title: Recomendacióndel Consejo de 20 de julio de 2020 sobre la política económica de la zona del euro 2020/C 243/01

text:
               23.7.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 243/1

      RECOMENDACIÓNDEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      sobre la política económica de la zona del euro
      (2020/C 243/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  La zona del euro prosigue su expansión, pero con riesgos interconectados con las perspectivas y un horizonte incierto. Por otra parte, se cierne sobre ella el riesgo de prolongación del período de bajo crecimiento e inflación, provocado por una productividad muy débil y por el envejecimiento de la población. Si bien desde 2017 la brecha de producción ha pasado a ser positiva, y en 2018 se situó en el 0,7 % del producto interior bruto (PIB) potencial, el crecimiento potencial se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la crisis (3). La inflación subyacente se situó en un intervalo de entre el 1 % y el 1,5 % en 2018 y 2019, y está previsto que se mantenga en torno al 1,5 % en 2020 y 2021. Los indicadores del mercado de trabajo siguen mejorando, aunque a un ritmo más lento, y se prevé que el crecimiento del empleo se ralentice aún en mayor medida y persistan los retos existentes por lo que respecta a la calidad del empleo. Se ha consolidado el crecimiento de los salarios nominales, que se aproximó al 2,25 % en 2018, después de haberse situado varios años por debajo del 2,0 %, se calcula en torno al 2,5 % en 2019 y se estima que descenderá de nuevo al 2,25 % en el período 2020-21. Aunque las condiciones del mercado de trabajo son favorables, el crecimiento de los salarios reales ha aumentado lentamente y sigue siendo exiguo, ya que en 2018 se situó por debajo del 1 %, se calcula que ha estado aproximadamente al mismo nivel en 2019 y está previsto que alcance el 0,7 % y el 0,8 % en 2020 y 2021, respectivamente. Tal como se menciona en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2020 adoptado por la Comisión el 17 de diciembre de 2019, se prevé que el superávit por cuenta corriente de la zona del euro disminuya, aunque se mantenga cercano al máximo. Los Estados miembros con déficit han reducido sus déficits por cuenta corriente o han logrado superávits, aunque siguen registrando posiciones de inversión internacional neta ampliamente negativas.
                  Al mismo tiempo, aunque algunos Estados miembros redujeron su superávit por cuenta corriente, persisten en aplicar un superávit por cuenta corriente elevado y, por lo tanto, aumentan su posición de inversión internacional neta. La dinámica de la balanza de pagos por cuenta corriente en la zona del euro se ve afectada por el debilitamiento de la demanda exterior, especialmente en los Estados miembros orientados hacia la exportación con elevados superávits por cuenta corriente, que dependen en gran medida de la demanda de exportación exterior. También es importante una dinámica favorable a la demanda, y los Estados miembros con amplio superávit también contribuirían al reequilibrio reforzando las condiciones que respaldan las subidas salariales, dentro del respeto del papel de los interlocutores sociales, así como la inversión pública y privada.

                  (2)

                  A fin de aumentar el potencial de crecimiento al tiempo que se garantiza la sostenibilidad medioambiental y social, y lograr una convergencia real entre los Estados miembros de la zona del euro es preciso introducir reformas estructurales que impulsen un crecimiento sostenible y realizar inversiones en capital tangible e intangible que incrementen la productividad. Estas medidas favorecerían en particular a aquellos Estados miembros cuyo potencial de crecimiento es netamente inferior a la media de la zona del euro. También serían necesarias para evitar que la economía de la zona del euro se suma en un período prolongado de bajo potencial de crecimiento y escasa productividad, baja inflación y poco aumento de los salarios, así como de ahondamiento de las desigualdades. Las reformas y la inversión siguen siendo fundamentales para garantizar que la zona del euro imprima un nuevo impulso al crecimiento, supere las mayores presiones a medio y largo plazo derivadas del declive demográfico y facilite la transformación hacia una economía sostenible, contribuyendo así a que la zona del euro y sus Estados miembros alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

                  (3)

                  El impacto económico del cambio climático, uno de los mayores riesgos sistémicos a los que se enfrentan actualmente la economía mundial, los sistemas financieros y las sociedades, empieza a ser perceptible. Los riesgos para la economía mundial que se derivan del cambio climático y, en términos más generales, de la degradación del medio ambiente, están cada vez más presentes y tendrán un efecto generalizado, en particular, en las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Si no van acompañados de las medidas adecuadas, podrían tener consecuencias negativas sobre la resiliencia de nuestras economías, la inclusión y el potencial de crecimiento a largo plazo. En ese contexto, sería esencial invertir y crear las condiciones reglamentarias y financieras necesarias para lograr una transición ordenada hacia una economía sostenible. Si se les hace frente de manera adecuada, los retos medioambientales y climáticos brindan también la oportunidad de revitalizar la economía europea orientándola hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, la Comisión ha presentado un Pacto Verde Europeo, planteado como una estrategia de crecimiento para Europa que incluirá una propuesta de la primera ley europea sobre el clima que consagra en una norma el objetivo de la neutralidad climática para 2050. Al mismo tiempo, la transición ecológica deberá tener en cuenta el impacto en los diversos sectores de la sociedad. La inversión destinada a facilitar la transformación hacia una economía sostenible tendrá que ir acompañada de una tarificación del carbono, una normativa adecuada en todos los sectores y de inversiones en la adquisición de cualificaciones y en apoyo para las transiciones laborales, a fin de garantizar que todos los ciudadanos cosechen los beneficios del cambio tecnológico, en particular en aquellos sectores y regiones que se han quedado rezagados en el proceso de la transición digital y ecológica.

                  (4)

                  La movilización de fondos públicos y privados para invertirlos en la transición ecológica y digital puede contribuir a sostener el crecimiento a corto plazo y a resolver los desafíos a largo plazo a los que se enfrentan nuestras economías. Aunque la revolución digital pueda brindar oportunidades en términos de productividad, crecimiento y creación de empleo, también puede plantear problemas, en particular para los trabajadores menos cualificados, que carecen de las cualificaciones necesarias para trabajar utilizando las nuevas tecnologías. La existencia de diferentes velocidades en la transición hacia la economía digital entre los Estados miembros de la zona del euro podría suponer un riesgo significativo para la convergencia y la estabilidad macroeconómica. Ello podría verse reforzado por los fuertes efectos de aglomeración, que suelen beneficiar a las grandes ciudades, y por las dinámicas según las cuales quienes se encuentran ya en una situación dominante tienden a acapararlo todo, presentes a menudo en el ámbito de las tecnologías digitales, que podrían incrementar la desigualdad e incidir negativamente en la convergencia. Las inversiones no solo deberían orientarse hacia la generación de investigación e innovación, sino también hacia una mayor difusión de las innovaciones en la economía en su conjunto.

                  (5)

                  Una mayor coordinación de las estrategias de inversión combinada con un mayor esfuerzo de reforma a nivel de la zona del euro sería fundamental para apoyar el crecimiento sostenible y responder a los retos que se plantean a largo plazo, como, por ejemplo, la transición climática y la transformación tecnológica. El instrumento presupuestario de convergencia y competitividad proporcionaría apoyo financiero para que los Estados miembros de la zona del euro aplicaran propuestas que, por regla general, deberían consistir en paquetes de reformas e inversiones. InvestEU, que contribuirá también al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, aspira asimismo a movilizar inversiones adicionales para seguir fomentando la innovación y la creación de empleo en la Unión, en particular mediante la financiación de infraestructuras sostenibles. Los fondos de la política de cohesión, que desempeñan un papel fundamental en el apoyo a nuestras regiones y zonas rurales, también desarrollan una función en la transición climática y tecnológica a través del fomento del desarrollo sostenible. El Banco Europeo de Inversiones, que ya dedica el 25 % del total de los fondos de que dispone para la inversión en favor del clima, ha anunciado su intención de doblar ese porcentaje. Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la Unión, sería esencial llevar a cabo proyectos de inversión a nivel nacional y subnacional que abarquen la adaptación al cambio climático y su mitigación, la transición energética, la descarbonización o la economía circular. La inversión en industrias e infraestructuras de red podría contribuir a mejorar la competitividad de la zona del euro y fomentar la transición hacia un transporte más sostenible. Por otro lado, las inversiones en activos inmateriales tales como la investigación y el desarrollo, así como la adquisición de cualificaciones son también esenciales para ir preparando a la zona del euro ante los retos que se avecinan.

                  (6)

                  Los efectos de la expansión económica de los últimos años no se han acusado de manera uniforme en los diferentes Estados miembros ni entre las distintas regiones y Estados miembros. Aunque en los últimos tiempos han aumentado los niveles de renta disponible, en varios Estados miembros de la zona del euro estos niveles siguen situándose por debajo de los anteriores a la crisis. El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social está disminuyendo en la mayoría de los Estados miembros y, en la actualidad, es inferior en 5 millones al nivel máximo alcanzado en 2012, aunque sigue estando por encima de los niveles de 2008 en la zona del euro. Tras un período de aumento de las divergencias, algunos Estados miembros han ido aproximándose a aquellos que en los últimos años habían logrado mejores resultados en términos de PIB per cápita. Sin embargo, en los últimos diez años, la proporción de ingresos de las personas con niveles de renta más elevados ha aumentado lentamente, y siguen existiendo grandes disparidades entre Estados miembros. Para promover una convergencia al alza dentro de los Estados miembros y entre ellos, sería importante fomentar la aplicación de políticas destinadas a aumentar la eficiencia y la equidad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello permitiría obtener mejores resultados macroeconómicos, con un reparto más equitativo de los beneficios en pro de la sociedad en general, que también contribuirían a impulsar la cohesión de la zona del euro.

                  (7)

                  La coherencia y el equilibrio en la combinación de las políticas macroeconómicas de la zona del euro, es decir, las políticas monetaria, presupuestaria y estructural, son esenciales a la hora de garantizar un crecimiento económico sólido, integrador y sostenible, y de responder con eficacia a la baja inflación persistente, las perspectivas de debilitamiento económico y los riesgos que amenazan el crecimiento a largo plazo. El Banco Central Europeo mantiene una política monetaria expansiva a fin de contribuir a que la inflación vaya acercándose a su objetivo de inflación a medio plazo, apoyando al mismo tiempo el crecimiento y la creación de empleo. La política presupuestaria debe complementar la orientación de la política monetaria, al igual que las reformas estructurales en los diferentes sectores, incluidas aquellas necesarias para completar la arquitectura de la unión económica y monetaria (UEM).

                  (8)

                  La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales en el pleno respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y teniendo en cuenta al mismo tiempo el margen de maniobra disponible desde el punto de vista presupuestario y los efectos indirectos entre Estados miembros, apuntala el correcto funcionamiento de la UEM. Se espera que la orientación presupuestaria de la zona del euro pase de ser globalmente neutra a ser ligeramente expansiva en 2020 y 2021. Al mismo tiempo, las políticas presupuestarias nacionales siguen estando insuficientemente diferenciadas. La aplicación de unas políticas presupuestarias prudentes por parte de los Estados miembros con elevados niveles de deuda pública situaría a esta última en una trayectoria decreciente, reduciría la vulnerabilidad frente a las perturbaciones y permitiría el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos en caso de recesión económica. Por otra parte, imprimir mayor impulso a la inversión y a otros gastos productivos en los Estados miembros con una situación presupuestaria favorable respaldaría el crecimiento a corto y medio plazo, al tiempo que contribuiría a reequilibrar la economía de la zona del euro. Si se materializasen los riesgos a la baja, las respuestas presupuestarias deberían diferenciarse, con el objetivo de adoptar una postura más alentadora a nivel agregado, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas de cada país y se debe evitar la prociclicidad, en la medida de lo posible. Los Estados miembros deben estar dispuestos a coordinar las políticas en el Eurogrupo.

                  (9)

                  Las reformas presupuestarias estructurales siguen siendo cruciales para mejorar la sostenibilidad presupuestaria, reforzar el potencial de crecimiento y favorecer unas políticas presupuestarias anticíclicas eficaces en caso de recesión. Un buen funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales, junto con revisiones periódicas y exhaustivas del gasto y una contratación pública eficaz y transparente pueden reforzar la eficiencia y la eficacia del gasto público y mejorar la credibilidad y la calidad de las políticas presupuestarias. Una mejora de la composición de los presupuestos nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, en particular reasignando hacia la inversión pública en el contexto de unas estrategias de inversión bien concebidas y desarrollando instrumentos de presupuestación ecológica, aumentaría el impacto de los presupuestos públicos en el crecimiento, incrementaría la productividad y comenzaría a responder a los apremiantes retos a largo plazo de la transición hacia las economías ecológica y digital. La simplificación y modernización de los sistemas tributarios y la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, particularmente a través de medidas contra la planificación fiscal abusiva, teniendo en cuenta los debates que están teniendo lugar actualmente en el Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre las cuestiones pendientes en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios, son esenciales para lograr que dichos sistemas sean más justos y eficientes. La facilidad con la que los recursos móviles pueden circular dentro de la zona del euro es uno de los fundamentos del mercado interior, pero también amplía el ámbito en que puede ejercerse la competencia fiscal. Por tanto, la coordinación entre los Estados miembros es esencial para atajar el traslado de beneficios y las prácticas dañinas, así como para evitar una carrera a la baja generalizada en el ámbito del impuesto de sociedades.
                  Para este empeño podría resultar decisivo trabajar con vistas a lograr un acuerdo sobre una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades, así como un acuerdo sobre el Marco Inclusivo de la OCDE respecto de las cuestiones pendientes en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios, con objeto de revisar la distribución de beneficios entre los diferentes países y garantizar una imposición mínima efectiva. La presión fiscal en la zona del euro es relativamente elevada y está sesgada en detrimento del factor trabajo, ya que los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria o el medio ambiente representan una proporción muy pequeña de los ingresos tributarios. No obstante, los dos últimos pueden ser menos perjudiciales para el crecimiento y la oferta y demanda de empleo. Un recurso mayor a los impuestos medioambientales puede contribuir al crecimiento sostenible al aportar incentivos para un comportamiento más ecológico de los consumidores y los productores. La fiscalidad habría de tener en cuenta en mayor medida la dimensión climática y abordar las emisiones y las fugas de carbono de manera más sistemática. Fomentar una acción coordinada a nivel mundial incrementaría más aún la eficacia de estas medidas. Por lo tanto, para contribuir a la transición hacia una economía ecológica, se propondrá el fomento del diseño de políticas presupuestarias propicias para los compromisos y una revisión de la Directiva 2003/96/CE del Consejo (4), así como un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono conforme con la Organización Mundial del Trabajo (OMT), si es necesario para evitar las fugas de carbono.

                  (10)

                  Las reformas estructurales e institucionales que aumentan la competencia en los mercados de productos, fomentan la eficiencia en el uso de los recursos y mejoran el entorno empresarial y la calidad de las administraciones públicas, incluida la eficacia de los sistemas judiciales, son importantes para la resiliencia de los Estados miembros de la zona del euro. Las estructuras económicas resilientes y las políticas adecuadas impiden que las perturbaciones tengan efectos significativos y duraderos sobre los ingresos y la oferta de mano de obra, y pueden facilitar el funcionamiento de la política presupuestaria y monetaria y contener las divergencias, en particular en situaciones de recesión, creando condiciones más favorables para un crecimiento sostenible e integrador. Una mejor coordinación y aplicación de las reformas estructurales, particularmente de las preconizadas en las recomendaciones específicas por país, puede generar efectos indirectos positivos entre los Estados miembros. A este respecto, los consejos nacionales de productividad pueden desempeñar un papel importante con vistas a aumentar la apropiación de las reformas y mejorar su aplicación. También es necesario emprender reformas para hacer frente a los retos a largo plazo que han adquirido carácter urgente, tales como la transición climática y la transformación tecnológica. Intensificar la integración del mercado único, que ha demostrado ser un importante motor de crecimiento y de convergencia entre los Estados miembros, también puede contribuir a fomentar el crecimiento de la productividad.

                  (11)

                  El pilar europeo de derechos sociales establece veinte principios para favorecer la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión sociales. Se ha concebido como un instrumento de orientación destinado a promover una convergencia al alza con vistas al logro de mejores condiciones de vida y de trabajo. Lograr unas economías y unas sociedades más fuertes e integradoras puede fomentar, a su vez, la resiliencia de la Unión y de la zona del euro. Las reformas y la inversión en la adquisición de cualificaciones, las transiciones laborales y una protección social más eficaz revisten asimismo importancia como medidas de acompañamiento en un proceso de transición justo y equitativo hacia una economía ecológica y digital. La plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales a todos los niveles, teniendo debidamente en cuenta las competencias respectivas, será esencial para promover la convergencia al alza.

                  (12)

                  Las reformas que incrementan la participación en el mercado de trabajo, luchan contra el desempleo juvenil y de larga duración, promueven la creación de empleo de calidad, facilitan que las transiciones en el mercado laboral se resuelvan de manera satisfactoria, reducen la segmentación y promueven el diálogo social pueden contribuir a estimular un crecimiento integrador, mejorar la resiliencia económica y la estabilización automática, reducir las desigualdades y hacer frente a la pobreza y la exclusión social. El apoyo individualizado a la transición laboral, la formación y el reciclaje profesional son fundamentales para promover la oportuna reinserción de los solicitantes de empleo. Las políticas activas del mercado de trabajo deben integrarse correctamente con las políticas sociales y fomentar la integración activa en el mercado laboral y en la sociedad. El acceso a una educación y una formación de calidad a lo largo de la vida requiere una inversión adecuada destinada a mejorar el capital humano y las cualificaciones, también a la luz de la transición digital y ecológica. Ello contribuye a mejorar la empleabilidad, la productividad, la capacidad de innovación y los salarios a medio y largo plazo, aumentando la resiliencia de la zona del euro. La legislación en pro de la protección del empleo debe ofrecer condiciones de trabajo equitativas y dignas a todos los trabajadores, teniendo en cuenta especialmente las formas atípicas de empleo que están surgiendo y que brindan nuevas oportunidades, aunque también plantean retos desde la perspectiva la seguridad del empleo y la protección social.
                  Unos sistemas de protección social eficaces y sostenibles también son fundamentales para garantizar unos ingresos adecuados y el acceso a servicios de calidad. Las reformas de las pensiones y las políticas de conciliación de la vida profesional y la vida privada pueden contribuir de manera significativa a fomentar la participación en el mercado de trabajo, y, de este modo, salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas europeos de bienestar social. La reducción de la fiscalidad del trabajo en beneficio de otros factores podría orientarse de modo que favorezca a las personas con bajos niveles de ingresos o que aportan la segunda fuente de ingresos en un hogar. La participación de los interlocutores sociales en las reformas laborales, sociales y económicas es esencial con vistas a reforzar su responsabilización al respecto y apoyar la aplicación de estas. De forma similar, es beneficiosa la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es importante que los acuerdos colectivos contribuyan a los objetivos de las recomendaciones 1 a 5 abajo mencionadas respetando plenamente la autonomía de los interlocutores sociales.

                  (13)

                  La solidez del sector financiero de la zona del euro ha aumentado desde la crisis, aunque persisten ciertas vulnerabilidades que es preciso abordar. Los altos niveles de endeudamiento de las empresas y los hogares, al que contribuye el sesgo en favor del endeudamiento existente en muchos sistemas tributarios nacionales, puede ser fuente de riesgos. La necesidad de adaptar los modelos empresariales de los bancos, el entorno de bajos tipos de interés y la competencia creciente de otras formas de financiación sigue ejerciendo presión sobre la rentabilidad de los bancos. Se ha avanzado de forma constante en la reducción del riesgo, especialmente en lo que se refiere a la reducción de los préstamos no productivos. No obstante, cuando las ratios de préstamos no productivos se mantienen en un nivel elevado, se requieren nuevos esfuerzos sostenidos, y todos los Estados miembros deben prever políticas adecuadas para evitar la acumulación de dichos préstamos. En marzo de 2018, la Comisión presentó un conjunto de medidas de reducción del riesgo con vistas tanto a facilitar la resolución del problema de los préstamos no productivos heredados del pasado como a evitar el riesgo de una nueva acumulación de ellos en el futuro. En el marco de las medidas legislativas sobre préstamos no productivos, en abril de 2019 se adoptó el Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) que introduce un mecanismo legal de protección prudencial para prevenir el riesgo de insuficiencia de provisiones para futuros préstamos dudosos; por otra parte, es preciso realizar progresos adicionales para seguir resolviendo la cuestión de los préstamos no productivos, en particular avanzando con el proyecto de Directiva sobre los mercados secundarios de préstamos no productivos.
                  Ya se han logrado avances en la mejora del marco existente de lucha contra el blanqueo de capitales. Con todo, tal como se destaca en los informes de la Comisión publicados en julio de 2019, en la Unión es necesario aplicar un enfoque más global a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas a fin de paliar las deficiencias estructurales detectadas. Para ello es preciso, en particular, estudiar formas de aumentar la armonización y de mejorar la supervisión y el cumplimiento de las normas, mediante una actuación de la Unión.

                  (14)

                  Reforzar la unión bancaria viene siendo un empeño prioritario desde 2013, con objeto de garantizar la estabilidad financiera, reducir la fragmentación financiera y proteger el préstamo en épocas de crisis. Este proceso ha seguido avanzando, en particular con el acuerdo sobre el marco jurídico del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) respecto del mecanismo común de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución (FUR), pero es necesario un mayor fortalecimiento. En este sentido, la Cumbre del Euro encomendó al Eurogrupo que prosiga los trabajos sobre el paquete de reformas del MEDE, entretanto concluyen los procedimientos nacionales, y prosiga su labor en todos los elementos que permitan seguir reforzando la unión bancaria, de forma consensuada. Se ha creado un grupo de trabajo de alto nivel para trabajar en torno a una hoja de ruta para iniciar las negociaciones políticas sobre un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). Es importante avanzar para liberar los beneficios de la unión bancaria en cuanto a la puesta en común de riesgos en el ámbito privado, a la estabilidad financiera y al crecimiento económico, reduciendo al mismo tiempo las posibilidades de arbitraje entre Estados miembros. En última instancia, ese avance debería garantizar la soberanía financiera y económica de Europa. Para ello es preciso seguir trabajando sin demora en relación con todos los elementos, en particular los debatidos en el grupo de alto nivel sobre el SEGD, y con el mismo nivel de ambición. Deben llevarse a término los trabajos sobre el paquete de reformas del MEDE, en particular la instauración del mecanismo común de protección presupuestaria para el FUR. El mecanismo común de protección presupuestaria para el FUR debe entrar en funcionamiento, y ese momento ha de anticiparse, siempre y cuando se hayan logrado avances suficientes en la reducción de riesgos.
                  Se debe seguir trabajando en torno a soluciones para superar las limitaciones de la configuración actual de la inyección de liquidez para la resolución. Por último, la Comisión ha cumplido sus compromisos con respecto a todas las acciones anunciadas en el Plan de acción de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de 2015. No obstante, siguen existiendo obstáculos jurídicos, fiscales y reglamentarios al establecimiento de una UMC, y es preciso trabajar con renovado empeño para superarlos, en particular por lo que respecta a las normas sobre acceso a la financiación, determinadas divergencias en materia de insolvencia y fiscalidad, así como conseguir unas normas de supervisión elevadas, eficaces y convergentes.

                  (15)

                  El refuerzo de la arquitectura de la UEM exige cumplir con carácter prioritario las acciones definidas en la Declaración de la Cumbre del Euro de 13 de diciembre de 2019, prosiguiendo los debates sobre otros aspectos. La Comunicación de la Comisión de 12 de junio de 2019 titulada «Profundizar la unión económica y monetaria europea: balance una vez transcurridos cuatro años desde el informe de los cinco presidentes» presenta el estado de la situación y expone el punto de vista de la Comisión sobre los ámbitos en los que es preciso centrar a corto y medio plazo los esfuerzos de reforma. Se han realizado algunos avances en la unión económica, con un acuerdo político sobre las características de un instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona del euro. Se llegó a un acuerdo de principio, con sujeción a que se lleven a término los procedimientos nacionales, para seguir desarrollando el MEDE y revisar su Tratado. No ha habido consenso en el Consejo sobre una función de estabilización presupuestaria en la zona del euro ni sobre la reforma de la gobernanza de la zona del euro.

                  (16)

                  La profundización de la UEM permitiría obtener mejores resultados macroeconómicos. Una UEM incompleta impide la integración financiera. Ello limita las oportunidades de financiación de la inversión que tanto se necesita con vistas a fomentar una economía integradora, productiva, sostenible y estable. El hecho de que la UEM no se haya completado dificulta asimismo la transmisión fluida de la política monetaria en toda la zona del euro y limita la capacidad de Europa para forjar su destino en el ámbito económico. Una función de estabilización presupuestaria central, si fuese aprobada, completaría la capacidad de los Estados miembros de la zona del euro para llevar a cabo una política fiscal anticíclica. El Consejo toma nota de la intención de la Comisión de proponer un régimen europeo de reaseguro de prestaciones por desempleo con el fin de proteger mejor a los ciudadanos si se producen perturbaciones económicas. El refuerzo de la UEM, junto con unas políticas saneadas en los niveles nacional y europeo, es fundamental para ampliar la influencia de Europa en el mundo, aumentar la importancia internacional del euro y contribuir a una economía mundial abierta, multilateral y basada en normas. Es importante que se sigan manteniendo debates de forma abierta y transparente con los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, respetando plenamente el mercado interior de la Unión.

                  (17)

                  Se ha consultado al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social sobre los aspectos sociales y relativos al empleo de la presente Recomendación.

            RECOMIENDA que, durante el período 2020-2021, los Estados miembros de la zona del euro adopten individual y colectivamente medidas, dentro del Eurogrupo, con el fin de:

                  1.

                  En los Estados miembros de la zona del euro con déficits por cuenta corriente o con una deuda exterior elevada, proseguir las reformas para impulsar la competitividad y reducir la deuda externa. En los Estados miembros de la zona del euro con grandes superávits por cuenta corriente, reforzar las condiciones que favorecen el aumento de los salarios, respetando al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales, y aplicar medidas que fomenten la inversión pública y privada. En todos los Estados miembros, estimular la productividad mejorando el entorno empresarial y la calidad de las instituciones, y reforzar la resiliencia mediante la mejora del funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, en particular a través de la profundización del mercado único. Respaldar una transición justa e integradora hacia una economía ecológica y digital competitiva mediante inversiones tangibles e intangibles, tanto públicas como privadas.

                  2.

                  Apoyar la inversión pública y privada y mejorar la calidad y la composición de las finanzas públicas en todos los países aplicando al mismo tiempo las políticas de manera plenamente respetuosa con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En los Estados miembros con elevados niveles de deuda pública, aplicar políticas prudentes para situar con credibilidad la deuda pública en una trayectoria decreciente sostenible. En los Estados miembros con una situación presupuestaria favorable, aprovechar esta coyuntura para potenciar las inversiones de alta calidad, conservando al mismo tiempo la sostenibilidad de la hacienda pública. Si se materializasen los riesgos a la baja, las respuestas presupuestarias deberían diferenciarse, con el objetivo de adoptar una postura más favorable a nivel agregado, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas de cada país y se debe evitar la prociclicidad, en la medida de lo posible. Los Estados miembros deben estar dispuestos a coordinar las políticas en el Eurogrupo. Mejorar la eficacia de los marcos presupuestarios nacionales y la calidad de las finanzas públicas, y aplicar medidas tributarias que favorezcan el crecimiento y otras medidas presupuestarias pertinentes que fomenten una economía sostenible e inclusiva. Apoyar y llevar a cabo acciones a escala de la UE para luchar contra la planificación fiscal agresiva y evitar la carrera a la baja en el impuesto de sociedades.

                  3.

                  Reforzar los sistemas de educación y formación y la inversión en la adquisición de cualificaciones. Aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que apoyan la integración en él y la resolución satisfactoria de las transiciones en el mercado de trabajo, en particular hacia la creación de más empleos en los sectores digital y ecológico. Promover la participación en el mercado laboral, en particular la de las mujeres y los grupos vulnerables, y desplazar la presión tributaria del trabajo hacia otros factores, en particular en beneficio de las personas que perciben pocos ingresos y las segundas fuentes de ingresos del hogar. Fomentar la creación de empleo de calidad y unas condiciones laborales justas, promover el equilibrio entre vida privada y vida laboral y abordar la segmentación del mercado laboral. Mejorar el acceso a unos sistemas de protección social adecuados y sostenibles. Aumentar la eficacia del diálogo social y promover la negociación colectiva.

                  4.

                  Dar seguimiento a la declaración de la Cumbre del Euro de 13 de diciembre de 2019 de seguir fortaleciendo la unión bancaria, con vistas a su realización, continuando el trabajo, sin retrasos y con el mismo nivel de aspiraciones, en todos los elementos, incluidos los debatidos en el Grupo de Alto Nivel sobre el SEGD. Llevar a término los trabajos sobre el paquete de reformas del MEDE, en particular la instauración del mecanismo común de protección presupuestaria para el FURB. Dotar de operatividad al mecanismo de protección presupuestaria del FURB y adelantarlo, siempre que se haya avanzado lo suficiente en la reducción de riesgos. Avanzar en la adopción de soluciones para superar las limitaciones de la configuración actual de la inyección de liquidez para la resolución. Reforzar el marco europeo de regulación y supervisión, en particular garantizando que la supervisión y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales sean constantes y efectivas. Promover un desapalancamiento ordenado de los grandes volúmenes de deuda privada, en particular disminuyendo el sesgo de la tributación en favor de la financiación mediante deuda. Seguir haciendo posible la rápida reducción del nivel de préstamos no productivos por parte de los bancos de la zona del euro e impedir su acumulación. Redoblar esfuerzos para profundizar la UMC.

                  5.

                  Lograr avances ambiciosos en la profundización de la unión económica y monetaria, en particular mediante la rápida realización de las acciones definidas en la Declaración de la Cumbre del Euro del 13 de diciembre de 2019, incuso en lo que se refiere al instrumento presupuestario de convergencia y competitividad (IPCC), y debatiendo otros aspectos. Los avances en este ámbito también aumentarán la importancia internacional del euro y proyectarán los intereses económicos de Europa a nivel mundial, y deberán respetar plenamente el mercado interior de la Unión y llevarse a cabo de manera abierta y transparente con respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  Todas las cifras de las previsiones del presente documento proceden de las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión Europea.

         (4)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).

         (5)  Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas (DO L 111 de 25.4.2019, p. 4).


title: Recomendación del Consejo de 9 de octubre de 2020 sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 2020/C 338/02

text:
               12.10.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 338/2

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de octubre de 2020
      sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
      (2020/C 338/02)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 283, apartado 2, y su artículo 139, apartado 2,
      Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,
      RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
      Nombrar a D. Frank ELDERSON miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, con efectos a partir del 15 de diciembre de 2020.

         Hecho en Bruselas, el 9 de octubre de 2020.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. ROTH


title: Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de 13 de octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               14.10.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 337/3

      RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1475 DEL CONSEJO
      de 13 de octubre de 2020
      sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19
      (Texto pertinente a efectos del EEE)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 21, apartado 2, su artículo 168, apartado 6, y su artículo 292, frases primera y segunda,
      Vista la propuesta de la Comisión Europea,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a la libre circulación.

                  (2)

                  En virtud del artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU), todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y sus disposiciones de aplicación. La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) da efecto a ese derecho. El artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») establece asimismo la libertad de circulación y residencia. Dado que la acción de la Unión resulta necesaria para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 21 del TFUE y que los Tratados no disponen de otro modo los poderes necesarios, el Consejo puede adoptar disposiciones con objeto de facilitar el ejercicio del derecho a circular y residir libremente.

                  (3)

                  De acuerdo con el artículo 168, apartado 1, del TFUE, tanto en la definición como en la ejecución de todas las políticas y acciones de la Unión se debe garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana.

                  (4)

                  El 30 de enero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus, que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El 11 de marzo de 2020, la OMS estimó que la COVID-19 podía calificarse de pandemia.

                  (5)

                  Para limitar la propagación del virus, los Estados miembros han adoptado diversas medidas, algunas de las cuales han repercutido en el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, como restricciones de entrada o requisitos de cuarentena para los viajeros transfronterizos.

                  (6)

                  El 13 de febrero de 2020, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre la COVID-19 (2) en las que instaba a los Estados miembros a que actuasen conjuntamente, en cooperación con la Comisión, de un modo proporcionado y adecuado para desarrollar una coordinación estrecha y reforzada entre los Estados miembros para garantizar la eficacia de todas las medidas, en especial, cuando proceda, las medidas relativas a los viajes, salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación dentro de la Unión, al efecto de garantizar una protección óptima de la salud pública.

                  (7)

                  El 10 de marzo de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea subrayaron la necesidad de un enfoque común europeo ante la COVID-19.

                  (8)

                  Desde marzo de 2020, la Comisión ha venido adoptando una serie de directrices y comunicaciones con objeto de dar apoyo a los esfuerzos de coordinación de los Estados miembros y salvaguardar la libre circulación dentro la Unión en los tiempos de la pandemia de COVID-19 (3).

                  (9)

                  Puesto que la pandemia de COVID-19 ha causado una emergencia sanitaria sin precedentes, la protección de la salud pública ha pasado a ser una prioridad absoluta tanto para la Unión como para sus Estados miembros. En aras de la protección de la salud pública, los Estados miembros pueden adoptar medidas que restrinjan la libre circulación de personas dentro de la Unión. De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del TFUE, la definición de las políticas nacionales de salud, incluidas la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica, es responsabilidad de los Estados miembros y, por lo tanto, puede variar de un Estado miembro a otro. Si bien los Estados miembros son competentes para decidir las medidas más adecuadas para proteger la salud pública, incluidos, por ejemplo, los requisitos de cumplir cuarentena o someterse a una prueba, conviene garantizar la coordinación de dichas medidas, con vistas a salvaguardar el ejercicio del derecho a la libre circulación y luchar contra una amenaza transfronteriza grave para la salud, como la COVID-19.

                  (10)

                  Al adoptar y aplicar restricciones a la libre circulación, los Estados miembros deben respetar los principios del Derecho de la UE, en particular la proporcionalidad y la no discriminación. El objetivo de la presente Recomendación es facilitar la aplicación de manera coordinada de dichos principios a la situación excepcional causada por la pandemia de COVID-19. Por consiguiente, los mecanismos establecidos en esta Recomendación han de estar estrictamente limitados en el ámbito y el tiempo a las restricciones adoptadas en respuesta a esta pandemia.

                  (11)

                  Las medidas unilaterales en este ámbito pueden causar perturbaciones significativas al someter a empresas y ciudadanos a una gran variedad de medidas divergentes y rápidamente cambiantes. Ello resulta especialmente perjudicial en una situación en la que la economía europea ya se ha visto gravemente afectada por el virus.

                  (12)

                  La presente Recomendación tiene por objeto garantizar una mayor coordinación entre los Estados miembros que contemplen la adopción de medidas que restrinjan la libre circulación por motivos de salud pública. Para limitar las restricciones a lo estrictamente necesario, los Estados miembros deben aplicar dichas restricciones, sin discriminación alguna y en la medida de lo posible, a las personas procedentes de zonas o regiones específicas especialmente afectadas y no a todo el territorio de un Estado miembro.

                  (13)

                  Un enfoque coordinado entre los Estados miembros exige realizar esfuerzos conjuntos en relación con los siguientes elementos clave: la aplicación de criterios y umbrales comunes para decidir si se introducen restricciones a la libre circulación, una cartografía del riesgo de transmisión de la COVID-19 sobre la base de un código de colores acordado y un enfoque coordinado en cuanto a las eventuales medidas que pueden ser adecuadamente aplicadas a las personas que se desplazan entre zonas, dependiendo del nivel de riesgo de transmisión en dichas zonas.

                  (14)

                  Los criterios y umbrales recogidos en la presente Recomendación se basan en los datos facilitados por los Estados miembros. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades debe publicar y actualizar semanalmente un conjunto completo de datos y unos mapas en los que se recoja la situación de los criterios comunes en las regiones de la UE, utilizando los datos facilitados por los Estados miembros.

                  (15)

                  En vista del carácter cambiante de la situación epidemiológica, la Comisión, con el apoyo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, debe evaluar periódicamente los criterios, las necesidades de datos y los umbrales recogidos en la presente Recomendación, y también si deben considerarse otros criterios o adaptarse los umbrales, y remitir sus conclusiones al Consejo para que las estudie, junto con una propuesta de modificación de la Recomendación, en caso necesario.

                  (16)

                  No debe entenderse que la presente Recomendación facilita o fomenta la adopción de restricciones a la libre circulación en respuesta a la pandemia, sino que pretende proporcionar un enfoque coordinado en caso de que un Estado miembro decida introducir tales restricciones. La decisión de introducir restricciones a la libre circulación sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, que deben cumplir los requisitos del Derecho de la Unión. Del mismo modo, los Estados miembros conservan la flexibilidad necesaria para no introducir restricciones aunque se cumplan los criterios y umbrales establecidos en la presente Recomendación.

                  (17)

                  Las restricciones a la libre circulación deben contemplarse únicamente cuando los Estados miembros dispongan de pruebas suficientes que las justifiquen desde el punto de vista de su beneficio para la salud pública y tengan motivos razonables para creer que serán eficaces.

                  (18)

                  Para limitar la perturbación del mercado interior y de la vida familiar durante la pandemia, no debe imponerse la obligación de cuarentena a los viajeros con una función o necesidad esencial, como los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerzan ocupaciones críticas, los trabajadores transfronterizos, los trabajadores del transporte o los proveedores de servicios de transporte, los marinos y las personas que viajen por razones imperiosas familiares o de negocios, incluidos los miembros de familias transfronterizas que viajen regularmente.

                  (19)

                  Una información clara, oportuna y completa destinada a otros Estados miembros y al público en general es crucial para limitar el impacto de las restricciones a la libre circulación que se establezcan, además de para garantizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y el cumplimiento por parte de los ciudadanos.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

         Principios generales

      Al adoptar y aplicar medidas de protección de la salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19, los Estados miembros deben coordinar sus actuaciones apoyándose, en la medida de lo posible, en los siguientes principios:

                  1.

                  Las restricciones a la libre circulación de personas dentro de la Unión que se establezcan para limitar la propagación de la COVID-19 deben basarse en razones de interés público específicas y limitadas, a saber, la protección de la salud pública. Tales limitaciones deben aplicarse respetando los principios generales del Derecho de la Unión, en particular la proporcionalidad y la no discriminación. Por lo tanto, las medidas adoptadas no deben ir más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública.

                  2.

                  Tales restricciones deben levantarse tan pronto como la situación epidemiológica lo permita.

                  3.

                  No puede haber discriminación entre Estados miembros, por ejemplo mediante la aplicación de normas más generosas para viajar hacia y desde un Estado miembro vecino que las aplicadas a los viajes hacia y desde otros Estados miembros que se encuentren en la misma situación epidemiológica.

                  4.

                  Las restricciones no pueden basarse en la nacionalidad de la persona sino en el lugar o lugares en que la persona haya estado durante los catorce días anteriores a su llegada.

                  5.

                  Los Estados miembros deben admitir siempre a sus propios nacionales y a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que residan en su territorio y deben facilitar el tránsito rápido a través de sus territorios.

                  6.

                  Los Estados miembros deben prestar especial atención a las especificidades de las regiones transfronterizas, las regiones ultraperiféricas, los enclaves y las zonas geográficamente aisladas y a la necesidad de cooperar a nivel local y regional.

                  7.

                  Los Estados miembros deben intercambiar periódicamente información sobre todas las cuestiones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Recomendación.

         Criterios comunes

                  8.

                  Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios clave cuando consideren restringir la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19:

                              a)

                              el «índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días», es decir, el número total de casos nuevos de COVID-19 por cada 100 000 habitantes notificados en los últimos catorce días a escala regional;

                              b)

                              el «índice de resultados positivos de las pruebas», es decir, el porcentaje de resultados positivos de todas las pruebas de detección de la COVID-19 realizadas durante la semana previa;

                              c)

                              la «tasa de pruebas», es decir, el número de pruebas de detección de la COVID-19 por cada 100 000 habitantes realizadas durante la semana previa.

         Datos sobre los criterios comunes

                  9.

                  Para garantizar la disponibilidad de datos completos y comparables, los Estados miembros deben facilitar semanalmente al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades los datos disponibles sobre los criterios mencionados en el punto 8.
                  Los Estados miembros también deben facilitar estos datos a nivel regional para que las medidas puedan aplicarse a las regiones en las que sean estrictamente necesarias.
                  Los Estados miembros deben intercambiar información sobre cualquier estrategia de pruebas que apliquen.

         Cartografía de las zonas de riesgo

                  10.

                  Sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades debe publicar un mapa de los Estados miembros de la UE, desglosado por regiones, con el fin de apoyar el proceso de toma de decisiones de los Estados miembros. Este mapa también debe incluir datos de Islandia, Liechtenstein, Noruega y, en cuanto lo permitan las condiciones (4), la Confederación Suiza. En dicho mapa, las zonas deben aparecer con los siguientes colores:

                              a)

                              verde, si el índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días es inferior a 25 y el índice de resultados positivos de las pruebas de detección de la COVID-19 es inferior al 4 %;

                              b)

                              naranja, si el índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días es inferior a 50 pero el índice de resultados positivos de las pruebas de detección de la COVID-19 es igual o superior al 4 %, o si el índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días oscila entre 25 y 150 pero el índice de resultados positivos de las pruebas de detección de la COVID-19 es inferior al 4 %;

                              c)

                              rojo, si el índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días es igual o superior a 50 y el índice de resultados positivos de las pruebas de detección de la COVID-19 es del 4 % o más, o si el índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días es superior a 150 por cada 100 000 habitantes;

                              d)

                              gris, si no se dispone de suficiente información para evaluar los criterios de las letras a), b) y c), o si la tasa de pruebas de detección de la COVID-19 es de 300 o menos por cada 100 000 habitantes.

                        Asimismo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades debe publicar un mapa distinto para cada indicador clave que contribuya al mapa global: el índice de notificaciones en los últimos 14 días a escala regional, así como las tasas de pruebas y los índices de resultados positivos de las pruebas a escala nacional durante la última semana. Una vez los datos estén disponibles en el ámbito regional, todos los mapas deben basarse en estos datos.

                  11.

                  Cada semana, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades debe publicar una versión actualizada de cada mapa y de los datos subyacentes.

         Umbrales comunes en el caso de contemplar la aplicación de restricciones a la libre circulación por motivos de salud pública

                  12.

                  Los Estados miembros no deben restringir la libre circulación de las personas que viajen hacia o desde las zonas de otro Estado miembro clasificadas como «verdes» conforme al punto 10.

                  13.

                  En el caso de contemplar la aplicación de restricciones a una zona que no esté clasificada como «verde» con arreglo al punto 10:

                              a)

                              los Estados miembros deben respetar las diferencias de situación epidemiológica entre las zonas naranjas y las zonas rojas y actuar con proporcionalidad;

                              b)

                              los Estados miembros pueden tener en cuenta otros criterios y tendencias adicionales. Con tal fin, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades proporcionará, con una periodicidad semanal, datos sobre el tamaño de la población, la tasa de hospitalización, la tasa de ingresos en la UCI y la tasa de mortalidad, si se dispone de ellos;

                              c)

                              los Estados miembros deben tener en cuenta la situación epidemiológica en su propio territorio, incluidas las políticas de realización de pruebas, el número de pruebas realizadas y los índices de resultados positivos, así como otros indicadores epidemiológicos;

                              d)

                              los Estados miembros deben tener en cuenta las estrategias en materia de pruebas y prestar especial atención a la situación de las zonas que presenten unas tasas de pruebas elevadas.

         Coordinación entre los Estados miembros

                  14.

                  Los Estados miembros que tengan intención de aplicar restricciones a las personas que viajen hacia o desde una zona que no esté clasificada como «verde» con arreglo al punto 10, sobre la base de sus propios procesos de toma de decisiones, deben informar de ello previamente al Estado miembro afectado, antes de la entrada en vigor de las restricciones. Se debe prestar especial atención a la cooperación transfronteriza, a las regiones ultraperiféricas, a los enclaves y a las zonas geográficamente aisladas. Debe informarse también a otros Estados miembros y a la Comisión de tal intención antes de la entrada en vigor de las restricciones. Si es posible, la información deberá facilitarse con 48 horas de antelación.
                  Para informar a otros Estados miembros y a la Comisión, los Estados miembros deben utilizar las redes de comunicación establecidas, incluida la de la Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC). Los puntos de contacto de la RPIC deben garantizar que la información se transmita sin demora a sus autoridades competentes.

                  15.

                  Los Estados miembros deben informar inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión del levantamiento o la flexibilización de cualquier medida restrictiva previamente implantada, y dicho levantamiento o flexibilización debe entrar en vigor lo antes posible.
                  Las restricciones a la libre circulación deben levantarse cuando una zona vuelva a clasificarse como «verde» con arreglo al punto 10, siempre que hayan transcurrido al menos catorce días desde la introducción de dichas restricciones.

                  16.

                  A más tardar siete días después de la adopción de la presente Recomendación, los Estados miembros deben eliminar gradualmente las restricciones aplicadas a zonas clasificadas como «verdes» con arreglo al punto 10 antes de la adopción de la presente Recomendación.

         Marco común en lo que respecta a las posibles medidas para los viajeros procedentes de las zonas de mayor riesgo

                  17.

                  Los Estados miembros no deben denegar, en principio, la entrada a personas que viajen desde otro Estado miembro.
                  Los Estados miembros que consideren necesario introducir restricciones a la libre circulación, sobre la base de sus propios procesos de toma de decisiones, pueden exigir a las personas que viajen desde una zona que no esté clasificada como «verde» con arreglo al punto 10:

                              a)

                              que se sometan a cuarentena o autoaislamiento, y/o

                              b)

                              que se sometan a una prueba de detección de la COVID-19 después de su llegada.

                        Los Estados miembros pueden proponer a los viajeros la posibilidad de sustituir la prueba mencionada en la letra b) por una prueba de detección de la COVID-19 realizada antes de la llegada.
                  Los Estados miembros deben redoblar los esfuerzos de coordinación sobre la duración de la cuarentena o autoaislamiento y sobre las posibilidades de sustitución. Siempre que sea posible, y de acuerdo con las estrategias que decidan los Estados miembros, debe impulsarse el desarrollo de pruebas.

                  18.

                  Los Estados miembros deben reconocer mutuamente los resultados de las pruebas de detección de la COVID-19 realizadas en otros Estados miembros por organismos sanitarios certificados. Los Estados miembros deben reforzar la cooperación en diferentes aspectos relacionados con la realización de pruebas, incluida la verificación de los certificados de pruebas, teniendo en cuenta la investigación y el asesoramiento de los expertos epidemiólogos, así como las mejores prácticas.

                  19.

                  Los viajeros con una función o necesidad esencial no deben estar obligados a permanecer en cuarentena mientras ejerzan dicha función esencial, en particular:

                              a)

                              los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerzan ocupaciones críticas, incluidos los trabajadores sanitarios, los trabajadores fronterizos y desplazados, así como los trabajadores de temporada a que se refieren las Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores durante el brote de COVID-19 (5);

                              b)

                              los trabajadores del transporte o los proveedores de servicios de transporte, incluidos los conductores de vehículos de mercancías que transporten mercancías para su uso en el territorio, así como los que simplemente transiten;

                              c)

                              los pacientes que viajen por razones médicas imperativas;

                              d)

                              los alumnos, estudiantes y becarios que viajen diariamente al extranjero;

                              e)

                              las personas que viajen por razones familiares o profesionales imperativas;

                              f)

                              los diplomáticos, el personal de organizaciones internacionales y las personas invitadas por estas cuya presencia física sea necesaria para el buen funcionamiento de dichas organizaciones, los militares y los policías, los trabajadores humanitarios y el personal de protección civil, en el ejercicio de sus funciones;

                              g)

                              los pasajeros en tránsito;

                              h)

                              los marinos;

                              i)

                              los periodistas, en el ejercicio de sus funciones.

                  20.

                  Los Estados miembros pueden exigir a las personas que entren en su territorio que presenten formularios de localización de pasajeros, de conformidad con los requisitos de protección de datos. Debe elaborarse un formulario europeo común de localización de pasajeros para su posible uso por parte de los Estados miembros. Siempre que sea posible, debe utilizarse una solución digital para recoger la información sobre la localización de los pasajeros con el fin de simplificar el tratamiento, garantizando al mismo tiempo la igualdad de acceso a todos los ciudadanos.

                  21.

                  Las medidas aplicadas a las personas procedentes de una zona clasificada como «roja», «naranja» o «gris» con arreglo al punto 10 no pueden ser discriminatorias, es decir, deben aplicarse igualmente a los nacionales que regresen al Estado miembro de que se trate.

                  22.

                  Los Estados miembros deben velar por que los requisitos formales impuestos a los ciudadanos y las empresas aporten un beneficio concreto a los esfuerzos de salud pública para luchar contra la pandemia y no creen una carga administrativa indebida e innecesaria.

                  23.

                  Si una persona presenta síntomas a la llegada a su destino, las pruebas, el diagnóstico, el aislamiento y el rastreo de contactos deben llevarse a cabo de conformidad con la práctica local, sin que deba denegársele la entrada. La información sobre los casos detectados a la llegada debe compartirse inmediatamente con las autoridades sanitarias de los países en los que la persona haya estado en los catorce días anteriores con fines de rastreo de contactos, utilizando el sistema de alerta precoz y respuesta.

                  24.

                  Las restricciones no deben consistir en prohibiciones de funcionamiento de determinados servicios de transporte.

         Comunicación e información al público

                  25.

                  Los Estados miembros deben facilitar a las partes interesadas pertinentes y al público en general información clara, completa y oportuna sobre cualquier restricción a la libre circulación o cualquier requisito complementario (por ejemplo, resultado negativo de la prueba de la COVID-19 o formularios de localización de pasajeros), así como sobre las medidas aplicadas a los viajeros que viajen desde las zonas de riesgo lo antes posible antes de que surtan efecto las nuevas medidas. Por norma general, esta información se debe publicar veinticuatro horas antes de la entrada en vigor de las medidas, teniendo en cuenta que las emergencias epidemiológicas exigen una cierta flexibilidad.
                  Esta información también debe estar disponible en el sitio web «Re-open EU», que ha de incluir una referencia cruzada al mapa publicado periódicamente por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades con arreglo a los puntos 10 y 11.
                  El contenido de las medidas, su ámbito geográfico y las categorías de personas a las que se aplican deben describirse claramente.

         Revisión

                  26.

                  La presente recomendación debe ser objeto de revisiones periódicas por parte de la Comisión, con el apoyo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. La Comisión debe informar periódicamente al Consejo al respecto.

         Hecho en Luxemburgo, el 13 de octubre de 2020.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. ROTH

         (1)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).

         (2)  DO C 57 de 20.2.2020, p. 4.

         (3)  Directrices de la Comisión sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (DO C 86 I de 16.3.2020, p. 1), Directrices de la Comisión relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores durante el brote de COVID-19 (DO C 102 I de 30.3.2020, p.12), «Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19» de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente del Consejo Europeo, Orientaciones de la Comisión sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19 (DO C 156 de 8.5.2020, p. 1), Comunicación de la Comisión por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores (DO C 169 de 15.5.2020, p. 30), Comunicación de la Comisión sobre la tercera evaluación de la aplicación de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE [COM(2020) 399 final], Directrices de la Comisión relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19 (DO C 235 I de 17.7.2020, p. 1.), Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (DO C 96 I de 24.3.2020, p. 1.), Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19 (DO C 100 I de 27.3.2020, p. 1.), y Directrices de la Comisión relativas a la protección de la salud, la repatriación y las disposiciones de viaje de la gente de mar, los pasajeros y otras personas que se encuentran a bordo de buques (DO C 119 de 14.4.2020, p. 1).

         (4)  A reserva de la celebración de un acuerdo entre la UE y la Confederación Suiza sobre la cooperación en materia de salud pública, en particular en relación con la participación de la Confederación Suiza en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la prevención y el control de las Enfermedades (DO L 142 de 30.4.2004, p. 1).

         (5)  DO C 102 I de 30.3.2020, p. 12.


title: Recomendación (UE) 2020/1551 del Consejo de 22 de octubre de 2020 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción

text:
                  26.10.2020

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 354/19

         RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1551 DEL CONSEJO
         de 22 de octubre de 2020
         por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letras b) y e), y su artículo 292, frases primera y segunda,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (1) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo»). El 16 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1052, de 16 de julio de 2020, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (2). El 30 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1144, de 30 de julio de 2020, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (3).
                     El 7 de agosto de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1186, de 7 de agosto de 2020, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (4).

                     (2)

                     La Recomendación del Consejo prevé que los Estados miembros levanten gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, a partir del 1 de julio de 2020 y de manera coordinada, para los residentes de los terceros países que figuran en su anexo I. Cada dos semanas, el Consejo debe revisar y, si procede, actualizar la lista de terceros países que figura en el anexo I, tras mantener estrechas consultas con la Comisión y con los organismos y servicios competentes de la UE al término de una evaluación global basada en la metodología, los criterios y la información mencionados en la Recomendación del Consejo.

                     (3)

                     Desde la adopción de la Recomendación, el Consejo, consultando estrechamente con la Comisión y los organismos y servicios competentes de la UE, ha debatido la revisión de la lista de terceros países que figura en el anexo I de la Recomendación del Consejo, aplicando los criterios y la metodología en ella establecidos. Como resultado de estos debates, debe modificarse la lista de terceros países que figura en el anexo I. En concreto, procede suprimir de ella a Canadá, Georgia y Túnez y añadir a Singapur. También conviene aclarar que, a reserva de confirmación de reciprocidad, deben permitirse los viajes desde la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la Región Administrativa Especial de Macao.

                     (4)

                     El control fronterizo no se efectúa únicamente en interés del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se realiza, sino en interés del conjunto de los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fronteras interiores. Por consiguiente, y para preservar el buen funcionamiento del espacio Schengen, los Estados miembros deben garantizar que las medidas que adopten en las fronteras exteriores estén coordinadas. A tal efecto, a partir del 22 de octubre de 2020, los Estados miembros deben continuar de manera coordinada el proceso de levantamiento de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE para los residentes de los terceros países que figuran en el anexo I de la Recomendación del Consejo modificada por la presente Recomendación.

                     (5)

                     De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.

                     (6)

                     La presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (5); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

                     (7)

                     Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (6).

                     (8)

                     Por lo que respecta a Suiza, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (7), en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (8).

                     (9)

                     Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (9), leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (10).

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
         La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, modificada por la Recomendación (UE) 2020/1052, por la Recomendación (UE) 2020/1144 y por la Recomendación (UE) 2020/1186, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, queda modificada como sigue:

                     1)

                     El párrafo primero del punto 1 de la Recomendación del Consejo se sustituye por el texto siguiente:

                                 «1.

                                 A partir del 22 de octubre de 2020 los Estados miembros deben levantar gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, de manera coordinada. para los residentes de los terceros países que figuran en el anexo I.».

                     2)

                     El anexo I de la Recomendación se sustituye por el texto siguiente:

                           «ANEXO I
                           Terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no deben verse afectados por la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE a través de las fronteras exteriores

                                       I.

                                       ESTADOS

                                                   1.

                                                   AUSTRALIA

                                                   2.

                                                   JAPÓN

                                                   3.

                                                   NUEVA ZELANDA

                                                   4.

                                                   RUANDA

                                                   5.

                                                   SINGAPUR

                                                   6.

                                                   COREA DEL SUR

                                                   7.

                                                   TAILANDIA

                                                   8.

                                                   URUGUAY

                                                   9.

                                                   CHINA (*1)

                                       II.

                                       REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

                                                   1.

                                                   Región Administrativa Especial de Hong Kong (*1)

                                                   2.

                                                   Región Administrativa Especial de Macao (*1)

                     .
                        (*1)  Con sujeción a confirmación de reciprocidad."

                        (*1)  Con sujeción a confirmación de reciprocidad."

                        (*1)  Con sujeción a confirmación de reciprocidad."

            Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 2020.

                  Por el Consejo

                  El Presidente

               M. ROTH

            (1)  DO L 208 I de 1.7.2020, p. 1.

            (2)  DO L 230 de 17.7.2020, p. 26.

            (3)  DO L 248 de 31.7.2020, p. 26.

            (4)  DO L 261 de 11.8.2020, p. 83.

            (5)  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

            (6)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

            (7)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

            (8)  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).

            (9)  DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.

            (10)  Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).