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32000H0789

2000/789/CE: Recomendación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativa a las orientaciones en materia de autorizaciones a los depositarios con arreglo a la Directiva 92/12/CEE del Consejo, respecto de productos sujetos a impuestos especiales [notificada con el número C(2000) 3355]

Diario Oficial n° L 314 de 14/12/2000 p. 0029 - 0031

Recomendación de la Comisiónde 29 de noviembre de 2000relativa a las orientaciones en materia de autorizaciones a los depositarios con arreglo a la Directiva 92/12/CEE del Consejo, respecto de productos sujetos a impuestos especiales[notificada con el número C(2000) 3355](2000/789/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,Considerando lo siguiente:(1) Considerando que la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/47/CE(2), exige que los depósitos y depositarios que operen en labores del tabaco, alcohol y bebidas alcohólicas e hidrocarburos cuenten con una autorización de los Estados miembros;(2) Considerando que el informe del Grupo de alto nivel sobre el fraude en los sectores del tabaco y del alcohol, que fue aprobado por los Directores Generales de aduanas y de impuestos indirectos el 24 de abril de 1998, contiene recomendaciones sobre el modo de abordar el fraude;(3) Considerando que en su Comunicación al Consejo sobre las medidas para combatir el fraude en el ámbito de los impuestos especiales, la Comisión suscribe por completo el análisis del Grupo de alto nivel en cuanto a las causas del problema y expresa su acuerdo con las recomendaciones del Grupo(3);(4) Considerando que, el 19 de mayo de 1998, el Consejo Ecofin aprobó el resumen de gestión relativo al informe del Grupo de alto nivel y expresó su compromiso político de ocuparse del fraude;(5) Considerando que el trabajo del Grupo puso de manifiesto que los Estados miembros han utilizado criterios divergentes a la hora de conceder o retirar autorizaciones a los depositarios;(6) Considerando que, con arreglo a la letra a) del artículo 13 de la Directiva 92/12/CEE, las autoridades nacionales deben exigir del depositario autorizado una garantía que cubra el riesgo inherente al movimiento intracomunitario de mercancías;(7) Considerando que, con arreglo a la letra a) del artículo 13 de la Directiva 92/12/CEE, las autoridades nacionales pueden exigir de los depositarios autorizados una garantía que cubra el riesgo inherente a la producción, transformación y tenencia de las mercancías;(8) Considerando que, con arreglo a la letra a) del párrafo segundo del artículo 16 de la Directiva 92/12/CEE, las autoridades nacionales deben exigir una garantía de los operadores registrados;(9) Considerando que los Estados miembros tienen libertad para determinar el modo de constitución de las garantías;(10) Considerando que, con arreglo al apartado 1 del artículo 15 bis, de la Directiva 92/12/CEE, los Estados miembros deben mantener una base de datos electrónica en la que figuren los depositarios autorizados u operadores registrados a los efectos de la aplicación de los impuestos especiales, y en la que también aparezcan los locales con autorización de depósito fiscal;(11) Considerando que el Grupo de alto nivel recomendó que la Comisión y los Estados miembros estudiasen la posibilidad de formular principios comunes en lo relativo a la concesión de autorizaciones a los depósitos y depositarios;(12) Considerando que, a principios de octubre de 1998, se celebró en Luxemburgo un seminario Fiscalis con el fin de elaborar una guía para la concesión y retirada de las autorizaciones de los depositarios y para el control de las mercancías en los depósitos;(13) Considerando que en las reuniones del Comité de impuestos especiales se ha debatido al respecto y se ha invitado a los Estados miembros a formular propuestas en lo referente al contenido de las disposiciones;(14) Considerando que, a fin de asegurar una mayor uniformidad en los procedimientos de concesión y retirada de las autorizaciones, los representantes de los Estados miembros en el Comité de impuestos especiales han aprobado por unanimidad las disposiciones contenidas en la presente Recomendación.RECOMIENDA:ÁMBITO DE APLICACIÓNArtículo 11. Se invita a los Estados miembros a aplicar las disposiciones de la presente Recomendación a la hora de autorizar a una persona físical o jurídica que tenga la calidad de depositario a:a) producir, transformar, almacenar, recibir y enviar, en el ejercicio de su actividad, productos objeto de impuestos especiales en régimen suspensivo;b) recibir, almacenar y enviar productos objeto de impuestos especiales en régimen suspensivo.2. La presente Recomendación debe aplicarse asimismo en gran parte a la hora de autorizar a un operador registrado, es decir, una persona física o jurídica sin carácter de depositario autorizado, a recibir de otro Estado miembro, en el ejercicio de su actividad, productos objeto de impuestos especiales en régimen suspensivo.CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS AUTORIZACIONESArtículo 21. Aunque se invita a los Estados miembros a que apliquen criterios estrictos para conceder la autorización a las personas contempladas en el artículo 1, debería intentar conseguirse un equilibrio entre el objetivo de facilitar el comercio y el de aplicar controles eficaces.2. A fin de poder tomar una decisión con conocimiento de causa y evaluar el riesgo potencial que puede suponer para los ingresos fiscales la concesión de la autorización, deberán recabarse del candidato los siguientes datos antes de concedérsele la misma:- nombre (y apellidos) y dirección del solicitante,- tipo de actividad,- un plan de los locales y de su situación y una descripción de las actividades e instalaciones,- una solicitud por escrito acompañada de las referencias comerciales de la empresa y de los datos relativos a su registro,- el número de IVA,- un extracto de la inscripción en el registro mercantil o en otra base de datos equivalente, en aquellos casos en los que el Estado miembro en cuestión exija dicha inscripción,- los nombres y apellidos de los responsables de la empresa en este terreno, su posición y sus funciones en la empresa,- detalles relativos al sistema contable de la empresa, las medidas de control interno y los métodos de auditoría;- información sobre la situación financiera de la empresa, sus antecedentes fiscales y su respeto de otras obligaciones fiscales (aduanas, IVA, fiscalidad directa),- nivel de las existencias, cálculo de mercancías que se fabricarán, almacenarán o expedirán en un período dado,- detalles de las autorizaciones de depósito concedidas al candidato en el pasado o en la actualidad en otros Estados miembros.Dicha información podrá obtenerse mediante un formulario de inscripción especial.3. Los Estados miembros podrán exigir de los posibles depositarios que proporcionen una lista de los Estados miembros a los cuales prevén enviar productos que sean objeto de impuestos especiales en régimen suspensivo. Esta lista podrá ser libremente comunicada a los Estados miembros de destino de que se trate.Artículo 31. A fin de poder formarse una opinión clara en cuanto a la existencia y estructura de las instalaciones y del depósito, los Estados miembros podrán llevar a cabo una visita de inspección previa a la autorización. Los Estados miembros deberán obtener, si es posible, un plan detallado del depósito propuesto, para así facilitar los controles y auditorías, especialmente en el caso de las instalaciones de gran tamaño, y para poder definir claramente los límites del espacio dedicado a los productos en régimen suspensivo.2. Todo sistema debería contar, como elemento importante, con un sistema adecuado de control de las existencias por parte tanto de las personas autorizadas como de las administraciones nacionales. Es también importante comprobar el origen de los productos sometidos a impuestos especiales, así como la totalidad del proceso de producción, desde la recepción de las materias primas hasta el envío del producto final, para lo cual es posible que se necesite codificar y marcar los productos.INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONARSE A LAS PERSONAS QUE SOLICITEN LA AUTORIZACIÓNArtículo 41. Se invita a los Estados miembros a que informen a los depositarios y operadores registrados que soliciten una autorización sobre las obligaciones que les impone el sistema nacional de contabilidad con el fin de facilitar el control contable de todas las operaciones de recepción, fabricación, transformación, tenencia y expedición de los productos.2. Deberá informarse a los depositarios solicitantes de la necesidad de hacer constar en su contabilidad todos los datos necesarios para el buen funcionamiento y control del depósito fiscal. Dependiendo de la legislación de cada Estado miembro, dichos datos incluirán:- inventarios de las existencias de las materias primas,- registro de fabricación,- inventarios de las existencias de todos los productos,- inventarios de las mercancías recibidas y enviadas.3. Más en concreto, la información contenida en los libros del depositario debería incluir una descripción de las mercancías, su categoría fiscal, una referencia al documento administrativo de acompañamiento con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2719/92 de la Comisión(4) (número nacional del documento administrativo de acompañamiento, fecha de la salida de las mercancías y una nota en la que conste la fecha en la cual el expedidor ha recibido la tercera copia para la liquidación).4. Las autoridades competentes deberán poder tener acceso a los inventarios de existencias, las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances y los informes de las auditorías.5. Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán llevar a cabo controles de seguimiento esporádicos de las actividades de la empresa.Artículo 5Se invita a los Estados miembros a informar a los depositarios de sus obligaciones en lo referente a la aplicación de la legislación en materia de impuestos especiales, en especial:- la obligación de proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria para el funcionamiento del sistema de alerta temprana en lo relativo a los impuestos especiales,- la obligación de utilizar un documento administrativo de acompañamiento para todos los envíos intracomunitarios y de exportación, y de cumplimentar correctamente dicho documento antes de enviar las mercancías,- la obligación de utilizar el sistema de numeración nacional para el documento administrativo de acompañamiento,- la obligación de especificar el tiempo destinado al desplazamiento y, si procede, proporcionar detalles de una ruta razonable.GARANTÍASArtículo 61. El importe de la garantía deberá reflejar el riesgo inherente a las actividades del depositario o del operador registrado.2. El importe de la garantía deberá revisarse regularmente, a fin de que refleje cualquier cambio en el volumen de comercio, las actividades del depositario o los tipos de los impuestos especiales aplicables en los Estados miembros.ANULACIÓN O RETIRADA DE UNA AUTORIZACIÓNArtículo 71. En principio, una autorización debería únicamente ser anulada o retirada de mediar motivos graves, y después de que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan examinado cuidadosamente la situación del depositario.2. Así por ejemplo, podrá anularse o retirarse una autorización en los supuestos siguientes:- incumplimiento de las obligaciones inherentes a la autorización,- insuficiente cobertura de la garantía exigida,- incumplimiento repetido de las disposiciones legislativas en vigor,- participación en actividades criminales,- evasión fiscal o fraude.OTROSArtículo 81. Las puestas al día regulares de la base de datos electrónica SEED (sistema de intercambio de datos relativos a los impuestos especiales), previsto en el apartado 1 del artículo 15 bis de la Directiva 92/12/CEE deberían incluir cualquier nueva autorización concedida o cualquier modificación de los datos indicados, por ejemplo una extensión de las actividades, un cambio de dirección o la retirada de la autorización.2. Si la legislación nacional lo permite, podrán revelarse a petición de un Estado miembro los datos relativos a aquellos solicitantes que ya hayan desarrollado actividades comerciales en otro Estado miembro.3. Se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas que resulten apropiadas para controlar la producción, transformación, tenencia, recepción y envío de mercancías en los depósitos y los movimientos de mercancías sometidos a impuestos especiales en régimen suspensivo. En caso de necesidad, los Estados miembros podrán prestarse mutuamente ayuda para llevar a cabo estas tareas de conformidad con las disposiciones sobre la cooperación administrativa y la asistencia mutua.DISPOSICIONES FINALESArtículo 9Se invita a los Estados miembros a que comuniquen a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2001 los textos de las principales disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se adopten en aplicación de la presente Recomendación, y a comunicar a la Comisión cualquier cambio que pueda surgir posteriormente.Artículo 10Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2000.Por la ComisiónFrederik BolkesteinMiembro de la Comisión(1) DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.(2) DO L 197 de 29.7.2000, p. 73.(3) COM(1998) 732 final de 29 de abril de 1998.(4) DO L 276 de 19.9.1992, p. 1.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Malta (2005-2008)


title: Recomendación de la Comisión, de 7 de mayo de 2009 , sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE

text:
               20.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 124/67

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 7 de mayo de 2009
   sobre el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE
   (2009/396/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (1), y, en particular, su artículo 19, apartado 1,
   Previa consulta al Comité de Comunicaciones,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) contribuirán al desarrollo del mercado interior, entre otras cosas, cooperando mutuamente y con la Comisión, de forma transparente, para garantizar el desarrollo de prácticas reglamentarias coherentes. Sin embargo, durante la evaluación de más de 850 proyectos de medidas notificados de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE se observó que aún existían incoherencias en la regulación de las tarifas de terminación de las llamadas vocales.

               (2)

               Aunque en la mayoría de los Estados miembros se prevé en general alguna forma de orientación en función de los costes, prevalece la divergencia entre ellos en cuanto a sus medidas de control de los precios. Además de la variedad significativa de los instrumentos elegidos para el cálculo de los costes, difieren también las prácticas de aplicación de esos instrumentos. Esto amplía la diferencia —solo en parte explicable por características específicas nacionales— entre las tarifas al por mayor de terminación aplicadas en la Unión Europea. El Grupo de entidades reguladoras europeas (ERG) establecido por la Decisión 2002/627/CE (2) de la Comisión lo reconoció así en su Posición común sobre la simetría de las tarifas de terminación de las llamadas de telefonía fija y la simetría de las tarifas de terminación de las llamadas de telefonía móvil. En algunos casos, las ANR han autorizado también tarifas de terminación más elevadas para operadores fijos o móviles de menor tamaño alegando que, al haberse incorporado recientemente al mercado, estos operadores no se habían beneficiado de economías de escala o estaban sujetos a condiciones de costes diferentes. Estas asimetrías existen tanto en el interior de las fronteras nacionales como entre ellas, aunque están disminuyendo poco a poco. El ERG reconoció en su Posición común que las tarifas de terminación debían en principio ser simétricas, y que la asimetría debía estar adecuadamente justificada.

               (3)

               Las significativas divergencias en el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil crean falseamientos fundamentales de la competencia. Los mercados de terminación representan una situación de acceso bidireccional en la que se supone que ambos operadores interconectados se benefician del acuerdo, pero, como estos operadores compiten también entre sí por los abonados, las tarifas de terminación pueden tener implicaciones estratégicas y competitivas importantes. Si las tarifas de terminación se fijan por encima del nivel de eficiencia de los costes, se generan transferencias sustanciales entre los mercados y los consumidores de telefonía fija y móvil. Además, en los mercados en los que los operadores tienen cuotas de mercado asimétricas, esto puede ocasionar pagos significativos de los competidores de menor tamaño a los de mayor tamaño. Por otra parte, el nivel absoluto de las tarifas de terminación de la telefonía móvil sigue siendo elevado en algunos Estados miembros en comparación con el de las aplicadas en algunos países no pertenecientes a la Unión Europea, y también en comparación con las tarifas de terminación de la telefonía fija en general, lo cual sigue teniendo como resultado precios elevados, aunque en descenso, para los consumidores finales. Las elevadas tarifas de terminación suelen dar lugar a elevados precios al por menor para la originación de llamadas y a índices de utilización consecuentemente inferiores, lo cual reduce el bienestar de los consumidores.

               (4)

               La falta de armonización en la aplicación de los principios de contabilidad de costes a los mercados de terminación hasta la fecha pone de manifiesto la necesidad de adoptar un planteamiento común que proporcione mayor seguridad jurídica y los incentivos adecuados para los potenciales inversores, y que reduzca la carga reglamentaria que soportan los operadores existentes actualmente activos en varios Estados miembros. El objetivo de aplicar una regulación coherente en los mercados de terminación es claro y está reconocido por las ANR, y ha sido expresado repetidamente por la Comisión en el contexto de su evaluación de los proyectos de medidas adoptados de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE.

               (5)

               Determinadas disposiciones del marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas exigen que se apliquen mecanismos necesarios y apropiados de contabilidad de costes y obligaciones de control de los precios; en concreto, así está dispuesto en los artículos 9, 11 y 13, leídos en relación con el considerando 20 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (3).

               (6)

               La Recomendación 2005/698/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2005, relativa a la separación contable y los sistemas de contabilidad de costes dentro del marco regulador de las comunicaciones electrónicas (4) ha proporcionado un marco para la aplicación coherente de las disposiciones específicas relativas a la contabilidad de costes y la separación contable, con la finalidad de mejorar la transparencia de los sistemas de contabilidad, las metodologías y los procesos de auditoría e informe reglamentarios en beneficio de todas las partes interesadas.

               (7)

               La terminación al por mayor de llamadas vocales es el servicio necesario para terminar las llamadas a las ubicaciones (en las redes fijas) o los abonados (en las redes móviles) destinatarios de las mismas. El sistema de tarificación en la UE está basado en el principio de que «paga la red de la parte llamante», lo cual significa que la tarifa de terminación es fijada por la red a la que se llama y pagada por la red que efectúa la llamada. La parte llamada no es facturada por este servicio y, en general, no tiene incentivo para responder al precio de terminación fijado por su suministrador de red. En este contexto, la fijación de precios excesivos es la principal preocupación de las autoridades de reglamentación por lo que respecta a la competencia. Los elevados precios de terminación se recuperan en última instancia a través de la aplicación de tarifas más elevadas a los usuarios finales. Teniendo en cuenta el carácter bidireccional del acceso en los mercados de terminación, otro de los problemas que pueden afectar a la competencia es la interfinanciación entre operadores. Estos potenciales problemas de competencia son comunes a los mercados de terminación tanto en fijo como en móvil. Por lo tanto, a la vista de la capacidad y los incentivos que tienen los operadores de terminación para subir los precios sustancialmente por encima de los costes, la orientación en función de los costes se considera la actuación más apropiada para tratar este problema a medio plazo. En el considerando 20 de la Directiva 2002/19/CE se observa que el método de recuperación de costes debe ser adecuado a las circunstancias. Habida cuenta de las características específicas de los mercados de terminación de llamadas y de las consiguientes preocupaciones por lo que respecta a la competencia y la distribución, la Comisión reconoce desde hace mucho tiempo que establecer un planteamiento común basado en un nivel de costes eficiente y la aplicación de tarifas de terminación simétricas promovería la eficiencia y una competencia sostenible y maximizaría los beneficios de los consumidores en cuanto a precio y oferta de servicios.

               (8)

               De acuerdo con el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la citada Directiva y en las directivas específicas, en particular las destinadas a garantizar una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de una regulación tecnológicamente neutra. En el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE se exige además a las autoridades nacionales de reglamentación que fomenten la competencia, entre otras cosas, velando por que todos los usuarios obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad del servicio y por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia. Para realizar estos objetivos y lograr una aplicación coherente en todos los Estados miembros, las tarifas de terminación reguladas deben reducirse a los costes de un operador eficiente lo antes posible.

               (9)

               En un entorno competitivo, los operadores competirían en función de gastos corrientes y no serían compensados por gastos que hubieran contraído por ineficiencias. Por consiguiente, las cifras de gasto históricas deben ajustarse a las cifras de gasto actuales para reflejar los costes de un operador eficiente que utiliza tecnología moderna.

               (10)

               Los operadores a los que se compensa por los costes reales que conlleva la terminación tienen pocos incentivos para ser más eficientes. La aplicación de un modelo ascendente es coherente con el concepto de desarrollo de la red para un operador eficiente según el cual se construye un modelo económico/técnico de red eficiente utilizando los costes actuales. El modelo refleja la cantidad de equipo necesaria, más que la efectivamente proporcionada, y hace caso omiso de los costes heredados.

               (11)

               Puesto que el modelo ascendente se basa en gran medida en datos derivados por ejemplo, los costes de la red se computan utilizando información obtenida de los vendedores de equipo puede ser aconsejable que los reguladores concilien los resultados de un modelo ascendente con los de uno descendente a fin de producir unos resultados lo más sólidos que sea posible y de evitar grandes discrepancias en los costes de explotación, el coste de la inversión y la imputación de costes entre un operador hipotético y uno real. Con el fin de localizar y subsanar las posibles deficiencias del modelo ascendente, como la asimetría de la información, las ANR pueden comparar los resultados del modelo ascendente con los que se obtengan de un modelo descendente correspondiente que utilice datos auditados.

               (12)

               El modelo de costes debe basarse en las opciones tecnológicas eficientes disponibles dentro del marco temporal considerado por el modelo, en la medida en que puedan determinarse. Por lo tanto, un modelo ascendente que se construyera hoy podría en principio asumir que la red central para las redes fijas esté basada en redes de la próxima generación (Next Generation Network - NGN). El modelo ascendente para las redes móviles debe basarse en una combinación de segunda generación y tercera generación en la parte de acceso de la red, que responda a la situación prevista, al mismo tiempo que se podría suponer que la parte central está basada en NGN.

               (13)

               Teniendo en cuenta las características particulares de los mercados de terminación de llamadas, los costes de los servicios de terminación deben calcularse en función de los costes incrementales prospectivos a largo plazo (LRIC). En un modelo basado en los LRIC todos los costes se vuelven variables, y, como se da por supuesto que todos los activos se sustituyen a largo plazo, el establecimiento de las tarifas en función de los LRIC permite una recuperación eficiente de los costes. Los modelos basados en los LRIC incluyen solo aquellos costes causados por la provisión de un incremento definido. Un planteamiento basado en el coste incremental que atribuya solo gastos contraídos de manera eficiente, que no se sustentarían si el servicio incluido en el incremento dejara de prestarse (es decir, costes evitables), promueve una producción y un consumo eficientes y reduce al mínimo los posibles falseamientos de la competencia. Cuanto más se aparten las tarifas de terminación del coste incremental, mayores serán los falseamientos de la competencia entre los mercados de la telefonía fija y la móvil o entre los operadores con cuotas de mercado e intensidades de tráfico asimétricas. Por consiguiente, es razonable aplicar un planteamiento basado estrictamente en los LRIC, en el cual el incremento pertinente corresponde al servicio mayorista de terminación de llamadas e incluye solo los costes evitables. Un planteamiento basado en los LRIC permitiría también recuperar todos los costes fijos y variables (ya que se supone que los costes fijos se vuelven variables a largo plazo) que son incrementales a la prestación del servicio al por mayor de terminación de llamadas y, de este modo, facilitaría una recuperación eficiente de los costes.

               (14)

               Los costes evitables son la diferencia entre los costes totales a largo plazo identificados de un operador que presta su gama completa de servicios, y los costes totales a largo plazo identificados de ese operador, si presta su gama completa de servicios a excepción del servicio mayorista de terminación de llamadas a terceros (es decir, el coste autónomo de un operador que no ofrezca servicio de terminación a terceros). Para garantizar una asignación correcta de los costes, es preciso hacer una distinción entre aquellos costes que están relacionados con el tráfico, es decir, todos los costes fijos y variables que suben cuando aumentan los niveles de tráfico, y aquellos que no están relacionados con el tráfico, es decir, todos los que no suben cuando aumenta el nivel de tráfico. Para identificar los costes evitables importantes para la terminación mayorista de las llamadas, deben descartarse los costes no relacionados con el tráfico. A continuación, puede ser adecuado asignar los costes relacionados con el tráfico en primer lugar a otros servicios (por ejemplo, originación de llamadas, SMS, MMS, banda ancha, arrendamiento de líneas, etc.), y solo en último lugar tener en cuenta el servicio mayorista de terminación de llamadas vocales. De este modo, el coste asignado al servicio mayorista de terminación de llamadas debería equivaler únicamente al gasto adicional contraído para prestar ese servicio. En consecuencia, la contabilidad de costes basada en un planteamiento de LRIC para los servicios mayoristas de terminación de llamadas en los mercados de telefonía fija y móvil debería permitir recuperar únicamente los costes que se evitarían si dejase de prestarse a terceras partes ese tipo de servicio.

               (15)

               Puede observarse que la terminación de llamadas es un servicio que genera beneficios tanto a la parte que efectúa la llamada como a la que la recibe (si el receptor no obtuviera un beneficio no aceptaría la llamada), lo cual sugiere a su vez que ambas partes tienen una responsabilidad en la creación de costes. La utilización de principios relativos al origen de los costes para fijar precios orientados en función de los costes parece sugerir que es el creador de los costes el que debe soportarlos. Habida cuenta de que en los mercados de terminación de llamadas los costes están determinados por dos partes, no todos los costes relacionados deben recuperarse a través de la regulación de la tarifa del servicio mayorista de terminación. Sin embargo, a los efectos de la presente Recomendación, todos los costes evitables de la prestación del servicio al por mayor de terminación de llamadas, es decir, todos los costes que aumentan como consecuencia de un incremento del tráfico de terminación al por mayor, pueden recuperarse a través de la tarifa al por mayor.

               (16)

               Al fijar las tarifas de terminación, cualquier desviación respecto de un nivel único de costes eficiente debe estar basada en diferencias objetivas entre los costes que queden fuera del control de los operadores. En las redes fijas, no se han encontrado tales diferencias objetivas entre los costes que queden fuera del control del operador. En las redes móviles, la asignación desigual del espectro puede considerarse un factor exógeno que da lugar a diferencias en los costes unitarios entre los operadores móviles. Pueden surgir diferencias exógenas entre los costes cuando el espectro no se ha asignado utilizando mecanismos de mercado, sino con arreglo a un proceso secuencial de concesión de licencias. Cuando la asignación del espectro se produce por medio de un mecanismo basado en el mercado, como una subasta, o cuando existe un mercado secundario, las diferencias entre los costes ocasionadas por la asignación de frecuencias responden a factores más endógenos y es más probable que se reduzcan significativamente o se eliminen.

               (17)

               La incorporación de nuevos operadores a los mercados de telefonía móvil puede estar sujeta también a costes unitarios más elevados durante un período de transición, hasta que se alcance la escala mínima de eficiencia. En estas situaciones, las ANR podrían permitirles, tras haber determinado que existen en el mercado minorista impedimentos para la incorporación al mercado y la expansión, recuperar sus costes incrementales más elevados en comparación con los del operador modelizado durante un período de transición de hasta cuatro año tras la incorporación al mercado. De acuerdo con la Posición común del ERG, es razonable prever un marco temporal de cuatro años para la eliminación gradual de las asimetrías basándose en la estimación de que, en el mercado de la telefonía móvil, cabe esperar que se tarden de tres a cuatro años tras la incorporación en alcanzar una cuota de mercado de entre el 15 % y el 20 %, aproximándose así al nivel de la escala mínima de eficiencia. Esta situación es distinta a la de los nuevos operadores que se incorporan a los mercados de telefonía fija, que tienen la posibilidad de conseguir bajos costes unitarios centrando sus redes en rutas de gran densidad de tráfico en zonas geográficas concretas o alquilando los insumos a la red pertinentes a los operadores históricos.

               (18)

               El planteamiento preferido es el de un método de amortización que refleje el valor económico de un activo. No obstante, si el desarrollo de un modelo sólido de depreciación económica no es viable, hay otros planteamientos posibles, como la amortización lineal, las anualidades y la amortización variable. El criterio para elegir entre los planteamientos alternativos es la probabilidad que cada uno de ellos ofrezca de aproximarse a una medida económica de la depreciación. Por consiguiente, si el desarrollo de un modelo sólido de depreciación económica no es viable, debe examinarse por separado el perfil de amortización de cada activo importante en el modelo ascendente, y debe elegirse el planteamiento que genere un perfil de depreciación similar al de depreciación económica.

               (19)

               Por lo que respecta a la escala de eficiencia, se aplican diferentes consideraciones en los mercados de telefonía fija y móvil. La escala mínima de eficiencia puede alcanzarse a diferentes niveles en los sectores de la telefonía fija y móvil, ya que depende de los diferentes entornos normativo y comercial aplicables a cada uno de ellos.

               (20)

               Cuando regulen las tarifas de terminación al por mayor, las ANR no deben impedir que los operadores adopten acuerdos alternativos para el intercambio de tráfico de terminación en el futuro, en la medida en que estos acuerdos sean compatibles con la competitividad del mercado.

               (21)

               Un período de transición que terminase el 31 de diciembre de 2012 debería considerarse lo bastante largo para permitir que las ANR implantasen el modelo de costes y que los operadores adaptasen sus planes de actividad en consecuencia, al mismo tiempo que, por otra parte, se reconocería la apremiante necesidad de asegurar que los consumidores obtengan el máximo beneficio de unas tarifas de terminación eficientes basadas en los costes.

               (22)

               Las ANR con recursos limitados podrían necesitar de manera excepcional un período de transición adicional para preparar el modelo de costes recomendado. En tales circunstancias, si una ANR es capaz de demostrar que otra metodología (por ejemplo, el análisis comparativo) que no sea un modelo ascendente de LRIC basado en los costes corrientes conduce a resultados coherentes con la presente Recomendación y genera unos resultados eficientes compatibles con un mercado competitivo, podría considerar establecer precios provisionales basados en un planteamiento alternativo hasta el 1 de julio de 2014. En los casos en que resultaría objetivamente desproporcionado que las ANR con recursos limitados aplicasen después de esta fecha la metodología de costes recomendada, esas ANR podrían seguir aplicando una metodología alternativa hasta la fecha de revisión de la presente Recomendación, a menos que el órgano establecido para la cooperación entre las ANR y la Comisión, incluidos sus grupos de trabajo conexos, proporcione apoyo práctico y orientación suficientes para superar esta limitación de recursos y, en concreto, para hacer frente al coste de aplicación de la metodología recomendada. Cualquier resultado que se derive de metodologías alternativas no debe exceder del promedio de las tarifas de terminación fijadas por las ANR que apliquen la metodología de costes recomendada.

               (23)

               La presente Recomendación ha sido objeto de una consulta pública.

         RECOMIENDA:

               1)

               Cuando impongan obligaciones en materia de control de los precios y la contabilidad de costes de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2002/19/CE a los operadores designados por las autoridades nacionales de reglamentación como poseedores de un peso significativo en los mercados de terminación al por mayor de las llamadas de voz en redes telefónicas públicas individuales (en lo sucesivo denominados «mercados de terminación en fijo y en móvil») como resultado de un análisis del mercado llevado a cabo de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE, las ANR deben establecer unas tarifas de terminación basadas en los costes contraídos por un operador eficiente. Esto implica que serían también simétricas. Las ANR deberán proceder para ello del modo que se expone a continuación.

               2)

               Se recomienda que la evaluación de la eficiencia de los costes se base en costes corrientes y en la utilización de un modelo ascendente que emplee los costes incrementales prospectivos a largo plazo (LRIC) como metodología de costes pertinente.

               3)

               Las ANR pueden comparar los resultados del planteamiento de modelización ascendente con los de un modelo descendente que utilice datos auditados a fin de verificar y mejorar la solidez de los resultados y pueden hacer ajustes en consecuencia.

               4)

               El modelo de costes debe basarse en tecnologías eficientes disponibles dentro del período temporal considerado por el modelo. Por lo tanto, la parte central tanto de las redes fijas como de las móviles podría en principio estar basada en redes de la próxima generación (Next Generation Network - NGN). La parte de acceso de las redes móviles debe estar basada también en una combinación de telefonía de segunda y de tercera generación.

               5)

               Las diferentes categorías de costes a las que aquí se hace referencia deben definirse de la siguiente manera:

                           a)

                           «costes incrementales»: son aquellos que pueden evitarse si un incremento específico deja de darse (también denominados «costes evitables»);

                           b)

                           «costes relacionados con el tráfico»: son los costes fijos y variables que aumentan cuando se incrementan los niveles de tráfico.

               6)

               Dentro del modelo de LRIC, el incremento pertinente debe definirse como el servicio al por mayor de terminación de llamadas vocales prestado a terceros. Esto implica que, al evaluar los costes incrementales, las ANR deben establecer la diferencia entre el coste total a largo plazo de un operador que preste su gama completa de servicios, y los costes totales a largo plazo de ese mismo operador, excluido el servicio al por mayor de terminación de llamadas que se está prestando a terceros. Hay que hacer una distinción entre costes relacionados con el tráfico y costes no relacionados con el tráfico que permita descartar éstos para calcular las tarifas de terminación al por mayor. El planteamiento recomendado para identificar el coste incremental pertinente consistiría en asignar los costes relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación al por mayor de llamadas de voz, para, finalmente, asignar solo los costes residuales relacionados con el tráfico al servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz. Esto implica que solo deberían asignarse a los servicios regulados de terminación de llamadas de voz aquellos costes que se evitarían si dejara de prestarse a terceros un servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz. Los principios para calcular el incremento correspondiente al servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz en las redes de terminación en fijo y en móvil respectivamente se elaboran con más detalle en el anexo.

               7)

               El planteamiento recomendado para valorar la amortización de los activos es la depreciación económica, siempre que sea viable.

               8)

               Para decidir sobre la escala de eficiencia apropiada del operador para el que se está construyendo el modelo, las ANR deben tener en cuenta los principios para definir la escala de eficiencia adecuada en las redes de terminación en fijo y en móvil expuestos en el anexo.

               9)

               Cualquier determinación de los niveles de costes eficientes que se desvíe de los principios enunciados más arriba debe estar justificada por diferencias de costes objetivas que queden fuera del control de los operadores en cuestión. Estas diferencias de costes objetivas pueden surgir en los mercados de terminación en móvil a causa de asignaciones desiguales del espectro. En la medida en que el espectro adicional adquirido para proporcionar terminación de llamadas al por mayor esté incluido en el modelo de costes, las ANR deben revisar periódicamente cualesquiera diferencias objetivas de los costes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si es probable que más adelante se ponga a disposición espectro adicional a través de procesos de asignación basados en el mercado, lo cual podría atenuar las diferencias de costes derivadas de las asignaciones existentes, o si esta desventaja relativa en términos de costes disminuye con el paso del tiempo a medida que aumentan los volúmenes de las últimas incorporaciones al mercado.

               10)

               En caso de que pueda demostrarse que un operador recién incorporado al mercado de la telefonía móvil que se mantiene por debajo de la escala mínima de eficiencia contrae costes incrementales unitarios superiores a los del operador modelizado, las ANR podrían permitirle, tras haber determinado que existen en el mercado minorista impedimentos para la incorporación al mercado y la expansión, recuperar estos costes superiores durante un período de transición a través de tarifas de terminación reguladas. Este período no debe exceder de cuatro años desde la incorporación al mercado.

               11)

               La presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de las decisiones normativas previas adoptadas por las ANR en relación con los asuntos que en ella se plantean. No obstante, las ANR deben velar por que las tarifas de terminación se apliquen a un nivel eficiente en cuanto a los costes y simétrico antes del 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de cualesquiera diferencias de costes objetivas que se determinen de conformidad con los puntos 9 y 10.

               12)

               En circunstancias excepcionales, cuando una ANR no esté en condiciones, debido en particular a sus limitados recursos, de finalizar el modelo de costes recomendado dentro del plazo establecido, y si es capaz de demostrar que otra metodología que no sea un modelo ascendente de LRIC basado en los costes corrientes conduce a resultados coherentes con la presente Recomendación y genera unos resultados eficientes compatibles con un mercado competitivo, la ANR podría considerar establecer precios provisionales basados en un planteamiento alternativo hasta el 1 de julio de 2014. En los casos en que resultaría objetivamente desproporcionado que las ANR con recursos limitados aplicasen después de esta fecha la metodología de costes recomendada, esas ANR podrían seguir aplicando una metodología alternativa hasta la fecha de revisión de la presente Recomendación, a menos que el órgano establecido para la cooperación entre las ANR y la Comisión, incluidos sus grupos de trabajo conexos, proporcione apoyo práctico y orientación suficientes para superar esta limitación de recursos y, en concreto, para hacer frente al coste de aplicación de la metodología recomendada. Cualquier resultado que se derive de metodologías alternativas no debe exceder del promedio de las tarifas de terminación fijadas por las ANR que apliquen la metodología de costes recomendada.

               13)

               La presente Recomendación será reconsiderada, a más tardar, cuatro años después de su fecha de aplicación.

               14)

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2009.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

      (2)  DO L 200 de 30.7.2002, p. 38.

      (3)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

      (4)  DO L 266 de 11.10.2005, p. 64.

      ANEXO

         Principios para el cálculo de las tarifas de terminación al por mayor en redes fijas

      Los costes incrementales pertinentes (es decir, costes evitables) del servicio mayorista de terminación de llamadas son la diferencia entre los costes totales a largo plazo de un operador que presta su gama completa de servicios y los costes totales a largo plazo de ese operador si no presta un servicio al por mayor de terminación de llamadas a terceros.
      Es preciso hacer una distinción entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados con el tráfico para asegurar una asignación adecuada de esos costes. Los costes no relacionados con el tráfico deben descartarse al calcular las tarifas de terminación al por mayor. De los costes relacionados con el tráfico, solo aquellos que se evitarían si no se prestara un servicio al por mayor de terminación de llamadas deberían asignarse al incremento de terminación pertinente. Estos costes evitables pueden calcularse asignando los costes relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación de llamadas al por mayor (por ejemplo, los de originación de llamadas, servicios de datos, IPTV, etc.), y asignando solo los costes residuales relacionados con el tráfico al servicio de terminación de llamadas de voz al por mayor.
      El punto de demarcación por defecto entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados con el tráfico es normalmente el punto en el que se produce la primera concentración de tráfico. En una red telefónica pública conmutada (RTPC) se considera normalmente que éste se encuentra en el lado de entrada de la tarjeta de línea en el concentrador (remoto). El equivalente en una NGN (red de próxima generación) de banda ancha es la tarjeta de línea en el DSLAM/MSAN (1) Cuando el DSLAM/MSAN está situado en un cajetín exterior debe considerarse si el bucle anterior entre la caseta y el repartidor principal es un medio compartido y debe tratarse como parte de la categoría de costes a la que afecta el tráfico, en cuyo caso el punto de demarcación entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados estará situado en la caseta exterior. Si la capacidad dedicada se asigna al servicio de terminación de llamadas vocales con independencia de la tecnología utilizada, el punto de demarcación sigue estando al nivel del concentrador (remoto).
      Según el planteamiento aquí descrito, algunos costes que se incluirían en el incremento del servicio de terminación serían la capacidad de red adicional necesaria para transportar un aumento del tráfico de terminación al por mayor (por ejemplo, la infraestructura de red adicional en la medida en que está determinada por la necesidad de incrementar la capacidad con el fin de transportar el tráfico de terminación adicional al por mayor), así como los costes comerciales al por mayor adicionales directamente relacionados con la prestación a terceros del servicio mayorista de terminación.
      Para determinar la escala de eficiencia de un operador a los efectos de elaborar el modelo de costes, las ANR deben tener en cuenta que, en las redes fijas, los operadores tienen la posibilidad de construir sus redes en zonas geográficas concretas y centrarse en rutas de gran densidad de tráfico o alquilar los insumos a la red pertinentes a los operadores históricos. Por consiguiente, cuando definan la escala de eficiencia específica del operador modelizado, las ANR deben tener en cuenta la necesidad de promover una entrada en el mercado eficiente y, al mismo tiempo, reconocer que, en determinadas condiciones, los operadores más pequeños pueden producir a un coste unitario bajo en zonas geográficas más pequeñas. Además, se puede suponer que los operadores más pequeños que no pueden igualar las ventajas de escala de los operadores más grandes en áreas geográficas más extensas compran insumos al por mayor en lugar de prestar directamente los servicios de terminación.

         Principios para el cálculo de las tarifas de terminación al por mayor en redes móviles

      Los costes incrementales pertinentes (es decir, los costes evitables) del servicio al por mayor de terminación de llamadas son la diferencia entre los costes totales a largo plazo de un operador que prestara su gama completa de servicios y los costes totales a largo plazo de un operador que no prestase un servicio al por mayor de terminación de llamadas a terceros.
      Es preciso hacer una distinción entre los costes relacionados con el tráfico y los no relacionados con el tráfico para asegurar una asignación adecuada de esos costes. Los costes no relacionados con el tráfico deben descartarse al calcular las tarifas de terminación al por mayor. De los costes relacionados con el tráfico, solo aquellos que se evitarían si no se prestara un servicio al por mayor de terminación de llamadas deberían asignarse al incremento de terminación pertinente. Estos costes evitables pueden calcularse asignando los costes relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación de llamadas al por mayor (por ejemplo, originación de llamadas, SMS, MMS, etc.), y asignando solo los costes residuales relacionados con el tráfico al servicio de terminación de llamadas de voz al por mayor.
      Los costes del microteléfono y de la tarjeta SIM no están relacionados con el tráfico y deben excluirse de cualquier modelo de costes en relación con los servicios al por mayor de terminación de llamadas de voz.
      La cobertura puede definirse con exactitud como la capacidad o la opción para hacer una llamada concreta desde cualquier punto de la red en un momento determinado, y la capacidad representa los costes adicionales de la red que son necesarios para transportar niveles de tráfico cada vez mayores. La necesidad de proporcionar esta cobertura a los abonados ocasionará costes no relacionados con el tráfico que no deberían atribuirse al incremento de la terminación de llamadas al por mayor. Las inversiones en mercados maduros de telefonía móvil están más determinadas por aumentos de la capacidad y por el desarrollo de nuevos servicios, y esto debe quedar reflejado en el modelo de costes. El coste incremental de los servicios al por mayor de terminación de llamadas de voz debe excluir, por lo tanto, los costes de cobertura, pero debe incluir los costes de la capacidad adicional en la medida en que estén causados por la prestación de servicios al por mayor de terminación de llamadas de voz.
      Los costes de utilización del espectro (la autorización de conservar y utilizar frecuencias del espectro) contraídos para prestar servicios al por menor a los abonados a la red están determinados en principio por el número de abonados y, por consiguiente, no están determinados por el tráfico y no deben calcularse como parte del incremento del servicio al por mayor de terminación de llamadas. Los costes de la compra de espectro adicional para incrementar la capacidad (por encima del mínimo necesario para prestar servicios al por menor a los abonados) con el fin de transportar un aumento de tráfico resultante de la prestación de un servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz deben incluirse, en la medida de lo posible, como costes de oportunidad prospectivos.
      Según el planteamiento aquí descrito, uno de los costes que se incluirían en el incremento del servicio de terminación sería la capacidad de red adicional necesaria para transportar un aumento del tráfico al por mayor (por ejemplo, la infraestructura de red adicional en la medida en que está determinada por la necesidad de incrementar la capacidad con el fin de transportar el tráfico adicional al por mayor). Estos costes relacionados con la red podrían ser los de nuevos centros de conmutación móvil o los de la infraestructura troncal directamente necesaria para transportar el tráfico de terminación para terceros. Además, cuando para prestar los servicios de originación y terminación de llamadas se compartan determinados elementos de la red, como emplazamientos de células o estaciones transceptoras de base, estos elementos de la red se incluirán en el modelo de costes de terminación en la medida en que los haga necesarios la capacidad adicional que se precisa para el transporte de tráfico de terminación de terceros. Además, se tendrían en cuenta también los costes del espectro adicional y los costes comerciales al por mayor directamente relacionados con la prestación del servicio mayorista de terminación a terceras partes. Esto implica que los costes de cobertura, los costes generales inevitables de la actividad empresarial y los costes del comercio minorista no están incluidos.
      Para determinar la escala mínima de eficiencia a los efectos de la elaboración del modelo de costes, y teniendo en cuenta la evolución de la cuota de mercado en algunos Estados miembros, el planteamiento recomendado es establecer esa escala en el 20 % de la cuota de mercado. Cabe esperar que los operadores de telefonía móvil, una vez que hayan entrado en el mercado, se esfuercen por maximizar su eficiencia y sus ingresos y, por lo tanto, estén en condiciones de conseguir una cuota de mercado mínima del 20 %. En caso de que una ANR pueda demostrar que las condiciones del mercado en el territorio de ese Estado miembro implicarían una escala mínima de eficiencia diferente, podría desviarse del planteamiento recomendado.

         (1)  Digital Subscriber Line Access Multiplexer/Multi-Service Access Node (Multiplexor de acceso a la línea de abonado digital/Nodo de acceso multiservicios).


title: Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 2007 , relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2007, destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal, así como a los programas nacionales de control para 2008 [notificada con el número C(2007) 1452] (Texto pertinente a efectos del EEE )

text:
               11.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 96/21

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 3 de abril de 2007
   relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2007, destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal, así como a los programas nacionales de control para 2008
   [notificada con el número C(2007) 1452]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2007/225/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 2, letra b),
   Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 4, apartado 2, letra b),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE se dispone que la Comisión debe esforzarse por implantar progresivamente un sistema que permita calcular la exposición a los plaguicidas a través de la alimentación. Para poder realizar estimaciones fiables, debe disponerse de datos sobre el control de los residuos de plaguicidas en una serie de productos alimenticios que son parte importante de la dieta europea. Está generalmente admitido que la dieta europea se compone principalmente de entre 20 y 30 productos alimenticios. En vista de los recursos disponibles a escala nacional para el control de los residuos de plaguicidas, los Estados miembros solo pueden analizar muestras de ocho productos cada año, en el marco de un programa coordinado de control. Cada tres años se producen cambios en la utilización de plaguicidas. Por lo tanto, en general, debería controlarse cada plaguicida en una serie de entre 20 y 30 productos alimenticios a lo largo de varios ciclos trienales.

               (2)

               En 2007 deben controlarse los residuos de los plaguicidas a que se refiere la presente Recomendación, a fin de que se puedan utilizar estos datos para calcular la exposición real a estos plaguicidas a través de la alimentación.

               (3)

               Es necesario adoptar un procedimiento estadístico sistemático con respecto al número de muestras que han de tomarse en cada ejercicio coordinado de control. Dicho procedimiento ha sido fijado por la Comisión del Codex Alimentarius (3). Según una distribución binómica de probabilidades, puede calcularse que el examen de 642 muestras permite que se detecten, con una certeza superior al 99 %, muestras cuyo contenido de residuos de plaguicidas supera el límite de determinación (LD), a condición de que menos del 1 % de los productos de origen vegetal contenga residuos por encima de dicho límite. La recogida de esas muestras debe repartirse proporcionalmente entre los Estados miembros en función de la población y del número de consumidores, con un mínimo de 12 muestras por producto y año.

               (4)

               En el sitio web de la Comisión está disponible un documento con orientaciones relativas a los procedimientos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas (4). Se ha acordado que estas orientaciones deben ser aplicadas en la medida de lo posible por los laboratorios de análisis de los Estados miembros y deben revisarse continuamente a la luz de la experiencia resultante de los programas de control.

               (5)

               La Directiva 2002/63/CE de la Comisión (5) establece los métodos comunitarios de muestreo para el control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal. Los métodos y procedimientos de muestreo establecidos en la mencionada Directiva incluyen los recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius.

               (6)

               En virtud de las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE, los Estados miembros han de especificar los criterios aplicados para elaborar sus programas nacionales de control. Dicha información debe incluir los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y los análisis que deben realizarse, así como los niveles de referencia aplicados y los criterios empleados para fijarlos, e información sobre la autorización contemplada en el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (6), tomando en consideración el artículo 18 del Reglamento (CE) no 2076/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004 (7), que otorga una excepción al requisito de autorización. Asimismo, deben indicarse el número y el tipo de infracción, así como las acciones emprendidas al respecto.

               (7)

               Los niveles máximos de residuos en alimentos para bebés han sido determinados con arreglo al artículo 6 de la Directiva 91/321/CEE de la Comisión, de 14 de mayo de 1991, relativa a los preparados para lactantes y preparados de continuación (8), y al artículo 6 de la Directiva 96/5/CE, Euratom de la Comisión, de 16 de febrero de 1996, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad (9).

               (8)

               La información sobre los resultados de los programas de control se presta especialmente al tratamiento, almacenamiento y transmisión mediante métodos electrónicos o informáticos. Se han desarrollado formatos para que los Estados miembros puedan suministrar los datos por correo electrónico. Por tanto, los Estados miembros deben poder enviar a la Comisión sus informes en el formato normalizado. La elaboración de orientaciones por parte de la Comisión es la forma más eficaz de seguir desarrollando dicho formato normalizado.

               (9)

               Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         RECOMIENDA:

               1)

               Se insta a los Estados miembros a que, durante 2007, tomen muestras y efectúen análisis de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, basándose en el número de muestras por producto que se les asigna en el anexo II, reflejando adecuadamente la cuota de mercado nacional, comunitaria y de terceros países del Estado miembro.
               El lote que vaya a ser sometido a muestreo debería seleccionarse aleatoriamente siguiendo un enfoque de seguimiento.
               El procedimiento de muestreo, incluido el número de componentes, debería estar en consonancia con la Directiva 2002/63/CE.

               2)

               Del número total de muestras conforme a las indicaciones de los anexos I y II, los Estados miembros deberían recoger y analizar:

                           a)

                           como mínimo, diez muestras de alimentos para bebés basados principalmente en verduras, frutas o cereales;

                           b)

                           un número de muestras (como mínimo una muestra, si está disponible) de productos procedentes de la agricultura ecológica que refleje la cuota de mercado de dichos productos en cada Estado miembro.

               3)

               Se insta a los Estados miembros a que notifiquen los resultados del análisis de muestras efectuado de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, a más tardar el 31 de agosto de 2008, indicando:

                           a)

                           los métodos analíticos utilizados y los niveles de referencia alcanzados, de acuerdo con los procedimientos de control de calidad fijados en los procedimientos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas;

                           b)

                           el número y el tipo de infracciones, y las acciones emprendidas al respecto.

               4)

               El informe debería elaborarse en un formato —incluido el formato electrónico— conforme con las orientaciones ofrecidas a los Estados miembros para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión respecto a los programas comunitarios coordinados de control del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.
               El resultado de las muestras de alimentos para bebés y de las muestras de productos procedentes de la agricultura ecológica debería notificarse en fichas separadas.

               5)

               Se insta a los Estados miembros a que transmitan a la Comisión y a los demás Estados miembros, a más tardar el 31 de agosto de 2007, la información requerida que establece el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 86/362/CEE y el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 90/642/CEE, con respecto al ejercicio de control de 2006 a fin de garantizar, al menos mediante controles por muestreo, la conformidad con los límites máximos de residuos de plaguicidas; la información debería incluir:

                           a)

                           los resultados de sus programas nacionales referentes a los residuos de plaguicidas;

                           b)

                           información sobre los procedimientos de control de calidad en sus laboratorios y, en particular, información sobre los aspectos de las orientaciones relativas a los procedimientos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas que no hayan podido aplicar o cuya aplicación haya sido difícil;

                           c)

                           información sobre la autorización de los laboratorios que llevan a cabo los análisis de conformidad con las disposiciones del artículo 12 del Reglamento (CE) no 882/2004 (incluido el ámbito de la autorización, el organismo de autorización y una copia del certificado de autorización);

                           d)

                           información sobre las pruebas de cualificación y los ensayos interlaboratorios en que haya participado el laboratorio.

               6)

               Se insta a los Estados miembros a que remitan a la Comisión, a más tardar el 30 de septiembre de 2007, su proyecto de programa nacional de control de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados por las Directivas 90/642/CEE y 86/362/CEE para el año 2008, incluida la siguiente información:

                           a)

                           los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y de análisis que deben efectuarse;

                           b)

                           los niveles de referencia aplicados y los criterios por los que se han determinado los mismos, así como

                           c)

                           información sobre la autorización de los laboratorios que realizan los análisis, con arreglo al Reglamento (CE) no 882/2004.

      Hecho en Bruselas, el 3 de abril de 2007.

            Por la Comisión

         Markos KYPRIANOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 221 de 7.8.1986, p. 37. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2007/11/CE de la Comisión (DO L 63 de 1.3.2007, p. 26).

      (2)  DO L 350 de 14.12.1990, p. 71. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2007/12/CE de la Comisión (DO L 59 de 27.2.2007, p. 75).

      (3)  Codex Alimentarius, Residuos de plaguicidas en los productos alimentarios, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, p. 372.

      (4)  Documento SANCO/10232/2006 de 24 de marzo de 2006, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

      (5)  DO L 187 de 16.7.2002, p. 30.

      (6)  DO L 165 de 30.4.2004, p. 1; versión corregida en el DO L 191 de 28.5.2004, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

      (7)  DO L 338 de 22.12.2005, p. 83. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1666/2006 (DO L 320 de 18.11.2006, p. 47).

      (8)  DO L 175 de 4.7.1991, p. 35. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/82/CE (DO L 362 de 20.12.2006, p. 94).

      (9)  DO L 49 de 28.2.1996, p. 17. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/13/CE (DO L 41 de 14.2.2003, p. 33).

      ANEXO I
      COMBINACIONES DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUE DEBEN CONTROLARSE

                  2007

                  2008 (1)

                  2009 (1)

                  Acefato

                  c)

                  a)

                  b)

                  Acetamiprid

                  c)

                  a)

                  b)

                  Aldicarb

                  c)

                  a)

                  b)

                  Amitraz

                  a)

                  b)

                  Azinfos-metilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Azoxistrobina

                  c)

                  a)

                  b)

                  Benomilo + carbendazima
                  (expresados en carbendazima)

                  c)

                  a)

                  b)

                  Bifentrina

                  c)

                  a)

                  b)

                  Bromuro total

                  a)

                  b)

                  Bromopropilato

                  c)

                  a)

                  b)

                  Bupirimato

                  c)

                  a)

                  b)

                  Buprofezina

                  c)

                  a)

                  b)

                  Captano

                  c)

                  a)

                  b)

                  Folpet

                  c)

                  a)

                  b)

                  Carbaril

                  c)

                  a)

                  b)

                  Clofentezina

                  a)

                  b)

                  Clormecuat (2)

                  c)

                  a)

                  b)

                  Clorotalonil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Clorprofam

                  c)

                  a)

                  b)

                  Clorpirifós

                  c)

                  a)

                  b)

                  Clorpirifós-metilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Cipermetrín

                  c)

                  a)

                  b)

                  Ciprodinilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Deltametrín

                  c)

                  a)

                  b)

                  Diazinón

                  c)

                  a)

                  b)

                  Diclofluanida

                  c)

                  a)

                  b)

                  Diclorvós

                  c)

                  a)

                  b)

                  Dicofol

                  c)

                  a)

                  b)

                  Dimetoato + Ometoato
                  (suma expresada como dimetoato)

                  c)

                  a)

                  b)

                  Dinocap

                  a)

                  b)

                  Difenilamina

                  c)

                  a)

                  b)

                  Endosulfán

                  c)

                  a)

                  b)

                  Fenarimol

                  a)

                  b)

                  Fenhexamida

                  c)

                  a)

                  b)

                  Fenitrotión

                  c)

                  a)

                  b)

                  Fludioxonil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Flusilazol

                  a)

                  b)

                  Glifosato (3)

                  a)

                  b)

                  Hexaconazol

                  a)

                  b)

                  Hexitiazox

                  c)

                  a)

                  b)

                  Imazalil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Imidacloprid

                  c)

                  a)

                  b)

                  Indoxacarbo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Iprodiona

                  c)

                  a)

                  b)

                  Iprovalicarbo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Cresoxim-metilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Lambda-cialotrina

                  c)

                  a)

                  b)

                  Malatión

                  c)

                  a)

                  b)

                  Grupo del maneb

                  c)

                  a)

                  b)

                  Mepanipirima

                  c)

                  a)

                  b)

                  Mepicuat (2)

                  a)

                  b)

                  Metalaxilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Metamidofós

                  c)

                  a)

                  b)

                  Metidatión

                  c)

                  a)

                  b)

                  Metiocarb

                  c)

                  a)

                  b)

                  Metomilo/Tiodicarb
                  (suma expresada como metomilo)

                  c)

                  a)

                  b)

                  Miclobutanil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Oxidemetón-metilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Paratión

                  c)

                  a)

                  b)

                  Penconazol

                  c)

                  a)

                  b)

                  Fosalón

                  c)

                  a)

                  b)

                  Pirimicarb

                  c)

                  a)

                  b)

                  Pirimifós-metilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Procloraz

                  c)

                  a)

                  b)

                  Procimidón

                  c)

                  a)

                  b)

                  Profenofós

                  c)

                  a)

                  b)

                  Propargita

                  c)

                  a)

                  b)

                  Piretrinas

                  c)

                  a)

                  b)

                  Pirimetanil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Piriproxifeno

                  c)

                  a)

                  b)

                  Oxamil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Quinoxifeno

                  c)

                  a)

                  b)

                  Espiroxamina

                  c)

                  a)

                  b)

                  Tebuconazol

                  c)

                  a)

                  b)

                  Tiofanato-metil

                  c)

                  a)

                  b)

                  Tebufenozida

                  c)

                  a)

                  b)

                  Trifloxistrobina

                  a)

                  b)

                  Tiabendazol

                  c)

                  a)

                  b)

                  Tolclofos-metilo

                  c)

                  a)

                  b)

                  Tolilfluanida

                  c)

                  a)

                  b)

                  Triademefón + Triadimenol
                  (expresado como suma de triadimenol y triadimefón)

                  c)

                  a)

                  b)

                  Vinclozolina

                  c)

                  a)

                  b)

                              a)

                              Alubias (frescas o congeladas), zanahorias, pepinos, naranjas o mandarinas, peras, patatas, arroz y espinacas (frescas o congeladas).

                              b)

                              Berenjenas, plátanos, coliflor, uva, zumo de naranja (), guisantes (frescos/congelados, sin vaina), pimientos (dulces) y trigo.

                              c)

                              Manzanas, repollos, puerros, lechugas, tomates, melocotones, incluidas las nectarinas e híbridos similares; centeno o avena y fresas.

         (1)  Orientativo para 2008 y 2009, sujeto a los programas que se recomienden para esos años.

         (2)  El clormecuat y el mepicuat deberían analizarse en los cereales, las zanahorias, los frutos y pepónides y las peras.

         (3)  Solo cereales.

         (4)  Los Estados miembros especificarán la procedencia del zumo de naranja (concentrado o frutas frescas).

      ANEXO II
      Número de muestras por producto que debe tomar y analizar cada Estado miembro

                  Código del país

                  Muestras

                  AT

                  12 (1)

                  15 (2)

                  B

                  12 (1)

                  15 (2)

                  BG

                  12 (1)

                  15 (2)

                  CY

                  12 (1)

                  15 (2)

                  CZ

                  12 (1)

                  15 (2)

                  DE

                  93

                  DK

                  12 (1)

                  15 (2)

                  ES

                  45

                  EE

                  12 (1)

                  15 (2)

                  EL

                  12 (1)

                  15 (2)

                  FR

                  66

                  FI

                  12 (1)

                  15 (2)

                  HU

                  12 (1)

                  15 (2)

                  IT

                  65

                  IE

                  12 (1)

                  15 (2)

                  LU

                  12 (1)

                  15 (2)

                  LT

                  12 (1)

                  15 (2)

                  LV

                  12 (1)

                  15 (2)

                  MT

                  12 (1)

                  15 (2)

                  NL

                  17

                  PT

                  12 (1)

                  15 (2)

                  PL

                  45

                  RO

                  17

                  SE

                  12 (1)

                  15 (2)

                  SI

                  12 (1)

                  15 (2)

                  SK

                  12 (1)

                  15 (2)

                  UK

                  66

                  Número total de muestras: 642

         (1)  Número mínimo de muestras para cada método de residuo único aplicado.

         (2)  Número mínimo de muestras para cada método de residuos múltiples aplicado.


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 del Reino Unido

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/122

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 del Reino Unido
   (2017/C 261/27)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2017 sobre el Reino Unido fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por el Reino Unido a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances del Reino Unido hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)

               El Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 el 21 de abril de 2017, y su Programa de Estabilidad de 2017 el 27 de abril de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (5)

               El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A condición de que se haya logrado una corrección oportuna y duradera en 2016-2017, el Reino Unido pasará a estar sujeto al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda en 2017-2018. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno espera haber corregido el déficit excesivo a más tardar en el ejercicio presupuestario 2016-2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 19 de junio de 2015, con un déficit global del 2,7 % del PIB. Se prevé que, a continuación, ese déficit global aumente ligeramente hasta situarse en el 2,8 % del PIB en 2017-2018, antes de disminuir hasta el 1,9 % del PIB en 2018-2019. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo presupuestario a medio plazo. Según dicho Programa, se espera que la ratio deuda pública/PIB se estabilice de manera general en torno al 87,5 % de 2016-2017 a 2018-2019 para descender al 84,8 % del PIB en 2020-2021. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista. Aunque las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos se han concretado en conjunto satisfactoriamente, los riesgos de sobrestimación del escenario macroeconómico amenazan el logro de la reducción del déficit proyectada.

               (6)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó al Reino Unido que pusiera fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2016-2017 y que, tras la corrección de ese déficit excesivo, lograra un ajuste presupuestario del 0,6 % del PIB en 2017-2018, orientándose hacia la consecución del objetivo presupuestario mínimo a medio plazo. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el déficit global haya alcanzado el 2,7 % del PIB en 2016-2017, en consonancia con objetivo recomendado por el Consejo. En 2017-2018 existe el riesgo de una ligera desviación del cumplimiento del requisito del componente preventivo.

               (7)

               A la vista de la situación presupuestaria del Reino Unido y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste hacia un objetivo presupuestario a medio plazo adecuado. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (4) no supere el 1,8 %. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una ligera desviación respecto de ese requisito durante el período 2017-2018 y el período 2018-2019, conjuntamente considerados. Al mismo tiempo, no se espera, a priori, que el Reino Unido cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2017-18, pero sí que la cumpla en 2018-2019. En general, el Consejo considera que el Reino Unido ha de estar preparado para adoptar nuevas medidas en 2017-2018 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, según lo previsto en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debería tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la futura evaluación deberá tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en el Reino Unido.

               (8)

               La inversión privada se ha venido manteniendo a un nivel considerablemente inferior a la media de la Unión, al tiempo que la inversión pública se ha seguido situando a un nivel ligeramente inferior. La productividad es significativamente inferior a la media de los países del G7 y está estancada desde 2008. La estrategia aplicada por el Gobierno hace especial hincapié en el aumento de la inversión a fin de estimular el crecimiento de la productividad. Paliar las graves deficiencias de las redes de infraestructuras del Reino Unido en términos de capacidad y calidad constituye un reto fundamental. La congestión de las carreteras es elevada y, en algunos lugares, la capacidad ferroviaria resulta cada vez más inadecuada frente al rápido crecimiento de la demanda. Asimismo, es cada vez más apremiante la necesidad de incrementar la inversión en nuevas capacidades de generación y suministro de energía. El Plan Nacional de Suministro de Infraestructuras establece ambiciosos planes de mejora de la infraestructura económica del Reino Unido, y en 2016 se adoptaron una serie de decisiones de inversión en relación con grandes proyectos en los sectores del transporte y la energía. No obstante, persisten las reservas en cuanto a la posibilidad de garantizar las inversiones públicas y privadas adecuadas para hacer frente a los retrasos en materia de infraestructuras en los plazos oportunos y de forma rentable. El aumento de la oferta de viviendas es un reto importante al que el Reino Unido debe hacer frente. La escasez crónica de viviendas contribuye al aumento del precio de las viviendas, ya elevado, y tiene importantes costes económicos y sociales, especialmente en torno a los polos de crecimiento económico. La reforma del sistema de planificación combinada con la aplicación de una serie de estrategias complementarias en materia de vivienda propician en cierta medida el incremento de la edificación viviendas. No obstante, hay aún una serie de factores que limitan la oferta residencial, como por ejemplo una regulación muy estricta y compleja del mercado de tierras y de la construcción de viviendas, por lo que la oferta de nuevas construcciones sigue sin acompasarse al ritmo de crecimiento de la demanda.

               (9)

               Las cifras globales del mercado laboral siguen siendo positivas en conjunto, con una baja tasa de desempleo de larga duración y juvenil. No obstante, hay margen de mejora por lo que respecta a los niveles de inactividad, el empleo a tiempo parcial y el empleo poco remunerado. El aumento de las rentas del trabajo sigue siendo moderado, ya que está vinculado al débil crecimiento de la productividad. Sigue suscitando preocupación la oferta de competencias y su utilización, así como la progresión de las mismas. La evolución de las políticas ha sido significativa y se ha centrado en las competencias y en la progresión a través de la reforma de la enseñanza técnica y el aprendizaje profesional. Para lograr un aprendizaje profesional de calidad, será preciso prestar atención tanto al nivel de cualificación que se pretende alcanzar como a su ámbito temático. La financiación de trayectorias alternativas, importantes desde el punto de vista estratégico, para el desarrollo de competencias, en particular en favor de los mayores de 25 años, permitiría ampliar la oferta de competencias en beneficio del Estado, las empresas y las personas que buscan la progresión de su carrera profesional. Existen también problemas relacionados con la oferta de servicios de guardería y de asistencia social que explican, en parte, la elevada tasa de empleo femenino a tiempo parcial. Hasta ahora, las reformas de los servicios de guardería han sido constantes pero graduales. Es probable que en los próximos dos años se produzca un cambio radical como consecuencia del pleno despliegue de algunas iniciativas. La asistencia de niños menores de tres años a las guarderías oficiales es relativamente bajo. Si bien las medidas adoptadas recientemente han mejorado en cierta medida la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de guardería para los niños de 3 y 4 años, no resuelven el problema de la oferta de servicios de guardería para los niños de edad inferior. Como consecuencia de las reformas y los recortes ya anunciados, en particular en lo que respecta a las medidas de apoyo vinculadas al trabajo, los resultados de las políticas sociales, como por ejemplo las que combaten la pobreza infantil, podrían verse menoscabados a corto o medio plazo, especialmente en un contexto de mayor inflación. Suscita especial preocupación el número de niños pobres que viven en hogares con empleo.

               (10)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia, el Programa Nacional de Reformas de 2017 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al Reino Unido en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones a escala de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (11)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2017, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Realizar un importante esfuerzo presupuestario para 2018-2019 atendiendo a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de consolidar la recuperación en curso y garantizar la sostenibilidad de la hacienda pública del Reino Unido.

               2.

               Tomar medidas adicionales para estimular la oferta de viviendas, incluso mediante la adopción y aplicación de reformas en relación con las normas sobre planificación urbanística.

               3.

               Paliar la inadecuación de las competencias y procurar su progresión, incluso prosiguiendo el refuerzo de la calidad del aprendizaje profesional y previendo la financiación de trayectorias alternativas de progresión en la enseñanza complementaria.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

      (4)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de 4 años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2008 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (séptimo FED) para el ejercicio 2006

text:
               15.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 41/22

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 12 de febrero de 2008
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (séptimo FED) para el ejercicio 2006
   (2008/116/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 (1), y modificado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995 (2),
   Visto el Acuerdo interno 91/401/CEE relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del Cuarto Convenio ACP-CEE (3), por el que se crea, entre otros, un séptimo Fondo Europeo de Desarrollo (séptimo FED), y en particular su artículo 33, apartado 3,
   Visto el Reglamento financiero 91/491/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, aplicable a la Cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al Cuarto Convenio ACP-CEE (4), y, en particular, sus artículos 69 a 77,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del séptimo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2006, así como el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 33, apartado 3, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del séptimo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del séptimo FED durante el ejercicio 2006 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del séptimo FED para el ejercicio 2006.

      Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2008.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. BAJUK

      (1)  DO L 229 de 17.8.1991, p. 3.

      (2)  DO L 156 de 29.5.1998, p. 3.

      (3)  DO L 229 de 17.8.1991, p. 288.

      (4)  DO L 266 de 21.9.1991, p. 1.

      (5)  DO C 259 de 31.10.2007, p. 1.