title: Recomendación del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, al Consejo sobre los 75.° y 76.° periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2020/2128(INI))

text:
               8.2.2022

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 67/150

      P9_TA(2021)0278
      75.o y 76.o períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, al Consejo sobre los 75.o y 76.o periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2020/2128(INI))
      (2022/C 67/20)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

                  —

                  Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 21, 34 y 36,

                  —

                  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular su preámbulo y su artículo 18, así como las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y sus protocolos facultativos,

                  —

                  Vista su Recomendación, de 5 de julio de 2018, destinada al Consejo sobre el 73.o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1),

                  —

                  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de mayo de 2011, sobre la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas, que otorga a la Unión el derecho a intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a presentar oralmente propuestas y enmiendas que podrán someterse a votación a solicitud de un Estado miembro, y a ejercer el derecho de respuesta,

                  —

                  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2019, sobre la actuación de la Unión Europea para reforzar el multilateralismo basado en normas,

                  —

                  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de julio de 2020, sobre las prioridades de la Unión Europea en las Naciones Unidas y el 75.o periodo de sesiones de la Asamblea General (septiembre 2020 — septiembre 2021),

                  —

                  Visto el discurso pronunciado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el 25 de septiembre de 2020 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Una Unión Europea más fuerte y más autónoma que impulse un mundo más justo»,

                  —

                  Visto el artículo de opinión publicado el 22 de septiembre de 2020 por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) titulado «La UE, con las Naciones Unidas»,

                  —

                  Vista la Declaración sobre la conmemoración del 75.o aniversario de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de septiembre de 2020,

                  —

                  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de junio de 2016,

                  —

                  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, relativa al Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común (2),

                  —

                  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

                  —

                  Vistos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción para el empoderamiento de las mujeres aprobadas en Pekín y los documentos finales correspondientes de los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Pekín + 5, + 10, + 15 y + 20 sobre nuevas acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobados el 9 de junio de 2000, el 11 de marzo de 2005, el 2 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2015, respectivamente,

                  —

                  Vista la Resolución sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018,

                  —

                  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998,

                  —

                  Visto el 20.o aniversario de la Resolución 1325 (2000) de las Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre de 2000 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre el importante papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones de paz, la consolidación de la paz, el mantenimiento de la paz, la respuesta humanitaria y la reconstrucción tras un conflicto,

                  —

                  Visto el Plan de Acción de la UE sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad 2019-2024, y destacando la importancia de la plena aplicación de la agenda sobre la mujer, la paz y la seguridad como cuestión transversal en todos los asuntos de paz y seguridad,

                  —

                  Vistos los informes del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género,

                  —

                  Vista la Resolución 2532 (2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el cese de hostilidades en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y en apoyo al llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en favor de un alto el fuego mundial,

                  —

                  Vista la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2006 y cuya séptima actualización corresponde efectuar próximamente,

                  —

                  Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA),

                  —

                  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos (3),

                  —

                  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre las operaciones de apoyo a la paz — compromiso de la UE con las Naciones Unidas y la Unión Africana (4),

                  —

                  Visto el artículo 118 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0173/2021),

                  A.

                  Considerando que este año las Naciones Unidas conmemoran su 75.o aniversario; que las Naciones Unidas han demostrado ser un foro universal esencial para la creación de consenso internacional sobre la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos y el Derecho internacional; que también es un proveedor clave de apoyo a los Estados frágiles y a las comunidades vulnerables en la construcción del Estado y la resolución de conflictos; que el aumento de las tensiones políticas está perturbando la agenda de las Naciones Unidas; que los logros de las Naciones Unidas y su indispensable papel a menudo se pasan por alto en el afán por parte de algunos países de llevar adelante decisiones unilaterales; que es importante que la Unión y sus Estados miembros garanticen que las Naciones Unidas sigan siendo un foro eficiente y eficaz en beneficio de la comunidad internacional y puedan seguir respondiendo a los desafíos mundiales presentes y futuros, lo que solo puede lograrse mediante la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y de soluciones multilaterales; que los tres pilares de las Naciones Unidas son (i) paz y seguridad, (ii) desarrollo, derechos humanos y (iii) Estado de Derecho, y son elementos indisociables y complementarios; que la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho están cada vez más amenazados en distintas regiones del mundo, y que el espacio reservado a la sociedad civil está mermando en muchos Estados miembros de las Naciones Unidas; que los defensores de los derechos humanos se enfrentan a amenazas crecientes por su trabajo legítimo a escala mundial, en un contexto en el que las restricciones y los confinamientos derivados de la COVID-19 han reducido la notificación y el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos; que los Estados tienen la responsabilidad de tomar medidas para garantizar que todas las personas, comunidades locales y grupos de población tengan derecho al pleno disfrute de sus derechos humanos en consonancia con los objetivos fundamentales y los principios rectores de las Naciones Unidas consagrados en su carta fundacional de 1945 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que la salvaguardia y el fomento de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos figuran entre los principios clave de las Naciones Unidas; que informes recientes de las Naciones Unidas han señalado que varios Estados miembros de las Naciones Unidas están violando y erosionando sistemáticamente los derechos humanos; que una sucesión de crisis complejas ha supuesto un reto para el objetivo originario de las Naciones Unidas, consistente en el mantenimiento de la paz;

                  B.

                  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de un desarrollo de capacidades resiliente en toda la comunidad internacional y la necesidad de un diálogo y una cooperación multilaterales estrechos, con especial atención al acceso a los bienes públicos; que el papel, los conocimientos especializados y la integridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son, especialmente ahora, de importancia fundamental para la coordinación a nivel mundial de los esfuerzos de lucha contra la pandemia de COVID-19; que la OMS debe seguir mejorando su capacidad para gestionar la pandemia actual y los riesgos futuros de pandemia; que la Agenda 2030 y los ODS proporcionan una hoja de ruta central para la recuperación y la acción ya validada por la comunidad internacional en su conjunto; que la COVID-19 probablemente acelerará tendencias negativas, como amenazas a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y los menores, salvo que se adopten medidas políticas rápidas, significativas y sustanciales a escala mundial; que el control parlamentario de las decisiones gubernamentales es importante también con vistas a garantizar el estricto respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos; que la cooperación de la Unión y de las Naciones Unidas es crucial para luchar contra estas tendencias; que la pandemia ha puesto de relieve el hecho de que la promoción de la salud universal no es solo un imperativo moral, sino también un requisito previo para el bienestar y el desarrollo económico y social y para el desarrollo, así como para el empoderamiento de todas las personas, en particular de las más vulnerables; que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de invertir más y mejor para abordar las necesidades sanitarias críticas a escala mundial;

                  C.

                  Considerando que la OMS, como autoridad ejecutiva y de coordinación de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, proporciona liderazgo en asuntos de salud mundial; Considerando que la Agenda de Salud y Desarrollo del siglo XXI de la OMS recoge entre sus 6 puntos aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios, así como potenciar las alianzas mediante el apoyo y colaboración de numerosos asociados, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, donantes, entidades de la sociedad civil y el sector privado;

                  D.

                  Considerando que las Naciones Unidas ofrecen un foro importante para el diálogo inclusivo entre deudores soberanos, acreedores y otras partes interesadas;

                  E.

                  Considerando que el secretario general de las Naciones Unidas ha mostrado una excelente capacidad de liderazgo a la hora de avanzar en la reforma de la institución; que son necesarias más medidas valientes y voluntad política para abordar las principales cuestiones pendientes, en particular la reforma de la estructura del CSNU; que la Unión y sus Estados miembros, que conjuntamente son el mayor contribuyente financiero a las Naciones Unidas, han demostrado un firme compromiso con un multilateralismo eficaz a través de su apoyo político, simbólico y financiero a las Naciones Unidas, con los objetivos primordiales de erradicar la pobreza, promover la paz y la estabilidad duraderas, defender los derechos humanos, combatir la trata de seres humanos y prestar asistencia humanitaria a poblaciones, países y regiones que se enfrentan a todo tipo de crisis, ya sean naturales o de origen humano; que el problema de una financiación adecuada del sistema de las Naciones Unidas sigue siendo un reto; que la Unión debe pedir a las Naciones Unidas que hagan más en su búsqueda de reformas que incluyan a más mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en su personal y sus altos cargos, y que sensibilicen sobre la interseccionalidad en las estructuras de las Naciones Unidas;

                  1.

                  Recomienda al Consejo que:

                              a)

                              continúe con su importante historial de apoyo al multilateralismo eficaz, a las organizaciones multilaterales eficientes y transparentes y a las Naciones Unidas en particular como foro imprescindible para encontrar soluciones multilaterales a los desafíos mundiales y para la divulgación de las políticas, el diálogo sobre políticas y la creación de consenso en toda la comunidad internacional; el Parlamento acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo, de 13 de julio de 2020, sobre las prioridades de la Unión Europea en las Naciones Unidas y la 75.a Asamblea General de las Naciones Unidas, consideradas foros eficaces para promover valores universales que constituyen también valores fundamentales de la Unión; reitera que la Unión y sus Estados miembros comparten los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas y desempeñan un papel esencial en la promoción de estos principios y los objetivos de las Naciones Unidas en la acción exterior de la Unión; opina que la Unión necesita socios mundiales y regionales para alcanzar con éxito sus objetivos de política exterior, en particular en los ámbitos de la paz y la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, los conflictos regionales y la respuesta ante los Estados fallidos y la proliferación de armas de destrucción masiva; considera que la Unión debe reforzar sus actividades de sensibilización para desarrollar asociaciones más amplias que apoyen un multilateralismo eficaz, y debe examinar la posibilidad de incluir debates centrados en un multilateralismo eficaz en todos los diálogos estructurados con sus socios; señala que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, tal como establece el artículo 2 del TUE, y que la promoción de estos valores en el exterior y el progreso de la democracia, el Estado de Derecho, y la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos deben constituir el núcleo de la política exterior y de seguridad común de la Unión, de conformidad con el artículo 21 del TUE y los intereses estratégicos de la Unión, y que esto también debe reflejarse, de manera efectiva y coherente, en las relaciones de la Unión con terceros países e instituciones y en los objetivos perseguidos por la Unión en el sistema de las Naciones Unidas, con una atención particular a la aplicación del Derecho internacional; opina, por consiguiente, que el Consejo debe apoyar todas las actividades encaminadas a mantener las cuestiones de derechos humanos entre las prioridades de la agenda de las Naciones Unidas, en vista de los esfuerzos por menoscabar la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras disposiciones pertinentes de las Naciones Unidas subordinando los derechos humanos individuales al supuesto bienestar de sociedades enteras; apoya acciones concretas a este respecto para reforzar la arquitectura de las Naciones Unidas;

                              b)

                              adopte la posición de que, en un contexto multipolar en el que algunos países promueven un multilateralismo selectivo en lugar de un multilateralismo eficaz apuntalado sobre valores universales, la Unión debe tratar de promover un compromiso incondicional de los miembros de las Naciones Unidas con los valores universales, un sistema basado en normas y la primacía de los derechos humanos en todos los ámbitos de actuación política; el Parlamento pide que se promueva la integración de estos valores y derechos en todos los ámbitos de actuación política y de programación de las Naciones Unidas, en estrecha cooperación con los países de ideas afines, con vistas a impulsar el diálogo político y las soluciones políticas, así como la capacidad de aplicación y transversalización, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas son una organización intergubernamental, por lo que son necesarias la consulta y la participación de sus Estados miembros; pide al Consejo que aproveche la oportunidad que ofrece el actual Gobierno de los Estados Unidos y siga entablando contacto con los Estados Unidos sobre cuestiones políticas y estratégicas de interés común y que mantenga su capacidad de diálogo y asociación para reconstruir y preservar el potencial de la asociación transatlántica y la cooperación en el sistema de las Naciones Unidas para el futuro; alaba, en este sentido, la «Cumbre Mundial por la Democracia para renovar el espíritu y la finalidad compartida de las naciones del mundo libre» propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y pide al Consejo que participe en la organización de esta Cumbre, destinada a reunir a las democracias mundiales con el fin de reforzar las instituciones democráticas y promover el Estado de Derecho y los derechos humanos; pide al Consejo que prosiga igualmente el buen historial de diálogo y cooperación estrechos con el Reino Unido como miembro permanente del CSNU;

                              c)

                              persevere en sus esfuerzos por posibilitar que la Unión y sus Estados miembros hablen progresivamente con una sola voz en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, y dote de mayor eficacia a la política exterior y de seguridad de la Unión mediante el uso de la regla de votación por mayoría cualificada en el Consejo a fin de reforzar la cooperación sobre asuntos de interés estratégico clave para la Unión o que reflejen sus valores fundamentales, pues es el único modo en que la Unión puede ejercer el liderazgo en la escena internacional y hacer uso de su influencia para propiciar cambios positivos y responder mejor a los desafíos globales, con especial referencia al CSNU y al buen historial de cooperación con los miembros permanentes y rotatorios del CSNU que son Estados miembros de la UE, con la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y con el Consejo de Derechos Humanos (CDH); el Parlamento elogia el excelente papel desempeñado por el SEAE y sus delegaciones, así como por las delegaciones de los Estados miembros de la Unión, a la hora de facilitar dicho diálogo y cooperación; opina que, para defender sus objetivos y sus intereses, la Unión debe tratar de llegar a posiciones comunes sobre asuntos pendientes ante el CSNU mediante la coordinación en el seno del Consejo y entre las instituciones de la Unión, de conformidad con el artículo 34 del TUE, de manera que mejoren la coherencia y la credibilidad de la Unión a nivel de las Naciones Unidas; recuerda que la Unión Europea está representada por múltiples actores en las Naciones Unidas;

                              d)

                              siga reforzando la cooperación entre la Unión y las Naciones Unidas en la concepción de instrumentos para abordar el problema recurrente de la violencia relacionada con las elecciones, en particular aprovechando la experiencia de las misiones de observación electoral del Parlamento Europeo;

                              e)

                              recuerde que los retrasos de varios Estados miembros en el pago de las cuotas tienen efectos extremadamente negativos para el trabajo de las Naciones Unidas, por lo que son inaceptables;

                              f)

                              apoye todos los esfuerzos para volver a incluir en la agenda internacional el control de armamento y el desarme, y anima a que las transferencias de armas convencionales entre los Estados miembros de las Naciones Unidas cumplan plenamente los criterios del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATI); persuada al CSNU de que adopte, tal como se establece en el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, un marco jurídico vinculante para prohibir la exportación y la venta de armas y tecnologías de cibervigilancia cuyo objetivo sea cometer crímenes de guerra o suprimir la disidencia interna; reitere que un multilateralismo eficaz y un orden internacional basado en normas son condiciones previas para avanzar en el desarme y contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva; reafirme el pleno apoyo de la Unión y de sus Estados miembros a los tratados internacionales existentes, entre otros, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ, la Convención sobre armas bacteriológicas y toxínicas (CABT), el TCA, la Convención sobre Municiones en Racimo y la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, y promueva los esfuerzos para elaborar una declaración política sobre armas explosivas en zonas pobladas (EWIPA), así como un marco jurídicamente vinculante para los sistemas armamentísticos autónomos; el Parlamento anima a la VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo a que trabajen en pro del inicio de negociaciones internacionales sobre un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba los sistemas armamentísticos autónomos letales sin un control humano significativo; recomienda que el Consejo inste a los principales Estados poseedores de armas nucleares a que pongan fin a su retirada del régimen de control de armamento y a que progresen en las conversaciones sobre el control de armas nucleares; recomienda que el Consejo inste a los Estados Unidos y a Rusia a que empiecen a crear confianza mutua para hacer posible la reanudación de un diálogo sobre la manera de construir una nueva relación que haga posible el control de armas; opina que la Unión debe apoyar las actividades del Grupo de Trabajo sobre el Espacio Ultraterrestre de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas sobre la aplicación práctica de medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades que se desarrollen en el espacio ultraterrestre; considera que el CSNU debe ofrecer una oportunidad valiosa para definir normas y advertencias comunes para las nuevas tecnologías militares, como la inteligencia artificial, el armamento del espacio ultraterrestre, las biotecnologías y la hipersónica; considera que la Unión debe apoyar el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas en favor de un alto el fuego mundial y contribuir activamente al mismo, en particular mediante medidas eficaces contra el comercio ilícito de armas y la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de las exportaciones de armas de los Estados miembros;

                              g)

                              reconozca el potencial de la participación regional directa en las Naciones Unidas apoyando la posibilidad de que otras organizaciones, como la Unión Africana, soliciten un estatuto específico de observador reforzado; reconozca y despliegue el potencial de la Unión, como organización regional más perfeccionada, para desempeñar un papel impulsor en la revitalización y el refuerzo del sistema de las Naciones Unidas a través del multilateralismo multinivel;

                              h)

                              siga prestando su valioso apoyo al secretario general de las Naciones Unidas en su afán por hacer avanzar el programa de reformas en las Naciones Unidas, reforzar la capacidad de la organización para promover el desarrollo, la paz y la seguridad y racionalizar su sistema de gestión interna con vistas a lograr unas Naciones Unidas eficaces, transparentes, sostenibles económicamente y que rindan cuentas y puedan volver a conectar con sus ciudadanos, en particular con las comunidades locales y otros agentes de la base y la sociedad civil, y que se adapten mejor a los desafíos de la agenda global; asuma el liderazgo en la cuestión del aplazamiento arbitrario de las solicitudes de una serie de organizaciones de la sociedad civil para obtener el estatuto consultivo ante las Naciones Unidas; el Parlamento subraya que los principales avances logrados en el proceso de reforma de las Naciones Unidas se han producido en el ámbito administrativo y burocrático, mientras que siguen pendientes importantes reformas políticas, que deberían incluir la revitalización de la AGNU y medidas concretas para acelerar la adaptación del sistema de desarrollo a la Agenda 2030; opina que la Unión y sus Estados miembros deben reunir un amplio consenso para reformar el CSNU, entre otras cosas, con un puesto permanente para la Unión Europea junto a los ya ocupados por Estados miembros, y la limitación del ejercicio del derecho de veto, en particular en casos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como un cambio en su composición para reflejar mejor el mundo de hoy; considera que la Unión debe apoyar al secretario general de las Naciones Unidas y solicitarle que redoble sus esfuerzos por ejecutar la estrategia de la organización en materia de igualdad de género para garantizar la representación paritaria de las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas en todos los niveles jerárquicos; considera que la Unión debe recordar a las Naciones Unidas que, desde su creación en 1945, ninguna mujer ha sido nombrada secretaria general de las Naciones Unidas;

                              i)

                              siga buscando mayores sinergias entre los trabajos del CDH, de la AGNU y del CSNU; el Parlamento elogia la labor de la Unión en apoyo de la labor del CDH y sus procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como los relatores especiales, en particular por su labor de identificación y seguimiento de violaciones de los derechos humanos, y otros mecanismos de derechos humanos temáticos y específicos por país, en el contexto de la necesidad de integrar el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos de toma de decisiones y de actuación política de las Naciones Unidas; opina que la Unión debe seguir pidiendo a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que se comprometan plenamente a proteger y promover el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y que debe tratar de activar los mecanismos disponibles de las Naciones Unidas para llevar ante la justicia a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos, en particular cuando los países en cuestión no pueden investigar tales delitos o se niegan a hacerlo y no garantizan la protección de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos; destaca la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos y su oficina en términos de denuncias de violaciones de los derechos humanos; insta a que se garantice la imparcialidad de todos los órganos relacionados con la defensa y la garantía de los derechos humanos y, en particular, a que se los proteja de posibles injerencias por parte de los Estados sospechosos de violaciones o de falta de respeto de los derechos humanos; lamenta el abuso del CDH por parte de regímenes autoritarios que siguen usándolo indebidamente para sus propios fines, en particular para socavar su funcionamiento y erosionar el régimen de normas en materia de derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen una reforma exhaustiva del CDH; subraya la importancia de promover una reforma del CDH que pueda garantizar un verdadero compromiso con el progreso de los derechos humanos de manera eficaz y no sesgada por parte de todos los Estados miembros, ya que, de otro modo, se corre el riesgo de que quede mermada la credibilidad del CDH; reitera la necesidad de revisar el proceso electoral del CDH con vistas a prohibir las listas cerradas y a establecer un mecanismo público de «examen de los compromisos» para mejorar la rendición de cuentas de los miembros del Consejo y garantizar que cada Estado que se sienta en el Consejo esté haciendo todo lo posible por promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con la resolución por la que se fundó el Consejo; pide a los Estados miembros de la Unión que adopten una posición coordinada en relación con la pertenencia al CDH y que voten en contra de todos los candidatos al CDH que no cumplan los criterios establecidos en la Resolución 60/251 de la AGNU, de 15 de marzo de 2006; pide a los Estados miembros de la Unión que soliciten un informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos centrado en la cooperación de los miembros del Consejo con los mecanismos de las Naciones Unidas y que presionen a los miembros seleccionados para que envíen invitaciones permanentes a todos los procedimientos especiales del CDH; lamenta que Venezuela participe como miembro pleno en el CDH para el período 2020-2022, cuando las mismas Naciones Unidas, en su informe de 2020, avalan la denuncia de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de este país, y señala que esta situación supone una clara incongruencia;

                              j)

                              adopte la posición de que la Unión apoye la creación, en el seno del CDH, de una comisión internacional de investigación independiente para investigar hechos y circunstancias relacionados con acusaciones de racismo sistémico y de violaciones y abusos; pida la ratificación universal y la aplicación efectiva de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; reconozca el papel primordial de la educación y la cultura en la promoción de los derechos humanos y la interseccionalidad para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

                              k)

                              siga reforzando el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) y del sistema de justicia penal internacional con el fin de promover la rendición de cuentas para poner fin a la impunidad y de proporcionar a la CPI un firme apoyo diplomático y político y recursos financieros adecuados para que pueda desempeñar los cometidos comprendidos en su mandato; pida a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que se adhieran a la CPI ratificando y aplicando el Estatuto de Roma, y anime a la ratificación de las Enmiendas de Kampala; pida a aquellos que se retiren de la CPI que reconsideren su decisión; apoye a la CPI como institución fundamental para exigir responsabilidades a los autores y ayudar a las víctimas a obtener justicia, y fomente un diálogo y una cooperación sólidos con la CPI, las Naciones Unidas y sus organismos y el CSNU; el Parlamento lamenta y condena los ataques contra la CPI y se mantiene firme en su posición contraria a las acciones ofensivas y las reclamaciones o declaraciones infundadas que socavan la CPI y el sistema del Estatuto de Roma en general; celebra que se hayan tomado medidas concretas para retirar las sanciones contra miembros del personal de la CPI, incluido el fiscal general de la CPI; opina que la Unión debe entablar un diálogo reforzado con el actual Gobierno de los EE. UU. sobre asuntos relacionados con la CPI y que la Unión debe contribuir a la lucha mundial contra los delitos internacionales apoyando iniciativas destinadas a promover el principio de jurisdicción universal y a reforzar la capacidad de los Estados miembros de las Naciones Unidas de aplicarlo en su respectivo ordenamiento jurídico nacional; subraya el liderazgo de la Unión en la lucha contra la impunidad, incluido su apoyo a la Corte Penal Internacional, que es un elemento fundamental de la voz de la Unión ante las Naciones Unidas, y subraya además que la CPI es la única institución internacional que tiene la capacidad de enjuiciar algunos de los delitos más horribles del mundo y de defender a víctimas que no tienen otro recurso;

                              l)

                              reafirme la necesidad de adhesión universal al Estado de Derecho y a su aplicación y reitere su apoyo al respecto, tanto a nivel nacional como internacional, así como su compromiso con un orden internacional basado en el Estado de Derecho y en el Derecho internacional; acoja con satisfacción el diálogo iniciado por el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y la Dependencia de Asistencia sobre el Estado de Derecho, integrada en la Oficina Ejecutiva del secretario general, con los Estados miembros sobre el tema «Promover el Estado de Derecho a nivel internacional», y pida que continúe este diálogo con vistas a fomentar el Estado de Derecho a nivel internacional; el Parlamento pide al secretario general y al sistema de las Naciones Unidas que aborden sistemáticamente, según proceda, aspectos del Estado de Derecho en las actividades pertinentes, incluida la participación de las mujeres en actividades relacionadas con el Estado de Derecho;

                              m)

                              contrarreste activamente los intentos de algunas personas o coaliciones de países de socavar el consenso internacional en torno a la salud y los derechos reproductivos; denuncie, en particular, la reciente «Declaración de Consenso de Ginebra», dirigida por el Gobierno de Trump y firmada conjuntamente por 32 Gobiernos en gran medida antiliberales o autoritarios; el Parlamento expresa su profundo malestar por el hecho de que dos Estados miembros de la Unión, Hungría y Polonia, hayan firmado esta declaración retrógrada que pretende socavar las libertades reproductivas de las mujeres y los derechos de las personas LGBT;

                              n)

                              apoye la labor del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta recientemente creado para la elaboración de un tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con vistas a establecer un instrumento jurídicamente vinculante que garantice que las empresas sean plenamente responsables de las violaciones de los derechos humanos y los delitos medioambientales;

                              o)

                              intensifique aún más el compromiso de la Unión de luchar contra la impunidad de los delitos contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y personal asociado, incluidos los locales, y ponga en marcha iniciativas concretas al respecto; apoye la petición de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias relativa a la creación de un mecanismo permanente de investigación de las Naciones Unidas sobre los delitos contra periodistas y apoye el nombramiento de un representante especial de las Naciones Unidas para la protección de los periodistas en todo el mundo; adopte una política de denuncia sistemática e inequívoca de los asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos en los ámbitos medioambiental y de la tierra y de todo intento de someterlos a cualquier forma de violencia, persecución, amenaza, acoso, desaparición, encarcelamiento o detención arbitraria; inste a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que adopten políticas que ofrezcan protección y apoyo a los defensores de los derechos humanos en peligro; siga abogando, a través de todos los medios diplomáticos y en estrecha cooperación con las Naciones Unidas, por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, y pida una moratoria a la aplicación de la pena de muerte;

                              p)

                              continúe ampliando su conjunto de instrumentos diplomáticos y de divulgación, prestando especial atención a la paz, la seguridad internacional y la estabilidad a largo plazo, la diplomacia climática, la diplomacia cultural, los derechos humanos, la igualdad de género, la globalización justa y la capacidad de mantener el diálogo político y el consenso político, no solo con los miembros de las Naciones Unidas, sino también con interlocutores pertinentes como las ciudades, las regiones, el mundo académico, la sociedad civil, las comunidades locales e indígenas y el sector privado; utilice los esfuerzos por encontrar soluciones a problemas mundiales, como el cambio climático, como punto de entrada para iniciar relaciones diplomáticas con socios con los que otros puntos del orden del día resultan muy controvertidos, ofreciendo así una oportunidad para mejorar la estabilidad y la paz; el Parlamento se congratula de que la Unión y sus Estados miembros contribuyan activamente al trabajo del sistema de las Naciones Unidas de diferentes maneras;

                              q)

                              reitere su condena inequívoca del terrorismo y su pleno apoyo a las acciones destinadas a vencer y erradicar las organizaciones terroristas, en particular el Dáesh/EIIL, que suponen una clara amenaza para la seguridad regional e internacional; colabore con la AGNU para luchar contra la financiación del terrorismo y crear mecanismos para identificar a personas y organizaciones terroristas y reforzar los mecanismos de congelamiento de bienes a escala mundial; se comprometa a incrementar los esfuerzos conjuntos de la Unión y las Naciones Unidas en la lucha contra las causas subyacentes del terrorismo, en particular, contrarrestando las amenazas híbridas y desarrollando la investigación y la creación de capacidades en materia de ciberdefensa; apoye las iniciativas ya existentes creadas por los interlocutores locales para diseñar, aplicar y desarrollar enfoques para luchar contra la radicalización y el reclutamiento en organizaciones terroristas; prosiga sus esfuerzos de represión del reclutamiento y lucha contra los combatientes extranjeros, el extremismo violento y la propaganda terrorista; apoye acciones que refuercen la resiliencia de las comunidades vulnerables a la radicalización, en particular garantizando la inclusión social y explorando iniciativas de contacto con líderes religiosos y ministros moderados; se esfuerce por aumentar la eficacia de las medidas policiales internacionales y la cooperación jurídica y judicial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional en apoyo de las políticas de lucha contra la radicalización y de desradicalización, en consonancia con el Plan de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir el Extremismo Violento; impulse los trabajos en las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo implementando y actualizando los cuatro pilares de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo aprobada por la AGNU en septiembre de 2006; asuma el liderazgo de la próxima revisión de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, reforzando los enfoques en materia de derechos humanos y prevención;

                              r)

                              amplíe aún más la cooperación trilateral entre la Unión Europea, la Unión Africana y las Naciones Unidas; el Parlamento destaca la importancia de un esfuerzo concertado de creación de capacidades por parte de la Unión Europea, la Unión Africana y las Naciones Unidas con vistas a seguir cooperando con la Unión Africana en el desarrollo de capacidades de prevención de crisis, gestión de crisis y resolución de conflictos en el continente africano, también a través de una continuación coherente del apoyo a largo plazo de la Unión y de las Naciones Unidas a la plena operatividad de Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA), así como las capacidades en otros ámbitos de actuación política pertinentes para la seguridad y la estabilidad de África, también en términos económicos y medioambientales y en relación con el acceso a los bienes públicos; destaca, a este respecto, la necesidad de prestar especial atención a la situación en la región del Sahel, habida cuenta de la creciente inestabilidad; opina que la Unión puede tener una considerable capacidad de atracción, puesto que puede responder a las aspiraciones de asociación del continente africano y sus instituciones a través de asociaciones entre iguales, conforme a la nueva estrategia UE-África; subraya la importancia de un diálogo político y estratégico más estrecho con los socios de la Unión en África, incluidos el apoyo y el diálogo con las organizaciones regionales y en el marco de las dimensiones parlamentarias; destaca la importancia de intensificar, en el marco de las Naciones Unidas, el diálogo y la cooperación con los países africanos de la vecindad sur mediterránea para afrontar los retos y desafíos comunes a la seguridad y la estabilidad;

                              s)

                              reconoce los significativos progresos hechos por la Unión y las Naciones Unidas en el apoyo a las regiones del Sahel, el África Occidental y el Cuerno de África y en la creación de capacidad en ellas; el Parlamento elogia el papel de las misiones civiles y militares de la Unión en el marco de la política común de seguridad y de defensa (PCSD) y las misiones de las Naciones Unidas, así como la función que desempeñan, en particular la Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel y su plan de apoyo, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental; acoge con satisfacción la firma del acuerdo técnico entre el G-5 del Sahel, la Unión Europea y las Naciones Unidas para prestar apoyo operativo y logístico a la Fuerza Conjunta en los cinco países del G-5 del Sahel, como muestra de la excelente cooperación entre las tres organizaciones; opina que la Unión debe apoyar el llamamiento al CSNU para que la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel se inscriba en el marco del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y disponga de financiación permanente; recuerda que el desarrollo, la seguridad y la estabilidad del continente africano, especialmente de las regiones del Magreb y del Sahel, afectan directamente a la Unión y a sus fronteras exteriores; pide a la Unión que apoye y refuerce su cooperación con las Naciones Unidas y la Unión Africana para respaldar el desarrollo, luchar contra la pobreza y desarrollar capacidades con los socios locales a fin de combatir el extremismo y la trata de seres humanos;

                              t)

                              estreche la cooperación con los países de América Latina —región con la que compartimos múltiples lazos y valores y que se ha visto duramente afectada por la pandemia de COVID-19— con el fin de hacer frente a los retos comunes de forma coordinada en el marco de Naciones Unidas;

                              u)

                              prosiga el diálogo sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para explotar y ampliar su capacidad en términos de prevención de conflictos y responsabilidad de proteger, reafirmando el compromiso común con un orden internacional basado en normas, el Derecho internacional —en particular la integridad territorial, la independencia y la soberanía, como establecen asimismo los principios del Acta final de Helsinki y la Carta de París de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)—, y velando por que los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas estén en el centro de la prevención de conflictos y las políticas de mediación; el Parlamento destaca la importancia del diálogo y la cooperación con las Naciones Unidas sobre misiones de mantenimiento de la paz eficaces y creíbles, con objetivos claros, una capacidad clara para ser eficaz y capacidad para alcanzar resultados tangibles y creíbles; pide mecanismos eficaces, como los siguientes: (i) la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de todas las resoluciones posteriores sobre la mujer, la paz y la seguridad, en consonancia con el objetivo de una participación y un liderazgo plenos, iguales y significativos de las mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz y en las estructuras de las Naciones Unidas dedicadas a ellas; (ii) la perspectiva de los niños y jóvenes, tal como se recoge en la Agenda sobre la Juventud, la Paz y la Seguridad, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, también en lo que respecta al apoyo y refuerzo de los esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas para poner fin al uso de los niños en conflictos armados, (iii) la perspectiva de las personas con discapacidad, en particular las que se enfrentan a discriminación interseccional y las que corren riesgos en relación con Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como (iv) la necesidad de velar por el respeto de los derechos humanos y la protección de los civiles, que son el núcleo de los mandatos de mantenimiento de la paz; reitera el papel crucial que desempeñan las mujeres en las misiones de mediación en conflictos y mantenimiento de la paz; recuerda su infrarrepresentación a todos los niveles en las misiones de las Naciones Unidas y de la Unión, así como la importancia crucial de proteger a las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y posconflicto; pide a los Estados miembros de la Unión que presten asistencia contribuyendo con más fuerzas armadas europeas al mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas; subraya la importancia del apoyo de la Unión a los países que salen de conflictos violentos; pide, por consiguiente, una cooperación reforzada para abordar la fragilidad de los entornos de transición, también mediante el refuerzo de la responsabilización nacional y la consolidación de los beneficios en materia de consolidación de la paz, y mejorando la interacción con las comunidades locales, garantizándoles protección y socorro; pide la reforma de las estructuras pertinentes con vistas a poner fin a la impunidad del personal de las Naciones Unidas que participa en operaciones militares y misiones civiles, y que se establezcan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas firmes, transparentes y operativos en los casos en que se produzcan abusos, en particular actos de violencia sexual; elogia la labor de Agnès Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y su contribución a la lucha contra la impunidad mediante la realización de investigaciones sobre presuntos casos de asesinatos extrajudiciales, durante las que ha sido objeto de intimidaciones y amenazas;

                              v)

                              prosiga el diálogo coherente en los foros de las Naciones Unidas, en particular en la AGNU, sobre la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas LGBTI, en consonancia con las directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI en los foros multilaterales (5), las Directrices de la UE sobre la pena de muerte (6), y en relación con los Principios de Yogyakarta (7), reconocidos internacionalmente; anime a los órganos y miembros de las Naciones Unidas a incluir la «identidad y expresión de género» y las «características sexuales» en su ámbito de consideración de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo así a las personas transgénero e intersexuales, así como las violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas; utilice todos los instrumentos diplomáticos a su alcance para abogar a nivel mundial por la despenalización de los actos consentidos entre personas del mismo sexo, la abolición de la pena de muerte como sanción por actos consentidos entre personas del mismo sexo, la adopción de legislación que permita el reconocimiento jurídico del género y la prohibición de la mutilación genital intersexual y las denominadas prácticas de «terapia de conversión» en todo el mundo;

                              w)

                              promueva la coherencia de las gestiones de las Naciones Unidas con respecto a las situaciones de ocupación o anexión de territorios; recuerda que el Derecho internacional humanitario debe guiar el compromiso internacional con respecto a todas estas situaciones, también en los casos de ocupación prolongada y los múltiples conflictos enquistados en países de la Asociación Oriental; el Parlamento apoya la atención creciente prestada por las Naciones Unidas a las actividades empresariales relacionadas con situaciones de importancia internacional, y pide al Consejo que supervise de cerca las empresas con sede en la Unión que figuran en dichos informes o bases de datos de las Naciones Unidas;

                              x)

                              siga desarrollando las capacidades diplomáticas y de mediación de la Unión para la prevención y gestión de crisis y la resolución de conflictos o cuando menos para su atenuación, especialmente los conflictos enquistados o los nuevos, en sinergia con los esfuerzos de las Naciones Unidas, siendo el proceso de Berlín un buen ejemplo de apoyo y sinergia de la Unión con los esfuerzos de mediación liderados por las Naciones Unidas, garantizando una participación plena y significativa de las mujeres en los esfuerzos de mediación, y continúe el firme apoyo de la Unión a la independencia, la soberanía y la integridad territorial dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de sus socios afectados por conflictos, como Georgia, Moldavia y Ucrania; pida a las Naciones Unidas que prioricen la prevención, la mediación y las soluciones políticas para los conflictos, sin dejar de ocuparse de las causas profundas y los factores de las crisis; impulse compromisos multilaterales más sólidos para llegar a soluciones políticas sostenibles para los conflictos actuales, y siga apoyando la labor, las acciones y las iniciativas de los enviados especiales de las Naciones Unidas destinadas a resolver estos conflictos; el Parlamento encomia el buen historial de cooperación entre la Unión y las Naciones Unidas en la consecución de objetivos comunes de desarrollo y en la prevención de una nueva escalada de los conflictos en curso; considera, a este respecto, que la Unión debe seguir instando a la comunidad internacional a aplicar plenamente la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea;

                              y)

                              inste a todos los Estados miembros de la Unión a que ratifiquen y apliquen realmente las principales convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que cumplan sus obligaciones de información en virtud de estos instrumentos y del compromiso de cooperar de buena fe con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

                              (z)

                              siga comprometido como pionero en la movilización de todos los medios de aplicación y seguimiento efectivos de los objetivos de la Agenda 2030 en todas las políticas interiores y exteriores de la Unión, así como en las estrategias nacionales y las prioridades de los Estados miembros; el Parlamento destaca la urgente necesidad de apoyar y reconocer adecuadamente el importante e indispensable trabajo de las agencias humanitarias, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos; acoge con satisfacción la decisión de conceder el Premio Nobel de 2020 al Programa Mundial de Alimentos por sus esfuerzos por combatir el hambre, por su contribución a la mejora de las condiciones para la paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza motriz en los esfuerzos para evitar el uso del hambre como arma de guerra y conflicto;

                              aa)

                              reitere su preocupación por las repercusiones negativas de los buques en el medio marino, incluida la contaminación, en particular por el vertido ilegal de petróleo y otras sustancias nocivas, así como de residuos peligrosos, como materiales radiactivos, residuos nucleares y sustancias químicas peligrosas, y por las repercusiones físicas sobre el coral; el Parlamento pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que sigan dando prioridad a la lucha contra la contaminación marina de origen terrestre como parte de sus estrategias y programas nacionales de desarrollo sostenible, que impulsen la aplicación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino Frente a las Actividades Realizadas en Tierra y la Declaración de Montreal para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra; pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que mejoren el conocimiento científico y la evaluación de los ecosistemas marinos y costeros como base fundamental para una toma de decisiones sólida a través de las acciones identificadas en el Plan de Aplicación de Johannesburgo; pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que desarrollen programas nacionales, regionales e internacionales para la protección y conservación del medio marino y para detener la pérdida de biodiversidad marina, en particular de ecosistemas frágiles;

                              ab)

                              apoye el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas en favor de una vacuna anti-COVID-19 asequible y accesible y para que se la considere como un bien público mundial; aplique las disposiciones incluidas en las recientes Conclusiones del Consejo sobre el papel de la Unión en el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud, especialmente por lo que respecta a la capacidad en materia de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias; acoja con satisfacción el trabajo de la OMS en la coordinación de los esfuerzos gubernamentales para luchar contra la pandemia de COVID-19; el Parlamento pide que se lleve a cabo una investigación imparcial, transparente e independiente de la propagación del virus y la gestión de la pandemia de COVID-19, también por parte de la OMS; apoya que se reforme la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que responda más eficazmente ante emergencias y cree un consorcio internacional antivirus que garantice a todos los países el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y a futuras vacunas, así como su distribución equitativa; reitera su apoyo a la inclusión de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud; condena el hecho de que numerosos regímenes autoritarios hayan abusado de las medidas adoptadas para luchar contra la COVID-19 con el fin de consolidar su poder, seguir socavando los derechos humanos, reprimir severamente a la oposición y la sociedad civil, atizar campañas de odio contra grupos minoritarios, introducir nuevas medidas de restricción de los derechos y libertades de sus ciudadanos, y buscar ventajas geopolíticas en el extranjero; incide en que el Derecho internacional en materia de derechos humanos y la promesa de alcanzar los ODS no más tarde de 2030 deben seguir constituyendo las piedras angulares de todas las respuestas a la pandemia; pide a la Unión que contribuya al compromiso político contraído a nivel de las Naciones Unidas de poner fin no más tarde de 2030 a la epidemia de sida, que sigue siendo una amenaza para la salud pública en todo el mundo; recomienda que el Consejo siga buscando mayores sinergias entre Estados miembros de las Naciones Unidas para abolir leyes, políticas y prácticas que crean obstáculos al acceso a los servicios relacionados con el VIH y aumentan el riesgo de contraerlo, con una especial atención a los grupos marginados o vulnerables; destaca la importancia de que la Unión pida que se refuercen los marcos legislativos y reglamentarios y promueva la coherencia de las políticas para lograr la cobertura sanitaria universal, en particular mediante la promulgación de legislación y la aplicación de medidas que proporcionen un mayor acceso a los servicios y productos sanitarios y las vacunas, especialmente para los más desfavorecidos;

                              ac)

                              tome nota del informe del secretario general titulado «Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: Responder ante las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad por coronavirus de 2019», en el que se destaca que las respuestas de los Gobiernos a la pandemia de COVID-19 deben ser eficaces, inclusivas y plenamente conformes con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos; pida a los Estados miembros de las Naciones Unidas que adopten medidas específicas para proteger a los niños cuya vulnerabilidad podría verse especialmente exacerbada por la pandemia de COVID-19; apoye el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, el Programa Mundial de Alimentos, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados y otras instituciones y programas de las Naciones Unidas, que desempeñan un papel fundamental en la respuesta humanitaria a la crisis de la COVID-19; apoye el llamamiento de la sociedad civil para celebrar una Cumbre Internacional de Reconstrucción Económica y Reformas Sistémicas tras la COVID-19 en 2021 como foro importante para un espacio de gobernanza más inclusivo y basado en derechos;

                              ad)

                              refuerce la visibilidad de la acción y la asistencia de la Unión en todos los foros multilaterales y sobre el terreno, en especial por lo que respecta al programa Equipo Europa, que ha reunido un importe de 36 000 millones de euros para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis de la COVID-19 en los países y regiones socios, en particular en África;

                              ae)

                              desempeñe un papel de liderazgo activo, sólido y ambicioso en los preparativos de la 26.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP26), aplicando una perspectiva de derechos humanos, en particular mediante la promoción del reconocimiento mundial del derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible y el apoyo al mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente; el Parlamento señala que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se encuentran entre los principales retos actuales; apoya la Iniciativa sobre Derechos Medioambientales de las Naciones Unidas, que reconoce que las violaciones de los derechos medioambientales tienen un profundo impacto en derechos humanos muy diversos; destaca que la biodiversidad y los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes; recuerde que entre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos se encuentra proteger la biodiversidad, en particular facilitando el acceso a soluciones eficaces en caso de pérdida y degradación de la biodiversidad; el Parlamento, a este respecto, anima a la Unión y a los Estados miembros a promover el reconocimiento del ecocidio como delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; opina que la Unión debe aplicar medidas específicas para situar la resiliencia en el centro de los esfuerzos de recuperación e integrar la reducción del riesgo de catástrofes en todas las políticas de la Unión en cooperación con las Naciones Unidas, con arreglo a los objetivos establecidos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; opina que la Unión debe revitalizar la asociación con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos apoyando la creación de una «coalición global de cero emisiones netas» con los países que ya se han comprometido a alcanzar el objetivo de lograr cero emisiones de aquí a 2050, cooperando con otros países en el desarrollo de planes y tecnologías de eliminación de las emisiones de carbono y promoviendo una nueva estrategia internacional para la protección de la biodiversidad;

                              af)

                              reafirme la necesidad de garantizar la igualdad de protección conforme a Derecho y la igualdad ante los tribunales, el empoderamiento y la participación plena y efectiva en los procesos de toma de decisiones, y la participación plena, equitativa y efectiva en la vida política, económica, social y cultural de los pueblos indígenas, incluidas las mujeres y las niñas; acoja con satisfacción la labor del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas; anime a los Estados y las entidades del sistema de las Naciones Unidas a reforzar la cooperación internacional para abordar las desventajas a las que se enfrentan los pueblos indígenas y aumentar la cooperación técnica y la asistencia financiera a este respecto;

                              ag)

                              prosiga y amplíe la cooperación en materia de capacidades dentro del sistema de las Naciones Unidas para la promoción de normas comunes éticas y eficaces en nuevos ámbitos como la desagregación y la protección de datos, la diligencia debida, la lucha contra la impunidad, la inteligencia artificial o el ciberespacio, promoviendo al mismo tiempo un apoyo adecuado a aquellos países que deseen ampliar su capacidad reguladora y la aplicación de normas; pida una coordinación más estrecha en materia de ciberdefensa por lo que respecta a reglas, normas, acuerdos comunes y medidas de garantía de la observancia en el ciberespacio; propone que las piedras angulares de la ciberseguridad europea, como el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y la Directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de información (SRI), pueden constituir una base excelente que los países que lo deseen pueden utilizar para partir de sus marcos reguladores para la protección de datos y la ciberseguridad mediante un enfoque de «seguridad desde el diseño»; indica que las mejores prácticas y las lecciones aprendidas a nivel de la Unión pueden compartirse en el marco de las Naciones Unidas con las agencias de las Naciones Unidas dedicadas a estas tareas, así como en respuesta a las peticiones de los distintos países;

                              ah)

                              aborde los retos de prevenir y combatir los flujos financieros ilícitos y de reforzar la cooperación internacional y las buenas prácticas en materia de retorno y recuperación de activos, en particular mediante medidas más eficaces para aplicar las obligaciones existentes en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; aplique medidas eficaces, integradoras y sostenibles para prevenir y combatir la corrupción en el marco de la Agenda 2030; emprenda y apoye iniciativas para luchar contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la corrupción;

                              ai)

                              considere la posibilidad de adoptar medidas adicionales de alivio de la deuda para los países en desarrollo altamente endeudados, a fin de evitar impagos y crear un margen de maniobra para las inversiones en ODS y, en este sentido, apoye la petición del secretario general de las Naciones Unidas relativa al establecimiento de un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana como parte de la respuesta a largo plazo a la crisis de la COVID-19 y sus repercusiones económicas;

                              aj)

                              aborde la cuestión de los desplazamientos forzosos y coopere en la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración y del Pacto Mundial sobre los Refugiados; recuerda que los derechos humanos deben seguir constituyendo el núcleo de los pactos mundiales, prestando especial atención a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, como los niños, los menores y las mujeres; siga desarrollando el compromiso común de preservar el espacio humanitario y mejorar el sistema de respuesta humanitaria y destaque la importancia de defender el derecho de asilo en todo el mundo; apoye y refuerce la labor de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, como el ACNUR y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS); reafirme el papel clave del OOPS en la prestación de ayuda humanitaria y para el desarrollo a los refugiados palestinos; haga un llamamiento a los Estados miembros de las Naciones Unidas para el mantenimiento y el aumento de las contribuciones al OOPS, y apoye la propuesta del comisionado general del OOPS de celebrar una conferencia que conduzca a un flujo de financiación y un sistema de gasto más predecibles, sostenibles y responsables para el OOPS para el futuro, así como un compromiso a tal efecto por parte de un mayor número de Estados miembros de las Naciones Unidas y de donantes internacionales;

                              ak)

                              siga abogando por la libertad de religión o de creencias; inste a que se intensifiquen los esfuerzos por proteger los derechos de las minorías religiosas y otras minorías; solicite una mayor protección de las minorías religiosas frente a la persecución y la violencia; pida la derogación de las leyes que penalizan la blasfemia o la apostasía y que pueden servir de pretexto para la persecución de las minorías religiosas y de los no creyentes; apoye el trabajo del relator especial sobre la libertad de religión o de creencias;

                              al)

                              siga mejorando el apoyo integrado a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer, en consonancia con la Declaración de Pekín y su Plataforma de Acción; pida a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que sigan apoyando y aplicando las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que hacen balance del impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y orientan el trabajo y las acciones para promover la igualdad de género y reforzar la participación, la protección y los derechos de las mujeres a lo largo de todo el ciclo del conflicto, desde la prevención de conflictos hasta la reconstrucción posconflicto; preste especial atención, a este respecto, a la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia sexual y de género, las prácticas nocivas y la violencia doméstica y familiar, y apoye la participación activa significativa e igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y la toma de decisiones, así como la promoción de los derechos de la mujer; apoye e intensifique los esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas para garantizar que el análisis basado en el sexo y los derechos de género y humanos se integren en todas las actividades de las Naciones Unidas; el Parlamento recuerda que la violencia sexual, como la violación, se utiliza como táctica de guerra y constituye un crimen de guerra, y pide que se refuerce la protección de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto, especialmente en lo referente a la violencia sexual; opina que la Unión debe propiciar un mayor apoyo, también mediante una financiación adecuada, a la labor de ONU Mujeres, que desempeña un papel fundamental en el sistema de las Naciones Unidas a la hora de promover los derechos de las mujeres y reunir a todas las partes interesadas pertinentes a fin de generar el cambio político y coordinar medidas;

                              am)

                              asuma un papel ambicioso y constructivo en el marco del mecanismo para la revisión de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, con el fin de seguir intensificando los esfuerzos internacionales para luchar contra la trata de seres humanos, incluyendo la perspectiva de las mujeres, los niños y los migrantes, que corren un mayor riesgo de explotación;

                              an)

                              mantenga consultas estrechas con el Parlamento sobre el proceso de aplicación de las Conclusiones del Consejo y asocie al Parlamento en todos los ámbitos de actuación política en los que la diplomacia parlamentaria pueda crear sinergias valiosas y reforzar la capacidad de divulgación y el impacto positivo y el liderazgo de la Unión en su conjunto;

                              ao)

                              pida que se adopten medidas inmediatas para abordar la creciente crisis de los derechos humanos en Xinjiang, a fin, al menos, de investigar las persecuciones por motivos étnicos y religiosos denunciadas en toda la región; el Parlamento pide, en este contexto, el establecimiento de un mecanismo independiente de las Naciones Unidas de supervisión de los derechos humanos en China, que podría incluir un relator especial de las Naciones Unidas, un grupo de expertos del CDH o un enviado especial; apoya los llamamientos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que celebre un período extraordinario de sesiones sobre la crisis;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión y, para información, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al secretario general de las Naciones Unidas.

         (1)  DO C 118 de 8.4.2020, p. 165.

         (2)  Textos Aprobados, P9_TA(2020)0008.

         (3)  DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.

         (4)  DO C 86 de 6.3.2018, p. 33.

         (5)  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf

         (6)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/es/pdf

         (7)  http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf; http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf


title: Recomendación (UE) 2022/290 del Consejo de 22 de febrero de 2022 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción

text:
                  24.2.2022

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 43/79

         RECOMENDACIÓN (UE) 2022/290 DEL CONSEJO
         de 22 de febrero de 2022
         por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letras b) y e), y su artículo 292, frases primera y segunda,
         Vista la propuesta de la Comisión Europea,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/912 (1) sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción,

                     (2)

                     El 2 de febrero de 2021, el Consejo modificó la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (2) con el fin de actualizar los criterios utilizados para evaluar si los viajes no esenciales realizados desde terceros países son seguros y deben permitirse.

                     (3)

                     La misma modificación introdujo mecanismos para contener la propagación de variantes preocupantes del virus SARS-CoV-2 en la UE (3).

                     (4)

                     El 20 de mayo de 2021, el Consejo modificó la Recomendación (UE) 2020/912 (4) a fin de tener en cuenta el desarrollo y los efectos positivos de las campañas de vacunación para contener la propagación del virus, así como con vistas a contener en mayor medida la importación y propagación en la UE de las nuevas variantes de interés y preocupantes.

                     (5)

                     El 14 de junio de 2021, el Parlamento y el Consejo adoptaron los Reglamentos (UE) 2021/953 (5) y (UE) 2021/954 (6) sobre el certificado COVID digital de la UE. El certificado COVID digital de la UE ha demostrado ser un instrumento fundamental para que se puedan reanudar los desplazamientos en el seno de la UE.

                     (6)

                     Desde la adopción del Reglamento (UE) 2021/953, la Comisión ha adoptado varios actos de ejecución por los que se establece que los certificados COVID-19 expedidos por un determinado tercer país deben considerarse equivalentes a los certificados expedidos por los Estados miembros de conformidad con dicho Reglamento. Los certificados de vacunación, recuperación y prueba diagnóstica contemplados en dichos actos de ejecución pueden, por tanto, autenticarse de forma segura y fiable. Por consiguiente, el certificado COVID digital de la UE, y en particular las Decisiones de Ejecución adoptadas sobre esta base, también han facilitado la reanudación segura de los viajes desde terceros países a la UE (7).

                     (7)

                     Debe actualizarse el enfoque actual expuesto en la Recomendación (UE) 2020/912 para tener en cuenta el establecimiento del certificado COVID digital de la UE y tomar en consideración la evolución de la pandemia, incluida la aparición de la variante preocupante ómicron, el aumento de la tasa de vacunación y la supresión progresiva de las restricciones de viaje en todo el mundo.

                     (8)

                     El 22 de octubre de 2021, el Consejo Europeo, a la luz de la evolución de la situación epidemiológica, pidió en sus Conclusiones una mayor coordinación para facilitar la libre circulación dentro de la UE y los viajes a su territorio, así como una revisión de las dos Recomendaciones, incluida la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo.

                     (9)

                     El período de aceptación normalizado de los certificados de vacunación expedidos por terceros países tras la finalización de la pauta de primovacunación debe fijarse en 270 días. Para garantizar un enfoque coordinado, los Estados miembros no deben aceptar certificados de vacunación expedidos tras la finalización de la pauta de primovacunación si han transcurrido más de 270 días desde la administración de la dosis indicada en ellos. En ese caso, los Estados miembros deben aceptar los certificados de vacunación que indiquen que se ha recibido una dosis adicional tras la finalización de la pauta de primovacunación.

                     (10)

                     Para auspiciar una mayor seguridad en los viajes a la UE, el umbral aplicable al índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días debe incrementarse de 75 a 100 por cada 100 000 habitantes. Al mismo tiempo, y vista la mejora de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas casi dos años después de la aparición del virus, el porcentaje mínimo de pruebas diagnósticas semanales exigido también debe aumentarse de 300 a 600 pruebas por cada 100 000 habitantes. Dicha variación al alza debería redundar en una mayor fiabilidad de los datos utilizados para determinar en qué medida se han de permitir los viajes no esenciales desde el tercer país de que se trate.

                     (11)

                     Para facilitar los viajes no esenciales a la Unión y aumentar la previsibilidad para los viajeros de terceros países, los Estados miembros deben aceptar no solo las vacunas contra la COVID-19 a las que se haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), sino también aquellas que hayan completado el procedimiento de la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

                     (12)

                     A falta de vacunación, los Estados miembros deben además permitir los viajes no esenciales a las personas que se hayan recuperado de la COVID-19 en los 180 días previos al viaje a la UE y que sean titulares de un certificado COVID digital de la UE u otro certificado reconocido como equivalente.

                     (13)

                     Al mismo tiempo, para reducir aún más el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2, los Estados miembros podrían exigir asimismo un certificado válido de una prueba negativa de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR en tiempo real) antes de la salida cuando el viajero: i) haya recibido una vacuna contra la COVID-19 que haya completado el proceso de inclusión en la lista del uso de emergencia de la OMS, pero que no figure en la lista de vacunas autorizadas en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004, o ii) se haya recuperado de la COVID-19 en los 180 días previos al viaje a la UE.

                     (13 bis)

                     Debido a que puede no ser posible verificar la autenticidad, integridad y validez de los certificados de vacunación expedidos por terceros países que no utilicen el marco de confianza para el certificado COVID digital de la UE o un certificado de vacunación que haya sido reconocido como equivalente, los Estados miembros también podrían exigir un certificado válido de una prueba negativa de PCR en tiempo real antes de la salida cuando el viajero esté totalmente vacunado con una vacuna contra la COVID-19 a la que se haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 pero no esté en posesión de un certificado COVID digital de la UE o de uno que haya sido reconocido como equivalente.

                     (14)

                     Se debe autorizar el viaje a menores de más de 6 años y menos de 18 años a condición de que hayan dado negativo en una prueba de PCR en tiempo real antes de la salida. En estos casos, los Estados miembros podrían exigir pruebas adicionales tras la llegada, cuarentena o autoaislamiento. Cuando los menores de más de 6 años y menos de 18 años estén en posesión de un certificado válido de vacunación contra la COVID-19 con una vacuna contra la COVID-19 autorizada en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 no debe exigirse ninguna prueba. Los menores que tengan menos de 6 años y viajen con un adulto no deben estar sujetos a requisitos adicionales.

                     (14 bis)

                     Los Estados miembros podrían permitir viajes no esenciales a las personas para las que existan contraindicaciones médicas a la vacunación contra la COVID-19 con las vacunas autorizadas, siempre que estas personas hayan presentado la documentación necesaria y hayan dado negativo en una prueba de PCR en tiempo real antes de la salida.

                     (15)

                     Teniendo en cuenta el aumento de la tasa de vacunación en todo el mundo, conviene empezar a considerar el paso gradual del actual enfoque híbrido por país o persona a un enfoque basado exclusivamente en la persona y fundamentar la supresión de las restricciones de viaje únicamente en el estado de vacunación de los viajeros o en la función o pertinencia del viaje. Sin embargo, en la actualidad aún hay terceros países con un acceso limitado a las vacunas o una baja tasa de vacunación. Por lo tanto, para que los terceros países vayan aumentando sus tasas de vacunación, incluida la administración de dosis de refuerzo para garantizar la validez de los certificados de vacunación, y tras una evaluación general previa de la situación en que se encuentra la vacunación en esos países atendiendo a los datos facilitados, entre otros, por las Delegaciones de la UE, la Comisión, a más tardar el 30 de abril de 2022, debe revisar la Recomendación con vistas a la supresión de su anexo I, teniendo en cuenta el aumento de la tasa de vacunación en todo el mundo. La Comisión debe informar al Consejo y podría presentarle, según proceda, una propuesta de supresión del anexo I.

                     (16)

                     De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.

                     (17)

                     La presente Recomendación desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (9); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

                     (18)

                     Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (11).

                     (19)

                     Por lo que respecta a Suiza, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (12), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (13).

                     (20)

                     Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Recomendación desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (14), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE (15).

                     (21)

                     El estatuto jurídico de la presente Recomendación, conforme se recuerda en los considerandos 15 a 19, se entiende sin perjuicio de la necesidad de que todos los Estados miembros, en interés del correcto funcionamiento del espacio Schengen, decidan levantar las restricciones de los viajes no esenciales a la UE de manera coordinada.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
         La Recomendación (UE) 2020/912 se modifica como sigue:

                     1)

                     A partir del 1 de marzo de 2022, en el punto 2, párrafo segundo, la cifra «75» se sustituye por «100» y la cifra «300» se sustituye por «600».

                     2)

                     A partir del 1 de marzo de 2022, en el punto 6 bis, los párrafos primero, segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente:
                     «Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) y b) del punto 6, cuando los Estados miembros acepten pruebas de vacunación como eximente de las restricciones de viaje para limitar la propagación de la COVID-19, los Estados miembros deben, en principio, levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE con respecto a los viajeros que hayan recibido la última dosis recomendada de una de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (*1), a más tardar 14 días antes de entrar en el espacio UE+, siempre que hayan transcurrido menos de 270 días desde la administración de la dosis indicada en el certificado de vacunación expedido tras la finalización de la pauta de primovacunación, o se haya recibido una dosis adicional tras la finalización de la pauta de primovacunación.
                     Los Estados miembros también deben levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE con respecto a los viajeros que hayan recibido la última dosis recomendada de una de las vacunas contra la COVID-19 que hayan completado el proceso de inclusión en la lista del uso de emergencia de la OMS a más tardar 14 días antes de entrar en el espacio UE+, siempre que hayan transcurrido menos de 270 días desde la administración de la dosis indicada en el certificado de vacunación expedido tras la finalización de la pauta de primovacunación, o se haya recibido una dosis adicional tras la finalización de la pauta de primovacunación.
                     Los Estados miembros también deben levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE de aquellos viajeros que se hayan recuperado de la COVID-19 en los 180 días previos a viajar a la UE.
                     Con ese fin, los viajeros que deseen realizar viajes no esenciales a un Estado miembro deberán estar en posesión de:

                                 a)

                                 un certificado válido de vacunación contra la COVID-19 con una vacuna contra la COVID-19 autorizada en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004, o

                                 b)

                                 un certificado válido de vacunación contra la COVID-19 con una vacuna contra la COVID-19 que haya completado el proceso de inclusión en la lista del uso de emergencia de la OMS, pero que no figure en la lista de vacunas autorizadas en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004, o

                                 c)

                                 un certificado válido de recuperación.

                           En el caso de los viajeros contemplados en las letras b) y c) anteriores, el Estado miembro también podría exigir un certificado válido de una prueba negativa de PCR en tiempo real realizada con una antelación máxima de 72 horas antes de la salida. En el caso de los viajeros contemplados en la letra b), los Estados miembros podrían aplicar medidas sanitarias adicionales, como el aislamiento, la cuarentena o la administración de vacunas autorizadas en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004.
                     Además de los certificados COVID digitales de la UE, los Estados miembros deben aceptar tales pruebas de recuperación o de vacunación contra la COVID-19 si corresponden a certificados reconocidos como equivalentes a los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2) en un acto de ejecución adoptado por la Comisión en virtud del artículo 8 de dicho Reglamento.
                     De no haberse adoptado ningún acto de este tipo relativo a los certificados expedidos por un tercer país, los Estados miembros podrán aceptar, de conformidad con la legislación nacional, certificados de prueba y vacunación expedidos por el tercer país vista la necesidad de poder verificar la autenticidad, validez e integridad del certificado en cuestión y si este contiene todos los datos pertinentes conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/953.
                     En tal caso, podrían exigir un certificado válido de una prueba negativa de PCR en tiempo real antes de la salida para los viajeros que estén totalmente vacunados con una vacuna contra la COVID-19 a la que se haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004, pero que no estén en posesión de un certificado COVID digital de la UE o un certificado COVID digital de la UE o de uno que haya sido reconocido como equivalente.
                     A menos que estén cubiertos por las disposiciones anteriores, debe permitirse también a los menores de más de 6 años y menos de 18 años realizar viajes no esenciales a un Estado miembro si están en posesión de un certificado válido de una prueba negativa de PCR en tiempo real realizada con una antelación máxima de 72 horas antes de la salida. En estos casos, los Estados miembros podrían exigir pruebas adicionales tras la llegada, así como cuarentena o autoaislamiento. Los menores que tengan menos de 6 años y viajen con un adulto no deben estar sujetos a requisitos adicionales.

                        (*1)  Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1)."

                        (*2)  Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 15.6.2021, p. 1). »."

                     3)

                     Se inserta el nuevo punto 12 siguiente:

                                 «12.

                                 A más tardar el 30 de abril de 2022, la Comisión debe revisar la Recomendación con vistas a la supresión del anexo I, teniendo en cuenta el aumento de la tasa de vacunación en todo el mundo.
                                 La Comisión debe informar al Consejo y podría presentarle, según proceda, una propuesta de supresión del anexo I.».

            Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 2022.

                  Por el Consejo

                  El Presidente

               C. BEAUNE

            (1)  Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio de 2020, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (DO L 208 I de 1.7.2020, p. 1).

            (2)  Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo, de 2 de febrero de 2021, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (DO L 41 de 4.2.2021, p. 1).

            (3)  El «espacio UE+» comprende todos los Estados miembros de Schengen (incluidos Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumanía) así como los cuatro Estados asociados de Schengen. También incluiría a Irlanda, en caso de que decidiese sumarse.

            (4)  Recomendación (UE) 2021/816 del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (DO L 182 de 21.5.2021, p. 1).

            (5)  Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 15.6.2021, p. 1).

            (6)  Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 15.6.2021, p. 24).

            (7)  La lista actualizada de Decisiones de equivalencia se publica en la siguiente página web:
         https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en.

            (8)  Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).

            (9)  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

            (10)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

            (11)  Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).

            (12)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

            (13)  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).

            (14)  DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.

            (15)  Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).


title: Recomendación del Banco central europeo de 17 de febrero de 2022 al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos del Bank of Greece (BCE/2022/3) 2022/C 102/01

text:
               2.3.2022

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 102/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 17 de febrero de 2022
      al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos del Bank of Greece
      (BCE/2022/3)
      (2022/C 102/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

                  (2)

                  El mandato del actual auditor externo del Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., expirará tras la auditoría del ejercicio de 2021. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2022.

                  (3)

                  El Bank of Greece ha seleccionado a Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. como auditor externo para los ejercicios de 2022 a 2026, con la opción de ampliar el mandato a los ejercicios de 2027 y 2028.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      Se recomienda que Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. sea nombrada auditor externo del Bank of Greece para los ejercicios de 2022 a 2026, con la opción de ampliar el mandato a los ejercicios de 2027 y 2028.

         Hecho en Fráncfort del Meno el 17 de febrero de 2022.

               La Presidenta del BCE

            Christine LAGARDE