title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría de 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/77

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría de 2014
   2014/C 247/15
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Hungría para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Hungría para 2013‐2016.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. También el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo de Hungría, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión concluye que Hungría sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento y la adopción de medidas. En particular, el ajuste que se está llevando a cabo de la muy negativa situación neta internacional, el elevado nivel de deuda pública y privada en un contexto de fragilidad del sector financiero y unos resultados exportadores en descenso siguen requiriendo un seguimiento estrecho con vistas a reducir los importantes riesgos de que se produzcan efectos adversos en el funcionamiento de la economía.

               (8)

               El 30 de abril de 2014, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Convergencia de 2014 es reducir el déficit general del 2,9 % del PIB en 2014 al 1,9 % a finales del período del programa. Ello se ha de lograr concentrando el saneamiento en los últimos años del período, aunque los objetivos de déficit se han revisado netamente al alza comparados con los del Programa de Convergencia anterior. El Programa de Convergencia confirma el objetivo a medio plazo de ‐ 1,7 % del PIB, lo que refleja los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, sobre la base del saldo estructural recalculado, no se espera que se alcance el objetivo a medio plazo a finales del período del Programa. Se espera que el saldo estructural (recalculado) se deteriore en 1,5 puntos porcentuales en 2014, desviándose así significativamente del objetivo a medio plazo, y se prevé que se estabilice en 2015, lo que implica un desfase del 0,5 % del PIB en relación con la mejora establecida de cara al objetivo a medio plazo. La referencia de gasto presenta una desviación significativa tanto en 2014 como en 2015. Se prevé que el saldo estructural (recalculado) siga deteriorándose en 2016 y 2017. En conjunto, a partir de 2014 se prevé una desviación significativa de la senda de ajuste en relación con el objetivo a medio plazo. El Programa de Convergencia prevé un descenso gradual, aunque continuo, de la deuda pública desde el 79 % del PIB en 2013 hasta un 75 % aproximadamente en 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia es realista, en general, para 2014‐2016, habiéndose previsto que el PIB crezca un 2,3 % y un 2,5 % en 2014 y 2015, respectivamente, frente al 2,3 % y el 2,1 % contemplados en las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Sin embargo, el Programa de Convergencia es demasiado optimista para 2017.
               Aunque los riesgos de incumplimiento de los objetivos presupuestarios están globalmente equilibrados en 2014, se observan riesgos crecientes de que el déficit pueda ser más elevado que el previsto para 2015 y años sucesivos. Algunos riesgos se derivan de que se prevea que la reducción esperada de la ratio de gasto se alcance aplicando congelaciones nominales generalizadas o restringiendo los incrementos por debajo de la tasa de inflación en relación con la mayoría de las partidas de gasto discrecionales. Las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión pronostican un déficit general para 2014 y 2015 idéntico al fijado en el Programa de Convergencia. Con un déficit estructural previsto del 2,2 % del PIB en 2014 y un 2,3 % en 2015, la previsión de la Comisión confirma el riesgo de que se produzca una desviación significativa del objetivo a medio plazo a partir de 2014. Por otra parte, la previsión de la Comisión también apunta a un incumplimiento del objetivo de reducción de la deuda en 2014 y 2015. En 2014, el deterioro previsto del saldo estructural (‐ 1,4 % del PIB) es mayor del permitido para cumplir con la norma en materia de deuda (‐ 0,5 % del PIB). Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y de la previsión de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que se necesitan esfuerzos adicionales de consolidación estructural ante el riesgo de que se produzca una desviación significativa del objetivo a medio plazo y de incumplimiento de la norma en materia de deuda a partir de 2014.

               (10)

               Se ha reforzado el marco presupuestario a medio plazo mediante la ampliación del horizonte de planificación más allá del actual ejercicio presupuestario, a pesar de lo cual no se garantiza ni su eficiencia ni su carácter vinculante. Aunque se han introducido nuevas normas presupuestarias cuantificadas, no se han corregido las deficiencias de diseño, relacionadas esencialmente con la ausencia de un control ex post sistemático, la ausencia de unos niveles máximos de desviación autorizada y mecanismos de corrección adecuados. La lista restringida de tareas obligatorias establecida por el Consejo Presupuestario y su capacidad analítica siguen sin ser acordes con su derecho de veto presupuestario sin precedentes. Un mayor refuerzo del marco presupuestario a medio plazo y la ampliación del mandato obligatorio del Consejo Presupuestario contribuirían a mejorar la credibilidad, transparencia y eficiencia del marco presupuestario general.

               (11)

               A pesar del régimen del Banco Central «Financiación para el crecimiento» destinado a las pequeñas y medianas empresas, no se ha restablecido de forma sostenible el crédito normal a las empresas. Ha seguido aumentando la carga normativa que soportaba el sector financiero con lo que se ha limitado la capacidad de acumulación de capital. Medidas como el incremento del impuesto sobre las transacciones financieras han contribuido al repunte del uso de efectivo en la economía. La economía familiar se ha deteriorado aún más, y la elevada proporción de préstamos no productivos supone uno de los mayores problemas del sector financiero. El saneamiento de cartera se ve obstaculizado por la escasa eficiencia de los procedimientos de resolución. No se han adoptado nuevas medidas para eliminar los activos tóxicos de los balances de los bancos. La combinación de una gran carga normativa y un elevado porcentaje de préstamos improductivos ha provocado una contracción del crédito disponible. El Gobierno anunció repetidamente su intención de introducir un nuevo plan de rescate para ayudar a los prestatarios en moneda extranjera; en la mayoría de los casos, no se dirige a los prestatarios en apuros e incide negativamente en la cultura de pago de los hogares, como consecuencia de las expectativas de nuevas ayudas de la Administración. Se han reforzado la regulación y supervisión financieras integrando la Autoridad de Supervisión Financiera en la estructura del banco central y dando a esta institución la responsabilidad de la supervisión macroprudencial. Han comenzado los trabajos preparatorios orientados al establecimiento de un régimen de resolución bancaria.

               (12)

               Si bien, en comparación con ejercicios anteriores, ha descendido la frecuencia de los cambios en materia de fiscalidad, no se han logrado avances sustanciales a la hora de hacer más equilibrado el sistema del impuesto de sociedades. Incluso se incrementaron algunos de los impuestos específicos por sector existentes. La aplicación de distintos tipos impositivos en los diferentes sectores constituye un obstáculo para la eficiente asignación de recursos por lo que afecta negativamente al crecimiento. Con objeto de que la fiscalidad sea más favorable a la creación de empleo, Hungría ha ampliado la admisibilidad para el crédito fiscal destinado al pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que puede ayudar a los trabajadores asalariados. La cuña fiscal sobre los trabajadores solteros con bajos salarios es una de las más altas de la Unión. Aunque se ha ampliado en cierta medida el ámbito de aplicación a madres con tres o más hijos, los criterios de admisibilidad para la Ley de protección del empleo se han mantenido sin cambios en lo esencial, a pesar de que una proporción significativa de trabajadores con bajos salarios siguen quedando al margen del alcance de la medida. Será importante evaluar el impacto y la rentabilidad del régimen y adaptarlo en la medida necesaria para potenciar su capacidad para lograr que los trabajadores encuentren empleo. Aunque se han logrado ciertos avances a la hora de trasladar la presión fiscal del trabajo hacia el medio ambiente, se necesitan medidas adicionales. Tras repetidos retrasos experimentados en el pasado se está aplicando gradualmente la conexión en línea de las cajas registradoras a la autoridad tributaria. No obstante, Hungría sigue experimentando un alto grado de incumplimiento de las obligaciones tributarias, con un nivel sostenido de trabajo no declarado y de brecha de incumplimiento del IVA. Se deben reforzar las medidas de control, en particular con vistas a mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude del IVA.

               (13)

               En 2013 se produjo un descenso de la tasa de desempleo juvenil, mientras que la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación aumentó. Una coordinación eficiente de las delegaciones del Servicio Público de Empleo con las instituciones educativas y los operadores locales podría potenciar la proyección hacia el exterior. Se ha empezado a fomentar las capacidades en el Servicio Público de Empleo, incluida la preparación de un sistema de elaboración del perfil del cliente, al tiempo que se deben evaluar las políticas activas del mercado laboral para el mercado abierto del empleo con objeto de determinar su eficiencia y efectividad y, si fuera necesario, se deben adaptar con el fin de mejorar el acceso de algunos grupos desfavorecidos al mercado laboral. Se ha de reforzar el elemento de activación en las distintas medidas sociales y del mercado laboral (régimen de obras públicas, subsidios de desempleo y asistencia social). El régimen de obras públicas absorbe la mayor parte de los recursos presupuestarios disponibles para las medidas de empleo. No obstante, en 2013, el 11,54 % de quienes participaron en él consiguieron reintegrarse en el mercado laboral abierto después de abandonar el régimen. Ello plantea el dilema de si se debe adaptar el régimen, por ejemplo, trenzando vínculos más fuertes con la activación, la formación y el apoyo a la búsqueda de empleo, con objeto de garantizar un impacto más duradero sobre el empleo. Se ha fomentado la participación de la mujer en el mercado laboral mediante una mayor flexibilidad en el sistema de permisos parentales pagados y la instalación de equipamientos infantiles, pero se necesitan esfuerzos adicionales pues los niveles de empleo femenino siguen estando por debajo del 60 %. El período que se exige para tener derecho al subsidio de desempleo es más corto que el plazo medio que los solicitantes de empleo tardan en encontrar trabajo. En Hungría crece sin cesar el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social: en la actualidad representa casi un tercio de la población total. La pobreza sigue afectando desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, especialmente a los niños y la población gitana. Aunque se ha establecido una Estrategia Nacional de Inclusión Social, las medidas adoptadas en la mayoría de ámbitos no fomentan sistemáticamente los objetivos definidos en dicha estrategia. Para reducir de forma eficaz la pobreza se necesitan medidas integradas y racionalizadas.

               (14)

               El entorno empresarial de Hungría se caracteriza por cambios frecuentes en el marco normativo y escasa competencia en un número creciente de sectores. Se han creado nuevas barreras en el sector servicios y no se han eliminado las ya existentes (por ejemplo, en farmacias, gestión de residuos, pagos móviles, venta minorista de tabaco y libros de texto). La inversión ha descendido con especial fuerza en aquellos sectores en los que en los últimos años se han impuesto cargas impositivas excesivas en sectores específicos. Entre 2010 y 2013, la inversión nominal cayó un 44 % en el sector de la energía, un 28 % en el sector de las finanzas y un 18 % en el de las comunicaciones, mientras se incrementó en un 3,4 % en términos generales. Aunque se han logrado ciertos avances en el ámbito de la contratación pública, se necesitan esfuerzos adicionales. Así, por ejemplo, un mayor uso de la contratación pública electrónica podría generar unos ahorros de costes significativos, mejorar la transparencia de la contratación pública e incrementar la competencia. Si bien se han tomado medidas orientadas a la implantación de estrategias de integridad y fomentar normas de transparencia más eficientes en la Administración pública, se ha de hacer un mayor esfuerzo para hacer frente a la corrupción de manera eficiente.

               (15)

               Está aumentando la proporción de alumnos que abandonan prematuramente sus estudios y se ha retrasado en repetidas ocasiones la adopción de una estrategia para resolver este problema. Se han de realizar esfuerzos adicionales para dotar a los alumnos con destrezas, competencias y cualificaciones básicas que sean pertinentes para el mercado laboral. La igualdad de acceso a una educación general de calidad sigue siendo un problema de envergadura para los niños desfavorecidos, especialmente para los niños gitanos. Con objeto de facilitar la que sigue siendo una difícil transición de la educación al mercado laboral, cuyos efectos han de seguir siendo objeto de seguimiento en profundidad, se ha promulgado una nueva ley de formación profesional que introduce, entre otras cosas, un nuevo «modelo dual».

               (16)

               En 2013 y 2014, Hungría siguió aplicando reducciones en los precios del gas y la electricidad para los usuarios finales. Estos recortes de precios, junto a la carga fiscal adicional para las empresas del sector energético, han afectado negativamente a la capacidad de los proveedores de recuperar los costes, las inversiones energéticas y el mantenimiento de la red. En la actualidad, la intensidad energética de los hogares se encuentra entre las más altas de la Unión y se podría mejorar la eficiencia energética, especialmente en el sector residencial. La falta de independencia del regulador de la energía a la hora de establecer condiciones y tarifas de acceso a la red sigue planteando dudas. A pesar de que se han adoptado algunas medidas para racionalizar la organización de las empresas de transporte público, se podría mejorar aún más su sostenibilidad reduciendo los costes de funcionamiento y modificando el sistema de tarifas.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Hungría. Ha evaluado su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 a continuación.

               (18)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Hungría, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (19)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y su Programa de Convergencia. Sus recomendaciones de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 5 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Hungría tome medidas en el período 2014‐2015 a fin de:

               1.

               Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz de la brecha que está surgiendo en relación con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente la norma de reducción de la deuda, basados en las previsiones de primavera de 2014 de la Comisión. Reforzar notablemente en 2015, y años posteriores, la estrategia presupuestaria para alcanzar el objetivo a medio plazo y lograr el cumplimiento de las condiciones de reducción de la deuda con el fin de colocar la ratio de endeudamiento público en una sostenida senda descendente. Garantizar el carácter vinculante del marco presupuestario a medio plazo mediante el control sistemático ex post de la observancia de las normas presupuestarias cuantificadas y la utilización de mecanismos correctores. Mejorar la transparencia de las finanzas públicas, incluso mediante la ampliación del mandato del Consejo Presupuestario, exigiendo la elaboración de previsiones macropresupuestarias periódicas y la evaluación de impacto presupuestario de las principales propuestas estratégicas.

               2.

               Contribuir a restablecer los flujos habituales de crédito a la economía, especialmente mediante la mejora del diseño y la reducción de la carga impositiva que recae en las instituciones financieras. Ajustar el impuesto sobre las transacciones financieras con objeto de evitar que se desvíen ahorros del sector bancario y reforzar los incentivos para el uso de los métodos electrónicos de pago. Investigar y eliminar los obstáculos al saneamiento de la cartera, entre otras cosas, mediante el refuerzo de las normas en materia de provisiones para los préstamos reestructurados, la eliminación de los obstáculos a la exclusión de colateral y el aumento de la rapidez y eficiencia de los procedimientos de insolvencia. A este respecto, consultar a las partes interesadas sobre las nuevas iniciativas políticas y velar por que estas estén bien orientadas y no incrementen el riesgo moral entre los prestatarios. Promover la regulación y supervisión del sector financiero.

               3.

               Garantizar un sistema de impuesto de sociedades estable, más equilibrado y simplificado, incluso mediante la eliminación progresiva de impuestos sectoriales específicos. Reducir la cuña fiscal para los trabajadores con bajos salarios, entre otras cosas, mejorando la eficiencia de los impuestos medioambientales. Reforzar las medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente para reducir el fraude del IVA, y aminorar sus costes generales.

               4.

               Reforzar las medidas de políticas activas del mercado laboral bien orientadas, en particular, acelerando la introducción del sistema de establecimiento del perfil del cliente del Servicio Público de Empleo. Poner en marcha la red de acompañamiento de jóvenes prevista y coordinarla con las instituciones educativas y las partes interesadas a escala local con el fin de mejorar su difusión. Analizar el régimen de obras públicas con el fin de evaluar su eficiencia a la hora de ayudar a los trabajadores a encontrar empleos sucesivos y reforzar aún más sus elementos de activación. Plantearse la posibilidad de aumentar el período que se exige para tener derecho al subsidio de desempleo, tomando en consideración el plazo medio que se necesita para encontrar un nuevo puesto de trabajo y vincularlo a medidas de activación. Mejorar la idoneidad y la cobertura de la asistencia social, al tiempo que se refuerza el vínculo con la activación. Con el fin de aliviar la pobreza, aplicar medidas simplificadas e integradas que contribuyan a reducirla de manera significativa, especialmente entre los niños y la población gitana.

               5.

               Estabilizar el marco normativo y potenciar la competencia en el mercado, especialmente mediante la eliminación de las barreras en el sector servicios. Adoptar iniciativas más ambiciosas para integrar competencia y transparencia en la contratación pública, en particular un uso más adecuado de la contratación pública electrónica, y seguir reduciendo la corrupción y la carga administrativa global.

               6.

               Aplicar una estrategia nacional de prevención del abandono escolar prematuro prestando especial atención a quienes abandonan la educación y formación profesionales. Establecer un método sistemático para fomentar un sistema general de educación favorable a la inclusión para los grupos desfavorecidos, especialmente los gitanos. Apoyar la transición entre las distintas etapas educativas y hacia el mercado laboral, y seguir de cerca la aplicación de la reforma de la formación profesional. Llevar a cabo una reforma de la educación superior que permita una mayor tasa de titulización en este nivel de enseñanza, particularmente para los estudiantes desfavorecidos.

               7.

               Revisar el impacto de la reglamentación de los precios de la energía sobre los incentivos a la inversión y la competencia en los mercados de la electricidad y el gas. Adoptar nuevas iniciativas para garantizar la autonomía del regulador nacional a la hora de establecer las tarifas y condiciones de red. Tomar medidas para aumentar la eficiencia energética, especialmente en el sector residencial. Incrementar aún más la sostenibilidad del sistema de transporte, entre otras cosas, reduciendo los costes de funcionamiento y revisando el sistema de tarifas de las empresas públicas del sector del transporte.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 37.

      (5)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación (UE) 2016/1111 de la Comisión, de 6 de julio de 2016, sobre el control del níquel en los alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               8.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 183/70

         RECOMENDACIÓN (UE) 2016/1111 DE LA COMISIÓN
   de 6 de julio de 2016
   sobre el control del níquel en los alimentos
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El níquel es un metal que abunda en la superficie terrestre. Está presente en los alimentos y en el agua potable debido a la actividad natural y humana.

               (2)

               La autoridad griega responsable de la alimentación ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («EFSA») que evalúe el riesgo para la salud humana que supone la presencia de níquel en los alimentos, en particular en las hortalizas.

               (3)

               La Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria de la EFSA (la Comisión Contam) ha decidido ampliar la evaluación del riesgo al agua potable y ha adoptado el dictamen científico sobre los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de níquel en los alimentos y en el agua potable (1). Dicho dictamen considera la toxicidad para la reproducción y el desarrollo el efecto crítico de la caracterización del riesgo en la exposición oral crónica al níquel, y señala el recrudecimiento de las reacciones eccematosas y el empeoramiento de las reacciones alérgicas como los efectos críticos de la exposición oral aguda al níquel en los seres humanos sensibilizados a este metal.

               (4)

               Los datos relativos a la presencia de níquel en los alimentos y en el agua potable se han recogido en quince países europeos diferentes. Sin embargo, el 80 % del total de los datos recogidos procede de un Estado miembro, por lo que convendría disponer de unos datos más extendidos geográficamente para verificar la presencia de níquel en los alimentos en toda la Unión.

               (5)

               En relación con determinados grupos de alimentos que el dictamen científico de la EFSA considera que son los que en mayor medida contribuyen a la exposición alimentaria, solo se dispone de datos de presencia limitados. De cara a la adopción de posibles medidas futuras para la gestión del riesgo, sería aconsejable disponer de más información sobre el contenido de níquel en los productos alimenticios pertenecientes a dichos grupos.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Los Estados miembros, con la participación activa de los explotadores de empresas alimentarias y otras partes interesadas, deben proceder al control de la presencia de níquel en los alimentos durante 2016, 2017 y 2018. El control debe centrarse en los cereales, los productos a base de cereales, los preparados para lactantes, los preparados de continuación, los alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad, los alimentos infantiles, los alimentos para usos médicos especiales destinados específicamente a lactantes y niños de corta edad, los complementos alimenticios, las verduras, los frutos de cáscara y semillas oleaginosas, la leche y los productos lácteos, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el azúcar y los artículos de confitería (incluido el cacao y el chocolate), las frutas, las hortalizas y los productos a base de hortalizas (incluidos los hongos), las hojas de té secas, las partes secas de otras plantas utilizadas en infusiones de hierbas y los moluscos bivalvos.

               2.

               Los procedimientos de muestreo deben efectuarse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 333/2007 de la Comisión (2) a fin de garantizar que las muestras sean representativas del lote objeto de muestreo.

               3.

               Las muestras deben ser analizadas tal como se comercializan. El análisis del níquel total debe realizarse de conformidad con la norma EN 13804:2013, «Productos alimenticios. Determinación de elementos y sus especies químicas. Consideraciones generales y requisitos específicos», preferentemente utilizando un método de análisis basado en la espectrometría de absorción atómica (AAS) de llama o en la espectrometría de absorción atómica (AAS) en horno de grafito, en la espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) o en la espectrometría de masas (ICP-MS).

               4.

               Los Estados miembros y los explotadores de empresas alimentarias y otras partes interesadas deben presentar a la EFSA, para su compilación en una base de datos, los datos del control expresados en relación con el peso total, junto con la información y en el formato electrónico de presentación establecidos por la EFSA, a más tardar el 1 de octubre de 2016, 2017 y 2018. Los datos de presencia disponibles de años anteriores que aún no hayan sido facilitados deben presentarse siguiendo las mismas modalidades en cuanto sea posible.

      Hecho en Bruselas, el 6 de julio de 2016.

            Por la Comisión

         Vytenis ANDRIUKAITIS

            Miembro de la Comisión

      (1)  Comisión Contam de la EFSA (Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria de la EFSA), 2015. Scientific opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water (Dictamen científico sobre los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de níquel en los alimentos y en el agua potable), EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

      (2)  Reglamento (CE) n.o 333/2007 de la Comisión, de 28 de marzo de 2007, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control de los niveles de elementos traza y de los contaminantes de proceso en los productos alimenticios (DO L 88 de 29.3.2007, p. 29).


title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/42

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2014
   2014/C 247/09
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro, utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Francia de 2013 y emitió su dictamen sobre su Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, conforme al Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia para 2014.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Francia, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Francia sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la adopción de medidas contundentes. En particular, el deterioro de la balanza comercial y de la competitividad y las implicaciones del alto nivel de endeudamiento del sector público merecen una atención continua por parte de los responsables políticos.

               (8)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión recomendó que Francia insistiera en sus esfuerzos por asegurar el pleno cumplimiento de la Recomendación del Consejo de conformidad con el Procedimiento de Déficit Excesivo.

               (9)

               El 7 de mayo de 2014, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (10)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria que se expone en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo anterior, a saber, lograr un presupuesto equilibrado en términos estructurales, requisito más riguroso que el recogido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Estabilidad proyecta reducir el déficit al 3 % del PIB en 2015, objetivo más ambicioso que el fijado en la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013. A partir de ese año, el progreso anual (recalculado) previsto para lograr el objetivo a medio plazo es inferior al mínimo requerido del 0,5 % del PIB. De forma global, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad se ajusta solo parcialmente a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Estabilidad prevé que la deuda de las administraciones públicas alcance su cota máxima del 95,6 % del PIB en 2014 y 2015 para posteriormente disminuir al 91,9 % en 2017. El escenario macroeconómico en el que se sustentan las proyecciones presupuestarias del Programa de Estabilidad es realista para 2014 y ligeramente optimista para 2015, con aumentos previstos del PIB del 1,0 % y el 1,7 % para el año en curso y el próximo, respectivamente, que eran del 1,0 % y el 1,5 % en las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. En abril de 2014, el Alto Consejo de Finanzas Públicas (Haut Conseil des finances publiques), organismo independiente, emitió un dictamen sobre el escenario macroeconómico del Programa de Estabilidad. El Programa de Estabilidad presenta una serie de medidas adicionales para 2014, entre las que se cuenta la cancelación de los créditos ministeriales pendientes de aprobación como parte de un presupuesto suplementario y los primeros efectos del plan de ahorro de 50 millones EUR anunciado por el Gobierno.
               Partiendo de estos datos y teniendo también en cuenta que el esfuerzo fiscal conseguido en 2013 fue superior al esperado cuando se publicó la Recomendación de la Comisión, puede considerarse que el Programa de Estabilidad responde a grandes rasgos a dicha Recomendación. El grado de detalle de las medidas de saneamiento presupuestario es insuficiente para garantizar con credibilidad la corrección de la situación de déficit excesivo de aquí a 2015, si se tienen en cuenta las previsiones de la Comisión que indican un déficit del 3,4 % del PIB para el próximo año y un ajuste estructural subyacente notablemente inferior al nivel recomendado por el Consejo. Además, los objetivos del Gobierno presentan riesgos de revisión a peor. Concretamente, parte de las medidas adicionales para 2014 anunciadas en el Programa de Estabilidad siguen sin adoptarse y el importe del ahorro planeado para 2015 es muy ambicioso. Tomando como base las previsiones de la Comisión, el esfuerzo fiscal en el periodo 2013-2014 se queda a 0,2 puntos porcentuales del PIB en términos de variación (corregida) del saldo estructural y al menos a 0,1 punto porcentual del PIB en términos del número de medidas consideradas necesarias cuando se presentó la Recomendación del Consejo. Partiendo de su evaluación del Programa de Estabilidad y de las previsiones de la Comisión, conforme al Reglamento (CE) n.o 1466/97, el Consejo considera que las medidas en las que se sustenta la estrategia presupuestaria deben especificarse más detalladamente y que se necesitan nuevos esfuerzos para acatar la Recomendación del Consejo y asegurar, a partir de ese momento, el retorno a la senda de cumplimiento del objetivo a medio plazo. Concretamente, los esfuerzos adicionales deberán explicitarse en la próxima Ley de presupuestos de 2014.

               (11)

               Habida cuenta del alto y creciente nivel de deuda de las administraciones públicas, así como del hecho de que el plazo de corrección del déficit excesivo se ha ampliado hasta 2015, es imprescindible que el presupuesto de 2014 se ejecute estrictamente y que se desempeñen considerables y rigurosos esfuerzos de saneamiento en 2015. En particular, el gasto público debería aumentar a un ritmo mucho más moderado que en años anteriores, conforme a lo proyectado por el Gobierno. Por lo tanto, es necesario especificar más detalladamente la estrategia de reducción del gasto, profundizando la revisión del gasto en curso y redefiniendo, cuando así proceda, el alcance de la intervención del Gobierno. No pueden conseguirse ahorros sustanciales a corto plazo sin reducir considerablemente el aumento del gasto en la seguridad social, que absorbe prácticamente la mitad del gasto público.
               Ello implica controlar los costes de la asistencia sanitaria y las pensiones mediante, por ejemplo, la fijación de objetivos anuales de gasto sanitario más ambiciosos y la congelación temporal de las pensiones y otras prestaciones sociales, como se plantea actualmente el Gobierno. Además, la nueva Ley de descentralización proyectada debería racionalizar las diversas capas de administración existentes en Francia para eliminar solapamientos y conseguir nuevas sinergias, aumentos de eficiencia y ahorros mediante la fusión o la supresión de algunos de los estratos administrativos existentes. Es preciso indicar a este respecto que las reformas estructurales presentadas con este fin en el Programa de Estabilidad solo surtirán efecto a medio plazo —pese a que el calendario previsto se ha adelantado desde la presentación de dicho Programa— y, además, su ejecución puede correr peligro. Es preciso controlar con mayor rigor el gasto de las administraciones locales, para lo que podrá ponerse un tope al incremento anual de sus recaudaciones tributarias, teniendo en cuenta los techos existentes para determinados impuestos locales, aplicando al mismo tiempo de forma estricta la reducción prevista de las subvenciones procedentes de la Administración central. Además de la necesidad de ahorros a corto plazo, otra fuente de preocupación es la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
               A pesar de que el gasto público en el sector sanitario se ha mantenido bajo control en los últimos años, el aumento de la rentabilidad del sistema requiere nuevos esfuerzos. Concretamente, es necesario aplicar nuevas políticas de contención de costes habida cuenta de las previsiones que señalan un importante aumento de los gastos sanitarios de medio a largo plazo. Los ámbitos que requieren un aumento de la eficiencia incluyen el gasto farmacéutico y administrativo y los cuidados hospitalarios. Por último, en diciembre de 2013 se aprobó una reforma del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. No obstante, la reforma del sistema de pensiones no bastará para eliminar el déficit del sistema y, más precisamente, el procedente de los regímenes aplicables a los funcionarios públicos y a los empleados de una serie de empresas estatales; en total, según las previsiones de las autoridades francesas, las nuevas medidas de pensiones se limitarán a dividir por dos el déficit total del sistema hasta alcanzar un 0,5 % del PIB en 2020. Además, el alcance del ajuste está sujeto a importantes riesgos dado que el escenario macroeconómico en el que se sustentan las previsiones podría resultar excesivamente optimista. El recién creado comité de supervisión de las pensiones (Comité de Suivi des Retraites) deberá asegurarse de la progresiva eliminación del déficit del sistema.

               (12)

               Francia se cuenta entre los Estados miembros donde la mano de obra es más cara. Concretamente, la severa carga fiscal sobre el trabajo merma la rentabilidad de las empresas y pesa sobre el empleo. Para fomentar la competitividad de los costes, el Gobierno francés ha adoptado una serie de iniciativas destinadas a aliviar esa carga. En diciembre de 2012 se adoptó la deducción fiscal por la competitividad y el empleo (CICE), equivalente a una disminución del coste de la mano de obra para los sueldos inferiores en 2,5 veces o más al salario mínimo. En enero de 2014 se anunció además una disminución adicional de 10 000 millones EUR del coste de la mano de obra como parte del «Pacto de responsabilidad y solidaridad». Ambas medidas, que supondrán 30 000 millones EUR o un 1,5 % del PIB, importe que va parejo al aumento global del impuesto de sociedades a lo largo del periodo 2010-2013, cerrarían solo la mitad de la brecha existente entre Francia y la media de la zona del euro en lo que a las cotizaciones empresariales a la seguridad social se refiere. Además, las empresas exportadoras, que tienden a pagar sueldos elevados, se beneficiarán menos del CICE que las empresas no exportadoras, lo que atenúa los efectos de la medida en la competitividad. El Pacto de responsabilidad y solidaridad incluye una reducción del coste de la mano de obra para los sueldos bajos y otra para los que equivalen a entre 1,6 y 3,5 veces el salario mínimo. Esta última medida, que se espera entre en vigor en 2016, tendría un impacto más directo para las empresas exportadoras. El sistema de fijación salarial en Francia tiende a crear distorsiones de la estructura salarial y a limitar la capacidad de las empresas para ajustar los sueldos en épocas de recesión económica. El Alto Consejo de Financiación de la Protección Social (Haut Conseil du financement de la protection sociale) ha evaluado las repercusiones en el empleo de diferentes hipótesis de exención de las cotizaciones a la seguridad social, aunque ha prestado una atención limitada a su impacto en la evolución de los sueldos y la competitividad.
               No obstante, aunque se han concedido amplias exenciones con respecto a los trabajadores perceptores del salario mínimo, el coste de la mano de obra que percibe ese salario sigue siendo elevado. Esas exenciones contribuyeron a contener los costes de la mano de obra en 2013, lo cual es un dato positivo, pero el nivel del salario mínimo en Francia sigue siendo elevado si se compara con el de otros Estados miembros. Por esos motivos, el salario mínimo debe seguir evolucionando conforme a criterios de competitividad y creación de empleo. Francia aplica contadas excepciones al salario mínimo legal y podría hacer esfuerzos adicionales para reducir el coste de la mano de obra de los grupos vulnerables.

               (13)

               La clasificación mundial de Francia resultante de una serie de estudios sobre el medio empresarial internacional se ha deteriorado. Si bien se han hecho ciertos esfuerzos como parte del «plan de simplificación de choque» aplicado en julio de 2013 para distender las relaciones entre las empresas y la Administración, es preciso seguir mejorando el entorno empresarial. Además, algunas de las medidas esbozadas en el plan de simplificación están todavía por definir y por aplicar. Procede prestar atención, en particular, a la reglamentación contenida en el Estatuto de los Trabajadores o a las reglas de contabilidad vinculadas a determinados umbrales de tamaño de las empresas, que alicortan la expansión de las sociedades francesas y pueden contribuir a las dificultades que experimentan las PYME para alcanzar el tamaño que les permitiría exportar e innovar. Las iniciativas dirigidas a potenciar el gasto en I+D y la innovación por parte de las empresas privadas, especialmente el crédito fiscal para investigación y los polos de competitividad, han generado hasta el momento resultados desiguales. El decreciente peso de la industria en el sector privado francés se plasma en un estancamiento del gasto dedicado a I+D por las empresas privadas, a pesar de los importantes esfuerzos realizados de forma individual por cada empresa. Como consecuencia, una amplia proporción del gasto en I+D sigue siendo financiada por el Estado, bien de forma directa (investigación pública) bien de forma indirecta (subvenciones). La eficacia de las herramientas existentes debería aumentarse para generar un mayor nivel de gasto en I+D por las empresas privadas y de innovación en el sector privado. Concretamente, los recursos asignados a los polos de competitividad podrían potenciar mejor los efectos de escala y aumentar la difusión de la innovación. Además, la eficacia de las políticas adoptadas podría intensificarse permitiendo que esos polos se convirtiesen en auténticas redes de empresas con efectos indirectos positivos. Por último, se prevé que el coste del crédito fiscal para investigación alcance 5 800 millones EUR (cerca de un 0,3 % del PIB) en 2014. Pese al coste de esta medida, su eficacia en relación con la I+D no ha sido objeto de evaluación ex post alguna que tenga en cuenta las últimas reformas.

               (14)

               Si bien se han eliminado los obstáculos relativos a la forma jurídica, los requisitos de participación accionarial o las tasas aplicables a determinadas profesiones (por ejemplo, veterinarios o contables), y se han adoptado nuevas medidas para mejorar la competencia por medio de la reciente Ley de Consumo, algunas de ellas siguen sujetas a fuertes obstáculos que dificultan su acceso o ejercicio (taxistas, profesionales del sector sanitario, notarios y profesiones jurídicas en general). El principio de numerus clausus que rige la incorporación a numerosas profesiones (médicos, farmacéuticos, etc.) sigue entorpeciendo el acceso a los servicios y podría ser objeto de una revisión que no comprometiese la calidad ni la seguridad de estos. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación detallada de la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones que afectan a las profesiones reguladas. En el sector minorista, siguen vigentes engorrosos trámites para la autorización de la apertura de establecimientos comerciales (derivados, en particular, de la normativa de planificación urbana) y la prohibición de las ventas a pérdida, con repercusiones negativas para la competencia y los consumidores. Hasta la fecha, no se han adoptado en Francia medidas concretas para eliminar los obstáculos de acceso al sector minorista. Por lo que respecta a la distribución de electricidad y gas, se están eliminando gradualmente las tarifas reguladas para los consumidores no domésticos. No obstante, los precios aplicables a los hogares y los precios de la electricidad siguen regulados y fijados por debajo de los costes, y el acceso de otros proveedores al mercado sigue siendo limitado. Por lo que respecta a las interconexiones energéticas, deberán culminarse los proyectos en curso, sobre todo con España, para reforzar las conexiones de gas y electricidad con los países vecinos. En el sector ferroviario, las barreras de entrada al mercado siguen impidiendo un funcionamiento eficiente del mercado. Francia no ha abierto su mercado nacional de transporte de pasajeros por ferrocarril a la competencia; los servicios internacionales, en cambio, tienen algunos operadores nuevos. Francia ha acometido una reforma de su sistema de redes ferroviarias para aumentar su sostenibilidad financiera. En octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que actualmente se halla en fase de debate parlamentario; entre las medidas que lo componen se encuentra el nombramiento de un gestor de infraestructura con plenas competencias integrado en una estructura vertical que incluirá al operador tradicional. Esta nueva estructura puede dificultar el acceso de otros operadores a la red.

               (15)

               Francia tiene una elevada y creciente carga fiscal. En 2013, la ratio impuestos/PIB se situaba en el 45,9 %, una de las más altas de la Unión, que por añadidura ha registrado un aumento de 3,3 puntos porcentuales desde el inicio del saneamiento presupuestario en 2010. Ante esta situación, un comité especial (Assises de la fiscalité) ha ofrecido su asesoramiento para la reforma del sistema tributario. Hasta la fecha se han registrado escasos progresos en la reducción de los tipos nominales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y en el aumento de la eficiencia del IVA. En cambio, la sobrecarga temporal ejercida sobre las grandes empresas se ha prolongado hasta 2015, lo que provocará una subida del tipo global nominal del impuesto de sociedades al 38,1 % (el tipo nominal, del 33,3 %, es ya uno de los más elevados de la Unión). El Gobierno ha anunciado la eliminación progresiva de la contribución social de solidaridad de las sociedades (C3S) y una reducción gradual del tipo nominal al 28 % de aquí a 2020. Con respecto a esta última medida, se carece de información sobre el calendario exacto de aplicación. El año pasado se registraron asimismo progresos limitados en cuanto a la reducción y racionalización de los impuestos sobre la renta. A pesar de los avances obtenidos en la fiscalidad medioambiental (con la introducción gradual del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono, llamado contribution climat énergie), la proporción de los impuestos medioambientales en el PIB sigue siendo baja. Concretamente, en Francia no se indexan los impuestos especiales con la inflación y persisten importantes subvenciones nocivas para el medio ambiente, como el tipo preferente del impuesto especial aplicable al gasóleo. Por último, en 2013 no se adoptaron medidas adicionales para subsanar la distorsión a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades con el fin de prevenir un mayor aumento de la deuda privada.

               (16)

               A pesar de la adopción de toda una batería de medidas, la situación del mercado laboral en Francia siguió deteriorándose en 2013 y sigue presentando considerables dificultades. El desempleo siguió aumentando hasta alcanzar el 10,3 % en 2013 (frente al 7,5 % en 2008). El mercado laboral francés sigue segmentado, con niveles muy bajos de transición de contratos temporales a contratos permanentes (la probabilidad de pasar de un puesto temporal a otro permanente era solo del 10,6 % en 2010, frente a una media del 25,9 % en la Unión). El acuerdo interprofesional para la obtención de empleo dio lugar a una ley que se adoptó en julio de 2013. Aunque esta reforma es positiva, sus repercusiones son por el momento desiguales. Concretamente, muy pocas empresas han recurrido a los mecanismos de acuerdos de empresa establecidos por la ley para aumentar la flexibilidad de las condiciones de trabajo en caso de dificultades económicas transitorias. No obstante, el porcentaje de despidos efectivos denunciados ante los tribunales se ha reducido considerablemente. Aunque en 2014 los interlocutores sociales celebraron negociaciones con miras a la reforma del sistema de prestaciones de desempleo, no se prevé que el nuevo acuerdo logre reducir sustancialmente el déficit que este sistema genera. El déficit acumulado del régimen de subsidios de desempleo, que en 2013 se aproximaba al 1 % del PIB, exige medidas estructurales adicionales que aseguren la sostenibilidad del sistema. En particular, algunos de sus componentes, como las condiciones de elegibilidad, el carácter decreciente de las prestaciones a lo largo del tiempo o las tasas de sustitución de los trabajadores con sueldos más elevados experimentaron solo modificaciones muy tenues tras el último acuerdo entre interlocutores sociales de marzo de 2014 y precisan de nuevas adaptaciones que aseguren la existencia de los incentivos adecuados para trabajar. Gracias a las reformas sucesivas de las pensiones, la tasa de empleo de los trabajadores entre 55 y 64 años ha conocido un aumento constante en los últimos tres años.
               A pesar de ello, los índices de empleo de los trabajadores de más edad en Francia (45,6 % en 2013) siguen siendo muy inferiores a la media de la Unión ( - 4,5 puntos porcentuales puntos porcentuales) y solo un 55 % de los trabajadores de mayor edad se jubilan directamente desde una situación de empleo (2008-2011). Como consecuencia de esta situación, la tasa de desempleo de este grupo ha aumentado considerablemente en los últimos años. Es por consiguiente necesario intensificar las medias que aumenten su empleabilidad y revisar los incentivos para su permanencia o su retorno al trabajo.

               (17)

               El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de 2013 puso de manifiesto que la desigualdad en la enseñanza se encuentra en Francia entre las más altas de los países de la OCDE. Una sexta parte de los jóvenes franceses sale del sistema de educación y formación sin ningún título; esta tendencia resulta especialmente preocupante si se considera que al final de 2013 la tasa de desempleo de los jóvenes era del 25,5 % y que el riesgo de desempleo era casi dos veces mayor para los jóvenes menos cualificados. Los sistemas de promoción de los contratos de aprendizaje deben llegar en particular a los jóvenes menos cualificados. Se alcanzaron ciertos progresos en este terreno con la reforma de la educación obligatoria introducida en julio de 2013 y la adopción de una ley de formación profesional y aprendizaje permanente en marzo de 2014. No obstante, es demasiado pronto para determinar si estas medidas van a ser eficaces para limar las desigualdades del sistema educativo y sigue pendiente de aplicación el nuevo plan destinado al primer ciclo de la enseñanza secundaria en las zonas desfavorecidas. Por último, el número de aprendices disminuyó en 2012 y los programas beneficiaron cada vez más a los estudiantes universitarios.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Francia. Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

               (19)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (6) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). En tanto que país cuya moneda es el euro, Francia también debería garantizar la oportuna y plena aplicación de estas recomendaciones.

         RECOMIENDA que Francia tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Reforzar la estrategia presupuestaria —entre otras cosas, especificando más detalladamente las medidas subyacentes— para 2014 y años posteriores, con el fin de asegurar la corrección del déficit excesivo de forma sostenible para 2015 mediante el esfuerzo de ajuste estructural especificado en la Recomendación del Consejo con arreglo al Procedimiento de Déficit Excesivo. La corrección duradera de los desequilibrios fiscales requiere una aplicación creíble de reformas estructurales ambiciosas que aumenten la capacidad de ajuste y potencien el crecimiento y el empleo. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo de al menos un 0,5 % del PIB anual, porcentaje que se incrementará cuando las condiciones económicas sean favorables o cuando así lo exija el cumplimiento de la norma en materia de deuda a fin de situar la elevada ratio de deuda de las administraciones públicas en una senda descendente sostenible. Redoblar los esfuerzos para conseguir incrementos de eficiencia en todos los subsectores de la Administración pública, redefiniendo, cuando así proceda, el alcance de la intervención del Gobierno. En particular, tomar medidas para reducir considerablemente el gasto en seguridad social a partir de 2015 según lo previsto, fijando objetivos anuales más ambiciosos de gasto sanitario, conteniendo los costes de las pensiones y racionalizando las prestaciones familiares y los subsidios de vivienda. Fijar un calendario claro para el proceso de descentralización en curso y tomar, no más tarde de diciembre de 2014, las primeras medidas dirigidas a suprimir duplicidades administrativas, facilitar fusiones entre órganos de gobierno local y especificar las responsabilidades de cada capa de la administración local. Reforzar los incentivos para racionalizar el gasto de la administración local, limitando el incremento anual de las recaudaciones tributarias de las administraciones locales y reduciendo en paralelo las subvenciones de la Administración central conforme a lo previsto. Además de atender la necesidad de ahorro a corto plazo, adoptar no más tarde de junio de 2015 medidas que permitan atajar el aumento del gasto sanitario público (incluidos los gastos farmacéuticos) previsto de medio a largo plazo, a las que se añadirán, según proceda, medidas que cubran todos los regímenes destinadas a equilibrar con carácter sostenible el sistema de pensiones de aquí a 2020, con especial énfasis en los regímenes especiales y complementarios vigentes.

               2.

               Garantizar que se sostenga la reducción del coste de la mano de obra derivada del crédit d’impôt compétitivité emploi. Adoptar medidas para seguir disminuyendo las cotizaciones empresariales a la seguridad social en cumplimiento de los compromisos del Pacto de responsabilidad y solidaridad, asegurando que ninguna otra medida contrarreste sus efectos y que los objetivos actualmente fijados se mantengan. Seguir evaluando el impacto económico de las exenciones de las cotizaciones a la seguridad social, haciendo hincapié en el empleo, la evolución de los sueldos y la competitividad, y adoptar, en caso necesario, las medidas apropiadas. Sin incidir en el presupuesto, seguir reduciendo el coste de la mano de obra, concretamente en el peldaño inferior de la escala salarial, objetivo que se conseguirá en particular mediante reducciones específicas de las cotizaciones empresariales de la seguridad social, teniendo en cuenta los distintos regímenes de ayuda salarial.

               3.

               Simplificar las reglas administrativas, fiscales y contables de las empresas y adoptar disposiciones concretas de aplicación del «plan de simplificación» del Gobierno en curso, no más tarde de diciembre de 2014. Eliminar los impedimentos normativos a la expansión de las empresas, revisando los criterios de tamaño recogidos en las regulaciones vigentes a fin de evitar efectos de umbral. Adoptar medidas para aumentar la sencillez y eficiencia de la política de innovación, especialmente mediante evaluaciones que tengan en cuenta las últimas reformas y, en caso necesario, una adaptación del crédit d’impôt recherche. Asegurar que los recursos se canalizan hacia los polos de competitividad más eficaces y fomentar en mayor medida el impacto económico de la innovación desarrollada en los polos.

               4.

               Eliminar toda restricción injustificada del acceso a las profesiones reguladas y el ejercicio de las mismas, reducir los costes de entrada y favorecer la competencia en el sector de servicios. Tomar nuevas medidas para reducir la carga reguladora que afecta al funcionamiento del sector minorista, simplificando el proceso de autorización de la apertura de establecimientos comerciales y eliminando la prohibición de las ventas a pérdida. Manteniendo condiciones asequibles para los grupos vulnerables, asegurar que las tarifas reguladas del gas y la electricidad para los hogares se fijen en un nivel apropiado para no obstaculizar la competencia. Reforzar la capacidad de interconexión de las redes energéticas con España, más concretamente, ampliar la capacidad de interconexión de gas para integrar plenamente el mercado ibérico del gas con el mercado europeo. En el sector ferroviario, garantizar la independencia del nuevo gestor único de infraestructura respecto del operador tradicional y tomar medidas para abrir el transporte nacional de pasajeros a la competencia de acuerdo con lo dispuesto en las futuras directivas y con los calendarios contenidos en ellas.

               5.

               Aliviar la carga fiscal sobre el trabajo y redoblar los esfuerzos de simplificación e incremento de la eficiencia del sistema tributario. Con tal fin, a partir del presupuesto de 2015, adoptar medidas dirigidas a eliminar todo gasto ineficiente de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades, sobre la base de las evaluaciones recientes y de la iniciativa Assises de la fiscalité, reduciendo de forma paralela los tipos nominales; adoptar medidas adicionales para acabar con la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad empresarial; ampliar la base imponible, especialmente en los bienes y servicios de consumo; eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

               6.

               Seguir luchando contra la rigidez del mercado laboral, en particular mediante medidas de reforma de las condiciones de los «acuerdos de mantenimiento del empleo» a fin de aumentar su utilización por parte de las empresas en dificultades. Adoptar medidas adicionales de reforma del sistema de subsidio de desempleo, en concertación con los interlocutores sociales, a fin de asegurar su sostenibilidad, por un lado, y la existencia de incentivos suficientes para regresar al trabajo, por otro. Garantizar que los trabajadores de mayor edad disfruten de un asesoramiento y una formación adecuados y reevaluar los dispositivos correspondientes de los regímenes específicos de desempleo en relación con su situación en el mercado laboral.

               7.

               Proseguir la modernización de la enseñanza y formación profesionales, aplicar la reforma de la enseñanza obligatoria y seguir actuando para reducir las desigualdades educativas, intensificando, en particular, las medidas de lucha contra el abandono escolar prematuro. Asegurar que las políticas activas de empleo apoyen realmente a los grupos más vulnerables. Facilitar la transición de la escuela al trabajo, intensificando las medidas de desarrollo de los programas de aprendizaje con miras, en particular, a los beneficiarios poco cualificados.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 27.

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  Véase la página 141 del presente Diario Oficial.


Avis juridique important

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31990H0443

90/443/CECA: Recomendación de la Comisión de 18 de julio de 1990 por la que se derogan las Recomendaciones relativas a las medidas de política comercial con respecto a las importaciones de carbón de terceros países en la República Federal de Alemania

Diario Oficial n° L 228 de 22/08/1990 p. 0024 - 0025

*****RECOMENDACIÓN  DE LA COMISIÓN  de 18 de julio de 1990  por la que se derogan las Recomendaciones relativas a las medidas de política comercial con respecto a las importaciones de carbón de terceros países en la República Federal de Alemania  (90/443/CECA)  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74,  Considerando lo que sigue:  I  Por Recomendación de la Alta Autoridad, de 28 de enero de 1959, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad acerca de medidas de política comercial con respecto a las importaciones de carbón de terceros países (1), la Alta Autoridad indicó al Gobierno de la República Federal de Alemania que impusiera con carácter provisional un derecho de aduana que no sobrepasara 20 marcos alemanes por tonelada a las importaciones de carbón procedentes de terceros países, en la medida en que dichas importaciones excedieran de un contingente libre de derechos de 5 millones de toneladas.  También autorizó al Gobierno de la República Federal de Alemania para ejercer un control de origen en la medida en que esto fuere necesario para la aplicación de la medida recomendada.  Por último, recomendó a los Gobiernos de los demás Estados miembros que adoptaran, siempre que fuere preciso, las disposiciones necesarias para permitir la aplicación de las medidas recomendadas al Gobierno de la República Federal de Alemania.  Esta Recomendación se formuló considerando que:  - las empresas del carbón de la Comunidad afrontaban serios problemas de ventas;  - esta situación era especialmente grave en el territorio de la República Federal de Alemania, en el que se importaba carbón de terceros países en cantidades relativamente importantes y en tales condiciones que dichas importaciones amenazaban con causar un perjuicio grave a la producción de carbón en el mercado común, poniendo en peligro principalmente la continuidad del empleo;  - las medidas de política comercial adoptadas por el Gobierno de la República Federal de Alemania no permitían, por sí solas, hacer frente a esta situación.  Mediante las Recomendaciones de los días 3 de noviembre de 1959 (2), 3 de noviembre de 1960 (3), 13 de diciembre de 1961 (4) y 30 de octubre de 1962 (5), la Alta Autoridad había adoptado medidas que afectaban respectivamente a los años 1960, 1961, 1962 y 1963.  Por lo que se refiere a los años siguientes, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas comprobó que las Recomendaciones anteriormente mencionadas podían seguir sirviendo de base legal a una regulación nacional, en virtud de la cual podía percibirse un derecho de aduana diferencial con respecto a la hulla originaria de un tercer país, importada tras haber sido despachada a libre práctica en otro Estado miembro (6).  II  A partir de la adopción de las Recomendaciones antes mencionadas, las condiciones que justificaron una protección aduanera del territorio de la República Federal de Alemania han evolucionado sensiblemente, tanto en el plano de los intercambios como en lo que se refiere a las medidas comunitarias en favor de la industria hullera de la Comunidad.  Por lo que se refiere a la evolución de las importaciones de carbón en la República Federal de Alemania, es preciso observar que, mientras que en 1958 la proporción de importaciones con destino a la República Federal de Alemania representaba un 40 % del total comunitario, esta proporción - calculada con relación a las importaciones de la antigua Comunidad de los Seis - había descendido a aproximadamente un 9 % en 1989. En estas condiciones, el carbón ya no se importa en cantidades relativamente importantes en el sentido del punto 3 del artículo 74.  En cuanto a las medidas comunitarias adoptadas a partir de año 1965 para hacer frente a los problemas de la industria hullera, establecieron regímenes comunitarios consecutivos de intervención de los Estados miembros en favor de la industria hullera: Decision no 3/65 (1), Decisión no 27/67 (2), Decisión no 3/71/CECA (3), Decisión no 528/76/CECA (4) y Decisión no 2064/86/CECA (5).  Los regímenes de ayudas establecidos en dichas Decisiones permiten, en particular, crear las condiciones propicias para la adaptación de la industria hullera de la Comunidad a las realidades del mercado de la energía. Efectivamente, las ayudas programadas por los Estados miembros pueden considerarse compatibles con el buen funcionamiento del mercado común si contribuyen sobre todo a la mejora de la competitividad de la industria del carbón, lo que ayuda a garantizar una mejor seguridad del abastecimiento o a encontrar una solución para los problemas sociales y regionales vinculados a la evolución de la industria del carbón.  III  Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede comprobar que dejan de reunirse las condiciones previstas en el punto 3 del artículo 74 del Tratado.  Dado el carácter excepcional de esta disposición y teniendo en cuenta el objetivo de la letra f) del artículo 3 del Tratado CECA, ya no está justificado mantener las Recomendaciones contempladas anteriormente.  Por consiguiente, es conveniente derogar dichas Recomendaciones a partir del 1 de enero de 1991, ya que este plazo es necesario para permitir al Gobierno de la República Federal de Alemania adoptar las medidas precisas,  FORMULA LA RECOMENDACIÓN SIGUIENTE:  Artículo 1  Quedan derogadas, con efectos a partir del 1 de enero de 1991, las Recomendaciones de la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de los días 28 de enero de 1959, 3 de noviembre de 1959, 3 de noviembre de 1960, 13 de diciembre de 1961 y 30 de octubre de 1962.  Artículo 2  Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 18 de julio de 1990.  Por la Comisión  Frans ANDRIESSEN  Vicepresidente  (1) DO no 8 de 11. 2. 1959, p. 197/59.  (2) DO no 58 de 14. 11. 1959, p. 1150/59.  (3) DO no 73 de 19. 11. 1960, p. 1425/60.  (4) DO no 82 de 19. 12. 1961, p. 1600/61.  (5) DO no 116 de 12. 11. 1962, p. 2683/62.  (6) Sentencia de 28. 6. 1984; Asunto 36/83 MABANAFT/Hauptzollamt Emmerich, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 1984, p. 2527.  (1) DO no 31 de 25. 2. 1965, p. 480/65.  (2) DO no 261 de 28. 10. 1967, p. 1.  (3) DO no L 3 de 5. 1. 1971, p. 7.  (4) DO no L 63 de 11. 3. 1976, p. 1.  (5) DO no L 177 de 1. 7. 1986, p. 1.


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		52011SC0815

			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Slovakiaand delivering a Council opinionon the updated Stability Programme of Slovakia, 2011-2014

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2011 de Eslovaquia
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de estabilidad actualizado de Eslovaquia (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
            El 26 de marzo de 2010, el Consejo
Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva
estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se
basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los
ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[3],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(4)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(6)
El 28 de abril de 2011, Eslovaquia presentó la
actualización de 2011 de su programa de estabilidad, relativa al periodo
2011-2014, y, el 2 de mayo, su programa nacional de reforma de 2011. Con objeto
de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al
mismo tiempo.
(7)
Dado su alto grado de apertura comercial y su especialización
en productos manufacturados duraderos, la economía eslovaca se ha visto
fuertemente afectada por el desplome del comercio mundial y de la demanda
agregada, a raíz de la crisis financiera. Como consecuencia de ello, en 2009 el
PIB se contrajo un 4,7 % y la tasa de desempleo aumentó hasta un 12 %. En 2010,
gracias principalmente a la recuperación de la demanda externa, la situación
económica mejoró notablemente en términos de crecimiento de la producción (con
un aumento del 4,1 % del PIB), si bien siguió deteriorándose en términos de
empleo, con una tasa de desempleo que alcanzó el 14,5 %, uno de los niveles más
altos y uno de los aumentos más notables de la UE. En 2011-2012, el nivel de
empleo seguirá muy por debajo del nivel anterior a la crisis. Esta ha provocado
un importante deterioro de las finanzas públicas y un aumento del déficit de
las Administraciones públicas, que pasó del 2 % del PIB en 2008 al 8 % del PIB
en 2009-2010. Aun manteniéndose a un nivel relativamente bajo, el ratio
deuda/PIB también aumentó en 15 puntos porcentuales, alcanzando el 41 % del PIB
en 2010.
(8)
Partiendo de la evaluación del programa de
estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el
que se basa el programa es verosímil para los dos primeros años, aunque
demasiado optimista hacia el final del periodo que abarca el programa. El
programa prevé situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2013, en el
plazo fijado por el Consejo, y en el 2,8 % del PIB en 2014. Después de 2011, el
ajuste se realizará en términos de gastos, por regla general. Existen riesgos
de revisión a la baja de los objetivos presupuestarios, debido principalmente a
la aplicación de las medidas propuestas. El programa no prevé la consecución
del objetivo a medio plazo. El logro de los objetivos presupuestarios supondría
un esfuerzo presupuestario anual medio en el periodo 2011-2013 de aproximadamente
el 1,4 % del PIB.
(9)
Gracias a las medidas de saneamiento, estimadas
en torno al 2,5 % del PIB en el programa de estabilidad eslovaco, se prevé un
notable descenso del déficit en 2011. El ajuste continuaría además en 2011 y
2013 a través de una reducción del déficit de aproximadamente un punto
porcentual del PIB cada año. El esfuerzo de saneamiento se centra
principalmente en el gasto, a través de ahorros en los gastos en bienes y
servicios y en la masa salarial, si bien puede resultar difícil de proseguir de
forma sostenible. Globalmente, Eslovaquia se enfrenta al desafío de asegurar que
el saneamiento garantice e incluso aumente el gasto en partidas generadoras de
crecimiento, tales como la educación y las infraestructuras de transporte.
Concretamente, el bajo nivel de formación bruta de capital fijo de las Administraciones
públicas, que, según las previsiones, va a descender aún más, suscita
preocupación. Existen posibilidades de aumentar los ingresos procedentes
de los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los
impuestos sobre bienes inmuebles y los impuestos medioambientales, y de aumentar
la eficiencia de la recaudación fiscal, especialmente en vista del amplio déficit
recaudatorio del IVA.
(10)
Gracias a la reforma de 2005, que introdujo la
planificación plurianual, la programación del presupuesto y varias reglas
presupuestarias, Eslovaquia ha mejorado notablemente su marco presupuestario. Sin
embargo, el marco actual no ha impedido al Gobierno mantener déficits, incluso
en años de elevado crecimiento económico. Una de las principales deficiencias
es que los objetivos presupuestarios de los últimos años pueden modificarse
fácilmente, por lo que no contribuyen al objetivo de estabilizar el proceso
presupuestario en los próximos años. Esta deficiencia se podría subsanar a
través de los límites máximos de gastos propuestos en la actualización del
programa de estabilidad y en el programa nacional de reforma, siempre que
dichos límites abarquen la mayor parte posible del gasto de las Administraciones
públicas. Actualmente, la falta de información publicada oportunamente, en
particular en el caso de las Administraciones locales y los fondos de la
seguridad social, constituye un obstáculo adicional para el seguimiento
interanual de la evolución presupuestaria y de la aplicación de las reglas
presupuestarias. Por último, Eslovaquia carece de una institución independiente
que participe directamente en las tareas preparatorias, el seguimiento y los
mecanismos de evaluación relativos al presupuesto.
(11)
Eslovaquia es uno de los Estados miembros que
se enfrentan a importantes desafíos en lo que atañe a la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas. Según las previsiones, el crecimiento de los gastos
relacionados con el envejecimiento de la población será más rápido que la media
de la UE en los próximas décadas. Las pensiones constituirían la principal
causa de este aumento, pese a la importante reforma llevada a cabo en 2004-2006.
La reforma no trató de forma sistemática el futuro aumento previsto de la
esperanza de vida. Podrían ejercerse futuras presiones adicionales en el método
de reparto, derivadas de un importante componente relacionado con el mérito en
el cálculo de las pensiones y el mecanismo de indización. Los cambios
introducidos en 2008-2009 en el pilar financiado por capitalización, incluidos
el requisito de que los fondos de pensiones cubran las pérdidas incurridas y la
supresión de la participación obligatoria en el caso de los recién llegados al
mercado laboral, han restado viabilidad a la reforma. El programa nacional de
reforma y el programa de estabilidad contemplan varios ajustes en el sistema de
pensiones, que podrían subsanar sus actuales deficiencias.
(12)
Otro importante desafío es hacer frente al
notable aumento del desempleo antes de que se convierta en estructural. La tasa de desempleo se sitúa actualmente por encima del 14 %. La tasa de desempleo de larga
duración, del 9,2 %, sigue siendo la más alta de la
UE y coexiste con importantes disparidades regionales y desajustes en las
cualificaciones. Aunque el mercado laboral eslovaco opera en condiciones relativamente
flexibles, el Gobierno tiene previsto aumentar esta flexibilidad a través de
modificaciones del Código de Trabajo. La tasa de
desempleo es especialmente elevada en el caso de los trabajadores menos
cualificados, cuya tasa de
empleo es una de las más bajas de la UE. Ello se debe
posiblemente a la cuña fiscal relativamente alta del 34 % aplicable a los salarios
más bajos (el 67 % del salario medio), lo que reduce los incentivos a la
contratación de trabajadores poco cualificados. Además, unas políticas activas
del mercado de trabajo adecuadamente diseñadas y orientadas pueden desempeñar
un papel importante a efectos de la reincorporación de los desempleados al
mercado laboral. Actualmente, la participación en tales políticas y los gastos
correspondientes figuran entre los más bajos de la UE y el seguimiento o la
evaluación de su eficacia es escasa. El Gobierno tiene prevista, antes del
final del presente año, una reforma de los servicios relacionados con el
mercado laboral y las políticas activas de dicho mercado.
(13)
Dada la importancia que reviste la mano de
obra cualificada a la hora de aumentar la competitividad no relacionada con los
precios, Eslovaquia se plantea el ambicioso objetivo de aumentar el porcentaje
de personas con estudios superiores del 17,6 % actual al 40 % de aquí a 2020.
Eslovaquia está reformando su sistema de enseñanza y de formación, incluida la
formación profesional, tal como prevé el programa nacional de reforma, a fin de
reducir los desajustes en las cualificaciones. En cualquier caso, el porcentaje
de personas con estudios superiores sigue siendo muy inferior a la media de la
UE, con el problema añadido de la calidad de la enseñanza, tal como señalan
varios indicadores existentes. El bajo nivel educativo de la comunidad romaní marginalizada
constituye uno de los principales factores que contribuyen al desempleo de larga
duración en Eslovaquia. La participación de personas en edad laboral en planes
de aprendizaje permanente sigue siendo muy baja (un 2,8 %) en comparación con
la media de la UE, lo que parece tener una incidencia negativa en el nivel de
empleo y socava, además, los esfuerzos para reducir el elevado nivel de
desempleo que se registra actualmente.
(14)
El programa nacional de reforma reconoce la
necesidad de fomentar un entorno empresarial que genere un mayor crecimiento en
Eslovaquia, al igual que la necesidad de mejorar el funcionamiento del poder
judicial, dar mayor transparencia a la contratación pública y luchar contra la
corrupción, si bien existen riesgos en cuanto a su aplicación. Sin embargo, no
se trata suficientemente el problema de la debilidad de las instituciones
públicas y, por otro lado, podría hacerse más para la elaboración de políticas
a partir de elementos concretos. En lo que atañe a la Administración pública,
la capacidad insuficiente y la elevada rotación del personal tienden a reducir
su eficacia y transparencia, debilitan su capacidad analítica y dificultan la absorción
eficaz de los fondos de la UE y el uso eficiente de los recursos públicos en
general. Estos factores reducen las posibilidades de crecimiento de la economía
y de su competitividad.
(15)
Eslovaquia ha contraído una serie de
compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus[4], que hacen
referencia a tres áreas del Pacto relevantes para este país: la sostenibilidad
de las finanzas públicas, el empleo y la competitividad. Desde el punto de
vista presupuestario, Eslovaquia se compromete a fomentar la sostenibilidad de
las finanzas públicas a largo plazo y a reforzar el marco presupuestario nacional
mediante la adopción de un nuevo acto jurídico sobre responsabilidad
presupuestaria. Las medidas relativas al empleo consisten en la revisión prevista
del Código de Trabajo, a fin de dar una flexibilidad aún mayor al mercado
laboral. Las medidas relativas a la competitividad se centran en la reducción
de la carga administrativa, la lucha contra la corrupción, una mayor
transparencia de la contratación pública y del poder judicial y una mayor
eficacia del sistema fiscal. Los compromisos antes citados reflejan el programa de reformas establecido en el programa de estabilidad y
en el programa nacional de reforma. Intensifican los proyectos de reforma en
curso relativos al entorno empresarial y al respeto de los derechos y, por otro
lado, abordan la importante cuestión de las pensiones y de la sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas. Estos
compromisos se han evaluado y se han tenido en cuenta en las recomendaciones.
(16)
La Comisión ha evaluado el programa de
estabilidad y el programa nacional de reforma, incluidos los compromisos
contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus[5], y ha tenido en
cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Eslovaquia, sino también su cumplimiento
de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la
gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel
de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este sentido, la Comisión
considera que existen riesgos para la consecución de los objetivos
presupuestarios después de 2011. El esfuerzo de saneamiento debe salvaguardar el
gasto en partidas generadoras de crecimiento y acompañarse de medidas
destinadas a reforzar la gobernanza presupuestaria y la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas. Las nuevas medidas previstas en 2011-2012 deben
centrarse en reforzar los factores internos de crecimiento, abordar el actual
repunte del desempleo, especialmente a través de la reducción de la cuña fiscal
aplicable a los sueldos más bajos y una reforma de las políticas activas del
mercado de trabajo, reducir los desajustes en las cualificaciones, mejorar la
calidad de la enseñanza, la formación y el entorno empresarial y consolidar las
instituciones públicas y su gobernanza.
(17)
A la luz de la presente evaluación, y teniendo
en cuenta también la recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre
de de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de
2011 del programa de estabilidad de Eslovaquia y su dictamen[6] se refleja, particularmente,
en sus recomendaciones (1) a (3) recogidas a continuación. Teniendo en cuenta
las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha
examinado el programa nacional de reforma de Eslovaquia.
RECOMIENDA que Eslovaquia adopte
medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:
(1)
Aplicar el presupuesto de 2011 de acuerdo con
lo previsto e implantar las medidas específicas de carácter permanente previstas
en 2012 y 2013 para reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí
a 2013. Salvaguardar el gasto en partidas generadoras de crecimiento y utilizar
el margen disponible para aumentar los ingresos a través de una mayor
eficiencia de la recaudación del IVA.
(2)
Consolidar la gobernanza presupuestaria
mediante la adopción en 2011 y la aplicación a partir de 2012 de límites
máximos de gastos plurianuales, que cubran a la Administración central y al
régimen de la seguridad social. Además, establecer un Consejo presupuestario
independiente y garantizar la publicación en el momento oportuno de los datos
presupuestarios a todos los niveles de la Administración.
(3)
Potenciar la sostenibilidad a largo plazo de
las finanzas públicas mediante un nuevo ajuste del método de reparto del sistema
de pensiones, en particular a través de la vinculación de la edad de jubilación
con la esperanza de vida, y la creación de incentivos destinados a garantizar
la viabilidad del pilar financiado por capitalización, con el fin de avanzar
hacia la sostenibilidad presupuestaria, garantizando al mismo tiempo unas
pensiones adecuadas.
(4)
Adoptar medidas de apoyo a la contratación de
desempleados poco cualificados a través de la reducción de la cuña fiscal
aplicable a los sueldos más bajos. Además, implantar medidas destinadas a reforzar
la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo con el fin de
mejorar la orientación, el diseño y la evaluación de las políticas activas del
mercado de trabajo, especialmente para los jóvenes y los desempleados de larga
duración.
(5)
Agilizar la aplicación de las reformas
previstas en la enseñanza y la formación, incluida la formación profesional, y
adoptar las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza superior
y su adecuación a las necesidades del mercado. Desarrollar un marco de incentivos
tanto para los trabajadores como para los empresarios, a fin de fomentar la
participación de los trabajadores poco cualificados en planes de aprendizaje
permanente.
(6)
Garantizar la aplicación de las medidas
previstas, destinadas a lograr una aplicación más eficaz de las normas de
contratación pública y una mayor eficacia y transparencia del poder judicial.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO C de , p. .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[4]               Para más detalles sobre los compromisos contraídos en el
marco del Pacto por el Euro Plus, véase SEC(2011) 733.
[5]               Véase SEC(2011) 733.
[6]               Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.