title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Italia

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/46

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Italia
   (2017/C 261/11)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Italia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Italia de a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. Una elevada deuda pública y una dinámica prolongada de debilidad en la productividad conllevan riesgos con efectos transfronterizos en un contexto de elevados préstamos no productivos y desempleo. Es particularmente importante la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y, dado su tamaño y su influencia sobre otros países de la Unión, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria.

               (4)

               El 27 de abril de 2017, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo. El Programa Nacional de Reformas de 2017 de Italia incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo. A corto plazo, están previstas la adopción definitiva de la legislación pendiente en materia de competencia y la reforma del proceso penal y del régimen de prescripción, la aplicación de la ley de lucha contra la pobreza, así como las medidas relativas a convenios colectivos negociados a nivel de empresa, desplazamiento de la presión fiscal y privatizaciones. Las medidas previstas a medio plazo afectan a la hacienda pública, la fiscalidad, el mercado de trabajo, los sistemas bancarios y crediticios, la competencia, la Administración pública y la justicia, y la inversión. El Programa Nacional de Reformas de 2017 incluye también los retos identificados en el informe específico de 2017 y la Recomendación para la zona del euro, incluida la necesidad de relanzar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si se aplican íntegramente, en los plazos indicados, estas medidas ayudarían a abordar los desequilibrios macroeconómicos de Italia y las recomendaciones específicas por país. Sobre la base de la evaluación de los compromisos políticos contraídos por Italia, la Comisión confirma su evaluación anterior de que, por el momento, no están justificadas nuevas medidas en el marco del procedimiento de desequilibrios macroeconómico previsto en los Reglamentos (UE) n.o 1176/2011 y (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). La aplicación de la agenda de reformas será objeto de un estrecho seguimiento a través de un control específico.

               (5)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (6)

               Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé una mejora del déficit global, que pasaría del 2,4 % del PIB en 2016 al 2,1 % en 2017, el 1,2 % en 2018, y, en general, a una situación de equilibrio presupuestario en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, lograr el equilibrio presupuestario en términos estructurales, se alcance en 2019 y se mantenga en 2020, mientras que el saldo estructural recalculado (6) apunta a un pequeño déficit estructural (0,3 % del PIB) en ambos años. Tras haber aumentado en 2016 (hasta el 132,6 % del PIB, frente al 132,1 % en 2015), se estima que la proporción del PIB que representa el endeudamiento de las administraciones públicas prevista en el Programa de Estabilidad de 2017 se estabilizará, en términos generales, en 2017, y disminuirá a partir de 2018 hasta alcanzar el 125,7 % en 2020. La incertidumbre sobre la composición y la ejecución de la estrategia presupuestaria a medio plazo del Programa de Estabilidad de 2017 implica riesgos de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y en relación con el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. En particular, las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión prevén casi el mismo crecimiento del PIB real para 2018 que el Programa de Estabilidad de 2017, a pesar de un déficit notablemente más elevado. De hecho, la previsión de la Comisión no incorpora una subida del IVA (0,9 % del PIB) adoptada como una «cláusula de salvaguardia» para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2018, debido también a que el Programa de Estabilidad de 2017 confirma la intención de no activarla sin dar más detalles sobre las medidas de compensación alternativas. Por otra parte, el Programa de Estabilidad de 2017 recoge la intención de encontrar más margen de maniobra para reducir la carga fiscal.

               (7)

               El Programa de Estabilidad de 2017 indica que el impacto presupuestario general de la afluencia excepcional de refugiados y de las medidas en materia de seguridad tomadas en 2016 y 2017 es importante y constituye una prueba suficiente del volumen y el carácter de estos gastos presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2016 al 0,06 % del PIB en relación con la afluencia excepcional de refugiados y al 0,06 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Para 2017, los gastos admisibles relacionados con la excepcional afluencia de refugiados se estiman, con carácter preliminar, en el 0,16 % del PIB (7). Por otra parte, en 2017, las autoridades italianas invocaron la cláusula de circunstancia inusual en respuesta a la actividad sísmica excepcional. Los gastos admisibles relacionados con la actividad sísmica excepcional se estiman, con carácter preliminar, en el 0,18 % del PIB en 2017 (8). Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permitirían hacer frente a este gasto adicional en la medida en que el flujo de refugiados, la gravedad de la amenaza terrorista y la actividad sísmica excepcional constituyen acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas italianas sea significativo y la sostenibilidad no se vea comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2016 se ha reducido en un 0,12 % del PIB para tener en cuenta otros costes relacionados con los refugiados y la seguridad. En cuanto a 2017, en la primavera de 2018 se realizará una evaluación final, en la que se incluirán los importes admisibles, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades italianas.

               (8)

               Para 2016, se concedió a Italia una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a fin de tener en cuenta importantes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y un 0,25 % adicional del PIB para tener en cuenta las necesidades de gastos nacionales de inversión en proyectos cofinanciados por la Unión. Por lo que se refiere a la cláusula de inversión, una de las condiciones de admisibilidad es el aumento de la inversión pública. Los datos relativos a la ejecución para el ejercicio 2016 registraron una disminución de la inversión pública en el mismo ejercicio con respecto a 2015 (1 600 millones EUR). Sin embargo, el Consejo reconoce que existen factores específicos que afectaron a la inversión pública el año pasado. Uno de estos factores fue la incertidumbre asociada a la transición al nuevo Código de contratación pública y concesiones, que se ha revisado en consonancia con las recomendaciones específicas por país de 2016. Además, lo cual es aún más importante, en 2016 se produjo una fuerte caída de las inversiones financiadas a través de los fondos de la Unión como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo período de programación, mientras que la inversión financiada en el ámbito nacional aumentó ligeramente (1 100 millones EUR). Por lo tanto, dado que las inversiones financiadas en el ámbito nacional aumentaron en 2016 y los gastos relacionados con la cláusula de inversión no sustituyen a esta, se puede conceder una desviación temporal del 0,21 % del PIB a Italia en relación con la cláusula de inversión correspondiente a los gastos nacionales admisibles para su cofinanciación, como se indica en el Programa de Estabilidad de 2017. Una vez que se tiene en cuenta la flexibilidad adicional del 0,83 % del PIB en virtud de una circunstancia inusual, la reforma estructural y las cláusulas de inversión, las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión apuntan a una cierta desviación de la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2016.

               (9)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Italia lograr un ajuste presupuestario anual del 0,6 % o más del PIB de cara al objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto del ajuste recomendado con vistas al objetivo a medio plazo en 2017, y para el conjunto de 2016 y 2017. No obstante, esta conclusión podría cambiar a un riesgo de cierta desviación si la prestación temporal para el caso improbable de que se aplique la cláusula de acontecimiento inusual relativa a la afluencia excepcional de refugiados y el plan de inversiones preventivo para la protección del territorio nacional contra los riesgos sísmicos (estimado en el 0,34 % del PIB, con carácter preliminar, en su conjunto) se deduce de los requisitos en 2017.

               (10)

               En 2018, a la vista de su situación fiscal y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Italia aplique más ajustes con el fin de cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de un porcentaje de reducción nominal del gasto público primario neto de al menos un 0,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa del requisito en 2018. No está previsto, en principio, que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. En conjunto, el Consejo considera que Italia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2017 y que será preciso adoptar nuevas medidas en 2018 para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes presupuestarios y los resultados deben tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Italia.

               (11)

               Debido a que Italia no cumplió, después de un primer examen, la norma en materia de deuda en 2015, el 22 de febrero de 2017 la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, en el que se concluía que «salvo que las medidas estructurales adicionales, por un valor de al menos el 0,2 % del PIB que el Gobierno se comprometió a adoptar a más tardar en abril de 2017 sean promulgadas de forma creíble por entonces y se consiga reducir la brecha para lograr un claro cumplimiento del componente preventivo en 2017 (y, por tanto, en 2016), el análisis actual sugiere que debe considerarse que, por el momento, no se cumple el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97. Sin embargo, una decisión sobre si es o no oportuno recomendar el inicio de un procedimiento de déficit excesivo solo debería adoptarse sobre la base de las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión, teniendo en cuenta los datos relativos a la ejecución para 2016 y la aplicación de los compromisos presupuestarios suscritos por las autoridades italianas en febrero de 2017». En abril de 2017, el Gobierno adoptó las medidas de saneamiento adicionales solicitadas. Por tanto, no son necesarios nuevos pasos para el cumplimiento del criterio de la deuda en 2015 en esta fase. La Comisión reevaluará la conformidad de Italia con el criterio de deuda en el otoño de 2017 sobre la base de los datos notificados para 2016 y las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión, en las que se incorporarán nuevos datos sobre la ejecución presupuestaria en 2017 y los planes presupuestarios para 2018.

               (12)

               La alta proporción de endeudamiento de las administraciones públicas de Italia se estabilizará, pero no disminuirá, debido al empeoramiento del saldo primario estructural y la actual situación macroeconómica. Situado a más del 130 % del PIB, esto supone que se están asignando recursos significativos a financiar los costes del servicio de la deuda en detrimento de partidas generadoras de crecimiento, como la educación, la innovación y las infraestructuras.

               (13)

               El sistema tributario de Italia no favorece el crecimiento económico y la eficacia, por varios motivos. A pesar de una modesta reducción reciente, la carga fiscal sobre los factores de producción sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Existe margen para otorgar un mayor papel a los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, sin que ello tenga incidencia en el presupuesto. El impuesto aplicable a la primera residencia fue derogado en 2015, lo que supuso un paso atrás en el proceso hacia una estructura fiscal más eficiente. A pesar de que la legislación nacional lo exigía con una periodicidad anual, se ha seguido aplazando la muy esperada revisión de los gastos fiscales, en particular por lo que respecta a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. Aún sigue pendiente una reforma de los valores catastrales, obsoletos en comparación con los valores corrientes de mercado. El bajo cumplimiento de las obligaciones tributarias y la complejidad de la Ley Tributaria italiana aumentan la presión sobre las empresas y las familias que cumplen sus obligaciones tributarias. Las medidas recientes, como la obligación de facturación electrónica y el pago fraccionado para las compras de los organismos públicos, van en la dirección correcta. No obstante, no es obligatoria la facturación electrónica en el caso de las transacciones entre particulares y recientemente se ha planteado fijar unos límites al uso de dinero en efectivo, de modo que los pagos electrónicos siguen estando muy por debajo de la media de la Unión, en detrimento del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               (14)

               Por lo que se refiere al procedimiento presupuestario, en 2016 se aprobó una reforma integral. La Comisión seguirá de cerca la aplicación de la reforma, que hará de la revisión del gasto una parte integrante del procedimiento presupuestario.

               (15)

               Las condiciones marco, la Administración pública y el entorno empresarial de Italia siguen adoleciendo de una serie de deficiencias estructurales que siguen ralentizando la ejecución de las reformas, desalentando la inversión, creando incertidumbre e induciendo al rentismo parasitario. Las reformas del sistema judicial civil adoptadas en los últimos años para aumentar su eficiencia, mejorar la gestión de los asuntos y garantizar el rigor en los procedimientos, están comenzando a dar resultado, aunque solo lentamente. La duración de los procesos civiles sigue constituyendo un reto importante. Aunque ha disminuido ligeramente en las instancias inferiores, el tiempo de tramitación y la acumulación de demandas civiles y mercantiles siguen estando entre los más altos de la Unión en todas las instancias. Una reforma del procedimiento civil aún pendiente prevé unos criterios de admisibilidad más estrictos para interponer un recurso, la simplificación de los procedimientos civiles en todas las instancias y la adopción de medidas disuasorias contra los litigios entablados con temeridad.

               (16)

               Varios indicadores confirman que la corrupción sigue siendo un problema grave en Italia a pesar de las reformas adoptadas hasta ahora. La reforma largo tiempo esperada relativa al régimen de prescripción con el fin de intensificar la lucha contra la corrupción está pendiente desde 2014. En su forma actual, el régimen de prescripción conduce a una elevada proporción de casos prescritos tras una condena en primera instancia. Por otra parte, la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción dispone de limitados recursos financieros y humanos para ejercer sus competencias y, por ello, el marco de prevención sigue estando fragmentado.

               (17)

               En 2015 se aprobó una ley general que permitía la reforma de la administración pública que tiene potencial para mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración. Sin embargo, a raíz de la sentencia de noviembre de 2016 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de determinados decretos legislativos de ejecución, aún sigue pendiente la aplicación de partes fundamentales de la reforma. En particular, la sentencia se refiere a tres ámbitos fundamentales: los servicios públicos locales, el empleo público y las empresas públicas. Son necesarias nuevas iniciativas legislativas para la reforma de los servicios públicos locales y el empleo público a nivel de gestión, ya que el plazo para los respectivos decretos expiró en noviembre de 2016. Por lo que se refiere a las empresas públicas, el Decreto adoptado antes de la sentencia debe ser modificado. La reforma tiene por objeto reducir el número de empresas públicas, mejorar su eficiencia, y asegurarse de que funcionan con las mismas normas que para las entidades de propiedad privada. La puesta en marcha de las privatizaciones previstas contribuiría también a la racionalización de las empresas públicas.

               (18)

               Las condiciones marco para la competencia también siguen siendo desfavorables. En particular, la legislación en materia de competencia de 2015 aún no se ha adoptado. Persisten importantes obstáculos a la competencia en ciertos sectores, como el de las profesiones reguladas, las concesiones, la contratación pública y el sistema de autorizaciones, así como los servicios públicos locales, incluido el transporte. En particular, siguen siendo muy limitados los avances en el fomento de un funcionamiento eficiente, transparente y orientado a la competencia del mercado del transporte público, en particular en el caso de los ferrocarriles en régimen de concesión por el Estado. Según un nuevo indicador desarrollado por la Comisión, el nivel de restricción es superior en Italia a la media ponderada en la Unión para la mayoría de las profesiones analizadas. Como parte del paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios, en enero de 2017 se presentaron directrices específicas por profesión para abordar esta cuestión mediante una Comunicación de la Comisión sobre las recomendaciones para la reforma de la reglamentación en materia de servicios profesionales.

               (19)

               El importante volumen de préstamos no productivos del sector bancario sigue lastrando los beneficios de los bancos y su capacidad de generar capital a nivel interno. Esto afecta a la oferta de crédito y, en particular, a las pequeñas empresas. Las iniciativas políticas adoptadas hasta la fecha no han dado lugar a una importante reducción de los préstamos no productivos. Siguen sin desarrollarse suficientemente las orientaciones para la supervisión sobre la gestión de préstamos no productivos a escala nacional. Los bancos medianos y pequeños siguen siendo más vulnerables que las grandes entidades de crédito. Por lo tanto, la Comisión controlará la aplicación de la reforma de la gobernanza corporativa de las cooperativas de crédito de mayores dimensiones (banche popolari) y de los pequeños bancos mutualistas, elemento que resulta fundamental para el saneamiento del sistema bancario. Recientemente se han tomado medidas de reforma, pero el marco de insolvencia y ejecución de garantías sigue siendo poco propicio para una rápida reestructuración y saneamiento de los préstamos no productivos, especialmente por lo que se refiere a las pequeñas empresas y las microempresas. Un proyecto de ley de habilitación destinada a revisar y racionalizar los instrumentos de ejecución forzosa y de insolvencia, actualmente en debate en el Parlamento, podría contribuir a superar las ineficiencias actuales y al desarrollo de un mercado secundario para la deuda morosa en Italia.

               (20)

               A pesar de la mejora gradual del mercado de trabajo gracias a las reformas, el desempleo juvenil y de larga duración siguen siendo elevados (6,7 % y 38 %, respectivamente, en 2016) y más de 1,2 millones de jóvenes no tienen estudios ni trabajo y no reciben formación. Si bien la aplicación de la Garantía Juvenil (9) ha progresado mucho, persisten algunos retos para garantizar una aplicación más eficaz y completa. El porcentaje de los beneficiarios de la Garantía Juvenil que seis meses después del término del programa siguen en empleo, educación, formación de aprendizaje o de prácticas sigue siendo superior a la media de la Unión. Sin embargo, la penetración en el grupo de población seleccionado sigue siendo baja y las diferencias regionales respecto de los resultados significativas. La reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, incluida la reforma de su sistema de gobernanza, se encuentra todavía en una fase temprana y los servicios de empleo siguen siendo débiles, con grandes disparidades regionales. La formación de los adultos no está suficientemente desarrollada, lo que puede afectar negativamente al mercado de trabajo de las personas poco cualificadas.

               (21)

               La participación de las mujeres en el mercado laboral y su potencial como población activa sigue estando en gran medida infrautilizado. La actividad laboral de las mujeres italianas figura entre la más bajas de la Unión. Algunas características del sistema tributario y de prestaciones siguen disuadiendo a los segundos perceptores de renta a la hora de participar en el mercado de trabajo mientras que el acceso a unos servicios de asistencia asequibles (para niños y personas mayores) sigue siendo limitado y con grandes disparidades regionales. El permiso de paternidad es uno de los más bajos de la Unión.

               (22)

               La negociación de segundo nivel no es muy utilizada. Esta situación impide una asignación de recursos eficiente y la adaptación de los salarios a las condiciones económicas locales. Esto también se debe a las normas marco y prácticas de negociación colectiva, que reducen el margen de negociación a nivel local. Todavía no se han aplicado los acuerdos firmados por los interlocutores sociales desde enero de 2014, que establecen los procedimientos y criterios para calcular la representatividad de los sindicatos, lo que reduciría la incertidumbre en las relaciones laborales. Las desgravaciones fiscales sobre los incrementos salariales ligados a la productividad no han resultado eficaces a la hora de ampliar significativamente el uso de la negociación de segundo nivel.

               (23)

               El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social está muy por encima de la media de la Unión, especialmente en el caso de los niños y las personas de origen inmigrante. También existen importantes disparidades regionales. Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la estrategia contra la pobreza. El recientemente aprobado régimen de renta de inclusión social constituye un paso positivo hacia el establecimiento de un sistema único y global contra la pobreza. Su eficacia dependerá de su aplicación adecuada con la movilización de recursos pertinentes (por ejemplo, mediante la racionalización de las distintas asignaciones de carácter social), a través de una adecuada focalización en función de los recursos disponibles y la asignación prioritaria en favor de las familias con hijos, así como de procedimientos eficaces sobre el terreno en relación con la prestación de las ayudas en términos de renta y de servicios integrados. En la situación actual, no queda claro si los recursos financieros serán suficientes para abordar el desafío de la pobreza de Italia. Sufragar los recursos suplementarios al mismo tiempo que se respetan los objetivos presupuestarios, reducir la fragmentación del sistema de asistencia social, racionalizar los gastos sociales y hacer frente a su actual desviación en favor de las pensiones, siguen siendo los principales retos.

               (24)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (25)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (10) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (26)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Realizar un importante esfuerzo presupuestario en 2018 atendiendo a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de consolidar la recuperación en curso y de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia. Garantizar la aplicación oportuna del programa de privatizaciones, y utilizar los beneficios extraordinarios para acelerar la reducción de la ratio de deuda públicas/PIB. Desplazar la presión fiscal de los factores de producción hacia los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento sin que ello tenga incidencia financiera en el presupuesto y con el objetivo claro de reducir el número y el alcance de los gastos tributarios, reformar el anticuado sistema catastral y el restablecimiento del impuesto sobre la primera residencia para los hogares de renta alta. Ampliar el uso obligatorio de la facturación y de los pagos electrónicos.

               2.

               Reducir la duración de los procesos civiles por medio de una gestión eficaz de los asuntos y unas normas que garanticen la disciplina en dichos procesos. Intensificar la lucha contra la corrupción, en particular, mediante la revisión de los plazos de prescripción. Completar las reformas del empleo público y mejorar la eficiencia de las empresas públicas. Adoptar y aplicar rápidamente la legislación pendiente en materia de competencia y abordar las restantes restricciones que afectan a la competencia.

               3.

               Acelerar la reducción del volumen de préstamos no productivos y reforzar los incentivos para el saneamiento y la reestructuración del balance, en particular en el sector de los bancos sujetos a supervisión a nivel nacional. Adoptar una reforma radical del marco regulador de la insolvencia y de la ejecución de las garantías.

               4.

               Reforzar, con la participación de los interlocutores sociales, el marco de negociación colectiva con el fin de que los convenios colectivos tengan mejor en cuenta las condiciones locales. Desarrollar políticas activas del mercado laboral eficaces. Facilitar la incorporación al trabajo de la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares. Racionalizar el gasto social y mejorar su composición.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (DO L 306 de 23.11.2011, p. 8).

      (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología acordada.

      (7)  Este importe se basa en el coste presupuestario global del 0,25 % del PIB previsto en el Programa de Estabilidad de 2017, del cual ya se han deducido la desviaciones temporales del 0,03 % del PIB y del 0,06 % ya concedidas en 2015 y 2016, respectivamente. En su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de 2017 de Italia, la Comisión anunció que estaba dispuesta a estudiar una desviación adicional debido a la persistencia de la excepcional afluencia de refugiados en Italia, también en la perspectiva del Consejo Europeo de octubre de 2016, en el que se reconocía «la importante contribución, asimismo de carácter financiero, realizada por los Estados miembros de primera línea en los últimos años».

      (8)  En su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 2017 de Italia, la Comisión ha considerado que los importes asignados a la gestión de emergencias y el plan de inversiones preventivo para la protección del territorio nacional contra los riesgos sísmicos podían considerarse de carácter integrado. Respecto de los años siguientes, únicamente las variaciones positivas en los recursos asignados a este fin se considerarían admisibles de cara a otras posibles desviaciones temporales.

      (9)  Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (DO C 120 de 26.4.2013, p. 1).

      (10)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de la República Checa para 2012-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/14

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de la República Checa para 2012-2016
   2013/C 217/04
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Asimismo, decidieron sobre las acciones que debían emprenderse al nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de la República Checa para 2012 (en lo sucesivo, «la Recomendación de 2012») y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia de la República Checa para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de coordinación de política económica. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), adoptó el segundo Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a la República Checa como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. También hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

               (8)

               El 17 de abril de 2013, la República Checa presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013, y el 26 de abril de 2013 su Programa de Convergencia para el período 2012-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               Basándose en la evaluación del Programa de Convergencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que, merced a considerables esfuerzos de saneamiento, la República Checa ha reducido su déficit global en un 1,4 % (5) del PIB entre 2009 y 2012, y que, según las expectativas actuales, se halla bien encaminada para reducir el déficit excesivo. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Convergencia es verosímil. Según el Programa de Convergencia, el crecimiento real del PIB debería alcanzar el 0 % y el 1,2 % en 2013 y 2014, respectivamente, frente a las cifras de -0,4 % y 1,6 % en 2013 y 2014, respectivamente, que se recogen en las previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión. El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Convergencia es mantener el déficit general de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB. El objetivo de un déficit general de las administraciones públicas del 2,8 % del PIB en 2013 está en consonancia con el plazo para la corrección del déficit excesivo establecido en la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009. Según las previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas se situará en un 2,9 % y un 3 % del PIB en 2013 y 2014, respectivamente. Existe el riesgo de que los resultados presupuestarios sean peores a los esperados debido a correcciones adicionales en los reembolsos de fondos de la Unión. Como dato positivo, los ingresos puntuales derivados de la subasta proyectada de las nuevas bandas de frecuencias de telecomunicaciones podrían dar lugar a unos resultados presupuestarios mejores que los esperados en 2013.
               El Programa de Convergencia confirma el anterior objetivo presupuestario a medio plazo, a saber, un déficit del 1 % del PIB, que refleja adecuadamente las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se prevé que el déficit presupuestario estructural (recalculado) aumentará un 0,3 %, un 0,2 % y un 0,5 % del PIB en 2014, 2015 y 2016, respectivamente; por consiguiente, el Programa de Convergencia no contempla ningún ajuste hacia el objetivo a medio plazo, lo que no es conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El índice de aumento del gasto de las administraciones públicas se corresponde con el valor de referencia de gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2014, pero se desvía del mismo un 0,3 % y un 0,5 % del PIB en 2015 y 2016, respectivamente, suponiendo mejoras del 0,5 % del PIB en la dirección del objetivo presupuestario a medio plazo que la Comisión considera adecuado. Según el Programa de Convergencia, la ratio deuda/PIB seguirá aumentando —si bien a un ritmo decreciente— a lo largo del período de vigencia del programa, hasta alcanzar un 51,9 % del PIB en 2016.

               (10)

               Los repetidos recortes en el gasto en inversión pública obstaculizan una recuperación rápida y duradera en la República Checa. El mantenimiento de gastos que estimulen el crecimiento y tengan un importante efecto multiplicador, incluidos los proyectos cofinanciados por la Unión, no solo ayudaría a afianzar la recuperación sino que podría además contribuir a resolver los retos a largo plazo. La prioridad a los gastos en medidas dirigidas a aumentar el empleo, la investigación y la innovación, los centros de cuidado infantil y los proyectos de infraestructuras podría tener considerables efectos en el crecimiento. Es esencial, al mismo tiempo, asegurar la legalidad, regularidad y eficiencia de esos gastos.

               (11)

               Los progresos realizados en 2012 en cuanto a la reforma fiscal fueron limitados. Si bien se aumentó el impuesto sobre la transmisión de bienes inmuebles, no se adoptó medida alguna para incrementar los impuestos recurrentes sobre la propiedad de esos bienes. Se han abandonado los planes de introducir un impuesto por las emisiones de CO2 y de suprimir las exenciones de impuestos especiales aplicadas al gas natural para calefacción. El tipo impositivo implícito sobre la energía está por debajo de la media de la UE, y los impuestos sobre circulación de vehículos son muy bajos. También persisten dificultades estructurales en la fiscalidad del trabajo que afectan especialmente a los perceptores de rentas bajas y a los trabajadores a tiempo parcial. Solo se han adoptado medidas marginales para reducir las discrepancias en el tratamiento fiscal de asalariados y autónomos. La República Checa tiene además cierto margen de maniobra para seguir aumentando la eficiencia de su administración tributaria. Por lo que respecta a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las empresas, el Gobierno está planeando introducir en 2015 el principio de unidad de caja, lo que podría suponer una importante racionalización de la administración tributaria, contribuyendo a reducir la complejidad del sistema actual. No obstante, uno de los fallos de la reforma es la falta de armonización de las bases imponibles de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las contribuciones a los regímenes de seguro de enfermedad y seguridad social, de forma que muchos de los beneficios potenciales quedan sin explotar.

               (12)

               La República Checa presenta una brecha de sostenibilidad del 5,0 % del PIB, porcentaje superior a la media de la UE. Esta cifra refleja, sobre todo, el coste proyectado a largo plazo del envejecimiento de la población, derivado del aumento previsto del gasto en pensiones y en atención sanitaria y asistencia a largo plazo. La edad de jubilación obligatoria, especialmente de la población masculina, se está incrementando lentamente. La sostenibilidad del sistema en comparación con la legislación actual se vería considerablemente reforzada si se aumentase la edad efectiva de jubilación adecuando mejor la edad de jubilación o las prestaciones de pensión a los cambios en la esperanza de vida. La posibilidad de completar estos cambios con una revisión de la fórmula de indexación, basándola en los precios, generaría ahorros si se aplicase a largo plazo.

               (13)

               Desoyendo la recomendación de 2012, el Gobierno introdujo en 2013 un régimen de jubilación anticipada (hasta cinco años antes de la edad de jubilación obligatoria). Estos regímenes de jubilación anticipada van a financiarse a partir del (tercer) pilar del plan de pensiones. Ahora bien, este pilar es receptor de considerable ayuda pública en forma de copago directo y deducibilidad fiscal de las contribuciones. Con independencia de que los criterios que dan acceso al sistema solo sean efectivamente cumplidos por un número limitado de personas, conforme espera el Gobierno, la medida permite a los beneficiarios utilizar ayudas públicas previamente acumuladas con unos fines contrarios a las políticas dirigidas a prolongar la vida laboral.

               (14)

               El aumento previsto del gasto en atención sanitaria y asistencia a largo plazo contribuye también en gran medida al coste del envejecimiento de la población y a la honda brecha de sostenibilidad. En los últimos años, se han aplicado en la República Checa reformas dirigidas a aumentar la eficiencia del sistema sanitario con medidas de contención de los costes y soluciones más acordes con el mercado. No obstante, persisten ciertos problemas. En comparación con el de otros Estados miembros, el sistema sanitario de la República Checa tiende a centrarse en la atención hospitalaria, lo que genera ineficiencias. Es posible mejorar la prestación de asistencia sanitaria de forma que sea la más apropiada desde el punto de vista clínico y la más eficaz en términos de costes, por ejemplo, ingresando a los pacientes el día mismo de las operaciones quirúrgicas y reduciendo las estancias indebidamente prolongadas en los centros de cuidados intensivos.

               (15)

               Las recientes proyecciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indican que la plena convergencia de las tasas de empleo femenino y masculino detendría la reducción prevista de la población activa total e incrementaría el PIB per cápita en un porcentaje de hasta el 16,5 % de aquí a 2030. El 22 de mayo de 2013 el Gobierno propuso un proyecto de ley para la introducción de un sistema de «guarderías por grupos» a cargo de puericultores, que iría acompañado de deducciones fiscales tanto para los cuidadores como para las familias participantes. Se trata de un paso en la dirección adecuada, pero solo responde parcialmente al problema. Debido a la persistente escasez de centros de cuidado infantil, especialmente para los menores de tres años, es preciso aumentar en mayor grado los recursos presupuestarios destinados a los centros públicos preescolares. Las posibilidades de empleo y la participación en el mercado laboral de los colectivos desfavorecidos siguen planteando problemas: es posible aumentar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo.

               (16)

               La recomendación de 2012 aludía explícitamente, en lo que a la administración pública se refiere, a la necesidad de aumentar su eficiencia e intensificar la lucha contra la corrupción. No obstante, los progresos realizados en la adopción de los actos jurídicos prioritarios de la estrategia checa anticorrupción para 2011-2012 han sido limitados. La nueva estrategia de lucha contra la corrupción 2013-2014, adoptada por el Gobierno en enero de 2013, ha de ir seguida de la aprobación urgente de la legislación prioritaria pendiente, como la Ley de la función pública. La nueva ley deberá establecer la distinción adecuada entre los cargos políticos y el resto del personal, garantizar la independencia de los funcionarios estatales y crear un sistema de carrera eficaz que reduzca los índices de rotación del personal. La República Checa ha realizado considerables progresos en cuanto a la aplicación de la Ley sobre contratación pública, que entró en vigor en abril de 2012. No obstante, las Administraciones locales han notificado dificultades en su aplicación. Por lo que respecta a la utilización de los fondos de la Unión, la mayor parte de las medidas recogidas en el plan de actuación para reforzar el sistema de gestión y control habían sido aplicadas al final de 2012. No obstante, las autoridades checas habrán de asegurar la supervisión continua de ese plan.

               (17)

               En las comparaciones internacionales, los alumnos checos de la enseñanza obligatoria obtienen resultados que, en conjunto, se sitúan en la media. En las asignaturas de matemáticas y ciencias, no obstante, los resultados se han deteriorado rápidamente. Las autoridades checas han reaccionado con un paquete de medidas que incluyen el desarrollo de niveles mínimos de aprendizaje aplicables a los exámenes nacionales. No obstante, un sistema más integrado que asegurase que los alumnos, profesores y centros educativos que obtengan malos resultados en las pruebas reciban un apoyo sistemático aumentaría el grado de ambición de la reforma. La principal dificultad que aqueja al sistema de educación superior checo es asegurar que el creciente número de alumnos adquiera las competencias necesarias para acceder con éxito al mercado de trabajo. Actualmente se está debatiendo una reforma de la Ley de educación superior que introducirá mecanismos de financiación diferenciada y mejorará el sistema de acreditación. Se trata de propuestas tan pertinentes como ambiciosas, cuyo impacto real dependerá de la configuración final de la reforma. Las autoridades proyectan también revisar las normas de evaluación para la financiación de los institutos de investigación. El aumento de la ponderación de los indicadores de calidad, incluida la colaboración con el sector empresarial, contribuiría a que el sector checo de la investigación y la innovación alcanzase un nivel de excelencia superior.

               (18)

               La República Checa es uno de los Estados miembros con mayor número de profesiones reguladas. En 2012 se llevó a cabo una consulta pública sobre la revisión del marco regulador de las profesiones, cuyos resultados se presentarán en 2013. Se trata de una medida importante para reducir o eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a las profesiones cuya regulación no resulte necesaria o se considere excesiva (incluida la duración de los períodos obligatorios de prácticas), y cuya mayor accesibilidad podría liberar un nuevo potencial de empleo y crecimiento. A pesar de las mejoras registradas en los últimos años, la República Checa sigue siendo uno de los países con mayor intensidad energética de la Unión y con una reducida eficiencia en lo que se refiere a los edificios.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de la República Checa, y ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de la República Checa, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

               (20)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de la República Checa, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que la República Checa tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Ejecutar según lo previsto el presupuesto para 2013, a fin de corregir a lo largo de ese año el déficit excesivo de manera sostenible y de realizar el esfuerzo de ajuste estructural especificado en las recomendaciones del Consejo con arreglo al PDE. En los años 2014 y posteriores, consolidar y aplicar rigurosamente la estrategia presupuestaria al amparo de medidas específicas adecuadas, con objeto de garantizar un déficit presupuestario adecuado y así avanzar a buen ritmo hacia el objetivo a medio plazo. Otorgar prioridad a los gastos que estimulen el crecimiento, comprometiendo para ello, a su debido tiempo, los proyectos cofinanciados por la Unión restantes dentro del marco financiero actual.

               2.

               Reducir la elevada fiscalidad sobre el trabajo, trasladando los impuestos a sectores menos perjudiciales para el crecimiento, como los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria y los impuestos de circulación de vehículos. Seguir reduciendo las discrepancias en el tratamiento fiscal de asalariados y autónomos. Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, introduciendo el principio de unidad de caja y armonizando las bases imponibles de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social y el seguro de enfermedad.

               3.

               Aumentar la edad efectiva de jubilación, adecuando la edad de jubilación o las prestaciones de pensión a los cambios en la esperanza de vida, y revisar el mecanismo de indexación. Acompañar el aumento de la edad de jubilación obligatoria con medidas que fomenten la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad y disminuyan la salida precoz del mercado de trabajo; concretamente, suprimir la ayuda pública al régimen de jubilación anticipada. Adoptar medidas para aumentar significativamente la relación coste-eficacia de los gastos sanitarios, especialmente la asistencia hospitalaria.

               4.

               Redoblar los esfuerzos para aumentar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo. Aumentar significativamente el número de centros de cuidado infantil integradores, especialmente para niños de hasta tres años, y la asistencia a esos centros de niños gitanos, sobre todo mediante la adopción y la aplicación de la ley sobre prestación de servicios de cuidado infantil y la ampliación de la capacidad de los servicios de cuidado infantil, tanto públicos como privados.

               5.

               Asegurar la aplicación de la estrategia anticorrupción para 2013-2014. Adoptar una Ley de la función pública que asegure la existencia de una administración estable, eficiente y profesional. Mejorar la gestión de los fondos de la Unión con vistas al período de programación 2014-2020. Reforzar la capacidad de ejecución de contratos públicos a nivel local y regional.

               6.

               Crear un marco de evaluación global en la enseñanza obligatoria y adoptar medidas selectivas de apoyo a los centros con baja calificación en cuanto a resultados académicos. Adoptar medidas para mejorar los sistemas de acreditación y financiación de los centros de educación superior. Aumentar la proporción de fondos concedidos a los institutos de investigación en función de sus resultados.

               7.

               A partir de la revisión en curso, acometer una reforma de las profesiones reguladas, reduciendo o eliminando toda medida injustificada que obstaculice el acceso a la profesión o lo reserve a determinadas categorías de personas. Adoptar nuevas medidas para aumentar la eficiencia energética en los sectores de la vivienda y la industria.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenida para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (3)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 17.

      (4)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  El déficit general de las administraciones públicas para 2012 incluye el impacto en el incremento puntual del déficit ocasionado por la adopción de la Ley de indemnización financiera a las iglesias (1,5 % del PIB).

      (6)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de  8 de mayo de 2006 , sobre el fomento del uso de electricidad en puerto por los buques atracados en puertos comunitarios   (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               12.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 125/38

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 8 de mayo de 2006
   sobre el fomento del uso de electricidad en puerto por los buques atracados en puertos comunitarios
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2006/339/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En noviembre de 2002 la Comisión adoptó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a una estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima (1), que urgía a las autoridades portuarias a requerir, incentivar o facilitar el uso por parte de los buques de electricidad con base en tierra durante el atraque.

               (2)

               El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la estrategia de 4 de diciembre de 2003 (2), señaló que el uso de la electricidad en puerto generada en tierra podría verse facilitada mediante la elaboración de un informe describiendo ejemplos positivos de estas medidas así como sus costes y beneficios.

               (3)

               El Consejo, en sus conclusiones sobre la estrategia de 22 de diciembre de 2003 (3), reconoció que no todos los problemas medioambientales se abordan correctamente a nivel internacional y que debe prestarse atención especial a la contribución de los buques de navegación marítima a la concentración de partículas y ozono y sus precursores en el aire ambiente.

               (4)

               La Comisión, en el contexto de su programa «Aire limpio para Europa (CAFE), hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire» (4), volvió a examinar la contribución de la navegación marítima a la concentración de agentes contaminantes en el aire ambiente y concluyó que era significativa, particularmente en las zonas portuarias. En algunas zonas portuarias, el cumplimiento de las normas sobre calidad del aire puede verse comprometido por las emisiones de los buques.

               (5)

               El programa CAFE concluyó que la reducción de emisiones de los buques es cada vez más rentable que la adopción de medidas en otros sectores. La mayor parte de las emisiones contaminantes de los buques atracados sólo pueden reducirse mediante medidas aplicadas a los motores y al postratamiento de los gases de escape o mediante el uso de electricidad en puerto.

               (6)

               La regulación de las emisiones de los motores de los buques a nivel internacional corresponde a la Organización Marítima Internacional (OMI) y la evolución de dicha regulación resulta insuficiente para dar respuesta a los problemas de calidad del aire en los puertos de la Comunidad.

               (7)

               El artículo 4 ter de la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE (5) exime del requisito de utilizar combustible con el 0,1 % de azufre a los buques que apaguen todos sus motores y utilizan electricidad en puerto durante el atraque.

               (8)

               La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (6), permite a los Estados miembros aplicar exenciones totales o parciales o reducciones del nivel de imposición a la electricidad en determinadas condiciones.

         RECOMIENDA:

               1)

               Los Estados miembros deben considerar la instalación de electricidad en puerto para su uso por parte de los buques atracados en los puertos, particularmente en los puertos donde se exceden los valores límite de calidad del aire o existe inquietud pública por los altos niveles de molestias acústicas, y especialmente en amarres situados cerca de zonas residenciales.

               2)

               Los Estados miembros deben tomar nota de la información, recogida en el anexo, sobre la rentabilidad y la viabilidad de la utilización de la electricidad en puerto para reducir las emisiones en diversos tipos de buques, rutas y puertos. No obstante, los beneficios medioambientales y la rentabilidad deben evaluarse caso por caso.

               3)

               Los Estados miembros deben trabajar en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la revisión en curso del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL), para fomentar el desarrollo de normas internacionales armonizadas sobre conexiones eléctricas en puerto, teniendo en cuenta las labores ya en curso.

               4)

               Los Estados miembros deben estudiar el ofrecimiento de incentivos económicos a los explotadores de buques para que utilicen la electricidad ofrecida en puerto a los buques, aprovechando las posibilidades que ofrece la legislación comunitaria.

               5)

               Los Estados miembros deben fomentar el conocimiento de la electricidad en puerto entre las autoridades locales con competencias en zonas portuarias, las autoridades marítimas, las autoridades portuarias, las sociedades de clasificación y las asociaciones sectoriales.

               6)

               Los Estados miembros deben animar a las autoridades portuarias y la industria a intercambiar buenas prácticas relacionadas con el suministro de electricidad en puerto y los procedimientos de armonización para prestar dicho servicio.

               7)

               Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre las medidas que se proponen adoptar para reducir las emisiones de los buques en los puertos, particularmente cuando se exceden los valores límite de calidad del aire.

      Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2006.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2002) 595 final.

      (2)  DO C 89 E de 14.4.2004, p. 107.

      (3)  DO C 8 de 13.1.2004, p. 3.

      (4)  COM(2001) 245 final.

      (5)  DO L 121 de 11.5.1999, p. 13. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 22.7.2005, p. 59).

      (6)  DO L 283 de 31.10.2003, p. 51. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2004/75/CE (DO L 157 de 30.4.2004, p. 100. Versión corregida en el DO L 195 de 2.6.2004, p. 31).

      ANEXO
      NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ELECTRICIDAD EN PUERTO
      El presente anexo contiene información relativa a los costes y beneficios de la electricidad en puerto. Puede encontrarse información más detallada en el reciente informe elaborado para la Comisión Service Contract on Ship Emissions Assignment, Abatement and Market-based Instruments: Shore-side Electricity
          (1). Las emisiones y las cifras sobre los costes indicados se refieren a los buques de navegación marítima, pero la técnica es aplicable a los buques de navegación interior.
      1.   Requisitos técnicos: configuración típica
      El diagrama que sigue ilustra los requisitos típicos de una conexión de electricidad en puerto. Existen otras configuraciones posibles en función de la nave y el amarradero. La Comisión Eléctrica Internacional y la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación trabajan actualmente en las normas del sector, que en el futuro podría estudiar la OMI.

                  1)

                  Conexión a la red nacional que transporta electricidad de 20 a 100 kV desde una subestación local, donde se transforma a entre 6 y 20 kV.

                  2)

                  Cables para distribuir la electricidad de entre 6 y 20 kV desde la subestación a la terminal portuaria.

                  3)

                  Conversión eléctrica, en caso necesario (el suministro eléctrico en la Comunidad suele tener una frecuencia de 50 Hz. Los buques diseñados para electricidad de 60 Hz podrían utilizar electricidad de 50 Hz en algunos equipos como la iluminación doméstica y la calefacción pero no en los equipos motorizados como bombas, chigres y grúas. Por lo tanto, un buque que utilice electricidad de 60 Hz requeriría la conversión de la electricidad de 50 Hz).

                  4)

                  Cables para distribuir la electricidad a la terminal. Éstos pueden instalarse bajo tierra en conductos existentes o nuevos.

                  5)

                  Sistema de enrollado de cables para evitar la manipulación de cables de alta tensión. Este dispositivo puede instalarse en el amarradero mediante un carrete de cable, un cabestrante y una estructura. El cabestrante y la estructura pueden utilizarse para subir y bajar los cables al buque. El carrete y la estructura pueden accionarse y controlarse por medios electromecánicos.

                  6)

                  Conexión a bordo del buque para conectar el cable.

                  7)

                  Transformador a bordo del buque para transformar la electricidad de alta tensión a 400 V.

                  8)

                  La electricidad se distribuye por el buque, y los motores auxiliares se apagan.

            2.   Beneficios: reducción de emisiones
      La electricidad en puerto es una herramienta que puede servir para mejorar la calidad del aire a nivel local. Los beneficios de su uso varían considerablemente en función de una serie de factores. La evaluación del impacto que acompaña a la presente Recomendación ofrece un ejemplo de los beneficios que podrían lograrse aumentando el uso de esta herramienta en la UE. Antes de proceder a cada instalación es necesario analizar los costes y beneficios de las circunstancias específicas.
      La evaluación del impacto ilustra la reducción en emisiones contaminantes del aire que permitirían 500 amarraderos para buques con motores de tamaño mediano. Un importante factor que condiciona estos beneficios es el contenido de azufre del combustible. El Derecho comunitario establece límites reducidos para el contenido de azufre del combustible utilizado en los amarraderos en la mayoría de las condiciones a partir de 2010. Por lo tanto, los ejemplos que se dan son para un contenido de azufre del 2,7 % y el 0,1 %. Se ha demostrado que el uso de electricidad en puerto supondría unos beneficios totales en valor monetario de entre 252 y 708 millones EUR por año en los casos en que se utilice combustible con un contenido de azufre del 2,7 % y de entre 103 y 284 millones EUR por año para un contenido de azufre del 0,1 %. Dichos beneficios incluyen mejoras de la salud humana y reducciones en los daños materiales gracias a la reducción de las emisiones contaminantes del aire (2).
      El paso a la electricidad en puerto también originará otros beneficios no incluidos en estas cifras. Así, reducirá las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en más del 50 %, las de monóxido de carbono (CO) en alrededor del 99 % y las de óxido nitroso (N20) en más del 50 %. Del mismo modo, eliminará las vibraciones y el ruido de los motores auxiliares, que han llegado a registrar de 90 a 120 dB en proximidad, y mejorará las condiciones de trabajo de los técnicos de mantenimiento de los buques.
      3.   Costes: gastos de capital y funcionamiento
      Los costes de instalación y utilización de la electricidad en puerto se dividen entre el puerto y el buque y variarán perceptiblemente en función de la infraestructura existente, particularmente en la parte que corresponde al puerto. La evaluación del impacto proporciona cálculos orientativos de los costes totales del sistema por año por amarradero medio y por buque nuevo y modernizado y por tamaño de motores auxiliares. Los resultados se recogen en el cuadro 1.
      Como puede apreciarse, los costes globales son mucho más bajos para los buques con grandes motores auxiliares, que son también el segmento donde probablemente se lograrán las mayores reducciones de emisiones contaminantes. Los costes son también mucho más bajos cuando la electricidad en puerto se instala en buques de reciente fabricación que en buques modernizados. Los costes del combustible y electricidad son un factor muy significativo en el coste de los buques. Los costes de combustible varían, pero el combustible bajo en azufre es más costoso que el combustible con más azufre. La reducción fiscal aplicada a la electricidad suministrada a los buques amarrados aumenta el atractivo de la electricidad en puerto.
      Cuadro 1

                  TIPO DE BUQUE
                  Tamaño del motor auxiliar

                  Costes totales del sistema por año

                  Con impuestos
                  Combustible de bajo precio

                  Sin impuestos
                  Combustible de precio alto

                  (EUR/amarre/año)

                  (EUR/amarre/año)

                  NUEVO

                  Pequeño

                  164 659

                  82 315

                  Medio

                  269 416

                  39 904

                  Grande

                  521 630

                  –72 298

                  MODERNIZADO

                  Pequeño

                  202 783

                  120 439

                  Medio

                  324 402

                  94 890

                  Grande

                  617 999

                  24 071

            4.   Comparación de costes y beneficios
      Los beneficios anuales en valor monetario de la reducción de estos cuatro agentes contaminantes en 500 amarraderos se estiman entre 103 y 284 millones EUR si se utiliza combustible con un 0,1 % de azufre, y entre 252 y 708 millones EUR si se utiliza combustible con un 2,7 % de azufre. La diversidad de los valores responde a distintos factores metodológicos como el valor supuesto de la vida estadística. Para más detalles, véase la evaluación de impacto de la Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (3).
      Los costes totales del sistema por año y por amarradero incluidos en el cuadro 1 dependen de tres factores: el tamaño de los motores de los buques, el hecho de que la tecnología se introduzca en un buque nuevo o viejo y los costes de la electricidad y el combustible para uso marítimo. La evaluación del impacto demuestra que el coste anual de los buques que utilizan electricidad en puerto en 500 amarraderos se estima en 185 millones EUR más que los buques que utilizan combustibles para uso marítimo, en un supuesto con precios bajos del combustible e impuestos completos sobre la electricidad a cargo de los buques. En un supuesto con precios del combustible más altos y la exención fiscal de la electricidad, el coste total se reduciría alrededor del 80 % hasta aproximadamente 34 millones EUR.
      Estas cifras muestran que son muchos los supuestos en que los beneficios de la electricidad en puerto superan los costes. En muchos casos, los beneficios multiplican considerablemente los costes.
      5.   Conclusión
      Los costes y beneficios de la electricidad en puerto varían perceptiblemente en función de la configuración actual y la ubicación del puerto, el amarradero y el buque. Esto significa que su rentabilidad debe estudiarse caso por caso y que debe continuar aplicándose la reducción directa de las emisiones de los motores de los buques.
      En términos medioambientales, la electricidad en puerto supone reducir las emisiones mucho más que las logradas en la transferencia a combustibles con el 0,1 % de azufre en los amarraderos (como la Directiva 2005/33/CE requiere a partir de 2010), particularmente en lo relativo a los NOx y las partículas. Por lo tanto, merece especial consideración en aquellos puertos donde las emisiones de NOx y partículas son fuentes de problemas relacionados con la calidad del aire a nivel local como la superación de los valores límite de la calidad del aire ambiente en cuanto al ozono y las partículas.
      En general, las cifras sugieren que para los buques con motores más potentes que visitan regularmente el mismo puerto, y desde el punto de vista ambiental y económico, el paso a la electricidad en puerto es preferible a la utilización de combustible con el 0,1 % de azufre. En términos económicos, la electricidad en puerto generaría ahorros respecto al combustible bajo en azufre en los buques de nueva construcción que visitan regularmente los mismos puertos, especialmente (pero no exclusivamente) si se ofrecen reducciones fiscales a la electricidad tal y como permite la Directiva 2003/96/CE. Convendría que los Estados miembros y las autoridades locales consideren otros medios de fomentar la inversión de los puertos en infraestructuras de suministro de electricidad en puerto y su uso.

         (1)  Véase: http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/pdf/task2_shore-side.pdf

         (2)  Véase http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/activities/pdf/cafe_cba_externalities.pdf (página 4). Los valores son medias nacionales (medio urbano y rural combinados) por lo que los beneficios pueden ser superiores en los puertos situados en el centro de las ciudades.

         (3)  SEC(2005) 1133.


Avis juridique important

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31995K0393

RECOMENDACIÓN Nº 393/95/CECA DE LA COMISIÓN de 24 de febrero de 1995 por la que se modifica la Recomendación nº 3118/94/CECA (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 043 de 25/02/1995 p. 0023 - 0038

RECOMENDACIÓN No 393/95/CECA DE LA COMISIÓN de 24 de febrero de 1995 por la que se modifica la Recomendación no 3118/94/CECA (Texto pertinente a los fines del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74,  Considerando que, en virtud del artículo 3 de la Recomendación no 3118/94/CECA de la Comisión (1), relativa a la vigilancia comunitaria previa de las importaciones de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA y originarios de  terceros países, es necesario establecer en el Anexo de dicha Recomendación una lista de los países y productos para los que se requieren licencias de exportación;  Considerando que, en virtud de la Recomendación no 73/95/CECA de la Comisión (2), las autoridades u organizaciones competentes de Rusia y Ucrania deben presentar una licencia de importación y un certificado de origen en relación con el sistema de doble  comprobación aplicable a la importación en la Comunidad de determinados productos siderúrgicos originarios de esos países, y que es apropiado publicar modelos de dichos documentos de exportación para información de los agentes económicos;  Considerando que, hasta la entrada en vigor de las Decisiones del Comité mixto CE-República de Bulgaria y del Comité mixto CE-Rumanía, así como de las correspondientes Decisiones de la Comisión por las que se establece un doble sistema de comprobación  para la importación en la Comunidad de los productos siderúrgicos contempladas en tales Decisiones, la República de Bulgaria, Rumanía y la Comunidad han acordado que se exija una licencia de importación expedida por las autoridades competentes de  Bulgaria y Rumanía para la importación en la Comunidad de los productos siderúrgicos contempladas en tales Decisiones, con efecto a partir del 1 de marzo de 1995;  Considerando que, tras las consultas efectuadas con las autoridades suizas, es necesario modificar el artículo 1 de la Recomendación no 3118/94/CECA para excluir del ámbito de la recomendación a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio  (AELC),  FORMULA LA RECOMENDACIÓN SIGUIENTE:   Artículo 1  El Anexo I, que incluye modelos de la licencia de exportación y certificado de origen que deben expedir las autoridades u organizaciones competentes de Rusia y Ucrania en relación con el sistema de doble comprobación aplicable a la  importación en la Comunidad de determinados productos siderúrgicos originarios de dichos países, se incluirá como Anexo V en la Recomendación no 3118/94/CECA.   Artículo 2  1. El Anexo II, que recoge también la lista de países y productos para los que se exigirá un certificado de exportación, se incluirá como Anexo VI en la Recomendación no 3118/94/CECA.  2. El Anexo III, que incluye modelos de la licencia de exportación que deben expedir las autoridades competentes enumeradas en el Anexo VI, se incluirá como Anexo VII en la Recomendación no 3118/94/CECA.   Artículo 3  Se modifica el apartado 1 del artículo 1 de la Recomendación no 3118/94/CECA se modificará mediante la adición de los términos « los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), » o tras los términos « . . . originarios de  terceros países, salvo ».   Artículo 4  La presente Recomendación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Hecho en Bruselas, el 24 de febrero de 1995.  Por la Comisión Leon BRITTAN Vicepresidente  (1) DO no L 330 de 21. 12. 1994, p. 6.  (2) DO no L 13 de 19. 1. 1995, p. 1.      ANEXO I  « ANEXO V"LICENCIA DE EXPORTACIÓN (Productos CECA) 1. Exportador (nombre y apellidos, dirección completa, país) 2. No 3. Año 4. Grupo de productos 5. Consignatario (nombre y apellidos, dirección completa, país) 6. País de origen 7. País de destino 8. Lugar y fecha del envío - Medio de transporte 9. Detalles suplementarios 10. Designación de las mercancías - Fabricante 11. Código NC 12. Cantidad (1) 13. Valor FOB (2) 14. CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE El abajo firmante certifica que los productos arriba descritos se han imputado al límite cuantitativo establecido para el año indicado en la casilla no 3 respecto del grupo de productos indicado en la casilla no 4 por las disposiciones que regulan el  comercio de productos CECA con la Comunidad Europea.  15. Autoridad competente (nombre y apellidos, dirección completa, país) ,  (Firma) a  (Sello)  (1) Indíquese el peso neto (kg) y también la cantidad en la unidad fijada cuando sea diferente del peso neto.  (2) En la moneda del contrato de venta".   ANEXO II  « ANEXO VI Productos originarios de la República de Bulgaria y Rumanía que requieren licencias de exportación Productos CECA originarios de Bulgaria y Rumanía, incluidos en el Anexo I de la Recomendación no 3118/94/CECA ».     ANEXO III  « ANEXO VII"LICENCIA DE EXPORTACIÓN (Productos CECA) 1. Exportador (nombre y apellidos, dirección completa, país) 2. No 3. Año 4. Grupo de productos 5. Consignatario (nombre y apellidos, dirección completa, país) 6. País de origen 7. País de destino 8. Lugar y fecha del envío - Medio de transporte 9. Detalles suplementarios 10. Designación de las mercancías - Fabricante 11. Código NC 12. Cantidad (1) 13. Valor FOB (2) 14. CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 15. Autoridad competente (nombre y apellidos, dirección completa, país) ,  (Firma) a  (Sello)  (1) Indíquese el peso neto (kg) y también la cantidad en la unidad fijada cuando sea diferente del peso neto.  (2) En la moneda del contrato de venta".