title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Francia 2020/C 282/10

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/62

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Francia
      (2020/C 282/10)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Francia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Francia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En concreto, estos desequilibrios están relacionados con la alta deuda pública y la mediocre dinámica de la competitividad, en un contexto de escaso crecimiento de la productividad, y tienen incidencia transfronteriza.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, se deben eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Francia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida del turismo, como las ultraperiféricas, y, en términos más generales, de actividades empresariales que implican un contacto cara a cara con los clientes. Esto conlleva un riesgo sustancial de ampliación de las disparidades regionales y territoriales en Francia, que agrava la tendencia, que ya se observaba, de lento aumento de las disparidades entre la región de la capital, las grandes ciudades y el resto del país, entre las zonas urbanas y las rurales y entre la metrópolis y las regiones ultraperiféricas. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 7 de mayo de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020, el 30 de abril de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Francia se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Francia garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 1,4 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del producto interior bruto (PIB). La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019 tomados en conjunto. Este es el factor pertinente recogido en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que se evalúa el cumplimiento del criterio de deuda por parte de Francia en 2019.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 3,0 % del PIB en 2019 a un déficit del 9,0 % en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras estabilizarse en el 98,1 % en 2019, aumentaría hasta el 115,2 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Francia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 1,9 % del PIB. Entre estas medidas se encuentran la financiación de un régimen de desempleo parcial que representa el 1,1 % del PIB; un gasto adicional del 0,4 % del PIB para reforzar los servicios de asistencia sanitaria, las provisiones para el seguro de enfermedad y la retribución del personal sanitario; la creación de un fondo de solidaridad equivalente al 0,3 % del PIB para proporcionar ayuda directa a las pequeñas y muy pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos. Por otra parte, Francia ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 17 % del PIB. Esas medidas incluyen aplazamientos de las cargas tributarias y sociales para las empresas; devolución acelerada del crédito fiscal y del IVA; creación de una reserva específica para ayudas directas a empresas estratégicas a través de inversión de capital (3,1 % del PIB) y garantías de préstamo (13,9 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Francia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas francesas sería del -9,9 % del PIB en 2020 y del -4,0 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 116,5 % del PIB en 2020 y el 111,9 % del PIB en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Francia de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit y el criterio de deuda definidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se han cumplido.

                  (16)

                  El sistema sanitario francés consigue eficazmente buenos resultados. No obstante, la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve las deficiencias de su preparación para hacer frente a pandemias. Estas son algunas de ellas: a) dificultades para garantizar la disponibilidad inmediata de trabajadores sanitarios, suministros críticos y equipos de protección individual, además de b) problemas estructurales latentes. En cuanto a las primeras, Francia movilizó su reserva de personal y equipos médicos y paramédicos, incluidos estudiantes de medicina y médicos y enfermeros jubilados. La coordinación de la respuesta entre todos los segmentos del sistema sanitario sigue siendo deficiente. Por lo que respecta a los segundos, son el resultado de la falta de inversión en infraestructuras físicas y recursos humanos y de la limitada adaptación en la organización de los servicios, así como de la necesidad de una mejor coordinación entre actores públicos y privados. Las disparidades regionales persistentes agravan las dificultades. Por ejemplo, pese a que el porcentaje de médicos en activo está en torno a la media de la Unión, alrededor del 18 % de la población de Francia vive en zonas en las que el acceso a un médico general es limitado. Son necesarios más esfuerzos decididos para digitalizar los servicios sanitarios, piedra angular de la estrategia del Gobierno para transformar el sistema sanitario. La crisis de la COVID-19 está mostrando que un mejor uso de la sanidad electrónica, y en particular de la telemedicina, es importante en tiempos de pandemia.

                  (17)

                  La crisis de la COVID-19 está teniendo una repercusión negativa en el mercado de trabajo y las condiciones sociales franceses. Pese a las medidas de mitigación adoptadas, el desempleo aumentará al 10,1 % en 2020, según las previsiones de la Comisión para la primavera de 2020, para después reducirse situándose en el 9,7 % en 2021. Estas medidas incluyen la modificación y la ampliación del régimen de reducción del tiempo de trabajo, con una ampliación temporal de los derechos de los demandantes de empleo, así como las medidas adoptadas para apoyar a las empresas y a los trabajadores y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y del sistema sanitario. La persistente segmentación del mercado de trabajo sigue siendo una fuente de inquietud. En 2019, alrededor de dos tercios de las nuevas contrataciones fueron con contratos de corta duración de menos de un mes. El índice de transición de contratos de corta duración a contratos por tiempo indefinido es uno de los más bajos de la Unión. La reciente reforma del sistema de prestaciones por desempleo (Unédic) tuvo por objeto reforzar la sostenibilidad financiera del sistema y aportar soluciones frente a la segmentación. Sin embargo, las partes de la reforma relacionadas con las normas de indemnización han quedado en suspenso a causa de la crisis de la COVID-19. Ante el deterioro del contexto, es importante garantizar que las prestaciones por desempleo, así como las medidas de apoyo activo al empleo, estén a disposición de todos los demandantes de empleo, con independencia de su situación en el empleo previa. Para hacer frente a la inadecuación de las capacidades y mejorar la resiliencia del mercado de trabajo, deben proseguir los esfuerzos encaminados a promover la reasignación de la mano de obra entre los distintos sectores. Antes de la pandemia de COVID-19, cada vez más empleadores notificaban dificultades para encontrar candidatos adecuados a los que contratar, lo que apuntaba a la necesidad de promover el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales. Por ejemplo, mientras que la escasez de capacidades afecta especialmente al sector de las tecnologías de la información, las titulaciones en este ámbito representan solo el 3,5 % del total de los titulados superiores.

                  (18)

                  En el contexto de la crisis de la COVID-19 resulta especialmente importante garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas y la libre circulación de mercancías en todo el mercado interior y supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro en cooperación con los países vecinos. Con este fin, el levantamiento de las restricciones aplicadas durante la crisis de la COVID-19 a la exportación de algunos productos médicos contribuirá a atender las necesidades de los ciudadanos de toda la Unión de manera coherente y con un espíritu solidario, a evitar el riesgo de escasez y de interrupciones de las cadenas de suministro y, en definitiva, a preparar el camino para una estrategia de salida acertada de la COVID-19 coordinada por la Unión.

                  (19)

                  Francia ha adoptado numerosos planes para apoyar la liquidez de las empresas, algunos al amparo del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (8). La aplicación efectiva y eficiente de estos planes es fundamental para garantizar que las empresas, y en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), se benefician de ellos. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

                  (20)

                  El entorno empresarial de Francia ha mejorado en conjunto, pero es preciso que el país prosiga los esfuerzos para simplificar su sistema fiscal y reducir las cargas administrativas para las empresas, en especial si se quiere apoyar una recuperación económica efectiva a medio plazo. Por ejemplo, según la evaluación de la Comisión, confirmada por los indicadores de la OCDE sobre Regulación del Mercado de Productos de 2018, a pesar de los progresos obtenidos y de la adopción de diversas medidas en el sector de los servicios, las restricciones regulatorias siguen siendo elevadas en Francia en comparación con otros Estados miembros, en especial para los servicios empresariales, muchos de los cuales son profesiones reguladas, y en el comercio minorista. Como uno de los sectores más afectados, el sector de los servicios desempeñará un papel fundamental en la salida y la recuperación de la crisis de la COVID-19. Una reelaboración de los requisitos para el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio fomentaría la innovación, la competencia y la movilidad profesional, lo que tendría una repercusión económica global positiva. La flexibilidad regulatoria impulsaría también una recuperación de la actividad del comercio minorista en el período posterior a la pandemia de la COVID-19.

                  (21)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Esto podría hacerse en prioridades identificadas del Pacto Verde Europeo, en particular en iniciativas de transporte con bajas emisiones de carbono, energías renovables y renovación de edificios. Junto con la transformación digital de la economía, esto podría ayudar a aportar un estímulo a corto plazo para la recuperación y el período a medio plazo posterior a la crisis de la COVID-19, y a situar a Francia en una senda climáticamente neutra a largo plazo sostenible, promoviendo a la vez su liderazgo tecnológico. El trabajo preparatorio para las medidas de recuperación podría basarse en el plan nacional de energía y clima, los proyectos de interés común y los planes de desarrollo de las infraestructuras de Francia. Seguir invirtiendo en infraestructuras energéticas, particularmente en interconexiones eléctricas, contribuiría a mejorar la integración del mercado interior de la energía de la Unión, al tiempo que propiciarían más competencia y facilitarían el desarrollo de las energías renovables. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Francia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Francia optimizar el uso de este Fondo.

                  (22)

                  Durante el confinamiento, la digitalización ha demostrado ser vital para mantener el acceso a los servicios de la administración pública, educativos y médicos, así como para preservar la actividad económica a través del teletrabajo y el comercio electrónico. A medio plazo, la digitalización ofrece mayores oportunidades para que las empresas, en particular las pymes, se recuperen y crezcan, poniéndolas en contacto con más clientes potenciales, mejorando la eficiencia de los procesos de producción y proporcionándoles incentivos para innovar. La inversión en digitalización incluye proporcionar infraestructuras adecuadas y mejorar las capacidades digitales de sectores más amplios de la población, y en particular de la población activa. La implementación del plan de Francia para la banda ancha de muy alta velocidad (Plan France Très Haut Débit) parece avanzar en las zonas urbanas. Sin embargo, sigue habiendo importantes disparidades de cobertura de la red de muy alta velocidad en otras zonas.

                  (23)

                  Francia tiene una sólida base de investigación y potencial para participar en iniciativas específicas de investigación e innovación en respuesta a la crisis de la COVID-19, incluido el desarrollo de vacunas y medicamentos. La crisis de la COVID-19 y el período posterior exigen un refuerzo de la cooperación en investigación e innovación entre los sectores público y privado. A medio plazo, la inversión en investigación e innovación podría propiciar mejoras de la productividad, como ha señalado el Consejo Nacional de Productividad francés. En los sectores que fomentan el crecimiento, es necesario también permitir que las empresas aprovechen las oportunidades que ofrece la transformación de la economía europea.

                  (24)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (25)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Francia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (26)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Francia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (27)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Francia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (28)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (29)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 3 y 4.

            RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario garantizando suministros suficientes de productos médicos críticos y una distribución equilibrada de los trabajadores sanitarios, e invirtiendo en sanidad electrónica.

                  2.

                  Mitigar las repercusiones sociales de la crisis de la COVID-19 así como sus repercusiones para el empleo, en concreto mediante la promoción de las capacidades y medidas de apoyo activas para todos los demandantes de empleo.

                  3.

                  Garantizar la aplicación efectiva de medidas que apoyen la liquidez de las empresas, en particular para las pymes. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para favorecer la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el transporte sostenible, la producción y utilización limpias y eficientes de energía, las infraestructuras energéticas y digitales, así como en investigación e innovación.

                  4.

                  Seguir mejorando el entorno normativo, reducir las cargas administrativas para las empresas y simplificar el sistema fiscal.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 55.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  DO C 91I de 20.3.2020, p. 1.

         (9)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Croacia 2020/C 282/11

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/68

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Croacia
      (2020/C 282/11)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Croacia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Croacia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Croacia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Croacia está experimentando desequilibrios macroeconómicos vinculados a su elevado nivel de deuda externa e interna, tanto pública como privada, en un contexto de bajo potencial de crecimiento.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Croacia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 serán previsiblemente considerables y se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones croatas debido a sus diferentes modelos de especialización. Las regiones costeras y las islas que dependen en gran medida del turismo se verán especialmente afectadas. Por tanto, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El jueves 30 de abril de 2020, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Croacia se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,4 % del PIB en 2019 a un déficit del 6,8 % en 2020, y que mejore en 2021 a un déficit del 2,4 %. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 73,2 % en 2019, aumentaría hasta el 86,7 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Croacia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y empresas más afectadas. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 2,8 % del PIB. Las dos medidas principales son la subvención pagada a las empresas por el mantenimiento de los empleados y las exenciones fiscales concedidas a las empresas más afectadas. Por otra parte, Croacia ha adoptado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en el 1,3 % del PIB. Entre estas medidas se incluyen los aplazamientos fiscales para el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades y las cotizaciones a la seguridad social. Globalmente, las medidas tomadas por Croacia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas croatas sería del -7,1 % del PIB en 2020 y el -2,2 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 88,6 % del PIB en 2020 y disminuya hasta el 83,4 % del PIB en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Croacia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, Croacia emprendió rápidamente medidas de gran alcance para proteger a sus ciudadanos y contener la propagación del virus. La pandemia (y las medidas de aislamiento asociadas) perturbó gravemente la actividad empresarial, con efectos negativos en el mercado laboral. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión calcula que el PIB real disminuirá un 9,1 % en 2020 y se recuperará un 7,5 % en 2021 y que la tasa de desempleo aumentará hasta el 10,2 % en 2020 y disminuirá al 7,4 % en 2021. El sector turístico, que representa una parte muy importante de la economía croata, se verá seriamente afectado. Al mismo tiempo, Croacia también tuvo que hacer frente a los efectos de un importante terremoto en Zagreb el 22 de marzo de 2020. Para mitigar el impacto negativo en la economía, Croacia emprendió una serie de medidas ambiciosas, como medidas de apoyo salarial, exenciones y aplazamientos del pago de impuestos y cotizaciones sociales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), garantías adicionales para el seguro de exportación y moratorias sobre los plazos de los préstamos, así como medidas específicas para el turismo y otros sectores altamente afectados.

                  (17)

                  La pandemia de COVID-19 supone una prueba de resiliencia para el sistema sanitario croata. Aunque el acceso a la asistencia sanitaria es generalmente bueno en Croacia, las necesidades médicas no cubiertas debido a la distancia son de las más elevadas de la Unión. Una distribución geográfica más equilibrada de los trabajadores sanitarios y las instalaciones sanitarias permitiría un acceso más fácil a los servicios sanitarios. El reparto de responsabilidades entre el gobierno central y las autoridades de condado por lo que respecta a las instalaciones de asistencia sanitaria en Croacia es mejorable. El gobierno central tiene que cubrir las deudas de los hospitales que son propiedad de los condados, pero dispone de medios limitados para influir en su gestión. Una cooperación más estrecha entre el gobierno central y los condados es fundamental para garantizar el suministro de productos médicos críticos y poder adoptar medidas para limitar la propagación de la COVID-19. El uso de herramientas de salud electrónica permite reducir los contactos directos entre los profesionales de la salud y los pacientes, así como reducir el riesgo de infecciones. La utilización de recetas electrónicas está muy extendida, pero el porcentaje de consultas y registros sanitarios digitales es muy bajo.

                  (18)

                  Debido a la ralentización de la actividad económica, los empresarios tienen dificultades para pagar los salarios, lo que se prevé que provoque un aumento del desempleo y de los niveles de pobreza, y acentúe las disparidades territoriales. Tradicionalmente, la participación en medidas activas de empleo ha sido muy baja, pero, en las circunstancias actuales, estos programas están adquiriendo mayor importancia. Con el fin de proporcionar apoyo a los empleadores y reducir al mínimo el número de despidos, deben reforzarse tales medidas, pero también otros regímenes de ayuda con plazos determinados, en particular los regímenes de reducción del tiempo de trabajo. A corto plazo, estas medidas permiten mantener puestos de trabajo, pero, también a medio plazo, hay margen para mejorar la previsión de las necesidades del mercado laboral durante la fase de recuperación. El servicio público de empleo croata debe intensificar sus esfuerzos para apoyar el desarrollo de capacidades adecuadas (por ejemplo, capacidades digitales) de la mano de obra, desarrollar estrategias de acercamiento a la población inactiva y contribuir a la lucha contra el trabajo no declarado fomentando el empleo formal. La prestación por desempleo no ofrece una red de seguridad adecuada a los trabajadores despedidos, ya que su cobertura y adecuación son bajas. La capacidad de la prestación de renta mínima para reducir la pobreza también se considera escasa, en un contexto de tasas elevadas de pobreza y exclusión social, disparidades territoriales y factores de riesgo relacionados con la edad, el sexo y la discapacidad.

                  (19)

                  Preocupa la fiabilidad de la conectividad a internet. Los hogares croatas no disponen de un acceso generalizado a internet de alta velocidad. Alrededor del 70 % de los hogares tienen acceso a banda ancha fija, y solo el 6 % tienen acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps. Especialmente en las zonas rurales, esto podría impedir el teletrabajo y la formación a distancia, en particular entre los grupos vulnerables, como los estudiantes de familias desfavorecidas o las personas con discapacidad. Estos grupos corren el riesgo de quedar excluidos de la reorientación repentina a una sociedad más digitalizada. Deben intensificarse las modalidades de trabajo alternativas que emplean tecnología digital, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, ya que el porcentaje de teletrabajadores (del 6 al 7 %) es la mitad de la media de la Unión.

                  (20)

                  La escasez de mano de obra ha afectado continuamente a algunos sectores de la economía, debido principalmente a la falta de capacidades. Promover la adquisición de competencias adecuadas, incluidas las digitales, durante la educación y la formación iniciales y posteriormente mediante el reciclaje y la mejora de las capacidades, podría aumentar la productividad y colmar las lagunas en materia de capacidades. Es preciso mejorar la calidad y el carácter inclusivo del sistema de educación y formación a todos los niveles, así como seguir reformando los planes de estudio. La introducción de la educación digital ya ha demostrado su valor en la crisis de la COVID-19; se necesitan más infraestructuras y material para la educación y la formación digital y mejorar las competencias digitales de los profesores, alumnos y adultos.

                  (21)

                  Croacia debe apoyar el flujo continuo de crédito y otra financiación, incluida financiación no bancaria, a los prestatarios viables que se vean afectados negativamente por la crisis de la COVID-19. Croacia ha adoptado diversas medidas de estímulo y apoyo a las pymes. Para superar la crisis y allanar el camino hacia la recuperación, deben proseguir los esfuerzos a fin de proporcionar un apoyo rápido y continuo a la liquidez de las empresas a través de préstamos y garantías, en particular garantías estatales, con especial atención a las pymes. Las empresas croatas dependen en gran medida de los préstamos bancarios y los flujos de tesorería para satisfacer sus necesidades de financiación. El sistema bancario debe contar con el apoyo de garantías para ofrecer nueva financiación a las pymes y mejorar el acceso a la financiación. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. La exención y la autorización de pagos diferidos de impuestos y cotizaciones sociales también han contribuido a mejorar la liquidez de las empresas.

                  (22)

                  Se han renovado los esfuerzos para reducir la carga administrativa y las restricciones reglamentarias. Sin embargo, el funcionamiento de las empresas en general sigue viéndose frenado por la aún elevada carga normativa y administrativa, por ejemplo, en lo que se refiere a las autorizaciones, los requisitos de información, en cierta medida, y los procedimientos fiscales. La identificación de las cargas administrativas y financieras está avanzando a través de las consultas con las partes interesadas y a través de un sitio web específico, y se están adoptando medidas para reducir las obligaciones más gravosas. También es esencial garantizar el acceso a las profesiones y el ejercicio de las mismas, mediante la racionalización de sus marcos reglamentarios y de los procedimientos administrativos conexos, especialmente para las pymes y las microempresas, incluidos los profesionales que ejercen a título Individual. Se han revisado las tasas parafiscales y el Gobierno adoptó un primer plan de acción en mayo de 2020.

                  (23)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Croacia debe promover la inversión en sectores potenciadores del crecimiento, contribuyendo así a la transición ecológica y digital. Una infraestructura digital moderna y sólida es clave para la transformación digital de la administración pública y las empresas. Las inversiones en redes de muy alta capacidad, incluida la 5G, son un prerrequisito para la transición digital. La inversión debe apoyar los objetivos de descarbonización y transición energética de Croacia establecidos en el plan nacional de energía y clima. Croacia tiene margen y oportunidades para invertir en transporte urbano y ferroviario sostenible, eficiencia energética, fuentes renovables de energía e infraestructuras medioambientales. Además, Croacia está muy por debajo de la media de la Unión en cuanto a gestión del agua y los residuos, y es necesario invertir para apoyar el desarrollo económico croata. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Croacia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Croacia optimizar el uso de este Fondo.

                  (24)

                  La eficiencia de la administración pública croata es inferior a la media de la Unión. Su baja capacidad para elaborar y aplicar políticas y proyectos obstaculiza su eficacia y rapidez, también en lo que respecta la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que, en el caso de Croacia, representan una gran oportunidad para aliviar las consecuencias de la crisis y apoyar la recuperación económica. No avanza la aplicación del nuevo sistema de planificación estratégica ni la anunciada Estrategia Nacional de Desarrollo. Por otra parte, existe una elevada fragmentación territorial de la administración pública y un desequilibrio entre las responsabilidades y los recursos a nivel local. Esto contribuye a la calidad desigual de los servicios públicos prestados en todo el país y eleva los costes administrativos.

                  (25)

                  Los retrasos y procedimientos prolongados en los tribunales civiles y mercantiles siguen afectando al entorno empresarial y a la resolución eficaz de los procedimientos de insolvencia, y los desafíos en materia de calidad y eficiencia de la justicia penal dificultan la lucha contra los delitos económicos y financieros. Se ha avanzado en la resolución de los asuntos pendientes más antiguos y en el uso de la comunicación electrónica en los tribunales, aunque sigue habiendo margen de mejora.

                  (26)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (27)

                  El sector financiero de Croacia está bien capitalizado y es rentable, y la calidad de los activos del sector bancario ha mejorado en los últimos años. No obstante, es probable que las entidades financieras sufran algunas tensiones debido a su exposición a sectores más vulnerables a la pandemia de COVID-19. Se han introducido medidas para mitigar el impacto negativo de las medidas de confinamiento para las empresas. Es fundamental que estas medidas sean temporales, estén estrictamente vinculadas a la pandemia y sean adecuadas para ayudar a que las empresas que se enfrentan a dificultades financieras vuelvan a ser viables. Este enfoque apoyará a las empresas sin socavar los progresos realizados por Croacia para mejorar la estabilidad de su sector financiero.

                  (28)

                  Es esencial seguir reforzando el marco para prevenir y sancionar la corrupción a fin de garantizar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y lograr una asignación y una distribución eficiente, responsable y transparente de los fondos y los recursos. A pesar de la ejecución parcial de varios planes de acción, las cuestiones relacionadas con la corrupción y los conflictos de intereses siguen estando generalizadas entre las empresas. Son necesarios esfuerzos adicionales a fin de reforzar el marco para prevenir y sancionar la corrupción, con objeto de garantizar un uso transparente y eficiente de los fondos públicos. Son necesarios instrumentos más eficaces de prevención y represión de la corrupción, en particular a nivel local. Sigue siendo necesario mejorar los mecanismos de supervisión de los funcionarios y administradores de empresas públicas locales, y garantizar que la Comisión sobre Conflictos de Intereses pueda cumplir su papel preventivo esencial. Se espera que las iniciativas de aumento de la transparencia, como la publicación de activos de jueces y fiscales, comiencen en 2020.

                  (29)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Croacia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (30)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Croacia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Croacia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Croacia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (31)

                  A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (32)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Convergencia de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Croacia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Aumentar la resiliencia del sistema sanitario. Promover una distribución geográfica equilibrada de los trabajadores y las instalaciones de salud, una cooperación más estrecha entre todos los niveles de administración, e inversiones en sanidad electrónica.

                  2.

                  Reforzar las medidas e instituciones del mercado laboral, y mejorar la adecuación de las prestaciones por desempleo y de los regímenes de renta mínima. Aumentar el acceso a la infraestructura y los servicios digitales. Promover la adquisición de capacidades.

                  3.

                  Mantener las medidas destinadas a proporcionar liquidez a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia. Seguir reduciendo las tasas parafiscales y las restricciones en la regulación del mercado de bienes y servicios. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar las inversiones en la transición verde y digital, en particular en las infraestructuras medioambientales, el transporte urbano y ferroviario sostenible, la producción y el uso limpios y eficientes de energía, y la banda ancha de alta velocidad.

                  4.

                  Reforzar la capacidad y eficiencia de la administración pública para concebir y aplicar políticas y proyectos públicos a nivel central y local. Mejorar la eficacia del sistema judicial.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 64.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.