title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Letonia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/86

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Letonia
      (2019/C 301/14)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo. En particular, centrar la política económica relacionada con la inversión en los ámbitos indicados y en medidas destinadas a mejorar las capacidades contribuirá a dar efecto a la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a las mejoras de la productividad para reequilibrar la zona del euro, y las medidas fiscales contribuirán a dar efecto a la tercera recomendación para la zona del euro en lo que respecta al funcionamiento del mercado de trabajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Letonia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores y los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 15 de abril de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 el 17 de abril de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé una mejora del saldo presupuestario desde un déficit del 1,0 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 hasta un déficit del 0,5 % del PIB en 2019, del 0,4 % del PIB en 2020 y del 0,2 % del PIB en 2021. Basándose en el saldo estructural recalculado (6), se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit del 1 % del PIB en términos estructurales, en 2019, teniendo en cuenta el margen vinculado a la aplicación de las reformas estructurales para las que se ha concedido una desviación temporal. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB se reduzca hasta el 33,1 % del PIB para 2022. Las previsiones relativas al crecimiento del PIB del Programa de Estabilidad de 2019 son verosímiles. Los riesgos para la situación presupuestaria son equilibrados.

                  (7)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó que Letonia alcanzara su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes vinculados a la aplicación de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 4,8 % en 2019, lo que corresponde a una mejora en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Según indican las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se espera que Letonia se acerque a su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a la aplicación de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Así pues, la actual evaluación indica que existe un riesgo de cierta desviación en 2019. Al mismo tiempo, la tasa prevista de crecimiento nominal del gasto público primario neto apuntaría actualmente a un riesgo de desviación significativa del objetivo en 2019. Si la previsión del saldo estructural deja de situarse en las cercanías del objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a la aplicación de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal, en futuras ediciones la evaluación global tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desviación de dicho objetivo.

                  (8)

                  En 2020, en vista de la previsión de una brecha de producción del 1,3 % en Letonia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 3,5 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,5 % del PIB derivado de la matriz de exigencias de ajuste consensuada en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según indican las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión para el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, se espera que Letonia se acerque a su objetivo presupuestario a medio plazo. Así pues, la actual evaluación indica que existe un riesgo de cierta desviación en 2020. Al mismo tiempo, la tasa prevista de crecimiento nominal del gasto público primario neto apuntaría actualmente a un riesgo de desviación significativa del objetivo en 2020. Si la proyección del saldo estructural deja de situarse en las cercanías del objetivo presupuestario a medio plazo, en futuras ediciones la evaluación global tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desviación de dicho objetivo. En general, el Consejo considera que Letonia ha de estar preparada para adoptar nuevas medidas a partir de 2019 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  Los ingresos fiscales de Letonia, expresados como porcentaje del producto interior bruto, son inferiores a la media de la Unión y limitan en cierta medida la prestación de servicios públicos, en particular la asistencia sanitaria, y la inclusión social. El capital y el patrimonio están sometidos a una imposición relativamente baja, y la congelación de los valores en los que se basa el cálculo de los impuestos sobre el suelo y el patrimonio va a seguir reduciendo la recaudación correspondiente. Al mismo tiempo, la carga fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta para los trabajadores con salarios bajos en comparación con la media de la Unión, a pesar de haberse reducido. La proporción de la economía sumergida, según diferentes estimaciones, habría descendido en los últimos años. No obstante, el porcentaje de la actividad económica no registrada en Letonia supera al de otros Estados bálticos. En particular, los salarios no registrados («sueldos en mano»), especialmente en el sector de la construcción, representan una gran proporción de la economía sumergida.

                  (10)

                  Tras el cierre del tercer mayor banco del país debido a acusaciones de blanqueo de capitales, Letonia endureció la normativa aplicable a clientes no residentes. Como consecuencia, los depósitos de no residentes, que son la mayor fuente de riesgo de blanqueo de capitales en Letonia, han descendido significativamente desde mayo de 2018, pero la lucha contra el blanqueo de capitales sigue adoleciendo de deficiencias. Además, Letonia ha presentado un plan de acción detallado para mejorar su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las principales prioridades enumeradas en el plan de acción incluyen el refuerzo de la supervisión en función del riesgo, la asignación de los medios humanos necesarios a las autoridades de supervisión y la garantía de un intercambio de información y una colaboración eficaces entre las autoridades encargadas de la investigación y de estas con el sector privado. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas. Finalmente, es necesario aumentar la capacidad de las autoridades policiales y judiciales.

                  (11)

                  Letonia se enfrenta a dificultades en cuanto al cumplimiento de varios de los principios de protección e inclusión sociales recogidos en el pilar europeo de derechos sociales. La desigualdad de ingresos es elevada, y la redistribución a través del sistema fiscal y de prestaciones es baja. La adecuación de las prestaciones sociales sigue siendo escasa y el efecto de las transferencias sociales sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad es limitado. El riesgo de pobreza entre los ancianos y las personas con discapacidad es relativamente elevado, y está en aumento debido a que el ritmo de crecimiento de las prestaciones no se ajusta al de los salarios. El índice de riesgo de pobreza o de exclusión social era del 49,0 % en el caso de los ancianos en 2018 (frente a una media del 18,2 % en la Unión en 2017) y del 40,7 % en el de las personas con discapacidad en 2017 (frente a una media del 29,3 % en la Unión ese mismo año). Las prestaciones públicas de seguridad social para las personas con discapacidad y las pensiones mínimas de jubilación no se han revisado desde 2006. La reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014, no se ha materializado, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. El acceso a la asistencia de larga duración también se mantiene en niveles bajos. En consecuencia, se necesitan inversiones para atajar la exclusión social, en particular para prestar ayuda alimentaria y material a los más desfavorecidos. Además, es necesario invertir, incluso en infraestructuras, para mejorar el acceso a la atención a la infancia, la asistencia de larga duración, el empleo y otros servicios sociales, además de para posibilitar la integración de los servicios sanitarios y los sociales, que incluya la transición de una asistencia institucional a una de naturaleza comunitaria. El porcentaje de personas que sufren privación grave de vivienda es uno de las más altos de Europa (15,2 % frente al 4,0 % de media en la Unión en 2017) y la vivienda social escasea. Se necesitan inversiones para mejorar la provisión de viviendas asequibles.

                  (12)

                  Aunque los índices de empleo generales son altos y van en aumento, el número de personas empleadas se ve negativamente afectado por la evolución demográfica adversa y la emigración. Además, el empleo presenta disparidades por región y por nivel de capacidades. Las personas de más edad y con capacidades obsoletas encuentran mayores dificultades. El bajo nivel de capacidades digitales entre los trabajadores limita el uso de tecnologías digitales por parte de las empresas y las posibilidades de innovación. La participación de los adultos en actividades de aprendizaje y la implicación de los desempleados en las medidas activas del mercado de trabajo es inferior a la media de la Unión.

                  (13)

                  El sistema educativo se enfrenta a dificultades para consolidar sus recursos al mismo tiempo que mejora su calidad y su eficiencia. Aunque los indicadores del sistema educativo son buenos en términos de resultados del aprendizaje, el acceso a una educación de calidad sigue dependiendo del lugar de residencia y del tipo de centro de que se trate. La reforma curricular en la formación profesional, que tenía por objetivo ajustar esta a las nuevas exigencias en materia de capacidades, ha avanzado, y el entorno de los centros de formación profesional ha experimentado una importante mejora. No obstante, su atractivo sigue siendo reducido, y tanto el índice de matriculaciones como el de empleo de los titulados recientes se sitúan por debajo de la media de la Unión.

                  (14)

                  La garantía de la disponibilidad de capacidades es uno de los principales aspectos en los que la necesidad de inversiones sigue siendo notoria. Son necesarias inversiones adecuadas, también a través de las infraestructuras, para mejorar la calidad, la eficacia y la adecuación al mercado de trabajo de la educación y la formación, así como para promover un aprendizaje permanente, en particular oportunidades flexibles de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. También es necesario dedicar inversiones a la mejora del acceso al empleo, en particular el alcance y la cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo, el aumento de la empleabilidad de los trabajadores y la movilidad laboral entre sectores y regiones. En un contexto más amplio, el refuerzo de las capacidades de los interlocutores sociales es importante para promover unas condiciones laborales justas y cumplir lo dispuesto en el pilar europeo de derechos sociales.

                  (15)

                  El bajo nivel de gasto público en asistencia sanitaria y un estilo de vida poco saludable son las principales razones de los malos resultados en cuanto a la salud de la población. Se espera que el reciente aumento en la financiación de la asistencia sanitaria solucione algunas restricciones de acceso relacionadas con los límites del servicio anual y los largos plazos de espera. Sin embargo, la financiación pública destinada a la asistencia sanitaria sigue muy por debajo de la media de la Unión. Existen límites al acceso oportuno e igualitario a dicha asistencia, lo que conduce a unos altos índices de necesidades no satisfechas declaradas, debido a unos elevados pagos directos, especialmente para los grupos vulnerables, y a la desigualdad de oportunidades. Las reformas destinadas a impulsar la eficiencia y la calidad en la asistencia sanitaria están permitiendo avanzar, pero se encuentran en fase temprana y deben acelerarse. Entre ellas se cuentan la inclusión de medidas de prevención eficaces, la racionalización del sector hospitalario, la mejora de la atención primaria y el enfoque en la gestión de la calidad. Además, Letonia se enfrenta a una escasez de trabajadores en el sector sanitario, especialmente de enfermeros, lo que dificulta la prestación sanitaria pública y pone en riesgo el éxito de las reformas en materia sanitaria. Si se lleva a efecto la división de los servicios sanitarios en dos cestas («mínima» y «completa»), se corre el riesgo de limitar aún más el acceso equitativo a la asistencia sanitaria, lo que podría conducir a resultados sanitarios desfavorables. Son necesarias inversiones adecuadas en el ámbito de la asistencia sanitaria, incluidas las infraestructuras, para mejorar la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria y con ello mejorar el estado de salud de la población y garantizar vidas laborales más saludables y prolongadas.

                  (16)

                  Letonia invierte poco en investigación y desarrollo, y adolece de una importante brecha de inversión en innovación. En 2017, el porcentaje de gasto de Letonia en investigación e innovación estaba entre los más pequeños de la Unión, y se ha mantenido bastante estable a lo largo de la década. Además, la financiación de la investigación se basa casi totalmente en fondos de la Unión. En consecuencia, Letonia es un innovador moderado con algunos puntos fuertes, como sus infraestructuras de información, comunicaciones y tecnología, pero sus resultados son mejorables en recursos humanos, cooperación entre el sector público y el privado e inversión en propiedad intelectual.

                  (17)

                  Aún persisten importantes brechas de inversión en lo que respecta a las disparidades regionales. Las diferencias económicas entre Riga y las demás regiones de Letonia siguen siendo importantes. Aunque Letonia en su conjunto está avanzando en la vía de la convergencia con la Unión, la brecha en cuanto a resultados económicos entre la región de la capital y las demás regiones no se ha reducido desde la adhesión del país a la Unión. La competitividad y la calidad de los servicios públicos difiere considerablemente entre las diferentes regiones del país, lo cual influye en su atractivo territorial. Por tanto, las inversiones tienen que abordar las significativas diferencias regionales en materia de movilidad e infraestructuras digitales, en particular las conexiones de última milla. Las brechas de conectividad en la Red Transeuropea de Transporte y con las regiones periféricas y fronterizas aún son extremadamente pronunciadas, lo que repercute negativamente en la actividad económica y las exportaciones de Letonia. También faltan inversiones para completar el proyecto Rail Baltica y los proyectos clave de infraestructura eléctrica que forman parte del plan de interconexión de los mercados bálticos de la energía. Además, también es necesario invertir en eficiencia de los recursos para acelerar la transición energética de Letonia. Son necesarios mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia energética general, en particular en los sectores residencial y del transporte.

                  (18)

                  La reciente adopción de la ley sobre denunciantes de irregularidades supone un hito positivo, y el organismo nacional de lucha contra la corrupción ha cobrado un reciente impulso gracias a su trabajo en el desvelamiento de casos de corrupción de alto nivel. No obstante, aún se percibe que la toma de decisiones por parte de las autoridades adolece de favoritismo y que el proceso de contratación pública es propenso a la corrupción por su falta de transparencia, en particular en los municipios y las empresas estatales y municipales. Las modificaciones de la Ley de Competencia que entran en vigor el 1 de enero de 2020 limitarán la capacidad que tienen las empresas estatales y municipales de repercutir negativamente en la competencia con sus actividades. Las modificaciones legislativas relativas al régimen de los conflictos de intereses pueden dar lugar a abusos. El recientemente adoptado Código Ético no se aplica a los cargos designados políticamente.

                  (19)

                  Los servicios públicos no se han adaptado al descenso y el envejecimiento de la población. El descenso de la población y la urbanización provocan la infrautilización de las infraestructuras y los servicios públicos en las zonas rurales. La administración pública, la educación y los servicios sanitarios requieren estrategias para preservar el acceso a servicios de calidad en zonas escasamente pobladas y en proceso de reducción poblacional, al mismo tiempo que se vela por una mayor eficiencia. Recientemente se ha anunciado la puesta en práctica de una reforma territorial administrativa general para diciembre de 2021. La aplicación oportuna de esta reforma podría contribuir a mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia del sector público, más aún a la luz del programa operativo para los fondos de la Unión cuya aprobación está prevista para el año 2020.

                  (20)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias expuestas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Letonia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores enumerados, habida cuenta de las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

                  (21)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (22)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 3,5 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Reducir la tributación para los trabajadores con salarios bajos, trasladando la fiscalidad a otras fuentes, en particular el capital y el patrimonio, y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

         2.

            Hacer frente a la exclusión social, en particular mejorando la adecuación de las prestaciones de renta mínima, las pensiones mínimas de vejez y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación, en particular de los trabajadores con baja cualificación y de los demandantes de empleo, entre otras medidas reforzando la participación en la formación profesional y la enseñanza para adultos. Mejorar la accesibilidad, la calidad y la eficiencia en términos de costes del sistema de asistencia sanitaria.

         3.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en la innovación, la provisión de viviendas asequibles, el transporte, en particular su sostenibilidad, la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética, las interconexiones de energía y las infraestructuras digitales, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

         4.

            Reforzar la rendición de cuentas y la eficiencia del sector público, en particular en lo que respecta a las autoridades locales y las empresas estatales y municipales y al régimen de los conflictos de intereses.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 60.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Luxemburgo

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/97

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Luxemburgo
      (2019/C 301/16)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Luxemburgo debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo. En particular, la concentración de la política económica de inversión en los ámbitos especificados y la respuesta a los pagos salientes contribuirán a satisfacer la segunda recomendación para la zona del euro en lo referente al apoyo a la inversión y la planificación fiscal abusiva, y las medidas para mejorar la participación de las personas mayores en el mercado laboral contribuirán a poner en práctica la tercera recomendación de la zona del euro por lo que respecta a garantizar un sistema de protección social adecuado y sostenible.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Luxemburgo se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Luxemburgo de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Luxemburgo hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 30 de abril de 2019, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Luxemburgo se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé un descenso del superávit global del 2,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 1,0 % del PIB en 2019, seguido posteriormente de un incremento casi constante, para alcanzar un superávit del 2,2 % del PIB en 2023. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), el objetivo presupuestario a medio plazo, que ha pasado de un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2019 a un superávit, en términos estructurales, del 0,5 % del PIB a partir de 2020, se supera durante todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB permanezca muy por debajo del 60 % del PIB establecido como valor de referencia en el Tratado. La hipótesis macroeconómica en que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista durante todo el período cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019, excepto en 2023, cuando es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,9 % del PIB en 2019 y del 0,5 % del PIB en 2020, inferior, en particular en 2020, a lo previsto en el Programa de Estabilidad de 2019, aunque todavía superior o igual al objetivo presupuestario a medio plazo. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de una cuidadosa supervisión a corto y medio plazo, especialmente ante los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos. En general, el Consejo considera que Luxemburgo probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (7)

                  A pesar de las reformas recientes, se prevé que en Luxemburgo el gasto derivado del envejecimiento de la población (gastos en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración) aumente notablemente a largo plazo. Si no se introducen cambios estratégicos en el sistema actual, esto podría poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, a pesar del bajo nivel actual de deuda pública y de las reservas acumuladas del sistema de seguridad social, que se espera que garanticen la viabilidad del sistema hasta 2041. Desde 2011 se vienen dirigiendo a Luxemburgo recomendaciones en relación con este problema, pero hasta la fecha los progresos han sido limitados. En su informe de 2018, el grupo de trabajo sobre pensiones del Gobierno debatió una serie de fórmulas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, en particular el aumento gradual del porcentaje de cotización, el incremento de la edad de jubilación para tener en cuenta la mayor esperanza de vida y el fomento de la jubilación gradual. En el informe se propone una estrategia de reformas calibradas en varios frentes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema y minimizar al mismo tiempo las repercusiones tanto sobre la economía como sobre los pensionistas. El aumento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población también amenaza la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración. Más de tres cuartas partes del gasto en cuidados de larga duración proceden de fuentes públicas. Según un análisis llevado a cabo en 2013 por la Inspección General de la Seguridad Social, el sistema de seguros de cuidados de larga duración debería permanecer estable desde el punto de vista financiero hasta 2030 si el porcentaje de cotización aumentara gradualmente del 1,4 % al 1,7 %, con el fin de mantener los costes en línea con la proporción de personas dependientes. No obstante, aún no está claro cuáles van a ser los efectos desde el punto de vista de la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Para sostener la cohesión social y las finanzas públicas a largo plazo, las políticas demográficas deberían concordar con las políticas de educación y formación y adoptar un enfoque holístico para tener en cuenta tanto los retos como las oportunidades de los cambios demográficos y de la economía digital, habida cuenta del impacto previsto del envejecimiento de la población sobre la oferta de mano de obra en un futuro próximo. La escasez de mano de obra ha empezado a detectarse recientemente en algunos sectores, lo que podría frenar el aumento de la productividad y reducir el potencial de crecimiento a largo plazo.

                  (8)

                  A pesar del buen funcionamiento global del mercado de trabajo, la tasa de empleo se está estancando, y algunos colectivos específicos siguen teniendo dificultades particulares en el mercado de trabajo. En concreto, la tasa de empleo de las personas de edad avanzada sigue siendo especialmente baja, y se requieren nuevas medidas para reforzar su participación en el mercado de trabajo. Siguen estando generalizados los regímenes de jubilación anticipada que fomentan que los trabajadores abandonen el empleo: así, en 2017 el 57,5 % de las nuevas pensiones asignadas correspondían a jubilaciones anticipadas. En 2018, el Gobierno suprimió uno de los regímenes de prejubilación que permitían la jubilación a partir de los 57 años, pero el efecto de esa reforma se vio debilitado porque se redujeron las restricciones a otros regímenes de jubilación anticipada. Las bajas tasas de actividad de las personas de edad avanzada se deben también en gran medida a los desincentivos financieros al trabajo procedentes del sistema fiscal y de prestaciones, que son comparativamente altos para este grupo de edad. Fomentar el empleo de los trabajadores de edad avanzada requiere una estrategia general que incluya medidas para ayudarles a seguir en activo durante más tiempo. El «Pacto de la Edad», un proyecto de ley presentado al Parlamento en abril de 2014 con el objetivo de animar a las empresas con más de 150 empleados a contratar y mantener a trabajadores mayores gracias a medidas de gestión de la edad, está aún pendiente de aprobación en el Parlamento.

                  (9)

                  Aunque Luxemburgo mantiene su compromiso de mejorar el marco regulador para el sector de los servicios a empresas, los obstáculos normativos siguen siendo importantes en varios sectores, como los servicios jurídicos, contables y de arquitectura e ingeniería, de acuerdo con el indicador del efecto restrictivo de la Comisión (7). El índice de restricción del comercio de servicios dentro del EEE de 2018 de la OCDE, publicado en diciembre de 2018, confirmó también que el efecto restrictivo de la normativa de Luxemburgo con respecto a otros Estados miembros supera la media del mercado único en esos sectores.

                  (10)

                  El modelo económico de Luxemburgo presenta excelentes resultados acordes con una sólida y sostenida creación de empleo cualificado. Esto se ve respaldado por altos niveles de productividad, que reflejan en gran medida el aumento de la eficiencia resultante de la participación en los mercados mundiales, en particular en el sector financiero. No obstante, el aumento de la productividad se ha estancado en los últimos años, frenado por los bajos niveles de inversión empresarial en innovación e integración digital. La estrategia de Luxemburgo para diversificar su economía, mediante el desarrollo de sectores clave intensivos en conocimientos en una transición a una economía de los datos, presenta un gran potencial para estimular la inversión de alto valor añadido e impulsar el aumento de la productividad. En este contexto, la inversión pública sigue siendo alta y se mantiene centrada en esos sectores, en particular el potente sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, este hecho no ha contribuido a fomentar la inversión privada en innovación y digitalización. El aumento de la inversión en investigación e innovación, así como en la integración digital, especialmente en empresas, en particular las pequeñas y medianas, es importante para mejorar el aumento de la productividad y seguir diversificando la economía luxemburguesa. El desarrollo de un marco nacional coherente e integrado para las políticas de investigación e innovación y los instrumentos de apoyo, incluida la priorización basada en una evaluación sólida de las repercusiones económicas previstas, es esencial para que Luxemburgo pueda explotar todo el potencial de su ecosistema de innovación.

                  (11)

                  El aumento de la inversión en capacidades —especialmente en tecnologías de la información y de las comunicaciones—, empleabilidad, educación y formación, en particular una mejor adaptación de los planes de estudio a las necesidades del mercado laboral y el impulso de las transformaciones tecnológicas y digitales, es importante para mejorar la productividad, el empleo y el potencial de crecimiento a largo plazo de Luxemburgo, así como para fomentar la igualdad de oportunidades.

                  (12)

                  La contaminación atmosférica y la congestión del tráfico en las horas punta siguen siendo problemas graves para Luxemburgo, tanto desde el punto de vista de la competitividad como del medio ambiente. Además, las emisiones de CO2 del transporte por carretera contribuyen al cambio climático. Según las previsiones nacionales de 2017 presentadas a la Comisión, se teme que, si no se adoptan medidas adicionales, Luxemburgo no cumpla su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por una diferencia de 3 puntos porcentuales en 2020 y de 20 puntos porcentuales en 2030. El número de trabajadores transfronterizos, que en la actualidad representan alrededor del 45 % de los trabajadores luxemburgueses, la baja tributación del combustible para transporte y los elevados precios de la vivienda impulsan el uso de vehículos y son un obstáculo para la mejora de la calidad del aire y de las condiciones del tráfico. Entre tanto, el uso de combustibles alternativos en los turismos nuevos vendidos en Luxemburgo ha aumentado en los últimos años.

                  (13)

                  La insuficiente oferta de vivienda puede afectar negativamente al atractivo de Luxemburgo. La fuerte demanda de vivienda que registra el país sigue estando impulsada por el aumento de la población, por unas condiciones de financiación favorables y por una gran cantidad de trabajadores transfronterizos. La oferta de vivienda y la inversión inmobiliaria resultan insuficientes debido al escaso suelo disponible y a la poca densidad de vivienda, que a su vez se deben, principalmente, a la falta de incentivos para que los propietarios de terrenos construyan nuevas viviendas o vendan suelo. La oferta de viviendas sociales también es insuficiente, lo que pone de manifiesto la necesidad de invertir de forma significativa para aliviar las crecientes tensiones en el mercado inmobiliario. En ese sentido, las medidas estratégicas establecidas en el programa gubernamental para 2018-2023 tienen por objeto aumentar la oferta de vivienda. Entre ellas se incluyen cambios en la legislación sobre planificación urbana para incrementar las zonas edificables y promover la vivienda social y asequible.

                  (14)

                  Resulta fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación de 2019 para la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Luxemburgo ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero el alto nivel de pagos de dividendos, intereses y cánones como porcentaje del PIB indica que la normativa fiscal del país puede ser utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La mayor parte de la inversión directa extranjera está en manos de entidades con fines especiales. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) de intereses y cánones, y la exención de las retenciones en origen sobre los pagos de dividendos en circunstancias concretas pueden dar lugar a que se eluda totalmente el pago de impuestos por dichos pagos, si estos tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor.

                  (15)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Luxemburgo hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores identificados.

                  (16)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (17)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima (8) que cabe esperar que Luxemburgo cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Luxemburgo que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad mediante la mejora de sus oportunidades de empleo y su empleabilidad. Mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, incluso limitando aún más la jubilación anticipada.

         2.

            Reducir los obstáculos a la competencia en los servicios empresariales profesionales regulados.

         3.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en el fomento de la digitalización y la innovación, la promoción del desarrollo de capacidades, la mejora del transporte sostenible y el aumento de la oferta de vivienda, en particular mediante el aumento de los incentivos y la supresión de los obstáculos a la construcción.

         4.

            Abordar los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva, en particular a través de los pagos salientes.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 68.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  SWD(2016) 436 final

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Hungría

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/101

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Hungría
      (2019/C 301/17)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2019 sobre Hungría fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (3) y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 30 de abril de 2019, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé una mejora del déficit global hasta el 1,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2019, frente al 2,2 % en 2018. Se prevé que el déficit siga aumentando gradualmente hasta el 1,2 % en 2021 y alcance una situación presupuestaria equilibrada en 2023. Sobre la base del saldo estructural recalculado (5), en 2022 Hungría estaría próxima a su objetivo presupuestario a medio plazo —modificado de un déficit estructural del 1,5 % del PIB en 2019 al 1,0 % del PIB a partir de 2020— y lo alcanzaría al año siguiente. Con arreglo al Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente hasta quedar por debajo del 60 % a finales de 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2019 y claramente favorable a partir de 2020, lo que supone un riesgo para la consecución de los objetivos de déficit. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2020 no se han concretado suficientemente.

                  (6)

                  El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en 2017 existía en Hungría una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En vista de la desviación significativa observada, el 22 de junio de 2018 el Consejo emitió una Recomendación (6), en la que recomendaba a Hungría que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2018/2028 (8) en la que se establecía que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 22 de junio de 2018 y emitió una recomendación revisada (9). En la Recomendación de 4 de diciembre de 2018, el Consejo instaba a Hungría a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que correspondía a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El 14 de junio de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/1003 (10) en la que se establecía que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018. Además, y atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2018, se constató que Hungría presentaba una desviación significativa respecto al ajuste recomendado en 2018.

                  (7)

                  De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 5 de junio de 2019 la Comisión advirtió a Hungría de que en 2018 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 14 de junio de 2019, el Consejo adoptó una Recomendación (11) en la que se confirmaba la necesidad de que Hungría adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicha Recomendación en 2019.

                  (8)

                  En su Recomendación de 14 de junio de 2019, el Consejo recomendó a Hungría que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 4,7 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB. Esto situaría a Hungría en una trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, salvo un cambio de políticas, existe un riesgo de desviación de dicho requisito en 2020. En general, el Consejo considera que, a partir de 2019, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019, con vistas a corregir la significativa desviación observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

                  (9)

                  En un contexto de fuerte expansión económica, la tasa global de empleo ha mejorado significativamente, si bien no ha beneficiado por igual a todos los grupos de población. Las diferencias en materia de empleo y salarios entre grupos de cualificaciones y entre hombres y mujeres siguen siendo muy considerables en comparación con la media de la Unión. La amplia brecha de género en el empleo se debe en parte a la limitada oferta de buenos servicios de guardería. En el mercado laboral, es escasa la participación de una serie de colectivos vulnerables, como la población gitana y las personas con discapacidad. Pese a su reducción, sigue teniendo un alcance considerable el programa de obras públicas, que no consigue emplear a los participantes en el mercado de trabajo primario. Otras políticas destinadas a ayudar a las personas desempleadas o inactivas a encontrar trabajo o formación no son suficientemente específicas en cuanto a sus destinatarios. Desarrollar las competencias digitales podría contribuir a mejorar la empleabilidad. Hay medidas recientes que tienen por objetivo reincorporar a más trabajadores jubilados y aumentar su número a lo largo del tiempo. La situación general de la pobreza en Hungría ha mejorado desde 2013. La duración de las prestaciones de desempleo es la más corta de la Unión —tres meses como máximo—, muy por debajo del tiempo necesario por término medio para encontrar empleo.

                  (10)

                  Disminuye la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Es evidente el paso a unas prestaciones sociales para las familias basadas en el trabajo y a las prestaciones en especie, pero estas no van suficientemente dirigidas a los pobres. Si bien se han ampliado las subvenciones a la propiedad de las viviendas, no ha habido mejora alguna en la oferta de vivienda social.

                  (11)

                  Los resultados educativos se sitúan por debajo de la media de la Unión, con grandes disparidades territoriales. El abandono escolar prematuro es más alto, y la tasa de titulados en educación terciaria, más baja que la media de la Unión. El sistema educativo dificulta la movilidad social. Los alumnos son canalizados muy pronto a distintos tipos de centros escolares, con grandes diferencias en cuanto a resultados educativos y vías de acceso al empleo. La proporción de centros de educación primaria con presencia mayoritaria de alumnos romaníes aumentó del 10 % en 2008 al 15 % en 2017. Los efectos de las medidas recientes para una distribución equilibrada de alumnos desfavorecidos en los centros se ven limitados por la exención de las escuelas no estatales de la obligación de acoger a dichos alumnos. Los niños desfavorecidos tienden a concentrarse en los centros secundarios de formación profesional, caracterizados por niveles más bajos de capacidades básicas, mayores tasas de abandono escolar y menores perspectivas de remuneración y desarrollo profesional. La baja participación en la educación de calidad de los colectivos desfavorecidos, sobre todo los romaníes, es una oportunidad perdida para desarrollar el capital humano. Tampoco ayuda la escasez de profesores. Los salarios de los docentes han aumentado en los últimos años, pero siguen siendo relativamente bajos en comparación con otros titulados de la educación terciaria. El escaso número de estudiantes de educación superior no se corresponde con la fuerte demanda de trabajadores muy cualificados ni con la prima salarial de los titulados superiores, la más alta de la Unión. Los centros de enseñanza superior de Hungría tienen el menor grado de autonomía financiera de la Unión. También suscitan inquietud por la libertad académica los cambios introducidos en abril de 2017 en la Ley de Educación Superior, que imponen requisitos adicionales a las universidades internacionales para trabajar en Hungría. En 2018, la universidad húngara de mayor prestigio internacional anunció su intención de abandonar el país debido a la incertidumbre jurídica creada por estos cambios.

                  (12)

                  Los resultados de salud son peores que los de la mayoría de los demás Estados miembros, lo que refleja estilos de vida poco saludables y la eficacia limitada de la asistencia sanitaria. La prevalencia del tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad figura entre las más altas de la Unión. Debido a la mala calidad del aire, los húngaros corren el mayor riesgo de muerte prematura de la Unión. El número de muertes evitables es uno de los más altos de la Unión, debido en parte a un cribado inadecuado, en parte a la gestión de la atención primaria. Hay importantes disparidades socioeconómicas en el acceso a una asistencia de calidad. El gasto público en sanidad está por debajo de la media de la Unión, y los ciudadanos dependen de desembolsos directos para acceder a una asistencia de calidad, lo que agrava el riesgo de que se amplíe la brecha socioeconómica en la sanidad. El sistema sigue estando muy centrado en los hospitales y presentando deficiencias en atención primaria, sobre todo en cuanto a detección precoz y prevención de enfermedades crónicas. La gran escasez de personal sanitario, en concreto de médicos de atención primaria y de personal de enfermería, impide el acceso a la asistencia en las zonas más pobres.

                  (13)

                  Aumentar las capacidades de investigación e innovación podría mejorar los modestos resultados de Hungría en materia de innovación y aumentar la productividad. El bajo nivel de acumulación de activos intelectuales se refleja en la escasez de solicitudes de patentes, marcas y diseños, el reducido número de empresas innovadoras y el bajo grado de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas más pequeñas se muestran particularmente reacias a innovar, lo que las impide participar en las cadenas de valor mundiales. La I+D de las empresas se concentra en unas pocas grandes entidades, sobre todo de propiedad extranjera, y recibe generosas ayudas públicas. Apoyar la cooperación entre ciencia y empresa contribuiría a mejorar el rendimiento de la innovación y la transferencia de tecnología. La calidad de la ciencia pública se ve perjudicada por la ineficacia de las políticas de I+D y la falta de financiación, ya que el gasto del sector público en I+D está muy por debajo de la media de la Unión. Las recientes medidas estratégicas de recorte de fondos y restricciones a la independencia de los foros académicos y de investigación crean incertidumbre en este sector, lo que puede llevar al personal más brillante a emigrar y provocar un persistente declive de la calidad de la investigación.

                  (14)

                  La débil conectividad del transporte público local y el alto coste de los desplazamientos cotidianos contribuyen al desempleo en las zonas desfavorecidas. El deficiente estado de las redes viales y ferroviarias perjudica a la movilidad y reduce la seguridad del transporte: más de la mitad de la red de carreteras está en mal estado, sobre todo en las regiones desfavorecidas. Las redes de transporte están centradas en Budapest, sin que estén bien desarrolladas las redes locales y las conexiones transversales. La congestión vial es un problema creciente y un obstáculo para la productividad de las zonas urbanas húngaras. Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte por carretera han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.

                  (15)

                  Sigue dejando que desear la eficiencia energética en el sector residencial. La red eléctrica debe prepararse para el creciente papel de la generación descentralizada de electricidad a partir de fuentes renovables. La mitad del territorio de Hungría está muy expuesta a riesgos ligados al cambio climático, tales como sequías e inundaciones, lo que hace necesario invertir en gestión del agua en los principales ríos. Siguen causando preocupación la contaminación atmosférica y la calidad del agua. Las principales fuentes de contaminación son la combustión de combustibles sólidos, la agricultura y las emisiones del transporte. La economía circular aún está en fase inicial, el reciclado de residuos municipales no está suficientemente desarrollado y los instrumentos de política económica no bastan para hacer frente a los retos medioambientales de Hungría.

                  (16)

                  Persiste la inquietud por la prevención y persecución de la corrupción. Varios indicadores hacen pensar que ha aumentado en los últimos años la exposición de Hungría a la corrupción. Los riesgos de corrupción y el favoritismo falsean la asignación de recursos, que no se canalizan a las empresas más productivas. Para luchar contra la corrupción, es de vital importancia el funcionamiento de la fiscalía. Aunque parecen haberse aplicado con cierto éxito medidas de lucha contra la corrupción de poca monta, siguen sin verse medidas decididas en caso de acusaciones graves de corrupción contra funcionarios de alto nivel o su entorno inmediato. Preocupa la rendición de cuentas cuando se decide terminar las investigaciones, ya que contra este tipo de decisión no existen vías de recurso efectivas. También hacen difícil prevenir la corrupción las restricciones aplicadas por las instituciones públicas, tales como tarifas disuasorias para acceder a la información.

                  (17)

                  La independencia, eficacia y calidad del sistema de justicia son esenciales para atraer la actividad empresarial y favorecer el crecimiento económico. Los controles y contrapesos, cruciales para garantizar la independencia del poder judicial, se ven sometidos a una mayor presión en los tribunales ordinarios. El Consejo Nacional del Poder Judicial afronta crecientes dificultades a la hora de actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial. Se han planteado numerosos interrogantes sobre las consecuencias que esto tiene para la independencia judicial. Con respecto a la Ley de tribunales administrativos, cabe señalar que el 30 de mayo de 2019 el Gobierno presentó un proyecto legislativo por el que se retiraba la ley sobre la entrada en vigor y las disposiciones transitorias para los tribunales administrativos.

                  (18)

                  El marco de contratación pública ha mejorado en los últimos años, pero sigue habiendo obstáculos a la competencia. Entre ellos figuran el uso de procedimientos con publicidad limitada e irregularidades sistémicas en los procedimientos de licitación, sobre todo debido a unos procedimientos de selección y adjudicación inadecuados y al trato desigual de los licitadores. Aunque algunos indicadores indican mejoras, sigue siendo alto el número de procedimientos con un único licitador. Una utilización eficaz de la contratación pública electrónica permitiría aumentar la eficiencia y la transparencia.

                  (19)

                  En Hungría, las estructuras y procesos de diálogo social están infradesarrollados y no permiten una verdadera participación de los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de las políticas. Las deficiencias en cuanto a participación de las partes interesadas y la falta de transparencia socavan la base empírica y la calidad de la elaboración de políticas. El resultado son cambios frecuentes e imprevisibles de la normativa que desalientan de hacer inversiones de alto valor añadido.

                  (20)

                  Se han aplicado medidas para mejorar el sistema fiscal, pero aún hay algunas dificultades. Pese a haber disminuido, la presión fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta para los trabajadores con bajos ingresos. Los impuestos sectoriales y gran número de pequeños gravámenes complican el sistema fiscal y aumentan los costes de cumplimiento, sobre todo para las pequeñas empresas.

                  (21)

                  Las barreras reglamentarias y la participación estatal en los mercados de productos dificultan la selección de empresas eficientes y limitan la competencia. Las autoridades siguen encomendando determinados servicios a empresas estatales o empresas privadas creadas específicamente para estos fines. Una serie de normas y medidas creadas a medida, junto con las exenciones ad hoc al control de la competencia, impiden el funcionamiento del mercado y dificultan la inversión. Otro problema es la imprevisibilidad del marco jurídico, sobre todo en el sector minorista, que en los últimos años ha tenido que hacer frente a frecuentes cambios reglamentarios. En el último año se ha introducido una normativa que impone una autorización especial adicional para modificar el uso o diseño de locales comerciales. También sigue siendo restrictiva la regulación de las profesiones. La falta de competencia en estos sectores puede ir en detrimento de la innovación y la eficiencia.

                  (22)

                  Para que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, es fundamental combatir la planificación fiscal abusiva. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal agresiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Hungría ha tomado medidas contra la planificación fiscal agresiva, pero registra entradas y salidas de capital relativamente altas a través de entidades con fines especiales cuya incidencia en la economía real es escasa o nula. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes de dividendos, intereses y cánones (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) por empresas con sede en Hungría puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben.

                  (23)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría ayudar a abordar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Esto permitiría a Hungría hacer el mejor uso de esos fondos en los sectores enumerados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

                  (24)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (25)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019, y su dictamen (12) se refleja, en particular, en la primera recomendación que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

         2.

            Seguir integrando en el mercado de trabajo a los colectivos más vulnerables, en particular mediante la mejora de capacidades, y mejorar la adecuación de la asistencia social y las prestaciones de desempleo. Mejorar el rendimiento escolar y aumentar la participación de los colectivos desfavorecidos, sobre todo la población romaní, en un sistema general de enseñanza de calidad. Mejorar los resultados en materia de salud apoyando medidas sanitarias preventivas y reforzando la atención primaria.

         3.

            Centrar la política económica de inversión en investigación e innovación, energía de bajas emisiones de carbono, infraestructuras de transporte, gestión de residuos y eficiencia en el uso de la energía y los recursos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la competencia en la contratación pública.

         4.

            Reforzar el marco de la lucha contra la corrupción, en particular mejorando la labor de la fiscalía y el acceso a la información pública, y fortalecer la independencia judicial. Mejorar la calidad y transparencia del proceso de toma de decisiones mediante un diálogo social efectivo y el compromiso con otras partes interesadas y mediante evaluaciones de impacto periódicas y adecuadas. Seguir simplificando el sistema tributario y al mismo tiempo reforzarlo frente al riesgo de planificación fiscal agresiva. Mejorar la competencia y la previsibilidad reglamentaria en el sector de servicios.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 72.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (6)  Recomendación del Consejo, de 22 de junio de 2018, dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría (DO C 223 de 27.6.2018, p. 1).

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Decisión (UE) 2018/2028 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 (DO L 325 de 20.12.2018, p. 29).

         (9)  Recomendación del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría (DO C 460 de 21.12.2018, p. 4).

         (10)  Decisión (UE) 2019/1003 del Consejo, de 14 de junio de 2019, por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018 (DO L 163 de 20.6.2019, p. 64).

         (11)  Recomendación del Consejo, de 14 de junio de 2019, dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría (DO C 210 de 21.6.2019, p. 4).

         (12)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.