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32003H0054

Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2002, relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco

Diario Oficial n° L 022 de 25/01/2003 p. 0031 - 0034

Recomendación del Consejode 2 de diciembre de 2002relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco(2003/54/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el segundo párrafo del apartado 4 de su artículo 152,Vista la propuesta de la Comisión(1),Considerando lo siguiente:(1) El Tratado, en su artículo 152, establece que la acción comunitaria, que complementará las políticas nacionales, se encaminará entre otras cosas a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana.(2) La Resolución del Consejo y de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 18 de julio de 1989, sobre la prohibición de fumar en lugares destinados al público(2) ofrecía directrices a los Estados miembros en relación con la protección de los no fumadores. A raíz de un informe de la Comisión sobre la respuesta de los Estados miembros a esta iniciativa(3), la presente Recomendación refuerza esta protección y precisa cuáles son los grupos vulnerables.(3) La Resolución del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, sobre la reducción del consumo de tabaco en la Comunidad Europea(4) reconocía la necesidad de definir una estrategia eficaz de lucha contra el consumo de tabaco, en la que se enmarcan algunos de los elementos que figuran en la presente Recomendación.(4) En las Conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 1999, en materia de lucha contra el consumo de tabaco(5) se resaltaba la necesidad de poner a punto una estrategia global, en la cual se inscriben algunas de las medidas que figuran en la presente Recomendación destinadas a garantizar la protección de los menores (normas relativas a las condiciones de venta, las ventas a través de medios electrónicos y las máquinas expendedoras).(5) La Resolución del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre medidas en materia de determinantes sanitarios(6) tomó nota de los resultados de los debates de la Conferencia Europea sobre Determinantes Sanitarios en la Unión Europea celebrada en Evora los días 15 y 16 de marzo de 2000, que hizo especial hincapié, entre otras cosas, en el tabaco y recomendó una serie de medidas prácticas y centradas para hacer frente a los retos en estos ámbitos.(6) La necesidad de las acciones recomendadas es indiscutible si se considera el medio millón de muertes relacionadas con el consumo de tabaco que se producen cada año en la Comunidad Europea y el preocupante aumento del número de niños y adolescentes que adoptan este hábito. Fumar perjudica a la salud humana, porque crea adicción a la nicotina y porque los fumadores sufren enfermedades mortales y discapacitantes, tales como cánceres (no sólo de pulmón), enfermedad cardíaca isquémica y otras enfermedades cardiovasculares, así como enfermedades respiratorias como el enfisema.(7) La prevención del tabaquismo y la lucha contra el tabaco constituyen ya objetivos prioritarios en las políticas de salud pública de los Estados miembros y la Comunidad Europea. Sin embargo, el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable en la Unión Europea y la evolución por lo que respecta a la reducción del consumo de tabaco y a su incidencia no es por el momento nada halagüeña. Además, las estrategias de publicidad, mercadotecnia y promoción utilizadas por la industria del tabaco promueven el consumo de tabaco y, por ende, aumentan la mortalidad y la morbilidad causadas por el uso de productos del tabaco, ya de por sí elevadas. Algunas de estas estrategias parecen ir dirigidas específicamente a los jóvenes en edad escolar, tratando así de encontrar nuevos consumidores para compensar el gran número de fumadores que mueren cada año. De hecho, ha quedado probado que el 60 % de los fumadores empiezan a fumar antes de los trece años de edad y el 90 %, antes de los dieciocho.(8) En el programa "Europa contra el cáncer"(7), la Comunidad Europea se marcó como uno de sus objetivos contribuir a la mejora de la salud de sus ciudadanos mediante la reducción del número de casos de cáncer y de otras enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.(9) La Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, sobre la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco(8) y la propuesta de Directiva sobre la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco(9) abordan la lucha contra el tabaco en el contexto de la realización y la consolidación del mercado interior y la eliminación de obstáculos a su buen funcionamiento, al tiempo que se basan en un elevado nivel de protección de la salud pública.(10) Determinadas medidas que deberían formar parte de una política global de lucha contra el tabaco, como, por ejemplo, la prohibición de publicidad en paneles y carteles o en los cines, no pueden ser por el momento objeto de armonización en el marco de las normas del mercado interior en una medida separada relativa al tabaco.(11) De todo lo expuesto se desprende la necesidad de adoptar un planteamiento global de lucha contra el tabaco, con vistas a reducir la incidencia de las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco en la Comunidad.(12) En el marco de una política global de lucha contra el tabaco, es de vital importancia adoptar medidas encaminadas específicamente a reducir la demanda de productos del tabaco por parte de niños y adolescentes. Tales medidas podrían incluir acciones dirigidas a reducir la oferta de tabaco a niños y adolescentes y a prohibir ciertas estrategias de publicidad, mercadotecnia y promoción de los productos del tabaco, teniendo en cuenta que este tipo de estrategias afecta indiscriminadamente a los jóvenes y a otras categorías de edad.(13) Ciertas formas de venta y distribución de los productos del tabaco facilitan el acceso a los mismos por parte de niños y adolescentes, por lo que deberían ser reguladas por los Estados miembros.(14) Las máquinas expendedoras no deben llevar más publicidad que la estrictamente necesaria para indicar los productos en venta, ya que están a la vista de los consumidores y de los no consumidores, sin distinción.(15) Otras dos medidas comunitarias importantes abordan la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco: en primer lugar, la Directiva "Televisión sin fronteras", de 1989(10), que prohíbe cualquier forma de publicidad por televisión de productos del tabaco y establece que los programas televisivos no podrán ser patrocinados por personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la fabricación o la venta de productos del tabaco, y, en segundo lugar, la actual propuesta de Directiva sobre la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco, que prohíbe cualquier forma de publicidad de productos del tabaco en la prensa y otras publicaciones impresas, en la radio y en los servicios de la sociedad de la información, así como el patrocinio por parte de empresas del ramo de programas de radio y acontecimientos en los que participen varios Estados miembros, que se celebren en varios de ellos o que tengan un alcance transfronterizo.(16) La presente Recomendación aborda, asimismo, otros tipos de prácticas de publicidad, mercadotecnia y promoción utilizadas por la industria para promover el consumo de tabaco y que pueden alcanzar indiscriminadamente a niños y adolescentes. Entre estas prácticas figuran el uso de marcas de tabaco en productos o servicios distintos de los de la industria del tabaco (extensión de marca) o prendas de vestir (merchandising), el uso de artículos promocionales (ceniceros, encendedores, sombrillas y otros objetos de uso corriente) y de muestras de tabaco, el uso y comunicación de la promoción de ventas (en forma de descuentos, obsequios, primas u oportunidades para participar en concursos o juegos promocionales), el uso de paneles, carteles y otras técnicas publicitarias en interiores o exteriores (como la publicidad en las máquinas expendedoras de tabaco), la publicidad en los cines, así como cualquier otra forma de publicidad o patrocinio o cualquier práctica destinada directa o indirectamente a promover los productos del tabaco. De hecho, las autoridades de los Estados miembros deberían adoptar medidas legales y administrativas apropiadas para prohibir específicamente, con arreglo a su constitución o principios constitucionales nacionales, estas actividades, que tratan de promover los productos del tabaco eludiendo las disposiciones que prohíben la publicidad directa ya aplicables a determinados medios de comunicación.(17) La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial recomiendan a los países que prohíban cualquier forma de publicidad y promoción del tabaco. En los casos en que sólo se prohiben ciertas formas de publicidad directa, la industria del tabaco suele reorientar sus fondos destinados a fines publicitarios hacia otras estrategias de mercadotecnia, patrocinio y promoción, utilizando métodos creativos e indirectos para promover los productos del tabaco, especialmente entre los jóvenes. De esta forma, es posible limitar el impacto de las prohibiciones parciales de la publicidad destinada a promover el consumo de cigarrillos. Además, el Banco Mundial ha llegado a la conclusión de que la publicidad contribuye a aumentar el consumo de tabaco y de que las disposiciones legales que prohíben la publicidad permitirían reducirlo, siempre que tuvieran un alcance general, abarcasen la totalidad de los medios de comunicación, las marcas y los logotipos. Una reducción del consumo de cigarrillos así inducida tendría inmediatamente efectos positivos sobre la salud pública tanto a corto como a largo plazo. Es indispensable, por tanto, disponer de información sobre los gastos consagrados por la industria del tabaco a la promoción de sus productos para poder controlar la eficacia de las políticas de lucha contra el tabaco en lo que concierne a la salud pública. Esta información permite, en efecto, determinar si se eluden algunas de las restricciones impuestas, particularmente por medio de la reorientación de fondos a formas de promoción nuevas o que no son objeto de restricciones. Debería exigirse a la industria del tabaco que declare regularmente estos gastos.(18) Habida cuenta de los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo pasivo, los Estados miembros deberían fijarse como objetivo la protección de los fumadores y de los no fumadores contra la exposición al humo de tabaco en el ambiente.(19) Los Estados miembros deberían seguir poniendo a punto estrategias y medidas encaminadas a reducir la prevalencia del tabaquismo, por ejemplo reforzando los programas de educación sanitaria para sensibilizar mejor sobre los riesgos del tabaco, así como otros programas de disuasión del consumo de tabaco.(20) El Convenio marco para la lucha antitabáquica (CMLA) de la Organización Mundial de la Salud, que se está negociando actualmente, aborda muchas de las cuestiones que figuran en la presente Recomendación, por lo que es importante garantizar que las medidas previstas en esta sean coherentes con los elementos del proyecto de CMLA que se están debatiendo.RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:1. que adopten las disposiciones legales y administrativas apropiadas, conforme a las prácticas y condiciones nacionales, para prevenir la venta de tabaco a niños y adolescentes, en particular, entre otras cosas:a) exigiendo a los vendedores de productos del tabaco que comprueben que los compradores tienen la edad requerida por la legislación nacional para adquirir estos productos, en caso de que exista tal límite de edad,b) retirando los productos del tabaco de los expositores de autoservicio en los puntos de venta al detalle,c) restringiendo la ubicación de las máquinas expendedoras de tabaco a lugares accesibles únicamente a personas cuya edad sea superior a la exigida por la legislación nacional para adquirir productos del tabaco, en caso de que exista tal límite de edad, o regulando el acceso a los productos vendidos en dichas máquinas de forma igualmente eficaz,d) limitando la venta de tabaco a distancia a la venta al por menor en general, como la venta vía internet, a adultos utilizando los medios técnicos adecuados,e) prohibiendo la venta de golosinas y juguetes destinados a los niños y fabricados con la intención evidente de que el producto o el envase se parezcan en su aspecto a algún tipo de producto del tabaco,f) prohibiendo la venta de cigarrillos por unidades o en paquetes de menos de diecinueve unidades;2. que adopten las disposiciones legales y administrativas apropiadas para prohibir, con arreglo a su constitución o principios constitucionales nacionales, las siguientes formas de publicidad y promoción:a) el uso de marcas de tabaco en productos o servicios distintos de los de la industria del tabaco,b) el uso de artículos de promoción (ceniceros, encendedores, sombrillas, etc.) y muestras de tabaco,c) el uso y comunicación de la promoción de ventas en forma de descuentos, obsequios, primas u oportunidades para participar en concursos o juegos promocionales,d) el uso de paneles, carteles y otras técnicas de publicidad en interiores o exteriores (por ejemplo, la publicidad del tabaco en máquinas expendedoras),e) el uso de publicidad en cines, yf) cualquier otra forma de publicidad, patrocinio o práctica directa o indirectamente encaminada a promover los productos del tabaco;3. que adopten las medidas oportunas, ya sea mediante la introducción de legislación o a través de cualquier otro método de conformidad con las prácticas y condiciones nacionales, a fin de exigir a los fabricantes, importadores y comerciantes a gran escala de productos del tabaco y en productos y servicios que lleven la misma marca comercial que los productos del tabaco que faciliten a los Estados miembros información sobre sus gastos en campañas de publicidad, mercadotecnia, patrocinio y promoción no prohibidas por la legislación nacional o comunitaria;4. que pongan en práctica disposiciones legales u otras medidas efectivas, conforme a las prácticas y condiciones nacionales, al nivel apropiado, gubernamental o no gubernamental, de forma que se garantice una protección contra la exposición al humo del tabaco en el ambiente en los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y el transporte público. Se tendrán en cuenta de forma prioritaria, entre otros, los centros de enseñanza, las instalaciones de atención sanitaria y los lugares en que se preste servicios a los niños;5. que sigan desarrollando estrategias y medidas para reducir la prevalencia del tabaquismo, por ejemplo reforzando en su conjunto la educación sanitaria, especialmente en los colegios, y los programas generales encaminados a disuadir de la iniciación al consumo de productos del tabaco y a superar la adicción al tabaco;6. que aprovechen plenamente la contribución de los jóvenes a las políticas y actuaciones relacionadas con la sanidad, especialmente en el ámbito de la información, y que fomenten las actividades específicas iniciadas, proyectadas, puestas en práctica y evaluadas por los jóvenes;7. que adopten y pongan en práctica las medidas apropiadas en materia de precios de los productos del tabaco, a fin de disuadir del consumo de tabaco;8. que apliquen todos los procedimientos apropiados y necesarios para verificar el cumplimiento de las medidas previstas en la presente Recomendación;9. que informen a la Comisión, cada dos años, de las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación.INVITA A LA COMISIÓN:1. a que supervise y evalúe la evolución de la situación y las medidas emprendidas en los Estados miembros y a nivel comunitario;2. a que informe sobre la puesta en práctica de las medidas propuestas, basándose en la información facilitada por los Estados miembros, a más tardar un año después de la fecha de recepción de la información facilitada por los Estados miembros en cumplimiento de la presente Recomendación;3. a que examine hasta qué punto las medidas descritas en la presente Recomendación funcionan eficazmente y estudie la necesidad de adoptar nuevas acciones, en particular si se constatan disparidades en el mercado interior en los ámbitos objeto de la presente Recomendación.Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteB. Bendtsen(1) Propuesta de 18 de junio de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial).(2) DO C 189 de 26.7.1989, p. 1.(3) COM(96) 573 final.(4) DO C 374 de 11.12.1996, p. 4.(5) DO C 86 de 24.3.2000, p. 4.(6) DO C 218 de 31.7.2000, p. 8.(7) DO L 95 de 16.4.1996, p. 9.(8) DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.(9) DO C 270 de 25.9.2001, p. 97.(10) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.


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52005SC0150

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Italia (2004-2008)  /* SEC/2005/0150 final */

	Bruselas, 2.2.2005SEC(2005) 150 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997en relación con el programa de estabilidad actualizado de Italia (2004-2008)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSDe conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], los países participantes, esto es, los que hubieran adoptado la moneda única, habían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de estabilidad antes del 1 de marzo de 1999. En virtud del artículo 5 de este Reglamento, el Consejo debe examinar cada programa de estabilidad basándose en las evaluaciones realizadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación de la Comisión, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo emitió un dictamen. Con arreglo al Reglamento, los Estados miembros deben presentar actualizaciones anuales de sus programas de estabilidad, que también pueden ser examinadas por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.El primer programa de estabilidad de Italia, relativo al periodo 1998-2001, fue presentado el 22 de diciembre de 1998, siendo evaluado por el Consejo el 8 de febrero de 1999. Italia presentó actualizaciones en cada uno de los años siguientes, siendo la más reciente la del 1 de diciembre de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica de dicha actualización teniendo en cuenta las previsiones económicas del otoño de 2004 de los servicios de la Comisión, así como el Código de conducta[2], la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo, las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2003-2005, y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2002, relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias[3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:-  El programa cumple parcialmente las exigencias en materia de datos del Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia. Para 2006 y años posteriores sólo se indica la magnitud de la futura corrección fiscal, y no su composición, y el desglose del presupuesto no es coherente con los objetivos presupuestarios presentados en el programa.-  El escenario macroeconómico presentado en el programa contempla una aceleración gradual de la actividad económica impulsada por la demanda interna hasta 2006, cuando se espera que el crecimiento del PIB real se estabilice en torno al 2,3% anual. El escenario incorpora la información disponible a mediados de 2004. No se tiene en cuenta la evolución posterior a la presentación del marco económico y financiero a medio plazo ( Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF ) a finales de julio de 2004. Como consecuencia de ello, la hipótesis de crecimiento a corto plazo resulta un tanto optimista en comparación con las previsiones del otoño de 2004 de la Comisión. Lo mismo ocurre con las perspectivas a medio plazo. Partiendo de los cálculos de los servicios de la Comisión efectuados aplicando la metodología común, el crecimiento anual del potencial de producción se estima en aproximadamente el 1,75%, frente al 1,25% que figura en las previsiones del otoño de 2004 de la Comisión.-  El programa se propone reducir gradualmente el déficit presupuestario nominal, de una tasa esperada del 2,9% del PIB en 2004 al 2,7% en 2005 y al 0,9% en 2008. Así pues, el programa no persigue el objetivo a medio plazo de alcanzar una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit. En comparación con la anterior actualización, las cifras de déficit son superiores en más de un punto porcentual y el ajuste previsto se concentra al final del período, con un escenario macroeconómico algo menos favorable. Sin embargo, dado que se mantienen prácticamente inalteradas las condiciones cíclicas, medidas por la brecha de producción, la mayor parte de la revisión del déficit puede considerarse de carácter estructural.-  Se prevé que el saldo presupuestario ajustado en función del ciclo mejore en 1,1 puntos porcentuales durante el período cubierto por el programa, esperándose que la mayor parte del ajuste (0,5 puntos porcentuales) tenga lugar en 2006. En 2005 no se espera ninguna mejora en términos ajustados en función del ciclo.-  La evaluación del programa de estabilidad pone de relieve claros riesgos de que los resultados presupuestarios sean peores que los previstos en el programa. Los objetivos presupuestarios se basan en unas perspectivas macroeconómicas un tanto optimistas, especialmente en 2005. Paralelamente, existen diversos factores de incertidumbre en relación con la aplicación del presupuesto para 2005, tales como la clasificación de ANAS, empresa encargada del mantenimiento de la red de carreteras, así como una serie de medidas de aumento temporal de los ingresos. También existe incertidumbre en cuanto a 2006, año en que se espera tenga lugar la mayor parte de la mejora en términos ajustados en función del ciclo y el Gobierno sustituya completamente las medidas excepcionales por medidas de naturaleza permanente. El programa no facilita información sobre la forma en que se espera realizar el ajuste. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida, no puede descartarse que en 2006 y años posteriores la diferencia entre el importe del déficit en ausencia de modificaciones legislativas y el objetivo de déficit presentado en el programa subestime el saneamiento presupuestario necesario.-  Los objetivos presupuestarios del programa no proporcionan un margen de seguridad suficiente para evitar rebasar el límite del 3% del PIB en caso de fluctuaciones cíclicas normales, al menos hasta 2006. Teniendo en cuenta los riesgos de revisión a la baja del escenario macroeconómico así como los riesgos asociados a la ejecución del presupuesto para 2005, pueden ser necesarias medidas adicionales para alcanzar el objetivo de déficit nominal, y particularmente para evitar que el déficit nominal rebase el valor de referencia del 3% del PIB en 2005. También podrían requerirse medidas adicionales en 2006 y años posteriores.-  En 2004, el ratio deuda/PIB, que todavía se sitúa en el 106%, se espera que disminuya sólo ligeramente a pesar de un volumen significativo de ingresos procedentes de la privatización. El práctico estancamiento en comparación con 2003 responde a un desvío en el saldo primario y a un volumen significativo de operaciones, al margen del déficit, que aumentan la deuda. Se espera una recuperación del ritmo de reducción de la deuda durante el período 2005-2008 sobre la base de una mejora prevista del saldo primario, un ambicioso programa de privatización y una aceleración gradual del crecimiento económico. No obstante, los efectos positivos de los ingresos previstos de la privatización se verían anulados en gran parte por operaciones «bajo la línea» no especificadas que aumentarían la deuda. Se prevé que el ratio deuda/PIB no disminuya por debajo del límite del 100% hasta 2007, esto es, cuatro años después del plazo que en 1998 Italia se había comprometido a cumplir con vistas a su entrada en la UEM.-  La estrategia presupuestaria del programa se basa principalmente en la necesidad de reducir de forma significativa los gastos primarios con objeto de alcanzar el saneamiento presupuestario y, al mismo tiempo, permitir una reducción de los impuestos. Aunque las autoridades esperan que será neutral desde el punto de vista del déficit, la reforma fiscal de 2005 podría afectar negativamente al saldo presupuestario. De forma similar, el límite máximo del 2% para el aumento anual de los gastos primarios y una nueva revisión del Pacto de estabilidad interno no se ven suficientemente reforzados por unos mecanismos de aplicación creíbles. La Ley marco relativa a la reforma del sistema de pensiones, adoptada en 2004, constituye un importante paso para hacer frente a las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población. Se espera que una plena aplicación de la reforma reduzca los gastos en alrededor del 0,6-0,7% del PIB entre 2011 y 2033, mientras que hasta 2008 no está prevista la entrada en vigor de unos criterios de concesión más estrictos, que consistirán en un aumento repentino y pronunciado de la edad de jubilación exigida para el cobro de pensiones de jubilación. El programa también incluye un plan para la cesión de activos financieros equivalentes al 1,6% del PIB cada año por término medio, pero no proporciona detalles al respecto. Por último, varias medidas presupuestarias producen efectos favorables a corto plazo a costa de una inversión gradual de esta tendencia en el futuro.-  En relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, Italia parece afrontar ciertos riesgos. Italia podrá seguir una senda sostenible si alcanza plenamente los objetivos presupuestarios y la reforma del sistema de pensiones recientemente adoptada. Por ello, a la luz de los riesgos asociados a los objetivos presupuestarios, una rápida corrección de cualquier desvío respecto de la estrategia de obtener amplios superávit primarios contribuiría a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.-  Las políticas económicas expuestas en la actualización siguen parcialmente las orientaciones generales de política económica específicas para Italia en el área de la hacienda pública. En primer lugar, el programa no contempla una situación presupuestaria a medio plazo de proximidad al equilibrio o superávit. En segundo lugar, los objetivos presupuestarios no garantizan una mejora del saldo ajustado en función del ciclo de al menos 0,5 puntos porcentuales al año. En tercer lugar, los recortes tributarios previstos no se financiarán totalmente en 2005 con reducciones estructurales de los gastos primarios corrientes. Por último, el programa no proporciona información suficiente sobre cómo funcionarían los mecanismos de reforzamiento del control de los gastos, ni indica claramente la forma de financiar los gastos regionales.-  A la luz de la anterior evaluación, sería conveniente que Italia: i) adopte las medidas necesarias que le permitan alcanzar el objetivo de déficit para 2005; ii) realice los esfuerzos necesarios en términos estructurales en 2006 y años posteriores con el fin de alcanzar una situación presupuestaria próxima al equilibrio al final del período cubierto por el programa; iii) garantice que el ratio deuda/PIB disminuye más rápidamente hacia el valor de referencia del 60% fijado en el Tratado, prestando especial atención a los factores que contribuyen a la modificación de los niveles de deuda distintos del endeudamiento neto.Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y transmite al Consejo la Recomendación adjunta, con vistas a que éste emita un dictamen en relación con el programa de estabilidad actualizado de Italia.Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997en relación con el programa de estabilidad actualizado de Italia (2004-2008)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[4], y en particular su artículo 5.3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [17 de febrero de 2005], el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Italia, que abarca el periodo 2004-2008. El programa cumple parcialmente con las exigencias en materia de datos del Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia. Para 2006 y años posteriores, sólo se indica la magnitud de la futura corrección fiscal y no su composición, y el desglose del presupuesto no es compatible con los objetivos presupuestarios presentados en el programa. Por consiguiente, se insta a Italia a cumplir las exigencias del Código de conducta.El escenario macroeconómico subyacente en el programa refleja la información disponible a mediados de 2004 y contempla una recuperación del crecimiento del PIB real, del 1,2% en 2004 al 2,1% en 2005 y a una media de alrededor del 2,3% durante el resto del periodo cubierto por el programa. Partiendo de la información disponible, este escenario parece reflejar unas hipótesis de crecimiento demasiado favorables, ya que: a) el crecimiento previsto para 2005 se sitúa en el límite superior de las previsiones actuales, y b) la evolución del crecimiento prevista a medio plazo parece relativamente optimista. Las previsiones del programa acerca de la evolución de los precios medida por el deflactor del PIB parecen realistas[5].El programa se propone reducir gradualmente el déficit presupuestario nominal, de una tasa esperada del 2,9% del PIB en 2004 al 2,7% en 2005 y al 0,9% en 2008. Así pues, el programa no persigue el objetivo a medio plazo de alcanzar una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit. Se prevé que el saldo presupuestario ajustado en función del ciclo mejore en 1,1 puntos porcentuales durante el período cubierto por el programa, esperándose que la mayor parte del ajuste (0,5 puntos porcentuales) tenga lugar en 2006. En 2005 no se espera ninguna mejora en términos ajustados en función del ciclo. En comparación con la anterior actualización, las cifras de déficit son superiores en más de un punto porcentual y el ajuste previsto se concentra al final del período, con un escenario macroeconómico algo menos favorable. Sin embargo, dado que se mantienen prácticamente inalteradas las condiciones cíclicas, medidas por la brecha de producción, la mayor parte de la revisión del déficit puede considerarse de carácter estructural.Los resultados presupuestarios podrían ser claramente peores que los previstos en el programa. En particular, en lo que se refiere a 2005, cuando los márgenes son muy estrechos, un crecimiento económico inferior al previsto, unos pequeños desvíos respecto de la corrección presupuestaria planeada de más del 2% del PIB, los riesgos asociados a algunas medidas excepcionales y la posible reclasificación de ANAS –empresa encargada del mantenimiento de la red de carreteras– podrían implicar que se rebase el valor de referencia del 3% del PIB. Es difícil una evaluación completa de la evolución presupuestaria en 2006 y años posteriores, ya que el programa no detalla las medidas necesarias para alcanzar los objetivos presupuestarios. En este mismo periodo, teniendo en cuenta la experiencia adquirida no puede descartarse una subestimación del ajuste presupuestario necesario para alcanzar los objetivos presentados en el programa.A la luz de esta evaluación de riesgos, los objetivos presupuestarios del programa no proporcionan un margen de seguridad suficiente para evitar rebasar el límite del 3% del PIB en caso de fluctuaciones cíclicas normales, al menos hasta 2006. También es insuficiente para garantizar el logro del objetivo a medio plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una situación presupuestaria próxima al equilibrio al final del periodo que abarca el programa.Según las estimaciones realizadas, el ratio de deuda alcanzó el 106% del PIB en 2004, cifra sólo ligeramente inferior a la registrada en 2003 y muy superior al valor de referencia del Tratado (60% del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda disminuya en más de ocho puntos porcentuales durante el periodo del programa, como consecuencia principalmente de un ambicioso plan de privatización junto con la mejora del saldo primario y una aceleración del crecimiento económico. Un ritmo más rápido de reducción de la deuda está dificultado por las operaciones «bajo la línea», que aumentan la deuda en más de dos puntos porcentuales del PIB por término medio cada año. La evolución de la deuda puede ser menos favorable de lo previsto teniendo en cuenta: a) los riesgos para los objetivos presupuestarios mencionados anteriormente, y b) el elevado grado de ambición del programa de privatización.En cuanto a la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, Italia se encontrará en una situación favorable si alcanza plenamente los objetivos presupuestarios y obtiene los ahorros esperados de la reforma del sistema de pensiones adoptada recientemente. Por ello, teniendo en cuenta los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos presupuestarios, una rápida corrección de cualquier desvío respecto de la estrategia de lograr amplios superávit primarios contribuirá a garantizar una senda viable para la hacienda pública.Las políticas económicas expuestas en la actualización no siguen las orientaciones generales de política económica específicas para Italia en el área de la hacienda pública. En primer lugar, el programa no contempla una situación presupuestaria a medio plazo de proximidad al equilibrio o superávit. En segundo lugar, los objetivos presupuestarios no garantizan una mejora del saldo ajustado en función del ciclo de al menos 0,5 puntos porcentuales al año. En tercer lugar, los recortes tributarios previstos no se financiarán totalmente en 2005 mediante reducciones estructurales de los gastos primarios corrientes. Por último, el programa no proporciona información suficiente sobre cómo funcionarían los mecanismos de reforzamiento del control de los gastos, ni indica claramente la forma de financiar los gastos regionales.* * *A la luz de la anterior evaluación, el Consejo estima que Italia deberá:i) Adoptar las medidas necesarias que le permitan alcanzar el objetivo de déficit para 2005;ii) Realizar los esfuerzos necesarios en términos estructurales en 2006 y años posteriores con el fin de alcanzar una situación presupuestaria próxima al equilibrio al final del período cubierto por el programa; yiii) Garantizar que el ratio deuda/PIB disminuye más rápidamente hacia el valor de referencia del 60% fijado en el Tratado, prestando especial atención a los factores que contribuyen a la modificación de los niveles de deuda distintos del endeudamiento neto.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |PIB real (% variación) | PE 2004 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |COM Oct 2004 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | – | – |PE 2003 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,6 |Inflación IPCA (%) | PE 20041 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |COM Oct 2004 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | – | – |PE 2003 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | – |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PE 2004 | –2,9 | –2,7 | –2,0 | –1,4 | –0,9 |COM Oct 2004 | –3,0 | –3,0 | –3,6 | – | – |PE 2003 | –2,2 | –1,5 | –0,7 | 0,0 | – |Saldo primario (% del PIB) | PE 2004 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 4,7 |COM Oct 2004 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | – | – |PE 2003 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,1 | – |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PE 20042 | –2,1 | –2,1 | –1,6 | –1,2 | –1,0 |COM Oct 2004 | –2,4 | –2,6 | –3,4 | – | – |PE 20032 | –1,6 | –1,0 | –0,4 | 0,1 | – |Deuda pública bruta (% del PIB) | PE 2004 | 106,0 | 104,1 | 101,9 | 99,2 | 98,0 |COM Oct 2004 | 106,0 | 104,6 | 104,4 | – | – |PE 2003 | 105,0 | 103,0 | 100,9 | 98,6 | – |Nota: 1 Inflación prevista a partir de 2005. 2 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. Fuente: Programa de estabilidad (PE); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2004; cálculos de los servicios de la Comisión. | [1] DO L 209, 2.8.1997. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.[2] Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo EcoFin el 10.7.2001.[3] COM(2002) 668 final, 27.11.2002.[4] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.[5] Las hipótesis de inflación medida por el IPCA presentadas en el programa no son previsiones, sino que representan más bien valores de referencia generalmente destinados a ser utilizados en el proceso de negociación salarial.


title: Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia _x000b_del Reino Unido de 2014  _x000b_

text:
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		52014DC0429

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 del Reino Unido_x000b__x000b_y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia _x000b_del Reino Unido de 2014 _x000b__x000b__x000b_ /* COM/2014/0429 final - 2014/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 del Reino Unido
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
del Reino Unido de 2014

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2], y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea,[3]
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo,[4]
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero.
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas del Reino Unido para
2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado del
Reino Unido para el período de 2012-2013 a 2017-2018.
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[5], marcando así el inicio
del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas.
En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE)
nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[6], en el que se señalaba
al Reino Unido como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen
exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados de su examen exhaustivo del Reino Unido[7], de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. El análisis de la
Comisión la lleva a concluir que el Reino Unido continúa experimentando
desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de
medidas políticas. En particular, hay que seguir atentos a la evolución de la
situación de la deuda de los hogares, unida a los elevados niveles de deuda
hipotecaria y a las características estructurales del mercado de la vivienda,
así como a la evolución desfavorable de las cuotas del mercado exportador. Los
riesgos en el sector de la vivienda consisten en una escasez estructural permanente
de vivienda; las imitaciones intrínsecas de la oferta, especialmente en
Londres, y la respuesta relativamente lenta de la oferta a la demanda siguen
impulsando al alza los precios de la vivienda, en especial en Londres y en el
Sudeste del país, y dan también lugar a que los compradores firmen hipotecas
más elevadas. Si bien es improbable que la disminución de la cuota del mercado
exportador plantee riesgos a corto plazo, si se suma al déficit por cuenta
corriente, indica la persistencia de problemas estructurales relacionados con
las carencias y deficiencias infraestructurales. Por lo que se refiere a las
finanzas públicas, el Reino Unido no ha logrado sus objetivos de déficit global
y de ajuste estructural.
(8)
El 30 de abril de 2014, el Reino Unido presentó
su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014.
Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han
evaluado al mismo tiempo.
(9)
De conformidad con el apartado 4 del
Protocolo (nº 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la obligación en virtud del
artículo 126, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea de evitar déficit públicos excesivos no se aplicará al Reino Unido. El
apartado 5 del Protocolo dispone que el Reino Unido tratará de evitar un
déficit público excesivo. El 8 de julio de 2008, el Consejo decidió, de
conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea, que existía un déficit excesivo en el Reino Unido.
(10)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
presentada en el Programa de Convergencia de 2014 consiste en equilibrar el
actual presupuesto ajustado en función del ciclo al final de un período de
cinco años consecutivos, que finaliza actualmente en 2018-2019. El Programa de
Convergencia no incluye un objetivo a medio plazo, como está previsto en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit de las administraciones públicas
se estima en el 5,0 % del PIB en el período 2014-2015, tras bajar desde un
máximo del 11,4 % del PIB en 2009-2010. Esto no se atiene al plazo para la
corrección del déficit excesivo establecido por el Consejo. Según el programa,
el déficit excesivo se corregirá en 2016-2017, situándose en el 2,4 % del
PIB, dos años después del plazo fijado por el Consejo. El programa supone que
el déficit estructural (recalculado) de las administraciones públicas mejorará
en 0,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 4,4 % del PIB a lo largo del
año para el período 2014-2015. Los planes presupuestarios no bastan para
alcanzar el esfuerzo presupuestario anual medio recomendado para corregir el
déficit excesivo. Posteriormente, el programa prevé una mejora anual del saldo
estructural (recalculado) de 0,8 puntos porcentuales en 2015-2016 y de 1,3
puntos porcentuales en el período 2016-2017. En conjunto, el programa solo
cumple en parte los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hasta
ahora, la consolidación se ha escorado fuertemente hacia los recortes de los
gastos, por lo que cabría considerar la posible contribución a los ingresos de
una ampliación de la base imponible. El Reino Unido registra un nivel elevado
de impuestos no percibidos, en particular en lo que respecta a la fiscalidad
indirecta. Según el Programa de Convergencia, se prevé que el ratio deuda/PIB
aumente hasta el 93,1 % en 2015-16, antes de disminuir al 86,6 % en
2018-19. El escenario macroeconómico del Reino Unido, en el que se basan las
previsiones presupuestarias del programa, es verosímil. Los posibles riesgos
para las previsiones presupuestarias se derivan de un crecimiento menor de lo
esperado, debido a los salarios limitados que frenan el consumo privado y a la
incertidumbre que obstaculiza las inversiones. No obstante, las previsiones son
coherentes con las previsiones de primavera de 2014 de la Comisión, que tampoco
prevén que el déficit excesivo se haya corregido dentro del plazo establecido
por el Consejo. Además, según las previsiones de la Comisión, la variación
(corregida) del saldo estructural en el periodo 2010-2014 se queda corta en un
0,6 % anual del PIB por término medio con respecto a lo exigido y se prevé
que en 2015 tampoco lo alcance. Basándose en su evaluación del programa y en
las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 1466/97 del Consejo, este considera que se necesitan medidas
adicionales para garantizar el cumplimiento de la Recomendación en el marco del
Procedimiento de Déficit Excesivo.
(11)
El Reino Unido ha adoptado medidas en términos
de la demanda y la oferta en el ámbito de la vivienda. Aunque la oferta de
nuevas propiedades ha aumentado, sigue siendo baja y se sitúa muy lejos de la
demanda. Esto, combinado con unos bajos tipos de interés y unas condiciones
hipotecarias más sencillas (como unos mayores múltiplos préstamo/ingresos), han
empujado al alza los precios de la vivienda en algunas zonas del Reino Unido,
especialmente en Londres. La escasez de la oferta ha sido durante mucho tiempo
un fenómeno estructural y es probable que se mantenga a medio plazo. Es
necesario actuar para fomentar más la oferta de viviendas, mediante la creación
de incentivos adecuados que aumenten la oferta a nivel local. Las autoridades
deben seguir controlando los precios de la vivienda y el endeudamiento
hipotecario y estar preparadas para instaurar medidas adecuadas, entre ellas la
adaptación del régimen de ayuda «Help to Buy 2» (garantía de préstamos) en caso
necesario. Es necesario aumentar la transparencia de la utilización y el
impacto de la regulación macroprudencial del sector de la vivienda adoptada por
el Comité de Política Financiera, que podría usarse para abordar los excesivos
aumentos de precios de la vivienda y los incrementos del endeudamiento
hipotecario. Cabe considerar la posibilidad de reformar la fiscalidad de los
bienes raíces e inmuebles para paliar los falseamientos del mercado de la
vivienda. Actualmente, el incremento del valor de los bienes inmuebles no se ha
reflejado en un aumento de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria ya que
su valor catastral no se ha actualizado desde 1991 y los impuestos sobre los
bienes inmuebles de mayor valor son inferiores en términos relativos a los que
gravan los bienes de menor valor debido al carácter regresivo de los tipos y
tramos actuales del sistema tributario municipal.
(12)
El Reino Unido sigue afrontando los retos del
desempleo y subempleo, así como los problemas específicos relacionados con el
desempleo juvenil. Los retos de dotar a los jóvenes de las capacidades y la
experiencia laboral que exige el mercado laboral y de aumentar la oferta de
aprendices son importantes. Esto ayuda a explicar el hecho de que la
utilización de las subvenciones salariales previstas en el contrato juvenil
(«Youth Contract») siga siendo inferior a lo previsto. El mercado laboral
adolece de la falta de adaptación de las cualificaciones de los trabajadores y
las autoridades están intentando recualificar la mano de obra para hacer frente
tanto al desempleo como a la escasez de competencias profesionales y técnicas
de alta calidad. Aunque se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de los
programas de aprendizaje, se necesitan esfuerzos adicionales. Por otra parte,
el sistema de cualificaciones sigue siendo complejo y debe mejorarse para
facilitar el reconocimiento universal y un mayor nivel de compromiso de los
empleadores.
(13)
Las autoridades están abordando el problema de
la debilidad de los incentivos para trabajar, especialmente para los
beneficiarios de prestaciones sociales, con la introducción del crédito
universal, que permitirá a los titulares de una prestación mantener una parte
mayor de esta al ocupar un puesto de trabajo. Aunque el crédito universal
podría tener un impacto positivo en el empleo, dependerá en gran medida de su
aplicación efectiva y de los servicios de apoyo, incluida la interacción con
otras prestaciones. El hincapié en la vuelta al trabajo también se ha reflejado
en la limitación de la adaptación anual de muchas prestaciones para
beneficiarios en edad laboral y créditos fiscales al 1 % anual hasta 2016.
(14)
El Reino Unido sigue enfrentándose a los retos
que supone incrementar el empleo de las madres y padres, aumentando el acceso a
servicios de guardería de alta calidad a precios asequibles. Continúa
instaurando programas para hacer que esos servicios sean asequibles para las
madres y padres trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo, teniendo en
cuenta los distintos niveles de ingresos. Sin embargo, los costes de dichos
servicios siguen estando entre los más altos de la UE y afectando especialmente
a las personas que representan la segunda fuente de ingresos familiares y a las
familias monoparentales.
(15)
En términos de acceso a la financiación, si
bien las condiciones de los mercados de crédito han mejorado en 2013, el
crecimiento del crédito sigue siendo débil y las políticas existentes necesitan
más tiempo para demostrar su éxito. Las pymes siguen teniendo problemas
particulares relacionados con el acceso al crédito. Mientras las grandes
empresas pueden financiarse directamente en los mercados al por mayor y
beneficiarse de la oferta existente en el bien desarrollado sector de los
servicios financieros, la financiación exterior de las pymes del Reino Unido
depende en gran medida del sector bancario. Se ha progresado considerablemente
en respuesta a la recomendación del año pasado sobre la competencia en el
sector bancario mediante la creación de nuevos bancos llamados bancos
alternativos («challenger banks») (un ejemplo es TSB, que, sin embargo, todavía
no es totalmente independiente).
(16)
En diciembre de 2013, el Reino Unido publicó
un plan actualizado de infraestructuras nacionales que contenía un enfoque
estratégico y a largo plazo de la planificación, financiación y realización de
infraestructuras. El plan establece un «canal» de inversiones de capital a futuro
de 2020 en adelante, por un importe total de 375 000 millones GBP
(aproximadamente 460 000 millones EUR). Una gran parte de ese «canal»
(340 000 millones GBP, es decir, aproximadamente 420 000 millones
EUR) se destina a inversiones en los sectores del transporte y la energía. Se
prevé que cerca de las tres cuartas partes de la financiación procederá de
fuentes privadas, mientras que se prevé que el resto se financiará con fondos
públicos. Aunque el plan es una iniciativa adecuada, el elemento de la financiación
del sector privado, la seguridad normativa y los calendarios de las licencias
de obra siguen siendo fuente de preocupación. Se necesitan unos mecanismos
estrictos que atenúen los riesgos de financiación y ejecución, garantizando al
mismo tiempo la transparencia de los gastos previstos y reales de las
infraestructuras.
(17)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino
Unido, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa
Nacional de Reformas y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para
la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica
del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de
la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión
incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.
Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 6 que figuran a
continuación.
(18)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo[8] ha examinado el
programa de convergencia del Reino Unido, y su dictamen se refleja, en
particular, la recomendación 1 que figura a
continuación.
(19)
A la luz de los resultados del examen
exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha
examinado el Programa Nacional de Reformas y
el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del
artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, se reflejan en las
recomendaciones 2, 3, 5 y 6 que figuran a
continuación.
RECOMIENDA que
el Reino Unido tome medidas
en el período 2014-2015 a fin de:
1.           Reforzar la estrategia
presupuestaria, procurando corregir el déficit excesivo de manera sostenible,
en consonancia con la recomendación del Consejo de conformidad con el
Procedimiento de Déficit Excesivo. Aplicar al ajuste fiscal un planteamiento
diferenciado y favorable al crecimiento, dando prioridad a los gastos de
capital. Para contribuir a la consolidación fiscal, debe estudiarse la posibilidad
de incrementar los ingresos ampliando la base imponible. Resolver los
estrangulamientos estructurales relacionados con las infraestructuras, la
inadecuación de las cualificaciones y el acceso de las pymes a la financiación
para estimular el crecimiento de la exportación de bienes y servicios.
2.           Aumentar la
transparencia de la utilización y el impacto de la regulación macroprudencial
en el sector de la vivienda por parte del Comité de Política Financiera del
Banco de Inglaterra. Instaurar las medidas necesarias para responder al rápido
aumento de los precios de los bienes inmuebles en zonas que constituyan una
parte considerable del crecimiento económico del Reino Unido, principalmente
Londres, por ejemplo, adaptando el régimen de ayuda «Help to Buy 2», y atenuar
los riesgos relacionados con el alto endeudamiento hipotecario. Eliminar los
falseamientos en los impuestos sobre bienes inmuebles actualizando
periódicamente la valoración de los bienes inmuebles, y reducir el carácter
regresivo de los tramos y tipos del sistema fiscal municipal. Proseguir los
esfuerzos para aumentar la oferta de viviendas.
3.           Mantener el compromiso
con el contrato juvenil («Youth Contract»), en particular mejorando las
cualificaciones para que respondan a las necesidades de los empresarios.
Garantizar la participación de los empleadores haciendo hincapié en resolver la
inadecuación de las cualificaciones haciéndolas más avanzadas y de mayor nivel
y fomentando las ofertas de aprendizaje. Reducir el número de jóvenes con
cualificaciones básicas bajas.
4.           Proseguir los esfuerzos
para reducir la pobreza infantil en los hogares con bajos ingresos,
garantizando que el crédito universal y otras reformas del sistema de
protección social ofrezcan prestaciones adecuadas con verdaderos incentivos al
empleo y servicios de apoyo. Mejorar la disponibilidad de guarderías de calidad
a precios asequibles.
5.           Continuar los esfuerzos
para mejorar la disponibilidad de financiación bancaria y no bancaria para las
pymes. Garantizar el funcionamiento eficaz de la actividad bancaria y apoyar
una mayor presencia de los bancos alternativos («challenger banks»).
6.           Dar continuidad al Plan
nacional de infraestructuras aumentando la previsibilidad de los procesos de
planificación e introduciendo claridad en los compromisos de financiación.
Garantizar la transparencia y responsabilidad, proporcionando información
coherente y puntual sobre la aplicación del Plan.
Hecho en Bruselas, el
Por
el Consejo
El Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM (2014) 429 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[5]               COM(2013) 800 final.
[6]               COM(2013) 790 final.
[7]               SWD (2014) 91 final.
[8]               De conformidad con el artículo 9,
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

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31985H0612

85/612/CEE: Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativa al segundo párrafo del apartado 1 del artículo 25 de la Directiva 85/611/CEE

Diario Oficial n° L 375 de 31/12/1985 p. 0019 - 0019 Edición especial en español: Capítulo 06 Tomo 3 p. 0054  Edición especial en portugués: Capítulo 06 Tomo 3 p. 0054

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 20 de diciembre de 1985    relativa al segundo párrafo del apartado 1 del   artículo 25 de la Directiva 85/611/CEE     ( 85/612/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    1 ) RECOMIENDA    a las autoridades competentes de los Estados miembros   que , siempre que el concepto de « influencia notable »   para la aplicación del apartado 1 del artículo 25 de la   Directiva 85/611/CEE se traduzca en la legislación de otro   Estado miembro por un límite expresado en cifras ,   vigilen , si dicho otro Estado lo requiere , que dicho   límite sea respetado por las sociedades de inversión y   por las sociedades de gestión situadas en su territorio   en aquellos casos en que dichas sociedades adquieran   acciones que impliquen derecho de voto emitidas por una   sociedad establecida en el territorio de un Estado miembro   en el que se apliquen dichos límites .    Para la aplicación de dicha Recomendación , los   Estados miembros en los que tales límites son aplicables   en el momento de la publicación de dicha Directiva los   comunicarán a la Comisión , la cual , a su vez ,   informará de ello a los demás Estados miembros ;   idéntico procedimiento se seguirá en caso de   disminución posterior de dichos límites ;    2 ) INVITA    a las autoridades competentes a colaborar estrechamente   entre ellas para el cumplimiento de esta Recomendación ,   con arreglo a lo previsto en el artículo 50 de la   mencionada Directiva .    Hecho en Bruselas , el 20 de diciembre de 1985 .    Por el Consejo    El Presidente    R. KRIEPS


Avis juridique important

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31979K1083

Recomendación de n° 1083/79/CECA de la Comisión, de 30 de mayo de 1979, por la que se establece un derecho antidumping definitivo sobre determinadas chapas de hierro o de acero, originarias de España pero procedentes de otro país tercero

Diario Oficial n° L 135 de 01/06/1979 p. 0054 - 0056

 /* No existe versión española de este documento, pues no está en la Edición Especial en lengua española del Derecho Derivado. En dicha Edición Especial no se incluyeron los actos que  - no estaban vigentes en la fecha de la Adhesión del Reino de España (01/01/1986),  - dejaron de estar vigentes con motivo de la Adhesión, por ejemplo: algunos acuerdos entre la Comunidad y el Reino de España o la República Portuguesa,  - sólo eran vinculantes para sus destinatarios y, por tanto, la única lengua auténtica era la suya,  - no eran obligatorios,  - no eran suficientemente relevantes,  - fueron derogados durante la elaboración de la Edición Especial.   oknoes86 */


Avis juridique important

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31988H0611

88/611/CEE: Recomendación del Consejo de 8 de noviembre de 1988 sobre el fomento de la cooperación entre las empresas de servicios públicos y los autoproductores de electricidad

Diario Oficial n° L 335 de 07/12/1988 p. 0029 - 0030

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO  de 8 de noviembre de 1988  sobre el fomento de la cooperación entre las empresas de servicios públicos y los autoproductores de electricidad (88/611/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que, en su Resolución de 16 de septiembre de 1986 relativa a los nuevos objetivos de política energética comunitaria para 1995 y a la convergencia de las políticas de los Estados miembros (4), el Consejo adoptó los objetivos sectoriales  consistentes en una utilización más eficaz de la energía en todos los sectores y para una mayor contribución de las energías nuevas y renovables;  Considerando que, con arreglo a su Resolución de 26 de noviembre de 1986 relativa a una orientación comunitaria de desarrollo de las fuentes nuevas y renovables de energía (5), el Consejo adoptó, el 9 de junio de 1988, la Recomendación 88/349/CEE  relativa al desarrollo de la explotación de las energías renovables en la Comunidad (6);  Considerando que, el 25 de octubre de 1977, el Consejo adoptó la Recomendación 77/714/CEE, relativa a la creación de órganos o comités consultivos para fomentar la producción combinada de calor y electricidad, así como el aprovechamiento del calor  residual (7);  Considerando que la producción combinada calor-electricidad (PCCE), así como las energías producidas a partir de residuos (incineración de desechos urbanos y calor residual de la industria) podrían aportar, con sus potenciales de utilización eficaz de  energías primarias agotables o de sustitución del petróleo, una importante contribución a la realización de los objetivos de política energética comunitaria para 1995;  Considerando que la producción de electricidad representa un campo de aplicación común tanto para las energías renovables de residuos y de desechos como para la producción combinada calor-electricidad (RRC), por lo tanto, son de una importancia capital  para el desarrollo de dichas posibilidades de suministro energético;  Considerando que por razones propias, estos procedimientos de producción de electricidad únicamente sirven, en lo esencial, para la autoproducción al margen del suministro público;  Considerando que la rentabilidad de la autoproducción a partir de RRC depende también de las condiciones de colaboración con las empresas de servicios públicos (8) en lo que se refiere al suministro de electricidad excedentaria, de compra de  electricidad adicional y de mantenimiento de la capacidad de reserva;  Considerando que la existencia de determinadas disposiciones legales y administrativas puede obstaculizar el desarrollo de la autoproducción a partir de la RRC;  Considerando que el precio de la electricidad suministrada por el autoproductor a la red pública debería regirse, en la medida de lo posible, por los costes que puedan evitarse en el suministro público con el fin de garantizar al autoproductor unos  ingresos adecuados;  Considerando que la colaboración entre los autoproductores y las empresas de servicio público debería estar regulada por una serie de medidas adecuadas, mediante principios comunes, lo cual crearía unas condiciones más favorables para el desarrollo en  la Comunidad de la autoproducción de electricidad a partir de RRC,  RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:  1. Que elaboren un marco de cooperación entre las empresas de servicios públicos y todos los autoproductores a partir de energías renovables, de energías producidas a partir de desechos y de la producción combinada calor-electricidad (RRC), destinado a  regular sus condiciones de intercambio de electricidad en lo relativo a precios y a cantidad mediante principios comunes, con objeto de fomentar la autoproducción de electricidad a partir de RRC.  2. Que favorezcan la creación de dicho marco mediante la introducción de criterios contractuales uniformes:  - mediante el acuerdo voluntario entre las partes interesadas;  - o bien, en caso necesario, mediante la adopción de disposiciones legales o administrativas específicas;  y adaptar las disposiciones legales y administrativas vigentes que puedan obstaculizar dichos criterios. Asimismo, habría que considerar la necesidad de establecer un procedimiento expecífico para la resolución de los conflictos en materia de  condiciones contractuales.  3. Que garanticen, en el contexto de dichos acuerdos o disposiciones:  a) la obligación, por parte de las empresas de servicios públicos, de ofrecer la compra de las cantidades de electricidad disponibles procedentes de la autoproducción a partir de RRC, con la condición de que dicha obligación no afecte al buen  funcionamiento económico de las instalaciones existentes de las empresas de servicios públicos;  b) que, respecto a las cantidades, la autoproducción a partir de RRC se autorice, en principio, y no se vea obstaculizada por disposiciones legales y administrativas, ni por condiciones impuestas por las empresas de servicios públicos, siempre y cuando  no se oponga el interés público;  c) que, respecto a los precios:  - la remuneración de los suministros a la red pública de electricidad procedente de la autoproducción a partir de RRC:  - se fije, en principio, basándose en los costes medios a largo plazo que las empresas de servicio público puedan evitar en su zona de abastecimiento,  - corresponda, al menos, a los costes variables que las empresas de servicio público puedan evitar, es decir, fundamentalmente al ahorro en el coste del combustible,  - garantice al autoproductor una remuneración adicional, en la medida en que ayuda al sistema público a ahorrar costes de inversión en la producción o la compra de energía eléctrica. El importe de esta remuneración deberá variar en función de la  disponibilidad de la capacidad de autoproducción, en particular en momentos de carga máxima;  - que la remuneración de las compras de electricidad procedente de la red pública se establezcan de forma que los autoproductores sean tratados de la misma forma que los clientes similares sin autoproducción;  - que las normas sobre esta remuneración adopte la forma más transparente posible.  4. Que presenten un informe a la Comisión en un plazo de tres años sobre el desarrollo de la colaboración entre los autoproductores de electricidad y las empresas de servicios públicos.  Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 1988.  Por el Consejo  El Presidente  A. PEPONIS     (1) DO nº C 172 de 1. 7. 1988, p. 9.  (2) DO nº C 235 de 12. 9. 1988, p. 174.  (3) DO nº C 309 de 5. 12. 1988.  (4) DO nº C 241 de 25. 9. 1986, p. 1.  (5) DO nº C 316 de 9. 12. 1986, p. 1.  (6) DO nº L 160 de 28. 6. 1988, p. 46.  (7) DO nº L 295 de 18. 11. 1977, p. 5.  (8) A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por " empresas de servicios públicos " las empresas cuyo principal objetivo sea la producción, el transporte o la distribución de energia eléctrica para el suministro a terceros. Podrán tener  diferentes formas jurídicas.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia (2003-2005)


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32000Y1024(01)

Recomendación de la Comisión de 11 de octubre de 2000 sobre los medios de facilitar la preparación de los actores económicos a la transición al euro

Diario Oficial n° C 303 de 24/10/2000 p. 0006 - 0007

Recomendación de la Comisiónde 11 de octubre de 2000sobre los medios de facilitar la preparación de los actores económicos a la transición al euro(2000/C 303/05)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,Considerando lo siguiente:(1) El período de transición entre la creación del euro y la introducción efectiva de las monedas y billetes debe utilizarse para ayudar a los agentes económicos a prepararse al cambio fiduciario y para permitir a los consumidores familiarizarse con la nueva expresión de los precios y valores.(2) Las encuestas y estudios llevados a cabo en la zona euro tienden en su mayoría a poner de manifiesto cierto retraso en la preparación de los actores económicos y ciudadanos a la nueva moneda.(3) Las autoridades y administraciones públicas de los Estados miembros tienen una función esencial de mejora de la sensibilización y la información de los usuarios de moneda con el fin de acelerar sus preparativos al cambio fiduciario.(4) Conviene aprovechar plenamente el año 2001 con el fin de estimular los preparativos y extender en el tiempo los esfuerzos para el cambio técnico.(5) Conviene precisar algunas disposiciones contenidas en la Recomendación 98/286/CE de la Comisión, de 23 de abril de 1998, sobre las comisiones bancarias por la conversión a euros(1).RECOMIENDA:Artículo 1Informar a los futuros usuarios1. Los Estados miembros deberán garantizar que los ciudadanos sean bien informados de las modalidades del cambio al euro y que este esfuerzo de información se continúe aún durante algún tiempo en 2002. Deberá realizarse un esfuerzo particular en favor de las personas con dificultades de acceso a la información (personas en dificil situación económica y social, ancianos y personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales).2. Las administraciones públicas deberán facilitar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME), una información precisa sobre el calendario del cambio y las normas jurídicas, fiscales y contables aplicables al mismo.3. Las administraciones públicas, en particular aquellas del ámbito social y educativo, deberán participar activamente en el esfuerzo de información que requiere la introducción material del euro y la necesidad de los ciudadanos de prepararse para la misma.4. Las organizaciones profesionales, los centros europeos de información empresarial, las cámaras de comercio, los contables y los consejeros de las empresas deberán garantizar que las empresas con las que están en contacto adoptan las medidas necesarias para prepararse y están en condiciones de efectuar todas sus operaciones en euros a partir del 1 de enero de 2002.5. Los bancos deberán informar a sus clientes de las consecuencias prácticas del final del período de transición, señalando, en particular, la imposibilidad de emitir pagos escriturales o mantener cuentas en las antiguas unidades monetarias nacionales después del 31 de diciembre de 2001.6. Las empresas deberán realizar acciones de sensibilización de su personal y acciones específicas de formación entre sus asalariados que estén en contacto con el público.Artículo 2Ayudar a los ciudadanos a habituarse al euro1. Durante el tercer trimestre del año 2001 a más tardar, los precios deberán fijarse en euros con su contravalor en unidades monetarias nacionales para el conjunto de los productos vendidos a distancia y en los puntos de venta donde predominan los pagos escriturales. En los recibos de caja deberá figurar el contravalor en moneda nacional del importe final que deba pagarse.2. Las administraciones públicas y las empresas deberán pagar las nóminas de su personal en euros lo antes posible en 2001, indicando el contravalor del importe final en moneda nacional. Como mínimo, las nóminas deberán expresarse en las dos monedas. Las negociaciones salariales entre los interlocutores sociales deberán realizarse en euros en 2001.3. Las notificaciones de pago de pensiones de jubilación deberán expresarse en las dos monedas cuanto antes en 2001; en su caso, las pensiones deberán pagarse en euros, indicándose el contravalor del importe final en moneda nacional.4. Las administraciones públicas, las empresas de seguros y las empresas de gran facturación (agua, gas, electricidad, etc.) deberán establecer sus tarifas en euros ya durante el tercer trimestre de 2001, e indicar en sus facturas únicamente el contravalor en unidades monetarias nacionales del importe final que deba pagarse.Artículo 3Incitar a los actores económicos a experimentar el euro1. Salvo en caso de que el cliente pida expresamente lo contrario, las cuentas bancarias y los medios de pago escriturales asociados a las mismas (cheques, impresos de transferencia y tarjetas) deberán pasar a expresarse en euros a principios del tercer trimestre de 2001. En los extractos bancarios deberá indicarse el contravalor en unidades monetarias nacionales.2. Todos los terminales de pago electrónico deberán estar en condiciones de efectuar operaciones en euros en esa misma fecha.3. Se invita a los actores económicos, especialmente a aquellos de los sectores de distribución y turismo, a realizar acciones puntuales con el fin de estimular la utilización del euro.Artículo 4Disminuir el número de operaciones que requerirán una conversión en euros1. Los contratos de duración indeterminada concluidos en 2001 deberán establecerse en euros (por ejemplo, contratos de trabajo). Los contratos de duración determinada concluidos en 2001 (por ejemplo, contratos de arrendamiento, de préstamo, etc.) cuyo vencimiento sea posterior al 1 de enero de 2002 deberán establecerse en euros.2. Los contratos de los Estados y colectividades locales deberán establecerse y pagarse en euros en 2001.3. Deberá incitarse a las empresas que se creen en 2001 a establecer su capital en euros.4. Con el fin de reducir el volumen de las operaciones de intercambio fisico, se deberá incitar a los consumidores a depositar en cuenta su efectivo ocioso antes del final de diciembre de 2001. Los Estados miembros también deberán animarlos a hacer uso a su debido tiempo de sus existencias de monedas.Artículo 5Facilitar la transición hacia la circulación fiduciaria en euros1. Durante el período de doble circulación, el intercambio de billetes y monedas de un Estado participante por billetes y monedas en euros deberá ser gratuito y sin limitación de importe para los clientes de un banco de dicho Estado, con la simple obligación de notificación previa si el intercambio sobrepasa un límite máximo que el banco fijará en un nivel usual. Para las personas que no sean clientes del banco, el intercambio de billetes nacionales por billetes en euros deberá ser gratuito hasta un limite máximo fijado por el banco.2. Deberán adoptarse disposiciones apropiadas con el fin de permitir a los ciudadanos intercambiar sus billetes y monedas nacionales por euros en los bancos comerciales y en otras instituciones financieras aún durante algún tiempo después del final del período de doble circulación.3. Los Estados miembros deberán adoptar disposiciones que permitan durante un período de tiempo suficiente el intercambio de monedas que ya no sean de curso legal en las instituciones oficiales a los tenedores que residan en el extranjero.4. Con el fin de facilitar la devolución del dinero sobrante en los pagos, deberán proporcionarse en los cajeros automáticos o por cualquier otro medio cantidades suficientes de billetes de poco valor a partir de los primeros días de 2002.5. Los Estados miembros, las asociaciones profesionales y las cámaras de comercio deberán animar a los comerciantes, a los artesanos y a aquellos que ejercen una profesión liberal a devolver los importes sobrantes de sus cobros exclusivamente en euros a partir del principio de enero de 2002.6. Las administraciones públicas deberán velar por la aprobación de medidas específicas para facilitar el paso a la circulación fiduciaria en euros a las personas con dificultades de acceso a la información, especialmente a aquellas que no realizan operaciones con los bancos.Artículo 6Disposición finalSe invita a los Estados miembros a que presten su apoyo para la aplicación de la presente Recomendación.Artículo 7DestinatariosLos destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros, los bancos, las empresas y el conjunto de organizaciones o asociaciones profesionales y de consumidores de la zona euro.Hecho en Bruselas, el 11 de octubre de 2000.Por la ComisiónPedro Solbes MiraMiembro de la Comisión(1) DO L 130 de 1.5.1998, p. 22.


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31974H0165

74/165/CEE: Recomendación de la Comisión, de 6 de febrero de 1974, a los Estados miembros, relativa a la aplicación de la Directiva del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles y sobre el control de la obligación de asegurar dicha responsabilidad

Diario Oficial n° L 087 de 30/03/1974 p. 0012 - 0012 Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 3 p. 0209  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 3 p. 0209

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de febrero de 1974 a los Estados miembros, relativa a la aplicación de la Directiva del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de  la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles y sobre el control de la obligación de asegurar dicha responsabilidad(74/165/CEE) 1. En virtud del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva del Consejo de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos  automóviles y sobre el control de la obligación de asegurar dicha responsabilidad (1), modificada por la Directiva del Consejo de 19 de diciembre de 1972 (2), todo vehículo que tenga su estacionamiento habitual en el territorio de un tercer país deberá  estar provisto de una carta verde en vigor, o de un certificado de seguros de frontera, válido para el conjunto del territorio de la Comunidad, antes de entrar en él;  2. Ahora bien, en cada Estado miembro existe una práctica diferente en lo referente al período de vigencia de los contratos de seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, que se celebran en forma de seguro  de frontera; es, pues, necesario uniformar la práctica que se sigue en los Estados miembros en lo que se refiere al período mínimo de vigencia del seguro de frontera con el fin de impedir, después de la supresión del control fronterizo intracomunitario  del seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, una utilización abusiva del seguro de frontera de los vehículos de terceros países que no estén ya cubiertos, después de entrar en el territorio de un Estado  miembro con un seguro de la responsabilidad civil válido en otros Estados miembros;  3. Por este motivo, y en virtud del artículo 155 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, la Comisión recomienda a los Estados miembros que velen para que, antes del 15 de mayo de 1974, los contratos de seguro de la responsabilidad  civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, celebrados en forma de seguro de frontera, tengan un período de vigencia de quince días como mínimo.  Hecho en Bruselas, el 6 de febrero de 1974.  Por la Comisión El Presidente François-Xavier ORTOLI   (1) DO no L 103 de 2. 5. 1972, p. 1.(2) DO no L 291 de 28. 12. 1972, p. 162; rectifica al DO no L 75 de 23. 3. 1973, p. 30.


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E1996C0086

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC Nº 86/96/COL de 10 de julio de 1996 relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios en 1996

Diario Oficial n° L 296 de 21/11/1996 p. 0064 - 0066

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 86/96/COL de 10 de julio de 1996 relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios en 1996 EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 109 y su Protocolo 1,Visto el Acuerdo sobre el Órgano de Vigilancia y el Tribunal y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5 y su Protocolo 1,Visto el Acto al que se hace referencia en el punto 50 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,Considerando que, para el funcionamiento adecuado del Espacio Económico Europeo, es necesario establecer dentro de dicho Espacio programas coordinados de inspección de los alimentos;Considerando que tales programas deben hacer hincapié en el cumplimiento de la normativa sobre productos alimenticios vigente en virtud del Acuerdo EEE, así como en la protección de la salud pública, en los intereses de los consumidores y en las prácticas comerciales leales;Considerando que la aplicación simultánea de programas nacionales y programas coordinados puede aportar información y experiencia sobre las que basar las actividades de control en el futuro;Considerando que Liechtenstein deberá haber completado el 1 de enero del año 2000 su adaptación a las disposiciones de los Actos a los que se hace referencia en el capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE; que ese país hará todo lo que esté en su poder para que el 1 de enero de 1997 haya quedado completada tal adaptación; que, por consiguiente, Liechtenstein no debe ser incluido en la presente Recomendación de 1996;Considerando que el 7 de noviembre de 1995 se consultó a Noruega e Islandia en el Comité de los productos alimenticios de la AELC que asiste al Órgano de Vigilancia,HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:1. Se recomienda que durante 1996 Noruega e Islandia tomen muestras y/o lleven a cabo inspecciones de los extremos siguientes, efectuando análisis de laboratorio cuando así se indica:a) evaluación microbiológica de carnes y productos cárnicos desecados y fermentados listos para el consumo;b) migración de plastificantes a los alimentos;c) temperatura de los alimentos refrigerados expuestos para la venta;d) benzo(a)pireno en los productos a base de carne de cerdo ahumada.2. Se recomienda a Noruega e Islandia un programa coordinado de inspecciones como consecuencia del apartado 3 del artículo 14 del Acto al que se hace referencia en el punto 50 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 89/397/CEE). Las materias objeto del programa se han discutido con Noruega e Islandia.3. Cuando proceda, se sugiere un método de análisis por cada materia. En lo que respecta al muestreo, no se han establecido porcentajes uniformes. El número de muestras tomadas debería ser el necesario para facilitar una visión global del mercado noruego e islandés del producto alimenticio de que se trate.4. El número de muestras y los métodos de análisis empleados deberían ser mencionados o descritos brevemente.I. Evaluación microbiológica de carnes y productos cárnicos desecados y fermentados listos para el consumo Esta parte del programa tiene por objeto las muestras de carnes y productos cárnicos desecados y fermentados listos para el consumo tomadas en los puntos de venta (minoristas) al consumidor. Las muestras deben someterse a un examen microbiológico para detectar la presencia de Salmonellae, E. Coli 0157:H7 y hacer un recuento de Staphylococcus aureus. Debe tomarse nota del pH y de la actividad de agua (Aw) de los productos. Los resultados han de registrarse en tres categorías: embutido seco y semiseco, embutido sin secar y jamones crudos (tipo campestre).II. Migración de plastificantes Los plastificantes (por ejemplo, ésteres fosfóricos, ésteres ftálicos o ésteres esteáricos y adípicos) se utilizan para aumentar la flexibilidad de los materiales plásticos, incluidos los que están en contacto con los alimentos. Estas sustancias son responsables en gran medida de la migración global de sustancias de los plásticos plastificados a los alimentos/simulantes de alimentos. El objetivo de esta parte del programa es comprobar si los materiales plastificados que se utilizan en contacto con los alimentos respetan los límites establecidos en el Acto al que se hace referencia en el punto 52 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 90/128/CEE de la Comisión, de 23 de febrero de 1990, relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios).III. Control de la temperatura de los alimentos refrigerados en los puntos de venta al consumidor final El Acto al que se hace referencia en el punto 54.5 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios) exige que los alimentos en los que pueda darse el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxinas se mantengan a temperaturas que eviten todo riesgo para la salud.El objetivo de esta parte del programa es determinar, mediante equipos de control de la temperatura precisos, la temperatura a la que se mantienen en los puntos de venta al consumidor las cuatro categorías de alimentos siguientes:1) alimentos cocinados refrigerados listos para el consumo sin recalentamiento;2) alimentos cocinados refrigerados que sólo requieren un recalentamiento (no un proceso de cocción completo) previo al consumo;3) alimentos crudos preparados que sólo pueden consumirse tras un proceso de cocción completo,4) alimentos crudos preparados que se consumen crudos.Para la medición de las temperaturas deberán utilizarse, en la medida de lo posible, métodos no destructivos.IV. Benzo(a)pireno en los productos a base de carne de cerdo ahumada El Acto al que se hace referencia en le punto 44 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción) limita a 0,03 ìg/kg la presencia en los productos alimenticios de la sustancia 3,4-benzopireno del aroma ahumado. Esta parte del programa de control tiene por objeto medir los niveles de benzo(a)pireno en los productos a base de carne de cerdo ahumada.Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1996.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCKnut ALMESTADPresidente