title: Recomendación de la Comisión, de 18 de junio de 2019, sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Polonia para el período 2021-2030

text:
               3.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/80

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
      de 18 de junio de 2019
      sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Polonia para el período 2021-2030
      (2019/C 297/21)
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, cada Estado miembro debe presentar a la Comisión un proyecto de plan nacional integrado de energía y clima para el período de 2021 a 2030 conforme al artículo 3, apartado 1, y al anexo I de dicho Reglamento. El plazo de presentación de los primeros proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima concluyó el 31 de diciembre de 2018.

                  (2)

                  Polonia presentó su proyecto de plan nacional integrado de energía y clima el 9 de enero de 2019. La presentación de estos proyectos constituye la base y el primer paso del proceso iterativo entre la Comisión y los Estados miembros para la finalización y posterior ejecución de los planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (3)

                  De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión debe hacer una evaluación de los distintos proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. A este respecto, la Comisión hizo una evaluación exhaustiva del plan nacional integrado de energía y clima de Polonia, teniendo en cuenta los elementos pertinentes del Reglamento (UE) 2018/1999. Dicha evaluación (2) se publica junto con la presente Recomendación. Las recomendaciones formuladas a continuación se basan en esa evaluación.

                  (4)

                  Las recomendaciones de la Comisión pueden abordar, en particular: i) el nivel de ambición de los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones con vistas a la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030; ii) las políticas y medidas relacionadas con los objetivos del Estado miembro y a nivel de la Unión y las demás políticas y medidas de relevancia potencial transfronteriza; iii) cualquier política o medida adicional que pudiese ser necesaria en los planes nacionales integrados de energía y clima; iv) las interacciones y la coherencia entre las políticas y medidas existentes y las previstas en el plan nacional integrado de energía y clima dentro de una dimensión y entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía.

                  (5)

                  Al elaborar sus recomendaciones, la Comisión tuvo en cuenta, por una parte, la necesidad de sumar determinadas contribuciones cuantificadas previstas de todos los Estados miembros a fin de evaluar la ambición a nivel de la Unión y, por otra, la necesidad de proporcionar el tiempo oportuno al Estado miembro de que se trate para que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión antes de finalizar su plan nacional.

                  (6)

                  Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables se basan en una fórmula establecida en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999, que se ajusta a criterios objetivos.

                  (7)

                  En lo que concierne a la eficiencia energética, las recomendaciones de la Comisión se basan en la evaluación del nivel de ambición nacional plasmado en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima, en comparación con el nivel de esfuerzo colectivo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, la información facilitada sobre circunstancias nacionales específicas. Las contribuciones nacionales finales en el ámbito de la eficiencia energética deben reflejar el potencial de ahorro energético rentable e ir acompañadas de una sólida estrategia de renovación de edificios a largo plazo y de medidas destinadas a cumplir la obligación de ahorro de energía impuesta por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Los Estados miembros deben demostrar también que han tenido debidamente en cuenta el principio «primero, la eficiencia energética», explicando en particular cómo contribuye la eficiencia energética a alcanzar de forma rentable los objetivos nacionales de una economía hipocarbónica competitiva, de seguridad del suministro energético y de lucha contra la pobreza energética.

                  (8)

                  El Reglamento sobre la gobernanza exige que los Estados miembros presenten una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones que se establecen en el plan nacional integrado de energía y clima, así como una evaluación general de las fuentes de dicha inversión. En los planes nacionales de energía y clima debe velarse por la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales para garantizar la seguridad de la inversión.

                  (9)

                  Paralelamente, en el marco del ciclo del Semestre Europeo 2018-2019, la Comisión ha hecho especial hincapié en las necesidades de inversión de los Estados miembros relacionadas con la energía y el clima. Así se refleja en el informe sobre Polonia de 2019 (4) y en la Recomendación de la Comisión de Recomendación del Consejo a Polonia (5), como parte del proceso del Semestre Europeo. La Comisión ha tenido en cuenta las últimas conclusiones y recomendaciones del Semestre Europeo en su evaluación de los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. Las recomendaciones de la Comisión complementan las recomendaciones específicas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo y, por consiguiente, los Estados miembros deben tener en cuenta también dichas recomendaciones específicas en sus planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (10)

                  Además, el Reglamento sobre la gobernanza exige que todos los Estados miembros tengan debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión sobre el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima que deben presentar de aquí al 31 de diciembre de 2019 y que, si no abordan una recomendación o una parte sustancial de una recomendación, expongan los motivos y los hagan públicos.

                  (11)

                  En su caso, los Estados miembros deben comunicar en sus planes nacionales integrados de energía y clima, y en las actualizaciones de años posteriores, los mismos datos que en sus notificaciones a Eurostat o a la Agencia Europea de Medio Ambiente. También es esencial hacer uso de la misma fuente y de estadísticas europeas, cuando estén disponibles, para calcular la base de referencia utilizada en la elaboración de modelos y proyecciones. El uso de estadísticas europeas mejorará la comparabilidad de las proyecciones y los datos utilizados en los planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (12)

                  Todos los elementos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1999 deben incluirse en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. En este contexto, debe evaluarse el impacto macroeconómico de las políticas y las medidas previstas y, en la medida de lo posible, sus repercusiones sociales y su incidencia en los ámbitos de la salud, el medio ambiente, el empleo, la educación y las capacidades. Debe preverse la participación del público y de otras partes interesadas en la preparación de la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. Estos y otros elementos se describen detalladamente en el documento de trabajo publicado junto con la presente Recomendación (6).

                  (13)

                  Teniendo en cuenta la limitada información sobre las interacciones entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía facilitada en el proyecto de plan, en el plan final se podrían especificar las interacciones clave entre esas dimensiones en lo concerniente tanto a los niveles de ambición nacional como a los instrumentos de políticas provisionales, previstos, adicionales y existentes. En el plan final se podrían tratar más específicamente las interacciones entre las dimensiones de descarbonización, eficiencia energética y seguridad energética. Se podría contribuir a ello ampliando la evaluación de impacto global facilitada, por ejemplo, cuantificando el efecto que una oferta sostenible de biomasa con fines energéticos tendría sobre las emisiones y absorciones contabilizadas del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura y abordando los riesgos para la seguridad energética como consecuencia del cambio climático. Por otra parte, el buen punto de partida de las necesidades de inversión y los gastos en los sectores de producción de electricidad y energía podría ampliarse, en el plan final, a la demanda de energía y los sectores no energéticos en todas las dimensiones de la Unión de la Energía. Asimismo, los objetivos perseguidos en la dimensión de investigación, innovación y competitividad deben contribuir a los esfuerzos previstos en el marco de las demás dimensiones de la Unión de la Energía.

                  (14)

                  Se podría mejorar la versión final del plan nacional integrado de energía y clima presentando un análisis global de la posición que ocupa actualmente el sector de las tecnologías hipocarbónicas en el mercado mundial, en el que se determinaran áreas de fortaleza competitiva y posibles desafíos, se señalaran objetivos cuantificables para el futuro, así como políticas y medidas para alcanzarlos, y se establecieran vínculos adecuados con la política empresarial e industrial. También podría mejorarse mediante una mayor interacción con la economía circular, haciendo especial hincapié en su potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

                  (15)

                  Las recomendaciones de la Comisión a Polonia se basan en la evaluación del proyecto de plan nacional integrado de energía y clima de Polonia, que se publica junto con la presente Recomendación (7).

            RECOMIENDA A POLONIA QUE ADOPTE MEDIDAS PARA:

                  1.

                  Proporcionar más información sobre las políticas y medidas que tiene previsto aplicar para abordar el retraso sustancial respecto a su objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero del 7 % en 2030 respecto a 2005 en sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Ello supone, entre otras cosas, aclarar las medidas de transporte y ofrecer más información sobre las medidas adicionales, especialmente en los sectores de la construcción, la agricultura y el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y la aplicación de las normas contables establecidas en el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

                  2.

                  Aumentar el nivel de ambición de su contribución al objetivo de la Unión en materia de energías renovables para 2030 hasta un mínimo del 25 %, de acuerdo con la fórmula del anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999. Incluir una trayectoria indicativa en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima que alcance todos los puntos de referencia con arreglo al artículo 4, letra a), punto 2, del Reglamento (UE) 2018/1999 conforme a dicha cuota, teniendo en cuenta la necesidad de incrementar el nivel de esfuerzo para alcanzar ese objetivo de forma colectiva. Proponer políticas y medidas detalladas y cuantificadas acordes con las obligaciones establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y que permitan una consecución oportuna y rentable de esa contribución. Garantizar que el objetivo en materia de energías renovables para 2020 establecido en el anexo I de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) se cumpla plenamente y se mantenga como base de referencia a partir de 2021, y explicar cómo se cumplirá y mantendrá esa cuota de referencia. Aumentar el nivel de ambición en el sector de la calefacción y la refrigeración para cumplir el objetivo indicativo incluido en el artículo 23 de la Directiva (UE) 2018/2001 y definir medidas detalladas para cumplir el objetivo relativo al transporte establecido en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima de conformidad con el artículo 25 de dicha Directiva. Ofrecer más información y medidas sobre la simplificación de los procedimientos administrativos y sobre los marcos facilitadores para el autoconsumo de energías renovables y las comunidades de energías renovables, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Directiva (UE) 2018/2001.

                  3.

                  Revisar sus contribuciones y definir políticas y medidas adicionales que puedan aumentar el ahorro energético teniendo en cuenta la necesidad de dedicar un mayor esfuerzo a alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030. El nivel de ambición propuesto de reducir la contribución final debe justificarse mejor y estar respaldado por un ahorro adecuado y cuantificado derivado de las políticas y medidas. Apoyar las políticas y medidas con una evaluación de impacto y facilitar información más detallada sobre la escala y el calendario de ejecución. Seguir explorando políticas y medidas en el transporte, teniendo en cuenta el aumento previsto de la demanda energética de este sector en el futuro.

                  4.

                  Especificar las medidas de apoyo a la consecución de los objetivos de seguridad energética en relación con la diversificación y la reducción de la dependencia energética, incluidas medidas que garanticen la flexibilidad del sistema energético para integrar los cambios previstos hasta 2030 y después.

                  5.

                  Definir objetivos prospectivos sobre la integración del mercado, en particular medidas para evaluar el impacto de las obligaciones de servicio público, tales como el almacenamiento de gas y la regulación de los precios para el funcionamiento del mercado, y aclarar cómo se mitigarán las consecuencias negativas. Perfilar una estrategia y un calendario para avanzar hacia la aplicación de precios totalmente basados en el mercado.

                  6.

                  Aclarar los objetivos nacionales y los objetivos de financiación en materia de investigación, innovación y competitividad, relacionados específicamente con la Unión de la Energía, que deben alcanzarse de aquí a 2030, de tal manera que sean fácilmente mensurables y resulten adecuados para contribuir a la consecución de los objetivos en las demás dimensiones del plan nacional integrado de energía y clima. Contribuir a la consecución de esos objetivos mediante políticas y medidas específicas y adecuadas, incluidas las que deben desarrollarse en cooperación con otros Estados miembros, como el Plan Estratégico de Tecnología Energética.

                  7.

                  Continuar y ampliar la consulta de los Estados miembros vecinos y la cooperación regional en el contexto del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) y en los respectivos grupos de alto nivel. Los intercambios regionales podrían orientarse hacia una mayor integración en el mercado interior de la energía, la evaluación de la adecuación del sistema a la luz de la continuación prevista del mercado de capacidad, las cuestiones relacionadas con la transición justa, la descarbonización y el despliegue de energías renovables, así como la repercusión sobre el sistema energético y el comercio transfronterizo de electricidad.

                  8.

                  Enumerar todas las subvenciones a la energía, en particular a los combustibles fósiles, así como las medidas emprendidas y los planes para su eliminación progresiva.

                  9.

                  Complementar el análisis de las interacciones con la política sobre la calidad del aire y las emisiones atmosféricas, también desde una perspectiva cuantitativa, y exponer el impacto sobre la contaminación atmosférica en los distintos escenarios.

                  10.

                  Integrar mejor los aspectos de una transición justa y equitativa, en particular facilitando más información sobre las repercusiones sociales de las políticas, las medidas y los objetivos previstos y su incidencia en los ámbitos del empleo y de las capacidades. La versión final del plan nacional integrado de energía y clima debe abordar, en particular, el impacto de la transición en las poblaciones de regiones carboníferas, reforzando el vínculo con la iniciativa en curso sobre las regiones carboníferas en transición y los correspondientes planes de transición nacionales y regionales, así como en las regiones afectadas por los ajustes en otros sectores intensivos en energía. Desarrollar el planteamiento para tratar los problemas de pobreza energética, en particular especificando los objetivos y los efectos esperados de las políticas y medidas tal como se exige en el Reglamento (UE) 2018/1999.

         Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2019.

               Por la Comisión

            Miguel ARIAS CAÑETE

               Miembro de la Comisión

         (1)  DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.

         (2)  SWD(2019) 281.

         (3)  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).

         (4)  SWD(2019) 1020 final.

         (5)  COM(2019) 521 final de 5 de junio de 2019.

         (6)  SWD(2019) 281.

         (7)  SWD(2019) 281.

         (8)  Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 1).

         (9)  Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

         (10)  Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16).


title: Recomendación del Consejo de 8 de noviembre de 2019 sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo2019/C 385/01

text:
               13.11.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 385/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 8 de noviembre de 2019
      sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
      (2019/C 385/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 283, apartado 2, y su artículo 139, apartado 2,
      Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,
      RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
      Nombrar a D.a Isabel SCHNABEL miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.

         Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 2019.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            M. LINTILÄ


               27.1.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 28/121

      P8_TA(2018)0256
      Negociación del Acuerdo de Asociación modernizado entre la Unión Europea y Chile
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2018, al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la negociación del Acuerdo de Asociación modernizado entre la Unión Europea y Chile (2018/2018(INI))
      (2020/C 28/15)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistos los artículos 2 y 3 y el título V, en particular los artículos 21 y 36, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

                  —

                  Visto el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

                  —

                  Visto el actual Acuerdo de Asociación entre la República de Chile y la Unión Europea,

                  —

                  Visto el inicio, el 16 de noviembre de 2017, de las negociaciones entre la Unión Europea y Chile sobre un acuerdo de asociación modernizado,

                  —

                  Vista la adopción por el Consejo, el 13 de noviembre de 2017, de las directrices para la negociación de dicho acuerdo,

                  —

                  Vista la Declaración conjunta de la 25.a reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea-Chile de 22 de enero de 2018,

                  —

                  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, de 14 de septiembre de 2017, sobre las negociaciones relativas a la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile (1),

                  —

                  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con América Latina (2),

                  —

                  Vista la declaración del Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC de 11 de mayo de 2015 titulada «Igualdad, derechos y participación democrática para los pueblos de Europa y América Latina y el Caribe»,

                  —

                  Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0158/2018),

                  A.

                  Considerando que Chile y la Unión están ligados por valores compartidos y estrechos lazos culturales, económicos y políticos;

                  B.

                  Considerando que Chile y la UE son socios cercanos a la hora de afrontar los retos regionales y globales, como el cambio climático, la seguridad internacional, el desarrollo sostenible y la gobernanza mundial;

                  C.

                  Considerando que Chile es un firme defensor de la democracia y los derechos humanos, el comercio libre y abierto y el multilateralismo; que también es un miembro clave de la Alianza del Pacífico, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), así como un país de renta alta y miembro de la OCDE;

                  D.

                  Considerando que Chile ha sido un actor importante en los asuntos regionales, por ejemplo como país garante en el proceso de paz en Colombia y en las conversaciones de Santo Domingo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición; que Chile se retiró de las conversaciones sobre Venezuela debido a que no se alcanzaron unas condiciones mínimas para unas elecciones presidenciales democráticas y una normalización institucional;

                  E.

                  Considerando que, desde enero de 2014, ha estado en vigor un acuerdo marco de participación que autoriza a Chile a participar en las operaciones de gestión de crisis de la Unión; que Chile participa en Eufor Althea en Bosnia y Herzegovina, así como en una serie de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lo que refleja su compromiso en favor de la paz y la seguridad en el mundo;

                  F.

                  Considerando que las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales han demostrado una vez más la estabilidad y madurez de la democracia chilena; que Chile se ha beneficiado de un fuerte crecimiento económico y ha sido una de las economías sudamericanas con un crecimiento más rápido en las últimas décadas; que en dicho país siguen desplegándose esfuerzos para realizar reformas;

                  G.

                  Considerando que la reciente despenalización del aborto en determinadas circunstancias es una prueba de la mayor apertura de la sociedad chilena en favor del empoderamiento de mujeres y niñas;

                  H.

                  Considerando que, en el índice de desarrollo humano de 2016, Chile se situaba en la categoría de desarrollo humano muy alto y ocupaba el primer puesto de los países de América Latina y el número treinta y ocho del mundo, por encima de siete Estados miembros de la Unión;

                  I.

                  Considerando que el actual Acuerdo de Asociación ha sido determinante para profundizar las relaciones políticas entre la Unión Europea y Chile, y ha contribuido substancialmente a aumentar los flujos comerciales y de inversión; que el respeto continuado del Estado de Derecho y de un marco jurídico y político estable permite tanto a Chile como a la Unión ejercer la libertad de empresa e impulsa un entorno adecuado de inversión con salvaguardias por lo que respecta al principio de seguridad jurídica;

                  J.

                  Considerando que, en los últimos años, la Unión y Chile han celebrado acuerdos más amplios y ambiciosos con otros socios; que, por consiguiente, un Acuerdo de Asociación modernizado entre la Unión Europea y Chile tendría el potencial de reforzar significativamente la relación existente, incluidas las relaciones en materia de asuntos exteriores y seguridad;

                  K.

                  Considerando que el futuro Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile debe reflejar plenamente la naturaleza transformativa de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el papel de la cooperación internacional para el desarrollo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);

                  L.

                  Considerando que un Acuerdo de Asociación modernizado, junto con los acuerdos entre México y Mercosur, que se están renegociando actualmente, reforzaría el papel de la Unión como un aliado clave de América Latina, en un momento en el que otros agentes, como China y Rusia, están realizando esfuerzos intensos para tener una mayor influencia en la región;

                  M.

                  Considerando que la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile ha manifestado repetidamente su apoyo a un Acuerdo de Asociación modernizado, en concreto y más recientemente en la declaración conjunta adoptada en su 25.a reunión del 22 de enero de 2018;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR):

                        Principios generales

                              a)

                              que refuercen considerablemente la cooperación entre Chile y la Unión, dos socios afines en un entorno de nueva incertidumbre en el ámbito de las relaciones internacionales, a partir de nuestros principios y valores compartidos de la democracia, la lucha contra el cambio climático, la garantía de la igualdad de género, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

                              b)

                              que aseguren que el acuerdo modernizado con Chile es ambicioso, global y equilibrado, y proporciona beneficios tangibles a los ciudadanos, las empresas y las economías de ambas partes; que garanticen que es un abanderado entre los acuerdos más avanzados que la Unión ha suscrito con terceros países;

                              c)

                              que refuercen la dimensión de los derechos humanos en la cooperación entre la Unión y Chile a la luz de la estrategia 2016-2020 UE-Chile en materia de derechos humanos; que incluyan un compromiso conjunto en favor de la protección y la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la igualdad de género y los derechos de las minorías, como la comunidad LGBTI, y los pueblos indígenas, con mecanismos de ejecución para la supervisión, la presentación de informes periódicos y la solución de diferencias; que animen a Chile a encontrar una solución para las cuestiones relacionadas con el pueblo nativo mapuche y otros pueblos indígenas; que mantengan la práctica de incluir una cláusula sobre derechos humanos en todos los futuros acuerdos de asociación; que prosigan el diálogo regular entre la Unión y Chile sobre derechos humanos, con el objetivo de reforzar el marco institucional y las políticas públicas de fomento de los derechos humanos, también a través de la cooperación multilateral;

                              d)

                              que animen a Chile a garantizar el respeto de las garantías procesales y unos procedimientos judiciales justos plenamente acordes con las normas internacionales;

                              e)

                              que se propongan impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible, luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad a la luz del compromiso de Chile en favor de la consecución de los ODS de la Agenda 2030;

                              f)

                              que ayuden a Chile a mejorar los estándares y programas educativos, garantizando que las personas con ingresos más bajos tengan pleno acceso a la educación superior; que refuercen el vínculo entre las universidades y el mercado laboral, subsanando la inadecuación de las cualificaciones y fomentando el empleo juvenil;

                              g)

                              que fomenten la protección de los derechos sociales y medioambientales, y garanticen una aplicación efectiva de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil;

                        Multilateralismo y cooperación regional e internacional

                              h)

                              que refuercen el diálogo y la cooperación para hacer frente a los desafíos regionales y mundiales, como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el aumento de la desigualdad, la migración, el terrorismo y el cambio climático, incluyendo la ejecución de la Agenda 2030; que apoyen la cooperación entre la Unión y Chile en materia de gestión de la migración, y que establezcan mecanismos de readmisión, también para apátridas y nacionales de terceros países;

                              i)

                              que recuerden la importancia de la agenda multilateral y que las negociaciones bilaterales no deben minar la ambición de avanzar a nivel multilateral;

                              j)

                              que contribuyan al refuerzo del multilateralismo y la cooperación internacional a fin de promover la seguridad internacional y abordar los desafíos mundiales de forma eficaz; que mejoren la coordinación respecto de las posiciones adoptadas por ambas partes en las organizaciones y foros internacionales;

                              k)

                              que animen a Chile a seguir apoyando los regímenes de integración y cooperación regionales, sobre todo la Alianza del Pacífico, a la vista de sus resultados alentadores como un motor real y activo de integración económica entre los miembros de la región, pero también UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); que examinen la posibilidad de que la Unión obtenga el estatuto de observador en la Alianza Pacífica;

                        Diálogo político y cooperación

                              l)

                              que prevean un diálogo regular significativo sobre todos los asuntos relevantes, aprovechando y ampliando los formatos ya existentes; que movilicen los recursos disponibles a través del instrumento de colaboración con vistas a alcanzar objetivos estratégicos;

                              m)

                              que establezcan una cooperación estrecha en el ámbito de la seguridad y la defensa, particularmente en lo relativo a la prevención de los conflictos, la gestión de las crisis, la seguridad marítima, el desarme y la no proliferación; que favorezcan una mayor participación de Chile en las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión;

                              n)

                              que permitan una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, así como en la prevención de la radicalización y la delincuencia transfronteriza, sin vulnerar las libertades individuales ni los derechos fundamentales; que actúen en el contexto de la lucha mundial contra el terrorismo intensificando los mecanismos, medidas y órganos de cooperación global y regional de conformidad con el Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas;

                              o)

                              que mejoren la cooperación en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal; que incluyan disposiciones sobre buena gobernanza fiscal y normas de transparencia que reafirmen el compromiso de las partes para aplicar normas internacionales en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales;

                              p)

                              que recuerden que la corrupción menoscaba los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, el comercio y la competencia leal, impidiéndose con ello el crecimiento económico; que incluyan secciones específicas que describan compromisos y medidas claros y firmes para luchar contra todas las formas de corrupción y aplicar las normas internacionales y los convenios multilaterales contra la corrupción;

                              q)

                              que faciliten la movilidad entre la Unión y Chile; que aumenten los intercambios de jóvenes y estudiantes, los programas de becas y los cursos de formación, por ejemplo a través del programa Erasmus+; que se esfuercen en mayor medida en favor del pleno reconocimiento mutuo de las cualificaciones académicas y de la modernización, accesibilidad e internacionalización de la enseñanza superior;

                              r)

                              que promuevan la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos e intensifiquen la cooperación en el ámbito de la investigación y la cooperación, utilizando plenamente los programas existentes, como Horizonte 2020;

                              s)

                              que promuevan y refuercen las relaciones en el ámbito de la cooperación internacional, a partir del Memorándum de Entendimiento para Cooperación Internacional firmado en 2015; que creen mecanismos innovadores que amplíen y fortalezcan la cooperación triangular y regional con terceros países dentro y fuera de América Latina, a través de programas tales como EUROsociAL+ y Euroclima+, y la cooperación en materia de drogas como COPOLAD;

                              t)

                              que desarrollen una metodología que muestre los efectos del acuerdo modernizado sobre hombres y mujeres, y utilicen sus resultados como base para diseñar políticas destinadas a lograr el equilibrio entre hombres y mujeres;

                              u)

                              que reafirmen el compromiso conjunto relativo al Acuerdo de París sobre cambio climático y a la Agenda 2030, y establezcan una cooperación estrecha entre la Unión y Chile en materia de protección medioambiental y de lucha contra el cambio climático; que refuercen la asociación relativa a la cooperación técnica y política en ámbitos medioambientales clave, como las emisiones de CO2 del transporte internacional, la conservación de la biodiversidad y la producción y el consumo sostenibles; que fomenten una mejor cooperación en materia de economía circular para mejorar la utilización eficiente de los recursos, el uso sostenible de los recursos naturales, la ecoinnovación y la gestión hidrológica; que aumenten el apoyo a proyectos destinados a mitigar los efectos del cambio climático;

                              v)

                              que refuercen la cooperación en investigación y desarrollo, y también respecto de la utilización del programa Copérnico de la Unión en materia de datos satelitales de observación de la Tierra con objetivos medioambientales;

                              w)

                              que fomenten la cooperación cultural y presten su apoyo a la diáspora tanto en Chile como en la Unión, con el objetivo de apoyar las inversiones extranjeras tanto en la Unión como en Chile;

                              x)

                              que reafirmen el acceso al agua como un derecho humano;

                        Disposiciones institucionales

                              y)

                              que garanticen que el Acuerdo de Asociación se basa en una sólida participación parlamentaria, reforzando las actuales disposiciones y mecanismos de cooperación para permitir una mayor participación y un mayor control de su aplicación, en particular a través del actual formato interparlamentario de la Comisión Parlamentaria Mixta; que prevean la posibilidad de que la Comisión Parlamentaria Mixta solicite información pertinente sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación;

                              z)

                              que garanticen la participación adecuada de la sociedad civil, tanto durante las negociaciones como en la fase de aplicación del Acuerdo de Asociación, incluyendo, aunque no exclusivamente, al Comité Consultivo Mixto; que insistan en la necesidad de crear un mecanismo institucionalizado para posibilitar un diálogo político en el que participen las organizaciones de la sociedad civil de ambas partes;

                              aa)

                              que mantengan inmediata y plenamente informado al Parlamento en todas las fases de las negociaciones, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, incluyendo la transmisión al Parlamento de los textos para las negociaciones y las actas de cada ronda de negociación; acoge con satisfacción, a este respecto, la Decisión del Consejo, de 22 de enero de 2018, de publicar el mandato de negociación conferido a la Comisión y a la VP/AR en noviembre de 2017;

                              ab)

                              que consideren la reciente publicación de las directrices de negociación como un precedente importante y se comprometan a publicar en el futuro todas las directrices de negociación de acuerdos internacionales;

                              ac)

                              que aceleren las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación con el objetivo de permitir su ratificación por el Parlamento antes de que finalice la actual legislatura europea;

                              ad)

                              que velen por que se respete a todos los niveles la práctica habitual de no aplicar de forma provisional el nuevo Acuerdo hasta que el Parlamento no haya concedido su aprobación;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente recomendación al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Chile.

         (1)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0354.

         (2)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0345.


title: Recomendación del Banco Central Europeo de 17 de enero de 2020 sobre las políticas de reparto de dividendos (BCE/2020/1)2020/C 30/01

text:
               29.1.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 30/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 17 de enero de 2020
      sobre las políticas de reparto de dividendos
      (BCE/2020/1)
      (2020/C 30/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular el artículo 127, apartado 6, y el artículo 132,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 34,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1), en particular el artículo 4, apartado 3,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (2),
      Considerando lo siguiente:
      Las entidades de crédito tienen que seguir preparándose para la aplicación íntegra y oportuna del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y para la expiración del período transitorio establecido en el Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) para mitigar el impacto negativo potencialmente significativo en el capital de nivel 1 ordinario de contabilizar las pérdidas crediticias esperadas conforme a la NIIF 9, en un entorno macroeconómico y financiero difícil que afecta a la rentabilidad de las entidades de crédito y, consecuentemente, a su capacidad para aumentar sus bases de capital. Además, si bien las entidades de crédito tienen que financiar la economía, la política de reparto de dividendos conservadora es uno de los elementos necesarios para lograr una gestión adecuada del riesgo y un sistema bancario sólido. Debe seguirse el mismo método establecido en la Recomendación BCE/2019/1 del Banco Central Europeo (6).
      HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

         I.

                  1.

                  Las entidades de crédito deben establecer las políticas de dividendos sobre la base de presunciones prudentes y conservadoras de manera que, después de repartir dividendos, cumplan los requisitos de capital aplicables y lo establecido conforme al proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

                              (a)

                              Las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos mínimos de capital aplicables (los «requisitos del Pilar 1»), que comprenden un ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5 %, un ratio de capital de nivel 1 del 6 % y un ratio total de capital del 8 %, conforme establece el artículo 92 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                              (b)

                              Además, las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos de capital establecidos por la decisión del PRES en aplicación del artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, y que van más allá de los requisitos del Pilar 1 (los «requisitos del Pilar 2»).

                              (c)

                              Las entidades de crédito deben también cumplir los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE.

                              (d)

                              Asimismo, las entidades de crédito deben cumplir al final del período de adaptación aplicable sus ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital, «fully loaded» (7), es decir, deben implementar plenamente esos ratios tras la aplicación de las disposiciones transitorias, así como los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE. Las disposiciones transitorias se establecen en el título XI de la Directiva 2013/36/UE y en la parte décima del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                              (e)

                              Las entidades de crédito que decidieron aplicar las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/2395 durante el período transitorio deben además implementar plenamente su ratio de capital de nivel 1 ordinario al final del período transitorio establecido en dicho reglamento.

                        Estos requisitos se deben cumplir en base consolidada, en base subconsolidada si procede, y en base individual salvo que se haya concedido una exención a la aplicación de los requisitos prudenciales en base individual conforme a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

                  2.

                  El BCE recomienda lo siguiente a las entidades de crédito que paguen en 2020 dividendos (8) respecto del ejercicio de 2019:

                              (a)

                                 Categoría 1: Las entidades de crédito que: i) cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y ii) al 31 de diciembre de 2019 hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letras d) y e), según proceda, deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras.

                              (b)

                                 Categoría 2: Las entidades de crédito que al 31 de diciembre de 2019 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), pero que en dicha fecha no hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letras d) y e), según proceda, deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deben repartir dividendos en la medida en que cumplan también el apartado 1, letra d), y, como mínimo, garanticen una trayectoria lineal (9) hacia la plena implementación de los requisitos de capital conforme al apartado 1, letra e), y lo establecido conforme al PRES.

                              (c)

                                 Categoría 3: Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el apartado 1, letras a), b) o c), no deben en principio repartir dividendos.

                        Las entidades de crédito que no puedan seguir la Recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión.
                  Las entidades de crédito de las categorías 1, 2 y 3 a que se refiere el presente apartado respectivamente en sus letras a), b) y c), deben cumplir además las directrices de capital del Pilar 2. Si una entidad de crédito opera o espera operar por debajo de las directrices de capital del Pilar 2, debe contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. El BCE examinará las razones por las que el capital de la entidad de crédito ha descendido, o se espera que descienda, y estudiará tomar medidas apropiadas y proporcionadas específicas para la entidad.
                  También se espera que en su política de reparto de dividendos y en su gestión del capital las entidades tengan en cuenta la posible repercusión en la exigencia de capital de las futuras modificaciones del régimen jurídico, regulatorio y contable de la Unión. Salvo información específica en contrario, se espera que los futuros requisitos y directrices de capital del Pilar 2 utilizados en la planificación del capital mantengan como mínimo sus niveles actuales.

         II.

      La presente recomendación se dirige a las entidades supervisadas significativas y a los grupos supervisados significativos conforme al artículo 2, puntos 16 y 22, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17).

         III.

      La presente recomendación se dirige también a las autoridades nacionales competentes y designadas por lo que respecta a las entidades supervisadas menos significativas y a los grupos supervisados menos significativos conforme al artículo 2, puntos 7 y 23, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (BCE/2014/17). Se espera que las autoridades nacionales competentes y designadas apliquen la presente recomendación a aquellas entidades y grupos que consideren oportuno (10).

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 17 de enero de 2020.

               La Presidenta del BCE

            Christine LAGARDE

         (1)  DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.

         (2)  DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.

         (3)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

         (4)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

         (5)  Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo referente a las disposiciones transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la NIIF 9 en los fondos propios y para el tratamiento de las grandes exposiciones correspondiente a determinadas exposiciones del sector público denominadas en la moneda nacional de cualquier Estado miembro (DO L 345 de 27.12.2017, p. 27).

         (6)  Recomendación BCE/2019/1 del Banco Central Europeo, de 7 de enero de 2019, sobre las políticas de reparto de dividendos (DO C 11 de 11.1.2019, p. 1).

         (7)  Plena implementación de todos los colchones.

         (8)  Las entidades de crédito pueden tener varias formas jurídicas, p. ej. sociedades cotizadas y empresas no constituidas como sociedades anónimas, como las sociedades mutuas, las sociedades cooperativas o las entidades de ahorro. El término «dividendo» empleado en la presente recomendación se refiere a cualquier tipo de pago en efectivo que deba aprobarse por la asamblea general.

         (9)  En la práctica esto significa que, durante el resto del período transitorio, las entidades de crédito deben en principio conservar al menos el importe proporcional anual de la diferencia que las separe de la plena implementación de sus ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital, conforme al apartado 1, letra e).

         (10)  Si la presente recomendación se aplica a entidades supervisadas menos significativas y a grupos supervisados menos significativos que se consideren incapaces de seguirla por entender que están legalmente obligados a repartir dividendos, tales entidades y grupos deben contactar inmediatamente con sus autoridades nacionales competentes.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Bélgica 2020/C 282/01

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de el 20 de junio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Bélgica
      (2020/C 282/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Bélgica fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Bélgica a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades interregionales e intrarregionales en Bélgica. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 30 de abril de 2020, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Bélgica se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Bélgica garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 1,8 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del producto interior bruto (PIB). Dado que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, Bélgica cumplía los requisitos necesarios para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en virtud de la cláusula de reforma estructural, el ajuste estructural requerido para 2019 se redujo al 0,1 % del PIB, lo que corresponde a una tasa de incremento nominal del gasto primario neto no superior al 2,8 % en 2019. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y en 2018 y 2019, considerados en su conjunto. Este es el factor pertinente recogido en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que se evalúa el cumplimiento del criterio de deuda por parte de Bélgica en 2019.

                  (13)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno federal prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 1,9 % del PIB en 2019 a un déficit del 7,5 % en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 98,6 % en 2019, aumentaría hasta situarse en torno al 115 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (14)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Bélgica ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 2,3 % del PIB. Las medidas incluyen un régimen federal de prestaciones por desempleo temporal, una renta sustitutiva para los trabajadores autónomos, una provisión federal para los gastos relacionados con la crisis, así como diversas asignaciones regionales en favor de empresas o personas y subvenciones sectoriales. La cuantificación de las medidas que suponen un aumento del déficit coincide en líneas generales con las estimaciones de la Comisión, tras tener en cuenta el diferente tratamiento del coste de los estabilizadores automáticos. Por otra parte, Bélgica ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Esas medidas consisten en garantías de préstamos federales y regionales en beneficio de las empresas y los trabajadores autónomos, que el Programa de Estabilidad de 2020 estima en el 11,8 % del PIB. También se han aplicado aplazamientos de pagos tributarios, especialmente en relación con los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y las cotizaciones a la seguridad social, aunque el Programa de Estabilidad de 2020 no los cuantifica. Globalmente, las medidas tomadas por Bélgica están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (15)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas de Bélgica sería del -8,9 % del PIB en 2020 y del -4,2 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 113,8 % del PIB en 2020.

                  (16)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Bélgica de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit y el criterio de deuda definidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se han cumplido.

                  (17)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades belgas han adoptado un amplio paquete de medidas para mitigar las repercusiones sociales y económicas de la aguda recesión económica. Se ha establecido un régimen de garantías por valor de 50 000 millones EUR para los nuevos créditos a corto plazo concedidos a las empresas viables. Las regiones y comunidades también han introducido garantías para los préstamos puente y ordinarios para las empresas, aportes de liquidez destinados a las empresas en forma de préstamos directos y medidas de apoyo financiero para las más afectadas por la crisis de la COVID-19. El reembolso de créditos hipotecarios y préstamos a empresas en curso puede prorrogarse. Las empresas más afectadas pueden acogerse a una moratoria temporal de los procedimientos concursales. Se han introducido diferentes incentivos para animar a un mayor número de trabajadores a seguir trabajando o a reanudar su actividad a fin de garantizar la continuidad de las actividades. El pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos, como el impuesto sobre el valor añadido o los impuestos de sociedades y de la renta de las personas físicas, puede ser objeto de aplazamiento o condonación en algunos casos. El Gobierno federal ha puesto a disposición de las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19 el régimen de prestaciones por desempleo temporal por motivos de fuerza mayor, que lleva aparejadas mayores ventajas. Se ha previsto una renta sustitutiva mensual para aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto interrumpida durante al menos siete días consecutivos. Se ha congelado temporalmente la reducción progresiva de las prestaciones por desempleo. El Gobierno federal también está preparando un conjunto adicional de medidas para hacer frente a la insolvencia de las empresas, como una exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el ejercicio 2020.

                  (18)

                  El sistema de salud belga muestra un funcionamiento satisfactorio por lo que respecta a la prestación de cuidados intensivos en el medio hospitalario. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la resiliencia del sistema sanitario ante una crisis grave de salud pública que parecen indicar que Bélgica se enfrenta a una escasez estructural de personal sanitario que es preciso abordar. En un futuro inmediato, seguirá siendo fundamental garantizar el abastecimiento de productos médicos esenciales en cantidad suficiente, incluidos los equipos de protección, en particular para los trabajadores sanitarios y de otras profesiones de riesgo. Para garantizar la gestión eficaz de una crisis de salud pública como la provocada por la pandemia de COVID-19 seguirá siendo esencial a corto y medio plazo aplicar una estrategia de salud pública que esté totalmente coordinada con las políticas de prevención y de cuidados de larga duración. En este contexto, se considera un componente importante la aplicación sin trabas del acuerdo sobre asistencia sanitaria pública alcanzado por la Conferencia Interministerial a fin de que, durante la crisis de la COVID-19, el personal y las infraestructuras de los hospitales (una competencia federal) estén, de forma temporal, a disposición de los centros de cuidados de larga duración (una competencia de las comunidades).

                  (19)

                  Tras haberse alcanzado niveles de empleo récord en 2019 y principios de 2020, la crisis provocada por la COVID-19 ha paralizado bruscamente el crecimiento del empleo en Bélgica. Los regímenes estatales de apoyo a la renta en vigor en el país, como el régimen de prestaciones por desempleo temporal para los trabajadores por cuenta ajena y el derecho de transición para los trabajadores autónomos, ofrecen una compensación parcial por las pérdidas de ingresos debidas a la reducción del tiempo de trabajo. Estos regímenes de reducción del tiempo de trabajo desempeñan un papel importante a la hora de atenuar el impacto de la disminución de la producción sobre los niveles de empleo. No obstante, se espera que el desempleo aumente hasta el 7 % en 2020 y disminuya ligeramente hasta situarse en el 6,6 % en 2021. A fin de evitar que el incremento del desempleo adquiera carácter estructural, será preciso realizar esfuerzos adicionales a fin de reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo existentes, que sigue siendo exigua, como demuestra la coexistencia de una elevada proporción de desempleados que participan en medidas activas del mercado de trabajo con una baja transición del desempleo al empleo. Debe prestarse especial atención al establecimiento de un enfoque global que integre a las personas más alejadas del mercado de trabajo, que serán probablemente las más afectadas por las consecuencias socioeconómicas negativas de la crisis de la COVID-19. Entre los grupos vulnerables cabe citar, en particular, a las personas poco cualificadas, de origen migrante y con discapacidad. Por otra parte, la cuña impositiva sobre el trabajo sigue siendo en promedio elevada en todos los niveles de salarios, excepto por lo que respecta a los trabajadores con sueldos muy bajos (50 % del salario medio). Se trata de un importante factor de la relativa elevación de los costes laborales, que podría afectar negativamente a la demanda de mano de obra, en particular en el caso de los empleos de baja productividad.

                  (20)

                  Debe fomentarse la movilidad laboral hacia los sectores que registran carencias importantes, como la salud, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las actividades técnicas y profesionales. Esta movilidad irá acompañada de importantes necesidades en términos de reciclaje profesional y formación complementaria, y requerirá un incremento del nivel de participación de los adultos en la educación y formación, por ejemplo, aprovechando el tiempo que deja la jornada laboral reducida. Preocupa que los planes existentes en materia de incentivación de la formación no lleguen a quienes más se beneficiarían de ellos, es decir las personas poco cualificadas, los trabajadores de más edad y las personas de origen migrante. La deficiencia de las competencias lingüísticas es un obstáculo importante, en particular en Bruselas, ciudad con un mercado laboral bilingüe. Las comunidades están tomando medidas para que se incremente la elección de estudios científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticas, pero existe margen para implantar estrategias más globales a fin de satisfacer la futura demanda del mercado de trabajo. El nivel general de capacidades digitales es satisfactorio, pero permanece estancado. Entre los jóvenes, y en particular entre aquellos con un bajo nivel educativo, el nivel de capacidades digitales es inferior a la media de la Unión y ha empeorado en los últimos años. Para que quede garantizado el acceso al aprendizaje a distancia es esencial que todos los alumnos dispongan de equipos y conexiones a internet apropiados, que los profesores tengan acceso a la formación pertinente y que se establezcan los programas de tutorización necesarios. Dicha garantía es asimismo necesaria para que las desigualdades existentes en el sistema educativo no se agraven como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

                  (21)

                  Bélgica ha adoptado numerosos regímenes para apoyar la liquidez de las empresas, en particular un régimen de garantías estatales para préstamos y varios regímenes regionales notificados en el marco temporal de medidas de ayuda estatal a fin de respaldar la economía en la actual pandemia de COVID-19. Es esencial lograr una aplicación eficiente y efectiva de dichos regímenes, también por parte de los intermediarios, a fin de garantizar que las empresas, especialmente las de pequeño y mediano tamaño (pymes), y los trabajadores autónomos se benefician de ellos de forma que queden protegidos y puedan recuperarse con mayor rapidez. En el proceso de diseño y aplicación de estas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario, incluidos los intermediarios.

                  (22)

                  A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la carga administrativa sobre las empresas supone unos 7 000 millones EUR anuales (1,6 % del PIB), la mayoría de ellos en concepto de cumplimiento de la legislación tributaria y laboral. El sistema tributario es complejo debido a los diversos gastos fiscales. A las empresas les resulta difícil gestionar las nóminas, en particular en aquellos casos en que tienen que lidiar con los distintos sistemas regionales. Las autoridades públicas están demorando de forma creciente los pagos a las empresas, lo que contribuye a la quiebra de estas últimas y al deterioro del clima empresarial. Se están produciendo grandes retrasos en la concesión de permisos de construcción y en las conexiones para el suministro de agua y electricidad. El proceso de transmisión de la propiedad se encuentra entre los más lentos y caros de la Unión. Existen importantes discrepancias regionales en cuanto a los requisitos de acceso a las profesiones del sector artesanal y de la construcción. El efecto acumulado de la gran cantidad de normas, los elevados costes salariales y la rigidez del mercado laboral lastra el rendimiento del sector minorista. Las normas sobre el horario de apertura de los comercios, las promociones de ventas, los descuentos y los canales de distribución de medicamentos no sujetos a prescripción lastran el entorno operativo de los minoristas. Las estrictas normas sanitarias y medioambientales de protección contra la radiación (especialmente en Bruselas), que varían según las regiones, el gravamen de las antenas con impuestos elevados en Bruselas y los largos plazos de concesión de los permisos necesarios para la instalación de las antenas, entre otros factores, podrían frenar el despliegue de la tecnología 5G. En el ámbito de la insolvencia, no existe ningún procedimiento especial simplificado de conciliación extrajudicial para las pymes y solo los deudores pueden iniciar procedimientos de insolvencia. A pesar de las mejoras graduales, la informatización insuficiente y la falta de recursos siguen suponiendo un reto para el sistema judicial. La duración de los procedimientos en el ámbito de la justicia administrativa provoca importantes demoras en la tramitación de los casos relacionados con la contratación pública y la obtención de permisos de construcción. Las principales autoridades responsables de la vigilancia del mercado, la competencia y el transporte ferroviario carecen de personal suficiente para llevar a cabo sus tareas.

                  (23)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes, lo que contribuiría además a la transición industrial. Como se indica en el Plan Nacional de Energía y Clima para el período 2021-2030 de Bélgica, el país tiene importantes necesidades de inversión en transporte sostenible, especialmente para hacer frente a la congestión del tráfico y la movilidad eléctrica. Antes de la crisis de la COVID-19, las regiones belgas habían anunciado importantes planes plurianuales para las infraestructuras de transporte. Se están llevando a cabo inversiones de calado en los servicios ferroviarios de cercanías en torno a Bruselas, así como en la señalización, los puertos y las conexiones ferroviarias transfronterizas. También se han puesto en marcha inversiones significativas en las infraestructuras de metro, tranvía y autobús de Bruselas. El Plan Nacional también ha detectado que es necesario realizar importantes inversiones en la generación de energía renovable y flexible, interconexiones, redes inteligentes, almacenamiento y eficiencia energética con vistas a cumplir los objetivos europeos en materia de energía y clima, respetar el compromiso jurídico de Bélgica de ir eliminando gradualmente la energía nuclear de aquí a 2025 y renovar el 80 % del parque inmobiliario, construido antes de la introducción de las normas en materia energética. En contraste con la intensidad relativamente elevada de la Investigación y Desarrollo (I+D) privada, la intensidad de la I+D pública sigue siendo ligeramente inferior a la de la mayoría de los Estados miembros con un nivel de desarrollo económico similar. Bélgica corre el riesgo de quedarse rezagada en el despliegue de la tecnología 5G, ya que no tiene previsto asignar bandas pioneras para la 5G en los plazos fijados en la legislación de la Unión. En marzo de 2020, las autoridades belgas iniciaron una consulta pública sobre la concesión de licencias nacionales temporales para los 200 MHz del espectro disponible en la banda de 3,6-3,8 GHz, como solución temporal. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Bélgica a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Bélgica optimizar el uso de este Fondo.

                  (24)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (25)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Bélgica contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (26)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Bélgica debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (27)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bélgica en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (28)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Bélgica que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia general del sistema sanitario y garantizar el suministro de productos médicos esenciales.

                  2.

                  Mitigar las consecuencias sociales y sobre el empleo de la crisis de la COVID-19, en particular promoviendo políticas activas de empleo eficaces y fomentando el desarrollo de las capacidades.

                  3.

                  Garantizar la aplicación efectiva de las medidas de aporte de liquidez a fin de ayudar a las pymes y a los trabajadores autónomos y mejorar el entorno empresarial. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en las infraestructuras para un transporte sostenible, la producción y utilización limpias y eficientes de la energía, la economía circular, las infraestructuras digitales, como las redes 5G y Gigabit, y la investigación e innovación.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 1.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.