title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, Relativa al Programa nacional de reformas de 2019 de dinamarca y por la que se emite un dictamen del consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de dinamarca

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/20

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      Relativa al Programa nacional de reformas de 2019 de dinamarca y por la que se emite un dictamen del consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de dinamarca
      (2019/C 301/04)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2019 sobre Dinamarca fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Dinamarca para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances de Dinamarca en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 15 de marzo de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019 el 10 de abril de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Dinamarca se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé un déficit global del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 y 2020. Tomando como base el saldo estructural recalculado (5), el objetivo presupuestario a medio plazo, a saber, un déficit estructural del 0,5 % del PIB, se superaría con creces durante la totalidad del período de programación, hasta 2025. Con arreglo al Programa de Convergencia de 2019, se prevé que el déficit de las Administraciones Públicas en relación con el PIB disminuya al 33,4 % en 2019 y se mantenga estable en 2020, antes de aumentar al 37,8 % del PIB en 2025. La hipótesis macroeconómica en la que se sustentan las previsiones presupuestarias es verosímil para la totalidad del período de programación. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,9 % del PIB en 2019 y del 1,0 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Los riesgos están relacionados con la caída de los ingresos procedentes de componentes volátiles, en particular el impuesto sobre el rendimiento de los fondos de pensiones. Desde un punto de vista global, el Consejo considera que Dinamarca probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (6)

                  El sistema danés de investigación e innovación se caracteriza por un elevado nivel de inversión, una sólida base de recursos humanos y la excelencia científica. Sin embargo, el panorama de la investigación y la innovación en Dinamarca se concentra en un número relativamente reducido de agentes, como grandes empresas y fundaciones, principalmente de los sectores farmacéutico y de la biotecnología, lo que hace que el sistema de investigación e innovación sea potencialmente vulnerable a las perturbaciones exteriores. Por lo tanto, parece haber margen de mejora en cuanto a invertir en la expansión de las empresas más innovadoras.

                  (7)

                  Garantizar la oferta de mano de obra en un momento de cambios demográficos y tecnológicos, y hacer frente al problema de la escasez de mano de obra, especialmente de trabajadores cualificados y especialistas en TIC, son aspectos fundamentales para favorecer un crecimiento sostenible e integrador en Dinamarca. Las reformas y las inversiones destinadas a mejorar el atractivo de la formación profesional y, con ello, lograr un mayor índice de participación en este tipo de formación pueden tener un efecto positivo en la oferta de trabajadores cualificados. También la inversión continuada en la formación para adultos, el aprendizaje permanente y la adquisición de competencias digitales puede ayudar a afrontar este reto. Además, sería beneficioso dedicar más esfuerzos a mejorar la integración de los grupos marginados y desfavorecidos en el mercado de trabajo. Esto se aplica, en particular, a los jóvenes con un bajo nivel de formación, las personas de origen migrante y aquellas con capacidad de trabajo reducida o con discapacidad. Por otra parte, los resultados educativos de los niños de origen migrante siguen planteando un desafío.

                  (8)

                  A pesar de la gran calidad de las carreteras, la congestión vial va en aumento, sobre todo en torno a las grandes ciudades. Además, es preciso descarbonizar el sector del transporte, lo que apunta a oportunidades de inversión en infraestructuras de transporte sostenible que permitan lograr la descarbonización y atajar el problema de la congestión vial, sin olvidar la implantación de la infraestructura necesaria para los combustibles alternativos. El Gobierno saliente ha presentado un plan para reducir la congestión en torno a las grandes ciudades. El plan, que supone la asignación de 112 000 millones DKK (casi el 6 % del PIB) entre 2020 y 2030, está pendiente de aprobación.

                  (9)

                  A pesar de que el nivel de productividad de la economía danesa sigue siendo uno de los más elevados de la Unión, su crecimiento viene disminuyendo desde hace décadas. Las empresas exportadoras registran un mayor crecimiento de la productividad que aquellas protegidas de la competencia con empresas extranjeras. Si bien Dinamarca ha adoptado medidas para favorecer el crecimiento de la productividad de las empresas que operan en los sectores de servicios orientados al mercado interno, el crecimiento de la productividad y la competencia en estos sectores aún van a la zaga. Dinamarca ha puesto en marcha medidas para reforzar la competencia en el sector financiero y ha seguido aplicando la estrategia relativa a los servicios públicos.

                  (10)

                  Tras varios años de fuerte crecimiento, ahora los precios de la vivienda parecen estar sobrevalorados, especialmente en las principales zonas urbanas. No obstante, el incremento de los precios de la vivienda se moderó en 2018. Por otra parte, a pesar del descenso continuado, la proporción entre la deuda de los hogares y la renta disponible sigue siendo la más elevada de la Unión. El porcentaje de préstamos hipotecarios de interés variable y amortización diferida va disminuyendo gradualmente, aunque todavía es alto. Parece que las nuevas medidas macroprudenciales han limitado el aumento de nuevos préstamos hipotecarios con unos ratios de endeudamiento y préstamo/valor muy elevados. En los últimos años, las autoridades danesas también han activado la reserva anticíclica y aplicado medidas para dotar a los bancos de una mayor resiliencia, y han adoptado una reforma del impuesto sobre los bienes inmuebles (efectiva a partir de 2021) para poner fin al sistema procíclico del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Con todo, la combinación de unos ratios préstamo/ingresos muy altos, una deuda elevada unida a una sensibilidad al tipo de interés también elevada, y unos precios de la vivienda sobrevalorados plantea riesgos de cara a la estabilidad económica y financiera, por lo que se justifica una vigilancia permanente.

                  (11)

                  La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se ha convertido en una prioridad para Dinamarca a raíz de un importante escándalo de blanqueo de capitales en el que estaba implicada la mayor entidad financiera del país. El Parlamento danés ha alcanzado acuerdos políticos para reforzar la supervisión y adoptar un nuevo paquete de lucha contra el blanqueo de capitales, que incluye una estrategia para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La estrategia se basa en ocho pilares, que comprenden el refuerzo de la cooperación entre los supervisores, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras partes interesadas pertinentes. No obstante, sigue habiendo retos, y el supervisor financiero aún tiene que adoptar medidas y directrices adicionales sobre la manera de consolidar la supervisión en estos ámbitos. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas.

                  (12)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Dinamarca aprovechar al máximo esos fondos en los sectores enumerados, habida cuenta de las disparidades regionales.

                  (13)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Dinamarca en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (14)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019 y estima (6) que cabe esperar que Dinamarca cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Dinamarca que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Centrar la política económica en materia de inversión en los ámbitos de la educación y las capacidades, la investigación y la innovación —con miras a ampliar la base de innovación para incluir a más empresas—, y el transporte sostenible —a fin de hacer frente al problema de la congestión vial—.

         2.

            Garantizar la supervisión efectiva y el cumplimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 16.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (6)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Alemania

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/24

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Alemania
      (2019/C 301/05)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Alemania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Alemania debe velar por la aplicación íntegra y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 y 2 que figuran más abajo. En concreto, las medidas de inversión y el apoyo al crecimiento salarial contribuirán a dar respuesta a la primera Recomendación para la zona del euro por lo que respecta a su reequilibrado, y el alivio de la carga fiscal sobre el trabajo contribuirá a dar respuesta a la tercera Recomendación para la zona del euro por lo que respecta al funcionamiento del mercado laboral.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Alemania fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Alemania con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas de años anteriores, así como los avances de Alemania en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Alemania está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el superávit por cuenta corriente, cuya disminución está siendo lenta, se mantiene elevado y tiene incidencia transfronteriza. El superávit se redujo ligeramente en 2018 ante el repunte de la demanda interna, y está previsto que siga disminuyendo gradualmente en los próximos años, aunque se mantendrá por encima del umbral fijado en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico. El superávit refleja la atonía de la inversión doméstica en comparación con el ahorro tanto en el sector público como en el privado. Se han adoptado medidas para potenciar la inversión pública y privada, que ha crecido en una medida sustancial, lo que ha contribuido a que el crecimiento se haya visto impulsado en mayor medida por la demanda interna. Ahora bien, en porcentaje del producto interior bruto (PIB), habría cabido esperar que la inversión y el consumo crecieran más gracias a las condiciones favorables de financiación, el retraso en materia de inversión pública, sobre todo a nivel municipal, y el margen presupuestario disponible. El crecimiento salarial se intensificó en cierta medida con el endurecimiento del mercado de trabajo, aunque el crecimiento de los salarios reales sigue siendo modesto.

                  (4)

                  Alemania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 16 de abril de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 el 17 de abril de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Alemania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé un superávit presupuestario de entre el 0,5 % y el 0,75 % del PIB en el período 2019-2023. Basándose en el saldo estructural recalculado (6), el objetivo presupuestario a medio plazo, que se sitúa en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, sigue superándose a lo largo de todo el período del Programa. De acuerdo con el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya por debajo del 60 % del valor de referencia del PIB establecido en el Tratado en 2019 y disminuya gradualmente hasta el 51,25 % en 2023. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son optimistas. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 1,1 % del PIB en 2019 y del 0,8 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se espera que la deuda de las Administraciones Públicas mantenga su firme tendencia decreciente. En general, el Consejo considera que Alemania probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. Al mismo tiempo, convendría que, respetando el objetivo presupuestario a medio plazo, se utilizaran las políticas presupuestarias y estructurales para lograr un crecimiento sostenido de la inversión pública y privada, en especial a nivel regional y municipal.

                  (7)

                  La inversión pública y privada aumentó considerablemente en 2018, pero la ratio de inversión se mantiene por debajo de la media de la zona del euro. La inversión pública en 2018 registró un crecimiento nominal del 7,7 % y un crecimiento real del 3,8 %, pero deben proseguirse los esfuerzos para compensar el retraso acumulado en materia de inversión. El crecimiento real de la inversión pública ha sido positivo en los tres últimos años, tras un período de tasas de crecimiento negativas. La inversión nominal a nivel municipal aumentó casi una quinta parte solo en 2018. Esto refleja los esfuerzos del Gobierno para impulsar la inversión. Ahora bien, la inversión a nivel municipal se mantuvo por debajo de la depreciación. Con respecto al informe de 2019 del Grupo Especial Municipal del Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW), el retraso en materia de inversión percibido acumulado en 2018 era del 4 % del PIB. Sumado a la favorable situación presupuestaria, esto indica que existe margen para aumentar la inversión en todos los niveles de gobierno, en particular por parte de los Estados federados y los municipios. La inversión en infraestructuras públicas se ve aún ralentizada por las limitaciones de capacidad y planificación a nivel municipal. Aunque se han introducido medidas para superar esas limitaciones, aún no se observan resultados tangibles sostenidos. Además, hay margen de mejora en materia de servicios públicos digitales y contratación pública. La inversión privada ha aumentado significativamente, pero no en todos los tipos de activos. La inversión en equipos registra un fuerte crecimiento en respuesta a unos niveles récord de utilización de la capacidad. En el sector de la vivienda se mantiene el auge de la inversión. Con todo, la construcción está dando muestras de limitaciones de capacidad y de subidas de precios. La construcción no residencial ha crecido lentamente en términos reales, lo que apunta a que las infraestructuras esenciales podrían no haberse adaptado a las necesidades de la economía.

                  (8)

                  El gasto público en educación se situó en el 4,1 % del PIB en 2017, por debajo de la media de la Unión, del 4,6 %, y en el 9,3 % del gasto público total, también por debajo de la media de la Unión, del 10,2 %. El gasto en educación e investigación fue del 9 % del PIB en 2017, por debajo del objetivo nacional del 10 %. Aunque el gasto en educación aumentó en términos reales, el marcado retraso en materia de inversión siguió acumulándose como consecuencia de la evolución demográfica. Los cambios legislativos que permiten añadir la inversión directa del Gobierno federal en educación digital a los recursos asignados por los Estados federados (Digitalpakt) son prometedores, pero aún deben arrojar resultados. Retos como el creciente número de estudiantes, la escasez de profesores, la digitalización y la expansión de la educación infantil y la atención a la infancia requerirán una financiación pública apropiada. Es esencial incrementar el gasto en educación, así como en investigación e innovación, para reforzar el potencial de crecimiento de Alemania y la adaptación a la evolución tecnológica.

                  (9)

                  Alemania ha progresado en los últimos años en lo que respecta a la intensidad de la investigación y el desarrollo (I+D), gracias sobre todo a un mayor gasto en I+D por parte de las grandes empresas, especialmente en los sectores de la fabricación de tecnología media a alta y del automóvil. La intensidad de I+D de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se sitúa muy por debajo de la media de la Unión y sigue rezagada. Las pymes tienden a beneficiarse menos que las grandes empresas de la cooperación con organismos públicos de investigación. Esos dos factores frenan la innovación empresarial, que muestra una tendencia a la baja a largo plazo. La intensificación de I+D es esencial no solo para reforzar la capacidad de innovación en todos los sectores económicos e impulsar la productividad, sino también para facilitar la transición hacia una economía hipocarbónica y circular, sobre todo en los ámbitos del transporte sostenible, las tecnologías de energía verde, la ecoinnovación y el reciclado, así como para seguir mejorando la productividad de la inversión pública y su contribución a esos objetivos.

                  (10)

                  La digitalización de la economía alemana avanza despacio, y el ritmo de adaptación de las pymes a las tecnologías digitales sigue siendo lento. Alemania se está quedando atrás en el despliegue de la banda ancha de muy alta capacidad (velocidades de gigabits) a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales, donde una mayor inversión podría aportar mejoras de productividad. La cobertura de las redes de acceso mediante fibra de alto rendimiento solo alcanza al 9 % de los hogares alemanes (cifras de mediados de 2018), frente a un promedio del 30 % en la Unión. En su lugar, la solución tecnológica preferida por el operador histórico sigue siendo la mejora de las redes existentes de cable de cobre (vectorización). A pesar de que muchos servicios dependen de una conexión a muy alta velocidad, 23 700 parques empresariales no estaban conectados a una red de fibra en 2017 y el 28 % de todas las empresas no tenían acceso a redes de al menos 50 megabits. Esa falta de conectividad frena la inversión, especialmente por parte de las pymes, muchas de las cuales están ubicadas en zonas rurales y semirrurales. La intervención pública en el despliegue de la infraestructura de banda ancha ultrarrápida (superior a 100 Mbps) en las zonas rurales sigue siendo crucial, y cabría explorar otras opciones más allá de las subvenciones. Los resultados en el ámbito de los servicios públicos digitales y la sanidad electrónica están por muy debajo de la media de la Unión. Solo el 43 % de los usuarios de internet alemanes utilizaron servicios de administración electrónica en 2018 (frente una media de la Unión del 64 %). En cuanto a la sanidad electrónica, el 7 % de los alemanes utilizaron servicios sanitarios y asistenciales prestados en línea (frente a una media de la Unión del 18 %). El 19 % de los médicos generalistas recurrieron a la receta electrónica (frente a una media de la Unión del 50 %).

                  (11)

                  En Alemania se necesitan más inversiones en infraestructuras de transporte y soluciones de movilidad limpia que respondan a los desafíos de la movilidad y la calidad del aire y respalden la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado en los cinco últimos años. La calidad del aire en Alemania suscita gran preocupación, sobre todo en las zonas urbanas donde el tráfico representa alrededor del 60 % de las nocivas emisiones de NOx. Convendría implantar soluciones de intermodalidad más avanzadas en el transporte de mercancías. Los automóviles siguen siendo con creces el medio de transporte más utilizado para los desplazamientos diarios y el tiempo medio perdido en atascos se aproxima a las 30 horas al año. Según las estimaciones, la congestión y la búsqueda de aparcamiento cuesta 110 000 millones EUR al año (cerca del 4 % del PIB de Alemania). Aunque el aumento más acusado de las nuevas matriculaciones recae en los vehículos que utilizan combustibles alternativos, las cifras siguen siendo reducidas. El recurso al uso compartido de automóviles y a los recorridos compartidos está aún muy por debajo de sus posibilidades. También se requerirá una considerable inversión pública y privada en nuevas cadenas de suministro de baterías y materias primas críticas.

                  (12)

                  La adaptación de las redes eléctricas alemanas a la producción renovable está siendo lenta y aún se requieren importantes inversiones en redes de transporte y distribución. Los grandes retrasos en la ejecución de un buen número de proyectos han acarreado costes significativos para las redes y los mercados de la electricidad en Alemania y en Europa. De los 1 800 km previstos en los proyectos de redes recogidos en la Ley de Expansión de la Red Energética de 2009, en el segundo trimestre de 2018 solo se habían ejecutado unos 800 km, en parte debido a la oposición de la opinión pública. Los retrasos en la ampliación de la red van a incrementar los costes ligados a la congestión y las distorsiones en el funcionamiento del mercado, tanto dentro de Alemania como en el plano transfronterizo. Las inversiones en redes energéticas que promuevan el acoplamiento sectorial, la diversificación y una infraestructura de redes adecuada son esenciales para la flexibilidad del sistema energético y para una mejor integración de todos los sectores de la economía con miras a la consecución de los objetivos en materia de energía y clima.

                  (13)

                  La vivienda en Alemania se ha vuelto menos asequible. Desde 2015, los precios de la compra y el alquiler de viviendas han aumentado más rápido que su media a largo plazo, especialmente en las grandes ciudades. El coste de la vivienda en 2017 fue excesivo para el 20 % de los alemanes de 65 años o más (es decir, el coste total de la vivienda representó más del 40 % de su renta disponible), frente a la media europea en esa franja de edad, que se situó en el 10 %. La tasa de sobrecoste de la vivienda correspondiente a la población con menores ingresos se situó 10 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión, del 35,3 %. El Gobierno reaccionó con ciertas medidas, entre ellas un «freno a los precios» que limitaba las subidas de los alquileres (Mietpreisbremse), un régimen de ayudas a la compra de vivienda (Baukindergeld) y una enmienda a la Ley Fundamental para permitir la financiación federal de la construcción de vivienda social. Con todo, la construcción de nuevas viviendas se mantiene considerablemente por debajo de la demanda y está muy lejos de alcanzar el objetivo del Gobierno de 375 000 viviendas al año. Convendría adoptar medidas adicionales como acelerar la construcción de vivienda social, mejorar las opciones de transporte y reformar la normativa en materia de uso del suelo y construcción.

                  (14)

                  Alemania se ha beneficiado particularmente de la integración en el mercado interior y desempeña un papel destacado en su desarrollo, pero las barreras a la competencia en el mercado alemán de los servicios a las empresas siguen siendo elevadas si se comparan con las de otros Estados miembros. Este problema afecta a varios sectores, entre los que figuran profesiones reguladas como la arquitectura, la ingeniería y los servicios jurídicos, donde las restricciones reglamentarias —por ejemplo, la reserva de actividades y la regulación de precios y tasas— obstaculizan la competencia. Ahora bien, también los servicios a las empresas no regulados se enfrentan a más restricciones al entorno empresarial general que en otros Estados miembros. La introducción de cambios en la regulación de los servicios a las empresas que refuercen la competencia impulsaría la eficiencia y eficacia de la inversión y la actividad económica.

                  (15)

                  Tras algunas mejoras en los últimos años, el año pasado se produjeron escasos avances en la reforma del sistema impositivo para impulsar la inversión privada y el crecimiento internos. El sistema impositivo sigue siendo complejo, falsea el proceso de toma de decisiones —por ejemplo, en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, la inversión y la financiación— y no proporciona incentivos a la inversión y el consumo lo suficientemente efectivos. Los mayores avances se registraron en el ámbito de la fiscalidad del trabajo, aunque las mejoras no se perciben en los datos. Todavía hay margen para reducir la fiscalidad del trabajo distorsionadora desplazando la carga fiscal sobre el trabajo hacia fuentes de ingresos que favorezcan en mayor medida el crecimiento inclusivo y sostenible. En 2018, la presión fiscal sobre el trabajo (cuña fiscal) se mantuvo entre las más altas de la Unión, tanto en los salarios medios como en los salarios bajos. Las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social son especialmente elevadas si se comparan con otros países, y las cotizaciones a la seguridad social en conjunto representan unos dos tercios de la cuña fiscal, frente a un tercio del impuesto sobre la renta. En cambio, los ingresos de la fiscalidad medioambiental como porcentaje del PIB están entre los más bajos de la Unión. El coste del capital y el tipo medio efectivo del impuesto sobre sociedades, que difieren entre los Estados federados, se encuentran entre los más altos de la Unión. El tipo medio efectivo de este impuesto ascendió al 28,8 % (total nacional), en comparación con una media del 20 % en la Unión. Debido a la interacción entre impuesto de sociedades, impuesto sobre actividades económicas locales e impuesto de solidaridad, el sistema del impuesto sobre sociedades es complejo, genera unos elevados costes de administración tributaria y distorsiona el nivel y la localización de la inversión. Además, el impuesto sobre sociedades falsea las decisiones de financiación con un sesgo en favor de la financiación mediante deuda, estimada como la tercera más elevada de la Unión según datos de 2017. La reducción de los costes de capital de las participaciones podría incrementar la inversión privada y reforzar el relativamente escaso desarrollo del mercado alemán del capital de riesgo.

                  (16)

                  El mercado laboral se mantiene firme, mientras que su potencial en determinados grupos sigue estando infrautilizado. La tasa de empleo de los trabajadores de entre 20 y 64 años alcanzó el 79,9 % en el cuarto trimestre de 2018, una de las más elevadas de la Unión. El desempleo descendió hasta un mínimo histórico del 3,2 % a principios de 2019. El elevado porcentaje de empleos no cubiertos y la escasez de mano de obra son cada vez más evidentes y restringen considerablemente la producción en algunos Estados federados y en algunos sectores. Aun así, el potencial del mercado laboral en determinados grupos, como las mujeres y las personas de origen migrante, está infrautilizado. El porcentaje de empleo femenino a tiempo parcial en Alemania, del 46,7 %, es muy elevado. La carga fiscal sobre el trabajo en Alemania sigue siendo relativamente alta, incluso en el caso de los trabajadores con salarios más bajos. La regulación específica de la tributación conjunta de los matrimonios (Ehegattensplitting) merma los incentivos de las personas que aportan el segundo ingreso del hogar para trabajar más horas. La tasa de empleo de las personas de origen migrante es significativamente menor que la de las personas de origen autóctono. Se han tomado medidas para apoyar la integración de los refugiados en el mercado laboral, pero persisten desafíos como su falta de dominio del alemán, la falta de cualificaciones o la imposibilidad de transferirlas, las responsabilidades de cuidado de niños y parientes y la falta de experiencia con las normas informales del mercado laboral alemán.

                  (17)

                  La jubilación de la generación del baby boom está afectando más a Alemania que a otros Estados miembros. A largo plazo, esta evolución demográfica ejercerá presión sobre las finanzas públicas alemanas y podría poner en peligro la idoneidad de las pensiones y alterar la proporción de población de mayor edad (de 65 años o más) en riesgo de pobreza o de exclusión social, actualmente reducida. Se espera que el país se enfrente en 2040 a uno de los mayores aumentos del gasto en pensiones públicas de la Unión, en porcentaje del PIB (de hasta 1,9 puntos porcentuales), y que la ratio de prestaciones de las pensiones públicas disminuya en 4,4 puntos porcentuales al 37,6 %, según el Informe de 2018 sobre el envejecimiento de la población (Comisión Europea, 2018). Las recientes reformas de las pensiones han elevado el nivel de las prestaciones de determinados grupos, pero aún no está claro si las prestaciones sociales conseguidas guardan proporción con su considerable coste presupuestario. El Gobierno fijó también un límite doble (doppelte Haltelinie) consistente en un porcentaje máximo de contribución a la pensión del 20 % y unas tasas mínimas de ingresos de sustitución del 48 % hasta 2025. Se espera que el mantenimiento de estos límites exija considerables transferencias fiscales que aumenten aún más la carga sobre las generaciones más jóvenes. Además, la cuestión de la idoneidad de los ingresos de jubilación relativos a los trabajadores con salarios bajos sigue pendiente de resolver.

                  (18)

                  Pese a la cada vez mayor escasez de mano de obra, el crecimiento de los salarios reales sigue siendo moderado, mientras que en 2018 los ingresos nominales aumentaron un 3,1 %. La concentración del crecimiento del empleo en los puestos de trabajo a tiempo completo mejor remunerados y la reducción del porcentaje de puestos de trabajo a tiempo parcial sobre el empleo total contribuyeron además al crecimiento salarial total en 2018, ligeramente por encima del aumento de la productividad. La cobertura de los convenios colectivos siguió descendiendo (en 2 puntos porcentuales de 2016 a 2017) y se situó en el 49 % en el oeste y en el 34 % en el este. Se observan diferencias de cobertura significativas entre sectores: es mayor en el sector público y en la industria y mucho menor en los servicios. En términos generales, los trabajadores con salarios reducidos se beneficiaron del salario mínimo introducido en 2015. El salario por hora en el extremo inferior de la distribución salarial, particularmente en los dos últimos deciles, aumentó en una medida sustancial, pero la proporción de trabajadores con salarios reducidos, que en 2017 se situaba en el 22,5 %, sigue excediendo con creces la media de la Unión. El número de personas que solo tienen un miniempleo disminuyó en un 6,8 % en el período 2010-2018, mientras que el empleo sujeto a la seguridad social aumentó alrededor del 18,1 % en el mismo período. El endurecimiento de las condiciones para promover el crecimiento salarial favorecería la demanda interna y contribuiría a reequilibrar la zona del euro.

                  (19)

                  La movilidad social ascendente es escasa en Alemania. Fuentes nacionales confirman que se ha avanzado poco en reducir la influencia del contexto socioeconómico en los resultados educativos. El país tiene un buen historial de integración de migrantes y refugiados recién llegados en la educación y formación, pero las personas de origen migrante tienen por lo general más dificultades que los estudiantes de origen autóctono; por ejemplo, sus tasas de abandono escolar prematuro son más elevadas y suelen tener problemas para encontrar plazas de formación de aprendices. Unas aulas cada vez más heterogéneas exigen grandes esfuerzos para reforzar la profesión docente en un contexto de escasez de profesores ya de por sí considerable. La participación de los trabajadores en el aprendizaje de adultos constituye un motivo de preocupación en lo que respecta al rendimiento futuro de los trabajadores en el mercado laboral, en particular para los 6,2 millones de adultos que no saben leer ni escribir.

                  (20)

                  Aunque el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha caído desde su nivel máximo en 2014, persisten dificultades en el terreno de la igualdad de oportunidades. En 2017, el riesgo de pobreza o exclusión social de los hijos de padres con bajo nivel de capacidades fue 67 puntos porcentuales más elevado que el de los hijos de padres altamente cualificados. Esta brecha es mucho mayor que la media de la Unión (53,9 puntos porcentuales).

                  (21)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Alemania utilizar de manera óptima esos fondos en los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

                  (22)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Alemania y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Alemania en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Alemania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (23)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima (7) que cabe esperar que Alemania cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (24)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, en particular la primera recomendación para la zona del euro. Las políticas presupuestarias a que se refiere la recomendación 1 siguiente contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios asociados al superávit por cuenta corriente.

            RECOMIENDA a Alemania que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Respetando el objetivo presupuestario a medio plazo, utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para lograr un crecimiento sostenido de la inversión pública y privada, en particular a nivel regional y municipal. Centrar las políticas económicas de inversión en los ámbitos de la educación, la investigación y la innovación, la digitalización y la banda ancha de muy alta capacidad, el transporte sostenible, las redes energéticas y la vivienda asequible, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Desplazar la carga fiscal sobre el trabajo hacia fuentes que perjudiquen menos el crecimiento inclusivo y sostenible. Estimular la competencia en los servicios a las empresas y las profesiones reguladas.

         2.

            Reducir los factores que desincentivan trabajar más horas, incluida la elevada cuña fiscal, en particular para los salarios bajos y las personas que aportan el segundo ingreso del hogar. Adoptar medidas para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, sin menoscabo de su idoneidad. Reforzar las condiciones necesarias para promover un crecimiento de los salarios, respetando el papel de los interlocutores sociales. Mejorar los resultados educativos y los niveles de cualificación de los grupos desfavorecidos.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 19.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Irlanda

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/35

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Irlanda
      (2019/C 301/07)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Irlanda debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 y 3 que figuran más abajo. En particular, centrar la política económica relacionada con la inversión en los ámbitos indicados e introducir medidas fiscales contribuirá a dar efecto a la segunda recomendación para la zona del euro en lo que respecta al apoyo a las inversiones, la mejora en las finanzas públicas y la lucha contra la planificación fiscal abusiva.

                  (3)

                  El informe por país de 2019 sobre Irlanda se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances de Irlanda en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los elevados volúmenes de deuda pública y privada y de pasivos exteriores netos hacen que Irlanda sea vulnerable a las perturbaciones adversas, aunque las variables de flujo han seguido mejorando. El volumen de deuda privada continúa siendo elevado, pero el crecimiento económico sigue contribuyendo a reducirlo. Las actividades de las multinacionales continúan incidiendo en el endeudamiento empresarial. La deuda de los hogares parece, en líneas generales, estar en consonancia con los fundamentos económicos, si bien resulta elevada en relación con la renta disponible. Se prevé que la deuda pública mantenga su trayectoria descendente, mientras el déficit va aproximándose a una situación de equilibrio. Los precios de la vivienda han aumentado rápidamente durante varios años, pero la subida se ha ralentizado recientemente. Dichos precios vienen ampliamente determinados por las limitaciones de la oferta y no hay indicios claros de sobrevaloración. Aunque todavía es considerable, el volumen de préstamos dudosos ha seguido contrayéndose, si bien la morosidad de larga duración disminuye con más lentitud.

                  (4)

                  Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 17 de abril de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 el 29 de abril de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Tal como dispone el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones a su acuerdo de asociación y programas correspondientes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore hasta alcanzar el 0,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 y que siga mejorando paulatinamente a partir de entonces hasta llegar al 1,3 % del PIB en 2023. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, se alcance de aquí a 2020. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 61,1 % en 2019 y siga reduciéndose hasta el 51,6 % en 2023. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. No obstante, no se han especificado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos de 2020 en adelante.

                  (7)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Irlanda que alcanzase el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 7,0 % en 2019, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que Irlanda cumpla el ajuste presupuestario recomendado en 2019.

                  (8)

                  Irlanda debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,7 % (8), lo que corresponde a un ajuste anual estructural del 0,7 % del PIB. Se prevé que Irlanda alcance el objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda de las Administraciones Públicas mantenga su firme tendencia decreciente hasta superar los requisitos de la norma en materia de deuda. En general, el Consejo considera que Irlanda probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. En vista de la diferencia entre las mediciones del PIB y de la producción nacional en Irlanda y del impacto correspondiente en la ratio deuda/PIB, de las actuales condiciones cíclicas de Irlanda y de los mayores riesgos externos, sería importante utilizar cualquier posible ingreso extraordinario para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas.

                  (9)

                  Las finanzas públicas han seguido mejorando gracias a un fuerte crecimiento de la producción, pero los riesgos de volatilidad de los ingresos persisten, y existe margen para lograr que los ingresos sean más resilientes frente a las fluctuaciones económicas y las perturbaciones adversas. Limitar el alcance y el número de los gastos tributarios y ampliar la base impositiva mejoraría la estabilidad de los ingresos frente a la volatilidad económica. Si bien Irlanda ha subido el tipo impositivo inferior del impuesto sobre el valor añadido aplicado a las actividades turísticas, algunas de las medidas fiscales más recientes se han centrado en las reducciones y las desgravaciones. Por otra parte, Irlanda aún tiene margen para mejorar la manera en que su régimen tributario puede contribuir a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente. Podría, por ejemplo, esforzarse por reducir las subvenciones a los combustibles fósiles y enviar a los inversores una señal de precios más fuerte comprometiéndose a adoptar un calendario de incrementos del impuesto sobre el carbono a lo largo de la próxima década.

                  (10)

                  Resulta fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los regímenes tributarios sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación de 2019 para la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Irlanda ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero el alto nivel de pagos en concepto de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es aprovechada por empresas que practican una planificación fiscal abusiva. La aplicación limitada de la retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) en concepto de cánones y dividendos realizados por compañías ubicadas en Irlanda puede dar lugar a que dichos pagos eludan por completo el abono de impuestos en aquellos casos en que tampoco estén sujetos a tributación en el país receptor.

                  (11)

                  Siguen existiendo riesgos de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo relacionados con el coste del envejecimiento de la población. Se prevé que el gasto en atención sanitaria aumente del 4,1 % del PIB en 2016 al 5,1 % en 2070, y que culmine en 2063 con un 5,2 %. Aunque existen aspectos del sistema sanitario en Irlanda que funcionan bien o que han mejorado, el sistema es ineficiente, tiene dificultades para satisfacer la demanda y no proporciona una atención coordinada e integrada. Con el objeto de mitigar la presión causada por el aumento de la demanda, el Gobierno irlandés aprobó la Estrategia de Implementación Sláintecare y creó la Oficina de Implementación del Programa Sláintecare para reformar integralmente y modernizar los servicios de asistencia social y sanitaria de Irlanda durante los diez próximos años. La reforma prevista presenta unas perspectivas verosímiles para lograr que el sistema sanitario sea universalmente accesible y sostenible, satisfaciendo las demandas de una población que envejece, trasladando los cuidados a la comunidad y haciendo más hincapié en la prevención. Es probable que esto tenga una incidencia positiva en la reducción de la dependencia de los cuidados agudos, lográndose así un uso más eficiente de los recursos en la atención sanitaria. Sin embargo, la puesta en práctica peligra debido a las dificultades del sistema sanitario para hacer frente al mercado de seguros de enfermedad duplicado y para gestionar de manera eficaz su propio presupuesto, rendimiento y trabajadores a corto plazo. Asimismo, será necesario contener los costes a corto plazo para cumplir los objetivos de Sláintecare a largo plazo.

                  (12)

                  A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora por el Gobierno para contener el gasto en las pensiones públicas, se prevé que el déficit general del sistema de pensiones crezca considerablemente como consecuencia del incremento del gasto en pensiones, que aumentará desde el 5 % del PIB en 2016 hasta el 6,6 % en 2070, y culminará en 2053 con un 7,5 %. Una ejecución plena y oportuna de la hoja de ruta presentada para la reforma de las pensiones es esencial para conseguir que el sistema de pensiones irlandés sea más sostenible desde el punto de vista presupuestario.

                  (13)

                  El aumento de la inversión en capacidades, educación, formación e inclusión social es esencial para mejorar la productividad de Irlanda y su crecimiento inclusivo a largo plazo. Un mercado de trabajo que se va a acercando al pleno empleo y la incipiente escasez e inadecuación de las capacidades en determinados sectores hacen que sea necesario realizar esfuerzos para llegar a grupos inactivos de trabajadores potenciales e invertir en el capital humano infrautilizado. Existe margen para promover la mejora de las capacidades y para una mayor adecuación entre los planes educativos y la formación profesional y las necesidades del mercado de trabajo. El bajo porcentaje de la población activa con competencias digitales básicas requiere más inversiones en el aprendizaje en el lugar de trabajo y en la mejora de las capacidades de la población activa adulta. La inversión en el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad y la ejecución del Programa Nacional para la Atención a la Infancia (National Childcare Scheme) contribuirán a incrementar la bastante baja tasa de empleo femenino. La tasa de participación de las personas con discapacidades en el mercado de trabajo se encuentra entre las más bajas de Europa. El número de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral sigue siendo uno de los más elevados de la Unión, lo que pone de relieve el margen para aplicar estrategias de activación laboral más integradas y mejor orientadas en apoyo de este grupo concreto.

                  (14)

                  Los años de baja inversión tras la contracción económica están pasando factura en que respecta a la disponibilidad de vivienda social asequible y de infraestructuras adecuadas en los sectores del transporte limpio y la energía, el agua y la banda ancha ultrarrápida, lo cual, a su vez, crea obstáculos para la inversión empresarial. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado de manera importante en cinco años. Unas infraestructuras mejoradas, combinadas con la ordenación del territorio, podrían ser un facilitador fundamental para mejorar la oferta de vivienda, aumentar la inversión privada, impulsar el aumento de la productividad y garantizar un desarrollo económico regional equilibrado. Una conectividad con garantías de futuro y unas capacidades digitales suficientes siguen siendo cruciales para que las empresas nacionales puedan utilizar la tecnología digital eficazmente y para la pujanza del sector nacional de la tecnología de la información y la comunicación. Existen aún retos importantes en cuanto al acceso a la banda ancha ultrarrápida, especialmente en las zonas rurales. Una mayor inversión en infraestructuras de energías limpias, transporte público y limpio y servicios relacionados con el agua, así como unos esfuerzos redoblados en los ámbitos de la descarbonización, la eficiencia energética, las energías renovables y la economía circular, ayudarían a Irlanda en su transición a una economía hipocarbónica y resiliente desde un punto de vista medioambiental.

                  (15)

                  Si bien la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional podría llevar finalmente a la construcción de infraestructuras básicas adicionales, la escasa capacidad del sector de la construcción podría convertirse en un obstáculo para su realización oportuna. Por otra parte, la diversificación de las conexiones de transporte marítimo y energéticas con la Europa continental podría incrementar la resiliencia de la economía frente a las perturbaciones externas. Por el momento, Irlanda no ha logrado desvincular su crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de forma constante, especialmente en el transporte, la agricultura, la energía y el ambiente construido. La falta de progresos en este ámbito hará más difícil para Irlanda cumplir sus obligaciones con la Unión y, al mismo tiempo, incrementará el coste de las medidas futuras.

                  (16)

                  La persistencia de la escasez de oferta, junto con el aumento de la demanda, siguen alimentando las subidas de precios de la vivienda. Aunque los precios no parecían sobrevalorados en 2017, la asequibilidad está convirtiéndose en motivo de preocupación. La escasez de la oferta de vivienda está afectando también a la vivienda social debido al carácter insuficiente de la inversión y la construcción durante la pasada década. Mientras que la demanda de vivienda social se estima en alrededor de 72 000 unidades, solo se prevé la puesta a disposición de 10 000 viviendas en 2019. Es preciso ayudar a 17 000 hogares a través del Housing Assistance Payment o el Rental Accommodation Scheme irlandeses (dos programa públicos de ayudas para el pago del alquiler), pero esto comporta el riesgo de exacerbar el aumento de los alquileres en el mercado privado de alquiler, en el cual la oferta es ya limitada. Un gran número de viviendas sociales están infraocupadas, especialmente en el área de Dublín, debido en parte a prácticas sucesorias anticuadas. La inadecuada combinación de tipos de viviendas sociales ofrecidas y la muy limitada cantidad de alojamientos asequibles y vivienda pública de alquiler a precio de coste son factores que agravan aún más la situación. Se trata de un motivo importante de aumento continuo en el número de personas y familias que viven en alojamientos improvisados, con unas cifras de personas sin hogar que han alcanzado nuevos máximos en febrero de 2019.

                  (17)

                  El fomento de la productividad basada en la innovación de las empresas nacionales es esencial para apoyar un aumento de la productividad más fuerte y resiliente en el país. El gasto de las empresas en investigación y desarrollo (I+D) sigue incrementándose, pero permanece por debajo de la media de la Unión y está altamente concentrado en las empresas de propiedad extranjera. Existe margen para adaptar las políticas de innovación de manera que ofrezcan más apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) irlandesas. Las ayudas indirectas (por ejemplo, los créditos fiscales) siguen siendo el principal instrumento de apoyo público a la I+D en Irlanda (representa en torno al 80 % del total de las ayudas públicas). Unos vínculos más sólidos entre las empresas multinacionales y las nacionales podrían contribuir a mejorar la difusión de la innovación en la economía. Además, una cooperación más estrecha entre las empresas y los centros públicos de investigación incrementaría también el potencial innovador.

                  (18)

                  Aunque los bajos niveles de I+D públicos siguen causando preocupación (1,05 % del PIB frente a una media del 2 % en la Unión), el recientemente adoptado programa Future Jobs Ireland 2019 aporta un prometedor marco para el estímulo de la innovación y el cambio tecnológico y la mejora la productividad de las pymes. Sin embargo, su aplicación íntegra dependerá de un considerable aumento del gasto público en investigación e innovación y de que el programa recientemente adoptado se traduzca en medidas políticas concretas. Por el momento, en esta ambiciosa lista de medidas faltan todavía detalles importantes y fechas precisas de aplicación. Así, en lo que respecta a las acciones que han de emprenderse en 2019, no se han determinado medidas para incrementar la disponibilidad de inversión en capital a largo plazo para ayudar a las empresas nacionales a crecer; la combinación de políticas para incentivar a las pymes a invertir en nuevas tecnologías combina créditos fiscales e incentivos de naturaleza no fiscal para animar a las pymes a invertir en innovación, pero el alcance relativo de estas medidas sigue sin conocerse. El programa Future Jobs Ireland 2019 no incluye medidas específicas ni resultados concretos para colmar la brecha existente entre Irlanda y otros Estados miembros en cuanto a la creación de redes de banda ancha con garantías de futuro en consonancia con los objetivos de la Sociedad Europea del Gigabit 2025 de la Unión. Se espera que el plan nacional de banda ancha ayude a colmar esta brecha.

                  (19)

                  Las disparidades regionales en Irlanda son considerables y se han ido incrementando durante la última década. En Irlanda se dan disparidades económicas regionales bastante elevadas en comparación con otros Estados miembros en términos de PIB per cápita. Entre 2000 y 2016, el PIB per cápita en las regiones de Eastern y Southern se incrementó en un 74 %, 63 puntos porcentuales más que en las regiones de Border, Midland y Western, y el incremento se ha acelerado desde 2012. En 2016, el PIB per cápita en las regiones Eastern y Southern era 2,6 veces más alto que en las regiones de Border, Midland y Western. El área de Dublín, en la que reside el 40 % de la población de Irlanda, contribuyó con 62 puntos porcentuales al crecimiento del PIB entre 2000 y 2016.

                  (20)

                  Las barreras normativas al emprendimiento (en particular, determinadas regulaciones relativas a los bienes inmuebles de uso comercial y los servicios jurídicos) afectan negativamente a la entrada y salida de empresas y, con ello, a la productividad de las empresas nacionales irlandesas. Las barreras a la entrada en los mercados minoristas suponen un reto. Irlanda figura entre los cinco países con el mayor número de requisitos procedimentales para la apertura de establecimientos minoristas. Los minoristas se enfrentan a obstáculos procedimentales que retrasan la apertura de nuevas tiendas e incrementan sus costes, y pueden tener una incidencia negativa en la estructura y las dinámicas de mercado.

                  (21)

                  La nueva Legal Services Regulation Act (Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos) está aún por aplicar, dado que la introducción de la normativa sigue experimentando importantes retrasos a pesar de las consultas preparatorias en curso. Sigue habiendo incertidumbre en cuanto a si se permitirá el acceso profesional directo a los abogados en relación con asuntos contenciosos y si se permitirá a las personas jurídicas convertirse en socios en cualquier tipo de despacho jurídico. Sin embargo, han de evitarse las normas de explotación y gestión excesivamente complejas para los despachos multidisciplinares. La aplicación ambiciosa de un programa abierto de reformas reviste la máxima prioridad. Se supone que «Ambition 2.3», que forma parte del programa Future Jobs Ireland 2019, ha de abordar los problemas asociados con el coste de los servicios jurídicos, pero el único objetivo concreto para 2019 no es firme y el calendario para su consecución es ambiguo. Los retrasos en la aplicación de esta reforma contribuyen al alto coste de los servicios jurídicos en Irlanda, lo cual redunda en detrimento de las empresas, en particular de las pymes, y de los particulares. Dado que los servicios jurídicos son un importante insumo para otros servicios empresariales, las restricciones en este sector contribuyen al elevado coste de otros servicios (el de las aseguradoras, por ejemplo).

                  (22)

                  Las ratios de préstamos dudosos han seguido cayendo y habían bajado 4,4 puntos porcentuales hasta alcanzar el 5,5 % interanual en el cuarto trimestre de 2018. Los bancos van camino de conseguir con holgura sus objetivos de reducción gracias a las ventas de activos de cartera, los esfuerzos de reestructuración y la subida de los precios inmobiliarios. Los atrasos prolongados en los pagos de préstamos hipotecarios (de más de dos años desde la fecha del vencimiento) siguen siendo relativamente altos, lo cual contribuye a mantener la ratio de préstamos dudosos por encima de la media de la zona del euro. Se ha propuesto una serie de iniciativas y de anteproyectos de ley como, por ejemplo, el anteproyecto de ley «no consent, no sale» (sin consentimiento no hay venta) para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la resolución de los préstamos dudosos, incluido en el caso de los hogares vulnerables. El registro de créditos entró en funcionamiento de manera plena para los créditos al consumo en 2018 y será decisivo a la hora de determinar si los prestatarios están en condiciones de rembolsar sus deudas. Los procedimientos concursales y la utilización de opciones judiciales y extrajudiciales para la resolución de los atrasos en los pagos siguen siendo limitados. Seguir reduciendo los atrasos prolongados en los pagos de préstamos hipotecarios, al tiempo que se aprovechan las iniciativas en favor de los hogares vulnerables sin crear obstáculos indebidos a la resolución de los préstamos dudosos, continúa suponiendo un reto y requiere un seguimiento permanente.

                  (23)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Irlanda aprovechar al máximo esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta de las disparidades regionales.

                  (24)

                  En el marco del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Irlanda en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Irlanda, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (25)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima (9) que cabe esperar que Irlanda cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (26)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 3 que figuran a continuación. Estas recomendaciones también contribuyen a la aplicación de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, en particular la segunda recomendación para la zona del euro. Las políticas presupuestarias a que se refiere la recomendación 1 siguiente contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios asociados a una deuda pública elevada.

            RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas. Limitar el ámbito y el número de gastos fiscales y ampliar la base impositiva. Seguir abordando los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva, y centrarse especialmente en los pagos salientes. Hacer frente al incremento previsto del gasto relacionado con el envejecimiento, haciendo que el sistema sanitario sea más eficiente y ejecutando íntegramente los planes de reforma de las pensiones.

         2.

            Prestar apoyo personalizado para la reinserción laboral y facilitar la mejora de las capacidades, especialmente para los grupos vulnerables y las personas que viven en hogares con baja intensidad laboral. Incrementar el acceso a unos servicios de atención infantil asequibles y de calidad.

         3.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en la transición a la energía hipocarbónica, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte sostenible, el agua, la infraestructura digital y la vivienda social y asequible, todo ello teniendo en cuenta las disparidades regionales. Aplicar medidas, incluidas las de la estrategia Future Jobs, para diversificar la economía e incrementar la productividad de las empresas irlandesas (especialmente la de las pymes) utilizando más instrumentos de financiación directa para estimular la investigación y el desarrollo y reduciendo los obstáculos normativos al emprendimiento.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 27.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas. El valor de referencia para el gasto de Irlanda refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015. Siguiendo el enfoque adoptado por las autoridades irlandesas en sus cálculos presupuestarios para 2017, la Comisión ha tomado la media de las tasas de crecimiento potencial de 2014 y 2016.

         (8)  Como en 2019, el valor de referencia para el gasto refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015.

         (9)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.