title: Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a la utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2

text:
               23.11.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 392/63

      RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1743 DE LA COMISIÓN
      de 18 de noviembre de 2020
      relativa a la utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1), sigue siendo competencia nacional la definición de la política de salud, así como la organización y ejecución de las medidas sanitarias. Por consiguiente, los Estados miembros de la UE son responsables de decidir sobre el desarrollo y la implantación de estrategias diagnósticas de la COVID-19, incluidas las pruebas rápidas de antígenos, teniendo en cuenta su situación epidemiológica y social y la población destinataria de las pruebas.

                  (2)

                  Dado que sigue creciendo el número de infecciones por el SARS-CoV-2 y que el personal sanitario que recoge las muestras y los laboratorios que realizan las pruebas de la COVID-19 están bajo presión, ha aumentado el tiempo de espera entre las peticiones de pruebas y sus resultados. Por otra parte, al disponerse de un mejor acceso a los lugares y servicios de pruebas de la COVID-19 en comparación con la primavera de 2020, cuando Europa experimentó su primera oleada pandémica, se han registrado picos elevados de peticiones de pruebas, que a menudo superan las capacidades diagnósticas disponibles.

                  (3)

                  La situación científica y técnica sigue evolucionando, de manera que ofrece nuevos conocimientos sobre las características del virus y posibilidades de utilizar metodologías y enfoques distintos para el diagnóstico de la COVID-19. En la actualidad, la norma por defecto para el diagnóstico de la COVID-19 es la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR), que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) (2) consideran la metodología más fiable para la detección de casos de la enfermedad y de sus contactos.

                  (4)

                  El mercado europeo dispone cada vez más de una nueva generación de pruebas más rápidas y baratas: las llamadas pruebas rápidas de antígenos, que perciben la presencia de proteínas víricas (antígenos) y pueden utilizarse para detectar una infección en curso. En la base de datos de la Comisión Europea sobre productos de diagnóstico in vitro y métodos de pruebas de la COVID-19, figuran setenta y dos pruebas rápidas de antígenos con el marcado CE (3).

                  (5)

                  El marco reglamentario aplicable actualmente para la introducción en el mercado de pruebas rápidas de antígenos es la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4). De conformidad con esta Directiva, el fabricante de las pruebas rápidas de antígenos para la detección del SARS-CoV-2 debe elaborar un expediente técnico que muestre explícitamente que la prueba es segura y que dé los resultados previstos por el fabricante, mediante la demostración del cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I de la Directiva. A continuación, el fabricante puede expedir una declaración de conformidad UE y colocar el marcado CE en su producto. A partir del 26 de mayo de 2022, el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro debe sustituir a la Directiva. Este Reglamento prevé que las pruebas rápidas de antígenos estén sujetas a unos requisitos más exigentes sobre el funcionamiento de los productos y a una evaluación exhaustiva a cargo de un organismo notificado.

                  (6)

                  En consonancia con las Orientaciones de la Comisión sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 (6), se está trabajando en el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG), que integran autoridades competentes de los Estados miembros, para facilitar una aplicación coherente del marco jurídico a efectos de la introducción en el mercado de las pruebas, lo cual incluye unas orientaciones dirigidas a los fabricantes con arreglo a la Directiva 98/79/CE. Además, la Comisión, con la contribución del MDCG, tiene la intención de elaborar y adoptar unas especificaciones comunes con arreglo al Reglamento (UE) 2017/746 para las pruebas de la COVID-19, en particular las pruebas rápidas de antígenos (7).

                  (7)

                  El 15 de abril de 2020, la Comisión adoptó unas Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su funcionamiento (8), que ofrecen un panorama de las pruebas de la COVID-19 y plantean algunas consideraciones sobre su funcionamiento. En estas orientaciones se pone de relieve que, en consonancia con la Directiva 98/79/CE, el fabricante debe indicar la finalidad prevista del producto y este debe diseñarse y fabricarse de manera que se adecúe a dicha finalidad, especialmente por lo que se refiere a los usuarios previstos y a aspectos clínicos como la población destinataria. El fabricante debe indicar asimismo los niveles de funcionamiento analítico de los productos, que deben corresponder a la finalidad prevista. La información que acompañe al producto debe tener asimismo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales.

                  (8)

                  El 11 de septiembre de 2020, la OMS publicó unas orientaciones provisionales sobre el uso de pruebas rápidas de antígenos para la detección de la COVID-19 (9), y ofreció asesoramiento a los países acerca del papel que pueden desempeñar estas pruebas y sobre la necesidad de seleccionarlas con cuidado. Como subraya la OMS, si bien las pruebas rápidas de antígenos pueden ofrecer soluciones útiles para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 en una serie de entornos e hipótesis, su funcionamiento clínico aún no es óptimo, por lo que deben tomarse con precaución.

                  (9)

                  Entre los modelos existentes, la OMS recomienda el uso de las pruebas rápidas de antígenos que cumplan los requisitos mínimos de sensibilidad (≥ 80 %) y de especificidad (≥ 97 %) y que se utilicen especialmente cuando haya una limitación temporal de la disponibilidad de las pruebas de la RT-PCR o cuando la duración de los tiempos de espera condicione su utilidad clínica. La utilización de pruebas rápidas de antígenos ofrece la posibilidad de identificar rápidamente a las personas con mayor riesgo de propagación de la infección, especialmente en circunstancias de alta transmisión comunitaria.

                  (10)

                  El ECDC ha proporcionado orientaciones sobre estrategias diagnósticas adecuadas del SARS-CoV-2 para alcanzar objetivos específicos de salud pública en diversas situaciones epidemiológicas (10). Estas orientaciones ofrecen el marco en el que las pruebas del SARS-CoV-2 contribuyen de manera esencial a generar datos fiables de vigilancia, controlar la transmisión comunitaria, prevenir la transmisión en entornos de alto riesgo y limitar la reintroducción del virus en comunidades que hayan logrado un control sostenido de la transmisión.

                  (11)

                  La mayoría de las pruebas rápidas de antígenos disponibles actualmente muestran una sensibilidad inferior a la de las pruebas de la RT-PCR. Las orientaciones del ECDC (11) sobre la utilización de pruebas rápidas de antígenos definen la idoneidad de diversas estrategias diagnósticas en distintos contextos epidemiológicos, los entornos y el funcionamiento clínico previsto con arreglo a las pruebas disponibles actualmente. Hasta ahora, los estudios de evaluación clínica de las pruebas rápidas de antígenos muestran entre un 29 % y un 93,9 % de sensibilidad y entre un 80,2 % y un 100 % de especificidad, en comparación con la norma por defecto actual, que es la RT-PCR. La sensibilidad de las pruebas rápidas de antígenos aumenta si estas se aplican a poblaciones en los cinco días posteriores a la aparición de síntomas, y si se analizan muestras con una concentración vírica elevada.

                  (12)

                  Sin embargo, las pruebas rápidas de antígenos pueden ofrecer una ventaja significativa con respecto a las pruebas de la RT-PCR en cuanto a que requieren unos equipos más sencillos y menos personal técnico altamente cualificado, y en lo referente al precio y la prontitud de los resultados, ya que aportan a los servicios sanitarios unos resultados rápidos y fáciles de utilizar, lo cual contribuye también a aliviar la presión en los sistemas sanitarios. Por ejemplo, cuando se utilizan en enfoques de pruebas para toda una población determinada, el riesgo de no detectar todos los casos o el de tener unos falsos resultados negativos se ve contrarrestado por la prontitud de los resultados y la posibilidad de que se repitan las pruebas a individuos inicialmente negativos. El valor predictivo de un resultado positivo o negativo de una prueba depende del funcionamiento de dicha prueba y de la prevalencia de la infección en la población que se haya sometido a ella. Por tanto, la interpretación de los resultados de las pruebas rápidas de antígenos debe tener estos aspectos debidamente en cuenta.

                  (13)

                  Por lo que se refiere a la posibilidad de utilizar pruebas de antígenos en personas asintomáticas, cabe señalar que hasta ahora se dispone de muy pocos datos sobre el funcionamiento de estas pruebas en tal caso, y que en las instrucciones de los fabricantes de las pruebas rápidas de antígenos de las que se dispone actualmente no se menciona a las personas asintomáticas como población destinataria.

                  (14)

                  Podría estudiarse la posibilidad de utilizar pruebas rápidas de antígenos para viajeros, teniendo en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos a la luz de la situación epidemiológica. Por ejemplo, tal como se anunció en la Recomendación de la Comisión sobre las estrategias para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19, de 28 de octubre de 2020, el ECDC y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) están elaborando conjuntamente un protocolo para un transporte aéreo más seguro, que incluye un enfoque común de realización de pruebas en los aeropuertos.

                  (15)

                  Un órgano clave en la coordinación de las crisis de salud pública que afectan a la Unión es el Comité de Seguridad Sanitaria, cuya función es reforzar la coordinación e intercambiar información y las mejores prácticas sobre las medidas de preparación y la planificación de la respuesta de los Estados miembros. El uso de pruebas rápidas de antígenos se está debatiendo desde principios de septiembre de 2020. Varios Estados miembros han empezado a utilizar pruebas rápidas de antígenos en la práctica y han incluido su utilización en las estrategias diagnósticas nacionales de la COVID-19. Además, la mayoría de los Estados miembros está llevando a cabo actualmente estudios de validación o proyectos piloto para evaluar el funcionamiento clínico de las pruebas rápidas de antígenos en entornos específicos y a efectos del diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 entre determinadas poblaciones destinatarias.

                  (16)

                  La Recomendación de la Comisión sobre las estrategias para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso de pruebas rápidas de antígeno (12) de 28 de octubre de 2020 , establece orientaciones para los países en relación con los elementos clave que deben tenerse en cuenta para las estrategias diagnósticas nacionales, regionales o locales. En particular, ofrece recomendaciones centradas en el ámbito de aplicación de las estrategias diagnósticas de la COVID-19, los grupos a los que debe darse prioridad y las situaciones específicas que deben considerarse, y también aborda cuestiones clave relacionadas con las capacidades diagnósticas y los recursos necesarios.

                  (17)

                  También recomienda que los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre los criterios que deben utilizarse para la selección de las pruebas rápidas de antígenos, en particular los relacionados con su funcionamiento clínico, tales como la sensibilidad y la especificidad, y acordar también las hipótesis y los entornos en los que resulte adecuado el uso de las pruebas rápidas de antígenos, como, por ejemplo, las situaciones de alta transmisión comunitaria.

                  (18)

                  Esa Recomendación también recoge el compromiso de la Comisión de trabajar con los Estados miembros con objeto de crear un marco para la evaluación, la aprobación y el reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de diagnóstico y de sus resultados, a lo que contribuye la presente Recomendación.

                  (19)

                  Los operadores económicos deben cumplir los requisitos establecidos en el Derecho de la UE aplicable. Al cumplir estos requisitos y colocar el marcado CE en un producto, el fabricante declara que el producto cumple todos los requisitos legales para el marcado CE y que su producto puede venderse en todo el EEE. Los Estados miembros tienen la posibilidad de restringir la disponibilidad de determinados productos si consideran que ello redunda en interés de la protección de la salud y la seguridad o por motivos de salud pública (13). La elección de las pruebas a nivel nacional depende de su disponibilidad y de las estrategias diagnósticas nacionales, por ejemplo, para qué fines pretenden utilizarse, en qué combinaciones y qué niveles de funcionamiento son aceptables, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y clínica local del Estado miembro, región, centro sanitario o grupo de pacientes concretos afectados. La cooperación a escala de la UE en la evaluación de los elementos de juicio que se hayan obtenido con la utilización de estas pruebas diagnósticas en la práctica clínica, especialmente a través de la acción conjunta de la Red Europea para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias (EUnetHTA), puede aportar un beneficio considerable a la hora de sustentar las estrategias nacionales.

                  (20)

                  La eficacia de las pruebas desempeña un papel esencial en el buen funcionamiento del mercado interior, ya que permite aplicar de forma selectiva medidas de aislamiento o de cuarentena. El reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de antígenos permitiría limitar las restricciones a la libre circulación en consonancia con la Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo (14) sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19.

                  (21)

                  Los servicios sanitarios de los Estados miembros deben reconocer mutuamente los resultados de las pruebas rápidas de antígenos siguiendo las orientaciones establecidas en la presente Recomendación. Para apoyar el reconocimiento mutuo, deben continuar los debates conjuntos sobre estrategias diagnósticas nacionales entre los Estados miembros, especialmente en el seno del Comité de Seguridad Sanitaria y teniendo en cuenta las aportaciones recibidas del ECDC y otros esfuerzos de colaboración pertinentes, como la acción conjunta de la EUnetHTA.

                  (22)

                  La cooperación de la UE en materia de evaluación de las tecnologías sanitarias ha demostrado ser útil para las autoridades nacionales en este ámbito a la hora de proporcionar orientaciones respecto al SARS-CoV-2, incluida la utilización de pruebas de antígenos. La Comisión ha propuesto seguir potenciando la cooperación a escala de la UE en materia de evaluación de las tecnologías sanitarias (15). La aplicación de un marco de evaluación de las tecnologías sanitarias de la UE proporcionaría un instrumento importante a fin de trabajar conjuntamente, poner recursos en común, compartir conocimientos especializados y aportar los elementos necesarios para fundamentar las decisiones, en particular las relativas a la utilización de pruebas de antígenos.

                  (23)

                  Asimismo, con el fin de proporcionar un respaldo adicional a los Estados miembros que introduzcan el uso de las pruebas rápidas de antígenos, la Comisión ha determinado que se utilicen 100 millones EUR procedentes del Instrumento Europeo de Apoyo (ESI) para la adquisición de pruebas rápidas de antígenos y su distribución a los Estados miembros. Además, la Comisión ha puesto en marcha una contratación pública conjunta con los Estados miembros para facilitar un acceso justo y equitativo a las pruebas rápidas de antígenos.

                  (24)

                  La presente Recomendación, que se basa en las últimas orientaciones del ECDC y de la OMS, puede actualizarse a la luz de nuevos datos científicos, de los últimos avances tecnológicos y de la evolución de la situación epidemiológica.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      1.   OBJETO DE LA RECOMENDACIÓN

                  (1)

                  La presente Recomendación establece orientaciones para los Estados miembros en relación con la utilización de pruebas rápidas de antígenos a fin de detectar la infección por el SARS-CoV-2, partiendo de la Recomendación de 28 de octubre sobre las estrategias para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19.

                  (2)

                  En la presente Recomendación se aconseja a los Estados miembros que lleven a cabo pruebas rápidas de antígenos, además de las pruebas de la RT-PCR, en unos entornos claramente definidos en los que la implantación de las pruebas de antígenos sea adecuada y, con objeto de contener la propagación del coronavirus, que detecten las infecciones por el SARS-CoV-2 y limiten las medidas de aislamiento y cuarentena.

                  (3)

                  La presente Recomendación también contribuye a velar por la libre circulación de personas y el buen funcionamiento del mercado interior, en un momento en el existen unas capacidades diagnósticas limitadas.

                  (4)

                  En particular, la presente Recomendación se centra en los criterios que deben emplearse para la selección de las pruebas rápidas de antígenos, los entornos en los que procede recurrir a tales pruebas, el tipo de personal que debe realizar las pruebas, así como en la validación y el reconocimiento mutuo de las pruebas y de sus resultados.

            2.   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS

                  (5)

                  Los Estados miembros deben procurar utilizar pruebas rápidas de antígenos con un funcionamiento aceptable, es decir, con una sensibilidad ≥ 80 % y una especificidad ≥ 97 %, a fin de evitar el mayor número posible de resultados falsos negativos y falsos positivos.

                  (6)

                  Las pruebas rápidas de antígenos deben ser realizadas por personal sanitario debidamente formado o por técnicos debidamente formados, en su caso, y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un punto crítico, a menudo ignorado, es la recogida de las muestras. También debe disponerse de protocolos para una toma y una manipulación eficientes de las muestras.

                  (7)

                  Las pruebas rápidas de antígenos deben utilizarse en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas o en los siete días siguientes a la exposición a un caso confirmado de la COVID-19.

                  (8)

                  Antes de que los Estados miembros decidan utilizar las pruebas rápidas de antígenos, deben verificar que cuenten con el marcado CE (16) y, antes de introducirlas en la práctica clínica, que hayan sido validadas según se expone en la presente Recomendación, frente a la prueba estándar de la RT-PCR, en la población destinataria y el entorno previsto para su uso.

            3.   ENTORNOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS

                  (9)

                  Cuando haya una disponibilidad limitada temporalmente de pruebas de la RT-PCR, puede considerarse la utilización de pruebas rápidas de antígenos para personas con síntomas compatibles con la COVID-19 en zonas en las que la tasa de positividad de la prueba sea alta o muy alta, por ejemplo, ≥ 10 %.

                  (10)

                  Puede recomendarse el uso de pruebas rápidas de antígenos para diagnosticar a las personas, independientemente de sus síntomas, en entornos en los que se prevea una proporción de la positividad de la prueba ≥ 10 %, por ejemplo en contextos de rastreo de contactos y de investigaciones de brotes.

                  (11)

                  Debe plantearse la utilización de las pruebas rápidas de antígenos en el momento de la admisión a los centros sanitarios, así como para el triaje de pacientes o residentes sintomáticos (hasta cinco días desde la aparición de los síntomas), y también a fin de asignar pacientes a instalaciones de aislamiento, con objeto de suavizar el impacto de la COVID-19 en los entornos de asistencia sociosanitaria.

                  (12)

                  También debe plantearse la utilización de las pruebas rápidas de antígenos cuando se aplique un enfoque centrado en la realización de pruebas a toda una población determinada, por ejemplo, en una comunidad local, así como en otras situaciones de alta prevalencia, y en el contexto de medidas restrictivas, con objeto de detectar a las personas con un elevado potencial de transmisión comunitaria y reducir la presión en los centros sanitarios. En tales situaciones, el riesgo de no detectar todos los casos o de tener falsos negativos se ve contrarrestado por la velocidad de los resultados y la posibilidad de que se repitan las pruebas a personas que dieran negativo inicialmente. Una prueba confirmatoria permitirá fundamentar mejor el diagnóstico, tal como se indica en la presente Recomendación.

                  (13)

                  En situaciones de alta prevalencia o con una capacidad diagnóstica limitada de realizar pruebas de la RT-PCR para detectar a las personas con un alto potencial de transmisión, debe considerarse la utilización de pruebas rápidas de antígenos para las pruebas periódicas (por ejemplo, cada dos o tres días) que se realizan al personal sanitario, al personal que trabaja en centros sociosanitarios, en instituciones cerradas (por ejemplo, centros penitenciarios, centros de internamiento y otras infraestructuras de acogida de inmigrantes y peticionarios de asilo), y a otros trabajadores de primera línea en los sectores más afectados por el virus (plantas de elaboración cárnica, mataderos, etc.) y otros entornos similares.

                  (14)

                  En situaciones de baja prevalencia, el uso de las pruebas rápidas de antígenos debe centrarse en unos entornos y situaciones en los que una identificación rápida de las personas infectadas contribuya a la gestión de los brotes y al seguimiento periódico de los grupos de (alto) riesgo, como el personal sanitario o el de los centros sociosanitarios. En tales situaciones, debe valorarse el riesgo relacionado con no detectar casos positivos y el vinculado a la aplicación de medidas de aislamiento y cuarentena debido a casos de falsos positivos. Este problema podría abordarse mediante una prueba confirmatoria.

                  (15)

                  Si se utilizan pruebas rápidas de antígenos en una población con alta prevalencia de infección, los resultados negativos deben confirmarse con una RT-PCR o mediante la repetición de las pruebas rápidas de antígenos. Si se utilizan pruebas rápidas de antígenos en una población con baja prevalencia de infección, los resultados positivos deben confirmarse con una RT-PCR o mediante la repetición de las pruebas rápidas de antígenos. En ambas situaciones, el uso y la decisión de recurrir a una prueba confirmatoria dependen de la tolerabilidad del riesgo vinculado a no detectar casos positivos o a la detección de falsos positivos.

            4.   CAPACIDADES Y RECURSOS DIAGNÓSTICOS

                  (16)

                  Además de las consideraciones anteriores, la elección de una prueba de diagnóstico determinada depende de las capacidades diagnósticas en un momento dado. Si hay escasez de pruebas de la RT-PCR o si el tiempo de espera de los resultados de estas supera las veinticuatro horas, la decisión de utilizar pruebas rápidas de antígenos puede justificarse en función del uso previsto y de la tolerabilidad del riesgo vinculado a sus limitaciones de funcionamiento.

                  (17)

                  Se necesita personal sanitario y de laboratorio formado para recoger muestras, realizar pruebas diagnósticas, leer los resultados y notificarlos al personal clínico y a las autoridades de salud pública a escala local, regional, nacional e internacional. Deben seguirse rigurosamente las instrucciones del fabricante para la recogida de muestras, la manipulación segura y la eliminación de residuos, también en relación con el tipo de muestra y el uso previsto. Deben aplicarse asimismo las medidas de bioseguridad adecuadas cuando se tomen, se manipulen y se traten las muestras. Los Estados miembros deben garantizar las capacidades y los recursos suficientes para la toma de muestras, la realización de pruebas y la presentación de los informes correspondientes. Para disponer de estas capacidades diagnósticas, podría ser necesario formar a otros técnicos de laboratorio distintos del personal sanitario.

                  (18)

                  Cumplen requisitos de alta calidad y podrían desempeñar un papel activo respecto a las pruebas rápidas de antígenos los laboratorios clínicos, en particular los que forman parte de la red de laboratorios de la UE acreditados por organismos nacionales de los Estados miembros con arreglo a la norma armonizada EN ISO 15189, titulada «Laboratorios clínicos. Requisitos particulares relativos a la calidad y la competencia», y posiblemente otras normas y condiciones adicionales. La acreditación también garantiza que estos laboratorios se controlan periódicamente y que cumplen los requisitos de calidad y de competencia necesarios.

                  (19)

                  Debe contarse con una capacidad diagnóstica de pruebas confirmatorias de la RT-PCR cuando se apliquen pruebas rápidas de antígenos, según proceda.

            5.   VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO MUTUO

                  (20)

                  Los Estados miembros deben utilizar las orientaciones técnicas que ha elaborado el ECDC (17) sobre la utilización de pruebas rápidas de antígenos para la detección de la COVID-19, especialmente por lo que se refiere a la validación clínica de estas pruebas, a fin de garantizar la fiabilidad y comparabilidad de los resultados cuando se realicen validaciones independientes de las pruebas rápidas de antígenos.

                  (21)

                  Las consideraciones relativas a las validaciones de las pruebas rápidas de antígenos, según se exponen en las Orientaciones técnicas del ECDC, deberán incluir aspectos sobre la validación de pruebas en entornos similares a los de su uso previsto, el cumplimiento de las instrucciones del fabricante, la comparación con la norma por defecto actual, que es la prueba de la RT-PCR, así como elementos sobre enfoques retrospectivos y categorización de las muestras.

                  (22)

                  Los Estados miembros deben compartir con el ECDC y la Comisión los resultados de sus validaciones y las estrategias diagnósticas correspondientes según el uso previsto, tan pronto como dispongan de ellos, a fin de armonizarlos en la medida de lo posible con otros Estados miembros y compartir cualquier otra información sobre los resultados de los estudios de validación realizados acerca de las pruebas rápidas de antígenos, independientemente de los estudios que hayan llevado a cabo los desarrolladores y los fabricantes de pruebas diagnósticas. Las estrategias diagnósticas deben tener en cuenta continuamente cualquier información nueva que proceda de estos estudios de validación y adaptarse en consecuencia, en su caso.

                  (23)

                  La Comisión ampliará la base de datos existente sobre pruebas de diagnóstico de la COVID-19 («base de datos sobre productos de diagnóstico in vitro y métodos de pruebas de la COVID-19») con información sobre los resultados de las pruebas rápidas de antígenos y de los estudios de validación, y mantendrá actualizada la base de datos con la información más reciente.

                  (24)

                  El ECDC, en cooperación con los servicios de la Comisión y los Estados miembros, dará prioridad y coordinará la validación de los tipos de pruebas rápidas existentes y futuros (con, por ejemplo, técnicas de medición distintas o muestras como la saliva) para facilitar que se ponga en práctica de manera eficiente cualquier prueba nueva que cumpla los criterios de funcionamiento requeridos, de modo que se alivien las presiones que soportan los sistemas sanitarios y la realización de pruebas diagnósticas.

                  (25)

                  La Comisión facilitará el trabajo conjunto y el intercambio de información entre los Estados miembros sobre las evaluaciones de tecnologías sanitarias realizadas a nivel nacional en relación con las pruebas rápidas de antígenos.

                  (26)

                  El reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas, tal como se establece en el punto 18 de la Recomendación (UE) 2020/1475, es esencial para facilitar la circulación transfronteriza, así como el rastreo de contactos y el tratamiento transfronterizos. Los Estados miembros deben reconocer los resultados obtenidos con pruebas que hayan sido validadas a nivel nacional por otro Estado miembro y que cumplan los criterios de sensibilidad y especificidad establecidos en la presente Recomendación.

         Hecho en Bruselas, el 18 de noviembre de 2020.

               Por la Comisión

            Stella KYRIAKIDES

               Miembro de la Comisión

         (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES.

         (2)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf.

         (3)  Número a 12.11.2020: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?marking=Yes&principle=ImmunoAssay-Antigen&format=Rapid+diagnostic+test&manufacturer=&text_name=#form_content.

         (4)  Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).

         (5)  Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176). El Reglamento ya establece un período transitorio a partir de la fecha de su entrada en vigor (mayo de 2017), durante el cual la conformidad de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro puede evaluarse tanto en virtud del Reglamento como de la Directiva 98/79/CE.

         (6)  Comunicación de la Comisión titulada «Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su funcionamiento» (2020/C 122 I/01) (DO C 122 I de 15.4.2020, p. 1).

         (7)  Estas especificaciones comunes pueden ponerse en práctica con carácter voluntario antes de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2017/746, que es el 26 de mayo de 2022.

         (8)  Comunicación de la Comisión titulada «Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su funcionamiento» (2020/C 122 I/01) (DO C 122 I de 15.4.2020, p. 1).

         (9)  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020,1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

         (10)  Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC): «COVID-19 testing strategies and objectives» (Estrategias y objetivos diagnósticos de la COVID-19). Informe publicado el 17.9.2020. Puede consultarse en la dirección siguiente: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing-strategies-and-objectives.

         (11)  Orientaciones del ECDC sobre un protocolo común de validación para las pruebas rápidas de antígenos, que está previsto publicar el 18.11.2020.

         (12)  C(2020) 7502.

         (13)  Artículos 8 y 13 de la Directiva 98/79/CE.

         (14)  Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (DO L 337 de 14.10.2020, p. 3).

         (15)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE [COM(2018) 51 final].

         (16)  Todas las pruebas rápidas de antígenos utilizadas por los Estados miembros deben llevar el marcado CE, con excepción de los productos contemplados en el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 98/79/CE.

         (17)  Orientaciones técnicas del ECDC: «Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19» (Opciones para la utilización de pruebas rápidas de antígenos para la detección de la COVID-19), publicadas el 18.11.2020.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 24 de septiembre de 2020 relativa a la identificación de las entidades jurídicas (JERS/2020/12) 2020/C 403/01

text:
               26.11.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 403/1

      RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
      de 24 de septiembre de 2020
      relativa a la identificación de las entidades jurídicas
      (JERS/2020/12)
      (2020/C 403/01)
      LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) (1), en particular el artículo 3, apartado 2, letras a), b), d) y f), y los artículos 16 a 18,
      Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 15, apartado 3, letra e), y los artículos 18 a 20,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  La economía mundial se basa en una red de operaciones financieras intrincada, estrechamente integrada y extremadamente compleja, creada por un gran número de contratos transfronterizos con efectos de alcance mundial. Esta red comprende no solo entidades financieras, sino también entidades que mantienen relaciones entre sí y con los mercados financieros. La ruptura de cualquier nodo esencial de esta red puede provocar que grandes partes del conjunto se desmoronen, con importantes implicaciones globales. La identificación clara de las entidades individuales y las conexiones entre ellas es un requisito clave para elaborar un mapa fiable del panorama económico y financiero mundial, que es necesario para reducir el contagio.

                  (2)

                  El contagio financiero se produce porque las entidades financieras y no financieras están vinculadas a través de operaciones financieras y de activos y pasivos financieros. Los canales de contagio se crean por la exposición directa a través de vínculos entre los sectores financiero y no financiero, así como por la exposición indirecta cuando las entidades forman parte del mismo grupo. El contagio entre entidades financieras y no financieras puede propagarse en ambas direcciones y se demuestra de forma más drástica durante las crisis. De este modo, una crisis financiera puede propagarse del sector financiero al no financiero, como quedo demostrado con la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers en 2008; una crisis económica puede propagarse del sector no financiero al sector financiero, debido, por ejemplo, al sobreendeudamiento de las entidades no financieras o a cualquier crisis grave de la oferta o la demanda. Los efectos económicos y financieros de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) son un ejemplo de las estrechas interrelaciones entre los sectores financiero y no financiero. Facilitar la correcta identificación de las entidades no financieras es, por tanto, tan importante como la correcta identificación de las entidades financieras, a fin de garantizar la estabilidad financiera.

                  (3)

                  Los grandes grupos financieros, como los de las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), tienen estructuras jurídicas muy complejas que concentran numerosas obligaciones, entre ellas muchas considerables. Las EISM suelen tener un número elevado de filiales o sucursales internacionales e interactúan con numerosas contrapartes importantes. La inviabilidad de una o varias de estas EISM afectarían negativamente al sistema financiero de muchos países y, por extensión, en la economía mundial. Se han puesto en marcha políticas para reducir tanto la probabilidad de quiebra de las EISM como sus efectos. Este último objetivo podría alcanzarse mejorando las medidas de recuperación y resolución a escala mundial. Cuanto más compleja sea la estructura del grupo, mayor será el coste y el tiempo necesarios para recuperarlo y resolverlo. Por lo tanto, la identificación de estos grupos, así como de sus entidades jurídicas y su estructura general, es crucial para garantizar la estabilidad financiera.

                  (4)

                  En 2012, el G-20 respaldó las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) relativas al marco para el desarrollo de un sistema global de identificador de entidades jurídicas (LEI) para las partes de las operaciones financieras, y alentó la adopción mundial del LEI para ayudar a las autoridades y a los participantes en el mercado a identificar y gestionar el riesgo financiero (3). Desde su introducción, el LEI ha sido adoptado por más de un millón de entidades en más de 200 países. El uso de un identificador único, exclusivo y universal de entidades jurídicas ha aumentado la capacidad de las autoridades para evaluar riesgos sistémicos y que amenazan la estabilidad financiera y adoptar medidas correctoras. En particular, la identificación clara de las partes contractuales en una red de contratos financieros globales procesados electrónicamente a muy alta velocidad permite a las autoridades hacer uso de las tecnologías existentes para analizar la interconexión, identificar posibles cadenas de contagio y hacer un seguimiento del abuso del mercado, a fin de mantener la estabilidad financiera. El LEI también ha adquirido un papel fundamental a la hora de conectar los conjuntos de datos existentes procedentes de múltiples fuentes. de información granular sobre las entidades.

                  (5)

                  En 2017, los dirigentes del G-20 acogieron con satisfacción las recomendaciones para promover el uso de identificadores comunes, en particular el LEI para las entidades (4). Sin embargo, en 2019, en una revisión temática de la aplicación del LEI, el FSB enumeró una serie de retos a los que todavía se enfrentaba el sistema LEI (5). Entre ellos se encuentran la escasa adopción del LEI por entidades ajenas a los mercados de valores y de derivados extrabursátiles; las repentinas emisiones puntuales tras la adopción de reglamentos de la Unión como el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (denominado comúnmente «EMIR») y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) (comúnmente denominado «MiFIR») sin un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo; la insuficiente adopción voluntaria del LEI; y la limitada adopción del LEI por parte de entidades no financieras. Además, mientras que la mayoría de las entidades matrices de los grupos EISM tienen LEI, la cobertura no se extiende generalmente a todas las filiales y sucursales internacionales, ni a todas las entidades de contrapartida.

                  (6)

                  La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) se encarga de la vigilancia macroprudencial del sistema financiero de la Unión. En el cumplimiento de sus funciones, la JERS debe contribuir a garantizar la estabilidad financiera y mitigar los impactos negativos sobre el mercado interior y la economía real. A estos efectos, reviste una importancia fundamental la disponibilidad y la adopción generalizada de un identificador único mundial para identificar inequívocamente a las entidades dedicadas a operaciones financieras. La escasa adopción del LEI mencionado anteriormente constituye un factor que puede obstaculizar la fiabilidad del análisis de la estabilidad financiera, dificultando la evaluación y comparación precisas de los riesgos en los distintos mercados nacionales. Por lo tanto, deben abordarse las lagunas existentes en la adopción del LEI.

                  (7)

                  El objetivo de la presente recomendación es contribuir, en consonancia con el mandato de la JERS, a la prevención y mitigación de los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera de la Unión mediante el establecimiento de un uso sistemático del LEI por parte de entidades dedicadas a operaciones financieras. Para alcanzar este objetivo, la presente recomendación pretende introducir un marco jurídico de la Unión que permita identificar de manera inequívoca a las entidades jurídicas que realizan operaciones financieras mediante los LEI y hacer que el uso del LEI sea más sistemático en lo que respecta a la presentación de información con fines de supervisión y la publicación de información. Habida cuenta del plazo para la adopción de dicho marco de la Unión, la JERS recomienda que las autoridades pertinentes prosigan y sistematicen sus esfuerzos para promover la adopción y el uso del LEI, sirviéndose a tal fin de las diversas facultades de regulación o supervisión que les han sido conferidas por el derecho nacional o de la Unión.

                  (8)

                  Como primer objetivo, la recomendación pretende garantizar que todas las entidades jurídicas establecidas en la Unión que participan en operaciones financieras obtengan y conserven un LEI. La adopción del LEI en la Unión se ha visto impulsada principalmente por requisitos reglamentarios establecidos en actos legislativos como el Reglamento (UE) n.o 648/2012, el Reglamento (UE) n.o 600/2014, el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Estos requisitos se aplican a las entidades que participan en operaciones con derivados extrabursátiles, en operaciones con derivados y otros instrumentos financieros negociados en centros de negociación y en operaciones de financiación de valores, así como a los emisores de valores. Otros actos legislativos y no legislativos, como el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), aplicable a las entidades de crédito y financieras, y la Recomendación de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre el uso del identificador de entidad jurídica (LEI) (11), así como las Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPIA) relativas al uso del Identificador de Entidades Jurídicas (LEI) (12), también exigen o recomiendan el uso del LEI. Sin embargo, no existe un enfoque uniforme en todos los mercados y el uso del LEI no se extiende actualmente a los sectores no financieros, de manera que el LEI tiene una cobertura fragmentada e importantes sectores quedan excluidos de su uso. Un marco jurídico de la Unión que regule el uso del LEI dentro de ella lograría que su aplicación fuera coherente en todos los sectores de la economía, maximizando así los beneficios derivados de su utilización. Mientras tanto, y hasta que se adopte dicho marco, debe alentarse a las entidades supervisadas de la Unión a obtener un LEI y, en la medida en que lo permita la legislación, las autoridades que las supervisan deben exigirles que dispongan de un LEI.

                  (9)

                  El principio de proporcionalidad debe aplicarse para evitar costes adicionales. Por ejemplo, la legislación de la Unión podría eximir a las entidades de menor tamaño que no formen parte de un grupo más amplio del requisito de obtener un LEI, o exigir que se les proporcione un LEI sin coste alguno. Abordar los aspectos relacionados con el coste del LEI mediante un enfoque proporcionado es de gran importancia, dado que los métodos de identificación de las entidades jurídicas difieren de un país a otro. En la Unión existen y se utilizan identificadores nacionales y de otro tipo para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, el identificador único europeo (EUID) se utiliza en el sistema de interconexión de registros mercantiles para garantizar la interoperabilidad entre los registros mercantiles de los Estados miembros. No obstante, el LEI, como identificador global que aspira a tener una cobertura universal y aborda una gran variedad de aplicaciones, es más adecuado para supervisar la estabilidad financiera, dadas las importantes interconexiones que existen entre entidades de la Unión y de terceros países. La JERS considera que los registros mercantiles de toda la Unión podrían desempeñar un papel en la asignación de los LEI, junto con los identificadores nacionales y los EUID.

                  (10)

                  Desde la introducción del LEI, las autoridades nacionales de supervisión y las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) han fomentado activamente el LEI y su uso en relación con los requisitos de información. Sin embargo, siguen existiendo lagunas en este ámbito. Por lo tanto, un segundo objetivo de la recomendación es garantizar el uso sistemático y exhaustivo del LEI para la identificación de las entidades al presentar información financiera. En primer lugar, si la entidad sujeta a la obligación de presentación de información estuviera obligada a tener un LEI para identificarse, ello permitiría a las autoridades identificar de manera unívoca a las entidades en diferentes marcos de presentación de información. En segundo lugar, el LEI debe utilizarse de manera más sistemática y exhaustiva para identificar otras entidades para las que la entidad informadora también está obligada a presentar información, entre las que figuran, a modo de ejemplo, los emisores de instrumentos financieros, las entidades de contrapartida en operaciones financieras y las entidades vinculadas.

                  (11)

                  Cabe la posibilidad de que una entidad para la que deba comunicarse información financiera no tenga un LEI. Este será el caso, por ejemplo, cuando una entidad establecida en la Unión esté exenta en virtud del principio de proporcionalidad o cuando una entidad establecida en un tercer país no haya adquirido un LEI. Ya se han aplicado diversas leyes para limitar el acceso de las entidades sin LEI a los mercados financieros de la Unión. La norma del Reglamento (UE) n.o 600/2014, conocida como la norma «sin LEI no hay comercio», ha sido de vital importancia para la adopción del LEI en la Unión, al exigir un LEI como condición previa para el acceso a los mercados de la Unión (13). En los casos en que la falta de LEI no esté justificada, la JERS anima a los destinatarios de la presente recomendación a adoptar, cuando proceda, un enfoque similar a la norma de «sin LEI no hay comercio».

                  (12)

                  Desde la introducción del LEI, las autoridades estadísticas nacionales, las autoridades nacionales de supervisión y las AES también han promovido el LEI y su utilización en el contexto de la divulgación pública. El LEI se ha utilizado voluntariamente o se ha exigido su uso en determinados registros públicos, en la publicación de los resultados de las pruebas de resistencia y en otras publicaciones obligatorias o voluntarias de datos. No obstante, el LEI aún no se utiliza de manera sistemática, ya que no es obligatorio en todos los casos, ya sea en virtud del derecho nacional o de la Unión. Para contribuir al tercer objetivo de la presente recomendación, a saber, promover la sensibilización y el uso del LEI por parte del público en general y facilitar el acceso del público en general a la información de las empresas mediante el uso del LEI, las autoridades pertinentes deben seguir mejorando y sistematizando las referencias al LEI en su divulgación de información sobre entidades.

                  (13)

                  La presente recomendación se ha elaborado teniendo en cuenta las iniciativas internacionales y europeas en curso en este ámbito, incluidas, por ejemplo, las propuestas del FSB en su revisión temática de 2019 sobre la aplicación del LEI mencionado anteriormente.

                  (14)

                  La presente recomendación se entiende sin perjuicio de los mandatos de política monetaria de los bancos centrales de la Unión.

                  (15)

                  Las recomendaciones de la JERS se publican después de informados sus destinatarios y una vez que la Junta General ha informado de su propósito de publicarlas al Consejo de la Unión Europea y ha dado a este la oportunidad de reaccionar.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      SECCIÓN 1

         RECOMENDACIONES

         Recomendación A – Introducción de un marco de la Unión sobre el uso del identificador de entidad jurídica

                  1.

                  Se recomienda a la Comisión que proponga que la legislación de la Unión incorpore un marco jurídico común de la Unión que regule la identificación de las entidades jurídicas establecidas en la Unión que participan en operaciones financieras mediante un identificador de entidad jurídica (LEI), prestando la debida consideración al principio de proporcionalidad, habida cuenta de la necesidad de prevenir o mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera de la Unión y, de este modo, alcanzar los objetivos del mercado interior.

                  2.

                  Se recomienda a la Comisión que proponga que la legislación de la Unión que impone a las entidades jurídicas la obligación de comunicar información financiera, prestando la debida consideración al principio de proporcionalidad, tal como se manifiesta en la recomendación A (1), incluya la obligación de identificar mediante un LEI:

                              (a)

                              a las entidades jurídicas que están sujetas a la obligación de presentar información; y

                              (b)

                              a cualquier otra entidad jurídica sobre la que deba comunicarse información y que tenga un LEI.

                  3.

                  Se recomienda a la Comisión que proponga que la legislación de la Unión incorpore la obligación de que las autoridades identifiquen mediante su LEI a cualquier entidad jurídica sobre la que se divulgue información públicamente y que tenga un LEI, prestando la debida consideración al principio de proporcionalidad, tal como se manifiesta en la recomendación A (1).

         Recomendación B – Uso del identificador de entidad jurídica hasta la posible introducción de legislación de la Unión

      A la espera de que la Comisión adopte medidas para cumplir la recomendación A y la posible introducción de la legislación correspondiente de la Unión, se recomienda que, en la medida en que lo permita la legislación y con arreglo al principio de proporcionalidad:

                  1.

                  las autoridades pertinentes exijan o, en su caso, sigan exigiendo, a todas las entidades jurídicas que participen en operaciones financieras bajo su supervisión que dispongan de un LEI;

                  2.

                  al elaborar, imponer o modificar las obligaciones de presentación de información financiera, las autoridades incluyan o, en su caso, sigan incluyendo en ellas la obligación de identificarse mediante un LEI:

                              (a)

                              a las entidades jurídicas que están sujetas a la obligación de presentar información; y

                              (b)

                              a cualquier otra entidad jurídica sobre la que deba comunicarse información y que tenga un LEI;

                  3.

                  las autoridades identifiquen o, en su caso, sigan identificando, a través de su LEI, a cualquier entidad jurídica sobre la que se divulgue información públicamente y que tenga un LEI.

            SECCIÓN 2

         APLICACIÓN

      1.   Definiciones

      A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:

                  a)

                  «autoridades pertinentes»:

                              (i)

                              las autoridades nacionales o de supervisión competentes especificadas en los actos de la Unión a que se refieren el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), el Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (16);

                              (ii)

                              el BCE conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (17);

                              (iii)

                              las autoridades designadas de conformidad con el capítulo 4, del título VII, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), o con el artículo 458, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

                              (iv)

                              las autoridades macroprudenciales con los objetivos, los acuerdos, las funciones, las competencias, los instrumentos, los requisitos de rendición de cuentas y otras características establecidos en la Recomendación JERS/2011/3 (19);

                              (v)

                              las autoridades de resolución designadas por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (20);

                  b)

                  «autoridades»:

                              (i)

                              las autoridades pertinentes;

                              (ii)

                              la ABE,

                              (iii)

                              la EIOPA,

                              (iv)

                              la Autoridad Europea de Valores y Mercados,

                              (v)

                              la Junta Única de Resolución;

                  c)

                  «identificador de entidad jurídica» (LEI): código de referencia de 20 caracteres para identificar inequívocamente a entidades jurídicamente distintas que realizan operaciones financieras y los datos de referencia asociados, y que se basa en la norma ISO 17442 elaborada por la Organización Internacional de Normalización;

                  d)

                  «entidad jurídica»: una entidad que puede optar a un LEI con arreglo a la norma ISO17442 y las orientaciones sobre la admisibilidad para el LEI publicadas por el Comité de Supervisión Reglamentaria para el Sistema Global de Identificador de Entidades Jurídicas;

                  e)

                  «operación financiera»: de conformidad con el anexo A, apartado 1.66, letra c), del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), la adquisición neta de activos financieros o la contracción neta de pasivos para cada tipo de instrumento financiero.

            2.   Criterio de aplicación

      Al aplicar la presente recomendación deberá prestarse la debida consideración al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el objetivo y el contenido de cada recomendación.
      3.   Plazos de seguimiento

      De conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, se solicita a los destinatarios que informen de las medidas adoptadas en respuesta a la presente recomendación o que justifiquen adecuadamente su inacción en los plazos siguientes:

                  1.

                  Recomendación A
                  Se solicita que, a más tardar el 30 de junio de 2023, la Comisión presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la JERS un informe sobre la aplicación de la recomendación A.

                  2.

                  Recomendación B
                  Se solicita que, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, los destinatarios presenten al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS un informe sobre la aplicación de la recomendación B.

            4.   Vigilancia y evaluación

                  1.

                  La Secretaría de la JERS:

                              a)

                              prestará asistencia a los destinatarios garantizando la coordinación de la presentación de información, facilitando las plantillas pertinentes y especificando, en caso necesario, el procedimiento y los plazos de seguimiento, a fin de limitar la carga informadora para los destinatarios;

                              b)

                              verificará el seguimiento realizado por los destinatarios, les prestará asistencia si así lo solicitan y presentará informes de seguimiento a la Junta General a través del Comité Director.

                  2.

                  La Junta General evaluará las medidas y justificaciones comunicadas por los destinatarios de la presente recomendación y, cuando proceda, podrá decidir que la presente recomendación no se ha aplicado y que el destinatario no ha justificado adecuadamente su inacción.

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 24 de septiembre de 2020.

               El jefe de la Secretaría de la JERS,

               en nombre de la Junta General de la JERS

            Francesco MAZZAFERRO

         (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

         (2)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

         (3)  Véase la «Declaración de los dirigentes del G-20», disponible en inglés en el sitio web del G-20 en https://g20.org/en/g20/Documents/2012-Mexico-Leaders-Declaration0619-loscabos.pdf

         (4)  Véase el «Anexo de la declaración de los dirigentes del G-20: Plan de Acción de Hamburgo del G-20», disponible en inglés en el sitio web del G-20 en https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-plan-en___blob=publicationFile&v=4.pdf

         (5)  Véase «Thematic Review on Implementation of the Legal Entity Identifier», disponible en inglés en el sitio web del FSB en https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P280519-2.pdf

         (6)  Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

         (7)  Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).

         (8)  Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).

         (9)  Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014. p. 1).

         (10)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p.1).

         (11)  Recomendación de la ABE sobre el uso del identificador de entidad jurídica (LEI)(EBA/REC/2014/01), disponible en el sitio web de la ABE: https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/561173/1cb6db6b-1193-4550-bd64-160b8a61efc6/EBA_2014_00370000_ES_TRA.pdf

         (12)  Directrices relativas al uso del Identificador de Entidades Jurídicas (LEI) (EIOPA-BoS-14-026), disponible en el sitio web de la EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/eiopa_2014_00120000_es_tra.pdf?source=search

         (13)  Véase el artículo 13, apartado 2, del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/590, de 28 de julio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas a la comunicación de operaciones a las autoridades competentes (DO L 87 de 31.3.2017, p. 449), que establece que «Las empresas de servicios de inversión deberán determinar en la medida de lo posible las operaciones de venta en corto en las que su cliente sea el vendedor, incluso cuando la empresa de servicios inversión acumule órdenes de varios clientes».

         (14)  Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.° 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

         (15)  Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

         (16)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

         (17)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

         (18)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

         (19)  Recomendación JERS/2011/3 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (DO C 41 de 14.2.2012, p. 1).

         (20)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

         (21)  Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).


               27.11.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 411/199

      P8_TA(2019)0004
      Acuerdo Global UE-Kirguistán
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el Acuerdo Global entre la UE y la República Kirguisa (2018/2118(INI))
      (2020/C 411/28)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Visto el proyecto de Decisión (UE) 2017/… del Consejo, de 9 de octubre de 2017, por la que se autoriza a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones y negociar, en nombre de la Unión Europea, las disposiciones que son competencia de la Unión de un Acuerdo Global entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra (11436/1/17 REV 1),

                  —

                  Vista la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 9 de octubre de 2017, por la que se autoriza a la Comisión Europea a entablar negociaciones y negociar, en nombre de los Estados miembros, las disposiciones que son competencia de los Estados miembros de un Acuerdo Global entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra (11438/1/17 REV 1),

                  —

                  Vistas las bases jurídicas propuestas para el nuevo Acuerdo Global, a saber, el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 91, 100, apartado 2, 207 y 209 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

                  —

                  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) existente entre la Unión Europea y Kirguistán, que está en vigor desde 1999,

                  —

                  Vistas sus Resoluciones, de 15 de diciembre de 2011, sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia Central (1), y de 13 de abril de 2016, sobre la aplicación y revisión de la Estrategia de la UE para Asia Central (2),

                  —

                  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Kirguistán, incluidas las de 15 de enero de 2015 (3), de 8 de julio de 2010 (4) y de 6 de mayo de 2010 (5),

                  —

                  Vista la declaración de la VP/AR sobre las elecciones presidenciales en la República Kirguisa de 16 de octubre de 2017,

                  —

                  Vistas las conclusiones del Parlamento Europeo, de la misión internacional de observación de elecciones (IEOM) y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE-OIDDH), sobre las elecciones presidenciales,

                  —

                  Vista la declaración, de 3 de mayo de 2018, adoptada por la 13.a Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Kirguistán,

                  —

                  Vista la Decisión de la Unión Europea, de 2 de febrero de 2016, de conceder el estatuto SPG + a la República Kirguisa,

                  —

                  Vista su Posición, de 22 de octubre de 2013, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República Kirguisa (6),

                  —

                  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0450/2018),

                  A.

                  Considerando que, en diciembre de 2017, la Unión y Kirguistán iniciaron las negociaciones de un acuerdo global para sustituir al actual Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) entre la UE y Kirguistán, con objeto de mejorar e intensificar la cooperación en ámbitos de interés común, sobre la base de los valores compartidos de la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, dentro de un nuevo marco jurídico;

                  B.

                  Considerando que el acuerdo global requerirá la aprobación del Parlamento para entrar en vigor;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

            Principios generales

                  a)

                  que negocien y celebren un acuerdo entre la Unión y Kirguistán ambicioso, exhaustivo y equilibrado que sustituya al ACC de 1999 y que conforme la base de relaciones sólidas y duraderas y de un desarrollo estable, seguro y sostenible de ambas partes;

                  b)

                  que identifiquen las perspectivas estratégicas a corto y largo plazo en el acuerdo global y que establezcan una serie de objetivos bien definidos y estructurados para la cooperación con Kirguistán; que realicen más esfuerzos y profundicen la relación a fin de aumentar la visibilidad y la eficacia de la Unión en el país y en la región;

                  c)

                  que favorezcan la economía de mercado aportando beneficios sociales y económicos tangibles para los ciudadanos de ambas partes; que apoyen las normas sobre competencia y la seguridad jurídica mediante, entre otras cosas, el refuerzo de las instituciones independientes y transparentes;

                  d)

                  que garanticen un compromiso firme por ambas partes en favor del respeto y la promoción de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho desde el pleno cumplimiento de los criterios requeridos para el estatuto SPG + otorgado a la República Kirguisa, incluida la ratificación de las convenciones internacionales correspondientes y la aplicación efectiva de las conclusiones y recomendaciones de los órganos de supervisión pertinentes establecidos en virtud de estas convenciones; que faciliten y lleven a cabo un diálogo regular y orientado a los resultados sobre cuestiones de derechos humanos que interesen a ambas partes y que debería incluir a las autoridades y a la sociedad civil, con el objetivo de reforzar el marco institucional y las políticas públicas; que destaquen la pertenencia constructiva de Kirguistán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el periodo 2016-2018 y que alienten una mayor participación internacional de su parte;

                  e)

                  que contribuyan al refuerzo del multilateralismo y la cooperación internacional y desarrollen enfoques comunes de cooperación con los socios de Kirguistán con el fin de promover la seguridad internacional y de hacer frente eficazmente a los desafíos mundiales tales como el terrorismo, el cambio climático, las migraciones y la delincuencia organizada y contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a la nueva la estrategia nacional de desarrollo 2018-2040; y, más generalmente, que contribuyan a la estabilización y el crecimiento de Asia central;

            Diálogo político y cooperación regional

                  f)

                  que intensifiquen el diálogo político y la cooperación sectorial; que prevean un diálogo regular y sustancial sobre todas las cuestiones relevantes, tomando como base los formatos existentes;

                  g)

                  que intensifiquen la cooperación en relación con la gestión de crisis, la prevención de conflictos, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, la prevención de la radicalización violenta y la delincuencia transfronteriza, así como con la gestión integrada de las fronteras, desde el pleno respeto de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en consonancia con las modificaciones del Código Penal; y que garanticen que la Ley nacional n.o 150 sobre la lucha contra las actividades extremistas de 2005 es plenamente conforme con las normas internacionales;

                  h)

                  que mejoren las disposiciones aplicables al comercio y las relaciones económicas, mejorando el clima de inversión y contribuyendo a la diversificación de la economía kirguisa, beneficiando a ambas partes y fortaleciendo la seguridad jurídica y la transparencia reglamentaria; que apoyen la buena gobernanza, el funcionamiento del poder judicial y la reducción de la burocracia, así como el uso de todas las medidas disponibles para promover un desarrollo económico sostenible en aras de la consolidación y el desarrollo del sistema comercial multilateral basado en normas; que contribuyan a respaldar el establecimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas; que mejoren aún más las relaciones económicas y comerciales entre la Unión y Kirguistán en lo que respecta al estatuto SPG + y que insten a Kirguistán a que aplique los compromisos internacionales derivados de dicho estatuto, con el fin de fomentar el desarrollo económico del país;

                  i)

                  que mejoren la cooperación en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal; que incluyan secciones específicas que describan medidas y compromisos claros y firmes para luchar contra todas las formas de corrupción y que apliquen las normas internacionales y los convenios multilaterales contra la corrupción; que incluyan disposiciones sobre buena gobernanza fiscal y normas de transparencia que reafirmen el compromiso de las partes de aplicar normas internacionales en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales;

                  j)

                  que contribuyan a desarrollar la pertenencia de Kirguistán a la Organización Mundial del Comercio a través de reformas adecuadas de las inversiones extranjeras, las autoridades aduaneras y el acceso a los mercados internacionales;

                  k)

                  que mejoren la coordinación entre las posiciones de la Unión y de Kirguistán en los foros internacionales;

                  l)

                  que refuercen el diálogo interparlamentario entre Kirguistán y el Parlamento Europeo;

                  m)

                  que aseguren que el acuerdo haga especial hincapié en el cambio climático, la gestión del agua, así como en la preparación y prevención de los riesgos de desastres debidos al gran peligro de catástrofes naturales, incluidos los terremotos; que presten apoyo a Kirguistán en sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y sus decididos esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo sostenible;

            Disposiciones institucionales

                  n)

                  que garanticen la transmisión al Parlamento Europeo de las directrices de negociación, dentro del respeto de las normas de confidencialidad, para que el Parlamento pueda llevar un control adecuado del proceso de negociación, y que cumplan coherentemente las obligaciones interinstitucionales derivadas del artículo 218, apartado 10, del TFUE, según el cual se deberá informar al Parlamento plena e inmediatamente en todas las etapas del procedimiento;

                  o)

                  que compartan todos los documentos relacionados con las negociaciones, como las actas y los proyectos de textos negociados, e informen periódicamente al Parlamento;

                  p)

                  que velen por que se respete a todos los niveles la práctica habitual de no aplicar de forma provisional el nuevo Acuerdo hasta que el Parlamento no haya concedido su aprobación;

                  q)

                  que refuercen y amplíen la cooperación existente consagrada en el actual ACC, en el que ya se establecieron los siguientes órganos de cooperación y diálogo:

                              —

                              el Consejo de Cooperación a nivel ministerial;

                              —

                              el Comité de Cooperación a nivel de altos funcionarios, y los Subcomités de Comercio e Inversión y de Cooperación al Desarrollo;

                              —

                              la Comisión Parlamentaria de Cooperación (CPC);

                  r)

                  que refuercen el control interparlamentario dentro de una CPC reforzada en el nuevo Acuerdo, concretamente en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

                  s)

                  que garanticen la participación de la sociedad civil tanto durante las negociaciones como en la fase de ejecución del Acuerdo;

                  t)

                  que garanticen la inclusión de condiciones sobre la posible suspensión de la cooperación en caso de vulneración de elementos esenciales por cualquiera de las partes, previendo la consulta del Parlamento en tales casos;

                  u)

                  que asignen recursos adecuados tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros para la aplicación del acuerdo global, de manera que se garantice la consecución de todos los objetivos ambiciosos establecidos durante las negociaciones;

            Preocupaciones e intereses comunes relativos a los ámbitos de cooperación contemplados en el Acuerdo

                  v)

                  que tengan en cuenta el papel de Kirguistán como una de las pocas democracias nacientes de la región, por lo que requiere el apoyo político, diplomático, financiero y técnico de la Unión a largo plazo;

                  w)

                  que prosigan los esfuerzos en favor de la consolidación de una democracia parlamentaria operativa con un auténtico sistema pluripartidista y contrapoderes constitucionales, y que garanticen el escrutinio del Parlamento del poder ejecutivo, como uno de los países piloto en recibir el apoyo de la Unión a la democracia; que expongan la inquietud del Parlamento en relación con las enmiendas constitucionales de 2016, en particular un aumento considerable de los poderes del primer ministro, la supremacía de los fallos por parte de los tribunales nacionales sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos y la pérdida de independencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo; que fomenten la participación de las ONG en el desarrollo y la reforma de la legislación y las políticas del país, en particular con respecto a los instrumentos o mecanismos que afecten directamente a la acción de las organizaciones de la sociedad civil;

                  x)

                  que reafirmen la importancia de trabajar de manera sistemática en favor de los valores de la democracia y los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y la independencia del poder judicial;

                  y)

                  que fomenten un entorno favorable para los periodistas y los medios de comunicación independientes; que aseguren que Kirguistán permita la entrada de periodistas y trabajadores de derechos humanos extranjeros vetados en el país y la continuación de su labor sin interferencias indebidas;

                  z)

                  que reconozcan los progresos realizados en relación con el desarrollo pacífico y una mayor transparencia de las elecciones parlamentarias y presidenciales, y que insten a que se apliquen de manera continuada las recomendaciones formuladas por las misiones internacionales de observación electoral;

                  aa)

                  que insten a Kirguistán a contrarrestar toda tendencia autoritaria negativa, como la instrumentalización política de la administración de la justicia, las penas injustas dictadas por tribunales, los juicios injustos y no transparentes, la interferencia en la libertad de los medios de comunicación, la impunidad de los agentes con funciones coercitivas y los presuntos malos tratos y torturas de los detenidos, las extradiciones a países en los que las personas corran peligro de tortura o maltrato, así como la discriminación de las minorías y las limitaciones de la libertad de reunión y de expresión, y que insten a Kirguistán a investigar en profundidad todas las alegaciones de falsificación de pruebas, extorsión, tortura y malos tratos; que manifiesten su preocupación por el hecho de que los líderes políticos, así como los posibles candidatos presidenciales han sido encarcelados por presunta corrupción;

                  ab)

                  que expresen insatisfacción, en este contexto, por la ratificación de la sentencia a cadena perpetua impuesta al activista de derechos humanos Azimjon Askarov, que documentó la violencia interétnica en 2010 y que soliciten su liberación inmediata, la anulación de la condena y le ofrezcan rehabilitación y reparación;

                  ac)

                  que recuerden que la corrupción socava los derechos humanos, la igualdad, el comercio y la competencia leal, además de que ahuyenta la inversión extranjera, impidiéndose con ello el crecimiento económico, a la vez que disminuye también la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales;

                  ad)

                  que fomenten un compromiso sólido a favor del progreso social, la buena gobernanza y las buenas relaciones interétnicas e interreligiosas, la enseñanza y la educación como medios para consolidar las bases de la estabilidad y la seguridad; que sigan apoyando las medidas de consolidación de la paz y seguridad, y que redoblen esfuerzos en favor de la plena integración de las minorías, tras los enfrentamientos por motivos étnicos ocurridos en Kirguistán en 2010, con el fin de evitar conflictos en el futuro;

                  ae)

                  que contribuyan a superar problemas socioeconómicos y obstáculos del tipo al que hace referencia la Recomendación 202 de la OIT; en este contexto, que presten especial atención a los jóvenes mediante la promoción de intercambios académicos, juveniles y culturales; que presten especial atención al desarrollo regional, haciendo especial hincapié en las desigualdades entre norte y sur;

                  af)

                  que apoyen, promuevan y faciliten una mayor cooperación regional en Asia Central, que es una de las regiones menos integradas del mundo, en consonancia con la positiva dinámica actual, entre otras cosas, para aumentar la estabilidad y el desarrollo de toda la región; que reconozcan la participación del país en programas de la Unión orientados en este sentido, así como la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia Central, en ámbitos de la energía, la gestión del agua y retos medioambientales, así como en diálogos políticos regulares y sobre derechos humanos con la Unión;

                  ag)

                  que reafirmen que la adhesión de Kirguistán a la Unión Económica Euroasiática (UEE) no afectará a la consolidación de sus relaciones con la Unión, como lo demuestra la ratificación reciente del ACC reforzado entre la Unión y Kazajstán;

                  ah)

                  que tengan en cuenta el desarrollo de las relaciones de Kirguistán con China y Rusia; que alienten a Kirguistán a diversificar su economía con vistas a reducir su gran dependencia política de estos dos agentes externos; que tengan en cuenta el desarrollo de esas relaciones en el contexto de la aplicación de la estrategia china «Un cinturón, una ruta» (OBOR); que garanticen la mejora significativa de la lucha contra la propaganda difundida por los medios de comunicación rusos en el país;

                  ai)

                  que contribuyan a seguir mitigando las recientes tensiones diplomáticas y económicas en la región, también entre Kazajistán y Kirguistán;

                  aj)

                  que apoyen la mejora en curso de las relaciones diplomáticas con Uzbekistán, así como un diálogo constructivo sobre la gestión de los escasos recursos hídricos de la región;

                  ak)

                  que reconozcan las inquietudes de Kirguistán en materia de seguridad en relación con el deterioro de la situación de la seguridad en Afganistán y la respuesta al aumento de la radicalización en la región de Asia Central; que presten asistencia para el retorno desde el extranjero de los combatientes islamistas y de sus familiares; que refuercen la cooperación regional con los países de Asia Central, en relación con la lucha contra los movimientos y la delincuencia transnacional de los yihadistas que se base en la aplicación de unas medidas de control fronterizo jurídico, institucional y práctico en materia de lucha contra el terrorismo y la adopción de medidas preventivas contra la creciente radicalización religiosa violenta;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República Kirguisa.

         (1)  DO C 168 E de 14.6.2013, p. 91.

         (2)  DO C 58 de 15.2.2018, p. 119.

         (3)  DO C 300 de 18.2.2016, p. 10.

         (4)  DO C 351 E de 2.12.2011, p. 92.

         (5)  DO C 81 E de 15.3.2011, p. 80.

         (6)  DO C 208 de 10.6.2016, p. 177.