title: Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009 , sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (Texto pertinente a efectos del EEE )

text:
               7.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 176/17

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 29 de junio de 2009
   sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2009/524/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Un mercado único que funcione correctamente es esencial para crear empleo y crecimiento, y para fomentar la estabilidad económica. Cuanto más eficaz sea el mercado único, más mejorará el entorno empresarial, lo que animará a las empresas a invertir y crear puestos de trabajo, y más aumentará la confianza de los consumidores y la demanda. Así pues, en un contexto de recesión económica, es esencial el buen funcionamiento del mercado único para facilitar la recuperación de la economía europea.

               (2)

               Para que el mercado único funcione de manera adecuada, es fundamental que las normas que afectan a su funcionamiento (en lo sucesivo, «las normas del mercado único») se transpongan, se apliquen, se cumplan y se controlen debidamente, y estén suficientemente armonizadas.

               (3)

               La consulta y el análisis realizados para preparar la Comunicación de la Comisión «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (en lo sucesivo, «el estudio del mercado único») (1) pusieron de manifiesto una serie de deficiencias que muestran que el mercado único todavía no funciona tan eficientemente como debería. Es preciso seguir trabajando en muchos ámbitos y sectores. Con frecuencia los ciudadanos y las empresas no pueden aprovechar las múltiples oportunidades que les ofrece el mercado único porque las normas no se aplican ni se cumplen correctamente.

               (4)

               En el estudio del mercado único la Comisión propuso por tanto un conjunto de medidas concretas para garantizar que los ciudadanos y las empresas continúen beneficiándose de las ventajas económicas derivadas del mercado único (2).

               (5)

               Las medidas adoptadas por los Estados miembros y por la Comisión deberían ser complementarias. Para el funcionamiento adecuado del mercado único resulta vital la adopción de un enfoque coordinado y cooperativo, que asocie a la Comisión y los Estados miembros, con el objetivo común de mejorar la transposición, la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único. El enfoque asociativo propuesto en el contexto de la presente Recomendación va más allá de la cooperación ya existente en diversos ámbitos estratégicos del mercado único. Requiere el establecimiento y el mantenimiento de una colaboración más estrecha en y entre los Estados miembros, así como con la Comisión, en todos los ámbitos pertinentes para el mercado único. Asimismo, implica que los Estados miembros asuman una responsabilidad compartida y, en consecuencia, un papel más proactivo en la gestión del mercado único.

               (6)

               En el estudio del mercado único, y en particular en los debates ulteriores con los Estados miembros, se señalaron algunos ámbitos que se consideran cruciales para lograr el correcto funcionamiento del mercado único, a saber: garantizar la coordinación en las cuestiones relacionadas con el mercado único; mejorar la cooperación en y entre los Estados miembros, así como con la Comisión; mejorar la transposición de las normas del mercado único; vigilar los mercados y los sectores a fin de detectar posibles fallos de funcionamiento; mejorar la aplicación de las normas del mercado único; reforzar el cumplimiento de las normas del mercado único y promover los mecanismos de resolución de problemas; fomentar una evaluación periódica de la legislación nacional; e informar a los ciudadanos y las empresas sobre sus derechos en el mercado único.

               (7)

               La presente Recomendación se inspira en gran medida en las soluciones que ya se aplican en algunos Estados miembros y que se ha demostrado que funcionan en la práctica. Corresponde a cada Estado miembro elegir las prácticas más idóneas para garantizar la aplicación de la presente Recomendación, teniendo en cuenta las opciones que resultarían más eficaces en el contexto nacional, ya que prácticas y procedimientos que son eficaces en un Estado miembro pueden no serlo tanto en otro.

               (8)

               La investigación muestra que los Estados miembros deben mejorar su coordinación interna en las cuestiones relacionadas con el mercado único, puesto que las competencias están actualmente dispersas entre diferentes autoridades nacionales (3). Dado que en la aplicación de las normas del mercado único puede intervenir un amplio abanico de autoridades nacionales, regionales y locales en cada Estado miembro, debe fomentarse una mayor cooperación entre todas ellas. Por consiguiente, conviene que los Estados miembros ofrezcan y consoliden una función de coordinación del mercado único dentro de sus Administraciones nacionales; dicha función podrá variar en función de las estructuras y tradiciones administrativas nacionales específicas. Las autoridades que la asuman deben ser plenamente responsables de la planificación, el control y la evaluación de la aplicación de la presente Recomendación.

               (9)

               Una estrecha cooperación transfronteriza entre las autoridades de los Estados miembros competentes en cuestiones relativas al mercado único permite generar confianza mutua y resulta de vital importancia para la correcta aplicación de las normas del mercado único. Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de las redes transfronterizas o los sistemas electrónicos de información creados por la Comisión [por ejemplo, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), RAPEX (4), RASFF (5) o la Red de cooperación para la protección de los consumidores], instaurando mecanismos adecuados, incluida la asignación de recursos.

               (10)

               Los cuadros de indicadores del mercado interior han demostrado que sigue siendo necesario mejorar el cumplimiento de los plazos y la calidad a la hora de transponer las directivas del mercado único. Si bien la Recomendación de la Comisión de 12 de julio de 2004 relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior (6) (en lo sucesivo, «la Recomendación de la Comisión de 2004») se ha aplicado en gran medida, lo que ha dado lugar a una notable mejora del porcentaje de transposición, algunos aspectos de la misma aún deben aplicarse más eficazmente. La presente Recomendación señala que algunas medidas de la Recomendación de la Comisión de 2004 (aún hoy una referencia para las Administraciones de los Estados miembros que se ocupan de la transposición) siguen siendo necesarias y las amplía. La presente Recomendación también se inspira en sendas Comunicaciones de la Comisión: «Una Europa de resultados — La aplicación del derecho comunitario» (7) y «Revisión del proceso Lamfalussy — Mayor convergencia en la supervisión» (8).

               (11)

               La vigilancia de los mercados es necesaria para determinar en qué sectores estos no funcionan correctamente para los consumidores y las empresas, y para orientar las políticas del mercado único hacia esos ámbitos. En consecuencia, la vigilancia debe convertirse en una parte integrante de la elaboración y el seguimiento de las políticas del mercado único (por ejemplo, a través del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo). La cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros en la vigilancia de los mercados y la recopilación de datos mejorará la calidad de los datos y los análisis para su uso a nivel nacional y comunitario, y contribuirá a crear consenso en torno a las cuestiones relativas al mercado único. Se anima a los Estados miembros a participar en los ejercicios de vigilancia del mercado llevados a cabo por la Comisión y a proceder a ejercicios similares a nivel nacional, adaptándolos a las necesidades nacionales específicas.

               (12)

               Algunos estudios nacionales han subrayado la importancia de la formación para ayudar a los funcionarios, incluidos los jueces, en los niveles nacional, regional y local de la Administración, a transponer, aplicar y garantizar el cumplimiento de las normas del mercado único. En este contexto, es importante garantizar que dichas normas, así como su impacto en la competitividad exterior de la Comunidad en general, se tomen siempre en consideración a la hora de elaborar legislación nacional. La importancia de la formación fue confirmada también por un estudio y una resolución recientes del Parlamento Europeo sobre el papel de los jueces nacionales y por su Resolución de 2005 sobre la ley de competencia (9), así como por una resolución adoptada recientemente por el Consejo (10). Asimismo, los funcionarios deberían recibir orientaciones sobre el Derecho comunitario en general y sobre las normas del mercado único en particular.

               (13)

               Garantizar el cumplimiento efectivo de las normas del mercado único y adoptar medidas adecuadas para resolver los problemas que encuentran los ciudadanos y las empresas es esencial para ayudar a todos ellos a beneficiarse de las libertades que garantiza el Tratado. Sobre la base de la cooperación ya lograda en el ámbito de la resolución de problemas, en particular a través de SOLVIT (11), los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, deberían mejorar la capacidad de los mecanismos de resolución de problemas, bien en los órganos jurisdiccionales nacionales, bien mediante mecanismos extrajudiciales, de proporcionar una reparación efectiva. Es importante que se aborden las circunstancias que han dado lugar a los diferentes problemas encontrados.

               (14)

               La supervisión y la evaluación periódicas de la legislación nacional son importantes porque permiten comprobar cómo se aplican en la práctica las normas del mercado único y determinar las disposiciones que podrían impedir a ciudadanos y empresas aprovechar plenamente las ventajas que ofrecen estas normas. Estas tareas deberían llevarse a cabo más sistemáticamente en todos los Estados miembros.

               (15)

               Encuestas Eurobarómetro recientes (12) y peticiones dirigidas a los servicios de información y de resolución de problemas de la Comisión muestran que es necesario facilitar más información a los ciudadanos y las empresas sobre sus derechos en el mercado único para que puedan ejercerlos en la práctica. Además, debería ofrecerse a los ciudadanos y las empresas la posibilidad de obtener ayuda al hacer valer esos derechos. A tal efecto, conviene que los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y, cuando proceda, en cooperación con los interesados, velen por que se proporcione información y consejos prácticos sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos y las empresas que desean vivir, estudiar, trabajar, crear empresas o suministrar bienes o servicios en otro Estado miembro.

               (16)

               En el anexo de la presente Recomendación figuran medidas que los Estados miembros podrían adoptar para aplicar la Recomendación y una lista de prácticas de algunos Estados miembros en las que se basan dichas medidas. Se considera que, aunque al principio algunas medidas pueden implicar costes, también deben permitir realizar ahorros, por ejemplo racionalizando prácticas administrativas, y, a la larga, mejorar el funcionamiento del mercado único, beneficiando de esta forma a los consumidores y las empresas.

               (17)

               Conviene controlar los avances en la aplicación de la presente Recomendación en estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, por ejemplo mediante debates en el seno del Comité consultivo del mercado interior sobre la base de referencias e indicadores. A fin de que la Comisión pueda proceder a evaluar los efectos de la presente Recomendación cuatro años después de su publicación en el Diario Oficial, los Estados miembros deben presentar a la Comisión, tres años después de esta publicación, informes sobre las medidas adoptadas para aplicar la Recomendación.

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1)

               Ofrezcan y consoliden una función de coordinación del mercado único, con el fin de favorecer una coordinación eficaz en y entre las autoridades responsables de las cuestiones relacionadas con el mercado único a nivel nacional, regional y local, y de servir de punto de referencia para el mercado único dentro de la Administración.

               2)

               Faciliten una cooperación activa entre las autoridades administrativas responsables de las cuestiones del mercado único en los diferentes Estados miembros, y con la Comisión, mediante la asignación de recursos suficientes.

               3)

               Tomen todas las medidas necesarias para mejorar la transposición de las directivas que afectan al mercado único.

               4)

               Apoyen los trabajos de la Comisión en relación con la vigilancia del mercado y la recogida de datos al respecto, contribuyendo activamente a estas tareas a nivel comunitario, y, si es pertinente, realizando tareas similares a nivel nacional.

               5)

               Velen por que las autoridades y los funcionarios nacionales tengan suficientes conocimientos del Derecho comunitario en general y de las normas del mercado único en particular, con el fin de aplicar con eficacia las normas del mercado único y, cuando proceda, tomen en consideración estas normas a la hora de preparar e introducir nueva legislación nacional.

               6)

               Faciliten y fomenten una resolución rápida y eficaz de los problemas que encuentren los ciudadanos y las empresas en el ejercicio de sus derechos del mercado único, adoptando medidas para mejorar el cumplimiento de las normas del mercado único y, en particular, garantizando que los jueces tengan conocimientos suficientes del Derecho comunitario, incluidas las normas del mercado único, y apoyando de manera adecuada los mecanismos de resolución de problemas.

               7)

               Evalúen periódicamente la legislación nacional para garantizar el pleno cumplimiento de las normas del mercado único y, en este sentido, examinen el uso de las exenciones y excepciones previstas en las normas en vigor sobre el mercado único.

               8)

               Aumenten la información práctica a disposición de los ciudadanos y las empresas sobre las cuestiones relacionadas con el mercado único.

               9)

               Examinen las medidas y prácticas que se exponen en el anexo y, habida cuenta de sus tradiciones institucionales nacionales, adopten aquellas que conducirán, o cabe esperar que conduzcan, a una mejora del funcionamiento del mercado único y sean más adecuadas para aplicar la presente Recomendación.

               10)

               Cooperen con la Comisión y los demás Estados miembros en la supervisión de la aplicación de la presente Recomendación, informen periódicamente a la Comisión sobre las medidas adoptadas para aplicarla y presenten un informe final a la Comisión tres años después de la publicación de la presente Recomendación en el Diario Oficial.

      Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2009.

            Por la Comisión

         Charlie McCREEVY

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2007) 724 final, de 20.11.2007.

      (2)  Durante el período 1992-2006, el PIB comunitario aumentó un 2,15 % y se crearon 2,75 millones de puestos de trabajo adicionales; entre 1995 y 2005, el comercio intracomunitario creció un 30 % [SEC(2007) 1521 de 20.11.2007].

      (3)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Instruments for a modernised single market policy» (Instrumentos para una política del mercado único modernizada) [SEC(2007) 1518 de 20.11.2007].

      (4)  Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios.

      (5)  Sistema de alerta rápida para los alimentos y los piensos.

      (6)  DO L 98 de 16.4.2005, p. 47.

      (7)  COM(2007) 502 final, de 5.9.2007.

      (8)  COM(2007) 727 final, de 20.11.2007.

      (9)  Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (INI/2007/2027 de 9.7.2008); Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2004 (INI/2005/2209 de 20.3.2006).

      (10)  Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, 14757 de 28 de octubre de 2008.

      (11)  Comunicación de la Comisión «Resolución Eficaz de Problemas en el Mercado Interior (“SOLVIT”)» [COM(2001) 702 final, de 27.11.2001].

      (12)  http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204

      ANEXO

         Medidas y prácticas para mejorar el funcionamiento del mercado único

      1.   MEDIDAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR COORDINACIÓN DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL MERCADO ÚNICO
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  atribuir a una autoridad nueva o existente en la Administración nacional la responsabilidad de coordinar las cuestiones relacionadas con el mercado único;

                  b)

                  garantizar la coordinación entre los Ministerios y los organismos públicos de las cuestiones relacionadas con el mercado único;

                  c)

                  garantizar la coordinación entre los Ministerios y los organismos públicos por una parte, y las autoridades regionales y locales por otra, así como entre las autoridades regionales y entre las autoridades locales;

                  d)

                  asegurarse de que los Ministerios y organismos públicos pertinentes y otras instituciones tienen en cuenta las normas del mercado único;

                  e)

                  estudiar la posibilidad de agrupar las responsabilidades de una serie de actividades relacionadas con el mercado único en una sola autoridad, teniendo en cuenta la organización de la Administración nacional;

                  f)

                  planificar, controlar y evaluar la aplicación de la presente Recomendación.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                              —

                              Responsabilidad de la coordinación de las cuestiones relacionadas con el mercado único

                  Cooperación interministerial

                              —

                              Existen grupos de trabajo interministeriales sobre cuestiones relacionadas con el mercado único que reúnen a representantes de las autoridades pertinentes.

                  Coordinación vertical

                              —

                              Existen redes especiales, por ejemplo en el ámbito de la contratación pública o de la vigilancia del mercado, en las que participan autoridades regionales y locales. Estas redes disponen de bases de datos o sitios web comunes.

                              —

                              Los representantes regionales y locales participan en los trabajos de los grupos interministeriales sobre los temas que les afectan.

                  Visibilidad política

                              —

                              Se celebran regularmente debates políticos sobre cuestiones relacionadas con el mercado único, por ejemplo en los subcomités del Consejo de Ministros nacional.

                              —

                              El Parlamento nacional participa activamente en el análisis de las cuestiones relacionadas con el mercado único, por ejemplo elaborando informes o llevando a cabo investigaciones en este ámbito.

                  Apoyo

                              —

                              Un organismo público garantiza la compatibilidad de la legislación nacional con las normas del mercado único, por ejemplo analizando los proyectos legislativos nacionales.

                  Agrupación de las actividades del mercado único

                              —

                              Algunos organismos públicos son responsables de diversas actividades relacionadas con el mercado único, tales como SOLVIT, el sistema IMI, las notificaciones en virtud de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y del Reglamento (CE) no 2679/98 (2), y la coordinación del establecimiento de las ventanillas únicas en el marco del conjunto legislativo sobre mercancías.

            2.   MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS Y CON LA COMISIÓN
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  impartir de forma permanente formación pertinente en materia lingüística, informática y de otro tipo, y dar a conocer mejor las redes existentes y las normas aplicables en materia de protección de datos, a fin de hacer plenamente operativas a nivel nacional las redes comunitarias (por ejemplo, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), RAPEX, RASFF o las redes de cooperación para la protección de los consumidores, etc.);

                  b)

                  organizar, por ejemplo mediante las redes existentes, intercambios de funcionarios responsables de las cuestiones relacionadas con el mercado único entre las Administraciones nacionales;

                  c)

                  velar por que la cooperación activa entre las autoridades responsables de las cuestiones relacionadas con el mercado único en los diferentes Estados miembros forme parte integrante de la cultura administrativa nacional;

                  d)

                  ) tomar medidas organizativas para poder responder rápidamente a las solicitudes de información de la Comisión sobre la aplicación de las normas del mercado único a nivel nacional y, en particular, en el contexto del proyecto piloto de la UE (3) y de los procedimientos de infracción.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Cooperación entre las autoridades nacionales

                              —

                              Los países nórdicos y bálticos cooperan estrechamente en materia de vigilancia del mercado, aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (4), y otras cuestiones relacionadas con el mercado único.

                              —

                              Las autoridades nacionales cooperan en los ámbitos de la contratación pública (por ejemplo, a través de la Red de Contratación Pública) y la vigilancia del mercado. Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado en el campo de la seguridad de los productos de consumo no alimentarios cooperan estrechamente a través de la red Prosafe, y el sistema ICSMS facilita la vigilancia del mercado de los productos técnicos.

                  Intercambios administrativos

                              —

                              Las autoridades nacionales de competencia participan en intercambios de funcionarios nacionales en el contexto de la Red Europea de Competencia.

                              —

                              Algunas de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y de las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores participan en intercambios de funcionarios, en el contexto de la Red de seguridad de los productos, en el marco de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (6);

                  Recursos financieros y humanos

                              —

                              Se han designado equipos independientes para crear la Red de Información del Mercado Interior (IMI) y se les han asignado recursos humanos y financieros suficientes para desarrollar esta red en sus Estados miembros.

                  Formación

                              —

                              Tras haber seguido cursos de formación de la Comisión, representantes de las autoridades nacionales forman a otros miembros de la red IMI a nivel nacional. Esta práctica funciona de manera óptima cuando la función de formación se incluye en la descripción de las funciones de estos funcionarios.

            3.   MEDIDAS PARA MEJORAR LA TRANSPOSICIÓN DE LAS NORMAS DEL MERCADO ÚNICO
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  prepararse de antemano para la transposición, la aplicación y el cumplimiento de las directivas del mercado único a nivel nacional;

                  b)

                  velar por que todos los funcionarios afectados cooperen estrechamente y facilitar que los funcionarios responsables de la transposición y la aplicación de una directiva a nivel nacional participen también en las negociaciones de esa directiva;

                  c)

                  mejorar la cooperación entre la Administración nacional y los Parlamentos nacionales, regionales y descentralizados, y las autoridades regionales y locales que intervienen en la transposición, y proporcionarles, en caso necesario, toda la información pertinente relacionada con las negociaciones y el proceso de transposición;

                  d)

                  cuando resulte útil, facilitar a los interesados durante el proceso de transposición información sobre las propuestas legislativas del mercado único que puedan ser de interés para las empresas y los ciudadanos;

                  e)

                  evitar añadir disposiciones suplementarias que no sean necesarias para transponer una directiva (7);

                  f)

                  facilitar el diálogo con la Comisión sobre la transposición de las directivas del mercado único utilizando diversos medios, por ejemplo tablas de correspondencias, con objeto de aumentar la transparencia y la facilidad de uso de la legislación nacional.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Preparación anticipada

                              —

                              Cuando la Comisión presenta una directiva, se elaboran evaluaciones nacionales de impacto que incluyen un análisis detallado de los efectos para el Estado miembro afectado y las implicaciones potenciales de la transposición o la aplicación. Se actualizan a lo largo del proceso de transposición.

                  Continuidad

                              —

                              Los funcionarios que intervienen en la negociación, la transposición y la aplicación de las directivas cooperan estrechamente. Esta necesidad de continuidad se subraya en las directrices nacionales relativas a la transposición.

                  Cooperación con los Parlamentos

                              —

                              Se envía información a los Parlamentos nacionales en una fase temprana y de manera periódica sobre los progresos en la transposición de directivas comunitarias, por ejemplo mediante un cuadro trimestral de indicadores.

                  Cooperación con las autoridades regionales y locales

                              —

                              Los funcionarios de las autoridades regionales o descentralizadas participan en el trabajo de los grupos interministeriales de coordinación de la transposición.

                              —

                              Se organizan actividades de formación y conferencias sobre el proceso de transposición para todos los niveles de la Administración pública y para las ONG.

                  Comunicación con las partes interesadas

                              —

                              El público tiene acceso a una base de datos simplificada en internet sobre la transposición. En los sitios web de los Ministerios se incluye información sobre los progresos de la transposición y se publica en internet una lista de las directivas que no se han transpuesto en los plazos previstos.

                              —

                              Las autoridades nacionales están obligadas a proporcionar a los ciudadanos orientaciones sobre nuevas leyes de transposición al menos 12 semanas antes de su entrada en vigor.

                  Evitar «requisitos adicionales innecesarios»

                              —

                              Existen procedimientos específicos para gestionar y controlar el riesgo de añadir medidas manifiestamente innecesarias al transponer las directivas; por ejemplo, un comité gubernamental específico lleva a cabo un control sistemático de los proyectos nacionales de transposición que van más allá de los requisitos de las directivas.

                  Tablas de correspondencias

                              —

                              Se utilizan tablas de correspondencias con fines de información y análisis.

            4.   MEDIDAS PARA MEJORAR LA VIGILANCIA DE LOS MERCADOS Y SECTORES A FIN DE DETECTAR POSIBLES DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONAMIENTO
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  recoger información cualitativa y cuantitativa sobre los mercados o sectores objeto de vigilancia, por ejemplo a partir de los análisis de mercado realizados por medios universitarios, consultores o interesados, o de los datos recogidos por los institutos nacionales de estadística y los organismos que tramitan las reclamaciones;

                  b)

                  determinar las fuentes locales de información y facilitar el compromiso de los agentes locales en el proceso de vigilancia del mercado, por ejemplo organizando consultas o reuniones a nivel local entre la Comisión y los principales agentes locales;

                  c)

                  participar en las tareas de vigilancia de aspectos específicos, por ejemplo análisis de la competencia, evaluaciones de la normativa o recogida de datos para medir cómo funcionan los mercados respecto a los consumidores (por ejemplo, a través de la recopilación periódica de los precios medios de servicios y productos de consumo comparables, la clasificación de las denuncias de los consumidores o la elaboración de indicadores adecuados para medir la calidad del cumplimiento).

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Recogida de información

                              —

                              Los Estados miembros proporcionan a la Comisión información sobre los mercados o sectores supervisados (por ejemplo, en el contexto del ejercicio de vigilancia del mercado en el comercio al por menor).

                  Aspectos específicos de la vigilancia

                              —

                              La vigilancia se lleva a cabo también desde la perspectiva del consumidor (por ejemplo, se publica anualmente un Índice de las condiciones de los consumidores referido a 57 mercados que se comparan entre sí; su metodología se ha seguido en otros Estados miembros) o de la competencia (por ejemplo, vigilancia de un sector minorista nacional desde una perspectiva de competencia).

                  Vigilancia a nivel nacional

                              —

                              Se llevó a cabo un ejercicio piloto de análisis, en estrecha colaboración con la Comisión, para comprobar si la metodología de la Comisión podría utilizarse a nivel nacional y proporcionar una orientación para ulteriores análisis más profundos en los Estados miembros.

            5.   MEDIDAS PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL MERCADO ÚNICO
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas en relación con los funcionarios responsables de la aplicación de las normas del mercado único:

                  a)

                  impartir formación sobre el Derecho comunitario en general y las normas del mercado único en particular cuando se incorporen al puesto de trabajo;

                  b)

                  elaborar programas de formación continua en el puesto de trabajo sobre el Derecho comunitario en general y las normas del mercado único en particular;

                  c)

                  proporcionar orientación y asesoramiento de carácter práctico en relación con las normas del mercado único y su aplicación.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Formación

                              —

                              Se organiza una formación obligatoria sobre el Derecho comunitario destinada a los funcionarios; por ejemplo, el Derecho comunitario es una parte obligatoria de la preparación para acceder a un puesto en la Administración pública. Se organizan seminarios obligatorios sobre cuestiones relacionadas con la Administración pública, incluida una introducción sobre temas comunitarios.

                  Formación continua en el puesto de trabajo

                              —

                              Se organiza formación sobre cuestiones comunitarias y el mercado único mediante módulos de formación en línea. Se preparan boletines de carácter periódico. Se celebran conferencias o sesiones de formación regulares en la Administración nacional.

                              —

                              Existen programas de formación específicos para funcionarios sobre el mercado interior.

                  Orientación y asesoramiento prácticos

                              —

                              Una guía específica del mercado interior ayuda a los funcionarios nacionales a mejorar sus conocimientos y cualificaciones. Asimismo, se elaborarán directrices detalladas sobre el reconocimiento mutuo tras la adopción del conjunto legislativo sobre mercancías.

                              —

                              Un servicio de asistencia específico tramita las consultas de los funcionarios sobre el mercado único.

                              —

                              En los sitios web de los Ministerios nacionales se publican notas explicativas sobre cómo comprender e interpretar un acto jurídico, a fin de proporcionar información específica sobre la aplicación.

                  Formación y exámenes sobre el Derecho comunitario y las normas del mercado único

                              —

                              El Derecho comunitario es una parte obligatoria de la formación jurídica.

                              —

                              Para obtener un puesto en la Administración pública, los funcionarios deben aprobar un examen que incluye temas de Derecho comunitario y normas del mercado único.

            6.   MEDIDAS PARA REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL MERCADO ÚNICO Y PROMOVER LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
      (1)   Mecanismos extrajudiciales de resolución de problemas
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  garantizar que existan procedimientos transparentes, sencillos y poco onerosos a disposición de los ciudadanos y las empresas para la solución alternativa de conflictos (ADR);

                  b)

                  participar y contribuir activamente, en particular aportando recursos suficientes, en el funcionamiento y desarrollo de los mecanismos de resolución de problemas a nivel comunitario, como SOLVIT y el proyecto piloto de la UE;

                  c)

                  facilitar a los ciudadanos y las empresas (en los sitios web relacionados con el mercado único) suficiente información sobre los mecanismos existentes de resolución de problemas a nivel nacional y comunitario;

                  d)

                  abordar las causas subyacentes de los problemas que implican el recurso a los mecanismos de resolución de problemas.

            (2)   Órganos jurisdiccionales nacionales
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  proporcionar a los jueces formación básica sobre el Derecho comunitario en general y sobre las normas del mercado único en particular cuando asuman sus funciones, así como programas de formación continua en el puesto de trabajo, en particular mediante la Red Europea de Formación Judicial (8), que organiza y financia el intercambio de jueces;

                  b)

                  garantizar que se pueda acceder fácilmente a información completa y actualizada sobre la legislación comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relacionadas con el mercado único, en particular mediante el futuro portal comunitario de e-Justicia (9), que ofrecerá una ventanilla (electrónica) única para información sobre la justicia europea y permitirá acceder a los procedimientos judiciales europeos;

                  c)

                  animar a los órganos jurisdiccionales nacionales a recoger y poner a disposición información sobre sentencias nacionales importantes en el ámbito del mercado único, en particular sentencias nacionales que aplican cuestiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Mecanismos ADR

                              —

                              Existe una red de pequeños tribunales para asuntos civiles especializada en litigios menores, con el fin de adoptar resoluciones de manera más rápida, más eficaz y menos costosa. Se ocupa de la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales.

                  Participación en mecanismos ADR comunitarios

                              —

                              Cuando la cooperación de una autoridad nacional competente no ha sido satisfactoria, los centros SOLVIT recurren en segunda instancia a un nivel superior de la Administración a fin de encontrar una solución.

                  Información sobre los mecanismos ADR

                              —

                              Se promueve SOLVIT a través de una cooperación más estrecha con grupos de interesados y del envío a los mismos de fichas de información.

                  Formación

                              —

                              El Ministerio de Justicia organiza cursos especiales de formación destinados a jueces sobre las normas del mercado único.

                              —

                              Los programas de formación sobre el Derecho comunitario son obligatorios para los jueces en prácticas.

                  Fácil acceso a la información

                              —

                              Una unidad específica de un Ministerio nacional, especializada en las normas del mercado único, prepara resúmenes de la jurisprudencia comunitaria destinados a los jueces.

                              —

                              Se publican resúmenes de sentencias importantes en un boletín jurídico.

                  Intercambio de información sobre sentencias nacionales importantes relacionadas con la aplicación de las normas del mercado único

                              —

                              Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a informar sobre sentencias importantes referentes al Derecho comunitario y sobre resoluciones relativas a cuestiones prejudiciales; todo ello se publica en un boletín.

            7.   MEDIDAS PARA FOMENTAR UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  desarrollar un enfoque sistemático para supervisar y evaluar la legislación nacional de aplicación de las normas del mercado único, a fin de detectar cualquier incoherencia en su aplicación, por ejemplo mediante consultas con los interesados, recabando información de los mecanismos existentes de resolución de problemas, etc.;

                  b)

                  examinar, cuando sea posible, las normas y las prácticas administrativas nacionales vigentes, con el fin de determinar las disposiciones que podrían impedir que ciudadanos y empresas se beneficien plenamente de las oportunidades que brinda el mercado único; y adaptar, en su caso, el marco reglamentario nacional;

                  c)

                  tomar medidas organizativas para garantizar que se siga de cerca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, en ese contexto, evaluar periódicamente la compatibilidad de la legislación y las prácticas administrativas nacionales con las normas del mercado único.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Evaluación de la aplicación

                              —

                              Se elaboran a posteriori informes y auditorías de evaluación de impacto para supervisar la aplicación de las directivas del mercado único.

                              —

                              Se realizan sistemáticamente consultas con los interesados para comprobar si se aplican, y cómo se aplican, determinados conjuntos de normas interrelacionadas del mercado único y su impacto en las empresas y los ciudadanos.

                  Análisis de las normas y procedimientos nacionales

                              —

                              Se llevan a cabo análisis exhaustivos de la legislación nacional en el ámbito de la libre circulación de bienes y servicios.

                  Comprobación del impacto de las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Justicia

                              —

                              Las autoridades nacionales analizan sistemáticamente la conveniencia de modificar la legislación nacional a raíz de sentencias recientes del Tribunal de Justicia.

            8.   MEDIDAS DESTINADAS A INFORMAR MEJOR A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS SOBRE SUS DERECHOS DEL MERCADO ÚNICO
      Se invita a los Estados miembros a adoptar las siguientes medidas:

                  a)

                  promover y dar a conocer mejor los servicios de información comunitarios (10) dentro de la Administración nacional y en el exterior, a nivel nacional, regional y local, en función de los trabajos de la Comisión, en particular los Servicios de Asistencia del Mercado Único;

                  b)

                  reforzar la coordinación entre los puntos de contacto nacionales responsables de los servicios de información comunitarios;

                  c)

                  poner a disposición en varias lenguas y de forma fácilmente accesible en un sitio web información práctica sobre los derechos y obligaciones del mercado único; e introducir referencias cruzadas claras entre todos los portales nacionales y comunitarios pertinentes con información relacionada con el mercado único, en particular a través del portal «Tu Europa»;

                  d)

                  organizar campañas y programas de información sobre las ventajas y oportunidades que ofrece el mercado único.

                  Prácticas existentes en algunos Estados miembros en relación con las medidas propuestas

                  Promover los servicios de información comunitarios

                              —

                              Se proporciona información específica a los grupos de interesados más afectados a través de internet, folletos, prospectos, seminarios y campañas de sensibilización.

                  Coordinación de los servicios de información comunitarios a nivel nacional

                              —

                              Un grupo de coordinación agrupa a Europe Direct, Enterprise Europe Network, Eurojus, los Centros Europeos de los Consumidores (red CEC) y los puntos de contacto FIN-NET.

                  Información fácilmente accesible

                              —

                              En portales horizontales de la administración electrónica, en sitios web nacionales especializados en cuestiones comunitarias o en sitios web específicos destinados a las empresas o a los ciudadanos se ofrece un volumen considerable de información y consejos sobre el mercado único destinados a los ciudadanos y las empresas extranjeras, así como a los nacionales que desean viajar al extranjero.

                              —

                              Está previsto crear un sitio web nacional con información sobre el mercado único. El sitio estaría patrocinado por una autoridad gubernamental y mantenido por todas las demás autoridades afectadas.

                  Campañas de información

                              —

                              Se está elaborando un programa de información sobre el mercado único que incluirá publicaciones, cursos de formación y conferencias públicas para informar a los ciudadanos y las empresas sobre las oportunidades que ofrece el mercado único.

         (1)  Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

         (2)  Reglamento (CE) no 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros (DO L 337 de 12.12.1998, p. 8).

         (3)  En abril de 2008 se puso en marcha la fase de prueba del proyecto «piloto UE», con la participación de 15 Estados miembros, cuyo objetivo es lograr respuestas más rápidas a las consultas y reclamaciones relativas a la correcta interpretación y aplicación del Derecho comunitario, gracias a un método de trabajo más informal entre la Comisión y los Estados miembros.

         (4)  DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

         (5)  DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.

         (6)  DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.

         (7)  Sin perjuicio de la transposición de las disposiciones que establezcan requisitos mínimos en las directivas derivadas de competencias compartidas de conformidad con el Tratado CE (en particular, el artículo 137).

         (8)  http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm

         (9)  El portal e-Justicia se pondrá en marcha el 14 de diciembre de 2009.

         (10)  Entre los que cabe citar Europe Direct, el Servicio de Orientación a los Ciudadanos, Tu Europa, EURES, los Centros Europeos de los Consumidores y la red Enterprise Europe Network.


title: Recomendación del Consejo, de 16 de febrero de 2010 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (octavo FED) para el ejercicio 2008

text:
               20.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 45/15

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 16 de febrero de 2010
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (octavo FED) para el ejercicio 2008
   (2010/102/UE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 (1) y modificado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995 (2),
   Visto el Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del Cuarto Convenio ACP-CE (3), denominado en lo sucesivo «el Acuerdo interno», por el que se crea, entre otros, un octavo Fondo Europeo de Desarrollo (octavo FED), y, en particular, su artículo 33, apartado 3,
   Visto el Reglamento financiero, de 16 de junio de 1998, aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al Cuarto Convenio ACP-CE (4), y, en particular, sus artículos 66 a 74,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del octavo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2008, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2008, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 33, apartado 3, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del octavo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del octavo FED durante el ejercicio 2008 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del octavo FED para el ejercicio 2008.

      Hecho en Bruselas, el 16 de febrero de 2010.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         E. SALGADO

      (1)  DO L 229 de 17.8.1991, p. 3.

      (2)  DO L 156 de 29.5.1998, p. 3.

      (3)  DO L 156 de 29.5.1998, p. 108.

      (4)  DO L 191 de 7.7.1998, p. 53.

      (5)  DO C 269 de 10.11.2009, p. 257.


title: Recomendación del Consejo, de  27 de abril de 2006 , sobre la elaboración de acuerdos entre los servicios de policía, de aduanas y otros servicios especializados en el cumplimiento de la ley en materia de prevención y lucha contra la delincuencia

text:
               25.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 124/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 27 de abril de 2006
   sobre la elaboración de acuerdos entre los servicios de policía, de aduanas y otros servicios especializados en el cumplimiento de la ley en materia de prevención y lucha contra la delincuencia
   (2006/C 124/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   RECORDANDO que:

               (1)

               uno de los objetivos de la Unión Europea es el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, elaborando una acción en común entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal;

               (2)

               este objetivo debe alcanzarse mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o no, especialmente el terrorismo, el tráfico de seres humanos y los delitos contra menores, el tráfico de drogas y armas ilícitas, la corrupción y el fraude, y en particular mediante una cooperación más estrecha entre las fuerzas de policía, las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes de los Estados miembros; que es preciso asimismo reforzar la cooperación con órganos, instituciones y organismos de la UE como la Comisión (OLAF), Europol, Eurojust y CEPOL, así como entre los mismos si procede.

               (3)

               la acción en común prevista en el artículo 30 del Tratado de la Unión Europea en el ámbito de la cooperación policial incluye la cooperación operativa entre las autoridades competentes, incluidos los servicios de policía, de aduanas y otros servicios especializados de los Estados miembros en el cumplimiento de la ley, en relación con la prevención, detección e investigación de hechos delictivos;

               (4)

               para lograr este objetivo de la manera más eficiente, es necesario un alto grado de cooperación a nivel nacional entre los servicios de policía, de aduanas y otros servicios especializados en el cumplimiento de la ley;

               (5)

               el Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo en noviembre de 2004, subraya que para lograr un nivel de protección óptima del espacio de libertad, seguridad y justicia se requiere una actuación multidisciplinar y concertada tanto a escala de la UE como nacional entre los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes, en particular la policía, las aduanas y la guardia de fronteras;

               (6)

               las comunicaciones de la Comisión tituladas «Reforzar la cooperación policial y aduanera en la Unión Europea», «Comunicación sobre la mejora del acceso a la información por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley», y «Desarrollo de un concepto estratégico para hacer frente a la delincuencia organizada»;

               (7)

               en los Estados miembros existen disposiciones o protocolos jurídicos y administrativos diferentes sobre el papel y las funciones de las fuerzas de policía, las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en relación con la prevención y la lucha contra la delincuencia;

               (8)

               para evitar la duplicación de esfuerzos entre las fuerzas de policía, las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes, y utilizar sus recursos complementarios de forma óptima, resulta fundamental promover y garantizar un nivel alto de conexión y cooperación, y una respuesta organizativa efectiva,

               (9)

               la Resolución del Consejo, de 29 de noviembre de 1996, sobre el establecimiento de acuerdos policiales y aduaneros en la lucha contra la droga (1) insta a los Estados miembros a establecer acuerdos entre la policía y los servicios aduaneros en materia de lucha contra los estupefacientes, y que se ha reconocido la necesidad de ampliar estos acuerdos a otros ámbitos delictivos;

         RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1.

               que adopten las medidas necesarias para establecer, sin perjuicio de las disposiciones legislativas y administrativas nacionales, acuerdos formales u otros arreglos a nivel nacional entre fuerzas de policía, autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en relación con la prevención y la lucha contra la delincuencia;

               2.

               que incorporen en particular, en estos acuerdos u otros arreglos, disposiciones que abarquen las siguientes cuestiones:

                           a)

                           delimitación precisa y respeto de las competencias de cada servicio;

                           b)

                           intercambio y utilización mutuos de información pertinente y de inteligencia estratégica, táctica y operativa, en caso adecuado, en particular facilitando el acceso mutuo directo o indirecto a bases de datos, con el debido respeto a los derechos individuales y a las normas de protección de datos;

                           c)

                           desarrollo y promoción de buenas prácticas;

                           d)

                           procedimientos para las cuestiones operativas, y en su caso:

                                       —

                                       acciones conjuntas,

                                       —

                                       patrullas móviles conjuntas,

                                       —

                                       equipos conjuntos de investigación,

                                       —

                                       equipos conjuntos de información,

                                       —

                                       equipamiento compartido entre servicios y cooperación para el desarrollo, la adquisición, el despliegue y la utilización de la tecnología;

                           e)

                           intercambio de funcionarios de enlace entre las oficinas centrales de las fuerzas policiales, las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes, así como en la unidad nacional de Europol y en las oficinas nacionales de Europol, con objeto de reforzar la confianza mutua y facilitar la comunicación, cuando se considere necesario y de conformidad con el Derecho nacional.

                           f)

                           formación conjunta para las autoridades competentes, en caso pertinente, con el apoyo de la CEPOL;

                           g)

                           intercambio de información sobre las técnicas de análisis e investigación y, en caso pertinente, evaluación común de su aplicación;

                           h)

                           intercambio de estadísticas sobre la delincuencia y, en caso pertinente, desarrollo de un sistema común para la recogida de datos;

                           i)

                           según el caso, promoción a nivel nacional de un concepto de plataforma común a varios servicios, formada por funcionarios de las fuerzas policiales, autoridades aduaneras y otras autoridades competentes, en especial para el intercambio internacional de información;

                           j)

                           posible participación en estructuras permanentes de cooperación multilateral entre los servicios de policía, aduanas y otros servicios especializados en el cumplimiento de la ley en regiones de las fronteras interiores de los Estados miembros de la UE;

                           k)

                           establecimiento de acuerdos que prevean contactos estrechos a nivel local;

                           l)

                           declaraciones de prensa conjuntas en el caso de acciones comunes.

               3.

               que informen al Consejo en un plazo de un año y a través de la Secretaría General de las medidas que adopten a raíz de la presente Recomendación.

               4.

               den efecto a la presente Recomendación que sustituye a la Resolución de 29 de noviembre de 1996 sobre el establecimiento de acuerdos policiales y aduaneros en la lucha contra la droga.

      (1)  DO C 375 de 12.12.1996, p. 1.


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		52014DC0428

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2014 de Suecia /* COM/2014/0428 final */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de Suecia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
de 2014 de Suecia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en
particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Suecia y
emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Suecia para
2012-2016.
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[5], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[6],
en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que serían
objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis y modernizar la Administración pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados de su examen exhaustivo sobre Suecia[7],
con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. En su análisis, la
Comisión concluye que Suecia sigue experimentando desequilibrios
macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de medidas. En
particular, conviene seguir prestando atención a la deuda de los hogares
combinada con las ineficiencias del mercado de la vivienda. Aunque el amplio
superávit actual de la balanza por cuenta corriente no presenta riesgos
similares a los de los déficit importantes, y se halla parcialmente relacionado
con la necesidad de desapalancamiento, la Comisión
seguirá de cerca la evolución de la balanza por cuenta corriente de Suecia.
(8)
El 16 de abril de 2014, Suecia presentó su
Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014.
Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han
evaluado al mismo tiempo.
(9)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
que se expone en el Programa de Convergencia de 2014 es garantizar un superávit
medio de las administraciones públicas del 1 % del PIB a lo largo del
ciclo económico, conforme a lo previsto en el marco fiscal sueco. El programa
confirma el objetivo a medio plazo fijado en el programa anterior, a saber, un
déficit estructural del 1 % del PIB, cifra que se ajusta a los requisitos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Partiendo del saldo estructural
(recalculado), el Programa de Convergencia prevé unos resultados que cumplirán,
con creces, el objetivo a medio plazo durante el periodo de programación.
También según el Programa, la deuda de las administraciones públicas, que se
mantiene considerablemente por debajo del valor de referencia del 60 % del
PIB, se reducirá del 41,5 % del PIB en 2014 al 35 % en 2017. De forma
global, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa se ajusta a los
requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico
en el que se sustentan las previsiones presupuestarias es realista. Por lo que
respecta a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, un elevado
porcentaje del PIB se dedica a la asistencia de larga duración y se prevé un
considerable aumento del gasto a largo plazo como consecuencia del
envejecimiento de la población, lo que llevará el gasto de Suecia en 2060 a un
6,4 % del PIB. Para hacer frente a esa situación, Suecia habría de
asegurar la existencia de superávits primarios suficientes y contener en mayor
medida los gastos relacionados con el envejecimiento a fin de asegurar la
sostenibilidad fiscal a largo plazo. Partiendo de su evaluación del Programa de
Convergencia de 2014 y de las previsiones de la Comisión, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo opina que el
Programa de Suecia se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y que los riesgos para los objetivos presupuestarios son limitados.
(10)
El alto nivel de endeudamiento del sector
privado y, en particular, de los hogares suecos, sigue siendo fuente de
preocupación. Además, la exposición del sector financiero a los hogares –en
contraposición con el sector empresarial– ha ido aumentando en línea con la
deuda del sector de los hogares, actualmente equivalente al 83 % del PIB
o, grosso modo, al 160 % de la renta disponible. El endeudamiento
se ve propiciado por el continuo aumento del crédito y la lentitud de
amortización de las hipotecas. En caso de aumento de los tipos de interés, de
bajada de los precios de la vivienda o de evolución macroeconómica adversa, el
alto nivel de endeudamiento del sector de los hogares sería un factor de
riesgo. Tales circunstancias afectarían a los hogares y sus patrones de consumo
y podrían tener efectos indirectos en el sector bancario, al aumentar el número
de préstamos morosos y el coste de financiación en los mercados. Suecia no ha
anunciado ni adoptado medidas dirigidas a corregir la distorsión a favor del
endeudamiento en la fiscalidad sobre la vivienda, lo que podría efectuarse en
un contexto de redistribución fiscal sin aumentar la carga fiscal global. Sin
embargo, Suecia ha adoptado ciertas medidas destinadas a fomentar una política
de crédito prudente, como la introducción en mayo de 2013 de un límite mínimo
del 15 % de la ponderación por riesgo de las hipotecas, porcentaje cuyo
aumento también se ha anunciado. No obstante, las prácticas de amortización
siguen siendo relajadas, con periodos de amortización muy largos, por debajo de
un 75 % de la ratio entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble,
y no se han adoptado medidas enérgicas a este respecto dado el carácter
voluntario de la recomendación de octubre de 2013 sobre los planes individuales
de amortización. En marzo de 2014, la Asociación de Banqueros Suecos reforzó su
recomendación, reclamando una reducción de la amortización al 70 % de la
ratio entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble. Por último,
Suecia actuó sobre la distorsión a favor del endeudamiento en el impuesto de
sociedades endureciendo en mayor medida las restricciones sobre la
deducibilidad de los intereses, extendiéndolas a todos los tipos de préstamos
intragrupo desde enero de 2013 e introduciendo la llamada deducibilidad de los
inversores, que podría mitigar la distorsión a favor del endeudamiento en la
fiscalidad. El impuesto de sociedades se redujo del 26,3 % al 22 % con efecto desde enero de 2013.
(11)
El mercado sueco de la vivienda, caracterizado
en las dos últimas décadas por marcadas subidas de precio, sigue siendo una
fuente potencial de inestabilidad. Pesan aún en la oferta de viviendas ciertas
ineficiencias, especialmente las derivadas de los complejos procesos de
planificación, la limitada competencia en el sector de la construcción y el
alto grado de control de los alquileres. Combinadas con una fiscalidad que
incita a la deuda, estas ineficiencias tienden a crear una distorsión al alza
del precio de la vivienda. Suecia ha tomado algunas medidas relativas al
mercado de alquiler que han resultado insuficientes para resolver el problema
estructural subyacente, relacionado con la enorme rigidez del sistema. El
proyecto de ley presentado por el Gobierno sueco el 9 de abril de 2014 no
incluía ninguna disposición relativa al mercado de alquiler. Suecia ha adoptado
medidas para subsanar las ineficiencias del proceso de zonificación y
planificación, así como para mitigar el monopolio de los municipios en materia
de planificación, exigiendo a estos que adopten una perspectiva regional al
determinar las necesidades de alojamiento. Estas medidas van en la dirección adecuada,
aunque no todas ellas han sido aplicadas aún y no se han fijado sanciones para
los consistorios incumplidores.
(12)
A pesar de los altos niveles de financiación,
hay datos que indican que los resultados de aprendizaje en la enseñanza
obligatoria, medidos con los métodos internacionales de evaluación de los
alumnos, son peores que en los primeros años de la década de 2000 y sitúan
actualmente a Suecia por debajo de la media tanto de la UE como de la OCDE en
los tres ámbitos examinados (lectura, matemáticas y ciencias). Además, se ha
intensificado la correlación entre medio socioeconómico y resultados y se han
acentuado las diferencias entre escuelas. Si bien las medidas presentadas por
el Gobierno son acertadas, se necesitarán cambios estructurales más radicales.
Para ello, Suecia se dispone a revisar la eficacia del sistema educativo y
recuperar los buenos resultados anteriores.
(13)
La situación laboral de los jóvenes, los
trabajadores poco cualificados y las personas procedentes de la migración sigue
siendo precaria. El paro juvenil se mantiene por encima de la media de la UE.
Si bien el Gobierno sueco ha adoptado ciertas medidas para hacer frente a estas
situaciones, parece que las dificultades podrían derivarse de los problemas del
sistema educativo sueco, que no consigue equipar a una proporción de los
jóvenes con las cualificaciones necesarias para su fluida integración en el
mercado laboral. Por lo que se refiere a la relación entre integración laboral,
enseñanza y formación, Suecia ha adoptado medidas dirigidas a facilitar la
transición de la escuela al trabajo (reforma de los programas de aprendizaje
profesional, con la introducción de un sueldo) y a ayudar a los jóvenes a
adquirir experiencia profesional (puestos de trabajo de iniciación
profesional). La transición se ha reforzado de hecho con la introducción de
medidas tempranas para los más necesitados, pero su cobertura y utilización por
parte de las personas no registradas que ni estudian ni se forman ni trabajan
siguen siendo escasas. Suecia se afana asimismo por acelerar la integración de
las personas procedentes de la migración, aunque persisten ciertas
dificultades, especialmente en relación con las procedentes de terceros países.
Por último, Suecia está evaluando la eficacia creadora de empleo del actual
tipo reducido del IVA en el sector de la restauración y el catering. Se espera
que la evaluación final esté disponible en enero de 2016.
(14)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia. Ha
evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas y
presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su
pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política
socioeconómica de Suecia, sino también su conformidad con las normas y
orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las
futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre
Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.
(15)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Convergencia de Suecia y su dictamen[8] se refleja,
en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(16)
A la luz del examen exhaustivo de la Comisión
y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de
Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas con
arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, se reflejan en las
recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que Suecia tome medidas
en el periodo 2014-2015 a fin de:
1.           Seguir aplicando una
política fiscal propicia al crecimiento y mantener una posición fiscal estable,
asegurando el ajuste al objetivo presupuestario a medio plazo durante todo el
periodo cubierto por el Programa de Convergencia, con miras a resolver también
los desafíos que plantea la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas
a causa del envejecimiento de la población.
2.           Moderar el aumento del
crédito del sector de los hogares y del endeudamiento privado, mitigando para
ello los efectos de la distorsión a favor de la deuda en la fiscalidad de la
renta personal mediante la eliminación progresiva de
la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses sobre las hipotecas, el
aumento de los impuestos de propiedad, o ambos. Adoptar nuevas medidas
para acelerar el ritmo de amortización de las hipotecas.
3.           Seguir aumentando la
eficiencia del mercado de la vivienda mediante reformas continuas del sistema
de fijación de los alquileres. Concretamente, permitir que los niveles de los
alquileres se ajusten más a la realidad del mercado, alejándose del sistema de
valor de utilidad, liberalizando en mayor medida ciertos segmentos del mercado
de alquiler y propiciando una mayor libertad de contratación entre inquilinos y
propietarios particulares. Abreviar y simplificar los procesos de planificación
y apelación mediante la reducción y la fusión de los trámites administrativos,
la armonización entre municipios de las normas y requisitos de construcción y
el aumento de la transparencia de los procedimientos de adjudicación de
parcelas. Incitar a los municipios a que aporten sus propios terrenos para
proyectos de vivienda.
4.           Adoptar las medidas
apropiadas para mejorar las cualificaciones básicas y facilitar la transición
de la enseñanza al mercado de trabajo, ampliando entre otras iniciativas el uso
de la formación laboral y los regímenes de aprendizaje. Concentrar los
esfuerzos por canalizar más eficazmente las medidas de empleo y educación hacia
los jóvenes con un nivel de instrucción más bajo y las personas procedentes de
la migración. Ampliar las medidas de intervención temprana y acercamiento a los
jóvenes no registrados en los servicios públicos.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2014) 428 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[5]               COM(2013) 800 final.
[6]               COM(2013) 790 final.
[7]               SWD(2014) 90 final
[8]               En virtud del artículo 9, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

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31967H0125

67/125/CEE: Recomendación de la Comisión dirigida a los Estados miembros, de 31 de enero de 1967, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

Diario Oficial n° 025 de 13/02/1967 p. 0405 - 0408 Edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 1 p. 0072  Edición especial en portugués: Capítulo 05 Tomo 1 p. 0072

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN  de 31 de enero de 1967  dirigida a los Estados miembros relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo  (67/125/CEE)  Exposición de motivos  La protección de los jóvenes en el trabajo, que empezó a desarrollarse en los países miembros hace más de un siglo y que ha sido el origen de las disposiciones relativas a la protección del trabajo, constituye todavía hoy una pieza clave de la política social y un índice del nivel de progreso social.  La Comisión de la Comunidad Económica Europea, dentro del marco de aplicación de los artículos 117 y 118 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, estima que es especialmente su deber interesarse más de cerca por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los jóvenes y, muy en primer lugar, por la protección de los jóvenes en el trabajo.  La Comisión considera necesario adaptar el trabajo de los jóvenes al estado actual de las actividades económicas, teniendo en cuenta los últimos adelantos de la ergonomía y de la medicina en el trabajo.  A este respecto, la Comisión piensa que es importante, en primer lugar, que la aplicación de las disposiciones protectoras tenga un carácter general, es decir, que se aplique a todos los jóvenes trabajadores, cualquiera que sea la rama de actividad y la naturaleza del contrato de trabajo. Si se considerasen inevitables algunas excepciones en determinadas ramas de actividades o en algunas situaciones particulares, su aplicación, en cualquier caso, no deberá ir contra los principios del sistema de protección.  La Comisión piensa, además, que los Estados miembros deberán resolver el problema-clave de la edad mínima para el acceso al trabajo dentro de un espíritu de progreso. Esto significa que, en un plazo inmediato, para el conjunto de la Comunidad y para todos los sectores de la economía, se establezca el límite de edad de los 15 años, cuya aplicación hasta este momento es muy parcial, y que los Estados miembros estudien conjuntamente con la Comisión, antes de la expiración del período transitorio previsto por el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, las vías y medios para elevar este limite de edad de forma adecuada y mejorar aún más la entrada de los jóvenes en el mundo moderno del trabajo. La Comisión no ignora las dificultades que existen todavía en grandes zonas de las Comunidad en lo que se refiere a la prolongación de la escolaridad implicada en esta perspectiva, la Comisión cree, sin embargo, que es absolutamente necesario superar estas dificultades cuanto antes.  La Comisión piensa, por las mismas razones, que es importante regular las condiciones de trabajo de los jóvenes, teniendo en cuenta a la vez el principio de la protección de los jóvenes y la necesidad de una formación profesional adecuada.  Además, la Comisión es de la opinión que es necesario establecer permanentemente una vigilancia médica de los jóvenes, protegerlos contra el aumento de peligros de accidentes y de enfermedad y asegurar un control eficaz de la aplicación de disposiciones protectoras.  Por último, la Comisión espera que se dé la más amplia difusión a sus propuestas y que los intercambios regulares de ideas con ella, por medio de los informes de los Estados miembros sobre la evolución posterior, produzcan dentro de la Comunidad una unidad efectiva en el progreso de las medidas de protección de los jóvenes trabajadores.  Recomendación  Por estos motivos, y en virtud de las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, de los artículos 117, 118 y 155, la  Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo (1) y al Comité Económico y Social (2) recomienda a los Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables:    1. Que regulen en un solo texto legislativo la protección del trabajo de los niños y de los adolescentes o que publiquen un único texto que recoja las disposiciones en vigor, modificadas o completadas, en su caso, en aplicación de la presente Recomendación.       2. Que amplién el campo de aplicación de esta regulación a todas las actividades de los niños y de los adolescentes menores de 18 años, sin tener en cuenta la naturaleza de las relaciones jurídicas en virtud de las cuales tiene lugar la actividad, ni la rama de actividad.  No se considerarán como actividades, en el sentido de la presente Recomendación:      a) los pequeños servicios benévolos realizados ocasionalmente,           b) el trabajo doméstico realizado por los miembros de la familia,           c) los trabajos que tienen por objeto la educación y la enseñanza escolar,           d) las actividades consistentes en ejercicios de ergoterapia.                  3. Que establezcan en 15 años la edad mínima para la admisión al trabajo y que a más largo plazo procuren elevar esta edad, en función de la evolución de los sistemas escolares.       4. Que no admitan el empleo por debajo de la edad mínima, prevista en el punto 3, de los niños miembros de la familia, en la empresa familiar, más que a partir de los 12 años cumplidos, a condición de que:      a) el niño no trabaje más que en trabajos ligeros adecuados a los niños, excluyendo principalmente los que pueden perjudicar la salud de los niños, su moralidad y su educación;           b) estos trabajos sean de corta duración u ocasionales;           c) estos trabajos no se realicen por la noche, ni antes del trabajo escolar, ni los domingos y días festivos.                  5. Que no permitan que se empleen a niños para participar como actores o como extras en las representaciones de carácter cultural ; científico o educativo ; en películas o en grabaciones para el cine, la televisión y la radiodifusión o en representaciones artísticas, más que en los casos enumerados expresamente por la legislación y con la autorización previa concedida individualmente por la autoridad de control que fijará las condiciones que deban respetarse.       6. Que limiten la jornada de trabajo de los adolescentes a 8 horas diarias y, progresivamente, a 40 horas semanales, entendiéndose:      a) que la duración del trabajo de los adolescentes no deberá exceder de la duración diaria o semanal habitual y normal del trabajo de los adultos en la empresa o parte de ella y           b) que la asistencia obligatoria a una escuela profesional o a cursos de perfeccionamiento se compute como tiempo de trabajo.                  7. Que no permitan, a título de recuperación de un día no trabajado que preceda o siga a un día festivo, más que una prolongación máxima de 30 minutos de la duración diaria del trabajo previsto en el punto 6.       8. Que no permitan otras prolongaciones de la jornada de trabajo prevista en el punto 6, más que en caso de fuerza mayor, a no ser que se someta el caso inmediatamente a la autoridad de control que fijará el período durante el cual el trabajo extraordinario debe ser compensado por una reducción de la duración del trabajo.       9. Que no permitan otras excepciones a la norma establecida en el punto 6 más que por razones de interés público y en cada caso con la autorización previa de la autoridad de control que fijará las condiciones y las modalidades.       10. Que no permitan para los adolescentes - prescindiendo de las cortas pausas indispensables - más que una duración de trabajo ininterrumpido de cuatro horas y media como máximo y, en el caso en que la duración diaria de trabajo sobrepase las seis horas, que prevean pausas de 60 minutos como mínimo en total, una de las cuales será una pausa ininterrumpida de 30 minutos, salvo modificaciones establecidas en interés de los adolescentes por la autoridad de control.       11. Que establezcan para los adolescentes, después de la duración diaria de trabajo que comprende los períodos mencionados en el punto 6b) un descanso, en principio, de 12 horas como mínimo.       12. Que prohíban el empleo de los adolescentes entre las 20 h. y las 6 h.  (1)DO nº 23 de 5.2.1966, p. 341/66. (2)DO nº 70 de 20.4.1966, p. 1035/66.        13. En la medida en que algunas actividades o situaciones específicas exijan modificaciones a la norma establecida en el punto 12:      a) que definan específicamente estas modificaciones en la legislación;           b) que no se permitan - a excepción de las actividades señaladas en el punto 5 - más que para los adolescentes mayores de 16 años y           c) hasta las 23 horas como máximo.                  14. Que prohíban el empleo de los adolescentes los domingos y días festivos.       15. En la medida en que ciertas actividades necesiten excepciones a la norma establecida en el punto 14:      a) que definan específicamente dichas excepciones, en la legislación,           b) que se conceda a los adolescentes un descanso compensatorio durante los 12 días laborables precedentes o siguientes,           c) que eximan del trabajo a los adolescentes, salvo en los casos autorizados específicamente y previamente por la autoridad de control, al menos uno de cada dos domingos.                  16. Que, inspirándose en los principios protectores mencionados en los puntos 6 y siguientes, adapten las normas correspondientes a las condiciones específicas de los trabajos domésticos, agrícolas y de la navegación. La media semanal de la duración efectiva del trabajo de los adolescentes no debería exceder la establecida en el punto 6, dado que período de referencia y los límites absolutos están determinados por la legislaciónn.       17. Que establezcan legalmente las vacaciones anuales retribuidas de los adolescentes en 24 días naturales como mínimo, sin contar los domingos ni días festivos.       18. Que promuevan medidas adecuadas con el fin de que los adolescentes, por medio de la exención del trabajo, sin descontárse lo de las vacaciones anuales retribuidas, puedan seguir los cursos oficiales de perfeccionamiento profesional, de formación general, de instrucción cívica y de educación sindical, teniendo en cuenta las circunstancias técnicas de la explotación de la empresa.       19. Que se prohíba el empleo de los adolescentes en trabajos considerados como peligrosos o insalubres, que superen sus fuerzas, amenacen su salud o les expongan a peligros contra la moral.  Entre estos trabajos figuran, por principio, aquellos que, en razón de su naturaleza y de su cadencia, permiten alcanzar un ritmo acelerado y, por lo tanto, ganar un salario más elevado, como por ejemplo, el trabajo a destajo, o aquellos cuyo ritmo está determinado mecánicamente, por ejemplo el trabajo en cadena y los trabajos respecto a los que los convenios y las recomendaciones internacionales (1) establecen prohibiciones y limitaciones de empleo.  Para juzgar los casos dudosos, convendría prever la intervención de los Comités de seguridad y de higiene de las empresas, llegado el caso, de acuerdo con las disposiciones de los convenios colectivos en la materia.       20. Que tengan en cuenta en su caso, en el momento de establecer prohibiciones y limitaciones de empleo, una escala según la edad de los adolescentes, en interés de su formación.       21. Que garanticen el examen médico de contratación y el control médico de los adolescentes, teniendo en cuenta los principios establecidos por los Convenios 77 y 78 y por la Recomendación nº 79 de la Organización Internacional del Trabajo y utilizando al máximo las posibilidades existentes.  El control médico, que se realizará como mínimo una vez al año, deberá repetirse en el caso de una importante modificación de la naturaleza del trabajo, especialmente cuando esté unida a un cambio de lugar de trabajo. Las revisiones médicas deberán ser gratuitas para los adolescentes y no deberán originar péridida de salario.       22. Que promuevan, a nivel de la empresa, una acogida favorable a los adolescentes y que garanticen su información sobre las disposiciones legales relativas a la protección del trabajo de los jóvenes.  Se deberá prestar una atención especial a la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, en particular mediante:      a) una información profundizada a los adolescentes antes de empezar a trabajar y posteriormente después, en intervalos adecuados, sobre los riesgos de accidentes y los peligros para su salud en la empresa, así como sobre las normas en materia de seguridad y medidas de protección;           b) la colaboración de los jóvenes en los comités de seguridad y de higiene en las empresas;           c) una enseñanza adecuada en las escuelas profesionales e industriales.  (1)Cf. Especialmente las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa (Acuerdo parcial) relativas a la edad mínima para ser admitido en trabajos considerados como peligrosos para los jóvenes o que presenten peligros contra la moral (Recomendación AP (63) 4, Recomendaciones AP (65) 2 y AP (65) 3).                   23. Que garanticen el respeto de las disposiciones sobre la protección del trabajo de los jóvenes mediante las medidas adecuadas, en especial mediante:      a) un contrato escrito;           b) la inscripción regular de los adolescentes empleados indicando la duración de su trabajo;           c) el establecimiento, dentro de la empresa, de métodos que permitan conocer los problemas propios de los adolescentes y recoger sus observaciones, así como obtener su cooperación en cuanto a las medidas de protección del trabajo de los jóvenes, favoreciendo su colaboración a este fin con los órganos representativos del personal;           d) un suficiente control por parte de las autoridades recurriendo con utilidad a las instituciones y comités que existan dentro de las empresas;           e) sanciones penales pertinentes.                  24. Que informen cada dos anos a la Comisión de la Comunidad Económica Europea sobre la evolución de la protección del trabajo de los jóvenes.  Hecho de Bruselas, el 31 de enero de 1967.  Por la Comisión  El Presidente  Walter HALLSTEIN