title: Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Irlanda

text:
               29.7.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/28

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 18 de junio de 2021
      por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Irlanda
      (2021/C 304/07)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.

                  (2)

                  El 20 de julio de 2020, el Consejo adoptó una recomendación (3) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020»). Recomendó a Irlanda que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, recomendó a Irlanda que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomenta la inversión.

                  (3)

                  Según la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, las políticas presupuestarias deben seguir siendo expansionistas en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021 y las medidas que se adopten deben adaptarse a las circunstancias específicas del país y ser oportunas, temporales y selectivas. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, deben eliminarse progresivamente las medidas de emergencia, paliando al mismo tiempo las repercusiones sociales y sobre el mercado laboral de la crisis. Los Estados miembros deben aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que fomentan la inversión. Los Estados miembros deben aplicar reformas que refuercen la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

                  (4)

                  El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2021 de los Estados miembros de la zona del euro, que se basaron en una evaluación cualitativa de las medidas presupuestarias. La Comisión consideró que el proyecto de plan presupuestario de Irlanda seguía globalmente las recomendaciones de política presupuestaria establecidas en la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020, y que la mayoría de las medidas incluidas en dicho proyecto respaldaban la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre.

                  (5)

                  La iniciativa NextGenerationEU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso fiscal financiado por la Unión. El Mecanismo contribuirá a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, y al crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

                  (6)

                  El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una Comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros. La orientación presupuestaria global, que engloba los presupuestos nacionales y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la Unión, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de alta calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, particularmente eliminando gradualmente las medidas de apoyo a su debido tiempo, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

                  (7)

                  En su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión opinó también que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019). Sobre la base de sus previsiones de la primavera de 2021, el 2 de junio de 2021 la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y para desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país.

                  (8)

                  El 30 de abril de 2021, Irlanda presentó su Programa de Estabilidad de 2021, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1466/97.

                  (9)

                  En 2020, partiendo de datos validados por Eurostat, Irlanda registró un déficit de las Administraciones Públicas del 5,0 % del producto interior bruto (PIB), mientras que su deuda pública aumentó al 59,5 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al -5,7 % del PIB, teniendo en cuenta las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 3,9 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Irlanda también adoptó medidas de apoyo a la liquidez de las empresas y los hogares (como garantías y aplazamiento de pagos tributarios, que no tienen un impacto presupuestario directo e inmediato), con un importe estimado en el 1,2 % del PIB. la Comisión calcula que, en 2020, el aumento efectivo de las garantías públicas se ha situado por debajo del 0,5 % del PIB.

                  (10)

                  El 2 de junio de 2021, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe aborda la situación presupuestaria de Irlanda, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó, en 2020, el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluyó que no se cumplía el criterio de déficit.

                  (11)

                  El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias es realista para 2021 y 2022. Tras un crecimiento del PIB real del 3,4 % en 2020, el Programa de Estabilidad prevé un crecimiento del 4,5 % en 2021, en consonancia con las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión. En 2022, tanto el Programa de Estabilidad como la Comisión prevén un crecimiento anual del PIB real del 5 %.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, el Gobierno planea un descenso del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría del 5,0 % del PIB en 2020 al 4,7 % del PIB en 2021, mientras que la ratio de deuda disminuiría al 62,2 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2021, el deterioro del saldo presupuestario primario en 2021 respecto del nivel anterior a la crisis (2019) será del 5,4 % del PIB, lo que refleja las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía, de importe equivalente al 3,5 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Estas previsiones están en consonancia con las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Irlanda ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia de COVID-19 y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta ha amortiguado la contracción del PIB, lo que, a su vez, ha contenido el aumento del déficit público y la deuda pública. Las medidas presupuestarias deberán maximizar el apoyo a la recuperación sin anticipar futuras trayectorias presupuestarias. Por lo tanto, las medidas deben evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introduzcan medidas permanentes, deberán financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Irlanda en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 en su mayoría son temporales o están acompañadas de medidas compensatorias.

                  (14)

                  El Programa de Estabilidad de 2021 parte de la base de que las inversiones y reformas financiadas mediante subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia representarán el 0,02 % del PIB en 2022, el 0,07 % en 2023, el 0,06 % en 2024 y el 0,04 % en 2025. Las previsiones de primavera de la Comisión asumen una integración simplificada y lineal del gasto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia equivalente al 0,06 % en 2021 y al 0,04 % en 2022.

                  (15)

                  Los indicadores de ajuste presupuestario establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1466/97 deben considerarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En primer lugar, existe un grado significativo de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe poder adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia de COVID-19, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por la importancia de las medidas de apoyo a la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la Unión (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso dado a la economía por las políticas presupuestarias. En este contexto, el saldo estructural no parece constituir un indicador adecuado en las circunstancias actuales. La referencia en materia de gasto también debe adaptarse (5) y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

                  (16)

                  Como en el enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis corresponden al apoyo aportado a los sistemas sanitarios y a la indemnización de los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos derivadas de los confinamientos y de las perturbaciones de la cadena de suministro; su abandono por parte de las autoridades públicas dependerá de la vuelta del sistema sanitario y de la situación económica a la normalidad. Para evaluar el efecto global de la política presupuestaria en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la Unión (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). El efecto global de la política presupuestaria se mide por lo tanto mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis. Más allá del efecto global de la política presupuestaria, el análisis también pretende evaluar si la política presupuestaria nacional es prudente y si su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, se presta especial atención a la evolución de la inversión y de los gastos primarios corrientes que son financiados a nivel nacional.

                  (17)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, Irlanda prevé que el déficit de sus Administraciones Públicas disminuya al 2,8 % del PIB en 2022, principalmente como consecuencia de la supresión de las medidas temporales de apoyo adoptadas en 2020 y 2021. Se prevé que la ratio de deuda de sus Administraciones Públicas disminuya al 60,2 % del PIB en 2022. Estas previsiones están en consonancia con las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión. Partiendo de dichas previsiones de la Comisión, y basándose en el método específico que refleja los retos mencionados, el efecto global de la política presupuestaria, tal como se ha definido anteriormente —incluida la incidencia en la demanda agregada en 2022 de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, se estima en el -0,4 % del PIB (6). El efecto positivo de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión aumentaría en 0,2 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto contractivo equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB (7). Los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB.

                  (18)

                  La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las reformas encaminadas a aumentar la eficiencia y la equidad de los sistemas de ingresos públicos. Por el lado de los gastos, ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, de manera compatible con el logro de los objetivos de fomentar el potencial de crecimiento, la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de recuperación y resiliencia nacionales permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

                  (19)

                  Según los planes presupuestarios a medio plazo del Programa de Estabilidad de 2021, el déficit público disminuiría, pasando del 1,2 % del PIB en 2023, al 0,7 % del PIB en 2024 y al 0,2 % del PIB en 2025. De acuerdo con dicho Programa, el efecto global de la política presupuestaria —incluida la incidencia en la demanda agregada de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en un promedio del 1,6 % del PIB en 2023 y 2024. Se prevé que la contribución positiva de los gastos financiados por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión se mantenga sin cambios. Por su parte, las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,1 punto porcentual del PIB (8). Se prevé que los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) proporcionen una contribución contractiva equivalente a 1,4 puntos porcentuales del PIB. La estimación actual para el crecimiento potencial nominal medio en un período de 10 años lo sitúa en el 6,5 % (9). Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y podrían por lo tanto estimular el crecimiento potencial de Irlanda.

                  (20)

                  Las previsiones apuntan a que la ratio deuda pública/PIB descenderá del 59,0 % del PIB en 2023 al 57,7 % del PIB en 2024. Según el análisis más reciente de la sostenibilidad de su deuda, se considera que Irlanda afronta unos riesgos bajos en lo relativo a la sostenibilidad a medio plazo de sus finanzas públicas.

                  (21)

                  En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión deben seguir siendo de naturaleza predominantemente cualitativa. Se deberán proporcionar orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, si ha disminuido suficientemente el grado de incertidumbre.

                  (22)

                  El Consejo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2021 y las medidas adoptadas por Irlanda para seguir la Recomendación del Consejo de 20 de julio 2020.

            RECOMIENDA A IRLANDA QUE:

         1.

            En 2022, siga una política presupuestaria expansionista, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y preservar las inversiones financiadas a nivel nacional.

         2.

            Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique una política presupuestaria encaminada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Al mismo tiempo, fomente la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

         3.

            Preste especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias, a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Dé prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular a aquellas que respalden la transición ecológica y digital. Conceda preferencia a las reformas presupuestarias estructurales que ayuden a financiar las prioridades de las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reforzando también, en su caso, la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

         Hecho en Luxemburgo, el 18 de junio de 2021.

               Por el Consejo

               El Presidente

            J. LEÃO

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (3)  Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Irlanda (DO C 282 de 26.8.2020, p. 39).

         (4)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

         (5)  En particular, el recurso al suavizado a lo largo de cuatro años de la inversión a efectos del valor de referencia del gasto no permite evaluar adecuadamente el apoyo presupuestario a la recuperación que suponen las inversiones financiadas a nivel nacional.

         (6)  Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

         (7)  Los demás gastos de capital financiados a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB.

         (8)  Los demás gastos de capital financiados a nivel nacional tendrían un efecto contractivo equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PIB.

         (9)  Estimación de la Comisión, con arreglo a la metodología común.


title: Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Grecia

text:
               29.7.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/33

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 18 de junio de 2021
      por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Grecia
      (2021/C 304/08)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo,
      Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.

                  (2)

                  El 20 de julio de 2020, el Consejo adoptó una recomendación (3) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020»). Recomendó a Grecia que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomenta la inversión.

                  (3)

                  Según la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, las políticas presupuestarias deben seguir siendo expansionistas en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021 y las medidas que se adopten deben adaptarse a las circunstancias específicas del país y ser oportunas, temporales y selectivas. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, deben eliminarse progresivamente las medidas de emergencia, paliando al mismo tiempo las repercusiones sociales y sobre el mercado laboral de la crisis. Los Estados miembros deberían aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que fomentan la inversión. Los Estados miembros deben aplicar reformas que refuercen la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

                  (4)

                  El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2021 de los Estados miembros de la zona del euro, que se basaron en una evaluación cualitativa de las medidas presupuestarias. La Comisión consideró que el proyecto de plan presupuestario de Grecia seguía globalmente las recomendaciones de política presupuestaria establecidas en la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020, y que la mayoría de las medidas incluidas en dicho proyecto respaldaban la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre.

                  (5)

                  La iniciativa Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso fiscal financiado por la Unión. El Mecanismo contribuirá a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, y al crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

                  (6)

                  El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros. La orientación presupuestaria global, que engloba los presupuestos nacionales y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la Unión, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, particularmente eliminando gradualmente las medidas de apoyo a su debido tiempo, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

                  (7)

                  En su comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión opinó también que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019). Sobre la base de sus previsiones de la primavera de 2021, el 2 de junio de 2021 la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y para desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirá teniendo en cuenta la situación específica de cada país.

                  (8)

                  Tras finalizar satisfactoriamente en 2018 el programa de asistencia financiera en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Grecia está sujeta a supervisión reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). El recurso a la supervisión reforzada para Grecia de conformidad con las Decisiones de Ejecución (UE) 2018/1192 (6) y (UE) 2021/271 (7) de la Comisión supone el reconocimiento de que, a medio plazo, Grecia necesita seguir aplicando medidas para hacer frente a las causas potenciales de desequilibrios macroeconómicos y, al mismo tiempo, llevar a cabo reformas estructurales en pro de un crecimiento económico robusto y sostenible. En la reunión del Eurogrupo del 22 de junio de 2018, Grecia asumió el compromiso de proseguir todas las reformas clave adoptadas en el marco del programa hasta que se completen íntegramente. Grecia también se comprometió a aplicar medidas específicas en relación con las políticas presupuestarias, incluidas las de carácter estructural, el bienestar social, la estabilidad financiera, los mercados de trabajo y de productos, la privatización, el funcionamiento del sistema judicial, la administración pública y la lucha contra la corrupción. Estas reformas estructurales cobran cada día mayor importancia en el contexto de la labor de Grecia para la reactivación de su economía. Cabe esperar que la correcta aplicación y finalización de estas reformas contribuya de manera significativa a sustentar el crecimiento de Grecia a medio y largo plazo. Grecia está obligada a presentar informes trimestrales sobre los progresos realizados en el cumplimiento de sus compromisos en el marco de la supervisión reforzada. Un informe favorable puede, cada seis meses, allanar el camino para la liberación de medidas de reducción de la deuda por un valor anual equivalente al 0,7 % del producto interior bruto (PIB). La liberación de los cuatro primeros tramos de medidas condicionales de alivio de la deuda, por un valor total de 3 252 millones EUR, fue aprobada por el Eurogrupo en abril de 2019, diciembre de 2019, junio de 2020 y noviembre de 2020, respectivamente. El décimo informe de supervisión reforzada, en el que se evalúan los avances realizados por Grecia en el cumplimiento de sus compromisos, se publicó el 2 de junio de 2021.

                  (9)

                  El 29 de abril de 2021, Grecia presentó su Programa de Estabilidad de 2021, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1466/97.

                  (10)

                  En 2020, partiendo de los datos validados por Eurostat, Grecia registró un déficit de las Administraciones Públicas del 9,7 % del PIB, mientras que su deuda pública aumentó al 205,6 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al 11,3 % del PIB, teniendo en cuenta particularmente las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 5,9 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Grecia también adoptó medidas de apoyo a la liquidez de las empresas y los hogares (tales como garantías y aplazamientos en el pago de impuestos, que no tienen un impacto presupuestario directo e inmediato), por un importe estimado en el 2,2 % del PIB; la Comisión calcula que en 2020 el aumento efectivo de las garantías públicas ha sido inferior al 0,5 % del PIB.

                  (11)

                  El 2 de junio de 2021, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Grecia, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó en 2020 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no disminuyó a un ritmo satisfactorio. El informe concluía que el criterio de déficit y el criterio de deuda no se cumplían.

                  (12)

                  El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es prudente en 2021 y prevé que el crecimiento del PIB real sea aproximadamente 0,5 puntos porcentuales inferior a las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión. Esta diferencia se debe a las diferentes hipótesis sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19, la utilización de fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el ritmo de recuperación del sector turístico. Las previsiones macroeconómicas del Programa de Estabilidad de 2021 para 2022 están en estrecha consonancia con las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión.

                  (13)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, el Gobierno planea un aumento del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría del 9,7 % del PIB en 2020 al 9,9 % del PIB en 2021, mientras que la ratio de deuda disminuiría al 204,8 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2021, la variación del saldo presupuestario primario en 2021 respecto del nivel anterior a la crisis (2019) sería del -11,6 % del PIB, lo que reflejaría las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía, de importe equivalente al 6,4 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las previsiones de déficit de las Administraciones Públicas están en consonancia con las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión. En cuanto a la ratio de deuda, las previsiones presentadas en el Programa de Estabilidad de 2021 se sitúan por debajo de las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión, que prevén que la ratio de deuda alcance el 208,8 % del PIB. La diferencia refleja diferentes hipótesis sobre los ingresos procedentes de privatizaciones, la acumulación neta de activos financieros y los ajustes de devengo.

                  (14)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Grecia ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia de COVID-19 y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta ha amortiguado la contracción del PIB, lo que, a su vez, ha contenido el aumento del déficit público y la deuda pública. Las medidas presupuestarias deben maximizar el apoyo a la recuperación sin condicionar las trayectorias presupuestarias futuras, por lo que han de evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introducen medidas permanentes, deben financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Grecia en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021, y las anunciadas para 2022, son temporales o van acompañadas de medidas compensatorias.

                  (15)

                  El Programa de Estabilidad de 2021 parte de la base de que las inversiones y reformas financiadas mediante subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia representarán el 0,9 % del PIB en 2021, el 1,7 % del PIB en 2022, el 1,6 % del PIB en 2023, el 1,6 % del PIB en 2024, el 1,5 % del PIB en 2025 y el 1,5 % del PIB en 2026. El programa también parte del supuesto de que los préstamos concedidos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ascenderán al 1,4 % del PIB en 2021, el 1,4 % del PIB en 2022, el 1,1 % del PIB en 2023, el 1,1 % del PIB en 2024, el 1 % del PIB en 2025 y el 0,5 % en 2026. Las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión incluyen estas subvenciones en sus previsiones presupuestarias, mientras que para los préstamos prevé un importe inferior en 2022 sobre la base de un desembolso anual uniforme después de 2021.

                  (16)

                  Los indicadores de ajuste presupuestario establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1466/97 deben considerarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En primer lugar, existe un grado significativo de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe poder adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia de COVID-19, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por la importancia de las medidas de apoyo a la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la Unión (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso dado a la economía por las políticas presupuestarias. En este contexto, el saldo estructural no parece constituir un indicador adecuado en las circunstancias actuales. La referencia en materia de gasto también debe adaptarse (8) y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

                  (17)

                  Como en el enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis corresponden al apoyo aportado a los sistemas sanitarios y a la indemnización de los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos derivadas de los confinamientos y de las perturbaciones de la cadena de suministro; su abandono por parte de las autoridades públicas dependerá de la vuelta del sistema sanitario y de la situación económica a la normalidad. Para evaluar el efecto global de la política presupuestaria en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la Unión (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). El efecto global de la política presupuestaria se mide por lo tanto mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis. Más allá del efecto global de la política presupuestaria, el análisis también pretende evaluar si la política fiscal nacional es prudente y su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, se presta especial atención a la evolución de la inversión y de los gastos primarios corrientes que son financiados a nivel nacional.

                  (18)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, Grecia prevé que el déficit de sus Administraciones Públicas disminuya al 2,9 % del PIB en 2022, principalmente como consecuencia de la recuperación económica prevista y de la supresión de las medidas temporales de apoyo adoptadas en 2020 y 2021. Por su parte, la ratio de deuda de sus Administraciones Públicas disminuiría al 189,5 % del PIB en 2022. Las previsiones de déficit de las Administraciones Públicas están en consonancia con las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión. En cuanto a la ratio de deuda, las previsiones presentadas en el Programa de Estabilidad de 2021 se sitúan por debajo de las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión. La diferencia se explica por diferentes hipótesis sobre el saldo en efectivo, sobre los ingresos procedentes de las privatizaciones y sobre la acumulación neta de activos financieros. Partiendo de dichas previsiones de la Comisión, y basándose en el método específico que refleja los retos mencionados, el efecto global de la política presupuestaria —incluida la incidencia en la demanda agregada en 2022 de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, se estima en el -2,4 % del PIB (9). El efecto positivo de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión aumentaría en 0,3 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,9 puntos porcentuales del PIB (10). Los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PIB.

                  (19)

                  La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las reformas encaminadas a aumentar la eficiencia y la equidad de los sistemas de ingresos públicos. Por el lado de los gastos, ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, de manera compatible con el logro de los objetivos de fomentar el potencial de crecimiento, la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de recuperación y resiliencia nacionales permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

                  (20)

                  Según los planes presupuestarios a medio plazo del Programa de Estabilidad de 2021, el déficit de las Administraciones Públicas alcanzaría el 0,4 % del PIB en 2023 y se transformaría en un superávit del 0,6 % del PIB en 2024. De acuerdo con dicho Programa, el efecto global de la política presupuestaria —incluida la incidencia en la demanda agregada de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en un promedio del 0,6 % del PIB en 2023 y 2024. El efecto positivo de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión se reduciría en 0,1 puntos porcentuales del PIB. Las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto neutro (11). Los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tendrían un efecto contractivo equivalente a 0,6 puntos porcentuales del PIB. El crecimiento potencial nominal medio a 10 años se estima actualmente en un 1,25 % (12). Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y podrían por lo tanto estimular el crecimiento potencial de Grecia.

                  (21)

                  Las previsiones apuntan a que la ratio deuda pública/PIB descenderá del 176,7 % del PIB en 2023 al 166,1 % del PIB en 2024. Habida cuenta de la elevada ratio de deuda de Grecia, que no registraría sino una reducción gradual a lo largo del tiempo, se considera que Grecia afronta unos riesgos elevados en lo relativo a la sostenibilidad a medio plazo de sus finanzas públicas, según el análisis más reciente de sostenibilidad de la deuda. El 10.o informe de supervisión reforzada señala otros factores pertinentes para una evaluación global de la sostenibilidad de la deuda, a saber, que la composición y el perfil de vencimiento de la deuda pública mitigan las vulnerabilidades de la deuda, mientras que los pasivos contingentes constituyen un riesgo adicional.

                  (22)

                  En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión deben seguir siendo de naturaleza predominantemente cualitativa. Se proporcionarán orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, siempre que haya disminuido suficientemente el grado de incertidumbre.

                  (23)

                  El Consejo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2021 y las medidas de seguimiento adoptadas por Grecia para aplicar la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020.

            RECOMIENDA A GRECIA QUE:

         1.

            En 2022, utilice el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política presupuestaria prudente. Preserve las inversiones financiadas a nivel nacional.

         2.

            Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique una política presupuestaria encaminada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Al mismo tiempo, fomente la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

         3.

            Preste especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Dé prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular a aquellas que respalden la transición ecológica y digital. Conceda preferencia a las reformas presupuestarias estructurales que ayuden a financiar las prioridades de las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reforzando también, en su caso, la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

         Hecho en Luxemburgo, el 18 de junio de 2021.

               Por el Consejo

               El Presidente

            J. LEÃO

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (3)  Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Grecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Grecia (DO C 282 de 26.8.2020, p. 46).

         (4)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

         (5)  Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

         (6)  Decisión de Ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativa a la activación de una supervisión reforzada para Grecia (DO L 211 de 22.8.2018, p. 1).

         (7)  Decisión de Ejecución (UE) 2021/271 de la Comisión, de 17 de febrero de 2021, relativa a la prolongación de la supervisión reforzada para Grecia (DO L 61 de 22.2.2021, p. 3).

         (8)  En particular, el recurso al suavizado a lo largo de cuatro años de la inversión a efectos del valor de referencia del gasto no permite evaluar adecuadamente el apoyo presupuestario a la recuperación que suponen las inversiones financiadas a nivel nacional.

         (9)  Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

         (10)  Los demás gastos de capital financiados a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,9 puntos porcentuales del PIB.

         (11)  Los demás gastos de capital financiados a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB.

         (12)  Estimación de la Comisión, con arreglo a la metodología común.


title: Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Francia

text:
               29.7.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/43

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 18 de junio de 2021
      por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Francia
      (2021/C 304/10)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.

                  (2)

                  El 20 de julio de 2020, el Consejo adoptó una recomendación (3) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020»). Recomendó a Francia que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomenta la inversión.

                  (3)

                  Según la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, las políticas presupuestarias deben seguir siendo expansionistas en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021 y las medidas que se adopten deben adaptarse a las circunstancias específicas del país y ser oportunas, temporales y selectivas. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, deben eliminarse progresivamente las medidas de emergencia, paliando al mismo tiempo las repercusiones sociales y sobre el mercado laboral de la crisis. Los Estados miembros deberían aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que fomentan la inversión. Los Estados miembros deben aplicar reformas que refuercen la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

                  (4)

                  El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2021 de los Estados miembros de la zona del euro, que se basaron en una evaluación cualitativa de las medidas presupuestarias. La Comisión consideró que el proyecto de plan presupuestario de Francia seguía globalmente las recomendaciones de política presupuestaria establecidas en la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020, y que la mayoría de las medidas incluidas en dicho proyecto respaldaban la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre. Sin embargo, algunas medidas no parecían ser temporales ni venir acompañadas de medidas compensatorias.

                  (5)

                  La iniciativa Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso fiscal financiado por la Unión. El Mecanismo contribuirá a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, y al crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

                  (6)

                  El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros. La orientación presupuestaria global, que engloba los presupuestos nacionales y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la Unión, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, particularmente eliminando gradualmente las medidas de apoyo a su debido tiempo, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

                  (7)

                  En su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión opinó también que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019). Sobre la base de sus previsiones de la primavera de 2021, el 2 de junio de 2021 la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y para desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirá teniendo en cuenta la situación específica de cada país.

                  (8)

                  El 30 de abril de 2021, Francia presentó su Programa de Estabilidad de 2021, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1466/97.

                  (9)

                  En 2020, partiendo de los datos validados por Eurostat, Francia registró un déficit de las Administraciones Públicas del 9,2 % del producto interior bruto (PIB), mientras que su deuda pública aumentó al 115,7 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al -6,2 % del PIB, teniendo en cuenta particularmente las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 3,3 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Francia también adoptó medidas de apoyo a la liquidez de las empresas y los hogares (tales como garantías y aplazamientos en el pago de impuestos, que no tienen un impacto presupuestario directo e inmediato), por un importe estimado en el 17,4 % del PIB. la Comisión calcula que en 2020 el aumento efectivo de las garantías públicas ha sido aproximadamente del 6 % del PIB

                  (10)

                  El 2 de junio de 2021, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Francia, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó en 2020 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no disminuyó a un ritmo satisfactorio. El informe concluía que el criterio de déficit y el criterio de deuda no se cumplían.

                  (11)

                  El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias es prudente para 2021 y 2022. El Programa de Estabilidad de 2021 prevé un crecimiento del PIB del 5 % en 2021 y del 4 % en 2022, en tanto que la Comisión prevé un aumento del PIB del 5,7 % y del 4,2 % en esos mismos años. El mayor crecimiento esperado por la Comisión en 2021 obedece a una contribución interna y de las exportaciones netas más importante que la del Programa de Estabilidad de 2021. Concretamente, la Comisión contempla un menor dinamismo del consumo privado, pero un incremento de la inversión y las exportaciones más rápido que el contenido en el escenario macroeconómico del Programa de Estabilidad de 2021. En lo que respecta a 2022, el mayor crecimiento previsto por la Comisión se debe principalmente a una mayor contribución de las exportaciones netas; la contribución global vaticinada de la demanda interna es, por su parte, similar a la del Programa de Estabilidad de 2021.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, el Gobierno planea un descenso del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría del 9,2 % del PIB en 2020 al 9,0 % del PIB en 2021, mientras que la ratio de deuda disminuiría al 117,8 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2021, la variación del saldo presupuestario primario en 2021 respecto del nivel anterior a la crisis (2019) será del -6,2 % del PIB, lo que refleja las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía, de importe equivalente al 4,0 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Estas previsiones están en consonancia con las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Francia ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia de COVID-19 y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta ha amortiguado la contracción del PIB, lo que, a su vez, ha contenido el aumento del déficit público y la deuda pública. Las medidas presupuestarias deben maximizar el apoyo a la recuperación sin condicionar las trayectorias presupuestarias futuras, por lo que han de evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introducen medidas permanentes, deben financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Francia en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno durante el período 2020 a 2021, y de las anunciadas para 2022, no parecen ser temporales o estar acompañadas de medidas compensatorias. Más allá del período abarcado por las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, en 2023, se estima por ahora que estas medidas no temporales —consistentes fundamentalmente en una reducción permanente de los impuestos sobre la producción, el aumento de los sueldos en la función pública, sobre todo en la sanidad, y transferencias de capital— tendrían un impacto residual acumulado de alrededor del 1 % del PIB. Las medidas no temporales también incluyen inversiones por un importe aproximado del 0,1 % del PIB, las cuales respaldarán, según cabe esperar, el crecimiento potencial a medio plazo y, por ende, la sostenibilidad.

                  (14)

                  El Programa de Estabilidad de 2021 presupone que las inversiones y reformas financiadas mediante subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia representarán el 0,7 % del PIB en 2021 y el 0,9 % a partir de 2022. Las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión incluyen en sus proyecciones presupuestarias subvenciones estimadas en el 0,8 % del PIB en 2021 y en el 0,4 % del PIB en 2022.

                  (15)

                  Los indicadores de ajuste presupuestario establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1466/97 deben considerarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En primer lugar, existe un grado significativo de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe estar dispuesta a adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia de COVID-19, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por la importancia de las medidas de apoyo a la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la Unión (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso dado a la economía por las políticas presupuestarias. Sobre esta base, el saldo estructural no parece constituir un indicador adecuado en las circunstancias actuales. La referencia en materia de gasto también debe adaptarse (5) y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

                  (16)

                  Como en el enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis corresponden al apoyo aportado a los sistemas sanitarios y a la indemnización de los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos derivadas de los confinamientos y de las perturbaciones de la cadena de suministro; su abandono por parte de las autoridades públicas dependerá de la vuelta del sistema sanitario y de la situación económica a la normalidad. Para evaluar el efecto global de la política presupuestaria en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la Unión (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). El efecto global de la política presupuestaria se mide por lo tanto mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis. Más allá del efecto global de la política presupuestaria, el análisis también pretende evaluar si la política fiscal nacional es prudente y su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, se presta especial atención a la evolución de la inversión y de los gastos primarios corrientes que son financiados a nivel nacional.

                  (17)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, Francia prevé que el déficit de sus Administraciones Públicas disminuya al 5,3 % del PIB en 2022, principalmente como consecuencia de la supresión de las medidas temporales de apoyo adoptadas en 2020 y 2021. Por su parte, la ratio de deuda de sus Administraciones Públicas disminuiría al 116,3 % del PIB en 2022. Mientras que la proyección de deuda se ajusta a las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, la relativa al déficit rebasa las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión, debido ante todo al menor déficit esperado por la Comisión en 2021 y al escenario macroeconómico ligeramente menos favorable en el que se basa el Programa de Estabilidad de 2021. Partiendo de dichas previsiones de la Comisión, y basándose en el método específico que refleja los retos mencionados, el efecto global de la política presupuestaria, tal como se ha definido anteriormente —incluida la incidencia en la demanda agregada en 2022 de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, se estima que será neutro (6). El efecto positivo de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión se se prevé que se reduciría en 0,3 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB (7). Los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB.

                  (18)

                  La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las reformas encaminadas a aumentar la eficiencia y la equidad de los sistemas de ingresos públicos. Por el lado de los gastos, ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, de manera compatible con el logro de los objetivos de fomentar el potencial de crecimiento, la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de recuperación y resiliencia nacionales permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

                  (19)

                  Según los planes presupuestarios a medio plazo del Programa de Estabilidad de 2021, el déficit de las Administraciones Públicas disminuiría, pasando del 4,4 % del PIB en 2023 al 3,9 % en 2024, al 3,5 % en 2025 y al 3,2 % 2026. El déficit de las Administraciones Públicas dejaría de rebasar el 3 % del PIB en 2027, situándose ese año en un 2,8 % del PIB. De acuerdo con dicho Programa, el efecto global de la política presupuestaria —incluida la incidencia en la demanda agregada de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en un promedio del 0,4 % del PIB en 2023 y 2024. El Programa no contiene la información necesaria para estimar la contribución respectiva de los gastos financiados por la Unión, las inversiones financiadas a nivel nacional y los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional al efecto global de la política presupuestaria. El crecimiento potencial nominal medio a 10 años se estima actualmente en un 2,25 % (8). Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y podrían por lo tanto estimular el crecimiento potencial de Francia.

                  (20)

                  La ratio de deuda de las Administraciones Públicas aumentaría del 117,2 % del PIB en 2023 al 118,0 % en 2024 y al 118,3 % en 2025, descendiendo posteriormente al 118,2 % y al 117,7 % en 2026 y 2027, respectivamente. Habida cuenta de la elevada ratio de deuda, que no registraría sino una reducción gradual a lo largo del tiempo, se considera que Francia afronta unos riesgos elevados en lo relativo a la sostenibilidad a medio plazo de sus finanzas públicas, según el análisis más reciente de la sostenibilidad de su deuda.

                  (21)

                  En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión deben seguir siendo de naturaleza predominantemente cualitativa. Se proporcionarán orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, siempre que haya disminuido suficientemente el grado de incertidumbre.

                  (22)

                  El Consejo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2021 y las medidas de seguimiento adoptadas por Francia para aplicar la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020.

            RECOMIENDA A FRANCIA QUE:

         1.

            En 2022, utilice el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política presupuestaria prudente. Preserve las inversiones financiadas a nivel nacional.

         2.

            Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique una política presupuestaria encaminada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Al mismo tiempo, fomente la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

         3.

            Preste especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Dé prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular a aquellas que respalden la transición ecológica y digital. Conceda preferencia a las reformas presupuestarias estructurales que ayuden a financiar las prioridades de las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reforzando también, en su caso, la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

         Hecho en Luxemburgo, el 18 de junio de 2021.

               Por el Consejo

               El Presidente

            J. LEÃO

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (3)  Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Francia, DO C 282 de 26.8.2020, p. 62.

         (4)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

         (5)  En particular, el recurso al suavizado a lo largo de cuatro años de la inversión a efectos del valor de referencia del gasto no permite evaluar adecuadamente el apoyo presupuestario a la recuperación que suponen las inversiones financiadas a nivel nacional.

         (6)  Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

         (7)  Se prevé que otros gastos de capital financiados a nivel nacional aporten una contribución neutra.

         (8)  Estimación de la Comisión, con arreglo a la metodología común.