               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 513 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Letoniay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Letonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Letonia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Letonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  4
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  5
               , en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017 y adoptada por el Consejo el 21 de marzo de 2017
                  6
               .

               (2)Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro que se refleja en las recomendaciones 1 y 2 infra.

               (3)El informe específico de 2017 sobre Letonia
                  7
                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaron los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 20 de abril de 2017, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)En los programas de los Estados miembros relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han tenido en cuenta las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo previsto en la normativa por la que se rigen los Fondos EIE
                  8
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones específicas por país, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas de los Fondos EIE de que se trate. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas
                  9
               .

               (6)Letonia se encuentra en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé un deterioro del saldo presupuestario, pasando de una situación de equilibrio en 2016 a un déficit del 0,8 % del PIB y del 1,6 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente, como consecuencia de una importante reforma fiscal, a lo que seguiría una mejora hasta un déficit del 0,5 % del PIB en 2020. El Programa de Estabilidad prevé que el saldo estructural se deteriore, pasando del 0,2 % del PIB en 2016 al -1,7 % del PIB en 2018, hasta situarse en el -0,8 % del PIB en 2020. Esta trayectoria es coherente con el objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB y las desviaciones autorizadas sobre la base de la reforma de las pensiones y la cláusula de reformas estructurales relativas al sector de la asistencia sanitaria. Se prevé que descienda el saldo estructural recalculado
                  10
               , pasando del -1,9 % del PIB en 2017 al -2,3 % del PIB en 2018, antes de ascender hasta el -0,2 % del PIB en 2020. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB se mantenga en torno al 40 % del PIB. Las previsiones de crecimiento del PIB recogidas en el Programa están en consonancia, en líneas generales, con las previsiones de la Comisión para 2017, pero parecen netamente optimistas para 2018.

               (7)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Letonia que velase por que la desviación respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 se limitase a las excepciones vinculadas a la reforma sistémica de las pensiones y las ambiciosas reformas estructurales del sector de la asistencia sanitaria. Teniendo en cuenta estas excepciones, se permitiría que el saldo estructural se deteriorase un máximo del 1,0 % del PIB en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, Letonia cumpliría dicho requisito en 2017. En 2018, Letonia debe alcanzar su objetivo a medio plazo, teniendo en cuenta las excepciones relacionadas con la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones, concedida para 2016, y la reforma estructural, concedida para 2017, dado que las desviaciones temporales se prorrogan por un periodo de tres años. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, ello es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  11
                del 6,0 % en 2018, lo que equivale a un deterioro del saldo estructural del 0,3 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, Letonia estaría en riesgo de caer en una desviación significativa respecto de este requisito. En términos generales, el Consejo estima que será preciso adoptar nuevas medidas en 2018 para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (8)La desigualdad de la renta en Letonia es elevada. La ratio entre los ingresos del 20 % de los hogares más ricos y el 20 % de los más pobres fue de 6,5 en 2015, una de las cifras más altas de la UE, aunque se redujo ligeramente en 2016. La diferencia entre la desigualdad de la renta antes y después de impuestos y cotizaciones sociales es una de las más bajas de la UE. El sistema tributario de Letonia es menos progresivo que el de otros Estados miembros de la UE, lo que contribuye al elevado grado de desigualdad y de pobreza de los ocupados. La cuña fiscal de los trabajadores con salarios bajos sigue estando entre las más altas de la UE, mientras que está infrautilizado el potencial recaudatorio de los impuestos que perjudican menos al crecimiento. La escasa proporción de los ingresos fiscales en el PIB limita los recursos disponibles para la prestación sostenible de los servicios públicos. A pesar de algunos avances logrados en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue siendo un reto importante. El Programa de Estabilidad anunció la introducción de una reforma tributaria. Entre las medidas fundamentales se incluye una reducción del tipo normal del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 23 % al 20 %, un incremento del mínimo exento que discrimine en función de los ingresos, la introducción de un tipo del impuesto de sociedades del 0 % para los beneficios reinvertidos y la armonización en el 20 % de los tipos impositivos sobre el capital. Esta reforma responde a la recomendación específica en la medida en que reduce la cuña fiscal de los salarios más bajos. Sin embargo, la reforma fiscal es limitada en términos de desplazamiento de la fiscalidad a otras fuentes menos perjudiciales para el crecimiento y de consecución del objetivo estratégico declarado de aumentar la proporción de los ingresos fiscales en el PIB.

               (9)Las deficiencias existentes en las redes básicas de seguridad social contribuyen a incrementar la pobreza y las desigualdades, en particular en el caso de las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. Los índices de pobreza de las personas con discapacidad están entre los más elevados de Europa. La escasa adecuación de las prestaciones de asistencia social, que no ha mejorado desde 2009, y de las pensiones no ofrece una protección eficaz contra la pobreza y la exclusión social. El hecho de que no se haya llevado a cabo la reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014 pero no aplicada, afecta negativamente a los hogares más pobres, a pesar de que se están elaborando planes a medio plazo relativos a un proyecto de renta mínima.

               (10)La disminución de la mano de obra ha contribuido al escaso crecimiento del empleo, mientras que la tasa de desempleo solo ha ido disminuyendo lentamente. Las perspectivas de empleo son mejores en los centros de actividad económica y en el caso de los trabajadores altamente cualificados, mientras que el desempleo es más dominante entre las personas poco cualificadas y las personas que viven en zonas rurales. En este contexto, la mejora de las cualificaciones de la mano de obra contribuirá a corregir estas deficiencias. Sin embargo, a pesar de que ha mejorado el atractivo de la formación profesional, la reforma de los planes de estudios, que ha adaptado el sistema educativo a las cualificaciones que se requieren en la actualidad, ha avanzado de forma limitada. Se ha establecido el marco regulador para el aprendizaje en el trabajo y es precisa la participación activa de los interlocutores sociales y las empresas en su aplicación. Por otra parte, aunque la participación de los desempleados en las medidas activas del mercado laboral es inferior a la de la mayoría de los demás Estados miembros de la UE, se han adoptado medidas para mejorar esta situación, y merece la pena profundizar en ellas. La participación en actividades de aprendizaje permanente sigue siendo baja.

               (11)Aunque las autoridades letonas han puesto en marcha con éxito reformas pertinentes del sistema de asistencia sanitaria, el elevado nivel de copago, las largas colas de espera, el bajo nivel de gasto público y una distribución ineficiente de los servicios limitan el acceso a los servicios de asistencia sanitaria. El control del gasto público mediante cuotas provoca retrasos en los tratamientos, por lo que los pacientes tienen que o bien soportar largas listas de espera, o bien abonar los servicios de su bolsillo, lo que hace que una parte de la población no pueda satisfacer sus necesidades de asistencia sanitaria. Se han dado los primeros pasos de cara a reformar el sistema de control de calidad y se debe seguir avanzando para mejorar los resultados obtenidos en relación con los pacientes y la población. Aunque se han logrado algunos avances en la mejora de la eficacia del sistema sanitario, se necesita, sin embargo, una mayor racionalización del sector hospitalario, un mejor acceso a la atención primaria y ambulatoria, así como una vinculación más eficaz entre la dotación presupuestaria y la calidad del servicio y los costes.

               (12)Las autoridades letonas tienden a recurrir regularmente a procedimientos de contratación pública para las compras realizadas en el sector de la asistencia sanitaria, pero se podría ganar en eficiencia haciendo un uso regular de la contratación pública electrónica y de las centrales de compra, con lo que el gasto público sería más transparente y eficiente.

               (13)Las deficiencias constatadas en la calidad de la regulación y la escasa eficiencia y eficacia de la Administración Pública tienen un impacto negativo en el entorno empresarial. En 2016, el Gobierno presentó un ambicioso plan de reformas que aspiraba a lograr un sector público más simplificado y profesional, encaminado a mejorar la eficiencia a través de reducciones de personal y la centralización de las funciones de apoyo, incentivando el pago de salarios en función del rendimiento e incrementando la transparencia. Aunque este plan se circunscribe a la Administración central, también puede lograrse un aumento significativo de la eficiencia a nivel municipal.

               (14)La corrupción sigue perjudicando al entorno empresarial de Letonia, y el sistema de prevención de conflictos de interés sigue siendo rígido y formalista, con un nivel de verificación insuficiente. Aunque se ha completado en gran medida la reforma del régimen concursal, su aplicación efectiva debe ser objeto de un seguimiento exhaustivo para abordar el problema del escaso número de casos de reestructuración y la baja tasa de recuperación de activos.

               (15)En los tres últimos años se han llevado a cabo reformas de gran calado en  la enseñanza superior y la investigación pública, con el fin de consolidar las instituciones de investigación y aumentar la calidad y relevancia de sus resultados. Sin embargo, la gobernanza y la estructura organizativa de la financiación de la investigación pública letona siguen siendo ineficientes, ya que las funciones de financiación se encuentran dispersas entre muchas entidades. Esta ineficiencia de la financiación destinada a la investigación pública contribuye a un rendimiento científico muy deficiente, la falta de recursos humanos cualificados tanto en el sector público como en el privado y los bajos niveles de cooperación público-privada. La intensidad de I+D de las empresas de Letonia sigue siendo una de las más bajas de la UE.

               (16)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad, el Programa Nacional de Reformas y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

               (17)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen
                  12
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que implica alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta las excepciones relacionadas con la implementación de la reforma del sistema de pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Reducir la carga fiscal de los trabajadores con bajos ingresos, desplazándola a otras fuentes menos perjudiciales para el crecimiento y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               2.Mejorar la adecuación de la red de seguridad social y las cualificaciones de la mano de obra,  acelerando la reforma de los planes de estudios en la formación profesional. Mejorar el acceso a la atención sanitaria y su relación coste/eficacia, en particular mediante una reducción del copago por parte de los pacientes y de los prolongados plazos de espera.

               3.Aumentar la eficiencia y la rendición de cuentas en el sector público, especialmente mediante la simplificación de los procedimientos administrativos y el refuerzo del régimen de prevención de conflictos de interés, en particular en el caso de los administradores concursales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  COM(2017) 513 final.

                     (3)
                  P8_TA(2017)0038, P8_TA(2017)0039 y P8_TA(2017)0040.

                     (4)
                  COM(2016) 725 final.

                     (5)
                  COM(2016) 728 final.

                     (6)
                  DO C 92/01 de 24.3.2017, p. 1.

                     (7)
                  SWD(2017) 79 final.

                     (8)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (9)
                  COM(2014) 494 final.

                     (10)
                  Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (11)
                  El gasto público neto está compuesto por el gasto público total, excluidos los gastos por intereses, los gastos de programas de la Unión que se contrarresten totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de 4 años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales relativas a los ingresos o los incrementos de los ingresos exigidos por ley. Se compensan las medidas puntuales tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos.

                     (12)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 527 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 del Reino Unidoy por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 del Reino Unido

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 del Reino Unido

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 del Reino Unido

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  4
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  5
               , en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2017 sobre el Reino Unido
                  6
                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por El Reino Unido de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances del Reino Unido hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 21 de abril de 2017, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y el 27 de abril de 2017 su Programa de Convergencia de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En los programas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) correspondientes al período 2014-2020 se han tenido en cuenta las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en la legislación que regula los Fondos EIE
                  7
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones específicas por país pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de sus programas relativos a los Fondos EIE pertinentes. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas
                  8
               .

               (5)El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A condición de que se haya logrado una corrección oportuna y duradera en 2016-2017, el Reino Unido pasará a estar sujeto al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda en 2017-2018. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno espera haber corregido el déficit excesivo a más tardar en el ejercicio presupuestario 2016-2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 19 de junio de 2015, con un déficit global del 2,7 % del PIB. Se prevé que, a continuación, ese déficit global aumente ligeramente hasta situarse en el 2,8 % del PIB en 2017-2018, antes de disminuir hasta el 1,9 % del PIB en 2018-2019. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo presupuestario a medio plazo. Según dicho Programa, se espera que la ratio deuda pública / PIB se estabilice de manera general en torno al 87,5 % de 2016-2017 a 2018-2019 para descender al 84,8 % del PIB en 2020-2021. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista. Aunque las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos se han concretado en conjunto satisfactoriamente, los riesgos de sobreestimación del escenario macroeconómico amenazan el logro de la reducción del déficit proyectada.

               (6)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó al Reino Unido que pusiera fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2016-2017 y que, tras la corrección de ese déficit excesivo, lograra un ajuste presupuestario del 0,6 % del PIB en 2017-2018, orientándose hacia la consecución del objetivo presupuestario mínimo a medio plazo. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el déficit global haya alcanzado el 2,7 % del PIB en 2016-2017, en consonancia con objetivo recomendado por el Consejo. En 2017-2018 existe el riesgo de una ligera desviación del cumplimiento del requisito del componente preventivo.

               (7)A la vista de la situación presupuestaria del Reino Unido y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste hacia un objetivo presupuestario a medio plazo adecuado. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  9
                no supere el 1,8 %. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una ligera desviación respecto de ese requisito durante el período 2017-2018 y el periodo 2018-2019, conjuntamente considerados. Al mismo tiempo, no se espera, a priori, que el Reino Unido cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2017-18, pero sí que la cumpla en 2018-2019. En general, el Consejo considera que el Reino Unido ha de estar preparado para adoptar nuevas medidas en 2017-2018 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, según lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debería tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la futura evaluación deberá tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido. En este contexto, la Comisión tiene la intención de hacer uso de su margen de apreciación a la luz de la situación cíclica del Reino Unido.

               (8)La inversión privada se ha venido manteniendo a un nivel considerablemente inferior a la media de la UE, al tiempo que la inversión pública se ha seguido situando a un nivel ligeramente inferior. La productividad es significativamente inferior a la media de los países del G7 y está estancada desde 2008. La estrategia aplicada por el Gobierno hace especial hincapié en el aumento de la inversión a fin de estimular el crecimiento de la productividad. Paliar las graves deficiencias de las redes de infraestructuras del Reino Unido en términos de capacidad y calidad constituye un reto fundamental. La congestión de las carreteras es elevada y, en algunos lugares, la capacidad ferroviaria resulta cada vez más inadecuada frente al rápido crecimiento de la demanda. Asimismo, es cada vez más apremiante la necesidad de incrementar la inversión en nuevas capacidades de generación y suministro de energía. El Plan Nacional de Suministro de Infraestructuras establece ambiciosos planes de mejora de la infraestructura económica del Reino Unido, y en 2016 se adoptaron una serie de decisiones de inversión en relación con grandes proyectos en los sectores del transporte y la energía. No obstante, persisten las reservas en cuanto a la posibilidad de garantizar las inversiones públicas y privadas adecuadas para hacer frente a los retrasos en materia de infraestructuras en los plazos oportunos y de forma rentable. El aumento de la oferta de viviendas es un reto importante al que el Reino Unido debe hacer frente. La escasez crónica de viviendas contribuye al aumento del precio de las viviendas, ya elevado, y tiene importantes costes económicos y sociales, especialmente en torno a los polos de crecimiento económico. La reforma del sistema de planificación combinada con la aplicación de una serie de estrategias complementarias en materia de vivienda propician en cierta medida el incremento de la edificación viviendas. No obstante, hay aún una serie de factores que limitan la oferta residencial, como por ejemplo una regulación muy estricta y compleja del mercado de tierras y de la construcción de viviendas, por lo que la oferta de nuevas construcciones sigue sin acompasarse al ritmo de crecimiento de la demanda.

               (9)Las cifras globales del mercado laboral siguen siendo positivas en conjunto, con una baja tasa de desempleo de larga duración y juvenil. No obstante, hay margen de mejora por lo que respecta a los niveles de inactividad, el empleo a tiempo parcial y el empleo poco remunerado. El aumento de las rentas del trabajo sigue siendo moderado, ya que está vinculado al débil crecimiento de la productividad. Sigue suscitando preocupación la oferta de competencias y su utilización, así como la progresión de las mismas. La evolución de las políticas ha sido significativa y se ha centrado en las competencias y en la progresión a través de la reforma de la enseñanza técnica y el aprendizaje profesional. Para lograr un aprendizaje profesional de calidad, será preciso prestar atención tanto al nivel de cualificación que se pretende alcanzar como a su ámbito temático. La financiación de trayectorias alternativas, importantes desde el punto de vista estratégico, para el desarrollo de competencias, en particular en favor de los mayores de 25 años, permitiría ampliar la oferta de competencias en beneficio del Estado, las empresas y las personas que buscan la progresión de su carrera profesional. Existen también problemas relacionados con la oferta de servicios de guardería y de asistencia social que explican, en parte, la elevada tasa de empleo femenino a tiempo parcial. Hasta ahora, las reformas de los servicios de guardería han sido constantes pero graduales. Es probable que en los próximos dos años se produzca un cambio radical como consecuencia del pleno despliegue de algunas iniciativas. La asistencia de niños menores de tres años a las guarderías oficiales es relativamente bajo. Si bien las medidas adoptadas recientemente han mejorado en cierta medida la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de guardería para los niños de 3 y 4 años, no resuelven el problema de la oferta de servicios de guardería para los niños de edad inferior. Como consecuencia de las reformas y los recortes ya anunciados, en particular en lo que respecta a las medidas de apoyo vinculadas al trabajo, los resultados de las políticas sociales, como por ejemplo las que combaten la pobreza infantil, podrían verse menoscabados a corto o medio plazo, especialmente en un contexto de mayor inflación. Suscita especial preocupación el número de niños pobres que viven en hogares con empleo.

               (10)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a ese Estado miembro en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia con vistas a la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones a escala de la UE en las futuras decisiones nacionales.

               (11)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que se traduce en un importante esfuerzo presupuestario para 2018. En la adopción de medidas estratégicas, debe prestarse atención al logro de una orientación presupuestaria que contribuya tanto a consolidar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido.

               2.Tomar medidas adicionales para estimular la oferta de viviendas, incluso mediante la adopción y aplicación de reformas en relación con las normas sobre planificación urbanística.

               3.Paliar la inadecuación de las competencias y procurar su progresión, incluso prosiguiendo el refuerzo de la calidad del aprendizaje profesional y previendo la financiación de trayectorias alternativas de progresión en la enseñanza complementaria.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  COM(2017) XXX.

                     (3)
                  P8_ TA(2017)0038, P8_ TA(2017)0039, y P8_ TA(2017)0040.

                     (4)
                  COM(2016) 725 final.

                     (5)
                  COM(2016) 728 final.

                     (6)
                  SWD(2017) 93 final.

                     (7)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.

                     (9)
                  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de 4 años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecido por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

                     (10)
                  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 502 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Bulgaria

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Bulgaria

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Bulgaria

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
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               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
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               , en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El 22 de febrero de 2017 se publicó el informe específico de 2017 sobre Bulgaria
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               . En él se evalúan los avances realizados por Bulgaria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. También se incluye un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 22 de febrero de 2017
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               . El análisis de la Comisión le permite concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, Bulgaria sigue experimentando desequilibrios relacionados con las fragilidades persistentes en el sector financiero y con el alto endeudamiento de las empresas en un contexto de elevadas tasas de desempleo de larga duración.

               (3)Bulgaria no presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 ni su Programa de Convergencia de 2017 en el plazo previsto.

               (4)En los programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) de los Estados miembros para el periodo 2014-2020 se han tenido en cuenta las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según la normativa por la que se rigen los Fondos EIE
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones por país pertinentes, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas de los Fondos EIE pertinentes. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas
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               .

               (5)Bulgaria está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno no presentó su Programa de Convergencia de 2017 en el plazo fijado por el Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (6)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Bulgaria que lograra, para 2017, un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Los datos de ejecución presupuestaria indican que Bulgaria ya había alcanzado su objetivo presupuestario a medio plazo en 2016. Las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión hacen prever un deterioro del saldo estructural, que pasaría de un superávit del 0,1 % del PIB en 2016 a un déficit del 0,4 % del PIB en 2017 y del 0,3 % del PIB en 2018, partiendo de la hipótesis de que no se producirán modificaciones de las políticas existentes. A pesar de este deterioro, se prevé que el saldo estructural permanezca por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en ambos ejercicios. De forma global, el Consejo estima que, conforme a las previsiones, Bulgaria cumplirá con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2017 y 2018.

               (7)Se están realizando esfuerzos para mejorar la recaudación de impuestos. A pesar de ciertas mejoras, hacer cumplir las obligaciones tributarias sigue siendo un reto. La economía sumergida y el trabajo no declarado se mantienen en niveles elevados. La carga administrativa tributaria es significativa. Las medidas encaminadas a reducir los trámites burocráticos no han producido hasta la fecha sino resultados limitados, y no hay indicios de grandes mejoras en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Dadas estas circunstancias, la aplicación efectiva de las normas resulta esencial tanto para realizar los controles como para reforzar la prevención del incumplimiento tributario. El Plan de Acción de la Estrategia Nacional Única 2015-2017 para aumentar la recaudación de impuestos, luchar contra la economía sumergida y reducir los costes de cumplimiento está resultando una herramienta útil, especialmente a la hora de evaluar y mejorar la coordinación y la eficiencia de una serie de organismos administrativos que actúan en el ámbito fiscal. El análisis ex post de las repercusiones de las medidas específicas podría contribuir a la evaluación, planificación y orientación adecuadas de futuras medidas de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Estas medidas sustituirán a la estrategia actual, que expira a finales de 2017.

               (8)Las autoridades, en consulta y cooperación con los organismos europeos competentes, llevaron a cabo evaluaciones de la calidad de los activos y pruebas de resistencia de los sectores bancario y de seguros, además de una revisión de los activos de los fondos de pensiones privados. Si bien los resultados confirmaron la solidez de esos sectores en términos agregados, se confirmó la existencia de bolsas de vulnerabilidad, incluso en algunas instituciones de importancia sistémica. Dado que aún no se ha dado plena aplicación a las medidas incluidas en las recomendaciones, perdura esa fuente de vulnerabilidad. Por otra parte, los tres estudios no abordaron exhaustivamente determinadas cuestiones, entre las que figura la valoración de instrumentos y activos financieros no líquidos. Las autoridades de supervisión podrían adoptar un enfoque más prudente a la hora de hacer frente estas cuestiones. Los asuntos pendientes en el sector de seguros incluyen también el tratamiento de determinados contratos de reaseguro, algunos títulos de crédito nacidos de seguros y la supervisión a nivel de grupo.

               (9)Para evitar la posibilidad de que vuelvan a surgir desequilibrios similares en el futuro, es preciso ultimar las medidas destinadas a mejorar la supervisión bancaria y realizar nuevos esfuerzos para mejorar la supervisión no bancaria. Las autoridades siguen teniendo ante sí el fuerte reto de luchar contra los activos de difícil valoración y las prácticas comerciales dudosas, incluidos los préstamos a y entre partes vinculadas. El Banco Nacional de Bulgaria ha puesto en marcha un plan de reestructuración y desarrollo de la supervisión bancaria, para el que se ha basado, entre otras referencias, en los resultados del Banco Mundial y del FMI. Este plan, que está siendo aplicado actualmente, podrá requerir modificaciones con arreglo a las conclusiones del programa de evaluación del sector financiero. Las deficiencias de supervisión evidenciadas por los estudios de los seguros y los fondos de pensiones ponen de relieve la necesidad de que la Comisión de Supervisión Financiera desarrolle y aplique un plan integral de refuerzo de la supervisión que deberá empezar por mejorar su gobernanza y su funcionamiento internos. Para gozar de plena credibilidad, el plan habrá de inspirarse en las mejores prácticas internacionales en ese ámbito y ser elaborado y ejecutado en estrecha cooperación con los organismos europeos, incorporando aportaciones de terceros proveedores de servicios en la medida necesaria.

               (10)La deuda de las empresas sigue siendo elevada (considerablemente superior a la de países similares), lo que supone una carga para los balances de las empresas y puede limitar la demanda de crédito y la inversión a medio plazo. Para reducir el nivel —todavía elevado— de los préstamos no productivos a empresas, las autoridades deben facilitar el proceso de renegociación de los bancos mediante la utilización de un conjunto completo de herramientas. Por ejemplo, la aceleración de la reforma del marco de insolvencia podría mejorar la estructura jurídica del tratamiento de las deudas incobrables y ofrecer oportunidades de reestructuración extrajudicial. Además del marco de insolvencia, el conjunto de herramientas podría incluir pautas en materia de supervisión destinadas a los bancos con niveles particularmente elevados de préstamos no productivos. Ello conferiría una mayor transparencia a los datos sobre la calidad de los activos y contribuiría a ampliar el mercado secundario de préstamos no productivos.

               (11)La evolución reciente del mercado laboral ha sido positiva, pero persisten problemas estructurales. La mano de obra sigue contrayéndose debido al envejecimiento de la población, combinado con la emigración. En la medida en que la economía está experimentando cambios estructurales, resulta esencial aprovechar el potencial de la mano de obra no utilizada. En la actualidad, el mercado de trabajo se caracteriza por elevados índices de desempleo de larga duración y de inactividad, una limitada inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y déficits y desajustes de capacidades. Aunque en 2016 la tasa de desempleo cayó por debajo de la media de la UE, la proporción de desempleados de larga duración, el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios o formación y los bajos índices de empleo de las personas poco cualificadas siguen siendo grandes retos. Ante ellos, las políticas activas del mercado de trabajo están insuficientemente orientadas a los grupos desfavorecidos (y a sus necesidades), dificultando su empleabilidad. Además, la insuficiente integración de los servicios sociales y los de empleo para los beneficiarios de prestaciones sociales puede limitar su participación en el mercado de trabajo.

               (12)La mejora de los resultados educativos y el refuerzo de una enseñanza general inclusiva y de calidad sigue siendo un reto, con posibles consecuencias para la pobreza. Si bien es verdad que el riesgo de pobreza o exclusión social de los niños ha disminuido ligeramente, sigue siendo uno de los más altos de la UE y está estrechamente vinculado al nivel educativo de los progenitores. Los resultados en las capacidades básicas, medidos con arreglo al marco PISA 2015, ponen de manifiesto que la proporción de estudiantes con competencias insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias sigue siendo una de las más elevadas de la UE. La metodología prevista para mejorar la financiación escolar sigue pendiente de desarrollo. Su objetivo es fomentar resultados más equitativos mediante un apoyo adicional a las escuelas de bajo rendimiento. Los niños de familias de menor nivel socioeconómico, particularmente las gitanas, no disfrutan de igualdad de oportunidades educativas, ni siquiera en la primera infancia. La enseñanza y la formación profesionales están en vías de reforma, pero su calidad y la cooperación con las empresas y los interlocutores sociales son insuficientes. Prosigue el despliegue de la educación dual. En cuanto a la educación superior, se pretende mejorar su calidad y adecuación al mercado laboral mediante una financiación basada en los resultados.

               (13)Los principales retos del sistema de asistencia sanitaria siguen siendo su limitada accesibilidad, su escasa financiación, la emigración de los profesionales y los deficientes resultados sanitarios. La escasa cobertura del seguro sanitario, que se caracteriza por una baja cobertura pública de servicios médicos ambulatorios y cuantiosos desembolsos directos, dificultan a algunas personas el acceso a la asistencia sanitaria. De aplicarse plenamente, algunas medidas recientes, como la contratación selectiva de servicios hospitalarios con arreglo al mapa de salud nacional, podrían mejorar el acceso a la atención sanitaria y los niveles de equidad.

               (14)El nivel del salario mínimo de Bulgaria, aunque sigue siendo el más bajo de la UE, ha aumentado significativamente desde 2011. A pesar de que la patronal y los sindicatos están de acuerdo en cuanto a los criterios, el establecimiento de un mecanismo objetivo ha avanzado de forma limitada. La ausencia de un mecanismo transparente que tenga en cuenta criterios económicos y sociales, las condiciones del mercado laboral y la dimensión institucional de su aplicación, puede poner en peligro el equilibrio adecuado entre los objetivos de fomentar el empleo y la competitividad y de preservar las rentas del trabajo. A pesar de algunas tensiones entre los interlocutores sociales durante las negociaciones fallidas sobre los umbrales mínimos de las cotizaciones a la seguridad social para 2017, el diálogo social en el país sigue en pie.

               (15)La alta proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social permanece como importante reto económico y social. Bulgaria sigue siendo el Estado miembro más pobre de la UE, situación que afecta desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, como los gitanos, los niños, los ancianos y los habitantes de las zonas rurales. Tras varios años de constantes mejoras, la tasa de riesgo de pobreza de las personas de edad avanzada ha sufrido un importante deterioro. Las mujeres de edad avanzada corren un riesgo particularmente alto de caer en la pobreza o la exclusión social debido a su periodo habitualmente más breve de cotización para la pensión. Si bien la situación de pobreza relativa de los niños ha mejorado, los niveles de pobreza en este grupo siguen siendo muy elevados. La desinstitucionalización de los niños mantiene su ritmo merced a la adopción del nuevo plan de acción. No obstante, el proceso mantiene su retraso en lo que respecta a los adultos y las personas con discapacidad. La desigualdad de ingresos constituye un importante y creciente problema. La proporción entre los ingresos del 20 % más rico de los hogares y los del 20 % más pobre aumentó de 6,1 en 2012 a 7,1 en 2015 y es una de las más elevadas de la UE. En Bulgaria, la diferencia entre la desigualdad de renta antes y después de los impuestos y las transferencias sociales es una de las más pequeñas de la UE. El sistema de protección social, que incluye un régimen de renta mínima general (consistente en prestaciones mensuales de asistencia social y ayudas para calefacción), no ofrece un nivel suficiente de apoyo. La cobertura de los beneficiarios de las prestaciones sociales sigue siendo baja debido a las restrictivas condiciones de acceso a las mismas. El nivel de los ingresos mínimos se mantiene bajo, no se ha actualizado desde 2009 y carece de un mecanismo de ajuste transparente.

               (16)Se han puesto en marcha medidas para mejorar el sistema de contratación pública, pero su valor añadido concreto está aún por determinar. Es preciso asegurar una ejecución apropiada y eficiente del nuevo sistema de control ex ante basado en el riesgo. La aplicación de las recomendaciones formuladas en la revisión del sistema de recurso sigue suponiendo todo un reto, ya que la existencia de vías de recurso eficaces es fundamental para la ejecución de los proyectos importantes. Una vez evaluada, la capacidad administrativa de la Agencia de Contratación Pública tendrá que sufrir ajustes para reflejar las funciones de la Agencia. Además, deberá ampliarse la capacidad administrativa de los órganos de contratación, para lo que se recurrirá, entre otros medios, a la ayuda facilitada por la Agencia de Contratación Pública y las centrales de compras para la Administración central, los municipios y el sector sanitario. Es preciso ultimar las medidas de introducción de la contratación pública electrónica para impulsar la transparencia de la contratación pública. La salvaguarda de la imparcialidad de las licitaciones públicas y la prevención de los posibles conflictos de intereses siguen siendo fuentes importantes de preocupación. A pesar de las recientes reformas destinadas a modernizar la Administración pública, la eficacia y la eficiencia de las instituciones públicas siguen siendo limitadas. En 2016 culminó una serie de modificaciones de la legislación destinadas a establecer el marco jurídico apropiado, pero su puesta en aplicación y su ejecución de forma eficiente y sistemática suponen no pocas dificultades.

               (17)En 2016, Bulgaria adoptó importantes reformas para hacer frente a las persistentes dudas sobre la independencia y la calidad de su sistema judicial. Sin embargo, el carácter reciente de su adopción impide por el momento evaluar su impacto. Se necesitan nuevas medidas en toda una serie de ámbitos. La corrupción sigue siendo un reto importante en Bulgaria y continúa lastrando la inversión, tanto a nivel nacional como local. En 2015, las autoridades presentaron una ambiciosa estrategia de lucha contra la corrupción, pero su puesta en práctica todavía se encuentra en una fase incipiente. La política búlgara de lucha contra la corrupción sigue dificultada por la debilidad y la fragmentación de las instituciones, el mediocre historial de enjuiciamiento de asuntos de alto nivel y el titubeante apoyo parlamentario a la reforma. Con arreglo al Mecanismo de Cooperación y Verificación, Bulgaria recibe recomendaciones sobre la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Por tanto, esos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para Bulgaria.

               (18)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores.

               (19)A la luz de esta evaluación, el Consejo estima que cabe esperar que Bulgaria cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (20)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, las recomendaciones formuladas por el Consejo en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA que Bulgaria tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Seguir mejorando la recaudación de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recurriendo entre otros medios a un conjunto completo de medidas a partir de 2017. Intensificar la aplicación de las medidas dirigidas a reducir la incidencia de la economía informal, en particular el trabajo no declarado.

               2.Adoptar medidas complementarias de las evaluaciones del sector financiero, en particular en lo que respecta a los contratos de reaseguro, la supervisión a nivel de grupo, los activos de difícil valoración y las exposiciones de las partes vinculadas. Mejorar la supervisión bancaria y no bancaria mediante la aplicación de planes de acción integrales, en estrecha cooperación con los organismos europeos. Facilitar la reducción del todavía elevado volumen de préstamos no productivos de empresas, recurriendo para ello a una panoplia completa de herramientas entre las que se incluyen la aceleración de la reforma del marco de insolvencia y el fomento de un mercado secundario activo de préstamos no productivos.

               3.Afinar el enfoque de las políticas activas del mercado laboral y la integración entre los servicios sociales y los de empleo para los grupos desfavorecidos. Aumentar la oferta de educación general de calidad, en particular para la población gitana. Aumentar la cobertura del seguro sanitario, reducir los desembolsos directos y solventar la escasez de profesionales de la salud. En consulta con los interlocutores sociales, establecer un mecanismo transparente de fijación del salario mínimo. Aumentar la cobertura y la cuantía del régimen de renta mínima.

               4.Garantizar una aplicación eficaz de la Estrategia de Contratación Pública Nacional 2014-2020.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2017) 502 final.

                     (4)
                  P8_TA(2017)0038, P8_TA(2017)0039, y P8_TA(2017)0040.

                     (5)
                  COM(2016) 725 final.

                     (6)
                  COM(2016) 728 final.

                     (7)
                  SWD(2017) 68 final/3.

                     (8)
                  COM(2017) 90 final.

                     (9)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (10)
                  COM(2014) 494 final.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 268 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía
            {SWD(2017) 174 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo

                  en Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la Recomendación de la Comisión,

               Considerando lo siguiente:

               (1)De conformidad con el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros deben fomentar unas finanzas públicas saneadas a medio plazo mediante la coordinación de las políticas económicas y la vigilancia multilateral con el fin de evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Rumanía que limitara la desviación con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograra un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo se cumpliese con un menor esfuerzo
                  2
               .

               (4)En 2016, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión y los datos de ejecución de 2016 validados por Eurostat, a partir de una cifra del -0,6 % del PIB, es decir, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo del -1 % del PIB, el saldo estructural se deterioró hasta el -2,6 % del PIB, lo que apunta a una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo (desviación del 1,6 % del PIB). El crecimiento del gasto público, excluidas las medidas puntuales y las medidas discrecionales relativas a los ingresos, se situó muy por encima del valor de referencia para el gasto, lo que también apunta a una desviación significativa (desviación del -2,0 % del PIB). La diferencia en los indicadores se explica principalmente por las diferentes tasas anuales de crecimiento potencial del PIB nominal utilizadas en su cálculo. Independientemente de esa diferencia, ambos indicadores confirman una desviación importante respecto de los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2016.

               (5)El 16 de mayo de 2017, tras una evaluación global, la Comisión constató que en Rumanía se observa una importante desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo y dirigió una advertencia a ese país con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del TFUE y el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (6)Según el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, en el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia, el Consejo debe dirigir una recomendación al Estado miembro afectado para que adopte las medidas necesarias. El Reglamento prevé que la recomendación fijará un plazo máximo de cinco meses para que el Estado miembro corrija la desviación. Sobre esa base, parece apropiado fijar el 15 de octubre de 2017 como fecha límite para que Rumanía corrija la desviación . Dentro de este plazo, Rumanía debe informar sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

               (7)Se estima que en 2016 el saldo estructural de Rumanía registró una desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo del 1,6 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión respecto a la brecha de producción, Rumanía se halla en un período económico normal en 2017, y la ratio de deuda de las administraciones públicas se sitúa por debajo del umbral del 60 % del PIB. El esfuerzo estructural requerido mínimo prescrito por el Reglamento (CE) n.º 1466/97 y la matriz de ajuste, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los posibles problemas de sostenibilidad, asciende al 0,5 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé un deterioro del saldo estructural del 1,3 % del PIB en 2017. Por consiguiente, una mejora estructural no inferior al 0,5 % del PIB en 2017 exige adoptar medidas con un rendimiento total del 1,8 % del PIB con respecto a la base de referencia actual de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión. Dado el tamaño considerable del esfuerzo de saneamiento estructural exigido a resultas del ajuste mínimo requerido en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no procede exigir ningún ajuste adicional más allá del requerimiento mínimo del 0,5 % del PIB.

               (8)La mejora del saldo estructural requerida, del 0,5 % del PIB en 2017, es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 3,3 % en 2017.

               (9)Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión anuncian un déficit de las administraciones públicas del 3,5 % del PIB en 2017, cifra que es superior al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El ajuste estructural requerido parece también adecuado para garantizar que el déficit general de las administraciones públicas en Rumanía respete el umbral del 3 % del PIB en 2017.

               (10)Resulta oportuno que la presente Recomendación se haga pública.

               (11)Al objeto de alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Rumanía adopte y aplique estrictamente las medidas necesarias y realice un estrecho seguimiento de la evolución del gasto corriente.

               RECOMIENDA:

               (1)Rumanía debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB y situará al país en la senda adecuada de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (2)Rumanía debe utilizar todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit. Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento.

               (3)Rumanía debe informar al Consejo a más tardar el 15 de octubre de 2017 sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

               El destinatario de la presente Recomendación será Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO C 299 de 18.8.2016, p. 73.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 509 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Franciay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Francia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Francia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Francia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017 y adoptada por el Consejo el 21 de marzo de 2017
                  7
               .

               (2)Al tratarse de un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro que se recoge en las recomendaciones 1 a 4 más abajo.

               (3)El informe específico de 2017 sobre Francia
                  8
                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017
                  9
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, Francia se caracteriza por su débil competitividad y el elevado y creciente nivel de la deuda pública, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. El riesgo de una repercusión adversa en la economía francesa y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria, es especialmente grande.

               (4)El 28 de abril de 2017, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)La recomendaciones específicas pertinentes por país han sido tenidas en cuenta en los programas de los Estados miembros con respecto a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020. Según lo previsto en la legislación relativa a los Fondos EIE
                  10
               , cuando sea necesario contribuir a la aplicación de recomendaciones específicas por país, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas correspondientes en el marco de los Fondos EIE. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas
                  11
               .

               (6)Francia se encuentra actualmente sujeta al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015, con un déficit global del 2,8 % del PIB. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose para situarse en el 1,3 % del PIB en 2020. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2019. Sin embargo, se prevé que el saldo estructural recalculado
                  12
                alcance el -1,2 % del PIB en 2020, de modo que el objetivo a medio plazo no se alcanzaría durante el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la proporción del PIB que representa el endeudamiento de las administraciones públicas baje del 95,9 % del PIB en 2018 al 93,1 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas proyecciones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.

               (7)El 10 de marzo de 2015, el Consejo recomendó a Francia que pusiera fin a la situación de déficit excesivo de aquí a 2017 y que limitara el déficit de las administraciones públicas al 2,8 % del PIB, coherente con una mejora del saldo estructural del 0,9 % del PIB, en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,0 % del PIB en 2017, por encima del objetivo recomendado por el Consejo. Para 2018, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global se sitúe en el 3,2 % del PIB, rebasando así el valor de referencia del Tratado y poniendo en riesgo la corrección duradera del déficit excesivo. Además, no se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice durante el período cubierto por el procedimiento de déficit excesivo, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades.

               (8)Para el ejercicio de 2018, en el caso de que se lograra una corrección oportuna y duradera, Francia quedaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. A la luz de su situación presupuestaria y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Francia realice nuevos ajustes con vistas a su objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 0,4 del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en la necesidad de una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  13
                que no supere el 1,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación importante respecto de este requisito en 2018. También existe un riesgo de que Francia no cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018, ya que se prevé que empeore el saldo estructural en un 0,5 % del PIB, frente al ajuste estructural lineal mínimo del 0,4 % del PIB. En general, el Consejo considera que Francia tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas para poder garantizar su cumplimiento en 2017 y que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.º 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una situación presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas francesas. En este contexto, la Comisión tiene la intención de hacer uso de su margen de apreciación a la luz de la situación cíclica de Francia.

               (9)El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la UE. Está previsto que el ratio de gasto se sitúe en el 56,2 % del PIB en 2017, 9,7 puntos porcentuales más que en la UE. Francia ha seguido una estrategia de saneamiento centrada en los gastos que se ha sustentado principalmente en una reducción de los tipos de interés y recortes en la inversión pública. Sin embargo, no es probable que el entorno de bajos tipos de interés se prolongue a medio plazo y el recorte en las inversiones productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Frente a ello, las revisiones de gastos han identificado una serie de posibles mejoras de eficiencia que no han sido ejecutadas. Las revisiones de gastos reflejaron una parte — menos del 2 % — del total de los ahorros de gastos previstos por valor de 50 000 millones EUR durante el período 2015-2017. Sin embargo, solo una parte de ellos se han traducido en medidas concretas en el presupuesto de 2016, mientras que la Ley presupuestaria de 2017 se basó en los ya identificados en la revisión del gasto del ejercicio 2015. El ahorro derivado de revisiones de gastos podría aumentar significativamente mediante la ampliación de los ámbitos de gasto y la ejecución de una estrategia plurianual con el fin de convertir plenamente el ahorro identificado en medidas presupuestarias concretas.

               (10)Las elevadas cargas sociales y los altos niveles de impuestos a los que deben hacer frente las empresas pueden desalentar la inversión privada y dificultar el crecimiento de las empresas y nuevas contrataciones. Se han seguido aplicando medidas para reducir los costes laborales y a principios de abril de 2016 se inició la segunda fase de las reducciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social previstas en el Pacto de Solidaridad y Responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno ha aumentado, en 2017, el crédito fiscal para la competitividad y el empleo (CICE), pasando del 6 % al 7 %. Estas medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo han mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En 2015, en relación con el salario medio, Francia poseía el nivel más alto de cotizaciones empresariales a la seguridad social en el conjunto de la UE, cuantificado como porcentaje del total de los costes salariales pagados por el empleador, pese a que existe una tendencia a la baja. Las recientes evaluaciones de estas medidas pusieron de manifiesto su efecto positivo en el empleo y los márgenes de beneficio de las empresas, pero es necesario llevar a cabo más evaluaciones a fin de valorar plenamente su impacto en la inversión, el empleo, los salarios y los márgenes de las empresas. Las recientes evaluaciones muestran también que la consolidación de todos los planes de reducción de costes laborales y su transformación en reducciones permanentes en las cotizaciones sociales permitiría optimizar sus efectos sobre el empleo y la inversión.

               (11)Situado en el 38,4 % en 2016, el tipo impositivo medio efectivo era el más elevado de la UE. Paralelamente, los otros impuestos sobre la producción son también especialmente elevados. Para frenar esta tendencia, Francia ha anunciado medidas con el fin de reducir el tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020. Al mismo tiempo, sigue disminuyendo la presión fiscal sobre el consumo, pero en menor medida que en otros Estados miembros de la UE. En 2014, Francia ocupaba el puesto 27.º en la UE en relación con los ingresos fiscales ligados al consumo en porcentaje de la carga fiscal total. El sistema del IVA se caracteriza por un tipo impositivo normal intermedio y unos bajos tipos reducidos aplicados a una base amplia. La complejidad del sistema fiscal constituye un obstáculo para el buen funcionamiento del entorno empresarial. Francia cuenta con una elevada presión fiscal combinada con muchos tipos reducidos y desgravaciones fiscales y un gran número de regímenes fiscales que dan lugar a un aumento de los costes de cumplimiento y generan incertidumbre. El total de los gastos fiscales en Francia asciende a más del 3 % del PIB. Los costes administrativos que supone la recaudación de impuestos por parte de las autoridades fiscales también es alto y superior a la media de la UE.

               (12)La tasa de desempleo, que en 2016 descendió hasta situarse en el 10,1 %, es superior entre los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los no nacidos en la UE. Las reformas en curso son esenciales para la adaptación de las oportunidades de formación a las perspectivas de empleo y a las necesidades económicas. Paralelamente, los demandantes de empleo, los trabajadores menos cualificados y el personal de las pymes se enfrentan a dificultades persistentes para acceder a la formación. Garantizar su participación y la pertinencia de la formación impartida podría exigir un refuerzo de las medidas existentes y el reequilibrio de los recursos. Los jóvenes y, entre ellos, los menos cualificados, se enfrentan a dificultades para entrar en el mercado laboral. En este contexto, las medidas adoptadas para apoyar la formación de los aprendices se han plasmado, por el momento, en unos resultados positivos. Pero la educación y formación profesional inicial, concretamente cuando se ofrece en algunos sectores terciarios y en el marco de centros de enseñanza, no está suficientemente vinculada a las oportunidades de empleo. Por otra parte, los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos son dirigidos con más frecuencia hacia la formación profesional inicial, lo que explica igualmente el número mayor de abandonos escolares precoces y contribuye a incrementar las desigualdades educativas. La incidencia del estatus socioeconómico sobre los resultados de los estudiantes es de las más elevadas de la OCDE.

               (13)En 2016, solo el 54,5 % de las personas en edad de trabajar que no habían nacido en la UE tenían empleo. La actividad laboral de las mujeres (45,4 %) figuraba entre las más bajas de la UE. La diferencia entre la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE y los nacidos franceses aumentó hasta el 17,5 % en 2016 (23,7 % en el caso de las mujeres). Los pobres resultados de las personas que no han nacido en la UE rebajan la tasa global de empleo y representan una infrautilización crónica de la mano de obra. Los inmigrantes de segunda generación también se enfrentan a unos datos negativos en materia de empleo que no se explican por las diferencias de edad, educación y cualificaciones. Por otra parte, las deficiencias en los resultados educativos son persistentes, y los inmigrantes de segunda generación ganan terreno sólo en parte. Para afrontar este reto, se requiere una estrategia que incluirá, en particular, medidas específicas sobre competencias lingüísticas, la mejora de las competencias y la formación, la orientación profesional y otras políticas específicas activas del mercado de trabajo. El acceso eficaz a los servicios constituye un factor clave para promover la participación en el mercado laboral, así como medidas contra las prácticas discriminatorias en la contratación de los inmigrantes que no han nacido en la UE y de segunda generación.

               (14)Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación que le son aplicables. En un contexto de debilidad de la inflación y de ralentización del crecimiento de los salarios, su crecimiento ha sido inferior al salario de referencia. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra que recibe el salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para la mayoría de las categorías de trabajadores y el riesgo de crear un efecto de compresión al alza de los salarios. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación podría contribuir a retrasar el necesario ajuste general de los salarios. Además, en el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene las oportunidades de empleo de las personas poco cualificadas. El grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo en Francia y elabora dictámenes no vinculantes sobre su desarrollo. Su dictamen sobre las subidas ad hoc siempre se ha respetado hasta ahora y está desempeñando un papel importante para controlar el uso de dichos aumentos ad hoc.

               (15)Con la Ley sobre el trabajo, el diálogo social y las trayectorias profesionales de julio de 2016, Francia introdujo medidas destinadas a mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir la segmentación. La ley clarifica las normas en materia de despido individual por razones económicas, amplía el ámbito de aplicación de la mayoría de los acuerdos de empresa y aumenta la eficacia de la negociación colectiva. La persistencia de elevados niveles de desempleo ha afectado de manera significativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones por desempleo. A este respecto, los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo en marzo de 2017 sobre un nuevo convenio de prestaciones por desempleo que deberá ser aprobado por el Gobierno y que tiene por objeto reducir el déficit anual en 1 200 millones EUR.

               (16)Si bien Francia ha mejorado su marco normativo general, el entorno empresarial sigue situándose en niveles intermedios en comparación con sus principales competidores. En particular, pese a los esfuerzos de simplificación, las empresas deben hacer frente a una pesada carga normativa y unos rápidos cambios en la legislación. Este constituye uno de los principales obstáculos para la inversión privada. Con el programa de simplificación, Francia ha tomado medidas para reducir la carga administrativa que grava a las empresas, pero un número considerable de medidas adoptadas antes de 2016 todavía no han sido aplicadas. Al mismo tiempo, los efectos de umbral siguen afectando al desarrollo de las empresas con implicaciones para su resultados económicos y en términos de mercado. El aumento de las obligaciones sociales y fiscales aplicables a las empresas por encima de un determinado número de trabajadores puede disuadirlas de crecer lo suficiente para poder exportar e innovar. Estos efectos de umbral pueden, a su vez, afectar a la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas. De hecho, según datos empíricos, los umbrales de 10 y 50 empleados son especialmente costosos para los empresarios y la economía francesa se caracteriza por un número desproporcionadamente bajo de empresas por encima de estos umbrales, lo que da a entender que existe un vínculo entre estos dos fenómenos.

               (17)La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero algunos de ellos, importantes desde el punto de vista económico, como la contabilidad, la arquitectura, la asistencia a domicilio, los servicios de alojamiento y comida, los servicios de taxi y los de alquiler de vehículos privados, se caracterizan todavía por un bajo nivel de competencia y/o por obstáculos normativos. Siguen existiendo barreras para estos servicios y, en particular, unos requisitos normativos excesivos, y este hecho desalienta la entrada o limita la competencia efectiva. Reducir estas barreras podría permitir que las empresas existentes o nuevas que utilizan los nuevos avances tecnológicos y digitales aumenten su competitividad y/o accedan a los mercados, y aporten beneficios a los consumidores a través de unos precios más bajos y una mejor calidad en los servicios. A este fin, como parte de un paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios
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               , en enero de 2017 la Comisión puso en marcha un ejercicio de evaluación mutua en el que invita a los Estados miembros de la UE a que consideren cuáles son las barreras que, en cada uno de ellos, limitan el acceso a determinadas profesiones.

               (18)La innovación en Francia ha quedado rezagada con respecto a los resultados de los líderes en innovación en Europa. Sigue habiendo un alto grado de complejidad y está pendiente una coordinación global. La diferencia entre el importe de la ayuda pública concedida y el rendimiento en materia de innovación en Francia suscita cuestiones acerca de la eficiencia de los mecanismos de apoyo público. En particular, la cooperación entre la investigación y las empresas públicas está por debajo del nivel óptimo y afecta negativamente a la producción económica del sistema de innovación.

               (19)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones, a escala de la UE, con un impacto en las futuras decisiones nacionales.

               (20)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (21)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015 en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Posteriormente, aplique políticas presupuestarias en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que se traduce en un importante esfuerzo presupuestario para 2018. Al adoptar las medidas políticas pertinentes, debe perseguirse una política presupuestaria que contribuya a consolidar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas francesas. Proceder a una revisión global de las partidas de gastos con el fin de lograr un incremento de la eficiencia que se traduzca en una reducción de los gastos.

               2.Consolidar las medidas de reducción de los costes del trabajo para maximizar su eficacia sin incidencia presupuestaria y con el fin de ampliar sus efectos sobre el empleo y la inversión. Ampliar la base impositiva global y adoptar nuevas medidas para aplicar la disminución prevista del tipo nominal del impuesto de sociedades.

               3.Mejorar el acceso al mercado de trabajo de los demandantes de empleo, especialmente el de los trabajadores menos cualificados y los inmigrantes y descendientes de inmigrantes, revisando, entre otras medidas, el sistema de educación y formación profesional. Garantizar que la evolución del salario mínimo sea compatible con la creación de empleo y la competitividad.

               4.Reducir aún más la carga normativa para las empresas, prosiguiendo también el programa de simplificación. Continuar eliminando los obstáculos a la actividad en el sector de los servicios, en particular en el de los servicios a las empresas y en las profesiones reguladas. Simplificar y mejorar la eficiencia de los programas públicos de apoyo a la innovación.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2017) 509 final.

                     (4)
                  P8_TA(2017)0038, P8_TA(2017)0039, y P8_TA(2017)0040.

                     (5)
                  COM(2016) 725 final.

                     (6)
                  COM(2016) 728 final.

                     (7)
                  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

                     (8)
                  SWD(2017) 75 final.

                     (9)
                  COM(2017) 90 final.

                     (10)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (11)
                  COM(2014) 494 final.

                     (12)
                  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología acordada.

                     (13)
                  El gasto neto de las administraciones públicas está compuesto por el gasto total de dichas administraciones con la excepción de los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se contrarresten totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de 4 años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales relativas a los ingresos o a los incrementos de los ingresos que sean obligatorios por ley. Las medidas puntuales en materia de gastos e ingresos se calculan en cifras netas.

                     (14)
                  COM(2016) 820 final, COM(2016) 821 final, COM(2016) 822 final, COM(2016) 823 final, COM(2016) 824 final.

                     (15)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


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52010DC0131

Proyecto de recomendación de la Comisión de […] por la que se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones en nombre de la Unión Europea para la renovación del Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe  /* COM/2010/0131 final */

	[pic] | COMISIÓN EUROPEA |Bruselas, 7.4.2010COM(2010)131 finalProyecto deRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓNde […]por la que se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones en nombre de la Unión Europea para la renovación del Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe(presentada por la Comisión)Proyecto deRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓNde […]por la que se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones en nombre de la Unión Europea para la renovación del Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con la República Democrática de Santo Tomé y PríncipeEXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe celebraron el 23 de julio de 2007 un Acuerdo de asociación en el sector pesquero[1] cuyo Protocolo, que entró en vigor el 1 de junio de 2006 y por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo, expira el 31 de mayo de 2010.La Comisión propone negociar un nuevo Protocolo que se ajuste más adecuadamente a las posibilidades y a las necesidades reales de la flota de los Estados miembros, de conformidad con las conclusiones del Consejo de 2004 sobre los Acuerdos de asociación pesqueros. La rúbrica de un nuevo Protocolo antes de la fecha de expiración del Protocolo actual permitiría garantizar la continuidad de las actividades pesqueras.En consecuencia, se invita al Consejo a aprobar las directrices de negociación que acompañan a la presente Recomendación.RECOMENDACIÓNHabida cuenta de lo expuesto, la Comisión recomienda, por consiguiente, que:-  el Consejo autorice a la Comisión para iniciar y llevar a cabo negociaciones con miras a la renovación del Protocolo en el marco del Acuerdo de asociación en el sector pesquero con la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe;-  la Comisión sea el negociador en este caso;-  la Comisión lleve a cabo las negociaciones en consulta con un comité especial, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;-  el Consejo apruebe las directrices de negociación que acompañan a la presente Recomendación.ANEXODirectrices de negociación-  El objetivo de las negociaciones es la renovación del Protocolo en el marco del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, sobre la base de las Conclusiones del Consejo de 15 de julio de 2004, que se fundamentan en la Comunicación de la Comisión de 23 de diciembre de 2002.-  A fin de poder garantizar a través de este nuevo Protocolo el fomento de una pesca sostenible y responsable, la Comisión basará estas negociaciones en los siguientes objetivos:-  el acceso a la zona económica exclusiva (ZEE) de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, así como las autorizaciones que necesiten los buques de la flota europea para ejercer las actividades de pesca de túnidos en dicha ZEE;-  la utilización de los mejores dictámenes científicos disponibles;-  garantizar el nivel de acceso al recurso, sobre la base de los parámetros definidos en el Protocolo actual y sobre la evolución observada durante los últimos años, en particular en lo que respecta a las cantidades de pesca autorizadas, el número de autorizaciones de pesca disponibles, etc.;-  el fortalecimiento del diálogo sobre la política sectorial con vistas a fomentar la puesta en práctica de una política de pesca responsable, vinculada a los objetivos de desarrollo del país, especialmente en lo que se refiere al control y vigilancia de las actividades pesqueras, la gestión de los recursos pesqueros y la mejora de las condiciones sanitarias de los productos de la pesca.[1] Reglamento (CE) n° 894/2007 de 23 de julio de 2007 - DO L 205 de 7 de agosto de 2007, p. 35.