               20.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 337/113

      P8_TA(2017)0354
      Modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones relativas a la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile (2017/2057(INI))
      (2018/C 337/17)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistos el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, que se celebró en 2002, y su pilar comercial, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003 (1) (en lo sucesivo, el «AA»),

                  —

                  Visto el resultado de la sexta reunión del Consejo de Asociación UE-Chile celebrada en abril de 2015 (2),

                  —

                  Vista la Declaración final aprobada por el Comité Consultivo Conjunto (CCC) el 5 de octubre de 2016 (3),

                  —

                  Vista la Comunicación de la Comisión de 14 de octubre de 2015 titulada «Comercio para todos. Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497) y los documentos de reflexión de la Comisión de mayo de 2017 sobre el encauzamiento de la globalización (4) y de abril de 2017 sobre la dimensión social de Europa (5),

                  —

                  Vistas las sentencias y los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) y la decisión del Defensor del Pueblo Europeo de 6 de enero de 2015 por la que se archiva la investigación de oficio OI/10/2014/RA relativa a la información y el acceso a documentos (6) y el dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017,

                  —

                  Vista su resolución de 3 de febrero de 2016 que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) (7),

                  —

                  Vistas las enmiendas que aprobó el 4 de julio de 2017 (8) a la propuesta de Directiva sobre la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales,

                  —

                  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas (9), y su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático (10),

                  —

                  Visto el estudio del EPRS titulado «Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile» (11),

                  —

                  Vistas las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Trabajo Decente de la OIT,

                  —

                  Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (Acuerdo de París), que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 (12), ratificada también por Chile,

                  —

                  Vista la Declaración conjunta de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-Chile de 3 de noviembre de 2016 (13),

                  —

                  Vistos el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8, el artículo 207, apartado 3, y el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

                  —

                  Visto el proyecto de directrices de negociación adoptado por la Comisión el 24 de mayo de 2017,

                  —

                  Visto el artículo sobre Chile publicado en el anuario del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) titulado El mundo indígena 2016 (14),

                  —

                  Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0267/2017),

                  A.

                  Considerando que la estrategia «Comercio para todos» afirma que «la Comisión debe seguir una política que beneficie a la sociedad en su conjunto y fomente las normas y valores europeos y universales junto con los intereses económicos fundamentales, y haga más hincapié en el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la evasión fiscal, la protección de los consumidores y el comercio justo y responsable»;

                  B.

                  Considerando que la Unión y Chile son socios cercanos con valores comunes y un compromiso compartido de promover una gobernanza multilateral eficaz del comercio y el respeto de los derechos humanos, así como la prosperidad y seguridad comunes dentro de un sistema mundial basado en normas; que la Unión es el tercer socio comercial más importante de Chile; que Chile, por su parte, es un importante actor regional y una de las economías que más rápido ha crecido en América del Sur en las últimas décadas, y que el país sigue realizando esfuerzos de reforma;

                  C.

                  Considerando que el AA actual, incluido su pilar comercial, se formalizó en 2002 y ha resultado muy beneficioso para ambas partes desde su aplicación en 2003, duplicando el comercio de mercancías y generando un aumento del comercio de servicios e inversiones (15); considerando, sin embargo, que tanto la Unión como Chile han celebrado desde entonces acuerdos comerciales más modernos y ambiciosos;

                  D.

                  Considerando que, en 2016, la Unión exportó a Chile mercancías por valor superior a 8 600 millones EUR, mientras que Chile exportó a la Unión mercancías por valor de 7 400 millones EUR; que en 2015 el valor del comercio de servicios de la Unión con Chile ascendió a 3 800 millones EUR y el del comercio de servicios de Chile con la Unión, a 2 000 millones EUR; que la inversión extranjera directa de la Unión en Chile alcanzó un total de 42 800 millones EUR (16);

                  E.

                  Considerando que el AA actual carece, entre otros, de capítulos específicos sobre inversión, pymes, derechos de propiedad intelectual, energía y género, y que tampoco cuenta con un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, en el que se establezcan obligaciones en materia de cumplimiento de la legislación laboral y ambiental, así como el fomento de las mejores prácticas en ámbitos como la responsabilidad social de las empresas y la garantía de la sostenibilidad;

                  F.

                  Considerando que toda negociación comercial de la Unión debe proteger el derecho y la capacidad de los gobiernos de regular en aras del interés público, con objetivos como la protección y promoción de la salud pública, los servicios sociales, la protección social y del consumidor, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, el bienestar animal, la moral pública, la privacidad y la protección de datos, y la promoción y protección de la diversidad cultural;

                  G.

                  Considerando que toda negociación comercial de la Unión debe garantizar los niveles más elevados de protección social, laboral y medioambiental logrados por las partes y puede servir de instrumento para promover una agenda de justicia social y desarrollo sostenible, tanto en la Unión como en todo el mundo; que la modernización del AA debe verse como una oportunidad para que la Unión y sus Estados miembros sigan promoviendo elevados estándares y compromisos comunes en sus acuerdos comerciales, especialmente en los ámbitos de los derechos laborales, la protección medioambiental, los derechos del consumidor y el bienestar público; considerando que la Comisión ha anunciado un proceso de reflexión sobre las distintas maneras de garantizar el cumplimiento de estos compromisos que contemplará también un mecanismo de sanciones;

                  H.

                  Considerando que el CCC UE-Chile, formado por organizaciones de la sociedad civil de ambas partes, celebró su primera reunión los días 4 y 5 de octubre de 2016 con el fin de supervisar la aplicación del AA vigente, así como las negociaciones para su actualización, canalizando las aportaciones de la sociedad civil e impulsando el diálogo y la cooperación entre la Unión y Chile más allá de los canales gubernamentales; que la importante demora en la constitución del CCC no ha de repetirse en lo que respecta al acuerdo modernizado; que, una vez que entre en vigor el acuerdo modernizado, la participación de la sociedad civil debe basarse en estructuras claras, un equilibrio entre los miembros que las componen y mandatos en materia de información;

                  I.

                  Considerando que la Unión y Chile han mantenido negociaciones plurilaterales para seguir liberalizando el comercio de servicios;

                  J.

                  Considerando que Chile no es parte sino observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y no participa en las negociaciones plurilaterales de un Acuerdo sobre Bienes Ambientales;

                  K.

                  Considerando que el artículo 45 del AA UE-Chile de 2002 contiene disposiciones en el capítulo de cooperación que especifican que el Acuerdo debe contribuir «a consolidar las políticas y los programas destinados a mejorar, garantizar y aumentar la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los sectores de la vida política, económica, social y cultural»;

                  L.

                  Considerando que Chile es signatario de la Asociación Transpacífica (ATP), cuyo futuro parece incierto actualmente, que ha firmado ALC con todos los signatarios de la ATP y que goza de un amplio reconocimiento como socio estable y fiable;

                  M.

                  Considerando que Chile se convirtió en 2010 en el primer país sudamericano miembro de la OCDE y que cuenta con un sólido marco macroeconómico;

                  N.

                  Considerando que es importante maximizar las oportunidades que ofrece la modernización del pilar comercial del AA de la forma más inclusiva posible para empresas —en particular pymes— y ciudadanos, tanto en la Unión como en Chile; que podría hacerse más a este respecto, por ejemplo mediante la difusión de información accesible, lo que podría desencadenar un importante efecto multiplicador de beneficios para las partes del AA;

                  O.

                  Considerando que Chile mantiene tratados bilaterales de inversión con diecisiete Estados miembros de la Unión, cuyo contenido no refleja las últimas novedades y mejores prácticas en política de inversión y que serían sustituidos y dejarían de aplicarse una vez que entre en vigor un acuerdo que contenga un capítulo relativo a las inversiones entre la Unión y Chile;

                  P.

                  Considerando que las condiciones desproporcionadamente estrictas previstas por legislación chilena que tienen que cumplir los barcos de pesca de la Unión les impiden utilizar las instalaciones portuarias de Chile para atracar, hacer transbordo, repostar u obtener aparejos de pesca;

                  Q.

                  Considerando que el patrón actual de exportación de Chile contrasta de forma drástica con el patrón de exportación europeo, ya que en el primero predominan las exportaciones de materias primas, como cobre, frutas y verduras;

                  1.

                  Recomienda al Consejo, a la Comisión y al SEAE:

                              a)

                              que garanticen que el Parlamento Europeo recibe información completa, inmediata y precisa durante las negociaciones, a fin de que pueda desempeñar su función de decidir si concede su aprobación a la celebración del AA modernizado con Chile, incluido su pilar comercial; que tengan presente que, aunque los AA celebrados de conformidad con el artículo 217 del TFUE son tradicionalmente de índole mixta y comprenden ámbitos que van más allá de la política comercial común, tras el dictamen del Tribunal de Justicia sobre el ALC UE-Singapur, es necesaria una profunda reflexión sobre cómo proceder a la modernización del AA UE-Chile a fin de separar y salvaguardar los ámbitos comerciales de competencia exclusiva y compartida y respetar plenamente la distribución de competencias entre la Unión y sus Estados miembros a lo largo del proceso de negociación, así como para la firma y celebración de los acuerdos; que concluyan, por tanto, dos acuerdos independientes claramente diferenciados: un acuerdo de comercio e inversión que contenga únicamente cuestiones que sean competencia exclusiva de la Unión y un segundo acuerdo que comprenda temas de competencia compartida con los Estados miembros;

                              b)

                              que tomen nota de que tanto la Unión como Chile han celebrado acuerdos comerciales más modernos, ambiciosos y completos desde que entró en vigor su AA bilateral y que este sigue sin abordar varios ámbitos importantes para asegurar que contribuya a generar un crecimiento compartido, igualdad de oportunidades, trabajos decentes y desarrollo sostenible, incluidos el respeto y la promoción de las normas laborales y medioambientales, el bienestar animal y la igualdad de género en beneficio de los ciudadanos de ambas partes;

                              c)

                              que consideren importante y necesario procurar modernizar el AA UE-Chile para tener en cuenta el desarrollo económico y político de los últimos quince años, en particular su componente comercial, en un espíritu de reciprocidad, beneficio mutuo y equilibrio, y tomen nota del apoyo sistemático a la modernización expresado por la CPM UE-Chile, así como el hecho de que el CCC acogió favorablemente los pasos dados hacia una actualización;

                              d)

                              que recuerden que la globalización y la política comercial han sido objeto de un intenso debate recientemente en Europa y otros lugares debido a la distribución potencialmente desigual de sus beneficios; que consideren que es necesario anticipar tendencias y posibles consecuencias, garantizar una distribución más inclusiva de los beneficios del comercio y ofrecer una protección adecuada a quienes no se beneficien del Acuerdo o puedan verse desfavorecidos en el proceso posterior; que desarrollen en consecuencia una acción política, principalmente a escala nacional pero también a escala de la Unión y en otras esferas, que vaya más allá de las disposiciones de los propios acuerdos comerciales y abarque desde la política industrial hasta la política fiscal y social;

                              e)

                              que recuerden la importancia de la agenda multilateral y que las negociaciones bilaterales no deben minar la ambición de avanzar a nivel multilateral; que consideren que unas relaciones bilaterales reforzadas y la cooperación conjunta entre la Unión y Chile deben facilitar también una mayor colaboración y sinergia entre las partes en los entornos multilaterales y plurilaterales; que fomenten, en este sentido, la plena participación de Chile en las negociaciones del Acuerdo sobre Bienes Ambientales y el ACP revisado de la OMC;

                              f)

                              que hagan de los valores comunes el elemento central del proceso de modernización y que prosigan con la práctica de incluir una cláusula de derechos humanos, como se hace en todos los AA;

                              g)

                              que velen por que el AA modernizado garantice en todo el texto y consagre de manera expresa e inequívoca el derecho y la capacidad de las partes de aprobar y aplicar sus propias leyes y normativas en aras del interés público, con el fin de lograr objetivos legítimos de política pública como la protección y promoción de los derechos humanos, incluido el acceso al agua, la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección social o de los consumidores, la privacidad y la protección de datos, y la promoción y protección de la diversidad cultural; que garanticen que ninguna reclamación por parte de los inversores no consigan socavar estos objetivos; que destaquen, en este sentido, que los ALC de la Unión no pretenden restringir los intereses legítimos de la Unión, de sus Estados miembros o de sus instituciones subfederales de regular en aras del interés público;

                              h)

                              que busquen, en las negociaciones sobre el comercio de mercancías, mejoras ambiciosas en el acceso al mercado en todas las líneas arancelarias, eliminando los obstáculos innecesarios, en particular en relación con el acceso de las embarcaciones de la Unión a las infraestructuras portuarias, y respetando al mismo tiempo la existencia de varios productos agrícolas, manufacturados e industriales de carácter sensible a los que debe darse un trato adecuado, por ejemplo a través de contingentes arancelarios, períodos de transición adecuados o, si procede, su completa exclusión; que introduzcan una cláusula bilateral de salvaguardia eficaz y utilizable que permita la suspensión temporal de preferencias si, como consecuencia de la entrada en vigor del AA modernizado, el aumento de las importaciones provoca o amenaza con provocar perjuicios graves en sectores delicados;

                              i)

                              que incluyan en sus directrices de negociación el objetivo de simplificar las normas de origen y los procedimientos aduaneros con el fin de adaptarlos a la realidad de unas cadenas mundiales de valor cada vez más complejas; que garanticen que el AA modernizado contenga disposiciones y medidas contra el fraude y compromisos para normalizar las normas y prácticas aduaneras, con el fin de aumentar la transparencia, eficacia, seguridad jurídica y cooperación entre las autoridades aduaneras, modernizando y simplificando al mismo tiempo los procedimientos, como se consagra en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y el Convenio de Kioto revisado;

                              j)

                              que consideren, con respecto al comercio de servicios, que el potencial del sector servicios no está plenamente aprovechado en el AA actual y que el AA modernizado debe abordar los obstáculos innecesarios a efectos de acceso al mercado y trato nacional; que consideren que deben asumirse compromisos sobre la base del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y que las normas deben actualizarse según sea necesario para tener en cuenta los nuevos avances; que excluyan los servicios audiovisuales del ámbito de aplicación del Acuerdo; que garanticen y prevean explícitamente que el AA modernizado no impida a las partes definir, regular, prestar y apoyar servicios públicos en aras del interés público, que no exija de ningún modo que los gobiernos privaticen servicios, ni les impida prestar servicios públicos que anteriormente prestaban proveedores privados o retomar el control público de servicios que los gobiernos hayan decidido privatizar con anterioridad, ni imposibilite que los gobiernos amplíen la gama de servicios que prestan al público mediante la exclusión de cualesquiera cláusulas, disposiciones o compromisos que restrinjan la flexibilidad necesaria para retomar el control público de servicios actuales y futuros de interés económico general;

                              k)

                              que garanticen que el acuerdo modernizado establezca las medidas necesarias para ofrecer mayor transparencia normativa y reconocimiento mutuo, incluidas disposiciones para garantizar la imparcialidad y el respeto de las normas más estrictas de protección respecto a requisitos, cualificaciones y licencias, y que prevean, en este sentido, mecanismos institucionales de consulta que impliquen a diversas partes interesadas, como las pymes y las organizaciones de la sociedad civil;

                              l)

                              que garanticen que, en la medida en que se asumen compromisos para facilitar la entrada y permanencia de personas físicas con fines comerciales, los proveedores de servicios extranjeros tengan que cumplir con la legislación de la Unión y los Estados miembros en materia social y laboral, y con los convenios colectivos aplicables cuando los trabajadores se beneficien de compromisos del modo 4;

                              m)

                              que garanticen que la ambiciosa cooperación en materia regulatoria y la armonización de normas sigan siendo voluntarias, respeten la autonomía de las autoridades reguladoras, se basen en un mayor intercambio de información y cooperación administrativa con el fin de detectar los obstáculos y cargas administrativas innecesarios y salvaguarden el principio de precaución; que recuerden que la cooperación regulatoria debe tener como objetivo beneficiar a la gobernanza de la economía mundial mediante una convergencia y cooperación intensificadas en materia de normas internacionales, garantizando el máximo nivel de protección del consumidor, medioambiental, social y laboral;

                              n)

                              que estudien la posibilidad de que el AA modernizado incluya una excepción cautelar para los servicios financieros basada en la que figura en el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) UE-Canadá a fin de consagrar el espacio político para que las partes regulen sus sectores financiero y bancario con el fin de garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero; que incluyan medidas de salvaguardia y excepciones generales con respecto a los movimientos de capital y pagos, que se apliquen cuando estos causen o amenacen con causar graves dificultades al buen funcionamiento de la unión económica y monetaria o la balanza de pagos de la Unión;

                              o)

                              que incluyan disposiciones sobre buena gobernanza fiscal y normas de transparencia que reafirmen el compromiso de las partes con la aplicación de normas internacionales en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, en particular las recomendaciones pertinentes de la OCDE sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios, y que incluyan obligaciones de intercambio automático de información y creación de registros públicos de titularidad efectiva para fondos fiduciarios y disposiciones concretas en los capítulos sobre servicios financieros, movimientos de capital y derecho de establecimiento, con miras a la exclusión de la planificación fiscal no detectada por parte de las empresas;

                              p)

                              que recuerden que la corrupción menoscaba los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, el comercio y la competencia leal, impidiendo el crecimiento económico; que comprometan explícitamente a las partes, mediante la inclusión de una sección específica en la que figuren medidas y compromisos firmes e inequívocos, a luchar contra la corrupción en todas sus formas y a aplicar normas internacionales y convenciones multilaterales contra la corrupción;

                              q)

                              que consideren que unas disposiciones sólidas sobre la apertura de la contratación pública, que promuevan el principio de la oferta más ventajosa teniendo en cuenta criterios sociales, ambientales y en materia de innovación, unos procedimientos simplificados y la transparencia para los licitadores, incluido el acceso efectivo de licitadores de otros países, pueden ser también instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción y fomentar la integridad en la administración pública, al tiempo que ofrecen rentabilidad a los contribuyentes; que incluyan en el AA modernizado un acceso mejorado a los mercados de contratación pública, también en niveles inferiores al central, y procedimientos transparentes basados en el trato nacional, la imparcialidad y la equidad;

                              r)

                              que garanticen que la política de inversión incluya la buena gobernanza y la facilitación de la inversión y que desarrollen y establezcan firmemente las obligaciones de los inversores al tiempo que mejoran su protección;

                              s)

                              que garanticen que en las directrices de negociación se encargue a la Comisión que negocie un capítulo relativo a las inversiones moderno, teniendo en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional, como el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTACD) y el último dictamen del Tribunal de Justicia sobre el ALC UE-Singapur;

                              t)

                              que avancen hacia la necesaria reforma internacional del régimen de solución de controversias; que busquen el compromiso de todas las partes para dar prioridad al recurso a los tribunales competentes y sustituir la solución de controversias entre inversores y Estados por un sistema público de tribunales de inversiones con un mecanismo de apelación, normas estrictas sobre conflictos de intereses y un código de conducta con fuerza ejecutiva; que tengan en cuenta las obligaciones de los inversores y preserven el derecho a regular para cumplir objetivos legítimos de política pública, como los relacionados con la salud y el abastecimiento de agua, así como la protección laboral y ambiental; que persigan el objetivo de evitar litigios abusivos e incluyan todas las garantías procesales democráticas, como el derecho de acceso no discriminatorio a la justicia (prestando especial atención a las pymes), la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas, y que persigan al mismo tiempo la creación de un tribunal multilateral de inversiones;

                              u)

                              que garanticen que el AA modernizado contenga un capítulo de comercio y desarrollo sostenible sólido y ambicioso que incluya disposiciones vinculantes y ejecutables, sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuados y eficaces, que contemplen, entre otros métodos para garantizar su cumplimiento, un mecanismo de imposición de sanciones, y que permitan que los interlocutores sociales y la sociedad civil participen de forma adecuada; que consideren que el capítulo de comercio y desarrollo sostenible debe cubrir, entre otras cosas, el compromiso de las partes de adoptar y mantener en sus leyes y normativas nacionales los principios consagrados en los convenios fundamentales de la OIT y aplicar eficazmente los instrumentos actualizados de la OIT, especialmente los convenios de gobernanza, el Programa de Trabajo Decente, el Convenio n.o 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, el Convenio sobre trabajadores domésticos y el Convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, así como las normas laborales para trabajadores migrantes, y la responsabilidad social de las empresas, incluida la asimilación de las orientaciones sectoriales de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y un procedimiento por el cual los interlocutores sociales y la sociedad civil reunidos en el CCC puedan solicitar la apertura de consultas gubernamentales;

                              v)

                              que garanticen, en relación con los avances logrados por Chile en las negociaciones comerciales bilaterales con Uruguay y Canadá, por que las partes incluyan un capítulo específico sobre comercio e igualdad de género y empoderamiento de la mujer, más allá de la adhesión de las partes y su respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, normas laborales y sociales, previendo medidas activas destinadas a aumentar las posibilidades de que las mujeres se beneficien de las oportunidades que brinda el AA; que prevean medidas destinadas, entre otras cosas, a garantizar una mejor conciliación entre la vida profesional y personal y un mejor acceso a los servicios sociales y sanitarios; que garanticen, entre otras cosas, que las partes se comprometan a recopilar datos desglosados que permitan realizar análisis ex ante y ex post exhaustivos del impacto del AA modernizado en la igualdad de género, que persigan un incremento de la participación de empresas de mujeres (especialmente microempresas y pymes) en la contratación pública, basándose en la experiencia del Ministerio de la Equidad de Género chileno, que en 2015 creó un programa de apoyo para reforzar la participación de mujeres emprendedoras como proveedoras en el mercado de contratación pública de «Chile Compras»; que apoyen la internacionalización de las empresas de mujeres y la participación femenina en oportunidades del modo 4; que garanticen la inclusión de expertos en materia de igualdad de género en los equipos de negociación y debates periódicos sobre la aplicación de este capítulo en el seno del CCC, en el que también deberían participar organizaciones de promoción de la igualdad de género;

                              w)

                              que incluyan, además, un capítulo exhaustivo sobre microempresas y pymes que prevea avances sustanciales en términos de facilitación del comercio, la eliminación de las barreras comerciales y cargas administrativas innecesarias, así como medidas activas destinadas a garantizar que las oportunidades resultantes sean suficientemente aprovechables y se comuniquen a todos los actores principales y potenciales (mediante la creación de ventanillas únicas, sitios web específicos y la publicación de manuales sectoriales con información sobre procedimientos y nuevas oportunidades de comercio e inversión);

                              x)

                              que incluyan un capítulo sobre energía que abarque, entre otras cosas, la energía renovable y las materias primas; que reconozcan la importancia de aplicar los acuerdos medioambientales multilaterales, en concreto el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que incluyan disposiciones relacionadas con el comercio y compromisos para participar en instrumentos internacionales, negociaciones y políticas comerciales y medioambientales de apoyo muto que respondan a los objetivos de economía circular, incluidos compromisos sobre crecimiento verde, y apoyen y sigan promoviendo el comercio y la inversión en bienes y servicios medioambientales y energías renovables, así como tecnologías inocuas para el clima;

                              y)

                              que adopten directrices de negociación que refuercen las disposiciones sobre bienestar animal incluidas en el AA actual mediante el establecimiento de una cooperación bilateral eficaz en torno a este asunto y la liberalización con condiciones en los casos en que la producción de determinados productos ponga en peligro el bienestar animal;

                              z)

                              que adopten directrices de negociación que indiquen requisitos para abordar la aplicación de la legislación sobre competencia y disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y reflejen los principios de transparencia, equidad procesal y no discriminación, así como normas relativas a las subvenciones;

                              aa)

                              que tengan en cuenta que todo acuerdo comercial debe consagrar el bienestar del consumidor como uno de los objetivos generales, que garanticen que el AA comprometa a las partes con un elevado nivel de seguridad y protección del consumidor y la adhesión a las más estrictas normas internacionales, y que desarrollen mejores prácticas coherentes, especialmente con respecto a la protección del consumidor en los ámbitos de los servicios financieros, el etiquetado de productos y el comercio electrónico;

                              ab)

                              que acepten que las negociaciones deben dar lugar a disposiciones sólidas con fuerza ejecutiva que cubran el reconocimiento y la protección de todas las formas de derechos de propiedad intelectual, incluidas disposiciones ambiciosas sobre indicaciones geográficas, que se basen en las que contiene el actual AA pero ampliándolas, garantizando un mejor acceso al mercado, una aplicación reforzada y la posibilidad de añadir nuevas indicaciones geográficas; que garanticen que el AA revisado cuente con un capítulo sobre derechos de propiedad intelectual que garantice la flexibilidad necesaria y que las disposiciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual no dificulten el acceso a medicamentos y tratamientos médicos esenciales asequibles en el marco de programas nacionales de salud pública; que garanticen que este capítulo vaya más allá de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);

                              ac)

                              que velen por que las partes garanticen un nivel máximo de transparencia y participación, asegurando que se cumplan los objetivos de las negociaciones, lo que implica entablar diálogos constantes y debidamente fundamentados con todas las partes interesadas, incluidos tanto los grupos de interés, como las empresas y los sindicatos, como la sociedad civil, incluyendo en particular a los representantes indígenas; que hagan partícipes sistemáticamente, en este sentido, a los órganos parlamentarios competentes, en particular el CPM UE-Chile y al CCC, durante todo el ciclo de vida del AA, desde las negociaciones hasta la aplicación y evaluación, y apoyen, en relación con la fase de aplicación, la creación de un órgano oficial de participación de la sociedad civil chilena que refleje el pluralismo de esta última, prestando especial atención a los pueblos indígenas; que garanticen a tal efecto, junto con Chile, sin socavar la estrategia de negociación de la Unión, por que se publique toda la información pertinente de la manera más accesible para el público general, incluidas fichas informativas traducidas al español en cuanto idioma oficial común;

                              ad)

                              que tengan en cuenta los llamamientos del Parlamento para que los mandatos de las negociaciones comerciales sean accesibles al público y que publiquen las directrices de negociación para la modernización del AA inmediatamente después de su adopción;

                              ae)

                              que garanticen que el AA prevea los mecanismos necesarios para garantizar su respeto en la práctica durante su aplicación, incluido un mecanismo eficaz de solución de controversias entre Estados;

                  2.

                  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión, al SEAE, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Congreso Nacional de la República de Chile.

         (1)  DO L 352 de 30.12.2002, p. 3.

         (2)  Comunicado de prensa 197/15 del Consejo, de 21.4.2015.

         (3)  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration.

         (4)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_es.pdf.

         (5)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_es.pdf.

         (6)  https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark.

         (7)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0041.

         (8)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0284.

         (9)  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0298.

         (10)  DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94.

         (11)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764.

         (12)  http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf

         (13)  http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113104/Decl%20Conjunta%20CPM%20firmada%2003%20nov%202016.pdf.

         (14)  http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740

         (15)  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile

         (16)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf.


title: Recomendación (UE) 2018/624 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, sobre el acceso transfronterizo al mercado de los subproveedores y las pymes del sector de la defensa

text:
               23.4.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 102/87

         RECOMENDACIÓN (UE) 2018/624 DE LA COMISIÓN
   de 20 de abril de 2018
   sobre el acceso transfronterizo al mercado de los subproveedores y las pymes del sector de la defensa
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En diciembre de 2013, el Consejo Europeo fijó el objetivo de lograr una base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) mejor integrada y más sostenible, innovadora y competitiva, que consideraba necesaria para desarrollar y mantener las capacidades de defensa y aumentar la autonomía estratégica de Europa y su capacidad de actuar en cooperación con los socios. En este contexto, subrayó la importancia del acceso transfronterizo al mercado para las pequeñas y medianas empresas (pymes) e insto a la Comisión a investigar las posibilidades de medidas adicionales para abrir las cadenas de suministro a las pymes de todos los Estados miembros; señaló, además, que las pymes son un elemento importante de la cadena de suministro de la defensa y una fuente de innovación, y que actúan como catalizadores clave de la competitividad (1).

               (2)

               El Plan de Acción Europeo de la Defensa, de 30 de noviembre de 2016, anunciaba que la Comisión formularía recomendaciones para facilitar el acceso transfronterizo al mercado de las pymes y las empresas intermedias del sector de la defensa. Así lo confirmó también la Comunicación de la Comisión «Poner en marcha el Fondo Europeo de Defensa» (2), adoptada el 7 de junio de 2017.

               (3)

               La Comisión considera que disponer de cadenas de suministro transfronterizas competitivas constituye un componente fundamental de una BITDE mejor integrada y más competitiva, y que el mercado europeo de equipos de defensa debe ofrecer oportunidades a todas las empresas europeas, independientemente de su tamaño y su ubicación.

               (4)

               A la elaboración de la presente Recomendación ha contribuido el Grupo consultivo de la Comisión sobre el acceso transfronterizo de las pymes a los contratos de defensa y seguridad, que terminó sus trabajos y publicó su informe final en noviembre de 2016 (3), así como expertos de los Estados miembros. Forma parte de una amplia gama de iniciativas y actividades de la Comisión destinadas a apoyar a las pymes que actúan en el ámbito de la defensa.

               (5)

               Al elaborar la presente Recomendación se ha tenido en cuenta asimismo el trabajo realizado por la Agencia Europea de Defensa (AED) (4) en los ámbitos de la contratación pública, las capacidades individuales, la financiación y la capacidad de las pymes del sector de la defensa (5).

               (6)

               Dado que los actores industriales, especialmente los contratistas principales, desempeñan un papel fundamental en el sector de la defensa, la Comisión, además de elaborar la presente Recomendación, ha iniciado también un diálogo con las partes interesadas del sector, con miras a determinar y acordar posibles nuevas acciones destinadas a crear en él las condiciones para desarrollar cadenas de suministro transfronterizas competitivas.

               (7)

               El acceso transfronterizo al mercado de las pymes y las empresas intermedias del sector de la defensa podría mejorar considerablemente si los Estados miembros emprendieran las acciones pertinentes. La presente Recomendación debe, por lo tanto, enumerar tipos de acciones que podrían poner remedio a algunos de los problemas a los que se enfrentan las pymes y las empresas intermedias, o ayudarlas a integrarse en las cadenas de suministro de la defensa.

               (8)

               Obtener información con antelación sobre los planes y los proyectos de armamento futuros permitiría a las pymes y las empresas intermedias anticipar mejor las evoluciones del mercado y valorar su posible participación en proyectos y contratos de defensa.

               (9)

               Dar publicidad a los contratos cuyo valor sea inferior al umbral establecido por los artículos 8 y 9 de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) redundaría en un aumento de la competencia y, además, alentaría a las pymes a participar en el sector de la defensa. Los poderes adjudicadores no deben limitar dicha publicidad al ámbito de su propio Estado miembro.

               (10)

               La complejidad de la información contenida en los pliegos de contratación que los poderes adjudicadores ponen a disposición de los licitadores o los licitadores potenciales podría disuadir a las empresas nuevas y más pequeñas de entrar en el mercado de la contratación pública. Por consiguiente, dicha información debe ser pertinente y estar bien estructurada.

               (11)

               La magnitud de las ofertas públicas del sector de la defensa y los requisitos de aptitud para la prestación de servicios ligados a ellas constituyen obstáculos adicionales para las pymes y las empresas intermedias. Para abordar esta cuestión podría servir de ayuda celebrar varios contratos distintos de menor tamaño dentro de un mismo procedimiento de contratación pública.

               (12)

               Si se alargaran los plazos de presentación de las ofertas, las pymes y las empresas intermedias resultarían beneficiadas, ya que dispondrían de más tiempo para detectar las oportunidades de negocio y organizar su participación.

               (13)

               La posibilidad de recurrir a las capacidades de otros operadores económicos, como los subcontratistas y otros participantes en consorcios o agrupaciones, facilita el acceso al mercado de contratación pública, en especial cuando están en juego compras particularmente grandes. Los operadores económicos interesados en obtener contratos públicos deben ser conscientes de estas oportunidades desde el principio.

               (14)

               La extensión y complejidad de los documentos de licitación, así como la obligación de proporcionar pruebas y certificados, son aspectos que pueden disuadir a las empresas, especialmente a las pymes y las empresas intermedias, de entrar en el mercado de los contratos públicos de defensa. Para facilitar el acceso a dicho mercado, los poderes adjudicadores deben convenir en evaluar, cuando sea posible, los criterios de selección cualitativos durante la fase de presentación de ofertas únicamente sobre la base de las pruebas preliminares facilitadas por los licitadores, y exigir la presentación de los documentos y certificados justificativos que prueben el cumplimiento de dichos criterios justo antes de la firma del contrato. La prueba preliminar por lo que respecta al cumplimiento de los criterios de selección cualitativos podría adoptar la forma de una declaración del interesado normalizada, el documento europeo único de contratación (DEUC) (7).

               (15)

               La cooperación regional entre los Estados miembros y la creación de agrupaciones empresariales son otras opciones que podrían contribuir a impulsar la posición de las empresas más pequeñas en el mercado.

               (16)

               El principal activo que las pymes podrían aportar a la industria de la defensa es su capacidad de innovación. Todas las iniciativas de apoyo al ámbito de la investigación y la tecnología (I+T) deben, por tanto, tener especialmente en cuenta a las pymes y garantizar su participación efectiva en la medida de lo posible.

               (17)

               El desarrollo de las capacidades individuales especialmente necesarias para la industria de la defensa podría permitir que nuevos actores entraran en el mercado europeo de la defensa.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   1.   TERMINOLOGÍA

   A efectos de la presente Recomendación, debe entenderse «pyme» en el sentido de la definición que da la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (8), mientras que por «empresa intermedia» debe entenderse una empresa mayor que una pyme, pero que no es la contratista principal en un contrato para el suministro de sistemas de defensa complejos.
   A lo largo del texto de la presente Recomendación, debe entenderse que las referencias a los «poderes adjudicadores» incluyen tanto a los poderes adjudicadores, a tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), como a las entidades adjudicadoras, a tenor del artículo 4 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Las recomendaciones dirigidas a los poderes o las entidades adjudicadoras se refieren a la adjudicación de contratos en los ámbitos de la defensa y la seguridad, con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2009/81/CE.
   2.   CONTRATACIÓN PÚBLICA

   2.1.   Planes y prioridades a largo plazo

   Los Estados miembros deben facilitar, siempre que sea posible y resulte pertinente, información anticipada sobre sus planes futuros a largo plazo en relación con el armamento (requisitos y prioridades en cuanto a la capacidad y en materia de I+T). Pueden hacerlo de las siguientes maneras: publicando documentos de planificación; organizando eventos específicos abiertos a empresas procedentes de distintos Estados miembros (contratistas principales, pymes y empresas intermedias); y facilitando información, de forma transparente y no discriminatoria, a la industria de la defensa, incluidas la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa (ASD), las asociaciones de la industria de la defensa nacionales y otras organizaciones empresariales de defensa y seguridad (por ejemplo, agrupaciones empresariales), para garantizar que la información pertinente se difunda por toda la Unión. Debe procurarse que, mediante dichas acciones, no se dé lugar a una distorsión de la competencia ni a una infracción de los principios de no discriminación y transparencia.
   2.2.   Publicación voluntaria y medidas de transparencia

   Los poderes adjudicadores deben utilizar, tanto como sea posible, herramientas de publicidad previa a la contratación, tales como anuncios de información previa (11), y organizar eventos específicos sobre planes de contratación anticipada y proyectos concretos. Dichos eventos deben destinarse a empresas procedentes de distintos Estados miembros (contratistas principales, pymes y empresas intermedias). La información pertinente podría difundirse por toda la industria de la defensa, incluidas la ASD, las asociaciones de la industria de la defensa nacionales y otras organizaciones empresariales de defensa y seguridad (por ejemplo, agrupaciones empresariales). Al utilizar estas herramientas, los poderes adjudicadores deben prestar atención al cumplimiento de los principios de transparencia y no discriminación, y dejar claro el carácter provisional de los planes de contratación de que se trate.
   Los poderes adjudicadores deben intentar dar publicidad a las oportunidades de contratación pública de la forma más amplia posible, yendo incluso más allá de los requisitos legales aplicables. Esto implica, por ejemplo, publicitar lo más extensamente posible la información del anuncio de licitación una vez haya sido enviado para su publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea (diario electrónico de licitaciones: Tenders Electronic Daily, TED), y proporcionar un mecanismo para que los operadores económicos interesados en futuras convocatorias se suscriban a una lista de correos sobre los anuncios publicados.
   En el caso de los contratos cuyo valor esté por debajo del umbral establecido en los artículos 8 y 9 de la Directiva 2009/81/CE (12), los poderes adjudicadores deben, siempre que sea posible, dar publicidad a las oportunidades de contratación a través de su publicación voluntaria en los portales y sitios web pertinentes (no necesariamente en el TED), y enviar solicitudes de información o peticiones de oferta a las empresas de la Unión que pudieran estar interesadas. Debe procurarse que, mediante dichas acciones, no se distorsione la competencia ni se infrinjan los principios de no discriminación y transparencia. Los poderes adjudicadores deben también llevar a cabo procedimientos de licitación simplificados en el caso de los contratos de baja cuantía, incluso aunque la normativa nacional no obligue expresamente a ello.
   2.3.   Calidad de la información

   Los poderes adjudicadores deben proporcionar al mercado pequeños elementos de información significativos y exactos (por ejemplo, la descripción de la contratación que se ofrece en los anuncios de licitación publicados en el TED). De este modo, las empresas pueden filtrar y detectar oportunidades, así como tomar decisiones fundadas respecto a si les interesa o no presentar una oferta.
   Siempre que sea posible, deben proporcionar una traducción de cortesía de dicha información al inglés o a otra de las lenguas de uso común en el comercio del sector de la defensa, bien en el sitio web de la autoridad de contratación, bien para su publicación en el TED.
   2.4.   División en lotes

   Los poderes adjudicadores deben considerar la posibilidad de dividir los contratos en lotes. Podrían considerar también la posibilidad de licitar en lotes separados y, al mismo tiempo, exigir a las empresas adjudicatarias de estos lotes que colaboren con el operador económico al que se haya adjudicado el contrato para la coordinación del proyecto completo (el contratista general).
   2.5.   Preparación y desarrollo de los procedimientos

   El artículo 33 de la Directiva 2009/81/CE obliga a los poderes adjudicadores, al fijar los plazos de recepción de las solicitudes de participación y de las ofertas, a tener en cuenta, en particular, la complejidad del contrato y el tiempo necesario para preparar las ofertas, sin perjuicio de los plazos mínimos establecidos en dicho artículo. Los poderes adjudicadores deben, siempre que sea posible, conceder más tiempo del requerido por las normas de dicho artículo para presentar ofertas. Dicho plazo más amplio dará a la industria, especialmente a las pymes, más tiempo para decidir si acuden a la licitación, preparar y presentar su oferta y tomar las medidas necesarias para formar consorcios u organizar la subcontratación.
   La contratación electrónica, especialmente la presentación de ofertas por medios electrónicos, ayuda a agilizar los procedimientos y reduce los trámites burocráticos y los costes administrativos. Esto puede reducir los obstáculos de acceso al mercado (costes de licitación), sobre todo para las empresas más pequeñas que disponen de recursos administrativos limitados. Siempre que sea posible, teniendo presente el objeto del contrato y, en particular, la necesidad de proteger la información clasificada, los poderes adjudicadores deben utilizar la contratación electrónica.
   En el anuncio de licitación, los poderes adjudicadores deben recordar reiteradamente a los licitadores potenciales que tienen la posibilidad de valerse de la capacidad de otras partes, incluidos los subcontratistas (13) o los miembros del mismo consorcio o agrupación (14), para cumplir los criterios de aptitud, de conformidad con el artículo 41, apartados 2 y 3, y el artículo 42, apartados 2 y 3, de la Directiva 2009/81/CE.
   Los poderes adjudicadores deben tratar de aliviar la carga administrativa derivada del procedimiento de contratación. Por ejemplo, deben, en la medida de lo posible, evitar convocar numerosas reuniones de negociación y solicitar únicamente la información o la documentación necesarias para el procedimiento específico de que se trate.
   2.6.   Selección cualitativa

   Los poderes adjudicadores deben vigilar la proporcionalidad de los criterios de selección y evitar establecer requisitos que no sean estrictamente necesarios. En el caso de la capacidad técnica y profesional, deben optar por criterios de selección que les permitan verificar si un licitador dispone de la capacidad requerida para el contrato en cuestión, y no evaluar su capacidad general. Por lo que se refiere a la capacidad económica y financiera, el volumen de negocios mínimo anual exigido no debe exceder del doble del valor estimado del contrato.
   Los requisitos relativos a la seguridad del abastecimiento y la seguridad de la información, como motivos de exclusión no obligatorios, los criterios de selección y las condiciones de ejecución del contrato deben también resultar proporcionados y estar en consonancia con las necesidades de la contratación de que se trate. En concreto, cuando se apliquen dichos requisitos, debe procurarse que se limiten a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo perseguido, y garantizarse que no restrinjan indebidamente la competencia. Los Estados miembros deben asegurarse de que, cuando sea necesaria la habilitación de seguridad y los poderes adjudicadores tengan ante sí candidatos cuya habilitación de seguridad haya sido expedida por otro Estado miembro, se tomen las medidas adecuadas y oportunas para evaluar, observando lo dispuesto en el artículo 22 de la Directiva 2009/81/CE, si tal habilitación de seguridad es equivalente a la que se expide con arreglo a la legislación nacional del poder adjudicador (15). Los Estados miembros deben esforzarse por garantizar que el cumplimiento de los requisitos relativos a la seguridad del abastecimiento y la seguridad de la información de otros Estados miembros por parte de sus empresas orientadas a la defensa sea posible y resulte creíble.
   El artículo 38 de la Directiva 2009/81/CE exige la verificación de la aptitud de los candidatos, en consonancia con los criterios y por medio de pruebas establecidas por los poderes adjudicadores de conformidad con la Directiva. Dichas pruebas pueden consistir en certificados. No obstante, los poderes adjudicadores no están obligados a exigir que se presenten certificados y otros tipos de pruebas documentales al mismo tiempo que las ofertas. Para facilitar la participación en los procedimientos de licitación, los poderes adjudicadores deben considerar la posibilidad de aceptar, como prueba preliminar en el momento de presentación de las ofertas, declaraciones de los interesados relativas a:

               —

               la situación personal del licitador (artículo 39 de la Directiva 2009/81/CE);

               —

               la aptitud del licitador para ejercer la actividad profesional (artículo 40 de la Directiva 2009/81/CE);

               —

               y el cumplimiento por parte del licitador de los criterios relativos a la capacidad económica y financiera y la capacidad técnica y profesional (artículos 41 a 44 de la Directiva 2009/81/CE).

         La presentación de las pruebas y los certificados pertinentes se exigiría entonces únicamente en la fase de adjudicación, es decir, antes de la firma del contrato, pero después de la evaluación y la elección del adjudicatario. En este contexto, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de permitir a los operadores económicos presentar o reutilizar una declaración del interesado mediante las declaraciones normalizadas (DEUC, conocido en la legislación general en materia de contratación pública, artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE), completada, en su caso, con información que no aparezca en el DEUC.
   Nada impide a los poderes adjudicadores solicitar más información, incluidos algunos o la totalidad de los documentos justificativos, en caso de que tengan dudas en algún momento del procedimiento, a fin de garantizar su correcto desarrollo. Esto puede resultar especialmente necesario si un poder adjudicador decide limitar el número de candidatos a los que se invitará a presentar una oferta o a dialogar (artículo 38, apartado 3, de la Directiva 2009/81/CE). Al realizar estas peticiones de información o de documentos justificativos, los poderes adjudicadores deben garantizar siempre el respeto del principio de no discriminación.
   Los poderes adjudicadores no deben exigir a los licitadores que presenten documentos justificativos que ya obren en su poder o que puedan obtener con facilidad accediendo directamente a una base de datos nacional, de cualquier Estado miembro, que pueda consultarse de forma gratuita.
   Siempre que sea posible, los poderes adjudicadores deben utilizar la opción de conceder a los candidatos que aún no hayan obtenido la acreditación de seguridad (de ser esta necesaria) un plazo adicional para obtenerla (artículo 42, apartado 1, letra j), párrafo tercero, de la Directiva 2009/81/CE). Como principio general, los poderes adjudicadores deben valerse siempre de la posibilidad de solicitar a los operadores económicos que presenten los documentos y certificados que falten relativos a los criterios de selección y exclusión, o que los hagan más explícitos si están poco claros (artículo 45 de la Directiva 2009/81/CE).
   Los Estados miembros deben facilitar la utilización transfronteriza de la documentación y los certificados. En particular, deben velar por que se introduzca en e-Certis (16) y se actualice con regularidad la información que aparece en los certificados y en otros tipos de pruebas documentales utilizados para licitar de conformidad con la Directiva 2009/81/CE. Al llevar a cabo procedimientos de conformidad con la Directiva 2009/81/CE, los poderes adjudicadores deben utilizar el repositorio en línea e-Certis.
   2.7.   Formación y capacitación en materia de contratación

   Los Estados miembros deben organizar cursos de formación para los gestores encargados de la contratación pública y ofrecer oportunidades para compartir experiencias, así como proporcionar material de orientación. Deben ofrecer formación destinada a resaltar las características específicas de las pymes y sus limitaciones operativas inherentes (por ejemplo, en cuanto a los flujos financieros, los recursos humanos o la gestión de los derechos de propiedad intelectual).
   Los Estados miembros deben además organizar cursos de formación y elaborar material informativo para los proveedores, los prestadores de servicios y los contratistas. Estos materiales deben ser de libre acceso (o, al menos, estar a disposición de todas las empresas interesadas en los contratos públicos del sector de la defensa). Esto resultaría especialmente beneficioso para las pymes y las empresas intermedias.
   3.   POLÍTICA INDUSTRIAL

   3.1.   Financiación

   Las autoridades de gestión locales y regionales de los Estados miembros deben apoyar a las pymes y a las empresas intermedias que estén o pudieran estar activas en las cadenas de suministro de la industria de la defensa. Los Estados miembros pueden concienciar a las autoridades de gestión y los beneficiarios potenciales (como, por ejemplo, las pymes, las empresas intermedias, los institutos de investigación o las universidades) sobre la posibilidad de utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el ámbito de la defensa. Se les anima a hacer uso de las directrices específicas sobre este asunto que la Comisión Europea está elaborando actualmente (17).
   Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de abrir los instrumentos de financiación nacionales existentes a las pymes y a las empresas intermedias relacionadas con el sector de la defensa, de no haberlo hecho ya.
   Deben plantearse también otros tipos posibles de ayuda para las pymes, por ejemplo, garantías estatales destinadas a las pymes y las empresas intermedias que se adhieran a proyectos de defensa europeos transfronterizos de carácter innovador. Dichas garantías podrían cubrir total o parcialmente el riesgo empresarial de las empresas más pequeñas que participen en tales iniciativas o de los bancos que financien tales proyectos (18).
   Los Estados miembros deben informar y asesorar a las pymes sobre las oportunidades de financiación a nivel nacional y europeo utilizando foros, plataformas y otras herramientas del sector de la defensa o de otros sectores económicos.
   Se anima a los Estados miembros a proponer proyectos de inversión inteligente para los futuros requisitos de ensayo y evaluación. Esto debería servir para abrir las instalaciones de ensayo y evaluación a las pymes y las empresas intermedias, ayudándoles a certificar sus productos y a beneficiarse de su contribución a los esfuerzos de calificación y certificación de la defensa europea.
   3.2.   Bases de datos

   Los Estados miembros podrían hacer un esfuerzo por delinear o revisar su base industrial de la defensa nacional y ayudar así a la difusión de información sobre la capacidad de su industria. Esto podría llevarse a cabo, por ejemplo, estableciendo nuevas bases de datos o contribuyendo a las existentes a través de entidades como las asociaciones de la industria de la defensa nacionales.
   Se anima a los Estados miembros a que apoyen actividades encaminadas a mejorar los proyectos y bases de datos existentes sobre las empresas relacionadas con el sector de la defensa, sus capacidades y los regímenes y oportunidades de financiación disponibles. Esto implica, en particular, vincular las bases de datos nacionales existentes, los directorios de las asociaciones de la industria de la defensa nacionales y otras fuentes pertinentes (por ejemplo, las listas de miembros de las agrupaciones empresariales relacionadas con el ámbito de la defensa). Dichas herramientas podrían incluir también información sobre las capacidades tecnológicas de las empresas. En una fase ulterior, estas bases de datos podrían permitir a las pymes y a las empresas intermedias vincular sus descripciones con la información de los Estados miembros sobre futuros programas o sobre los anuncios de contratación publicados. De este modo, los contratistas principales podrían asociar inmediatamente la descripción de una pyme con un tipo de proyecto concreto o una oportunidad de negocio determinada.
   3.3.   Agrupaciones empresariales

   Los Estados miembros deben apoyar el desarrollo de agrupaciones empresariales regionales de excelencia, competitivas y de primer orden a nivel mundial en el sector de la defensa, y animarlas a cooperar en todas las regiones y Estados miembros. Deben promoverse entre las agrupaciones empresariales otras formas específicas de cooperación, impulsando la participación proactiva de los centros tecnológicos y los parques científicos, los «laboratorios vivientes», los proveedores de financiación o los agrupamientos surgidos para desarrollar un proyecto concreto, con el fin de estimular la cooperación tecnológica a través de las fronteras sectoriales y promover oportunidades de crecimiento para las pymes relacionadas con el sector de la defensa.
   Los Estados miembros deben animar a las agrupaciones empresariales nacionales a solicitar su participación en las asociaciones estratégicas de agrupaciones empresariales europeas (19), que reciben el apoyo del programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME). Estas asociaciones tienen un doble objetivo: permitir a las empresas acceder a los mercados de terceros países e impulsar la inversión en especialización inteligente dentro de la Unión. Los Estados miembros deben también animar a las agrupaciones empresariales a intentar cooperar dentro de la Unión en el marco de las correspondientes convocatorias de Horizonte 2020 (20).
   Se anima a los Estados miembros a tener en el punto de mira al sector de la defensa a la hora de desarrollar y aplicar políticas y medidas en apoyo de las agrupaciones empresariales (regionales). Para este fin, pueden hacer uso de las herramientas y las redes existentes a nivel de la Unión, tales como la Red Europea de Regiones relacionadas con la Defensa (21). También deben dar una amplia promoción a la Plataforma de Colaboración de las Agrupaciones Empresariales Europeas (22), como una herramienta que puede ayudar a conectar sus agrupaciones empresariales con más de quinientas organizaciones de agrupaciones empresariales, iniciando así la cooperación dentro y fuera de Europa en beneficio de las pymes que forman parte de ellas.
   3.4.   Innovación, I+T

   Se solicita a los Estados miembros que presten un apoyo específico a las pymes que posean conceptos y tecnologías innovadores que podrían ser aplicables en el ámbito de la defensa. Además, las redes especializadas de los puntos de contacto nacionales deben proporcionar información sobre las normas de participación en los proyectos de investigación y la concesión de subvenciones de investigación, así como organizar jornadas y servicios de intermediación.
   Los Estados miembros deben tratar de diseñar proyectos de investigación que resulten asequibles para las pymes. Además, sus institutos de investigación en materia de defensa deben examinar en qué medida se puede involucrar a las pymes en sus proyectos.
   Los Estados miembros deben velar por que las autoridades de contratación pública en materia de defensa dispongan de información sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, mediante los datos de contacto de las instituciones apropiadas o folletos disponibles en las instalaciones de las autoridades).
   Los Estados miembros deben apoyar las arquitecturas de referencia abiertas para los sistemas modulares de defensa, que permitan a las pymes diseñar y comercializar subsistemas y componentes de forma independiente y competitiva.
   3.5.   Capacidades individuales

   Los Estados miembros deben tener una visión de conjunto de la situación nacional en lo que respecta a las capacidades individuales que su industria de la defensa necesita.
   Los Estados miembros deben sacar provecho de la nueva Agenda de Capacidades para Europa, aprobada recientemente, así como de las oportunidades que esta está abriendo a nivel regional, nacional y de la Unión para abordar sus deficiencias en materia de capacidades (23).
   Los Estados miembros deben fomentar la cooperación entre la industria, las instituciones de educación y formación y las demás organizaciones pertinentes, con el objetivo de llevar a cabo una acción concertada para adecuar entre sí la oferta y la demanda de manera más satisfactoria y promover el uso de las herramientas y los instrumentos de la UE para alcanzar estos objetivos. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) (24), en particular el Fondo Social Europeo (FSE) (25), para abordar las deficiencias en materia de capacidades individuales.
   3.6.   Capacidad de las pymes

   Los Estados miembros deben dar a conocer los casos en los que la experiencia transfronteriza haya sido un éxito para animar a las pymes y los subproveedores a licitar más allá de sus fronteras. Deben también apoyar la organización de conferencias transfronterizas de proveedores —eventos «empresa a empresa» («B2B») y reuniones directas con los contratistas principales—, a fin de que las pymes comprendan mejor los requisitos y los métodos de trabajo de los contratistas principales y las competencias y capacidades industriales que se necesitan, así como proporcionar plataformas y oportunidades para el establecimiento de contactos transfronterizos entre pymes.
   Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la concesión de subvenciones a los organizadores de eventos en proporción al nivel de participación en ellos de las pymes y las empresas de nueva creación. Dichas subvenciones podrían distribuirse de manera equilibrada entre diversos sectores de la defensa. Esto podría ayudar a las pymes a participar en reuniones internacionales «empresa a empresa», viajes de negocios en el extranjero y otros eventos internacionales.
   Los Estados miembros también deben hacer un uso más sistemático de las herramientas que existen a nivel de la Unión para apoyar las actividades transfronterizas de las pymes, en particular, mediante los servicios de conexión que presta, por ejemplo, la Red Europea para las Empresas (26).

      Hecho en Bruselas, el 20 de abril de 2018.

            Por la Comisión

         Elżbieta BIEŃKOWSKA

            Miembro de la Comisión

      (1)  La presente Recomendación aborda cuestiones relacionadas directamente con la participación transfronteriza de las pymes y las empresas intermedias en los contratos públicos del sector de la defensa, pero no entra en asuntos que podrían tener una influencia significativa pero indirecta sobre ellas, en particular, las transferencias dentro de la UE de productos relacionados con la defensa, la normalización y la certificación.

      (2)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Poner en marcha el Fondo Europeo de Defensa» [COM(2017) 295 final].

      (3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20354/?locale=es.

      (4)  https://www.eda.europa.eu/.

      (5)  Para obtener una visión general de las actividades de la AED en este ámbito, véanse https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/eda-market-industry-policies y https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/small-and-medium-sized-enterprises-(smes).

      (6)  Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).

      (7)  Documento europeo único de contratación (DEUC), definido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DO L 3 de 6.1.2016, p. 16), en virtud del artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE.

      (8)  Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:es:PDF.

      (9)  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

      (10)  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

      (11)  Artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2009/81/CE.

      (12)  Valor estimado de los contratos y de los acuerdos marco calculado en consonancia con el artículo 9. Los umbrales del artículo 8 se actualizan cada dos años; en la siguiente dirección se encuentra disponible la información general sobre los umbrales de contratación pública actuales: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_es.

      (13)  Véanse el artículo 1, punto 22, y el artículo 21 de la Directiva 2009/81/CE.

      (14)  Véanse el artículo 1, punto 13, y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2009/81/CE.

      (15)  El último párrafo del artículo 22 de la Directiva 2009/81/CE establece que «los Estados miembros reconocerán las habilitaciones de seguridad que consideren equivalentes a las expedidas de acuerdo con su legislación nacional, a pesar de la posibilidad de llevar a cabo y tener en cuenta ulteriores investigaciones propias si se consideran necesarias». Véase también el apartado 12 de la nota orientativa sobre seguridad de la información: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15411/attachments/1/translations/en/renditions/native.

      (16)  Véase: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis.

      (17)  Por ejemplo, el folleto de la Comisión «Tecnología de doble uso en la UE», de 2017. Véase: http://ec.europa.eu/growth/content/dual-use-technology-eu-%E2%80%93-sme-success-stories-eu-funding_es.

      (18)  El Estado miembro que establezca el sistema de garantía debe cerciorarse de que no constituya una ayuda estatal (véase, a este respecto, la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=ES) o notificar la medida a la Comisión.

      (19)  Plataforma de Colaboración de las Agrupaciones Empresariales Europeas: https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships.

      (20)  Para obtener información de carácter general sobre Horizonte 2020, véase: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020.

      (21)  Véase: https://www.endr.eu/.

      (22)  Véase: https://www.clustercollaboration.eu/.

      (23)  En particular, del plan general de cooperación sectorial sobre capacidades, iniciativa que se ocupa del sector de la defensa dentro de la nueva Agenda de Capacidades para Europa.

      (24)  Véase: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders-0/european-structural-and-investment-funds_es.

      (25)  Véase: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es.

      (26)  Véase: http://een.ec.europa.eu/.