               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 24.5.2017
            JOIN(2017) 19 final
            Recomendación conjunta de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a abrir negociaciones y a negociar un Acuerdo de asociación con la República de Chile modernizado
            {SWD(2017) 172 final}{SWD(2017) 173 final}

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

               • Motivación y objetivos de la propuesta

               Chile ha sido el primer país de América del Sur en celebrar un acuerdo de asociación con la UE (en lo sucesivo, «el Acuerdo»). El Acuerdo, que contiene disposiciones políticas, comerciales y de cooperación, se empezó a aplicar con carácter provisional el 1 de febrero de 2003. Entró en vigor el 1 de marzo de 2005.

               La aplicación del Acuerdo ha avanzado notablemente y su marco institucional está plenamente operativo. El Acuerdo ha contribuido a reforzar las relaciones UE-Chile (en lo sucesivo, «las Partes») y ha abierto la vía a la definición de nuevos ámbitos de cooperación y al establecimiento de nuevos diálogos políticos. Por lo que se refiere a las cuestiones comerciales, el Acuerdo incluye un tratado de libre comercio, que ya ha dado como resultado un fuerte crecimiento de los flujos comerciales y de inversión bilaterales.

               En el transcurso de una reunión te tuvo lugar al margen de la Cumbre UE-CELAC celebrada en Santiago los días 26 y 27 de enero de 2013, los dirigentes de la UE y de Chile acordaron que estudiarían las diferentes opciones para modernizar el Acuerdo tras 10 años de aplicación. En abril de 2015, el VI Consejo de Asociación UE-Chile aprobó la creación del Grupo de trabajo conjunto (en lo sucesivo, «el Grupo») sobre la modernización del Acuerdo. El objetivo de este Grupo era proceder a un estudio exploratorio, evaluando el nivel de ambición existente en cuanto a la necesidad de entablar negociaciones para modernizar el Acuerdo en todos los ámbitos. El Grupo ha creado dos subgrupos, uno para asuntos políticos y de cooperación y otro para las cuestiones comerciales. Los subgrupos concluyeron sus trabajos con ocasión de la 14ª reunión del Comité de Asociación UE-Chile, que tuvo lugar el 31 de enero de 2017.

               Un Acuerdo modernizado debería definir las relaciones UE-Chile, englobando las cuestiones políticas, comerciales, de seguridad y de cooperación sectorial. El principal objetivo estratégico consiste en profundizar las relaciones UE-Chile y definir un nuevo texto global que pueda sustituir al actual Acuerdo, de manera que amplíe su ámbito de aplicación actual y asuma los nuevos retos políticos y económicos a nivel bilateral y mundial. Basándose en la experiencia adquirida en la aplicación del actual Acuerdo, el proceso de modernización debería tener en cuenta la profundización del proceso de integración de la UE y la adhesión de nuevos Estados miembros, así como la evolución del papel de la UE y de Chile en la escena internacional.

               Por su parte, la política comercial ha experimentado importantes cambios a nivel mundial y las Partes han firmado con otros socios acuerdos globales muy ambiciosos, que van mucho más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Chile.

               En los debates preparatorios que se han venido desarrollando dentro del Grupo, se ha definido una serie de parámetros que deben tenerse en cuenta en el marco de este proceso de modernización. En el plano político y de cooperación, el Grupo ha contribuido a recoger los primeros datos sobre la estructura y el ámbito de aplicación posibles del nuevo Acuerdo. También ha contribuido a identificar posibles ámbitos de interés común para la futura cooperación, centrando la atención en la continuidad de la cooperación internacional entre la UE y Chile en el marco de la Agenda 2030 y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

               Por lo que se refiere a las cuestiones comerciales, el estudio exploratorio refleja el alcance y el nivel de ambición que las Partes pueden lograr a través de una modernización global de la parte comercial del Acuerdo. Confirma el objetivo común de reforzar de manera ambiciosa el marco de las relaciones bilaterales en materia de comercio e inversión, basándose en el Acuerdo existente y yendo más allá de los compromisos adquiridos en el marco de la OMC. Las negociaciones deben llevarse a cabo teniendo en cuenta los acuerdos comerciales más recientes negociados y celebrados por las Partes, así como la necesidad de garantizar la complementariedad y la coherencia con tales negociaciones y acuerdos.

               Un Acuerdo modernizado debería, por lo tanto, permitir el nivel más alto posible de liberalización de la circulación de mercancías, servicios e inversiones, así como del acceso a la contratación pública. Se debería garantizar un elevado nivel de protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las denominaciones geográficas. Además, un Acuerdo modernizado debería ampliar el alcance de las disposiciones comerciales vigentes por lo que se refiere a la supresión de las barreras no arancelarias y a otros aspectos reglamentarios y basados en normas. Debería garantizarse el derecho de las Partes a perseguir objetivos legítimos de interés público en todos los ámbitos pertinentes. También debería avanzarse en otros ámbitos, tales como el comercio y el desarrollo sostenible o la igualdad entre hombres y mujeres, o el comercio y las pymes.

               • Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión

               La Recomendación es coherente con la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea que, entre otras cosas, contempla la profundización de las relaciones con América Latina y el Caribe a través de asociaciones bilaterales.

               La Recomendación está en consonancia con la Comunicación titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable», que hace hincapié en la necesidad de avanzar en las relaciones bilaterales de la UE con el fin de crear empleo y crecimiento, suprimiendo de manera global los obstáculos al comercio y a la inversión, y garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de altos niveles de protección social y medioambiental de la UE y el logro de otros objetivos estratégicos, incluido el desarrollo sostenible y las necesidades específicas de las pymes. La Comunicación «Comercio para todos» destaca que la Comisión solicitará directrices de negociación para modernizar el Acuerdo una vez que el estudio exploratorio haya concluido con éxito.

               • Coherencia con otras políticas de la Unión

               La Recomendación está en consonancia con el Programa para el Cambio, aprobado en 2011, que constituye la base de la política de desarrollo de la UE para los terceros países. En este contexto, Chile ha salido de la categoría de los países que se benefician de la ayuda a la cooperación bilateral de la UE y se han buscado nuevas formas de cooperación internacional basándose en el Consenso Europeo sobre Desarrollo y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

               2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               • Base jurídica

               La Recomendación se basa en el artículo 218, apartados 3 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

               • Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

               El Acuerdo pretende reforzar la asociación existente entre la UE y Chile. Por lo tanto, la actuación a escala de la Unión se considera necesaria.

               La política comercial común figura entre los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión que se enumeran en el artículo 3 del TFUE y, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, el principio de subsidiariedad no se aplica en los ámbitos que son competencia exclusiva de la UE.

               • Proporcionalidad

               La Recomendación de Decisión del Consejo que autoriza a la Comisión y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «la Alta Representante») a negociar un Acuerdo modernizado con Chile no va más allá de lo necesario o adecuado para alcanzar los objetivos políticos.

               Por lo que respecta a los temas comerciales, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, se contemplaron todas las opciones de intervención razonables para evaluar su eficacia probable, como se expone detalladamente en el informe de evaluación de impacto.

               • Instrumentos elegidos

               Decisión del Consejo de la Unión Europea.

               3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, CONSULTAS CON LOS TERCEROS INTERESADOS Y EVALUACIONES DE IMPACTO

               • Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

               En 2012, un consultor externo realizó una evaluación ex post del impacto económico de la parte comercial del Acuerdo. Puede encontrarse más información al respecto en el informe de evaluación de impacto anejo a la presente Recomendación.

               • Consulta de las Partes interesadas

               Del 8 de junio al 8 de septiembre de 2016, la Comisión llevó a cabo una consulta pública en línea, que apareció publicada en el sitio web de la Dirección General de Comercio y en «EU Survey» (la herramienta de consulta pública en línea de la Comisión). La consulta invitaba a las partes interesadas a responder algunas preguntas sobre un amplio abanico de temas relacionados con el comercio y la inversión entre la UE y Chile. El resumen de las respuestas a esta consulta pública se adjunta al informe de evaluación de impacto y las respuestas de las partes interesadas se publicaron en el sitio web de la Dirección General de Comercio.

               • Obtención y utilización de asesoramiento técnico

               Se encargó a un consultor externo la realización de un análisis ex ante del impacto potencial de la modernización de la parte comercial del Acuerdo. Este estudio externo se adjunta asimismo al informe de evaluación de impacto.

               • Evaluación de impacto

               Se ha llevado a cabo un análisis de impacto sobre la modernización de la parte comercial del Acuerdo. Se adjuntan a la presente Recomendación el informe de evaluación de impacto y su resumen, así como el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario.

               Además de la evaluación de impacto, se realizará, con carácter independiente, una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad que examine las implicaciones económicas, sociales, medioambientales y en materia de derechos humanos de la parte comercial del Acuerdo modernizado. Esta evaluación correrá a cargo de consultores externos, que la realizará en paralelo a la celebración de las negociaciones, y estará basada en una amplia y continuada consulta a las partes interesadas, incluida la sociedad civil. La evaluación del impacto sobre la sostenibilidad deberá finalizar antes de que se rubrique el Acuerdo modernizado, y sus conclusiones serán tenidas en cuenta en el proceso de negociación.

               • Adecuación y simplificación

               Las pymes deberían beneficiarse de las nuevas oportunidades comerciales y de los ahorros de costes derivados de la liberalización de los intercambios y la existencia de un marco jurídico reforzado, así como de las disposiciones destinadas a mejorar los procedimientos aduaneros y reforzar la transparencia reglamentaria. El informe de evaluación de impacto contiene información detallada sobre las posibles repercusiones en las partes interesadas y en los distintos sectores económicos.

               • Derechos fundamentales

               La UE se propone incluir cláusulas específicas sobre la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, que deberán definirse como elementos esenciales del Acuerdo.

               El informe de evaluación de impacto sobre la modernización de la parte comercial del Acuerdo aborda las cuestiones relativas a los derechos fundamentales en los aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos. Por ejemplo, según una práctica consolidada de la UE, la parte comercial de un Acuerdo modernizado debería contener un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.

               4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

               La parte comercial del Acuerdo modernizado tendrá un impacto negativo limitado en el presupuesto de la UE en forma de derechos de aduana, debido a la liberalización arancelaria. Se esperan repercusiones positivas indirectas en términos de aumento de los recursos procedentes del impuesto sobre el valor añadido y de la renta nacional bruta.

               5. OTROS ELEMENTOS

               • Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

               En consonancia con el compromiso asumido en la Comunicación de 2015 titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable», se realizará una evaluación ex post en profundidad de los efectos de la parte comercial del Acuerdo modernizado cuando ya haya estado en vigor durante un período lo suficientemente largo como para que se disponga de datos significativos. El informe de evaluación de impacto adjunto contiene información detallada sobre las disposiciones previstas en materia de seguimiento y evaluación.

               • Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)

               No procede.

               • Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

               No procede.

               Aspectos procedimentales

               El equipo negociador estará integrado por la Comisión y la Alta Representante.

               De conformidad con el artículo 218, apartado 4, del TFUE, se sugiere que el Consejo designe un comité especial, que deberá ser consultado durante las negociaciones. El Grupo «América Latina y Caribe» será consultado sobre los capítulos políticos y de cooperación del Acuerdo modernizado. El Comité de Política Comercial será consultado sobre la parte comercial del Acuerdo modernizado.

               El Parlamento Europeo será informado en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE.

               La estructura exacta del Acuerdo se determinará a la vista de una evaluación del Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia.

               La Comisión y la Alta Representante informarán a Chile de las normas internas de la UE en materia de transparencia y sobre el acceso del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo a los documentos de negociación.

               La Comisión y la Alta Representante se congratulan de que los miembros del Consejo de la Unión Europea aborden cada vez más en sus Parlamentos las negociaciones comerciales en una fase temprana, en consonancia con sus prácticas institucionales. La Comisión anima a los miembros del Consejo de la Unión Europea a hacer lo propio en el marco de la presente Recomendación de Decisión del Consejo, teniendo debidamente en cuenta la Decisión 2013/488/UE del Consejo.

               La Comisión y la Alta Representante recomiendan que las directrices de negociación se publiquen inmediatamente después de su adopción.

               La presente Recomendación de Decisión del Consejo se desclasificará cuando las directrices de negociación que figuran en anexo se separen de la Recomendación.

               Recomendación conjunta de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a abrir negociaciones y a negociar un Acuerdo de asociación con la República de Chile modernizado

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «la Alta Representante»),

               CONSIDERANDO que deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un Acuerdo de Asociación modernizado con Chile (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), destinado a sustituir el Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra
                  1
               .

               DECIDE:

               Artículo 1

               1)Se autoriza a la Comisión y a la Alta Representante a negociar, en nombre de la Unión, un Acuerdo de Asociación modernizado con Chile (en lo sucesivo, «el Acuerdo»).

               2)El equipo negociador de la Unión estará dirigido por la Comisión.

               Artículo 2

               Las negociaciones se llevarán a cabo sobre la base de las directrices de negociación del Consejo establecidas en el anexo de la presente Decisión.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo «América Latina y Caribe» del Consejo. La parte comercial del Acuerdo se consultará con el Comité de Política Comercial.

               Artículo 4

               La presente Decisión y su anexo se publicarán inmediatamente después de su adopción.

               Artículo 5

               Los destinatarios de la presente Decisión serán la Comisión y la Alta Representante.

               Hecho en Bruselas, el

                  Por el Consejo,

                  El Presidente

                     (1)

                        DO L 352 de 30.12.2002, p. 1.

    ---documentbreak---

               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 24.5.2017
            JOIN(2017) 19 final
            ANEXOS
            to the
            Joint Recommendation for a Council Decision
            Authorising the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to open negotiations and negotiate with Chile a modernised Association Agreement
            {SWD(2017) 172 final}{SWD(2017) 173 final}

               ANEXO

               DIRECTRICES PARA LA NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON CHILE MODERNIZADO

               A.
                     NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO

               El objetivo de la negociación es celebrar un Acuerdo global con Chile (en lo sucesivo, «el Acuerdo modernizado») para modernizar y sustituir el Acuerdo actualmente vigente por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra
                  1
                (en lo sucesivo, «el Acuerdo de asociación»).

               Las negociaciones deberían ampliar el ámbito de aplicación actual del Acuerdo de asociación y adaptarlo a los nuevos retos políticos y económicos globales, a la nueva realidad de la asociación UEChile y al nivel de ambición de los acuerdos y negociaciones que la UE y Chile han celebrado recientemente.

               El Acuerdo modernizado debería crear un marco coherente, global, actualizado y legalmente vinculante aplicable a las relaciones de la UE con Chile.

               Dado que Chile se ha beneficiado de la ayuda bilateral de la UE al desarrollo, es importante que el nuevo modelo de cooperación UEChile quede reflejado en el fondo y la estructura del Acuerdo modernizado. Este debería asimismo reflejar el carácter transformador de la Agenda 2030 y el papel de la cooperación internacional al desarrollo con miras a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

               El Acuerdo debería contemplar el refuerzo de la cooperación política en asuntos exteriores y de seguridad.

               La estructura exacta del Acuerdo se determinará a la vista de una evaluación del Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia.

               B.
                     CONTENIDO PROPUESTO DEL ACUERDO

               I.
                     Principios y objetivos generales

               El Acuerdo modernizado debería basarse en el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, consagrados, en particular, en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos relevantes en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Junto con la primera parte de la cláusula de la UE sobre no proliferación de las armas de destrucción masiva, dichos principios deberían constituir elementos esenciales del Acuerdo modernizado. El Acuerdo debería asimismo contemplar la posibilidad de una suspensión unilateral, parcial o total, del Acuerdo en el caso de que se infrinjan tales principios.

               El Acuerdo modernizado debería permitir a Chile y a la UE reforzar sus respectivas capacidades institucionales, políticas públicas y marcos legislativos, así como actuar como socios estratégicos en los principales foros e instituciones multilaterales y regionales, cuando así lo acuerden.

               El Acuerdo modernizado debería disponer que cada Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias para dar efecto a sus disposiciones, incluida la observancia de las mismas a todos los niveles de la administración.

               El Acuerdo modernizado debería reflejar el patrimonio cultural común y los fuertes vínculos históricos, políticos y económicos que unen a las dos Partes, y respetar los siguientes principios y objetivos fundamentales:

               ·Adaptar el contenido del Acuerdo de asociación para reflejar más adecuadamente los últimos acontecimientos acaecidos a escala mundial.

               ·Reflejar los valores compartidos de la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho.

               ·Reflejar el compromiso de promover una asociación reforzada al objeto de ofrecer un mayor nivel de prosperidad y bienestar a sus ciudadanos.

               ·Lograr una coordinación más estrecha sobre las cuestiones bilaterales e internacionales de mutuo interés, incluidos los aspectos regionales.

               ·Reforzar la cooperación sobre las cuestiones bilaterales, regionales y mundiales de interés común.

               ·Reflejar la importancia de un sistema multilateral fuerte y efectivo, basado en el Derecho internacional, que permita preservar la paz, prevenir los conflictos, reforzar la seguridad internacional y hacer frente a los retos comunes.

               ·Reflejar el reconocimiento de que el desarrollo sostenible es un objetivo primordial de las Partes y de que ambas harán lo posible por garantizar el respeto, la promoción y la aplicación efectiva de las normas y convenios internacionales sobre medio ambiente y trabajo en consonancia con el acervo de la UE. Debería reflejar asimismo los compromisos de las Partes de no fomentar el comercio o la inversión extranjera directa reduciendo los niveles de exigencia de la legislación o las normativas nacionales en materia medioambiental, laboral o de salud y seguridad en el trabajo, las normativas o políticas y legislación laborales fundamentales, así como el compromiso de mejorar las leyes, políticas y niveles subyacentes de protección medioambiental y laboral.

               El objetivo de las disposiciones sobre comercio e inversión del Acuerdo debería ser el de incrementar el comercio y la inversión entre la UE y Chile, liberando el potencial inexplotado de la relación bilateral, generando nuevas oportunidades económicas, promoviendo el bienestar de los consumidores, reforzando la competitividad y generando crecimiento y empleo, mediante, en particular:

               ·La liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios, así como de las inversiones y el acceso a las oportunidades de contratación pública.

               ·Un alto nivel de protección de las inversiones.

               ·Un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas.

               ·Un alto nivel de protección de los consumidores.

               ·La eliminación, reducción o prevención de las barreras no arancelarias innecesarias.

               ·El derecho a regular la actividad económica por razones de interés público, a alcanzar algunos objetivos legítimos de carácter público, como la protección y promoción de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección social o del consumidor, la privacidad y la protección de datos, así como la promoción y protección de la diversidad cultural.

               ·Medidas destinadas a garantizar que el comercio internacional contribuye al objetivo primordial del desarrollo sostenible, y el compromiso de las Partes a aplicar este Acuerdo en consecuencia.

               ·El objetivo compartido de las Partes de tener en cuenta los retos concretos a que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al desarrollo del comercio y la inversión.

               ·El compromiso de las Partes de abrir vías de comunicación con todas las partes interesadas relevantes de la sociedad civil, incluido el sector privado, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales.

               ·El compromiso de las Partes de garantizar que el Acuerdo respetará plenamente sus respectivos derechos y obligaciones derivados de la reglamentación de la OMC y del sistema multilateral de comercio.

               II.
                     Ámbitos de cooperación

               El Acuerdo debería promover un ámbito de cooperación lo más amplio posible, del que, en principio, no debería excluirse ningún campo de actividad. Debería basarse en la experiencia derivada de la cooperación existente y aspirar a garantizar una cooperación internacional efectiva en relación con la aplicación de la Agenda 2030 y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

               Debería incluir compromisos de ambas Partes de intensificar su cooperación mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en ámbitos de interés común, teniendo en cuenta que Chile es un país de renta alta y miembro de la OCDE. El Acuerdo debería reflejar la importancia de reforzar las actividades de cooperación sectorial, dirigidas, en particular, a desarrollar propuestas y medidas concretas, así como objetivos estratégicos, y a impulsar una cultura dinámica de consulta y coordinación.

               Debería asimismo permitir a las Partes identificar formas de desarrollar y aplicar métodos de trabajo modernos, efectivos y dinámicos, así como una evaluación conjunta de los resultados, sobre la base de objetivos estratégicos. Debería favorecer la creación de redes de contactos y reforzar las capacidades necesarias para planificar, aplicar, medir, evaluar, y difundir los resultados de la relación.

               Ámbitos de cooperación:

               ·Política Exterior y de Seguridad Común

               ·Desarme y no proliferación

               ·Derechos humanos, Estado de Derecho y buena gobernanza

               ·Igualdad entre mujeres y hombres

               ·Seguridad internacional y ciberespacio

               ·Lucha contra el terrorismo

               ·Cooperación judicial

               ·Lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada y la corrupción

               ·Migración internacional

               ·Protección consular

               ·Seguridad ciudadana

               ·Cooperación en la gestión internacional de crisis

               ·Empresa e industria

               ·Materias primas

               ·Responsabilidad social de las empresas

               ·Empleo y cuestiones sociales

               ·Cooperación regional

               ·Juventud

               ·Cultura

               ·Energía sostenible

               ·Medio ambiente

               ·Cambio climático

               ·Economía circular

               ·Pesca

               ·Gobernanza de los océanos

               ·Preparación frente a las catástrofes

               ·Cooperación internacional y desarrollo

               ·Crecimiento azul

               ·Investigación, ciencia, tecnología e innovación

               ·Observación de la Tierra

               ·Estrategias de política digital

               ·Capital humano avanzado

               ·Educación básica y superior

               ·Turismo

               ·Protección de los datos personales

               ·Estadísticas

               ·Otros ámbitos, si procede

               III.
                     Comercio e inversión

               Naturaleza y ámbito de aplicación

               El objetivo de la parte relativa al comercio y la inversión del Acuerdo modernizado debería ser aumentar el nivel de ambición en todos los ámbitos del Acuerdo actualmente vigente. El Acuerdo modernizado debería contemplar la liberalización adicional, global y recíproca del comercio de bienes y servicios, así como el establecimiento de normas detalladas en una amplia gama de cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión, tal y como se especifica más adelante. El Acuerdo debería asimismo contemplar la liberalización progresiva y recíproca de la inversión, la protección de esta y un mayor acceso mutuo a los mercados de contratación pública. Por otra parte, el Acuerdo debería tratar de eliminar los obstáculos innecesarios al comercio y la inversión, y en particular las barreras no arancelarias, a través de mecanismos efectivos y eficientes, y fijarse como objetivo la consecución de un nivel ambicioso de coherencia regulatoria para los bienes y servicios, mediante, entre otras cosas, el refuerzo de la cooperación entre los entes reguladores.

               Las normas del Acuerdo sobre coherencia regulatoria, en particular, deberían entenderse sin perjuicio del derecho de las Partes a ejercer su actividad reguladora de acuerdo con el nivel de salud, seguridad, protección medioambiental, de los datos, laboral y de los consumidores que cada Parte considere apropiado, o a perseguir objetivos legítimos de política pública, como la diversidad cultural u objetivos de desarrollo sostenible (según su propia definición).

               La parte del Acuerdo relativa al comercio y la inversión debería asimismo contribuir a la promoción del desarrollo sostenible y a los valores más amplios de la UE, tales como los derechos humanos, incluyendo, en particular, disposiciones relacionadas con el comercio en materia laboral, medioambiental o de género, así como disposiciones relativas a la responsabilidad social de las empresas, la transparencia y la promoción y aplicación efectiva de las normas internacionales en los ámbitos laboral y medioambiental. A la hora de abordar estas medidas, el Acuerdo deberá tener en cuenta los principios del desarrollo sostenible, incluso a través de un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible que cubra tanto las cuestiones sociales como las cuestiones medioambientales.

               El Acuerdo debería garantizar el cumplimiento de sus propias disposiciones por todos los niveles de la administración, incluidas las autoridades subcentrales y los organismos relevantes.

               El Acuerdo debería tener en cuenta las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas.

               Comercio de bienes

               Mayor eliminación de los derechos de aduana

               El Acuerdo debería fijarse como objetivo la liberalización arancelaria, aun permitiendo que se dé un trato especial a los productos considerados sensibles, para los que, no obstante, deberían buscarse fórmulas que permitan su pleno acceso al mercado, como el establecimiento de unos periodos de desmantelamiento arancelario más largos, o la asunción de compromisos de liberalización parcial (mediante, por ejemplo, contingentes arancelarios), teniendo en cuenta los intereses ofensivos y defensivos de la UE.

               Deberían abolirse cualesquiera derechos de aduana, impuestos o gravámenes a la exportación, así como cualesquiera medidas de efecto equivalente, y debería prohibirse la adopción de nuevas medidas de este tipo.

               Restricciones a la importación y a la exportación

               El Acuerdo debería excluir cualquier tipo de prohibición o restricción al comercio entre las Partes, en particular las restricciones cuantitativas o los requisitos de autorización, que no estén justificados por las excepciones específicas contempladas más adelante, y debería contener disciplinas más estrictas sobre las licencias de importación y exportación, los productos reparados o reciclados, y la indicación de origen.

               Normas de origen

               Las negociaciones deberían proponerse actualizar el anexo sobre las normas de origen, de forma que las referencias a las normas de origen y la cooperación administrativa incluidas en el Acuerdo resulten más claras y sencillas, y tener en cuenta los últimos cambios en las normas de origen de la UE. Deberían asimismo incluirse disposiciones en materia de cooperación administrativa destinadas a garantizar un tratamiento adecuado de los errores administrativos.

               En el curso de las negociaciones, con vistas a potenciar el comercio y la inversión en la UE, debería contemplarse la posibilidad de hacer extensiva la acumulación del origen a terceros países.

               Cuestiones aduaneras y facilitación del comercio

               El Acuerdo debería incluir disposiciones tendentes a facilitar en mayor medida el comercio entre las Partes, garantizando al mismo tiempo la presencia de controles efectivos y medidas antifraude. Con este propósito, debería basarse en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC e incluir obligaciones precisas destinadas, entre otras cosas, a promover la modernización y la simplificación de las normas y procedimientos, fomentando el uso de una documentación normalizada y garantizando la transparencia, la seguridad jurídica y la cooperación entre las autoridades aduaneras.

               Esta cooperación debería incluir un intercambio de información relativa a la seguridad de la cadena de suministro y a la gestión de riesgos y, en su caso, el establecimiento del reconocimiento mutuo de las técnicas de gestión de riesgos, de las normas sobre riesgos, de los controles de seguridad y de los programas de asociación comercial para los operadores económicos cumplidores y fiables, de cuya adopción y aplicación se encargaría el comité competente. Debería asimismo prever la actualización de las actuales disposiciones sobre la asistencia administrativa mutua en el sector aduanero.

               Dichas disposiciones deberían igualmente promover una convergencia en el ámbito de la facilitación del comercio, mediante la aplicación efectiva de reglas y normas internacionales en el sector aduanero y otros procedimientos relacionados con el comercio, incluidas las disposiciones de la OMC y los instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas, entre otros, la versión revisada del Convenio de Kyoto.

               Medidas no arancelarias

               El Acuerdo debería fijarse como objetivo suprimir los obstáculos innecesarios al comercio y la inversión, y en particular las barreras no arancelarias restantes, a través de mecanismos efectivos y eficientes, y promover la coherencia regulatoria en lo que atañe a los bienes y servicios intercambiados entre la UE y Chile.

               La cuestión de las barreras no arancelarias que afectan a productos específicos debería abordarse desde la perspectiva de la ley de la oferta y la demanda, en paralelo a concesiones arancelarias recíprocas. El Acuerdo debería incluir compromisos sectoriales con relación a las barreras no arancelarias. Debería asimismo contemplar unos procedimientos adecuados, capaces de impedir que surjan en el futuro nuevas barreras no arancelarias u otros obstáculos innecesarios al comercio, mediante, en particular, la transparencia de las disposiciones legales y reglamentarias.

               El Acuerdo debería incluir disposiciones relativas a las empresas comerciales de propiedad estatal, que contemplen la evaluación de cualquier posible falseamiento de la competencia y la aparición de obstáculos al comercio y la inversión que esto podría generar.

               Debería asimismo abordarse la cuestión de los obstáculos al comercio resultantes del deseo de proteger la producción local (medidas dirigidas a proteger, favorecer o apoyar a los operadores nacionales a expensas de los bienes o servicios importados y de la propiedad intelectual de titularidad o producción extranjera).

               Reglamentaciones técnicas, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad

               Las Partes deberían acordar disposiciones globales sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), basándose en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (en lo sucesivo, «el Acuerdo OTC»), y aun superándolo. Estas disposiciones deberían proponerse, entre otras cosas, lograr la compatibilidad y la convergencia de las reglamentaciones técnicas mediante la aplicación de normas internacionales, racionalizar los requisitos de ensayo y certificación, por ejemplo mediante un enfoque basado en el riesgo en materia de evaluación de la conformidad (y en particular mediante el uso de la autodeclaración de conformidad en los sectores en que esto sea posible y apropiado), promover la utilización de la acreditación, reforzar la transparencia, establecer un mecanismo de mejora del diálogo y la cooperación que permita abordar las cuestiones OTC de carácter bilateral, y mejorar la difusión de la información dirigida a los importadores y exportadores.

               Se podría analizar la conveniencia de incluir anexos sectoriales con disciplinas más detalladas y específicas.

               Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)

               A fin de garantizar la coherencia con otros acuerdos comerciales similares celebrados por la UE, el nuevo Acuerdo debería incorporar, mediante las oportunas disposiciones institucionales, las cláusulas del actual Acuerdo MSF anejo al Acuerdo de asociación vigente, aunque considerando la posibilidad de introducir algunos ajustes en determinados ámbitos, si procede.

               Instrumentos de defensa comercial

               Salvaguardias

               El Acuerdo debería incluir una cláusula sobre medidas de salvaguardia que disponga que cualquiera de las Partes podrá adoptar las medidas oportunas de conformidad con el Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 o el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. El Acuerdo debería asimismo garantizar que tales medidas de salvaguardia tengan el menor efecto distorsionador posible en el comercio bilateral.

               Para optimizar los compromisos de liberalización, y con vistas a garantizar la protección eventualmente necesaria, teniendo en cuenta las especificidades de los sectores sensibles, el Acuerdo debería contener, en principio, una cláusula bilateral de salvaguardia en virtud de la cual cada Parte podrá suprimir las preferencias parcial o totalmente cuando, como resultado de la entrada en vigor del Acuerdo, un aumento de las importaciones de un producto procedentes de la otra Parte esté causando o amenace con causar un serio perjuicio a su industria nacional.

               Medidas antidumping y compensatorias

               El Acuerdo debería incluir una cláusula sobre medidas antidumping y compensatorias, en virtud de la cual cada una de las Partes podrá adoptar las medidas necesarias contra prácticas de dumping o subvenciones sujetas a medidas compensatorias de conformidad con el Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 o el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. El Acuerdo debería asimismo incluir compromisos que vayan más allá de las normas de la OMC, en consonancia, en este ámbito, con las normas de la UE y los acuerdos anteriores.

               Disposiciones específicas

               El Acuerdo debería reconocer que los pagos del «compartimento verde» no distorsionan los precios y, por lo tanto, no deberían, en principio, ser el blanco de medidas antidumping o antisubvenciones.

               Comercio de servicios e inversión

               Liberalización de los servicios y la inversión, y comercio digital

               En consonancia con el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo debería garantizar una cobertura sustancial y abarcar todos los modos de suministro. El Acuerdo no debería, a priori, con respecto a su ámbito de aplicación, contemplar ninguna exclusión distinta de la exclusión de los servicios audiovisuales de los compromisos de liberalización de los servicios y la inversión, así como de los servicios prestados y de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio de la autoridad gubernamental. Las negociaciones deberían fijarse como objetivo la liberalización progresiva y recíproca del comercio de los servicios y la inversión mediante la supresión de las restricciones del acceso al mercado y el trato nacional, superando los compromisos de las Partes en el marco de la OMC y las ofertas en el contexto de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. El Acuerdo debería incluir normas que regulen los requisitos de rendimiento aplicables a las inversiones.

               Por otra parte, el Acuerdo debería incluir disciplinas reguladoras nuevas o reforzadas con respecto a las previstas en el AGCS. Con este propósito, las negociaciones deberían incluir, en particular:

               ·disposiciones reguladoras en materia de transparencia y reconocimiento mutuo;

               ·disposiciones horizontales relativas a la regulación nacional, como las que garantizan la imparcialidad y la existencia de garantías procesales con respecto a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias y de cualificación; y

               ·disposiciones reguladoras aplicables a sectores específicos, y en particular a los servicios de telecomunicaciones, financieros, postales y de mensajería, así como a los servicios de transporte marítimo internacional.

               En el contexto de la creciente digitalización del comercio, las negociaciones deberían desembocar en la adopción de normas que regulen el comercio electrónico, los flujos transfronterizos de datos, los servicios de confianza y autenticación electrónicos, así como las comunicaciones de venta directa no solicitadas, y abordar cuestiones tales como el proteccionismo digital o los requisitos injustificados de localización de datos, sin que ello implique la negociación o modificación de las normas de protección de datos personales de la UE.

               El Acuerdo podría incluir compromisos procedimentales sobre la entrada y estancia de personas físicas con fines empresariales con arreglo a los compromisos de las Partes en el modo 4. Al mismo tiempo, el Acuerdo no debería incluir ninguna disposición que impida a las Partes aplicar sus ordenamientos, normativas y requisitos nacionales en materia de entrada y estancia, siempre que, al hacerlo, no anulen o reduzcan los beneficios derivados del Acuerdo. Se seguirán aplicando los ordenamientos, normativas y requisitos de la UE y sus Estados miembros sobre las condiciones de trabajo y los derechos laborales.

               El Acuerdo debería consagrar el derecho de la UE, sus Estados miembros y sus autoridades nacionales, regionales y locales a adoptar en sus respectivos territorios las disposiciones necesarias para alcanzar objetivos legítimos de política pública, como la protección y promoción de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección social o del consumidor, la privacidad y la protección de datos, así como la promoción y protección de la diversidad cultural. Debería preservarse el alto nivel de calidad de los servicios públicos de la UE de conformidad con el TFUE y, en particular, su Protocolo n.º 26 sobre los Servicios de Interés General, y teniendo en cuenta las reservas de la UE en la materia, y en particular el AGCS.

               Protección de la inversión

               El Acuerdo debería incluir:

               ·normas de protección vanguardistas y definidas con precisión, y, en particular, disposiciones sobre trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, trato nacional, trato de nación más favorecida, protección frente a la expropiación directa e indirecta, libre transferencia de capitales, compensación por pérdidas y observancia de los compromisos por escrito; y

               ·un mecanismo jurisdiccional vanguardista que permita solucionar los litigios entre inversores y Estados, con un tribunal de inversiones y un mecanismo de recurso (Sistema de Tribunales de Inversiones). Este mecanismo debería garantizar la plena imparcialidad y transparencia de los procedimientos de resolución de litigios, evitar el recurso excesivo a los tribunales e incluir los instrumentos necesarios para facilitar el arreglo amistoso de las controversias.

               Las disposiciones sobre protección de la inversión deberían garantizar una sólida protección de los inversores y las inversiones, preservando plenamente, no obstante, el derecho de las Partes a adoptar en sus respectivos territorios las disposiciones necesarias para alcanzar objetivos legítimos de política pública, como la protección y promoción de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección de los derechos sociales o del consumidor, la privacidad y la protección de datos, así como la promoción y protección de la diversidad cultural.

               Movimientos de capitales y pagos

               El Acuerdo debería conservar disposiciones sobre la plena liberalización de los actuales pagos y movimientos de capitales, e incorporar una cláusula de statu quo. Debería contener disposiciones de salvaguardia y exclusión (por ejemplo, relativas a la política económica y monetaria y a la balanza de pagos de la Unión), en consonancia con las disposiciones del TFEU sobre la libre circulación de capitales.

               El Acuerdo no debería excluir la aplicación de excepciones a la libre circulación de capitales y pagos, siempre que se justifiquen a tenor de las normas aplicables de la OMC.

               Derechos de propiedad intelectual

               El Acuerdo debería tomar como base y completar el Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de garantizar un alto nivel de protección y aplicación de todas las formas de derechos de propiedad intelectual.

               En consonancia de lo anterior, el Acuerdo debería abarcar las disposiciones generales; los derechos de autor y otros derechos afines; las marcas comerciales; los diseños; las patentes; las variedades vegetales; la protección de la información reservada, incluidos los secretos comerciales; las indicaciones geográficas (IG); y, en su caso, los compromisos de adhesión o cumplimiento de acuerdos y convenios multilaterales relevantes.

               El Acuerdo debería garantizar una aplicación reforzada de los derechos de propiedad intelectual (DPI), en particular los de carácter fronterizo y los relativos al entorno digital.

               Por lo que se refiere a las indicaciones geográficas, sobre la base del alto nivel de protección de las IG de los vinos y bebidas espirituosas ya incluidas en el Acuerdo vigente, el Acuerdo modernizado debería ofrecer una protección directa mediante el establecimiento consensuado de IG de los productos agrícolas o alimentos enumerados, un alto nivel de protección basado en al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC (lo que incluye combatir la evocación), una aplicación reforzada, excepciones a los derechos conferidos a las marcas comerciales (coexistencia), y la posibilidad de añadir nuevas IG. Deberían abordarse cuestiones tales como los derechos anteriores individuales relacionados, por ejemplo, con las variedades vegetales, las marcas comerciales, los genéricos u otros usos anteriores legítimos.

               El Acuerdo debería asimismo fijarse como objetivo el inicio de un diálogo regular o la creación de grupos de trabajo sobre propiedad intelectual para promover el intercambio de información sobre los respectivos avances legislativos y el intercambio de experiencia sobre la ejecución y consulta con relación a terceros países.

               Contratación pública

               El Acuerdo debería proponerse el refuerzo del mutuo acceso a los mercados de la contratación pública por las autoridades centrales y subcentrales, así como por las empresas de propiedad estatal con derechos especiales o exclusivos que operen en el ámbito de los servicios públicos. Debería fijarse el objetivo de complementar la actual cobertura del acceso al mercado, garantizando un trato no menos favorable que el concedido a los proveedores establecidos localmente. Debería contemplarse la contratación de bienes, obras y servicios, con un número limitado de excepciones, y el Acuerdo debería asimismo prever la negociación de compromisos relacionados con las concesiones de obras, en consonancia con las respectivas normativas en la materia.

               El Acuerdo debería igualmente tratar de mejorar las normas y disciplinas actuales mediante su adaptación al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC revisado y la introducción de nuevas disposiciones.

               Comercio y competencia

               El Acuerdo debería incluir disciplinas sobre defensa de la competencia y en materia de fusiones aplicables a todas las empresas. Debería incluir principios generales de aplicación en pro de la transparencia, la no discriminación, la equidad procedimental y las garantías procesales.

               El Acuerdo debería asimismo incluir disposiciones en materia de subsidios que aborden cuestiones tales como la transparencia, o que incluyan consultas y disciplinas sobre los tipos de subvención que más pueden falsear la competencia. Las disposiciones sobre las consultas deberían excluir las subvenciones agrícolas. El Acuerdo debería incluir normas específicas sobre las empresas de propiedad estatal, las empresas que gozan de derechos o privilegios especiales y los monopolios designados, para garantizar que no se falsea la competencia ni se crean obstáculos al comercio y a la inversión.

               Pequeñas y medianas empresas

               El Acuerdo debería incluir un capítulo específico dedicado a las pymes. El Acuerdo debería contribuir a que las pymes puedan aprovechar plenamente las oportunidades que les brindará el Acuerdo, a través, en particular, del intercambio de información sobre los requisitos de acceso al mercado y la existencia de un marco institucional apropiado.

               Comercio y Desarrollo sostenible

               El Acuerdo debería incluir disposiciones sobre aspectos laborales y medioambientales del comercio y el desarrollo sostenible relevantes en el contexto de un acuerdo sobre comercio e inversión. Debería incluir disposiciones que promuevan el respeto y la aplicación efectiva de las normas y principios relevantes acordados a nivel internacional, incluidas las normas fundamentales en materia laboral y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, incluidos los relacionados con el cambio climático.

               El Acuerdo debería consagrar el derecho de las Partes a adoptar disposiciones en los ámbitos laboral y medioambiental, en consonancia con sus compromisos internacionales y en aras de unos altos niveles de protección. Debería incluir disposiciones que garanticen que no se reducirán los niveles nacionales de protección en los ámbitos laboral y medioambiental para fomentar el comercio y la inversión. Tales disposiciones deberían ir acompañadas del compromiso de no contemplar la no aplicación o excepciones a la aplicación de las normativas nacionales en materia laboral o medioambiental.

               El Acuerdo debería promover una mayor contribución del comercio y la inversión al desarrollo sostenible, en particular, abordando ámbitos tales como la facilitación del comercio de bienes y servicios respetuosos con el clima y el medio ambiente, la promoción de los sistemas de garantía de sostenibilidad voluntarios, la responsabilidad social de las empresas y la igualdad entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta los instrumentos internacionalmente reconocidos.

               El Acuerdo debería asimismo incluir compromisos que promuevan el comercio de los recursos naturales obtenidos legalmente y gestionados de forma sostenible, en particular con relación a la biodiversidad, la vida silvestre, los productos forestales y la pesca, y cubrir los instrumentos y prácticas internacionales relevantes. Debería asimismo promover el comercio que favorece el desarrollo hipocarbónico y resiliente al cambio climático.

               El Acuerdo debería prever igualmente disposiciones que regulen la aplicación efectiva y el seguimiento de sus otras disposiciones, así como procedimientos que permitan dirimir los conflictos que pudieran surgir entre las Partes, y propiciar la participación de la sociedad civil.

               Comercio y género

               El Acuerdo debería incluir disposiciones que aborden los aspectos de género relacionados con el comercio. Debería reconocer la necesidad de conseguir que las mujeres tengan más posibilidades de beneficiarse de las oportunidades económicas fruto de la mejora de las relaciones comerciales entre las Partes a través del Acuerdo.

               Energía y materias primas

               El Acuerdo debería incluir disposiciones que regulen los aspectos relacionados con el comercio y la inversión en los sectores de la energía y las materias primas. Las negociaciones deberían fijarse como objetivo garantizar un entorno empresarial abierto, transparente, no discriminatorio y predecible, limitar las prácticas contrarias a la competencia y abordar la cuestión de los requisitos de contenido local en estos ámbitos. El Acuerdo debería incluir asimismo normas que apoyen y promuevan en mayor medida el comercio y la inversión en el sector de las energías renovables.

               Coherencia regulatoria y transparencia

               El Acuerdo debería incluir disciplinas transversales sobre coherencia regulatoria y transparencia con vistas al desarrollo y la aplicación de normativas eficientes, rentables y más compatibles para los bienes y servicios. El Acuerdo debería incluir, en particular, disposiciones relativas a consultas tempranas sobre normativas significativas, lo que incluiría dar a las partes interesadas la posibilidad de contribuir a la preparación de las propuestas de reglamentación, la publicación de las medidas que tengan un impacto en el comercio y la inversión y la promoción del intercambio de información, así como un mayor uso de buenas prácticas regulatorias, como las evaluaciones de impacto de la normativa o las evaluaciones ex post.

               Lucha contra la corrupción

               El Acuerdo debería incluir disposiciones específicas destinadas a combatir y desalentar la corrupción que afecta al comercio y la inversión. Tales disposiciones deberían basarse en las normas y acuerdos europeos y acordados a nivel internacional en el ámbito de la lucha contra corrupción.

               Resolución de litigios entre Estados y mediación

               El Acuerdo debería incluir un mecanismo efectivo y vinculante de resolución de litigios entre Estados que incluya un procedimiento acelerado, en particular por lo que se refiere a la composición del panel y el desarrollo de sus diligencias. El mecanismo de resolución de litigios debería ser transparente, abierto e innovador. Debería incluir disposiciones sobre un mecanismo que permita una mediación rápida y flexible.

               Excepciones generales

               El Acuerdo debería incluir excepciones general, en particular por lo que se refiere a la seguridad, la balanza de pagos, la supervisión prudencial y una imposición basada en los artículos pertinentes de los acuerdos de la OMC.

               Otros ámbitos

               Sobre la base del análisis llevado a cabo por la Comisión, previa consulta del Comité de Política Comercial, y de acuerdo con los Tratados de la UE, el Acuerdo podría incluir disposiciones relativas a otros ámbitos relacionados con el comercio y la inversión que puedan suscitar un mutuo interés en el curso de las negociaciones.

               IV. Marco institucional general

               El Acuerdo debería incluir, desarrollándolas, disposiciones sobre la estructura institucional, basándose en las disposiciones y prácticas existentes.

               El Consejo de Asociación debería seguir siendo la máxima instancia del Acuerdo modernizado, responsable de la supervisión general de su aplicación. Se sugiere adaptar la periodicidad de las reuniones del Consejo por consenso entre las Partes.

               El Comité de Asociación debería seguir desempeñando la importante función de garantizar la aplicación del Acuerdo. El Acuerdo debería identificar fórmulas que permitan al Comité de Asociación desarrollar sus tareas de un modo más efectivo, y promover mayores sinergias y un mayor dinamismo a la hora de asistir al Consejo de Asociación en el desempeño de sus obligaciones. Podrían crearse subcomités y grupos de trabajo encargados de abordar cuestiones específicas.

               El Acuerdo debería contemplar la celebración de reuniones específicas centradas en las cuestiones comerciales del Comité de Asociación creado en virtud del Acuerdo («Comité de Asociación de Comercio») para supervisar la aplicación de las disposiciones sobre comercio e inversión del Acuerdo. Podrían crearse, si procede, subcomités encargados de ámbitos específicos, que operarían en el marco del Comité de Asociación de Comercio. El Comité de Asociación de Comercio debería informar al Consejo de Asociación.

               El Comité de Asociación Parlamentario debería mantener su actual función, y seguir constituyendo un foro de cooperación interparlamentaria para los miembros del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional Chileno.

               El Comité Consultivo Mixto debería seguir existiendo y desempeñando la función de representar la opinión de la sociedad civil y los interlocutores sociales en la aplicación del nuevo acuerdo.

               V. Disposiciones generales y finales

               Sin perjuicio del Mecanismo de Resolución de Litigios en las cuestiones comerciales o relacionadas con el comercio, el Acuerdo debería incluir disposiciones sobre el incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo, incluida la posibilidad de proceder a su suspensión parcial o total en caso de infracción de sus elementos esenciales. Ninguna disposición de este Acuerdo debería afectar a la legislación de la UE en materia de acceso público a los documentos oficiales.

                     (1)

                        DO L 352 de 30.12.2002, p. 1.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.5.2018
            COM(2018) 416 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Hungríay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Hungría

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Hungría

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2018 sobre Hungría
                  4
                fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 30 de abril de 2018, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (5)Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé que el déficit global empeore del 2,0 % en 2017 al 2,4 % en 2018 y que después mejore gradualmente hasta el 0,5 % del PIB para 2022. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,5 % del PIB) se alcance a más tardar en 2020. Sobre la base del saldo estructural recalculado
                  7
               , el objetivo presupuestario a medio plazo se alcanzará como muy tarde en 2022. Con arreglo al Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya gradualmente hasta quedarse ligeramente por debajo del 60 % para el final de 2022. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable, lo que plantea notables riesgos para la consecución de los objetivos de déficit.

               (6)El Programa de Convergencia de 2018 indica que el impacto presupuestario de las medidas en el ámbito de la seguridad en 2017 es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos gastos presupuestarios. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2017 al 0,17 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la gravedad de la amenaza terrorista constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Hungría es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (7)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Hungría que lograse un ajuste presupuestario anual del 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo se respetase con un menor esfuerzo. Atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Hungría presentaba una desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Hungría de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el XX de junio de 2018, el Consejo adoptó una Recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Hungría adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  8
                no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación del esfuerzo recomendado.

               (8)En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Hungría por encima del 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción del 2,3 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 3,9 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,75 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019. En general, el Consejo considera que, a partir de 2018, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la recomendación dirigida a Hungría el XX de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (9)La tasa de empleo ha mejorado significativamente y la favorable evolución económica proporciona una oportunidad para la reinserción, especialmente de los desempleados, en el mercado laboral. La diferencia de empleo entre mujeres y hombres es amplia, especialmente en el grupo de edad de 25 a 39 años, lo que puede explicarse en parte por una oferta limitada de servicios de guardería de buena calidad. El nivel de asistencia a guarderías de los niños menores de tres años está muy por debajo del objetivo de Barcelona y de la media de la UE. Aunque el programa de obras públicas sigue siendo la principal política activa del mercado laboral, el hecho de que el número de participantes en este programa se haya reducido considerablemente constituye un avance positivo. Sin embargo, el programa todavía no tiene un enfoque suficientemente preciso, y su eficacia a la hora de reintegrar a los participantes al mercado de trabajo abierto continúa siendo limitada, habida cuenta de la situación de dicho mercado. Las políticas activas del mercado de trabajo que se centran más en la capacitación y el reciclaje profesional están poco desarrolladas.

               (10)El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha disminuido al 26,3 % en 2016, pero no obstante sigue estando por encima de la media de la UE. Los niños en general están más expuestos a la pobreza que otros grupos de edad. El nivel de prestaciones de renta mínima es inferior al 50 % del umbral de pobreza para los hogares formados por una sola persona, lo que lo convierte en uno de los más bajos de la UE. La adecuación de las prestaciones por desempleo es muy baja: la duración máxima de tres meses es la menor de la UE, y representa solo en torno a una cuarta parte del tiempo medio que los solicitantes de empleo tardan en encontrar trabajo. Además, las cuantías del subsidio están entre las más bajas de la UE.

               (11)En Hungría, las estructuras y procesos de diálogo social están infradesarrollados y no permiten una adecuada participación de los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de las políticas. Las deficiencias en la participación de las partes interesadas y la limitada transparencia tienen un impacto sobre la base factual del proceso de elaboración de políticas y su calidad, generando incertidumbre para los inversores y ralentizando la convergencia.

               (12)Se han aplicado medidas para mejorar el sistema fiscal, pero persisten algunos problemas. Aunque en retroceso, la cuña fiscal sobre el trabajo, sobre todo para algunos grupos con bajos ingresos, sigue siendo elevada en comparación con el resto de la UE. La complejidad del sistema fiscal, junto con la presencia continua de impuestos sectoriales específicos, sigue siendo un punto débil. Las medidas contra las estrategias de planificación abusiva del contribuyente son indispensables para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, tratar equitativamente a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación abusiva del contribuyente entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Hungría registra entradas y salidas de capital relativamente altas a través de entidades específicas, que no tienen conexión con la economía real. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes de dividendos, intereses y cánones (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) por empresas con sede en Hungría puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben. La Comisión toma nota de que Hungría reconoce que los pagos salientes pueden conducir a una planificación fiscal abusiva si se utilizan indebidamente. Sobre la base de los últimos intercambios, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

               (13)Las barreras reglamentarias en el sector de los servicios, y en particular en el comercio minorista, repercuten en el rendimiento del sector y dificultan la reasignación eficiente de recursos, la productividad y la innovación. Existe una tendencia a confiar determinados servicios a empresas estatales creadas específicamente para estos fines, en detrimento de la competencia abierta. La imprevisibilidad del marco jurídico es otro problema, especialmente en el sector minorista, que en los últimos años ha tenido que hacer frente a frecuentes cambios de las normas. Como la normativa propuesta está con frecuencia adaptada al volumen de negocios o al tamaño físico, afecta principalmente a las cadenas minoristas extranjeras. Esto aumenta la incertidumbre entre los operadores y puede disuadir de la inversión. Se precisa un entorno normativo estable y favorable a la competencia. La reglamentación restrictiva de las profesiones sigue siendo elevada en Hungría, en particular en lo que se refiere a profesiones clave como los servicios jurídicos y contables.

               (14)Persisten dudas por lo que respecta a la prevención y la persecución de la corrupción. Según varios indicadores, la exposición a la corrupción en Hungría parece haber aumentado durante los últimos años y los riesgos de corrupción podrían afectar negativamente al potencial de crecimiento del país. El funcionamiento de la fiscalía es de crucial importancia para luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero, y mientras que las medidas para luchar contra la pequeña corrupción parecen haberse aplicado con cierto éxito, no se presta suficiente atención a iniciar investigaciones en los grandes casos de corrupción. La limitada transparencia y las restricciones en materia de acceso a la información obstaculizan la toma de nuevas medidas de prevención de la corrupción. Se han dado importantes pasos en cuanto a la contratación pública, pero hay margen para seguir mejorando la transparencia y la competencia en los procesos de licitación.

               (15)Los resultados educativos en cuanto a capacidades básicas se sitúan muy por debajo de la media de la UE, especialmente en el caso de los niños de origen socioeconómico desfavorecido. Los alumnos son canalizados muy pronto a distintos tipos de centros escolares, con grandes diferencias en cuanto a resultados educativos y vías de acceso al empleo. Los niños desfavorecidos, en particular los gitanos, tienden a concentrarse en centros de formación profesional secundaria que se caracterizan por bajos niveles de capacidades básicas y elevadas tasas de abandono escolar, y las personas que se gradúan en estas escuelas reciben salarios más bajos por término medio. La tasa de abandono escolar prematuro aumentó al 12,4 % por término medio, y es especialmente elevada entre los niños gitanos. Estos retos son especialmente acuciantes en el contexto de una educación inclusiva y de calidad. La disminución del número de candidatos y la elevada tasa de abandono en la enseñanza superior limitarán aún más la tasa de rendimiento académico en un momento en que la demanda de trabajadores altamente cualificados es cada vez mayor.

               (16)Los deficientes indicadores de salud, agravados por estilos de vida poco saludables, persisten y tienen un impacto negativo sobre el capital humano. Los bajos niveles de gasto sanitario, junto con una asignación de recursos poco eficiente, limitan la eficacia del sistema sanitario húngaro. Esto, junto a una elevada dependencia de los pagos directos, presenta consecuencias negativas en términos de equidad por lo que respecta al acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa, de buena calidad. La escasez de personal sanitario también dificulta el acceso a la atención sanitaria, a pesar de que los recientes incrementos salariales han mitigado este problema. Los esfuerzos de reforma en curso se centran en la lucha contra el uso excesivo de la asistencia hospitalaria, una de cuyas principales causas es que los proveedores de atención primaria no estén adecuadamente equipados para actuar de filtros eficaces. Una mayor racionalización de los recursos hospitalarios, junto con inversiones dirigidas a reforzar los servicios de atención primaria, permitirían reducir las disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria, aumentar la eficiencia y mejorar los resultados en materia de salud.

               (17)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (18)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen
                  9
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

               1.Garantizar en 2018 el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de XX de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En 2019, garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 3,9 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB.

               2.Seguir simplificando la estructura tributaria, en particular reduciendo los impuestos sectoriales específicos. Mejorar la calidad y transparencia del proceso de toma de decisiones mediante un diálogo social efectivo y el compromiso con otras partes interesadas, y mediante evaluaciones de impacto periódicas y adecuadas. Reforzar el marco de lucha contra la corrupción, reforzar la labor de la fiscalía y mejorar la transparencia y la competencia en la contratación pública, entre otras cosas poniendo los datos obtenidos mediante la contratación pública electrónica a disposición del público. Reforzar la competencia, la estabilidad normativa y la transparencia en el sector de los servicios, especialmente en los servicios minoristas.

               3.Desbloquear la reserva de mano de obra a través de la mejora de la calidad de las políticas activas del mercado laboral. Mejorar el rendimiento escolar y aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, sobre todo la población gitana, en un sistema general de enseñanza de calidad e integrador. Mejorar la adecuación y la cobertura de la asistencia social y las prestaciones por desempleo.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        COM(2018) 416 final.

                     (3)

                        P8_TA(2018)0077 y P8_TA(2018)0078.

                     (4)

                        SWD(2018) 215 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.