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52004SC0798

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Estonia (2004-2008)  /* SEC/2004/0798 final */

Recomendación con vistas a un DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia de Estonia (2004-2008)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [1], establecía que los países no participantes, esto es, los que no hubieran adoptado la moneda única, habrían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de convergencia a efectos de la supervisión multilateral periódica prevista en el artículo 99 del Tratado.[1]  DO L 209, de 2.8.1997. Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htmDe conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento, el Consejo debía examinar cada programa de convergencia basándose en las evaluaciones efectuadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (el Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo habrá de emitir su dictamen. De conformidad con el Reglamento, los Estados miembros deberán presentar anualmente programas de convergencia actualizados, los cuales también podrán ser examinados por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.Los diez países que se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004 se encuentran acogidos a una excepción y, por tanto, no participan en la moneda única. Dichos países se comprometieron a presentar sus programas de convergencia antes del 15 de mayo de 2004, y su primera actualización, a finales de 2004. El programa de convergencia de Estonia, correspondiente al periodo 2004-2008, fue presentado el 13 de mayo de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica del mismo, teniendo en cuenta los resultados de las Previsiones de Primavera de 2004, así como el Código de conducta [2] y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 27 de noviembre de 2002 relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias [3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:[2]  Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo Ecofin el 10.7.2001.[3]  COM (2002) 668 final, de 27.11.2002.El primer programa de convergencia de Estonia incorpora las medidas adoptadas en el presupuesto de 2004, y es coherente con la Estrategia de Presupuestos del Estado (2004-2008). Ha sido adoptado formalmente por el Consejo de Ministros y representa, por consiguiente, el marco macroeconómico oficial de este país a medio plazo. Sus medidas son coherentes con el planteamiento económico a medio plazo expuesto en el programa económico de preadhesión (PEP) de 2003. El programa deja patente la intención de Estonia de incorporarse al MTC II y de adoptar "cuanto antes" el euro. Sostiene que Estonia podrá cumplir los criterios para incorporarse a la zona del euro a lo largo de todo el programa, si bien mantiene una prudente reserva acerca de la futura evolución de la inflación (inferior, en la actualidad, a la registrada en la zona del euro).El programa se ajusta en líneas generales al nuevo "Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia". Tras una revisión de las cuentas nacionales publicada poco después de presentarse el programa, los datos de PIB correspondientes al periodo 1993-2003 se revisaron al alza. Por consiguiente, algunas de las cifras y cuadros del programa han quedado obsoletos. Ello no afecta, no obstante, ni a la visión general ni a la evaluación de los escenarios aquí presentados, dado que las tendencias que subyacen a las proyecciones no han sufrido alteración en lo fundamental. Un presupuesto público equilibrado y el acuerdo de junta monetaria seguirán constituyendo los pilares de la estabilidad macroeconómica en Estonia. El programa prevé un crecimiento constante del PIB, entre el 5% y el 6% anual, impulsado por una demanda interna siempre fuerte y unas exportaciones que se acelerarán cuando se materialice la recuperación prevista de la actividad externa. Sin embargo, la contribución externa neta seguirá siendo negativa a lo largo de periodo contemplado en el programa. Tanto el consumo como la inversión privada seguirán aumentando, si bien a ritmo más lento. El desempleo disminuirá gradualmente hasta situarse en torno a 9,5% de la población activa. Cabe esperar que la recuperación prevista de la economía mundial y la consiguiente mejoría de la demanda de exportaciones permitan reducir el elevado déficit actual por cuenta corriente, si bien se prevé que éste permanezca por encima del 8% del PIB en 2008. El escenario macroeconómico resulta en líneas generales plausible. Para los años 2004 y 2005, el crecimiento previsto del PIB se sitúa algo por debajo de las Previsiones de Primavera de la Comisión, mientras que la inflación será ligeramente más alta. En comparación con el PEP de 2003, el escenario macroeconómico prevé un crecimiento del PIB algo inferior y atiende al retraso de la recuperación económica  internacional que se ha producido desde entonces, mientras que las perspectivas de inflación y desempleo han mejorado merced a una producción mejor de lo prevista en 2003. El próximo ajuste al alza de las cifras de crecimiento contempladas en las previsiones estonias, a consecuencia de la revisión de las cuentas nacionales de 20 de mayo de 2004, dará mayor plausibilidad a los escenarios recogidos en el programa. El alto déficit de la cuenta externa seguirá siendo el principal desequilibrio macroeconómico de Estonia en un futuro previsible, dada la gran necesidad de inversiones que caracteriza a su economía. En el programa se aborda en detalle este punto. Dado que los presupuestos de las administraciones públicas permanecerán en ligero superávit o en equilibrio a lo largo del periodo contemplado en el programa, en general se prevé que la situación presupuestaria favorezca la mejora de la cuenta corriente, si bien de modo harto más limitado que en 2002 y 2003. Una estricta disciplina presupuestaria, que, entre otras cosas, se reserve los posibles "superávits inesperados", seguirá constituyendo un elemento fundamental para una corrección sostenible del desequilibrio externo.El sistema de junta monetaria introducido con la independencia del país --y en el cual la corona estonia se alineó primero al marco alemán y, desde 1999, al euro--, ha sido beneficioso para el país y le ha dotado de gran credibilidad entre los operadores del mercado. Gracias a la estricta paridad de la moneda con un euro cada vez más fuerte, la inflación se redujo con gran rapidez, hasta alcanzar un aumento del IPC anual de tan sólo el 1,3% en 2003, el cual, no obstante, se prevé que alcance valores cercanos al 3% a medio plazo. Los tipos de interés en Estonia han alcanzado mínimos históricos, que reflejan la evolución de la zona del euro y la favorable clasificación financiera internacional del país. Estonia pretende incorporarse en breve al MTC II, con una banda de fluctuación estable, manteniendo no obstante un compromiso unilateral con el actual sistema de junta monetaria. También está prevista la adopción "cuanto antes" del euro.Según la estrategia presupuestaria expuesta en el programa, las cuentas de las administraciones públicas deberán permanecer en un superávit del 0,7% del PIB en 2004, para pasar a una situación de equilibrio a partir de 2005. Se trata de una previsión algo más optimista que la contemplada en el PEP de 2003, en el que no se preveían nuevos superávit a partir de 2004, y es conforme a las previsiones de la Comisión hasta 2005. En general, esto implica una considerable flexibilización presupuestaria, que contrasta con el sorprendente superávit registrado en 2003. El programa refleja el firme compromiso de cumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y mantener las cuentas públicas en situación de equilibrio o superávit a lo largo de todo el periodo contemplado en el programa. La actual reforma del sistema fiscal tiene por objetivo reducir gradualmente los tipos únicos tanto del impuesto de sociedades como del impuesto sobre la renta de las personas físicas, junto con un aumento de las transferencias sociales y de las reducciones fiscales. Se espera poder financiar estas reformas gracias a un fuerte crecimiento, ahorros por el lado del gasto, mayores ingresos del IVA y los impuestos especiales, cambios en la estructura del gasto y una mejora de la recaudación tributaria. Se prevé, en general, que aumente el gasto nominal, mientras que el ratio de gasto disminuirá. La administración central y los fondos de seguridad social se mantendrían en superávit a lo largo del periodo contemplado en el programa (pese a las elevadas transferencias, de hasta el 1% del PIB, a un segundo pilar privado de pensiones); en cambio, las administraciones locales seguirán en déficit, aunque éste será escaso. La deuda pública correspondió a un 5,8% del PIB y se prevé que siga disminuyendo hasta sólo un 3,2% del PIB en 2008. La deuda pública queda cubierta en su integridad por las reservas del sector público y constituye un riesgo sin importancia alguna para la economía de Estonia.Las proyecciones presupuestarias del programa resultan en general plausibles, aunque los resultados reales pueden ser incluso mejores de lo previsto. Esta perspectiva se basa en un excelente historial de previsiones prudentes (y la reiterada obtención de resultados presupuestarios mejores de lo previsto) a lo largo de los últimos años, en las realistas previsiones de crecimiento en que se basan las proyecciones presupuestarias recogidas en el programa, en las posibles repercusiones del elevado superávit obtenido en 2003, en la ejecución más lenta de lo previsto del gasto de inversión pública gracias a las transferencias de la UE, a lo que hay que añadir la corrección estadística a la baja de los ratios de déficit y deuda a consecuencia de la reciente revisión de las cuentas nacionales. Podrían no obstante aparecer riesgos negativos, aunque no se consideren agudos desde la perspectiva actual, debido a la falta de ingresos a consecuencia de los recortes fiscales previstos o a una evolución adversa del crecimiento a consecuencia de choques de origen exógeno. La rápida absorción de los superávits presupuestarios en 2004 y 2005, que coincidiría con la aceleración prevista de la actividad económica, dará lugar a una posición claramente procíclica de la trayectoria presupuestaria que contempla el programa. Por otro lado, si no se consigue llevar a cabo una ordenada y paulatina reducción de los desequilibrios externos a través de la recuperación del ahorro privado interno (tal como prevé el programa), la política encaminada a unos presupuestos en equilibrio podría no bastar para permitir la corrección prevista del actual déficit por cuenta corriente. El programa pone claramente de manifiesto la intención de Estonia de cumplir los objetivos de la estrategia de Lisboa en 2010. Se aumentará la tasa de empleo mediante reformas en la formación profesional y la reducción de las cotizaciones sociales y los impuestos sobre las rentas del trabajo. Se atenderá a la necesidad de ampliar la base de oferta de la economía (y, al mismo tiempo, la base impositiva) mediante mejoras de la infraestructura y medidas educativas que permitan paliar la actual deficiencia de cualificaciones en el mercado de trabajo. A fin de mejorar el bajo nivel de productividad, se estimulará la I+D tanto pública como privada, de modo que contribuya más aún al crecimiento de la economía. En cuanto a la financiación pública, el programa pretende aplicar reformas estructurales tanto por el lado del gasto como de los ingresos. En el primer caso, las reformas intentan, en particular, canalizar mejor las transferencias sociales a los más necesitados y aumentar los incentivos al trabajo. Por el lado de los ingresos, las amplias reformas fiscales iniciadas en 2004 conducirán gradualmente a una transición de la imposición directa a indirecta, manteniendo un sistema fiscal simple. Cabe esperar que estas reformas, que en su mayoría ya están en marcha, aumenten los incentivos al trabajo, creen empleo y disuadan de la evasión fiscal.Estonia está en buena situación para hacer frente a los costes presupuestarios previsibles del envejecimiento demográfico. Los considerables costes de la introducción de un segundo pilar, íntegramente financiado mediante capitalización privada, del sistema de pensiones aparece reflejado en las proyecciones presupuestarias del programa. El bajo nivel de la deuda pública, las considerables dimensiones de las reservas financieras, junto con una estrategia presupuestaria a medio plazo que resulta plenamente coherente con el objetivo de alcanzar una situación presupuestaria próxima al equilibrio o en superávit, a lo que que hay que añadir las reformas de los regímenes de pensiones y sanidad con las que se pretenden eliminar las presiones presupuestarias a largo plazo, permitirán que las finanzas públicas se mantengan en situación sostenible. Cuadro: Comparación entre las principales proyecciones macroeconómicas y presupuestarias>SITIO PARA UN CUADRO>Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y remite al Consejo la Recomendación adjunta con vistas a un dictamen en relación con el Programa de Convergencia de Estonia.DICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997. en relación con el programa de convergencia de Estonia (2004-2008)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [4] y, en particular, el apartado 3 de su artículo 9,[4]  DO L 268 de 2.8.1997, p. 1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htmVista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:El [5 de julio de 2004], el Consejo examinó el programa de estabilidad de Estonia, que abarca el periodo 2004-2008. El programa cumple en amplia medida el nuevo "Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia".La estrategia presupuestaria en que reposa el programa pretende mantener unas sólidas finanzas públicas, traducidas en una situación presupuestaria próxima al equilibrio o en superávit. A tal fin, y tras registrar un superávit del 2,6% del PIB en 2003, el programa pretende alcanzar un modesto superávit del 0,7% en 2004 y el equilibrio presupuestario a partir de 2005, acompañados de una reducción gradual de los ratios tanto de ingresos como de gastos, tras el aumento que ambos registraron en 2004 a consecuencia de la incorporación a la UE. En particular, el programa contempla reformas que permitan reducir la imposición directa, junto con un aumento de las transferencias y reducciones fiscales. Se espera poder financiar estas reformas gracias a un fuerte crecimiento, así como a la mejora de la recaudación fiscal, ahorros por el lado del gasto y modificaciones en su estructura, junto con un aumento de los ingresos del IVA y los impuestos especiales. El ratio de deuda, del 5,8% del PIB en 2003, es sumamente bajo y se prevé que siga disminuyendo hasta alcanzar el 3,2% del PIB en 2008.A tenor de la información de que se dispone actualmente, el escenario macroeconómico en que se basa el programa parece reflejar unos supuestos plausibles de crecimiento del PIB, situados entre el 5% y el 6% a lo largo del período que contempla el programa. Las principales fuentes de crecimiento serían la demanda interna (en torno a 7% al año) y la aceleración del crecimiento de la exportación hasta el 10% anual. Se prevé que el consumo privado aumente a índices anuales de entre el 5% y el 6%. La inversión seguirá caracterizándose por su dinamismo y aumentará entre un 7% y un 9% anual, aunque ya no superará, como en los últimos años, la marca del 10%. También cabe considerar realista la proyección sobre inflación, que apunta a tasas cercanas al 3% a partir de 2004, tras el mínimo histórico del 1,3% obtenido en 2003. El elevado déficit por cuenta corriente actual (13,7% del PIB en 2003) disminuirá, según las predicciones, a niveles próximos al 8% del PIB en 2008.Los riesgos asociados a las proyecciones presupuestarias están en general compensados. Por un lado, Estonia posee un historial de predicciones prudentes y a lo largo de los últimos años ha superado en repetidas ocasiones los objetivos presupuestarios. Sin embargo, no pueden excluirse del todo disminuciones inesperadas de los ingresos debido a los recortes presupuestarios previstos o a las repercusiones negativas para el crecimiento de posihbles choques exógenos. Por lo tanto, la posición presupuestaria recogida en el programa puede considerarse suficiente para alcanzar el objetivo a medio plazo de unos presupuestos próximos al equilibrio o en superávit conforme a lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; también debiera ofrecer un margen de seguridad suficiente frente a violaciones del límite de déficit del 3% del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales. Sin embargo, la rápida reducción de los superávits a partir de 2004 y a lo largo de un período de gran crecimiento, tal como prevé el programa, conducirá probablemente a una política presupuestaria claramente procíclica.El ratio deuda/PIB, inferior al 6%, es casi el más bajo de la Unión, y se espera que siga disminuyendo en otros 2,6 puntos porcentuales a lo largo del periodo contemplado en el programa. Es probable que la tendencia real sea aún más favorable de lo previsto, dada la reciente revisión de las cuentas nacionales, que aumentará de modo permanente los niveles del PIB y, por tanto, el denominador del ratio.Estonia está en buena situación para hacer frente a los costes presupuestarios del envejecimiento demográfico. El bajo nivel de la deuda pública, las considerables dimensiones de las reservas financieras, junto con una estrategia presupuestaria a medio plazo que resulta plenamente coherente con el objetivo de alcanzar una situación presupuestaria próxima al equilibrio o en superávit, a lo que que hay que añadir las reformas de los regímenes de pensiones y sanidad con las que se pretenden eliminar las presiones presupuestarias a largo plazo, permitirán que las finanzas públicas se mantengan en situación sostenible.Principales proyecciones recogidas en el Programa de Convergencia de Estonia>SITIO PARA UN CUADRO>* Estos ratios no tienen en cuenta la revisión de las cuentas nacionales de 20 de mayo de 2004, cuyo efecto estadístico fue un aumento permanente del nivel del PIB. Las cifras correspondientes a 2003 se revisarán del modo siguiente: crecimiento del PIB real 5,1%, saldo presupuestario de las administraciones públicas 2,4% del PIB, deuda pública bruta 5,3% del PIB.


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31978K1535

Recomendación n° 1535/78/CECA de la Comisión, de 21 de junio de 1978, relativa a los derechos antidumping establecidos para determinados productos siderúrgicos

Diario Oficial n° L 183 de 05/07/1978 p. 0001 - 0002 Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 9 p. 0226

 /* No existe versión española de este documento, pues no está en la Edición Especial en lengua española del Derecho Derivado. En dicha Edición Especial no se incluyeron los actos que  - no estaban vigentes en la fecha de la Adhesión del Reino de España (01/01/1986),  - dejaron de estar vigentes con motivo de la Adhesión, por ejemplo: algunos acuerdos entre la Comunidad y el Reino de España o la República Portuguesa,  - sólo eran vinculantes para sus destinatarios y, por tanto, la única lengua auténtica era la suya,  - no eran obligatorios,  - no eran suficientemente relevantes,  - fueron derogados durante la elaboración de la Edición Especial.   oknoes86 */


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31983K0874

Recomendación n° 874/83/CECA de la Comisión, de 12 de abril de 1983, por la que se modifican las Recomendaciones n° 811/78/CECA y n° 1006/78/CECA que se refieren al establecimiento de derechos antidumping definitivos con respecto a determinados productos siderúrgicos originarios de la República Democrática Alemana

Diario Oficial n° L 096 de 15/04/1983 p. 0010 - 0010 Edición especial en español: Capítulo 11 Tomo 28 p. 0131  Edición especial en portugués: Capítulo 11 Tomo 28 p. 0134

RECOMENDACIÓN No 874/83/CECA DE LA COMISIÓN de 12 de abril de 1983 por la que se modifican las Recomendaciones no 811/78/CECA y no 1006/78/CECA que se refieren al establecimiento de derechos antidumping definitivos con respecto a determinados productos siderúrgicos originarios de la República Democrática Alemana  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,  Vista la Recomendación no 3018/79/CECA de la Comisión, de 21 de diciembre de 1979, relativa a la defensa contra las prácticas de dumping, primas o subvenciones por parte de los países no miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1), cuya última modificación la constituye la Recomendación no 3025/82/CECA (2) y, en particular, su artículo 14,  Previas consultas en el seno del Comité consultivo establecido por dicha Recomendación,  Considerando que, mediante la Recomendación no 811/78/CECA, de 21 de abril de 1978, que establece un derecho antidumping definitivo con respecto a determinadas chapas de hierro o de acero, originarias de Bulgaria, de la República Democrática Alemana y de Rumanía (3), cuya última modificación la constituye la Recomendación no 3140/78/CECA (4), la Comisión estableció un derecho antidumping definitivo con respecto a determinadas chapas de hierro o de acero, distintas de las magnéticas, simplemente laminadas en caliente con un espesor de 2 milímetros o más, originarias de la República Democrática Alemana ; que, entre tanto, se suspendieron los derechos relativos a las importaciones de productos similares originarios de Bulgaria y de Rumanía;  Considerando que mediante la Recomendación no 1006/78/CECA, de 18 de mayo de 1978, por la que se establece un derecho antidumping definitivo con respecto a determinadas chapas de acero galvanizadas, originarias de la República Democrática Alemana (5) que, cuya última modificación la constituye la Recomendación no 3140/78/CECA, la Comisión estableció un derecho antidumping definitivo con respecto a las chapas de acero recubiertas con cinc, por un procedimiento distinto del electrolítico (galvanizadas), originarias de la República Democrática Alemana;  Considerando que el importe de dichos derechos equivale a la diferencia entre el precio contractual efectivo (precio de base más extra) establecido franco frontera despachado de aduana y el precio efectivo (precio de base más extra) tal y como fue publicado por la Comisión, el 30 de diciembre de 1978, para los productos afectados ; que, desde esa fecha, los precios efectivos que publicó la Comisión fueron transformados para tener en cuenta las modificaciones de los valores normales más bajos en los países abastecedores en los que prevalezcan las condiciones normales de competencia ; que es, pues, conveniente basar dichos derechos en los últimos precios efectivos publicados por la Comisión par dichos productos, que se aplicarán en el momento de su importación,  FORMULA LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN:    Artículo 1  El apartado 2 del artículo 1 de las Recomendaciones no 811/78/CECA y no 1006/78/CECA se modificará de la forma siguiente:  «2. El importe de dicho derecho equivale a la diferencia entre el precio contractual efectivo (precio de base más extra) establecido franco frontera despachado de aduana y el último precio efectivo (precio de base más extra) publicado por la Comisión para los productos implicados en el momento de su despacho a consumo en la Comunidad».   Artículo 2  La presente Recomendación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.   Hecho en Bruselas, el 12 de abril de 1983.  Por la Comisión  Wilhelm HAFERKAMP  Vicepresidente  (1) DO no L 339 de 31.12.1979, p. 15. (2) DO no L 317 de 13.11.1982, p. 17. (3) DO no L 108 de 22.4.1978, p. 26. (4) DO no L 372 de 30.12.1978, p. 1. (5) DO no L 431 de 19.5.1978, p. 8.


title: 2011/413/UE: Recomendación de la Comisión, de 11 de julio de 2011 , relativa a la iniciativa de programación conjunta «Una vida más larga y mejor: posibilidades y desafíos del cambio demográfico»

text:
               13.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 183/28

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 11 de julio de 2011
   relativa a la iniciativa de programación conjunta «Una vida más larga y mejor: posibilidades y desafíos del cambio demográfico»
   (2011/413/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 181,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Se prevé que el número de europeos de más de 65 años va a pasar de los 87 millones registrados en 2010 a 124 millones en 2030, lo que supone un aumento considerable del 42 % (1). Este incremento constante de la esperanza de vida es uno de los logros más importantes de los últimos años. Pero, por otra parte, esta tendencia puede ejercer una presión adicional sobre la economía, la sociedad y la viabilidad de la hacienda pública.

               (2)

               Como consecuencia del envejecimiento de la población, va a aumentar la necesidad de transferencias y servicios públicos para las personas de edad avanzada. Se prevé, por tanto, que los efectos presupuestarios del envejecimiento van a ser muy fuertes en casi todos los Estados miembros. En general, se calcula que, de mantenerse las políticas actuales, el gasto público derivado del envejecimiento de la población va a aumentar en la UE, de aquí a 2060, en una media de, aproximadamente, 4,75 puntos porcentuales del PIB, especialmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración (ese aumento va a ser más acentuado en el sector asistencial debido a la disminución y a la insuficiente cualificación de la mano de obra) (2).

               (3)

               Entre 2010 y 2060, la población en edad de trabajar va a reducirse en 50 millones de personas, y, en consecuencia, aumentarán los índices de dependencia, en gran medida antes de 2030, lo cual podría frenar la subida del PIB, a menos que esa disminución pueda compensarse con una mayor participación y con tasas de empleo más altas en todos los segmentos de la mano de obra, así como con una productividad más elevada (3).

               (4)

               Habida cuenta del descenso y del envejecimiento de la población, sería sumamente ventajoso para la sociedad que las personas mayores pudieran llevar una vida activa y saludable durante más tiempo, mejorando su integración en la economía y la sociedad, ayudándoles a mantener su independencia, lo cual aumentaría su calidad de vida y la de los que les atienden, mejorando la viabilidad de los regímenes de protección social (pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración) y creando amplias oportunidades de mercado para soluciones innovadoras que permitan envejecer mejor.

               (5)

               En la estrategia Europa 2020 se considera al envejecimiento demográfico como un desafío, pero también como una oportunidad que puede propiciar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; esta cuestión se encuentra entre las prioridades de las iniciativas emblemáticas «Agenda Digital para Europa» (4), «Unión por la Innovación» (5), «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» y «Plataforma europea contra la pobreza». Las políticas de flexiguridad en el marco de la Estrategia Europea de Empleo reconocen la necesidad de aplicar un planteamiento general a las políticas de recursos humanos y un enfoque de ciclo de vida al trabajo para impulsar la participación en el mercado laboral y eliminar los obstáculos existentes.

               (6)

               El 6 de septiembre de 2010, la Comisión propuso declarar 2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo, con objeto de asistir a los Estados miembros en sus esfuerzos para ayudar a las personas de edad avanzada a permanecer en el mercado laboral y compartir su experiencia, así como a seguir desempeñando un papel activo en la sociedad como ciudadanos que viven una vida lo más sana, independiente y satisfactoria posible (6).

               (7)

               Para poder adoptar políticas basándose en datos reales, resulta imperioso reforzar la base de conocimientos sobre el proceso de envejecimiento en sí y sobre sus efectos sobre la sociedad y la economía.

               (8)

               Para responder al desafío mencionado anteriormente y aprovechar las oportunidades que este brinda, es necesario emprender una acción concertada para facilitar la colaboración en la investigación de alto nivel dirigida a proporcionar pruebas científicas que respalden las intervenciones que se decidan.

               (9)

               En su reunión de 26 de mayo de 2010 (7), el Consejo «Competitividad» identificó y justificó una serie de posibles iniciativas de programación conjunta (IPC), entre las que se incluía la denominada «Una vida más larga y mejor: posibilidades y desafíos del cambio demográfico», por considerar que, en esos ámbitos, una programación conjunta de la investigación aportaría un valor añadido más alto que el que se consigue con los actuales esfuerzos fragmentados de los Estados miembros. Por esa razón, se adoptó una serie de conclusiones en las que se reconocía la necesidad de poner en marcha una iniciativa de programación conjunta al respecto y se invitaba a la Comisión a participar en su preparación.

               (10)

               Los Estados miembros han confirmado su participación en esa IPC mediante cartas de compromiso formal.

               (11)

               La programación conjunta de la investigación sobre el cambio demográfico y el envejecimiento de la población puede contribuir notablemente a la construcción de un Espacio Europeo de Investigación plenamente operativo sobre el envejecimiento y propiciar la consolidación del liderazgo y la competitividad de Europa en la investigación en este campo.

               (12)

               Para realizar los objetivos previstos en la presente Recomendación, los Estados miembros deben garantizar la cooperación y complementariedad con las principales iniciativas relacionadas con esta cuestión —Vida cotidiana asistida por el entorno (8) y la Asociación para la innovación en materia de envejecimiento activo y saludable—, con trabajos de investigación y desarrollo financiados por el Programa Marco, especialmente en los campos de las tecnologías de la información y la comunicación y las ciencias sociales, así como con otras iniciativas de investigación como SHARE ERIC (9) Y ERA-AGE II (10).

               (13)

               A fin de que la Comisión pueda informar al Parlamento Europeo y al Consejo, los Estados miembros deben informar periódicamente a la Comisión sobre los progresos realizados en esta iniciativa de programación conjunta.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se invita a los Estados miembros a desarrollar y mantener una visión común sobre la forma en que la cooperación y la coordinación en el ámbito de la investigación a nivel de la Unión pueden contribuir a responder al desafío del cambio demográfico y a aprovechar las oportunidades que brinda este reto.

               2.

               Se insta a los Estados miembros a elaborar un programa estratégico común de investigación que determine las necesidades y objetivos a medio y largo plazo en el ámbito del cambio demográfico. El programa estratégico de investigación debe contener un plan de ejecución que establezca las prioridades y los plazos y especifique las medidas, los instrumentos y los recursos necesarios para su aplicación.

               3.

               Se insta a los Estados miembros a incluir en el programa estratégico de investigación y en el plan de ejecución las acciones siguientes:

                           a)

                           búsqueda e intercambio de información sobre los programas y las actividades de investigación nacionales pertinentes;

                           b)

                           consolidación del análisis prospectivo común y refuerzo de las capacidades de evaluación tecnológica;

                           c)

                           intercambio de información, recursos, mejores prácticas, metodologías y orientaciones;

                           d)

                           determinación de los ámbitos o actividades de investigación que podrían beneficiarse de la coordinación, de las convocatorias de propuestas conjuntas o de la puesta en común de recursos;

                           e)

                           determinación de las modalidades de investigación que deben emprenderse de forma conjunta en los ámbitos a los que hace referencia la letra d);

                           f)

                           consideración de las necesidades cambiantes de las personas de edad avanzada y de sus cuidadores profesionales y no profesionales a la hora de determinar los objetivos de los programas de investigación sobre el envejecimiento;

                           g)

                           puesta en común, cuando proceda, de las infraestructuras de investigación existentes, creación de nuevos recursos, tales como bancos de datos coordinados, o elaboración de modelos para el estudio de los procesos de envejecimiento;

                           h)

                           fomento de una mayor colaboración entre los sectores público y privado, así como de la innovación abierta entre diversas actividades de investigación y sectores empresariales en relación con el cambio demográfico y el envejecimiento de la población;

                           i)

                           exportación y difusión de conocimientos, innovación y enfoques metodológicos interdisciplinarios;

                           j)

                           creación de redes entre centros de investigación del cambio demográfico y el envejecimiento de la población.

               4.

               Se insta a los Estados miembros a mantener una estructura común de gestión eficaz en el ámbito de la investigación sobre el cambio demográfico y el envejecimiento de la población, con el mandato de establecer unas condiciones, normas y procedimientos comunes para la cooperación y la coordinación, así como de efectuar un seguimiento de la aplicación del programa estratégico de investigación.

               5.

               Se invita a los Estados miembros a aplicar conjuntamente un programa estratégico de investigación a través de sus programas nacionales de investigación, de conformidad con las directrices establecidas en las Condiciones Marco de la Programación Conjunta establecidas por el Grupo de alto nivel del Consejo para la programación conjunta.

               6.

               Se invita a los Estados miembros a cooperar con la Comisión con vistas a explorar iniciativas que esta última podría plantear para asistir a los Estados miembros en la creación y la aplicación del programa estratégico de investigación y a coordinar los programas conjuntos con otras iniciativas de la Unión en la materia, como la Asociación para la innovación en materia de envejecimiento activo y saludable y el Programa conjunto «Vida cotidiana asistida por el entorno».

               7.

               Se insta a los Estados miembros a informar periódicamente a la Comisión, mediante informes anuales de actividad, de los progresos realizados en esta iniciativa de programación conjunta.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2011.

            Por la Comisión

         Neelie KROES

            Vicepresidenta

      (1)  Según Eurostat, el número de europeos de una edad superior a 65 años va, prácticamente, a duplicarse en los próximos 50 años, y pasará de los 87 millones registrados en 2010 a 153 millones en 2060 (proyecciones demográficas de Europop 2010).

      (2)  Ibídem.

      (3)  COM(2009) 180 final: Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE (informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico).

      (4)  9981/1/10 REV 1.

      (5)  14035/10.

      (6)  Conclusiones del Consejo (EPSCO, diciembre de 2010) (18132/10).

      (7)  10246/10.

      (8)  Informe de codecisión, comunicado de prensa: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language = en&type = IM-PRESS&reference = 20080121IPR19252.

      (9)  http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/press_information/SHARE_ERIC-EN_upload.pdf.

      (10)  http://futurage.group.shef.ac.uk/.


title: Recomendación (UE) 2017/820 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, sobre los controles policiales proporcionados y la cooperación policial en el espacio Schengen

text:
               13.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 122/79

         RECOMENDACIÓN (UE) 2017/820 DE LA COMISIÓN
   de 12 de mayo de 2017
   sobre los controles policiales proporcionados y la cooperación policial en el espacio Schengen
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En un espacio sin controles en las fronteras interiores, es necesario dar una respuesta común a las amenazas transfronterizas que afecten al orden público o a la seguridad interior de este espacio. El correcto funcionamiento de dicho espacio no depende tan solo de la aplicación uniforme del acervo de la Unión, sino también del uso de las competencias nacionales en cuanto al mantenimiento de la ley y el orden y la salvaguardia de la seguridad interior en consonancia con los objetivos del acervo de Schengen. Para el correcto funcionamiento del espacio Schengen, es importante considerar no solo cómo gestionan los Estados miembros sus fronteras exteriores, sino también cómo ejercen sus competencias de policía, en todo su territorio y en las zonas fronterizas.

               (2)

               En 2012, la Comisión publicó directrices para los Estados miembros en materia de medidas policiales en las zonas fronterizas interiores complementarias al primer informe semestral sobre el funcionamiento del espacio Schengen (1). Sobre la base de la experiencia de los tres últimos años, deben revisarse estas directrices. La presente Recomendación contribuye a la consecución de ese objetivo. La presente Recomendación se basa en la experiencia adquirida en los tres últimos años a la hora de hacer frente a las amenazas para el orden público o la seguridad interior y las buenas prácticas en el ejercicio de las competencias policiales y la cooperación policial transfronteriza, la jurisprudencia relevante sobre controles policiales, las evaluaciones Schengen realizadas hasta el momento en el ámbito de la cooperación policial y las nuevas posibilidades derivadas de los avances tecnológicos.

               (3)

               De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la ausencia de controles en las fronteras interiores no afecta al ejercicio de las competencias de policía de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho interno, en la medida en que el ejercicio de tales competencias no tenga un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas. El ejercicio de las competencias de policía, en particular, no debe considerarse equivalente al ejercicio de inspecciones fronterizas cuando las medidas policiales no tengan como objetivo el control de las fronteras, estén basadas en la información o experiencia policiales de carácter general sobre posibles amenazas a la seguridad pública y estén destinadas, en particular, a combatir la delincuencia transfronteriza, estén concebidas y se ejecuten de un modo claramente diferenciado de las inspecciones sistemáticas de personas en las fronteras exteriores y se lleven a cabo sirviéndose de inspecciones aleatorias. A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Adil (3), no se trata de una lista de criterios acumulativos ni exhaustivos, entendiendo que no debe considerarse que estos criterios establecen el único conjunto de posibles medidas policiales en las zonas fronterizas (4).

               (4)

               Las disposiciones del artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/399 y la redacción del artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confirman que la supresión de los controles en las fronteras interiores no afecta a las prerrogativas de los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

               (5)

               Las competencias policiales en el territorio de un Estado miembro son compatibles con el Derecho de la Unión. En consecuencia, los Estados miembros también pueden realizar controles policiales en las zonas fronterizas, incluidas las zonas fronterizas interiores, dentro de las competencias policiales que existen conforme al Derecho nacional aplicable a la totalidad del territorio.

               (6)

               En las circunstancias actuales de amenazas, terroristas y de otras formas graves de delincuencia transfronteriza, para el orden público o la seguridad interior, y el riesgo de movimientos secundarios de personas que hayan cruzado irregularmente las fronteras exteriores, la intensificación de los controles policiales en todo el territorio de los Estados miembros, incluidas las zonas fronterizas y la realización de controles policiales a lo largo de las principales rutas de transporte tales como autopistas y ferrocarriles, puede considerarse necesaria y justificada. La decisión sobre dichos controles, su localización e intensidad queda totalmente en manos de los Estados miembros, y debe ser siempre proporcional a las amenazas detectadas. Dichos controles pueden resultar más eficaces que los controles en las fronteras interiores, sobre todo porque son más flexibles que los controles fronterizos estáticos en pasos fronterizos específicos y pueden adaptarse más fácilmente a la evolución de los riesgos.

               (7)

               Las zonas fronterizas pueden presentar riesgos específicos en lo que respecta a la delincuencia transfronteriza y también estar más expuestas a algunas infracciones cometidas en todo el territorio como robos, robos de vehículos, tráfico de drogas, movimientos secundarios no autorizados de nacionales de terceros países, tráfico de migrantes o trata de seres humanos. Los riesgos de violación de las normas sobre la legalidad de residencia dentro del territorio también pueden ser más elevados en las zonas fronterizas. Teniendo en cuenta estos riesgos, los Estados miembros podrán decidir llevar a cabo e intensificar los controles policiales en las zonas fronterizas, que están adaptados a los riesgos específicos de las zonas fronterizas, siempre y cuando dichas medidas no tengan un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas.

               (8)

               Las tecnologías modernas para controlar los flujos de tráfico, especialmente en las autopistas y otras carreteras importantes determinadas por los Estados miembros, pueden ser decisivas para hacer frente a las amenazas al orden público o la seguridad interior. Desde esta perspectiva, la utilización de sistemas de seguimiento y vigilancia que permiten el reconocimiento automático de un número de matrícula a efectos de aplicación de la ley debe, por tanto, fomentarse, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de vigilancia por cámara, incluidas las garantías de protección de datos. Esto podría contribuir a la vigilancia de los principales corredores de transporte europeos, utilizados por numerosos viajeros y vehículos para desplazarse en la Unión, sin un impacto desproporcionado para el flujo del tráfico.

               (9)

               Solo en los casos de competencias de policía en virtud de la legislación nacional que se limiten específicamente a las zonas fronterizas y supongan controles de identidad, incluso sin sospechas concretas, los Estados miembros tienen que establecer un marco específico que garantice que dichos controles policiales no constituyen medidas equivalentes a las inspecciones fronterizas. Aunque en la sentencia Melki (5) el Tribunal de Justicia reconoció que los Estados miembros pueden establecer tales competencias policiales específicas en las zonas fronterizas interiores a fin de mejorar los controles de identidad solo en aquellas partes del territorio, declaró que, en esos casos, los Estados miembros deben prever disposiciones específicas en relación con la intensidad y la frecuencia de dichos controles. Además, si un control es independiente del comportamiento de la persona controlada o de circunstancias específicas o de información que dé lugar a un riesgo para el orden público o la seguridad interior, los Estados miembros han de establecer el marco necesario para orientar su aplicación práctica con el fin de evitar que las medidas policiales tengan un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas.

               (10)

               A lo largo de los tres últimos años, algunos Estados miembros han intensificado los controles policiales en las zonas fronterizas en el contexto del aumento de las amenazas para el orden público o la seguridad interior (a saber: Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Francia, Italia, Eslovenia y Suiza). En ocasiones, esos controles se han concentrado en determinados medios de transporte, por ejemplo, trenes, o en zonas fronterizas concretas. La utilización de medios tecnológicos también está aumentando en este contexto. La Comisión no ha rebatido ninguno de estos casos. Algunos de ellos son ejemplos de buenas prácticas a la hora de hacer frente al aumento de amenazas persistentes para el orden público o la seguridad interior.

               (11)

               Con arreglo al Reglamento (UE) 2016/399, únicamente podrá recurrirse al restablecimiento temporal de los controles en las fronteras en circunstancias excepcionales, como medida de último recurso. A este respecto, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/246 del Consejo (6) anima explícitamente a los Estados miembros a evaluar si con los controles policiales no se lograrían los mismos resultados que con los controles temporales en las fronteras interiores, antes de introducir o prorrogar estos últimos.

               (12)

               Aunque, en algunas circunstancias, puede ser evidente desde un principio que los controles policiales por sí solos no son suficientes para afrontar las amenazas para el orden público o la seguridad interior (por ejemplo, en la búsqueda de sospechosos específicos tras un atentado terrorista), en otros casos se pueden lograr objetivos similares a los del restablecimiento de los controles en las fronteras aumentando los controles policiales en las zonas fronterizas. Por lo tanto, por una parte, la decisión sobre el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores, en principio, debe ir precedida de la evaluación de otras medidas alternativas. En particular, en el caso de decisiones sobre el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores motivado por acontecimientos previsibles, los Estados miembros deben demostrar que se ha llevado a cabo dicha evaluación. Por otra parte, en determinados casos de amenazas urgentes y graves para el orden público o la seguridad interior a escala del espacio sin controles en las fronteras interiores o a escala nacional, el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores puede ser necesario de inmediato.

               (13)

               La presente Recomendación anima a los Estados miembros a utilizar mejor sus competencias policiales y a dar prioridad a los controles policiales antes de tomar una decisión sobre el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores.

               (14)

               Sean cuales fueran las medidas que adopte un Estado miembro para hacer frente a una amenaza concreta para su orden público o su seguridad interior, el Estado miembro debe garantizar que la aplicación de las mismas no dé lugar a obstáculos a la libre circulación de personas y mercancías que no serían necesarios ni proporcionados ni estarían justificados por las amenazas para el orden público o la seguridad interior y que respeta plenamente los derechos fundamentales y, en particular, el principio de no discriminación.

               (15)

               El espacio sin controles en las fronteras interiores depende también de la aplicación efectiva y eficiente por los Estados miembros de las medidas de acompañamiento en el ámbito de la cooperación policial transfronteriza. Las evaluaciones Schengen llevadas a cabo hasta la fecha en el ámbito de la cooperación policial han puesto de manifiesto que, aunque en general los Estados miembros cumplen desde el punto de vista legal el acervo de Schengen, una serie de obstáculos impide el uso en la práctica de algunos de los instrumentos de cooperación policial transfronteriza a disposición de los Estados miembros. Por lo tanto, debe animarse a los Estados miembros a abordar estos obstáculos para responder mejor a las amenazas transfronterizas.

               (16)

               Las patrullas policiales conjuntas y otros instrumentos existentes de cooperación policial operativa contribuyen a la seguridad interior en el espacio sin controles en las fronteras interiores. Las patrullas conjuntas a bordo de trenes transfronterizos, por ejemplo, claramente mejoran la seguridad, al prevenir situaciones en las que la falta de simetría en los controles debilita los esfuerzos realizados a un lado de la frontera únicamente. Algunos Estados miembros han establecido prácticas que facilitan o permiten llevar a cabo operaciones policiales conjuntas (por ejemplo, las comisarías de policía conjuntas que han instalado Alemania y Polonia en su frontera dedicadas a patrullar conjuntamente y otras operaciones, o los microequipos creados para investigaciones conjuntas en la frontera austrocheca, las patrullas conjuntas en los trenes en Austria, Alemania, Francia, Italia y Hungría, o la contratación por la policía alemana de nacionales de otros Estados miembros, en particular para patrullar en las regiones fronterizas). Debe animarse a otros Estados miembros a que adopten estas buenas prácticas.

               (17)

               El análisis de amenazas conjunto y el intercambio de información transfronterizo entre los Estados miembros que comparten regiones fronterizas puede ayudar a la hora de diseñar controles policiales eficaces para abordar las amenazas detectadas. Dicha cooperación puede abarcar los riesgos en rutas de tráfico transfronterizas específicas, así como medios específicos de transporte utilizados a menudo en actividades delictivas, a fin de permitir controles policiales selectivos antes de las zonas fronterizas. Tales controles policiales pueden proporcionar un instrumento común para hacer frente a las amenazas para el orden público o la seguridad interior a que se enfrentan los Estados miembros de que se trate. Por esta razón es importante animar a los Estados miembros a seguir desarrollando la cooperación transfronteriza.

               (18)

               Para reforzar la cooperación policial transfronteriza, los Estados miembros podrán solicitar la ayuda de la Comisión en la aplicación de la presente Recomendación. Esta ayuda puede contribuir, por ejemplo, a facilitar el intercambio de buenas prácticas entre profesionales del sector y responsables políticos de los Estados miembros y aumentar la cooperación entre los Estados miembros y las agencias pertinentes (Europol y la Guardia Europea de Fronteras y Costas). Puede contribuir también a reforzar estructuras de cooperación transfronteriza, como los Centros de Cooperación de Policía y Aduanas. Además, la Comisión apoyará la actualización, sobre la base de la aportación de los Estados miembros, del «Catálogo de Schengen» de 2011 (7), que señala, entre otras cosas, las prácticas más idóneas en el ámbito de la cooperación policial operativa transfronteriza, y las fichas nacionales del «Manual sobre operaciones transfronterizas» (8).

               (19)

               Como ha demostrado la reciente crisis migratoria, los movimientos secundarios incontrolados de migrantes irregulares pueden representar una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. La correcta aplicación de los acuerdos bilaterales de readmisión de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), puede ser fundamental para hacer frente a los movimientos secundarios de nacionales de terceros países en situación irregular. Los acuerdos bilaterales pueden también ayudar a alcanzar resultados similares a los de los controles fronterizos específicos en las fronteras interiores en cuanto a hacer frente a la amenaza para el orden público o la seguridad interior, limitando al mismo tiempo el impacto sobre la circulación de viajeros de buena fe. Por consiguiente, es importante que los Estados miembros apliquen los acuerdos bilaterales de readmisión de forma eficiente respetando los principios de la Recomendación (UE) 2017/432 de la Comisión (10).

               (20)

               La Comisión considera que la presente Recomendación requiere de un plazo razonable para ser aplicada; por consiguiente, la Comisión recomienda que se aplique tan pronto como sea posible y, a más tardar, en un plazo de seis meses.

               (21)

               La presente Recomendación debe aplicarse respetando plenamente los derechos fundamentales.

               (22)

               Los destinatarios de la presente Recomendación deben ser todos los Estados Schengen vinculados por el título III del Reglamento (UE) 2016/399.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      Uso más eficaz de los controles de policía

               1)

               Para poner el remedio adecuado a la amenaza para el orden público o la seguridad interior dentro del espacio Schengen, los Estados miembros deberán, cuando sea necesario y esté justificado de conformidad con la legislación nacional:

                           a)

                           intensificar los controles policiales en todo el territorio, incluidas las zonas fronterizas;

                           b)

                           realizar controles policiales en las principales rutas de transporte, incluidas las zonas fronterizas;

                           c)

                           adaptar los controles policiales en las zonas fronterizas, sobre la base de una evaluación continua de riesgos, velando al mismo tiempo por que esos controles policiales no tengan como objetivo el control de fronteras;

                           d)

                           utilizar las modernas tecnologías para el seguimiento de los vehículos y los flujos de tráfico.

      Dar prioridad a los controles de policía en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior

               2)

               Cuando, en una situación de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, los Estados miembros consideren la aplicación del capítulo II del título III del Reglamento (UE) 2016/399, deben evaluar en primer lugar si la situación puede abordarse adecuadamente intensificando los controles policiales en el territorio, incluidas las zonas fronterizas.

      Reforzar la cooperación policial transfronteriza

               3)

               Para reforzar la cooperación policial transfronteriza a la hora de abordar las amenazas para el orden público o la seguridad interior, los Estados miembros deben:

                           a)

                           reevaluar hasta qué punto utilizan actualmente todos los instrumentos de cooperación operativa policial transfronteriza disponibles, como las patrullas conjuntas, las operaciones conjuntas, los equipos de investigación conjunta, las persecuciones transfronterizas o la vigilancia transfronteriza, y los Centros de Cooperación de Policía y Aduanas;

                           b)

                           colaborar con sus Estados miembros vecinos para eliminar las barreras jurídicas u operativas a la plena utilización de todos los instrumentos de cooperación policial operativa transfronteriza;

                           c)

                           desarrollar y aplicar, cuando proceda, un análisis conjunto de las amenazas y los intercambios de información transfronteriza con sus Estados miembros vecinos para apoyar acciones conjuntas con el fin de abordar las amenazas para el orden público o la seguridad interior en las zonas fronterizas internas comunes, incluso a través de controles policiales coordinados en sus zonas fronterizas interiores;

                           d)

                           evaluar la necesidad de inversiones técnicas para potenciar las operaciones conjuntas, en particular para la vigilancia y la detección.

      Uso eficaz de los acuerdos o convenios bilaterales de readmisión entre los Estados miembros

               4)

               Para garantizar que los controles policiales y la cooperación policial puedan ayudar a atajar de manera eficaz los movimientos secundarios no autorizados, cuando dichos movimientos supongan una amenaza para el orden público o la seguridad interior, los Estados miembros deben:

                           a)

                           de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE, hacerse cargo de los nacionales de terceros países que transitaran por su territorio antes de ser detenidos en otro Estado miembro, en virtud de las disposiciones de los acuerdos o convenios bilaterales que existan en la fecha de entrada en vigor de la Directiva (13 de enero de 2009), y, en particular, entre los Estados miembros vecinos;

                           b)

                           tomar todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de prácticas operativas entre las autoridades competentes y facilitar el intercambio de información entre ellas, para garantizar que los Estados miembros de que se trate concluyen con rapidez los procedimientos establecidos en el marco de dichos acuerdos o convenios bilaterales, a fin de asegurar que la transferencia se realice en cuanto sea posible;

                           c)

                           garantizar que, en caso de que un Estado miembro decida no aplicar las disposiciones de un acuerdo o convenio bilateral de readmisión o cuando otro Estado miembro se haga cargo de los nacionales de terceros países en cuestión, se ponga en marcha un procedimiento de retorno de conformidad con la Directiva 2008/115/CE y en consonancia con la Recomendación (UE) 2017/432.

      Hecho en Bruselas, el 12 de mayo de 2017.

            Por la Comisión

         Dimitris AVRAMOPOULOS

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2012) 230, Informe relativo al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2012.
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0230:FIN:ES:PDF

      (2)  Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).

      (3)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, Adil, C-278/12 PPU, ECLI:EU:C:2012:508.

      (4)  Sentencia Adil, ECLI:EU:C:2012:508, apartado 65.

      (5)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, asuntos acumulados C-188/10 y C-189/10, ECLI:EU:C:2010:363), apartados 73 y 74.

      (6)  Decisión de Ejecución (UE) 2017/246 del Consejo, de 7 de febrero de 2017, por la que se establece una Recomendación para prorrogar la realización de controles temporales en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento global del espacio Schengen (DO L 36 de 11.2.2017, p. 59).

      (7)  Documento del Consejo 15785/3/10 Rev 3.

      (8)  Documento del Consejo 10505/4/09 Rev 4.

      (9)  Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).

      (10)  Recomendación (UE) 2017/432 de la Comisión, de 7 de marzo de 2017, sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 66 de 11.3.2017, p. 15).


title: Recomendación de la Comisión, de 29 de marzo de 2005, sobre el suministro de líneas arrendadas en la Unión Europea — Parte 2 — aspectos relativos a la fijación de las tarifas de los circuitos parciales de líneas arrendadas al por mayor [notificada con el número C(2005) 951]Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               1.4.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 83/52

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 29 de marzo de 2005
   sobre el suministro de líneas arrendadas en la Unión Europea — Parte 2 — aspectos relativos a la fijación de las tarifas de los circuitos parciales de líneas arrendadas al por mayor
   [notificada con el número C(2005) 951]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2005/268/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1) («la Directiva marco»), y, en particular, su artículo 19, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los nuevos operadores (u «otros operadores autorizados») tienen que depender con frecuencia de los operadores históricos para que éstos les proporcionen circuitos arrendados de corta distancia que permitan a los nuevos operadores conectar las dependencias de sus clientes con sus propias redes (también denominados «circuitos parciales de líneas arrendadas»).

               (2)

               En virtud de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (2), y de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (3), ya derogadas en la actualidad (4), determinadas organizaciones que prestan servicios de líneas arrendadas (lo cual incluye los circuitos parciales de líneas arrendadas) tenían la obligación de prestar estos servicios con arreglo a los principios de no discriminación y de orientación a costes.

               (3)

               De conformidad con el artículo 27 de la Directiva marco, con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (5) («la Directiva de servicio universal»), y con el artículo 7 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (6) («la Directiva de acceso»), las obligaciones mencionadas se mantendrán hasta que los mercados pertinentes hayan sido revisados de conformidad con el artículo 16 de la Directiva marco y con el artículo 16, apartado 3, de la Directiva de servicio universal.

               (4)

               De conformidad con el artículo 16, apartado 4, de la Directiva marco, cuando una autoridad nacional de reglamentación (ANR) determine que uno de los mercados pertinentes no es realmente competitivo, establecerá qué empresas tienen un peso significativo en el mercado y les impondrá las obligaciones reglamentarias específicas adecuadas, o mantendrá o modificará dichas obligaciones si ya existen. De conformidad con el artículo 18, apartado 1, de la Directiva de servicio universal, cuando una ANR establezca que el mercado del conjunto mínimo de líneas arrendadas no es realmente competitivo, determinará las empresas con un peso significativo en el mercado e impondrá a dichas empresas obligaciones sobre el suministro del conjunto mínimo de líneas arrendadas y las condiciones de suministro. En lo sucesivo, se denominará «operadores notificados» a las empresas a las que se haya impuesto obligaciones en virtud de alguna de esas dos Directivas.

               (5)

               El 11 de febrero de 2003, la Comisión adoptó su Recomendación relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios (7), en la que se definen los mercados pertinentes dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que las ANR deben analizar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva marco. En la lista figuran los segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor y los segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor.

               (6)

               El suministro de circuitos parciales de líneas arrendadas se inscribe en el mercado de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, pero también puede estar incluido, si la longitud de la línea es suficiente, en el mercado de segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor que contempla la Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003. Compete a las ANR decidir qué constituye un segmento de terminación según la topología de red específica de su mercado nacional.

               (7)

               Sin perjuicio de los estudios de mercado y las evaluaciones del peso en el mercado a cargo de las ANR de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva marco y el artículo 16, apartado 3, de la Directiva de servicio universal, la información facilitada por los Estados miembros pone en evidencia un deterioro progresivo persistente en el nivel de las tarifas de los circuitos parciales de líneas arrendadas que ofrecen los operadores notificados y corrobora los problemas que plantea la variación de dichas tarifas.

               (8)

               En los casos en que, de conformidad con el artículo 13 de la Directiva de acceso o el artículo 18 de la Directiva de servicio universal, una ANR imponga obligaciones de tarifación en función de los costes por lo que respecta a los circuitos parciales de líneas arrendadas, puede tener en cuenta el hecho de que la información sobre costes facilitada por el operador de que se trate puede no reflejar enteramente los costes de un operador eficiente que utilice tecnologías modernas. Asimismo, puede tener en cuenta las tarifas aplicadas en mercados competitivos comparables con respecto a los mecanismos de recuperación de los costes y las metodologías de tarificación obligatorios.

               (9)

               En estas circunstancias, la publicación de precios máximos recomendados para los circuitos parciales de líneas arrendadas permitirá informar y orientar a las ANR sobre cómo aplicar las mejores prácticas del momento en el suministro de líneas arrendadas cuando las ANR establezcan medidas correctoras para los mercados de líneas arrendadas de su territorio en los que no hay una competencia real. De este modo, contribuirá al desarrollo del mercado interior, pues mejorará la coherencia en la aplicación del nuevo marco regulador a escala de la Unión Europea, favoreciendo así la creación de un mercado comunitario de líneas arrendadas más competitivo y rentable.

               (10)

               El cálculo de las tarifas máximas en la presente Recomendación tiene en cuenta las tarifas medias en aquellos Estados miembros que permiten a los operadores notificados practicar la flexibilidad de tarifas en función de la zona geográfica.

               (11)

               Con arreglo a lo previsto en el artículo 13, apartado 3, de la Directiva de acceso, las ANR pueden obligar a una empresa notificada con un peso significativo en el mercado a presentar una justificación completa de sus tarifas y, llegado el caso, imponer un ajuste de las tarifas.

               (12)

               La Comisión estudiará la necesidad de revisar la presente Recomendación, a más tardar el 31 de julio de 2006, para adaptarla a la evolución de las tecnologías y de los mercados.

               (13)

               Se ha consultado al Comité de comunicaciones, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 22, apartado 2, de la Directiva marco.

         RECOMIENDA:

               1)

               A efectos de la presente Recomendación, se aplicarán las definiciones siguientes:

                           a)

                           «circuito parcial de línea arrendada»: el enlace dedicado entre las dependencias del cliente y el punto de interconexión del otro operador autorizado en el nodo de red del operador notificado (o cerca del mismo) que se debe considerar un tipo especial de línea arrendada al por mayor que puede ser utilizada por el otro operador autorizado para suministrar servicios destinados a usuarios minoristas, a otros operadores o para su propio uso, como pueden ser (la lista no es exhaustiva) el arriendo de líneas, la conexión a la red telefónica conmutada, los servicios de datos o el acceso de banda ancha;

                           b)

                           «longitud de la línea»: la distancia radial entre las ubicaciones de los dos extremos de la línea (es decir, desde el punto de interconexión hasta las dependencias del cliente);

                           c)

                           «cliente»: el cliente del otro operador autorizado.

               2)

               Cuando, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2002/19/CE (la «Directiva de acceso»), impongan o mantengan una obligación de orientación de las tarifas en función de los costes con respecto a los operadores que ofrezcan circuitos parciales de líneas arrendadas, las ANR deben:

                           a)

                           cerciorarse de que las tarifas correspondientes al suministro del circuito parcial de línea arrendada reflejen solamente los costes de los elementos de base de la red y de los servicios solicitados, más un margen de beneficio razonable. En particular, la estructura tarifaria podrá contener cuotas únicas de conexión que cubran los costes iniciales justificados de prestación del servicio solicitado (por ejemplo, equipos específicos, acondicionamiento de líneas, pruebas y recursos humanos) y cuotas mensuales que cubran los costes acumulables de mantenimiento y uso de los equipos y recursos suministrados;

                           b)

                           garantizar que se respeten las tarifas máximas de circuitos parciales de líneas arrendadas enumerados en el anexo I basadas en los datos y la metodología de fijación de tarifas que figuran en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, a no ser que haya pruebas fiables, obtenidas mediante un análisis de contabilidad de costes aprobado por la ANR, de que la tarifa máxima recomendada sea inferior a los costes eficientes de los elementos de base de la red y de los servicios recomendados, más un margen de beneficio razonable,
                           La metodología utilizada para calcular las tarifas máximas, según lo descrito en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (8), se considera apropiada para cubrir las diferencias de costes reconocidas entre operadores distintos en Estados miembros diferentes;

                           c)

                           hacer uso de sus derechos al amparo del artículo 13 de la Directiva de acceso para pedir una justificación completa de las cuotas propuestas y, llegado el caso, obligar a ajustar dichas cuotas.

               3)

               Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 29 de marzo de 2005.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

      (2)  DO L 199 de 26.7.1997, p. 32. Directiva modificada por la Directiva 98/61/CE (DO L 268 de 3.10.1998, p. 37).

      (3)  DO L 165 de 19.6.1992, p. 27. Directiva cuya última modifcación la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión (DO L 14 de 20.1.1998, p. 27).

      (4)  Ambas Directivas fueron derogadas por el artículo 26 de la Directiva marco con efectos a 24 de julio de 2003.

      (5)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

      (6)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

      (7)  C(2003) 497 (DO L 114 de 8.5.2003, p. 45).

      (8)  «Commission staff working document — Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union — Part 2 — Pricing aspects of wholesale leased line part circuits» — http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm

      ANEXO

                  (en euros)

                  Capacidad

                  Máximo de la suma de la cuota mensual y del 1/24 de la cuota única de conexión para una longitud de circuito de hasta 2 km

                  Máximo de la suma de la cuota mensual y del 1/24 de la cuota única de conexión para una longitud de circuito de hasta 5 km

                  Máximo de la suma de la cuota mensual y del 1/24 de la cuota única de conexión para una longitud de circuito de hasta 15 km

                  Máximo de la suma de la cuota mensual y del 1/24 de la cuota única de conexión para una longitud de circuito de hasta 50 km

                  Máximo de la cuota única de conexión

                  64 kbit/s

                  61

                  78

                  82

                  99

                  542

                  2 Mbit/s

                  186

                  248

                  333

                  539

                  1 112

                  34 Mbit/s

                  892

                  963

                  1 597

                  2 539

                  2 831

                  155 Mbit/s

                  1 206

                  1 332

                  1 991

                  4 144

                  3 144


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Portugal para 2012-2016

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/69

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Portugal para 2012-2016
   2012/C 219/20
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vistas las recomendaciones de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reforma de Portugal para 2011.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (5)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (6)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (8)

               El 2 de mayo de 2012, Portugal presentó su Programa de Estabilidad para el período 2012-2016 y el 7 de mayo de 2012 su Programa Nacional de Reforma de 2012.

               (9)

               El 17 de mayo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2011/344/UE (4) a fin de poner a disposición de Portugal una ayuda financiera a medio plazo de una duración de tres años (2011-2014), de conformidad con el Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (5). El Protocolo de Acuerdo, firmado asimismo el 17 de mayo de 2011, y sus sucesivos apéndices establecen las condiciones de política económica a las que se supedita el desembolso de esa ayuda financiera.

               (10)

               Portugal ha realizado progresos significativos en una serie de frentes, pero aún tiene ante sí importantes retos. El logro de los objetivos presupuestarios sigue siendo esencial si el Gobierno pretende recuperar el pleno acceso al mercado durante el período de vigencia del Programa de Ajuste Económico. A fin de limitar el riesgo de no alcanzar los objetivos presupuestarios de 2012, es primordial proceder a una aplicación rápida y decidida de las medidas fiscales estructurales del Programa de Ajuste Económico. Paralelamente, es preciso que el Gobierno portugués proceda a las reformas destinadas a resolver los problemas del país en materia de competitividad. Dado que el presupuesto de 2012 no contempla la prolongación de anteriores proyectos de «devaluación fiscal», cobra una importancia aún mayor la rápida adopción de reformas estructurales adicionales en los mercados laboral y de producción con objeto de reducir los costes laborales unitarios, incrementar la flexibilidad y reducir las barreras de acceso al mercado. El Gobierno deberá actuar con perseverancia y determinación a fin de contrarrestar los fuertes intereses creados que obstaculizan las reformas.

               (11)

               En líneas generales, el tercer examen del Programa de Ajuste Económico ha permitido constatar que Portugal sigue avanzando en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Protocolo de Acuerdo de 17 de mayo de 2011. En particular, se ha rebasado con creces el objetivo de déficit presupuestario para 2011, fijado en el 5,9 % del PIB, gracias a la transferencia de fondos de pensiones de los bancos al Estado por valor del 3,5 % del PIB. No obstante esta operación puntual, el saneamiento estructural en 2011 fue importante y supuso el 3,5 % del PIB. Los bancos están en vías de cumplir a finales de 2012 las exigencias de capital impuestas por el Programa de Ajuste Económico, aunque es preciso que su situación de capital registre una mejora adicional en 2012 conforme a los requisitos de dicho Programa y a raíz de la exigencia de la Autoridad Bancaria Europea de tener en cuenta el riesgo soberano, el programa especial de inspección sobre el terreno y la transferencia prevista de los planes de pensiones privados de los bancos. A principios de junio de 2012, el Gobierno anunció que aportaría fondos públicos a tres bancos principales, lo que les permitiría atender a sus obligaciones de capital con arreglo al Programa de Ajuste Económico. El cuarto examen a nivel de funcionarios del Programa de Ajuste Económico, concluido a principios de junio de 2012, confirmó las constataciones del tercer examen de que dicho programa sigue avanzando.

               (12)

               La disminución del PIB en 2011 fue menos acusada de lo previsto, ya que las exportaciones y el consumo registraron mejores resultados de lo esperado. No obstante, durante el cuarto trimestre de 2011 y a principios de 2012 se observó un debilitamiento de la demanda interior, un importante incremento del desempleo y una disminución de la confianza empresarial. Según las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión, las perspectivas para 2012 han empeorado y, en la actualidad, está previsto que el PIB se reduzca en un 3,3 %. El crecimiento económico en 2013 será más limitado que el previsto inicialmente. Aunque, hasta el momento, el ajuste exterior se ha llevado a cabo con notable celeridad, dado que las exportaciones de Portugal han ido ganando cuotas de mercado fuera de la Unión y que sus importaciones han disminuido considerablemente, no es seguro que se mantenga esta tendencia. Habida cuenta de la magnitud de la deuda exterior que Portugal ha ido acumulando, es preciso emprender un ajuste estructural adicional muy significativo.

               (13)

               El objetivo de déficit público fijado en el presupuesto de 2012 es del 4,5 % del PIB, cifra que se halla en consonancia con las exigencias del Programa de Ajuste Económico y con las recomendaciones del Consejo a Portugal en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. Los planes de saneamiento presupuestario a medio plazo presentados en el Programa de Estabilidad se corresponden asimismo con los objetivos generales de déficit previstos en el Programa de Ajuste Económico, y con el ratio déficit/PIB del 3 % de PIB que se espera alcanzar para 2013. El presupuesto de 2012 incluye medidas de saneamiento por una cifra superior al 5 % del PIB, consistentes en medidas estructurales de carácter permanente. Dos tercios de las medidas afectan a la vertiente del gasto e incluyen recortes significativos de los salarios del sector público y de las pensiones, una reducción del número de funcionarios estatales del 2 % (expresado en equivalente a tiempo completo) y una racionalización de las empresas públicas. En la vertiente de los ingresos, el presupuesto prevé una reducción de las exenciones fiscales, un incremento del número de bienes y servicios gravados al tipo normal del IVA, un aumento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades así como de los impuestos especiales, y un esfuerzo suplementario en la lucha contra la evasión y el fraude fiscales. Se prevé que el déficit siga disminuyendo hasta alcanzar el 1,8 % del PIB en 2014 y el 1 % del PIB en 2015. Los principales riesgos que cuestionan el logro de los objetivos presupuestarios están relacionados esencialmente con el sector de las empresas públicas y con las administraciones regionales y locales. Por lo que respecta al saldo estructural, se espera que durante el período 2011-2012 el ajuste presupuestario estructural se sitúe por encima de los 7 puntos porcentuales del PIB. El objetivo presupuestario a medio plazo del -0,5 % del PIB refleja adecuadamente las exigencias establecidas en el Pacto de estabilidad y crecimiento. En cuanto a la deuda pública, está previsto que alcance una cifra máxima del 115,7 % del PIB en 2013 para ir disminuyendo posteriormente de forma gradual. El cuarto examen a nivel de funcionarios del Programa de Ajuste Económico confirmó que el objetivo de déficit presupuestario para 2012 sigue siendo asequible, ya que durante los cuatro primeros meses de 2012 la ejecución presupuestaria había respondido a las expectativas, y que los riesgos de agravación de la situación que se derivan de un incremento más acentuado del desempleo y de una composición de crecimiento más tributariamente gravosa, en comparación con las proyecciones presupuestarias, se están contrarrestando mediante ahorros en otras partes del presupuesto.

               (14)

               Hasta ahora se han realizado progresos significativos y para que el Programa de Ajuste Económico suponga un éxito completo resulta crucial la aplicación de una amplia gama de reformas estructurales que eliminen las rigideces y los estrangulamientos que han dado lugar a una década de estancamiento económico. Se está aplicando el profundo y ambicioso programa de reformas establecido en los ámbitos del mercado laboral, la sanidad, la vivienda, el sistema judicial, la insolvencia y el marco reglamentario, incluida la competencia. Además, hasta el momento, las privatizaciones se han llevado a cabo con gran éxito. En las industrias de red, sin embargo, los progresos han sido menos evidentes. En el sector de la energía, en particular, se ha presentado una estrategia global, que habrá que poner en práctica en los próximos meses, para eliminar la creciente deuda que se observa, mediante la reducción de las rentas excesivas.

               (15)

               Se está llevando a cabo una reprogramación estratégica de los Fondos Estructurales, haciendo hincapié en el apoyo del empleo juvenil y la competitividad (en particular de las pequeñas y medianas empresas). Las nuevas medidas intensifican la actividad en los ámbitos relacionados con el pasaporte para el empleo, la formación, las cualificaciones profesionales y el acceso a financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas.

               (16)

               Portugal ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Dichos compromisos, y la ejecución de los compromisos presentados en 2011, se refieren a la mejora de la competitividad, el incremento de la tasa de empleo y la viabilidad de las finanzas públicas, fortaleciendo al mismo tiempo la viabilidad financiera.

         RECOMIENDA que Portugal tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:
   Aplicar las medidas establecidas en la Decisión de Ejecución 2011/344/UE y que se especifican con detalle en el Protocolo de Acuerdo de 17 de mayo de 2011 y en sus apéndices ulteriores.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (3)  DO C 216 de 22.7.2011, p. 1.

      (4)  DO L 159 de 17.6.2011, p. 88.

      (5)  DO L 118 de 12.5.2010, p. 1.