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		52012DC0307

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Grecia /* COM/2012/0307 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Grecia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su
artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Vistas las recomendaciones de la Comisión
Europea[2],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que
se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en
los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial
de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[4], que juntas forman las
«orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en
cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El 12 de julio de 2011,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma de
Grecia para 2011.
(4)       El 23 de noviembre de
2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación
integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la
Estrategia Europa 2020.
(5)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de
proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al
crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el
crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias
sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.
(6)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el
Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación
para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus
programas nacionales de reforma.
(7)       El 12 de abril de 2012,
Grecia presentó su programa nacional de reforma para 2012, así como información
incompleta sobre sus planes presupuestarios. Se invita a las autoridades
griegas a que presenten la totalidad de los cuadros requeridos de conformidad
con la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
(8)       El 21 de febrero de
2012, el Eurogrupo acordó un segundo programa de ajuste económico para Grecia. La
aplicación de las políticas económicas expuestas en el Protocolo de Acuerdo sobre
Condiciones Políticas Específicas de Política Económica contribuirá a reducir
la deuda pública griega al 117 % del PIB en 2020. Se acordó que la
financiación sectorial oficial del programa sería de 130 000 millones EUR hasta
2014, además de los importes comprometidos en el primer programa de
financiación.
(9)       El desembolso de los
tramos depende del cumplimiento de criterios cuantitativos de resultados y de
una evaluación positiva de los progresos realizados con respecto a los
criterios establecidos en la Decisión 2011/734/UE del Consejo, de 12 de de
julio de 2011 (modificada el 8 de noviembre de 2011 y el 13 de marzo de 2012),
y en el Memorándum de Acuerdo que establece las condiciones de política
económica, firmado el 14 de marzo de 2012.
(10)     El 19 de marzo de 2012,
el FEEF pagó a Grecia el primer plazo (5 900 millones EUR) del primer tramo (14
500 millones EUR) del nuevo programa de financiación. Grecia también recibió 1 600
millones EUR del FMI. Hasta mayo de 2012, Grecia había recibido 147 500
millones EUR de financiación oficial en virtud del primer y segundo programa.
(11)     En 2010 y 2011, Grecia
realizó progresos parciales hacia los ambiciosos objetivos del programa de
ajuste. Varios factores obstaculizaron la ejecución: la inestabilidad política,
el malestar social y problemas de capacidad administrativa y, más esencialmente,
una recesión más profunda de lo previsto. No se alcanzaron objetivos
presupuestarios importantes, lo que llevó a la adopción de medidas adicionales
de consolidación en 2010 y 2011. Sin embargo, Grecia logró una reducción
sustancial del déficit de las administraciones públicas: del 15,8 % del
PIB en 2009 al 9,1 % en 2011.
(12)     El 18 de abril de 2012,
la Comisión adoptó una Comunicación sobre «Crecimiento para Grecia» en la que resalta
los cambios positivos que puede tener la plena y efectiva aplicación del
programa de ajuste económico, al sentar las bases para el crecimiento, la inversión
y la renovación social. Esta Comunicación recuerda que la pertenencia de Grecia
a la Unión Europea y a la zona del euro le puede dar vigor y apoyo concreto y
subraya que las reformas acordadas en el marco del Segundo Programa de Ajuste
Económico tienen por objeto restablecer el potencial de crecimiento y creación
de empleo de la economía griega y crear una sociedad más equitativa. Destaca el
amplio apoyo financiero que se está poniendo a disposición de Grecia y subraya
la disponibilidad de los socios de Grecia y, en particular la Comisión, para
identificar modos de maximizar los efectos de los primeros resultados mediante
actuaciones rápidas y la ayuda de la UE.
(13)     La crisis económica y las
posteriores medidas de consolidación fiscal han tenido un impacto en la capacidad
de Grecia para alcanzar los objetivos de Europa 2020, especialmente los de
orientación social. Sin embargo, las reformas estructurales, especialmente en
el mercado laboral, la liberalización de varios sectores y una serie de medidas
dirigidas a mejorar el entorno empresarial, ayudarán a promover la competencia,
estimular la productividad, aumentar la tasa de empleo y reducir los costes de
producción, contribuyendo así a aumentar el empleo y a limitar la pobreza y la
exclusión social a medio plazo. A pesar de la crisis económica, Grecia ha
continuado trabajando hacia la consecución de los objetivos medioambientales de
Europa 2020.
(14)     Está en curso una
reprogramación estratégica de los Fondos Estructurales, con especial hincapié
en el apoyo al empleo de los jóvenes y la competitividad (en particular de las PYME).
Las nuevas medidas refuerzan las actuaciones en los ámbitos del pasaporte al empleo,
la formación y las cualificaciones profesionales y el acceso a la financiación
de las pequeñas y medianas empresas.
(15)     Grecia ha contraído una
serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos,
y la ejecución de los compromisos presentados en 2011, se refieren al fomento
del empleo, la mejora de la competitividad, el refuerzo de la sostenibilidad de
las finanzas públicas y el refuerzo de la estabilidad financiera.
RECOMIENDA a Grecia que:
Aplique las medidas establecidas en la Decisión 2011/734/UE del
Consejo, de 12 de de julio de 2011, modificada el 8 de noviembre de 2011 y el 13
de marzo de 2012, y en el Protocolo de Acuerdo sobre Condiciones Políticas
Específicas de Política Económica, firmado el 14 de marzo de 2012.
Hecho en Bruselas,
el
                                                                        Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2012)307 final.
[3]               P7_TA(2012)0048 y P7_TA(2012)0047.
[4]               Decisión 2012/238/UE del Consejo de 26 de abril de 2012.


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52004SC0799

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Chipre (2004-2007)  /* SEC/2004/0799 final */

Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Chipre (2004-2007)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], establecía que los países no participantes, esto es, los que no hubieran adoptado la moneda única, habrían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de convergencia a efectos de la supervisión multilateral periódica prevista en el artículo 99 del Tratado.[1]  DO L 209 de 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:  http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htmDe conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento, el Consejo debía examinar cada programa de convergencia basándose en las evaluaciones efectuadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (el Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación de la Comisión, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo habrá de emitir su dictamen. De conformidad con el Reglamento, los Estados miembros deberán presentar anualmente programas de convergencia actualizados, los cuales también podrán ser examinados por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.Los diez países que se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004 se encuentran acogidos a una excepción y, por tanto, no participan todavía en la moneda única. Dichos países se comprometieron a presentar sus programas de convergencia antes del 15 de mayo de 2004, y su primera actualización, a finales de 2004.El programa de convergencia de Chipre, correspondiente al periodo 2004-2007, fue presentado el 24 de mayo de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica del mismo, teniendo en cuenta los resultados de las Previsiones de Primavera de 2004, así como el «Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia» [2] y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 27 de noviembre de 2002 relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias [3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:[2]  Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo ECOFIN el 10.7.2001.[3]  COM(2002) 668 final de 27.11.2002.El primer programa de convergencia chipriota, correspondiente al periodo 2004-2007, fue presentado el 24 de mayo de 2004. Indica la intención de adoptar el euro a más tardar en 2007 y de participar en breve en el MTC II, y, en consecuencia, de cumplir los criterios de convergencia respecto al déficit y la deuda a partir de 2005.En primer lugar, cabe señalar que la futura evolución económica de Chipre sigue sujeta a una gran incertidumbre. En caso de reunificación, la situación económica de toda la isla cambiaría de forma sustancial. El programa de convergencia aborda brevemente algunas de las complejas cuestiones pendientes en relación con los aspectos económico-institucionales del plan Annan sobre la reunificación y evalúa someramente el impacto presupuestario y macroeconómico.El programa cumple en líneas generales los requisitos de información del Código de conducta [4].[4]  La estructura del texto del programa de convergencia de Chipre no respeta estrictamente la estructura modelo que figura en el anexo 2 del Código de conducta. El programa de convergencia consta de cuatro capítulos en lugar de siete, y combina elementos de la estructura modelo de los capítulos 3, 5 y 7 y elementos de los capítulos 4 y 6. Asimismo, los cuadros recogen únicamente datos sobre inflación IPC y no sobre inflación IPCA.El déficit de las administraciones públicas alcanzó el 6,3 % del PIB en 2003, cifra superior al valor de referencia del 3 % del PIB que figura en el Tratado, mientras que la ratio de deuda aumentó hasta el 72,6 % del PIB, sobrepasando también el valor de referencia del 60 % del PIB previsto en el Tratado. La Comisión abrió un procedimiento por déficit excesivo contra Chipre el 12 de mayo de 2004, con la adopción de un informe, de conformidad con el apartado 3 del artículo 104 del Tratado. El Comité Económico y Financiero emitió su dictamen sobre este informe el 25 de mayo. Está previsto que el [5 de julio de 2004] el Consejo, sobre la base de dos recomendaciones de la Comisión, decida que efectivamente existe un déficit excesivo en Chipre y formule recomendaciones a este país para poner fin a dicha situación.El programa de convergencia señala la senda de ajuste fiscal y el escenario macroeconómico para el periodo 2004-2007. Las proyecciones sobre inflación y crecimiento del PIB para 2004-2005 son similares a las Previsiones de primavera de 2004 de la Comisión. El crecimiento del PIB previsto a medio plazo se basa en un rebote de las exportaciones (especialmente el turismo, un pilar básico de la economía) y una consolidación de la demanda privada interna. El crecimiento previsto del PIB (un 4,4 % por término medio) parece realista, habida cuenta también de las tasas de crecimiento registradas en el pasado y de anteriores recuperaciones del sector turístico tras crisis internacionales.Además del escenario previsto que se indica más arriba (denominado «escenario central»), el programa contiene tres escenarios alternativos para las proyecciones macroeconómicas y presupuestarias: un escenario «al alza», un escenario «a la baja» y un escenario «tipos de interés más elevados», con diversos supuestos de crecimiento medio del PIB (+/- 0,5 % puntos) y tipos de interés más altos (+ 0,5 % puntos). Las proyecciones del programa que figuran en el escenario central se consideran el escenario de referencia para evaluar las proyecciones presupuestarias, ya que, sobre la base de la información disponible actualmente, parecen reflejar supuestos de crecimiento realistas.La escalada de la inflación desde el 2,8 % en 2002 hasta el 4,0 % en 2003 obedeció principalmente a factores excepcionales, como el incremento de los tipos de IVA derivado de la armonización con el acervo comunitario. A pesar del rebote de crecimiento previsto a partir de 2004, se espera que las presiones inflacionistas se mantengan moderadas; se prevé que la inflación caiga hasta el 2 % en 2004 y permanezca en este nivel hasta 2007. El programa prevé el mantenimiento del marco actual de la política monetaria, es decir una vinculación al euro de tipo MTC II, hasta la adopción final del euro.Los principales objetivos del programa de ajuste fiscal son los siguientes: reducir el déficit de las administraciones públicas desde un 5,2 % del PIB previsto en 2004 hasta un 2,9 % del PIB para 2005 y por debajo del 2 % del PIB para 2007; mejorar sustancialmente el saldo primario, que pasaría de un déficit previsto del 1,6 % del PIB en 2004 a un superávit del 2% del PIB para 2007; e invertir sustancialmente la tendencia alcista de la ratio deuda/PIB, que pasaría del 75,2 % del PIB en 2004 a menos del 69 % al final del periodo del programa. En comparación con el Programa económico de preadhesión de 2003 (PEP), la senda de ajuste fiscal retrasa de 2004 a 2005 y amplía el ajuste previsto en la primera parte del periodo. La senda de déficit para 2005-2006 se acercaría más a la establecida en el PEP. Con este fin, el programa de convergencia contempla una serie de medidas, básicamente de carácter estructural, para contener el gasto, que es donde se registró la principal desviación en los últimos años, y para aumentar los ingresos. Los ingresos y los gastos contribuyen en líneas generales de la misma forma a la reducción global del déficit en casi 5 puntos del PIB durante el periodo 2004-2007.La senda de ajuste presentada en el programa refleja el compromiso del Gobierno de sanear las finanzas públicas con la intención de adoptar el euro de aquí a 2007; éste es el principal motivo de la fuerte concentración del ajuste fiscal en los primeros años, a fin de disminuir el déficit de las administraciones públicas en un 2,3 % del PIB en 2005. Dada la magnitud de este ajuste y la trayectoria irregular del ajuste fiscal de Chipre, reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2005 supone todo un reto. Las medidas previstas son relativamente numerosas y cada una implica ahorros o ingresos relativamente limitados. Esta estrategia puede considerarse una forma de diversificar los riesgos, pero la introducción simultánea de muchas medidas puede complicar su ejecución, tanto en la práctica como desde el punto de vista político. El programa de convergencia confirma también el compromiso del Gobierno de adoptar medidas adicionales en caso necesario para alcanzar los objetivos de déficit. Tras este fuerte ajuste, los ajustes posteriores previstos para 2006-2007 son de mucho menor calado y se sitúan en torno al 0,6 % anual, por lo que no deberían plantear mayores problemas.El programa prevé un máximo en la ratio deuda/PIB del 75,2 % en 2004, que iniciará entonces un descenso hasta situarse en el 68,4 % del PIB en 2007 merced principalmente a saldos primarios cada vez más positivos y a un crecimiento anual del PIB nominal por encima del tipo de interés nominal medio de la deuda pública en 2005-2007. Aunque, según lo indicado, el escenario subyacente de crecimiento del PIB es realista, la evolución prevista de la ratio de deuda depende también del éxito de las ambiciosas medidas iniciales de ajuste fiscal previstas para 2005.El programa pasa revista brevemente al paquete de reformas estructurales del Gobierno, centradas en los mercados de trabajo, productos y capitales, así como en la diversificación de la economía chipriota con actividades de más valor añadido y una economía basada en el conocimiento. Además, menciona, aunque sin entrar en más detalles, la intención de mejorar la eficacia de la administración pública. No obstante, no se hace ninguna valoración presupuestaria de estas medidas (en el PEP de 2003, los costes presupuestarios de las reformas estructurales no eran significativos y representaban aproximadamente el 0,4 % del PIB durante el periodo 2003-2006). Como se señala en el programa, las medidas constituyen sobre todo una continuación de la estrategia de reforma de los anteriores programas económicos de preadhesión, y el programa considera justificadamente que las diversas políticas estructurales están interconectadas y se complementan mutuamente. Así pues, en conjunto, las medidas resumidas en el programa en este ámbito parecen razonables, pese a los retrasos registrados en ocasiones en el proceso de liberalización, especialmente en algunos mercados de productos.Chipre corre el riesgo de enfrentarse a desequilibrios presupuestarios debido a los costes del envejecimiento de la población. Si bien la reforma del sistema sanitario se completará en 2006, las medidas para reformar el sistema de pensiones se encuentran sólo en la fase inicial. Para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, resulta esencial ejecutar estas reformas de manera rápida y eficaz, así como las demás medidas necesarias para garantizar un superávit primario adecuado.Cuadro : Comparación de las principales proyecciones macroeconómicas y presupuestarias>SITIO PARA UN CUADRO>Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y remite al Consejo la Recomendación adjunta con vistas a un dictamen en relación con el Programa de Convergencia de Chipre.Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9  del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997  en relación con el programa de convergencia de Chipre (2004-2007)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [5] y, en particular, el apartado 3 de su artículo 9,[5]  DO L 268 de 2.8.1997, p. 1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:  http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htmVista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [5 de julio de 2004], el Consejo examinó el programa de convergencia de Chipre, que abarca el periodo 2004-2007. El programa cumple en gran medida los requisitos de información del nuevo «Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia».La estrategia presupuestaria en que se basa el programa pretende reducir el déficit de las administraciones públicas desde el 6,3 % del PIB en 2003 hasta el 2,9 % del PIB para 2005, a fin de cumplir el criterio del déficit de Maastricht de aquí a 2005 y seguir reduciendo el déficit hasta el 2,2 % del PIB en 2006 y el 1,6 % en 2007. Con este fin, el programa de convergencia prevé mejorar sustancialmente el saldo primario, que pasaría de un déficit previsto del 1,6 % del PIB en 2004 a un superávit del 2% del PIB para 2007; e invertir sensiblemente la tendencia alcista de la ratio deuda/PIB, que pasaría del 75,2 % del PIB en 2004 a menos del 69 % al final del periodo del programa. Esta estrategia se basa en un paquete de medidas básicamente estructurales destinadas a contener el gasto y aumentar los ingresos, prácticamente en la misma proporción. Las medidas se ejecutarán sobre todo a partir de 2005.El programa se centra en el aumento de los ingresos y en el control del gasto, que es donde se registró la principal desviación en los últimos años. La senda de ajuste presentada en el programa refleja el compromiso del Gobierno de sanear las finanzas públicas con la intención de adoptar el euro de aquí a 2007; éste es el principal motivo de la fuerte concentración en los primeros años de las medidas de ajuste fiscal, a fin de reducir el déficit de las administraciones públicas en un 2,3 % del PIB en 2005. Habida cuenta de la irregular trayectoria del ajuste fiscal de Chipre, parece un objetivo ciertamente ambicioso.El escenario macroeconómico en que se basa el programa, según el cual el crecimiento del PIB real pasaría del 3,5 % en 2004 al 4,5 % en 2007, parece reflejar supuestos de crecimiento realistas. La proyección de la inflación también parece verosímil. El programa contiene cuatro escenarios diferentes para las proyecciones macroeconómicas y presupuestarias: un «escenario central», un escenario «al alza», un escenario «a la baja» y un escenario «tipos de interés más elevados». El denominado escenario central se considera el escenario de referencia para evaluar las proyecciones presupuestarias, ya que, sobre la base de la información disponible actualmente, parece reflejar supuestos de crecimiento realistas.El programa prevé que el déficit se reduzca hasta el nivel del valor de referencia del 3 % (o menos) del PIB en 2005 y que mantenga después esta línea descendente, pese a que estos objetivos no son coherentes con una situación presupuestaria próxima al equilibrio durante el periodo considerado.Los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo previsto. En particular, si se tiene en cuenta la magnitud del recorte del déficit de las administraciones públicas previsto para 2005 y la trayectoria de ajuste fiscal de Chipre, la tarea resulta particularmente ambiciosa. Así pues, la estrategia presupuestaria del programa puede resultar insuficiente para recortar el déficit hasta el umbral del 3% del PIB (o menos) de aquí a 2005. Asimismo, puede no ofrecer un margen de seguridad suficiente para impedir que se sobrepase este umbral a causa de las fluctuaciones macroeconómicas normales.El programa prevé un máximo en la ratio deuda/PIB del 75,2 % en 2004, que iniciaría entonces un descenso, perdiendo casi 7 puntos, hasta alcanzar el 68,4 % del PIB para 2007. Este acusado descenso se debería principalmente a saldos primarios cada vez más positivos y a un crecimiento del PIB nominal superior al pago de intereses de la deuda pública entre 2005 y 2007. La evolución de la ratio de deuda podría ser menos favorable de lo previsto debido a los riesgos para los resultados del déficit mencionados anteriormente.Chipre corre el riesgo de enfrentarse a desequilibrios presupuestarios debido a los costes del envejecimiento de la población. Si bien la reforma del sistema sanitario se completará en 2006, las medidas para reformar el sistema de pensiones se encuentran sólo en la fase inicial. Para garantizar la viabilidad de las finanzas públicas a largo plazo, resulta esencial ejecutar estas reformas de manera rápida y eficaz, así como las demás medidas necesarias para garantizar un superávit primario adecuado.El [5 de julio de 2004], sobre la base de las recomendaciones de la Comisión, el Consejo decidió que existía en Chipre un déficit excesivo, de conformidad con el apartado 6 del artículo 104 del Tratado, y formuló recomendaciones a Chipre, de conformidad con el apartado 7 del artículo 104, a fin de poner fin a dicha situación; en ellas el Consejo ofrece asesoramiento político.Principales proyecciones recogidas en el Programa de Convergencia de Chipre>SITIO PARA UN CUADRO>


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31992H0131

92/131/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo

Diario Oficial n° L 049 de 24/02/1992 p. 0001 - 0008

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 1991 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (92/131/CEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,  Considerando que la conducta no deseada de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros, es inaceptable y puede ser, en  determinadas circunstancias, contrario al principio de igualdad de trato tal como se define en los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre  hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (1), opinión que apoya la jurisprudencia de algunos Estados miembros;  Considerando que, de conformidad con la Recomendación del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer (2), muchos Estados miembros han llevado a cabo diversas medidas de acción positiva y  actuaciones que promueven, entre otras cosas, el respeto de la dignidad de la mujer en el lugar de trabajo;  Considerando que, en su Resolución de 11 de junio de 1986 sobre la violencia contra la mujer (3), el Parlamento Europeo solicitó a los Gobiernos nacionales, a los comités sobre igualdad de oportunidades y a los sindicatos que llevaran a cabo campañas  concertadas de informa    ción para crear una conciencia adecuada de los derechos individuales de todos los miembros de la fuerza laboral;  Considerando que el Comité consultivo de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, en su dictamen de 20 de junio de 1988, recomendó de forma unánime que se adoptasen una recomendación y un código de conducta relativos al acoso sexual en el lugar  de trabajo que cubran el acoso de ambos sexos;  Considerando que la Comisión, en su programa de acción relativo a la aplicación de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, se comprometió a estudiar la protección de los trabajadores y su dignidad en el trabajo,  habida cuenta de los informes y las recomendaciones preparados sobre diversos aspectos de la aplicación de la legislación comunitaria (4);  Considerando que, en su Resolución de 29 de mayo de 1990 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, el Consejo afirma que todo comportamiento basado en el sexo, que afecta a la dignidad de la mujer y del hombre en el  trabajo (5), incluido el comportamiento de superiores y compañeros, constituye una violación intolerable de la dignidad de los trabajadores o aprendices, y hace un llamamiento a los Estados miembros y a las instituciones y órganos de las Comunidades  Europeas para que desarrollen medidas positivas destinadas a crear una atmósfera de trabajo en la que mujeres y hombres respeten mutuamente su integridad humana;     Considerando que, en su tercer programa de acción sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, 1991-1995, y de conformidad con el punto 3.2 de la Resolución del Consejo de 29 de mayo de 1990, la Comisión decidió elaborar un código de  conducta sobre la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (1), basado en la experiencia y prácticas ejemplares de los Estados miembros, para proporcionar orientación sobre la iniciación y continuación de medidas positivas  destinadas a crear una atmósfera de trabajo en la que mujeres y hombres respeten mutuamente su integridad humana;  Considerando que el Parlamento Europeo adoptó, el 22 de octubre de 1991, una Resolución relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (2);  Considerando que el Comité Económico y Social adoptó, el 30 de octubre de 1991, un dictamen relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (3),  FORMULA LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN: Artículo 1 Se recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para fomentar la conciencia de que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo,  incluido la conducta de superiores y compañeros, resulta inaceptable si:  a)  dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma;  b) la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso  de dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo, y/o c) dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la  misma; y de que dicha conducta puede ser, en determinadas circunstancias, contraria al principio de igualdad de trato, tal como se define  en los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo. Artículo 2 Se recomienda a los Estados miembros que adopten en el sector público las medidas necesarias para aplicar el código de conducta de la Comisión, adjunto a la presente Recomendación, relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el  trabajo. Las acciones de los Estados miembros para la iniciación y continuación de medidas positivas destinadas a crear una atmósfera de trabajo en la que mujeres y hombres respeten mutuamente su integridad humana deberían servir de ejemplo para el  sector privado. Artículo 3 Se recomienda a los Estados miembros que animen a los empresarios y a los representantes de los trabajadores a desarrollar medidas para aplicar el código de conducta de la Comisión relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el  trabajo. Artículo 4 Los Estados miembros informarán a la Comisión, en el plazo de tres años a partir de la fecha de la presente Recomendación, acerca de las medidas que adopten para hacerla efectiva, con el fin de permitir a la Comisión elaborar un informe sobre el  conjunto de dichas medidas. La Comisión asegurará, dentro de ese mismo período, la más amplia difusión posible del código de conducta. El informe versará sobre el grado de conocimiento del código, su eficacia tal como ha podido observarse y su grado de  aplicación y de uso en la negociación colectiva entre los interlocutores sociales. Artículo 5 Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1991.  Por la Comisión Vasso PAPANDREOU Miembro de la Comisión       (1) DO no L 39 de 14. 2. 1976, p. 40.  (2) DO no L 331 de 19. 12. 1984, p. 34.  (3) DO no C 176 de 14. 7. 1986, p. 79.(4)  COM(89) 568 final, de 29 de noviembre de 1989. Por ejemplo, La dignidad de la mujer en el trabajo: Informe sobre el problema del acoso sexual en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, de Michael  Rubenstein, octubre de 1987 (ISBN 92-825-8764-9).  (5) DO no C 157 de 27. 6. 1990, p. 3.  (1) COM(90) 449 final de 6. 11. 1990.  (2) DO no C 305 de 25. 11. 1991.  (3) DO no C 14 de 20. 1. 1992.   ANEXO    PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA MUJER Y DEL HOMBRE EN EL TRABAJO  Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual 1. INTRODUCCIÓN El presente código de conducta se presenta de conformidad con la Resolución del Consejo de Ministros relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (1) y como acompañamiento a la Recomendación de la Comisión sobre esta  cuestión.  Su objetivo es proporcionar una orientación práctica para los empresarios, los sindicatos y los trabajadores sobre la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. El código está concebido para su aplicación tanto en el sector  privado como público, y en él se anima a los empresarios a que sigan las recomendaciones contenidas en el código de la manera que resulte adecuada al tamaño y la estructura de su establecimiento. Para las pequeñas y medianas empresas, puede resultar de  especial importancia para adaptar algunos de los aspectos prácticos a sus necesidades específicas.  El objetivo es garantizar que no se produzca el acoso sexual y, si ocurre, garantizar que se dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar que se repita. Por consiguiente, el código pretende fomentar la elaboración y la puesta  en práctica de políticas y prácticas que establezcan unos entornos laborales libres del acoso sexual y en los que las mujeres y los hombres respeten mutuamente su integridad humana.  El informe de los expertos realizado por encargo de la Comisión puso de manifiesto que el acoso sexual es un problema grave para muchas mujeres trabajadoras de la Comunidad Europea (2), y la investigación llevada a cabo en los Estados miembros ha  mostrado de manera fehaciente que el acoso sexual en el trabajo no es un fenómeno aislado. Al contrario, está claro que para millones de mujeres de la Comunidad Europea, el acoso sexual es una parte desagradable e inevitable de su vida laboral. Los  hombres también pueden padecer el acoso sexual y, por supuesto, deberían tener el mismo derecho que las mujeres a la protección de su dignidad.      Algunos grupos específicos son particularmente vulnerables al acoso sexual. Los estudios realizados en diversos Estados miembros, que documentan la relación entre el riesgo de acoso sexual y la vulnerabilidad percibida de la persona objeto del mismo,  indican que las mujeres divorciadas o separadas, las mujeres jóvenes y las que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, las que tienen contratos laborales precarios o irregulares, las mujeres que desempeñan trabajos no tradicionales, las  mujeres incapacitadas físicamente, las lesbianas y las mujeres de minorías raciales corren un riesgo desproporcionado. Los homosexuales y los hombres jóvenes también son vulnerables al acoso. No se puede negar que el acoso motivado por la inclinación  sexual mina la dignidad laboral de las personas afectadas y que resulta imposible considerar dicho fenómeno como un comportamiento laboral aceptable.  El acoso sexual contamina el entorno laboral y puede tener un efecto devastador sobre la salud, la confianza, la moral y el rendimiento de las personas que lo padecen. La ansiedad y el estrés que produce el acoso sexual normalmente hacen que las  personas que lo sufren pidan bajas por enfermedad, sean menos eficaces en el trabajo o dejen su empleo para buscar otro. A menudo los trabajadores sufren, además de las consecuencias negativas del propio acoso, el perjuicio para sus perspectivas  laborales a corto y a largo plazo que supone el verse obligados a cambiar de empleo. El acoso sexual también puede tener un efecto negativo sobre los trabajadores que no son objeto del mismo, pero que son testigos o saben de la existencia de dicho  comportamiento indeseado.  El acoso sexual también tiene consecuencias negativas para los empresarios, ya que afecta directamente a la rentabilidad de la empresa en la que los trabajadores piden bajas por enfermedad o dimiten de sus empleos por este motivo, y a la eficacia  económica de una empresa en la que la productividad de los trabajadores se reduce al tener que trabajar en un clima en el que no se respeta la integridad del individuo.  En términos generales, el acoso sexual es un obstáculo para la adecuada integración de la mujer en el mercado de trabajo, y la Comisión se ha comprometido a fomentar el desarrollo de medidas globales para mejorar dicha integración (3).     2. DEFINICIÓN El acoso sexual es la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (1). Esto puede incluir comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados.  Por consiguiente, hay un tipo amplio de comportamiento que puede ser considerado como acoso sexual y resulta inaceptable si: dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma; la negativa o el sometimiento de  una persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación  profesional o al empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo, y/o dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la  misma (1).  La principal característica del acoso sexual es que es indeseado por parte de la persona objeto del mismo, y corresponde a cada individuo determinar el comportamiento que le resulta aceptable y el que le resulta ofensivo. La atención sexual se convierte  en acoso sexual si continúa una vez que la persona objeto de la misma ha indicado claramente que la considera ofensiva, si bien un único incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo suficientemente grave. Lo que distingue al acoso sexual  del comportamiento amistoso es que el primero es indeseado y el segundo aceptado y mutuo.  3. LA LEY Y LAS RESPONSABILIDADES DE LOS EMPRESARIOS La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo pueden contravenir el principio de igualdad de trato a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva  76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en    lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (2). Este principio supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se  refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.  En determinadas circunstancias, y dependiendo de la legislación nacional, el acoso sexual puede también ser un delito, o contravenir otras obligaciones impuestas por la ley, como son las obligaciones en materia de salud y seguridad, o el deber,  contractual o de otra naturaleza, de ser un buen empresario. Como el acoso sexual es un comportamiento indebido del trabajador, los empresarios deben ocuparse del mismo al igual que hacen con cualquier otra forma de comportamiento indebido de los  trabajadores y deben evitar acosar a los propios trabajadores. Puesto que el acoso sexual constituye un riesgo para la salud y la seguridad, los empresarios tienen la responsabilidad de tomar medidas para reducir al mínimo este riesgo, al igual que  hacen con otros peligros. Como el acoso sexual a menudo supone un abuso de poder, es posible que los empresarios sean responsables del uso indebido de la autoridad que han delegado.  Sin embargo, el presente código se centra en el acoso sexual como un problema de discriminación sexual. El acoso sexual es una discriminación sexual porque el sexo de la persona afectada es el factor que determina quién es objeto del acoso. En diversos  Estados miembros ya se ha establecido que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo contravienen la legislación nacional sobre la igualdad de trato, y los  empresarios deben tratar de asegurar que en el entorno laboral no se den tales comportamientos (3).  Como el acoso sexual a menudo está en función de la situación de la mujer en la jerarquía laboral, las políticas destinadas a tratar el acoso sexual tienen más posibilidades de resultar eficaces cuando se unen a una política     más amplia de fomento de la igualdad de oportunidades y de mejora de la situación de la mujer. En la guía de la Comisión para la acción positiva se ofrece asesoramiento sobre las medidas que pueden adoptarse de manera general para aplicar una política  de igualdad de oportunidades (1).  De igual modo, la existencia de un procedimiento para ocuparse de las denuncias de acoso sexual debería considerarse sólo como un componente de la estrategia para enfrentarse al problema. El objetivo primordial debería ser cambiar el comportamiento y  las actitudes y procurar garantizar la prevención del acoso sexual.  4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA La mayoría de las recomendaciones incluidas en el presente código se refieren a las acciones que pueden emprender los empresarios, ya que éstos tienen el deber de garantizar la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.  Los sindicatos también tienen responsabilidades con respecto a sus afiliados y pueden y deben desempeñar un importante papel en la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo. Se recomienda que se estudie la cuestión de la inclusión en los  convenios de las cláusulas pertinentes, en el contexto del proceso de la negociación colectiva, con el fin de lograr un entorno laboral libre de comportamientos indeseados de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afecten a la  dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, así como de toda represalia contra el denunciante o la persona que desee atestiguar o que atestiguee en caso de denuncia.  5. RECOMENDACIONES A LOS EMPRESARIOS Las políticas y los procedimientos recomendados más adelante deberían adoptarse, según sea necesario, tras consultar o negociar con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores. La experiencia indica que las estrategias para crear y  mantener un entorno laboral en el que se respete la dignidad de los trabajadores tienen más probabilidades de ser eficaces cuando se acuerdan conjuntamente.  Debería subrayarse que una característica distintiva del acoso sexual es que los trabajadores que lo padecen a menudo son reacios a quejarse. Por consiguiente, la ausencia de denuncias de acoso sexual en un establecimiento determinado no significa  necesariamente que tal acoso no exista. Puede significar que las personas afectadas por el acoso sexual piensan que denunciarlo no     tiene objeto porque no puede hacerse nada al respecto, o porque no se les tomará en serio o se les ridiculizará, o porque temen las represalias. La aplicación de las recomendaciones preventivas y de procedimiento indicadas más adelante debería  facilitar la creación de un clima laboral en el que esos temores sean infundados.  A) Prevención i) Declaración de principios Como primer paso para mostrar la preocupación y el compromiso de la dirección para resolver el problema del acoso sexual, los empresarios deberían elaborar una declaración de principios en la que se establezca expresamente que todos los trabajadores  tienen derecho a ser tratados con dignidad, que no se permitirá ni se tolerará el acoso sexual en el trabajo y que los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias si aquél se produce.  Se recomienda que la declaración de principios precise qué es lo que se entiende por comportamiento indebido en el trabajo y explique que dicho comportamiento, en determinadas circunstancias, puede ser ilegal. Se aconseja que la declaración imponga  explícitamente a los directores y supervisores la obligación de aplicar estos principios y de emprender las acciones correctoras para garantizar su cumplimiento. También debería imponer explícitamente a todos los trabajadores la obligación de observar  la declaración y de velar por que sus compañeros sean tratados con respeto y dignidad.  Además, se recomienda que la declaración explique el procedimiento que habrán de seguir los trabajadores que sean objeto de acoso sexual en el trabajo para recibir ayuda y a quién habrán de dirigir su denuncia, que incluya el compromiso de que las  denuncias de acoso sexual se tratarán con seriedad, prontitud y confidencialmente, y que se protegerá a los trabajadores contra la persecución y las represalias de que sean objeto por haber presentado una denuncia de acoso sexual. También debería  especificar que se aplicarán las medidas disciplinarias adecuadas contra los trabajadores que sean culpables de acoso sexual.  ii) Comunicación de la declaración de principios Una vez elaborada la declaración, es importante que ésta sea comunicada efectivamente a todos los trabajadores, de manera que sean conscientes de que tienen derecho a quejarse y sepan a quién deben quejarse, sean conscientes de que sus denuncias serán  tratadas con prontitud e imparcialidad, y de las posibles consecuencias de todo comportamiento de acoso sexual.   Dicha comunicación deberá subrayar el compromiso de la dirección de eliminar el acoso sexual, fomentando de esta manera un clima en el que éste no pueda producirse.  iii) Responsabilidad Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad de los trabajadores, y los directores (incluidos los supervisores) tienen la tarea particular de garantizar que no se produzca el  acoso sexual en los sectores bajo su responsabilidad. Se recomienda que los directores expliquen la política del establecimiento al personal a su cargo y que tomen medidas para fomentar de manera positiva la aplicación de esta política. Los directores  también deberían prestar atención y apoyar a cualquier miembro del personal que se queje de acoso sexual, asesorar plena y claramente sobre el procedimiento que deberá seguirse, mantener el carácter confidencial de los casos de acoso sexual y velar por  que no se planteen más problemas de acoso sexual o por que no se tomen represalias una vez que se haya atendido la denuncia.  iv) Formación Un importante medio para garantizar que no se produzca el acoso sexual y que, si se produce, el problema sea resuelto con eficacia lo constituye la formación de los directores y supervisores. Dicha formación debería tener por objeto la identificación de  los factores que contribuyen a crear un entorno laboral exento de todo acoso sexual y permitir que los participantes sean plenamente conscientes de sus responsabilidades en el marco de la política fijada por el empresario y de cualquier problema que  pueda surgir.  Además, las personas que tengan algún cometido oficial en el marco del procedimeinto formal de examen de la denuncia de acoso sexual deberían recibir una formación especial, tal y como se ha indicado más arriba.  También es aconsejable incluir en los correspondientes programas de iniciación y de formación información relativa a la política del establecimiento sobre el acoso sexual y procedimientos para tratar esta cuestión.  B) Procedimientos La elaboración de procedimientos claros y precisos para tratar el acoso sexual una vez que se ha producido reviste una gran importancia. Los procedimientos deberían garantizar la resolución de los problemas de manera eficaz y efectiva. La orientación  práctica para los trabajadores sobre cómo tratar el acoso sexual cuando se produce y las consecuencias del mismo deberían  proporcionarse desde un principio. Dicha orientación debería subrayar los derechos del trabajador y los límites dentro de los  cuales deben ejercerse.  i) Resolución de los problemas de modo informal La mayoría de las personas afectadas por el acoso sexual simplemente desean que éste cese. Debería disponerse de métodos formales e informales para resolver los problemas.  Debería aconsejarse a los trabajadores que, si es posible, intenten resolver el problema de manera extraoficial en un primer momento. En algunos casos, puede ser posible y bastar que el trabajador explique claramente a la persona que muestra el  comportamiento indeseado que dicha conducta no es bien recibida, que es ofensiva o le es incómoda, y que interfiere en su trabajo.  En caso de que a la persona le resulte demasiado difícil o violento hacer esto personalmente, habría otra manera de proceder consistente en buscar la ayuda de un amigo comprensivo o de un asesor confidencial o pedirle a éstos que den los primeros pasos.   Si la persona continúa con su comportamiento, o si no resulta adecuado resolver el problema de modo informal, debería seguirse el procedimiento formal de presentación de una denuncia.  ii) Asesoramiento y asistencia Se recomienda a los empresarios que nombren a una persona encargada de proporcionar asesoramiento y asistencia a los trabajadores objeto de acoso sexual, y, cuando sea posible, con la función de ayudar a resolver cualquier problema, ya sea por la vía  oficial o extraoficial. Puede resultar útil que la persona sea designada previo acuerdo con los sindicatos o los trabajadores, ya que esto probablemente favorecerá su aceptación. Las personas seleccionadas deberían proceder, por ejemplo, de los  departamentos de personal o de igualdad de oportunidades. En algunos establecimientos se les denomina «asesores confidenciales» o «amigos comprensivos». A menudo dicho papel lo desempeña una persona del sindicato de los trabajadores o perteneciente a un  grupo de ayuda a la mujer.  Quienquiera que sea la persona designada en el establecimiento, se recomienda que se le proporcione la formación adecuada sobre la mejor manera de resolver los problemas y sobre los pormenores de la política y los procedimientos del establecimiento, de  manera que pueda desempeñar su tarea con eficacia. También es importante que se le provea de recursos adecuados para desempeñar su función, así como de protección contra las represalias de que podría ser objeto por ayudar a cualquier persona víctima de  acoso sexual.   iii) Procedimiento de denuncia Se recomienda que, cuando la persona que presente la denuncia considere que los intentos de solucionar el problema de manera informal no son aconsejables, cuando se hayan rechazado los intentos de solución informal, o cuando el resultado haya sido  insatisfactorio, se proporcione un procedimiento formal para atender la denuncia. Este procedimiento debería asegurar a los trabajadores que el establecimiento tratará con seriedad las denuncias de acoso sexual.  Por su naturaleza, el acoso sexual puede dificultar la utilización de los canales normales de presentación de denuncias por vergueenza, miedo a no ser tomado en serio, a dañar la propia reputación, o temor a las represalias o a enrarecer el ambiente de  trabajo. Por consiguiente, el procedimiento formal debería especificar a quién debe el trabajador presentar la denuncia y ofrecer también una alternativa si, en dichas circunstancias, el procedimiento normal de solución de conflictos no resulta  adecuado, por ejemplo, porque la persona a la que se imputa el acoso es el jefe directo del trabajador. También es aconsejable ofrecer a los trabajadores la posibilidad de presentar la denuncia en primera instancia a una persona de su mismo sexo, si así  lo desean.  Es aconsejable que los empresarios controlen y revisen las denuncias de acoso sexual y cómo se han resuelto, a fin de asegurarse de que los procedimientos resultan eficaces.  iv) Investigaciones Es importante garantizar que las investigaciones internas relativas a cualquier denuncia se llevan a cabo con tacto y con el debido respeto a los derechos tanto de la persona que ha presentado la denuncia como de la persona objeto de la misma. La  investigación debería ser independiente y objetiva. Las personas que la realicen no deberían tener relación alguna con la denuncia, y debería intentarse por todos los medios resolverlas con prontitud; el procedimiento debería establecer un plazo máximo  para la tramitación de las denuncias, habida cuenta de los plazos que pueda establecer la legislación nacional para la presentación de una denuncia por vía legal.  Se recomienda como práctica adecuada que tanto la persona que presenta la denuncia como la persona objeto de la misma tengan derecho a ser acompañadas y/o representadas, quizá por un representante de su sindicato, un amigo o un compañero; que se informe  detalladamente a la persona objeto de la denuncia sobre la naturaleza de la misma y la posibilidad de contestar a la misma, y que se mantenga una estricta confidencialidad durante todo el curso de la investigación de una denuncia. Cuando sea  necesario  interpelar a testigos, deberá subrayarse la importancia del carácter confidencial.  Debe reconocerse que relatar la experiencia de acoso sexual no es fácil y puede perjudicar la dignidad del trabajador. Por consiguiente, no deberá pedirse a la persona que presenta la denuncia que narre repetidamente los hechos objeto de la misma cuando  esto sea innecesario.  La investigación debería centrarse en los hechos indicados en la denuncia, y es aconsejable que el empresario mantenga un registro completo de todas las reuniones e investigaciones.  v) Faltas contra la disciplina Se recomienda que las infracciones de la política del establecimiento para la protección de la dignidad de los trabajadores en el trabajo sean consideradas como faltas contra la disciplina y que las normas de disciplina establezcan claramente qué  comportamiento se considera como conducta indebida en el trabajo. Constituye también una buena práctica indicar claramente la gama de sanciones que pueden imponerse a las personas que violen la norma, y que la persecución o las represalias contra el  trabajador que presente de buena fe una denuncia de acoso sexual serán consideradas como una falta contra la disciplina.  Cuando se acepte una denuncia y se considere que es necesario transferir o trasladar a una de las partes deberá permitirse, cuando sea posible, que la persona que ha presentado la denuncia decida si desea permanecer en su puesto o ser trasladada. No  deberá sancionarse en ningún modo a la persona que haya presentado una denuncia que haya sido aceptada, y además, cuando esto suceda, el empresario deberá supervisar la situación para asegurarse de que el acoso ha cesado.  Aunque una denuncia no sea aceptada, por ejemplo porque se considere que las pruebas no son concluyentes, deberá ofrecerse la posibilidad de un traslado o una reorganización del trabajo de uno de los trabajadores afectados en vez de pedirles que sigan  trabajando juntos contra la voluntad de ambas partes.  6. RECOMENDACIONES A LOS SINDICATOS El acoso sexual es una cuestión tanto sindical como empresarial. Se recomienda como práctica adecuada que los sindicatos formulen y presenten unas declaraciones claras de política sobre el acoso sexual y que tomen medidas para aumentar la  sensibilización ante el problema del acoso sexual en el lugar de trabajo, a fin de ayudar a crear un ambiente en el que ni se tolere ni se pase por alto. Por ejemplo, los sindicatos podrían intentar ofrecer a todos sus directivos y representantes  formación sobre  temas relacionados con la igualdad de trato, incluida la manera de abordar el acoso sexual, e incluir esta información en cursos de formación patrocinados o aprobados por el sindicato, así como información sobre la política del  sindicato al respecto. Los sindicatos deberían estudiar la posibilidad de declarar que el acoso sexual constituye un comportamiento indebido, y se recomienda como buena práctica que informen a sus afiliados y dirigentes sobre sus consecuencias.  Los sindicatos también deberían tratar la cuestión del acoso sexual con los empresarios, e instar a los establecimientos a que adopten políticas y procedimientos adecuados para proteger la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Se aconseja a  los sindicatos que informen a sus afiliados de su derecho a no ser acosados sexualmente en el trabajo y les proporcionen una orientación clara sobre qué hacer en caso de ser objeto de acoso sexual, incluido el asesoramiento sobre los derechos legales  pertinentes.  En caso de denuncia, es importante que los sindicatos la traten con seriedad y comprensión, y que se aseguren de que la persona que la ha presentado tiene la oportunidad de ser representada si se atiende la denuncia. Es importante crear un ambiente en  el que los afiliados sientan que pueden presentar dichas denuncias sabiendo que van a contar con la comprensión y el apoyo de los representantes sindicales locales. Los sindicatos podrían estudiar la posibilidad de nombrar a personas formadas al efecto  para asesorar y aconsejar a los afiliados que presenten denuncias de acoso sexual y actuar en nombre de los mismos si es necesario. Esto constituirá un punto de apoyo fundamental. También es buena idea asegurarse de que haya suficientes representantes  femeninos para apoyar a las mujeres objeto de acoso sexual.  Asimismo se recomienda que cuando el sindicato esté representando tanto a la persona que ha presentado la denuncia como a la persona objeto de la misma se deje claro que el sindicato no está tolerando el acoso sexual al proporcionar la representación.  En cualquier caso, las dos partes no deberían estar representadas por la misma persona.  Es práctica adecuada aconsejar a los afiliados que el trabajador acosado lleve un registro de los incidentes, ya que esto le ayudará a llevar a feliz término cualquier recurso formal o informal, que el sindicato desea que se le informe de cualquier  incidente de acoso sexual y que dicha información tendrá carácter confidencial. Convendría también que el sindicato controlara y revisara sus registros para contestar a las denuncias y para representar a las personas objeto de las mismas, a fin de que  su respuesta sea eficaz.  7. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES Los trabajadores tienen un claro cometido que desempeñar en la instauración de un clima de trabajo en el que resulte inaceptable el acoso sexual. Pueden contribuir a evitar el acoso sexual si son conscientes del problema y se muestran sensibles al  mismo, asegurándose de que sus propias normas de conducta y las de sus compañeros no son ofensivas.  Los trabajadores pueden contribuir en gran medida a impedir el acoso sexual si queda claro que consideran dicho comportamiento inaceptable y si apoyan a los compañeros que sufren dicho trato y que prevén la presentación de una denuncia.  Los trabajadores que son objeto de acoso sexual deberían, cuando sea posible, manifestar al autor de tales actos que su comportamiento es indeseado e inaceptable. A veces basta con que una persona se dé claramente cuenta de que su conducta no es bien  recibida para que ponga fin a la misma. Si dicha persona persiste en su comportamiento, los trabajadores deberían informar a los directores o a su representante por las vías adecuadas y solicitar ayuda para poner fin al acoso por medios formales o  informales.    (1)  DO no C 157 de 27. 6. 1990, p. 3, punto 2 del apartado 3.  (2)  La dignidad de la mujer en el trabajo: Informe sobre el problema del acoso sexual en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, de Michael Rubenstein, octubre de 1987, (ISBN 92-825-8764-9).(3)  Tercer programa de acción sobre igualdad de  oportunidades entre las mujeres y los hombres, 1991-1995 [COM(90) 449 de 6. 11. 1990].  (1)  Resolución del Consejo relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (DO no C 157 de 27. 6. 1990, p. 3, punto 2 del apartado 3).  (2) DO no L 39 de 14. 2. 1976, p. 40, artículo 2 (Anexo II).  (3)  Resolución del Consejo relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (DO no C 157 de 27. 6. 1990, p. 3, punto 2 del apartado 3).(1)  Acción positiva: Igualdad de oportunidades para las mujeres en el empleo. Guía,  OPOCE, 1988.


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		52013DC0360

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2012-2017 /* COM/2013/0360 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Francia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Francia para 2012-2017
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1]
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (CE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2] y, en particular,
su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de
la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo,
Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas
y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para
fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía
europea.
(2)       El 13 de julio de 2010, sobre
la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó
una recomendación sobre las directrices generales de
las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[5], que juntas forman
las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno tomaron
una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un
marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro
utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron
sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)       El 6 julio de 2012, el
Consejo aprobó una
recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Francia para 2012 y
emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia para
2011-2016.
(5)       El 28 de noviembre de
2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual[6] sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo 2013 de coordinación de la
política económica. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la
base del Reglamento (UE) nº1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[7], en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros
que sería objeto de un examen exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades
para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto
con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad
de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el
crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía,
promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las
consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El 10 de abril de 2013, la
Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo[8] de Francia en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) nº
1176/2011. El análisis de la Comisión llega a la conclusión de que Francia sufre
desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de
medidas decididas. En particular, el deterioro de la balanza comercial y la competitividad,
impulsado por factores relacionados y no relacionados con los costes, en un
contexto de empeoramiento de la posición exterior y una deuda pública elevada,
merece una atención constante para reducir el riesgo de efectos adversos sobre el
functionamiento de la economía francesa y de la Unión Económica y Monetaria,
dado el tamaño de la economía francesa.
(8)       El 30 de abril de 2013,
Francia presentó su Programa de Estabilidad de 2013, que cubre el período 2012-2017,
y su Programa Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de tener en cuenta sus
interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)       Partiendo de la
evaluación del Programa de Estabilidad de 2013, realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que, pese a los
considerables esfuerzos de saneamiento que condujeron a una reducción del
déficit global del 7,5% del PIB en 2009 al 4,8% en 2012, no se espera que
Francia corrija su déficit excesivo en 2013 como recomendó el Consejo a finales
de 2009. Ello se debe, en particular, al empeoramiento de la situación
económica respecto de la previsión hecha en el momento de la recomendación,
solo en parte compensada por los ingresos extraordinarios, así como al hecho de
que el esfuerzo se haya concentrado hasta cierto punto al final del período. El
escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del programa
es plausible para 2013, pero demasiado optimista para 2014. En particular, las
autoridades prevén que, tras un estancamiento en 2012 (0%) y 2013 (+0,1%), el
PIB crecerá un 1,2% en 2014, suponiendo que no se adopten medidas
presupuestarias para reducir el déficit general de las administraciones públicas
al 2,9% del PIB. En comparación, la Comisión prevé que el PIB crecerá un 1,1%
en 2014 si no hay un cambio de política, un escenario que únicamente tiene en
cuenta las medidas que se han adoptado o especificado suficientemente y que
arroja una previsión de déficit del 4,2% del PIB. El objetivo principal de la
estrategia presupuestaria esbozada en el programa es conseguir el objetivo a
medio plazo, es decir, un presupuesto equilibrado en términos estructurales,
como en el programa del pasado año. Es un objetivo más ambicioso que el exigido
por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El año en que se prevé alcanzar el
objetivo a medio plazo es 2016, frente a 2015 en el Programa de estabilidad
anterior. El déficit global establecido por el programa de estabilidad es
coherente con una corrección del déficit excesivo en 2014, un año después del
plazo revisado fijado por el Consejo en virtud del procedimiento de déficit excesivo
a finales de 2009. Dadas las previsiones demasiado optimistas del programa para
2014, a menos que se adopten medidas adicionales para redoblar los esfuerzos en
ese año, el Consejo considera que el esfuerzo de saneamiento presupuestario
previsto por las autoridades no es compatible con una corrección real del
déficit excesivo en 2014. Los ahorros y los ingresos adicionales previstos tampoco
se especifican suficientemente. En estas circunstancias, deben especificarse
las medidas para 2014 y 2015 a fin de garantizar de manera creíble que el
déficit excesivo se corregirá en 2015 a más tardar [como recomienda el Consejo].
En 2016, el saldo estructural, recalculado por la Comisión, se espera que sea
el -0,4% del PIB (-0,3% en 2017), por lo que el objetivo a medio plazo no se
cumpliría al final del programa. Se calcula que los progresos hacia el objetivo
a medio plazo en ese año representarán el 0,3% del PIB, por debajo del valor de
referencia del 0,5% del PIB. La deuda pública ha crecido sustancialmente desde
el comienzo de la crisis. Partiendo del 64,2% en 2007, la proporción entre la
deuda y el PIB llegó al 90,2% en 2012 y se prevé que aumente hasta el 96,2% en
2014, según la previsión de primavera 2013 de los servicios de la Comisión. Las
autoridades esperan que la proporción de la deuda alcance el punto máximo del
94,3% del PIB en 2014 y a continuación descienda al 88,2% en 2017.
(10)     Dada la deuda elevada y
creciente, así como el nuevo retraso del plazo para la corrección del déficit
excesivo [a 2015], es imprescindible que el presupuesto de 2013 se ejecute
estrictamente y los esfuerzos sustanciales de saneamiento se prosigan con
firmeza en los años venideros. En particular, es crucial que el gasto público
francés crezca a un ritmo significativamente menor que el PIB potencial, puesto
que las mejoras del déficit estructural se han basado hasta la fecha
principalmente en los ingresos. A este respecto, la revisión en curso del gasto
público («Modernisation de l'action publique»), que incluye la administración
local y de la seguridad social además de la administración central, debe
proporcionar indicaciones para mejorar aún más la eficiencia del gasto público.
Hay margen también para avanzar en la racionalización de las distintas capas y
competencias administrativas para lograr más sinergias, eficiencia y ahorro. La
nueva ley de descentralización prevista debe abordar este problema. En vista
del incremento esperado a medio y largo plazo del gasto público en sanidad, el
futuro gasto público en asistencia sanitaria requiere mayor control y eficiencia,
en particular el gasto farmacéutico. Las previsiones más recientes del Consejo
Asesor en materia de Pensiones («Conseil d’orientation des retraites») apuntan a
déficits persistentes del sistema de pensiones en 2018, contrariamente al
objetivo de la reforma de 2010 de lograr un sistema equilibrado en ese plazo. Además,
el desmantelamiento parcial de la reforma de 2010 contraviene la recomendación
del Consejo. En consecuencia, el sistema de pensiones seguirá sufriendo todavía
grandes déficits en 2020 y se necesitan urgentemente nuevas medidas para remediar
esta situación a la vez que se preserva la suficiencia del sistema. Dichas
medidas podrían incluir un aumento de la edad mínima de jubilación y la edad para
cobrar una pensíón completa, así como del período de cotización para obtener la
pensión completa, adaptando las normas de indización y revisando las numerosas
excepciones vigentes al régimen general para categorías específicas de
trabajadores. Dado su impacto negativo sobre los costes laborales, debe
evitarse un aumento de las cotizaciones a la seguridad social. En vista del
desafío de las finanzas públicas que afronta Francia, es vital que las medidas
presupuestarias se complementen con renovados esfuerzos en pro de las reformas
estructurales para apoyar y aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo
de la economía francesa.
(11)     Como pone de manifiesto
el examen exhaustivo de 2013, la competitividad francesa sigue siendo un gran
desafío, como así lo indica la notable disminución de su cuota de mercados de
exportación en estos últimos años. El Gobierno francés propuso en noviembre de
2012 varias medidas políticas en el contexto del «Pacto de competitividad». La
introducción de un crédito fiscal en relación con el impuesto de sociedades (crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — CICE) es un paso importante que
debería contribuir a reducir los costes laborales. Existe margen para adoptar
más medidas, dado que el nuevo crédito fiscal solo reduce a la mitad la
diferencia entre la cuña fiscal francesa y la media de los países de la OCDE en
lo que respecta al salario mediano. Además, las medidas fiscales que afectan a
las empresas adoptadas desde 2010 han inducido un aumento general de la
fiscalidad empresarial, pese a la corrección que supuso esa medida. La subida del
salario mínimo decidida en julio de 2012, aun limitada, puede tener un impacto
negativo sobre el empleo y la competitividad, como subrayaba la recomendación
del Consejo de 2012. Entre 2002 y 2012, el salario mínimo por hora aumentó un
38% (16% en términos reales). El alto nivel del salario mínimo, que representa
dos tercios del salario mediano, lo compensan parcialmente los empleadores con
una serie de exenciones a la cotización empresarial a la seguridad social. El correspondiente
coste para las finanzas públicas ha aumentado rápidamente en estos últimos
años, representando más del 1% del PIB, en parte para compensar el rápido
aumento del salario mínimo. Además, instrumentos alternativos como los sistemas
de ayuda a la renta («Prime pour l'emploi» y «Revenu de solidarité active») son
más eficientes que el salario mínimo para resolver el problema de la pobreza en
el trabajo.
(12)     Por lo que se refiere a
la competitividad no relacionada con los precios, aunque el Gobierno ha
renovado recientemente su estrategia de exportación, el respaldo al desarrollo
de las redes y asociaciones de exportación promovería la internacionalización
de las PYME[9].
En general, podrían adoptarse medidas para garantizar que el entorno
empresarial favorece el crecimiento de las PYME. Pese a los considerables
esfuerzos desplegados por las empresas en sectores intensivos en I+D y el
sustancial apoyo público (p.ej., el crédito fiscal para investigación), los
sectores de alta y media-alta tecnología solo representan una parte modesta y
decreciente de la economía francesa. Es preciso, por lo tanto, fomentar la
creación y el crecimiento de las PYME y de las empresas de tamaño medio en
estos sectores mejorando las condiciones generales que propician la innovación
y la iniciativa empresarial. La política de alianzas que se ha desarrollado
para vincular la investigación pública a las empresas privadas también podría
orientarse más hacia las externalidades positivas entre empresas privadas geográficamente
próximas entre sí. Además, los estudios de doctorado y la investigación deben
resultar lo bastante atractivos para reforzar el vínculo entre empresas
privadas y centros de investigación.
(13)     En lo que respecta a los
servicios, en 2012 solo se hicieron progresos limitados. En particular, no se
inició una reforma horizontal para suprimir las restricciones injustificadas en
las profesiones y sectores regulados. Muchos proveedores de servicios profesionales
siguen padeciendo restricciones en materia de forma jurídica y estructura
accionarial (p.ej., restricciones a la propiedad del capital para veterinarios
y abogados). Otros obstáculos importantes a la entrada o al ejercicio (como las
comunicaciones comerciales, las cuotas o restricciones territoriales) subsisten
en varios sectores (como taxistas, algunas profesiones sanitarias, notarios y otras
profesiones jurídicas). El sector minorista está aún sujeto a una serie de
regulaciones, como procedimientos de autorización complejos y largos para el
establecimiento de comercios minoristas. Además, la prohibición vigente de las
ventas con pérdidas produce diversas distorsiones cuando el objetivo de apoyar
a los productores y a los pequeños distribuidores podría alcanzarse más
eficazmente con medidas menos distorsionantes. Estas restricciones excesivas de
las profesiones y sectores regulados repercuten en la competencia y tienden a
elevar los precios. Como indica el examen exhaustivo, los precios más elevados
de los servicios de intermediación, que representan casi la cuarta parte de los
costes de producción en el sector industrial, repercuten en última instancia en
la competitividad externa de las empresas francesas. En 2012 también fueron
escasos los avances en las industrias de redes. El mercado de electricidad
francés continúa siendo uno de los más concentrados de la UE. Los precios regulados
del gas y la electricidad distorsionan la competencia y son un obstáculo para
los nuevos operadores. Deben suprimirse las tarifas reguladas para los clientes
no domésticos según el calendario acordado con las autoridades francesas. Una
mayor capacidad de interconexión con los países vecinos y la licitación de
concesiones hidráulicas también contribuirían a estimular la competencia en el
mercado eléctrico. En el sector ferroviario, el transporte de mercancías es
menos dinámico que en otros Estados miembros, mientras que el transporte de
pasajeros no está abierto a la competencia, excepto los servicios internacionales.
La próxima reforma debe garantizar que todo nuevo «gestore único de
infraestructura» es independiente del operador establecido para acreditar un acceso
justo y no discriminatorio de los nuevos operadores.
(14)     El sistema fiscal francés
sigue siendo complejo y carece de eficiencia por la amplia gama de exenciones y
deducciones especiales existentes, pero también por los frecuentes cambios
legislativos. Pese a los esfuerzos para reducir y racionalizar los gastos
fiscales, el importe de los ingresos no percibidos como conecuencia de aquellos
sigue siendo elevado. La determinación de una base amplia y un tipo impositivo
bajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las sociedades
sería una opción más favorable al crecimiento y el bienestar social. Está
previsto que el tipo intermedio del IVA aumente del 7 % al 10 % a
partir de enero de 2014. Es una decisión acertada, pero son necesarios esfuerzos
adicionales. En general, el coste de las exenciones fiscales y de las
cotizaciones a la seguridad social es muy alto, hasta el 10% del PIB. Pese a la
demostrada ineficacia de algunos tipos reducidos de IVA, como los de los servicios
de restauración, no se han tomado medidas suficientemente diferenciadas. La
introducción del crédito fiscal CICE, financiado parcialmente mediante el
antedicho aumento de los tipos intermedio y normal del IVA, desplaza la carga
fiscal en beneficio del trabajo. Es menester, sin embargo, ampliar el ámbito de
actuación, en particular para reequilibrar la cuota de los impuestos
medioambientales. El año pasado, Francia adoptó algunas medidas para abordar el
problema de los incentivos al endeudamiento en la fiscalidad empresarial. Hay,
sin embargo, margen para otras mejoras (la deducción de intereses solo está
restringida por encima del umbral de 3 millones EUR y únicamente el 15% de los
intereses que superan ese límite no puede ser objeto de deducción fiscal en
2013, y el 25% en 2014).
(15)     La tasa de desempleo aumentó
del 9,7 % en 2010 al 10,2 % en 2012. La Comisión prevé que la tasa de
desempleo aumentará al 10,6% en 2013 y al 10,9% en 2014, debido a la persistente
debilidad del crecimiento económico. En este contexto, la segmentación del
mercado laboral francés sigue siendo un motivo de preocupación. La probabilidad
de pasar de un empleo temporal a uno permanente era solo del 10,6 % en
2010, frente al 25,9 % de media en la UE. Como consecuencia, los
trabajadores poco cualificados con empleos precarios suelen soportar la carga
del proceso de ajuste del mercado laboral. En mayo de 2013, se promulgó una ley
basada en el acuerdo interprofesional (ANI) para garantizar el empleo celebrado
entre los interlocutores sociales en enero de 2013. Esta ley refuerza los
derechos de los trabajadores, resuelve la incertidumbre jurídica de los
despidos y otorga mayor flexibilidad a los empleadores. Constituye un progreso
hacia un mercado más laboral más fluido. La ejecución de esta reforma, así como
su impacto, son inciertos en estos momentos porque, a raíz de la adopción de la
ley de transposición del ANI, serán necesarios otros acuerdos sectoriales y de
empresa para que el acuerdo pueda entrar en vigor.
(16)     La sexta parte de los
jóvenes franceses abandonan la educación y formación sin cualificación. Es este
un dato especialmente preocupante porque la tasa de desempleo juvenil ascendía
al 25,4% a finales de 2012 y el riesgo de desempleo era casi el doble para los
jóvenes menos cualificados. Los sistemas de promoción de los contratos de aprendizaje
deben llegar en particular a los jóvenes menos cualificados. La armonización de
los sistemas nacionales con la recomendación del Consejo sobre la «Garantía
Juvenil» debe desempeñar una función estructural en la respuesta a estos retos.
Pese a las reformas iniciadas en 2009, el porcentaje de participación de los adultos
franceses en actividades de formación permanente (5,7 % en 2012; adultos
menos cualificados: 2,5 %) está por debajo de la media de la UE. La
transferencia prevista de competencias a los Consejos regionales podría permitir
poner remedio a las deficiencias del sistema actual. La tasa de ocupación de
los trabajadores de 55 a 64 años está entre las más bajas de la UE (45,7 %
en el cuarto trimestre de 2012), y el desempleo aumenta entre los más mayores.
Aun siendo un paso en la dirección correcta, no está claro en qué medida los «contratos
generacionales» contribuirán al empleo de los trabajadores de mayor edad y facilitarán
la reocupación de los demandantes de empleo más mayores. El gasto público
francés en subsidios de desempleo aumentó un 5,3% en 2012 y se espera que aumente
un 6,1% en 2013 según el Programa de Estabilidad. El déficit acumulado del
régimen de desempleo, que rondará el 1% del PIB en 2013, exige una reforma del
sistema de prestaciones de desempleo. En particular, algunos elementos, como
las condiciones de acceso, la disminución progresiva de las prestaciones o las
tasas de sustitución de los trabajadores con salarios más altos, deberían
adaptarse para asegurarse de que los incentivos al trabajo son adecuados. El
nuevo convenio tripartito del servicio público de empleo (Pôle emploi) prevé
un seguimiento diferenciado de los demandantes de empleo. El tamaño medio de la
cartera de los asesores laborales ha aumentado, sin embargo, debido al
incremento del desempleo, y la reorientación de la estrategia del Pôle
emploi se ve obstaculizada por la debilidad económica. En resumidas cuentas,
es preciso tomar más medidas en vista de las negativas perspectivas económicas
y del aumento esperado del desempleo en Francia.
(17)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política
económica de Francia. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional
de Reformas y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo
su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y
socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y
orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras
decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se
reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.
(18)     A la luz de esta evaluación,
el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Francia y su dictamen[10] se refleja,
particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(19)     A la luz del examen
exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha
examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus
recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº
1176/2011, sobre la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos, se reflejan en las recomendaciones 2, 3, 4, 5 y 6 que figuran
a continuación.
(20)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política
económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha
formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya
moneda es el euro. Francia también debería garantizar la oportuna y plena
aplicación de estas recomendaciones.
RECOMIENDA que Francia tome
medidas en el período 2013-2014 a fin de:
1.           Reforzar y proseguir la
estrategia presupuestaria en 2013. Acrecentar la credibilidad del ajuste
especificando antes del otoño de 2013 y aplicando las medidas necesarias para
2014 y los años posteriores con el fin de garantizar una corrección sostenible del
déficit excesivo en 2015 a más tardar y la consecución del objetivo de ajuste
estructural enunciado en las recomendaciones del Consejo en el marco del
procedimiento de déficit excesivo. Dedicar todos los ingresos extraordinarios a
la reducción del déficit. La corrección duradera de los desequilibrios
presupuestarios requiere una ejecución creíble de reformas estructurales
ambiciosas para aumentar la capacidad de ajuste y fomentar el crecimiento y el
empleo. Mantener una senda de consolidación presupuestaria que propicie el
crecimiento y aumentar la eficiencia del gasto público, en particular revisando
como está previsto las categorías de gasto en todos los subsectores de la
administración pública. Tomar medidas en virtud de la próxima ley de
descentralización para lograr mejores sinergias y ahorros entre las
administraciones central, regionales y locales. Una vez corregido el déficit
excesivo, proseguir el esfuerzo de ajuste estructural a un ritmo adecuado para
el objetivo a medio plazo en 2016. Adoptar medidas a finales de 2013 para equilibrar
de manera sostenible el régimen de pensiones a más tardar en 2020, por ejemplo
adaptando las normas de indización, elevando la edad legal de jubilación,
aumentando el período de cotización para la pensión completa y revisando los
regímenes especiales, a la vez que se evita un incremento de las contribuciones
empresariales a la seguridad social, y aumentar la eficacia del gasto sanitario,
incluido el gasto farmacéutico.
2.           Garantizar que el «crédit d’impôt compétitivité et
emploi» reduce eficazmente los costes laborales en la medida prevista y que
ninguna otra medida contrarresta su efecto. Adoptar nuevas medidas para reducir
los costes laborales, en particular para reducir las contribuciones empresariales
a la seguridad social. Garantizar que los aumentos del salario mínimo favorecen
la competitividad y la creación de empleo, teniendo en cuenta la existencia de
sistemas de apoyo a la renta y exenciones a las cotizaciones sociales.
3.           Adoptar medidas para mejorar el entorno empresarial y
desarrollar la capacidad de innovación y exportación de las empresas, en
particular las PYME y las empresas de tamaño medio. En particular, emprender la
anunciada iniciativa de simplificación del marco reglamentario y mejorar las
condiciones generales para la innovación aumentando la transferencia de
tecnología y la explotación comercial de la investigación, también mediante una
reorientación de los polos de competitividad.
4.           Adoptar medidas para fomentar la competencia en el
sector de servicios, eliminar las restricciones injustificadas al acceso y el
ejercicio de los servicios profesionales, sobre todo en lo que respecta a la
forma jurídica, la estructura accionarial, las cuotas y las restricciones
territoriales; tomar medidas para simplificar la autorización de la apertura de
establecimientos comerciales y suprimir la prohibición de las ventas con pérdidas;
eliminar las tarifas reguladas de gas y electricidad para los clientes no
domésticos y reforzar la capacidad de interconexión con los países vecinos; en
el sector ferroviario, abrir a la competencia el transporte nacional de
pasajeros
5.           Proseguir los esfuerzos para simplificar el sistema fiscal y mejorar su eficiencia,
garantizando al mismo tiempo la continuidad de las normas fiscales. Adoptar
medidas para acabar con la distorsión a favor del endeudamiento en la
fiscalidad empresarial. Intensificar los esfuerzos para reducir y racionalizar
el gasto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las
sociedades al tiempo que se reducen los tipos impositivos; aproximar los tipos
reducidos del IVA al tipo normal y suprimir los tipos reducidos ineficientes.
Adoptar nuevas medidas que desplacen la carga fiscal del trabajo al medio
ambiente o al consumo.
6.           Aplicar plenamente y sin demora el acuerdo
interprofesional de enero de 2013, en concertación con los interlocutores
sociales. Adoptar nuevas medidas para combatir la segmentación del mercado
laboral, en particular para abordar la situación de los trabajadores
temporales. Emprender urgentemente una reforma del sistema de prestaciones de
desempleo en concertación con los interlocutores sociales para garantizar la
sostenibilidad del sistema a la par que su capacidad para incentivar la
reocupación. Elevar la tase de empleo de los trabajadores de más edad y
estimular su participación en el mercado de trabajo. Tomar medidas específicas
para mejorar las perspectivas de empleo de los desempleados de más edad, en
particular mediante asesoramiento y formación específicos. Aumentar la
participación de los adultos en el aprendizaje permanente, especialmente de los
menos cualificados y de los desempleados. Garantizar que los servicios públicos
de empleo prestan un apoyo individualizado real a los desempleados y que las
políticas activas de empleo se dirigen efectivamente a los más desfavorecidos.
Adoptar nuevas medidas para mejorar la transición de la escuela al trabajo
mediante, por ejemplo, una Garantía Juvenil y la promoción de los contratos de
aprendizaje.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2013) 360 final.
[4]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[5]               Decisión 2013/208/UE del
Consejo, de 22 de abril de 2013.
[6]               COM(2012) 750 final.
[7]               COM(2012) 751 final.
[8]               SWD(2013) 117 final.
[9]               Comisión Europea (2011), «Pequeñas empresas en un
mundo grande: una nueva asociación que ayude a las PYME a aprovechar
oportunidades globales», COM(2011) 702.
[10]             En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.