               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 515 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Lituania

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Lituania

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Lituania debe velar por la aplicación íntegra y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 2 y 3 que figuran más abajo. En concreto, las medidas de inversión contribuirán a dar respuesta a la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta al apoyo a la inversión, y las medidas en materia de educación contribuirán a dar respuesta a la tercera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al funcionamiento del mercado laboral.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Lituania
                  2
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por este país con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Lituania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 10 de mayo de 2019, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y, el 30 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han tenido en cuenta en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé alcanzar un superávit global del 0,4 % del PIB en 2019 y el 0,2 % en 2020, tras lo cual se prevé que siga disminuyendo hasta situarse en el 0,1 % del PIB en 2021.   Tomando como base el saldo estructural recalculado
                  5
               , el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit del 1 % del PIB en términos estructurales) se supera durante todo el período del programa. Además, en 2017 se concedió a Lituania una desviación temporal vinculada a la puesta en práctica de las reformas estructurales. Esta desviación se prorroga por un período de tres años. Según el Programa de Estabilidad de 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas / PIB debería disminuir del 34,2 % del PIB en 2018 hasta el 32,9 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en las que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. No obstante, no se han especificado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de superávit previstos de 2020 en adelante. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un déficit del 1 % del PIB en 2019 y del 0,9 % en 2020, con lo que se cumpliría el objetivo presupuestario a medio plazo. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de una estrecha supervisión a corto y medio plazo, especialmente ante los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos. En términos generales, el Consejo considera que Lituania probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

               (7)En junio de 2018, el Gobierno aprobó una serie de actos legislativos para aplicar un paquete global de seis reformas estructurales que abarcaban los ámbitos clave de la educación, la sanidad, la fiscalidad, la economía informal, las pensiones y la innovación.

               (8)Lituania ha seguido adoptando medidas para combatir la economía sumergida y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aunque estas medidas han dado resultados alentadores, en términos generales el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue siendo bajo. Lituania tiene aún uno de los déficits recaudatorios en materia de IVA más importantes de la UE. Un mayor aumento del cumplimiento de las obligaciones tributarias incrementaría la recaudación y haría que el sistema fiscal fuese más justo. No se han tomado medidas para ampliar la base impositiva a fuentes menos perjudiciales para el crecimiento. Los impuestos medioambientales y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria siguen estando por debajo de la media de la Unión Europea y no está previsto modificar los impuestos sobre los automóviles ni los aplicados a particulares por el uso de las carreteras.

               (9)Desde 2018, las pensiones públicas son automáticamente indexadas a la subida de los salarios. Se espera que esto reduzca el gasto público en pensiones del 6,9 % del PIB en 2016 al 5,2 % en 2070.  No obstante, debido a la caída prevista del empleo, la adecuación de las pensiones tenderá a disminuir porque las prestaciones de jubilación no seguirían el ritmo de crecimiento de los salarios. Se prevé que la ratio de la prestación de jubilación, que expresa la pensión media en términos del salario medio, disminuya de manera constante a partir del que es ya uno de los niveles más bajo de la Unión. La legislación en vigor establece que, cuando la ratio de la prestación disminuye, el Gobierno tiene que proponer medidas correctoras. Debido a la incertidumbre sobre la naturaleza exacta y el calendario de esas futuras medidas, no se han tenido en cuenta para las previsiones del Informe sobre el Envejecimiento. Sin embargo, representan un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si la ratio total de la prestación se mantuviera invariable hasta 2070, el gasto en pensiones aumentaría al 7 % del PIB en lugar de disminuir al 5,2 % como está previsto. Por lo tanto, hay incertidumbre acerca de cómo se aplicará en la práctica la legislación en materia de pensiones y cuáles serían sus consecuencias para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la adecuación de las pensiones con el paso del tiempo.

               (10)La elevada proporción de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, junto con la gran desigualdad en cuanto a ingresos, siguen siendo para Lituania problemas importantes que obstaculizan sus perspectivas de crecimiento económico inclusivo. Pese a que continúa el crecimiento económico, muchos miembros de la sociedad lituana (por ejemplo, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, los niños, los hogares monoparentales y los desempleados) están expuestos a un riesgo especialmente elevado de pobreza y exclusión social.  Aunque la red de seguridad social ha mejorado en los últimos años, la capacidad correctora global del sistema fiscal y de prestaciones de Lituania y el gasto del país en protección social como porcentaje del PIB siguen estando entre los más bajos de la Unión Europea. Se han dado algunos pasos incipientes para corregir el alto nivel de pobreza y de desigualdad en cuanto a ingresos, como la introducción del concepto de «cantidad de necesidades mínimas de consumo», el incremento de la asignación universal por hijos y la indexación de las pensiones de vejez. Sin embargo, la persistencia de los elevados niveles de pobreza y desigualdad muestra que el país aún está muy lejos de converger con los niveles medios de seguridad social de la Unión Europea y hace falta inversión para combatir la exclusión social. Las estrategias activas de inclusión para los grupos vulnerables son más eficaces cuando combinan una mejor adecuación de la renta mínima y los regímenes de pensiones, medidas de activación del mercado de trabajo y mejora de la prestación de servicios sociales, incluidos los de atención a la infancia y vivienda social.

               (11)El mercado de trabajo está ahora más saturado como consecuencia del crecimiento del empleo, pero debido también a algunas tendencias demográficas adversas, incluida la emigración. Para mitigar el efecto de la disminución de la población en edad de trabajar, es necesario invertir en capital humano y en la mejora del acceso al mercado de trabajo para todos. Ante la persistente escasez de trabajadores cualificados y la inadecuación de las capacidades, es importante que Lituania acelere las reformas para mejorar la calidad y la eficiencia de todos los niveles educativos y garantice el acceso equitativo a una educación y una formación de calidad e inclusivas. La disminución demográfica ha puesto a la red escolar en dificultades. El cambio demográfico exige estrategias para preservar el acceso a una educación de alta calidad para todos, y garantizar al mismo tiempo la eficiencia de la red escolar y el apoyo a los profesores afectados por la consolidación de escuelas. Aún deben tomarse medidas significativas para consolidar la red de educación superior, que engloba más de cuarenta universidades públicas y privadas. Es preciso que los proveedores de formación profesional modernicen los planes de estudios y ofrezcan una mejor respuesta a las necesidades de los mercados de trabajo local y regional. Una educación de adultos eficaz y de fácil acceso, el reciclaje profesional y la formación complementaria, junto con la prestación de servicios sociales, podrían hacer que más gente se incorporase al mercado de trabajo. La participación en la educación de adultos, de un 6,6 % en 2018, sigue siendo baja y muy inferior a la media de la UE, del 11,1 %. La economía lituana tiene potencial para beneficiarse de la inversión en la mejora de las capacidades, y en concreto las capacidades digitales, la innovación y una mejor integración de las personas en situación de desventaja (por ejemplo, las personas con discapacidad, las de edad avanzada, los desempleados o los adultos inactivos) en el mercado de trabajo. En un contexto más general, es importante reforzar la capacidad de los interlocutores sociales para fomentar su participación.

               (12)Los malos resultados sanitarios y la escasa inversión en asistencia sanitaria son problemas persistentes. Sigue habiendo un potencial considerable de racionalización del uso de los recursos orientando hacia la asistencia ambulatoria un mayor número de casos que hasta ahora se trataban en régimen de ingreso hospitalario. El consumo de servicios hospitalarios sigue siendo elevado, con un gran porcentaje de hospitalizaciones causadas por enfermedades crónicas, junto con un porcentaje relativamente bajo de ocupación de camas. Es necesario que se haga un uso más racional de los recursos hospitalarios y que se invierta de manera específica en el refuerzo de los servicios de asistencia primaria, incluidos los trabajadores sanitarios, para ganar en eficiencia y mejorar los resultados sanitarios. La calidad de los cuidados sigue siendo una de las principales razones que explican los deficientes resultados sanitarios. Las medidas para mejorar la calidad de la asistencia son fragmentadas, la implantación del sistema de acreditación en el sector de la asistencia primaria es muy baja y no se aplica en los hospitales. La inversión en medidas de prevención de las enfermedades es especialmente baja.  Por otra parte, las actuaciones destinadas a reforzar la medicina preventiva a nivel local adolecen de una falta de visión de conjunto y tropiezan con la inexistencia de una cooperación sistémica entre las oficinas de salud pública y la asistencia primaria.    Por último, los bajos niveles de gasto en sanidad, junto con el nivel relativamente elevado de pagos informales y pagos directos, inciden negativamente en la equidad del acceso a la asistencia sanitaria.

               (13)Se han tomado medidas para luchar contra la corrupción, pero aún no existe un registro integrado de declaraciones de intereses. En 2018 se aprobó legislación de aplicación de la ley de protección de los denunciantes, y se está debatiendo una nueva ley para regular la actividad de los grupos de presión. Persisten las irregularidades en el tratamiento de la corrupción en el sistema sanitario.

               (14)En Lituania, la inversión como porcentaje del PIB sigue estando por debajo tanto de la media de la UE como de la media de otros países bálticos. El nivel de innovación y la capacidad de absorción tecnológica de las empresas en Lituania son bajos. Hacen falta niveles mayores de inversión en investigación e innovación, sobre todo en el sector privado. Esto impulsaría la productividad, que, pese al repunte reciente, sigue estando muy por debajo del nivel de la UE. La escasez de especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones pone de manifiesto la necesidad de invertir en capacidades digitales que apoyen la competitividad, la innovación y la capacidad de absorción tecnológica de Lituania, y que favorezcan la transformación hacia una economía más basada en el conocimiento y de mayor valor añadido.

               (15)La economía hace un uso relativamente intensivo de recursos y es muy dependiente de las importaciones de energía y materiales. La productividad de los recursos es baja mientras que el consumo de energía es alto, especialmente en los sectores residencial y de los transportes. Una mayor inversión en eficiencia energética, en particular en el sector de la construcción y la generación de energía doméstica procedente de fuentes renovables, contribuiría a lograr una economía más ecológica y más orientada en una senda de crecimiento sostenible, al mismo tiempo que reduciría la dependencia respecto de la importación de energía.

               (16)Lituania sigue padeciendo dificultades de acceso internacional tanto por carretera y ferrocarril como por vía aérea y marítima, y necesita estar más integrada con el resto de Europa. La mejora de las conexiones de transporte incrementaría la productividad de la economía y le permitiría aprovechar todas las ventajas del mercado único. Los parámetros del sector de los transportes están muy por debajo de la media de la UE en cuanto a extensión de las redes de carreteras y ferrocarriles de la red transeuropea de transporte (RTE-T), inversión en investigación e innovación en el sector de los transportes, aspectos de sostenibilidad y seguridad vial. El tráfico ferroviario está dominado por los desplazamientos Este-Oeste, mientras que el eje Norte-Sur sigue estando subdesarrollado. Por consiguiente, hacen falta inversiones significativas para desarrollar una red RTE-T sostenible, resiliente frente al clima, inteligente, segura e intermodal y accesible, así como para promover una movilidad urbana sostenible. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado de manera importante en los últimos cinco años. La sincronización del sistema eléctrico de Lituania con la red continental europea es esencial para garantizar la seguridad del suministro de electricidad en toda la región del Báltico.

               (17)En Lituania, las disparidades regionales son mayores que la media de la UE y se han ampliado en el transcurso de las dos últimas décadas. Los beneficios de la rápida convergencia económica de Lituania están muy concentrados en las dos zonas metropolitanas. Sobre todo las regiones rurales, que ocupan la mayor parte del territorio y en las que vive casi el 55 % de la población, están experimentando un fuerte declive demográfico agravado por la disminución del acceso a servicios públicos de calidad. Las significativas disparidades socioeconómicas dentro del país muestran que en determinadas regiones las necesidades de inversión son manifiestas. Sigue pendiente también la tarea de incrementar los enlaces entre territorios adyacentes dentro de Lituania, en concreto mediante los transportes y las conexiones digitales.

               (18)Con el fin de mejorar la eficiencia de la inversión pública, las autoridades lituanas actualizaron las normas de preparación y selección de los proyectos de inversión financiados con cargo al presupuesto del Estado. Desde 2018, todos los nuevos proyectos de inversión deben someterse a un análisis de rentabilidad y cumplir además otros criterios de selección. Aunque esto supone un primer paso importante, es necesario hacer más para maximizar el efecto de la inversión pública de manera que aumente el potencial de crecimiento a largo plazo y se corrijan las crecientes disparidades regionales. Las autoridades han empezado a revisar el sistema de elaboración de los presupuestos públicos con el objetivo de ampliar el horizonte temporal de los presupuestos y de reforzar el vínculo entre el gasto y los objetivos económicos generales. Es crucial asegurar que el nuevo sistema de planificación de inversiones estratégicas esté a punto para el proceso de elaboración de los presupuestos para el período 2021-2023 y el inicio del nuevo ciclo de financiación de la UE en 2021.

               (19)Lituania no tiene una estrategia específica de investigación e innovación. El panorama se caracteriza por políticas fragmentadas y la proliferación de regímenes de apoyo que carecen de sinergia.  La existencia de varios organismos de ejecución que no comparten un enfoque para apoyar la combinación de políticas de investigación e innovación se suma a un complejo sistema de gobernanza que parece restringir el acceso de los usuarios a la panoplia de instrumentos disponibles.  Esta situación perjudica especialmente a la cooperación ciencia-empresa y obstaculiza la actividad innovadora. La nueva distribución de responsabilidades respecto de las políticas de investigación e innovación entre el Ministerio de Economía e Innovación y el Ministerio de Educación y Ciencia no propicia aún un marco político coherente que favorezca la sinergia entre los regímenes de apoyo, como el que sería posible a través de una ventanilla única para potenciales beneficiarios.

               (20)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular, en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe específico
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               . Ello permitiría a Lituania aprovechar al máximo esos fondos en los sectores enumerados, habida cuenta de las disparidades regionales.

               (21)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (22)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima
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                que cabe esperar que Lituania cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliar la base impositiva a fuentes menos perjudiciales para el crecimiento. Hacer frente a la desigualdad en cuanto a ingresos, a la pobreza y a la exclusión social, en concreto mejorando el diseño del sistema tributario y de prestaciones.

               2.Mejorar la calidad y la eficiencia de todos los niveles de educación y de formación, incluida la educación de adultos. Mejorar la calidad, la asequibilidad y la eficiencia del sistema de asistencia sanitaria.

               3.Centrar la política económica relacionada con la inversión en la innovación, la eficiencia energética y la eficiencia en el uso de los recursos y unas interconexiones sostenibles de transporte y de energía, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Fomentar el crecimiento de la productividad mejorando la eficiencia de la inversión pública. Desarrollar un marco de políticas coherente que apoye la cooperación ciencia-empresa y consolidar los organismos ejecutivos en el ámbito de la investigación y la innovación.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1014 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        SWD(2019) 1014 final.

                     (7)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 516 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Luxemburgo

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Luxemburgo

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Luxemburgo debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Luxemburgo
                  2
                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Luxemburgo de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Luxemburgo hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 30 de abril de 2019, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Luxemburgo se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé un descenso del superávit global del 2,4 % del PIB en 2018 al 1,0 % del PIB en 2019, seguido posteriormente de un incremento casi constante, para alcanzar un superávit del 2,2 % del PIB en 2023. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , el objetivo presupuestario a medio plazo, que ha pasado de un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2019 a un superávit, en términos estructurales, del 0,5 % del PIB a partir de 2020, se supera durante todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública / PIB permanezca muy por debajo del 60 % del PIB establecido como valor de referencia en el Tratado. La hipótesis macroeconómica en que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista durante todo el período cubierto por el programa, excepto en 2023, cuando es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,9 % del PIB en 2019 y del 0,5 % del PIB en 2020, inferior, en particular en 2020, a lo previsto en el Programa de Estabilidad de 2019, aunque todavía superior o igual al objetivo presupuestario a medio plazo. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de una cuidadosa supervisión a corto y medio plazo, especialmente ante los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos. En general, el Consejo considera que Luxemburgo probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

               (7)A pesar de las reformas recientes, se prevé que en Luxemburgo el gasto derivado del envejecimiento de la población (gastos en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración) aumente notablemente a largo plazo. Si no se introducen cambios estratégicos en el sistema actual, esto podría poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, a pesar del bajo nivel actual de deuda pública y de las reservas acumuladas del sistema de seguridad social, que se espera que garanticen la viabilidad del sistema hasta 2041. Desde 2011 se vienen dirigiendo a Luxemburgo recomendaciones en relación con este problema, pero hasta la fecha los progresos han sido limitados. En su informe de 2018, el grupo de trabajo sobre pensiones del Gobierno debatió una serie de fórmulas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, en particular el aumento gradual del porcentaje de cotización, el incremento de la edad de jubilación para tener en cuenta la mayor esperanza de vida y el fomento de la jubilación gradual. En el informe se propone una estrategia de reformas calibradas en varios frentes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema y minimizar al mismo tiempo las repercusiones tanto sobre la economía como sobre los pensionistas. El aumento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población también amenaza la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración. Más de tres cuartas partes del gasto en cuidados de larga duración proceden de fuentes públicas. Se espera que la reforma de 2018 garantice la viabilidad financiera hasta 2030 y permita aumentar gradualmente las cotizaciones de los trabajadores al sistema sanitario, del 1,4 % al 1,7 % de la base salarial, con el fin de adaptar los costes en función de la proporción de personas dependientes. No obstante, aún no está claro cuáles van a ser los efectos desde el punto de vista de la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Para sostener la cohesión social y las finanzas públicas a largo plazo, las políticas demográficas deberían concordar con las políticas de educación y formación y adoptar un enfoque holístico para tener en cuenta tanto los retos como las oportunidades de los cambios demográficos y de la economía digital, habida cuenta del impacto previsto del envejecimiento de la población sobre la oferta de mano de obra en un futuro próximo. La escasez de mano de obra ha empezado a detectarse recientemente en algunos sectores, lo que podría frenar el aumento de la productividad y reducir el potencial de crecimiento a largo plazo.

               (8)A pesar del buen funcionamiento global del mercado de trabajo, la tasa de empleo se está estancando, y algunos colectivos específicos siguen teniendo dificultades particulares en el mercado de trabajo. En concreto, la tasa de empleo de las personas de edad avanzada sigue siendo especialmente baja, y se requieren nuevas medidas para reforzar su participación en el mercado de trabajo. Siguen estando generalizados los regímenes de jubilación anticipada que fomentan que los trabajadores abandonen el empleo: así, en 2017 el 57,5 % de las nuevas pensiones asignadas correspondían a jubilaciones anticipadas. En 2018, el Gobierno suprimió uno de los regímenes de prejubilación que permitían la jubilación a partir de los 57 años, pero el efecto de esa reforma se vio debilitado porque se redujeron las restricciones a otros regímenes de jubilación anticipada. Las bajas tasas de actividad de las personas de edad avanzada se deben también en gran medida a los desincentivos financieros al trabajo procedentes del sistema fiscal y de prestaciones, que son comparativamente altos para este grupo de edad. Fomentar el empleo de los trabajadores de edad avanzada requiere una estrategia general que incluya medidas para ayudarles a seguir en activo durante más tiempo. El «Pacto de la Edad», un proyecto de ley presentado al Parlamento en abril de 2014 con el objetivo de animar a las empresas con más de 150 empleados a contratar y mantener a trabajadores mayores gracias a medidas de gestión de la edad, está aún pendiente de aprobación en el Parlamento.

               (9)Aunque Luxemburgo mantiene su compromiso de mejorar el marco regulador para el sector de los servicios a empresas, los obstáculos normativos siguen siendo importantes en varios sectores, como los servicios jurídicos, contables y de arquitectura e ingeniería, de acuerdo con el indicador del efecto restrictivo de la Comisión Europea
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               . El índice de restricción del comercio de servicios dentro del EEE de 2018 de la OCDE, publicado en diciembre de 2018, confirmó también que el efecto restrictivo de la normativa de Luxemburgo con respecto a otros Estados miembros de la UE supera la media del mercado único en esos sectores.

               (10)El modelo económico de Luxemburgo presenta excelentes resultados acordes con una sólida y sostenida creación de empleo cualificado. Esto se ve respaldado por altos niveles de productividad, que reflejan en gran medida el aumento de la eficiencia resultante de la participación en los mercados mundiales, en particular en el sector financiero. No obstante, el aumento de la productividad se ha estancado en los últimos años, frenado por los bajos niveles de inversión empresarial en innovación e integración digital. La estrategia de Luxemburgo para diversificar su economía, mediante el desarrollo de sectores clave intensivos en conocimientos en una transición a una economía de los datos, presenta un gran potencial para estimular la inversión de alto valor añadido e impulsar el aumento de la productividad. En este contexto, la inversión pública sigue siendo alta y se mantiene centrada en esos sectores, en particular el potente sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa importante inversión pública, sin embargo, no se ha contagiado a la inversión privada en innovación y digitalización ni ha contribuido a fomentarla. El aumento de la inversión en investigación e innovación, así como en la integración digital, especialmente en empresas, en particular las pequeñas y medianas, es importante para mejorar el aumento de la productividad y seguir diversificando la economía luxemburguesa. El desarrollo de un marco nacional coherente e integrado para las políticas de investigación e innovación y los instrumentos de apoyo, incluida la priorización basada en una evaluación sólida de las repercusiones económicas previstas, es esencial para que Luxemburgo pueda explotar todo el potencial de su ecosistema de innovación.

               (11)El aumento de la inversión en capacidades —especialmente en tecnologías de la información y de las comunicaciones—, empleabilidad, educación y formación, en particular una mejor adaptación de los planes de estudio a las necesidades del mercado laboral y el impulso de las transformaciones tecnológicas y digitales, es importante para mejorar la productividad, el empleo y el potencial de crecimiento a largo plazo de Luxemburgo, así como para fomentar la igualdad de oportunidades.

               (12)La contaminación atmosférica y la congestión del tráfico en las horas punta siguen siendo problemas graves para Luxemburgo, tanto desde el punto de vista de la competitividad como del medio ambiente. Además, las emisiones de CO2 del transporte por carretera contribuyen al cambio climático. Según las previsiones nacionales de 2017 presentadas a la Comisión, se teme que, si no se adoptan medidas adicionales, Luxemburgo no cumpla su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por una diferencia de 3 puntos porcentuales en 2020 y de 20 puntos porcentuales en 2030. El número de trabajadores transfronterizos, que en la actualidad representan alrededor del 45 % de los trabajadores luxemburgueses, la baja tributación del combustible para transporte y los elevados precios de la vivienda impulsan el uso de vehículos y son un obstáculo para la mejora de la calidad del aire y de las condiciones del tráfico. Entre tanto, el uso de combustibles alternativos en los turismos nuevos vendidos en Luxemburgo ha aumentado en los últimos años.

               (13)La insuficiente oferta de vivienda puede afectar negativamente al atractivo de Luxemburgo. La fuerte demanda de vivienda que registra el país sigue estando impulsada por el aumento de la población, por unas condiciones de financiación favorables y por una gran cantidad de trabajadores transfronterizos. La oferta de vivienda y la inversión inmobiliaria resultan insuficientes debido al escaso suelo disponible y a la poca densidad de vivienda, que a su vez se deben, principalmente, a la falta de incentivos para que los propietarios de terrenos construyan nuevas viviendas o vendan suelo. La oferta de viviendas sociales también es insuficiente, lo que pone de manifiesto la necesidad de invertir de forma significativa para aliviar las crecientes tensiones en el mercado inmobiliario.

               (14)Resulta fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Luxemburgo ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero el alto nivel de pagos de dividendos, intereses y cánones como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La mayor parte de la inversión directa extranjera está en manos de entidades con fines especiales. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) de intereses y cánones, y la exención de las retenciones en origen sobre los pagos de dividendos en determinadas circunstancias pueden dar lugar a que se eluda totalmente el pago de impuestos por dichos pagos, si estos tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor.

               (15)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Luxemburgo hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores identificados.

               (16)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (17)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima que cabe esperar que Luxemburgo cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               RECOMIENDA a Luxemburgo que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad mediante la mejora de sus oportunidades de empleo y su empleabilidad. Mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, incluso limitando aún más la jubilación anticipada.

               2.Reducir los obstáculos a la competencia en los servicios empresariales profesionales regulados.

               3.Centrar la política económica relacionada con la inversión en el fomento de la digitalización y la innovación, la promoción del desarrollo de capacidades, la mejora del transporte sostenible y el aumento de la oferta de vivienda, en particular mediante el aumento de los incentivos y la supresión de los obstáculos a la construcción.

               4.Abordar los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva, en particular a través de los pagos salientes.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1015 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        SWD(2016) 436 final

                     (7)

                        SWD(2019) 1015 final.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 510 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Francia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Francia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Ese estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4. En especial, las medidas destinadas a utilizar los ingresos imprevistos para reducir la deuda pública, racionalizar el gasto público y centrar la política económica de inversión en los ámbitos especificados ayudarán a responder a la segunda recomendación de la zona del euro relativa a la reconstitución de reservas presupuestarias, la mejora de las finanzas públicas y el apoyo a la inversión. Las medidas destinadas a simplificar el sistema impositivo y reducir las restricciones normativas ayudarán a poner en práctica la primera recomendación de la zona del euro, relativa al entorno empresarial. Por último, las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad ayudarán a abordar la tercera recomendación de la zona del euro relativa al funcionamiento del mercado de trabajo.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Francia
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                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019
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               . El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia tiene desequilibrios macroeconómicos. Los desequilibrios señalados son, sobre todo, el alto nivel de deuda pública y una dinámica débil de competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad.

               (4)El 26 de abril de 2019, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han integrado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Francia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. Según el Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el déficit global aumente del 2,5 % del PIB en 2018 al 3,1 % del PIB en 2019 y que, a continuación, disminuya gradualmente hasta situarse en el 1,2 % del PIB en 2022. El aumento previsto del déficit global en 2019, confirmado por las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se debe principalmente al efecto puntual de aumento del déficit debido a la transformación del crédito fiscal al empleo y a la competitividad en una reducción permanente de las cotizaciones sociales de los empleadores. Sobre la base del saldo estructural recalculado
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               , no se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,4 % del PIB) se logre durante el período abarcado por el Programa de Estabilidad de 2019. Según lo previsto en el Programa de Estabilidad de 2019, se prevé que la ratio deuda pública / PIB aumente del 98,4 % del PIB en 2018 al 98,9 % del PIB en 2019 y después disminuya al 96,8 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. No obstante, no se han especificado las medidas necesarias para apoyar la consecución de los objetivos de déficit previstos de 2020 en adelante.

               (7)El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que el Programa de Estabilidad preveía para 2019 un déficit global que incumplía el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado y que, según los datos notificados, no se cumplió en 2018 prima facie la norma transitoria en materia de deuda. El informe concluyó que, tras una evaluación de todos los factores pertinentes, deben considerarse cumplidos los criterios de déficit y de deuda, tal como se definen en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (8)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Francia que garantizase que el índice de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no superase el 1,4 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019.

               (9)En 2020, en vista de la ratio de la deuda pública de Francia superior al 60 % del PIB y de la brecha de producción prevista del 0,7 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,2 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa con respecto a dicho requisito en 2020. En principio, no se prevé que Francia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2019 y 2020. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería importante utilizar cuantos ingresos imprevistos puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las administraciones públicas.

               (10)Los esfuerzos por consolidar las finanzas públicas solo han reducido ligeramente la ratio del gasto público, que, con el 56 % en 2018, sigue siendo la más elevada de la UE. La disminución constante de la deuda pública dependerá de la capacidad del Gobierno para frenar su gasto. Desde 2017, el Gobierno ha desplegado una estrategia renovada de saneamiento presupuestario que se extenderá a lo largo del mandato presidencial de cinco años. Su éxito dependerá de la consecución de los objetivos de gasto previstos para las administraciones central y locales y para el sistema de asistencia sanitaria.

               (11)El gasto en asistencia sanitaria ha ido en aumento constante a lo largo del tiempo. Se calcula que el gasto total fue del 11,5 % del PIB en 2017, el nivel más alto de entre los países de la UE miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En otoño de 2018, se anunció una nueva reforma del sistema de asistencia sanitaria, y el 13 de febrero de 2019 se presentó el correspondiente proyecto de ley. Su éxito dependerá de la creación de un marco jurídico y organizativo claro que ofrezca los incentivos adecuados y fomente la colaboración entre los agentes públicos y privados. La reforma anunciada del sistema de asistencia sanitaria no incluye una revisión de la regla de crecimiento del gasto en asistencia sanitaria (Objectif national de dépenses d'assurance maladie, ONDAM). Esta regla de gasto afecta a un tercio del gasto en seguridad social. Aunque este objetivo se ha venido cumpliendo desde 2010, el límite del gasto sanitario (ONDAM) ya se ha incrementado tres veces desde 2017. Se aumentó para 2018-2020, desde un objetivo inicial de crecimiento del 2,1 %, hasta un objetivo revisado del 2,3 % en la ley presupuestaria de 2018, y se incrementó nuevamente hasta el 2,5 % en el presupuesto de la seguridad social para 2019. Todo esto reflejará en cierta medida los gastos adicionales en que incurrirá la estrategia «A sané 2022».

               (12)A nivel local, el gasto público superó el objetivo de crecimiento previsto para 2017. Desde 2014, el gasto público de las administraciones locales francesas se guía por una norma que indica objetivos de crecimiento anual no vinculantes para los gastos públicos operativos y las necesidades de financiación a nivel local (Objectif d'évolution de la dépense locale). En 2018, esta regla de gasto fue acompañada de acuerdos contractuales jurídicamente vinculantes entre el Estado y el 71 % de los 322 mayores entes locales, válidos para el periodo 2018-2020. Sin embargo, la reducción limitada del número de municipios podría obstaculizar el cumplimiento de la norma de gasto. La reforma territorial de 2014-2016 redujo el número de regiones a la mitad, pero el número de municipios solo disminuyó ligeramente, manteniéndose por encima de 34 000, con mucho el más alto de la UE.

               (13)La aplicación de la estrategia renovada de saneamiento presupuestario por parte del Gobierno para el mandato presidencial de cinco años también exige que se lleve a cabo el programa de acción pública 2022, todavía no definido en su totalidad. El objetivo de este programa es lograr un aumento sustancial de la eficiencia del gasto público, mejorando al mismo tiempo el funcionamiento de la administración pública nacional. El Gobierno ha dado una clara prioridad a los aspectos metodológicos y relacionados con los procesos, pero no se ha centrado en la cuantificables previa y generalizada de los ahorros potenciales. Si bien este enfoque puede deberse a un proceso de reforma complejo y a la necesidad de suavizar el debate público sobre cuestiones sensibles, también hace difícil evaluar en términos cuantitativos la estrategia global y su contribución al saneamiento presupuestario. En particular, no está claro cómo ni en qué plazos el programa de reformas, incluidos los planes de transformación de los ministerios, que incluyen un amplio conjunto de medidas de diversa índole, contribuiría con acciones concretas al objetivo específico de reducir la ratio gasto / PIB de aquí a 2022. En general, la información disponible muestra el cumplimiento parcial de las directrices de revisión del gasto acordadas en 2016 por el Euro grupo.

               (14)Los riesgos para la sostenibilidad de la deuda de las administraciones públicas siguen siendo elevados a medio plazo. La elevada deuda y el déficit estructural de las administraciones públicas plantean desafíos de sostenibilidad, especialmente a medio plazo. Para evitar tales riesgos, sería esencial un esfuerzo presupuestario que se traduzca en una mejora decisiva del saldo primario estructural de Francia. La reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas mejoraría también las perspectivas de crecimiento y la resiliencia de la economía francesa.

               (15)La reforma prevista de las pensiones podría contribuir a reducir la deuda de las administraciones públicas a medio plazo y, por consiguiente, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda. El equilibrio presupuestario del sistema de pensiones depende en gran medida de las hipótesis macroeconómicas. Según el último informe anual del Consejo Asesor de Pensiones de Francia (Conseil d’orientation des retraites), el gasto en pensiones fue del 13,8 % del PIB en 2017 y se prevé que sea del 13,5 % en 2022, para después situarse entre el 11,6 % y el 14,4 % desde esa fecha y 2070, en función del índice de crecimiento previsto del PIB y del empleo a lo largo del tiempo. En la actualidad, en Francia coexisten 40 regímenes de pensión diferentes que cubren a diversos grupos de trabajadores y categorías profesionales con arreglo a diferentes conjuntos de normas. Se espera para finales de año un proyecto de ley que unifique progresivamente las normas de estos sistemas, con vistas a simplificar el funcionamiento del sistema de pensiones, sobre todo para mejorar su transparencia, equidad y eficiencia.

               (16)La tasa de empleo siguió aumentando, situándose en el 71,3 % en 2018. El índice de desempleo siguió disminuyendo, situándose en el 9,1 % en 2018, pero sigue estando muy por encima de la media de la UE (6,8 %) y la media de la zona del euro (8,2 %). Además, el mercado de trabajo francés sigue estando muy segmentado. Casi el 85 % de las nuevas contrataciones se efectúa mediante contratos temporales, y el índice de transición a contratos indefinidos es uno de los más bajos de la UE. El trabajo a tiempo parcial involuntario también es muy alto, con un 42,3 % del trabajo a tiempo parcial total en 2018. La reforma prevista del sistema de prestaciones por desempleo (Medible) tiene por objeto hacer frente a la segmentación del mercado de trabajo mediante, por un lado, la reducción de los incentivos para el recurso a contratos de muy corta duración y, por otra, la recuperación de trabajadores, así como reducir la deuda del sistema. Las negociaciones entre los interlocutores sociales sobre el sistema de prestaciones por desempleo se celebraron a principios de 2019. El objetivo era i) reducir la deuda del sistema, ni) modificar las normas para reducir la inseguridad laboral y hacerlas sean más provechosas para los desempleados, y Irak) encontrar un mecanismo de incentivos para reducir los incentivos a los contratos de muy corta duración. Sin embargo, los interlocutores sociales no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo conjunto de normas. La reforma está ahora en manos del Gobierno, que se ha comprometido a llegar a un acuerdo antes del verano de 2019.

               (17)Las condiciones del mercado de trabajo para los grupos vulnerables siguen siendo comparativamente más difíciles que para otros grupos. La tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE, que fue del 57,5 % en 2018 (frente al 73,1 % de los nacidos en Francia), es una de las más bajas de la UE. Está demostrado que las personas de origen migrante tienden a verse desfavorecidas durante el proceso de selección. Su concentración geográfica en barrios pobres también es motivo de preocupación. Los habitantes de las zonas más desfavorecidas (como los Quartiers de la politique de la ville), incluidas las personas de origen migrante, siguen teniendo dificultades en el mercado de trabajo, con una tasa de desempleo del 24,7 % en 2017. Pese a algunas de las medidas adoptadas, las consecuencias del origen socioeconómico y del origen migrante en los resultados educativos siguen siendo elevadas y obstaculizan la integración en el mercado de trabajo.

               (18)Los trabajadores jóvenes y poco cualificados también siguen encontrándose en una situación de desventaja en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo de los trabajadores poco cualificados disminuyó en 2017 por primera vez desde 2008, pero, con el 16,2 % en 2018, sigue estando muy por encima de los niveles anteriores a la crisis. El desempleo juvenil (15-24 años) disminuyó 1,6 puntos porcentuales en 2018, hasta el 20,7 %, pero sigue estando muy por encima de la media de la UE (15,2 %). La tasa de desempleo de los jóvenes poco cualificados sigue siendo muy elevada (35,6 % en 2018). A fin de fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, son fundamentales: un apoyo activo eficaz para encontrar empleo, lo que incluye asesoramiento intensivo en materia de empleo y apoyo a la contratación; acceso a medidas de perfeccionamiento de competencias; medidas innovadoras para llegar a los jóvenes más vulnerables que no estudian, trabajan ni se forman; y mayor firmeza contra las prácticas discriminatorias. Las regiones ultraperiféricas se enfrentan a retos adicionales y merecen especial atención.

               (19)A medida que las condiciones del mercado de trabajo van mejorando, varios indicadores apuntan a la inadecuación de las cualificaciones. Aunque el desempleo y el subempleo siguen siendo elevados, hay una escasez cada vez mayor de trabajadores cualificados, sobre todo en sectores específicos. La escasez de cualificaciones y la falta de competencias son factores clave que explican las vacantes de empleo no cubiertas. Según datos del Pôle Emploi francés, en 2017, de un total de 3,2 millones de puestos de trabajo vacantes registrados, 150 000 ofertas fueron anuladas por falta de candidatos adecuados. Según los datos de que se dispone, durante la crisis y la posterior recuperación, el aumento de la inadecuación de las cualificaciones contribuyó a una reducción del desempleo a un ritmo más lento y al aumento del desempleo de larga duración. Los efectos de la enseñanza y formación profesional inicial en el mercado de trabajo están mejorando. El Gobierno introdujo en 2018 un conjunto completo de medidas para mejorar el acceso a la formación inicial y continua y revisar la gobernanza y la financiación del sistema de educación y formación profesional. Como complemento de estas reformas, el plan de inversión en competencias (Plan d’investissement dans les compétences) se propone formar y ofrecer una orientación intensiva a 1 millón de jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni se forman, y a 1 millón de demandantes de empleo de baja cualificación durante el período 2018-2022.

               (20)En su conjunto, el sistema de protección social francés es eficaz para reducir la desigualdad y la pobreza. La proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha seguido disminuyendo, hasta un mínimo histórico del 17,1 % en 2017, frente a una media del 22,4 % en la UE. Sin embargo, la desigualdad de ingresos sigue estando muy por encima del nivel anterior a la crisis. Por otra parte, ha disminuido la transición al alza en todos los cuantiles de ingresos, especialmente en el quintil más bajo. Algunos grupos, como las familias monoparentales y las personas nacidas fuera de la UE, se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. El asesoramiento a los beneficiarios de la renta mínima no siempre es suficiente; hay amplias discrepancias territoriales. Unas mayores inversiones en inclusión social y una mayor coordinación de las mismas, tal como se prevé en la estrategia nacional contra la pobreza presentada en septiembre de 2018, podrían contribuir a hacer frente a estos retos. Si bien las prestaciones del sistema sanitario son, en general, buenas, las disparidades regionales en cuanto al acceso a los servicios podrían reducirse mediante nuevas inversiones, especialmente en las regiones ultraperiféricas.

               (21)A pesar de las recientes iniciativas, Francia no ha sido capaz de reducir su brecha con los líderes de la Unión en materia de innovación según el cuadro de indicadores de la innovación. La inversión en investigación y desarrollo se ha mantenido estable, y las nuevas empresas tienen dificultades para crecer. En general, Francia no está avanzando al ritmo adecuado hacia el cumplimiento de su objetivo de intensidad de investigación y desarrollo total del 3 % para 2020, y el nivel de inversión en investigación y desarrollo del sector empresarial sigue estando muy por debajo del objetivo del 2 %. El gasto público en investigación y desarrollo es superior a la media de la Unión e incluye una amplia gama de regímenes de apoyo directo e indirecto para la labor de investigación e innovación de las empresas, incluido el régimen de crédito fiscal a la investigación y el desarrollo (Crédit d’impôt recherche), que es uno de los más generosos entre los países de la OCDE. Sin embargo, el rendimiento global del ecosistema de investigación y desarrollo e innovación no se corresponde todavía con el elevado volumen de ayuda pública. Aunque las herramientas existentes, entre ellas el Crédit d’impôt recherche, se han evaluado recientemente, un análisis completo de la combinación general de políticas ayudaría a alimentar la aplicación de la futura política. El Consejo de Innovación (Conseil de l’innovation), creado en julio de 2018, se encarga de supervisar las medidas de simplificación, que incluyen una mejor coordinación entre el apoyo regional y el nacional a la innovación. Una relación más estrecha entre ciencia y empresa, en particular mediante sistemas de transferencia de conocimientos, también podría contribuir a la difusión de la innovación, ya que Francia sigue situándose por debajo de la media de la Unión en investigación y desarrollo públicos financiados por empresas. El apoyo a los polos de competitividad (pôles de compétitivité) se ha renovado para una cuarta fase (2019-2022), y se dará prioridad a las organizaciones de agrupaciones que estén bien conectadas con otras estructuras a nivel local, centradas en las prioridades industriales nacionales y con un historial de participación en proyectos de la UE. El Fondo de Innovación y de la Industria (Fonds pour l’innovation et l’industrie), financiado mediante privatizaciones, también contribuirá a proporcionar financiación para la inteligencia artificial. El desarrollo en tiempo oportuno de tecnologías conexas, como la internet de las cosas, las redes 5G, la informática de alto rendimiento y, de manera más general, la economía de los datos, será una de las claves del éxito de estas iniciativas. También existen grandes diferencias entre regiones en cuanto a la inversión regional en investigación y desarrollo y al rendimiento de la innovación. Varias regiones rurales o regiones en transición industrial están por debajo de la media de la UE. Las regiones ultraperiféricas se encuentran en el extremo inferior de la escala.

               (22)En la actualidad, Francia está obteniendo buenos resultados en materia de política energética y de atenuación del cambio climático y avanza a buen ritmo hacia la consecución de su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. No obstante, debe intensificar considerablemente sus esfuerzos de inversión para alcanzar sus objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética para 2020, así como sus objetivos más ambiciosos en materia de clima y energía para 2030, en particular en lo que se refiere al despliegue de las energías renovables y la renovación eficiente del parque inmobiliario desde el punto de vista energético. Dado que más de la mitad de la financiación actual para estas inversiones está dirigida por el Estado, las condiciones económicas y reguladoras tendrían que hacer más viable la financiación de proyectos para el sector privado, con el fin de aprovechar las considerables oportunidades de inversión. Acelerar la penetración de las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración representa un gran potencial sin explotar. Las grandes necesidades de inversión también afectan a la eficiencia energética de los edificios. Es, concretamente, la situación de la renovación del sector de la vivienda, que representa una gran parte de la brecha total en materia de inversión climática, ya que la mayor parte del parque de viviendas es antigua y contiene entre 7 y 8 millones de tamices térmicos (alrededor del 20 % del número total de viviendas). El porcentaje del parque inmobiliario declarado conforme a las normas de alta eficiencia energética fue menor en el caso de las empresas de Francia (25 %) que en el de las empresas del conjunto de la Unión (39 %) en 2017. En el sector de la energía prevalecen diferencias regionales significativas. La intensidad energética está disminuyendo en casi todas las regiones, pero a ritmos diferentes, y existen diferencias considerables en cuanto a la penetración de las energías renovables. Las inversiones adicionales en interconexiones podrían contribuir a una mayor integración del mercado interior de la energía de la UE, introduciendo al mismo tiempo una mayor competencia y facilitando el despliegue de las energías renovables, especialmente con la Península Ibérica.

               (23)La hoja de ruta para una economía circular nacional de 2018 (Feuille de route de l’économie circulaire) es un ambicioso marco político para la eficiencia en el uso de los recursos, cuya aplicación dependerá de que se recaben las inversiones correspondientes. Aunque la contribución de los materiales reciclados a la demanda global de materiales (tasa de utilización circular de materiales ) está muy por encima de la media de la UE (19,5 % frente a 11,7 % en 2016), los índices de reciclado de los residuos municipales siguen estando ligeramente por debajo de la media de la UE (41,8 % frente a 46,4 % en 2016). A este respecto, la adopción de una ley sobre la economía circular será un avance, en particular para un uso más amplio de materias primas secundarias, en particular plásticos. Deben seguir fomentándose nuevos modelos de negocio y procesos de producción que utilicen eficazmente los recursos, como por ejemplo la simbiosis industrial, en particular entre las pequeñas y medianas empresas. A ello puede contribuir el desarrollo de fondos e instrumentos financieros innovadores a favor de la ecoinnovación.

               (24)Las inversiones para mejorar la conectividad, especialmente en las zonas más desfavorecidas, podrían contribuir a atenuar las desigualdades dentro del país. Francia se sitúa por debajo de la media de la Unión en lo que respecta al acceso a la red de banda ancha rápida, cuyo nivel de implantación es bajo (20 % de los hogares frente a una media del 41 % en la Unión en 2018). El uso de servicios móviles de banda ancha también está por debajo de la media de la Unión. La cobertura de banda ancha varía en gran medida entre regiones y sigue siendo limitada en algunas zonas rurales y regiones ultraperiféricas. Se espera que el plan francés de banda ancha ultrarrápida (Plan France Très Haut Débit) y las medidas conexas contribuyan significativamente al logro de los objetivos del país en materia de conectividad. Será esencial supervisar estrechamente la aplicación de estas medidas, sobre todo en las zonas con cobertura deficiente, dado el enfoque predominantemente descentralizado y los  cuellos de botella que pueden producirse si no se dispone de suficientes trabajadores cualificados para desplegar la red.

               (25)A pesar de los actuales esfuerzos para aumentar la seguridad de los contribuyentes (Loi pour un État au service d'une société de confiance o ley ESSOC) y simplificar el sistema, el régimen impositivo francés sigue siendo muy complejo, lo que constituye una carga para el entorno empresarial. El código tributario contempla sistemas de tipos múltiples y gastos tributarios (crédito fiscal, exenciones y reducciones fiscales). Con frecuencia, esta complejidad pretende alcanzar objetivos específicos, como aliviar la presión fiscal sobre los hogares más vulnerables e incentivar o corregir determinados comportamientos. Sin embargo, presenta un riesgo de pérdida de claridad, con lo que pueden aumentar los costes de cumplimiento y la inseguridad jurídica, en detrimento de la capacidad de atracción de Francia, al tiempo que pueden crearse resquicios jurídicos.

               (26)La racionalización de los gastos tributarios y la disminución del número de pequeños impuestos podrían contribuir a simplificar más el sistema fiscal. Los gastos tributarios totales se estiman en el 4 % del PIB en 2019. A diferencia del anterior marco plurianual, el marco presupuestario actual (2018-2022) no prevé un límite de gasto para los gastos tributarios. En su lugar, establece un objetivo no vinculante del 28 % para la ratio entre los gastos tributarios y la suma de los ingresos fiscales netos y los gastos tributarios. Si bien la Ley Presupuestaria para 2018 establecía una ratio de gastos tributarios por debajo del objetivo (28 %) establecido en el marco presupuestario plurianual 2018-2022, se prevé que dicha ratio aumente en el futuro (el 25,5 % al final de 2018 y el 26 % en 2019).

               (27)En el presupuesto de 2019 se contempla una disminución del importe global de los gastos tributarios por debajo de 100 millones EUR, lo que pone fin a un período de cinco años de aumento constante del mismo. Sin embargo, entre 2018 y 2019, el número de gastos tributarios aumentó de 457 a 474. En 2018, el Tribunal de Cuentas recomendó racionalizar los gastos tributarios existentes y señaló su falta de control y evaluación. Deben proseguirse los esfuerzos para poner fin a los impuestos que aportan unos ingresos limitados o que resultan ineficientes. En la Ley Presupuestaria para 2019 se han recortado 26 impuestos que generan bajos ingresos, se han eliminado 20 en 2019 por un importe total de 132 millones EUR y se eliminarán 6 en 2020 por un importe total de 208 millones EUR. Se espera que la eliminación de los pequeños impuestos continúe en 2020 al mismo ritmo.

               (28)Otros impuestos sobre la producción siguen constituyendo una carga para las empresas. En 2016, los impuestos sobre la producción se situaron en el 3,1 % del PIB, por encima de los de Italia (1,4 %), España (1,0 %) y Alemania (0,4 %). Estos impuestos tienen distintas bases imponibles (volumen de negocios, valor añadido, salarios, terrenos y edificios) y pueden aumentar el coste total de producción. Esta situación podría tener un impacto negativo en la competitividad, en particular en el sector manufacturero. La Ley Presupuestaria para 2019 recorta solo un impuesto sobre la producción (forfait social) recaudado a nivel nacional y cuyo importe es de 660 millones EUR anuales (una vez se aplique en su totalidad en 2020).

               (29)A pesar de los progresos y la adopción de reformas ambiciosas, persisten los obstáculos a la entrada, y la competencia en los servicios a las empresas y las profesiones reguladas sigue siendo baja. El nuevo índice de la OCDE sobre el comercio de servicios dentro del EEE muestra que el nivel de restricción normativa en Francia es superior a la media del Espacio Económico Europeo (EEE) en sectores como la contabilidad, los servicios jurídicos y los servicios de distribución. Los principales obstáculos toman la forma de requisitos de autorización restrictivos, reservas de actividades y requisitos en materia de accionistas y derechos de voto. En el sector minorista, Francia ha llevado a cabo una serie de reformas para reducir la carga normativa. No obstante, una serie de restricciones operativas sigue afectando a la eficiencia de las empresas minoristas y las sitúa en desventaja con respecto al comercio electrónico. Dadas estas circunstancias,, el crecimiento del sector minorista en Francia es bastante modesto. El Programa Nacional de Reformas de 2019 detalló nuevas medidas para reforzar la competencia en algunos sectores de servicios específicos (como, por ejemplo, las autoescuelas, las empresas de gestión inmobiliaria y las ventas de recambios para automóviles). El 4 de abril de 2019, la autoridad de competencia presentó su dictamen sobre la reducción de las restricciones a la distribución de medicamentos, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud pública.

               (30)Los obstáculos en los servicios han dado lugar a una baja competencia y unos márgenes de beneficio y precios elevados, lo que ha perjudicado a la competitividad de toda la economía. Las tasas de rotación en los principales servicios a las empresas son más bajas en Francia que en el resto de la UE. La falta de competencia en los servicios, combinada con los elevados costes laborales, ha contribuido a mantener los precios elevados, especialmente en las transacciones inmobiliarias, la vivienda, la restauración y los servicios jurídicos y contables. Dado que los costes de estos servicios son también soportados por otras empresas que los utilizan como insumos, representan un factor adicional que lastra la competitividad de Francia, incluida la industria.

               (31)La Ley PACTE (Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises) tiene por objeto apoyar el crecimiento y la transformación de las empresas. Dicha Ley reducirá el número de umbrales a los que se enfrentan las empresas a medida que crecen, aunque los límites restantes se han vuelto más amplios en cuanto a su alcance y costosos de superar. También introduce un período de transición de cinco años antes de considerar que se ha alcanzado un umbral determinado y anima a las pequeñas y medianas empresas a utilizar incentivos y planes de participación para los empleados vinculados al rendimiento de una empresa. Por último, ofrece procedimientos simplificados para crear o registrar empresas e introduce nuevas normas para ayudar a los empresarios a obtener una segunda oportunidad. También reduce los plazos y los costes de los procedimientos concursales, en especial de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo haciéndolos más previsibles. Según las propias estimaciones de la administración francesa, el impacto potencial de la Ley sobre el PIB será de un aumento del 0,32 % para 2025 y del 1 % a más largo plazo. Su plena y diligente aplicación sigue siendo clave para cosechar los beneficios de esta reforma.

               (32)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría ayudar a colmar algunas de las lagunas identificadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Francia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, habida cuenta de las disparidades regionales y de la situación especial de las regiones ultraperiféricas.

               (33)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis completo de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (34)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (35)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,2 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB; destinar los ingresos imprevistos a acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas;  lograr ahorros de gastos y aumentos de la eficiencia en todos los subsectores de la Administración, en particular especificando y supervisando plenamente la aplicación de las medidas concretas necesarias en el contexto del programa Acción Pública 2022 (Action publique 2022); reformar el sistema de pensiones para unificar gradualmente las normas de los diferentes regímenes de pensiones y reforzar su equidad y sostenibilidad;

               2.fomentar la integración en el mercado de trabajo de todos los solicitantes de empleo, garantizar la igualdad de oportunidades, prestando especial atención a los grupos vulnerables, incluidas las personas de origen migrante, y abordar las carencias y los desajustes de competencias;

               3.centrar la política económica de inversión en la investigación y la innovación (aumentando al mismo tiempo la eficiencia de los sistemas públicos de apoyo, incluidos los programas de transferencia de conocimientos), las energías renovables, la eficiencia energética y las interconexiones con el resto de la Unión, y en la infraestructura digital, teniendo en cuenta las disparidades territoriales.

               4.seguir simplificando el sistema tributario, sobre todo limitando el uso de los gastos tributarios, suprimiendo más impuestos ineficientes y reduciendo los impuestos sobre la producción; reducir las restricciones normativas, especialmente en el sector de los servicios, y aplicar plenamente las medidas de fomento del crecimiento de las empresas.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1009 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte uniformemente a lo largo de un período de 4 años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (9)

                        SWD(2019) 1009 final.

                     (10)

                        En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.