               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 514 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Letonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Letonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4. En particular, centrar la política económica relacionada con la inversión en los ámbitos indicados y en medidas destinadas a mejorar las capacidades contribuirá a dar efecto a la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a las mejoras de la productividad para reequilibrar la zona del euro, y las medidas fiscales contribuirán a dar efecto a la tercera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al funcionamiento del mercado de trabajo.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Letonia
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                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 15 de abril de 2019, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019, y el 17 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé una mejora del saldo presupuestario desde un déficit del 1,0 % del PIB en 2018 hasta un déficit del 0,5 % del PIB en 2019 y del 0,4 % del PIB en 2020 y 2021
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               . Basándose en el saldo estructural recalculado
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               , se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit del 1 % del PIB en términos estructurales, en 2019, teniendo en cuenta el margen vinculado a la aplicación de las reformas estructurales para las que se ha concedido una desviación temporal. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública / PIB se reduzca hasta el 33,1 % del PIB para 2022. Las previsiones relativas al crecimiento del PIB del Programa de Estabilidad de 2019 son verosímiles. Los riesgos para la situación presupuestaria son equilibrados.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó que Letonia alcanzara su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes vinculados a la aplicación de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                del 4,8 % en 2019, lo que corresponde a una mejora en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Según indican las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se espera que Letonia se acerque a su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a la aplicación de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Así pues, la actual evaluación indica que existe un riesgo de cierta desviación en 2019. Al mismo tiempo, la tasa prevista de crecimiento nominal del gasto público primario neto apuntaría actualmente a un riesgo de desviación significativa del objetivo en 2019. Si la previsión del saldo estructural deja de situarse en las cercanías del objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a la aplicación de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal, en futuras ediciones la evaluación global tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desviación de dicho objetivo.

               (8)En 2020, en vista de la previsión de una brecha de producción del 1,3 % en Letonia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 3,5 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,5 % del PIB derivado de la matriz de exigencias de ajuste consensuada en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según indican las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión para el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, se espera que Letonia se acerque a su objetivo presupuestario a medio plazo. Así pues, la actual evaluación indica que existe un riesgo de cierta desviación en 2020. Al mismo tiempo, la tasa prevista de crecimiento nominal del gasto público primario neto apuntaría actualmente a un riesgo de desviación significativa del objetivo en 2020. Si la proyección del saldo estructural deja de situarse en las cercanías del objetivo presupuestario a medio plazo, en futuras ediciones la evaluación global tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desviación de dicho objetivo. En general, el Consejo considera que Letonia ha de estar preparada para adoptar nuevas medidas a partir de 2019 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)Los ingresos fiscales de Letonia, expresados como porcentaje del producto interior bruto, son inferiores a la media de la Unión y limitan en cierta medida la prestación de servicios públicos, en particular la asistencia sanitaria, y la inclusión social. El capital y el patrimonio están sometidos a una imposición relativamente baja, y la congelación de los valores en los que se basa el cálculo de los impuestos sobre el suelo y el patrimonio va a seguir reduciendo la recaudación correspondiente. Al mismo tiempo, la carga fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta para los trabajadores con salarios bajos en comparación con la media de la Unión Europea, a pesar de haberse reducido. La proporción de la economía sumergida, según diferentes estimaciones, habría descendido en los últimos años. No obstante, el porcentaje de la actividad económica no registrada en Letonia supera al de otros Estados bálticos. En particular, los salarios no registrados («sueldos en mano»), especialmente en el sector de la construcción, representan una gran proporción de la economía sumergida.

               (10)Tras el cierre del tercer mayor banco del país debido a acusaciones de blanqueo de capitales, Letonia endureció la normativa aplicable a clientes no residentes. Como consecuencia, los depósitos de no residentes, que son la mayor fuente de riesgo de blanqueo de capitales en Letonia, han descendido significativamente desde mayo de 2018, pero la lucha contra el blanqueo de capitales sigue adoleciendo de deficiencias. Además, Letonia ha presentado un plan de acción detallado para mejorar su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las principales prioridades enumeradas en el plan de acción incluyen el refuerzo de la supervisión en función del riesgo, la asignación de los medios humanos necesarios a las autoridades de supervisión y la garantía de un intercambio de información y una colaboración eficaces entre las autoridades encargadas de la investigación y de estas con el sector privado. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas. Finalmente, es necesario aumentar la capacidad de las autoridades policiales y judiciales.

               (11)Letonia se enfrenta a dificultades en cuanto al cumplimiento de varios de los principios de protección e inclusión sociales recogidos en el pilar europeo de derechos sociales. La desigualdad de ingresos es elevada, y la redistribución a través del sistema fiscal y de prestaciones es baja. La adecuación de las prestaciones sociales sigue siendo escasa y el efecto de las transferencias sociales sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad es limitado. El riesgo de pobreza entre los ancianos y las personas con discapacidad es relativamente elevado, y está en aumento debido a que el ritmo de crecimiento de las prestaciones no se ajusta al de los salarios. El índice de riesgo de pobreza o de exclusión social era del 49,0 % en el caso de los ancianos en 2018 (frente a una media del 18,2 % en la Unión Europea en 2017) y del 40,7 % en el de las personas con discapacidad en 2017 (frente a una media del 29,3 % en la Unión Europea ese mismo año). Las prestaciones públicas de seguridad social para las personas con discapacidad y las pensiones mínimas de jubilación no se han revisado desde 2006. La reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014, no se ha materializado, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. El acceso a la asistencia de larga duración también se mantiene en niveles bajos. En consecuencia, se necesitan inversiones para atajar la exclusión social, en particular para prestar ayuda alimentaria y material a los más desfavorecidos. Además, es necesario invertir, incluso en infraestructuras, para mejorar el acceso a la atención a la infancia, la asistencia de larga duración, el empleo y otros servicios sociales, además de para posibilitar la integración de los servicios sanitarios y los sociales, que incluya la transición de una asistencia institucional a una de naturaleza comunitaria. El porcentaje de personas que sufren privación grave de vivienda es uno de las más altos de Europa (15,2 % frente al 4,0 % de media en la Unión Europea en 2017) y la vivienda social escasea. Se necesitan inversiones para mejorar la provisión de viviendas asequibles.

               (12)Aunque los índices de empleo generales son altos y van en aumento, el número de personas empleadas se ve negativamente afectado por la evolución demográfica adversa y la emigración. Además, el empleo presenta disparidades por región y por nivel de capacidades. Las personas de más edad y con capacidades obsoletas encuentran mayores dificultades. El bajo nivel de capacidades digitales entre los trabajadores limita el uso de tecnologías digitales por parte de las empresas y las posibilidades de innovación. La participación de los adultos en actividades de aprendizaje y la implicación de los desempleados en las medidas activas del mercado de trabajo es inferior a la media de la Unión Europea.

               (13)El sistema educativo se enfrenta a dificultades para consolidar sus recursos al mismo tiempo que mejora su calidad y su eficiencia. Aunque los indicadores del sistema educativo son buenos en términos de resultados del aprendizaje, el acceso a una educación de calidad sigue dependiendo del lugar de residencia y del tipo de centro de que se trate. La reforma curricular en la formación profesional, que tenía por objetivo ajustar esta a las nuevas exigencias en materia de capacidades, ha avanzado, y el entorno de los centros de formación profesional ha experimentado una importante mejora. No obstante, su atractivo sigue siendo reducido, y tanto el índice de matriculaciones como el de empleo de los titulados recientes se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea.

               (14)La garantía de la disponibilidad de capacidades es uno de los principales aspectos en los que la necesidad de inversiones sigue siendo notoria. Son necesarias inversiones adecuadas, también a través de las infraestructuras, para mejorar la calidad, la eficacia y la adecuación al mercado de trabajo de la educación y la formación, así como para promover un aprendizaje permanente, en particular oportunidades flexibles de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. También es necesario dedicar inversiones a la mejora del acceso al empleo, en particular el alcance y la cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo, el aumento de la empleabilidad de los trabajadores y la movilidad laboral entre sectores y regiones. En un contexto más amplio, el refuerzo de las capacidades de los interlocutores sociales es importante para promover unas condiciones laborales justas y cumplir lo dispuesto en el pilar europeo de derechos sociales.

               (15)El bajo nivel de gasto público en asistencia sanitaria y un estilo de vida poco saludable son las principales razones de los malos resultados en cuanto a la salud de la población. Se espera que el reciente aumento en la financiación de la asistencia sanitaria solucione algunas restricciones de acceso relacionadas con los límites del servicio anual y los largos plazos de espera. Sin embargo, la financiación pública destinada a la asistencia sanitaria sigue muy por debajo de la media de la Unión Europea. Existen límites al acceso oportuno e igualitario a dicha asistencia, lo que conduce a unos altos índices de necesidades no satisfechas declaradas, debido a unos elevados pagos directos, especialmente para los grupos vulnerables, y a la desigualdad de oportunidades. Las reformas destinadas a impulsar la eficiencia y la calidad en la asistencia sanitaria están permitiendo avanzar, pero se encuentran en fase temprana y deben acelerarse. Entre ellas se cuentan la inclusión de medidas de prevención eficaces, la racionalización del sector hospitalario, la mejora de la atención primaria y el enfoque en la gestión de la calidad. Además, Letonia se enfrenta a una escasez de trabajadores en el sector sanitario, especialmente de enfermeros, lo que dificulta la prestación sanitaria pública y pone en riesgo el éxito de las reformas en materia sanitaria. Si se lleva a efecto la división de los servicios sanitarios en dos cestas («mínima» y «completa»), se corre el riesgo de limitar aún más el acceso equitativo a la asistencia sanitaria, lo que podría conducir a resultados sanitarios desfavorables. Son necesarias inversiones adecuadas en el ámbito de la asistencia sanitaria, incluidas las infraestructuras, para mejorar la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria y con ello mejorar el estado de salud de la población y garantizar vidas laborales más saludables y prolongadas.

               (16)Letonia invierte poco en investigación y desarrollo, y adolece de una importante brecha de inversión en innovación. En 2017, el porcentaje de gasto de Letonia en investigación e innovación estaba entre los más pequeños de la Unión Europea, y se ha mantenido bastante estable a lo largo de la década. Además, la financiación de la investigación se basa casi totalmente en fondos de la Unión Europea. En consecuencia, Letonia es un innovador moderado con algunos puntos fuertes, como sus infraestructuras de información, comunicaciones y tecnología, pero sus resultados son mejorables en recursos humanos, cooperación entre el sector público y el privado e inversión en propiedad intelectual.

               (17)Aún persisten importantes brechas de inversión en lo que respecta a las disparidades regionales. Las diferencias económicas entre Riga y las demás regiones de Letonia siguen siendo importantes. Aunque Letonia en su conjunto está avanzando en la vía de la convergencia con la Unión Europea, la brecha en cuanto a resultados económicos entre la región de la capital y las demás regiones no se ha reducido desde la adhesión del país a la Unión Europea. La competitividad y la calidad de los servicios públicos difiere considerablemente entre las diferentes regiones del país, lo cual influye en su atractivo territorial. Por tanto, las inversiones tienen que abordar las significativas diferencias regionales en materia de movilidad e infraestructuras digitales, en particular las conexiones de última milla. Las brechas de conectividad en la Red Transeuropea de Transporte y con las regiones periféricas y fronterizas aún son extremadamente pronunciadas, lo que repercute negativamente en la actividad económica y las exportaciones de Letonia. También faltan inversiones para completar el proyecto Rail Baltica y los proyectos clave de infraestructura eléctrica que forman parte del plan de interconexión de los mercados bálticos de la energía. Además, también es necesario invertir en eficiencia de los recursos para acelerar la transición energética de Letonia. Son necesarios mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia energética general, en particular en los sectores residencial y del transporte.

               (18)La reciente adopción de la ley sobre denunciantes de irregularidades supone un hito positivo, y el organismo nacional de lucha contra la corrupción ha cobrado un reciente impulso gracias a su trabajo en el desvelamiento de casos de corrupción de alto nivel. No obstante, aún se percibe que la toma de decisiones por parte de las autoridades adolece de favoritismo y que el proceso de contratación pública es propenso a la corrupción por su falta de transparencia, en particular en los municipios y las empresas estatales y municipales. Las modificaciones legislativas relativas al régimen de los conflictos de intereses pueden dar lugar a abusos. El recientemente adoptado Código Ético no se aplica a los cargos designados políticamente.

               (19)Los servicios públicos no se han adaptado al descenso y el envejecimiento de la población. El descenso de la población y la urbanización provocan la infrautilización de las infraestructuras y los servicios públicos en las zonas rurales. La administración pública, la educación y los servicios sanitarios requieren estrategias para preservar el acceso a servicios de calidad en zonas escasamente pobladas y en proceso de reducción poblacional, al mismo tiempo que se vela por una mayor eficiencia. Recientemente se ha anunciado la puesta en práctica de una reforma territorial administrativa general para diciembre de 2021. La aplicación oportuna de esta reforma podría contribuir a mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia del sector público, más aún a la luz del programa operativo para los fondos de la Unión Europea cuya aprobación está prevista para el año 2020.

               (20)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias expuestas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Letonia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores enumerados, habida cuenta de las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

               (21)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (22)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 3,5 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Reducir la tributación para los trabajadores con salarios bajos, trasladando la fiscalidad a otras fuentes, en particular el capital y el patrimonio, y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

               2.Hacer frente a la exclusión social, en particular mejorando la adecuación de las prestaciones de renta mínima, las pensiones mínimas de vejez y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación, en particular de los trabajadores con baja cualificación y de los demandantes de empleo, entre otras medidas reforzando la participación en la formación profesional y la enseñanza para adultos. Mejorar la accesibilidad, la calidad y la eficiencia en términos de costes del sistema de asistencia sanitaria.

               3.Centrar la política económica relacionada con la inversión en la innovación, la provisión de viviendas asequibles, el transporte, en particular su sostenibilidad, la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética, las interconexiones de energía y las infraestructuras digitales, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               4.Reforzar la rendición de cuentas y la eficiencia del sector público, en particular en lo que respecta a las autoridades locales y las empresas estatales y municipales y al régimen de los conflictos de intereses.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1013 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte uniformemente a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (7)

                        SWD(2019) 1013 final.

                     (8)

                        En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 523 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía de 2019

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía de 2019

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
                y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
                y, en particular, su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas la Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2019 sobre Rumanía
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                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaron los avances a la hora de abordar las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, el seguimiento dado a las recomendaciones adoptadas en años anteriores y los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 27 de febrero de 2019
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               . El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Rumanía está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades están relacionadas con la disminución de la competitividad de los costes y el aumento del déficit por cuenta corriente, en un contexto de política presupuestaria expansionista y un entorno empresarial imprevisible. Ciertas recientes iniciativas legislativas entrañan riesgos para el funcionamiento del sector financiero y pueden perjudicar a la inversión privada.

               (3)El 9 de mayo de 2019, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019, y el 8 de mayo de 2019 su Programa de Convergencia para 2019. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Tal como dispone el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones a su acuerdo de asociación y programas correspondientes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (5)Rumanía está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el gobierno prevé un déficit global del 2,8 % del PIB en 2019 y una reducción paulatina del 2,0 % del PIB en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , el objetivo presupuestario a medio plazo, establecido en un déficit estructural del 1 % del PIB, no se prevé que se alcance durante el período cubierto por el programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública/PIB siga siendo inferior al 40 % para 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es favorable. Además, no se han especificado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos.

               (6)El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que se observaba en Rumanía una desviación significativa del objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el 22 de junio de 2018 el Consejo recomendó a Rumanía que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no superase el 3,3 % en 2018 y el 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB cada año. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pedía a Rumanía que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superara el 4,5 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El XX de junio de 2018, el Consejo llegó a la conclusión de que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018. Por otra parte, sobre la base de los datos de la ejecución presupuestaria de 2018, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del ajuste recomendado en 2018. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, la Comisión envió una advertencia a Rumanía el 5 de junio de 2019 manifestando que se había observado una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. El XX de junio de 2019, el Consejo adoptó una nueva recomendación que confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superara el 4,5% en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación respecto de esta recomendación en 2019.

               (7)Para 2020, el XX de junio de 2019 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superara el 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación de dicho requisito en 2020. Además, las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión preveían un déficit de las administraciones públicas superior al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado en 2019 y en 2020. En general, el Consejo considera que serán necesarias más medidas significativas a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a la luz de un fuerte deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la recomendación dirigida a Rumanía el XX de junio de 2019, con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (8)La planificación presupuestaria de Rumanía viene haciendo caso omiso de las disposiciones del marco presupuestario nacional. La norma de déficit estructural nacional exige el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural que no supere el 1 % del PIB o la convergencia hacia el mismo. En 2016, Rumanía abandonó el objetivo presupuestario a medio plazo y sigue una trayectoria divergente, ya que incumple la norma nacional de déficit. Las dos enmiendas del presupuesto de 2018, adoptadas en el otoño de 2018, se desviaron una vez más de varias normas auxiliares que prohíben el aumento de los límites máximos de déficit y gasto durante el ejercicio fiscal en curso. El presupuesto de 2019, adoptado por el gobierno en febrero de 2019 y aprobado por el Parlamento en marzo, incumple de nuevo múltiples normas presupuestarias, entre ellas la norma de déficit estructural. Además, al igual que en años anteriores, las autoridades no enviaron al Parlamento una actualización de la estrategia fiscal a medio plazo en el plazo legal de agosto, socavando así su papel de directriz. Además, como en años anteriores, las autoridades no cumplieron el requisito de firmar una declaración según la cual el presupuesto de 2019 y la estrategia presupuestaria respetan las normas fiscales y los principios de responsabilidad presupuestaria.

               (9)El cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue siendo bajo. Por lo que se refiere al IVA, la diferencia entre los ingresos previstos teóricamente y los realmente recaudados sigue siendo muy elevada. Las grandes dimensiones de la economía informal representan un reto adicional para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mientras que los altos niveles de trabajo no declarado privan a los presupuestos del Estado de importantes recursos. Asimismo, la prevalencia de los pagos en efectivo facilita la evasión fiscal. El año pasado, Rumanía realizó avances limitados en lo que respecta al seguimiento de la repetida recomendación específica por país de reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. La introducción de los registros electrónicos de dinero en efectivo conectados al sistema informático de la administración tributaria progresa de manera bastante lenta. La administración tributaria está tomando medidas con el fin de establecer un sistema de evaluación de riesgos para auditar a los contribuyentes.

               (10)Tras varios años de esfuerzos continuados para consolidar el sector financiero, la estabilidad financiera se sometió de nuevo en 2018 a una dura prueba debido a una serie de iniciativas legislativas gubernamentales y parlamentarias. El impuesto sobre los activos bancarios adoptado por el gobierno mediante una ordenanza de emergencia a finales de diciembre de 2018, sin una evaluación de impacto ni una consulta a las partes interesadas, generó una serie de preocupaciones graves relacionadas con su impacto negativo en la situación prudencial de los bancos, el desarrollo de la política monetaria y, en última instancia, la inversión y el crecimiento económico. Su forma de adopción y sus disposiciones han tenido un efecto adverso significativo en el tipo de cambio, la capacidad del gobierno para obtener préstamos en el mercado y, en última instancia, la percepción por parte de las partes interesadas de los riesgos operativos. Aunque algunos aspectos controvertidos del impuesto se modificaron en marzo de 2019, los cambios se adoptaron de nuevo a través de una ordenanza gubernamental de urgencia y sin una evaluación de impacto. Los aspectos más problemáticos del impuesto bancario sobre el total de activos fueron eliminados. Sin embargo, en virtud de la nueva formulación, el impuesto puede distorsionar los incentivos al crédito, lo que podría dar lugar a una asignación inadecuada del crédito a la economía. Deben evaluarse las posibles implicaciones de estos cambios para la transmisión de la política monetaria. Varias iniciativas legislativas adoptadas por el Parlamento a finales de 2018, aunque declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en marzo de 2019, han ejercido una presión adicional sobre el sector bancario y han reforzado la percepción general de un marco jurídico imprevisible. Experiencias pasadas demuestran que el legislador podría volver a presentar estas iniciativas.

               (11)La nueva Ley de pensiones, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2018, puede plantear riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se prevé que el punto sobre las pensiones, es decir, el principal parámetro utilizado para la indexación de las pensiones, aumente un 15 % en septiembre de 2019 y un 40 % en septiembre de 2020. La legislación sobre pensiones cambiaría varios parámetros utilizados para calcular las prestaciones por pensiones. En particular, se prevé que aumente el valor del punto sobre las pensiones, ya que el factor de indexación de las pensiones ya existentes no seguiría convergiendo con los precios, sino que, por el contrario, estaría compuesto de manera permanente por salarios y precios. Además, se acortará el período de cotización utilizado para calcular la pensión de una persona, lo que dará lugar a un aumento de los gastos de pensiones para las nuevas. Por otra parte, la supresión del índice de corrección de las nuevas pensiones (que vinculaba parcialmente la primera pensión a los salarios) reducirá el aumento general del gasto en pensiones ocasionado por los demás parámetros. Siguen sin abordarse algunos problemas estructurales que afectan a la adecuación de las pensiones. La edad promedio de jubilación efectiva es cercana a la media de la UE, pero no es igual entre mujeres y hombres. Dado que las mujeres tienen unos períodos contributivos más cortos, existe una brecha de género considerable en las pensiones.

               (12)La reforma del sistema de pensiones introducida en 2008 se ha ido abandonando gradualmente. Tras repetidos aplazamientos del aumento previsto de las contribuciones a los fondos de pensiones del segundo pilar, que debería haber alcanzado el 6 % de los salarios brutos para 2016, las contribuciones se redujeron al 3,75 % de los salarios brutos en 2018. Los fondos de pensiones del segundo pilar se debilitaron aún más por un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno a finales de 2018 a través de una ordenanza de emergencia. Las contribuciones a estos fondos se hicieron opcionales tras un período mínimo de cotización de cinco años. Los requisitos mínimos de capital para las sociedades de gestión de fondos del segundo pilar se incrementaron considerablemente, provocando un riesgo de salida por parte de las empresas de gestión de fondos del mercado rumano. También se redujeron significativamente las tasas administrativas recaudadas sobre las contribuciones brutas, lo que podría afectar a los resultados financieros de las empresas de gestión de fondos y aumentar la probabilidad de que se produzcan salidas del mercado. Esto podría tener repercusiones negativas para el desarrollo del mercado de capitales local y el grupo de inversores institucionales, y podría privar a la economía de una fuente muy necesaria de inversión a largo plazo. Por otra parte, el debilitamiento o la eliminación del segundo pilar darán lugar a una menor diversificación de los ingresos de jubilación y exponen a las pensiones a un aumento de los riesgos políticos y demográficos. En marzo de 2019, mediante una ordenanza de emergencia, el gobierno mantuvo los nuevos requisitos mínimos de capital para las sociedades de gestión de fondos, pero pospuso a diciembre de 2019 el plazo para pagar la totalidad del capital adicional. Otras disposiciones de la ordenanza de emergencia de diciembre de 2018 que ponen en peligro la viabilidad de los fondos del segundo pilar del sistema de pensiones se mantienen sin cambios.

               (13)Los retos relacionados con la calidad y el carácter inclusivo del sistema de educación y formación tienen un impacto negativo en el potencial de crecimiento integrador de Rumanía. El gasto en educación sigue siendo uno de los más bajos de la UE, en particular en los niveles de educación que son fundamentales para evitar el abandono escolar prematuro (que sigue siendo elevado), garantizar la igualdad de oportunidades y abordar las desigualdades a lo largo de la vida. La participación en la educación y los cuidados de calidad se mantiene por debajo de la media de la UE, en particular por la falta de instalaciones. Esto tiene implicaciones para la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como para la adquisición temprana de competencias. La modernización de la red escolar y la optimización para hacer frente a las tendencias demográficas se están quedando retrasadas, con un 10 % de escuelas superpobladas y un 58 % con exceso de capacidad. La adquisición de competencias básicas y digitales se enfrenta a retos importantes. Las capacidades de los profesores para aplicar un enfoque centrado en el alumno no están suficientemente desarrolladas. Persisten las disparidades entre las zonas urbanas y las rurales, y los grupos vulnerables, entre ellos los romaníes, siguen teniendo un acceso limitado a una educación inclusiva y de alta calidad.

               (14)Ha ido aumentando la presión en el mercado de trabajo, ya que el nivel de desempleo es muy bajo (4,2 % en 2018), a la vez que la mano de obra va disminuyendo y que persiste la escasez de cualificaciones. La tasa de actividad de las mujeres, especialmente de las jóvenes y de mediana edad, es baja. Esto se debe principalmente a las responsabilidades personales y familiares y a la baja matriculación de los niños de 0 a 3 años en guarderías oficiales. Las políticas activas del mercado de trabajo ofrecen una respuesta limitada a las necesidades de dicho mercado, con medidas centradas principalmente en los incentivos financieros y no en enfoques específicos y globales. El retraso de la reforma prevista del servicio público de empleo sigue siendo un obstáculo importante para la prestación de unos servicios modernos a empleadores y desempleados. La mejora de las competencias y la prestación de servicios integrados también son deficientes. Las capacidades no evolucionan en consonancia con las necesidades de los sectores económicos en expansión: el 81 % de los empleadores tiene dificultades para cubrir las vacantes de empleo. El sector de las TIC está creciendo, mientras que el número de rumanos de entre 20 y 29 años de edad con un título en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas ha disminuido entre 2014 y 2016. En la actualidad no existe una evaluación general o sectorial de las necesidades de cualificaciones y la previsión sobre las cualificaciones sigue sin utilizarse, dificultando la adaptación del sistema de educación y formación a las necesidades del mercado laboral. Se ha iniciado el desarrollo de la educación y la formación profesional dual para hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada. Sin embargo, la educación y la formación profesionales siguen siendo consideradas como una opción de segunda clase por estudiantes y padres, y la tasa de empleo relativamente baja de los titulados recientes en educación y formación profesionales indica que la pertinencia para el mercado laboral sigue siendo un problema. La enseñanza superior no se ajusta suficientemente al mercado de trabajo. Aunque el número de titulados en educación terciaria se ha duplicado a lo largo de la década, sigue siendo bajo.

               (15)A pesar de las recientes mejoras, la pobreza y la desigualdad de ingresos siguen siendo elevadas, y están intensificándose las disparidades regionales. Uno de cada tres rumanos sigue estando en riesgo de pobreza y exclusión social, viéndose más afectados grupos concretos como los niños, la población romaní, las personas con discapacidad y las personas mayores. Los servicios sociales tienen una calidad y una cobertura insuficientes, y una distribución geográfica desigual, que no guarda relación con las necesidades específicas de las comunidades. Solo alrededor del 20 % de las unidades administrativas territoriales han concedido licencias de servicios sociales. Por lo general, los servicios se concentran en las zonas más ricas o en las zonas urbanas, mientras que las necesidades son más acuciantes en las regiones y zonas rurales más pobres. La limitada integración de los servicios sociales y de empleo, educación y sanidad no permite la inclusión sostenible de diversos grupos desfavorecidos. Las personas con discapacidad reciben un apoyo limitado para llevar una vida independiente y acceder al empleo. La situación de la comunidad romaní muestra muy pocos avances. La privación de vivienda es la más alta de la UE y es perjudicial para la inclusión social. Las políticas de vivienda están siendo descentralizadas sin un marco estratégico, y las comunidades pobres a menudo carecen de recursos financieros. El índice de referencia social utilizado como base para la mayoría de las prestaciones sociales no se ha actualizado desde 2008 y también se ha depreciado considerablemente en relación con el salario mínimo. Como consecuencia de ello, las tasas de pobreza de las personas con una intensidad de trabajo baja y muy baja se han incrementado en un cincuenta por ciento desde 2010. Además, la seguridad social de los trabajadores atípicos es inadecuada. Uno de cada tres trabajadores atípicos corre el riesgo de sufrir privaciones materiales graves. Los jornaleros y los trabajadores estacionales no tienen acceso formal a derechos de seguridad social que cubran el desempleo, la baja por maternidad, los accidentes y las lesiones laborales. La aplicación de la reforma de la renta mínima de inclusión iniciada en 2016, que aumentaría la cobertura y la adecuación de la asistencia social, se volvió a aplazar hasta 2021.

               (16)El diálogo social se caracteriza por una escasa cobertura de los convenios colectivos, en particular a nivel sectorial, debido también a la actual definición de sectores. Las autoridades han puesto en marcha planes para revisar las definiciones de los sectores económicos, pero todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo. Más allá del marco de negociación colectiva, la participación oportuna y significativa de los interlocutores sociales en cuestiones políticas y reformas es limitada. La mayor parte del diálogo social se produce formalmente, en el Consejo Económico y Social y en los Comités de Diálogo Social. Sin embargo, a pesar del marco establecido de diálogo y consultas, la estabilidad y el papel de estas instituciones se han debilitado en el último año.

               (17)Tras años de crecimiento moderado de los salarios, Rumanía está experimentando uno de los índices más rápidos de crecimiento salarial en la UE. Esto se debe a las políticas gubernamentales de aumento de los salarios públicos y del salario mínimo, la baja tasa de desempleo, en mínimos históricos, y la escasez estructural de mano de obra. El salario mínimo sigue fijándose de forma no sistemática, sin un mecanismo objetivo. Los incrementos consecutivos a lo largo de los años han dado lugar a que uno de cada tres empleados gane el salario mínimo en 2017, casi el cuádruple que en 2011.

               (18)El sistema sanitario se enfrenta a numerosos retos. La escasa financiación, el uso ineficiente de los recursos públicos y la falta de reformas limitan la eficacia del sistema sanitario. La persistencia de la emigración ha dado lugar a una considerable escasez de personal médico y de enfermería. Las infraestructuras sanitarias y la prevalencia de los pagos informales siguen siendo motivo de preocupación. El acceso a los servicios de asistencia sanitaria para las personas que viven en zonas rurales y para los grupos vulnerables es limitado. A su vez, estos factores tienen un impacto negativo en la salud de las personas, que sigue estando por debajo de la media de la UE, a pesar de las recientes mejoras. Las mejoras en la asistencia comunitaria son muy necesarias, pero se retrasan. El proyecto piloto para la creación de centros de atención a la comunidad se ha iniciado con un retraso que afecta a la introducción de los servicios de asistencia integrada. El sector de los cuidados de larga duración no está preparado para hacer frente al rápido envejecimiento de la población. Hay muy pocos servicios a domicilio y guarderías, concentrados principalmente en las zonas con mayores ingresos. La cobertura y el gasto público en cuidados de larga duración se encuentran entre los más bajos de la UE y el acceso a los cuidados de larga duración, la rehabilitación y los cuidados paliativos es escaso.

               (19)La calidad de las infraestructuras, en particular en los sectores del transporte, la energía, los residuos y las aguas residuales, sigue siendo deficiente y limita las perspectivas de crecimiento de Rumanía. A pesar de una importante inversión pública tras la adhesión de Rumanía a la UE, su infraestructura física sigue estando poco desarrollada. Las condiciones generales y la fiabilidad de las redes de carreteras y ferrocarriles son muy deficientes. Las infraestructuras no se ajustan a la demanda de tráfico generada por una economía en expansión. La red de carreteras se encuentra entre las menos desarrolladas de la UE y la reforma del sector ferroviario se está retrasando. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado considerablemente en los cinco últimos años. Por otra parte, una gran insuficiencia de la inversión en mantenimiento ha reducido la velocidad de los trenes y ha afectado a los tiempos de entrega en el transporte de mercancías por ferrocarril. El transporte urbano adolece de una infrafinanciación crónica, una mala organización del sector y escasa capacidad administrativa de los proveedores locales. Además, la infraestructura de energía, residuos, agua y aguas residuales, así como las interconexiones energéticas, siguen presentando deficiencias. El sistema de gestión de residuos sigue caracterizándose por un nivel muy bajo de reciclado de los residuos municipales y unas tasas de vertido muy elevadas. Siguen existiendo retos para alcanzar el objetivo de eficiencia energética, en particular sigue habiendo un amplio margen para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

               (20)La capacidad de innovación general de Rumanía sigue siendo baja y su competitividad futura se ve amenazada por la gran brecha en materia de productividad e innovación existente entre las empresas de propiedad extranjera y las nacionales. La inversión de Rumanía en investigación y desarrollo es la más baja de la UE (0,5 % del PIB) y el gasto público en investigación y desarrollo ha seguido disminuyendo, pasando del 0,32 % del PIB en 2011 al 0,21 % del PIB en 2017, lo que impide el desarrollo de las capacidades. Como consecuencia de ello, la calidad de la base científica pública sigue siendo muy baja y los vínculos entre la ciencia y las empresas están infradesarrollados. Como el número de titulados superiores en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas también ha seguido disminuyendo, la escasez de mano de obra cualificada representa un gran desafío para el potencial innovador de la economía rumana. La digitalización es un reto fundamental para mejorar la innovación y la competitividad rumanas. Rumanía tiene un nivel muy bajo en muchos componentes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, entre ellos los servicios públicos digitales, las competencias digitales de la población en general y la digitalización de las empresas.

               (21)Rumanía ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país. El Ministerio de Hacienda se encarga de elaborar una lista prioritaria de proyectos de inversión pública por encima de 100 millones RON (21 millones EUR) y de supervisar su ejecución, pero los proyectos son gestionados por los ministerios competentes. La lista de proyectos prioritarios incluye actualmente unos 130 proyectos, sobre todo en el ámbito del transporte. La mayoría de estos proyectos prioritarios podrían ser cofinanciados por los fondos de la UE. La utilización de los fondos de la UE se ve frenada por factores como la limitada capacidad administrativa para preparar, priorizar y ejecutar grandes proyectos de inversión. A pesar de que recientemente se están preparando y enviando a la Comisión Europea proyectos de infraestructuras de gran envergadura para su aprobación, algunos proyectos importantes, como la autopista Sibiu-Piteşti (que garantizaría la conectividad con los corredores mediterráneos del Rin-Danubio y de Oriente Próximo de la RTE-T) aún no están disponibles y la ejecución en general sigue retrasándose. Por otra parte, la absorción de fondos de la UE se ha correspondido hasta ahora con proyectos elaborados para el período de programación anterior, mientras que aún no se ha desarrollado plenamente una reserva de nuevos proyectos para el período actual.

               (22)Una contratación pública eficiente resulta fundamental para lograr importantes objetivos políticos en Rumanía, como un gasto público eficiente, la modernización de la administración pública y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e integrador. Rumanía ha realizado avances limitados a la hora de atender a las recomendaciones específicas por país para mejorar la transparencia de la contratación pública. La eficiencia de la contratación pública sigue siendo un problema, mientras que está en juego la irreversibilidad de determinadas medidas, en particular la racionalización del control ex ante. La estrategia nacional de contratación pública hace hincapié en la importancia de un control ex ante unitario realizado por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Las recurrentes iniciativas legislativas corren el riesgo de socavar la consecución de los objetivos de la estrategia. La previsibilidad y la estabilidad de la legislación en materia de contratación pública siguen siendo retos importantes y la estrategia nacional de contratación pública no se aplica plenamente.

               (23)El desarrollo de las políticas públicas es cada vez más imprevisible, afectando al entorno empresarial. Un ejemplo reciente es la adopción, a través de una orden de urgencia gubernamental, de una serie de medidas de gran alcance que afectan al funcionamiento del sector bancario, a los gestores del segundo pilar de los fondos de pensiones, a las empresas de energía y telecomunicaciones, sin una consulta a las partes interesadas y sin una evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto de la reglamentación siguen siendo un mero trámite, mientras que su calidad y su uso real varían considerablemente entre los distintos sectores. Solo existe un control de calidad limitado de las evaluaciones de impacto de la reglamentación y de la elaboración de las políticas. No existe ningún mecanismo de seguimiento de la política sostenible con un sistema transparente de información y con evaluaciones ex post. Iniciativas legislativas importantes se anuncian a menudo justo antes de su adopción. La participación de los interesados en la concepción y aplicación de las reformas es escasa, y apenas tiene lugar un verdadero diálogo, aunque existen las estructuras institucionales pertinentes. Las pequeñas y medianas empresas se ven especialmente afectadas por procedimientos administrativos dificultosos. Por ejemplo, los engorrosos procedimientos administrativos para la creación de empresas o los requisitos reglamentarios impuestos a los prestadores de servicios, incluidas las profesiones reguladas, impiden un mayor desarrollo del mercado. La adopción de la legislación pertinente sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración pública sigue retrasándose. La elevada fragmentación de las responsabilidades y los recursos afecta a la coherencia y disponibilidad de los servicios públicos prestados, especialmente a nivel local. Las estrategias nacionales y regionales para los diferentes servicios públicos no se traducen debidamente en medidas integradas a nivel regional y local. La financiación de los servicios públicos es desigual entre las diversas zonas del país y a menudo no se corresponde con las necesidades locales. Se pasan por alto factores como un enfoque estratégico unificado por tipo de servicio, las lagunas existentes y las necesidades para desarrollar nuevos servicios. Los ingresos de las autoridades locales carecen de estabilidad y previsibilidad. Se han tomado medidas limitadas para mejorar el equilibrio entre las responsabilidades que deben descentralizarse y la asignación de recursos financieros para permitir a las autoridades locales prestar servicios de calidad. Se necesitan medidas adicionales para aumentar la capacidad administrativa a nivel local.

               (24)Las empresas públicas desempeñan un papel fundamental en los sectores de infraestructuras críticas tales como la energía y el transporte ferroviario. Sus resultados económicos y financieros han mejorado recientemente gracias a un entorno macroeconómico favorable. Sin embargo, la transparencia y la divulgación de los resultados financieros y operativos no han mejorado, y las normas de gobernanza empresarial siguen aplicándose muy poco. Entre los ejemplos concretos figuran el nombramiento reiterado de consejos de administración provisionales, apartándose del espíritu de la ley, y la no utilización de los instrumentos coercitivos disponibles con arreglo a la legislación aplicable para las empresas que incumplan las normas. No se ha atenuado el riesgo de que la legislación sobre las empresas de propiedad estatal pueda debilitarse sustancialmente. Esto equivale a una inversión de los progresos realizados en relación con las recomendaciones específicas por país de 2015 y 2016. En consecuencia, las condiciones clave para promover el uso eficiente de los recursos públicos se están deteriorando, lo que abre un margen para decisiones de inversión distorsionadas. La transferencia de la propiedad de varias de las mayores empresas estatales al nuevo Fondo de Desarrollo Soberano y al Fondo de Inversión requerirá la aplicación rigurosa de normas estrictas de gobernanza empresarial tanto para el Fondo como para las empresas de su cartera.

               (25)La evolución a lo largo del pasado año ha suscitado preocupación en relación con el Estado de Derecho y ha reforzado las serias preocupaciones sobre la irreversibilidad y la sostenibilidad de los primeros avances de Rumanía en la reforma de su sistema judicial y la lucha contra la corrupción a alto nivel. Estos asuntos son objeto de seguimiento por parte del mecanismo de cooperación y verificación. Las modificaciones de tres leyes en materia de justicia están ya en vigor y contienen una serie de medidas que debilitan las garantías jurídicas para la independencia judicial. Esto podría socavar la eficacia del trabajo diario de jueces y fiscales y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Se está ejerciendo presión sobre las instituciones judiciales en general y sobre los jueces en particular, entre otras cosas mediante la creación de una sección especializada para los delitos presuntamente cometidos por los magistrados. Las medidas en curso para modificar el código penal y el código de procedimiento penal tendrían un impacto negativo en la eficacia de las investigaciones y juicios penales, a la vez que reducirían el alcance de la corrupción como delito. También preocupan los procesos de despido y nombramiento de magistrados de alto nivel. Anuncios recientes hacen pensar que pueden reconsiderarse las medidas relacionadas con la reforma del sistema de justicia.

               (26)En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía. Así pues, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para Rumanía, pero son pertinentes para desarrollar un entorno socioeconómico positivo en el país.

               (27)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Esto permitiría a Rumanía hacer el mejor uso posible de estos fondos para los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

               (28)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la misma incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (29)A la vista de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019 y su dictamen
                  10
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (30)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Convergencia de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1, 2, 4 y 5 que figuran a continuación. Las políticas fiscales a las que se hace referencia en la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con la competitividad y la posición exterior.

               RECOMIENDA que Rumanía tome medidas en 2019 y 2020 a fin de:

               1.Garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de XX de junio de 2019 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Garantizar la plena aplicación del marco presupuestario. Reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación.

               2.Salvaguardar la estabilidad financiera y la solidez del sector bancario. Garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la viabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones del segundo pilar.

               3.Mejorar la calidad y la inclusividad de la educación, en particular para los romaníes y otros grupos desfavorecidos. Mejorar las capacidades, incluidas las digitales, en particular aumentando la importancia en el mercado laboral de la educación y la formación profesionales y de la enseñanza superior. Aumentar la cobertura y la calidad de los servicios sociales y completar la reforma de la renta mínima de inclusión. Mejorar el funcionamiento del diálogo social. Garantizar la fijación de unos salarios mínimos basados en criterios objetivos, coherentes con la creación de empleo y con la competitividad. Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria y su rentabilidad, en particular mediante el paso a la asistencia ambulatoria.

               4.Centrar la política económica relacionada con la inversión en el transporte, en particular en su sostenibilidad, la energía con bajas emisiones de carbono y la eficiencia energética, la infraestructura medioambiental y la innovación, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la preparación y la priorización de los grandes proyectos y acelerar su aplicación. Mejorar la eficiencia de la contratación pública y garantizar la aplicación plena y sostenible de la estrategia nacional de contratación pública.

               5.Garantizar que las iniciativas legislativas no socaven la seguridad jurídica mejorando la calidad y previsibilidad de la toma de decisiones, en particular mediante las consultas oportunas a las partes interesadas, evaluaciones de impacto efectivas y procedimientos administrativos racionalizados. Reforzar el buen gobierno de las empresas estatales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1022 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (9)

                        SWD(2019) 1022 final.

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.