores, particularmente en la contratación pública por parte de las administraciones locales y las empresas estatales, La supervisión independiente de la contratación pública carece de salvaguardias jurídicas suficientes contra las injerencias o presiones externas, especialmente en lo relativo a los procedimientos disciplinarios y a la propuesta de nombramiento de miembros de la Comisión Nacional de Supervisión. Se ha puesto en marcha un plan de acción para aumentar la profesionalización de las personas implicadas en la contratación pública, pero dicha profesionalización se encuentra todavía a un bajo nivel. Aunque las autoridades estiman que la delincuencia económica y la corrupción han causado un daño significativo en los últimos años, algunas reformas en materia de lucha contra la corrupción siguen pendientes.

               (16)A pesar de la privatización parcial del 65 % de las acciones del mayor banco esloveno, Nova Ljubljanska Banka, la participación estatal en la economía es aún elevada, particularmente en el sector financiero. Los planes de privatización publicados anteriormente se han aplicado con lentitud. Ejecutar las privatizaciones incrementaría la viabilidad a largo plazo de las empresas y reduciría los riesgos para las finanzas públicas así como los riesgos de distorsión de la competencia y de la asignación de recursos. Nuevas ventas de acciones de las empresas cotizadas también contribuirían a desarrollar el mercado de capitales de Eslovenia.

               (17)El ecosistema de la innovación, la investigación y el desarrollo requiere mejoras para lograr su pleno funcionamiento, y las medidas de apoyo a menudo carecen de coherencia. El respaldo limitado a la formación en el espíritu de empresa y a la transferencia de tecnologías y, de forma más general, la escasa cooperación entre el mundo científico y el mundo empresarial dificultan la creación y la expansión de empresas innovadoras. En Eslovenia, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen una baja capacidad de innovación y la proporción de empresas innovadoras en el país está disminuyendo de hecho, siendo inferior a la media de la UE. El lento ritmo de transformación digital en Eslovenia frena el incremento de la productividad. Existen discrepancias en materia de resultados de innovación entre las regiones orientales y occidentales del país, lo que dificulta la cooperación y la creación de redes. Eslovenia está invirtiendo sus progresos hacia el logro de su objetivo de gasto en investigación y desarrollo para 2020, mientras que un aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación reforzaría el potencial de crecimiento del país. Eslovenia atrae una baja proporción de estudiantes internacionales a todos los niveles de la enseñanza superior, especialmente al nivel de doctorado, mientras que la movilidad internacional de los investigadores y la movilidad entre el mundo académico y el mundo empresarial siguen siendo limitadas.

               (18)Para el período hasta 2030, Eslovenia ha establecido objetivos en términos de infraestructura energética, eficiencia energética y energías renovables en su proyecto de plan nacional en materia de energía y cambio climático, necesitando todos estos objetivos unas inversiones apropiadas. En particular, la economía eslovena es más intensiva en carbono que la economía de la UE, y la proporción de las fuentes de energía renovables en la producción total de energía se está estancando. El desarrollo de fuentes de energía renovables distintas de la madera y la energía hidráulica es particularmente bajo. Los sectores industrial, de servicios y residencial representan en el consumo de energía final proporciones superiores a la media de la UE. Por otro lado, la capacidad de almacenamiento energético existente está infradesarrollada, por lo que no cubre las necesidades que se derivan de una producción local no integrada de fuentes de energía renovables.

               (19)El transporte se ha convertido en la mayor fuente de emisiones de CO2: su proporción en el total de emisiones es superior a la media de la UE para este sector. La gran dependencia de Eslovenia respecto del transporte por carretera provoca problemas de alta intensidad de energía y de carbono, así como contaminación atmosférica y accidentes de tráfico. Existe un margen significativo para mejorar las infraestructuras ferroviarias, así como para reducir las emisiones de carbono del sector del transporte y mejorar la sostenibilidad de este sector en general, lo que podría contribuir a disminuir estos efectos negativos. También persisten importantes deficiencias de inversión en el ámbito de los recursos naturales para garantizar un modelo de desarrollo más sostenible. La economía de Eslovenia depende de su entorno natural, que se está deteriorando. La elevada dependencia respecto de la importación de materias primas, asociada a las bajas tasas de reciclado, dificulta la transición hacia una economía circular. La situación del sector de aguas residuales urbanas, y en particular de las infraestructuras de recogida y tratamiento, no cumple plenamente las exigencias de la UE. Algunos componentes sustanciales de la economía de Eslovenia son vulnerables a los desastres naturales, particularmente a las inundaciones.

               (20)La programación de fondos de la UE para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las lagunas detectadas en las recomendaciones, especialmente en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe dirigido al país
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               . Ello permitiría a Eslovenia optimizar la utilización de estos fondos en relación con los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Un importante factor para el éxito de estas inversiones será el reforzamiento de la capacidad administrativa del país para gestionar estos fondos.

               (21)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Eslovenia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovenia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovenia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión Europea. Ello refleja la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones de esta en las futuras decisiones nacionales.

               (22)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Eslovenia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. Adoptar y aplicar reformas de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga duración que garanticen la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la adecuación del sistema de pensiones, en particular ajustando la edad legal de jubilación y limitando la jubilación anticipada. Aumentar la empleabilidad de los trabajadores poco cualificados y de los trabajadores de más edad mejorando la adaptación al mercado laboral de la educación y la formación, el aprendizaje permanente y las medidas de activación, particularmente las encaminadas a mejorar los conocimientos digitales.

               2.Respaldar el desarrollo de los mercados de acciones. Mejorar el entorno empresarial deduciendo las restricciones reglamentarias y las cargas administrativas. Mejorar la competencia, la profesionalización y la supervisión independiente en el ámbito de la contratación pública. Ejecutar las privatizaciones en consonancia con los planes existentes.

               3.Centrar la política de inversión en la investigación y la innovación, la transición energética hacia una economía con baja intensidad de carbono, el transporte sostenible (especialmente el ferroviario) y las infraestructuras medioambientales, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1023 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se distribuye a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas de ingresos discrecionales o los aumentos de ingresos resultantes de medidas legislativas. Se deducen las medidas puntuales tanto de ingresos como de gastos.

                     (7)

                        SWD(2019) 1023 final.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 509 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo. En concreto, las medidas para mejorar la productividad ayudarán a dar cumplimiento a la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al reequilibrado de la zona del euro; la utilización de los ingresos extraordinarios para reducir la deuda pública y la concentración de la política económica de inversión en los ámbitos indicados contribuirán a dar respuesta a la segunda recomendación para la zona del euro en lo relativo a la constitución de reservas y el apoyo a la inversión; y las medidas de mejora de las capacidades y de la empleabilidad coadyuvarán a poner en práctica la tercera recomendación para la zona del euro en lo tocante al funcionamiento del mercado laboral.

               (3)El informe específico de 2019 sobre España
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                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por España para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de España en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019
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               . El análisis de la Comisión la llevó a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. El alto nivel de endeudamiento interno y externo —tanto público como privado— y el elevado desempleo siguen siendo, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad, puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. Se observan progresos en la reducción de la deuda privada, pero las necesidades de desapalancamiento siguen siendo considerables. A pesar de que el PIB continúa creciendo vigorosamente, la deuda pública como porcentaje del PIB sigue siendo elevada. La tasa de desempleo ha continuado descendiendo con rapidez, pero todavía es muy alta y el alto grado de segmentación del mercado laboral entre los contratos temporales y los indefinidos impide un crecimiento de la productividad laboral más rápido. Tras un fuerte impulso reformista entre 2012 y 2015, el cambiante contexto político experimentado durante el pasado año ha contribuido a un año más de progresos limitados en la aplicación de las recomendaciones. La actual situación económica favorable ofrece una oportunidad para acometer las reformas necesarias pendientes con vistas a lograr que la economía española sea más resiliente y a aumentar el crecimiento de su productividad.

               (4)El 30 de abril de 2019, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)El Programa de Estabilidad de 2019 informa sobre las medidas adoptadas para aplicar los instrumentos preventivos y correctores previstos en la Ley de Estabilidad española. Sin embargo, no establece ningún plan para hacer que la aplicación de estos instrumentos sea automática ni para revisar la norma de gasto de la Ley de Estabilidad con vistas a reforzar su contribución al saneamiento presupuestario, especialmente durante los periodos de bonanza económica. En el ámbito de la contratación pública, la aplicación ambiciosa de la Ley de Contratos del Sector Público adoptada en 2017 resultará decisiva para aumentar la eficiencia del gasto público y prevenir las irregularidades. En particular, es importante que la nueva estructura de gobierno, sobre todo la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, pueda desempeñar eficazmente los cometidos que se le han asignado, y que la Estrategia Nacional de Contratación Pública integral se adopte con celeridad y con la participación activa de las entidades o poderes adjudicadores a nivel nacional, regional y local. Finalmente, en 2019 se prevé la realización de varios análisis de gastos, y la aplicación de las recomendaciones que de ellos se desprendan debería contribuir a aumentar la eficiencia del gasto público.

               (6)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (7)Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo y la Decisión (UE) [2019/X] del Consejo de derogar el procedimiento de déficit excesivo, España se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. Prevé que el saldo de las Administraciones Públicas aumente del – 2,5 % del PIB en 2018 al – 2 % del PIB en 2019, y que se logre un presupuesto equilibrado en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , no se prevé alcanzar, durante el periodo cubierto por el Programa, el objetivo presupuestario a medio plazo consistente en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. Según el Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública / PIB baje del 97,1 % en 2018 al 95,8 % en 2019, antes de alcanzar el 88,7 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios fijados en el Programa de Estabilidad de 2019 afectan sobre todo a los ingresos, ya que la incertidumbre respecto a la recaudación o a las posibilidades de adopción de muchas de las medidas de obtención de ingresos es considerable.

               (8)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a España que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no supere el 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019.

               (9)En 2020, en vista de la ratio deuda pública / PIB de España, que supera el valor de referencia del Tratado del 60 % del PIB, y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,0 % del PIB, el gasto público primario neto nominal no debería aumentar en 2020, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de subestimación de la capacidad ociosa en la economía, con una inflación que se prevé que permanezca por debajo del 2 % en 2019 y margen de mejora en el mercado laboral (elevada tasa de desempleo y un muy alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario, empleo temporal y trabajadores pobres). Además, el instrumento de verosimilitud indica también que existe un alto grado de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción realizadas con arreglo a la metodología común. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, si no se producen cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020. Además, se prevé que España no cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda ni en 2019 ni en 2020. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante.

               (10)El crecimiento del empleo en España sigue siendo vigoroso. El desempleo sigue cayendo, pero permanece muy por encima del promedio de la Unión Europea, especialmente en lo que concierne a la gente joven y a las personas con baja cualificación. Las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la tasa de empleo y la duración de las carreras profesionales siguen siendo considerables y suponen un desaprovechamiento de potencial, sobre todo en vista del rápido envejecimiento de la población.

               (11)El uso aún generalizado de contratos temporales, incluso en los sectores menos tendentes a la actividad estacional o cíclica, si bien está disminuyendo progresivamente, figura entre los más altos de Europa y podría suponer un obstáculo para la capacidad de crecimiento de España y su cohesión social. Los jóvenes, las personas con baja cualificación y los nacionales de terceros países son los más afectados, al ser frecuente que tengan menos derechos a la percepción de prestaciones sociales y que estén expuestos a un mayor riesgo de pobreza. Los contratos temporales suelen ser de muy corta duración y ofrecen escasos incentivos —tanto a los trabajadores como a los empleadores— para invertir en formación, lo cual, a su vez, obstaculiza el crecimiento de la productividad. Pasar de un contrato temporal a uno indefinido sigue siendo difícil, y las barreras a la movilidad laboral reducen las oportunidades para los demandantes de empleo y dificultan su asignación eficiente en las distintas zonas del país.

               (12)España ha incrementado el apoyo a los desempleados de larga duración, que representaban aún el 6,4 % de la población activa en 2018. Ciertas iniciativas recientes buscan hacer apta para el empleo a la gente joven a través del asesoramiento y la orientación profesional, pero los servicios públicos de empleo siguen tramitando una proporción baja de las vacantes de empleo y es necesario realizar más esfuerzos por mejorar su utilización en la búsqueda de empleo y la colocación. En particular, la implicación de los empleadores en algunas regiones es escasa, y los instrumentos de elaboración de perfiles para poner en contacto a los solicitantes de empleo con los empleadores en función de las necesidades de esto últimos se encuentran todavía en sus comienzos. Las asociaciones entre los servicios de empleo públicos y los servicios sociales progresan, pero en determinadas regiones la colaboración sigue siendo limitada. Una mayor inversión en unos servicios públicos de empleo modernos acompañada de medidas de apoyo a la movilidad laboral podría contribuir a mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de los trabajadores y suavizar las transiciones en el mercado laboral, fomentando así la productividad de España y el crecimiento inclusivo a largo plazo.

               (13)Los esfuerzos por fortalecer las inspecciones de trabajo a fin de luchar contra la utilización abusiva de contratos temporales están dando ciertos resultados y se está incrementando la proporción de contratos indefinidos en el crecimiento neto del empleo. No obstante, los empleadores continúan recurriendo con frecuencia a los contratos de corta duración. La experiencia muestra que los numerosos incentivos de apoyo a la creación de puestos de trabajo están teniendo efectos limitados a la hora de promover un empleo de calidad. España ha puesto en marcha una nueva evaluación con vistas a simplificar el sistema, pero los resultados no están disponibles aún. Las oposiciones y los concursos para reducir la cuota de empleo de duración determinada en el sector público en todos los niveles de la Administración han de acelerarse a fin de alcanzar el objetivo del 8 % antes de que finalice 2019. Si bien la creación de mesas redondas tripartitas constituye un progreso a la hora de lograr una mayor participación de los agentes sociales en la elaboración de las políticas, sigue existiendo margen para que las consultas sean más profundas y oportunas.

               (14)Tanto la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social como la desigualdad de ingresos están disminuyendo, pero permanecen por encima de la media de la Unión. Las tasas de pobreza de las personas con empleo son altas entre los trabajadores temporales, con baja cualificación o nacidos fuera de la UE. La tasa de pobreza infantil, aunque decreciente, sigue siendo muy alta. La eficacia de las prestaciones sociales —excluidas las pensiones— para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente en el caso de los menores. El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de los más bajos de la UE y no está bien orientado. Aunque la tendencia es positiva, existen aún deficiencias importantes en la cobertura de las personas con dependencia severa y moderada. La ayuda al desempleo nacional está fragmentada, al existir múltiples regímenes orientados a diferentes grupos de demandantes de empleo. Las recientes medidas de mejora de la cobertura y protección de la asistencia financiera a los desempleados de larga duración mayores (52 años o más) pueden, al mismo tiempo, socavar los incentivos para trabajar de este grupo en particular. Asimismo, existen importantes disparidades entre los regímenes autonómicos de renta mínima por lo que respecta a las condiciones de acceso, la cobertura y la adecuación, y su limitada portabilidad entre comunidades autónomas reduce los incentivos para la movilidad laboral. Como consecuencia de ello, hay personas necesitadas que no reciben ayuda. La instauración del sistema de Tarjeta Social Universal hará que el sistema de prestaciones sociales sea más transparente, permitiendo así una mejor orientación de las ayudas. Si bien la recuperación económica sigue conteniendo la pobreza, la situación requiere inversiones en políticas de inclusión social e infraestructuras sociales (por ejemplo, en vivienda social) a fin de lograr un crecimiento inclusivo. Además, España se enfrenta a retos específicos de cohesión territorial como, por ejemplo, el despoblamiento y el envejecimiento agudos en determinadas zonas rurales. La adopción de medidas que promuevan el emprendimiento, la digitalización y la economía social puede ayudar a hacer frente a estos retos como parte de estrategias integradas de desarrollo territorial.

               (15)Durante la crisis, el sistema español de pensiones contribuyó de manera importante a mantener el nivel de vida de las personas mayores, que se enfrentan a un menor riesgo de pobreza. Las previsiones del Informe sobre el envejecimiento y el Informe sobre la adecuación de las pensiones de 2018 señalan que las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo.  No obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Además, se necesitarían medidas para abordar tanto la cuestión de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial.

               (16)El desempeño de España en materia de innovación y el crecimiento de la productividad se ven obstaculizados por unos niveles bajos de inversión en investigación y desarrollo y por la inadecuación de las capacidades. El gasto en investigación y desarrollo del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la Unión, especialmente en el caso de las grandes empresas; además, se observan importantes disparidades regionales. Esta divergencia se ve agravada por el bajo —y decreciente— índice de ejecución del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. La escasez y la inadecuación de las capacidades representan otro importante obstáculo al desarrollo y la utilización de tecnologías avanzadas, especialmente por parte de las pymes. El empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos se encuentra muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas. Aunque se están desarrollando estrategias autonómicas de innovación en pro de una especialización inteligente y se está racionalizando la gobernanza de la política nacional de investigación e innovación, la coordinación entre los niveles nacional y autonómico en la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas sigue siendo escasa. La mejora de los resultados de España en materia de innovación requiere realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes y ayudar a estas a crecer y para promover la competitividad de todas las empresas y su transición —mediante, por ejemplo, la digitalización— a actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales. Asimismo, se ha de hacer más hincapié en las asociaciones público-privadas; en la cooperación entre el mundo académico y las empresas y la transferencia de tecnología, especialmente en beneficio de las pymes; en una gobernanza reforzada de la política de investigación e innovación a todos los niveles de la Administración; y en una mayor armonización entre las infraestructuras y los proyectos de investigación y desarrollo y las estrategias de innovación nacionales y autonómicas.

               (17)Aunque se observan mejoras, el índice de abandono escolar prematuro sigue siendo excesivamente alto en España, y las disparidades regionales son considerables. Existe margen para mejorar los resultados educativos, que varían muchísimo en función de la comunidad autónoma. Ambos factores inciden negativamente en el potencial de crecimiento de la productividad a largo plazo.  Los esfuerzos por reformar el sistema educativo se han estancado. Las empresas señalan que les cuesta encontrar las capacidades necesarias para abrirse a la innovación, especialmente en lo que respecta a los especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones. España ha aprobado medidas para mejorar el sistema de educación y formación profesional dual, que podría desempeñar una función esencial a la hora de generar las capacidades y las cualificaciones necesarias para absorber la innovación, pero el número de personas que se matriculan en estos programas de formación sigue siendo modesto. La tasa de titulados superiores en España sobrepasa la media de la UE, pero dichos titulados experimentan dificultades para encontrar puestos de trabajo adecuados. El desarrollo del capital humano a todos los niveles de los sistemas educativo y de formación, incluyendo la educación superior y la formación profesional, y una mayor cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mitigar la inadecuación de las capacidades existente podrían favorecer el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes titulados. Asimismo, podría aportar a las empresas las capacidades y las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovar y aprovechar plenamente el potencial de crecimiento que ofrece la digitalización. La reconversión de los trabajadores para que adquieran capacidades digitales permitiría también a las empresas españolas seguir siendo competitivas en una economía cada vez más digitalizada. Todas estas medidas contribuirían a la reducción de las disparidades regionales.

               (18)El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España está impidiendo a las empresas beneficiarse de las economías de escala y está frenando la productividad. La Ley de garantía de la unidad de mercado sigue constituyendo un importante instrumento para hacer frente a estas cuestiones. Una aplicación más decidida de esta Ley y la eliminación de las restricciones a la prestación de servicios que se han detectado, en particular las que afectan a determinados servicios profesionales como, por ejemplo, los servicios jurídicos e informáticos o los que prestan los ingenieros civiles y los arquitectos, incrementarían las oportunidades de crecimiento y la competencia. Al igual que en otros ámbitos en los que las regiones son actores clave para el éxito en la aplicación de reformas, una coordinación más estrecha y sostenida entre las autoridades nacionales y autonómicas podría conseguir que las políticas en este ámbito fuesen más efectivas.

               (19)El carácter incompleto de las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración limitada en los mercados de electricidad y gas de la UE también impiden que España se beneficie plenamente del mercado único de la UE. Por este motivo, España debe seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de al menos un 10 % de su capacidad instalada de producción eléctrica de aquí a 2020. También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.

               (20)Siguen existiendo importantes deficiencias en cuanto a la inversión en el ámbito de la gestión de los recursos naturales para garantizar un modelo de desarrollo más sostenible. La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda. Deben realizarse mayores esfuerzos por promover el transporte sostenible y la economía circular. Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua, como, por ejemplo, la depuración de aguas residuales, las filtraciones en las redes de distribución del agua y el suministro de agua. A pesar de los progresos constantes en los últimos años, España todavía ha de cumplir determinados requisitos establecidos por la legislación de la Unión sobre aguas. Avanzar en la consecución de todos estos objetivos aportaría a España beneficios medioambientales, económicos y sociales.

               (21)Por lo que respecta a todos los déficits de inversión detectados, deben tenerse en cuenta las disparidades regionales específicas en las necesidades de inversión. Las disparidades territoriales en términos de PIB per cápita son moderadas, pero siguen siendo mayores que antes de la crisis, sobre todo debido al impacto asimétrico de la pérdida de empleo en las diferentes regiones. Las disparidades regionales más amplias se dan actualmente en los indicadores laborales y sociales, en los que la mayoría de las regiones españolas obtienen unos resultados inferiores a la media de la Unión. También existen importantes disparidades territoriales en otros indicadores socioeconómicos como la innovación, el emprendimiento y la competitividad. La política económica de inversión debe tener debidamente en cuenta las disparidades regionales en las necesidades de inversión.

               (22)La programación de los fondos de la UE para el periodo 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Esto permitiría a España un aprovechamiento óptimo de dichos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades regionales y la situación especial de la región ultraperiférica de Canarias. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

               (23)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (24)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (25)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a España que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

               2.Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.

               3.Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación.

               4.Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en el caso de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y mejorando la cooperación entre las Administraciones.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1008 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un periodo de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (9)

                        SWD(2019) 1008 final.

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 517 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Hungría

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2019 sobre Hungría
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                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 30 de abril de 2019, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (5)Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé una mejora del déficit global hasta el 1,8 % del PIB en 2019, frente al 2,2 % en 2018. Se prevé que el déficit siga aumentando gradualmente hasta el 1,2 % en 2021 y alcance una situación presupuestaria equilibrada en 2023. Sobre la base del saldo estructural recalculado (
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               ), en 2022 Hungría estaría próxima a su objetivo presupuestario a medio plazo —modificado de un déficit estructural del 1,5 % del PIB en 2019 al 1,0 % del PIB a partir de 2020— y lo alcanzaría al año siguiente. Con arreglo al Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya gradualmente hasta quedar por debajo del 60 % a finales de 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2019 y claramente favorable a partir de 2020, lo que supone un riesgo para la consecución de los objetivos de déficit. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2020 no se han concretado suficientemente.

               (6)El 22 de junio de 2018, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que en 2017 existía en Hungría una significativa desviación observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. En vista de la desviación significativa observada, el 22 de junio de 2018 el Consejo recomendó a Hungría que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo llegó a la conclusión de que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 22 de junio de 2018 y publicó una Recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo instaba a Hungría a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que correspondía a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El XX de junio de 2019, el Consejo llegó a la conclusión de que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 4 de diciembre de 2018. Además, y atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2018, se constató que Hungría presentaba una desviación significativa respecto al ajuste recomendado en 2018.

               (7)De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, el 5 de junio de 2019 la Comisión advirtió a Hungría de que en 2018 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el XX de junio de 2019, el Consejo adoptó una Recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Hungría adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicha Recomendación en 2019.

               (8)Para 2020, el XX de junio de 2019, el Consejo recomendó a Hungría que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 4,7 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB. Esto situaría a Hungría en una trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, salvo un cambio de políticas, existe un riesgo de desviación de dicho requisito en 2020. En general, el Consejo considera que, a partir de 2019, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en consonancia con la recomendación dirigida a Hungría el XX de junio de 2019 con vistas a corregir la significativa desviación observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (9)En un contexto de fuerte expansión económica, la tasa global de empleo ha mejorado significativamente, si bien no ha beneficiado por igual a todos los grupos de población. Las diferencias en materia de empleo y salarios entre grupos de cualificaciones y entre hombres y mujeres siguen siendo muy considerables en comparación con la media de la UE. La amplia brecha de género en el empleo se debe en parte a la limitada oferta de buenos servicios de guardería. En el mercado laboral, es escasa la participación de una serie de colectivos vulnerables, como la población gitana y las personas con discapacidad. Pese a su reducción, sigue teniendo un alcance considerable el programa de obras públicas, que no consigue emplear a los participantes en el mercado de trabajo primario. Otras políticas destinadas a ayudar a las personas desempleadas o inactivas a encontrar trabajo o formación no son suficientemente específicas en cuanto a sus destinatarios. Desarrollar las competencias digitales podría contribuir a mejorar la empleabilidad. Hay medidas recientes que tienen por objetivo reincorporar a más trabajadores jubilados y aumentar su número a lo largo del tiempo. La situación general de la pobreza en Hungría ha mejorado desde 2013. La duración de las prestaciones de desempleo es la más corta de la UE —tres meses como máximo—, muy por debajo del tiempo necesario por término medio para encontrar empleo.

               (10)Disminuye la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Es evidente el paso a unas prestaciones sociales para las familias basadas en el trabajo y a las prestaciones en especie, pero estas no van suficientemente dirigidas a los pobres. Si bien se han ampliado las subvenciones a la propiedad de las viviendas, no ha habido mejora alguna en la oferta de vivienda social.

               (11)Los resultados educativos se sitúan por debajo de la media de la UE, con grandes disparidades territoriales. El abandono escolar prematuro es más alto, y la tasa de titulados en educación terciaria, más baja que la media de la UE. El sistema educativo dificulta la movilidad social. Los alumnos son canalizados muy pronto a distintos tipos de centros escolares, con grandes diferencias en cuanto a resultados educativos y vías de acceso al empleo. La proporción de centros educativos con presencia mayoritaria de alumnos romaníes aumentó del 10 % en 2008 al 15 % en 2017. Los efectos de las medidas recientes para una distribución equilibrada de alumnos desfavorecidos en los centros se ven limitados por la exención de las escuelas no estatales de la obligación de acoger a dichos alumnos. Los niños desfavorecidos tienden a concentrarse en los centros secundarios de formación profesional, caracterizados por niveles más bajos de capacidades básicas, mayores tasas de abandono escolar y menores perspectivas de remuneración y desarrollo profesional. La baja participación en la educación de calidad de los colectivos desfavorecidos, sobre todo los romaníes, es una oportunidad perdida para desarrollar el capital humano. Tampoco ayuda la escasez de profesores. Los salarios de los docentes han aumentado en los últimos años, pero siguen siendo relativamente bajos en comparación con otros titulados de la educación terciaria. El escaso número de estudiantes de educación superior no se corresponde con la fuerte demanda de trabajadores muy cualificados ni con la prima salarial de los titulados superiores, la más alta de la UE. Los centros de enseñanza superior de Hungría tienen el menor grado de autonomía financiera de la UE. También suscitan inquietud por la libertad académica los cambios introducidos en abril de 2017 en la Ley de Educación Superior, que imponen requisitos adicionales a las universidades internacionales para trabajar en Hungría. En 2018, la universidad húngara de mayor prestigio internacional anunció su intención de abandonar el país debido a la incertidumbre jurídica creada por estos cambios.

               (12)Los resultados de salud son peores que los de la mayoría de los demás países de la UE, lo que refleja a la vez lo poco saludable de los estilos de vida y la limitada eficacia de la asistencia sanitaria. La prevalencia del tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad figura entre las más altas de la UE. Debido a la mala calidad del aire, los húngaros corren el mayor riesgo de muerte prematura de la UE. El número de muertes evitables es uno de los más altos de la Unión, debido en parte a un cribado inadecuado, en parte a la gestión de la atención primaria. Hay importantes disparidades socioeconómicas en el acceso a una asistencia de calidad. El gasto público en sanidad está por debajo de la media de la UE, y los ciudadanos dependen de desembolsos directos para acceder a un servicio de calidad, lo que agrava el riesgo de que se amplíe la brecha socioeconómica en la sanidad. El sistema sigue estando muy centrado en los hospitales y presentando deficiencias en atención primaria, sobre todo en cuanto a detección precoz y prevención de enfermedades crónicas. La gran escasez de personal sanitario impide el acceso a la asistencia en las zonas más pobres.

               (13)Aumentar las capacidades de investigación e innovación podría mejorar los modestos resultados de Hungría en materia de innovación y aumentar la productividad. El bajo nivel de acumulación de activos intelectuales se refleja en la escasez de solicitudes de patentes, marcas y diseños, el reducido número de empresas innovadoras y el bajo grado de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas más pequeñas se muestran particularmente reacias a innovar, lo que las impide participar en las cadenas de valor mundiales. La I+D de las empresas se concentra en unas pocas grandes entidades, sobre todo de propiedad extranjera, y recibe generosas ayudas públicas. Apoyar la cooperación entre ciencia y empresa contribuiría a mejorar el rendimiento de la innovación y la transferencia de tecnología. La calidad de la ciencia pública se ve perjudicada por la ineficacia de las políticas de I+D y la falta de financiación, ya que el gasto del sector público en I+D está muy por debajo de la media de la UE. Medidas recientes de recorte de fondos y restricciones a la independencia de los foros académicos y de investigación crean incertidumbre en este sector, lo que puede llevar al personal más brillante a emigrar y provocar un persistente declive de la calidad de la investigación.

               (14)La débil conectividad del transporte público local y el alto coste de los desplazamientos cotidianos contribuyen al desempleo en las zonas desfavorecidas. El deficiente estado de las redes viales y ferroviarias perjudica a la movilidad y reduce la seguridad del transporte: más de la mitad de la red de carreteras está en mal estado, sobre todo en las regiones desfavorecidas. Las redes de transporte están centradas en Budapest, sin que estén bien desarrolladas las redes locales y las conexiones transversales. La congestión vial es un problema creciente y un obstáculo para la productividad de las zonas urbanas húngaras. Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte por carretera han aumentado considerablemente en los últimos cinco años. La navegación interior en el Danubio, cuyas aguas están bajas, podría mejorar con una reglamentación menos restrictiva.

               (15)Sigue dejando que desear la eficiencia energética en el sector residencial. La red de generación de electricidad debe prepararse para el creciente papel de la generación descentralizada de electricidad a partir de fuentes renovables. La mitad del territorio de Hungría está muy expuesta a riesgos ligados al cambio climático, tales como sequías e inundaciones, lo que hace necesario invertir en gestión del agua en los principales ríos. Siguen causando preocupación la contaminación atmosférica y la calidad del agua. Las principales fuentes de contaminación son la combustión de combustibles sólidos, la agricultura y las emisiones del transporte. La economía circular aún está en fase inicial, el reciclado de residuos municipales no está suficientemente desarrollado y los instrumentos de política económica no bastan para hacer frente a los retos medioambientales de Hungría.

               (16)Persiste la inquietud por la prevención y persecución de la corrupción. Varios indicadores hacen pensar que ha aumentado en los últimos años la exposición de Hungría a la corrupción. Los riesgos de corrupción y el favoritismo falsean la asignación de recursos, que no se canalizan a las empresas más productivas. Para luchar contra la corrupción, es de vital importancia el funcionamiento de la fiscalía. Aunque parecen haberse aplicado con cierto éxito medidas de lucha contra la corrupción de poca monta, siguen sin verse medidas decididas en caso de acusaciones graves de corrupción contra funcionarios de alto nivel o su entorno inmediato. Preocupa la rendición de cuentas cuando se decide terminar las investigaciones, ya que contra este tipo de decisión no existen vías de recurso efectivas. También hacen difícil prevenir la corrupción las restricciones aplicadas por las instituciones públicas, tales como tarifas disuasorias para acceder a la información.

               (17)Los controles y contrapesos, cruciales para garantizar la independencia del poder judicial, se han visto aún más debilitados en los tribunales ordinarios. El Consejo Nacional del Poder Judicial afronta crecientes dificultades a la hora de actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial. Esto provoca inquietud por la independencia judicial. Con respecto a la Ley de tribunales administrativos, cabe señalar que el 30 de mayo de 2019 el Gobierno presentó un proyecto legislativo por el que se retiraba la ley sobre la entrada en vigor y las disposiciones transitorias para los tribunales administrativos.

               (18)El marco de contratación pública ha mejorado en los últimos años, pero sigue habiendo obstáculos a la competencia. Entre ellos figuran el uso de procedimientos con publicidad limitada e irregularidades sistémicas en los procedimientos de licitación, sobre todo debido a unos procedimientos de selección y adjudicación inadecuados y al trato desigual de los licitadores. Aunque algunos indicadores indican mejoras, sigue siendo alto el número de procedimientos con un único licitador. Una utilización más amplia de la contratación pública electrónica permitiría aumentar la eficiencia y la transparencia.

               (19)En Hungría, las estructuras y procesos de diálogo social están infradesarrollados y no permiten una verdadera participación de los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de las políticas. Las deficiencias en cuanto a participación de las partes interesadas y la falta de transparencia socavan la base empírica y la calidad de la elaboración de políticas. El resultado son cambios frecuentes e imprevisibles de la normativa que desalientan de hacer inversiones de alto valor añadido.

               (20)Se han aplicado medidas para mejorar el sistema fiscal, pero aún hay algunas dificultades. Pese a haber disminuido, la presión fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta para los trabajadores con bajos ingresos. Los impuestos sectoriales y gran número de pequeños gravámenes complican el sistema fiscal y aumentan los costes de cumplimiento, sobre todo para las pequeñas empresas.

               (21)Las barreras reglamentarias y la participación estatal en los mercados de productos dificultan la selección de empresas eficientes y limitan la competencia. Las autoridades siguen encomendando determinados servicios a empresas estatales o empresas privadas creadas específicamente para estos fines. Una serie de normas y medidas creadas a medida, junto con las exenciones ad hoc al control de la competencia, impiden el funcionamiento del mercado y dificultan la inversión. Otro problema es la imprevisibilidad del marco jurídico, sobre todo en el sector minorista, que en los últimos años ha tenido que hacer frente a frecuentes cambios reglamentarios. En el último año se ha introducido una normativa que impone una autorización especial adicional para modificar el uso o diseño de locales comerciales. También sigue siendo restrictiva la regulación de las profesiones. La falta de competencia en estos sectores puede ir en detrimento de la innovación y la eficiencia.

               (22)Para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, es fundamental combatir la planificación fiscal abusiva. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Hungría ha tomado medidas contra la planificación fiscal agresiva, pero registra entradas y salidas de capital relativamente altas a través de entidades con fines especiales cuya incidencia en la economía real es escasa o nula. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes de dividendos, intereses y cánones (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) por empresas con sede en Hungría puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben.

               (23)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe específico
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               . Esto permitiría a Hungría hacer el mejor uso de esos fondos en los sectores enumerados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               (24)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (25)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la primera recomendación que figura a continuación,

               RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de XX de junio de 2019 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               2.Seguir integrando en el mercado de trabajo a los colectivos más vulnerables, en particular mediante la mejora de capacidades, y mejorar la adecuación de la asistencia social y las prestaciones de desempleo. Mejorar el rendimiento escolar y aumentar la participación de los colectivos desfavorecidos, sobre todo la población romaní, en un sistema general de enseñanza de calidad. Mejorar los resultados en materia de salud apoyando medidas sanitarias preventivas y reforzando la atención primaria.

               3.Centrar la política económica de inversión en investigación e innovación, energía y transporte de bajas emisiones de carbono, infraestructuras de gestión de residuos y eficiencia en el uso de la energía y los recursos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la competencia en la contratación pública.

               4.Reforzar el marco de la lucha contra la corrupción, en particular mejorando la labor de la fiscalía y el acceso a la información pública, y fortalecer la independencia judicial. Mejorar la calidad y transparencia del proceso de toma de decisiones mediante un diálogo social efectivo y el compromiso con otras partes interesadas y mediante evaluaciones de impacto periódicas y adecuadas. Seguir simplificando el sistema tributario y al mismo tiempo reforzarlo frente al riesgo de planificación fiscal agresiva. Mejorar la competencia y la previsibilidad reglamentaria en el sector de servicios.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1016 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de 4 años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (7)

                        SWD(2019) 1016 final.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.