title: Recomendación del Banco Central Europeo de 24 de febrero de 2014 sobre la organización de medidas preparatorias para la recopilación de datos granulares de crédito por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2014/7)

text:
               8.4.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 24 de febrero de 2014
   sobre la organización de medidas preparatorias para la recopilación de datos granulares de crédito por el Sistema Europeo de Bancos Centrales
   (BCE/2014/7)
   (2014/C 103/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular su artículo 5.1 y su artículo 34.1, tercer guion,
   Visto el Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (1), y, en particular, el artículo 8, apartado 5,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Conforme a la Decisión BCE/2014/6 (2), el Banco Central Europeo (BCE) puede aplicar medidas preparatorias específicas a fin de establecer un marco a largo plazo para la transmisión de datos granulares de crédito en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) con determinados fines estadísticos.

               (2)

               La aplicación eficaz de este marco a largo plazo dependerá de la colaboración entre todos los miembros participantes del SEBC y de que todos ellos apliquen los mismos niveles de calidad. Los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro y que estén preparándose para participar en este marco deben cooperar entre sí, con los BCN de los Estados miembros cuya moneda es el euro y con el BCE para aplicar las medidas preparatorias de conformidad con la Decisión BCE/2014/6.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.

      Definiciones

   A efectos de la presente Recomendación, la expresión «datos granulares de crédito» tendrá el mismo significado que en la Decisión BCE/2014/6.
   II.

      Comunicación de información estadística

   Se solicita a los destinatarios de la presente Recomendación que apliquen las disposiciones dirigidas a los BCN recogidas en la Decisión BCE/2014/6.
   III.

      Disposición final

   La presente Recomendación se dirige a los BCN de los Estados miembros cuya moneda no es el euro y que preparan su participación en el marco a largo plazo para la transmisión de datos granulares de crédito en el SEBC.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 24 de febrero de 2014.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 318 de 27.11.1998, p. 8.

      (2)  Decisión BCE/2014/6, de 24 de febrero de 2014, sobre la organización de medidas preparatorias para la recopilación de datos granulares de crédito por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (aún no publicada en el Diario Oficial).


				|

		52011SC0826

			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Swedenand delivering a Council opinionon the updated Convergence Programme of Sweden, 2011-2014

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
sobre el programa nacional de reforma de
2011 de Suecia
 y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de convergencia actualizado de Suecia (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1], y,
en particular, su artículo 9, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de
los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de
octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros[3],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros
a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de
empleo.
(3)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(4)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)
El 29 de abril de 2011, Suecia presentó la
actualización de 2011 de su programa de convergencia, relativa al período
2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Ambos programas se han
evaluado al mismo tiempo.
(6)
Antes de la crisis económica de 2008-2009, la
economía sueca disfrutó de más de una década de fuerte crecimiento, impulsado
tanto por la demanda interna como por las exportaciones netas. Dado que se
trata de una economía orientada a las exportaciones, con un sector financiero
considerable, se vio muy afectada por la caída de la demanda exterior y por la
parálisis de los mercados financieros en 2008, que provocaron una contracción
del PIB del 5,1 % en 2009 y un aumento de la tasa de desempleo, que pasó
del 6 %, aproximadamente, a más del 9 %. Gracias a una posición de
partida sólida, sin necesidad de grandes ajustes en el ámbito de los hogares o
en los sectores bancario y público, y a una respuesta adecuada de la política
monetaria y presupuestaria, la recesión fue bastante efímera y afectó
principalmente al sector manufacturero orientado a las exportaciones. Con el
restablecimiento del comercio mundial, la economía sueca experimentó una
recuperación muy fuerte y amplia, con un repunte del PIB real del 5,5 % en
2010. Por el efecto combinado de los estabilizadores automáticos y de medidas
discrecionales, el saldo presupuestario pasó de un superávit del 3,7 % del
PIB en 2007 a un déficit del 0,9 % en 2009, recobrando el equilibrio en
2010.
(7)
Partiendo de la evaluación del programa de
convergencia actualizado, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el
que se basan las previsiones presupuestarias parece en general verosímil,
excepto en 2012, en que es excesivamente optimista. La estrategia
presupuestaria, descrita en el programa de convergencia actualizado, resulta
adecuada, ya que permitiría alcanzar el objetivo a medio plazo de Suecia de un
superávit del 1 % del PIB durante el ciclo. Ese resultado ofrecería cierto
margen ante incumplimientos del valor de referencia del 3 % del PIB de
producirse otra contracción de la actividad. El programa prevé que el superávit
de las administraciones públicas pase del 0,6 % del PIB en 2011 al
3,7 % del PIB en 2014, último año del programa. Esta mejora se debería al
elevado crecimiento económico previsto, ya que el programa no contempla ningún
esfuerzo de saneamiento en esos años. Los riesgos para los objetivos
presupuestarios están globalmente equilibrados. Dado que las previsiones de
ingresos presentadas en el programa son un tanto prudentes para 2011, los
resultados presupuestarios podrían ser ligeramente mejores este año, mientras
que ciertos riesgos de revisión a peor de las previsiones presupuestarias a
partir de 2012 se deben a unas hipótesis macroeconómicas optimistas. Dado que
el Gobierno ha indicado que nuevas medidas presupuestarias expansionistas
previstas en la Ley de Presupuestos de 2011 (incluida la quinta fase del
régimen de deducciones tributarias para los asalariados, un nuevo aumento del
mínimo exento para el pago de impuestos estatales sobre la renta, una reducción
del IVA sobre los servicios de restauración y una reducción de los impuestos
sobre las pensiones) podrían aplicarse ya en 2012, si se dispone de margen
presupuestario suficiente, existe el riesgo de una orientación procíclica de la
política presupuestaria. Habida cuenta de las previsiones demográficas, es
importante que Suecia siga alcanzando su objetivo a medio plazo.
(8)
La situación actual en el mercado inmobiliario
e hipotecario constituye una fuente de posible inestabilidad. Tras una
corrección leve y efímera en el punto álgido de la crisis financiera, los
precios de la vivienda en Suecia, a diferencia de otros países, reanudaron la
fuerte tendencia alcista observada desde la segunda mitad de la década de los
90 y se sitúan ahora en un nivel récord. El fuerte aumento de los precios de la
vivienda va acompañado de un endeudamiento creciente de las familias, que
representó un 170 % aproximadamente de la renta disponible a mediados de
2010, lo que supone un máximo histórico. Además, un alto porcentaje de la deuda
hipotecaria es a tipo variable con escasa amortización. Esto hace que las
familias suecas sean especialmente vulnerables ante subidas de los tipos de
interés o reveses en la situación del empleo. Una corrección marcada en el
mercado inmobiliario podría tener repercusiones negativas para la estabilidad
macroeconómica, ya que las familias contendrían su consumo a fin de equilibrar
sus presupuestos y se incrementarían los costes de financiación de los bancos
suecos.
(9)
En lo que se refiere al mercado de trabajo
sueco, la posición de los ciudadanos de terceros países y de los jóvenes es
relativamente frágil en comparación con la media de la UE. Mejorar su posición
en el mercado de trabajo es fundamental para aumentar la tasa global de empleo
y la oferta de mano de obra a largo plazo, en respuesta al reto demográfico que
supone el envejecimiento de la población. El Gobierno sueco está aplicando
varias reformas para mejorar la situación del empleo de estos dos grupos: más
fondos para tutorías, puestos para experiencia laboral, formación profesional
para adultos, asesoramiento para formación de aprendices, subvenciones
salariales específicas y clases de sueco simplificadas. Las estadísticas más
recientes arrojan señales claras de que el mercado de trabajo sueco está
mejorando en general, excepto en el caso de las mujeres nacidas en el
extranjero.
(10)
La Comisión ha evaluado el programa de
convergencia y el programa nacional de reforma[4]
y ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la
política presupuestaria y la política socioeconómica de Suecia, sino también su
cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. La Comisión
considera que los programas responden de forma adecuada a los principales retos
con que se enfrenta Suecia. Ahora bien, aunque la estrategia presupuestaria del
Gobierno es adecuada para seguir alcanzando el objetivo a medio plazo, a partir
de 2012 deberá prestarse atención a evitar una política presupuestaria
excesivamente laxa cuando el crecimiento sea satisfactorio. Deben evaluarse los
riesgos de desequilibrios macroeconómicos, especialmente los que se deriven de
un aumento de los precios de la vivienda y del endeudamiento de las familias.
Además, debe controlarse y mejorarse la participación en el mercado de trabajo
de determinados grupos vulnerables, especialmente de los jóvenes y de las
mujeres nacidas en el extranjero.
(11)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado la actualización de 2011 del programa de convergencia de Suecia, y
su dictamen[5] se refleja
particularmente en su recomendación (1) recogida a continuación. Teniendo en
cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo
ha examinado el programa nacional de reforma de Suecia.
RECOMIENDA que Suecia tome medidas
en el período 2011-2012 a fin de:
(1)
Mantener la política presupuestaria en una
senda que garantice que se siga cumpliendo el objetivo a medio plazo y evitar
una orientación procíclica de la política presupuestaria en la recuperación
económica actual.
(2)
Actuar de forma preventiva frente a los
riesgos macroeconómicos que supone el aumento de los precios de la vivienda y
del endeudamiento de las familias, incluidas reformas del sistema hipotecario,
de la legislación sobre alquileres, de los impuestos sobre bienes inmuebles y
de los permisos de construcción.
(3)
Controlar y mejorar la participación en el
mercado de trabajo de los jóvenes y de otros grupos vulnerables.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO C … de … , p. … .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[4]               SEC(2011) 735.
[5]               Previsto en el artículo 9, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

|

32003H0558

Recomendación de la Comisión, de 25 de julio de 2003, relativa al tratamiento de la información sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas en redes de comunicaciones electrónicas para su uso en servicios de llamadas de urgencia con capacidad de localización (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 2657]

Diario Oficial n° L 189 de 29/07/2003 p. 0049 - 0051

Recomendación de la Comisiónde 25 de julio de 2003relativa al tratamiento de la información sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas en redes de comunicaciones electrónicas para su uso en servicios de llamadas de urgencia con capacidad de localización[notificada con el número C(2003) 2657](Texto pertinente a efectos del EEE)(2003/558/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas ("la Directiva marco")(1) y, en particular, su artículo 19,Considerando lo siguiente:(1) La Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo(2) impuso a los Estados miembros la obligación de garantizar la introducción del número 112 en las redes telefónicas públicas como número único europeo de llamada de urgencia a más tardar el 31 de diciembre de 1992, con la posibilidad de una prórroga excepcional del plazo en determinadas circunstancias hasta el 31 de diciembre de 1996.(2) La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas ("la Directiva de servicio universal")(3) obliga a los operadores de redes telefónicas públicas (en adelante, "los operadores") a poner a disposición de las autoridades encargadas de la gestión de urgencias, en la medida en que sea técnicamente posible, información relativa a la ubicación de todas las personas que efectúan llamadas al número único europeo de llamada de urgencia 112. La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(4) establece que los proveedores de redes públicas y servicios de comunicaciones pueden anular la supresión de la presentación de la identificación de la línea de origen y el rechazo temporal o la ausencia de consentimiento de un abonado o un usuario para el tratamiento de los datos de localización, de manera selectiva por línea, para las entidades reconocidas por un Estado miembro para atender llamadas de urgencia, incluidos los cuerpos de policía, los servicios de ambulancias y los cuerpos de bomberos, para que puedan responder a tales llamadas.(3) Si bien esta Recomendación se refiere al 112 con capacidad de localización, queda entendido que los números nacionales de llamada de urgencia paralelos se dotarán con la misma funcionalidad según los mismos principios. Las entidades que operen instalaciones privadas de telecomunicaciones no están afectadas por la presente Recomendación.(4) Para implantar efectivamente los servicios E112 en toda la Comunidad, es preciso abordar una serie de problemas de aplicación y coordinar los plazos de introducción de los nuevos sistemas. El Grupo de coordinación sobre acceso a la información relativa a la ubicación por parte de los servicios de urgencia (CGALIES), establecido por la Comisión en mayo de 2000 en forma de asociación de agentes del servicio público y del sector privado, ha permitido a agentes de distintos sectores discutir y finalmente llegar a un acuerdo sobre los principios de una implantación armonizada y oportuna.(5) De acuerdo con la recomendación de CGALIES, los proveedores de la red o el servicio públicos de telefonía deben esforzarse al máximo por determinar y transmitir la información más fiable sobre la ubicación del origen de todas las llamadas al número único europeo de urgencia 112.(6) La aplicación del principio del máximo esfuerzo se considera preferible, en la fase de introducción de los servicios del E112, a la especificación de características de prestaciones obligatorias para la determinación de la ubicación. No obstante, a medida que los puntos de respuesta de seguridad pública vayan adquiriendo experiencia con la localización del origen de las llamadas, sus requisitos podrán definirse mejor. Además, la tecnología de localización continuará desarrollándose, tanto en las redes móviles celulares como en los sistemas de localización por satélite. Por tanto, el principio del máximo esfuerzo tendrá que revisarse después de la fase inicial.(7) Es importante que todos los Estados miembros desarrollen soluciones y prácticas técnicas comunes para la prestación del servicio E112. Para elaborar soluciones técnicas comunes se trabajará a través de los organismos de normalización europeos, a fin de facilitar la introducción del E112, crear soluciones interoperables y reducir los costes de aplicación para la Unión Europea.(8) Una solución armonizada para toda Europa contribuiría a la interoperabilidad de aplicaciones avanzadas de seguridad, tales como llamadas que puedan efectuarse manual o automáticamente desde un terminal telemático en un vehículo. Estas llamadas pueden proporcionar información adicional, por ejemplo, sobre el número de pasajeros en un automóvil o autobús, sobre el rumbo, sobre los indicadores de los sensores de choque, sobre el tipo de carga de mercancías peligrosas o sobre el historial médico de los conductores y pasajeros. Con el alto volumen de tráfico transfronterizo que existe en Europa, hay una necesidad creciente de un protocolo común de transferencia de datos para comunicar esa información a los puntos de respuesta de seguridad pública y a los servicios de urgencia con el fin de evitar el riesgo de confusión o la interpretación errónea de los datos transmitidos.(9) Los mecanismos para la transmisión de la información de posición a los puntos de respuesta de seguridad pública por parte de los operadores deben establecerse de manera transparente y no discriminatoria, teniendo en cuenta, en su caso, los aspectos económicos.(10) La mejora efectiva de la prestación de los servicios de llamada de urgencia con localización del origen de la llamada exige que la ubicación de la persona que efectúa la llamada determinada por el proveedor del servicio o de la red telefónica pública sea comunicada automáticamente a un punto de respuesta de seguridad pública apropiado que pueda recibir y utilizar los datos de localización facilitados.(11) La Directiva 2002/58/CE exige en términos generales que se respeten plenamente la privacidad y los derechos de protección de los datos de las personas y que se apliquen las medidas de seguridad técnicas y de organización adecuadas para ese fin. No obstante, la Directiva permite el uso de los datos de localización por los servicios de urgencia sin el consentimiento de usuario afectado. En particular, los Estados miembros deben velar por que existan procedimientos transparentes que determinen la forma en que el proveedor de una red y/o de un servicio público de telecomunicaciones pueda anular el rechazo temporal o la ausencia de consentimiento de un usuario para el tratamiento de los datos de localización, de manera selectiva por línea, para las entidades reconocidas por un Estado miembro para atender llamadas de urgencia.(12) Todas las acciones realizadas en el contexto del Programa de acción comunitario en favor de la protección civil (en adelante "el Programa de acción para protección civil")(5) habrán de servir para contribuir a la integración de los objetivos de protección civil en otras políticas y acciones comunitarias, así como a la coherencia del programa con otras acciones comunitarias. Esto autoriza a la Comisión a adoptar una serie de medidas encaminadas a incrementar el nivel de preparación de las organizaciones implicadas en la protección civil en los Estados miembros, mejorando su capacidad de responder a situaciones de emergencia y perfeccionando las técnicas y métodos de intervención y de asistencia ulterior inmediata. Ello puede incluir el tratamiento y uso de información de localización asociada a las llamadas de urgencia al E112 por parte de los puntos de respuesta de seguridad pública y de los servicios de urgencia.(13) Para alcanzar los objetivos de esta Recomendación, se ha hecho aún más fuerte la necesidad de un diálogo continuo entre los operadores de las redes y los proveedores de servicios públicos y las autoridades públicas, incluidos los servicios de urgencia.(14) Cuando presenten un informe acerca de la situación del E112, las autoridades nacionales se referirán a todas las cuestiones de viabilidad técnica pertinentes que obstaculicen la introducción del E112 para categorías concretas de usuarios finales, y también a los requisitos técnicos para la gestión de las llamadas de urgencia que procedan del SMS y otros servicios de datos telemáticos.(15) Las medidas establecidas en la presente Recomendación son conformes al dictamen del comité de comunicaciones creado en virtud del artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE.RECOMIENDA:1. Los Estados miembros deben aplicar las siguientes condiciones y principios armonizados a la prestación de los servicios de información de localización del origen de la llamada a servicios de urgencia a todas las llamadas al número único europeo 112 para llamadas de urgencia.2. A efectos de la presente Recomendación, se aplicarán las definiciones siguientes:a) "servicio de urgencia", un servicio reconocido como tal por el Estado miembro y que proporciona asistencia inmediata en situaciones donde exista un peligro directo para la vida o la integridad física, para la salud o la seguridad de personas concretas o del público en general, para la propiedad privada o pública o bien para el medio ambiente, entre otras situaciones;b) "información de localización", datos que se han tratado en una red pública de telefonía móvil y que indican la posición geográfica del terminal móvil de un usuario y en una red pública de telefonía fija los datos relativos a la dirección física del punto de terminación;c) "E112", un servicio de comunicaciones de emergencia que utiliza el número único europeo de llamada de urgencia, 112, y que dispone de información de posición de la persona que efectúa la llamada;d) "punto de respuesta de seguridad pública", una ubicación física donde se reciben llamadas de emergencia bajo la responsabilidad de una autoridad pública.3. Los Estados miembros deben elaborar normas detalladas para los operadores de la red pública que incluyan, entre otras cosas, las disposiciones mencionadas en los puntos 4 a 9 siguientes.4. Para todas las llamadas de emergencia al número europeo de llamada de urgencia 112, los operadores de las redes telefónicas públicas deberían, a partir de la red, transmitir a los puntos de respuesta de seguridad pública la mejor información disponible sobre la ubicación de la persona que efectúa la llamada, en la medida en que sea técnicamente posible. Para el período intermedio hasta la finalización de la revisión referida en el punto 13 siguiente, es aceptable que los operadores pongan a disposición la información de localización únicamente cuando se solicite ("pull").5. Además de la identificación de la línea de que procede la llamada, los operadores de las redes públicas de telefonía fija deben facilitar el nombre del abonado y la dirección de la instalación.6. Los operadores de las redes públicas de telefonía deben facilitar la información de localización de manera no discriminatoria, y en particular evitarán toda distinción entre la calidad de la información relativa a sus propios abonados y la de otros usuarios. En el caso de las redes fijas, entre otros usuarios figuran los usuarios de teléfonos públicos; en lo que se refiere a las redes de telefonía móvil o de aplicaciones móviles, otros usuarios pueden ser los usuarios itinerantes o visitantes, o, llegado el caso, los usuarios de terminales móviles que no pueden ser identificados por el número de abonado o de usuario.7. Toda la información de posición que se facilite debe ir acompañada de una identificación de la red donde se origine la llamada.8. Los operadores de las redes de telefonía deben mantener actualizadas sus fuentes de información de posición, incluido el domicilio de los abonados.9. En cada llamada de emergencia en la que se haya identificado el número del abonado o del usuario, los operadores de redes públicas de telefonía deben ofrecer la posibilidad a los puntos de respuesta de seguridad pública y a las autoridades receptoras de llamadas de urgencia de renovar la correspondiente información de localización a través de una función de rellamada ("pulling"), con el fin de gestionar la emergencia.10. Para facilitar la transferencia de datos entre los operadores y los puntos de respuesta de seguridad pública, los Estados miembros deben fomentar el uso de una norma común de interfaz abierta y, en particular, de un protocolo común de transferencia de datos aprobado por el Instituto europeo de normas de telecomunicaciones (ETSI). Dicha norma debe tener la flexibilidad necesaria para incorporar los requisitos que puedan surgir en el futuro, por ejemplo, desde terminales telemáticos en vehículos. Los Estados miembros deben garantizar que se implante la interfaz más adecuada para la gestión eficaz de las emergencias.11. En el contexto de la obligatoriedad de los servicios E112, impuesta por la Directiva de servicio universal, se recomienda que los Estados miembros proporcionen información adecuada a sus ciudadanos acerca de la existencia, el uso y las ventajas de los servicios E112. Debe informarse a los ciudadanos de que el número 112 sirve para ponerse en contacto con los servicios de urgencia en todos los países de la Unión Europea, y que al marcar este número se transmite información relativa a la ubicación de quien efectúa la llamada. Debe asimismo informárseles de la identidad de los servicios de urgencia que recibirán información sobre su localización y de otros detalles necesarios para garantizar el correcto tratamiento de sus datos personales.12. En el contexto de la evolución continua de los conceptos y las tecnologías, se alienta a los Estados miembros a fomentar y apoyar el desarrollo de servicios de valor añadido de asistencia urgente, por ejemplo a turistas y viajeros y para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril, incluidos los procedimientos de gestión para la transmisión de la localización y otra información relacionada con emergencias o accidentes a los puntos de respuesta de seguridad pública; a apoyar el desarrollo y la aplicación de esas especificaciones comunes de interfaz para garantizar la interoperabilidad europea de esos servicios y a fomentar el uso de tecnologías de localización de alta precisión tales como las de las redes celulares de tercera generación y los sistemas globales de navegación por satélite.13. Los Estados miembros deben pedir a sus autoridades nacionales que informen a la Comisión del estado de aplicación del número E112 de aquí a finales de 2004 de forma que la Comisión pueda emprender un análisis teniendo en cuenta las necesidades emergentes de los puntos de respuesta de seguridad pública y los servicios de urgencia y la evolución y la disponibilidad de capacidades tecnológicas para determinar la ubicación.14. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 2003.Por la ComisiónErkki LiikanenMiembro de la Comisión(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.(2) DO L 217 de 6.8.1991, p. 31.(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 31.(4) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.(5) DO L 327 de 21.12.1999, p. 53.


title: Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC n o  193/04/COL, de  14 de julio de 2004 , sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicación electrónicos

text:
               27.4.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 113/10

      RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

      N
      o 193/04/COL
   de 14 de julio de 2004
   sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicación electrónicos
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1),
   Visto el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia y, en particular, su artículo 5.2.b),
   Visto el acto contemplado en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE y adaptado al Acuerdo en virtud de su Protocolo 1 y de las adaptaciones sectoriales contenidas en el mencionado anexo (a saber, la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas), y, en particular, su artículo 19.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el nuevo marco regulador de las redes y los servicios de comunicación electrónicos, las autoridades nacionales de reglamentación tienen la obligación de contribuir al desarrollo del mercado interior, especialmente cooperando entre ellas y con el Órgano, de manera transparente, con objeto de velar por el desarrollo de una práctica reguladora coherente y por la aplicación coherente de las disposiciones de las Directivas que constituyen el nuevo marco regulador.

               (2)

               Con objeto de garantizar que las decisiones nacionales no afecten negativamente al funcionamiento del Acuerdo EEE o a los objetivos del nuevo marco regulador, las autoridades nacionales de reglamentación deben notificar al Órgano de Vigilancia de la AELC (en lo sucesivo, «el Órgano») y a las demás autoridades nacionales de reglamentación del Espacio Económico Europeo (EEE) los proyectos de medidas mencionados en el artículo 7.3 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

               (3)

               Como requisito suplementario, las autoridades nacionales de reglamentación deben obtener la autorización del Órgano en el caso de las obligaciones cubiertas por el segundo párrafo del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de acceso), contemplada en el punto 5cj del anexo XI del Acuerdo EEE y adaptada al Acuerdo en virtud de su Protocolo 1 y de las adaptaciones sectoriales contenidas en el mencionado anexo, lo que constituye un procedimiento distinto.

               (4)

               El Órgano ofrecerá a las autoridades nacionales de reglamentación, cuando así lo soliciten, la oportunidad de examinar cualquier proyecto de medida, antes de su notificación formal de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso). Cuando, de conformidad con el artículo 7.4 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), el Órgano haya indicado a la autoridad nacional de reglamentación que considera que el proyecto de medida crearía una barrera al funcionamiento del Acuerdo EEE o que alberga serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho del EEE, se ofrecerá lo antes posible a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate la oportunidad de expresar sus opiniones en relación con las cuestiones planteadas por el Órgano.

               (5)

               La Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) establece ciertos plazos obligatorios para el estudio de las notificaciones con arreglo al artículo 7.

               (6)

               Para facilitar y garantizar la eficacia del mecanismo de cooperación y consulta establecido en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y en interés de la seguridad jurídica, se necesitan unas normas claras en lo referente al proceso de notificación, al examen de las notificaciones efectuado por el Órgano y al cálculo de los plazos legales a los que se ha hecho referencia anteriormente.

               (7)

               Asimismo sería beneficioso aclarar algunas cuestiones procedimentales en el contexto del segundo párrafo del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso).

               (8)

               Para simplificar y acelerar el examen de los proyectos de medidas notificados, es deseable que las autoridades nacionales de reglamentación utilicen un formato estándar para sus notificaciones (formulario de notificación abreviado).

               (9)

               Los Estados miembros de la AELC han decidido de común acuerdo que se utilizará el inglés como lengua de trabajo en todas las comunicaciones que mantengan entre sí y con el Órgano. Tal decisión es sin perjuicio del derecho que asiste a los particulares y a las empresas de presentar documentación en cualquiera de las lenguas del EEE, conforme a lo establecido en el Acuerdo EEE.

               (10)

               Para cumplir los objetivos fijados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y, en particular, responder a la necesidad de velar por el desarrollo de prácticas reguladoras coherentes y por la aplicación coherente de dicha Directiva, es esencial que se respete íntegramente el mecanismo de notificación previsto en su artículo 7 y que este sea lo más eficaz posible.

               (11)

               Para lograr la aplicación coherente del nuevo régimen regulador en todo el EEE y obtener el máximo beneficio de la cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación, es fundamental garantizar el flujo de información entre los dos pilares (AELC y CE) del EEE. A tal efecto, la Decisión del Comité Mixto del EEE no 11/2004 contiene una adaptación específica del artículo 7.3 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), en la que se dispone que «el intercambio de información entre autoridades nacionales de reglamentaciones de los Estados de la AELC por una parte y las autoridades nacionales de reglamentaciones de los Estados miembros de la CE se efectuará a través del Órgano de Vigilancia de la AELC y la Comisión».

               (12)

               El Comité de comunicaciones de la AELC ha emitido su dictamen favorable de conformidad con el artículo 22.2 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

         RECOMIENDA:

               1)

               Los términos definidos en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y en las Directivas específicas tendrán el mismo significado a los efectos de la presente Recomendación. Además,

                           —

                           por «Recomendación sobre mercados pertinentes» se entenderá la Recomendación del Órgano 194/04/COL relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas;

                           —

                           por «notificación» se entenderá la notificación al Órgano por una autoridad nacional de reglamentación de un proyecto de medida de conformidad con el artículo 7.3 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) o la solicitud prevista en el segundo párrafo del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso), acompañada del formulario abreviado de notificación contemplado en el anexo I de la presente Recomendación.

               2)

               Siempre que sea posible, las notificaciones deberán realizarse por medios electrónicos.
               El Órgano utilizará un sistema electrónico de recepción de notificaciones. En este caso, las autoridades nacionales de reglamentación estarán obligadas a hacer uso de dicho sistema con carácter exclusivo.
               Se supondrá que el destinatario de los documentos enviados por medios electrónicos los recibe el mismo día de su envío o de su transmisión al sistema electrónico.
               Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 6 de la presente Recomendación, las notificaciones y los documentos que se adjunten con ellas se registrarán en el orden en el que se hayan recibido.

               3)

               Las notificaciones surtirán efecto a partir de la fecha en la que el Órgano las registre (fecha de registro). La fecha de registro será la del día en el que el Órgano reciba la notificación completa.
               La fecha de registro de la notificación, el asunto de la notificación y los documentos que se adjunten con ella se pondrán en conocimiento de todas las autoridades nacionales de reglamentación a través del sitio en Internet del Órgano y por medios electrónicos.

               4)

               El proyecto de toda medida nacional, el razonamiento en que se basa la medida y el formulario de notificación abreviado deberán redactarse en lengua inglesa.

               5)

               Los proyectos de medidas notificados por una autoridad nacional de reglamentación deberán ir acompañados de la documentación necesaria para que el Órgano lleve a cabo sus misiones. Los proyectos de medidas deberán motivarse suficientemente.

               6)

               Las notificaciones deberán incluir cuando proceda los datos siguientes:

                           a)

                           el mercado de productos o servicios pertinente;

                           b)

                           el mercado geográfico pertinente;

                           c)

                           las empresas más importantes en el mercado de que se trate;

                           d)

                           los resultados del análisis del mercado pertinente, en especial los relativos a la existencia o inexistencia de una competencia efectiva en él, así como las razones de ello;

                           e)

                           en su caso, las empresas que tengan peso significativo en mercado, individual o conjuntamente con otras, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) y los argumentos, pruebas o cualquier otra información de hecho pertinente en apoyo de tal designación;

                           f)

                           los resultados de las consultas públicas previas efectuadas por la autoridad nacional de reglamentación;

                           g)

                           el dictamen emitido por el órgano nacional de defensa de la competencia, cuando se haya emitido;

                           h)

                           pruebas que demuestren que en el momento de la notificación al Órgano, se adoptaron las medidas apropiadas para notificar el proyecto de la medida a las autoridades nacionales de reglamentación de todos los demás Estados miembros de la AELC que forman parte del EEE, en la medida en que el sistema o los sistemas electrónicos que utilice el Órgano no garanticen tal notificación;

                           i)

                           en el caso de notificaciones de proyectos de medidas que entren en el ámbito de aplicación de los artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso) o del artículo 16 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de servicio universal) (2), las obligaciones de reglamentación específicas propuestas para hacer frente a la falta de competencia efectiva en el mercado de que se trate o, en el caso de que se considere que existe una competencia efectiva en dicho mercado y ya se hayan impuesto esas obligaciones, las medidas propuestas para retirarlas.

               7)

               En los casos en que un proyecto de medida defina, a los efectos del análisis del mercado, un mercado de referencia distinto de los que figuran en la Recomendación sobre mercados pertinentes de productos y servicios, las autoridades nacionales de reglamentación deberán motivar suficientemente los criterios utilizados para dicha definición del mercado.

               8)

               Las notificaciones realizadas de conformidad con el segundo párrafo del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso) también deberán motivar adecuadamente por qué deben imponerse a los agentes con un peso significativo en el mercado obligaciones distintas de las enumeradas en sus artículos 9 a 13.

               9)

               Las notificaciones que entren en el ámbito de aplicación del artículo 8.5 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso) también deberán motivar adecuadamente por qué son necesarias las medidas previstas para cumplir los compromisos internacionales.

               10)

               Las notificaciones que incluyan la información pertinente en el sentido del punto 6, se supondrán completas. En los casos en que la notificación, incluidos los documentos que se adjunten con ella, proporcione una información incompleta sobre un aspecto importante, el Órgano dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción para informar de ello a la autoridad nacional de reglamentación interesada, especificando en qué medida considera que la notificación resulta incompleta. No se registrará la notificación mientras la autoridad nacional de reglamentación de que se trate no proporcione la información necesaria. En estos casos, y a efectos del artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la notificación surtirá efectos en la fecha en la que el Órgano reciba la información completa.

               11)

               Sin perjuicio de lo dispuesto en punto 6 de la presente Recomendación, una vez registrada la notificación, el Órgano podrá solicitar a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate más información o aclaraciones, de conformidad con el artículo 5.2 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Las autoridades nacionales deben esforzarse en proporcionar la información solicitada en el plazo de tres días hábiles, cuando esta obre en su poder.

               12)

               En el caso de que el Órgano formule observaciones de conformidad con el artículo 7.3 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), comunicará dichas observaciones, por medios electrónicos, a la autoridad nacional de reglamentación interesada y las publicará en su sitio Internet.

               13)

               En el caso de que una autoridad nacional de reglamentación formule observaciones de conformidad con el artículo 7.3 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), comunicará dichas observaciones, por medios electrónicos, al Órgano y a las demás autoridades nacionales de reglamentación.

               14)

               Cuando el Órgano, al aplicar el artículo 7.4 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) considere que un proyecto de medida podría obstaculizar el funcionamiento del Acuerdo EEE o albergue serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho del EEE y, en particular, con los objetivos enumerados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) o posteriormente

                           a)

                           retire las objeciones anteriormente citadas o

                           b)

                           tome la decisión de instar a una autoridad nacional de reglamentación a que retire un proyecto de medida,

                     lo notificará, por medios electrónicos, a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate y lo anunciará en su sitio Internet.

               15)

               Por lo que se refiere a las notificaciones efectuadas en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso), el Órgano, de conformidad con el artículo 14.2 de dicha Directiva, adoptará, por regla general, una decisión autorizando o impidiendo a la autoridad nacional de reglamentación adoptar el proyecto de medida propuesto en un plazo no superior a tres meses. El Órgano podrá ampliar este plazo otros dos meses a la vista de las dificultades surgidas.

               16)

               Las autoridades nacionales de reglamentación podrán, en todo momento, retirar el proyecto de medida notificado, en cuyo caso la medida notificada se suprimirá del registro. El Órgano publicará una notificación apropiada a tal efecto en su sitio Internet.

               17)

               Cuando una autoridad nacional de reglamentación que haya recibido observaciones del Órgano o de otra autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el artículo 7.3 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) adopte un proyecto de medida, deberá informar al Órgano y a las otras autoridades nacionales de reglamentación, a petición de aquel, sobre la manera en que ha tenido en cuenta en la mayor medida posible las observaciones formuladas.

               18)

               Cuando así lo solicite una autoridad nacional de reglamentación, el Órgano examinará oficiosamente un proyecto de medida antes de la notificación.

               19)

               Cualquier plazo mencionado en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) o en la presente Recomendación se calculará del modo siguiente:

                           a)

                           cuando un plazo expresado en días, semanas o meses deba contarse a partir del momento en que tiene lugar un acontecimiento, el día durante el cual ocurre ese acontecimiento no se computará en el plazo;

                           b)

                           un período expresado en semanas o en meses concluirá al finalizar el día de la última semana o del último mes que coincida con el día de la semana o con la fecha del día en el que se produjo el acontecimiento a partir del cual empieza a contarse el plazo. Si en el último mes de un plazo expresado en meses no existiera el día en el que debería concluir el plazo, este vencerá al finalizar el último día del mes en cuestión;

                           c)

                           los plazos incluirán los días festivos, los sábados y los domingos, salvo cuando se señale expresamente lo contrario o cuando los plazos se indiquen en días laborables;

                           d)

                           por días festivos se entenderá todos los días designados como tales por el Estado miembro de la AELC de que se trate o por el Órgano;

                           e)

                           por días laborables se entenderá todos los días menos los días festivos, los sábados y los domingos.

                     Los plazos que terminen en un sábado, un domingo o un día festivo se ampliarán hasta el final del primer día laborable posterior.
               El Órgano publica la lista de los días festivos designados como tales por los Estados miembros de la AELC y por el Órgano cada año en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros de la AELC habrán de transmitir al Órgano una lista de sus días festivos, cuando este así lo solicite.

               20)

               El Órgano, junto con las autoridades nacionales de reglamentación, evaluará la necesidad de revisar estas normas, en principio no antes del 1 de septiembre de 2005.

               21)

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros de la AELC.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2004.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Hannes HAFSTEIN

            Presidente

      (1)  En lo sucesivo, «el Acuerdo EEE».

      (2)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), contemplada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo EEE y adaptada al Acuerdo en virtud de su Protocolo 1 y de las adaptaciones sectoriales contenidas en el mencionado anexo.

      ANEXO
      FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEDIDAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 7 DE LA DIRECTIVA 2002/21/CE (DIRECTIVA MARCO)
      (Formulario de notificación abreviado)
      Introducción
      Este formulario especifica la información resumida que deberán facilitar al Órgano las autoridades nacionales de reglamentación cuando notifiquen un proyecto de medidas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
      El Órgano tiene intención de examinar con las autoridades nacionales de reglamentación las cuestiones relacionadas con la aplicación del artículo 7, en especial durante las reuniones previas a la notificación. Por consiguiente, se anima a las autoridades nacionales de reglamentación a consultar al Órgano sobre cualquier aspecto de este formulario y, en especial, sobre la clase de información que se les solicita o, a la inversa, sobre la posibilidad de que se les dispense de la obligación de proporcionar determinada información en relación con el análisis de mercado que han de efectuar de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
      Información correcta y completa
      Las informaciones presentadas por las autoridades nacionales de reglamentación deberán ser correctas y completas y deberán reproducirse de manera resumida en el formulario que figura a continuación. El formulario no pretende reemplazar al proyecto de medida notificado, sino permitir que el Órgano y las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros de la AELC verifiquen que el dicho proyecto efectivamente incluye, tomando como referencia la información contenida en el formulario, toda la información necesaria para que el Órgano lleve a cabo sus misiones de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) en el plazo estipulado.
      La información solicitada en el formulario deberá consignarse en las secciones y puntos correspondientes, acompañada de referencias a su ubicación en el proyecto de medida.
      FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ABREVIADO
      SECCIÓN 1
      Definición de mercado
      Indique cuando proceda:

                  1.1.

                  el mercado pertinente de productos o servicios afectado; ¿figura este mercado en la Recomendación sobre mercados pertinentes?;

                  1.2.

                  el mercado geográfico pertinente;

                  1.3.

                  un breve resumen del dictamen del órgano nacional de defensa de la competencia, si se ha emitido;

                  1.4.

                  una breve descripción de los resultados disponibles, hasta la fecha, de la consulta pública sobre la definición de mercado propuesta (por ejemplo, total de observaciones recibidas, desglosadas en función de su carácter favorable o contrario a la definición de mercado propuesta);

                  1.5.

                  en los casos en que el mercado pertinente definido no figure entre los enumerados en la Recomendación sobre mercados pertinentes, un resumen de las principales razones que justifican la definición de mercado propuesta, a la vista de lo dispuesto en la sección 2 de las directrices sobre definición de mercados pertinentes y evaluación del peso significativo en el mercado publicadas por el Órgano (1) y de los tres criterios principales mencionados en los considerandos 12 a 19 de dicha Recomendación.

            SECCIÓN 2
      Designación de las empresas con peso significativo en el mercado
      Indique cuando proceda:

                  2.1.

                  los nombres de las empresas que se consideran como poseedoras, individualmente o junto a otras empresas, de un peso significativo en el mercado.
                  Cuando proceda, los nombres de las empresas que se considera que han dejado de tener un peso significativo en el mercado;

                  2.2.

                  los criterios utilizados para decidir si una empresa posee un peso significativo en el mercado, individualmente o junto a otras empresas;

                  2.3.

                  los nombres de las principales empresas competidoras en el mercado pertinente;

                  2.4.

                  las cuotas de mercado de las empresas mencionadas anteriormente y los criterios utilizados para calcularlas (por ejemplo, volumen de negocios, número de abonados etc.)

            Por favor, resuma brevemente:

                  2.5.

                  el dictamen del órgano nacional de defensa de la competencia, en caso de que se haya emitido;

                  2.6.

                  los resultados disponibles, hasta la fecha, de la consulta pública sobre la designación de las empresas que se consideran como poseedoras, individualmente o junto a otras empresas, de un peso significativo en el mercado (por ejemplo, total de observaciones recibidas, desglosadas en función de su carácter favorable o contrario a la designación).

            SECCIÓN 3
      Obligaciones reglamentarias
      Indique cuando proceda:

                  3.1.

                  el fundamento jurídico de las obligaciones que se impongan, mantengan, modifiquen o supriman [artículos 9 a 13 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso)];

                  3.2.

                  las razones por las que la imposición de obligaciones a empresas, el mantenimiento de dichas obligaciones o su modificación se consideran proporcionados y justificados a la vista de los objetivos fijados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco); en su defecto, indique los apartados, secciones o páginas del proyecto de medida donde se encuentra esa información;

                  3.3.

                  si las medidas correctoras propuestas son diferentes de las señaladas en los artículos 9 a 13 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso), indique, por favor, cuáles son las «circunstancias excepcionales» en el sentido del artículo 8.3 de la citada Directiva que justifican la imposición de esas medidas correctoras; en su defecto, indique los apartados, secciones o páginas del proyecto de medida donde se encuentra esa información.

            SECCIÓN 4
      Cumplimiento de obligaciones internacionales
      En relación con el tercer guión del primer párrafo del artículo 8.3 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso), indique cuando proceda:

                  4.1.

                  si el proyecto de medida propuesto prevé imponer obligaciones a los agentes del mercado o modificar o suprimir dichas obligaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 8.5 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva de acceso);

                  4.2.

                  los nombres de las empresas de que se trate;

                  4.3.

                  los compromisos internacionales suscritos por el Estado miembro de la AELC que deben respetarse.

         (1)  Directrices sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.