title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Lituania y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Lituania

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/69

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Lituania y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Lituania
   (2016/C 299/17)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016 (3). Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Lituania debe velar por la aplicación plena y oportuna de dichas Recomendaciones.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Lituania fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Lituania de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 14 de julio de 2015, así como los avances de Lituania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)

               El 29 de abril de 2016, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               En su Programa de Estabilidad de 2016, Lituania ha solicitado una desviación temporal del 0,6 % del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida para alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017, con el fin de que se tengan en cuenta importantes reformas estructurales que tendrán efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. No obstante, y a la espera de un acuerdo final, persiste la incertidumbre sobre el conjunto de medidas de reforma y su aplicación. Así, si bien Lituania cuenta con suficiente margen presupuestario como para beneficiarse de una desviación temporal, no parece cumplir el criterio de admisibilidad relativo a la aplicación de la reforma que le permitiría acogerse a la cláusula de reforma estructural. Además, actualmente no es posible evaluar la verosimilitud de las estimaciones del Gobierno sobre las repercusiones de la reforma. Por lo tanto, los efectos de estas reformas aún no se hayan reflejados en el ajuste requerido para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo para 2017.

               (6)

               Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora del saldo presupuestario, que pasaría de un déficit del 0,8 % del PIB en 2016 a un superávit del 0,9 % del PIB en 2019. Asimismo, está previsto que el saldo estructural (recalculado (5)) permanezca por encima del objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit del 1 % del PIB en términos estructurales— en 2016 y posteriormente. La senda de ajuste incorpora la reforma sistémica de las pensiones en 2016, pero no refleja la reforma estructural prevista en 2017. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya del 39,9 % del PIB en 2016 al 35,7 % en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No se han especificado suficientemente las medidas que se necesitan para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos de 2018 en adelante. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural sea del -1,2 % del PIB en 2016, lo cual puede considerarse próximo al objetivo presupuestario a medio plazo, y del -0,8 % del PIB en 2017, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad, y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, es de esperar que Lituania cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (7)

               Una disminución de la población en edad de trabajar causada por el envejecimiento, resultados deficientes en materia de salud y una emigración neta considerable puede afectar al potencial de crecimiento de Lituania y, en última instancia, a su senda de convergencia futura, así como poner en peligro, al mismo tiempo, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de cuidados de larga duración. Según los cálculos, se producirá una pérdida acumulada del 35 % de la población en edad de trabajar de aquí a 2030. Si no se invierte esta tendencia, podrían verse comprometidas la disponibilidad de mano de obra, la sostenibilidad del crecimiento económico a largo plazo y los sistemas de seguridad social, en particular el sistema de pensiones.

               (8)

               Las tendencias demográficas actuales ponen de manifiesto la necesidad de una reforma global de las pensiones en Lituania que aborde la sostenibilidad a medio plazo y los riesgos de adecuación del sistema de pensiones actuales. El nivel de pobreza entre las personas mayores en Lituania se encuentra entre los más altos de la Unión. Sin embargo, no existe actualmente ningún mecanismo de indexación de las pensiones públicas y el gasto en pensiones de la seguridad social es relativamente bajo. El Parlamento no ha aprobado aún el proyecto de ley propuesto por el Gobierno para introducir un mecanismo de indexación, vincular la edad de jubilación a los cambios en la esperanza de vida a partir de 2026, y mejorar la forma en que se financia la parte fundamental de las pensiones de la seguridad social.

               (9)

               En Lituania, los resultados en materia de salud se cuentan entre los peores de la Unión Europea. En particular, la mortalidad de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años es la más elevada de la Unión, lo cual tiene un importante impacto sobre la mano de obra disponible potencial y la productividad laboral. Entre las deficiencias en el sistema de salud figuran un recurso excesivo a los cuidados hospitalarios y un escaso gasto en prevención y salud pública. Es necesario hacer frente a la tendencia demográfica negativa.

               (10)

               Es importante que Lituania refuerce la inversión en capital humano con vistas a contrarrestar algunos de los efectos negativos de la disminución de la población en edad de trabajar y a apoyar su transición hacia una economía de mayor valor añadido. Aunque ha aumentado el grado de instrucción, la proporción de alumnos con cualificaciones básicas insuficientes es elevado. Conviene continuar los esfuerzos por garantizar una docencia de alta calidad, algo crucial para abordar el bajo rendimiento y las deficiencias educativas. Por otra parte, existen deficiencias en la calidad de la enseñanza superior y su capacidad para fomentar la innovación. La persistencia del bajo nivel de participación en actividades de aprendizaje para adultos está socavando los esfuerzos destinados a mejorar la calidad del capital humano y aumentar la productividad. Existen signos de una incipiente escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores de la economía. Se espera que dicha escasez se agrave en el futuro. El fuerte crecimiento de los salarios y una ralentización en el aumento de la productividad pueden debilitar la competitividad de costes. Por consiguiente, es importante mejorar la pertinencia de la educación con respecto al mercado laboral, racionalizar la estructura y financiación del sistema educativo, desarrollar la formación permanente y mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, así como procurar que se beneficien de las mismas los destinatarios adecuados. Lituania ha tomado medidas para mejorar sus políticas activas de empleo y otros servicios de apoyo a los demandantes de empleo, pero aún queda margen para dirigirlas de manera más precisa a grupos específicos, en particular a los desempleados de larga duración y a aquellos que carecen de las cualificaciones necesarias. El gasto en medidas políticas eficaces para el mercado laboral sigue siendo limitado, y las redes sociales de seguridad en Lituania son débiles. Alrededor del 27 % de la población de Lituania está en riesgo de pobreza o exclusión social, y la desigualdad de ingresos está entre las más altas de la Unión. El Gobierno planea mejorar la cobertura y la adecuación de las prestaciones por desempleo y de asistencia social, aunque la legislación pertinente aún no se ha adoptado.

               (11)

               Se está debatiendo actualmente en el Parlamento una revisión exhaustiva del Código del trabajo y del modelo social. La intención es aumentar la flexibilidad de las relaciones en el mercado laboral y ofrecer más seguridad, pero la legislación pertinente está todavía pendiente de adopción. La participación de los interlocutores sociales en la aplicación de la reforma y un mayor diálogo social son importantes.

               (12)

               La inversión se ha recuperado lentamente desde el comienzo de la crisis económica y contará con el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE en los próximos años. No obstante, la adopción y la asimilación de nuevas tecnologías no se ha extendido por toda la economía y innovación es escasa, lo que dificulta el crecimiento de la productividad. La inversión privada en investigación e innovación también ha sido baja, quizás debido a la insuficiencia de incentivos para la investigación y la innovación empresariales y para la cooperación entre los sectores público y privado. El refuerzo de la inversión privada podría mitigar los riesgos relativos a la dependencia de la inversión pública de Lituania en materia de investigación e innovación de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE. El sistema de enseñanza superior acusa deficiencias en cuanto a sus resultados de calidad e innovación, así como un escaso nivel de cooperación con universidades y centros de investigación extranjeros. El sistema de investigación e innovación está fragmentado y se caracteriza por los solapamientos y duplicaciones. Esto impide a Lituania alcanzar la masa crítica de capacidad de investigación y desarrollo necesaria para aumentar el conocimiento innovador. Deben incrementarse los incentivos para la innovación y la cooperación entre las universidades y las empresas, entre otras cosas mediante el desarrollo y la inversión en capital humano, lo cual podría aumentar el nivel de transferencias de tecnología a la economía real. Mejorar la limitada capacidad de las empresas lituanas para absorber los conocimientos externos y aplicarlos con fines comerciales elevaría el grado de innovación.

               (13)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (14)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               Garantizar que la desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo se mantenga dentro del margen concedido con motivo de la reforma sistémica de las pensiones en 2016 y en 2017. Reducir la presión fiscal sobre los trabajadores con bajos ingresos, desplazando la carga fiscal a otras fuentes que impliquen un menor perjuicio para el crecimiento, así como mejorar en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular en el ámbito del IVA.

               2.

               Aumentar la inversión en capital humano y hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada mediante la mejora de la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, el aumento de la calidad de la enseñanza y la formación de adultos. Reforzar la cobertura y la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo. Reforzar el papel de los mecanismos de diálogo social. Mejorar el desempeño del sistema de asistencia sanitaria mediante la promoción de la asistencia ambulatoria, la prevención de enfermedades y el fomento de la salud. Mejorar la cobertura y adecuación de las prestaciones por desempleo y de asistencia social.

               3.

               Adoptar medidas para aumentar la productividad y promover la adopción y asimilación de las nuevas tecnologías en todos los sectores de la economía. Mejorar la coordinación de las políticas de innovación y fomentar la inversión privada, entre otras cosas mediante el desarrollo de formas alternativas de financiación.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  DO C 96 de 11.3.2016, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  El saldo estructural recalculado por la Comisión sobre la base de la información del Programa de Estabilidad, siguiendo la metodología comúnmente acordada.

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


Aviso jurídico importante

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52007SC0066

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de estabilidad actualizado de Francia (2006-2010)  /* SEC/2007/0066 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 23.1.2007SEC(2007) 66 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,en relación con el programa de estabilidad actualizado de Francia (2006-2010)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO GENERALEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto realizada en 2005, aunque reconocía la utilidad de éste como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento[1], establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la han adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de estabilidad de Francia fue presentado en enero de 1999. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 15 de marzo de 1999, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.CONTEXTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZADOLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de estabilidad de Francia, presentada el 6 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre dicha actualización.Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de estabilidad actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  Los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años.2.  La evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de estabilidad).3.  La evaluación del programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesA la luz de la experiencia de los diez últimos años, puede señalarse que el ciclo de la economía francesa tiene una evolución muy similar a la del ciclo de la zona del euro y muestra niveles similares de crecimiento. No obstante, la tasa media de desempleo observada en Francia en la pasada década fue del 10%, esto es, un punto superior a la de la zona del euro. Aunque recientemente ha registrado una tendencia decreciente, pasando del 12,5% en 1997 a una cifra inferior al 9%, esta tasa es aún relativamente elevada. El sólido crecimiento de la economía francesa estuvo impulsado en gran medida por la demanda interna, y especialmente por el consumo privado (evolución favorable del poder adquisitivo de las economías domésticas). La demanda de la economía se benefició de los efectos de una política económica favorable, aunque a costa de unos significativos desequilibrios fiscales. Los esfuerzos de saneamiento, que se iniciaron en 2004, redujeron el déficit por debajo del valor de referencia establecido en el Tratado (3%) en 2005, y llevaron al archivo del procedimiento de déficit excesivo en enero de 2007. Sin embargo, se requieren nuevos esfuerzos de saneamiento tanto para mejorar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública como para crear un margen presupuestario que permita afrontar las fases de ralentización económica. Un incremento de la baja tasa de desempleo de los trabajadores de más edad superior al previsto fomentaría el crecimiento del PIB y reduciría la presión sobre las finanzas públicas. Por consiguiente, los retos que afronta la economía francesa guardan relación con la sostenibilidad y la eficiencia.Evaluación realizada en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 24 de marzo de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la anterior actualización del programa de estabilidad, referente al periodo 2005-2009, indicando que «acoge favorablemente la prioridad concedida a la reducción de la deuda en el programa de estabilidad francés, pero observa que existen riesgos asociados al logro de los objetivos presupuestarios y a la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública». Asimismo, el Consejo instaba a Francia a «realizar [...] los ajustes estructurales necesarios para situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% del PIB en 2006 de forma creíble y sostenible; [tomar] las medidas necesarias para garantizar el saneamiento presupuestario planeado hacia el objetivo a medio plazo y para mejorar la sostenibilidad a largo plazo; y reforzar el seguimiento y la aplicación de las normas en materia de gastos definidas para los subsectores de las administraciones públicas, con objeto de lograr el cumplimiento de los ambiciosos límites máximos plurianuales para el gasto».Evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la ComisiónEl informe de aplicación del Programa nacional de reforma de Francia, elaborado en el contexto de la nueva estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, fue presentado el 5 de octubre de 2006. Dicho Programa se fija las siguientes prioridades: crear las condiciones necesarias para un fuerte crecimiento económico, reducir el desempleo y aumentar el empleo, y desarrollar una economía del conocimiento.De la evaluación realizada por la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución, de diciembre de 2006[2]), se desprende que Francia está avanzando en la aplicación de su Programa nacional de reforma. En particular en un contexto de evolución macroeconómica favorable, Francia ha proseguido su esfuerzo de saneamiento fiscal, procurando al mismo tiempo aumentar su potencial de crecimiento, especialmente por medio de nuevos compromisos en materia de investigación y desarrollo. Los resultados del mercado laboral son aún mediocres.Recuadro: Principales aspectos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE nº 1466/97) del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada; Determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; Al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5% del PIB. Al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3% del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del periodo del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la "Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[3]). El grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el periodo 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo EcoFin declaró que los programas nacionales de reforma deben ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia). El cumplimiento del código de conducta, que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia[4]. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,en relación con el programa de estabilidad actualizado de Francia (2006-2010)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5], y, en particular, su artículo 5, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:4.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Francia, que abarca el periodo 2006-2010.5.  El programa contiene dos diferentes escenarios para las previsiones macroeconómicas y presupuestarias: un «escenario prudente» y un «escenario favorable». El «escenario prudente», que es conforme con las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, se toma como escenario de referencia para la evaluación de las previsiones presupuestarias. Partiendo de la información disponible, parece basarse en hipótesis verosímiles, aunque un tanto optimistas en lo relativo a 2006. Este escenario prevé que el PIB real crecerá un 2,25% al año durante el periodo cubierto por el programa. Las previsiones de inflación del programa también parecen realistas.6.  Las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión contemplan un déficit de las administraciones públicas equivalente al 2,7% del PIB en 2006, frente al objetivo de un déficit equivalente al 2,9% del PIB establecido en la anterior actualización del programa de estabilidad (y un déficit del 2,9% del PIB registrado en 2005). Aunque la hipótesis de crecimiento del PIB es idéntica en la anterior y en la presente actualización (crecimiento comprendido entre el 2% y el 2,5%), en la presente actualización el crecimiento implica unos mayores impuestos, ya que se basa en un mayor consumo privado. La mejora prevista del déficit se basa: a) en un aumento del crecimiento del PIB (del 1,2% a aproximadamente el 2%), que incrementaría los ingresos (hasta alrededor de 5 000 millones de euros, esto es, el 0,3 puntos porcentuales del PIB), y b) en una ralentización del gasto.7.  El programa se inscribe en la estrategia global de las autoridades francesas de «compromiso nacional con la reducción de la deuda» y se presenta como un programa plurianual para la reducción de la deuda, que persigue un objetivo de déficit nulo y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB en 2010 a más tardar. El programa prevé una disminución continua aunque concentrada en los últimos años del déficit global, del 2,7% del PIB en 2006 (2,5% en 2007) al 0% del PIB en 2010, lo que, representaría, pues, una reducción global de 2,7 puntos porcentuales del PIB. El saldo primario pasaría de un déficit del 0,1% del PIB en 2006 a un superávit a partir de 2007, que equivaldría al 2,5% del PIB en 2010. El saneamiento planeado se realizaría por el lado de los gastos: se basaría en objetivos plurianuales para el aumento del gasto de las administraciones públicas que implican una reducción en el ratio gastos (primarios)/PIB de cerca de tres puntos porcentuales del PIB durante el periodo. En comparación con el programa anterior, la nueva actualización confirma globalmente el ajuste presupuestario planeado, con un escenario macroeconómico prácticamente inalterado.8.  Se prevé una mejora del saldo estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluyendo las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado aplicando la metodología común; dicho saldo pasaría de un déficit de aproximadamente el 2,5% del PIB en 2006 a un superávit de alrededor del 0,25% del PIB al final del periodo cubierto por el programa (2010). Al igual que en la anterior actualización del programa de estabilidad, el objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria que se infiere del programa es un presupuesto equilibrado en términos estructurales, que en el programa se prevé alcanzar de aquí a 2010. Dado que el objetivo a medio plazo del programa es más exigente que el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit de aproximadamente el 1,5% del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el código de conducta y refleja adecuadamente el ratio de deuda y el crecimiento potencial medio a largo plazo.9.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados a corto plazo (hasta 2008), pero los resultados presupuestarios podrían ser peores que los previstos en el programa en los últimos años de éste. A corto plazo, el ajuste se basa principalmente en un mayor control del gasto de la Administración central, respaldado por la aplicación gradual de la nueva Ley orgánica sobre normativa presupuestaria[6], y en los resultados de las auditorías de modernización, y es verosímil, aunque la tendencia del gasto de las administraciones locales constituye un factor de riesgo. En lo que se refiere a los últimos años del programa, el fuerte ajuste fijado como objetivo suscita dudas acerca de su plena realización. Aunque la Administración central ha cumplido tradicionalmente su norma de gasto, la drástica reducción prevista requiere algunas medidas de reforma que no se definen en el programa. De forma más general, el riesgo se ve acentuado por la experiencia relativa al cumplimiento de los límites máximos para el gasto de las administraciones públicas, que constituye un elemento central de la estrategia de saneamiento fiscal de Francia, por la falta de mecanismos de aplicación y por la ausencia de normas de gasto para algunos subsectores, especialmente para las administraciones locales.10.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa podría no ser suficiente para garantizar el logro del objetivo a medio plazo de aquí a 2010, como se prevé en el programa. Sin embargo, parece proporcionar un margen de seguridad suficiente a fin de evitar que se rebase el límite del 3% del PIB para el déficit con unas fluctuaciones macroeconómicas normales hacia el final del periodo del programa, probablemente a partir de 2009. Excepto en lo que se refiere a 2007, el ritmo de ajuste hacia el objetivo a medio plazo que implica el programa es globalmente conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que especifica que, para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II, la mejora anual del saldo estructural deberá ser equivalente al 0,5% del PIB como mínimo y que el ajuste deberá ser mayor en coyunturas favorables y podrá ser menor en coyunturas desfavorables. Aunque Francia acaba de corregir su déficit excesivo, el ajuste previsto para 2007 quedaría limitado a 0,3 puntos porcentuales del PIB, mientras que la situación económica no puede considerarse como «desfavorable» y las elasticidades tributarias incluso parecen indicar una «situación favorable».11.  Se estima que la deuda pública bruta ha alcanzado en 2006 el 64,6% del PIB, cifra superior al valor de referencia establecido en el Tratado (60% del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda disminuya en 6,5 puntos porcentuales durante el periodo cubierto por el mismo. En los últimos años del programa, la evolución del ratio de deuda podría ser menos favorable que la prevista habida cuenta de: 1) los riesgos mencionados que pesan sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, y 2) la incertidumbre acerca de la realización de las ventas de activos no estratégicos, que tienden a ser superiores a su media histórica. A pesar de estos riesgos, parece que el ratio de deuda disminuiría suficientemente hacia el valor de referencia durante el periodo cubierto por el programa.12.  Se estima que en Francia los efectos a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto serán ligeramente inferiores a la media de la UE, mientras que los gastos en pensiones registrarían un aumento algo menor que en otros muchos países, como consecuencia de las reformas de las pensiones ya adoptadas. Aunque es mejor que en 2005, la situación presupuestaria inicial constituye un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas incluso sin tener en cuenta los efectos a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto. Además, el nivel actual de deuda bruta es superior al valor de referencia del Tratado. La continuación del saneamiento presupuestario contribuiría a reducir los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, que, también podría verse beneficiada por el mantenimiento y, en su caso, el reforzamiento de los efectos positivos de la reforma de las pensiones. Globalmente, Francia parece afrontar un nivel de riesgo medio en relación con la sostenibilidad de sus finanzas públicas.13.  El programa de estabilidad contiene una evaluación cualitativa de las repercusiones globales del Programa nacional de reforma de Francia de octubre de 2006 en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. Sin embargo, no proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma, aunque sus previsiones presupuestarias parecen tener en cuenta las repercusiones presupuestarias de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en el área de la hacienda pública previstas en el programa de estabilidad parecen ajustarse a las contempladas en el Programa nacional de reforma.14.  La estrategia presupuestaria del programa es conforme globalmente a las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.15.  En cuanto a los requisitos en materia de datos especificados en el código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta lagunas en los datos obligatorios y opcionales[7].Globalmente, puede concluirse que, tras la corrección del déficit excesivo, y en un contexto de fuerte aumento de los ingresos, el programa concede prioridad a la reducción de la deuda y se propone avanzar hacia el objetivo a medio plazo mediante un ajuste por el lado de los gastos un tanto concentrado en los últimos años del programa. Existen riesgos para el logro de los objetivos presupuestarios, especialmente en los últimos años del programa.A la luz de la presente evaluación, se insta a Francia a:(i) Aprovechar las favorables perspectivas de crecimiento y el efecto positivo derivado de unos resultados en 2006 mejores que los previstos para concentrar en los primeros años, especialmente en 2007, el ajuste hacia el objetivo a medio plazo, con vistas a alcanzar dicho objetivo de aquí al final del periodo, reduciendo así el nivel de deuda y mejorando la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.(ii) Reforzar el seguimiento y la aplicación de las normas en materia de gastos definidas para los subsectores de las administraciones públicas, con objeto de lograr el cumplimiento de los ambiciosos límites máximos plurianuales para el gasto.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |PIB real (% variación) | PE Dic 2006 | 1,2 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 2 ¼ | 2 ¼ | 2 ¼ |COM Nov 2006 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | - | - |PE Ene 2006 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 2 ¼ | 2 ¼ | 2 ¼ | - |Inflación IPCA (%) | PE Dic 2006 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1 ¾ | 1 ¾ | 1 ¾ |COM Nov 2006 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | - | - |PE Ene 2006 | 1,9 | 1,8 | 1 ¾ | 1 ¾ | 1 ¾ | - |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PE Dic 20061 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,3 |COM Nov 20065 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | - | - |PE Ene 20061 | -0,5 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -0,9 | - |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PE Dic 2006 | -2,9 | -2,7 | -2,5 | -1,8 | -0,9 | 0,0 |COM Nov 2006 | -2,9 | -2,7 | -2,6 | -2,2 | - | - |PE Ene 2006 | -3,0 | -2,9 | -2,6 | -1,9 | -1,0 | - |Saldo primario (% del PIB) | PE Dic 2006 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,7 | 2,5 |COM Nov 2006 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | - | - |PE Ene 2006 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | - |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PE Dic 20061 | -2,5 | -2,4 | -2,2 | -1,6 | -0,7 | 0,2 |COM Nov 2006 | -2,5 | -2,3 | -2,3 | -1,8 | - | - |PE Ene 20061 | -2,8 | -2,7 | -2,3 | -1,5 | -0,6 | - |Saldo estructural2 (% del PIB) | PE Dic 20063 | -3,0 | -2,5 | -2,2 | -1,6 | -0,7 | 0,2 |COM Nov 20064 | -3,1 | -2,6 | -2,3 | -1,8 | - | - |PE Ene 2006 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -1,5 | -0,6 | - |Deuda pública bruta (% del PIB) | PE Dic 2006 | 66,6 | 64,6 | 63,6 | 62,6 | 60,7 | 58,0 |COM Nov 2006 | 66,6 | 64,7 | 63,9 | 63,3 | - | - |PE Ene 2006 | 65,8 | 66,0 | 65,6 | 64,6 | 62,8 | - |Notas: |1 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. |2 Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. |3 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas del programa (0,5% del PIB en 2005 y 0,1% en 2006, reducción del déficit en ambos casos, 0% a continuación; ). |4 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas de las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión (0,6% del PIB en 2005 y 0,2% en 2006, reducción del déficit en ambos casos, 0% a continuación). |5 Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 2,0%, el 2,2%, el 2,2% y el 2,3%, respectivamente, en 2005, 2006, 2007 y 2008. |Fuente: |Programa de estabilidad (PE); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera: « Implementing the renewed Lisbon strategy for growth and jobs - A year of delivery », 12.12.2006, COM(2006)816.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM (2006) 574 final; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), « The long-term sustainability of public finances in the European Union », Economía Europea, nº 4/2006.[4] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[5] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[6] La nueva Ley orgánica sobre la normativa presupuestaria, que se ha aplicado por primera vez en 2006, persigue una mayor transparencia y eficiencia en la gestión del gasto público.[7] En particular, no se facilitan datos sobre consumo público y tipos de interés a corto y largo plazo (para 2008- 2010).


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Bélgica para 2012-2015

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/5

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Bélgica para 2012-2015
   2012/C 219/02
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1) y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma de Bélgica para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Bélgica para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011 el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento presupuestario y una actuación dirigida a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de dar prioridad al saneamiento presupuestario favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (9)

               El 30 de abril de 2012, Bélgica presentó su Programa de Estabilidad, relativo al período 2012-2015, y su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, si Bélgica presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la Comisión llegaba a la conclusión de que Bélgica presenta un desequilibrio externo, aunque no excesivo.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el panorama macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es verosímil para los años 2012 y 2013 y optimista para los años 2014 y 2015, ya que se prevé un crecimiento del PIB muy superior a las últimas estimaciones del crecimiento potencial que se deduce de las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión. El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad es situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2012 (hasta el 2,8 % del PIB, frente al 3,7 % del PIB en 2011) y situarlo en cero en 2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo presupuestario a medio plazo (OMP) anterior de lograr un superávit del 0,5 % del PIB en términos estructurales, que refleja adecuadamente los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. El déficit global previsto para 2012 se ajusta al plazo establecido por el Consejo para la corrección del déficit excesivo y el esfuerzo presupuestario previsto se ajusta a la recomendación del Consejo en virtud del procedimiento de déficit excesivo de un esfuerzo medio anual mínimo de ¾ % del PIB en términos estructurales. La tasa de crecimiento del gasto público prevista, teniendo en cuenta las medidas discrecionales relativas a los ingresos, se ajusta al valor de referencia para el gasto del Pacto de estabilidad y crecimiento para el período que va del 2013 al 2015, pero no en 2012. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado) (5), el Programa de Estabilidad prevé que el saldo estructural mejore en 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2012, y aproximadamente un 0,8 % del PIB de media a lo largo del período 2013-2015.
               No obstante, existen riesgos derivados del hecho de que aún no se han especificado las medidas adicionales que deben adoptarse a partir de 2013 y de que el panorama macroeconómico a partir de 2014 es excesivamente optimista. El Programa de Estabilidad prevé que la deuda pública (un 98 % del PIB en 2011, muy superior al umbral del 60 %) se estabilice y, posteriormente, se reduzca al 92,3 % en 2015, lo que supondría avances suficientes hacia el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda del Pacto de estabilidad y crecimiento.
               Por otra parte, los pasivos implícitos derivados de las garantías dadas al sector financiero son especialmente cuantiosos. El marco plurianual regulado para las administraciones públicas se beneficiaría de los mecanismos de aplicación y/o de los compromisos de las regiones y comunidades de Bélgica, así como del nivel local, en particular en lo que respecta a los gastos, con el fin de cumplir los objetivos de déficit que se les han asignado.

               (11)

               Deben abordarse los costes asociados al envejecimiento y lograrse una disminución del déficit estructural con el fin de reducir la elevada deuda pública. El nuevo Gobierno Federal acordó en diciembre de 2011 realizar una reforma del sistema de seguridad social belga para la tercera edad. Ahora es necesario proseguir con la aplicación y el seguimiento efectivos de las reformas legislativas iniciadas, con vistas a aumentar la edad de jubilación efectiva. Resulta crucial apoyar la reforma de la seguridad social para la tercera edad son medidas que estimulen el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral, a la vez que otras reformas, como la vinculación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, también ayudarían a conseguir ese objetivo.

               (12)

               El sistema financiero belga aún se enfrenta a importantes retos. La reestructuración de los bancos belgas está en curso, y las ayudas públicas concedidas en 2008/2009 como respuesta a la crisis financiera aún no se han devuelto totalmente. Además, dado el elevado nivel de garantías, los riesgos a que deben hacer frente los sectores bancario y público están interrelacionados.

               (13)

               La balanza por cuenta corriente se va deteriorando gradualmente con el tiempo. La mejora de la balanza de servicios no compensa el deterioro de la balanza comercial de mercancías. Las exportaciones belgas de mercancías han retrocedido, no solo con respecto a la expansión del comercio mundial, sino también en relación con otros Estados miembros de la zona del euro y con la media de la zona del euro, lo cual indica una evolución desfavorable de los costes laborales unitarios internos frente a los principales socios comerciales de Bélgica (Paises Bajos, Francia, Alemania) y a la zona del euro en su conjunto. Dada la existencia de un sistema automático de indización de los salarios, los esfuerzos del Gobierno para limitar los aumentos de los salarios reales a no más del 0,3 % en el período 2011-2012 pueden no haber impedido que el crecimiento de los salarios nominales supere al de los países vecinos. Aunque los niveles de productividad son elevados, el crecimiento de Bélgica es bajo y los costes de los insumos intermedios, sobre todo de la energía, también son elevados. Los precios al por menor del gas y la electricidad se han congelado con el fin de limitar la inflación, pero no se han adoptado medidas concretas para reformar el sistema de negociación salarial y de indización de los salarios. La intensidad de investigación y desarrollo (I + D) del sector privado se ha estancado en los últimos años y la escasez de profesionales cualificados, sobre todo en ciencias e ingenierías, podría convertirse en un obstáculo importante para seguir mejorando los resultados de la innovación de la economía belga.

               (14)

               Se han adoptado algunas medidas estructurales para impulsar el empleo de los trabajadores más jóvenes y de los de más edad, así como para conseguir que más desempleados pasen a la población activa. Bélgica ha iniciado una amplia reforma de su sistema de prestaciones por desempleo. A pesar de ello, sigue habiendo problemas estructurales en el mercado de trabajo y podría hacerse un mayor esfuerzo para resolverlos. El aumento del índice de participación en el aprendizaje permanente y la continuación de las reformas en materia de educación y formación profesionales (EFP) resultan cruciales para mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral (PAML), en particular para los trabajadores de más edad y para los grupos desfavorecidos, como las personas de origen inmigrante. No se ha avanzado significativamente en la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo. En junio de 2011 se introdujo un nuevo crédito fiscal para los salarios más bajos, pero no ha sido suficiente para remediar las importantes trampas de desempleo en la parte baja de la escala retributiva. No se ha emprendido la reorientación de la carga fiscal del trabajo hacia el consumo y/o las ecotasas.

               (15)

               Los precios de numerosos bienes y servicios suelen ser superiores a los de otros Estados miembros, lo que refleja la debilidad de las presiones competitivas, en especial en el sector minorista y en las industrias de red, además de la del marco de supervisión. En el sector minorista, las barreras y las restricciones operativas siguen siendo elevadas. En particular, normativas perjudiciales para la competencia siguen restringiendo los horarios comerciales, protegiendo a las empresas históricas de los nuevos competidores e impidiendo la difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Un problema habitual para la competencia en los sectores de red en Bélgica es la sólida posición del operador histórico y las elevadas barreras de entrada en comparación con otros Estados miembros, lo que significa que los antiguos operadores monopolísticos de estos sectores pueden seguir cobrando unos precios más elevados que los que permitiría un mercado competitivo. La autoridad de competencia belga está experimentando una reforma, pero sigue sin estar claro si la reformada autoridad será lo suficientemente independiente y contará con los recursos adecuados.

               (16)

               Aunque Bélgica está en vías de cumplir el objetivo de aumentar el porcentaje de energías renovables en la economía, los avances para conseguir el objetivo del 15 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores no cubiertos por el RCDE (6) se prevé que sean insuficientes. Bélgica no ha adoptado suficientes medidas o iniciativas políticas en 2011 para corregir esta situación.

               (17)

               Bélgica ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y el cumplimiento de los compromisos presentados en 2011, se refieren a la mejora de la competitividad, el aumento de la tasa de empleo, el impulso a la sostenibilidad de la hacienda pública y el fortalecimiento de la estabilidad financiera. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones que siguen.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Bélgica. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión Europea, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

               (19)

               A la luz la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (7) se refleja particularmente en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Bélgica y su Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan, en particular, en las recomendaciones 1, 4, 5 y 6 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Ejecutar el presupuesto correspondiente al año 2012 para asegurarse de que se ha corregido el déficit excesivo ese año. Además, indicar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la estrategia presupuestaria para el año 2013 y años posteriores, garantizando de este modo que se haya corregido el déficit excesivo de forma duradera y que se realizan avances suficientes hacia el objetivo presupuestario a medio plazo (OMP), incluyendo el logro de los valores de referencia del gasto, y garantizar el progreso hacia el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda. Ajustar el marco presupuestario para garantizar que los objetivos presupuestarios son vinculantes a nivel federal y subfederal, y aumentar la transparencia del reparto de cargas y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración.

               2.

               Seguir mejorando la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública frenando los gastos relacionados con el envejecimiento, incluido el gasto sanitario. En particular, aplicar la reforma de los sistemas de pensiones y de jubilación anticipada y adoptar nuevas medidas para garantizar el aumento de la edad de jubilación efectiva, incluso mediante la vinculación de la edad legal de jubilación con la esperanza de vida.

               3.

               Estimular el incremento de la capitalización de los bancos más débiles para reforzar al sector bancario de modo que pueda desempeñar su función habitual de prestamista para la economía.

               4.

               A fin de impulsar la creación de empleo y la competitividad, adoptar medidas para reformar, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, del sistema de negociación salarial y de indización salarial. Como primer paso, asegurarse de que el crecimiento salarial refleja mejor la evolución de la productividad laboral y de la competitividad, i) garantizando la aplicación de los mecanismos de corrección a posteriori previstos en la «norma salarial» y fomentando acuerdos globales para mejorar la competitividad en términos de costes ,y ii) facilitando el uso de cláusulas de exclusión voluntaria de acuerdos colectivos sectoriales para ajustar mejor el crecimiento salarial y la evolución de la productividad laboral a nivel local.

               5.

               Reorientar de forma significativa la fiscalidad del trabajo hacia unos impuestos menos distorsionadores del crecimiento, entre ellos por ejemplo los impuestos medioambientales. Continuar con la reforma iniciada del sistema de subsidio de desempleo para reducir los factores que desincentivan el trabajo y aumentar el énfasis de la ayuda al empleo y las políticas de activación para los trabajadores de más edad y los grupos vulnerables, en particular las personas de origen inmigrante. Aprovechar el aumento de la regionalización de las competencias del mercado de trabajo previsto para impulsar la movilidad laboral interregional y reforzar la coherencia entre enseñanza, aprendizaje permanente, formación profesional y políticas de empleo. Ampliar los actuales esfuerzos de activación a todos los grupos de edad.

               6.

               Seguir reforzando la competencia en el sector minorista reduciendo las barreras y las restricciones operativas. Introducir medidas para reforzar la competencia en las industrias de red mediante la revisión de los obstáculos reglamentarios y el refuerzo de las disposiciones institucionales para la aplicación efectiva de las normas sobre ayudas públicas.

               7.

               Adoptar nuevas medidas para potenciar los avances en la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades de los sectores no cubiertos por el RCDE, en particular garantizando una contribución significativa del transporte a este objetivo.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (4)  DO C 209 de 15.7.2011, p. 1.

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información contenida en el programa, utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  En Bélgica solo el 37,9 % de las emisiones proceden de sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE). De los sectores más importantes no cubiertos por el RCDE, el transporte por carretera (21,5 %) y el uso de la energía (38,9 %) son las fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero del país.

      (7)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


Aviso jurídico importante

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52004SC0918

Recomendación de la Comisión relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior  /* SEC/2004/0918 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 12.7.2004SEC(2004) 918 finalRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓNrelativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interiorRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓNrelativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior(Texto pertinente a efectos del EEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 211,Considerando lo siguiente:1.  A la hora de transponer Directivas al Derecho nacional, los Estados miembros tienen libertad para elegir la forma y los métodos de dicha transposición, pero deben ajustarse a lo dispuesto en las Directivas en lo que respecta al resultado que debe conseguirse y el plazo que tienen para realizar la transposición.2.  En varias cumbres, incluidas las de Estocolmo, marzo de 2001, de Barcelona, marzo de 2002 y de Bruselas, marzo de 2003 y 2004, el Consejo Europeo, reconociendo la importancia del buen funcionamiento del mercado interior[1] para la competitividad de la economía europea, ha instado repetidamente a los Estados miembros a que la mayor prioridad a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior.3.  El Parlamento Europeo[2], el Comité Económico y Social Europeo[3] y el Comité de las Regiones[4] han manifestado repetidamente su preocupación por el déficit de transposición correcta y dentro de los plazos establecidos de las Directivas de mercado interior por parte de los Estados miembros. Asimismo, el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 16 de diciembre de 2003[5] destacó la necesidad de que los Estados miembros cumplan lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado instando a los Estados miembros a que garanticen que el Derecho comunitario se transponga correctamente y sin dilaciones al Derecho nacional en los plazos establecidos.4.  A pesar de estos llamamientos y de que la transposición correcta y en los plazos establecidos es una obligación legal, frecuentemente los Estados miembros no transponen las Directivas de mercado interior correctamente y dentro de los plazos que ellos mismos han adoptado, la mayoría de Estados miembros ni siquiera cumplen los objetivos intermedios de transposición fijados por el Consejo Europeo, y muchas de estas Directivas todavía tienen pendiente la transposición al Derecho nacional en todos los Estados miembros mucho después de que haya expirado el plazo de transposición.5.  La transposición tardía o incorrecta de las Directivas de mercado interior perjudica a las empresas y los ciudadanos, ya que a menudo les priva de sus derechos.6.  Asimismo, una transposición tardía o incorrecta impide que las empresas y los consumidores disfruten de todos los beneficios económicos de un mercado interior que funcione correctamente y perjudica la competitividad de la economía europea en su conjunto, socavando la capacidad de la Comunidad de generar crecimiento económico a la vez que se mantiene un nivel de cohesión social elevado.7.  En una Unión Europea de 25 o más Estados miembros, es mayor el riesgo de que una transposición tardía o incorrecta de las Directivas provoque una fragmentación del mercado interior y la consiguiente reducción de sus beneficios económicos.8.  La Comisión seguirá considerando prioritario adoptar medidas jurídicas enérgicas contra los Estados miembros en caso de transposición tardía o incorrecta, e incentivar el control mutuo mediante la publicación periódica de los índices de transposición de los Estados miembros en el Cuadro de indicadores del mercado interior. Sin embargo, aunque estas acciones han tenido cierto éxito en el pasado, los déficits de transposición siguen existiendo y, por tanto, es necesario un enfoque más proactivo por parte de la Comisión y de los Estados miembros.9.  En su Comunicación de 2002 sobre la mejora del control de la aplicación del derecho Comunitario[6], la Comisión indicó la ayuda que presta, así como las posibilidades que ofrece la misma, a los Estados miembros para transponer las Directivas al Derecho nacional.10.  Sin embargo, es competencia de los Estados miembros garantizar la transposición correcta y en los plazos establecidos de las Directivas.11.  El artículo 10 del Tratado establece que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad.12.  El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sostenido repetidamente que los Estados miembros no pueden alegar disposiciones, prácticas o circunstancias existentes en sus sistemas jurídicos internos para justificar el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos en las Directivas.13.  Dada la naturaleza repetitiva del incumplimiento en materia de transposición correcta y en los plazos establecidos de las Directivas, es necesario que los Estados miembros revisen sus procedimientos y prácticas a fin de garantizar el cumplimiento sistemático de esta obligación legal.14.  Algunos Estados miembros presentan habitualmente unos índices de transposición mucho mejores que otros, ya que han adoptado estructuras, procedimientos y prácticas más eficaces. Sin embargo, dado que ningún Estado miembro tiene un índice perfecto, todos deben plantearse cómo mejorar. Con arreglo al Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», los Estados miembros deberían establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre las Directivas y las medidas de transposición, y hacerlos públicos.15.  En su Comunicación sobre la Estrategia para el mercado interior 2003-2006[7], la Comisión anunció que emitirá una Recomendación de buenas prácticas que deberían aplicar los Estados miembros con objeto de acelerar y mejorar la calidad de la incorporación de las Directivas de mercado interior en el ordenamiento nacional.16.  Los Estados miembros han manifestado su interés por aprender de las prácticas de los demás países, y el Comité consultivo de mercado interior les ha consultado sobre buenas prácticas de transposición y sobre las diversas normas y prácticas constitucionales, legales y administrativas que puedan influir en la transposición.17.  Se han identificado diversas buenas prácticas que pueden ayudar a los Estados miembros a transponer las Directivas de mercado interior correctamente y en los plazos establecidos.18.  Los Estados miembros tienen libertad para elegir los procedimientos y prácticas más adecuados para garantizar una transposición correcta y en los plazos establecidos de las Directivas de mercado interior tras analizar los métodos más eficaces para el contexto específico del país, ya que los procedimientos y las prácticas que resultan eficaces en un Estado miembro pueden no serlo tanto en otro país.19.  Habida cuenta de la inseguridad jurídica y la confusión generadas por la transposición tardía de las Directivas de mercado interior, conviene informar a las empresas y los ciudadanos sobre las Directivas que no se transponen en los plazos establecidos, y sobre los derechos que les asisten en ese caso.20.  A la hora de presentar proyectos de medidas de aplicación a los parlamentos nacionales, conviene adjuntar una declaración que establezca su conformidad con el Derecho comunitario y que informe al Parlamento de si dichos proyectos transponen total o parcialmente una determinada Directiva.21.  Sin perjuicio de la función y obligación de guardiana del Tratado que tiene la Comisión, al notificar medidas nacionales de aplicación, los Estados miembros deberían informar a la Comisión de si dichas medidas transponen total o parcialmente una determinada Directiva y si se consideran conformes al Derecho comunitario.22.  Si los Estados miembros deciden incluir la transposición de una Directiva como parte de un procedimiento legislativo más amplio, se arriesgan a no cumplir el plazo de transposición. Asimismo, añadir condiciones y requisitos adicionales a los necesarios para transponer una Directiva puede comprometer los objetivos perseguidos por ésta.RECOMIENDA LO SIGUIENTE:(1) Los Estados miembros deben adoptar las medidas, organizativas o de otro tipo, necesarias para solucionar de manera rápida y efectiva las causas subyacentes del incumplimiento sistemático de su obligación legal de transponer las Directivas de mercado interior correctamente y en los plazos establecidos.(2) Los Estados miembros deben analizar las mejores prácticas descritas en el anexo y, habida cuenta de sus tradiciones institucionales nacionales, adoptar las prácticas que permitan, o deberían permitir, una transposición mejor y más rápida de las Directivas de mercado interior.(3) Los Estados miembros deben publicar oportunamente una lista de las Directivas de mercado interior que no se han transpuesto totalmente en los plazos establecidos; informar a las empresas y los ciudadanos de que, en determinadas circunstancias, pueden gozar de derechos legales en virtud de tales Directivas, aunque no hayan sido transpuestas; y difundir dicha información al menos en un sitio web gubernamental.(4) Los Estados miembros deben garantizar que, a la hora de presentar proyectos de disposiciones nacionales de aplicación a los parlamentos nacionales, se adjunte una declaración que indique que se consideran conformes con el Derecho comunitario y que transponen, total o parcialmente, una determinada Directiva.(5) Al notificar medidas nacionales de aplicación, los Estados miembros deben informar a la Comisión si, a su entender, consideran que dichas medidas son conformes al Derecho comunitario y si transponen, total o parcialmente, una determinada Directiva.(6) Los Estados miembros deben evitar añadir a la legislación nacional de aplicación condiciones y requisitos que no sean necesarios para transponer la Directiva en cuestión, en caso de que dichas condiciones o requisitos puedan dificultar la consecución de los objetivos que persigue la Directiva.(7) Los estados miembros deben garantizar que se cumpla el plazo fijado para la transposición de la Directiva, aunque ésta forme parte de un procedimiento legislativo más amplio a escala nacional.Hecho en Bruselas, el […]Por la Comisión[…]Miembro de la ComisiónANEXOPRÁCTICAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS QUE FACILITAN LA TRANSPOSICIÓN CORRECTA Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS AL DERECHO NACIONAL DE LAS DIRECTIVAS QUE AFECTAN AL MERCADO INTERIOR23.  Hacer que la transposición correcta y en los plazos establecidos sea una prioridad política y operativa permanente24.  Un alto cargo del Gobierno, con rango de Ministro o de Secretario de Estado, es responsable oficialmente de supervisar la transposición de todas las Directivas de mercado interior al Derecho nacional y de mejorar el índice de transposición del Estado miembro. Este alto cargo cuenta, en el ejercicio de su misión, con un apoyo visible del Jefe de Gobierno, y los ministros y la Administración deben tener claro que el Gobierno considera una prioridad la transposición correcta y en los plazos establecidos.25.  Todos los ministros reciben periódicamente (p. ej. una vez al mes) un informe sobre los índices de transposición de todos los ministerios y organismos gubernamentales. Los índices de transposición se analizan periódicamente en las reuniones de ministros.26.  Se asignan recursos suficientes para garantizar una transposición correcta y en los plazos establecidos.27.  Garantizar la supervisión y la coordinación permanentes de la transposición de las Directivas de mercado interior a nivel administrativo y político28.  Un ministerio u organismo gubernamental es responsable de supervisar la transposición en su conjunto. Esta autoridad coordina la transposición con otros ministerios y organismos autonómicos, regionales y autónomos responsables de la transposición y recibe el calendario previsto de transposición. Asimismo, vela por que la situación de la transposición se analice periódicamente (por ejemplo, una vez al mes) con los ministerios a un nivel administrativo elevado, e informa periódicamente (por ejemplo, una vez al mes) al ministro o secretario de Estado responsable del seguimiento de la transposición. También actúa como coordinador nacional en los contactos con la Comisión en materia de transposición y situación de la transposición en el Estado miembro.29.  Cada ministerio y organismo autonómico, regional o autónomo responsable de la transposición designa funcionarios encargados de supervisar la transposición en cada ministerio u organismo, que actúan también como personas de contacto. Se crea una red nacional de estos funcionarios.30.  Se elaboran directrices que indican cómo transponer las Directivas y garantizan que toda la Administración aplique al respecto un enfoque común.31.  Se mantiene una base de datos central sobre transposición, accesible a todos los ministerios y organismos autonómico, regionales y autónomos responsables de la misma. Para cada Directiva, la base de datos incluye: las referencias y el objeto de la Directiva, el ministerio u organismo gubernamental responsable de la transposición, las personas responsables en cada ministerio u organismo gubernamental, una lista de los demás ministerios y organismos gubernamentales implicados en la transposición y de las personas responsables, los recursos necesarios para la transposición, el plazo de transposición, las medidas necesarias para transponer la Directiva, el calendario previsto de transposición (debates parlamentarios incluidos), la situación de la transposición, las eventuales dificultades surgidas, y si se han incoado procedimientos de infracción por transposición tardía o incorrecta. Es posible determinar, en todo momento, el índice de transposición del Estado miembro y de cada uno de sus ministerios.32.  El ministerio u organismo gubernamental responsable remite recordatorios antes de que expire el plazo de transposición (p. ej. tres meses antes y de nuevo un mes antes de que expire el plazo).33.  Cuando un plazo ha expirado, se remite inmediatamente un recordatorio a escala administrativa y ministerial, y se informa al Parlamento nacional.34.  Los Estados miembros actúan de manera proactiva solicitando oportunamente a la Comisión asesoría y ayuda en materia de transposición. Se utiliza la base de datos de personas de contacto creada por la Comisión para identificar a los funcionarios responsables.35.  Garantizar que la preparación de la transposición se produce en una fase temprana, con el objetivo de que se realice una transposición correcta y en los plazos establecidos36.  El ministerio u organismo gubernamental responsable de las negociaciones elabora un calendario de planificación de la transposición durante la negociación de la Directiva y, en todo caso, antes de la adopción de la misma. Para cada Directiva, el calendario de planificación indica: las referencias y el objeto de la Directiva, el ministerio u organismo gubernamental responsable de la transposición, las personas responsables en cada ministerio u organismo gubernamental, una lista de los demás ministerios y organismos gubernamentales implicados en la transposición y de las personas responsables, los recursos necesarios para la transposición, el plazo de transposición, una comparativa entre la legislación nacional existente y lo dispuesto en la Directiva propuesta, las medidas necesarias para transponer la Directiva y el calendario previsto de transposición (debates parlamentarios incluidos). A fin de garantizar que la base de datos de transposición esté actualizada, el calendario de planificación se remite lo antes posible tras la publicación de la Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea (p. ej. en las cuatro semanas siguientes) al ministerio u organismo gubernamental responsable del seguimiento de la transposición en su conjunto.37.  Se empieza a redactar el acto legislativo antes de que se publique la Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea , o tan pronto como sea publicada.38.  El ministerio u organismo gubernamental responsable de la transposición elabora un cuadro que muestra la correlación entre lo dispuesto en la Directiva y las medidas de transposición. Este cuadro se adjunta a los proyectos de medidas nacionales de aplicación que se transmiten al Parlamento o al Gobierno a fin de facilitar sus deliberaciones, así como a las notificaciones a la Comisión de tales medidas.39.  Se evitan disposiciones adicionales que no sean necesarias para transponer la Directiva. En caso de añadirlas, el ministerio u organismo gubernamental responsable justifica su necesidad e indica que éstas no retrasarán la transposición.40.  En la medida de lo posible, se implica en la transposición de las Directivas a los funcionarios nacionales que las negocian. Si no es posible, cooperan estrechamente con los que se encargan de transponerla. En todo caso, los funcionarios que negocian una Directiva mantienen informados durante las negociaciones a los que se encargan de transponerla, para garantizar que todos los eventuales problemas de transposición se plantean y resuelven antes de que aquella se adopte.41.  Durante las negociaciones de la Directiva, se mantiene informados a los representantes de los organismos gubernamentales autonómicos, regionales o autónomos encargados de transponerla.42.  Se notifican las medidas nacionales de aplicación por vía electrónica a la Comisión.43.  Trabajar de cerca con los parlamentos nacionales, regionales y autonómicos que participen en la transposición de las Directivas de mercado interior para garantizar una transposición correcta y en los plazos establecidos44.  Los parlamentos reciben las propuestas de Directiva de la Comisión tan pronto como se presentan, y se les mantiene informados de las negociaciones de las Directivas.45.  Los parlamentos reciben informes periódicos (por ejemplo, cada tres meses) de la evolución de la transposición, las Directivas cuya transposición sufre retraso, y los procedimientos de infracción incoados por la Comisión por transposición tardía o incorrecta.46.  Junto a los proyectos legislativos nacionales, los parlamentos reciben un calendario de transposición, la indicación clara del plazo, los cuadros de correlación que se han elaborado y una declaración del Gobierno que indica que la medida nacional de aplicación se considera conforme con el Derecho comunitario.47.  Los gobiernos envían a los parlamentos avisos anticipados (por ejemplo, tres meses antes de que expire el plazo de transposición) de la inminencia de que expire el plazo, e informan a los parlamentos cuando el plazo ha expirado.48.  Los gobiernos animan a los parlamentos a que reserven tiempo para transponer las Directivas en los plazos establecidos.49.  Adoptar medidas rápidas, visibles y eficaces para trasponer las Directivas cuya transposición vaya con retraso50.  Tras la expiración del plazo de transposición, se adoptan todas las medidas necesarias para garantizar que las Directivas que no hayan sido transpuestas en los plazos establecidos se transpongan lo antes posible.51.  Si se retrasa la transposición de una o más Directivas, se anima a los parlamentos a que reserven tiempo para transponerlas y a solucionar las causas de los retrasos en materia de procedimiento.52.  Los Estados miembros publican la lista de Directivas no transpuestas en el plazo establecido e informan a las empresas y los ciudadanos de que, en determinadas circunstancias, pueden gozar de derechos legales en virtud de tales Directivas, a pesar de que no hayan sido transpuestas.53.  Los Estados miembros que habitualmente no consiguen transponer las Directivas en el plazo establecido analizan si es posible acelerar el procedimiento parlamentario de transposición. Se considera la posibilidad de adopción en una única lectura o mediante un procedimiento acelerado.54.  Los Estados miembros que habitualmente no consiguen transponer las Directivas en el plazo establecido consideran, si lo permite su Constitución u ordenamiento jurídico interno, la utilización de decretos legislativos o reglamentos para llevar a cabo la transposición si ello puede acelerarla.[1] El mercado interior también incluye tres países de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega), como resultado de su adhesión al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.[2] Informe Harbour, DO C 234 de 30.9.2003, p. 55 ; Informe Miller de 25 de febrero de 2004.[3] DO C 221 de 7.8.2001, p. 25; DO C 241 de 7.10.2002, p. 180; DO C 234 de 30.9.2003, p. 55.[4] DO C 128 de 29.5.2003, p. 48.[5] DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.[6] COM(2002) 725 final de 11.12.2002.[7] COM(2003) 238 final de 7.5.2003.