title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 25 de junio de 2009 , al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Národná banka Slovenska (BCE/2009/14)

text:
               1.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 149/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

   de 25 de junio de 2009
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Národná banka Slovenska
   (BCE/2009/14)
   2009/C 149/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante, los «Estatutos del SEBC»), en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               Conforme al artículo 1 de la Decisión 2008/608/CE del Consejo, de 8 de julio de 2008, de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado para la adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009 (1), Eslovaquia adoptó la moneda única el 1 de enero de 2009.

               (3)

               Conforme al artículo 38 de la Ley del Národná banka Slovenska, con efectos a partir del 1 de enero de 2009 las cuentas del Národná banka Slovenska son controladas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.1 de los Estatutos del SEBC.

               (4)

               El Národná banka Slovenska ha seleccionado a Deloitte Audit s.r.o. como auditor externo para el ejercicio de 2009.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que Deloitte Audit s.r.o. sea nombrado auditor externo del Národná banka Slovenska para el ejercicio de 2009.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 25 de junio de 2009.

            El presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET

      (1)  DO L 195 de 24.7.2008, p. 24.


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		52011SC0828

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa a la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica por los Estados miembros cuya moneda es el euro /* SEC/2011/0828 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa a la aplicación de las
Orientaciones Generales de Política Económica por los Estados miembros cuya
moneda es el euro
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 136, en relación con el artículo
121, apartado 2,
Vista la recomendación de la Comisión
europea[1],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El […], el Eurogrupo mantuvo un debate sobre la
aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica por los Estados
miembros cuya moneda es el euro, reconociendo la necesidad de reforzar más en
su seno la coordinación de las políticas económicas y el seguimiento de la
aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros cuya moneda
es el euro.
(2)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(3)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre las Orientaciones Generales de Política Económica de los
Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014). Se ha invitado a
los Estados miembros y, en su caso, a la Unión Europea a tener en cuenta las
Orientaciones en sus políticas económicas.
(4)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(6)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(7)
En abril y mayo de 2011, los Estados miembros
de la zona del euro presentaron sus programas de estabilidad de 2011, relativos
al periodo 2011-2014, y sus programas nacionales de reforma de 2011. Estos programas
se han evaluado al mismo tiempo.
(8)
La experiencia de los diez primeros años del
euro ha puesto generalmente de relieve los numerosos beneficios de la moneda
única. Sin embargo, la crisis de la economía mundial provocó una profunda
contracción de la economía en 2009 que situó el PIB de la zona del euro por
debajo de su nivel de 2006. Aunque en 2010 se volvió a observar un crecimiento
del PIB, la producción sigue aún por debajo del nivel registrado en 2007. Como
consecuencia de ello, el desempleo de la zona del euro aumentó del 7,6% en 2007
al 10,1% en 2010. Las finanzas públicas de la zona del euro se han deteriorado,
lo que ha causado una revisión significativa de los riesgos de la deuda estatal
de algunos Estados miembros y ha originado riesgos para la estabilidad
macrofinanciera. Ahora se está recuperando el crecimiento, con divergencias
entre los Estados miembros, lo que refleja diferencias estructurales y
cíclicas. La crisis ha desencadenado una reducción de los desequilibrios
macroeconómicos que se habían desarrollado antes del inicio de la misma. Sin
embargo, queda por ver si dicha reducción es suficiente y sostenible.
(9)
Los saldos presupuestarios de las
administraciones públicas de la zona del euro han empezado a mejorar, por
término medio, en 2010, y, con la hipótesis de mantenimiento de la política
económica manejada en las previsiones de primavera de la Comisión, se espera
que sigan mejorando en 2011. Sin embargo, la deuda pública seguirá creciendo hasta
2012. Si no se corrige en los años siguientes, esta tendencia podría poner en
peligro la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, habida cuenta
del bajo crecimiento potencial y de la desfavorable evolución demográfica. En
2010, el déficit de la zona del euro disminuyó al 6,0% del PIB, mientras que el
ratio de deuda aumentó al 85,1% del PIB. Según los objetivos establecidos en el
programa de estabilidad de 2011, el déficit de la zona del euro disminuiría al
1,3% del PIB en 2014 y el ratio de deuda empezaría a disminuir de nuevo hasta situarse
por debajo del 85% del PIB en 2014, tras alcanzar un máximo en 2012. Esta senda
de saneamiento fiscal para la zona del euro en su conjunto sería globalmente
compatible con la intensificación de la recuperación. El hecho de que se prevea
centrar el saneamiento en la reducción del gasto más que en aumentos
tributarios acrecienta sus posibilidades de éxito. Con todo, subsiste
preocupación acerca de la aplicación efectiva de los planes en algunos países.
Por otra parte, algunos Estados miembros de la zona del euro han aplicado
recientemente nuevas normas presupuestarias o anunciado el reforzamiento de las
ya existentes, aunque para que estas sean plenamente eficaces se requerirán
medidas adicionales en algunos Estados miembros. Teniendo en cuenta el
envejecimiento de la población, las reformas del sistema de pensiones y de los
regímenes de seguridad social aún no son suficientes para garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
(10)
Las medidas adoptadas por la UE para hacer
frente a la situación han propiciado mejoras en el funcionamiento y la
estabilidad del sistema financiero. Entre los retos que tiene planteados el
sector financiero de varios Estados miembros de la zona del euro cabe citar el
riesgo de que los bancos sufran nuevas pérdidas en sus carteras de activos o un
endurecimiento de las condiciones en los mercados de refinanciación y la
continuación del proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario,
mientras que aún no se ha concluido el proceso de eliminación progresiva del apoyo
del sector público al sector bancario.
(11)
Se necesitan mejoras de la productividad y de
la competitividad para aumentar el potencial de crecimiento de la zona del euro
y corregir sus desequilibrios macroeconómicos. A este respecto, los Estados
miembros de la zona del euro han anunciado una serie de reformas estructurales
en sus programas nacionales de reforma. No obstante, aún se observan carencias
en las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de sus mercados de
productos y de trabajo, especialmente en lo que se refiere a los sectores de
servicios, a un saneamiento fiscal favorable al crecimiento y a los sistemas de
fijación de salarios.
(12)
Con el fin de garantizar un funcionamiento
adecuado de la UEM, los Estados miembros de la zona del euro tienen la
obligación explícita de considerar sus políticas económicas como una cuestión
de interés común, debido a sus posibles efectos colaterales entre países con una
moneda común. Por consiguiente, resulta necesaria una revisión más global y
permanente de la coordinación de las políticas económicas a nivel de la UE y de
la zona del euro, a la luz de la crisis y de los retos actuales. El ciclo anual
de supervisión integrada, enmarcado en el «Semestre Europeo», el marco
reforzado de gobernanza económica propuesto por la Comisión, la creación de la Junta
Europea de Riesgo Sistémico y los organismos de supervisión europeos, y el
Mecanismo Europeo de Estabilidad son elementos esenciales que, en algunos
casos, aún no se han adoptado y/o aplicado íntegramente. El Pacto por el Euro
Plus refuerza aún más este marco.
(13)
La Comisión ha evaluado los programas de
estabilidad y los programas nacionales de reforma de los Estados miembros de la
zona del euro[2],
teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de
la zona del euro, y considera que se requieren un cumplimiento estricto de los objetivos
presupuestarios, con un reforzamiento en algunos Estados miembros, y nuevas
medidas encaminadas a consolidar la sostenibilidad y las normas presupuestarias.
También deberán adoptarse medidas adicionales para mejorar la estabilidad
financiera, los incentivos al trabajo, los mecanismos de fijación de salarios,
la eficiencia de los sectores de servicios y la gobernanza de la zona del euro.

RECOMIENDA que los Estados
miembros cuya moneda es el euro adopten medidas en el periodo 2011-2012 a fin
de:
(1)
Cumplir estrictamente los objetivos
presupuestarios establecidos en su programa de estabilidad de 2011, y en el
Protocolo de Acuerdo en el caso de los Estados miembros beneficiarios de la ayuda
financiera de la UE y/o del FMI, y, cuando proceda, intensificar los esfuerzos
de saneamiento según el dictamen emitido por el Consejo.
(2)
Garantizar la disciplina presupuestaria a
nivel nacional y a niveles inferiores introduciendo normas presupuestarias
respaldadas por un marco jurídico suficientemente fuerte y vinculante.
(3)
Aplicar reformas de los sistemas de seguridad social
que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas teniendo debidamente
en cuenta la adecuación de las pensiones y las prestaciones sociales,
particularmente adaptando los sistemas de pensiones en función de la situación
demográfica nacional.
(4)
Mejorar el funcionamiento y la estabilidad del
sistema financiero, dando curso inmediatamente a las pruebas de resistencia de
los bancos que se realizarán próximamente a escala de la UE, a fin de
garantizar que el sector bancario se fortalezca para hacer frente a la
posibilidad de nuevas pérdidas o restricciones financieras y que las entidades
financieras no viables estén en condiciones de reestructurarse o salir del
mercado sin crear tensiones indebidas en los mercados financieros.
(5)
Aplicar nuevas reformas tributarias que den
prioridad a fuentes de imposición que sean favorables al crecimiento pero
mantengan los ingresos tributarios globales, en particular reduciendo los
impuestos sobre las rentas del trabajo para que sea rentable trabajar; al
reducir el gasto público, preservar las partidas que fomentan el crecimiento,
tales como el gasto en investigación y desarrollo, en educación y en eficiencia
energética; cuando sea necesario, ajustar los acuerdos de fijación de salarios
y los mecanismos de indización en consulta con los interlocutores sociales, con
objeto de garantizar que la evolución de los salarios se ajuste a la de la
productividad y la competitividad.
(6)
Introducir nuevas reformas en los sectores de
servicios, especialmente suprimiendo las restricciones injustificadas en los
servicios profesionales, el sector minorista y las industrias de redes.
(7)
Cumplir plenamente los compromisos contraídos
en el marco del Pacto por el Euro Plus con el fin de fomentar el crecimiento,
la competitividad y el empleo dentro de la zona del euro.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO C de , p. .
[2]               SEC(2011) 737.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de estabilidad actualizado de España (2005-2008)


title: Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: óxido de cinc, sulfato de cinc y bis(ortofosfato) de tricinc [notificada con el número C(2008) 2322] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               20.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 161/47

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 30 de mayo de 2008
   sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: óxido de cinc, sulfato de cinc y bis(ortofosfato) de tricinc
   [notificada con el número C(2008) 2322]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/468/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (1) y, en particular, su artículo 11, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el marco del Reglamento (CEE) no 793/93, las siguientes sustancias se han clasificado como sustancias prioritarias para su evaluación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 2268/95 de la Comisión, de 27 de septiembre de 1995, relativo a la segunda lista de sustancias prioritarias prevista en el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (2):

                           —

                           óxido de cinc,

                           —

                           sulfato de cinc,

                           —

                           bis(ortofosfato) de tricinc.

               (2)

               El Estado miembro designado como ponente según dicho Reglamento de la Comisión ha llevado a término las actividades de evaluación del riesgo que suponen estas sustancias para el ser humano y el medio ambiente, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (3), y ha sugerido estrategias para limitar los riesgos.

               (3)

               El Comité Científico de la Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente (CCTEMA) y el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales (CCRSM) han sido consultados y han emitido dictámenes con respecto a las evaluaciones del riesgo efectuadas por el ponente. Estos dictámenes pueden encontrarse en la página Internet de dichos Comités Científicos.

               (4)

               Los resultados de la evaluación del riesgo y otros resultados de la estrategia de limitación del riesgo se recogen en la correspondiente Comunicación de la Comisión (4).

               (5)

               Basándose en dicha evaluación, es conveniente recomendar medidas de reducción del riesgo en relación con las sustancias a que se refieren la presente Recomendación y la Comunicación.

               (6)

               Las medidas de reducción del riesgo previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 793/93.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1
   ÓXIDO DE CINC

         (No CAS 1314-13-2; no Einecs 215-222-5)

   SULFATO DE CINC

         (No CAS 7733-02-0; no Einecs 231-793-3)

   BIS(ORTOFOSFATO) DE TRICINC

         (No CAS 7779-90-0; no Einecs 231-944-3)

   Medidas de reducción del riesgo para el medio ambiente (1, 2, 3, 4, 5)

               1)

               Que, respecto a las cuencas hidrográficas en las que las emisiones de cinc puedan constituir un riesgo, los Estados miembros correspondientes establezcan normas de calidad medioambiental (NCM) y que las medidas nacionales de reducción de la contaminación para cumplir dichas NCM en 2015 se incluyan en los planes hidrológicos de cuenca según lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

               2)

               Que los Estados miembros den a la Comisión información sobre la aportación de fuentes y rutas de cinc al medio acuático, sobre posibles controles y también sobre los niveles de cinc en el medio acuático, a fin de considerar la posible inclusión del cinc en la próxima revisión del anexo X de la Directiva 2000/60/CE.

               3)

               Que las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes establezcan, en las autorizaciones que concedan en virtud de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), condiciones, valores límite de emisión o parámetros o medidas técnicas equivalentes respecto al cinc y sus compuestos a fin de que las instalaciones apliquen las mejores técnicas disponibles (MTD), teniendo en cuenta las características técnicas de dichas instalaciones, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales.

               4)

               Que los Estados miembros lleven a cabo un seguimiento cuidadoso de la aplicación de las MTD en relación con el cinc y sus compuestos e informen a la Comisión sobre los eventuales cambios importantes, en el marco del intercambio de información relativa a las MTD.

               5)

               Que las emisiones locales al medio ambiente se regulen, en caso necesario, a través de normas nacionales para garantizar que no haya ningún riesgo previsto para el medio ambiente.

         SECCIÓN 2
   DESTINATARIOS

               6)

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2008.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

      (2)  DO L 231 de 28.9.1995, p. 18.

      (3)  DO L 161 de 29.6.1994, p. 3.

      (4)  DO C 155 de 20.6.2008, p. 1.

      (5)  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/32/CE (DO L 81 de 20.3.2008, p. 60).

      (6)  DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.


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		52013DC0359

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reforma de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016 /* COM/2013/0359 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de España
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de España para 2012-2016
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva
estrategia para el crecimiento y el empleo (Europa 2020), que se basa en una
mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo aprobó una recomendación
de directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros
y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)       El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno tomaron
una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un
marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro
utilizando las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las
acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en
particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia
Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)       El 6 de julio de 2012,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reforma de
España para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad
actualizado de España para 2011-2015.
(5)       El 28 de noviembre de
2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual[6] sobre el
Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de coordinación de
política económica de 2013. El 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la
base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el
Mecanismo de Alerta[7],
en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(6)       El 14 de marzo de 2013,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera, el saneamiento presupuestario y las medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la
competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(7)       El 10 de abril de 2013,
la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo[8] de España, de
conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. El
análisis de la Comisión concluye que España sufre desequilibrios
macroeconómicos excesivos. En especial, los elevados niveles de deuda interna y
externa siguen poniendo en peligro el crecimiento y la estabilidad financiera; el
sector bancario está sometido a un proceso de recapitalización y
reestructuración, que incluye la inyección de dinero público; las rigideces de
los mercados de productos y de trabajo contribuyen al elevado nivel de
desempleo, que cada vez es mayor, y, de modo más general, dificultan el ajuste
de la economía. Aunque el ajuste se está llevando a cabo, la magnitud de las
correcciones necesarias precisa de una decidida actuación de política pública
en los mercados de productos y servicios, el mercado de trabajo, el sector
financiero y la Hacienda pública.
(8)       El 30 de abril de 2013,
España presentó su Programa de Estabilidad para el período 2012-2016 y su
Programa Nacional de Reforma de 2013. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones,
ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)       Partiendo de la
evaluación del Programa de Estabilidad de 2013, con arreglo al artículo 5,
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, este considera que
el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias
del programa es plausible en líneas generales y está sujeto a riesgos a la baja
en 2014 y en los años posteriores, en comparación con las previsiones de la
primavera de 2013 de la Comisión. Si bien el Programa prevé que el crecimiento
disminuya en el período 2014-2016 respecto a dichas previsiones, estas se basan
en una hipótesis de mantenimiento de la política, de modo que no tienen en
cuenta el saneamiento presupuestario necesario para lograr los objetivos presupuestarios
del Programa. El objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el
Programa es situar el déficit de la administración pública por debajo del valor
de referencia del 3 % del PIB en 2016 a más tardar. El saneamiento se
basa, fundamentalmente, en la contención del gasto, con una disminución del
ratio de gasto de 3,7 puntos porcentuales en el período 2012-2016, aunque
también en algunas medidas de aumento de los ingresos. Sobre la base del saldo
estructural (recalculado)[9],
la mejora anual del déficit estructural previsto en el Programa es de
1,2 %, 0,4 %, 0,9 % y 0,9 % del PIB para los años 2013 a
2016. Tras la corrección del déficit excesivo, el Programa confirma el objetivo
a medio plazo (OMP) de equilibrio presupuestario en términos estructurales, que
se conseguiría en 2018 a más tardar. El OMP es más ambicioso que el exigido por
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ritmo previsto de ajuste en términos
estructurales en 2017-2018 representa suficientes avances hacia el cumplimiento
del OMP. El Programa prevé que la tasa de endeudamiento público alcance un
máximo en 2016 y empiece a disminuir a continuación. Las sendas de ajuste del
déficit y de la deuda están sujetas a riesgos a la baja. Las medidas de apoyo
al cumplimiento de los objetivos de déficit no están suficientemente
detalladas, sobre todo a nivel regional. Para 2016, el Programa no presenta
ninguna medida, y las medidas temporales anteriores solo se prorrogan hasta
2014. El ahorro previsto como resultado de la reforma de las administraciones
locales está sujeto a considerables riesgos de ejecución. Además, existen
incertidumbres en cuanto a la situación económica, del mercado de trabajo y
financiera, así como a la evolución de los ingresos en un contexto de amplios y
persistentes desequilibrios macroeconómicos. La plena realización de la reforma
de la jubilación anticipada aprobada, así como la consecución de un acuerdo
sobre el factor de sostenibilidad, reduciría los riesgos del sistema de la
seguridad social. Hay un riesgo adicional que se deriva del pasivo contingente
vinculado a los regímenes/garantías de protección de activos. Se han logrado
grandes avances en lo que respecta a la presentación de informes sobre la
ejecución presupuestaria, pero hay margen para aplicar de modo más transparente
y a su debido tiempo los mecanismos preventivos y correctores de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. No se informa de manera sistemática y a su debido
tiempo de los atrasos de la Administración en los pagos: el gran volumen
pendiente ha necesitado un sistema ad hoc de pago. El establecimiento de
una autoridad fiscal independiente va con retraso respecto a lo previsto. La
revisión propuesta de las reglas de indexación de todos los ingresos y gastos
públicos aportaría un ahorro presupuestario y una mayor reactividad de los
precios a la situación económica. Además, el Programa Nacional de Reforma
reconoce la necesidad de seguir mejorando la relación coste-eficacia del gasto
sanitario y farmacéutico, por ejemplo, revisando los precios de referencia y
centralizando la adquisición de productos farmacéuticos, o extendiendo el
copago.
(10)     Pese a que en 2012 se
efectuó un reequilibrio de la carga impositiva relativa hacia los impuestos
sobre el consumo y el medio ambiente, el ratio ingresos tributarios/PIB sigue
siendo uno de los más bajos de la UE. La eficiencia del sistema tributario
puede mejorarse, además, aumentando la proporción de impuestos indirectos más
favorables al crecimiento y luchando contra el fraude y la evasión fiscales, en
consonancia con la labor de saneamiento presupuestario. España ha tomado varias
medidas para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de
sociedades, pero es preciso seguir esforzándose en el contexto del elevado
endeudamiento privado.
(11)     El programa de ajuste del sector financiero está en marcha. En
especial, se han llevado a cabo las recapitalizaciones necesarias, y se ha
creado la sociedad de gestión de activos Sareb. De conformidad con las
decisiones adoptadas aplicando las normas sobre ayudas estatales, en los
próximos años deberá prestarse especial atención a la reestructuración de los
bancos. Para que las empresas tengan menos problemas de financiación y de
liquidez, España llevó a cabo en 2012 un amplio plan de pago a las empresas de
la deuda comercial del Estado (27 300 millones EUR) y puso en marcha
varias iniciativas para ampliar las opciones financieras para las empresas. Para
2013 está previsto prorrogar el plan de pago de la deuda comercial del Estado.
(12)     La situación del mercado de trabajo sigue siendo crítica. El reajuste
de la economía hacia ámbitos distintos de la demanda interna y el sector de la
construcción en un contexto de rigideces del mercado y de desajuste de la
capacitación profesional, entre otras cosas, ha contribuido al aumento del
índice de desempleo al 27 % a principios de 2013. Es objeto de especial
preocupación el acentuado aumento del índice de desempleo juvenil al 56 %
y el incremento del desempleo de larga duración al 44,4 % del desempleo
total al final de 2012. Según los datos de que se dispone, la reforma del
mercado de trabajo de 2012 ha empezado a dar como resultado una mayor
flexibilidad interna (dentro de las empresas), cierta reducción de los costes
de despido y un aumento de la moderación salarial. En el Programa Nacional de
Reforma se ha anunciado una evaluación oficial de la reforma según sus
objetivos señalados, a fin de complementarla si se considera necesario. Las
reformas en el marco de políticas activas para el mercado de trabajo se han
retrasado; siguen siendo necesarias medidas de modernización y refuerzo del
servicio de empleo público, y la apertura, recientemente adoptada, a las
agencias de colocación privadas todavía debe ponerse plenamente en práctica, al
igual que la cooperación entre los servicios de empleo público nacionales y
regionales (portal único de empleo).
(13)     Una gran proporción de
desempleados sin formación cualificada (35 %) y una desadecuación de la
educación y la formación respecto al mercado de trabajo contribuyen al elevado
índice de desempleo juvenil y al desempleo de larga duración. La Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, incorpora
una serie de medidas a corto y largo plazo destinadas a mejorar las
oportunidades de empleo de los jóvenes. Al mismo tiempo, se ha introducido la
formación profesional dual, y ya se han iniciado proyectos piloto en 2012. El Plan
Nacional de Reformas de 2013 destaca asimismo la importancia de una rápida
aplicación de la reforma del sistema educativo y una mejora del nivel general
de la educación y la formación.
(14)     A causa,
fundamentalmente, de la situación del mercado de trabajo, y también de la
limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se
halla por debajo de la media de la UE en lo que se refiere a los principales
indicadores de medición de la pobreza y la exclusión social; los niños están
especialmente expuestos a esas situaciones. En general, no se han experimentado
grandes mejoras al desarrollar nuevas medidas. El Plan Nacional de Reformas no
incluye información sobre el contenido ni el plazo de aprobación del Plan
Nacional de Inclusión Social 2013-2016. Los retos principales son la necesidad
de racionalizar los objetivos y recursos en un marco de política adecuado,
mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional,
regional y local, simplificar los procedimientos para los solicitantes de
asistencia social y eliminar los obstáculos a la movilidad. Se han logrado
algunos avances en lo que respecta a las medidas de lucha contra la pobreza
infantil y a la mejora de la eficiencia de los servicios de apoyo a las
familias.
(15)     Las deficiencias del
entorno empresarial, tales como la segmentación del mercado interno o las
barreras de entrada en el sector de los servicios, frenan la creación de
empleo, y la reforma en este ámbito está tomando más tiempo del previsto en el
plan de reforma de septiembre de 2012. El primer proyecto de Ley de Garantía de
la Unidad de Mercado fue aprobado por el Gobierno en enero de 2013, y su
aprobación final por el Parlamento está prevista para finales de 2013. Los
reiterados compromisos expuestos en el Programa Nacional de Reforma de 2013
prevén un primer proyecto de Ley de Servicios Profesionales para el final de
junio de 2013, así como la aprobación final de la Ley de Apoyo a los
Emprendedores y su Internacionalización para el final de 2013. A pesar de los
efectos previstos de estas reformas, sigue habiendo margen para seguir
facilitando las condiciones de entrada en el mercado y salida del mismo, sobre
todo mediante la reducción del tiempo necesario para la concesión de licencias
empresariales, así como la revisión del marco aplicable a los casos de
insolvencia. Por otro lado, deben suprimirse los obstáculos reglamentarios y de
otro tipo al crecimiento de las empresas. Pese a las recientes reformas, los
obstáculos a la entrada para las galerías comerciales de gran superficie
continúan limitando la competencia en el sector minorista. En septiembre de
2012, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para fusionar el organismo nacional
de competencia con los organismos supervisores y reguladores en seis sectores,
creando un único organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Esta reforma tiene por finalidad la aplicación uniforme de los
principios de la competencia en los distintos sectores económicos. La supresión
en 2012 de la deducción fiscal de los pagos de intereses hipotecarios fue
esencial para retirar incentivos a la propiedad inmobiliaria, pero las medidas
para crear un mercado del alquiler más amplio y más eficiente, que ayude a la
movilidad de la mano de obra, siguen estando en su fase inicial.
(16)     El déficit de la tarifa
eléctrica, que implica un pasivo contingente de importe potencialmente considerable
para el presupuesto, además de riesgos macroeconómicos no insignificantes,
todavía no se ha abordado de manera completa, puesto que las medidas
presentadas durante 2012 y a principios de 2013 no han sido suficientes. En el
Programa Nacional de Reformas de 2013 el Gobierno anunció que para el final de
junio de 2013 se iba a presentar un proyecto de ley de reforma adicional del
sector eléctrico. Hay margen para seguir mejorando la competencia en el mercado
minorista de la electricidad. La infraestructura de transporte es abundante,
pero hay margen para que la selección de las inversiones sea más estricta y se
dé prioridad al mantenimiento eficiente de las redes existentes. La creación de
un observatorio independiente, tal como está previsto, sería de utilidad a este
respecto. Al mismo tiempo, los obstáculos técnicos y legales impiden la
competencia en el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril.
(17)     La estructura
administrativa altamente descentralizada precisa de una coordinación reforzada
entre las distintas administraciones públicas, tanto para reducir costes como
para limitar la carga administrativa sobre las empresas y las familias. Con ese
fin, se han realizado varias iniciativas y otras están en curso. En especial,
en febrero de 2013 el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Reforma de la
Administración Local (que debe aprobar el Parlamento antes del final de 2013),
y se creó un comité de reforma de la administración pública, el cual presentará
propuestas de reforma de la administración pública española para el final de
2013. Las reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sistema judicial
siguen en curso, si bien algunas medidas están sufriendo retrasos y sigue
habiendo margen para aumentar la eficiencia del poder judicial en España.
(18)     En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un
análisis exhaustivo de la política económica española. Ha examinado el Programa
de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma. Ha tenido en cuenta no solo
su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la
política socioeconómica de España, sino también su conformidad con las normas y
orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
global de la Unión Europea con una contribución a nivel de la UE a las futuras
decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se
reflejan en las recomendaciones 1 a 9 que figuran más adelante.
(19)     A la luz de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su
dictamen[10]
se refleja en particular en la recomendación 1 que figura más adelante.
(20)     A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente
evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma y el Programa
de Estabilidad. La evaluación concluye que el programa de reforma propuesto es
completo y va en la buena dirección. Al mismo tiempo, la evaluación subraya que
es urgente adoptar y aplicar con eficacia las reformas pendientes, de modo que
puedan empezar a producir los efectos positivos previstos. Sus recomendaciones
en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan en
particular en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 que figuran más
adelante.
(21)     En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un
análisis de la política económica de la zona euro en su conjunto. Sobre esa
base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los
Estados miembros cuya moneda es el euro. España debe garantizar la aplicación
plena y a su debido tiempo de dichas recomendaciones.
RECOMIENDA que España tome medidas
en el período 2013-2013 a fin de:
1.           Realizar el esfuerzo
presupuestario estructural exigido por la Recomendación del Consejo con arreglo
al procedimiento de déficit excesivo a fin de garantizar la corrección de dicho
déficit en 2016 a más tardar y, con ese fin, aplicar las medidas adoptadas en
los planes presupuestarios de 2013 a todos los niveles de la administración
pública, y reforzar la estrategia presupuestaria a medio plazo con medidas
estructurales suficientemente específicas para el período 2014-2016; la
corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios se basa en la
aplicación creíble de ambiciosas reformas estructurales que aumenten la capacidad
de ajuste e impulsen el crecimiento potencial y el empleo; una vez se consiga
la corrección del déficit excesivo, proseguir el ajuste estructural a un ritmo
apropiado, de manera que se consiga el objetivo a medio plazo en 2018 a más
tardar; garantizar la aplicación rigurosa y transparente de las medidas
preventivas y correctoras establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria; establecer una autoridad fiscal independiente antes del final
de 2013 que proporcione análisis y asesoramiento y supervise la conformidad de
la política presupuestaria con las normas presupuestarias nacional y de la UE;
mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público a todos los niveles de
la Administración y llevar a cabo un examen sistemático de las mayores partidas
de gasto en marzo de 2014 a más tardar; aumentar la relación coste-eficacia del
sector sanitario, manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad de grupos
vulnerables, por ejemplo reduciendo el gasto farmacéutico de los hospitales,
potenciando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia sanitaria y
mejorando los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos; tomar
medidas para reducir los atrasos pendientes de la Administración, evitar que se
vuelvan a acumular y publicar regularmente datos sobre las cantidades
pendientes; aprobar la Ley de Desindexación para reducir el grado de
inercia de los precios en el gasto y los ingresos públicos, de modo que esté en
vigor a principios de 2014 a más tardar, y estudiar medidas adicionales de
limitación de la aplicación de las cláusulas de indexación; culminar al final
de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de
garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones,
estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en
función del aumento de la esperanza de vida.
2.           Llevar a cabo una
revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014; considerar una
mayor limitación de los gastos fiscales en la imposición directa, explorar el
margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA
reducidos y adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos
medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes; adoptar
medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el
impuesto de sociedades; intensificar la lucha contra la economía informal y el
trabajo no declarado.
3.           Llevar a cabo el
programa del sector financiero para la recapitalización de las instituciones
financieras, incluidas las medidas de fomento de la intermediación no bancaria
adoptadas en noviembre de 2012.
4.           Finalizar la evaluación
de la reforma del mercado de trabajo de 2012, abarcando todos sus objetivos y
medidas en julio de 2013 a más tardar, y presentar modificaciones, si es
necesario, en septiembre de 2013 a más tardar; adoptar el Plan Nacional de
Empleo de 2013 a más tardar en julio de 2013, y realizar rápidamente una
reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, orientadas a la
consecución de resultados, incluido el fortalecimiento de la focalización y la
eficiencia de las orientaciones; reforzar y modernizar los servicios públicos
de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados
según sus perfiles y necesidades de formación; reforzar la eficacia de los
programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa
cualificación; poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo y
acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de
colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013.
5.           Aplicar las medidas de
lucha contra el desempleo juvenil expuestas en la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven 2013/2016 y efectuar un estrecho seguimiento de la eficacia de
las mismas, por ejemplo mediante una garantía juvenil; proseguir la labor
encaminada a reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el
mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la
educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional
dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de
seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013 a más tardar.
6.           Adoptar y aplicar las
medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión
social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el
fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de
trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las medidas de
apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias.
7.           Aprobar y aplicar
urgentemente el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y acelerar
todas las acciones complementarias necesarias para su pronta aplicación; garantizar la
eficacia, autonomía e independencia del organismo regulador creado
recientemente; antes del final de 2013, aprobar y aplicar la Ley de Colegios y
Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor; reagrupar y
concentrar los regímenes de apoyo a la internacionalización de las empresas;
reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más
cortos, también en el caso de las actividades industriales, y ampliar el uso
del sistema de «licencia rápida» a actividades que no sean minoristas; examinar
los marcos de insolvencia para las empresas y los particulares, entre otras
maneras limitando la responsabilidad personal de los empresarios y facilitando
las segundas oportunidades para las empresas que hayan quebrado; eliminar las
restricciones injustificables al establecimiento de grandes superficies
minoristas; en marzo de 2014 a más tardar, examinar la eficacia del marco
regulador respecto al apoyo al desarrollo del mercado del alquiler de
viviendas.
8.           Abordar el déficit de la
tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la
electricidad antes del final de 2013; intensificar los esfuerzos para completar
las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos; reducir el
pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de
transporte no rentables; establecer una evaluación nacional independiente de
los grandes proyectos de infraestructura futuros; adoptar medidas para garantizar
la competencia efectiva en los servicios de transporte de mercancías y
pasajeros por ferrocarril.
9.           Aprobar, con arreglo al
calendario presentado, la reforma de la administración local y elaborar en
octubre de 2013 a más tardar un plan de aumento de la eficiencia de toda la
administración pública; adoptar y aplicar las reformas en curso para aumentar
la eficiencia del sistema judicial.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2013)359 final.
[4]               P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
[5]               Decisión 2013/208/UE del Consejo de 22 abril 2013.
[6]               COM(2012)750 final.
[7]               COM(2012)751 final.
[8]               SWD(2013)116 final.
[9]               Saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez
deducidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal,
recalculado por los servicios de la Comisión basándose en la información
facilitada en el Programa y aplicando la metodología común.
[10]             De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.