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31996Y0110(01)

Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995 sobre la armonización de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y sobre la mejora de los medios de control previstos a tal fin

Diario Oficial n° C 005 de 10/01/1996 p. 0001 - 0003

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJOde 22 de diciembre de  1995sobre la armonización de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y  sobre la mejora de los medios de control previstos a tal fin(96/C  5/01)EL  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo K.3, Vista la iniciativa de la República Francesa de 22 de diciembre de 1994, Vista la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 1 de junio de 1993, relativa a los controles y a la expulsión de  los nacionales de países terceros que residan o trabajen sin autorización, Vista la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa a las prácticas de los Estados  miembros en materia de expulsión, Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del artículo K.1 del Tratado, la  política respecto a los nacionales de países terceros, y muy en particular la lucha contra la  inmigración, la residencia y el trabajo irregulares, constituye un asunto de interés común y se  inscribe en el ámbito de la cooperación entre Estados miembros a que se refiere el título VI de  Tratado; Considerando que los Estados miembros, enfrentados a una fuerte presión migratoria ilegal, ya han  adoptado medidas concretas para garantizar un mejor control de flujos de población y para evitar  que extranjeros que hayan entrado o residan de manera irregular en su territorio permanezcan en él  indebidamente; Considerando, no obstante, que, para que esas acciones sean eficaces, deberán aplicarse medidas  concertadas y coherentes; Considerando además que, si bien ya se han adoptado recomendaciones por las que se establecen los  principios rectores relativos a los procedimientos aplicables en materia de expulsión, es preciso  afianzar este esfuerzo de aproximación recomendando a los Estados miembros que se comprometan a  seguir ciertos principios destinados a garantizar un mejor control de la situación de los  extranjeros que se encuentren en su territorio; Considerando que la presente Recomendación es conforme a la legislación comunitaria, al Convenio  Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de  noviembre de 1950, y, en particular, de sus artículos 3 y 14, y a la Convención de Ginebra, de 28  de julio de 1951, relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York  de 31 de enero de 1967, RECOMIENDA a los Estados miembros que lleven a cabo una mayor armonización de los medios de control  de los extranjeros, para comprobar que cumplen las condiciones fijadas por la normativa aplicable  en materia de entrada, permanencia y empleo, inspirándose en las orientaciones siguientes: 1. La presente Recomendación no se aplicará ni a los ciudadanos de la Unión  Europea ni a los nacionales de países de la Asociación Europea de Libre Comercio, partes del  Acuerdo sobre al Espacio Económico Europeo, ni a los miembros de sus familias beneficiarios del  Derecho comunitario. 2. Cuando un extranjero sea objeto de un control de identidad con arreglo a la legislación  nacional, y al menos en los casos en que de ello resulten indicios de estancia irregular, debería  controlarse su situación en lo referente a la estancia. Ese podría ser el caso, especialmente, en  los siguientes casos: - controles de identidad relacionados con la investigación de infracciones o a las actuaciones  contra éstas, - controles de identidad realizados para prevenir alteraciones del orden o la seguridad pública, - controles de identidad realizados para luchar contra las entradas o las estancias ilegales en  determinadas zonas (por ejemplo, en las zonas fronterizas y los puertos, aeropuertos y estaciones  abiertos al tráfico internacional), independientemente de los controles fronterizos. 3. Las personas de nacionalidad extranjera deberían poder presentar, con arreglo a la legislación  nacional, a las autoridades habilitadas para ello la confirmación de su autorización a permanecer  en el territorio del Estado miembro en el que se encuentran, por ejemplo los permisos o documentos  que les autorizan a permanecer en él. 4. En la medida en que la situación en lo que se refiere a la residencia o el empleo según la  legislación nacional es la condición previa para que un extranjero pueda disfrutar una prestación  facilitada por un servicio público de un Estado miembro, en particular en materia de sanidad,  jubilación, prestación familiar y trabajo, ésta sólo debería poder ser satisfecha tras la  verificación de que el interesado y su familia tienen derecho a la prestación teniendo en cuenta su  situación en materia de residencia y de empleo. No será necesaria la verificación de su situación  en materia de residencia o de empleo en los casos en que, por razones humanitarias imperiosas, se  impone la intervención de una autoridad pública. Efectuarían dichas verificaciones los servicios que den las prestaciones, si fuera necesario con la  asistencia de las autoridades competentes, en especial para expedir las autorizaciones de  residencia o de trabajo, con arreglo a la legislación nacional, en particular en materia de  protección de datos. Los Estados miembros deberían encargarse de informar a las autoridades centrales o locales  encargadas de las prestaciones en beneficio de nacionales extranjeros sobre la importancia de la  lucha contra la inmigración clandestina, a fin de incitarlos a señalar a las autoridades  competentes, con arreglo a la legislación nacional, los casos de infracción de las condiciones de  residencia que hayan podido constatar en el marco de sus atribuciones. También debería llamarse la atención de las autoridades competentes para celebrar matrimonios sobre  los riesgos de matrimonios fraudulentos. 5. Los empresarios que deseen contratar a extranjeros deberían verificar la regularidad de su  situación en materia de residencia y de trabajo mediante la presentación de la documentación en  virtud de la cual estén autorizados a permanecer y trabajar en el Estado miembro. Los Estados  miembros podrían establecer que, en caso necesario y en las condiciones previstas en la legislación  nacional, en particular en materia de protección de datos, los empresarios podrán proceder a una  verificación ante las autoridades competentes para expedir autorizaciones de residencia o de  trabajo, que les comunicarán la información correspondiente merced a procedimientos que garanticen  el respeto de la confidencialidad en la transmisión de datos personales. 6. Toda persona que, en virtud del derecho nacional del Estado miembro de que se trate, haya  recurrido al empleo de extranjeros desprovistos de la autorización necesaria debería ser objeto de  las sanciones apropiadas. 7. Las autoridades competentes para autorizar la residencia deberían poder tomar medidas que  permitan verificar que las personas cuya permanencia en el territorio del Estado miembro se haya  denegado lo han abandonado por sí mismas. 8. Cada Estado miembro debería considerar la posibilidad de crear un fichero central de  extranjeros, que la información relativa a la situación administrativa de los extranjeros respecto  a la residencia, incluidas las denegaciones de residencia y las medidas de expulsión. Todo fichero  así establecido funcionaría respetando las normas establecidas por el Convenio 108 del Consejo de  Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento  automatizado de los datos de carácter personal. 9. Los Estados miembros deberían asegurarse de que los documentos de residencia expedidos a los  extranjeros presentan garantías suficientes contra su falsificación o utilización fraudulenta,  particularmente la falsificación por fotocopia en color, y, en caso necesario, los modificarán a  tal fin. 10. Los Estados miembros deberían tomar todas las medidas necesarias para reforzar y mejorar los  medios de identificación de los extranjeros en situación irregular que no estén en posesión de  documentos de viaje ni de documentación que permita identificarlos. Cuando un extranjero en situación irregular sea retenido o pueda serlo en los casos previstos en el  punto II de la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa a las prácticas de los Estados  miembros en materia de expulsión, el período de retención debería aprovecharse, en especial, para  obtener los documentos de viaje necesarios para la expulsión de los extranjeros desprovistos de  cualquier documento. Las autoridades consulares del país de origen o del país de la nacionalidad  del extranjero de que se trate deberían efectuar las gestiones de identificación complementarias  para la obtención de los documentos de viaje. Deberían aplicarse sanciones a los extranjeros que hayan organizado su clandestinidad negándose en  particular a presentar documentos de viaje. Estas medidas podrían, en los casos apropiados,  revestir carácter penal. Los Estados miembros harán balance de la aplicación del punto 2 de la sección III de la  Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas encargados de la  inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa a las prácticas de los Estados miembros en  materia de expulsión. El Consejo examinará periódicamente, por ejemplo, anualmente, los avances de la armonización en los  ámbitos cubiertos por la presente Recomendación. Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1995. Por el ConsejoEl PresidenteL. ATIENZA SERNA


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31996H1014

Recomendación del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros estados

Diario Oficial n° C 304 de 14/10/1996 p. 0001 - 0002

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de  27 de septiembre de 1996 relativa a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros  estados (96/C 304/01) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos K.1 y K.2, Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, sobre la armonización de los medios  de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y sobre la mejora de los medios de control  previstos a tal fin (1), Vista la Resolución del Consejo de 20 de junio de 1994, sobre las limitaciones de la admisión de  nacionales de países no comunitarios para trabajar en el territorio de los Estados miembros, Considerando que con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo K.1 del  Tratado establece que la lucha contra la inmigración, la estancia y el trabajo irregulares de  nacionales de países terceros en el territorio de los Estados miembros es considerada una cuestión  de interés común; Considerando que la lucha contra el empleo ilegal y contra la explotación de los nacionales de  países terceros debería completarse con medidas orientadas a favorecer la integración de los  trabajadores extranjeros legalmente establecidos y que trabajen regularmente en el territorio de  los Estados miembros, garantizándoles condiciones adecuadas de acceso a las actividades de  formación profesional; Considerando que el empleo ilegal puede falsear las condiciones de libre competencia en el mercado  interior mediante, por un lado, la reducción de costes sociales u otras ventajas para el empresario  y, por otro, la minoración del nivel de protección social; Considerando que la presente Recomendación tiene por objeto reforzar la cooperación entre Estados  miembros sobre política de inmigración en relación con países terceros; RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados miembros que apliquen los principios que a continuación  se exponen, con el fin de luchar contra el empleo ilegal de nacionales de países terceros: I. Ámbito de aplicación La presente Recomendación será de aplicación a los  nacionales de países terceros, exceptuados: - los familiares de ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho de libertad de circulación, - los nacionales de Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio que son Partes en el  Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y sus familiares que ejerzan su derecho de libertad de  circulación. La presente Recomendación no se aplicará a los nacionales de terceros Estados en la medida en que  se encuentren en una situación regulada por el Derecho comunitario. La presente Recomendación se entenderá sin perjuicio de los derechos de los nacionales de países  terceros cuyo estatuto se encuentre amparado por acuerdos celebrados con terceros Estados por la  Comunidad, la Comunidad y sus Estados miembros o por uno o más Estados miembros, cuando dichos  acuerdos contengan disposiciones más favorables en materia de empleo. II. Autorización de permanencia y de trabajo 1. Los nacionales de países terceros que deseen  trabajar en el territorio de un Estado miembro deberán disponer de las autorizaciones de  permanencia y de trabajo requeridas por la legislación del Estado miembro de que se trate. 2. La actividad que se desempeñe y el puesto de trabajo, así como el lugar y el período de trabajo  deberán, de conformidad con la legislación vigente, ajustarse efectivamente al contenido de la  autorización concedida por el Estado miembro interesado. III. Sanciones relativas a la contratación de trabajadores sin autorización 1. La contratación de  nacionales de países terceros que no están en posesión de la necesaria autorización queda prohibida  y debería dar lugar a la imposición de sanciones de orden penal, administrativo o de ambos tipos,  de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional del Estado miembro interesado. 2. Las sanciones contempladas en el apartado 1 deberían alcanzar, de conformidad con lo dispuesto  en la legislación nacional del Estado miembro interesado, a quienes empleen a trabajadores ilegales  y a quienes favorezcan, faciliten o promuevan el empleo ilegal. 3. El tráfico ilegal de mano de obra organizado por personas que actúen aisladamente o formando  parte de una red debería constituir una infracción y ser objeto de sanciones penales,  administrativas o de ambos tipos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional del  Estado miembro interesado. 4. Los procedimientos sancionadores por contratación de trabajadores que no dispongan de la  necesaria autorización podría: - permitir la aplicación de sanciones eficaces, disuasorias, adecuadas y proporcionadas a la  gravedad de las infracciones cometidas, - permitir la supresión de posibles beneficios añadidos o de otras ventajas obtenidas por los  empresarios en razón de las infracciones comprobadas, en especial por lo que se refiere a los  salarios y cargas contemplados en la normativa vigente en cada Estado miembro. Dichos procedimientos deberán establecer mecanismos adecuados de control jurisdiccional. IV. Coordinación y colaboración entre los servicios competentes en materia de control Los Estados  miembros adoptarán las medidas necesarias para coordinar la actuación de los servicios o de las  autoridades competentes con el fin de luchar contra el empleo ilegal y la explotación de nacionales  de países terceros, dado que la especialización de las distintas áreas de control debería  complementarse con la coordinación y colaboración necesarias de las actuaciones de los servicios  interesados. La coordinación podría realizarse mediante la preparación de operaciones conjuntas, definidas con  respecto a sectores de producción, zonas geográficas y períodos temporales en que parecen  concentrarse las infracciones a la normativa sobre el empleo de trabajadores extranjeros. La colaboración podrá consistir en: - apoyo, a petición de uno de los servicios competentes, en actuaciones preventivas como visitas de  inspección a los lugares de trabajo, cuando existan indicios objetivos de que la actuación de  dichos servicios podría ser obstruida, anulada o entrañar cualquier tipo de riesgo, - apoyo en las visitas de inspección en caso de que exista obstrucción grave a la actuación de los  servicios competentes en su actividad de control de la economía sumergida, - apoyo puntual en función de las peticiones de asistencia por parte de los servicios competentes  en situaciones de urgencia. V. Intercambio de información Los Estados miembros deberían intercambiar información, tanto  bilateralmente como en el seno del Consejo, en lo referente a la lucha contra el empleo ilegal de  nacionales de países terceros y las redes organizadas de tráfico de mano de obra. VI. Seguimiento de la aplicación de la Recomendación El Consejo estudiará periódicamente los  avances realizados en la aplicación de los principios de la presente Recomendación; el primero de  dichos estudios se realizará un año después de su adopción. Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1996. Por el Consejo El Presidente M. LOWRY (1) DO n° C 5 de 10. 1. 1996, p. 1.


title: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Irelandand delivering a Council opinionon the updated Stability Programme of Ireland, 2011-2014

text:
           COMISIÓN EUROPEA
                                            Bruselas, 7.6.2011
                                            SEC(2011) 809 final
                             Recomendación de
                  RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Irlanda
               y por la que se emite un dictamen del Consejo
   sobre el programa de estabilidad actualizado de Irlanda (2011-2014)
                           {SEC(2011) 716 final}
ES                                                                     ES
 ---pagebreak---                                             Recomendación de
                                RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
                   relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Irlanda
                            y por la que se emite un dictamen del Consejo
               sobre el programa de estabilidad actualizado de Irlanda (2011-2014)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121,
   apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
   reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
   coordinación de las políticas económicas, y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión
           Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia
           Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y
           se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el
           potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
   (2)     El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices
           generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para
           el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
           orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros1, que juntas
           forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
           en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
   1
           Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
ES                                                    2                                                      ES
 ---pagebreak---    (3) El 7 de diciembre de 2010, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión
       2011/77/UE sobre la concesión por la Unión de ayuda financiera a Irlanda para un
       período de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado y en el
       Reglamento (UE) nº 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se
       establece un mecanismo europeo de estabilización financiera. El Memorándum de
       Acuerdo adjunto, firmado el 16 de diciembre de 2010, y su primera actualización
       establecen las condiciones de política económica a las que se supedita el desembolso
       de la ayuda financiera. La Decisión del Consejo se modificó el 16 de mayo de 2011.
       La primera actualización del Memorándum de Acuerdo se firmó el 18 de mayo de
       2011.
   (4) El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE
       y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas
       económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
   (5) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el
       saneamiento fiscal y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo
       de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de
       conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la
       sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas
       del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y
       pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que
       habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus
       programas nacionales de reforma.
   (6) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros
       participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida
       antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en
       sus programas nacionales de reforma.
   (7) El 29 de abril de 2011, Irlanda presentó la actualización de 2011 de su programa de
       estabilidad, relativa al periodo 2011-2015, y su programa nacional de reforma de 2011.
       Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al
       mismo tiempo.
   (8) La crisis causó una importante corrección de los grandes desequilibrios que se habían
       producido durante el anterior período de auge. Entre 2007 y 2010, el PIB real se
       contrajo en un 12 % y el empleo en casi un 13 %; el desempleo aumentó del 4,6 % en
       2007 al 13,7 % en 2010. La crisis acarreó además un grave deterioro de las finanzas
       públicas; el déficit general de las administraciones públicas alcanzó niveles de dos
       dígitos en 2008 y 2009 y en 2010 ascendió a un 32,4 % del PIB, incluidas medidas de
       apoyo del sector financiero de importe equivalente a un 20,5 % del PIB. El ratio
       deuda/PIB aumentó desde un 25 % en 2007 a un 96 % en 2010.
ES                                             3                                              ES
 ---pagebreak---    (9)  La aplicación del programa de ayuda financiera UE-FMI está, en general, ya en
        marcha. Las medidas presupuestarias acordadas han sido llevadas a la práctica y en
        2010 se cumplieron los objetivos presupuestarios; los resultados del primer trimestre
        de 2011 también se han ajustado a las metas que se proponía el programa. Se prevé
        que el déficit general de las administraciones públicas se mantenga por debajo del
        límite máximo impuesto por el programa, a pesar de una revisión a la baja del PIB
        nominal en 2011. Se han realizado grandes progresos en la reforma del sistema
        bancario, y se han dado pasos para lograr los objetivos de la reforma estructural.
   (10) Partiendo de la evaluación del programa de estabilidad actualizado realizada de
        conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera
        que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias
        expuestas en el programa es verosímil. La estrategia presupuestaria a medio plazo del
        programa está encaminada a llevar el déficit de las administraciones públicas por
        debajo del valor de referencia del 3% del PIB en el plazo previsto en la
        Recomendación del Consejo de 3 de diciembre de 2009. El programa se propone
        obtener un déficit del 10 % del PIB en 2011, del 8,6 % en 2012, del 7,2 % en 2013, del
        4,7 % en 2014 y del 2,8 % al final del periodo, en 2015. Esta senda está respaldada por
        medidas de saneamiento que suponen un 3,75 % del PIB incluidas en el presupuesto
        para 2011, seguidas de otras medidas de saneamiento más amplias en 2012-2014
        (5,75 % del PIB), y un último esfuerzo de más del 1 % del PIB en 2015. El programa
        de estabilidad confirma el objetivo a medio plazo de un –0,5 % del PIB, que no se
        alcanzaría en el periodo cubierto por el mismo. La sostenibilidad a largo plazo de las
        finanzas públicas de Irlanda parece estar en peligro. Para mejorar esta situación es
        necesario alcanzar unos superávit primarios a medio plazo y efectuar una reforma del
        sistema de seguridad social.
   (11) Irlanda ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus,
        compromisos que presentó el 3 de mayo de 20112. Entre ellos están medidas concretas
        para fomentar la competitividad, incluida una reforma de los mecanismos de fijación
        de salarios, la apertura a la competencia de determinados servicios profesionales y el
        fortalecimiento de la investigación y la innovación, a consolidar la estabilidad
        financiera –mediante, en particular, los mecanismos de resolución de crisis–y a
        mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, instaurando un marco
        presupuestario a medio plazo, reformando el sistema de pensiones e incrementando la
        edad de jubilación.
   (12) La Comisión ha evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de
        reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro
        Plus3, y ha tenido en cuenta, no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
        presupuestaria y la política socioeconómica de Irlanda, sino también su cumplimiento
        de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza
        económica global de la Unión Europea, incluyendo aportaciones a nivel de la UE en
        las futuras decisiones nacionales. En este contexto, la Comisión quisiera hacer
        hincapié en la urgente necesidad de aplicar las medidas previstas para cumplir la
        Decisión 2011/77/UE del Consejo.
   2
        Para más detalles sobre los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, véase
        SEC(2011) 716.
   3
        SEC(2011) 727.
ES                                                4                                                      ES
 ---pagebreak---    (13)   A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la Recomendación formulada
          por el Consejo el 7 de diciembre de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del
          Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la
          actualización de 2011 del programa de estabilidad de Irlanda y su dictamen4. Teniendo
          en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo
          ha examinado el programa nacional de reforma de Irlanda.
   RECOMIENDA que Irlanda:
   aplique las medidas recogidas en la Decision 2011/77/UE sobre la concesión por la Unión de
   ayuda financiera a Irlanda, modificada por la Decisión de 16 de mayo de 2011, y especificada
   en el Memorándum de Acuerdo de 16 de diciembre de 2010 y su actualización de 18 de mayo
   de 2011.
   Hecho en Bruselas,
                                                        Por el Consejo
                                                        El Presidente
   4
          Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.
ES                                                        5                                     ES