title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Eslovaquia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/148

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Eslovaquia
      (2019/C 301/25)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Eslovaquia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «las recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 2 a 4 que figuran más abajo. En concreto, las medidas para atajar la corrupción y mejorar el sistema judicial facilitarán el cumplimiento de la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la calidad de las instituciones, la concentración de la política económica de inversión en los ámbitos indicados contribuirá a dar respuesta a la segunda recomendación para la zona del euro en lo relativo al apoyo a la inversión y las medidas de mejora de las capacidades coadyuvarán a poner en práctica la tercera recomendación para la zona del euro en lo tocante al funcionamiento del mercado laboral.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Eslovaquia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Eslovaquia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovaquia hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 25 de abril de 2019, Eslovaquia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Eslovaquia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore, pasando de un déficit del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 a un presupuesto equilibrado en 2019, y que no varíe hasta 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, que se ha cambiado de un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2019 al 1 % del PIB a partir de 2020, se alcanzará en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente del 47,5 % en 2019 al 44,4 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Con todo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han especificado completamente. El presupuesto incluye una categoría no especificada de gastos denominada «reservas presupuestarias» (que asciende a un total del 0,7 % del PIB), lo que reduce la previsibilidad en la ejecución del presupuesto.

                  (7)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Eslovaquia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no superara el 4,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión del otoño de 2018, que preveían una situación más cercana al objetivo a medio plazo en 2019, y de acuerdo con las normas para desbloquear el ajuste requerido, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debe superar el 4,6 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,3 % en 2019. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2019, existe un riesgo de desviación significativa del ajuste presupuestario recomendado para los ejercicios de 2018 y 2019 considerados en su conjunto.

                  (8)

                  Eslovaquia debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. De acuerdo con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2019, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, ello es compatible con una tasa de crecimiento nominal máximo del gasto público primario neto del 4,6 %, que corresponde a un ajuste estructural equivalente al 0,3 % del PIB. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2019, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de ese requisito en los ejercicios de 2019 y 2020 considerados en su conjunto. Se prevé que Eslovaquia cumpla la norma en materia de deuda en 2019 y 2020. En general, el Consejo considera que a partir de 2019 deben adoptarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  Las finanzas públicas de Eslovaquia se enfrentan a riesgos medios de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Según el Informe de Sostenibilidad Presupuestaria de 2018 de la Comisión, sería necesaria una mejora acumulada de 2,5 puntos porcentuales del PIB del saldo primario estructural para estabilizar la ratio deuda/PIB a largo plazo, en relación con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. Ello obedece al aumento previsto de los gastos en pensiones y atención sanitaria, que está incrementando los costes asociados al envejecimiento (contribución conjunta de 1,8 puntos porcentuales del PIB). Dado que en Eslovaquia las tasas de natalidad son bajas y, al mismo tiempo, está previsto un aumento de la esperanza de vida, se calcula que la tasa de dependencia de las personas mayores (comparación entre la población de más edad y la población activa, es decir, la proporción de la población que trabaja o sigue cursos de formación) prácticamente se triplicará de aquí a 2060. Así, mientras que en 2016 solo había unas tres personas inactivas mayores de 65 años por cada diez personas con empleo, se prevé que esta proporción aumente a más de siete por cada diez personas empleadas de aquí a 2060 (tasa de dependencia económica de las personas mayores). La introducción de ajustes automáticos de la edad de jubilación a la esperanza de vida había mejorado gradualmente la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, lo cual se consideró una herramienta importante para garantizar la equidad intergeneracional y la sostenibilidad a largo plazo. La preocupación por la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo de los sistemas de pensiones ha aumentado tras la aprobación por el Parlamento, el 28 de marzo de 2019, de una enmienda constitucional por la que se establecen límites a la edad de jubilación (64 años para hombres y mujeres sin hijos, con reducciones de medio año para las mujeres por cada uno de los tres primeros hijos) lo que supone que los ajustes automáticos vinculados a la esperanza de vida dejan de aplicarse una vez se llega al límite. Según el Consejo Presupuestario de Eslovaquia, el límite supondrá un aumento adicional del gasto del 1,6 % del PIB, que pasará del 8,6 % en 2016 al 11,4 % en 2070, frente al aumento del 9,8 % previsto en el Informe sobre el envejecimiento demográfico de 2018. Este incremento aumentará significativamente los riesgos para la sostenibilidad. No se han propuesto medidas compensatorias hasta el momento ni tampoco se han calculado los efectos en los ingresos y la pobreza de las personas mayores.

                  (10)

                  A pesar de algunos avances en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue planteando problemas y la brecha de cumplimiento de las obligaciones de pago del IVA fue más del doble de la media de la Unión en 2016. Aunque se espera que las medidas previstas en el marco del tercer plan de acción arrojen resultados positivos, algunas de ellas aún están pendientes de aplicación. Por ejemplo, es probable que la introducción de declaraciones tributarias electrónicas reduzca la carga administrativa de los contribuyentes, pero existe el riesgo de que, al no haberse aplicado todas las medidas previstas, los efectos globales sean limitados. Al mismo tiempo, un marco estructurado de medidas estratégicas puede contribuir a reducir los frecuentes cambios en el código tributario y fomentar su simplificación. Por último, el potencial de ingresos de la fiscalidad medioambiental y de la propiedad inmobiliaria está infrautilizado en comparación con otros Estados miembros.

                  (11)

                  Continúa la evolución positiva del mercado laboral, caracterizada por el aumento del empleo y niveles de desempleo históricamente bajos. Se ha avanzado mucho en la ejecución del plan de acción para los desempleados de larga duración, que ha contribuido a reducir su número en un tercio a lo largo de dos años. No obstante, la tasa de desempleo de larga duración se mantiene por encima de la media de la Unión, afectando especialmente a las personas poco cualificadas, a los jóvenes y a los gitanos. En contraste con la reducción de las tasas de desempleo, los datos sobre la escasez de mano de obra cualificada resultan alarmantes. Siguen observándose acentuadas disparidades regionales en el mercado laboral, pues la tasa de desempleo más elevada se concentra en tres regiones de Eslovaquia oriental y la mayor escasez de mano de obra, en la parte occidental del país. Es necesario seguir desarrollando las capacidades de los empleadores y los sindicatos para promover una participación más activa de los mismos.

                  (12)

                  La variedad y eficacia de las políticas para mejorar la capacidad de inserción profesional es limitada. Los programas de formación y de reconversión se han reforzado, pero siguen siendo insuficientes y no se centran debidamente en los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos. El sistema educativo no contribuye suficientemente al desarrollo socioeconómico y está infrafinanciado en todos los niveles. La baja calidad de los resultados educativos, la participación de los gitanos en un sistema general de enseñanza inclusivo desde la primera infancia y la integración efectiva de los estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos en la educación y la formación (dada la creciente tasa de abandono escolar prematuro) constituyen desafíos acuciantes. Los resultados educativos y el nivel de competencias básicas siguen siendo deficientes en comparación con los niveles internacionales y se ven profundamente condicionados por la situación socioeconómica de los estudiantes. Lograr que la población eslovaca cuente con cualificaciones más adaptadas a una economía y una sociedad en constante evolución constituye todo un reto. A pesar del aumento progresivo de los salarios hasta 2020, la docencia sigue siendo una profesión poco atractiva y se enfrenta a una escasez de personal cada vez mayor. Además, la calidad y la pertinencia de la formación inicial y las oportunidades de desarrollo profesional de los profesores son limitadas. Las medidas actuales para fomentar la igualdad y la educación inclusiva han quedado por debajo de las expectativas y no se ha observado ningún progreso real en la eliminación de la segregación de los estudiantes gitanos. El Gobierno ha adoptado el «Plan nacional de reforma de la educación y la formación» (2018-2027) y el primer Plan de Acción (2018-2019) (junto con una estimación de presupuesto), así como nueva legislación sobre garantía de la calidad en la enseñanza superior. Será fundamental que estas medidas se apliquen y supervisen de forma efectiva para comprobar si arrojan los resultados esperados.

                  (13)

                  La baja tasa de empleo de las mujeres refleja el hecho de que los hombres rara vez solicitan permisos parentales largos y se ve aún más acentuada por la escasez de guarderías y centros de cuidados de larga duración asequibles y el acceso limitado a los mismos. En el caso de los niños menores de tres años, en particular, las tasas globales de asistencia a guarderías son extremadamente bajas. El Gobierno adoptó una nueva decisión sobre la obligatoriedad de prestar cuidados y ofrecer educación a la primera infancia a partir de los cinco años, con efecto a partir de 2020. No obstante, es preciso efectuar mayores inversiones y fomentar la asistencia a las guarderías y centros de educación preescolar.

                  (14)

                  Aunque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social esté por debajo de la media de la Unión, los niveles son considerablemente más elevados en varios distritos de Eslovaquia meridional y oriental. Existen considerables trabas para acceder a una educación inclusiva y de calidad y en este ámbito las disparidades regionales se reflejan en tasas muy pronunciadas de abandono escolar prematuro. También existen trabas al acceso de los grupos desfavorecidos, en particular de la población gitana, así como de las personas con discapacidad y las personas sin hogar o que sufren exclusión en materia de vivienda, a la asistencia sanitaria, la asistencia de larga duración, la vivienda social y otros servicios esenciales. Resulta primordial adoptar un enfoque integrado para fomentar la inclusión social de estos grupos.

                  (15)

                  Las reformas destinadas a mejorar la rentabilidad del sistema de asistencia sanitaria están cobrando impulso, aunque su grado de aplicación varía entre los distintos ámbitos de asistencia. Las medidas aplicadas en el contexto de la revisión del gasto sanitario han logrado algunos resultados positivos, principalmente a raíz de una serie de medidas de contención de costes en los ámbitos de los productos farmacéuticos y los productos sanitarios. Aún hay margen, sin embargo, para aumentar la eficiencia y ofrecer una mejor atención reasignando estratégicamente recursos entre ámbitos de asistencia. La prestación de servicios sanitarios sigue dependiendo excesivamente de los hospitales, que, a pesar de la reducción regular de la deuda, siguen endeudándose y luchan por financiar las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia y la calidad de la asistencia. Reviste esencial importancia reforzar la atención primaria para reducir el uso evitable de los servicios hospitalarios, si bien el bajo número de médicos de cabecera y el limitado alcance de los servicios ofrecidos en la atención primaria constituyen un obstáculo para mejorar la eficiencia del sistema sanitario. El Gobierno ha adoptado medidas para hacer frente a la escasez de profesionales sanitarios y será importante integrar estos esfuerzos en una estrategia a más largo plazo destinada a descentralizar gradualmente los servicios de cuidados agudos, reforzar la atención primaria y consolidar los servicios de prevención.

                  (16)

                  El fragmentado sistema de investigación merma la eficacia de la inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) para aumentar la calidad de la investigación científica y no atrae financiación privada. La política de investigación e innovación adolece de una coordinación ineficaz entre los ministerios y otros agentes, lo que provoca retrasos y el fracaso de las grandes reformas. El proceso de transformación de la Academia Eslovaca de Ciencias, que dista de ser óptimo, planteó dudas sobre la continuidad de su funcionamiento, lo cual hizo fracasar todo el proceso. La inexistencia o la fallida ejecución de medidas específicas, unidas al limitado compromiso de los centros de investigación y a la restringida capacidad de investigación, contribuyen a un bajo nivel de gasto privado en I+D. En general, las actividades de I+D en las empresas siguen teniendo uno de los niveles más bajos de la Unión y se centran en la industria manufacturera de alta y media tecnología, sector dominado por las empresas multinacionales. Las medidas para estimular la transferencia de conocimientos, reforzar las capacidades de innovación de la industria e intensificar la cooperación entre las empresas y el mundo académico avanzan lentamente.

                  (17)

                  Para aumentar la productividad de Eslovaquia y mantener el proceso de convergencia, también es necesario realizar esfuerzos continuados de inversión en infraestructuras digitales y de transporte, así como en eficiencia energética. Es preciso mejorar la cobertura de la banda ancha fija básica y la cobertura de la 4G y adoptar una banda ancha ultrarrápida. Las inversiones en eficiencia energética, en particular en el sector de la construcción, y en tecnología medioambiental pueden ser una fuente de crecimiento ecológico y ayudar a conservar los escasos recursos medioambientales. Además, para que las regiones menos desarrolladas puedan ponerse al día, estar más basadas en el conocimiento y ser más competitivas y productivas, es necesaria una inversión más estratégica para colmar las lagunas de la infraestructura y mejorar las redes de transporte. Eslovaquia está a la zaga con respecto a la finalización de la red principal de carreteras y ferrocarriles en el marco de la Red Transeuropea de Transporte, como en el corredor Rin-Danubio. Las deficiencias de la red de transporte podrían subsanarse mejorando la interconectividad, la multimodalidad y la interoperabilidad de la red de transporte público y urbano existente, y promoviendo modos de transporte sostenibles.

                  (18)

                  Una pesada carga administrativa y normativa puede afectar negativamente a la inversión y la innovación, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas («pyme»). A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la carga administrativa no se reduce lo suficiente y el entorno empresarial eslovaco está perdiendo terreno en las comparaciones internacionales. La calidad de la legislación y la falta de previsibilidad son motivo de preocupación para las empresas. Estas dificultades deben salvarse mediante el pleno despliegue de la estrategia de mejora de la legislación de Eslovaquia (RIA2020) y el refuerzo de su centro de mejora de la legislación y de las capacidades de análisis en el seno de la administración del Estado. El sector de los servicios profesionales eslovaco sigue estando muy regulado. El efecto restrictivo de la reglamentación es superior a la media ponderada de la Unión para abogados, agentes de patentes, ingenieros civiles, arquitectos, contables, guías turísticos y agentes inmobiliarios.

                  (19)

                  El Gobierno está modificando sustancialmente las prácticas de contratación pública mediante la reforma del marco jurídico con el fin de simplificar los procedimientos y reducir los costes de transacción. Se acoge con satisfacción el nuevo énfasis en la profesionalización; con todo, los beneficios generales tardan en manifestarse. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones públicas, los compradores públicos deben esforzarse más por recuperar la confianza de las empresas, los medios de comunicación y la población en general. Esta situación dificulta la introducción, tan necesaria, de prácticas novedosas. Deben intensificarse los esfuerzos por aumentar el uso de criterios de calidad para lograr así una mejor relación calidad/precio y mejorar el uso estratégico de la contratación pública.

                  (20)

                  La administración pública eslovaca todavía se enfrenta a ineficiencias y dificultades causadas, en particular, por la ineficacia de la cooperación entre los departamentos gubernamentales. La falta de capacidad y de planificación estratégica, así como la ineficacia administrativa, impiden buena ejecución de los Fondos EIE. Como consecuencia de ello, Eslovaquia perdió 120 millones EUR de financiación durante el período 2014-2020, al tiempo que el nivel de distribución de fondos entre los beneficiarios finales sigue siendo bajo. Además, la deficiente preparación de los proyectos financiados con cargo a los Fondos EIE dio lugar a retrasos en la inversión y a plazos ajustados para los procedimientos de contratación pública, lo que aumentó el riesgo de irregularidades.

                  (21)

                  El problema de la corrupción sigue sin resolverse y se ha puesto poco empeño en perseguir los casos de corrupción de alto nivel. Los esfuerzos de lucha contra la corrupción se ven obstaculizados por las deficiencias de la policía y la fiscalía en materia de organización y procedimientos, así como por la escasa protección de los denunciantes. Asimismo, queda por mejorar la eficacia del sistema judicial, incluida su independencia. A pesar de algunas mejoras en términos de eficiencia y calidad, persisten las preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y el retraso en el proceso de nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional podría afectar al funcionamiento del sistema judicial.

                  (22)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Eslovaquia utilizar de manera óptima esos fondos en los sectores indicados, teniendo en cuenta las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa de Eslovaquia para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

                  (23)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Eslovenia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovenia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y política presupuestaria de Eslovaquia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

                  (24)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Eslovaquia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. Salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en particular la de los sistemas de asistencia sanitaria y de pensiones.

         2.

            Mejorar la calidad y el carácter inclusivo de la educación en todos los niveles y fomentar las competencias en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo. Mejorar el acceso a guarderías y cuidados de larga duración asequibles y de calidad. Promover la integración de los grupos desfavorecidos, en particular de los gitanos.

         3.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en la asistencia sanitaria, la investigación y la innovación, el transporte, en particular su sostenibilidad, la infraestructura digital, la eficiencia energética, la competitividad de las pymes y la vivienda social, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Aumentar el uso de los criterios de calidad y de costes del ciclo de vida en las operaciones de contratación pública.

         4.

            Seguir mejorando la eficacia del sistema judicial, centrándose en el refuerzo de su independencia, incluso en los nombramientos judiciales. Intensificar los esfuerzos para detectar y perseguir la corrupción, en particular en los casos de corrupción a gran escala.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 107.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Finlandia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/154

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Finlandia
      (2019/C 301/26)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Ese estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro»), que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «las recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones existentes entre las economías de la unión económica y monetaria, Finlandia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 3 y 4 que figuran más adelante. Concretamente, centrar la política económica relacionada con la inversión en los ámbitos especificados contribuirá a responder a la segunda recomendación para la zona del euro en lo que se refiere al apoyo a la inversión, y las medidas para contener el endeudamiento de los hogares ayudarán a atender la cuarta recomendación para la zona del euro en lo que se refiere a la reducción de la deuda privada.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Finlandia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Finlandia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Finlandia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 4 de abril de 2019, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, que se basa en el supuesto de que no se modifiquen las políticas y fue presentado por el Gobierno anterior poco antes de las elecciones generales de abril, el Gobierno prevé un saldo global del-0,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2019, frente al -0,7 % del PIB de 2018. Según el Gobierno, se prevé que el saldo siga mejorando en 2020 hasta el 0 % y que, acto seguido, empeore de nuevo hasta situarse en el-0,1 % en 2021 y el-0,3 % en 2022. Sobre la base del saldo estructural recalculado (6), se prevé que, suponiendo que no haya cambios en las políticas, el objetivo presupuestario a medio plazo fijado en un déficit estructural del 0,5 % del PIB siga cumpliéndose con creces a lo largo de todo el período cubierto por el programa, teniendo en cuenta los márgenes concedidos para 2019 relativos a la aplicación de las reformas estructurales para las que se permite una desviación temporal. La ratio deuda pública/PIB alcanzó un máximo del 63,4 % en 2015 y disminuyó hasta el 58,9 % en 2018. Según el Programa de Estabilidad de 2019, la ratio de deuda seguirá disminuyendo hasta situarse en el 57,4 % del PIB en 2021. Se prevé que vuelva a aumentar en 2022, hasta el 57,7 % del PIB. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias parece verosímil en general. Los principales riesgos para las previsiones presupuestarias se derivarían de que los costes del envejecimiento sean mayores de lo previsto y a una mayor inflación.

                  (7)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Finlandia que alcanzase el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes relativos a la aplicación de las reformas estructurales para las que se permite una desviación temporal. Esta meta es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 2,9 % en 2019, lo que corresponde a un deterioro permitido del saldo estructural del 0,2 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se espera que Finlandia cumpla su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta el margen concedido, relativo a la cláusula de reforma estructural.

                  (8)

                  En 2020, en vista de la brecha de producción del 0,8 % prevista en Finlandia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,9 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,5 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de que Finlandia experimente cierta desviación en 2020. De modo global, el Consejo considera previsible que Finlandia cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y que debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020.

                  (9)

                  Debido al envejecimiento de la población y a la disminución de la mano de obra, se prevé que el gasto en pensiones, sanidad y, especialmente, asistencia social (cuidados de larga duración) aumente en las próximas décadas. Según el Informe de Sostenibilidad Presupuestaria de 2018, el aumento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento exigiría un saneamiento presupuestario equivalente al 2 % del PIB para estabilizar la ratio deuda/PIB a largo plazo. Los preparativos para la reforma de la administración regional, la sanidad y los servicios sociales, diseñada para hacer frente a estos retos, garantizar la igualdad de acceso y reducir los tiempos de espera, se interrumpieron debido a la dimisión del Gobierno el 8 de marzo de 2019. La proporción de necesidades médicas no satisfechas autodeclaradas en Finlandia es superior a la media de la Unión. En particular, los ciudadanos que no forman parte de la población activa están experimentando dificultades para obtener la asistencia médica necesaria, debido a las largas listas de espera.

                  (10)

                  En un contexto de disminución de la población en edad de trabajar y aumento de los niveles de puestos vacantes, el mercado de trabajo finlandés está endureciendo sus condiciones. Al mismo tiempo, las tasas de actividad y empleo en Finlandia son menores que en los demás países nórdicos, y el desempleo estructural se mantuvo en el 7 % en 2018. Este fenómeno refleja en parte la inactividad y las trampas del desempleo que impiden un mejor uso de la mano de obra. Entre los obstáculos para que la gente vuelva a trabajar se hallan el complejo sistema de prestaciones y la combinación de diferentes tipos de subsidios. Las prestaciones se suprimen gradual y rápidamente en la medida en que aumentan los ingresos, lo que crea el riesgo de que acceder al empleo pueda no ofrecer suficientes incentivos financieros. La incertidumbre sobre el nivel de las prestaciones y el tiempo que se tarda en volver a concederlas reduce el atractivo del trabajo a tiempo parcial o a corto plazo. El experimento de renta básica, cuyos resultados preliminares se publicaron en febrero de 2019, proporciona cierta información para revisar el sistema de seguridad social a fin de combinar mejor las prestaciones con los ingresos.

                  (11)

                  Es necesario invertir en la inclusión activa, especialmente de los grupos más alejados del mercado de trabajo, para aumentar la tasa de participación ahora que las tasas de actividad y de empleo están próximas a los niveles anteriores a la crisis. Las reformas integrales destinadas a fomentar la participación en el mercado de trabajo podrían generar mejores oportunidades para algunos grupos en dicho mercado. Se trata de las personas de origen inmigrante, las mujeres en edad fértil, los hombres poco cualificados, las personas parcialmente capacitadas para trabajar y las personas con discapacidad. Algunos servicios para las personas desempleadas e inactivas se encuentran dispersos entre distintas autoridades y proveedores. Ayudar a estos grupos a incorporarse al mercado de trabajo y permanecer en él requiere servicios y políticas de activación y rehabilitación hechas a medida e integradas. Las responsabilidades familiares de larga duración asumidas por las mujeres contribuyen a la brecha de género en materia de empleo y salarios. El Gobierno inició un proceso de reforma del permiso por motivos familiares, pero no lo terminó.

                  (12)

                  Garantizar el suministro de mano de obra en una época de cambio demográfico y tecnológico es fundamental para fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo en Finlandia. Invertir en capacidades, especialmente las pertinentes para el mercado de trabajo, contribuiría a superar los retos que plantea el cambio estructural de la economía. Los cambios tecnológicos requieren una formación continua y el reciclaje de la mano de obra a través de formas flexibles de aprendizaje, especialmente centradas en el aprendizaje, la educación y la formación para adultos. Con ello, debería aumentar la movilidad profesional, lo que reduciría la inadecuación de las cualificaciones y ayudaría a satisfacer las futuras necesidades del mercado de trabajo.

                  (13)

                  Finlandia corre el riesgo de no alcanzar el objetivo de reciclado de residuos municipales fijado para 2020, que es del 50 %. En particular, los residuos municipales se incineran cada vez más (60 % en 2017 frente al 55 % en 2016).

                  (14)

                  Si bien es cierto que el gasto público en investigación y desarrollo se está ahora estabilizando, Finlandia experimentó la disminución más acusada de todos los Estados miembros desde 2009 en la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. A pesar de la mejora de la situación macroeconómica en los últimos años, todavía no se ha recuperado la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. Una mayor intensidad de la inversión en investigación y desarrollo es un factor clave que permite un cambio estructural para favorecer a los sectores de la economía que requieren un alto nivel de conocimientos y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo. Además, la cooperación entre los centros de enseñanza superior y el sector empresarial sigue siendo uno de los principales escollos para estimular las innovaciones e introducirlas en el mercado.

                  (15)

                  Con una población dispersa, los problemas de congestión del transporte pueden impedir que las personas se desplacen para encontrar trabajo. La inversión estratégica en las infraestructuras de transporte puede mejorar la movilidad laboral y, de este modo, reforzar el funcionamiento de los mercados de trabajo. Al mismo tiempo, dado que los costes de transporte tienen repercusiones relativamente elevadas en el precio final de los productos en Finlandia en comparación con otros Estados miembros, las interconexiones de infraestructuras podrían mejorar el acceso a los mercados extranjeros.

                  (16)

                  La inversión estratégica en la descarbonización de los sectores industriales con un uso intensivo de energía y del sector del transporte contribuiría a alcanzar los objetivos a largo plazo en materia de economía y clima. Finlandia es líder en innovación en materia de energía limpia y gasto privado en investigación y desarrollo en este ámbito. Una mayor inversión en algunos de sus programas de energía limpia para 2021, según el compromiso asumido, ayudaría a Finlandia a alcanzar sus objetivos de neutralidad en emisiones de carbono. Además de los ambiciosos objetivos de Finlandia para aumentar la cuota de biocarburantes, la electrificación es una opción rentable para la descarbonización del sector del transporte, habida cuenta de la descarbonización avanzada de la generación de electricidad.

                  (17)

                  Los bajos tipos de interés y la mejora de las perspectivas económicas han aumentado el volumen global de préstamos, especialmente a través de las empresas promotoras de viviendas sociales (que proporcionan una forma distintiva de propiedad inmobiliaria). Al mismo tiempo, el crédito al consumo está aumentando rápidamente, y una proporción creciente de estos préstamos la conceden bancos extranjeros, entidades financieras distintas de las entidades de crédito, empresas de préstamos personales y particulares. Por consiguiente, el endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel históricamente elevado (67 % del PIB en 2017). La deuda es predominantemente de tipo variable, lo que constituye un riesgo en caso de subida de los tipos de interés a medio plazo. La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia ha adoptado una serie de medidas para contener el aumento del endeudamiento de los hogares. No obstante, no se espera próximamente una reducción activa de la carga de la deuda, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de interés siguen siendo bajos y que la confianza de los consumidores sigue siendo relativamente sólida.

                  (18)

                  En el momento actual, Finlandia no dispone de un registro de crédito completo (es decir, que recopile información tanto positiva como negativa sobre los deudores) que abarque a sus principales bancos. La falta de ese registro puede impedir que los bancos tengan una idea clara del endeudamiento global de los hogares. En el último año se han llevado a cabo algunos trabajos preparatorios para la creación de un registro de ese tipo.

                  (19)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las lagunas señaladas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos cubiertos por el anexo D del informe por país de 2019. Además, permitiría a Finlandia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, habida cuenta de las disparidades regionales.

                  (20)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Finlandia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (21)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Mejorar la relación coste-eficacia de los servicios sociales y de asistencia sanitaria y la igualdad de acceso a los mismos.

         2.

            mejorar los incentivos para aceptar un empleo y potenciar las cualificaciones y la inclusión activa, sobre todo mediante unos servicios bien integrados para las personas desempleadas y las inactivas;

         3.

            centrar la política económica en materia de inversiones en la investigación y la innovación, las bajas emisiones de carbono, la transición energética y el transporte sostenible, teniendo en cuenta las disparidades regionales;

         4.

            reforzar la vigilancia de la deuda de los hogares y crear un sistema de registro de créditos.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 112.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte uniformemente a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Suecia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/159

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Suecia
      (2019/C 301/27)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2019 sobre Suecia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Suecia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. La elevada deuda de los hogares ha seguido aumentando en porcentaje del PIB. En el segundo semestre de 2017, tuvo lugar una corrección de los precios de la vivienda, que desde entonces se han ido estabilizando gradualmente. No obstante, los indicadores de valoración sugieren que los precios de la vivienda siguen siendo elevados en relación con las variables fundamentales. Aunque el sector bancario parece estar adecuadamente capitalizado, una corrección desordenada perjudicaría al sector financiero, dado su fuerte nivel de exposición a las hipotecas de los hogares. En tal caso, los efectos negativos podrían extenderse a los países vecinos, habida cuenta de las interrelaciones financieras sistémicas. La oferta de viviendas sigue estando afectada por los cuellos de botella estructurales existentes y la producción del sector de la construcción ha disminuido. Si bien en los últimos años se han tomado medidas en el ámbito macroprudencial para hacer frente al crecimiento de la deuda hipotecaria, su incidencia resulta hasta ahora limitada. Subsisten ciertas lagunas fundamentales en la actuación de los poderes públicos, en particular en relación con los incentivos fiscales a la adquisición de la vivienda habitual y el funcionamiento de la oferta de viviendas y el mercado del alquiler.

                  (3)

                  Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 26 de abril de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019 el 29 de abril de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Suecia está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé lograr un superávit del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) en 2019, que se espera que se fortalezca aún más durante el período cubierto por el programa. Tomando como base el saldo estructural recalculado (5), el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) se prevé que siga alcanzándose con creces durante todo el período del programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 34,5 % en 2019 y siga reduciéndose hasta el 28,2 % en 2022. En principio, unas finanzas públicas saneadas y un crecimiento económico estable serán los principales motores de esa disminución de la ratio deuda pública/PIB. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,5 % del PIB en 2019 y del 0,6 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo considera que Suecia probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (6)

                  El endeudamiento de los hogares ha seguido aumentando a partir de unos niveles ya elevados. La deuda de los hogares aumentó un 5,5 % en 2018, alcanzando aproximadamente el 88 % del PIB y el 186 % de la renta disponible, situándose entre las más altas de la Unión. Esto se debió principalmente al aumento de los préstamos hipotecarios vinculados a los elevados precios de la vivienda, así como a las distorsiones estructurales que favorecen las adquisiciones inmobiliarias financiadas con créditos hipotecarios. Suecia ha aplicado varias medidas macroprudenciales en los últimos años, entre ellas una norma de reembolso reforzada para las hipotecas con alto endeudamiento, en vigor desde marzo de 2018, y una decisión de elevar la reserva de capital anticíclico de los bancos a partir de septiembre de 2019. No obstante, las medidas adoptadas hasta ahora parecen haber tenido en general poca repercusión en el crecimiento de los préstamos hipotecarios y no se han adoptado medidas para reformar los incentivos fiscales a la propiedad de vivienda y a la deuda hipotecaria.

                  (7)

                  Aunque los precios de la vivienda disminuyeron a finales de 2017 y desde entonces se han estabilizado en términos generales, esto es consecuencia de un largo período de fuertes subidas de precios, y las valoraciones siguen estando muy por encima de los indicadores económicos fundamentales. Entre los factores clave de este fenómeno cabe citar los incentivos fiscales que favorecen la propiedad inmobiliaria y la deuda hipotecaria, y la combinación de unas condiciones de crédito flexibles con unos tipos de reembolso hipotecario aún relativamente bajos. A pesar de un aumento significativo de la nueva construcción en los últimos cinco años, sigue habiendo escasez, en particular de viviendas asequibles alrededor de las grandes ciudades. El suministro de viviendas nuevas no ha alcanzado las necesidades previstas a corto plazo, que se estiman en unas 90 000 nuevas viviendas al año para el período 2018-2020. Esta escasez está vinculada a ineficiencias estructurales, como la limitada competencia en el sector de la construcción debido a los obstáculos a la entrada para las pequeñas empresas y las empresas extranjeras y la capacidad de los grandes promotores para controlar los terrenos. El parque de viviendas no se utiliza de manera eficaz. En el mercado del alquiler, los alquileres por debajo del precio de mercado provocan un efecto de retraimiento y favorecen a quienes han accedido ya a una vivienda en alquiler frente a quienes la están buscando. Por lo que respecta al mercado de viviendas para uso propio, los impuestos sobre las plusvalías reducen la movilidad de los propietarios. La escasez de vivienda dificulta el cambio de empleo y puede contribuir a la desigualdad intergeneracional. Las autoridades suecas siguen aplicando gradualmente el «plan de 22 puntos» encaminado a aumentar la construcción de viviendas y mejorar la eficiencia del sector. Hasta la fecha no se han adoptado medidas concretas para liberalizar la estricta reglamentación del mercado de alquiler y revisar el impuesto sobre el capital de las viviendas ocupadas por sus propietarios, aunque en enero de 2019 el nuevo Gobierno anunció sus planes para introducir reformas en estos ámbitos, a falta de que se lleve a cabo una investigación preparatoria.

                  (8)

                  En algunos sectores empieza a observarse una escasez de mano de obra, como en la construcción, la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Garantizar el suministro de capital humano especializado resulta vital para apoyar la inversión en investigación y desarrollo, así como la digitalización. Invertir en educación y competencias, entre ellas las competencias digitales, ayudará a abordar estos retos. Hasta ahora, los resultados educativos han mejorado un poco, pero hay una brecha grande y creciente en los resultados educativos entre los distintos grupos sociales. La evolución demográfica dará lugar a un aumento del número de alumnos, lo que exacerbará la actual escasez de profesores. La situación de los migrantes no pertenecientes a la Unión y sus descendientes y los efectos de los programas recientemente adoptados merecen un seguimiento más estrecho, ya que siguen planteando problemas la integración escolar de los alumnos nacidos en el extranjero y la inclusión sostenible en el mercado laboral de los trabajadores poco cualificados y no pertenecientes a la Unión (en particular las mujeres).

                  (9)

                  Mantener las inversiones en infraestructuras de transporte puede contribuir a mejorar la movilidad laboral, la cohesión regional y el mercado de la vivienda, y fomentar el crecimiento de la productividad de Suecia a largo plazo. El Gobierno ha anunciado importantes inversiones en infraestructuras de transporte a través del plan nacional de infraestructuras 2018-2029 para mejorar los distintos modos de transporte (en particular, el ferrocarril y las carreteras). El plan incluye importantes inversiones para mejorar el sistema ferroviario, promoviendo el paso del transporte de mercancías por carretera hacia el ferrocarril, lo que además contribuye a reducir las emisiones. Para asegurar la posición de Suecia como líder en innovación es fundamental mantener unos altos niveles de inversión en investigación y desarrollo, unas condiciones marco favorables y una base de innovación más amplia. El modelo de innovación de Suecia se ha basado tradicionalmente en un número limitado de grandes empresas tecnológicas de nivel mundial. Sería importante crear un entorno que favorezca también el potencial de innovación de las pymes y de las empresas emergentes. La capacidad de innovación de Suecia también podría mejorarse mediante una mayor colaboración entre el mundo académico y las pymes.

                  (10)

                  La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una prioridad para Suecia en el contexto de un escándalo de blanqueo relacionado con una de las mayores entidades financieras del país. Los supervisores financieros de Suecia y Estonia han iniciado una investigación conjunta, junto con sus homólogos de Letonia y Lituania. Si bien el marco sueco para la lucha contra el blanqueo de capitales se ha reforzado en 2017, al entrar en vigor la ley sobre blanqueo de capitales, sigue siendo importante seguir trabajando para detectar y corregir cualquier deficiencia del marco actual. Siguen existiendo retos y el supervisor debe seguir adoptando medidas y directrices adicionales sobre la manera de reforzar la supervisión en este ámbito. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas.

                  (11)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Suecia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, habida cuenta de las disparidades regionales.

                  (12)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Suecia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y política presupuestaria de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

                  (13)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019, y estima que cabe esperar que Suecia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (14)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Convergencia de 2019. Sus recomendaciones, formuladas con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Hacer frente a los riesgos relacionados con el endeudamiento de los hogares, mediante la limitación gradual de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses hipotecarios o el aumento de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles. Estimular la inversión en la construcción de viviendas, donde la escasez es más acuciante, en particular mediante la eliminación de los obstáculos estructurales a la construcción. Mejorar la eficiencia del mercado de la vivienda, en particular introduciendo más flexibilidad en los precios de alquiler y revisando la concepción del impuesto sobre las plusvalías.

         2.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en la educación y las competencias, manteniendo la inversión en transporte sostenible para mejorar los distintos modos de transporte, en particular los ferrocarriles, y la investigación y la innovación, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

         3.

            Garantizar la supervisión efectiva y la ejecución del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 116.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018-2019 del Reino Unido

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/163

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018-2019 del Reino Unido
      (2019/C 301/28)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe de 2019 sobre el Reino Unido fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por el Reino Unido de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances del Reino Unido hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 23 de abril de 2019, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2018-2019. A fin de tener en cuenta la interrelación entre ambos programas, se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea. Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, se convertirá en un tercer país. Dada la incertidumbre existente acerca de la fecha y las condiciones de la retirada del Reino Unido, así como acerca de sus relaciones futuras con la Unión, la presente Recomendación no especula sobre las posibles repercusiones económicas de los diferentes escenarios. En caso de que el Reino Unido abandone la Unión en las condiciones que establece el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), acordado con el Gobierno del Reino Unido y refrendado por el Consejo Europeo el 25 de noviembre de 2018, el Derecho de la Unión, incluido el Semestre Europeo, seguirá aplicándose al Reino Unido y en su territorio durante el período transitorio fijado por el Acuerdo de Retirada.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda hasta 2019-2020. En su Programa de Convergencia de 2018-2019, el Gobierno prevé que el déficit global aumente del 1,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2018-2019 al 1,4 % del PIB en 2019-2020, y que se reduzca al 1,1 % del PIB en 2020-2021. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo presupuestario a medio plazo. Según el Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública/PIB descienda del 85,5 % del PIB en 2018-2019 al 83,8 % del PIB en 2019-2020 y al 82,9 % del PIB en 2020-2021. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Aunque, en conjunto, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos se han expuesto de manera satisfactoria, las crecientes presiones sobre el gasto público (5) en diversos ámbitos amenazan el logro de la reducción del déficit proyectada.

                  (7)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó al Reino Unido que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,6 % en 2019-2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe el riesgo de una importante desviación de los requisitos del componente preventivo en 2019-2020.

                  (8)

                  En 2020-2021, en vista de una ratio de deuda pública del Reino Unido por encima del 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción del 0,3 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,9 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa del requisito en 2020-2021. Se espera que el Reino Unido cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2019-2020, de resultas de la desviación anual autorizada del 0,25 %, y la norma de deuda, en 2020-2021. En general, el Consejo considera que el Reino Unido ha de estar preparado para adoptar nuevas medidas en 2019-2020 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  El Reino Unido ha sido, durante mucho tiempo, la economía del G7 con menor inversión de capital en porcentaje del PIB. Además, la inversión disminuyó considerablemente durante la crisis financiera, y la recuperación de la inversión privada posterior a la crisis se ha estancado. La intensidad de la inversión en investigación y desarrollo por parte del Reino Unido se situó en torno al 1,7 % del PIB durante la pasada década, por debajo de la media de la Unión. A través de su estrategia industrial, el Reino Unido ha fijado un objetivo de economía global del 2,4 % del PIB para 2027 y del 3 % del PIB a más largo plazo. La inversión en investigación y desarrollo se concentra en un pequeño número de empresas y regiones. Estas amplias deficiencias en capital tanto físico como humano son una causa profunda de que la productividad laboral del Reino Unido sea relativamente baja y esté estancada.

                  (10)

                  El Reino Unido registra una persistente escasez de vivienda. La recuperación en la construcción de viviendas que se produjo después de la crisis ha perdido fuerza. Están apareciendo limitaciones de capacidad, y al mismo tiempo la construcción residencial sigue por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda estimada. Los precios de la vivienda y los alquileres siguen siendo elevados, especialmente en las zonas de gran demanda de vivienda, y presentan indicios de sobrevaloración. Actualmente hay muchos menos adultos jóvenes que son propietarios de su vivienda. El Gobierno está aplicando una serie de medidas para aumentar la oferta de viviendas. Al mismo tiempo, tanto la cantidad como la ubicación del suelo disponible para nuevas viviendas siguen estando limitadas por una reglamentación estricta del mercado del suelo, en particular en torno a las grandes ciudades.

                  (11)

                  Es necesaria una inversión de gran calado para modernizar y ampliar las redes de infraestructura y reducir al mismo tiempo los costes de los proyectos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen presiones de capacidad crecientes en las redes de transporte viario, ferroviario y aéreo. El Reino Unido necesita potenciar considerablemente la generación de energía y la capacidad de suministro, además de hacerlas más ecológicas. El desarrollo de infraestructuras del Reino Unido suele ser costoso y lento. Tras décadas de infrainversión por parte de los poderes públicos, el Gobierno está comenzando a abordar el déficit de infraestructuras a través de su estrategia nacional de infraestructura, pero será difícil garantizar que la cantidad de financiación externa eficiente en términos de costes sea la que indican las proyecciones del Gobierno.

                  (12)

                  Si bien el nivel de desempleo es bajo, los salarios reales siguen estando por debajo de su nivel máximo anterior a la crisis. La alta proporción de empleados con baja cualificación tiene escasas perspectivas de progresar profesionalmente, lo cual influye en la productividad y contribuye a los altos niveles de pobreza de las personas empleadas. Existe margen de mejora en la eficacia de los sistemas de educación y formación en cuanto a las cualificaciones básicas y técnicas. El Gobierno está acometiendo reformas tanto en la formación en el aula como en la que se realiza en el lugar de trabajo, pero en general la cifra de matriculaciones en el nuevo sistema dual es mucho menor de lo esperado.

                  (13)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018-2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al Reino Unido en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la misma incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (14)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018-2019, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,9 % en 2020-2021, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB.

         2.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en la innovación y el desarrollo, la vivienda, la formación y la mejora de las capacidades, el transporte sostenible y la transición energética y a una economía con bajos niveles de carbono, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 66 I de 19.2.2019, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y las variaciones no discrecionales de los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (6)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación (UE) 2019/1888 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 relativa al control de la presencia de acrilamida en determinados alimentos

text:
               11.11.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 290/31

      RECOMENDACIÓN (UE) 2019/1888 DE LA COMISIÓN
      de 7 de noviembre de 2019
      relativa al control de la presencia de acrilamida en determinados alimentos
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión (1) introduce, para los explotadores de empresas alimentarias que producen y comercializan determinados productos alimenticios, la obligación específica de establecer un programa para su propio muestreo y análisis de los niveles de acrilamida en los productos alimenticios y de aplicar medidas de mitigación concretas con el fin de lograr niveles de acrilamida en el nivel más bajo razonablemente posible por debajo de los niveles de referencia establecidos en dicho Reglamento.

                  (2)

                  El Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) dispone que las autoridades competentes tienen la obligación de llevar a cabo controles oficiales con el fin de verificar el cumplimiento de las normas con las que se pretende, fundamentalmente, a) prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables los riesgos que amenazan directamente o a través del medio ambiente a las personas y los animales y b) garantizar prácticas equitativas en el comercio de piensos y alimentos, así como proteger los intereses de los consumidores, incluidos el etiquetado de piensos y alimentos y otras modalidades de información al consumidor. Asimismo, deben realizarse controles oficiales para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2158.

                  (3)

                  Se reconoce que no se dispone de datos suficientes sobre la presencia de acrilamida en determinados alimentos a los que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2158, a pesar de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de dicho Reglamento y los resultados de los controles oficiales realizados. Tampoco existen datos suficientes sobre la presencia de acrilamida en alimentos que no están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2158 pero que pueden contener niveles significativos de acrilamida o pueden contribuir notablemente a la exposición a esta sustancia a través de la alimentación.

                  (4)

                  Con el fin de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana, conviene que las autoridades competentes y los explotadores de empresas alimentarias, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2017/2158 y sobre la base del Reglamento (CE) n.o 882/2004, controlen la presencia de acrilamida en dichos alimentos con vistas a la posible adopción de medidas de gestión del riesgo que complementen las ya establecidas en el Reglamento (UE) 2017/2158.

                  (5)

                  Se establece una lista no exhaustiva de categorías de alimentos y de alimentos a fin de orientar a las autoridades competentes y los explotadores de empresas alimentarias sobre los alimentos que deben controlarse

                  (6)

                  Con la adopción del Reglamento (UE) 2017/2158 y la presente Recomendación, las Recomendaciones 2010/307/UE (3) y 2013/647/UE de la Comisión (4) quedan obsoletas y, por tanto, procede derogarlas.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

                  1)

                  Sin perjuicio de las obligaciones establecidas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 882/2004, las autoridades competentes de los Estados miembros deben controlar periódicamente la presencia de acrilamida y sus niveles en los alimentos, en particular en los que se enumeran en el anexo.
                  Sin perjuicio de las obligaciones establecidas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2158, los explotadores de empresas alimentarias de los Estados miembros deben controlar periódicamente la presencia de acrilamida y sus niveles en los alimentos, en particular en los enumerados en el anexo.

                  2)

                  Los Estados miembros y los explotadores de empresas alimentarias deben transmitir a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a más tardar el 1 de octubre de cada año, los datos recopilados durante el año anterior a través de sus actividades de control, con el fin de compilarlos en una única base de datos, en consonancia con los requisitos de la Directrices de la EFSA sobre la Descripción Normalizada de Muestras (SSD) para alimentos y piensos y los requisitos adicionales de la EFSA en materia de información específica (5).

                  3)

                  Para garantizar que las muestras son representativas, los Estados miembros deben seguir los procedimientos de muestreo establecidos en la parte B del anexo del Reglamento (CE) n.o 333/2007 de la Comisión (6).
                  El procedimiento de muestreo aplicado por el explotador de empresa alimentaria puede desviarse de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 333/2007, pero debe seguir siendo representativo del lote.

                  4)

                  Los Estados miembros deben realizar los análisis de acrilamida con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.o 333/2007.
                  Los explotadores de empresas alimentarias deben garantizar que el análisis de la acrilamida se lleva a cabo con arreglo a los requisitos y criterios establecidos en el anexo III del Reglamento (UE) 2017/2158.

                  5)

                  Quedan derogadas las Recomendaciones 2010/307/UE y 2013/647/UE.

         Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 2019.

               Por la Comisión

            Vytenis ANDRIUKAITIS

               Miembro de la Comisión

         (1)  Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por el que se establecen medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos (DO L 304 de 21.11.2017, p. 24).

         (2)  Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).

         (3)  Recomendación 2010/307/UE de la Comisión, de 2 de junio de 2010, relativa al control de los niveles de acrilamida en los alimentos (DO L 137 de 3.6.2010, p. 4).

         (4)  Recomendación de la Comisión 2013/647/UE, de 8 de noviembre de 2013, relativa a la investigación de los niveles de acrilamida en los alimentos (DO L 301 de 12.11.2013, p. 15).

         (5)  http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180307

         (6)  Reglamento (CE) n.o 333/2007 de la Comisión, de 28 de marzo de 2007, por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los niveles de plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD y benzo(a)pireno en los productos alimenticios (DO L 88 de 29.3.2007, p. 29).

         ANEXO

            Lista no exhaustiva de alimentos en los que se debe controlar la presencia de acrilamida

            Productos a base de patata

                     —

                     Rösti

                     —

                     Croquetas, patatas duquesa, patatas noisette, etc.

                     —

                     Cazuela (Casserole) de patatas (y cazuela de verduras)

                     —

                     Guisos a base de patata y carne

                     —

                     Guisos a base de patata y queso

            Productos de panadería

                     —

                     Panecillos (panecillos para hamburguesas, panecillos de trigo integral, panecillos de leche, etc.)

                     —

                     Pan de pita, tortillas mexicanas

                     —

                     Cruasanes

                     —

                     Donuts

                     —

                     Pan especial (como pan pumpernickel, chapata con aceitunas, pan de cebolla, etc.)

                     —

                     Tortitas

                     —

                     Galletas crujientes fritas hechas con tiras de masa fina

                     —

                     Churros

            Productos a base de cereales

                     —

                     Galletas saladas a base de arroz

                     —

                     Galletas saladas a base de maíz

                     —

                     Productos de aperitivo a base de cereales (como productos extrudidos a base de maíz y/o de trigo)

                     —

                     Muesli tostado con miel

            Otros

                     —

                     Vegetales o patatas fritos a la inglesa

                     —

                     Frutos de cáscara tostados

                     —

                     Semillas oleaginosas tostadas

                     —

                     Fruta seca

                     —

                     Granos de cacao tostado y productos derivados del cacao

                     —

                     Aceitunas en salmuera

                     —

                     Sucedáneos de café que no sean a base de achicoria o cereales

                     —

                     Dulce de azúcar, caramelo, turrón, etc.