title: Recomendación del Consejo, de 20 de noviembre de 2008 , sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea

text:
               13.12.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 319/8

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 20 de noviembre de 2008
   sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea
   (2008/C 319/03)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 149, apartado 4,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La movilidad de los jóvenes voluntarios forma parte íntegra de la libre circulación de las personas amparada en el artículo 18 del Tratado.

               (2)

               La Comunidad puede adoptar medidas para promover la movilidad de los jóvenes voluntarios mejorando la cooperación entre los organizadores de las actividades de voluntariado, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Recomendación no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

               (3)

               El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (1) y otras disposiciones relacionadas sólo cubren a los voluntarios que están asegurados en virtud de la legislación nacional en materia de seguridad social; como consecuencia de ello, los aspectos relacionados con la protección social pueden a veces desincentivar la realización de actividades de voluntariado en otro Estado miembro.

               (4)

               La Recomendación 2001/613/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores (2) invita a los Estados miembros a tomar las medidas que consideraran adecuadas, de conformidad con la legislación comunitaria y en el marco de sus legislaciones nacionales, a fin de garantizar que los voluntarios y sus familias no se vean discriminados como resultado de políticas pertinentes en materia de protección social, como la asistencia sanitaria y el bienestar social, que puedan ser un obstáculo a su movilidad.

               (5)

               La Recomendación 2001/613/CE y la Recomendación 2006/961/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: Carta Europea de Calidad para la Movilidad (3) hacen referencia explícita a los voluntarios.

               (6)

               La Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre las condiciones de admisión de nacionales de terceros países a efectos de estudio, intercambio de alumnos, formación no remunerada o servicio voluntario (4) establece la posibilidad de expedir permisos de residencia especiales a los nacionales de terceros países que solicitan la admisión en el territorio de un Estado miembro para realizar un voluntariado.

               (7)

               La Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 15 de noviembre de 2004 sobre objetivos comunes para las actividades de voluntariado juvenil y la Resolución del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de noviembre de 2007 sobre el cumplimiento de los objetivos comunes para las actividades de voluntariado juvenil (5) establecieron objetivos comunes para las actividades de voluntariado juvenil, propusieron intercambios de buenas prácticas y actividades de aprendizaje entre pares para fortalecer el cumplimiento de estos objetivos e invitaron a los Estados miembros a estudiar modalidades prácticas de evaluación de los avances. Esta última Resolución invitaba además a la Comisión a presentar más propuestas para la promoción y el reconocimiento de las actividades de voluntariado juvenil.

               (8)

               En abril de 2008, el Parlamento Europeo adoptó un informe sobre la «función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social» en el que se instaba a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a reconocer el valor del voluntariado con respecto a la promoción de la cohesión social y económica y se recomendaba el fomento de proyectos de voluntariado transfronterizo.

         RECONOCE QUE:

               1.

               En el marco de la presente Recomendación, las actividades de voluntariado transfronterizo presentan las siguientes características: están abiertas a todos los jóvenes, son emprendidas por voluntad propia y persiguen un interés general, durante un largo período, en un marco claro y en un país distinto del país de residencia, sin retribución o a cambio de un pago simbólico y/o de la cobertura de los gastos. Las actividades de voluntariado no deberían tener repercusiones negativas en el empleo remunerado potencial o existente ni ser consideradas como un sustituto del mismo.

               2.

               Las actividades de voluntariado constituyen una rica experiencia en un marco educativo no formal y de aprendizaje informal que mejora las capacidades y competencias profesionales de los jóvenes, contribuye a su empleabilidad y a su sentido de la solidaridad, desarrolla sus aptitudes sociales, facilita su integración en la sociedad y fomenta la ciudadanía activa.

               3.

               En Europa hay una amplia variedad de actividades de voluntariado, organizadas por la sociedad civil y por las autoridades públicas. Es preciso preservar y desarrollar estas actividades, y facilitar la cooperación entre los organizadores de tales actividades.

               4.

               La movilidad transfronteriza en Europa puede constituir un instrumento importante para la promoción de la educación, el empleo y la cohesión regional y social, así como para contribuir a mejorar el entendimiento mutuo y la participación activa en la sociedad. Esto es especialmente cierto en el caso de los jóvenes, en un mercado de trabajo que valora cada vez más la flexibilidad y la capacidad de adaptación.

               5.

               Las comunidades locales que acogen a jóvenes voluntarios se benefician considerablemente de sus actividades, que pueden desarrollarse en un amplio abanico de ámbitos, como la promoción de la inclusión social, la conservación del patrimonio cultural, el refuerzo de la solidaridad intergeneracional y la protección del medio ambiente. Tales actividades enriquecen, a la vez, la diversidad cultural de la comunidades de acogida.

               6.

               Las actividades de voluntariado han sido una prioridad del método abierto de coordinación en el ámbito de la juventud, que ya ha identificado numerosas buenas prácticas. En este contexto, el Servicio Voluntario Europeo, una acción del Programa «Juventud» de la UE desde 1996, ha permitido a los jóvenes participar en actividades de voluntariado en distintos ámbitos. El actual Programa «La juventud en acción» refuerza esta acción.

               7.

               A pesar de estos esfuerzos, todavía puede haber obstáculos para la movilidad transfronteriza de los jóvenes voluntarios en Europa y, por tanto, la presente Recomendación tiene como principal objetivo suministrar un marco para que los Estados miembros intensifiquen la cooperación, preservando la diversidad de sus situaciones nacionales.

               8.

               Una mejor cooperación entre los organizadores de actividades de voluntariado en distintos países y una información más compartida pueden incitar a todos los jóvenes europeos, independientemente de su nacionalidad, a comprometerse más en actividades de voluntariado en terceros países.

               9.

               Es preciso prestar especial atención a los jóvenes con menos oportunidades, ya que el voluntariado constituye una posibilidad de movilidad especialmente valiosa para los jóvenes que, de otra forma, se beneficirían en menor medida, o no se beneficiarían en absoluto, de los programas de movilidad.

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

               A.

               Promuevan la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa mejorando las condiciones de cooperación entre los organizadores de actividades de voluntariado en distintos países, ya se trate de la sociedad civil o de las autoridades públicas, de forma que todos los jóvenes que lo deseen tengan la oportunidad de realizar actividades de voluntariado en Europa;

               B.

               Faciliten a tal efecto el desarrollo de las siguientes líneas de acción, teniendo debidamente en cuenta sus marcos y legislaciones nacionales respectivos en los ámbitos de las actividades de voluntariado, así como sus propias prioridades nacionales generales, las oportunidades existentes a nivel local y los programas de gastos públicos:

                           1)

                           mejorar el grado de conocimiento de las actividades de voluntariado en sus respectivos territorios nacionales y comunicar esta información a la Comisión Europea para su difusión;

                           2)

                           hacer que la información relativa a las oportunidades existentes en materia de actividades de voluntariado en el extranjero sea de fácil acceso para los jóvenes y las personas activas en el trabajo de los jóvenes y en las organizaciones juveniles;

                           3)

                           facilitar a todas las partes interesadas el acceso a la información sobre los derechos y las oportunidades que se derivan de las disposiciones existentes a nivel europeo y nacional en materia de actividades de voluntariado transfronterizo;

                           4)

                           fomentar el intercambio con otros Estados miembros de la información sobre las oportunidades existentes en materia de actividades de voluntariado y la simplificación de los procedimientos de obligado cumplimiento a fin de facilitar la participación de los jóvenes voluntarios de un Estado miembro en las actividades de voluntariado de otros Estados miembros;

                           5)

                           adoptar, si procede, un planteamiento flexible para crear oportunidades de actividades de voluntariado transfronterizo en Europa, por ejemplo:

                                       —

                                       apoyando el desarrollo de la capacidad de acogida de voluntarios transfronterizos,

                                       —

                                       apoyando la creación de puntos de contacto para los jóvenes voluntarios europeos, en conexión, si ello resulta viable, con las agencias nacionales del Programa «La juventud en acción»,

                                       —

                                       fomentando el uso de los mecanismos europeos existentes susceptibles de apoyar la movilidad de los jóvenes, como, por ejemplo, las tarjetas de movilidad,

                                       —

                                       fomentando la movilidad transfronteriza de las personas activas en el trabajo de los jóvenes y las organizaciones juveniles,

                                       —

                                       apoyando el desarrollo de la información y la formación dirigidas a las personas activas en el trabajo de los jóvenes, las organizaciones juveniles, las organizaciones locales y los servicios cívicos, sobre las actividades de voluntariado transfronterizo de los jóvenes;

                           6)

                           aumentar la toma de conciencia entre los jóvenes de la importancia de las competencias interculturales y el aprendizaje de lenguas entre los jóvenes para reducir las barreras a su movilidad transfronteriza;

                           7)

                           alentar a los organizadores de actividades de voluntariado a desarrollar instrumentos de autoevaluación, teniendo en cuenta la experiencia del Servicio Voluntario Europeo, para garantizar la calidad de las actividades de voluntariado en las que toman parte;

                           8)

                           alentar a los organizadores de los Estados miembros de envío y de acogida a colaborar en el ofrecimiento de garantías en lo que se refiere a la protección de los jóvenes voluntarios y los destinatarios de los servicios. Aquí debería incluirse una información suficiente sobre la actividad de voluntariado, sus organizadores y los voluntarios, a fin de permitir a ambas partes tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de la actividad y cumplir todos los requisitos legales;

                           9)

                           estudiar otras disposiciones pertinentes de protección social, recurriendo a los foros adecuados de la UE existentes, con vistas al pleno uso de las posibilidades con arreglo a la legislación de la UE y a las legislaciones nacionales;

                           10)

                           favorecer un reconocimiento adecuado del aprendizaje que proporcionan las actividades de voluntariado, con arreglo a las disposiciones comunitarias y en los respectivos sistemas o marcos de cualificación nacionales, en caso de haberlos;

                           11)

                           fomentar el uso de instrumentos a nivel de la UE que puedan facilitar las actividades de voluntariado transfronterizo garantizando la transparencia de las cualificaciones, como Europass, Youthpass y el marco europeo de cualificaciones;

                           12)

                           prestar particular atención a los jóvenes con menos oportunidades, a fin de mejorar su acceso a las actividades de voluntariado y especialmente a las actividades de voluntariado transfronterizo;

         RESPALDA LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:

               1)

               apoyar a los Estados miembros en las tareas mencionadas a través del marco de cooperación de la UE en el ámbito de la juventud y, en particular, el método abierto de coordinación y el Programa «La juventud en acción»;

               2)

               alentar y organizar, en cooperación con los Estados miembros, el intercambio de información y experiencias sobre la cooperación entre los organizadores de actividades de voluntariado en diferentes países, ya sean representantes de la sociedad civil o autoridades públicas;

               3)

               desarrollar un Portal para los Jóvenes Voluntarios Europeos sobre actividades de voluntariado basado en los portales nacionales de voluntariado juvenil, bases de datos o sitios web específicos, cuando existan;

               4)

               informar al Consejo, cuatro años después de la adopción de la presente Recomendación, con el fin de determinar si las medidas propuestas son eficaces y para evaluar la necesidad de adoptar nuevas medidas.

         Hecho en Bruselas, el 20 de noviembre de 2008.

      (1)  DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

      (2)  DO L 215 de 9.8.2001, p. 30.

      (3)  DO L 394 de 30.12.2006, p. 5.

      (4)  DO L 375 de 23.12.2004, p. 12.

      (5)  DO C 241 de 20.9.2008, p. 1.


Aviso jurídico importante

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52006SC0885

Recomendación de la Comisión al Consejo para modificar las directrices de negociación de un Acuerdo de estabilización y asociación con Serbia y Montenegro a fin de proseguir las negociaciones con la República de Serbia  /* SEC/2006/0885 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 6.7.2006SEC(2006) 885 finalRECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJOpara modificar las directrices de negociación de un Acuerdo de estabilización y asociación con Serbia y Montenegro a fin de proseguir las negociaciones con la República de Serbia1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOSMediante la introducción del Proceso de estabilización y asociación (PEA)[1] la UE creó en 1999 un marco para el establecimiento de relaciones más estrechas entre la UE y los países de los Balcanes occidentales, especialmente a través de una nueva categoría de acuerdos, los Acuerdos de estabilización y asociación (AEA).Para contribuir a superar las dificultades derivadas de la compleja estructura institucional de Serbia y Montenegro e infundir un mayor impulso a su avance en la vía de la adhesión a la UE, la Comisión propuso un planteamiento de «doble vía» para negociar un AEA con la Unión Estatal y sus dos repúblicas constituyentes conforme al reparto de competencias.El Consejo y los dirigentes políticos de Serbia y Montenegro respaldaron posteriormente este enfoque en octubre de 2004, gracias a lo cual la Comisión pudo a su vez presentar, en abril de 2005, su Informe de viabilidad relativo a la celebración de un AEA con Serbia y Montenegro[2]. En este informe se concluía que Serbia y Montenegro estaba suficientemente preparado para negociar un AEA, pero que para poder pasar a las etapas siguientes del proceso, tanto antes de las negociaciones como durante las mismas, el país tenía que seguir colaborando con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y llegar a una plena cooperación sin demora. Por otra parte, la Comisión consideraba que la Unión Estatal y sus dos Repúblicas debían seguir aplicando, mediante sus planes de acción, las prioridades de la Asociación Europea revisada y prestar especial atención a una serie de puntos enumerados en el informe que revisten una importancia especial para el AEA. Este informe recibió el respaldo del Consejo el 25 de abril de 2005. En su informe de situación de 2005, la Comisión hizo también notar nuevos progresos en los ámbitos pertinentes para el AEA.Atendiendo a una recomendación de la Comisión, el Consejo decidió, el 3 de octubre de 2005, autorizar a esta última a negociar un Acuerdo de estabilización y asociación con Serbia y Montenegro, sobre la base de las directrices de negociación adoptadas simultáneamente[3]. La negociación comenzó el 10 de octubre de 2005 y hasta ahora se han producido dos rondas de negociación oficiales en Belgrado (7 de noviembre de 2005 y 5 de abril de 2006) y dos ciclos de reuniones técnicas (20 y 21 de diciembre de 2005 y 22 y 23 de febrero de 2006). Se ha registrado un progreso importante y se ha llegado a un acuerdo provisional sobre un buen número de disposiciones del futuro AEA.No obstante, la Comisión decidió el 3 de mayo de 2006 anular la ronda de negociaciones del 11 de mayo por considerar que Serbia y Montenegro no cooperaba plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). La Comisión prosigue su colaboración con Serbia en los demás aspectos del Proceso de estabilización y asociación .El referéndum celebrado el 21 de mayo de 2006 arrojó un resultado del 55,5 % de los electores a favor de la independencia, y, en consecuencia, el Parlamento montenegrino adoptó, el 3 de junio de 2006, una Declaración de independencia. La República de Montenegro se ha retirado de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Carta constitucional, Serbia es el Estado sucesor de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro y hereda su personalidad internacional. En el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 12 de junio de 2006, el Consejo tomó nota de la decisión del Parlamento de Serbia en la que se define la República de Serbia como el Estado sucesor de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Además el Gobierno serbio adoptó un decreto en el que asumía la responsabilidad de las principales instituciones de la Unión Estatal, y está procediendo a sustituirla en las organizaciones internacionales.***En consecuencia, el marco actual de las negociaciones con la Unión Estatal de Serbia y Montenegro para la celebración de un Acuerdo de estabilización y asociación deberá adaptarse a esta nueva situación. La Comisión recomienda continuar las negociaciones sobre la base de los resultados obtenidos hasta el momento actual al objeto de celebrar dos acuerdos distintos, uno con Montenegro y otro con Serbia.El Informe de viabilidad de la Comisión de abril de 2005 relativo a la capacidad de Serbia y Montenegro para negociar un Acuerdo de estabilización y asociación sigue siendo válido a grandes rasgos, habida cuenta del hecho de que tanto Serbia como Montenegro estaba suficientemente preparado para negociar tal acuerdo. Por ahora, Serbia ha demostrado una capacidad de negociación notable. En el informe de situación que publicará este otoño, la Comisión hará especial hincapié en la capacidad de Serbia para aplicar correctamente el futuro acuerdo y, asimismo, evaluará su capacidad para celebrar las negociaciones de acuerdo con el Informe de viabilidad y las conclusiones del Consejo de 3 de octubre de 2005[4].Como la República de Serbia es el Estado sucesor de la Unión estatal, hay que modificar la Decisión del Consejo de 3 de octubre de 2005 para tener en cuenta la nueva situación jurídica, pero lo único que se requiere es proceder a una adaptación técnica mediante la que se sustituya la referencia a la Unión Estatal por una referencia a la República de Serbia, y se supriman todas las referencias a Montenegro. Esto permitirá a la Comisión llevar a cabo las negociaciones, en cuanto al fondo, con arreglo a las directrices de negociación adoptadas el 3 de octubre de 2005, retomándolas a partir del punto en que se interrumpieron el 3 de mayo de 2006. La parte serbia se ha mostrado dispuesta a proseguir las negociaciones sobre esta base.La presente Recomendación no tiene incidencia alguna en la decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2006 de suspender las negociaciones para la celebración de un Acuerdo de asociación y estabilización mientras Serbia no respete su obligación de cooperar plenamente con el TPIY. La adopción de la presente modificación permitirá, no obstante, a la Comisión reanudar las negociaciones tan pronto como se cumplan las obligaciones respecto del TPIY.Al publicar la presente Recomendación, la Comisión comunicará al Comité especial encargado de asistirla (COWEB) los resultados de las negociaciones hasta el momento actual y hará público el proyecto de texto del AEA.2. RECOMENDACIÓNA la vista de lo que antecede, la Comisión recomienda que el Consejo:- considere que la autorización de negociar un Acuerdo de estabilización y asociación con la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, adoptada el 3 de octubre de 2005, es aplicable, a fortiori , a la negociación de un Acuerdo de estabilización y asociación con la República de Serbia;- decida modificar las directrices de negociación de un AEA con Serbia y Montenegro, adoptadas el 3 de octubre de 2005, del modo siguiente:- las referencias a «la Unión Estatal de Serbia y Montenegro» o a las «dos Repúblicas» se sustituyen por referencias a la «República de Serbia»;- se suprimen las disposiciones relativas a la República de Montenegro;- se eliminan el tercer apartado del punto 1 y los guiones decimotercero y decimocuarto del punto 3.1;- se suprime la última frase del primer guión del punto 3.6.2, la última frase del punto 3.6.6 y la última frase del segundo guión del punto 3.7.3.- vuelva a confirmar que la Comisión estará asistida en esta tarea por un Comité especial compuesto de representantes de los Estados miembros. [1] Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) y Serbia y Montenegro. Véase COM (99) 235 de 26 de mayo de 1999.[2] COM (2005) 476 final de 12 de abril de 2005.[3] Documentos del Consejo 12882/05, 12708/05, 12589/05 y 12590/05.[4] Documento del Consejo n° 12591/05.


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 ---pagebreak---                      COMISIÓN EUROPEA
                                                     Bruselas, 11.3.2011
                                                     SEC(2011) 304 final
                  RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO
   con miras a la modificación de la Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a
   la participación de la Unión Europea en las negociaciones sobre enmiendas al Protocolo
     de 1998 en materia de metales pesados del Convenio de 1979 sobre la contaminación
                          atmosférica transfronteriza a gran distancia
ES                                                                                ES
 ---pagebreak---                            A.     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   1. OBJETIVOS
      El objetivo de la presente Recomendación es modificar la Decisión del Consejo, de
      26 de julio de 2010, relativa a la participación de la Unión Europea en las
      negociaciones sobre enmiendas al Protocolo de 1998 en materia de metales pesados
      del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
      distancia (en lo sucesivo denominada «la Decisión del Consejo»), a raíz de la
      decisión adoptada por el Órgano Ejecutivo del Convenio en diciembre de 2010 de
      ampliar el objeto de las negociaciones para incluir los productos que contienen
      mercurio y ajustar el calendario para la conclusión de las negociaciones.
   2. CONTEXTO GENERAL
      La Unión Europea es Parte en el Convenio de la Comisión Económica para Europa
      de las Naciones Unidas sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
      distancia (en lo sucesivo denominado «el Convenio») desde el 15 de julio de 1982, y
      en el Protocolo en materia de metales pesados (en lo sucesivo denominado «el
      Protocolo»), desde el 3 de mayo de 2001. El Protocolo impone a las Partes un
      conjunto de obligaciones para reducir las emisiones a la atmósfera de metales
      pesados, en particular de cadmio, plomo y mercurio.
      En diciembre de 2009, el Órgano Ejecutivo del Convenio decidió revisar el Protocolo
      a fin de facilitar la adhesión de nuevos países a un Protocolo enmendado, y otorgó un
      mandato al Grupo de Trabajo sobre Estrategias y Revisión para el inicio de las
      negociaciones. En aquel momento, las negociaciones sobre los productos que
      contienen mercurio (anexos VI y VII) quedaron excluidas del mandato a la espera de
      más información sobre los avances en las recién entabladas negociaciones del
      PNUMA para la elaboración de un instrumento mundial jurídicamente vinculante
      sobre el mercurio. Se encomendó al Grupo de Trabajo que se pusiera como objetivo
      concluir las negociaciones para finales de 2011.
      El 26 de julio de 2010, el Consejo autorizó a la Comisión a participar en las
      negociaciones sobre la revisión del Protocolo en nombre de la Unión Europea. La
      Decisión del Consejo fue adoptada sobre la base del mandato conferido al Grupo de
      Trabajo sobre Estrategias y Revisión en diciembre de 2009, por lo que no incluye
      una autorización para negociar obligaciones relativas a los productos que contienen
      mercurio (descritas en los anexos VI y VII). A este respecto, en su artículo 1,
      apartado 4, la Decisión establece que el Consejo podrá revisar el contenido de las
      directrices de negociación en cualquier momento, en caso de que el Órgano
      Ejecutivo decida ampliar el mandato para modificar el anexo VI, junto con los
      subsiguientes cambios de otras partes del Protocolo y de sus anexos.
      Por otra parte, se autorizaba a la Comisión a participar en las negociaciones en
      nombre de la Unión Europea hasta finales de 2011, de conformidad con el plan
      inicial de las negociaciones en el marco del Convenio.
ES                                           2                                              ES
 ---pagebreak---    3.       EVOLUCIÓN RECIENTE
            El 17 de diciembre de 20101, el Órgano Ejecutivo del Convenio decidió ampliar el
            objeto de las negociaciones para incorporar ciertos aspectos de los productos que
            contienen mercurio (anexos VI y VII), con los consiguientes cambios en otras partes
            del Protocolo. Asimismo, otorgó un mandato al Grupo de Trabajo sobre Estrategias y
            Revisión para que prosiguiera las negociaciones a fin de concluir los debates y
            presentar las enmiendas propuestas al Protocolo a más tardar en 2012. La decisión de
            ampliar el objeto del mandato radicaba fundamentalmente en las señales positivas
            transmitidas por algunos países que no eran Partes en el Protocolo, en concreto por
            Bielorrusia y la Federación de Rusia, en el sentido de que consideraban importante
            que se introdujeran enmiendas a los anexos VI y VII para poder adherirse al
            Protocolo. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, de la Decisión
            del Consejo, y de conformidad con el artículo 218, apartado 3, del Tratado de
            Funcionamiento de la Unión Europea, es necesario que la Comisión formule
            recomendaciones al Consejo para que este autorice a la Comisión a participar en las
            negociaciones en nombre de la Unión Europea también en relación con los elementos
            adicionales mencionados. Al mismo tiempo, la Recomendación propone ajustar el
            calendario de la autorización para permitir que la Comisión participe en las
            negociaciones hasta finales de 2012.
   4.       DISPOSICIONES VIGENTES DE LA UNIÓN
            El objeto de los anexos VI (medidas de control de productos) y VII (medidas de
            tratamiento de productos) está regulado por la legislación de la Unión, concretamente
            en la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
            1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo2, y en la Directiva 2006/66/CE,
            relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores3
            (modificada por la Directiva 2008/103/CE4).
            Las medidas de tratamiento de productos, ahora incluidas en el anexo VII, están
            reguladas, en particular, en el Reglamento 1103/2010, por el que se establecen las
            normas relativas al etiquetado de la capacidad de las pilas y acumuladores portátiles
            secundarios (recargables) y de automoción5, en la Directiva 2002/95/CE, sobre
            restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
            eléctricos y electrónicos6, en la Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos
            eléctricos y electrónicos (RAEE)7, y en la Directiva 2007/51/CE, sobre restricciones
            a la comercialización de determinados dispositivos de medición que contienen
            mercurio8.
                                       B.      RECOMENDACIÓN
   En vista de lo que precede, la Comisión recomienda modificar la Decisión del Consejo como
   sigue:
   1
          Informe de la 28ª sesión del Órgano Ejecutivo del Convenio (sección VI B).
   2
          DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
   3
          DO L 266 de 26.9.2006, p. 1.
   4
          DO L 327 de 5.12.2008, p. 7.
   5
          DO L 313 de 30.11.2010, p. 3.
   6
          DO L 37 de 13.2.2003, p. 19.
   7
          DO L 37 de 13.2.2003, p. 24.
   8
          DO L 257 de 3.10.2007, p. 13.
ES                                                      3                                           ES
 ---pagebreak---    a) En el artículo 1, apartado 1, los términos «2010 y 2011» se sustituyen por los
      términos «2011 y 2012».
   b) El artículo 1, apartado 4, se sustituye por el texto siguiente:
      «4. El Consejo podrá revisar el contenido de las directrices de negociación en
      cualquier momento. En particular, el Consejo podrá examinar la oportunidad de
      llevar a cabo una revisión en caso de que se produzcan hechos significativos a lo
      largo de 2011 y 2012. A este efecto, la Comisión informará de manera periódica al
      Consejo del resultado de la negociación.»
   c) El punto 1 de las directrices de negociación que figuran en el anexo de la Decisión
      del Consejo se sustituye por el texto siguiente:
      «1. En el proceso de negociación bajo los auspicios de la Comisión Económica para
      Europa de las Naciones Unidas, la Comisión procurará garantizar la consecución de
      los objetivos contemplados en el mandato que el Órgano Ejecutivo del Convenio
      sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia confirió al Grupo
      de Trabajo sobre Estrategias y Revisión el 17 de diciembre de 2010, a saber:
      "a) Proseguir las negociaciones para finalizar los debates y presentar las enmiendas
      propuestas al Protocolo en materia de metales pesados, a más tardar en la 30ª Sesión
      del Órgano Ejecutivo de 2012. Se pidió al Grupo de Trabajo sobre Estrategias y
      Revisión que considerara las posibles modificaciones del Protocolo teniendo en
      cuenta lo siguiente:
             i)      Como principal prioridad para cualquier revisión, las posibilidades de
             aumentar el número de ratificaciones del Protocolo, considerando las posibles
             opciones presentadas por el Grupo Operativo sobre Metales Pesados.
             ii)     Las posibles revisiones del texto del Protocolo y de los anexos I a VII,
             considerando las posibles opciones presentadas por el Grupo Operativo sobre
             Metales Pesados, así como las enmiendas pertinentes incorporadas al Protocolo
             sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) y las enmiendas propuestas
             al Protocolo de Gotemburgo, siempre que tales revisiones no dificulten la
             consecución de un número mayor de ratificaciones.
             iii)    Las posibilidades de conseguir que el Protocolo sea más adaptable a la
             evolución futura, en particular mediante la confección de un documento de
             orientación sobre las mejores técnicas disponibles extraídas del anexo III y
             actualizadas según convenga."
      b)     Centrar las negociaciones, como se pidió en 2011, en las enmiendas propuestas
      que tengan como objetivo aumentar el número de ratificaciones y que aborden
      cuestiones planteadas también en la revisión del Protocolo de Gotemburgo.
      c)     Tener en cuenta, al considerar las propuestas de enmiendas de los anexos VI y
      VII relativas a los productos que contienen mercurio (sobre la base de la propuesta
      de la Unión Europea y de los trabajos del Grupo Operativo sobre Metales Pesados),
      la labor realizada por el Comité de Negociación Intergubernamental bajo los
      auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dado que
      este Comité está trabajando en la elaboración de un instrumento mundial
      jurídicamente vinculante sobre el mercurio y los productos que contienen mercurio.»
ES                                            4                                               ES


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía para 2012-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/67

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía para 2012-2016
   2013/C 217/17
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que, juntas, forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Asimismo, decidieron sobre las acciones que debían emprenderse al nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Rumanía para 2012 (3) y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Rumanía para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de coordinación de política económica. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Eurpeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que Rumanía no era identificada como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2012, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. También hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública.

               (8)

               El 30 de abril de 2013, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas para 2013 y su Programa de Convergencia para el período 2012-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               Basándose en la evaluación del Programa de Convergencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa es verosímil y acorde con la evaluación de las previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión. Merced a importantes esfuerzos de saneamiento, y de conformidad con la recomendación del Consejo, Rumanía redujo el déficit de las administraciones públicas a menos del 3 % en 2012. El Programa apunta a una estrategia presupuestaria dirigida a alcanzar el objetivo a medio plazo (OMP) del – 1 % del PIB (anteriormente – 0,7 % del PIB) para 2014, objetivo que, recalculado por la Comisión con el método común, corresponde a alcanzarlo para 2015. El avance en términos estructurales hacia el OMP es superior al 0,5 % del PIB en 2013 y se mantiene cercano al 0,4 % en 2014. Se cumplió el valor de referencia del gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el período de vigencia del Programa. El ajuste se ha anticipado en 2013 con medidas de fomento de los ingresos, que incluyen reducciones de las partidas deducibles, una mejora de la fiscalidad de la agricultura y la introducción de una tasa por beneficios extraordinarios tras la desregulación de los precios del gas y de un impuesto especial por la transmisión de electricidad y gas. Los principales riesgos a los que está expuesta la ejecución del Programa de Convergencia guardan relación con las posibles correcciones financieras vinculadas a la absorción de los fondos de la UE, la financiación de proyectos prioritarios con cargo al presupuesto nacional, la nueva acumulación de atrasos, especialmente en las administraciones locales, y la realización de avances limitados en la restructuración de las empresas estatales. La deuda pública de Rumanía se mantiene en un nivel relativamente bajo, el 37,8 % del PIB en 2012. Se espera que aumente al 38,6 % en 2014, pero en todo caso se mantendrá muy por debajo del umbral del 60 % del PIB a lo largo del período de vigencia del Programa.

               (10)

               Atendiendo la petición formulada por Rumanía el 17 de febrero de 2011, la Comisión y el FMI negociaron un programa de ajuste económico preventivo con las autoridades rumanas. En el marco de la asistencia preventiva de la Unión, Rumanía se comprometió a aplicar un programa general de política económica con especial énfasis en las reformas estructurales necesarias para mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo y de bienes y aumentar la resiliencia y el potencial de crecimiento de la economía rumana. En paralelo, el programa ha asegurado la prosecución del saneamiento presupuestario, la mejora de la gestión y el control de las finanzas públicas y la introducción de reformas en las políticas exterior, monetaria, de estabilidad financiera y de mercados financieros. En marzo de 2013, Rumanía solicitó formalmente una prórroga de tres meses del programa del FMI. Aunque la posibilidad de emplear fondos del programa de la UE expiró al final de marzo de 2013, la evaluación final del programa se llevará a cabo a finales de junio de 2013.

               (11)

               La situación presupuestaria de Rumanía ha ido mejorando, con una reducción del déficit presupuestario por debajo del 3 % en 2012 y un mayor saneamiento presupuestario previsto para 2013. El deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en los sectores del IVA y los impuestos sobre el trabajo, representa un gran escollo para el sistema tributario rumano. Los impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE. Si bien Rumanía no corre riesgo de sufrir tensiones presupuestarias a corto o medio plazo, a largo plazo presenta un riesgo medio, debido a los gastos derivados del envejecimiento de la población. Existe cierta inquietud en cuanto a la sostenibilidad e idoneidad del sistema de pensiones, habida cuenta de la baja ratio contribuyentes empleados/pensionistas. Rumanía es ahora uno de los dos Estados miembros que aún no han decidido igualar la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres y donde la tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad (41,4 % en 2012) se sitúa considerablemente por debajo de la media de la Unión. El Gobierno rumano ha decidio continuar con la reforma de las pensiones asociando en su diseño a los interlocutores sociales, aumentando así su compromiso.

               (12)

               El sector de la sanidad en Rumanía presenta graves desigualdades en cuanto al acceso a los servicios prestados y la calidad de los mismos. Ello se debe entre otras cosas al uso ineficiente de los recursos y a una mala gestión. Si bien ya se han emprendido las reformas dirigidas a aumentar la eficacia de este sector, se requiere un esfuerzo continuado. La rentabilidad del sistema podría aumentarse reduciendo el recurso a cuidados hospitalarios y reforzando la atención primaria y los sistemas de reorientación de los pacientes.

               (13)

               En 2012, Rumanía siguió presentando una baja tasa de empleo (63,8 %), aunque se registró una ligera mejora con respecto al año anterior (62,8 %). El objetivo de alcanzar el 70 % en 2020, fijado en la Estrategia Europa 2020, constituye un desafío. La productividad de la mano de obra en Rumanía sigue siendo una de las más bajas de la Unión. La calidad de las medidas públicas de incentivación del empleo y búsqueda de trabajo y de los servicios de reorientación profesional es aún relativamente baja. La capacidad administrativa limitada impide tanto la ejecución eficiente de políticas activas del mercado de trabajo mediante servicios personalizados de calidad como la mayor integración de las políticas activa y pasiva del mercado de trabajo. La participación de adultos en la formación permanente sigue estancada en niveles muy bajos (1,6 % en 2011) y considerablemente inferiores a la media de la UE (8,9 %). En 2012, las tasas de empleo y actividad juvenil se situaban entre las más bajas de la UE (23,9 % y 30,9 %, respectivamente), mientras que la tasa de desempleo juvenil alcanzaba el elevado nivel del 22,7 %. En Rumanía, un alto y creciente porcentaje de jóvenes (16,8 % en 2012) ni tiene trabajo ni está estudiando.

               (14)

               La reducción de la pobreza sigue suponiendo un gran desafío. En 2011, un 40,3 % de la población —cifra superior en dos tercios a la media del 24,2 % de la UE— estaba en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Las principales víctimas de esa situación son los niños (49,1 %). La incidencia de las transferencias sociales (excluidas las pensiones) en la reducción de la pobreza permanece considerablemente por debajo de la eficiencia media de las transferencias en la Unión, tanto para la población general (23,7 % en Rumanía frente a 37,5 % en la UE en 2011) como para la población infantil (22 % en Rumanía frente a 42,8 % en la Unión). La escasa absorción, cobertura y adecuación de las prestaciones sociales sigue mermando la eficiencia de las prestaciones sociales en la lucha contra la pobreza. En 2012, como complemento de la reforma de 2011, se adoptaron diversos actos legislativos en materia de asistencia social. La adopción de la legislación pendiente sería un gran paso para culminar la reforma. No obstante, también podría estrecharse el vínculo con las medidas de activación. La aplicación de la Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos comenzó en 2012, pero sus resultados son modestos. La aplicación efectiva de la estrategia, incluida la asignación de fondos, requiere una mejor coordinación con los distintos interesados

               (15)

               La ley de educación de 2011, vector de una reforma radical en la que se fija un calendario a largo plazo para impulsar la calidad de la educación en todos los niveles, aún no ha sido plenamente aplicada. El éxito de la implementación de la reforma educativa requiere que se dediquen los recursos financieros y humanos necesarios a la creación de capacidad administrativa y a la elaboración de políticas. Rumanía tiene ante sí el gran reto de aumentar la calidad de su sistema de educación y formación. Uno de sus aspectos más problemáticos es el abandono escolar: con un 17,4 % en 2012, la tasa de abandono escolar rumana se sitúa bastante por encima de la media de la UE (13,5 %) y del objetivo nacional (11,3 %). Los problemas aquejan con especial pertinacia a las zonas rurales y aisladas y a las comunidades gitanas. Rumanía carece, asimismo, de un mecanismo adecuado de obtención de datos sobre abandono escolar; la estrategia general que está previsto adoptar este año debería contribuir a mejorar esa situación. El acceso a unos servicios de educación infantil y atención a la infancia asequibles y de calidad sigue planteando problemas. El desfase entre la oferta de cualificaciones y la demanda del mercado de trabajo caracterizan a una gran proporción de los programas de formación profesional y educación terciaria; el bajo nivel de competencias profesionales sigue constituyendo una dificultad específica. Las altas tasas de desempleo entre licenciados universitarios y los índices de sobrecualificación requieren, con carácter prioritario, un nuevo esfuerzo de adecuación entre los estudios universitarios y el mercado laboral. Se registraron progresos positivos pero lentos, que exigen nuevos esfuerzos, en la transición del modelo de acogida en establecimientos de menores privados de cuidados parentales a modelos alternativos.

               (16)

               La escasa capacidad administrativa es uno de los grandes problemas de Rumanía. Los rasgos característicos de la Administración Pública son un marco jurídico incoherente, el recurso frecuente a órdenes administrativas de emergencia, bajos niveles de cooperación interministerial y un exceso de burocracia. También adolece de falta de competencias, opacidad en la contratación del personal y altos índices de rotación de los gestores. Esa escasa capacidad administrativa contribuye al bajo índice de absorción de los fondos de la UE. En efecto, el objetivo de absorción acordado para finales de 2012 con arreglo al programa de asistencia financiera de la UE quedó muy lejos. Al final de 2012, la absorción acumulada ascendía a 5 530 millones EUR, es decir, un 20,2 % de los Fondos Estructurales, de cohesión y agrícolas disponibles. Esta cifra se quedó en 2 470 millones EUR por debajo del objetivo del programa para finales de 2012, a saber, 8 000 millones EUR. El índice de absorción de los Fondos Estructurales y de cohesión mejoró desde el 7,5 % al final de abril de 2012 hasta el 15,2 % al final de mayo de 2013. Para mejorar aún más el índice de absorción y reducir el riesgo de compromiso en 2013, las autoridades rumanas tienen que apuntar, entre otras, a medidas que aumenten la eficacia de los sistemas de gestión y control de los fondos de la UE y refuercen la capacidad administrativa del sistema de contratación pública.

               (17)

               Rumanía tiene que resolver una serie de obstáculos para la competitividad económica derivados de la productividad, todavía baja, de sus sectores de industria y servicios. Los principales escollos son el débil entorno empresarial y el escaso fomento de la investigación y el desarrollo (I+D). Las medidas de mejora del entorno empresarial deberán integrarse en una estrategia más amplia y coherente de administración electrónica que fomente una cultura administrativa de transparencia y seguridad jurídica y que ofrezca mejores servicios públicos en línea. Rumanía también deberá adoptar medidas para facilitar el acceso a los fondos y reducir las cargas administrativas de las pequeñas y medianas empresas (PYME). La intensidad de I+D es extremadamente baja (0,48 % en 2011) y la eficiencia de las inversiones debe mejorarse radicalmente. Los inversores en I+D deben otorgar prioridad a las actividades que puedan atraer inversiones privadas. Rumanía debe también consolidar el marco regulador de los derechos de propiedad intelectual, con vistas a aumentar la comercialización de los resultados de la investigación.

               (18)

               Los niveles de competencia y eficiencia de los sectores de la energía y el transporte rumanos son muy bajos. La ineficiencia y la falta de transparencia en la gestión de las empresas estatales de estos sectores representa un gran reto. A esto se añade otro importante desafío: el aumento de la eficiencia energética de los edificios, la calefacción urbana, la industria y el transporte. Con una intensidad energética 2,5 veces superior a la media de la UE, Rumanía es la tercera economía de la Unión en lo que a ese parámetro se refiere. También es la tercera economía de la UE en cuanto a emisiones de carbono. En Rumanía, los edificios de viviendas consumen ocho veces más energía que la media de EU-15 debido a los ineficientes sistemas de calefacción urbana y al inadecuado aislamiento de los edificios. La integración de los mercados de electricidad y gas en los mercados de la Unión sigue incompleta y todavía están por instalar los gasoductos transfronterizos.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía. En él, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco de Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.

               (20)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Rumanía, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Rumanía tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Culminar el programa de asistencia financiera UE/FMI.

               2.

               Asegurar un saneamiento presupuestario favorable al crecimiento y ejecutar la estrategia presupuestaria para 2013 y el período siguiente conforme a lo previsto, garantizando así la consecución del objetivo a medio plazo para 2015. Mejorar la recaudación de impuestos, aplicando una estrategia general de cumplimiento de las obligaciones fiscales y luchando contra el trabajo no declarado. De forma paralela, explorar formas de aumentar el recurso a impuestos medioambientales. Continuar con la reforma de las pensiones iniciada en 2010 mediante la igualación de la edad de jubilación de hombres y mujeres y sustentar la reforma con medidas de fomento de las posibilidades de empleo de los trabajadores de mayor edad.

               3.

               Acometer reformas del sector de la sanidad que aumenten su eficiencia, calidad y accesibilidad, especialmente para los miembros de las comunidades desfavorecidas, alejadas y aisladas. Reducir el uso excesivo de la asistencia hospitalaria, reforzando con tal fin los servicios de atención sanitaria ambulatorios.

               4.

               Mejorar la participación en el mercado de trabajo, las posibilidades de inserción laboral y la productividad de la mano de obra, revisando e intensificando las políticas activas del mercado laboral con el fin de ofrecer servicios de formación y personalizados, y promoviendo el aprendizaje permanente. Ampliar la capacidad de la Agencia Nacional de Empleo para aumentar la calidad y la cobertura de sus servicios. A fin de luchar contra el paro juvenil, aplicar rápidamente el Plan Nacional de Empleo Juvenil, recurriendo por ejemplo con tal fin a una Garantía Juvenil. Para reducir la pobreza, aumentar la eficiencia de las transferencias sociales, con especial énfasis en la infancia. Terminar la reforma de la asistencia social mediante la adopción de la legislación pertinente e intensificando sus vínculos con las medidas de activación. Garantizar que la Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos produzca resultados concretos.

               5.

               Acelerar la reforma educativa —incluyendo entre las medidas necesarias la creación de capacidad administrativa tanto central como local— y evaluar el impacto de las reformas. Intensificar las reformas de la educación y la formación profesionales. Lograr un mayor ajuste de los estudios universitarios a las necesidades del mercado laboral y aumentar el acceso de los colectivos desfavorecidos a esos estudios. Aplicar una estrategia nacional de lucha contra el abandono escolar que ponga el acento en una educación infantil de calidad destinada también a los niños gitanos. Acelerar la transición del modelo de acogida en establecimientos de menores privados de cuidados parentales a modelos alternativos.

               6.

               Reforzar la gobernanza y la calidad de las instituciones y la Administración Pública, en particular a través de la mejora de la capacidad de planificación estratégica y presupuestaria, el aumento de la profesionalidad de la función pública gracias a una mejor gestión de los recursos humanos y el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Mejorar considerablemente la calidad de la reglamentación mediante el uso de evaluaciones de impacto y sistemáticas. Redoblar los esfuerzos por acelerar la absorción de los fondos de la UE, reforzando para ello los sistemas de gestión y de control y mejorando los procedimientos de contratación pública.

               7.

               Mejorar y simplificar el entorno empresarial, concretamente mediante la reducción de las cargas administrativas de las PYME y la aplicación de una estrategia coherente de administración en línea. Facilitar el acceso de las PYME a los fondos y diversificar las fuentes de financiación. Asegurar la existencia de vínculos más estrechos entre investigación, innovación e industria, otorgando prioridad a las actividades de investigación y desarrollo que puedan atraer a la inversión privada. Intensificar las medidas para mejorar la calidad, independencia y eficiencia del sistema judicial a la hora de enjuiciar los casos y de luchar contra la corrupción con mayor eficacia.

               8.

               Fomentar la competencia y la eficiencia de las empresas de red, asegurando la independencia y la capacidad de las autoridades reguladoras nacionales, y prosiguiendo la reforma de la gobernanza de las empresas estatales de los sectores de energía y transporte. Adoptar un plan general a largo plazo para el sector del transporte y mejorar la infraestructura de banda ancha. Seguir suprimiendo los precios regulados del gas y la electricidad y aumentando la eficiencia energética. Mejorar la integración transfronteriza de las redes de energía y agilizar la ejecución de los proyectos de instalación de gasoductos.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenidas para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (3)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 72.

      (4)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 19 de marzo de 2007 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (sexto FED) para el ejercicio 2005

text:
               8.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 103/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 19 de marzo de 2007
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (sexto FED) para el ejercicio 2005
   (2007/C 103/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Tercer Convenio ACP-CE, firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984 (1),
   Visto el Acuerdo interno 86/126/CEE relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), y en particular el apartado 3 de su artículo 29,
   Visto el Reglamento financiero de 11 de noviembre de 1986 aplicable al Sexto Fondo Europeo de Desarrollo (sexto FED) (3), y en particular sus artículos 66 a 73,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del sexto FED, aprobados al 31 de diciembre de 2005, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),
   Considerando que:

               1)

               en virtud del apartado 3 del artículo 29 del Acuerdo interno citado, la aprobación de la gestión financiera del sexto FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo,

               2)

               Considerando que la ejecución por la Comisión de las operaciones del sexto FED durante el ejercicio 2005 ha sido, en su conjunto, satisfactoria,

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del sexto FED para el ejercicio 2005.

      Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 2007.

            Por el Consejo

            El Presidente

         H. SEEHOFER

      (1)  DO L 86 de 31.3.1986, p. 3.

      (2)  DO L 86 de 31.3.1986, p. 210. Acuerdo cuya última modificación la constituye la Decisión 86/281/CEE (DO L 178 de 2.7.1986, p. 13).

      (3)  DO L 325 de 20.11.1986, p. 42.

      (4)  DO C 263 de 31.10.2006, p. 205.


Avis juridique important

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32003H0090

Recomendación del Consejo, de 21 de enero de 2003, relativa a la activación del mecanismo de alerta rápida con relación a Francia a fin de prevenir un déficit excesivo

Diario Oficial n° L 034 de 11/02/2003 p. 0018 - 0019

Recomendación del Consejode 21 de enero de 2003relativa a la activación del mecanismo de alerta rápida con relación a Francia a fin de prevenir un déficit excesivo(2003/90/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 4 de su artículo 99,Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1), y en particular el apartado 2 de su artículo 6,Vista la Recomendación de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) El apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1466/97 establece, en el marco del pacto de estabilidad y crecimiento, un mecanismo de alerta rápida para advertir con prontitud a los Estados miembros de la necesidad de que tomen las medidas de ajuste presupuestario necesarias para impedir que su déficit público llegue a ser excesivo. El mecanismo de alerta rápida se activa cuando el Consejo detecta desviaciones importantes, reales o previsibles, de la situación presupuestaria de un Estado miembro respecto del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste necesaria para lograrlo, tal como esté fijado en el programa de estabilidad para el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas.(2) En la Resolución sobre el pacto de estabilidad y crecimiento aprobada en Amsterdam el 17 de junio de 1997(2) el Consejo Europeo invitó a todas las partes a que aplicasen de forma estricta y a su debido tiempo el Tratado y el pacto de estabilidad y crecimiento.(3) En la actualización de 2001 del programa de estabilidad de Francia, que fue objeto de un dictamen del Consejo el 12 de febrero de 2002(3), las autoridades francesas fijaron un objetivo de déficit de las administraciones públicas del 1,4 % del PIB para 2002 y del 1,3 % del PIB para 2003. Las previsiones de déficit de las administraciones públicas para 2002 de las autoridades francesas se redujeron al 1,8 % del PIB en febrero, cuando dichas autoridades revisaron las previsiones de crecimiento real del PIB para 2002 del 2,5 % al 1,5 %.(4) En la actualidad las autoridades francesas prevén para 2002 un déficit de las administraciones públicas del 2,8 % del PIB, frente a las previsiones del 2,7 % del PIB de la Comisión, esto es, 1,4 puntos porcentuales por encima del objetivo inicial fijado en la actualización de 2001 del programa de estabilidad. Según cálculos de los servicios de la Comisión, menos de la mitad de esta desviación (0,5 puntos porcentuales del PIB) es atribuible a factores cíclicos. La otra parte refleja un deterioro del saldo público ajustado al ciclo.(5) Como consecuencia de esta desviación, en 2002 la posición presupuestaria francesa dista mucho de estar próxima al equilibrio, en términos reales y en términos ajustados al ciclo. De hecho, según los servicios de la Comisión, el déficit ajustado al ciclo ha pasado de representar aproximadamente un 2 % del PIB en 2001 al 2,7 % del PIB en 2002. Está claro que este nivel es demasiado elevado para poder garantizar que el déficit de las administraciones públicas no rebasará el valor de referencia del 3 % del PIB en caso de producirse fluctuaciones cíclicas normales.(6) El proyecto de presupuesto para 2003 presentado en septiembre prevé una ligera reducción del déficit de las administraciones públicas a un nivel del 2,6 % del PIB, en el contexto de las previsiones de aceleración del crecimiento real del PIB hasta el 2,5 %. En las orientaciones generales de política económica para 2002 se recomendó a Francia "en 2003, contemplar una reducción del déficit que sea suficiente para alcanzar una situación próxima al equilibrio en 2004". Según cálculos de la Comisión, basados en la actualización del programa francés, el déficit presupuestario ajustado al ciclo se reducirá ligeramente en un 0,2 % hasta alcanzar el 2,6 % en 2003.(7) Habida cuenta de las importantes incertidumbres que pesan sobre las perspectivas macroeconómicas, la posición presupuestaria prevista en el proyecto de presupuesto para 2003 está a un nivel que podría desembocar en un déficit excesivo si la reactivación de la economía acaba siendo menos vigorosa de lo previsto en el presupuesto o si el presupuesto de 2003 vuelve a desbordarse. Según las previsiones de otoño de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas crecerá del 2,7 % en 2002 al 2,9 % del PIB en 2003, en un contexto de aceleración del crecimiento real del PIB del 1,0 % en 2002 al 2,0 % en 2003.(8) A la vista de estos elementos, no se ha eliminado el peligro de que el déficit de las administraciones públicas rebase el umbral del 3 % del PIB. Además, esta desviación influye en los compromisos a medio plazo al retrasarse el objetivo de una situación próxima al equilibrio.(9) A la vista de la información facilitada por las autoridades francesas y de las evaluaciones hechas por la Comisión, el Consejo constata la existencia de una desviación importante en el sentido del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1466/97.(10) Así pues, es preciso activar el mecanismo de alerta rápida con relación a Francia a fin de prevenir un déficit excesivo.RECOMIENDA:1. El Gobierno francés debe tomar todas las medidas necesarias para que en 2003 el déficit de las administraciones públicas no supere el umbral del 3 % del PIB.2. La adopción de medidas para mejorar la posición presupuestaria ajustada al ciclo en al menos 0,5 puntos porcentuales del PIB no sólo permitiría reducir el riesgo de que el déficit de las administraciones públicas rebasara el umbral del 3 % del PIB en 2003, sino que también contribuiría a que Francia regresara a una senda de consolidación presupuestaria que la conduciría a una posición próxima al equilibrio a partir de 2003.3. También en los años siguientes se debería seguir corrigiendo la posición presupuestaria subyacente a un ritmo anual de al menos el 0,5 % del PIB, a fin de alcanzar la situación presupuestaria a medio plazo próxima al equilibrio o con superávit para 2006.El destinatario de la presente Recomendación es la República Francesa.Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteN. Christodoulakis(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.(2) DO C 236 de 2.8.1997, p. 1.(3) DO C 51 de 26.2.2002, p. 4.


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		52013DC0393

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Polonia /* COM/2013/0393 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo en Polonia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126,
apartado 7,
Vista la
Recomendación de la Comisión Europea,
Considerando lo
siguiente:
(1)
Con arreglo al artículo 126 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros evitarán
déficits públicos excesivos.
(2)
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se basa
en el objetivo de lograr unas haciendas públicas saneadas como medio de
reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento
fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)
El 7 de julio de 2009, el Consejo decidió, de
conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea, que existía un déficit excesivo en Polonia y publicó
una recomendación con miras a corregirlo a más tardar en 2012[1], de conformidad con
el artículo 104, apartado 7, del Tratado y con el artículo 3 del
Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la
aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo[2]. Con el fin de situar el
déficit de las administraciones públicas por debajo del 3 % del PIB de
forma creíble y sostenible, se recomendó a las autoridades polacas aplicar
incentivos fiscales en 2009 según lo previsto, garantizar un ajuste anual medio
del saldo presupuestario estructural equivalente como mínimo al 1,25 % del
PIB a partir de 2010, especificar rápidamente y en detalle las medidas
necesarias para reducir el déficit por debajo del valor de referencia para 2012
e introducir reformas que permitiesen contener el gasto corriente primario
durante los próximos años. El Consejo estableció el plazo del 7 de enero de
2010 para la adopción de medidas efectivas.
(4)
El 3 de febrero de 2010, la Comisión concluyó
que, sobre la base de las previsiones elaboradas en el otoño de 2009 por los
servicios de la Comisión, Polonia había adoptado las medidas necesarias en
cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009, con el fin
de reducir su déficit público por debajo del 3 % del valor de referencia
del PIB y consideró que no se precisaba la adopción de ninguna otra medida en el
procedimiento de déficit excesivo. Sobre la base de sus previsiones del otoño
de 2011, la Comisión consideró que Polonia no cumpliría sus compromisos y
requirió medidas adicionales, que las autoridades polacas acordaron. Así, el 11
de enero de 2012 la Comisión confirmó que las autoridades polacas habían tomado
medidas eficaces para lograr una corrección oportuna y sostenible del déficit
excesivo y que en aquel momento no se precisaba ninguna otra medida en el marco
del procedimiento de déficit excesivo de Polonia[3].
(5)
De conformidad con el artículo 3,
apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1467/97, si
se han tomado medidas efectivas para ajustarse a la recomendación formulada y,
tras la adopción de la recomendación, aparecen factores económicos adversos e
inesperados que tienen importantes consecuencias desfavorables sobre la
hacienda pública, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión,
podrá adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado
7, del TFUE. La aparición de tales factores se evaluará con relación a
las previsiones económicas subyacentes en la recomendación del Consejo.
(6)
De conformidad con el artículo 126,
apartado 7, del TFUE y con el artículo 3 del Reglamento (CE)
nº 1467/97, el Consejo dirigirá recomendaciones al Estado miembro afectado
con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo en un plazo
determinado. La recomendación del Consejo fijará un plazo de seis meses como
máximo para que el Estado miembro afectado tome medidas efectivas para la
corrección del déficit excesivo. Por otra parte, en su recomendación relativa a
la corrección del déficit excesivo, el Consejo instará a alcanzar objetivos
presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones subyacentes a la
recomendación, permitan una mejora anual del saldo estructural (es decir, del
saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas
puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo al 0,5 %
del PIB, como valor de referencia.
(7)
Las previsiones de la primavera de 2009 de los
servicios de la Comisión, en las que se basó la Recomendación del Consejo de 7
de julio de 2009, en virtud del artículo 104, apartado 7, del Tratado
CE, preveían que la economía polaca crecería un 0,8 % en 2010, aunque no
se ocupaban de las previsiones para los años 2011 y 2012. En 2009, el PIB real
aumentó un 1,6 %, principalmente debido a una flexibilización de la
política fiscal y monetaria, la entrada de fondos de la UE destinados a
financiar inversiones en infraestructuras y la depreciación de la moneda
nacional. El crecimiento de las exportaciones y la reactivación de la demanda
interna llevaron a una recuperación en 2010 y 2011, cuando el PIB real aumentó
un 3,9 % y un 4,5 %, respectivamente, por lo que el crecimiento del
PIB en 2010 fue muy superior al 0,8 % anunciado en las previsiones de la primavera
de 2009 de los servicios de la Comisión, que preveían la eliminación de la
brecha de producción más allá del horizonte de la previsión, lo que suponía
implícitamente una tasa de crecimiento de la economía polaca en torno a su
potencial de los últimos años. Sin embargo, la economía polaca se lentificó
considerablemente en 2012 y el crecimiento real del PIB se situó en el 1,9 %.
Las inversiones, especialmente en la construcción, se vieron frenadas por el
saneamiento presupuestario aplicado por el Gobierno, la atonía del crecimiento
crediticio y la bajada de la compra de viviendas por las familias. En conjunto,
entre 2009 y 2012 Polonia registró una actividad económica relativamente firme,
aunque en 2012 se constató un crecimiento del PIB real inferior a su nivel
potencial, como resultado principalmente de la crisis económica y financiera
mundial.
(8)
Las previsiones de la primavera de 2013 de los
servicios de la Comisión anuncian un aumento del PIB real de solo el 1,1 %
en 2013, un aumento del consumo privado en torno al 0,8 %, debido a la
caída de la tasa de empleo, un crecimiento moderado de los salarios y la recuperación
del ahorro de las familias. La tendencia de la formación bruta de capital fijo,
especialmente en la construcción de infraestructuras, se mantendrá negativa,
con una disminución del 2,6 %, lo que refleja un mayor saneamiento
presupuestario, la debilidad de la demanda externa y atonía en el crecimiento
crediticio. Para 2014 se prevé un ligero repunte de la economía, con un
crecimiento del PIB real del 2,2 %, aunque ambos parámetros estarán
supeditados a los riesgos ligados al ritmo de recuperación de la economía
mundial.
(9)
El déficit de las administraciones públicas aumentó
desde el 3,7 % del PIB en 2008 hasta el 7,4 % en 2009, debido a
importantes medidas de estímulo presupuestario y a una fuerte dinámica endógena
del gasto basada en un fuerte crecimiento. Tras la puesta en marcha del
procedimiento de déficit excesivo, las medidas de saneamiento de 2010 se
centraron en la masa salarial del sector público, el gasto corriente y un
aumento de los impuestos especiales. A pesar de estas medidas de saneamiento,
equivalentes al 0,6 %, el déficit general aumentó, alcanzando el 7,9 %
del PIB en 2010, debido a un considerable incremento de la inversión pública
(0,4 % del PIB) y del consumo intermedio (0,5 % del PIB). Desde 2011,
los déficit generales se han visto influidos por un persistente esfuerzo de
saneamiento, incluidas reducciones de las cotizaciones sociales transferidas a
fondos de pensiones de tipo abierto, aumento de los tipos del IVA y cambios en
otros impuestos para aumentar los ingresos, introducción de una norma temporal
relativa al gasto y recortes del gasto en políticas activas del mercado
laboral. Así, el déficit general disminuyó hasta un 5 % del PIB en 2011.
(10)
Según los datos reales aportados en la
notificación de Eurostat de abril de 2013, el déficit de las administraciones
públicas alcanzó el 3,9 % del PIB en 2012, porcentaje superior al previsto
y anunciado públicamente por las autoridades polacas en septiembre de 2012, del
3,5 %. En particular, los gastos de intereses y las transferencias
sociales fueron superiores a los previstos. Por el lado de los ingresos, los
impuestos indirectos, especialmente el IVA, fueron mucho más bajos de lo esperado.
Se evitó un resultado aún peor gracias a una menor ejecución de las inversiones
públicas, compensadas en parte por unas menores transferencias de capital
recibidas.
(11)
Las previsiones de los servicios de la
Comisión de la primavera de 2013 relativas a Polonia anuncian para 2013 un
déficit de las administraciones públicas equivalente al 3,9 % del PIB
(frente un objetivo del 3,5 %) y, en la hipótesis de que la política
económica no sea modificada, del 4,1 % en 2014. Aun teniendo en cuenta las
medidas adicionales que figuran en la actualización de 2013 del programa de
convergencia de Polonia, publicado una vez finalizada la confección de las susodichas
previsiones, ello apenas modifica la evaluación realizada. Para 2013, el
programa de convergencia de Polonia no incorpora nuevas medidas discrecionales;
aunque prevé mantener los tipos del IVA en su nivel actual en vez de
reducirlos, la Comisión estima que la inclusión de esta medida reduciría el
déficit de 2014 hasta el 3,7 % del PIB. Por consiguiente, las previsiones
de los servicios de la Comisión se han actualizado con las medidas incluidas en
el programa de convergencia de Polonia, a fin de disponer de un escenario de
base sólido con vistas a nuevas recomendaciones.
(12)
Tomando como base la experiencia del pasado,
los principales riesgos asociados a los objetivos presupuestarios en 2013 son
la fuerte prociclicidad de los ingresos procedentes de los impuestos indirectos
y directos y la elasticidad de los ingresos inferior al parámetro utilizado en
las previsiones, en particular la experimentada en 2012, cuando a pesar del
incremento de la base impositiva, los ingresos en concepto de impuestos
indirectos cayeron debido al aumento de las devoluciones del IVA y los retrasos
relacionados.
(13)
El déficit estructural disminuyó desde el 8,3 %
del PIB en 2010 al 5,4 % en 2011 y al 3,8 % en 2012. Las medidas de saneamiento aplicadas durante este período se orientaron
en particular a los impuestos indirectos, las contribuciones en concepto de
discapacidad, las contribuciones a fondos de pensiones de tipo abierto, la masa
salarial del sector público (excepto las administraciones locales) y el consumo
intermedio. Estas medidas fueron considerables, abarcaron
tanto ingresos como gastos y en total equivalieron a un 2,1 % del PIB en
2011 y a un 1,6 % en 2012.
(14)
El esfuerzo presupuestario medio anual
aparente durante el período 2010-2012 se estima en el 1,5 % del PIB. Si se
tiene en cuenta la importante revisión al alza del potencial de incremento del
crecimiento desde el momento en que se publicó la recomendación (- 0,3 puntos
porcentuales) y el aumento de los ingresos a ritmo inferior al esperado en
función del crecimiento del PIB sobre la base de las elasticidades estándar
(+ 0,4 puntos porcentuales), el esfuerzo estructural anual medio ajustado
(1,6 % del PIB) sobrepasa el esfuerzo presupuestario anual medio
recomendado (1,25 % del PIB) en el período 2010-2012. El enfoque desde la
base estima el tamaño acumulativo de las medidas de saneamiento en un 4,3 %
del PIB en el período 2010-2012. Por lo tanto, Polonia ha adoptado medidas
efectivas.
(15)
El informe sobre sostenibilidad de las
finanzas públicas elaborado por la Comisión Europea en 2012 muestra que Polonia
no corre un riesgo de dificultades presupuestarias a corto plazo. El país
afronta un nivel medio de riesgo de sostenibilidad a medio plazo y un bajo
riesgo a largo plazo, siempre que los planes de saneamiento presupuestario se
apliquen plenamente. El informe de 2012 sobre el envejecimiento de la población
prevé un pequeño aumento del gasto público derivado de esta circunstancia entre
2010 y 2060. No obstante, Polonia todavía debe aplicar políticas de refuerzo de
la viabilidad a largo plazo, aunque este esfuerzo sea inferior a la mejora
media necesaria para la UE en su conjunto.
(16)
En 2012 la deuda pública disminuyó hasta el
55,6 % del PIB (56,2 % en 2011), como consecuencia del considerable
ajuste de fondos y flujos. Las previsiones de los servicios de la Comisión de
la primavera de 2013 prevén un incremento hasta el 57,5 % del PIB en 2013
y, suponiendo que la política económica no sufra modificaciones, que alcance el
59 % en 2014.
(17)
Con el fin de reducir el déficit por debajo
del umbral del 3 % del PIB al finalizar 2013, es decir, ampliando el plazo
en un año, el esfuerzo estructural requerido será como mínimo del 1,4 %
del PIB. Este esfuerzo anual sería superior al pedido en la Recomendación del
Consejo de 7 de julio de 2009 (1,25 % del PIB), a pesar de que el riesgo
presupuestario ha descendido desde 2009, puesto que el déficit general se
encuentra a un nivel muy inferior y la deuda se mantiene por debajo del umbral
del 60 %. En consecuencia, puede permitirse un ritmo más gradual de
saneamiento, que también reduciría los costes de productividad en los servicios
públicos, lo que sería considerable si en 2013 tuviera que hacerse una
corrección, en particular, porque el tiempo disponible después de la
Recomendación para adoptar las necesarias medidas sería limitado; por
consiguiente, las medidas tienen que ser ampliadas hasta que logren un impacto
de aproximadamente el 1 % del PIB a lo largo del año.
(18)
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, y
de conformidad con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se
aprueba una prórroga de dos años en el plazo para corregir el déficit excesivo.
(19)
La corrección del déficit excesivo de aquí a
2014 sería acorde con los objetivos intermedios de déficit general del 3,6 %
del PIB en 2013 y del 3,0 % en 2014. La mejora subyacente en el saldo
presupuestario estructural que suponen esos objetivos son el 0,8 % del PIB
en 2013 y el 1,3 % en 2014. Esto implica la necesidad de medidas
adicionales del 0,4 % del PIB en 2013 y del 0,4 % en 2014, además de
las ya incluidas en la previsión de primavera y en la actualización del
programa de convergencia, con un impacto presupuestario estimado del 0,25 %
del PIB en 2013 y del 0,4 % en 2014.
(20)
Polonia cumple las condiciones para la
ampliación del plazo de corrección del déficit público excesivo según lo
establecido en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de
déficit excesivo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
(21)
Polonia deberá poner fin a la situación de
déficit excesivo en 2014 a más tardar.
(22)
Polonia deberá alcanzar un
objetivo de déficit general del 3,6 % del PIB en 2013 y del 3,0 % en
2014, lo que significa una mejora anual del saldo estructural de al menos el
0,8 % y el 1,3 % del PIB, respectivamente, sobre la base de la
actualización de las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la
Comisión.
(23)
Polonia deberá aplicar rigurosamente las
medidas ya adoptadas y completarlas con medidas adicionales suficientes para
lograr corregir el déficit excesivo en 2014 a más tardar.
(24)
El Consejo establece el plazo del [1 de
octubre de 2013] para que Polonia adopte medidas eficaces y para que, de
conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento
(CE) nº 1467/97, transmita un informe detallado sobre la estrategia de
saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.
Por otra parte, las autoridades polacas
deberán: i) mejorar la calidad de las finanzas públicas, en particular
reduciendo los recortes en inversiones en infraestructuras generadoras de
crecimiento y revisando detalladamente los gastos sociales y su eficacia; (ii)
mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e incrementar la
eficiencia de la administración tributaria; iii) reforzar la vinculación y
transparencia del marco institucional de las finanzas públicas, por ejemplo
mediante la pronta adopción de una norma permanente relativa al gasto del
presupuesto general del Estado. Por otro lado, para garantizar el éxito de la
estrategia de saneamiento presupuestario, será importante respaldar dicho
saneamiento con unas reformas estructurales amplias, en consonancia con las
recomendaciones del Consejo dirigidas a Polonia en el contexto del Semestre
Europeo. Además del informe previsto en la recomendación (4), las
autoridades polacas informarán sobre los avances realizados en la aplicación de
las presentes recomendaciones en un capítulo específico de los programas de
convergencia, hasta la corrección total del déficit excesivo.
El destinatario de la presente
Recomendación será la República de Polonia.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               Los documentos relativos al procedimiento de
déficit público excesivo de Polonia pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/poland_en.htm.
[2]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[3]               Comunicación de la Comisión al Consejo. Evaluación
de la ejecución del presupuesto en el marco de los actuales procedimientos de
déficit excesivo tras el establecimiento de las previsiones del otoño de 2011
de los servicios de la Comisión, COM (2012) 4 final, de 11.1.2012.