               19.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/174

         P7_TA(2013)0279
   Promoción y protección de la libertad de religión o creencias
   Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, de 13 de junio de 2013, sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias (2013/2082(INI))
   (2016/C 065/25)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias (B7-0164/2013), presentada por Laima Liucija Andrikienė en nombre del Grupo PPE,

               —

               Vistas la Declaración de Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

               —

               Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación general no 22 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1),

               —

               Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

               —

               Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia basadas en la religión y las creencias, de 2009 y 2011 (2),

               —

               Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012 (3),

               —

               Vista la Comunicación Conjunta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 12 de diciembre de 2011, titulada «Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE — Hacia un enfoque más eficaz», (COM(2011)0886),

               —

               Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 13 de junio de 2012, sobre el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos (4) y la Decisión 2012/440/PESC del Consejo, de 25 de julio de 2012 , por la que se nombra al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos (5),

               —

               Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre la revisión de la estrategia de la UE en materia de derechos humanos (6),

               —

               Vistas sus Resoluciones sobre los informes anuales sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto (7),

               —

               Visto el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea,

               —

               Visto el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias (en lo sucesivo, «las Directrices»),

               —

               Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0203/2013),

               A.

               Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional son los principios rectores de toda acción exterior de la UE;

               B.

               Considerando que el derecho a la libertad de religión o creencias, incluidas las creencias teístas, no teístas o ateístas, y el derecho a no creer y a cambiar de religión o creencias, es un derecho humano universal y una libertad fundamental de todo ser humano y está interrelacionado con otros derechos humanos y libertades fundamentales, tal y como dispone el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

               C.

               Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido en reiteradas ocasiones un ambicioso conjunto de instrumentos para promover el derecho a la libertad de religión o creencias en el marco de la política exterior de la UE;

               D.

               Considerando que el Parlamento Europeo ha aplaudido, en este contexto, el compromiso de la UE de desarrollar directrices en materia de libertad de religión o creencias, de conformidad con el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, y que ha subrayado la necesidad de que el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil participen en la elaboración de directrices;

               E.

               Considerando que, de conformidad con las normas del Derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de proteger de forma eficaz a todos sus ciudadanos y a todas las demás personas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones; que las persecuciones contra las personas y sus familias, comunidades, lugares de culto e instituciones, basadas en su afiliación religiosa específica, sus creencias o cualquier expresión pública legítima de su religión o creencias son objeto de una amplia difusión informativa en algunas regiones del mundo; que sigue habiendo discriminación por motivos de religión o creencias en todas las regiones del mundo, incluidas Europa y su vecindad, y que aún siguen negándose los derechos humanos a personas que pertenecen a determinadas comunidades religiosas, incluidas minorías religiosas y no creyentes, y se les discrimina, detiene y condena habitualmente y, en numerosos países, a veces incluso se les ejecuta debido a su religión o creencias;

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

         Motivos para actuar

               a)

               Promover el derecho a la libertad de religión o creencias y evitar su violación ha de ser una prioridad en las políticas exteriores de la UE;

               b)

               La violencia, persecución y discriminación contra personas que pertenecen a comunidades y minorías religiosas o contra personas con creencias no religiosas persiste en muchas partes del mundo; la falta de tolerancia religiosa y apertura al diálogo y la falta de coexistencia ecuménica generan frecuentemente inestabilidad política, violencia y conflictos armados abiertos, poniendo en peligro las vidas de las personas y socavando la estabilidad regional; la condena clara y rápida por la Unión Europea de toda forma de violencia y discriminación debe constituir un elemento básico de la política de la UE en el ámbito de la libertad de religión o creencias; debe prestarse especial atención a la situación de aquellos que cambian de religión o creencias, ya que, en la práctica, se ven sometidos en varios países a presiones sociales, intimidación o violencia directa;

         Objeto y ámbito de aplicación

               c)

               El objeto y el ámbito de aplicación de las Directrices de la UE deben ser la promoción y protección de la libertad de religión o creencias en terceros países, la incorporación de la perspectiva de la libertad de religión o creencias a todas las acciones exteriores y políticas en materia de derechos humanos de la UE y la definición de referencias, criterios, normas y orientaciones prácticas claros para potenciar la promoción de la libertad de religión o creencias en la labor de los funcionarios de las instituciones de la UE y los Estados miembros y contribuir así a una mayor coherencia, eficacia y visibilidad por parte de la UE en sus relaciones exteriores;

         Definiciones

               d)

               Las Directrices deben ser claras en las definiciones empleadas y ofrecer una protección adecuada y plena del derecho a la libertad de religión o creencias, de conformidad con el Derecho internacional, en sus expresiones privadas y públicas, así como en sus dimensiones individual, colectiva e institucional, incluyendo el derecho a creer o no creer, el derecho a cambiar de religión o creencias, la libertad de expresión, reunión y asociación y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales —religiosas o no religiosas—, dado que de todo ello dependerá el éxito de la aplicación de las Directrices; también se requieren definiciones claras y una protección plena respecto del reconocimiento de la personalidad jurídica de las instituciones religiosas y basadas en creencias y el respeto de su autonomía, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho de asilo, el derecho a que se respeten los días de descanso y a celebrar las festividades y ceremonias de acuerdo con los preceptos de la religión o las creencias propias y el derecho fundamental a la protección de la propiedad;

         Directrices operativas

               e)

               Las Directrices deben basarse en el Derecho internacional y en Tratados reconocidos y ratificados por la comunidad internacional;

         Proporcionalidad

               f)

               Como se afirma en el proyecto de Directrices, de conformidad con los principios aceptados por la comunidad internacional, no puede restringirse la libertad frente a la coacción a la hora de profesar o adoptar una religión o creencia ni la libertad de los padres y tutores de optar por una educación religiosa y moral; cualquier otra manifestación del derecho a la libertad de religión o creencias puede estar sujeta únicamente «a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás» (8); al mismo tiempo, las limitaciones deben interpretarse de forma estricta, directamente relacionada y proporcionada respecto de los derechos protegidos de los demás y debe alcanzarse un equilibrio adecuado; por consiguiente, debe subrayarse el criterio de proporcionalidad en las Directrices;

         Libertad de expresión

               g)

               Si bien la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión son derechos que se refuerzan mutuamente, en los casos en que ambos derechos se invoquen el uno contra el otro, la UE debe tener también en cuenta que los instrumentos de comunicación modernos permiten un mayor grado de interconexión entre culturas y religiones; por lo tanto, es necesario tomar medidas para evitar la violencia intercultural como reacción a actos de libertad de expresión relacionados con la crítica, y especialmente la ridiculización o la burla; en este contexto, la UE debe contribuir a reducir tales tensiones, por ejemplo, fomentando la comprensión mutua y el diálogo, y condenar de forma inequívoca cualquier acto violento cometido en respuesta a tales discursos, y debe oponerse firmemente a cualquier intento de criminalizar la libertad de expresión en relación con temas religiosos, como las leyes sobre la blasfemia;

         Dimensión colectiva de la libertad de religión o creencias

               h)

               En las Directrices debe subrayarse que la libertad de religión o creencias incluye necesariamente el derecho de cada persona a manifestar dicha libertad individualmente o en comunidad con otras personas; esto incluye:

                           —

                           la libertad de culto o reunión relacionada con una religión o creencia, así como de establecer y mantener lugares de culto y religiosos con tales fines;

                           —

                           la libertad de no participar en actividades o actos de una religión determinada;

                           —

                           la libertad de crear y mantener instituciones religiosas, informativas, educativas, sanitarias, sociales, caritativas o humanitarias adecuadas;

                           —

                           la libertad de solicitar y recibir contribuciones voluntarias, tanto financieras como de otro tipo, procedentes de particulares e instituciones;

                           —

                           la libertad de formar, nombrar, elegir o designar mediante sucesión líderes adecuados seleccionados en función de los requisitos y normas de cualquier religión o creencia;

                           —

                           la libertad de iniciar y mantener contacto con particulares y comunidades en materia de religión y creencias, tanto a escala nacional como internacional; también debe señalarse en las Directrices que el derecho a practicar una religión en comunidad con otros (contexto en el que siempre deben respetarse las libertades individuales) no debe limitarse innecesariamente a los lugares de culto oficialmente reconocidos y que toda limitación indebida de la libertad de reunión debe ser condenada por la UE; las Directrices deben hacer hincapié en que es deber de los Estados permanecer neutrales e imparciales en cuanto a los grupos religiosos, también en lo que respecta al apoyo simbólico o financiero;

               i)

               Considera que el secularismo, definido como la estricta separación de las autoridades religiosas y políticas, conlleva el rechazo de cualquier interferencia religiosa en el funcionamiento del gobierno, así como de cualquier interferencia pública en materia religiosa, salvo si su objetivo es hacer respetar las normas de seguridad y orden público (incluido el respeto a la libertad de los demás), y garantiza la igualdad de la libertad de conciencia para todos, independientemente de que sean creyentes, agnósticos o ateos;

         Condiciones de registro

               j)

               La UE debe tomar medidas cuando las condiciones de registro para las organizaciones religiosas o del ámbito de las creencias limiten indebidamente la libertad de religión o creencias; el registro no debe entenderse como un requisito previo para el disfrute del propio derecho humano a la libertad de religión o creencias, dado que tal derecho no puede depender de requisitos administrativos o legales; la UE debe solicitar la abolición de toda legislación que genere discriminación contra las personas que tengan creencias no religiosas o que hayan cambiado de religión o creencias, como la obligación de registrar la religión de cada persona en la documentación sobre su estado civil;

         Educación

               k)

               Como lo reconocen las normas internacionalmente aceptadas, los padres o tutores legales de menores tienen la libertad de garantizar que estos reciben una educación religiosa y moral conforme a las propias convicciones, y no puede obligarse a los menores a recibir enseñanza en materia de religión o creencias contra la voluntad de sus padres o tutores legales, siendo el interés superior del niño el principio rector; el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas o de otro tipo incluye su derecho a negarse a que los actores estatales o no estatales interfieran indebidamente en su educación en contra de sus convicciones, ya sean religiosas o de otro tipo; las Directrices deben subrayar estos aspectos del derecho a la libertad de religión o creencias, así como garantizar la secularización en la educación pública, y las delegaciones de la UE deben tomar las medidas adecuadas en caso de violación de este principio;

         Leyes familiares y sociales

               l)

               La UE debe prestar especial atención a la discriminación por motivos de religión o creencias en las leyes familiares y sociales de terceros países, y en especial, aunque no exclusivamente, en el marco del derecho al matrimonio y el derecho a la custodia de menores;

         Derecho a la objeción de conciencia

               m)

               Las Directrices deben incluir el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la UE debe pedir a los Estados con un sistema de servicio militar obligatorio que permitan un servicio alternativo de naturaleza no combatiente o civil, de interés público y de carácter no punitivo, y que se abstengan de castigar, tampoco mediante penas de cárcel, a los objetores de conciencia por no realizar el servicio militar

         Asilo

               n)

               La UE debe animar a los terceros países a que acepten refugiados perseguidos por su religión o sus creencias y a que les faciliten protección de asilo, especialmente en los casos en que pesen sobre los refugiados amenazas de muerte o violencia; los Estados miembros de la UE deben incrementar sus esfuerzos por aceptar refugiados perseguidos por su religión o sus creencias;

         Apoyo a la sociedad civil y compromiso con ella

               o)

               El apoyo a un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos religiosos y basados en creencias y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y el compromiso con ellas en el desarrollo y la aplicación de las Directrices serán de importancia capital para la promoción y protección de la libertad de religión o creencias, por lo que los centros de referencia sobre derechos humanos de las delegaciones de la UE deben mantener contactos regulares con estas organizaciones, para poder detectar cuanto antes los problemas que surjan en el ámbito de la libertad de religión o creencias en sus respectivos países;

         Seguimiento y evaluación

               p)

               El Servicio Europeo de Acción Exterior debe garantizar una supervisión y una evaluación adecuadas y permanentes de la situación en el ámbito de la libertad de religión o creencias en el mundo, bajo la responsabilidad de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y debe seguir dedicándose una sección a esta cuestión en el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos en el mundo, incluyendo recomendaciones para la mejora; la supervisión de la situación en el ámbito de la libertad de religión o creencias debe constituir uno de los aspectos fundamentales, entre otros derechos humanos y libertades fundamentales, de las relaciones entre la UE y terceros países, especialmente en el marco de la Política Europea de Vecindad; esto debe quedar reflejado en todos los acuerdos, así como en documentos de revisión e informativos; el Representante especial de la UE para los Derechos Humanos debe prestar especial atención a las cuestiones relativas a la promoción y protección de la libertad de religión o creencias en el marco de todas sus actividades, y desempeñar una función visible en la promoción de dicha libertad a través de las relaciones exteriores de la UE; también debe establecer contacto con el Parlamento Europeo y sus comisiones pertinentes acerca de los ámbitos de preocupación y los progresos logrados y tomar contacto con las organizaciones no gubernamentales pertinentes;

               q)

               Debe adoptarse un conjunto de instrumentos para la supervisión, la evaluación y el apoyo de las Directrices de la UE; debe centrarse en las herramientas operativas para reflejar mejor los ámbitos de acción prioritarios especificados en las Directrices y, en particular, debe:

                           —

                           ofrecer una exhaustiva lista de verificación para el análisis de la situación con el fin de seguir y supervisar la situación relativa al derecho a la libertad de religión o creencias en los respectivos países, con miras a detectar los avances/retrocesos;

                           —

                           incluir el requisito de que los jefes de misión de la UE informen regularmente sobre cuestiones relativas a la libertad de religión o creencias, con una evaluación exhaustiva de la situación, así como sobre la existencia de violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias y la represión contra sus defensores u otras personas, identificando casos particulares de evidentes violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias; dichos informes de los jefes de misión de la UE deben presentar el mayor grado de normalización posible, de manera que puedan compararse;

                           —

                           subrayar acciones concretas en foros internacionales o en el marco de actividades de cooperación al desarrollo que hayan sido decisivas para proteger y promover el derecho a la libertad de religión o creencias, incluido el tratamiento satisfactorio de casos concretos (personas, grupos, minorías o instituciones) de discriminación o persecución basadas en la religión o las convicciones;

                           —

                           recordar que el apoyo prestado a las víctimas de la discriminación o persecución basadas en su religión o sus convicciones puede ser de carácter múltiple, incluyendo la invitación a tales víctimas a las instituciones de la UE para dar testimonio de su situación;

         dicho conjunto de instrumentos (circular) debe elaborarse en consulta con las partes interesadas y estar listo antes de que finalice 2013;

         Utilización de instrumentos financieros exteriores

               r)

               Los instrumentos financieros exteriores de la UE deben emplearse tanto para incentivar como para disuadir (por ejemplo, la congelación de fondos) a un determinado país por lo que se refiere a la libertad de religión o creencias, dado que esto forma parte integrante de la evaluación de la situación general de los derechos humanos en dicho país; en caso de grave deterioro de la situación de los derechos humanos, inclusive en lo que respecta a la libertad de religión o creencias, la UE debe aplicar las cláusulas de derechos humanos existentes en los acuerdos exteriores de la UE con los países correspondientes; el empleo de cláusulas de derechos humanos en los acuerdos exteriores de la UE debe ser vinculante e introducirse sistemáticamente en todos los acuerdos entre la UE y terceros países;

         Acciones de la UE en foros multilaterales

               s)

               La UE debe proseguir sus iniciativas en varios foros multilaterales, a fin de promover y proteger la libertad de religión o creencias; cuando corresponda y previa solicitud, la UE debe ayudar a terceros países a redactar actos legislativos que fomenten y protejan la libertad de religión y creencias;

         Evaluación

               t)

               De conformidad con el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo debe participar en la evaluación de la aplicación de las Directrices, que debe llevarse a cabo tres años después de la entrada en vigor de las Directrices, a más tardar; la evaluación debe basarse en un análisis de la respuesta de la UE a situaciones concretas relativas a la violación de la libertad de religión o creencias en terceros países; debe informarse regularmente al Parlamento Europeo acerca de los ámbitos o acontecimientos que sean motivo de preocupación, conforme a la información transmitida por las delegaciones de la UE; sus correspondientes comisiones deben recibir información detallada;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y, para información, a la Comisión.

      (1)  Observación general adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en virtud del artículo 40, apartado 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, de 27 de septiembre de 1993.

      (2)  Consejo de la Unión Europea, de 24.11.2009 y 21.2.2011.

      (3)  Consejo de la Unión Europea 11855/12.

      (4)  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0250.

      (5)  DO L 200 de 27.7.2012, p. 21.

      (6)  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0504.

      (7)  Textos Aprobados, P7_TA(2010)0489, P7_TA(2012)0126, P7_TA(2012)0503.

      (8)
   Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, artículo 1, apartado 3, A/RES/36/55.


Aviso jurídico importante

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52007SC0972

Recomendación de la Comisión al Consejo sobre propuestas, en nombre de la Comunidad Europea junto con los Estados miembros, de enmiendas al anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)  /* SEC/2007/0972 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 11.7.2007SEC(2007)972 finalR ECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJOsobre propuestas, en nombre de la Comunidad Europea junto con los Estados miembros, de enmiendas al anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1.  El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), denominado en lo sucesivo «el Convenio», entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Su objeto es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. El Convenio constituye un marco, basado en el principio de precaución, para eliminar la producción, utilización, importación y exportación de los doce primeros COP prioritarios, así como para su gestión y eliminación seguras y la supresión o reducción de las descargas de determinados COP no intencionales.2.  La Comunidad Europea y la mayoría de sus Estados miembros son Partes en el Convenio[1].3.  De acuerdo con el artículo 8 del Convenio, cualquiera de las Partes puede presentar a la Secretaría una propuesta de inclusión de una sustancia química en los anexos del Convenio. En función de una revisión técnica, esta iniciativa puede llevar a una decisión de la Conferencia de las Partes sobre la inclusión de la sustancia y de especificación de sus medidas de control en los anexos del Convenio, según el procedimiento establecido en el artículo 22, apartado 4, relativo a la enmienda de los anexos. Sobre la base del requisito de estrecha cooperación en la representación internacional de la Comunidad, las propuestas deben ser presentadas conjuntamente por la Comunidad y los Estados miembros.4.  Con el fin de iniciar los procedimientos de negociación sobre posibles enmiendas de los anexos del Convenio, la Comisión, en relación con cuestiones incluidas en el ámbito de la competencia comunitaria, presentó en 2005 y 2006 ante el Secretario Ejecutivo del Convenio, en nombre de la Comunidad y junto con los Estados miembros que son Partes en el Convenio, la propuesta de enmendar los anexos correspondientes del Convenio para incluir las sustancias siguientes: hexabromobifenilo, clordecona, éter octabromodifenílico, pentaclorobenceno y parafinas cloradas de cadena corta.5.  Según la información científica disponible y los informes de revisión, y teniendo debidamente en cuenta el anexo D del Convenio, tanto el endosulfano como la trifluralina presentan características de los contaminantes orgánicos persistentes. Las dos sustancias se han evaluado con arreglo a la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios[2]. Como resultado, los productos fitosanitarios que contengan endosulfano deben estar retirados total y definitivamente para diciembre de 2007[3] y los productos fitosanitarios que contengan trifluralina deben estar retirados total y definitivamente para diciembre de 2008[4]. Debido al potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente de estas sustancias, las medidas tomadas a escala nacional o comunitaria no son suficientes para mantener un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana, por lo que es necesaria la adopción de medidas internacionales más amplias. Así pues, es conveniente que la Comunidad y los Estados miembros que son Partes en el Convenio propongan la enmienda de los anexos correspondientes del Convenio mediante la inclusión de estas dos sustancias.B. RECOMENDACIÓNHabida cuenta de lo anterior, la Comisión recomienda:– Que el Consejo autorice a la Comisión, con el fin de iniciar los procedimientos de negociación con vistas a posibles enmiendas de los anexos del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en relación con cuestiones incluidas en el ámbito de la competencia comunitaria, a presentar ante el Secretario Ejecutivo del Convenio de Estocolmo, a tiempo para que se estudie en la próxima reunión del Comité de Revisión de los COP, prevista para noviembre de 2007, la propuesta, en nombre de la Comunidad y junto con los Estados miembros que son Partes en el Convenio, de enmendar los anexos correspondientes del Convenio para incluir las siguientes sustancias:- endosulfano y- trifluralina.- La Comisión, junto con los Estados miembros, velará por que se presente a la Secretaría la información pertinente que avale las propuestas.[1] En la reunión del Grupo de Trabajo sobre Aspectos Internacionales del Medio Ambiente de 9 de enero de 2007, la Comisión recordó que todos los Estados miembros deben ratificar el Convenio de Estocolmo lo antes posible, en relación con el principio de unidad en la representación internacional de la Comunidad.[2] DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/58/CE de la Comisión (DO L 246 de 2.9.2005, p. 27).[3] DO L 317 de 3.12.2005, p. 25.[4] La Decisión de la Comisión sobre la no inclusión de la trifluralina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo debe adoptarse en breve plazo.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España (2011-2014)

text:
               19.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España (2011-2014)
   2011/C 212/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 29 de abril de 2011, España presentó la actualización de 2011 de su programa de estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (7)

               Gravemente afectada por la crisis, la economía española fue sometida a un intenso proceso de ajuste en 2008-2009. El PIB real disminuyó un 4,3 % desde principios de 2008 a finales de 2010 y el empleo se contrajo más del 10 %. Como consecuencia de ello, la tasa de desempleo aumentó al 20,1 % al final de 2010, la más elevada de la UE. Los jóvenes (tasa de desempleo del 41,6 %) y los trabajadores menos cualificados (tasa de desempleo del 26,4 %) están sufriendo gran parte de los efectos de la recesión de la economía española. Los tipos de interés de la deuda estatal aumentaron en el marco de una evolución adversa de la deuda pública en la zona del euro y el sistema bancario, en particular las cajas de ahorros, sufrió presiones provocadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la aguda contracción del sector de la construcción. El proceso en curso de absorción de los amplios desequilibrios macroeconómicos acumulados durante el periodo de auge económico proseguirá durante cierto tiempo. Como respuesta a estos retos, el Gobierno español ha emprendido un ambicioso programa de reforma que abarca el saneamiento presupuestario, la reforma de las pensiones públicas, la reestructuración de las cajas de ahorros y las reformas del mercado laboral y del mercado de productos.

               (8)

               Partiendo de la evaluación del programa de estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa de estabilidad es favorable en 2011 y 2012. En dicho programa se prevé situar el déficit presupuestario por debajo del valor de referencia del 3 % en 2013 a más tardar, en consonancia con las recomendaciones formuladas por el Consejo en abril de 2009, y seguirlo reduciendo hasta el 2,1 % del PIB en 2014. El programa de estabilidad no prevé alcanzar el objetivo a medio plazo, que sigue siendo el equilibrio presupuestario, en el periodo que abarca. Esta senda de ajuste es apropiada. La mejora anual del saldo estructural sería del 1,5 % del PIB por término medio en el periodo 2010-2013, de conformidad con la recomendación del Consejo, y del 0,3 % del PIB en 2014. Se prevé que la ratio deuda-PIB aumente del 60,1 % del PIB en 2010 al 69,3 % en 2013, y acuse un ligero descenso en 2014. Existen riesgos para la senda de saneamiento derivados de las hipótesis macroeconómicas subyacentes y del posible incumplimiento de los objetivos presupuestarios por las Comunidades Autónomas. Estas representan una gran parte del gasto público total y 9 de 17 rebasaron sus objetivos presupuestarios en 2010. No obstante, ya se han reforzado los mecanismos de control del déficit y de la deuda para los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y el Gobierno español se ha comprometido a tomar nuevas medidas, de ser necesarias para cumplir los objetivos presupuestarios.

               (9)

               El logro del saneamiento presupuestario previsto en 2011 y 2012 requiere una aplicación estricta de los mecanismos de control del déficit y de la deuda que se han establecido para los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. El logro de los objetivos presupuestarios en caso de que la evolución macroeconómica y presupuestaria resulte peor de lo previsto en 2011 y 2012 requerirá medidas adicionales que el Gobierno español se ha comprometido a tomar. Para 2013, el Plan de revisión del gasto concreta algunas medidas en apoyo de los objetivos presupuestarios. Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos en torno a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parecen ser elevados.

               (10)

               El marco presupuestario a medio plazo de la economía española ha contribuido a promover una planificación presupuestaria plurianual y ha tenido un comportamiento globalmente satisfactorio. Sin embargo, la crisis lo ha puesto a prueba y ha mostrado la necesidad de reforzar más la estabilidad de las finanzas públicas y el aspecto preventivo de la política fiscal, que se fortalecería introduciendo una norma de gasto en función del crecimiento del PIB nominal a medio plazo, en consonancia con el nuevo marco de gobernanza económica de la UE. Esta norma, presentada por las autoridades españolas en su programa de estabilidad, sería automáticamente vinculante para la Administración central y las Administraciones locales. El Gobierno también se propone buscar un consenso, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre su aplicación por las Comunidades Autónomas.

               (11)

               En ausencia de reforma, el efecto previsible del envejecimiento de la población sobre el presupuesto español a largo plazo sería superior a la media de la UE, principalmente como consecuencia del aumento substancial que tendría lugar en las próximas décadas en la proporción que representan los gastos de pensiones en el PIB. A largo plazo, el envejecimiento de la población llevará a un aumento significativo del número de jubilados por trabajador. La propuesta del Gobierno español de reforma de las pensiones, concertada con los interlocutores sociales, mejorará de forma significativa la sostenibilidad de las finanzas públicas y creará incentivos para la participación en el mercado de trabajo. No obstante, la reforma está pendiente de aprobación por el Parlamento y aún puede ser objeto de modificaciones menores.

               (12)

               España ha tomado importantes medidas para reforzar su sistema bancario, especialmente proporcionando un apoyo público substancial y tomando medidas para reestructurar las cajas de ahorros, reforzar la solvencia de los bancos y mejorar la transparencia de sus balances. Resultado de ello, el sector, en particular las cajas de ahorro, ha experimentado un saneamiento significativo, con consecuencias favorables en cuanto a tamaño medio de las entidades, reducción del exceso de capacidad en términos de filiales y empleo, refuerzo de los balances, recapitalización y mejora de la eficiencia y la rentabilidad. La legislación recientemente adoptada ha abordado los problemas derivados del papel que desempeñan las autoridades locales en la gobernanza de las cajas de ahorro, ya que la mayoría de ellas transfieren sus activos y pasivos a bancos comerciales. El Gobierno español se ha comprometido a finalizar el grueso del proceso de reestructuración para finales de septiembre de 2011. La cobertura de la próxima serie de pruebas de resistencia volverá a ser de las más elevadas de la UE.

               (13)

               La reforma del mercado de trabajo que se está realizando actualmente en España debe complementarse con una revisión del poco ágil sistema actual de negociación colectiva. El predominio de los convenios provinciales y sectoriales deja escaso margen de negociación a nivel de empresa. La prórroga automática de los convenios colectivos, el periodo de validez de los contratos no renovados y la utilización de cláusulas de indización a la inflación ex post contribuyen a la inercia salarial e impiden una flexibilidad de los salarios suficiente para acelerar el ajuste económico y restablecer la competitividad. El Gobierno ha pedido a los interlocutores sociales que a lo largo de la primavera de 2011 lleguen a un acuerdo sobre una reforma del sistema de negociación colectiva. A falta de un acuerdo, el Gobierno aprobó el 10 de junio un Real Decreto que ha entrado inmediatamente en vigor, pero que tendrá que ser convalidado por el Parlamento.

               (14)

               En un contexto de altísimo nivel de desempleo, España comenzó la reforma de su mercado laboral con la Ley de septiembre de 2010. Esta ley se propone reducir la dualidad del mercado de trabajo y el desempleo de los jóvenes, aumentar la empleabilidad de los grupos vulnerables, aumentar la flexibilidad a nivel de empresa y mejorar la eficiencia de la intermediación en el mercado laboral. En febrero de 2011 se adoptó una reforma de las políticas activas de empleo, que también incluía medidas para reforzar el papel asesor y orientativo de los servicios de empleo y su coordinación a nivel nacional y de las Comunidades Autónomas. Por ahora es demasiado pronto para evaluar plenamente si la reforma bastará para reducir la segmentación del mercado de trabajo y el desempleo de los jóvenes y de larga duración, dado que algunas medidas todavía no son operativas. El Gobierno se ha comprometido a adoptar nuevas medidas para octubre de 2011.

               (15)

               España ha experimentado una pérdida de competitividad de precios y de costes, si bien ha mostrado unos resultados relativamente buenos en términos de cuotas de mercado de las exportaciones, que se han visto reforzados durante la crisis y después de ella. Unas subidas salariales superiores asociadas a un crecimiento de la productividad inferior a los de la zona del euro, junto con la falta de competencia en el mercado de algunos productos han contribuido a la persistencia de una inflación más alta en España. Se podría potenciar la competitividad intentando mejorar la eficacia fiscal. Ayudarán a estimular la competitividad una competencia más rigurosa en los mercados de productos y la adopción de una reforma del sistema de negociación colectiva que garantice que los incrementos salariales reflejen mejor la evolución de la productividad de las empresas.

               (16)

               El alto nivel de abandono escolar prematuro en España (31,2 % en 2009) es particularmente preocupante, ya que disminuye el volumen de mano de obra cualificada, afecta a las perspectivas de empleo de los interesados y reduce el potencial de crecimiento. La Ley de Economía Sostenible, aprobada el 15 de febrero de 2011, incluye medidas encaminadas a aumentar la calidad y cantidad de los recursos humanos a través de la educación y la formación profesional. Sin embargo, la eficacia de las nuevas medidas para combatir el abandono escolar prematuro y mejorar la formación profesional es incierta y su aplicación en todas las Administraciones podría encontrar dificultades.

               (17)

               España ha avanzado de manera destacada en la mejora de las condiciones de competencia en los mercados de productos y de servicios, abordando así una de las causas del lento incremento de la productividad. Si bien la incorporación de la Directiva de servicios al Derecho español está muy avanzada y es ambiciosa, se necesita una mayor apertura de los servicios profesionales. La Ley de Economía Sostenible incluye un amplio abanico de medidas tendentes a mejorar el entorno empresarial, reforzar la competencia y promover la sostenibilidad del medio ambiente. Una aplicación eficaz requiere nuevos esfuerzos por parte de todas las Administraciones y una adecuada coordinación.

               (18)

               España ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. En lo relativo a las finanzas públicas, España se ha comprometido a establecer una norma de gasto que permita mejorar la estabilidad presupuestaria y, de esta forma, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para reforzar la estabilidad financiera, España se ha comprometido a completar antes del 30 de septiembre el proceso de reestructuración del sector financiero. Las medidas de empleo se centran en la aplicación de disposiciones legislativas sobre las políticas activas de empleo y de disposiciones en el ámbito de la formación profesional, y en combatir el empleo no declarado. Las medidas en el ámbito de la competitividad se centran en la reforma del sistema de negociación colectiva, las profesiones reguladas, el establecimiento de un comité consultivo sobre competitividad y una reforma de la Ley Concursal. Los compromisos mencionados hacen referencia a las cuatro áreas del Pacto. Representan una continuidad del actual programa de reforma, añadiendo un calendario estricto para la aplicación de ciertas reformas y garantizando la plena aplicación de las reformas ya iniciadas. Estos compromisos se han evaluado y se han tenido en cuenta en las recomendaciones.

               (19)

               La Comisión ha evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE mediante una aportación a nivel de la UE a las futuras decisiones nacionales. En este sentido, la Comisión considera que, aunque el Gobierno español ha establecido planes de saneamiento presupuestario compatibles con los objetivos fijados, existen ciertos riesgos. El aumento del gasto público deberá mantenerse por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo y habrá que realizar la reforma del sistema de pensiones. Otras medidas en 2011-2012 deberán centrarse en garantizar la estabilidad del sistema financiero (mediante la finalización del proceso de reestructuración y saneamiento de las cajas de ahorros) y en reforzar los factores internos de crecimiento, abordando el actual repunte del desempleo, particularmente mediante la reforma de la negociación colectiva, la continuación de la aplicación de las reformas actuales del mercado laboral, con un estrecho seguimiento y la evaluación de su eficacia. El sector de servicios, comercio y profesiones liberales debe abrirse a una mayor competencia y deben reducirse asimismo las cargas administrativas que pesan sobre las empresas.

               (20)

               A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 2 de junio de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de estabilidad de España, y su dictamen (3) se refleja particularmente en su recomendación 1 recogida a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de España.

         RECOMIENDA que España tome medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:

               1.

               Aplicar la estrategia presupuestaria en 2011 y 2012 y corregir el déficit excesivo en el año 2013 en consonancia con la recomendación del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo, garantizando el logro de los objetivos de déficit por todas las Administraciones, en particular aplicando estrictamente los mecanismos existentes de control del déficit y de la deuda para los Gobiernos de las Comunidades Autónomas; adoptar nuevas medidas en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto; aprovechar cualquier oportunidad que se presente, incluida la derivada de unas mejores condiciones económicas, para acelerar la reducción del déficit; establecer medidas concretas a fin de respaldar plenamente los objetivos para 2013 y 2014, que sitúen el alto índice de deuda pública en una senda decreciente y garanticen un progreso adecuado hacia el objetivo a medio plazo; mantener la expansión del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, introduciendo una norma vinculante de gasto para todas las Administraciones, según lo previsto; seguir mejorando el suministro de información con respecto a los presupuestos de las Administraciones autonómicas y locales y su ejecución.

               2.

               Adoptar la reforma del sistema de pensiones propuesta con el fin de retrasar la edad de jubilación legal y aumentar el número de años de trabajo para el cálculo de las pensiones, según lo planeado; revisar periódicamente los parámetros de las pensiones a la luz de la evolución de la esperanza de vida, según lo previsto, y adoptar nuevas medidas encaminadas a mejorar el aprendizaje permanente para los trabajadores de más edad.

               3.

               Supervisar estrechamente la reestructuración en curso del sector financiero, en particular de las cajas de ahorro, a fin de que concluya a más tardar el 30 de septiembre de 2011, según lo previsto.

               4.

               Estudiar el margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal, haciendo por ejemplo recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, al tiempo que se garantizan los planes de saneamiento presupuestario.

               5.

               Previa consulta a los interlocutores sociales y de conformidad con la práctica nacional, completar la adopción y aplicación de una reforma global del proceso de negociación colectiva y del sistema de indización salarial para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa y proporcionar a las empresas la flexibilidad suficiente para adaptar internamente las condiciones laborales a los cambios en el entorno económico.

               6.

               Evaluar para finales de 2011 los efectos de las reformas del mercado laboral de septiembre de 2010 y de la reforma de las políticas activas de empleo de febrero de 2011, y presentar, en caso necesario, propuestas de nuevas reformas para reducir la segmentación del mercado de trabajo, y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes y garantizar un estrecho seguimiento de la eficacia de las medidas contempladas en el programa nacional de reforma, con vistas a reducir el nivel de abandono escolar prematuro, especialmente mediante políticas preventivas, y facilitar la transición a la educación y formación profesional.

               7.

               Liberalizar más los servicios profesionales y promulgar la legislación prevista con objeto de redefinir el marco reglamentario y eliminar las restricciones actuales a la competencia, la eficiencia y la innovación; aplicar en todas las Administraciones la Ley de Economía Sostenible, en particular las medidas encaminadas a mejorar el entorno empresarial y fomentar la competencia en los mercados de productos y de servicios; y mejorar la coordinación entre las Administraciones autonómicas y la Administración central a fin de reducir la cargas administrativas que soportan las empresas.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


Avis juridique important

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52004SC0485(01)

Recomendación con vistas a una Recomendación del Consejo encaminada a enviar una alerta temprana a Italia para impedir que se produzca un déficit excesivo (presentada por la Comisión de conformidad con el apartado 4 del artículo 99 del Tratado)  /* SEC/2004/0485 final */

Recomendación con vistas a una RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO  encaminada a enviar una alerta temprana a Italia para impedir que se produzca un déficit excesivo (presentada por la Comisión de conformidad con el apartado 4 del artículo 99 del Tratado)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], incluye un sistema de alerta temprana en virtud del cual el Consejo avisa anticipadamente a un Estado miembro de la necesidad de tomar medidas presupuestarias correctoras encaminadas a evitar que se produzca un déficit público excesivo. En el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento se establecen las modalidades de aplicación del sistema de alerta temprana para los Estados miembros participantes en la moneda única. El Consejo realiza un seguimiento regular de la aplicación de los programas de estabilidad, particularmente para detectar divergencias significativas actuales o previstas de la situación presupuestaria con respecto al objetivo de saldo presupuestario a medio plazo, o a la senda de ajuste necesaria para lograrlo, según se definen en el programa. En caso de que el Consejo observe una divergencia significativa, y con el fin de avisar para evitar la aparición de un déficit excesivo, dirige una recomendación al Estado miembro considerado para que éste adopte las medidas necesarias de ajuste. Esta alerta temprana se realiza en virtud del procedimiento contemplado en el apartado 4 del artículo 99 del Tratado y se basa en una recomendación de la Comisión.[1]  DO L 209, 2.8.1997.Para decidir si se debe activar el sistema de alerta temprana, la Comisión [2] considera los siguientes elementos: la magnitud del desvío presupuestario, esto es, la medida en que la situación presupuestaria de un Estado miembro diverge de los objetivos establecidos en sus programas de estabilidad o de convergencia; la razón de dicho desvío presupuestario, esto es, si la divergencia del saldo presupuestario observado con respecto al objetivo puede explicarse simplemente por factores cíclicos; y el riesgo de llegar a una situación de déficit excesivo, esto es, el riesgo de rebasar el valor de referencia del 3% del PIB.[2]  COM(2002) 668 final de 27.11.2002.Objetivos y resultados en materia de déficitLa actualización de 2002 del programa de estabilidad de Italia, presentada a la Comisión el 20 de noviembre 2002, abarcaba el periodo de 2002 a 2006. En la misma, se preveía un déficit de las administraciones públicas equivalente al 1,5% del PIB en 2003 (con una hipótesis de crecimiento del PIB real del 2,3%) y al 0,6% del PIB en 2004 (con una hipótesis de crecimiento del PIB real del 2,9%). Esta actualización ha estado seguida de una serie de revisiones (que figuran en el siguiente cuadro), en respuesta a unos resultados presupuestarios peores de lo previsto en 2002, a una actualización de las previsiones de crecimiento económico y a una revisión de los objetivos presupuestarios. En las previsiones oficiales presentadas en septiembre de 2003 junto con el presupuesto, se anunciaba para 2003 un déficit equivalente al 2,5% del PIB, con un crecimiento del PIB real del 0,5%. Para 2004 se estableció un objetivo de déficit equivalente al 2,2 % del PIB, con una hipótesis de crecimiento del PIB real del 1,9%. Estas cifras para 2003 y 2004 fueron confirmadas en la actualización del programa de estabilidad presentada el 1 de diciembre de 2003.>SITIO PARA UN CUADRO>Estas sucesivas revisiones, a la baja en el caso del crecimiento económico y al alza en el caso del déficit presupuestario, reflejan una tendencia puesta de relieve en las evaluaciones técnicas de los programas de estabilidad actualizados llevadas a cabo por los servicios de la Comisión [3] y en los dictámenes del Consejo sobre los mismos programas [4]. Los planes presupuestarios se basaron de forma recurrente en hipótesis de crecimiento excesivamente optimistas, especialmente a medio plazo. Como consecuencia de ello, los resultados presupuestarios en porcentaje del PIB fueron peores de lo previsto, tanto en términos nominales como en términos ajustados en función del ciclo, y ello incluso sin nuevas medidas discrecionales expansionistas durante el ejercicio presupuestario [5]. Las sucesivas revisiones del PIB real contemplaban una disminución del potencial de producción. Lo que según las previsiones oficiales debería haber sido un deterioro cíclico resultó ser un deterioro de carácter estructural. Aunque cualquier previsión de crecimiento está intrínsecamente sometida a errores, y la duración de la presente ralentización cíclica no fue contemplada en la mayoría de las previsiones, el elevado y persistente optimismo en las previsiones oficiales de crecimiento de Italia no es coherente con una estrategia presupuestaria prudente.[3]  Las evaluaciones de las actualizaciones de 2002 y de 2003 del programa de estabilidad pueden consultarse en: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/cswd_en.htm.[4]  DO C 26, 4.2.2003; DO C 51, 26.2.2002; DO C 77, 9.3.2001.[5]  Aplicando el método de cálculo del potencial de producción y de la brecha de producción adoptado por el Consejo el 12 de julio de 2002.Desviación en 2003 respecto del objetivo presupuestarioSegún la notificación de los niveles de déficit público y deuda pública realizada el 1 de marzo de 2004 en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en 2003 el crecimiento del PIB real fue del 0,3% y el déficit equivalía al 2,4% del PIB, esto es, 0,9 puntos porcentuales por encima del objetivo inicial de déficit, y ello a pesar de medidas excepcionales con un impacto estimado en más de dos puntos porcentuales del PIB. Sin estas medidas excepcionales, el déficit habría sido superior al 4,5% del PIB. [6][6]  Las medidas excepcionales son medidas que inducen deterioros o mejoras temporales (y, por ello, totalmente reversibles) del saldo presupuestario. Se caracterizan fundamentalmente por unas repercusiones significativas, transitorias y mensurables sobre las finanzas públicas, que son de mayor magnitud que sus posibles efectos duraderos. En particular, aunque no puede descartarse que las amnistías fiscales puedan llevar a una ampliación permanente de la base impositiva, y que, de esta forma, no tengan sólo un efecto puntual, sus efectos en el año al que corresponden sus ingresos pueden ciertamente considerarse temporales.La desviación en 2003 respecto del programa de estabilidad actualizado de 2002 se debió a un ratio gastos primarios/PIB superior al previsto en aproximadamente 1,7 puntos porcentuales, estando incluidos unos menores ingresos procedentes de las ventas de activos inmobiliarios equivalentes a alrededor de 0,4 puntos porcentuales del PIB [7]. Un déficit superior al previsto, derivado de una evaluación excesivamente optimista del componente tributario del crecimiento económico fue totalmente compensado por los ingresos derivados de una medida de amnistía fiscal. De forma global, la desviación del saldo presupuestario primario respecto del programa de estabilidad actualizado de 2002 ascendía al 1,6% del PIB, confirmando así su tendencia decreciente tras los altos superávit registrados a finales de los años noventa. Gracias a unos pagos de intereses inferiores a los contemplados en las previsiones oficiales en alrededor del 0,7% del PIB, la desviación presupuestaria total, como se ha indicado anteriormente, fue del 0,9% del PIB.[7]  Conforme al sistema europeo de cuentas nacionales (SEC-95), las ventas de activos reales se consignan como reducción de la formación bruta de capital fijo.Basándose en el método común para calcular el potencial de producción y la brecha de producción, en las previsiones de primavera de 2004 se llega a una estimación del déficit ajustado en función del ciclo para 2003 del 1,9% del PIB, lo que representa una mejora de 0,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Este resultado se logró gracias a medidas excepcionales, como se ha señalado anteriormente, que se estima representaban algo más de dos puntos porcentuales del PIB, frente a aproximadamente 1,5 puntos porcentuales en 2002.Desviación en 2004 respecto del objetivo presupuestarioEn 2004, según las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión, se espera que el crecimiento del PIB real sea del 1,2% y, en ausencia de medidas adicionales, se contempla un déficit de las administraciones públicas equivalente al 3,2% del PIB, esto es, superior al valor de referencia establecido en el Tratado. Aunque de menor magnitud que en 2003, las medidas excepcionales son todavía substanciales, con un efecto estimado de alrededor de un punto porcentual del PIB. De esta forma, si se excluyen las medidas excepcionales, el déficit estimado oscilaría en torno al 4,25% del PIB.Conforme a las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión, la desviación en 2004 será de 1,0 puntos porcentuales con respecto al objetivo revisado del 2,2% del PIB incluido en el programa de estabilidad actualizado de 2003, y de 2,6 puntos porcentuales con respecto al objetivo de déficit del 0,6% del PIB incluido en el programa de estabilidad actualizado de 2002. En estas previsiones se contempla un aumento del déficit presupuestario ajustado en función del ciclo de 0,7 puntos porcentuales con respecto a 2003, para situarse en el 2,6% del PIB, esto es, muy por encima del nivel que garantiza un margen de seguridad suficiente para no rebasar el valor de referencia del 3% del PIB.La diferencia entre el déficit contemplado en las previsiones de la Comisión (3,2% del PIB) y el objetivo oficial revisado del 2,2% establecido en el programa de estabilidad actualizado de 2003 se debe a la consideración de los siguientes elementos en las previsiones de la Comisión: a) unos peores resultados en 2003 (si se excluyen las medidas excepcionales); b) un menor crecimiento económico en 2004; c) unos mayores incrementos de los salarios del sector público, basados en acuerdos contractuales recientes; d) una evaluación más prudente, aunque todavía optimista, de la venta de activos inmobiliarios de propiedad pública; y e) la adopción de una hipótesis prudente en relación con ANAS (empresa encargada de la inversión y el mantenimiento de la red de carreteras estatales), que, en opinión de la Comisión, permanecería en el sector público, a diferencia de lo indicado en las previsiones oficiales [8]. No obstante, las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión incorporan estimaciones oficiales de los efectos presupuestarios de una serie de medidas (ampliación de los plazos de amnistía fiscal por la no declaración de obligaciones tributarias anteriores, amnistía para la infracción de las normas de urbanismo y sistema de pago de impuestos), que podrían no realizarse conforme a lo previsto.[8]  ANAS fue convertida en una sociedad anónima en 2002. En 2002 y 2003, Istat y Eurostat consideraban que esta empresa no satisfacía los requisitos para ser clasificada al margen de las administraciones públicas, en particular, el requisito de que las ventas cubran al menos el 50% de los costes de producción (incluyendo la depreciación de los activos existentes), como puede deducirse del sistema europeo de cuentas nacionales (SEC-95).Lenta reducción del ratio deuda pública/PIBEl todavía elevado nivel del ratio deuda pública/PIB sigue siendo motivo de gran inquietud. En el programa de estabilidad actualizado de 2002, se preveía una reducción del ratio de 9,5 puntos porcentuales en el periodo comprendido entre final de 2001 y final de 2004, para alcanzar el 100,4% del PIB. En el programa de estabilidad actualizado de 2003, el objetivo oficial para el ratio deuda/PIB a final de 2004 se revisó al 105% del PIB. En marzo de 2004 se notificó que la deuda a final de 2003 representaba el 106,2% del PIB [9]. Sin operaciones extraordinarias, tales como una conversión de los créditos de Banca de Italia en 2002, y la venta de las participaciones estatales en ENEL, ENI y Poste SpA realizadas junto con la transformación de la Cassa Depositi e Prestiti (anterior banco público de depósitos y préstamos) en una sociedad anónima en 2003, el ratio de deuda apenas habría descendido desde 2001. En las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión se contempla una deuda para 2004 equivalente al 106% del PIB, lo que representa una cifra prácticamente inalterada respecto a la del año anterior a pesar de unos ingresos procedentes de la privatización del orden del 1% del PIB (según se establece en el programa de estabilidad actualizado de 2003).[9]  Además de las revisiones habituales de los datos de deuda y de PIB, con la notificación realizada el 1 de marzo de 2004 en el marco del procedimiento de déficit excesivo se revisó la serie de cifras de deuda de las administraciones públicas a partir de 1999 para incorporar los datos sobre depósitos postales (cuentas corrientes) que no se habían incluido. Las cifras se volvieron a revisar para ajustar elementos consolidados.El ritmo de reducción de la deuda ha disminuido por los siguientes factores: a) los sucesivos desvíos en el saldo presupuestario, b) un crecimiento del PIB nominal inferior al previsto en alrededor de 0,5 puntos porcentuales en 2002-2003, como consecuencia de unas hipótesis optimistas sobre el crecimiento del PIB real, contrarrestadas en parte por unos aumentos del deflactor del PIB superiores a los previstos; y c) en lo relativo al ajuste del nivel de deuda, unas necesidades de financiación (fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche, medida del déficit basada en los flujos de tesorería, incluyendo las transacciones de activos financieros pero excluyendo los ingresos procedentes de la privatización) sistemáticamente superiores al déficit conforme a la definición de Maastricht (que se basa en el principio del devengo y excluye las transacciones financieras).La relación entre las "fabbisogno" y la definición de déficit contenida en el Tratado de Maastricht no es totalmente transparente. La discrepancia entre ambos agregados se deriva de: a) la diferencia inexplicablemente persistente entre la contabilidad de caja y la contabilidad basada en el principio del devengo, que, debido a la naturaleza de estos agregados, debería anularse con el tiempo, b) las transacciones financieras, y c) los ajustes estadísticos. El exceso acumulado de las "fabbisogno" respecto de la definición de déficit del Tratado de Maastricht ha representado aproximadamente ocho puntos porcentuales del PIB en la reducción del ratio de deuda registrada desde 1999.Para el futuro, varios factores ponen en peligro la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. En primer lugar, el superávit primario ha disminuido constantemente durante los últimos años y en 2003 se situó en el 2,9% del PIB, con un superávit primario ajustado en función del ciclo del 3,4% según la estimación de los servicios de la Comisión; se espera que ambos sigan deteriorándose en 2004 (previsiones de primavera de 2004). Como se puso de relieve en la evaluación técnica del programa de estabilidad actualizado de 2003 realizada por los servicios de Comisión y se reconoce en el propio programa, este nivel no garantiza la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo, teniendo en cuenta las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto [10]. En segundo lugar, las beneficios de la reducción del tipo de interés implícito de la deuda derivada del proceso de convergencia de Maastricht están llegando a su término; ya casi se han agotado los márgenes para poder refinanciar las obligaciones más antiguas y de mayor rentabilidad con nuevas emisiones de rentabilidad muy inferior. En realidad, existe el riesgo de que vuelva a aumentar la carga de intereses de la deuda, ya que los tipos de interés del mercado probablemente aumentarán a partir de los mínimos históricos alcanzados en los últimos años. Por otro lado, la senda futura de reducción de la deuda también se verá afectada por una baja tasa de crecimiento del potencial de producción, para la que no puede esperarse una recuperación significativa a menos que Italia aplique enérgicamente reformas estructurales en el contexto de los objetivos de la agenda de Lisboa. Por último, la diferencia entre la contabilidad de caja y la basada en el principio del devengo constituye un obstáculo adicional a la reducción de la deuda.[10]  Evaluación de la actualización de 2003 del programa de estabilidad de Italia (2003-2007), ECFIN/18/04-ES (http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/country/commwd/it/com_it20032004.pdf).ConclusionesEn opinión de la Comisión, sus previsiones de primavera de 2004 indican: 1) un desvío significativo en la situación presupuestaria para 2004 del orden de un punto porcentual en comparación con el objetivo de déficit del programa de estabilidad actualizado de 2003 (2,2% del PIB), que, a su vez, se había aumentado a partir del objetivo del 0,6% del PIB incluido en el programa de estabilidad actualizado de 2002; 2) que la divergencia significativa respecto de la senda hacia una situación de proximidad al equilibrio o superávit a medio plazo puede explicarse en gran medida por una desaceleración del PIB, que se ha subestimado reiteradamente, como se subraya en dictámenes sucesivos del Consejo sobre las actualizaciones de los programas de estabilidad; 3) que la divergencia aparece a pesar de una importante contribución de medidas excepcionales, del orden de un punto porcentual del PIB; 4) que, en ausencia de medidas correctoras adicionales, el déficit en 2004 rebasaría el valor de referencia del 3% establecido en el Tratado; 5) que la estimación del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo es muy superior al nivel del 1,5% del PIB que garantiza un margen suficiente para evitar rebasar el valor de referencia del 3% del PIB; 6) que el desvío respecto de la senda hacia una situación de proximidad al equilibrio o superávit a medio plazo probablemente se seguirá ampliando en 2005, habida cuenta de la prevista abolición gradual de las medidas excepcionales (basándose en la legislación actual, la Comisión prevé un déficit del 4% del PIB en un contexto de recuperación de la economía); y 7) que la senda de reducción de la deuda presenta igualmente riesgos, a pesar de unos importantes planes de privatización por un importe equivalente al 1,1% del PIB.Esta situación requiere la activación del sistema de alerta rápida en el caso de Italia.Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, las autoridades italianas deberán adoptar medidas adicionales para garantizar que el déficit de las administraciones públicas no rebase el valor de referencia del 3% del PIB.El hecho de efectuar durante el año un ajuste bien diseñado, que constituya el primer paso de un programa plurianual creíble, tendría efectos positivos sobre la confianza que contribuirían a contrarrestar los efectos negativos a corto plazo sobre la demanda. El ajuste deberá centrarse en una apreciable reducción del gasto y una profunda modificación de su composición, que creen margen para la reducción de la presión fiscal, y en la reducción del ratio deuda/PIB. Ello reforzaría el potencial de crecimiento a largo plazo.Por lo tanto, sería apropiado aplicar en 2004 medidas adicionales de carácter permanente por un importe mínimo de 7 000 millones de euros (0,5% del PIB), que, según las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión, pondrían fin al deterioro del saldo ajustado en función del ciclo en dicho año. Esto proporcionaría un margen suficiente para situar al déficit presupuestario por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, teniendo en cuenta también el riesgo de que las medidas excepcionales no tengan los resultados indicados en las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión, que reflejan en gran parte las previsiones oficiales sobre los efectos de las medidas transitorias.En años posteriores, Italia deberá procurar lograr una reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo de por lo menos 0,5 puntos porcentuales del PIB y seguir eliminando gradualmente las medidas excepcionales según lo establecido en la actualización de 2003 del programa de estabilidad. En este contexto, dado el objetivo del Gobierno de reducir progresivamente la presión fiscal, será esencial contener el gasto con el fin de evitar los mayores déficits que se derivarían de unos recortes tributarios no compensados. Con objeto de maximizar los beneficios a medio plazo del saneamiento presupuestario, el Gobierno también deberá prestar atención a la composición y calidad del gasto.Sobre la base de esta evaluación, la Comisión ha adoptado la recomendación adjunta con vistas a una recomendación del Consejo encaminada a enviar una alertar temprana a Italia, y la transmite a éste a efectos de decisión. La Comisión considera que en aras de la apertura y la transparencia, la alerta rápida del Consejo deberá hacerse pública, y ha adoptado asimismo una propuesta de Decisión del Consejo a tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 99 del Tratado.Recomendación con vistas a una RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a enviar una alerta temprana a Italia para impedir que se produzca  un déficit excesivoEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA ,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 de su artículo 99,Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [11], y, en particular, el apartado 2 de su artículo 6,[11]  DO L 209, 2.8.1997, p. 1.Vista la recomendación de la Comisión,Considerando lo siguiente :(1) El apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997, que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece un sistema de alerta temprana a fin de avisar rápidamente a un Estado miembro de la necesidad de adoptar las medidas de ajuste presupuestario necesarias para evitar que se produzca un déficit público excesivo. Debe darse una alerta temprana cuando el Consejo detecte una desviación significativa, actual o prevista, de la situación presupuestaria de un Estado miembro respecto del objetivo presupuestario a medio plazo, o de la senda de ajuste necesaria para lograrlo, según se definen en el programa de estabilidad de dicho Estado miembro.(2) Para decidir si se debe activar el sistema de alerta rápida, deben considerarse los siguientes elementos: la magnitud del desvío presupuestario, esto es, la medida en que la situación presupuestaria de un Estado miembro diverge de los objetivos establecidos en sus programas de estabilidad o de convergencia; la razón de dicho desvío presupuestario, esto es, si la desviación del saldo presupuestario observado con respecto al objetivo puede explicarse simplemente por factores cíclicos; y el riesgo de llegar a una situación déficit excesivo, esto es, el riesgo de rebasar el valor de referencia del 3% del PIB.(3) En la Resolución del Consejo Europeo de Ámsterdam adoptada el 17 de junio de 1997 [12], el Consejo Europeo invitó a todas las partes a aplicar el Tratado y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de forma estricta y oportuna.[12]  DO C 236, 2.8.1997, p. 1.(4) En el programa de estabilidad actualizado de 2003 de Italia, sobre el que el Consejo emitió su dictamen el 10 de febrero de 2004 [13], las autoridades italianas establecieron para 2004 un objetivo de déficit de las administraciones públicas del 2,2% del PIB, frente al 0,6% del PIB anunciado en el programa de estabilidad actualizado de 2002.[13]  DO C 43, 19.2.2004, pp. 1-2.(5) Las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión contemplan un déficit de las administraciones públicas de Italia para 2004 equivalente al 3,2% del PIB, lo que representa 2,6 puntos porcentuales por encima del objetivo establecido en el programa de estabilidad actualizado de 2002 y 1,0 puntos porcentuales por encima del objetivo establecido en el programa de estabilidad actualizado de 2003. Con respecto al objetivo inicial del 0,6% del PIB, sólo una pequeña parte del desvío previsto de 2,6 puntos porcentuales puede explicarse por una modificación de la situación cíclica medida por la brecha de producción. Con respecto al objetivo revisado del 2,2% del PIB, el desvío previsto de 1,0 puntos porcentuales corresponde en su totalidad al déficit ajustado en función del ciclo, ya que la estimación de la brecha de producción se mantiene prácticamente inalterada. La fuerte dependencia de la estrategia de ajuste presupuestario del Gobierno respecto de medidas de carácter transitorio oculta un deterioro aún mayor de la situación presupuestaria estructural, que refleja la falta de ajuste de los gastos primarios corrientes.(6) Las sucesivas revisiones al alza del déficit presupuestario muestran una tendencia ya subrayada en las evaluaciones técnicas de los programas de estabilidad actualizados realizadas por los servicios de la Comisión [14] y en los dictámenes del Consejo sobre estos mismos programas [15]. Los planes presupuestarios se han basado reiteradamente en hipótesis de crecimiento demasiado optimistas, que, ex post, han llevado a unos resultados presupuestarios peores de lo previsto en porcentaje del PIB, tanto en términos nominales como en términos ajustados en función del ciclo, incluso sin nuevas medidas discrecionales expansionistas dentro del ejército presupuestario. Aunque las previsiones de crecimiento están intrínsecamente sometidas a errores, y la duración del actual periodo de ralentización cíclica no se contempló en la mayoría de las previsiones, el grado de optimismo y su persistencia en las previsiones oficiales de crecimiento de Italia no parecen compatibles con una estrategia fiscal prudente.[14]  http://europa.eu.int/comm/economy_finance/ about/activities/sgp/cswd_en.htm.[15]  DO C 26, 4.2.2003; DO C 51, 26.2.2002; DO C 77, 9.3.2001.(7) Como consecuencia de los sucesivos desvíos en 2004, la situación presupuestaria de Italia está lejos del equilibrio, tanto en términos nominales como en términos ajustados en función del ciclo. En particular, en las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión se contempla para 2004 un déficit superior al valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado. Además, en 2005 probablemente se seguirá ampliando el desvío respecto de la senda hacia el logro de una situación de proximidad al equilibrio o superávit presentada en el programa de estabilidad actualizado de 2003. Según las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión, en 2005 se registrará un déficit del 4% del PIB, sobre la base de la legislación actual y la previsión de una recuperación de la actividad económica.(8) El aún elevado ratio deuda/PIB de Italia y su pequeña disminución fomenta la inquietud respecto de su hacienda pública. Además de los sucesivos desvíos presupuestarios, la disminución del ritmo de reducción de la deuda se vio afectada por la diferencia persistente entre la contabilidad de caja y la contabilidad basada en el principio del devengo, que, debido a la naturaleza de estos agregados, debería anularse con el tiempo. El exceso acumulado de las "fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche" (medida del déficit basada en los flujos de tesorería, incluyendo las transacciones de activos financieros pero excluyendo los ingresos procedentes de la privatización) respecto del déficit conforme a la definición de Maastricht ha representado aproximadamente ocho puntos porcentuales del PIB en la reducción del ratio de deuda registrada desde 1999. Con vistas al futuro, la Comisión considera que el elevado ratio de deuda representa un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, teniendo en cuenta las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto, la erosión del superávit primario, la vulnerabilidad de la economía frente a perturbaciones adversas sobre los tipos de interés -habiéndose ya agotado en gran medida los márgenes para nuevas disminuciones del tipo de interés implícito de la deuda- y la baja tasa de crecimiento potencial de la economía italiana.(9) Con el fin de aclarar la dinámica de la deuda pública de los últimos años y a medio plazo, conviene que Italia proporcione información sobre factores distintos a las necesidades de financiación que influyen en su nivel de deuda, tales como los diferentes tipos de transacciones financieras (en particular, los aumentos de los préstamos concedidos y de las participaciones adquiridas, los componentes de tales agregados, así como el origen de dichos aumentos) y la diferencia entre los datos relativos al déficit público según la contabilidad de caja y la contabilidad basada en el principio del devengo.(10) La evolución prevista de la hacienda pública para 2004 diverge significativamente respecto de las previsiones del programa de estabilidad actualizado de 2003 y respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo de una situación de proximidad al equilibrio o superávit a medio plazo. La sustancial desviación prevista para 2004 seguiría posponiendo el compromiso de alcanzar una situación de proximidad al equilibrio a medio plazo.(11) El hecho de efectuar durante el año un ajuste bien diseñado, que constituya el primer paso de un programa plurianual creíble, tendría efectos positivos sobre la confianza que contribuirían a contrarrestar los efectos negativos a corto plazo sobre la demanda. El ajuste debería centrarse en una apreciable reducción del gasto y una profunda modificación de su composición, que creen margen para la reducción de la presión fiscal, y en la reducción de la ratio deuda/PIB. Ello reforzaría el potencial de crecimiento a largo plazo.(12) A la luz de las consideraciones anteriores, sería apropiado aplicar en 2004 medidas adicionales de carácter permanente dentro del año natural por un importe mínimo de 7 000 millones de euros (0,5% del PIB), que, según las previsiones de primavera de 2004 de la Comisión, pondrían fin al deterioro del saldo ajustado en función del ciclo en dicho año. Estas medidas deberían procurar evitar el riesgo de que el déficit de las administraciones públicas rebase en 2004 el valor de referencia del 3% del PIB, teniendo en cuenta también el riesgo de que las medidas excepcionales no tengan los resultados previstos en las previsiones de la primavera de 2004 de la Comisión, que reflejan en gran parte las previsiones oficiales. En años posteriores, Italia debería procurar lograr la reducción anual del déficit ajustado en función del ciclo de 0,5 puntos porcentuales del PIB hasta alcanzar una situación próxima al equilibrio presupuestario y seguir aboliendo gradualmente las medidas excepcionales según lo establecido en el programa de estabilidad actualizado de 2003.(13) Sobre la base de la evaluación realizada por la Comisión, el Consejo observa una desviación importante conforme al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) del Consejo nº 1466/97.(14) Es necesario alertar rápidamente a Italia para evitar que se produzca un déficit excesivo.RECOMIENDA:1. Las autoridades italianas deberían adoptar las medidas apropiadas para garantizar que el déficit de las administraciones públicas no rebasase en 2004 el valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado. Con este fin, la adopción de medidas adicionales de carácter permanente por un importe mínimo equivalente a 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2004 no sólo reduciría el riesgo de rebasar el límite del 3% del PIB, sino que además contribuiría a reanudar el proceso de saneamiento presupuestario.2. En los años siguientes, Italia debería procurar lograr una mejora anual del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo de como mínimo 0,5 puntos porcentuales del PIB hasta llegar a una situación de proximidad al equilibrio o superávit, y seguir aboliendo gradualmente las medidas excepcionales establecidas en el programa de estabilidad actualizado de 2003. Habida cuenta del objetivo del Gobierno de reducir gradualmente la presión fiscal, será esencial contener los gastos primarios corrientes, mejorando al mismo tiempo su calidad y composición, con objeto de evitar los aumentos del déficit que se derivarían de unos recortes tributarios no compensados. Ello contribuiría a un saneamiento presupuestario duradero y a fomentar el potencial de crecimiento.3. Italia debería adoptar todas las medidas necesarias para acelerar la reducción de la deuda. También se invita a Italia a elaborar un informe de aquí a principios de julio sobre la dinámica de la deuda pública en los últimos años y a medio plazo, en el que se preste particular atención a factores distintos de las necesidades de endeudamiento que contribuyan a modificar el nivel de deuda.El destinatario de la presente Recomendación es la República Italiana.Hecho en Bruselas, [...]Por el ConsejoEl Presidente  [...]