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31976H0492

76/492/CEE: Recomendación del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa al uso racional de la energía mediante la promoción del aislamiento térmico de los edificios

Diario Oficial n° L 140 de 28/05/1976 p. 0011 - 0011 Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 1 p. 0128  Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 2 p. 0114  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 2 p. 0114

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 4 de mayo de 1976    relativa al uso racional de la energía   mediante la promoción del aislamiento térmico   de los edificios     ( 76/492/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Visto el proyecto de la Comisión ,    Considerando que , en su Resolución de 17 de   septiembre de 1974 , relativa a la nueva estrategia en   materia de política energética de la Comunidad (1) , el   Consejo ha aprobado el objetivo de una « disminución   de la tasa de crecimiento del consumo interior mediante   medidas para el uso racional y ahorro de la energía ,   sin comprometer los objetivos del desarrollo económico   y social » ;    Considerando que , en su Resolución de 17 de   diciembre de 1974 relativa al programa de acción   comunitaria en el ámbito de la utilización racional   de la energía (2) , el Consejo ha tomado nota   del hecho de que la Comisión , en la comunicación que   le ha dirigido , titulada « Uso racional de la   energía » , ha establecido un programa de   acción comunitaria en la materia ;    Considerando que , a tal fin , es conveniente crear una   corriente de información destinada a dar a conocer al   público los medios más adecuados para mejorar   el aislamiento térmico de los edificios y estimular   con ello una utilización racional de la energía ;    Considerando que las medidas recomendadas son de   tal naturaleza que la rentabilidad de las inversiones   necesarias queda garantizada mediante el ahorro de   energía que aseguran ,    RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS :    1 . Organizar o sostener campañas de información   específicas destinadas a promover el interés del   público en la mejora del aislamiento de las   viviendas cuando éste sea insuficiente o mediocre , en   particular mediante la creación , reorganización   y mantenimiento de agencias u oficinas de información   y asesoramiento con capacidad para suministrar   informaciones concretas adaptadas a cada caso ;    2 . Con el fin de asegurar la mayor eficacia de las   medidas descritas en el punto 1 :    2.1 . evaluar , especialmente mediante encuestas por   sondeo , el nivel medio de aislamiento térmico   de las viviendas existentes , e investigar los   métodos para su mejora ;    2.2 . concursos o elaborar programas de desarrollo a   fin de centralizar las ideas más originales para   la mejora del aislamiento de las viviendas   existentes , haciendo hincapié en la evaluación de   las inversiones necesarias y en su rentabilidad   en función del ahorro de energía ;    3 . Adoptar , cuando se establezcan , las normas   de aislamiento térmico de referencia , armonizadas a   nivel comunitario , para la aplicación de todas las   medidas legales reglamentarias o administrativas   requeridas , con el fin de que :    3.1 . los criterios de evaluación sean idénticos   para todos los países de la Comunidad ;    3.2 . los materiales y elementos de construcción   puedan circular sin obstáculos en el mercado   intracomunitario .    Estas normas deberían ser aplicadas por etapas y por   tipo de inmueble , comenzando a partir de 1980 por los   inmuebles destinados a oficinas y locales públicos .    Hecho en Bruselas , el 4 de mayo de 1976 .    Por el Consejo    El Presidente    G. THORN    (1) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 1 .    (2) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 5 .


title: RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 16 de marzo de 1992 por el que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1990 (92/172/CEE) #

text:
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31992H0172

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 16 de marzo de 1992 por el que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1990 (92/172/CEE)  -

Diario Oficial n° L 075 de 21/03/1992 p. 0054 - 0054

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO  de 16 de marzo de 1992  por el que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1990  (92/172/CEE)EL CONSEJO DE LAS  COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 206 ter,  Visto el segundo Convenio ACP-CEE firmado en Lomé el 31 de octubre de 1979,  Vista la Decisión 80/1186/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),  Visto el Acuerdo interno de 1979 relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado el 20 de noviembre de 1979, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 29,  Visto el Reglamento financiero de 17 de marzo de 1981, aplicable al quinto Fondo Europeo de Desarrollo (3), y, en particular, sus artículos 66 a 70,  Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) aprobados el 31 de diciembre de 1989, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1990,  acompañado de las respuestas de la Comisión (4),  Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 29 del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la comisión del Fondo europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) se efectuará por el Parlamento Europeo a propuesta del  Consejo;  Considerando que la ejecución, en su conjunto, de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) durante el ejercicio 1990, por la Comisión, ha sido satisfactoria,  RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1979) (quinto FED) para el ejercicio 1990. Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 1992. Por el Consejo  El Presidente  Jorge BRAGA DE MACEDO   (1) DO no L 361 de 31. 12. 1980, p. 1. (2) DO no L 347 de 22. 12. 1980, p. 210. (3) DO no L 101 de 11. 4. 1981, p. 12. (4) DO no C 324 de 13. 12. 1991, pp. 194 a 209 y 305 a 316.


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Chipre

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/53

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Chipre
   (2017/C 261/12)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 5.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Chipre fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Chipre a la hora de poner en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es fundamental que aborde sus grandes desequilibrios en forma de sobreendeudamiento privado, público y exterior, y el alto nivel de préstamos no productivos.

               (4)

               Chipre presentó su Programa de Estabilidad de 2017 el 27 de abril de 2017, y su Programa Nacional de Reformas de 2017 el 28 de abril de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo. El Programa Nacional de Reformas de Chipre contiene compromisos a corto y medio plazo. En particular incluye medidas encaminadas a reducir el endeudamiento del sector privado, mejorar el entorno empresarial, facilitar el acceso a la financiación, y reformar el sector de asistencia sanitaria, y a realizar reformas del sector público y del sistema judicial. El Programa Nacional de Reformas también abarca los retos establecidos en el informe nacional de 2017 y la recomendación para la zona del euro, tales como la necesidad de relanzar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si se aplican plenamente dentro de los plazos indicados, estas medidas contribuirían a corregir los desequilibrios macroeconómicos de Chipre y las recomendaciones que se le han dirigido. Sobre la base de la evaluación de los compromisos políticos contraídos por Chipre, la Comisión confirma su evaluación anterior de que, por el momento, no están justificadas nuevas medidas en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico previsto en los Reglamentos (UE) n.o 1176/2011 y (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). La aplicación del programa de reformas será controlada de cerca por medio de un seguimiento específico.

               (5)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de sus programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (6)

               Chipre se encuentra actualmente sometido al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno se propone alcanzar un superávit presupuestario en el período 2016-2020 (de aproximadamente el 0,4 % del PIB para todo el período cubierto por el programa). El objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, se alcanzaría de aquí a 2017. El saldo estructural recalculado (6) se alejaría continuamente del objetivo a medio plazo en los años siguientes, lo cual no se ajusta a las exigencias del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La ratio déficit de las administraciones públicas/PIB se espera que haya alcanzado el 107,8 % en 2016 y disminuya al 99,7 % en 2018 y al 88,8 % de aquí a 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Las hipótesis macroeconómicas presentadas en el Programa de Estabilidad conllevan riesgos, asociados principalmente al alto volumen de préstamos no productivos y a posibles deterioros del entorno exterior.

               (7)

               El 12 de julio de 2016, tras la corrección del déficit excesivo, el Consejo recomendó a Chipre cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y 2017. De una evaluación global, basada en las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se desprende que Chipre cumplirá este requisito en 2017. Para 2018 se recomienda a este país mantenerse en su objetivo presupuestario a medio plazo. Partiendo de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, esto es compatible con una tasa de incremento nominal máximo del gasto público primario neto (7) del 0,3 %, que corresponde a un ajuste estructural equivalente al 0,2 % del PIB. Suponiendo que las políticas no varíen, Chipre corre el riesgo de cierto desvío respecto de este requisito en 2018, conforme a una evaluación global. Está previsto que Chipre se ajuste a la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. Globalmente, el Consejo considera que Chipre debe estar dispuesto a adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento en 2018.

               (8)

               La deuda pública sigue una trayectoria decreciente, pero su sostenibilidad sigue sometida a riesgos. Una serie de medidas presupuestarias recientes, así como los retrasos en la aplicación de reformas estructurales fundamentales, provocarían un deterioro del saldo estructural y pueden disminuir el alcance de las inversiones públicas favorables al crecimiento.

               (9)

               El sector público de Chipre tiene una de las masas salariales más altas de la zona del euro (en porcentaje del PIB) y sigue presentando ineficiencias. En el marco del programa de ajuste macroeconómico, se diseñaron y se acordaron con los interlocutores sociales una serie de reformas encaminadas a abordar este problema, entre las que cabe citar la introducción de un mecanismo permanente y vinculante que limita las subidas salariales de los empleados del sector público y una reforma global de la Administración Pública. Sin embargo, a excepción de la reforma, recientemente aprobada, de la Ley sobre movilidad de los empleados públicos, la aprobación de estas reformas legislativas está encontrando obstáculos, particularmente tras el voto negativo de la Cámara de Representantes en diciembre de 2016. A la espera de su aprobación en forma vinculante, el mecanismo que delimita la subida de los salarios de los empleados del sector público se está aplicando en el marco de convenios colectivos, siendo aplicable hasta 2018.

               (10)

               Se han emprendido algunas reformas para combatir la corrupción, tales como reformas para profesionalizar la contratación pública a nivel local y una Ley de financiación de los partidos políticos promulgada en diciembre de 2015. En 2016 se aprobó una modificación constitucional que permite la publicación del patrimonio de los funcionarios. Sin embargo, el organismo coordinador de la lucha contra la corrupción no está dotado con el personal suficiente y siguen sin abordarse las lagunas en el régimen disciplinario de los funcionarios.

               (11)

               Aunque Chipre ha venido tomando medidas para reforzar su sistema judicial, sigue afrontando importantes retos en lo que se refiere a su eficacia. La ineficiencia de los procedimientos judiciales y la falta de capacidad provocan importantes retrasos en la tramitación de los asuntos. Ello, a su vez, afecta al entorno empresarial y, en particular, al funcionamiento de los nuevos marcos de ejecución hipotecaria y de insolvencia. Estos se han introducido para contribuir a reducir la deuda privada no viable, proporcionando incentivos a los bancos y a los deudores para acordar acciones de reestructuración. Con todo, la eficacia de estos instrumentos se ve lastrada por una serie de factores, tales como la mencionada ineficiencia del sistema judicial, la débil capacidad administrativa y un escaso conocimiento de los procedimientos por parte de los deudores. Los asuntos pendientes y los retrasos en la emisión y transferencia de títulos de propiedad también siguen siendo significativos, lo que contribuye a minar los esfuerzos de reducción de la deuda y frena la recuperación del mercado de la vivienda.

               (12)

               El nivel de préstamos no productivos está disminuyendo, pero sigue muy elevado, lo que dificulta el funcionamiento del sector bancario y repercute en la oferta de crédito a la economía real. Los bancos no alcanzan los objetivos de reestructuración de préstamos acordados con el Banco Central de Chipre, lo que apunta a la necesidad de ampliar el sistema de selección de objetivos a fin de hacerlo más eficaz y vinculante, particularmente estableciendo objetivos ambiciosos para la reducción de los préstamos no productivos, compatibles con las estrategias de reducción de los préstamos no productivos de los bancos. Las tasas de nuevos impagos se mantienen elevadas, lo que refleja posibles deficiencias en las soluciones de reestructuración de préstamos. Los niveles de provisión de riesgos han aumentado, pero se mantienen por debajo de la media de la zona del euro, subrayando la necesidad de asegurar que las valoraciones de las garantías sean fiables y respalden una provisión de riesgos adecuada. La falta de un mercado secundario para los préstamos y de un marco de titulización de préstamos limita las posibilidades de acelerar el desapalancamiento y de transferir los préstamos no productivos fuera de los balances bancarios; ello requiere nuevas medidas reglamentarias y legislativas a fin de completar los instrumentos necesarios para facilitar la gestión de los balances bancarios. Por otra parte, siguen a un bajo nivel la gobernanza y la capacidad administrativa de la supervisión de los fondos de seguros y pensiones, lo que constituye una amenaza para la estabilidad financiera.

               (13)

               Prosigue la recuperación económica de Chipre. No obstante, el crecimiento potencial se mantiene bajo, al estar limitado por el bajo nivel de aplicación de las reformas estructurales, los estrangulamientos de la inversión y las deficiencias del entorno empresarial. Se están aplicando iniciativas favorables al crecimiento, presentadas en el plan de acción para el crecimiento, aunque a un ritmo relativamente lento. Una propuesta legislativa encaminada a atraer inversiones estratégicas aún se encuentra en la fase de proyecto. El Gobierno está trabajando para mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación. Con el fin de resolver esta cuestión urgente, se han emprendido nuevas iniciativas específicas, tal como se indica en el Programa Nacional de Reformas. Sin embargo, la mayoría de estas nuevas iniciativas sobre acceso a la financiación siguen todavía en una fase preliminar. Los esfuerzos de investigación, encaminados a atraer inversiones extranjeras que fomenten la productividad, están encontrando oposición política y progresan lentamente. La reforma del sector energético también puede ser un importante factor para aumentar la competitividad, pero ha habido retrasos en su aplicación, relativos particularmente a la separación de las estructuras de propiedad de la Autoridad chipriota de la energía eléctrica y a la creación del nuevo mercado de la electricidad, que todavía depende de que se garantice la independencia efectiva del gestor de la red de transporte.

               (14)

               El desempleo está disminuyendo, pero se mantiene elevado, especialmente entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. Aún no se han aplicado los planes encaminados a aumentar el número de asesores de los servicios públicos de empleo y mejorar su especialización. Además, es probable que a estos asesores se les ofrezcan contratos de trabajo temporales, lo cual significaría no abordar el reto de manera estructural. Como consecuencia de ello todavía no hay capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas que buscan un empleo, especialmente de aquellas con más dificultades de integración en el mercado de trabajo, y para poner a punto medidas de comunicación con vistas a facilitar su vuelta a la vida activa. Los efectos de los programas activos del mercado de trabajo y de los regímenes de ayuda a la renta siguen estando limitados por el reducido número de medidas de evaluación de la calidad y de seguimiento.

               (15)

               Chipre mantiene un nivel de gasto en educación que es superior a la media de la Unión. Sin embargo los resultados educativos son mediocres e incluso se han deteriorado respecto de los últimos años. Según los resultados de 2015 del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, Chipre ocupa uno de los últimos lugares dentro de la Unión en competencias básicas (matemáticas, ciencias y lectura). Aunque las medidas correctoras introducidas recientemente, tales como un mejor sistema de nombramiento de los profesores y la modernización de los programas escolares, constituyen los primeros pasos en la dirección adecuada, nuevas medidas encaminadas a completar las reformas previstas, especialmente en relación con la evaluación de los profesores, podrían contribuir significativamente a mejorar la situación.

               (16)

               La inadecuación de las capacidades en el mercado de trabajo siguen en gran medida sin abordarse, lo cual afecta a las perspectivas de crecimiento sostenible a largo plazo. Los niveles de participación en las actividades de educación y formación profesional en la segunda etapa de la educación secundaria son bajos, y la adecuación de la educación superior al mercado laboral también es baja, lo que da lugar a que una alta proporción de titulados universitarios ocupen empleos que no requieren un título superior.

               (17)

               El sector de asistencia sanitaria chipriota sigue caracterizado por una falta de cobertura universal y diversos niveles de ineficiencia. Esto limita el acceso a una asistencia adecuada y eficaz. Resulta indispensable una legislación encaminada a crear un sistema nacional de sanidad y dotar de mayor autonomía a los hospitales públicos, con el fin de mejorar la capacidad y rentabilidad del sector sanitario, pero dicha legislación sigue pendiente de la aprobación del Parlamento.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017, el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (19)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Proseguir su política presupuestaria de conformidad con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que supone mantenerse en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Utilizar los beneficios inesperados para acelerar la reducción de la ratio de endeudamiento público. Adoptar, de aquí al final de 2017, reformas legislativas esenciales encaminadas a mejorar la eficiencia del sector público, principalmente en lo que se refiere al funcionamiento de la Administración Pública y la gobernanza de las entidades públicas y las administraciones locales.

               2.

               Mejorar la eficiencia del sistema social modernizando los procedimientos civiles, aplicando sistemas de información adecuados y aumentando la especialización de los órganos jurisdiccionales. Adoptar medidas adicionales a fin de eliminar los obstáculos a la plena aplicación de los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria, y garantizar unos sistemas rápidos y fiables para la emisión de títulos de propiedad y la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.

               3.

               Acelerar la reducción del volumen de préstamos no productivos estableciendo objetivos cuantitativos ligados a un calendario para los bancos y garantizando una evaluación precisa de las garantías a efectos de provisión. Crear las condiciones para un mercado secundario de préstamos no productivos que sea funcional. Integrar y reforzar la supervisión de las empresas de seguros y de los fondos de pensiones.

               4.

               Acelerar la aplicación del Plan de Acción en favor del crecimiento, centrándose particularmente en una aceleración de las inversiones estratégicas y en una mejora del acceso a la financiación y, de aquí al final de 2017, reanudar la aplicación del plan de privatización. Emprender acciones decisivas en pro de la separación de las estructuras de propiedad de la autoridad chipriota de la energía eléctrica y, en particular, proceder a la separación funcional y contable de aquí al final de 2017.

               5.

               Acelerar las reformas encaminadas a aumentar la capacidad de los servicios públicos de empleo y a mejorar la calidad de los resultados de las políticas activas del mercado de trabajo. Completar la reforma del sistema educativo, en particular en lo que se refiere a la evaluación de los profesores, con el fin de mejorar sus resultados y su adecuación al mercado laboral. De aquí al final de 2017, adoptar disposiciones legislativas con vistas a una reforma de los hospitales y a una cobertura universal de la asistencia sanitaria.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (DO L 306 de 23.11.2011, p. 8).

      (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

      (7)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel interno se considera en un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas de ingresos discrecionales y los aumentos de ingresos impuestos por medidas legislativas. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2008 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (sexto FED) para el ejercicio 2006

text:
               15.2.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 41/21

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 12 de febrero de 2008
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (sexto FED) para el ejercicio 2006
   (2008/115/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Tercer Convenio ACP-CE, firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984 (1),
   Visto el Acuerdo interno 86/126/CEE relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), y, en particular, su artículo 29, apartado 3,
   Visto el Reglamento financiero 86/548/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1986, aplicable al Sexto Fondo Europeo de Desarrollo (sexto FED) (3), y, en particular, sus artículos 66 a 73,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del sexto FED, aprobados al 31 de diciembre de 2006, así como el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2006, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 29, apartado 3, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del sexto FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del sexto FED durante el ejercicio 2006 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del sexto FED para el ejercicio 2006.

      Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2008.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. BAJUK

      (1)  DO L 86 de 31.3.1986, p. 3.

      (2)  DO L 86 de 31.3.1986, p. 210. Acuerdo modificado por la Decisión 86/281/CEE (DO L 178 de 2.7.1986, p. 13).

      (3)  DO L 325 de 20.11.1986, p. 42.

      (4)  DO C 259 de 31.10.2007, p. 1.


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Letonia

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/58

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Letonia
   (2017/C 261/13)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 2.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Letonia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)

               El 20 de abril de 2017, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (6)

               Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé un deterioro del saldo presupuestario, pasando de una situación de equilibrio en 2016 a un déficit del 0,8 % del PIB y del 1,6 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente, como consecuencia de una importante reforma fiscal, a lo que seguiría una mejora hasta un déficit del 0,5 % del PIB en 2020. El Programa de Estabilidad de 2017 prevé que el saldo estructural se deteriore, pasando del 0,2 % del PIB en 2016 al -1,7 % del PIB en 2018, hasta situarse en el -0,8 % del PIB en 2020. Esta trayectoria es coherente con el objetivo presupuestario a medio plazo de lograr un déficit estructural del 1 % del PIB y las desviaciones autorizadas sobre la base de la reforma de las pensiones y la cláusula de reformas estructurales relativas al sector de la asistencia sanitaria. Se prevé que descienda el saldo estructural recalculado (5), pasando del -1,9 % del PIB en 2017 al -2,3 % del PIB en 2018, antes de ascender hasta el -0,2 % del PIB en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB se mantenga en torno al 40 % del PIB. Las previsiones de crecimiento del PIB recogidas en el Programa están en consonancia, en líneas generales, con las previsiones de la Comisión para 2017, pero parecen netamente optimistas para 2018.

               (7)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Letonia que velase por que la desviación respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 se limitase a los márgenes autorizados vinculados a la reforma sistémica de las pensiones y a las ambiciosas reformas estructurales del sector de la asistencia sanitaria. Teniendo en cuenta estos márgenes, se permitiría que el saldo estructural se deteriorase un máximo del 1,0 % del PIB en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, Letonia cumpliría dicho requisito en 2017. En 2018, Letonia debe alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los márgenes relacionados con la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones, concedida para 2016, y la reforma estructural, concedida para 2017, dado que las desviaciones temporales se prorrogan por un período de tres años. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, ello es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) del 6,0 % en 2018, lo que equivale a un deterioro del saldo estructural del 0,3 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, Letonia estaría en riesgo de caer en una desviación significativa respecto de este requisito. En términos generales, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas en 2018 para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (8)

               La desigualdad de la renta en Letonia es elevada. La ratio entre los ingresos del 20 % de los hogares más ricos y el 20 % de los más pobres fue de 6,5 en 2015, una de las cifras más altas de la Unión, aunque se redujo ligeramente en 2016. La diferencia entre la desigualdad de renta antes y después de los impuestos y las transferencias sociales es una de las más pequeñas de la Unión. El sistema tributario de Letonia es menos progresivo que el de otros Estados miembros, lo que contribuye al elevado grado de desigualdad y de pobreza de los ocupados. La cuña fiscal de los trabajadores con salarios bajos sigue estando entre las más altas de la Unión, mientras que está infrautilizado el potencial recaudatorio de los impuestos que perjudican menos al crecimiento. La escasa proporción de los ingresos fiscales en el PIB limita los recursos disponibles para la prestación sostenible de los servicios públicos. A pesar de algunos avances logrados en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue siendo un reto importante. El Programa de Estabilidad de 2017 anunció la introducción de una reforma tributaria. Entre las medidas fundamentales se incluye una reducción del tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 23 % al 20 % para ingresos de hasta 45 000 EUR al año, un incremento del mínimo exento que discrimine en función de los ingresos, la introducción de un tipo del impuesto de sociedades del 0 % para los beneficios reinvertidos y la armonización en el 20 % de los tipos impositivos sobre el capital. Esta reforma responde a las recomendaciones específicas en la medida en que reduce la cuña fiscal de los salarios más bajos. Sin embargo, la reforma fiscal es limitada en términos de desplazamiento de la fiscalidad a otras fuentes menos perjudiciales para el crecimiento y de consecución del objetivo estratégico declarado de aumentar la proporción de los ingresos fiscales en el PIB.

               (9)

               Las deficiencias existentes en las redes básicas de seguridad social contribuyen a incrementar la pobreza y las desigualdades, en particular en el caso de las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. Los índices de pobreza de las personas con discapacidad están entre los más elevados de Europa. La escasa adecuación de las prestaciones de asistencia social, que no ha mejorado desde 2009, y de las pensiones no ofrece una protección eficaz contra la pobreza y la exclusión social. El hecho de que no se haya llevado a cabo la reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014 pero no aplicada, afecta negativamente a los hogares más pobres, a pesar de que se están elaborando planes a medio plazo relativos a un proyecto de renta mínima.

               (10)

               La disminución de la mano de obra ha contribuido al escaso crecimiento del empleo, mientras que la tasa de desempleo solo ha ido disminuyendo lentamente. Las perspectivas de empleo son mejores en los centros de actividad económica y en el caso de los trabajadores altamente cualificados, mientras que el desempleo es más dominante entre las personas poco cualificadas y las personas que viven en zonas rurales. En este contexto, la mejora de las cualificaciones de la mano de obra contribuirá a corregir estas deficiencias. Sin embargo, a pesar de que ha mejorado el atractivo de la formación profesional, la reforma de los planes de estudios, que ha adaptado el sistema educativo a las cualificaciones que se requieren en la actualidad, ha avanzado de forma limitada. Se ha establecido el marco regulador para el aprendizaje en el trabajo y es precisa la participación activa de los interlocutores sociales y las empresas en su aplicación. Por otra parte, la participación de los desempleados en las medidas activas del mercado laboral es inferior a la de la mayoría de los demás Estados miembros, pero se han adoptado medidas para mejorar esta situación y merece la pena profundizar en ellas. La participación en actividades de aprendizaje permanente sigue siendo baja.

               (11)

               Aunque las autoridades letonas han puesto en marcha con éxito reformas pertinentes del sistema de asistencia sanitaria, el elevado nivel de copago, las largas colas de espera, el bajo nivel de gasto público y una distribución ineficiente de los servicios limitan el acceso a los servicios de asistencia sanitaria. El control del gasto público mediante cuotas provoca retrasos en los tratamientos, por lo que los pacientes tienen que o bien soportar largas listas de espera, o bien abonar los servicios de su bolsillo, lo que hace que una parte de la población no pueda satisfacer sus necesidades de asistencia sanitaria. Se han dado los primeros pasos de cara a reformar el sistema de control de calidad y se debe seguir avanzando para mejorar los resultados obtenidos en relación con los pacientes y la población. Aunque se han logrado algunos avances en la mejora de la eficacia del sistema sanitario, se necesita, sin embargo, una mayor racionalización del sector hospitalario, un mejor acceso a la atención primaria y ambulatoria, así como una vinculación más eficaz entre la dotación presupuestaria y la calidad del servicio y los costes.

               (12)

               Las autoridades letonas tienden a recurrir regularmente a procedimientos de contratación pública para las compras realizadas en el sector de la asistencia sanitaria, pero se podría ganar en eficiencia haciendo un uso regular de la contratación pública electrónica y de las centrales de compra, con lo que el gasto público sería más transparente y eficiente.

               (13)

               Las deficiencias constatadas en la calidad de la regulación y la escasa eficiencia y eficacia de la Administración Pública tienen un impacto negativo en el entorno empresarial. En 2016, el Gobierno presentó un ambicioso plan de reformas que aspiraba a lograr un sector público más simplificado y profesional, encaminado a mejorar la eficiencia a través de reducciones de personal y la centralización de las funciones de apoyo, incentivando el pago de salarios en función del rendimiento e incrementando la transparencia. Aunque este plan se circunscribe a la Administración central, también puede lograrse un aumento significativo de la eficiencia a nivel municipal.

               (14)

               La corrupción sigue perjudicando al entorno empresarial de Letonia, y el sistema de prevención de conflictos de interés sigue siendo rígido y formalista, con un nivel de verificación insuficiente. Aunque se ha completado en gran medida la reforma del régimen concursal, su aplicación efectiva debe ser objeto de un seguimiento exhaustivo para abordar el problema del escaso número de casos de reestructuración y la baja tasa de recuperación de activos.

               (15)

               En los tres últimos años se han llevado a cabo reformas de gran calado en la enseñanza superior y la investigación pública, con el fin de consolidar las instituciones de investigación y aumentar la calidad y relevancia de sus resultados. Sin embargo, la gobernanza y la estructura organizativa de la financiación de la investigación pública letona siguen siendo ineficientes, ya que las funciones de financiación se encuentran dispersas entre muchas entidades. Esta ineficiencia de la financiación destinada a la investigación pública contribuye a un rendimiento científico muy deficiente, la falta de recursos humanos cualificados tanto en el sector público como en el privado y los bajos niveles de cooperación público-privada. La intensidad de I+D de las empresas de Letonia sigue siendo una de las más bajas de la Unión.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (17)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que conlleva alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los márgenes autorizados en relación con la aplicación de la reforma del sistema de pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una desviación temporal. Reducir la carga fiscal de los trabajadores con bajos ingresos, desplazándola a otras fuentes menos perjudiciales para el crecimiento y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               2.

               Mejorar la adecuación de la red de seguridad social y las cualificaciones de la mano de obra, acelerando la reforma de los planes de estudios en la formación profesional. Mejorar el acceso a la atención sanitaria y su relación coste/eficacia, en particular mediante una reducción del copago por parte de los pacientes y de los prolongados plazos de espera.

               3.

               Aumentar la eficiencia y la rendición de cuentas en el sector público, en particular mediante la simplificación de los procedimientos administrativos y el refuerzo del régimen de prevención de conflictos de interés, también en el caso de los administradores concursales.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte en un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Finlandia para 2012-2015

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/28

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Finlandia para 2012-2015
   2012/C 219/08
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vistas las recomendaciones de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reforma de Finlandia para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Finlandia para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista al Consejo sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera, el saneamiento presupuestario y medidas para estimular el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (9)

               El 19 de abril de 2012, Finlandia presentó su Programa de Estabilidad para el período 2012-2015 y su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011, si Finlandia presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Finlandia está experimentando un desequilibrio, aunque no excesivo.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad, realizada de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa es realista para el período 2012-2013 y que el crecimiento del PIB previsto en el Programa se ajusta a las previsiones de la primavera de 2012 de la Comisión. Las previsiones para 2014 y 2015 son también realistas, ya que prevén un crecimiento del PIB sustancialmente inferior al registrado antes de la crisis e inferior al observado en los años de recuperación (2010-2011).
               El principal objetivo presupuestario del Programa de Estabilidad de 2012 de Finlandia es reducir el déficit público mediante la limitación del gasto y el aumento de los ingresos. Puesto que el presupuesto de la Administración central es la principal fuente del déficit de las administraciones públicas, la mejora de su saldo contribuirá al equilibrio del presupuesto de las administraciones públicas. El objetivo presupuestario a medio plazo (un superávit del 0,5 % del PIB en términos estructurales) refleja de forma adecuada los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado) (5), Finlandia ha cumplido el objetivo a medio plazo en 2011, pero podría apartarse de él ligeramente durante el período 2012-2015. La tasa de aumento del gasto público, teniendo en cuenta medidas discrecionales por el lado de los ingresos, se ajusta al valor de referencia para el gasto del Pacto de estabilidad y crecimiento en todos los años, excepto en 2015. El Programa de Estabilidad se propone equilibrar el presupuesto de las administraciones públicas de aquí a 2015 y obtener superávits a partir de 2016. El ratio de deuda es muy inferior al 60 % del PIB y, según el Programa, el nivel de deuda alcanzará su máximo en 2014, con un valor próximo al 52 % del PIB, iniciando a partir de entonces un descenso. Sigue existiendo en las finanzas públicas de Finlandia una notable brecha de sostenibilidad, derivada principalmente del rápido deterioro del ratio de dependencia causado por el envejecimiento de la población. Esta brecha debe ser objeto de un seguimiento continuado y las medidas habrán de ajustarse en consecuencia. El marco presupuestario finlandés se asienta en techos de gasto plurianuales, pero estos no se aplican actualmente en el sector municipal.

               (11)

               La productividad de los servicios públicos ha disminuido durante los últimos diez años. Las autoridades finlandesas ya han emprendido varias reformas para hacer frente a esta situación, pero su aplicación ha sido lenta, especialmente a nivel de las administraciones locales. Además, se está llevando a cabo una reforma municipal en todo el país y un programa de productividad de la administración central. Podrían lograrse nuevas mejoras de la productividad y ahorros de costes si se fomentara una mayor competencia en los sectores de servicios protegidos, públicos y privados, mediante una mayor desregulación de los mercados de productos y de trabajo.

               (12)

               Durante el pasado año, el Gobierno introdujo nuevas medidas dirigidas a combatir el desempleo juvenil y de larga duración. Entre esas medidas, cabe citar un programa piloto dirigido a reducir el paro de larga duración y la introducción de una garantía social para los jóvenes. Estas medidas son ambiciosas y pertinentes, pero ahora es necesario llevarlas a la práctica, centrándose principalmente en la mejora del nivel de las cualificaciones y de la situación en el mercado de trabajo de los grupos destinatarios. A la vista de la evolución demográfica, es importante incrementar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad, a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y satisfacer la demanda de mano de obra en el futuro. El aumento de la esperanza de vida ha sido más rápido de lo previsto durante la reforma de las pensiones de 2005, y, a la larga, las edades legales de jubilación en vigor podrían resultar demasiado bajas. En su Programa de Estabilidad, el Gobierno se ha comprometido a elevar la edad efectiva de jubilación a los 62,4 años de aquí a 2025. En marzo de 2012, los interlocutores sociales acordaron varias medidas para prolongar la vida laboral. El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo una reforma de las pensiones, a más tardar, el 1 de enero de 2017. El objetivo ha de ser ahora aplicar cuanto antes la línea de actuación acordada.

               (13)

               Los obstáculos reglamentarios que existen en Finlandia en el sector de los servicios siguen siendo restrictivos y la concentración del mercado es elevada, no solo en el sector del comercio minorista, sino también en el ámbito de la producción. Finlandia tiene el nivel más elevado de concentración del mercado de la alimentación minorista y los precios de los productos alimenticios se encuentran entre los más caros de Europa. Las multas previstas en el Derecho de la competencia de Finlandia han sido tradicionalmente bajas, lo que suscita dudas sobre sus efectos disuasorios. Ha habido algunas novedades en la normativa de competencia, como una nueva Ley nacional de competencia y una nueva Ley sobre ordenación del territorio y construcción. El Gobierno también se ha comprometido a poner en marcha un nuevo programa de fomento de la competencia, que debería presentarse sin demora, con objeto de reforzar el marco de competencia en los mercados de productos y servicios.

               (14)

               El crecimiento de la productividad se está estancando en Finlandia y, en los últimos años, las empresas exportadoras finlandesas han perdido cuota de mercado en los mercados extranjeros. Los costes laborales unitarios han aumentado, salvo en el sector manufacturero. El crecimiento de algunas industrias actualmente dominantes, especialmente la electrónica y la del papel, parece haber tocado techo y, en general, se está reduciendo la proporción de la industria manufacturera en el PIB; Finlandia exporta principalmente bienes intermedios y de inversión, principalmente a economías bien establecidas y en lenta progresión, y sus productos tienen una presencia limitada en las economías en fase de desarrollo. La economía finlandesa debe diversificarse más, tanto en términos de empresas como en términos de mercados de exportación, a fin de multiplicar y reforzar las exportaciones en el futuro. A pesar de su anterior fortaleza en investigación y desarrollo (I+D) e innovación, si no consigue aumentar considerablemente el número de empresas innovadoras de alto crecimiento, la posición de Finlandia como líder en materia de innovación en la UE corre el riesgo de debilitarse. Para ello es necesario propiciar la innovación, permitir la transformación de la I+D en productos exportables y fomentar la penetración de los mercados de exportación de rápido crecimiento. A corto plazo, también será crucial aprovechar y difundir los amplios conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a otras industrias finlandesas, incluidas las del sector público. En cuanto al crecimiento de los salarios, el acuerdo salarial tripartito de 2011 prepara el camino para unas subidas salariales moderadas en 2012 y 2013, lo que debería mejorar la posición relativa de Finlandia respecto de sus principales socios comerciales.

               (15)

               Finlandia ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Esos compromisos, y su ejecución, presentados en 2011, se refieren a la mejora de la competitividad, la tasa de empleo y la sostenibilidad de las finanzas públicas, el refuerzo de la estabilidad financiera y la coordinación fiscal. La Comisión ha evaluado la ejecución de los compromisos del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones que figuran a continuación.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica finlandesa, Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Finlandia, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (18)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma para 2012 y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en particular en la recomendación 5 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Finlandia tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Mantener una sólida situación presupuestaria en 2012 y en años posteriores que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, corrigiendo cualquier desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. A tal fin, reforzar y aplicar rigurosamente la estrategia presupuestaria, respaldada por medidas suficientemente concretas, para 2013 y años posteriores, en particular cumpliendo el valor de referencia para el gasto. Seguir realizando evaluaciones anuales de la magnitud de la brecha de sostenibilidad relacionada con el envejecimiento de la población y ajustar los ingresos y gastos públicos en función de las necesidades y los objetivos a largo plazo. Mejorar la integración de las administraciones locales en el sistema de marco presupuestario plurianual, incluso mediante medidas para controlar el gasto.

               2.

               Adoptar medidas adicionales dirigidas a lograr mejoras de la productividad y ahorros de costes en los servicios públicos, incluidos cambios estructurales y reformas de las administraciones territoriales que permitan aumentar la eficiencia, así como a responder a los retos que plantea el envejecimiento de la población.

               3.

               Aplicar las medidas adoptadas para mejorar la situación de los jóvenes y los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo, con especial hincapié en el desarrollo de las cualificaciones. Adoptar medidas adicionales para mejorar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad, en particular reduciendo las posibilidades de abandono anticipado del mercado laboral. Tomar medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, teniendo en cuenta la mejora de la esperanza de vida.

               4.

               Seguir fomentando la competencia en los mercados de productos y servicios, sobre todo en el sector minorista, velando por una aplicación efectiva de la nueva Ley de competencia y el nuevo programa de fomento de una competencia sana. Seguir tomando medidas para aumentar la eficiencia de la prestación de servicios municipales, incluso incrementando, si procede, la proporción de servicios que sean objeto de licitación, y para garantizar la neutralidad de la competencia entre empresas privadas y públicas. Tomar medidas adicionales para conseguir que las multas previstas en el Derecho de la competencia sean suficientemente disuasorias.

               5.

               Con el fin de reforzar el aumento de la productividad y la competitividad exterior, continuar los esfuerzos en pro de la diversificación de la estructura empresarial, acelerando la introducción de las medidas previstas para ampliar la base de innovación y prosiguiendo la adaptación de los salarios a la productividad, respetando plenamente el papel de los interlocutores sociales y en consonancia con los usos nacionales.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida para 2012 por la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (4)  DO C 216 de 22.7.2011, p. 3.

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información contenida en el programa, utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Luxemburgo para 2012-2015

text:
               24.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 219/58

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2012 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Luxemburgo para 2012-2015
   2012/C 219/17
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisiónde iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reforma de Luxemburgo para 2011 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo para 2011-2014.

               (4)

               El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó unas conclusiones en las que instaba al Comité de Protección Social, en cooperación con el Comité de Empleo y otros comités, a que presentase sus puntos de vista sobre las medidas recomendadas en el ciclo estratégico Europa 2020. Dichos puntos de vista forman parte del dictamen del Comité de Empleo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 15 de febrero de 2012, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012.

               (7)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (9)

               El 27 de abril de 2012, Luxemburgo presentó su Programa de Estabilidad para el período 2012-2015 y su Programa Nacional de Reforma de 2012. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad es verosímil. En particular, el escenario del Programa de Estabilidad para 2012 y 2013 se acerca mucho a las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión. Las previsiones de déficit a medio plazo se basan en un escenario de crecimiento ligeramente optimista, por encima del crecimiento potencial, si bien muy por debajo del ritmo histórico medio. El objetivo de la estrategia presupuestaria que figura en el Programa de Estabilidad es reducir el déficit del 1,5 % en 2012 al 0,9 % en 2014 con un paquete de medidas de saneamiento de alrededor del 1,2 % del PIB y ofrecer un mayor magen de maniobra en caso de acontecimientos negativos. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo presupuestario a medio plazo anterior de un superávit estructural del 0,5 %. Sin embargo, este objetivo presupuestario a medio plazo no puede considerarse apropiado con arreglo a lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento porque, según las actuales políticas y proyecciones, no parece que este objetivo presupuestario a medio plazo tenga suficientemente en cuenta las obligaciones implícitas ligadas al envejecimiento, a pesar de que la deuda se sitúa por debajo del valor de referencia del Tratado. Además, partiendo tanto de las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión como del saldo presupuestario estructural (recalculado) del Programa de Estabilidad, Luxemburgo se apartaría de manera significativa de su propio objetivo presupuestario a medio plazo a partir de 2012. Se prevé que la tasa de crecimiento del gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, supere significativamente el índice de referencia tal como se define en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Situada en un 20 % del PIB, la deuda pública bruta es inferior al valor de referencia del Tratado.

               (11)

               El 20 de enero de 2012, el Gobierno adoptó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones tanto para el sector privado como para el público. La reforma incorporaría algunos mecanismos correctores en caso de una evolución negativa de la situación financiera del régimen y contiene adaptaciones al método muy generoso de cálculo de beneficios. Sin embargo, el nuevo método de cálculo se introducirá paulatinamente en un período extremadamente largo de 40 años. Además, las posibilidades de jubilación anticipada siguen siendo básicamente las mismas y no se han propuesto medidas para vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida. Globalmente, Luxemburgo está avanzando en la buena dirección pero la reforma propuesta no parece constituir una garantía suficiente de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

               (12)

               En enero de 2012, el Parlamento aprobó una ley para limitar la aplicación de la indización salarial automática entre 2012 y 2014 con el fin de incrementar la competitividad de la economía luxemburguesa. Sin embargo, junto a una posible modificación del índice de referencia, el Gobierno no ha anunciado planes para una revisión permanente del sistema de fijación de los salarios. Si bien la productividad de Luxemburgo es actualmente muy alta, el margen de maniobra en términos de incremento de la productividad se está reduciendo. Será necesaria la revisión permanente del sistema de fijación de salarios, consultando con los interlocutores sociales y de conformidad con las prácticas nacionales, para mantener la competitividad de la economía luxemburguesa a largo plazo.

               (13)

               Luxemburgo ha dado algunos pasos pertinentes y creíbles para combatir su desempleo juvenil relativamente elevado. Sin embargo, con el fin de facilitar la integración de los jóvenes en el mercado laboral, se necesita una estrategia coherente para, entre otras cosas, reforzar la colaboración entre municipios y mejorar la eficacia de los servicios de empleo. Los jóvenes solicitantes de empleo, y en particular los que tienen un bajo nivel educativo, se beneficiarán también de mayores inversiones en formación y educación.

               (14)

               Se espera que Luxemburgo encuentre dificultades para alcanzar su objetivo para 2020 de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Según las últimas proyecciones a 2020 basadas en medidas existentes, se prevé que entre 2005 y 2020 Luxemburgo incremente en un 6 % sus emisiones en sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión, frente a un objetivo de reducción del 20 %. El sector del transporte por carretera representa la fuente más importante de emisiones y posee un gran potencial de reducción de las mismas. El precio de los combustibles para el transporte sigue siendo uno de los más bajos de la UE, lo que fomenta el «turismo de gasolinera» e induce factores negativos externos en términos de contaminación y congestión. Son necesarias políticas adicionales para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero o se deberán utilizar mecanismos de flexibilidad costosos.

               (15)

               Luxemburgo ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y la ejecución de los compromisos presentados en 2011, se refieren a la mejora de la competitividad, al incremento del empleo y al fortalecimiento de la estabilidad financiera. La Comisión ha evaluado la ejecución de los compromisos del Pacto por el Euro Plus. Los resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones.

               (16)

               En el contexto del Semestre europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica luxemburguesa y ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Luxemburgo tome medidas en el período 2012-2013 a fin de:

               1.

               Mantener una situación presupuestaria saneada, corrigiendo cualquier desviación respecto al objetivo presupuestario a medio plazo, que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, teniendo en cuenta, en particular, las obligaciones implícitas ligadas al envejecimiento. Para ello, reforzar y aplicar rigurosamente la estrategia presupuestaria, apoyada por medidas suficientemente definidas, con respecto a 2013 y años posteriores, respetando, en particular, el índice de referencia del gasto.

               2.

               Reforzar la reforma del sistema de pensiones propuesta, tomando medidas adicionales para que aumente la tasa de participación de los trabajadores de mayor edad, impidiendo en particular la jubilación anticipada, y dando pasos adicionales para incrementar la edad de jubilación efectiva, incluso mediante la vinculación de la edad legal de jubilación con la esperanza de vida, con el fin de asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.

               3.

               Tomar nuevas medidas para reformar, previa consulta a los interlocutores sociales y de conformidad con la práctica nacional, el sistema de negociación e indización salariales, con el fin de mantener la competitividad de la economía luxemburguesa a largo plazo, manteniendo en un primer tiempo el plazo actual de un año entre indizaciones más allá de 2014 y reduciendo el impacto de la energía y otros elementos fluctuantes sobre el índice de referencia.

               4.

               Proseguir con los esfuerzos para reducir el desempleo juvenil reforzando la participación de los interesados y fortaleciendo las medidas de formación y educativas, en particular para aquellos con bajos niveles de educación, con el fin de que las competencias y las cualificaciones de los jóvenes se adapten mejor a la demanda laboral.

               5.

               Garantizar que se alcanzan los objetivos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de actividades no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión, en particular incrementando la tributación de los productos energéticos.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         V. SHIARLY

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenidas para 2012 mediante la Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 119 de 4.5.2012, p. 47).

      (3)  DO C 210 de 16.7.2011, p. 5.

      (4)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


Avis juridique important

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32001H0115

Recomendación de la Comisión, de 17 de enero de 2001, sobre la tasa máxima de alcoholemia permitida para los conductores de vehículos de motor (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2000) 4397]

Diario Oficial n° L 043 de 14/02/2001 p. 0031 - 0036

Recomendación de la Comisiónde 17 de enero de 2001sobre la tasa máxima de alcoholemia permitida para los conductores de vehículos de motor[notificada con el número C(2000) 4397](Texto pertinente a efectos del EEE)(2001/115/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 71,Considerando lo siguiente:(1) Uno de los objetivos de la política común de transportes es establecer normas comunes aplicables al transporte internacional dentro de la Comunidad, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los usuarios de la carretera en los Estados miembros.(2) La Comisión adoptó en abril de 1997 un programa de medidas específicas para mejorar la seguridad vial(1) y estableció una serie de prioridades en marzo de 2000(2).(3) El aumento del transporte de viajeros y de mercancías desde 1988 ha incrementado el riesgo de accidentes de tráfico en la última década.(4) Se ha calculado que entre un 1 y un 5 % de los conductores circulan con una tasa de alcoholemia superior a la tasa máxima nacional y que, proporcionalmente, tienen mucho más riesgo de verse implicados en un accidente de tráfico, lo que representa hasta un 20 % de las heridas graves o mortales y hasta un 25 % de las muertes en accidente. Es necesario disociar el volante del consumo irresponsable de alcohol.(5) Se calcula que al menos 10000 conductores, pasajeros, peatones y ciclistas mueren cada año en las carreteras comunitarias en accidentes de tráfico en los que las facultades del conductor se ven mermadas por el consumo de alcohol.(6) Las investigaciones confirman que el riesgo relativo de accidente aumenta de forma significativa con tasas de alcoholemia superiores a 0,5 mg/ml y que, para el conductor medio, el riesgo relativo de verse implicado en un accidente, dentro de la franja de 0,5 a 0,8 mg/ml, es aproximadamente dos veces superior al riesgo que corre un conductor con una tasa de alcoholemía equivalente a cero. En los accidentes mortales, el riesgo relativo es mucho mayor.(7) El objetivo primordial de una tasa máxima de alcoholemia más uniforme dentro de la Comunidad es transmitir un mensaje más claro y coherente a los conductores de vehículos de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Se trata de comunicar que, por encima de un límite determinado, el alcohol al volante es peligroso. Los límites distintos en función de los Estados miembros pueden inducir a confusión y debilitan el mensaje de que conducir bajo los efectos del alcohol es peligroso.(8) Una tasa máxima de alcoholemia más uniforme constituirá una referencia más clara par las medidas nacionales de aplicación. Cualquiera que sea el lugar de la Comunidad en que se encuentren, los conductores deberían ser más conscientes de un límite por encima del cual, si son detenidos, serán objeto de las sanciones aplicables en el país en el que hayan cometido la infracción.(9) Está sobradamente demostrado que la disminución de las tasas máximas de alcoholemia, junto con medidas eficaces de aplicación y publicidad, puede reducir los problemas del alcohol al volante, cualquiera que sea la tasa de alcoholemia.(10) Se considera razonable pensar que podría reducirse en al menos un 10 % el total de muertes en accidente debidas a la conducción bajo los efectos del alcohol si se adopta un conjunto de medidas que incluya disposiciones nacionales sobre aplicación y publicidad basadas en una tasa máxima de alcoholemia reducida. Podría incluso alcanzarse una reducción mayor con medidas de aplicación más generalizadas.(11) Es muy probable que el valor social de una acción complementaria concertada para luchar contra el problema del alcohol al volante, basada en un régimen más uniforme de tasas máximas de alcoholemia, compensará los costes de aplicación y los ajustes económicos.(12) La mayor parte de los Estados miembros ya ha adoptado la tasa máxima de alcoholemia permitida de 0,5 mg/ml.(13) Conviene adoptar una tasa máxima de alcoholemia inferior (0,2 mg/ml) para los conductores y motoristas que presentan un riesgo de accidente mucho mayor, ya sea por su falta de experiencia o por el tipo de vehículo que conducen. Esta tasa también será adecuada para los conductores de grandes vehículos de transporte de mercancías o de viajeros y para los conductores que transporten mercancías peligrosas.(14) Los Estados miembros deben ser muy conscientes del riesgo mayor de accidentes que se deriva del uso de algunas drogas ilegales y legales combinado con alcohol, así como de la necesidad de reflejar este aspecto en su normativa nacional.(15) Los Estados miembros deberían evaluar el beneficio mutuo que pueden obtener del intercambio de información sobre las pruebas de alcoholemia (y del aire espirado), con el fin de ampliar la muestra que les permita analizar la eficacia de las medidas de lucha contra el alcohol al volante, así como del intercambio de los resultados de las investigaciones sobre reducción de las facultades del conductor.(16) El problema del alcohol al volante también es un problema de salud pública, a efectos del artículo 152 del Tratado, que establece la necesidad de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana al definir y ejecutar todas las políticas y acciones de la Comunidad. Además, la acción de la Comunidad se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana.(17) El artículo 152 establece que la Comunidad será competente en materia de salud pública en la medida en que contribuya a ella fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, en caso necesario, prestando apoyo a su acción, así como adoptando, en estrecho contacto con los Estados miembros, cualquier iniciativa útil para fomentar la coordinación entre sus políticas y programas.(18) En la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia sanitaria de la Comunidad Europea y en la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006)(3), el alcohol es uno de los ámbitos mencionados en el que se podrían tomar acciones y medidas específicas, por ejemplo para reducir o eliminar el riesgo de daños corporales o mortales.(19) En este contexto, el problema del alcohol al volante es, sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes desde el punto de vista de una política sobre el consumo de alcohol. Si bien es cierto que este asunto es uno de los menos controvertidos por lo que se refiere a la reducción de riesgos, no puede decirse otro tanto desde un punto de vista político.RECOMIENDA:DEFINICIONES1. A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:a) "conductor de un vehículo": el conductor de un vehículo de motor de 3 o más ruedas;b) "motorista": el conductor, exclusivamente, de cualquier vehículo de motor de 2 ruedas, con exclusión del posible pasajero del asiento trasero;c) "conductor sin experiencia":i) el conductor que está aprendiendo a conducir y que no es titular de un permiso de conducción con arreglo a la Directiva 91/439/CEE del Consejo(4). Se incluirá a los titulares de un permiso de conducción provisional, a las personas que carecen de permiso y están aprendiendo a conducir con un acompañante y a los alumnos de las autoescuelas;ii) cualquier conductor novel titular de un permiso de conducción con arreglo a la Directiva 91/439/CEE, expedido con anterioridad menor a dos años, que incluya (o no) un período de prueba;d) "vehículo de grandes dimensiones": un vehículo pesado de transporte de mercancías, con un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas o cualquier vehículo de transporte de viajeros con más de 8 asientos para pasajeros;e) "vehículo de transporte de mercancías peligrosas": un vehículo que lleve la placa de identificación y esté guiado por conductores con el certificado de formación a que se refieren, respectivamente, los apéndices B5 y B6 de la Directiva 94/55/CE del Consejo(5).RESOLVER EL PROBLEMA DEL ALCOHOL AL VOLANTE2. Todos los Estados miembros deberían adoptar una tasa máxima legal de alcoholemia de 0,5 mg/ml, o incluso inferior, para los conductores de los vehículos de motor de todo tipo.3. Todos los Estados miembros deberían adoptar una tasa máxima legal de alcoholemia más baja, de 0,2 mg/ml, o incluso inferior, para los siguientes grupos de usuarios de la carretera:a) conductores sin experiencia;b) motoristas;c) conductores de vehículos de grandes dimensiones;d) conductores de vehículos de transporte de mercancías peligrosas.4. Todos los Estados miembros deberían adoptar pruebas aleatorias de alcoholemia en aire espirado para evitar que los conductores consuman alcohol, de tal forma que los conductores tengan una probabilidad estadística real de someterse a las pruebas al menos una vez cada tres años, de acuerdo con las mejores prácticas normalizadas actuales.5. Todos los Estados miembros deberían colaborar para la aceptación del proyecto de Directiva sobre instrumentos de medida, con el fin de armonizar la precisión de los equipos de medición de la alcoholemia en aire espirado.SEGUIMIENTO A ESCALA COMUNITARIA6. Todos los Estados miembros deberían solicitar la estrecha colaboración de la Comisión para:a) intercambiar información sobre las mejores prácticas en materia, por ejemplo, de estrategias de aplicación, programas de reeducación, recopilación de datos sobre accidentes;b) apoyar la investigación y desarrollo, especialmente en lo que se refiere a las opciones tecnológicas que permitan luchar contra el alcohol al volante y evitar que conduzcan los conductores que hayan recibido tratamiento por este tipo de problemas;c) respaldar campañas publicitarias a escala europea para animar a los conductores a optar entre beber y conducir;d) facilitar y coordinar la utilización de todos los datos sobre accidentes de tráfico relacionados con el alcohol, en el ámbito del programa CARE, para controlar la eficacia de las políticas aplicadas, y remitir a las actividades del futuro programa de acción en el ámbito de la salud pública(6).Hecho en Bruselas, el 17 de enero de 2001.Por la ComisiónLoyola De PalacioVicepresidente(1) Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea - Programa para 1997-2001 [COM(1997) 131 final].(2) Prioridades de la seguridad vial de la Unión Europea - Informe de situación y clasificación de las acciones [COM(2000) 125].(3) DO C 337 de 28.11.2000, p. 122.(4) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.(5) Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y protocolo de firma (volumen II): CEPE/TRANS/130 Vol. II.(6) Véase la nota 3.ANEXOEn el cuadro siguiente se recogen algunos de los éxitos registrados en la disminución del número de víctimas mortales, accidentes o condenas, en los países en los que se ha reducido la tasa de alcoholemia, decisión que suele ir acompañada de medidas para luchar contra el alcohol al volante. También se indican las reducciones previstas si se redujeran las tasas máximas de alcoholemia.Los resultados se resumen en el informe del grupo de trabajo sobre alcohol, drogas y medicamentos, remitido al grupo de alto nivel, octubre de 1999:>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>