title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , sobre el Programa Nacional de Reforma 2011 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia actualizado de la República Checa (2011-2014)

text:
               19.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/5

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   sobre el Programa Nacional de Reforma 2011 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia actualizado de la República Checa (2011-2014)
   2011/C 212/02
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (5)

               El 29 de abril de 2011, la República Checa presentó su Programa Nacional de Reforma de 2011, y el 5 de mayo la actualización de 2011 de su programa de estabilidad, relativa al periodo 2011-2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (6)

               La crisis financiera mundial, cuyo efecto fue especialmente doloroso por la apertura al exterior de la economía checa, incidió con dureza en el crecimiento del PIB y en el desempleo en la República Checa. El PIB real descendió en un 4,1 % en 2009, a consecuencia de la caída de las exportaciones y de la inversión nacional. La tasa de desempleo aumentó significativamente pasando del 4,4 % en 2008 al 7,3 % en 2010, y la tasa de empleo cayó en 2 puntos porcentuales entre 2008 y 2010. Sin embargo, el alto grado de exposición al comercio internacional y la rápida recuperación de los principales socios comerciales de la República Checa han facilitado también un repunte relativamente rápido del índice de crecimiento del PIB real en 2010, que se situó en el 2,3 %, y continuarán apoyando una recuperación moderada.

               (7)

               Basándose en la evaluación del Programa de Convergencia en virtud del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que los supuestos macroeconómicos en los que se basa el Programa de Convergencia son verosímiles en los dos primeros años de este y favorables a partir de esa fecha, si se comparan con las previsiones a medio plazo de la Comisión sobre el potencial de producción sobre la base del método común acordado. El Programa de Convergencia está basado en una previsión de crecimiento para 2012 inferior a la indicada en las previsiones de la primavera de 2011 de los servicios de la Comisión, principalmente por una nueva reducción sostenida del gasto de la administración, no incorporada al estudio de los servicios de la Comisión, que no preveían cambios en la política económica para 2012. El Programa de Convergencia prevé una reducción del déficit general de la administración que lo situaría por debajo del 3 % del PIB en 2013 y luego en 1,9 % del PIB en 2014. El saneamiento previsto se basa principalmente en la contención del gasto Las medidas propuestas son en general suficientes para alcanzar el objetivo previsto para 2013, como recomendaba el Consejo, pero hay riesgos en cuanto al resultado presupuestario real de las medidas presentadas en el Programa de Convergencia. Además, la consecución de los objetivos para los últimos años del Programa de Convergencia parece basarse en condiciones cíclicas favorables y en nuevas ganancias de eficiencia en la administración pública, que puede que sean cada vez más difíciles de concretar. La consecución del objetivo presupuestario a medio plazo está prevista más allá del horizonte del Programa de Convergencia. El esfuerzo presupuestario anual medio durante el período 2010-2013 está ligeramente por debajo del 1 % recomendado por el Consejo conforme al procedimiento de déficit excesivo del 2 de diciembre de 2009.

               (8)

               El Programa de Convergencia estableció un objetivo claro para situar el déficit de las finanzas públicas por debajo del 3 % del PIB para 2013. El desafío que se plantea es asegurar que las medidas en las que se apoya la reducción del déficit en 2011-2013, así como en los años posteriores, no ponen en peligro el crecimiento a largo plazo, especialmente salvaguardando el gasto en enseñanza y en I+D pública, y que dejan un margen adecuado para los aumentos del gasto que conlleve la evolución demográfica.

               (9)

               La estrategia de saneamiento presupuestario incluye medidas que afectan a los ingresos por IVA: el tipo de IVA más bajo está previsto que aumente en 2012 y 2013, mientras que el más alto descendería en 2013. El Gobierno también tiene previsto aumentar el número de empresas sujetas al IVA a partir de 2013. Según el Programa de Convergencia, estos cambios deberían dar lugar a un aumento de la recaudación fiscal del 0,7 % del PIB en 2012 y a un ulterior 0,1 % del PIB en 2013. Además, parece haber más margen para impulsar los ingresos procedentes de los impuestos indirectos, que se situaban en el 11,8 % del PIB en 2010. Este porcentaje hay que compararlo con la media de la UE, que es el 13,4 %. De este modo, se podrían desplazar impuestos que gravan el trabajo. La reforma fiscal prevista se centrará en parte en este punto. Por otra parte, la diferencia entre los ingresos por IVA reales y el IVA teórico que debería pagarse se estima que está considerablemente por encima de la media de la UE, lo cual justifica la necesidad de aplicar medidas que mejoren el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A tal efecto, la República Checa ha introducido nuevas medidas en 2011, destinadas a luchar contra el fraude fiscal y a reducir la evasión de impuestos.

               (10)

               Dado que el impacto presupuestario del envejecimiento está previsto que esté bastante por encima de la media de la UE, la reforma del sistema de pensiones es una cuestión importante. El Gobierno ha puesto sobre la mesa dos conjuntos de propuestas. El primer paquete está previsto que cuente con la aprobación del Parlamento para septiembre de 2011 y se refiere al pilar público, consistente en un sistema de reparto, que arroja un déficit desde 2009. Entre otras medidas, este paquete incluye un aumento de la edad de jubilación obligatoria, que se unificará en 66 años y 8 meses en 2041 para hombres y mujeres nacidos en 1975. Para cada grupo de edad consecutivo, la edad de jubilación aumentará dos meses más, sin un límite predeterminado. Este conjunto de reformas paramétricas debería ayudar a abordar el problema de la sostenibilidad presupuestaria; sin embargo, puede no ser suficiente para hacer frente a todos los retos quesupone la presión demográfica. El segundo paquete de medidas, todavía no aprobado por el Gobierno, consistiría en la introducción de un segundo pilar voluntario en 2013, destinado a aumentar la diversificación de los ingresos de los jubilados y a apoyar su adecuación futura fomentando el desarrollo del ahorro privado. Sin embargo, la forma de este pilar propuesta crea pocos incentivos para adherirse al régimen y, de hecho, puede contribuir a aumentar las presiones a largo plazo destacadas anteriormente. Los costes de funcionamiento de estos fondos de pensiones tienen que analizarse cuidadosamente y mantenerse los más bajos posible a fin de asegurar la eficacia del sistema.

               (11)

               El mercado laboral parece moderadamente flexible y no había dado muestras de disfunciones importantes antes de la crisis financiera mundial. Sin embargo, son evidentes algunas debilidades estructurales. Un problema clave son las graves dificultades que afrontan la mujeres con niños cuando se reintegran al mercado laboral tras un permiso de maternidad. El problema es significativo también debido a sus repercusiones económicas más amplias: períodos más prolongados sin trabajar, una diferencia importante entre sexos en cuanto a empleo y una gran diferencia salarial entre sexos. Una vuelta temprana al trabajo continúa siendo difícil a pesar del esfuerzo del Gobierno por dar a los padres mayores posibilidades de elección a la hora de determinar la duración del permiso de paternidad. El problema puede atribuirse en parte a la poca disposición de las empresas a ofrecer contratos a tiempo parcial, al que se acogen a menudo los empleados con niños pequeños en otros Estados miembros, y en parte a la escasa disponibilidad de guarderías asequibles. El Programa Nacional de Reforma menciona una serie de medidas concretas destinadas a aumentar la disponibilidad de guarderías, incluidas las destinadas a niños de menos de tres años.

               (12)

               Aunque la tasa de desempleo general y la tasa de desempleo de larga duración se mantienen firmemente por debajo de la media de la UE, la de larga duración va en aumento como consecuencia de la crisis, especialmente entre los jóvenes de 20 a 29 años. Las personas con pocos estudios y las perceptoras de salarios bajos se encuentran con dificultades considerables a la hora de encontrar empleo. Debería aumentar el gasto en políticas activas del mercado laboral así como el porcentaje de participantes en medidas periódicas de activación, debiendo enfocarse mejor dichas medidas.

               (13)

               Las ineficiencias de la administración pública, que pesan sobre el entorno empresarial, podrían abordarse mediante una aplicación completa de las estrategias actuales. El Gobierno lanzó un programa de «mejor regulación» en 2007 y una estrategia anticorrupción para los años 2011-2012, y anuncia ahora medidas que son importantes para mejorar la calidad del marco legal y reglamentario, situado por debajo de la media de la UE según estudios internacionales, así como para reforzar la confianza de las empresas. Un reto que se presenta es estabilizar la administración pública, ya que las frecuentes y profundas reorganizaciones que se han sucedido impiden que trabaje con eficiencia. Para ello, sería importante aprobar la denominada Ley del Funcionariado, que ha venido aplazándose repetidamente. El Gobierno ha aprobado recientemente medidas para aumentar la transparencia de la contratación pública. Sin embargo, un elemento del marco regulador, el tipo concreto de acciones de una empresa que permiten una transferencia totalmente anónima de riqueza, merece atención.

               (14)

               Se prevé que la crisis tenga efectos negativos en el crecimiento potencial. Es importante mejorar el capital humano, aun teniendo en cuenta la alta proporción de jóvenes inscritos en las universidades. Esta mejora se ve obstaculizada por la insuficiente calidad de la formación, como muestra la baja puntuación obtenida por los institutos de enseñanza superior checos en los estudios internacionales. Además, el gasto por estudiante, a precios comparables, se sitúa en el cuarto más bajo de los Estados miembros y es especialmente limitado para la enseñanza primaria. El Programa Nacional de Reforma expone medidas para todas las fases de la enseñanza. Durante años se ha estado preparando una compleja reforma de la enseñanza superior. Asegurar una enseñanza superior eficiente y de calidad es importante para la competitividad y la capacidad de innovación.

               (15)

               La Comisión ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma de la República Checa. Para ello, ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para una política socioeconómica y presupuestaria de la República Checa sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE, contribuyendo a nivel de la UE a las decisiones nacionales futuras. Desde esta perspectiva, la Comisión considera que debe mantenerse el énfasis en el saneamiento presupuestario, protegiendo, al mismo tiempo, el gasto generador de crecimiento. La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas depende, en gran medida, de la capacidad de poner en práctica ahora la reforma de las pensiones necesaria. Es esencial también aumentar la participación en el mercado laboral, especialmente la de las mujeres, y las oportunidades de empleo de los parados de larga duración. Para la competitividad es crucial dar nuevos pasos para mejorar la calidad de los servicios públicos y el marco regulador, así como la calidad de la enseñanza superior,

               (16)

               A la luz de esta evaluación, y teniendo en cuenta también la Recomendación del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 2 de diciembre de 2009, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Convergencia de la República Checa, y su dictamen (3) queda reflejado, en particular, en las recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de la República Checa,

         RECOMIENDA que la República Checa tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:

               1.

               Aplicar el saneamiento previsto en 2011 y, de ser necesario, tomar medidas compensatorias de carácter permanente en caso de falta de ingresos o desviaciones al alza de gastos. Adoptar las medidas presupuestarias previstas en el Programa de Convergencia de 2012 y apoyar el objetivo para 2013 mediante medidas más concretas; a reserva de lo anterior, evitar recortar el gasto de partidas generadoras de crecimiento. Mejorar la eficiencia de las inversiones públicas y seguir esforzándose por explotar el margen disponible para aumentar los ingresos procedentes de los impuestos indirectos y aliviar así la carga fiscal sobre las rentas del trabajo, mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y reducir la evasión fiscal. Realizar un esfuerzo fiscla medio en el período 2010-2013 del 1 % del PIB, en consonancia con las recomendaciones del Consejo sobre corrección del déficit excesivo, lo que permitirá alcanzar en 2013, con margen suficiente, el objetivo en el marco del procedimiento de déificit excesivo.

               2.

               Aplicar la reforma de las pensiones programada a fin de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y asegurar la adecuación futura de las pensiones. Los esfuerzos adicionales deben centrarseen nuevos cambios en el pilar público, a fin de asegurar que el sistema nos es fuente de futuros desequilibrios fiscales, así como en el desarrollo del ahorro privado. A fin de elevar la edad de jubilación efectiva, cabría considerar medidas como la correlación entre la edad de jubilación legal y la esperanza de vida. Asegurar que el régimen de financiación previsto atraiga una amplia participación y que esté concebido para mantener los costes administrativos transparentes y bajos.

               3.

               Reforzar la participación en el mercado laboral rebajando las barreras para que los padres con niños pequeños se reincorporen al mercado laboral mediante una mayor disponibilidad de guarderías asequibles y un mejor acceso a estas. Aumentar el atractivo y la disponibilidad de formas de trabajo más flexibles, como el empleo a tiempo parcial.

               4.

               Mejorar el rendimiento de los servicios de empleo públicos a fin de aumentar la calidad y eficacia de la formación, de la asistencia en la búsqueda de empleo y de los servicios individualizados, condicionando la financiación de los programas a los resultados. En colaboración con los interesados, ampliar los programas de formación a medida dirigidos a los trabajadores de más edad, los jóvenes, los trabajadores poco cualificadas y otros grupos vulnerables.

               5.

               Tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de los servicios públicos en campos esenciales para el entorno empresarial. En este contexto acelerar la aplicación de la estrategia anticorrupción de acuerdo con los objetivos señalados, aprobar la Ley del Funcionariado para promover la estabilidad y eficacia de la administración pública, y tomar medidas a fin de abordar la cuestión del anonimato en la posesión de acciones.

               6.

               Establecer un sistema transparente de evaluación de la calidad de las instituciones académicas y vincular su financiación a tal evaluación con objeto de mejorar el rendimiento de la enseñanza superior.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


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		52012DC0310

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015 /* COM/2012/0310 final - 2012/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
sobre el programa nacional de reforma de
2012 de España
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad
de España para 2012-2015
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista las recomendaciones de la Comisión
Europea[3],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que
se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en
los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial
de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el periodo
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[4], que juntas forman
las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El 12 de julio de 2011,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma de
España para 2011 y emitió su dictamen sobre el programa de estabilidad
actualizado de España para 2011-2014.
(4)       El 23 de noviembre de
2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación
integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la
Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la
base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de
alerta[5],
en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(5)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera, el saneamiento fiscal y una acción en favor del crecimiento. El
Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la
competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(6)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el
Pacto por el Euro Plus a incluir nuevos compromisos centrados en un pequeño
número de reformas esenciales, oportunas y mensurables a fin de alcanzar los
objetivos del Pacto.
(7)       El 30 de abril de 2012,
España presentó su programa de estabilidad para el período 2012-2015 y su programa
nacional de reforma. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos
programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en
un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento
(UE) nº 1176/2011, si España presenta desequilibrios macroeconómicos. En
su examen exhaustivo[6]
la Comisión concluyó que España está experimentando desequilibrios muy graves, que
no son excesivos, pero deben corregirse urgentemente.
(8)       Partiendo de la
evaluación del programa de estabilidad, realizada de conformidad con el
artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el
Consejo considera que el escenario macroeconómico subyacente en el programa es
verosímil en términos generales para 2012 y optimista para los años siguientes.
Según las previsiones de la primavera de 2012 de la Comisión, el PIB
disminuiría un 1,8 % en 2012 y un 0,3 % en 2013, frente a una
disminución del 1,7 % y un aumento del 0,2 %, respectivamente, según
el programa. De conformidad con el procedimiento de déficit excesivo, el
objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el programa es situar el
déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del
3 % del PIB en 2013, basándose principalmente en una limitación del gasto,
aunque también en algunas medidas de aumento de los ingresos. Sobre la base del
saldo estructural (recalculado)[7],
la mejora media anual del saldo estructural prevista en el programa equivaldría
al 2,6 % del PIB en el periodo 2011-2013, rebasando el esfuerzo
presupuestario medio recomendado para el periodo 2010-2013 en el procedimiento
de déficit excesivo (superior al 1,5 % del PIB). Tras la corrección del
déficit excesivo, el programa confirma el objetivo a medio plazo de equilibrio
presupuestario en términos estructurales, que se alcanzará prácticamente en
2015, con un déficit estructural equivalente al 0,2 % del PIB. El objetivo
a medio plazo refleja adecuadamente las exigencias del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. El ritmo previsto de ajuste estructural en 2012-2013 representa
avances suficientes hacia el objetivo a medio plazo, y la tasa de incremento
del gasto público, teniendo en cuenta las medidas de ingresos discrecionales,
es conforme al valor de referencia para el gasto contenido en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé que el ratio de deuda pública
alcance un máximo en 2013 y empiece a disminuir a continuación. En 2014 y 2015,
España atravesará un periodo de transición y los planes presentados en el programa
garantizarían un progreso suficiente hacia el cumplimiento del valor de
referencia para la reducción de la deuda contenido en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Las sendas de ajuste del déficit y de la deuda están sujetas a
importantes riesgos. La evolución macroeconómica podría ser menos favorable de
lo previsto. Por otro lado, no se especifican suficientemente las medidas a
partir de 2013. El cumplimiento de los objetivos presupuestarios por las
administraciones de las Comunidades Autónomas —teniendo en cuenta su
comportamiento no satisfactorio en fechas recientes—, una mayor sensibilidad de
los ingresos respecto del ajuste estructural en curso, la incertidumbre acerca
de los ingresos que pueda generar la amnistía fiscal y la posibilidad de que se
proceda a nuevas operaciones de rescate financiero también plantean riesgos
para la estrategia presupuestaria. Una aplicación estricta de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y la adopción de fuertes medidas presupuestarias por
parte de las Comunidades Autónomas mitigaría los riesgos de que estas se
desvíen de los objetivos presupuestarios. Habida cuenta de la naturaleza
descentralizada de las finanzas públicas españolas, es esencial contar con un
sólido marco presupuestario e institucional. El Consejo acoge probablemente la
intención de la Comisión de presentar una evaluación a fondo de la ejecución de
la recomendación del Consejo relativa a la corrección del déficit excesivo,
teniendo particularmente en cuenta el plan presupuestario plurianual anunciado
para 2013-2014 en las próximas semanas.
(9)       En 2011, España adoptó
una reforma de las pensiones que representa un paso significativo en favor de
la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. Sin embargo, el
deterioro de las perspectivas de la economía española está limitando los
efectos de la reforma sobre la previsión de gastos públicos que se derivarían
del envejecimiento de la población. Por otra parte, la reforma aún necesita
complementarse con medidas concretas encaminadas a sostener la Estrategia Global
para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014.
(10)     El ratio ingresos
tributarios/PIB de España es uno de los más bajos de la UE y la eficiencia del
sistema tributario puede mejorarse aumentando la proporción de los impuestos
indirectos, más favorables al crecimiento. En particular, existe margen para
ampliar la base imponible del IVA procediendo a una revisión de la frecuente
aplicación de exenciones y tipos reducidos. El sistema tributario español
también presenta un sesgo en favor del endeudamiento y el acceso a la propiedad
de la vivienda frente a su alquiler, debido a la posibilidad de desgravar los
pagos de intereses hipotecarios.
(11)     España ha realizado
considerables avances en la reestructuración de su sector financiero. La reestructuración
debe proseguir, para garantizar que los bancos inviables sean objeto de
resolución y los bancos viables puedan desempeñar su función de proveedores de
crédito a la economía real, de forma sostenible y sin distorsión de la competencia.
Teniendo en cuenta el deterioro de las perspectivas macroeconómicas, puede ser
necesario reforzar más la base de capital.
(12)     En febrero de 2012, el
Gobierno español adoptó una reforma global del sistema de protección del empleo
y de negociación salarial con el fin de abordar el alto nivel de desempleo y la
acentuada segmentación del mercado laboral. Debe realizarse un seguimiento de
sus efectos, particularmente en lo que se refiere a la evolución de los
salarios y a la reducción de la segmentación del mercado laboral. Para abordar
plenamente el reto, esta reforma debe complementarse con una revisión más a
fondo de las políticas activas del mercado de trabajo a fin de mejorar la
empleabilidad y la puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo.
(13)     A fin de combatir el alto
nivel de desempleo juvenil de España, debe aplicarse sin demora el Plan de
Acción destinado a los Jóvenes, que incluye contratos de aprendizaje y
formación. Aunque España ha adoptado medidas para combatir el abandono
prematuro de la escuela, este sigue siendo elevado y encierra diferencias
significativas entre regiones.
(14)     La pobreza ha aumentado,
habiéndose incrementado el número de personas con riesgo en 1,1 millones en
2010, y la pobreza infantil se sitúa en la proporción alarmante del 26,2 %.
La tasa de pobreza de personas con empleo entre los trabajadores temporales es
superior al doble de la de los trabajadores permanentes.
(15)     En España, los servicios
profesionales siguen protegidos frente a la competencia. La reforma de los
servicios profesionales podría aumentar el PIB potencial dado que representan
un importante insumo para otros sectores de la economía. Debe prestarse
especial atención a la supresión de los obstáculos injustificados y
desproporcionados que dificultan el acceso a algunas profesiones altamente
reguladas (por ejemplo, notarios, registradores de la propiedad y secretarios
judiciales). Por otro lado, España es el país de la UE en que una empresa tarda
más en obtener su licencia de actividad. La falta de coordinación entre las
administraciones locales, autónomas y central ha dado lugar a una proliferación
de normas que a veces se superponen y a una segmentación del mercado interior
español. El ajuste de los grandes desequilibrios externos requiere facilitar
las actividades exportadoras. España también afronta múltiples y complejos
retos en el sector energético que constituyen un serio impedimento para un
funcionamiento eficaz de los mercados de productos y servicios.
(16)     España ha contraído una
serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Los compromisos, y
el cumplimiento de los compromisos presentados en 2011, se refieren al aumento
del empleo, la mejora de la competitividad, el reforzamiento de la
sostenibilidad de la hacienda pública y el aumento de la estabilidad
financiera. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los compromisos
contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y el estado global de
cumplimiento es parcial. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en
cuenta en las recomendaciones.
(17)     En el contexto del
Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis exhaustivo de la
política económica de España. Ha evaluado el programa de estabilidad y el
programa nacional de reforma y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en
cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su
cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones de la Unión Europea en las futuras decisiones nacionales. Sus
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.
(18)     A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el programa de estabilidad de España, y su
dictamen[8]
se refleja particularmente en la recomendación 1 que figura a continuación.
(19)     A la luz de los
resultados del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo
ha examinado el programa nacional de reforma de España para 2012 y su programa
de estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del
Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan, en particular, en las recomendaciones
1, 3, 4, 5 y 7 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que España tome medidas
en el periodo 2012-2013 a fin de:
1.           Realizar un esfuerzo
presupuestario medio anual equivalente a más del 1,5 % del PIB en el
periodo 2010-2013, conforme a la recomendación formulada en el marco del PDE,
aplicando las medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y adoptando el plan
presupuestario plurianual anunciado para 2013-2014 antes de finales de julio. Adoptar
y aplicar medidas adicionales a nivel regional de conformidad con los planes de
reequilibrio aprobados y aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria relativas a la transparencia y el control de
la ejecución del presupuesto. Establecer una institución presupuestaria
independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en
relación con la política presupuestaria, y estime los efectos de la legislación
propuesta sobre el presupuesto.
2.           Acelerar el aumento de
la edad preceptiva de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad
previsto en la reciente reforma del sistema de pensiones y respaldar la
Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad
con medidas concretas encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente,
mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporación de este grupo
al mercado de trabajo.
3.           Introducir un sistema
tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento fiscal y más favorable
al crecimiento, especialmente reorientando la presión fiscal desde el trabajo
hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente. En
particular, subsanar la baja proporción de impuestos procedentes del IVA
aumentando la base imponible de este impuesto. Disminuir el sesgo que provoca
el sistema tributario en favor del endeudamiento y el acceso a la propiedad de
la vivienda (en detrimento del alquiler).
4.           Aplicar la reforma del
sector financiero, particularmente complementar la estructuración en curso del
sector bancario corrigiendo la situación de las entidades en dificultades,
presentar una amplia estrategia para abordar eficazmente el problema derivado
de los «activos heredados» que figuran en los balances de los bancos, y definir
una clara estrategia en materia de financiación y utilización de mecanismos de
protección.
5.           Aplicar las reformas del
mercado laboral y tomar medidas adicionales encaminadas a aumentar la eficacia
de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando la selección de los
grupos de destinatarios, aumentando la utilización de los servicios de
formación, de asesoramiento y de puesta en relación de las ofertas y las
demandas de empleo, intensificando sus vínculos con las políticas pasivas del
mercado de trabajo, y reforzando la coordinación entre los servicios públicos
de empleo nacionales y regionales, por ejemplo intercambiando información sobre
ofertas de empleo.
6.           Proceder a una revisión
de las prioridades de gasto y reasignar los fondos a fin de facilitar el acceso
a la financiación para PYMES, investigación, innovación y juventud. Aplicar el
Plan de Acción destinado a los Jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la
calidad de la educación y la formación profesional y a su adaptación a las
necesidades del mercado de trabajo y redoblar los esfuerzos encaminados a
reducir el abandono prematuro de la escuela y aumentar la participación en las
actividades de educación y formación profesional, mediante medidas de
prevención, intervención y compensación.
7.           Tomar medidas
específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la
infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.
8.           Tomar medidas
adicionales para liberalizar los servicios profesionales, especialmente las
profesiones altamente reguladas, reducir los plazos de obtención de licencias
de explotación, y eliminar los obstáculos al ejercicio de la actividad
resultantes de la existencia de normativas múltiples y superpuestas
establecidas por distintos niveles de gobierno. Completar la interconexión de
las infraestructuras eléctricas y gasísticas y abordar el déficit tarifario del
sector eléctrico de forma global, particularmente mejorando la rentabilidad de
la cadena de suministro de electricidad.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2012) 310 final.
[4]               Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de
2012.
[5]               COM(2012) 68 final.
[6]               Documento de trabajo de los servicios de la Comisión,
SWD(2012) 159 final.
[7]               Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las
medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por los
servicios de la Comisión aplicando la metodología común a los datos del
programa.
[8]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

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32003H0311

Recomendación de la Comisión, de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 497]

Diario Oficial n° L 114 de 08/05/2003 p. 0045 - 0049

Recomendación de la Comisiónde 11 de febrero de 2003relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas[notificada con el número C(2003) 497](Texto pertinente a efectos del EEE)(2003/311/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas(1), y, en particular, su artículo 15,Considerando lo siguiente:(1) La Directiva 2002/21/CE (en lo sucesivo denominada "la Directiva marco"), establece un nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones electrónicas que pretende dar respuesta a la tendencia hacia la convergencia incluyendo en su ámbito de aplicación la totalidad de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. El objetivo es ir reduciendo progresivamente la regulación sectorial ex ante a medida que se desarrolle la competencia en el mercado.(2) La finalidad de la presente Recomendación es identificar los mercados de productos y servicios en los que podría estar justificada la regulación ex ante. No obstante, esta primera Recomendación debe ser coherente con la transición del marco regulador de 1998 al nuevo marco regulador. La Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión(2), en lo sucesivo denominada "Directiva de acceso", y la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas(3), en lo sucesivo denominada "Directiva de servicio universal", indican ya determinadas áreas de mercado que necesitan ser analizadas por las autoridades nacionales de reglamentación además de los mercados enumerados en la presente Recomendación. De conformidad con la Directiva marco, corresponde a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) definir los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio.(3) Son varias las áreas del sector de las telecomunicaciones sometidas a regulación ex ante con arreglo al marco regulador de 1998. Estas áreas han sido delineadas en las directivas aplicables, pero no son siempre "mercados" en el sentido de la legislación y los usos sobre competencia. El anexo I de la Directiva marco contiene una lista de áreas del mercado de este tipo que deben incluirse en la versión inicial de la Recomendación.(4) Según se desprende del título del anexo I de la Directiva marco, todas las áreas de mercado que figuran en él deben incluirse en la versión inicial de la Recomendación para que las ANR puedan efectuar una revisión de las obligaciones existentes impuestas con arreglo al marco regulador de 1998.(5) El apartado 1 del artículo 15 de la Directiva marco exige que la Comisión defina los mercados de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia. Por ello, la Comisión ha definido los mercados (correspondientes a las áreas de mercado enumeradas en el anexo I de la Directiva marco) de conformidad con los principios de dicha legislación.(6) Hay que considerar en el sector de las comunicaciones electrónicas por lo menos dos grandes tipos de mercados pertinentes: los mercados de servicios o productos suministrados a los usuarios finales (mercados al por menor) y los mercados de los recursos necesarios para que los operadores suministren tales servicios y productos a los usuarios finales (mercados al por mayor). Dentro de estos dos tipos de mercado, pueden efectuarse nuevas distinciones dependiendo de las características de la oferta y de la demanda.(7) El punto de partida para la definición y la identificación de los mercados es una caracterización de los mercados al por menor a lo largo de un horizonte temporal dado, teniendo en cuenta las posibilidades de sustitución del lado de la oferta y del lado de la demanda. Tras caracterizar y definir los mercados al por menor, que son mercados referidos a la oferta y la demanda en relación con los usuarios finales, procede determinar los mercados al por mayor pertinentes, que son los mercados referidos a la oferta y la demanda de productos en relación con un tercero que desea suministrar a los usuarios finales.(8) Definir los mercados de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia significa que algunas de las áreas de mercado que figuran en el anexo I de la Directiva marco incluyen varios mercados separados sobre la base de las características del lado de la demanda. Tal es el caso de los productos relativos al acceso al por menor a la red telefónica pública en una ubicación fija y a los servicios telefónicos prestados en una ubicación fija. El área de mercado del anexo I relativa a las líneas arrendadas al por mayor se define como dos mercados separados: el de segmentos de terminación al por mayor y el de segmentos troncales al por mayor sobre la base de sus características tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda.(9) Al identificar los mercados de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia, se deben aplicar los tres criterios siguientes. El primer criterio es la presencia de obstáculos a la entrada considerables y no transitorios, sean de carácter estructural, legal o reglamentario. No obstante, dados el carácter dinámico y el funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas, es preciso, a la hora de efectuar un análisis prospectivo para identificar los mercados pertinentes con vistas a una posible regulación ex ante, tomar también en consideración las posibilidades de superar esos obstáculos dentro del horizonte temporal pertinente. Por consiguiente, el segundo criterio selecciona solamente aquellos mercados cuya estructura no tienda hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. La aplicación de este criterio implica el examen de la situación de la competencia detrás de estos obstáculos a la entrada. El tercer criterio es que la mera aplicación de la legislación sobre competencia no permita hacer frente de manera adecuada a los fallos del mercado en cuestión.(10) En particular, en lo que se refiere a los obstáculos a la entrada, son dos los tipos de obstáculo pertinentes a efectos de la presente Recomendación: los estructurales y los legales o reglamentarios.(11) Los obstáculos estructurales derivan de una situación original de la demanda o de los costes que crea unas condiciones asimétricas entre los operadores históricos y los nuevos que dificultan o impiden la entrada en el mercado de estos últimos. Por ejemplo, puede detectarse la existencia de obstáculos estructurales considerables cuando un mercado se caracteriza por unas economías de escala y/o alcance sustanciales y unos elevados costes hundidos. En este momento, estos obstáculos pueden encontrarse todavía en relación con el despliegue y/o el suministro generalizados de redes de acceso local a ubicaciones fijas. También puede existir un obstáculo estructural afín cuando la prestación de un servicio exija un componente de red que no pueda duplicarse técnicamente, o sólo a un coste que lo haga antieconómico para los competidores.(12) Los obstáculos legales o reglamentarios no se basan en la situación económica, sino que derivan de medidas legislativas, administrativas o públicas en general que repercuten directamente sobre las condiciones de entrada y/o el posicionamiento de los operadores en el mercado pertinente. Sirvan de ejemplo los obstáculos legales o reglamentarios que impiden la entrada en el mercado cuando se ha impuesto un límite al número de empresas que tienen acceso al espectro para la prestación de servicios subyacentes. Otro ejemplo de obstáculos legales o reglamentarios son los controles de los precios u otras medidas relacionadas con los precios impuestas a las empresas, que afectan no sólo a la entrada, sino también al posicionamiento de las empresas en el mercado.(13) Los obstáculos a la entrada pueden perder también importancia en los mercados impulsados por la innovación y caracterizados por un progreso tecnológico permanente. En estos mercados, las presiones competitivas suelen provenir de las amenazas de innovación procedentes de competidores potenciales aún no presentes en el mercado. En dichos mercados, puede existir una competencia dinámica o a largo plazo entre empresas que no son necesariamente competidoras en un mercado "estático" ya existente. La presente Recomendación no identifica mercados allí donde no se espera que los obstáculos a la entrada persistan más allá de un período previsible.(14) Aun cuando un mercado se caracterice por unos considerables obstáculos a la entrada, pueden existir en él otros factores estructurales que le hagan tender hacia una situación de competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. Este puede ser el caso, por ejemplo, en los mercados donde existe un número de empresas limitado, pero suficiente, con estructuras de costes divergentes y donde la demanda es elástica en relación con los precios. Puede serlo también en un mercado con un exceso de capacidad que permita a las empresas rivales aumentar su producción muy rápidamente en respuesta a cualquier incremento de los precios. En tales mercados, las cuotas de mercado pueden modificarse con el tiempo y/o pueden observarse reducciones de los precios.(15) La decisión de incluir a un mercado entre aquellos en los que podría estar justificada una regulación ex ante debe depender también de una evaluación de la suficiencia de la legislación sobre competencia para reducir o suprimir los obstáculos o para restablecer la competencia efectiva. Además, los mercados nuevos y emergentes, en los que puede constatarse una situación de poder de mercado debida a la ventaja adquirida por el "primero en actuar", no deben someterse en principio a regulación ex ante.(16) Cuando se lleven a cabo las revisiones periódicas de los mercados identificados en la presente Recomendación, deben aplicarse los tres criterios. Estos criterios deben aplicarse acumulativamente, de manera que un mercado que no cumpla alguno de ellos no debe ser incluido en las recomendaciones posteriores. Así pues, el que siga considerándose en sucesivas versiones de la Recomendación que está justificada una posible regulación ex ante en un mercado de comunicaciones electrónicas debe depender de la persistencia de unos obstáculos a la entrada considerables, del segundo criterio que mide el dinamismo de la competitividad y, en tercer lugar, de la suficiencia de la legislación sobre competencia para (en ausencia de regulación ex ante) solucionar los fallos del mercado persistentes. Podría asimismo retirarse un mercado de la Recomendación si hubiera pruebas de que existe una competencia sostenible y efectiva en dicho mercado en la Comunidad, siempre que la supresión de las obligaciones reglamentarias existentes no vaya a reducir la competencia en ese mercado.(17) En el anexo de la presente Recomendación se indica la relación de cada uno de los mercados que en ella figuran con las áreas de mercado del anexo I de la Directiva marco. A la hora de revisar las obligaciones existentes impuestas al amparo del precedente marco regulador, con el fin de determinar si procede mantenerlas, modificarlas o suprimirlas, las ANR deben efectuar su análisis sobre la base de los mercados identificados en la presente Recomendación, para cumplir la exigencia de que la definición de los mercados a efectos de la regulación ex ante se base en los principios de la legislación sobre competencia. En tanto las ANR efectúan su primer análisis de mercados con arreglo al nuevo marco regulador, siguen en vigor las obligaciones existentes.(18) La identificación de un mercado en la presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos con arreglo a la legislación sobre competencia.(19) La variedad de topologías y tecnologías de red que existe en la Comunidad supone que en algunos casos las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que decidir dónde se sitúan exactamente las fronteras entre los mercados identificados en la Recomendación, o cuáles son los elementos que los componen, ajustándose siempre a los principios de la legislación sobre competencia. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán identificar mercados distintos de los de la Recomendación, siempre que actúen de conformidad con el artículo 7 de la Directiva marco. Ya que la imposición de regulación ex ante en un mercado puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, según se describe en el considerando 38 de la Directiva marco, la Comisión considera que la identificación de cualquier mercado que difiera de los de la Recomendación es probable que deba someterse al procedimiento apropiado indicado en el artículo 7 de la Directiva marco. La no notificación de un mercado que tenga repercusiones en los intercambios entre Estados miembros puede entrañar la incoación de un procedimiento de infracción. Cualquier mercado que identifiquen las autoridades nacionales de reglamentación debe basarse en la Comunicación de la Comisión sobre la definición de mercado de referencia a efectos de la aplicación de la normativa comunitaria de competencia(4), ser coherente con las Directrices de análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado y satisfacer los tres criterios antes mencionados. Si una ANR considera que las pautas de la oferta y la demanda pueden justificar una definición alternativa de uno de los mercados que figuran en la presente Recomendación, debe seguir los procedimientos apropiados establecidos en los artículos 6 y 7 de la Directiva marco.(20) El hecho de que en la presente Recomendación se identifiquen los mercados de productos y servicios en los que puede estar justificada la regulación ex ante no significa que dicha regulación esté justificada siempre ni que deban imponerse en dichos mercados las obligaciones reglamentarias indicadas en las Directivas específicas. No está justificada tal regulación si existe competencia efectiva en esos mercados. En particular, las obligaciones reglamentarias deben ser apropiadas y basarse en la naturaleza del problema detectado, ser proporcionadas y estar justificadas a la luz de los objetivos señalados en la Directiva marco, en particular conseguir un máximo de beneficios para los usuarios, velar por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia, promover una inversión eficiente en materia de infraestructura y fomentar la innovación, y promover un uso y una gestión eficientes de las radio frecuencias y de los recursos de numeración.(21) La Comisión examinará el 30 de junio de 2004 a más tardar la necesidad de actualizar la presente Recomendación a la luz de la evolución del mercado.(22) La presente Recomendación ha sido objeto de una consulta pública y de una consulta con las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales de competencia.RECOMIENDA:1. Que al definir los mercados pertinentes de conformidad con el apartado 3 del artículo 15 de la Directiva 2002/21/CE, las autoridades nacionales de reglamentación analicen los mercados de productos y servicios enumerados en el anexo.2. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 11 de febrero de 2003.Por la ComisiónErkki LiikanenMiembro de la Comisión(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.(2) DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.(4) DO C 372 de 9.12.1997, p. 5.ANEXONivel minorista1. Acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes residenciales.2. Acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes no residenciales.3. Servicios telefónicos locales y/o nacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes residenciales.4. Servicios telefónicos internacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes residenciales.5. Servicios telefónicos locales y/o nacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes no residenciales.6. Servicios telefónicos internacionales disponibles al público prestados en una ubicación fija para clientes no residenciales.Estos seis mercados se identifican a efectos de análisis en relación con el artículo 17 de la Directiva de servicio universal.Considerados conjuntamente, los mercados 1 a 6 corresponden al "suministro de la conexión a la red pública de telefonía y uso de la misma en ubicaciones fijas" a que se refiere el apartado 1 del anexo I de la Directiva marco. A este mercado combinado se refiere asimismo el artículo 19 de la Directiva de servicio universal (para la posible imposición de la selección del operador en cada llamada o de la selección del operador).7. El conjunto mínimo de líneas arrendadas (que incluye los tipos especificados de líneas arrendadas hasta 2 Mb/s inclusive, según lo indicado en el artículo 18 y en el anexo VII de la Directiva de servicio universal).A este mercado se refiere el apartado 1 del anexo I de la Directiva marco en relación con el artículo 16 de la Directiva de servicio universal ("suministro de líneas arrendadas a usuarios finales").Deberá efectuarse un análisis de mercado a efectos del artículo 18 de la Directiva de servicio universal que se refiere a los controles de regulación del conjunto mínimo de líneas arrendadas.Nivel mayorista8. Originación de llamadas en la red telefónica pública facilitada en una ubicación fija. A efectos de la presente Recomendación, se considera que la originación de llamadas incluye el transporte de llamadas locales y está delineada de manera coherente con las fronteras delineadas para los mercados de tránsito de llamadas y de terminación de llamadas en la red telefónica pública facilitados en una ubicación fija.Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE ("establecimiento de llamadas en la red pública de telefonía fija").9. Terminación de llamadas en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija.A efectos de la presente Recomendación, se considera que la terminación de llamadas incluye el transporte de llamadas locales y está delineada de manera coherente con las fronteras delineadas para los mercados de tránsito de llamadas y de originación de llamadas en la red telefónica pública facilitados en una ubicación fija.Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE ("terminación de llamadas en la red pública de telefonía fija").10. Servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija.A efectos de la presente Recomendación, se considera que los servicios de tránsito están delineados de manera coherente con las fronteras delineadas para los mercados de originación de llamadas y de terminación de llamadas en la red telefónica pública facilitados en una ubicación fija.Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE ("servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija").11. Acceso desagregado al por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles metálicos a efectos de la prestación de servicios de banda ancha y vocales.Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE y a la Directiva 98/10/CE ("acceso a la red pública de telefonía fija, incluido el acceso desagregado al bucle local") y al mencionado en el apartado 3 del anexo I de la Directiva marco con respecto al Reglamento (CE) n° 2887/2000.12. Acceso de banda ancha al por mayor.Este mercado incluye el acceso indirecto que permite la transmisión de datos de banda ancha en ambas direcciones y otros accesos al por mayor facilitados a través de otras infraestructuras, siempre y cuando ofrezcan facilidades equivalentes a las del acceso indirecto. Incluye el "acceso a la red y acceso especial a la red" a que se refiere el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco, pero no el mercado del punto 11 ni el del punto 18.13. Segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor.14. Segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor.Considerados conjuntamente, los mercados al por mayor 13 y 14 corresponden al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE y a la Directiva 98/10/CE ("interconexión de líneas arrendadas") y al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 92/44/CEE ("suministro al por mayor de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas").15. Acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil mencionado (por separado) en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a las Directivas 97/33/CE y 98/10/CE.16. Terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales.Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 2 del anexo I de la Directiva marco con respecto a la Directiva 97/33/CE ("terminación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil").17. El mercado nacional al por mayor de itinerancia internacional en redes públicas de telefonía móvil.Este mercado corresponde al mencionado en el apartado 4 del anexo I de la Directiva marco.18. Servicios de transmisión de emisiones difundidas para entregar contenidos difundidos a los usuarios finales.Nota:Las autoridades nacionales de reglamentación tienen un margen de apreciación en relación con el análisis del mercado de "acceso condicional a las emisiones de los servicios de televisión y radio digitales" de conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de acceso. El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de acceso prevé que los Estados miembros podrán permitir a sus ANR que revisen el mercado de sistemas de acceso condicional a las emisiones de los servicios de televisión y radio digitales, independientemente de cuál sea el medio de transmisión utilizado.


Aviso jurídico importante

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52007SC0292

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Rumanía (2006-2009)  /* SEC/2007/0292 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 7.3.2007SEC(2007) 292 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Rumanía (2006-2009)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1. CONTEXTO GENERALEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene como objetivo lograr una hacienda pública saneada como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto de 2005, aunque reconocía la utilidad del Pacto como elemento estabilizador de la disciplina presupuestaria, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)).Rumanía se adhirió a la Unión Europea el 1 de enero de 2007 y presentó su primer programa de convergencia el 25 de enero de 2007. De conformidad con el Reglamento, el Consejo debe emitir un dictamen sobre ese programa, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero (véase el recuadro: Principales aspectos abordados en la evaluación).2. CONTEXTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZADOA fin de situar el contexto en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de convergencia, en este apartado se resumen los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años.Rumanía ha registrado un intenso crecimiento económico en los últimos cinco años, pero su PIB per cápita (expresado en PPC) sigue siendo bajo, pues se cifra en el 34% de la media de EU-25 en 2005. Queda, pues, aún mucho camino por recorrer, siendo éste el desafío principal al que se enfrenta Rumanía a medio y largo plazo. En 2001-2005, aumentó la estabilidad macroeconómica, como queda patente en la marcada y sostenida reducción de la inflación y la consolidación de las finanzas públicas. La inversión se aceleró y se vió reforzada por un notable incremento de la IED, que contribuyó al desplazamiento de la producción hacia sectores más intensivos en tecnología. La estructura de la producción industrial y de las exportaciones se orientó hacia productos de mayor valor añadido, lo que permitió mantener la competitividad exterior, pese al aumento de los costes laborales unitarios. La notable recuperación de la actividad económica se tradujo apenas en un incremento marginal de la tasa de empleo, relativamente baja, pues se sitúa en torno al 58%. Al mismo tiempo, Rumanía asiste a un permanente movimiento migratorio y al envejecimiento de su población. La introducción de un tipo fijo en el impuesto sobre la renta en enero de 2005 contribuyó a reducir el mercado laboral sumergido, que, no obstante, sigue siendo de grandes dimensiones.Recuadro: Principales aspectos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas. Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada. Determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo. Al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5% del PIB. Al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3% del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del periodo del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización. Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo)[2]. El cumplimiento del Código de conducta[3], que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Rumanía (2006-2009)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[4], y, en particular, su artículo 9, apartado 1,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:1.  El [27 de marzo de 2007] el Consejo examinó el programa de convergencia de Rumanía referente al período 2006-2009.2.  Rumanía ha registrado un intenso crecimiento económico en los últimos cinco años, pero su PIB per cápita (expresado en PPC) sigue siendo bajo, pues se cifra en el 34% de la media de EU-25 en 2005. Queda, pues, aún mucho camino por recorrer, siendo éste el desafío principal al que se enfrenta Rumanía a medio y largo plazo. En el período 2001-2005, aumentó la estabilidad económica, como queda patente en la marcada y sostenida reducción de la inflación y la consolidación de las finanzas públicas. La tasa media de inflación fue de 6,6% en 2006.3.  De acuerdo con el escenario macroeconómico en el que se basa el programa, el crecimiento del PIB real se desacelerará progresivamente, pasando del 8% registrado en 2006, tasa muy superior al potencial de crecimiento, a una tasa aún elevada del 5,9% en 2009. A la luz de la información de que se dispone actualmente, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento plausibles. Las previsiones de inflación que figuran en el programa parecen algo subestimadas, pues presuponen una desaceleración del crecimiento del crédito y del consumo privado que podría no llegar a materializarse. Contrariamente a lo previsto en el programa, las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006 apuntan a un nuevo aumento del déficit exterior en 2007 y 2008, debido a que las importaciones siguen creciendo a un ritmo superior al de las exportaciones como consecuencia de la fortaleza de la inversión y el consumo privados.4.  Para 2006, las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006 estimaban el déficit de las Administraciones Públicas en el 1,4% del PIB, frente al objetivo del 0,7% del PIB que fijaba el programa económico de preadhesión de diciembre de 2005. Las estimaciones del programa de convergencia sitúan el déficit en el 2,3% del PIB, pero los datos preliminares indican un resultado aún peor. La desviación frente al objetivo inicial se debe a un importante gasto adicional, en particular por lo que atañe al gasto corriente, en parte debido a una reafectación de gastos de inversión no efectuados, muy superiores al aumento de los ingresos, mayor de lo previsto.5.  El principal objetivo del programa es la consolidación presupuestaria, a fin de lograr el objetivo a medio plazo de un déficit estructural (corregido en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal) del 0,9% del PIB en 2011, esto es, más allá del período de referencia. El programa fija el objetivo de lograr una pequeña reducción del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría de un 2,3% del PIB en 2006 a un 2% del PIB en 2009, tras elevarse previamente al 2,7% del PIB en 2007. Se prevé una evolución similar del saldo primario, de modo que al final del período de referencia se situaría en el 1% del PIB.6.  El ajuste, insignificante y concentrado en los últimos años del programa, se efectúa mediante un aumento del ratio ingresos/PIB algo superior al incremento del ratio gastos/PIB (casi 4 puntos porcentuales, frente a 3½ puntos porcentuales). Por lo que se refiere a los ingresos, la mayor parte del aumento procede de los impuestos (especialmente en 2007) y de «otros ingresos» (presumiblemente conexos a las entradas de fondos de la UE). El repunte del ratio de gastos se debe en gran medida a un importante incremento de la inversión pública, que se prevé aumentar en más del doble, en porcentaje del PIB, gracias a una notable progresión en la absorción de fondos de la UE. Frente al programa económico de preadhesión de diciembre de 2005, los objetivos presupuestarios son mucho menos ambiciosos, si bien las hipótesis de crecimiento en que se basan son similares.7.  El déficit estructural (es decir, el déficit corregido en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y temporales) calculado con arreglo a la metodología establecida de común acuerdo seguirá deteriorándose, previsiblemente, pasando del 3 % del PIB en 2006 a, aproximadamente, el 3,5 % del PIB en 2007, antes de descender al 2,25 % del PIB en 2009. Como se ha señalado más arriba, el objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria que se fija el programa es de un déficit estructural del 0,9% del PIB, que se prevé alcanzar en 2011, esto es, después de finalizado el período de referencia. Dado que el objetivo a medio plazo del programa es más ambicioso que el valor mínimo de referencia (estimado en un déficit del 1,75 % del PIB, aproximadamente), su consecución permitirá, en principio, disponer de un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo refleja adecuadamente el ratio de la deuda y la tasa media de crecimiento potencial a largo plazo.8.  Los riesgos que rodean a las proyecciones presupuestarias del programa parecen contrarrestarse globalmente en lo que respecta a 2007, pero los resultados presupuestarios podrían ser más negativos de lo previsto en el programa posteriormente. En 2007, tanto los gastos como los ingresos podrían ser inferiores a lo previsto. en el primer caso, debido a la improbabilidad de que los planes de inversión pública se cumplan, y, en el segundo, debido a la previsión optimista sobre los ingresos tributarios que generará la actividad económica. A partir de 2008, la estrategia presupuestaria no se especifica suficientemente, apuntándose a una evolución volátil de diversas partidas del gasto y a una contracción del gasto, que no se motiva, en 2009. La desviación en el capítulo de gastos registrada en los últimos años a causa de frecuentes modificaciones presupuestarias, la incertidumbre en cuanto al importe total de la indemnización que el Estado debe abonar a los ciudadanos por la no devolución de los bienes nacionalizados durante el régimen comunista y la posible cancelación de las deudas pendientes contraídas por las empresas públicas frente al Estado hacen que exista el riesgo de superación de los gastos previstos, aun cuando el gasto en inversión será probablemente inferior a lo previsto. Además, el excedente de los recursos presupuestarios destinados a la inversión podrían destinarse al consumo, como ya ha ocurrido anteriormente, lo que repecutiría negativamente en la calidad del gasto público.9.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa parece insuficiente para garantizar la consecución del objetivo a medio plazo en el período de referencia, según prevé también el programa. Además, no parece ofrecer un margen de seguridad suficiente para que el déficit no supere el nivel de referencia del 3% del PIB como consecuencia de las habituales fluctuaciones macroeconómicas durante el período del programa. El ritmo de ajuste hacia el objetivo a medio plazo que implica el programa es claramente insuficiente y debería reforzarse considerablemente a fin de que guarde consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que especifica que el ajuste debe ser mayor en las coyunturas económicas favorables y puede ser menor en las coyunturas desfavorables. En particular, en un contexto de coyuntura favorable, la mejora estructural es insignificante y totalmente concentrada en los últimos años del período, acusándose un deterioro en 2007, y el ajuste previsto, en especial en 2009, no se respalda con medidas.10.  Se estima que la deuda pública bruta ha alcanzado el 13 % del PIB en 2006, cifra claramente inferior al valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado. El programa prevé una reducción del ratio de deuda de aproximadamente 1 punto porcentual del PIB durante el periodo del programa.11.  Ante la falta de previsones a largo plazo del gasto conexo al envejecimiento de la población, basadas en las hipótesis macroeconómicas comunes elaboradas por el CPE/Comisión, no es posible valorar las consecuencias del envejecimiento de la población en Rumanía con arreglo a bases sólidas y comparables, como se hace actualmente para los demás Estados miembros, que sí disponen de previsiones realizadas con arreglo a tales bases. Sin embargo, es posible que el envejecimiento de la población repercuta significativamente en el gasto, dada la actual estructura demográfica. La situación presupuestaria inicial, con un gran déficit estructural, no basta para estabilizar la deuda aun sin tener en cuenta el impacto presupuestario a largo plazo del envejecimiento de la población. La mejora de la situación presupuestaria estructural en el medio plazo contribuiría a contener los riesgos que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas.12.  La estrategia presupuestaria contenida en el programa es parcialmente conforme a las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices Integradas para el período 2005-2008. En particular, el ajuste presupuestario para la consecución del objetivo a medio plazo es claramente insuficiente y debería intensificarse considerablemente durante el período del programa. Por otra parte, la estrategia fiscal recogida en el programa, en concreto la flexibilización de la política presupuestaria hasta 2007, plantea dudas en cuanto a la sostenibilidad del elevado crecimiento y del déficit exterior, que se estima alcanzó el 10,3% del PIB en 2006.13.  A la luz de los datos que deben figurar en los programas de estabilidad y de convergencia de acuerdo con los requisitos del código de conducta, el programa omite algunos de los datos obligatorios y optativos[5].Se llega a la conclusión global de que, en un contexto de perspectivas de crecimiento favorables e incremento del déficit exterior, el programa prevé una flexibilización procíclica en 2007 y un avance claramente insuficiente y concentrado en el final del período hacia el objetivo a medio plazo, que se prevé alcanzar sólo después de finalizado el período del programa. Asimismo, la consecución de los objetivos presupuestarios después de 2008 podría verse comprometida. Atendiendo a la anterior evaluación, se insta a Rumanía a que:(i) aproveche las coyunturas favorables para incrementar significativamente el ritmo de ajuste hacia la consecunción del objetivo a medio plazo, fijando objetivos presupuestarios más ambiciosos en 2007 y años posteriores.(ii) controle el elevado incremento del gasto público previsto y revise su composición, a fin de impulsar el crecimiento potencial, y mejore la planificación y ejecución del gasto público en un contexto vinculante de medio plazo.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias 12005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |PIB real (% variación) | PC enero 2007 | 4,1 | 8,0 | 6,5 | 6,3 | 5,9 |COM nov 2006 | 4,1 | 7,2 | 5,8 | 5,6 | n.d. |PEP dic 2005 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | n.d. |Inflación IPCA (%) | PC enero 2007 | 9,1 | 6,6 | 4,5 | 4,3 | 3,2 |COM nov 2006 | 9,1 | 6,8 | 5,1 | 4,6 | n.d. |PEP dic 2005 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 3,6 | n.d. |Brecha de producción (% PIB potencial) | PC enero 20072 | 0,2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,1 |COM nov 20066 | 0,4 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | n.d. |PEP dic 2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |Saldo de las Administraciones Públicas (% PIB) | PC enero 2007 | -1,5 | -2,3 | -2,7 | -2,6 | -2,0 |COM nov 2006 | -1,5 | -1,4 | -2,6 | -2,6 | n.d. |PEP dic 2005 | -0,4 | -0,7 | -1,0 | -1,6 | n.d. |Saldo primario (% PIB) | PC enero 2007 | -0,4 | -1,2 | -1,6 | -1,5 | -1,0 |COM nov 2006 | -0,3 | -0,4 | -1,7 | -1,7 | n.d. |PEP dic 2005 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | -0,6 | n.d. |Saldo ajustado en función del ciclo (% PIB) | PC enero 20072 | -1,5 | -3,0 | -3,4 | -3,2 | -2,3 |COM nov 2006 | -1,6 | -2,0 | -3,1 | -2,9 | n.d. |PEP dic 2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |Saldo estructural3 (% PIB) | PC enero 20074 | -1,5 | -3,0 | -3,4 | -3,2 | -2,3 |COM nov 20065 | -1,6 | -2,0 | -3,1 | -2,9 | n.d. |PEP dic 2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |Deuda pública bruta (% PIB) | PC enero 2007 | 15,9 | 12,8 | 13,5 | 12,6 | 11,7 |COM nov 2006 | 15,9 | 13,7 | 13,9 | 14,4 | n.d. |PEP dic 2005 | 17,1 | 15,1 | 14,6 | 14,6 | n.d. |Notas: 1Las cuentas públicas de Rumanía no han sido aún sometidas oficialmente a una evaluación completa de calidad por Euostat. Eurostat publicará y validará las cifras relativas al saldo de las Administraciones Públicas y al déficit poco después de la fecha de notificación de 1 de abril de 2007. 2Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 3Saldo ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 4El programa no prevé medidas excepcionales ni otras medidas de carácter temporal. 5Las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006 no recogen medidas excepcionales ni otras medidas de carácter temporal. 6Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 5,6%, el 5,7%, el 6,1% y el 6,2%, respectivamente, en 2005, 2006, 2007 y 2008. Fuente: Programa de convergencia (PC); Programa económico de preadhesión (PEP); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), «The long-term sustainability of public finances in the European Union» , Economía Europea, nº 4/2006.[3] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[4] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[5] Concretamente, no se aportan los datos sobre los subcomponentes del ajuste flujos-fondos y la contribución al crecimiento potencial del PIB del trabajo, el capital y la PTF.