title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 7 de enero de 2019, sobre las políticas de reparto de dividendos (BCE/2019/1)

text:
               11.1.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 11/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 7 de enero de 2019
      sobre las políticas de reparto de dividendos
      (BCE/2019/1)
      (2019/C 11/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular el artículo 127, apartado 6, y el artículo 132,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 34,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1), en particular el artículo 4, apartado 3,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (2),
      Considerando lo siguiente:
      Las entidades de crédito tienen que seguir preparándose para la aplicación íntegra y oportuna del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y para la expiración del período transitorio establecido en el Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) para mitigar el impacto negativo potencialmente significativo en el capital de nivel 1 ordinario de contabilizar las pérdidas crediticias esperadas conforme a la NIIF 9, en un entorno macroeconómico y financiero difícil que afecta a la rentabilidad de las entidades de crédito y, consecuentemente, a su capacidad para aumentar sus bases de capital. Además, si bien las entidades de crédito tienen que financiar la economía, la política de reparto de dividendos conservadora es uno de los elementos necesarios para lograr una gestión adecuada del riesgo y un sistema bancario sólido. Debe seguirse el mismo método establecido en la Recomendación BCE/2017/44 del Banco Central Europeo (6).
      HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      I.

                  1.

                  Las entidades de crédito deben establecer las políticas de dividendos sobre la base de presunciones prudentes y conservadoras de manera que, después de repartir dividendos, cumplan los requisitos de capital aplicables y lo establecido conforme al proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

                              a)

                              Las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos mínimos de capital aplicables (los «requisitos del Pilar 1»), que comprenden un ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5 %, un ratio de capital de nivel 1 del 6 % y un ratio total de capital del 8 %, conforme establece el artículo 92 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                              b)

                              Además, las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos de capital establecidos por la decisión del PRES en aplicación del artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, y que van más allá de los requisitos del Pilar 1 (los «requisitos del Pilar 2»).

                              c)

                              Las entidades de crédito deben también cumplir los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE.

                              d)

                              Asimismo, las entidades de crédito deben cumplir al final del período de adaptación aplicable sus ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital, «fully loaded» (7), es decir, deben implementar plenamente esos ratios tras la aplicación de las disposiciones transitorias, así como los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE. Las disposiciones transitorias se establecen en el título XI de la Directiva 2013/36/UE y en la parte décima del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                              e)

                              Las entidades de crédito que decidieron aplicar las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/2395 durante el período transitorio deben además implementar plenamente su ratio de capital de nivel 1 ordinario al final del período transitorio establecido en dicho reglamento.

                        Estos requisitos se deben cumplir en base consolidada, en base subconsolidada si procede, y en base individual salvo que se haya concedido una exención a la aplicación de los requisitos prudenciales en base individual conforme a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                  2.

                  El BCE recomienda lo siguiente a las entidades de crédito que paguen en 2019 dividendos (8) respecto del ejercicio de 2018:

                              a)

                              Categoría 1: Las entidades de crédito que: i) cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y ii) al 31 de diciembre de 2018 hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letras d) y e), según proceda, deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras.

                              b)

                              Categoría 2: Las entidades de crédito que al 31 de diciembre de 2018 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), pero que en dicha fecha no hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letras d) y e), según proceda, deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deben repartir dividendos en la medida en que cumplan también el apartado 1, letra d), y, como mínimo, garanticen una trayectoria lineal (9) hacia la plena implementación de los requisitos de capital conforme al apartado 1, letra e), y lo establecido conforme al PRES.

                              c)

                              Categoría 3: Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el apartado 1, letras a), b) o c), no deben en principio repartir dividendos.

                        Las entidades de crédito que no puedan seguir la Recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión.
                  Las entidades de crédito de las categorías 1, 2 y 3 a que se refiere el presente apartado respectivamente en sus letras a), b) y c), deben cumplir además las directrices de capital del Pilar 2. Si una entidad de crédito opera o espera operar por debajo de las directrices de capital del Pilar 2, debe contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. El BCE examinará las razones por las que el capital de la entidad de crédito ha descendido, o se espera que descienda, y estudiará tomar medidas apropiadas y proporcionadas específicas para la entidad.
                  También se espera que en su política de reparto de dividendos y en su gestión del capital las entidades tengan en cuenta la posible repercusión en la exigencia de capital de las futuras modificaciones del régimen jurídico, regulatorio y contable de la Unión. Salvo información específica en contrario, se espera que los futuros requisitos y directrices de capital del Pilar 2 utilizados en la planificación del capital mantengan como mínimo sus niveles actuales.

            II.
      La presente recomendación se dirige a las entidades supervisadas significativas y a los grupos supervisados significativos conforme al artículo 2, puntos 16 y 22, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17).
      III.
      La presente recomendación se dirige también a las autoridades nacionales competentes y designadas por lo que respecta a las entidades supervisadas menos significativas y a los grupos supervisados menos significativos conforme al artículo 2, puntos 7 y 23, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17). Se espera que las autoridades nacionales competentes y designadas apliquen la presente recomendación a aquellas entidades y grupos que consideren oportuno (10).

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 7 de enero de 2019.

               El presidente del BCE

            Mario DRAGHI

         (1)  DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.

         (2)  DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.

         (3)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

         (4)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

         (5)  Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo referente a las disposiciones transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la NIIF 9 en los fondos propios y para el tratamiento de las grandes exposiciones correspondiente a determinadas exposiciones del sector público denominadas en la moneda nacional de cualquier Estado miembro (DO L 345 de 27.12.2017, p. 27).

         (6)  Recomendación BCE/2017/44 del Banco Central Europeo, de 28 de diciembre de 2017, sobre las políticas de reparto de dividendos (DO C 8 de 11.1.2018, p. 1).

         (7)  Plena implementación de todos los colchones.

         (8)  Las entidades de crédito pueden tener varias formas jurídicas, por ejemplo sociedades cotizadas y empresas no constituidas como sociedades anónimas, como las sociedades mutuas, las sociedades cooperativas o las entidades de ahorro. El término «dividendo» empleado en la presente recomendación se refiere a cualquier tipo de pago en efectivo que deba aprobarse por la asamblea general.

         (9)  En la práctica esto significa que, durante el resto del período transitorio, las entidades de crédito deben en principio conservar al menos el importe proporcional anual de la diferencia que las separe de la plena implementación de sus ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital, conforme al apartado 1, letra e).

         (10)  Si la presente recomendación se aplica a entidades supervisadas menos significativas y a grupos supervisados menos significativos que se consideren incapaces de seguirla por entender que están legalmente obligados a repartir dividendos, tales entidades y grupos deben contactar inmediatamente con sus autoridades nacionales competentes.


title: Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales

text:
               20.7.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 257/1

               En línea con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (1), el presente texto pretende recordar las características esenciales del procedimiento prejudicial y los elementos que los órganos jurisdiccionales nacionales han de tener en cuenta antes de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, al mismo tiempo que facilita a aquellos órganos jurisdiccionales indicaciones prácticas sobre la forma y el contenido de la petición de decisión prejudicial. Habida cuenta de que las peticiones de decisión prejudicial han de notificarse necesariamente, previa la correspondiente traducción, a todos los interesados mencionados en el artículo 23 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de que la resolución del Tribunal de Justicia que pone fin al procedimiento prejudicial, por su parte, debe publicarse en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, es menester prestar la máxima atención a la presentación de la petición de decisión prejudicial y, en particular, a la protección de los datos de carácter personal de las personas físicas a las que concierne el procedimiento prejudicial.

         RECOMENDACIONES
   a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales
   (2018/C 257/01)

      Introducción

               1.

               La remisión prejudicial, contemplada en el artículo 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE») y en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), es un mecanismo fundamental del Derecho de la Unión Europea. Tiene por objeto garantizar la interpretación y la aplicación uniformes de este Derecho en el seno de la Unión, ofreciendo a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un instrumento que les permita someter, con carácter prejudicial, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión o a la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

               2.

               El procedimiento prejudicial se basa en una estrecha colaboración entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Para garantizar la plena eficacia de este procedimiento, parece necesario recordar sus características esenciales y formular ciertas precisiones destinadas a explicitar las disposiciones del Reglamento de Procedimiento en lo que respecta, principalmente, al autor de la petición de decisión prejudicial y a su alcance, así como a la forma y al contenido de la misma. Estas precisiones, que son aplicables a todas las peticiones de decisión prejudicial (I), se completan con referencias a las disposiciones aplicables a las peticiones de decisión prejudicial que exijan una especial celeridad (II) y con un anexo que recapitula los elementos esenciales de toda petición de decisión prejudicial.

         I.   Disposiciones aplicables a todas las peticiones de decisión prejudicial

      Autor de la petición de decisión prejudicial

               3.

               El Tribunal de Justicia ejerce su competencia para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión exclusivamente a iniciativa de los órganos jurisdiccionales nacionales, con independencia de que las partes del litigio principal hayan solicitado o no que se someta la cuestión al Tribunal de Justicia. En efecto, como la responsabilidad de la futura resolución judicial recae en el órgano jurisdiccional nacional, es a este órgano —y únicamente a él— a quien corresponde apreciar, habida cuenta de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una petición de decisión prejudicial para poder emitir su fallo como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.

               4.

               El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta a este respecto un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le plantea la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación de normas jurídicas por parte de dicho órgano y su independencia.

               5.

               Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden plantear al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la interpretación o a la validez del Derecho de la Unión si estiman necesaria una decisión al respecto del Tribunal de Justicia para poder emitir su fallo (véase el artículo 267 TFUE, párrafo segundo). Una petición de decisión prejudicial puede revelarse especialmente útil cuando se suscite ante el órgano jurisdiccional nacional una nueva cuestión de interpretación que presente un interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión, o bien cuando la jurisprudencia existente no parezca ofrecer la claridad imprescindible en un contexto jurídico o fáctico inédito.

               6.

               Cuando la cuestión surja en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano está obligado, sin embargo, a someter una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia (véase el artículo 267 TFUE, párrafo tercero), a menos que exista ya una jurisprudencia bien asentada en la materia o no quepa ninguna duda razonable sobre el modo correcto de interpretar la norma jurídica.

               7.

               Además, según reiterada jurisprudencia, aunque los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la facultad de desestimar los motivos de invalidez de un acto de una institución, órgano u organismo de la Unión invocados ante ellos, la posibilidad de declarar inválido ese acto, en cambio, es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro dude de la validez de un acto de este tipo, está obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia indicando las razones por las que considera que dicho acto no es válido.

      Objeto y alcance de la petición de decisión prejudicial

               8.

               La petición de decisión prejudicial debe referirse a la interpretación o a la validez del Derecho de la Unión, y no a la interpretación de normas jurídicas nacionales o a cuestiones de hecho suscitadas en el litigio principal.

               9.

               El Tribunal de Justicia solo puede pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial cuando el Derecho de la Unión sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Resulta indispensable a este respecto que el órgano jurisdiccional remitente exponga todos los datos pertinentes, de hecho y de Derecho, que lo llevan a considerar que ciertas disposiciones del Derecho de la Unión pueden aplicarse al asunto de que se trate.

               10.

               En lo relativo a las peticiones de decisión prejudicial que se refieren a la interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es preciso recordar que, con arreglo a su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de esta Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Aunque los supuestos en los que se produce tal aplicación pueden ser muy variados, es preciso, sin embargo, que de la petición de decisión prejudicial se desprenda de modo claro e inequívoco que una norma de Derecho de la Unión distinta de la Carta es aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Como el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas por el órgano jurisdiccional remitente no pueden fundar por sí solas esta competencia.

               11.

               Por último, si bien el Tribunal de Justicia adopta su decisión teniendo necesariamente en cuenta el contexto jurídico y fáctico del litigio principal, tal como lo haya determinado el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, no es el propio Tribunal de Justicia quien aplica el Derecho de la Unión al litigio. Al pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia se esfuerza por dar una respuesta útil para la resolución del litigio principal, pero es el órgano jurisdiccional remitente quien debe extraer las consecuencias concretas de dicha respuesta, inaplicando, si fuera preciso, la norma nacional declarada incompatible con el Derecho de la Unión.

      Momento oportuno para plantear una petición de decisión prejudicial

               12.

               Un órgano jurisdiccional nacional puede plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede plantear tal petición.

               13.

               Sin embargo, como esa petición servirá de base al procedimiento que se siga ante el Tribunal de Justicia y como este último debe tener a su disposición todos los datos que le permitan, primero, verificar su competencia para pronunciarse sobre las cuestiones que se le plantean y, a continuación, en su caso, dar una respuesta útil a esas cuestiones, la decisión de plantear una cuestión prejudicial debe adoptarse en una fase del procedimiento en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de determinar, con suficiente precisión, el contexto jurídico y fáctico del asunto principal y las cuestiones jurídicas que desea plantear. En aras de una recta administración de la justicia, también puede resultar conveniente que la remisión se produzca tras un debate contradictorio.

      Forma y contenido de la petición de decisión prejudicial

               14.

               La petición de decisión prejudicial puede adoptar cualquiera de las formas admitidas por el Derecho nacional para los incidentes procesales, pero conviene tener en cuenta que esta petición servirá de base al procedimiento ante el Tribunal de Justicia y será notificada a todos los interesados mencionados en el artículo 23 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y en especial a todos los Estados miembros, con el fin de recoger sus eventuales observaciones. La necesidad correlativa de traducir dicha petición de decisión prejudicial a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea aconseja, pues, que el órgano jurisdiccional remitente la redacte de forma sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos. La experiencia demuestra que una decena de páginas suelen bastar para exponer adecuadamente el contexto jurídico y fáctico de una petición de decisión prejudicial.

               15.

               El artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia fija el contenido de toda petición de decisión prejudicial, que se recapitula posteriormente en el anexo del presente documento. Además del propio texto de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, la petición de decisión prejudicial debe contener:

                           —

                           una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en los que se basan las cuestiones prejudiciales;

                           —

                           el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente, y

                           —

                           la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, y de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

                     Si faltan uno o varios de estos elementos, el Tribunal de Justicia puede verse obligado bien a declararse incompetente para pronunciarse sobre las cuestiones que se le han planteado con carácter prejudicial, bien a declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

               16.

               En su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente debe proporcionar las referencias exactas de las disposiciones nacionales aplicables a los hechos del litigio principal e identificar con precisión las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita o de cuya validez duda. La petición incluirá, en su caso, un breve resumen de los argumentos pertinentes de las partes del litigio principal. En este contexto, conviene recordar que únicamente se traduce la petición de decisión prejudicial, y no los eventuales anexos que la acompañen.

               17.

               El órgano jurisdiccional remitente puede también indicar sucintamente su punto de vista sobre la respuesta que debe darse a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial. Tal indicación resulta útil para el Tribunal de Justicia, en particular cuando haya de pronunciarse sobre la petición en el marco de un procedimiento acelerado o de un procedimiento de urgencia.

               18.

               Por último, las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial deben figurar en una parte separada y claramente identificable de la resolución de remisión, preferentemente al principio o al final del texto. Estas cuestiones deben ser comprensibles por sí mismas, sin necesidad de consultar la motivación de la petición.

               19.

               Para facilitar su lectura, es esencial que la petición de decisión prejudicial que reciba el Tribunal de Justicia esté mecanografiada y que las páginas y los apartados de la resolución de remisión estén numerados.

               20.

               La petición de decisión prejudicial debe estar fechada y firmada y remitirse a la Secretaría del Tribunal de Justicia, por vía electrónica (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu) o por vía postal (Greffe de la Cour de justice, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg LUXEMBOURG). Cuando se remita por vía electrónica, el original de la petición de decisión prejudicial irá acompañado, en la medida de lo posible, por el envío electrónico del texto de la petición en un formato editable (programas de tratamiento de textos tales como «Word», «Open Office» o «LibreOffice»), a fin de facilitar la tramitación de la petición por el Tribunal de Justicia y, en particular, su traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

               21.

               La petición de decisión prejudicial ha de ir acompañada de todos los documentos pertinentes y útiles para la tramitación del asunto por el Tribunal de Justicia y, en particular, de los datos de contacto exactos de las partes del litigio principal y de sus eventuales representantes, así como de los autos del asunto principal o de una copia de los mismos. Estos autos (o la copia) —que podrán transmitirse por vía electrónica o por vía postal— se conservarán en la Secretaría mientras dure el procedimiento y podrán ser consultados allí mismo por los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto, a menos que el órgano jurisdiccional remitente dé instrucciones en sentido contrario.

               22.

               A fin de garantizar una óptima protección de los datos de carácter personal en el marco de la tramitación del asunto por el Tribunal de Justicia, así como en el ámbito de la notificación de la petición de decisión prejudicial a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto y de la difusión ulterior, en todas las lenguas oficiales de la Unión, de la resolución que ponga fin al procedimiento prejudicial, reviste gran importancia que el órgano jurisdiccional remitente, que es el único que dispone de un conocimiento íntegro de los autos sometidos al Tribunal de Justicia, proceda por sí mismo, en la petición de decisión prejudicial, a mantener el anonimato de las personas físicas a las que se mencione en la petición o a las que concierna el litigio principal, así como a ocultar los datos que podrían hacer posible la identificación de tales personas. En efecto, a causa de la creciente utilización de las nuevas tecnologías de la información y, en particular, del uso de los motores de búsqueda, carecería en gran medida de utilidad práctica que se ocultaran los datos y se garantizara el anonimato con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial y, a fortiori, después de la notificación de esta última a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto y de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la comunicación relativa al asunto de que se trate.

      Interacciones entre la remisión prejudicial y el procedimiento nacional

               23.

               Aunque el órgano jurisdiccional nacional sigue siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente cuando la cuestión planteada se refiera a la validez de un acto o disposición, la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña sin embargo la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie.

               24.

               Pese a que, en principio, el Tribunal de Justicia sigue conociendo de la petición de decisión prejudicial mientras no sea retirada, debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el papel del Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial consiste en contribuir a la administración efectiva de la justicia en los Estados miembros, y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. Como el procedimiento prejudicial presupone la existencia real de un litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, incumbe a este último advertir al Tribunal de Justicia de todo incidente procesal que pueda afectar a su propio conocimiento del asunto, y en particular de todo desistimiento, solución amistosa del litigio o cualquier otro incidente que dé lugar a la extinción del proceso. Si la resolución de remisión ha sido recurrida, el órgano jurisdiccional remitente debe informar también al Tribunal de Justicia de la eventual decisión del recurso interpuesto, así como de las consecuencias de esa decisión para la petición de decisión prejudicial.

               25.

               En aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y para preservar su utilidad, es preciso que esas informaciones se comuniquen al Tribunal de Justicia con la mayor brevedad. Además, conviene recordar a los órganos jurisdiccionales nacionales que la retirada de una petición de decisión prejudicial puede influir en la tramitación de asuntos similares (o de series de asuntos similares) ante el órgano jurisdiccional remitente. Cuando el resultado de varios asuntos pendientes ante dicho órgano dependa de la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones que le han sido planteadas, el órgano jurisdiccional remitente debe indicar que acumula tales asuntos en la petición de decisión prejudicial a fin de permitir que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones planteadas pese a la eventual retirada de uno o varios de esos asuntos.

      Costas y asistencia jurídica gratuita

               26.

               El procedimiento prejudicial es gratuito y el Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre las costas de las partes del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente; es este último el que debe pronunciarse al respecto.

               27.

               Si alguna de las partes del litigio principal carece de recursos suficientes, el Tribunal de Justicia podrá reconocerle el derecho a la asistencia jurídica gratuita para cubrir los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia, en especial los de representación letrada. Sin embargo, la asistencia jurídica gratuita únicamente podrá concederse en caso de que la parte de que se trate no la haya obtenido en el ámbito nacional o en la medida en que esta no cubra —o cubra solo parcialmente— los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia.

      Comunicación entre el Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional nacional

               28.

               Mientras dure el procedimiento, la Secretaría del Tribunal de Justicia se mantiene en contacto con el órgano jurisdiccional remitente, al que envía copia de todos los escritos procesales y, en su caso, las solicitudes de precisiones o de aclaraciones que se estimen ineludibles para responder útilmente a las cuestiones planteadas por dicho órgano.

               29.

               Al término del procedimiento, la Secretaría transmite la resolución del Tribunal de Justicia al órgano jurisdiccional remitente, solicitándole que informe al Tribunal de Justicia de la aplicación que haga de ella en el asunto principal y que le comunique su fallo definitivo en dicho asunto.

         II.   Disposiciones aplicables a las peticiones de decisión prejudicial que exigen una especial celeridad

               30.

               Con arreglo al artículo 23 bis del Estatuto y a los artículos 105 a 114 del Reglamento de Procedimiento, la petición de decisión prejudicial puede tramitarse en determinadas circunstancias mediante un procedimiento acelerado o un procedimiento de urgencia. La decisión de aplicar dichos procedimientos corresponde al Tribunal de Justicia, que la adopta, bien sobre la base de una petición debidamente motivada del órgano jurisdiccional remitente en la que se expongan las circunstancias de Derecho o de hecho que lo justifiquen, o bien de oficio, excepcionalmente, cuando considere que la naturaleza o las circunstancias específicas del asunto así lo requieren.

      Requisitos para la aplicación del procedimiento acelerado y del procedimiento de urgencia

               31.

               A tenor del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento, una petición de decisión prejudicial puede tramitarse mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones de ese Reglamento cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo. Dado que este procedimiento impone restricciones importantes a todos los actores que en él participan, y en particular a los Estados miembros, a quienes se pide que presenten sus observaciones, escritas u orales, en plazos mucho más breves que de ordinario, su aplicación solo debe solicitarse cuando aparezcan circunstancias específicas que justifiquen que el Tribunal de Justicia se pronuncie rápidamente sobre las cuestiones planteadas. Según reiterada jurisprudencia, la existencia de un gran número de personas o de situaciones jurídicas potencialmente afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente deberá dictar tras haber sometido la petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia no constituye, en cuanto tal, una circunstancia excepcional que justifique la aplicación del procedimiento acelerado.

               32.

               Esta conclusión se impone aún con mayor motivo en lo que respecta al procedimiento prejudicial de urgencia, establecido en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento. En efecto, este procedimiento, que únicamente se aplica a las materias contempladas en el título V de la tercera parte del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, impone restricciones aún mayores a los interesados, ya que limita el número de partes autorizadas a presentar observaciones escritas y permite, en casos de extrema urgencia, omitir completamente la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, solo debe solicitarse la aplicación de este procedimiento en circunstancias en las que sea absolutamente necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie muy rápidamente sobre las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

               33.

               Sin que puedan enumerarse aquí tales circunstancias de manera exhaustiva, principalmente dada la variedad y el carácter evolutivo de las normas del Derecho de la Unión que regulan el espacio de libertad, seguridad y justicia, un órgano jurisdiccional nacional podría plantearse, por ejemplo, formular una solicitud de procedimiento prejudicial de urgencia en el caso, contemplado en el artículo 267 TFUE, párrafo cuarto, de una persona detenida o privada de libertad, cuando la respuesta a la cuestión planteada sea determinante para la apreciación de la situación jurídica de esa persona, o bien en un litigio relativo a la patria potestad o a la custodia de hijos menores, cuando la competencia del juez que deba conocer del asunto en virtud del Derecho de la Unión dependa de la respuesta a la cuestión prejudicial.

      Solicitud de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia

               34.

               Para permitir que el Tribunal de Justicia decida rápidamente si hay que aplicar el procedimiento acelerado o el procedimiento prejudicial de urgencia, la solicitud debe exponer con precisión las circunstancias de hecho y de Derecho que acrediten la urgencia y, en particular, los riesgos que conlleva la aplicación del procedimiento prejudicial ordinario. En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente debe indicar también, sucintamente, su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas. En efecto, tal indicación facilita la toma de posición de las partes del litigio principal y de los demás interesados que participan en el procedimiento, y contribuye así a su celeridad.

               35.

               De cualquier manera, la solicitud de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia debe presentarse de modo que no exista ambigüedad alguna, a fin de que la Secretaría pueda apreciar de inmediato que el expediente requiere una tramitación específica. A tal efecto, se insta al órgano jurisdiccional remitente a que precise cuál de los dos procedimientos considera necesario en el caso de autos y a que mencione en su solicitud el artículo pertinente del Reglamento de Procedimiento (el artículo 105, relativo al procedimiento acelerado, o el artículo 107, relativo al procedimiento de urgencia). Esta mención debe figurar en un lugar claramente identificable de su resolución de remisión (por ejemplo, en el encabezamiento o en un documento judicial separado). En su caso, un escrito de acompañamiento del órgano jurisdiccional remitente puede ser útil para dejar constancia de esta solicitud.

               36.

               En lo que respecta a la propia resolución de remisión, su concisión resulta especialmente importante en una situación de urgencia, ya que contribuye a la celeridad del procedimiento.

      Comunicación entre el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente y las partes del litigio principal

               37.

               Se insta al órgano jurisdiccional que se proponga presentar una solicitud de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia a que envíe dicha solicitud, así como la resolución de remisión prejudicial —acompañada del texto de esta última en un formato editable (programas de tratamiento de textos tales como «Word», «Open Office» o «LibreOffice»)— mediante correo electrónico (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu).

               38.

               Para facilitar las ulteriores comunicaciones del Tribunal de Justicia tanto con el órgano jurisdiccional remitente como con las partes del litigio principal, se insta asimismo al órgano jurisdiccional remitente a que indique la dirección de correo electrónico o, en su caso, el número de fax, que el Tribunal de Justicia podrá utilizar para contactar con él, así como las direcciones electrónicas o, en su caso, los números de fax de los representantes de las partes del litigio.

      (1)  DO L 265 de 29.9.2012, p. 1.

      ANEXO

         Elementos esenciales de la petición de decisión prejudicial

      1.   Órgano jurisdiccional remitente

      La petición de decisión prejudicial debe indicar con exactitud el órgano jurisdiccional remitente y, en su caso, la sala o la formación que conozca del asunto y haya decidido plantear la petición, así como los datos de contacto completos de dicho órgano jurisdiccional, a fin de facilitar los contactos posteriores entre este y el Tribunal de Justicia.
      2.   Partes del litigio principal y representantes de las mismas

      La indicación del órgano jurisdiccional remitente irá seguida de la indicación de las partes del litigio principal y, en su caso, de las personas que las representan ante dicho órgano. Cuando ello sea necesario para proteger los datos de carácter personal, el órgano jurisdiccional remitente procederá a anonimizar la petición de decisión prejudicial y ocultará, a tal efecto, el nombre de las personas físicas a las que se mencione en la petición o a las que concierna el litigio principal, así como todos aquellos datos que hagan posible la identificación de tales personas.
      En la medida en que disponga de ellas, el órgano jurisdiccional remitente enviará al Tribunal de Justicia las dos versiones de la petición de decisión prejudicial, a saber, la versión nominativa, que incluirá el nombre y los datos de contacto completos de las partes del litigio principal, y la versión anonimizada. Esta última versión es la que, previa traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión, será notificada a todos los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto y la que se utilizará en la difusión y en las ulteriores publicaciones relativas al asunto de que se trate.
      3.   Objeto del litigio principal y hechos pertinentes

      El órgano jurisdiccional remitente debe describir, sucintamente, el objeto del litigio principal y los hechos pertinentes, tal como hayan sido constatados o aceptados por él mismo.
      4.   Disposiciones jurídicas pertinentes

      La petición de decisión prejudicial debe indicar con precisión las disposiciones nacionales aplicables a los hechos del litigio principal, incluidas en su caso las resoluciones jurisprudenciales pertinentes, y las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita o de cuya validez duda. Estas indicaciones deben ser completas e incluir el título y las referencias exactas de las normas de que se trate, así como sus referencias de publicación. En la medida de lo posible, las citas de jurisprudencia nacional o europea incorporarán igualmente el número ECLI («European Case Law Identifier») de la resolución citada.
      5.   Motivación de la remisión

      El Tribunal de Justicia solo puede pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial cuando el Derecho de la Unión sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente debe explicar las razones que lo han llevado a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión y la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal. Si lo cree oportuno para la comprensión del asunto, el órgano jurisdiccional remitente puede mencionar aquí las alegaciones de las partes a este respecto.
      6.   Cuestiones prejudiciales

      El órgano jurisdiccional remitente debe formular de modo claro y distinto las cuestiones que plantea con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia. Estas deben ser comprensibles por sí mismas, sin necesidad de consultar la motivación de la petición de decisión prejudicial.
      En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente también debe exponer sucintamente su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial.
      7.   Eventual necesidad de una tramitación específica

      Por último, cuando el órgano jurisdiccional remitente estime que la petición que plantea al Tribunal de Justicia requiere un tratamiento específico, ya sea en lo que respecta a la necesidad de preservar el anonimato de las personas a las que concierne el litigio principal, ya en lo relativo a la celeridad con la que el Tribunal de Justicia tiene que tramitarla, deberá exponer detalladamente la razones que abogan por ese tratamiento específico en la propia petición de decisión prejudicial y, en su caso, en el escrito que la acompañe.

         Aspectos formales de la petición de decisión prejudicial

      Las peticiones de decisión prejudicial deben presentarse de manera que faciliten su tratamiento informático posterior por parte del Tribunal de Justicia y, en particular, de un modo que permita escanearlas y aplicarles un método de reconocimiento óptico de caracteres. A estos efectos:

                  —

                  las peticiones de decisión prejudicial estarán mecanografiadas en papel blanco, sin rayas y de formato A4,

                  —

                  para el texto se utilizarán caracteres de un tipo usual (como Times New Roman, Courrier o Arial) y con un tamaño de al menos 12 puntos en el cuerpo del escrito y de 10 puntos en las eventuales notas a pie de página, con un interlineado de 1,5 y unos márgenes horizontales y verticales (márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de la página) de 2,5 cm como mínimo, y

                  —

                  todas las páginas de la petición de decisión prejudicial y todos sus apartados estarán numerados, con una numeración continuada y en orden creciente.

            La petición de decisión prejudicial debe estar fechada y firmada. Se remitirá al Tribunal de Justicia, junto con los autos del litigio principal, ya sea por vía electrónica (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu), ya mediante correo certificado dirigido a la Secretaría del Tribunal de Justicia (rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg LUXEMBOURG). Cuando se transmita por vía electrónica, el original de la petición de decisión prejudicial irá acompañado del envío electrónico del texto de la misma en un formato editable (programas de tratamiento de texto tales como «Word», «Open Office» o «LibreOffice»).
      Cuando se solicite la aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia, se recomienda utilizar preferentemente la vía electrónica para enviar tanto el original de la petición de decisión prejudicial como la versión editable de la misma.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de octubre de 2017, por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2017/4)

text:
               15.12.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 431/1

         RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
   de 20 de octubre de 2017
   por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial
   (JERS/2017/4)
   (2017/C 431/01)
   LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), en particular los artículos 3 y 16 a 18,
   Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero de 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 15, apartado 3, letra e), y los artículos 18 a 20,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El régimen de reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial establecido en la Recomendación JERS/2015/2 (3) de la Junta Europea de Riesgo Sistémico debe asegurar que todas las medidas de política macroprudencial basadas en la exposición al riesgo activadas en un Estado miembro se apliquen recíprocamente en los demás Estados miembros hasta donde sea posible.

               (2)

               Las autoridades pertinentes de los Estados miembros pueden eximir a proveedores de servicios financieros sin exposiciones importantes de esa aplicación recíproca (conforme al principio de no regular lo nimio).

               (3)

               El actual régimen de reciprocidad voluntaria de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) no orienta a las autoridades pertinentes en cuanto al umbral que deban emplear para determinar la importancia de las exposiciones. Al eximir a un proveedor de servicios financieros sin exposiciones importantes, la autoridad pertinente puede actualmente emplear el umbral que estime conveniente, lo que puede causar divergencias en la aplicación del principio de no regular lo nimio.

               (4)

               Para evitar posibles divergencias de esa clase, la autoridad activadora debe proponer, cuando solicite la aplicación recíproca, un umbral máximo de importancia al nivel del proveedor de servicios financieros. El Equipo de Evaluación permanente de la JERS al que hace referencia la Decisión JERS/2015/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4) puede recomendar un umbral diferente si lo considera necesario.

               (5)

               Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2015/2.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      Modificaciones

   La Recomendación JERS/2015/2 se modifica como sigue:

               1)

               En la sección 1, la recomendación B(2) se sustituye por la siguiente:

                           «2.

                           Si la aplicación recíproca por otros Estados miembros se considera necesaria para asegurar la eficacia de las medidas pertinentes, se recomienda a las autoridades activadoras pertinentes que presenten a la JERS una solicitud de reciprocidad junto con la notificación de la medida. La solicitud debe incluir una propuesta de umbral para determinar la importancia de las exposiciones.».

               2)

               En la sección 2, apartado 1, se añade la siguiente letra:

                           «i)

                           “umbral de importancia”, el umbral cuantitativo por debajo del cual se puede considerar como no importante la exposición de un proveedor de servicios financieros determinado al riesgo macroprudencial de que se trate en el país donde la autoridad activadora aplica la medida de política macroprudencial.».

               3)

               En la sección 2, apartado 2, el punto 1 se sustituye por el siguiente:

                           «1.

                           Las autoridades pertinentes pueden eximir a un proveedor de servicios financieros sujeto a su jurisdicción de la aplicación recíproca de una medida de política macroprudencial determinada cuando dicho proveedor de servicios financieros no tenga exposiciones importantes al riesgo macroprudencial de que se trate en el país donde la autoridad activadora pertinente aplica esa medida de política macroprudencial (conforme al principio de no regular lo nimio). Se solicita a las autoridades pertinentes que informen a la JERS de esas exenciones por medio del formulario de notificación de medidas de reciprocidad publicado en la dirección de la JERS en internet.
                           A fin de aplicar el principio de no regular lo nimio, la JERS recomienda emplear un umbral de importancia basado en el propuesto por la autoridad activadora pertinente conforme a la sección 1, recomendación B(2). La calibración del umbral debe seguir las mejores prácticas según las determine la JERS. El umbral de importancia es un umbral máximo recomendado. Las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida pueden aplicar el umbral recomendado, establecer si procede un umbral inferior para su jurisdicción, o aplicar recíprocamente la medida sin umbral de importancia. Cuando apliquen el principio de no regular lo nimio, las autoridades deben verificar si se han producido fugas y arbitraje regulatorio y, en caso necesario, suprimir los resquicios que permitan evitar la regulación.».

               4)

               En la sección 2, el apartado 4 se sustituye por el siguiente:

                           «4.

                              Modificación de la presente recomendación

                           La Junta General decidirá cuándo deba modificarse la presente recomendación. Las modificaciones consistirán en particular en medidas nuevas o revisadas de política macroprudencial que deban aplicarse recíprocamente conforme a la recomendación C y los anexos correspondientes que contienen información sobre medidas determinadas, incluido el umbral de importancia que establezca la JERS. La Junta General puede también ampliar los plazos establecidos en los apartados precedentes en caso de que sean necesarias iniciativas legislativas para seguir una o varias recomendaciones. En particular, la Junta General puede decidir modificar la presente recomendación, sea después de la revisión por parte de la Comisión Europea del régimen de reconocimiento obligatorio conforme al derecho de la Unión, sea en virtud de la experiencia adquirida en relación con el funcionamiento del mecanismo de reciprocidad voluntaria establecido en la presente recomendación.».

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 20 de octubre de 2017.

         Francesco MAZZAFERRO,

            Jefe de la Secretaría de la JERS,

            en nombre de la Junta General de la JERS

      (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

      (2)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

      (3)  Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 15 de diciembre de 2015, sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (DO C 97 de 12.3.2016, p. 9).

      (4)  Decisión JERS/2015/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de diciembre de 2015, sobre la coordinación de la notificación de las medidas nacionales de política macroprudencial por las autoridades pertinentes y la emisión de dictámenes y recomendaciones por la JERS y por la que se deroga la Decisión JERS/2014/2 (DO C 97 de 12.3.2016, p. 28).