title: Recomendación (UE) 2015/1184 del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa a las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión Europea

text:
               18.7.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 192/27

         RECOMENDACIÓN (UE) 2015/1184 DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa a las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión Europea
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Tratado, establece que los Estados miembros han de considerar sus políticas económicas como un asunto de interés común y coordinarlas en el seno del Consejo. El Tratado dispone, además, que el Consejo ha de adoptar orientaciones generales para las políticas económicas y orientaciones para las políticas de empleo a fin de guiar las políticas de la Unión y de los Estados miembros.

               (2)

               De conformidad con el Tratado, la Unión ha elaborado y aplicado instrumentos de coordinación de las políticas presupuestarias y las políticas macroestructurales. El Semestre Europeo reúne los diferentes instrumentos en un marco global de supervisión económica y presupuestaria multilateral integrada. La racionalización y la consolidación del Semestre Europeo, tal como se indica en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 de la Comisión, deben contribuir a mejorar su funcionamiento.

               (3)

               La crisis económica y financiera ha revelado y acentuado importantes debilidades en la economía de la Unión y de sus Estados miembros. Ha puesto también de manifiesto la estrecha interdependencia de las economías y los mercados de trabajo de los Estados miembros. Por otra parte, el gran incremento de los niveles de deuda pública ha generado riesgos para la sostenibilidad presupuestaria. El principal desafío al que hemos de hacer frente hoy consiste en llevar a la Unión a una situación de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y de creación de empleo. Para ello se requiere una actuación coordinada y ambiciosa, tanto a escala de la Unión como a escala nacional, en consonancia con el Tratado y la gobernanza económica de la Unión. Esa actuación, en la que se combinen medidas que incidan en la oferta y la demanda, debe incluir un estímulo a la inversión, un compromiso renovado de acometer reformas estructurales y un ejercicio de responsabilidad presupuestaria.

               (4)

               Los Estados miembros y la Unión deben afrontar también el impacto social de la crisis y fijarse el objetivo de construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para anticipar y gestionar el cambio y participar activamente en la vida social y económica. Es necesario garantizar el acceso y las oportunidades para todos y reducir la pobreza y la exclusión social, principalmente velando por un funcionamiento eficaz de los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar social, y eliminando los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo. Los Estados miembros deben procurar, asimismo, que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y a todas las regiones.

               (5)

               Actuar en consonancia con las orientaciones integradas para las políticas económicas y las políticas de empleo de los Estados miembros contribuye de manera importante a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador («Estrategia Europa 2020»). La Estrategia Europa 2020 ha de estar respaldada por un conjunto integrado de políticas europeas y nacionales que los Estados miembros y la Unión deben aplicar a fin de conseguir los efectos positivos de unas reformas estructurales coordinadas, una combinación global adecuada de políticas económicas y una contribución más coherente de las políticas europeas a los objetivos de dicha estrategia, y a fin de garantizar que la unión económica y monetaria funcione con fluidez. Las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión, anejas a la presente Recomendación, y las orientaciones pertinentes para las políticas de empleo conforman las orientaciones integradas para la aplicación de la estrategia Europa 2020 («orientaciones integradas “Europa 2020”»).

               (6)

               Aunque las orientaciones integradas «Europa 2020» están dirigidas a los Estados miembros y a la Unión, deben aplicarse en cooperación con todas las autoridades nacionales, regionales y locales, y en estrecha colaboración con los parlamentos, con los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil.

               (7)

               Las orientaciones generales para las políticas económicas guían a los Estados miembros en la aplicación de las reformas, reflejando su interdependencia entre los Estados miembros, y están en consonancia con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Tales orientaciones deben constituir la base de toda recomendación específica que el Consejo pueda dirigir a un Estado miembro.

         RECOMIENDA que los Estados miembros y, cuando proceda, la Unión, tengan en cuenta en sus políticas económicas las orientaciones establecidas en el anexo, que forman parte de las orientaciones integradas «Europa 2020».

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      ANEXO

         Orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión Europea

         Parte I de las orientaciones integradas «Europa 2020»

         Orientación no 1: Promover la inversión

      Es fundamental aumentar el nivel de la inversión productiva en Europa para estimular la demanda y mejorar la competitividad y el potencial de crecimiento a largo plazo en Europa. Los esfuerzos deben centrarse en movilizar fondos para proyectos inversión viables, hacer que la financiación llegue a la economía real y mejorar el entorno de inversión. La estabilidad macroeconómica y financiera, así como la previsibilidad reglamentaria y la accesibilidad y transparencia de su sector financiero son elementos imprescindibles para que la Unión siga siendo un destino atractivo para la inversión privada, incluida la inversión extranjera.
      Hay que aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen los fondos nacionales y los fondos de la Unión, en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y los Fondos Estructurales, para financiar inversiones que favorezcan el crecimiento en ámbitos clave. Una gestión de los fondos orientada hacia los resultados y un mayor recurso a instrumentos financieros innovadores, cuando proceda, son elementos esenciales a este respecto.
      Para que la financiación llegue a la economía real es necesario aumentar la transparencia y la información, especialmente con la implantación de un centro europeo de asesoramiento para la inversión auspiciado por el Banco Europeo de Inversiones y el establecimiento de una cartera transparente de proyectos. Es primordial establecer con todas las partes interesadas pertinentes una cooperación estrecha que garantice la ejecución fluida de las operaciones, una asunción adecuada de los riesgos y el máximo valor añadido.

         Orientación no 2: Fomentar el crecimiento mediante la aplicación de reformas estructurales por los Estados miembros

      La aplicación ambiciosa de reformas estructurales por parte de los Estados miembros, tanto en el mercado de productos como en el mercado laboral, la seguridad social y los sistemas de pensiones resulta esencial para reforzar y apoyar la recuperación económica, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la competitividad, prevenir y corregir desequilibrios macroeconómicos nocivos en consonancia con el procedimiento de desequilibrio macroeconómico y aumentar el potencial de crecimiento de las economías de la Unión. Con ello se contribuirá también a lograr una mayor cohesión económica y social. Las reformas destinadas a mejorar la competitividad, especialmente en el sector de los bienes y servicios no exportables, la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo y un entorno empresarial más adecuado contribuyen a eliminar los obstáculos al crecimiento y la inversión y a incrementar la capacidad de adaptación de la economía. Los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán con el fin de aumentar las sinergias positivas y evitar efectos indirectos negativos.
      Es necesario proseguir las reformas de los sistemas sociales y del mercado de trabajo para fomentar el crecimiento y el empleo, al tiempo que se garantiza a toda la población el acceso a servicios y prestaciones sociales asequibles, sostenibles y de calidad. Las medidas de reforma del mercado laboral —por ejemplo en lo que se refiere a los mecanismos de fijación de los salarios y al aumento de las tasas de actividad— deben aplicarse en consonancia con las directrices más detalladas establecidas en las orientaciones para el empleo.
      Hay que seguir esforzándose para que la Unión sea un destino atractivo para el talento y las competencias. Debe proseguir el proceso de reforma e integración de los mercados de productos para garantizar que los consumidores y las empresas de la Unión se beneficien de precios más bajos y de una oferta más amplia de bienes y servicios. Mejorando la integración de los mercados se permite a las empresas acceder a mercados mucho más extensos que sus mercados nacionales y, por tanto, a mayores oportunidades de expansión. Con unos mercados de productos más competitivos y mejor integrados se impulsará también la innovación y se contribuirá a aumentar la velocidad de adaptación y la resiliencia ante los choques económicos de cada uno de los Estados miembros pero también de la Unión en su conjunto.
      Conviene seguir trabajando en la mejora del marco regulador en el que operan las empresas, para apoyar en particular a las PYME, incluyendo en esta labor la modernización de la administración pública, la reducción de las cargas administrativas, el aumento de la transparencia, la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y el trabajo no declarado, la mejora de la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales, junto con la ejecución de los contratos y el buen funcionamiento de los procedimientos de insolvencia.
      Las tecnologías de la información y la comunicación y la economía digital son importantes motores de productividad, innovación y crecimiento en todos los sectores de la economía. El fomento de la inversión privada en los sectores de la investigación y la innovación debe ir acompañado de reformas en profundidad para modernizar los sistemas de investigación e innovación, reforzar la cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado y mejorar las condiciones generales de actividad de las empresas de modo que estas tengan un mayor nivel de conocimientos. Aumentar la calidad y la eficiencia de las inversiones públicas en investigación e innovación servirá para seguir mejorando la calidad y, quizá, la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

         Orientación no 3: Suprimir los principales obstáculos al crecimiento y el empleo sostenibles a escala de la Unión

      Avanzar en la integración del mercado único, en particular suprimiendo las barreras que aún subsisten, reforzar la competitividad y mejorar el entorno empresarial son medidas clave para que Europa siga siendo un polo de atracción para las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Para empujar los límites de la productividad en Europa, es necesario incrementar la innovación y la formación del capital humano y garantizar el buen funcionamiento y la integración del mercado único digital. El que cada vez más consumidores y empresas adopten las tecnologías de la información y la comunicación puede contribuir a la creación de una Europa digital sin fronteras y a un aumento de la productividad.
      Un sector financiero que funcione adecuadamente es esencial para el buen funcionamiento de la economía. Por lo tanto, es necesario aplicar plenamente las disposiciones reglamentarias y de supervisión reforzadas así como las normas de protección de los consumidores en el ámbito de los mercados financieros y las entidades financieras. Deben adoptarse medidas encaminadas a construir un mercado sostenible de titulización en Europa, que contribuirá a mejorar la capacidad efectiva de los bancos de la Unión para aportar financiación. Es necesario crear una verdadera Unión de los mercados de capitales sobre la base de los logros del mercado único de servicios financieros y de capitales.
      La realización de una Unión de la energía fuerte permitirá garantizar un abastecimiento energético asequible, seguro y sostenible para las empresas y los hogares. Hay que proseguir la implantación del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 manteniendo una buena relación entre coste y eficacia y efectuar la transición hacia una economía competitiva, hipocarbónica y que utilice los recursos de modo eficiente, entre otras cosas mediante reformas que afecten tanto a la oferta como a la demanda, promoviendo al mismo tiempo los puestos de trabajo ecológicos, las tecnologías verdes y las soluciones innovadoras. A este respecto, los sectores de la energía y del transporte siguen precisando una atención especial, en particular por lo que se refiere a las interconexiones y la infraestructura.
      La legislación de la Unión debe centrarse en las cuestiones que pueden abordarse mejor a nivel europeo y debe concebirse teniendo en cuenta sus consecuencias económicas, medioambientales y sociales. El establecimiento de condiciones equitativas de competencia transfronteriza, con un marco reglamentario más previsible y con un respeto riguroso de las normas de competencia, atraerá más inversiones. La mejora del entorno empresarial y de su previsibilidad resulta especialmente importante en las industrias de red, que se caracterizan por largos horizontes de inversión y cuantiosas inversiones iniciales. Es preciso proseguir el desarrollo de la dimensión exterior del mercado interior.

         Orientación no 4: Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y hacerlas más propicias al crecimiento

      Para el crecimiento y la creación de empleo es fundamental contar con unas finanzas públicas saneadas. La sostenibilidad presupuestaria es esencial para garantizar la confianza de los inversores, crear un margen presupuestario que permita hacer frente a acontecimientos inesperados y optimizar la contribución de las finanzas públicas a la economía. Se crearían también de este modo las condiciones adecuadas para apoyar el crecimiento y la inversión. Los Estados miembros deben asegurar el control a largo plazo de los niveles de déficit y de deuda. Las políticas presupuestarias deben aplicarse con arreglo al marco normativo de la Unión, en particular el Pacto de estabilidad y crecimiento, y completarse con mecanismos presupuestarios sólidos a nivel nacional. Las políticas presupuestarias deben reflejar las condiciones económicas y los riesgos para la sostenibilidad existentes en cada Estado miembro, garantizando al mismo tiempo una buena coordinación de las políticas económicas. Se invita a los Estados miembros de la zona del euro a que sigan supervisando con atención y debatiendo la situación presupuestaria agregada de dicha zona, incluida la orientación presupuestaria.
      En la concepción y la aplicación de las estrategias de saneamiento presupuestario debe darse prioridad a las partidas de gasto que propicien el crecimiento en ámbitos tales como la educación, las cualificaciones y la empleabilidad, la investigación, el desarrollo y la innovación y la inversión en redes con consecuencias positivas para la productividad. Las reformas en materia de gastos deben centrarse en el aumento de la eficiencia de la administración pública; dichas reformas pueden prepararse en concreto mediante un análisis de los gastos orientado a garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
      Las reformas del gasto que favorecen una asignación eficiente de los recursos en beneficio del crecimiento y el empleo y preservan la equidad deben completarse, cuando sea necesario, con una modernización de los sistemas de ingresos. Hay que seguir reflexionando sobre el establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades. La transición hacia un sistema impositivo más propicio al crecimiento, además de garantizar el cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento, puede ayudar a corregir las ineficiencias del mercado y a sentar las bases de un proceso sostenido de crecimiento y creación de empleo. Al mismo tiempo, es importante reflexionar sobre los efectos distributivos de cualquier modificación de la fiscalidad. La eficiencia del sistema tributario podría mejorarse ampliando las bases impositivas (por ejemplo mediante la supresión o la reducción del recurso a las exenciones y los regímenes preferenciales y de su generosidad), verificando el alcance y la eficiencia de los gastos fiscales y reforzando la administración tributaria, simplificando el sistema impositivo y combatiendo el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Malta (2011-2014)

text:
               21.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 215/10

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Malta (2011-2014)
   2011/C 215/04
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o Convergencia y en sus Programas Nacionales de Reforma.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o Convergencia y en sus Programas Nacionales de Reforma.

               (6)

               El 28 de abril de 2011, Malta presentó su Programa Nacional de Reforma para 2011, y el 29 de abril, la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (7)

               Cuando se desencadenó la crisis económica, las exportaciones y la inversión se desplomaron y el PIB real se contrajo en un 3,4 % en 2009. El empleo se redujo sólo ligeramente, gracias entre otras cosas a la intervención pública. Con una fuerte recuperación de las exportaciones y de la inversión empresarial en 2010, la actividad económica de Malta repuntó con fuerza ese mismo año, y las cifras de desempleo empezaron a descender. Dado el elevado nivel de deuda pública (61,5 % del PIB en 2008), el Gobierno se abstuvo de emprender un gran programa de estímulo fiscal, y el déficit de las administraciones públicas en 2009 (3,7 % del PIB) permaneció por debajo del nivel correspondiente al conjunto de la zona del euro. En 2010, los coeficientes de déficit y deuda públicos se mantuvieron en general estables.

               (8)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es ligeramente optimista, especialmente en los últimos años del periodo cubierto por el Programa de Estabilidad. A partir del 3,6 % del PIB en 2010, el Programa de Estabilidad contempla reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del Tratado en 2011. Con posterioridad, el gradual avance hacia el objetivo a medio plazo de una situación de equilibrio en términos estructurales deberá apoyarse en un compromiso de saneamiento sostenible, centrado principalmente en el gasto. Sin embargo, el Programa de Estabilidad no proyecta alcanzar dicho objetivo dentro de su horizonte de programación. Se prevé que la deuda pública descenderá desde un máximo del 68 % del PIB en 2010 al 63,7 % en 2014, gracias a un saldo primario positivo y en proceso de mejora. El esfuerzo medio anual de ajuste estructural durante el periodo 2012-2014, calculado por la Comisión, coincide a grandes líneas con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, las cifras presupuestarias podrían resultar peores que los objetivos fijados debido a posibles desviaciones del gasto y a la falta de información sobre las medidas que deberán sustentar el esfuerzo de saneamiento después de 2011.

               (9)

               Proseguir el saneamiento presupuestario para alcanzar el objetivo a medio plazo es un reto fundamental para Malta. Aunque el presupuesto de 2011 aplica medidas para corregir el déficit excesivo en ese año, serán necesarias actuaciones suplementarias en caso de desviación. La estrategia de saneamiento a medio plazo, que todavía no está sustentada en medidas concretas, ganaría credibilidad de utilizarse un marco presupuestario plurianual más robusto. El carácter no vinculante de los objetivos plurianuales, que implica un horizonte de planificación presupuestaria relativamente próximo, constituye una deficiencia fundamental. El Programa de Estabilidad señala que se está considerando la introducción de una regla en materia de gasto.

               (10)

               Según la última evaluación de la Comisión, el riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas es elevado, dado que el efecto presupuestario a largo plazo del envejecimiento de la población, incluidas las pensiones, es significativamente mayor en Malta que en la media de la UE. Además, la participación de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral es muy baja, debido a una edad de jubilación que sigue siendo relativamente temprana, un uso frecuente de planes de jubilación anticipada y una participación muy reducida de las trabajadoras mayores. La reforma del sistema de pensiones de 2006 comenzó a abordar la sostenibilidad al retrasar la edad de jubilación, aunque de manera muy gradual, y abordó la idoneidad de las futuras pensiones, en particular a través de unos sistemas de indexación más generosos y de la introducción de una pensión mínima nacional garantizada. En el Programa Nacional de Reforma se mencionan las consultas que se están celebrando actualmente en torno a las propuestas para una nueva reforma presentadas por el Grupo de Trabajo sobre las Pensiones, que incluyen el establecimiento de un vínculo expreso entre la edad de jubilación y la esperanza de vida y la introducción de un segundo pilar de pensiones obligatorio y un tercer pilar voluntario. Sin embargo, el Programa Nacional de Reforma no propone una estrategia activa y global en materia de envejecimiento de la población que acompañe a los cambios legislativos en curso y previstos. El trabajo no declarado plantea un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. El Gobierno presenta algunas medidas para abordar ese problema en el Programa Nacional de Reforma, aunque no hay propuestas de revisión del sistema de impuestos y de prestaciones para hacer que el trabajo resulte económicamente rentable. Fomentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo constituye otro importante desafío para Malta, dado que su tasa de empleo femenino es la más baja de la UE. En el Programa Nacional de Reforma, el Gobierno ha propuesto un número importante de iniciativas en relación con el trabajo de las mujeres. Su aplicación y efectos se deben evaluar en 2012.

               (11)

               En los últimos años Malta ha experimentado una fuerte restructuración industrial, con la sustitución de una manufactura intensiva en mano de obra por nuevas actividades de alto valor añadido. Ello ha provocado un desfase entre la demanda y la oferta de cualificaciones en el mercado laboral, que evidencia la necesidad de proveer las competencias necesarias para los nuevos sectores, especialmente a través de la educación superior, en un esfuerzo para diversificar en mayor medida la base económica del país.

               (12)

               Malta registra el índice más elevado de abandono escolar de la UE, que se situaba en el 36,8 % en 2009, frente a un 14,4 % de media de la UE. El país adolece también de un bajo porcentaje de población entre 30 y 34 años con un nivel educativo superior o equivalente (21,1 %, frente a la media de la UE del 32,3 % en 2009). Malta aspira a reducir el abandono escolar al 29 % y a incrementar hasta el 33 %, de aquí a 2020, el número de personas entre 30 y 34 años con un título de educación superior o equivalente. En 2011, el país introdujo medidas para canalizar a los alumnos en riesgo de abandono escolar hacia vías profesionales interesantes a través de la formación profesional o las segundas oportunidades de aprendizaje.

               (13)

               Malta es uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea que aplica un mecanismo generalizado de indexación de los salarios. Los incrementos salariales están vinculados a un mecanismo obligatorio de adaptación al coste de la vida que hace aumentar los salarios en función de la evolución de la inflación registrada, si bien en cuantía proporcionalmente mayor a medida que se desciende por la escala salarial. Sumado al salario mínimo, este mecanismo puede contribuir a la pérdida de competitividad de los sectores que utilizan intensivamente mano de obra. La cuestión es muy pertinente en vista de los recientes incrementos de los precios de la energía, que podrían generar una espiral de precios y salarios.

               (14)

               Malta depende casi totalmente del petróleo importado para sus necesidades energéticas, lo que hace a su economía vulnerable a las oscilaciones del precio del crudo. Sumado a la inadecuación del sistema energético maltés, este fenómeno puede estar originando problemas en los ámbitos de la creación de empresas y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Aprovechar las posibilidades de producción de energía a partir de fuentes renovables podría suponer la doble ventaja de mejorar la competitividad y alcanzar los objetivos energéticos y climáticos. Sin embargo, la información facilitada en el Programa Nacional de Reforma sobre las medidas en materia energética es limitada, lo que dificulta evaluar su viabilidad y su eficacia en términos de costes.

               (15)

               Malta ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Esos compromisos se centran en dos áreas del Pacto: la competitividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo que respecta al aspecto presupuestario, se trata de fortalecer la responsabilidad y la transparencia del marco presupuestario, y considerar la introducción de mecanismos en busca de una mayor disciplina en la ejecución presupuestaria. En cuanto a la productividad, se proponen medidas para mejorar el entorno empresarial y las condiciones de financiación de las empresas, así como para impulsar la competencia en los servicios, especialmente las telecomunicaciones. A pesar de que figuran en el Programa Nacional de Reforma, los compromisos del Pacto por el Euro Plus no abordan las cuestiones del empleo y la estabilidad financiera. Aunque las autoridades se concentran en el aumento de la productividad, no reconocen que el actual mecanismo de indexación salarial afecta a la competitividad de Malta. Los compromisos del Pacto por el Euro Plus se han valorado y tenido en cuenta en las recomendaciones.

               (16)

               La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma de Malta, así como sus compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta, no solamente su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Malta, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En vista de lo anterior, la Comisión considera que, aunque el avance previsto hacia el objetivo a medio plazo es adecuado, existen importantes riesgos para la estrategia de saneamiento, por no encontrarse esta última respaldada por medidas concretas y porque podría producirse una desviación del gasto, como ha sucedido en el pasado. Además, el carácter no vinculante del marco presupuestario a medio plazo puede no ser favorable a la disciplina presupuestaria. El coste relativamente alto a largo plazo del envejecimiento de la población, en especial por lo que respecta al gasto en pensiones, representa un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de Malta. El Programa Nacional de Reforma reconoce los principales desafíos estructurales a los que se enfrenta la economía maltesa, aunque se justificaría una mayor atención a determinadas cuestiones, especialmente un mejor uso del potencial de mano de obra de la economía, la revisión y la toma de medidas para reformar el mecanismo de fijación de los salarios a fin de adecuar mejor la evolución salarial a la de la productividad, y la diversificación energética.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 16 de febrero de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Malta, y su dictamen (3) se refleja particularmente en sus recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Malta.

         RECOMIENDA que Malta tome medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:

               1.

               Garantizar la corrección del déficit excesivo en 2011, conforme a las recomendaciones del procedimiento de déficit excesivo, y estar preparada para tomar medidas suplementarias para prevenir posibles desviaciones, y adoptar iniciativas concretas en apoyo del objetivo de déficit para 2012. Encaminar la alta tasa de deuda pública hacia una senda descendente y asegurar un progreso adecuado hacia el objetivo a medio plazo. A fin de hacer más creíble la estrategia de saneamiento a medio plazo, definir las medidas generales necesarias a partir de 2013, incorporar los objetivos presupuestarios a un marco plurianual vinculante y basado en reglas, y mejorar la vigilancia de la ejecución presupuestaria.

               2.

               Tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otras, acelerando el retraso progresivo de la edad de jubilación y vinculándola a la esperanza de vida. Acompañar el incremento de la edad legal de jubilación con una estrategia global activa en materia de envejecimiento de la población, desincentivar los planes de jubilación anticipada y fomentar los planes de pensiones privados.

               3.

               Orientar en mayor medida los resultados de la educación a las necesidades del mercado de trabajo, en especial haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a la educación superior y haciendo más eficaz el sistema de formación profesional. Tomar más medidas para reducir el abandono escolar, determinando, analizando y midiendo sus causas antes de que finalice 2012, y creando un mecanismo de vigilancia e información periódica sobre los resultados de dichas medidas.

               4.

               Revisar y tomar las medidas necesarias para reformar el mecanismo de negociación y de indexación salarial, en consulta con los interlocutores sociales y según los usos nacionales, a fin de garantizar que el crecimiento de los salarios refleje en mayor medida la evolución de la productividad del trabajo y la competitividad.

               5.

               Redoblar los esfuerzos para reducir la dependencia de Malta de las importaciones de petróleo, impulsando las inversiones en energías renovables y aprovechando al máximo los fondos de la Unión Europea disponibles para mejorar las infraestructuras y fomentar la eficiencia energética.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p.1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Lituania para 2012-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/51

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Lituania para 2012-2016
   2013/C 217/13
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Vistas las recomendaciones de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de Lituania para 2012 y emitió su dictamen sobre el programa de convergencia actualizado de Lituania para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de coordinación de política económica de 2013. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 9 de abril de 2013, Lituania presentó su Programa Nacional de Reforma actualizado para 2013 y, el 26 de abril de 2013, su programa de convergencia para el período 2012-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa es verosímil y está en consonancia con las previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión. Tras un saneamiento presupuestario ambicioso desde 2009, el déficit de las administraciones públicas se ha logrado situar en el 3,2 % del PIB en 2012, lo que se considera suficiente para derogar la Decisión sobre la existencia de un déficit excesivo, teniendo en cuenta el coste de la reforma sistémica de las pensiones. La reducción del déficit se basaba también en cierta medida en un crecimiento económico sólido y en congelaciones temporales del gasto. El Programa de Convergencia ha cambiado el objetivo a medio plazo (OMP) del + 0,5 % al – 1,0 %, que sigue en línea con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
               La estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia es alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2016. Sobre la base del saldo presupuestario estructural (recalculado), los progresos anuales hacia el objetivo a medio plazo en términos estructurales son superiores al 0,5 % del PIB. Se cumple el valor de referencia para el gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a lo largo del período del programa. El ajuste está ligeramente adelantado y se basa principalmente en una limitación del gasto, aunque solo está parcialmente respaldado por medidas concretas, en particular medidas concretas que no siempre se especifican. Según las previsiones de la Comisión, se espera que el ajuste estructural en 2013 y 2014 sea del 0,3 % y el 0 % del PIB, respectivamente, y por tanto, por debajo del aumento requerido del 0,5 % del PIB, lo que también suscita dudas sobre la senda de ajuste del Programa de Convergencia. Aún hay que especificar nuevas medidas de saneamiento, y deberían estudiarse reformas estructurales, en particular un cambio hacia medidas basadas en los ingresos. La deuda de las administraciones públicas se mantiene por debajo del 60 % del PIB, con un 40,7 % en 2012, y se prevé que disminuya ligeramente a lo largo del programa. Mientras que el programa de convergencia prevé que la deuda disminuya al 39,7 % en 2013 y que siga disminuyendo hasta el 34,5 % en 2016, según las previsiones de primavera de 2013 de los servicios de la Comisión deberá caer hasta un 40,1 % del PIB en 2013 y un 39,4 % en 2014. Las diferencias se deben principalmente a la reducción del déficit previsto en el programa de convergencia.

               (10)

               Aunque su situación deficitaria ha mejorado con los años, Lituania sigue careciendo de margen presupuestario suficiente para reaccionar a acontecimientos adversos. Sin embargo, existe margen para una fiscalidad menos distorsionadora y para nuevas mejoras en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lituania sigue teniendo la menor ratio impuestos/PIB de la Unión y la consolidación se ha centrado principalmente en los gastos. Todavía hay margen para buscar fuentes de ingresos fiscales que resulten menos perjudiciales para el crecimiento, tales como impuestos medioambientales y gravamen recurrente de los bienes inmuebles. Si bien Lituania ha tomado medidas para incrementar los ingresos fiscales recurrentes sobre bienes inmuebles, parece haber margen para nuevos esfuerzos. Los ingresos de Lituania procedentes de los impuestos medioambientales se encuentran en tendencia decreciente y fueron los segundos más bajos de la Unión en 2011, debido, en particular, a que se situaron al nivel más bajo de los impuestos sobre transportes de la Unión; ello no facilita la reducción de la elevada intensidad energética de la economía lituana. Al mismo tiempo, los gastos que propician el crecimiento, por ejemplo en materia de investigación y educación, deben constituir una prioridad en el saneamiento presupuestario. Se ha retrasado la aplicación de la legislación que refuerza el marco presupuestario. El marco presupuestario de Lituania no ha podido impedir una política presupuestaria procíclica en los años de diferencial positivo entre el producto efectivo y potencial. La modificación de la Ley sobre la estructura del presupuesto de 2012 constituye un paso en la buena dirección. Es necesario mejorar el control, la responsabilidad y la ejecución del proceso presupuestario, en particular de los municipios, y garantizar el carácter vinculante del marco a medio plazo.

               (11)

               La evolución demográfica es un reto para la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo de Lituania. Por tanto, sigue revistiendo importancia una reforma en profundidad del sistema de pensiones, centrada tanto en la sostenibilidad como en la adecuación de las pensiones. La adecuación de las pensiones es un reto, ya que las personas de más edad se enfrentan a un alto riesgo de pobreza y exclusión. La reforma del sistema de acumulación de pensiones de 2012 fomenta la acumulación de pensiones del segundo pilar con incentivos financieros con cargo al presupuesto del Estado. También introduce la posibilidad de exclusión voluntaria de la acumulación de pensiones privadas y la vuelta al fondo de seguro social estatal durante un período transitorio, así como un aumento gradual de la edad de jubilación. La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Se trata de pasos importantes pero aislados en la dirección adecuada, y han de realizarse cambios importantes, en particular en el marco de las pensiones del primer pilar. Además, es preciso introducir medidas que promuevan la empleabilidad de los trabajadores de más edad y entornos de trabajo adecuados a las necesidades de las personas mayores.

               (12)

               La lucha contra el desempleo y el bajo nivel de participación en el mercado laboral de la mano de obra poco cualificada sigue siendo un reto clave. Los jóvenes y los trabajadores poco cualificados se ven especialmente afectados por las elevadas tasas de paro. Los desajustes en las cualificaciones han quedado especialmente patentes durante la crisis y representan un problema cada vez más grave, que apuntan a la existencia de deficiencias estructurales en la educación y las políticas del mercado de trabajo. Las consiguientes carencias de trabajadores cualificados se ven agravadas por los altos índices de emigración. Por tanto, se precisan medidas adicionales destinadas a mejorar la flexibilidad del mercado laboral y a fomentar la participación en el mismo, en particular de los jóvenes, los trabajadores no cualificados y los trabajadores de más edad. La cobertura global de medidas activas para el mercado de trabajo y la dotación financiera para cada medida siguen siendo insuficientes, y las medidas no están bien orientadas a los trabajadores con escasa cualificación y a los desempleados de larga duración. Un análisis exhaustivo de la legislación laboral, con la participación de los interlocutores sociales, podría identificar las restricciones innecesarias y los obstáculos administrativos que afectan a la flexibilidad de los contratos de trabajo, las condiciones de despido y las disposiciones sobre la jornada laboral flexible. Para facilitar la transición de la escuela al mercado de trabajo, podrían hacerse más atractivos los contratos de aprendizaje y de prácticas.

               (13)

               La pobreza y la exclusión social siguen teniendo un nivel preocupante. Preocupa especialmente el aumento de la pobreza infantil. En 2012 se pusieron en marcha medidas de reforma consistentes en asistencia social en metálico destinadas a aumentar los incentivos al trabajo (prestaciones vinculadas al trabajo para los desempleados de larga duración, reducción gradual de las prestaciones sociales para las personas en edad laboral que están inactivas) y a reducir la pobreza. Un proyecto piloto en cinco municipios arrojó resultados extraordinarios en cuanto a ahorro de gastos y mejor selección de los beneficiarios. Ahora es necesario establecer un mecanismo de seguimiento para evaluar su eficacia y su repercusión en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Asimismo, conviene establecer un vínculo entre la reforma y las medidas de activación destinadas a aumentar la participación, en particular en lo que se refiere a los beneficiarios sociales a largo plazo. Las medidas adoptadas para reducir la pobreza incluyen el aumento de la cobertura de las prestaciones sociales y un nuevo método para calcular el importe de las prestaciones. Además, el 1 de enero de 2013 el salario mínimo aumentó un 18 %, lo cual podría contribuir a reducir la trampa de la inactividad y la pobreza de las personas con empleo. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes habida cuenta de la magnitud del problema, y no existe una estrategia global o un plan de acción de lucha contra la pobreza.

               (14)

               El Gobierno ha emprendido una ambiciosa reforma de las empresas estatales desde 2010. Esta reforma es oportuna y creíble, e implica cambios legislativos y organizativos. Se han puesto en marcha los aspectos de la reforma relacionados con la reglamentación y se ha logrado un amplio cumplimiento de las obligaciones de notificación. Ahora el reto es evitar los conflictos de intereses, con respecto a las funciones reglamentarias y no reglamentarias, y distinguir entre las actividades comerciales y no comerciales de las empresas públicas. Cuando se aplique plenamente, la reforma podría contribuir a impulsar la competitividad y el crecimiento. Por tanto, será fundamental el control del cumplimiento.

               (15)

               La conexión de gas y electricidad con los vecinos está infradesarrollada. Como resultado de ello, la competencia en el sector de la energía es muy limitada y los precios de la energía son elevados. Además, la eficiencia energética continúa siendo un problema. Se ha progresado lentamente por lo que se refiere a la renovación de los edificios, por ejemplo en relación con las inversiones en el fondo de cartera de JESSICA, y subsisten los principales desafíos en la renovación de viviendas privadas.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica lituana. Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política económica de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (17)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Lituania, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Lituania tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Garantizar el saneamiento presupuestario favorable al crecimiento y aplicar la estrategia presupuestaria según lo previsto, realizando un esfuerzo de ajuste estructural que permita a Lituania alcanzar el objetivo a medio plazo. Dar prioridad a un gasto que favorezca el crecimiento. Seguir reforzando el marco presupuestario, en particular mediante la garantía de límites máximos ejecutivos y vinculantes en el marco presupuestario a medio plazo. Revisar el sistema fiscal y considerar el aumento de los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles y los impuestos medioambientales, incluyendo la introducción de impuestos sobre los automóviles y, al mismo tiempo, seguir reforzando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

               2.

               Adoptar y aplicar legislación relativa a una reforma global del sistema de pensiones. Adecuar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, restringir el acceso a la jubilación anticipada, establecer normas claras para la indización de las pensiones y fomentar el recurso a los regímenes de jubilación complementarios, garantizando al mismo tiempo la aplicación de las reformas en curso. Respaldar la reforma de las pensiones con medidas que promuevan la empleabilidad de los trabajadores de más edad.

               3.

               Luchar contra el alto nivel de desempleo entre los trabajadores poco cualificados y los desempleados de larga duración, concentrando los recursos en políticas activas del mercado de trabajo y mejorando su cobertura y eficiencia. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, por ejemplo, a través de la «Garantía Juvenil», mejorar la aplicación y la eficacia de los sistemas de contratos de aprendizaje, y abordar los persistentes desajustes de las cualificaciones. Revisar la adecuación de la legislación laboral en lo que respecta a la flexibilidad de los contratos de trabajo, las condiciones de despido y las disposiciones sobre la jornada laboral flexible, tras consultar a los interlocutores sociales.

               4.

               Aplicar medidas específicas concretas para reducir la pobreza y la exclusión social. Seguir reforzando los vínculos entre la reforma de la asistencia social en metálico y las medidas de activación.

               5.

               Completar la aplicación de la reforma de las empresas estatales, en particular para garantizar la separación entre la propiedad y las funciones de reglamentación, y realizar un estrecho seguimiento del cumplimiento de los requisitos de la reforma.

               6.

               Adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios, en concreto mediante la supresión de las disposiciones que tengan un efecto disuasorio y la aplicación rápida del fondo de cartera. Promover la competencia en el ámbito de las redes energéticas, mejorando la interconexión con las redes de gas y electricidad de otros Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenida para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (3)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 54.

      (4)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Polonia y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Polonia

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/15

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Polonia y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Polonia
   (2016/C 299/04)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Polonia fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Polonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 14 de julio de 2015, así como los avances de Polonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)

               El 28 de abril de 2016, Polonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Convergencia de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               Polonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé que el déficit global aumente del 2,6 % del PIB en 2015 al 2,9 % del PIB en 2017, antes de disminuir al 1,3 % del PIB en 2019. No se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit del 1 % del PIB en términos estructurales de aquí a 2019, que es el período cubierto por el Programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública/PIB aumente del 51,3 % en 2015 al 52,5 % en 2017, antes de disminuir al 50,4 % en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2016 y favorable para los años siguientes. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo de desviación considerable respecto del ajuste recomendado en 2016 y, si las políticas permanecen inalteradas, en 2017. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que Polonia incumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017.

               (6)

               Polonia es el único Estado miembro de la UE sin un auténtico consejo presupuestario independiente y sin planes conocidos para crear uno, aunque cuenta con algunas instituciones presupuestarias independientes que realizan algunas de las funciones de dicho consejo. Además del freno del endeudamiento que figura en su constitución, Polonia introdujo una regla de estabilización del gasto en 2013, que se aplicó plenamente por primera vez en el presupuesto de 2015. Sin embargo, esta norma fue modificada en diciembre de 2015, lo que permitirá un mayor gasto, particularmente en el entorno actual de baja inflación. Existen importantes riesgos de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo debido a una situación presupuestaria inicial desfavorable y al aumento previsto en los costes causados por el envejecimiento de la población, principalmente en relación con el gasto sanitario. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda, si no cambian las políticas, el riesgo presupuestario a medio plazo es elevado debido al aumento previsto del nivel de endeudamiento.

               (7)

               Se prevé que los ingresos recaudados en concepto de IVA en 2015 habrán permanecido bajos en proporción al PIB, a pesar de las medidas adoptadas hasta la fecha, que incluyen el procedimiento de inversión impositiva y la responsabilidad solidaria de las empresas en sectores sensibles. El aumento en la recaudación del IVA y la lucha contra el fraude en el pago del mismo constituyen prioridades para el Gobierno, y se está preparando una estrategia a tales efectos. Se prevé incluir medidas tales como nuevas herramientas informáticas para la detección y la lucha contra el fraude en materia de IVA, así como una reforma de la administración tributaria. En enero de 2017 comenzará a aplicarse un límite inferior para los pagos en efectivo entre empresas. Polonia se enfrenta aún al ya antiguo desafío de una administración tributaria ineficiente. El coeficiente de costes de recaudación, es decir, los costes administrativos por ingresos fiscales netos recaudados, es el más elevado de la UE.

               (8)

               Polonia continúa aplicando tipos reducidos de IVA a un gran número de bienes y servicios. Esto contribuye a una pérdida de ingresos y reduce la eficiencia del sistema del IVA. Los datos sugieren que los tipos reducidos del IVA no son un instrumento de política social efectivo, especialmente porque no están destinados específicamente a los hogares vulnerables. Tienden a resultar en subvenciones considerables a los contribuyentes ricos. Se considera que las prestaciones sociales y el impuesto sobre la renta surten unos efectos más específicamente orientados y son, por ende, más adecuados para alcanzar objetivos de redistribución. Las pérdidas potenciales de ingresos debido a los tipos reducidos del IVA y a las exenciones facultativas figuran entre las más altas de la Unión.

               (9)

               A pesar de las recientes mejoras, el mercado laboral polaco se enfrenta a retos considerables: el envejecimiento de la población activa, la baja productividad y la elevada segmentación del mercado de trabajo. A esto se añaden las deficiencias en el sistema educativo. Aunque este ha mejorado considerablemente en los últimos años, aún no logra dotar suficientemente a los alumnos de las competencias transversales necesarias para la innovación y para un mercado laboral que evoluciona con rapidez. La clasificación media relativamente baja de la educación superior y la ciencia polacas tienen un efecto negativo en la calidad de la enseñanza impartida. El grado de internacionalización de la educación superior polaca es muy limitado, tanto en lo relativo al número de estudiantes extranjeros como a la participación en la cooperación científica internacional. El modelo de financiación de la educación superior no promueve la calidad de manera suficiente, ya que se basa en gran medida en indicadores universitarios y variables cuantitativas del pasado, como el número de estudiantes y de personal académico. Según los empleadores, los titulados carecen de competencias transversales, tales como la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento crítico o el trabajo en equipo. La participación en el aprendizaje permanente es baja, y la formación y educación profesional no responden a las necesidades del mercado.

               (10)

               Si bien la disponibilidad y la implantación de la educación preescolar ha aumentado considerablemente en los últimos años, la disponibilidad de servicios de guardería sigue siendo una de las más bajas de la Unión. El aumento de la edad obligatoria de escolarización a los siete años y la eliminación de la obligación de los niños de cinco años de asistir a centros de educación preescolar, en combinación con la nueva asignación por hijo, pueden tener efectos negativos en la participación en el mercado laboral, especialmente de las mujeres, y requiere un atento seguimiento.

               (11)

               A pesar de un fuerte aumento de los contratos de trabajo indefinidos en 2015, la proporción de contratos de duración determinada en Polonia es una de las más elevadas de la Unión. Polonia ha adoptado recientemente una serie de medidas para abordar la segmentación del mercado laboral. Se ha llevado a cabo una modificación del Código del Trabajo, se han incrementado las cotizaciones a la seguridad social vinculadas a algunos contratos de Derecho civil, y se planea establecer una retribución horaria mínima para aquellos que trabajan con contratos de Derecho civil en enero de 2017. Sin embargo, determinadas características del Código del Trabajo desincentivan que los empresarios contraten a personas con contratos indefinidos, y el recurso a estos contratos sigue siendo limitado. Esto se debe, fundamentalmente, a la complejidad de la normativa laboral y a los elevados costes implícitos de los despidos con arreglo a dichos contratos. Entre dichos costes implícitos figuran los altos costes procesales, los costes asociados a los mecanismos de resolución de litigios de larga duración y resultado incierto, y disposiciones como la especial protección de los trabajadores mayores frente al despido.

               (12)

               Los regímenes de seguridad social preferentes para sectores específicos, en particular los altamente subvencionados regímenes para agricultores y mineros, suponen un alto coste presupuestario y pueden contribuir a reducir la movilidad laboral. El número de asegurados con arreglo al régimen especial de seguridad para agricultores (KRUS) ha ido disminuyendo lentamente desde 2007, y el Gobierno prevé que en 2019 ascenderá a 1,18 millones de personas, mientras que el número de beneficiarios de la jubilación, que asciende a 1,229 millones, probablemente aumentará hasta 2018. Desde 2011, la cuota del gasto presupuestario del Estado destinada al KRUS con respecto al PIB ha permanecido constante en el 1 %. No existe ningún requisito fiscal general para los agricultores, ni tampoco una obligación de llevanza de la contabilidad, y el nivel de autofinanciación del KRUS es bajo. En 2014, existían 1.382 millones de explotaciones agrícolas en Polonia, de las cuales el 52 % contaban con menos de 5 ha (GUS). Los mineros están exentos del sistema público general de pensiones de cotizaciones definidas, pues se les aplican coeficientes multiplicadores preferentes de las pensiones que suponen un importante coste anual para la hacienda pública de más del 0,5 % del PIB. Las perspectivas demográficas desfavorables ya han dado lugar a una disminución de la población en edad de trabajar. Por tanto, es esencial mantener la tendencia positiva en el empleo, especialmente de los trabajadores de edad avanzada, también con vistas a preservar la adecuación y la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. Aunque la edad efectiva de jubilación media ha aumentado en los últimos años, sigue estando muy por debajo de la edad legal de jubilación. Por lo tanto, un aumento de la edad de jubilación efectiva es crucial para la adecuación social a largo plazo de las futuras pensiones y la estabilidad de las finanzas públicas, así como para aumentar la participación en el mercado laboral.

               (13)

               A pesar de inversiones considerables en los últimos años, persisten los cuellos de botella y las deficiencias en el transporte, la energía y las redes de comunicación. La actividad inversora se ve obstaculizada por barreras que afectan al funcionamiento de la administración pública, la fiscalidad, el entorno para las actividades de investigación, desarrollo e innovación, y la lenta ejecución de los contratos. Las deficiencias en la capacidad de gestión y de administración tienen un efecto negativo en la ejecución puntual de los proyectos de inversión en el sector ferroviario y de otros proyectos de infraestructuras en materia de transportes, energía y telecomunicaciones. La economía polaca sigue consumiendo una gran cantidad de energía y de carbono, y los beneficios potenciales de una mejora de la eficiencia energética son considerables. Las instalaciones de generación de electricidad están envejeciendo y siguen siendo muy dependientes del carbón. La red eléctrica está insuficientemente conectada a los países vecinos. El plan de apoyo a las energías renovables, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2016, se ha retrasado, lo cual ha creado inseguridad en las inversiones. Los factores clave que obstaculizan las inversiones, en particular en el sector de la construcción, son la inestabilidad y la muy baja cobertura de la ordenación del territorio, especialmente a nivel local, así como el exceso de reglamentación y las incoherencias normativas y administrativas que impiden la expedición de permisos de construcción.

               (14)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Polonia y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Polonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Polonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (15)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (4) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Polonia que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               Lograr un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en pos del objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y en 2017. Reforzar el marco presupuestario, en particular mediante la creación de un consejo presupuestario independiente. Mejorar la recaudación de impuestos garantizando un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de IVA y limitar el frecuente recurso a tipos reducidos del IVA.

               2.

               Garantizar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones y aumentar la participación en el mercado de trabajo emprendiendo la reforma de los regímenes preferentes de pensiones, suprimiendo los obstáculos a las formas más permanentes de empleo, y mejorando la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado.

               3.

               Adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la inversión en los sectores del transporte, la construcción y la infraestructura energética, y aumentar la cobertura de la ordenación del territorio a nivel local.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.