title: Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales

text:
               6.11.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 338/1

   RECOMENDACIONES
   a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales
   2012/C 338/01
   I —   DISPOSICIONES GENERALES

      Competencia del Tribunal de Justicia en materia prejudicial

               1.

               La remisión prejudicial es un mecanismo fundamental del Derecho de la Unión Europea, que tiene por objeto proporcionar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los medios para que la interpretación y la aplicación de este Derecho sean uniformes en la Unión.

               2.

               En virtud de los artículos 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE») y 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Derecho de la Unión y sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

               3.

               A tenor del artículo 256 TFUE, apartado 3, el Tribunal General es ciertamente competente para conocer de las cuestiones prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 267 TFUE, en materias específicas determinadas por el Estatuto. No obstante, al no haberse llevado a cabo ninguna adaptación de este último texto por lo que atañe a esta cuestión, el Tribunal de Justicia sigue siendo, actualmente, el único competente para pronunciarse con carácter prejudicial.

               4.

               Aunque el artículo 267 TFUE confiere al Tribunal de Justicia una competencia general en esta materia, diversas disposiciones de Derecho Primario prevén excepciones o restricciones temporales a dicha competencia, en particular los artículos 275 TFUE y 276 TFUE y el artículo 10 del Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias del Tratado de Lisboa (DOUE C 83 de 30 de marzo de 2010, p. 1) (1).

               5.

               Puesto que el procedimiento prejudicial se basa en la colaboración entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, resulta conveniente proporcionar a los referidos órganos jurisdiccionales las indicaciones siguientes para garantizar la eficacia de dicho procedimiento.

               6.

               Con estas recomendaciones, que no tienen carácter obligatorio, se pretende completar el título tercero del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (artículos 93 a 118) y orientar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento prejudicial y proporcionarles indicaciones prácticas sobre la forma y los efectos de tal procedimiento.

      Función del Tribunal de Justicia dentro del procedimiento prejudicial

               7.

               Tal como se ha señalado anteriormente, la función del Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial consiste en interpretar el Derecho de la Unión o pronunciarse sobre su validez, y no en aplicar este Derecho a los hechos concretos del procedimiento principal. De esa labor es responsable el órgano jurisdiccional nacional y, por tanto, al Tribunal de Justicia no le corresponde pronunciarse sobre las cuestiones de hecho que se susciten en el marco del litigio principal, ni tampoco resolver las eventuales diferencias de opinión sobre la interpretación o la aplicación de las normas del Derecho nacional.

               8.

               Asimismo, el objetivo del Tribunal de Justicia cuando se pronuncia sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión es proporcionar una respuesta útil para la solución del litigio principal, pero es el órgano jurisdiccional remitente quien tendrá que deducir las consecuencias concretas que corresponda y, en su caso, declarar inaplicable la norma nacional.

      La decisión de plantear una cuestión prejudicial

      Quién puede presentar una petición de decisión prejudicial

               9.

               En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.

               10.

               La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o no solicitado.

      Cuestiones de interpretación

               11.

               Conforme a lo dispuesto en el artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional está facultado para presentar al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial sobre la interpretación de una norma del Derecho de la Unión, si lo considera necesario para resolver el litigio del que esté conociendo.

               12.

               No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno están obligados a someter al Tribunal de Justicia tales peticiones, salvo cuando ya exista jurisprudencia en la materia (y las eventuales diferencias de contexto no planteen dudas reales sobre la posibilidad de aplicar al caso de autos la jurisprudencia existente) o cuando la manera correcta de interpretar la norma jurídica de que se trate sea de todo punto evidente.

               13.

               Así, un órgano jurisdiccional nacional puede decidir por sí mismo cuál es la interpretación correcta del Derecho de la Unión y su aplicación a los hechos que considere probados, en especial cuando estime que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporciona indicaciones suficientes. Ahora bien, una remisión prejudicial puede resultar especialmente útil cuando se suscite una nueva cuestión de interpretación que presente un interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión, o cuando la jurisprudencia existente no parezca aplicable a una situación inédita.

               14.

               Para permitir al Tribunal de Justicia delimitar claramente el objeto del litigio principal y las cuestiones que suscita, es útil que, con respecto a cada una de las cuestiones planteadas, el órgano jurisdiccional nacional explique los motivos por los que la interpretación que solicita es necesaria para resolver el litigio.

      Cuestiones de validez

               15.

               Si bien los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tienen la posibilidad de desestimar los motivos de invalidez que se invoquen ante ellos, en cambio, la posibilidad de declarar la invalidez de un acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión corresponde únicamente al Tribunal de Justicia.

               16.

               Por consiguiente, todo órgano jurisdiccional nacional debe remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando albergue dudas sobre la validez de tal acto, indicando los motivos por los que considera que dicho acto podría no ser válido.

               17.

               No obstante, cuando el órgano jurisdiccional nacional tenga serias dudas sobre la validez de un acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión que sirva de base a un acto interno, podrá, de modo excepcional, acordar la suspensión provisional de éste u otro tipo de medida cautelar respecto del acto nacional. En tal caso, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a someter al Tribunal de Justicia la cuestión de validez, indicando las razones por las que considera que dicho acto no es válido.

      El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial

               18.

               El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición.

               19.

               Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio.

      Forma y contenido de la petición de decisión prejudicial

               20.

               La decisión mediante la cual el órgano jurisdiccional de un Estado miembro somete al Tribunal de Justicia una o varias cuestiones prejudiciales puede revestir cualquiera de las formas admitidas por su Derecho interno para los incidentes procesales. Ahora bien, debe tenerse presente que este documento servirá de base al procedimiento que se siga ante el Tribunal de Justicia y que éste debe disponer de los elementos que le permitan proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. Además, la petición de decisión prejudicial es el único documento que se notifica a las partes del litigio principal y a los demás interesados contemplados en el artículo 23 del Estatuto, en especial los Estados miembros, con el fin de recoger sus eventuales observaciones escritas.

               21.

               La necesidad de traducir dicha petición de decisión prejudicial a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea aconseja, pues, una redacción sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos.

               22.

               Una decena de páginas suele bastar para exponer de modo adecuado el contexto de una petición de decisión prejudicial. Sin dejar de ser sucinta, la petición debe ser suficientemente completa y contener toda la información pertinente, de modo que tanto el Tribunal de Justicia como las partes interesadas que pueden presentar observaciones comprendan adecuadamente el marco fáctico y normativo del asunto principal. Conforme al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, junto al propio texto de las preguntas formuladas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, la petición de decisión prejudicial deberá contener:

                           —

                           una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan la cuestiones prejudiciales;

                           —

                           el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente (2);

                           —

                           la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

               23.

               Las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes en el litigio principal deberían ser identificadas con la mayor precisión posible en la petición de decisión prejudicial, que incluirá, en su caso, un breve resumen de los argumentos pertinentes de las partes en el litigio principal.

               24.

               Por último, el órgano jurisdiccional remitente puede, en su caso, indicar de modo sucinto su punto de vista sobre la respuesta que deben recibir las cuestiones planteadas con carácter prejudicial. Tal indicación resulta útil para el Tribunal de Justicia, en particular cuando tiene que pronunciarse sobre la petición en el marco de un procedimiento acelerado o de un procedimiento de urgencia.

               25.

               Para facilitar su lectura, es esencial que la petición de decisión prejudicial que recibe el Tribunal de Justicia esté mecanografiada. Con el fin de que este último pueda hacer referencias a dicha petición, es también muy conveniente numerar las páginas y los apartados de la resolución de remisión, que debe estar fechada y firmada.

               26.

               En la resolución de remisión, las cuestiones prejudiciales deberán figurar en una parte separada que se pueda identificar con claridad, preferentemente al principio o al final de la resolución. Deben ser comprensibles por sí mismas, sin referirse a los fundamentos de la petición, en los que, no obstante, se expondrá el contexto necesario para una comprensión adecuada del alcance del asunto.

               27.

               En el marco del procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia, en principio, reproduce los datos contenidos en la resolución de remisión, incluidos los datos nominativos o de carácter personal. Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, si así lo estima necesario, proceder por sí mismo, en su petición de decisión prejudicial, a ocultar determinados datos o la identidad de una o varias personas o entidades afectadas por el litigio.

               28.

               Con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia podrá también proceder a esa ocultación de identidad, de oficio o a petición del órgano jurisdiccional remitente o de una parte del litigio principal. Para preservar su eficacia, dicha petición de anonimato deberá, no obstante, formularse en el momento más temprano posible del procedimiento y, en cualquier caso, antes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la comunicación relativa al asunto de que se trate y de la notificación de la petición de decisión prejudicial a los interesados contemplados en el artículo 23 del Estatuto.

      Efectos de la remisión prejudicial en el procedimiento nacional

               29.

               Aunque el órgano jurisdiccional nacional seguirá siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente en el caso de haberse planteado una cuestión de validez (véase el punto 17), la presentación de una petición de decisión prejudicial lleva consigo, no obstante, la suspensión del proceso nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie.

               30.

               En aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y para preservar su eficacia, el órgano jurisdiccional remitente deberá informar al Tribunal de Justicia de cualquier incidente procesal que pueda tener alguna repercusión sobre su petición de decisión prejudicial y, en particular, de la admisión de nuevas partes en el proceso nacional.

      Costas y asistencia jurídica gratuita

               31.

               El procedimiento prejudicial es gratuito y el Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre las costas de las partes del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. Corresponderá a este último decidir sobre este particular.

               32.

               En caso de que alguna de las partes del litigio principal carezca de recursos suficientes, y en la medida en que las normas nacionales lo permitan, el órgano jurisdiccional remitente puede concederle una ayuda para cubrir los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia, en particular los de representación letrada. El Tribunal de Justicia puede conceder también una ayuda de esta índole en el supuesto de que la parte de que se trate no disfrute ya de una ayuda en el ámbito nacional o en la medida en que dicha ayuda no cubra –o cubra sólo parcialmente– los gastos ocasionados por su intervención ante el Tribunal de Justicia.

      Correspondencia entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales

               33.

               La petición de decisión prejudicial y los documentos pertinentes (especialmente, en su caso, los autos del asunto, o una copia de éstos) deben ser enviados directamente al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional que presenta la petición. El envío debe dirigirse, mediante correo certificado, a la Secretaría del Tribunal de Justicia (Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburgo).

               34.

               Hasta que se notifique al órgano jurisdiccional remitente la resolución adoptada en respuesta a su petición de decisión prejudicial, la Secretaría del Tribunal de Justicia se mantendrá en contacto con dicho órgano jurisdiccional, al que transmitirá copia de los escritos procesales.

               35.

               El Tribunal de Justicia transmitirá su resolución al órgano jurisdiccional remitente, encareciéndole que le informe acerca de la aplicación que haga de ella en el litigio principal y que le comunique su resolución definitiva.

         II —   DISPOSICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS PETICIONES DE DECISIÓN PREJUDICIAL QUE TIENEN CARÁCTER URGENTE

               36.

               En las condiciones establecidas en el artículo 23 bis del Estatuto y en los artículos 105 a 114 del Reglamento de Procedimiento, si se dan determinadas circunstancias, una petición de decisión prejudicial podrá tramitarse mediante un procedimiento acelerado o un procedimiento de urgencia.

      Requisitos para la aplicación del procedimiento acelerado y del procedimiento de urgencia

               37.

               La decisión de aplicar dichos procedimientos corresponde al Tribunal de Justicia. En principio, tal decisión se adopta únicamente sobre la base de una petición motivada del órgano jurisdiccional remitente. No obstante, con carácter excepcional, el Tribunal de Justicia puede decidir tramitar de oficio una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado o un procedimiento de urgencia, cuando considere que la naturaleza o las circunstancias específicas del asunto así lo exigen.

               38.

               A tenor del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento, una petición de decisión prejudicial podrá tramitarse mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones del antedicho Reglamento, cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo. Dado que este procedimiento impone restricciones importantes a todos los actores del procedimiento, y en particular a los Estados miembros, a los que se insta a que presenten sus observaciones, escritas u orales, en plazos mucho más breves que de ordinario, su aplicación sólo debería solicitarse cuando existan circunstancias específicas que justifiquen que el Tribunal de Justicia se pronuncie rápidamente sobre las cuestiones planteadas. El hecho de que haya un gran número de personas o de situaciones jurídicas que puedan verse potencialmente afectados por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente deba dictar después de haber sometido al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial no constituye, como tal, una circunstancia excepcional que pueda justificar la aplicación del procedimiento acelerado (3).

               39.

               La recomendación es válida, aún con mayor motivo, por lo que respecta al procedimiento prejudicial de urgencia, contemplado en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento. En efecto, este procedimiento, que sólo se aplica a las materias objeto del título V de la tercera parte del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, impone restricciones aún mayores a los interesados, ya que, en particular, limita el número de partes autorizadas a presentar observaciones escritas y, en casos de extrema urgencia, permite omitir completamente la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, sólo debería solicitarse la aplicación de este procedimiento en circunstancias en las que sea absolutamente necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie muy rápidamente sobre las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

               40.

               Sin que puedan enumerarse aquí tales circunstancias de manera exhaustiva, en particular, debido a la variedad y a la evolución de las normas de la Unión que regulan el espacio de libertad, seguridad y justicia, un órgano jurisdiccional nacional podría, por ejemplo, plantearse formular una petición de procedimiento prejudicial de urgencia en el caso, contemplado en el artículo 267 TFUE, párrafo cuarto, de una persona detenida o privada de libertad, cuando la respuesta a la cuestión planteada sea determinante para la apreciación de la situación jurídica de esta persona, o en un litigio relativo a la patria potestad o a la custodia de los hijos, cuando la competencia del juez que deba conocer del asunto en virtud del Derecho de la Unión dependa de la respuesta a la cuestión prejudicial.

      Petición de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia

               41.

               Para permitir al Tribunal de Justicia decidir rápidamente si es necesario aplicar el procedimiento acelerado o el procedimiento prejudicial de urgencia, la petición debe exponer con precisión las circunstancias de Derecho y de hecho que acrediten la urgencia y, en particular, los riesgos en que se incurre si la remisión sigue el procedimiento ordinario.

               42.

               En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente indicará, de manera sucinta, su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas. Tal indicación facilita la toma de postura de las partes del litigio principal y de los demás interesados que participan en el procedimiento, así como la decisión del Tribunal de Justicia, y de este modo contribuye a la celeridad del procedimiento.

               43.

               La petición de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia debe presentarse sin ambigüedad alguna, de tal forma que la Secretaría del Tribunal de Justicia pueda apreciar de inmediato que el expediente requiere una tramitación específica. A tal efecto, se insta al órgano jurisdiccional remitente a que precise cuál de los dos procedimientos considera necesario en el caso de autos y a que mencione en su petición el artículo pertinente del Reglamento de Procedimiento (el artículo 105, relativo al procedimiento acelerado, o el artículo 107, relativo al procedimiento de urgencia). Esta mención debe situarse en un lugar claramente identificable de su resolución de remisión (por ejemplo, en el encabezamiento o en escrito judicial separado). En su caso, un escrito de acompañamiento del órgano jurisdiccional remitente puede poner eficazmente de manifiesto dicha petición.

               44.

               En lo que atañe a la propia resolución de remisión, su carácter sucinto es tanto más importante en una situación de urgencia cuanto que contribuye a la celeridad del procedimiento.

      Correspondencia entre el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente y las partes del litigio principal

               45.

               Para acelerar y facilitar las comunicaciones con el órgano jurisdiccional remitente y las partes que intervienen ante él, se insta al órgano jurisdiccional a que presente una petición de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia a que indique la dirección electrónica, o en su caso el número de fax, que el Tribunal de Justicia podrá emplear y las direcciones electrónicas, o en su caso los números de fax, de los representantes de las partes del litigio.

               46.

               Es posible transmitir previamente al Tribunal de Justicia una copia de la resolución de remisión firmada, junto con una petición de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia, mediante correo electrónico (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o fax (+352 43 37 66). La tramitación de la remisión y de la petición podrá comenzar así tan pronto como se reciba esa copia. No obstante, los originales de estos documentos deberán transmitirse a la Secretaría del Tribunal de Justicia a la mayor brevedad.

      (1)  Conforme al artículo 10, apartados 1 a 3, del Protocolo no 36, las atribuciones del Tribunal de Justicia relativas a los actos de la Unión adoptados en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y no modificados desde entonces, seguirán siendo las mismas durante un período máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009). Por tanto, durante dicho período, tales actos sólo podrán ser objeto de un procedimiento prejudicial cuando éste sea iniciado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que hayan aceptado la competencia del Tribunal de Justicia. Cada uno de dichos Estados podrá decidir si confiere la facultad de plantear cuestiones prejudiciales a todos sus órganos jurisdiccionales o únicamente a los que se pronuncian en última instancia.

      (2)  A este respecto, se insta al órgano jurisdiccional remitente a proporcionar las referencias precisas de dichos textos y de su publicación, como, por ejemplo, la página del diario oficial o recopilación correspondiente, o la referencia a un sitio de Internet.

      (3)  Para hacerse una idea aproximada de las circunstancias que han conducido a acoger o desestimar las peticiones de procedimiento acelerado presentadas basándose en el artículo 104 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1991, en su versión modificada, véanse los autos dictados por el Presidente del Tribunal de Justicia, disponibles en el sitio www.curia.europa.eu (se puede acceder a estos autos entrando en la rúbrica «Jurisprudencia» y seleccionando sucesivamente en el formulario de búsqueda las expresiones siguientes: Documentos – Documentos no publicados en la Recopilación – Autos – Procedimiento acelerado).


title: 67 °período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 13 de junio de 2012 , sobre el 67 °período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2012/2036(INI))

text:
               15.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               CE 332/106

         Miércoles 13 de junio de 201267o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
   P7_TA(2012)0240
   Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, de 13 de junio de 2012, sobre el 67o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2012/2036(INI))
   2013/C 332 E/23

      El Parlamento Europeo,

               —

               Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 21 y 34,

               —

               Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo, presentada por Alexander Graf Lambsdorff en nombre del Grupo ALDE, sobre el 67o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) (B7-0132/2012),

               —

               Vista su Recomendación, de 8 de junio de 2011, destinada al Consejo sobre el 66o período de sesiones de la AGNU (1), así como su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre «la UE como actor global: su papel en las organizaciones multilaterales» (2),

               —

               Vistas las prioridades de la UE para el 66o período de sesiones de la AGNU, adoptadas por el Consejo el 10 junio 2011 (3),

               —

               Visto el 66o período de sesiones del AGNU, en particular las siguientes resoluciones de este órgano: «Las Naciones Unidas en la gobernanza mundial» (4), «Promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores» (5), «La situación en la República Árabe Siria» (6), «Empoderamiento de las personas y desarrollo» (7), «Hacia asociaciones mundiales de colaboración» (8), «Cooperación Sur-Sur» (9), «Papel de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo en el contexto de la globalización y la interdependencia» (10), «Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones periódicas y auténticas y la promoción de la democratización» (11), «Informe de la Conferencia de Desarme» (12), «Promoción de un orden internacional democrático y equitativo» (13), y «Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, indivisibles e interdependientes, están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente» (14),

               —

               Vista la Resolución de la AGNU, de 19 de diciembre de 2011, sobre la lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias (15),

               —

               Visto el proyecto de Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 3 de mayo de 2011 sobre la participación de la Unión Europea en los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas (16),

               —

               Vista la Resolución de la AGNU, de 31 de marzo de 2010, sobre la ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (17),

               —

               Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en la que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios fijados conjuntamente por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza,

               —

               Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de septiembre de 2003 sobre «La Unión Europea y las Naciones Unidas: la opción del multilateralismo» (COM(2003)0526),

               —

               Vistas las observaciones del Presidente del Consejo Europeo tras su reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas del 16 de abril de 2012,

               —

               Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2012, relativa a la posición del Parlamento sobre el 19o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) (18),

               —

               Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2011, sobre «el apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional: hacer frente a los retos y superar las dificultades» (19),

               —

               Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización (20),

               —

               Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre el futuro de la Asociación estratégica UE-África a raíz de la tercera Cumbre UE-África (21),

               —

               Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (22),

               —

               Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2010, sobre cooperación de los ámbitos civil y militar y desarrollo de capacidades conjuntas civiles y militares (23),

               —

               Vista su Resolución, de 9 de junio de 2005, sobre la reforma de las Naciones Unidas (24),

               —

               Visto el informe de la delegación conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos al 66o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha de 28 y 29 de noviembre de 2011,

               —

               Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0186/2012),

               A.

               Considerando que los valores y normas internacionales comunes tienen la intención de asegurar la paz, la protección de los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad en el mundo y compartir los beneficios de la globalización entre todos de una forma más equitativa;

               B.

               Considerando que las Naciones Unidas se encuentran en el centro de la gobernanza mundial, al mismo tiempo que continúan con sus propias reformas a fin de mejorar su transparencia, eficacia y eficiencia;

               C.

               Considerando que existe una necesidad cada vez mayor de normas comunes y mecanismos de toma de decisiones para afrontar conjuntamente los nuevos retos mundiales y los efectos negativos de la crisis económica mundial;

               D.

               Considerando que la UE debe fortalecer su cohesión para seguir desempeñando un papel fundamental en un mundo cada vez más multipolar que necesita acciones concertadas a nivel mundial; considerando que los Estados miembros de la UE están obligados por los tratados a coordinar su acción en las organizaciones internacionales y con ocasión de las conferencias internacionales;

               E.

               Considerando que la UE está comprometida con el multilateralismo eficaz basado en la firmeza de las Naciones Unidas, puesto que esto es esencial para hacer frente a los retos mundiales;

               F.

               Considerando que la UE y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes financieros al sistema de las Naciones Unidas; considerando que la UE-27 financia el 39 % del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y más del 40 % de sus operaciones de mantenimiento de la paz;

               G.

               Considerando que una colaboración sólida y estable entre la Unión Europea y las Naciones Unidas es fundamental para la labor de esta organización en el marco de los tres pilares —paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo— y también es esencial para el protagonismo de la UE en la escena mundial;

               H.

               Considerando que la UE y las Naciones Unidas son socios naturales en la consolidación de la paz y del Estado y que juntos ofrecen un marco para las iniciativas colectivas encaminadas a la consolidación de la paz y el Estado;

               I.

               Considerando que los derechos humanos y la democracia son valores en los que se basa la UE y principios y objetivos de la acción exterior europea, incluido el comercio internacional; considerando que el respeto por la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, así como su promoción y salvaguardia, constituyen las bases de la unidad y la integridad europeas;

               J.

               Considerando que la justicia y el Estado de Derecho son pilares de una paz sostenible, que garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales; considerando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contribuye de forma decisiva a la defensa de los derechos humanos, al Derecho internacional y a la lucha contra la impunidad;

               K.

               Considerando que todos los países y todos los ciudadanos, así como la propia comunidad internacional, podrían beneficiarse del apoyo constante a los procesos democráticos; considerando que se enfrentan a los retos de construir, restablecer y preservar democracias;

         1.   Formula al Consejo las siguientes recomendaciones:

         La UE en las Naciones Unidas

               (a)

               que coordine en la mayor medida posible, haga entender las posiciones unificadas y refuerce la coherencia y la visibilidad de la UE como actor mundial en las Naciones Unidas; que cumpla las expectativas de los miembros de las Naciones Unidas con respecto a la capacidad de la UE para actuar y resolver a tiempo; que adopte un enfoque amplio y flexible ante las posiciones de la Política Exterior de Seguridad Común (PESC) a nivel de las Naciones Unidas con el fin de dar a la UE la capacidad de actuar de forma rápida y global ante cuestiones relativas a la PESC;

               (b)

               que aumente su contribución al trabajo de las Naciones Unidas mediante una interpretación común de la Resolución de la Asamblea General sobre las modalidades de participación de la Unión Europea en la labor de la AGNU y colaborando con los demás asociados en pro de su plena aplicación; que presente al Parlamento un informe sobre su aplicación en la práctica;

               (c)

               que trabaje con los Estados miembros y con su propia delegación ante las Naciones Unidas para mejorar la coordinación, la transparencia y el intercambio de información en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y la defensa de las posiciones e intereses de la UE en el CSNU por parte de los Estados miembros que forman parte de ese órgano o, en su lugar, por parte de un representante de la UE por invitación de la Presidencia; que refuerce la repercusión de la UE en las decisiones del CSNU y mejore la imagen de la UE en las Naciones Unidas con respecto a cuestiones decisivas del CSNU;

               (d)

               que garantice una representación fuerte de la UE en todas las instituciones de las Naciones Unidas y agencias especializadas;

               (e)

               que desarrolle una estrategia a largo plazo destinada a los miembros de las Naciones Unidas y que aplique una diplomacia pública más firme en los asuntos de las Naciones Unidas;

         La UE y la gobernanza a escala mundial

               (f)

               que promueva el multilateralismo eficaz como un interés estratégico principal de la UE, aumentando la representatividad, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia de las Naciones Unidas, con objeto de mejorar su desempeño sobre el terreno; que recuerde la necesidad de lograr un nuevo equilibrio institucional entre el papel emergente del G-20, las Naciones Unidas y sus agencias, así como las Instituciones Financieras Internacionales (IFI); a este respecto, que mejore la gobernanza mundial y que busque soluciones para mejorar ulteriormente la coordinación entre las formaciones del grupo G y el sistema de las Naciones Unidas, de forma que estos grupos pudieran cubrir de forma útil la dimensión económica, siempre que las Naciones Unidas mantengan su papel central y que sigan siendo el organismo legítimo para la acción mundial;

               (g)

               que colabore más activamente con socios estratégicos y otros socios bilaterales y multilaterales, especialmente con los Estados Unidos, a fin de promover soluciones eficaces a los problemas que afectan a los ciudadanos comunitarios y a todo el mundo, en especial a las personas más pobres y vulnerables;

               (h)

               que apoye activamente una reforma amplia y consensuada del CSNU a fin de reforzar su legitimidad, su representación regional, su responsabilidad y su eficacia; que recuerde que un escaño de la UE en un CSNU ampliado sigue siendo un objetivo central a largo plazo de la Unión Europea; que pida a la Vicepresidenta y Alta Representante (VP/AR) que desarrolle una posición común de los Estados miembros con tal propósito; con el fin de lograr dicho objetivo en el futuro, que trabaje con una coordinación previa de posiciones en el Consejo de la UE en la introducción de nuevos miembros del CSNU y en la reforma del proceso de toma de decisiones del CSNU;

               (i)

               que participe en la reflexión iniciada en la AGNU sobre el papel de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial, con vistas a mejorar la transparencia y la cooperación; que promueva una mayor cooperación entre la UE y la AGNU;

               (j)

               que ayude a revitalizar la AGNU y a aumentar su eficacia, sobre todo mediante el apoyo a la labor del Grupo de Trabajo Especial, la facilitación de debates temáticos más exhaustivos y orientados a los resultados sobre cuestiones específicas e importantes y mediante una cooperación más estrecha de la AGNU con otras partes interesadas, en especial la sociedad civil y otras organizaciones y foros internacionales y regionales; que recalque la necesidad de racionalizar más los programas de trabajo de la AGNU y sus comités principales; que subraye que solo puede garantizarse la revitalización si la AGNU lleva a cabo medidas pertinentes y apropiadas respecto a cuestiones de interés común para la comunidad internacional;

               (k)

               que ratifique su compromiso de asegurar que los recursos financieros de las Naciones Unidas sean adecuados y se gestionen con eficacia, según los principios de disciplina y coherencia presupuestarias y de conformidad con las normas internacionales más estrictas;

         Paz y seguridad

      Mantenimiento y consolidación de la paz

               (l)

               que refuerce la asociación operativa y promueva la coherencia estratégica y la eficacia de los esfuerzos colectivos de consolidación de la paz, en particular mediante la labor del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz;

               (m)

               que fomente la cooperación y establezca asociaciones en el ámbito de la prevención de conflictos, la gestión de crisis civiles y militares y la resolución de conflictos con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Africana (UA), la Liga de los Estados Árabes y otras organizaciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil; que mejore las capacidades de consolidación de la paz de las organizaciones regionales, en particular mediante las asociaciones tripartitas propuestas de UE–ONU–UA y UE–ONU–CEDEAO;

               (n)

               que promueva la colaboración de distintos actores en la estructura de la consolidación de la paz, especialmente entre la Secretaría de las Naciones Unidas, el CSNU, la AGNU y los Estados miembros de las Naciones Unidas que participan en misiones de consolidación de la paz; que continúe esforzándose por garantizar que los Estados miembros de la UE contribuyan a las misiones de paz de las Naciones Unidas con capacidades especiales, como el transporte, la logística y la formación; que considere la opción de iniciar una operación militar en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que incluya el posible despliegue de una agrupación táctica que preceda a la misión de paz de las Naciones Unidas si así lo solicita esta organización, prestando al mismo tiempo una atención especial a la protección de todos los miembros de las misiones de paz así como de cualesquiera grupos tácticos; que apoye el desarrollo de la prevención y gestión de conflictos, así como de la capacidad de mediación y de mantenimiento y consolidación de la paz, a escala nacional y subnacional; que promueva el intercambio de conocimientos técnicos y buenas prácticas entre los socios;

               (o)

               que ofrezca apoyo al examen de la capacidad civil de las Naciones Unidas al identificar formas prácticas de adecuar la demanda a la oferta en esferas críticas de la capacidad civil; que agilice la contratación, elimine las incompatibilidades operativas y evite el solapamiento cuando se pongan en práctica las capacidades civiles de la PCSD como apoyo a las acciones de las Naciones Unidas; que explore opciones para el despliegue conjunto de equipos de respuesta a las crisis dentro de una operación de las Naciones Unidas en los casos en que se precisen capacidades de despliegue rápido;

               (p)

               que garantice la participación de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz y de hacer que participen sistemáticamente en la diplomacia preventiva, la alerta temprana y la vigilancia de la seguridad; que se centre, en cumplimiento de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, en la necesidad de incorporar las perspectivas de género en la prevención de conflictos, la ayuda humanitaria, la reconstrucción posterior a los conflictos y las iniciativas DDR (25); que colabore activamente para garantizar que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas apliquen dicha Resolución 1325 (2000);

               (q)

               que coopere con las Naciones Unidas para hacer frente a las amenazas mundiales actuales, tales como el cambio climático, la proliferación de las armas nucleares, el crimen organizado y el terrorismo y las pandemias;

               (r)

               que contribuya a los resultados satisfactorios y el seguimiento de la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el Comercio de Armas y la Conferencia de 2012 encargada del examen del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos;

      Responsabilidad de proteger

               (s)

               que ayude a los Estados a cumplir sus responsabilidades en la protección de sus poblaciones; que insista en la necesidad de una acción internacional adecuada y a tiempo para prevenir y frenar el genocidio, la depuración étnica, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad;

               (t)

               que genere nuevos progresos políticos e institucionales en cuanto a la aplicación del concepto de «responsabilidad de proteger» en los órganos de las Naciones Unidas, especialmente en el CSNU, la AGNU y el CDHNU, sacando conclusiones y aprendiendo tanto de la intervención en Libia como de la incapacidad para actuar de forma rápida en el caso de Siria; que facilite el debate sobre la forma en que los órganos de las Naciones Unidas, en particular el CSNU, podrían utilizar este concepto para asegurar una mayor cooperación entre los Estados miembros de las Naciones Unidas durante las crisis; que promueva el papel positivo de las organizaciones regionales, a la hora de desarrollar y aplicar un enfoque operativo de la responsabilidad de proteger;

               (u)

               que trabaje con los socios para asegurar que este concepto se centre en la prevención y en la reconstrucción posterior a los conflictos, conforme a la tripartición de la responsabilidad de proteger en la responsabilidad de prevenir, de proteger y de reconstruir; que ayude a los Estados a desarrollar las capacidades a tal efecto, entre otras formas mediante el fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana y de las capacidades de mediación de las Naciones Unidas, que fomente, en cooperación con los Estados miembros de las Naciones Unidas, la creación de centros de coordinación para supervisar nuevas situaciones de conflicto y que desarrolle las capacidades pertinentes en las delegaciones de la UE;

               (v)

               que confirme de nuevo enérgicamente el compromiso de la UE con el concepto de responsabilidad de proteger e inicie el desarrollo de un consenso interinstitucional sobre ese mismo concepto entre el Parlamento Europeo, el SEAE y los Estados miembros de la UE que podrían garantizar una acción más coherente de la UE sobre esas cuestiones en los foros de Naciones Unidas.

      Mediación

               (w)

               que promueva la mediación como instrumento rentable para prevenir y resolver desacuerdos de forma pacífica, así como para impedir que los países que salen de un conflicto vuelvan a caer en una situación de conflicto; que desarrolle directrices de mediación más eficaces en el ámbito del Estado de Derecho y la obligación democrática de rendir cuentas;

               (x)

               que priorice y desarrolle la aplicación de esta herramienta y continúe desarrollando las capacidades de mediación en el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), basándose en el concepto de fortalecimiento de las capacidades de mediación y diálogo de la UE;

               (y)

               que coopere estrechamente con las Naciones Unidas y otros actores en la mediación; que se esfuerce por conseguir sinergias en las actividades de mediación con el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas; que promueva las colaboraciones y la cooperación de las organizaciones internacionales, regionales y subregionales con las Naciones Unidas, entre sí y con la sociedad civil, por ejemplo, mediante una colaboración común entre la Unión Europea y las Naciones Unidas en cuanto a capacidades de mediación; que mejore el intercambio de información, la cooperación y la coordinación con el fin de garantizar la coherencia y la complementariedad de los esfuerzos de los actores que participan en la mediación específica;

      Justicia internacional

               (z)

               que consolide el sistema de justicia penal internacional; que destaque el papel de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad y la promueva como el único órgano judicial permanente con jurisdicción sobre los autores individuales de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, cuando los tribunales nacionales no quieran o sean incapaces de hacerlo;

               (aa)

               que refuerce la CPI dándole apoyo político, diplomático, financiero y logístico; que aliente a los Estados miembros a adherirse a la Corte ratificando el Estatuto de Roma; que fomente una enérgica cooperación con la Corte por parte de las Naciones Unidas y sus organismos y agencias;

         Derechos humanos

               (ab)

               que potencie los esfuerzos internacionales para que todos los derechos humanos acordados en convenciones de las Naciones Unidas se consideren universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí; que ayude a fortalecer las capacidades nacionales para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; que haga hincapié, a este respecto, en la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de religión y creencias para todos;

               (ac)

               que apoye activamente la iniciativa de África y la recomendación de la Comisión sobre la condición de la mujer en el sentido de trabajar en pro de la adopción de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012 con el fin de prohibir la mutilación genital femenina (MGF) en todo el mundo; que solicite a la VP/AR y a la Comisión que otorguen la máxima prioridad a conseguir el éxito de ese proceso;

               (ad)

               que continúe promoviendo la integración de los derechos humanos en todos los aspectos de la labor de las Naciones Unidas, reafirmando el hecho de que los derechos humanos están vinculados de forma inseparable a los demás objetivos de las Naciones Unidas en el ámbito de la paz y seguridad y el desarrollo;

               (ae)

               que participe con iniciativa en la labor del CDHNU, copatrocinando resoluciones, emitiendo declaraciones e interviniendo en diálogos y debates interactivos a fin de asegurar un mayor equilibrio en el trabajo del CDHNU;

               (af)

               que mejore la capacidad de alerta rápida de los Procedimientos Especiales previendo un mecanismo que les permita iniciar automáticamente el examen de una situación por parte del CDHNU; que refuerce el proceso de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de los Procedimientos Especiales;

               (ag)

               que intente fortalecer el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) integrando las recomendaciones en los diálogos bilaterales y multilaterales con los Estados miembros de las Naciones Unidas y basando estos diálogos en las normas y directrices internacionales;

               (ah)

               que continúe con sus esfuerzos en la AGNU y sus comités en relación con el llamamiento en favor de una moratoria del uso de la pena de muerte —la cual sigue recibiendo el apoyo creciente de un número de países cada vez mayor—, los derechos del niño, los medios de comunicación libres y la tolerancia religiosa; que apoye todos los esfuerzos por erradicar la tortura; que fomente en particular la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas;

         Apoyo a la democracia

               (ai)

               que ayude a asegurar la responsabilización local del proceso democrático y el desarrollo de una cultura de democracia y el Estado de Derecho; que amplíe el apoyo a la democracia más allá del proceso electoral con objeto de mantenerlo a largo plazo y poder ofrecer resultados tangibles a los ciudadanos; que asegure la inclusión en mayor medida de parlamentos y partidos políticos en los programas de apoyo a la democracia; que insista en la importancia de la independencia de ONG que puedan operar libremente a favor del desarrollo de una cultura cívica sólida;

               (aj)

               que se centre en la inclusión social y económica, la transición democrática y los procesos políticos/electorales, el desarrollo de la capacidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación de los jóvenes en la democracia parlamentaria y la protección de la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, así como de los derechos de la mujer, incluyendo el de participar en la vida pública y política, tanto a nivel de prácticas sociales como legislativo;

               (ak)

               que integre mejor el apoyo a la democracia en la acción exterior europea; que apoye la gobernanza democrática mediante sus diferentes instrumentos financieros y usando los recursos de las delegaciones de la UE siempre que sea posible; que trabaje con las Naciones Unidas y otros socios a escala mundial y local para potenciar el Estado de Derecho, fomentar los medios de comunicación independientes y desarrollar y fortalecer las instituciones democráticas que pueden cumplir;

               (al)

               que garantice que los mandatos de las misiones de mantenimiento de la paz reflejen la necesidad de apoyar las misiones de observación electoral y de proporcionarles los medios necesarios para garantizar la seguridad de los observadores en el terreno;

         Desarrollo

               (am)

               que incorpore las políticas de la UE relativas al desarrollo a todos los niveles, con el fin de evitar contradicciones entre, por una parte, las políticas favorables al desarrollo y, por otra parte, los obstáculos al desarrollo de países asociados en acuerdos y foros bilaterales, plurilaterales y multilaterales; que preste particular atención a los derechos humanos y a las repercusiones en el desarrollo en los acuerdos de libre comercio, así como durante las negociaciones en el marco de la OMC;

               (an)

               que continúe trabajando por situar a las personas en el centro del proceso de desarrollo; que realice un seguimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, centrándose en medidas prácticas para lograr su aplicación;

               (ao)

               que garantice que no se reduzca la parte de la ayuda general europea canalizada a través del presupuesto de la UE y que se mantenga un enfoque centrado en la lucha contra la pobreza y el hambre; que considere la asignación del 20 % del total de la ayuda de la UE a los servicios sociales básicos, tal y como los definen las Naciones Unidas, centrándose especialmente en el acceso gratuito y universal a la atención sanitaria primaria y la educación básica y teniendo en cuenta el apoyo de la UE a la iniciativa «Educación para Todos» y su compromiso de contribuir a la salud mundial;

               (ap)

               que contribuya a intensificar la coherencia política para el desarrollo y a mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo, puesto que estas cuestiones siguen siendo fundamentales para alcanzar los ODM;

               (aq)

               que dirija y acelere el esfuerzo en las Naciones Unidas para alcanzar los ODM, centrándose particularmente en esos objetivos para los que se haya avanzado menos hasta ahora;

               (ar)

               que trabaje, manteniendo el compromiso de acabar con la pobreza en colaboración con la comunidad internacional, a favor de la definición de un ambicioso programa de ODM para después de 2015, teniendo en cuenta los progresos realizados pero también los desafíos que siguen pendientes;

               (as)

               que realice un seguimiento y trabaje por lograr la plena aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012 (Río +20), sobre todo promoviendo el desarrollo sostenible como principio guía para el desarrollo mundial a largo plazo;

               (at)

               que establezca un grupo de personas eminentes de las Naciones Unidas;

               (au)

               que realice un seguimiento activo de las conclusiones adoptadas en Busan;

               (av)

               que realice una contribución decisiva a la lucha contra la especulación con alimentos, a fin de resolver el acuciante problema de la pobreza y el hambre;

               (aw)

               que dé prioridad a la seguridad alimentaria, a la capacidad productiva en la agricultura, a las infraestructuras, a la creación de capacidades, al crecimiento económico inclusivo, a mercados favorables y nuevas empresas, al acceso a la tecnología y al desarrollo humano y social en los países menos desarrollados, de conformidad con el programa de acción de Estambul y las conclusiones adoptadas en la decimotercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUDYD) de Doha celebrada el 26 de abril de 2012;

               (ax)

               que reitere su compromiso con los principios de Roma en materia de seguridad alimentaria; lamentar las consecuencias de la especulación con los productos básicos alimentarios;

               (ay)

               que aliente a los países en desarrollo, con la ayuda de donantes internacionales, a adoptar medidas a largo plazo a fin de garantizar que la sequía no derive inevitablemente en hambruna; aplicar estrategias de reducción del riesgo de desastres y sistemas de alerta temprana;

               (az)

               que dé su pleno apoyo al papel axial desempeñado por las Naciones Unidas, y en particular la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH);

               (ba)

               que reafirme el compromiso a largo plazo de la UE de respaldar el bienestar de la población en el Cuerno de África y tratar las causas subyacentes del conflicto y la inseguridad estructurales en el ámbito alimentario.

         Cambio climático, protección medioambiental global y sostenibilidad

               (bb)

               que tome la iniciativa en la gobernanza mundial del clima y la cooperación internacional sobre el cambio climático; que contribuya a una arquitectura institucional incluyente, transparente y equitativa y que haga posible una representación equilibrada de países desarrollados y países en vías de desarrollo en los órganos rectores pertinentes; que siga desarrollando un diálogo con otros actores clave, como los países BRIC y los países en desarrollo, dado que el cambio climático se ha convertido en un elemento fundamental en las relaciones internacionales; que siga desarrollando las capacidades del SEAE respecto a la elaboración de una política climática de la UE;

               (bc)

               que continúe facultando a los ciudadanos en la gobernanza medioambiental mediante la aplicación mundial eficaz del Principio 10 de la Cumbre de Río; a este respecto, que amplíe las disposiciones del Convenio de Aarhus más allá de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) mediante un convenio mundial o abriendo el Convenio de Aarhus a otras partes interesadas ajenas a la CEPE; que fomente una mejora de la gobernanza en materia de desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); que coopere activamente con los socios para lograr una mejora en la aplicación de las leyes medioambientales;

               (bd)

               que impulse una posición común de la Unión Africana y la Unión Europea a favor de convertir el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una agencia especializada de las Naciones Unidas con sede central en Nairobi, Kenia; que aborde, en este nuevo marco institucional, las cuestiones de la financiación, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades para el desarrollo sostenible;

               (be)

               que apoye la protección de la biodiversidad y el clima en los países en vías de desarrollo de acuerdo con los objetivos establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB); que convierta los mares y océanos en uno de los pilares clave del Marco de Río, junto con la protección del clima y de la biodiversidad;

               (bf)

               que apoye la participación activa de la Comisión en el actual debate sobre las lagunas de la protección y respuestas («Protection Gaps and Responses») iniciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el marco del Diálogo de 2010 del Alto Comisionado sobre los retos en material de protección, que tiene por objetivo mejorar el actual marco de protección internacional para personas desplazadas por la fuerza o personas apátridas; que participe activamente en el debate sobre el término «refugiado climático», referido a las personas que se han visto forzadas a abandonar su hogar y a buscar refugio en el extranjero debido al cambio climático, incluida una posible definición jurídica de este término, que aún no reconoce el Derecho internacional ni ningún acuerdo internacional legalmente vinculante;

         Varios

               (bg)

               que promueva la interacción sobre asuntos de carácter mundial entre gobiernos y parlamentos y fomente el debate acerca de la función a nivel mundial de los parlamentos; que fortalezca la naturaleza democrática, la obligación de rendir cuentas y la transparencia de la gobernanza mundial y permita una mayor participación pública y parlamentaria en las actividades de las Naciones Unidas;

         2.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación a la VP/AR, al Consejo y, para información, a la Comisión.

      (1)  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0255.

      (2)  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0229.

      (3)  Consejo de la Unión Europea 11298/2011.

      (4)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/256.

      (5)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/209.

      (6)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/253.

      (7)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/224.

      (8)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/223.

      (9)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/219.

      (10)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/210.

      (11)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/163.

      (12)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/59.

      (13)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/159.

      (14)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/151.

      (15)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/167.

      (16)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/65/276.

      (17)  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/236.

      (18)  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0058.

      (19)  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0507.

      (20)  Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.

      (21)  Textos Aprobados, P7_TA(2010)0482.

      (22)  DO C 99 E de 3.4.2012, p. 56.

      (23)  DO C 99 E de 3.4.2012, p. 7.

      (24)  DO C 124 E de 25.5.2006, p. 549.

      (25)  Desarme, desmovilización, reinserción y reintegración.


Avis juridique important

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31982H0172

82/172/CEE: Recomendación de la Comisión, de 22 de febrero de 1982, a la República Italiana, relativa a unas medidas encaminadas a mejorar los transportes ferroviarios de mercancías con Italia

Diario Oficial n° L 078 de 24/03/1982 p. 0024 - 0024

 /* No existe versión española de este documento, pues no está en la Edición Especial en lengua española del Derecho Derivado. En dicha Edición Especial no se incluyeron los actos que  - no estaban vigentes en la fecha de la Adhesión del Reino de España (01/01/1986),  - dejaron de estar vigentes con motivo de la Adhesión, por ejemplo: algunos acuerdos entre la Comunidad y el Reino de España o la República Portuguesa,  - sólo eran vinculantes para sus destinatarios y, por tanto, la única lengua auténtica era la suya,  - no eran obligatorios,  - no eran suficientemente relevantes,  - fueron derogados durante la elaboración de la Edición Especial.   oknoes86 */


title: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 , relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               6.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 111/1

      RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 23 de abril de 2008
   relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/C 111/01)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 149, apartado 4, y su artículo 150, apartado 4,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos, las destrezas y la competencia de los ciudadanos son esenciales para el desarrollo individual, la competitividad, el empleo, y la cohesión social de la Comunidad. Este desarrollo y reconocimiento deben facilitar la movilidad transnacional de los trabajadores y las personas en proceso de aprendizaje y contribuir a cubrir las necesidades de oferta y demanda en el mercado europeo de trabajo. Por consiguiente, conviene promover y mejorar el acceso de todos, incluidas las personas desfavorecidas, al aprendizaje permanente y la participación en el mismo, así como el reconocimiento y el uso de las cualificaciones a nivel nacional y comunitario.

               (2)

               En 2000, el Consejo Europeo de Lisboa llegó a la conclusión de que la mejora de la transparencia de las cualificaciones debería ser una de las principales medidas necesarias para adaptar los sistemas de educación y formación de la Comunidad a las exigencias de la sociedad del conocimiento. Además, el Consejo Europeo de Barcelona de 2002 pidió una cooperación más estrecha en el sector universitario y la mejora de la transparencia y de los métodos de reconocimiento en el campo de la educación y la formación profesionales.

               (3)

               La Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, sobre la educación permanente (4), instó a la Comisión a desarrollar, en estrecha cooperación con el Consejo y los Estados miembros, un marco para el reconocimiento de las cualificaciones tanto para la educación como para la formación, basándose en las realizaciones del proceso de Bolonia y fomentando una actuación similar en el ámbito de la formación profesional.

               (4)

               Los informes conjuntos del Consejo y de la Comisión sobre la ejecución del programa de trabajo «Educación y formación 2010», adoptados en 2004 y 2006, subrayaron la necesidad de desarrollar un Marco Europeo de Cualificaciones.

               (5)

               En el marco del proceso de Copenhague, las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 15 de noviembre de 2004, sobre las futuras prioridades de una cooperación reforzada europea en materia de educación y formación profesionales, dieron prioridad al desarrollo de un Marco Europeo de Cualificaciones abierto y flexible, basado en la transparencia y en la confianza mutua, que sirva de referencia común y abarque tanto la educación como la formación.

               (6)

               La validación de los resultados del aprendizaje no formal e informal debe promoverse de conformidad con las conclusiones del Consejo sobre los principios europeos comunes de determinación y convalidación de la educación no formal e informal adoptadas el 28 de mayo de 2004.

               (7)

               Los Consejos Europeos de Bruselas de marzo de 2005 y marzo de 2006 insistieron en la necesidad de adoptar un Marco Europeo de Cualificaciones.

               (8)

               La presente Recomendación tiene en cuenta la Decisión no 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass) (5) la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (6).

               (9)

               La presente Recomendación es compatible con el marco previsto para el Espacio Europeo de Educación Superior y con los descriptores de ciclo acordados por los ministros responsables de la educación superior en 45 países europeos en su reunión de Bergen celebrada los días 19 y 20 de mayo de 2005 en el marco del proceso de Bolonia.

               (10)

               Las conclusiones del Consejo sobre la garantía de calidad en materia de educación y formación profesionales de 23 y 24 de mayo de 2004, la Recomendación 2006/143/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior (7), y las normas y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, acordadas por los ministros responsables de la educación superior en su reunión de Bergen, contienen principios comunes relativos a la garantía de calidad que deben servir de apoyo a la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones.

               (11)

               La presente Recomendación se entiende sin perjuicio de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (8), que confiere derechos e impone obligaciones tanto a las autoridades nacionales como a los migrantes. Para las cualificaciones profesionales reconocidas de conformidad con la Directiva 2005/36/CE, las referencias a los niveles de cualificaciones previstos en el Marco Europeo de Cualificaciones no deben afectar al acceso al mercado de trabajo.

               (12)

               El objetivo de la presente Recomendación es crear un marco común de referencia que sirva de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación, tanto para la educación general y superior como para la educación y formación profesionales. De esta forma mejorarán la transparencia, la comparabilidad y la transferibilidad de las cualificaciones de los ciudadanos expedidas con arreglo a las prácticas de los diversos Estados miembros. En principio, debe poder obtenerse cada nivel de cualificación a través de una serie de vías educativas o carreras. Por lo demás, el Marco Europeo de Cualificaciones debe permitir a las organizaciones sectoriales internacionales establecer correspondencias entre sus sistemas de cualificaciones y un punto de referencia europeo común, mostrando así la relación entre las cualificaciones internacionales sectoriales y los sistemas nacionales de cualificaciones. La presente Recomendación debe, pues, contribuir a la consecución de objetivos más amplios tales como la promoción del aprendizaje permanente y la mejora de la capacidad de empleo, la movilidad y la integración social de los trabajadores y las personas en proceso de aprendizaje. El establecimiento de unos principios transparentes de garantía de la calidad y el intercambio de información deben servir de apoyo a su aplicación al contribuir a instaurar la confianza mutua.

               (13)

               La presente Recomendación debe contribuir a la modernización de los sistemas de educación y formación, a la interrelación entre la educación, la formación y el empleo, así como a tender puentes entre el aprendizaje formal, no formal e informal, lo que conducirá asimismo a la validación de los resultados del aprendizaje adquirido mediante la experiencia.

               (14)

               La presente Recomendación no reemplaza ni define sistemas de cualificaciones ni cualificaciones nacionales. El Marco Europeo de Cualificaciones no describe cualificaciones específicas ni competencias individuales. Cada cualificación debe estar referenciada en el nivel del Marco Europeo de Cualificaciones que le corresponda a través de los sistemas nacionales de cualificaciones pertinentes.

               (15)

               Dado su carácter no vinculante, la presente Recomendación es conforme al principio de subsidiariedad al apoyar y completar las actividades de los Estados miembros, facilitando una cooperación más estrecha entre ellos a fin de reforzar la transparencia y de promover la movilidad y el aprendizaje permanente. Debe aplicarse de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales.

               (16)

               Dado que el objetivo de la presente Recomendación, a saber, la creación de un marco común de referencia que sirva de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción prevista, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Recomendación no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

         RECOMIENDAN A LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1)

               que utilicen el Marco Europeo de Cualificaciones como instrumento de referencia para comparar los niveles de cualificación de diferentes sistemas de cualificaciones y que promuevan tanto el aprendizaje permanente como la igualdad de oportunidades en la sociedad del conocimiento, así como una mayor integración del mercado laboral europeo al tiempo que se respeta la rica diversidad de los sistemas de educación nacionales;

               2)

               que alineen, de aquí a 2010, sus sistemas nacionales de cualificaciones al Marco Europeo de Cualificaciones, en especial vinculando de manera transparente sus niveles de cualificación con los niveles contemplados en el anexo II, y, cuando proceda, desarrollando marcos nacionales de cualificaciones conformes con la legislación y las prácticas nacionales;

               3)

               que adopten medidas, cuando proceda, de forma que, a más tardar en 2012, todos los nuevos certificados de cualificación, diplomas y todos los documentos «Europass» expedidos por las autoridades competentes contengan una referencia clara —mediante los sistemas nacionales de cualificaciones— al nivel correspondiente del Marco Europeo de Cualificaciones;

               4)

               que, a la hora de definir y describir las cualificaciones, apliquen un planteamiento basado en los resultados del aprendizaje, y que promuevan la validación del aprendizaje no formal e informal en consonancia con los principios europeos comunes acordados en las conclusiones del Consejo de 28 de mayo de 2004, prestando una atención particular a aquellos ciudadanos más expuestos al desempleo y a la precariedad laboral, para los que este tipo de enfoque puede contribuir a aumentar la participación en el aprendizaje permanente y el acceso al mercado laboral;

               5)

               que promuevan y apliquen los principios relativos a la garantía de la calidad de la educación y de la formación a que se refiere el anexo III a la hora de establecer correspondencias entre las cualificaciones de la educación superior y de la educación y la formación profesionales de los sistemas nacionales de cualificaciones y del Marco Europeo de Cualificaciones;

               6)

               que designen puntos de coordinación nacionales vinculados a las estructuras y criterios particulares de los Estados miembros con la misión de apoyar y, en asociación con otras autoridades nacionales pertinentes, guiar las relaciones entre los sistemas nacionales de cualificaciones y el Marco Europeo de Cualificaciones, con vistas a fomentar la calidad y transparencia de esa relación.
               En concreto, estos puntos de coordinación deberían:

                           a)

                           poner en relación los niveles de cualificación previstos en el sistema nacional de cualificaciones con los niveles previstos en el Marco Europeo de Cualificaciones, tal y como se describen en el anexo II;

                           b)

                           velar por que se aplique una metodología transparente para establecer correspondencias entre los niveles de cualificación nacionales y el Marco Europeo de Cualificaciones con el fin de facilitar las comparaciones entre ambos, por un lado, y velar por que se publiquen las decisiones resultantes, por otro;

                           c)

                           orientar a los interesados y facilitarles el acceso a la información sobre las correspondencias que se establezcan entre las cualificaciones nacionales y el Marco Europeo de Cualificaciones a través de los sistemas nacionales de cualificaciones;

                           d)

                           promover la participación de todos los interesados afectados, incluidos, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, las instituciones de educación superior y de educación y formación profesionales, los interlocutores sociales, los sectores y los expertos en materia de comparación y uso de cualificaciones a nivel europeo.

         RESPALDAN LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:

               1)

               asistir a los Estados miembros en la realización de las tareas antes mencionadas, y a las organizaciones sectoriales internacionales en la utilización de los niveles de referencia y de los principios del Marco Europeo de Cualificaciones según lo establecido en la presente Recomendación, en especial facilitando la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y la experimentación, entre otros mediante la revisión paritaria de carácter voluntario y los proyectos piloto en el marco de programas comunitarios, lanzando campañas de información y consulta de los comités de diálogo social y elaborando material de apoyo y orientación;

               2)

               crear, a más tardar el 23 de abril de 2009, un grupo consultivo para el Marco Europeo de Cualificaciones (compuesto por representantes de los Estados miembros y en el que participarán, según proceda, los interlocutores sociales europeos y otras partes interesadas) que será responsable de garantizar la coherencia general y de promover la transparencia del proceso de correlación de los sistemas de cualificaciones y del Marco Europeo de Cualificaciones;

               3)

               valorar y evaluar, en cooperación con los Estados miembros y previa consulta a las partes interesadas, las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación, incluido el mandato y el período de vigencia del grupo consultivo, e informar, a más tardar el 23 de abril de 2013, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia adquirida y las repercusiones para el futuro, incluida, en su caso, la posibilidad de reexaminar y revisar la presente Recomendación;

               4)

               promover unos vínculos estrechos entre el Marco Europeo de Cualificaciones y los sistemas europeos existentes o futuros de transferencia y acumulación de créditos en la educación superior y en la educación y la formación profesionales, con el fin de mejorar la movilidad de los ciudadanos y facilitar el reconocimiento de los resultados del aprendizaje.

      Hecho en Estrasburgo, el 23 de abril de 2008.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         H.-G. PÖTTERING

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. LANARČIČ

      (1)  DO C 175 de 27.7.2007, p. 74.

      (2)  DO C 146 de 30.6.2007, p. 77.

      (3)  Dictamen del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 14 de febrero de 2008.

      (4)  DO C 163 de 9.7.2002, p. 1.

      (5)  DO L 390 de 31.12.2004, p. 6.

      (6)  DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.

      (7)  DO L 64 de 4.3.2006, p. 60.

      (8)  DO L 255 de 30.9.2005, p. 22. Directiva modificada por la Directiva 2006/100/CE del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 141).

      ANEXO I
      Definiciones
      A efectos de la presente Recomendación, se aplican las siguientes definiciones:

                  a)

                  «cualificación»: resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando un organismo competente establece que el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado;

                  b)

                  «sistema nacional de cualificaciones»: conjunto de las actividades de un Estado miembro relacionadas con el reconocimiento del aprendizaje y otros mecanismos destinados a poner en relación la educación y la formación con el mercado de trabajo y la sociedad civil; estas actividades incluyen la elaboración y la aplicación de disposiciones y procesos institucionales relativos a la garantía de la calidad, la evaluación y la concesión de cualificaciones; un sistema nacional de cualificaciones puede estar compuesto por varios subsistemas e incluir un marco nacional de cualificaciones;

                  c)

                  «marco nacional de cualificaciones»: instrumento de clasificación de las cualificaciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y en mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en relación con el mercado de trabajo y la sociedad civil;

                  d)

                  «sector»: conjunto de actividades profesionales agrupadas atendiendo a su función económica principal, un producto, un servicio o una tecnología;

                  e)

                  «organización sectorial internacional»: asociación de organizaciones nacionales, incluidos, por ejemplo, empleadores y organizaciones profesionales, que representa los intereses de los sectores nacionales;

                  f)

                  «resultados del aprendizaje»: expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se define en términos de conocimientos, destrezas y competencia;

                  g)

                  «conocimiento»: resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto; en el Marco Europeo de Cualificaciones, los conocimientos se describen como teóricos o fácticos;

                  h)

                  «destreza»: habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas; en el Marco Europeo de Cualificaciones, las destrezas se describen como cognitivas (fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos);

                  i)

                  «competencia»: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal; en el Marco Europeo de Cualificaciones, la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía.

      ANEXO II
      Descriptores para definir los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)

                  Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto de descriptores que indican los resultados del aprendizaje pertinentes para una cualificación de ese nivel sea cual sea el sistema de cualificaciones.

                  Conocimientos

                  Destrezas

                  Competencia

                  En el MEC, los conocimientos se describen como teóricos y/o fácticos

                  En el MEC, las destrezas se describen como cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos)

                  En el MEC, la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía

                  Nivel 1
                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 1:

                  Conocimientos generales básicos

                  Destrezas básicas necesarias para efectuar tareas simples

                  Trabajo o estudio bajo supervisión directa en un contexto estructurado

                  Nivel 2
                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 2:

                  Conocimientos fácticos básicos en un campo de trabajo o estudio concreto

                  Destrezas cognitivas y prácticas básicas necesarias para utilizar información útil a fin de efectuar tareas y resolver problemas corrientes con la ayuda de reglas y herramientas simples

                  Trabajo o estudio bajo supervisión con un cierto grado de autonomía

                  Nivel 3
                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 3:

                  Conocimiento de hechos, principios, procesos y conceptos generales en un campo del trabajo o estudio concreto

                  Gama de destrezas cognitivas y prácticas necesarias para efectuar tareas y resolver problemas seleccionando y aplicando métodos, herramientas, materiales e información básica

                  Asunción de responsabilidades en lo que respecta a la realización de tareas en actividades de trabajo o estudio.
                  Adaptación del comportamiento propio a las circunstancias para resolver problemas

                  Nivel 4
                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 4:

                  Conocimientos fácticos y teóricos en contextos amplios en un campo de trabajo o estudio concreto

                  Gama de destrezas cognitivas y prácticas necesarias para encontrar soluciones a problemas específicos en un campo de trabajo o estudio concreto

                  Ejercicio de autogestión conforme a consignas definidas en contextos de trabajo o estudio generalmente previsibles, pero susceptibles de cambiar.
                  Supervisión del trabajo rutinario de otras personas, asumiendo ciertas responsabilidades por lo que respecta a la evaluación y la mejora de actividades de trabajo o estudio

                  Nivel 5 (1)

                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 5:

                  Amplios conocimientos especializados, fácticos y teóricos, en un campo de trabajo o estudio concreto, siendo consciente de los límites de esos conocimientos

                  Gama completa de destrezas cognitivas y prácticas necesarias para encontrar soluciones creativas a problemas abstractos

                  Labores de gestión y supervisión en contextos de actividades de trabajo o estudio en las que pueden producirse cambios imprevisibles.
                  Revisión y desarrollo del rendimiento propio y ajeno

                  Nivel 6 (2)

                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 6:

                  Conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que requiera una comprensión crítica de teorías y principios

                  Destrezas avanzadas que acrediten el dominio y las dotes de innovación necesarias para resolver problemas complejos e imprevisibles en un campo especializado de trabajo o estudio

                  Gestión de actividades o proyectos técnicos o profesionales complejos, asumiendo responsabilidades por la toma de decisiones en contextos de trabajo o estudio imprevisibles.
                  Asunción de responsabilidades en lo que respecta a la gestión del desarrollo profesional de particulares y grupos

                  Nivel 7 (3)

                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 7:

                  Conocimientos altamente especializados, algunos de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio concreto, que sienten las bases de un pensamiento o investigación originales.
                  Conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un campo concreto y en el punto de articulación entre diversos campos

                  Destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o innovación, con vistas al desarrollo de nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de los conocimientos en diversos campos

                  Gestión y transformación de contextos de trabajo o estudio complejos, imprevisibles y que requieren nuevos planteamientos estratégicos.
                  Asunción de responsabilidades en lo que respecta al desarrollo de conocimientos y/o prácticas profesionales y a la revisión del rendimiento estratégico de equipos

                  Nivel 8 (4)

                  Resultados del aprendizaje correspondientes al nivel 8:

                  Conocimientos en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio concreto y en el punto de articulación entre diversos campos

                  Destrezas y técnicas más avanzadas y especializadas, en particular en materia de síntesis y evaluación, necesarias para resolver problemas críticos en la investigación y/o la innovación y para ampliar y redefinir conocimientos o prácticas profesionales existentes

                  Autoridad, innovación, autonomía, integridad académica y profesional y compromiso continuo sustanciales y acreditados respecto al desarrollo de nuevas ideas o procesos en la vanguardia de contextos de trabajo o estudio, incluida la investigación

                  El marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior prevé descriptores para los ciclos de enseñanza.
                  Cada descriptor de ciclo ofrece una declaración genérica de las expectativas en materia de realizaciones y habilidades habitualmente asociadas con las cualificaciones que representan el fin de ese ciclo.

         (1)  El descriptor para el ciclo corto de la educación superior (dentro del primer ciclo o vinculado a él), elaborado en el contexto de la iniciativa conjunta a favor de la calidad en el marco del proceso de Bolonia, corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 5 del MEC.

         (2)  El descriptor para el primer ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la reunión celebrada en Bergen en mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 6 del MEC.

         (3)  El descriptor para el segundo ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la reunión celebrada en Bergen en mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 7 del MEC.

         (4)  El descriptor para el tercer ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la reunión celebrada en Bergen en mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 8 del MEC.

      ANEXO III
      Principios comunes relativos a la garantía de la calidad en la educación superior y en la educación y formación profesionales en el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones
      En el contexto de la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones, la garantía de la calidad necesaria para asegurar la asunción de responsabilidades y la mejora de la educación superior y de la educación y formación profesionales debería sustentarse en los siguientes principios:

                  —

                  todos los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones deberían sustentarse en políticas y procedimientos relativos a la garantía de la calidad,

                  —

                  la garantía de la calidad debería ser parte integrante de la gestión interna de las instituciones de educación y formación,

                  —

                  la garantía de la calidad debería incluir una evaluación periódica de las instituciones, sus programas o sus sistemas de garantía de la calidad a cargo de órganos o agencias de supervisión externos,

                  —

                  los órganos o agencias de supervisión externos responsables de la garantía de la calidad deberían ser objeto de controles regulares,

                  —

                  la garantía de la calidad debería abarcar los contextos, insumos, procesos y producciones, haciendo hincapié en los productos y resultados,

                  —

                  los sistemas de garantía de la calidad deberían incluir los siguientes elementos:

                              —

                              objetivos y normas claros y mensurables,

                              —

                              directrices de aplicación que prevean, en particular, la participación de la partes interesadas,

                              —

                              recursos apropiados,

                              —

                              métodos de evaluación coherentes que conjuguen la autoevaluación y el control externo,

                              —

                              mecanismos y procedimientos de respuesta a fines de mejora,

                              —

                              resultados de evaluación ampliamente accesibles,

                  —

                  las iniciativas relativas a la garantía de la calidad deberían coordinarse a nivel internacional, nacional y regional a fin de garantizar la supervisión, la coherencia, la sinergia y el análisis del sistema,

                  —

                  la garantía de la calidad debería ser un proceso cooperativo en el que intervengan todos los niveles y sistemas de educación y formación, integrando a todas las partes interesadas en este ámbito, a nivel nacional y comunitario,

                  —

                  las orientaciones relativas a la garantía de la calidad a nivel comunitario pueden constituir puntos de referencia para las evaluaciones y el aprendizaje inter pares.