               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 526 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Finlandia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Finlandia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Ese estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones existentes entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Finlandia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 3 y 4 que figuran más adelante. Concretamente, centrar la política económica relacionada con la inversión en los ámbitos especificados contribuirá a responder a la segunda recomendación de la zona del euro en lo que se refiere al apoyo a la inversión, y las medidas para contener el endeudamiento de los hogares ayudarán a atender la cuarta recomendación de la zona del euro en lo que se refiere a la reducción de la deuda privada.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Finlandia
                  2
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Finlandia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Finlandia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 4 de abril de 2019, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, que, sobre la base de la hipótesis de mantenimiento de la política económica, fue presentado por el Gobierno anterior poco antes de las elecciones generales de abril, el Gobierno prevé un saldo global del - 0,3 % del PIB en 2019, frente al 0,7 % del PIB de 2018. Según el Gobierno, se prevé que el saldo siga mejorando en 2020 hasta el 0 %  y que, acto seguido, empeore de nuevo hasta situarse en el - 0,1 % en 2021 y el - 0,3 % en 2022. Sobre la base del saldo estructural recalculado
                  5
               , se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, siga cumpliéndose con creces a lo largo de todo el período cubierto por el programa, teniendo en cuenta los márgenes concedidos para 2019, relativos a la aplicación de las reformas estructurales para las que se permite una desviación temporal. La ratio deuda pública / PIB alcanzó un máximo del 63,4 % en 2015 y disminuyó hasta el 58,9 % en 2018. Según el Programa de Estabilidad de 2019, la ratio de deuda seguirá disminuyendo hasta situarse en el 57,4 % del PIB en 2021. Se prevé que vuelva a aumentar en 2022, hasta el 57,7 % del PIB. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias parece verosímil en general. Los principales riesgos para las previsiones presupuestarias se derivarían de que los costes del envejecimiento sean mayores de lo previsto y a una mayor inflación.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Finlandia que alcanzase el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes relativos a la aplicación de las reformas estructurales para las que se permite una desviación temporal. Esta meta es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  6
                del 2,9 % en 2019, lo que corresponde a un deterioro permitido del saldo estructural del 0,2 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se espera que Finlandia cumpla su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta el margen concedido, relativo a la cláusula de reforma estructural.

               (8)En 2020, en vista de la brecha de producción del 0,8 % del PIB prevista en Finlandia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,9 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,5 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de que Finlandia experimente cierta desviación en 2020. De modo global, el Consejo considera previsible que Finlandia cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y que debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020.

               (9)Debido al envejecimiento de la población y a la disminución de la mano de obra, se prevé que el gasto en pensiones, sanidad y, especialmente, asistencia social (cuidados de larga duración) aumente en las próximas décadas. Según el Informe de Sostenibilidad Presupuestaria de 2018, el aumento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento exigiría un saneamiento presupuestario equivalente al 2 % del PIB para estabilizar la ratio deuda / PIB a largo plazo. El 7 de marzo de 2019, el Parlamento finlandés rechazó la reforma de la administración regional, la sanidad y los servicios sociales, diseñada para hacer frente a estos retos y garantizar la igualdad de acceso y reducir los tiempos de espera. La proporción de necesidades médicas no satisfechas autodeclaradas en Finlandia es superior a la media de la Unión. En particular, los ciudadanos que no forman parte de la población activa están experimentando dificultades para obtener la asistencia médica necesaria, debido a las largas listas de espera.

               (10)En un contexto de disminución de la población en edad de trabajar y aumento de los niveles de puestos vacantes, el mercado de trabajo finlandés está endureciendo sus condiciones. Al mismo tiempo, las tasas de actividad y empleo en Finlandia son menores que en los demás países nórdicos, y el desempleo estructural se mantuvo en el 7 % en 2018. Este fenómeno refleja en parte la inactividad y las trampas del desempleo que impiden un mejor uso de la mano de obra. Entre los principales obstáculos para que la gente vuelva a trabajar se hallan el complejo sistema de prestaciones y la combinación de diferentes tipos de subsidios . Las prestaciones se suprimen gradual y rápidamente en la medida en que aumentan los ingresos, lo que crea el riesgo de que acceder al empleo pueda no ofrecer suficientes incentivos financieros. La incertidumbre sobre el nivel de las prestaciones y el tiempo que se tarda en volver a concederlas reduce el atractivo del trabajo a tiempo parcial o a corto plazo. El experimento de renta básica, cuyos resultados preliminares se publicaron en febrero de 2019, proporciona cierta información para revisar el sistema de seguridad social a fin de combinar mejor las prestaciones con los ingresos.

               (11)Es necesario invertir en la inclusión activa, especialmente de los grupos más alejados del mercado de trabajo, para aumentar la tasa de participación ahora que las tasas de actividad y de empleo están próximas a los niveles anteriores a la crisis. Las reformas integrales destinadas a fomentar la participación en el mercado de trabajo podrían generar mejores oportunidades para algunos grupos en dicho mercado. Se trata de las personas de origen inmigrante, las mujeres en edad fértil, los hombres poco cualificados, las personas parcialmente capacitadas para trabajar y las personas con discapacidad. Algunos servicios para las personas desempleadas e inactivas se encuentran dispersos entre distintas autoridades y proveedores. Ayudar a estos grupos a incorporarse al mercado de trabajo y permanecer en él requiere servicios y políticas de activación y rehabilitación hechas a medida e integradas. Las responsabilidades familiares de larga duración asumidas por las mujeres contribuyen a la brecha de género en materia de empleo y salarios. El Gobierno inició un proceso de reforma del permiso por motivos familiares, pero no lo terminó.

               (12)Garantizar el suministro de mano de obra en una época de cambio demográfico y tecnológico es fundamental para fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo en Finlandia. Invertir en capacidades, especialmente las pertinentes para el mercado de trabajo, contribuiría a superar los retos que plantea el cambio estructural de la economía. Los cambios tecnológicos requieren una formación continua y el reciclaje de la mano de obra a través de formas flexibles de aprendizaje, especialmente centradas en el aprendizaje , la educación y la formación para adultos. Con ello, debería aumentar la movilidad profesional, lo que reduciría la inadecuación de las cualificaciones y ayudaría a satisfacer las futuras necesidades del mercado de trabajo.

               (13)Finlandia corre el riesgo de no alcanzar el objetivo de reciclado de residuos municipales fijado para 2020, que es del 50 %. En particular, los residuos municipales se incineran cada vez más (60 % en 2017 frente al 55 % en 2016).

               (14)Si bien es cierto que el gasto público en investigación y desarrollo se está ahora estabilizando, Finlandia experimentó la disminución más acusada de todos los Estados miembros de la UE desde 2009 en la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. A pesar de la mejora de la situación macroeconómica en los últimos años, todavía no se ha recuperado la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. Una mayor intensidad de la inversión en investigación y desarrollo es un factor clave que permite un cambio estructural para favorecer a los sectores de la economía que requieren un alto nivel de conocimientos y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo. Además, la cooperación entre los centros de enseñanza superior y el sector empresarial sigue siendo uno de los principales escollos para estimular las innovaciones e introducirlas en el mercado.

               (15)Con una población dispersa, los problemas de congestión del transporte pueden impedir que las personas se desplacen para encontrar trabajo. La inversión estratégica en las infraestructuras de transporte puede mejorar la movilidad laboral y, de este modo, reforzar el funcionamiento de los mercados de trabajo. Al mismo tiempo, dado que los costes de transporte tienen repercusiones relativamente elevadas en el precio final de los productos en Finlandia en comparación con otros Estados miembros de la UE, las interconexiones de infraestructuras podrían mejorar el acceso a los mercados extranjeros.

               (16)La inversión estratégica en la descarbonización de los sectores industriales con un uso intensivo de energía y del sector del transporte contribuiría a alcanzar los objetivos a largo plazo en materia de economía y clima. Finlandia es líder en innovación en materia de energía limpia y gasto privado en investigación y desarrollo en este ámbito. Una mayor inversión en algunos de sus programas de energía limpia para 2021, según el compromiso asumido, ayudaría a Finlandia a alcanzar sus objetivos de neutralidad en emisiones de carbono. Además de los ambiciosos objetivos de Finlandia para aumentar la cuota de biocarburantes, la electrificación es una opción rentable para la descarbonización del sector del transporte, habida cuenta de la descarbonización avanzada de la generación de electricidad.

               (17)Los bajos tipos de interés y la mejora de las perspectivas económicas han aumentado el volumen global de préstamos, especialmente a través de las entidades promotoras de viviendas sociales (que proporcionan una forma distintiva de propiedad inmobiliaria). Al mismo tiempo, el crédito al consumo está aumentando rápidamente, y una proporción creciente de estos préstamos la conceden bancos extranjeros, entidades financieras distintas de las entidades de crédito, empresas de préstamos personales y particulares. Por consiguiente, el endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel históricamente elevado (67 % del PIB en 2017). La deuda es predominantemente de tipo variable, lo que constituye un riesgo en caso de subida de los tipos de interés a medio plazo. La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia ha adoptado una serie de medidas para contener el aumento del endeudamiento de los hogares. No obstante, no se espera próximamente una reducción activa de la carga de la deuda, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de interés siguen siendo bajos y que la confianza de los consumidores sigue siendo relativamente sólida.

               (18)En el momento actual, Finlandia no dispone de un registro de crédito completo (es decir, que recopile información tanto positiva como negativa sobre los deudores) que abarque a sus principales bancos. La falta de ese registro puede impedir que los bancos tengan una idea clara del endeudamiento global de los hogares. En el último año se han llevado a cabo algunos trabajos preparatorios para la creación de un registro de ese tipo.

               (19)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las lagunas señaladas en las recomendaciones, sobre todo en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe por país
                  7
               . Además, permitiría a Finlandia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, habida cuenta de las disparidades regionales.

               (20)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Finlandia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (21)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
                  8
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (22)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. mejorar la relación coste-eficacia de los servicios sociales y de asistencia sanitaria y la igualdad de acceso a los mismos;

               2.mejorar los incentivos para aceptar un empleo y potenciar las cualificaciones y la inclusión activa, sobre todo mediante unos servicios bien integrados para las personas desempleadas y las inactivas;

               3.centrar la política económica en materia de inversiones en la investigación y la innovación, las bajas emisiones de carbono, la transición energética y el transporte sostenible, teniendo en cuenta las disparidades regionales;

               4.reforzar la vigilancia de la deuda de los hogares y crear un sistema de registro de créditos.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1025 final

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte uniformemente a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (7)

                        SWD(2019) 1025 final.

                     (8)

                        En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 528 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018-2019 del Reino Unido

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018-2019 del Reino Unido

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2019 sobre el Reino Unido
                  2
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por el Reino Unido de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances del Reino Unido hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 23 de abril de 2019, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2018-2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea. Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, se convertirá en un tercer país. Dada la incertidumbre existente acerca de la fecha y las condiciones de la retirada del Reino Unido, así como acerca de sus relaciones futuras con la UE, el presente documento no realiza elucubraciones sobre las posibles repercusiones económicas de los diferentes escenarios. En caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea en las condiciones que establece el Acuerdo de Retirada, acordado con el Gobierno del Reino Unido y refrendado por el Consejo Europeo (artículo 50) el 25 de noviembre de 2018, el Derecho de la Unión, incluido el Semestre Europeo, seguirá aplicándose al y en el Reino Unido durante el período transitorio fijado por el citado Acuerdo.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda hasta 2019-2020. En su Programa de Convergencia de 2018-2019, el Gobierno prevé que el déficit global aumente del 1,2 % del PIB en 2018-2019 al 1,4 % del PIB en 2019-2020, y que se reduzca al 1,1 % del PIB en 2020-2021. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo presupuestario a medio plazo. Según el Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública / PIB descienda del 85,5 % del PIB en 2018-2019 al 83,3 % del PIB en 2019-2020 y al 82,9 % del PIB en 2020-2021. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Aunque, en conjunto, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos se han expuesto de manera satisfactoria, las crecientes presiones sobre el gasto público
                  5
                en diversos ámbitos amenazan el logro de la reducción del déficit proyectada.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó al Reino Unido que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,6 % en 2019-2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe el riesgo de una importante desviación de los requisitos del componente preventivo en 2019-2020.

               (8)En 2020-2021, en vista de la ratio de deuda pública del Reino Unido por encima del 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción del 0,3 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,9 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa del requisito en 2020-2021. Se espera que el Reino Unido cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2019-2020, de resultas de la desviación anual autorizada del 0,25 %, y la norma de deuda en 2020-2021. En general, el Consejo considera que el Reino Unido ha de estar preparado para adoptar nuevas medidas en 2019-2020 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)El Reino Unido ha sido, durante mucho tiempo, la economía del G7 con menor inversión de capital en porcentaje del PIB. Además, la inversión disminuyó considerablemente durante la crisis financiera, y la recuperación de la inversión privada posterior a la crisis se ha estancado. La intensidad de la inversión en investigación y desarrollo por parte del Reino Unido se situó en torno al 1,7 % del PIB durante la pasada década, por debajo de la media de la UE. La inversión en investigación y desarrollo se concentra en un pequeño número de empresas y regiones. Estas deficiencias de amplia base en capital tanto físico como humano son una causa profunda de que la productividad laboral del Reino Unido sea relativamente baja y esté estancada.

               (10)El Reino Unido registra una persistente escasez de vivienda. La recuperación en la construcción de viviendas que se produjo después de la crisis ha perdido fuerza. Están apareciendo limitaciones de capacidad, al mismo tiempo que la construcción residencial sigue por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda estimada. Los precios de la vivienda y los alquileres siguen siendo elevados, especialmente en las zonas de gran demanda de vivienda, y presentan señales de sobrevaloración. Actualmente, un número significativamente menor de adultos jóvenes es propietario de su vivienda. El Gobierno está aplicando una serie de medidas para aumentar la oferta de viviendas. Al mismo tiempo, tanto la cantidad como la ubicación del suelo disponible para nuevas viviendas siguen limitadas por una regulación estricta del mercado del suelo, en particular en torno a las grandes ciudades.

               (11)Es necesaria una inversión de gran calado para modernizar y ampliar las redes de infraestructura al mismo tiempo que se reducen los costes de los proyectos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen presiones de capacidad crecientes en las redes de transporte viario, ferroviario y aéreo. El Reino Unido necesita renovar significativamente su generación de energía y su capacidad de suministro, además de hacerlas más ecológicas.  El desarrollo de infraestructuras del Reino Unido ha tenido tendencia a ser costoso y lento. Tras décadas de infrainversión por parte de los poderes públicos, el Gobierno está comenzando a abordar el déficit de infraestructuras, pero será difícil asegurar que la cantidad de financiación externa eficiente en términos de costes sea la que indican las proyecciones del Gobierno.

               (12)Si bien el nivel de desempleo es bajo, los salarios reales siguen estando por debajo de su nivel máximo anterior a la crisis. La alta proporción de empleados con baja cualificación tiene escasas perspectivas de progresar profesionalmente, lo cual influye en la productividad y contribuye a los altos niveles de pobreza de las personas empleadas. Existe margen de mejora en la eficacia de los sistemas de educación y formación en cuanto a las cualificaciones básicas y técnicas. El Gobierno está acometiendo reformas tanto en la formación en el aula como en la que se realiza en el lugar de trabajo, pero en general la cifra de matriculaciones en el nuevo sistema dual es mucho menor de lo esperado.

               (13)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018-2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al Reino Unido en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, lo que refleja la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (14)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018-2019, y su dictamen
                  6
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,9 % en 2020-2021, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB.

               2.Centrar la política económica relacionada con la inversión en la innovación y el desarrollo, la vivienda, la formación y la mejora de las capacidades, el transporte sostenible y la transición energética y a una economía con bajos niveles de carbono, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1027 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (6)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 527 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Suecia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Suecia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2019 sobre Suecia
                  3
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Suecia de cara a la puesta en práctica de la recomendación específica por país adoptada por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019
                  4
               . El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. La elevada deuda de los hogares ha seguido aumentando en porcentaje del PIB. En el segundo semestre de 2017, tuvo lugar una corrección de los precios de la vivienda, que desde entonces se han ido estabilizando gradualmente. No obstante, los indicadores de valoración sugieren que los precios de la vivienda siguen siendo elevados en relación con las variables fundamentales. Aunque el sector bancario parece estar adecuadamente capitalizado, una corrección desordenada perjudicaría al sector financiero, dado su fuerte nivel de exposición a las hipotecas de los hogares. En tal caso, los efectos negativos podrían extenderse a los países vecinos, habida cuenta de las interrelaciones financieras sistémicas. La oferta de viviendas sigue estando afectada por los cuellos de botella estructurales existentes y la producción del sector de la construcción ha disminuido. Si bien en los últimos años se han tomado medidas en el ámbito macroprudencial para hacer frente al crecimiento de la deuda hipotecaria, su incidencia resulta hasta ahora limitada. Subsisten ciertas lagunas fundamentales en la actuación de los poderes públicos, en particular en relación con los incentivos fiscales a la adquisición de la vivienda habitual y el funcionamiento de la oferta de viviendas y el mercado del alquiler.

               (3)El 26 de abril de 2019, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y, el 29 de abril de 2019, su Programa de Convergencia de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (5)Suecia está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el gobierno prevé lograr un superávit del 0,6 % del PIB en 2019, que se espera refuerce aún más durante el período cubierto por el programa. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) se prevé que siga alcanzándose con creces durante todo el período del programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 34,5 % en 2019 y siga reduciéndose hasta el 28,2 % en 2022. En principio, unas finanzas públicas saneadas y un crecimiento económico estable serán los principales motores de esa disminución de la ratio deuda pública/PIB. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,5 % del PIB en 2019 y del 0,6 % en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Globalmente, el Consejo considera que Suecia probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

               (6)El endeudamiento de los hogares ha seguido aumentando a partir de unos niveles ya elevados. La deuda de los hogares aumentó un 5,5 % en 2018, alcanzando aproximadamente el 88 % del PIB y el 186 % de la renta disponible, situándose entre las más altas de la UE. Esto se debió principalmente al aumento de los préstamos hipotecarios vinculados a los elevados precios de la vivienda, así como a las distorsiones estructurales que favorecen las adquisiciones inmobiliarias financiadas con créditos hipotecarios. Suecia ha aplicado varias medidas macroprudenciales en los últimos años, entre ellas una norma de reembolso reforzada para las hipotecas con alto endeudamiento, en vigor desde marzo de 2018, y una decisión de elevar la reserva de capital anticíclico de los bancos a partir de septiembre de 2019. No obstante, las medidas adoptadas hasta ahora parecen haber tenido en general poca repercusión en el crecimiento de los préstamos hipotecarios y no se han adoptado medidas para reformar los incentivos fiscales a la propiedad de vivienda y a la deuda hipotecaria.

               (7)Aunque los precios de la vivienda disminuyeron a finales de 2017 y desde entonces se han estabilizado en términos generales, esto es consecuencia de un largo período de fuertes subidas de precios, y las valoraciones siguen estando muy por encima de los indicadores económicos fundamentales. Entre los factores clave de este fenómeno cabe citar los incentivos fiscales que favorecen la propiedad inmobiliaria y la deuda hipotecaria, y la combinación de unas condiciones de crédito flexibles con unos tipos de reembolso hipotecario aún relativamente bajos. A pesar de un aumento significativo de la nueva construcción en los últimos cinco años, sigue habiendo escasez, en particular de viviendas asequibles alrededor de las grandes ciudades. El suministro de viviendas nuevas no ha alcanzado las necesidades previstas a corto plazo, que se estiman en unas 90 000 nuevas viviendas al año para el período 2018-2020. Esta escasez está vinculada a ineficiencias estructurales, como la limitada competencia en el sector de la construcción debido a los obstáculos a la entrada para las pequeñas empresas y las empresas extranjeras y la capacidad de los grandes promotores para controlar los terrenos. El parque de viviendas no se utiliza de manera eficaz. En el mercado del alquiler, dado que los que ya han accedido a una vivienda en alquiler pagan unas rentas inferiores al precio de mercado se produce un efecto de retraimiento que perjudica a quienes la están buscando. Por lo que respecta al mercado de viviendas para uso propio, los impuestos sobre las plusvalías reducen la movilidad de los propietarios. La escasez de vivienda dificulta el cambio de empleo y puede contribuir a la desigualdad intergeneracional. Las autoridades suecas siguen aplicando gradualmente el «plan de 22 puntos» encaminado a aumentar la construcción de viviendas y mejorar la eficiencia del sector. Hasta la fecha no se han adoptado medidas concretas para liberalizar la estricta reglamentación del mercado de alquiler y revisar el impuesto sobre el capital de las viviendas ocupadas por sus propietarios, aunque en enero de 2019 el nuevo gobierno anunció sus planes para introducir reformas en estos ámbitos, a falta de que se lleve a cabo una investigación preparatoria.

               (8)En algunos sectores empieza a observarse una escasez de mano de obra, como en la construcción, la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Garantizar el suministro de capital humano especializado resulta vital para apoyar la inversión en investigación y desarrollo, así como la digitalización. Invertir en educación y competencias, entre ellas las competencias digitales, ayudará a abordar estos retos. Hasta ahora, los resultados educativos han mejorado un poco, pero hay una brecha grande y creciente en los resultados educativos entre los distintos grupos sociales. La evolución demográfica dará lugar a un aumento del número de alumnos, lo que exacerbará la actual escasez de profesores. La situación de los migrantes extracomunitarios y sus descendientes y los efectos de los programas recientemente adoptados merecen un seguimiento más estrecho, ya que siguen planteando problemas la integración escolar de los alumnos nacidos en el extranjero y la inclusión sostenible en el mercado laboral de los trabajadores poco cualificados y extracomunitarios (en particular las mujeres).

               (9)Mantener las inversiones en infraestructuras de transporte puede contribuir a mejorar la movilidad laboral, la cohesión regional y el mercado de la vivienda, y fomentar el crecimiento de la productividad de Suecia a largo plazo. El gobierno ha anunciado importantes inversiones en infraestructuras de transporte a través del plan nacional de infraestructuras 2018-2029 para mejorar los distintos modos de transporte (en particular, el ferrocarril y las carreteras). El plan incluye importantes inversiones para mejorar el sistema ferroviario, promoviendo el paso del transporte de mercancías por carretera hacia el ferrocarril, lo que además contribuye a reducir las emisiones. Para asegurar la posición de Suecia como líder en innovación es fundamental mantener unos altos niveles de inversión en investigación y desarrollo, unas condiciones marco favorables y una base de innovación más amplia. El modelo de innovación de Suecia se ha basado tradicionalmente en un número limitado de grandes empresas tecnológicas de nivel mundial. Sería importante crear un entorno que favorezca también el potencial de innovación de las pymes y de las empresas emergentes. La capacidad de innovación de Suecia también podría mejorarse mediante una mayor colaboración entre el mundo académico y las pymes.

               (10)La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una prioridad para Suecia en el contexto de un escándalo de blanqueo relacionado con una de las mayores entidades financieras del país. Los supervisores financieros de Suecia y Estonia han iniciado una investigación conjunta, junto con sus homólogos de Letonia y Lituania. Si bien el marco sueco para la lucha contra el blanqueo de capitales se ha reforzado en 2017, al entrar en vigor la ley sobre blanqueo de capitales, sigue siendo importante seguir trabajando para detectar y corregir cualquier deficiencia del marco actual. Siguen existiendo retos y el supervisor debe seguir adoptando medidas y directrices adicionales sobre la manera de reforzar la supervisión en este ámbito. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas.

               (11)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría ayudar a solventar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
                  8
               . Ello permitiría a Suecia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, habida cuenta de las disparidades regionales.

               (12)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Suecia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la misma incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (13)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019, y estima que cabe esperar que Suecia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (14)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Convergencia de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Hacer frente a los riesgos relacionados con el endeudamiento de los hogares, mediante la limitación gradual de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses hipotecarios o el aumento de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles. Estimular la inversión en la construcción de viviendas, donde la escasez es más acuciante, en particular mediante la eliminación de los obstáculos estructurales a la construcción. Mejorar la eficiencia del mercado de la vivienda, en particular introduciendo más flexibilidad en los precios de alquiler y revisando la concepción del impuesto sobre las plusvalías.

               2.Centrar la política económica relacionada con la inversión en la educación y las competencias, manteniendo la inversión en transporte sostenible para mejorar los distintos modos de transporte, en particular los ferrocarriles, y la investigación y la innovación, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               3.Garantizar la supervisión efectiva y la ejecución del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1026 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        SWD(2019) 1026 final.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 502 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Bulgaria

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Bulgaria

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2019 sobre Bulgaria
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                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Bulgaria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019
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               . El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos. A las vulnerabilidades del sector financiero se añaden, en particular, un elevado endeudamiento y un gran volumen de préstamos no productivos en el sector empresarial. Si bien se han producido avances a la hora de enfrentarse a las fuentes de los desequilibrios, será fundamental aplicar plenamente las reformas de la supervisión y gobernanza emprendidas recientemente en el sector financiero, tanto bancario como no bancario, y hacer un seguimiento de las mismas.

               (3)El 24 de abril de 2019, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (5)Bulgaria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé que se pase de un superávit general del 2 % del PIB en 2018 a un déficit del 0,3 % del PIB en 2019 y a unos superávits respectivos del 0,4 % del PIB en 2020, el 0,2 % en 2021 y el 0,1 % en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) siga superándose durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2019, la ratio deuda pública / PIB debería disminuir gradualmente del 22,6 % del PIB en 2018 al 16,7 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,7 % del PIB en 2019 y del 0,6 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo considera que Bulgaria probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

               (6)Tanto los ingresos tributarios como el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias están aumentando, y hay una serie de iniciativas en marcha. No obstante, la recaudación no parece estar mejorando al mismo ritmo en todos los sectores. En particular, no lo está haciendo en los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones a la seguridad social, así como en algunas categorías de impuestos especiales. También se ha evidenciado que el trabajo no declarado y el comercio ilícito de combustible siguen constituyendo un problema. El mantenimiento de los esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos y la adopción de medidas específicas adicionales para hacer frente a las dificultades en ámbitos específicos del sistema tributario revisten una importancia capital para reducir la aún significativa economía sumergida.

               (7)El Gobierno ha tomado medidas para mejorar la eficacia del gasto público. El Banco Mundial completó una revisión del gasto concerniente a una serie de instituciones públicas (ministerios y municipios) y dos estudios piloto, sobre la policía y el servicio de lucha contra incendios y sobre las aguas residuales, y elaboró un manual para la realización de revisiones por parte del Gobierno en el futuro. En la estrategia presupuestaria a medio plazo de 2018, el Gobierno introdujo una serie de nuevos indicadores de rendimiento para evaluar las repercusiones del gasto sobre los diferentes ámbitos de actividad a lo largo del tiempo y para informar la evaluación y la planificación del presupuesto. Se espera que la continuación de esas iniciativas aumente la calidad, la eficiencia y la transparencia del gasto público, y como consecuencia de ello se incrementen, a su vez, la cantidad y la calidad de los bienes públicos.

               (8)Las empresas estatales adolecen de una gobernanza empresarial débil, que también se refleja en gran medida en sus resultados económicos. El marco normativo de la gobernanza empresarial de las empresas estatales está siendo objeto de una reforma, en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con el apoyo del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea. La reforma tiene por objeto abordar las deficiencias actuales adaptando la legislación nacional a las directrices de gobernanza empresarial de la OCDE paras las empresas estatales. La adopción y la aplicación eficaz del marco garantizarán la continuidad y serán cruciales para el éxito de la reforma.

               (9)En un entorno económico favorable, las ratios de liquidez y de capital de los bancos, por término medio, experimentaron una mejora. Paralelamente, se registró un descenso de los préstamos no productivos por parte de las sociedades no financieras, aunque la cifra sigue siendo elevada. Si bien el mercado secundario de préstamos no productivos ha incrementado su dinamismo, no se han adoptado medidas políticas específicas a tal efecto. Las medidas de seguimiento derivadas de las revisiones del sector financiero han reforzado el sector bancario, pero siguen persistiendo algunas vulnerabilidades. Las nuevas iniciativas en materia de regulación tomadas en 2018 incluyeron las normas aplicables a las grandes exposiciones y la identificación de los clientes conexos, un aumento de la tasa de reserva de capital anticíclica e instrumentos macroprudenciales para las medidas basadas en los prestatarios. Como seguimiento de las iniciativas legislativas sobre las exposiciones de partes vinculadas, los esfuerzos de supervisión continuados con el fin de limitar los préstamos a las partes vinculadas y sancionar las infracciones de las disposiciones sobre garantías son fundamentales para dar apoyo a las buenas prácticas empresariales. El refuerzo del marco de resolución bancaria es otra medida pendiente que contribuirá a la resiliencia del sector financiero.

               (10)Completar la reforma del marco aplicable a la insolvencia podría ayudar a reducir el elevado nivel de deuda pendiente del sector privado y la aún alta proporción de préstamos no productivos. La falta de algunos elementos reduce la eficiencia y la eficacia del marco aplicable a la insolvencia, lo que supone que los procedimientos de insolvencia son lentos y costosos. Al mismo tiempo, la ausencia de unos instrumentos de vigilancia adecuados impide un análisis correcto de los procedimientos de insolvencia y previos a la insolvencia, tanto los que están en curso como los nuevos, y no permite determinar los obstáculos o debilidades concretos. En octubre de 2018, Bulgaria solicitó la asistencia del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea para que le ayudase a avanzar en la reforma del marco aplicable a la insolvencia. El proyecto ha detectado deficiencias en el marco aplicable a la insolvencia y elaborará una hoja de ruta para subsanarlas. Es importante mantener el impulso de las reformas y aplicar la hoja de ruta resultante.

               (11)Bulgaria ha adoptado modificaciones legislativas en 2018 y está trabajando para lograr una transposición totalmente conforme de la Directiva 2018/849 (cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales). Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas. Las autoridades aún no han finalizado y notificado la evaluación nacional de riesgos, que constituye una piedra angular de la concepción de políticas nacionales adecuadas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, la evolución reciente del sector bancario indica la necesidad de reforzar la supervisión nacional de las transacciones financieras internacionales y de garantizar la aplicación efectiva del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Es menester dar una mejor respuesta al riesgo de corrupción, que es un delito accesorio al blanqueo de capitales. Las autoridades búlgaras tendrán que mostrar resultados concretos y presentar un historial sustentado por decisiones firmes en casos de corrupción de alto nivel. El recurso a la investigación financiera y a la elaboración de perfiles financieros es limitado.

               (12)Se está reformando la supervisión no bancaria. En septiembre de 2017, la Comisión de Supervisión Financiera adoptó un plan de acción para la reforma de la supervisión financiera no bancaria, en cooperación con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. La implementación y la ejecución plenas y oportunas del plan de acción, que aún están en curso, contribuirán a una supervisión adecuada del sector financiero no bancario. Se están llevando a cabo modificaciones de la legislación secundaria con el fin de mejorar las normas de valoración y su aplicación. Su implementación y ejecución efectivas servirían para afrontar los problemas detectados en materia de valoración que aún persisten. Por último, la supervisión a nivel de grupo sigue siendo una dificultad en lo que respecta a garantizar la adecuación de una supervisión de seguros basada en el riesgo.

               (13)El sector de los seguros de vehículos presenta algunas vulnerabilidades. Unas normas sobre compensación bien especificadas facilitarían que los jueces pudieran tomar decisiones sobre asuntos individuales con un planteamiento más armonizado. A más largo plazo, dicha metodología ayudaría a reducir los costes, la volatilidad y el riesgo de suscripción en la línea de negocio de seguros de vehículos con cobertura de daños a terceros. La sostenibilidad del sector también se beneficiaría de una mejora del sistema de fijación de precios que tenga en cuenta el historial de conducción de los clientes. La Comisión de Supervisión Financiera ha propuesto un sistema de bonus-malus, que está siendo sometido a un amplio debate público de resultado incierto. Por último, la liquidez de la «Oficina Nacional de la Carta Verde» ha suscitado importantes preocupaciones, fundamentalmente debido a que dos aseguradoras búlgaras han dejado siniestros impagados. El cumplimiento estricto de sus obligaciones por parte de todos los miembros es crucial para la credibilidad y la eficiencia del sistema.

               (14)Las infraestructuras adolecen de una importante falta de inversiones. La cobertura y la calidad de las infraestructuras de transporte han mejorado, pero aún se encuentran por debajo de la media de la UE. La Red Transeuropea de Transporte en Bulgaria aún está incompleta. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado de manera importante durante los últimos cinco años. Es necesario seguir desarrollando tramos viarios y ferroviarios y los respectivos sistemas de gestión del tráfico ferroviario y sistemas de transporte inteligente europeos. Bulgaria tiene unos bajos índices de conexión y tratamiento de aguas residuales urbanas y unos niveles elevados de contaminación del aire y de vertido de los residuos municipales, mientras que su tasa de reciclaje es considerablemente inferior a la media de la UE. Es necesario invertir en la promoción de una gestión sostenible de las aguas, la eficiencia de los recursos y la transición a una economía circular. Además, las necesidades de inversión en los ámbitos de la energía y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él son considerables. La alta intensidad energética de la economía y la lentitud de los avances en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, en particular en el sector de la construcción, están mermando la productividad y la competitividad de las empresas del país. Por tanto, se deben redoblar los esfuerzos para garantizar unos ahorros de energía significativos a través de inversiones orientadas a los sectores industrial, de la construcción y del transporte. El aumento de las inversiones en infraestructuras energéticas limpias (como una generación de energía eléctrica limpia e hipocarbónica y las redes inteligentes), en consonancia con las prioridades establecidas en el proyecto de plan nacional búlgaro para el clima y la energía, contribuirían a mejorar la competitividad general de la economía y la calidad de vida de la población.

               (15)A pesar de un incremento en el presupuesto público dedicado a investigación en 2018, el gasto en investigación y desarrollo sigue siendo muy bajo tanto en el sector público como en el privado. La inversión privada en investigación y desarrollo está dominada por grandes empresas multinacionales y concentrada en la región de la capital. El lento ritmo de aplicación de las reformas y la elevada fragmentación del sistema de investigación, desarrollo e innovación obstaculizan la contribución de la inversión en investigación y desarrollo a la productividad y el crecimiento. Las numerosas universidades e institutos de investigación siguen obteniendo malos resultados en investigación científica de alta calidad. Los vínculos entre ciencia y empresa siguen siendo débiles y la disponibilidad de capital humano en el sistema de investigación y desarrollo es un gran motivo de preocupación. Los clústeres y su potencial en Bulgaria están infradesarrollados, dado que con frecuencia les falta masa crítica. Nuevas reformas, combinadas con una gobernanza eficiente y una inversión pública más eficaz, pueden maximizar los efectos sobre la productividad y mejorar la competitividad de la economía. Además, mejorar la digitalización de las empresas e introducir nuevos modelos de negocio es crucial para la productividad del país.

               (16)Las reformas de la administración pública y de la administración electrónica siguen siendo lentas, lo que está dando lugar a una insuficiencia de las mejoras y a que persista la debilidad del entorno empresarial. Se ha adoptado una serie de reformas, pero su aplicación práctica se está ralentizando. Las deficiencias institucionales, la incertidumbre en lo que respecta a la regulación, la corrupción y una oferta de mano de obra insuficiente siguen estando entre los principales obstáculos a la inversión. La gobernanza del sector público podría beneficiarse de una mayor transparencia, unas normas más claras y una perspectiva a largo plazo. También son evidentes las deficiencias en el ámbito de los ensayos sobre productos y de la seguridad, debido a la limitación de los medios financieros y humanos. Además, aunque la inmensa mayoría de las medidas incluidas en la estrategia nacional de contratación pública ya han sido adoptadas, su aplicación exige que el seguimiento, el control y la evaluación sean continuos. El frecuente uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas representan una amenaza para la transparencia y la eficacia del sistema. La capacidad administrativa del sector de la contratación pública supone actualmente un desafío, como también la profesionalización de los compradores públicos y las adquisiciones agregadas. El importante retraso en la adopción de la contratación electrónica está impidiendo una mejora más acusada de la transparencia y la eficiencia de los procedimientos de contratación pública.

               (17)El mercado de trabajo ha mejorado, pero sigue presentando deficiencias. La tasa de empleo ha alcanzado su máximo nivel desde que Bulgaria se adhirió a la UE, y la tasa de desempleo es inferior a la media de la UE. Pese a esos avances positivos, algunos grupos, como las personas con baja cualificación, los jóvenes, los romaníes y las personas con discapacidad, aún se enfrentan a dificultades para encontrar un empleo. Se están aplicando medidas específicas de apoyo a los desempleados de larga duración, que representaban el 3 % de la población activa en 2018. Una combinación de medidas de divulgación eficaces y sostenibles, políticas activas del mercado de trabajo e integración de los servicios sociales y los de empleo podría mejorar la empleabilidad de los grupos desfavorecidos y sus posibilidades de encontrar trabajo.

               (18)El aumento de la escasez de personal cualificado en Bulgaria justifica unas inversiones importantes. La empleabilidad de los jóvenes podría aumentar si mejorasen la calidad y la eficacia de los períodos de formación y de aprendizaje en empresas. Además, la participación de la población adulta en medidas de mejora de capacidades y reciclaje profesional es muy baja. Pese a las medidas adoptadas para fomentar la adquisición de competencias digitales, el nivel de Bulgaria a ese respecto (solo el 29 % de la población búlgara posee competencias digitales básicas, frente el 57 % de media en la UE) sigue entre los más bajos de la Unión.

               (19)A pesar de la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la fijación del salario mínimo y de varias rondas de negociaciones mantenidas en 2018, los empresarios y los sindicatos aún tienen posiciones encontradas en lo que respecta a los criterios que deben aplicarse al determinar el salario mínimo. Existe margen para un mayor consenso sobre un mecanismo de fijación de salarios objetivo y transparente. Al mismo tiempo, pese a que la implicación de los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de las políticas y las reformas parece haber aumentado, sigue siendo necesario mantener un apoyo continuo a un diálogo social reforzado.

               (20)Los resultados educativos aún son malos y siguen estando fuertemente influidos por la situación socioeconómica de los padres. Esto es reflejo de las dificultades en relación con la calidad y el carácter inclusivo del sistema de educación y formación. El nivel de inversión de Bulgaria en educación es insuficiente, en particular en educación preescolar y primaria, dos niveles fundamentales para crear igualdad de oportunidades desde una edad temprana. El acceso a una educación y unos cuidados infantiles de calidad es escaso, especialmente en el caso de los romaníes y de los niños de otros grupos desfavorecidos. La tasa de abandono escolar prematuro aún es elevada, lo que conlleva consecuencias negativas para la empleabilidad futura y los resultados del mercado de trabajo. La pertinencia de la formación profesional para el mercado de trabajo y la disponibilidad de formación profesional dual siguen siendo insuficientes. Aunque se están aplicando algunas medidas, se necesitan mayores esfuerzos para garantizar que el conjunto de capacidades que adquieren los titulados superiores pueda solucionar la escasez de capacidades a corto y medio plazo de forma consistente. Se han puesto en marcha medidas para reciclar al profesorado y aumentar el atractivo de la profesión. No obstante, los programas educativos iniciales y continuos para los profesores tienen que mejorarse, y aún es necesario realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo del personal del sector educativo.

               (21)Bulgaria aún se enfrenta a una elevada desigualdad de ingresos y de riesgo de pobreza o exclusión social. Pese a haber registrado un descenso, la tasa de pobreza o exclusión social de 2018 fue del 32,8 %, aún superior a la media de la UE. El sistema de seguridad social no alcanza a todas las personas que trabajan y el sistema de protección social es insuficiente para abordar todas las cuestiones significativas de índole social, lo que refleja el bajo nivel de gasto social, la disponibilidad dispar de servicios sociales en las distintas partes del territorio y los limitados efectos redistributivos del sistema tributario. En 2018, los ingresos del 20 % más rico de la población eran 7,7 veces superiores a los del 20 % más pobre, una diferencia que aún está entre las mayores de la UE. A pesar de esas medidas, la adecuación y la cobertura de la renta mínima siguen siendo limitadas y aún se echa en falta un mecanismo objetivo para su actualización periódica. Los servicios sociales adolecen de baja calidad y de falta de un enfoque integrado en favor de la inclusión activa. Persisten las disparidades en el acceso a los servicios sociales, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. Esto socava su capacidad de proporcionar un apoyo completo a los más vulnerables, como los romaníes, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las personas que viven en zonas rurales. Parte de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible. En consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para fomentar la inclusión activa, promover la integración socioeconómica de los grupos vulnerables, incluidos los romaníes, mejorar el acceso a servicios de calidad y hacer frente a la privación material.

               (22)El sector de la asistencia sanitaria aún se caracteriza por el bajo nivel de gasto público. La población búlgara sufre limitaciones en el acceso a la asistencia sanitaria causadas por la distribución desigual de los limitados recursos y el bajo grado de cobertura de los seguros de salud. Los pagos directos son considerables, ya que tienen que compensar el reducido gasto público. La baja disponibilidad de médicos de cabecera restringe la prestación de atención primaria y hay una significativa escasez de enfermeros, cuya cifra per cápita está entre las más bajas de la UE. Una aplicación más rápida y eficaz de la estrategia nacional de salud serviría para hacer frente a esos puntos débiles.

               (23)En el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria, aunque son relevantes para el desarrollo de un entorno empresarial positivo en el país. El informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación de noviembre de 2018 señalaba que Bulgaria había perseverado en sus esfuerzos de reforma del sistema judicial y de subsanación de las deficiencias en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, pero que era necesario redoblarlos en otros ámbitos. La Comisión espera evaluar de nuevo los avances a principios del otoño de 2019.

               (24)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias expuestas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Bulgaria aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

               (25)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (26)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019 y estima que cabe esperar que Bulgaria cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (27)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Convergencia de 2019. Sus recomendaciones, formuladas con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendación 2 que figura a continuación.

               RECOMIENDA que Bulgaria tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Mejorar la recaudación tributaria a través de medidas específicas en ámbitos como los impuestos sobre el combustible y sobre el trabajo. Mejorar la gobernanza de las empresas estatales mediante la adopción y la subsiguiente aplicación de legislación.

               2.Garantizar la estabilidad del sector bancario mediante el refuerzo de la supervisión, la promoción de una valoración de activos adecuada, incluidas las garantías bancarias, y la promoción de un mercado secundario operativo para los préstamos no productivos. Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Reforzar el sector financiero no bancario mediante la aplicación efectiva de la supervisión basada en el riesgo, las recientemente adoptadas directrices de valoración y la supervisión a nivel de grupo. Aplicar la futura hoja de ruta para abordar las deficiencias detectadas en su marco aplicable a la insolvencia. Fomentar la estabilidad del sector de los seguros de vehículos, haciendo frente a las dificultades del mercado y a las debilidades estructurales persistentes.

               3.Centrar la política económica relacionada con la inversión en la investigación y el desarrollo, el transporte, en particular su sostenibilidad, las infraestructuras relacionadas con el agua, los residuos y la energía y la eficiencia energética, teniendo en cuenta las disparidades regionales y mejorando el entorno empresarial.

               4.Aumentar la empleabilidad mediante el refuerzo de las competencias, incluidas las digitales. Mejorar la calidad, la pertinencia para el mercado de trabajo y la inclusividad de la educación y la formación, en particular para los romaníes y otros grupos desfavorecidos. Abordar la inclusión social mejorando el acceso a la integración de los servicios de empleo y los servicios sociales y aumentando la eficacia del apoyo a la renta mínima. Mejorar el acceso a los servicios sanitarios, entre otras medidas reduciendo los pagos directos y haciendo frente a la escasez de profesionales de la salud.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1001 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        SWD(2019) 1001 final.