               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas,23.5.2018
            COM(2018) 407 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Irlanday por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Irlanda

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Irlanda

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Irlanda

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Irlanda debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las números 1 y 2.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Irlanda
                  5
                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Irlanda hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018
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               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, unos volúmenes grandes de deuda privada y pública y de pasivos externos netos constituyen puntos vulnerables. No obstante, las mejoras han sido considerables. El fuerte crecimiento de la productividad en los últimos años ha supuesto una mejora de la competitividad y una balanza por cuenta corriente positiva que implica una rápida reducción del elevado volumen de pasivos exteriores netos. Un fuerte crecimiento económico sigue apoyando el proceso de desapalancamiento privado. Sin embargo, el volumen de deuda privada sigue siendo elevado, aunque debe tenerse en cuenta la fuerte influencia de las actividades de las empresas multinacionales a la hora de evaluar la deuda de las empresas, y la deuda de los hogares parece globalmente en consonancia con los indicadores económicos fundamentales. Se prevé que la deuda pública siga bajando, y el déficit se está acercando al equilibrio. Los precios de la vivienda, que probablemente estaban infravalorados, están aumentando ahora con rapidez, lo que también refuerza los balances de los hogares. Los bancos están bien recapitalizados y su rentabilidad mejora gradualmente. El volumen de préstamos dudosos, si bien sigue siendo elevado, continúa disminuyendo. Se han tomado medidas para abordar estos puntos vulnerables, pero algunas necesitarán tiempo para generar los efectos esperados.

               (4)El 18 de abril de 2018, Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018, y el 30 de abril su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno espera que el déficit global disminuya ligeramente hasta el 0,2 % del PIB en 2018 y que siga disminuyendo gradualmente a partir de entonces, hasta convertirse en un superávit del 0,4 % del PIB en 2021. Se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,5 % del PIB— a partir de 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública / PIB se reduzca al 66 % en 2018, para posteriormente descender hasta el 58,7 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

               (7)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Irlanda que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 2,4 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, el Consejo señaló que debe prestarse atención a lograr una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Irlanda. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de cierta desviación del ajuste presupuestario recomendado en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018 considerados conjuntamente.

               (8)En 2019, Irlanda deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                que no exceda del 5,3 %
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               , lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,1 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural alcance un déficit del 0,4 % del PIB en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Está previsto que Irlanda cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y con la norma en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que Irlanda deberá estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2018 y se prevé que cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019. En vista de la diferencia entre las mediciones del PIB y la producción nacional en Irlanda, así como el impacto asociado en la ratio deuda / PIB; de las condiciones cíclicas actuales de Irlanda; y de los mayores riesgos externos, sería prudente la utilización de cualquier posible beneficio excepcional para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

               (9)Las finanzas públicas han mejorado aún más como consecuencia del fuerte crecimiento de la producción, pero los riesgos de volatilidad de los ingresos persisten, y existe margen para lograr unos ingresos más resilientes frente a las fluctuaciones económicas y las perturbaciones adversas. Limitar el número y el alcance de los gastos tributarios, y ampliar la base impositiva mejoraría la estabilidad de los ingresos frente a la volatilidad económica. No obstante, algunas de las medidas fiscales más recientes se han centrado en reducciones y desgravaciones, y parecen haber aumentado aún más la dependencia de fuentes de ingresos muy procíclicas. Por otra parte, Irlanda tiene potencial para mejorar la manera en que su sistema tributario puede contribuir a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente.

               (10)Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro de 2018, la lucha contra las estrategias de planificación abusiva del contribuyente es indispensable para impedir las distorsiones de la competencia entre las empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. El elevado nivel de los pagos de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal de Irlanda es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La limitada aplicación de la retención en origen sobre los pagos de cánones y dividendos salientes (por ejemplo, de residentes en la UE a residentes en países terceros) por empresas con sede en Irlanda puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben. Por otra parte, las empresas pueden utilizar ciertas disposiciones de los convenios fiscales bilaterales entre Irlanda y algunos otros países para invalidar la nueva norma sobre residencia fiscal establecida en Irlanda en 2015. El resultado de la consulta realizada por Irlanda a raíz de la revisión independiente del Código del Impuesto sobre Sociedades será pertinente para la concepción de las anunciadas reformas fiscales. La Comisión toma nota de las recientes medidas positivas anunciadas o adoptadas (es decir, medidas adoptadas para luchar contra la planificación fiscal abusiva a nivel nacional y posibles medidas de defensa contra los territorios no cooperadores).  Sobre la base de los últimos intercambios, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

               (11)Siguen existiendo riesgos de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo relacionados con el coste del envejecimiento de la población. Irlanda ha introducido algunas medidas de eficiencia importantes, como un acuerdo de ahorro de costes con el sector farmacéutico, un sistema de gestión financiera y la financiación basada en las actividades. También se han tomado medidas para mejorar la disponibilidad de la atención sanitaria básica. No obstante, el sistema sanitario irlandés es costoso y se enfrenta a numerosos retos, que se ven agravados por un envejecimiento rápido de la población. Asimismo, los servicios de atención primaria y comunitaria todavía no son capaces de aliviar la creciente presión sobre la capacidad y los costes en la asistencia hospitalaria. El proyecto de avanzar hacia una asistencia sanitaria universal debe ir acompañado de una presupuestación plurianual y un mejor control del gasto. Asimismo, debe basarse en los conclusiones de un análisis exhaustivo del gasto sobre la efectividad y la eficiencia del sector de la salud. Además, debería estudiarse la posibilidad de reforzar el papel de la atención primaria como filtro para los sobrecargados hospitales irlandeses. A pesar de una amplia gama de reformas encaminadas a frenar el gasto público en pensiones, se espera que el déficit general del sistema de pensiones crezca considerablemente a largo plazo. Una aplicación oportuna de la hoja de ruta que se ha presentado para la reforma de las pensiones es fundamental para reforzar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones irlandés.

               (12)Años de baja inversión tras la contracción económica están pasando factura a la disponibilidad de infraestructuras adecuadas en los ámbitos del transporte, la energía limpia, los servicios de agua, la vivienda y las telecomunicaciones. La persistencia de la escasez de oferta, junto con el aumento de la demanda, siguen alimentando las subidas de precios de la vivienda.  Aunque los precios no parecían sobrevalorados en 2016, la asequibilidad es un motivo de preocupación. Si no se toman medidas, las restricciones que limitan la oferta de vivienda pueden contribuir a crear desequilibrios. Junto con la ordenación territorial, la mejora de las infraestructuras es un factor facilitador fundamental para una respuesta adecuada en términos de oferta de vivienda, el aumento de la inversión privada, el crecimiento de la productividad y un desarrollo económico regional equilibrado. Por último, la inversión en infraestructuras en los sectores de la energía limpia, el transporte público limpio y el agua, así como la intensificación de los esfuerzos en el ámbito de las energías renovables y la economía circular, serán esenciales para que Irlanda tenga éxito en su transición hacia una economía hipocarbónica y resiliente desde el punto de vista medioambiental. El Plan Nacional de Desarrollo para 2018-2027 y el Marco Nacional de Planificación, que forman parte de la «Estrategia Irlanda 2040», constituirán pasos firmes en la buena dirección una vez que se tomen medidas y se ejecuten en estrecha coordinación con las partes interesadas.

               (13)Los actuales esfuerzos de mitigación del cambio climático no permitirán a Irlanda lograr sus objetivos climáticos de Europa 2020 a escala nacional. Solo se han realizado avances limitados en la descarbonización de sectores claves de la economía, principalmente en la agricultura, el transporte por carretera y el sector residencial. Por esto, Irlanda necesitará aplicar los mecanismos de flexibilidad disponibles para cumplir la Decisión de reparto del esfuerzo, como la compra de asignaciones a otros Estados miembros.  Las previsiones nacionales ponen de relieve la magnitud de los esfuerzos suplementarios que se precisan: las emisiones con arreglo a la Decisión de reparto del esfuerzo (fijación de objetivos anuales vinculantes sobre emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros para el período 2013-2020) se espera que aumenten hasta 2025, antes de estabilizarse a un nivel ligeramente por debajo de las emisiones de 2005, sobre la base de las políticas actuales. Irlanda ha adoptado recientemente un Plan de Mitigación que establece una hoja de ruta para una economía con bajas emisiones de carbono y un marco coherente para abordar los persistentes retos en el sector de la energía. En su forma actual, no obstante, el plan ofrece pocas medidas de mitigación nuevas y específicas. A su vez, el Marco Nacional de Planificación tiene también un componente climático, en reconocimiento del hecho de que una ordenación territorial adecuada será un factor crítico de mitigación del cambio climático, dado que la población está muy dispersa e Irlanda solo cuenta con un pequeño número de grandes áreas urbanas, que se enfrentan en su totalidad a graves problemas de congestión y transporte público. Por último, el Plan de Desarrollo Nacional (2018-2027) y su aplicación efectiva desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de la economía, ya que determinará la medida en que se movilizan medios adicionales para la descarbonización del sector de la energía, el despliegue de fuentes de energía renovables y la mejora del transporte público y la eficiencia energética.

               (14)Garantizar un crecimiento integrador sigue siendo un reto en Irlanda. La tasa de desempleo descendió al 6,7 % en 2017, pero algunos grupos siguen apartados en gran medida del mercado laboral y en situación de exclusión social. Los sistemas fiscal y de protección social funcionan bien para contener la pobreza y la desigualdad, e Irlanda ha tomado medidas encaminadas a incentivar el empleo modulando la retirada de las prestaciones y los pagos complementarios. La persistente alta tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social en Irlanda está ligada al elevado porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral (casi el doble de la media de la UE y el más elevado de la UE: 18,2 % frente al 10,5 % en 2016). Esto es especialmente frecuente en los hogares monoparentales. Casi tres cuartas partes de las personas que no trabajan en Irlanda están inactivas. Las tasas de riesgo de pobreza o de exclusión social de la población infantil y de la población general descendieron ligeramente en 2016, pero siguen siendo superiores a la media de la UE. A resultas de ello, Irlanda debe completar la aplicación del Plan de Acción para Hogares sin Empleo, por ejemplo mejorando el apoyo integrado a las personas más alejadas del mercado laboral. La oferta de vivienda social requiere una atención continua a fin de alcanzar unos objetivos ambiciosos y responder a la elevada demanda.

               (15)El acceso a guarderías asequibles, con unos horarios amplios y de calidad sigue siendo un reto. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el gasto en atención infantil en Irlanda — en relación con los salarios — fue, en 2015, el más elevado de la UE para las familias monoparentales y el segundo más elevado de la UE para las parejas. Los elevados costes de la atención a la infancia pueden obstaculizar el acceso a un empleo remunerado, especialmente en los hogares con bajos ingresos, incluidas las familias monoparentales. Esto tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo de las mujeres, que era del 65,4 % en 2016, cerca de la media de la UE. Actualmente se está debatiendo en el Parlamento una Ley que prevé un sistema asequible de atención a la infancia. La aplicación se espera para 2018, aunque ya se observan retrasos. La calidad de los servicios de atención a la infancia también se ha promovido, en particular mediante iniciativas dirigidas a garantizar una aplicación estricta de las cualificaciones del personal.

               (16)Las diferencias entre las tasas de empleo de los trabajadores con cualificaciones baja, media y alta se encontraban entre las más elevadas de la UE en 2016, y la tasa de empleo de la mano de obra poco cualificada es 10 puntos porcentuales inferior a la registrada antes de la crisis económica. Como consecuencia y en relación con el cambio en la actividad económica, la inadecuación de las cualificaciones y la falta de capacidades son cada vez más evidentes en varios ámbitos. Esto acentúa la necesidad de acelerar las políticas y medidas de mejora de las competencias y reciclaje de capacidades. Irlanda tiene en particular un bajo nivel de participación en actividades de aprendizaje permanente entre las personas poco cualificadas con empleo, lo que las hace vulnerables a los cambios en la demanda de mano de obra. Irlanda tiene, en general, uno de los niveles más bajos de competencias digitales de la UE, en claro contraste con la elevada proporción de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que se gradúan en el sistema de educación superior irlandés. Irlanda también tiene una de las tasas más bajas de empleo de personas con discapacidad de la UE.

               (17)El crecimiento de la productividad en Irlanda está impulsado principalmente por empresas multinacionales. La brecha de productividad entre estas empresas y las empresas irlandesas —en su mayoría pymes— es cada vez mayor. La elevada movilidad internacional de algunas multinacionales y las incertidumbres actuales pueden poner en riesgo la sostenibilidad y la resiliencia de la economía irlandesa a más largo plazo. Una investigación reciente ha puesto de manifiesto que las empresas irlandesas obtienen limitados réditos y beneficios procedentes de las actividades de las multinacionales en Irlanda, en términos de crecimiento de la productividad, innovación y exportaciones. Sin embargo, las empresas irlandesas que realizan labores de investigación y desarrollo se benefician de efectos colaterales de las multinacionales. Los incentivos públicos para realizar I+D y aumentar la disponibilidad de trabajadores cualificados para las pymes de Irlanda, fomentaría la difusión de las nuevas tecnologías en dichas empresas. Además, y como señala reiteradamente el Consejo Nacional de Competitividad irlandés, garantizar la competitividad de las empresas irlandesas exige limitar el crecimiento de determinados insumos y costes jurídicos en particular. Las barreras en el mercado de los servicios jurídicos siguen representando un reto, obstaculizando la competencia y aumentando los costes para los destinatarios de los servicios. Se ven afectadas principalmente las pequeñas empresas, ya que aumentan los costes de los litigios. Aún no hay normas de desarrollo para la nueva Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos. Las consultas públicas, que constituyen un requisito previo para las normas de desarrollo, están sufriendo considerables retrasos.

               (18)Aunque el sector financiero de Irlanda está en vías hacia una recuperación sostenida, los problemas heredados siguen creando limitaciones. Si bien Irlanda ha seguido progresando en la reducción de los préstamos no productivos, su proporción respecto de los préstamos brutos totales (11,2 % en septiembre de 2017) sigue siendo una de las más elevadas de la UE. El sobreendeudamiento, la concentración del mercado y una mayor incertidumbre en algunos sectores exportadores lastran la demanda de crédito por parte de las pymes, que se mantiene moderada.  Es esencial reducir los pagos atrasados de larga duración, de los cuales los vencidos hace más de dos años representan en torno al 60 % del total de los préstamos hipotecarios en situación de mora en 2017.  La reducción de estos pagos atrasados podría contribuir también a resolver el problema del sobreendeudamiento, que reduce los incentivos de las empresas, y en particular las pymes, para colocar el crédito en usos más productivos. Estudios recientes del Banco Central de Irlanda muestran que las soluciones de reestructuración que implican una reducción del pago temporal son especialmente proclives al impago reiterado. La viabilidad de las ejecuciones hipotecarias y las amortizaciones podría mejorarse y complementarse por un marco más sólido de protección del consumidor en el mercado secundario de ventas de préstamos, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad de las soluciones de reestructuración de préstamos.

               (19)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Irlanda en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Irlanda, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (20)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen
                  11
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (21)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. Limitar el alcance y el número de los gastos tributarios, y ampliar la base impositiva. Abordar el incremento previsto del gasto derivado del envejecimiento de la población mediante un aumento de la relación coste/eficacia del sistema sanitario y la reforma de las pensiones.

               2.Garantizar la aplicación oportuna y efectiva del Plan Nacional de Desarrollo, en particular en materia de energía limpia, transporte, vivienda, servicios de abastecimiento de agua y servicios de atención a la infancia de calidad. Priorizar la mejora de las competencias de la población adulta en edad laboral, con especial atención a las competencias digitales.

               3.Fomentar el crecimiento de la productividad de las empresas irlandesas, y de las pymes en particular, estimulando la investigación y la innovación con políticas específicas, formas más directas de financiación y más cooperación estratégica con multinacionales extranjeras, centros públicos de investigación y universidades. Fomentar reducciones más rápidas y duraderas de los pagos atrasados de larga duración, basándose en iniciativas para los hogares vulnerables y fomentando la condonación de las exposiciones no recuperables.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        COM(2018) 407 final.

                     (4)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (5)

                        SWD(2018) 206 final.

                     (6)

                        COM(2018) 120 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.

                     (9)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas. El valor de referencia para el gasto de Irlanda refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015. Siguiendo el enfoque adoptado por las autoridades irlandesas en sus cálculos presupuestarios para 2017, la Comisión ha tomado la media de las tasas de crecimiento potencial de 2014 y 2016.

                     (10)

                        Como en 2018, el valor de referencia para el gasto refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015.

                     (11)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 409 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Franciay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Francia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Francia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Francia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
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               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
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               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la 1 y 2.

               (3)El informe específico de 2018 sobre Francia
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                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018
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               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los puntos vulnerables derivan del alto nivel de deuda pública y de una pobre dinámica de competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. El riesgo de una repercusión adversa en la economía francesa y, dado el tamaño de esta, de efectos secundarios negativos para la Unión Económica y Monetaria, es especialmente grande.

               (4)El 25 de abril de 2018, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)[Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo y la decisión del Consejo de [XX] de junio de 2018 de derogar el procedimiento de déficit excesivo, Francia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del déficit global, que pasaría del -2,6 % del PIB en 2017 al +0,3 % del PIB en 2022. No se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,4 % del PIB) se logre durante el período abarcado por el Programa de Estabilidad. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 97,0 % del PIB en 2017 al 89,2 % en 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

               (7)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Francia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no supere el 1,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de Francia y tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Francia, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario considerar ningún otro elemento adicional. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

               (8)En 2019, vista la ratio de deuda de las administraciones públicas superior al 60 % del PIB y la brecha de producción prevista del 0,6 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,4 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencia prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Francia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio extraordinario para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.

               (9)El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la UE. Está previsto que la ratio de gasto se sitúe en el 56,0 % del PIB en 2018, es decir, 10,6 puntos porcentuales más que la media de la UE. Aunque la estrategia de saneamiento de los últimos años se ha beneficiado principalmente del descenso de los tipos de interés y de recortes en la inversión pública, esta situación de tipos bajos tiene pocas probabilidades de mantenerse a medio plazo y el recorte en las inversiones productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Las revisiones de gastos realizadas desde 2014 no consiguieron ahorros importantes y las mejoras de eficiencia fueron limitadas debido a la falta de seguimiento adecuado y a la escasa implicación política. La revisión estratégica más reciente ha sido abandonada y será sustituida por Action Publique 2022, cuyos principios se recogen en la Ley de Programación Plurianual de las Finanzas Públicas 2018-2022. El Comité de Action Publique 2022 debe elaborar un plan antes del verano de 2018 y analizar las medidas que es preciso adoptar. Sin embargo, no se han propuesto todavía unas medidas claramente especificadas y los nuevos ahorros en este marco solo se materializarán a partir de 2020. Los esfuerzos para hacer frente a las actuales necesidades de saneamiento presupuestario a corto y medio plazo podrían beneficiarse de una rápida aplicación de medidas de reducción del gasto.

               (10)En la actualidad, en Francia coexisten 37 regímenes de pensión diferentes que cubren a diversos grupos de trabajadores y funcionan con arreglo a conjuntos de normas dispares. Unificar progresivamente la normativa permitiría mejorar la transparencia del sistema, aumentar la solidaridad intergeneracional y fomentar la movilidad laboral. La armonización de las normas de cálculo también contribuiría a controlar mejor el gasto público. Si bien se espera que las reformas de las pensiones ya adoptadas reduzcan el nivel de gasto público en pensiones a largo plazo, un sistema de pensiones más sencillo y eficaz podría generar ahorros adicionales y ayudar a mitigar los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Según un estudio reciente, la adaptación de los distintos regímenes de pensiones en los sectores público y privado aportaría un ahorro de más de 5 000 millones EUR al gasto público de aquí a 2022.

               (11)La tasa de desempleo disminuyó del 10,4 % en 2015 al 9,4 % en 2017, y se prevé que baje aún más en los próximos años, mientras que la tasa de empleo aumentó hasta el 70,6 % en 2017. Sin embargo, las condiciones del mercado de trabajo para los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen inmigrante (primera y segunda generaciones) siguen siendo relativamente más difíciles. En 2016, solo el 54,5 % de las personas no nacidas en la UE (de entre 20 y 64 años) tenía trabajo, cifra inferior en 17,5 puntos porcentuales a la cifra correspondiente a los nacidos en Francia. Los habitantes de las zonas más desfavorecidas (Quartiers de la politique de la ville), entre ellos los de origen inmigrante, siguen enfrentándose a dificultades específicas en el mercado laboral. Pese a las medidas adoptadas, el impacto del origen socioeconómico y del origen inmigrante en los resultados educativos es comparativamente alto y obstaculiza la integración en el mercado de trabajo. También hay indicios de prácticas discriminatorias en dicho mercado. Un apoyo eficaz al empleo activo, incluido la formación lingüística, una orientación profesional intensiva y la ayuda a la contratación, así como el refuerzo de las medidas contra las prácticas discriminatorias, son claves para promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

               (12)La Ley de 2016 sobre el trabajo, que moderniza el diálogo social y asegura las trayectorias profesionales pretende mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir el porcentaje de trabajadores con contratos temporales. Aunque se están registrando más contratos de duración indeterminada, la segmentación del mercado de trabajo sigue siendo un reto y debería fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido. En este contexto, es importante finalizar la aplicación del ambicioso programa de reformas en curso, que abarca la reforma recientemente adoptada del Derecho laboral, la reforma prevista del sistema de prestaciones por desempleo y la del sistema de educación y formación profesionales, incluida la formación de aprendices.

               (13)La implantación gradual de medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo ha mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En relación con el salario medio, en 2016 Francia tenía uno de los mayores tipos de cotizaciones sociales empresariales en la UE como porcentaje del total de los costes laborales. Las medidas políticas existentes destinadas a reducir el coste de la mano de obra se deben seguir consolidando y reforzando a partir de 2019, con la anunciada transformación de la bonificación fiscal para la competitividad y el empleo (CICE) en una reducción general de las cotizaciones sociales de los empresarios, y la introducción de reducciones adicionales para los salarios bajos, a fin de impulsar el empleo de las personas poco cualificadas.

               (14)Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación, sin ningún tipo de subida ad hoc. Por ello, ha crecido más lentamente que los salarios de referencia (1,23 % en 2017, en comparación con el 1,31 % del salario medio), en un contexto de baja inflación y crecimiento endeble de los salarios. Si bien comparado con otros países el salario mínimo es alto en relación con el salario medio, el coste de los trabajadores que reciben el salario mínimo se ha reducido significativamente debido a reducciones de las cotizaciones sociales. Estas reducciones se intensificarán y serán permanentes a partir de 2019. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación (único en la UE) podría limitar el ajuste de los salarios a unas condiciones cambiantes, con posibles consecuencias negativas sobre la competitividad. Un grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo y elabora dictámenes no vinculantes sobre su evolución. En 2017, el grupo recomendó revisar la fórmula de indexación del salario mínimo, por ejemplo limitándolo únicamente a una indexación en función de la inflación.

               (15)El actual sistema inicial de educación y formación profesionales no está suficientemente preparado para la integración en el mercado laboral y una parte significativa de los estudiantes son orientados hacia vías con escasas perspectivas de empleo. Además, los estudiantes de educación y formación profesionales logran resultados muy inferiores a la media de la UE, mientras que los de la enseñanza general los obtienen mucho mejores. En este contexto, las medidas para fomentar el aprendizaje, asociadas a mejores perspectivas de empleo, junto con medidas destinadas a mejorar los resultados escolares, son esenciales para apoyar el empleo juvenil y fomentar la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, es también importante mejorar el acceso a la formación permanente de los trabajadores y los demandantes de empleo poco cualificados y promover la obtención de mayores cualificaciones, respaldada por una formación adecuadamente orientada.
                  Como reflejo de estos retos y, en concreto, de la necesidad de mejorar la gobernanza del sistema, garantizar la relevancia del mercado laboral así como la calidad y el acceso a una formación y unas transiciones laborales seguras, el Gobierno presentó el 27 de abril de 2018 un proyecto de ley de reforma del sistema de formación de aprendices y de educación y formación profesional continua. Además, el Programa Nacional de Reformas de 2018 confirma la intención de aplicar un plan de inversión de 14 000 millones EUR para la adquisición de capacidades y abre la vía a la reforma complementaria de los centros de formación profesional inicial.

               (16)En general, el sistema de protección social ofrece buenos resultados. Las desigualdades de ingresos después de las transferencias se sitúan por debajo de la media de la UE y el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pese a un reciente aumento, permanece en un nivel relativamente bajo. Sin embargo, algunos grupos corren más riesgo de pobreza, en particular las familias monoparentales, las personas que no han nacido en la UE y las que viven en zonas urbanas desfavorecidas. El acceso a una vivienda digna para las personas pobres sigue siendo un motivo de preocupación. A pesar de las recientes mejoras, las viviendas sociales escasean en algunas zonas.

               (17)Pese a las reformas en curso para reducir la presión fiscal sobre las empresas y apoyar las inversiones productivas, el sistema fiscal francés sigue caracterizándose por un elevado nivel de complejidad en el que el gasto fiscal, los impuestos ineficientes y los impuestos sobre la producción obstaculizan el buen funcionamiento de las empresas. El elevado gasto fiscal (créditos fiscales, exenciones, reducción de impuestos) añade una carga a las que ya pesan sobre las empresas, en particular las pymes, debido al incremento de los costes de cumplimiento, y genera incertidumbre. También genera costes adicionales de control para la Administración tributaria. En la Ley presupuestaria para 2018, los gastos fiscales se incrementarán en número y en valor, previéndose que alcancen los 99 800 millones EUR en 2018 (4,5 % del PIB), frente a 93 000 millones EUR en 2017. Además, se han localizado alrededor de 192 impuestos que generan pocos ingresos (menos de 150 millones EUR al año), pero solo un número muy limitado han sido eliminados desde 2014
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               . Por último, Francia tiene un nivel muy alto de impuestos sobre la producción en la UE
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                (3,1 % del PIB en 2016), consistentes principalmente en impuestos sobre el capital y el trabajo que soportan las empresas como resultado de su participación en la producción, independientemente de sus resultados económicos.

               (18)Los servicios de mercado representaban más del 50 % del valor añadido, un 40 % del empleo y el 20 % del valor añadido de las exportaciones de la industria manufacturera francesa en 2016. Pese a que la competencia en los servicios de mercado tiene un impacto en toda la economía, se siguen viendo obstaculizados por requisitos normativos y cargas administrativas, que suponen también obstáculos a la capacidad de crecimiento de las empresas. Las reformas en el sector de los servicios podrían tener un significativo impacto económico positivo si fuesen suficientemente ambiciosas y se aplicasen plenamente. Al priorizar los esfuerzos de reforma, es importante tener en cuenta el significado económico y el rendimiento de los subsectores de los servicios. Un enfoque basado en indicadores utilizado para identificar las reformas prioritarias en los sectores de servicios apunta a una serie de servicios prestados a las empresas (arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y de contabilidad, servicios administrativos y de apoyo), el comercio minorista, la hotelería y la hostelería, y la sanidad. En el ámbito específico de los servicios profesionales, la Ley de Crecimiento, Actividades e Igualdad de Oportunidades Económicas (conocida como «Ley Macron»), de 6 de agosto de 2015, solo relajó las restricciones en un pequeño número de profesiones, la mayor parte de ellas de carácter jurídico. Por otra parte, determinados actos subsiguientes han diluido su espíritu, lo que también limitó su impacto esperado. Otras reformas deberían centrarse en las restricciones específicas a la entrada y al ejercicio (por ejemplo, reservas de actividad, restricciones del derecho de voto, restricciones a la participación accionarial, restricciones multidisciplinares y númerus clausus), que se consideran excesivas. Las reformas destinadas a abordar los principales obstáculos a la expansión de las empresas podrían incluir la eliminación en los reglamentos de los efectos de umbral ligados a criterios relacionados con el tamaño y la reducción de las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Por último, la mejora de la cobertura de banda ancha mejoraría su capacidad para beneficiarse de la economía digital.

               (19)Según el Cuadro europeo de indicadores de la innovación, los resultados en materia de innovación de Francia siguen siendo inferiores a los de los líderes en innovación de la UE, pese a la cuantía relativamente elevada de las ayudas públicas concedidas. En particular, la mejora de la eficiencia de los programas públicos de apoyo (incluido el Crédit d’impôt recherche, un crédito fiscal para investigación y desarrollo) estimularía mejor los resultados de la innovación. A este respecto, los resultados de las evaluaciones en curso también deben tenerse en cuenta a fin de mejorar el diseño de las ayudas públicas a la innovación. La transferencia de conocimientos entre investigación pública y empresas sigue planteando un reto y limita la explotación comercial de los resultados de la investigación. En comparación con otros países de la UE, Francia tiene pocas publicaciones en las que colaboren los sectores público y privado y la I+D pública financiada por empresas. Existe, por ende, cierto potencial para reforzar los mecanismos de transferencia entre el mundo académico y la industria mediante la simplificación de la colaboración en materia de investigación y la incentivación de la movilidad de los investigadores.

               (20)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (21)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (22)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,4 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los beneficios extraordinarios para acelerar la reducción del déficit de las administraciones públicas. Realizar ahorros de gastos en 2018 y definir con precisión los objetivos y las nuevas medidas necesarias en el marco de Action Publique 2022, que se traduzcan en una reducción de gastos concretos y en medidas de mejora de la eficiencia en el presupuesto de 2019. Unificar progresivamente las normas de los diferentes regímenes de pensiones para reforzar su equidad y sostenibilidad.

               2.Proseguir las reformas del sistema de educación y formación profesionales con el fin de reforzar su adecuación al mercado de trabajo y mejorar el acceso a la formación, en particular en el caso de los trabajadores poco cualificados y los demandantes de empleo. Impulsar la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, especialmente el de los trabajadores de origen inmigrante y las personas que viven en zonas desfavorecidas. Garantizar que la evolución del salario mínimo sea compatible con la creación de empleo y la competitividad.

               3.Simplificar el sistema tributario, limitando el uso de los gastos tributarios, suprimiendo impuestos ineficientes y reduciendo los impuestos sobre la producción que gravan a las empresas. Reducir la carga normativa y administrativa para incrementar la competencia en el sector de los servicios y apoyar el crecimiento de las empresas. Intensificar los esfuerzos para aumentar el rendimiento del sistema de innovación, en particular mejorando la eficiencia de los programas públicos de apoyo, y reforzar la transferencia de conocimientos entre centros públicos de investigación y empresas.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        COM(2018) 409 final.

                     (4)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (5)

                        SWD(2018) 208 final.

                     (6)

                        COM(2018) 120 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.

                     (9)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (10)

                        Inspection Générale des Finances (2014), Les taxes à faible rendement.

                     (11)

                        Los impuestos sobre la producción deben entenderse como «otros impuestos sobre la producción», de acuerdo con EUROSTAT (categoría D29).

                     (12)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 410 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Croaciay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Croacia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Croacia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Croacia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
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               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
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               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2018 sobre Croacia
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                se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Croacia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Croacia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018
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               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Croacia todavía experimenta desequilibrios macroeconómicos excesivos, aunque se están reduciendo. Las vulnerabilidades están vinculadas a niveles elevados de endeudamiento público, privado y exterior, en gran medida denominado en moneda extranjera. El nivel de préstamos no productivos sigue siendo elevado, especialmente para las sociedades no financieras. El potencial de crecimiento de Croacia sigue siendo insuficiente para permitir un ajuste duradero y en general se han registrado escasos avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar los problemas crónicos de baja utilización de la mano de obra y lento crecimiento de la productividad. La competitividad y la inversión se siguen viendo obstaculizadas por un entorno empresarial restrictivo, y la fragmentación de la Administración pública supone un lastre para la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

               (3)El 26 de abril de 2018, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (5)Croacia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. Partiendo de un superávit de las administraciones públicas del 0,8 % del PIB en 2017, el Programa de Convergencia de 2018 prevé que el saldo global caiga hasta registrar un déficit del 0,5 % del PIB en 2018 y que después mejore gradualmente hasta llegar a un superávit del 0,5 % del PIB en 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,75 % del PIB) se prevé que siga alcanzándose con creces durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2018, la ratio deuda pública/PIB se prevé que baje del 78,0 % del PIB en 2017 al 75,1 % en 2018 y que siga disminuyendo hasta el 65,9 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sin embargo, los objetivos presupuestarios previstos parecen prudentes. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman el saldo de las administraciones públicas en el 0,7 % y el 0,8 % del PIB en 2018 y 2019, respectivamente.

               (6)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Croacia permanecer en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el -0,3 % del PIB en 2018 y en el -0,6 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Croacia cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que Croacia cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

               (7)La adopción prevista de legislación fundamental para mejorar el marco presupuestario de Croacia está pendiente desde hace tiempo. Los fallos en la concepción de la normativa fiscal digital hacen ineficaz la planificación de la política presupuestaria y el papel del Comité de Política Fiscal como organismo independiente es todavía poco relevante. El aún elevado nivel de deuda pública de Croacia y su exposición al riesgo de tipo de cambio significa que siguen siendo esenciales unas prácticas sanas de gestión de la deuda. En 2017 se reforzó la función de gestión de la deuda y se elaboró una estrategia para dicha gestión, que exige actualizaciones periódicas. La introducción de un impuesto sobre bienes inmuebles ya se pospuso y no hay indicios de cuándo y cómo se aplicará. Esto deja a Croacia con una baja proporción de ingresos procedentes de la fiscalidad recurrente sobre los bienes inmuebles. Tal impuesto podría crear margen para mejorar una recaudación de ingresos que favorezca el crecimiento, garantizando al mismo tiempo una fuente de ingresos estable y previsible para las administraciones locales.

               (8)El mercado laboral croata siguió recuperándose en 2017. No obstante, las tasas de empleo y de actividad siguen estando muy por debajo de la media de la UE, lo que obstaculiza el crecimiento potencial. Hasta la fecha, la edad legal de jubilación es de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. La convergencia y el aumento de la edad legal de jubilación es lento, porque está previsto que ambos sexos no alcancen la edad de jubilación de 67 años hasta 2038. Además, los trabajadores mayores pueden beneficiarse de muchas vías para la jubilación anticipada y el sistema de pensiones incluye una serie de regímenes especiales que ofrecen unas condiciones de jubilación más favorables. Las responsabilidades familiares de las mujeres contribuyen además a su reducida participación en el mercado laboral. La consiguiente baja duración media de la vida laboral implica una escasa adecuación de las pensiones actuales y futuras, y riesgo de pobreza en la vejez. Las medidas anunciadas para fomentar la prolongación de la vida laboral todavía no se han aplicado.

               (9)Aunque existe una estructura de diálogo social en Croacia, la interacción efectiva entre las autoridades y las partes interesadas en el proceso de elaboración de las políticas es limitada y se circunscribe principalmente a la comunicación por escrito de opiniones sobre las medidas propuestas por el Gobierno. Además, la gran fragmentación de los sindicatos limita su capacidad para implicarse realmente en el diálogo social.

               (10)A pesar de recientes mejoras, la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo alta, con marcadas disparidades territoriales entre condados. Los trabajadores de mayor edad, los menos cualificados y las personas con discapacidad se ven particularmente afectados. El sistema de protección social presenta carencias desde el punto de vista de la eficacia y la equidad. Las prestaciones sociales tienen una limitada capacidad de reducción de la pobreza. La falta de coordinación entre instituciones y la baja capacidad presupuestaria de las administraciones locales más pobres provoca disparidades en la oferta de prestaciones sociales.

               (11)Croacia se sitúa por debajo de la media de la UE en materia de inversión en educación, educación primaria y guarderías, formación básica, número de personas con estudios de educación superior finalizados y relevancia de la educación y la formación profesionales para el mercado laboral. El país ha iniciado la aplicación de varias reformas contempladas en la estrategia en materia de educación, ciencia y tecnología. La reforma de los planes de estudio es probable que tenga un impacto positivo en la calidad de la enseñanza, si se aplica en su totalidad y coherentemente con otras acciones en el marco de la estrategia. La importancia para el mercado laboral de los programas de formación profesional parece escasa, como sugiere el hecho de que más de la mitad de los desempleados tienen un título de formación profesional. Es necesaria una mayor coordinación entre las autoridades públicas y las empresas para mejorar la identificación de las necesidades en materia de cualificaciones. El sistema de educación de adultos destinado a contribuir a la inclusión en el mercado laboral se caracteriza por un gran, pero desigual, número de prestadores en todo el país y por programas de aprendizaje que no se evalúan adecuadamente. La participación en programas de educación de adultos y programas educativos ofrecidos como parte de las políticas activas del mercado laboral es sumamente baja.

               (12)La fragmentación territorial de la Administración pública croata y la amplia distribución de competencias entre los niveles de gobierno lastran la eficacia de los servicios públicos y del gasto público. Muchas pequeñas unidades locales carecen de la suficiente capacidad financiera y administrativa para desarrollar funciones descentralizadas. Los indicadores de la eficacia de la Administración pública muestran unos resultados inferiores a la media de la UE, lo que constituye un obstáculo para el diseño y la aplicación de políticas públicas y para un uso más eficiente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La reducción prevista del número de sucursales locales de la Administración central y la racionalización del sistema de organismos estatales se han pospuesto nuevamente. La falta de coherencia en los mecanismos de fijación de salarios en la Administración y los servicios públicos impiden la igualdad de trato y el control del Gobierno sobre la masa salarial del sector público. La legislación prevista para su armonización se ha pospuesto de nuevo, hasta mediados de 2018. Las autoridades han dado los primeros pasos para integrar algunas funciones de los hospitales, con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y el acceso a la atención sanitaria. No obstante, un modelo inefectivo de financiación del sistema sanitario resulta en una acumulación de deudas, especialmente por lo que respecta a la asistencia hospitalaria.

               (13)Las empresas estatales mantienen su gran presencia en la economía. Las medidas para mejorar su gestión han avanzado lentamente, y continúan mostrando bajos niveles de productividad y rentabilidad. La adopción de nueva legislación sobre gestión y enajenación de activos del Estado se ha retrasado de nuevo, lo cual pesa sobre el avance de las medidas políticas clave que tienen por objeto abrir las empresas estatales al capital privado y poner en marcha otros activos.

               (14)En noviembre de 2017, finalizó una revisión independiente de la calidad de los activos del Banco Croata de Reconstrucción y Desarrollo. Dada la importancia del Banco para la aplicación de los instrumentos financieros de la UE y del Plan de Inversiones para Europa, así como su creciente implicación en préstamos directos, las conclusiones de la revisión deben utilizarse para reforzar el marco de supervisión y regulación del Banco y sus estructuras de gobernanza.

               (15)La carga administrativa y las exacciones parafiscales siguen pesando sobre la actividad empresarial. La reducción de la carga administrativa ha progresado de manera constante, aunque a un ritmo muy pausado. Las reducciones de tasas parafiscales han sido moderadas y la transparencia es baja, ya que no se llevaron a cabo ni la actualización periódica del registro ni evaluaciones de impacto de los recortes previstos.

               (16)El plan de acción contra la corrupción 2017-2018 debe aplicarse plenamente a fin de cumplir los objetivos de la estrategia de lucha contra la corrupción 2015-2020. Todavía se precisan mejoras en varios elementos clave, especialmente la declaración de patrimonio y de conflictos de intereses, la sensibilización sobre los cauces de denuncia de irregularidades y un control efectivo de los riesgos en la contratación pública, que sigue siendo muy vulnerable a la corrupción debido a la gran proporción de procedimientos de contratación internos en las entidades de propiedad estatal.

               (17)Las regulaciones restrictivas en los mercados de bienes y servicios, en particular un elevado número de profesiones muy reguladas, dificulta la competencia. La flexibilización de la normativa ha sido lenta en el contexto de una fuerte oposición por parte de grupos de interés.

               (18)La lentitud de los procedimientos judiciales y los retrasos acumulados siguen pesando sobre la calidad y la eficiencia del sistema judicial y, por consiguiente, en la actividad empresarial. El descenso observado de los retrasos se debió principalmente a una menor entrada de nuevos asuntos y no a unas resoluciones más rápidas. A pesar de las mejoras registradas, la comunicación electrónica de los litigios y los procedimientos de insolvencia sigue infrautilizada.

               (19)Mediante la estrategia de especialización inteligente de Croacia se están realizando esfuerzos específicos para reformar el sistema nacional de ciencia e innovación. Las responsabilidades políticas en materia de apoyo a la ciencia y la innovación parecen poco coordinadas, lo que debilita la aplicación de la estrategia. Del mismo modo, las principales universidades tienen estructuras de gobernanza muy fragmentadas y normas administrativas rígidas. La cooperación entre las instituciones de investigación y la empresa es escasa. No se realiza un seguimiento sistemático y una evaluación de impacto de las políticas de investigación e innovación existentes, lo que impide la correcta fijación de prioridades. El sistema de enseñanza superior podría beneficiarse de incentivos para promover la calidad y la pertinencia del mercado laboral.

               (20)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Croacia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, junto con las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Croacia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Croacia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (21)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y opina que cabe esperar que Croacia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (22)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Croacia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Reforzar el marco presupuestario, en particular el mandato y la independencia de la Comisión de Política Fiscal. Introducir un impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles.

               2.Desalentar la jubilación anticipada, acelerar el paso a una mayor edad legal de jubilación y ajustar las disposiciones aplicables a determinadas categorías de pensiones a las normas del régimen general. Reformar el sistema de educación y formación profesionales para mejorar su calidad y su adecuación al mercado laboral, tanto para los jóvenes como para los adultos. Consolidar las prestaciones sociales y mejorar su capacidad de reducción de la pobreza.

               3.Reducir la fragmentación territorial de la Administración pública, racionalizar la distribución funcional de competencias y mejorar la capacidad de diseño y aplicación de las políticas públicas. En consulta con los interlocutores sociales, introducir marcos armonizados de fijación de salarios en toda la Administración pública y en los servicios públicos.

               4.Mejorar la gestión de las empresas estatales e intensificar la venta de estas y la de activos no productivos. Reducir significativamente la carga que pesa sobre las empresas derivada de las tasas parafiscales y de engorrosos requisitos administrativos y legislativos. Estimular la competencia en los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Reducir la duración de los procedimientos judiciales y mejorar la comunicación electrónica en los órganos jurisdiccionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        COM(2018) 410 final.

                     (4)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (5)

                        SWD(2018) 209 final.

                     (6)

                        COM(2018) 120 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.