title: Recomendación n° 1235/78/CECA de la Comisión, de 8 de junio de 1978, por la que se establece la suspensión del derecho antidumping definitivo establecido con respecto a las importaciones de productos siderúrgicos originarios de Rumania

text:
 8                                              Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                11 /Vol . 28
378L1235KSG
9 . 6 . 78                                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N° L 153 / 19
                                       RECOMENDACION N° 1235/78 /CECA DE LA COMISION
                                                           de 8 de junio de 1978
                 por la que se establece la suspensión del derecho antidumping definitivo establecido con respecto
                                   a las importaciones de productos siderúrgicos originarios de Rumania
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,                                Considerando que dichos acuerdos, que la Comisión es
                                                                         tima aceptables, permiten suspender la posterior aplica
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea                    ción del derecho antidumping definitivo,
del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74 ,
                                                                         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN :
Vista la Recomendación 77 / 329/CECA, de la Comisión,
de 15 de . abril de 1977, relativa a la defensa contra las                                       Artículo 1
prácticas de dumping,- primas o subvenciones por parte
de los países no miembros de la Comunidad Europea del                    La aplicación del derecho antidumping definitivo estable
Carbón y del Acero ('), modificada por la Recomenda                     cido por la Recomendación de la Comisión n° 811 /78 /
ción n° 3004/ 77 /CECA (2) y, en particular, sus artículos               CECA con respecto a las importaciones de productos si
15 y 19,
                                                                         derúrgicos originarios de Rumania, quedará suspendida
                                                                         a partir del día en que la presente Recomendación entre
Tras haber tenido conocimiento de los dictámenes emiti                  en vigor.
dos en el seno del Comité consultivo previsto por la Re                 Ne se aplicarán ni otros derechos antidumping ni otra
comendación 77/ 329 / CECA,                                              medida similar a las importaciones de productos siderúr
                                                                         gicos sometidas al Tratado CECA y originarios de Ru
Considerando que la Comisión estableció, mediante la                     mania, salvo recomendación contraria de la Comisión .
Recomendación n° 160 /78 /CECA (3), un derecho anti
                                                                                Artículo 2
dumping provisional con respecto á las importaciones de
productos siderúrgicos originarios de Rumania ;                          La presente Recomendación se comunicará a los Estados
                                                                         miembros . Entrará en vigor en cada Estado miembro el
Considerando que la Comisión estableció , mediante la                    día de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
Recomendación n° 81 1 /78 / CECA (4), un derecho anti                   dades Europeas.
dumping definitivo con respecto a las importaciones de
productos siderúrgicos originarios de Rumania ;                          Hecho en Bruselas, el 8 de junio de 1978 .
                                                                                Por la Comisión
Considerando que, desde entonces, la Comunidad y el                                                     Wilhelm HAFERKAMP
gobierno de Rumania celebraron determinados acuerdos
relativos al comercio de los productos siderúrgicos ;                                                        Vicepresidente
(') DO    n° L 1 14 de 5 . 5 . 1977 , p . 6 .
(2) DO    n° L 352 de 31 . 12 . 1977, p. 13 .
(3) DO    n° L 23 de 28 . 1 . 1978 , p . 33 .
(4) DO    n° L 108 de 22 . 4 . 1978 , p. 26 .


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de los Países Bajos (2011-2015)

text:
               19.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 212/13

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de los Países Bajos (2011-2015)
   2011/C 212/04
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 29 de abril de 2011, los Países Bajos presentaron la versión actualizada de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2015, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (7)

               A medida que la crisis se iba profundizando, y pesar de su sólida situación anterior, la economía neerlandesa, tradicionalmente muy abierta, sufrió plenamente su impacto; en 2009, el PIB real se contrajo en casi un 4 %. La recuperación comenzó en el segundo semestre de 2009, impulsada por el repunte de la demanda externa, y se aceleró en el primer semestre de 2010, lo que se tradujo en un incremento del PIB del 1,8 %. El impacto de la crisis en el mercado laboral se mantuvo bastante contenido. Se prevé que el desempleo disminuya gradualmente en los dos próximos años, pasando del 4,5 % en 2010 al 4 % en 2012. La crisis afectó duramente a la hacienda neerlandesa; el déficit de las administraciones públicas aumentó a un 5,5 % del PIB en 2009 y a un 5,4 % en 2010. Las gestiones efectuadas por el Gobierno para respaldar las entidades de crédito y estabilizar los mercados financieros acarrearon un aumento del ratio de deuda pública de 15 puntos porcentuales del PIB, alcanzando en 2009 un 60,8 % del PIB.

               (8)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Estabilidad es verosímil. El Programa de Estabilidad se basa en unas previsiones de crecimiento para 2011 y 2012 más prudentes que las previsiones de la primavera de 2011 de los servicios de la Comisión. El Programa de Estabilidad se propone reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB para 2012, es decir, un año antes que lo que impone el procedimiento de déficit excesivo (PDE). Según las cifras del Programa de Estabilidad, el objetivo a medio plazo, a saber, llegar a un déficit estructural del 0,5 % del PIB, se conseguiría prácticamente para finales del período del Programa de Estabilidad, ya que el saldo estructural calculado por la Comisión se situaría en un -0,8 % del PIB para 2015. La estrategia presupuestaria está bien respaldada hasta 2015 por un número suficiente de medidas concretas, aunque su aplicación está sujeta a algunos riesgos, en particular en lo que se refiere a la capacidad de compensar eventuales desbordamientos de los costes de la sanidad y de controlar los gastos de la administraciones locales. El esfuerzo presupuestario anual previsto para el periodo 2011-2013 se sitúa en un 0,75 % del PIB, lo que se ajusta a la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 en el marco del PDE. En los años siguientes al plazo fijado para la corrección del déficit excesivo (2014 y 2015), el saldo estructural recalculado mejoraría en un 0,25 % en 2014 y en un 0,5 % en 2015, lo que queda ligeramente por debajo de la mejora del saldo estructural prescrita (0,5 % del PIB) hasta que se alcance el objetivo a medio plazo.

               (9)

               La consolidación presupuestaria planeada y llevada a la práctica por las autoridades neerlandesas se basa en recortes de gasto, principalmente de carácter estructural, que supondrán en torno a un 3 % del PIB en relación con el nivel de referencia para finales del periodo del Programa de Estabilidad (2015). La senda de ajuste resultaría en una disminución del déficit de las administraciones públicas de un 3,8 % del PIB en 2011 a un 2,4 % del PIB en 2012, y una disminución posterior anual del 0,5 % aproximadamente durante el periodo 2013-2015. Los Países Bajos se han comprometido plenamente en el logro de estos objetivos. Su política de proteger de recortes excesivos determinados ámbitos de importancia primordial para el crecimiento futuro, como sería el caso de la educación, se propone no comprometer el potencial de crecimiento económico y corregir de forma sostenible el déficit excesivo.

               (10)

               Aparte del saneamiento a corto plazo, uno de los principales desafíos es reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, gravemente lastradas por los costes provocados por el envejecimiento de la población. El gasto a largo plazo que se deriva de éste se sitúa claramente por encima de la media de la UE, especialmente tratándose de la asistencia de larga duración y las pensiones. El aumento previsto del gasto de la asistencia de larga duración es el mayor de Europa, como se recoge en el Informe de 2009 de la Comisión sobre el envejecimiento demográfico. Ello se explica fundamentalmente por la existencia de un sistema global formalizado de asistencia de larga duración (prestaciones sociales a largo plazo que cubren la atención personal, el cuidado de enfermeros, los tratamientos y las estancias en diversos centros); la asistencia de carácter informal tiene menos preponderancia en los Países Bajos. Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos relativos a la viabilidad de las finanzas públicas a largo plazo aparecen elevados. Más allá de los planes de saneamiento, el Gobierno neerlandés ha presentado medidas al Parlamento para sostener la viabilidad a largo plazo, incluido un retraso de la edad de jubilación que todavía no ha sido adoptado.

               (11)

               El mercado laboral neerlandés se caracteriza por tasas de actividad relativamente altas, una alta productividad por hora trabajada y un bajo nivel de desempleo. El gran desafío del mercado laboral sería el de aprovechar el potencial de trabajo aún sin utilizar, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de compensar la disminución de la población en edad de trabajar como consecuencia del envejecimiento de la población. El promedio de horas trabajadas al año es el más bajo de la UE, como confirman los datos más recientes. El bajo número de horas trabajadas se deriva de la existencia de un gran porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial, especialmente mujeres, lo que es reflejo de preferencias personales, pero también de la existencia de desincentivos financieros a la entrada en el mercado laboral o al aumento del número de horas trabajadas. En la actualidad, en los Países Bajos uno de los principales desincentivos para los segundos perceptores de renta a entrar en el mercado laboral o a trabajar más horas es el elevado tipo impositivo marginal que grava la segunda fuente de ingresos familiares, que en algunos casos puede superar el 80 %, debido, en particular, a los descuentos impositivos generales y a la reducción de prestaciones que dependen de los ingresos, tales como los subsidios para cuidados infantiles.

               (12)

               Por lo que se refiere a un grupo creciente y heterogéneo de personas (discapacitados parciales, desempleados de larga duración) que corren el peligro de caer en el desempleo estructural, la puesta en marcha de determinadas políticas activas del mercado de trabajo no parece haber dado buenos resultados. Los ciudadanos procedentes del exterior de la UE son los que experimentan más dificultades, lo que amplía la brecha persistente entre empleo y desempleo.

               (13)

               El sistema de investigación e innovación (I+I) de los Países Bajos ha conseguido mantener su carácter innovador, pero la escasa participación del sector privado en la investigación y desarrollo (I+D) puede afectar negativamente al futuro crecimiento económico y la competitividad de la economía neerlandesa. El Gobierno se propone crear un entorno atractivo para las empresas de alta intensidad en I+I, incluidas las extranjeras, en términos de incentivos fiscales, espacio para la iniciativa empresarial y excelencia de la investigación. Sin embargo, dadas las necesidades de consolidación presupuestaria de este año, algunas ayudas a las empresas serán suprimidas y otras reducidas o restringidas a sectores punta de la economía, sustituyéndolas por instrumentos fiscales más genéricos.

               (14)

               El entorno empresarial se ve negativamente afectado por los niveles de congestión del transporte por carretera y ferrocarril, que son de los más altos de la UE. En este contexto, una infraestructura de transporte relativamente poco eficiente incide negativamente en la movilidad de la mano de obra, lo que repercute en la productividad, y ésta a su vez en el crecimiento. Los trabajadores se enfrentan a largos desplazamientos diarios, tiempos de desplazamiento poco fiables y costes de congestión elevados. Se espera que, si no se producen cambios en la política económica, tales costes seguirán incrementándose hasta 2020. Si aumentara la eficiencia en el uso de las infraestructuras (por ejemplo, a través de una tarificación de las carreteras), ello traería consigo un aumento de la movilidad de la mano de obra, y por tanto de la productividad y el crecimiento potencial.

               (15)

               El 4 de abril de 2011, los Países Bajos hicieron pública una serie de compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Entre ellos, determinadas medidas para fomentar la competitividad (introducción de una nueva política de bonificaciones fiscales más genéricas para las empresas y reducción de las cargas administrativas de éstas) y el empleo (promover una seguridad social más incentivadora y con menos dependencia de los subsidios de desempleo), impulsar la sostenibilidad de las finanzas públicas (incorporar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al ordenamiento jurídico nacional) y reforzar la estabilidad financiera (otorgar más atribuciones a los organismos de supervisión). Tales compromisos afectan a todos los ámbitos del Pacto. No son sino una continuación del plan de reformas más amplias que se perfilaba en el Programa de Estabilidad y en el Programa Nacional de Reforma. Ahora bien, no se especifica un calendario preciso para estos compromisos ni las medidas necesarias para su cumplimiento. Los compromisos han sido evaluados y tenidos en cuenta en las recomendaciones.

               (16)

               La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta, no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de los Países Bajos, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. La Comisión considera que la estrategia de consolidación presupuestaria pormenorizada de los Países Bajos debe ejecutarse tal cual está prevista, aunque preservando el gasto en aquellos ámbitos que puedan favorecer el crecimiento a largo plazo. Es necesario adoptar medidas adicionales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente en materia de pensiones y de asistencia de larga duración, y para aumentar la participación y la integración en el mercado laboral y resolver los problemas que se derivan de la congestión del transporte.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la Recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de los Países Bajos, y su dictamen (3) se refleja particularmente en las recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de los Países Bajos.

         RECOMIENDA que los Países Bajos adopten medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:

               1.

               Aplicar la estrategia presupuestaria para el año 2012 de conformidad con las recomendaciones del Consejo sobre la corrección del déficit excesivo reduciendo el elevado ratio de deuda pública hacia una trayectoria descendente. A continuación, progresar hacia el objetivo a medio plazo conforme a las exigencias del pacto de estabilidad y de crecimiento, al mismo tiempo que se respetan los límites de los gastos y las exigencias de saneamiento, garantizando así que el saneamiento sea sostenible y no perjudique el crecimiento; para ello debe protegerse el gasto en ámbitos que inciden directamente en el crecimiento, tales como la investigación y la innovación, la educación y la formación.

               2.

               Tomar medidas para retrasar la edad legal de jubilación adecuándola a la esperanza de vida y reforzar tales medidas con otras que retrasen efectivamente la edad de jubilación y mejor en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Elaborar un proyecto de reforma de la asistencia de larga duración, dado el fenómeno del envejecimiento de la población.

               3.

               Fortalecer la participación en el mercado de trabajo reduciendo los desincentivos fiscales a ocupar un puesto de trabajo para los segundos perceptores de renta y elaborar medidas que favorezcan a los grupos más vulnerables y les ayuden a reintegrarse en dicho mercado.

               4.

               Promover la innovación y la inversión en I+D y reforzar los vínculos entre los ámbitos de la ciencia y las empresas proporcionando unos incentivos adecuados en el contexto de la nueva política empresarial «Naar de top».

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Suecia para 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/132

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Suecia para 2014
   2014/C 247/25
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Suecia y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Suecia para 2012-2016.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo sobre Suecia, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Suecia sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de medidas. En particular, conviene seguir prestando atención a la deuda de los hogares combinada con las ineficiencias del mercado de la vivienda. Aunque el amplio superávit actual de la balanza por cuenta corriente no presenta riesgos similares a los de los déficit importantes, y se halla parcialmente relacionado con la necesidad de desapalancamiento, la Comisión seguirá de cerca la evolución de la balanza por cuenta corriente de Suecia.

               (8)

               El 16 de abril de 2014, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria que se expone en el Programa de Convergencia de 2014 es garantizar un superávit medio de las administraciones públicas del 1 % del PIB a lo largo del ciclo económico, conforme a lo previsto en el marco fiscal sueco. El Programa de Convergencia confirma el objetivo a medio plazo fijado en el Programa de Convergencia anterior, a saber, un déficit estructural del 1 % del PIB, cifra que se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Partiendo del saldo estructural (recalculado), el Programa de Convergencia prevé unos resultados que cumplirán, con creces, el objetivo a medio plazo durante el periodo de programación. También según el Programa de Convergencia, la deuda de las administraciones públicas, que se mantiene considerablemente por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB, se reducirá del 41,5 % del PIB en 2014 al 35 % en 2017. De forma global, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Convergencia es verosímil. Por lo que respecta a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, un elevado porcentaje del PIB se dedica a la asistencia de larga duración y se prevé un considerable aumento del gasto a largo plazo como consecuencia del envejecimiento de la población, lo que llevará el gasto de Suecia en 2060 a un 6,4 % del PIB. Para hacer frente a esa situación, Suecia habría de asegurar la existencia de superávits primarios suficientes y contener en mayor medida los gastos relacionados con el envejecimiento a fin de asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Partiendo de su evaluación del Programa de Convergencia de 2014 y de las previsiones de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que el Programa de Convergencia de Suecia se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que los riesgos para los objetivos presupuestarios son limitados.

               (10)

               El alto nivel de endeudamiento del sector privado y, en particular, de los hogares suecos, sigue siendo fuente de preocupación. Además, la exposición del sector financiero a los hogares —en contraposición con el sector empresarial— ha ido aumentando en línea con la deuda del sector de los hogares, actualmente equivalente al 83 % del PIB o, grosso modo, al 160 % de la renta disponible. El endeudamiento se ve propiciado por el continuo aumento del crédito y la lentitud de amortización de las hipotecas. En caso de aumento de los tipos de interés, de bajada de los precios de la vivienda o de evolución macroeconómica adversa, el alto nivel de endeudamiento del sector de los hogares sería un factor de riesgo. Tales circunstancias afectarían a los hogares y sus patrones de consumo y podrían tener efectos indirectos en el sector bancario, al aumentar el número de préstamos morosos y el coste de financiación en los mercados. Suecia no ha anunciado ni adoptado medidas dirigidas a corregir la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad sobre la vivienda, lo que podría efectuarse en un contexto de redistribución fiscal sin aumentar la carga fiscal global. Sin embargo, Suecia ha adoptado ciertas medidas destinadas a fomentar una política de crédito prudente, como la introducción en mayo de 2013 de un límite mínimo del 15 % de la ponderación por riesgo de las hipotecas, porcentaje cuyo aumento también se ha anunciado. No obstante, las prácticas de amortización siguen siendo relajadas, con periodos de amortización muy largos, por debajo de un 75 % de la ratio entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble, y no se han adoptado medidas enérgicas a este respecto dado el carácter voluntario de la recomendación de octubre de 2013 sobre los planes individuales de amortización. En marzo de 2014, la Asociación de Banqueros Suecos reforzó su recomendación, reclamando una reducción de la amortización al 70 % de la ratio entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble. Por último, Suecia actuó sobre la distorsión a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades endureciendo en mayor medida las restricciones sobre la deducibilidad de los intereses, extendiéndolas a todos los tipos de préstamos intragrupo desde enero de 2013 e introduciendo la llamada deducibilidad de los inversores, que podría mitigar la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad. El impuesto de sociedades se redujo del 26,3 % al 22 % con efecto desde enero de 2013.

               (11)

               El mercado sueco de la vivienda, caracterizado en las dos últimas décadas por marcadas subidas de precio, sigue siendo una fuente potencial de inestabilidad. Pesan aún en la oferta de viviendas ciertas ineficiencias, especialmente las derivadas de los complejos procesos de planificación, la limitada competencia en el sector de la construcción y el alto grado de control de los alquileres. Combinadas con una fiscalidad que incita a la deuda, estas ineficiencias tienden a crear una distorsión al alza del precio de la vivienda. Suecia ha tomado algunas medidas relativas al mercado de alquiler que han resultado insuficientes para resolver el problema estructural subyacente, relacionado con la enorme rigidez del sistema. El proyecto de ley presentado por el Gobierno el 9 de abril de 2014 no incluía ninguna disposición relativa al mercado de alquiler. Suecia ha adoptado medidas para subsanar las ineficiencias del proceso de zonificación y planificación, así como para mitigar el monopolio de los municipios en materia de planificación, exigiendo a estos que adopten una perspectiva regional al determinar las necesidades de alojamiento. Estas medidas van en la dirección adecuada, aunque no todas ellas han sido aplicadas aún y no se han fijado sanciones para los consistorios incumplidores.

               (12)

               A pesar de los altos niveles de financiación, hay datos que indican que los resultados de aprendizaje en la enseñanza obligatoria, medidos con los métodos internacionales de evaluación de los alumnos, son peores que en los primeros años de la década de 2000 y sitúan actualmente a Suecia por debajo de la media tanto de la UE como de la OCDE en los tres ámbitos examinados (lectura, matemáticas y ciencias). Además, se ha intensificado la correlación entre medio socioeconómico y resultados y se han acentuado las diferencias entre escuelas. Si bien las medidas presentadas por el Gobierno son acertadas, se necesitarán cambios estructurales más radicales. Para ello, Suecia se dispone a revisar la eficacia del sistema educativo y recuperar los buenos resultados anteriores.

               (13)

               La situación laboral de los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas procedentes de la migración sigue siendo precaria. El paro juvenil se mantiene por encima de la media de la UE. Si bien el Gobierno ha adoptado ciertas medidas para hacer frente a estas situaciones, parece que las dificultades podrían derivarse de los problemas del sistema educativo, que no consigue equipar a una proporción de los jóvenes con las cualificaciones necesarias para su fluida integración en el mercado laboral. Por lo que se refiere a la relación entre integración laboral, enseñanza y formación, Suecia ha adoptado medidas dirigidas a facilitar la transición de la escuela al trabajo (reforma de los programas de aprendizaje profesional, con la introducción de un sueldo) y a ayudar a los jóvenes a adquirir experiencia profesional (puestos de trabajo de iniciación profesional). La transición se ha reforzado de hecho con la introducción de medidas tempranas para los más necesitados, pero su cobertura y utilización por parte de las personas no registradas que ni estudian ni se forman ni trabajan siguen siendo escasas. Suecia se afana asimismo por acelerar la integración de las personas procedentes de la migración, aunque persisten ciertas dificultades, en particular en relación con las procedentes de terceros países ajenos a la Unión. Por último, Suecia está evaluando la eficacia creadora de empleo del actual tipo reducido del IVA en el sector de la restauración y el catering. Se espera que la evaluación final esté disponible en enero de 2016.

               (14)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia. Ha evaluado su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (15)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Suecia y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (16)

               A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Suecia tome medidas en el periodo 2014-2015 a fin de:

               1.

               Seguir aplicando una política fiscal propicia al crecimiento y mantener una posición fiscal estable, asegurando el ajuste al objetivo presupuestario a medio plazo durante todo el periodo cubierto por el Programa de Convergencia, con miras a resolver también los desafíos que plantea la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas a causa del envejecimiento de la población.

               2.

               Moderar el aumento del crédito del sector de los hogares y del endeudamiento privado, mitigando para ello los efectos de la distorsión a favor de la deuda en la fiscalidad de la renta personal mediante la eliminación progresiva de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses sobre las hipotecas, el aumento de los impuestos de propiedad, o ambos. Adoptar nuevas medidas para acelerar el ritmo de amortización de las hipotecas.

               3.

               Seguir aumentando la eficiencia del mercado de la vivienda mediante reformas continuas del sistema de fijación de los alquileres. Concretamente, permitir que los niveles de los alquileres se ajusten más a la realidad del mercado, alejándose del sistema de valor de utilidad, liberalizando en mayor medida ciertos segmentos del mercado de alquiler y propiciando una mayor libertad de contratación entre inquilinos y propietarios particulares. Abreviar y simplificar los procesos de planificación y apelación mediante la reducción y la fusión de los trámites administrativos, la armonización entre municipios de las normas y requisitos de construcción y el aumento de la transparencia de los procedimientos de adjudicación de parcelas. Incitar a los municipios a que aporten sus propios terrenos para proyectos de vivienda.

               4.

               Adoptar las medidas apropiadas para mejorar las cualificaciones básicas y facilitar la transición de la enseñanza al mercado de trabajo, ampliando entre otras iniciativas el uso de la formación laboral y los regímenes de aprendizaje. Concentrar los esfuerzos por canalizar más eficazmente las medidas de empleo y educación hacia los jóvenes con un nivel de instrucción más bajo y las personas procedentes de la migración. Ampliar las medidas de intervención temprana y acercamiento a los jóvenes que no están registrados en los servicios públicos.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 86.

      (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2001-2007)

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title: Recomendación de la Comisión, de 15 de octubre de 2008 , sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas [notificada con el número C(2008) 5925] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               12.11.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 301/23

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 15 de octubre de 2008
   sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
   [notificada con el número C(2008) 5925]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/850/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1), y, en particular, su artículo 19, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, las autoridades nacionales de reglamentación tienen la obligación de contribuir al desarrollo del mercado interior cooperando entre ellas y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por el desarrollo de prácticas reglamentarias coherentes y una aplicación coherente de las directivas que integran el marco regulador.

               (2)

               Para garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos sobre el mercado único o sobre los objetivos que persigue el marco regulador, las autoridades nacionales de reglamentación tienen que notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación los proyectos de medidas que se estipula en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE.

               (3)

               Por otra parte, las autoridades nacionales de reglamentación deber obtener la autorización de la Comisión en relación con las obligaciones contempladas en el artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (2), que es un proceso independiente.

               (4)

               La Comisión debe dar a las autoridades nacionales de reglamentación, cuando así lo soliciten, la oportunidad de debatir cualquier proyecto de medidas antes de su notificación oficial con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE y al artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2002/19/CE. Cuando, en virtud del artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión haya indicado a la autoridad nacional de reglamentación que considera que el proyecto de medidas podría obstaculizar el mercado interior o alberga serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho comunitario, debe darse inmediatamente a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate la oportunidad de expresar su opinión sobre las cuestiones planteadas por la Comisión.

               (5)

               La Directiva 2002/21/CE establece ciertos plazos obligatorios para el examen de las notificaciones con arreglo al artículo 7.

               (6)

               Para garantizar la eficacia del mecanismo de cooperación y consulta establecido en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE y garantizar la seguridad jurídica, la Recomendación 2003/561/CE de la Comisión, de 23 de julio de 2003, sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicación electrónicos (3), instauró unas normas claras sobre los aspectos principales en materia de procedimiento de las notificaciones efectuadas con arreglo al artículo 7.

               (7)

               A fin de orientar mejor a las autoridades nacionales de reglamentación sobre el contenido de los proyectos de medidas y reforzar la seguridad jurídica sobre si una notificación está o no completa, debe facilitarse cierta información mínima sobre lo que debe contener un proyecto de medidas a fin de ser evaluado adecuadamente.

               (8)

               Hay que tener en cuenta la necesidad de garantizar una evaluación efectiva, por una parte, y de simplificar lo más posible la administración, por otra. En lo que a esto se refiere, el mecanismo de notificación no debe imponer una carga administrativa innecesaria a las autoridades nacionales de reglamentación. También convendría aclarar las disposiciones de procedimiento en el contexto del artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2002/19/CE.

               (9)

               Con objeto de contribuir a simplificar el examen de un proyecto de medidas notificado y acelerar el proceso, las autoridades nacionales de reglamentación deben utilizar unos formatos normalizados en sus notificaciones.

               (10)

               Para mejorar la eficiencia del mecanismo de notificación, reforzar la seguridad jurídica para las autoridades nacionales de reglamentación y los agentes del mercado y garantizar la aplicación oportuna de las medidas reglamentarias, es conveniente que la notificación de una autoridad nacional de reglamentación relativa a un análisis del mercado incluya también las medidas correctoras que dicha autoridad propone para hacer frente a las insuficiencias detectadas en el mercado. Cuando el proyecto de medidas se refiera a un mercado que se considera competitivo y existan ya medidas en relación con dicho mercado, la notificación debe incluir también las propuestas de supresión de esas obligaciones.

               (11)

               En general, para ciertos tipos de proyectos de medidas debe utilizarse un formulario de notificación abreviado a fin de reducir la carga administrativa impuesta a las autoridades nacionales de reglamentación y a la Comisión. Sin embargo, la notificación de estas medidas a través del procedimiento estándar seguirá siendo posible.

               (12)

               Cuando una autoridad nacional de reglamentación se proponga suprimir obligaciones reglamentarias referidas a mercados que no están incluidos en la Recomendación 2007/879/CE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2007, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante, de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (4), la notificación de tal proyecto de medidas con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE debe efectuarse por medio del formulario de notificación abreviado.

               (13)

               Cuando una autoridad nacional de reglamentación lleve a cabo una revisión de un mercado que se había considerado efectivamente competitivo en una revisión previa y llegue a la conclusión de que sigue siéndolo, la notificación debe efectuarse por medio del formulario de notificación abreviado.

               (14)

               Las autoridades nacionales de reglamentación modifican con frecuencia detalles técnicos de las medidas impuestas en función de los cambios registrados en los indicadores económicos (tales como equipos, mano de obra, inflación, coste del capital, precios del alquiler de bienes, etc.), o para actualizar previsiones o hipótesis. Las modificaciones o actualizaciones que no alteran la naturaleza ni el alcance general de las medidas (por ejemplo, ampliación de las obligaciones de notificación, detalles de la cobertura de seguros necesaria, importe de las sanciones o plazos de entrega) deben notificarse por medio del formulario de notificación abreviado. Solo deben notificarse por medio del procedimiento de notificación estándar las modificaciones fundamentales de la naturaleza o el alcance general de las medidas que tengan un impacto apreciable en el mercado (como niveles de precios, alteración de las metodologías de cálculo de costes o de precios utilizadas o determinación de los calendarios de transición).

               (15)

               En relación con algunos mercados (en particular, los de terminación de llamadas vocales), las autoridades nacionales de reglamentación pueden llegar a la misma conclusión que en una revisión precedente, pero optar por imponer a más operadores (por ejemplo, a operadores recientemente incorporados al mercado) con una base de clientes o un volumen de negocios total similares a los operadores cubiertos ya por una revisión anterior unas medidas que no difieren sustancialmente de las contenidas en proyectos ya notificados. Para estos proyectos de medidas debe utilizarse el formulario de notificación abreviado.

               (16)

               En principio, los proyectos de medidas notificados a través del formulario de notificación abreviado no darán lugar a comentarios por parte de la Comisión a las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE.

               (17)

               Para reforzar la transparencia en relación con los proyectos de medida notificados y para facilitar el intercambio de información sobre dichas medidas entre las autoridades nacionales de reglamentación, tanto el formulario de notificación estándar como el abreviado deben contener una descripción resumida de los elementos principales del proyecto de medida notificado.

               (18)

               El Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, creado por la Decisión 2002/627/CE de la Comisión (5), ha reconocido la necesidad de estas disposiciones.

               (19)

               Para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE, y en particular la necesidad de garantizar el desarrollo de prácticas reglamentarias coherentes y una aplicación coherente de dicha Directiva, es esencial respetar plenamente el mecanismo de notificación establecido en el artículo 7.

               (20)

               El Comité de Comunicaciones ha emitido dictamen de conformidad con el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE.

         RECOMIENDA:

               1)

               Los términos definidos en la Directiva 2002/21/CE y las directivas específicas tendrán el mismo significado cuando se utilicen en la presente Recomendación. Además, se entenderá por:

                           a)

                           «Recomendación sobre mercados pertinentes», la Recomendación 2007/879/CE, así como cualquier Recomendación futura sobre mercados pertinentes;

                           b)

                           «notificación», la notificación a la Comisión por una autoridad nacional de reglamentación de un proyecto de medidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE o la solicitud prevista en el artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2002/19/CE, acompañada del formulario de notificación estándar o del formulario de notificación abreviado según prevé la presente Recomendación (anexo I y anexo II).

               2)

               Las notificaciones deberían efectuarse por correo electrónico con solicitud de acuse de recibo.
               Se presumirá que los documentos enviados por correo electrónico han sido recibidos por el destinatario el mismo día en que se han enviado.
               Las notificaciones se registrarán por riguroso orden de recepción.

               3)

               Las notificaciones surtirán efecto a partir de la fecha en que la Comisión las registre («fecha de registro»). La fecha de registro será la del día en que la Comisión reciba una notificación completa.
               Se informará a través del sitio web de la Comisión y por medios electrónicos a todas las autoridades nacionales de reglamentación de la fecha de registro de una notificación, del asunto de la misma y de la documentación justificativa que se haya recibido.

               4)

               Las notificaciones deberían ir redactadas en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. El formulario de notificación estándar (anexo I) o el formulario de notificación abreviado (anexo II) podrán estar redactados en una lengua oficial distinta de la del proyecto de medidas, a fin de facilitar su consulta por todas las demás autoridades nacionales de reglamentación.
               Cualquier observación que formule o decisión que adopte la Comisión en virtud del artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE se redactará en la lengua del proyecto de medidas notificado y se traducirá cuando sea posible a la lengua utilizada en el formulario de notificación estándar.

               5)

               Los proyectos de medidas notificados por una autoridad nacional de reglamentación deberían ir acompañados de la documentación que precise la Comisión para el desempeño de sus tareas. En relación con los proyectos de medidas, a que se refiere el punto 6, que se notifican mediante el formulario de notificación abreviado, la Comisión no necesita en principio documentación adicional.
               Los proyectos de medidas deberían motivarse debidamente.

               6)

               Los siguientes proyectos de medidas deberían ser puestos a disposición de la Comisión mediante el formulario de notificación abreviado que figura en el anexo II:

                           a)

                           proyectos de medidas relativos a mercados que se han suprimido de la Recomendación sobre mercados pertinentes o que no se encontraban previamente incluidos en la misma, cuando la autoridad nacional de reglamentación considere competitivo ese mercado, o cuando la autoridad nacional de reglamentación considere que no se cumplen ya los tres criterios acumulativos a que se refiere el considerando 2 de la Recomendación sobre mercados pertinentes para identificar los mercados que pueden ser objeto de regulación ex ante;

                           b)

                           proyectos de medidas relativos a mercados que, aun cuando figuren en la Recomendación sobre mercados pertinentes en vigor, hayan sido considerados competitivos en una revisión del mercado previa, y sigan siendo competitivos;

                           c)

                           proyectos de medidas que modifiquen los detalles técnicos de medidas reglamentarias impuestas anteriormente y no tengan un impacto apreciable en el mercado (por ejemplo, actualizaciones anuales de costes y estimaciones de modelos contables, plazos de notificación, plazos de entrega), y

                           d)

                           proyectos de medidas relativos a un mercado pertinente que ya haya sido analizado y notificado en relación con otras empresas, cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan medidas similares a otras empresas, sin modificar sustancialmente los principios aplicados en la notificación previa.

               7)

               La Comisión, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de reglamentación, efectuará un seguimiento de las consecuencias prácticas del procedimiento de notificación abreviado, con objeto de introducir los reajustes que puedan resultar necesarios o de añadir otras categorías de proyectos de medidas que también proceda notificar mediante el formulario abreviado.

               8)

               Los proyectos de medidas no incluidos en el punto 6 deberían ponerse a disposición de la Comisión mediante el formulario de notificación estándar que figura en el anexo I. Los proyectos de medidas notificados deberían incluir cada uno de los elementos siguientes, según proceda:

                           a)

                           el mercado de productos o servicios pertinente, y en particular una descripción de los productos y servicios que deben incluirse en dicho mercado, o excluirse del mismo, sobre la base de la sustituibilidad del lado de la demanda y del lado de la oferta;

                           b)

                           el mercado geográfico pertinente, incluyendo un análisis razonado de las condiciones competitivas sobre la base de la sustituibilidad del lado de la demanda y del lado de la oferta;

                           c)

                           las principales empresas activas en el mercado pertinente;

                           d)

                           los resultados del análisis del mercado pertinente, y en particular las conclusiones en cuanto a la presencia o ausencia de competencia efectiva, junto con las razones que las justifican; a tal efecto, el proyecto de medidas debería contener un análisis de las cuotas de mercado de las distintas empresas y una referencia a otros criterios pertinentes, según proceda, tales como las barreras que se oponen a la entrada, las economías de escala y alcance, la integración vertical, el control de infraestructuras que no resultan fáciles de duplicar, las ventajas o superioridad tecnológica, la inexistencia o escasez de un poder de compra compensatorio, el acceso fácil o privilegiado a los recursos financieros o a los mercados de capitales, el tamaño total de la empresa, la diversificación de productos o servicios, la red de distribución y ventas altamente desarrollada, la ausencia de competencia potencial y los obstáculos a la expansión;

                           e)

                           cuando proceda, las empresas que se van a designar como poseedoras, individual o conjuntamente con otras, de peso significativo en el mercado de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE y los argumentos, pruebas y cualquier otra información factual pertinente que avalen tal designación;

                           f)

                           los resultados de la consulta pública previa efectuada por la autoridad nacional de reglamentación;

                           g)

                           el dictamen emitido por el órgano nacional de defensa de la competencia, cuando se haya emitido;

                           h)

                           pruebas que demuestren que, en el momento de la notificación a la Comisión, se adoptaron las medidas apropiadas para notificar el proyecto de medidas a las autoridades nacionales de reglamentación de todos los demás Estados miembros;

                           i)

                           en el caso de las notificaciones de proyectos de medidas que entren en el ámbito de aplicación de los artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE o del artículo 16 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), las obligaciones reglamentarias específicas propuestas para hacer frente a la falta de competencia efectiva en el mercado de que se trate o, cuando se considere que existe competencia efectiva en dicho mercado y ya se hayan impuesto esas obligaciones con respecto al mismo, los proyectos de medidas propuestas para suprimirlas.

               9)

               En los casos en que, a efectos del análisis del mercado, un proyecto de medidas defina un mercado pertinente distinto de los que figuran en la Recomendación sobre mercados pertinentes, las autoridades nacionales de reglamentación deberían motivar suficientemente los criterios utilizados para dicha definición del mercado.

               10)

               Las notificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2002/19/CE también deberían justificar adecuadamente por qué razón deben imponerse a los operadores con peso significativo en el mercado obligaciones distintas de las enumeradas en los artículos 9 a 13 de la Directiva.

               11)

               Las notificaciones que entren en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 5, de la Directiva 2002/19/CE también deberían justificar adecuadamente por qué son necesarios los proyectos de medidas para cumplir los compromisos internacionales.

               12)

               Las notificaciones efectuadas mediante el procedimiento de notificación estándar que incluyan la información aplicable con arreglo al punto 8, se supondrán completas. En los casos en que la notificación, incluidos los documentos adjuntos, proporcione una información incompleta sobre un aspecto importante, la Comisión dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para informar de ello a la autoridad nacional de reglamentación interesada, especificando en qué medida considera que la notificación resulta incompleta. No se registrará la notificación mientras la autoridad nacional de reglamentación no proporcione la información solicitada. En estos casos, y a efectos del artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE, la notificación surtirá efectos en la fecha en la que la Comisión reciba la información completa.

               13)

               Sin perjuicio de lo dispuesto en punto 8 de la presente Recomendación, una vez registrada la notificación, la Comisión, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE, podrá solicitar a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate más información o aclaraciones. Las autoridades nacionales deberían esforzarse en proporcionar la información solicitada en el plazo de tres días hábiles, cuando sea fácil de conseguir.

               14)

               La Comisión comprobará si un proyecto de medidas notificado mediante el formulario de notificación abreviado entra o no en las categorías enumeradas en el punto 6. Cuando la Comisión considere que no es el caso, informará a la autoridad nacional de reglamentación afectada en un plazo de cinco días hábiles, solicitando a dicha autoridad que presente el proyecto de medidas mediante el procedimiento de notificación estándar.

               15)

               En el caso de que la Comisión formule observaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, comunicará dichas observaciones, por medios electrónicos, a la autoridad nacional de reglamentación interesada y las publicará en su sitio web.

               16)

               En el caso de que una autoridad nacional de reglamentación formule observaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, comunicará dichas observaciones, por medios electrónicos, a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación.

               17)

               Cuando la Comisión, al aplicar el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE considere que un proyecto de medidas podría obstaculizar el mercado único o albergue serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho comunitario y, en particular, con los objetivos enumerados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE, o posteriormente retire sus objeciones, o tome la decisión de instar a una autoridad nacional de reglamentación a que retire un proyecto de medidas, lo notificará, por medios electrónicos, a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate y lo anunciará en su sitio web.

               18)

               Por lo que se refiere a las notificaciones efectuadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2002/19/CE, la Comisión, de conformidad con el artículo 14, apartado 2, de dicha Directiva, adoptará, por regla general, y en un plazo no superior a tres meses, una decisión por la que autorice a la autoridad nacional de reglamentación a adoptar el proyecto de medidas propuesto o se lo impida. La Comisión podrá ampliar este plazo otros dos meses a la vista de las dificultades surgidas.

               19)

               Las autoridades nacionales de reglamentación podrán, en todo momento, retirar un proyecto de medidas notificado, en cuyo caso la medida notificada se eliminará del registro. La Comisión publicará un anuncio a tal efecto en su sitio web.

               20)

               Cuando una autoridad nacional de reglamentación adopte un proyecto de medidas tras haber recibido observaciones de la Comisión o de otra autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE, comunicará a la Comisión y a las otras autoridades nacionales de reglamentación de qué manera ha tenido en cuenta en la mayor medida posible las observaciones formuladas.

               21)

               Cuando así lo solicite una autoridad nacional de reglamentación, la Comisión examinará oficiosamente un proyecto de medidas antes de su notificación.

               22)

               De conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo (7), cualquier plazo mencionado en la Directiva 2002/21/CE o en la presente Recomendación se calculará del modo siguiente:

                           a)

                           si un plazo expresado en días, semanas o meses debe contarse a partir del momento en que sobrevenga un acontecimiento, el día durante el cual ocurra dicho acontecimiento no se computará en el plazo;

                           b)

                           un plazo expresado en semanas o en meses concluirá al finalizar el día de la última semana o del último mes que sea el mismo día de la semana o que tenga la misma fecha que el día en que ocurrió el acontecimiento a partir del cual se computa el plazo; si en un plazo expresado en meses, falta el día del mes en el cual debería concluir el plazo, este vencerá al finalizar el último día del mes de que se trate;

                           c)

                           los plazos incluirán los días feriados, los sábados y los domingos;

                           d)

                           por días hábiles se entenderá todos los días menos los días feriados, los sábados y los domingos.

                     En los casos en que el plazo termine en un sábado, un domingo o un día feriado, se ampliará hasta el final del primer día hábil siguiente. La lista de días feriados legales establecida por la Comisión se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea antes del inicio de cada año.

               23)

               La Comisión, junto con las autoridades nacionales de reglamentación, estudiará la necesidad de revisar la presente Recomendación, según proceda, tras la fecha establecida en la revisión del marco regulador para la incorporación por los Estados miembros al derecho nacional.

               24)

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2008.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

      (2)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.

      (3)  DO L 190 de 30.7.2003, p. 13.

      (4)  DO L 344 de 28.12.2007, p. 65.

      (5)  DO L 200 de 30.7.2002, p. 38.

      (6)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

      (7)  DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

      ANEXO I
      Formulario estándar para la notificación de los proyectos de medidas con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE
      («Formulario de notificación estándar»)
      INTRODUCCIÓN
      El formulario de notificación estándar especifica la información resumida que deberán facilitar a la Comisión las autoridades nacionales de reglamentación al notificar un proyecto de medidas en virtud del procedimiento de notificación estándar de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE.
      La Comisión tiene intención de examinar con las autoridades nacionales de reglamentación las cuestiones relacionadas con la aplicación del artículo 7, en especial durante las reuniones previas a la notificación. Por consiguiente, se insta a las autoridades nacionales de reglamentación a consultar a la Comisión sobre cualquier aspecto del formulario de notificación estándar, y en particular sobre el tipo de información que se les solicita o, a la inversa, sobre la posibilidad de que se les dispense de la obligación de facilitar determinada información en relación con un análisis del mercado efectuado de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2002/21/CE.
      INFORMACIÓN CORRECTA Y COMPLETA
      Toda la información presentada por las autoridades nacionales de reglamentación debería ser correcta y completa y reproducirse de manera resumida en el formulario de notificación estándar que figura a continuación. Este formulario no pretende reemplazar al proyecto de medidas notificado, sino permitir a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros verificar que el proyecto de medidas notificado incluye efectivamente, tomando como referencia la información contenida en el formulario de notificación estándar, toda la información necesaria para que la Comisión desempeñe sus tareas de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE en el plazo estipulado.
      La información solicitada debería figurar en las diferentes secciones y apartados del formulario de notificación estándar, e incluir referencias cruzadas al lugar del proyecto de medidas en el que se puede encontrar dicha información.
      LENGUA
      El formulario de notificación estándar debería cumplimentarse en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea, lengua que podrá ser distinta de la utilizada en el proyecto de medidas notificado. Cualquier dictamen emitido o decisión adoptada por la Comisión de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE se redactará en la lengua del proyecto de medidas notificado, y se traducirá, siempre que sea posible, a la lengua utilizada en el formulario de notificación estándar.
      Sección 1
      Definición del mercado
      Indique cuando proceda:

                  1.1.

                  El mercado pertinente de productos o servicios afectado. ¿Figura este mercado en la Recomendación sobre mercados pertinentes?

                  1.2.

                  El mercado geográfico pertinente.

                  1.3.

                  Un breve resumen del dictamen del órgano nacional de defensa de la competencia, si se ha emitido.

                  1.4.

                  Una breve descripción de los resultados disponibles hasta la fecha de la consulta pública sobre la definición de mercado propuesta (por ejemplo, cuántos comentarios se han recibido, cuántos están de acuerdo con la definición de mercado propuesta, cuántos no están de acuerdo con ella).

                  1.5.

                  En los casos en que el mercado pertinente definido no figure entre los enumerados en la Recomendación sobre mercados pertinentes, un resumen de las principales razones que justifican la definición de mercado propuesta a la vista de lo dispuesto en la sección 2 de las Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1) y de los tres criterios principales mencionados en los considerandos 5 a 13 de la Recomendación sobre mercados pertinentes y en la sección 2.2 de la exposición de motivos adjunta a la misma (2).

            Sección 2
      Designación de las empresas con peso significativo en el mercado
      Indique cuando proceda:

                  2.1.

                  Los nombres de las empresas designadas como poseedoras, individual o conjuntamente con otras, de peso significativo en el mercado.
                  Cuando proceda, los nombres de las empresas que se considera que han dejado de tener peso significativo en el mercado.

                  2.2.

                  Los criterios utilizados para designar a una empresa como poseedora o no, individual o conjuntamente con otras, de peso significativo en el mercado.

                  2.3.

                  Los nombres de las principales empresas (competidoras) activas en el mercado pertinente.

                  2.4.

                  Las cuotas de mercado de las empresas mencionadas anteriormente y los criterios utilizados para calcularlas (por ejemplo, volumen de negocios, número de abonados, etc.).
                  Por favor, resuma brevemente:

                  2.5.

                  El dictamen del órgano nacional de defensa de la competencia, en caso de que se haya emitido.

                  2.6.

                  Los resultados disponibles hasta la fecha de la consulta pública sobre la designación o designaciones de las empresas como poseedoras, individual o conjuntamente con otras, de peso significativo en el mercado (por ejemplo, número total de comentarios recibidos, número de los que están de acuerdo, número de los que no están de acuerdo).

            Sección 3
      Obligaciones reglamentarias
      Indique cuando proceda:

                  3.1.

                  El fundamento jurídico de las obligaciones que se impongan, mantengan, modifiquen o supriman (artículos 9 a 13 de la Directiva 2002/19/CE).

                  3.2.

                  Las razones por las cuales la imposición de obligaciones a empresas, su mantenimiento o su modificación, se consideran proporcionados y justificados a la vista de los objetivos fijados en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. Alternativamente, indique los apartados, secciones o páginas del proyecto de medidas donde se puede encontrar esa información.

                  3.3.

                  Si las medidas correctoras propuestas son diferentes de las señaladas en los artículos 9 a 13 de la Directiva 2002/19/CE, indique cuáles son las «circunstancias excepcionales» en el sentido del artículo del artículo 8, apartado 3, de la citada Directiva que justifican la imposición de esas medidas. Alternativamente, indique los apartados, secciones o páginas del proyecto de medidas donde se puede encontrar esa información.

            Sección 4
      Cumplimiento de obligaciones internacionales
      En relación con el artículo 8, apartado 3, párrafo primero, tercer guión, de la Directiva 2002/19/CE, indique cuando proceda:

                  4.1.

                  Si el proyecto de medidas propuesto prevé imponer obligaciones a agentes del mercado, o modificar o suprimir dichas obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 2002/19/CE.

                  4.2.

                  Los nombres de las empresas de que se trate.

                  4.3.

                  Los compromisos internacionales suscritos por la Comunidad y sus Estados miembros que deben respetarse.

         (1)  DO C 165 de 11.7.2002, p. 6.

         (2)  Exposición de motivos que acompaña a la Recomendación 2007/789/CE de la Comisión, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante, de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas [C(2007) 5406], publicada en: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf

      ANEXO II
      Formulario abreviado para la notificación de los proyectos de medidas con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE
      («Formulario de notificación abreviado»)
      INTRODUCCIÓN
      El formulario de notificación abreviado especifica la información resumida que deberán facilitar a la Comisión las autoridades nacionales de reglamentación al notificar un proyecto de medidas en virtud del procedimiento de notificación abreviado de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE.
      No es necesario facilitar un ejemplar el proyecto de medidas reguladoras ni adjuntar ningún otro documento al formulario de notificación abreviado. Sin embargo, debe indicarse en él una referencia que permita acceder al proyecto de medidas a través de Internet.


Avis juridique important

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32004H0074

Recomendación de la Comisión, de 9 de enero de 2004, relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2004 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 5400]

Diario Oficial n° L 016 de 23/01/2004 p. 0060 - 0064

Recomendación de la Comisiónde 9 de enero de 2004relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2004 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados productos de origen vegetal[notificada con el número C(2003) 5400](Texto pertinente a efectos del EEE)(2004/74/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/113/CE de la Comisión(2), y, en particular la letra b) del apartado 2 de su artículo 7,Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas(3), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/113/CE, y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 4,Considerando lo siguiente:(1) La Comisión debe esforzarse por implantar progresivamente un sistema que permita calcular la exposición a los plaguicidas existentes a través de la alimentación. Para poder realizar estimaciones fiables, deberá disponerse de datos sobre el control de los residuos de plaguicidas en una serie de productos alimenticios que son parte importante de la dieta europea. Está generalmente admitido que la dieta europea se compone de entre 20 y 30 productos alimenticios. En vista de los recursos disponibles a escala nacional para el control de los residuos de plaguicidas, los Estados miembros sólo pueden analizar muestras de ocho productos cada año, dentro de un programa coordinado de control. La utilización de plaguicidas cambia en un plazo de tres años. Cada plaguicida debería, por lo general, controlarse en una serie de entre veinte y treinta productos alimenticios a lo largo de varios ciclos trienales.(2) En 2004 deberán controlarse los residuos de los plaguicidas a que se refiere la presente Recomendación, pues ello permitirá utilizar estos datos para calcular la exposición real a estos plaguicidas a través de la alimentación.Es necesario adoptar un procedimiento estadístico sistemático con respecto al número de muestras que han de tomarse en cada ejercicio coordinado de control. Dicho procedimiento ha sido fijado por la Comisión del Codex Alimentarius(4). Según una distribución binómica de probabilidades, puede calcularse que el examen de 613 muestras proporciona una confianza superior al 99 % de detectar una muestra con residuos de plaguicidas por encima del límite de determinación en caso de que menos del 1 % de los productos de origen vegetal contenga residuos por encima del límite de determinación. La recogida de esas muestras debería repartirse proporcionalmente entre los Estados miembros, en función de la población y del número de consumidores, con un mínimo de 12 muestras por producto y año.(3) La Comisión publicó nuevas orientaciones sobre los "métodos de control de calidad de los análisis a los residuos de plaguicidas"(5). Se ha acordado que estas orientaciones deben ser aplicadas en la medida de lo posible por los laboratorios de análisis de los Estados miembros y deben revisarse continuamente a la luz de la experiencia resultante de los programas de control.(4) En virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE y de la letra a) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE, los Estados miembros han de especificar los criterios aplicados para elaborar sus programas nacionales de control. Dicha información debe incluir: i) los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y los análisis que deben realizarse, así como los niveles de referencia aplicados y los criterios empleados para fijarlos, ii) información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a la Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios(6), y iii) el número y el tipo de infracciones, y la actuación al respecto.(5) La información sobre los resultados de los programas de control se presta especialmente al tratamiento, almacenamiento y transmisión mediante métodos electrónicos o informáticos. La Comisión ha desarrollado formatos para que los Estados miembros puedan suministrar los datos por correo electrónico. Por tanto, los Estados miembros deberán poder enviar a la Comisión sus informes en el formato normalizado. La elaboración de orientaciones por parte de la Comisión es la forma más eficaz de seguir desarrollando dicho formato normalizado.(6) Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.RECOMIENDA:1. Se invita a los Estados miembros a tomar muestras y efectuar el análisis de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, basándose en el número de muestras por producto que se les asigna en el anexo II, proporcionalmente, según proceda, a la cuota de mercado nacional, comunitaria y de terceros países del Estado miembro.Tratándose de los plaguicidas que puedan suponer un riesgo grave, como son los ésteres OP, el endosulfano y los N-metilcarbamates, muestras seleccionadas de manzanas, tomates, lechugas, puerros y repollo también se someterán a un análisis individual de cada uno de los componentes de una segunda muestra de laboratorio, en caso de que se detecten tales plaguicidas y, especialmente, si se trata de productos de un mismo productor. El número de componentes deberá estar en consonancia con la Directiva 2002/63/CE de la Comisión(7).Han de tomarse dos muestras. Si en la primera de ellas se encuentra un nivel detectable de un plaguicida concreto, los componentes de la segunda deberán analizarse individualmente.2. Se pide a los Estados miembros que notifiquen los resultados del análisis efectuado a las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, a más tardar, el 31 de agosto de 2005, indicando:a) los métodos analíticos utilizados y los niveles de referencia alcanzados, de acuerdo con los métodos de control de calidad fijados en los "métodos de control de calidad de los análisis a los residuos de plaguicidas", yb) el número y el tipo de infracciones, y la actuación al respecto.El informe deberá elaborarse en un formato -incluido el formato electrónico- conforme con las orientaciones(8) ofrecidas a los Estados miembros para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión respecto a los programas coordinados de control comunitarios.3. Se insta a los Estados miembros a que transmitan a la Comisión y a todos los demás Estados miembros, a más tardar el 31 de agosto de 2005, toda la información requerida en el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE con respecto al ejercicio de control de 2004 con objeto de garantizar, al menos mediante comprobación por muestreo, la conformidad con los límites máximos de residuos de plaguicidas, que incluya:a) los resultados de sus programas nacionales referentes a los residuos de plaguicidas;b) información sobre los métodos de control de calidad en sus laboratorios y, en particular, sobre los aspectos de las orientaciones sobre los "métodos de control de calidad de los análisis a los residuos de plaguicidas" que no hayan podido aplicar o cuya aplicación haya resultado difícil;c) información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 93/99/CEE (incluido el tipo de autorización, el organismo de autorización y una copia del certificado de autorización);d) información sobre las pruebas de cualificación y los ensayos interlaboratorios en que haya participado el laboratorio.4. Se pide a los Estados miembros que remitan a la Comisión, a más tardar el 30 de septiembre de 2004, su proyecto para el año 2005 de programa nacional de control de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados por las Directivas 90/642/CEE y 86/362/CEE, junto con la siguiente información:a) los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y de análisis que deben efectuarse;b) los niveles de referencia y los criterios por los que se han determinado los mismos, yc) con arreglo a la Directiva 93/99/CEE, información sobre la autorización de los laboratorios que realizan los análisis.Hecho en Bruselas, el 9 de enero de 2004.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.(2) DO L 324 de 11.12.2003, p. 24.(3) DO L 350 de 14.12.1990, p. 71.(4) Codex Alimentarius, "Residuos de plaguicidas en los productos alimentarios", Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 372.(5) Documento SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/fs/ ph_ps/pest/index_en.htm.(6) DO L 290 de 24.11.1993, p. 14.(7) DO L 187 de 16.7.2002, p. 30.(8) Las orientaciones se presentan con carácter anual al Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.ANEXO ICombinaciones de plaguicidas y productos que deben controlarse>SITIO PARA UN CUADRO>a) Peras, plátanos, alubias (frescas o congeladas), patatas, zanahorias, naranjas/mandarinas, melocotones/nectarinas, espinacas (frescas o congeladas).b) Coliflores, pimientos, trigo, berenjenas, arroz, uvas, pepinos, guisantes (frescos o congelados, sin vaina).c) Manzanas, tomates, lechugas, fresas, puerros, zumo de naranja, repollos, centeno/avena.ANEXO IINúmero de muestras por producto que debe tomar cada Estado miembro>SITIO PARA UN CUADRO>