               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 503 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Chequia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Chequia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Chequia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Chequia
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Chequia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Chequia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Chequia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados por la crisis.

               (9)Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Por tanto, la situación actual conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales en Chequia, o de crear nuevas disparidades territoriales a nivel subregional, agravando también la tendencia ya observada de las crecientes disparidades entre las regiones de Karlovarský y Ústecký y el resto del país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El jueves 7 de mayo de 2020, Chequia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y, el 30 de abril de 2020, su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)Chequia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 5,1 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 4,1 % del PIB en 2021. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda de las administraciones públicas / PIB, tras disminuir al 30,8 % en 2019, aumentaría al 37 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Chequia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4 % del PIB. Dichas medidas incluyen bonificaciones fiscales compensatorias y la condonación de los seguros sociales y de enfermedad durante seis meses para los trabajadores por cuenta propia (1 % del PIB), un régimen de trabajo a corto plazo (1 % del PIB), la condonación de los anticipos de impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades adeudados en junio de 2020 (0,8 % del PIB), así como medidas relacionadas con la salud (0,7 % del PIB). Además, Chequia ha anunciado medidas que, si bien no tienen un impacto presupuestario directo inmediato, contribuirán a aumentar la liquidez de las empresas. Incluyen sobre todo regímenes de garantía para conceder préstamos a pymes y grandes empresas. No obstante, el Programa de Convergencia no cuantifica los pasivos contingentes vinculados a estas nuevas medidas. La mayoría de las medidas subyacentes al programa también se incluyeron en las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión. No se han podido incluir algunas medidas que no pudieron cuantificarse o se prorrogaron más allá de la fecha límite. Globalmente, las medidas tomadas por Chequia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada a la pandemia de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas checas sería del -6,7 % del PIB en 2020 y del -4,0 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Chequia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97 no se cumple.

               (16)Entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, Chequia declaró el estado de alarma con el fin de frenar el impacto de la pandemia de COVID-19, cerró escuelas, restringió eventos y el funcionamiento de los comercios, y limitó significativamente las reuniones de personas. Entre el 15 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, también se cerraron parcialmente las fronteras terrestres. Esto ha limitado la salida de trabajadores checos y la entrada de trabajadores extranjeros, lo que crea cuellos de botella de mano de obra a escala local, sobre todo en la industria manufacturera y los trabajos estacionales, y ha afectado a cadenas de suministros esenciales. Para ayudar a las economías domésticas y a las empresas durante la crisis, el Gobierno ha anunciado un paquete de estímulo que incluye medidas de apoyo directo y garantías públicas. Aunque esto puede proporcionar un alivio temporal, se espera que la economía siga viéndose gravemente afectada en 2020, ya que las caídas de la demanda externa y las medidas de confinamiento perturban la actividad económica. Se espera que el PIB real se recupere gradualmente en 2021, pero es poco probable que vuelva a los valores de 2019 durante el período de previsión. Se prevé que el impacto en sectores como el transporte, la hostelería y el turismo sea significativo. El desempleo aumentará, pero se verá amortiguado por la escasez previa de mano de obra, el paquete de medidas de estímulo y la baja proporción de contratos temporales. Para garantizar el apoyo a la liquidez, las autoridades han puesto en marcha una serie de regímenes de garantías estatales para empresas de todos los tamaños. También se ha previsto el aplazamiento de pagos de préstamos al consumo y de préstamos hipotecarios durante tres o seis meses para los hogares y las empresas afectados por la crisis. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. El Banco Nacional Checo ha adoptado también diversas medidas para amortiguar el impacto de la crisis en el sector financiero.

               (17)El esfuerzo de mitigación de la incidencia sanitaria de la COVID-19 en fase temprana contribuyó a ralentizar la propagación del virus en Chequia. Se tomaron medidas para aumentar el suministro de equipos médicos y garantizar la infraestructura necesaria y, de este modo, preparar el sistema sanitario para hacer frente al aumento de la demanda. La situación sanitaria de la población checa ha mejorado significativamente en los últimos años, acercándose a la media de la UE. Sin embargo, existen importantes diferencias regionales en términos de esperanza de vida, determinadas en parte por factores socioeconómicos y de comportamiento. Aunque el nivel general de necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas es uno de los más bajos de la UE, persisten disparidades regionales en lo que respecta a la distribución de los recursos y del personal sanitario, que han sufrido tensiones cada vez mayores. Se prevé que en los próximos años se jubile una parte sustancial del personal sanitario. Para mitigar el impacto de la COVID-19, en el futuro será necesario mejorar la resiliencia y la preparación del sistema sanitario frente a las crisis, y apoyar al mismo tiempo la igualdad de acceso a una mayor atención primaria y una atención integrada para reducir las hospitalizaciones evitables. Esto también puede mejorar la prevención y mitigar otros problemas sanitarios. Las soluciones de sanidad electrónica siguen siendo limitadas, pese a que existe una estrategia nacional de salud en línea para el período 2016-2020.

               (18)En 2019 y principios de 2020, el mercado laboral checo se mantuvo sólido y la mayoría de indicadores mostraron resultados positivos. La tasa de empleo siguió aumentando y la de desempleo descendió a su mínimo histórico. Sin embargo, según las previsiones de la Comisión, la tasa de desempleo aumentaría hasta el 5,0 % en 2020 y descendería ligeramente al 4,2 % en 2021. El Gobierno respondió rápidamente a la pandemia de COVID-19 mediante la introducción de numerosas medidas para proteger los ingresos y el empleo, prestando especial atención a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, algunos grupos vulnerables del mercado laboral (trabajadores con contratos de corta duración y los contratados a través de agencias de trabajo temporal) no están plenamente protegidos por las medidas atenuantes propuestas. El cierre de guarderías y escuelas durante el confinamiento puede haber afectado especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares importantes. El fomento de la inversión en servicios de cuidado de los niños y de cuidados de larga duración, junto con fórmulas de trabajo flexibles, como el teletrabajo, debería facilitar la transición después de la crisis. Unas políticas activas del mercado de trabajo y un suministro de capacidades más específicas, en consulta con los interlocutores sociales, apoyan tanto el mantenimiento de los empleados como las transiciones laborales. Las acciones de comunicación por parte de los servicios públicos de empleo también pueden facilitar el éxito de la reinserción en el mercado laboral, en particular para los grupos vulnerables. Un acceso más fácil y más rápido a la protección social ayudaría a evitar las trampas de pobreza y los desahucios. Los resultados educativos siguen viéndose muy afectados por las desigualdades socioeconómicas y las bajas inversiones. Garantizar la igualdad de acceso a una educación y una formación inclusivas de calidad, también en el contexto digital, puede ayudar a mejorar los niveles de capacidades y ampliar el aprendizaje digital. Es especialmente importante fomentar las competencias digitales, en particular mediante el apoyo y la formación continua de profesores y formadores. El gasto público por estudiante sigue siendo comparativamente bajo en todos los niveles educativos. La escasez de profesores cualificados indica la necesidad de aumentar el atractivo de la profesión, en particular para los jóvenes con talento.

               (19)Chequia es uno de los países que podrían verse especialmente afectados por el cambio tecnológico y que necesitan una inversión significativa en este ámbito. La transformación digital requerirá apoyo, también en los sectores de la industria y los servicios, mediante inversiones específicas en soluciones y capacidades inteligentes. Se ha alcanzado el objetivo de una cobertura total de banda ancha fija, pero la banda ancha móvil sigue siendo relativamente cara. Los retrasos en el desarrollo de las infraestructuras podrían afectar especialmente a los grupos vulnerables y a las regiones estructuralmente débiles con mayor riesgo de aislamiento. Esto podría tener también consecuencias negativas en la vigilancia y el control de las epidemias. Para atender a las necesidades de conectividad, es necesario invertir en redes de muy alta capacidad, fijas y móviles y en medidas adecuadas relativas a la demanda. Para ello, será esencial asignar a tiempo un espectro de 5G en condiciones previsibles conducentes a la inversión.  La demanda de servicios de banda ancha ultrarrápida se ve frenada por la baja demanda resultante de múltiples variables, como el precio de suscripción, así como por el poder adquisitivo, la edad y la educación de la población. Las autoridades están comprometidas con el desarrollo y la integración de nuevas tecnologías digitales, pero esto se ve obstaculizado por la persistencia de niveles bajos de capacidades. Las autoridades se comprometen a fomentar soluciones basadas en la inteligencia artificial, pero Chequia sigue estando por debajo de los Estados miembros fronterizos en cuanto a actividades de investigación y patentes en este ámbito.

               (20)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. El Plan Nacional de Energía y Clima de Chequia indica que se necesitan importantes inversiones para abordar con éxito la transición climática y energética y avanzar hacia la neutralidad climática. Este es el caso, en particular, de la promoción de los recursos energéticos renovables, la eficiencia energética, las infraestructuras y partes de la red de transporte. Los efectos del cambio climático ya son visibles en forma de sequías e inundaciones, que provocan importantes pérdidas económicas. La contaminación atmosférica es también un problema permanente. Al mismo tiempo, los impuestos sobre la contaminación son muy bajos. El carbón sigue dominando el sector energético y sigue siendo un importante motor de la actividad económica en tres regiones checas. La limitada capacidad de desarrollo de los promotores de proyectos y el asesoramiento limitado prestado por las autoridades siguen siendo un obstáculo importante para el desarrollo de una sólida reserva de proyectos que apliquen la doble transición en materia de cambio climático y digital en estas regiones. En general, se espera que la transición a fuentes de energía distintas del carbón tenga importantes consecuencias socioeconómicas y parece faltar interés de momento por invertir en tecnologías de emisión cero y de baja emisión de gases de efecto invernadero. La producción de energía renovable es inferior a la media de la UE. El sector carece de incentivos financieros y de un marco jurídico e institucional adecuado para apoyar su futuro desarrollo. También parece haber poca conciencia de los beneficios más amplios de la eficiencia energética. El paso a la electromovilidad ha sido bastante lento y el transporte por carretera se está convirtiendo en uno de los principales consumidores de energía. Los impuestos sobre el transporte son bajos y no se basan en las emisiones de CO2. La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es aún incipiente. Los resultados de la gestión de residuos siguen siendo moderados respecto a los objetivos más ambiciosos definidos en la materia. Falta una estrategia global para desarrollar el potencial de circularidad de la economía. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Chequia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Esto permitiría a Chequia optimizar el uso de este Fondo.

               (21)El acceso a la financiación convencional está por encima de la media de la UE, pero la financiación de riesgo está menos desarrollada. Sigue habiendo poca financiación para las empresas nacionales de alto riesgo, especialmente en la fase de lanzamiento y posterior al desarrollo. Aunque se han lanzado al mercado algunas iniciativas innovadoras, la financiación de capital de riesgo y de fondos propios se mantiene a un nivel muy bajo. La investigación y la innovación en Chequia se ven obstaculizadas por la necesidad de una reforma sistémica. Aunque sigue creciendo constantemente la inversión privada en investigación y desarrollo, las empresas grandes, en su mayoría de propiedad extranjera, invierten mucho más que las pequeñas y medianas empresas nacionales en activos intangibles como la investigación y desarrollo. La industria de media y alta tecnología sufre escasez de mano de obra cualificada debido al escaso número de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a la formación inadecuada de los titulados. Al mismo tiempo, el fomento y el apoyo a la iniciativa empresarial siguen siendo bajos, lo que dificulta el crecimiento de la productividad. El alto grado de fragmentación en el sector de la investigación se traduce en una dispersión excesiva de la financiación en el ámbito de la investigación y desarrollo. La cooperación entre el sector público y el privado se ve obstaculizada por las prácticas actuales de evaluación de las carreras de los investigadores. Una cooperación más estrecha entre el mundo académico y empresarial, en particular a través de empresas derivadas, podría acelerar la transferencia de tecnología y la difusión de la innovación.

               (22)Las medidas de confinamiento a raíz de la COVID-19 han supuesto una carga para las cadenas de suministro y muchas empresas no han podido mantener su actividad, y carecen de reservas de liquidez. Los sectores del automóvil y de los servicios son los que se han visto más afectados. Las actividades de vigilancia del mercado están repartidas entre demasiadas autoridades, y la cooperación y la coordinación no son óptimas. La capacidad de los regímenes oficiales para proporcionar a las empresas garantías estatales no permite cubrir todas las solicitudes. Existe margen para mejorar la coordinación y agilizar los procesos a fin de canalizar el apoyo a las empresas. Algunas partes interesadas consideran que las medidas adoptadas por las autoridades para aliviar el impacto de la crisis de la COVID-19 son burocráticas, y su implantación en la economía real es lenta. Existe margen para mejorar el análisis de los datos necesarios a fin de tomar decisiones rápidas, informadas y óptimas sobre estrategias y medidas específicas de recuperación económica. En general, el sector empresarial considera que la legislación en rápida evolución y unos procedimientos administrativos complejos obstaculizan la inversión. La carga administrativa es especialmente problemática para las empresas emergentes en términos de licencias y permisos. Los largos y complejos procedimientos para obtener un permiso de construcción son un obstáculo importante. La nueva legislación propuesta en materia de construcción es objeto de críticas. Chequia es uno de los Estados miembros menos avanzados en cuanto a la utilización de servicios públicos digitales. El número de usuarios de la administración electrónica sigue estando muy por debajo de la media de la UE. El país está aplicando su plan de administración electrónica. A partir de 2020, el país cuenta con una nueva «constitución digital» que otorga derecho a recibir por vía electrónica casi todos los servicios públicos, a más tardar en 2025. No obstante, solo alrededor del 10 % de los municipios ofrecen soluciones en línea. El Parlamento está debatiendo actualmente un cambio del código fiscal, cuyo objetivo es aumentar la digitalización del sistema fiscal, ya que el porcentaje de presentación electrónica sigue siendo bastante bajo para determinados impuestos.

               (23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (24)Los resultados del sector público de Chequia y la eficacia gubernamental se sitúan por debajo de la media de la UE. Los indicadores internacionales en materia de acceso a la información de las autoridades públicas sobre elaboración de políticas son relativamente satisfactorios. No lo son tanto respecto a la profesionalidad de la función pública, la transparencia de la administración y el control de la corrupción. La eficiencia de la administración pública mejoraría con una mejor planificación estratégica, una mejor coordinación interministerial y una menor fragmentación de la administración local. El marco de contratación pública ha mejorado, pero puede ser objeto de nuevos ajustes. Pese a leves mejoras, la corrupción sigue constituyendo un problema para las empresas y puede seguir obstaculizando la actividad económica. Sigue pendiente la adopción de varias medidas de lucha contra la corrupción, como el proyecto de ley sobre grupos de presión o sobre protección de los denunciantes.

               (25)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Chequia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (26)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chequia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chequia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y política presupuestaria de Chequia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

               (27)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020
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               , y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Chequia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, tomar todas las medidas necesarias para combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Garantizar la resiliencia del sistema sanitario, mejorar la disponibilidad de personal sanitario, la atención primaria y la integración de la asistencia, así como el despliegue de servicios de sanidad electrónica.

               2.Apoyar el empleo mediante políticas activas del mercado de trabajo, el desarrollo de capacidades, incluidas las digitales, y el acceso al aprendizaje digital.

               3.Apoyar a las pequeñas y medianas empresas haciendo un mayor uso de los instrumentos financieros para garantizar el apoyo a la liquidez, la reducción de la carga administrativa y la mejora de la administración electrónica. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición verde y digital, en particular en infraestructuras y tecnologías digitales de gran capacidad, en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, y en infraestructuras de transporte sostenibles, incluso en las regiones carboníferas. Garantizar el acceso de las empresas innovadoras a la financiación, y mejorar la cooperación entre los sectores público y privado en materia de investigación y desarrollo.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 502 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        SWD(2020) 502 final.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 506 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Estonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Estonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Estonia
                  2
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Estonia con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Toda medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabía esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario que incluyan, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Estonia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 28 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente.

               (11)Estonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Estonia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no superase el 4,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. La valoración global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo a medio plazo en 2019. No obstante, en vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia, no está justificado adoptar nuevas medidas en el marco del procedimiento de desviación significativa.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo global se deteriore y pase de un déficit del 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,1 % del PIB en 2020. Se espera que el déficit disminuya al 3,8 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 8,4 % del PIB en 2019, aumentaría al 21,9 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre a raíz de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Estonia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y los sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente al 4,3 % del PIB. Las medidas comprenden el refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para empresas en dificultades, subsidios salariales temporales y mayores inversiones públicas. Por otra parte, Estonia ha anunciado medidas que, sin tener un efecto directo en el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas. Esas medidas comprenden garantías de préstamo y préstamos a empresas por un importe equivalente al 8,7 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Estonia están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas estonias sería del -8,3 % del PIB en 2020 y del -3,4 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021, y que en ese último año alcance el 22,6 % del PIB. La Comisión prevé un déficit público para 2020 inferior al del Programa de Estabilidad, lo que refleja las diferencias en las previsiones macroeconómicas.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por Estonia del valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)Entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, el Gobierno estonio declaró una situación de alarma debido a la pandemia de COVID-19. La respuesta inmediata del Gobierno se dirigía a evitar una mayor propagación del virus y a garantizar que la economía estonia pudiera funcionar con la máxima normalidad posible. Las restricciones para detener la propagación del virus han afectado gravemente a la economía. Desde que se declaró la situación de alarma, el número de desempleados oficialmente inscritos ha aumentado en un 35 %. El mayor número de nuevos desempleados se ha registrado en el sector del comercio minorista y los servicios de atención al cliente, la construcción, la restauración, el sector hotelero y el sector de la gestión de eventos. Se espera que la tasa de desempleo aumente al 9,2 % en 2020 y se recupere en 2021, cuando disminuiría hasta el 6,5 %. El 15 de abril de 2020, el Parlamento estonio aprobó el presupuesto suplementario de 2020. Se introdujeron nuevas medidas destinadas a preservar los puestos de trabajo, evitar los despidos masivos y garantizar la liquidez de las empresas. El presupuesto comprende una amplia gama de medidas, en particular de apoyo al sector sanitario, los municipios y determinados programas de inversión, así como un apoyo a la liquidez no selectivo para las empresas (como sistemas de garantía y aplazamiento de impuestos). Determinadas medidas específicas están diseñadas para las microempresas y el sector turístico, incluidas algunas medidas dirigidas en concreto a las regiones más afectadas. Se han introducido medidas impositivas adicionales, como una reducción temporal de los impuestos especiales sobre el gasóleo, el gas natural y la electricidad. El paquete de medidas prevé una suspensión temporal de las contribuciones estatales al régimen de pensiones del segundo pilar.

               (17)Estonia ha tomado medidas de calado para contener la propagación y las repercusiones sanitarias de la COVID-19. No obstante, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas deficiencias estructurales en el sistema sanitario relacionadas con la escasez de los recursos financieros y humanos disponibles. La resiliencia del sistema se ha visto socavada por la escasez de personal sanitario, la desigualdad en el acceso a la atención primaria y la disponibilidad de productos médicos críticos. Por otra parte, Estonia se enfrenta al reto de absorber la acumulación de tratamientos aplazados e inaccesibles como consecuencia de la situación de alarma. Además, antes incluso del brote, las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas en Estonia se encontraban entre las más elevadas de la Unión debido a los largos tiempos de espera tanto para la atención primaria como para la especializada. Estos factores y los riesgos relacionados con el estilo de vida explican el mal estado de salud de la población. La mejora de la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario es una condición previa para garantizar una respuesta eficiente ante pandemias y abordar los retos ligados al estado de salud de la población.

               (18)Mejorar la adecuación de la red de seguridad social es un desafío de larga data en Estonia. Ya antes de la crisis más reciente, las prestaciones sociales en Estonia se consideraban menos eficaces que la media de la UE para reducir la incidencia de la pobreza. Además, hay deficiencias en la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo para aquellos que ejercen formas de trabajo atípicas o que trabajan por breves períodos. Los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en el empleo y los ingresos, sumados a la falta de cobertura adecuada, podrían aumentar la pobreza, en particular para los hogares sin empleo. Estonia introdujo un régimen de reducción del tiempo de trabajo a modo de subvención especial para que las empresas afectadas mantuvieran los puestos de trabajo. La medida se limita a un período de dos meses, que podría ser insuficiente para mitigar los efectos de la crisis, ya que es posible que las dificultades se prolonguen y que algunos sectores económicos sientan los efectos con retraso. La pandemia ha agravado las dificultades para proporcionar servicios sociales asequibles y disponibles, en particular los servicios de cuidados de larga duración, especialmente para las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes tienen bajos ingresos. Seguir adelante con el plan para desarrollar una oferta integrada de servicios sociales y sanitarios ayudaría a afrontar estos retos. Es importante garantizar la participación significativa y oportuna de los interlocutores sociales en el diseño del proceso de salida y recuperación, al tiempo que se refuerza su capacidad para hacerlo.

               (19)La crisis de la COVID-19 ha afectado a empresas estonias de muchos sectores, pero son las pequeñas y medianas empresas las peor paradas. Las repercusiones negativas para las actividades económicas han venido motivadas no solo por las restricciones, sino también por la caída de la demanda en los mercados de exportación y las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales. Las medidas de apoyo a la liquidez adoptadas por el Gobierno están concebidas para ayudar a mitigar esas repercusiones, pero será fundamental que se apliquen de forma rápida y eficaz para apoyar a las empresas viables de todos los sectores afectados, al tiempo que se apoya la resiliencia del sector bancario. El aplazamiento de impuestos y de créditos también puede contribuir a mejorar la tesorería de las pequeñas y medianas empresas. Además, el proceso de recuperación dependerá del acierto con que se enfoquen las inversiones. La crisis actual ha puesto en evidencia la importancia de las soluciones digitales e innovadoras para mantener la economía en funcionamiento. Aunque la administración electrónica ha funcionado bien, una mayor digitalización de las pequeñas y medianas empresas aumentaría su resiliencia y ayudaría a acelerar la recuperación, además de incrementar la productividad a medio plazo. En los últimos años, la economía en su conjunto se ha ido digitalizando cada vez más. No obstante, hasta el momento, el ritmo de asimilación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector manufacturero ha sido lento. Si bien el rendimiento global de Estonia en materia de innovación mejoró en 2019, el sector empresarial sigue presentando bajos niveles de capacidad y actividad en relación con la innovación basada en la investigación. La innovación basada en la investigación y la introducción de soluciones innovadoras en las empresas podrían mejorar la situación competitiva del país e impulsar el crecimiento económico. A fin de ayudar a las empresas a recuperarse de la crisis, habrá que garantizar un buen acceso a la financiación, en particular a la financiación mediante fondos propios para las empresas emergentes.

               (20)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, especialmente a través de reformas pertinentes. Como se refleja en particular en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el crecimiento sostenible de Estonia depende de los avances hacia la descarbonización mediante la reducción de la intensidad de carbono en el sector de la energía y el transporte y en los edificios, la reestructuración de la industria del esquisto bituminoso y la mejora de la productividad de los recursos, incluida la introducción de modelos de negocio de la economía circular. La productividad de los recursos de Estonia es una de las más bajas de la Unión, mientras que los niveles de consumo de energía están por encima de la media de la UE. Contar con una estrategia general sobre economía circular, como complemento al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, podría contribuir a la transición hacia la descarbonización, reducir el impacto ambiental negativo de la industria del esquisto bituminoso e impulsar la economía. Como país periférico con baja densidad de población, un sistema de transporte interconectado y que funcione correctamente resulta fundamental para la actividad económica y las exportaciones de Estonia. La infraestructura de transporte de Estonia presenta algunas deficiencias en términos de conectividad y sostenibilidad. El transporte por ferrocarril y el transporte intermodal siguen infradesarrollados. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado en los últimos años, y las energías renovables en el transporte todavía están por debajo de los objetivos nacionales. El proyecto «Rail Baltica» y los proyectos de interconexión energética figuran entre las principales prioridades de inversión de Estonia de cara a mejorar su seguridad y su integración en el mercado único. Es clave promover los proyectos de inversión que tengan en cuenta la dimensión medioambiental y climática para lograr una recuperación económica sostenible y reducir las disparidades regionales. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Estonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en el territorio contemplado en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Estonia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (21)El sector bancario estonio es en general sólido, pero persisten los riesgos de blanqueo de capitales. Aunque se han tomado medidas para limitar la exposición a los riesgos reduciendo los depósitos de no residentes, el análisis nacional de riesgos no contempla otros productos que podrían presentar riesgos, como los servicios de custodia para clientes no residentes. Una actualización del análisis nacional de riesgos garantizaría una identificación adecuada de estos y permitiría poner en marcha las medidas de mitigación necesarias. Si bien se han adoptado medidas de supervisión contra los bancos y las entidades de pago incumplidores, hay margen para mejorar aún más la eficacia de la supervisión y de la aplicación de esas medidas. En particular, aún no se ha adoptado una serie de instrumentos legislativos destinados a reforzar el marco preventivo y el decomiso y a aumentar las sanciones administrativas. Las investigaciones sobre los casos de blanqueo de capitales avanzan con lentitud. Todavía no se ha reforzado lo suficiente la capacidad del supervisor financiero, y sigue sin aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo para la supervisión, en particular cuando se trata de inspecciones temáticas sobre el terreno. Falta proactividad en el intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera y las fuerzas de seguridad.

               (22)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (23)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Estonia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (24)Con miras a una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental que haya una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Estonia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (25)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Estonia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Ha valorado igualmente el Programa de Estabilidad de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Estonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de esta en las futuras decisiones nacionales.

               (26)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Estonia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a alcanzar una situación fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Mejorar la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario, en particular abordando el problema de la escasez de personal sanitario, reforzando la atención primaria y garantizando el suministro de productos médicos críticos.

               2.Reforzar la adecuación de la red de seguridad social, especialmente ampliando la cobertura de las prestaciones por desempleo.

               3.Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la digitalización de las empresas, la investigación y la innovación, la producción y el uso limpios y eficientes de energía, la eficiencia en el uso de los recursos y el transporte sostenible, con miras a propiciar una descarbonización progresiva de la economía. Apoyar la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas y garantizar un acceso suficiente a la financiación.

               4.Redoblar los esfuerzos para garantizar la supervisión y aplicación efectivas del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 505 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5), y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 501 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Bélgica

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Bélgica

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Bélgica
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                se publicó el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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                y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, provocando la volatilidad de los mercados financieros, causando perturbaciones en la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone además una amenaza para el empleo y la renta de las personas y la actividad de las empresas. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo repercusiones negativas significativas en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros aceptaron la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Por lo que respecta al componente corrector, el Consejo también puede decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros apartarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y protección en el lugar de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para recobrar un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo de la crisis todas las lecciones pertinentes.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha dejado patente la necesidad de disponer de planes de preparación frente a las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, unas cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ha modificado ya los marcos legislativos pertinentes
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                para permitir que los Estados miembros movilicen todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan paliar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. A través de esas modificaciones se logrará mayor flexibilidad, así como la simplificación y racionalización de los procedimientos. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Bélgica a que aproveche plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por los desafíos actuales.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual entre las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades interregionales e intrarregionales en Bélgica. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda.

               (12)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto
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                no rebasara el 1,8 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Dado que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, Bélgica cumplía los requisitos necesarios para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en virtud de la cláusula de reforma estructural, el ajuste estructural requerido para 2019 se redujo al 0,1 % del PIB, lo que corresponde a una tasa de incremento nominal del gasto primario neto no superior al 2,8 % en 2019. La evaluación general de la Comisión confirma una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019, considerados en su conjunto. Se trata de un factor pertinente recogido en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado por el que se evalúa el cumplimiento del criterio de deuda por parte de Bélgica en 2019.

               (13)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno planifica que el saldo global se deteriore pasando de un déficit del 1,9 % del PIB en 2019 a un déficit del 7,5 % en 2020. Tras haberse reducido hasta el 98,6 % del PIB en 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB se incremente hasta situarse en torno al 115 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por una gran incertidumbre como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

               (14)En respuesta a la misma, y en el marco de un enfoque de la Unión coordinado, Bélgica ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a aquellas personas y sectores que se han visto especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, estas medidas presupuestarias han ascendido al 2,3 % del PIB. Las medidas incluyen un régimen federal de prestaciones por desempleo temporal, una renta sustitutiva para los trabajadores autónomos, una provisión federal para los gastos relacionados con la crisis, así como diversas asignaciones regionales en favor de las empresas y subvenciones sectoriales. La cuantificación de las medidas que incrementan el déficit coincide en líneas generales con las estimaciones de la Comisión, una vez que se tiene en cuenta el trato diferente otorgado al coste de los estabilizadores automáticos. Además, Bélgica ha anunciado la adopción de medidas que, sin tener un impacto presupuestario directo, contribuirán a aportar liquidez a las empresas. Esas medidas consisten en garantías de préstamos federales y regionales en beneficio de las empresas y los trabajadores autónomos, que el Programa de Estabilidad de 2020 estima en el 11,8 % del PIB. También se han aplicado aplazamientos de pagos tributarios, especialmente en relación con los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y las cotizaciones a la seguridad social, aunque el Programa de Estabilidad de 2020 no los cuantifica. Globalmente, las medidas adoptadas por Bélgica se ajustan a las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada a la pandemia de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (15)Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de las políticas, el saldo presupuestario de las administraciones públicas de Bélgica sería del -8,9 % del PIB en 2020 y del -4,2 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 113,8 % del PIB en 2020.

               (16)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento de la norma en materia de deuda en 2019 por parte de Bélgica y del incumplimiento previsto del valor de referencia del déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis indica que el criterio de déficit y el criterio de deuda establecidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 no se cumplen.

               (17)En respuesta al brote de COVID-19, las autoridades belgas han adoptado un amplio paquete de medidas para mitigar el impacto social y económico de la aguda recesión económica. Se ha establecido un régimen de garantías por valor de 50 000 millones EUR para los nuevos créditos a corto plazo concedidos a las empresas viables. Las regiones y comunidades han introducido también en favor de las empresas garantías para préstamos puente y ordinarios, aportes de liquidez en forma de préstamos directos y medidas de apoyo financiero para las más afectadas por la crisis. El reembolso de créditos hipotecarios y préstamos a empresas en curso puede prorrogarse. Las empresas más afectadas pueden acogerse a una moratoria temporal de los procedimientos concursales. Se han introducido diferentes incentivos para animar a los trabajadores a permanecer en el puesto de trabajo o reanudar su actividad a fin de garantizar la continuidad de las actividades. El pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos, como el impuesto sobre el valor añadido o los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas, puede ser objeto de aplazamiento o condonación en algunos casos. El Gobierno federal ha puesto a disposición de las empresas afectadas por la crisis el régimen de prestaciones por desempleo temporal por motivos de fuerza mayor, que lleva aparejadas mayores ventajas. Se ha previsto una renta sustitutiva mensual para aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto interrumpida durante al menos siete días consecutivos. Se congela temporalmente la reducción progresiva de las prestaciones por desempleo. El Gobierno federal también está preparando un conjunto adicional de medidas para hacer frente a la insolvencia de las empresas, como una exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta para el ejercicio 2020.

               (18)El sistema de salud belga muestra un funcionamiento satisfactorio por lo que respecta a la prestación de cuidados intensivos en el medio hospitalario. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la resiliencia del sistema sanitario ante una crisis grave de salud pública. Ha evidenciado que Bélgica se enfrenta a una escasez estructural de personal sanitario que es preciso paliar. En un futuro inmediato, seguirá siendo fundamental garantizar el abastecimiento de suficientes productos médicos críticos, incluidos los equipos de protección, en particular para los trabajadores sanitarios y de otras profesiones de riesgo. Para garantizar la gestión eficaz de una crisis de salud pública como la provocada por la COVID-19 seguirá siendo esencial a corto y medio plazo aplicar una estrategia de salud pública que esté totalmente coordinada con las políticas de prevención y de cuidados de larga duración. En este contexto, se considera un componente importante la aplicación sin trabas del acuerdo sobre asistencia sanitaria pública alcanzado por la Conferencia Interministerial a fin de que el personal y las infraestructuras de los hospitales (una competencia federal) estén a disposición de los centros de cuidados de larga duración (una competencia de las comunidades).

               (19)Tras haberse alcanzado niveles de empleo récord en 2019 y principios de 2020, la crisis provocada por la COVID-19 ha paralizado bruscamente el crecimiento del empleo en Bélgica. Los regímenes estatales de apoyo a la renta en vigor en el país, como el régimen de prestaciones por desempleo temporal para los trabajadores por cuenta ajena y el derecho de transición para los trabajadores autónomos, ofrecen una compensación parcial por las pérdidas de ingresos debidas a la reducción del tiempo de trabajo. Estos regímenes de reducción del tiempo de trabajo desempeñan un papel importante a la hora de atenuar el impacto de la disminución de la producción sobre los niveles de empleo. No obstante, se espera que el desempleo aumente hasta el 7 % en 2020 y disminuya ligeramente hasta situarse en el 6,6 % en 2021. A fin de evitar que el incremento del desempleo adquiera carácter estructural, será preciso realizar esfuerzos adicionales a fin reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo existentes, que sigue siendo exigua, como demuestra la coexistencia de una elevada proporción de desempleados que participan en medidas activas del mercado de trabajo con una baja transición del desempleo al empleo. Debe prestarse especial atención al establecimiento de un enfoque global que integre a las personas más alejadas del mercado de trabajo, que serán probablemente las más afectadas por las consecuencias socioeconómicas negativas de la crisis. Entre los grupos vulnerables cabe citar, en particular, a las personas poco cualificadas, de origen migrante y discapacitadas. Por otra parte, la cuña impositiva sobre el trabajo sigue siendo en promedio elevada en todos los niveles de salarios, excepto por lo que respecta a los trabajadores con sueldos muy bajos (50 % del salario medio). Se trata de un importante factor de la relativa elevación de los costes laborales, que podría afectar negativamente a la demanda de mano de obra, en particular en el caso de los empleos de baja productividad.

               (20)Debe fomentarse la movilidad laboral hacia los sectores que registran carencias importantes, como la salud, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las actividades técnicas y profesionales. Esta movilidad irá acompañada de importantes necesidades en términos de reciclaje y mejora de las cualificaciones y requerirá un incremento del nivel de participación de los adultos en la educación y formación, por ejemplo, aprovechando el tiempo que deja la jornada laboral reducida. Preocupa que los planes existentes en materia incentivación de la formación no lleguen a quienes más se beneficiarían de ellos, es decir las personas poco cualificadas, los trabajadores de más edad y las personas de origen migrante. La deficiencia de competencias lingüísticas es un obstáculo importante, en particular en Bruselas, ciudad con un régimen bilingüe. Las comunidades están tomando medidas para que se incremente la elección de estudios científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticas, pero existe margen para implantar estrategias más globales a fin de satisfacer la futura demanda del mercado de trabajo. El nivel general de competencias digitales es satisfactorio, pero permanece estancado. Entre los jóvenes, y en particular entre aquellos con un bajo nivel educativo, el nivel de capacidades digitales es inferior a la media de la UE y ha empeorado en los últimos años. Para que quede garantizado el acceso al aprendizaje a distancia es esencial que todos los alumnos dispongan del equipo y las conexiones a Internet apropiados y que los profesores tengan acceso a formación y a los programas de tutorización necesarios. Esa medida es asimismo necesaria para que las desigualdades existentes en el sistema educativo no se agraven como consecuencia de la crisis.

               (21)Bélgica ha adoptado numerosos regímenes para apoyar la liquidez de las empresas, incluido un régimen de garantías estatales para préstamos y varios regímenes regionales notificados en el marco temporal de medidas de ayuda estatal a fin de apoyar la economía en el actual brote de COVID-19. Es esencial lograr una aplicación eficiente y efectiva de dichos regímenes, también por parte de los intermediarios, a fin de garantizar que las empresas, especialmente las de pequeño y mediano tamaño, y los trabajadores autónomos se benefician de ellos de forma que queden protegidos y puedan recuperarse con mayor rapidez. En el proceso de diseño y aplicación de estas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario, incluidos los intermediarios.

               (22)A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la carga administrativa sobre las empresas supone unos 7 000 millones EUR anuales (1,6 % del PIB), la mayoría de los cuales en concepto de cumplimiento de la legislación tributaria y laboral. El sistema tributario es complejo debido a los diversos gastos fiscales. A las empresas les resulta difícil gestionar las nóminas, en particular en aquellos casos en que tienen que lidiar con los distintos sistemas regionales. Las autoridades públicas están demorando de forma creciente los pagos a las empresas, lo que contribuye a la quiebra de estas últimas y al deterioro del clima empresarial. Se están produciendo grandes retrasos en la concesión de permisos de construcción y en las conexiones para el suministro de agua y electricidad. El proceso de transmisión de la propiedad se encuentra entre los más lentos y caros de la UE. Existen importantes discrepancias regionales en cuanto a los requisitos de entrada para los servicios de artesanía y de construcción. Las normas sobre el horario de apertura de los comercios, las promociones de ventas, los descuentos y los canales de distribución de medicamentos no sujetos a prescripción lastran el entorno operativo de los minoristas. El despliegue de la tecnología 5G se está conteniendo, entre otras cosas, mediante la fijación de límites de radiación estrictos (especialmente en Bruselas) que varían según las regiones, el gravamen de las antenas con impuestos elevados en Bruselas y la dilatación de los plazos de concesión de los permisos necesarios para la instalación de las antenas. En el ámbito de la insolvencia, no existe ningún procedimiento especial simplificado de conciliación extrajudicial para las pequeñas y medianas empresas y solo los deudores pueden iniciar procedimientos de insolvencia. A pesar de las mejoras graduales, la informatización insuficiente y la falta de recursos siguen suponiendo un reto para el sistema judicial. La duración de los procedimientos en el ámbito de la justicia administrativa provoca importantes demoras en la tramitación de los casos relacionados con la contratación pública y la obtención de permisos de construcción. Las principales autoridades responsables de la vigilancia del mercado, la competencia y el transporte ferroviario carecen de personal suficiente para llevar a cabo sus tareas.

               (23)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Como se indica en el Plan Nacional de Energía y Clima para el período 2021-2030 de Bélgica, este país tiene importantes necesidades de inversión en transporte sostenible, especialmente para hacer frente a la congestión del tráfico y la movilidad eléctrica. Antes de la crisis, las regiones belgas habían anunciado importantes planes plurianuales para infraestructuras de transporte. Se están llevando a cabo inversiones de calado en los servicios ferroviarios de cercanías en torno a Bruselas, sí como en las señalizaciones, y conexiones ferroviarias portuarias y transfronterizas. El Plan Nacional también ha identificado importantes necesidades de inversión en la generación de energía renovable y flexible, interconexiones, redes inteligentes, almacenamiento y eficiencia energética con vistas a cumplir los objetivos europeos en materia de energía, respetar el compromiso de Bélgica de ir eliminando gradualmente la energía nuclear de aquí a 2025 y renovar en un 80 % el parque inmobiliario construido antes de la introducción de las normas en materia energética. En contraste con la intensidad relativamente elevada de la Investigación y Desarrollo (I+D) privada, la intensidad de la I+D pública sigue siendo ligeramente inferior a la de la mayoría de los Estados miembros con un nivel de desarrollo económico similar. Bélgica corre el riesgo de quedarse rezagada en el despliegue de la tecnología 5G, ya que no tiene previsto asignar bandas pioneras 5G en los plazos fijados en la legislación de la Unión. En marzo de 2020, las autoridades belgas iniciaron una consulta pública sobre la concesión de licencias nacionales temporales para los 200 MHz del espectro disponible en la banda de 3,6-3,8 GHz, como solución temporal. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Bélgica a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría al país garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (24)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Dichas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (25)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Bélgica contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (26)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Bélgica debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (27)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Ha evaluado también el Programa de Estabilidad de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones a las futuras decisiones nacionales desde el nivel de la Unión.

               (28)A la luz de esa evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, adoptar todas las medidas necesarias para combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia general del sistema sanitario y garantizar el suministro de productos médicos esenciales.

               2.Mitigar el impacto de la crisis desde el punto de vista social y del empleo, en particular mediante el fomento de medidas eficaces y activas del mercado laboral y el estímulo del desarrollo de capacidades.

               3.Garantizar la aplicación efectiva de las medidas de aporte de liquidez a fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos y mejorar el entorno empresarial. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en las infraestructuras para un transporte sostenible, la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, las infraestructuras digitales, como las redes 5G y Gigabit, y la investigación e innovación.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 500 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 1.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos correspondientes a programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.