title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Irlanda

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/27

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Irlanda
      (2018/C 320/07)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Irlanda debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Irlanda fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Irlanda hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, unos volúmenes grandes de deuda privada y pública y de pasivos externos netos constituyen puntos vulnerables. No obstante, las mejoras han sido considerables. El fuerte crecimiento de la productividad en los últimos años ha supuesto una mejora de la competitividad y una balanza por cuenta corriente positiva que implica una rápida reducción del elevado volumen de pasivos exteriores netos. Un fuerte crecimiento económico sigue apoyando el proceso de desapalancamiento privado. Sin embargo, el volumen de deuda privada sigue siendo elevado, aunque debe tenerse en cuenta la fuerte influencia de las actividades de las empresas multinacionales a la hora de evaluar la deuda de las empresas, y la deuda de los hogares parece globalmente en consonancia con los indicadores económicos fundamentales. Se prevé que la deuda pública siga bajando, y el déficit se está acercando al equilibrio. Los precios de la vivienda, que probablemente estaban infravalorados, están aumentando ahora con rapidez, lo que también refuerza los balances de los hogares. Los bancos están bien recapitalizados y su rentabilidad mejora gradualmente. El volumen de préstamos dudosos, si bien sigue siendo elevado, continúa disminuyendo. Se han tomado medidas para abordar estos puntos vulnerables, pero algunas necesitarán tiempo para generar los efectos esperados.

                  (4)

                  Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 18 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 30 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno espera que el déficit global disminuya ligeramente hasta el 0,2 % del PIB en 2018 y que siga disminuyendo gradualmente a partir de entonces, hasta convertirse en un superávit del 0,4 % del PIB en 2021. Se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,5 % del PIB— a partir de 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB se reduzca al 66 % en 2018, para posteriormente descender hasta el 58,7 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Irlanda que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 2,4 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, el Consejo señaló que debe prestarse atención a lograr una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Irlanda. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de cierta desviación del ajuste presupuestario recomendado en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018 considerados conjuntamente.

                  (8)

                  En 2019, Irlanda deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) que no exceda del 5,3 % (7), lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,1 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural alcance un déficit del 0,4 % del PIB en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Está previsto que Irlanda cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y con la norma en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que Irlanda deberá estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2018 y se prevé que cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019. En vista de la diferencia entre las mediciones del PIB y la producción nacional en Irlanda, así como el impacto asociado en la ratio deuda/PIB; de las condiciones cíclicas actuales de Irlanda; y de los mayores riesgos externos, sería prudente la utilización de cualquier posible beneficio excepcional para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

                  (9)

                  Las finanzas públicas han mejorado aún más como consecuencia del fuerte crecimiento de la producción, pero los riesgos de volatilidad de los ingresos persisten, y existe margen para lograr unos ingresos más resilientes frente a las fluctuaciones económicas y las perturbaciones adversas. Limitar el número y el alcance de los gastos tributarios, y ampliar la base impositiva mejoraría la estabilidad de los ingresos frente a la volatilidad económica. No obstante, algunas de las medidas fiscales más recientes se han centrado en reducciones y desgravaciones, y parecen haber aumentado aún más la dependencia de fuentes de ingresos muy procíclicas. Por otra parte, Irlanda tiene potencial para mejorar la manera en que su sistema tributario puede contribuir a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente.

                  (10)

                  Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro de 2018, la lucha contra las estrategias de planificación abusiva del contribuyente es indispensable para impedir las distorsiones de la competencia entre las empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El elevado nivel de los pagos de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal de Irlanda es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La limitada aplicación de la retención en origen sobre los pagos de cánones y dividendos salientes (por ejemplo, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) por empresas con sede en Irlanda puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben. Por otra parte, las empresas pueden utilizar ciertas disposiciones de los convenios fiscales bilaterales entre Irlanda y algunos otros países para invalidar la nueva norma sobre residencia fiscal establecida en Irlanda en 2015, y se justifica un análisis más detallado de la cuestión. El resultado de la consulta realizada por Irlanda a raíz de la revisión independiente del Código del Impuesto sobre Sociedades será pertinente para la concepción de las anunciadas reformas fiscales. La Comisión toma nota de las recientes medidas positivas anunciadas o adoptadas (es decir, medidas adoptadas para luchar contra la planificación fiscal abusiva a nivel nacional y posibles medidas de defensa contra los territorios no cooperadores). Sobre la base de los últimos intercambios, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

                  (11)

                  Siguen existiendo riesgos de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo relacionados con el coste del envejecimiento de la población. Irlanda ha introducido algunas medidas de eficiencia importantes, como un acuerdo de ahorro de costes con el sector farmacéutico, un sistema de gestión financiera y la financiación basada en las actividades. También se han tomado medidas para mejorar la disponibilidad de la atención sanitaria primaria. No obstante, el sistema sanitario irlandés es costoso y se enfrenta a numerosos retos, que se ven agravados por un envejecimiento rápido de la población. Asimismo, los servicios de atención primaria y comunitaria todavía no son capaces de aliviar la creciente presión sobre la capacidad y los costes en la asistencia hospitalaria. El proyecto de avanzar hacia una asistencia sanitaria universal debe ir acompañado de una presupuestación plurianual y un mejor control del gasto. Asimismo, debe basarse en las conclusiones de un análisis exhaustivo del gasto sobre la efectividad y la eficiencia del sector de la salud. Además, debería estudiarse la posibilidad de reforzar el papel de la atención primaria como filtro para los sobrecargados hospitales irlandeses. A pesar de una amplia gama de reformas encaminadas a frenar el gasto público en pensiones, se espera que el déficit general del sistema de pensiones crezca considerablemente a largo plazo. Una aplicación oportuna de la hoja de ruta que se ha presentado para la reforma de las pensiones es fundamental para reforzar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones irlandés.

                  (12)

                  Años de baja inversión tras la contracción económica están pasando factura a la disponibilidad de infraestructuras adecuadas en los ámbitos del transporte, la energía limpia, los servicios de agua, la vivienda y las telecomunicaciones. La persistencia de la escasez de oferta, junto con el aumento de la demanda, siguen alimentando las subidas de precios de la vivienda. Aunque los precios no parecían sobrevalorados en 2016, la asequibilidad es un motivo de preocupación. Si no se toman medidas, las restricciones que limitan la oferta de vivienda pueden contribuir a crear desequilibrios. Junto con la ordenación territorial, la mejora de las infraestructuras es un factor facilitador fundamental para una respuesta adecuada en términos de oferta de vivienda, el aumento de la inversión privada, el crecimiento de la productividad y un desarrollo económico regional equilibrado. Por último, la inversión en infraestructuras en los sectores de la energía limpia, el transporte público limpio y el agua, así como la intensificación de los esfuerzos en el ámbito de las energías renovables y la economía circular, serán esenciales para que Irlanda tenga éxito en su transición hacia una economía hipocarbónica y resiliente desde el punto de vista medioambiental. El Plan Nacional de Desarrollo para 2018-2027 y el Marco Nacional de Planificación, que forman parte de la «Estrategia Irlanda 2040», constituirán pasos firmes en la buena dirección una vez que se tomen medidas y se ejecuten en estrecha coordinación con las partes interesadas.

                  (13)

                  Los actuales esfuerzos de mitigación del cambio climático no permitirán a Irlanda lograr sus objetivos climáticos de Europa 2020 a escala nacional. Solo se han realizado avances limitados en la descarbonización de sectores claves de la economía, principalmente en la agricultura, el transporte por carretera y el sector residencial. Por esto, Irlanda necesitará aplicar los mecanismos de flexibilidad disponibles para cumplir la Decisión de reparto del esfuerzo, como la compra de asignaciones a otros Estados miembros. Las previsiones nacionales, publicadas en 2017, ponen de relieve la magnitud del trabajo adicional que se precisa: las emisiones con arreglo a la Decisión de reparto del esfuerzo (fijación de objetivos anuales vinculantes sobre emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros para el período 2013-2020) se espera que aumenten hasta 2025, antes de estabilizarse a un nivel ligeramente por debajo de las emisiones de 2005, sobre la base de las políticas actuales. Irlanda ha adoptado recientemente un Plan de Mitigación que establece una hoja de ruta para una economía con bajas emisiones de carbono y un marco coherente para abordar los persistentes retos en el sector de la energía. En su forma actual, no obstante, el plan ofrece pocas medidas de mitigación nuevas y específicas. A su vez, el Marco Nacional de Planificación tiene también un componente climático, en reconocimiento del hecho de que una ordenación territorial adecuada será un factor crítico de mitigación del cambio climático, dado que la población está muy dispersa e Irlanda solo cuenta con un pequeño número de grandes áreas urbanas, que se enfrentan en su totalidad a graves problemas de congestión y transporte público. Por último, el Plan de Desarrollo Nacional (2018-2027) y su aplicación efectiva desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de la economía, ya que determinará la medida en que se movilizan medios adicionales para la descarbonización del sector de la energía, el despliegue de fuentes de energía renovables y la mejora del transporte público y la eficiencia energética.

                  (14)

                  Garantizar un crecimiento integrador sigue siendo un reto en Irlanda. La tasa de desempleo descendió al 6,7 % en 2017, pero algunos grupos siguen apartados en gran medida del mercado laboral y en situación de exclusión social. Los sistemas fiscal y de protección social funcionan bien para contener la pobreza y la desigualdad, e Irlanda ha tomado medidas encaminadas a incentivar el empleo modulando la retirada de las prestaciones y los pagos complementarios. La persistente alta tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social en Irlanda está ligada al elevado porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral (casi el doble de la media de la Unión y el más elevado de la Unión: 18,2 % frente al 10,5 % en 2016). Esto es especialmente frecuente en los hogares monoparentales. Casi tres cuartas partes de las personas que no trabajan en Irlanda son personas inactivas. Las tasas de riesgo de pobreza o de exclusión social de la población infantil y de la población general descendieron ligeramente en 2016, pero siguen siendo superiores a la media de la Unión. A resultas de ello, Irlanda debe completar la aplicación del Plan de Acción para Hogares sin Empleo, por ejemplo mejorando el apoyo integrado a las personas más alejadas del mercado laboral. La oferta de vivienda social requiere una atención continua a fin de alcanzar unos objetivos ambiciosos y responder a la elevada demanda.

                  (15)

                  El acceso a guarderías asequibles, con unos horarios amplios y de calidad sigue siendo un reto. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el gasto en atención infantil en Irlanda — en relación con los salarios — fue, en 2015, el más elevado de la Unión para las familias monoparentales y el segundo más elevado de la Unión para las parejas. Los elevados costes de la atención a la infancia pueden obstaculizar el acceso a un empleo remunerado, especialmente en los hogares con bajos ingresos, incluidos los hogares monoparentales. Esto tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo de las mujeres, que era del 65,4 % en 2016, cerca de la media de la Unión. Está a punto de finalizar el procedimiento parlamentario relativo a una Ley que prevé un sistema asequible de atención a la infancia, aunque ya se están poniendo de manifiesto los retrasos en su aplicación. La calidad de los servicios de atención a la infancia también se ha promovido, en particular mediante iniciativas dirigidas a garantizar una aplicación estricta de las cualificaciones del personal.

                  (16)

                  Las diferencias entre las tasas de empleo de los trabajadores con cualificaciones baja, media y alta se encontraban entre las más elevadas de la Unión en 2016, y la tasa de empleo de la mano de obra poco cualificada es 10 puntos porcentuales inferior a la registrada antes de la crisis económica. Como consecuencia y en relación con el cambio en la actividad económica, la inadecuación de las cualificaciones y la falta de capacidades son cada vez más evidentes en varios ámbitos. Esto acentúa la necesidad de acelerar las políticas y medidas de mejora de las competencias y reciclaje de capacidades. Irlanda tiene en particular un bajo nivel de participación en actividades de aprendizaje permanente entre las personas poco cualificadas con empleo, lo que las hace vulnerables a los cambios en la demanda de mano de obra. Irlanda tiene, en general, uno de los niveles más bajos de competencias digitales de la Unión, en claro contraste con la elevada proporción de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que se gradúan en el sistema de educación superior irlandés. Irlanda también tiene una de las tasas más bajas de empleo de personas con discapacidad de la Unión.

                  (17)

                  El crecimiento de la productividad en Irlanda está impulsado principalmente por empresas multinacionales. La brecha de productividad entre estas empresas y las empresas irlandesas —en su mayoría pymes— es cada vez mayor. La elevada movilidad internacional de algunas multinacionales y las incertidumbres actuales pueden poner en riesgo la sostenibilidad y la resiliencia de la economía irlandesa a más largo plazo. Una investigación reciente ha puesto de manifiesto que las empresas irlandesas obtienen limitados réditos y beneficios procedentes de las actividades de las multinacionales en Irlanda, en términos de crecimiento de la productividad, innovación y exportaciones. Sin embargo, las empresas irlandesas que realizan labores de I+D se benefician de efectos colaterales de las multinacionales. Los incentivos públicos para realizar I+D y aumentar la disponibilidad de trabajadores cualificados para las pymes de Irlanda, fomentaría la difusión de las nuevas tecnologías en dichas empresas. Además, y como señala reiteradamente el Consejo Nacional de Competitividad irlandés, garantizar la competitividad de las empresas irlandesas exige limitar el crecimiento de determinados insumos y costes jurídicos en particular. Las barreras en el mercado de los servicios jurídicos siguen representando un reto, obstaculizando la competencia y aumentando los costes para los destinatarios de los servicios. Se ven afectadas principalmente las pequeñas empresas, ya que aumentan los costes de los litigios. Aún no hay normas de desarrollo para la nueva Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos. Las consultas públicas, que constituyen un requisito previo para las normas de desarrollo, están sufriendo considerables retrasos.

                  (18)

                  Aunque el sector financiero de Irlanda está en vías hacia una recuperación sostenida, los problemas heredados siguen creando limitaciones. Si bien Irlanda ha seguido progresando en la reducción de los préstamos no productivos, su proporción respecto de los préstamos brutos totales (11,2 % en septiembre de 2017) sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. El sobreendeudamiento, la concentración del mercado y una mayor incertidumbre en algunos sectores exportadores lastran la demanda de crédito por parte de las pymes, que se mantiene moderada. Es esencial reducir la morosidad de larga duración, de la cual los vencidos hace más de dos años representan en torno al 60 % del total de los préstamos hipotecarios en situación de mora en 2017. La reducción de estos pagos atrasados podría contribuir también a resolver el problema del sobreendeudamiento, que reduce los incentivos de las empresas, y en particular las pymes, para colocar el crédito en usos más productivos. Aunque el Informe del cuarto trimestre de 2017 sobre mora de las hipotecas y ejecuciones hipotecarias señala que aproximadamente el 87 % de los créditos hipotecarios reestructurados están cumpliendo lo dispuesto, el Banco Central de Irlanda ha destacado que las reestructuraciones que implican una reducción temporal de los pagos son especialmente proclives a volver a la situación de impago. La viabilidad de las ejecuciones hipotecarias y las amortizaciones podría mejorarse y complementarse con un marco sólido de protección del consumidor que salvaguarde las novedades positivas del mercado secundario de ventas de préstamos y la sostenibilidad de las soluciones de reestructuración de préstamos.

                  (19)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Irlanda en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Irlanda, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (20)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (21)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Irlanda que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. Limitar el alcance y el número de los gastos tributarios, y ampliar la base impositiva. Abordar el incremento previsto del gasto derivado del envejecimiento de la población mediante un aumento de la relación coste/eficacia del sistema sanitario y la reforma de las pensiones.

                  2.

                  Garantizar la aplicación oportuna y efectiva del Plan Nacional de Desarrollo, en particular en materia de energía limpia, transporte, vivienda, servicios de abastecimiento de agua y servicios de atención a la infancia de calidad. Priorizar la mejora de las competencias de la población adulta en edad laboral, con especial atención a las competencias digitales.

                  3.

                  Fomentar el crecimiento de la productividad de las empresas irlandesas, y de las pymes en particular, estimulando la investigación y la innovación con políticas específicas, formas más directas de financiación y más cooperación estratégica con multinacionales extranjeras, centros públicos de investigación y universidades. Fomentar reducciones más rápidas y duraderas de los pagos atrasados de larga duración, recurriendo a los mercados secundarios, basándose en iniciativas para los hogares vulnerables y, en caso necesario, recurriendo a la condonación de las exposiciones no recuperables.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un periodo de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas. El valor de referencia para el gasto de Irlanda refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015. Siguiendo el enfoque adoptado por las autoridades irlandesas en sus cálculos presupuestarios para 2017, la Comisión ha tomado la media de las tasas de crecimiento potencial de 2014 y 2016.

         (7)  Como en 2018, el valor de referencia para el gasto refleja un ajuste a fin de corregir una distorsión de la tasa de crecimiento potencial de referencia a diez años causada por el aumento excepcionalmente elevado del crecimiento del PIB real en 2015.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativa a las orientaciones para una aplicación armonizada del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario en la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE.)

text:
               19.7.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 253/1

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 18 de julio de 2018
   relativa a las orientaciones para una aplicación armonizada del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario en la Unión
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2018/C 253/01)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea («la Agencia») vela por la aplicación armonizada y la interoperabilidad del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario («ERTMS») en la Unión. A tal fin, la Agencia comprueba la conformidad de las soluciones técnicas previstas con las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) pertinentes y da su aprobación mediante una decisión.

               (2)

               Ahora bien, el proceso de aprobación que deben seguir la Agencia y los solicitantes no está descrito de manera exhaustiva.

               (3)

               Para reforzar las expectativas legítimas del solicitante en el proceso de aprobación establecido en el artículo 19 de la Directiva (UE) 2016/797 y facilitar la aplicación armonizada del ERTMS en la Unión, el solicitante y la Agencia deben seguir las orientaciones fijadas en la presente Recomendación.

               (4)

               A fin de prevenir la aparición de problemas técnicos y facilitar el proceso de concesión de la autorización para la entrada en servicio de instalaciones fijas establecido en el artículo 18 de la Directiva (UE) 2016/797, las autoridades nacionales de seguridad («ANS») deben participar desde el principio en el proceso de aprobación y deben tener acceso a los documentos presentados por el solicitante.

               (5)

               Dada la variedad de tipos de contratos y licitaciones en relación con el subsistema del ERTMS en vía, la Agencia y los solicitantes deben seguir un proceso que abarque todos esos tipos de contratos y al mismo tiempo garantice que las soluciones técnicas previstas cumplan plenamente las ETI pertinentes y, por tanto, sean plenamente interoperables.

               (6)

               La Agencia y el solicitante deben utilizar un registro de problemas establecido por la Agencia como herramienta de seguimiento para detectar y tratar en la fase más temprana posible todos los problemas que puedan repercutir en la interoperabilidad. El solicitante debe aportar pruebas de la resolución de los problemas que afecten a la interoperabilidad.

               (7)

               La Agencia debe utilizar asimismo una lista anónima de problemas que sirva de herramienta para compartir experiencias y facilitar la aplicación armonizada en el ámbito del ERTMS.

               (8)

               Las orientaciones sobre el proceso de aprobación establecidas en la presente Recomendación no deben solaparse con la evaluación de la conformidad realizada por los organismos de evaluación de la conformidad que se describe en la Directiva (UE) 2016/797 y en las ETI pertinentes. La Agencia debe velar por que la información sobre la verificación de los equipos del Sistema Europeo de Control de Trenes (en lo sucesivo, «ETCS») y de los equipos del Sistema Mundial de Comunicaciones Móviles – Ferrocarril (en lo sucesivo, «GSM-R») en tierra prevista en el artículo 5 y en el anexo, punto 6.1.2.3, del Reglamento (UE) 2016/919 de la Comisión (2) se comunique de conformidad con dichas disposiciones. La Agencia debe evaluar esa información lo antes posible para prevenir problemas, minimizar costes y reducir la duración del proceso de aprobación, así como para garantizar que la solución técnica prevista sea interoperable.

               (9)

               Para facilitar el proceso de aprobación, el solicitante debe emprender un diálogo con la Agencia antes de la presentación formal de la solicitud. Durante esa «fase de compromiso inicial», el solicitante y la Agencia deben llegar a un acuerdo sobre el calendario del proceso de aprobación, incluidos los plazos respectivos, tomando en consideración el tipo de adjudicación y el proceso de autorización. Las ANS pueden colaborar y emitir un dictamen sobre los posibles resultados del compromiso inicial.

               (10)

               Las tasas que deban pagarse a la Agencia tras la fase de compromiso inicial del proceso deben establecerse en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/764 de la Comisión (3).

               (11)

               El reglamento interno de las Salas de Recurso debe establecerse en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/867 de la Comisión (4).

               (12)

               Las orientaciones facilitadas en la presente Recomendación se han presentado, a efectos de un intercambio de puntos de vista, al Comité a que se refiere el artículo 51 de la Directiva (UE) 2016/797.

         RECOMIENDA:

      Sección A: Disposiciones generales

               1.

               Que el solicitante se ponga en contacto con la Agencia en cuanto tenga previsto convocar una licitación relativa a equipos del ERTMS en vía que exija la aprobación de la Agencia.

               2.

               Que el solicitante presente documentos técnicos lo suficientemente detallados para que la Agencia pueda verificar que las soluciones técnicas que se prevea aplicar son plenamente interoperables.

               3.

               Que la Agencia y la ANS pertinente cooperen y compartan información para prevenir y tratar cualquier dificultad técnica y, de este modo, faciliten la labor de la ANS en relación con la autorización de la entrada en servicio del subsistema. La ANS podrá emitir dictámenes a través de la ventanilla única a que se refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/796 (en lo sucesivo, «la ventanilla única») en cualquier momento del proceso, incluida la fase de compromiso inicial, sobre las cuestiones técnicas y la planificación.

               4.

               Que la información facilitada durante el proceso de aprobación se ponga a disposición de la ANS.

               5.

               Que el solicitante y la Agencia sigan el proceso de aprobación, compuesto de tres fases:

                           a)

                           compromiso inicial;

                           b)

                           presentación del expediente y verificación de su completitud;

                           c)

                           evaluación y decisión.

               6.

               Que, en la fase más temprana posible, el solicitante presente a través de la ventanilla única el expediente de solicitud a efectos de aprobación que figura a continuación, que incluirá una descripción de la solución técnica prevista y los documentos que acrediten que la solución técnica prevista cumple la ETI de control-mando y señalización pertinente, tal como establece el artículo 19 de la Directiva (UE) 2016/797:

                           a)

                           Proyecto de pliego de condiciones o descripción de la solución técnica prevista.

                                       —

                                       Descripción del proyecto, incluidos los datos de la línea, el grupo de líneas o la red comprendidos en el proyecto o la combinación de proyectos: ubicación geográfica, número de kilómetros en vía única y doble vía, nivel del ERTMS, referencial y versión, componentes de interoperabilidad y estaciones

                                       —

                                       Pruebas de que la licitación o el contrato, o ambos, incluyen la ETI de control-mando y señalización pertinente, el referencial y la versión.

                                       —

                                       Plan del proyecto que indique las prestaciones, los objetivos intermedios y los plazos.

                                       —

                                       Lista de las funciones del ERTMS que deban aplicarse.

                                       —

                                       Las reglas de ingeniería y los escenarios de pruebas operacionales a que se refieren el artículo 5 y el anexo, punto 6.1.2.3, del Reglamento (UE) 2016/919.

                                       —

                                       Estrategia y planificación de los ensayos.

                           b)

                           Documentos que acrediten las condiciones necesarias para la compatibilidad técnica y operacional del subsistema con los vehículos que vayan a explotarse en la red pertinente.

                           c)

                           Documentos que acrediten que la solución técnica prevista cumple la ETI de control-mando y señalización pertinente, así como otros documentos pertinentes, tales como dictámenes de la ANS, declaraciones de verificación o certificados de conformidad.

                                       —

                                       Si se dispone de ella, una autorización previa de un equipo del ERTMS en vía por parte de una ANS pertinente para las soluciones técnicas previstas presentadas por el solicitante.

                                       —

                                       Si se dispone de ellos, certificados CE de conformidad de los componentes de interoperabilidad y declaración CE de conformidad de los componentes de interoperabilidad, incluida la plantilla de la Agencia para la certificación y las desviaciones definida en las directrices pertinentes de la Agencia.

                                       —

                                       Si se dispone de ellos, certificados de verificación del subsistema y, en su caso, declaraciones de verificación intermedias de diseño y declaración CE de verificación del subsistema, incluida la plantilla para la certificación y las desviaciones definida en las directrices pertinentes de la Agencia.

                                       —

                                       Demostración del modo en que se han abordado los riesgos para la interoperabilidad de cada punto incluido en el registro de problemas.

                                       —

                                       Normas nacionales sobre el ERTMS aplicables al proyecto.

                                       —

                                       En caso de que el solicitante se beneficie de una excepción a la aplicación de una o varias ETI o de partes de ellas, un documento del Estado miembro sobre la concesión de la excepción de conformidad con el artículo 7 de la Directiva (UE) 2016/797.

               7.

               Que cada uno de los puntos incluidos en el registro de problemas se clasifique en una de las categorías siguientes:

                           a)

                           abierto;

                           b)

                           cerrado;

                           c)

                           cerrado con condiciones:

                           d)

                           cerrado, pero inaceptable.

               8.

               Que la Agencia proponga, a través de la ventanilla única, una lista de los puntos que deben incluirse en el registro de problemas como puntos «abiertos».

               9.

               Que el solicitante facilite pruebas, de conformidad con el calendario acordado a que se refiere el punto 17, letra b), y antes de la fase de decisión, que demuestren que se han tratado todos los puntos incluidos en el registro de problemas.

               10.

               Que la Agencia actualice el estado de los puntos incluidos en el registro de problemas a la luz de las pruebas facilitadas por el solicitante, pasando a los estados «cerrado», «cerrado con condiciones» o «cerrado, pero inaceptable».

               11.

               Que el solicitante y la ANS puedan proponer la incorporación de puntos adicionales en el registro de problemas.

               12.

               A fin de acelerar el proceso y evitar una carga administrativa innecesaria, que la Agencia facilite orientaciones al solicitante sobre cómo demostrar que se han tratado los problemas.

               13.

               Que la Agencia publique una lista anónima de problemas que sirva de herramienta para compartir experiencias y facilitar la aplicación armonizada de los proyectos del ERTMS en vía.

      Sección B: Fase 1: compromiso inicial

               14.

               Que, antes de la presentación formal de la solicitud, el solicitante emprenda un diálogo con la Agencia para facilitar el proceso de aprobación.

               15.

               Que la fase de compromiso inicial comience cuando el solicitante informe a la Agencia de su intención de presentar una solicitud de aprobación, antes de la convocatoria de una licitación relativa a equipos del ERTMS en vía.

               16.

               Que el compromiso inicial se circunscriba a un número limitado de debates en los que el solicitante presente el proyecto y los datos de las soluciones técnicas previstas, incluidos, si están disponibles, los documentos enumerados en el punto 6.

               17.

               Que la fase de compromiso inicial finalice con la firma de un acuerdo entre la Agencia y el solicitante que incluya:

                           a)

                           el ámbito de aplicación de la solicitud;

                           b)

                           el calendario, que incluirá las fechas de:

                                       i)

                                       la presentación de cada documento enumerado en el punto 6;

                                       ii)

                                       las actualizaciones del registro de problemas;

                                       iii)

                                       el plazo para la adopción de la decisión;

                           c)

                           el registro de problemas.

               18.

               Que la ANS participe en la fase de compromiso inicial y emita un dictamen sobre la propuesta de acuerdo con que se refiere el punto 17.

               19.

               Que el solicitante utilice la ventanilla única para registrar los documentos enumerados en el punto 6.

      Sección C: Fase 2: presentación del expediente y verificación de su completitud

               20.

               Que la fase de presentación del expediente y verificación de su completitud se inicie al concluir la fase de compromiso inicial, cuando el solicitante presente a través de la ventanilla única la solicitud de decisión de aprobación.

               21.

               Que el solicitante presente todos los documentos enumerados en el punto 6. En caso de que alguno de dichos documentos se haya presentado previamente a través de la ventanilla única, el solicitante podrá identificar esos documentos y confirmar que siguen siendo aplicables al proyecto sin ninguna modificación ni añadido. En caso de modificación o añadido a tales documentos, el solicitante deberá presentar una actualización de los mismos.

               22.

               Que la Agencia evalúe la completitud del expediente presentado y verifique que se ha transferido a la ventanilla única, que incluye todos los documentos enumerados en el punto 6 y que ninguno de los puntos incluidos en el registro de problemas se encuentra en estado «abierto».

               23.

               Que la Agencia evalúe la pertinencia y coherencia del expediente presentado con respecto a los documentos enumerados en el punto 6 y a las disposiciones acordadas en el compromiso inicial a que se refiere el punto 17.

               24.

               Que, en caso de que la información facilitada no esté completa, la Agencia informe al solicitante a través de la ventanilla única, en un plazo de un mes a partir de la recepción de la presentación formal de la solicitud, indicando las pruebas y especificando los documentos adicionales pertinentes que deban presentarse dentro del plazo acordado en el calendario durante el compromiso inicial.

               25.

               Que, cuando considere que el expediente está completo y es pertinente y coherente, la Agencia informe consecuentemente al solicitante a través de la ventanilla única.

      Sección D: Fase 3: evaluación y decisión

               26.

               Que la fase de evaluación y decisión se inicie al concluir la fase de presentación del expediente y verificación de su completitud.

               27.

               Que la Agencia emita una decisión positiva o negativa en un plazo de dos meses a partir del inicio de la fase de evaluación y decisión sobre la parte de las soluciones técnicas que no hayan quedado comprendidas anteriormente en una decisión positiva a efectos de la aprobación por la Agencia.

               28.

               Que la Agencia considere todo dictamen emitido por la ANS sobre la solicitud de aprobación.

               29.

               Que la Agencia adopte una decisión positiva cuando se haya completado satisfactoriamente la fase 2 y todos los puntos incluidos en el registro de problemas se encuentren en estado «cerrado».

               30.

               Que la Agencia adopte una decisión negativa cuando uno o varios de los puntos incluidos en el registro de problemas se encuentren en estado «cerrado, pero inaceptable», o cuando haya concluido la evaluación de la fase 2, pero el expediente aún no se considere completo, pertinente y/o coherente.

               31.

               Que la Agencia adopte una decisión positiva con condiciones en los siguientes casos:

                           a)

                           cuando uno varios de los puntos incluidos en el registro de problemas se encuentren en estado «cerrado con condiciones», y

                           b)

                           no haya ningún punto en estado «cerrado, pero inaceptable».

               32.

               Que la Agencia explique las condiciones que debe cumplir el solicitante en una fase ulterior y considerar la ANS, y facilite un resumen de los puntos incluidos en el registro de problemas al término del proceso.

               33.

               Que, en caso de que el solicitante no pueda cumplir una de las condiciones establecidas en la decisión positiva de la Agencia, la ANS recomiende al solicitante:

                           a)

                           volver a presentar una solicitud de aprobación a la Agencia; en tal caso, el solicitante determinará qué documentos de la solicitud previa de aprobación de la Agencia siguen siendo válidos, y la Agencia no repetirá la evaluación de dichos documentos;

                           b)

                           aplicar el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/796; en tal caso, la Agencia se ofrecerá a actualizar el registro de problemas en la ventanilla única.

               34.

               Que, cuando la Agencia emita una decisión negativa, el solicitante tenga derecho a rectificar el diseño del proyecto, presentar una nueva solicitud e indicar las partes del proyecto que no se hayan modificado y los documentos y pruebas que sigan siendo válidos.

               35.

               Que, cuando el solicitante presente una petición motivada para que la Agencia reconsidere su decisión con arreglo al artículo 19, apartado 5, de la Directiva (UE) 2016/797, dicha solicitud se presente a través de la ventanilla única y vaya acompañada de una justificación detallada de los problemas que el solicitante considere que la Agencia no ha evaluado correctamente. La Agencia debería confirmar o reconsiderar su decisión centrando la atención en los problemas señalados en dicha justificación. Los resultados de la reconsideración deberían comunicarse al solicitante, a través de la ventanilla única, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la petición del solicitante.

               36.

               Que, cuando confirme su decisión negativa inicial, la Agencia facilite al solicitante una justificación adecuada.

               37.

               Que el solicitante tenga derecho a presentar un recurso ante la Sala de Recurso establecida de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE) 2016/796 cuando la Agencia confirme su decisión negativa inicial.

      Hecho en Bruselas, el 18 de julio de 2018.

            Por la Comisión

         Violeta BULC

            Miembro de la Comisión

      (1)  Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44).

      (2)  Reglamento (UE) 2016/919 de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a los subsistemas de «control-mando y señalización» del sistema ferroviario de la Unión Europea (DO L 158 de 15.6.2016, p. 1).

      (3)  Reglamento de Ejecución (UE) 2018/764 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, sobre las tasas y cánones que deben abonarse a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y sus condiciones de pago (DO L 129 de 25.5.2018, p. 68).

      (4)  Reglamento de Ejecución (UE) 2018/867 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por el que se establece el reglamento interno de la(s) Sala(s) de Recurso de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (DO L 149 de 14.6.2018, p. 3).


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Oesterreichische Nationalbank (BCE/2018/1)

text:
               1.2.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 37/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 26 de enero de 2018
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Oesterreichische Nationalbank
   (BCE/2018/1)
   (2018/C 37/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El artículo 37, apartado 1, de la Ley federal del Oesterreichische Nationalbank dispone que la Junta General del Oesterreichische Nationalbank nombre un auditor externo y un auditor externo suplente por un período de varios años no superior a cinco. El auditor externo suplente desempeña su función solo en el caso de que el auditor externo no pueda hacerlo.

               (3)

               El mandato de los actuales auditor externo y auditor externo suplente del Oesterreichische Nationalbank expiró tras la auditoría del ejercicio de 2017. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo y auditor externo suplente a partir del ejercicio de 2018.

               (4)

               El Oesterreichische Nationalbank ha seleccionado a Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. como auditor externo, y a Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH como auditor externo suplente, para los ejercicios de 2018 a 2022.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se recomienda que Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. sea nombrado auditor externo del Oesterreichische Nationalbank para los ejercicios de 2018 a 2022.

               2.

               Se recomienda que Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH sea nombrado auditor externo suplente del Oesterreichische Nationalbank para los ejercicios de 2018 a 2022.

      Hecho en Fráncfort del Meno el 26 de enero de 2018.

            El presidente del BCE

         Mario DRAGHI


title: Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz

text:
               2.5.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 153/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 15 de marzo de 2018
   relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz
   (2018/C 153/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 166, apartado 4, y su artículo 292, en conexión con su artículo 153, apartado 2, y apartado 1, letra b),
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Una formación de aprendices de calidad y eficaz, que permita adquirir una combinación de capacidades relacionadas con el puesto de trabajo, experiencia y aprendizaje basados en el trabajo y competencias clave, facilita tanto la entrada de los jóvenes en el mercado laboral como la progresión profesional de los adultos, así como la transición al empleo. Esta formación se integra en los sistemas formales de educación y formación profesionales (EFP) y existen en paralelo con otros recorridos de aprendizaje o formación basados en el trabajo.

               (2)

               Los sistemas de formación de aprendices bien diseñados benefician tanto a los empleadores como a los alumnos y refuerzan el vínculo entre el mundo del trabajo y el de la enseñanza y la formación. Con unas normas de alta calidad se evita que la formación de aprendices se oriente a puestos de trabajo de poca capacitación y a una formación pobre que dañe su reputación. Además de ofrecer una vía hacia la excelencia, los aprendizajes de calidad pueden contribuir también a fomentar la ciudadanía activa y la inclusión social integrando a personas de orígenes sociales y personales diferentes en el mercado laboral.

               (3)

               Una formación de aprendices de calidad y eficaz se establece por medio de una asociación estructurada en la que participan todas las partes interesadas pertinentes, en especial interlocutores sociales, empresas, organismos intermediarios como las cámaras de industria, comercio y artesanía, organizaciones profesionales y sectoriales, instituciones de educación y formación profesionales, organizaciones juveniles y de padres, así como autoridades locales, regionales y nacionales. Desde 2013, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes, promueve la oferta, la calidad y la imagen de la formación de aprendices a través de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, que ha movilizado hasta ahora más de setecientas mil ofertas de este tipo de formación, de períodos de prácticas o de primer empleo. Iniciativas de enfoque empresarial como el Pacto Europeo para la Juventud han movilizado más ofertas y han contribuido a fomentar la asociación entre empresas y centros educativos en toda la Unión.

               (4)

               Los interlocutores sociales intersectoriales europeos han recopilado pruebas sobre la calidad y la rentabilidad de la formación de aprendices a través de su labor paralela y de su declaración conjunta sobre una visión compartida de la formación de aprendices, de junio de 2016, que constituyó la base del dictamen sobre una visión compartida para una formación de aprendices y un aprendizaje basado en el trabajo de calidad y eficaces, adoptado el 2 de diciembre de 2016 por el Comité Consultivo de Formación Profesional (CCFP).

               (5)

               Para garantizar una participación aún más profunda y amplia de las partes interesadas, la Comisión organizó audiencias en dos fases, el 30 de marzo y el 7 de junio de 2017, con los interlocutores sociales europeos tanto a nivel intersectorial como sectorial y con las cámaras de comercio, industria y oficios.

               (6)

               El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), iniciado en 2008 y revisado en 2017 (1), mejora la transparencia, la comparabilidad y la portabilidad de las cualificaciones de los ciudadanos, incluidos los aprendices.

               (7)

               La Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (2) estableció un instrumento de referencia para ayudar a los Estados miembros a promover y monitorizar la mejora continua de sus sistemas de educación y formación profesionales.

               (8)

               El Foro Europeo de la Juventud, a través de su Carta Europea de Calidad de las Prácticas y la Formación de Aprendices, de 2012, instó a los países europeos, a las instituciones europeas y a los interlocutores sociales a que establecieran o reforzaran los marcos jurídicos de calidad para la formación de aprendices.

               (9)

               En la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (3) se recomienda que los Estados miembros velen por que todos los jóvenes menores de veinticinco años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendices o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal.

               (10)

               Los interlocutores sociales europeos, la Comisión Europea y la Presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea se comprometieron a promover la oferta, la calidad y el atractivo de la formación de aprendices en una declaración conjunta, de 2 de julio de 2013, por la que se establecía la Alianza Europea para la Formación de Aprendices.

               (11)

               En la Declaración del Consejo sobre la Alianza Europea para la Formación de Aprendices de 15 de octubre de 2013 se señalaba que la eficacia y el atractivo de este tipo de formación deberían fomentarse mediante la adhesión a varios principios rectores comunes.

               (12)

               La Recomendación del Consejo sobre un Marco de Calidad para los Períodos de Prácticas (4), adoptada el 10 de marzo de 2014, estableció una serie de principios para mejorar la calidad de los períodos de prácticas fuera de la educación y la formación formales.

               (13)

               En el marco del Proceso de Copenhague para la cooperación europea en materia de educación y formación profesionales, las Conclusiones de Riga de 22 de junio de 2015, refrendadas por los ministros encargados de la educación y la formación profesionales, hicieron del aprendizaje basado en el trabajo en todas sus formas, con especial atención a la formación de aprendices, y del desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad, dos de las cinco prioridades europeas para el período 2015-2020.

               (14)

               Dentro del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 2020, el Grupo de Trabajo sobre Educación y Formación Profesionales desarrolló, durante su mandato 2014-2015, veinte principios rectores para que la formación de aprendices y el aprendizaje basado en el trabajo se caractericen por un alto rendimiento.

               (15)

               En su «Informe sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente», de 4 de marzo de 2016, el Parlamento Europeo instaba a la adopción de medidas con vistas a garantizar unas normas de calidad para la formación de aprendices.

               (16)

               El Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece que las ofertas de formación de aprendices basadas en un contrato laboral puedan ser anunciadas en EURES, el portal europeo de la movilidad profesional, a partir de mayo de 2018.

               (17)

               En su Comunicación de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa», la Comisión subrayó su apoyo a los interlocutores sociales para sacar adelante los resultados de sus proyectos conjuntos, por ejemplo, estableciendo un marco de calidad para la formación de aprendices.

               (18)

               En la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en la juventud de Europa», de 7 de diciembre de 2016 (6), se pedía un esfuerzo renovado para ayudar a los jóvenes a tener el mejor comienzo posible en la vida, invirtiendo en sus conocimientos, capacidades y experiencias para que puedan encontrar su primer empleo o formarse para encontrarlo. El objetivo era ayudar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades, integrarse bien en la sociedad, convertirse en ciudadanos activos y seguir una carrera profesional exitosa, también a través de un marco de calidad que esboce los principios clave de los sistemas de formación de aprendices.

               (19)

               La Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017, incluye la promesa de trabajar para conseguir una Unión en la que los jóvenes reciban la mejor educación y formación y puedan estudiar y encontrar trabajo en todo el continente.

               (20)

               El pilar europeo de derechos sociales proclamado el 17 de noviembre de 2017, presenta una serie de principios en apoyo de unos mercados de trabajo y unos sistemas de bienestar que sean justos y funcionen correctamente, incluido el derecho a una educación y formación de calidad e inclusivas que permitan adquirir las capacidades que son pertinentes para el mercado de trabajo y necesarias para participar en la sociedad.

               (21)

               La propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre el seguimiento de los titulados, adoptada el 30 de mayo de 2017, tiene por objeto mejorar la disponibilidad de información cualitativa y cuantitativa acerca de lo que hacen los titulados, incluidos los aprendices, después de completar su educación y formación.

               (22)

               Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (2014-2020), en especial el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como Erasmus+, el Programa de la Unión para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), el Programa de la Unión para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), proporcionan apoyo para la formación de aprendices.

               (23)

               Recientemente, el Parlamento Europeo y las partes interesadas instaron a la Comisión a que impulsara la movilidad prolongada de los aprendices en toda la UE, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de desarrollar tanto las capacidades específicas del puesto de trabajo como las competencias clave. La Comisión respondió introduciendo en el programa Erasmus+ una nueva actividad denominada Erasmus Pro, que presta un apoyo específico para períodos laborales más prolongados en el extranjero.

               (24)

               En sus informes sobre la Garantía Juvenil de 2015 y 2017, el Tribunal de Cuentas Europeo recomienda que la Comisión desarrolle criterios de calidad para la formación de aprendices y otras ofertas financiadas en el marco de esta iniciativa.

               (25)

               El que los Estados miembros tengan un entendimiento común de lo que constituye una formación de aprendices de calidad y eficaz favorece sus esfuerzos de reforma y modernización de los sistemas de formación de aprendices para que estos proporcionen oportunidades de aprendizaje e itinerarios profesionales de excelencia. Tal entendimiento común contribuye a incrementar la confianza mutua y, de ese modo, facilita la movilidad transfronteriza de los aprendices.

               (26)

               El objetivo global de la presente Recomendación es aumentar la empleabilidad y el desarrollo personal de los aprendices y contribuir al desarrollo de una mano de obra altamente capacitada y cualificada, que responda a las necesidades del mercado laboral.

               (27)

               El objetivo específico es proporcionar un marco coherente para la formación de aprendices basado en un entendimiento común de lo que significan calidad y eficacia, teniendo en cuenta la diversidad y las tradiciones de sistemas de educación y formación profesionales y las prioridades de actuación de los distintos Estados miembros.

               (28)

               La presente Recomendación no afecta a las competencias de los Estados miembros de mantener o establecer disposiciones sobre la formación de aprendices más avanzadas que las que se recomiendan en ella, ni de mantener o desarrollar otras formas de aprendizaje basado en el trabajo o de educación y formación profesionales fuera del ámbito de aplicación de la presente Recomendación y aplicar total o parcialmente los criterios que se establecen a continuación.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Los Estados miembros deberían, de conformidad con la legislación nacional y en estrecha cooperación con las partes interesadas, velar por que los sistemas de formación de aprendices respondan a las necesidades del mercado laboral y beneficien tanto a los alumnos como a los empleadores, basándose en los criterios de calidad y eficacia que se exponen a continuación.
   A efectos de la presente Recomendación, y sin perjuicio de lo dispuesto en la terminología nacional, se entiende por formación de aprendices un sistema formal de educación y formación profesionales que:

               a)

               combina el aprendizaje en instituciones de educación o de formación con un aprendizaje sustancial basado en el trabajo en empresas y otros lugares de trabajo;

               b)

               conduce a la obtención de cualificaciones reconocidas a nivel nacional;

               c)

               está basado en un acuerdo que define los derechos y obligaciones del aprendiz, del empleador y, cuando proceda, de la institución de educación o de formación profesionales, y

               d)

               permite que el aprendiz perciba una remuneración o una compensación por el componente basado en el trabajo.

      Criterios sobre las condiciones de aprendizaje y de trabajo

      Acuerdo por escrito

               1.

               Antes de comenzar la formación de aprendiz, se deberá celebrar un acuerdo por escrito que defina los derechos y las obligaciones del aprendiz, del empleador y, cuando proceda, de la institución de formación o de educación profesionales, en relación con las condiciones de aprendizaje y de trabajo.

      Resultados del aprendizaje

               2.

               Los empleadores y las instituciones de formación o de educación profesionales y, cuando proceda, los sindicatos deberían acordar la adquisición de un conjunto de resultados globales del aprendizaje, definido de conformidad con la legislación nacional. Esto debería garantizar un equilibrio entre las capacidades relacionadas específicamente con el puesto de trabajo, los conocimientos y las competencias clave para el aprendizaje permanente, en apoyo tanto del desarrollo personal como de las oportunidades de carrera profesional de los aprendices a lo largo de su vida, con el fin de que se adapten a los patrones cambiantes de la carrera profesional.

      Apoyo pedagógico

               3.

               Deberían designarse formadores dentro de las empresas que estén encargados de cooperar estrechamente con las instituciones y los profesores de educación y formación profesionales para dar orientación a los aprendices y garantizar el intercambio mutuo y periódico de información. Asimismo, debería apoyarse a los profesores, los formadores y los tutores, especialmente en las microempresas, así como en las pequeñas y medianas empresas, para que actualicen sus capacidades, conocimientos y competencias a fin de impartir una formación a los aprendices que sea conforme con los métodos más modernos de enseñanza y formación y con las necesidades del mercado de trabajo.

      Componente relativo al lugar de trabajo

               4.

               Una parte sustancial de la formación de aprendiz, es decir al menos la mitad de ella, debería realizarse en el lugar de trabajo con, si fuera posible, la oportunidad de adquirir parte de esa experiencia profesional en el extranjero. Teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales, el objetivo es avanzar gradualmente para que esa parte de la formación de aprendiz se haga en un entorno profesional.

      Remuneración o compensación

               5.

               Los aprendices deberían ser pagados o compensados de otro modo, de acuerdo con los requisitos nacionales o sectoriales o con los correspondientes convenios colectivos, cuando existan, y teniendo en cuenta los mecanismos de reparto de costes entre los empleadores y las autoridades públicas.

      Protección social

               6.

               Los aprendices deberían tener derecho a la protección social, incluidos los seguros necesarios de conformidad con la legislación nacional.

      Condiciones de trabajo, salud y seguridad

               7.

               El lugar de trabajo de acogida debería cumplir las normas y los reglamentos pertinentes sobre condiciones de trabajo, en particular la legislación en materia de salud y seguridad.

      Criterios sobre las condiciones marco

      Marco reglamentario

               8.

               Debería ponerse a punto un marco reglamentario claro y coherente, basado en un enfoque asociativo justo y equitativo, que incluya un diálogo estructurado y transparente entre todas las partes interesadas pertinentes. Cabe incluir a este respecto procedimientos de acreditación para las empresas y los lugares de trabajo que ofrezcan formación de aprendices u otras medidas de garantía de la calidad.

      Participación de los interlocutores sociales

               9.

               Los interlocutores sociales, en particular, cuando proceda, a nivel sectorial o de organismos intermediarios, deberían participar en el diseño, la gobernanza y la implementación de los sistemas de formación de aprendices, en consonancia con los sistemas nacionales de relaciones laborales y con las prácticas nacionales de educación y formación.

      Apoyo a las empresas

               10.

               Debería preverse apoyo, financiero o no financiero, especialmente a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, de modo que formar aprendices pueda ser rentable para las empresas, teniendo en cuenta, cuando proceda, los mecanismos de reparto de costes entre los empleadores y las autoridades públicas.

      Itinerarios flexibles y movilidad

               11.

               Para facilitar el acceso, los requisitos de acceso a la formación de aprendices deberían tener en cuenta el aprendizaje informal y no formal pertinente o, en su caso, la finalización de programas preparatorios. Las cualificaciones obtenidas durante la formación de aprendices deberían ser incluidas en marcos de cualificación reconocidos nacionalmente y referenciados según el Marco Europeo de Cualificaciones (7). La formación de aprendices debería permitir el acceso a otras oportunidades de aprendizaje, también a niveles de educación y formación superiores, otros itinerarios profesionales y, cuando proceda, la acumulación de unidades de resultados de aprendizaje. La movilidad transnacional de los aprendices, ya sea en su lugar de trabajo o en sus instituciones de educación o de formación, debería ser progresivamente considerado un componente de sus cualificaciones.

      Orientación profesional y concienciación

               12.

               Antes y durante la formación de aprendices deberían proporcionarse al alumno orientación profesional, tutoría y apoyo, para garantizar unos resultados positivos, evitar y reducir la tasa de abandono, así como apoyar al alumno a reengancharse a otros itinerarios de educación o de formación. La formación de aprendices debería fomentarse como un itinerario de aprendizaje atractivo mediante actividades de concienciación generalizadas.

      Transparencia

               13.

               Deberían garantizarse la transparencia de las ofertas de formación de aprendices y el acceso a ellas dentro de los Estados miembros y entre ellos, en particular con el apoyo de los servicios de empleo públicos y privados, así como de otros organismos relevantes, y utilizando, cuando proceda, herramientas de la Unión como EURES, tal y como establece el Reglamento EURES.

      Aseguramiento de la calidad y seguimiento de los aprendices

               14.

               Deberían ponerse a punto medidas de aseguramiento de la calidad teniendo en cuenta el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (8), incluido un proceso que permita hacer una evaluación válida y fiable de los resultados del aprendizaje. Debería realizarse el seguimiento de la evolución de la carrera laboral y profesional de los aprendices, de conformidad con la legislación nacional y europea sobre protección de datos.

      Ejecución a nivel nacional

   Para poner en ejecución la presente Recomendación, dentro de su ámbito de aplicación, los Estados miembros deberían:

               15.

               Promover la participación activa de los interlocutores sociales en el diseño, la gobernanza y la implementación de los sistemas de formación de aprendices, en consonancia con los sistemas nacionales de relaciones laborales y con las prácticas nacionales de educación y formación.

               16.

               Garantizar la igualdad de acceso, fomentar el equilibrio entre mujeres y hombres y combatir la discriminación en los sistemas de formación de aprendices.

               17.

               Incluir las medidas de ejecución pertinentes en los programas nacionales de reforma en el contexto del Semestre Europeo.

               18.

               Tener en cuenta el presente Marco al utilizar los fondos e instrumentos de la Unión Europea en apoyo de la formación de aprendices.

         La Comisión debería proporcionar el apoyo necesario, mediante las siguientes acciones, entre otras:

      Servicios de apoyo

               19.

               Desarrollo de un conjunto de servicios de apoyo para la puesta en común de conocimientos, la creación de redes y el aprendizaje mutuo a fin de ayudar a los Estados miembros y a las partes interesadas pertinentes a implementar sistemas de formación de aprendices en consonancia con el presente Marco. Esto debería incluir las necesidades de formación adicionales de los profesores y formadores de educación y formación profesionales en lo que respecta a la innovación digital en la formación de aprendices.

      Concienciación

               20.

               Promoción de la excelencia y el atractivo de la formación de aprendices, así como de una imagen positiva entre los jóvenes, sus familias y los empleadores, mediante campañas de concienciación, como la Semana Europea de la Capacitación Profesional.

      Financiación

               21.

               Apoyo a la puesta en ejecución de la presente Recomendación mediante la financiación pertinente de la Unión, de conformidad con el marco jurídico correspondiente.

      Seguimiento

               22.

               Seguimiento de la puesta en ejecución de la presente Recomendación con el apoyo del Comité Consultivo de Formación Profesional, de carácter tripartito, conforme a los mecanismos de seguimiento existentes utilizados en el marco del Semestre Europeo.

               23.

               Información al Consejo sobre la puesta en ejecución del Marco en un plazo de tres años a partir de la fecha de su adopción.

      (1)  DO C 189 de 15.6.2017, p. 15.

      (2)  DO C 155 de 8.7.2009, p. 1.

      (3)  DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.

      (4)  DO C 88 de 27.3.2014, p. 1.

      (5)  DO L 107 de 22.4.2016, p. 1.

      (6)  COM(2016) 940 final.

      (7)  DO C 189 de 15.6.2017, p. 15.

      (8)  DO C 155 de 8.7.2009, p. 1.