title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2010 , sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión

text:
               23.7.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 191/28

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 13 de julio de 2010
   sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión
   (2010/410/UE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Tratado dispone que los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo. De conformidad con las disposiciones del Tratado, la Unión Europea ha elaborado y aplicado instrumentos estratégicos de coordinación para las políticas fiscales (el Pacto de estabilidad y crecimiento) y las políticas macroestructurales.

               (2)

               El Tratado prevé que el Consejo adopte directrices para las políticas de empleo y directrices generales para las políticas económicas a fin de orientar las políticas de los Estados miembros.

               (3)

               La Estrategia de Lisboa, puesta en marcha en 2000, se basaba en el reconocimiento de que es necesario aumentar el empleo, la productividad y la competitividad de la Unión Europea, mejorando a la vez la cohesión social, frente a la competencia mundial, el cambio tecnológico, los desafíos medioambientales y el envejecimiento de la población. La Estrategia de Lisboa se relanzó en 2005, tras una evaluación intermedia que la centró más aún en el crecimiento y en la búsqueda de más empleos y de mejor calidad.

               (4)

               La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar un consenso en torno a la orientación general de las políticas económicas y de empleo de la Unión. En virtud de esta Estrategia, el Consejo aprobó en 2005 (1), y revisó en 2008 (2), tanto directrices generales para las políticas económicas como directrices para las políticas de empleo. Las 24 directrices pusieron las bases de los programas nacionales de reforma, esbozando las principales prioridades de reforma macroeconómica, microeconómica y del mercado laboral para el conjunto de la Unión. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto que las directrices no fijaron unas prioridades suficientemente claras y que los vínculos entre ellas podrían haber sido más fuertes. Ello limitó sus efectos sobre la elaboración de estrategias nacionales.

               (5)

               La crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido como consecuencia importantes pérdidas de empleo y producción potencial y ha provocado un deterioro espectacular de las finanzas públicas. No obstante, el Plan Europeo de Recuperación Económica (3) ha ayudado a los Estados miembros a afrontar la crisis, en parte gracias a unas medidas coordinadas de estímulo fiscal, en las que el euro ha desempeñado un papel de sostén de la estabilidad macroeconómica. De esta forma la crisis ha demostrado que una coordinación reforzada y efectiva de la política económica de la Unión puede tener resultados importantes, y ha subrayado también la estrecha interdependencia de las economías y los mercados laborales de los Estados miembros.

               (6)

               La Comisión propuso establecer una nueva estrategia para la próxima década, la Estrategia Europa 2020 (4), que permita a la Unión emerger más fuerte de la crisis y orientar su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Cinco metas principales, expuestas bajo las directrices correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros, teniendo en cuenta sus respectivas posiciones de partida y circunstancias nacionales, y de la Unión. Los Estados miembros deben realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir sus objetivos nacionales y eliminar los obstáculos al crecimiento.

               (7)

               Como parte de las estrategias generales de superación de la crisis económica, los Estados miembros deben aplicar programas ambiciosos de reforma para garantizar la estabilidad macroeconómica y la viabilidad de las finanzas públicas, mejorar la competitividad y reducir los desequilibrios macroeconómicos y mejorar los resultados de su mercado laboral. Las medidas temporales introducidas como respuesta a la crisis deben retirarse, en su caso, de manera coordinada una vez esté garantizada la recuperación. La retirada de los incentivos fiscales se llevará a cabo y se coordinará en el marco del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

               (8)

               Dentro de la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros y la Unión deben aplicar reformas dirigidas al «crecimiento inteligente», es decir, el crecimiento impulsado por el conocimiento y la innovación. El objetivo de las reformas será mejorar la calidad de la educación, garantizar el acceso universal a la misma, consolidar los resultados de la investigación y la actividad empresarial y seguir mejorando el marco reglamentario, a fin de promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión. Deben promover el espíritu emprendedor y ayudar a convertir las ideas creativas en productos, servicios y procesos que puedan generar crecimiento, empleos de calidad y cohesión territorial, económica y social y que permitan afrontar de manera más eficiente los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. En este contexto es fundamental aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación.

               (9)

               Las políticas de la Unión y de los Estados miembros deben aspirar al «crecimiento sostenible», incluso a través de sus programas de reforma. El crecimiento sostenible significa disociar el crecimiento económico de la utilización de los recursos, construyendo una economía que aproveche la energía y los recursos eficazmente y que sea viable y competitiva, que distribuya de manera justa los costes y los beneficios y que aproveche el liderazgo europeo en la carrera para desarrollar nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes. Los Estados miembros y la Unión deben llevar a cabo las reformas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar los recursos eficientemente, lo que también ayudará a evitar la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad. Deben mejorar también sus entornos empresariales, estimular la creación de empleo «verde» y ayudar a las empresas a modernizar sus bases industriales.

               (10)

               Las políticas de la Unión y los programas de reforma de los Estados miembros deben aspirar también al «crecimiento inclusivo». El crecimiento inclusivo significa construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para prever y gestionar el cambio, participando así activamente en la sociedad y la economía. Consecuentemente, las reformas aplicadas por los Estados miembros deben garantizar a todos los ciudadanos acceso y oportunidades a lo largo de toda su vida, reduciendo así la pobreza y la exclusión social, mediante la eliminación de los obstáculos a la participación en el mercado laboral, especialmente para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, los discapacitados y los inmigrantes en situación regular.
               Deben tener en cuenta la perspectiva de igualdad de los sexos en todas estas políticas. Deben velar también por que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y regiones. Los programas de reforma de los Estados miembros deben pues tener como elementos fundamentales garantizar el buen funcionamiento del mercado laboral invirtiendo para que las transiciones tengan éxito, desarrollar capacitaciones adecuadas, y mejorar la calidad del trabajo y la lucha contra la segmentación, el desempleo estructural y la inactividad, garantizando a la vez una protección social adecuada y sostenible y la integración activa a fin de reducir la pobreza, al tiempo que llevan a cabo la consolidación fiscal convenida.

               (11)

               Como elemento esencial, los Estados miembros y la Unión deben proseguir e intensificar sus esfuerzos para seguir mejorando su marco reglamentario, en especial para las empresas europeas. Al reforzar sus instrumentos de normativa inteligente, los Estados miembros y la Unión deben garantizar que la legislación esté bien diseñada, sea proporcionada y sea evaluada periódicamente y no imponga cargas innecesarias. Sigue siendo una prioridad lograr los objetivos de reducción de la carga administrativa.

               (12)

               Las reformas estructurales llevadas a cabo por la Unión y los Estados miembros podrán contribuir efectivamente al crecimiento y el empleo si consiguen que la Unión sea más competitiva en la economía mundial, abren nuevas oportunidades para los exportadores europeos y facilitan un acceso competitivo a las importaciones esenciales. Por tanto, deben tenerse en cuenta las implicaciones de las reformas en materia de competitividad exterior a fin de fomentar el crecimiento y la participación de Europa en mercados abiertos y justos en todo el mundo.

               (13)

               La Estrategia Europa 2020 debe sustentarse en un conjunto integrado de políticas europeas y nacionales que los Estados miembros y la Unión han de aplicar plenamente y a un ritmo parecido, a fin de aprovechar los efectos positivos de unas reformas estructurales coordinadas, y una contribución más coherente de las políticas europeas a los objetivos de la Estrategia, teniendo en cuenta las posiciones de partida nacionales.

               (14)

               Aunque las presentes directrices se dirigen a los Estados miembros y a la Unión, la Estrategia Europa 2020 debe aplicarse en conjunción con todas las autoridades nacionales, regionales y locales y en estrecha asociación con los parlamentos, así como los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil, que deben colaborar en la elaboración y la aplicación de los programas nacionales de reforma y en la comunicación general sobre la Estrategia.

               (15)

               La Estrategia Europa 2020 se apoya en un conjunto más reducido de directrices que sustituyen a las 24 directrices anteriores y tratan de manera coherente los temas relacionados con el empleo y con la política económica general. Las directrices para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión que figuran en anexo a la presente Recomendación están íntimamente ligadas a las pertinentes directrices para las políticas de empleo. Juntas constituyen las «Directrices Integradas Europa 2020».

               (16)

               Estas nuevas Directrices Integradas están en sintonía con las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Las directrices constituirán la base de cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a los Estados miembros o, en lo que respecta a las directrices generales para las políticas económicas, cualquier advertencia política que pueda enviar la Comisión a un país en caso de respuesta insuficiente a una recomendación específica.

               (17)

               Una vez adoptadas, deben mantenerse estables hasta 2014 a fin de poder concentrar los esfuerzos en su aplicación.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1)

               Los Estados miembros y, cuando proceda, la Unión Europea, deben tener en cuenta en sus políticas económicas las directrices que figuran en el anexo.

               2)

               Los Estados miembros deben diseñar programas nacionales de reforma coherentes con los objetivos expuestos en las «Directrices Integradas Europa 2020».

      Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2010.

            Por el Consejo

            El Presidente

         D. REYNDERS

      (1)  COM(2005) 141.

      (2)  COM(2007) 803.

      (3)  COM(2009) 615 de 19 de noviembre de 2009.

      (4)  COM(2010) 2020 de 3 de marzo de 2010.

      ANEXO

         Orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión

      Directriz no 1:   Garantizar la calidad y la viabilidad de las finanzas públicas
      Los Estados miembros deben aplicar rotundamente estrategias de consolidación presupuestaria en virtud del Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) y, en particular, las recomendaciones que les hayan sido dirigidas con arreglo al procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo o en memorandos de acuerdo, en caso de apoyo a la balanza de pagos. En particular, los Estados miembros deben conseguir una consolidación en sintonía con las recomendaciones del Consejo y cumplir sus objetivos a medio plazo con arreglo al PEC. Sin perjuicio del marco jurídico del PEC, lo anterior implica para la mayor parte de los Estados miembros lograr una consolidación muy por encima de la referencia del 0,5 % del producto interior bruto (PIB) anual en términos estructurales hasta que los coeficientes de endeudamiento se sitúan en un claro proceso de reducción. La consolidación fiscal deberá comenzar en 2011 como muy tarde, o antes en aquellos Estados miembros cuyas circunstancias económicas lo permitan, siempre que las previsiones de la Comisión sigan indicando que la recuperación se confirma y se hace autosuficiente.
      Al diseñar y aplicar estrategias de consolidación presupuestaria será preciso centrarse en restricciones del gasto y conceder prioridad al gasto en partidas que favorezcan el crecimiento en ámbitos tales como la educación, las cualificaciones y la capacidad de inserción profesional, la investigación y el desarrollo y la innovación (I+D+i) y la inversión en redes, en su caso con consecuencias positivas en la productividad, como por ejemplo Internet de alta velocidad o en interconexiones e infraestructuras de transporte y energía. Si es necesario subir los impuestos, ello deberá hacerse, cuando sea posible, en conjunción con medidas para que los sistemas fiscales favorezcan más el empleo, el medio ambiente y el crecimiento, desplazando la presión fiscal a las actividades perjudiciales para el medio ambiente. Los sistemas impositivos y de prestaciones deberán ofrecer mejores incentivos que hagan rentable el trabajo.
      Por otra parte, los Estados miembros deben reforzar los marcos presupuestarios nacionales, potenciar la calidad del gasto público y mejorar la viabilidad de las finanzas públicas persiguiendo en particular la reducción de la deuda, la reforma del gasto público relacionado con el envejecimiento, como el gasto en pensiones y salud, y políticas que contribuyan a un aumento del empleo y una edad de jubilación efectiva que garantice que el gasto público relacionado con el envejecimiento y los sistemas de bienestar social sean financieramente sostenibles.
      La eficacia presupuestaria y la calidad de las finanzas pública también son importantes a escala de la Unión.
      Directriz no 2:   Abordar los desequilibrios macroeconómicos
      Los Estados miembros deberán evitar desequilibrios macroeconómicos insostenibles derivados especialmente de la evolución de las cuentas corrientes, los mercados de activos y los balances de las familias y las empresas. Los Estados miembros que presenten grandes desequilibrios derivados de una persistente falta de competitividad o por otros motivos deberán solucionar las causas subyacentes abordando, por ejemplo, la política fiscal, la evolución salarial, las reformas estructurales en los mercados de productos y servicios financieros (incluida la inyección de capital que aumente la productividad), los mercados laborales, o cualquier otro ámbito estratégico pertinente, de conformidad con las directrices sobre el empleo. En este contexto, los Estados miembros deben promover las condiciones marco adecuadas para que los sistemas de negociación salarial y la evaluación de los costes laborales sean coherentes con la estabilidad de los precios, las tendencias de la productividad a medio plazo y la necesidad de reducir los desequilibrios macroeconómicos. En su caso, una fijación adecuada de los sueldos en el sector público debe considerarse como una señal importante para garantizar una moderación salarial en el sector privado en sintonía con la necesidad de aumentar la productividad. Los mecanismos de fijación salarial, incluidos los salarios mínimos, deberían permitir procesos de formación salarial que tengan en cuenta diferencias en capacidades y condiciones de mercado laboral local, y respondan a grandes divergencias en rendimiento económico entre regiones, sectores y empresas dentro de un país. En este contexto los interlocutores sociales tienen una función importante que desempeñar. Los Estados miembros con gran superávit corriente deberían instaurar medidas destinadas a poner en práctica reformas estructurales que lleven a reforzar el crecimiento potencial y así también sostener la demanda interna. Resolver los desequilibrios macroeconómicos, incluso entre Estados miembros, también ayudaría a lograr la cohesión económica.
      Directriz no 3:   Reducir los desequilibrios dentro de la zona del euro
      Los Estados miembros cuya moneda es el euro deben considerar una cuestión de interés común la existencia de divergencias grandes y persistentes en sus saldos por cuenta corriente y otros desequilibrios macroeconómicos y tomar medidas urgentes para reducir los desequilibrios cuando sea necesario. Es preciso actuar en todos los Estados miembros de la zona del euro, aunque la naturaleza, importancia y urgencia de los desafíos políticos difieren mucho en función del país de que se trate. Habida cuenta de las vulnerabilidades y de la magnitud del ajuste necesario, la necesidad de actuación política es especialmente urgente en Estados miembros que registran altos déficits por cuenta corriente e importantes pérdidas de competitividad. Deben lograr una importante reducción permanente del déficit por cuenta corriente. Dichos Estados miembros de la zona del euro también deben intentar reducir los costes laborales unitarios teniendo en cuenta la evolución de la productividad a escalas regional, sectorial y empresarial, y mejorar la competencia en el mercado de productos. Los Estados miembros de la zona del euro con altos superávit por cuenta corriente deberían instaurar medidas destinadas a poner en práctica reformas estructurales que lleven a reforzar el crecimiento potencial y así también sostener la demanda interna. De manera similar, los Estados miembros de la zona del euro deben intervenir sobre cualquier otro desequilibrio económico, como la acumulación excesiva de deuda privada y la divergencia de inflación. Deben suprimirse las trabas institucionales a las adaptaciones flexibles de precios y salarios a las condiciones del mercado. Deben supervisarse estrechamente los desequilibrios macroeconómicos dentro del Eurogrupo, que debe proponer medidas correctoras cuando proceda.
      Directriz no 4:   Optimizar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), reforzar el «triángulo del conocimiento» y liberar el potencial de la economía digital
      Los Estados miembros deben evaluar los sistemas nacional (y regional) de I+D+i y garantizar unas condiciones marco eficaces y adecuadas para la inversión pública dentro de las estrategias de consolidación presupuestaria con arreglo al Pacto de estabilidad y crecimiento (orientación 1), y orientarlas en favor de un mayor crecimiento, al tiempo que abordan, en su caso, los principales retos de la sociedad (tales como la energía, la eficacia de los recursos, el cambio climático, la biodiversidad, la cohesión social y territorial, el envejecimiento, la salud y la seguridad) en términos de efectividad en relación con los costes. En particular, la inversión pública debe servir para amplificar la financiación privada en I+D. Las reformas deberán estimular la excelencia y una especialización inteligente, promover la integridad científica, y reforzar la cooperación entre universidades, organismos de investigación y agentes públicos, privados y del sector terciario, tanto a escala nacional como internacional y garantizar el desarrollo de infraestructuras y redes que permitan divulgar el conocimiento. Debe mejorarse la gobernanza de los organismos de investigación para hacer más efectivos en términos de costes y productividad los sistemas nacionales de investigación. Para ello será necesario modernizar la investigación universitaria, desarrollar infraestructuras de categoría mundial así como hacer asequibles carreras atractivas y fomentar la movilidad de los investigadores y estudiantes. Los sistemas de financiación y licitación deben adaptarse y simplificarse, para ayudar en su caso a facilitar la cooperación transfronteriza, la difusión del conocimiento y la competencia basada en los méritos, aprovechando sinergias y conseguir un mayor valor.
      Los Estados miembros deberán tratar directamente en sus políticas de I+D+i las oportunidades y los retos nacionales y tener en cuenta el contexto de la Unión a fin de multiplicar las posibilidades de puesta en común de los recursos públicos y privados en aquellos ámbitos en los que la Unión puede aportar un valor añadido, aprovechando las sinergias con los fondos comunitarios, alcanzando así una escala suficiente y evitando la fragmentación. Los Estados miembros y la Unión deben integrar la innovación en todas las políticas pertinentes y promoverla en sentido amplio (incluida la innovación no tecnológica). Para fomentar la inversión privada en investigación e innovación, los Estados miembros y la Unión deben mejorar las condiciones marco, en particular en relación con el entorno empresarial, la competitividad y los mercados abiertos, y el alto potencial económico de las industrias cultural y creativa, combinando, si procede, incentivos rentables, dependiendo del margen de maniobra fiscal de cada Estado miembro, y demás instrumentos financieros, con medidas para facilitar el acceso a la financiación privada (incluido el capital riesgo) y simplificar el acceso para las PYME, impulsar la demanda, en particular en ecoinnovación (en su caso a través de licitaciones públicas «verdes» y normas interoperativas), fomentar mercados y reglamentaciones orientados a la innovación y establecer una protección y una gestión eficientes, asequibles y eficaz de la propiedad intelectual. Los tres lados del triángulo (educación-investigación-innovación) deben apoyarse y enriquecerse mutuamente. De conformidad con las directrices 8 y 9, los Estados miembros deberán ofrecer a los ciudadanos una amplia gama de capacidades necesarias para la innovación en todas sus formas, incluida la ecoinnovación, y tratar de garantizar un número suficiente de licenciados en ciencias, matemáticas y tecnología.
      Los Estados miembros y la Unión deben establecer unas condiciones marco adecuadas para el rápido desarrollo de un mercado único digital que ofrezca contenidos y servicios en línea ampliamente accesibles. Los Estados miembros deben promover el despliegue y la aceptación de Internet de alta velocidad como medio esencial para acceder al conocimiento y participar en la creación de conocimientos. La financiación pública debe ser eficiente en términos de costes y concentrarse en las carencias del mercado. Las políticas respetarán el principio de la neutralidad tecnológica. Los Estados miembros procurarán reducir los costes del desarrollo de redes, en particular mediante la intensificación de la coordinación de los trabajos públicos. Los Estados miembros y la Unión deben promover el desarrollo y la utilización de servicios en línea modernos y accesibles, por ejemplo, desarrollando más la administración electrónica, la firma electrónica, la identidad electrónica y los sistemas de pago electrónico; apoyar la participación activa en la sociedad digital, en particular fomentando el acceso al contenido y los servicios culturales, incluso a través de los medios de comunicación y de la alfabetización digital; y fomentar un clima de seguridad y confianza.

         El objetivo principal de la Unión Europea, sobre cuya base los Estados miembros establecerán sus objetivos nacionales, es mejorar las condiciones de investigación y desarrollo, en particular con objeto de que los niveles de inversión pública y privada combinados en este sector lleguen al 3 % del PIB en 2020. La Comisión elaborará un indicador que refleje la intensidad de la I+D+i.

      Directriz no 5:   Mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducir los gases de efecto invernadero
      Los Estados miembros y la Unión deben instaurar medidas para fomentar la separación del crecimiento económico del uso de recursos, convirtiendo los retos medioambientales en oportunidades de crecimiento y utilizando de un modo más eficaz sus recursos naturales, que también ayuda a prevenir degradaciones medioambientales y garantizar la biodiversidad. Deben aplicar las reformas estructurales necesarias para tener éxito en unas condiciones mundiales de limitación creciente del carbono y los recursos creando nuevas oportunidades de negocio y empleo. La Unión y los Estados miembros deben realizar nuevos esfuerzos para acelerar la creación de un mercado interior de la energía integrado y en pleno funcionamiento que permita un suministro de gas y electricidad sin cuellos de botella. Para reducir las emisiones y aumentar la eficacia energética, los Estados miembros deben utilizar intensamente instrumentos basados en el mercado, apoyando el principio de internalización de costes externos, incluida la fiscalidad, y otros instrumentos de apoyo eficaz con objeto de reducir emisiones y adaptarse mejor al cambio climático, apoyar el crecimiento sostenible y el empleo, y la eficacia en los recursos de un modo eficiente en términos de costes, incentivar el uso de energía renovable y tecnologías resistentes al cambio climático y de baja emisión de carbono, pasar a modos de transporte más ecológicos e interconectados, y fomentar el ahorro de energía y la ecoinnovación. Los Estados miembros deben suprimir gradualmente los subsidios con efecto nocivo para el medio ambiente y garantizar un reparto justo de sus costes y beneficios.
      Los Estados miembros y la Unión deben utilizar instrumentos reglamentarios, no reglamentarios y fiscales, por ejemplo normas de rendimiento energético a escala de la Unión para productos y edificios, etiquetado y licitaciones «verdes», para incentivar la transición a la eficacia en los costes de los modelos de producción y consumo, fomentar el reciclaje, efectuar la transición a una eficacia energética y en los recursos y una economía basada en bajas emisiones de carbono, que segura y sostenible, y garantizar avances hacia un transporte más sostenible y una producción de energía limpia y segura, al tiempo que aprovecha al máximo las sinergias europeas a este respecto y tiene en cuenta la contribución de la agricultura sostenible. Los Estados miembros deberán trabajar decididamente en favor de infraestructuras inteligentes de transporte y energía, modernizadas y totalmente interconectadas, utilizar las tecnologías de información y comunicación, de acuerdo con la directriz 4, para aumentar la productividad, garantizar una ejecución coordinada de los proyectos de infraestructura y apoyar el desarrollo de mercados de redes abiertos, competitivos e integrados.

         El objetivo principal de la Unión Europea, sobre cuya base los Estados miembros establecerán sus objetivos nacionales, será reducir en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en comparación con niveles de 1990; aumentar hasta un 20 % el porcentaje de las fuentes de energías renovables en nuestro consumo energético final; y tender a un aumento del 20 % de la eficacia energética. La Unión se ha comprometido a adoptar una decisión para aumentar a un 30 % la reducción para 2020 en comparación con los niveles de 1990, como oferta propia condicionada con vistas a un acuerdo mundial y general para el período posterior a 2012, siempre que otros países desarrollados se comprometan también a llevar a cabo reducciones comparables de las emisiones y que los países en desarrollo contribuyan adecuadamente de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y capacidades.

      Directriz no 6:   Mejorar el entorno empresarial y de los consumidores y modernizar y desarrollar la base industrial para garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior
      Los Estados miembros han de velar por que los mercados trabajen para los ciudadanos, los consumidores y las empresas. Al tiempo que garantizan la protección de los consumidores, los Estados miembros y la Unión deben establecer un marco de condiciones previsibles y garantizar mercados de bienes y servicios que funcionen bien, abiertos y competitivos. En particular, estas acciones deben tener por objeto el desarrollo del mercado interior y el sistema normativo, en particular, en el sector financiero, así como la promoción de condiciones de competencia equitativas en los mercados financieros a escala mundial, la aplicación efectiva y la puesta en práctica de un mercado único y de normas de competencia y desarrollar la infraestructura física necesaria, también con vistas a reducir las disparidades regionales.
      La dimensión exterior del mercado interior debe desarrollarse más para aumentar el comercio y la inversión. En el contexto del mercado único es preciso prestar atención al respeto de la prestación adecuada de servicios de interés general. Los Estados miembros deben seguir mejorando el entorno empresarial mediante una modernización de las administraciones públicas, una mejora de la gobernanza empresarial, la supresión de las barreras que quedan en el mercado interior, la eliminación de trabas administrativas innecesarias y evitar nuevas cargas innecesarias aplicando instrumentos reglamentarios flexibles, incluido el desarrollo de más servicios interoperables de administración electrónica, eliminar los obstáculos fiscales, apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), mejorar su acceso al mercado único de acuerdo con la «Ley de la Pequeña Empresa para Europa» y con el principio de «(pensar primero a pequeña escala)», garantizar unos mercados de servicios financieros estables e integrados, facilitar el acceso a la financiación, mejorar las condiciones para fomentar el acceso y la protección de los derechos de propiedad intelectual, apoyar la internacionalización de las PYME y promover el espíritu emprendedor, incluso entre las mujeres. La contratación pública debe fomentar la innovación, en particular para las PYME, y apoyar la transición hacia una economía eficiente en términos de recursos y energía (en sintonía con la directriz 5), al tiempo que respeta los principios de apertura del mercado, transparencia y competencia eficaz.
      Los Estados miembros deberán favorecer una base industrial moderna, innovadora, diversificada, competitiva, baja en carbono y eficiente en materia de recursos y energía, en parte facilitando las reestructuraciones necesarias de un modo eficaz en términos de costes, y en el pleno respeto de las normas de la Unión sobre competencia y de otras normas aplicables. En este contexto, los Estados miembros deben dar una nueva prioridad a los fondos de la Unión. Los Estados miembros colaborarán estrechamente con el sector industrial y los interesados para contribuir al liderazgo y la competitividad de la Unión en un desarrollo global sostenible e inclusivo, especialmente fomentando la responsabilidad social corporativa, identificando los problemas y permitiendo los cambios.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 2 de septiembre de 2013 , al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España (BCE/2013/32)

text:
               13.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 264/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 2 de septiembre de 2013
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España
   (BCE/2013/32)
   2013/C 264/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del Banco de España ha expirado tras la auditoría del ejercicio 2012. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio 2013.

               (3)

               El Banco de España ha seleccionado a KPMG Auditores, S.L. como auditor externo para los ejercicios 2013 a 2017.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que KPMG Auditores, S.L. sea nombrado auditor externo del Banco de España para los ejercicios 2013 a 2017.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 2 de septiembre de 2013.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI


title: 2014/180/UE: Recomendación de la Comisión, de 27 de marzo de 2014 , sobre un segundo plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               29.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 95/64

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 27 de marzo de 2014
   sobre un segundo plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2014/180/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (1), y, en particular, su artículo 53,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 53 del Reglamento (CE) no 882/2004 autoriza a la Comisión a recomendar planes coordinados de control si lo estima necesario, de manera puntual, con el fin, en particular, de determinar la prevalencia de riesgos en piensos, alimentos o animales.

               (2)

               La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece normas de la Unión sobre etiquetado alimentario aplicables a todos los productos alimenticios.

               (3)

               Con arreglo a la Directiva 2000/13/CE, el etiquetado y los métodos utilizados no deben inducir a error al consumidor, sobre todo en lo que respecta a las características del producto alimenticio, su verdadera naturaleza y su identidad. Además, en ausencia de normas de la Unión o nacionales de carácter específico, la denominación de venta está constituida por el nombre consagrado por el uso en el Estado miembro en el que se efectúe la venta, o por una descripción del producto alimenticio lo suficientemente precisa para permitir al comprador conocer su naturaleza real.

               (4)

               Todos los ingredientes deben mencionarse en la etiqueta de los productos alimenticios envasados destinados al consumidor final o a colectividades. En particular, los productos alimenticios que contienen carne como ingrediente y se destinan al consumidor final o a las colectividades deben indicar también las especies animales de las que proviene la carne, directamente en el envase o en una etiqueta pegada al mismo. Si se menciona un ingrediente en la denominación del alimento, su cantidad expresada en porcentaje deberá aparecer también en la lista de ingredientes para no inducir a error al consumidor sobre la identidad y la composición de los alimentos.

               (5)

               El Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece requisitos adicionales de etiquetado aplicables a alimentos específicos de origen animal. Dispone, en particular, que los embalajes destinados al consumidor final que contengan carne picada, entre otros, de solípedos, deben llevar un rótulo en el que se indique que los productos han de cocinarse antes de su consumo, en la medida en que así lo exijan las normas nacionales vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se comercializa el producto.

               (6)

               A raíz de los controles oficiales llevados a cabo desde diciembre de 2012 en varios Estados miembros, se ha comunicado a la Comisión que algunos productos alimenticios envasados contenían carne de caballo no declarada en la lista de ingredientes que figura en el envase o en su etiqueta. Más aún, el nombre de algunos de esos productos alimenticios o la lista de sus ingredientes mencionan engañosamente que solo contienen carne de vacuno.

               (7)

               De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), los explotadores de empresas alimentarias deben asegurarse, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y deben verificar que se cumplen dichos requisitos.

               (8)

               La Recomendación 2013/99/UE de la Comisión (5) aconsejó a los Estados miembros que llevaran a cabo durante un mes un plan coordinado de control a fin de establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos. Dicho plan de control debe constar de dos acciones. La primera medida consistía en la realización de controles en el comercio al por menor y en otros establecimientos para determinar si los productos alimenticios envasados y los productos alimenticios no envasados contenían carne de caballo no declarada adecuadamente en la etiqueta o el embalaje o si, en el caso de productos alimenticios no envasados, no se informaba al consumidor o a las colectividades de su presencia. La segunda acción debía ser la realización de controles en los establecimientos que manipulan carne de caballo destinada al consumo humano, incluidos los productos alimenticios procedentes de terceros países, para detectar residuos de fenilbutazona.

               (9)

               Los resultados del plan coordinado de control confirmaron repetidos incumplimientos de la legislación en materia de etiquetado de productos cárnicos en la mayoría de los Estados miembros. Es necesario, por tanto, realizar un seguimiento del plan coordinado de control mediante una segunda ronda de controles en el comercio al por menor y en otros establecimientos para determinar si persisten aún las prácticas identificadas durante el primer plan coordinado de control.

               (10)

               Por otra parte, los controles oficiales efectuados para verificar la presencia de residuos de fenilbutazona no mostraron un incumplimiento generalizado y repetido; no parece, por tanto, necesario, en esta fase, recomendar una segunda serie de controles coordinados sobre este asunto.

               (11)

               Durante el primer plan coordinado de control, el laboratorio de referencia de la Unión Europea para las proteínas animales en los piensos asesoró sobre el uso de métodos para detectar la presencia de proteínas de especies no declaradas en las muestras. Todavía no existe un método validado para este análisis, pero tras celebrar consultas con los expertos, el citado laboratorio ha actualizado el asesoramiento sobre el uso de un protocolo armonizado y lo ha publicado en su sitio web.

               (12)

               Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión los métodos aplicados, los resultados de los controles y las medidas adoptadas en caso de resultados positivos en el plazo previsto y en un formato armonizado.

               (13)

               Previa consulta al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Los Estados miembros deberán poner en práctica un plan coordinado de control durante un período de cuatro semanas consecutivas en el plazo del 21 de abril al 16 de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la presente Recomendación.

               2.

               Los Estados miembros deberán informar de los resultados de los controles oficiales efectuados de conformidad con el punto 1 y de las medidas de aplicación adoptadas, antes del 22 de julio de 2014, en el formato que figura en el anexo II de la presente Recomendación.

      Hecho en Bruselas, el 27 de marzo de 2014.

            Por la Comisión

         Tonio BORG

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.

      (2)  Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109 de 6.5.2000, p. 29).

      (3)  Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO L 139 de 30.4.2004, p. 55).

      (4)  Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

      (5)  Recomendación 2013/99/UE de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, sobre un plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos (DO L 48 de 21.2.2013, p. 28).

      ANEXO I

         Segundo plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos

      ACCIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN COORDINADO DE CONTROL
      A.   Cobertura

                  1.

                  Productos alimenticios comercializados y/o etiquetados como de carne de vacuno (por ejemplo, carne picada, preparados de carne y productos a base de carne) como ingrediente cárnico principal de las siguientes categorías:

                              a)

                              productos alimenticios envasados destinados al consumidor final o a colectividades, cuya etiqueta indica que contienen carne de vacuno como ingrediente principal;

                              b)

                              productos alimenticios que se venden al consumidor final o a colectividades sin envasar y productos alimenticios envasados en el lugar de venta por encargo del consumidor o ya envasados para su venta directa, comercializados y/o presentados de otra manera como de vacuno como ingrediente principal de la parte cárnica del producto.

                  2.

                  A efectos de este plan coordinado de control, será de aplicación la definición de «producto alimenticio envasado» que figura en el artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2000/13/CE.

                  3.

                  A efectos del presente plan coordinado de control, se aplicarán las definiciones de «carne picada», «preparados de carne» y «productos cárnicos» recogidas en los puntos 1.13, 1.15 y 7.1 del anexo I del Reglamento (CE) no 853/2004.

            B.   Objetivo
      Las autoridades competentes realizarán controles oficiales para determinar, con arreglo a las disposiciones de la Unión y, en su caso, a las disposiciones nacionales, si los productos contemplados en el punto A contienen carne de caballo no declarada adecuadamente en la etiqueta o el embalaje o si, en el caso de productos alimenticios no envasados, no se informa al consumidor o a las colectividades de su presencia.
      C.   Puntos y procedimiento de muestreo

                  1.

                  La muestra deberá ser representativa de los productos de que se trate en el Estado miembro y abarcar una variedad de ellos.

                  2.

                  El muestreo de los productos se realizará en el comercio al por menor (supermercados, tiendas más pequeñas, carnicerías, etc.) y también podrá ampliarse a otros establecimientos (por ejemplo, almacenes frigoríficos).

            D.   Número de muestras y modalidades
      En el cuadro siguiente se presenta el número recomendado de muestras que deben tomarse en el plazo establecido en el punto 1 de la Recomendación. La distribución de las muestras por Estado miembro se basa en cifras de población, con un número mínimo de diez muestras de los productos de que se trate por Estado miembro y por treinta días.

                  Productos alimenticios comercializados como a base de carne de vacuno

                  País de venta

                  Número de muestras recomendado

                  Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Polonia

                  150

                  Rumanía, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Portugal, República Checa, Hungría, Suecia, Austria, Bulgaria

                  100

                  Lituania, Eslovaquia, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Letonia, Croacia

                  50

                  Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo, Malta

                  10

            E.   Método
      Deberá utilizarse el siguiente protocolo:

                  1.

                  Todas las muestras deberán someterse a un ensayo inicial para detectar la presencia de carne de caballo en la carne (como relación de fracción en masa p/p) en un 0,5 % o más. La elección del método de detección corresponde al Estado miembro.

                  2.

                  Solo las muestras que den resultado positivo en el ensayo de detección del punto 1 deberán someterse a un ensayo de confirmación utilizando la RCP-TR (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real) y poniendo como objeto el ADN mitocondrial para detectar la presencia de carne de caballo en la carne (como relación de fracción en masa p/p) en un 1 % o más. El método utilizado para la confirmación debe estar calibrado con una muestra de control normalizado de carne fresca obtenida del laboratorio de referencia de la Unión Europea para las proteínas animales en los piensos.

                  3.

                  Todos los ensayos de confirmación con arreglo al punto 2 en un Estado miembro deberán realizarse en un laboratorio designado al efecto por la autoridad competente. El laboratorio designado podrá estar en otro Estado miembro a raíz de un acuerdo con la autoridad competente de dicho Estado miembro. El laboratorio designado deberá, como mínimo, estar conforme con la norma ISO 17025 para otros ensayos comparables. El laboratorio designado puede haber participado también en la primera ronda de detección.
                  El nombre y la dirección de los laboratorios designados que participen en el ensayo de confirmación deberán transmitirse al laboratorio de referencia de la Unión Europea para las proteínas animales en los piensos, que publicará esta información en su sitio web.
                  Se pueden encontrar orientaciones más detalladas sobre el método de confirmación en el sitio web del laboratorio de referencia de la Unión Europea para las proteínas animales en los piensos, en la siguiente dirección: http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops

      ANEXO II

         Modelo de informe de resultados a que hace referencia el punto 2

                  Categoría de producto

                  Número de muestras

                  Método de ensayo utilizado (tipo de ensayo y marca comercial) en la 1a ronda de detección

                  Número de resultados positivos tras la 1a ronda de detección (=/> 0,5 %)

                  Método de ensayo utilizado en la ronda de confirmación

                  Número de resultados positivos tras la 2a ronda en el laboratorio designado (=/> 1 %)

                  Observaciones

                  Número total de muestras

                  Total de resultados positivos tras la 1a ronda de detección

                  Total de resultados positivos tras la 2a ronda de confirmación en el laboratorio designado

         Modelo de informe de medidas de ejecución a que hace referencia el punto 2

                  Número de resultados positivos en los que se han impuesto medidas de ejecución hasta la fecha

                  Si es posible, detállense las medidas de ejecución más comúnmente aplicadas (máximo tres puntos)

                  Número de resultados positivos en los que no se han impuesto medidas de ejecución hasta la fecha

                  Si es posible, detállense los motivos más comunes por los que no se han aplicado medidas (máximo tres puntos)


title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia de 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/57

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Italia de 2014
   2014/C 247/11
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Italia para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia para 2014.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (6), marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo correspondiente a Italia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión llevaba a la conclusión de que Italia sufre desequilibrios macroeconómicos excesivos que exigen un seguimiento específico y unas medidas políticas decididas. En particular, el nivel de la deuda pública, persistentemente elevado, unido a una competitividad exterior escasa derivada del apático incremento de la productividad, agudizado además por un crecimiento deplorable merecen una atención particular y la adopción de medidas decididas.

               (8)

               El 22 de abril de 2014, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Estabilidad es el logro del objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales para 2016, cumpliendo al mismo tiempo con la norma relativa a la deuda durante el periodo de transición de 2013-2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales, que está en consonancia con lo exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ajuste estructural (recalculado) previsto en el Programa de Estabilidad es de 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2014 y de 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2015. Según se expone en el Programa de Estabilidad, este ajuste limitado hacia el logro del objetivo a medio plazo se justifica por las arduas condiciones económicas y por el esfuerzo necesario para aplicar un ambicioso programa de reformas estructurales. Se prevén en concreto algunas reformas estructurales que deberían tener una incidencia positiva sobre el crecimiento económico potencial y que, a la postre, deberían reducir el ratio deuda/PIB de la administración en años venideros. El ajuste estructural previsto en el Programa de Estabilidad permitiría a Italia atenerse al valor de referencia de reducción de la deuda a lo largo del periodo de transición 2013-2015, en cierta medida gracias a un ambicioso plan de privatizaciones que se irá aplicando a lo largo del periodo 2014-2017 (que corresponderá cada año a 0,7 puntos porcentuales del PIB). El escenario macroeconómico en el que se basan las proyecciones presupuestarias del Programa de Estabilidad, que no ha sido refrendado por ningún organismo independiente, es moderadamente optimista, en particular por lo que respecta a los últimos años del Programa de Estabilidad.
               En 2014 se prevé una desviación respecto de la senda de ajuste hacia la consecución del objetivo a medio plazo que, de repetirse el año próximo, podría evaluarse como importante, también en lo que respecta al valor de referencia del gasto. Por otro lado, el logro de los objetivos presupuestarios no está convenientemente respaldado por suficientes medidas de desarrollo, en particular a partir de 2015. Las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión apuntan a un incumplimiento del valor de reducción de la deuda fijado para 2014 ya que el ajuste estructural proyectado (únicamente 0,1 puntos porcentuales del PIB) se sitúa muy por debajo del exigido, equivalente a 0,7 puntos porcentuales del PIB). Tras analizar el Programa de Estabilidad y las previsiones de la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que es preciso realizar esfuerzos adicionales también en 2014 a fin de responder a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (10)

               Las medidas emprendidas recientemente para reducir la tributación de los factores de producción han sido algo limitadas. Por tanto, queda aún margen suficiente para transferir en mayor medida la carga tributaria hacia el consumo, la propiedad y el medio ambiente, en estricto cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Por lo que respecta al consumo, si se quiere mejorar la estructura del sistema fiscal, es asimismo fundamental revisar los tipos reducidos del IVA y los gastos fiscales directos, prestando la debida atención a la necesidad de atenuar su eventual impacto distributivo. En cuanto a la propiedad, la revisión de los valores catastrales para ajustarlos a los valores de mercado vigentes en la actualidad permitiría aplicar una fiscalidad más justa sobre la propiedad inmobiliaria. La Ley de habilitación (legge delega) para la reforma fiscal recientemente adoptada brinda la oportunidad de llevar a cabo esas reformas ineludibles. Habida cuenta de la magnitud del desafío, es preciso complementar las medidas sobre la composición de la estructura de los impuestos con otras adicionales destinadas a la mejora de la Administración tributaria y del cumplimiento en el ámbito fiscal, así como emprender acciones decididas para combatir la evasión fiscal, la economía sumergida y el trabajo no declarado, fenómenos que siguen constituyendo una pesada carga tanto para la hacienda pública como para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. A este respecto, la nueva Ley de habilitación para la reforma fiscal prevé diversas medidas para reforzar la Administración tributaria: cálculo global y sistema de seguimiento de la brecha tributaria, medidas de simplificación, medidas para mejorar la relación con los contribuyentes, medidas para mejorar la recaudación de la deuda tributaria a nivel local y refuerzo de las inspecciones fiscales. La decisión de introducir a partir de 2015 declaraciones fiscales cumplimentadas previamente supone un avance adicional con vistas al estímulo del cumplimiento en materia fiscal.

               (11)

               Uno de los principales retos a los que se enfrenta Italia es el logro de una aplicación exhaustiva y rápida de las medidas adoptadas, tanto para resolver las deficiencias existentes en materia de aplicación como para evitar la acumulación de ulteriores retrasos. Uno de los acicates fundamentales con vistas mejorar los resultados de Italia en materia de aplicación y garantizar en términos más generales la agilización de las medidas reside en una mayor coordinación y un reparto de competencias más eficaz entre los distintos niveles de la administración. Ello podría tener a su vez una incidencia positiva en la gestión de los fondos de la UE, aspecto con respecto al cual solo se han adoptado medidas parciales e incompletas, en particular en las regiones meridionales. La gestión de los fondos de la UE sigue adoleciendo de deficiencias vinculadas a la capacidad administrativa y de falta de transparencia, de evaluación y de control de calidad. Una mayor eficacia y una orientación hacia el servicio y los correspondientes cambios en la gestión de los recursos humanos incidirían también positivamente en la calidad del servicio público. La corrupción sigue lastrando significativamente el sistema productivo italiano y minando la confianza en el marco político e institucional. Es preciso revisar los plazos de prescripción. La lucha eficaz contra la corrupción también exige dotar de atribuciones adecuadas a la Autoridad Nacional Anticorrupción para la Evaluación y la Transparencia de las Administraciones Públicas. Persiste la ineficacia de la jurisdicción de lo civil, por lo que es necesario controlar detenidamente el impacto de las medidas adoptadas.

               (12)

               Inspirándose en la revisión específica de la calidad de los activos realizada el pasado año bajo los auspicios del Banco de Italia, sigue siendo importante mejorar la gestión de los activos deteriorados y apoyar su enajenación a fin de impulsar la capacidad de los bancos para ampliar la aportación de crédito a la economía real. Por lo que respecta al acceso a financiación, la principal medida adoptada hasta el momento se ha centrado en facilitar el acceso de las empresas al crédito, si bien el desarrollo de instrumentos de financiación distintos de los créditos bancarios sigue siendo limitado, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Las iniciativas adoptadas en el ámbito de la gobernanza empresarial de los bancos —en particular los nuevos principios establecidos recientemente por el Banco de Italia— se han acogido con satisfacción. De todas formas, su repercusión dependerá de su aplicación adecuada por parte de dichos bancos y del control de su cumplimiento. En concreto, sigue estando justificado un control más estrecho de algunas de las cooperativas de crédito de mayores dimensiones (banche popolari).

               (13)

               La situación del mercado laboral siguió empeorando en 2013, con una tasa de desempleo que creció hasta situarse en un 12,2 % y un desempleo juvenil que alcanzó el 40 %. Es esencial proceder a una correcta aplicación de las reformas introducidas en el ámbito del mercado laboral y de la fijación de los salarios, y a un cuidadoso seguimiento del efecto de las mismas, a fin de garantizar que se materialice la obtención de los beneficios esperados en términos de mayor flexibilidad en materia de despido, mayor regulación de la contratación flexible, un mayor alcance del sistema de subsidios de desempleo y mayor adaptación de los salarios a la productividad. Los planes para la mejora de la eficacia de los servicios de colocación mediante el refuerzo de los servicios públicos de empleo han sufrido retrasos y deben acelerarse. Las medidas destinadas a apoyar la creación de empleo a corto plazo deben complementarse con otras orientadas a resolver la segmentación. En conjunto, el mercado laboral italiano sigue caracterizándose por su segmentación y escasa participación, lo que afecta en particular a las mujeres y los jóvenes. Así pues, las tímidas medidas adoptadas hasta la fecha deben ampliarse, en consonancia con los objetivos de la Garantía Juvenil. Italia está registrando una disminución de la renta disponible de los hogares, combinada con un aumento de la pobreza y de la exclusión social, que afecta en particular a las familias con niños. En Italia, el gasto social sigue orientado en gran medida a la población de más edad, y se centra solo mínimamente en la activación, lo que limita el margen para abordar el riesgo de exclusión social y de pobreza. El programa piloto de asistencia social introducido recientemente tiene por objeto crear una red de protección social. Está previsto ampliarlo al país en su conjunto, y ello exigirá mejorar la eficacia del gasto social y de los servicios sociales en todo el territorio.

               (14)

               Es preciso realizar esfuerzos para mejorar los resultados en materia educativa e incrementar la dotación de capital humano en todos los niveles de la enseñanza, es decir, tanto primaria como secundaria y universitaria. La profesión docente se caracteriza por un único itinerario de carrera, y en la actualidad ofrece perspectivas limitadas en términos de desarrollo profesional. La diversificación de las carreras de los docentes y una mayor vinculación de sus trayectorias profesionales al mérito y los resultados, unidas a la generalización de la evaluación escolar, podrían traducirse en mejores resultados escolares. A fin de garantizar una transición fluida entre la etapa educativa y el acceso al mercado laboral, parece esencial intensificar y ampliar la formación práctica, mediante el incremento del aprendizaje basado en el trabajo y la educación y formación profesionales, en particular en la enseñanza secundaria superior y la enseñanza universitaria. Tras el decreto legislativo adoptado al respecto en 2013, es fundamental elaborar un registro de competencias a escala nacional a fin de garantizar el reconocimiento de las aptitudes adquiridas en todo el país. Desarrollar las medidas emprendidas en este sentido, proceder a la financiación pública de las universidades y centros de investigación condicionándola al rendimiento en materia de investigación y de docencia contribuiría a elevar la calidad de las universidades e incrementaría posiblemente la capacidad de investigación e innovación, que aún se encuentra en una posición rezagada.

               (15)

               Aunque se han adoptado algunas medidas destinadas a la creación de un entorno más favorable para las empresas y los ciudadanos, la incidencia de las mismas se ha visto frenada por retrasos en su aprobación definitiva y fallos en su aplicación. Persisten una serie de obstáculos a la competencia (ámbitos de actividad reservados, regímenes de concesiones/autorizaciones, etc.) en sectores tales como los servicios profesionales, los seguros, la distribución de carburante, el comercio minorista y los servicios postales. Es necesario paliar asimismo ciertas deficiencias de las que adolece el sistema de contratación pública. Es, además, prioritario intensificar la competencia en el ámbito de los servicios públicos locales. En particular, es necesario aplicar la actual legislación en virtud de la cual los contratos en vigor que no cumplan la normativa de la UE en relación con los criterios de adjudicación interna deben rectificarse, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2014.

               (16)

               Los estrangulamientos en la infraestructura impiden el correcto funcionamiento del mercado de la energía. En el ámbito del transporte, la carencia de infraestructura intermodal unida a la ausencia de sinergias y la escasez de conexiones de los puertos italianos con el interior merecen un análisis especial y la adopción de medidas al respecto. Por lo que respecta a las conexiones de banda ancha, existen en el territorio italiano áreas no urbanas que carecen de cobertura.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

               (18)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Italia, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (19)

               A la vista de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 quedan reflejadas a continuación en las recomendaciones 1 a 8.

               (20)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (8). Como país cuya moneda es el euro, Italia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

         RECOMIENDA que Italia tome medidas durante el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 habida cuenta de la desviación que se está produciendo con respecto a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular el de reducción de la deuda, según las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión y garantizar el progreso hacia la realización de los objetivos a medio plazo. En 2015, reforzar de forma significativa la estrategia presupuestaria a fin de cumplir el requisito de reducción de la deuda y alcazar, por tanto, los objetivos a medio plazo. A continuación, garantizar que la deuda de las administraciones públicas emprenda una trayectoria suficientemente descendente; llevar a cabo el ambicioso plan de privatizaciones previsto; aplicar un ajuste presupuestario que propicie el crecimiento y que esté basado en el importante ahorro previsto como consecuencia de la mejora duradera de la eficiencia y la calidad del gasto público en todos los niveles de la administración, preservando al mismo tiempo el gasto que favorece el crecimiento, por ejemplo en el ámbito de la I+D, la innovación, la educación y los proyectos de infraestructuras esenciales. Garantizar la independencia y la plena operatividad del Consejo Presupuestario cuanto antes y, a más tardar, en septiembre de 2014, a tiempo para la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2015.

               2.

               Transferir en mayor medida la carga tributaria de los factores productivos al consumo, la propiedad y el medio ambiente, en consonancia con los objetivos presupuestarios. A tal fin, evaluar la eficacia de la reciente reducción de la carga fiscal sobre el factor trabajo y asegurar su financiación para 2015, analizar el alcance de los gastos fiscales directos y ampliar la base imponible, en particular sobre el consumo. Garantizar una fiscalidad medioambiental más efectiva, incluso en el ámbito de los impuestos especiales, y suprimir las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente. Aplicar la Ley de habilitación para la reforma fiscal en marzo de 2015, como muy tarde, mediante la adopción de decretos que conduzcan a la reforma del sistema catastral con objeto de garantizar la eficacia de la reforma de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria. Seguir mejorando el cumplimiento en materia fiscal mediante el refuerzo de la predictibilidad del sistema fiscal, la simplificación de los procedimientos, el perfeccionamiento de la recaudación de la deuda fiscal y la modernización de la Administración tributaria. Proseguir la lucha contra la evasión fiscal y adoptar medidas suplementarias contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.

               3.

               En el marco de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de la administración pública, determinar con claridad las competencias en todos los niveles de la administración. Garantizar una gestión más eficaz de los Fondos de la UE, emprendiendo una acción decidida para mejorar la capacidad administrativa, la transparencia, la evaluación y el control de calidad a escala nacional y regional, especialmente en las regiones meridionales. Mejorar la eficacia de las medidas contra la corrupción, por ejemplo mediante la revisión de los plazos de prescripción a finales de 2014, como muy tarde, y reforzar los poderes de la Autoridad Nacional Anticorrupción. Efectuar de manera oportuna el seguimiento de la repercusión de las reformas adoptadas a fin de incrementar la eficiencia de la jurisdicción de lo civil con objeto de garantizar su eficacia, y adoptar acciones complementarias, en su caso.

               4.

               Reforzar la resiliencia del sector bancario y garantizar su capacidad de gestionar y enajenar los activos deteriorados con vistas a reactivar el crédito a la economía real. Apoyar el acceso de las empresas, en particular de las pymes, a la financiación no bancaria. Seguir fomentando y efectuando un seguimiento de las prácticas eficientes en materia de gobernanza empresarial en el sector bancario en su conjunto, prestando particular atención a los grandes bancos cooperativos (banche popolari) y al papel de las fundaciones, a fin de mejorar la eficacia de la intermediación financiera.

               5.

               Evaluar, a finales de 2014, como muy tarde, la incidencia de las reformas del mercado laboral y de la fijación de salarios sobre la creación de empleo, los procedimientos de despido, la dualidad del mercado laboral y la competitividad de los costes, y sopesar la necesidad de emprender medidas adicionales. Trabajar con vistas al logro de una protección social más completa en favor de los desempleados, limitando al mismo tiempo el recurso a los regímenes de complemento salarial para facilitar la reasignación del trabajo. Estrechar el vínculo entre las políticas del mercado laboral activas y pasivas, partiendo de la elaboración de una hoja de ruta para la acción en diciembre de 2014, a más tardar, y reforzar la coordinación y el rendimiento de los servicios públicos de empleo en todo el país. Emprender acciones efectivas para la promoción del empleo femenino, mediante la adopción de medidas destinadas a reducir la falta de incentivos fiscales para aquellas personas que representen la segunda fuente de ingresos familiares, como muy tarde, en marzo de 2015, y proceder a la dotación de los servicios asistenciales oportunos. Prestar servicios adecuados en todo el país a los jóvenes no inscritos y garantizar un mayor compromiso del sector privado respecto de la oferta de contratos de aprendizaje y de prácticas de calidad para finales de 2014, en consonancia con los objetivos de la Garantía Juvenil. Paliar las situaciones de pobreza y exclusión social, intensificar el nuevo programa piloto de apoyo de asistencia social, cumpliendo con los objetivos presupuestarios, garantizando una fijación de objetivos apropiada, una condicionalidad estricta y la uniformidad territorial, y reforzando su vinculación con las medidas de activación. Mejorar la eficacia de los regímenes de ayuda familiar y de los servicios de calidad destinados a favorecer a las familias de escasos recursos con hijos.

               6.

               Aplicar el Sistema Nacional de Evaluación del Sistema Educativo a fin de mejorar los resultados de los centros escolares y reducir los índices de abandono escolar prematuro. Incrementar el recurso al aprendizaje basado en el trabajo en los niveles superiores de la enseñanza secundaria profesional y reforzar la enseñanza universitaria orientada al mundo profesional. Crear un registro nacional de cualificaciones que garantice un amplio reconocimiento de las mismas. Asegurar que la financiación pública recompense en mayor medida la calidad de la enseñanza superior y la investigación.

               7.

               Aprobar la legislación pendiente y demás medidas equivalentes destinadas a la simplificación del entorno reglamentario de las empresas y los ciudadanos y paliar las deficiencias en materia de aplicación de la legislación en vigor. Respaldar la apertura del mercado y la eliminación de las barreras que aun subsistan a la competencia y las restricciones conexas en el ámbito de los servicios públicos locales y profesionales, los seguros, la distribución de carburante, el comercio minorista y los servicios postales. Incrementar la eficiencia de la contratación pública, en particular simplificando los procedimientos, por ejemplo mediante un mejor uso de la contratación electrónica, racionalizando los órganos centrales de compra y garantizando la adecuada aplicación de las normas anteriores y posteriores a la adjudicación. Por lo que respecta a los servicios públicos locales, aplicar rigurosamente la legislación estableciendo la rectificación de los contratos que no cumplan los requisitos en materia de concesión interna el 31 de diciembre de 2014 a más tardar.

               8.

               Garantizar la pronta y plena operatividad de la Autoridad de Transporte, como muy tarde en septiembre de 2014. Aprobar la lista de infraestructuras estratégicas en el sector de la energía y reforzar la gestión de los puertos y sus conexiones con el interior.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 42.

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p.11).

      (6)  COM(2013) 800 final.

      (7)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (8)  Véase la página 141 del presente Diario Oficial.


Aviso jurídico importante

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52007SC0958

Recomendación de la Comisión al Consejo para que se autorice a la Comisión a entablar negociaciones en relación con la participación de la Comunidad en los trabajos del International Tax Dialogue  /* SEC/2007/0958 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 11.7.2007SEC(2007) 958 finalRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJOpara que se autorice a la Comisión a entablar negociaciones en relación con la participación de la Comunidad en los trabajos del International Tax DialogueEXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO DE LA PROPUESTA |110 | Motivación y objetivos de la propuesta El International Tax Dialogue (Diálogo Fiscal Internacional) es una asociación de hecho entre la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Dicha asociación carece de Estatutos y de personalidad jurídica y, en la actualidad, se rige por un acuerdo escrito firmado por los representantes de los tres organismos participantes. Los objetivos de la ITD son los siguientes: - promover un diálogo auténtico en materia de fiscalidad entre los organismos participantes y los Gobiernos a fin de que todos los países dispongan de elementos que puedan tener en consideración en los debates sobre política y administración fiscal; - determinar cuáles son las buenas prácticas fiscales y compartirlas; - coordinar las actividades en curso en el ámbito fiscal a fin de evitar duplicaciones innecesarias; - aportar información de utilidad para la asistencia técnica en el ámbito fiscal. Los estudios realizados por la ITD se encuentran publicados en su página de Internet (http://www.itdweb.org/Pages/Home.aspx). Además, la ITD organiza regularmente conferencias internacionales. La financiación de la ITD se lleva a cabo, fundamentalmente, mediante las contribuciones de los organismos participantes. El nivel de estas aportaciones es decidido cada año, por unanimidad, por un grupo director compuesto por representantes de dichos organismos. Durante los últimos años, la contribución de cada uno de ellos se ha elevado a 100 000 euros, aproximadamente. La ITD y los organismos que participan en ella han invitado a la Comisión a convertirse en el cuarto participante. |120 | Contexto general El objetivo de la Comisión es favorecer la coordinación a escala mundial de las políticas fiscales y de la cooperación administrativa en materia tributaria. En efecto, la globalización de la economía y la internacionalización de los intercambios hacen cada vez más necesario el mantenimiento de un diálogo con los organismos internacionales a fin de coordinar los respectivos esfuerzos con vistas a garantizar la aplicación de principios tales como la buena gobernanza y la transparencia fiscal. La Comisión desea participar en ese diálogo manteniendo una actitud de total transparencia con respecto a los Estados miembros. La ITD constituye, a este fin, el foro de más alto nivel para debatir aspectos de política fiscal o de administración tributaria. Un mayor diálogo con las administraciones fiscales a escala mundial y una cooperación más estrecha en ámbitos específicos permitirían iniciar una tendencia hacia la simplificación y la modernización de las normas y procedimientos administrativos a los que los operadores económicos europeos están sujetos en materia de fiscalidad. La participación activa de la Unión, representada por la Comisión, en los debates desarrollados en el marco de la ITD permitirá determinar a nivel mundial las posibilidades de cooperación para combatir el fraude transfronterizo a escala internacional y analizar las tentativas y experiencias de terceros países a la hora de elaborar propuestas destinadas a modernizar el régimen del IVA europeo. |139 | Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta No existen disposiciones en vigor en este ámbito. |140 | Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión En su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «La gobernanza en el consenso europeo sobre la política de desarrollo – hacia un enfoque armonizado en la Unión Europea», la Comisión hizo hincapié en la necesidad de promover la buena gobernanza fiscal en los países en desarrollo. Los objetivos de la ITD están en consonancia con tal recomendación. La ITD encarga estudios y organiza conferencias sobre una amplia variedad de temas fiscales, la mayoría de los cuales están en estrecha relación con los ámbitos en los que opera la Unión Europea. La participación en la organización permitirá crear sinergias al respecto. Es preciso lograr la coordinación de las políticas fiscales y de las prácticas de administración tributaria a escala internacional con vistas al buen funcionamiento del mercado interior. Los estudios llevados a cabo por el International Tax Dialogue benefician a los países en desarrollo en tanto en cuanto fomentan las normas de buena gobernanza fiscal con arreglo a la política de desarrollo de la Comunidad y, en particular, a las recomendaciones de la Comisión en su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «La gobernanza en el consenso europeo sobre la política de desarrollo – hacia un enfoque armonizado en la Unión Europea»[1]. |CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |Consulta de las partes interesadas |219 | Los únicos interesados son los Estados miembros y los organismos internaciones que participan en la ITD. |Obtención y utilización de asesoramiento técnico |229 | No ha sido necesario recurrir a asesoramiento externo. |230 | Evaluación de impacto En un principio, se barajó la posibilidad de subvencionar el funcionamiento de la ITD. No obstante, esta opción fue descartada, puesto que no permitía participar de forma activa en la definición de los objetivos y del programa de trabajo de la ITD. Al final, se optó por concluir un acuerdo entre la Unión y los organismos participantes en la ITD. Ello permitirá a la Comisión participar en el grupo director y, por consiguiente, determinar con los organismos el programa de trabajo de la ITD y sus prioridades. |ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |305 | Resumen de la acción propuesta Recomendación de la Comisión al Consejo mediante la que se invita a este último a conceder a la Comisión un mandato que le permita entablar negociaciones con vistas a firmar un acuerdo de asociación con la ITD. |310 | Base jurídica Artículo 181A del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. |320 | Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad se respeta en la medida en que la propuesta no afecta a un ámbito de competencia exclusiva de la Comunidad. |Los Estados miembros no pueden lograr satisfactoriamente los objetivos de la propuesta por los motivos que se exponen a continuación. |321 | Únicamente pueden ser socios de la ITD los organismos internacionales. Los Estados pueden ser miembros pero no tienen derecho a participar en el grupo director. |323 | Ningún Estado puede convertirse en socio de la ITD. |Los objetivos de la propuesta pueden lograrse mejor mediante una acción de la Comunidad por los motivos que se exponen a continuación. |324 | La participación de la Unión en la ITD permitirá llevar a cabo un enfoque coordinado e influir en el programa de trabajo de la ITD. |327 | Los Estados miembros tienen la posibilidad de ser miembros de la ITD y beneficiarse de los resultados de los estudios llevados a cabo por la organización, pero no pueden intervenir en el establecimiento del programa de trabajo. |Así pues, la propuesta respeta el principio de subsidiariedad. |Principio de proporcionalidad |331 | La firma de un acuerdo con los socios de la ITD en nombre de la Unión permite mantener una actitud de transparencia total con respecto a los Estados miembros. |332 | La participación de la Comisión en los trabajos de la ITD en nombre de la Unión permite minimizar la implicación financiera de dicha participación. |Instrumentos elegidos |341 | Instrumento propuesto: recomendación. |342 | El recurso a otros instrumentos no habría resultado adecuado por las razones que se exponen a continuación. Se habría podido concluir un acuerdo entre la Comisión y los demás organismos miembros de la ITD sin implicar a los Estados miembros. Ahora bien, esta opción no habría permitido lograr el nivel de implicación necesario de la Unión en los trabajos de la ITD. |REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS |401 | En la fase actual, la recomendación no tiene ninguna repercusión presupuestaria. Sin embargo, si en una fase posterior el Consejo otorgara a la Comisión un mandato para convertirse en socio de la ITD, ello supondría una contribución financiera anual de unos 130.000 euros anuales durante los próximos cinco años. |INFORMACIÓN ADICIONAL |Cláusula de reexamen/ revisión/ expiración |531 | La propuesta incluye una cláusula de reexamen. |1.  RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJOpara que se autorice a la Comisión a entablar negociaciones en relación con la participación de la Comunidad en los trabajos del International Tax DialogueLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,RECOMIENDA:Que el Consejo autorice a la Comisión a negociar la participación de la Comunidad en los trabajos del International Tax Dialogue .Que, puesto que la Comisión, de conformidad con el Tratado, va a entablar negociaciones en nombre de la Comunidad, el Consejo cree un comité ad hoc que asista a la Comisión en esta tarea.ANEX OCarta de 19.4.2007 de Danny Leipziger, Vice-Presidente del Banco Mundial al Comisario Kovács invitando a la Unión Europea a adherirse al International Tax Dialogue.[pic][pic] [1] COM (2006) 421 final