title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Rumanía

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/98

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Rumanía
   (2017/C 261/22)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2017 sobre Rumanía fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Rumanía de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)

               El 5 de mayo de 2017, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Convergencia de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (5)

               Entre 2009 y 2015, Rumanía se benefició de tres programas de ayuda a la balanza de pagos dirigidos conjuntamente por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y respaldados por el Banco Mundial. Solo se efectuaron desembolsos en el marco del primer programa en 2009-2011, mientras que los efectuados en 2011-13 y 2013-15 fueron de carácter cautelar. La vigilancia posterior al programa por cuenta de la Comisión con miras a supervisar la capacidad de Rumanía para reembolsar los préstamos concedidos en el marco del primer programa comenzó en octubre de 2015 y proseguirá hasta que se haya devuelto, al menos, el 70 % del préstamo, pagadero en la primavera de 2018.

               (6)

               Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno prevé un déficit global del 2,9 % del PIB, tanto en 2017 como en 2018, y una reducción gradual del mismo a continuación, hasta situarlo en el 2,0 % del PIB en 2020, como muy tarde. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, un déficit estructural del 1 % del PIB, de aquí a 2020, que es el período cubierto por el programa. Está previsto que el saldo estructural recalculado (4) alcance el -2,6 % de aquí a 2020. Según el Programa de Convergencia, la ratio deuda pública/PIB aumentará en principio del 37,6 % del PIB en 2016 al 38,3 % del PIB en 2018 para disminuir posteriormente al 37,6 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista. El principal riesgo a la baja de las perspectivas macroeconómicas se deriva de un menor impacto de las medidas presupuestarias y estructurales sobre las perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo. Al mismo tiempo, no se han concretado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos. Por otra parte, el proyecto de ley salarial unificada plantea un importante riesgo a la baja con respecto a la previsión presupuestaria.

               (7)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Rumanía que limitara la desviación con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograra un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo pudiera respetarse con un esfuerzo menor. Atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2016, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 22 de mayo de 2017, la Comisión advirtió a Rumanía que en 2016 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 16 de junio de 2017 el Consejo adoptó una Recomendación (5) en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017, existe un riesgo de desviación significativa del ajuste recomendado en 2017.

               (8)

               En 2018, a la vista de su situación presupuestaria, se espera que Rumanía realice un nuevo ajuste orientado a la consecución de su objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, un déficit estructural del 1 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 4,3 %. Ello correspondería a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2018. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017 apuntan a un déficit de las administraciones públicas del 3,5 % y del 3,7 % del PIB en 2017 y 2018, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. En general, el Consejo considera que, a partir de 2017, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la Recomendación dirigida a Rumanía el 16 de junio de 2017 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (9)

               El marco fiscal de Rumanía es adecuado pero no se aplica plenamente. El presupuesto de 2016 se desvió considerablemente del objetivo a medio plazo, consistente en un déficit estructural del 1 % del PIB, infringiendo así la norma del déficit en el marco presupuestario nacional. El presupuesto de 2017 también se desvió de las normas presupuestarias nacionales. En 2016, como en años anteriores, las autoridades rumanas no enviaron al Parlamento una actualización de la estrategia presupuestaria dentro del plazo legal, que expiró en agosto. Como consecuencia de ello, la estrategia presupuestaria a medio plazo no ha podido guiar el proceso presupuestario anual.

               (10)

               En un contexto de reservas de capital confortables y una rentabilidad al alza, la salud del sector bancario siguió mejorando en 2016. Las autoridades rumanas se comprometieron a realizar una exhaustiva revisión de la calidad de los activos y pruebas de resistencia del sector bancario en 2018. La Ley de condonación de la deuda entró en vigor en mayo de 2016, pero los riesgos para el sector bancario se han visto muy atenuados por una sentencia del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales tendrán que evaluar si los prestatarios cumplen las disposiciones legales sobre dificultades excepcionales. La Ley de conversión de préstamos denominados en CHF, aprobada por el Parlamento en octubre de 2016, ha sido recientemente juzgada inconstitucional. Sin embargo, la recurrencia de las iniciativas legislativas sigue suponiendo un reto para la previsibilidad jurídica, con posibles repercusiones negativas sobre la confianza de los inversores.

               (11)

               La evasión fiscal ha sido prevalente en Rumanía, reduciendo los ingresos fiscales y la equidad tributaria y ejerciendo un efecto distorsionador sobre la economía. Rumanía ha realizado avances limitados en lo que respecta al seguimiento de una recomendación específica por país para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. En 2016 se modificaron los procedimientos de registro y reembolso del IVA y se están instalando a escala nacional cajas registradoras electrónicas conectadas a la administración tributaria. Desde 2017 se aplica un régimen especial a sectores como la restauración, la hostelería y otras actividades conexas, en los que la obligación tributaria se fija con independencia de los ingresos. Además, también se adoptaron restricciones en el trabajo por cuenta propia y las empresas familiares, con el fin de desincentivar la elusión fiscal. En 2016 se observó una mejora en el cumplimiento de las declaraciones y el pago de impuestos, pero las inspecciones y auditorías conjuntas, fiscales y laborales, no consiguieron mejorar los resultados. Por otra parte, se incrementó sustancialmente el umbral del volumen de negocios para el régimen fiscal de las microempresas, al tiempo que se rebajaba el tipo, lo que facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales en detrimento de los ingresos presupuestarios. Con la aplicación de los enfoques sectoriales y por categorías a la fiscalidad de las empresas se corre el riesgo de imponer una carga administrativa tanto a las empresas como a la administración tributaria, sin que ello favorezca la mejora de la recaudación.

               (12)

               La distribución de la renta familiar disponible (que tiene en cuenta el tamaño del hogar) es particularmente desigual en Rumanía, lo que va en detrimento de su potencial de crecimiento sostenible e integrador. El 20 % más rico de la población tiene una renta más de ocho veces superior a la del 20 % más pobre. Esta ratio supera con creces la media de la Unión. Las desigualdades se deben en gran medida al desigual acceso a la atención sanitaria, la educación, los servicios y el mercado de trabajo. Por otra parte, la diferencia entre la desigualdad de renta antes y después de los impuestos y las transferencias sociales es una de las más pequeñas de la Unión. El índice de referencia social, en el que se basan las principales prestaciones sociales, no se ha actualizado desde su introducción en 2008. El trabajo no declarado, incluidos los «sueldos en mano», sigue siendo generalizado y continúa pesando sobre los ingresos tributarios, distorsionando la economía y minando la equidad y eficacia de los sistemas tributario y de prestaciones. La administración tributaria y las inspecciones de trabajo llevaron a cabo inspecciones nacionales conjuntas en el marco de un proyecto piloto, pero, hasta la fecha, esta iniciativa no ha logrado tener un impacto sistémico. Los recursos no se centran en los sectores con mayor riesgo de evasión fiscal, se presta limitada atención a los sueldos en mano y las medidas coercitivas priman sobre las de carácter preventivo.

               (13)

               El desempeño del mercado de trabajo mejoró en 2016, cuando la tasa de desempleo alcanzó niveles anteriores a la crisis. La mano de obra sigue reduciéndose, al tiempo que envejece la población y la emigración sigue siendo elevada. El bajo nivel de desempleo va acompañado de una de las tasas de inactividad más altas de la Unión. Las tasas de empleo y de actividad de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad y las personas de etnia romaní, en particular, están muy por debajo de la media de la Unión. El número de jóvenes que no tiene trabajo, ni estudia ni recibe formación sigue siendo muy elevado.

               (14)

               Aunque en retroceso, el riesgo de pobreza o exclusión social ha sido muy elevado, en particular para las familias con hijos, las personas con discapacidad, la población romaní y la población rural. En 2016 se adoptó un paquete integral de lucha contra la pobreza que refleja el cambio de política hacia la mejora de la prestación de servicios a grupos específicos de población. Este paquete incluye un proyecto piloto que establece servicios integrados en las comunidades marginadas. Su despliegue a escala nacional contribuiría de manera significativa a mejorar el bajo nivel actual de prestación de servicios integrados. En respuesta a sucesivas recomendaciones específicas por país, se adoptó la Ley sobre renta mínima de inclusión, que entrará en vigor en 2018. La renta mínima de inclusión mejora la adecuación y la cobertura de la asistencia social. Combina apoyo pasivo con medidas activas del mercado de trabajo obligatorias e inspecciones. Su activación potencial es, con todo, limitada, ya que el objetivo es llegar al 25 % de los beneficiarios mediante medidas activas del mercado laboral de aquí a 2021.

               (15)

               Las políticas de activación se han reforzado en el contexto de la reforma de la Agencia Nacional de Empleo. Las reformas incluyen más ayuda a medida y más servicios integrados para los solicitantes de empleo y los empleadores. Se están mejorando las acciones de divulgación y los servicios ofrecidos a los jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben formación. Sin embargo, las políticas de activación ofrecidas a los grupos que se encuentran más alejados del mercado laboral siguen siendo limitadas y las medidas de activación recientemente propuestas no se centran ya en estos grupos específicos. Su alcance y su vinculación con los servicios sociales es insuficiente para mejorar significativamente la participación en el mercado de trabajo de estos grupos en particular.

               (16)

               La adecuación de las pensiones y la pobreza en la vejez tienen una importante dimensión de género, ya que, en igualdad de condiciones, la edad de jubilación más baja de las mujeres se traduce en unos derechos de pensión más reducidos. Rumanía se encuentra entre los pocos Estados miembros que no prevén la convergencia de la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres. La Ley sobre la equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres se presentó ante el Parlamento en 2013. Hasta ahora solo ha sido adoptada por el Senado.

               (17)

               Habida cuenta de la evolución de la productividad, la convergencia de ingresos y la posición de competitividad de Rumanía, las subidas de los salarios en los sectores público y privado merecen especial atención. Las subidas de los salarios en el sector público podrían extenderse al sector privado, con las consiguientes repercusiones en la competitividad del país. El nivel del salario mínimo de Rumanía, aunque sigue siendo uno de los más bajos de la Unión, ha aumentado significativamente en los últimos años. Las subidas ad hoc del salario mínimo han mejorado notablemente la proporción de trabajadores que lo perciben y han provocado recientemente una fuerte compresión en la parte inferior de la distribución salarial. En respuesta a una recomendación específica por país, a principios de 2016 se creó un grupo de trabajo tripartito con la misión de crear un mecanismo de fijación del salario mínimo basado en criterios económicos, de mercado de trabajo y sociales objetivos, pero se registraron importantes retrasos que es preciso tener en cuenta. El diálogo social sigue caracterizándose por el bajo nivel de negociación colectiva a nivel sectorial y por las debilidades institucionales que limitan la eficacia de las reformas.

               (18)

               Unas cualificaciones básicas suficientes son fundamentales para encontrar y conservar puestos de trabajo adecuados y estables y para participar de forma exitosa en la vida económica y social. Los estudios internacionales apuntan a deficiencias graves en las competencias básicas entre los adolescentes rumanos. La elevada tasa de abandono escolar prematuro, el bajo desempeño en la educación superior y una elevada emigración resultan en la escasez de mano de obra cualificada. El acceso a una educación de calidad es limitado en las zonas rurales y para los niños romaníes, en particular. La dificultad para atraer a buenos profesores a las zonas rurales y a las escuelas con mayoría de alumnos romaníes, junto con la segregación y unas actitudes a menudo discriminatorias, se traduce en un desempeño educativo inferior de los niños de etnia romaní. En respuesta a reiteradas recomendaciones específicas por país, Rumanía adoptó y empezó a aplicar una estrategia sobre el abandono escolar prematuro. Entre las medidas recientemente adoptadas cabe destacar intervenciones integradas, un programa piloto de comida caliente, la mejora en el reembolso de los costes de desplazamiento y bonos sociales para fomentar la educación preescolar de los niños pobres. Para el otoño de 2017 se prevén medidas basadas en proyectos con financiación de la Unión destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas desfavorecidas, y se ha emprendido la modernización, si bien incompleta, de los planes de estudio. Se mejoró la legislación en materia de lucha contra la segregación, en particular gracias al refuerzo del mandato de las inspecciones escolares en este ámbito. No obstante, se sigue echando en falta una metodología de seguimiento. Se requieren nuevas medidas para asegurar un progreso sostenido en la lucha contra las desigualdades socioeconómicas en la educación. Hasta la fecha, la Garantía Juvenil ha llegado solo parcialmente a los alumnos que abandonan prematuramente la escuela, y los programas de segunda oportunidad no están disponibles de forma inmediata. El sistema de educación y formación profesional no está suficientemente adaptado a las necesidades del mercado de trabajo y la participación en el aprendizaje de los adultos es muy baja.

               (19)

               La población rumana está expuesta a unos indicadores sanitarios deficientes. El acceso a una asistencia sanitaria de calidad se ve dificultado por la escasez de profesionales sanitarios, una financiación insuficiente, la excesiva dependencia de los hospitales y la corrupción, lo que afecta, en particular, a las personas con rentas bajas y a las zonas rurales. Además de los pagos informales a los profesionales de la medicina, la corrupción atañe a la contratación pública en los hospitales, el fraude en materia de seguros y los sobornos para obtener certificados que dan derecho a prestaciones. En respuesta a una recomendación específica por país y en el contexto de la condicionalidad ex ante para el período de financiación de la Unión 2014-2020, Rumanía adoptó algunas medidas destinadas a adoptar un cambio de rumbo que favorece la asistencia ambulatoria por encima de la hospitalización. Se elaboraron planes sanitarios regionales para determinar las necesidades de infraestructuras y servicios, y la aplicación de la estrategia nacional de asistencia sanitaria está siendo objeto de seguimiento. En consonancia con la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2016-2020, se adoptó legislación para modernizar el sistema de información sobre los pagos informales y se han mejorado los salarios de los profesionales de la salud. La estrategia de lucha contra la corrupción comprende medidas globales en el ámbito de la atención sanitaria, que incluyen el fomento de la rendición de cuentas y la transparencia en la contratación de los directivos de los hospitales. No obstante, el refuerzo de la atención comunitaria, de la asistencia ambulatoria y de los sistemas de remisión de pacientes se encuentra todavía en una fase inicial, los pagos informales siguen siendo generalizados, queda por garantizar la transparencia en la gestión de los centros y está pendiente de adopción una estrategia nacional relativa al personal sanitario.

               (20)

               La capacidad administrativa y de elaboración de políticas de Rumanía se ha visto perjudicada por la falta de transparencia en los procedimientos y en los procesos decisorios, unos procedimientos administrativos onerosos, la escasa utilización de datos fácticos de calidad, la insuficiente coordinación entre las políticas sectoriales y una corrupción endémica. El avance de la reforma de la Administración Pública ha sido limitado. Las estructuras organizativas siguen siendo inestables, lo que afecta a la independencia y eficacia de la Administración Pública. En 2016 se emprendieron estrategias relativas a la función pública, pero el marco legislativo no incorpora todavía algunos de sus objetivos principales, en particular en lo que respecta a los criterios objetivos para la contratación de personal, la evaluación y recompensa de resultados. Se propone armonizar en cierta medida los niveles salariales, aunque no existe un vínculo claro entre prestaciones y retribuciones, ni a nivel central ni a nivel local. Aún deben reforzarse la capacidad y la autoridad del Instituto Nacional de Administración Pública. Parece ir a darse marcha atrás en algunas de las medidas de transparencia en la elaboración de las políticas, introducidas en 2016. La planificación estratégica y la evaluación del impacto regulador no se han consolidado en la práctica administrativa.

               (21)

               Unas infraestructuras de transporte insuficientes en términos de calidad y cantidad han sido uno de los principales obstáculos al desarrollo económico en Rumanía. Para hacer frente a las deficiencias asociadas, Rumanía adoptó en el otoño de 2016, en respuesta a una recomendación específica por país, el plan general de transporte. Con el fin de acelerar la inversión en infraestructuras viarias, la gestión de las inversiones en infraestructuras ya no es responsabilidad de la autoridad encargada de la administración de las infraestructuras. En 2016 se creó un organismo para la reforma del sistema ferroviario, que estará operativo a mediados de 2017.

               (22)

               Últimamente, Rumanía venía registrando uno de los coeficientes de inversión más elevados de la Unión. Sin embargo, en 2016, la inversión pública se contrajo, debido, entre otras cosas, a la infrautilización de los fondos de la Unión. Un elevado nivel de absorción y un uso eficaz de la financiación de la Unión son esenciales para que Rumanía pueda explotar su potencial de desarrollo en sectores clave como el transporte o los residuos, en particular. La calidad de la inversión pública se ha visto afectada por una gestión deficiente y unas prioridades cambiantes, entre otros motivos. Se ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país. Desde agosto de 2016, se ha solicitado a los ministerios que tengan en cuenta en sus planes de gasto las prioridades en materia de inversión, pero no se han tomado otras medidas para reforzar el papel del Ministerio de Hacienda en materia de priorización de la inversión ni para asegurar una mayor coordinación de la preparación de los proyectos de inversión pública en todos los ministerios. La adopción del plan nacional de gestión de residuos y del programa de prevención de residuos, que estaba prevista para finales de 2016, está aún pendiente. Estos planes también son necesarios para mejorar la gobernanza y asegurar el cumplimiento de la regulación a fin de canalizar fondos nacionales y de la Unión hacia la consecución de los estándares medioambientales de la Unión.

               (23)

               La eficiencia de la contratación pública es fundamental para conseguir los objetivos estratégicos y hacer frente a los grandes retos políticos a que se enfrenta Rumanía, en particular la eficiencia del gasto público, la modernización de la Administración Pública, la lucha contra la corrupción y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e integrador. Es asimismo esencial para consolidar la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos y en la democracia. Rumanía ha tomado recientemente medidas encaminadas a la puesta en práctica de la estrategia y el plan de acción en materia de contratación pública. Como corolario de la Ley de contratación pública, en vigor desde mayo de 2016, en junio de 2016 se adoptó legislación de aplicación en materia de adquisición y contratación en los sectores de servicios públicos, a finales de ese mismo año se adoptó el Derecho derivado sobre contratos de concesión y la agenda nacional de contratación pública incluye medidas de prevención y control de la corrupción. Sin embargo, siguen pendientes algunas medidas fundamentales de la estrategia, como el refuerzo de los controles y otras medidas de lucha contra la corrupción, la plena aplicación de la contratación electrónica y la formación de funcionarios responsables de la contratación pública.

               (24)

               Más del 45 % de la población rumana vive en zonas rurales, que siguen estando muy a la zaga de las zonas urbanas en términos de empleo y educación, acceso a los servicios y las infraestructuras y bienestar material. En respuesta a una recomendación específica por país con miras a mejorar el acceso a unos servicios públicos integrados, ampliar las infraestructuras básicas y fomentar la diversificación económica, en particular en las zonas rurales, Rumanía adoptó en 2016 un conjunto exhaustivo de medidas sobre desarrollo rural, modernización de las pequeñas explotaciones agrícolas, apoyo a las pymes no agrícolas, inversión en infraestructuras, incluidos los servicios sociales y la educación, y formalización del empleo. Su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de desplegar las acciones piloto a mayor escala, y de orientar y absorber eficazmente los fondos disponibles de la Unión.

               (25)

               Las empresas estatales desempeñan un papel decisivo en la economía, en particular en sectores de infraestructuras clave. Las deficiencias en la gobernanza de las empresas estatales se traducen en una menor rentabilidad en relación con sus homólogos privados, con los consiguientes efectos negativos en la Hacienda Pública. En respuesta a una recomendación específica por país, Rumanía logró progresos sustanciales en la mejora de la gobernanza corporativa de las empresas estatales. En el otoño de 2016 se adoptó rápidamente legislación derivada en apoyo de la legislación principal sobre gobernanza corporativa de las empresas estatales. El marco legislativo es acorde con las buenas prácticas internacionales en materia de transparencia en el nombramiento de los miembros de los consejos de administración y la gestión de las empresas estatales y confiere al Ministerio de Hacienda competencias específicas de vigilancia y ejecución. También se adoptaron medidas de concienciación de las autoridades locales sobre las nuevas normas y se hizo pública información presupuestaria sobre las empresas estatales. Sin embargo, los retrasos en la designación de los gestores profesionales suscitan dudas acerca de su implementación ulterior.

               (26)

               La competitividad de Rumanía se ha resentido de la debilidad de la competitividad no relacionada con los costes y las barreras estructurales a la transición a una economía de mayor valor añadido, entre las que cabe destacar los complejos procedimientos administrativos. En respuesta a una recomendación específica por país formulada en 2016, Rumanía adoptó una serie de actos legislativos para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración Pública, aunque limitados a un reducido número de procedimientos.

               (27)

               La corrupción persiste a todos los niveles y sigue siendo un obstáculo para la actividad empresarial. Rumanía ha realizado progresos sustanciales en gran parte de la reforma del sistema judicial y en la lucha contra la corrupción de alto nivel. No obstante, se echan en falta medidas clave para hacer frente a los retos que se plantean en estos sectores, de manera que las reformas sean sostenibles e irreversibles. Se han realizado algunos progresos en el desarrollo de nuevas medidas de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las administraciones locales, pero subsisten importantes retos en lo que respecta a la implementación efectiva de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción adoptada en 2016. Se requieren esfuerzos en lo que respecta al respeto de la independencia judicial en la vida pública de Rumanía, la ultimación de las reformas del código penal y del código civil y la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales. En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, Rumanía recibe recomendaciones en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Estos ámbitos no se incluyen, pues, en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Rumanía.

               (28)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (29)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Rumanía tome medidas en 2017 y 2018 a fin de:

               1.

               En 2017, garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En 2018, llevar a cabo un importante esfuerzo presupuestario, de acuerdo con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Garantizar la plena aplicación del marco presupuestario. Reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación. Luchar contra el trabajo no declarado garantizando, entre otras cosas, el uso sistemático de controles integrados.

               2.

               Reforzar unas políticas selectivas de activación y unos servicios públicos integrados, prestando especial atención a las personas más alejadas del mercado laboral. Adoptar legislación sobre la igualación de la edad de jubilación para hombres y mujeres. Establecer un mecanismo transparente de fijación del salario mínimo, en consulta con los interlocutores sociales. Mejorar el acceso a una educación general de calidad, en particular para la población romaní y los niños en las zonas rurales. En lo que respecta a la atención sanitaria, proceder a una reorientación hacia la asistencia ambulatoria, y frenar los pagos informales.

               3.

               Adoptar legislación para asegurar un servicio civil profesional e independiente, aplicando criterios objetivos. Reforzar la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública. Garantizar la aplicación oportuna, plena y viable de la estrategia nacional en materia de contratación pública.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.

      (5)  Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2017, con vistas a corregir la desviación significativa observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía (DO C 216 de 6.7.2017, p. 1).

      (6)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte en un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (7)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


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31998H0477

98/477/CE: Recomendación de la Comisión de 22 de julio de 1998 relativa a la información que debe presentarse como justificante de una solicitud de evaluación de la situación epidemiológica de los países respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles [notificada con el número C(1998) 2268] (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 212 de 30/07/1998 p. 0058 - 0061

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 1998 relativa a la información que debe presentarse como justificante de una solicitud de evaluación de la situación epidemiológica de los países respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles [notificada con el número C(1998) 2268] (Texto pertinente a los fines del EEE) (98/477/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 155,(1) Considerando que en el Reino Unido se ha publicado nueva información que refuerza la hipótesis de que la exposición al agente causante de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) está relacionada con la nueva variante de la enfermedad de Creuzfeldt Jakob (ECJ) en la especie humana; que, el 16 de septiembre de 1997, el Comité consultivo de la encefalopatía espongiforme del Reino Unido dictaminó que las últimas investigaciones aportaban nuevas pruebas convincentes de que el agente causante de la EEB es idéntico al agente causante de la nueva variante de la ECJ en la especie humana; que, el 18 de septiembre de 1997, el Comité consultivo de patógenos peligrosos dictaminó que el agente causante de la EEB debe clasificarse como patógeno humano; que, el 26 de noviembre de 1997, la Comisión adoptó la Directiva 97/65/CE que clasifica los agentes causantes de la EEB y de otras EET de origen animal en el mismo grupo de riesgo que el patógeno humano causante de la ECJ;(2) Considerando que, el 31 de marzo de 1998, el Consejo invitó a la Comisión a que presentase una propuesta adecuada en el ámbito de los materiales especificados de riesgo, tras las conclusiones de la sesión a la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) de mayo de 1998; que la Comisión ha reiterado su intención de elaborar una propuesta comunitaria más amplia sobre la base del artículo 100 A, dando participación tanto al Consejo como al Parlamento Europeo; que el capítulo 3.2.13 del Código de la OIE sobre la EEB recomienda que se tenga en cuenta la situación epidemiológica en el momento de la importación de un país o una zona determinada;(3) Considerando que una evaluación de riesgos basada en la metodología científica aceptada puede demostrar que en ciertos países es significativamente mayor el riesgo de exposición de los animales o de las personas a las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET); que, a través de una evaluación epidemiológica rigurosa realizada de acuerdo con normas comunes mediante un procedimiento comunitario, se facilitará la información necesaria sobre la situación existente en cada país;(4) Considerando que el Comité director científico (CDC) estableció en su dictamen de 23 de enero de 1998 la lista de los factores determinantes del riesgo geográfico en una determinada zona geográfica; que, en su dictamen de 19 y 20 de febrero de 1998, el CDC estableció el contenido de un estudio completo acerca de la situación epidemiológica en relación con las EET;(5) Considerando que la tarea de los países a la hora de preparar la solicitud de reconocimiento de su situación epidemiológica en relación con las EET será facilitada si la información se presenta de acuerdo con el dictamen científico antes citado; que la evaluación de esas solicitudes será facilitada si tales datos se presentan de acuerdo con el dictamen científico antes citado;(6) Considerando que la Comisión basará su enfoque de la situación epidemiológica en el dictamen del CDC; que, por consiguiente, la Comisión anima a los países a que presenten su estudio de acuerdo con la presente Recomendación,RECOMIENDA QUE:1. Se invite a los Estados miembros a que presenten lo antes posible y, preferentemente, antes del 1 de octubre de 1998, una solicitud de reconocimiento de su situación epidemiológica en relación con las EET en al menos una de las lenguas oficiales de la Comunidad.2. Los Estados miembros garanticen que los justificantes que acompañen a la solicitud han sido elaborados y presentados de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el anexo.3. Se dirijan todas las solicitudes y peticiones de información adicional a:Comisión EuropeaDirección General de Política de los Consumidores y Protección de la Salud de los ConsumidoresDG XXIV/B1Rue de la Loi/Wetstraat 2001049 Bruxelles/BrusselTel: (32 2)-295 39 62, fax: (32 2)-299 63 01, correo electrónico: tse-status@dg24.cec.be.4. Las posibilidades previstas en la presente Recomendación se ofrezcan también a países terceros.5. Los servicios de la Comisión evalúen los estudios y soliciten el dictamen del Comité director científico sobre cada una de las solicitudes.Por la ComisiónFranz FISCHLERMiembro de la ComisiónANEXO Información que debe presentarse como justificante de una solicitud de reconocimiento de situación epidemiológica Todos los datos deben presentarse con carácter anual y, preferentemente, desde 1980 en adelante, pero al menos desde 1988.Los Estados solicitantes deben intentar por todos los medios que la información facilitada sea exhaustiva y coherente. Es posible que los datos que no hayan sido facilitados o que se consideren incompletos o insatisfactorios tengan que sustituirse por los supuestos más desfavorables a efectos de la evaluación del riesgo.Deberá presentarse información sobre los siguientes aspectos 1. Estructura y evolución de las poblaciones de animales bovinos, ovinos y caprinos a) número absoluto de animales de cada especie y raza, vivos y en el momento del sacrificio;b) distribución por edades de los animales desglosados por especie, raza, sexo y tipo;c) distribución por edades de los animales desglosados por especie, raza, sexo y tipo, en el momento del sacrificio;d) distribución geográfica de los animales desglosados por especie y raza;e) distribución geográfica de los animales desglosados por sistema de cría, tamaño del rebaño y finalidad de la producción;f) sistema de identificación y capacidad de rastreo de los animales.2. Comercio de animales a) importaciones y exportaciones;b) corrientes comerciales dentro del área geográfica;c) importaciones de embriones y esperma;d) utilización de los animales, embriones y esperma importados;e) procedimientos utilizados por los mataderos para identificar a los animales y el origen de los mismos, así como datos de estos procedimientos.3. Piensos a) producción nacional de harina de carne y huesos (HCH) y su utilización por especie y sistema de cría (en particular, la proporción de HCH de producción nacional utilizada en la alimentación de animales de las especies bovina, ovina y caprina);b) importaciones de HCH, con especificación del país de origen y su utilización por especie y sistema de cría (en particular, la proporción de esta HCH utilizada en la alimentación de animales de las especies bovina, ovina y caprina);c) exportaciones de HCH, con especificación del país de destino.4. Prohibición de la harina de carne y huesos (HCH) a) descripción completa;b) fechas de implantación;c) datos relativos a la aplicación efectiva, al control y al cumplimiento de la prohibición;d) posibilidad de contaminación cruzada con otros piensos.5. Prohibición de los despojos especificados de bovino (DEB) y de los materiales especificados de riesgo (MER) a) descripción completa;b) fechas de implantación;c) datos relativos a la aplicación efectiva, al control y al cumplimiento de la prohibición.6. Vigilancia de las EET, especialmente en relación con la EEB y el prurigo lumbar (tembladera) a) incidencia de los casos de EEB y de tembladera confirmados mediante análisis de laboratorio;b) distribución por edades, distribución geográfica y países de origen de los casos;c) incidencia de afecciones neurológicas en las que no puedan excluirse, sobre bases clínicas, las EET en cualquier especie animal;d) métodos y programas de vigilancia y registro de los casos clínicos de EEB y de tembladera, incluidas las actividades de sensibilización de ganaderos, veterinarios, servicios de control y autoridades;e) incentivos previstos para la notificación de los casos, planes de compensación y gratificación;f) métodos de confirmación de laboratorio y registro de los casos sospechosos de EEB y de tembladera;g) cepas de los agentes causantes de la EEB y de la tembladera posiblemente implicadas;h) sistemas existentes o planes actualmente vigentes para la vigilancia activa selectiva.7. Extracción de grasas y transformación de piensos a) todos los sistemas utilizados para la extracción de grasas y la transformación de piensos;b) naturaleza de los registros de los centros de extracción y transformación;c) parámetros cuantitativos y cualitativos de la producción de HCH y de sebo en relación con cada uno de los sistemas de transformación;d) áreas geográficas de las que procedan los materiales sometidos a la extracción;e) tipo de materias primas utilizadas;f) parámetros de las distintas líneas de transformación relativas a los materiales procedentes de animales sanos y de animales sospechosos;g) sistemas de almacenamiento y transporte de las HCH o de los piensos que contengan HCH.8. Sacrificios selectivos relacionados con la EEB y la tembladera a) criterios relativos al sacrificio selectivo;b) fecha de implantación del programa de sacrificio selectivo y de cualquier modificación posterior;c) número de animales sacrificados de forma selectiva (datos indicados en el punto 1);d) tamaño de los rebaños en los que se haya procedido al sacrificio selectivo de animales.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Dinamarca y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Dinamarca

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/87

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Dinamarca y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Dinamarca
   (2016/C 299/21)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Dinamarca fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Dinamarca de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 14 de julio de 2015, así como los avances de Dinamarca hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)

               El 26 de abril de 2016, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Convergencia de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               Dinamarca se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé una mejora del saldo global, logrando un presupuesto equilibrado en 2020. Está previsto alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit del 0,5 % del PIB en términos estructurales) en 2016. Según dicho Programa, se espera que la ratio deuda pública/PIB llegue al 35,1 % en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas proyecciones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, Dinamarca prevé cumplir el ajuste presupuestario recomendado en 2016 y 2017. A tenor de su evaluación del Programa de Convergencia y habida cuenta de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, el Consejo espera que Dinamarca cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (6)

               Garantizar la oferta de mano de obra a medida que la población envejece es una condición previa indispensable para un crecimiento sostenible en Dinamarca. Una serie de importantes reformas del mercado de trabajo en los últimos años aspira, en particular, a aumentar los incentivos al trabajo y mejorar la eficiencia de las políticas activas del mercado de trabajo. Estas reformas podrían contribuir a lograr el objetivo de empleo de Europa 2020 de Dinamarca y a la sostenibilidad del modelo danés de Estado del bienestar. Sin embargo, el objetivo nacional de Europa 2020 en materia de inclusión social, que es reducir el número de personas que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja, está lejos de ser una realidad. La inclusión en el mercado laboral y la mejora de la empleabilidad de colectivos desfavorecidos siguen planteando un reto. Ello es especialmente válido para las personas de origen inmigrante no procedentes de la UE, incluidas las que han residido largo tiempo en Dinamarca y los jóvenes con bajo nivel educativo. Las medidas de integración laboral acordadas en las negociaciones tripartitas de 2016 podrían mejorar la situación de los refugiados y migrantes recién llegados. No obstante, deben adoptarse aún más medidas para incluir en el mercado de trabajo a otros grupos marginados de manera más efectiva.

               (7)

               Para mantener el nivel relativamente elevado de bienestar ofrecido en Dinamarca, resulta esencial mejorar el crecimiento de la productividad. Sin embargo, el crecimiento de la productividad ha sido lento en las dos últimas décadas. Uno de los factores que han contribuido a ello identificado es la continuada falta de competencia en el sector de servicios orientado al mercado nacional, especialmente en el comercio minorista y en la construcción. Por consiguiente, Dinamarca debe redoblar los esfuerzos para mejorar la productividad en el sector de la construcción, eliminando barreras y garantizando regímenes de autorización proporcionados siempre que estos regímenes se consideren necesarios. También hay que suavizar las restricciones aplicadas a los establecimientos minoristas, en particular mediante la aplicación de las reformas descritas por el Gobierno.

               (8)

               El nivel general de inversión en Dinamarca ha sido bajo desde que se produjo un pronunciado descenso de la inversión privada durante la crisis económica. Esto refleja en parte una baja inversión en vivienda tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y capacidad no utilizada en el sector empresarial. Impulsar las inversiones ayudaría a Dinamarca a reforzar el crecimiento económico y aumentar la productividad. Se han encontrado barreras a la inversión en el sector de los servicios y en la investigación. Los sectores del comercio minorista y de la construcción se enfrentan a barreras de entrada, que a cambio afectan a la competencia y al crecimiento de la productividad. Podría hacerse un mayor esfuerzo para que los resultados de la investigación universitaria se conviertan en innovaciones comerciales.

               (9)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Dinamarca en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

               (10)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su Dictamen (4) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Dinamarca que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               Respetar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograr un ajuste presupuestario anual del 0,25 % del PIB para conseguir el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017.

               2.

               Mejorar la productividad y la inversión del sector privado mediante el aumento de la competencia en el sector de servicios orientados al mercado nacional, en particular facilitando la entrada en el mercado minorista y de la construcción. Incentivar la cooperación entre el mundo empresarial y las universidades.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 4 de octubre de 2011 , sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

text:
               11.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 265/29

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 4 de octubre de 2011
   sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
   (2011/669/UE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 283, apartado 2,
   Visto el Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 11.2,
   RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
   Nombrar al Sr. Jörg ASMUSSEN miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años.

      Hecho en Luxemburgo, el 4 de octubre de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI


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31994H0183

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 21 de marzo de 1994 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) para el ejercicio 1992

Diario Oficial n° L 084 de 29/03/1994 p. 0047 - 0047

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 21 de marzo de 1994 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) para el ejercicio 1992 (94/183/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 206,  Visto el cuarto Convenio ACP-CEE firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989,  Vista la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativo a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),  Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado en Bruselas el 16 de julio de 1990, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 33,  Visto el Reglamento financiero de 29 de julio de 1992, aplicable al séptimo Fondo Europeo de Desarrollo (3) y, en particular, sus artículos 69 a 77,  Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) aprobados el 31 de diciembre de 1992, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1992,  acompañado de las respuestas de la Comisión (4),  Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 33 del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) se efectuará por el Parlamento Europeo previa recomendación  del Consejo;  Considerando que la ejecución, en su conjunto, de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) durante el ejercicio 1992, por la Comisión, ha sido satisfactoria,  RECOMIENDAal Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1989) (séptimo FED) para el ejercicio 1992.  Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 1994.  Por el Consejo El Presidente Y. PAPANTONIOU  (1) DO no L 263 de 19. 9. 1991, p. 1.  (2) DO no L 229 de 17. 8. 1991, p. 288.  (3) DO no L 266 de 21. 9. 1991, p. 1.  (4) DO no C 309 de 16. 11. 1993, pp. 231 a 254 y 353 a 360.


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		52013DC0394

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Portugal /* COM/2013/0394 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo de Portugal
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 7,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)       Con arreglo al artículo
126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados
miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
(2)       El Pacto de Estabilidad
y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como
medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un
crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)       El 2 de diciembre de
2009, el Consejo, en aplicación del artículo 126, apartado 6, del TFUE, decidió
que en Portugal existía un déficit excesivo y emitió una recomendación para que
este país corrigiese su déficit excesivo en 2013 a más tardar, de conformidad
con el artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE)
nº 1467/97 del Consejo[1],
de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo[2].

(4)       El 15 de junio de 2010,
la Comisión concluyó que Portugal había tomado medidas eficaces para seguir la
recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009 de situar su déficit
público por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB, por lo que no
consideró necesaria ninguna otra medida en el marco de la aplicación del
procedimiento de déficit excesivo en ese momento.
(5)       El 9 de octubre de 2012,
el Consejo, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1467/97 del Consejo decidió que se habían tomado medidas eficaces pero
que habían aparecido factores económicos adversos e inesperados con importantes
consecuencias desfavorables sobre la hacienda pública. Por ello, el Consejo
adoptó una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del
TFUE (la «recomendación revisada en el marco del PDE»), y recomendó a Portugal
corregir el déficit excesivo en 2014 a más tardar. Con el fin de situar el
déficit público por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2014
se recomendó a Portugal lograr una mejora del saldo estructural del 2,3 %
del PIB en 2012, el 1,6 % del PIB en 2013 y el 1,3 % del PIB en 2014.
Los objetivos de déficit público compatibles con las mejoras del saldo
presupuestario estructural exigidas eran del 5 % del PIB en 2012,
el 4,5 % del PIB en 2013 y el 2,5 % del PIB en 2014.
(6)       También se recomendó a
las autoridades portuguesas que aplicaran las medidas adoptadas en el
presupuesto de 2012 y su suplemento del mes de marzo y que tomaran medidas
adicionales por un valor del 0,3 % del PIB. Se recomendó a Portugal que
tomara medidas permanentes de saneamiento equivalentes al menos al 3 % del
PIB y las incluyera en el presupuesto de 2013, adoptando medidas adicionales en
caso de desviaciones, y que definiera medidas por un valor del 1,75 % del
PIB en 2014 después de una Revisión del Gasto Público (RGP) global. Además,
Portugal debía aplicar los requisitos de la Decisión de Ejecución 2011/344/UE
del Consejo, relativa a la concesión de ayuda financiera de la Unión a
Portugal, de 17 de mayo de 2011, y sus modificaciones sucesivas. Asimismo, debía
adaptar la Ley marco presupuestaria a fin de incorporar las normas de la UE en
materia de gobernanza presupuestaria y seguir reforzando la transparencia y el
control en todas las fases presupuestarias, respetando al mismo tiempo el marco
presupuestario a medio plazo.
(7)       De conformidad con el
artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1467/97, el Consejo, partiendo
de una recomendación de la Comisión, puede decidir adoptar una recomendación
revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, si se han tomado
medidas eficaces y aparecen factores económicos adversos e inesperados con
importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública tras la adopción de
la recomendación inicial. La aparición de factores económicos adversos e
inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública ha
de evaluarse teniendo en cuenta las previsiones económicas subyacentes a la
recomendación del Consejo.
(8)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE) nº
1467/97 del Consejo, este debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de que
se trate para que ponga fin a la situación de déficit excesivo en un plazo
determinado. La recomendación debe establecer un plazo máximo de seis meses
para que el Estado miembro tome medidas eficaces encaminadas a corregir el
déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección
del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos
presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta las previsiones en que se base
la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del saldo
presupuestario estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluidas las
medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo
al 0,5 % del PIB, como valor de referencia.
(9)       En las previsiones en
que se basa la recomendación revisada de octubre de 2012, se esperaba que el
PIB real se contrajera el 3 % y el 1 % en 2012 y 2013,
respectivamente. Desde entonces, las perspectivas de crecimiento se han
deteriorado fuertemente, después de que el último trimestre de 2012 resultara
ser significativamente peor de lo previsto tanto para la actividad económica
como para la evolución del mercado laboral, lo que desembocó en una contracción
del PIB real del 3,2 % en 2012. Teniendo en cuenta la influencia negativa
de 2012 y el deterioro de las perspectivas de crecimiento para los mercados de
exportación de Portugal, en la última actualización de las perspectivas
económicas de Portugal realizada por los servicios de la Comisión se revisó a
la baja el PIB real, hasta el -2,3 % en 2013.
(10)     El déficit de las
administraciones públicas alcanzó el 6,4 % del PIB en 2012, lo cual se
sitúa por encima del objetivo del 5,0 % del procedimiento de déficit
excesivo (PDE). El déficit público se vio afectado por una serie de operaciones
puntuales que no se conocían en el momento de la recomendación en el marco del
PDE. Estas operaciones incluyen lo siguiente: una inyección de capital en el
banco CGD de propiedad estatal (0,5 % del PIB); la reorientación por el
Gobierno de la conversión en capital de préstamos de accionistas de Parpública
a SAGESTAMO, dos empresas fuera del ámbito público (0,5 % del PIB); y el
deterioro de valor asociado a la transferencia de activos de BPN (0,1 %
del PIB). Además, siguiendo el consejo de Eurostat, la venta de la concesión de
explotación de los principales aeropuertos de Portugal se consideró una
reducción de capital y, por tanto, no ha tenido ningún efecto en el saldo presupuestario
de las administraciones públicas, contrariamente a lo que el Gobierno había
previsto en el presupuesto (0,7 % del PIB). Si se excluye el impacto de
estos factores puntuales en el saldo global, el déficit público global se
habría elevado al 4,7 % del PIB, por debajo del objetivo.
(11)     Un estricto control de
los gastos compensó los resultados ampliamente insuficientes en el capítulo de
los ingresos, debidos a la situación macroeconómica, en el último trimestre del
año. El ahorro en materia de gastos se consiguió principalmente en la masa
salarial del sector público, con una reducción del empleo público que se
adelantó a lo previsto, así como reduciendo el consumo intermedio y congelando
los créditos presupuestarios para nuevos proyectos de inversión. Asimismo, la
ejecución presupuestaria a nivel regional y local tuvo mejores resultados de lo
previsto. Globalmente, Portugal ha adoptado medidas permanentes de saneamiento
que representaron casi el 6 % del PIB en 2012, por encima de lo requerido
en la recomendación revisada en el marco del PDE. Según las previsiones de mayo
de 2013 de los servicios de la Comisión, la mejora del saldo estructural en
2012 se elevó al 2,4 % del PIB, frente al 2,3 % del PIB requerido por
la recomendación revisada en el marco del PDE. Teniendo en cuenta la revisión
del crecimiento potencial de la producción desde la recomendación revisada en
el marco del PDE, el esfuerzo presupuestario habría sido superior en al menos
0,2 puntos porcentuales. Además, la variación estimada del saldo presupuestario
se vio afectada por unos ingresos menores en comparación con el escenario
subyacente a la recomendación en el marco del PDE cuando se aplican
elasticidades de ingresos estándar. Estas pérdidas de ingresos se elevaban a
aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Si se tienen en cuenta estos efectos,
la variación ajustada del saldo estructural se elevaba al 3,0 % del PIB,
así pues, muy superior al esfuerzo requerido con arreglo a la recomendación
revisada en el marco del PDE.
(12)     La actualización de las
perspectivas económicas de Portugal realizada en mayo de 2013 por los servicios
de la Comisión prevé que el déficit de las administraciones públicas alcance el
5,5 % del PIB en 2013, frente al objetivo del 4,5 % del PIB de la recomendación
revisada en el marco del PDE. El saneamiento presupuestario en 2013 debe
compensar una importante desviación negativa del saldo presupuestario primario,
debida a una evolución del crecimiento y del mercado laboral más moderada, así
como al continuado reequilibrio hacia una economía más basada en las
exportaciones y también con menos impuestos, en comparación con las
proyecciones subyacentes a la recomendación revisada en el marco del PDE.
Además, el 5 de abril el Tribunal Constitucional falló en contra de una serie
de medidas incluidas en el presupuesto de 2013 equivalentes al 0,8 % del
PIB, y que deben compensarse. En particular, la sentencia afectaba a la
eliminación de una de las dos primas que se pagan a los trabajadores del sector
público, la reducción del 90 % de una de las dos primas que se pagan a los
beneficiarios de pensiones y la introducción de cotizaciones a la seguridad
social en las prestaciones de desempleo y de baja por enfermedad.
(13)     La actualización de las
perspectivas económicas de Portugal realizada en mayo de 2013 por los servicios
de la Comisión prevé un esfuerzo estructural en 2013 del 0,6 % del PIB. Se
trata de una cifra inferior al esfuerzo del 1,6 % del PIB recomendado por
el Consejo. Sin embargo, si se corrige teniendo en cuenta la revisión a la baja
del crecimiento potencial de la producción desde la recomendación revisada en
el marco del PDE, el esfuerzo estructural estimado en 2013 sería
aproximadamente 0,2 puntos porcentuales superior. Por otro lado, la variación
del saldo estructural también se vio seriamente afectada por una disminución de
ingresos (en relación con la evolución del PIB aplicando elasticidades de
ingresos estándar) equivalente a aproximadamente 0,5 puntos porcentuales.
Globalmente, si se tienen en cuenta estos factores, el esfuerzo estructural
estimado sería del 1,3 % del PIB. Así pues, el esfuerzo presupuestario
ajustado es algo inferior al esfuerzo requerido por la recomendación revisada
en el marco del PDE.
(14)     El ajuste presupuestario
en 2013 se apoya en medidas permanentes de saneamiento por un valor neto del
3,5 % del PIB, que abarcan las medidas incluidas en la Ley de presupuestos
de 2013, que será modificada por un presupuesto suplementario a finales de
mayo, así como en la anticipación de las medidas de reducción del gasto
identificadas en el contexto de la revisión del gasto público y en otras
medidas a fin de sustituir las medidas presupuestarias que se declararon
anticonstitucionales. El importe de las medidas de saneamiento va más allá de
lo previsto en su momento en la recomendación revisada en el marco del PDE de
octubre de 2012. Entre otras cosas, las medidas incluyen una reestructuración
del impuesto sobre la renta, así como incrementos en los impuestos especiales y
la imposición sobre bienes inmuebles. Por el lado de los gastos, las medidas
prevén una reducción significativa de la masa salarial del sector público
mediante la limitación de las contrataciones y una reducción de los pagos de
horas extraordinarias y de otras retribuciones; una mayor eficiencia en el
funcionamiento de la administración pública; un menor consumo intermedio
público, incluido el ahorro en asociaciones público-privadas; mayores esfuerzos
de racionalización en el sector de la sanidad y las empresas públicas; y la
anticipación de ingresos de Fondos de la UE.
(15)                 La
actualización de las perspectivas económicas de Portugal realizada en mayo de
2013 por los servicios de la Comisión prevé que, en 2014, el déficit de las
administraciones públicas se reduzca al 4,0 % del PIB, frente al objetivo
del 2,5 % del PIB de la recomendación revisada en el marco del PDE de
octubre de 2012. Esta desviación refleja los mayores déficits registrados en
años anteriores, así como una recuperación económica más moderada. Se prevé que
el esfuerzo estructural en 2014 sea del 1,4 % del PIB, 0,1 puntos
porcentuales por encima del esfuerzo exigido en la recomendación revisada en el
marco del PDE. La evolución de la producción potencial entre las previsiones en
que se sustentan las recomendaciones revisadas en el marco del PDE y la
previsión actualizada añadiría 0,1 puntos porcentuales al esfuerzo
presupuestario estimado. Además, si se ajustara en función de reducciones de
ingresos inesperadas, el esfuerzo se incrementaría al 1,8 % del PIB. Así pues,
el esfuerzo estructural ajustado en 2014 estaría muy por encima del importe
exigido por la recomendación revisada en el marco del PDE.
(16)     Estas previsiones se
fundamentan en medidas discrecionales por un valor de al menos el 2 % del
PIB. Por lo que respecta a los gastos, estas medidas se basarán en los
resultados de la revisión del gasto público, que tiene como objetivo
racionalizar y modernizar la administración pública, luchar contra los
solapamientos entre funciones y entidades del sector público, mejorar la
sostenibilidad del sistema de pensiones y conseguir ahorros específicos de
costes en los ministerios pertinentes. A lo largo de abril y principios de
mayo, el Gobierno adoptó un paquete de medidas permanentes de reducción del
gasto, con unos efectos acumulados de 4 700 millones EUR (el 2,8 %
del PIB) en 2013-2014. El Gobierno ha iniciado una amplia consulta con los
interlocutores sociales y políticos con el fin de definir y aplicar plenamente
estas reformas. En cuanto a los ingresos, las autoridades prevén una reforma
global del impuesto de sociedades en 2014, con el objetivo de reforzar la
inversión y el crecimiento simplificando este impuesto. Habida cuenta del
limitado margen fiscal, la reforma no debería tener efectos en los ingresos.
(17)     La deuda pública bruta
creció desde el 108,3 % en 2011 hasta el 123,6 % del PIB en 2012 y,
según la última actualización de las perspectivas económicas de Portugal
realizada por los servicios de la Comisión, se espera que alcance un máximo del
124,2 % en 2014, con lo que se superaría todos los años el valor de
referencia del Tratado. El incremento en las previsiones para 2012 se debe
principalmente al tratamiento estadístico de la transferencia de los ingresos
de la privatización de Parpública al Estado, así como al efecto de una
trayectoria menos favorable del PIB y a las previsiones revisadas del déficit.
El Gobierno presentará una serie de medidas para reducir el incremento del
ratio de deuda, tales como la venta de activos extranjeros de un fondo de la
seguridad social y la culminación de las medidas de privatización. Se espera
que en 2014 ya se consiga un superávit primario, aunque reducido, lo que
refleja la importancia del saneamiento presupuestario y una mejor evolución de
la situación macroeconómica.
(18)     Se han dado pasos
importantes para mejorar la gestión de las finanzas públicas en Portugal.
También se ha pedido a este país que siga mejorando la transparencia y el
control en todas las fases presupuestarias para todos los niveles de la
Administración. En diciembre de 2012 se modificó la Ley marco presupuestaria a
fin de incluir los principios del Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (pacto presupuestario) y el
conjunto de medidas de gobernanza económica. Se prevé una nueva revisión a
finales de 2013 con el fin de seguir reforzando los procedimientos
presupuestarios y los principios de gestión presupuestaria, rendición de
cuentas, transparencia y simplificación. Además, a finales de diciembre de 2012
se presentaron al Parlamento proyectos de ley en materia de finanzas regionales
y locales. En estas leyes se establecen mejores mecanismos de coordinación
entre la administración central y las administraciones locales y regionales, un
marco presupuestario plurianual y normas fiscales más estrictas, y también se
prevé la aplicación de los principios de la Ley marco presupuestaria
modificada. Portugal también ha redoblado sus esfuerzos para limitar pasivos
contingentes mediante la puesta en marcha de un proceso de renegociación de
gran alcance para asociaciones público-privadas, con lo que ya se esperan
conseguir importantes reducciones del gasto en 2013, mientras que la
reestructuración de las empresas públicas sigue avanzando a buen ritmo. Las
empresas públicas a nivel sectorial alcanzaron el equilibrio operativo al final
de 2012 y se espera que su eficiencia mejore aún más. Las autoridades están
estudiando maneras de gestionar la importante carga de la deuda de las empresas
públicas. Estas reformas muestran un importante compromiso en favor de la
sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
(19)     Según
la última actualización de las perspectivas económicas realizada por los
servicios de la Comisión, Portugal no alcanzará los objetivos presupuestarios
nominales establecidos en la Recomendación del Consejo de 9 de octubre de 2012.
Sin embargo, si se tienen en cuenta los cambios en la evolución económica
cuando se comparan con el escenario macroeconómico en que se basa la
recomendación revisada del Consejo, se observa que Portugal ha tomado medidas
eficaces que representan un progreso adecuado para la corrección del déficit
excesivo en 2012 y 2013, dentro de los límites especificados por el Consejo el
9 de octubre de 2012. En particular, Portugal ha adoptado medidas de saneamiento
de gran calado equivalentes a aproximadamente el 6 % del PIB en 2012 y el
3,5 % del PIB en 2013. El esfuerzo estructural realizado en 2012,
corregido para tener en cuenta el crecimiento potencial de la producción y los
menores ingresos, se encontraba muy por encima del esfuerzo exigido en la
recomendación revisada en el marco del PDE. En 2013, se espera que el esfuerzo
estructural sea inferior a lo requerido, como consecuencia, en primer lugar, de
la evolución económica adversa y del hecho de que la sentencia del Tribunal
Constitucional se produjera dentro del ejercicio presupuestario, con lo que ha
resultado difícil encontrar medidas de sustitución con la misma calidad
estructural. En 2014, se espera que el esfuerzo estructural vuelva a ser
superior al exigido. Teniendo en cuenta todos estos factores, y de conformidad
con la flexibilidad que proporciona el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
parece justificado conceder un año adicional para la corrección del déficit
excesivo.
(20)     La concesión de un año
adicional para la corrección del déficit excesivo requeriría unos objetivos
intermedios de déficit del 5,5 % del PIB en 2013, el 4,0 % del PIB en
2014 y el 2,5 % del PIB en 2015, lo cual, a partir de la última
actualización de las perspectivas económicas de Portugal realizada por los
servicios de la Comisión, es compatible con una mejora del saldo presupuestario
estructural del 0,6 % del PIB en 2013, el 1,4 % del PIB en 2014 y el
0,5 % del PIB en 2015, correspondiendo este último a la mejora mínima
requerida por el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997[3].
Paralelamente a las revisiones periódicas del Programa de Ajuste Económico de
Portugal, tal como se define en la Decisión de Ejecución 2011/344/UE del Consejo,
se realizará un control cada tres meses de los avances registrados en el
cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del PDE.
(21)     Portugal cumple los
requisitos para la ampliación del plazo establecido para la corrección del
déficit público excesivo según lo dispuesto en el artículo 3, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la
aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.
RECOMIENDA A LAS AUTORIDADES
PORTUGUESAS:
(1)
Poner fin a la situación actual de déficit
excesivo de aquí a 2015.
(2)
Situar los objetivos de déficit en el
5,5 % del PIB en 2013, el 4,0 % del PIB en 2014 y el 2,5 % del
PIB en 2015, lo cual es compatible con una mejora del saldo presupuestario del
0,6 % del PIB en 2013, el 1,4 % del PIB en 2014 y el 0,5 % del
PIB en 2015, sobre la base de la actualización de las perspectivas económicas
de Portugal realizada por los servicios de la Comisión en mayo de 2013.
(3)
Aplicar medidas que equivalgan al 3,5 %
del PIB para limitar el déficit al 5,5 % del PIB en 2013. Entre ellas se
incluyen las medidas definidas en la Ley de presupuestos de 2013 así como
nuevas reducciones de la masa salarial, una mayor eficiencia en el
funcionamiento de la administración pública, un menor consumo público y un
mejor uso de los fondos de la UE.
(4)
Adoptar, a partir de la revisión del gasto
público, medidas permanentes de saneamiento por un importe equivalente al menos
al 2 % del PIB con el fin de alcanzar un déficit del 4,0 % del PIB en
2014. Asimismo, establecer como objetivo la racionalización y la modernización
de la administración pública, la eliminación de los solapamientos entre
funciones y entidades del sector público, la mejora de la sostenibilidad del
sistema de pensiones y la consecución de reducciones específicas de costes en
los ministerios pertinentes.
(5)
Adoptar las medidas permanentes de saneamiento
necesarias para conseguir el objetivo de un déficit del 2,5 % del PIB en
2015.
(6)
Tomar medidas eficaces para aplicar la
presente recomendación a más tardar el 1 de octubre de 2013 y, de conformidad
con el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) nº .../2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, transmitir un informe detallado sobre la
estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.
Portugal
también debe mantener el ritmo de reforma de la gestión de las finanzas
públicas revisando la Ley marco presupuestaria antes del final de 2013 con el
fin de seguir reforzando los procedimientos presupuestarios y los principios de
gestión presupuestaria, rendición de cuentas, transparencia y simplificación; y
proseguir sus esfuerzos para limitar pasivos contingentes derivados de las
empresas estatales y las asociaciones público-privadas.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[2]               Todos los documentos relacionados con el procedimiento
de déficit excesivo de Portugal pueden encontrarse en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm.
[3]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 5.


title: Recomendación de la Comisión, de 28 de abril de 2010 , relativa a la iniciativa de programación conjunta de la investigación sobre Agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático

text:
               4.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 111/27

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 28 de abril de 2010
   relativa a la iniciativa de programación conjunta de la investigación sobre «Agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático»
   (2010/253/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 181,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los sectores de la agricultura y la silvicultura están sumamente expuestos al cambio climático, ya que dependen directamente de las condiciones climáticas, en tanto que las emisiones de la agricultura en la Unión representan el 14 % de las emisiones mundiales de gases de invernadero.

               (2)

               El cambio climático es uno de los principales retos que tiene planteados la agricultura en su esfuerzo por alimentar a la población mundial, que se espera alcance los 9 000 millones para 2050.

               (3)

               Se espera que la demanda mundial de alimentos haya aumentado en un 50 % para 2030 y se haya duplicado en 2050, en un momento en que se predice un fuerte crecimiento de la demanda de biomasa para fines no alimentarios.

               (4)

               La agricultura y la silvicultura se enfrentan a una demanda de biomasa para fines no alimentarios en fuerte crecimiento, impulsada por los esfuerzos de reducción de las emisiones de otros sectores y por la necesidad de pasar a una economía de bajas emisiones de carbono.

               (5)

               Las existencias mundiales de algunos alimentos básicos han disminuido, y es posible que alzas de los precios de los alimentos como las que se vivieron en 2008 se hagan más frecuentes si la creciente demanda no puede ser cubierta adecuadamente por la oferta.

               (6)

               El cambio climático puede afectar a los rendimientos de las cosechas, a la gestión del ganado y la localización de la producción, y tener consecuencias importantes para las rentas agrarias, la utilización del suelo y las economías rurales en determinadas partes de la Unión.

               (7)

               El sector agrario de los países tropicales y subtropicales, particularmente en el África subsahariana, es extremadamente vulnerable al cambio climático y cualquier crisis alimentaria de envergadura en estas regiones tendría repercusiones sobre Europa.

               (8)

               Son necesarias actuaciones concertadas para evitar que esta combinación de riesgos pueda causar daños irreversibles y conseguir un abastecimiento de alimentos sostenible en condiciones climáticas cambiantes.

               (9)

               Esta iniciativa de programación conjunta resulta asimismo de interés para el desarrollo de la política agraria común.

               (10)

               En su reunión de 3 de diciembre de 2009, el Consejo de Competitividad reconoció que el de «Agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático» era uno de los campos en los que la programación conjunta aportaría más valor añadido a los actuales esfuerzos investigadores fragmentados de los Estados miembros. Por ello, adoptó unas conclusiones en las que se reconocía la necesidad de poner en marcha una iniciativa de programación conjunta sobre este tema y se invitaba la Comisión a contribuir a la preparación de dicha iniciativa. El Consejo reafirmaba también que la programación conjunta es un proceso liderado por los Estados miembros, en el que la Comisión desempeña un papel de catalizador.

               (11)

               La programación conjunta de la investigación en el área de la agricultura, la seguridad alimentaria y el cambio climático fomentaría la puesta en común de aptitudes, conocimientos y recursos, con vistas a hacer avanzar la investigación encaminada a afrontar el reto de la seguridad alimentaria y las amenazas que plantean el cambio climático, el crecimiento de la población mundial y la demanda para fines alimentarios u otros.

               (12)

               A fin de alcanzar los objetivos fijados por la presente Recomendación, los Estados miembros deberían cooperar con la Comisión en la exploración de posibles iniciativas de la Comisión para ayudar a los Estados miembros en la elaboración y aplicación de la agenda estratégica de investigación. Los Estados miembros deberían cooperar igualmente con el Comité permanente de investigación agrícola para garantizar que las actividades de programación conjunta estén coordinadas con el programa de investigación agrícola general.

               (13)

               A fin de que la Comisión pueda informar al Parlamento Europeo y al Consejo, los Estados miembros deberían informar periódicamente a la Comisión sobre los progresos alcanzados en esta iniciativa de programación conjunta.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se insta a los Estados miembros a elaborar una perspectiva común sobre la manera en que la cooperación y la coordinación a nivel de la Unión en el campo de la investigación pueden afrontar el reto de la seguridad alimentaria y las amenazas que plantean el cambio climático, el crecimiento de la población mundial y la demanda para fines alimentarios u otros.

               2.

               Se insta a los Estados miembros a elaborar una agenda estratégica de investigación común que determine las necesidades y objetivos a medio y largo plazo de la investigación en el área de la seguridad alimentaria mediante la adaptación al cambio climático en la agricultura y la atenuación de sus efectos. Dicha agenda debería contener un plan de ejecución que estableciera prioridades y calendarios y especificara las medidas, instrumentos y recursos necesarios para la aplicación de la misma.

               3.

               Se insta a los Estados miembros a incluir en la agenda estratégica de investigación y en el plan de ejecución las acciones siguientes:

                           a)

                           identificar e intercambiar información sobre los programas y actividades de investigación nacionales pertinentes;

                           b)

                           reforzar los ejercicios de prospectiva conjunta y las capacidades de evaluación de la tecnología a fin de garantizar un seguimiento permanente de las amenazas emergentes y nuevas y una información periódica sobre ellas;

                           c)

                           intercambiar información, recursos, mejores prácticas, metodologías y directrices;

                           d)

                           determinar qué áreas o actividades de investigación podrían beneficiarse de la coordinación, de las convocatorias de propuestas conjuntas o de la puesta en común de recursos;

                           e)

                           definir los procedimientos para emprender conjuntamente la investigación en los ámbitos a que se refiere la letra d);

                           f)

                           compartir, cuando proceda, la infraestructura de investigación existente, o crear recursos nuevos;

                           g)

                           exportar y difundir los conocimientos, la innovación y los enfoques interdisciplinarios a otras partes de Europa y del mundo y garantizar la utilización eficaz de los resultados de la investigación al servicio de la competitividad y de la formulación de políticas en Europa;

                           h)

                           fomentar una colaboración más estrecha entre los sectores público y privado, así como la innovación abierta entre distintos sectores de negocio;

                           i)

                           tener presentes las necesidades cambiantes de los consumidores y de la industria agroalimentaria en la Unión a la hora de fijar los objetivos de programas relacionados.

               4.

               Se insta a los Estados miembros a establecer una estructura de gestión común en el ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y el cambio climático, con el mandato de establecer unas condiciones, normas y procedimientos comunes para la cooperación y coordinación, así como de efectuar un seguimiento de la aplicación de la agenda estratégica de investigación.

               5.

               Se insta a los Estados miembros a aplicar conjuntamente la agenda estratégica de investigación, en particular a través de sus programas nacionales de investigación o de otras actividades de investigación nacionales.

               6.

               Se insta a los Estados miembros a cooperar con la Comisión con vistas a explorar posibles iniciativas de la Comisión para ayudar a los Estados miembros a elaborar y aplicar la agenda estratégica de investigación y con vistas a coordinar los programas conjuntos con otras iniciativas de la Unión en este ámbito.

               7.

               Se insta a los Estados miembros a cooperar con la Comisión para estudiar posibles maneras de involucrar a la población agraria y a otras partes interesadas en la aplicación de los resultados obtenidos, así como la mejor manera de integrar la iniciativa de programación conjunta en el desarrollo de la política agrícola común.

               8.

               Se insta a los Estados miembros a cooperar con la Comisión en la utilización de todos los instrumentos pertinentes de la política de innovación para facilitar la transformación de los resultados de la investigación en productos y servicios, y en particular para conseguir que todas las formas de innovación resulten accesibles a las pequeñas y medianas empresas, incluidos los agricultores.

               9.

               Se insta a los Estados miembros a cooperar con la Comisión para estudiar posibles formas de consulta y cooperación sobre este tema con los organismos o grupos apropiados a nivel internacional.

               10.

               Se insta a los Estados miembros a cooperar con el Comité permanente de investigación agrícola para garantizar que las actividades de programación conjunta estén coordinadas con el programa de investigación agrícola general.

               11.

               Se insta a los Estados miembros a informar periódicamente a la Comisión sobre los progresos conseguidos en esta iniciativa de programación conjunta.

      Hecho en Bruselas, el 28 de abril de 2010.

            Por la Comisión

         Máire GEOGHEGAN-QUINN

            Miembro de la Comisión