title: Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC n° 65/04/COL, de 31 de marzo de 2004, relativa a un programa coordinado de control oficial de los piensos para 2004

text:
               19.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 126/59

      RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

      N
      o 65/04/COL
   de 31 de marzo de 2004
   relativa a un programa coordinado de control oficial de los piensos para 2004
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 109 y su Protocolo 1,
   Visto el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia y, en particular, su artículo 5, apartado 2, letra b), y su Protocolo 1,
   Visto el acto al que se hace referencia en el punto 31a del capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE [Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (1)], en su versión modificada y adaptada al Acuerdo EEE por su Protocolo 1 y, en particular, su artículo 22, apartado 3,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Es necesario, con vistas al buen funcionamiento del Espacio Económico Europeo, establecer programas coordinados de control de la alimentación animal en el EEE para mejorar la aplicación armonizada de los controles oficiales de los Estados del EEE.

               (2)

               Tales programas deben hacer hincapié en el cumplimiento de la correspondiente legislación vigente en virtud del Acuerdo EEE y en la protección de la salud pública y animal.

               (3)

               Los resultados de la aplicación simultánea de los programas nacionales y los programas coordinados pueden proporcionar información y experiencia en la que basar las futuras actividades de control y la legislación futura.

               (4)

               Aunque el acto al que se hace referencia en el punto 33 del capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE [Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (2)] establece el contenido máximo de aflatoxina B1 en los piensos, no existen disposiciones aplicables a otras micotoxinas como la ocratoxina A, la zearalenona, el deoxinivalenol y las fumonisinas. La recopilación de información sobre la presencia de esas micotoxinas a través de muestreos aleatorios podría proporcionar datos útiles para evaluar la situación con vistas al desarrollo de la legislación. Por otra parte, determinadas materias primas para piensos como, por ejemplo, los cereales y las semillas oleaginosas están particularmente expuestas a la contaminación por micotoxinas a causa de las condiciones de cosecha, almacenamiento y transporte. Dado que la concentración de micotoxinas varía de un año a otro, es conveniente recopilar datos correspondientes a años consecutivos para todas las micotoxinas mencionadas.

               (5)

               Anteriores controles para verificar la presencia de antibióticos y coccidiostáticos en ciertos piensos en los que esas sustancias no están autorizadas indican que se sigue produciendo este tipo de infracción. La frecuencia de estas constataciones y el carácter sensible de la cuestión justifican el mantenimiento de controles.

               (6)

               La participación de Noruega e Islandia en los programas previstos en el anexo II de la presente Recomendación, relativo a las sustancias no autorizadas como aditivos para piensos, se evaluará sobre la base de las excepciones concedidas a estos países al capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE.

               (7)

               Es importante velar por que las restricciones relativas al uso de materias primas de origen animal en los piensos previstas en la legislación comunitaria pertinente se apliquen efectivamente.

               (8)

               El caso de la contaminación de la cadena alimentaria humana y animal por acetato de medroxiprogesterona (AMP) ha puesto de manifiesto la importancia que reviste la selección de los suministros para garantizar la seguridad de los piensos. Algunos ingredientes de los piensos son subproductos de las industrias agroalimentarias o de otras industrias o de la extracción de minerales. La fuente de las materias primas de origen industrial en la alimentación animal y los métodos de transformación aplicados a las mismas pueden ser particularmente significativos en relación con la seguridad de estos productos. Por consiguiente, las autoridades competentes deben tomar en consideración este aspecto en sus controles.

               (9)

               Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité de plantas y alimentación animal de la AELC, que asiste al Órgano de Vigilancia de la AELC,

         RECOMIENDA A LOS ESTADOS DE LA AELC:

               1)

               Que lleven a cabo durante el año 2004 un programa coordinado de controles con el objetivo de verificar:

                           a)

                           la concentración de micotoxinas (aflatoxina B1, ocratoxina A, zearalenona, deoxinivalenol y fumonisinas) en los piensos, indicando los métodos de análisis; el método de toma de muestras deberá comprender tanto muestreos aleatorios como muestreos específicos; en el caso de los muestreos específicos, las muestras deberán ser materias primas para piensos de las que se sospeche que puedan contener concentraciones más elevadas de micotoxinas, por ejemplo los granos de cereales, las semillas y frutos oleaginosos, sus productos y subproductos, y materias primas para piensos almacenadas durante un periodo prolongado o transportadas por mar en trayectos largos; los resultados de los controles se consignarán en el modelo que figura en el anexo I;

                           b)

                           ciertas sustancias medicamentosas, autorizadas o no como aditivos para piensos destinados a ciertas especies y categorías de animales, en premezclas no medicadas y piensos compuestos en los que estas sustancias medicamentosas no estén autorizadas; los controles deberán centrarse en esas sustancias medicamentosas en las premezclas y en los piensos compuestos si la autoridad competente considera que hay una mayor probabilidad de que se detecten irregularidades; los resultados se consignarán en el modelo que figura en el anexo II;

                           c)

                           la aplicación de las restricciones relativas a la producción y el uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal, con arreglo al anexo III;

                           d)

                           los procedimientos aplicados por los fabricantes de piensos compuestos para seleccionar y evaluar sus suministros de materias primas de origen industrial utilizadas en la alimentación animal y para garantizar la calidad y la seguridad de esos ingredientes, con arreglo al anexo IV.

               2)

               Que incluyan los resultados del programa coordinado de controles previsto en el apartado 1 como un capítulo aparte en el informe anual sobre las actividades de control que deberá transmitirse al Órgano de Vigilancia de la AELC a más tardar el 1 de abril de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 95/53/CE, así como la última versión del modelo de notificación armonizado.

      Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 2004.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Bernd HAMMERMAN

            Miembro del Colegio

         Niels FENGER

            Director

      (1)  DO L 265 de 8.11.1995, p. 17. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 234 de 1.9.2001, p. 55).

      (2)  DO L 140 de 30.5.2002, p. 10. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2005/8/CE de la Comisión (DO L 27 de 29.1.2005, p. 44).

      ANEXO I
      Concentración de ciertas micotoxinas (aflatoxina B1, ocratoxina A, zearalenona, deoxinivalenol y fumonisinas) en los piensos
      Resultados individuales de todas las muestras examinadas; modelo de informe mencionado en el apartado 1, letra a)

                  Piensos

                  Muestreo (aleatorio o específico)

                  Tipo y concentración de micotoxinas (μg/kg por pienso con un índice de humedad del 12 %)

                  Tipo

                  País de origen

                  Aflatoxina B1

                  Ocratoxina A

                  Zearalenona

                  Deoxinivalenol

                  Fumonisinas (1)

            La autoridad competente indicará asimismo:

                  —

                  las medidas adoptadas en caso de que se superen los contenidos máximos de aflatoxina B1,

                  —

                  los métodos de análisis utilizados,

                  —

                  los límites de detección.

         (1)  La concentración de fumonisinas corresponde a la suma de las fumonisinas B1, B2 y B3.

      ANEXO II
      Presencia de ciertas sustancias no autorizadas como aditivos para piensos
      Ciertos antibióticos, coccidiostáticos y otras sustancias pueden estar legalmente presentes como aditivos en las premezclas y los piensos compuestos destinados a determinadas especies y categorías de animales, cuando están autorizados de conformidad con el acto al que se hace referencia en el punto 1 del capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE [Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (1)].
      La presencia de sustancias no autorizadas en los piensos constituye una infracción.
      La elección de las sustancias que deben someterse a control se hará entre las sustancias siguientes:

                  1)

                  Sustancias autorizadas como aditivos para piensos destinados exclusivamente a determinadas especies o categorías de animales:

                              avilamicina

                              bromhidrato de halofuginona

                              clorhidrato de robenidina

                              decoquinato

                              diclazuril

                              flavofosfolipol

                              lasalocida A de sodio

                              maduramicina de amonio alfa

                              monensina de sodio

                              narasina

                              narasina — nicarbazina

                              salinomicida de sodio

                              semduramicina de sodio

                  2)

                  Sustancias que han dejado de estar autorizadas como aditivos para piensos:

                              amprolio

                              amprolio/etopabato

                              arprinocida

                              avoparcina

                              bacitracina de zinc

                              carbadox

                              dimetridazol

                              dinitolmida

                              espiramicina

                              fosfato de tilosina

                              ipronidazol

                              meticlorpindol

                              meticlorpindol/metilbenzocuato

                              nicarbacina

                              nifursol

                              olaquindox

                              ronidazol

                              tetraciclinas

                              virginiamicina

                              otras sustancias antimicrobianas

                  3)

                  Sustancias que nunca han estado autorizadas como aditivos para piensos:
                  otras sustancias

            Resultados individuales de todas las muestras no conformes; modelo de informe mencionado en el apartado 1, letra b)

                  Tipo de pienso
                  (especie y categoría de animales)

                  Sustancia detectada

                  Contenido constatado

                  Causa de la infracción (2)

                  Medida adoptada

            La autoridad competente indicará asimismo:

                  —

                  el número total de muestras examinadas,

                  —

                  el nombre de las sustancias analizadas,

                  —

                  los métodos de análisis utilizados,

                  —

                  los límites de detección.

         (1)  DO L 270 de 14.12.1970, p. 1.

         (2)  Causa de la presencia de la sustancia no autorizada en el pienso, establecida a raíz de un estudio llevado a cabo por la autoridad competente.

      ANEXO III
      Restricciones relativas a la producción y el uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal
      Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3 a 13 y en el artículo 15 de la Directiva 95/53/CE, los Estados de la AELC deberán emprender en el curso de 2004 un programa coordinado de controles a fin de determinar si se han respetado las restricciones relativas a la producción y el uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal.
      Con vistas a garantizar, en particular, que se aplica efectivamente la prohibición de alimentar a determinados animales con proteínas animales transformadas, prevista en el anexo IV del acto al que se hace referencia en el punto 7.1.12 del capítulo I del anexo I del Acuerdo EEE [Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (1)], los Estados de la AELC deberán poner en práctica un programa específico de controles basado en controles específicos. De conformidad con el artículo 4 de la Directiva 95/53/CE, dicho programa deberá seguir una estrategia basada en los riesgos, incluyendo todas las fases de producción y todos los tipos de instalaciones en las que se produzcan, manipulen y administren piensos. Los Estados de la AELC prestarán especial atención a la definición de los criterios que puedan relacionarse con un riesgo. La ponderación dada a cada criterio deberá ser proporcional al riesgo. La frecuencia de los controles y el número de muestras analizadas en las instalaciones se establecerá en función de la suma de las ponderaciones asignadas a dichas instalaciones.
      Cuando se elabore un programa de controles deberán tomarse en consideración las instalaciones y los criterios orientativos siguientes:

                  Instalaciones

                  Criterios

                  Ponderación

                  Fábricas de piensos

                              —

                              Fábricas de piensos de doble flujo que producen piensos compuestos para rumiantes y piensos compuestos para no rumiantes que contienen proteínas animales transformadas que han sido objeto de una excepción

                              —

                              Fábricas de piensos con antecedentes de incumplimiento o sobre las que existen sospechas de incumplimiento

                              —

                              Fábricas de piensos que importan grandes cantidades de piensos de alto contenido proteínico, tales como harina de pescado, harina de soja, harina de gluten de maíz y concentrados de proteínas

                              —

                              Fábricas de piensos con una gran producción de piensos compuestos

                              —

                              Riesgo de contaminación cruzada derivada de procedimientos operativos internos (tales como la dedicación de los silos, el control de la separación efectiva de las cadenas de producción, el control de los ingredientes, la existencia de un laboratorio interno o los procedimientos de muestreo)

                  Puestos de control fronterizo y otros puntos de entrada en el EEE

                              —

                              Elevado/reducido volumen de importaciones de piensos

                              —

                              Piensos de alto contenido proteínico

                  Explotaciones

                              —

                              Mezcladoras propias que utilizan proteínas animales transformadas que han sido objeto de una excepción

                              —

                              Explotaciones que crían rumiantes y otras especies (riesgo de alimentación cruzada)

                              —

                              Explotaciones que compran piensos al por mayor

                  Distribuidores

                              —

                              Almacenes y almacenamiento intermedio de piensos con un alto contenido proteínico

                              —

                              Volumen importante de piensos comercializados al por mayor

                              —

                              Distribuidores de piensos compuestos producidos en el extranjero

                  Mezcladoras móviles

                              —

                              Mezcladoras que producen piensos para rumiantes y no rumiantes

                              —

                              Mezcladoras con antecedentes de incumplimiento, o sobre las que existen sospechas de incumplimiento

                              —

                              Mezcladoras que incorporan piensos con un alto contenido proteínico

                              —

                              Mezcladoras que producen grandes cantidades de piensos

                              —

                              Mezcladoras que trabajan para un gran número de explotaciones, incluidas explotaciones que crían rumiantes

                  Medios de transporte

                              —

                              Vehículos utilizados para el transporte de proteínas animales transformadas y de piensos

                              —

                              Vehículos con antecedentes de incumplimiento o sobre los que existen sospechas de incumplimiento

            En lugar de estas instalaciones y de estos criterios orientativos, los Estados de la AELC podrán enviar su propia evaluación de riesgos al Órgano de Vigilancia de la AELC antes del 30 de abril de 2004.
      El muestreo deberá centrarse en los lotes o los casos en que la contaminación cruzada con proteínas transformadas prohibidas sea más probable (primer lote tras el transporte de piensos que contienen proteínas animales cuya presencia estaba prohibida en ese lote, problemas técnicos experimentados en las cadenas de producción o cambios introducidos en las mismas, cambios en los depósitos de almacenamiento o en los silos destinados a material al por mayor).
      El número mínimo de controles anuales en los Estados de la AELC será de 10 por cada 100 000 toneladas producidas de piensos compuestos, y el número mínimo de muestras oficiales anuales será de 20 por cada 100 000 toneladas producidas de piensos compuestos. A la espera de la aprobación de métodos alternativos se recurrirá, para el análisis de las muestras, a la identificación y el cálculo mediante microscopio previstos en la Directiva 98/88/CE de la Comisión, de 13 de noviembre de 1998, por la que se establecen las directrices para la identificación de los componentes de origen animal y el cálculo de sus cantidades mediante microscopio a los efectos del control oficial de los piensos (2). La presencia en los piensos de cualquiera de los componentes de origen animal prohibidos se considerará una infracción de la prohibición relativa a la alimentación animal.
      Los resultados de los programas de control deberán comunicarse a la Comisión en los formatos que se exponen a continuación:
      Cuadro recapitulativo de los controles relativos a las restricciones de utilización de piensos de origen animal en la alimentación animal (piensos a base de proteínas animales transformadas prohibidas)
      A.   Controles documentados

                  Fase

                  Número de controles que incluyen verificaciones de la presencia de proteínas animales transformadas

                  Número de infracciones establecidas sobre la base no de pruebas de laboratorio sino, por ejemplo, de controles documentales

                  Importación de materias primas para piensos

                  Almacenamiento de materias primas para piensos

                  Fábricas de piensos

                  Mezcladoras propias/mezcladoras móviles

                  Intermediarios de piensos

                  Medios de transporte

                  Explotaciones que crían no rumiantes

                  Explotaciones que crían rumiantes

                  Otras:…

      B.   Toma de muestras y examen de materias primas para piensos y piensos compuestos con vistas a la detección de proteínas animales transformadas

                  Instalaciones

                  Número de muestras oficiales sometidas a prueba con vistas a detectar la presencia de proteínas animales transformadas

                  Número de muestras no conformes

                  Presencia de proteínas transformadas procedentes de animales terrestres

                  Presencia de proteínas transformadas procedentes de peces

                  Materias primas para piensos

                  Piensos compuestos

                  Materias primas para piensos

                  Piensos compuestos

                  Materias primas para piensos

                  Piensos compuestos

                  para rumiantes

                  para no rumiantes

                  para rumiantes

                  para no rumiantes

                  para rumiantes

                  para no rumiantes

                  En la importación

                  Fábricas de piensos

                  Intermediarios/ almacenamiento

                  Medios de transporte

                  Mezcladoras propias/mezcladoras móviles

                  En la explotación

                  Otras: …

      C.   Cuadro recapitulativo de las muestras de piensos destinados a rumiantes en las que se han detectado proteínas animales transformadas prohibidas

                  Mes de la toma de muestras

                  Tipo, grado y origen de la contaminación

                  Sanciones impuestas (u otras medidas aplicadas)

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  …

            Además, los Estados de la AELC analizarán las grasas y los aceites vegetales destinados a la alimentación animal para verificar la presencia de rastros de huesos e incluir los resultados de estos análisis en el informe contemplado en el apartado 2 de la presente Recomendación.

         (1)  DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.

         (2)  DO L 318 de 27.11.1998, p. 45.

      ANEXO IV
      Procedimientos de selección y evaluación de los suministros de materias primas de origen industrial utilizadas en la alimentación animal
      Las autoridades competentes deberán identificar y describir brevemente los procedimientos aplicados por los fabricantes de piensos compuestos para seleccionar y evaluar los suministros de materias primas de origen industrial utilizadas en la alimentación animal. Algunos procedimientos podrán implicar la definición previa de características o requisitos para los productos que vayan a suministrarse o para los proveedores. Otros podrán implicar autocontroles para verificar el cumplimiento de ciertos criterios, efectuados por los fabricantes de piensos compuestos en el momento en que reciben los suministros.
      Para cada procedimiento identificado (procedimiento de selección y evaluación de los suministros), las autoridades competentes indicarán las ventajas y los inconvenientes de su aplicación desde el punto de vista de la inocuidad de los piensos. Por último, evaluarán si, habida cuenta de los riesgos potenciales, los procedimientos son aceptables, insuficientes o inaceptables para garantizar la inocuidad de los piensos, indicando las razones en que se sustenta esa conclusión.
      Evaluación de los procedimientos

                  Procedimiento (breve descripción, incluidos los criterios de aceptación/rechazo de las materias primas para piensos)

                  Ventajas

                  Inconvenientes

                  Evaluación de la aceptabilidad de los procedimientos


title: Recomendación del Consejo, de 19 de marzo de 2007 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2005

text:
               8.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/4

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 19 de marzo de 2007
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2005
   (2007/C 103/04)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación ACP-CE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1), modificado en Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo) el 25 de junio de 2005 (2),
   Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de asociación ACP-CE (3), por el que se crea, entre otros, un noveno Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED), y en particular el apartado 3 del artículo 32 de dicho Acuerdo,
   Visto el Reglamento financiero de 27 de marzo de 2003 aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo (4), y en particular sus artículos 96 a 103,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del noveno FED, aprobados al 31 de diciembre de 2005, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
   Considerando que:

               1)

               en virtud del apartado 3 del artículo 32 del Acuerdo interno citado, la aprobación de la gestión financiera del noveno FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo,

               2)

               Considerando que la ejecución de las operaciones del noveno FED durante el ejercicio 2005, por la Comisión, ha sido, en su conjunto, satisfactoria,

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del noveno FED para el ejercicio 2005.

      Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 2007.

            Por el Consejo

            El Presidente

         H. SEEHOFER

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

      (3)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.

      (4)  DO L 83 de 1.4.2003, p. 1.

      (5)  DO C 263 de 31.10.2006, p. 205.


Avis juridique important

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31996K0004

96/14/CE: Recomendación nº 4/96/CECA de la Comisión, de 21 de noviembre de 1995, por la que se modifica la Recomendación nº 3118/94/CECA y por la que se deroga la Recomendación nº 73/95/CECA

Diario Oficial n° L 005 de 08/01/1996 p. 0023 - 0023

RECOMENDACIÓN N° 4/96/CECA DE LA COMISIÓN de 21 de noviembre de 1995 por la que se modifica la Recomendación n° 3118/94/CECA y por la que se deroga la Recomendación n° 73/95/CECA LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74,Considerando que, en espera de la celebración y la entrada en vigor de los Acuerdos con Rusia y Ucrania sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA, la Recomendación n° 73/95/CECA de la Comisión (1) exigía una licencia de exportación para las importaciones de productos contemplados en dichos Acuerdos;Considerando que con la entrada en vigor dichos Acuerdos (2) y con el establecimiento del requisito de una licencia de importación comunitaria de conformidad con lo dispuesto en la Decisión n° 3/96/CECA de la Comisión (3), es necesario derogar la Recomendación n° 73/95/CECA y, para evitar la innecesaria duplicación de procedimientos, modificar asimismo la Recomendación n° 3118/94/CECA de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye la Recomendación n° 393/95/CECA (5), con objeto de suprimir el requisito relativo a los documentos de vigilancia para los productos originarios de Rusia y Ucrania contemplados en los Acuerdos,RECOMIENDA:Artículo 1Queda derogada la Recomendación n° 73/95/CECA.Artículo 2El apartado 1 del artículo 1 de la Recomendación n° 118/94/CECA no se aplicará al despacho a libre práctica en la Comunidad de aquellos productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA originarios de Rusia y Ucrania que son objeto de los acuerdos entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y dichos países y para los que se exige una licencia de importación comunitaria de conformidad con lo dispuesto en la Decisión n° 3/96/CECA de la Comisión.Artículo 3La presente Recomendación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Será aplicable a partir del 1 de enero de 1996.Hecho en Bruselas, el 21 de noviembre de 1995.Por la ComisiónEl PresidenteJacques SANTER(1) DO n° L 13 de 19. 1. 1995, p. 1.(2) Véase la página 24 y 47 del presente Diario Oficial.(3) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.(4) DO n° L 330 de 21. 12. 1994, p. 6.(5) DO n° L 43 de 25. 2. 1995, p. 23.


title: 2011/442/UE: Recomendación de la Comisión, de 18 de julio de 2011 , sobre el acceso a una cuenta de pago básica  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               21.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 190/87

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 18 de julio de 2011
   sobre el acceso a una cuenta de pago básica
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2011/442/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Garantizar el acceso del consumidor a los servicios de pago en la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Unión») es esencial para que los consumidores puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado único y para contribuir al buen funcionamiento de este. La disponibilidad de servicios de pago esenciales no está actualmente garantizada por los proveedores de servicios de pago, ni por todos los Estados miembros de la Unión.

               (2)

               El pleno ejercicio de la libertad de circulación de las personas dentro de la Unión puede verse entorpecido por la aplicación de algunos criterios de admisión restrictivos que, más allá de lo exigido por la legislación, aplican actualmente los proveedores de servicios de pago para la apertura de cuentas. Además, no disponer de una cuenta de pago impide a los consumidores incorporarse al mercado de los principales servicios financieros, en detrimento de su inclusión financiera y social, lo que a menudo perjudica al segmento más vulnerable de la población. Asimismo dificulta su acceso a bienes y servicios esenciales. Por lo tanto, es necesario establecer principios para el acceso a las cuentas de pago básicas, que es un factor fundamental para la inclusión y la cohesión social, a fin de permitir a los consumidores disfrutar como mínimo de un conjunto común de servicios de pago esenciales.

               (3)

               Es importante garantizar que se apliquen coherentemente en toda la Unión los principios de acceso a las cuentas de pago básicas. Sin embargo, para ser más efectivos, dichos principios se han de aplicar teniendo en cuenta la diversidad de los usos bancarios de la Unión.

               (4)

               La presente Recomendación fija los principios generales aplicables a la provisión de cuentas de pago básicas dentro de la Unión.

               (5)

               La presente Recomendación debe aplicarse en conjunción con la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (1). En consecuencia, procede aplicar a las cuentas de pago básicas las normas sobre la transparencia de condiciones e información relativas a los servicios de pago.

               (6)

               Las disposiciones de la presente Recomendación no han de impedir a los Estados miembros o a los proveedores de servicios de pago adoptar medidas justificadas por razones legítimas de seguridad y orden público, de conformidad con el Derecho de la Unión.

               (7)

               Los consumidores legalmente residentes en la Unión y que no sean titulares de una cuenta de pago en un Estado miembro determinado deben poder abrir y utilizar una cuenta de pago básica en dicho Estado. Para generalizar en lo posible el acceso a las cuentas de pago básicas, los Estados miembros deben garantizarlo a los consumidores con independencia de las circunstancias financieras de estos, como desempleo o quiebra personal. Sin embargo, el derecho de acceso a una cuenta de pago básica en cualquier Estado miembro debe atenerse a lo preceptuado en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (2), en particular por lo que se refiere a los procedimientos de debida diligencia con la clientela.

               (8)

               Por otra parte, la presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de la obligación del proveedor de servicios de pago de cancelar el contrato de cuenta de pago básica en circunstancias excepcionales, con arreglo a la normativa nacional o de la Unión pertinente, por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o de prevención e investigación de delitos.

               (9)

               Para garantizar la disponibilidad de cuentas de pago básicas en función de las circunstancias nacionales concretas, los Estados miembros deben poder designar con ese fin, sobre la base de los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad, a uno, varios o todos los proveedores de servicios de pago. Las medidas que los Estados miembros adopten a este respecto no han de falsear la competencia entre los proveedores de servicios de pago, y se deben basar en los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad. En tal contexto, los Estados miembros deben hacer públicos los derechos y obligaciones de los proveedores a quienes se encomiende la oferta de las cuentas de pago básicas.

               (10)

               Para garantizar la transparencia y equidad de trato y permitir al consumidor cuestionar la decisión del proveedor de servicios de pago, este último debe comunicar al interesado los motivos y la justificación de una eventual negativa a abrir una cuenta de pago básica.

               (11)

               Todo Estado miembro debe garantizar el acceso a un núcleo de servicios de pago esenciales. Entre los servicios que ineludiblemente deben ir ligados a una cuenta de pago básica figura la posibilidad de realizar depósitos y retirar fondos en efectivo. El consumidor debe poder efectuar las operaciones básicas, como recibir rentas o prestaciones, pagar facturas o impuestos y comprar bienes y servicios, a través de adeudos domiciliados, transferencias y utilización de una tarjeta de pago. Para promover al máximo la inclusión financiera, dichos servicios han de permitir la compra de bienes y servicios en línea, cuando ello sea técnicamente posible. También han de dar al consumidor la posibilidad de efectuar órdenes de pago a través de los servicios bancarios en línea del proveedor de servicios, cuando ello sea técnicamente posible. Sin embargo, la cuenta de pago básica debe excluir la ejecución de órdenes que generen un saldo negativo. El acceso al crédito no debe considerarse un componente automático de una cuenta de pago básica ni un derecho vinculado a la misma.

               (12)

               Si el proveedor de servicios de pago cobra al consumidor gastos de apertura, utilización, cierre de la cuenta y uso de los servicios vinculados inseparablemente a ella, con arreglo a la presente Recomendación, el importe total de las mismas ha de ser razonable para el consumidor, de modo que no se impida a este, dadas las circunstancias concretas del país, abrir una cuenta de pago básica y utilizar sus servicios conexos. Todo gasto adicional exigible al consumidor en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato debe ser también razonable.

               (13)

               Para garantizar una aplicación coherente y eficaz del principio de los gastos razonables, los Estados miembros deben definir lo que se entiende por tales según los criterios indicativos establecidos en la presente Recomendación, que pueden considerarse conjuntamente.

               (14)

               Son también necesarias medidas para impulsar la sensibilización sobre la existencia de las cuentas de pago básicas, a fin de fomentar la inclusión financiera. En consecuencia, los Estados miembros, así como los proveedores de servicios de pago, deben proporcionar a los consumidores información general, clara y comprensible, sobre las principales características y condiciones de uso de dichas cuentas, así como sobre los pasos prácticos que el consumidor ha de dar cuando ejercite su derecho a abrir una de ellas. El consumidor debe también ser informado de que no es obligatorio adquirir servicios suplementarios para acceder a una cuenta de pago básica.

               (15)

               El cumplimiento de las disposiciones de la presente Recomendación requiere operaciones de tratamiento de datos personales de los consumidores. Dicho tratamiento está regulado por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3), y, en particular, sus artículos 6, 7, 10, 11, 12 y 17, que garantizan un tratamiento justo y lícito de los datos personales, así como el respeto del derecho fundamental a la protección de los mismos, en particular por lo que se refiere a los requisitos generales de necesidad y proporcionalidad, el derecho del interesado a acceder a los datos que le conciernan, y la rectificación, supresión o bloqueo de los datos inexactos, y su artículo 28 sobre le vigilancia del cumplimiento de la Directiva 95/46/CE por parte de la autoridad pública independiente a la que se haya encomendado la protección de datos.

               (16)

               Los consumidores han de tener acceso a procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso para la resolución de los litigios derivados de los principios establecidos en la presente Recomendación. Se podrán utilizar los órganos y regímenes existentes, por ejemplo, para la resolución de los litigios relativos a los derechos y obligaciones emanados de la Directiva 2007/64/CE.

               (17)

               Procede reforzar la aplicación de los principios establecidos en la presente Recomendación mediante supervisión nacional. Se ha de facultar a las autoridades competentes para que desempeñen de manera eficiente su cometido de vigilancia.

               (18)

               Los Estados miembros han de disponer de estadísticas anuales fiables al menos sobre el número de cuentas de pago básicas abiertas, solicitudes rechazadas y cancelaciones, así como sobre los gastos conexos a dichas cuentas. Con este fin, se invita a los Estados miembros a utilizar cualquier fuente de información pertinente. Los Estados miembros deben comunicar dicha información a la Comisión con periodicidad anual, y por primera vez no más tarde del 1 de julio de 2012.

               (19)

               Procede invitar a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Recomendación en el plazo máximo de seis meses después de su publicación. En función de la información que faciliten los Estados miembros, la Comisión hará un seguimiento de las medidas adoptadas y efectuará una evaluación no más tarde del 1 de julio de 2012. Sobre la base de dicho seguimiento, la Comisión propondrá cualquier actuación necesaria, incluidas medidas legislativas, si procede, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos planteados.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      SECCIÓN I

      Definiciones

               1.

               A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:
               a)   «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional;
               b)   «proveedor de servicios de pago»: el proveedor o proveedores de servicios de pago definidos en el artículo 4, apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE, encargados de ofrecer cuentas de pago básicas de conformidad con el apartado 3;
               c)   «cuenta de pago»: toda cuenta abierta a nombre de un consumidor y que se utilice para realizar operaciones de pago;
               d)   «operación de pago»: una operación de pago según se define en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2007/64/CE;
               e)   «fondos»: los fondos tal como se definen en el artículo 4, apartado 15, de la Directiva 2007/64/CE;
               f)   «contrato»: un contrato marco según se define en el artículo 4, apartado 12, de la Directiva 2007/64/CE.

      SECCIÓN II

      Derecho de acceso

               2.

               Los Estados miembros deben garantizar que todo consumidor que resida legalmente en la Unión disfrute del derecho a abrir y utilizar una cuenta de pago básica facilitada por un proveedor de servicios de pago que opere en su territorio si ese consumidor no posee ya otra cuenta de pago que le permita hacer uso en ese mismo territorio de los servicios enumerados en el apartado 6. Tal derecho ha de aplicarse con independencia de la situación financiera del consumidor.

               3.

               Los Estados miembros deben garantizar que al menos un proveedor de servicios de pago sometido a su jurisdicción ofrezca cuentas de pago básicas en su territorio. A tal fin, deberán tener en cuenta la situación geográfica o la cuota de mercado de los proveedores de servicios de pago de su territorio. Los Estados miembros deben velar por que ello no genere falseamientos de la competencia entre los proveedores de servicios de pago.

               4.

               Los Estados miembros han de velar por que los proveedores de servicios de pago empleen sistemas transparentes, equitativos y fiables cuando comprueben si el consumidor dispone ya o no de una cuenta de pago.

               5.

               Los Estados miembros deben garantizar que cuando se rechace una solicitud de cuenta de pago básica, el proveedor de servicios de pago comunique inmediatamente al consumidor las razones y la justificación de su negativa, por escrito y gratuitamente. Pueden aplicarse limitaciones a este derecho a la información a través de medidas legislativas, cuando dichas limitaciones constituyan actuaciones necesarias y proporcionadas para salvaguardar la seguridad nacional o el orden público.

      SECCIÓN III

      Características de la cuenta de pago básica

               6.

               La cuenta de pago básica debe abarcar los servicios siguientes:

                           a)

                           servicios que permitan todas las operaciones necesarias para la apertura, utilización y cierre de una cuenta de pago;

                           b)

                           servicios que permitan depositar dinero en efectivo en una cuenta de pago;

                           c)

                           Servicios que permitan retirar dinero en efectivo de una cuenta de pago;

                           d)

                           ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos con origen y destino en una cuenta de pago, ya sea del proveedor de servicios de pago del consumidor o de otro proveedor, mediante:

                                       i)

                                       la ejecución de adeudos domiciliados,

                                       ii)

                                       la realización de operaciones de pago mediante una tarjeta de pago que no permita la ejecución de operaciones por importe superior al saldo de la cuenta,

                                       iii)

                                       la realización de transferencias.

               7.

               El acceso a una cuenta de pago básica no ha de condicionarse a la adquisición de servicios suplementarios.

               8.

               El proveedor de servicios de pago no debe ofrecer, de forma expresa ni tácita, opción alguna de descubierto en relación con una cuenta de pago básica. No se deben ejecutar órdenes de pago cursadas al proveedor de servicios cuando dicha ejecución vaya a resultar en un saldo negativo de la cuenta de pago básica del consumidor.

      SECCIÓN IV

      Gastos bancarios

               9.

               Los Estados miembros deben garantizar que la cuenta de pago básica se ofrezca gratuitamente o a un coste razonable.

               10.

               Si un proveedor de servicios de pago cobra al consumidor gastos por la apertura, utilización o cierre de una cuenta de pago básica o por el uso de uno o varios de los servicios enumerados en el apartado 6, los importes totales correspondientes deben ser razonables.

               11.

               También ha de ser razonable cualquier gasto adicional que el proveedor de servicios de pago pueda aplicar en relación con el contrato de cuenta de pago básica, incluidas las derivadas de eventuales incumplimientos de los compromisos contraídos por el consumidor en el contrato.

               12.

               Los Estados miembros deben determinar lo que se entiende por gasto razonable, aplicando uno o varios de los siguientes criterios:

                           a)

                           niveles nacionales de renta;

                           b)

                           gastos medios aplicados a las cuentas de pago en el Estado miembro;

                           c)

                           costes totales relativos a la provisión de la cuenta de pago básica;

                           d)

                           precios nacionales al consumo.

      SECCIÓN V

      Información general

               13.

               Los Estados miembros deben lanzar campañas de sensibilización que den a conocer la existencia de las cuentas de pago básicas, las tarifas aplicadas, los procedimientos a seguir para ejercer el derecho a acceder a ellas y las formas de acceso al mecanismo de reclamación y recurso extrajudicial.

               14.

               Los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios de pago informen a los consumidores sobre las características específicas de sus cuentas de pago básicas, los gastos cobrados y las condiciones de utilización. El consumidor debe también ser informado de que no es obligatorio adquirir servicios suplementarios para disponer de una cuenta de pago básica.

      SECCIÓN VI

      Mecanismos de supervisión y de resolución extrajudicial de litigios

               15.

               Los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes encargadas de garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo de los principios enunciados en la presente Recomendación. Dichas autoridades han de ser independientes de los proveedores de servicios de pago.

               16.

               Los Estados miembros deben velar por que se instauren procedimientos adecuados y efectivos de reclamación y recurso para la resolución extrajudicial de los litigios relacionados con los derechos y obligaciones que emanan de los principios enunciados en la presente Recomendación, entre los proveedores de servicios de pago y los consumidores, para lo cual podrán valerse, si procede, de organismos existentes. Los Estados miembros deben garantizar también que todos los proveedores de servicios de pago se adhieran a uno o más de los organismos responsables de los procedimientos de reclamación y recurso.

               17.

               Los Estados miembros han de velar por que los órganos citados en el apartado 16 colaboren activamente en la resolución de los conflictos transfronterizos.

      SECCIÓN VII

      Información estadística

               18.

               Los Estados miembros deben garantizar que los proveedores de servicios de pago faciliten a las autoridades nacionales, con periodicidad anual, datos fiables, como mínimo, sobre el número de cuentas de pago básicas abiertas, de solicitudes rechazadas y motivos de la denegación y de cancelaciones, así como sobre los gastos conexos. Esa información deberá facilitarse de forma agregada.

               19.

               Con carácter anual, y por primera vez no más tarde del 1 de julio de 2012, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión información sobre el número de cuentas de pago básicas abiertas, solicitudes rechazadas y cancelaciones, así como sobre los gastos conexos a ellas.

      SECCIÓN VIII

      Disposiciones finales

               20.

               Se invita a los Estados miembros a que emprendan todas las actuaciones necesarias para garantizar la aplicación de la presente Recomendación en el plazo de seis meses tras su publicación y comuniquen a la Comisión cualquier medida adoptada de conformidad con la misma.

               21.

               La presente Recomendación se dirige a los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 18 de julio de 2011.

            Por la Comisión

         Michel BARNIER

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.

      (2)  DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

      (3)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.


Avis juridique important

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31997H0479

97/479/CE: Recomendación del Consejo de 7 de julio de 1997 sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad

Diario Oficial n° L 209 de 02/08/1997 p. 0012 - 0018

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 7 de julio de 1997 sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad (97/479/CE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 103,Vista la recomendación de la Comisión,Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam de los días 16 y 17 de junio de 1997,RECOMIENDA:1. Objetivos principales: crecimiento, empleo y convergencia Desde el verano de 1996, momento en que se adoptaron las anteriores orientaciones, la Comunidad ha registrado una recuperación económica moderada. Las variables fundamentales de la oferta siguen mejorando mientras que las perspectivas de la demanda son alentadoras. Esta evolución, combinada con una política macroeconómica cada vez más equilibrada, permitirá que el crecimiento de la producción se fortalezca progresivamente hasta situarse en su nivel tendencial este año y por encima del mismo el próximo año.En las circunstancias actuales, debe darse prioridad a dos aspectos fundamentales de la política económica, en los que los logros se refuerzan mutuamente. En primer lugar, aunque se prevé que el empleo aumentará moderadamente a corto plazo, es preciso aumentar la baja tasa de empleo comunitaria y reducir el desempleo de forma significativa, tal y como se ha hecho hincapié en la Declaración de Dublín sobre la política de empleo «El desafío del empleo». En segundo lugar, a pesar de que en los últimos años se han dado pasos importantes hacia la estabilidad de precios y el saneamiento de las finanzas públicas, es necesario seguir avanzando. Esto contribuirá a la consecución y mantenimiento de un elevado nivel de convergencia, de forma que un número importante de Estados miembros pueda participar en la unión económica y monetaria (UEM) a partir del 1 de enero de 1999. Resulta muy importante que en los próximos trimestres se evite cualquier duda acerca de la aplicación estricta de los criterios de Maastricht y de la fecha de inicio de la moneda única, 1999, a fin de que los ciudadanos y los empresarios europeos tengan la seguridad de que van a aprovecharse las oportunidades que ofrece la UEM, fomentando así el crecimiento y el empleo. Dado que la búsqueda de situaciones presupuestarias más sanas repercutirá a medio plazo sobre el crecimiento y el empleo, la continuación del esfuerzo de consolidación presupuestaria responde a los intereses de todos los Estados miembros.Con el mercado interior y la UEM, la Comunidad se está convirtiendo en una de las entidades económicas más importantes del mundo. Posee un considerable potencial a medio y largo plazo en lo que se refiere a progreso tecnológico y creación de trabajo y de riqueza. Para que este potencial se traduzca íntegramente en un aumento del nivel de vida, la Comunidad debe lograr progresivamente una elevada tasa de empleo, lo cual contribuirá a su vez a salvaguardar, mediante reformas, el mantenimiento de los sistemas de pensiones, parte integral de los sistemas de protección social de los Estados miembros.El restablecimiento de un índice de crecimiento sostenido, elevado y no inflacionista, basado en unas finanzas públicas saneadas, creará un entorno favorable, tanto desde el punto de vista político como social, para atajar el problema del desempleo en la Comunidad.Sin embargo, puesto que las deficiencias estructurales siguen frenando tanto el crecimiento como la traducción de éste en creación de puestos de trabajo, la mayoría de Estados miembros precisa efectuar reformas estructurales.Sólo una capacidad productiva suficientemente importante puede permitir un alto índice de empleo. El actual coeficiente de inversión no parece dar cabida a esa posibilidad. En consecuencia, es muy importante que se mantengan las actuales condiciones favorables a la inversión, a saber, elevada rentabilidad y bajos tipos de interés. Además, debe apoyarse activamente la creación de redes transeuropeas de transporte, energía y comunicaciones, en la que los actuales instrumentos financieros comunitarios y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han de desempeñar una función fundamental, junto con una mayor participación del sector privado. La inversión en recursos humanos, conocimientos y competencias también puede contribuir al desarrollo de un mayor crecimiento del empleo, como se señaló en el informe de la Comisión «Europa como entidad económica».En este contexto, de conformidad con el artículo 102 A del Tratado, se insta a los Estados miembros y a la Comunidad a aplicar una política económica con vistas a progresar de manera significativa en la vía de un crecimiento sostenible y no inflacionista, respetando el medio ambiente, y un alto nivel de empleo, que figuran entre los objetivos establecidos en el artículo 2 del Tratado. Con esta finalidad, también se les insta a coordinar sus políticas (artículos 3 A y 103), habida cuenta de la mayor integración de sus economías.2. Combinación de políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad Las actuales orientaciones confirman que para lograr un crecimiento de la producción sostenido y basado en la inversión, así como la creación de empleo a medio plazo que no genere tensiones inflacionistas, sigue siendo necesaria una política macroeconómica común basada en los tres elementos enunciados en las orientaciones de 1996:- «una política monetaria orientada hacia la estabilidad, cuyo funcionamiento no se vea comprometido por una evolución presupuestaria y salarial inadecuada;- esfuerzos sostenidos para consolidar las finanzas públicas de la mayoría de los Estados miembros, de conformidad con los objetivos de sus programas de convergencia;- una evolución de los salarios nominales compatible con el objetivo de la estabilidad de precios; al tiempo que la evolución de los salarios reales debería mantenerse inferior al aumento de la productividad para fortalecer la rentabilidad de las inversiones creadoras de empleo.Cuanto más secundada esté la función estabilizadora de la política monetaria por una política presupuestaria y una evolución de los salarios adaptados, más las condiciones monetarias, incluidos los tipos de cambio y los tipos de interés a largo plazo, favorecerán el crecimiento y empleo.».La recomendación referente a la evolución de los salarios nominales se estudiará, cuando sea necesario, atendiendo a la evolución pasada de la parte de los salarios incluida en el valor añadido total.En cuanto a las perspectivas a medio plazo, la UEM consolidará, transformación fundamental de la combinación de las políticas macroeconómicas que, de forma progresiva, se ha logrado implantar en la Comunidad, y que los interlocutores sociales y agentes económicos deberán tener presente.i) Una política monetaria única, bajo la responsabilidad de un Banco Central Europeo independiente, tendrá como objetivo fundamental la estabilidad de precios aunque, de forma simultánea y sin perjuicio de este objetivo, apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad a fin de contribuir al logro de los objetivos fijados en el artículo 2 del Tratado.ii) Las disposiciones del Tratado en el ámbito de la política presupuestaria (artículo 104 a 104 C) y el Pacto de estabilidad y crecimiento asegurarán la adopción de políticas presupuestarias saneadas y disciplinadas. Siempre que se respeten estas disposiciones, la responsabilidad de las políticas presupuestarias residirá en los gobiernos nacionales soberanos, que deberán coordinar sus políticas en el marco de las orientaciones generales de política económica.iii) Respecto de los salarios, que serán acordados por interlocutores sociales autónomos según las prácticas vigentes en los distintos países, las políticas monetaria y presupuestaria, orientadas a la estabilidad, así como la imposibilidad de oscilaciones cambiarias dentro de la zona euro, reforzarán tanto las condiciones como los incentivos para una correcta evolución. Esta evolución debería también favorecerse, a escala nacional, mediante la intensificación del diálogo social con todas las partes afectadas, en la medida de las posibilidades y siempre que se respeten las tradiciones vigentes. El buen funcionamiento del proceso de formación de salarios constituye un requisito fundamental para un alto crecimiento económico y una disminución de desempleo. A escala comunitaria, la Comisión, de conformidad con el artículo 118 B, seguirá impulsando el diálogo social, especialmente en materia de política macroeconómica, con objeto de encontrar un terreno común de entendimiento respecto a la política económica fijada en las orientaciones. El informe de los interlocutores sociales europeos sobre el marco macroeconómico, transmitido al Consejo Europeo de Dublín, constituye un paso importante en la dirección correcta y merece recibir todo el apoyo.La aplicación, en un espíritu de cooperación, de este nuevo marco por todos los responsables de decisiones económicas contribuirá a establecer las condiciones para un crecimiento elevado, sostenido y generador de empleo en la Comunidad.3. Estabilidad de precios y de tipos de cambio Estabilidad de precios La Comunidad ha avanzado considerablemente en cuanto a la estabilidad de precios y a la convergencia en el ámbito de la inflación, requisito esencial tanto para lograr un crecimiento sostenido a medio plazo como para adoptar la moneda única. Se prevé que la inflación media en la Comunidad disminuirá al 2¼ % en 1997, la tasa más baja desde la creación de la Comunidad. En la perspectiva de la UEM, los Estados miembros deberían fijarse como objetivo la estabilidad de precios y mantenerla en este nivel a medio plazo.En casi todos los Estados miembros, la tasa de inflación se mantuvo en un nivel bajo o se redujo de forma significativa a principios de 1997. En abril de 1997, catorce Estados miembros tenían una tasa de inflación igual o inferior al 2 % (1).La inflación experimentó una fuerte caída en los últimos meses en algunos Estados miembros (en particular, en España, Italia y Portugal), pero esto aún no se ve reflejado plenamente en sus tasas medias de inflación registradas en el último año (2). En abril de 1997, la tasa media de inflación registrada en el último año fue igual o inferior al 2 % en nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia), se situó entre un 2 y un 2,5 % en Irlanda y el Reino Unido (3) y oscilaba en torno al 3 % en España, Italia y Portugal. Si se mantienen los buenos resultados en lo que respecta a la inflación en estos últimos países, la tasa media de inflación registrada en todo el año se reducirá en los próximos meses.En Grecia, donde en los últimos años se ha avanzado de forma sustancial en la reducción de la inflación, es preciso un mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos oficiales, que son del 4,5 % para finales de 1997 y por debajo del 3 % para finales de 1998.Estabilidad de tipos de cambio De conformidad con el artículo 109 M, todos los Estados miembros deben seguir tratando sus políticas de tipo de cambio como un asunto de interés común. Finlandia e Italia entraron en el mecanismo de tipos de cambio (MTC) en otoño del pasado año y una mayoría significativa de las monedas del MTC mostraron una estabilidad notable. Unas políticas económicas más saneadas y creíbles, entre ellas las políticas presupuestarias, han contribuido a una alineación más adecuada de los tipos de cambio dentro de la Comunidad. En estas circunstancias, así como con vistas a la participación en la UEM, es imperativo que los Estados miembros mantengan -y, cuando sea posible, intensifiquen- su compromiso respecto a la política macroeconómica orientada hacia la estabilidad. En cuanto a los países que actualmente no participan en el MTC, esas políticas también contribuirán a crear las condiciones para que tal participación sea posible. Una gestión saneada de la política macroeconómica crea las condiciones necesarias tanto para la estabilidad de los tipos de cambio y la reducción de los tipos de interés a largo plazo, como para la estabilidad del sistema monetario internacional.4. Finanzas públicas saneadas En la Comunidad en su conjunto, el déficit presupuestario efectivo descendió del 5 % del PIB en 1995 al 4,3 % del PIB en 1996. La debilidad del crecimiento económico en 1996 dificultó la consolidación presupuestaria y ocultó la mejora subyacente conseguida. Con arreglo a las medidas presupuestarias aprobadas hasta mediados de abril de 1997, el endeudamiento neto de las administraciones públicas en la Comunidad en su totalidad probablemente se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 1997 y descienda por debajo del 2,5 % del PIB en 1998.En sus presupuestos para 1997, una amplia mayoría de Estados miembros ha aprobado importantes medidas para reducir su déficit presupuestario a una cifra igual o inferior al 3 % del PIB. Es sumamente importante que los Estados miembros apliquen con rigor estos presupuestos y adopten medidas correctoras inmediatas en caso de desviación de los objetivos. En lo que se refiere a los presupuestos para 1998, la mayoría de los Estados miembros debe adoptar medidas adicionales de reducción del déficit para alcanzar los objetivos que se han impuesto en sus programas de convergencia. Ello proporcionará la confianza necesaria en la viabilidad del ajuste presupuestario, especialmente en aquellos países en los que en 1997 no se prevén déficit presupuestarios claramente inferiores al 3 % del PIB o en aquellos en que el presupuesto de dicho año contenía medidas transitorias o en que el porcentaje de deuda pública respecto al PIB no está disminuyendo lo suficiente ni aproximándose al valor de referencia a un ritmo satisfactorio. Esta determinación es fundamental no sólo para cumplir los criterios presupuestarios de Maastricht, sino también para lograr, a medio plazo, el equilibrio presupuestario o el superávit, tal como se indicaba en el Pacto de estabilidad y crecimiento, lo que permitirá garantizar una combinación de políticas macroeconómicas orientada al crecimiento y a la estabilidad.Es preciso que los programas de ajuste presupuestario sean creíbles y duraderos. La carga de dicho ajuste deberá repartirse de forma justa y equitativa. Que sean creíbles supone que sean transparentes. Para ello es necesario que se apliquen estrictamente las reglas de contabilidad y los principios económicos adoptados en común. Además, los presupuestos anuales y las proyecciones presupuestarias a medio plazo deberán indicar claramente los supuestos económicos en que se basan. La viabilidad precisa medidas de reducción del déficit que formen parte de un plan a medio plazo claramente establecido, que incluya las reformas estructurales necesarias indicadas en los programas de convergencia y, desde el inicio de la tercera fase, en los programas de estabilidad o convergencia. Dichos programas deberán estar sujetos a una estricta vigilancia al nivel comunitario.Lograr los beneficios económicos de la consolidación presupuestaria depende en gran medida de la calidad de las medidas adoptadas. Las presentes orientaciones reafirman los principios generales señalados en las anteriores. En primer lugar, es deseable que en la mayoría de los Estados miembros se dé mayor importancia a la restricción del gasto frente a un aumento adicional de la carga fiscal total, teniendo en cuenta, donde resulte necesario, la relación entre sistemas de transferencias sociales y sistema fiscal. Tales Estados miembros deberán centrarse en medidas estructurales para controlar mejor el gasto en consumo público, pensiones, sanidad, medidas pasivas orientadas al mercado laboral y subsidios. Si los aumentos de impuestos fueran inevitables, debe tratar de minimizarse sus efectos negativos sobre el crecimiento y el empleo y evitar un resurgimiento de presiones inflacionistas. En segundo lugar, en la medida de lo posible y sin poner en peligro la necesaria reducción del déficit presupuestario, el gasto público podrá favorecer las actividades productivas, como la inversión en infraestructura, capital humano y políticas activas orientadas al mercado laboral. En tercer lugar, en la mayoría de los Estados miembros debe acometerse la deseada reducción de la carga fiscal y de las cotizaciones sociales de forma coherente con el mantenimiento de una situación presupuestaria saneada y equilibrada. Los cambios demográficos registrados en los Estados miembros influirán en el gasto público en los próximos años. Los Estados miembros deberán revisar la viabilidad financiera de sus sistemas de protección social y pensiones e introducir a tiempo las reformas necesarias.Dadas las relaciones entre política fiscal, por una parte, y mercado único, UEM y lucha contra el desempleo, por otra, a los Estados miembros les interesa una mayor cooperación en el ámbito fiscal. De ahí que deba evitarse una competencia perjudicial entre los sistemas fiscales de los distintos Estados miembros. En esta perspectiva, se invita a los Estados miembros a que estudien, entre otras posibilidades, la elaboración de un código de conducta que establezca unos principios de competencia leal en el plano fiscal políticamente vinculantes.Cinco Estados miembros -Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia- habían ya alcanzado el 3 % de referencia en 1996. En Dinamarca, donde se espera este año un saldo presupuestario positivo, es importante consolidar este resultado a lo largo del ciclo económico, y mantener el porcentaje de deuda pública respecto al PIB en una trayectoria decididamente descendente. Irlanda debería aprovechar la actual fase de notable crecimiento para intensificar los esfuerzos de contención del gasto público, lo que permitirá seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario. También en los Países Bajos y en Finlandia es imperativo continuar la política de restricción del gasto, con especial insistencia en las transferencias de seguridad social, lo que permitiría seguir disminuyendo los costes laborales no salariales, los impuestos sobre la renta y otros impuestos que obstaculizan el empleo.En Bélgica, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar una nueva disminución en 1998. Para aproximarse más a una consolidación presupuestaria, el Gobierno belga debe seguir estrictamente su nuevo programa de convergencia y dedicar especial atención a lograr unas cuentas de la seguridad social saneadas, lo que exige la adopción de mecanismos eficaces que permitan controlar mejor el gasto en sanidad y continuar la reforma del sistema de pensiones.En Alemania, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. El Gobierno alemán se comprometió firmemente a adoptar las medidas precisas para respetar el valor de referencia del 3 % en 1997 y debe emprender las actuaciones necesarias para frenar la tendencia al alza del porcentaje de deuda pública respecto al PIB. En 1998 debe mantenerse la consolidación presupuestaria que marca el nuevo programa de convergencia; su aplicación continuada debe centrarse en una reducción mayor del porcentaje del gasto público en la economía, y especialmente en reformar los sistemas fiscal y de seguridad social. Esto puede aliviar la carga contributiva y fiscal sin comprometer el cumplimiento estricto de todos los objetivos presupuestarios del nuevo programa de convergencia.En España, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. Las autoridades españolas, firmemente decididas a alcanzar el objetivo del 3 % del PIB en 1997, deben insistir en su presupuesto de 1998 en la consolidación, tal como dispone el nuevo programa de convergencia; es importante que sigan aplicando medidas de reducción del déficit de carácter estructural, en especial para reducir el nivel actual de gasto y mejorar la eficacia de la gestión presupuestaria.En Francia, se espera un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría no registrar una disminución significativa en 1998. Es necesario conseguir una consolidación presupuestaria a medio plazo mediante una estricta aplicación del programa de convergencia recientemente aprobado. En particular, es necesario contener el gasto en sanidad, equilibrar las cuentas de la seguridad social y garantizar que las nuevas reducciones fiscales, en sí mismas favorables al crecimiento y al empleo, no disminuyan el ritmo de la reducción del déficit.En Italia, merced a las nuevas medidas tomadas en marzo, se prevé que el déficit presupuestario alcance el 3 % del PIB en 1997. Las autoridades italianas deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir dicho objetivo. Con objeto de lograr un déficit público por debajo del 3 % en 1998 y en años posteriores, es esencial aplicar íntegramente el programa de convergencia aprobado recientemente. Los objetivos fijados por el programa deberían considerarse por el Gobierno italiano como límites máximos, con vistas a evitar déficit y favorecer la disminución más rápida del coeficiente de la deuda pública. En el presupuesto de 1998, conviene dar importancia a las medidas que tengan un efecto permanente sobre la reducción del déficit, especialmente las medidas estructurales, ya que estas últimas tendrán igualmente un impacto favorable sobre la eficacia del sistema económico en su conjunto. La reforma de la seguridad social y del sistema fiscal italiano es de capital importancia.En Austria, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. Se insta al Gobierno de Austria a adoptar las medidas necesarias para alcanzar su objetivo de déficit presupuestario del 3 % del PIB en 1997 y garantizar la sostenibilidad de sus esfuerzos de consolidación presupuestaria en años siguientes mediante un programa de ajuste estructural, basado en las medidas actuales o, si fuera preciso, en el reforzamiento del ajuste estructural con medidas adicionales.En Portugal, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. En su presupuesto para 1998, las autoridades portuguesas, que se han comprometido a alcanzar un objetivo de déficit de 2,9 % del PIB en 1997, deberán continuar la consolidación presupuestaria, tal como se contempla en el nuevo programa de convergencia. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. El nuevo acuerdo estratégico entre Gobierno e interlocutores sociales debe cumplirse estrictamente para lograr un avance significativo en la reforma de la administración pública y de los sistemas tributarios de seguridad social.En Suecia, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las medidas actuales, el déficit podría disminuir considerablemente en 1998. Suecia debe continuar con su programa de convergencia, que incluye unas finanzas públicas mejoradas y debe llevar a cabo un seguimiento del programa.En el Reino Unido, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a las previsiones del Gobierno, se prevé que el déficit se reduzca considerablemente en 1998. Se recomienda que el nuevo Gobierno establezca un marco efectivo que contemple una consolidación fiscal duradera.En Grecia, se prevé que las medidas anunciadas conduzcan a una nueva reducción del déficit presupuestario en 1997; se precisarán esfuerzos sostenidos en distintos ámbitos a fin de cumplir los objetivos del programa de convergencia, entre ellos un mayor esfuerzo para ampliar la base fiscal, aumentar la eficacia de la administración tributaria y del sistema de recaudación, disminuir el gasto público y continuar y ampliar los planes de privatización. Se espera que el déficit disminuya aún más en 1998.Al igual que los Estados miembros, la Comunidad también debe mantener una estricta disciplina presupuestaria. Dicha disciplina deberá aplicarse a todas las categorías de las perspectivas financieras, respetando al mismo tiempo el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y mejora del procedimiento presupuestario.5. Mejor funcionamiento de los mercados de bienes y servicios A fin de salvaguardar y promover la competitividad, el empleo y el nivel de vida comunitarios, en un mundo de libre comercio y constante cambio tecnológico, es esencial que los Estados miembros y la Comunidad intensifiquen sus esfuerzos para modernizar sus mercados de bienes, servicios y trabajo, tal como establecen las orientaciones generales de política económica. Para incrementar la capacidad de adaptación de la economía de los Estados miembros e incrementar su crecimiento, es preciso fomentar asimismo la innovación, la investigación y el desarrollo y mejorar los sistemas de educación y formación. Una política medioambiental más eficaz y que contribuya a un progreso económico sostenible deberá basarse en mayor medida en instrumentos de mercado, tanto a nivel nacional como, de ser necesario, comunitario.Fomentar el crecimiento y el empleo, al mismo tiempo que se logra la estabilidad de precios, exige mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, estimular la competencia, favorecer la inventiva y la innovación y asegurar la eficacia del sistema de formación de precios. Este era el razonamiento del Programa sobre el mercado único (PMU), cuya importancia ya se destacó en una reciente evaluación de la Comisión (4). Dicha evaluación concluía que, en general, los mercados de bienes de los Estados miembros se caracterizan por una elevada integración, mientras que los mercados de servicios están menos integrados aunque la situación ha mejorado significativamente desde que se inició el PMU. Siguen existiendo algunos problemas: los servicios, especialmente los seguros y los bancos, así como la construcción, deben ser objeto de mayor atención, y aplicarse la legislación sobre mercado interior en su totalidad. Además, los Estados miembros deberán hacer lo necesario para aumentar la eficacia de sus servicios públicos.Además, los mercados de aquellos bienes vinculados a la contratación pública siguen sin estar totalmente abiertos a la competencia, y otros mercados de bienes siguen estando excesivamente regulados por los Estados miembros, lo que supone precios más elevados para los consumidores. Las ayudas otorgadas por los Estados siguen falseando los mercados y erosionando la competencia, sin que se observe mejora alguna. Los avances han sido también demasiado lentos en la normalización de productos, especialmente en lo que se refiere a la noción de «reconocimiento mutuo». Debe mejorarse el entorno de las PYMES. A este respecto, debe agilizarse y favorecerse su acceso a la información, y adoptarse medidas para simplificar las normas (iniciativa SLIM).La competencia y eficacia de los mercados de productos y servicios aumentará si mejora el funcionamiento del mercado único. Para ello los Estados miembros deben reforzar su compromiso respecto a: i) aplicar totalmente y asegurar el cumplimiento de la actual legislación, en especial en el sector de las telecomunicaciones; ii) efectuar mayores avances por mejorar el marco legislativo en ámbitos como los impuestos y el derecho de sociedades; iii) completar la liberalización de los mercados de la energía en el marco de las directivas ya existentes y las directivas en negociación; iv) reducir la carga de normas excesivas y revisar o suprimir las medidas nacionales que fragmentan los mercados; y v) abstenerse de utilizar las ayudas públicas para aplazar las reestructuraciones esenciales. El Plan de actuación sobre el mercado único de la Comisión propone diversas medidas concretas para reactivar el mercado único que han de entrar en vigor antes del 1 de enero de 1999.La Comunidad debería seguir reformando sus propias políticas de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 102 A del Tratado según el cual los Estados miembros y la Comunidad actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 3 A.6. Impulsar la reforma del mercado laboral y la inversión en conocimiento La positiva experiencia de varios Estados miembros permite sacar algunas conclusiones respecto al contenido y aplicación de las reformas. En primer lugar, las reformas estructurales deben ser de carácter global, no limitadas o esporádicas, a fin de abordar de forma coherente el complejo asunto de los incentivos a la creación o la aceptación de un puesto de trabajo. Este planteamiento permite aprovechar la complementariedad de las medidas, lo que hace las reformas más eficaces, al aumentar su aceptación social y política y reducir la probabilidad de modificaciones por razones políticas. En segundo lugar, los mecanismos para supervisar el impacto de las reformas sobre el mercado laboral y el empleo ayudan a valorar su eficacia y permiten descubrir posibles cambios en las prioridades o en la aplicación. Por esta razón, los programas plurianuales de empleo deben centrarse en la interrelación de las orientaciones y las medidas específicas de mercado de trabajo, mientras que los informes conjuntos sobre empleo, que supervisan su aplicación, deben prestar atención a detectar las medidas acertadas que adoptan los Estados miembros.En los últimos años se ha adoptado una amplia gama de medidas nacionales para reforzar la eficacia del mercado laboral y en varios Estados miembros se están debatiendo importantes reformas. Dicho impulso debe continuar e intensificarse cuando sea necesario. Se trata de reconciliar el mantenimiento de sociedades cohesionadas y la necesidad de fomentar la creación de empleo. Se debe dar prioridad a:i) un mayor crecimiento del empleo, mediante el mantenimiento de evoluciones adecuadas de los salarios y salarios más acordes con las diferencias de cualificaciones y regiones. Se trata de asuntos importantes que deben abordar los interlocutores sociales;ii) una reducción de los costes laborales no salariales y de los impuestos sobre la renta para favorecer las posibilidades de empleo;iii) una reforma del sistema fiscal y de protección social, vinculada a la mejora del funcionamiento de los mercados laborales;iv) nuevos modelos de organización del trabajo, incluido el acuerdo sobre la flexibilización de la jornada de trabajo, adaptados a las necesidades específicas de las empresas y los trabajadores, mayor utilización del trabajo a tiempo parcial de carácter voluntario, y fomento de las iniciativas de empleo local;v) la adaptación del sistema educativo -incluida la formación profesional- a las necesidades del mercado y a la mejora del capital humano, favoreciendo así el crecimiento potencial de la economía. A este respecto, es conveniente volcarse en que los desempleados, en particular aquellos trabajadores con baja cualificación o sin experiencia, consigan trabajo, y reducir la inadecuación de cualificaciones en el mercado laboral proporcionando una formación mejor adaptada a las necesidades cambiantes del mercado.Además, estas reformas deben venir apoyadas por una orientación, más favorable al empleo, de otras políticas. En particular, las medidas que se lleven a cabo con el apoyo de los fondos estructurales comunitarios deben ser coherentes con la estrategia global sobre el empleo y los programas plurianuales de empleo de los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1997.Por el ConsejoEl PresidenteJ.-C. JUNCKER(1) Calculada mediante el coeficiente entre el último índice mensual armonizado de precios al consumo (IAPC) y el del mismo mes del año precedente.(2) Calculada mediante la media aritmética de los doce últimos índices mensuales armonizados (IAPC) respecto a la media aritmética de los doce índices mensuales armonizados del período precedente.(3) Para Irlanda y el Reino Unido la evaluación se basa en las estimaciones de la Comisión, puesto que estos dos países todavía no han publicado los datos relativos al IAPC que permitan efectuar el cálculo.(4) Véase la comunicación de la Comisión sobre «Impacto y efectividad del Mercado Único»[COM(96) 520 de octubre de 1996] y «Economic evaluation of the Internal Market» (European Economy, Reports and Studies n° 4 de 1996).