title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Rumanía 2020/C 282/23

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/149

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Rumanía
      (2020/C 282/23)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Rumanía fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Rumanía con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Rumanía está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades están relacionadas con la competitividad de los costes y el aumento del déficit por cuenta corriente, en un contexto de política fiscal expansionista y un entorno empresarial imprevisible.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Rumanía a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones rumanas debido a sus considerables diferencias en materia de inversión y productividad laboral y a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades en el país, lo que invertiría la tendencia ya observada a una ligera reducción de dichas disparidades entre la capital y el resto del país, y entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 8 de mayo de 2020, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y, el 14 de mayo de 2020, su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Rumanía se encuentra sometida actualmente al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  El 3 de abril de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/509 (7), que concluyó que había un déficit excesivo en Rumanía a raíz del incumplimiento del criterio de déficit en 2019. La conclusión se basó en los objetivos fiscales actualizados del Gobierno, que reflejaban los datos de ejecución presupuestaria desde el comienzo del ejercicio. Los resultados de déficit de las administraciones públicas en 2019, del 4,3 % del producto interior bruto (PIB), confirmaron el incumplimiento. Este vino dado por un continuo aumento de los desequilibrios fiscales como consecuencia de una política fiscal expansionista desde 2016, en un período de fuerte crecimiento económico. Las excepciones sistemáticas y reiteradas a las normas fiscales nacionales durante ese período hicieron que estas fueran en gran medida ineficaces. Además, Rumanía omitió repetidamente tomar medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones que le hizo el Consejo en el contexto del procedimiento de desviación significativa. El 3 de abril de 2020, el Consejo emitió también una Recomendación (8) con vistas a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Rumanía a más tardar en 2022.

                  (13)

                  La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas rumanas ya estaba en peligro antes de la pandemia de COVID-19, debido a los elevados déficits presupuestarios y al aumento significativo previsto de los costes relacionados con el envejecimiento de la población, en particular las pensiones. Las pensiones de jubilación se incrementaron un 15 % en septiembre de 2019 y, atendiendo a la Ley de pensiones adoptada en el verano de 2019, deberían aumentar un 40 % en septiembre de 2020 y volver a revalorizarse en septiembre de 2021. El gasto en pensiones aumentaría así sustancialmente en el período 2020-2022. Los riesgos para la sostenibilidad fiscal se ven agravados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad económica y el esfuerzo fiscal necesario para amortiguarlo. Las decisiones previas en materia de política fiscal han dejado a Rumanía con escasas reservas fiscales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

                  (14)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, se prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 4,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 6,7 % del PIB en 2020, al tiempo que se prevé que la ratio deuda pública/PIB aumente del 35,2 % en 2019 al 40,9 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Además, las previsiones presupuestarias están sujetas a riesgos, como son el hecho de que las estimaciones de algunas partidas de ingresos no parecen haberse realizado en consonancia con las previsiones macroeconómicas subyacentes, mientras que la moderación de algunas partidas de gastos corrientes parece basarse en medidas de saneamiento presupuestario que no se especifican en el Programa.

                  (15)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Rumanía ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 1,2 % del PIB. Las medidas incluyen una prestación por desempleo técnico en favor de los asalariados y prestaciones similares en favor de otras categorías de trabajadores, equipos médicos y otros gastos para ayudar a combatir la COVID-19 y primas a los trabajadores del sector sanitario que se ocupan de pacientes con COVID-19. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Dichas medidas comprenden el aplazamiento de los pagos de impuestos, la aceleración de los reembolsos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), garantías para los préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), una moratoria temporal para el pago de las cuotas de los préstamos bancarios a los hogares y las pymes, y el aplazamiento del pago de alquileres y facturas de servicios públicos esenciales en favor de las pymes. Globalmente, las medidas tomadas por el Gobierno rumano están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020.

                  (16)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas rumanas sería del -9,2 % del PIB en 2020 y del -11,4 % del PIB en 2021. La Comisión prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 46,2 % del PIB en 2020.

                  (17)

                  El 16 de marzo de 2020, Rumanía declaró el estado de emergencia. A partir del 25 de marzo de 2020 se decretaron el cierre de todos los centros educativos y comercios, excepto los que venden productos de primera necesidad, así como restricciones para el cruce de fronteras. Únicamente se autorizaban los desplazamientos en zonas públicas en casos limitados, aplicándose medidas más estrictas para las personas mayores de 65 años. Rumanía también prohibió los viajes internacionales a determinados países e impuso a varias ciudades una estricta cuarentena. Esta situación ha repercutido negativamente en el sector productivo de la economía, ya que las medidas de confinamiento han afectado gravemente a la actividad económica. En el sector industrial, varios fabricantes interrumpieron su producción en la segunda quincena de marzo, lo que ha repercutido considerablemente en sectores clave, como la industria del automóvil. Se ha registrado una evolución similar en los sectores de la venta al por menor y la hostelería. El efecto agregado sumirá a la economía en una recesión en 2020. El estado de emergencia finalizó el 14 de mayo de 2020 y Rumanía anunció que iba a aplicar gradualmente medidas de desconfinamiento. A partir del 15 de mayo de 2020, se introdujeron medidas para facilitar los desplazamientos dentro de las ciudades, reabrir parcialmente los comercios minoristas e imponer el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos y comerciales cerrados, el transporte público y los lugares de trabajo. A finales de abril y principios de mayo de 2020, algunos fabricantes del sector del automóvil reanudaron gradualmente sus actividades. El Gobierno está preparando nuevas medidas destinadas a relanzar la economía.

                  (18)

                  La pandemia ha sometido al sistema sanitario a una presión sin precedentes. La crisis se ha abatido sobre un sistema caracterizado por deficiencias estructurales, como el bajo nivel de gasto y el acceso desigual a la atención sanitaria. En este contexto, una labor fundamental será mejorar la resiliencia del sistema sanitario y su capacidad de reacción frente a situaciones de tensión. En el marco de su respuesta inmediata, Rumanía compró productos médicos esenciales e incluyó los costes médicos relacionados con la COVID-19 en el paquete de prestaciones mínimas para las personas no aseguradas. La considerable escasez de personal sanitario, incluidos médicos de familia, así como la vetustez de las instalaciones sanitarias, la falta de productos médicos, la formación insuficiente de los trabajadores sanitarios y la limitada continuidad e integración entre los distintos niveles de asistencia, merman la resiliencia del sistema sanitario. Las necesidades médicas no satisfechas comunicadas estaban aumentando ya antes de la crisis de la COVID-19 y es probable que el acceso a la asistencia sanitaria se haya deteriorado. La pandemia ha puesto al descubierto en mayor medida las disparidades regionales y las lagunas en la cobertura sanitaria de los grupos de bajos ingresos y las personas mayores. A más largo plazo, el envejecimiento de la población y la migración son problemas que ejercen cada vez mayor presión sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. A la luz de la COVID-19, es igualmente importante solventar las cuestiones estructurales, incluido el desarrollo de la asistencia preventiva, ambulatoria y comunitaria, mediante la adopción por los poderes públicos de medidas muy específicas. Serán necesarias inversiones a largo plazo para reforzar el sistema sanitario rumano, proveyéndolo de los trabajadores y equipos sanitarios oportunos, mejorando la investigación tecnológica y aplicada y ampliando la cobertura y la accesibilidad de los servicios sanitarios a todos los ciudadanos, también en zonas no urbanas, en su caso mediante el recurso a servicios de sanidad electrónica.

                  (19)

                  El rápido crecimiento económico de los últimos años mejoró las condiciones sociales. La renta bruta disponible de los hogares aumentó un 5,7 % en 2019. El riesgo de pobreza y exclusión social, del 31,2 % en 2019, figuraba entre los más altos de la Unión, pero mostraba una tendencia a la baja constante. Sin embargo, el impacto de la pandemia en la economía puede provocar un deterioro de las condiciones sociales. La pobreza y la exclusión social, incluidas la pobreza infantil, la pobreza de los ocupados y las desigualdades de renta, aumentarán previsiblemente y los grupos vulnerables, como los trabajadores no convencionales, los trabajadores no declarados, los trabajadores por cuenta propia, los gitanos, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas sin hogar, estarán especialmente expuestos. La cobertura y la adecuación de las medidas de protección social y la eficacia del sistema tributario y de prestaciones a efectos de la redistribución de la renta siguen siendo limitadas. Los niños que viven en zonas rurales y asentamientos informales tienen un acceso limitado a servicios de atención y educación de la primera infancia de calidad o a una nutrición, atención sanitaria y vivienda adecuadas. Las transferencias sociales tienen una escasa incidencia en la reducción de la pobreza y el índice de referencia social utilizado como base para la mayoría de las prestaciones sociales no se ha actualizado desde 2008. La adecuación del subsidio de renta mínima sigue siendo una de las más bajas de la Unión. Aunque se aprobó en 2016, la reforma de la renta mínima de inclusión se ha aplazado nuevamente hasta 2021. Los servicios sociales y esenciales siguen siendo muy insuficientes, en particular los relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento, la energía y la vivienda. Por otra parte, la distribución territorial es desigual y se caracteriza por importantes disparidades regionales y entre zonas rurales y urbanas, lo que podría limitar la capacidad para contrarrestar el impacto de la pandemia. El potencial de la economía social para mejorar las condiciones sociales está aún por explotar.

                  (20)

                  A lo largo de 2019, la evolución del mercado de trabajo siguió siendo positiva, pero subsisten disparidades entre regiones, zonas rurales y urbanas y grupos socioeconómicos. Se registran elevados niveles de inactividad, en particular entre las mujeres, los jóvenes, las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad y las personas de más edad. En el contexto de la pandemia de COVID-19, es probable que los problemas existentes se intensifiquen, paralelamente al rápido aumento del desempleo y la inactividad. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 6,5 % en 2020 y se recupere llegando al 5,4 % en 2021. El trabajo no declarado sigue representando un reto y su impacto negativo podría agravarse en el contexto actual, poniendo así de relieve la necesidad de promover la transición hacia el trabajo declarado. En consecuencia, son esenciales servicios que respondan oportuna y específicamente a las necesidades de los grupos vulnerables y los trabajadores afectados por la crisis. Además del régimen de desempleo técnico que comenzó a aplicarse recientemente, con vistas a reforzar la resiliencia del mercado de trabajo a corto y largo plazo, es de vital trascendencia ampliar el acceso a regímenes de reducción del tiempo de trabajo, y fomentar medidas de apoyo a la renta, permitir fórmulas de trabajo flexible y el teletrabajo para los trabajadores afectados, con la cooperación de los interlocutores sociales.

                  (21)

                  La inadecuación y la escasez persistentes de capacidades, propiciadas por la evolución demográfica y la limitada pertinencia de la educación y la formación de cara al mercado de trabajo, coartaban el potencial de crecimiento económico de Rumanía incluso antes de la pandemia. El porcentaje de adultos que participan en actividades de aprendizaje, del 1,3 % en 2019, es uno de los más bajos de la Unión. La escasa participación en la atención y educación de la primera infancia agrava la desigualdad de oportunidades entre los alumnos. La equidad, la inclusividad y la calidad de la educación siguen siendo retos importantes y son necesarias reformas estratégicas en este ámbito. A pesar de ciertos avances en los últimos años, Rumanía registra un alto porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación (15,3 % en 2019) y de jóvenes que no estudian, trabajan ni reciben formación (14,7 %, lo que supone un ligero aumento con respecto a 2018). Sigue sin existir un mecanismo integrado y de ámbito nacional orientado a subsanar el abandono escolar prematuro. Los resultados educativos, especialmente en las zonas rurales y económicamente deprimidas, no muestran ninguna mejora. La participación en la enseñanza superior es reducida y sigue estando insuficientemente adaptada a las necesidades del mercado de trabajo. El número de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) sigue siendo bajo. Rumanía obtiene una mala puntuación en muchos componentes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, entre ellos los servicios públicos digitales, las competencias digitales de la población en general y la digitalización de las empresas. Las competencias digitales básicas y los conocimientos básicos de software se encuentran entre los más bajos de la Unión. Debido a la irregularidad de las infraestructuras digitales y la insuficiencia de competencias digitales, la transición al aprendizaje a distancia provocada por la pandemia de COVID-19 plantea problemas a los centros de educación y formación, al personal docente y a los estudiantes, en particular a los estudiantes desfavorecidos y los gitanos.

                  (22)

                  Debido a la pandemia de COVID-19 y a las consiguientes medidas de confinamiento, las cadenas de suministro se han interrumpido en todo el país y las empresas han tenido que reducir sus actividades o, incluso, cerrar, por lo que muchas personas no han podido trabajar. Las empresas de todos los tamaños, en particular las pymes, se ven seriamente afectadas por la perturbación del comercio y el confinamiento y se enfrentan a dificultades de liquidez y están en riesgo de quiebra. El Gobierno adoptó un conjunto de medidas que combinaban ayuda adaptada a las empresas y protección de la renta para todos los trabajadores afectados. Para recuperarse de la crisis, se necesitarán recursos adicionales con vistas a mantener el apoyo a las empresas y los hogares. El sector de los servicios requerirá una atención particular, ya que es el más perjudicado y se prevé que la contracción en algunos subsectores durará más que en la industria manufacturera. Las medidas de respuesta del Gobierno incluyen la creación de un régimen de garantía pública («IMM Invest»), con una dotación de 15 000 millones RON, por el que se ofrecerá una garantía estatal a las pymes que contraigan préstamos sin intereses para financiar inversiones y proporcionar capital circulante. Estas garantías también serán beneficiosas para los bancos, que deben conservar un nivel satisfactorio de capital y liquidez a fin de aportar el flujo de crédito necesario a los hogares y las empresas. Además, debido al papel hasta ahora más bien limitado que desempeñan los bancos en la concesión de créditos a las empresas, en particular a las pymes innovadoras, las garantías de préstamos por sí solas podrían no ser suficientes.

                  (23)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La crisis ha dejado aún más patente la necesidad vital para Rumanía de volver a poner en marcha obras públicas de infraestructura en ámbitos como el transporte sostenible, la energía limpia y las infraestructuras medioambientales y de servicios digitales. El transporte urbano adolece de una mala organización del sector y escasa capacidad administrativa de los proveedores locales. El sistema de gestión de residuos sigue caracterizándose por un nivel muy bajo de reciclado de los residuos municipales y unas tasas de vertido muy elevadas. La aplicación del plan nacional de energía y clima exigirá inversiones en la producción y utilización de fuentes de energía limpias, así como la reconversión de regiones monoindustriales y con elevadas emisiones de carbono. Deben intensificarse los esfuerzos para ampliar y modernizar la infraestructura de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Las inversiones en la red de control del aire son también indispensables atendiendo a las serias deficiencias estructurales observadas. Asimismo, es necesario modernizar todos los servicios públicos digitales que generan intercambios de información, en particular en los ámbitos social, educativo y sanitario, y garantizar su interoperabilidad. Las grandes disparidades regionales y la baja productividad de algunos sectores son perjudiciales para el crecimiento sostenible a largo plazo. Igualmente importantes son las inversiones para promover la competitividad de la economía mediante el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo (I+D), las pymes innovadoras y la integración en las cadenas de valor estratégicas de la Unión. La inversión en I+D de las empresas sigue siendo modesta y se limita a un número reducido de subsectores que dependen considerablemente de la inversión extranjera directa. La disminución de la financiación pública de la I+D ha redundado en una escasa calidad científica y tecnológica y una vinculación inadecuada entre el mundo académico y las empresas. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Rumanía a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Rumanía optimizar el uso de este Fondo.

                  (24)

                  La reforma de la administración pública está estancada. No existe un marco eficaz para la planificación estratégica y presupuestaria, lo que repercute en la visión estratégica del desarrollo a largo plazo del país, la priorización de las actuaciones y la coordinación de las políticas a nivel central y local. El marco estratégico sectorial está fragmentado y, en ocasiones, se observan solapamientos, sin que exista tampoco una priorización de las medidas que deben adoptarse en los distintos sectores. La función de gestión estratégica de la Secretaría General del Gobierno aún no se ha consolidado. La importante fragmentación de competencias y recursos sigue afectando a la prestación de servicios públicos, especialmente a nivel local y en las comunidades pobres. La burocracia y la insuficiente capacidad para prestar servicios de calidad, en particular digitales, están incidiendo negativamente en los ciudadanos y las empresas, especialmente durante esta crisis. Los complicados procedimientos administrativos para la creación de empresas o los requisitos reglamentarios impuestos a los proveedores de servicios, incluidas las profesiones reguladas, impiden un mayor desarrollo del mercado. Una cooperación reforzada entre las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades aduaneras rumanas puede ayudar a reducir el volumen de productos no conformes importados de fuera de la Unión. La frecuente reorganización y el recurso excesivo a mandos temporales menoscaba la independencia de la administración. La introducción del buen gobierno de la empresa en las empresas públicas sigue constituyendo un reto.

                  (25)

                  La previsibilidad de la toma de decisiones es aún un problema importante. Antes de la crisis, solo se respetaba en torno a una tercera parte del plan anual del Gobierno. El número de decretos de urgencia promulgados seguía siendo muy elevado, lo que genera incertidumbre y frena probablemente la inversión. Por ejemplo, el Decreto de Urgencia 114/2018 tuvo importantes efectos socioeconómicos en varios sectores, en particular el financiero. Si bien las disposiciones con efectos adversos sobre el sector bancario se han suprimido, siguen en vigor algunas de las medidas que pueden perjudicar a la viabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones del segundo pilar. La previsibilidad y la estabilidad de la legislación en materia de contratación pública aún dejan mucho que desear. La eficiencia de la contratación pública sigue siendo un problema, como lo es también la irreversibilidad de determinadas medidas, en particular la racionalización del control ex ante. La gobernanza, la calidad y el uso efectivo de las evaluaciones de impacto de la normativa apenas han mejorado. No existe un marco institucional para el control de la calidad a nivel gubernamental y todavía se están evaluando las opciones para la creación de un consejo de evaluación de las repercusiones de la normativa. El funcionamiento del diálogo social sigue siendo limitado, en particular a nivel sectorial, pese a que una participación significativa y continua de los interlocutores sociales es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de desescalada y recuperación a la luz de la crisis actual. El marco institucional establecido para la consulta no se utiliza adecuadamente para proporcionar información al proceso de toma de decisiones y tampoco implica suficientemente a los interlocutores sociales en el diseño y la aplicación de las reformas. Los debates sobre las modificaciones de la ley relativa al diálogo social y la revisión de los sectores económicos están estancados. El seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo en abril de 2018 sigue siendo incierto. La falta de un mecanismo objetivo permanente para determinar el salario mínimo puede socavar el entorno empresarial.

                  (26)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (27)

                  Tras los vientos contrarios que han soplado en diversas ocasiones en los últimos años, las presiones sobre el sector bancario han disminuido, puesto que a principios de 2020 se suprimieron varias medidas que causaron preocupación en el pasado, en particular el impuesto bancario. El sector bancario ha abordado la actual crisis de la COVID-19 con un buen nivel de capital y liquidez, y la ratio de préstamos dudosos ha descendido por debajo del 5 %. Las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a los hogares y las empresas, en particular las pymes, también contribuyen notablemente a la resiliencia del sector bancario y a la capacidad de los bancos para absorber las perturbaciones. Los bancos comerciales también han adoptado medidas para apoyar a los clientes, como el aplazamiento de los pagos de principal e intereses, la ampliación del plazo de reembolso de los créditos, el aprovisionamiento de los cajeros automáticos y la reducción de los gastos cobrados por los servicios en línea. El 20 de marzo de 2020, el Banco Nacional de Rumanía redujo el tipo de interés oficial y desde ese momento comenzó a comprar en el mercado secundario títulos de deuda pública denominados en RON para garantizar la correcta financiación de la economía real y del sector público. A pesar de las medidas adoptadas, entre las que se incluye la flexibilidad prudencial concedida por las autoridades de supervisión, es probable que la calidad de los activos se deteriore en los próximos meses. En este contexto, la aplicación de normas prudentes de concesión de préstamos y la concesión de apoyo con carácter prioritario a los prestatarios viables contribuirán a preservar la calidad de los activos del sector bancario. Además, es importante velar por un entorno normativo estable y previsible para los bancos, a fin de preservar su papel activo en el suministro de crédito a la economía y en la recuperación económica.

                  (28)

                  Las importantes modificaciones jurídicas y la considerable presión política ejercida sobre el poder judicial en 2017, 2018 y la mayor parte de 2019 han mermado la eficiencia, calidad e independencia del sistema judicial y su capacidad para investigar y penalizar la corrupción de alto nivel. Aunque el Gobierno promueve actualmente medidas para prevenir y penalizar la corrupción y se ha mostrado dispuesto a eliminar algunas de las medidas más controvertidas, Rumanía todavía no ha realizado las modificaciones legislativas necesarias. Estas cuestiones son objeto de seguimiento en el marco del mecanismo de cooperación y verificación. En virtud de este mecanismo, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía. Así pues, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para 2020 para Rumanía, pero son pertinentes para desarrollar un entorno socioeconómico positivo en el país.

                  (29)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Rumanía contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (30)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Rumanía en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (31)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (9), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (32)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Convergencia de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en la recomendación 4.

            RECOMIENDA a Rumanía que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Aplicar políticas fiscales que se ajusten a la Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020, adoptando al mismo tiempo todas las medidas necesarias para hacer frente eficazmente a la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Evitar la aplicación de medidas permanentes que pongan en peligro la sostenibilidad fiscal. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos, y mejorar el acceso a los servicios sanitarios.

                  2.

                  Proporcionar ingresos sustitutivos adecuados y extender las medidas de protección social y el acceso a los servicios esenciales a toda la población. Mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo mediante el desarrollo de fórmulas de trabajo flexibles y medidas de activación. Reforzar las cualificaciones y el aprendizaje digital y garantizar la igualdad de acceso a la educación.

                  3.

                  Proporcionar liquidez a la economía en beneficio de las empresas y los hogares, en especial las pymes y los trabajadores autónomos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentren en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes y la infraestructura energética, en particular en las regiones mineras.

                  4.

                  Mejorar la calidad y la eficacia de la administración pública y la previsibilidad de la toma de decisiones, en particular mediante la implicación adecuada de los interlocutores sociales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 135.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  Decisión (UE) 2020/509 del Consejo, de 3 de abril de 2020, sobre la existencia de un déficit excesivo en Rumanía (DO L 110 de 8.4.2020, p. 58).

         (8)  Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020 encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía (DO C 116 de 8.4.2020, p. 1).

         (9)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Eslovaquia 2020/C 282/25

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/164

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Eslovaquia
      (2020/C 282/25)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Eslovaquia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Eslovaquia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Eslovaquia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovaquia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Eslovaquia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización y las carencias en materia de infraestructuras, lo que entraña un sustancial riesgo de agravar las disparidades regionales dentro de Eslovaquia, especialmente entre la capital y la parte occidental del país, por una parte, y su parte oriental y sudoriental, por la otra. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 18 de mayo de 2020, Eslovaquia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

                  (11)

                  Eslovaquia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Eslovaquia garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 4,1 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,5 % del producto interior bruto (PIB). La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo estructural a medio plazo tanto en 2019 como en 2018 y 2019 considerados conjuntamente. No obstante, en vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia, no se justifican nuevas medidas en el marco del procedimiento de desviación significativa en relación con Eslovaquia.

                  (13)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 1,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 8,4 % en 2020. Según las previsiones, el déficit descendería hasta el 4,9 % del PIB en 2021, el 3,7 % en 2022 y el 2,9 % en 2023. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 48 % en 2019, aumentaría hasta el 61,2 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (14)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Eslovaquia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 2,6 % del PIB. Las medidas incluyen compensaciones salariales para los trabajadores por cuenta ajena, subvenciones para los trabajadores por cuenta propia, prestaciones de enfermedad y servicios asistenciales y compras de productos médicos vinculadas a la pandemia de COVID-19. Por otra parte, Eslovaquia ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 3 % del PIB. Estas medidas incluyen una moratoria del pago del impuesto de sociedades y de las cotizaciones sociales cuando los ingresos desciendan más de un 40 % (1,4 % del PIB) y garantías de préstamo (1,6 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Eslovaquia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (15)

                  Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las Administraciones públicas de Eslovaquia sería del -8,5 % del PIB en 2020 y del -4,2 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las Administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (16)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Eslovaquia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (17)

                  Tras el brote de COVID-19, Eslovaquia tomó medidas rápidas y sin precedentes para detener e impedir una mayor propagación del virus. Después de que se registrara el primer caso el 6 de marzo de 2020, declaró el estado de alarma y, el 12 de marzo de 2020, decretó un distanciamiento social estricto, una cuarentena y normas sanitarias, además de restricciones de viaje. Los comercios y la producción de importantes sectores económicos cerraron durante varias semanas, hasta que el Gobierno comenzó gradualmente a suavizar las restricciones a partir de finales de abril de 2020. Como consecuencia, se espera que la economía eslovaca entre en una recesión profunda en 2020, a medida que el consumo privado, la inversión y el comercio decaigan. Se estima que se contraerá acusadamente, en un 6,7 %, en 2020 y que el índice de desempleo alcanzará el 8,8 % en 2020, desde el 5,8 % registrado en 2019. Eslovaquia ha respondido con varios conjuntos de medidas para mitigar los efectos adversos de la crisis, incluida la reasignación de 1 200 millones EUR de fondos de la política de cohesión no utilizados. Las medidas incluyen regímenes de reducción del tiempo de trabajo con compensación salarial, apoyo a la renta de los trabajadores por cuenta ajena mediante prestaciones de enfermedad y servicios asistenciales y la concesión de subvenciones a los trabajadores por cuenta propia para compensar su pérdida de renta. Otras medidas para apoyar la liquidez de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia son los préstamos bancarios, la moratoria del pago de impuestos y de las cotizaciones de la seguridad social y la provisión de garantías bancarias y regímenes de intereses favorables. Un régimen de préstamos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) con una asignación inicial de 38 millones EUR se ampliará en otros 330 millones EUR de fondos no utilizados de la Unión y un régimen nacional con un montante de 500 millones EUR. Otras medidas consisten en la interrupción de las inspecciones tributarias y de las obligaciones de pago anticipado de impuestos o la moratoria en el pago de los alquileres para empresas y particulares.

                  (18)

                  La pandemia de COVID-19 ha aumentado la importancia de que Eslovaquia continúe abordando las deficiencias estructurales en su sistema sanitario. Son necesarias inversiones adicionales para aumentar su resiliencia, aliviar la escasez de personal sanitario y garantizar el suministro adecuado de productos e infraestructuras médicos críticos. Paralelamente a los esfuerzos para garantizar un número adecuado de trabajadores sanitarios en el futuro, unas políticas eficaces podrían reducir las disparidades geográficas en la disponibilidad de médicos y garantizar el acceso a la asistencia para toda la población. Modernizar la red hospitalaria y hacer frente a la infrafinanciación estructural de los hospitales públicos son medidas clave para aumentar la calidad y la eficacia en términos de costes de los servicios sanitarios. La prestación de asistencia primaria tiene que reforzarse para reducir la presión sobre los hospitales y mejorar el tratamiento de las enfermedades crónicas, además de aumentar la coordinación entre diferentes niveles y tipos de asistencia. Una particular preocupación es el acceso insuficiente a cuidados de larga duración asequibles y de calidad, debido a la infrafinanciación general de los servicios de cuidados comunitarios y en el hogar, la fragmentación de la gobernanza y la falta de coordinación sistémica de los servicios sociales y de asistencia sanitaria.

                  (19)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve las dificultades sociales previamente existentes en Eslovaquia. Ha creado una necesidad urgente de facilitar una sustitución de rentas adecuada para los trabajadores, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales. Con el fin de mitigar el impacto de la crisis sobre el desempleo, se han activado regímenes de reducción del tiempo de trabajo, con la contribución de los fondos de la Unión. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 8,8 % en 2020 y se recupere hasta alcanzar el 7,1 % en 2021. Pese a una cierta suavización en 2018, el sistema de prestaciones por desempleo en Eslovaquia se caracteriza por unos requisitos de admisibilidad estrictos, una duración relativamente corta de las prestaciones (seis meses por norma general, con pequeñas ampliaciones durante la crisis) y unos índices bajos de sustitución para los beneficiarios. Algunos grupos son particularmente vulnerables a la crisis y pueden experimentar un acceso limitado a la protección social y los servicios asistenciales, entre ellos las comunidades romaníes marginadas, que frecuentemente carecen de acceso a servicios esenciales, los ancianos y las personas con baja cualificación.

                  (20)

                  La crisis de la COVID-19 ha aumentado la necesidad de desarrollar las capacidades digitales de la población, incluidas las de los profesores, así como la necesidad de ampliar la conectividad de banda ancha, dado que muchos alumnos aún no tienen conexión a internet o carecen de otras condiciones para poder estudiar desde casa, en particular en las comunidades romaníes marginadas. Siguen existiendo dificultades en relación con el acceso igualitario a una educación inclusiva y de calidad, dado que los niveles de las capacidades básicas y el rendimiento general de los estudiantes se ven fuertemente afectados por su contexto socioeconómico. Existen diferencias pronunciadas de rendimiento entre escuelas y regiones, que también se reflejan en los elevados índices de abandono prematuro de la educación y la formación en algunas de ellas, en particular en el este del país. El atractivo de la profesión de profesor y la calidad de la educación inicial que lleva a la profesión siguen siendo bajos. Además, el índice nacional de matriculación de los niños en la educación infantil y atención a la primera infancia, en particular de los niños menores de tres años, es la más baja de la Unión, lo que tiene un impacto negativo sobre los resultados de la educación, especialmente para los niños más desfavorecidos.

                  (21)

                  La crisis de la COVID-19 ha convertido en una prioridad urgente para Eslovaquia el despliegue rápido del apoyo de liquidez a las empresas a través de préstamos y garantías bien orientados, con especial atención a las pymes, haciendo uso de la nueva flexibilidad que ofrece el Marco Temporal sobre ayudas estatales para dar apoyo a la economía y reasignando fondos de la política de cohesión. Unas garantías de riesgo adecuadas, combinadas con unos tipos de interés bajos y unos vencimientos largos, pueden contribuir a garantizar una concesión de préstamos rápida por parte de los intermediarios y su aceptación rápida por parte de las empresas. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. Permitir el pago aplazado de los impuestos y las cotizaciones sociales puede seguir ayudando a aliviar las restricciones de liquidez a corto plazo para las pymes y los trabajadores por cuenta propia. La lucha contra la evasión fiscal y la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias siguen siendo prioritarias para Eslovaquia a medio plazo, como medio de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover unas condiciones equitativas de competencia, en aras de facilitar la recuperación económica. Para garantizar unos saldos de tesorería viables para las pymes, es importante que las autoridades públicas a todos los niveles y las empresas reciban instrucciones de acelerar el pago de las facturas a sus proveedores.

                  (22)

                  La promoción de un entorno empresarial favorable y la mejora de la calidad de los servicios públicos son cruciales para la recuperación y para crear un clima de inversión más propicio. Para garantizar la eficacia de las medidas de recuperación, es importante reducir la carga administrativa innecesaria y simplificar los procedimientos, en particular mediante el uso efectivo de «ventanillas únicas» para las empresas. La eficacia general de las instituciones y la Administración públicas eslovacas sigue siendo baja, aunque puede mejorarse mediante una mayor digitalización, una mejor coordinación y planificación de la infraestructura digital y el desarrollo de programas informáticos. Otros esfuerzos de reforma podrían mejorar la coordinación de la elaboración de políticas y normas y garantizar un alto rendimiento de la función pública y de la gestión de recursos humanos. Para mejorar la resiliencia de la economía, Eslovaquia se beneficiaría del aumento de la capacidad de innovación de las empresas, en particular de las pymes, haciendo frente a la fragmentación en la gobernanza del ecosistema de investigación e innovación. Una mejor cooperación entre las empresas, la investigación, el mundo académico y el sector público puede servir de apoyo para el intercambio de conocimientos y capacidades y ayudar a las empresas a innovar y desarrollar nuevas posibilidades de trabajo y producción.

                  (23)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Permitir a las regiones menos desarrolladas que alcancen a sus pares y que aumenten su conocimiento, competitividad y productividad exigirá una inversión más estratégica en Eslovaquia, particularmente para desarrollar infraestructuras, incluidos los servicios digitales y otros servicios clave, y mejorar las redes de transporte. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la existencia de brechas de infraestructura previas. La ampliación de la cobertura y la velocidad de la banda ancha permitirá un acceso más igualitario y mejorado a internet. El sistema educativo y el mercado de trabajo eslovacos podrían mejorar con esfuerzos para dotar a la población con mejores conjuntos de capacidades para una sociedad y una economía cambiantes, en particular mediante el aprendizaje durante toda la vida, una cooperación más fuerte entre las empresas y la educación a todos los niveles y una mejor vinculación de los programas de formación y de recualificación a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.

                  (24)

                  La recuperación del crecimiento económico exigirá esfuerzos estratégicos e inversiones específicas en los próximos años para permitir a Eslovaquia aprovechar las oportunidades de creación de una economía más sostenible y con un mayor valor añadido. Estos esfuerzos deben tener en cuenta las disparidades regionales. Los ámbitos prioritarios para los esfuerzos adicionales determinados en el Plan Nacional de Energía y Clima de Eslovaquia incluyen la reducción de la intensidad energética de la industria, el apoyo a las soluciones de eficiencia energética, en particular para los hogares, y la inversión en energías renovables. Un entorno regulatorio más capacitante podría servir para aumentar la proporción de las fuentes de energía renovable en la oferta energética. Eslovaquia se beneficiaría de la aceleración de la aplicación del plan de acción para la transformación de Horná Nitra, lo que permitiría reorientar fondos hacia soluciones para toda la región y aprovechar la oportunidad de superar la desaparición progresiva del carbón. La reducción de la contaminación del aire provocada por la quema de combustibles sólidos y el aumento de las emisiones procedentes del transporte, la mejora del sistema de gestión de residuos con soluciones innovadoras de recogida y tratamiento, la culminación de las redes de agua potable y aguas residuales para hacer frente a los problemas sanitarios, el apoyo a los proyectos de redes inteligentes y el avance de la industria hacia la economía circular y climáticamente neutra pueden ayudar a situar a Eslovaquia en la senda del crecimiento económico sostenible. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Eslovaquia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Ello permitiría a Eslovaquia optimizar la utilización de ese Fondo.

                  (25)

                  Las nuevas tendencias de la delincuencia organizada internacional, incluido el uso indebido de entidades jurídicas con fines de blanqueo de capitales, suponen una presión para que Eslovaquia mejore su marco de lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de impedir la delincuencia económica y luchar contra ella. La comprensión de la exposición al riesgo sigue siendo bajo, a pesar de los ambiciosos planes gubernamentales destinados a reforzar la prevención, la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales. El carácter limitado de los recursos humanos y la formación impide la supervisión eficaz de los profesionales que participan en la formación de las empresas. Las medidas adoptadas en virtud del plan de acción del Gobierno aún no han facilitado las herramientas para detectar y enjuiciar eficazmente los delitos de blanqueo de capitales y para confiscar activos.

                  (26)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (27)

                  Eslovaquia debe continuar trabajando en su compromiso de abordar preocupaciones específicas en lo que respecta a la integridad general de su sistema de justicia, ya que estas pueden socavar la confianza en su funcionamiento efectivo. Los avances en la aplicación de las reformas para luchar contra la corrupción siguen siendo limitados en Eslovaquia. Una serie de reformas relacionadas con la prevención o su aplicación aún están pendientes, entre ellas normas sobre los grupos de presión, los regalos, las incompatibilidades y los contactos con terceros en la toma de decisiones y la protección de los denunciantes. Aunque las estadísticas penales fluctúan, el número de casos de corrupción de alto nivel sometidos a investigación sigue siendo bajo, aunque los esfuerzos para sancionar a las personas jurídicas muestran ciertos efectos.

                  (28)

                  El Semestre Europeo establece el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Eslovaquia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (29)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Eslovaquia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (30)

                  En el marco del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Eslovaquia y lo ha publicado en el informe específico de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Eslovaquia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Eslovaquia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (31)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Eslovaquia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, impulsar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario en lo que respecta al personal sanitario, los productos médicos críticos y la infraestructura. Mejorar la prestación de asistencia primaria y la coordinación entre los tipos de asistencia.

                  2.

                  Facilitar una sustitución de rentas adecuada y garantizar el acceso a la protección social y a los servicios esenciales para todos. Reforzar las capacidades digitales. Garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad.

                  3.

                  Aplicar medidas eficaces para garantizar la liquidez para las pymes y los trabajadores por cuenta propia. Cerrar la brecha de infraestructuras digitales. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para favorecer la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de la energía y los recursos, el transporte público sostenible y la gestión de los residuos.

                  4.

                  Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Garantizar un entorno empresarial favorable y unos servicios públicos de calidad a través del refuerzo de la coordinación y la elaboración de políticas. Abordar las preocupaciones relativas a la integridad del sistema de justicia.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 148.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.