title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Finlandia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/112

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Finlandia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Finlandia
      (2018/C 320/25)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Finlandia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 3.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Finlandia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Finlandia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Finlandia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 13 de abril de 2018, Finlandia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un saldo presupuestario del -0,6 % del PIB en 2018, sin modificación respecto del año anterior. Según el Gobierno, se prevé una mejora del saldo en 2019 para posteriormente registrar un pequeño superávit en 2020 y 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) se superó en 2017. No obstante, se prevé que el déficit estructural recalculado (6) sea ligeramente mayor, del 0,6 % del PIB, en 2018-2019, y disminuya a continuación. La ratio deuda pública / PIB alcanzó un máximo del 63,6 % en 2015 y disminuyó hasta el 61,4 % en 2017. Según el Programa de Estabilidad de 2018, la ratio de deuda seguirá disminuyendo hasta alcanzar el 56,7 % del PIB en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias parece verosímil en general. Los principales riesgos para las previsiones presupuestarias se refieren a los posibles costes iniciales, mayores de lo previsto, de la reforma prevista de los servicios sociales y sanitarios.

                  (7)

                  El Programa de Estabilidad de 2018 recuerda que los costes relacionados con la afluencia excepcional de refugiados aumentaron y que este impacto presupuestario fue significativo en 2015 y 2016. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se preveía una reducción de los costes en un 0,15 % del PIB en 2017. Esta cifra no se confirmó en el Programa de Estabilidad de 2018, y por tanto no ha sido tenida en cuenta por la Comisión. Además, en 2017 se concedió a Finlandia una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a fin de tener en cuenta las principales reformas estructurales, en particular, la reforma de las pensiones de 2017 y el Pacto de Competitividad, con un impacto positivo en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. En 2017 también se concedió a Finlandia una desviación temporal del 0,1 % del PIB a fin de tener en cuenta el gasto de inversión nacional en proyectos cofinanciados por la Unión. Por lo que respecta a esta última desviación, uno de los criterios de idoneidad es que la inversión pública total no disminuya. Los datos de ejecución correspondientes a 2017 registraron una disminución de la inversión pública en 2017 en comparación con el año anterior, mientras que la inversión vinculada a los fondos de la Unión se estima que ha permanecido estable. Por tanto, ya no se considera a Finlandia idónea para una desviación temporal del 0,1 % del PIB en relación con el gasto de inversión nacional en proyectos cofinanciados por la Unión en 2017. Las desviaciones temporales de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo se prorrogan para que cubran un periodo de tres años. Por tanto, las desviaciones temporales en virtud de las cláusulas de acontecimientos excepcionales y de reformas estructurales ascienden al 0,67 % del PIB en 2018 y al 0,5 % en 2019.

                  (8)

                  El Consejo recomendó a Finlandia que garantizase que la desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 se limitase al margen vinculado al impacto presupuestario de los acontecimientos excepcionales (concedido en 2016), así como a los márgenes relacionados con la aplicación de las reformas estructurales e inversiones (concedidos en 2017). Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 1,9 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,1 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una cierta desviación del ajuste presupuestario recomendado en 2018. Sin embargo, gracias a unos resultados mejores de lo esperado para 2017, se prevé que la distancia con el objetivo a medio plazo sea menor que los márgenes concedidos en relación con las cláusulas de acontecimientos excepcionales y de reformas estructurales. En caso de confirmarse, esto se tendrá en cuenta en la evaluación a posteriori para 2018.

                  (9)

                  En 2019, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, Finlandia deberá garantizar que la desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 se limite al margen vinculado al impacto presupuestario en relación con la aplicación de las reformas estructurales, para lo que se concedió una desviación temporal en 2017. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 2,9 %, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, se prevé que Finlandia cumplirá este requisito para 2019. Al mismo tiempo, también se prevé que Finlandia cumplirá el valor de referencia para la reducción de la deuda en 2018 y en 2019. En general, el Consejo considera que Finlandia deberá estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2018 y se prevé que cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019.

                  (10)

                  Debido al envejecimiento de la población y la disminución de la mano de obra, se prevé que el gasto en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración aumentará del 22 % del PIB en 2016 al 24 % en 2030. La reforma administrativa y la reforma de los servicios sociales y de asistencia sanitaria, que se está debatiendo actualmente en el Parlamento, tienen como objetivo reducir el crecimiento del gasto en este ámbito. Otros objetivos serían garantizar la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y reducir los tiempos de espera para los pacientes, especialmente en zonas desfavorecidas o remotas. La ratio de necesidades médicas no satisfechas autodeclaradas es superior a la media de la Unión. En particular, los ciudadanos que no están en activo están experimentando dificultades para obtener la asistencia médica necesaria. Un nuevo nivel de Administración pública regional, a saber, los condados, se hará cargo de los servicios sociales y de asistencia sanitaria de Finlandia a partir de 2020. La reforma pondrá en común recursos para poder aprovecharlos mejor a nivel de condado. Un mayor uso de los servicios electrónicos y digitales también debería aumentar la productividad. Por último, los servicios sociales y de asistencia sanitaria primaria estarían disponibles en centros sociales y de salud tanto del sector público como del privado. Ello daría a los pacientes mayor libertad de elección, mientras que se espera que la competencia entre proveedores de servicios genere un ahorro de costes. La consecución de estos ambiciosos objetivos dependerá también de las decisiones que se adopten durante la fase de aplicación de la reforma.

                  (11)

                  Con el 74 % del total de la población en edad de trabajar (20-64 años) en 2017, la tasa de empleo fue relativamente baja en Finlandia en comparación con sus homólogos escandinavos. La participación en el mercado laboral también fue inferior, especialmente para las mujeres, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen migrante. La tasa de desempleo estructural, en torno al 7,5 % de la mano de obra total en 2017, fue elevada. Por lo que respecta al crecimiento del empleo, y a pesar de las recientes medidas adoptadas por las autoridades finlandesas, subsisten retos en la adopción de mayores incentivos para que los desempleados acepten empleos y en la adopción de políticas más activas del mercado laboral.

                  (12)

                  Las trampas del desempleo y la inactividad siguen siendo un obstáculo para una mayor utilización de la mano de obra. Una importante trampa de la inactividad deriva del sistema de prestaciones y la combinación de sus diferentes tipos de subsidios. La asistencia social y el subsidio de vivienda constituyen un elemento importante de esta trampa. Estas y otras prestaciones se suprimen gradualmente de forma muy rápida en la medida en que aumentan los ingresos, lo que crea el riesgo de que acceder al empleo pueda no ser suficientemente incentivador desde el punto de vista financiero. Se considera que la complejidad de las normas sobre prestaciones junto con las prácticas administrativas da lugar a importantes trampas de desempleo o «trampas burocráticas». La incertidumbre sobre el nivel de prestaciones y el tiempo que se tarda en restablecerlas reduce el atractivo del trabajo a tiempo parcial o a corto plazo. Por último, a pesar de la reciente recuperación de la construcción de vivienda nueva, la falta de vivienda a precios razonables en lugares que registran crecimiento podría suponer un impedimento adicional para la movilidad laboral. Es probable que el experimento en curso sobre la renta básica, cuyos primeros resultados se esperan en 2019, facilite información para la revisión del sistema de seguridad social. Se ha explorado una reforma del sistema de permiso parental para aumentar la tasa de empleo de las mujeres en edad de procrear y para fomentar la igualdad de género. Actualmente se encuentra en fase de preparación un registro de ingresos en tiempo real, que podría ofrecer una oportunidad para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y nivelar las prestaciones de manera efectiva.

                  (13)

                  Las prácticas de fijación de salarios están cambiando y avanzando hacia una negociación a nivel sectorial y local. Dado que las empresas se enfrentan a menudo a obstáculos muy distintos, esto debería permitir una mayor diferenciación salarial entre empresas, garantizando que los aumentos de los salarios reales estén en consonancia con el crecimiento de la productividad, y apoyando al mismo tiempo mejores resultados en términos de empleo. En el marco de los acuerdos salariales más recientes celebrados a finales de 2017 y principios de 2018, las organizaciones patronales tienen más oportunidades para entablar negociaciones a escala local. Persisten algunos obstáculos para los empresarios que no pertenecen a ninguna organización. Se han observado algunos primeros resultados positivos, en la medida en que el estado actual de las recientes negociaciones salariales apunta a un resultado con un impacto globalmente neutro en la competitividad de costes. En la práctica, a pesar de la ausencia de una coordinación formal en cuanto a los acuerdos salariales, parece estar surgiendo un modelo finlandés, que vincula los aumentos salariales en el sector de bienes no exportables con las subidas acordadas en el sector de los bienes exportables.

                  (14)

                  A medida que la actividad y el empleo vuelven gradualmente a los niveles anteriores a la crisis, es probable que la menor empleabilidad de los desempleados y de las personas inactivas se convierta en una importante preocupación que podría retrasar la recuperación del mercado de trabajo, poniendo así en peligro la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad del bienestar de Finlandia. La situación requiere unos servicios de rehabilitación y activación suficientes e integrados para los desempleados y las personas inactivas. Al mismo tiempo, los recursos dedicados a los servicios públicos de empleo, en particular a las actividades de asesoramiento, se sitúan por debajo de la media de la Unión. Los servicios para los desempleados, en particular para aquellos con menores perspectivas de empleo, están repartidos entre una serie de instancias independientes. La integración o una mejor coordinación contribuirían a crear una cadena de servicios sin fisuras (una ventanilla única para las personas desempleadas e inactivas). Son necesarios esfuerzos continuos para garantizar la reincorporación en el mercado de trabajo de las personas inactivas, en particular las del grupo de edad entre 25 y 49 años y las de origen migrante. La población migrante podría compensar en parte la disminución de la población en edad de trabajar, siempre que esté bien integrada en el mercado de trabajo y en la sociedad finlandesa. Por último, la escasez de mano de obra va en aumento, probablemente reflejando los cambios estructurales en curso en la economía, como el envejecimiento de la población. Esto sugiere la necesidad de una inversión continua en formación de adultos y formación profesional, para favorecer la movilidad profesional y reducir la inadecuación de las cualificaciones.

                  (15)

                  El Gobierno ha puesto en marcha medidas para promover el espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas, y también ha mejorado la disponibilidad de préstamos y garantías de exportación para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los desempleados pueden ahora recibir prestaciones de desempleo durante los primeros meses siguientes al inicio de su actividad. Este sistema tiene más posibilidades de éxito si se combina con formación y asesoría mientras que su corta duración puede limitar sus efectos. Además, persisten algunas insuficiencias en la protección social de los empresarios y trabajadores autónomos, y el riesgo de pobreza para los autónomos en Finlandia es elevado en relación con los trabajadores.

                  (16)

                  El endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel históricamente elevado (67 % del PIB en 2016). La deuda es predominantemente de tipo variable, lo que constituye un riesgo en caso de una subida de los tipos de interés a medio plazo. El crédito al consumo está aumentando rápidamente, y una proporción creciente de estos préstamos la conceden bancos extranjeros, otras entidades financieras distintas de las entidades de crédito, empresas de préstamos personales y préstamos entre particulares. La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia ha adoptado una serie de medidas para contener el aumento del endeudamiento de los hogares. No obstante, no se espera un desapalancamiento activo próximamente, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de interés siguen siendo bajos y que la confianza de los consumidores es sólida. La ausencia de un registro de créditos global (que recopile información positiva y negativa sobre los deudores) puede impedir que los bancos tengan una idea clara sobre el endeudamiento global de los hogares.

                  (17)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Finlandia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Finlandia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Finlandia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (18)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Finlandia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes vinculados a la aplicación de las reformas estructurales, para lo que se ha concedido una desviación temporal. Garantizar la adopción y aplicación de la reforma administrativa con vistas a mejorar la relación coste-eficacia de los servicios sociales y sanitarios.

                  2.

                  Mejorar los incentivos para aceptar un empleo y garantizar unos servicios suficientes y bien integrados para las personas desempleadas y las inactivas.

                  3.

                  Reforzar la vigilancia de la deuda de los hogares, en particular creando un sistema de registro de créditos.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Chipre

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/55

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Chipre
      (2018/C 320/12)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1, 3 y 5 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Chipre fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es fundamental que aborde sus grandes desequilibrios en forma de sobreendeudamiento privado, público y exterior, y el alto nivel de préstamos no productivos.

                  (4)

                  El 19 de abril de 2018, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y el 30 de abril su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Chipre se encuentra actualmente sujeto al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario en términos nominales del 1,7 % del PIB en 2018 y ligeramente por debajo del 2,0 % durante el período del programa. Se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales durante el período 2018-2021. Tras haber disminuido hasta aproximadamente el 97,5 % del PIB en 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB llegue al 105,6 % en 2018 y que descienda constantemente con posterioridad, alcanzando el 88 % en 2021, según el Programa de Estabilidad de 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Los riesgos asociados con las hipótesis macroeconómicas presentadas en el Programa de Estabilidad parecen reducirse y están ligados principalmente al gran volumen de préstamos no productivos en el sector financiero.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Chipre que se mantuviese dentro del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) del 1,9 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 y del 0,5 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Chipre cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y la norma en materia de deuda en 2019. Globalmente, el Consejo considera que Chipre probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de un estrecho seguimiento a corto y medio plazo, especialmente en vista de los posibles futuros riesgos para la solidez de los ingresos.

                  (8)

                  A pesar de los esfuerzos recientes en materia de Administración electrónica, calidad de la regulación y movilidad del personal, la ineficiencia de la Administración pública sigue siendo un reto y tiene repercusiones sobre la actividad empresarial. Siguen pendientes importantes propuestas legislativas encaminadas a abordar esta cuestión, como los proyectos de ley sobre la reforma de la Administración pública y de los gobiernos locales. Por otra parte, las deficiencias en el marco de gobernanza de las entidades estatales podrían facilitar la acumulación de pasivos contingentes públicos y obstaculizar la capacidad de inversión en servicios esenciales, como telecomunicaciones y energía. La contención de la masa salarial del sector público ha sido un factor significativo en el saneamiento presupuestario de Chipre. Sin embargo, el actual convenio colectivo que limita el aumento de los salarios del sector público expira en 2018 y todavía se carece de una solución más permanente.

                  (9)

                  En diciembre de 2017, se adoptó una estrategia nacional de lucha contra la corrupción y su plan de actuación. El organismo existente de lucha contra la corrupción sigue falto de recursos, pero el Gobierno estudia la creación de una nueva agencia independiente. Varias iniciativas legislativas, por ejemplo los proyectos de ley sobre protección de denunciantes, grupos de presión y declaraciones de patrimonio, están siendo examinadas actualmente por el Parlamento y, si se aprueban, también contribuirían a reforzar el marco nacional de lucha contra la corrupción.

                  (10)

                  Como se indica en la Recomendación de 2018 para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El elevado nivel de pagos de dividendos e intereses (con relación al PIB) sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Chipre a residentes en países terceros puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. La ausencia de tales impuestos, junto con las normas sobre fiscalidad de las empresas residentes, podrían facilitar la planificación fiscal abusiva. Mientras que los regímenes de deducción de los intereses teóricos ayudan a reducir el sesgo de la financiación en favor del endeudamiento, también pueden utilizarse con fines de elusión fiscal si no existen normas efectivas contra los abusos. La Comisión toma nota de las recientes medidas positivas que han sido anunciadas o adoptadas (es decir, la anunciada revisión de las normas sobre residencia fiscal corporativa y los cambios previstos en las disposiciones sobre precios de transferencia). Sobre la base de recientes conversaciones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

                  (11)

                  Las ineficiencias en el sistema judicial siguen afectando a la ejecución de los contratos y a la rápida resolución de los asuntos civiles y mercantiles. Los engorrosos procesos civiles y la deficiente aplicación de las decisiones judiciales pesan sobre los incentivos de los bancos para utilizar los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria con objeto de reducir el volumen de sus préstamos no productivos. Una serie de reformas han empezado a abordar los problemas más importantes del sistema judicial, en particular la escasa digitalización de los tribunales y la falta de formación permanente de los jueces.

                  (12)

                  La utilización de los nuevos marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria siguen siendo limitados, socavando los esfuerzos destinados a reducir los préstamos no productivos. Se creó un grupo de trabajo de las partes interesadas para revisar la aplicación y el cumplimiento de los marcos. Se han adoptado medidas administrativas para reducir el retraso en la expedición de las escrituras de propiedad. Sin embargo, persisten los grandes retrasos y todavía está pendiente una solución estructural a las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y transferencia de escrituras de propiedad).

                  (13)

                  El alto nivel de préstamos no productivos sigue siendo uno de los principales puntos débiles del sector bancario y afecta a la oferta de crédito. Los bancos siguen enfrentándose a obstáculos para hacer valer sus derechos frente a los prestatarios en situación de impago y la deficiente disciplina de los reembolsos sigue siendo problemática. En 2017, los préstamos no productivos se redujeron, aunque de forma desigual en función de los bancos, como consecuencia de la reestructuración de la deuda a través de condonaciones y permutas financieras. Persisten dudas sobre la viabilidad de los planes de reducción de los bancos, ya que los nuevos impagos de préstamos y la reestructuración siguen siendo altos y la exposición directa de los bancos al mercado inmobiliario aumenta. Estos factores apuntan a la necesidad de una rápida aplicación de una estrategia más general para acelerar el saneamiento de los balances de los bancos, teniendo en cuenta las consecuencias sociales para los grupos vulnerables, y de incentivos cuidadosamente diseñados para reforzar la disciplina en los reembolsos. Como parte de esta estrategia, parecen necesarias modificaciones legislativas para permitir la aplicación eficaz de los créditos y facilitar la venta de préstamos, incluidas las relativas a la protección del prestatario y a la introducción de las subastas electrónicas. Además, la gobernanza y la capacidad administrativa de la supervisión de los seguros y los valores siguen siendo deficientes. El Gobierno tiene la intención de presentar propuestas legislativas en el curso de 2018 para abordar este problema.

                  (14)

                  La aplicación del plan de acción para el crecimiento ha dado lugar a ciertos progresos en los ámbitos de las inversiones estratégicas, el espíritu empresarial y la mejora de la reglamentación. Sin embargo, algunas importantes reformas se han estancado, especialmente en lo que respecta a la concesión de licencias para proyectos de inversión. El acceso a la financiación ha mejorado gracias a ciertas mejoras en materia de garantías, pero sigue siendo un problema importante, en particular para las pymes. Las medidas de apoyo financiero se basan principalmente en subvenciones. Las fuentes alternativas de financiación, como el capital de riesgo, la financiación mediante fondos propios y la microfinanciación colectiva, siguen siendo marginales para las empresas chipriotas. Los esfuerzos de privatización destinados a atraer inversión extranjera que aumente la productividad se han suspendido en muchos casos y solo unos pocos proyectos de privatización avanzan gradualmente (por ejemplo, el puerto de Larnaca).

                  (15)

                  El empleo aumenta y el desempleo disminuye rápidamente, aunque sigue siendo elevado entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. Prosiguen los esfuerzos para mejorar la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo. No obstante, siguen suponiendo un reto prestar servicios a las empresas, asegurar la clasificación de clientes, la orientación personalizada y la activación, en particular para los beneficiarios de la renta mínima garantizada. El porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan ni se forman profesionalmente se encuentra entre los más altos de la Unión. Las medidas de divulgación y asistencia personalizada y oportuna a los jóvenes son limitadas, como lo confirma su escasa presencia en los correspondientes sistemas de activación.

                  (16)

                  La modernización del sector de la educación ha avanzado, pero persisten importantes retos. Entre los recientes hechos positivos cabe citar una revisión exhaustiva de los programas escolares y la aplicación de un nuevo sistema de nombramiento de profesores. El gasto en educación de Chipre está por encima de la media de la Unión, lo que demuestra un fuerte compromiso con la educación, la formación y el aprendizaje permanente. Sin embargo, los resultados educativos siguen siendo insatisfactorios y el abandono escolar prematuro, aunque muy por debajo de la media de la Unión, ha aumentado de manera considerable. La participación en la educación y la formación profesionales es baja, la reforma del sistema de evaluación de profesores está todavía pendiente y una gran proporción de titulados de la enseñanza superior sigue trabajando en empleos que no requieren necesariamente una titulación académica.

                  (17)

                  Chipre ha realizado avances importantes en el ámbito de la asistencia sanitaria mediante la adopción de legislación para establecer el nuevo Sistema Nacional de Salud, que pretende mejorar el acceso, introducir la cobertura sanitaria universal, reducir el elevado nivel de pagos directos y aumentar la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria en el sector público. Antes de que el sistema esté a pleno funcionamiento en 2020, se plantean importantes problemas de aplicación así como necesidades de inversión. Es preciso proseguir los esfuerzos para protegerse contra posibles sobrecostes, modernizar y mejorar la eficiencia de los prestadores de asistencia sanitaria, incluida la atención sanitaria primaria, la introducción de la salud electrónica y la creación de la Organización Nacional de Medicamentos. El nivel de los cuidados de larga duración es bajo y sigue constituyendo un reto, dado el creciente envejecimiento de la población.

                  (18)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (19)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (7) que cabe esperar que Chipre cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (20)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar reformas legislativas clave destinadas a mejorar la eficiencia del sector público, en particular por lo que respecta al funcionamiento de la Administración pública, la gobernanza de las entidades estatales y las administraciones locales.

                  2.

                  Intensificar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema judicial mediante la revisión de los procesos civiles, aumentar la especialización de los órganos jurisdiccionales y establecer un sistema de justicia electrónica plenamente operativo. Adoptar medidas para aplicar plenamente el marco de insolvencia y ejecución hipotecaria y garantizar que existan sistemas rápidos y fiables de expedición de escrituras de propiedad y transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.

                  3.

                  Acelerar la reducción del volumen de préstamos no productivos, mediante la aplicación de una estrategia general que incluya modificaciones legislativas que permitan la ejecución eficaz de los créditos, y facilitar la venta de préstamos. Integrar y reforzar la supervisión de las compañías de seguros y los fondos de pensiones.

                  4.

                  Priorizar la aplicación de elementos clave del plan de acción para el crecimiento, en particular la aceleración de las inversiones estratégicas, y adoptar nuevas medidas para mejorar el acceso a la financiación de las pymes. Mejorar los resultados de las empresas públicas, entre otros medios, reanudando la ejecución de los proyectos de privatización.

                  5.

                  Completar las reformas destinadas a aumentar la capacidad y la eficacia de los servicios públicos de empleo y reforzar el acercamiento y activar el apoyo a los jóvenes que no tienen empleo ni siguen una educación ni una formación. Completar la reforma del sistema de educación y formación, incluida la evaluación de los profesores, y adoptar medidas encaminadas a aumentar la capacidad de la educación y formación profesionales. Adoptar medidas para cerciorarse de que el Sistema Nacional de Salud sea plenamente operativo en 2020, según lo previsto.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Suecia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/116

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Suecia
      (2018/C 320/26)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Suecia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Suecia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. El ya elevado endeudamiento de los hogares mantiene una tendencia al alza. Los precios de la vivienda vienen aumentando a un ritmo rápido y prácticamente ininterrumpido desde hace alrededor de 20 años, aunque en el último trimestre de 2017 se registró un crecimiento negativo. No obstante, los indicadores de valoración sugieren que los precios de la vivienda siguen siendo muy elevados con respecto a los indicadores económicos fundamentales. Aunque los bancos parecen suficientemente capitalizados, una corrección desordenada también podría afectar al sector financiero, ya que los bancos tienen una exposición creciente a las hipotecas de los hogares. En tal caso, podrían producirse efectos colaterales que afectaran a los países vecinos, teniendo en cuenta las interrelaciones financieras sistémicas. En los últimos años se han adoptado medidas destinadas a frenar el crecimiento de la deuda hipotecaria e incrementar la construcción de viviendas. Sin embargo, las medidas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para hacer frente a la sobrevaloración en el sector de la vivienda, y sigue habiendo lagunas en políticas clave, en particular en relación con los incentivos fiscales a la propiedad de la vivienda, así como con el funcionamiento de la oferta de vivienda y el mercado del alquiler.

                  (3)

                  El 27 de abril de 2018, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Suecia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé lograr un superávit del 1,0 % del PIB en 2018 y seguir cumpliendo el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) durante todo el periodo del programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2018, se espera que la ratio deuda pública / PIB disminuya hasta situarse en el 37,3 % en 2018 y siga reduciéndose hasta el 29,0 % en 2021. En principio, el crecimiento económico y unas finanzas públicas saneadas serán los principales motores de esa disminución de la ratio deuda pública / PIB. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se espera que el saldo estructural registre un superávit del 0,7 % del PIB en 2018 y un superávit del 1,0 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. A tenor de su evaluación del Programa de Convergencia de 2018 y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, el Consejo estima que se prevé que Suecia cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

                  (6)

                  El endeudamiento de los hogares ha seguido aumentando a partir de unos niveles ya elevados. La deuda de los hogares aumentó un 7,0 % en 2017, alcanzando aproximadamente el 86 % del PIB y el 184 % de la renta disponible, que se encuentran entre los niveles más altos de la Unión. Tras haber disminuido ligeramente en 2016, la ratio media deuda / renta disponible para los nuevos préstamos hipotecarios en 2017 aumentó de nuevo hasta el 411 %, un nuevo récord. El crecimiento de la deuda de los hogares está impulsado principalmente por el aumento de los préstamos hipotecarios, vinculado a los altos precios de la vivienda y a las distorsiones estructurales que favorecen la inversión inmobiliaria financiada con hipotecas. Los niveles de deuda están desigualmente distribuidos, y los hogares más jóvenes y con menores ingresos se enfrentan a cargas de deuda muy elevadas en relación a su renta. Suecia ha aplicado varias medidas macroprudenciales en los últimos años, entre ellas el establecimiento de límites en materia de relación préstamo-valor, el ajuste de los niveles mínimos de ponderaciones de riesgo de los bancos, y la introducción de una norma oficial de amortización en junio de 2016. En marzo de 2018 entró en vigor un nuevo requisito de amortización reforzado para las hipotecas con una alta ratio deuda/renta disponible. Suecia también ha adoptado legislación para reforzar el mandato legal de la autoridad macroprudencial (Finansinspektionen). El nuevo mandato entró en vigor en febrero de 2018, y permite que la autoridad responda de manera más eficaz con una gama más amplia de posibles medidas a los riesgos relacionados con el creciente endeudamiento de los hogares. Las medidas macroprudenciales adoptadas hasta la fecha parecen haber tenido un impacto limitado en el aumento de los créditos hipotecarios. La limitación gradual de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses hipotecarios o el aumento de los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria contribuirían a frenar el crecimiento del endeudamiento de los hogares, pero el Gobierno no ha realizado avances al respecto.

                  (7)

                  En 2017 la economía sueca creció vigorosamente, un 2,4 %, impulsada por una fuerte demanda interna. La inversión, impulsada por la inversión en vivienda, aumentó un 6,0 % (tasa interanual) en los tres primeros trimestres, realizando una contribución especialmente importante. A pesar de un fuerte aumento de la construcción nueva en los últimos años, sigue existiendo un déficit de oferta, en particular de viviendas asequibles en torno a las grandes ciudades. La falta de viviendas a precios asequibles puede limitar asimismo la movilidad en el mercado laboral y la integración efectiva de los migrantes en dicho mercado, contribuyendo además a la desigualdad intergeneracional.

                  (8)

                  Tras dos décadas de rápido aumento de precios, el mercado de la vivienda experimentó un declive gradual en otoño de 2017, pero los precios permanecieron por encima de los indicadores económicos fundamentales. Entre los factores clave de este fenómeno cabe citar los incentivos fiscales que favorecen la propiedad inmobiliaria y la deuda hipotecaria, y la combinación de unas condiciones de crédito flexibles con unos tipos hipotecarios aún relativamente bajos. Además, la escasez de vivienda está vinculada a ineficiencias estructurales, en particular la limitada competencia en el sector de la construcción debido a los obstáculos a la entrada para las pequeñas empresas y las empresas extranjeras y la capacidad de los grandes promotores para controlar los terrenos. También existen trabas a la utilización eficiente de las viviendas ya existentes. En el mercado del alquiler, los alquileres por debajo del precio de mercado provocan un efecto de retraimiento y favorecen a quienes han accedido ya a una vivienda en alquiler frente a quienes la están buscando. Por lo que respecta al mercado de viviendas para uso propio, los impuestos sobre las plusvalías reducen la movilidad de los propietarios. Las autoridades suecas siguen aplicando gradualmente el plan de 22 puntos encaminado a aumentar la construcción de viviendas y mejorar la eficiencia del mercado de la vivienda. Sin embargo, no se han tomado medidas significativas para introducir más flexibilidad en la fijación de los precios de los alquileres o para revisar la configuración del impuesto sobre las plusvalías.

                  (9)

                  La avanzada economía sueca necesita trabajadores altamente cualificados; sectores como la construcción, la educación, la salud, la ciencia, la ingeniería y las tecnologías de la información y la comunicación están experimentando la correspondiente escasez de mano de obra. En este contexto, sigue habiendo retos, como la integración en el mercado laboral de las personas de origen migrante, en particular las mujeres. La tasa de empleo de las mujeres no nacidas en la UE es muy inferior a la de la población en general. La brecha entre el rendimiento escolar de los alumnos procedentes de distintos estratos socioeconómicos es cada vez mayor. La integración en el sistema educativo de los alumnos inmigrantes recién llegados requiere un atento seguimiento, así como la creciente escasez de profesores.

                  (10)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Suecia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Suecia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (11)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y estima (5) que cabe esperar que Suecia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Convergencia de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Hacer frente a los riesgos relacionados con el endeudamiento de los hogares, mediante la limitación gradual de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses hipotecarios o el aumento de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles. Estimular la construcción de viviendas donde la carencia es más acuciante, en particular suprimiendo los obstáculos a la construcción, y mejorar la eficiencia del mercado de la vivienda, en particular mediante una mayor flexibilidad en la fijación de los precios de los alquileres y una revisión de la configuración del impuesto sobre las plusvalías.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Letonia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/60

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Letonia
      (2018/C 320/13)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Letonia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 11 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 16 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un deterioro del saldo global desde un déficit del 0,5 % del PIB en 2017 a un 0,9 % tanto en 2018 como 2019, antes de una mejora hasta el 0,4 % en 2020 y 2021. Se espera que esta evolución sea coherente con el objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB, y las desviaciones permitidas deberían basarse en la reforma de las pensiones y en la cláusula de reforma estructural para el sector sanitario. Se estima que el saldo estructural recalculado (6) pasará del – 1,2 % del PIB en 2017 al – 1,7 % en 2018 para luego descender hasta el – 1,5 % en 2019. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 40,1 % en 2017 a aproximadamente el 36 % en 2021. Las previsiones de crecimiento del PIB recogidas en el Programa de Estabilidad de 2018 parecen claramente favorables para 2018 y verosímiles para 2019 en comparación con las previsiones de la Comisión. Los riesgos para la posición presupuestaria marcan una tendencia a la baja debido a las previsiones optimistas sobre los resultados de las medidas destinadas a mejorar la recaudación tributaria.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó que Letonia alcanzara su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de la reforma del sistema de pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una excepción temporal. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 6,0 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sin embargo, debido a unos resultados mejores de lo previsto para 2017, este riesgo puede ser menor en 2018. Al mismo tiempo, el instrumento de verosimilitud basado en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión indica un alto grado de incertidumbre acerca de la estimación de la brecha de producción de Letonia sobre la base de la metodología común. En caso de confirmarse, estos factores se tendrán en cuenta en la evaluación a posteriori de 2018 que se efectuará en la primavera de 2019.

                  (8)

                  En 2019, Letonia debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de las reformas estructurales en el sector de la sanidad para 2017-2019. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 4,3 % en 2019, que corresponde a una mejora del saldo estructural requerida del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé una desviación significativa con respecto a ese criterio en 2019 y en 2018 y 2019 tomados en su conjunto. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse medidas para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  La desigualdad de rentas en Letonia es elevada. La proporción de ingresos del 20 % de los hogares más ricos con respecto al 20 % más pobres se situaba en el 6,3 en 2017, una de las más altas de la Unión, ya que la redistribución a través del sistema tributario y de prestaciones es inferior. El sistema tributario letón se ha reorganizado y se ha incrementado la progresividad del impuesto sobre la renta; no obstante, la cuña fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos sigue siendo relativamente elevada y desincentiva el empleo formal. La reforma tributaria es limitada en términos de desplazamiento de la fiscalidad a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y para lograr el objetivo declarado de aumentar la cuota de los ingresos tributarios en el PIB. La baja proporción de los ingresos tributarios en el PIB limita los recursos para la sostenibilidad de la prestación de servicios públicos y la inclusión social. El potencial de ingresos de la tributación sobre los bienes inmuebles y sobre el capital está infrautilizado en relación con otros países de la Unión. A pesar de algunos progresos en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue planteando un reto importante.

                  (10)

                  Las insuficiencias de la red de seguridad social se ven reflejadas en la gran proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y plantean retos por lo que respecta a la renta mínima, las pensiones y la inclusión de las personas con discapacidad. Las tasas de pobreza entre las personas con discapacidad y las de edad avanzada ha aumentado en los últimos años y se encuentran entre las más altas de la Unión. La reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014, no se ha materializado, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. La adecuación de las prestaciones de asistencia social solo aumentó ligeramente y sigue siendo baja. La pensión mínima de jubilación no se ha incrementado desde 2006. El porcentaje de personas que sufren privación grave de vivienda es una de las más altas de la Unión y la vivienda social escasea.

                  (11)

                  El mercado laboral se está endureciendo debido a la adversa evolución demográfica y a la emigración. Aunque el crecimiento del empleo se ve limitado por la caída de la oferta de mano de obra, las oportunidades de empleo varían entre regiones y niveles de cualificaciones. La reforma de los planes de estudio en la enseñanza y la formación profesionales, cuyo objetivo es adaptarlos a las exigencias contemporáneas, ha progresado. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para aplicar plenamente la reforma y aumentar la participación en la educación y la formación profesionales inicial y continuada. Ha comenzado la aplicación del nuevo enfoque de aprendizaje basado en el trabajo, con la participación de interlocutores sociales y empresas. Sin embargo, son pocos los estudiantes inscritos en este régimen. La participación de los adultos en actividades de aprendizaje solo ha aumentado ligeramente y la de los desempleados en medidas activas del mercado laboral es inferior a la de la mayor parte de los demás Estados miembros. Esto es preocupante en el contexto de una alta tasa de desempleo de las personas poco cualificadas. En un contexto más amplio, reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para fomentar su participación.

                  (12)

                  Se han aplicado reformas en el sistema sanitario. Se espera que el aumento de la financiación de la asistencia sanitaria aborde algunas restricciones de acceso relacionadas con los límites del servicio anual y unos largos plazos de espera. Sin embargo, la financiación pública de la asistencia sanitaria sigue estando muy por debajo de la media de la Unión y aún están pendientes de aplicación medidas que incrementen la eficiencia, como medidas de prevención efectivas, la racionalización del sector hospitalario, el refuerzo de la atención primaria y la atención especial prestada a la gestión de la calidad. Los resultados en el campo de la salud son relativamente pobres y el acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible para todos sigue siendo un motivo de preocupación. Los elevados pagos directos y la división de los servicios sanitarios en dos grupos («completo» y «mínimo») podría reducir el acceso de algunos grupos y provocar efectos negativos para la salud.

                  (13)

                  Las insuficiencias en la calidad de la regulación y la escasa eficacia y eficiencia de la Administración pública obstaculizan las actividades empresariales. En 2017, el Gobierno adoptó un ambicioso plan de reformas para lograr un sector público más eficiente y profesional a través de reducciones de personal y la centralización de las funciones de apoyo, reforzando al mismo tiempo los salarios basados en el rendimiento y aumentando la transparencia. No obstante, este plan se limita a la Administración central, a pesar de que también podría lograrse un aumento significativo de la eficiencia a nivel municipal. Las empresas públicas, que representan una parte considerable de la economía, son coordinadas por el Gobierno. Mientras que las empresas propiedad del Gobierno central están sujetas a una gestión centralizada, los puertos y las empresas de propiedad municipal quedan excluidas de este mecanismo.

                  (14)

                  La corrupción daña a las actividades empresariales en Letonia, y la prevención de los conflictos de intereses sigue siendo rígida y formalista. Los retrasos a la hora de legislar en materia de protección de los denunciantes obstaculizan la rendición de cuentas y la eficiencia de la Administración Pública. La regulación del proceso concursal se ha reforzado considerablemente en los últimos años, lo que limita las posibilidades de abusos. No obstante, el Consejo del Poder Judicial impulsó la investigación de acusaciones de abusos en el pasado en el sistema concursal mediante la revisión de algunos asuntos, recomendando mejorar la evaluación de las cualificaciones de los jueces y reconsiderando las medidas disciplinarias existentes.

                  (15)

                  Los bancos letones que tienen clientes no residentes están expuestos a un elevado riesgo de participación en el blanqueo de capitales. Esto crea problemas para la integridad del sector financiero letón, podría dañar su reputación y afectar negativamente a la inversión y al crecimiento económico. La normativa contra el blanqueo de capitales ha sido reforzada recientemente, pero deberán continuar los esfuerzos para lograr una mejora sostenible. Letonia ha adoptado recientemente una ley destinada a limitar la exposición de su sector financiero al riesgo de blanqueo. Sus elementos clave son el refuerzo del intercambio de información entre entidades financieras y organismos policiales y judiciales y la supresión de las operaciones con sociedades ficticias. Las consecuencias de la ley y su eficacia habrán de ser objeto de seguimiento.

                  (16)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (17)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1.

            RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes ligados a la aplicación de las reformas estructurales para las que se acuerda una desviación temporal. Reducir la tributación para los trabajadores con salarios bajos, trasladando la fiscalidad a otras fuentes, en particular el capital y el patrimonio, y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

                  2.

                  Mejorar la adecuación de las prestaciones de renta mínima, las pensiones mínimas de jubilación y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad. Mejorar la pertinencia para el mercado laboral de la educación y la formación profesionales, y promover la mejora de las competencias de los trabajadores poco cualificados y los demandantes de empleo. Incrementar la accesibilidad, la calidad y la relación coste/eficacia del sistema sanitario.

                  3.

                  Reforzar la eficiencia del sector público, especialmente en lo tocante a las autoridades locales y las empresas estatales. Reforzar la rendición de cuentas de la Administración pública mediante la protección de los denunciantes de infracciones, la prevención de conflictos de interés y el seguimiento de los resultados de la evaluación en curso de antiguos procedimientos de insolvencia.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.