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32003H0734

Recomendación de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la modificación del diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación [notificada con el número C(2003) 3388]

Diario Oficial n° L 264 de 15/10/2003 p. 0038 - 0039

Recomendación de la Comisiónde 29 de septiembre de 2003sobre un procedimiento común para la modificación del diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación(1)[notificada con el número C(2003) 3388](Los textos en lengua alemana, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca son los únicos auténticos)(2003/734/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 211,Considerando lo siguiente:(1) De conformidad con el apartado 2 del artículo 106 del Tratado, los Estados miembros pueden emitir monedas, estando sometido su volumen de emisión a la aprobación del Banco Central Europeo.(2) En virtud de la segunda frase del apartado 2 del artículo 106 del Tratado, el Consejo adoptó medidas armonizadoras en este ámbito mediante el Reglamento (CE) n° 975/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación(2), modificado por el Reglamento (CE) n° 423/1999(3).(3) Con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) n° 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro(4), modificado por el Reglamento (CE) n° 2596/2000(5), las monedas denominadas en euros y en céntimos de euro que cumplan las denominaciones y especificaciones técnicas serán las únicas monedas de curso legal en todos los Estados miembros "participantes", según se define en este Reglamento. Tras haber sido puestas en circulación el 1 de enero de 2002, estas monedas han circulado en toda la zona del euro.(4) El Consejo de Economía y Finanzas informal de Verona, celebrado en abril de 1996, acordó que las monedas en euros tendrían una cara común europea en el reverso y una cara nacional distintiva en el anverso. Los diseños comunes de las distintas denominaciones fueron elegidos por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros en el Consejo Europeo de Amsterdam de diciembre de 1997, tras la celebración de un concurso organizado por la Comisión. Los diseños de las caras nacionales de las monedas en euros fueron decididos por cada Estado miembro.(5) El Consejo acordó el 23 de noviembre de 1998 que "debería haber una moratoria en relación con las emisiones de monedas conmemorativas destinadas a la circulación durante los primeros años de existencia de los nuevos billetes y monedas". Las monedas conmemorativas en euros son monedas destinadas a la circulación y cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento (CE) n° 975/98, mientras que el diseño nacional tipo del anverso se sustituye por un diseño nacional diferente, conmemorativo de un determinado acontecimiento o personalidad.(6) La existencia de un procedimiento común acordado para modificar el diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación podrá contribuir, en particular, a garantizar que las partes que manejan monedas a título profesional y el público en general sean informados con suficiente antelación de las futuras modificaciones de esta naturaleza.(7) Se ha consultado a los Estados miembros sobre el procedimiento común establecido en la presente Recomendación con el fin de tener en cuenta las diferentes tradiciones y preferencias nacionales en este ámbito. El procedimiento común proporciona margen suficiente a los Estados miembros para mantener dichas tradiciones.(8) Las emisiones de monedas conmemorativas deberán conmemorar únicamente acontecimientos o personalidades de la máxima relevancia, dado que tales monedas circularán en toda la zona del euro. Unos temas menos importantes deberán destinarse preferentemente a las monedas de colección.(9) La limitación de las emisiones de monedas conmemorativas destinadas a la circulación a una única denominación corresponde a un procedimiento en vigor en algunos Estados miembros y crea un marco apropiado para dichas emisiones. La moneda de dos euros constituye la moneda más adecuada para este propósito, sobre todo teniendo en cuenta su gran diámetro y sus características técnicas, que ofrecen una protección adecuada contra la falsificación.(10) Es necesario establecer volúmenes máximos de emisión de monedas conmemorativas destinadas a la circulación para garantizar que dichas monedas representen un pequeño porcentaje del número total de las monedas de dos euros en circulación. Al mismo tiempo, los límites máximos deben permitir la emisión de una cantidad suficiente de monedas con el fin de garantizar que las monedas conmemorativas puedan circular realmente, al menos durante un cierto período.(11) La Comunidad ha celebrado convenios monetarios con el Principado de Mónaco, la República de San Marino y el Estado de la Ciudad del Vaticano que permiten a estos Estados emitir ciertas cantidades de monedas en euros destinadas a la circulación. El procedimiento común también debe ser aplicable a las monedas destinadas a la circulación que son emitidas por estos Estados.RECOMIENDA:Artículo 1Modificación de las caras nacionales de las monedas normales en euros destinadas a la circulaciónSin perjuicio del artículo 2 de la presente Recomendación, los diseños de las caras nacionales en el anverso de las monedas en euros o en céntimos de euro destinadas a la circulación no deberán modificarse hasta el final de 2008, salvo en el caso de que se produzca un cambio del Jefe del Estado cuya efigie figura en las monedas. Antes de finalizar este período, la Comisión deberá preparar una revisión con el fin de examinar si esta moratoria debe prolongarse o si debe introducirse un procedimiento diferente.Artículo 2Emisión de monedas conmemorativas en euros destinadas a la circulaciónA partir de 2004, la emisión de monedas conmemorativas en euros destinadas a la circulación con una cara nacional en el anverso distinta de la de las monedas normales en euros destinadas a la circulación deberá cumplir los requisitos siguientes:a) el número de emisiones se limitará a una por Estado emisor y por año, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso i) de la letra c). Este límite no se aplicará a las posibles monedas conmemorativas en euros destinadas a la circulación que hayan sido emitidas colectivamente por todos los países de la zona del euro;b) la moneda de dos euros será la única moneda empleada para dichas emisiones;c) el número total de monedas puestas en circulación en cada emisión no deberá rebasar el mayor de los dos límites máximos siguientes:i) el 0,1 % del número total de monedas de dos euros puestas en circulación por todos los Estados emisores hasta el inicio del año anterior al año de emisión de la moneda conmemorativa. Este límite se aumentará hasta el 2,0 % del volumen total de monedas de dos euros en circulación en todos los Estados emisores si se conmemora un acontecimiento altamente simbólico y de alcance realmente mundial, en cuyo caso el emisor se abstendrá de realizar otra emisión similar de monedas conmemorativas destinadas a la circulación durante los cuatro años siguientes, debiendo además explicar los motivos para optar por aumentar el límite máximo en el contexto de las normas de información previa contempladas en la letra b) del artículo 3;ii) el 5,0 % del número total de monedas de 2 euros puestas en circulación por el Estado emisor afectado hasta el inicio del año anterior al año de emisión de la moneda conmemorativa.Artículo 3Diseño de las caras nacionales y publicación de las futuras modificacionesLas siguientes reglas deberán aplicarse a todas las monedas denominadas en euros o en céntimos de euro destinadas a la circulación:a) de conformidad con el procedimiento establecido, la cara nacional deberá llevar 12 estrellas alrededor del diseño y la marca del año de emisión;b) la Comisión deberá ser informada sobre las modificaciones previstas del diseño de las caras nacionales en el anverso de las monedas en euros al menos seis meses antes de la emisión de las monedas. La Comisión someterá al Comité económico y financiero la aprobación de todas las emisiones de monedas conmemorativas destinadas a la circulación cuyo volumen de emisión previsto sea superior al límite del 0,1 % mencionado en el inciso i) de la letra c) del artículo 2;c) toda la información pertinente sobre los nuevos diseños de las caras nacionales de las monedas deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 4DestinatariosEl Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa y la República de Finlandia serán los destinatarios de la presente Recomendación.Hecho en Bruselas, el 29 de septiembre de 2003.Por la ComisiónPedro Solbes MiraMiembro de la Comisión(1) Véase también una Comunicación de la Comisión relativa a esta Recomendación (DO C 247 de 15.10.2003).(2) DO L 139 de 11.5.1998, p. 6.(3) DO L 52 de 27.2.1999, p. 2.(4) DO L 139 de 11.5.1998, p. 1.(5) DO L 300 de 29.11.2000, p. 2.


title: Recomendación de la Comisión, de 10 de abril de 2008 , sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación [notificada con el número C(2008) 1329] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               5.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 146/19

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 10 de abril de 2008
   sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación
   [notificada con el número C(2008) 1329]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/416/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 165,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Con motivo del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 2005, los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron el papel clave que podrían desempeñar unas mejores relaciones entre los organismos públicos de investigación —y en concreto, las universidades— y la industria para facilitar la difusión y la utilización de las ideas en una sociedad del conocimiento dinámica y para mejorar la competitividad y el bienestar.

               (2)

               Es preciso hacer un esfuerzo para convertir mejor los conocimientos en beneficios socioeconómicos. Para ello, los organismos públicos de investigación deben difundir y explotar más eficazmente los resultados de la investigación financiada con fondos públicos a fin de transformarlos en nuevos productos y servicios. Entre los medios para realizar este objetivo cabe citar, en particular, las colaboraciones entre el mundo académico y la industria —investigación en régimen de colaboración o bajo contrato llevada a cabo o financiada conjuntamente con el sector privado—, la concesión de licencias y la creación de empresas derivadas.

               (3)

               En la práctica, la explotación de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos depende de una gestión adecuada de la propiedad intelectual (es decir, de los conocimientos en el sentido más amplio, incluidos los inventos, los programas informáticos, las bases de datos y los microorganismos, estén o no protegidos por instrumentos jurídicos, como las patentes), del desarrollo de una cultura empresarial y de las cualificaciones conexas en los organismos públicos de investigación, así como de una mejor comunicación e interacción entre los sectores público y privado.

               (4)

               La participación activa de los organismos públicos de investigación en la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos es esencial para generar beneficios socioeconómicos, así como para atraer a estudiantes y científicos y más financiación para la investigación.

               (5)

               En los últimos años, los Estados miembros han adoptado iniciativas para facilitar la transferencia de conocimientos a nivel nacional, pero las significativas discrepancias entre los marcos normativos, las políticas y las prácticas nacionales, así como la variedad de normas aplicadas a la gestión de la propiedad intelectual en los organismos públicos de investigación han impedido o dificultado la transferencia transnacional de conocimientos en Europa y la realización del Espacio Europeo de la Investigación.

               (6)

               Por lo tanto, tras la Comunicación de 2007 de la Comisión (1), en la que se exponían planteamientos relativos a un marco europeo común para la transferencia de conocimientos, el Consejo Europeo pidió a la Comisión, en junio de 2007, que elaborase directrices sobre la gestión de la propiedad intelectual por los organismos públicos de investigación en forma de Recomendación a los Estados miembros.

               (7)

               La finalidad de la presente Recomendación es ofrecer a los Estados miembros y sus regiones orientaciones políticas para el desarrollo o la actualización de las directrices y los marcos nacionales, así como un Código de buenas prácticas para los organismos públicos de investigación, a fin de mejorar la manera en que estos gestionan la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos.

               (8)

               La colaboración en el ámbito de la investigación y el desarrollo así como las actividades de transferencia de conocimientos entre la Comunidad y terceros países deben basarse en recomendaciones y prácticas claras y uniformes que garanticen un acceso equitativo y justo a la propiedad intelectual generada mediante colaboraciones internacionales en el campo de la investigación, en beneficio mutuo de todas las partes interesadas. El Código de buenas prácticas adjunto debería utilizarse como referencia en ese contexto.

               (9)

               Se han identificado una serie de buenas prácticas que deberían ayudar a los Estados miembros a aplicar la presente Recomendación. Corresponde a cada Estado miembro elegir las prácticas y los procedimientos más idóneos para garantizar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente Recomendación, valorando lo que resultaría más eficaz en el contexto de ese Estado miembro, ya que las prácticas que son eficaces en un Estado miembro pueden no serlo tanto en otro. Deben tenerse en cuenta también las directrices existentes a nivel comunitario y de la OCDE.

               (10)

               La Comisión y los Estados miembros deben supervisar la aplicación de la presente Recomendación y sus efectos, así como promover el intercambio de buenas prácticas en relación con la transferencia de conocimientos.

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1)

               se aseguren de que todos los organismos públicos de investigación definen la transferencia de conocimientos como una misión estratégica;

               2)

               fomenten en los organismos públicos de investigación el establecimiento y la divulgación de las políticas y los procedimientos para la gestión de la propiedad intelectual de conformidad con el Código de buenas prácticas que figura en el anexo I;

               3)

               apoyen el desarrollo de la capacidad y las técnicas de transferencia de conocimientos en los organismos públicos de investigación, así como las medidas destinadas a aumentar la sensibilización y las cualificaciones de los estudiantes —en particular en el área de la ciencia y la tecnología— en relación con la propiedad intelectual, la transferencia de conocimientos y la iniciativa empresarial;

               4)

               promuevan una amplia difusión de los conocimientos creados con fondos públicos, tomando medidas para promover el acceso abierto a los resultados de la investigación y para proteger, cuando proceda, la propiedad intelectual correspondiente;

               5)

               cooperen y tomen medidas para mejorar la coherencia de sus respectivos regímenes de propiedad en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, de tal manera que se faciliten las colaboraciones transfronterizas y la transferencia de conocimientos en el ámbito de la investigación y el desarrollo;

               6)

               utilicen los principios enunciados en la presente Recomendación como base para que los organismos públicos de investigación introduzcan o adapten las directrices y la legislación nacionales en materia de gestión de la propiedad intelectual y transferencia de conocimientos, así como para celebrar acuerdos de cooperación en el ámbito de la investigación con terceros países o adoptar cualesquiera otras medidas destinadas a promover la transferencia de conocimientos, o para crear nuevas políticas o planes de financiación conexos, con la debida observancia de las normas sobre ayudas estatales;

               7)

               tomen medidas para asegurar la aplicación más amplia posible del Código de buenas prácticas, ya sea directamente o por mediación de las normas establecidas por los órganos nacionales y regionales de financiación de la investigación;

               8)

               velen por que se dé un trato equitativo y justo a los participantes de los Estados miembros y de terceros países en los proyectos internacionales de investigación por lo que respecta a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al acceso a ellos, en beneficio mutuo de todas las partes;

               9)

               designen un punto de contacto nacional, cuyas tareas deberían incluir la coordinación de las medidas relacionadas con la transferencia de conocimientos entre los organismos públicos de investigación y el sector privado, tratando en concreto los aspectos transnacionales, en colaboración con los puntos de contacto similares en otros Estados miembros;

               10)

               examinen y hagan uso de las buenas prácticas expuestas en el anexo II, teniendo en cuenta el contexto nacional;

               11)

               informen a la Comisión antes del 15 de julio de 2010, y cada dos años a partir de entonces, de las medidas tomadas con arreglo a la presente Recomendación, y de sus efectos.

      Hecho en Bruselas, el 10 de abril de 2008.

            Por la Comisión

         Janez POTOČNIK

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2007) 182.

      ANEXO I
      Código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos
      El presente Código de buenas prácticas consta de tres grupos fundamentales de principios.
      Los principios para una política interna de la propiedad intelectual (en lo sucesivo denominada «PI») constituyen la serie básica de principios que los organismos públicos de investigación deben poner en práctica para gestionar eficazmente la propiedad intelectual resultante de sus actividades —propias o en régimen de colaboración— de investigación y desarrollo.
      Los principios para una política de transferencia de conocimientos (en lo sucesivo denominada «TC») complementan los relativos a la política de PI centrándose más específicamente en la transferencia y la explotación activas de esa propiedad intelectual, con independencia de que esté o no protegida por derechos de propiedad intelectual.
      Los principios para la investigación en régimen de colaboración y bajo contrato están concebidos de manera que sean relevantes para todos los tipos de actividades de investigación realizadas o financiadas conjuntamente por un organismo público de investigación y el sector privado, y, en particular, la investigación en régimen de colaboración (en la que todas las partes llevan a cabo tareas de I + D) y la investigación bajo contrato (en la que una empresa privada contrata a un organismo público de investigación para que realice una labor de I + D).
      Principios para una política interna de la propiedad intelectual

                  1.

                  Elaborar una política de la PI como parte de la estrategia y la misión a largo plazo del organismo público de investigación, hacerla pública interna y externamente y establecer un único punto de contacto responsable.

                  2.

                  Esa política debe proporcionar normas claras al personal y a los estudiantes en relación, en particular, con la divulgación de las ideas nuevas de potencial interés comercial, la titularidad de los resultados de la investigación, el mantenimiento de registros, la gestión de conflictos de intereses y las relaciones con terceras partes.

                  3.

                  Promover la identificación, la explotación y, cuando proceda, la protección de la propiedad intelectual, de conformidad con la estrategia y la misión del organismo público de investigación y con miras a maximizar los beneficios socioeconómicos. Para tal fin, pueden adoptarse diferentes estrategias —posiblemente diferenciadas en los respectivos ámbitos científicos o técnicos—, como el enfoque del «dominio público» o el de «la innovación abierta».

                  4.

                  Proporcionar incentivos adecuados para que todo el personal competente desempeñe un papel activo en la aplicación de la política de PI. Estos incentivos no deben ser solo de naturaleza económica, sino que deben promover también el progreso de la carrera profesional, teniendo en cuenta en los procedimientos de evaluación, junto a los criterios académicos, los aspectos de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos.

                  5.

                  Considerar la creación, por el organismo público de investigación, de carteras de propiedad intelectual coherentes –por ejemplo, en ámbitos tecnológicos específicos— y, cuando proceda, la creación de consorcios de patentes y derechos de PI que incluyan la propiedad intelectual de otros organismos públicos de investigación. Gracias a la obtención de una masa crítica y a la reducción de los costes de transacción para terceras partes, estas iniciativas podrían facilitar la explotación de los derechos.

                  6.

                  Fomentar la sensibilización y las cualificaciones básicas en relación con la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos mediante acciones de formación dirigidas a los estudiantes y al personal investigador, y garantizar que el personal responsable de la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos tiene las cualificaciones necesarias y recibe una formación adecuada.

                  7.

                  Elaborar y dar a conocer una política de publicación/divulgación que promueva una amplia difusión de los resultados de la labor de investigación y desarrollo (por ejemplo, abriendo el acceso a las publicaciones) y que, al mismo tiempo, acepte posibles retrasos cuando se pretenda proteger la propiedad intelectual, aunque estos deberían reducirse al mínimo.

            Principios para una política de transferencia de conocimientos

                  8.

                  A fin de promover la utilización de los resultados de la investigación financiada públicamente y de maximizar su repercusión socioeconómica, han de examinarse todos los tipos de mecanismos de explotación posibles (como la concesión de licencias o la creación de empresas derivadas) y todos los socios de explotación posibles (como empresas derivadas o ya existentes, otros organismos públicos de investigación, inversores o servicios u organismos de apoyo a la innovación) y seleccionarse los más apropiados.

                  9.

                  Si bien una política activa de PI/TC puede generar ingresos suplementarios para el organismo público de investigación, esto no debe considerarse el objetivo primordial.

                  10.

                  Asegurarse de que el organismo público de investigación posee servicios profesionales de transferencia de conocimientos o puede acceder a ellos; estos servicios incluirían los de asesoría jurídica, financiera, comercial y en materia de protección y respeto de la propiedad intelectual, además de personal con preparación técnica.

                  11.

                  Elaborar y difundir una política de concesión de licencias a fin de armonizar las prácticas dentro del organismo público de investigación y de garantizar la equidad de trato en todos los casos. Deben evaluarse con especial cuidado las transferencias de propiedad intelectual, cuando el titular de esta propiedad sea el organismo público de investigación, y la concesión de licencias exclusivas (1), sobre todo cuando se trate de terceras partes no europeas. Las licencias con fines de explotación deben incluir una compensación adecuada, económica o de otro tipo.

                  12.

                  Elaborar y difundir una política para la creación de empresas derivadas, que permita y facilite al personal del organismo público de investigación participar en la creación de empresas derivadas, cuando proceda, y que aclare las relaciones a largo plazo entre las empresas derivadas y el organismo público de investigación.

                  13.

                  Establecer principios claros relativos a la distribución de los beneficios económicos que generen los ingresos derivados de la transferencia de conocimientos entre el organismo público de investigación, el departamento y los inventores.

                  14.

                  Supervisar las actividades de protección de la propiedad intelectual y transferencia de conocimientos así como los éxitos conexos, y darlos a conocer periódicamente. Los resultados de la investigación del organismo público de investigación, los conocimientos técnicos y los derechos de propiedad intelectual conexos deben hacerse más visibles para el sector privado, a fin de promover su explotación.

            Principios relativos a la investigación en régimen de colaboración y bajo contrato (2)

                  15.

                  Las normas que regulen las actividades de investigación en régimen de colaboración y bajo contrato deben ser compatibles con la misión de cada parte. Deben tener en cuenta el nivel de financiación privada y ser acordes con los objetivos de las actividades de investigación con el fin de, en particular, maximizar la repercusión comercial y socioeconómica de la investigación, apoyar el objetivo del organismo público de investigación de atraer financiación privada para la investigación, mantener una posición en relación con la propiedad intelectual que permita proseguir la investigación académica y en colaboración, y no obstaculizar la difusión de los resultados de la actividad de I + D.

                  16.

                  Las cuestiones relacionadas con la PI deben exponerse claramente lo antes posible en el proyecto de investigación, a poder ser antes de que comience. Las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual son la asignación de la titularidad de la propiedad intelectual que se genera en el marco del proyecto (en lo sucesivo denominada «la información adquirida»), la determinación de la propiedad intelectual que poseen las partes antes de comenzar el proyecto (en lo sucesivo denominada «la información previa») y que es necesaria para la ejecución del proyecto o con fines de explotación, los derechos de acceso (3) a la información adquirida y la información previa a tal efecto y la distribución de los beneficios.

                  17.

                  En un proyecto de investigación en régimen de colaboración, la titularidad de la información adquirida debería corresponder a la parte que la ha generado, pero puede asignarse a las diferentes partes con arreglo a un acuerdo contractual celebrado previamente, en el que se recojan adecuadamente los respectivos intereses, las tareas y las contribuciones financieras o de otro tipo de las partes en el proyecto. En el caso de la investigación bajo contrato, la información adquirida generada por el organismo público de investigación es propiedad de la parte del sector privado. En cuanto a la información previa, el proyecto no debería afectar a su titularidad.

                  18.

                  Las partes deben exponer claramente los derechos de acceso (3) lo antes posible en el proyecto de investigación, a poder ser antes de que comience. Cuando sea necesario para la realización del proyecto de investigación, o para la explotación de la información adquirida de una parte, deberían concederse derechos de acceso a la información adquirida y la información previa de las otras partes, en condiciones que reflejen adecuadamente los respectivos intereses y tareas de las partes y su contribución financiera o de otro tipo al proyecto.

         (1)  Por lo que respecta a los resultados de I + D que tengan varios ámbitos posibles de aplicación, debe evitarse la concesión de licencias exclusivas sin ninguna limitación a un ámbito de utilización específico. Además, como norma, el organismo público de investigación debe reservarse los derechos que faciliten la difusión y la continuación de la investigación.

         (2)  Cuando un organismo público de investigación participa en una investigación bajo contrato o en régimen de colaboración con un socio industrial, la Comisión considera automáticamente (es decir, sin ningún requisito de notificación) que no se concede al socio industrial ninguna ayuda estatal indirecta a través del organismo público de investigación, si se cumplen las condiciones expuestas en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (DO C 323 de 30.12.2006, y, en particular, sus puntos 3.2.1 y 3.2.2).

         (3)  Los derechos de acceso se refieren a los derechos que las partes se conceden mutuamente, a diferencia de las licencias concedidas a terceras partes. Deben establecer qué partes pueden utilizar qué información adquirida y previa —con fines de investigación o con fines de explotación—, y en qué condiciones.

      ANEXO II
      Prácticas de las entidades públicas que facilitan la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos efectuadas por las universidades y otros organismos públicos de investigación
      Transferencia de conocimientos como misión estratégica de los organismos públicos de investigación

                  1.

                  La transferencia de conocimientos entre las universidades y la industria quedará determinada como prioridad política y operativa permanente de todos los órganos de financiación de la investigación pública en un Estado miembro, a nivel nacional y regional.

                  2.

                  El cometido será claramente competencia de un ministerio determinado, que se encargará de coordinar las iniciativas de promoción de la transferencia de conocimientos con otros ministerios.

                  3.

                  Cada ministerio y cada órgano de gobierno regional que llevare a cabo actividades de transferencia de conocimientos designará un funcionario responsable de supervisar su repercusión. Se reunirán periódicamente a fin de intercambiar información y estudiar las maneras de mejorar la transferencia de conocimientos.

            Políticas para gestionar la propiedad intelectual

                  4.

                  Se promoverá una gestión adecuada de la propiedad intelectual resultante de financiación pública que deberá ajustarse a unos principios establecidos que tengan en cuenta los intereses legítimos de la industria (por ejemplo, requisitos temporales de confidencialidad).

                  5.

                  La política de investigación promoverá la confianza en el sector privado para ayudar a determinar las necesidades tecnológicas y para promover la inversión privada en investigación y fomentar la explotación de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.

            Capacidades y cualificaciones para la transferencia de conocimientos

                  6.

                  Los organismos públicos de investigación y su personal dispondrán de unos recursos e incentivos suficientes para participar en actividades de transferencia de conocimientos.

                  7.

                  Se tomarán medidas para asegurar que los organismos públicos de investigación dispongan de personal debidamente formado (por ejemplo, expertos en transferencia de tecnologías) y para facilitar su contratación.

                  8.

                  Se constituirá una serie de modelos de contrato, así como un órgano de toma de decisiones que ayude a elegir el modelo más apropiado en función de una serie de parámetros.

                  9.

                  Antes de establecer nuevos mecanismos para promover la transferencia de conocimientos (como regímenes de movilidad o de financiación), se consultarán las agrupaciones de partes interesadas, y, en concreto, a las PYME, a las grandes empresas y a los organismos públicos de investigación.

                  10.

                  Se promoverá la puesta en común de los recursos entre los organismos públicos de investigación a nivel local o regional cuando estos no tengan una masa crítica de inversión en investigación que les permita disponer de su propia oficina de transferencia de conocimientos o de su propio gestor de la propiedad intelectual.

                  11.

                  Se lanzarán programas de apoyo a las empresas de investigación derivadas, que incluirán una formación en iniciativa empresarial y promoverán una marcada interacción entre los organismos públicos de investigación y las incubadoras locales, los organismos financieros y de apoyo empresarial, etc.

                  12.

                  Se ofrecerán fondos públicos para apoyar la transferencia de conocimientos y la participación de las empresas en los organismos públicos de investigación, incluida la contratación de expertos.

            Coherencia en la cooperación transnacional

                  13.

                  A fin de promover la transferencia transnacional de conocimientos y de facilitar la cooperación con partes de otros países, el titular de la propiedad intelectual de la investigación financiada con fondos públicos quedará determinado mediante normas claras y esta información, junto con cualesquiera condiciones de financiación que puedan afectar a la transferencia de conocimientos, será fácilmente accesible. La propiedad institucional —frente al régimen de «privilegio de los profesores»— se considera en los organismos públicos de investigación de la mayoría de los Estados miembros de la UE el régimen jurídico por defecto para la titularidad de la propiedad intelectual.

                  14.

                  Cuando se suscriban acuerdos internacionales de investigación en régimen de cooperación, las condiciones relativas a los proyectos financiados con arreglo a los planes de ambos países concederán a todos los participantes derechos similares, especialmente en cuanto al acceso a los derechos de propiedad intelectual y a las consiguientes restricciones de utilización.

            Difusión de los conocimientos

                  15.

                  Los órganos de financiación de la investigación pública pondrán en práctica el acceso abierto a las publicaciones científicas revisadas por pares resultantes de la investigación financiada con fondos públicos.

                  16.

                  Se promoverá el acceso abierto a los datos de la investigación de acuerdo con los Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding de la OCDE, teniendo en cuenta las restricciones vinculadas a la explotación comercial.

                  17.

                  En relación con las políticas de apertura del acceso, se destinarán fondos públicos al desarrollo de servicios de archivo para los resultados de la investigación (como bases de datos en Internet).

            Ejecución de la supervisión

                  18.

                  Se implantarán los mecanismos necesarios para supervisar y revisar los progresos realizados por los organismos nacionales de investigación pública en actividades de transferencia de conocimientos, por ejemplo mediante informes anuales de estos diferentes organismos. Esta información, junto con el Código de buenas prácticas, se pondrá también a disposición de otros Estados miembros.


Aviso jurídico importante

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52005SC0230

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado del Reino Unido, 2003/2004-2009/2010  /* SEC/2005/0230 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 16.2.2005SEC(2005) 230 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado del Reino Unido, 2003/2004-2009/2010(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSDe conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], los países no participantes, esto es, los que no hubieran adoptado la moneda única, habían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de convergencia antes del 1 de marzo de 1999. En virtud del artículo 9 de este Reglamento, el Consejo debe examinar cada programa de convergencia basándose en las evaluaciones realizadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación de la Comisión, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo debe emitir un dictamen. Con arreglo al Reglamento, los Estados miembros deben presentar actualizaciones anuales de sus programas de convergencia, que también pueden ser examinadas por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.El primer programa de convergencia del Reino Unido, relativo al periodo 1997/1998-2003/2004, fue presentado el 22 de diciembre de 1998, habiendo sido evaluado por el Consejo el 8 de febrero de 1999. El Reino Unido presentó actualizaciones todos los años, siendo la más reciente la del 17 de diciembre de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica de dicha actualización teniendo en cuenta sus previsiones económicas del otoño de 2004, así como el Código de conducta[2], la metodología común para la estimación del potencial de producción, las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2003-2005, y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2002, relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias[3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:-  El 17 de diciembre de 2004, las autoridades del Reino Unido presentaron la sexta actualización de su programa de convergencia (en lo sucesivo, denominada «la actualización»), que abarca el periodo comprendido entre los ejercicios presupuestarios 2003/2004 y 2009/2010. La actualización incorpora las últimas previsiones de las autoridades para la hacienda pública contenidas en el informe sobre el proyecto de presupuesto de 2 de diciembre de 2004. El programa cumple parcialmente con las exigencias en materia de datos del nuevo Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia. Los datos relativos a los gastos e ingresos totales no siguen los criterios armonizados del SEC-95 y la información facilitada no emplea los cuadros normalizados establecidos por el Código de conducta. La actualización también continúa considerando los ingresos procedentes de la venta de licencias UMTS como ingresos anuales, en lugar de considerarlos como ventas de activos, y no facilita información acerca de su importancia para las previsiones relativas a la hacienda pública.-  Según el escenario macroeconómico central, se registraría un crecimiento sostenido que disminuiría en 2006 y años posteriores hasta la tasa tendencial. Se espera un cierto reajuste en la composición del crecimiento: la demanda interna disminuiría, mientras que desaparecería el freno causado recientemente al crecimiento por las exportaciones netas. Partiendo de los datos disponibles, las previsiones macroeconómicas del programa parecen generalmente verosímiles, pese a la posibilidad de que a corto plazo el crecimiento sea inferior al previsto. Las previsiones parecen un tanto optimistas para 2005, pero son conformes a las de los servicios de la Comisión para 2006. Las previsiones de las autoridades del Reino Unido relativas al crecimiento tendencial para 2007 y años posteriores son ligeramente inferiores a las estimaciones más recientes de los servicios de la Comisión relativas al crecimiento potencial.-  Sin embargo, es importante observar que las autoridades británicas basan sus previsiones en materia de hacienda pública en un escenario en el que el crecimiento tendencial del PIB es un cuarto de punto porcentual inferior a la tasa utilizada en las previsiones del escenario macroeconómico central. Incluso con este escenario de menor crecimiento, en 2005 el PIB podría ser inferior al previsto; sin embargo, la hipótesis relativa al crecimiento tendencial probablemente es bastante prudente.-  A pesar de la fortaleza del mercado de trabajo y de la subida de las rentas medias, la inflación medida mediante el IPCA se mantuvo moderada durante todo el año 2004, y generalmente muy por debajo del objetivo oficial de inflación del 2%. Previendo la aparición de tensiones sobre los precios, el Banco de Inglaterra aumentó su tipo de interés director cuatro veces durante el año, lo que dio lugar a un aumento acumulado desde noviembre de 125 puntos básicos en el tipo de los pactos de recompra, que pasó al 4,75%. El tipo de cambio efectivo de la libra esterlina aumentó moderadamente en términos nominales durante el primer semestre del año, pero posteriormente disminuyó y al final de 2004 difería poco del registrado a principios del año. Reflejando esta evolución, el tipo de cambio respecto del euro se aumentó durante el primer semestre de 2004, pero al final del año volvió a registrar un valor próximo al observado 12 meses antes. Durante el pasado año, la evolución de los rendimientos de las obligaciones en el Reino Unido siguió en líneas generales las tendencias observadas en los mercados de obligaciones internacionales, mientras que el diferencial de rendimientos de las obligaciones estatales a diez años con respecto al mercado alemán aumentó de aproximadamente 50 puntos básicos a principios de 2004 a un máximo de cerca de 100 puntos básicos a mediados de noviembre, debido al mayor diferencial en los tipos de interés a corto plazo y a una mayor emisión de deuda pública neta que en años anteriores.-  La política presupuestaria del Reino Unido se basa en dos reglas nacionales aplicables a todo el sector público: la «regla de oro», encaminada a garantizar que durante el ciclo económico el Gobierno sólo toma fondos prestados para financiar inversiones netas, y no gastos corrientes; y la «regla de la inversión sostenible», que está encaminada a mantener la deuda neta del sector público en un «nivel estable y prudente», por debajo del 40% del PIB, a lo largo del ciclo. En este marco, el programa actualizado prevé una reducción del déficit, del 3,2% del PIB en el ejercicio presupuestario 2003/2004 a una cifra inferior al valor de referencia del 3% en 2004/2005 (el ejercicio presupuestario es el periodo de referencia para evaluar el comportamiento de la hacienda pública británica en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento). Posteriormente, la actualización prevé una reducción gradual del déficit a medio plazo, pero únicamente hasta un nivel del 1,7% en 2008/2009. El ratio de deuda seguiría aumentando conforme a las prioridades del Gobierno, que se propone, en particular, un aumento en la inversión neta. Sin embargo, el aumento esperado del ratio de ingresos llevaría a una mejora global del saldo presupuestario de las administraciones públicas. Las previsiones de déficit hasta 2006/2007 se han revisado al alza en comparación con la anterior actualización, y ello a pesar de unas perspectivas macroeconómicas fundamentalmente invariadas, mientras que se han mantenido para 2007/2008; por consiguiente, la orientación más relajada a corto plazo estaría seguida a partir del 2005/2006 por un saneamiento de la hacienda pública más marcado que en la anterior actualización.-  Los riesgos de un déficit superior al previsto se concentran a corto plazo. En particular, el déficit del ejercicio 2004/2005 podría rebasar el límite del 3% del PIB. Tanto a corto como a medio plazo, existen riesgos debidos a las relativamente optimistas previsiones de crecimiento para 2005 y a la posibilidad de que sea inferior a la prevista la recuperación de los ingresos, especialmente en el caso del impuesto sobre sociedades. En particular, en el período de menor aumento de los gastos que se iniciaría en 2006/2007, los ministerios podrían tropezar con dificultades para ajustarse a unos presupuestos más estrictos, por lo que podrían utilizar los saldos acumulados de gastos no realizados. Sin embargo, a partir de 2006/2007, estos riesgos quedan contrarrestados por la relativa prudencia de las previsiones macroeconómicas.-  A la luz de esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa no parece proporcionar un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit rebase el límite del 3% del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales durante todo el período cubierto por el programa, y no es suficiente para lograr en el ejercicio 2009/2010 a más tardar el objetivo a medio plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio. No obstante, al mismo tiempo debe observarse que el ratio de deuda es relativamente bajo y los saldos previstos están afectados por la realización de un importante programa de inversión pública.-  Se prevé que el ratio de deuda bruta aumente moderadamente durante el período cubierto por la actualización (en gran medida, como consecuencia de los déficit primarios) y alcance un máximo inferior al 43% del PIB en 2007/2008, nivel que está muy por debajo del valor de referencia del Tratado (60%).-  La actualización pasa revista al programa de reforma estructural del Gobierno desde el anterior programa actualizado, facilitando información sobre las reformas de los mercados de trabajo, productos y capitales. También expone otras medidas encaminadas a mejorar la calidad de la hacienda pública en el marco de un importante programa de fomento de la eficiencia del sector público, conforme a la recomendación dirigida a las autoridades británicas en las OGPE 2003-2005 de «velar por que los servicios públicos asociados a los incrementos anunciados del gasto público […] se presten de forma eficaz siguiendo criterios de coste-beneficio» En la actualización también se indican los importantes esfuerzos que se están efectuando actualmente para mejorar la valoración de la producción del sector público.-  El Reino Unido parece encontrarse en una situación relativamente favorable en relación con la sostenibilidad a largo plazo de su hacienda pública. El relativamente bajo ratio deuda/PIB y el gran énfasis que las autoridades británicas han puesto, a través de sus políticas actuales, en la sostenibilidad a largo plazo de su hacienda pública son factores positivos a este respecto. La estrategia presentada en el programa está orientada principalmente a alcanzar un crecimiento económico elevado y estable a largo plazo, para lo cual se considera elemento indispensable una hacienda pública sólida y sostenible. No pueden descartarse unos mayores gastos relacionados con la edad, ya que existe el riesgo de que los sistemas de pensiones privados sean insuficientes, lo que podría repercutir en la hacienda pública británica. Sin embargo, las autoridades introducirán en abril de 2005 un Fondo de protección de las pensiones (Pension Protection Fund) destinado a proteger a los miembros de regímenes de pensiones privados que se hayan declarado insolventes. No obstante, todavía no se ha verificado la eficiencia de esta medida. Además, el cumplimiento de las reglas presupuestarias nacionales implicaría que cualquier aumento de las prestaciones del sistema público de pensiones se financiaría (a lo largo del ciclo) por medio de ingresos o de una reestructuración de los gastos. La relativamente baja presión fiscal del Reino Unido debería facilitar la corrección de los desequilibrios que pudieran aparecer a largo plazo.-  Las políticas económicas definidas en la actualización son parcialmente compatibles con la recomendación en el área de la hacienda pública dirigida específicamente al Reino Unido en la actualización de 2004 de las OGPE, según la cual este país deberá mejorar su situación presupuestaria ajustada en función del ciclo conforme al objetivo de una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit a medio plazo. Para 2004/2005, siguen sin confirmarse unos progresos significativos en la ejecución del presupuesto y existe un alto grado de incertidumbre en relación con los ingresos y los gastos, de ahí que persista el riesgo mencionado de que el déficit sea superior al 3% del PIB. Por otro lado, la orientación ligeramente expansionista en 2005/2006 y la orientación presupuestaria a medio plazo no se ajustan a la recomendación formulada en las OGPE.-  Teniendo en cuenta la evaluación anterior, sería conveniente que el Reino Unido logre que el déficit se sitúe por debajo del 3% del PIB durante el ejercicio presupuestario 2004-2005, según lo previsto, y mejore su situación ajustada en función del ciclo a fin de alcanzar y mantener a medio plazo una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit.Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y transmite al Consejo la Recomendación adjunta, con vistas a que éste emita un dictamen en relación con el programa de convergencia actualizado del Reino Unido.Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado del Reino Unido, 2003/2004-2009/2010EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[4], y, en particular, su artículo 9.3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:1.  El 8 de marzo de 2005, el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado del Reino Unido referente al periodo 2003/2004-2009/2010. El programa cumple parcialmente con las exigencias en materia de datos del nuevo Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia. Los datos relativos a los gastos e ingresos totales no siguen los criterios armonizados del SEC-95 y la información facilitada no emplea los cuadros normalizados establecidos por el Código de conducta. La actualización también continúa considerando los ingresos procedentes de la venta de licencias UMTS como ingresos anuales, en lugar de considerarlos como ventas de activos, y no facilita información acerca de su importancia para las previsiones relativas a la hacienda pública. Por consiguiente, se invita al Reino Unido a cumplir las exigencias en materia de datos.2.  El programa contiene dos escenarios diferentes para las previsiones macroeconómicas y presupuestarias: un escenario macroeconómico «central» y un escenario de menor crecimiento basado en la hipótesis de un crecimiento tendencial inferior en un cuarto de punto porcentual al de la previsión del escenario central; este último se utiliza para las previsiones relativas a la hacienda pública. De esta forma, el escenario de menor crecimiento se considera como referencia para evaluar las previsiones presupuestarias y refleja unas hipótesis globalmente verosímiles. El escenario contempla un crecimiento del PIB real en 2005 del 3%, tasa sólo ligeramente inferior a la de 2004 (3,5%); a continuación se registraría una ralentización hasta el 2,25% en 2007/2008. Partiendo de la información disponible, en 2005 el PIB podría ser inferior al previsto, ya que el crecimiento previsto se sitúa en la parte alta del intervalo de las previsiones actuales. Sin embargo, la hipótesis de crecimiento tendencial subyacente en las previsiones relativas a la hacienda pública probablemente resultará bastante prudente a medio plazo. Las previsiones de inflación presentadas en el programa también parecen realistas.3.  La política presupuestaria del Reino Unido se basa en dos reglas nacionales aplicables a todo el sector público: la «regla de oro», encaminada a garantizar que durante el ciclo económico el Gobierno sólo toma fondos prestados para financiar inversiones netas y no gastos corrientes; y la «regla de la inversión sostenible», que está encaminada a mantener la deuda neta del sector público en un «nivel estable y prudente», por debajo del 40% del PIB, a lo largo del ciclo. En este marco, el programa actualizado prevé una reducción del déficit, del 3,2% del PIB en el ejercicio presupuestario 2003/2004 a una cifra inferior al valor de referencia del 3% en 2004/2005 (el ejercicio presupuestario es el periodo de referencia para evaluar el comportamiento de la hacienda pública británica en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento). Posteriormente, la actualización prevé una reducción gradual del déficit a medio plazo, pero únicamente hasta un nivel del 1,7% en 2008/2009. El ratio de deuda seguiría aumentando conforme a las prioridades del Gobierno, pero el aumento esperado del ratio de ingresos, si llegara a realizarse, llevaría a una mejora global del saldo presupuestario de las administraciones públicas. Dentro del nivel global de gasto, se incluye la aplicación de un programa significativo de inversión pública, encaminado a elevar la inversión pública neta del 1,9% del PIB en 2004/2005 al 2,4% en 2007/2008. Con respecto a la actualización de 2003, las previsiones déficit para este ejercicio presupuestario y el próximo se han revisado al alza; sin embargo, a partir de 2005/2006, las previsiones a medio plazo de la actualización contemplan un saneamiento de la hacienda pública ligeramente más rápido que el de la anterior actualización.4.  Existe un claro riesgo de que los resultados presupuestarios a corto plazo sean peores que los previstos en el programa. En particular, el déficit del ejercicio 2004/2005 podría rebasar el límite del 3% del PIB. Tanto a corto como a medio plazo, existen riesgos debidos a las relativamente optimistas previsiones de crecimiento para 2005 y a la posibilidad de que sea inferior a la prevista la recuperación de los ingresos, especialmente en el caso del impuesto sobre sociedades. Particularmente en el período de menor aumento de los gastos que se iniciaría en 2006/2007, los ministerios podrían tropezar con dificultades para ajustarse a unos presupuestos más estrictos, por lo que podrían utilizar los saldos acumulados de gastos no realizados. Sin embargo, a partir de 2006/2007, estos riesgos quedan contrarrestados por la relativa prudencia de las previsiones macroeconómicas.5.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa no parece proporcionar un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit rebase el límite del 3% del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales durante todo el período cubierto por el programa, y no es suficiente para lograr en el ejercicio 2009/2010 a más tardar el objetivo a medio plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio. No obstante, al mismo tiempo debe observarse que el ratio de deuda es relativamente bajo y los saldos previstos están afectados por la realización de un importante programa de inversión pública.6.  Se estima que el ratio de deuda bruta alcanzó el 39,5% del PIB en 2003/2004, cifra muy inferior al valor de referencia del 60% del PIB establecido en el Tratado. Según el programa, este ratio aumentaría moderadamente durante el período hasta 2009/2010, en menos de dos puntos porcentuales.7.  El Reino Unido parece encontrarse en una posición relativamente favorable en lo que se refiere a la sostenibilidad a largo plazo de su hacienda pública, a pesar de los costes presupuestarios que implicará el envejecimiento de la población. El relativamente bajo ratio deuda/PIB y el gran énfasis que las autoridades británicas han puesto, a través de las políticas actuales, en la sostenibilidad a largo plazo de su hacienda pública son factores positivos a este respecto. No pueden descartarse unos mayores gastos relacionados con la edad, ya que existe el riesgo de que los sistemas de pensiones privados sean insuficientes, lo que podría repercutir en la hacienda pública británica. Sin embargo, las autoridades introducirán en abril de 2005 un Fondo de protección de las pensiones (Pension Protection Fund) destinado a proteger a los miembros de regímenes de pensiones privados que se hayan declarado insolventes. Esta medida parece positiva, aunque aún no se verificado su eficacia. La relativamente baja presión fiscal del Reino Unido debería facilitar la corrección de los desequilibrios que pudieran aparecer a largo plazo.8.  Las políticas económicas presentadas en el programa son parcialmente compatibles con la recomendación en el área de la hacienda pública dirigida específicamente al Reino Unido en la actualización de 2004 de las OGPE, en virtud de la cual el Reino Unido debe «mostrar predisposición a adoptar las medidas necesarias para evitar un déficit excesivo, y mejorar la situación presupuestaria ajustada en función del ciclo para lograr un saneamiento de las finanzas públicas compatible con una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit a medio plazo». En 2004/2005, el déficit podría ser superior al 3% del PIB. Por otra parte, la orientación ligeramente expansionista prevista para 2005/2006 y la orientación presupuestaria a medio plazo no se ajustan a la recomendación formulada en las OGPE.* * *Teniendo en cuenta la evaluación anterior, el Consejo estima que el Reino Unido deberá: (i) lograr que el déficit se sitúe por debajo del 3% del PIB durante el ejercicio presupuestario 2004-2005, según lo previsto; y (ii) mejorar su situación ajustada en función del ciclo a fin de alcanzar y mantener a medio plazo una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit.  Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias1. Previsiones macroeconómicas centrales | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |PIB real – previsión central (% variación) | PC Dic 2004 | 3¼ | 3 - 3½ | 2½ - 3 | 2¼ -2¾ | – |COM | 3,3 | 2,8 | 2,8 | – | – |PC Dic 2003 | 3 - 3½ | 3 - 3½ | 2½ - 3 | – | – |Inflación IPCA (%) | PC Dic 2004 | 1¼ | 1¾ | 2 | 2 | – |COM | 1,4 | 1,9 | 2,0 | – | – |PC Dic 2003 | 1¾ | 2 | 2 | – | – |2. Previsiones macroeconómicas subyacentes (finanzas públicas) | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 |PIB real – finanzas públicas 2 (% variación) | PC Dic 2004 | 3¼ | 3 | 2½ | 2¼ | 2¼ |COM3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | – | – |PC Dic 2003 | 3¼ | 2¾ | 2½ | 2¼ | 2¼ |Inflación IPCA (%) | PC Dic 2004 | 1¼ | 1¾ | 2 | 2 | 2 |COM 3 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | – | – |PC Dic 2003 | 1¾ | 2 | 2 | 2 | 2 |Saldo de las administraciones públicas4 (% del PIB) | PC Dic 2004 | -2,9 | -2,8 | -2,3 | -2,1 | -1,7 |COM 3 | -2,8 | -2,6 | -2,4 | – | – |PC Dic 2003 | -2,7 | -2,5 | -2,2 | -2,1 | -1,9 |Saldo primario5 (% del PIB) | PC Dic 2004 | -0,9 | -0,7 | -0,2 | -0,1 | – |COM 3 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | – | – |PC Dic 2003 | -0,5 | -0,4 | – | – | – |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PC Dic 2004 | -2,8 | -2,9 | -2,3 | -2,0 | -1,6 |COM 3 | -2,7 | -2,4 | -2,1 | – | – |PC Dic 20031 | -2,4 | -2,4 | -2,2 | -2,0 | -1,8 |Deuda pública bruta (% del PIB) | PC Dic 2004 | 40,9 | 41,8 | 42,4 | 42,8 | 42,8 |COM 3 | 40,4 | 40,9 | 41,2 | – | – |PC Dic 2003 | 40,2 | 40,8 | 41,1 | 41,4 | 41,5 |Notas: 1 Cálculos efectuados por los servicios de la Comisión empleando los datos del programa. 2 Previsión del PIB subyacente en las previsiones de las autoridades relativas a la hacienda pública basada en una estimación del crecimiento tendencial inferior en un cuarto de punto porcentual a la previsión central de éstas. 3 Los datos de la Comisión se basan en el año civil (por ejemplo, el año civil 2004 corresponde al ejercicio presupuestario 2004/2005). 4 En sus previsiones relativas al saldo presupuestario de las administraciones públicas, las autoridades británicas incluyen unos ingresos anuales de aproximadamente 1 400 millones de libras esterlinas procedentes de la venta de licencias UMTS en 2000. El hecho de efectuar este ajuste, para hacer estas cifras comparables a las empleadas en el marco del procedimiento de déficit excesivo, implica cada año una disminución del saldo de 0,1 puntos porcentuales (esto es, un aumento del déficit). Todos los datos presentados en este cuadro son los obtenidos después de la realización de este ajuste en los datos de la actualización por parte de los servicios la Comisión. 5 Las cifras relativas al saldo primario presentadas por las autoridades británicas incluyen los intereses netos, y no sólo los pagos de intereses como es la práctica de la Comisión. Las cifras presentadas han sido recalculadas por los servicios de la Comisión partiendo de los datos contenidos en el cuadro 4.4 del programa actualizado. Fuente: Programa de convergencia (PC); previsiones de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2004; cálculos de los servicios de la Comisión. | [1] DO L 209, 2.8.1997. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.[2] Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo EcoFin el 10.7.2001.[3] COM(2002) 668, 27.11.2002.[4] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.


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		52013DC0362

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2017 /* COM/2013/0362 final  - 2013/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Italia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Italia para 2012-2017
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6 apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
sobre la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una
recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de
los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de
octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012,
los jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas,
instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían
emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su
compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6 de julio de 2012,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas
de Italia para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad
actualizado de Italia para 2011-2015.
(5)       El 28 de noviembre de
2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[6], marcando el inicio
del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. También
el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE)
nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[7], en el que se
señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un
examen exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento,
restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El 10 de abril de 2013,
la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo[8] sobre Italia, con
arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. En su análisis, la
Comisión concluye que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos
que requieren la adopción de medidas firmes. En particular, los principales
desequilibrios macroeconómicos señalados son la pérdida de competitividad
exterior y la elevada deuda pública, en un entorno de debilidad prolongada del
crecimiento.
(8)       El 11 de abril de 2013,
Italia presentó su Programa de Estabilidad de 2013, que cubre el período
2012-2017, y su Programa Nacional de Reformas de 2013. A continuación, el nuevo
Gobierno nombrado el 28 de abril manifestó su intención de reforzar el programa
de reformas estructurales, confirmando al mismo tiempo los objetivos presupuestarios
presentados en el Programa de Estabilidad. El 17 de mayo, se adoptó un decreto
ley con nuevas disposiciones en materia de imposición de los bienes
inmobiliarios y la ampliación del régimen de complemento salarial para los
trabajadores con empleo precario. Con objeto de tener en cuenta sus
interrelaciones, ambos programas y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno
se han evaluado al mismo tiempo.
(9)       Partiendo de la
evaluación del Programa de Estabilidad para el período 2013-2017, realizada de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo
considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones
presupuestarias del Programa es optimista para 2014, con respecto a las
previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, y resulta
verosímil a partir de 2015, en el supuesto de que se apliquen plenamente las
reformas estructurales adoptadas, lo que sigue siendo complicado. La estrategia
presupuestaria esbozada en el Programa, confirmada por el nuevo Gobierno y
aprobada por el Parlamento, tiene como objetivo mantener el déficit por debajo
del 3 % del PIB durante todo el período del Programa, alcanzar el objetivo
a medio plazo en 2013 y situar el ratio deuda/PIB en una senda decreciente a
partir de 2014. El Programa confirma el objetivo a medio plazo (equilibrio
presupuestario en términos estructurales), que está en consonancia con el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento. En 2012, el déficit se situó en el 3 % del
PIB y, según las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la
Comisión, publicadas el 3 de mayo, se espera que se mantenga por debajo del
valor de referencia en 2013-2014. Se considera que las disposiciones adoptadas
por el Gobierno italiano el 17 de mayo, de aplicarse de manera sistemática, no
tendrán un impacto significativo sobre el déficit. Tras haber registrado una
mejora de 2,7 puntos porcentuales del PIB en términos acumulativos entre 2009 y
2012, y suponiendo que las políticas económicas no varíen, se prevé una mejora
del saldo estructural en porcentaje del PIB de otro punto porcentual en 2013,
situándose en el -0,5 %, y un ligero deterioro en 2014. El saldo primario
estructural alcanzaría casi el 5 % del PIB en 2014. El ajuste estructural
previsto para 2013 es adecuado, basándose en un análisis del gasto, una vez
excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, mientras que
para 2014 muestra una desviación de la senda de ajuste hacia el logro del
objetivo a medio plazo. El Programa prevé que el ratio de deuda/PIB alcance un
máximo en 2013 y empiece a disminuir a continuación, gracias también a los
ingresos previstos generados por las privatizaciones, equivalentes a un punto
porcentual del PIB al año. No obstante, según las previsiones, el ratio deuda/PIB
seguirá aumentando, debido entre otras cosas a la liquidación de las deudas
comerciales, lo que representa un aumento de alrededor de 2,5 puntos
porcentuales en 2013-2014, si bien no se incluyen los ingresos procedentes de
las privatizaciones, al no haberse concretado todavía los datos. A partir de
2013, Italia se encontrará en un período de transición de tres años en relación
con el cumplimiento del criterio de deuda y la trayectoria de la deuda indicada
en el Programa de Estabilidad garantiza un progreso suficiente hacia el logro
del mismo. Sin embargo, las previsiones del Programa en materia de déficit y
deuda están supeditadas a la plena aplicación de las medidas presupuestarias y
las reformas estructurales adoptadas, que son esenciales para afianzar la
confianza del mercado y estimular el crecimiento y el empleo.
(10)     Si bien se han adoptado
importantes reformas para fomentar la sostenibilidad presupuestaria y estimular
el crecimiento, su plena aplicación sigue representando una tarea difícil y hay
margen para adoptar nuevas medidas. Todavía no se han aprobado varias medidas
clave propuestas o están pendientes de que se adopte la legislación de
aplicación correspondiente y existen riesgos de incoherencia en su aplicación
concreta por los diferentes niveles de la Administración. La eficiencia de la
administración pública, desde el punto de vista del marco regulador y
procedimental, la calidad de la gobernanza y la capacidad administrativa, sigue
adoleciendo de importantes deficiencias que afectan a la aplicación de las
reformas y al entorno empresarial.
(11)     Para mejorar el entorno
empresarial, es necesario completar la reforma de la justicia civil,
procediendo rápidamente a la revisión de la organización jurisdiccional y
reduciendo la excesiva duración de los procesos, los retrasos judiciales y el
elevado número de litigios. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de
octubre de 2012 sobre la mediación, es preciso adoptar medidas para fomentar el
recurso a mecanismos extrajudiciales de solución de litigios. La corrupción,
que implica costes estimados en el 4 % del PIB, representa una
preocupación importante que afecta gravemente al potencial de recuperación
económica. La Ley Anticorrupción de noviembre de 2012 requiere medidas de
seguimiento y cabría aumentar la eficacia de la represión de la , en particular
en lo que respecta a los breves plazos de prescripción.
(12)     La ambiciosa estrategia
de saneamiento presupuestario aplicada hasta la fecha ha ido acompañada por la
introducción, en abril de 2012, de una regla de equilibrio presupuestario en la
Constitución y medidas para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto
público. Sin embargo, las deficiencias en su aplicación han obstaculizado la
plena eficacia de las medidas adoptadas, en particular en lo que se refiere a
la eficiencia del empleo del sector público y la reducción del número de
provincias. El Plan de Acción para la Cohesión ha permitido acelerar la
absorción de fondos estructurales, por un importe de 12 100 millones EUR,
en tres fases consecutivas. No obstante, la mejora de la gestión global de los
fondos sigue adoleciendo de falta de ambición, especialmente en el sur de
Italia, lo que suscita una grave preocupación de cara al período de
programación 2014- 2020. Esta situación ofrece un amplio margen de mejora de la
eficiencia del gasto público.
(13)     Los bancos han
desempeñado tradicionalmente un papel decisivo de apoyo a la actividad
económica italiana, en particular a través de los préstamos a las pequeñas
empresas, pero su capacidad de asumir este papel se ha visto mermada debido a
la prolongada recesión económica. El mayor riesgo de crédito, con un volumen
elevado y creciente de préstamos no productivos, ha contribuido a la
disminución de los préstamos y agrava la escasa rentabilidad de los bancos. En
respuesta a esta situación, el Banco de Italia está evaluando la adecuación de
las provisiones para préstamos dudosos con inspecciones in situ. Las
características específicas del gobierno corporativo de los bancos italianos
pueden limitar la eficacia de su intermediación financiera. Se han adoptado
medidas para alentar el recurso a canales de financiación no bancarios, en
particular la financiación mediante capital, y para fomentar la capacidad de
innovación, pero su alcance sigue siendo limitado y todavía no se han aplicado
plenamente. La transposición de la Directiva de la UE por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la
liquidación prevista del stock acumulado de deudas comerciales contribuirán a
mejorar la liquidez de las empresas.
(14)     En junio de 2012 se
aprobó una profunda reforma del mercado laboral para solucionar sus rigideces y
segmentación. La reforma debe completarse con la adopción de las disposiciones
de aplicación pendientes y un atento seguimiento de su aplicación concreta
sobre el terreno. Por otra parte, los servicios públicos de empleo deben
todavía integrarse en la administración competente en materia de prestaciones
de desempleo, a fin de apoyar la aplicación de estrategias eficientes de
activación. Durante 2011-2013 los interlocutores sociales han definido
un nuevo marco de fijación salarial en acuerdos sucesivos. Se basa en
incentivos fiscales para favorecer una mejor adecuación de los salarios a la
productividad y a las condiciones del mercado laboral local. Este marco debe
aplicarse de manera efectiva, adaptándolo progresivamente sobre la base del
seguimiento de los resultados.
(15)     El desempleo juvenil y la
proporción de jóvenes desempleados y que no siguen educación ni formación
alguna siguen al alza, situándose en el 37 % y el 21,1 %,
respectivamente, a finales de 2012. La cifra de estudiantes que completan la
educación terciaria y la tasa de empleo de los jóvenes titulados universitarios
se encuentran entre las más bajas de la UE, lo que demuestra la inadecuación de
las competencias de los jóvenes titulados para el mercado laboral. A pesar de
ir descendiendo moderadamente, el nivel de abandono escolar prematuro sigue
siendo elevado, lo que plantea dudas sobre la eficacia del sistema educativo.
Uno de los elementos más importantes es la profesión docente, que se
caracteriza en la actualidad por un único itinerario de carrera y que ofrece
perspectivas limitadas en términos de desarrollo profesional. La participación
de las mujeres en el mercado de trabajo sigue siendo escasa y el desequilibrio
entre hombres y mujeres en cuanto al empleo es uno de los más elevados de la
UE. El riesgo de pobreza y exclusión social, y sobre todo de privación material
grave, sigue una marcada tendencia al alza, mientras que el sistema de
protección social experimenta cada vez más dificultades para hacer frente a las
necesidades sociales, ya que está dominado por el gasto en pensiones y las
transferencias sociales, excluidas las pensiones, no están suficientemente
centradas en la lucha contra la pobreza y la promoción de la inclusión social.
(16)     La estructura del sistema
tributario sigue siendo compleja y lastra considerablemente el trabajo y el
capital. Tras el esfuerzo emprendido en 2010-2011, las medidas adicionales
adoptadas para desplazar la carga fiscal desde los factores productivos hacia
el consumo, los bienes inmuebles y el medio ambiente han sido más limitadas.
Todavía deben tomarse medidas para simplificar el régimen fiscal, racionalizar
los gastos tributarios, adaptar la base imponible de los impuestos sobre la
propiedad inmobiliaria a los valores del mercado, mejorar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y disuadir la evasión fiscal. A la espera de una
revisión de los valores catastrales, el objetivo de la reforma prevista de la
imposición de la propiedad inmobiliaria será mejorar la equidad, dentro de los
límites de la estrategia presupuestaria establecida en el Programa de
Estabilidad. Reducir la economía sumergida y el trabajo no declarado puede
beneficiar a las finanzas públicas y tener efectos positivos en términos de
equidad. La revisión de las exenciones o los tipos reducidos del IVA y de los
gastos fiscales directos puede requerir algún ajuste de las transferencias sociales,
a fin de minimizar su impacto distributivo.
(17)     Se han realizado
considerables esfuerzos para la liberalización del sector servicios. No
obstante, la reforma de las profesiones reguladas debe continuar a fin de
resolver las restricciones pendientes y deben protegerse sus principios
esenciales contra posibles retrocesos, derivados en particular de la reforma de
las profesiones jurídicas. A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional
de julio de 2012, también es importante intervenir para abrir a la competencia
los servicios públicos locales.
(18)     La reforma de las
industrias de red sigue su curso en lo que respecta a la apertura del acceso al
mercado y la mejora de la capacidad de las infraestructuras, pero siguen
existiendo retos importantes. La separación en el sector del gas debe
concluirse a más tardar en septiembre de 2013 y es preciso aplicar la
estrategia nacional de energía de marzo de 2013. La liberalización de las
telecomunicaciones es otro ámbito posible de actuación. Todavía no se ha creado
la nueva autoridad de transporte, responsable de las autopistas, los
aeropuertos, los puertos y los ferrocarriles. Esta autoridad debe ser
independiente, disponer de los recursos necesarios para desempeñar su cometido
y tener competencias sancionadoras. Asimismo, existe un grave problema de
insuficiencia de infraestructuras internas y transfronterizas, con disparidades
entre el Norte y el Sur, lo que contribuye a unos precios energéticos elevados,
una baja penetración de la banda ancha y congestión en el transporte.
(19)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política
económica de Italia, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa
Nacional de Reformas y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta
no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y
la política socioeconómica de este país, sino también su conformidad con las
normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza
económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones de la Unión en las
futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre
Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.
(20)     A la luz de esta
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Italia y su
dictamen[9]
se refleja particularmente en la recomendación 1 que figura a continuación.
(21)     A la luz de los
resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y su
Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del
artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, relativo a la prevención
y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se reflejan en las
recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.
(22)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión también ha llevado a cabo un análisis de la
política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el
Consejo ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los Estados
miembros cuya moneda es el euro. Italia también debe garantizar la plena y
oportuna aplicación de estas recomendaciones.
RECOMIENDA que Italia tome medidas
en el período 2013-2014 a fin de:
1.           Velar por que el déficit
se mantenga por debajo del 3 % del PIB en 2013, aplicando plenamente las
medidas adoptadas. Proseguir el ajuste estructural a un ritmo adecuado y a
través de un saneamiento presupuestario favorable al crecimiento, a fin de
alcanzar y mantener el objetivo a medio plazo a partir de 2014. Alcanzar los
superávits primarios estructurales previstos, a fin de que el elevadísimo ratio
de deuda/PIB existente (que se prevé que alcance el 132,2 % del PIB en
2014) se sitúe en una senda sostenida de descenso. Seguir mejorando de forma
duradera la eficiencia y la calidad del gasto público, aplicando plenamente las
medidas adoptadas en 2012 y prosiguiendo el esfuerzo a través de un análisis
profundo y regular de los gastos en todos los niveles de la Administración.
2.           Velar por la oportuna
aplicación de las reformas en curso, adoptando sin demora las disposiciones de
aplicación necesarias, materializándolas en todos los niveles de la
Administración y con todas las partes interesadas pertinentes, y realizando un
seguimiento de su impacto. Reforzar la eficiencia de la administración pública
y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de la Administración.
Simplificar el marco administrativo y normativo para los ciudadanos y las
empresas y reducir la duración de los procesos judiciales y el elevado número
de litigios en la jurisdicción civil, en particular fomentando el recurso a los
procedimientos extrajudiciales de solución de litigios. Reforzar el marco
jurídico de la represión de la corrupción, en particular revisando las normas
que rigen los plazos de prescripción. Adoptar medidas estructurales para
mejorar la gestión de los fondos de la UE en las regiones meridionales en lo
que respecta al período de programación 2014-2020.
3.           Fomentar en el sector
bancario prácticas de gobierno corporativo que propicien una mayor eficiencia y
rentabilidad, a fin de favorecer el flujo de crédito hacia las actividades
productivas. Seguir adelante con los trabajos en curso sobre el estudio de la
calidad de los activos en todo el sector bancario y facilitar la resolución de
los préstamos no productivos en los balances de los bancos. Fomentar en mayor
medida el desarrollo de los mercados de capitales para diversificar y mejorar
el acceso de las empresas a la financiación, especialmente en forma de capital,
e impulsar su capacidad de innovación y crecimiento.
4.           Velar por la aplicación
efectiva de las reformas del mercado de trabajo y el marco de fijación de
salarios, con vistas a una mejor adecuación de los salarios a la productividad.
Tomar nuevas medidas para impulsar la participación en el mercado laboral,
especialmente de las mujeres y los jóvenes, por ejemplo a través de una
Garantía Juvenil. Reforzar la educación y formación profesionales,
ofrecer servicios públicos de empleo más eficientes y mejorar los servicios de
asesoramiento y orientación profesional dirigidos a los estudiantes de nivel
terciario. Reducir los factores económicos que hacen poco atractivo el
trabajo para las personas que constituyen una segunda fuente de ingresos
familiares y mejorar la oferta de guarderías y de servicios extraescolares.
Intensificar los esfuerzos para prevenir el abandono escolar prematuro y
mejorar la calidad y los resultados de la educación, reformando también el
desarrollo profesional y de la carrera del personal docente. Velar por la
eficacia de las transferencias sociales, principalmente mediante una mejor
orientación de las prestaciones, en particular hacia los hogares de rentas
bajas con hijos.
5.           Desplazar la presión fiscal desde el trabajo y el capital hacia el
consumo, los bienes inmobiliarios y el medio ambiente, sin incidencia
presupuestaria. A tal fin, revisar el ámbito de aplicación de las exenciones y
los tipos reducidos del IVA, y de los gastos fiscales directos y reformar el
sistema catastral para adaptar la base imponible de los impuestos recurrentes
sobre los bienes inmuebles a los valores del mercado. Proseguir la lucha contra
la evasión fiscal, mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
adoptar medidas firmes contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
6.           Velar por la correcta
aplicación de las medidas destinadas a liberalizar el mercado en el sector de
los servicios. Eliminar las restricciones que siguen existiendo en el ámbito de
los servicios profesionales y fomentar el acceso al mercado, por ejemplo en la
prestación de servicios públicos locales, donde debe promoverse el recurso a la
contratación pública (en lugar de las concesiones directas). Proseguir la
implantación de las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de acceso al
mercado en las industrias de red, en particular dando prioridad a la creación
de una autoridad de transporte. Mejorar la capacidad de las infraestructuras,
con especial atención a las interconexiones energéticas, el transporte
intermodal y la banda ancha de alta velocidad en las telecomunicaciones,
también con objeto de resolver las disparidades entre el Norte y el Sur.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2013) 362 final.
[4]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[5]               Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de
2013.
[6]               COM(2012) 750 final.
[7]               COM(2012) 751 final.
[8]               SWD(2013) 118 final.
[9]               En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 3 de febrero de 2015 , al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Latvijas Banka (BCE/2015/3)

text:
               13.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/4

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 3 de febrero de 2015
   al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Latvijas Banka
   (BCE/2015/3)
   (2015/C 51/02)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del Latvijas Banka expirará tras la auditoría del ejercicio de 2014. Por tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2015.

               (3)

               El Latvijas Banka ha seleccionado a KPMG Baltics SIA como su auditor externo para los ejercicios de 2015 a 2019.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que KPMG Baltics SIA sea nombrado auditor externo del Latvijas Banka para los ejercicios de 2015 a 2019.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 3 de febrero de 2015.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI