               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 13.5.2015
            COM(2015) 266 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 de Hungría

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Hungría

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 de Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y, en particular, su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo nacionales.

               (3)El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Hungría y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de 2014 de Hungría.

               (4)El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para fomentar la inversión, acelerar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Hungría
                  7
               . En él se evaluaron los avances realizados por Hungría de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Hungría está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren medidas decisivas y un seguimiento. Debe prestarse atención, en particular, a los riesgos derivados de la posición internacional neta (que, a pesar de algunos avances en el reequilibrio de la balanza de pagos, sigue siendo muy negativa), el alto nivel de deuda pública, la importante carga normativa que soporta el sector financiero y el alto nivel de préstamos no productivos, que dificultan el desapalancamiento.

               (7)El 30 de abril de 2015, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Convergencia de 2015. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)Hungría está sujeta actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda durante el periodo 2013-2015. En su Programa de Convergencia de 2015, el Gobierno prevé reducir gradualmente el déficit global hasta el 2,4 % y el 1,6 % del PIB en 2015 y 2018, respectivamente, y que el objetivo a medio plazo, un déficit estructural del 1,7 % del PIB, se alcance para 2017. Según el Programa de Convergencia, el Gobierno prevé reducir gradualmente la ratio deuda/PIB hasta el 74,9 % en 2015 y el 68,9 % en 2018. El escenario macroeconómico en el que se apoyan estas previsiones presupuestarias es verosímil en líneas generales hasta 2016 y favorable para los años siguientes. Las medidas que contribuirán a alcanzar los objetivos de déficit previstos a partir de 2016 todavía no se han especificado lo suficiente, en particular tras ese año. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, tanto el saldo estructural como el crecimiento del gasto neto apuntan al riesgo de que se registre una desviación significativa respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo a medio plazo en 2015 y 2016. Al mismo tiempo, se prevé que Hungría cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2015 y, una vez finalizado el periodo transitorio, el parámetro de reducción de la deuda en 2016. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo estima que cabe el riesgo de que Hungría no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La aplicación rigurosa del marco presupuestario a medio plazo ya legislado y la atribución de un rol analítico más destacado al Consejo Presupuestario redundarían en beneficio del sistema de gobernanza presupuestaria del país.

               (9)Los grandes retos a los que se enfrenta el sector bancario han persistido durante los últimos doce meses, en particular las dificultades para restablecer la concesión de préstamos basados en el mercado mediante la mejora de las posibilidades de acumulación de capital y el incremento de la eficiencia del saneamiento de las carteras. Desde mediados de 2013, los préstamos bancarios se han basado principalmente en regímenes subvencionados; es el caso, por ejemplo, de cerca del 40 % de los préstamos concedidos a las pymes. Las elevadas cargas tributarias y normativas se combinan con un elevado porcentaje de préstamos problemáticos, de modo que los bancos carecen de los incentivos necesarios para aumentar la concesión de préstamos normales, no subvencionados. La exposición exterior de Hungría y los correspondientes riesgos para la estabilidad financiera se han reducido considerablemente debido a la reciente conversión a moneda local de las hipotecas denominadas en divisas. Al mismo tiempo, el endeudamiento contraído en divisas por los hogares sigue siendo el principal factor de la alta proporción de créditos morosos. La mayoría de los regímenes de rescate de divisas adoptados hasta la fecha no van dirigidos a los prestatarios en dificultades, salvo el de la agencia nacional de gestión de activos en el sector de los hogares, y es poco probable que se resuelva el problema de los préstamos de dudoso cobro. La eficiencia del saneamiento de las carteras se ve obstaculizada, en particular, por la falta de ejecuciones hipotecarias y la ineficiencia de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de resolución. Un acuerdo celebrado recientemente con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo incluye una serie de compromisos por parte del Gobierno para hacer frente a las dificultades que se plantean en el sector financiero, en particular la reducción progresiva de la tasa bancaria y el respeto del principio de consulta previa. Aplicar rigurosamente esas medidas contribuiría a restablecer la solidez y predictibilidad del marco de política financiera. A lo largo del último año, Hungría ha ampliado varias veces su participación directa en el sector bancario. Aun cuando solo sea temporal, la intervención del Estado en ese sector, efectuada a través de un aumento de la propiedad directa, puede acarrear considerables riesgos presupuestarios.

               (10)Los cambios introducidos recientemente en el ámbito de la fiscalidad (establecimiento de nuevos impuestos y aumento de los ya existentes) traslucen un retorno a la anterior tendencia a incrementar el peso de los impuestos aplicados a las empresas de determinados sectores. La imprevisibilidad y la selectividad de esos cambios provocan distorsiones de la inversión en todos los sectores. Aunque se han introducido nuevas medidas, la carga fiscal que soportan algunos grupos de trabajadores con bajos salarios sigue estando entre las más elevadas de la UE, y ello afecta especialmente a las personas solteras. Parece existir margen para una mayor transferencia de la carga fiscal hacia fuentes de ingresos que repercutan menos en el crecimiento. Distintas medidas adoptadas a lo largo del pasado año contribuyen a reforzar los sistemas de lucha contra la evasión fiscal. Ya se ha completado fructíferamente el programa que conecta las cajas registradoras de los establecimientos minoristas a un sistema en línea, y en 2015 se prevé extenderlo a una serie de servicios comerciales. Se ha reducido el umbral de presentación obligatoria de las declaraciones del IVA. En 2015 se ha introducido un sistema electrónico de inspección del transporte de mercancías por carretera con el objetivo principal de reducir el fraude del IVA en cascada. No obstante, queda mucho por hacer para mejorar la eficiencia administrativa en la recaudación de impuestos y reducir los costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente para las pymes

               (11)En general, el mercado de trabajo húngaro mejoró en 2014, y el empleo en el sector privado se recuperó gracias al repunte económico. Aún existen algunos problemas significativos en relación con el programa de obras públicas, que se ha ampliado considerablemente desde 2011. Parece tratarse de una política activa del mercado de trabajo ineficaz e ineficiente, que podría perturbar el buen funcionamiento del mercado laboral. Si se gastaran de manera diferente, los mismos recursos podrían resultar más beneficiosos para la economía húngara. El coste presupuestario del programa se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años, hasta el 0,8 % del PIB, y se prevé que se duplique otra vez de aquí a 2018, de modo que esos recursos no podrán utilizarse a fin de introducir mejoras esenciales en la formación y los servicios necesarios para facilitar la participación en el mercado de trabajo abierto. Cabe el riesgo de que obras públicas de tal magnitud creen importantes «efectos de bloqueo» y sustituyan de forma permanente el sistema de prestaciones sociales para los trabajadores poco cualificados. El programa no está adecuadamente coordinado con las demás medidas y políticas activas del mercado de trabajo y no promueve suficientemente la reincorporación de los participantes al mercado de trabajo abierto. El índice de salida del programa solo fue del 13,8 % en el primer semestre de 2014, lo que corroboraría la anterior afirmación. Aunque el programa está destinado específicamente a los desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualificados, en 2013 el 47 % de los participantes tenían estudios secundarios o superiores. El período de admisibilidad para percibir las prestaciones por desempleo (tres meses) no se ha ampliado, por lo que no coincide con la duración media (más de doce meses) del periodo que los desempleados permanecen en paro antes de encontrar otro empleo. Se han implantado varios programas de mejora de la integración de la población romaní en el mercado de trabajo y se ha establecido un sistema de supervisión. Sin embargo, siguen faltando medidas coordinadas racionalizadas capaces de reducir de forma significativa la pobreza. Los indicadores de pobreza, aunque sugieren tendencias moderadamente positivas, siguen mostrando niveles alarmantemente elevados, sobre todo entre la población romaní y los niños. Todavía existen deficiencias en la adecuación y la cobertura de la asistencia social.

               (12)Los obstáculos introducidos en los últimos años para dificultar la incorporación al sector de los servicios no se han eliminado; al contrario, en 2014 se introdujeron otros que dificultan la asignación eficiente de los recursos económicos, incrementan la incertidumbre de los inversores y restringen la competencia. Cabe citar, por ejemplo, el requisito de que todos los establecimientos de venta al por menor deban ser autorizados con arreglo a un procedimiento centralizado. La corrupción y la falta de transparencia en la Administración pública, la toma de decisiones y la contratación pública siguen provocando inquietud. Tanto el bajo nivel de competencia en la contratación pública como la utilización generalizada de la adjudicación directa de contratos persistieron en 2014. Ese mismo año se llevó a cabo una reorganización de la Administración de la contratación pública, cuyos resultados deben ser objeto de un estrecho seguimiento. En noviembre de 2014 Hungría presentó un plan de acción para la transposición de las nuevas Directivas sobre contratación pública y el fomento de la competencia y la transparencia. También se han anunciado varias medidas encaminadas a mejorar el marco de la lucha contra la corrupción.

               (13)Aunque se han aplicado algunas medidas de fomento de la instrucción de los niños romaníes, todavía no se ha desarrollado un planteamiento sistemático que promueva un sistema general de enseñanza inclusivo. Sigue siendo elevada la proporción de niños romaníes en escuelas o clases que apenas frecuentan alumnos pertenecientes a otras etnias, y los resultados educativos de los alumnos romaníes son inferiores a la media nacional. Los profesores no están capacitados para prestar apoyo suficiente a los grupos desfavorecidos. Es preciso redoblar los esfuerzos para mejorar la transición entre las diferentes formas y fases de la enseñanza y entre ésta y el mercado de trabajo. Los cambios previstos en la asignación de plazas subvencionadas por el Estado en la enseñanza secundaria y el aumento de los requisitos de admisión para la enseñanza superior pueden limitar aún más las pasarelas entre las diferentes modalidades de enseñanza, en detrimento sobre todo de los grupos desfavorecidos. Hungría presenta la mayor tasa de abandono de los estudios superiores (47 %) de toda la UE. En diciembre de 2014, el Gobierno anunció la adopción de una estrategia nacional de enseñanza superior que pretendía elevar hasta el 34 % el porcentaje nacional de personas con estudios superiores. En general, las últimas medidas no han logrado mejorar la participación de los grupos desfavorecidos en la enseñanza superior ni invertir el abandono de los estudios. El actual sistema de financiación no garantiza un acceso equitativo.

               (14)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión Europea incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (15)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Hungría, y su dictamen
                  8
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (16)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA que Hungría tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.Lograr un ajuste presupuestario del 0,5 % del PIB hacia el objetivo a medio plazo en 2015 y del 0,6 % del PIB en 2016.

               2.Tomar medidas para restablecer el crédito normal a la economía real y eliminar los obstáculos al saneamiento de las carteras basado en el mercado; reducir considerablemente los riesgos de pasivos contingentes relacionados con el incremento de la participación del Estado en el sector bancario.

               3.Reducir los impuestos sectoriales específicos con efectos distorsionadores; eliminar los obstáculos injustificados al acceso al sector de los servicios, en particular en el sector minorista; reducir la cuña fiscal de los trabajadores con bajos ingresos, en particular reorientando la fiscalidad hacia ámbitos que distorsionen en menor medida el crecimiento; continuar la lucha contra la evasión fiscal, reducir los costes de cumplimiento e incrementar la eficiencia de la recaudación tributaria. Fortalecer, en la contratación pública, las estructuras que promueven la competencia y la transparencia y proseguir la mejora del marco de la lucha contra la corrupción.

               4.Reorientar los recursos presupuestarios asignados al programa de obras públicas hacia medidas activas del mercado de trabajo para promover la integración en el mercado de trabajo primario; mejorar la adecuación y la cobertura de la asistencia social y las prestaciones por desempleo.

               5.Aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, sobre todo los romaníes, en un sistema general de enseñanza inclusivo, y mejorar el apoyo concedido a esos grupos mediante la capacitación específica del profesorado; reforzar las medidas destinadas a facilitar la transición entre las diferentes fases de la enseñanza y hacia el mercado de trabajo, y mejorar la enseñanza de las competencias esenciales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2015) 266.

                     (4)
                  P8_TA(2015)0067, P8_TA(2015)0068, P8_TA(2015)0069.

                     (5)
                  COM(2014) 902.

                     (6)
                  COM(2014) 904 final.

                     (7)
                  SWD (2015) 36 final.

                     (8)
                  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 525 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Finlandiay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Finlandia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Finlandia

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Finlandia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017 y adoptada por el Consejo el 21 de marzo
                  7
               .

               (2)Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Finlandia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, que se refleja en las recomendaciones 1 y 2 infra.

               (3)El informe específico de 2017 sobre Finlandia
                  8
                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Finlandia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, el curso dado a las recomendaciones adoptadas en años anteriores y los avances de Finlandia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017
                  9
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Finlandia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos.

               (4)El 28 de abril de 2017, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)En los programas de los Estados miembros de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han tenido en cuenta las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según lo previsto en la legislación que regula los Fondos EIE
                  10
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones específicas por país pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus correspondientes programas de los Fondos EIE. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas
                  11
               .

               (6)Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé un deterioro del saldo presupuestario, que pasaría del -1,9 % del PIB registrado en 2016 al -2,3 % en 2017, seguido de una mejora constante, hasta situarse en el -0,2 % en 2020. Se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit del 0,5 % del PIB en términos estructurales) a partir de 2019. No obstante, sobre la base del saldo estructural recalculado
                  12
               , ese objetivo solo podrá alcanzarse a partir de 2020. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance un máximo del 64,7 % en 2017 y disminuya gradualmente, hasta el 62,7 %, en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias parece favorable, especialmente en lo que respecta a 2018 y 2019. El escenario se basa en la previsión de que el empleo crezca cerca del 2 % al año en 2018-2019, que es un aumento considerablemente superior al aumento medio anual registrado durante los diez últimos años (+0,2 %).

               (7)El 22 de mayo de 2017, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, ya que la deuda de las administraciones públicas de Finlandia superó el valor de referencia del 60 % del PIB. Tras evaluar todos los factores pertinentes, el informe concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido.

               (8)El Programa de Estabilidad de 2017 indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados es importante y constituye una prueba suficiente del volumen y el carácter de estos gastos presupuestarios adicionales. Según el Programa de Estabilidad, los gastos representaron un 0,34 % del PIB en 2016. Según la Comisión, los gastos adicionales admisibles ascendieron en 2016 a un 0,17 % del PIB. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permiten hacer frente a esos gastos adicionales, dado que la llegada de refugiados es un acontecimiento inusitado, su incidencia en las finanzas públicas finlandesas es significativa y la sostenibilidad no se ve comprometida al permitirse una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta esos gastos, se ha reducido el ajuste requerido en 2016 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se prevé que los costes relacionados con la afluencia excepcional de refugiados disminuyan un 0,15 % del PIB en 2017. En la primavera de 2018, la Comisión hará una evaluación final sobre 2017, también sobre los importes admisibles, a partir de los datos observados que proporcionen las autoridades.

               (9)En su proyecto de plan presupuestario de 2017
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               , Finlandia presentó una petición de flexibilidad en el contexto del componente preventivo con arreglo a la «Posición común sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», aprobada por el Consejo ECOFIN en febrero de 2016, ante la perspectiva de realización de importantes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública (petición de flexibilidad del 0,5 % del PIB) y de gastos a nivel nacional en proyectos cofinanciados por la UE en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (petición de flexibilidad del 0,1 % del PIB).

               (10)La petición de flexibilidad para la realización de reformas estructurales se refiere a reformas del mercado de trabajo, en particular el Pacto de Competitividad y la reforma de las pensiones. Para más del 90 % de los trabajadores, el Pacto congela los salarios durante doce meses y aumenta de forma permanente el tiempo de trabajo anual en 24 horas sin compensación. Además, los asalariados pagarán de forma permanente una mayor proporción de las cotizaciones a la seguridad social. Para compensar la congelación salarial y el aumento de la carga financiera de los trabajadores, el Gobierno ha reducido los impuestos sobre las rentas del trabajo de forma permanente a partir de 2017. La reforma de las pensiones aumentará la edad mínima de jubilación legal, de 63 a 65 años, de aquí a 2027; posteriormente, la edad de jubilación irá vinculada a la esperanza de vida. Ambas reformas han entrado en vigor en 2017. Como consecuencia del Pacto de Competitividad, la mejora de la competitividad de costes podría conducir a una mejora del empleo y a un incremento del PIB real de en torno al 1,5 %-2 % en 2017, tal como se contempla en el proyecto de plan presupuestario. Dada la naturaleza de la medida, existen incertidumbres en torno a las estimaciones relativas al empleo o al PIB, aunque parecen globalmente verosímiles. Así pues, las reformas tendrán efectos positivos en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por otro lado, un análisis detallado de la estimación de la brecha de producción para 2017, efectuado sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, indica que Finlandia alcanza el valor de referencia mínimo en 2017. Como medida adicional de salvaguardia para garantizar el cumplimiento del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB), el Gobierno de Finlandia se ha comprometido públicamente a tomar en 2017, si fuera necesario, medidas adicionales que garanticen el cumplimiento de las normas presupuestarias, incluida la observancia del citado valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado
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               . Sobre esta base, puede considerarse que Finlandia cumple actualmente los requisitos para la desviación temporal del 0,5 % del PIB que solicita para 2017, siempre que ejecute adecuadamente las reformas acordadas, lo cual será objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo.

               (11)Por lo que se refiere a la petición de flexibilidad para inversión adicional, la información facilitada por el Programa de Estabilidad de 2017 parece confirmar que la desviación temporal de Finlandia respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 está siendo utilizada de forma eficaz con el fin de aumentar las inversiones. Por ello, y teniendo también en cuenta los elementos mencionados en relación con el valor de referencia mínimo y que el análisis detallado de la estimación de la brecha de producción confirma que Finlandia está experimentando una coyuntura económica desfavorable, puede considerarse que, hoy por hoy, Finlandia cumple los requisitos para una desviación temporal del 0,1 % del PIB en 2017, a fin de tener en cuenta el gasto de inversión nacional en proyectos cofinanciados por la UE. La Comisión llevará a cabo una evaluación ex post con objeto de comprobar el importe real del gasto nacional en la cofinanciación de proyectos de inversión y el margen correspondiente.

               (12)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Finlandia que lograra un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión indican que hay margen para una desviación temporal adicional del 0,6 % del PIB en 2017 en el marco de la cláusula de reformas estructurales y la cláusula de inversión, garantizando al mismo tiempo un respeto permanente del valor de referencia mínimo (esto es, un déficit estructural del 1,1 % del PIB). Sobre esa base, se autorizaría un deterioro del saldo estructural de un 0,5 % del PIB en 2017. Según las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, Finlandia cumple los requisitos del componente preventivo. Si se tuviera en cuenta la actual estimación actualizada del menor impacto presupuestario en 2017 de la afluencia excepcional de refugiados, la conclusión de la evaluación general no cambiaría. Para 2018, Finlandia debe alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen autorizado en relación con acontecimientos inusitados (concedido para 2016), así como los márgenes relacionados con la ejecución de las reformas estructurales e inversiones (concedidos para 2017)
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               . Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, ello es coherente con una tasa de crecimiento nominal máxima del gasto público primario neto
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                del 1,6 %, que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,1 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, Finlandia cumpliría en 2018 los requisitos del componente preventivo. Si se tuviera en cuenta la actual estimación actualizada del menor impacto presupuestario en 2017 de la afluencia excepcional de refugiados, la conclusión de la evaluación general no cambiaría. Al mismo tiempo, las previsiones indican, a primera vista, que Finlandia no cumplirá el valor de referencia para la reducción de la deuda ni en 2017 ni en 2018. En general, el Consejo considera que Finlandia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento.

               (13)Debido al envejecimiento de la población y la disminución de la mano de obra, el gasto en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración aumentará del 23 % del PIB en 2013 al 27 % en 2030. En enero de 2017, entró en vigor una reforma de las pensiones que elevará la edad mínima de jubilación legal de 63 a 65 años de aquí a 2027 y vinculará la edad legal de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Los costes de los servicios sociales y sanitarios, que son actualmente competencia de los municipios, ascienden al 10 % del PIB. Sin una reforma del sistema, ese gasto aumentaría un 2,4 % anual en términos nominales en los próximos años, aumentando también su porcentaje del PIB. Entre los principales objetivos de las reformas cabe citar la reducción de la brecha de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas gracias a un mejor control de los costes. Dicho objetivo se alcanzará mediante la integración de servicios, un aumento del tamaño de las entidades proveedoras de servicios y la digitalización. En marzo de 2017 se presentó al Parlamento la primera serie de propuestas legislativas para las reformas de los servicios sociales y sanitarios. Estas leyes establecerán el marco jurídico para los dieciocho nuevos condados que asumirán la responsabilidad de dichos servicios a partir de 2019. Las propuestas legislativas correspondientes a las partes más controvertidas de la reforma, en particular la relativa a la libertad de los pacientes de elegir a su proveedor de servicios, aún deben ultimarse debido a que la reforma se aplicará a partir de 2019 según lo previsto.

               (14)Las subidas salariales han sido moderadas durante los últimos años. El incremento interanual medio de los salarios negociados fue del 0,7 % en el período 2014-2016. Debido al débil crecimiento de la productividad laboral, la competitividad de costes ha mejorado solo de forma gradual. En 2016 los interlocutores sociales firmaron el Pacto de Competitividad con objeto de mejorar progresivamente la competitividad de costes de Finlandia en 2017. Para más del 90 % de los trabajadores, el Pacto congela los salarios durante doce meses y aumenta de forma permanente el tiempo de trabajo anual en 24 horas sin compensación adicional. Además, los asalariados pagarán de forma permanente una mayor proporción de las cotizaciones sociales. Se espera que estas medidas apoyen la expansión de las exportaciones y el empleo en los años venideros. La próxima ronda de negociaciones salariales que tendrá lugar en el segundo semestre de 2017 será crucial para garantizar estos efectos positivos esperados, ya que el Pacto no cerró completamente la brecha de competitividad con respecto a economías similares.

               (15)La situación del mercado laboral empezó a mejorar paulatinamente en 2016, pero sigue habiendo dificultades. El empleo en el sector industrial disminuyó un 21 % entre 2008 y 2015. En otros sectores, como el de la construcción, el inmobiliario y el de la asistencia sanitaria, hay signos de escasez de mano de obra. Esta situación pone de relieve la necesidad de políticas activas del mercado de trabajo bien orientadas y de una inversión continua en formación de adultos y formación profesional, para favorecer la movilidad profesional. La ratio puestos vacantes/empleo en 2016 fue casi tan elevada como en 2007, mientras que la tasa de desempleo fue dos puntos porcentuales superior, lo cual puede reflejar desajustes entre la oferta y la demanda de mano de obra, el escaso atractivo de algunos puestos vacantes o los bajos incentivos para aceptar un empleo. Son necesarios esfuerzos continuos para garantizar mejores resultados en el mercado de trabajo para las personas inactivas, en particular las del grupo de edad 25-39 años, los desempleados de larga duración y los migrantes. Para mejorar los resultados sociales y de mercado de trabajo de las personas de origen migrante se requerirá también una inversión continua en su educación.

               (16)En términos de activación, el complejo sistema de prestaciones, con sus diferentes tipos de subsidios, puede provocar trampas significativas de inactividad y salarios bajos, así como problemas burocráticos en cuanto al restablecimiento de prestaciones. Resulta esencial abordar esas trampas. A fin de aumentar los incentivos para aceptar ofertas laborales, se ha endurecido la obligación de los desempleados de aceptar una oferta de trabajo y la obligación de participar en programas de activación. Además, se ha acortado la duración de la prestación de desempleo vinculada a los ingresos. Se han introducido incentivos positivos, como permitir el uso del subsidio básico de desempleo como subsidio salarial y de movilidad, para activar a los solicitantes de empleo. Los mayores incentivos para aceptar un empleo podrían complementarse con la eliminación de las actuales trabas burocráticas para acceder a un puesto de trabajo o convertirse en empresario.

               (17)La competitividad no relacionada con los costes lastra las exportaciones y puede limitar el atractivo de Finlandia para los inversores extranjeros. Se están produciendo cambios estructurales, pero su ritmo se ha ralentizado recientemente. Se ha avanzado en la liberalización de sectores de servicios, como el comercio al por menor y el transporte, y se han presentado propuestas para incrementar la competencia en otros sectores de servicios nacionales. Si bien a nivel internacional Finlandia se sitúa entre los principales países del mundo en términos de entorno empresarial y atractivo inversor, el stock de inversiones extranjeras en el país está por debajo de la media de la UE considerando el tamaño de su economía.

               (18)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe específico del país de 2017. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Finlandia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo la pertinencia de los programas y las medidas de seguimiento para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

               (19)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que implica alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los márgenes autorizados en relación con acontecimientos inusitados y la realización de reformas estructurales e inversiones, para las que se concede una desviación temporal. Garantizar la rápida adopción y aplicación de la reforma administrativa con vistas a mejorar la relación coste-eficacia de los servicios sociales y sanitarios.

               2.Propiciar una mayor alineación de los salarios con la evolución de la productividad, respetando plenamente el papel de los interlocutores sociales. Adoptar medidas activas del mercado de trabajo bien orientadas para hacer frente a los desafíos sociales y en materia de empleo, ofrecer incentivos para aceptar un empleo y fomentar el espíritu empresarial.

               3.Seguir mejorando el marco regulador y reducir la carga administrativa, a fin de aumentar la competencia en los servicios y fomentar la inversión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2017) xxx.

                     (4)
                  P8_ TA(2017)0038, P8_ TA(2017)0039 y P8_ TA(2017)0040.

                     (5)
                  COM(2016) 725 final.

                     (6)
                  COM(2016) 728 final.

                     (7)
                  2017/C92/01.

                     (8)
                  SWD(2017) 91 final.

                     (9)
                  COM(2017) 90 final.

                     (10)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (11)

                        COM(2014) 494 final.

                     (12)
                  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (13)
                  Publicaciones del Ministerio de Hacienda 36c/2016.

                     (14)
                  VM/712/04.00.05.01/2016.

                     (15)
                  Finlandia está autorizada a desviarse de su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, ya que las desviaciones temporales son aplicables durante un período de tres años.

                     (16)
                  El gasto público neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se compensen totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales relativas a los ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por la ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan sobre una base neta.

                     (17)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 521 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Portugaly por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Portugal

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Portugal

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Portugal

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
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               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
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               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
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               , en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017 y adoptada por el Consejo el 21 de marzo
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               .

               (2)Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Portugal debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro que se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (3)El informe específico de 2017 sobre Portugal
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                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaron los avances realizados por Portugal de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Portugal hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluyó asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017
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               . En el análisis de la Comisión se concluye que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la gran acumulación de pasivos exteriores netos, la deuda privada y pública y el elevado porcentaje de préstamos no productivos constituyen puntos vulnerables en un contexto de desempleo elevado, pero en disminución, y de crecimiento lento de la productividad. El crecimiento potencial sigue estando por debajo de su nivel anterior a la crisis, afectado por estrangulamientos persistentes y rigideces en los mercados de productos y de trabajo, así como por importantes desequilibrios exteriores. La balanza por cuenta corriente refleja algunas mejoras, pero serán necesarios esfuerzos adicionales para un ajuste significativo de los pasivos exteriores netos. Tras un ajuste significativo en los últimos años, los costes laborales unitarios empezaron a aumentar debido a la debilidad del crecimiento de la productividad y el aumento de los salarios. La deuda privada está disminuyendo y la deuda pública se ha estabilizado, en un contexto aún caracterizado por las necesidades de desapalancamiento. El volumen de préstamos no productivos sigue siendo elevado y, junto con la baja rentabilidad y las reservas de capital relativamente escasas, plantean riesgos para los balances de los bancos. Las condiciones del mercado de trabajo han mejorado, pero el desempleo juvenil, el desempleo de larga duración y el porcentaje de trabajadores temporales siguen siendo elevados.

               (4)El 28 de abril de 2017, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo. El Programa Nacional de Reformas de Portugal incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo. En particular, incluye medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas y el entorno empresarial y hacer frente a la deuda de las empresas. Se compromete con reformas ambiciosas para modernizar la administración pública, aumentar la protección social, mejorar el nivel de cualificación de la mano de obra y mejorar la gobernanza en las empresas estatales. Cubre asimismo los retos señalados en el informe por país de 2017 y la Recomendación para la zona del euro, incluida la necesidad de relanzar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De aplicarse íntegramente en los plazos indicados, estas medidas ayudarían a abordar los desequilibrios macroeconómicos de Portugal y las recomendaciones específicas por país. Sobre la base de la evaluación de los compromisos de Portugal, la Comisión confirma su evaluación anterior de que, de momento, no se justifican nuevas medidas en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. La aplicación de la agenda de reformas será objeto de un seguimiento estrecho por medio de un control específico.

               (5)Las recomendaciones específicas por país se han tenido en cuenta en la programación por los Estados miembros de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020. Según lo previsto en la legislación que rige los Fondos EIE
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones específicas por país pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y modifique su programación de los Fondos EIE pertinentes. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de esas normas
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               .

               (6)Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Portugal se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, Portugal prevé alcanzar un déficit global del 1,5 % del PIB y el 1,0 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente, y una nueva mejora hasta un superávit de 0,4 % del PIB en 2020. Esos planes no incluyen los posibles efectos de aumento del déficit derivados de las medidas de apoyo a la banca
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               . Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un superávit estructural del 0,25 % del PIB— se alcance a más tardar en 2021. El Programa de Estabilidad prevé que la ratio deuda pública/PIB alcanzará el 127,9 % en 2017 y el 124,2 % en 2018, y sería del 117,6 % en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2017, pero optimista para los años siguientes. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente.

               (7)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Portugal lograr un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Según las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2017.

               (8)En 2018, a la luz de su situación fiscal, y en particular de su nivel de deuda, se espera que Portugal prosiga el ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo de un superávit estructural del 0,25 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el ajuste se traduce en el requisito de una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                que no supere el 0,1 %, lo que correspondería a un ajuste estructural de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2018. A primera vista, no se prevé que Portugal cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2017 y 2018. En general, el Consejo considera que será preciso adoptar nuevas medida a partir de 2017 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.º 1466/97, la evaluación de los planes y de los resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a estas recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la evaluación posterior de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas portuguesas. En este contexto, la Comisión tiene previsto hacer uso del margen de apreciación aplicable a la luz de la situación cíclica de Portugal.

               (9)Un saneamiento presupuestario sólido depende de la aplicación oportuna y estricta de la nueva Ley marco presupuestaria, que revisa y racionaliza el gasto público y sigue mejorando la recaudación de ingresos. Portugal ha iniciado un ejercicio de revisión del gasto, basado principalmente en medidas de eficiencia en los ministerios de sanidad y educación, las empresas públicas, la contratación pública (centralizada) y la gestión de bienes inmuebles. Sin embargo, esta revisión del gasto carece de un enfoque integral, ya que solo se refiere al Gobierno central y se centra en los ahorros de eficiencia derivados de la racionalización de servicios. En el sector de la sanidad, el Gobierno ha adoptado medidas destinadas a fomentar la prevención de las enfermedades y las políticas de salud pública. Por otra parte, se han adoptado varias medidas para que el sector de la asistencia sanitaria sea más eficaz y sostenible, por ejemplo a través de la contratación pública centralizada o una mayor utilización de genéricos. Al mismo tiempo, mientras prosigue la reforma hospitalaria, la planificación y la ejecución presupuestaria en los hospitales siguen siendo problemas importantes. Sigue aumentando la demora en los pagos (atrasos), lo que subraya las deficiencias en los mecanismos de control contable y las prácticas de gestión. Una presupuestación exacta y equilibrada, la mejora de los controles y la aplicación efectiva de la Ley de control de los compromisos podrían ayudar a reducir los atrasos y mejorar la eficiencia y la calidad del sector. El nivel elevado y al alza de los costes derivados del envejecimiento sigue suponiendo un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. A medio plazo, se espera que el aumento de los riesgos presupuestarios esté relacionado, en gran medida, con los costes de financiación de las pensiones. Los riesgos presupuestarios a largo plazo en el país se consideran bajos, en gran medida gracias a las reformas de los sistemas de pensiones, el mantenimiento previsible de la política económica y un sistema de pensiones que siga reduciendo su dependencia de las transferencias presupuestarias. La reestructuración de las empresas estatales, para que sean sostenibles desde el punto de vista presupuestario, aún no se ha acometido plenamente. Las empresas públicas supervisadas por la unidad de control del Ministerio de Hacienda (UTAM) presentaron un endeudamiento total de 32 000 millones EUR en el segundo trimestre de 2016. Un marco con unos objetivos establecidos para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales podría ayudar a reducir su dependencia de las transferencias del presupuesto del Estado y a abordar el gran volumen de deuda.

               (10)El mercado laboral portugués siguió recuperándose en 2016, con una mejora constante en los indicadores del mercado laboral y, en particular, una disminución de la tasa de desempleo. Una parte considerable de los nuevos puestos de trabajo creados son contratos indefinidos. Sin embargo, el volumen de los contratos temporales se mantiene estable en niveles elevados. La alta segmentación del mercado laboral afecta negativamente a los ingresos y las perspectivas profesionales de los trabajadores, en particular de los jóvenes. En enero de 2017, Portugal reformuló su programa de apoyo al empleo para fomentar la contratación indefinida. Sin embargo, se prevé que tenga un impacto limitado sobre la reducción de la segmentación, ya que son relativamente escasas las personas a las que se aplicará el programa. Aunque las recientes reformas del mercado de trabajo han mejorado los incentivos para la creación de empleo, algunos aspectos del marco jurídico todavía pueden disuadir a las empresas de contratar trabajadores con contratos indefinidos. En particular, los empleadores deben hacer frente a costes de despido elevados e inciertos en caso de despido individual de los trabajadores fijos. Esto se debe, en parte, a la posibilidad de reincorporar a un trabajador si el despido se considera abusivo, y a ineficiencias en los procedimientos judiciales.

               (11)Con el descenso del desempleo desde 2014, también está disminuyendo, en términos absolutos, el número de desempleados de larga duración. Sin embargo, más de la mitad de los desempleados no ha tenido ningún trabajo durante un año o más, y ese porcentaje no está disminuyendo con la recuperación. Los altos niveles de desempleo juvenil y desempleo de larga duración aumentan el riesgo de que las personas desempleadas abandonen el mercado laboral, perdiendo paulatinamente sus cualificaciones y su empleabilidad, lo que también afecta negativamente al potencial de crecimiento. El desempleo juvenil, aunque sigue siendo importante, está disminuyendo merced a una serie de medidas adoptadas en años anteriores, en particular a través de medidas de concienciación en el contexto de la Garantía Juvenil. Esto puede explicar, en parte, por qué el porcentaje de jóvenes que ni tienen empleo ni educación o formación (ni-ni) es inferior a la media de la UE. Portugal también está tomando medidas para racionalizar las políticas activas del mercado de trabajo y para resolver el problema del desempleo juvenil. Entre ellas figura la introducción, en abril de 2017, de incentivos para el empleo (mediante rebajas de las cotizaciones a la seguridad social), destinada a contratar a jóvenes y a desempleados de larga duración con contrato indefinidos. No obstante, a fin de garantizar la activación efectiva de los desempleados de larga duración, es fundamental que los servicios públicos de empleo colaboren eficazmente con los servicios sociales para identificar y abordar mejor las necesidades de este grupo. Un paso importante en esta dirección sería crear las ventanillas únicas para el empleo que han sido anunciadas.

               (12)Siguiendo el programa anunciado, en 2017 el Gobierno aumentó el salario mínimo por tercer año consecutivo. Con el último aumento, por encima de la inflación prevista y de los incrementos de productividad medios, se prevé que el salario mínimo sea cada vez más vinculante, puesto que la proporción de empleados cubiertos ya representó una quinta parte del total en 2016. Los incrementos del salario mínimo contribuyen a reducir la alta tasa de pobreza de las personas empleadas y pueden incidir positivamente en la demanda agregada. Sin embargo, pueden implicar riesgos de pérdidas de empleo, especialmente para las personas poco cualificadas. Esos riesgos no se han concretado en el contexto actual de recuperación, pero siguen suponiendo un desafío. El Gobierno está examinando las repercusiones de la evolución del salario mínimo, por medio de informes trimestrales, que se publican y debaten con los interlocutores sociales.

               (13)Portugal ha registrado mejoras significativas en su educación escolar, tal como lo demuestran los informes PISA más recientes. No obstante, el país sigue estando entre los países de la OCDE con mayores porcentajes de repetición de curso, y se ha demostrado que ello aumenta el riesgo de abandono escolar prematuro y afecta de forma significativa a los costes de la educación. El nivel general de cualificación de la mano de obra sigue siendo uno de los más bajos de Europa y perjudica al potencial de innovación y a la competitividad del país. Además, las competencias digitales siguen siendo un obstáculo para la mejora de las capacidades de la mano de obra. Un 22 % aproximadamente de la mano de obra portuguesa no tiene competencias digitales (principalmente porque no utilizan internet con regularidad), casi el doble de la media de la UE. El Gobierno ha tomado medidas para fomentar la educación de adultos, especialmente mediante la creación de centros «Qualifica» y del «pasaporte» correspondiente. Para garantizar su eficacia, será esencial que ofrezcan oportunidades de calidad para mejorar y actualizar las competencias de los trabajadores, en consonancia con las necesidades del mercado laboral. El Gobierno también ha adoptado una serie de medidas para apoyar la cooperación entre los centros de enseñanza superior y el sector empresarial, en particular en cuanto a los resultados y las actividades de investigación. Sin embargo, las estructuras universitarias deberían adaptarse para favorecer dicha cooperación.

               (14)El gran volumen de préstamos no productivos a empresas, una baja rentabilidad, la exposición a los riesgos de la deuda soberana y la debilidad de las reservas de capital están presionando al sector bancario. El deterioro de la calidad de los activos, en particular en el sector empresarial, afecta negativamente a la rentabilidad del sector bancario. Se trata de uno de los factores, junto con las bajas reservas de capital, que impiden la asignación productiva del crédito y la inversión. El ratio de préstamos no productivos sigue siendo elevado (un 20,1 % frente al 19,6 % a finales de 2015) y sigue en aumento en algunos sectores de la economía, en particular en las empresas del sector inmobiliario y la construcción. Recientemente se han adoptado algunas medidas para abordar el problema del gran volumen de préstamos no productivos. Sin embargo, sigue siendo necesaria una estrategia global para garantizar una reducción significativa del volumen de deuda deteriorado, incluido el fomento del desarrollo de mercados secundarios para permitir a los bancos vender partes de sus carteras en dificultades.

               (15)Las condiciones de crédito han ido mejorando tanto por el lado de la demanda como de la oferta, pero el acceso a la financiación sigue siendo una preocupación importante para las pymes. El porcentaje de pymes portuguesas que no consiguieron obtener el importe total de préstamos solicitados aumentó del 34 % al 42 %, mientras que la media de la UE caía al 30 % en 2016. Las empresas innovadoras y competitivas con fuerte potencial de crecimiento se beneficiarían de un mejor acceso al capital, lo que reduciría su dependencia de la financiación de la deuda y mejoraría su acceso a la financiación, ayudando a las empresas a crecer e internacionalizarse. La diferencia del coste del capital entre las inversiones financiadas por deuda y las financiadas mediante recursos propios en 2016 fue la quinta más alta de la UE, muy por encima de la media de la Unión. Si bien es cierto que los cambios introducidos en el régimen tributario han reducido los incentivos de financiación de la deuda, es demasiado pronto para apreciar la repercusión en el sesgo en favor del endeudamiento, relativamente elevado, del impuesto de sociedades. En julio de 2016, las autoridades pusieron en marcha el programa Capitalizar destinado principalmente a fomentar la inversión privada. El programa establece nuevas líneas de crédito para las pymes, crea fondos especializados que participarán en las inversiones privadas e introduce cambios en el régimen tributario para apoyar la inversión. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha otro programa (Programa Semente) para proporcionar financiación a las empresas emergentes y a las pequeñas empresas en su fase inicial (capital inicial). El programa les ayudará a obtener aportaciones de capital mediante la oferta de desgravaciones fiscales, durante al menos dos años, a los inversores privados que adquieran nuevas acciones en esas empresas. Se espera que ambos programas mejoren la financiación de empresas en Portugal, siempre que se apliquen con rapidez e íntegramente.

               (16)En enero de 2017, como parte del paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios
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               , la Comisión ofreció orientaciones a todos los Estados miembros sobre las necesidades de reforma nacional para regular los servicios profesionales con alto potencial de crecimiento y empleo. La recomendaciones de reforma se refieren a un amplio abanico de requisitos, sobre la base de un análisis comparativo que se ajusta al espíritu y al trabajo llevado a cabo en el ejercicio de evaluación mutua con los Estados miembros en los últimos tres años. Portugal ha participado activamente en ese ejercicio. En su plan de acción nacional, Portugal explica que, dado que las principales reformas y la revisión de las profesiones reguladas se han ido llevando a cabo desde 2011, no se esperan modificaciones importantes en los próximos años. Las orientaciones que ofrece la Comisión complementan las evaluaciones del Semestre Europeo, ya que abordan específicamente los requisitos aplicables a esas profesiones. Existen importantes obstáculos reglamentarios y administrativos para acceder a la prestación de servicios en varios sectores. Las reformas destinadas al sector de la construcción y a los servicios a las empresas más restrictivos, incluidas las profesiones reguladas, se acordaron durante el programa de asistencia financiera, pero han sido frenadas o revocadas. Los decretos por los que se regulan determinadas profesiones son menos ambiciosos que la legislación marco en cuanto a apertura de estas profesiones a la competencia. También plantean problemas en lo que respecta al efecto directo o indirecto de limitar la competencia en el mercado de los servicios profesionales.

               (17)Persisten los bajos niveles de eficiencia y transparencia en la administración pública portuguesa. La competencia en la contratación pública sigue siendo limitada. Pese a los avances, se siguen observando deficiencias en lo que respecta a la transparencia y fiabilidad de los datos y los procedimientos de contratación pública. La transparencia en los contratos de concesión y las asociaciones entre los sectores público y privado sigue viéndose obstaculizada por los poderes adjudicadores, que carecen de la experiencia necesaria para gestionar contratos complejos. El recurso a adjudicaciones directas en la contratación pública sigue siendo elevado. La carga administrativa y la falta de prácticas homogéneas de aplicación en todo el país están retrasando la reforma de los procedimientos. Aunque se han registrado algunos avances, se observan retrasos en la simplificación de procedimientos administrativos centrales y locales, con escasa coordinación entre los distintos niveles de la administración pública. Las autoridades portuguesas han aprobado un nuevo programa de simplificación, denominado SIMPLEX+, que contiene un paquete de medidas bastante ambicioso para los ciudadanos y las empresas. Esas medidas son prometedoras y debe garantizarse una aplicación rápida de SIMPLEX+ para que el programa pueda empezar a tener un impacto eficaz. La mayor parte de las medidas del paquete destinadas a las empresas están empezando a aplicarse. Los resultados del sistema judicial portugués siguen estando por debajo de la media de la UE. En Portugal, los indicadores de eficiencia en materia de litigios civiles, mercantiles y fiscales siguen siendo insatisfactorios, lo que tiene una incidencia negativa en la dinámica empresarial y para atraer la inversión extranjera directa. La eficiencia de las jurisdicciones tributaria y administrativa sigue siendo un reto en cuanto a la tasa de resolución, y los procedimientos siguen siendo demasiado largos. Todavía toca esperar hasta cuarenta meses para concluir un procedimiento judicial de insolvencia, lo que plantea dudas acerca de la eficiencia del instrumento SIREVE.

               (18)Portugal está avanzando en materia de aumento de la transparencia y de lucha contra la corrupción en la administración pública, si bien no dispone de una estrategia global. La lucha contra la corrupción parece haberse convertido en una prioridad real de la fiscalía nacional y se han establecido procedimientos más eficaces para la gestión de los asuntos y de los recursos. Sin embargo, queda por ver si estas medidas se reflejarán en un aumento de los índices de condenas firmes por corrupción de alto nivel y en una aplicación de las sanciones que sea más disuasoria. En el aspecto preventivo, los planes de prevención de la corrupción establecidos en las distintas instituciones públicas han sido de momento meramente formalistas. No están plenamente adaptados a cada organización, ni se complementan con una supervisión adecuada.

               (19)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

               (20)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (21)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Portugal que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.Garantizar la durabilidad de la corrección del déficit excesivo. Proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que se traducirá en un esfuerzo presupuestario importante para 2018. Al adoptar medidas políticas, deberá prestarse atención a lograr una orientación presupuestaria que contribuya tanto de consolidar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas portuguesas. Intensificar los esfuerzos para ultimar una revisión global de los gastos a todos los niveles de la administración pública. Reforzar el control del gasto, la relación coste/eficacia y la presupuestación adecuada, en particular en el sector de la salud, con especial atención a la reducción de los atrasos en los hospitales, y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Incrementar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales, fijar objetivos de eficiencia específicos a tiempo para el presupuesto de 2018, mejorar la renta neta global de las empresas de propiedad estatal y disminuir la carga para el presupuesto del Estado.

               2.Fomentar la contratación de empleados con contratos indefinidos, en particular revisando el marco jurídico. Garantizar la activación efectiva de los desempleados de larga duración. En colaboración con los interlocutores sociales, garantizar que la evolución del salario mínimo no perjudique al empleo de las personas poco cualificadas.

               3.Intensificar los esfuerzos para sanear los balances de las entidades de crédito mediante la aplicación de una estrategia global que resuelva el problema de los préstamos no productivos, incluso reforzando el mercado secundario para los activos tóxicos. Mejorar el acceso al capital, en particular para las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas.

               4.Aplicar una hoja de ruta para seguir reduciendo la carga administrativa y suprimir los obstáculos reglamentarios en los sectores de la construcción y de los servicios a las empresas antes de finales de 2017. Aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y de los procedimientos tributarios.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2017) 521 final.

                     (4)
                  P8_TA(2017)0038, P8_TA(2017)0039 y P8_TA(2017)0040.

                     (5)
                  COM(2016) 725 final.

                     (6)
                  COM(2016) 728 final.

                     (7)
                  2017/C92/01.

                     (8)
                  SWD(2017) 87 final.

                     (9)
                  COM(2017) 90 final.

                     (10)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (11)

                        COM(2014) 494 final.

                     (12)
                  Decisión de la Comisión de 10 de marzo de 2017 – SA.47178 – Portugal – Recapitalización de la Caixa Geral de Depósitos, S.A.

                     (13)
                  El gasto público neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se contrarrestan totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se incluyen las medidas discrecionales relativas a los ingresos o los aumentos de ingresos obligatorios en virtud de la ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se compensan.

                     (14)
                  COM(2016) 820 final, COM(2016) 821 final, COM(2016) 822 final, COM(2016) 823 final y COM(2016) 824 final.

                     (15)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.