title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Hungría y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Hungría

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/49

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Hungría y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Hungría
   (2016/C 299/12)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Hungría fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Hungría no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, aunque las elevadas necesidades de refinanciación de la deuda externa y la proporción de préstamos no productivos siguen siendo motivo de preocupación, se han reducido los riesgos relacionados con los pasivos externos e internos.

               (3)

               El 29 de abril de 2016, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Convergencia de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               El Programa de Convergencia indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados es significativo, y una adenda de 6 de mayo aporta una prueba suficiente del alcance y de la naturaleza de esos costes presupuestarios adicionales. Según la evaluación de la Comisión, el gasto adicional admisible ascendió al 0,04 % del PIB en 2015 y actualmente no se esperan nuevos costes adicionales en 2016. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a estos gastos adicionales en la medida en que la entrada de refugiados constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Hungría es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo a medio plazo. Por tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2015 se ha reducido a fin de tener en cuenta esos costes. En lo que se refiere a 2016, se realizará una evaluación final, incluidos los importes admisibles, en la primavera de 2017, sobre la base de los datos observados proporcionados por las autoridades húngaras.

               (6)

               Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé que el déficit global aumente al 2,4 % del PIB en 2017 y se vaya reduciendo gradualmente hasta alcanzar el 1,2 % en 2020. El Gobierno tiene prevista una mejora gradual del saldo estructural para lograr su objetivo presupuestario a medio plazo revisado (un déficit del 1,5 % del PIB en términos estructurales) de aquí al año 2019. No obstante, el déficit estructural recalculado (4) seguiría siendo superior al objetivo presupuestario a medio plazo. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente del 75,3 % en 2015 a menos del 65 % en 2020. El escenario macroeconómico en el que se apoyan estas previsiones presupuestarias es verosímil en líneas generales hasta 2017 y cada vez más favorable para los años siguientes. Las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 todavía no se han especificado lo suficiente, en particular tras ese año. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo elevado de que se produzca una desviación importante del ajuste requerido en 2016 y, suponiendo que no haya cambios en las políticas, también en 2016 y 2017, considerados en conjunto. Al mismo tiempo, se prevé que Hungría cumpla el valor de referencia para la reducción de la deuda en 2016 y en 2017. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo estima que cabe el riesgo de que Hungría no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para ambos años a fin de garantizar ese cumplimiento.

               (7)

               Se han reducido los desequilibrios financieros internos y el sistema bancario ha pasado a ser menos vulnerable, pero quedan retos pendientes. Se ha avanzado de forma notable en la reducción de la deuda del sector privado, que antes estaba denominada mayormente en moneda extranjera. Los préstamos a los hogares mostraron signos de recuperación, pero aún se espera un cambio de tendencia en los préstamos a empresas. La rentabilidad del sector bancario ha comenzado a recuperarse, impulsada por la mejora de la coyuntura económica y por una moderación de las políticas anteriores de tributación de los bancos. No obstante, los bancos siguen siendo prudentes en sus préstamos, aunque están bien capitalizados y disponen de gran liquidez. El principal reto pendiente para los bancos es reducir la proporción aún elevada de préstamos no productivos que dificultan la concesión de nuevos préstamos y ejercen presión sobre los beneficios. Los riesgos de pasivos contingentes relacionados con el incremento de la participación del Estado en el sector bancario siguen siendo elevados.

               (8)

               Pese a las recientes mejoras considerables en las políticas fiscales y en la administración tributaria, la dependencia de Hungría frente a los impuestos sectoriales específicos sigue siendo un posible obstáculo para la inversión. El establecimiento selectivo de esos impuestos genera falseamientos entre los distintos sectores. Si bien es cierto que siguen vigentes varios impuestos sectoriales específicos, se ha reducido notablemente el gravamen sobre las entidades de crédito y han sido derogados los tipos progresivos de la tasa de inspección alimentaria. La cuña fiscal sobre el trabajo aplicada a los trabajadores con salarios bajos sigue siendo elevada, especialmente para los trabajadores sin hijos. Este hecho puede afectar de forma negativa a su empleabilidad y también puede suponer un freno a la inversión. Se han tomado medidas para reducir la cuña fiscal (incluida una reducción de un punto porcentual en el tipo impositivo uniforme del impuesto sobre la renta y un incremento de la desgravación fiscal para los trabajadores con dos hijos). Sin embargo, las medidas no están enfocadas adecuadamente para tener un efecto significativo en los trabajadores con salarios bajos. Existe un margen para trasladar la carga fiscal sobre las rentas del trabajo hacia ámbitos que falseen menos el crecimiento. Se han adoptado varias medidas para mejorar el cumplimiento de las normas y reducir los costes correspondientes, si bien estos últimos siguen siendo elevados. Pese a las mejoras registradas en los últimos años, Hungría aún debe resolver problemas que afectan a la eficiencia en la recaudación de impuestos. El Gobierno anunció una reforma institucional de gran calado, que pondrá en marcha en 2016, para una mayor eficiencia de la administración tributaria.

               (9)

               Se han registrado pocos avances en el fomento de la competencia y la transparencia en la contratación pública (por ejemplo, con la adopción de la nueva Ley de contratación pública, cuya conformidad con la legislación de la UE aún debe ser evaluada), mientras que unos cambios reglamentarios imprevisibles y diversas trabas administrativas obstaculizan la empresa privada y la inversión. El número elevado de procedimientos negociados sin publicación y las adjudicaciones de contratos con una sola oferta muestran que persiste el bajo nivel de competencia en la contratación pública. El Gobierno presentó en mayo de 2016 una estrategia de contratación electrónica. Es necesario realizar un seguimiento de su aplicación y sus repercusiones en la mejora de la eficiencia y la transparencia; persiste el riesgo de corrupción. Serán necesarios cambios para que el nuevo programa nacional de acción contra la corrupción 2015-2018 sea más eficaz a la hora de prevenir la corrupción en las instituciones públicas y de aplicar sanciones disuasorias. El Gobierno no ha renovado el compromiso que había contraído de revisar la Ley de 2013 sobre los denunciantes, y esta carece de disposiciones que los protejan adecuadamente ante posibles represalias. Los planes de revisión del sistema de declaraciones patrimoniales que figuran en el programa nacional de acción contra la corrupción adolecen de una falta de ambición, y las nuevas modificaciones legislativas aprobadas en 2015 introdujeron restricciones adicionales en el acceso del público a la información. El Gobierno ha tomado medidas para reducir la carga administrativa, pero la normativa restrictiva de Hungría en el sector de los servicios y un marco reglamentario volátil siguen siendo preocupantes para las empresas, lo cual crea incertidumbre entre los inversores. Las restricciones de establecimiento y de funcionamiento en el sector minorista constituyen obstáculos importantes a la entrada y a la expansión. Los recargos en el sector minorista húngaro ocupan la tercera posición dentro de la Unión y han aumentado continuamente en la última década, mientras que el indicador de eficiencia en la asignación de recursos es uno de los más bajos de la Unión.

               (10)

               Las evoluciones recientes del mercado laboral son favorables en Hungría, con una tasa de desempleo que ha caído a los niveles registrados antes de la crisis. La creación de empleo en el sector privado está repuntando, si bien es cierto que el programa de obras públicas también ha contribuido a reducir el desempleo. Ese programa constituye la principal política activa del mercado laboral en Hungría. Su coste presupuestario se ha multiplicado por más de cuatro en los cinco últimos años. No obstante, el programa no parece ser suficiente para mejorar la reincorporación de los participantes a un mercado laboral abierto. En el primer semestre de 2015, el índice de salida del programa hacia un empleo regular fue del 13,1 %, pero alrededor del 60 % de los participantes que lo dejaron en ese período volvieron a él en un plazo de 180 días. Este hecho aumenta de forma significativa los riesgos de bloquear a los participantes en el programa, especialmente a los trabajadores poco cualificados y a los habitantes de regiones desfavorecidas. Aunque el programa está destinado específicamente a los desempleados de larga duración, a los trabajadores poco cualificados y a los desempleados que viven en zonas desfavorecidas, en 2015 el 47 % de los participantes tenían estudios secundarios o superiores. La proporción de personas desempleadas que participan en obras públicas también es importante en regiones con unos mercados laborales que funcionen correctamente. La reciente reforma del servicio público de empleo puede hacer que resulte menos eficaz. La complejidad administrativa de las disposiciones de gestión (actualmente, cuatro ministerios se reparten la responsabilidad del servicio público de empleo) puede comprometer de modo significativo una dirección eficaz y una mayor atención a los resultados. La duración máxima de las prestaciones por desempleo (tres meses) es la más baja de la UE y es bastante más corta que el plazo medio necesario para encontrar un puesto de trabajo. Los indicadores de pobreza están mejorando, pero siguen siendo elevados, especialmente entre los más desfavorecidos, en particular los romaníes y los menores. La adecuación y la cobertura de la asistencia social siguen siendo problemáticas y las reformas recientes podrían restringir aún más las condiciones de acceso a una serie de prestaciones.

               (11)

               Los resultados medios de los estudiantes húngaros en las aptitudes básicas fueron inferiores a la media de la UE en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA) correspondiente a 2012 y la proporción de alumnos con bajo rendimiento aumentó entre 2009 y 2012. La influencia del origen socioeconómico y de la ubicación de la escuela en el rendimiento educativo es una de las más fuertes de la Unión. La selectividad del sistema educativo profundiza en las diferencias de rendimiento entre los estudiantes de los distintos tipos de escuela, y esas diferencias tienden a ampliarse con el tiempo. La falta de igualdad de acceso a una educación general de calidad es especialmente grave para los romaníes. Salvo en la educación infantil, que ha registrado mejoras significativas en los últimos años, siguen existiendo grandes diferencias en las tasas de finalización de estudios entre los romaníes y el resto de la población en todos los demás niveles educativos (enseñanza primaria, secundaria y superior). El abandono escolar prematuro sigue siendo elevado entre los romaníes. Hungría ha introducido una serie de medidas para paliar con mayor eficacia el problema de la falta de rendimiento. No obstante, no pueden consultarse algunos detalles importantes sobre la aplicación de estas medidas, por lo que resulta difícil evaluar su posible impacto. Falta por desarrollar un enfoque sistémico que promueva un sistema general de enseñanza inclusivo. No se ha publicado aún el plan de aplicación anunciado de la estrategia de lucha contra el abandono escolar prematuro. La transición entre las distintas formas y fases de la enseñanza sigue siendo difícil y la ejecución de las reformas recientes en materia de formación profesional debería dirigirse a facilitar las transiciones.

               (12)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (13)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su Dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               En vista del riesgo elevado de desviación importante, lograr un ajuste presupuestario anual del 0,3 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y del 0,6 % del PIB en 2017, salvo que pueda cumplirse el objetivo presupuestario a medio plazo con un menor esfuerzo, mediante la adopción de las medidas estructurales necesarias.

               2.

               Seguir reduciendo los impuestos sectoriales específicos y la cuña fiscal para los trabajadores con bajos salarios. Reforzar la transparencia y la competencia mediante la contratación pública electrónica, una mayor publicación de licitaciones y una mejora adicional del marco de lucha contra la corrupción. Mejorar el marco reglamentario en el sector de los servicios y en el sector minorista, reduciendo las normas restrictivas y garantizando la previsibilidad.

               3.

               Facilitar la transición entre el programa de obras públicas y el mercado laboral primario y reforzar otras políticas activas del mercado laboral. Mejorar la adecuación y la cobertura de la asistencia social y las prestaciones por desempleo. Adoptar medidas para mejorar los resultados educativos y aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, sobre todo los romaníes, en un sistema general de enseñanza inclusivo.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Saldo estructural recalculado por la Comisión sobre la base de la información que figura en el Programa de Convergencia, siguiendo la metodología comúnmente acordada.

      (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de 24 de octubre de 2006 , sobre la administración de los recursos financieros destinados a la clausura de instalaciones nucleares y a la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos

text:
               28.11.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 330/31

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 24 de octubre de 2006
   sobre la administración de los recursos financieros destinados a la clausura de instalaciones nucleares y a la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos
   (2006/851/Euratom)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 124,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El preámbulo del Tratado reconoce la preocupación de los Estados miembros por establecer condiciones de seguridad que eviten todo riesgo para la vida y la salud de las poblaciones.

               (2)

               El artículo 2, letra b), del Tratado insta a la Comunidad, en particular, a establecer normas de seguridad uniformes para la protección sanitaria de los trabajadores y de la población en general y a velar por su aplicación.

               (3)

               El capítulo III del Tratado establece normas básicas para que la Comunidad pueda velar por la protección sanitaria y la seguridad de los trabajadores y de la población en general contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes.

               (4)

               La Directiva 96/29/Euratom del Consejo (1) establece las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

               (5)

               La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (2), insta a los Estados miembros a adoptar «las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos».

               (6)

               Las radiaciones ionizantes del material radiactivo pueden tener consecuencias después del período de vida útil de las instalaciones nucleares y traspasar las fronteras nacionales.

               (7)

               La seguridad de los trabajadores y de la población en general frente a tales riesgos reviste primordial importancia para las Comunidades Europeas. Por consiguiente, deben observarse estrictas normas de seguridad para garantizar una protección adecuada contra dichos riesgos tanto durante el período de vida útil de las instalaciones nucleares como después de él.

               (8)

               El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han subrayado «la necesidad de que los Estados miembros velen por que se disponga efectivamente, para los efectos previstos, de los recursos financieros adecuados para las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos, que serán objeto de auditoría en los Estados miembros, que tales recursos se administran de manera transparente y se evitan, por tanto, los obstáculos a la libre competencia en el mercado de la energía» (3).

               (9)

               Asimismo, la Comisión ha resaltado la importancia de «velar por que los recursos establecidos para las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos, relacionadas con los objetivos del Tratado Euratom, se administran de manera transparente y se utilizan solo a tal efecto. En este contexto, y en el marco de las competencias que le confiere el Tratado Euratom, la Comisión tiene intención de publicar un informe anual sobre la utilización de fondos para desmantelamiento y gestión de residuos. La Comisión pondrá especial cuidado en asegurarse de la plena aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria» (4).

               (10)

               En su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo (5), la Comisión destacaba que era precisa una mayor transparencia y armonización en la gestión de estos recursos financieros. La Comisión también manifestaba su intención de presentar una recomendación en 2005.

               (11)

               Las propias operaciones que llevan a la clausura también pueden entrañar riesgos en los ámbitos de la sanidad y el medio ambiente, especialmente si no se adoptan en el momento oportuno las medidas necesarias para hacer frente a los riesgos radiológicos de tales operaciones.

               (12)

               Para afrontar todos estos riesgos, es necesario velar por una clausura segura de las instalaciones nucleares, garantizando la gestión a largo plazo de los residuos radiactivos y del combustible gastado.

               (13)

               Una clausura segura de las instalaciones nucleares que incluya la gestión a largo plazo de los residuos radiactivos y del combustible gastado exige sustanciales recursos financieros. La falta de tales recursos en el momento en que son necesarios puede tener efectos negativos en el proceso de clausura. Se ha de poder disponer en el momento oportuno de recursos financieros suficientes que hagan posible la clausura completa de las instalaciones nucleares de acuerdo con las normas de seguridad.

               (14)

               De conformidad con el principio de que «quien contamina, paga», los responsables de instalaciones nucleares deben reservar recursos financieros suficientes para hacer frente a los futuros costes de la clausura durante el período de vida útil de dichas instalaciones.

               (15)

               En el contexto específico de las negociaciones para la adhesión se abordó la cuestión del cierre anticipado de los reactores nucleares cuya modernización no se consideraba rentable. Así, la Comunidad ha participado por iniciativa propia en la recogida de recursos financieros y, de acuerdo con ciertas condiciones, presta ayuda económica a varios proyectos de clausura en algunos nuevos Estados miembros.

               (16)

               En virtud del artículo 26 de la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, que entró en vigor el 18 de junio de 2001, «cada Parte contratante adoptará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad durante la clausura de una instalación nuclear. Dichas medidas garantizarán que se disponga de personal cualificado y recursos financieros adecuados». El artículo 22, inciso ii), de dicha Convención insta a las Partes contratantes a adoptar las medidas adecuadas para asegurar que se disponga de «recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos durante su vida operacional y para la clausura».

               (17)

               El artículo 2, letra c), del Tratado establece que la Comunidad debe facilitar las inversiones y garantizar el establecimiento de las instalaciones básicas necesarias para el desarrollo de la energía nuclear en la Comunidad. El desarrollo de este tipo de energía no puede desligarse del proceso de clausura de tales instalaciones. Según el artículo 41 del Tratado, los proyectos de inversión en el sector de la energía nuclear han de notificarse a la Comisión para que esta pueda proceder a su examen. El Reglamento (Euratom) no 2587/1999 del Consejo, de 2 de diciembre de 1999, relativo a la definición de los proyectos de inversión que deberán comunicarse a la Comisión de conformidad con el artículo 41 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (6), incluye las actividades de clausura entre los proyectos de inversión que se han de notificar a la Comisión y examinar con ella. Por tanto, las personas y empresas (7) deben informar a la Comisión de las disposiciones adoptadas para financiar las actividades de clausura con respecto a las instalaciones nucleares de nueva construcción.

               (18)

               A fin de disponer de recursos financieros suficientes cuando son necesarios, es preciso un análisis sólido y prudente de las fuentes de financiación y de los costes derivados de la clausura de las instalaciones. A la hora de determinar los fondos destinados a la clausura deben tenerse en cuenta los aspectos tecnológicos y los imperativos de seguridad nuclear.

               (19)

               Al objeto de disponer de recursos en el momento en que se necesitan para proceder a la clausura de instalaciones nucleares, reviste crucial importancia garantizar una gestión transparente, con una supervisión externa apropiada de esos recursos financieros, lo cual también contribuirá a evitar obstáculos a la competencia leal en el mercado de la energía. Existen varias opciones de gestión adecuadas para alcanzar estos objetivos. Conviene crear un organismo nacional específico que proporcione asesoramiento especializado en materia de gestión de fondos y costes de clausura.

               (20)

               La presente Recomendación no establece excepciones respecto de las normas sobre ayudas estatales. En este contexto, la intervención del Estado abarca las cuestiones reguladas por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, por tanto, debe evaluarse en consecuencia. No obstante, en la medida en que no sea necesaria para alcanzar los objetivos de dicho Tratado o los supere, o falsee o pueda falsear la competencia en el mercado interior, debe evaluarse a la luz del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

               (21)

               Es necesario examinar cuidadosamente de qué manera se invierten estos recursos financieros para así evitar cualquier posible utilización incorrecta. Las inversiones han de hacerse a largo plazo y tener un perfil de riesgo estable, protegiendo al mismo tiempo de forma adecuada el valor real de los fondos.

               (22)

               En aras de la seguridad, cuando se reúnan los recursos necesarios para la clausura de instalaciones nucleares se deben tener presentes las circunstancias específicas de determinadas instalaciones.

               (23)

               La experiencia demuestra que el intercambio de información entre expertos nacionales sobre los diversos sistemas y disposiciones de financiación para la clausura y gestión de los residuos constituye un método excelente para favorecer una respuesta común a las cuestiones de seguridad. En su empeño por intensificar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, la Comisión anuncia su intención de crear un grupo permanente sobre financiación de las actividades de clausura. Es conveniente que dicho grupo asista a la Comisión en sus actuaciones en el contexto de la presente Recomendación.

               (24)

               Sin perjuicio del principio general de subsidiariedad, es adecuado sugerir cierto grado de armonización con respecto a las definiciones empleadas en el ámbito de las actividades de clausura. Dicha armonización debería llevarse a cabo a través del Grupo sobre financiación de las actividades de clausura, en el que convendría llegar a una interpretación común de la presente Recomendación con miras a su aplicación y, en particular, a la armonización de los métodos de cálculo de costes de tales actividades.

               (25)

               El Centro Común de Investigación, creado sobre la base del artículo 8 del Tratado, lleva a cabo programas de investigación en el sector nuclear que pueden entrañar riesgos de ionización una vez finalizado el período de vida útil de sus instalaciones. A fin de garantizar la seguridad de tales instalaciones, la Comisión ha de velar por que dicho Centro cumpla las presentes recomendaciones. En particular, la Comisión debe comprobar la adecuación de los recursos financieros a los efectos de la clausura de las instalaciones del Centro. Los departamentos de la Comisión responsables de asuntos nucleares y presupuestarios son los más indicados para llevar a cabo estas tareas.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1
   OBJETO
   Teniendo presentes los objetivos de seguridad establecidos en el Tratado, la presente Recomendación propone medidas para garantizar que se dispone de recursos financieros suficientes en el momento oportuno para todas las actividades de clausura de instalaciones nucleares y para la gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos.
   SECCIÓN 2
   DEFINICIONES
   A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:

               a)

               «clausura»: todas las actividades de que consta la clausura técnica de la instalación nuclear (descontaminación, desmantelamiento y demolición) y la gestión de residuos (gestión y eliminación de residuos radiactivos y combustible gastado) conducentes a la suspensión de las restricciones de índole radiológica impuestas a las instalaciones nucleares;

               b)

               «fondo para clausura»: todo tipo de recursos financieros destinados específicamente a cubrir los gastos necesarios para la clausura de instalaciones nucleares;

               c)

               «fondo para clausura externo»: el fondo para clausura gestionado por un organismo específico e independiente de los contribuyentes al fondo a la hora de adoptar sus decisiones;

               d)

               «fondo para clausura interno»: el fondo para clausura administrado por el responsable de la instalación nuclear;

               e)

               «fondo para clausura separado»: el fondo para clausura interno o externo independiente de los demás;

               f)

               «responsable de la instalación nuclear»: la persona jurídica que explota la instalación nuclear y en quien recae la principal responsabilidad en materia de seguridad nuclear;

               g)

               «instalación nuclear»: toda instalación civil y sus terrenos, edificios y equipos en los que se produce, transforma, utiliza, manipula, almacena o elimina material radiactivo.

         SECCIÓN 3
   CLAUSURA DE INSTALACIONES NUCLEARES

               1)

               Es conveniente que todas las instalaciones nucleares se clausuren tras su cierre definitivo y que los residuos se gestionen debidamente.

               2)

               Las actividades de clausura deberían llevarse a cabo sin riesgos innecesarios para la salud y seguridad de los trabajadores y los ciudadanos en general.

               3)

               Debería aplicarse plenamente el principio de que «quien contamina, paga» a lo largo de todo el proceso de clausura de instalaciones nucleares. A este respecto, los responsables de instalaciones nucleares han de velar ante todo por que se disponga de recursos financieros suficientes para garantizar una clausura segura en el momento en que la instalación nuclear cierre definitivamente.

               4)

               Los recursos financieros disponibles deberían abarcar todos los aspectos de las actividades de clausura, desde la clausura técnica de la instalación hasta la gestión de residuos.

         SECCIÓN 4
   ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE PROCEDIMIENTO

               5)

               Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 del Tratado y en los reglamentos vigentes relativos a su aplicación (8), las personas y empresas deberían notificar el régimen de financiación de la clausura previsto en el contexto del procedimiento establecido en el artículo 41 del Tratado en lo relativo a la construcción de nuevas instalaciones nucleares.
               A la hora de examinar el régimen de financiación de la clausura propuesto, la Comisión consultará al Grupo sobre financiación de las actividades de clausura, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 44 de Tratado.

               6)

               Cuando ello no esté aún previsto, es conveniente que los Estados miembros creen o designen un organismo nacional que preste asesoramiento especializado en materia de gestión de fondos y de costes de clausura. Dicho organismo ha de ser independiente de los contribuyentes al fondo.
               El organismo nacional debe examinar anualmente los recursos financieros reunidos y analizar periódicamente, al menos cada cinco años, las estimaciones de los costes de clausura. En caso de que los recursos reunidos sean inferiores a las estimaciones de costes, se deberían tomar las medidas oportunas con la debida antelación.
               Los Estados miembros deberán informar anualmente a la Comisión de las conclusiones de las actas del organismo nacional competente citado.

         SECCIÓN 5
   FONDOS PARA CLAUSURA

               7)

               Los responsables de instalaciones nucleares deberían crear fondos para clausura adecuados sobre la base de los ingresos obtenidos de sus actividades nucleares durante el período de vida útil previsto.

               8)

               En todas las instalaciones nucleares conviene optar preferentemente por un fondo separado con un control adecuado que garantice una utilización prudente. El examen del organismo nacional previsto en la presente Recomendación cumple una función esencial con miras a garantizar una gestión y utilización adecuadas de los fondos.

               9)

               Las nuevas instalaciones nucleares deberían establecer fondos para clausura separados con un control adecuado que garantice una utilización prudente de los mismos.

         SECCIÓN 6
   ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE CLAUSURA

               10)

               Dadas las diferencias en la utilización de los fondos para clausura reunidos, la clausura técnica de la instalación, por una parte, y la gestión de los residuos, por otra, deberían abordarse por separado sobre la base de cálculos de costes diferentes.

               11)

               A fin de garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficientes, los costes se deberían calcular eligiendo entre las opciones realistas existentes una opción prudente, que se someterá a supervisión externa y a la aprobación del organismo nacional previsto en la presente Recomendación.

               12)

               Todas las estimaciones de costes deberían referirse a una instalación determinada y basarse en las mejores estimaciones disponibles.

               13)

               En caso de que, al procederse a la clausura, el importe del proyecto sea superior a la cuantía prevista en las estimaciones de costes aprobadas, el responsable de la instalación nuclear debería cubrir los gastos suplementarios. Debe prestarse especial atención a este aspecto en caso de que se produzca un cambio de responsable tanto durante el período de vida útil de la instalación nuclear como tras él.

               14)

               Conviene dedicar la debida atención a situaciones en que, por motivos históricos, lo más adecuado sea optar por una solución especial. Esta fórmula caso por caso ha de ser transparente y contar con la plena participación del organismo nacional previsto en la presente Recomendación.

         SECCIÓN 7
   UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PARA CLAUSURA

               15)

               Los recursos financieros deberían utilizarse exclusivamente para los fines para los que se han establecido y gestionado. En este contexto, es conveniente prestar especial atención a la transparencia. Toda la información que no sea delicada desde el punto de vista comercial debería ponerse a disposición del público.

               16)

               Al invertir el activo debería buscarse un perfil de riesgo estable que asegure beneficios positivos a plazo.

               17)

               El responsable de la instalación nuclear no tiene influencia alguna en la gestión financiera de un fondo para clausura externo, por lo que el Estado debería garantizar el valor de las inversiones para que así pueda disponerse de fondos suficientes cuando sea necesario, incluso si el gestor independiente de las sumas invertidas sufre una pérdida nominal cuando vayan a utilizarse esos recursos financieros. En tal caso, los fondos deberían completarse con una suma no superior a la que se ha perdido en la inversión.

               18)

               En caso de gestión insuficiente de un fondo interno, el responsable de la instalación nuclear debería velar por que se disponga de fondos suficientes cuando sea necesario.

               19)

               En el caso de las instalaciones nucleares cuyo principal objetivo no sea la venta de productos o servicios, la clausura debería planificarse y presupuestarse debidamente para así poder disponer de fondos suficientes para una clausura segura y tempestiva de tales instalaciones.

               20)

               La programación presupuestaria debería ser examinada por el organismo nacional previsto en la presente Recomendación. De no existir dicho organismo nacional, los Estados miembros pueden solicitar asesoramiento a la Comisión sobre las medidas que deban adoptarse.

      Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2006.

            Por la Comisión

         Andris PIEBALGS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

      (2)  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).

      (3)  Declaración interinstitucional publicada en el DO L 176 de 15.7.2003, p. 56.

      (4)  Declaración de la Comisión publicada en el DO L 176 de 15.7.2003, p. 56.

      (5)  COM(2004) 719, Informe sobre la utilización de los recursos financieros destinados al desmantelamiento de las centrales nucleoeléctricas, de 26.10.2004.

      (6)  DO L 315 de 9.12.1999, p. 1.

      (7)  Personas y empresas que realicen actividades relacionadas con los sectores industriales enumerados en el anexo II del Tratado Euratom.

      (8)  Reglamento (Euratom) no 2587/1999 del Consejo, de 2 de diciembre de 1999, relativo a la definición de los proyectos de inversión que deberán comunicarse a la Comisión de conformidad con el artículo 41 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica a (DO L 315 de 9.12.1999, p. 1), y Reglamento (Euratom) no 1352/2003 de la Comisión, de 23 de julio de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 1209/2000 por el que se determinan los procedimientos de ejecución de la obligación de comunicación establecida en el artículo 41 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO L 192 de 31.7.2003, p. 15).


Avis juridique important

|

32002H0515(01)

Recomendación del Consejo de 25 de abril de 2002 sobre mejora de la metodología de investigación operativa en la lucha contra la delincuencia vinculada al tráfico organizado de drogas: investigación de la organización por tráfico de drogas y simultáneamente investigación económico-patrimonial de la misma

Diario Oficial n° C 114 de 15/05/2002 p. 0001 - 0002

Recomendación del Consejode 25 de abril de 2002sobre mejora de la metodología de investigación operativa en la lucha contra la delincuencia vinculada al tráfico organizado de drogas: investigación de la organización por tráfico de drogas y simultáneamente investigación económico-patrimonial de la misma(2002/C 114/01)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,TENIENDO EN CUENTA la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988,TENIENDO EN CUENTA la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada en Parlermo, año 2000,TENIENDO EN CUENTA las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en sesión especial en Tampere, los días 15 y 16 de Octubre de 1999,TENIENDO EN CUENTA el Plan de acción europeo sobre drogas, aprobado por el Consejo Europeo de Feira, de junio de 2000,TENIENDO EN CUENTA el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito del año 1990,TENIENDO EN CUENTA la Decisión Marco del Consejo, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito, de 26 de junio de 2001(1),Considerando lo siguiente:(1) Entre las acciones contempladas en el Plan de acción de la Unión Europea en materia de drogas se prevé reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada relacionada con él, así como otras formas de delincuencia relacionada con la droga, mediante diversos actos, entre ellos fomentando nuevas técnicas de investigación.(2) La Unión Europea ha mostrado siempre su firme decisión de luchar contra todo tipo de delincuencia, incluida la delincuencia relacionada con el tráfico organizado de drogas, adoptando diversa legislación adecuada al efecto, tratando de contrarrestar la preocupación por la creciente penetración del tráfico ilícito de drogas en los distintos grupos sociales.(3) El tráfico ilícito genera grandes fortunas que permiten a la delincuencia relacionada con la droga perjudicar a la sociedad en general; por lo que privando a este tipo de delincuencia de las enormes ganancias obtenidas con sus ilícitas actividades, independientemente de la incautación de la droga, se le causa un grave daño, dificultando e impidiendo su regeneración.(4) Las técnicas de investigación deben fomentarse, fortalecerse e incluso mejorarse, tratando de ser más efectivas en la lucha contra la delincuencia relacionada con el tráfico organizado de drogas.(5) Convencido de los resultados obtenidos en algunos Estados miembros y con el deseo de tratar de aplicar, cuando sea necesario, la técnica de investigación consistente en actuar de forma simultánea y desde el inicio de la investigación sobre la delincuencia vinculada al tráfico de drogas; averiguando, de esta manera, tanto las actividades de tráfico ilícito de drogas como los bienes (cualesquiera que sean) en poder de la organización, así como los que adquirieron durante la fase de investigación, identificando a sus titulares.(6) Existe el convencimiento de mayor efectividad con la utilización de la técnica de investigación simultánea ya que las autoridades competentes podrán decidir el embargo de los bienes de cualquier naturaleza que procedan de la actividad delictiva, y evitar la enajenación de los mismos, siempre con arreglo a lo dispuesto en las legislaciones nacionales de cada Estado.(7) Aplicando este método de investigación también se obtienen otras pruebas que reafirman la vinculación de los implicados con el hecho delictivo, o bien, se descubre la participación de otras personas en el delito de tráfico de drogas.(8) Las fuentes son la base imprescindible de la investigación patrimonial, pudiendo ser: internas, como las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y externas, ya sean de titularidad pública (de consulta sensible al público) o privada (de consulta con autorización judicial).(9) Existe la necesidad de una mayor colaboración en la agilización de los trámites que se solicitan por las autoridades competentes de las fuerzas del orden, judiciales y fiscales a los responsables de los distintos registros donde obran datos sobre la titularidad de bienes de cualquier naturaleza de personas presuntamente implicadas en los delitos de tráfico de drogas. (Estas personas responsables lo son de: registros públicos, como por ejemplo, el registro de la propiedad, o registros privados, como por ejemplo, las entidades de crédito), todo ello respentando las legislaciones nacionales aplicables.(10) Los objetivos finales perseguidos con esta técnica de investigación son: asegurar la presunta responsabilidad de los autores, reparar el daño causado, resarcir, en su caso, a las víctimas.(11) A la técnica de investigación de "descubrimiento" de los bienes (resultado de la misma), cualesquiera que sean, pertenecientes a los delincuentes vinculados al tráfico organizado de drogas, se la denominará "investigación patrimonial", durando el tiempo necesario para aflorar el patrimonio resultante de la investigación, que pueda coincidir o no con la conclusión de la investigación por las actividades de tráfico de drogas.(12) Por patrimonio se entenderá el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular una persona física o jurídica. Por investigación patrimonial, la técnica de investigación que permite analizar sistemáticamente la información existente en una serie de archivos y bases de datos (públicas o privadas) u otras fuentes, para identificar e individualizar estos bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la titularidad a una persona física o jurídica.(13) Se entenderá por instrumento, bienes, productos y confiscación, las definiciones recogidas en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito del año 1990.(14) En el ámbito de la Unión Europea se están desarrollando iniciativas en avanzado estado de culminación con la finalidad de aplicar nuevas medidas contra la delincuencia, incluida a la delincuencia relacionada con la droga, sobre los equipos conjuntos de investigación y sobre las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.SE RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:A. Aplicar, cuando lo crean necesario, la metodología de investigación sobre la delincuencia, incluida la delincuencia vinculada al tráfico organizado de drogas, consistente en investigar de forma simultánea y desde el inicio las actividades por tráfico ilícito de drogas y las relacionadas con identificar su estructura económico-patrimonial.B. Fomentar la creación de grupos permanentes o provisionales especializados en investigación patrimonial para promover para una mayor eficacia en la metodología de investigación descrita.C. Reforzar o facilitar la colaboración entre las autoridades competentes de las fuerzas del orden, judiciales y fiscales y los responsables de los distintos registros de titularidad pública o privada, donde se obtenga información de bienes de cualquier naturaleza, agilizándose el trámite de las peticiones de información solicitadas por aquellas autoridades. (Estas personas responsables lo son de: registros públicos, como por ejemplo, el registro de la propiedad, o registros privados, como por ejemplo, las entidades de crédito), todo ello respetando las legislaciones nacionales aplicables.D. Fomentar la creación de equipos conjuntos de investigación entre los Estados miembros, en virtud de lo dispuesto en los instrumentos legales de la Unión Europea, aplicando esta metodología, en aquellos supuestos en que la investigación desarrollada sobre la organización criminal vinculada al tráfico de drogas afecte a más de un Estado miembro.E. Solicitar a Europol, de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 2000 dirigida a los Estados miembros relativa al apoyo de Europol a los equipos conjuntos de investigación creados por los Estados miembros(2), que apoye a dichos equipos cuando así sea requerido.F. Utilizar las posibilidades que pueda ofrecer la Escuela europea de policía (CEPOL) en lo relativo a la elaboración de módulos de formación específica sobre la utilización de esta técnica de investigación especial.Hecho en Luxemburgo, el 25 de abril de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteM. Rajoy Brey(1) DO L 182 de 5.7.2001, p. 1.(2) DO C 357 de 13.12.2000, p. 7.


Aviso jurídico importante

|

E2001C0228

Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC n° 228/01/COL, de 2 de julio de 2001, relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios para 2001

Diario Oficial n° L 006 de 10/01/2002 p. 0065 - 0069

Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELCno 228/01/COLde 2 de julio de 2001relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios para 2001EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo sobre el EEE y, en particular, su artículo 109 y su Protocolo 1,Visto el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5 y su Protocolo 1,Visto el Acto a que se hace referencia en el punto 50 del Capítulo XII del anexo II al Acuerdo sobre el EEE, sobre el control oficial de los productos alimenticios (Directiva 89/397/CEE, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios)(1) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,Tras consultar al Comité de productos alimenticios de la AELC que asiste al Órgano de Vigilancia de la AELC,Considerando lo siguiente:(1) Para el buen funcionamiento del Espacio Económico Europeo, es necesario elaborar programas coordinados de inspección alimentaria a escala del EEE.(2) Estos programas hacen especial hincapié en el cumplimiento de la legislación vigente en el marco del Acuerdo sobre el EEE, la protección de la salud pública, los intereses de los consumidores y las prácticas comerciales justas.(3) El artículo 3 del acto a que se hace referencia en el punto 54n del Capítulo XII del anexo II al Acuerdo sobre el EEE (Directiva 93/99/CE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios)(2) requiere que los laboratorios mencionados en el artículo 7 de la Directiva cumplan los criterios que figuran en las normas europeas EN 45000. Sólo estos laboratorios pueden ser considerados adecuados para realizar análisis en el marco del programa coordinado de controles oficiales.(4) Los resultados de la aplicación simultánea de los programas nacionales y de los programas coordinados pueden aportar información y experiencia que servirían de base para futuras actividades de control.(5) La Comisión Europea, en su recomendación de 18 de abril de 2001, relativa a un programa coordinado para el control oficial de los productos alimenticios de 2001, ha recomendado a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen un programa correspondiente.RECOMIENDA A LOS ESTADOS DE LA AELC QUE:1. Lleven a cabo inspecciones y controles durante 2001, que incluyan, cuando proceda, la toma de muestras y su análisis en laboratorio, con el objetivo de:- controlar su conformidad con las normas del EEE sobre el etiquetado relativas a la indicación cuantitativa de los ingredientes (QUID),- evaluar la calidad bacteriológica de los productos de pescado ahumado.2. Aunque en la presente Recomendación no se establecen niveles de muestreo o de inspección, garanticen que son suficientes para disponer de una perspectiva general del asunto en cuestión.3. Faciliten la información de la forma solicitada con arreglo al formato de las hojas de información que figuran en el anexo a la presente Recomendación con objeto de facilitar la comparabilidad de los resultados.4. Velen por que los productos alimenticios enviados para su análisis en el marco de este programa se encomienden a laboratorios que cumplan las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 93/99.ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MÉTODOS:A. Indicación cuantitativa de los ingredientes (QUID)1. Ámbito del programaLa indicación de la cantidad de un ingrediente o categoría de ingredientes utilizados en la fabricación o la preparación de productos alimenticios ofrece mejor información al consumidor y contribuye a un comercio más justo. De acuerdo con el artículo 7 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios(3), la indicación de la cantidad es obligatoria(4):- cuando el ingrediente o la categoría de ingredientes de que se trate figure en la denominación de venta o el consumidor la asocie en general con la denominación de venta, o- cuando en el etiquetado se destaque el ingrediente o la categoría de ingredientes de que se trate por medio de palabras, imágenes o representación gráfica, o- cuando el ingrediente o la categoría de ingredientes de que se trate sea esencial para definir un producto alimenticio y para distinguirlo de los productos con los que se pudiera confundir a causa de su denominación o de su aspecto.No podrán comercializarse los productos que no estén etiquetados de acuerdo con las disposiciones de esta Directiva. No obstante, los productos etiquetados antes del 14 de febrero de 2000 podrán comercializarse hasta agotarse las reservas. El objetivo de este nuevo elemento del programa es cerciorarse de que los productos alimenticios cumplen las nuevas disposiciones relativas a la indicación cuantitativa de los ingredientes.2. MétodoLos exámenes se aplicarán en particular a la leche, los productos lácteos (a saber, el yogur, el queso, etc.), los zumos de frutas y las galletas secas. Las autoridades competentes de los Estados de la AELC deberán realizar inspecciones en los locales de los fabricantes o importadores de productos alimenticios para cerciorarse de que cumplen las disposiciones relativas a la indicación cuantitativa de los ingredientes. Además de las inspecciones podrán tomarse muestras para determinar la cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes.Los resultados del control se registrarán en los cuadros del anexo I.B. Calidad bacteriológica del pescado ahumado1. Ámbito del programaNingún acto comunitario establece normas microbiológicas específicas para el pescado ahumado. La experiencia pone de manifiesto que una proporción considerable de estos productos puede estar contaminada por microorganismos patógenos, incluida la Listeria monocytogenes, y que la adopción de nuevas técnicas de producción y de procesamiento puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriológica.Se sabe que la Listeria monocytogenes provoca brotes de listeriosis humana, transmitida por los alimentos, con consecuencias que pueden ser mortales para los grupos de riesgo. Por consiguiente, se adoptarán medidas para reducir el riesgo de listeriosis humana contraída por la ingestión de alimentos, en particular los alimentos listos para el consumo, como el pescado ahumado.Se pueden adoptar ciertas medidas en relación con la gestión del riesgo a nivel de los operadores de empresas alimentarias. La aplicación de las buenas prácticas y los buenos principios de higiene utilizados para desarrollar el sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP) son elementos importantes para garantizar la seguridad alimentaria.El objetivo de este elemento del programa es evaluar el grado de contaminación del pescado ahumado, concretamente el salmón ahumado, en particular por la Listeria monocytogenes y organismos indicadores de contaminación fecal. El programa permitirá evaluar la calidad bacteriológica de estos productos y los posibles riesgos para la salud humana.2. MétodoDeberá examinarse el salmón refrigerado y preembalado y otros tipos de pescado ahumado caliente o frío. Las autoridades competentes de los Estados de la AELC deberán tomar muestras de productos en los comercios de venta al pormenor, a ser posible próximos a su fecha mínima de conservación. En los países que tengan un importante volumen de producción se recomienda tomar muestras también en la fase de producción (materias primas y/o productos acabados). Se tomarán muestras de un mismo lote compuestas, a ser posible, de cinco unidades de cien gramos cada uno como mínimo y el producto se conservará en su envase original. Los productos se refrigerarán tan pronto como se haya tomado la muestra y se enviarán inmediatamente, en ese estado, al laboratorio.El nivel de muestreo lo determinarán las autoridades competentes de los Estados de la AELC. A este respecto, el volumen y los modelos de producción, comercialización y consumo son factores importantes que han de tenerse en cuenta.Los laboratorios pueden utilizar el método que deseen a condición de que su nivel de eficacia se ajuste a los objetivos perseguidos. No obstante, para la detección y enumeración de la Listeria monocytogenes, se recomienda utilizar las normas más recientes EN/ISO 11290-1 y EN/ISO 11290-2. También podrán utilizarse métodos equivalentes reconocidos por las autoridades competentes.Los resultados del control deberán incluirse en la hoja de información del anexo II. Se deberá utilizar una hoja de información separada en caso de muestreo realizado en el lugar de producción.Los destinatarios de la presente Recomendación serán Islandia, Liechtenstein y Noruega.Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 2001.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCHannes HafsteinMiembro del Colegio(1) En lo sucesivo Directiva 89/397.(2) En lo sucesivo Directiva 93/99.(3) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.(4) Aunque la Directiva aún no se ha incorporado en el Acuerdo sobre el EEE, sus disposiciones son idénticas a las de la Directiva 79/112/CEE modificada e incorporada en el Acuerdo sobre el EEE.ANEXO I>PIC FILE= "L_2002006ES.006802.TIF">ANEXO II>PIC FILE= "L_2002006ES.006902.TIF">


title: Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el Programa de estabilidad actualizado de Grecia, 2001-2004

text: ---pagebreak---  ---pagebreak---  ---pagebreak---  ---pagebreak---  ---pagebreak---


				|

		52013PC0395

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se deroga la Decisión 2009/590/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en Rumanía /* COM/2013/0395 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se deroga la Decisión
2009/590/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en Rumanía
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 12,
Vista la recomendación de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)       El Consejo, mediante su
Decisión 2009/590/CE, de 7 de julio de 2009[1],
adoptada siguiendo una recomendación de la Comisión formulada en virtud del
artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
(TCE), declaró la existencia de un déficit excesivo en Rumanía. El Consejo
observaba que el déficit de las Administraciones Públicas fue del 5,4 %
del PIB en 2008, por encima del valor de referencia del 3 % del PIB
establecido en el Tratado, mientras que la deuda bruta de las Administraciones
Públicas alcanzaba el 13,6 % del PIB, muy por debajo del valor de
referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado[2].
(2)       El 7 de julio de 2009,
de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Tratado CE, y el artículo
3, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de
1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo[3],
el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, formuló una
recomendación dirigida a Rumanía para que este país pusiera fin a su situación
de déficit excesivo en 2011 a más tardar. La recomendación se hizo pública.
(3)       El 12 de febrero de
2010, de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 3,
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de
1997, relativo a la aceleración y clarificación de la aplicación del procedimiento
de déficit excesivo, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la
Comisión, consciente de que las autoridades rumanas habían tomado medidas
efectivas para atenerse a la recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009 y
de que se habían producido en Rumanía acontecimientos económicos adversos e
inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública,
dirigió una versión revisada de su recomendación a Rumanía con vistas a poner
fin a la situación de déficit excesivo en 2012 a más tardar. La recomendación
se hizo pública.
(4)       De conformidad con el
artículo 4 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de
déficit excesivo, anejo a los Tratados, la Comisión debe proporcionar los datos
para la aplicación de dicho procedimiento. En el marco de la aplicación de este
Protocolo, los Estados miembros deben notificar los datos relativos a la deuda
pública, al déficit público y a otras variables asociadas dos veces al año, a
saber, antes del 1 de abril y antes del 1 de octubre, de conformidad con
el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo
de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento
aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea[4].

(5)       A la hora de examinar si
procede derogar una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo, el
Consejo debe adoptar una decisión sobre la base de los datos notificados.
Además, una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo solamente ha de
derogarse en caso de que las previsiones de la Comisión indiquen que el déficit
no superará el umbral del 3 % del PIB durante el período a que se refieren
las previsiones[5].
(6)       Los datos facilitados
por la Comisión (Eurostat) en virtud del artículo 14 del Reglamento (CE)
nº 479/2009 a raíz de la notificación realizada por Rumanía antes del 1 de
abril de 2013 y las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la
Comisión justifican las conclusiones siguientes:
–
La recesión registrada durante 2009, más grave
de lo esperado, provocó una importante disminución de los ingresos públicos, lo
que situó el déficit de las Administraciones Públicas en el 9 % del PIB a
pesar de los esfuerzos de reducción del gasto público. Siguiendo esta evolución
inesperada y tras la ampliación del plazo para la corrección del déficit
excesivo en un año, el déficit de las Administraciones Públicas se redujo
posteriormente al 6,8 % del PIB en 2010, al 5,6 % del PIB en 2011 y
al 2,9 % del PIB en 2012, lo que lo sitúa por debajo del 3 % del
valor de referencia del Tratado. El déficit se ha corregido principalmente
mediante un estricto control del crecimiento del gasto, en particular a través
del control de la masa salarial del sector público, la congelación de las pensiones
y la reducción de todas las prestaciones sociales, excepto las pensiones. A
ello también han contribuido medidas de incremento de los ingresos tales como
el aumento en 5 puntos porcentuales de los tipos del IVA y una ampliación de la
base del impuesto sobre la renta. El ajuste presupuestario se aplicó en el
contexto de dos programas de ajuste económico consecutivos que contaron con el
apoyo del mecanismo de ayuda a la balanza de pagos.
–
El programa de convergencia de 2013 señala que
el déficit se seguirá reduciendo, situándose en el 2,4 % del PIB en 2013 y
en el 2,0 % del PIB en 2014. Según las previsiones de la primavera de 2013
de los servicios de la Comisión, suponiendo que se mantiene la misma política
económica, el déficit de las Administraciones Públicas bajará al 2,6 % del
PIB en 2013 y al 2,4 % del PIB en 2014, valores que siguen estando por
debajo del valor de referencia del Tratado.
–
Según las previsiones de la primavera de 2013
de los servicios de la Comisión, la deuda pública bruta experimentará un moderado
incremento, pasando del 37,8 % del PIB en 2012 al 38,5 % del PIB en
2014.
(7)       El Consejo recuerda que,
a partir de 2013, que es el año siguiente al de la corrección del déficit
excesivo, Rumanía debería avanzar hacia su objetivo a medio plazo a un ritmo
adecuado, incluido el cumplimiento del valor de referencia del gasto.
(8)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 12, del Tratado, las decisiones del Consejo
relativas a la existencia de un déficit excesivo deben derogarse cuando, en
opinión del Consejo, el déficit excesivo en el Estado miembro afectado haya
sido corregido.
(9)       En opinión del Consejo,
el déficit excesivo de Rumanía ha sido corregido y, por consiguiente, debe derogarse
la Decisión 2009/590/CE,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
De la evaluación global efectuada se
desprende que la situación de déficit excesivo en Rumanía ha sido corregida.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2009/590/CE.
Artículo 3
El
destinatario de la presente Decisión será Rumanía.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 202 de 4.8.2009, p. 48-49.
[2]               El déficit y la deuda públicos para 2008
fueron revisados posteriormente y en la actualidad se cifran en el 5,8%
del PIB y el 13,4% del PIB, respectivamente.
[3]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 8.
[4]               DO L 145 de 10.6.2009, p. 1.
[5]               De acuerdo con las «Condiciones de aplicación del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el
formato de los programas de estabilidad y de convergencia», de 3 de septiembre
de 2012. Véase:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf