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31997H0344

97/344/CE: Recomendación de la Comisión de 22 de abril de 1997 sobre la mejora y simplificación de las condiciones para la creación de empresas

Diario Oficial n° L 145 de 05/06/1997 p. 0029 - 0051

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de abril de 1997 sobre la mejora y simplificación de las condiciones para la creación de empresas (97/344/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Resolución del Consejo, de 10 de octubre de 1994, sobre el libre desarrollo de la dinámica y del poder innovador de las pequeñas y medianas empresas, incluidas las artesanales y las microempresas, en una economía abierta a la competencia (1),Visto el informe presentado por la Comisión al Consejo Europeo de Madrid de 15 y 16 de diciembre de 1995, titulado «Las pequeñas y Medianas Empresas: Fuente Dinámica de Empleo, Crecimiento y Competitividad en la Unión Europea» (2),Vista la Comunicación de la Comisión sobre un Programa integrado en favor de las PYME y del artesanado (3), y la Resolución del Consejo de 9 de diciembre de 1996 (4),Vista la Resolución del Consejo, de 8 de julio de 1996, sobre la simplificación legislativa y administrativa en el ámbito del mercado interior (5),Vista la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 1996, que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión relativa al Tercer Programa Plurianual en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea (1997-2000) (6),Visto el Plan de la Comisión, de acción para la innovación (7), que, entre otros aspectos, subraya que unas formalidades administrativas excesivas pueden tener efectos negativos sobre el potencial de innovación de las empresas,Vista la Decisión 97/15/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al Tercer Programa Plurianual en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea (1997-2000) (8),Considerando lo que sigue:I. INTRODUCCIÓN (1) Según las organizaciones empresariales europeas, la principal prioridad es mejorar y simplificar el entorno empresarial, ya que actualmente las empresas deben operar en un entorno complejo y que cambia constantemente. Se han adoptado numerosas normativas en los últimos veinte años y, junto con los procedimientos administrativos, tienen un efecto acumulado sobre las empresas, que ahoga sus actividades cotidianas y afecta a su competitividad. Además, la carga es desproporcionada para las pequeñas empresas, que, en comparación con las grandes, no disponen de los recursos humanos y financieros necesarios (9). Y ya que está ampliamente reconocido que las PYME (10), tienen un mayor potencial de creación de puestos de trabajo, los poderes públicos deberían estudiar, como asunto prioritario, formas de reducir la carga administrativa que soportan esas empresas. Es vital animar y apoyar su potencial de crecimiento y de creación de puestos de trabajo.II. UN MARCO PARA LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN (2) Las formalidades reglamentarias y administrativas se derivan principalmente de la legislación de los Estados miembros. Mediante la aplicación del principio de subsidiariedad, se adoptan decisiones y medidas a todos los niveles tanto nacional, como regional y local. El número de reglamentos adoptados por los Estados miembros es mucho más grande que el número de reglamentos y directivas comunitarias.(3) Un marco para una política de simplificación implica, por tanto, una coordinación dentro de los servicios públicos, no sólo entre las administraciones centrales, sino también entre éstas y las autoridades locales. Francia, Portugal y el Reino Unido han puesto en marcha un departamento específico, bajo la responsabilidad directa del primer ministro, mientras que la mayor parte de los demás Estados miembros han creado un Comité consultivo, que no suele tener la misma autoridad. La simplificación es una tarea difícil y requiere autoridad y poder frente a los departamentos ministeriales, así como recursos financieros y humanos apropiados (11). Los funcionarios deberían sensibilizarse mediante campañas de información y los que se ocupan de asuntos relacionados con las PYME deberían recibir una formación apropiada (12). Hace falta un cambio de mentalidad dentro de las administraciones públicas para conseguir un comportamiento más orientado al cliente entre administraciones y empresas, y las administraciones públicas deberán preocuparse más por ayudar a la empresa que por controlarla (13). Por último, el éxito de una política de simplificación depende de una evaluación permanente y de un control sistemático de los resultados obtenidos, en consulta con las organizaciones empresariales.III. EL ENTORNO REGLAMENTARIO (4) Un entorno reglamentario difícil o complejo puede desalentar el espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas. Más aún cuando una empresa decide desarrollar sus operaciones en otro Estado miembro donde no conoce tan bien la lengua, la cultura y el funcionamiento de la administración. Si nadie discute la necesidad de una reglamentación adecuada, el efecto acumulado de esa reglamentación, su complejidad y los costes de adaptación ocasionan problemas y pueden tener consecuencias desproporcionadas sobre las empresas en relación con el objetivo de la reglamentación. Al final, una reglamentación compleja y costosa es difícil de aplicar, provoca críticas y a menudo se elude.(5) Los Estados miembros deben, por tanto, ser más conscientes de los efectos de la reglamentación sobre las empresas. El objetivo debería ser la detección de las mejoras necesarias, sin perder de vista que debe buscarse un equilibrio entre la necesidad de cambios y las cargas que soportan las empresas, porque éstas tienen que asimilar el cambio aunque sea positivo.(6) Cuando proponga una nueva reglamentación, el legislador deberá tener un completo conocimiento de las consecuencias que dicha reglamentación tendrá sobre las empresas en términos de costes de adaptación y formalidades. Cuando sea necesario, deberán realizarse evaluaciones de las consecuencias sobre las empresas y análisis de los costes-beneficios en estrecha colaboración con la comunidad empresarial. Al hacerlo, el legislador deberá prestar una atención especial a las exigencias de conformidad para las PYME. Cuando las PYME pueden cumplir la normativa con un coste razonable, las grandes empresas también pueden hacerlo, mientras que, a la inversa, no ocurre necesariamente lo mismo. El principio de «pensar primero en los pequeños» («think small first») debería servir como test de tolerancia (14).(7) Los costes de adaptación que soportan las empresas derivados de reglamentaciones necesarias deberán compensarse por otras consideraciones de interés público, como por ejemplo, en los campos de la sanidad, la seguridad o el medio ambiente. Los Estados miembros deberían plantearse la introducción, cuando sea conveniente, de excepciones o trámites simplificados para ayudar a las PYME, que no reduzcan de manera inaceptable el objetivo de la reglamentación. Por ejemplo, en las reglamentaciones sobre impuestos, Derecho de sociedades, estadística o medio ambiente, la introducción de niveles límite o de menores exigencias en materia de control y declaración puede reducir significativamente la carga y los costes de adaptación para las PYME. No obstante, los niveles límite no deberían tener un efecto desincentivador sobre el crecimiento y tendrían que aplicarse con cierta flexibilidad. Por ejemplo, debería autorizarse a las empresas a permanecer en un régimen específico de PYME mientras su volumen de negocios no superase en un determinado porcentaje el nivel límite contemplado en dicho régimen (15).IV. SIMPLIFICAR LAS FORMALIDADES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS (8) Además de los principios generales que se mencionan más arriba, la Comisión desea destacar algunas prácticas que considera útiles para promover en los Estados miembros, ya que constituyen elementos importantes para facilitar la fase de creación de una empresa. Se trata en primer lugar de coordinar mejor entre los poderes públicos el proceso de creación y simplificar los procedimientos administrativos.(9) Casi todos los Estados miembros exigen un cierto número de distintos tipos de registro (impuestos, seguridad social, estadísticas, registros mercantiles y de comercio, etc.). El número de puntos de contacto diferentes para las necesidades de registro varían de un Estado miembro a otro pero puede alcanzar fácilmente diez localizaciones distintas, lo cual consume mucho tiempo para el empresario, más incluso cuando hay que acudir varias veces al mismo sitio. Hay que rellenar un formulario en cada ventanilla y solicitar a menudo la misma información. La cantidad de formalidades y requisitos depende de la estructura legal elegida por la empresa. Las sociedades anónimas son las que requieren mayor cantidad de formalidades, por ejemplo, un Estado miembro impone veintitrés trámites y formularios diferentes (16). Las autorizaciones necesarias para la creación de una actividad las conceden también autoridades diferentes, lo que complica aún más el itinerario del nuevo empresario. El resultado es que hay que esperar a veces semanas, o incluso meses, antes de que la empresa pueda comenzar a funcionar. Este primer enfrentamiento con la burocracia, junto con el coste del registro, que varía de un Estado miembro a otro y que puede llegar a los 2 000 ecus (17), es muy desalentador y muestra el contexto en que se desarrollarán los futuros contactos entre la nueva empresa y la administración.Puntos de contacto únicos(10) La Comisión propone que los Estados miembros identifiquen urgentemente las formalidades a todos los niveles que se requieran cuando se cree una empresa y estudien los medios de coordinarlos y simplificarlos. Un buen ejemplo es el proyecto belga Auditform, que tiene por objetivo realizar el inventario de todos los trámites y formalidades administrativas que se imponen a las empresas, con objeto de evaluar su eficacia y las cargas que suponen para aquéllas. Otro ejemplo de coordinación puede encontrarse en Francia, en los Centros de Formalidades de las Empresas (Centres de formalités des entreprises - CFE) (18) y, en Alemania, en los «Gewerbeämter» alemanes. Estos sistemas se basan en el principio del punto de contacto o de comunicación único entre las empresas -según su tipo o su naturaleza- y los poderes públicos a todos los niveles.(11) La experiencia muestra que las formalidades administrativas relativas a la creación de una empresa en los Estados miembros pueden arreglarse en un plazo de uno a cinco días, mientras que el plazo más largo de que tiene noticia la Comisión es de 120 días.(12) Semejante punto de contacto único para las empresas en fase de arranque puede desempeñar un papel aún más importante si se convierte en intermediario para todas las formalidades que deben cumplirse durante la existencia de una empresa: cambio de dirección o de estatuto, transferencia de propiedad, cuestiones de empleo, permiso y licencias, etc. En Francia, por ejemplo, se están desarrollando unas discusiones para integrar en los CFE las formalidades relativas al empleo. Aunque la obtención de ese nivel de coordinación entre las administraciones públicas requiere mucha determinación y persuasión, la Comisión sabe por sus contactos con las empresas que se desea la creación de ese punto de contacto único.Un formulario único de registro(13) Otro elemento importante es la necesidad de racionalizar la recogida de las informaciones que se exige de las empresas, no sólo en la fase de arranque, sino también durante la fase de desarrollo. Francia tiene una experiencia interesante que puede compartir asimismo en este ámbito. Las informaciones solicitadas a una nueva empresa se incorporan a un cuestionario único gestionado por los CFE (19). Este cuestionario lo elabora el CERFA (20), que es la autoridad central responsable de todas las formalidades destinadas a recabar informaciones.(14) Un formulario único es una simplificación importante para el nuevo empresario, ya que reúne todas las informaciones exigidas por cada administración para registrar la nueva empresa. La ventaja de este sistema es que las informaciones necesarias para las necesidades del registro se facilitan una sola vez y el CFE puede responder a las consultas relativas a la cumplimentación del formulario. El sistema francés de formulario único presenta, sin embargo, un inconveniente, ya que debe ir acompañado de justificantes cuya obtención y autentificación duran bastante tiempo. Las administraciones deberían evitar también enviar a las empresas recientemente registradas un gran número de formularios procedentes de distintos servicios, ya que ello limita considerablemente las ventajas del formulario único.(15) Debería animarse a las administraciones públicas a compartir la información, utilizar más las bases de datos y las tecnologías de la información disponibles y, en su caso, adaptar sus normativas sobre protección de datos (21). Se sobreentiende que esa información compartida se refiere a los datos no confidenciales. En Italia, la ley n° 241 de 1990 introdujo diferentes medidas de simplificación administrativa. Por ejemplo, establece que siempre que una persona invitada a facilitar informaciones específicas declare que esas informaciones se encuentran en documentos que están ya en poder de la administración que las solicita o en otro servicio de la administración ésta deberá obtener esa información por sus propios medios. De manera similar, en Dinamarca, se está preparando una propuesta legislativa que pretende prohibir a las administraciones públicas solicitar informaciones a una empresa si esas informaciones pueden obtenerse en otro lugar dentro de la administración. Aparentemente, se desprendería de esa disposición que las empresas estarían autorizadas a no dar curso a la solicitud si las informaciones requeridas ya se han proporcionado a otra administración.Un número único de identificación(16) De acuerdo con las propuestas relativas al punto de contacto único y al formulario único, un número de identificación único para las empresas es una medida de simplificación útil. Un sistema de ese tipo existe en Francia, Suecia, Portugal y Dinamarca (22). La principal ventaja para la empresa es que puede utilizar el mismo número en todos sus contactos con las distintas administraciones. Ese número único es también muy útil para los poderes públicos, ya que simplifica la gestión de las bases de datos y la información compartida.Autorizaciones, licencias y permisos(17) Aparte de las formalidades de registro más arriba mencionadas, una nueva empresa debe obtener una serie de autorizaciones que le den derecho a emprender una actividad o acceder a una profesión específica. Puede ser una autorización general para comenzar una actividad económica, como es el caso en Luxemburgo, o una autorización más concreta para desempeñar una profesión determinada, por ejemplo guía turístico, peluquero o agente de viajes. También suele ser necesario un permiso o una licencia para los trabajos de construcción, por motivos de protección del medio ambiente, por razones de salud y seguridad, etc. El tipo y la complejidad de las autorizaciones necesarias varían mucho de un Estado miembro a otro. A veces, deben cumplirse condiciones de establecimiento: buena reputación, solvencia, cualificaciones o experiencia profesional. La Comisión debe velar por garantizar la libertad general de establecimiento en el mercado único, especialmente mediante el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y considera que los Estados miembros deberían revisar periódicamente y, en su caso, simplificar sus trámites de autorización para elevar al máximo el potencial de creación de nuevas empresas.(18) La lentitud de los trámites, la necesidad de obtener autorizaciones y la cantidad de autoridades responsables diferentes pueden disuadir de crear una empresa. Italia ha adoptado dos leyes (23) que establecen, en términos generales, una serie de principios destinados a simplificar los trámites de autorización. Éstos comprenden la posibilidad de emprender una actividad económica sin autorización explícita según el principio de «silencio positivo» (24). Esto significa que si la administración en cuestión no toma ninguna decisión antes de un plazo determinado, se considera que se concede la autorización. En enero de 1996, Alemania adoptó una serie de leyes para acelerar los trámites de autorización con objeto de reducir la duración de los trámites de planificación. Se trataba de dar una imagen más atractiva de Alemania para la implantación de empresas y favorecer de esa manera la inversión y la creación de puestos de trabajo.(19) Es difícil evaluar los resultados de las leyes italianas. Sin embargo, el Estado federado alemán de Baden-Wurtemberg, que adoptó medidas similares de simplificación en 1992, calificó de positiva la experiencia. Los principios en que se basan estas iniciativas relativas a las autorizaciones merecen que se fomenten en otros Estados miembros (véase el Anexo I). La simplificación de los trámites de autorización suele requerir un cambio en las prácticas de funcionamiento y en la cultura del servicio público, así como un movimiento hacia una mayor autorregulación por parte de las empresas.(20) Las propuestas más arriba mencionadas deberían simplificar considerablemente el desarrollo de las actividades comerciales en la Comunidad. Será mucho más fácil para un empresario empezar a operar en otro Estado miembro si esa persona puede dirigirse a un punto de contacto único, sólo debe rellenar un formulario, recibe un número de identificación único en ese Estado miembro y se le conceden rápidamente las autorizaciones necesarias para dar comienzo a sus actividades. Además, el número de identificación único podría utilizarse en otros campos: por ejemplo, para el IVA, como ya ocurre en Francia; los demás Estados miembros podrían aprovechar esta medida de simplificación con relativa facilidad. Por último, esas medidas facilitarían enormemente el trabajo de las distintas organizaciones, tanto privadas como públicas, que asesoran a las empresas que desean emprender una actividad en la Comunidad.V. FOMENTAR LAS NUEVAS EMPRESAS (21) Hay otros ámbitos donde se pueden promover las mejores prácticas de un Estado miembro a otro. Los relacionados con la fiscalidad, la seguridad social, la contabilidad y la estadística, así como el Derecho de sociedades. Algunos Estados miembros (25) han introducido incentivos o medidas de simplificación en esos ámbitos, especialmente para estimular la creación de nuevas empresas y favorecer el autoempleo (véase el Anexo II). La mayor parte de esas medidas hacen referencia más a los primeros años de desarrollo de una empresa que a la fase de arranque. Son importantes ya que sólo un 80 % aproximadamente de las nuevas empresas subsisten al cabo de un año, sólo un 65 % sigue en actividad a los tres años y sólo un 50 % a los cinco años (26). Estas medidas son también importantes porque, muy a menudo, la legislación (fiscalidad, derecho de sociedades, cuestiones de empleo, etc.) desanima a los que desean crear una empresa. Por ejemplo, la contratación de un asalariado implica rellenar más de diez formularios distintos. Los requisitos en materia de conservación obligatoria de documentos varían de un sector de reglamentación a otro (27) y los trámites exigidos por el Derecho de sociedades para las juntas de accionistas suelen ser inadecuadas para las pequeñas empresas. Por ello, Alemania adoptó una legislación para simplificar los trámites en el seno de la «kleine Aktiengesellschaft» (28).(22) En lo concerniente a la mejora del entorno fiscal, varios Estados miembros han introducido una forma de desgravación fiscal para PYME o nuevas empresas (29) (véase el Anexo III). Además, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos han introducido exenciones fiscales para las personas físicas que inviertan en empresas en fase de arranque, a la manera de los «Business Angels» (30) en los Estados Unidos.(23) La simplificación de la fiscalidad también es un campo que necesita reformas, si se tienen en cuenta la pérdida de tiempo y la complejidad que representan los numerosos impuestos que deben pagarse, los distintos plazos de pago, los largos retrasos para las devoluciones de impuestos, el uso de timbres y demás procedimientos administrativos largos y molestos.(24) Según la Comisión, las obligaciones fiscales se van a simplificar substancialmente mediante la aplicación de las propuestas formuladas en su programa para la introducción de un nuevo sistema común de IVA (31). Los costes de adaptación a las obligaciones fiscales que soportan todas las empresas deberían reducirse gracias a esas propuestas, con una mayor ventaja, proporcionalmente, para las PYME. A este respecto, el elemento más significativo de las propuestas es el principio de lugar de imposición único. Esto quiere decir que una empresa que ejerza actividades en varios Estados miembros se vería gravada para la totalidad de sus actividades en varios Estados miembro donde esté radicada, lo cual eliminaría la necesidad de tratar con diversas administraciones fiscales. Por otro lado, esta reforma iría acompañada de una revisión radical de las obligaciones en materia de declaración y contabilidad, lo que permitiría conseguir un mejor equilibrio entre las necesidades de la administración fiscal y las de la empresa.(25) En el sistema de IVA actual, existen posibilidades de aligerar la carga impuesta a las PYME. La mayor parte de los Estados miembros eximen a las microempresas de la obligación del IVA, aunque el límite de la exención es muy variable: por ejemplo, un volumen de negocios de 2 500 ecus en Dinamarca y de 56 850 ecus en el Reino Unido.(26) Para las empresas sujetas al IVA, la frecuencia de las declaraciones y pagos del mismo puede constituir una pesada carga. Algunos Estados miembros han introducido medidas de simplificación como son la declaración anual del IVA para las pequeñas empresas o un plazo de pago idéntico al plazo de declaración. Cuando el pago es mensual, las pequeñas empresas suelen pagar el IVA a partir de facturas aún no pagadas por su cliente. Por esa razón, muchos Estados miembros sólo exigen el pago trimestralmente y, para las microempresas, anualmente (32). Además, algunos Estados miembros permiten a las pequeñas empresas pagar el IVA tras haber recibido el pago del cliente en lugar de en el momento de elaboración de la factura («cash accounting») (33). El Parlamento Europeo ha publicado un documento de trabajo sobre las consecuencias de las obligaciones relativas al IVA y a Intrastat para las PYME (34) que da una visión de las posibles medidas, incluido el paso a un sistema de declaraciones trimestrales de IVA.(27) Las obligaciones administrativas derivadas del comercio intracomunitario constituyen otro ámbito donde pueden introducirse simplificaciones. Francia e Italia han integrado la obligación Intrastat y la declaración recapitulativa que exige la Sexta Directiva del Consejo sobre el IVA (35). Eso significa que las empresas no tienen que cumplimentar más que un solo formulario, que pueden usar las dos administraciones competentes. Los sistemas francés e italiano no son ideales actualmente, ya que los dos pueden requerir declaraciones mensuales para la declaración combinada Intrastat/IVA y el límite por debajo del cual están exentas las PYME es aún muy bajo. Otra simplificación se refiere a la consolidación de los plazos adoptados para la entrega de las declaraciones Intrastat y las declaraciones recapitulativas del IVA tras la aplicación de diferentes tipos de reglamentaciones. En la medida en que los Estados miembros sigan aplicando diferentes plazos para las declaraciones Instrastat y las declaraciones recapitulativas del IVA, así como límites diferentes, se les invita a armonizar estos requisitos y a adoptar declaraciones trimestrales o anuales para las PYME.(28) Los Estados miembros deberían examinar las ventajas de una cooperación específica entre los departamentos de seguridad social y de impuestos. Dichos departamentos interactúan constantemente con las empresas y son responsables de la mayor parte de obligaciones administrativas impuestas a las empresas. Ese tipo de cooperación podría dar lugar a la utilización de un número de identificación común para las dos administraciones, un intercambio de informaciones y criterios, la fijación de plazos idénticos de pago o el cobro del impuesto sobre la renta y las cotizaciones de seguridad social mediante un único sistema (36). Como el empleo es la primera prioridad de la Comunidad y de los gobiernos de los Estados miembros, es fundamental que los poderes públicos dediquen tiempo a examinar las razones por las que los empresarios no se animan a contratar. Los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para eliminar las cargas administrativas asociadas a la contratación (37) y fomentar un mercado de trabajo más flexible (38).(29) Algunos Estados miembros también han introducido sistemas para que las empresas que contratan a uno o más empleados por primera vez (39) obtengan descuentos o incluso exenciones en sus cotizaciones a la seguridad social.(30) La mayor parte de los Estados miembros tienen reglamentaciones que limitan el acceso a determinadas profesiones, lo cual constituye a menudo una barrera para su desempeño (por ejemplo: peluquero, fontanero, agente de viajes, taxista, etc.). Con frecuencia, esas regulaciones las han reclamado las propias empresas como protección contra operadores incompetentes o clandestinos. La Comisión recomienda que se revisen esas reglamentaciones caso por caso y se evalúen, para determinar si existe un equilibrio adecuado entre la protección de los consumidores y la necesaria competencia.(31) Las microempresas y, especialmente, las empresas individuales se enfrentan a problemas específicos y representan probablemente la categoría de PYME que sufre, proporcionalmente, más cargas administrativas y reglamentaciones, porque deben hacer frente en solitario a la legislación aplicable y a las cargas administrativas correspondientes. Junto con los riesgos financieros y la falta de seguridad social, esta situación desanima a muchos jóvenes a la hora de crear su propia empresa. Algunos Estados miembros han abordado específicamente este problema y han aprobado incentivos fiscales, simplificaciones contables y regímenes de pensiones para animar a los jóvenes y a los desempleados a crear sus propias empresas (40).VI. CONCLUSIONES (32) El intercambio de las mejores prácticas sobre mejora y simplificación del entorno para las nuevas empresas ha mostrado que los poderes públicos y los representantes de las empresas tienen un gran interés por las medidas de simplificación que se han experimentado en otros lugares. Aunque iniciativas similares de simplificación de los Estados miembros se aplican de forma diferente y el entorno reglamentario para la creación de empresas varía ampliamente de un Estado miembro a otro, es posible identificar determinadas prácticas que pueden utilizarse como puntos de referencia por los demás Estados miembros. Se han identificado algunos principios generales, que deberían presentarse a los Estados miembros y demás partes interesadas. Los Estados miembros deben pues adoptar medidas concretas destinadas a reducir y simplificar las cargas administrativas y reglamentarias que soportan las nuevas empresas y que tengan el efecto práctico de ahorrar tiempo y reducir los costes que se imponen a estas empresas,RECOMIENDA:Artículo 1 Objetivos Los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para mejorar y simplificar el entorno en que se desenvuelven las empresas, especialmente en el momento de su creación y durante sus primeros años de desarrollo, estimulando su potencial de innovación y favoreciendo el crecimiento de las empresas y la consiguiente creación de puestos de trabajo.Se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas más apropiadas para reorganizar, simplificar y actualizar sus propios sistemas administrativos, legales y fiscales, con objeto de:a) mejorar las relaciones entre la administración y la comunidad empresarial, para estar más orientados hacia el cliente, reducir el tiempo que consume el tratamiento de las solicitudes procedentes de las empresas y conceder las autorizaciones dentro de un plazo determinado;b) apoyar a las empresas que están iniciando su actividad, mediante un entorno reglamentario favorable y modificar, enmendar o derogar las normas existentes que obstaculicen la creación de empresas y sus primeros años de existencia.Artículo 2 Marco para una política de simplificación Es necesaria una política coherente a largo plazo, para llevar a la práctica con éxito medidas de simplificación y garantizar una eficaz coordinación entre las administraciones públicas. A este fin, la Comisión recomienda que los Estados miembros y los poderes públicos a todos los niveles elaboren, en consulta con la comunidad empresarial, una política de simplificación, que se comprometen decididamente a aplicar y que comprenderá:a) la creación de un departamento o unidad específica al nivel necesario para coordinar la política y medidas de simplificación;b) la información y la formación apropiadas de los funcionarios para desarrollar una actitud de servicio hacia las empresas, mejorando de esa forma la relación entre las administraciones públicas y las empresas.Artículo 3 Entorno reglamentario 1. La repercusión de la reglamentación sobre las empresas, especialmente las PYME, deberá evaluarse continuamente, en consulta permanente con la comunidad empresarial, y, en particular:a) los Estados miembros deberán aplicar el principio «think small first», que tiene en cuenta los intereses de las PYME en la primera fase del examen de una nueva reglamentación y de los procedimientos administrativos que la acompañan;b) en caso necesario, podrán introducirse excepciones, limitaciones o procedimientos simplificados en favor de las PYME. No obstante, las limitaciones deberán permitir la flexibilidad necesaria para evitar efectos disuasorios sobre el crecimiento;c) los efectos de la reglamentación y los procedimientos administrativos sobre las empresas deberán evaluarse, cuando sea conveniente, con la asistencia de un comité compuesto de representantes de los gobiernos y de las empresas.2. Los Estados miembros deberán tomar en consideración la posibilidad de introducir un procedimiento de evaluación sistemático, para valorar los efectos de las propuestas de reglamentación sobre las empresas, a fin de garantizar un equilibrio apropiado entre los objetivos y los medios y una comprensión adecuada de los costes de adaptación y de las cargas administrativas.3. Los sistemas de evaluación de los efectos sobre las empresas deberán incluir un análisis apropiado de la relación coste-eficacia o coste-beneficios, y deberán establecerse procedimientos de consulta en profundidad con las organizaciones representativas de las empresas, incluidas las PYME.Artículo 4 Simplificar las formalidades en la fase de arranque de una empresa 1. Los procedimientos administrativos exigidos para crear una nueva empresa deberán simplificarse y su práctica deberá ser más sencilla, a fin de que las empresas puedan beneficiarse de un servicio más rápido y más eficaz y sean apoyadas en su nueva actividad. La Comisión recomienda, por lo tanto, que los Estados miembros o los poderes públicos, al nivel apropiado, examinen las ventajas que ofrecen las siguientes medidas:a) Introducción de un formulario de registro único de empresas.b) Establecimiento de puntos de contacto únicos donde las empresas puedan presentar el formulario de registro único mencionado en la letra a). Dichos puntos de contacto se encargarán de transmitir la información contenida en la solicitud a todos los demás departamentos administrativos, en un plazo fijo de uno o dos días laborables.c) Introducción de un sistema en el que una empresa se identifique mediante un número único, que pueda utilizar en sus contactos con cualquier departamento público o de la administración.d) Garantía de que los distintos departamentos de la administración evitarán introducir formularios o puntos de contacto superfluos o repetidos.e) Posibilidad para las empresas de rechazar una solicitud de información no confidencial, si dicha información está disponible en otro departamento de la administración.f) Utilización al máximo de tecnología de la información y bases de datos, para la transmisión y autentificación de la información facilitada y la difusión de información entre las administraciones, siempre que se tomen las medidas apropiadas para proteger los datos de carácter privado.g) Fijación de objetivos claros en términos de plazos para el tratamiento de las solicitudes de las empresas y la concesión de licencias y autorizaciones.h) Introducción, cuando sea conveniente, de un sistema en el que se considere automáticamente concedida toda solicitud si la administración no ha respondido en un plazo determinado.2. Se invita asimismo a los Estados miembros a examinar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de los puntos de contacto, para cubrir no sólo la fase de arranque sino también el ciclo vital completo de una empresa y todas las relaciones administrativas entre los poderes públicos y la empresa.Artículo 5 Estimular a las empresas en sus primeros años de desarrollo 1. Las obligaciones fiscales, sociales, medioambientales y estadísticas que obstaculizan el establecimiento y los primeros años de desarrollo de una empresa deberán atenuarse o suprimirse. Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:a) Examinar todas las mejoras posibles en el tratamiento fiscal de las empresas recientemente establecidas.b) Adoptar las medidas fiscales apropiadas para estimular la inversión exterior en el momento de la creación de la empresa (por ejemplo: el concepto de «Business Angel»).c) Aliviar las cotizaciones patronales a la seguridad social, al menos durante cierto período, cuando se contraten empleados.d) Examinar las posibles mejoras de las disposiciones administrativas o legales que pueden desanimar a las empresas a la hora de contratar personal, a fin de fomentar un mercado laboral más flexible.e) Establecer un diálogo entre los departamentos de seguridad social y de impuestos con objeto de crear un intermediario coordinado con las empresas.f) Examinar las distintas exigencias en materia de declaración a las que están sujetas las PYME, como por ejemplo la naturaleza de las declaraciones, su frecuencia y el período de tiempo durante el que deben conservarse los documentos para simplificar y consolidar esas exigencias todo lo posible.g) Examinar las disposiciones administrativas o legales existentes, con el fin de simplificar o suprimir las que limiten indebidamente el acceso a determinadas profesiones.2. Se invita a los Estados miembros a reducir los efectos de las obligaciones relativas al IVA o a INTRASTAT sobre las PYME. Debería permitirse a las pequeñas empresas la declaración trimestral del IVA y debería ofrecerse una exención del IVA opcional.3. Se invita a los Estados miembros a examinar las maneras de mejorar la situación de las microempresas, especialmente las empresas de autónomos, en los campos de la fiscalidad, la seguridad social y los regímenes de pensión.Artículo 6 Coordinación a nivel comunitario 1. La Comisión persistirá en su función coordinadora con los Estados miembros y las organizaciones empresariales europeas dentro del marco de los trabajos del Grupo sobre la mejora y simplificación del entorno de las empresas, con el fin de seleccionar modelos de referencia de las mejores prácticas.2. Para permitir a la Comisión la evaluación de los logros conseguidos, se invita a los Estados miembros a comunicar a la Comisión, anualmente, las medidas adoptadas con objeto de llevar a la práctica la presente Recomendación.La Comisión mantendrá enteramente informada a la red europea de Centros europeos de información empresarial sobre los mencionados logros para que pueda facilitar información a las empresas que deban cumplir formalidades administrativas en otros Estados miembros.Artículo 7 Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 22 de abril de 1997.Por la ComisiónChristos PAPOUTSISMiembro de la Comisión(1) DO n° C 294 de 22. 10. 1994, p. 6.(2) SEC(95) 2087, Comisión Europea, DG XXIII, 1995.(3) COM(96) 329 de 9. 7. 1996.(4) DO n° C 18 de 17. 1. 1997, p. 1.(5) DO n° C 224 de 1. 8. 1996, p. 5.(6) DO n° C 320 de 28. 10. 1996, p. 163.(7) COM(96) 589 de 20. 11. 1996.(8) DO n° L 6 de 10. 1. 1997, p. 25.(9) Según tres estudios, el coste medio de las cargas administrativas es entre 6 y 30 veces más elevado para las PYME que para las grandes empresas (EIM: «Administratieve lasten bedrijven 1993»; G. Barbieri y V. Lo Moro: «Utenti e Pubblica Amministrazione», il Mulino, 1996; Institut für Mittelstandforschung: «Bürokratie - ein Kostenfaktor: eine Belastungsuntersuchung bei mittelständischen Unternehmen», 1995).(10) Definidas en la Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas, DO n° L 107 de 30. 4. 1996 p. 4.(11) Un ejemplo interesante es la «Deregulation Unit» del Reino Unido, que se encarga de coordinar la política de desregulación entre los distintos departamentos ministeriales y garantizar que se tenga en cuenta el punto de vista de la Comunidad empresarial y que se reduzcan al mínimo los gastos de conformidad y las cargas administrativas. La Unidad está bajo la responsabilidad del viceprimer ministro y del Gabinete del primer ministro, lo cual le da la autoridad necesaria ante los demás departamentos ministeriales.(12) En Bélgica, el VIZO, Instituto flamenco para los empresarios autónomos, es un organismo público fundado en 1991 con el objeto de promover y estimular un espíritu empresarial libre y creativo, especialmente a través de la formación y la simplificación administrativa. El VIZO asesora, realiza estudios y emprende iniciativas para reforzar la sensibilización de las personas implicadas, a la vez que desarrolla métodos y técnicas para simplificar las tareas administrativas. Por ejemplo, el VIZO ha organizado un curso de formación para funcionarios que se ocupan de asuntos relacionados con las PYME en la administración flamenca. El objetivo es permitir que esos funcionarios conozcan los principios y técnicas básicos que se aplican en la simplificación y mejora de los servicios y demostrar cómo pueden ejercer ellos mismos de iniciadores dentro de su administración.(13) El municipio danés de Korsoer es un municipio con una población de 20 000 habitantes. Ha creado un departamento de desarrollo que actúa de interlocutor de asesoramiento y ofrece sus conocimientos y su experiencia a las empresas. Ello implica a la vez la formación del personal y una serie de cambios en la organización del servicio para poder responder a las demandas. El departamento funciona como órgano de coordinación con las autoridades locales para todas las cuestiones relativas a las empresas.(14) En el marco de su tarea, la «Deregulation Unit» del Reino Unido es responsable de que la nueva reglamentación y los nuevos procedimientos administrativos sólo se introduzcan cuando sean estrictamente necesarios. Antes de crear cualquier nueva normativa, el gobierno deberá valorar su coste para las empresas y publicar los resultados. Los ministerios deberán asegurarse de que el coste esté justificado por los beneficios. Como las PYME son más vulnerables al exceso de reglamentación y a los papeleos burocráticos, los ministerios deberán llevar a cabo asimismo el test de tolerancia para las empresas pequeñas. Esto quiere decir que deberá consultarse a las empresas pequeñas a cada nueva reglamentación para asegurarse de que serán capaces de afrontarla. En Alemania, se ha decidido recientemente efectuar una evaluación similar en relación con las cargas administrativas impuestas por una nueva legislación, especialmente en el caso de las PYME.(15) Un buen ejemplo de esto es el plan británico de contabilidad anual para el IVA cuyo límite superior de 300 000 libras esterlinas es flexible en la medida en que las empresas puedan seguir dentro del régimen mientras su volumen de negocios no supere las 375 000 libras esterlinas.(16) Estudio de Logotech titulado «Étude comparative des dispositions légales et administratives nécessaires pour la formation de PME dans six pays de l'Union européenne» (F, D, GR, I, IRL, UK) y CD-ROM IDEM de la Cámara de Comercio e Industria de París.(17) Ibidem.(18) Los «Centres de formalités des entreprises» se crearon en Francia en 1981, con objeto de simplificar algunas de las formalidades legales, fiscales, sociales y estadísticas que debe cumplir una empresa en determinados momentos de su existencia, sobre todo en la fase de creación o arranque. El CFE funciona como punto de entrada único para diferentes administraciones como el registro de comercio local, el departamento fiscal, las administraciones de la seguridad social y de pensiones, el instituto de estadística, etc. Una vez que la empresa ha facilitado las informaciones requeridas al CFE, éste las transmite a las demás administraciones implicadas, especialmente al Instituto nacional de estadística y estudios económicos (INSEE). EL INSEE desempeña también un importante papel en la medida en que es responsable del registro mercantil nacional y atribuye un número de identificación nacional a las nuevas empresas.(19) Los cuestionarios franceses M0 y P0 (uno para empresarios individuales y el otro para sociedades) expedidos por el Centro de registro y revisión de formularios administrativos (CERFA) recogen, en una sola página, todas las informaciones requeridas por cualquier administración para registrar la nueva empresa y aplicarle las reglas. El solicitante debe adjuntar al cuestionario rellenado cierto número de documentos, que pueden ser originales o copias compulsadas. Normalmente, se trata de partidas de nacimiento y certificados de nacionalidad (para las personas físicas y los miembros de asociaciones) y estatutos (para las personas jurídicas); también pueden ser certificados de registro preliminar para las profesiones sujetas a reglamentación.(20) CERFA: Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs/Centro de registro y revisión de formularios.(21) En Italia, por ejemplo, el registro mercantil, administrado por las Cámaras de Comercio, da informaciones sobre todas las empresas (nombre, dirección, estatutos y cuentas anuales). Una parte de esas informaciones se conservaba anteriormente en papel en la sede del tribunal local. El nuevo registro presenta, en una sola base de datos, las informaciones relativas a las empresas que deberían utilizar sistemáticamente las administraciones públicas. Ello no debería plantear ningún problema en relación con los principios de la protección de datos. Véase asimismo la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO n° L 281 de 23. 11. 1995, p. 31).(22) En Suecia existe un número de identificación único desde 1975. Ese número lo utiliza la empresa desde su creación hasta su desaparición. La sociedad puede conservar el número aunque cambie de nombre y se utiliza con fines administrativos en campos como la fiscalidad, los seguros, la banca y las telecomunicaciones. En Francia, se estableció por decreto el número único «SIREN» en 1974.(23) Ley n° 241 de 1990 y Ley de Presupuestos n° 537 de 1993.(24) Según la Comisión, esta posibilidad no cubriría las autorizaciones en campos como las emisiones de sustancias peligrosas. En ese caso y de acuerdo con la legislación comunitaria y nacional, es necesaria una autorización explícita en el propio interés de la actividad.(25) En el marco de la política danesa de «creación de nuevas empresas», el gobierno danés ha propuesto un plan de actuación que incluye medidas destinadas a aligerar las cargas administrativas:- suprimiendo o simplificando las reglamentaciones administrativas existentes;- suprimiendo o simplificando los gravámenes e impuestos;- creando un punto de información único;- desarrollando nuevos procedimientos para evaluar las consecuencias administrativas de la nueva legislación.(26) Las empresas en Europa - Cuarto informe, p. 62.(27) Según una publicación titulada «Überprüfung von administrativen Pflichten für Unternehmen» de la Comisión independiente alemana «Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes», llamada «Commission Waffenschmidt» (Ministerio del Interior, 1994), existe toda una serie de requisitos sobre la conservación de documentos. Por ejemplo, en el campo de la administración del personal y los salarios, la publicación indica que se podrían aligerar las condiciones para la conservación de 119 documentos distintos.(28) Véase, asimismo, la letra b) del artículo 4 de la Recomendación de la Comisión, de 7 de diciembre de 1994, sobre la transmisión de las pequeñas y medianas empresas (DO n° L 385 de 31. 12. 1994, p. 14).(29) En Bélgica, un sistema de impuesto de sociedades reducido se aplica a las PYME. Siempre que se cumplan ciertas condiciones, una sociedad cuyos beneficios imponibles no pasen de 25 733 ecus debe pagar un impuesto del 28,84 % en lugar del impuesto normal del 40,17 %. Por otra parte, el sistema de pago anticipado del impuesto sobre la renta permite cierta flexibilidad para las personas menores de 35 años que creen una empresa por primera vez como independientes o sean miembros activos de una sociedad. Esas personas no pagan sanciones durante los tres primeros meses en caso de que no abonen los pagos anticipados o lo hagan insuficientemente.(30) Comunicación de la Comisión sobre la mejora del entorno fiscal de las pequeñas y medianas empresas. (DO n° C 187, de 9. 7. 1994, p. 5, punto 6.).(31) COM (96) 328 de 22. 7. 1996.(32) El «Annual Accounting Scheme» británico permite una declaración de IVA cada año (en lugar de cada trimestre). El límite superior de 300 000 libras esterlinas es flexible, ya que las empresas pueden seguir beneficiándose del sistema mientras su volumen de negocios no pase de 375 000 libras esterlinas.(33) El «Cash Accounting Scheme» británico permite a las PYME con un volumen de negocios inferior a 350 000 libras esterlinas declarar el IVA a partir de los pagos efectivamente pagados en lugar de a partir de los importes facturados. Alemania dispone de un sistema similar. Véase la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Recomendación de la Comisión relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, de 12 de mayo de 1995 (DO n° L 127 de 10. 6. 1995, p. 19).(34) Parlamento Europeo. Dirección General de Estudios, Serie Asuntos económicos W-25, 5-1996.(35) DO n° L 145 de 13. 7. 1977, p. 1.(36) En el Reino Unido y en Irlanda, los impuestos y las cotizaciones de seguridad social dependen de distintos departamentos pero se cobran conjuntamente mediante el sistema PAYE de retención a cuenta.(37) Desde enero de 1996, las empresas francesas sólo deben rellenar un formulario («déclaration d'embauche unique») para contratar a un asalariado en lugar de los once anteriores. También está previsto un punto de contacto único para gestionar todas las formalidades relativas a las cotizaciones de seguridad social. Además, se está desarrollando un proyecto piloto para ver si es posible financiar puestos de trabajo estacionales o a tiempo parcial en las empresas mediante un «cheque de servicio». No hace falta contrato y las formalidades administrativas no son excesivas, ya que el cheque es a la vez un medio de pago y el instrumento para informar a las administraciones competentes.(38) Alemania ha elevado el límite por debajo del cual no es aplicable la ley sobre despido improcedente de cinco a diez empleados con objeto de incrementar la propensión de las microempresas a contratar personal.(39) En Bélgica, el «Plan Plus Un» otorga descuentos en las cotizaciones de seguridad social a las empresas que contratan a un primer empleado. Las cotizaciones de seguridad social no se pagan durante el primer año y están previstos descuentos del 75 % y del 50 % para el segundo y tercer año respectivamente. Un sistema similar existe cuando se contrata a un segundo o a un tercer empleado («Plan plus-deux, plus-trois»). El «Plan Avantage à l'embauche» contempla descuentos en las cotizaciones patronales a la seguridad social en caso de contratación de parados de larga duración.(40) En Bélgica y en Finlandia, por ejemplo, los trabajadores autónomos que creen una empresa por primera vez pueden conservar su derecho a las prestaciones de desempleo. En Francia, los trabajadores autónomos pueden beneficiarse de reglas contables simplificadas, que están armonizadas con las exigencias fiscales. Como resultado, hay que tener un solo libro contable en lugar de tres.ANEXO I SIETE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA UNA RÁPIDA AUTORIZACIÓN - La decisión deberá «centralizarse» en un único punto (por ejemplo, el punto de contacto único).- Cuando sea conveniente, deberá aplicarse el principio de «quien calla otorga».- Las autoridades competentes deberán operar con sistemas de gestión rigurosos; especialmente:- se nombrará una persona específicamente encargada de los trámites de autorización, que será responsable de que se lleva a cabo a su debido tiempo;- para la cumplimentación de los trámites, se fijará un plazo que será vinculante para las autoridades que deben tomar una decisión. Salvo que se especifique lo contrario, dicho plazo deberá ser de 30 días;- se asesorará al empresario antes incluso de que haya presentado la solicitud. Ello incluye asesoramiento sobre el tipo y el alcance de los documentos necesarios para la solicitud.- Las autoridades competentes para la autorización deberán disponer de personal y recursos apropiados para poder gestionar los procedimientos con rapidez. Se adoptarán provisiones para garantizar un reparto flexible de recursos humanos en caso de procedimientos de autorización relativos a proyectos de amplio alcance.- Las autoridades competentes para la autorización deberán celebrar discusiones periódicas con sus «clientes», para obtener información sobre la situación de los procedimientos, identificar los puntos débiles en los procedimientos de autorización y recibir sugerencias para mejorar.- Las autoridades centrales deberán apoyar a las autoridades locales competentes para la autorización cuando éstas estén tramitando procedimientos administrativos complicados. Una manera especialmente eficaz de hacerlo es elaborando normas internas, líneas maestras y listas de comprobación claras.- Las disposiciones legales en que las autoridades basan sus decisiones deben permitir que la autorización sea lo más rápida posible.ANEXO II MEJORA DEL ENTORNO EMPRESARIAL: LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA FASE DE ARRANQUE Compendio de medidas adoptadas por los Estados miembros A. COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS>SITIO PARA UN CUADRO>A. COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS (continuación)>SITIO PARA UN CUADRO>B. REGISTRO DE SOCIEDADES Y FORMULARIOS>SITIO PARA UN CUADRO>B. REGISTRO DE SOCIEDADES Y FORMULARIOS (continuación)>SITIO PARA UN CUADRO>C. SIMPLIFICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN Y EXCEPCIONES PARA LAS PYME>SITIO PARA UN CUADRO>C. SIMPLIFICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN Y EXCEPCIONES PARA LAS PYME (continuación)>SITIO PARA UN CUADRO>D. FLEXIBILIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO>SITIO PARA UN CUADRO>D. FLEXIBILIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO (continuación)>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO III SIMPLIFICACIÓN DE LA FISCALIDAD EN LOS ESTADOS MIEMBROS >SITIO PARA UN CUADRO>


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		52012DC0326

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de Eslovaquia para 2012-2015 /* COM/2012/0326 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Eslovaquia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad
de Eslovaquia para 2012-2015
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su
artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)(1)   El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la
propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo
y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)(2)   El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación
sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados
miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010,
una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros[4],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)(3)   El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación
relativa al programa nacional de reforma de Eslovaquia para 2011 y emitió su
dictamen sobre el programa de estabilidad actualizado de Eslovaquia para
2011-2014.
(4)(4)   El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo
Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas,
en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión
adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe sobre
el mecanismo de alerta[5],
en el que no se señalaba a Eslovaquia como uno de los Estados miembros que
sería objeto de un examen exhaustivo.
(5)(5)   El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las
prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento
presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El
Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario
diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la
concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el
desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la
administración pública.
(6)(6)   El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a
los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus
compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de
estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.
(7)(7)   El 30 de abril de 2012, Eslovaquia presentó su programa de
estabilidad para el periodo 2012-2015 y su programa nacional de reforma de
2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han
evaluado al mismo tiempo.
(8)(8)   Partiendo de la evaluación del programa de estabilidad de
2012 realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el
Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las
previsiones presupuestarias del programa es verosímil. Se ajusta en líneas
generales a las previsiones de la Comisión de primavera de 2012, si bien estas
últimas asumen un crecimiento del PIB real algo superior en 2012. El objetivo
declarado de la estrategia presupuestaria esbozada en el programa es garantizar
la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Las medidas
intermedias definidas para lograrlo son una ejecución rigurosa del presupuesto
de 2012 y una reducción del déficit global por debajo del 3 % del PIB en
2013, plazo para la corrección del déficit excesivo establecido por el Consejo.
El objetivo de déficit global previsto para 2013, sin embargo, podría no
cumplirse. El programa ha cambiado el objetivo presupuestario a medio plazo
(OPM) de un presupuesto cercano al equilibrio a un déficit estructural del
0,5 % del PIB, que no está previsto conseguir dentro del periodo del
programa. El nuevo objetivo a medio plazo refleja adecuadamente los requisitos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base del saldo presupuestario
estructural (recalculado)[6],
el esfuerzo presupuestario anual medio en el periodo 2010-2013 asciende al
1,3 % del PIB, muy por encima del valor requerido recomendado por el
Consejo, por lo cual el esfuerzo presupuestario residual se concentra en cierto
modo en 2013. El objetivo para 2013 está sujeto a riesgos, ya que las medidas
de ingresos sugeridas pueden quedar por debajo de los objetivos; la aplicación
simultánea de todas las medidas a pequeña escala puede resultar difícil de
aplicar y Eslovaquia tiene un historial de revisiones ex post al alza
significativas de los objetivos de déficit. Además, un aumento general de los
recortes de gastos puede resultar insostenible a medio plazo. En 2014 y 2015,
el esfuerzo presupuestario medio se sitúa en el 0,3 % del PIB al año, que
es inferior al ajuste requerido del 0,5 % del PIB en los países que no han
alcanzado todavía el objetivo a medio plazo. No obstante, según el programa, la
tasa de crecimiento del gasto público, teniendo en cuenta las medidas
discrecionales de los ingresos, se ajusta al valor de referencia de los gastos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en los últimos años del programa. La
deuda pública se mantendría muy por debajo del 60 % del PIB. Aunque
Eslovaquia ha aprobado legislación por la que se crea el Consejo de Política
Fiscal, hasta ahora no se ha creado y la legislación sobre los límites máximos
de gasto aún no se ha adoptado.
(9)(9)   Dada la disminución del margen de maniobra para proseguir el
saneamiento basado en el gasto y la necesidad de apoyar una convergencia
continua a través de los gastos en ámbitos clave como la educación, la
innovación y las infraestructuras de transportes, hay margen para las medidas
dirigidas a ampliar la base tributaria, limitar la evasión fiscal y mejorar el
cumplimiento de la normativa fiscal, sin perjudicar a las perspectivas de
crecimiento a corto plazo. Abordar uno de los desfases más importantes del IVA
en la UE podría aportar importantes ingresos adicionales. También hay margen
para aumentar los ingresos procedentes de impuestos menos perjudiciales para el
crecimiento, como la imposición sobre los bienes raíces y la fiscalidad
medioambiental. La fiscalidad efectiva de las rentas del trabajo varía según
los diferentes tipos de empleo. Ello favorece el desplazamiento hacia unos
acuerdos laborales más flexibles, que tienen unas repercusiones negativas en
las cuentas públicas a corto y largo plazo.
(10)(10)           Eslovaquia solo ha abordado parcialmente la
sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas, ya que no ha aplicado
los cambios previstos al pilar del reparto de su sistema de pensiones. Se han
adoptado medidas para aumentar la viabilidad del pilar de plena capitalización
de las pensiones. Sin embargo, un entorno jurídico inestable, con cambios
frecuentes y significativos en el pasado, produjo unos costes de los ajustes
significativos e introdujo incertidumbre en el pilar de plena capitalización.
(11)(11)           No se han adoptado medidas significativas para
abordar el problema del desempleo en Eslovaquia. Es necesario mejorar aún más
la eficacia de las políticas activas del mercado laboral y la capacidad de los
servicios públicos de empleo. También es necesario establecer medidas para
aumentar la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más
edad y de las mujeres, en particular mediante la prestación de servicios para
el cuidado de niños. La presión fiscal, incluidos todos los pagos obligatorios,
sigue siendo relativamente elevada para los trabajadores de rentas bajas y un
porcentaje de solicitantes de empleo tiene escasos incentivos para pasar de la
asistencia social a un empleo poco remunerado.
(12)(12)           Las medidas que se han adoptado para mejorar la
baja calidad del sistema educativo y de formación han sido limitadas. Para
hacer frente al elevado desempleo juvenil de Eslovaquia debe adoptarse y
aplicarse sin demora el Plan de Actuación para la Juventud, en consonancia con
el resultado del Equipo de actuación conjunto Eslovaquia-Comisión sobre el paro
juvenil, incluida la reforma de la enseñanza y la formación profesionales, así
como de la enseñanza superior. Se ha adoptado una estrategia actualizada de
aprendizaje permanente. Sin embargo, no se han introducido incentivos
especiales para conseguir unos niveles de participación más elevados.
(13)(13)           Las comunidades marginadas, entre ellas los
romaníes, están excluidas en gran medida del mercado laboral y del sistema
educativo principal, por lo que representan un considerable potencial de mano
de obra infrautilizada en la economía eslovaca. Para abordar este problema,
Eslovaquia debería intensificar los esfuerzos para mejorar los resultados
educativos de los grupos marginados y reforzar sus políticas de reintegración
para los adultos.
(14)(14)            Eslovaquia
ha mejorado sustancialmente la transparencia de las normas de contratación
pública y del sistema judicial, aunque los procedimientos judiciales siguen
resultando largos y costosos. Sin embargo, la calidad y la capacidad globales
de las instituciones públicas siguen siendo bajas. La administración pública
adolece de una falta de enfoque estratégico, lastrada por la elevada rotación
del personal y el insuficiente desarrollo de las capacidades, lo cual
obstaculiza el desarrollo y la aplicación de políticas y la prestación de los
servicios públicos.
(15)(15)           Eslovaquia ha asumido varios compromisos dentro del
Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y la aplicación de los compromisos
presentados en 2011, se refieren al fomento del empleo, la mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de las finanzas públicas y la
consolidación de la estabilidad financiera. La Comisión ha evaluado la
aplicación de los compromisos del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de
dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones.
(16)(16)           En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha
efectuado un análisis global de la política económica eslovaca y ha evaluado el
programa de estabilidad y el programa nacional de reforma. La Comisión ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Eslovaquia, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(17)(17)           A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha
examinado el programa de estabilidad de Eslovaquia, y su dictamen[7]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación
RECOMIENDA que Eslovaquia tome
medidas en el periodo 2012-2013 a fin de:
1.1.        Adoptar medidas adicionales en 2012 y especificar las
medidas necesarias en 2013 a fin de corregir el déficit excesivo de manera
sostenible y garantizar el esfuerzo de ajuste estructural especificado en las
recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo.
Aplicar recortes de gasto específicos, salvaguardando al mismo tiempo los
gastos que propician el crecimiento, e intensificar los esfuerzos para mejorar
la eficiencia del gasto público. A continuación, garantizar un adecuado
esfuerzo de ajuste estructural para realizar avances suficientes hacia el
objetivo a medio plazo, incluido el cumplimiento de los valores de referencia
del gasto. Acelerar la creación de un Consejo de Política Fiscal y adoptar
normas sobre límites máximos de gastos.
2.2.        Aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular mejorando la efectividad de la recaudación
del IVA; reducir las distorsiones en la fiscalidad del trabajo en los
diferentes tipos de empleo, limitando también las deducciones fiscales;
vincular la tributación inmobiliaria al valor de mercado del inmueble; hacer un
mayor uso de la fiscalidad medioambiental.
3.3.        Ajustar más el pilar del sistema de pensiones por
reparto, principalmente cambiando el mecanismo de indización, introduciendo un
vínculo directo entre la edad de jubilación legal y la esperanza de vida y un
factor de sostenibilidad en la fórmula para el cálculo de las pensiones que
refleje el cambio demográfico. Garantizar la estabilidad y la viabilidad del
pilar de plena capitalización.
4.4.        Mejorar la capacidad administrativa de los servicios
públicos de empleo con vistas a mejorar la orientación específica, concepción y
evaluación de las políticas activas del mercado laboral a fin de asegurar unos
servicios de empleo más individualizados para los desempleados jóvenes, los de
larga duración, los de más edad y las mujeres. Garantizar que se disponga de
instalaciones para el cuidado de niños. Reducir la presión fiscal de los
trabajadores con bajos salarios y adaptar el sistema de prestaciones.
5.5.        Adoptar y aplicar el Plan de Actuación para la Juventud,
en particular en lo que se refiere a la calidad y la adecuación al mercado
laboral de la enseñanza y la formación profesional, incluso a través de la
introducción de un sistema de aprendizaje. Mejorar la calidad de la enseñanza
superior, mediante el refuerzo de la garantía de calidad y la orientación hacia
los resultados.
6.6.        Adoptar medidas activas para mejorar el acceso a la
educación escolar y preescolar, así como su calidad, de los grupos vulnerables,
entre ellos los romaníes. Garantizar la reintegración en el mercado laboral de
los adultos a través de medidas de activación y servicios específicos de
empleo, educación compensatoria y formación profesional de ciclo corto.
7.7.        Reforzar la calidad de los servicios públicos, entre
otras cosas mejorando la gestión de los recursos humanos. Seguir acortando la
duración de los procedimientos judiciales y reforzando el papel de la Oficina
de Contratación Pública como organismo independiente.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209
de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM
(2012) 325 final.
[3]               P7_TA(2012)0048
y P7_TA(2012)0047.
[4]               Decisión
2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012.
[5]               COM
(2012) 68 final.
[6]               Saldo
ajustado en función del ciclo excluidas las medidas excepcionales y de carácter
temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la
información facilitada en el programa, utilizando la metodología acordada en
común.
[7]               De
conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo.


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		52011SC0825

			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Romaniaand delivering a Council opinionon the updated Convergence Programme of Romania 2011-2014

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
sobre el programa nacional de reforma de
2011 de Rumanía
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de convergencia actualizado de Rumanía (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1], y,
en particular, su artículo 9, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 6 de mayo de 2009, el Consejo adoptó la
Decisión 2009/459/CE, por la que se concedió a Rumanía ayuda financiera a medio
plazo durante un período de tres años al amparo de lo dispuesto en el artículo
143 del Tratado. El correspondiente protocolo de acuerdo, firmado el 23 de
junio de 2009, y sus sucesivas addenda establecen las condiciones de política
económica a las que se supeditaba el desembolso de la ayuda financiera. La
Decisión del Consejo fue modificada el 16 de marzo de 2010 por la Decisión
2010/183. Tras la satisfactoria aplicación del programa por parte de Rumanía, y
habida cuenta de un ajuste parcial de la balanza corriente motivado por la
vulnerabilidad del país a los aumentos de los precios internacionales, como
consecuencia de las deficiencias estructurales subsistentes en los mercados
rumanos de trabajo y de productos, el Consejo adoptó, el 12 de mayo de 2011, la
Decisión 2011/288/UE, por la que se concede a Rumanía una ayuda financiera a
medio plazo con carácter preventivo durante un período de tres años, al amparo
del artículo 143 del Tratado. El correspondiente protocolo de acuerdo se
firmará en [junio de 2011].
(2)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(3)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[3],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(4)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(6)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(7)
El 2 de mayo de 2011, Rumanía presentó la
actualización de 2011 de su programa de convergencia, relativa al período
2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Ambos programas se han
evaluado al mismo tiempo.
(8)
Entre 2002 y 2008, la economía rumana
experimentó un fuerte crecimiento, con un aumento del PIB real del 6,3 %
en promedio, cifra que supera su nivel de crecimiento potencial. El principal
motor del crecimiento económico fue la demanda interna, dado que la favorable
evolución del crédito y los salarios estimuló el consumo y la inversión
privados. Este auge vino impulsado también por las entradas de capital
extranjero y dio lugar a un recalentamiento y a desequilibrios externos y
presupuestarios insostenibles. El déficit por cuenta corriente alcanzó un
máximo del 13,6 % del PIB en 2007 y solo descendió ligeramente en 2008,
hasta el 11,4 % del PIB. Las considerables necesidades de financiación
externa se vieron propiciadas por una política presupuestaria procíclica, que
llevó a un aumento del déficit global del 1,2 % del PIB en 2005 al
5,7 % del PIB en 2008, como resultado de las recurrentes desviaciones
presupuestarias, sobre todo en lo que respecta a los gastos corrientes. La
crisis financiera y la consiguiente contracción de la economía mundial
aumentaron la aversión al riesgo de los inversores, lo que restringió de manera
significativa las entradas de capital en Rumanía. La participación en el
mercado de trabajo no aumentó, pese a la coyuntura favorable; la tasa de empleo
apenas registró variaciones durante los años de bonanza. Posteriormente, esa
tasa descendió al 63,3 % en 2010, al tiempo que la tasa de desempleo se
incrementaba del 5,8 % en 2008 al 7,3 % en 2010, como consecuencia de
la crisis económica. El desempleo se mantiene en cotas particularmente elevadas
entre la población rom. En estas circunstancias y ante las acuciantes necesidades
de financiación a las se enfrentaban, las autoridades rumanas solicitaron ayuda
económica internacional y de la UE en mayo de 2009.
(9)
Tras la satisfactoria aplicación del programa
de ajuste UE-FMI, y con objeto de consolidar estos valiosos logros, la UE y el
FMI negociaron con las autoridades un programa de carácter preventivo para el
período 2011-2013. El nuevo programa continúa la labor de saneamiento
presupuestario, reforma de la gobernanza de las finanzas públicas y
mantenimiento de la estabilidad financiera iniciada con el programa 2009-2011.
Además, pone un marcado énfasis en las reformas estructurales de los mercados
de productos (en los sectores de energía y transportes) y de trabajo que
resultan necesarias para liberar el potencial de crecimiento de Rumanía,
estimular la creación de empleo e intensificar la absorción de los fondos de la
UE. Rumanía sigue en vías de lograr el objetivo de déficit de caja del
4,4 % del PIB en 2011 (menos del 5 % del PIB según las normas SEC).
Ello facilitaría también la consecución del objetivo de déficit fijado para
2012, a saber, menos del 3 % del PIB, si bien, de acuerdo con las
previsiones económicas de la primavera de 2011 de los servicios de la Comisión,
tendrían que adoptarse medidas adicionales. Las autoridades han tomado también
medidas para alcanzar los objetivos del nuevo programa en materia de reforma
estructural y seguir manteniendo la estabilidad financiera.
(10)
Partiendo de la evaluación del programa de
convergencia actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el
que se basan las previsiones del programa es plausible. El programa de
convergencia apunta a la corrección del déficit excesivo dentro del plazo
fijado por el Consejo en su recomendación de 16 de febrero de 2010, esto es, en
2012. El programa pretende alcanzar un déficit global del 2,6 % del PIB en
2013 y del 2,1 % del PIB en 2014, a través de un saneamiento que se basa
principalmente en los gastos. Según el saldo estructural recalculado por los
servicios de la Comisión, el objetivo a medio plazo no se alcanzará dentro del
período que abarca el programa. La estrategia de saneamiento se concentra en
los primeros años del programa y la mejora estructural se registrará sobre todo
en 2011 y 2012. Por el contrario, el saldo estructural no mejorará en 2013 y
2014. La evolución del déficit prevista es adecuada en 2011 y 2012, pero no en
2013 ni en 2014. Los principales riesgos a los que están expuestos los
objetivos presupuestarios se derivan del proceso de ejecución, de los pagos
atrasados de las empresas públicas, que constituyen un serio pasivo contingente
para el presupuesto, y de las reservas formuladas por la Comisión (Eurostat)
sobre la notificación de Rumanía en el marco del procedimiento de déficit
excesivo[4].
(11)
Rumanía ha plasmado sus compromisos en virtud
del Pacto por el Euro Plus[5] en
su programa nacional de reforma y su programa de convergencia, que se
presentaron el 2 de mayo de 2011. En su mayor parte, dichos compromisos se han
cumplido, o se están cumpliendo, dentro del programa de ayuda financiera a
medio plazo y son globalmente adecuados para hacer frente a los actuales
desafíos con arreglo al Pacto.
(12)
La Comisión ha evaluado el programa de
convergencia y el programa nacional de reforma de Rumanía, incluidos los
compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus[6], y ha tenido en cuenta no
solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la
política socioeconómica de Rumanía, sino también su cumplimiento de las normas
y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las
futuras decisiones nacionales.
(13)
A la luz de la presente evaluación, y teniendo
en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 16 de febrero de 2010 en
virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de
convergencia de Rumanía y su dictamen[7] se
refleja particularmente en la recomendación recogida a continuación. Teniendo
en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el
Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de Rumanía.
RECOMIENDA a Rumanía:
Aplicar las medidas establecidas en la
Decisión 2009/459/CE del Consejo, modificada por la Decisión 2010/183/UE del
Consejo, así como las medidas establecidas en la Decisión 2011/288/UE del
Consejo y desarrolladas en el protocolo de acuerdo de 23 de junio de 2009 y sus
posteriores addenda, y en el protocolo de acuerdo de [junio de 2011] y sus posteriores addenda.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO C de , p. .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
2011/308 UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[4]               Eurostat formuló ciertas reservas en cuanto a la
calidad de las cifras rumanas en el marco del procedimiento de déficit
excesivo, debido a: i) la incertidumbre sobre las repercusiones de algunas
empresas públicas en el déficit público; ii) la información facilitada acerca
de las categorías SEC95 «otras cuentas pendientes de cobro o de pago»; iii) la
naturaleza y el impacto de ciertas operaciones financieras; y iv) la
consolidación de los flujos intraestatales.
[5]               Para más detalles sobre los compromisos contraídos
en el marco del Pacto por el Euro Plus, véase SEC(2011) 731.
[6]               Véase SEC(2011) 731.
[7]               Previsto en el artículo 9, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, con miras a facilitar la concesión por los Estados miembros de visados uniformes para estancias cortas a los investigadores nacionales de terceros países que se desplacen en la Comunidad con fines de investigación científica

text:
               3.11.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 289/23

      RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 28 de septiembre de 2005
   con miras a facilitar la concesión por los Estados miembros de visados uniformes para estancias cortas a los investigadores nacionales de terceros países que se desplacen en la Comunidad con fines de investigación científica
   (2005/761/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 62, apartado 2, letra b), inciso ii),
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Con el fin de reforzar y estructurar la política europea de investigación, en su Comunicación de 18 de enero de 2000 titulada «Hacia un Espacio Europeo de Investigación», la Comisión consideró necesario crear el Espacio Europeo de Investigación en tanto que eje central de las futuras acciones de la Comunidad en este ámbito.

               (2)

               Al aprobar el Espacio Europeo de Investigación, el Consejo Europeo, en su reunión de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000, fijó como objetivo para la Comunidad pasar a ser de aquí a 2010 la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo.

               (3)

               La globalización de la economía requiere una mayor movilidad de los investigadores, como ya reconoció el sexto programa marco de investigación de la Comunidad (4) al abrir aún más sus programas a los investigadores de terceros países.

               (4)

               El número de investigadores de que debiera poder disponer la Comunidad para cumplir el objetivo fijado por el Consejo Europeo, en su reunión de Barcelona de 15 y 16 de marzo de 2002, de invertir el 3 % del PIB en investigación, se evalúa en 700 000 personas. Este objetivo deberá cumplirse mediante un conjunto de medidas convergentes como reforzar para la juventud el carácter atractivo de las carreras científicas, fomentar la participación de las mujeres en la investigación científica, aumentar las posibilidades de formación y de movilidad en la investigación, mejorar las perspectivas de carrera de los investigadores en la Comunidad y dar acceso a ésta en mayor medida a nacionales de terceros países que pudieran ser admitidos a efectos de investigación.

               (5)

               Con el fin de ser competitivos y resultar atractivos en la competencia mundial, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para facilitar la entrada y los desplazamientos de los investigadores dentro de la Comunidad para estancias cortas.

               (6)

               Para las estancias cortas, los Estados miembros deben comprometerse a considerar a los investigadores de terceros países sometidos a la obligación de visado en virtud del Reglamento (CE) no 539/2001 (5) como personas bona fide y a concederles las facilidades incluidas en el acervo comunitario para los procedimientos de expedición de visados para estancias cortas.

               (7)

               Con el fin de mejorar los procedimientos de expedición de visados para estancias cortas a los investigadores, convendría fomentar el intercambio de información y buenas prácticas.

               (8)

               La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               (9)

               Con arreglo a los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y por lo tanto ésta no le es aplicable. No obstante, como la presente Recomendación se propone desarrollar el acervo Schengen con arreglo a las disposiciones del título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, en el plazo de seis meses tras la adopción de la presente Recomendación por el Parlamento Europeo y el Consejo, si lo incorpora a su legislación nacional.

               (10)

               La presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el que el Reino Unido no participa, con arreglo a la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (6). Por ello el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Recomendación y ésta no le es aplicable.

               (11)

               La presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el que Irlanda no participa, con arreglo a la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (7). Irlanda, en consecuencia, no participa en la adopción de la presente Recomendación y ésta no le es aplicable.

               (12)

               En cuanto a Islandia y a Noruega se refiere, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo relativo al Acuerdo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (8), desarrollo que pertenece al ámbito contemplado en el párrafo B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo (9).

               (13)

               En cuanto a Suiza se refiere, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo relativo al Acuerdo de Schengen, en el sentido del Acuerdo firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, desarrollo que pertenece al ámbito contemplado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 4, apartado 1, de las Decisiones del Consejo 2004/849/CE (10) y 2004/860/CE (11), relativas a la firma en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea respectivamente y sobre la aplicación provisional de algunas de las disposiciones de dicho Acuerdo.

               (14)

               La presente Recomendación constituye un acto basado en el acervo de Schengen o referente a éste, en virtud del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003.

               (15)

               La presente Recomendación también tiene por objeto brindar una fórmula flexible a los investigadores que desean mantener vínculos profesionales con un organismo de su país de origen, por ejemplo, pasar períodos de un máximo de tres meses de duración cada semestre en un organismo de investigación europeo de acogida situado en el Espacio Común y trabajar el resto del tiempo en el organismo de investigación del país de origen.

         RECOMIENDAN A LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1)

               facilitar la expedición de visados comprometiéndose a examinar con la máxima diligencia las solicitudes de visado procedentes de investigadores de terceros países sometidos a la obligación de visado con arreglo al Reglamento (CE) no 539/2001;

               2)

               favorecer la movilidad internacional de los investigadores de terceros países que tengan que viajar frecuentemente a la Unión Europea, mediante la concesión de visados válidos para varias entradas; para determinar el plazo de validez de los visados, los Estados miembros deben tener en cuenta la duración de los programas de investigación en que tengan que participar los investigadores;

               3)

               comprometerse a facilitar la adopción de un enfoque armonizado para los justificantes que los investigadores deben adjuntar a la solicitud de visado. Deberían consultar para ello a los organismos de investigación autorizados;

               4)

               favorecer la expedición de visados para investigadores sin gastos de tramitación, con arreglo a las normas establecidas en el acervo comunitario;

               5)

               tener en cuenta, en el marco de la cooperación consular local, el objetivo de facilitar la expedición de visados a los investigadores de terceros países con el fin de favorecer el intercambio de las mejores prácticas;

               6)

               comprometerse a comunicar a la Comisión antes del 28 de septiembre de 2006 la información relativa a las mejores prácticas establecidas para facilitar la expedición de visados uniformes a los investigadores, con el fin de que ésta pueda valorar los progresos alcanzados. Si se adopta la directiva relativa al procedimiento de admisión específico de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (12), y dependiendo del resultado de la evaluación, se debe examinar la posibilidad de incorporar las disposiciones recogidas en la presente Recomendación en un instrumento apropiado y jurídicamente vinculante.

      Hecho en Estrasburgo, el 28 de septiembre de 2005.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         D. ALEXANDER

      (1)  DO C 120 de 20.5.2005, p. 60.

      (2)  DO C 71 de 22.3.2005, p. 6.

      (3)  Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de abril de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 18 de julio de 2005.

      (4)  Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002-2006) (DO L 232 de 29.8.2002, p. 1). Decisión modificada por la Decisión no 786/2004/CE (DO L 138 de 30.4.2004, p. 7).

      (5)  Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 851/2005 (DO L 141 de 4.6.2005, p. 3).

      (6)  DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

      (7)  DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

      (8)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

      (9)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

      (10)  DO L 368 de 15.12.2004, p. 26.

      (11)  DO L 370 de 17.12.2004, p. 78.

      (12)  Véase la página 15 del presente Diario Oficial.