               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 513 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Chipre

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Chipre

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Chipre
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Chipre de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, un porcentaje muy elevado de préstamos dudosos lastra el sector financiero y los volúmenes de deuda privada, pública y externa de la economía son elevados, en un contexto de crecimiento potencial moderado.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. Ha ocasionado una importante perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal y como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1 y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97, así como en el artículo 3, apartado 5, y en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartió con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en los lugares de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la flexibilidad que el mercado único ofrece para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden que el mercado único funcione con normalidad tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha demostrado la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos son elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una mayor flexibilidad adicional y procedimientos racionalizados y simplificados. Para aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros pueden beneficiarse también de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Chipre a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual por todo el país debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las zonas que dependen en gran medida del turismo y, en términos más generales, de actividades empresariales que implican un contacto cara a cara con los clientes. Esto conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades territoriales en Chipre. Combinada con el riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 7 de mayo de 2020, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (11)Chipre se encuentra actualmente sujeto al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario empeore desde un superávit del 1,7 % del PIB en 2019 hasta un déficit del 4,3 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 0,4 % del PIB en 2021. Se espera que la ratio de deuda de las administraciones públicas/PIB, que disminuyó hasta el 95,5 % del PIB en 2019, aumente al 116,8 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. La elevada incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19 afecta a las perspectivas macroeconómicas y fiscales. Además, existen riesgos específicos del país subyacentes tras las previsiones presupuestarias, a saber, los pasivos contingentes explícitos y las necesidades potenciales de financiación de los hospitales públicos durante los primeros años de puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Seguro de Enfermedad.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Chipre ha adoptado medidas presupuestarias para incrementar las capacidades de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a los ciudadanos y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, esas medidas presupuestarias representan el 4,4 % del PIB. Incluyen el refuerzo de los servicios de asistencia sanitaria con un presupuesto adicional de hasta el 0,5 % del PIB, subvenciones salariales para mantener a los empleados en nómina en caso de suspensión de las actividades empresariales (2,7 % del PIB) y ayudas a la renta para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos (0,3 % del PIB). Además, Chipre ha anunciado medidas que, sin tener una incidencia presupuestaria directa, contribuirán a apoyar la liquidez de las empresas, como el aplazamiento del pago del IVA por un período de dos meses. En conjunto, las medidas adoptadas por Chipre se ajustan a las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según indican las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, si no cambian las políticas, el saldo de las administraciones públicas de Chipre será previsiblemente de -7 % del PIB en 2020 y -1,8 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 115,7 % del PIB en 2020 el 105 % en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que Chipre incumplió la norma en materia de deuda en 2019 y se prevé que su déficit no cumpla el valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. En términos generales, el análisis indica que el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 se cumple, mientras que el criterio de déficit no se cumple.

               (16)Chipre reaccionó al brote de COVID-19 con una serie de medidas para mitigar los efectos económicos de la crisis. El 15 de marzo de 2020 el gobierno presentó un programa de apoyo financiero para proteger la salud pública y garantizar la supervivencia económica de las empresas y los empleadores. Este programa asigna 100 millones EUR de apoyo financiero al sector sanitario para luchar contra la pandemia, en concreto para la contratación de personal médico, de enfermería y auxiliar adicional, y para equipos e infraestructuras. Contiene una serie de medidas destinadas a apoyar a las empresas mediante la mejora de la liquidez, por ejemplo regímenes de apoyo para las empresas y los trabajadores autónomos y suspensión temporal de los pagos del IVA para las empresas. El paquete incluye también una ayuda específica de 11 millones EUR para contribuir a la recuperación del sector turístico.

               (17)La crisis de la COVID-19 demuestra la necesidad de canalizar inversiones para mejorar y modernizar la asistencia sanitaria pública, restablecer las capacidades y llevar a cabo la reforma de la asistencia sanitaria. El nuevo sistema sanitario ofrece un mejor acceso a los servicios de atención primaria, una orientación adecuada y tratamientos basados en protocolos clínicos. Establece también el derecho universal a unos servicios sanitarios asequibles en el contexto del brote de COVID-19. Chipre dispone de un plan de emergencia contra la pandemia y ha asignado recursos adicionales para evitar la propagación y los contagios y gestionar sus efectos. A medio plazo, es preciso que Chipre destine inversiones a incrementar la eficacia, la accesibilidad y la resiliencia general del sistema sanitario. Asignarle más recursos evitará una futura escasez de personal médico, así como de infraestructuras y suministros médicos críticos. La realización sin contratiempos de la reforma de la asistencia sanitaria, según lo planeado, es fundamental para garantizar el acceso a esa asistencia y la cobertura universal. Las soluciones y las nuevas aplicaciones de sanidad digital contribuirían a aumentar la implantación de servicios de sanidad electrónica y a mejorar las teleconsultas y los mecanismos de alerta. Son esenciales políticas que mejoren la capacidad de los hospitales y las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y que garanticen el uso de equipos de protección individual, la realización de pruebas y la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos. La integración con los cuidados de larga duración y con la atención primaria y comunitaria es fundamental, teniendo en cuenta la evolución demográfica, y para apoyar a las personas más vulnerables, incluidas las personas con discapacidades.

               (18)Tras una tendencia positiva constante del mercado de trabajo durante los últimos años, Chipre experimentará ahora problemas en cuanto a sus niveles de empleo a causa de la crisis sanitaria. Son necesarios esfuerzos adicionales para minimizar los efectos socioeconómicos de la crisis. Chipre ha adoptado ya medidas de emergencia, como la aplicación de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y la ampliación de las prestaciones por desempleo a los trabajadores autónomos. Será importante conservar el empleo y garantizar la puesta en práctica de las medidas anunciadas, en estrecha consulta con los interlocutores sociales. El refuerzo de la capacidad de los servicios públicos de empleo con personal permanente será fundamental, en concreto para preservar la continuidad de los servicios de los asesores de empleo que trabajan con contratos temporales que expirarán en el segundo semestre de 2020. De este modo se evitará sobrecargar los servicios y se prestará un apoyo eficiente a los desempleados recientes y a otros grupos vulnerables, como los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben ningún tipo de formación, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad.  El apoyo a la transición de la escuela al trabajo y el acercamiento a los jóvenes requerirán especial atención, ya que los recién graduados podrían afrontar mayores dificultades para encontrar un empleo.

               (19)El brote de COVID-19 exige medidas adecuadas para mitigar las repercusiones sociales y apoyar las rentas de los hogares y sustentar una rápida recuperación de la economía. Según las estimaciones de la Comisión, se prevé que el desempleo aumente hasta el 8,6 % en 2020 y se recupere después hasta situarse en el 7,5 % en 2021. La demanda exterior de servicios disminuirá significativamente, ya que se espera que la crisis afecte con especial dureza al sector del turismo. Deben estar aseguradas medidas suficientes de sustitución de los ingresos para todos los trabajadores por cuenta ajena y autónomos afectados, incluidos aquellos cuya situación pueda no estar amparada por el acceso a la protección social. Los regímenes de protección social tienen que proteger a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores autónomos y a los desempleados. Hay margen para reforzar el sistema general de protección social y con ello evitar que aumenten los niveles de pobreza y desigualdad, en concreto con medidas de acercamiento a los más vulnerables, incluidos los niños, las personas inactivas, los trabajadores no declarados y las personas inmigrantes y descendientes de inmigrantes.

               (20)La promoción de disposiciones de trabajo flexible con la participación de los interlocutores sociales, en particular en forma de teletrabajo, es muy importante. A corto plazo, apoyarán a los trabajadores con responsabilidades imprevistas de cuidado de menores y otras personas dependientes, mientras que a largo plazo facilitarán la reincorporación al mercado de trabajo del alto porcentaje de mujeres laboralmente inactivas por haber asumido responsabilidades de cuidados. Puesto que las personas de edad avanzada y las personas con enfermedades crónicas presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades graves ocasionadas por el virus, la inversión en servicios de cuidados de larga duración de calidad es muy importante para garantizar la continuidad de estos servicios y su eficiencia corto y medio plazo.

               (21)Mejorar la calidad, la eficiencia y la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral es crucial en este contexto de crisis y para garantizar la rápida recuperación de este mercado. Equipar a las personas con las capacidades adecuadas es aún más importante en períodos en los que aumenta el número de quienes están expuestos a perder su empleo y tienen que estar preparados para realizar una transición laboral más adelante. Las restricciones de la movilidad han puesto de relieve las dificultades relacionadas con los bajos niveles de capacidades digitales en Chipre. Esto afecta negativamente a las actividades en línea, como el teletrabajo, la enseñanza a distancia y el uso de servicios de sanidad electrónica. La igualdad de acceso a las infraestructuras informáticas y a internet, en especial para los alumnos desfavorecidos, junto con una buena formación de los profesores, son factores decisivos para una educación digital y una enseñanza a distancia de calidad. Para hacer frente al bajo nivel de los resultados de la educación y la formación y, en términos más generales, mejorar las capacidades, es esencial continuar la reforma educativa, invirtiendo también en soluciones de enseñanza digital, aprendizaje en el trabajo y formación de aprendices, así como en el desarrollo de las competencias del personal docente para utilizar más eficazmente las herramientas informáticas.   Hay margen para subsanar las deficiencias en cuanto a capacidades básicas e incrementar la participación en la educación de adultos. Para acelerar su implantación, los programas de reciclaje profesional podrían diseñarse para su uso en línea, en la medida de lo posible, y, una vez contenida la pandemia, se integrarían las clases presenciales según fuera conveniente.

               (22)Mientras dure la crisis y en el período subsiguiente son y seguirán siendo necesarios fondos significativos para apoyar a las empresas. Es esencial garantizar un acceso suficiente a la financiación y la liquidez, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el fin de mantener la actividad empresarial y el empleo. En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas, es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Chipre ha implementado un de Plan de Apoyo para Medianas Empresas que subvenciona los pagos de los sueldos de las empresas con un máximo de cinco empleados. Además, la suspensión del incremento de las cuotas aportadas al sistema nacional de salud y el aplazamiento de los pagos de impuestos (por ejemplo, del IVA) aliviarán la presión inmediata. La rápida coordinación administrativa, el apoyo práctico y una comunicación eficaz sobre las medidas disponibles para respaldar a las pymes, en cooperación con sus estructuras de apoyo y con las organizaciones empresariales, son esenciales.  La agilización de los pagos contractuales por parte de las autoridades públicas también puede contribuir a mejorar el flujo de tesorería de las pymes. Las empresas emergentes de reciente creación y en expansión pueden necesitar apoyo específico, por ejemplo en forma de participaciones de instituciones públicas en el capital e incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en estas empresas. Sigue siendo importante hacer efectivas las medidas de apoyo en forma de capital preparadas antes de la crisis (Fondo de Energía de Chipre, fondo de coinversiones).

               (23)Para favorecer la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, incluso mediante las reformas pertinentes. Proteger y utilizar con eficiencia los recursos naturales del país es primordial para garantizar una recuperación económica sostenible y el crecimiento futuro. El mantenimiento del atractivo turístico del país requiere que se aborden retos relacionados con la transición hacia una energía ecológica, una gestión eficaz de los residuos y del agua y la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Aunque se han iniciado ya inversiones importantes, deben adelantarse más inversiones en estos ámbitos. Chipre afronta dificultades importantes para alcanzar su objetivo para 2030 en materia de emisiones de gases de efecto invernadero no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Estas dificultades deben tratar de resolverse mediante la planificación y la adopción oportunas de medidas adicionales de conformidad con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del país. Esas medidas requerirán inversiones, en particular en ámbitos como las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte sostenible, que pueden contribuir también a proporcionar un potente estímulo ecológico. Chipre debe mejorar también su sistema de gestión de residuos y la economía circular. La generación de residuos sigue siendo significativamente más elevada que la media de la UE, mientras que los índices de reciclaje siguen siendo significativamente inferiores a la media de la UE. El índice de depósito de residuos en vertederos es también muy elevado. La gestión de los recursos hídricos y de las aguas residuales, sobre todo en las zonas urbanas, se caracteriza por su ineficiencia. Las sequías y la escasez de agua constituyen preocupaciones graves y una respuesta política insuficiente puede afectar a la economía rural y al turismo del país. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Chipre a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Esto permitiría a Chipre garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (24)Las restricciones a la movilidad a causa de la COVID-19 han puesto de relieve la importancia de una infraestructura digital moderna, el acceso universal a internet y la disponibilidad de servicios digitales. Invertir en la economía digital es esencial para reforzar la productividad e impulsar la recuperación económica después de la crisis. Chipre se sitúa en el extremo inferior del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2020 de la Comisión. Solo el 45 % de los chipriotas de entre 16 y 74 años tiene al menos capacidades digitales básicas y los especialistas en informática representan aún una reducida proporción de la población activa en comparación con la media de la UE (2,7 % frente a 3,9 %), lo cual erosiona el potencial de la economía digital. El nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos es bajo, y solo el 51 % de los chipriotas interactúa en línea. El nivel del comercio electrónico (es decir, pymes que venden en línea, volumen de negocios procedente del comercio electrónico y ventas transfronterizas en línea) está mejorando (31,8 en 2019 frente a 29,4 en 2018) pero sigue por debajo de la media de la UE, de 40,1 (de 100).

               (25)Chipre puede mejorar más su sistema de investigación e innovación para apoyar el aumento de la productividad y la necesaria transición digital y medioambiental en un escenario postpandemia. La baja capacidad de absorción de investigación e innovación de las empresas supone un obstáculo para la competitividad de Chipre. La mejora de la cooperación entre el mundo académico y el empresarial y la comercialización de los resultados de la investigación siguen suponiendo un impedimento clave que requiere una actuación urgente. Sin embargo, medidas recientes como la creación de un nuevo ministerio de investigación e innovación, el nombramiento de un nuevo viceministro de Investigación, Innovación y Política Digital, y la nueva Estrategia Nacional de Investigación e Innovación 2019-2023, que eleva el objetivo de intensidad de investigación e innovación al 1,5% del PIB para 2023 (con respecto al 0,56 % actual) son avances prometedores.

               (26)Hacer frente a la planificación fiscal abusiva es fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales, como se reconoce en la recomendación de 2020 para la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada a nivel nacional que complemente la legislación de la Unión. Los datos económicos indican que las normas fiscales de Chipre se utilizan con fines de planificación fiscal agresiva. Chipre ha tomado medidas para afrontar esta situación mediante la aplicación de iniciativas internacionales y europeas y la adopción de algunas medidas nacionales adicionales. No obstante, características del sistema como la ausencia de retención en origen sobre los dividendos de salida, los pagos de intereses y cánones por empresas con sede en Chipre a residentes en terceros países y las normas sobre residencia fiscal de las empresas pueden seguir facilitando la planificación fiscal abusiva. El régimen de deducción de los intereses teóricos debe supervisarse estrechamente. Por último, el programa chipriota de naturalización de inversores por exención y el programa de residencia por inversión han sido clasificados por la OCDE como de alto riesgo en cuanto a la posibilidad de que se haga un uso indebido de ellos.

               (27)Un sistema judicial eficaz, que sigue siendo un factor clave para una economía atractiva, propicia para las inversiones y la actividad empresarial, será crucial en el proceso de recuperación. Las graves ineficiencias del sistema judicial siguen socavando el cumplimiento de los contratos e impiden la rápida resolución de asuntos civiles y mercantiles. Se ha anunciado una serie de reformas para tratar los problemas más graves que afectan al sistema judicial de Chipre, en particular el anacronismo de las normas de procedimiento civil y la digitalización de los tribunales, la tramitación del gran volumen de asuntos atrasados y la falta de formación continua para los jueces, pero los avances siguen siendo lentos.

               (28)El fortalecimiento de la resiliencia y la eficiencia de la administración pública es fundamental para garantizar la aplicación rápida y eficaz de las medidas de recuperación tras la COVID-19 en Chipre. Es preciso mejorar la coordinación entre la administración central y las administraciones locales y resolver la fragmentación y las ineficiencias a nivel local para eliminar los impedimentos que dificultan la coherencia en la aplicación, las inversiones y la prestación de servicios en el país. Impulsar la digitalización de la administración pública es clave para garantizar su propia continuidad, así como el acceso continuo y efectivo a los servicios públicos para ciudadanos y empresas.

               (29)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (30)Salvaguardar la solidez general del sistema bancario y gestionar los riesgos para la estabilidad financiera es esencial para sobrellevar la crisis de la COVID-19 y apoyar a la economía.  Aunque la estabilidad del sector bancario ha mejorado significativamente en los últimos años, la pandemia está sometiendo a tensiones a los bancos, al incrementar el riesgo de crédito y las presiones sobre la rentabilidad y la capitalización.   El sobreendeudamiento del sector privado y el gran volumen de préstamos dudosos generan vulnerabilidades y dificultades que limitan el alcance del apoyo crediticio. El sector bancario chipriota tiene el segundo porcentaje más elevado de préstamos dudosos de la zona del euro. Por consiguiente, los esfuerzos por reducir estos préstamos siguen siendo prioritarios, sobre todo para resolver los préstamos dudosos heredados, vencidos mucho antes de que comenzase la crisis de la COVID-19. Para lograr este objetivo, es esencial que progrese la sociedad de gestión de activos pública (KEDIPES), en particular por lo que respecta a su modelo organizativo y su estrategia. Cabe destacar el programa ESTIA, que trata de apoyar y proteger a los prestatarios vulnerables, aunque sigue siendo esencial equilibrar este objetivo con la mejora de la cultura de pago. A este respecto, el refuerzo de la ejecución de los créditos y la promoción del uso del marco de insolvencia ayudarían a apuntalar una reestructuración sostenible de los préstamos morosos. Por otra parte, la reducción del atraso en la expedición de escrituras de propiedad mediante una solución estructural para subsanar las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y la transmisión de escrituras de propiedad) sigue siendo una tarea importante.

               (31)Proseguir los esfuerzos encaminados a consolidar el marco para prevenir y sancionar la corrupción es clave para garantizar la recuperación en el período posterior a la crisis de la COVID-19 y para lograr una asignación y una distribución eficientes, responsables y transparentes de los fondos y los recursos. Si bien se está aplicando un plan de acción contra la corrupción, sigue pendiente la adopción de medidas y legislación clave, en particular los proyectos de ley para la mejora de la transparencia en la toma de decisiones públicas, el establecimiento de la autoridad independiente contra la corrupción, la denuncia de la corrupción y la protección de los denunciantes de irregularidades. Las disposiciones relacionadas con la independencia presupuestaria, la separación de funciones y los procedimientos de contratación de los despachos de abogados aún están incompletas.

               (32)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Chipre contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (33)Una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria es esencial para lograr una rápida recuperación frente a las repercusiones económicas de la COVID-19. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Chipre debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (34)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe específico de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (35)A la luz de esa evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (36)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que tratan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 3 y 4.

               RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, tomar todas las medidas necesarias para combatir la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, llevar a cabo políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias a medio plazo prudentes y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario para garantizar servicios de calidad y asequibles, también mediante la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

               2.Proporcionar medidas suficientes de sustitución de los ingresos y el acceso a la protección social para todos. Reforzar los servicios públicos de empleo, promover disposiciones de trabajo flexible y mejorar la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral.

               3.Garantizar un acceso suficiente a la financiación y la liquidez, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para favorecer la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y utilización limpias y eficientes de energía, la gestión de los residuos y del agua, el transporte sostenible, la digitalización, la investigación y la innovación.

               4.Intensificar la actuación para revisar los aspectos del sistema fiscal que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva de particulares y de multinacionales. Mejorar la eficiencia y la digitalización del sistema judicial y del sector público.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 512 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 518 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Malta

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Malta

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Malta
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Malta con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
                  5
               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya modificado los marcos normativos pertinentes
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                para que los Estados miembros puedan movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de la COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Malta a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)El 30 de abril de 2020, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 2 de mayo de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (10)Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (11)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un superávit de 0,5 % del PIB en 2019 a un déficit de 7,5 % del PIB en 2020. En 2021, se prevé que el déficit disminuya al 3,6 % del PIB. Tras bajar al 43,1 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB subiría hasta el 54,5 % del PIB en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (12)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Malta ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 4,1 % del PIB. Entre ellas se encuentran ayudas a las rentas del trabajo en los sectores en dificultades, el aumento de la capacidad de atención sanitaria y medidas sociales relacionadas con la COVID-19. Por otra parte, Malta ha anunciado medidas que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, respaldarán la liquidez de las empresas. El Programa de Estabilidad de 2020 estima que gracias a las garantías estatales los bancos podrán compensar la cartera de préstamos de nuevas empresas por hasta un 6,1 % del PIB Las garantías de préstamos son una de estas medidas. El Programa de Estabilidad de 2020 también confirma los aplazamientos del pago del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y las cotizaciones sociales anunciados. En general, las medidas adoptadas por Malta se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (13)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas maltesas debería situarse en el -6,7 % del PIB en 2020 y en el -2,5 % en 2021. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (14)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 que ha programado Malta. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (15)En respuesta a la pandemia de la COVID-19, Malta adoptó medidas de contención: una campaña de comunicación sanitaria eficaz, medidas de aislamiento físico, una cuarentena, medidas de seguimiento, un gran número de tests y rastreo de contactos. Las autoridades maltesas también han adoptado medidas para aumentar la capacidad de los hospitales, incluidos los dedicados a unidades de cuidados intensivos. La adquisición directa de equipos de protección individual se está llevando a cabo a nivel nacional. Malta también se ha incorporado al proceso de contratación pública conjunta de la Unión de equipos de protección individual, reactivos y tests de laboratorio y respiradores. Por lo que respecta a los medicamentos y a los principios activos, Malta está llevando a cabo un seguimiento activo de la situación para detectar y anticipar posibles carencias y adoptar medidas correctoras inmediatas, especialmente en caso que los países que normalmente suministran los medicamentos o principios activos cierren sus fronteras. El 12 de mayo de 2020, la Comisión aprobó un plan (por valor de 11,5 millones EUR) de apoyo a las inversiones para la producción de productos pertinentes a efectos de la COVID-19, entre ellos productos médicos, como vacunas, equipos médicos y hospitalarios, como respiradores, y ropa y equipo de protección. También ha habido una redistribución eficaz y un reciclaje de los profesionales sanitarios. A los especialistas en sanidad pública que solían ocupar cargos en organismos reguladores y en ministerios se les ha asignado un nuevo destino para ayudar a combatir esta pandemia.

               (16)El Gobierno de Malta ha apoyado financieramente a las empresas a para que desarrollen sistemas de teletrabajo y para que los trabajadores en cuarentena obligatoria reciban una prestación. El Gobierno también ofreció garantías y aplazamientos del pago de deudas tributarias a las empresas, incluidos los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores a tiempo completo de empresas que operen en sectores como la venta al por menor, la venta al por mayor, el turismo y la hostelería, que están sufriendo notablemente las consecuencias de la crisis de la COVID-19, o de sectores que hayan tenido que suspender temporalmente sus actividades en virtud del Decreto del superintendente de Salud Pública, tendrán derecho a una remuneración de hasta cinco días por semana, basada en un salario de 800 EUR por mes. Los empleados de sectores menos afectados tienen derecho a una remuneración de entre uno y dos días por semana, basada en un salario de 800 EUR por mes. El Gobierno también ha anunciado ayudas para las personas con discapacidad, las familias con hijos en las que ambos progenitores estén contratados por cuenta ajena pero ahora no puedan teletrabajar, los trabajadores que hayan perdido su trabajo debido a la crisis actual y los desempleados que viven en viviendas de alquiler. Por último, el Gobierno financiará hasta 2,5 puntos porcentuales de los tipos de interés de los préstamos bancarios contraídos por las empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19.

               (17)El sistema sanitario maltés presenta buenos resultados sanitarios. La pandemia de la COVID-19 ha sometido el sistema sanitario público maltés a unos niveles de presión sin precedentes. Se mejoraría su resiliencia si se realizasen esfuerzos centrados en el desarrollo de la capacidad del sistema de asistencia sanitaria para responder eficazmente a las crisis pandémicas, como la de la COVID-19. Los ámbitos siguientes requieren un seguimiento particular: i) la creciente dependencia de los enfermeros migrantes en el ámbito de los cuidados de larga duración, y el envejecimiento de los médicos de cabecera privados, dado que pueden plantear problemas; ii) las dificultades para ofrecer medicamentos nuevos e innovadores; iii) el nivel elevado de gastos directos de la asistencia primaria y ambulatoria y de algunos medicamentos; iv) las listas de espera para las especialidades de asistencia ambulatoria, que son siempre largas y han ido aumentando recientemente. La reorientación de la prestación de los servicios desde los hospitales hacia la atención primaria sigue siendo también una prioridad clave.

               (18)Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo suba al 5,9 % en 2020 y que se recupere en 2021, llegando al 4,4 %. Para paliar los graves efectos de la crisis en el empleo, Malta adoptó medidas de emergencia, en consulta con los interlocutores sociales, para evitar los despidos favoreciendo medidas de reducción del tiempo de trabajo. La adopción de medidas de reducción del tiempo de trabajo de forma más permanente también protegería los puestos de trabajo en la transición hacia la recuperación económica. Garantizar un apoyo y un acceso adecuados a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, y tener en cuenta las posibles prolongaciones de la duración del desempleo es crucial. El sistema de protección social maltés también debe garantizar que se presta un apoyo adecuado a los trabajadores extranjeros a la hora de: buscar un empleo alternativo, conservar los permisos de trabajo cuando sea posible y acceder a otros servicios sociales. La proporción de adultos poco cualificados es comparativamente elevada y se ve agravada por una también elevada proporción de jóvenes que abandonan la educación y la formación prematuramente. La crisis actual puede exacerbar la escasez de mano de obra cualificada en algunos sectores y redefinir las necesidades en otros. Resulta por ello más importante aún establecer con claridad las necesidades en materia de competencias y de reciclaje de los trabajadores, en particular en lo que se refiere a las capacidades para los ámbitos digital y ecológico. Malta ha realizado recientemente progresos en materia de educación y formación, pero sigue presentando problemas, como el alto porcentaje de alumnos con niveles insuficientes de competencias básicas.

               (19)En Malta, la crisis relacionada con la COVID-19 ha transformado en una prioridad urgente el apoyo a la liquidez de las empresas. Garantizar un flujo continuo de crédito y acceso a la financiación es esencial, especialmente para las pymes de los sectores más afectados. El sistema bancario está llamado a desempeñar una función fundamental en la aplicación efectiva de las medidas de liquidez, proporcionando préstamos y canalizando las garantías públicas, de manera que se supere el carácter conservador de las prácticas de préstamo previas a la crisis actual. En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas debe darse un peso importante a la resiliencia del sector bancario.

               (20)Para fomentar la recuperación económica, será fundamental anticipar parte de la financiación de proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, introduciendo las reformas que sean pertinentes. Las inversiones en apoyo de la recuperación brindan una oportunidad para encarrilar la economía maltesa por una vía más sostenible. La transición de Malta a una economía climáticamente neutra requerirá una inversión importante tanto pública como privada a lo largo de un período prolongado. La inversión destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, descrita en su plan nacional de energía y clima, y tratar otras externalidades medioambientales negativas, en particular en sectores como la construcción y el transporte, puede contribuir a alcanzar el doble objetivo de la recuperación económica y la sostenibilidad. Apoyar la renovación del parque inmobiliario existente y desarrollar planes de formación específicos para trabajadores del sector ayudará a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Con una mayor inversión en transporte sostenible se pueden garantizar alternativas viables al uso de automóviles privados. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Malta a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, tal y como se presente en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Malta garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (21)Conceder mayor importancia a la I+i y mejorar su integración en el entorno empresarial favorecerá la sostenibilidad del modelo económico basado en el conocimiento de Malta. Malta ha desarrollado servicios de administración electrónica para los ciudadanos y las empresas, en particular una serie de aplicaciones para dispositivos móviles. Sin embargo, su uso sigue siendo bajo. Para facilitar la transición digital de la economía, es fundamental fomentar el uso de los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos y las empresas.

               (22)El cambio de Malta hacia un sector de los servicios con vocación internacional y su especialización en los juegos a distancia, los activos virtuales y sus regímenes de ciudadanía y residencia si bien contribuyen al crecimiento económico, también la hacen propensa al blanqueo de capitales, riesgo que se debe mitigar. Para prevenir y combatir estos riegos, deben tomarse medidas para reforzar la función del supervisor en materia de blanqueo de capitales. También se ha mejorado la cooperación con las demás autoridades competentes. Sin embargo, suscita cierta preocupación la práctica de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta de contratar a personal de una consultora privada para ciertas tareas de supervisión. Las deficiencias en la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales siguen siendo un problema. Una mejora de la supervisión nacional de las empresas financieras con vocación internacional autorizadas para operar en Malta reforzaría el marco general de gobernanza. En el sector de los seguros, es esencial la cooperación entre supervisores nacionales y externos. También existe margen de mejora en la supervisión de las sucursales de los bancos de terceros países, así como en el enfoque orientado al riesgo y la valoración de la adecuación de la gestión de riesgos para las entidades bancarias.

               (23)La lucha contra la planificación fiscal abusiva sigue siendo fundamental para mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas fiscales. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Malta ha tomado medidas para hacer frente a las prácticas de planificación fiscal abusiva mediante la puesta en práctica de iniciativas internacionales y europeas acordadas previamente, pero el trato fiscal que reciben las empresas no residentes, así como los regímenes de nacionalidad y de residencia de los inversores, que ni siquiera exigen que una persona sea residente a efectos fiscales en Malta, plantean un riesgo de doble no imposición tanto para las empresas como para los particulares.

               (24)Malta también tiene que superar ciertas dificultades para reforzar su capacidad institucional de lucha contra la corrupción. Malta ha anunciado reformas para reforzar la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y está consultando a las partes interesadas pertinentes, en particular la Comisión de Venecia, sobre las reformas del sistema judicial. Deben adoptarse medidas concretas para completar estas reformas y hacerlas operativas.

               (25)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (26)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Malta contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (27)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones del Eurogrupo, Malta debe velar por que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y están coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (28)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Malta en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Malta, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (29)A la luz de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020 y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Malta que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario con respecto al personal sanitario, los productos médicos críticos y la atención primaria.

               2.Consolidar las medidas de reducción del tiempo de trabajo y garantizar la adecuación de la protección contra el desempleo para todos los trabajadores. Reforzar la calidad y el carácter inclusivo de la educación y el desarrollo de competencias.

               3.Garantizar la aplicación efectiva del apoyo a la liquidez de las empresas afectadas, incluidos los trabajadores por cuenta propia. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica.  Concentrar las inversiones en las transiciones ecológica y digital, en particular en la gestión de los residuos, en la I+i, en el transporte sostenible y en lo que se refiere a la producción y el uso limpios y eficientes de energía.

               4.Ultimar las reformas que tratan las deficiencias actuales de la capacidad institucional y la gobernanza para reforzar la independencia judicial. Mantener los esfuerzos para valorar adecuadamente y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y garantizar la aplicación efectiva del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Intensificar el control de los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva por parte de los particulares y las multinacionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 517 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 48.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        SWD(2020) 517 final.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.