title: Recomendación del Consejo de 30 de octubre de 2020 relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil que sustituye la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil 2020/C 372/01

text:
               4.11.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 372/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 30 de octubre de 2020
      relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil que sustituye la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil
      (2020/C 372/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292, en relación con su artículo 149,
      Vista la propuesta de la Comisión Europea,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  En noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron el pilar europeo de derechos sociales, que enuncia veinte principios y derechos para apoyar unos mercados de trabajo y unos sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente. El pilar europeo de derechos sociales establece el derecho a unas condiciones de trabajo justas, determina que debe garantizarse la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y establece el derecho al acceso a la protección social y la formación. También afirma que los períodos de prueba deben tener una duración razonable y que la utilización abusiva de contratos atípicos debe prohibirse. El principio 4, «Apoyo activo para el empleo», establece que «los jóvenes tienen derecho a educación continua, una formación como aprendices, un período de prácticas o una oferta de trabajo de buena calidad en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar los estudios».

                  (2)

                  Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, adoptadas por el Consejo en su Decisión (UE) 2019/1181 (1), y en particular la orientación 6, instan a los Estados miembros a seguir abordando el desempleo juvenil y la cuestión de aquellos jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación (los denominados, «ninis»), a través de una prevención del abandono escolar prematuro y una mejora estructural en la transición de la enseñanza al trabajo, entre otras cosas mediante la ejecución completa de la Garantía Juvenil.

                  (3)

                  La Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (2) establece elementos y principios para la validación del aprendizaje no formal e informal que permiten a las personas validar los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal y obtener una cualificación total o, cuando proceda, parcial.

                  (4)

                  La Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a Itinerarios de mejora de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos (3) recomienda ofrecer a aquellos adultos que tengan un bajo nivel de capacidades, conocimientos y competencias la oportunidad, en función de sus necesidades individuales, de adquirir un nivel mínimo de capacidades de lectura, escritura y cálculo y de competencias digitales, o de adquirir una amplia gama de capacidades, conocimientos y competencias.

                  (5)

                  En la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (4) se anima a los Estados miembros a contribuir al desarrollo de las capacidades digitales básicas y a elevar y mejorar el nivel de competencias digitales en todos los segmentos de la población.

                  (6)

                  La Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas (5) ofrece orientaciones sobre la oferta de períodos de prácticas de calidad e incluye elementos de calidad que tienen que ver, en particular, con el contenido didáctico, las condiciones laborales y la transparencia en relación con las condiciones económicas y las prácticas de contratación.

                  (7)

                  La Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (6) establece catorce criterios clave que los Estados miembros y las partes interesadas deberían aplicar para ofrecer una formación de aprendices de calidad y eficaz que garantice el desarrollo de capacidades relacionadas con el empleo y el desarrollo personal de los aprendices.

                  (8)

                  El Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) establece un marco común para la recogida de datos en siete ámbitos que antes eran independientes, entre ellos la encuesta de población activa de la Unión. Dicho marco común, en concreto las estadísticas sociales europeas integradas, proporcionan datos comparativos más detallados procedentes de toda la Unión, que permitirán entender mejor la transición de los jóvenes del ámbito educativo al mundo laboral, reflejando con mayor precisión sus conocimientos y su experiencia laboral, así como su bagaje particular.

                  (9)

                  El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 15 de diciembre de 2016, pide la continuación de la Garantía Juvenil. En sus Conclusiones de 15 de junio de 2017, el Consejo reitera que la lucha contra el desempleo y la inactividad juveniles sigue siendo una prioridad política, considera que la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil han dado un fuerte impulso a las reformas estructurales y a la innovación política y subraya que establecer contacto con los ninis requiere esfuerzos intensos y persistentes por parte de las autoridades nacionales, así como cooperación intersectorial.

                  (10)

                  El Parlamento Europeo, en su Resolución de 18 de enero de 2018 sobre la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros, pide a estos que desarrollen estrategias de comunicación adecuadas y adaptadas para llegar a todos los ninis y que adopten un planteamiento integrado para poner a disposición de los jóvenes que se enfrentan a múltiples barreras una asistencia y servicios más personalizados. El Parlamento Europeo destaca que es necesario mejorar la calidad de las ofertas vinculadas a la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil y pide que se abra un debate futuro sobre la franja de edad que puede acogerse a las ayudas.

                  (11)

                  El Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia de crecimiento de la Unión. Tiene por objeto transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos.

                  (12)

                  A fin de contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19, activar la recuperación europea de esos daños, proteger el empleo y crear nuevos puestos de trabajo, la Comisión ha propuesto un importante plan de recuperación para Europa basado en aprovechar todo el potencial del presupuesto de la Unión y ha propuesto el instrumento de recuperación «Next Generation EU». Este instrumento será fundamental para respaldar, entre otras cosas, medidas a corto plazo destinadas a impulsar el empleo, incluido el empleo juvenil, así como inversiones en reformas a más largo plazo de las políticas en relación con el mercado de trabajo y los sistemas social, educativo y de formación.

                  (13)

                  En 2013, durante la anterior recesión económica, la tasa de desempleo juvenil (jóvenes de 15 a 24 años) alcanzó el 24,4 % en la Unión (un aumento con respecto al 16 % en 2008) y más del 50 % en algunos Estados miembros; el número de ninis de 15 a 24 años era de 6,5 millones. En respuesta a ello, en abril de 2013 se adoptó la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (8). Constituye una importante respuesta coordinada, a escala de la Unión, a los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes y se basa en intervenciones educativas y de política activa del mercado de trabajo en los Estados miembros.

                  (14)

                  La pandemia de COVID-19 ha llevado a la Unión a una espiral de recesión económica sin precedentes, que es probable que traiga de vuelta las elevadísimas tasas de desempleo juvenil y de ninis. Se prevé que la economía de la Unión se contraiga significativamente en 2020, dando lugar a la recesión más profunda de su historia. Los jóvenes que ya se encontraban en situación de precariedad en el mercado de trabajo o que se enfrentaban a impedimentos para acceder al empleo antes del inicio de la pandemia sufrirán más, mientras que a los que se incorporan al mundo laboral en estos momentos les resultará más difícil conseguir su primer empleo. Por tanto, habida cuenta de la crisis actual, es necesario reforzar la Garantía Juvenil.

                  (15)

                  Los jóvenes pueden enfrentarse a numerosos retos en el mercado de trabajo, debido también a los períodos vitales transitorios que están atravesando, a su experiencia profesional limitada o inexistente y a otras dificultades para acceder al mundo laboral. Como ponen de manifiesto recesiones anteriores, los jóvenes resultan más afectados que los trabajadores de más edad y mayor experiencia.

                  (16)

                  Las mujeres jóvenes tienen más probabilidad que los hombres jóvenes de encontrarse en situación de inactividad debido a las responsabilidades en materia de cuidados, como el cuidado de niños o adultos dependientes, u otras responsabilidades personales o familiares. La prevalencia de las responsabilidades en materia de cuidados como motivo de la inactividad es más de cinco veces superior entre las mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes. Esto puede dar lugar a un aumento de la brecha de género en el empleo, con consecuencias duraderas a lo largo de toda la vida de las mujeres.

                  (17)

                  El desempleo y la inactividad juveniles, así como el acceso limitado a la educación y la formación inclusivas y de calidad y a los servicios sociales pueden tener secuelas, como un mayor riesgo de desempleo futuro, niveles reducidos de ingresos futuros, pérdida de capital humano o transmisión intergeneracional de la pobreza. Todo ello se traduce en dificultades individuales y genera costes directos e indirectos para la sociedad en general. Intensifica, además, las desigualdades regionales, ya que, por ejemplo, los jóvenes se ven incapaces de conseguir una integración sostenible en el mercado de trabajo en zonas rurales o remotas y, por ello, tratan de buscar oportunidades en otros lugares.

                  (18)

                  Evoluciones actuales como la automatización y la digitalización de la producción y los servicios siguen cambiando la fisonomía del mundo laboral. Los jóvenes están sobrerrepresentados en empleos atípicos, como el trabajo en plataformas digitales o esporádico, en los que pueden verse privados de acceso a una protección social adecuada. Los jóvenes se encuentran entre los grupos expuestos a la pérdida de empleo como consecuencia de la automatización, ya que en los empleos de nivel básico suele haber una proporción mayor de tareas automatizables. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales generan nuevos puestos de trabajo y aumentan la demanda de capacidades necesarias para la transformación digital en muchos sectores de la economía.

                  (19)

                  Invertir ahora en el capital humano que constituyen los jóvenes europeos ayudará a preparar para el futuro las economías sociales de mercado europeas, haciendo frente a los cambios demográficos al tiempo que se asume plenamente la era digital y el crecimiento del empleo en la economía ecológica. Estas inversiones van acompañadas de reformas del mercado de trabajo, que pueden abordar algunos de los problemas estructurales de los jóvenes y proporcionarles una mejor posición de partida. La Unión podrá aprovechar todas las ventajas derivadas de una mano de obra activa, innovadora y capacitada y evitar, al mismo tiempo, los elevadísimos costes económicos y sociales que acarrea el hecho de que haya jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.

                  (20)

                  Una Garantía Juvenil reforzada puede contribuir a crear oportunidades de empleo juvenil, fomentar el emprendimiento juvenil y ayudar a aprovechar las oportunidades que brindan las transiciones digital y ecológica. Puede ayudar a reducir las secuelas persistentes en el mercado de trabajo derivadas de la grave ralentización, al animar a las empresas a contratar a jóvenes desempleados, entre ellos los que estaban desempleados antes de la pandemia, y ofrecer formación que facilite la adecuación entre los jóvenes desempleados e inactivos y las vacantes.

                  (21)

                  Una Garantía Juvenil reforzada debe garantizar que todos los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o prácticas en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar la educación formal. Para lograr ese objetivo, debe proporcionar a los jóvenes una vía hacia la integración estable en el mercado de trabajo, así como implicar y motivar a un mayor número de jóvenes, independientemente de los obstáculos a los que puedan enfrentarse, velando por que ninguno de ellos se quede rezagado. Una Garantía Juvenil reforzada debe perseguir ayudar a los jóvenes a adquirir experiencia laboral valiosa y desarrollar las capacidades adecuadas para un mundo laboral cambiante, en particular las capacidades pertinentes para los sectores en desarrollo y las transiciones ecológica y digital. La calidad de la formación de aprendices desempeña un papel importante a este respecto. Es necesario impulsar la oferta de formación de aprendices sobre todo durante la fase de recuperación y promover la participación de empresas para facilitar una transición más fluida hacia el empleo. La formación de aprendices prepara a los jóvenes para empleos muy demandados y les ofrece, por tanto, una vía hacia la integración sostenible en el mercado de trabajo también a nivel local.

                  (22)

                  En la Recomendación del Consejo de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, los Estados miembros se comprometieron a velar por que todos los jóvenes menores de 25 años recibieran una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar la educación formal. Con la ampliación de la franja de edad para incluir a los jóvenes de entre 25 y 29 años se atiende al hecho de que, debido a la naturaleza cambiante del trabajo, a la ampliación de los períodos educativos y a las capacidades demandadas, las transiciones del ámbito de los estudios al mundo laboral y la integración sostenible en el mercado de trabajo están siendo más lentas. Es importante reconocer que la recesión económica derivada de la pandemia de COVID-19 provocará que una mayor proporción de jóvenes de 25 a 29 años se queden sin empleo y necesiten ayuda. Asimismo, dicha ampliación se pone en consonancia con los programas y medidas de los Estados miembros relacionados con la juventud, a los que generalmente pueden optar los jóvenes de entre 15 y 29 años.

                  (23)

                  Los ninis son un grupo heterogéneo. Para algunos jóvenes, ser un nini puede ser síntoma de inconvenientes múltiples y arraigados, y a la larga puede indicar una desconexión de la sociedad, lo que exigiría intervenciones más prolongadas. Algunos jóvenes son especialmente vulnerables, por ejemplo, las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación o las que tienen una educación o formación inadecuadas, que a menudo tienen cobertura de protección social limitada, acceso restringido a los recursos financieros, condiciones de trabajo precarias o que pueden sufrir discriminación. Para otros, como los jóvenes muy cualificados o los que ya tienen una experiencia laboral considerable y todavía pertinente, ser un nini es una situación temporal, ya que los obstáculos a los que se enfrentan para acceder al mercado de trabajo son escasos y no presentan una vulnerabilidad inherente. Una Garantía Juvenil reforzada debe reconocer que los ninis necesitan un planteamiento individualizado: para algunos ninis puede ser suficiente un planteamiento más ligero, mientras que otros, más vulnerables, pueden necesitar intervenciones más intensivas, largas e integrales. Las intervenciones deben basarse en un planteamiento con perspectiva de género, que tenga en cuenta las distintas circunstancias nacionales, regionales y locales.

                  (24)

                  En la Unión, más de uno de cada cinco jóvenes se encuentra por debajo del nivel básico de capacidades digitales, y la probabilidad de que los jóvenes poco cualificados se encuentren por debajo de ese nivel es de más del triple que la de sus homólogos altamente cualificados. Ahora que la pandemia de COVID-19 está acelerando la transición digital, la brecha de capacidades digitales se está convirtiendo en un factor determinante para la empleabilidad de los jóvenes y su capacidad para aprovechar las oportunidades que se derivan de esta transición. Una mejora específica de las capacidades ayuda a los jóvenes a responder a la creciente demanda de capacidades digitales y aborda la brecha digital.

                  (25)

                  La formación preparatoria antes de aceptar una oferta, realizada de acuerdo con las necesidades individuales y relacionada con ámbitos de competencias específicos como las capacidades digitales, ecológicas, lingüísticas, empresariales y de gestión de la carrera, debe formar parte de una Garantía Juvenil reforzada cuando se considere oportuno. Esta formación práctica puede ser un trampolín hacia cursos completos de formación profesional, servir como muestra anticipada del mundo laboral, o completar los estudios o la experiencia laboral existentes antes del inicio de la oferta de la Garantía Juvenil. El carácter informal y breve de esta formación preparatoria, que no debe prolongar la duración de la fase preparatoria de cuatro meses, lo distingue de la oferta propiamente dicha.

                  (26)

                  La coordinación y la colaboración eficaces en todos los ámbitos de actuación, entre ellos el empleo, la educación, la igualdad de género y los asuntos sociales, resultan cruciales para fomentar el empleo de calidad, las oportunidades de educación y formación, la formación de aprendices y los períodos de prácticas. Los servicios integrados (como las ventanillas únicas u otros modelos) facilitan el acceso a los servicios y las prestaciones, y pueden ofrecer más fácilmente soluciones a medida, flexibles y con mayor capacidad de respuesta para los jóvenes que afrontan obstáculos multidimensionales para acceder al mercado de trabajo. Los servicios integrados requieren un cambio en la cultura de trabajo, que sitúe a los jóvenes en el centro de las intervenciones, fomente el intercambio de ideas sobre mejores prácticas en todos los niveles de gobierno y cree redes entre todos los agentes pertinentes. Asimismo, es necesario abordar las cuestiones relativas a la protección de datos para permitir una cooperación eficaz y fluida entre las distintas administraciones y servicios públicos.

                  (27)

                  La Garantía Juvenil reforzada debe ejecutarse por medio de sistemas consistentes en medidas de apoyo y debe ajustarse en función de las circunstancias nacionales, regionales y locales. Dichos sistemas deben tener en cuenta la diversidad de los Estados miembros por lo que respecta a los niveles de desempleo e inactividad juveniles, la configuración institucional y la capacidad de los diversos agentes del mercado de trabajo. También deben tener en cuenta las diferentes situaciones por lo que respecta a los presupuestos públicos y las restricciones financieras en cuanto a asignación de recursos, y ser objeto de seguimiento y mejora continuos.

                  (28)

                  Las medidas de apoyo pueden ser financiadas por fondos de la Unión. La Iniciativa de Empleo Juvenil 2014-2020 (a la que la Unión contribuye con casi 9 000 millones de euros), junto con inversión adicional del Fondo Social Europeo (FSE), ha sido un recurso financiero clave de la Unión para apoyar la ejecución de la Garantía Juvenil. En el marco del Plan de Recuperación para Europa y del instrumento «Next Generation EU», el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) proporcionarán financiación adicional de la Unión para medidas de empleo juvenil. En el período de financiación 2021-2027, estos esfuerzos se complementarán con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que apoyará la gama completa de medidas de empleo, educación y formación de la Garantía Juvenil reforzada.

            RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

                  (1)

                  Garanticen que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o prácticas en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar la educación formal, de acuerdo con el principio 4 del pilar europeo de derechos sociales.
                  El punto de partida para conceder la Garantía Juvenil a un joven debe ser su inscripción en una entidad proveedora de la Garantía Juvenil. Los sistemas de Garantía Juvenil deben basarse en las orientaciones que figuran a continuación, estructuradas en torno a cuatro fases (inventario, divulgación, preparación y oferta, respectivamente), y deben organizarse de conformidad con las circunstancias nacionales, regionales y locales, atendiendo al género y a la diversidad de los jóvenes destinatarios.

         Inventario

         Determinar el grupo destinatario, los servicios disponibles y las necesidades en materia de capacidades

                  (2)

                  Refuercen el inventario del grupo destinatario para permitir una mejor comprensión de la diversidad de los ninis y del apoyo personalizado que puedan requerir, incluidos los ninis afectados negativamente por la recesión económica.

                  (3)

                  Hagan un inventario de los servicios disponibles para las diferentes necesidades en materia de ayuda, uso de las previsiones sobre capacidades nacionales junto con las previsiones sobre capacidades locales disponibles (alimentadas, por ejemplo, por la inteligencia del mercado de trabajo de los macrodatos) para determinar las capacidades demandadas en el mercado de trabajo, prestando especial atención a las especificidades del mercado de trabajo regional y a las barreras a las que se enfrentan los jóvenes que viven en zonas rurales, remotas o urbanas desfavorecidas.

         Activar la prevención por medio de sistemas de rastreo y alerta temprana

                  (4)

                  Refuercen los sistemas de alerta temprana y las capacidades de rastreo para determinar quiénes corren el riesgo de convertirse en ninis, contribuyendo al mismo tiempo a prevenir el abandono prematuro de la educación y la formación (por ejemplo, mediante orientación profesional en las escuelas, itinerarios de aprendizaje más flexibles y más aprendizaje en el lugar de trabajo), en cooperación con el sector educativo, los padres o tutores legales y las comunidades locales y con la participación de los servicios sociales, sanitarios, de empleo y de juventud.

         Divulgación

         Sensibilizar al público y orientar la comunicación

                  (5)

                  Adopten canales de información modernos, locales y orientados a la juventud y programas de divulgación para actividades de sensibilización, que utilicen oportunidades digitales y no digitales, garantizando al mismo tiempo la participación de los jóvenes, de los trabajadores en el ámbito de la juventud y de las organizaciones juveniles locales, las familias y las asociaciones de padres.

                  (6)

                  Utilicen un estilo visual reconocible en todas las comunicaciones, basado, cuando proceda, en orientaciones facilitadas por la Comisión, que garantice, al mismo tiempo, una información accesible y fácilmente comprensible sobre todos los tipos de ayuda disponible, por ejemplo, a través de un portal web único en el idioma o idiomas del país. La comunicación debe evitar todos los estereotipos.

         Intensificar la divulgación entre los grupos vulnerables

                  (7)

                  Refuercen la atención prestada a los ninis (en particular, a aquellos que pertenecen a grupos vulnerables, incluidos los que presentan alguna discapacidad y los que se enfrentan a problemas multidimensionales), recurriendo a proveedores de servicios formados específicamente y a estrategias complementarias, como el trabajo en el ámbito de la juventud, los jóvenes «embajadores» o la cooperación con organismos asociados que estén en contacto con (grupos específicos de) jóvenes. Exploren, en el caso de los ninis a los que sea más difícil llegar, la coordinación con la concesión de prestaciones, así como el uso de unidades móviles.

         Preparación

         Utilizar herramientas de elaboración de perfiles para adaptar planes de acción individualizados

                  (8)

                  Mejoren las herramientas y prácticas de elaboración de perfiles y de análisis para establecer correspondencias entre las necesidades y las respuestas, adoptando un planteamiento multivariante con perspectiva de género para la elaboración de perfiles y de análisis que tenga en cuenta las preferencias y la motivación, las capacidades y la experiencia laboral previa, los obstáculos y las desventajas del joven en cuestión, incluidos los motivos del desempleo o la inactividad, o los relacionados con el hecho de residir en zonas rurales, remotas o urbanas desfavorecidas.

                  (9)

                  Garanticen que el proceso de asesoramiento en los Servicios Públicos de Empleo se refuerce y que los proveedores de la Garantía Juvenil tengan la capacidad adecuada en cuanto a recursos humanos, con personal formado específicamente para operar y mejorar las herramientas de elaboración de perfiles y de análisis y para elaborar planes de acción individualizados que tengan en cuenta necesidades y respuestas centradas en las personas.

         Prestar asesoramiento, orientación y tutoría

                  (10)

                  Refuercen la fase preparatoria con asesoramiento, orientación y tutoría centrados en las personas e impartidos por consultores formados en respuesta a las necesidades de la persona en cuestión y prestando la debida atención a los prejuicios de género y otras formas de discriminación. Preparen a los ninis para la naturaleza cambiante del trabajo y los requisitos del aprendizaje permanente, ya sea mediante asesoramiento profesional o mediante ayuda al emprendimiento, adoptando al mismo tiempo apoyo individualizado, trabajo de incentivación, defensa de intereses o ayuda entre iguales para los ninis.

                  (11)

                  Posibiliten un planteamiento más holístico para el asesoramiento, la orientación y la tutoría, derivando a los jóvenes a organismos asociados (como los centros educativos y de formación, los interlocutores sociales y las organizaciones juveniles, así como los servicios de trabajo en el ámbito juvenil, los servicios sanitarios y sociales), que pueden ayudar a motivar y apoyar a esos jóvenes para superar otras barreras al empleo.

         Mejorar las capacidades digitales con formación preparatoria

                  (12)

                  Evalúen las capacidades digitales de todos los ninis que se inscriban en la Garantía Juvenil, por ejemplo utilizando el Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp) y las herramientas de evaluación y autoevaluación disponibles y garantizando que, a partir de las lagunas detectadas, se ofrezca formación preparatoria específica a todos los jóvenes que la necesiten a fin de mejorar sus capacidades digitales.

                  (13)

                  Preserven la validación y el reconocimiento de los resultados del aprendizaje no formal e informal procedentes de la formación preparatoria, utilizando dispositivos de validación integrados en los sistemas de educación y formación, herramientas existentes como Europass, permitiendo la adopción de un planteamiento más modular para acumular cualificaciones, potenciando los resultados del aprendizaje y mejorando el reconocimiento.

         Evaluar, mejorar y validar otras capacidades importantes

                  (14)

                  Garanticen que la fase preparatoria facilite el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales cuando se considere oportuno, orientados principalmente hacia las capacidades digitales, ecológicas, lingüísticas, de emprendimiento y de gestión de la carrera, utilizando los marcos de competencias existentes, las herramientas de evaluación y autoevaluación y las herramientas de validación, para ayudar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de los sectores en crecimiento y prepararlos para las necesidades de un mercado de trabajo cambiante.

         Oferta

         Hacer efectivos los incentivos para el empleo y para la puesta en marcha de empresas

                  (15)

                  Utilicen incentivos para el empleo específicos y bien diseñados, como ayudas salariales, primas de contratación, reducción de las cotizaciones a la seguridad social, créditos fiscales o prestaciones por discapacidad, así como incentivos para la puesta en marcha de empresas, a fin de crear oportunidades de calidad para la integración sostenible de los jóvenes en el mercado de trabajo; cuando proceda, las ofertas que promuevan el trabajo por cuenta propia de los jóvenes deben vincularse a una formación exhaustiva y a un asesoramiento empresarial completo.

         Adaptar la oferta a las normas vigentes, para garantizar la calidad y la equidad

                  (16)

                  Adapten las ofertas de empleo a los principios pertinentes del pilar europeo de derechos sociales, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos y el derecho a unas condiciones laborales justas, el acceso a la protección social y la formación, la duración razonable de los períodos de prueba y la prohibición de la utilización abusiva de contratos atípicos.

                  (17)

                  Faciliten la vuelta de los jóvenes a la educación y la formación mediante la diversificación de la oferta de educación continua (por ejemplo, itinerarios de aprendizaje flexibles, aprendizaje en el lugar de trabajo, programas puente y programas de segunda oportunidad), garantizando, cuando corresponda, la validación del aprendizaje no formal e informal.

                  (18)

                  Incrementen la ayuda a la formación de aprendices de calidad y se cercioren de que las ofertas cumplan las normas mínimas establecidas en el Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz.

                  (19)

                  Garanticen que las ofertas de períodos de prácticas cumplan las normas mínimas establecidas en el marco de calidad para los períodos de prácticas.

         Ofrecer ayuda posterior a la colocación y hacer efectivo el envío de observaciones

                  (20)

                  Amplíen la ayuda continua posterior a la colocación destinada a los jóvenes para ayudarlos a hacer frente a situaciones nuevas y ajusten los planes de acción individualizados cuando sea necesario, aprovechando la posibilidad de enviar observaciones después de la colocación para garantizar que se proporcionó una oferta de calidad y evitar que los jóvenes vuelvan a tener la condición de ninis.

         Instrumentos transversales

         Movilizar la colaboración

                  (21)

                  Refuercen los acuerdos de colaboración en todos los niveles de gobierno entre los proveedores de la Garantía Juvenil y las partes interesadas pertinentes, como los empleadores, los centros educativos y de formación, los interlocutores sociales, los servicios de trabajo en el ámbito de la juventud, los proveedores de actividades solidarias y cívicas, las organizaciones juveniles y otras organizaciones de la sociedad civil. Fomenten protocolos para la cooperación entre los proveedores de la Garantía Juvenil y otros servicios sociales (como los servicios de cuidado infantil, atención sanitaria, rehabilitación, vivienda social y accesibilidad).

                  (22)

                  Fomenten un mayor desarrollo de modelos de servicios integrados, como ventanillas únicas, gestión conjunta de casos o equipos multidisciplinares, que refuercen la colaboración y habiliten un único punto de contacto para los jóvenes.

         Mejorar la recopilación de datos y el seguimiento de los sistemas

                  (23)

                  Pongan mayor empeño en enriquecer los datos de seguimiento mediante el refuerzo de sistemas que permitan el rastreo de los jóvenes tras la aceptación de una oferta, con el fin de realizar un seguimiento de la integración sostenible a largo plazo en el mercado de trabajo.

                  (24)

                  Fomenten, respetando las normas en materia de protección de datos, un intercambio más amplio del rastreo, de la elaboración de perfiles y del seguimiento entre los organismos asociados de la Garantía Juvenil, con el fin de mejorar la ayuda, lo que resulta especialmente importante para el éxito de las intervenciones destinadas a los ninis vulnerables.

         Hacer uso pleno y óptimo de los fondos

                  (25)

                  Dediquen recursos nacionales adecuados a la ejecución de las medidas de actuación presentadas por la Garantía Juvenil reforzada, garantizando que se orienten correctamente a las necesidades individuales de cualquier joven y en especial de los grupos más vulnerables.

                  (26)

                  Utilicen de forma plena y óptima los instrumentos vigentes de la Unión en el marco de la política de cohesión, en particular la IEJ, el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (2014-2020), y movilicen una parte considerable de los fondos adicionales aportados en el marco de REACT-UE, el FSE+ y el FEDER (2021-2027) con el fin de apoyar el empleo juvenil, la educación y la formación, prevenir el desempleo y la inactividad entre los jóvenes y llevar a cabo las reformas pertinentes de las políticas.

                  (27)

                  Aprovechen las posibilidades de complementar las iniciativas de financiación nacionales con otras fuentes de financiación de la Unión que podrían contribuir a la ejecución de la Garantía Juvenil reforzada, en particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Programa InvestEU, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), el Programa Erasmus+ y el Instrumento de Apoyo Técnico.

            ACOGE CON SATISFACCIÓN LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:

         Mejorar la recopilación de datos y el seguimiento de los sistemas

                  (28)

                  Continuar apoyando el seguimiento cuantitativo de los sistemas de Garantía Juvenil con arreglo al marco de indicadores acordado conjuntamente, proponiendo ajustes, en su caso, habida cuenta de la presente Recomendación.

                  (29)

                  Mejorar, de 2022 en adelante, el nivel de detalle con el que se evalúa el grupo destinatario de ninis, aprovechando las mejoras aportadas a la encuesta de población activa de la Unión por el Reglamento (UE) 2019/1700.

         Realizar el seguimiento de la puesta en práctica

                  (30)

                  Realizar el seguimiento de la puesta en práctica de los sistemas de Garantía Juvenil con arreglo a la presente Recomendación a través de la vigilancia multilateral del Comité de Empleo en el marco del Semestre Europeo.

                  (31)

                  Colaborar periódicamente con los Estados miembros en el contexto del Semestre Europeo para garantizar el seguimiento de la inversión nacional continua en las políticas y los programas de empleo juvenil; abordar, cuando proceda, las recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros atendiendo a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros.

                  (32)

                  Informar regularmente al Comité de Empleo sobre la evolución de la puesta en práctica y los resultados de los sistemas de Garantía Juvenil.

         Sensibilizar al público y orientar la comunicación

                  (33)

                  Intensificar el apoyo a la labor de sensibilización y comunicación realizada por los Estados miembros y reforzar la difusión de resultados y ejemplos de buenas prácticas entre los Estados miembros, por ejemplo a través de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo.

            La presente Recomendación sustituye la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil.

         Hecho en Bruselas, el 30 de octubre de 2020.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. ROTH

         (1)  Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 185 de 11.7.2019, p. 44).

         (2)  DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.

         (3)  DO C 484 de 24.12.2016, p. 1.

         (4)  DO C 189 de 4.6.2018, p. 1.

         (5)  DO C 88 de 27.3.2014, p. 1.

         (6)  DO C 153 de 2.5.2018, p. 1.

         (7)  Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 808/2004, (CE) n.o 452/2008 y (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo (DO L 261I de 14.10.2019, p. 1).

         (8)  DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.


title: Recomendación (UE) 2021/1085 del Consejo de 1 de julio de 2021 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción

text:
                  2.7.2021

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 235/27

         RECOMENDACIÓN (UE) 2021/1085 DEL CONSEJO
         de 1 de julio de 2021
         por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letras b) y e), y su artículo 292, frases primera y segunda,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (1) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo»).

                     (2)

                     Desde entonces, el Consejo adoptó las Recomendaciones (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10) y (UE) 2021/992 (11) por las que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

                     (3)

                     El 20 de mayo de 2021, el Consejo adoptó la Recomendación 2021/816 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (12), con el fin de actualizar los criterios utilizados para evaluar si los viajes no esenciales realizados desde terceros países son seguros y deben permitirse.

                     (4)

                     La Recomendación del Consejo prevé que los Estados miembros levanten gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, a partir del 1 de julio de 2020 y de manera coordinada, para los residentes de los terceros países que figuran en su anexo I. Cada dos semanas, el Consejo debe revisar y, si procede, actualizar la lista de terceros países que figura en el anexo I, tras mantener estrechas consultas con la Comisión y con los organismos y servicios competentes de la UE al término de una evaluación global basada en la metodología, los criterios y la información mencionados en la Recomendación del Consejo.

                     (5)

                     Desde la adopción de la Recomendación, el Consejo, consultando estrechamente con la Comisión y los organismos y servicios competentes de la UE, ha debatido la revisión de la lista de terceros países que figura en el anexo I de la Recomendación del Consejo, aplicando los criterios y la metodología establecidos en dicha Recomendación del Consejo, modificada por la Recomendación 2021/816. Como resultado de estos debates, debe modificarse la lista de terceros países que figura en el anexo I. En particular, Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brunéi, Canadá, Jordania, Montenegro, República de Moldavia y Qatar deben añadirse a la lista, así como Kosovo (*), en la categoría de entidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados por al menos un Estado miembro.

                     (6)

                     El control fronterizo no se efectúa únicamente en interés del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se realiza, sino en interés del conjunto de los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fronteras interiores. Por consiguiente, y para preservar el buen funcionamiento del espacio Schengen, los Estados miembros deben garantizar que las medidas que adopten en las fronteras exteriores estén coordinadas. A tal efecto, a partir del 1 de julio de 2021, los Estados miembros deben continuar de manera coordinada a levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE para los residentes de los terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales que figuran en el anexo I de la Recomendación del Consejo modificada por la presente Recomendación.

                     (7)

                     De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.

                     (8)

                     La presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (13); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

                     (9)

                     Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (14).

                     (10)

                     Por lo que respecta a Suiza, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (15), en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (16).

                     (11)

                     Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (17), leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (18).

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
         La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, modificada por las Recomendaciones (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892 y (UE) 2021/992, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, queda modificada como sigue:

                     1)

                     El párrafo primero del punto 1 de la Recomendación del Consejo se sustituye por el texto siguiente:

                                 «1.

                                 A partir del 1 de julio de 2021, los Estados miembros deben levantar gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, de manera coordinada, para los residentes de los terceros países que figuran en el anexo I.».

                     2)

                     El anexo I de la Recomendación se sustituye por el texto siguiente:

                           «ANEXO I
                           Terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no deben verse afectados por la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE a través de las fronteras exteriores:
                           I.   ESTADOS

                                       1.

                                       ALBANIA

                                       2.

                                       ARMENIA

                                       3.

                                       AUSTRALIA

                                       4.

                                       AZERBAIYÁN

                                       5.

                                       BOSNIA Y HERZEGOVINA

                                       6.

                                       BRUNÉI

                                       7.

                                       CANADÁ

                                       8.

                                       ISRAEL

                                       9.

                                       JAPÓN

                                       10.

                                       JORDANIA

                                       11.

                                       LÍBANO

                                       12.

                                       MONTENEGRO

                                       13.

                                       NUEVA ZELANDA

                                       14.

                                       QATAR

                                       15.

                                       REPÚBLICA DE MOLDAVIA

                                       16.

                                       REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE

                                       17.

                                       RUANDA

                                       18.

                                       ARABIA SAUDÍ

                                       19.

                                       SERBIA

                                       20.

                                       SINGAPUR

                                       21.

                                       COREA DEL SUR

                                       22.

                                       TAILANDIA

                                       23.

                                       ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

                                       24.

                                       CHINA (*1)

                                 II.   REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

                                       Región Administrativa Especial de Hong Kong

                                       Región Administrativa Especial de Macao

                                 III.   ENTIDADES Y AUTORIDADES TERRITORIALES NO RECONOCIDAS COMO ESTADOS POR AL MENOS UN ESTADO MIEMBRO

                                       Kosovo (*)

                                       Taiwán

                     .
                        (*1)  Con sujeción a confirmación de reciprocidad."

                        (*)  La denominación “Kosovo” se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo."

            Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 2021.

                  Por el Consejo

                  El Presidente

               G. DOVŽAN

            (1)  DO L 208 I de 1.7.2020, p. 1.

            (2)  DO L 230 de 17.7.2020, p. 26.

            (3)  DO L 248 de 31.7.2020, p. 26.

            (4)  DO L 261 de 11.8.2020, p. 83.

            (5)  DO L 354 de 26.10.2020, p. 19.

            (6)  DO L 431 de 21.12.2020, p. 75.

            (7)  DO L 33 de 29.1.2021, p. 1.

            (8)  DO L 41 de 4.2.2021, p. 1.

            (9)  DO L 165 I de 11.5.2021, p. 66.

            (10)  DO L 198 de 4.6.2021, p. 1.

            (11)  DO L 221 de 21.6.2021, p. 12.

            (12)  DO L 182 de 21.5.2021, p. 1.

            (*)  La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

            (13)  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

            (14)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

            (15)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

            (16)  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).

            (17)  DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.

            (18)  Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).


title: Recomendación del Banco Central Europeo de 7 de agosto de 2020 al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Suomen Pankki (BCE/2020/37) 2020/C 268/01

text:
               14.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 268/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 7 de agosto de 2020
      al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Suomen Pankki (BCE/2020/37)
      (2020/C 268/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

                  (2)

                  El mandato del actual auditor externo del Suomen Pankki, PricewaterhouseCoopers Oy, expiró tras la auditoría del ejercicio de 2019. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2020.

                  (3)

                  El Suomen Pankki ha seleccionado a KPMG Oy Ab como auditor externo para los ejercicios de 2020 a 2025.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE recomendACIÓN:
      Se recomienda que KPMG Oy Ab sea nombrado auditor externo del Suomen Pankki para los ejercicios de 2020 a 2025.

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 7 de agosto de 2020.

               La Presidenta del BCE

            Christine LAGARDE


title: Recomendación del Consejo de 13 de e julio de 2021 sobre la política económica de la zona del euro 2021/C 283/01

text:
               15.7.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de e julio de 2021
      sobre la política económica de la zona del euro
      (2021/C 283/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Como consecuencia de la crisis causada por la pandemia de COVID-19, la economía de la zona del euro sufrió una recesión repentina y profunda en el primer semestre de 2020. A pesar de la fuerte recuperación económica observada en el tercer trimestre de 2020, que acompañó al levantamiento de las medidas de contención, el repunte de la propagación de la COVID-19 y las nuevas medidas de contención en el cuarto trimestre de 2020 han aumentado aún más la incertidumbre y han mostrado que la zona del euro sigue siendo vulnerable a la persistente crisis sanitaria. La crisis de la COVID-19 ha provocado una serie de grandes perturbaciones de la oferta y la demanda, lo que se traduce en una disminución prevista del producto interior bruto (PIB) del 7,8 % en 2020 según las previsiones económicas de otoño de 2020 de los servicios de la Comisión. Por consiguiente, se prevé que la recuperación en 2021 será más lenta de lo que se había esperado y que una gran brecha de producción de aproximadamente el -7,0 % del PIB potencial de la zona del euro en 2020 no se habrá cerrado para finales de 2021. Existe una incertidumbre considerable sobre las perspectivas económicas, en cuanto a la evolución de la pandemia de la COVID-19 y los cambios de comportamiento de los agentes económicos. La rápida actuación a nivel nacional y de la Unión, incluido el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo sobre el instrumento de recuperación Next Generation EU, ha contribuido significativamente a compensar algunas de las consecuencias negativas de las perturbaciones de la oferta y la demanda y a estabilizar los mercados. Tanto el consumo privado como la inversión se han visto gravemente afectados, lo que, a su vez, ha repercutido negativamente en los precios y salarios. Las perspectivas del mercado laboral también han empeorado, interrumpiendo siete años de mejoras. Hasta ahora, el aumento del desempleo se ha visto mitigado por la aplicación con éxito de medidas ambiciosas en todos los Estados miembros —como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras políticas de apoyo destinadas a evitar despidos masivos y grandes pérdidas de ingresos y la consiguiente caída del número total de horas trabajadas—, así como por la disminución de las tasas de actividad.

                  (2)

                  La crisis de la COVID-19 está incrementando las divergencias económicas entre los Estados miembros de la zona del euro. Son varios los factores de estas divergencias, entre otros: la intensidad y duración de la perturbación causada por la COVID-19; la dimensión e importancia económica relativas de los sectores en los que se producen muchos contactos entre personas (por ejemplo, el turismo, los viajes de negocios y la hostelería); y las diferencias en el margen de maniobra presupuestario. Dichas diferencias afectan a la confianza, a las inversiones y a las perspectivas de crecimiento, así como a las disparidades regionales, que ya existían antes de la crisis de la COVID-19, pero que ahora pueden agravarse. A más largo plazo, la actual crisis podría tener efectos negativos permanentes en el crecimiento potencial y las brechas de ingresos, debido a la reducción del capital humano y físico (tanto tangible como intangible). Esto podría traducirse en un crecimiento aún menor de la productividad laboral y de los ingresos y en una mayor desigualdad.

                  (3)

                  La reacción rápida y contundente de la Unión, también con Next Generation EU que comprende el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) creado en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), ha impulsado la confianza del mercado y mostrado la solidaridad y la unidad de propósito entre los Estados miembros al coordinar sus esfuerzos para reactivar el crecimiento económico y reforzar la resiliencia económica y social. Se han aprobado en muy poco tiempo una serie de nuevos instrumentos para la Unión y la zona del euro. Dichos instrumentos ya ofrecen una red de seguridad a los trabajadores, a través del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), creado en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo (4), a las empresas, a través del régimen de garantía paneuropeo del Banco Europeo de Inversiones, y a los Estados miembros con el fin de apoyar la financiación a escala nacional de los costes directos e indirectos relacionados con la atención sanitaria, los tratamientos y la prevención y debidos a la crisis de la COVID-19, a través del instrumento de apoyo ante la crisis pandémica del Mecanismo Europeo de Estabilidad, adoptado por Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad el 15 de mayo de 2020. La respuesta de la Unión también ha incluido la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un marco temporal para hacer uso de la flexibilidad que permite la normativa de la Unión sobre ayudas estatales. Los fondos de la política de cohesión se han reorientado hacia donde más falta hacen a través de la Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y a través de la Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus plus, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

                  (4)

                  La aplicación de políticas bien diseñadas en el contexto de Next Generation EU y su principal instrumento, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dará un nuevo impulso a los Estados miembros para acometer reformas que propicien el crecimiento y aumentará el nivel y la calidad de las inversiones, en consonancia con los objetivos de resiliencia y las transiciones ecológica y digital. Dicha aplicación debe contribuir a la creación de capital humano y al éxito de la transición laboral de los trabajadores, factores que, junto con los fondos de la política de cohesión, serán esenciales para garantizar la cohesión, fomentar el empleo y la productividad y mejorar la resiliencia económica y social. Son fundamentales los objetivos de crecimiento de la Unión y los retos estructurales nacionales, incluidos los señalados en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 recogida en la comunicación de la Comisión de 17 de septiembre de 2020, que promueve esos objetivos de crecimiento, presenta siete iniciativas emblemáticas: 1) activación, 2) renovación, 3) recarga y repostaje, 4) conexión, 5) modernización, 6) expansión, y 7) reciclaje y perfeccionamiento profesional. Estas iniciativas emblemáticas representan desafíos comunes que necesitan inversiones y reformas coordinadas. Se anima a los Estados miembros a que canalicen las inversiones, lleven a cabo reformas e integren en mayor medida sus cadenas de valor en estos ámbitos emblemáticos. El Reglamento (UE) 2021/241 establece que los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros de la zona del euro deben ser coherentes con los retos y prioridades señalados en la Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha coherencia debe tenerse en cuenta en la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia.

                  (5)

                  La zona del euro requiere una combinación de políticas económicas que presten apoyo y sean coordinadas, integrales y coherentes, para amortiguar el impacto de la pandemia de COVID-19, respetando plenamente las salvaguardias del Tratado relativas a las respectivas instituciones. El objetivo es limitar cualquier impacto negativo a largo plazo en el mercado laboral, reducir las divergencias económicas y sociales significativas, hacer frente a los desequilibrios y otros riesgos de importancia macroeconómica y, más en general, evitar consecuencias negativas en el crecimiento potencial y en la estabilidad de los precios, así como garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo. La coherencia mutua de las tres dimensiones principales de la política económica de la zona del euro (monetaria, presupuestaria y estructural) junto con la estabilidad financiera es esencial para garantizar una política económica global favorable para la zona del euro.

                  (6)

                  Las oportunas intervenciones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) buscan mantener intactos los canales de transmisión monetaria y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. El BCE ha anunciado importantes compras de activos de los sectores público y privado, en el marco de su programa de compras de emergencia en caso de pandemia, creado en virtud de la Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo (7), por un importe de 1 850 000 millones EUR hasta finales de marzo de 2022 como mínimo, así como en el marco del programa de compras de bonos corporativos, creado en virtud de la Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central Europeo (8), con compras netas por un importe de 20 000 millones EUR al mes, junto con una dotación adicional de 120 000 millones EUR hasta finales de 2020. Además, el BCE ofrece operaciones de financiación a plazo más largo con objetivos específicos en condiciones muy favorables, respaldando los préstamos bancarios a empresas y hogares.

                  (7)

                  La orientación presupuestaria ha sido altamente expansionista en 2020 y se prevé que siga siendo favorable en 2021, tanto a escala nacional como de la zona del euro, excluyendo las medidas de emergencia y teniendo en cuenta algunas medidas de recuperación ya anunciadas. La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es crucial para dar una respuesta eficaz a la crisis de la COVID-19, una recuperación sostenible y el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria (UEM). El 20 de marzo de 2020, la Comisión llegó a la conclusión de que la economía de la Unión estaba experimentando una grave recesión económica y que se cumplían las condiciones para activar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta conclusión fue respaldada por los ministros de Hacienda de los Estados miembros el 23 de marzo de 2020. Los Estados miembros introdujeron importantes medidas presupuestarias para contener la crisis de la COVID-19 y prestar apoyo a particulares y empresas especialmente afectados, así como un apoyo excepcional a la liquidez, principalmente a través de garantías aportadas a empresas y entidades bancarias para garantizar el flujo de crédito. Se prestará más apoyo presupuestario coordinado a escala de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la cláusula general de salvaguardia seguirá aplicándose en 2021. En la primavera de 2021, teniendo en cuenta las previsiones macroeconómicas actualizadas, la Comisión volverá a evaluar la situación y hará balance de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia.

                  (8)

                  Las repercusiones económicas de la crisis de la COVID-19 están teniendo un gran impacto negativo en las finanzas públicas. Cuando las condiciones económicas y sanitarias lo permitan, una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, incluida la eliminación gradual de las medidas de emergencia, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Dicha reorientación debe hacerse de manera que se mitigue el impacto social y laboral de la crisis y se contribuya a la sostenibilidad social. Resultan especialmente pertinentes las reformas destinadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales y a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, también en vista del cambio climático y los retos sanitarios. Mejorar la composición de los presupuestos nacionales, especialmente mediante revisiones del gasto y unos marcos eficaces de contratación pública, puede crear un margen presupuestario que es muy necesario. Las prácticas de elaboración de presupuestos que integren los aspectos ecológicos también pueden ayudar a abordar los retos de la mitigación del cambio climático y de la adaptación al mismo y la protección del medio ambiente. Unos sistemas de salud y de protección social adecuados, eficaces e integradores ofrecen una protección indispensable a las personas necesitadas, desempeñan un papel clave como estabilizadores automáticos y deben preservar la sostenibilidad presupuestaria. Del mismo modo, las reformas que refuerzan el funcionamiento de los mercados de trabajo, de capitales, de productos y de servicios, mediante una aplicación y una secuenciación adecuadas, aumentan la producción potencial, evitando al mismo tiempo un impacto negativo a corto plazo sobre la demanda agregada.

                  (9)

                  La crisis de la COVID-19 está aumentando la importancia de las reformas para lograr unos sistemas de ingresos públicos más eficientes y justos. Dado que la cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro, estas reformas deben desplazar la presión fiscal hacia bases impositivas menos perjudiciales para la oferta y demanda de trabajo, la productividad, la inversión y el crecimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo el correspondiente impacto distributivo. Un mayor uso de la fiscalidad medioambiental u otras formas de determinación de precios de las externalidades puede contribuir al crecimiento sostenible incentivando comportamientos «más ecológicos». Las medidas destinadas a luchar contra la planificación fiscal agresiva y la elusión fiscal, tanto a escala internacional como de la Unión, pueden hacer que los sistemas tributarios sean más eficientes y justos. Además, la globalización ha hecho necesario ajustar el marco fiscal para adaptarlo a una economía moderna y cada vez más digitalizada, tanto a escala de la Unión como mundial. Se está trabajando en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para alcanzar una solución de consenso global con la que hacer frente a los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía.

                  (10)

                  La anticipación de las reformas para abordar los obstáculos a la inversión y las limitaciones de la oferta reviste especial importancia teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre generado por la crisis de la COVID-19 y su efecto perjudicial en la inversión. Son esenciales medidas que permitan acelerar la absorción de los fondos de la Unión y una utilización eficaz y eficiente de los recursos, en particular en los Estados miembros rezagados en estos ámbitos y donde los fondos de la Unión financian una parte significativa de las inversiones. Las reformas que permitan reducir la carga administrativa para las empresas (por ejemplo, la digitalización de las administraciones públicas, especialmente la identificación electrónica, o las reformas judiciales) y evitar el uso indebido de fondos (por ejemplo, la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales) pueden mejorar el entorno empresarial y contribuir a impulsar la inversión privada y la creación de empleos y empresas.

                  (11)

                  La crisis de la COVID-19 ha provocado importantes pérdidas de ingresos para muchas empresas y plantea riesgos para la solvencia de las empresas en toda la zona del euro. Unos marcos de insolvencia eficaces desempeñan un papel crucial a la hora de apoyar a las empresas viables que atraviesan problemas temporales y de facilitar la salida ordenada de las empresas inviables. La mejora de los marcos de insolvencia también puede ayudar a hacer frente al probable aumento de préstamos dudosos y a mantener el crédito a la economía, facilitando el saneamiento de los balances bancarios, y estimular la inversión transfronteriza a largo plazo. En este contexto, se adoptó la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) para introducir normas mínimas en materia de solvencia en la legislación nacional de todos los Estados miembros, a fin de garantizar que los deudores con dificultades financieras dispongan de marcos de reestructuración preventiva, establecer procedimientos de exoneración de deudas contraídas por empresarios sobreendeudados y aumentar la eficiencia de todos los tipos de procedimientos de insolvencia. Es importante proceder a la transposición y aplicación de la Directiva (UE) 2019/1023. La Comisión también anunció, en el plan de acción para la unión de los mercados de capitales, establecido en su comunicación de 24 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción», la realización de trabajos en pos de una armonización mínima o una mayor convergencia en ámbitos específicos de insolvencia básica no bancaria. Además, existe margen para que los Estados miembros sigan evaluando la eficiencia y la eficacia de sus marcos de insolvencia en consonancia con las mejores prácticas internacionales y aborden las deficiencias restantes.

                  (12)

                  Profundizar en el mercado único de bienes y servicios y adaptar la zona del euro a la era digital puede ser un importante motor de crecimiento, convergencia y resiliencia. La moneda común y el mercado único han contribuido conjuntamente a la creación de mejores condiciones para la estabilización económica y el crecimiento a largo plazo. La crisis de la COVID-19 ha impulsado el uso de herramientas digitales, ha puesto de relieve la importancia del mercado único digital y ha acelerado la utilización de métodos de pago digitales y sin efectivo. Sin embargo, el mercado único sigue estando incompleto, especialmente en el ámbito de los servicios y, más concretamente, en el comercio minorista y los servicios profesionales. El mercado único puede limitar las rigideces de precios y favorecer de esta manera la transmisión de la política monetaria y la resiliencia económica. Asimismo, el mercado único contribuye a la movilidad de los factores de producción, lo que permite a los sectores, regiones y Estados miembros minimizar los costes económicos (por ejemplo, el desempleo) en respuesta a las perturbaciones. Para lograr una mayor integración del mercado único de bienes y servicios, es necesario eliminar todas las restricciones innecesarias restantes, mejorar los mecanismos de vigilancia del mercado y adoptar medidas que garanticen la capacidad administrativa necesaria con el fin de alcanzar dichos objetivos.

                  (13)

                  Unas reformas e inversiones que permitan mejorar la integración y las transiciones en el mercado laboral, con especial atención a los empleos digitales y ecológicos, son esenciales para aumentar la resiliencia económica y social y apoyar la recuperación. Las medidas de crisis adoptadas inmediatamente a nivel nacional y de la Unión han limitado el impacto económico y social negativo para los trabajadores. Al mismo tiempo, una serie de reformas pendientes desde hace tiempo son ahora aún más urgentes: políticas del mercado de trabajo activas y eficaces, incluido el apoyo individualizado; mejora de la calidad y la inclusión de los sistemas de educación y formación para reforzar los resultados educativos desde una edad temprana; medidas eficaces de reciclaje y mejora de las capacidades e inversión en la educación y formación para adultos y en las plataformas de aprendizaje en línea; lucha contra la escasez de competencias; y mejora de las perspectivas de empleo de los segmentos más vulnerables de la población activa, incluidos los jóvenes y los desempleados de larga duración, y eliminación de las brechas de género. Para apoyar una recuperación sostenible e integradora, es fundamental fomentar la creación de empleo de calidad y mejorar las condiciones de trabajo, en particular garantizando unos salarios mínimos adecuados y abordando la segmentación del mercado laboral y los obstáculos a la movilidad laboral. El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel importante en el éxito de la elaboración y la aplicación de las políticas.

                  (14)

                  El acceso a sistemas de salud y de protección social adecuados, integradores y sostenibles, que funcionen como estabilizadores automáticos durante la crisis de la COVID-19, es importante para la resiliencia económica y social. El acceso a dichos sistemas contribuye a mantener la cohesión social, un nivel de vida digno y la buena salud de la población, lo cual es fundamental para una economía laboral productiva, a lo largo de todo el ciclo económico, y para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Las inversiones para apoyar las reformas sanitarias y unos sistemas de salud resilientes deben seguir siendo una prioridad para los Estados miembros. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 2017, es fundamental para orientar las políticas. Ante la crisis de la COVID-19, es aún más importante garantizar una cobertura adecuada de protección social para todos, tanto en términos de calidad de la asistencia sanitaria y de larga duración como en términos de ingresos de sustitución para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos atípicos y los trabajadores por cuenta propia. Muchos Estados miembros han adoptado medidas temporales de apoyo a la renta y de asistencia social en favor de los colectivos vulnerables con rentas muy bajas y de los trabajadores que no tienen derecho a prestaciones por desempleo. Se han tomado medidas en relación con las prestaciones, las condiciones de admisibilidad y los servicios adicionales en especie. Debe reforzarse la adecuación y la cobertura de los sistemas de protección social de modo que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la equidad intergeneracional.

                  (15)

                  En los últimos años, se han logrado avances significativos, pero las repercusiones económicas de la crisis de la COVID-19 han añadido presión sobre el sector financiero. Los bancos de la zona del euro entraron en la crisis actual con mayores capacidades de absorción de pérdidas que antes del inicio de la crisis financiera mundial. Junto con medidas de política monetaria y presupuestaria, esto ha evitado el endurecimiento de las condiciones de financiación de los mercados, más allá de la fase inicial de la crisis, y ha garantizado la continuidad de la concesión de crédito al sector privado. Es probable que la crisis ejerza una presión adicional sobre los ya bajos niveles de rentabilidad y las ratios de préstamos dudosos de los bancos. Esta evolución podría obstaculizar la concesión de créditos a la economía, que es esencial para la recuperación. El desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos, un despliegue eficiente de las sociedades de gestión de activos nacionales, cuando proceda, y la reforma de los marcos de insolvencia son especialmente importantes para avanzar en este ámbito, así como abordar los problemas estructurales de la baja rentabilidad. Las medidas significativas que han adoptado sin tardar las autoridades han inspirado confianza y contribuido a preservar la estabilidad macrofinanciera. Los sistemas de garantía de préstamos públicos contribuyen a mantener el crédito a la economía, proteger a las empresas y atenuar los efectos perjudiciales de la interdependencia con el sector bancario, pero también constituyen pasivos contingentes para los presupuestos de los Estados miembros. La prórroga de las moratorias de insolvencia y la reestructuración de los préstamos dudosos supone encontrar un difícil equilibrio entre garantizar un apoyo continuado a las empresas viables y arriesgarse a la asignación errónea de fondos, mayores pérdidas en caso de quiebra y menor claridad en cuanto a la calidad crediticia subyacente.

                  (16)

                  Sigue siendo esencial completar la arquitectura de la UEM. Colmar las lagunas restantes podría aumentar aún más la estabilidad y la resiliencia de la zona del euro y, por lo tanto, reforzaría el papel internacional del euro, que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. Otras medidas deben tener en cuenta las lecciones extraídas de la respuesta global de Europa en materia de política económica a la crisis de la COVID-19. Además de su efecto estabilizador a corto plazo y de su papel de apoyo a la recuperación, Next Generation EU tiene potencial para influir en la UEM a largo plazo mediante el estímulo de inversiones y reformas estructurales que propicien el crecimiento y el aumento de la capacidad de resiliencia de la zona del euro frente a futuras perturbaciones. La importante emisión de deuda denominada en euros, incluidos los bonos verdes y sociales, añadirá profundidad y liquidez al mercado de instrumentos de renta fija de alta calidad denominados en euros y podrá contribuir a reforzar el papel internacional del euro. No obstante, faltan todavía elementos importantes en la UEM, como la culminación de la unión bancaria y la profundización de la unión de los mercados de capitales. Fortalecer la unión bancaria sigue siendo crucial. Para ello es preciso seguir trabajando sin demora, con el mismo nivel de ambición y de forma consensuada, en relación con todos los elementos, también los debatidos en el grupo de alto nivel sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. Seguir adelante con el paquete de reformas del Mecanismo de Supervisión Europeo y, considerando los avances realizados en la reducción del riesgo y las nuevas medidas esbozadas en la declaración del Eurogrupo de 30 de noviembre de 2020, adelantar la entrada en vigor del mecanismo común de protección para el Fondo Único de Resolución, creado en virtud del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), a principios de 2022, constituye otro paso importante hacia la culminación de la unión bancaria y el fortalecimiento de la UEM. Se debe seguir trabajando en torno a soluciones que permitan superar las limitaciones del mecanismo actual de inyección de liquidez en los procedimientos de resolución. Profundizar la unión de mercados de capitales es una prioridad clave, como demuestra el nuevo plan de acción de septiembre de 2020. Una UEM fuerte y resiliente también será importante para reforzar el papel internacional del euro y garantizar la autonomía económica y financiera de la Unión, como se manifiesta en la comunicación de la Comisión de 19 de enero de 2021 titulada «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia», respetando plenamente el mercado interior de la Unión y llevándose a cabo de manera abierta y transparente con respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

            RECOMIENDA que, durante el período 2021-2022, los Estados miembros de la zona del euro adopten medidas individualmente, también mediante sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que las políticas estén orientadas a apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19. Al persistir la situación de emergencia sanitaria, adoptar políticas presupuestarias que sigan prestando apoyo en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021. Adoptar medidas que se adapten a las circunstancias específicas de cada país y que sean oportunas, temporales y específicas. Seguir coordinando sus actuaciones para luchar eficazmente contra la pandemia de COVID-19, sostener la economía y apoyar una recuperación sostenible. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, eliminar gradualmente las medidas de emergencia y, al mismo tiempo, luchar contra el impacto social y laboral de la crisis. Aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, mientras se fomenta la inversión. Proseguir reformas que refuercen la cobertura, la adecuación y la sostenibilidad de los sistemas de salud y de protección social para todos. Prestar especial atención a la calidad de las medidas presupuestarias. Mejorar los marcos de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas, incluidos, en particular, los marcos de inversión y el empleo de instrumentos de presupuestación ecológica. Utilizar el análisis de gastos para orientar mejor el gasto público hacia las necesidades en materia de recuperación y resiliencia.

                  2.

                  Seguir mejorando la convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador. Mitigar el riesgo de nuevas divergencias y reforzar la resiliencia económica y social en la zona del euro mediante acciones para continuar abordando los retos estructurales, mediante la aplicación de reformas que permitan reforzar la productividad y el empleo, llevar a cabo una reasignación fluida de los recursos y mejorar el funcionamiento de los mercados y la administración pública, a través de un mayor nivel de inversión pública, y fomentando la inversión privada para apoyar una recuperación justa e integradora compatible con las transiciones ecológica y digital. Proseguir la integración del mercado único de bienes y servicios, incluido el mercado único digital, eliminando las restricciones innecesarias, mejorando la vigilancia del mercado y garantizando una capacidad administrativa suficiente. Garantizar unas políticas activas eficaces en el mercado laboral y apoyar las transiciones laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital. Fomentar unas condiciones de trabajo justas, abordar la segmentación del mercado laboral y reforzar la inclusión. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. Reforzar unos sistemas de educación y formación integradores y la inversión en la adquisición de cualificaciones, abordando la escasez de estas. Seguir trabajando, en el marco del Consejo, en una solución de consenso global para hacer frente a los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía en el marco inclusivo de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para mediados de 2021 en dicho foro. Emprender los trabajos de preparación pertinentes sobre el camino a seguir para hacer frente a los desafíos fiscales de la economía digital, incluso si no se logra un consenso internacional de aquí a mediados de 2021. Seguir avanzando en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, reducir la cuña fiscal y apoyar la transición hacia la tarificación del carbono y la fiscalidad medioambiental.

                  3.

                  Reforzar los marcos institucionales nacionales. Proseguir y anticipar las reformas para abordar los obstáculos a las inversiones y garantizar el uso eficiente y oportuno de los fondos de la Unión, también a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Reforzar la eficacia y la digitalización de la administración pública, incluidos los sistemas de justicia y salud, así como los servicios públicos de empleo. Reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar el entorno empresarial. Seguir mejorando los marcos para combatir el fraude y la corrupción, y para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Promover acciones concretas para aumentar la eficiencia, la eficacia y la proporcionalidad de los marcos de insolvencia, sanear las exposiciones dudosas y garantizar una asignación eficiente del capital.

                  4.

                  Garantizar la estabilidad macrofinanciera. Mantener los canales de crédito a la economía y las medidas de apoyo a las empresas viables mientras sea necesario durante la crisis de la COVID-19 sin precedentes. Mantener la solidez de los balances del sector bancario, también mediante la lucha contra los préstamos dudosos, por ejemplo a través del desarrollo de mercados secundarios para dichos préstamos.

                  5.

                  Completar la UEM y reforzar el papel internacional del euro. Avanzar en la profundización de la UEM con el fin de aumentar la resiliencia de la zona del euro completando la unión bancaria, continuando los trabajos sin demora y con el mismo nivel de ambición en relación con todos los elementos, en particular los que se han debatido en el grupo de alto nivel sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, y profundizando en la unión de los mercados de capitales, así como apoyando iniciativas que apliquen políticas de financiación digital, financiación minorista y finanzas sostenibles. Avanzar en la adopción de soluciones para superar las limitaciones de la configuración actual de la inyección de liquidez para la resolución y en el fortalecimiento del marco de regulación y supervisión de la Unión, también garantizando que la supervisión y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales sean constantes y efectivas.

            Otras medidas para profundizar la UEM deben tener en cuenta las lecciones extraídas de la respuesta global de la Unión en materia de política económica a la crisis de la COVID-19. Los avances para profundizar la UEM, respetando plenamente el mercado interior de la Unión y llevados a cabo de manera abierta y transparente con respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, contribuirán a reforzar el papel internacional del euro y a promover los intereses económicos de la Unión a escala mundial.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2021.

               Por el Consejo

            Andrej ŠIRCELJ

               Ministro de Hacienda

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

         (4)  Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19 (DO L 159 de 20.5.2020, p. 1).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo, de 24 de marzo de 2020, sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia (BCE/2020/17) (DO L 91 de 25.3.2020, p. 1).

         (8)  Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central Europeo, de 1 de junio de 2016, sobre la ejecución del programa de compras de bonos corporativos (BCE/2016/16) (DO L 157 de 15.6.2016, p. 28).

         (9)  Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO L 172 de 26.6.2019, p. 18).

         (10)  Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).