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		52014DC0404

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2014 de la República Checa /* COM/2014/0404 final - 2014/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de la República Checa
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
de 2014 de la República Checa
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de la República
Checa y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de la
República Checa para 2012-2016.
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[4], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[5],
en el que no se señalaba a la República Checa como uno de los Estados miembros
que serían objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis y modernizar la Administración pública.
(7)
El 16 de abril de 2014, la República Checa
presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y el 28 de abril de 2014, su
Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus
interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(8)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
que se expone en el Programa de Convergencia de 2014 es mantener el déficit
general de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del
Tratado del 3 % del PIB a lo largo del periodo de vigencia del Programa.
En este se menciona el objetivo a medio plazo de -1 % del PIB, que refleja
los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si bien la estrategia
presupuestaria se ajusta a lo establecido en el Pacto en 2014, no se prevé que
se consiga el ajuste estructural necesario en 2015, dado que las proyecciones
indican un deterioro de 0,6 puntos porcentuales del saldo estructural
recalculado. Además, se calcula que el gasto público aumentará a un ritmo
incompatible con el valor de referencia. Se prevé también para 2016 y 2017 una
desviación del saldo estructural recalculado respecto de la senda de ajuste
requerida, con unas cifras respectivas de -1,6 % y -1,9 % del PIB. De
forma global, se espera a partir de 2015 un riesgo de desviación respecto de la
senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo. Según el Programa, se prevé
que la ratio de deuda, situada ya por debajo del valor de referencia del
60 % del PIB, disminuya temporalmente en 1,1 punto porcentual hasta
situarse en un 45 % del PIB en 2014 para después aumentar al 46 % del
PIB en 2015. El escenario macroeconómico en el que se sustentan las
proyecciones presupuestarias del Programa es realista. Según el Programa, se
espera que la economía checa crezca en un 1,7 % en 2014 y en un 2 %,
frente al 2 % y el 2,4 % calculados por la Comisión en sus
previsiones de primavera de 2014. Los principales riesgos para las perspectivas
presupuestarias se derivan del alto grado de incertidumbre sobre la evolución
del gasto público y de un posible desembolso único correspondiente a un
contrato de arrendamiento de aviones de caza previsto, cuyo impacto en términos
de aumento del déficit sería del 0,5 % del PIB en 2015. Las previsiones de
la Comisión alertan de un riesgo de desviación importante respecto del objetivo
a medio plazo en 2015. La diferencia con el escenario del Programa radica en
las distintas hipótesis sobre políticas y medidas discrecionales en 2015.
Partiendo de su evaluación del Programa y de las previsiones de la Comisión,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el
Consejo opina que en 2013 se consiguió reducir el déficit de forma sostenible
por debajo del 3 % del PIB conforme a la Recomendación del Consejo y que,
si bien se espera alcanzar el objetivo a medio plazo en 2014, existe un riesgo
de desviarse considerablemente de él a partir de 2015.
(9)
La República Checa sale de una recesión que ha
durado dos años y se enfrenta ahora al reto de conseguir un crecimiento elevado
y sostenible en un contexto de envejecimiento de la población. En los últimos
años, la inversión pública ha dibujado una pronunciada trayectoria descendente,
tendencia que ha afectado especialmente a la inversión en infraestructura. El
modelo de crecimiento de la economía checa anterior a la crisis se
caracterizaba por su dependencia de grandes entradas de capital extranjero y su
fuerte orientación a la exportación. Habida cuenta de que el margen de
recuperación basado en la acumulación de factores de producción (incluido el
capital extranjero) es limitado, la reorientación de la economía hacia los
factores de crecimiento internos abriría nuevas vías de aumento de la
productividad. Elementos esenciales de este proceso son el fomento de la
educación, la formación y la innovación y el refuerzo de las instituciones.
(10)
El Gobierno ha aprobado
recientemente el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria, aunque su ratificación por el Parlamento está aún
pendiente. En 2011 se
acometió una reforma general del marco fiscal cuya aprobación y aplicación aún
son inciertas. También se ha aplazado la aprobación de la legislación
pertinente para dar cumplimiento a la Directiva 2011/85/UE del Consejo relativa
a los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios.
(11)
En el ámbito tributario, los principales retos
para la República Checa son percibir de los ingresos de manera más eficiente e
implantar una estructura impositiva más propicia al crecimiento. La
República Checa adoptó una serie de medidas para mejorar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, especialmente en el sector de la imposición indirecta,
pero los costes globales de cumplimiento siguen siendo demasiado altos. A este
respecto, es preciso observar que aún no se han armonizado las bases
impositivas (impuestos sobre la renta y cotizaciones a la seguridad social) y
se ha cancelado la introducción del principio de unidad de caja prevista para
2015. No obstante, el Gobierno checo anunció su intención
de abordar la cuestión de la armonización de las bases impositivas. No se han
seguido las recomendaciones de 2013 relativas a la estructura impositiva. Los
impuestos sobre el trabajo siguen siendo especialmente altos, especialmente
para los perceptores de rentas bajas, debido esencialmente a las elevadas
contribuciones a la seguridad social. Existe cierto potencial de trasferencia
de la fiscalidad del trabajo a otros sectores, como el medio ambiente y los
impuestos recurrentes sobre la propiedad, ambos relativamente poco gravados. Persisten importantes diferencias de impuestos y cotizaciones
sociales entre empleados y autónomos, lo que produce un estrechamiento de la
base impositiva y crea incentivos para la aparición de «falsos autónomos», con
consecuencias injustas para los trabajadores con un contrato laboral regular.
(12)
La República Checa se enfrenta a un riesgo
medio de sostenibilidad a largo plazo, principalmente debido al aumento
previsto del gasto en pensiones y asistencia sanitaria. Conforme a la
legislación vigente, la edad de jubilación obligatoria aumentará a largo plazo,
aunque el cambio resulta demasiado lento a medio plazo. El Gobierno se propone
introducir un mecanismo de revisión para ajustar la edad de jubilación a los
cambios en la esperanza de vida, pero esta iniciativa no es sino una solución
parcial a la brecha de sostenibilidad. Además, la reducción de la indexación de
las pensiones adoptada con carácter temporal tocará a su fin en 2015, un año
antes de lo previsto, sin que se haya revisado el mecanismo tipo de indexación
de las pensiones (los precios más una tercera parte del aumento de los salarios
reales). Las medidas de fomento de la empleabilidad de los trabajadores de
mayor edad han registrado avances limitados; la rentabilidad del gasto público
sanitario no ha mejorado en absoluto. El sector de cuidados hospitalarios
presenta un exceso de capacidad, situación que pone de manifiesto que hay
margen para mejorar la gestión.
(13)
Se han dado algunos pasos iniciales para la
mejora de la capacidad y la calidad de la función pública que, si bien avanzan
en la dirección correcta, requerirían una evaluación de impacto. Las políticas
activas de empleo siguen infrafinanciadas y no se canalizan eficazmente a las
mujeres con hijos de corta edad, los jóvenes ni los trabajadores de mayor edad.
A pesar de la existencia de una tasa de empleo general relativamente elevada,
estos grupos siguen infrarrepresentados en el mercado de trabajo. El limitado
acceso a guarderías y servicios de atención infantil a precios asequibles y el
recurso relativamente bajo al trabajo a tiempo parcial obstaculiza la
participación de la mujer en el mercado laboral. En 2012, la brecha salarial de
género seguía siendo una de las más amplias de la UE.
(14)
La calidad y adecuación al mercado de trabajo
del sistema educativo de la República Checa siguen siendo motivo de
preocupación. Se han adoptado algunas medidas para mejorar el marco de
evaluación de la enseñanza obligatoria, pero la aplicación de sus conclusiones
a las escuelas y los alumnos con peores resultados sigue siendo una asignatura
pendiente. El atractivo de las profesiones docentes sigue presentando un reto
que el Gobierno se propone abordar. El escaso índice de participación de los
niños gitanos en la enseñanza infantil y primaria general sigue siendo un reto
para su integración. La reforma de la enseñanza superior se ha aplazado y no se
han registrado progresos en los aspectos de acreditación y financiación;
solamente se han introducido pequeños cambios en los modelos de financiación de
los centros de investigación. Sigue siendo fundamental crear los incentivos
adecuados para que los investigadores públicos aspiren a la excelencia, aborden
los retos a los que se enfrenta la sociedad y colaboren con las empresas.
(15)
Se ha iniciado el proceso de desregulación del
elevado número de profesiones reguladas, aunque a un ritmo lento e incapaz de
generar los rápidos beneficios que se derivarían del aumento de la competencia
en el sector de servicios. La República Checa ha adoptado algunas medidas
iniciales para aumentar la eficiencia energética, entre las que destacan los
incentivos a la financiación pública en apoyo del sector de la construcción. El
potencial de ahorro de energía sigue siendo considerable y la adopción de
medidas más ambiciosas contribuiría a reducir la dependencia energética.
(16)
La calidad y la eficiencia de la
Administración pública siguen siendo un punto espinoso con repercusiones
económicas negativas. Aún no se ha aprobado la largamente esperada Ley de la
función pública, pese a ser una de las máximas prioridades del Gobierno. Los
avances en la lucha contra la corrupción siguen siendo limitados; aún no se han
aprobado algunos de los actos legislativos clave de la estrategia
anticorrupción 2013-2014. Todavía no se dispone de una visión clara a largo
plazo sobre la forma de abordar esta cuestión de enorme importancia para el
desarrollo económico y social. La ejecución de los contratos públicos a nivel
local y regional sufre retrasos innecesarios; las nuevas normas de contratación
pública suponen un retroceso dado que eliminan algunas de las garantías de
transparencia. Se han registrado progresos limitados en la mejora de la
ejecución de los fondos de la UE, pero es preciso redoblar los esfuerzos, como
indican los elevados porcentajes de error señalados por la autoridad de
auditoría para varios de los programas al final de 2013.
(17)
En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha
efectuado un análisis global de la política económica de la República Checa y
ha evaluado su Programa de Convergencia y su Programa Nacional de Reformas. Ha tenido en cuenta no solo su
pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política
socioeconómica de la República Checa, sino también su conformidad con las
normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza
económica global de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las
futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre
Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(18)
A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de la República
Checa, y su dictamen[6]
se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
RECOMIENDA que
la República Checa tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:
1.           Tras
la corrección del déficit excesivo, mantener una situación fiscal sólida en
2014. Apuntalar fuertemente la estrategia presupuestaria en 2015 para
garantizar la consecución y el posterior mantenimiento del objetivo a medio
plazo. Otorgar prioridad al gasto que estimule la recuperación y aumente las
perspectivas de crecimiento. Adoptar y aplicar medidas para consolidar el marco
fiscal y, concretamente, crear una institución fiscal independiente que
supervise las políticas fiscales, introducir normas fiscales para los gobiernos
locales y regionales y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de
gobierno.
2.           Mejorar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, con especial énfasis en el IVA, y reducir los
costes de la recaudación y el pago de impuestos, simplificando el sistema
tributario y armonizando las bases imponibles de los impuestos sobre la renta
de las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social y el seguro
de enfermedad. Reducir el alto nivel de imposición sobre el trabajo,
especialmente en lo que respecta a los trabajadores con rentas bajas. Trasladar
los impuestos a sectores donde resulten menos perjudiciales para el
crecimiento, como los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria y
los impuestos medioambientales. Seguir reduciendo las
diferencias de tratamiento fiscal entre empleados y autónomos.
3.           Asegurar la
sostenibilidad a largo plazo del régimen de pensiones público, acelerando el
aumento de la edad de jubilación obligatoria y vinculándolo más claramente con
la esperanza de vida. Fomentar la empleabilidad de los trabajadores de mayor
edad y revisar el mecanismo de indexación de las pensiones. Adoptar medidas que
conduzcan a una mejora significativa de la rentabilidad y la gobernanza del
sector sanitario, especialmente en lo que respecta a los cuidados
hospitalarios.
4.           Reforzar la eficiencia y
la eficacia de los servicios públicos de empleo mediante un sistema de medición
del rendimiento profesional. Tomar contacto con los jóvenes que no estén
registrados para prestarles servicios individualizados. Aumentar
considerablemente la disponibilidad de guarderías y servicios de atención
infantil de calidad y a precios asequibles, especialmente para los niños de
cero a tres años.
5.           Asegurar que la
acreditación, la gobernanza y la financiación de la enseñanza superior
contribuyan a mejorar su calidad y adecuación al mercado de trabajo. Acelerar
el desarrollo y la introducción de una nueva metodología de evaluación de la
investigación y asignar los fondos con miras a aumentar el porcentaje de
financiación basada en el rendimiento de los centros de investigación. En el
ámbito de la enseñanza obligatoria, aumentar el atractivo de la profesión
docente, aplicar un marco general de evaluación y prestar apoyo a los centros y
los alumnos con resultados deficientes. Aumentar la función integradora de la
educación, fomentando la participación de alumnos con desventajas sociales y de
gitanos, especialmente en la educación de la primera infancia.
6.           Acelerar la reforma de
las profesiones reguladas, partiendo de la eliminación de requisitos
injustificados y desproporcionados. Redoblar los esfuerzos por mejorar la
eficiencia energética en la economía.
7.           [En
2014, adoptar y] aplicar una Ley de la función pública que garantice la
estabilidad, eficiencia y eficacia de la Administración pública. Acelerar e
intensificar considerablemente la lucha contra la corrupción, aplicando las
medidas legislativas de la estrategia anticorrupción 2013-2014 pendientes y
desarrollando planes para el periodo posterior. Seguir mejorando la gestión de
los fondos de la UE mediante la simplificación de las estructuras de ejecución,
el aumento de la capacidad y la solución de los conflictos de interés. Aumentar
la transparencia en la contratación pública y mejorar la aplicación de las
licitaciones públicas, ofreciendo la supervisión y el asesoramiento adecuados.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2014)404 final.
[3]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[4]               COM(2012) 800 final.
[5]               COM(2012) 790 final.
[6]               En virtud del artículo 9, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


Avis juridique important

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31987H0598

87/598/CEE: Recomendación de la Comisión de 8 de diciembre de 1987 sobre un Código europeo de buena conducta en materia de pago electrónico (Relaciones entre organismos financieros, comerciantes-prestadores de servicios y consumidores)

Diario Oficial n° L 365 de 24/12/1987 p. 0072 - 0076

*****RECOMENDACIÓN  DE LA COMISIÓN  de 8 de diciembre de 1987  sobre un Código europeo de buena conducta en materia de pago electrónico  (Relaciones entre organismos financieros, comerciantes-prestadores de servicios y consumidores)  (87/598/CEE)  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,  Considerando que, en el Libro Blanco para la plena realización del mercado interior, la Comisión se comprometió a formular propuestas para adaptar a las dimensiones de este mercado las innovaciones y las legislaciones relativas a las nuevas formas de pago;  Considerando que la Comisión dirigió al Consejo, el 12 de enero de 1987, una Comunicación con el título: « Una baza para Europa: las nuevas tarjetas de pago » (1);  Considerando que, puesto que el desarrollo tecnológico guarda una estrecha relación con la unificación del mercado interior, el pago electrónico debería contribuir a la rápida modernización de los servicios bancarios, del comercio y de las industrias de telecomunicaciones y de información;  Considerando que los consumidores tienen derecho a esperar ventajas concretas de este proceso;  Considerando que la acción comunitaria debe hacer posible además la consecución de un gran mercado;  Considerando que el desarrollo de los nuevos medios de pago se inscribe en la perspectiva de la integración financiera y monetaria de la Comunidad y en el de la amplificación de la Europa de los ciudadanos;  Considerando que la libre circulación de mercancías y capitales sólo llegará a ser plenamente eficaz si se dispone del apoyo tecnológico de los nuevos medios de pago;  Considerando que éstos deben ponerse a disposición de los interlocutores económicos en condiciones comparables en todos los Estados miembros, si bien la Comisión es consciente de que el desarrollo de las tarjetas de pago (tarjetas de pago provistas de pistas magnéticas y/o de un microprocesador) puede tener un significado bastante distinto según los Estados miembros y de que existen otras alternativas;  Considerando que es necesario actuar en común para conseguir normas y modalidades de utilización que permitan, en interés de los usuarios, la compatibilidad y complementariedad de los sistemas de pago;  Considerando que conviene formular algunos principios generales de comportamiento leal en las relaciones entre organismos financieros (bancos y establecimientos de crédito), comerciantes o prestadores de servicios y consumidores titulares de tarjetas;  Considerando que tal formulación favorecerá la aplicación rápida y eficaz de las nuevas tecnologías;  Considerando que el desarrollo heterogéneo y no coordinado de estas tecnologías no debería reducir las posibilidades que ofrecen de conseguir la deseada compatibilidad de los sistemas de pago electrónicos europeos;  Considerando que debe lograrse la compatibilidad de las tarjetas y la interconexión de las redes europeas para hacer posible el acceso mutuo de los sistemas y la uniformidad de las principales normas sobre la utilización;  Considerando que, aunque los bancos y demás organismos financieros interesados son los que han de decidir si se van a hacer compatibles los sistemas, la Comisión tiene la responsabilidad de garantizar que los progresos realizados en esta vía no serán un obstáculo para la libre competencia dentro del mercado europeo;  Considerando que es evidente que tratar de definir, a nivel comunitario, de una manera rígida y detallada, el funcionamiento de sistemas que se encuentran en plena evolución, podría conducir al establecimiento de normas rápidamente superadas que, incluso, frenarían el desarrollo electrónico; que esto no prejuzga en nada la oportunidad de determinar los principios esenciales de la protección de los consumidores en la materia;  Considerando, sin embargo, que es conveniente que la Comisión procure, en la fase actual, que todos los cambios en la materia tengan lugar dentro del respeto de las normas del Tratado y trate de establecer y promover un consenso sobre la evolución de estos sistemas en el interés europeo;  Considerando, en efecto, que, si estas tecnologías no se desarrollan a gran escala en todos los Estados miembros, no se podrán delimitar con precisión todos los problemas específicos que pueden surgir, sobre todo en la etapa final de las redes y de utilización de los nuevos medios de pago;  Considerando, por todo ello, que un enfoque « estimulante » como un código de buena conducta flexible debe facilitar la adaptación a la evolución de estas nuevas tecnologías,  RECOMIENDA:  a todos los interlocutores económicos implicados que se atengan a las disposiciones del « Código europeo de buena conducta en materia de pago electrónico » que a continuación se describen:  (1) COM(86) 754 final.  CÓDIGO EUROPEO DE BUENA CONDUCTA EN MATERIA DE PAGO ELECTRÓNICO  I. FINALIDAD  1. En el Código se resumen las condiciones que deben reunirse para que las nuevas formas de pago electrónico se desarrollen de manera que sean beneficiosas para todos los interlocutores económicos y puedan ofrecer:  - seguridad y comodidad a los consumidores,  - más productividad y seguridad a prestadores y emisores,  - un mercado importante a la industria europea.  2. Todos los que apliquen o utilicen los sistemas de tarjeta de pago tendrían que respetar los principios de lealtad expuestos en el Código.  3. La evolución tecnológica tendría que responder a una concepción europea de los medios de pago electrónico con una interoperabilidad lo más general posible para evitar la compartimentación de los sistemas y, por consiguiente, del mercado.  II. A LOS EFECTOS DEL PRESENTE CÓDIGO SE ENTENDERÁ:  1. por « pago electrónico »: cualquier operación de pago efectuada con un tarjeta de pista/s magnética/s o con un microprocesador incorporado, en un equipo terminal de pago electrónico (TPE) o terminal de punto de venta (TPV).  Quedan excluidas de este Código:  - las tarjetas privadas que no correspondan a la definición de pago electrónico anteriormente expuesta;  - las tarjetas con fines distintos del pago directo o aplazado;  - los pagos con cheque garantizados con una tarjeta bancaria;  - los pagos con tarjeta por procedimientos mecánicos (notas de cargo);  2. por « emisor »: cualquier establecimiento de crédito u organización de tarjetas que expidan tarjetas de pago de uso electrónico, cualquier empresa de producción o de servicios que expidan también tarjetas de este tipo;  3. por « prestadores »: las empresas de comercio o de servicios;  4. por « consumidores »: los titulares de tarjetas;  5. por « interoperabilidad »: situación en la cual las tarjetas emitidas en un Estado miembro y/o pertenecientes a un determinado sistema de tarjetas puedan utilizarse en otros Estados miembros y/o en las redes de otro sistema; esto presupone una compatibilidad tecnológica de las tarjetas y lectores utilizados en los distintos sistemas, así como una apertura de los mismos mediante acuerdos basados en el principio de reciprocidad.  III. PRINCIPIOS GENERALES  1. Contratos  a) Los contratos celebrados entre los emisores o su representante y los prestadores o los consumidores revestirán la forma escrita y deberán ser objeto de una petición previa. Definirán con precisión las condiciones generales y específicas del acuerdo.  b) Se redactarán en la/s lengua/s oficial/es del Estado miembro en que se haya celebrado.  c) Cualquier tarificación del baremo de cargas se fijará con transparencia teniendo en cuenta las cargas y riesgos reales y no supondrá ningún obstáculo a la libre competencia.  d) Todas las condiciones, siempre que sean conformes a la ley, serán libremente negociables y se establecerán claramente en el contrato.  e) Las condiciones específicas de rescisión del contrato se precisarán y comunicarán a las partes antes de la celebración del contrato. 2. Interoperabilidad  La interoperabilidad deberá ser en una fecha determinada (1), total y universal, por lo menos en la Comunidad, para que el prestador de servicios y el consumidor puedan afiliarse a la/s red/es o emisor/es que elijan, pudiendo cada terminal tratar todas las tarjetas.  3. Equipo  a) Los terminales de pago electrónico registrarán, controlarán y transmitirán el pago y podrán integrarse en un terminal de punto de venta.  b) Si el prestador así lo desea, podrá tener la posibilidad de dotarse de un único terminal polivalente.  c) El prestador tendrá la posibilidad de elegir libremente su terminal de punto de venta, de alquilarlo o comprarlo, con la única condición de que esté autorizado para satisfacer las exigencias del sistema de pago en conjunto y para incorporarse al proceso de interoperabilidad.  4. Protección de los datos y seguridad  a) El pago electrónico será irreversible. La orden dada por medio de una tarjeta será irrevocable e impedirá cualquier oposición.  b) Al efectuar el pago, los datos transmitidos al banco del prestador y posteriormente al emisor no afectarán, en ningún caso, a la protección de la vida privada. Se limitarán estrictamente a los datos previstos normalmente para cheques y transferencias.  c) Todos los problemas que plantean la protección de los datos y la seguridad deberán ser claramente expuestos y resueltos, en todas las etapas, en los contratos entre las partes.  d) Los contratos no afectarán a la libertad de gestión y de competencia entre prestadores de servicios.  5) Acceso equitativo al sistema  a) Todos los prestadores de servicios interesados podrán acceder de forma equitativa al sistema de pago electrónico, sea cual fuere su importancia económica. Sólo se podrá impedir el acceso a un prestador por motivos legítimos  b) La remuneración de los mismos servicios para operaciones realizadas dentro de un Estado miembro y para las operaciones transnacionales con otros países de la Comunidad no deberá dar lugar a diferencias injustificadas entre los servicios internos y transnacionales, especialmente en las regiones fronterizas.  IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  1. Relativas a las relaciones entre emisores y prestadores  a) Para facilitar la apertura entre distintos sistemas de tarjetas , los contratos que se celebren entre emisores, por un lado, y entre prestadores, por otro, no incluirán ninguna cláusula de exclusividad en la que se exija al prestador que se limite al sistema con el que ha contratado un acuerdo.  b) Los contratos deberán permitir a los prestadores de servicios establecer una competencia efectiva entre los distintos emisores. Las disposiciones obligatorias se limitarán estrictamente a las exigencias técnicas que garanticen el buen funcionamiento del sistema.  2. Relativas a las relaciones entre emisores y consumidores.  El consumidor titular de la tarjeta adoptará las precauciones razonables para garantizar la seguridad de la tarjeta emitida y observará las condiciones específicas (pérdida o robo) del contrato que haya firmado.  3. Relativas a las relaciones entre prestadores y consumidores.  El prestador escribirá en forma perfectamente visible las tarjetas o las siglas de las tarjetas objeto de su afiliación y que esté obligado a aceptar.  Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 1987.  Por la Comisión  COCKFIELD  Vicepresidente  (1) Fecha de la plena realización del mercado interior, es decir, el 31 de diciembre de 1992.


title: Recomendación del Consejo, de 30 de noviembre de 2011 , sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

text:
               14.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 364/6

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 30 de noviembre de 2011
   sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
   2011/C 364/03
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 283, apartado 2,
   Visto el Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,
   Considerando que es necesario nombrar a un nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo tras la decisión del Sr. D. Lorenzo BINI SMAGHI de renunciar a su cargo con efectos a partir del final del 31 de diciembre de 2011.
   RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
   Nombrar al Sr. D. Benoît COEURÉ miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años.

      Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI


title: Recomendación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009 , sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 227/9

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 20 de agosto de 2009
   sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente
   (2009/625/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211 (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 20 de diciembre de 2007, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital» (2) que se centraba en la alfabetización para la comunicación comercial y trataba asuntos relacionados con la publicidad y la alfabetización mediática para las obras audiovisuales, con lo que en parte se pretendía aumentar la concienciación sobre el cine europeo y potenciar las habilidades creativas y la alfabetización para el entorno en línea, de manera que, por ejemplo, se proporcionaría a los ciudadanos una mejor comprensión del funcionamiento de Internet y los motores de búsqueda.

               (2)

               En su informe sobre alfabetización mediática en un mundo digital (3), el Parlamento Europeo instó a la Comisión a ampliar su política para promover la alfabetización mediática, en colaboración con todas las instituciones europeas y las autoridades locales y regionales.

               (3)

               Las conclusiones del Consejo sobre alfabetización mediática (4) adoptadas por el Consejo de Educación, Juventud y Cultura del 21/22 de mayo de 2008 respaldan la visión estratégica propuesta por la Comisión europea de la alfabetización mediática como un factor importante para una ciudadanía activa en la actual sociedad de la información.

               (4)

               Por último, el Comité de las Regiones adoptó un dictamen global sobre contenidos creativos en línea y alfabetización mediática en octubre de 2008 (5).

               (5)

               El Consejo de Lisboa (6) llegó a la conclusión de que «las industrias de contenido audiovisual crean valor añadido aprovechando y reflejando en la red la diversidad cultural europea». La Agenda Europea para la Cultura, que inició su actividad en 2007, establece un marco político estratégico para abordar las principales dificultades en el ámbito de la cultura, mientras que las conclusiones del Consejo de mayo de 2009 sobre la cultura como catalizador de la creatividad e innovación subrayan la contribución específica que puede aportar la cultura y solicitan un concepto más amplio de la innovación como parte de la estrategia de Lisboa después de 2010. Esto también es especialmente importante en el marco de la iniciativa i2010 de la Comisión Europea para impulsar la competitividad en el sector de las TIC y crear un espacio único europeo de información.

               (6)

               Un nivel más alto de alfabetización mediática puede contribuir de forma significativa a una aproximación a los objetivos de la Unión Europea establecidos en el Consejo Europeo de Lisboa y, concretamente, en la iniciativa i2010, en relación con una economía del conocimiento más competitiva, favoreciendo al mismo tiempo una sociedad de la información más incluyente.

               (7)

               La consulta pública realizada a finales de 2006 puso de manifiesto las diferencias en las prácticas y los niveles de alfabetización mediática en Europa. Al mismo tiempo, se reconoce la inexistencia de unos criterios o normas acordados para la evaluación de la alfabetización mediática, y la necesidad urgente de llevar a cabo investigación a gran escala y largo plazo para establecer un conjunto de pruebas en las que puedan basarse dichos criterios.

               (8)

               Tal y como se reconoce en el estudio Current trends and approaches to media literacy in Europe, realizado por la Comisión en la segunda mitad de 2007, existen algunos obstáculos para el desarrollo en materia de alfabetización mediática a escala europea. Entre estos obstáculos, destacan la falta de una visión común y de visibilidad europea de iniciativas nacionales, regionales y locales; la carencia de redes europeas y de coordinación entre las partes interesadas.

               (9)

               Por tanto, sería sumamente importante conseguir analizar, acentuar y difundir buenas prácticas en este campo en toda la Unión Europea y crear y promover las redes europeas entre las partes interesadas.

               (10)

               La capacidad de los ciudadanos europeos para tomar decisiones fundamentadas y diversificadas como consumidores de medios de comunicación contribuiría a la competitividad de la industria europea audiovisual y de contenidos.

               (11)

               La alfabetización mediática está relacionada con la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar con criterio diversos aspectos de los mismos y de sus contenidos, así como de establecer formas de comunicación en diversos contextos.

               (12)

               La difusión de contenido digital creativo y la multiplicación de las plataformas de distribución móvil y en línea generan nuevos desafíos para la alfabetización mediática. En el mundo actual, los ciudadanos necesitan desarrollar habilidades analíticas que permitan un mejor entendimiento intelectual y emocional de los medios de comunicación digitales.

               (13)

               La alfabetización mediática abarca todos los medios de comunicación: su objetivo es aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre las múltiples formas de mensajes difundidos por los medios con se pueden encontrar en su vida diaria. Estos mensajes son los programas, películas, imágenes, textos, sonidos y páginas web divulgados mediante diferentes de formas de comunicación.

               (14)

               La alfabetización mediática cumple una importante función en la concienciación acerca del patrimonio audiovisual europeo y las identidades culturales, así como en el aumento del conocimiento e interés en dicho patrimonio y en las obras culturales europeas recientes.

               (15)

               La alfabetización mediática consiste en incluir a todos y potenciar la ciudadanía en la sociedad de información actual. Se trata de una habilidad permanente no solo para los jóvenes, sino también para los adultos y las personas de edad avanzada, los padres, profesores y profesionales de los medios de comunicación. Gracias a Internet y a la tecnología digital, cada vez más europeos pueden crear y difundir imágenes, información y contenidos. Hoy en día, se considera la alfabetización mediática como uno de los requisitos previos para lograr una ciudadanía plena y activa y prevenir y reducir el riesgo de exclusión de la vida de la comunidad.

               (16)

               Una sociedad instruida en el uso de los medios de comunicación sería a la vez un estímulo y una condición previa para el pluralismo y la independencia de los medios. La expresión de distintas ideas y opiniones, en idiomas diferentes y representando a diferentes grupos, ya sea en el ámbito de una misma sociedad o de varias, ejerce un efecto positivo sobre los valores de la diversidad, la tolerancia, la transparencia, la equidad y el diálogo. Por tanto, se debe promover el desarrollo de la alfabetización mediática en todos los sectores de la sociedad y se deben seguir de cerca sus avances.

               (17)

               La democracia depende de la participación activa de los ciudadanos en la vida de su comunidad, y los medios de comunicación les aportarían las habilidades necesarias para comprender el flujo diario de información difundida a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.

               (18)

               Se debería abordar la alfabetización mediática de diferentes maneras y a diferentes niveles. La responsabilidad principal de los Estados miembros consiste en decidir cómo incorporar la alfabetización mediática a los planes de estudio escolares a todos los niveles. No obstante, el papel desempeñado por las autoridades locales es también muy importante, ya que están más próximas al ciudadano y promueven iniciativas de apoyo en el sector no oficial de la educación. La sociedad civil también debe contribuir activamente a la promoción de la alfabetización mediática siguiendo un planteamiento ascendente.

               (19)

               Las iniciativas de la Comisión, como MEDIA 2007 [Decisión no 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) (7)] y la Directiva de servicio de los medios de comunicación audiovisuales [(Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (8)], que tienen por objeto el refuerzo de la competitividad de la industria audiovisual y de contenidos europea, contribuirían a la alfabetización mediática.

               (20)

               La Comisión pretende supervisar los esfuerzos realizados en beneficio del conocimiento de los soportes audiovisuales y de la alfabetización mediática para la comunicación comercial tal y como se prevé en el considerando 37 de la Directiva de servicio de los medios de comunicación audiovisuales, a saber, en el marco del Comité de contacto de servicio de los medios de comunicación audiovisuales y en su obligación de informar según lo previsto en el artículo 26 de la Directiva.

               (21)

               La Comisión fomentará proyectos de investigación sobre alfabetización mediática en el marco de los programas ya existentes. Concretamente, su intención es poner en marcha un estudio sobre el nivel de conciencia de los riesgos relacionados con la difusión de datos personales en el entorno en línea, además de otro estudio sobre cómo mejorar el uso de los motores de búsqueda.

               (22)

               Entre las iniciativas de alfabetización mediática también se debe incluir una dimensión dedicada a la concienciación sobre la función de los derechos de autor.

               (23)

               Como parte de las iniciativas de alfabetización mediática, se deben abordar el tratamiento de datos personales en las redes de información y comunicación, particularmente con el fin de proporcionar ofertas ajustadas al perfil de los consumidores, y las dificultades que esto plantea para la protección de la información personal y el respeto de la privacidad. De hecho, las redes de información y comunicación abren nuevas posibilidades a los usuarios; sin embargo, también podría conllevar nuevos riesgos como la usurpación de identidad, la creación de perfiles discriminatorios o la vigilancia permanente. La Comisión abordó estas preocupaciones y sus posibles soluciones en su Comunicación sobre el fomento de la protección de datos mediante tecnologías de protección del derecho a la intimidad (PET) (9).

               (24)

               Las iniciativas en alfabetización en los medios de comunicación digitales deben garantizar una estrecha participación de los editores tradicionales, tomando en consideración la experiencia enormemente valiosa de la industria editorial en lo que respecta a la alfabetización mediática fuera del entorno en línea y dado la tendencia cada vez mayor de esta industria hacia la producción y distribución de contenidos digitales.

               (25)

               La Comisión pretende crear consenso acerca de aspectos fundamentales de la alfabetización mediática (definiciones, objetivos) y apoyar el análisis e intercambio de buenas prácticas en el entorno digital, incluida la economía del sector de los medios de comunicación en Europa, concretamente mediante la organización de reuniones del Comité de contacto AVMS (10), la promoción y el apoyo de actividades en el marco de la iniciativa MEDIA 2007 (11), la cooperación con las demás instituciones europeas y organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, y la promoción de una asociación pública y privada en materia de alfabetización mediática.

         RECOMIENDA:

               I.

               Que los Estados miembros, en cooperación con las autoridades encargadas de reglamentar las comunicaciones audiovisuales y electrónicas y en colaboración con las autoridades responsables de la protección de datos cuando se considere oportuno:

                           1)

                           desarrollar y aplicar iniciativas de corregulación que desemboquen en la adopción de códigos de conducta por parte de las principales partes interesadas y promover iniciativas y directrices de autorregulación, en las materias determinadas para la industria de los medios de comunicación que se describe más adelante en la parte II;

                           2)

                           como continuación al actual estudio de la Comisión sobre criterios de evaluación de los niveles de alfabetización mediática en Europa, fomentar la investigación sistemática mediante estudios y proyectos sobre los diferentes aspectos y dimensiones de la alfabetización mediática en el entorno digital y vigilar y medir el progreso de los niveles de la misma;

                           3)

                           abrir un debate en conferencias y otras actividades públicas sobre la inclusión de la alfabetización mediática en el plan de estudios obligatorio y como parte de la oferta de competencias clave para el aprendizaje permanente, establecida en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente;

                           4)

                           estimular sus esfuerzos para mejorar la concienciación sobre el patrimonio audiovisual nacional y europeo mediante campañas nacionales de sensibilización destinadas a los ciudadanos;

                           5)

                           aumentar la concienciación mediante acciones de formación, jornadas informativas y distribución de paquetes informativos acerca de los riesgos asociados al tratamiento de datos personales a través de redes de información y comunicación así como educar a los usuarios, especialmente a los jóvenes, padres y profesores, en este campo.

               II.

               Que la industria de los medios de comunicación incremente su compromiso de proporcionar las herramientas necesarias para mejorar el nivel de alfabetización mediática:

                           1)

                           difundiendo sistemáticamente el conocimiento mediante campañas informativas en las que se muestre cómo se producen, editan y distribuyen la información y los contenidos creativos en el mundo digital, incluyendo el funcionamiento de los motores de búsqueda y cómo hacer un mejor uso de ellos;

                           2)

                           proporcionando a los ciudadanos información clara y fácil de consultar mediante la organización de campañas de concienciación acerca de las técnicas empleadas para fines de comunicación comercial, a saber, la colocación de productos y la publicidad en línea, y con las que resulte más fácil determinar la línea que separa la comercialización y los contenidos;

                           3)

                           proporcionando a los ciudadanos información, creando paquetes informativos especialmente destinados a los jóvenes acerca del tratamiento que reciben sus datos personales en el contexto de ofertas ajustadas al perfil del usuario, a saber, publicidad interactiva, dentro del máximo respeto de las disposiciones legales vigentes;

                           4)

                           informando activamente a los ciudadanos mediante jornadas informativas acerca del funcionamiento de la economía creativa, incluido el papel de los derechos de autor a este respecto.

               III.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 20 de agosto de 2009.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO C 325 de 24.12.2002, p. 1.

      (2)  COM(2007) 833 final.

      (3)  2008/2129(INI) de 24 de noviembre de 2008.

      (4)  2008/C 140/08.

      (5)  CdR 94/2008.

      (6)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+REPORT+A6-2005-0278+0+DOC+XML+V0//ES

      (7)  DO L 327 de 24.11.2006, p. 12.

      (8)  DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.

      (9)  COM (2007) 228 final de 2 de mayo de 2007.

      (10)  AVMS, véase la Directiva 2007/65/CE.

      (11)  Decisión no 1718/2006/CE.


title: 2004/913/CE: Recomendación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2004, relativa a la promoción de un régimen adecuado de remuneración de los consejeros de las empresas con cotización en bolsaTexto pertinente a efectos del EEE

text:
               29.12.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 385/55

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 14 de diciembre de 2004
   relativa a la promoción de un régimen adecuado de remuneración de los consejeros de las empresas con cotización en bolsa
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2004/913/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En mayo de 2003, la Comisión aprobó la Comunicación «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar» (1). Entre toda una serie de propuestas dirigidas a reforzar los derechos de los accionistas y modernizar los consejos de administración, la Comunicación pone en marcha una iniciativa encaminada a promover un sistema normativo adecuado de remuneración de los consejeros en los Estados miembros.

               (2)

               La forma, la estructura y el nivel de la remuneración de los consejeros son cuestiones que competen a las empresas y a sus accionistas y deben permitir la contratación y la permanencia de aquellos consejeros que posean las cualidades necesarias para dirigir una empresa. Sin embargo, el de la remuneración es uno de los ámbitos donde existe un mayor riesgo de conflicto de intereses para los consejeros ejecutivos de las empresas y en el que se deben tener debidamente en cuenta los intereses de los accionistas. Por consiguiente, los sistemas de remuneración deben estar sujetos a unos controles de gobernanza adecuados, basados en un derecho a la información apropiado. A este respecto, es importante respetar escrupulosamente la diversidad de los sistemas de gobernanza empresarial existentes en la Comunidad, que son reflejo de los diferentes puntos de vista de los Estados miembros sobre el papel de las sociedades y de los órganos responsables de establecer la política de remuneración de los consejeros y de fijar la remuneración específica de cada administrador.

               (3)

               La divulgación de información exacta y puntual por parte de los emisores de valores mobiliarios contribuye a forjar una confianza duradera en los inversores y constituye un excelente instrumento para fomentar una gobernanza empresarial sana en la Comunidad. Con este fin, es importante que las sociedades con cotización en bolsa hagan gala ante sus accionistas de una transparencia adecuada para que dichos accionistas puedan expresar sus opiniones.

               (4)

               Al aplicar la presente Recomendación, los Estados miembros deben tener en cuenta las particularidades de los organismos de inversión colectiva de tipo societario y debe evitar las desigualdades de trato innecesarias entre organismos de inversión colectiva de naturaleza jurídica diferente. En cuanto a los organismos de inversión colectiva a tenor de la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (2), esta última prevé un conjunto de mecanismos de gobernanza específicos. Para evitar que otros organismos de inversión colectiva de tipo societario no sujetos a una armonización comunitaria sufran desigualdades de trato innecesarias, los Estados miembros deben tener en cuenta en qué medida dichos organismos están sujetos a normas de gobernanza equivalentes.

               (5)

               Se debe dar a los accionistas una imagen clara y completa de la política de remuneraciones de la empresa. Esa información les permitiría evaluar la filosofía retributiva de la empresa y reforzaría la obligación de esta última de rendir cuentas a sus accionistas. Dicha información tendría que incluir datos sobre las prestaciones complementarias, lo cual no debe, sin embargo, obligar a la empresa a revelar información comercialmente sensible que pueda perjudicar su posición estratégica.

               (6)

               Debe garantizarse asimismo un nivel de transparencia adecuado en lo que atañe a los contratos de los consejeros. A tal efecto, debe facilitarse información sobre cuestiones tales como el plazo de preaviso y las indemnizaciones en caso de despido estipuladas en sus contratos, cuestiones que están directamente ligadas a la remuneración de los consejeros.

               (7)

               Con el fin de proporcionar a los accionistas la oportunidad de expresar de forma eficaz sus opiniones y de darles la oportunidad de analizar la política de remuneraciones sobre la base de una información completa, sin necesidad de tener que presentar una resolución en tal sentido, dicha política debe figurar explícitamente en el orden del día de la junta general anual.

               (8)

               Con el fin de reforzar la obligación de rendir cuentas, la política de remuneraciones debe ser sometida a votación en la junta general anual de accionistas. Esa votación podría tener carácter consultivo, de modo que no se vean afectados los derechos de los órganos responsables de la remuneración de los consejeros. Una votación consultiva no obligaría a modificar los derechos contractuales de los consejeros ni la política de remuneraciones.

               (9)

               A los accionistas también se les debe proporcionar información en la que puedan basarse para pedir cuentas a los consejeros por la remuneración que perciban o hayan percibido. La divulgación de las remuneraciones percibidas por los consejeros de la empresa, tanto de los que desempeñan funciones ejecutivas como de otros consejeros no ejecutivos o supervisores, durante el ejercicio precedente es, por lo tanto, importante para que los accionistas puedan valorar la remuneración abonada a la vista de los resultados globales de la empresa.

               (10)

               Los sistemas de remuneración variable en virtud de los cuales se remunera a los consejeros en acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro derecho de adquisición de acciones o en función de la cotización de las acciones, así como cualquier cambio sustancial en dichos sistemas, deben someterse a la aprobación previa de la junta general anual. La aprobación debe referirse al sistema de remuneración y a las normas aplicadas para calcular las remuneraciones individuales de acuerdo con dicho sistema, pero no a las remuneraciones percibidas por los consejeros como resultado de la aplicación del sistema.

               (11)

               Habida cuenta de la importancia atribuida a la remuneración de los consejeros conviene supervisar la aplicación de la presente Recomendación y, en caso de aplicación insatisfactoria, considerar otras medidas.

         RECOMIENDA:
   Sección I
   Ámbito de aplicación y definiciones
   1.   Ámbito de aplicación

               1.1.

               Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas apropiadas para que las empresas con cotización en bolsa, con domicilio social en su territorio, consideren la presente Recomendación. No obstante, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta las particularidades de los organismos de inversión colectiva de tipo societario dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/611/CEE. Los Estados miembros deben atender a las particularidades de los organismos de inversión colectiva de tipo societario que no estén sujetos a dichas directivas y cuyo objetivo exclusivo sea invertir el capital obtenido de los inversores en una cartera de activos, sin pretender asumir el control legal o de gestión de ninguno de los emisores de sus inversiones subyacentes.

               1.2.

               Los Estados miembros deben adoptar asimismo todas las medidas apropiadas para garantizar que las empresas con cotización en bolsa que no se hayan constituido en alguno de los Estados miembros, pero cuya cotización principal se produzca en un mercado regulado establecido en el territorio de un Estado miembro, consideren las disposiciones de la presente Recomendación.

               1.3.

               Los Estados miembros deben velar por que esta Recomendación se aplique a la remuneración de los directores de las empresas con cotización en bolsa cuando no formen parte de sus órganos de dirección, gestión o supervisión.

         2.   Definiciones a efectos de la presente Recomendación

               2.1.

               «Consejero»: cualquier miembro de los órganos de dirección, gestión o supervisión de una empresa con cotización en bolsa.

               2.2.

               «Empresa con cotización en bolsa»: toda empresa cuyos valores se admitan a cotización en un mercado regulado con arreglo a la Directiva 2004/39/CE en uno o más Estados miembros.

         Sección II
   Política de remuneraciones
   3.   Información sobre la política de remuneración de los consejeros

               3.1.

               Toda empresa con cotización en bolsa debe publicar una declaración sobre su política de remuneraciones («declaración relativa a las remuneraciones») Esa declaración debe formar parte de un informe independiente sobre las remuneraciones o figurar en las cuentas anuales y en el informe anual de gestión de la empresa o en los comentarios a las cuentas anuales. La declaración relativa a las remuneraciones también debe figurar en el sitio Web de las empresas con cotización en bolsa.

               3.2.

               Conviene que la declaración relativa a las remuneraciones se centre sobre todo en la política de remuneración de los consejeros de la empresa en el siguiente ejercicio y, en su caso, en los años subsiguientes. También debe incluir un resumen de cómo se aplicó dicha política durante el ejercicio presupuestario precedente. Conviene que la declaración haga especial hincapié en todo cambio significativo que se haya producido en la política de remuneraciones de la empresa en relación con el ejercicio presupuestario precedente.

               3.3.

               La declaración relativa a las remuneraciones debe contener, como mínimo, la información siguiente:

                           a)

                           una explicación de la importancia relativa de los componentes fijos y variables de la remuneración de los consejeros;

                           b)

                           suficientes datos sobre los criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable de la remuneración;

                           c)

                           suficientes datos sobre la relación entre remuneración y resultados;

                           d)

                           los parámetros principales y el fundamento de cualquier sistema de primas anuales u otros beneficios no monetarios;

                           e)

                           una descripción de las principales características de los sistemas de pensión suplementaria o jubilación anticipada de los consejeros.

                     La divulgación de esta información en la declaración relativa a las remuneraciones no debería suponer, no obstante, la revelación de información comercial sensible.

               3.4.

               La declaración relativa a las remuneraciones también debe resumir y explicar la política de la empresa con cotización en bolsa en lo que respecta a las condiciones contractuales de sus consejeros ejecutivos. En este capítulo debe incluirse, entre otras informaciones, la duración de sus contratos, los plazos de preaviso y otros pormenores de las disposiciones relativas a las indemnizaciones por resolución del contrato o a cualesquiera otros pagos ligados a la resolución anticipada, previstos en los contratos de los consejeros ejecutivos.

               3.5.

               También se debe facilitar información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones seguido para establecer la política de remuneración de los consejeros de la empresa con cotización en bolsa. Esta información debe incluir, en su caso, el mandato y la composición del comité de remuneraciones, la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva y el papel de la junta general anual de accionistas.

         4.   Voto de los accionistas

               4.1.

               Sin perjuicio del papel y de la organización de los órganos encargados de determinar la remuneración de los consejeros, la política retributiva así como cualquier modificación significativa de la misma debe figurar explícitamente en el orden del día de la junta general anual.

               4.2.

               Sin perjuicio del papel y de la organización de los órganos encargados de determinar la remuneración de los consejeros, la declaración relativa a las remuneraciones debe someterse a la aprobación de la junta general anual de accionistas. La votación puede tener carácter consultivo.
               Sin embargo, los Estados miembros podrán condicionar la celebración de dicha votación a que la solicite un número de accionistas que representen al menos el 25 % del número total de votos de los accionistas presentes o representados en la junta general anual. Esto último, sin perjuicio, no obstante, del derecho de los accionistas a presentar una resolución de acuerdo con las disposiciones nacionales.

               4.3.

               Las empresas con cotización en bolsa deben poner en conocimiento de los accionistas que tengan derecho a que se les notifique la convocatoria de la junta general anual su intención de presentar en ella una resolución con el fin de aprobar la declaración relativa a las remuneraciones.

         Sección III
   Remuneración específica de cada consejero
   5.   Divulgación de la remuneración específica de cada consejero

               5.1.

               La remuneración total y otros beneficios concedidos a cada consejero durante el ejercicio considerado deben detallarse en las cuentas anuales o en los comentarios a dichas cuentas o, en su caso, en el informe sobre las remuneraciones.

               5.2.

               Las cuentas anuales o los comentarios a las mismas o, en su caso, el informe sobre las remuneraciones, deben incluir, como mínimo, las informaciones a que se relacionan en los puntos 5.3 a 5.6 con respecto a todas y cada una de las personas que hayan ejercido funciones de administrador en la empresa con cotización en bolsa en algún momento del ejercicio considerado.

               5.3.

               Con respecto a la remuneración y otros emolumentos de los consejeros, debe facilitarse la siguiente información:

                           a)

                           el importe total de la remuneración abonada o adeuda a los consejeros por los servicios prestados durante el ejercicio presupuestario de referencia, incluidas en su caso las primas de asistencia fijadas por la junta general anual de accionistas;

                           b)

                           la remuneración y otras compensaciones recibidas de empresas pertenecientes al mismo grupo;

                           c)

                           la remuneración pagada en forma de participación en los beneficios o primas y las razones por las que se concedieron dichas primas o participaciones;

                           d)

                           en los casos en que esté legalmente permitido, cualquier remuneración suplementaria importante abonada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo;

                           e)

                           las indemnizaciones pagadas o adeudadas a cada antiguo consejero ejecutivo por el cese en sus funciones durante el ejercicio considerado;

                           f)

                           el valor total estimado de los beneficios no pecuniarios equiparados a una remuneración, con excepción de los contemplados en las letras a) a e).

               5.4.

               Por lo que se refiere a las acciones, a los derechos de adquisición de opciones sobre acciones o cualquier otro sistema de incentivos basado en acciones, debe facilitarse la siguiente información:

                           a)

                           el número de opciones sobre acciones ofrecidas o acciones atribuidas por la empresa durante el año fiscal considerado y sus condiciones de ejercicio;

                           b)

                           el número de opciones sobre acciones ejercidas durante el año fiscal considerado, el número de acciones afectadas en cada caso y el precio de ejercicio o el valor del interés en el sistema de incentivos basado en acciones al finalizar el ejercicio considerado;

                           c)

                           el número de opciones sobre acciones no ejercidas al finalizar el año fiscal; su precio de ejercicio, la fecha de ejercicio y los requisitos principales para el ejercicio de los derechos;

                           d)

                           cualquier modificación de las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones existentes que se haya producido durante el año fiscal considerado.

               5.5.

               Con respecto a los planes de pensión complementaria, se debe facilitar la información siguiente:

                           a)

                           cuando se trate de un plan de pensiones de prestación definida, los cambios que se hayan producido en los beneficios consolidados por el consejero de acuerdo con dicho plan durante el ejercicio considerado;

                           b)

                           cuando se trate de un plan de pensiones de aportación definida, datos concretos de las aportaciones pagadas o adeudadas por la empresa con cotización en bolsa por el administrador durante el ejercicio considerado.

               5.6.

               Siempre que la legislación nacional o las escrituras de constitución de la empresa con cotización en bolsa permitan tales remuneraciones, deben revelarse las cantidades que la citada empresa o cualquiera de sus filiales o empresas incluidas en las cuentas consolidadas anuales de la empresa, hayan abonado en concepto de préstamos, anticipos y garantías, incluido su saldo vivo y el tipo de interés, a cualquier persona que en algún momento del ejercicio considerado haya desempeñado funciones directivas.

         Sección IV
   Remuneración basada en acciones
   6.   Aprobación de los accionistas

               6.1.

               Los sistemas en virtud de los cuales se remunera a los consejeros en acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro derecho a adquirir acciones, o en función de la cotización de las acciones deben estar sujetos a la aprobación previa de los accionistas mediante resolución de la junta general anual. La aprobación debe referirse al sistema propiamente dicho y no a la atribución de esas remuneraciones basadas en acciones a determinados consejeros con arreglo a dicho sistema.

               6.2.

               La aprobación de la junta general anual de accionistas debe recabarse cuando se trate de:

                           a)

                           la atribución a los consejeros de remuneraciones basadas en acciones, incluidas las opciones sobre acciones;

                           b)

                           la determinación del número máximo de acciones y de las condiciones principales para su atribución;

                           c)

                           el plazo durante el cual se podrán ejercer las opciones;

                           d)

                           las condiciones para cualquier modificación posterior del precio de ejercicio de las opciones, si dicha modificación es pertinente y está legalmente autorizada;

                           e)

                           cualquier otro sistema de incentivos a largo plazo al que tengan derecho los consejeros y que no se ofrezca en las mismas condiciones a los demás empleados.

               6.3.

               La junta general anual también debe fijar el plazo del que dispondrá el órgano responsable de la remuneración de los consejeros para concederles este tipo de remuneraciones.

               6.4.

               Cualquier modificación sustancial de las condiciones de estos sistemas debe estar sujeta a la aprobación previa de los accionistas mediante resolución de la junta general anual. En esos casos, se debe informar detalladamente a los accionistas de las modificaciones propuestas y de sus efectos.

               6.5.

               Siempre que la legislación nacional o las escrituras de constitución de la empresa con cotización en bolsa lo permitan, debe someterse a la aprobación de los accionistas todo acuerdo de remuneración en opciones con descuento que dé derecho a suscribir acciones a un precio inferior a su valor de mercado en la fecha en que se fije el precio, o a su cotización media durante un determinado número de días previos a la fecha en que se fije dicho precio.

               6.6.

               Los puntos 6.1 a 6.4 no deben aplicarse a los sistemas en los que puedan participar, en las mismas condiciones, los empleados de la empresa con cotización en bolsa o los de cualquiera de sus filiales y que hayan sido aprobados por la Junta.

         Sección V
   Información y disposiciones finales
   7.   Información

               7.1.

               Antes de que se celebre la junta general anual en la que vaya a presentarse un proyecto de resolución con arreglo al punto 6.1 anterior y de acuerdo con el derecho nacional o los estatutos de la empresa con cotización en bolsa se debe hacer pública a los accionistas una nota informativa sobre la resolución.
               La nota informativa debe incluir, por lo menos, el texto íntegro de los sistemas de remuneración en acciones o una descripción de sus principales términos así como la identidad de los participantes en los mismos. La nota también debe establecer la relación de esos sistemas con la política general de remuneración de los consejeros.
               El proyecto de resolución debe referirse claramente al sistema propiamente dicho o a un resumen de sus condiciones principales.

               7.2.

               Asimismo, se debe informar a los accionistas sobre la manera en que la empresa se propone obtener las acciones necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del sistema de incentivos. Debe aclararse, en particular, si la empresa tiene intención de adquirir las acciones necesarias en el mercado, si las tiene en tesorería o si emitirá nuevas acciones.

               7.3.

               La nota también debe incluir un resumen de los costes que el sistema de incentivos tendría para la empresa de cara a su aplicación.

               7.4.

               Dicha información puede incluirse en el sitio Web de la empresa con cotización en bolsa.

         8.   Disposiciones finales

               8.1.

               Se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para impulsar la aplicación de la presente Recomendación antes del 30 de junio de 2006 y a notificar a la Comisión las medidas adoptadas de conformidad con la misma con el fin de que la Comisión pueda supervisar detenidamente la situación y, sobre esta base, evaluar si son necesarias otras medidas.

               8.2.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 2004.

            Por la Comisión

         Charlie McCREEVY

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2003) 284 final.

      (2)  DO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).


title: 2014/761/UE: Recomendación de la Comisión, de 29 de octubre de 2014 , sobre la aplicación de las normas del mercado interior de la energía entre los Estados miembros de la UE y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía

text:
               31.10.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 311/82

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 29 de octubre de 2014
   sobre la aplicación de las normas del mercado interior de la energía entre los Estados miembros de la UE y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía

      (2014/761/UE)

   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Unión Europea es parte en la Comunidad de la Energía, que aspira a crear un espacio regulador único para los mercados de la energía en Europa.

               (2)

               Las Partes contratantes (1) en la Comunidad de la Energía tienen como objetivo integrar sus mercados energéticos en el mercado interior de la energía de la UE mediante la adaptación de la legislación sobre el mercado interior del gas y la electricidad de la UE y la incorporación a sus legislaciones nacionales.

               (3)

               Los principios fundamentales de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad figuran en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (2), en la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (3), en el Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (4) y en el Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (5), que son aplicables en los Estados miembros desde el 3 de marzo de 2011. También hay normas importantes de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE recogidas en códigos de red y directrices jurídicamente vinculantes, adoptados sobre la base de la legislación arriba citada y parcialmente en fase de elaboración.

               (4)

               Las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía están obligadas a aplicar las directivas y reglamentos citados el 1 de enero de 2015 (6) y a poner en práctica las medidas de ejecución a partir de la misma fecha, salvo unas cuantas excepciones. Los códigos de red y las directrices van también siendo progresivamente incorporados en el ordenamiento jurídico de la Comunidad de la Energía.

               (5)

               Nueva legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE va a ser aplicada por las Partes contratantes, en particular, la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (7), el Reglamento (UE) no 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo (8), y el Reglamento (UE) no 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009 (9).

               (6)

               El ámbito geográfico de aplicación de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE comprende todo el territorio de la UE.

               (7)

               La Comunidad de la Energía adoptó el 23 de septiembre de 2014 una interpretación por el Consejo Ministerial, con arreglo al artículo 94 del Tratado de la Comunidad de la Energía, a fin de tratar en los actos jurídicos de la Comunidad de la Energía que incorporan la legislación de la Unión Europea los flujos de energía, las importaciones y exportaciones y las transacciones comerciales y de balance, las capacidades de las redes y las interconexiones entre las Partes contratantes y los Estados miembros de la UE de la misma manera que los respectivos flujos, importaciones, exportaciones, transacciones, capacidades e infraestructuras entre las Partes contratantes en virtud de la legislación de la Comunidad de la Energía.

               (8)

               El tratamiento homogéneo de los flujos transfronterizos, las transacciones transfronterizas y las infraestructuras transfronterizas (interconexiones) entre todas las partes del Tratado de la Comunidad de la Energía es un factor importante en el espacio regulador único para el comercio de gas y electricidad y es un elemento indispensable para alcanzar los objetivos de la Comunidad de la Energía. Por otra parte, la cooperación entre el Consejo Regulador de la Comunidad de la Energía y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, en lo que se refiere a sus decisiones, es necesaria para facilitar la integración de las Partes contratantes con el mercado interior de la energía de la UE.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se invita a los Estados miembros, incluidas las autoridades reguladoras que tienen que designar en virtud de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y los operadores económicos a que cooperen con las autoridades nacionales y los agentes económicos de las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía en la aplicación de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE entre las Partes contratantes y los Estados miembros de la UE.

               2.

               Se invita a los Estados miembros, incluidas las autoridades reguladoras que tienen que designar en virtud de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y los operadores económicos, a que, a la hora de aplicar la legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE, apliquen cualquier referencia a

                           a)

                           los flujos energéticos, las importaciones y exportaciones, así como las transacciones comerciales y de balance;

                           b)

                           la capacidad de la red;

                           c)

                           la infraestructura de gas y electricidad, nueva o existente,

                     a través de las fronteras, zonas, áreas de entrada y salida o zonas de control entre los Estados miembros, a los flujos, las importaciones, las exportaciones, las transacciones, las capacidades y las infraestructuras transfronterizas entre las Partes contratantes y los Estados miembros de la UE.

               3.

               Las referencias en la legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE a la cooperación y a las actividades conjuntas entre instituciones nacionales, autoridades y operadores económicos deben entenderse en el sentido de que incluyen la cooperación y las actividades conjuntas entre las entidades nacionales, las autoridades y los operadores económicos de los Estados miembros y las Partes contratantes.

               4.

               Cuando los actos jurídicos de la legislación del mercado interior del gas y la electricidad de la UE hagan referencia a «impactos» en uno o más Estados miembros, dicha referencia debe entenderse también como un impacto sobre las Partes contratantes o sobre una de las Partes contratantes y un Estado miembro.

               5.

               Cuando sea competente para tomar decisiones en el ámbito de la legislación sobre el mercado interior de la energía de la UE para el gas y la electricidad, se invita a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía a cooperar con el Consejo Regulador de la Comunidad de la Energía, cuando el Consejo sea competente con arreglo al acervo de la Comunidad de la Energía, con el fin de permitir la adopción de actos coherentes de los dos organismos.

               6.

               La presente Recomendación se dirige a los Estados miembros, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, a los operadores económicos y al Consejo Regulador de la Comunidad de la Energía.

      Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2014.

            Por la Comisión

         Günther OETTINGER

            Vicepresidente

      (1)  La República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, la República de Moldavia, la República de Montenegro, la República de Serbia, Ucrania y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, de conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

      (2)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.

      (3)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.

      (4)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.

      (5)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 36.

      (6)  Con algunas excepciones, tal como se especifica en el acervo de la Comunidad de la Energía. Para más información, véase: http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

      (7)  DO L 33 de 4.2.2006, p. 22.

      (8)  DO L 295 de 12.11.2010, p. 1.

      (9)  DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.