               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.11.2017
            COM(2017) 770 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            sobre la política económica de la zona del euro
            {SWD(2017) 660 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               sobre la política económica de la zona del euro

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 136, leído en relación con su artículo 121, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Prosigue la expansión económica en la zona del euro y cada vez tiene una base más amplia en los distintos países. La recuperación se ve impulsada cada vez más por la demanda interna, pues es el consumo privado el principal motor del crecimiento y repunta la inversión. El empleo siguió aumentando a lo largo de 2016 y en el primer semestre de 2017. La tasa de desempleo ha experimentado una reducción significativa, aunque sigue siendo superior a la de 2008. La recuperación de la zona del euro presenta, sin embargo, algunos rasgos atípicos: la atonía de la inflación subyacente y el crecimiento de los salarios, que no reflejan las mejoras registradas en el mercado de trabajo atendiendo a los indicadores habituales de ese mercado, un amplio superávit por cuenta corriente y una brecha de inversión persistente, aunque en disminución. En particular, el moderado crecimiento de los salarios parece obedecer a la capacidad ociosa que sigue existiendo en el mercado de trabajo de algunas economías, a las expectativas de baja inflación asumidas en las negociaciones salariales y al pequeño incremento de la productividad. Aunque ha aumentado la renta real de los hogares, sigue estando por debajo de los niveles de 2008 en muchos países. Persisten las divergencias entre los países de la zona del euro tanto en términos de PIB per cápita como de desempleo. Las tasas de desempleo de larga duración y de desempleo juvenil siguen siendo elevadas, al tiempo que la pobreza, la exclusión social y las desigualdades siguen preocupando seriamente en varios Estados miembros.

               (2)En términos generales, a juzgar por la lectura de los indicadores económicos de la zona del euro, parece haber argumentos para preconizar la adopción de medidas adicionales de apoyo a la demanda, la inversión y el crecimiento salarial sin incurrir en el riesgo de activar presiones inflacionistas, al tiempo que se estimula el reequilibrio interno y externo y la convergencia económica y social. Al mismo tiempo, es preciso seguir de cerca
                  3
                los indicios de la aparición de nuevos desequilibrios, por ejemplo, en el mercado de la vivienda en algunos Estados miembros.

               (3)Sigue habiendo desequilibrios significativos en la zona del euro. Aunque los países deudores netos han avanzado mucho en la corrección de sus desequilibrios externos, algunos países acreedores siguen presentando considerables superávits por cuenta corriente, lo que refleja una insuficiencia general de la demanda agregada. Estos superávits generan un excedente en la zona del euro del 3,3 % del PIB en 2016, que se prevé disminuya al 2,9 % del PIB en 2019. La posición de inversión internacional neta de los Estados miembros más endeudados ha ido mejorando a un ritmo lento, por lo que sigue siendo necesario adoptar medidas sostenidas de reequilibrio. Los países que registraron grandes déficits por cuenta corriente durante un largo período de tiempo aún presentan posiciones de inversión internacional neta muy negativas que van generalmente de la mano de grandes volúmenes de deuda pública o privada, lo que constituye un factor de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, también es necesario realizar esfuerzos en los países con cuantiosos superávits por cuenta corriente para sostener la demanda interna y, de ese modo, contribuir al reequilibrio de la zona del euro.

               (4)El crecimiento de los salarios contribuye a la recuperación económica de la zona del euro al reforzar la demanda agregada, reduce las desigualdades y garantiza un alto nivel de vida en la zona. Disponer de mecanismos de fijación de salarios eficientes debe garantizar que los salarios se diferencien en función de las condiciones específicas de cada país y tengan debidamente en cuenta la evolución de la productividad. La aplicación de reformas estructurales que aumenten la productividad en todos los países, la mejora de la calidad y la composición del gasto público en apoyo de las inversiones, el fomento del crecimiento de los salarios y de unas dinámicas de la demanda más sólidas en los países acreedores netos, y la aplicación de medidas que contengan el crecimiento de los costes laborales unitarios en los países deudores netos contribuirían a acelerar el proceso de reequilibrio en la zona del euro.

               (5)La coherencia y el equilibrio en la combinación de políticas macroeconómicas de la zona del euro, incluido en los ámbitos monetario, presupuestario y estructural, son esenciales para lograr una recuperación económica más robusta y sostenible. En los últimos años, esta combinación de políticas ha presentado un sesgo a favor de la política monetaria, que recurrió a nuevos instrumentos no convencionales para alcanzar el objetivo de inflación a medio plazo del BCE, contribuyendo así al crecimiento y la creación de empleo. El BCE anunció el inicio de un reajuste de su programa de compra de activos a partir de enero de 2018. Ello requiere que otras políticas desempeñen un papel de apoyo en los Estados miembros en los que se disponga de margen de intervención.

               (6)Reforzar la coordinación de las políticas presupuestarias nacionales sobre la base de normas comunes es esencial para lograr una orientación agregada apropiada en materia presupuestaria para la zona del euro y garantizar el buen funcionamiento de la unión monetaria. Las normas presupuestarias comunes van encaminadas a alcanzar la sostenibilidad de la deuda a nivel nacional, dando al mismo tiempo margen para la estabilización macroeconómica. Las orientaciones presupuestarias para los Estados miembros y para la zona del euro a nivel agregado tienen, por tanto, que equilibrar los objetivos de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas nacionales y la estabilización macroeconómica a corto plazo, a nivel nacional y de la zona del euro. Una orientación presupuestaria globalmente neutra a nivel agregado para la zona del euro parece apropiada a la luz de la actual recuperación económica en dicha zona, teniendo en cuenta las características atípicas que presenta, la deuda heredada como consecuencia de la crisis y la prevista recalibración de la adquisición de activos por parte del BCE. Se precisa realizar una diferenciación adecuada de los esfuerzos presupuestarios en los distintos Estados miembros de la zona del euro, teniendo en cuenta el margen de maniobra presupuestario y los efectos indirectos entre países.

               (7)Una mejora decisiva de la composición y la gestión de los presupuestos nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, mediante, por ejemplo, la reasignación de recursos hacia inversiones tangibles e intangibles, aumentaría el impacto de los presupuestos públicos sobre la demanda a corto plazo e incrementaría la productividad a más largo plazo. Las mejoras introducidas en el funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales y la buena gestión de las revisiones del gasto contribuyen a la aplicación de políticas presupuestarias creíbles y favorables al crecimiento.

               (8)Una estructura de la fiscalidad adecuada es fundamental para fomentar el crecimiento y el empleo, así como para contribuir a la reducción de las desigualdades. La simplificación de los sistemas impositivos y la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales son esenciales para lograr que los sistemas fiscales sean más justos y eficientes. Estas medidas pueden liberar recursos para la inversión, la educación y la asistencia sanitaria públicas y contribuyen a fomentar la inversión, el empleo y la mejora de la equidad social. En particular, la adopción de medidas contra la planificación fiscal abusiva es esencial para garantizar los ingresos públicos, impedir las distorsiones de la competencia entre las empresas, mantener la cohesión social y luchar contra el aumento de las desigualdades. La base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) constituiría otro instrumento inestimable contra la elusión fiscal, mejorando al mismo tiempo el mercado único para las empresas.

               (9)Las características estructurales e institucionales de los mercados de trabajo y de productos y el buen funcionamiento de las administraciones públicas son factores de gran relevancia que determinan la resiliencia económica y la convergencia cíclica, real y social entre los Estados miembros de la zona del euro. Disponer de unas estructuras económicas resilientes impide que las perturbaciones tengan consecuencias perniciosas y duraderas sobre los ingresos y el empleo en los Estados miembros y en el conjunto de la zona del euro. De esta manera, reducen las fluctuaciones económicas y ofrecen un entorno favorable para un crecimiento sostenible e integrador. Una mejor coordinación de la aplicación de las reformas estructurales, incluidas las prescritas en las recomendaciones específicas por país, puede generar efectos indirectos positivos en los Estados miembros y reforzar su incidencia positiva.

               (10)Unos mercados laborales y sistemas de protección social que funcionen adecuadamente son esenciales para sentar las bases de un crecimiento económico integrador, la reducción de las desigualdades y la resiliencia de las economías nacionales y de la zona del euro en su conjunto. Con el fin de lograr una convergencia al alza en este ámbito, el pilar europeo de derechos sociales establece 20 principios clave que pueden dividirse en tres capítulos generales: i) igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; ii) condiciones de trabajo justas; y iii) protección e inclusión sociales.

               (11)A pesar de los avances logrados en las reformas introducidas para mejorar la capacidad de ajuste de los mercados de trabajo, siguen existiendo diferencias significativas en la zona del euro que lastran aún su buen funcionamiento. Unas políticas del mercado laboral bien diseñadas, plenamente integradas con los sistemas de protección social, pueden contribuir a las transiciones y la reinserción en el mercado laboral, reducir su segmentación, proporcionar una estabilidad automática eficaz y promover la justicia social. Contar con disposiciones en materia de horario laboral bien diseñadas puede contribuir a atenuar las perturbaciones. Es posible lograr una activación eficaz y oportuna de los desempleados que pueden integrarse en el mercado laboral facilitando ayuda individualizada en materia de búsqueda de empleo, formación y reciclaje, a la vez que se protege a los que no puedan reintegrarse. La aparición de nuevas formas de empleo y nuevos tipos de contratos conlleva problemas relacionados con la seguridad del empleo y la protección social. En este contexto, es necesario que la legislación en materia de protección del empleo establezca una condiciones de trabajo justas y dignas para todos los trabajadores.

               (12)Es esencial disponer de sistemas de protección social eficaces con vistas a promover unos mercados de trabajo integradores, garantizar un complemento a la renta adecuado y un apoyo social apropiado mediante el acceso a servicios de calidad. Las reformas de los sistemas de pensiones y las políticas de conciliación entre vida profesional y privada son también esenciales para fomentar la participación en el mercado de trabajo. Se deben eliminar las restricciones innecesarias a la movilidad laboral, geográfica y sectorial de los trabajadores en los sistemas de empleo y protección social.

               (13)El acceso a una educación y formación de gran calidad es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y resolver el problema de la inadecuación de las capacidades. Realizar inversiones adecuadas en capital humano a través de unos sistemas de formación y educación que mejoren el aprendizaje permanente y garanticen que las capacidades respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral es fundamental para mejorar la capacidad de ajuste y la convergencia real de la economía a largo plazo. Invertir en capacidades también puede impulsar la innovación y aumentar la productividad y la competitividad, además de garantizar la integración social y la movilidad.

               (14)Las reformas de los mercados de productos que aumentan la competencia y las reformas que mejoran el entorno empresarial y la calidad de las instituciones (incluido un sistema judicial eficaz que facilite la ejecución de los contratos) fomentan la resiliencia económica en los Estados miembros y en la zona del euro en su conjunto. La mayor integración en el mercado único ha demostrado ser un importante motor del crecimiento y de la convergencia entre los Estados miembros. Aún no se ha aprovechado plenamente todo el potencial del mercado único, y es necesario avanzar decididamente hacia su culminación. Queda pendiente la plena realización del mercado único de servicios (incluidos los servicios financieros, el comercio digital, la energía y el transporte). No obstante, también debe prestarse especial atención a los mercados de bienes con el fin de evitar la segmentación del mercado. El mercado único digital debe contribuir a completar el marco jurídico para acelerar la digitalización de las actividades económicas como paso necesario para mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y la competitividad mundial.

               (15)Si bien ha aumentado desde la crisis la solidez general del sector bancario de la zona del euro y el crédito bancario ha empezado a crecer de nuevo, la situación sigue siendo vulnerable y se han de tomar medidas para encauzarla. Los bancos, y especialmente las entidades pequeñas y medianas, adolecen de baja rentabilidad. Los costes que conlleva adaptar los modelos de negocio de los bancos, el entorno de bajos tipos de interés y el aumento de la competencia de otras formas de financiación siguen ejerciendo presión sobre la rentabilidad de los bancos. Por tanto, los modelos de negocio tienen que seguir adaptándose para ser sostenibles a largo plazo. Aunque las ratios de préstamos no productivos se han estabilizado en casi todos los Estados miembros de la zona del euro más afectados o presentan una tendencia decreciente, se sigue avanzando con lentitud. Presentar unas ratios elevadas de préstamos no productivos obstaculiza la capacidad de préstamo de los bancos, la transmisión de la política monetaria y la capacidad de ajuste económico, amén de constituir una fuente de vulnerabilidad para el sistema bancario en su conjunto. Sobre la base del plan de acción para hacer frente al problema de los préstamos no productivos, que fue aprobado por el Consejo en julio de 2017, y tal como se anunció en su Comunicación sobre la unión bancaria de 11 de octubre de 2017, la Comisión está trabajando actualmente para presentar una batería completa de medidas destinadas a reducir los préstamos no productivos en 2018.

               (16)El refuerzo de la estructura institucional de la UEM exige con carácter prioritario completar la unión bancaria y avanzar en la Unión de Mercados de Capitales. El establecimiento de la unión bancaria ha avanzado de manera significativa, pero aún no ha concluido. La reciente Comunicación de la Comisión sobre la culminación de la unión bancaria aspira a fijar un itinerario sobre cómo se puede alcanzar un acuerdo sobre la plena realización de la unión bancaria, sobre la base de los compromisos asumidos por el Consejo. La falta de un sistema común de garantía de depósitos y de un mecanismo común de protección para el Fondo Único de Resolución menoscaban la capacidad de la unión bancaria para romper el vínculo existente entre los bancos y los emisores soberanos. Deben proseguir los esfuerzos para reducir aún más el riesgo y mejorar la gestión del riesgo en los bancos. En este contexto, es esencial que se adopten medidas con rapidez de cara a alcanzar un acuerdo sobre el conjunto de medidas reguladoras propuesto por la Comisión en noviembre de 2016, así como que se logren nuevos avances en la reducción de los préstamos no productivos de los bancos y la diversificación de sus inversiones en bonos soberanos.

               (17)El Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa supuso el comienzo de un proceso de reflexión en el que la EU de los 27 debe decidir sobre el futuro de la Unión, esbozando posibles escenarios. Además, la Comisión contribuyó con una serie de documentos de reflexión, entre los cuales el documento de reflexión sobre la profundización de la UEM ofrecía una visión global para la culminación de la UEM, pues presentaba una clara secuencia de lo que se ha de hacer para completar su estructura. El discurso sobre el Estado de la Unión de 2017 señaló algunos elementos clave para seguir avanzando en la UEM y en otoño de 2017 la Comisión presentó las propuestas pertinentes.

               RECOMIENDA que los Estados miembros de la zona del euro adopten individual y colectivamente medidas, dentro del Eurogrupo y en el período 2018-2019, con el fin de:

               1.Impulsar políticas que fomenten el crecimiento sostenible e integrador y mejoren la resiliencia, el reequilibrio y la convergencia. Avanzar significativamente hacia la plena realización del mercado único, particularmente en materia de servicios, incluidos los servicios financieros, el comercio digital, la energía y el transporte. Habida cuenta de las favorables condiciones cíclicas, todos los Estados miembros deben dar prioridad a las reformas que incrementen la productividad y el potencial de crecimiento, mejoren el entorno institucional y empresarial, supriman los obstáculos a la inversión, contribuyan a la creación de puestos de trabajo de calidad y reduzcan la desigualdad. Los Estados miembros con déficits por cuenta corriente o con una deuda externa elevada deben aspirar, además, a contener el crecimiento de los costes laborales unitarios. Los Estados miembros con grandes superávits por cuenta corriente deben, además, promover el crecimiento de los salarios y aplicar de forma prioritaria medidas que favorezcan la inversión, apoyen la demanda interna y faciliten la recuperación del equilibrio en la zona del euro.

               2.Aspirar a una orientación presupuestaria globalmente neutra a nivel agregado para la zona del euro y una combinación de políticas equilibrada. Las políticas presupuestarias deben encontrar el equilibrio adecuado entre garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, en particular mediante la reducción de las ratios de deuda, si son elevadas, y apoyar la recuperación económica. Al tiempo que garantizan el funcionamiento eficaz de los marcos presupuestarios nacionales, los Estados miembros deben impulsar unas políticas presupuestarias que se ajusten al PEC y que apoyen la inversión y mejoren la calidad y la composición de las finanzas públicas, incluso mediante la utilización de revisiones del gasto y la adopción de estructuras tributarias justas y favorables al crecimiento. Los Estados miembros deben adoptar y aplicar medidas para reducir el sesgo impositivo a favor del endeudamiento y luchar contra la planificación fiscal abusiva con objeto de garantizar unas condiciones de competencia equitativas, velar por la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas y la estabilidad en la zona del euro. Ello incluye seguir trabajando hacia la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).

               3.Implementar reformas que fomenten la creación de empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e integración sociales. Las reformas deben aspirar a lograr: i) contratos de trabajo flexibles y fiables, combinados con un apoyo adecuado durante las transiciones y evitar la segmentación del mercado laboral; ii) sistemas de educación y formación permanentes eficientes y de calidad, que aspiren a adecuar las capacidades a las necesidades del mercado de trabajo; iii) políticas activas del mercado de trabajo eficaces que fomenten la participación en el mercado laboral; iv) sistemas de protección social adecuados y sostenibles que respondan a los nuevos tipos de puestos de trabajo y de relaciones laborales; v) una movilidad laboral fluida entre empleos, sectores y ubicaciones; vi) un diálogo social efectivo y negociaciones salariales al nivel apropiado; vii) que se desplace la fiscalidad que grava el trabajo, especialmente de los trabajadores con bajos salarios y la segunda fuente de ingresos familiares.

               4.En consonancia con la hoja de ruta del Consejo (Ecofin) de junio de 2016, proseguir el trabajo para completar la unión bancaria por lo que respecta a la reducción y el reparto de los riesgos, sin olvidar el establecimiento de un sistema europeo de garantía de depósitos, conseguir que sea operativo el mecanismo de protección común para el Fondo Único de Resolución y reforzar el marco europeo de supervisión para evitar la acumulación de riesgos. Adoptar medidas para acelerar de forma tangible la reducción del nivel de préstamos no productivos sobre la base del plan de acción aprobado por el Consejo (Ecofin) y promover un proceso ordenado de desapalancamiento en los Estados miembros con grandes volúmenes de deuda privada. Mejorar la integración y el desarrollo de los mercados de capitales de la UE con el fin de favorecer el crecimiento de la economía real, garantizando al mismo tiempo la salvaguardia de la estabilidad de los mercados financieros.

               5.Avanzar rápidamente hacia la culminación de la Unión Económica y Monetaria, en particular tomando como punto de partida las iniciativas de la Comisión puestas en marcha en otoño de 2017, respetando plenamente el mercado interior de la UE y de forma abierta y transparente con respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        Véase el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2018.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas,4.1.2018
            COM(2017) 812 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

               •Razones y objetivos de la Recomendación

                  La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el párrafo 198 de su Resolución 68/70, pidió al Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición Abierta que estudiara las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (en lo sucesivo, «el Grupo de Trabajo»), con el objetivo de formular recomendaciones sobre el alcance, los parámetros y la viabilidad de un instrumento internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

                  Basándose en el trabajo realizado desde 2006, en su reunión final de enero de 2015 el Grupo de Trabajo adoptó una serie de recomendaciones que destacan la necesidad de contar con un régimen mundial amplio para abordar mejor la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, mediante la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (en lo sucesivo, «el instrumento»).

                  La Resolución 69/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 19 de junio de 2015, estableció un comité preparatorio (en lo sucesivo, «el comité preparatorio») abierto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, los miembros de los organismos especializados y las Partes en la CNUDM, para que formulara recomendaciones sustantivas a la Asamblea General sobre los elementos de un proyecto de texto del instrumento. Dispuso asimismo que, antes de que concluyera su septuagésimo segundo período de sesiones y teniendo en cuenta el informe del comité preparatorio, la Asamblea General de las Naciones Unidas debía tomar una decisión sobre la convocatoria y la fecha de inicio de una conferencia intergubernamental (en lo sucesivo, «la conferencia intergubernamental») que negociara dicho instrumento.

                  En marzo de 2016, el Consejo decidió autorizar a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, los elementos del borrador del instrumento, con relación a los asuntos que sean competencia de la Unión y respecto de los cuales la esta haya adoptado normas (Decisión 6862/16, de 15 de marzo de 2016). La autorización para negociar y las directrices se limitaron explícitamente a las reuniones del comité preparatorio.

                  El comité preparatorio celebró cuatro sesiones en 2016 y 2017, la última de ellas entre el 10 y el 21 de julio de 2017. Las negociaciones llevadas a cabo en dichas sesiones abordaron los temas señalados en las recomendaciones salidas de la reunión de 2011 del Grupo de Trabajo, a saber: los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas al reparto de los beneficios; las medidas como los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas, incluidas las zonas marinas protegidas; las evaluaciones de impacto ambiental; la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina; así como otras cuestiones transversales más generales, como por ejemplo los principios, los procedimientos de toma de decisiones y de resolución de diferencias, la relación con otros instrumentos o la participación. Las recomendaciones finales se adoptaron por consenso el 21 de julio de 2017 (y se incluyen en el informe del comité preparatorio:

                     http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/Procedural_report_of_BBNJ_PrepCom.pdf

                  ). Entre otras cosas, el comité preparatorio recomendó que la Asamblea General de las Naciones Unidas tomara una decisión sobre la convocatoria de la conferencia intergubernamental tan pronto como fuera posible, para elaborar el texto del instrumento.

                  Es probable que la Asamblea General de las Naciones Unidas tome la decisión de convocar la conferencia intergubernamental antes de que termine 2017. La conferencia intergubernamental podría así comenzar su trabajo y celebrar su primera reunión durante el primer semestre de 2018.

                  En su calidad de Parte en la CNUDM, y habiendo sido uno de los principales defensores de la necesidad de crear tal instrumento desde que comenzaron los debates en las Naciones Unidas en 2006, la UE debe seguir participando activamente en este proceso, contribuyendo así a una mejor conservación y un uso sostenible de los recursos biológicos marinos en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, dentro del marco legal definido por la Convención. La UE debe también velar por que se incluyan las disposiciones que le permitan convertirse en Parte en dicho instrumento.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  La Comisión debe asegurarse de que las negociaciones del texto del futuro instrumento sean totalmente coherentes con las normas y las políticas pertinentes de la Unión en los ámbitos que dicho instrumento cubrirá (política de medio ambiente, política de transporte marítimo, política pesquera común, política del mercado interior, política comercial común, política en materia de investigación y desarrollo tecnológico, política climática y otras políticas pertinentes) y con los acuerdos bilaterales y multilaterales pertinentes en los que ya sea Parte la Unión.

                  Puesto que el instrumento será un acuerdo de ejecución de la CNUDM y esta ya forma parte del acervo de la Unión, la Comisión deberá garantizar que las disposiciones y el equilibrio de derechos y obligaciones consagrados en la CNUDM y reflejados en el acervo de la Unión se respeten plenamente y que el resultado de las negociaciones sea totalmente coherente con la CNUDM.

               2.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

                  El objetivo de la presente Recomendación es obtener del Consejo la autorización necesaria para que la Comisión negocie el futuro instrumento en nombre de la UE. La base jurídica para que el Consejo autorice la apertura de negociaciones es el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS

                  Para la elaboración del proyecto de Recomendación no se ha consultado a las partes interesadas.

                  De conformidad con las disposiciones de su Resolución 69/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas debía adoptar la decisión sobre la convocatoria de la conferencia intergubernamental en septiembre de 2018 a más tardar. Sin embargo, se decidió acelerar el trabajo de las Naciones Unidas, con el fin de convocar la conferencia intergubernamental lo antes posible, con una primera reunión ya en 2018, manteniendo así el ritmo de los debates. Es necesario adoptar las directrices de negociación antes de que dé comienzo la conferencia y, por este motivo, no ha sido posible llevar a cabo una consulta pública, ni publicar una hoja de ruta para recibir los comentarios de las partes interesadas y los ciudadanos, de conformidad con la práctica establecida.

                  De hecho, la UE lleva muchos años comprometida políticamente con este proceso y ha realizado consultas periódicas con las partes interesadas pertinentes, en particular con las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones representadas en el contexto de las Naciones Unidas.

                  Durante el proceso de negociación, cuando se necesiten posiciones de negociación más concretas y sustantivas, también se buscarán la participación y los comentarios de las partes interesadas, y será necesario garantizar que dichas posiciones de negociación tengan en cuenta las opiniones de las partes interesadas.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1) La Unión ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en lo sucesivo, «la CNUDM») mediante la Decisión 98/392/CE del Consejo
                  1
               , de 23 de marzo de 1998, y es hasta la fecha la única organización internacional que es Parte en esa Convención a tenor del artículo 305, apartado 1, letra f), y el artículo 1 del anexo IX de la CNUDM.

               (2) En su calidad de Parte en la CNUDM, la Unión participó en el Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición Abierta para estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que se reunió entre 2006 y 2015. La Unión participó también en las cuatro sesiones, en 2016 y 2017, del comité preparatorio al que se encomendó la adopción de recomendaciones sustantivas a la Asamblea General sobre los elementos de un futuro instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (en lo sucesivo, «el instrumento»).

               (3) El comité preparatorio adoptó su informe el 21 de julio de 2017 y recomendó a la Asamblea General que considerara los elementos contenidos en su recomendación y que tomara una decisión, tan pronto como fuera posible, sobre la convocatoria de una conferencia intergubernamental, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para estudiar las recomendaciones del comité preparatorio y para elaborar el texto de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM.

               (4) Sobre la base de estas recomendaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, el [...], convocar una conferencia intergubernamental con el mandato de elaborar el texto de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

               (5) La Unión, como Parte en la CNUDM, debe participar plenamente en las negociaciones del instrumento.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               La Comisión queda autorizada a negociar, en nombre de la Unión, un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Estas negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el comité especial que deberá designar el Consejo.

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 179 de 23.6.1998.

    ---documentbreak---

               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas,4.1.2018
            COM(2017) 812 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional

               ANEXO

               DIRECTRICES DE NEGOCIACIÓN

               1. Principios

               En el contexto de la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (en lo sucesivo, «el instrumento»), la Comisión procurará garantizar:

               –
                     que las disposiciones del instrumento sean totalmente coherentes con el Derecho internacional y, en particular, con las disposiciones de la CNUDM, y que el equilibrio de derechos y obligaciones consagrados en la CNUDM no se vea socavado por el futuro instrumento;

               –
                     que las disposiciones del instrumento sean coherentes con el Derecho de la Unión aplicable y con los acuerdos bilaterales y multilaterales pertinentes en los que sea Parte la Unión.

               La Comisión velará por que las negociaciones se lleven a cabo en consulta con un comité especial, que se reunirá en Bruselas o in situ. La Comisión informará regularmente al Consejo sobre el resultado de las negociaciones.

               2. Orientaciones

               2.1. La Comisión procurará garantizar:

               ·que el alcance de las negociaciones cubra, en su conjunto, los elementos especificados en la Resolución [...];

               ·que las normas de procedimiento para la celebración de las negociaciones en la conferencia intergubernamental permitan la plena participación de la UE en ellas y sean coherentes con la práctica seguida en el pasado para la negociación de acuerdos de ejecución relacionados con la CNUDM;

               ·que el instrumento proporcione un marco eficaz para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

               ·que el instrumento se destine a implementar, fortalecer y desarrollar una serie de obligaciones ya incorporadas a la CNUDM, sin perder de vista los derechos y las libertades enunciados en la CNUDM;

               ·que el instrumento establezca una obligación expresa de los Estados de cooperar, individualmente o a través de organizaciones y acuerdos internacionales y regionales competentes, en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

               ·que el instrumento no vaya en detrimento de los instrumentos y marcos jurídicos existentes y los organismos mundiales, regionales y sectoriales competentes o en perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en ellos;

               ·que el instrumento respete los mandatos de los organismos mundiales, regionales y sectoriales competentes, busque las sinergias y evite la duplicación de sus actividades;

               ·que el instrumento no menoscabe los derechos y las obligaciones de las Partes en la CNUDM, como su derecho a las zonas marítimas en el marco de la CNUDM;

               ·que el instrumento contenga disposiciones adecuadas que permitan a la Unión convertirse en Parte y participar plenamente en los procesos de toma de decisiones que en él se establezcan, en consonancia con el artículo 305 y el anexo IX de la CNUDM.

               2.2. Más concretamente, la Comisión procurará garantizar que el instrumento incluya o refleje, entre otros aspectos, los siguientes:

               a) Temas transversales

               ·Principios generales de buena gobernanza, como por ejemplo: la protección y la conservación del medio marino, la cooperación internacional, el recurso a planteamientos científicos, el planteamiento ecosistémico, el principio de cautela, el principio de «quien contamina paga», el uso sostenible y equitativo de los recursos marinos, la disponibilidad pública de información, unos procesos transparentes y abiertos de toma de decisiones y la responsabilidad de los Estados en su condición de administradores del medio marino mundial.

               ·Un marco y unos mecanismos adecuados y rentables, tanto nuevos como ya existentes, entre ellos, aquellos cuyo objetivo es mejorar la cooperación y la coordinación con y entre los organismos mundiales, regionales y sectoriales competentes, en particular los encargados de regular las actividades en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional o de proteger el medio ambiente marino en dichas zonas.

               ·Mecanismos apropiados para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sustantivas del instrumento.

               ·Mecanismos apropiados de resolución de diferencias coherentes con la CNUDM.

               b) Recursos genéticos marinos (RGM), incluidas las cuestiones relacionadas con el reparto de beneficios

               La Comisión procurará garantizar que el instrumento contribuya a la conservación y el uso sostenible de los RGM originarios de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. En particular, el instrumento debe:

               ·promover un acceso respetuoso desde el punto de vista medioambiental a los recursos genéticos, de manera compatible con su conservación y su uso sostenible, y no restringir indebidamente la libertad de investigación científica marina consagrada en la CNUDM;

               ·abstenerse de regular cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual u otros asuntos relacionados;

               ·garantizar la seguridad jurídica de los usuarios de RGM y fomentar las innovaciones biotecnológicas que no sean perjudiciales para la biodiversidad;

               ·mejorar la transparencia de los recursos genéticos procedentes de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y la disponibilidad de información al respecto;

               ·abordar las cuestiones relativas al reparto de los beneficios que se deriven de la utilización de RGM procedentes de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

               c) Medidas como los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas, incluidas las zonas marinas protegidas (ZMP)

               La Comisión procurará garantizar que el instrumento ofrezca, entre otras cosas, procedimientos y mecanismos para:

               ·la identificación, designación y establecimiento de ZMP reconocidas a escala mundial, incluyendo los criterios pertinentes basados en la mejor información científica disponible; el establecimiento de objetivos de conservación y ordenación globales para las zonas designadas; el control y la vigilancia de las actividades dirigidas a alcanzar los objetivos de conservación y ordenación;

               ·el reconocimiento mundial de los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas establecidos por las organizaciones y convenios regionales pertinentes que cumplan los criterios adoptados.

               De esta manera, la Comisión procurará garantizar que el instrumento contribuya a la aplicación de los compromisos internacionales de la Unión relacionados con la creación de una red mundial de sistemas de zonas protegidas gestionados eficaz y equitativamente, representativos ecológicamente y bien conectados, así como con otras medidas de conservación eficaces basadas en zonas geográficas.

               d) Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)

               La Comisión procurará garantizar que el instrumento facilite la evaluación de los efectos acumulados de diferentes actividades que tengan lugar en la misma zona, con vistas a evitar posibles efectos adversos en la diversidad biológica marina, incluidos los derivados de actividades nuevas y emergentes, y teniendo también debidamente en cuenta la situación medioambiental actual y los efectos acumulados de otras amenazas, tales como el cambio climático. En particular, la Comisión procurará garantizar que el instrumento aclare, fortalezca y desarrolle las obligaciones establecidas en el artículo 206 de la CNUDM, a fin de que:

               ·las repercusiones medioambientales individuales y acumuladas de las actividades bajo la jurisdicción o el control de los Estados partes que puedan provocar una contaminación importante o cambios nocivos significativos para el medio marino («efectos nocivos»), en particular para la biodiversidad marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, se evalúen adecuadamente mediante evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones medioambientales estratégicas, según proceda; y

               ·que tales efectos nocivos se identifiquen y tengan en cuenta en cualquier proceso de toma de decisiones, y estas actividades sean coherentes con las obligaciones de los Estados de proteger y preservar el entorno marino derivadas de la CNUDM, especialmente mediante la adopción de medidas adecuadas para prevenirlos y mitigarlos.

               e) Creación de capacidad y transferencia de tecnología marina

               La Comisión procurará garantizar que el instrumento:

               ·incluya disposiciones, en consonancia con la CNUDM, en materia de creación de capacidad y de transferencia de tecnología marina para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

               ·facilite la cooperación internacional en materia de creación de capacidad y de transferencia de tecnología marina, con el fin de alcanzar los objetivos y requisitos de la CNUDM para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 25.4.2018
            COM(2018) 240 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar
            {SWD(2018) 143 final}{SWD(2018) 144 final}

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

               La Comisión propone negociar un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar que responda a las necesidades de la flota de la Unión y esté en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común (PPC), y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  El actual Acuerdo de colaboración de pesca (ACP) entre la Unión Europea y la República de Madagascar se celebró el 1 de enero de 2007
                     1
                  . Se propone ahora negociar un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible a fin de integrar determinadas disposiciones incluidas en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013
                     2
                   que no están contempladas en el actual ACP. El actual Protocolo del ACP
                     3
                  , de cuatro años de duración, entró en vigor el 1 de enero de 2015 y expirará el 31 de diciembre de 2018. En el se fijan las posibilidades de pesca de que dispone la flota de la Unión y la correspondiente contribución financiera pagada por la Unión y los armadores. La contribución financiera pública anual de la UE a Madagascar asciende a 1 487 500 EUR
                     4
                  , de los cuales 700 000 EUR están destinados al apoyo sectorial.

               EL ACP con Madagascar prevé posibilidades de pesca de atún y especies altamente migratorias para buques de la UE de cuatro Estados miembros (España, Francia, Portugal e Italia). La Unión Europea ya ha desarrollado una red de Acuerdos de colaboración de pesca sostenible (ACPS) bilaterales en el Océano Índico, a saber, con las Seychelles y Mauricio.

                  Los ACPS contribuyen a la promoción a nivel internacional de los objetivos de la PPC, velando por que las actividades pesqueras de la Unión fuera de las aguas de la UE se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud de la legislación de la Unión. Además, los ACPS fomentan la cooperación científica entre la UE y su socio, fomentan la transparencia y la sostenibilidad para una mejor gestión de los recursos pesqueros y promueven la gobernanza apoyando la supervisión, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras y proporcionando financiación para la  lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada («INDNR») y el desarrollo sostenible de la industria pesquera local. Los ACPS refuerzan la posición de la Unión Europea en las organizaciones de pesca internacionales y regionales, en particular en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), el organismo creado con arreglo al Derecho internacional para la conservación y gestión de especies altamente migratorias en la región.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un nuevo Acuerdo y un Protocolo con Madagascar está en consonancia con la acción exterior de la Unión con respecto a los países de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP), y, en particular, con los objetivos de la Unión en relación con el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos.

                  .

               2.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

               •Base jurídica

                  La base jurídica de la Decisión es el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), quinta parte (acción exterior de la Unión), título V (acuerdos internacionales), que establece el procedimiento para la negociación y celebración de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No procede, competencia exclusiva.

               •Proporcionalidad

                  La decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

                  La Comisión llevó a cabo en 2017-2018 una evaluación ex post del actual Protocolo del ACP con Madagascar, así como una evaluación ex ante de una posible renovación del Protocolo. Las conclusiones de la evaluación se exponen en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado aparte.

                  La evaluación llegó a la conclusión de que los sectores de la pesca de atún están muy interesados en pescar en Madagascar y que una renovación del Protocolo ayudaría a reforzar la supervisión, el control y la vigilancia, y contribuiría a mejorar la gobernanza de la pesca en la región. Para la UE es importante mantener un instrumento que permita una amplia cooperación sectorial con uno de los agentes principales de la gobernanza de los océanos a escala subregional, debido a las dimensiones de esa zona pesquera bajo su jurisdicción. Además, para la flota pesquera de la UE, en particular los cerqueros y palangreros atuneros con base en la Isla de la Reunión, esto significa mantener el acceso a una zona pesquera importante para el despliegue de estrategias de captura con arreglo a un marco jurídico internacional plurianual.  En cuanto a las autoridades malgaches, su objetivo es continuar las relaciones con la UE para reforzar la gobernanza de los océanos y beneficiarse de apoyos sectoriales específicos que prevén oportunidades de financiación plurianuales.

               •Consultas con las partes interesadas

                  En el contexto de la evaluación se ha consultado a los Estados miembros, a representantes del sector y a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, así como al organismo responsable de la pesca de Madagascar y a la sociedad civil de este país. También se han celebrado consultas en el marco del Consejo Consultivo de Larga Distancia.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No aplicable

               •Evaluación de impacto

                  No aplicable

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No aplicable

               •Derechos fundamentales

                  Las directrices de negociación propuestas como anexo a la Decisión recomiendan autorizar el inicio de negociaciones e incluir una cláusula sobre las consecuencias de la conculcación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  Un nuevo Protocolo exigirá el pago de una contribución financiera a Madagascar que sea compatible con el marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020, en particular en lo que respecta a las asignaciones a la línea presupuestaria para acuerdos de colaboración de pesca sostenible. Los importes anuales para compromisos y pagos se establecen en el procedimiento presupuestario anual, incluidos los de la línea de reserva para las propuestas que no hayan entrado en vigor a principios de año.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que las negociaciones se inicien en el segundo trimestre de 2017.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  La Comisión recomienda lo siguiente:

                  que el Consejo autorice a la Comisión a entablar y mantener negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar;

                  que se designe a la Comisión como negociadora de la Unión Europea a tal fin;

                  que la Comisión lleve a cabo las negociaciones en consulta con el comité especial contemplado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

                  que el Consejo apruebe las directrices de negociación adjuntas a la presente Recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando que deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar,

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               La Comisión queda autorizada a entablar negociaciones con la república de Madagascar, con vistas a la celebración de un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar.

               Artículo 2

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo «Política Exterior de Pesca» del Consejo, sobre la base de las directrices de negociación que figuran en el anexo de la presente Decisión.

               Artículo 3

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 331 de 17.12.2007, p. 3.

                     (2)

                        Ref. Reglamento (UE) n.º 1380/2013, Parte IV, Título II.

                     (3)

                        En los dos últimos años del Protocolo.  En los dos años anteriores ascendió a  1 566 250 EUR.

                     (4)

                        Cf. Capítulo 40 (línea de reserva 40 02 41), en consonancia con el acuerdo interinstitucional del MFP (DO C 373 de 2.12.2013.p. 1).

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas,25.4.2018
            COM(2018) 240 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de Decisión del Consejo
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la celebración de un Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo con la República de Madagascar
            {SWD(2018) 143 final}{SWD(2018) 144 final}

               ANEXO

               Directrices de negociación para la conclusión de un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo entre la Unión Europea y la República de Madagascar

               –El objetivo de las negociaciones es la conclusión de un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y un Protocolo entre la Unión Europea y Madagascar conforme al Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común (PPC), y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

               –Con el fin de fomentar, a través de un nuevo Protocolo, la pesca sostenible y responsable, garantizando al mismo tiempo beneficios mutuos para la Unión y para Madagascar, los objetivos de negociación de la Comisión se basarán en lo siguiente:

               ·Garantizar el acceso a la zona de pesca de Madagascar y las autorizaciones necesarias para que los buques de la flota de la UE realicen actividades pesqueras en esa zona, aumentando así, entre otras cosas, la red de Acuerdos de colaboración de pesca sostenible a disposición de los operadores de la Unión.

               ·Tomar en consideración el mejor asesoramiento científico disponible y los planes de gestión pertinentes adoptados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), a fin de garantizar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y promover la gobernanza de los océanos a escala internacional. Las actividades pesqueras deberán dirigirse exclusivamente a los recursos excedentarios disponibles, teniendo en cuenta la capacidad de pesca de las flotas locales y prestando al mismo tiempo especial atención al carácter altamente migratorio de algunas de las poblaciones afectadas.

               ·Obtener un cupo adecuado de los recursos pesqueros que satisfaga los intereses de las flotas de la Unión, cuando otras flotas extranjeras también estén interesadas en tales recursos,  tomando en consideración la actividad de la flota de la Unión en la región, a la vista de las evaluaciones científicas más recientes a las que se pueda tener acceso.

               ·Entablar un diálogo para reforzar la política sectorial, con el fin de fomentar la implantación de una política pesquera responsable que esté en consonancia con los objetivos de desarrollo del país, especialmente en lo concerniente a la gobernanza de las pesquerías, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el control, el seguimiento y la vigilancia de las actividades pesqueras y la prestación de asesoramiento científico, y estimular la generación de empleo contribuyendo, entre otras cosas, a abordar el desarrollo socioeconómico de Madagascar.

               ·Incluir una cláusula sobre las consecuencias de la conculcación de los derechos humanos y los principios democráticos.

               ·Incluir una cláusula para el acceso preferencial de la flota de la UE a los excedentes disponibles y para la aplicación de las mismas condiciones técnicas a todas las flotas extranjeras.

               ·Incluir una cláusula de exclusividad.

               –Con el fin de evitar la interrupción de las actividades pesqueras, el nuevo Acuerdo y el Protocolo deberán incluir una cláusula de aplicación provisional.

               –En particular, el Protocolo deberá definir:

               ·las oportunidades de pesca, por categoría, que vayan a concederse a los buques de la Unión Europea;

               ·la contrapartida financiera y las condiciones para su pago; y

               ·Las prioridades y los mecanismos para una ejecución efectiva del apoyo sectorial y para su seguimiento periódico.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 521 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Polonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Polonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. El estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2019 sobre Polonia
                  2
                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Polonia para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Polonia en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 26 de abril de 2019, Polonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019, y el 29 de abril de 2019, su Programa de Convergencia de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (5)Polonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé un ligero deterioro del saldo presupuestario desde un déficit del 0,4 % del PIB en 2018 al 0,6 % del PIB en 2022, con un déficit del 1,7 % del PIB en 2019 y un superávit del 0,2 % del PIB en 2020. El saldo estructural recalculado en un déficit del 1,1 % del PIB se acercará al objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit estructural del 1 % del PIB, en 2022. Según el programa de convergencia de 2019, la ratio deuda pública / PIB debería disminuir del 48,9 % del PIB en 2018 hasta el 40,6 % para 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. No obstante, no se han especificado suficientemente los detalles operativos de algunas de las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos de 2020 en adelante.

               (6)El Programa de Convergencia de 2019 indica que Polonia aplicó medidas compensatorias relacionadas con la sequía y que su repercusión presupuestaria en 2018 fue significativa. El Programa de Convergencia proporciona pruebas adecuadas del alcance y la naturaleza de esos costes presupuestarios adicionales. El tratamiento específico del gasto relativo a la sequía podría tenerse en cuenta al aplicar la «cláusula de acontecimientos excepcionales». De acuerdo con la Comisión, el correspondiente gasto adicional subvencionable en 2018 ascendió a 0,07 % del PIB. Las disposiciones establecidas en el artículo 9, apartado 1, y en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la excepcionalidad de la sequía constituye un acontecimiento fuera de lo normal, su impacto en las finanzas públicas de Polonia es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2018 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Polonia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no superase el 4,2 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de ese ajuste recomendado en 2019.

               (8)En 2020, en vista de la previsión de una brecha de producción del 2,0 % del PIB en Polonia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 4,4 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2020. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)Polonia logró avances significativos en el aumento del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al mismo tiempo, el país experimentó un fuerte crecimiento económico, el mercado de trabajo registró una tendencia al alza y la proporción de contratos laborales sujetos a las cotizaciones a la seguridad social aumentó progresivamente. Todos estos factores contribuyeron al aumento de los ingresos públicos. Una parte de este aumento es de carácter cíclico y puede debilitarse si empeora el entorno macroeconómico. Paralelamente, el gasto público expresado en porcentaje del PIB ha aumentado en los últimos años. Varias categorías nuevas de gastos son de carácter permanente y es posible que no sea fácil modificarlas en un futuro próximo. Por otra parte, en el futuro las finanzas públicas de Polonia se enfrentarán a presiones para aumentar el gasto, en particular debido al envejecimiento de la población. Estos factores aumentan la necesidad de nuevos instrumentos para reforzar la gestión del gasto, como una evaluación periódica de la eficacia y la eficiencia del mismo. A pesar de que en 2018 Polonia siguió mejorando el proceso presupuestario, la reforma global es compleja y se aplicará en etapas a lo largo de varios años. En general, el marco presupuestario es sólido y existen organismos independientes que ejercen algunas de las funciones que suelen asumir los consejos presupuestarios, pero Polonia sigue siendo el único Estado miembro que no cuenta con un consejo presupuestario independiente. Aunque Polonia no ha avanzado en la limitación del uso generalizado de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, el Gobierno ha puesto en marcha una reforma que puede hacer que los tipos sean menos complejos y menos proclives al error.

               (10)Hasta 2017, la edad media de jubilación iba aumentando como consecuencia de reformas anteriores, tales como la supresión de las opciones de jubilación anticipada y el incremento gradual de la edad legal de jubilación. En 2018, la edad media de jubilación descendió, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, lo que refleja la reducción de la edad legal de jubilación a finales de 2017. El aumento continuo de la edad efectiva de jubilación es crucial para la participación en el mercado laboral y, por tanto, para el crecimiento económico, habida cuenta de la disminución de la población en edad laboral. También es crucial garantizar la adecuación de las futuras pensiones, prevenir la pobreza en la vejez y, por ende, mejorar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones. La reducción, en otoño de 2017, de la edad legal de jubilación a los 60 años para las mujeres y a los 65 años para los hombres tendrá un impacto negativo significativo en los futuros niveles de las pensiones e introduce una diferencia significativa entre hombres y mujeres a este respecto. Los regímenes de pensiones preferenciales existentes implican costes fiscales y reducen la movilidad de los trabajadores entre sectores. El régimen especial de seguridad social de los agricultores, subvencionado con un coste en torno al 0,8 % del PIB, está dificultando la movilidad de la mano de obra y contribuyendo al desempleo encubierto en la agricultura.

               (11)El entorno macroeconómico favorable ha contribuido a los buenos resultados del mercado laboral polaco en los últimos años. Las tasas de empleo han seguido aumentando, mientras que las tasas de desempleo, tras varios años de declive, se estabilizaron en un nivel histórico inferior al 4 % en 2018. Sin embargo, la participación en la población activa de algunos grupos , especialmente las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad y sus cuidadores, y las personas de edad avanzada, sigue siendo baja en comparación con otros Estados miembros. El sistema polaco de prestaciones sociales ofrece insuficientes incentivos al trabajo. La prestación por hijos ha reducido la pobreza y la desigualdad, pero, debido a su importe y configuración, ha tenido un efecto negativo en la participación de los progenitores, sobre todo de las madres, en el mercado laboral. La tasa de escolarización de los niños menores de tres años en guarderías oficiales sigue siendo una de las más bajas de la UE. Además, los cuidados de larga duración corren principalmente a cargo de miembros de la familia sin casi ningún apoyo institucional, lo que impide a los cuidadores trabajar. La reducción de la edad legal de jubilación ha animado a algunos de los trabajadores de más edad a abandonar el mercado laboral. La inmigración procedente de terceros países ha contribuido a satisfacer el aumento de la demanda de mano de obra, pero hay indicios de que puede ser difícil conseguir un flujo continuo de trabajadores migrantes.

               (12)Entre 2015 y 2017, Polonia adoptó medidas para hacer frente a la segmentación del mercado laboral, limitando la posibilidad de abuso del empleo temporal, aumentando las contribuciones a la seguridad social de algunos contratos de trabajo atípicos, e introduciendo un salario mínimo por hora para algunos de estos contratos. Aunque la proporción de contratos temporales ha ido disminuyendo desde 2015, gracias a las medidas adoptadas y a la escasez de trabajadores, proceso que se aceleró durante 2018, sigue siendo una de las más altas de la UE. Como la reforma del código laboral finalmente no llegó a aplicarse, no se continuó con otros cambios legislativos que abordaban este problema. La adecuación de las futuras pensiones de los trabajadores autónomos y de aquellos que tienen determinados contratos atípicos constituye un problema potencial.

               (13)Un sistema de educación y formación de calidad que integre el aprendizaje permanente y cuente con la suficiente inversión podría ser un factor esencial coadyuvante a las futuras perspectivas de crecimiento en Polonia. Es de crucial importancia dotar a las personas de las cualificaciones y las competencias necesarias que les permitan encontrar empleo en un mercado laboral en rápida transformación para fomentar la participación en la población activa y la capacidad innovadora de la economía. El porcentaje de participación de los adultos en la educación y la formación es muy inferior a la media de la UE y la formación profesional en las empresas está infrautilizada. Este hecho, unido a la existencia de algunas deficiencias en las competencias digitales, así como en lectura, escritura y cálculo —en particular entre los adultos sin educación superior—, está obstaculizando su empleabilidad. La calidad insuficiente de la formación del profesorado y las carencias de sus cualificaciones pueden tener un impacto negativo en la calidad de la educación. También hay deficiencias en el sistema de garantía de la calidad de la enseñanza superior. A pesar de las recientes reformas de la formación profesional y de la enseñanza superior, sigue faltando una coordinación eficaz de la educación para adultos y no está clara la repercusión de las diferentes medidas políticas en la calidad de la enseñanza y la formación impartidas y en los niveles de competencias.

               (14)Las perspectivas económicas a largo plazo de Polonia dependen del desarrollo de la capacidad de innovación de la economía. Ahora bien, Polonia todavía se encuentra rezagada en términos de innovación: una parte importante de la estructura económica del país está representada por sectores de baja tecnología y hay grandes disparidades regionales en materia de innovación. Aunque se han tomado algunas medidas para mejorar la cooperación entre el sector científico y las empresas, persisten determinados obstáculos financieros y de otros tipos. Entre estos se encuentran los complejos procedimientos administrativos y las escasas competencias del personal académico en la gestión de proyectos público-privados conjuntos de investigación y desarrollo. Las agrupaciones y las redes formalizadas de empresas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, desempeñan un  papel limitado en la difusión de soluciones innovadoras. La reforma de la educación superior de 2018 mejora algunos aspectos del panorama científico polaco, pero solo aborda parcialmente cuestiones tan importantes como la fragmentación del sector de la investigación, los salarios de los investigadores o la internacionalización de la ciencia polaca. El gasto interno bruto en investigación y desarrollo se mantuvo aproximadamente en la mitad de la media de la Unión en 2017, con importantes disparidades regionales.

               (15)Los resultados en materia de salud han seguido mejorando, pero continúan estando por debajo de la media de la UE: la esperanza de vida de las mujeres supera a la de los hombres en 8,2 años y la de las personas con mayor nivel educativo a las de menor en 10 años. Tanto el acceso a la asistencia sanitaria como su eficacia se ven afectados por la escasez de recursos y de personal. La proporción de médicos y enfermeros en activo en relación con el tamaño de la población es una de las más bajas de la Unión y una cuarta parte del personal médico supera la edad de jubilación. Las necesidades no satisfechas de servicios médicos disminuyeron en 2017, pero siguen estando entre las más altas de la UE, y los tiempos de espera para determinados tratamientos han aumentado considerablemente desde 2010. Polonia ha elaborado mapas de las necesidades sanitarias, pero estos aún no se han convertido en instrumentos en los que se basen las decisiones de adquisición de servicios sanitarios y de inversión. El sistema de asistencia sanitaria sigue estando demasiado enfocado al ámbito hospitalario, y la atención primaria y ambulatoria están poco desarrolladas. El sistema de cuidados de larga duración es débil y carece de servicios normalizados y de un enfoque estratégico coherente. La mayor parte de los cuidados de larga duración son prestados por cuidadores no oficiales, a menudo familiares con escaso apoyo institucional. En 2017, el gasto público de Polonia en asistencia sanitaria representó el 4,7 % del PIB, muy por debajo de la media de la UE (7 % del PIB). Polonia prevé incrementar progresivamente este gasto en los próximos años. No obstante, esto puede ser difícil de lograr, dado que los planes recientemente anunciados para aumentar las transferencias sociales a los hogares de renta media y alta limitarán el margen presupuestario en el futuro.

               (16)Aunque las infraestructuras de Polonia han mejorado considerablemente, algunos sectores todavía presentan importantes lagunas en materia de conectividad. Las inversiones en carreteras, que deberán concluir en 2024 de acuerdo con el programa nacional de construcción viaria, se concentrarán principalmente en la parte oriental de Polonia y dejarán menos conectadas a algunas regiones septentrionales. Sigue habiendo importantes lagunas en los ferrocarriles de la red transeuropea de transporte, y la inversión en ferrocarril progresa más lentamente que la inversión en carreteras. La tasa de mortalidad en carretera sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Las ciudades se enfrentan a problemas de movilidad crecientes, como la congestión y la contaminación atmosférica provocada por el aumento del parque automovilístico y el elevado porcentaje de coches antiguos. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado considerablemente en los cinco últimos años. Los incentivos actuales para utilizar el transporte público, los modos de desplazamiento activos y el transporte con bajos niveles de emisiones son insuficientes para hacer frente a esos retos. La conectividad fija a internet en Polonia sigue siendo una de las más bajas de la Unión y la banda ancha ultrarrápida está disponible casi exclusivamente en las grandes ciudades.

               (17)La economía polaca es una de las menos eficientes en términos de emisiones carbono de la Unión. El mal aislamiento de los edificios públicos y privados contribuye a un mayor consumo de energía y a la pobreza energética. En Polonia se encuentran también las ciudades con más contaminación atmosférica de la Unión, especialmente en las regiones del sur y del centro. La inversión en mayor eficiencia energética, especialmente en el sector de la construcción, el aumento de la proporción de producción de energía más limpia e hipocarbónica, y el fomento de la reducción de las emisiones procedentes del transporte disminuirían la dependencia de los combustibles fósiles y limitarían la contaminación atmosférica, al tiempo que reducirían los costes sociales y mejorarían la calidad de vida. El entorno legislativo actual, por ejemplo las leyes sobre el almacenamiento del gas y sobre la congelación de precios de la electricidad así como los reglamentos relativos a los parques eólicos en tierra, puede obstaculizar las inversiones en los mercados de la electricidad y del gas y afectar a largo plazo a la competitividad del sector energético y de las industrias de gran consumo de energía de Polonia.

               (18)Una legislación de calidad, ya sea nueva o modificada, y un entorno empresarial estable y previsible son de crucial importancia para mantener unas condiciones económicas favorables y apoyar el aumento de la inversión privada. La inestabilidad del marco reglamentario y otros obstáculos a la expansión de las empresas están afectando negativamente a la actividad inversora y a la productividad. Establecer un diálogo eficaz con todas las partes interesadas ayudaría a mejorar la calidad de la legislación y, al limitar el número de modificaciones necesarias, contribuiría positivamente a la estabilidad del entorno empresarial. Por lo tanto, conceder mayor importancia a las consultas públicas y con los interlocutores sociales —garantizando un tiempo suficiente para las consultas, mejorando la integración de las opiniones de las partes interesadas y limitando al mínimo el número de leyes excluidas de las consultas— ayudaría considerablemente a reducir al mínimo la carga administrativa derivada de los cambios frecuentes en la legislación, aumentar la inversión y promover un crecimiento económico sostenible a largo plazo. La Comisión considera que persiste el riesgo de violación grave del Estado de Derecho en Polonia y que la situación se está deteriorando ya que muchas de las medidas impugnadas se están aplicando y consolidando. Estos asuntos son objeto de procedimientos en curso pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el contexto del artículo 7 del TUE. La seguridad jurídica y la confianza en la calidad y la previsibilidad de las instituciones y las políticas normativas, tributarias y de otro tipo son factores importantes para el entorno de inversión.

               (19)La programación de los fondos de la UE para el periodo 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Esto permitiría a Polonia hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               (20)En los últimos años, el papel del Estado ha aumentado considerablemente en los sectores de la banca, los seguros y la energía. El aumento de la propiedad estatal supone un nuevo reto para la competencia y el marco regulador y de gobernanza. La calidad de la gobernanza y la independencia de los reguladores y de la supervisión son, por lo tanto, cada vez más importantes, habida cuenta de los posibles conflictos de intereses y el refuerzo de los vínculos financieros y de la deuda soberana.

               (21)A la vista de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019 y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Polonia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 4,4 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Tomar otras medidas para mejorar la eficiencia del gasto público, en particular mejorando el proceso presupuestario.

               2.Garantizar la adecuación de las futuras prestaciones de jubilación y la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante la adopción de medidas destinadas a aumentar la edad efectiva de jubilación y la reforma de los regímenes preferentes de pensiones. Adoptar medidas para aumentar la participación en el mercado laboral, en particular mediante la mejora del acceso a los servicios de asistencia infantil y a los cuidados de larga duración, y la supresión de los obstáculos a formas más permanentes de empleo. Fomentar una educación de calidad y unas competencias adaptadas al mercado laboral, especialmente a través de la formación de adultos.

               3.Fortalecer la capacidad de innovación de la economía, en particular apoyando a los organismos de investigación y una colaboración más estrecha con las empresas. Centrar la política económica de inversión en la innovación, el transporte, en particular en su sostenibilidad, las infraestructuras digitales y energéticas, la asistencia sanitaria y la energía limpia, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar el marco regulador, reforzando especialmente el papel de las consultas con los interlocutores sociales y las consultas públicas en el proceso legislativo.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1020 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (6)

                        SWD(2019) 1020 final.

                     (7)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.