title: Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre el 71.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2016/2020(INI))

text:
               16.3.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 101/166

         P8_TA(2016)0317
   71.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
   Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre el 71.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2016/2020(INI))
   (2018/C 101/15)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo sobre el 71.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentada por Andrey Kovatchev, en nombre del Grupo PPE (B8-1374/2015),

               —

               Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 21, 34 y 36,

               —

               Visto el 70.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

               —

               Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2015, sobre las prioridades de la Unión para el 70.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

               —

               Vista la Carta de las Naciones Unidas,

               —

               Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y los protocolos facultativos a las mismas,

               —

               Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas (1), que otorga a la Unión el derecho a intervenir en la Asamblea General, a presentar oralmente propuestas y enmiendas que se someterán a votación a petición de un Estado miembro y a ejercer el derecho de respuesta,

               —

               Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (2),

               —

               Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 18 de abril de 2013, sobre el principio de las Naciones Unidas de la «Responsabilidad de Proteger» (R2P) (3),

               —

               Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el 69.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (4),

               —

               Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas — cómo conseguir mejor los objetivos de la política exterior de la UE (5),

               —

               Vistas su Resolución, de 21 de enero de 2016, sobre las prioridades de la UE para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016 (6), y de 17 de julio de 2014, sobre el crimen de agresión (7),

               —

               Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh» (8),

               —

               Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (9),

               —

               Visto el Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015,

               —

               Vistos el documento, de 13 de junio de 2012, titulado «Plan de acción para reforzar el apoyo de la PCSD de la UE a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas» (10), y el documento, de 23 de marzo de 2015, titulado «Fortalecimiento de la asociación estratégica Naciones Unidas-UE en materia de mantenimiento de la paz y gestión de crisis: prioridades 2015-2018» (11),

               —

               Vistas las Directrices de Oslo sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil extranjeros para las operaciones de socorro en casos de catástrofe de noviembre de 2007,

               —

               Vistas la Resolución 1325(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la reciente Resolución 2242(2015) del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

               —

               Visto el Informe de Evaluación de las Naciones Unidas, de 15 de mayo de 2015, sobre la aplicación y los esfuerzos de asistencia y apoyo a las víctimas de explotación y abuso sexual elaborado por el personal de las Naciones Unidas y otras personas activas en operaciones de mantenimiento de la paz,

               —

               Visto el primer informe de las Naciones Unidas sobre la resistencia a los antibióticos elaborado por la OMS en abril de 2014, que reconoce que la resistencia a los antibióticos representa una «grave amenaza» para la salud pública mundial,

               —

               Vistas las recientes revelaciones en relación con las actividades del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, y las iniciativas relacionadas sobre una cooperación más estrecha a escala internacional para luchar contra la evasión fiscal,

               —

               Vistos el artículo 134, apartado 3, y el artículo 113 de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0146/2016),

               A.

               Considerando que el compromiso de la Unión con un multilateralismo efectivo, centrado en las Naciones Unidas, constituye un elemento integrante de la política exterior de la Unión y obedece al convencimiento de que un sistema multilateral basado en normas y valores universales, que deben respetarse y protegerse, es idóneo para abordar crisis, desafíos y amenazas a escala mundial;

               B.

               Considerando que la Unión debe desempeñar un papel proactivo en la construcción de unas Naciones Unidas que puedan contribuir eficazmente a unas soluciones globales, la paz y la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos, la democracia y un orden internacional basado en el imperio de la ley;

               C.

               Considerando que los Estados miembros de la Unión deben esforzarse al máximo por coordinar su acción en los órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas, conforme al mandato contemplado en el artículo 34, apartado 1, del TUE;

               D.

               Considerando que el entorno de seguridad mundial y regional se está deteriorando rápidamente, volviéndose más complejo, y que se están desdibujando los límites entre seguridad interior y exterior; y que las Naciones Unidas siguen desempeñando un papel clave a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad mundiales;

               E.

               Considerando la necesidad de llevar a cabo una revisión atenta de las herramientas con vistas a un multilateralismo eficaz en el marco de las Naciones Unidas como consecuencia del cambio en la configuración y difusión del poder a escala mundial; y que estas herramientas tienen que incluir en mayor medida a todas las partes interesadas, tanto estatales como no estatales, en particular en los procesos de prevención de conflictos y de gestión de crisis;

               F.

               Considerando que la Unión y sus Estados miembros representan colectivamente el mayor contribuyente financiero individual al sistema de las Naciones Unidas, proporcionando alrededor de un tercio del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, casi dos quintas partes del presupuesto de las Naciones Unidas para mantenimiento de la paz, y cerca de la mitad de todas las contribuciones a los fondos y programas de las Naciones Unidas;

               G.

               Considerando que la Unión trabaja en pro de la sostenibilidad ambiental, en particular en materia de lucha contra el cambio climático, promoviendo medidas y acciones internacionales para preservar y mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales;

               H.

               Considerando que la Unión es uno de los más fervientes defensores y promotores de los derechos humanos, las libertades fundamentales, los valores culturales y la diversidad, la democracia y el Estado de Derecho;

               I.

               Considerando que el entorno de seguridad de la Unión es cada vez más inestable y volátil debido al gran número de retos a la seguridad existentes desde hace tiempo y de nueva aparición, entre ellos los conflictos violentos, el terrorismo, la delincuencia organizada, las olas migratorias sin precedentes y el cambio climático, imposibles de resolver a escala nacional, y que requiere respuestas globales y regionales;

               J.

               Considerando que la existencia de nuevos retos como la guerra híbrida y de información, las ciberamenazas, la bioingeniería, los sistemas autónomos letales, la nanotecnología, la miniaturización de armas y la proliferación de las tecnologías de doble uso exige el desarrollo de acuerdos multilaterales para los que el marco de las Naciones Unidas es el más apropiado;

               K.

               Considerando que los acontecimientos registrados recientemente en lo que se refiere a la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de difusión hacen cada vez más difícil el control de las armas y el desarme y minan la seguridad y la estabilidad mundiales; y que las Naciones Unidas representan un marco adecuado para promover los esfuerzos en favor de una nueva generación de medidas de control de armamento y de desarme junto con socios que persigan los mismos objetivos;

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones al Consejo:

         Paz y seguridad

               (a)

               que se comprometa activamente para que todas las partes y sus organizaciones implicadas directa o indirectamente en conflictos armados cumplan plenamente sus obligaciones internacionales y las normas fijadas en el Derecho internacional y realicen esfuerzos de cara a soluciones pacíficas y diplomáticas de todo tipo a los conflictos; que inste a que estas medidas también incluyan la obligación de conceder a las personas necesitadas el acceso a la ayuda humanitaria;

               (b)

               que continúe apoyando los intentos multilaterales de encontrar soluciones políticas duraderas y pacíficas a los conflictos actuales en Oriente Próximo y el norte de África; que continúe apoyando el trabajo del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas a Siria, del representante especial y jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas a Yemen, del coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental; que solicite una ayuda humanitaria, financiera y política continuada de la comunidad internacional para hacer frente a la situación humanitaria y trabajar por el cese inmediato de la violencia; que condene las acciones unilaterales y no coordinadas en cualquier zona en crisis;

               (c)

               que apoye las conversaciones entre las distintas facciones sirias con arreglo a la Resolución 2254(2015)del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que apoye la labor de los grupos operativos creados por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria que están supervisando la entrega de la ayuda humanitaria que tanto se necesita a los miles de sirios que se encuentran en zonas sitiadas y de difícil acceso, así como el cese de las hostilidades respaldado en la Resolución 2268(2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que condene enérgicamente los abusos generalizados de los derechos humanos y las violaciones del Derecho internacional humanitario en Siria y que apoye el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en materia de recopilación de pruebas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones de los derechos humanos; que ponga de relieve la necesidad de encontrar una solución política al conflicto y que vele por la inclusión de las mujeres en las negociaciones de paz; que inste a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a movilizar todos los recursos financieros y humanos necesarios para ayudar a la población local y a los refugiados;

               (d)

               que vele por que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cooperación con la Unión y los Estados Unidos, proporcione todos los instrumentos necesarios para asegurar que una solución basada en dos estados, sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital de ambos, con un Estado de Israel seguro, con unas fronteras seguras y reconocidas; y con un Estado de Palestina independiente, democrático, que cuente una continuidad geográfica y viable, y que convivan el uno al lado del otro en paz y seguridad, es sostenible y eficaz; que actúe en consonancia con las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, adoptadas el 18 de enero de 2016, que consideran que la continua expansión de los asentamientos israelíes constituye un obstáculo para la paz;

               (e)

               que insista en la necesidad de coordinar la acción humanitaria en Yemen bajo la égida de las Naciones Unidas; que inste a todas las partes a que permitan la entrada y la distribución de alimentos, medicamentos, combustibles y cualquier otra ayuda urgentemente necesaria a través de las Naciones Unidas y de canales humanitarios internacionales con el fin de hacer frente a las necesidades urgentes de los civiles afectados por la crisis, de conformidad con los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia; que solicite una pausa humanitaria para permitir que la asistencia vital pueda llegar a los yemeníes a la mayor brevedad; que solicite una investigación imparcial e independiente de todas las presuntas violaciones del Derecho internacional en materia de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, incluidos los últimos ataques contra infraestructuras y personal humanitarios; que pida a todas las partes que respeten los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos yemeníes, y que destaque la importancia de mejorar la seguridad de todos aquellos que trabajan en misiones de paz y humanitarias en el país, incluidos los trabajadores humanitarios, los médicos y los periodistas; que fomente una política de acercamiento entre Arabia Saudí e Irán con el fin de calmar las tensiones regionales y como un camino hacia la resolución del conflicto en Yemen y otros lugares;

               (f)

               que continúe abogando por el pleno respeto de las fronteras reconocidas a escala internacional y la integridad territorial de los países de la Europa Oriental y del Cáucaso Meridional, incluidos Georgia, Moldavia y Ucrania, habida cuenta de las violaciones del Derecho internacional que se registran en estas zonas, y teniendo en cuenta su decisión libre y soberana de continuar por la senda europea; que apoye y redoble los esfuerzos diplomáticos de cara a una solución pacífica a estos conflictos enquistados y en curso; que inste a la comunidad internacional a que aplique plenamente la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea; que aumente activamente la presión sobre Rusia, en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de resolver el conflicto en Ucrania y la anexión ilegal de Crimea;

               (g)

               que pida un mayor apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional y de las organizaciones regionales para gestionar las crisis de seguridad en el continente africano, en particular en Somalia, Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Mali, Nigeria, Burundi y la zona de los Grandes Lagos en general; que anime a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que refuercen su apoyo al creciente papel y las capacidades propias de la Unión Africana en la mediación y la gestión de la crisis, esforzándose al mismo tiempo por complementar las acciones llevadas a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz; que apoye los esfuerzos de las Unión Africana, de la Comunidad del África Oriental y de las Naciones Unidas para prevenir una nueva escalación de la crisis en Burundi y que adopte medidas de cara al fomento de un diálogo urgente entre las distintas partes en Burundi de carácter inclusivo y genuino entre el gobierno y la oposición; que apoye la investigación internacional independiente que ha estado examinando todas las presuntas violaciones de los derechos humanos y contribuyendo a que los responsables rindan cuentas y sean llevados ante la justicia;

               (h)

               que apoye los importantes esfuerzos que se están realizando para fortalecer las operaciones de apoyo a la paz de las Naciones Unidas y la capacidad de dicho organismo para resolver el conflicto; que explore nuevas oportunidades y fomente una cooperación reforzada entre la Unión y las Naciones Unidas en el contexto de redefinir sus visiones estratégicas por lo que respecta a la seguridad, por una parte a través de la nueva estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad y, por otra, la revisión por las Naciones Unidas de sus operaciones de paz y su arquitectura de consolidación de la paz, el programa de mujeres, paz y seguridad (Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad) y las sinergias entre las mismas; que garantice que el proceso de revisión de la arquitectura de consolidación de la paz de las Naciones Unidas fomenta el principio de la responsabilidad de proteger y el papel de la mujer en la consolidación de la paz;

               (i)

               que acoja con satisfacción y que apoye la aplicación de la reciente Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sitúa a las mujeres en el centro de todos los esfuerzos destinados a solucionar los retos mundiales, y que pida que se redoblen los esfuerzos para aplicar el programa sobre la mujer, la paz y la seguridad en todas las diferentes dimensiones del mantenimiento de la paz; que subraye la importancia de la participación plena, activa y en pie de igualdad de las mujeres en la prevención y la resolución de conflictos, las negociaciones de paz y el proceso de mantenimiento de la paz; que vele por que se brinde toda la atención médica segura necesaria a las mujeres víctimas de violaciones;

               (j)

               que promueva una cultura de prevención en el sistema de las Naciones Unidas con el fin de mejorar su capacidad para responder con mayor rapidez a las crisis emergentes y a las amenazas potenciales para la paz y la seguridad, en particular mediante una diplomacia preventiva más eficaz y esfuerzos de fomento de la confianza y en materia de mediación; que se esfuerce por mejorar los sistemas de alerta temprana y la comunicación temprana y que desarrolle procedimientos de consulta en caso de crisis entre las Naciones Unidas, la Unión y otras organizaciones regionales y subregionales, que desempeñan un papel cada vez más importante en relación con la paz y seguridad a escala internacional, al objeto de coordinar mejor la respuesta a situaciones de crisis, evitando duplicaciones innecesarias; que coopere con las Naciones Unidas en el fortalecimiento del papel y la capacidad de las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos, la gestión de crisis civiles y militares, y la resolución de conflictos;

               k)

               que refuerce el apoyo de los Estados miembros a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento y la consolidación de la paz que incluyan un componente relacionado con los derechos humanos y estrategias de retirada claras, en particular contribuyendo con personal y equipamiento, y que refuerce la función de mediadora de la Unión a este respecto; que siga desarrollando procedimientos para la utilización de la política común de seguridad y defensa de la Unión en apoyo de las operaciones de las Naciones Unidas, también mediante el despliegue de grupos de combate de la Unión, o a través de iniciativas de creación de capacidades y de reformas del sector de la seguridad, prestando, a la vez, la suficiente atención a cuestiones como los derechos humanos, el desarrollo sostenible y las causas profundas de la migración masiva;

               (l)

               que promueva una definición amplia del concepto de seguridad humana, acercándolo más a la igualdad de género y a los derechos humanos, así como al principio de la «Responsabilidad de Proteger» (R2P); que apoye a las Naciones Unidas de modo que siga desempeñando un papel fundamental en la ayuda a los países en la aplicación de la R2P, con el fin de mantener el Estado de Derecho y el Derecho internacional humanitario; que fomente el código de conducta relativo a las acciones del Consejo de Seguridad contra el genocidio, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra, por el que los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se comprometen a apoyar una acción del Consejo de Seguridad destinada a prevenir o poner fin a esos crímenes, y a no votar en contra de una resolución del Consejo de Seguridad a este respecto;

         Lucha contra el terrorismo

               (m)

               que reitere su condena inequívoca del terrorismo y su pleno apoyo a las acciones destinadas a derrotar y erradicar las organizaciones terroristas, en particular el denominado «EIIL/Dáesh», que supone una clara amenaza a la seguridad regional e internacional, recordando, al mismo tiempo, que esas acciones deben siempre respetar plenamente el Derecho internacional en materia de derechos humanos; que apoye el fomento de todos los aspectos de la Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que suponen los actos terroristas, y de los Principios rectores de Madrid relativos a la detención del flujo de combatientes terroristas extranjeros;

               (n)

               que redoble sus esfuerzos por frenar el reclutamiento y luchar contra la propaganda terrorista a través de plataformas de redes sociales y de las redes de predicadores del odio radicalizados; que apoye las políticas de lucha contra la radicalización y de desradicalización de acuerdo con el Plan de Acción para prevenir el extremismo violento;

               (o)

               que continúe trabajando con las Naciones Unidas en la lucha contra la financiación del terrorismo, incluido el uso de los mecanismos existentes para designar personas y organizaciones terroristas y reforzar los mecanismos de congelamiento de bienes a escala mundial, respetando al mismo tiempo las normas internacionales sobre garantías procesales y el Estado de Derecho;

               (p)

               que apoye al Grupo especial de las Naciones Unidas para la aplicación de la lucha contra el terrorismo con el fin de garantizar la coordinación y la coherencia en la aplicación de la estrategia mundial de las Naciones Unidas contra el terrorismo, aprovechando los recursos y los conocimientos especializados de las 25 entidades del sistema de las Naciones Unidas y de Interpol, recordando siempre que los esfuerzos desplegados en relación con la lucha contra el terrorismo no se pueden usar como pretexto para reprimir la disensión interna o para violar los derechos de la población;

               (q)

               que promueva un esfuerzo internacional coordinado para combatir la amenaza creciente que representan los artefactos explosivos improvisados, en particular contribuyendo a la comprensión del nexo entre la lucha contra los artefactos explosivos improvisados y lucha contra el terrorismo, aprovechando los recursos y los conocimientos especializados de las entidades del sistema de las Naciones Unidas y de Interpol para permitir una mayor cooperación en materia policial y militar;

               (r)

               que reitere, en este contexto, la necesidad de una combinación adecuada de seguridad, aplicación de la ley, derechos humanos e instrumentos socioeconómicos, que ofrezca opciones más adecuadas para hacer frente a la naturaleza cambiante del terrorismo y al extremismo violento que suponen el Dáesh, Al Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, y otros;

               (s)

               que apoye una mejora de la contribución de la Unión a las iniciativas de creación de capacidades de las Naciones Unidas para abordar el tema de los combatientes terroristas extranjeros y la lucha contra el extremismo violento;

         No proliferación y desarme

               (t)

               que apoye los esfuerzos de las Naciones Unidas por prevenir el desarrollo, la fabricación y la adquisición o transferencia de armas de destrucción masiva por parte de actores no estatales y grupos terroristas, así como sus sistemas de suministro, y que contribuya a la revisión global de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad en 2016; que insista en el pleno cumplimiento del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la Convención sobre las Armas Químicas y la Convención sobre las Armas Biológicas, así como en la finalización del proceso de ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares; que aliente a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a firmar y ratificar la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción; que acoja favorablemente la creación de un grupo de trabajo de composición abierta, como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para llevar a cabo negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear, y que todos los Estados miembros de la Unión participen activamente en sus trabajos; que solicite a los Estados miembros de las Naciones Unidas que adopten medidas activas de cara al desarme mundial, teniendo debidamente en cuenta tanto la vertiente relacionada con la seguridad y la vertiente humanitaria de las armas nucleares;

               (u)

               que inste a los Estados miembros a que apoyen las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso de armas y municiones con uranio empobrecido en el 71.o período de sesiones, y que elaboren una posición común de la Unión que refleje mejor los llamamientos reiterados del Parlamento en favor de una moratoria mundial preventiva y el desarrollo de un consenso mundial sobre los posibles riesgos para la salud de los civiles, el complejo trabajo de gestión de los residuos radioactivos después del conflicto y los costes financieros asociados al uso de dichas armas; que incluya los proyectos de evaluación y eliminación del uranio empobrecido entre los instrumentos de financiación de la Unión para la acción contra las minas;

               (v)

               que promueva la plena aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y que anime a los Estados miembros de las Naciones Unidas a firmar o adherirse al TCA;

               (w)

               que trabaje de cara a la adopción de medidas más eficaces contra el desvío y el comercio de armas y municiones, incluidas las armas ligeras y de pequeño calibre, en particular desarrollando un sistema de rastreo de armas;

               (x)

               que fomente una respuesta política a escala mundial en relación con el uso de los drones armados con vistas a mantener su uso estrictamente en el marco del Derecho internacional en materia de los derechos humanos internacionales y del Derecho humanitario; que promueva una prohibición del desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas que permitan realizar ataques sin intervención humana; que se asegure de que los derechos humanos formen parte de todos los diálogos con terceros países sobre la lucha contra el terrorismo;

               (y)

               que apoye los esfuerzos en curso de las Naciones Unidas para examinar el establecimiento de unas normas de comportamiento responsable y seguro en el ciberespacio, incluido un marco multilateral frente a los ciberataques, con el fin de garantizar la aplicación del Derecho internacional y del Derecho vigente en materia de derechos humanos;

         Migración

               (z)

               que promueva un apoyo mayor al trabajo de la ACNUR en la ejecución de su mandato internacional de protección de los refugiados, prestando una atención especial a grupos vulnerables como las mujeres y los niños; que haga hincapié en la enorme brecha que existe entre las necesidades presupuestarias de la ACNUR y la financiación recibida, y que pida una mayor solidaridad a escala mundial; que pida una mayor financiación con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas de las funciones esenciales del ACNUR para salvaguardar su funcionamiento;

               (aa)

               que recuerde que son necesarias una coherencia y una coordinación mayores entre las vertientes externa e interna de la política de migración y los programas relativos al desarrollo y los asuntos exteriores;

               (ab)

               que se realicen mayores esfuerzos para prevenir la migración irregular y luchar contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, en particular combatiendo las redes delictivas mediante un intercambio puntual y eficaz de información pertinente, respetando el Derecho internacional en materia de derechos humanos; que mejore los métodos para identificar y proteger a las víctimas y un refuerzo de la cooperación con terceros países para seguir, embargar y recuperar el producto de las actividades delictivas en este ámbito; que insista a escala de las Naciones Unidas en la importancia de la ratificación y la plena aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo anejo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; que apoye el trabajo del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes;

               (ac)

               que apoye la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la gestión de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, que se celebrará el 19 de septiembre de 2016, y solicita que dicha reunión se centre en las causas profundas de la migración, haciendo hincapié en la erradicación de la pobreza y la realización de los derechos humanos, y la estabilidad;

         Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho

               (ad)

               que reitere clara e inequívocamente que todos los derechos humanos acordados en el marco de las convenciones de las Naciones Unidas son universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados, y que es necesario respetar esos derechos; que señale los abusos y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo; que abogue por la defensa de la libertad de opinión y de expresión; que destaque la importancia de la libertad de prensa en una sociedad sana y el papel de todos los ciudadanos en la misma, y que defienda las libertades de asociación y reunión;

               (ae)

               que siga abogando por la libertad de religión y de creencias; que inste a que se intensifiquen los esfuerzos por proteger los derechos de las minorías religiosas y otras minorías; que solicite una mayor protección de las minorías religiosas frente a la persecución y la violencia; que solicite la derogación de las leyes que penalizan la blasfemia o la apostasía y que pueden servir de pretexto para la persecución de las minorías religiosas y de los no creyentes; que apoye el trabajo del relator especial sobre la libertad de religión o creencias; que trabaje activamente en favor de un reconocimiento por las Naciones Unidas del genocidio contra las minorías cometido por el denominado «EIIL/Dáesh» y que remita a la Corte Penal Internacional los casos de supuestos crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio;

               (af)

               que siga promoviendo activamente la igualdad y la no discriminación; que inste a las Naciones Unidas a que apoyen activamente las iniciativas de integración de la perspectiva de género en sus actividades y programas y que continúen apoyando el trabajo ONU Mujeres; que apoye las medidas destinadas a reforzar el liderazgo y la participación de las mujeres en todos los niveles decisorios; que apoye la lucha contra la violencia y la discriminación contra las personas por razón de su orientación sexual y su identidad de género o expresión de género; que pide la derogación de la legislación en los Estados miembros de las Naciones Unidas que viola los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); que acoja con satisfacción la primera reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas LGBTI en 2015; que pida a los Estados miembros de las Naciones Unidas que apliquen las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia;

               (ag)

               que promueva los derechos de los menores, en particular contribuyendo a garantizarles el acceso al agua, el saneamiento, la asistencia sanitaria y la educación, también en las zonas en conflicto y en los campos de refugiados, y la erradicación del trabajo infantil, la tortura, la trata de seres humanos, los matrimonios infantiles y la explotación sexual; que apoye e intensifique los esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas para poner fin a la utilización de niños en los conflictos armados, y que aborde más eficazmente el impacto de las situaciones de conflicto y de post-conflicto en las mujeres y las niñas; que promueva un enfoque con respecto a la discapacidad basado en los derechos humanos en situaciones de riesgo y emergencia, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

               (ah)

               que inste a todos los Estados, incluidos los Estados miembros de la Unión, a que ratifiquen sin demora el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece mecanismos de denuncia e investigación;

               (ai)

               que contribuya al éxito de la labor realizada por el Grupo de trabajo intergubernamental sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos; que promueva la aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas; que anime a los Estados miembros de las Naciones Unidas a desarrollar y aplicar planes de acción nacionales; que apoye el proyecto sobre rendición de cuentas y acceso a las reparaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con objeto de reforzar las legislaciones nacionales en materia de reparaciones, en particular en los casos de abusos graves de derechos humanos en el sector empresarial; que pida a los Estados miembros de las Naciones Unidas que planteen la cuestión de los derechos humanos ante los organismos nacionales e internacionales;

               (aj)

               que siga abogando por la tolerancia cero frente a la pena de muerte y trabajando por su abolición universal, liderando el camino hacia la adopción de la próxima resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria del uso de la pena de muerte; que denuncie el incremento de las sentencias de muerte dictadas por delitos relacionados con estupefacientes y pide la exclusión del uso de la pena de muerte por este tipo de delitos;

               (ak)

               que recuerde la obligación de la Asamblea General, cuando elija a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), de tener en cuenta el respeto de los candidatos por la promoción y la protección de los derechos humanos, y por el Estado de Derecho y la democracia; que abogue por el establecimiento de unos criterios claros basados en los resultados en el ámbito de los derechos humanos para ser miembro del CDH, y que, con ocasión del décimo aniversario del CDH, solicite una evaluación de los métodos de trabajo del Consejo y de su impacto;

               (al)

               que refuerce la labor de la Corte Penal Internacional a la hora de contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional y de ofrecer justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio; que facilite apoyo político, diplomático, financiero y logístico al funcionamiento diario de la Corte Penal Internacional; que aliente a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a adherirse a la Corte ratificando el Estatuto de Roma, y que fomente la ratificación de las Enmiendas de Kampala; que fomente una estrecha cooperación con la Corte por parte de las Naciones Unidas y sus organismos y agencias así como la expansión de sus relación con el Consejo de Seguridad; que pida que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación en la República Popular Democrática de Corea a la Corte Penal Internacional;

               (am)

               que establezca una comunicación fluida con la ciudadanía y un amplio debate con todos los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la importancia de respetar los límites constitucionales en los mandatos presidenciales en todo el mundo;

               (an)

               que pida a las Naciones Unidas que solvente los vacíos legales del término «refugiado climático», incluida su posible definición internacional;

         Desarrollo

               (ao)

               que trabaje por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; que trabaje en pro de la mejora de la vida de las generaciones futuras y que anime y apoye a los países a que tomen el control y establezcan marcos nacionales para la consecución de los 17 objetivos; que anime a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que cumplan sus compromisos en materia de gasto de ayuda al desarrollo, y que pida que se adopte un marco de indicadores sólido y la utilización de datos estadísticos para supervisar los progresos y asegurar la responsabilidad de todos; que insista en que el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible debe convertirse en el principal órgano decisorio competente que asegure para garantizar el seguimiento y la revisión de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, y que presente una posición común sobre la aplicación de la Agenda 2030 antes de la celebración del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 2016;

               (ap)

               que vele por que no se menoscabe el acervo de la Plataforma de Acción de Pekín en lo relativo al acceso a la educación y la sanidad como derecho humano básico; que mejore el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, ya que ello contribuye a reducir la mortalidad infantil y materna; que promueva la planificación familiar, la salud materna, el acceso fácil a los anticonceptivos y el acceso a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva como elementos importantes para salvar la vida de las mujeres y ayudarlas a rehacer su vida en caso de que hayan sido víctimas de violaciones; que sitúe estas políticas en el centro de la cooperación al desarrollo con terceros países;

               (aq)

               que insista en la necesidad de reforzar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en el seno de las estructuras de trabajo de las Naciones Unidas con objeto de integrar efectivamente todas las dimensiones del desarrollo sostenible; que ponga de relieve la importancia de contar con un sistema comercial multilateral universal, basado en normas, abierto, transparente, no discriminatorio, incluyente y equitativo, así como la necesidad de propiciar la conclusión de la Ronda de Doha para el Desarrollo de la OMC; que recuerde que el desarrollo no es posible sin la paz ni la paz sin el desarrollo, y que destaque la importancia del objetivo de desarrollo sostenible n.o 16 sobre paz y justicia, que debería ser una de las prioridades de la cooperación para la financiación del desarrollo; que pida a las Naciones Unidas que integren sistemáticamente en sus estrategias de desarrollo a largo plazo el desarrollo de capacidades y la buena gobernanza;

               (ar)

               que acoja con satisfacción la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la histórica Resolución 68/304, de 9 de septiembre de 2014, en la que se reconoce «el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado u obstaculizado por las medidas adoptadas por otro Estado», se observa «con preocupación que el sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico sólido para la reestructuración ordenada y previsible de la deuda soberana», y se pone en marcha un proceso para aprobar «un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana»; que pida que todo el sistema de las Naciones Unidas respalde plenamente este proceso; que pida a la Unión y a sus Estados miembros que participen activamente en este proceso;

               (as)

               que desarrolle un enfoque mucho más eficiente y estratégico con respecto a las agencias de las Naciones Unidas, en particular por lo que respecta a la programación de los instrumentos financieros exteriores con el fin de garantizar una mayor visibilidad de la ayuda de la Unión sobre el terreno;

               (at)

               que milite activamente por la mejora de la supervisión política en el ámbito del desarrollo sostenible mediante el refuerzo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y que se acepte la propuesta de crear un Tribunal Penal Internacional para delitos ecológicos con el objetivo de aplicar la legislación medioambiental de una manera más eficaz a escala mundial;

               (au)

               que trabaje en pro del refuerzo de la cooperación fiscal internacional, apoyando la creación de un órgano fiscal internacional en el seno del sistema de las Naciones Unidas; que luche contra la evasión fiscal y el fraude fiscal mediante un intercambio automático a escala mundial de información sobre cuestiones fiscales y la creación de una lista negra mundial común de paraísos fiscales;

               (av)

               que ponga en marcha un plan mundial para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, a fin de evitar una mayor propagación de superbacterias resistentes;

         Cambio climático

               (aw)

               que garantice que la Unión siga liderando la lucha contra el cambio climático y cooperando con las Naciones Unidas en este ámbito; que vele por la rápida aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas de parís 2015;

         La Unión y la reforma del sistema de las Naciones Unidas

               (ax)

               que apoye una reforma profunda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la base de un amplio consenso con el fin de reflejar mejora la nueva realidad del mundo, y que garanticen que el Consejo pueda hacer frente eficazmente a las amenazas para la paz y la seguridad internacionales; que trabaje con miras al objetivo a largo plazo de la Unión de ocupar un escaño en un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reformado; que inste a los miembros del Consejo de Seguridad a que se abstengan de utilizar su derecho de veto en aquellos casos en que se estén cometiendo crímenes contra la humanidad;

               (ay)

               que promueva la revitalización del trabajo de la Asamblea General, y mejore la coordinación y la coherencia de la acción de todas las instituciones de las Naciones Unidas, lo que debería aumentar la eficiencia, la eficacia, la legitimidad, la transparencia, la responsabilidad, la capacidad y la representatividad del sistema; que apoye y aumente la transparencia en el proceso de selección del próximo secretario general de las Naciones Unidas, con la presentación de los candidatos en la Asamblea General; que, en el proceso de determinación y designación del mejor candidato, fomente la igualdad de oportunidades sobre la base del equilibrio geográfico y de género y apoye la elección de una mujer como nueva secretaria general en caso de que los candidatos tengan unas cualificaciones extraordinarias similares;

               (az)

               que, habida cuenta del reciente informe de las Naciones Unidas de 2015 y de las denuncias de abusos sexuales a menores por parte de soldados franceses y de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, se asegure de que las Naciones Unidas, los Estados miembros de la Unión y los órganos de la PCSD de la Unión investiguen, enjuicien y sentencien sin dilación y con la mayor firmeza al personal nacional, de las Naciones Unidas y de la Unión que haya cometido actos de violencia sexual;

               (ba)

               que pida al Tribunal de Cuentas Europeo que refuerce su cooperación con las instituciones de supervisión respectivas de la Secretaría de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI), el Comité Asesor de Auditoría Independiente (IAAC) y la Junta de Auditores (BoA) con el fin de aumentar la transparencia y la comprensión mutua de la financiación y del funcionamiento;

               (bb)

               que establezca un sistema eficaz de protección de los denunciantes de irregularidades de las Naciones Unidas;

               (bc)

               que, teniendo en cuenta el reciente caso de conflicto de intereses del representante especial de las Naciones Unidas para Libia, prepare un código de conducta vinculante que obligue a los titulares de cargos públicos a mantener la imparcialidad conforme a lo establecido en las Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la UE para los Derechos Humanos, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión, y, para información, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al secretario general de las Naciones Unidas.

      (1)  A/RES/65/276, de 3 de mayo de 2011.

      (2)  DO C 99 E de 3.4.2012, p. 56.

      (3)  DO C 45 de 5.2.2016, p. 89.

      (4)  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0259.

      (5)  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0403.

      (6)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0020.

      (7)  Textos Aprobados, P8_TA(2014)0013.

      (8)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0051.

      (9)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0073.

      (10)  SEAE 01024/12, documento del Consejo 11216/12

      (11)  SEAE 458/15, documento del Consejo 7632/15.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Malta

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/76

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Malta
      (2018/C 320/17)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (2) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Malta debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1. El informe específico de 2018 sobre Malta fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Malta de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Malta hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 13 de abril de 2018, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno se propone mantener un superávit en términos presupuestarios durante el período 2018-2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (situación de equilibrio del PIB) sigue cumpliéndose con un margen positivo a lo largo de todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB permanezca por debajo del valor de referencia del Tratado, a saber, el 60 % del PIB, y que siga disminuyendo desde el 50,8 % del PIB en 2017 hasta aproximadamente el 36 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil para 2018-2019 y favorable para 2020-2021. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,6 % del PIB en 2018 y del 1,1 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que Malta cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de un estrecho seguimiento a corto y medio plazo, especialmente en vista de los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos.

                  (6)

                  Como se indica en la Recomendación de 2018 para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Malta puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. Aunque el nuevo régimen de deducción de los intereses teóricos contribuirá a reducir el sesgo de la financiación en favor del endeudamiento, unas normas insuficientes contra las prácticas abusivas, combinadas con una tasa relativamente elevada y un régimen basado en valores, pueden ofrecer oportunidades para la elusión fiscal. La existencia de determinadas disposiciones en los convenios bilaterales en materia fiscal entre Malta y otros Estados miembros (en conjunción con el sistema impositivo maltés), en virtud de las cuales una sociedad residente, pero que no está domiciliada en Malta, es gravada en origen y con arreglo a sus transferencias, pueden ser utilizadas por empresas para participar en prácticas de elusión fiscal. La Comisión toma nota del compromiso de Malta de luchar contra la planificación fiscal abusiva por parte de los contribuyentes. Sobre la base de recientes conversaciones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

                  (7)

                  La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de Malta sigue planteando un reto. Esto está impulsado totalmente por el impacto presupuestario de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población, tales como la asistencia sanitaria, los cuidados de larga duración y las pensiones. El sistema de pensiones se enfrenta al doble reto de garantizar la sostenibilidad y, al mismo tiempo, unos ingresos adecuados por jubilación. Las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de los gastos en concepto de pensiones han mejorado, gracias principalmente a una evaluación más positiva del potencial de crecimiento a largo plazo de Malta. No obstante, las medidas introducidas en el presupuesto de 2016 solo tuvieron un impacto limitado sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, que, por lo tanto, sigue planteando un reto importante. Además, a pesar de la introducción de medidas para mejorar la adecuación de las pensiones, la brecha entre sexos en materia de cobertura de las pensiones sigue siendo amplia. El funcionamiento del sistema sanitario ha mejorado y los tiempos de espera se están reduciendo. Sin embargo, persisten dificultades en la redistribución de los recursos y las actividades, desde los hospitales hasta la atención primaria. La configuración institucional de la prestación de asistencia sanitaria primaria ejerce presión sobre la asistencia hospitalaria y la urgente. La atención primaria y la hospitalaria no están bien coordinadas y los servicios de urgencias se siguen utilizando de forma ineficiente. El acceso a medicamentos innovadores sigue planteando un reto, también desde el punto de vista presupuestario. Se emprendieron iniciativas para hacer frente a la presión creciente ejercida sobre los cuidados de larga duración, como la incentivación de la atención primaria de proximidad y la asistencia a domicilio.

                  (8)

                  Se han registrado algunas mejoras en la cooperación transfronteriza. Sin embargo, parece que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta sigue careciendo de personal suficiente y que subsisten dudas sobre su capacidad para supervisar un gran sistema financiero transfronterizo, en particular su segmento no bancario. Además, mientras que el sector de los servicios (en particular, el de los juegos de azar en línea) ha contribuido significativamente al crecimiento económico sostenido, esto podría menoscabar la integridad del sistema financiero, lo que demanda un sólido marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Malta ha incorporado recientemente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; la eficacia de su ejecución deberá evaluarse. Por otro lado, a raíz de la transposición de la Directiva en la legislación nacional, las autoridades maltesas han presentado recientemente una estrategia integrada para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre otras acciones, se ha creado un Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, compuesto por representantes del Gobierno y de las autoridades nacionales pertinentes. Sin embargo, persisten dificultades para garantizar la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del marco regulador recientemente adoptado.

                  (9)

                  En el contexto de un fuerte crecimiento económico y de unas reformas destinadas a apoyar el empleo femenino y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores, los resultados del mercado laboral de Malta han seguido mejorando. Sin embargo, las grandes diferencias en los empleos entre mujeres y hombres y la baja participación en el mercado laboral de las mujeres mayores de 30 años y las personas con discapacidad siguen planteando un reto. La concepción de los permisos de paternidad y parentales sigue siendo relativamente endeble, pero es importante para un equilibrio entre hombres y mujeres de la carga que supone el cuidado de los hijos y para apoyar la participación de las mujeres en el mundo laboral. Se agudiza la falta de mano de obra y persiste la inadecuación entre cualificaciones y puestos de trabajo. Una parte sustancial de los trabajadores malteses siguen teniendo una baja cualificación, mientras que aumenta el recurso a trabajadores extranjeros para subsanar la escasez de mano de obra y de cualificaciones. Se espera que continúen las iniciativas políticas que se están llevando a cabo en los ámbitos del mercado laboral, la inclusión social y el desarrollo de capacidades, pero habrán de basarse en los resultados del seguimiento y la evaluación.

                  (10)

                  Con un 18,6 % en 2017, la tasa de abandono escolar sigue siendo la más alta de la Unión y ha mejorado poco en comparación con el año anterior. Malta también tiene la mayor tasa de abandono escolar de personas con discapacidad, que se sitúa en el 50 %, el doble de la media de la Unión. Además, los resultados de la enseñanza se ven muy influidos por la situación socioeconómica, el tipo de centro y la discapacidad. La diferencia en los resultados científicos entre estudiantes de las escuelas que obtienen mejores y peores resultados es una de las más elevadas de la Unión y supone 1,5 veces la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La proporción de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura es la cuarta más elevada de la Unión. Es necesario un planteamiento global para mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades en los resultados educativos entre los grupos sociales y los distintos tipos de escuelas.

                  (11)

                  El fuerte crecimiento económico ha aumentado la presión sobre la infraestructura y los recursos naturales. En particular, el sector del transporte por carretera se enfrenta a grandes retos en materia de infraestructuras y de sostenibilidad a largo plazo. Unas insuficientes infraestructuras de transporte y el aumento de los costes derivados de los atascos suponen una barrera para la inversión. El creciente número de vehículos y del volumen de tráfico provoca un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y afecta negativamente a la calidad del aire. También puede repercutir negativamente en el turismo, que es un pilar importante de la economía maltesa. Por lo tanto, la necesidad de abordar las disparidades en materia de infraestructuras va de la mano con la necesidad de soluciones de transporte limpias. En 2016, el Gobierno adoptó una Estrategia Nacional de Transporte con vistas a 2050 y un Plan Director Operativo de Transporte hasta 2025. También anunció un proyecto de 700 millones EUR para mejorar la red viaria. En conjunto, se espera que estas medidas reduzcan los costes económicos de los atascos en menos del 20 %. Una mayor actividad económica puede exacerbar la congestión de las infraestructuras existentes, incrementando incluso la presión sobre los recursos medioambientales. Además, el plan no fija claramente un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte y no propone un sistema de seguimiento eficaz de la ejecución de las medidas notificadas (aparte de una revisión cada cinco años). Por lo tanto, es importante definir objetivos y aplicar medidas destinadas a reducir sustancialmente la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte de aquí a 2025, permitiendo un seguimiento periódico de los progresos realizados.

                  (12)

                  Los retos planteados por el tamaño del país y su carácter insular agudizan la necesidad de avanzar hacia una economía más circular. La inversión inteligente puede ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales vulnerables de la isla. Por ejemplo, si no se toman medidas, las dificultades para eliminar los residuos de demolición y construcción podrían rebajar la calidad del medio ambiente y el atractivo del país como destino turístico. Aunque Malta permanece en la categoría más baja de ecoinnovación (puesto 26.o en la Unión en 2016, 18.o en 2013, según el índice de ecoinnovación), tiene potencial para movilizar inversiones que generen o adopten soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética y de los recursos en la construcción, así como la gestión de los residuos y las aguas residuales. En especial, se necesitan mejoras en la gestión de residuos, así como invertir en instalaciones de reciclado de los residuos de construcción y demolición, y realizar controles para evitar que se formen vertederos ilegales con ellos o se arrojen al mar.

                  (13)

                  El sistema judicial sigue afrontando retos en lo que se refiere a su eficiencia, y es necesario un marco jurídico e institucional reforzado para combatir la corrupción con objeto de garantizar un entorno empresarial de gran calidad. Las deficiencias en la gobernanza del marco de lucha contra la corrupción pueden afectar negativamente al clima empresarial y lastrar la inversión. Debe mejorar la eficacia de los esfuerzos de Malta para luchar contra la corrupción, especialmente en lo que se refiere a su investigación y enjuiciamiento. Mejorar el marco de gobernanza es fundamental para preservar la reputación de Malta y su atractivo como destino de la inversión internacional.

                  (14)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Malta en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Malta, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (15)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (5) que cabe esperar que Malta cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Malta que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Consolidar el marco general de gobernanza mediante el refuerzo de la supervisión nacional de la actividad de las entidades financieras con vocación internacional autorizadas en Malta, garantizando la aplicación efectiva del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y redoblando la lucha contra la corrupción.

                  2.

                  Garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones, incluso aumentando la edad legal de jubilación y limitando la jubilación anticipada.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.