               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 501 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Bélgica

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Bélgica

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más adelante.

               (3)El informe de 2019 sobre Bélgica
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                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 26 de abril de 2019, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicaría esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
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               .

               (6)Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo global desde el déficit del 0,7% del PIB en 2018 hasta el 0,0% del PIB en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , a lo largo del periodo cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019 no se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que, tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y disminuido al 102 % del PIB en 2018, la ratio deuda pública / PIB disminuya hasta situarse en el 94 % en 2022.  La hipótesis macroeconómica en la que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Dicho esto, no se han especificado las medidas necesarias para sustentar la consecución de los objetivos de déficit planeados a partir de 2020, lo que contribuye a la previsión de deterioro del saldo estructural en 2020 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión.

               (7)El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE y motivado por el incumplimiento de la norma en materia de deuda en 2018 por parte de Bélgica. Tras evaluar todos los factores pertinentes, el informe concluyó que el análisis actual no puede determinar de forma concluyente si se cumple o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (8)En su Programa de Estabilidad de 2019, Bélgica confirma la solicitud, ya recogida en el proyecto de plan presupuestario para 2019, de acogerse a la flexibilidad prevista por el componente preventivo con arreglo a la «Posición común sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» adoptada por el Consejo ECOFIN en febrero de 2016. Bélgica solicitó una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo con miras a la ejecución de importantes reformas estructurales con repercusión positiva en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Estas reformas estructurales afectan al sistema de pensiones, la redistribución de la presión fiscal, el impuesto de sociedades, el mercado de trabajo y la administración pública. Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión confirman que Bélgica respetará el valor de referencia mínimo en 2019, lo que proporciona un margen de seguridad con respecto del umbral de déficit del 3 % del PIB. Todas las medidas han quedado íntegramente plasmadas en la legislación, con excepción de la reforma de la administración pública. Habida cuenta de su naturaleza, especialmente en el caso de la redistribución de la presión fiscal y de la reforma del impuesto de sociedades, persisten algunas incertidumbres acerca de la repercusión de estas medidas a corto plazo, particularmente debido a su falta de neutralidad presupuestaria, que ha empeorado la situación de las finanzas públicas. No obstante, han incrementado el potencial de crecimiento de la economía, rebajado la tasa de desempleo y atenuado los riesgos de desequilibrios macroeconómicos, con la consiguiente incidencia positiva en la sostenibilidad de la deuda de medio a largo plazo. Dadas estas circunstancias, puede considerarse que Bélgica reúne actualmente las condiciones para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en 2019, siempre que implemente adecuadamente las reformas acordadas, que serán objeto de supervisión en el marco del Semestre Europeo.

               (9)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superaría el 1,8 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Dado que Bélgica cumple los requisitos necesarios para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en virtud de la cláusula de reforma estructural, el ajuste estructural requerido para 2019 puede reducirse al 0,1% del PIB, lo que corresponde a una tasa de crecimiento nominal del gasto primario neto no superior al 2,8 % en 2019. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, hay un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada para el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo de 2018 y 2019, considerados en conjunto.

               (10)En 2020, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica, por encima del 60 % del PIB, y de la brecha de producción prevista del 0,1 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,6 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias de ajuste consensuada con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de ese requisito en 2020. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda en 2019 ni en 2020. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería importante utilizar posibles ingresos imprevistos para reducir la ratio de deuda de las administraciones públicas. La sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas belgas sigue en peligro debido a la combinación de una elevada ratio deuda / PIB y al aumento previsto de los costes del envejecimiento de la población, en particular los vinculados a las pensiones y a los cuidados de larga duración. En 2015 se promulgó un conjunto de reformas legislativas del sistema de pensiones que impuso un aumento de la edad legal de jubilación de 65 a 66 años a partir de 2025 y a 67 a partir de 2030. Además, se endurecieron los requisitos de edad y antigüedad para acogerse a la jubilación anticipada. A pesar de todo, se prevé que el gasto público en pensiones aumentará en 2,9 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2070, principalmente en las dos próximas décadas. Por otro lado, las condiciones de jubilación anticipada para algunos grandes grupos de funcionarios públicos siguen siendo más favorables que las del conjunto de la población. Se prevé que, de aquí a 2070, el gasto público en cuidados de larga duración aumente en 1,7 puntos porcentuales del PIB, incremento superior a la media a partir de uno de los niveles ya más elevados de la UE. La fragmentación organizativa de los cuidados de larga duración, debida al reparto actual de competencias entre los distintos niveles administrativos, plantea retos en algunas dimensiones de la eficiencia del gasto, por lo que aún no está claro el impacto neto de la reciente transferencia de competencias. El refuerzo de la gobernanza contribuiría a alcanzar los aumentos de eficiencia previstos. Podría existir cierto margen para optimizar la combinación de prestaciones asistenciales con el fin de mejorar la eficiencia en términos de costes del sistema de cuidados de larga duración.

               (11)La composición y la eficiencia del gasto público pueden mejorarse para abrir espacio a una mayor inversión pública. A pesar de una reciente disminución, el gasto total en porcentaje del PIB en Bélgica sigue siendo uno de los más elevados de la zona del euro. El elevado nivel de gasto público sugiere que hay margen para un ajuste presupuestario más basado en el gasto. Dado este elevado nivel de gasto público, los resultados de determinadas políticas y la calidad de determinados servicios públicos plantean cuestiones de eficiencia en términos de costes. Los análisis de los gastos y las evaluaciones de las políticas pueden ayudar a Bélgica a fijar prioridades y a aumentar la eficiencia del gasto público. Además, las revisiones de los gastos podrían utilizarse para determinar la eficiencia de la ayuda pública indirecta a la investigación y el desarrollo de las empresas, que siendo una de las más elevadas de la Unión Europea en porcentaje del PIB, siguió aumentando el año pasado. Las autoridades federales y regionales han expresado recientemente su interés por integrar la revisión de los gastos en su mecanismo presupuestario.

               (12)La coordinación presupuestaria entre entidades no es actualmente lo suficientemente flexible como para abrir espacio a la inversión pública en proyectos a gran escala. Una coordinación eficaz del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal como Bélgica, donde gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. A pesar del acuerdo de cooperación firmado en 2013, todavía no existe un acuerdo formal sobre los objetivos anuales en todos los niveles de gobierno, lo que complica la coordinación presupuestaria. A diferencia de la práctica respecto de los anteriores Programas de Estabilidad, para los que el Comité de concertación «tomó nota» de la trayectoria presupuestaria, todos los niveles de gobierno aprobaron la trayectoria presupuestaria general presentada en el Programa de Estabilidad de 2018 y apoyaron la consecución de los objetivos presupuestarios de aquí a 2020 para todos los niveles de gobierno. Aunque esta aprobación añadió credibilidad a la trayectoria general, no se produjo ningún acuerdo formal sobre los objetivos presupuestarios anuales en cada nivel de gobierno. La falta de acuerdo sobre los objetivos en cada nivel de gobierno puede socavar la viabilidad de la trayectoria general hacia el objetivo a medio plazo. Además, impide que la sección de necesidades de financiación del sector público del Alto Consejo de Finanzas haga un seguimiento efectivo del cumplimiento de estos objetivos. El Programa de Estabilidad de 2019 contenía únicamente objetivos presupuestarios globales e intermedios de naturaleza indicativa, puesto que el 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones federales, regionales y de las comunidades.

               (13)El reciente crecimiento económico ha conducido a la creación de puestos de trabajo y el empleo se encuentra en su nivel más alto en los últimos diez años. No obstante, el número de transiciones desde la inactividad o el desempleo al empleo sigue siendo bajo y Bélgica no avanza al ritmo adecuado para alcanzar su objetivo de empleo del 73,2 % conforme a la Estrategia Europa 2020. Persisten importantes disparidades regionales en el mercado de trabajo. En Bruselas, el desempleo juvenil se sitúa muy por encima de la media de la Unión. Es baja la participación en el mercado de trabajo de las personas poco cualificadas, las personas de origen migrante, los trabajadores de mayor edad y las personas con discapacidad, lo que sugiere que tanto factores estructurales como otros específicos de cada grupo obstaculizan su integración en el mercado laboral y que las medidas de activación vigentes no son igualmente eficaces para todos los grupos de población. La tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad (55-64 años) sigue siendo inferior a la media de la UE, y la brecha con respecto a la media de la Unión sigue agrandándose en el caso de los mayores de 60 años. Las personas de origen migrante, en particular las mujeres, siguen experimentando tasas de desempleo más elevadas, índices de actividad más bajos, mayores niveles de pobreza incluso entre las personas ocupadas y problemas de sobrecualificación. Aunque se han tomado algunas medidas para facilitar la integración de los recién llegados y luchar contra la discriminación, sigue sin adoptarse un enfoque coordinado que permita abordar los retos a los que se enfrentan las personas de origen migrante. Se han tomado algunas medidas en el marco de la reforma del «Pacto por el empleo» para remediar el bajo nivel de participación en el mercado laboral, pero su impacto está pendiente de evaluación.

               (14)Persisten importantes alicientes financieros que desincentivan el empleo. Aunque la redistribución de la presión fiscal redujo la cuña impositiva sobre el trabajo, esta sigue siendo en promedio elevada para todos los asalariados, excepto aquellos con sueldos muy bajos (cincuenta por ciento del salario medio). Bélgica sigue siendo el único Estado miembro en el que las prestaciones de desempleo no están limitadas en el tiempo, aunque van disminuyendo gradualmente. Existen desincentivos financieros para que los beneficiarios de los regímenes de enfermedad y discapacidad y los segundos perceptores de ingresos familiares asuman un empleo a tiempo completo. Concretamente, las familias monoparentales (y, en menor medida, las parejas con hijos) tienen escasos incentivos financieros para aceptar un empleo (a tiempo completo) debido a la combinación de los costes y la retirada de las prestaciones. Además, la división de competencias en materia de protección social entre los niveles federal, regional y local puede suscitar problemas de coordinación. El sistema de seguridad social no cubre a todas las personas empleadas, algunas de las cuales carecen de protección social.

               (15)La degradación de los resultados y la existencia de disparidades significativas en el sistema educativo siguen siendo motivo de preocupación. El porcentaje de jóvenes que no domina competencias básicas podría reducirse, en particular en la Comunidad Francesa, donde está por encima de la media de la OCDE. La brecha en los resultados educativos provocada por el contexto socioeconómico y el origen migratorio es amplia. El profesorado requiere un mayor apoyo para hacer frente a la diversidad; persiste además la necesidad de adaptar el desarrollo profesional permanente de los profesores. Es necesario intensificar las reformas destinadas a mejorar los resultados educativos y a reducir las disparidades para impulsar el crecimiento intensivo en conocimientos, sostenible e inclusivo y la inclusión social. Se está avanzando en la aplicación del «Pacto por la Excelencia», reforma emblemática del sistema escolar de la Comunidad Francesa para mejorar las competencias básicas, la eficiencia, la gobernanza y la lucha contra las desigualdades. Se han aprobado decretos relativos a la organización del trabajo de los profesores, al tronco común del currículo escolar, al estatuto de los directores de centros de enseñanza y al refuerzo de los conocimientos de francés para alumnos recién llegados, que serán aplicables a partir de septiembre de 2020. La Comunidad Flamenca aplicará algunas reformas de la educación secundaria a partir del año escolar 2019/2020, pero la orientación temprana de los alumnos sigue siendo motivo de preocupación. El impacto de estas reformas y medidas dependerá también de su aplicación y supervisión efectivas. El Parlamento Federal ha reducido de seis a cinco años la edad de entrada en la enseñanza obligatoria. Dados los ya elevados niveles de gasto en educación, será necesario llevar a cabo reformas más enfocadas al aumento de la eficiencia y la eficacia del sistema, y de su capacidad para generar competencias orientadas al futuro y adecuadas al mercado de trabajo.

               (16)Los desajustes de competencias y la escasa movilidad laboral traban el crecimiento de la productividad y del empleo. A pesar de la adopción de diversas medidas regionales y federales para hacer frente a la escasez de personal cualificado y fomentar la activación, algunas de las cuales se inscriben en el Pacto por el Empleo, se aprecia una falta de mano de obra en diversos sectores entre los que destacan las tecnologías de la información y la comunicación, la construcción y la salud. El crecimiento del sector de la construcción se ve frenado por la falta de competencias y la escasez de mano de obra. Algunos sectores tienen importantes necesidades de reciclaje y perfeccionamiento profesional de sus trabajadores. La participación de los adultos en la educación, la formación y la movilidad profesional también es baja. Las deficientes competencias lingüísticas plantean un serio problema, especialmente en Bruselas donde aproximadamente el 50 % de las ofertas de empleo requieren conocimientos de francés y neerlandés, según el Programa Nacional de Reformas. El porcentaje de titulados en estudios superiores es elevado, pero faltan graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). En 2016, Bélgica ocupaba el puesto 26 de la UE en número de graduados universitarios en esas disciplinas, con un bajo índice de nuevos accesos, especialmente por parte de mujeres, a dichos campos de la enseñanza superior. La aplicación general del «Plan de Acción CTIM 2012-2020» en Flandes muestra avances, pero el número de titulados de secundaria en las trayectorias técnicas y profesionales de CTIM se ha estancado desde 2010. La Comunidad Francesa carece de estrategia específica en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y aún tiene pendiente de aplicación su «Estrategia para la Educación Digital» en las escuelas, recientemente adoptado. La escasez de profesionales con conocimientos empresariales en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas entorpece el desarrollo de las empresas emergentes. El nivel general de competencias digitales es bueno, pero no progresa. En el Programa Nacional de Reformas se destaca el acuerdo entre Flandes y Valonia para mejorar la movilidad laboral interregional.

               (17)La investigación y el desarrollo se concentran en unos pocos sectores y la irradiación de la innovación hacia el resto de la economía es insuficiente, lo que, en última instancia, lastra el crecimiento de la productividad. La investigación pública parece situarse por debajo de la media de la Unión en todas las regiones y comunidades salvo Flandes. También se observan disparidades regionales y subregionales en lo que respecta a la investigación, el desarrollo y la innovación. El Pacto Nacional para Inversiones Estratégicas señala el refuerzo de la digitalización como vía prometedora para impulsar la productividad y la capacidad de innovación de Bélgica. Requiere inversiones en infraestructura digital, la adopción de medidas eficaces para el éxito del despliegue de la tecnología 5G, capital humano y espíritu empresarial, así como una absorción acelerada de la tecnología digital, en particular por las empresas que hayan quedado rezagadas.

               (18)La calidad de la infraestructura viaria se está deteriorando tras años de escasa inversión pública. Al mismo tiempo, el mantenimiento de una red amplia y densa no resulta rentable para las regiones y los entes locales. Las carreteras belgas se encuentran entre las más congestionadas de la Unión. La infraestructura ferroviaria es densa y de buena calidad, pero completarla y actualizarla sigue suponiendo un reto; además, sufre problemas de congestión, especialmente en torno a Bruselas y en el acceso a los puertos de Amberes y de Zeebrugge. Están previstas importantes inversiones en la infraestructura y la señalización ferroviarias suburbanas, pero su ejecución se ve frenada, sobre todo, por las normas de asignación presupuestaria de las distintas regiones. Además, los incentivos y obstáculos que falsean y dificultan la competencia y la inversión en los servicios nacionales de transporte ferroviario de pasajeros y en los servicios de autocares interurbanos limitan la oferta y la demanda de servicios alternativos de transporte colectivo con baja emisión de carbono. La creciente congestión se explica, en parte, por el continuo aumento de turismos, incentivado por las carreteras sin peaje, la deducción de los vehículos de empresa y la benévola fiscalidad medioambiental. Los elevados impuestos que gravan las transacciones de bienes inmuebles y el régimen de vehículos de empresa afectan negativamente a la movilidad. La calidad de los servicios ferroviarios ha disminuido y la red de transporte público urbano y entre zonas urbanas y rurales son mejorables, especialmente en Valonia, donde el acceso al puesto de trabajo supone un gran obstáculo para los solicitantes de empleo. Según el Programa Nacional de Reformas, se están realizando importantes inversiones y reformas en todas las regiones, mientras que a nivel federal, y en cooperación con las regiones, las obras que permitirán completar la red de ferrocarriles suburbanos en torno a Bruselas están avanzando. Bélgica ha adoptado una ley de liberalización de los servicios ferroviarios nacionales, pero la proporción del transporte de viajeros efectuada en cumplimiento de obligaciones de servicio público con un contrato adjudicado directamente sigue siendo muy elevada en el país. Los operadores de autobuses privados no están autorizados a prestar servicios de autocar interurbano. La regulación de los servicios de taxi varía de unas autoridades locales a otras. Aunque las regiones han desarrollado sus propios planes de movilidad, la complejidad de su coordinación impide formarse una visión coherente de la movilidad dentro de Bélgica y, posiblemente, entre el país y las ciudades y regiones fronterizas. El órgano regulador ferroviario tiene margen para ampliar el ámbito de su actividad de regulación.

               (19)Las necesidades de inversión en apoyo de la transición energética son cuantiosas. La renovación del antiguo parque inmobiliario, que precede a la introducción de normas energéticas, contribuirá a cumplir los objetivos de reducción de las emisiones fijados para 2020 y 2030. El despliegue de combustibles alternativos es bastante bajo. Es necesario destinar importantes inversiones a la generación de electricidad, así como a la capacidad de interconexión, las redes inteligentes, el almacenamiento y la eficiencia energética.

               (20)A pesar de los esfuerzos de la administración, la carga reguladora y administrativa sobre las empresas sigue siendo pesada y obstruye la iniciativa empresarial . La carga tributaria sobre las empresas de nueva creación y las pequeñas empresas se ha aligerado, pero la fiscalidad sigue siendo compleja en el caso de las inversiones financieras. Bélgica ha reformado su Código de Derecho de sociedades acortando el número de formas jurídicas de las empresas, facilitando las comunicaciones electrónicas legales, reduciendo los requisitos mínimos de capital y, conforme al Programa Nacional de Reformas, reformando la legislación concursal de forma que incluya, en particular, las profesiones liberales. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, los plazos para la concesión de permisos de construcción sufren largas demoras, las tasas de registro de la propiedad son elevadas y los procesos judiciales se prolongan en exceso. La justicia administrativa tropieza con dificultades derivadas de la escasez de recursos y la duración de los procedimientos, que causan importantes demoras, sobre todo en la concesión de los permisos de construcción pero también en los procedimientos de contratación pública. Por otra parte, la coordinación de las políticas climática, energética, digital y de transportes es compleja y no siempre eficaz. La cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado dista de ser óptima, lo que aumenta el riesgo de que entren en la UE a través de las fronteras belgas mercancías no conformes con las normas. La evaluación de impacto podría integrarse mejor en el proceso de elaboración de políticas. La calidad de los servicios públicos digitales para las empresas es baja. La falta de digitalización del sistema judicial sigue siendo un reto importante, en particular en lo que afecta a la recopilación de datos. Culminar el proceso de digitalización de la justicia es una condición importante para introducir nuevas mejoras en la calidad del sistema judicial, como la actualización de los procesos empresariales y la gestión más eficaz de los recursos humanos y financieros de los órganos jurisdiccionales.

               (21)Los obstáculos a la competencia y la inversión en varios servicios empresariales frenan el crecimiento y la productividad. Los índices de entrada de nuevos proveedores de servicios se sitúan netamente por debajo de la media de la UE, al contrario que los índices de beneficio, que son superiores a esa media. El indicador del efecto restrictivo diseñado por la Comisión pone de manifiesto que el marco regulador belga aplicable a contables, asesores fiscales, arquitectos y agentes inmobiliarios es considerablemente más restrictivo que el marco regulador medio de la UE. Una ley recientemente adoptada ha introducido requisitos más estrictos para los agentes de patentes. Según las estimaciones de la Oficina Federal de Planificación, la introducción de una ambiciosa reducción en la carga reguladora de los servicios jurídicos, contables y de arquitectura aumentaría la productividad laboral. Los aranceles regulados de los notarios para las transacciones inmobiliarias son bastante elevados y vienen a añadirse a las elevados impuestos de escrituración. Las regiones han reformado las profesiones artesanales y comerciales en desigual medida. El sector minorista se enfrenta aún a restricciones operativas que merman su productividad y desincentivan la inversión. El sector de los supermercados presenta un nivel de competencia subóptimo, debido principalmente a su alta concentración y a la floja dinámica de entradas y salidas. Según el indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista, Bélgica es el sexto Estado miembro más restrictivo en lo que afecta al entorno operativo para los minoristas. El Programa Nacional de Reformas destaca las recientes reformas llevadas a cabo por Bruselas para facilitar el establecimiento de comercios minoristas. El mercado de las telecomunicaciones se caracteriza por un alto nivel de concentración (acentuado por las recientes absorciones) y una escasa competencia. Esta situación se refleja también en los precios relativamente elevados de los servicios fijos en comparación con países similares. En las redes fijas, el mercado minorista se caracteriza por duopolios geográficamente definidos compuestos por operadores clásicos y operadores de redes de distribución por cable. Esta configuración puede crear obstáculos a la prestación de servicios agrupados convergentes de telefonía fija y móvil por parte de algunos operadores. El Programa Nacional de Reformas destaca que se ha adoptado una reforma del Derecho económico destinada a aumentar el grado de cumplimiento de la legislación en materia de competencia, mejorar el funcionamiento de la Autoridad de Competencia Belga mediante la introducción de unos procedimientos más eficientes y reducir el riesgo de nuevos litigios ante el Tribunal de la Competencia (Cour des Marchés / Marktenhof). Los recursos de la Autoridad de Competencia Belga son, en comparación con los de las autoridades de competencia de otros Estados miembros, limitados.

               (22)La programación de los fondos de la UE para el periodo 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos de que trata el anexo D del informe por país
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               . Permitiría a Bélgica hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               (23)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones a las futuras decisiones nacionales desde el nivel de la Unión.

               (24)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2019 y 2020 a fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,6 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los ingresos imprevistos para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Proseguir las reformas dirigidas a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los sistemas de cuidados de larga duración y de pensiones, en particular restringiendo las posibilidades de salida anticipada del mercado laboral. Mejorar la composición y la eficiencia del gasto público, en particular mediante revisiones del gasto, así como la coordinación de las políticas presupuestarias por parte de todos los niveles de la administración a fin de abrir espacio para la inversión pública.

               2.Suprimir los desincentivos al trabajo y reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, en particular para las personas poco cualificadas, los trabajadores de mayor edad y las personas de origen migrante. Mejorar los resultados y el carácter inclusivo de los sistemas de educación y formación y abordar los desajustes de competencias.

               3.Centrar la política económica de inversión en el transporte sostenible, por ejemplo mediante la actualización de la infraestructura ferroviaria, la transición energética y hacia una economía hipocarbónica y la investigación y la innovación, en particular en materia de digitalización, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Hacer frente a los crecientes retos de movilidad, reforzando los incentivos y suprimiendo las trabas existentes, con el fin de aumentar la oferta y la demanda de transporte colectivo y de bajas emisiones.

               4.Reducir la carga reguladora y administrativa para incentivar el emprendimiento y eliminar los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios, en particular en los campos de las telecomunicaciones, la venta minorista y los servicios profesionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1000 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        SWD(2019) 1000 final.

                     (7)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 507 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Irlanda

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Irlanda

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Irlanda debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo. En particular, la concentración de la política económica de inversión en los ámbitos especificados y la introducción de medidas fiscales contribuirán a responder a la segunda recomendación de la zona del euro en lo que se refiere al apoyo a la inversión, las mejoras en las finanzas públicas y la lucha contra la planificación fiscal abusiva.

               (3)El informe por país de 2019 sobre Irlanda
                  3
                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Irlanda hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019
                  4
               . El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los elevados volúmenes de deuda pública y privada y de pasivos exteriores netos hacen que Irlanda sea vulnerable a las perturbaciones adversas, aunque las variables de flujo han seguido mejorando. El volumen de deuda privada continúa siendo elevado, pero el crecimiento económico sigue contribuyendo a reducirlo. Las actividades de las multinacionales continúan incidiendo en el endeudamiento empresarial. La deuda de los hogares parece, en líneas generales, estar en consonancia con los fundamentos económicos, si bien resulta elevada en relación con la renta disponible. Se prevé que la deuda pública mantenga su trayectoria descendente, mientras el déficit va aproximándose a una situación de equilibrio. Los precios de la vivienda han aumentado rápidamente durante varios años, pero la subida se ha ralentizado recientemente. Dichos precios vienen ampliamente determinados por las limitaciones de la oferta y no hay indicios claros de sobrevaloración. Aunque todavía es considerable, el volumen de préstamos dudosos ha seguido contrayéndose, si bien la morosidad de larga duración disminuye con más lentitud.

               (4)El 17 de abril de 2019, Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y, el 29 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (6)Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore hasta alcanzar el 0,2 % del PIB en 2019 y que siga mejorando paulatinamente a partir de entonces hasta llegar al 1,3 % del PIB en 2023. Tomando como base el saldo estructural recalculado
                  7
               , se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit estructural del 1 % del PIB, se alcance de aquí a 2020. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 61,1 % en 2019 y siga reduciéndose hasta el 51,6 % en 2023. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. No obstante, no se han especificado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos de 2020 en adelante.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Irlanda que alcanzase el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                del 7,0 % en 2019, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que Irlanda cumpla el ajuste presupuestario recomendado en 2019.

               (8)Irlanda debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,7 %
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               , lo que corresponde a un ajuste anual estructural del 0,7 % del PIB. Se prevé que Irlanda alcance el objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda de las Administraciones Públicas mantenga su firme tendencia decreciente hasta superar los requisitos de la norma en materia de deuda. En general, el Consejo considera que Irlanda probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020. En vista de la diferencia entre las mediciones del PIB y de la producción nacional en Irlanda y del impacto correspondiente en la ratio deuda/PIB, de las actuales condiciones cíclicas de Irlanda y de los mayores riesgos externos, sería importante utilizar cualquier posible ingreso extraordinario para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas.

               (9)Las finanzas públicas han seguido mejorando gracias a un fuerte crecimiento de la producción, pero los riesgos de volatilidad de los ingresos persisten, y existe margen para lograr que los ingresos sean más resilientes frente a las fluctuaciones económicas y las perturbaciones adversas. Limitar el alcance y el número de los gastos tributarios y ampliar la base impositiva mejoraría la estabilidad de los ingresos frente a la volatilidad económica. Si bien Irlanda ha subido el tipo impositivo inferior del impuesto sobre el valor añadido aplicado a las actividades turísticas, algunas de las medidas fiscales más recientes se han centrado en las reducciones y las desgravaciones. Por otra parte, Irlanda aún tiene margen para mejorar la manera en que su régimen tributario puede contribuir a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente. Podría, por ejemplo, esforzarse por reducir las subvenciones a los combustibles fósiles y enviar a los inversores una señal de precios más fuerte comprometiéndose a adoptar un calendario de incrementos del impuesto sobre el carbono a lo largo de la próxima década.

               (10)Resulta fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los regímenes tributarios sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Irlanda ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero el alto nivel de pagos en concepto de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es aprovechada por empresas que practican una planificación fiscal abusiva. La aplicación limitada de la retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) en concepto de cánones y dividendos realizados por compañías ubicadas en Irlanda puede dar lugar a que dichos pagos eludan por completo el abono de impuestos en aquellos casos en que tampoco estén sujetos a tributación en el país receptor.

               (11)Siguen existiendo riesgos de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo relacionados con el coste del envejecimiento de la población. Se prevé que el gasto en atención sanitaria aumente del 4,1 % del PIB en 2016 al 5,1 % en 2070, y que culmine en 2063 con un 5,2 %. Aunque existen aspectos del sistema sanitario en Irlanda que funcionan bien o que han mejorado, el sistema es ineficiente, tiene dificultades para satisfacer la demanda y no proporciona una atención coordinada e integrada. Con el objeto de mitigar la presión causada por el aumento de la demanda, el Gobierno irlandés aprobó la Estrategia de Implementación Sláintecare y creó la Oficina de Implementación del Programa Sláintecare para reformar integralmente y modernizar los servicios de asistencia social y sanitaria de Irlanda durante los diez próximos años. La reforma prevista presenta unas perspectivas verosímiles para lograr que el sistema sanitario sea universalmente accesible y sostenible, satisfaciendo las demandas de una población que envejece, trasladando los cuidados a la comunidad y haciendo más hincapié en la prevención. Es probable que esto tenga una incidencia positiva en la reducción de la dependencia de los cuidados agudos, lográndose así un uso más eficiente de los recursos en la atención sanitaria.  Sin embargo, la puesta en práctica peligra debido a las dificultades del sistema sanitario para hacer frente al mercado de seguros de enfermedad duplicado y para gestionar de manera eficaz su propio presupuesto,  rendimiento y trabajadores a corto plazo. Asimismo, será necesario contener los costes a corto plazo para cumplir los objetivos de Sláintecare a largo plazo.

               (12)A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora por el Gobierno para contener el gasto en las pensiones públicas, se prevé que el déficit general del sistema de pensiones crezca considerablemente como consecuencia del incremento del gasto en pensiones, que aumentará desde el 5 % del PIB en 2016 hasta el 6,6 % en 2070, y culminará en 2053 con un 7,5 %. Una ejecución plena y oportuna de la hoja de ruta presentada para la reforma de las pensiones es esencial para conseguir que el sistema de pensiones irlandés sea más sostenible desde el punto de vista presupuestario.

               (13)El aumento de la inversión en capacidades, educación, formación e inclusión social es esencial para mejorar la productividad de Irlanda y su crecimiento inclusivo a largo plazo. Un mercado de trabajo que se va a acercando al pleno empleo y la incipiente escasez e inadecuación de las capacidades en determinados sectores hacen que sea necesario realizar esfuerzos para llegar a grupos inactivos de trabajadores potenciales e invertir en el capital humano infrautilizado. Existe margen para promover la mejora de las capacidades y para una mayor adecuación entre los planes educativos y la formación profesional y las necesidades del mercado de trabajo. El bajo porcentaje de la población activa con competencias digitales básicas requiere más inversiones en el aprendizaje en el lugar de trabajo y en la mejora de las capacidades de la población activa adulta. La inversión en el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad y la ejecución del Programa Nacional para la Atención a la Infancia (National Childcare Scheme) contribuirán a incrementar la baja tasa de empleo femenino. La tasa de participación de las personas con discapacidades en el mercado de trabajo se encuentra entre las más bajas de Europa. El número de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral sigue siendo uno de los más elevados de la UE, lo que pone de relieve el margen para aplicar estrategias de activación laboral más integradas y mejor orientadas en apoyo de este grupo concreto.

               (14)Los años de baja inversión tras la contracción económica están pasando factura en que respecta a la disponibilidad de vivienda social asequible y de infraestructuras adecuadas en los sectores del transporte limpio y la energía, el agua y la banda ancha ultrarrápida, lo cual, a su vez, crea obstáculos para la inversión empresarial. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado de manera importante en los cinco últimos años. Unas infraestructuras mejoradas, combinadas con la ordenación del territorio, podrían ser un facilitador fundamental para mejorar la oferta de vivienda, aumentar la inversión privada, impulsar el aumento de la productividad y garantizar un desarrollo económico regional equilibrado. Una conectividad con garantías de futuro y unas capacidades digitales suficientes siguen siendo cruciales para que las empresas nacionales puedan utilizar la tecnología digital eficazmente y para la pujanza del sector nacional de la tecnología de la información y la comunicación. Existen aún retos importantes en cuanto al acceso a la banda ancha ultrarrápida, especialmente en las zonas rurales. Una mayor inversión en infraestructuras de energías limpias, transporte público y limpio y servicios relacionados con el agua, así como unos esfuerzos redoblados en los ámbitos de la descarbonización, la eficiencia energética, las energías renovables y la economía circular, ayudarían a Irlanda en su transición a una economía hipocarbónica y resiliente desde un punto de vista medioambiental.

               (15)Si bien la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional podría llevar finalmente a la construcción de infraestructuras básicas adicionales, la escasa capacidad del sector de la construcción podría convertirse en un obstáculo para su realización oportuna. Por otra parte, la diversificación de las conexiones de transporte marítimo y energéticas con la Europa continental podría incrementar la resiliencia de la economía frente a las perturbaciones externas. Por el momento, Irlanda no ha logrado desvincular su crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de forma constante, especialmente en el transporte, la agricultura, la energía y el ambiente construido. La falta de progresos en este ámbito hará más difícil para Irlanda cumplir sus obligaciones con la UE y, al mismo tiempo, incrementará el coste de las medidas futuras.

               (16)La persistencia de la escasez de oferta, junto con el aumento de la demanda, siguen alimentando las subidas de precios de la vivienda. Aunque los precios no parecían sobrevalorados en 2017, la asequibilidad está convirtiéndose en motivo de preocupación. La escasez de la oferta de vivienda está afectando también a la vivienda social debido al carácter insuficiente de la inversión y la construcción durante la pasada década. Mientras que la demanda anual se estima en alrededor de 72 000 unidades, solo se prevé la puesta a disposición de 10 000 viviendas en 2019. Se prevén ayudas para 17 000 personas más a través del Housing Assistance Payment o el Rental Accommodation Scheme irlandeses (dos programa públicos de ayudas para el pago del alquiler), pero esto comporta el riesgo de exacerbar el aumento de los alquileres en el mercado privado de alquiler, en el cual la oferta es ya limitada. Un gran número de viviendas sociales están infraocupadas, especialmente en el área de Dublín, debido en parte a prácticas sucesorias anticuadas. La inadecuada combinación de tipos de viviendas sociales ofrecidas y la muy limitada cantidad de alojamientos asequibles y vivienda pública de alquiler a precio de coste son factores que agravan aún más la situación. Esto ha dado lugar a un aumento continuo en el número de personas y familias que viven en alojamientos improvisados, con unas cifras de personas sin hogar que han alcanzado nuevos máximos en febrero de 2019.

               (17)El fomento de la productividad basada en la innovación de las empresas nacionales es esencial para apoyar un aumento de la productividad más fuerte y resiliente en el país. El gasto de las empresas en investigación y desarrollo sigue incrementándose, pero permanece por debajo de la media de la UE y está altamente concentrado en las empresas de propiedad extranjera. Existe margen para adaptar las políticas de innovación de manera que ofrezcan más apoyo a las pymes irlandesas. Las ayudas indirectas (por ejemplo, los créditos fiscales) siguen siendo el principal instrumento de apoyo público a la investigación y el desarrollo en Irlanda (representa en torno al 80 % del total de las ayudas públicas). Unos vínculos más sólidos entre las empresas multinacionales y las nacionales podrían contribuir a mejorar la difusión de la innovación en la economía.  Además, una cooperación más estrecha entre las empresas y los centros públicos de investigación incrementaría también el potencial innovador.

               (18)Aunque los bajos niveles de investigación y desarrollo públicos siguen causando preocupación (1,05 % del PIB frente a una media del 2 % en la UE), el recientemente adoptado programa Future Jobs Ireland 2019 aporta un prometedor marco para el estímulo de la innovación y el cambio tecnológico y la mejora la productividad de las pymes. Sin embargo, su aplicación íntegra dependerá de un considerable aumento del gasto público en investigación e innovación y de que el programa recientemente adoptado se traduzca en medidas políticas concretas. Por el momento, en esta ambiciosa lista de medidas faltan todavía detalles importantes y fechas precisas de aplicación. Así, en lo que respecta a las acciones que han de emprenderse en 2019, no se han determinado medidas para incrementar la disponibilidad de inversión en capital a largo plazo para ayudar a las empresas nacionales a crecer; la combinación de políticas para incentivar a las pymes a invertir en nuevas tecnologías combina créditos fiscales e incentivos de naturaleza no fiscal para animar a las pymes a invertir en innovación, pero el alcance relativo de estas medidas sigue sin conocerse. Si bien la estrategia reconoce la importancia de la infraestructura de banda ancha para la productividad, no se han previsto medidas específicas ni resultados concretos para colmar la brecha existente entre Irlanda y otros países de la UE en cuanto a la creación de redes de banda ancha con garantías de futuro en consonancia con los objetivos de la Sociedad Europea del Gigabit 2025 de la UE.

               (19)Las disparidades regionales en Irlanda son considerables y se han ido incrementando durante la última década. En Irlanda se dan disparidades económicas regionales bastante elevadas en comparación con otros países de la UE en términos de PIB per cápita.   Entre 2000 y 2016, el PIB per cápita en las regiones de Eastern y Southern se incrementó en un 74 %, 63 puntos porcentuales más que en las regiones de Border, Midland y Western, y el incremento se ha acelerado desde 2012. En 2016, el PIB per cápita en las regiones Eastern y Southern era 2,6 veces más alto que en las regiones de Border, Midland y Western. El área de Dublín, en la que reside el 40 % de la población de Irlanda, contribuyó con 62 puntos porcentuales al crecimiento del PIB entre 2000 y 2016.

               (20)Las barreras normativas al emprendimiento (en particular, determinadas regulaciones relativas a los bienes inmuebles de uso comercial y los servicios jurídicos) afectan negativamente a la entrada y salida de empresas y, con ello, a la productividad de las empresas nacionales irlandesas. Las barreras a la entrada en los mercados minoristas suponen un reto. Irlanda figura entre los cinco países con el mayor número de requisitos procedimentales para la apertura de establecimientos minoristas.  Los minoristas se enfrentan a obstáculos procedimentales que retrasan la apertura de nuevas tiendas e incrementan sus costes, y pueden tener una incidencia negativa en la estructura y las dinámicas de mercado.

               (21)La nueva Legal Services Regulation Act (Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos) está aún por aplicar, dado que la introducción de la normativa sigue experimentando importantes retrasos a pesar de las consultas preparatorias en curso. Sigue habiendo incertidumbre en cuanto a si se permitirá el acceso profesional directo a los abogados en relación con asuntos contenciosos y a si las personas jurídicas podrán convertirse en socios en todo tipo de despachos jurídicos. Por otra parte, han de evitarse las normas de explotación y gestión excesivamente complejas para los despachos multidisciplinares. La aplicación ambiciosa de un programa abierto de reformas reviste la máxima prioridad. Se supone que «Ambition 2.3», que forma parte del programa Future Jobs Ireland 2019, ha de abordar los problemas asociados con el coste de los servicios jurídicos, pero el único objetivo concreto para 2019 no es firme y el calendario para su consecución es ambiguo. Los retrasos en la aplicación de esta reforma contribuyen al alto coste de los servicios jurídicos en Irlanda, lo cual redunda en detrimento de las empresas, en particular de las pymes, y de los particulares. Dado que los servicios jurídicos son un importante insumo para otros servicios empresariales, las restricciones en este sector contribuyen al elevado coste de otros servicios (el de las aseguradoras, por ejemplo).

               (22)Las ratios de préstamos dudosos han seguido cayendo y habían bajado 3,4 puntos porcentuales hasta alcanzar el 7,8 % interanual en el tercer trimestre de 2018. Los bancos van camino de conseguir con holgura sus objetivos de reducción gracias a las ventas de activos de cartera, los esfuerzos de reestructuración y la subida de los precios inmobiliarios. Los atrasos prolongados en los pagos de préstamos hipotecarios (de más de dos años desde la fecha del vencimiento) siguen siendo relativamente altos, lo cual contribuye a mantener la ratio de préstamos improductivos por encima de la media de la zona del euro. Se ha propuesto una serie de iniciativas y de anteproyectos de ley como, por ejemplo, el anteproyecto de ley «no consent, no sale» (sin consentimiento no hay venta) para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la resolución de los préstamos improductivos, incluido en el caso de los hogares vulnerables. El registro de créditos entró en funcionamiento de manera plena para los créditos al consumo en 2018 y será decisivo a la hora de determinar si los prestatarios están en condiciones de rembolsar sus deudas. Los procedimientos concursales y la utilización de opciones judiciales y extrajudiciales para la resolución de los atrasos en los pagos siguen siendo limitados. Seguir reduciendo los atrasos prolongados en los pagos de préstamos hipotecarios, al tiempo que se aprovechan las iniciativas en favor de los hogares vulnerables sin crear obstáculos indebidos a la resolución de los préstamos dudosos, continúa suponiendo un reto y requiere un seguimiento permanente.

               (23)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
                  10
               . Ello permitiría a Irlanda aprovechar al máximo esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta de las disparidades regionales.

               (24)En el marco del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas a Irlanda en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Irlanda, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (25)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019 y estima que cabe esperar que Irlanda cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (26)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2020. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas. Limitar el ámbito y el número de gastos fiscales y ampliar la base impositiva. Seguir abordando los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva, y centrarse especialmente en los pagos salientes. Hacer frente al incremento previsto del gasto relacionado con el envejecimiento, haciendo que el sistema sanitario sea más eficiente y ejecutando íntegramente los planes de reforma de las pensiones.

               2.Prestar apoyo personalizado para la reinserción laboral y facilitar la mejora de las capacidades, especialmente para los grupos vulnerables y las personas que viven en hogares con baja intensidad laboral. Incrementar el acceso a unos servicios de atención infantil asequibles y de calidad.

               3.Centrar la política económica relacionada con la inversión en la transición a la energía hipocarbónica, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte sostenible, el agua, la infraestructura digital y la vivienda social y asequible, todo ello teniendo en cuenta las disparidades regionales. Aplicar medidas, incluidas las de la estrategia Future Jobs, para diversificar la economía e incrementar la productividad de las empresas irlandesas (especialmente la de las pymes) utilizando más instrumentos de financiación directa para estimular la investigación y el desarrollo y reduciendo los obstáculos normativos al emprendimiento.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1006 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas. El valor de referencia para el gasto de Irlanda refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015. Siguiendo el enfoque adoptado por las autoridades irlandesas en sus cálculos presupuestarios para 2017, la Comisión ha tomado la media de las tasas de crecimiento potencial de 2014 y 2016.

                     (9)

                        Como en 2019, el valor de referencia para el gasto refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015.

                     (10)

                        SWD(2019) 1006 final.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 506 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Estonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Estonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Estonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en la recomendación 3. En particular, las medidas centradas en la política económica en relación con la inversión en los ámbitos especificados ayudarán a responder a la segunda recomendación de la zona del euro en relación con el apoyo a la inversión.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Estonia
                  2
                se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Estonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Estonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 30 de mayo de 2019, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y, el 30 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  4
               .

               (6)Estonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Estabilidad de 2019 se presentó partiendo de una hipótesis de mantenimiento de las políticas. El Gobierno prevé pasar de un déficit presupuestario del 0,6 % del PIB en 2018 al 0,2 % del PIB en 2019, el 0,3 % del PIB en 2020 y el 0,7 % del PIB en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado
                  5
               , no se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit del 0,5 % del PIB en términos estructurales, durante el período cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019. Se prevé que la ratio deuda pública / PIB haya descendido al 5,3 % del PIB en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son optimistas. No se han especificado las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos, lo que supone un riesgo para las hipótesis de rendimiento recaudatorio.

               (7)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Estonia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  6
                no superase el 4,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Teniendo en cuenta las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, que preveían una situación más cercana al objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, y de acuerdo con las normas para desbloquear el ajuste requerido, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debe superar el 4,9 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,3 % en 2019. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019.

               (8)En 2020, a la vista de la previsión de una brecha de producción del 2,7 % del PIB en Estonia y de una previsión de crecimiento del PIB inferior a la tasa de crecimiento potencial estimada, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 4,1 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2020. En general, el Consejo considera que las medidas necesarias deben adoptarse a partir de 2019 para poder cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una prioridad para Estonia en el contexto de grandes escándalos de blanqueo de capitales. Estonia ha reforzado su marco de lucha contra el blanqueo de capitales, y la proporción de depósitos de no residentes en el sector bancario estonio ha disminuido considerablemente. No obstante, persisten algunos problemas. Aunque el Gobierno estonio ha introducido medidas y directrices adicionales sobre cómo seguir reforzando la prevención en este ámbito, el Parlamento estonio aún no ha adoptado ninguna iniciativa legislativa para aumentar las capacidades de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas.

               (10)La escasez de personal cualificado y la falta de adecuación de las cualificaciones se encuentran entre los principales obstáculos a la inversión empresarial y limitan los aumentos de productividad. En los últimos años, Estonia ha realizado reformas globales, pero las tendencias del mercado de trabajo y la reducción de la población en edad de trabajar plantean retos a largo plazo para el sistema de educación y formación, entre los que cabe destacar una tasa aún elevada de abandono escolar prematuro, una reorganización incompleta de la red escolar, la insuficiente adecuación de la enseñanza superior y de la formación profesional al mercado laboral y los retos relacionados con el envejecimiento de los profesores y el escaso atractivo de la profesión. Aunque la participación en la educación de adultos está mejorando, el perfeccionamiento y reciclaje profesionales de los trabajadores no se están produciendo con la rapidez necesaria para adaptarse a las tendencias del mercado laboral. La insuficiente capacidad de innovación es una de las dificultades más acuciantes en lo que a capacidades se refiere. A pesar del alto porcentaje de especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación, la formación en capacidades digitales que proporcionan las empresas es limitada. La mejora de la adecuación del sistema de educación y formación al mercado laboral, en particular invirtiendo en orientación profesional, haciendo frente al abandono escolar prematuro y anticipando mejor las necesidades en materia de capacidades, ayudaría a garantizar que las personas tuvieran las capacidades apropiadas. Además, la mejora de las condiciones de trabajo de los profesores, de la calidad de la enseñanza y de las políticas educativas en respuesta a las tendencias demográficas y económicas podría reforzar la capacidad del sistema de educación y formación.

               (11)A pesar de los avances, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad de ingresos siguen siendo altas, especialmente entre las personas mayores. Alrededor del 42 % de las personas de 65 años o más se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2017, frente a un 15 % de media en la Unión Europea. Las prestaciones sociales siguen resultando ineficaces para reducir la pobreza, y la red de seguridad social es débil. La prestación de servicios sociales asequibles y de buena calidad se ve obstaculizada por la escasa coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria y social y por las grandes diferencias que presentan los municipios en su capacidad para detectar las necesidades de los servicios sociales y responder a ellas. Los particulares también deben sufragar gran parte de los costes de los servicios prestados por las autoridades. El gasto público de Estonia en cuidados de larga duración fue menos de la mitad de la media de la UE (en 2016, 0,6 % del PIB, frente al 1,6 % del PIB). No existen medidas preventivas o un sistema de apoyo para aliviar la carga que pesa sobre los cuidadores no profesionales. La proporción de personas con necesidades médicas no cubiertas sigue siendo una de las más elevadas de la UE (11,7 %), lo que apunta a problemas de accesibilidad y eficacia del sistema de asistencia sanitaria. Esos problemas ponen de manifiesto la necesidad de ofrecer unos servicios de asistencia sanitaria y social asequibles y de buena calidad de una manera integrada y de desarrollar un marco global de asistencia a largo plazo. Las inversiones que contribuyen a la inclusión social, en particular en infraestructuras sociales, podrían impulsar un crecimiento integrador.

               (12)La brecha salarial entre hombres y mujeres, del 25,6 % en 2017, sigue siendo una de las más elevadas de la Unión y es ligeramente más amplia que la del año anterior. Además, el impacto de la parentalidad en el empleo femenino fue muy superior a la media de la Unión (25,2 y 9,0 %, respectivamente). Los permisos parentales prolongados suelen frenar la progresión de la carrera profesional de las mujeres. Las mujeres tienden a trabajar en sectores económicos y profesiones peor remunerados, a pesar de que su nivel educativo es superior al de los hombres. Recientemente se han adoptado medidas que han flexibilizado los permisos parentales y el sistema de prestaciones para facilitar la vuelta al mercado de trabajo de las personas que han tenido hijos. Ha mejorado el uso de los servicios de guardería. No obstante, factores como la actividad económica, la profesión, la edad, la experiencia laboral o la jornada de trabajo explican solo una parte de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y hay una diferencia inexplicable de un 20 % con respecto a la media de la UE del 11,5 %. La transparencia salarial podría ayudar a comprender mejor las razones de esta elevada brecha salarial entre hombres y mujeres. La inversión continua en servicios de guardería y en políticas activas de empleo facilitaría el empleo de las mujeres. Además, el diálogo con los interlocutores sociales y el refuerzo de su capacidad siguen siendo importantes en un contexto más amplio.

               (13)Como país periférico con baja densidad de población, un sistema de transporte interconectado y que funcione correctamente resulta fundamental para la actividad económica y las exportaciones de Estonia. La infraestructura de transporte de Estonia presenta algunas deficiencias en términos de conectividad y sostenibilidad. El transporte por ferrocarril y el transporte intermodal siguen estando poco desarrollados. Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera han aumentado en los últimos cinco años. Si se adoptaran nuevas soluciones innovadoras y sostenibles podría hacerse frente a la congestión y a los problemas relacionados con el transporte público. Sincronizar el sistema eléctrico de Estonia con la red continental europea es esencial para garantizar la seguridad del suministro de electricidad en toda la región del Báltico. La inversión en infraestructuras podría contribuir a reforzar la competitividad de las empresas estonias.

               (14)La productividad de Estonia se ha estado ralentizando debido al bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, especialmente por parte del sector privado. Mientras que en 2017 el gasto público en investigación y desarrollo fue solo ligeramente inferior a la media de la UE, la inversión empresarial representó únicamente el 0,61 % del PIB, aproximadamente la mitad de la media de la UE. Son pocas las empresas que informan de actividades de investigación e innovación, en particular entre las pequeñas y medianas. El gasto en innovación no procedente de la investigación y desarrollo está disminuyendo, y la colaboración entre el mundo científico y el empresarial es escasa. Algunos de esos factores lastran la productividad y los resultados en innovación del país. Una inversión más orientada a la investigación, el desarrollo y la innovación, en particular en la digitalización y la automatización de las empresas, podría aumentar la productividad y la competitividad de Estonia. También podría contribuir a ello una mejor priorización de los temas de investigación en ámbitos de interés para la economía. Las autoridades estonias han diseñado y aplicado varias medidas para subsanar las deficiencias del sistema de investigación e innovación, pero el impacto de esas medidas sigue siendo limitado hasta la fecha.

               (15)Siguen planteándose retos en relación con la eficiencia energética y la utilización eficiente de los recursos. El rendimiento ecoinnovador de Estonia no refleja todo el potencial del país; a ese respecto, su puntuación compuesta (60) es un 40 % inferior a la media de la UE. A pesar de algunas mejoras en los últimos años, la productividad de los recursos en Estonia es tres veces menor que la media de la UE, y la brecha con el resto de la UE se está ampliando. Solo una pequeña proporción de las pequeñas y medianas empresas estonias está tomando medidas para aumentar su eficiencia en el uso de los recursos y volverse más ecológicas. Además, la economía tiene una gran intensidad energética, y su consumo de energía es muy superior a la media de la UE. Todas las regiones estonias se están quedando atrás en la mejora de la eficiencia energética y la utilización eficiente de los recursos. Con un 0,4 %, Estonia está muy lejos de su objetivo nacional de alcanzar una cuota del 10 % de energías renovables en el transporte. El fomento de la eficiencia energética y de los recursos, en particular en el sector de la construcción, y el apoyo a la economía circular, en particular mediante el aumento de la inversión, podrían contribuir a una economía más competitiva y sostenible.

               (16)Los procedimientos de insolvencia en Estonia duran aproximadamente tres años, y la tasa de recuperación es ligeramente superior al 40 %. Esto confina recursos humanos y económicos en empresas menos productivas y socava los incentivos a la inversión y a la financiación de empresas. La reforma del marco de la insolvencia sería importante para acortar la duración de los procedimientos de insolvencia y aumentar la tasa de recuperación de los acreedores. Por ejemplo, se podrían fomentar procedimientos de reestructuración antes y después de la insolvencia y evitar la liquidación gradual de las empresas.

               (17)La programación de los fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
                  7
               . Esto permitiría a Estonia hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores enumerados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               (18)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Estonia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Estonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (19)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen
                  8
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Estonia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 4,1 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

               2.Hacer frente a la escasez de personal cualificado y fomentar la innovación mediante la mejora de la capacidad y la adecuación al mercado laboral del sistema de educación y formación. Mejorar la adecuación de la red de seguridad social y el acceso a servicios sociales asequibles e integrados. Adoptar medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, en particular aumentando la transparencia salarial.

               3.Centrar la política económica en relación con la inversión en infraestructuras sostenibles de transporte y energía, incluidas las interconexiones, en el fomento de la investigación y la innovación, y en la eficiencia de los recursos y la energía, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2019) 1005 final.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (4)

                        COM(2014) 494 final.

                     (5)

                        Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (6)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se repartirá uniformemente durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (7)

                        SWD(2019) 1005 final.

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.