title: Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo de 2009 , sobre la aplicación de los principios relativos a la protección de datos y la intimidad en las aplicaciones basadas en la identificación por radiofrecuencia [notificada con el número C(2009) 3200]

text:
               16.5.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 122/47

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 12 de mayo de 2009
   sobre la aplicación de los principios relativos a la protección de datos y la intimidad en las aplicaciones basadas en la identificación por radiofrecuencia
   [notificada con el número C(2009) 3200]
   (2009/387/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La identificación por radiofrecuencia (RFID) constituye una novedad en la sociedad de la información, en virtud de la cual los objetos equipados con dispositivos microelectrónicos capaces de procesar automáticamente los datos irán formando progresivamente parte integrante de nuestra vida cotidiana.

               (2)

               La RFID cada vez resulta más común y, por consiguiente, incide en la vida de las personas en una serie de ámbitos tales como la logística (1), la atención sanitaria, el trasporte público, el comercio al por menor (en particular para mejorar la seguridad de los productos y acelerar su retirada), el ocio, el trabajo, la gestión de peajes, la gestión de equipajes y los documentos de viaje.

               (3)

               La tecnología RFID puede convertirse en un nuevo motor del crecimiento y el empleo que efectúe una aportación considerable a la estrategia de Lisboa, ya que es mucho lo que promete en términos económicos, generando nuevas oportunidades comerciales, reducciones de costes y aumentos de eficiencia, en particular en la lucha contra la falsificación y en la gestión de los residuos electrónicos, los materiales peligrosos y el reciclado de los productos al final de su vida útil.

               (4)

               La tecnología RFID permite procesar datos, incluidos los datos personales, a cortas distancias sin contacto físico ni interacción visible entre el lector o grabador y la etiqueta, de manera que dicha interacción puede producirse sin que la persona afectada se dé cuenta.

               (5)

               Las aplicaciones RFID permiten procesar datos relativos a una persona física identificada o identificable, por identificación directa o indirecta de dicha persona. Pueden procesar los datos personales almacenados en la etiqueta, tales como el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, su dirección, sus datos biométricos o datos que vinculan un número específico de artículo RFID con los datos personales almacenados en otro lugar del sistema. Además, esta tecnología se puede usar para efectuar un seguimiento de las personas que posean uno o más artículos que contengan un número de artículo RFID.

               (6)

               Dado que la RFID puede resultar ubicua y prácticamente invisible, es preciso prestar particular atención en su despliegue a los problemas de protección de datos e intimidad. Por consiguiente, es necesario incorporar a las aplicaciones RFID características de seguridad de la información y protección de la intimidad antes de que su uso se generalice (principio de «seguridad e intimidad a través del diseño»).

               (7)

               La RFID solo podrá entregar los numerosos beneficios económicos y sociales que promete si se imponen medidas eficaces para salvaguardar la protección de los datos personales, la intimidad y los principios éticos asociados, factores esenciales en el debate sobre la aceptación pública de la RFID.

               (8)

               Los Estados miembros y las partes interesadas deben intensificar sus esfuerzos, en especial en esta fase inicial de implementación de la RFID, para garantizar que las aplicaciones RFID estén sometidas a control y se respeten los derechos y libertades de las personas.

               (9)

               La Comunicación de la Comisión de 15 de marzo de 2007«La identificación por radiofrecuencia (RFID) en Europa: pasos hacia un marco político» (2) anunciaba que se facilitarían aclaraciones y orientaciones sobre los aspectos de las aplicaciones RFID relacionados con la protección de datos y la intimidad a través de una o más recomendaciones de la Comisión.

               (10)

               Los derechos y obligaciones relativos a la protección de los datos personales y a la libre circulación de dichos datos, previstos por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (4), son plenamente aplicables al uso de las aplicaciones RFID que procesan datos personales.

               (11)

               En el desarrollo de las aplicaciones RFID, deben aplicarse los principios enunciados en la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (5).

               (12)

               El dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (6) facilita orientaciones en cuanto al trato que debe dispensarse a los productos con etiquetas que se entregan a las personas y solicita la realización de evaluaciones del impacto sobre la intimidad y la seguridad a fin de detectar y desarrollar «las mejores técnicas disponibles» para proteger la intimidad y la seguridad en los sistemas RFID.

               (13)

               Los operadores de aplicaciones RFID deben adoptar todas las medidas razonables para garantizar que los datos no referencien a una persona física identificada o identificable por cualquier medio que puedan usar el operador de la aplicación RFID o cualquier otra persona, a menos que tales datos se procesen de conformidad con los principios y las normas jurídicas sobre protección de datos aplicables.

               (14)

               La Comunicación de la Comisión de 2 de mayo de 2007, «Fomento de la protección de datos mediante las tecnologías de protección del derecho a la intimidad» (7) enumera unas acciones claras para alcanzar el objetivo de minimizar el tratamiento de los datos personales y utilizar datos anónimos o seudónimos siempre que sea posible, respaldando el desarrollo de dichas tecnologías y su utilización por controladores de datos y particulares.

               (15)

               La Comunicación de la Comisión de 31 de mayo de 2006, «Una estrategia para una sociedad de la información segura – “Diálogo, asociación y potenciación”» (8) reconoce que la diversidad, la apertura, la interoperabilidad, la utilizabilidad y la competencia son factores clave para la seguridad de la sociedad de la información, subraya el papel de los Estados miembros y de las administraciones públicas en la sensibilización y en la promoción de las buenas prácticas en materia de seguridad, e invita a las partes interesadas del sector privado a tomar iniciativas para avanzar hacia regímenes asequibles de certificación de la seguridad para productos, procesos y servicios que respondan a las necesidades específicas de la UE, en particular en relación con la intimidad.

               (16)

               La Resolución del Consejo de 22 de marzo de 2007, sobre una estrategia para una sociedad de la información segura en Europa (9) invita a los Estados miembros a prestar la atención debida a la necesidad de prevenir y combatir las amenazas a la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas nuevas y existentes.

               (17)

               Un marco elaborado a nivel comunitario para la realización de evaluaciones del impacto sobre la protección de los datos y la intimidad garantizará que las disposiciones de la presente Recomendación sean seguidas con coherencia en todos los Estados miembros. La elaboración de tal marco debe apoyarse en las prácticas existentes y las experiencias adquiridas en los Estados miembros, en terceros países y en el trabajo llevado a cabo por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (10).

               (18)

               La Comisión debe velar por que se elaboren directrices a nivel comunitario sobre la gestión de la seguridad de la información en las aplicaciones RFID, basándose en las prácticas existentes y en las experiencias adquiridas en los Estados miembros y en terceros países. Los Estados miembros deben efectuar aportaciones a dicho proceso e instar a participar en el mismo a las entidades privadas y a los poderes públicos.

               (19)

               La evaluación del impacto sobre la protección de datos y la intimidad llevada a cabo por el operador antes de implementar una aplicación RFID aportará la información necesaria para adaptar unas medidas de protección adecuadas. Será necesario el seguimiento y la eventual reconsideración de dichas medidas durante toda la vida útil de la aplicación RFID.

               (20)

               En el sector del comercio al por menor, la evaluación de los impactos sobre la protección de datos y la intimidad de los productos con etiquetas vendidos a los consumidores debe facilitar la información necesaria para determinar si existe una posible amenaza para la intimidad o la protección de los datos personales.

               (21)

               El uso de normas internacionales, tales como las elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), códigos de conducta y mejores prácticas que se ajusten al marco regulador de la UE puede contribuir a la gestión de las medidas de protección de la intimidad y de la seguridad de la información en la totalidad del proceso empresarial que la RFID hace posible.

               (22)

               Las aplicaciones RFID con consecuencias para el público en general, tales como los billetes electrónicos en el transporte público, exigen unas medidas protectoras adecuadas. Las aplicaciones RFID que afectan a las personas al procesar, por ejemplo, datos biométricos de identificación o datos relacionados con la salud, resultan especialmente críticas en relación con la protección de la seguridad de la información y de la intimidad y, en consecuencia, exigen una atención particular.

               (23)

               Es preciso que la sociedad en su conjunto conozca los derechos y obligaciones aplicables en relación con el uso de las aplicaciones RFID. Por consiguiente, las partes que despliegan esta tecnología son responsables de facilitar a las personas información sobre el uso de estas aplicaciones.

               (24)

               Sensibilizando al público y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) sobre las características y posibilidades de la RFID se contribuirá a materializar las promesas económicas de esta tecnología, al tiempo que se reduce el riesgo de que se utilice en detrimento del interés público, lo que reforzará su aceptabilidad.

               (25)

               La Comisión debe contribuir a la aplicación de la presente Recomendación directa e indirectamente facilitando el diálogo y la cooperación entre las partes interesadas, en particular a través del programa marco para la innovación y la competitividad (PIC) establecido por la Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y el séptimo programa marco de investigación (7o PM) establecido por la Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

               (26)

               La investigación y el desarrollo de tecnologías potenciadoras de la intimidad y tecnologías de seguridad de la información de bajo coste a nivel comunitario resulta esencial para fomentar la adopción de estas tecnologías en condiciones aceptables.

               (27)

               La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, se propone garantizar el pleno respeto de la vida privada y familiar, así como la protección de los datos personales.

         RECOMIENDA:

      Ámbito de aplicación

               1.

               La presente Recomendación facilita a los Estados miembros orientaciones sobre cómo diseñar y hacer funcionar las aplicaciones RFID de un modo legal, ético, social y políticamente aceptable, respetando el derecho a la intimidad y garantizando la protección de los datos personales.

               2.

               La presente Recomendación facilita igualmente orientaciones sobre las medidas que deben adoptarse al desplegar las aplicaciones RFID a fin de garantizar que al hacerlo se respete, cuando proceda, la legislación nacional por la que se apliquen las Directivas 95/46/CE, 1999/5/CE y 2002/58/CE.

      Definiciones

               3.

               A efectos de la presente Recomendación, se aplicarán las definiciones contenidas en la Directiva 95/46/CE. Asimismo, se entenderá por:
               a)   «identificación por radiofrecuencia (RFID)»: el uso de ondas electromagnéticas radiantes o del acoplamiento de campo reactivo en la porción del espectro correspondiente a las radiofrecuencias para comunicarse en ambas direcciones con una etiqueta a través de diversos sistemas de modulación y codificación a fin de leer unívocamente la identidad de una etiqueta de radiofrecuencia u otros datos almacenados en ella;
               b)   «etiqueta RFID» o «etiqueta»: un dispositivo RFID con capacidad para producir una señal radioeléctrica o un dispositivo RFID que reacopla, retrodispersa o refleja (dependiendo del tipo de dispositivo) y modula una señal portadora procedente de un lector o grabador;
               c)   «lector o grabador RFID» o «lector»: dispositivo fijo o móvil de captura e identificación de datos que, sirviéndose de una onda electromagnética de radiofrecuencias o un acoplamiento de campo reactivo, estimula y produce una respuesta de datos modulados en una etiqueta o grupo de etiquetas;
               d)   «aplicación RFID» o «aplicación»: una aplicación que procesa datos mediante el uso de etiquetas y lectores y que se apoya en un sistema de fondo y en una infraestructura de comunicaciones en red;
               e)   «operador de aplicaciones RFID» u «operador»: la persona física o jurídica, el poder público, la agencia o cualquier otro organismo que, por sí solo o en conjunción con otros, determina los propósitos y medios de explotar una aplicación, incluidos los controladores de datos personales que utilizan una aplicación RFID;
               f)   «seguridad de la información»: la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información;
               g)   «seguimiento»: cualquier actividad desarrollada con el propósito de detectar, observar, copiar o registrar la localización, el movimiento, las actividades o el estado de una persona.

      Evaluaciones del impacto sobre la intimidad y la protección de los datos

               4.

               Los Estados miembros deberían garantizar que la industria, en colaboración con las partes interesadas de la sociedad civil, elaborase un marco para la evaluación del impacto sobre la protección de datos y la intimidad. Este marco debería ser sometido, para su aprobación, al Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29 en el plazo de 12 meses a partir de la publicación de la presente Recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

               5.

               Los Estados miembros deberían velar por que los operadores, sin perjuicio de las obligaciones que les impone la Directiva 95/46/CE:

                           a)

                           lleven a cabo una evaluación de las consecuencias de la implementación de una aplicación para la protección de los datos personales y la intimidad, y, en particular, de si la aplicación podría utilizarse para el seguimiento de una persona; el nivel de detalle de la evaluación debería ser el adecuado a los posibles riesgos para la intimidad que plantee la aplicación;

                           b)

                           adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la protección de los datos personales y la intimidad;

                           c)

                           designen a una persona o un grupo de personas para que se responsabilicen de la revisión de las evaluaciones y de que las medidas técnicas y organizativas sigan siendo apropiadas para garantizar la protección de los datos personales y la intimidad;

                           d)

                           pongan la evaluación a disposición de la autoridad competente al menos seis semanas antes de desplegar la aplicación;

                           e)

                           cuando se haya implantado el marco para las evaluaciones de impacto sobre la protección de los datos y la intimidad mencionado en el punto 4, apliquen las disposiciones que proceda de conformidad con dicho marco.

      Seguridad de la información

               6.

               Los Estados miembros deberían ayudar a la Comisión a detectar las aplicaciones que pudieran plantear amenazas para la seguridad de la información con consecuencias para el público en general. En el caso de estas aplicaciones, los Estados miembros deberían garantizar que los operadores, junto con las autoridades nacionales competentes y las organizaciones de la sociedad civil, elaboren nuevos sistemas, o apliquen los ya existentes, tales como la certificación o la autoevaluación del operador, a fin de demostrar que se ha establecido, en relación con los riesgos evaluados, un nivel adecuado de seguridad de la información y protección de la intimidad.

      Información y transparencia en el uso de la RFID

               7.

               Sin perjuicio de las obligaciones de los controladores de datos de conformidad con las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE, los Estados miembros deberían velar por que los operadores elaboren y publiquen una política de información concisa, exacta y fácil de comprender para cada una de sus aplicaciones. Dicha política debería incluir, como mínimo:

                           a)

                           la identidad y el domicilio de los operadores;

                           b)

                           la finalidad de la aplicación;

                           c)

                           los datos que procesa la aplicación, en particular si se trata de datos personales, y si se controla la localización de las etiquetas;

                           d)

                           un resumen de la evaluación del impacto sobre la protección de datos y la intimidad;

                           e)

                           los posibles riesgos para la intimidad, si existen, relacionados con el uso de etiquetas en la aplicación y las medidas que pueden adoptar las personas para reducirlos.

               8.

               Los Estados miembros deberían velar por que los operadores tomen medidas para informar a las personas de la presencia de lectores utilizando un símbolo europeo común desarrollado por las organizaciones europeas de normalización, con el apoyo de las partes interesadas. Dicho símbolo debería incluir la identidad del operador y el punto de contacto en el que puede obtenerse la política de información relativa a la aplicación.

      Aplicaciones RFID utilizadas en el comercio al por menor

               9.

               Sobre la base del símbolo común europeo elaborado por las organizaciones europeas de normalización, con el apoyo de las partes interesadas, los operadores deberían informar a las personas de la presencia de etiquetas adheridas o incorporadas a los productos.

               10.

               Cuando realice la evaluación del impacto sobre la protección de datos y la intimidad mencionada en los puntos 4 y 5, el operador de una aplicación debería determinar específicamente si las etiquetas adheridas o incorporadas a los productos que se venden a los consumidores a través de minoristas que no son operadores de dicha aplicación representan una posible amenaza para la intimidad o la protección de los datos personales.

               11.

               Los minoristas deberían desactivar o retirar en el punto de venta las etiquetas utilizadas en su aplicación a menos que los consumidores, tras ser informados de la política a que se refiere el punto 7, acepten que las etiquetas sigan operativas. Por desactivación de una etiqueta debe entenderse cualquier proceso que impida la interacción de una etiqueta con su entorno sin exigir la participación activa del consumidor. La desactivación o retirada de las etiquetas por el minorista debería efectuarse de manera inmediata y gratuita para el consumidor. Los consumidores deberían poder comprobar que se ha desactivado o retirado efectivamente la etiqueta.

               12.

               El punto 11 no debería aplicarse si la evaluación del impacto sobre la protección de datos y la intimidad llega a la conclusión de que las etiquetas utilizadas en una aplicación de comercio al por menor, que siguen operativas tras abandonar el punto de venta, no representan una posible amenaza para la intimidad o la protección de los datos personales. No obstante, los minoristas deberían ofrecer gratuitamente un medio sencillo para desactivar o retirar, inmediata o posteriormente, estas etiquetas.

               13.

               La desactivación o retirada de las etiquetas no debería suponer ningún tipo de reducción o supresión de las obligaciones legales del minorista y del fabricante hacia el consumidor.

               14.

               Los puntos 11 y 12 deberían aplicarse solamente a los minoristas que sean también operadores.

      Actividades de sensibilización

               15.

               Los Estados miembros, en colaboración con la industria, la Comisión y otras partes interesadas, deberían tomar las medidas adecuadas para informar y sensibilizar a los poderes públicos y a las empresas, en particular las PYME, sobre los beneficios y los riesgos potenciales asociados al uso de la tecnología RFID. Debería prestarse particular atención a la información sobre los aspectos relacionados con la seguridad y la intimidad.

               16.

               Los Estados miembros, en colaboración con la industria, las asociaciones de la sociedad civil, la Comisión y otras partes interesadas, deberían encontrar y ofrecer ejemplos de buenas prácticas en la implementación de las aplicaciones RFID para informar y sensibilizar al público en general. También deberían adoptar las medidas adecuadas, tales como proyectos piloto a gran escala, para sensibilizar al público sobre la tecnología RFID, sus beneficios y riesgos y las consecuencias de su uso, como requisito previo para una generalización de esta tecnología.

      Investigación y desarrollo

               17.

               Los Estados miembros deberían cooperar con la industria, las partes interesadas de la sociedad civil y la Comisión para fomentar y apoyar la introducción del principio de «seguridad e intimidad a través del diseño» desde las primeras fases del desarrollo de las aplicaciones RFID.

      Seguimiento

               18.

               Los Estados miembros deberían tomar todas las medidas necesarias para dar a conocer la presente Recomendación a todas las partes interesadas que participan en el diseño y la explotación de aplicaciones RFID en la Comunidad.

               19.

               Los Estados miembros deberían informar a la Comisión, a más tardar a los 24 meses de publicada la presente Recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea, de las medidas adoptadas en respuesta a la misma.

               20.

               A más tardar a los tres años de publicada la presente Recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la misma, su eficacia y su repercusión sobre operadores y consumidores, en particular en lo que se refiere a las medidas recomendadas en los puntos 9 a 14.

      Destinatarios

               21.

               Los destinatarios de la presente recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 12 de mayo de 2009.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2007) 607 final.

      (2)  COM(2007) 96 final.

      (3)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

      (4)  DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

      (5)  DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

      (6)  DO C 101 de 23.4.2008, p. 1.

      (7)  COM(2007) 228 final.

      (8)  COM(2006) 251 final.

      (9)  DO C 68 de 24.3.2007, p. 1.

      (10)  Artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1).

      (11)  DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.

      (12)  DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.


Avis juridique important

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E1996C0085

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC Nº 85/96/COL de 10 de julio de 1996 relativa a un programa coordinado de inspecciones para 1996 que garantice el cumplimiento de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas de determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas

Diario Oficial n° L 285 de 07/11/1996 p. 0026 - 0029

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 85/96/COL de 10 de julio de 1996 relativa a un programa coordinado de inspecciones para 1996 que garantice el cumplimiento de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas de determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo EEE y, en particular, su artículo 109 y su Protocolo 1,Visto el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5 y su Protocolo 1,Visto el acto al que se hace referencia en el punto 54 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE (Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas modificada) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 4,Considerando que, en virtud del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, los Estados de la AELC han de remitir al Órgano de Vigilancia AELC, antes del 1 de agosto de 1995, toda la información necesaria sobre la ejecución de sus programas nacionales de control durante 1994 para asegurarse del respeto de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecidos en el Anexo II de la citada Directiva; que el Órgano ha recibido determinada información de conformidad con dicho requisito;Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, los Estados de la AELC deben elaborar programas de previsiones en los que se determinen la naturaleza y la frecuencia de los controles que vayan a efectuarse con miras a garantizar el respeto de la lista de contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecida;Considerando que la Recomendación del Órgano de Vigilancia AELC, de 19 de abril de 1995, relativa a un programa coordinado de inspecciones en 1995 para garantizar el respeto de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas de determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, indica a los Estados de la AELC que envíen, antes del 1 de septiembre de 1995, los programas nacionales de control previstos para 1996; que el Órgano ha recibido determinada información como respuesta a dicha Recomendación;Considerando que el Anexo II de la Directiva 90/642/CEE modificada incluye listas de contenidos máximos de residuos de determinados plaguicidas, que deberían someterse a programas de control nacionales y coordinados en 1996;Considerando que la información comunicada al Órgano de Vigilancia AELC no es suficiente para permitir una visión completa de los programas de control aplicados y previstos por los Estados de la AELC;Considerando que sigue siendo necesario recomendar principios básicos generales para los controles de residuos de plaguicidas que los Estados de la AELC vayan a efectuar durante 1996, con objeto de garantizar que se respeten los contenidos máximos obligatorios de residuos de plaguicidas y contribuir al correcto funcionamiento del Espacio Económico Europeo;Considerando que es importante que los Estados miembros de la AELC transmitan, como base de futuras deliberaciones, información sobre las medidas nacionales de garantía de la calidad que aplican al muestreo y a los análisis de los contenidos de residuos de plaguicidas;Considerando que también sería útil para el establecimiento de futuras recomendaciones que los Estados de la AELC informaran por anticipado al Órgano de Vigilancia sobre futuros programas para 1997 en lo que respecta al control de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecidos en la Directiva 90/642/CEE;Considerando que los controles y las tomas de muestras efectuadas por los Estados de la AELC para garantizar el respeto de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas establecidos en la lista a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 90/642/CEE deben ajustarse a los requisitos establecidos en el acto al que se hace referencia en el punto 20 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 79/700/CEE por la que se establecen los métodos comunitarios de toma de muestras para el control oficial de los residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas), en el acto al que se hace referencia en el punto 37 del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 85/591/CEE referente a la introducción de modos de toma de muestras y de métodos de análisis comunitarios para el control de los productos destinados a la alimentación humana) y en los actos a los que se hace referencia en los puntos 50 y 54.N del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directivas 89/397/CEE y 93/99/CEE relativas al control oficial de los productos alimenticios);Considerando que Lichtenstein deberá cumplir las disposiciones de los actos a los que se hace referencia en el capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE antes del 1 de enero de 2000; que hará lo posible por cumplir las disposiciones de los actos a los que se hace referencia en dicho capítulo antes del 1 de enero de 1997; que, por lo tanto, debería quedar excluido de esta Recomendación para 1996;Considerando que, el 7 de noviembre de 1995, Noruega e Islandia fueron consultados en el Comité de productos alimenticios de la AELC, que presta asistencia al Órgano de Vigilancia AELC,HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:Se recomienda a Noruega y a Islandia:1) que, con prioridad, controlen los productos de una proporción significativa de los grupos de productos enumerados en el Anexo I de la Directiva 90/642/CEE;2) que, con prioridad, a lo largo de 1996 o durante la campaña de comercialización del producto de que se trate, tomen periódicamente un número de muestras correspondientes a la producción, el consumo y la importación en el EEE de cada producto, registrando claramente el origen y la fase de comercialización;3) que, con prioridad, analicen los residuos del mayor número posible de plaguicidas enumerados en el Anexo II de la Directiva 90/642/CEE, teniendo en cuenta los métodos de análisis empleados;4) que, con prioridad, elaboren un informe general sobre las medidas nacionales de garantía de la calidad que estén aplicando al muestreo y a los análisis de los contenidos de residuos de plaguicidas con fines informativos, al mismo tiempo que el informe a que se refiere la Recomendación 6;5) que, con carácter específico para 1996, tomen muestras y analicen las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el Anexo, sobre la base de un número indicativo de treinta muestras por producto, que refleje adecuadamente la proporción nacional, del EEE y de terceros países en el mercado del Estado de la AELC, y comuniquen los resultados, incluidos los métodos analíticos utilizados y las medidas de garantía de la calidad, a ser posible antes del 1 de julio de 1997 y, a más tardar, el 1 de agosto de 1997;6) que transmitan al Órgano de Vigilancia AELC toda la información prevista en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE y, en particular, comuniquen los resultados del ejercicio de control de 1995 referente a los plaguicidas enumerados en el Anexo II de dicha Directiva y7) que transmitan al Órgano de Vigilancia AELC, antes del 1 de septiembre de 1996, el programa nacional de control que prevean para 1997.Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1996.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCKnut ALMESTADPresidenteANEXO Contenidos máximos de residuos (CMR) de plaguicidas que habrán de controlarse durante el ejercicio específico de 1996, de acuerdo con la Recomendación 5 >SITIO PARA UN CUADRO>


Avis juridique important

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31983K0375

Recomendación nº375/83/CECA de la Comisión, de 14 de febrero de 1983, por la que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinadas chapas de hierro o de acero originarias de Brasil y por la que se suspende la aplicación de dicho derecho

Diario Oficial n° L 045 de 17/02/1983 p. 0011 - 0013 Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 10 p. 0157  Edición especial en español: Capítulo 11 Tomo 28 p. 0117  Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 10 p. 0157  Edición especial en portugués: Capítulo 11 Tomo 28 p. 0120

RECOMENDACIÓN No 375/83/CECA DE LA COMISIÓN de 14 de febrero de 1983 por la que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinadas chapas de hierro o de acero originarias de Brasil y por la que se suspende la  aplicación de dicho derechoLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado que establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,  Vista la Recomendación no 3018/79/CECA de la Comisión, de 21 de diciembre de 1979, relativa a la defensa contra las importaciones, objeto de dumping o subvenciones (1), por parte de países no miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,  modificada en último lugar por la Recomendación no 3025/82/CECA (2), y en particular su artículo 12,  Previas consultas en el seno del Comité consultivo constituido en virtud de lo dispuesto en dicha Recomendación,  Considerando que, en marzo de 1982, fue sometida a la Comisión una queja formulada por Walzstahl-Vereinigung, Duesseldorf, en nombre de casi la totalidad de los productores comunitarios de chapas de hierro o de acero laminadas en caliente o en frío, de  un espesor inferior a 3 milímetros; que la queja iba acompañada de elementos de prueba relativos a la existencia de subvenciones otorgadas a la producción o a la exportación de productos similares originarios de Brasil, así como del grave perjuicio  ocasionado por los mismos, principalmente en la República Federal de Alemania;  Considerando que las informaciones facilitadas iban acompañadas de suficientes elementos de prueba para justificar la apertura de un pricedimiento; que, por consiguiente, previas consultas con las autoridades brasileñas, la Comisión anunció, en una nota  publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (3), la apertura de un procedimiento relativo a las importaciones de determinadas chapas de hierro o de acero originarias de Brasil e inició una investigación a nivel comunitario;  Considerando que la Comisión anunció oficialmente todo ello a los exportadores e importadores interesados así como a los representantes del país exportador y a las partes que habían formulado la queja;  Considerando que la Comisión concedió al gobierno brasileño y a las partes directamente interesadas la posibilidad de formular sus alegaciones por escrito y de desarrollar verbalmente su punto de vista; que todos los exportadores así como las  autoridades brasileñas aprovecharon dicha posibilidad;  Considerando que, para llegar a determinar las subvenciones comprobadas, la Comisión ha realizado un esfuerzo para recoger y comprobar todos aquellos elementos que estimó necesarios; que la Comisión llevó a cabo unas investigaciones en los locales de  los tres exportadores brasileños, Cosipa, Sao Paulo, CSN, Rio de Janeiro y Usiminas, Belo Horizonte; que la Comisión también negoció informaciones procedentes de las autoridades brasileñas y comprobó las informaciones que le fueron facilitadas por el  ministerio de Hacienda en Rio de Janeiro;  Considerando que la Comisión tomó como referencia, para examinar las subvenciones, el período comprendido entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982;  Considerando que la Comisión comprobó que las exportaciones implicadas se habían beneficiado de subvenciones bajo la forma de primas a la exportación IPI, financiación preferencial de capitales circulantes en concepto de la Resolución 674 y del programa  de inversiones CDI;  Considerando que las primas a la exportación IPI y la financiación preferencial de capitales circulantes en concepto de la Resolución 674 dependen de las exportaciones realizadas, mientras que se otorga el programa CDI independientemente de las  exportaciones;  Considerando que las primas a la exportación IPI fueron pagadas por el Estado brasileño a todas las empresas implicadas; que el tipo nominal, del 15 % hasta el 30 de marzo de 1982 y del 14 % desde aquella fecha, fue calculado basándose en el precio de  la factura reajustado al nivel fob teniendo en cuenta elemantos como, por ejemplo, comisiones pagadas a los agentes y la proporción de material importada; que las primas concedidas a cada empresa fueron calculadas intentando acercarse lo más posible al  valor total fob de los productos implicados exportados a la Comunidad durante el período de investigación; que el tipo de subvención calculado de esta forma es del 12,95 % para Cosipa, 11,04 % para CSN y 4,65 % para Usiminas;  Considerando que, con respecto a la financiación preferencial de capitales circulantes concedida por el Banco Central de Brasil en concepto de la Resolución 674, las tres empresas se beneficiaron de un tipo del 40 % por año; que, al mismo tiempo, se les  ofrecía un tipo comercial comparable del 68 %, mientras que el tipo de los títulos del tesoro (ORTN), que equivale al coste del dinero a corto plazo para el Estado brasileño, era aún superior; que la Comisión calculó la subvención concedida en el marco  de dicho programa en el curso del período de investigación sustrayendo el importe correspondiente a los intereses por pagar sobre los préstamos preferenciales durante dicho período del importe que habrían alcanzado dichos intereses si los préstamos  hubieran sido concedidos según el tipo comercial normal; que dicha diferencia fue aplicada al valor total fob de las exportaciones durante el período de investigación; que el tipo de la subvención calculado de esta forma alcanza el 1,38 % para Cosipa,  3,56 % para CSN y 0,29 % para Usiminas;  Considerando que el programa de inversiones CDI, en determinadas circunstancias concede una exención de los derechos de aduana y una exención del impuesto IPI al importar bienes de equipo; que la bonificación de los derechos a la importación y del  impuesto IPI que ahorraron Cosipa y Usiminas desde 1971, cuando por primera vez sacaron provecho de dicho programa, fue concedida durante un período de 15 años, es decir el período de amortización normal en Brasil para los bienes de inversión; que esto  corresponde en el caso de Cosipa al 0,44 % y en el caso de Usiminas al 0,16 % del valor total de las ventas en el mercado interior y de las exportaciones forb en 1981; que CSN sólo dió a conocer los ahorros realizados en el marco del programa CDI de la  misma manera durante el año 1981, aunque admitió haberse beneficiado de dicho programa antes de 1981; que, por consiguiente, la Comisión estima que es conveniente aplicar la totalidad del importe de 1981 al valor total fob de las ventas realizadas en el  curso del mencionado año; que el tipo de subvención calculado de este forma alcanza el 2,88 % para CSN;  Considerando que el efecto ponderado de las subvenciones a la exportación concedidas representa el 11,94 %, es decir 35,62 ECU por tonelada, mientras que el programa de inversiones CDI representa el 1,11 %, es decir 3,31 ECUS por tonelada;  Considerando que en el marco de la investigación sobre las prácticas de dumping relativas a las importaciones de productos similares originarios de Brasil, la Comisión estableció que las importaciones de chapas y bandas anchas laminadas en frío de un  espesor inferior a 3 milímetros ocasionaron un grave perjuicio al sector económico comunitario; que los hechos y consideraciones que motivaron que la Comisión llegue a dicha conclusión quedan expuestos en la Recomendación no 2975/82/CECA de la Comisión,  de 8 de noviembre de 1982, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinadas chapas de hierro o de acero originarias de Brasil (4), que últimamente, basándose en los mismos hechos y consideraciones, la Comisión  estableció que las importaciones objeto de subvenciones de chapas y bandas anchas laminadas en frío originarias de Brasil ocasionaron un importante perjuicio al sector comunitario implicado;  Considerando que, en las graves circunstancias que el sector siderúrgico comunitario debe afrontar, los intereses de la Comunidad exigen el establecimiento de un derecho compensatorio definitivo; que, teniendo en cuenta la gravedad del perjuicio  sufrido, es conveniente establecer el importe de dicho derecho al nivel del efecto acumulado de las subvenciones reales concedidas sobre los precios de exportación;  Considerando que, según lo dispuesto en la regulación comunitaria, no se puede someter un producto a la vez a derechos antidumping y a derechos compensatorios para remediar una sola situación debida a prácticas de dumping o subvenciones, es decir la  venta de productos para su exportación a un precio inferior al precio comparable pagado o por pagar por un producto similar en el mercado interior;  Considerando que, vistas las circunstancias, resulta conveniente suspender la aplicación del derecho compensatorio en la medida en que éste compense el efecto de las subvenciones a la exportación; que, teniendo en cuenta la amplitud de las medidas de  protección concedidas al sector económico comunitario por el derecho antidumping ya vigente; también es conveniente suspender en lo sucesivo el derecho compensatorio en la medida en que compense el efecto del programa CDI sobre los precios de  exportación;  Considerando que, en lo que se refiere a las exportaciones brasileñas de chapas laminadas en caliente, la Comisión, en virtud de los motivos expuestos en la Recomendación no 2975/82/CECA, comprobó que los intereses de la Comunidad no exigían aun la  adopción de medidas de salvaguardia,  HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:   Artículo 1  1. Queda establecido un derecho compensatorio definitivo sobre las chapas de hierro o de acero simplemente laminadas en frío, de un espesor inferior a 3 milímetros, incluidos en las subpartidas 73.13 B II b) y c) del arancel aduanero común,  correspondientes a los códigos Nimexe 73.13-43, 45, 47 y 49, originarias de Brasil.  2. El importe de dicho derecho será de 38,93 ECUS por 1 000 kilogramos neto.  3. Se aplicarán a dicho derecho las disposiciones en vigor en materia de derechos de aduana.   Artículo 2  Queda suspendida la aplicación del derecho compensatorio establecido por el artículo 1.   Artículo 3  Queda cerrado el procedimiento antisubvenciones relativo a las chapas de hierro o de acero simplemente laminadas en caliente, de un espesor inferior a 3 milímetros.   Artículo 4  La presente Recomendación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Hecho en Bruselas, el 14 de febrero de 1983.  Por la Comisión Étienne DAVIGNON Vicepresidente  (1) DO no L 339 de 31. 12. 1979, p. 15.(2) DO no L 317 de 13. 11. 1982, p. 17.(3) DO no L 146 de 10. 6. 1982, p. 4.(4) DO no L 312 de 9. 11. 1982, p. 10.


title: Recomendación de la Comisión, de 28 de abril de 2010 , relativa a la iniciativa de programación conjunta de la investigación Una dieta sana para una vida sana

text:
               1.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 110/36

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 28 de abril de 2010
   relativa a la iniciativa de programación conjunta de la investigación «Una dieta sana para una vida sana»
   (2010/250/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 181, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La buena salud de los ciudadanos resulta esencial para el crecimiento y la prosperidad de la Unión.

               (2)

               En las tres últimas décadas, los niveles de sobrepeso y obesidad en la población de la Unión han aumentado de manera espectacular, especialmente entre los niños.

               (3)

               Parece agravarse la tendencia hacia una alimentación inadecuada y una escasa actividad física que se observa en la población de la Unión.

               (4)

               Aumenta la prevalencia de varias enfermedades crónicas, tales como las dolencias cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes de tipo 2, los accidentes cerebrovasculares, determinados tipos de cáncer, los trastornos osteomusculares e incluso distintas enfermedades mentales.

               (5)

               Si se eliminaran los factores de riesgo comunes vinculados al estilo de vida, entre otros los relacionados con el régimen alimenticio, se podrían evitar en torno al 80 % de los casos de enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares y diabetes de tipo 2, así como el 40 % de los cánceres.

               (6)

               En su reunión de 3 de diciembre de 2009, el Consejo de Competitividad reconoció que el de «salud, alimentación y prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación» (la denominación se cambió luego a «una dieta sana para una vida sana») era uno de los campos en los que la programación conjunta aportaría más valor añadido a los actuales esfuerzos investigadores fragmentados de los Estados miembros. Por ello, adoptó unas conclusiones en las que se reconocía la necesidad de poner en marcha una iniciativa de programación conjunta sobre este tema y se invitaba a la Comisión a contribuir a la preparación de dicha iniciativa. El Consejo reafirmaba también que la programación conjunta es un proceso liderado por los Estados miembros, en el que la Comisión desempeña un papel de catalizador.

               (7)

               La programación conjunta de la investigación en el campo de la alimentación y la salud facilitaría la coordinación de la investigación sobre el impacto en la salud de los estilos de vida y de la dieta, contribuyendo sensiblemente a la construcción de un Espacio Europeo de Investigación plenamente operativo en el ámbito de la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación y reforzando el liderazgo y la competitividad de las actividades de investigación en este campo.

               (8)

               A fin de garantizar la eficiencia de los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros en el ámbito de la alimentación y la salud, los Estados miembros deberían elaborar y aplicar una agenda estratégica de investigación basada en un enfoque común con respecto a la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación.

               (9)

               Con vistas a garantizar una gestión eficaz de la actuación conjunta, los Estados miembros deberían establecer una estructura de gestión común, con el mandato de establecer unas condiciones, normas y procedimientos comunes para la cooperación y coordinación, así como de efectuar un seguimiento de la aplicación de la agenda estratégica de investigación.

               (10)

               A fin de alcanzar los objetivos fijados por la presente Recomendación, los Estados miembros deberían cooperar con la Comisión en la exploración de posibles iniciativas de la Comisión para ayudar a los Estados miembros en la elaboración y aplicación de la agenda estratégica de investigación.

               (11)

               A fin de que la Comisión pueda informar al Parlamento Europeo y al Consejo, los Estados miembros deberían informar periódicamente a la Comisión sobre los progresos alcanzados en esta programación conjunta.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1)

               Se insta a los Estados miembros a elaborar una perspectiva común sobre la manera en que la cooperación y la coordinación a nivel de la Unión en el campo de la investigación pueden contribuir a mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación.

               2)

               Se insta a los Estados miembros a elaborar una agenda estratégica de investigación que determine las necesidades y objetivos a medio y largo plazo de la investigación en el área de la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación. Dicha agenda debería contener un plan de ejecución que estableciera prioridades y calendarios y especificara las medidas, instrumentos y recursos necesarios para la aplicación de la misma.

               3)

               Se insta a los Estados miembros a incluir en la agenda estratégica de investigación y en el plan de ejecución las acciones siguientes:

                           a)

                           identificar e intercambiar información sobre los programas y actividades de investigación nacionales pertinentes;

                           b)

                           determinar qué áreas o actividades de investigación podrían beneficiarse de la coordinación, de las convocatorias de propuestas conjuntas o de la puesta en común de recursos;

                           c)

                           intercambiar información, recursos, mejores prácticas, métodos y directrices, en particular a la hora de establecer grandes cohortes y estudios clínicos;

                           d)

                           definir el procedimiento, incluidos los criterios de calidad, para emprender conjuntamente la investigación en los ámbitos a que se refiere la letra b);

                           e)

                           compartir, cuando proceda, la infraestructura de investigación existente, o crear recursos nuevos, tales como bases de datos coordinadas, biobancos o modelos para la extrapolación de datos a las personas;

                           f)

                           exportar y difundir los conocimientos, la innovación y los enfoques interdisciplinarios y garantizar la utilización eficaz de los resultados de la investigación al servicio de la competitividad y de la formulación de políticas en Europa;

                           g)

                           fomentar y respaldar una colaboración más estrecha entre los sectores público y privado, así como la innovación abierta entre distintos sectores de negocio;

                           h)

                           crear redes entre los centros existentes que se especializan en particular en la ciencia del consumo, la nutrición y las tecnologías de transformación.

               4)

               Se insta a los Estados miembros a establecer una estructura de gestión común en el ámbito de la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación, con el mandato de establecer unas condiciones, normas y procedimientos comunes para la cooperación y coordinación, así como de efectuar un seguimiento de la aplicación de la agenda estratégica de investigación.

               5)

               Se insta a los Estados miembros a aplicar conjuntamente la agenda estratégica de investigación, en particular a través de sus programas nacionales de investigación o de otras actividades de investigación nacionales.

               6)

               Se insta a los Estados miembros a cooperar con la Comisión con vistas a explorar posibles iniciativas de la Comisión para ayudar a los Estados miembros a elaborar y aplicar la agenda estratégica de investigación y con vistas a coordinar los programas conjuntos con otras iniciativas de la Unión en este ámbito.

               7)

               Se insta a los Estados miembros a informar periódicamente a la Comisión sobre los progresos conseguidos en esta iniciativa de programación conjunta.

      Hecho en Bruselas, el 28 de abril de 2010.

            Por la Comisión

         Máire GEOGHEGAN-QUINN

            Miembro de la Comisión


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		52013DC0371

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Polonia para 2012-2016 /* COM/2013/0371 final - 2013/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Polonia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
de Polonia para 2012-2016

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
Vista la recomendación de la Comisión Europea[2],
Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo[3],
Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010, el
Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de
julio de 2010, sobre la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices
generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión
(para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa
a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[4], que juntas forman las «orientaciones
integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las
orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012, los
jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre un Pacto por el
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas,
instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían
emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su
compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6
julio de 2012, el Consejo aprobó una
recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Polonia para 2011 y
emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Polonia
para 2011-2015.
(5)       El 28 de
noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio
Prospectivo Anual[5], marcando el inicio del
Semestre Europeo 2013 de coordinación de la política económica. También el 28
de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº1176/2011, adoptó el
Informe sobre el Mecanismo de Alerta[6], en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros
que sería objeto de un examen exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013, el
Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer
la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la
competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración Pública.
(7)       El 30 de abril de 2013,
Polonia presentó su Programa de Convergencia para el período 2012-2016 y su Programa
Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de tener en cuenta sus
interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(8)       Polonia
acometió considerables esfuerzos de consolidación en 2011-2012 de conformidad
con la recomendación del Consejo. Sin embargo, dado el deterioro de la
situación económica global, el plazo para corregir el déficit excesivo se ha
incumplido y se necesita más tiempo para corregirlo. Partiendo de la evaluación
del Programa de Convergencia de 2013, realizada de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1466/97, el Consejo considera que el escenario
macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es optimista.
En particular, se espera que la inversión y el consumo privados crezcan más que
en la previsión de la primavera 2013 de la Comisión, redundando en una tasa de
crecimiento general mayor en 2013 (1,5% frente a 1,1%). El objetivo de la
estrategia presupuestaria esbozada en el programa es reducir el déficit al 3,5%
del PIB en 2013 (un año después del plazo del procedimiento de déficit excesivo)
y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2016. Sin embargo, el Programa de
Convergencia de 2013 prevé reducir el déficit global por debajo del 3% del PIB
solo en 2015. Dado que las previsiones de crecimiento y de ingresos del
programa son demasiado optimistas, el Consejo considera que el esfuerzo
presupuestario previsto por las autoridades no es compatible con una corrección
real del déficit excesivo en 2013, a menos que se adopten medidas adicionales
significativas para redoblar los esfuerzos en ese año. El Programa se basa en
un escenario optimista y no suficientemente respaldado por medidas detalladas
que garanticen de forma creíble la corrección del déficit a más tardar en 2014.
Se requieren, por lo tanto, esfuerzos adicionales con medidas detalladas en
2013 y 2014. Las autoridades no han aprovechado bastante el crecimiento previo
a la crisis para reformar la estructura del gasto público, otorgando prioridad a
las partidas que favorecen el crecimiento. El Programa confirma el objetivo a
medio plazo anterior del -1% del PIB, que refleja los objetivos del Pacto.
Basado en el déficit estructural (recalculado), el objetivo a medio plazo no es
alcanzable en 2016, como prevé el Programa , pues el progreso anual previsto
hacia el objetivo del 0,3% del PIB (en términos estructurales) en 2015 y el 0,7%
del PIB en 2016 no es suficiente. La tasa de crecimiento del gasto público,
teniendo en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos, es
conforme con el índice de referencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
para la totalidad del período cubierto por el Programa . Pueden ser necesarios
esfuerzos adicionales, así como cambios en la composición del ajuste, también
en los últimos años del Programa , puesto que el progreso hacia el objetivo a
medio plazo depende predominantemente de recortes sustanciales del gasto en
inversión pública y no está suficientemente respaldado por medidas detalladas.
Se calcula que la deuda pública permanecerá por debajo del 60% del PIB en
Polonia a lo largo del período cubierto por el Programa . Las autoridades
nacionales prevén que se mantendrá constante, ligeramente por encima del 55,5%
del PIB, hasta 2014/2015 (y disminuirá en 2016), mientras que la Comisión, teniendo
en cuenta los posibles riesgos de los planes de consolidación y de las medidas
de reducción de la deuda, espera que aumente a cerca del 59% del PIB en 2014.
El cumplimiento de las obligaciones fiscales es un elemento clave en la lucha
contra la evasión fiscal, que también exige reducir la carga administrativa
sobre los contribuyentes y aumentar la eficiencia de la administración
tributaria. Para garantizar el éxito de la estrategia de saneamiento
presupuestario, es importante que esté respaldada por reformas estructurales
globales.
(9)       Un bajo porcentaje de gasto
propulsor del crecimiento (educación, investigación e innovación) y la
disminución de la inversión pública ensombrecen las perspectivas de crecimiento
a largo plazo. El sector sanitario polaco se enfrenta a limitaciones de acceso
a la atención sanitaria e ineficiencias de costes, mientras se espera que el
gasto en asistencia sanitaria crezca considerablemente a medio y largo plazo por
el envejecimiento de la sociedad, que aumenta la presión sobre las finanzas
públicas. El sistema podría mejorarse reforzando los sistemas de atención
primaria y orientación y aprovechando el potencial de rentabilidad de la asistencia
hospitalaria.
(10)     El Gobierno polaco todavía no ha
aplicado una norma permanente en materia de gasto coherente con el Sistema
Europeo de Cuentas (SEC). Polonia tampoco ha hecho progresos en la
planificación a medio plazo y la mejora de la coordinación entre los distintos
niveles de la Administración en relación con el proceso presupuestario.
(11)     El desempleo juvenil es
creciente, debido en gran parte a la falta de correspondencia entre los
resultados de la educación y las necesidades del mercado de trabajo. Aunque las
reformas de los sistemas educativos llevadas a cabo pretenden solucionar el
desfase de competencias profesionales, sigue siendo necesario incrementar la
disponibilidad de contratos en prácticas y el aprendizaje en el lugar de
trabajo, reforzar la cooperación entre las escuelas y las empresas y mejorar la
calidad de la enseñanza. La aplicación de una Garantía Juvenil, basada en los
esfuerzos en curso, sería un apoyo a los jóvenes en su búsqueda de empleo. La
proporción de adultos que participan en el aprendizaje permanente sigue siendo
muy baja y la adopción de la estrategia de aprendizaje permanente sigue
pendiente.
(12)     En lo que se refiere al
cuidado de los niños en edad preescolar, los esfuerzos del Gobierno se han
concentrado en la ejecución del Programa «Peques». Como consecuencia, el número
de guarderías se ha duplicado prácticamente en los últimos dos años, pero sigue
siendo extremadamente bajo en términos relativos y no satisface la demanda. Las
autoridades polacas hicieron escasos progresos en la extensión del empleo
temporal. El país tiene el tercer mayor porcentaje de trabajo de duración
determinada involuntaria en la UE, en particular en el grupo de edad de 15 a 24
años. Aunque suele decirse que los contratos de duración determinada son un
instrumento para que las personas en paro se incorporen al mercado laboral con
vistas a la posterior celebración de un contrato permanente, no parece ser este
el caso de la mayoría de los trabajadores en Polonia. Por el contrario, el
amplio uso de tales contratos parece tener un impacto negativo en la calidad
del capital humano y en la productividad, pues los trabajadores temporales suelen
tener menos acceso a la formación profesional. La penalización salarial de los
contratos de duración determinada es también relativamente elevada, lo que
conduce a una de las más altas tasas de pobreza de las personas con empleo en
la UE. Además, la utilización de contratos rotatorios de Derecho civil con
reducción sustancial de los derechos de protección social está muy extendida.
Según el informe «Juventud 2011» del Gobierno, más del 50 % de los
trabajadores jóvenes están empleados con dichos contratos.
(13)     Polonia se enfrenta a unas
bajas tasas de empleo de los trabajadores de más edad. Mientras que las
posibilidades de jubilación anticipada se han reducido considerablemente y se
ha llevado a cabo la reforma general del sistema de pensiones, se mantiene un
régimen especial de pensiones para los mineros. Además, el sistema de seguridad
social de los agricultores (KRUS) genera incentivos para que los pequeños agricultores
permanezcan en el sector agrícola, debido principalmente a que las rentas de
los agricultores no se rastrean con precisión en el sistema. Esto da lugar a
desempleo oculto en las zonas rurales, al frenar el crecimiento de la
productividad y la movilidad laboral regional y sectorial.
(14)     Polonia figura entre los
países de la UE con un nivel más bajo de gasto en I+D y entre los que obtienen
peores resultados en los indicadores de innovación en sentido amplio. El
porcentaje total del gasto en I+D en el PIB polaco fue del 0,77 % en 2011,
uno de los más bajos de la UE. En particular, el gasto privado en I+D es bajo
(0,2 % del PIB en 2011). Las empresas polacas han recurrido en gran medida
a la absorción de tecnología, es decir, la aplicación de tecnologías ya
existentes mediante inversión en capital fijo. Aunque esto ha permitido
garantizar el aumento de la productividad y el crecimiento económico, Polonia
necesita ahora una transición hacia un modelo autóctono basado en la innovación.
Las reformas del sistema de educación superior y científica emprendieron una
reestructuración importante para inducir la cooperación entre ciencia e
industria. No se dispone aún de una evaluación de estas reformas. Es necesario
un planteamiento más holístico para armonizar los esfuerzos en investigación,
innovación y política industrial y garantizar que existen instrumentos
adecuados de apoyo a todo el ciclo de la innovación.
(15)     Son todavía muy elevados los beneficios
potenciales de las mejoras en eficiencia energética en todos los sectores de la
economía polaca, en particular el aislamiento de los edificios, y estas
ganancias podrían apoyar el crecimiento. La red nacional de electricidad sigue estando
congestionada, pero se avanza en la creación de más capacidad de interconexión con
los mercados de los países vecinos. La competencia en el mercado del gas se ve
obstaculizada por una serie de factores, especialmente porque la supresión
progresiva de los precios regulados aún no ha finalizado, el operador ya
instalado posee una cuota de mercado de aproximadamente el 97 % en los
mercados minorista y mayorista y el 90 % de las importaciones de gas
natural procede de Rusia.
(16)     A pesar de algunos avances, la
poco desarrollada infraestructura de transporte polaca sigue siendo un obstáculo
importante para el crecimiento. Se ha avanzado en los principales proyectos de
infraestructura viaria, pero los proyectos de inversión ferroviaria están en
general muy retrasados. La degradada infraestructura ferroviaria necesita una
inversión sustancial y creciente, ya que solo el 36 % de los cerca de 20 000 km
de líneas ferroviarias en funcionamiento están en buenas condiciones técnicas.
A pesar de los recientes esfuerzos, Polonia sigue estando muy por detrás de
otros Estados miembros en el aprovechamiento del potencial de crecimiento de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La cobertura de banda
ancha fija es la más baja de la UE, tanto a nivel nacional como en las zonas
rurales. La inversión en las redes hidráulicas sigue siendo insuficiente.
(17)     La Administración Pública polaca
está por debajo de la media de la UE. Entre los problemas fundamentales figuran
la transparencia, la complejidad del sistema fiscal y los costes de
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el aumento de la duración media
de los procesos civiles y mercantiles, la larga duración de los procedimientos
de insolvencia y las bajas tasas de recuperación. La utilización de la
administración electrónica en la administración pública también sigue siendo
inferior a la media de la UE. Polonia inició una reforma para facilitar el
acceso a las profesiones reguladas que está retrasada respecto del calendario
inicialmente anunciado.
(18)     En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica
de Polonia, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de
Reformas. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de
la política presupuestaria y socioeconómica de Polonia, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales.
Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(19)     A la luz de esta evaluación,
el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Polonia y su dictamen[7] se
refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
RECOMIENDA que Polonia tome medidas en
el período 2013-2014 a fin de:
1.           Reforzar y aplicar la
estrategia presupuestaria para el año 2013 y años posteriores, respaldada por
medidas suficientemente especificadas para 2013 y 2014, a fin de garantizar la oportuna
corrección del déficit excesivo en 2014 de manera sostenible y la realización
del esfuerzo presupuestario especificado en las recomendaciones del Consejo en
virtud del procedimiento de déficit excesivo. Una corrección duradera de los
desequilibrios presupuestarios requiere la ejecución creíble de ambiciosas
reformas estructurales, que aumentarían la capacidad de ajuste y fomentarían el
potencial de crecimiento y empleo. Una vez corregido el déficit excesivo,
proseguir el esfuerzo de ajuste estructural que permitirá a Polonia alcanzar el
objetivo a medio plazo en 2016. Con vistas a mejorar la calidad de las finanzas
públicas, reducir al mínimo los recortes en la inversión generadora de
crecimiento y reevaluar las políticas de gasto, mejorando la definición de los
objetivos de las políticas sociales y aumentando la relación coste-eficacia y
la eficiencia del gasto en el sector sanitario. Mejorar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, en especial mediante el aumento de la eficiencia de
la administración tributaria.
2.           Garantizar la adopción de una
norma permanente en materia de gasto en 2013 de acuerdo con las normas del Sistema
Europeo de Cuentas. Tomar medidas para fortalecer los mecanismos de
coordinación presupuestaria anuales y a medio plazo entre los diferentes
niveles de la Administración.
3.           Consolidar los esfuerzos para
reducir el desempleo juvenil, por ejemplo mediante una Garantía Juvenil, aumentar
la oferta de contratos en prácticas y la formación en el puesto de trabajo, reforzar
la cooperación entre los centros de enseñanza y los empleadores y mejorar la
calidad de la enseñanza. Adoptar la propuesta de estrategia de formación permanente.
Combatir la pobreza de la población con empleo y la segmentación del mercado de
trabajo mediante una mejor transición del empleo fijo al de duración
determinada y la reducción del uso excesivo de los contratos de Derecho civil.
4.           Proseguir los esfuerzos para
aumentar la participación femenina en el mercado laboral, en particular
mediante la inversión en servicios de guardería y educación preescolar asequibles
y de calidad, garantizando una financiación estable y personal cualificado. Con
el fin de mejorar la movilidad laboral sectorial, tomar medidas permanentes para
reformar el régimen de seguridad social de los agricultores (KRUS). Suprimir
progresivamente el régimen especial de pensiones de los mineros para integrarlo
en el régimen general. Respaldar la reforma general del régimen de pensiones
con medidas de fomento de la empleabilidad de los trabajadores de más edad para
aumentar la edad de salida del mercado laboral.
5.           Tomar medidas adicionales
para garantizar un entorno empresarial favorable a la innovación mediante el
refuerzo de los vínculos entre investigación, innovación y política industrial,
mediante el desarrollo de instrumentos rotativos e incentivos fiscales y una
mejor selección de los instrumentos existentes para las distintas fases del
ciclo de innovación.
6.           Renovar y ampliar la capacidad
de generación de energía y aumentar la eficiencia de la cadena energética en su
conjunto. Acelerar y ampliar el desarrollo de la red eléctrica, incluidas las
interconexiones transfronterizas, y eliminar los obstáculos al intercambio
transfronterizo de electricidad. Reforzar la competencia en el sector del gas,
mediante la supresión gradual de los precios regulados. Reforzar el papel y los
recursos del regulador del mercado ferroviario y garantizar una ejecución
efectiva y rápida de los proyectos de inversión ferroviaria. Acelerar los
esfuerzos para aumentar la cobertura de la banda ancha. Mejorar la gestión de
los residuos y del agua.
7.           Adoptar
medidas adicionales para mejorar el entorno empresarial simplificando la
ejecución de los contratos y los requisitos para los permisos de construcción y
reduciendo los costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Adoptar
y aplicar la liberalización prevista del acceso a los servicios profesionales.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2013)
371 final.
[3]               P7_TA(2013)0052
y P7_TA(2013)0053.
[4]               Decisión 2013/238/UE del Consejo de 26 de abril de 2013.
[5]               COM(2012) 750 final.
[6]               COM(2012) 751 final.
[7]               En
virtud del artículo 52, apartado 2, del Reglamento (CE) del Consejo nº 1466/97.


Avis juridique important

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31998H0376

98/376/CE: Recomendación del Consejo de 4 de junio de 1998 sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

Diario Oficial n° L 167 de 12/06/1998 p. 0025 - 0028

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 4 de junio de 1998 sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (98/376/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 75,Vista la propuesta de Recomendación presentada por la Comisión,Visto el dictamen del Comité Económico y Social (1),Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado (3),(1) Considerando que en su comunicación sobre un Programa de acción social a medio plazo 1995-1997, que envió el 12 de abril de 1995 al Parlamento y al Consejo Europeo, así como al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, y en su informe al Consejo relativo a las acciones que deberán emprenderse en la Comunidad con respecto al acceso al transporte de las personas con movilidad reducida, de 26 de noviembre de 1993, la Comisión preconiza el reconocimiento mutuo de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme;(2) Considerando que, con arreglo al espíritu de la Resolución de Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades, toda persona con discapacidad debe poder disfrutar de las medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su integración profesional y social;(3) Considerando que la utilización de un medio de transporte distinto de los medios de transporte públicos es para muchas personas con discapacidad el único medio para desplazarse de manera autónoma con vistas a una integración profesional y social; que, en determinadas circunstancias y respetando la seguridad vial, procede permitir que las personas con discapacidad en posesión de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad puedan aparcar su vehículo sin deber realizar a continuación grandes desplazamientos; que procede, pues, que las personas con discapacidad puedan disfrutar en toda la Comunidad Europea de las facilidades a que da derecho la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentre la persona;(4) Considerando que las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad pueden ser competencia de las autoridades regionales y locales; que, por consiguiente, procede consultar al Comité de las Regiones;(5) Considerando que, con arreglo al principio de subsidiariedad, es oportuna una acción comunitaria para fomentar la comprensión y el reconocimiento mutuo de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad y que facilite la libre circulación de éstas;(6) Considerando que es deseable la existencia de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con un modelo comunitario reconocido mutuamente por los Estados miembros;(7) Considerando que la definición de «discapacidad» y los procedimientos para la atribución de las tarjetas de estacionamiento para las personas con discapacidad son competencia de los Estados miembros;(8) Considerando que es deseable que los Estados miembros prevean elementos de seguridad para impedir la falsificación o imitación fraudulenta de dicha tarjeta de estacionamiento;(9) Considerando que la Conferencia europea de Ministros de Transporte (CEMT) ya ha adoptado una Resolución destinada a fomentar la concesión y el reconocimiento mutuo de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidades (Resolución de la CEMT de 22 de abril de 1997);(10) Considerando que los titulares de estas tarjetas deben recibir una información completa sobre las condiciones de utilización de la tarjeta en los Estados miembros,RECOMIENDA a los Estados miembros:1) que creen la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que se les concederá con arreglo a las disposiciones nacionales correspondientes de acuerdo con el modelo comunitario uniforme que se describe en el anexo, y que podrá ser utilizada de manera paralela a las tarjetas de estacionamiento expedidas por los Estados miembros, con arreglo a las condiciones que establece el punto 5;2) que reconozcan, a partir del 1 de enero de 1999, las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad que cada Estado miembro cree con arreglo a un modelo comunitario uniforme a fin de que el titular de una tarjeta de este tipo pueda disfrutar de las facilidades de estacionamiento relacionadas con dicha tarjeta concedidas en el Estado miembro en que se encuentre;3) que concedan el disfrute de la tarjeta de estacionamiento a las personas cuya discapacidad les origine una movilidad reducida;4) que, en el momento de expedir la tarjeta de estacionamiento y a petición de los interesados, entreguen, basándose en una ficha técnica preparada por la Comisión, un resumen de las condiciones de utilización en los distintos Estados miembros de la Unión Europea;5) que adopten las medidas necesarias para que las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo al modelo comunitario uniforme estén disponibles, a más tardar, el 1 de enero de 2000.La presente Recomendación no obstará para que el modelo de tarjeta utilizado en un Estado miembro con anterioridad al 1 de enero de 2000 siga siendo utilizado en el territorio de dicho Estado miembro, con posterioridad a dicha fecha, hasta su sustitución;6) que informen a la Comisión antes del 1 de julio de 2000 sobre el curso dado a la presente Recomendación.Hecho en Luxemburgo, el 4 de junio de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteD. BLUNKETT(1) DO C 174 de 17. 6. 1996, p. 27.(2) DO C 42 de 10. 2. 1997, p. 27.(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 1996 (DO C 20 de 20. 1. 1997, p. 386), Posición común del Consejo de 19 de diciembre de 1997 (DO C 62 de 26. 2. 1998, p. 4) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de marzo de 1998 (DO C 138 de 4. 5. 1998).ANEXO Disposiciones sobre el modelo comunitario de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad A. Las dimensiones totales de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo al modelo comunitario serán las siguientes:- longitud: 106 mm,- anchura: 148 mm.B. El color de la tarjeta de estacionamiento será azul claro, con excepción del símbolo blanco que representa, sobre fondo azul oscuro, una silla de ruedas.C. La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad estará plastificada, con excepción del espacio previsto para la firma del titular en la izquierda del reverso.D. La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad tendrá un reverso y un anverso, cada uno de ellos dividido verticalmente en dos mitades.En la mitad izquierda del anverso figurarán:- el símbolo de la silla de ruedas en blanco sobre fondo azul oscuro,- la fecha de caducidad de la tarjeta de estacionamiento,- el número de la tarjeta de estacionamiento,- el nombre y el sello de la autoridad u organización expedidora.En la mitad derecha del anverso figurarán:- la inscripción «Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad» impresa en caracteres grandes en la lengua o lenguas del Estado miembro que expida la tarjeta. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción «Tarjeta de estacionamiento» en las demás lenguas de la Unión Europea,- la inscripción «Modelo de las Comunidades Europeas» impresa en la lengua o lenguas del Estado miembro que expida la tarjeta,- de fondo, el indicativo del Estado miembro que expida la tarjeta de estacionamiento, conforme a la lista siguiente:>SITIO PARA UN CUADRO>dentro del símbolo de la Unión Europea, el círculo de doce estrellas.En la mitad izquierda del reverso figurarán:1) los apellidos del titular,2) el nombre del titular,3) la firma del titular u otra marca autorizada si la legislación nacional lo prevé,4) la fotografía del titular.En la mitad derecha del reverso figurarán:1) la indicación:«Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de estacionamiento vigentes en el Estado miembro en que se encuentre.»;2) la indicación:«Cuando se utilice esta tarjeta, deberá colocarse en la parte delantera del vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control.».E. Las inscripciones estarán redactadas en la lengua o lenguas del Estado miembro que expida la tarjeta de estacionamiento, con excepción de las inscripciones de la mitad derecha del anverso.Si un Estado miembro desea que las inscripciones figuren en una lengua nacional distinta de las siguientes: español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés o sueco, elaborará una versión bilingüe de la tarjeta utilizando una de las once lenguas mencionadas, sin perjuicio de las demás disposiciones del presente anexo.