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31976H0493

76/493/CEE: Recomendación del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa al uso racional de la energía en las instalaciones de calefacción en funcionamiento en los edificios

Diario Oficial n° L 140 de 28/05/1976 p. 0012 - 0013 Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 1 p. 0130  Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 2 p. 0115  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 2 p. 0115

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 4 de mayo de 1976    relativa al uso racional de la energía en   las instalaciones de calefacción en funcionamiento   en los edificios     ( 76/493/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado Constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Visto el proyecto de la Comisión ,    Considerando que el Consejo ha aprobado , en su   Resolución del 17 de septiembre de 1974 , relativa   a la nueva estrategia en política energética   de la Comunidad (1) , el objetivo de una   « disminución de la tasa de crecimiento   del consumo interior mediante medidas   que conduzcan a un uso racional de la energía y a un   ahorro de la misma , sin que éstas perturben los   objetivos de desarrollo económico y social » ;    Considerando que , en su Resolución de 17 de   diciembre de 1974 relativa al programa de acción   comunitaria en el ámbito del uso racional de la   energía (2) , el Consejo tomó nota de que la   Comisión le dirigió en su día una   Comunicación , titulada « Uso racional de la   energía » en la que establecía un programa   de acción comunitaria en la materia ;    Considerando que es conveniente obtener resultados   tangibles lo más rápidamente posible en el ámbito   del uso racional de la energía , y que las instalaciones   de calefacción en funcionamiento en los edificios   permiten que se realice un ahorro energético importante   a corto plazo ;    Considerando que sólo se alcanzará este objetivo en   los edificios con calefacción central colectiva en el caso   de que los ocupantes tengan la posibilidad de regular   su consumo , contribuyendo a un ahorro energético ;    Considerando que las medidas que se recomiendan   garantizen un ahorro de energía tal que asegura la   rentabilidad de las inversiones que se realicen ,    RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS :    Que adopten las pertinentes medidas legales ,   reglamentarias y administrativas para cumplir lo   siguiente :    1 . En los edificios existentes y que se ocupan   temporalmente , como las oficinas y algunos locales   públicos    1.1 . Las instalaciones de producción de calorías   se equiparán con un sistema automático de   programación y de regulación capaz de llevar a   cabo el diagrama de la temperatura prevista ,   siempre que esto se justifique económicamente .    Se recomienda que la temperatura no sobrepase   los 20 grados Celsius mientras los locales   estén siendo utilizados , manteniendo el aporte   térmico al nivel más bajo posible mientras no   se ocupen , conservando sin embargo una   temperatura lo suficientemente elevada para que   no se deterioren las estructuras e instalaciones   interiores y se pueda obtener la temperatura   recomendada desde el momento en que vuelvan a   ocuparse ;    1.2 . Siempre que sea económicamente posible ,   cada local estará provisto de un dispositivo   independiente y automático que actúe sobre el   sistema de calefacción . Por ejemplo , en el caso   de calefacción por radiadores , por lo menos un   radiador de cada habitación deberá tener un   grifo termostático que permita reducir   automáticamente el caudal de agua con objeto de que   no se sobrepase la temperatura máxima   recomendada ;    2 . En las viviendas particulares existentes    2.1 . En el caso de que resulte viable   económicamente , las instalaciones individuales de   producción de calorías se controlarán por uno o   varios dispositivos que permitan regular el   suministro de calor en las habitaciones , en   función de la temperatura exterior e interior ,   o bien en función de una de las dos ;    2.2 . En el caso de que resulte viable   económicamente , el caudal calorífico de las   instalaciones de calefacción central colectiva se hará   dependiente de la temperatura exterior , teniendo   cada vivienda individual , en la medida en que   sea técnicamente posible , un sistema de   contador o de distribuidor del calor que permita   determinar la cantidad consumida por cada   usuario de forma que sea posible calcular los   gastos de calefacción sobre la base del   consumo individual ;    3 . Para el mantenimiento y control de los generadores   de calor , exceptuando las instalaciones eléctricas    3.1 . Se efectuará periódicamente la inspección y la   puesta a punto de las instalaciones existentes   de producción de calorías de una potencia (3)   igual o superior a 35 kilowatios ( alrededor de   30 000 kilocalorías-hora ) . Esta periodicidad   podría ser , por ejemplo , trianual . El Estado   miembro que así lo estime podrá en caso   necesario establecer un umbral inferior para esta   potencia . Con este fin , los Estados miembros   deberán desarrollar inmediatamente las   medidas que conduzcan a la realización del   programa ;    3.2 . El programa de inspección y de puesta a punto   de las instalaciones de generadores de calor se   desarrollará de forma equilibrada y en función   de los medios de intervención disponibles   progresivamente , estableciéndose además unas   tarifas máximas para las prestaciones de inspección   y de intervención ;    4 . Para mejorar el rendimiento de los sistemas   de producción de agua caliente de los inmuebles :    4.1 . Cada vivienda colectiva estará dotada , en la   medida en que la técnica lo permita y resulte   económicamente justificable , de un sistema de   contador del agua caliente consumida por cada   usuario de forma que se puedan calcular los   gastos de calefacción sobre la base del   consumo individual ;    4.2 . La temperatura del agua caliente que se   distribuya será mantenida al nivel más bajo   posible con arreglo a las condiciones especiales de   instalación y a las exigencias de utilización ;    Se organizará una campaña de información con el   objeto de concienciar a los usuarios de las ventajas de   mantener la temperatura del agua lo más baja posible a   la salida de la caldera , así como de la necesidad de   efectuar periódicamente un mantenimiento de la   instalación para mejorar el rendimiento de los sistemas   de producción instantánea de agua caliente en las   viviendas unifamiliares .    Hecho en Bruselas , el 4 de mayo de 1976 .    Por el Consejo    El Presidente    G. THORN    (1) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 1 .    (2) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 5 .    (3) Se definirá la potencia de una instalación   de calefacción , en el sentido de la presente   Recomendación , como el producto de la   cantidad de combustible consumido en una hora ,   funcionando de forma continua y al máximo   rendimiento , por el poder calorífico inferior   convencional de ese combustible .


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 28 de enero de 2015 , sobre las políticas de reparto de dividendos (BCE/2015/2)

text:
               13.2.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 51/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 28 de enero de 2015
   sobre las políticas de reparto de dividendos
   (BCE/2015/2)
   (2015/C 51/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 127, apartado 6, y su artículo 132,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 34,
   Visto el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 3,
   Visto el Reglamento (UE) no 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Reglamento (UE) no 1024/2013 establece un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales competentes (ANC) de los Estados miembros participantes.

               (2)

               Las entidades de crédito tienen que seguir preparándose para la aplicación plena y oportuna del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) en un entorno financiero y macroeconómico difícil que ejerce presión sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y, como consecuencia, sobre su capacidad para crear sus bases de capital. Además, si bien las entidades de crédito tienen que financiar la economía, para lograr una gestión adecuada del riesgo y un sistema bancario sólido la política de reparto de dividendos debe ser conservadora.

               (3)

               En ese contexto, las entidades de crédito tienen que establecer políticas de dividendos que utilicen supuestos prudentes y conservadores a fin de seguir cumpliendo los requisitos de capital aplicables después de cualquier reparto.

                           i)

                           Las entidades de crédito están obligadas a cumplir los requisitos mínimos de capital aplicables (los «requisitos del Pilar 1») en todo momento. Entre dichos requisitos se incluyen un ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5 %, un ratio de capital de nivel 1 del 6 % y un ratio total de capital del 8 %, conforme a lo establecido en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 575/2013, así como los colchones de capital anticíclicos y los colchones sistémicos a que se refiere el artículo 128, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/36/UE, y todos los demás colchones que hayan fijado (5) las autoridades nacionales competentes y designadas.

                           ii)

                           Además, las entidades de crédito están obligadas a cumplir en todo momento los requisitos de capital impuestos como consecuencia de la decisión pertinente sobre el proceso de revisión y evaluación supervisora adoptada en aplicación del artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 1024/2013 y que van más allá de los requisitos del Pilar 1 (los «requisitos del Pilar 2»).

                           iii)

                           Asimismo, las entidades de crédito están obligadas a cumplir, antes del final del período de adaptación aplicable, el ratio de capital de nivel 1 ordinario, el ratio de capital de nivel 1 y el ratio total de capital «fully loaded» que se les exijan. Esta obligación se refiere al cumplimiento pleno de los ratios mencionados con anterioridad tras la aplicación de las disposiciones transitorias, así como de los colchones de capital anticíclicos y los colchones sistémicos a que se refiere el artículo 128, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/36/UE, y todos los demás colchones que hayan fijado (6) las autoridades nacionales competentes y designadas. Las disposiciones transitorias se establecen en el título XI de la Directiva 2013/36/UE y en la parte décima del Reglamento (UE) no 575/2013.

                     Estos requisitos se tendrán que cumplir en base consolidada y en base individual, a menos que se haya concedido una exención a la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual, conforme a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Reglamento (UE) no 575/2013.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      I

   En cuanto al pago en 2015 de los dividendos (7) correspondientes al ejercicio de 2014, el BCE recomienda lo siguiente:

         Categoría 1
      : Las entidades de crédito que cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el considerando 3, incisos i) y ii), y que a 31 de diciembre de 2014 hayan ya logrado sus ratios fully loaded mencionados en el considerando 3, inciso iii), solo deberán repartir sus beneficios netos en dividendos de manera conservadora para poder seguir cumpliendo todos los requisitos, incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras;

         Categoría 2
      : Las entidades de crédito que a 31 de diciembre de 2014 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el considerando 3, incisos i) y ii), pero que en la citada fecha no hayan logrado sus ratios fully loaded mencionados en el considerando 3, inciso iii), solo deberán repartir sus beneficios netos en dividendos de manera conservadora para poder seguir cumpliendo todos los requisitos, incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deberán repartir dividendos en la medida en que, como mínimo, se garantice una trayectoria regular (8) con respecto al cumplimiento de los ratios «fully loaded» exigidos a que se refiere el considerando 3, inciso iii);

         Categoría 3
      : Las entidades de crédito (9) que de conformidad con la evaluación global de 2014 tengan necesidades de capital que a 31 de diciembre de 2014 no estén cubiertas por medidas de capital, o las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el considerando 3, incisos i) o ii), no deberán en principio repartir dividendos (10).

      II

   La presente recomendación se dirige a las entidades supervisadas significativas y a los grupos supervisados significativos definidos en el artículo 2, apartados 16 y 22, del Reglamento (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
   La presente recomendación también se dirige a las autoridades nacionales competentes y designadas con respecto a las entidades supervisadas menos significativas y los grupos supervisados menos significativos. Se espera que las autoridades nacionales competentes y designadas apliquen la presente recomendación a aquellas entidades y grupos que consideren oportuno.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 28 de enero de 2015.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.

      (2)  DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.

      (3)  Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

      (4)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

      (5)  Entre estos colchones cabe destacar, por ejemplo, los mencionados en los artículos 458, 459 y 500 del Reglamento (UE) no 575/2013, y cualquier otro colchón ya fijado por las autoridades nacionales competentes y designadas pero con una fecha de aplicación posterior, en la medida en que sean aplicables en el momento del reparto de dividendos.

      (6)  Véase la nota 5.

      (7)  Las entidades de crédito pueden tener varias formas jurídicas, por ejemplo sociedades cotizadas y empresas no constituidas como sociedades anónimas, como las sociedades mutuas, las sociedades cooperativas o las entidades de ahorro. El término «dividendo» empleado en la presente recomendación se refiere a cualquier tipo de pago en efectivo que deba aprobarse por la asamblea general.

      (8)  En la práctica, esto significa que durante un período de cuatro años, las entidades de crédito deberán en principio conservar al menos el 25 % anual de la diferencia para lograr su ratio de capital de nivel 1 ordinario, su ratio de capital de nivel 1 y su ratio total de capital fully loaded, conforme establece el inciso iii) del considerando 3.

      (9)  Incluidas las entidades supervisadas menos significativas sujetas a la evaluación global.

      (10)  Las entidades de crédito que consideren que están jurídicamente obligadas a repartir dividendos por encima de esta cuantía deberán contactar con su equipo conjunto de supervisión sin mayor dilación. Las entidades supervisadas menos significativas que consideren que están jurídicamente obligadas a repartir dividendos por encima de esta cuantía deberán contactar con su autoridad nacional competente sin mayor dilación.


title: Recomendación de la Comisión, de 7 de julio de 2009 , para el establecimiento de un sistema seguro y eficaz de transmisión de documentos e información en relación con las disposiciones de la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo

text:
               8.7.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 177/5

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 7 de julio de 2009
   para el establecimiento de un sistema seguro y eficaz de transmisión de documentos e información en relación con las disposiciones de la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo
   (2009/527/Euratom)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 33, párrafo segundo, y su artículo 124, segundo guión,
   Vista la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado (1), y, en particular, su artículo 19, apartado 1,
   Previa consulta al Comité consultivo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las autoridades competentes de los Estados miembros deben cooperar entre sí en aras del buen funcionamiento del procedimiento de consentimiento automático previsto en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2006/117/Euratom.

               (2)

               Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que toda la información relativa a los traslados regulados por esa Directiva se tramite con la debida diligencia y se proteja de cualquier utilización incorrecta.

               (3)

               Es preciso que, cuando se ejecute la Directiva 2006/117/Euratom, se apliquen medidas generales de seguridad a toda la información tratada por las autoridades competentes de los Estados miembros.

         RECOMIENDA:

               1)

               Toda la información tratada por las autoridades competentes en aplicación de la Directiva 2006/117/Euratom debe gozar de un nivel de protección equivalente al que reciba por parte de las demás autoridades competentes afectadas.

               2)

               Las autoridades competentes deben elegir el nivel de protección que sea más adecuado para un buen funcionamiento del procedimiento de consentimiento automático previsto en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2006/117/Euratom.

               3)

               El nivel de protección adecuado debe alcanzarse mediante un conjunto de medidas acordes con las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros, entre ellas, la obligación de reserva y confidencialidad, la restricción del acceso a la información al personal autorizado, la protección de datos personales, y medidas generales de carácter técnico y de procedimiento que garanticen la seguridad de la información.

               4)

               Las comunicaciones electrónicas entre las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros deben ofrecer un nivel de protección equivalente al que aplican en su territorio los Estados miembros a la transmisión de información y documentación análogas.

               5)

               Las autoridades competentes de los Estados miembros deben acordar un estándar común para esas comunicaciones electrónicas.

               6)

               En caso de que las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros prevean la clasificación de la información tratada por las autoridades competentes en aplicación de la Directiva 2006/117/Euratom, esta información deberá clasificarse en el nivel más bajo.

               7)

               La información que precise medidas adicionales de seguridad deberá clasificarse en un nivel más alto, con indicación específica de ese nivel, únicamente cuando ello resulte estrictamente necesario y solo durante el tiempo preciso.

               8)

               En su calidad de autores, deben ser las autoridades competentes que comuniquen información a otras autoridades competentes las que decidan el nivel de clasificación adecuado, teniendo en cuenta:

                           a)

                           la normativa nacional en materia de clasificación de la información;

                           b)

                           la flexibilidad operativa y la eficacia necesarias para poder aplicar el procedimiento de consentimiento automático;

                           c)

                           el carácter excepcional de los requisitos de clasificación.

               9)

               De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, las autoridades competentes deben utilizar las indicaciones enumeradas en el cuadro de comparación de las clasificaciones de seguridad nacionales que figura como apéndice 2 de la Decisión 2001/264/CE del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo (2), y como anexo de la Decisión 2005/94/CE, Euratom de la Comisión, de 3 de febrero de 2005, por la que se modifica la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom (3). La Guía práctica de clasificación que figura como apéndice 3 de la Decisión 2001/264/CE y como apéndice 2 de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno (4), puede servir de guía para elegir el nivel de clasificación más adecuado.

               10)

               Conviene que, en su calidad de autora, la autoridad competente que facilita la información especifique el período durante el cual se aplica el nivel de clasificación elegido y las modificaciones de ese nivel que, en su caso, se produzcan después de ese período.

               11)

               La autoridad competente autora debe poder solicitar en todo momento, por escrito, que se rebaje el nivel de clasificación anterior, eliminándolo (desclasificación), disminuyéndolo o subiéndolo.

               12)

               Las autoridades competentes que reciben la información deben estar obligadas a eliminar, modificar o subir el nivel de clasificación conforme a esas solicitudes.

               13)

               Conviene que, en su calidad de autora, la autoridad competente que facilita la información pida por escrito, en cuanto las circunstancias lo permitan, que se rebaje o suprima (desclasificación) el nivel de clasificación.

               14)

               En virtud del principio de necesidad de conocer, deben restringirse el acceso y la posesión de información, en el seno de las autoridades competentes designadas, a las personas que, en razón de su cargo u obligaciones, necesiten tener conocimiento de ella o deban tratarla. Cuando las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros lo exijan, esas personas deberán contar con una habilitación de seguridad para el nivel de clasificación de que se trate.

               15)

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 2009.

            Por la Comisión

         Andris PIEBALGS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 337 de 5.12.2006, p. 21.

      (2)  DO L 101 de 11.4.2001, p. 1.

      (3)  DO L 31 de 4.2.2005, p. 66.

      (4)  DO L 317 de 3.12.2001, p. 1.


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		52012DC0397

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España /* COM/2012/0397 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo de España
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 126, apartado 7,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)
Con arreglo al artículo 126 del TFUE, los
Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
(2)
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene
por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las
condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte,
sostenible y generador de empleo.
(3)
El 27 de abril de 2009, el Consejo, de
conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea (Tratado CE), declaró la existencia de un déficit excesivo en
España y, con arreglo al artículo 104, apartado 7, del Tratado CE y al artículo
3 del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a
la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, dirigió a
este país una recomendación para su corrección en 2012 a más tardar.
(4)
El 2 de diciembre de 2009, el Consejo, de
conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del
Consejo decidió que se habían tomado medidas eficaces y que, tras la adopción
de dicha recomendación, habían aparecido factores económicos adversos e
inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública.
Como consecuencia de ello, el Consejo decidió adoptar una recomendación
revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, por la que se
instaba a España a poner fin a su situación de déficit excesivo en 2013 a más
tardar. Con objeto de situar el déficit público por debajo del valor de
referencia del 3% del PIB en 2013 a más tardar se recomendó un ajuste
presupuestario anual medio «superior al 1,5% del PIB» en el periodo 2010-2013.
Para el cálculo del esfuerzo presupuestario anual medio, se tomó como punto de
partida el déficit anunciado para 2011 en las previsiones del otoño de 2009 de
los servicios de la Comisión. A continuación se calculó el esfuerzo
presupuestario total necesario para alcanzar el objetivo de déficit nominal del
3% del PIB dentro del plazo fijado, suponiendo una eliminación gradual de la
brecha de producción de aquí a 2015.
(5)
El 15 de junio de 2010, la Comisión concluyó
que España había tomado medidas eficaces para seguir la recomendación del
Consejo de 2 de diciembre de 2009 de situar su déficit público por debajo del
valor de referencia del 3% del PIB y consideró que no era necesaria ninguna
otra medida en el marco de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo.

(6)
De conformidad con el artículo 3, apartado 5,
del Reglamento (CE) nº 1467/97, el Consejo, partiendo de una recomendación de
la Comisión, puede decidir adoptar una recomendación revisada con arreglo al
artículo 126, apartado 7, del TFUE, si se han tomado medidas eficaces y, tras
la adopción de la recomendación, aparecen factores económicos adversos e
inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública. La
aparición de factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos
desfavorables sobre la hacienda pública ha de evaluarse teniendo en cuenta las
previsiones económicas subyacentes a la recomendación del Consejo.
(7)
De conformidad con el artículo 126, apartado
7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1467/97, el Consejo debe
dirigir recomendaciones al Estado miembro de que se trate para que este ponga
fin a la situación de déficit excesivo en un plazo determinado. La
recomendación del Consejo debe establecer un plazo máximo de seis meses para
que el Estado miembro tome medidas eficaces encaminadas a corregir el déficit
excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del
déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios
anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación,
sean compatibles con una mejora anual mínima del saldo presupuestario
estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas
puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo al 0,5%
del PIB, como valor de referencia.
(8)
Tras registrar una contracción significativa
en 2009, cuando el PIB real disminuyó un 3,7%, la actividad económica siguió
disminuyendo en 2010, aunque solo un 0,1%. La economía española volvió a crecer
en 2011 (0,7%) gracias al dinamismo de las exportaciones, impulsadas por la
mejora de la competitividad de la economía, y a la contracción de las
importaciones, en un contexto de atonía de la demanda interna. Sin embargo,
según las previsiones más recientes de los servicios de la Comisión relativas a
las perspectivas económicas de España para 2012-2013 —que constituyen la
actualización de las previsiones de la primavera de 2012 con la incorporación
de las medidas presupuestarias adoptadas a finales de mayo de 2012 a nivel
regional y de la evolución económica y presupuestaria más reciente—, España probablemente
entrará en un periodo de recesión, con una disminución del PIB en 2012 y 2013. El
desapalancamiento del sector público y privado y el alto nivel de desempleo
constituyen un pesado lastre para la demanda interna. Por otra parte, la
degradación del contexto internacional impide a la demanda externa compensar la
debilidad de la demanda interna, lo que implica una contracción de la economía
española.
(9)
El déficit de las administraciones públicas
alcanzó el 9,3% del PIB en 2010, frente al 11,2% en 2009. La mejora del saldo
presupuestario estuvo impulsada por recortes del gasto total y un aumento de
los ingresos totales, fruto principalmente de medidas discrecionales. En 2011,
el resultado de déficit fue significativamente peor que el previsto, situándose
en el 8,5% del PIB frente a un objetivo del 6% del PIB. El 17 de mayo de 2012,
España informó a Eurostat de que el déficit de las administraciones públicas en
2011 podría revisarse al alza en aproximadamente el 0,4% del PIB, debido a
nuevos datos sobre algunas partidas de gasto de las Comunidades Autónomas que
no se habían incluido en la notificación realizada en marzo de 2012 en el marco
del PDE. Alrededor de dos terceras partes del desvío presupuestario de 2011 era
imputable a las Comunidades Autónomas, mientras que la Administración central y
la seguridad social registraron desvíos mucho más pequeños. El desvío
presupuestario se explica principalmente por unos ingresos inferiores a los
previstos, debido a unas condiciones económicas menos favorables que las
previstas en el programa de estabilidad de 2011 y a una composición del
crecimiento menos generadora de ingresos tributarios, mientras que los excesos
en los gastos fueron limitados.
(10)
Según la actualización de las previsiones de
la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el déficit público será
del 6,3% del PIB en 2012, frente a una previsión de déficit equivalente al 5,3%
del PIB contenida en el programa de estabilidad de 2012 y en el proyecto de
presupuesto para 2012. Este déficit se basa en medidas encaminadas a aumentar
los ingresos, principalmente con subidas de la imposición directa, mediante,
por ejemplo, modificaciones del impuesto sobre la renta y del impuesto de
sociedades, y una amnistía fiscal. Algunas de estas medidas se han presentado
como medidas de carácter temporal, como el aumento del impuesto sobre la renta
(que se limita a 2012 y 2013), o tendrán una incidencia puntual, como la
modificación del sistema de plazos del impuesto de sociedades en 2012, y la
amnistía fiscal. En el proyecto de presupuesto y en el programa de estabilidad
se prevé una disminución del gasto total, como consecuencia de importantes
recortes en los gastos de capital y en los gastos corrientes, principalmente en
los sectores de sanidad y educación a nivel de las Comunidades Autónomas. El
desvío previsto respecto del objetivo en 2012 está principalmente asociado a la
previsión de menores ingresos, especialmente de la seguridad social, y de
aumento de los gastos sociales, debido a unas peores perspectivas macroeconómicas,
a una composición del crecimiento menos generadora de ingresos tributarios y a
un deterioro más pronunciado del mercado laboral. Estas previsiones
presupuestarias siguen sometidas a importantes riesgos. Una mayor agravación de
la crisis económica y los riesgos derivados de la aplicación de las medidas a
nivel regional, debido al hecho de que muchas medidas presupuestarias solo se
aplicarán durante una parte del año, podrían implicar un desvío aún mayor. El
necesario reequilibrio de la economía española, que está teniendo lugar en
favor del sector de bienes y servicios exportables y en detrimento del sector
de bienes y servicios no exportables, también conlleva el riesgo de que el
crecimiento económico sea menos generador de ingresos tributarios. Los
resultados presupuestarios más recientes, relativos a los primeros meses de
2012, apuntan a la continuación de la presión a la baja de los ingresos e
indican la necesidad de aplicar sin demora nuevas medidas estructurales.
(11)
Según la actualización de las previsiones de
la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, y con la hipótesis de
mantenimiento de la política económica y la previsión de que el PIB real
disminuya un 0,3% respecto del año anterior, se prevé un déficit público del 6,1%
del PIB en 2013, frente al objetivo inicial del 3% del PIB. El programa de
estabilidad de 2012 prevé un considerable aumento de los ingresos procedentes
de los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aún no se apoya
en medidas concretas y que se espera quede parcialmente contrarrestado por una
reducción de los impuestos sobre las rentas del trabajo. El programa también
incluye recortes de los gastos —hasta ahora no especificados plenamente—
particularmente en las áreas de educación y sanidad a nivel de las Comunidades
Autónomas. Para 2014 y 2015, el mayor saneamiento previsto no se apoya
suficientemente en medidas que permitan alcanzar el objetivo de déficit
propuesto y se incluyen pocas medidas concretas en el programa de estabilidad.
(12)
Según la actualización de las previsiones de
la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el déficit estructural
fue del 8,7%, el 7,3% y el 7,0% del PIB en 2009, 2010 y 2011, respectivamente,
y se espera que alcance el 4,3% del PIB en 2012. Esto implica un ajuste
presupuestario medio del 1,5% del PIB entre 2010 y 2012, cifra en consonancia
con el ajuste presupuestario anual medio mínimo «superior al 1,5% del PIB» que
exige el Consejo para el periodo 2010-2013. Corrigiendo los datos para tener en
cuenta la variación del escenario macroeconómico entre la fecha de las
previsiones en que se basaban las recomendaciones del Consejo de 2 de diciembre
de 2009 y la fecha de las previsiones actuales, el esfuerzo presupuestario
anual medio que se estima necesario para el periodo 2010-2012 sería superior en
0,5 puntos porcentuales del PIB. Así pues, España ya ha tomado medidas eficaces
en relación con la senda para el déficit estructural hasta 2012.
(13)
Según las previsiones del otoño de 2009 de los
servicios de la Comisión, en las que se basó la recomendación emitida por el
Consejo el 2 de diciembre de 2009 con arreglo al artículo 126, apartado 7, del
TFUE, se esperaba que la economía española se contrajera un 0,8% en 2010 y
creciera un 1% en 2011. Los años 2012 y 2013 no entraban en el periodo de
previsión, pero con la hipótesis de eliminación gradual de la amplia brecha de
producción negativa en el periodo hasta 2015, para 2012 y 2013 se preveía un
crecimiento superior al de 2011. El PIB real observado en 2010 y 2011 fue
ligeramente más favorable que el contemplado en las previsiones del otoño de
2009. Sin embargo, la composición del crecimiento económico fue menos
generadora de ingresos tributarios de lo previsto, ya que la contribución
acumulada de la demanda interna en 2010 y 2011 fue de –2,7 puntos porcentuales
del PIB, frente a una previsión de –1,1 puntos porcentuales, debido a una
reducción del tamaño del sector de bienes y servicios no exportables más rápida
de lo previsto. Los resultados de la actualización de las previsiones de la
primavera de 2012 de los servicios de la Comisión para 2012 y 2013 muestran que
la economía española probablemente tendrá que afrontar importantes factores
adversos no contemplados en las previsiones del otoño de 2009. Aunque estas
previsiones suponían tasas de crecimiento claramente superiores al 1% anual en
2012 y 2013, las previsiones más recientes apuntan a unas tasas de crecimiento
del –1,9% y el –0,3%, respectivamente, con la hipótesis de mantenimiento de la
política económica. Por otra parte, la demanda externa neta probablemente
seguirá ocupando un lugar preponderante en la composición del crecimiento, lo
que implicaría el mantenimiento de los efectos negativos sobre los ingresos
tributarios.
(14)
La deuda pública bruta aumentó hasta el 68,5%
del PIB en 2011 y, según la actualización de las previsiones de la primavera de
2012 de los servicios de la Comisión, aumentará al 80,9% del PIB en 2012 y al 86,8%
en 2013, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, con lo
cual se rebasaría el valor de referencia del Tratado en todos los años. Este
aumento del ratio de deuda está causado principalmente por los mayores pagos de
intereses y, en menor medida, por la dinámica del déficit primario. En 2012, el
ajuste stock-flujo será considerable, contribuyendo en 5,4 puntos porcentuales
del PIB al aumento y estando asociado al plan de liquidar las facturas de los
proveedores de los organismos públicos y a otras operaciones pendientes. Los
riesgos asociados al escenario macroeconómico y a los objetivos
presupuestarios, así como a medidas de rescate financiero adicionales, pueden
contribuir a un mayor aumento de la deuda pública.
(15)
La situación presupuestaria se ha deteriorado
substancialmente respecto al momento en que se elaboró la anterior recomendación
del Consejo, debido a unas perspectivas económicas que son peores de lo
previsto y además vienen acompañadas de una disminución de la importancia de la
recaudación tributaria en la composición del crecimiento. Por otra parte, la
considerable contracción de la economía está afectando al empleo y al desempleo
de forma muy negativa. Ello está teniendo efectos negativos tanto para los
ingresos como para los gastos, con una reducción de las cotizaciones sociales y
un mayor volumen de transferencias sociales. Por consiguiente, teniendo en
cuenta todos estos factores, y particularmente el acusado deterioro de las
perspectivas presupuestarias ocurrido desde que el Consejo emitiera su
recomendación inicial conforme al artículo 126, apartado 7, del TFUE, está justificado
ampliar en un año el plazo para la corrección del déficit excesivo.
(16)
La concesión de un año adicional para la
corrección del déficit excesivo implica la obligación de lograr los objetivos
intermedios de déficit del 6,3% del PIB en 2012, el 4,5% del PIB en 2013 y el
2,8% del PIB en 2014. Sobre la base de la actualización de las previsiones de
la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, la mejora del saldo
presupuestario estructural que requiere el logro de estos objetivos de déficit
es del 2,7% del PIB en 2012, el 2,5% del PIB en 2013 y del 1,9% del PIB en
2014. Teniendo en cuenta los recientes resultados presupuestarios relativos a
los primeros meses de 2012, serán necesarias medidas adicionales para alcanzar
el objetivo de déficit en 2012. Habrá que seguir de cerca la situación y
adoptar nuevas medidas correctoras rápidamente en caso de que se produzcan
nuevos desvíos.
(17)
Teniendo en cuenta las fuertes presiones del
mercado sobre la deuda soberana española, es necesario sostener la credibilidad
del esfuerzo de saneamiento adoptando en julio de 2012 a más tardar el plan
presupuestario plurianual para 2013-2014 anunciado. Ello requiere especificar
en detalle todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos
presupuestarios en 2013 y 2014 y acelerar la reducción del déficit si las
condiciones económicas o presupuestarias resultan mejores de lo previsto. La
importancia de actuar en el momento oportuno a fin de evitar el riesgo de
futuros desvíos justifica el plazo más corto de tres meses para la adopción de
medidas eficaces.
(18)
El 10 de julio, el Consejo adoptó
recomendaciones dirigidas a España, la primera de las cuales se basa, en
particular, en la evaluación del programa nacional de reforma de España y del
programa de estabilidad para 2012-15. Esta recomendación propugna la aplicación
rigurosa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la adopción de estrictas
medidas presupuestarias por las Comunidades Autónomas, lo que atenuaría los
riesgos de desvío presupuestario de estas. Teniendo en cuenta la naturaleza
descentralizada de la hacienda pública española, es fundamental un fuerte marco
presupuestario e institucional. Este marco puede reforzarse también creando una
institución presupuestaria independiente con la misión de controlar la política
presupuestaria y proporcionar análisis y asesoramiento en este ámbito. El
cumplimiento de los objetivos presupuestarios por las administraciones de las
Comunidades Autónomas —teniendo en cuenta su comportamiento poco satisfactorio
en fechas recientes— junto con una mayor sensibilidad de los ingresos respecto
del ajuste estructural en curso, la incertidumbre acerca de los ingresos que
pueda generar la amnistía fiscal y la posibilidad de que se proceda a nuevas
operaciones de rescate financiero plantean riesgos para la estrategia
presupuestaria.
(19)
Paralelamente a los exámenes regulares del
programa de recapitalización financiera de España, a que se hace referencia en
la declaración de la Cumbre de la zona del euro de 29 de junio de 2012, cada
tres meses se realizará una evaluación de los progresos logrados en el
cumplimiento de los compromisos contraídos por el país en el marco del
procedimiento de déficit excesivo.
(20)
España cumple las condiciones para la
ampliación del plazo de corrección del déficit público excesivo según lo
establecido en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 1467/97 del
Consejo relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
(1)
Las autoridades españolas deberán poner fin a
su actual situación de déficit excesivo de aquí a 2014.
(2)
Las autoridades españolas deberán lograr una
mejora del saldo presupuestario estructural del 2,7% del PIB en 2012, el 2,5% del
PIB en 2013 y el 1,9% del PIB en 2014, con el fin de situar el déficit público
por debajo del valor de referencia del 3% del PIB de aquí a 2014, sobre la base
de la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios
de la Comisión. Los objetivos de déficit serán el 6,3% del PIB en 2012, el 4,5%
del PIB en 2013 y el 2,8% del PIB en 2014.
(3)
Las autoridades españolas deberán aplicar las
medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y en los planes de reequilibrio
de las Comunidades Autónomas y adoptar, a finales de julio de 2012 a más
tardar, el plan presupuestario plurianual para 2013-2014 anunciado, incluyendo
una estrategia presupuestaria a medio plazo que especifique plenamente las
medidas estructurales necesarias para lograr la corrección del déficit excesivo
de aquí a 2014. A la luz de los recientes resultados presupuestarios relativos
a los primeros meses de 2012, las autoridades españolas deberán adoptar sin
demora medidas adicionales en 2012 a fin de garantizar la realización de los planes
presupuestarios para este año, estar dispuestas a adoptar nuevas medidas si
llegaran a materializarse los riesgos que pesan sobre los planes
presupuestarios y acelerar la reducción del déficit en 2013 y 2014 si las
condiciones económicas o presupuestarias resultasen mejores de lo esperado.
(4)
El Consejo establece el plazo de tres meses para
que el Gobierno español adopte medidas eficaces y, de conformidad con el
artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo,
transmita un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento prevista para
alcanzar los objetivos.
Además del informe previsto en la
recomendación 4, y paralelamente al programa de recapitalización financiera a
que se hace referencia en la declaración de la Cumbre de la zona del euro de 29
de junio de 2012 las autoridades españolas deberán informar sobre los progresos
realizados en la aplicación de estas recomendaciones cada tres meses, así como
en un capítulo específico de los programas de estabilidad que presenten hasta
2015.
Por otra parte, las autoridades españolas
habrán de aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria relativas a la transparencia y el control de la
ejecución del presupuesto. De conformidad con las recomendaciones dirigidas a
España en el marco del Semestre Europeo, el Consejo también insta a este país a
crear una institución presupuestaria independiente con la misión de controlar
la política presupuestaria y proporcionar análisis y asesoramiento en este
ámbito, a aplicar estrictamente el marco presupuestario a medio plazo y a
seguir de cerca el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo del
año por todos los niveles de la Administración.
El destinatario de la presente
Recomendación será el Reino de España.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente


title: Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cinc, cloruro de cinc y diestearato de cinc [notificada con el número C(2008) 2329] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               19.6.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 160/36

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 30 de mayo de 2008
   sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cinc, cloruro de cinc y diestearato de cinc
   [notificada con el número C(2008) 2329]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/464/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (1) y, en particular, su artículo 11, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el marco del Reglamento (CEE) no 793/93, las siguientes sustancias se han clasificado como sustancias prioritarias para su evaluación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 2268/95 de la Comisión, de 27 de septiembre de 1995, relativo a la segunda lista de sustancias prioritarias, según establece el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (2):

                           —

                           cinc,

                           —

                           cloruro de cinc,

                           —

                           diestearato de cinc.

               (2)

               El Estado miembro designado como ponente según dicho Reglamento de la Comisión ha llevado a término las actividades de evaluación del riesgo que suponen estas sustancias para el ser humano y el medio ambiente, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (3), y ha sugerido estrategias para limitar los riesgos.

               (3)

               El Comité Científico de la Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente (CCTEMA) y el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales (CCRSM) han sido consultados y han emitido dictámenes con respecto a las evaluaciones del riesgo efectuadas por el ponente. Estos dictámenes pueden encontrarse en la página Internet de dichos Comités Científicos.

               (4)

               Los resultados de la evaluación del riesgo y otros resultados de la estrategia de limitación del riesgo se recogen en la correspondiente Comunicación de la Comisión (4).

               (5)

               Basándose en dicha evaluación, es conveniente recomendar medidas de reducción del riesgo en relación con las sustancias a que se refieren la presente Recomendación y la Comunicación.

               (6)

               Las medidas de reducción del riesgo previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 793/93.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1
   ÓXIDO DE CINC

         (No CAS 7440-66-6; no Einecs 231-175-3)

   CLORURO DE CINC

         (No CAS 7646-85-7; no Einecs 231-592-0)

   DIESTEARATO DE CINC

         (No CAS 557-05-1 y 91051-01-3; no Einecs 209-151-9 y 293-049-4)

   Medidas de reducción del riesgo para el medio ambiente (1, 2, 3, 4, 5)

               1)

               Que, respecto a las cuencas hidrográficas en las que las emisiones de cinc puedan constituir un riesgo, los Estados miembros correspondientes establezcan normas de calidad medioambiental (NCM) y que las medidas nacionales de reducción de la contaminación para cumplir dichas NCM en 2015 se incluyan en los planes hidrológicos de cuenca según lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

               2)

               Que los Estados miembros den a la Comisión información sobre la aportación de fuentes y rutas de cinc al medio acuático, sobre posibles controles y también sobre los niveles de cinc en el medio acuático, a fin de considerar la posible inclusión del cinc en la próxima revisión del anexo X de la Directiva 2000/60/CE.

               3)

               Que las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes establezcan, en las autorizaciones que concedan en virtud de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), condiciones, valores límite de emisión o parámetros o medidas técnicas equivalentes respecto al cinc y sus compuestos a fin de que las instalaciones apliquen las mejores técnicas disponibles (MTD), teniendo en cuenta las características técnicas de dichas instalaciones, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales.

               4)

               Que los Estados miembros lleven a cabo un seguimiento cuidadoso de la aplicación de las MTD en relación con el cinc y sus compuestos e informen a la Comisión sobre los eventuales cambios importantes, en el marco del intercambio de información relativa a las MTD.

               5)

               Que las emisiones locales al medio ambiente se regulen, en caso necesario, a través de normas nacionales para garantizar que no haya ningún riesgo previsto para el medio ambiente.

         SECCIÓN 2
   DESTINATARIOS

               6)

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2008.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

      (2)  DO L 231 de 28.9.1995, p. 18.

      (3)  DO L 161 de 29.6.1994, p. 3.

      (4)  DO C 154 de 19.6.2008, p. 1.

      (5)  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/32/CE (DO L 81 de 20.3.2008, p. 60).

      (6)  DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.


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		52012DC0308

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de Chipre para 2012-2015 /* COM/2012/0308 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Chipre
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad
de Chipre para 2012-2015

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en particular,
su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[5],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 12 de julio de 2011, el Consejo aprobó una
recomendación relativa al programa nacional de reforma de Chipre para 2011 y
emitió su dictamen sobre el programa de estabilidad actualizado de Chipre para
2011-2014.
(4)
El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó
el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así el
segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas
económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020. El 14 de febrero de 2012,
la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, el informe
sobre el mecanismo de alerta[6],
en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que sería
objeto de un examen exhaustivo.
(5)
El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer
la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la
competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la administración pública.
(6)
El 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo
invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(7)
El 7 de mayo de 2012, Chipre presentó su
programa de estabilidad para el período 2012-2015 y su programa nacional de
reforma. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se
han evaluado al mismo tiempo. La Comisión ha evaluado también, en un examen
exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº
1176/2011, si Chipre presenta desequilibrios macroeconómicos. En ese examen, la
Comisión ha llegado a la conclusión[7],
de que Chipre presenta un desequilibrio interno debido a su sector bancario y
al endeudamiento del sector empresarial, y un desequilibrio interno y externo
de su dinámica fiscal y su competitividad, aunque no excesivo.
(8)
Basándose en la evaluación del programa de
estabilidad de 2012, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo,
el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las
previsiones presupuestarias contenidas en el programa parece optimista en
2012-2014. Aunque incorpora una importante revisión a la baja de las
previsiones de crecimiento, el escenario macroeconómico en que se basan las
previsiones presupuestarias del programa sigue sujeto a riesgos de
sobreestimación relacionados, en particular, con la evolución de la demanda
interna en 2012-2013. El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozado en
el programa es corregir el déficit excesivo a más tardar en 2012 y alcanzar el
objetivo presupuestario a medio plazo en 2014, permaneciendo en él en 2015. El
programa confirma el anterior objetivo a medio plazo de un presupuesto
equilibrado en términos estructurales, que refleje adecuadamente los requisitos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La corrección prevista del déficit
excesivo se atiene al plazo establecido en la Recomendación del Consejo
formulada en el marco del procedimiento de déficit excesivo, el 13 de julio de
2010. Basándose en el déficit estructural (recalculado)[8], el esfuerzo
presupuestario anual medio previsto del 1,5 % del PIB en el período
2011-2012 coincide con el esfuerzo recomendado por el Consejo. El progreso
previsto hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2013 es suficiente,
ya que es superior al 0,5 % del PIB establecido como referencia en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto según las previsiones de la primavera
de 2012 de la Comisión como con arreglo al programa. La tasa de crecimiento del
gasto público, teniendo en cuenta las medidas discrecionales relativas a los
ingresos, está en consonancia con la cifra de referencia del gasto del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2013-2014, pero no en 2015. Existen riesgos para
los objetivos presupuestarios del programa relacionados con el escenario
macroeconómico aparentemente optimista en 2012-2014, y con el esfuerzo de
saneamiento previsto en 2013, basado parcialmente en medidas que no están
totalmente especificadas. Según el programa, el ratio deuda/PIB, que ascendía
al 71,6 % en 2011, debe aumentar al 72,1 % en 2012, antes de bajar
gradualmente hasta llegar al 65,4 % en 2015. Por lo que respecta a la
cifra de referencia de la reducción de la deuda indicada en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, Chipre pasará por un periodo de transición en
2013-2015 y los planes presentados en el programa garantizarán un progreso
suficiente de cara al cumplimiento de dicha cifra. Sin embargo, existen riesgos
asociados a esta previsión vinculados a las posibles operaciones de rescate de
instituciones financieras.
(9)
La administración fiscal es ineficiente ya que
en Chipre los costes administrativos en relación con los ingresos recaudados
son muy elevados. La recaudación tributaria es relativamente baja.
Concretamente, los gastos de la administración tributaria en proporción del PIB
y los costes administrativos en relación con la recaudación de ingresos netos
son elevados y con tendencia al alza. Se necesitan medidas de fomento del
afloramiento del trabajo informal/no declarado y de lucha contra la evasión
fiscal. Además, las iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia de la
recaudación fiscal deberían reforzarse.
(10)
Dada la gran exposición de las instituciones
bancarias de Chipre a la economía griega, el rendimiento de los activos de los
bancos, la rentabilidad y las reservas de capital y de liquidez se han visto
afectados negativamente por la reestructuración de la deuda de las
administraciones públicas y por el incremento de los préstamos no productivos
concedidos a prestatarios griegos. La exposición total a Grecia del sector
bancario consolidado chipriota es muy elevada. El 14 de diciembre de 2011, el
Parlamento chipriota aprobó dos leyes con objeto de reforzar la resistencia del
sistema financiero contra las crisis bancarias. Sin embargo, los avances de
cara a reforzar la supervisión de las cooperativas de crédito, que poseen
alrededor del 40 % de todos los depósitos nacionales, no han sido
satisfactorios hasta el momento.
(11)
Chipre se enfrenta a retos a la hora de
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas,
especialmente por lo que respecta a las pensiones. Chipre ha aplicado dos
importantes medidas estructurales para reformar su sistema de pensiones. Sin embargo,
aunque las medidas adoptadas son pertinentes y creíbles, la respuesta de Chipre
no es lo suficientemente ambiciosa como para garantizar la sostenibilidad y la
adecuación y mejorar la equidad del sistema a largo plazo. Todavía se necesitan
medidas para mantener la empleabilidad de los trabajadores en las empresas y
apoyar el aumento de la edad efectiva de jubilación. Por lo que respecta a la
pobreza de las personas mayores, Chipre sólo ha abordado parcialmente su
elevada tasa de riesgo de pobreza. Las medidas adoptadas son insuficientes para
mejorar la adecuación a corto plazo de los ingresos de los pensionistas
amenazados por la pobreza.
(12)
No se ha hecho frente de forma significativa a
la desigualdad y las ineficiencias del sector sanitario. A pesar de la
recomendación formulada el año pasado, no se ha presentado hasta la fecha un
calendario claro para avanzar en el sistema nacional de asistencia sanitaria.
Esto plantea riesgos para el control y la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y para la calidad de la asistencia sanitaria prestada.
(13)
El Gobierno chipriota ha adoptado algunas
medidas para responder a la Recomendación de 2011 sobre la indización salarial
(ajuste de los salarios en función del coste de la vida), en particular aplicando
durante dos años una congelación salarial en el sector público en sentido
amplio. El Gobierno y los interlocutores sociales también acordaron iniciar un
diálogo con objeto de revisar el sistema de ajuste de los salarios en función
del coste de la vida antes de finales de junio de 2012. Hay que emprender una
reforma global del sistema, en consulta con los interlocutores sociales y de
conformidad con las prácticas nacionales, con vistas a fortalecer el vínculo
entre la evolución de los salarios reales y la productividad y hacer que el
sistema sea más justo. Esto no solo contribuiría a la competitividad del país,
sino que también daría lugar a una asignación más eficiente de la mano de obra.
Si bien estos avances son un primer paso en la dirección correcta, su
pertinencia y credibilidad dependen fundamentalmente del grado de ambición y de
la puesta en práctica del resultado del diálogo social en curso sobre la
reforma del sistema de indización salarial.
(14)
El empeoramiento de las perspectivas
macroeconómicas ha afectado negativamente al mercado laboral chipriota,
aumentando la tasa de desempleo y provocando un importante incremento del
desempleo juvenil. Chipre ha tomado una serie de medidas positivas para
afrontar este reto. Estas medidas son pertinentes pero no suficientemente
ambiciosas, en particular en lo que respecta a la educación y la formación
profesional, ámbitos en los que se debe agilizar su aplicación. Se necesitan
más esfuerzos para solucionar el desempleo juvenil, así como para el reciclaje y
la mejora de las cualificaciones de la mano de obra con objeto de facilitar la
necesaria movilidad en el mercado laboral, haciendo hincapié, en particular, en
los grupos con un bajo porcentaje de participación en actividades de
aprendizaje permanente, como los trabajadores poco cualificados, los
desempleados y los trabajadores de edad avanzada.
(15)
Por lo que se refiere al sector de los
servicios, Chipre ha transpuesto la Directiva de servicios por medio de una ley
horizontal acompañada de una serie de leyes y reglamentos de modificación
aplicables a sectores específicos. No obstante, aún está pendiente la adopción
de legislación sectorial en algunos sectores (por ejemplo, los sectores
minorista, de la construcción, del turismo y de servicios). Hay servicios
profesionales regulados, tales como los de abogados y arquitectos, en los que
aún existen tarifas fijas.
(16)
Basándose en los análisis incluidos en el
examen exhaustivo, cabe concluir que Chipre presenta desequilibrios. En
particular, la evolución macroeconómica de la balanza por cuenta corriente, de
la hacienda pública y del sector financiero exigen una supervisión de cerca y
una atención urgente de la política económica a fin de evitar cualquier efecto
adverso sobre el funcionamiento de la economía y de la Unión Económica y
Monetaria. Más específicamente, la economía chipriota ha registrado déficits de
la balanza por cuenta corriente persistentes y considerables, impulsados por el
déficit en el volumen del comercio debido a una disminución gradual de la
competitividad de precios y costes, los desequilibrios de las finanzas públicas
que han deteriorado los déficits anuales que aumentaron incluso cuando la
economía se recuperó de la recesión, y el creciente endeudamiento privado.
Concretamente, las sociedades no financieras son muy vulnerables debido a su
gran endeudamiento y su escasa rentabilidad, lo que da lugar a un aumento
significativo de los préstamos no rentables en este sector. Además, la elevada
exposición del sector bancario a los bonos soberanos griegos y la economía
griega es muy peligrosa. Asimismo, las perspectivas de crecimiento son poco
halagüeñas lo que dificulta aún más la relativamente lenta corrección de los
desequilibrios.
(17)
Chipre ha contraído una serie de compromisos
en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos, y la ejecución de
los compromisos presentados en 2011, se refieren a la mejora de la
competitividad, la mejora de la tasa de empleo, la sostenibilidad de las
finanzas públicas y la consolidación de la sostenibilidad financiera. La Comisión
ha evaluado la ejecución de los compromisos del Pacto por el Euro Plus. Los
resultados de dicha evaluación se han tenido en cuenta en las recomendaciones.
(18)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica chipriota, ha
evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de reforma y ha
presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su
pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica
de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE,
dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión
Europea con aportaciones desde la UE a las futuras decisiones nacionales. Las
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(19)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el programa de estabilidad de Chipre, y su dictamen[9] se refleja, en particular, en
la recomendación 1 que figura a continuación.
(20)
A la luz de los resultados del examen
exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha
examinado el programa nacional de reforma de Chipre para 2012 y su programa de
estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del
Reglamento (CE) nº 1176/2011, se reflejan, en particular, en la recomendaciones
1, 2 y 7 que figuran a continuación.
RECOMIENDA que Chipre actúe en el
período 2012-2013 a fin de:
1.
Adoptar medidas adicionales para lograr una
corrección duradera del déficit excesivo en 2012. Aplicar rigurosamente la
estrategia presupuestaria, respaldada por medidas suficientemente definidas,
para el año 2013 y siguientes con objeto de garantizar el logro del objetivo
presupuestario a medio plazo en 2014 y cumplir con la cifra de referencia para
el gasto, y garantizar un progreso suficiente en la reducción del importe de
referencia para la deuda. Acelerar la introducción gradual de un marco
presupuestario plurianual con una base legal vinculante y un mecanismo
corrector. Adoptar medidas para mantener un control estricto del gasto y
aplicar una planificación presupuestaria basada en los programas y los
resultados tan pronto como sea posible. Mejorar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y luchar contra la evasión fiscal.
2.
Armonizar la supervisión de las cooperativas
de crédito en consonancia con las normas aplicadas a los bancos comerciales.
Reforzar las disposiciones reglamentarias para recapitalizar de forma eficiente
las instituciones financieras, con objeto de limitar la exposición del sector
financiero a las perturbaciones externas.
3.
Seguir mejorando la sostenibilidad a largo
plazo y la adecuación del sistema de pensiones y corregir la elevada tasa de
riesgo de pobreza de las personas de edad avanzada. Ajustar la edad legal de
jubilación al aumento de la esperanza de vida.
4.
Completar y aplicar sin demora el sistema
nacional de asistencia sanitaria, basándose en un plan de trabajo que garantice
su sostenibilidad financiera al tiempo que ofrece una cobertura universal.
5.
Mejorar las cualificaciones de la mano de obra
para aumentar su movilidad profesional hacia actividades de alto crecimiento y
elevado valor añadido. Adoptar nuevas medidas para
abordar el paro juvenil, con especial énfasis en las prácticas en empresas y el
fomento del trabajo autónomo. Adoptar medidas apropiadas en términos de demanda
para estimular la innovación empresarial.
6.
Suprimir los obstáculos injustificados
existentes en los mercados de servicios, en particular mejorando la aplicación
de la Directiva sobre servicios en los sectores de servicios con mayor
potencial de crecimiento (incluido el turismo) y liberalizando la prestación de
servicios profesionales.
7.
Mejorar la competitividad, especialmente mediante
la reforma del sistema de indización salarial, en consulta con los
interlocutores sociales y en consonancia con las prácticas nacionales, con el
fin de reflejar mejor la evolución de la productividad. Adoptar medidas para
diversificar la estructura de la economía. Restablecer el equilibrio presupuestario
mediante la limitación del gasto.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de
2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de
23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2012)308 final.
[4]               P7_TA(2012)0048 y P7_TA(2012)0047.
[5]               Decisión 2011/238/UE del Consejo de
26 de abril de 2012.
[6]               COM(2012) 68 final.
[7]               SWD(2012)152 final.
[8]               Saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez
excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal,
recalculado por los servicios de la Comisión basándose en la información
facilitada en el programa y aplicando la metodología común.
[9]               De conformidad con el artículo 5,
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Austriaand delivering a Council opinionon the updated Stability Programme of Austria 2011-2014

text:
        COMISIÓN EUROPEA
                                        Bruselas, 7.6.2011
                                        SEC(2011) 801 final
                         Recomendación de
               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Austria
           y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de estabilidad actualizado de Austria (2011-2014)
                       {SEC(2011) 728 final}
 ---pagebreak---                                             Recomendación de
                                RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
                    relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Austria
                            y por la que se emite un dictamen del Consejo
               sobre el programa de estabilidad actualizado de Austria (2011-2014)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121,
   apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
   reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
   coordinación de las políticas económicas1 , y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea2,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:
   (1)       El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión
             Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento -Estrategia
             Europa 2020-, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y
             se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el
             potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
   (2)       El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices
             generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para
             el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
             orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros3, que juntas
             forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
             en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
   1
           DO L 209 de 2.8.1997, p.1.
   2
           DO C , , p. .
   3
           Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
ES                                                    2                                                      ES
 ---pagebreak---    (3) El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la
       UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas
       económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
   (4) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el
       saneamiento fiscal y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo
       de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder
       prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de
       las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
       trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento. Pidió a los
       Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de
       incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
       nacionales de reforma.
   (5) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros
       participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida
       antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en
       sus programas nacionales de reforma.
   (6) El 27 de abril de 2011, Austria presentó su programa de estabilidad actualizado
       correspondiente al período 2011-2014, y el 2 de mayo de 2011 su programa nacional
       de reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos
       programas se han evaluado al mismo tiempo.
   (7) La economía austriaca se enfrentó a la crisis a partir de unos fundamentos sólidos,
       sin haber experimentado grandes desequilibrios o distorsiones en el período anterior
       al estallido de la misma. A pesar de esto, la crisis económica y financiera llevó a la
       economía austriaca a la recesión más profunda de las últimas décadas. En general, el
       PIB real se contrajo casi un 4 % en 2009. Como resultado de la crisis, el empleo
       disminuyó aproximadamente un 1 % en 2009, elevando el desempleo al 4,8 % (frente
       al 3,8 % del año anterior). La crisis paralizó el crecimiento continuado del superávit
       de la balanza por cuenta corriente. La crisis económica y financiera hizo estragos en
       las finanzas públicas austriacas. Como resultado de la adopción de las medidas de
       estímulo presupuestario y del pleno funcionamiento de los estabilizadores
       automáticos, el déficit de las administraciones públicas alcanzó el 4,1 % y el 4,6 %
       del PIB en 2009 y 2010 respectivamente. La deuda pública aumentó al 69,6 % y el
       72,3 % del PIB en los mismos años. Puesto que la mayoría de las medidas de
       estímulo eran de carácter permanente, fue necesario un saneamiento fiscal tan pronto
       como mejoraron las condiciones económicas. En la ley presupuestaria para 2011 se
       ha aprobado un paquete de medidas de saneamiento que supone cerca del 1 % del
       PIB. Desde el tercer trimestre de 2009, la economía austriaca se ha estado
       recuperando constantemente de la crisis gracias al aumento de la demanda exterior y,
       en particular, al relanzamiento de la actividad económica en Alemania. En general, el
       crecimiento del PIB real alcanzó el 2 % en 2010.
   (8) Sobre la base de la evaluación del programa de estabilidad actualizado de
       conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del
       Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico subyacente en las
       proyecciones presupuestarias es verosímil, y demasiado optimista hacia el final del
ES                                            3                                               ES
 ---pagebreak---         período del programa. El objetivo principal de la estrategia presupuestaria a medio
        plazo, presentada en la última actualización del programa de estabilidad, es la
        reducción gradual del déficit de las administraciones públicas del 4,6 % del PIB en
        2010 al 2,4 % del PIB en 2014, principalmente mediante el control del gasto. Existen
        sobre todo riesgos que amenazan estos objetivos, debido al hecho de que las medidas
        que sustentan este saneamiento a nivel subnacional no están especificadas y al hecho
        de que el ahorro resultante de algunas de las medidas adoptadas a nivel federal no se
        materializará, como por ejemplo, la campaña contra el fraude fiscal, cuyos efectos
        previstos parecen ser sumamente abstractos. Por otro lado, un factor de riesgo
        positivo es el marco de gastos plurianual establecido para el gobierno federal en
        2009, que parece haber contribuido a aumentar la previsibilidad del proceso
        presupuestario a medio plazo, aunque solo a nivel federal. El programa estipula que
        el ratio deuda/PIB aumentará del 72,3 % en 2010 al 75,5 % en 2013, antes de
        disminuir al 75,1 % en 2014. No obstante, hay algunos riesgos asociados a esta
        proyección, relacionados con el aumento de la deuda de las empresas de propiedad
        estatal clasificadas fuera del sector de las administraciones públicas, así como con el
        aumento potencial de la carga adicional resultante de las medidas de apoyo al sector
        bancario. Al mismo tiempo, no obstante, el ratio de la deuda podría ser menor, ya
        que es probable que los bancos que recibieron ayuda pública durante la crisis la
        devuelvan antes del plazo previsto en el programa.
   (9)  De acuerdo con el programa, se espera que el déficit de las administraciones públicas
        se sitúe por debajo del valor de referencia del 3 % en 2013, lo que es conforme con el
        plazo establecido por el Consejo. No obstante, el esfuerzo presupuestario anual
        medio del 0,35 % del PIB previsto en el programa en el período 2011-2013 está
        bastante por debajo del 0,75 % de esfuerzo del PIB propuesto a Austria por el
        Consejo.
   (10) Al tiempo que Austria ha puesto en práctica un pacto nacional de estabilidad,
        proseguir la reforma de las relaciones presupuestarias entre los diferentes niveles de
        la Administración produciría ahorros sustanciales, respaldaría el saneamiento fiscal y
        liberaría recursos para inversiones impulsoras de crecimiento en ámbitos tales como
        la I+D y la educación. Está plenamente admitido que las relaciones actuales son
        complejas: no sólo la recaudación obtenida de la mayoría de los impuestos
        individuales se reparte en proporciones fijas entre los diferentes niveles territoriales,
        sino que la toma de decisiones en numerosos ámbitos también se distribuye entre
        diversos niveles de autoridad. En el caso de muchas actividades, las
        responsabilidades recaudatorias y de gasto no residen en el mismo nivel de la
        Administración. En los sectores de la sanidad y de la educación se encuentran
        ejemplos señalados de ineficiencias derivadas de la forma actual de estas relaciones
        fiscales.
   (11) La carga fiscal media en Austria está entre las más elevadas de la UE. En
        comparación con otros países de la UE, las cotizaciones de los trabajadores a la
        seguridad social son muy elevadas. La disminución de las cotizaciones al seguro de
        desempleo de los trabajadores con salarios más bajos en 2008 y la reforma del
        impuesto sobre la renta en 2009 contribuyeron a aliviar la carga fiscal sobre el
        trabajo, pero no impidieron que la cuña fiscal aumentara ligeramente para los
        trabajadores de ingresos bajos y medios en comparación con el inicio de la década.
        Esta cuña tiene un efecto negativo en el empleo, en particular en el caso de los
        trabajadores con remuneraciones bajas y poco cualificados.
ES                                              4                                                 ES
 ---pagebreak---    (12) La tasa de empleo de los trabajadores de más edad en Austria sigue estando muy por
        debajo de la media de la UE a pesar del notable aumento registrado en la última
        década. Los regímenes de jubilación anticipada y las pensiones de invalidez están
        muy extendidos todavía. El 72 % de todas las nuevas pensiones en 2010 se
        concedieron antes de alcanzar la edad legal de jubilación. Otro factor que contribuye
        a la baja tasa de empleo de los trabajadores de más edad es la edad legal de
        jubilación relativamente baja de las mujeres (60 años). Teniendo en cuenta la
        evolución demográfica de Austria, el aumento de la edad efectiva de jubilación y la
        mejora del marco que permita a los trabajadores de más edad alargar su presencia en
        el mercado laboral contribuirían a garantizar la sostenibilidad de las finanzas
        públicas y a incrementar la oferta de mano de obra, que está previsto que empiece a
        disminuir a partir de 2020.
   (13) La tasa de empleo femenino en Austria es relativamente elevada y está asociada a
        una de las tasas más elevadas de trabajo a tiempo parcial. El empleo femenino está
        muy concentrado en los puestos de trabajo poco remunerados. Este modelo se refleja
        en una diferencia salarial entre hombres y mujeres del 25,4 %, que es la segunda más
        elevada de la UE y uno de los factores conducentes a un riesgo relativamente elevado
        de pobreza en el caso de las mujeres. Una de las razones del trabajo femenino a
        tiempo parcial es el reparto desigual de las tareas de cuidado de niños y ancianos
        entre hombres y mujeres, junto con la falta de servicios de guardería y asistenciales
        de larga duración.
   (14) El sistema educativo austriaco se caracteriza por un encauzamiento precoz de los
        estudiantes, que deben decidir a los 10 años su orientación futura con una
        permeabilidad limitada entre orientaciones, y un horario escolar de media jornada
        ampliamente extendido. Esta situación puede conducir a unos resultados educativos
        inferiores al nivel óptimo en el caso de los jóvenes vulnerables, en particular de
        aquellos de origen inmigrante. Las elecciones tempranas determinan en gran medida
        los itinerarios educativos futuros y dificultan alcanzar niveles educativos más
        elevados en una fase posterior. Una escuela común para todos los alumnos de edades
        comprendidas entre los 10 y los 14 años contribuiría a mejorar la igualdad de
        oportunidades del sistema educativo y a reducir las tasas de abandono escolar.
   (15) La competencia en el sector de los servicios no está suficientemente desarrollada, en
        particular en el caso de los servicios en red como las telecomunicaciones, el
        transporte o los servicios públicos, así como en el comercio al por menor y los
        servicios profesionales. El aumento de la productividad ha sido mediocre y la
        estructura del mercado no ha mejorado el poder adquisitivo ni fomentado la demanda
        de los consumidores. Promover la competencia facilitando la entrada en el mercado,
        simplificar la normativa reglamentaria de oficios y profesiones y garantizar unos
        precios competitivos ampliaría las posibilidades de elección de los consumidores y la
        accesibilidad a los servicios. Austria ha acumulado importantes retrasos en la
        aplicación de la Directiva sobre servicios; solucionar estos retrasos contribuiría a
        desbloquear el crecimiento. En concreto, aún sigue pendiente la «ley horizontal», una
        ley federal de aplicación de los principios fundamentales de la Directiva.
ES                                             5                                              ES
 ---pagebreak---    (16)   Austria ha asumido una serie de compromisos en virtud del Pacto por el Euro Plus4.
          Estos compromisos se refieren a tres de los cuatro ámbitos del Pacto. En el ámbito
          presupuestario, las medidas se dirigen a abordar la necesidad de elevar la edad
          efectiva de jubilación, así como a mejorar el control del gasto público en los distintos
          niveles de la Administración. En el ámbito del empleo, la atención se centra en la
          lucha contra el desempleo juvenil, y en el de la competividad el objetivo es aumentar
          la inversión en educación científica y técnica e implantar modelos de escuelas con
          jornada completa. Las iniciativas presentadas en virtud del Pacto se ajustan al
          programa nacional de reforma y son conformes con la ley del marco presupuestario a
          nivel federal y con el programa de estabilidad. No obstante, si bien estas medidas
          abordan algunas de las principales cuestiones socioeconómicas a las que se enfrenta
          el país, aún persisten desafíos que convendría haber incluido en los compromisos, en
          particular en los ámbitos de política fiscal, educación, competencia e innovación. Los
          compromisos en virtud del Pacto por el Euro Plus han sido evaluados y tenidos en
          cuenta en las recomendaciones.
   (17)   La Comisión ha evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de
          reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro
          Plus 5, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la
          política socioeconómica y la política presupuestaria de Austria, sino también su
          cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar
          la gobernanza económica global de la Unión Europea, incluyendo aportaciones a
          nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este sentido, la Comisión
          considera que, teniendo en cuenta las condiciones económicas favorables, es
          necesario intensificar el esfuerzo de saneamiento fiscal, en particular en 2012, y
          seguir reformando las relaciones presupuestarias entre los distintos niveles de la
          Administración. La reducción de la cuña fiscal, la mejora de los resultados
          educativos y la lucha contra la segmentación por sexos beneficiaría el dinamismo del
          mercado laboral, al tiempo que el impulso a la competencia y la innovación
          mejoraría la competitividad.
   (18)   A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada
          por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, del
          Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la
          actualización del programa de estabilidad de Austria, y su dictamen6 se refleja
          particularmente en sus recomendaciones (1) y (2) recogidas a continuación.
   RECOMIENDA que Austria adopte medidas en el período 2011-2012 a fin de:
   (1)    Aprovechar la recuperación económica en curso para agilizar la corrección del déficit
          excesivo. A tal efecto, adoptar y aplicar las medidas necesarias, incluido a nivel
          subnacional, para asegurar un esfuerzo presupuestario anual medio de al menos el
          0,75 % del PIB en 2012 y 2013.
   (2)    Adoptar medidas para reforzar el marco presupuestario nacional mediante una
          armonización de las competencias legislativas, administrativas, recaudatorias y de
   4
        Para más detalles sobre los compromisos contraídos en virtud del Pacto por el Euro Plus véase SEC
        (2011) 728.
   5
        SEC(2011) 728.
   6
        Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.
ES                                                      6                                                 ES
 ---pagebreak---           gasto entre los distintos niveles de la Administración, en particular en el ámbito de la
          sanidad.
   (3)    En consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales,
          adoptar medidas para eliminar gradualmente el actual régimen de jubilación
          anticipada para los trabajadores con periodos de cotización largos, y proponer el
          aumento de la edad legal de jubilación de las mujeres para asegurar la sostenibilidad
          y la adecuación del sistema de pensiones. Aplicar estrictamente las condiciones de
          acceso al régimen de pensiones de invalidez.
   (4)    Adoptar medidas para promover la participación en el mercado laboral, en particular:
          reducir, sin incidencia presupuestaria, la carga fiscal y las cotizaciones a la seguridad
          social, en particular para los trabajadores con salarios bajos y medios; aplicar el plan
          nacional de acción sobre igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral,
          mejorando la disponibilidad de servicios de asistencia y la oferta de plazas escolares
          de jornada completa para dar a las mujeres la posibilidad de trabajar a tiempo
          completo y reduciendo la elevada diferencia salarial entre hombres y mujeres, y
          adoptar medidas destinadas a mejorar los resultados educativos y prevenir el
          abandono escolar.
   (5)    Adoptar medidas adicionales para estimular la competencia, en particular en los
          sectores de servicios, mediante la reducción de los obstáculos a la entrada, la
          eliminación de restricciones injustificadas en oficios y profesiones y el refuerzo de
          los poderes de las autoridades de competencia. Agilizar la adopción de la «ley
          horizontal» pendiente de la Directiva sobre servicios.
   Hecho en Bruselas,
                                                Por el Consejo
                                                El Presidente
ES                                                7                                                 ES