               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 507 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Irlanda

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Irlanda

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Irlanda
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Irlanda con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Los desequilibrios atañen, en particular, a unos volúmenes considerables de deuda pública y privada y de pasivos externos netos.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Toda medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabía esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario que incluyan, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Irlanda a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 21 de abril de 2020, Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 30 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente.

               (11)Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo global se deteriore y pase de un superávit del 0,4 % del PIB en 2019 a un déficit del 7,4 % del PIB en 2020. Se espera que el déficit disminuya al 4,1 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 58,8 % del PIB en 2019, aumentaría al 69,1 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre a raíz de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Irlanda ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y los sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente a aproximadamente el 2,0 % del PIB. Las medidas comprenden ayudas al empleo y en materia de desempleo durante un período de doce semanas (en torno al 1,4 % del PIB) y un gasto adicional dirigido a aumentar la capacidad y la accesibilidad del sistema sanitario (en torno al 0,6 % del PIB). Por otra parte, Irlanda ha anunciado medidas que, sin tener un efecto inmediato en el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en torno al 0,3 % del PIB. Esas medidas comprenden garantías de créditos y diversos mecanismos de préstamo, la suspensión de intereses y de penalizaciones por determinados retrasos en los pagos por parte de los empleadores, la suspensión de la actividad de ejecución de deudas y aplazamientos de pagos de hasta tres meses en los préstamos a empresas. El 2 de mayo de 2020, el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas de ayuda para empresas por medio de instrumentos de deuda y de capital. Representa aproximadamente el 2 % del PIB y no está recogido en el Programa de Estabilidad de 2020 ni en las previsiones de la Comisión. Globalmente, las medidas tomadas por Irlanda están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas irlandesas sería del -5,6 % del PIB en 2020 y del -2,9 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 66,4 % del PIB en 2020 y el 66,7 % del PIB en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por Irlanda del valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a Irlanda en el primer semestre de 2020 y ha sometido a su sistema sanitario a una presión extrema. Irlanda introdujo medidas urgentes para reforzar el sistema sanitario, así como medidas de contención, a fin de frenar la pandemia, que han restringido drásticamente la actividad económica en determinados sectores. Además, el Gobierno introdujo una amplia gama de medidas económicas para mitigar en lo posible las consecuencias de la crisis de la COVID-19. Comprendían regímenes de subsidio salarial para proteger el empleo, pagos de prestaciones sociales, prohibiciones temporales de la subida de los alquileres y de los desahucios, así como medidas de apoyo a la liquidez y crediticio. Aunque las medidas tienen por objeto aplacar la perturbación económica de la pandemia, el riesgo de que el país registre importantes pérdidas de producción y numerosos casos de quiebras e insolvencias, así como un aumento del desempleo y de la población en riesgo de pobreza, sigue siendo elevado.

               (17)Antes de la pandemia de COVID-19, los hospitales ya estaban funcionando casi al máximo de su capacidad, y el porcentaje de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se encontraba entre los más altos de los países de la OCDE. El principal motivo era la falta de acceso universal a la atención primaria y una marcada dependencia de la atención hospitalaria. Debido a los problemas relacionados con la contratación y la retención del personal de enfermería, había escasez de estos trabajadores en determinadas regiones y hospitales. Los servicios de cuidados a domicilio de larga duración apenas satisfacen la demanda y no gozan de un marco legal suficiente, mientras que las políticas incentivan el recurso a los cuidados en instituciones. La COVID-19 ha sometido al sistema sanitario a una presión sin precedentes. Rápidamente se pusieron en marcha medidas de emergencia para aumentar la capacidad hospitalaria y proporcionar servicios sanitarios universales de forma temporal. No obstante, a medio plazo, Irlanda deberá remediar las limitaciones estructurales de su sistema sanitario en términos de eficiencia, flexibilidad, resiliencia y accesibilidad. La ambiciosa reforma de Sláintecare pretende instaurar un sistema sanitario sostenible y accesible a todos. Sin embargo, los planes para su puesta en marcha siguen siendo imprecisos. Definir hitos y plazos claros y un marco sólido de seguimiento puede contribuir a la implantación oportuna de la cobertura universal. La puesta en marcha de reformas en el ámbito de los servicios de cuidados de larga duración, incluidos nuevos métodos de trabajo en el seno de la comunidad a través del apoyo a los cuidados a domicilio y la reorganización de los recursos de enfermería, podría requerir un inventario de las instalaciones existentes, previsiones sobre el aumento de la demanda en el futuro y un análisis proporcional de las «deficiencias», todo ello seguido de un plan para la concreción de las reformas.

               (18)De acuerdo con las últimas previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo aumente al 7,4 % en 2020 y disminuya ligeramente hasta el 7 % en 2021. El Gobierno ha recurrido en gran medida al apoyo a la renta y al empleo para afrontar la pandemia, en particular a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, que deben seguir aplicándose rápidamente y reforzándose. El número relativamente alto de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral exige esfuerzos adicionales para fomentar estrategias de activación individualizadas. Los retos a los que se enfrenta Irlanda en materia de pobreza, calidad del empleo y apoyo al empleo, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad, no han desaparecido y pueden agravarse debido a la pandemia. En cooperación con los interlocutores sociales, el contexto actual exige que se prosigan los esfuerzos dirigidos al perfeccionamiento y reciclaje profesional a fin de satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de trabajo y preparar a la mano de obra para la transición climática, energética y de la economía circular. Se ha detectado escasez de personal cualificado en el sector de la vivienda, y cabe esperar que surjan otras carencias a medida que avance la transición. En el contexto de la pandemia de COVID-19, es esencial garantizar que la digitalización de la educación y el trabajo no aumente las desigualdades educativas y sociales.

               (19)El Gobierno ha aplicado diversas medidas de apoyo a la oferta de viviendas que contribuyeron a aumentar el número anual de viviendas terminadas en casi un 40 % en los dos años anteriores a septiembre de 2019. Esas medidas, combinadas con instrumentos macroprudenciales eficaces, parecen haber ayudado a frenar la inflación de los precios de la vivienda. Sin embargo, el número de viviendas terminadas aún es inferior a la demanda. La asequibilidad de la vivienda es un problema para muchos hogares, y la inflación de los alquileres se mantiene elevada. La mejora de las infraestructuras, unida a la ordenación del territorio, podría ser un factor facilitador fundamental para mejorar la oferta de viviendas. Además, la resolución de las deficiencias administrativas en la exacción relativa a los terrenos sin edificar («vacant site levy») podría en última instancia mejorar la asequibilidad de la vivienda a medio plazo. La escasez en la oferta de viviendas sigue siendo un reto importante para fomentar la inclusión, especialmente para los más vulnerables. Las medidas políticas recientes han acelerado la entrega de viviendas sociales, pero, en diciembre de 2019, Irlanda aún contaba aproximadamente 68 700 hogares en las listas de espera de viviendas sociales. Hay que redoblar los esfuerzos para cubrir las necesidades de los hogares todavía inscritos en esas listas y de los posibles nuevos solicitantes. De las alrededor de 10 000 personas sin hogar registradas en Irlanda, 3 500 son niños. Es una situación preocupante en cuanto a los posibles riesgos de agravamiento de las desigualdades, de pobreza arraigada y de exclusión social. Las familias monoparentales con niños se encuentran entre los grupos más afectados por el problema de la carencia de hogar. Persisten importantes diferencias regionales y urbanas; así, el 69 % del total de adultos sin hogar se concentra en el área del Gran Dublín.

               (20)El sistema bancario nacional es una fuente importante de liquidez para las empresas irlandesas. El acceso oportuno a los préstamos puede resultar complicado para las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como para aquellas sin garantías reales o sin relación previa con un prestamista. Además, el acceso de las pymes a los préstamos bancarios se ha visto obstaculizado, hasta no hace mucho, por los elevados tipos de interés. Las autoridades y los bancos irlandeses han introducido una serie de medidas para paliar las dificultades financieras a las que se enfrentan las empresas y los hogares. Es importante que esas medidas proporcionen la liquidez necesaria y fomenten soluciones de reestructuración para los prestatarios cuyas dificultades financieras estén estrictamente vinculadas a la pandemia y que, por tanto, deberían recuperar la viabilidad tras un período de transición. Solo un enfoque equilibrado como el que se sugiere puede ayudar a las empresas y a los hogares a superar los problemas temporales sin socavar la rentabilidad (ya de por sí débil) y los incipientes progresos realizados por Irlanda en los últimos años en cuanto a la mejora de la estabilidad financiera de su sector bancario. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

               (21)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La reactivación de la economía exige que Irlanda avance en lo referente a sus ambiciosas inversiones en materia de medio ambiente, clima, energía e infraestructuras. Hasta el momento, el país ha ido a la zaga en el proceso de descarbonización. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y los edificios son elevadas y han seguido registrando una tendencia al alza. Irlanda no cumplirá los objetivos de eficiencia energética y energías renovables para 2020. El país depende de las importaciones de energía y es uno de los Estados miembros con los precios más altos de la electricidad, lo que podría afectar negativamente tanto al medio ambiente como a la competitividad de las empresas. La transformación de la economía irlandesa en una economía climáticamente neutra requerirá inversiones públicas y privadas considerables, durante un período prolongado, especialmente en energías renovables, infraestructuras de electricidad, eficiencia energética y transporte sostenible. El Plan de Acción por el Clima constituye una iniciativa creíble para invertir la trayectoria de las emisiones. Se requerirá una aplicación eficaz y continuada de sus políticas y medidas para que la ambición se traduzca en resultados concretos. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Irlanda a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en el territorio contemplado en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Irlanda garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (22)Los esfuerzos de Irlanda para reducir la brecha de producción entre sus sectores exteriores y nacionales siguen siendo débiles. Destaca positivamente la ayuda directa a través del «Disruptive Technologies Innovation Fund» (Fondo de Innovación en materia de Tecnologías Disruptivas) a efectos de la cooperación entre empresas y centros públicos de investigación, por ejemplo, a través de proyectos de colaboración entre la industria —incluidas las pymes— y los organismos de investigación. Aunque Irlanda proporciona un importe relativamente alto de ayudas públicas a las empresas, esas ayudas se ofrecen a través de un sistema de créditos fiscales para la investigación y el desarrollo, que tiende a favorecer a las grandes empresas de propiedad extranjera y tiene un efecto limitado en la mejora de la productividad de las empresas locales irlandesas. El marco adoptado por Irlanda en relación con los trabajos del futuro («Future Jobs Ireland») identifica las medidas clave que podrían ayudar a abordar las deficiencias de la economía nacional, especialmente las iniciativas para reforzar la productividad de las empresas nacionales, en particular las pymes. Es importante que esas medidas se apliquen de manera efectiva. La crisis también ha puesto de relieve las necesidades de digitalización de las pymes, en especial por lo que respecta a las soluciones de trabajo a distancia, la formación de los trabajadores y la ciberseguridad. La infraestructura digital es esencial para impulsar la productividad de las pymes y promover el espíritu emprendedor. La banda ancha ultrarrápida solo está disponible para el 5 % de las instalaciones rurales, muy por debajo de la media de la UE del 29 %; además, Irlanda es uno de los países más caros de la UE para la banda ancha fija. Ahora que se ha firmado el contrato para una gran inversión pública en el marco del plan nacional para la banda ancha («National Broadband Plan») con el fin de subsanar las deficiencias de la infraestructura es importante que se haga un seguimiento estrecho para garantizar que la implantación de la red de banda ancha ultrarrápida financiada con fondos públicos se lleva a cabo dentro de los plazos fijados, en particular en las zonas rurales.

               (23)La lucha contra la planificación fiscal abusiva es fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas tributarios, como se reconoce en la Recomendación de 2020 para la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Con el fin de hacer frente a dichas prácticas, Irlanda ha aplicado iniciativas acordadas a nivel internacional y europeo y ha adoptado determinadas medidas adicionales a nivel nacional. No obstante, el elevado nivel de los pagos de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa tributaria de Irlanda es utilizada por empresas que practican la planificación fiscal abusiva, y será preciso valorar la eficacia de las medidas nacionales. La ampliación de la base imponible dotaría a los ingresos de mayor resiliencia frente a fluctuaciones económicas y perturbaciones idiosincráticas, además de reforzar el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. La fuerte concentración del impuesto sobre sociedades (las diez principales empresas representan el 45 % de este impuesto), su volatilidad y carácter potencialmente transitorio, así como el hecho de que constituya un porcentaje cada vez mayor del total de ingresos fiscales (18,7 % en 2018), subrayan los riesgos que entraña depender en exceso de estos ingresos para la financiación de los gastos corrientes permanentes.

               (24)A pesar de los esfuerzos para fortalecer su marco de lucha contra el blanqueo de capitales, Irlanda aún se enfrenta a riesgos debido a su economía de vocación internacional, que implica una entrada significativa de inversiones extranjeras directas, y la presencia de complejas estructuras jurídicas con patrocinadores extranjeros. El análisis nacional de riesgos está siendo revisado para reflejar mejor la exposición al riesgo efectiva de los profesionales que intervienen en la prestación de servicios a empresas y fideicomisos. La comprensión inadecuada de la exposición al riesgo por parte de estos profesionales se traduce en un bajo nivel de notificación de las operaciones sospechosas. La intensidad de la supervisión es inadecuada para solucionar estas cuestiones y no se apoya en un enfoque basado en el riesgo, situación que obstaculiza la eficacia del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Se ha creado un registro nacional de titulares reales para las empresas, a fin de limitar el secreto e identificar a dichos titulares. La calidad de la información facilitada y la eficacia del registro deben ser objeto de seguimiento a lo largo del tiempo.

               (25)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (26)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Irlanda contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (27)Con miras a una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental que haya una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Irlanda debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (28)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Ha valorado igualmente el Programa de Estabilidad de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Irlanda en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Irlanda, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de esta en las futuras decisiones nacionales.

               (29)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (30)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2 y 4.

               RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a alcanzar una situación fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Mejorar la accesibilidad del sistema sanitario y reforzar su resiliencia, en particular atendiendo a las necesidades del personal sanitario y garantizando la cobertura universal en la atención primaria.

               2.Apoyar el empleo mediante el desarrollo de cualificaciones. Abordar el riesgo de brecha digital, especialmente en el sector de la educación. Aumentar la oferta de viviendas sociales y asequibles.

               3.Seguir prestando apoyo a las empresas, poniendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, especialmente a través de medidas que garanticen su liquidez. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, el transporte público sostenible, el suministro de agua y su tratamiento, la investigación y la innovación, y las infraestructuras digitales.

               4.Ampliar la base imponible. Intensificar las medidas dirigidas a abordar las características del sistema tributario que facilitan la planificación fiscal abusiva, en particular en lo referente a los pagos salientes. Garantizar una supervisión y aplicación efectivas del marco de lucha contra el blanqueo de capitales por lo que respecta a los profesionales que prestan servicios a empresas y fideicomisos.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 506 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5), y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 510 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Francia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Francia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Francia
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                 se publicó el 26 de febrero de 2020. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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                y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia tiene desequilibrios macroeconómicos. En concreto, están relacionados con la alta deuda pública y la mediocre dinámica de la competitividad, en un contexto de escaso crecimiento de la productividad, y tienen incidencia transfronteriza.

               (3)El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               .  La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartió con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en los lugares de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden que el mercado único funcione con normalidad tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha demostrado la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos son elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una mayor flexibilidad y procedimientos racionalizados y simplificados. Para aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros pueden beneficiarse también de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Francia a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida del turismo, como las ultraperiféricas, y, en términos más generales, de actividades empresariales que implican un contacto cara a cara con los clientes. Esto conlleva un riesgo sustancial de ampliación de las disparidades regionales y territoriales en Francia, que agrava la tendencia que ya se observaba de lento aumento de las disparidades entre la región de la capital, las grandes ciudades y el resto del país, entre las zonas rurales y urbanas y entre la metrópolis y las regiones ultraperiféricas.     Combinada con el riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 7 de mayo de 2020, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y, el 30 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (11)Francia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda.  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Francia que garantizase que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto
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                no rebasara el 1,4 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019 tomados en conjunto.  Este es un factor importante en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que se evalúa el cumplimiento por Francia del criterio de deuda en 2019.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, de un déficit del 3,0 % del PIB en 2019 a un déficit del 9,0 % del PIB en 2020.  Tras estabilizarse en el 98,1 % del PIB en 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB aumente al 115,2 % en 2020 según el Programa de Estabilidad de 2020. La elevada incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19 afecta a las perspectivas macroeconómicas y fiscales.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Francia ha adoptado medidas presupuestarias para incrementar las capacidades de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a los ciudadanos y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, esas medidas presupuestarias ascienden al 1,9 % del PIB. Esas medidas incluyen: la financiación de un régimen de desempleo parcial que representa el 1,1 % del PIB; un gasto adicional del 0,4 % del PIB para reforzar los servicios de asistencia sanitaria, las provisiones para el seguro de enfermedad y la retribución del personal sanitario; la creación de un fondo de solidaridad equivalente al 0,3 % del PIB para proporcionar ayuda directa a las pequeñas y muy pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos.  Además, Francia ha anunciado medidas que, sin tener una incidencia presupuestaria directa, contribuirán a apoyar la liquidez de las empresas y que, según las estimaciones del Programa de Estabilidad de 2020, representarán un 17 % del PIB. Esas medidas incluyen aplazamientos de las cargas tributarias y sociales para las empresas; devolución acelerada del crédito fiscal y del IVA; creación de una reserva específica para ayudas directas a empresas estratégicas a través de inversión de capital (3,1 % del PIB) y garantías de préstamo (13,9 % del PIB). En conjunto, las medidas adoptadas por Francia son acordes con las directrices expuestas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19.  La plena aplicación de esas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de situaciones presupuestarias a medio plazo prudentes cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según indican las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, si no cambian las políticas, el saldo de las administraciones públicas de Francia será previsiblemente de -9,9 % del PIB en 2020 y -4,0 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda pública alcance el 116,5 % del PIB en 2020 y el 111,9 % en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que Francia había incumplido la norma en materia de deuda en 2019 y se prevé que su déficit no cumpla el valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. En términos generales, el análisis indica que los criterios de déficit y de deuda definidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 no se cumplen.

               (16)El sistema sanitario francés consigue eficazmente buenos resultados. No obstante, la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve las deficiencias de su preparación para hacer frente a pandemias. Estas son algunas de ellas: i) dificultades para garantizar la disponibilidad inmediata de trabajadores sanitarios, suministros críticos y equipos de protección individual, además de ii) problemas estructurales latentes.  En cuanto a las primeras, Francia movilizó su reserva de personal y equipos médicos y paramédicos, incluidos estudiantes de medicina y médicos y enfermeros jubilados. La coordinación de la respuesta entre todos los segmentos del sistema sanitario sigue siendo deficiente. Por lo que respecta a los segundos, son el resultado de la falta de inversión en infraestructuras físicas y recursos humanos y de la limitada adaptación en la organización de los servicios, así como de la necesidad de una mejor coordinación entre actores públicos y privados. Las disparidades regionales persistentes agravan las dificultades. Por ejemplo, pese a que el porcentaje de médicos en activo está en torno a la media de la Unión, alrededor del 18 % de la población de Francia vive en zonas en las que el acceso a un médico general es limitado. Son necesarios más esfuerzos decididos para digitalizar los servicios sanitarios, piedra angular de la estrategia del Gobierno para transformar el sistema sanitario. La crisis de la COVID-19 está mostrando que un mejor uso de la sanidad electrónica, y en particular de la telemedicina, es importante en tiempos de pandemia.

               (17)La crisis de la COVID-19 está teniendo una repercusión negativa en el mercado de trabajo y las condiciones sociales franceses. Pese a las medidas de mitigación adoptadas, el desempleo aumentará (al 10,1 % en 2020, según las previsiones de la Comisión, para después recuperarse situándose en el 9,7 % en 2021). Estas medidas incluyen la modificación y la ampliación del régimen de reducción del tiempo de trabajo, así como las medidas adoptadas para apoyar a las empresas y a los trabajadores y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y del sistema sanitario.  La persistente segmentación del mercado de trabajo sigue siendo una fuente de inquietud. En 2019, alrededor de dos tercios de las nuevas contrataciones fueron con contratos de corta duración de menos de un mes. El índice de transición de contratos de corta duración a contratos por tiempo indefinido es uno de los más bajos de la Unión. La reciente reforma del sistema de prestaciones por desempleo (Unédic) tuvo por objeto reforzar la sostenibilidad financiera del sistema y aportar soluciones frente a la segmentación. Sin embargo, las partes de la reforma relacionadas con las normas de indemnización han quedado en suspenso a causa de la crisis.  Ante el deterioro del contexto, es importante garantizar que las prestaciones por desempleo, así como las medidas de apoyo activo al empleo, estén a disposición de todos los demandantes de empleo, con independencia de su situación en el empleo previa. Para hacer frente a la inadecuación de las capacidades y mejorar la resiliencia del mercado de trabajo, deben proseguir los esfuerzos encaminados a promover la reasignación de la mano de obra entre los distintos sectores. Antes del brote de COVID-19, cada vez más empleadores notificaban dificultades para encontrar candidatos adecuados a los que contratar, lo que apuntaba a la necesidad de promover el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales. Por ejemplo, mientras que la escasez de capacidades afecta especialmente al sector de las tecnologías de la información, las titulaciones en este ámbito representan solo el 3 % del total de los graduados.

               (18)En el contexto de la crisis de la COVID-19 resulta especialmente importante garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas y la libre circulación de mercancías en todo el mercado interior y supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro en cooperación con los países vecinos. Con este fin, el levantamiento de las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19, en particular las restricciones a la exportación de algunas sustancias y algunos productos médicos, contribuirá a atender las necesidades de los ciudadanos de toda la Unión de manera coherente y con un espíritu solidario, a evitar el riesgo de escasez y de interrupciones de las cadenas de suministro y, en definitiva, a preparar el camino para una estrategia de salida acertada de la COVID-19 coordinada por la Unión.

               (19)Francia ha adoptado numerosos planes para apoyar la liquidez de las empresas, algunos al amparo del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19
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               . La aplicación efectiva y eficiente de estos planes es fundamental para garantizar que las empresas, y en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), se benefician de ellos.  En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

               (20)El entorno empresarial de Francia ha mejorado en conjunto, pero es preciso que el país prosiga los esfuerzos para simplificar su sistema fiscal y reducir las cargas administrativas para las empresas, en especial si se quiere apoyar una recuperación económica efectiva a medio plazo.  Por ejemplo, según la evaluación de la Comisión, confirmada por los indicadores de la OCDE sobre Regulación del Mercado de Productos de 2018, a pesar de los progresos y de la adopción de diversas medidas en el sector de los servicios, las restricciones regulatorias siguen siendo elevadas en Francia en comparación con otros Estados miembros, en especial para los servicios empresariales, muchos de los cuales son profesiones reguladas, y en el comercio minorista.   Como uno de los sectores más afectados, el sector de los servicios desempeñará un papel fundamental en la salida y la recuperación de la crisis. Una reelaboración de los requisitos para el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio fomentaría la innovación, la competencia y la movilidad profesional, lo que tendría una repercusión económica global positiva. La flexibilidad regulatoria impulsaría también una recuperación de la actividad del comercio minorista en el período posterior a la COVID-19.

               (21)Para favorecer la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, incluso mediante las reformas pertinentes. Esto podría hacerse en prioridades identificadas del Pacto Verde Europeo, en particular en iniciativas de transporte con bajas emisiones de carbono, energías renovables y renovación de edificios. Junto con la transformación digital de la economía, esto podría ayudar a aportar un estímulo a corto plazo para la recuperación y el período a medio plazo posterior a la crisis de la COVID-19, y a situar a Francia en una senda climáticamente neutra a largo plazo sostenible, promoviendo a la vez su liderazgo tecnológico.  El trabajo preparatorio para las medidas de recuperación podría basarse en el plan nacional integrado de energía y clima, los proyectos de interés común y los planes de desarrollo de las infraestructuras de Francia.  Un aumento de las inversiones en infraestructuras energéticas, incluidas las interconexiones eléctricas, contribuiría a mejorar la integración del mercado interior de la energía de la Unión, a la vez que introduciría una mayor competencia y facilitaría la utilización de energías renovables. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Francia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Francia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (22)Durante el confinamiento, la digitalización ha demostrado ser vital para mantener el acceso a los servicios de la administración pública, educativos y médicos, así como para preservar la actividad económica a través del teletrabajo y el comercio electrónico. A medio plazo, la digitalización ofrece mayores oportunidades para que las empresas, en particular las pymes, se recuperen y crezcan, poniéndolas en contacto con más clientes potenciales, mejorando la eficiencia de los procesos de producción y proporcionándoles incentivos para innovar. La inversión en digitalización incluye proporcionar infraestructuras adecuadas y mejorar las capacidades digitales de sectores más amplios de la población, y en particular de la población activa. La implementación del plan de Francia para la banda ancha de muy alta velocidad (Plan France Très Haut Débit) parece avanzar en las zonas urbanas. Sin embargo, sigue habiendo importantes disparidades de cobertura de la red de muy alta velocidad en otras zonas.

               (23)Francia tiene una sólida base de investigación y potencial para participar en iniciativas específicas de investigación e innovación en respuesta a la crisis de la COVID-19, incluido el desarrollo de vacunas y medicamentos. La crisis de la COVID-19 y el período posterior exigen un refuerzo de la cooperación en investigación e innovación entre los sectores público y privado. A medio plazo, la inversión en investigación e innovación podría propiciar mejoras de la productividad, como ha señalado el Consejo Nacional de Productividad francés. En los sectores que fomentan el crecimiento, es necesario también permitir que las empresas aprovechen las oportunidades que ofrece la transformación de la economía europea.

               (24)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida relacionadas con la crisis actual.

               (25)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Francia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (26)Una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria es fundamental para lograr una rápida recuperación de los efectos económicos de la COVID-19. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Francia debe asegurarse de que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (27)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (28)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
                  11
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (29)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 3 y 4.

               RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, tomar todas las medidas necesarias para combatir la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz.  Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias a medio plazo prudentes y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario garantizando suministros suficientes de productos médicos críticos y una distribución equilibrada de los trabajadores sanitarios, e invirtiendo en sanidad electrónica.

               2.Mitigar las repercusiones sociales de la crisis así como sus repercusiones para el empleo, en concreto mediante la promoción de las capacidades y medidas de apoyo activas para todos los demandantes de empleo.

               3.Garantizar la aplicación efectiva de medidas que apoyen la liquidez de las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para favorecer la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el transporte sostenible, la producción y utilización limpias y eficientes de energía, las infraestructuras energéticas y digitales, así como en investigación e innovación.

               4.Seguir mejorando el entorno normativo, reducir las cargas administrativas para las empresas y simplificar el sistema fiscal.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 509 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (9)

                        DO C 91I de 20.3.2020, p. 1.

                     (10)

                        SWD(2020) 509 final.

                     (11)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.8.2021
            COM(2021) 456 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio
            {SWD(2021) 221 final} - {SWD(2021) 222 final}

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

               La Comisión propone negociar un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero con la República de Mauricio
                  1
               , en consonancia con las necesidades de la flota de la Unión, con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común (PPC)
                  2
               , y con las Conclusiones del Consejo
                  3
               , de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común
                  4
               .

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  El actual Acuerdo con Mauricio entró en vigor el 28 de enero de 2014 por un período de seis años y es renovable tácitamente por períodos adicionales de tres años. El actual Protocolo de aplicación
                     5
                  , de duración cuatrienal, entró en vigor el 8 de diciembre de 2017 y expirará el 7 de diciembre de 2021. En él se fijan las posibilidades de pesca para la flota de la Unión y la correspondiente contrapartida financiera que han de abonar la Unión y sus armadores. Asimismo, se ofrecen posibilidades de pesca de atún y especies altamente migratorias a los buques de la Unión Europea de cuatro Estados miembros (España, Francia, Italia y Portugal).

                  La contribución financiera pública anual de la Unión Europea a Mauricio asciende a 220 000 EUR para el acceso, además de importes específicos de 220 000 EUR como apoyo a la política pesquera y 135 000 EUR para apoyar el despliegue de la política marítima y la economía oceánica.

                  La Comisión propone negociar un nuevo Protocolo de aplicación que tiene plenamente en cuenta el Reglamento sobre la PPC
                     6
                  .

               La Unión Europea ha desarrollado una red de acuerdos bilaterales de colaboración de pesca sostenible (ACPS) en el océano Índico, por ejemplo con Seychelles y Madagascar. Los ACPS contribuyen a promover los objetivos de la PPC a nivel internacional, garantizando que las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas aplicables en virtud del Derecho de la Unión. Además, este tipo de acuerdos fomentan la cooperación científica entre la Unión Europea y sus socios, promueven la transparencia y la sostenibilidad con vistas a una gestión mejor de los recursos pesqueros al impulsar la gobernanza al apoyar el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras, y al proporcionar financiación para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) con miras a contribuir al desarrollo sostenible de la industria pesquera local. Los ACPS consolidan la posición de la Unión Europea en las organizaciones pesqueras internacionales y regionales, en el caso de Mauricio, la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI)
                  7
               .

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un nuevo Protocolo de aplicación con Mauricio está en consonancia con la acción exterior de la Unión en los países de África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP), en particular con sus objetivos relativos al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos. También está en consonancia con el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) provisional que están aplicando Comoras, Madagascar, Mauricio, Seychelles y Zimbabue, y cuyo ámbito de aplicación se amplía a otras cuestiones comerciales, como el comercio y el desarrollo sostenibles.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  La base jurídica de la decisión es el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la quinta parte (acción exterior de la Unión), título V (acuerdos internacionales), que establece el procedimiento para la negociación y celebración de acuerdos con otros países.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No procede (competencia exclusiva).

               •Proporcionalidad

                  La Decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

                  En 2021, la Comisión realizó una evaluación ex post del Protocolo actual y una evaluación ex ante de su posible renovación. Sus conclusiones se exponen en un documento de trabajo aparte.

                  En la evaluación se llegó a la conclusión de que los sectores pesqueros de la Unión tienen un claro interés en la posibilidad de pescar en Mauricio, y de que la renovación del Protocolo redundaría en interés de ambas partes. Además, la renovación del Protocolo contribuiría a reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia, y ayudaría a mejorar la gobernanza de las actividades de pesca en la región.

                  Para la Unión Europea es importante mantener un instrumento que permita una sólida cooperación sectorial con un agente estratégico a nivel subregional y, más en general, consolidar la relación con Mauricio. También ayudará a la Unión Europea a establecer alianzas en el marco de la CAOI. Para la flota de la Unión, incluidas sus regiones ultraperiféricas, en el océano Índico, esto significa mantener el acceso a una importante zona de pesca bajo la jurisdicción de Mauricio con el fin de desplegar estrategias de captura dentro de un marco jurídico internacional plurianual. Por otra parte, la importancia de Mauricio en términos de transformación del atún capturado en el océano Índico y exportaciones de productos derivados del atún a la Unión Europea hacen que el nuevo Protocolo previsto sea aún más importante, tanto para la industria pesquera de la Unión Europea como para el país socio. Para las autoridades mauricianas, el objetivo es mantener las relaciones con la Unión, en parte para consolidar su gobernanza de los océanos y para beneficiarse de un apoyo sectorial específico que les brinde oportunidades de financiación plurianuales.

               •Consultas con las partes interesadas

                  En el transcurso de su evaluación, la Comisión consultó a los Estados miembros, a representantes del sector, a organizaciones internacionales de la sociedad civil y a la administración pesquera y la sociedad civil de Mauricio. También se han celebrado consultas en las reuniones del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No aplicable.

               •Evaluación de impacto

                  No aplicable.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No aplicable.

               •Derechos fundamentales

                  Las directrices de negociación (propuestas en el anexo de la Decisión) recomiendan introducir en el Protocolo una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

               Las repercusiones presupuestarias de un nuevo Protocolo incluyen el pago de una contribución financiera a Mauricio. Las asignaciones presupuestarias en términos de créditos de compromiso y de pago deben incluirse cada año en la línea presupuestaria para los ACPS (08 05 01) y deben ser compatibles con la programación financiera en el marco financiero plurianual (MFP) 2022-2027. Los importes anuales para compromisos y pagos se establecen en el procedimiento presupuestario anual, incluida la línea de reserva para protocolos que aún estén pendientes de entrar en vigor a principios del año
                  8
               .

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que las negociaciones se inicien en el tercer trimestre de 2021.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  La Comisión recomienda lo siguiente:

               ·que el Consejo autorice a la Comisión a entablar y mantener negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero con Mauricio;

               ·que se designe a la Comisión como negociadora de la Unión Europea en ese contexto;

               ·que la Comisión dirija las negociaciones en consulta con el comité especial, de conformidad con el TFUE;

               ·que el Consejo apruebe las directrices de negociación que figuran en el anexo.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea
                  para la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación
                  en el Sector Pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando que deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero con la República de Mauricio
                  9
               ,

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero con el Gobierno de la República de Mauricio.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo con el asesoramiento del Grupo «Política Exterior de Pesca» del Consejo.

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente / La Presidenta

                     (1)

                        DO L 79 de 18.3.2014, p. 3.

                     (2)

                        Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).

                     (3)

                  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/129052.pdf

                     (4)

                        COM(2011) 424 final.

                     (5)

                        DO L 279 de 28.10.2017, p. 3.

                     (6)

                        Parte IV, título II.

                     (7)

                        La CAOI es una organización intergubernamental responsable de la gestión de túnidos y especies afines en el océano Índico.
                  https://iotc.org/

                     (8)

                        Capítulo 40 (línea de reserva 40 02 41), en consonancia con el Acuerdo interinstitucional del MFP (2013/C 373/01).

                     (9)

                        DO L 79 de 18.3.2014, p. 3.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.8.2021
            COM(2021) 456 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación deDecisión del Consejo
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio
            {SWD(2021) 221 final} - {SWD(2021) 222 final}

               ANEXO

               Directrices de negociación

               –El objetivo de las negociaciones es celebrar un Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio, en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

               –El Protocolo de aplicación debe definir el marco general para las actividades pesqueras de los buques de la Unión Europea en aguas mauricianas y para la cooperación de la Unión con Mauricio en el ámbito de la pesca.

               –Con el fin de promover una pesca sostenible y responsable, garantizando beneficios mutuos para la Unión Europea y Mauricio, los objetivos de negociación de la Comisión deben basarse en lo siguiente:

               ·Garantizar que los buques de la flota de la Unión Europea tengan acceso a la zona de pesca de Mauricio y dispongan de las autorizaciones necesarias para pescar allí, de modo que, en particular, se desarrolle la red de acuerdos de colaboración de pesca sostenible disponible para los operadores de la Unión en el océano Índico.

               ·Tomar en consideración los mejores dictámenes científicos disponibles y los planes de gestión pertinentes adoptados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), a fin de garantizar la sostenibilidad medioambiental de las actividades pesqueras y promover la gobernanza internacional de los océanos. Las actividades pesqueras deben tener como finalidad únicamente los recursos disponibles, habida cuenta de la capacidad de pesca de la flota local y prestando especial atención al carácter altamente migratorio de las poblaciones afectadas.

               ·Procurar un reparto adecuado de los recursos pesqueros que satisfaga plenamente los intereses de las flotas de la UE, en caso de que otras flotas extranjeras también estén interesadas en tales recursos, y la aplicación de las mismas condiciones técnicas para todas las flotas extranjeras.

               ·Garantizar que el acceso a las pesquerías se base en la actividad histórica y la futura actividad prevista de la flota de la Unión en la región, teniendo en cuenta las mejores y más recientes evaluaciones científicas disponibles y los intereses de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

               ·Entablar un diálogo para reforzar la política sectorial, con el fin de fomentar la implantación de una política pesquera responsable que esté en consonancia con los objetivos de desarrollo de Mauricio, especialmente en lo concerniente a la gobernanza de la pesca, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el control, el seguimiento y la vigilancia de las actividades pesqueras y el asesoramiento científico, así como el fomento de la actividad económica.

               ·Incluir una cláusula sobre las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos.

               ·Garantizar que el Protocolo contribuya a promover el crecimiento sostenible y el trabajo digno vinculados a las actividades pesqueras, teniendo en cuenta los correspondientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

               ·Incluir una cláusula sobre no discriminación entre las flotas y transparencia.

               –En particular, el Protocolo debe definir:

               ·las posibilidades de pesca que vayan a concederse a los buques de la Unión Europea;

               ·la compensación financiera y las condiciones para su pago;

               ·los mecanismos para poner en práctica la ayuda sectorial.