title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Chequia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/12

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Chequia
      (2018/C 320/03)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Chequia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Chequia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Chequia a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chequia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 30 de abril de 2018, Chequia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Chequia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario durante el periodo 2018-2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,0 % del PIB) sigue cumpliéndose, con un margen, a lo largo de todo el periodo del programa. Según el Programa de Convergencia de 2018, la ratio deuda pública/PIB debería disminuir gradualmente hasta el 29,9 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Los riesgos para el logro de los objetivos presupuestarios parecen, en general, equilibrados, con un repunte esperado de la inversión pública y un mayor crecimiento de los salarios públicos. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural disminuya hasta aproximadamente un 0,9 % del PIB en 2018 y un 0,2 % en 2019, permaneciendo así por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que, conforme a las previsiones, Chequia cumplirá con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

                  (6)

                  Chequia sigue presentando riesgos de sostenibilidad presupuestaria medios a largo plazo. Mientras que los costes del envejecimiento de la población suponen un reto para la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, los cambios en el sistema de pensiones merecen especial atención. Las proyecciones actualizadas del gasto relacionado con la edad apuntan a un aumento superior al indicado en el «Informe sobre el envejecimiento» de 2015. Se espera que el gasto en pensiones aumente del 8,2 % del PIB en 2016 al 10,9 % en 2070. Este esperado incremento en los gastos de pensiones refleja principalmente la limitación de la edad legal de jubilación a 65 años. De hecho, la armonización de la esperanza de vida con la edad legal de jubilación no es automática; el Gobierno debe revisar este límite cada cinco años, a partir de 2019. Dado que se deja a la discreción del Gobierno, las actuales previsiones de gasto en pensiones no tienen en cuenta estas revisiones de la edad de jubilación. Por otra parte, la indexación de las pensiones es ahora más generosa, teniendo en cuenta el 50 % de incremento de los salarios reales en lugar del 33 % anterior de incremento de los salarios reales. El impacto de estos cambios en los gastos asciende a 2 puntos porcentuales del PIB en 2070. Otros cambios que se están debatiendo actualmente, como el aumento del importe de la pensión de base y pensiones más altas para los pensionistas de mayor edad, también empeoran los indicadores de sostenibilidad. Por lo que respecta al gasto público en asistencia sanitaria, a largo plazo está previsto que aumente en 1,1 puntos porcentuales del PIB, por encima de la media estimada de incremento de 0,9 puntos porcentuales para la Unión. En este contexto, existen indicios de uso ineficiente de los recursos en asistencia ambulatoria y hospitalaria.

                  (7)

                  La nueva ley de responsabilidad presupuestaria en vigor desde principios de 2017 ha reforzado considerablemente el marco presupuestario de Chequia y ha establecido un Consejo Presupuestario Independiente. Un proyecto de ley sobre las auditorías independientes se encuentra actualmente en el procedimiento interservicios de presentación de observaciones y tiene por objeto abordar la transposición pendiente de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (5).

                  (8)

                  El Banco Nacional Checo puede recomendar límites macroprudenciales de créditos hipotecarios, pero sus facultades sancionadoras son limitadas puesto que carece de autoridad formal de ejecución. Aunque los bancos checos cumplen determinados límites a nivel agregado, no se han adherido plenamente a las directrices de 2016 del Banco Nacional Checo. Unos límites legislativos vinculantes aumentarían probablemente el nivel de cumplimiento entre los bancos checos, garantizando la estabilidad financiera y la disminución del riesgo para los prestatarios. Se espera que el Parlamento debata en 2018 una propuesta legislativa por la que se modifica la Ley sobre el Banco Nacional Checo.

                  (9)

                  Chequia sigue afrontando retos en cuanto a la mejora de la transparencia y la eficiencia de la contratación pública y la lucha contra la corrupción. Si bien se han tomado algunas medidas para mejorar el marco de contratación pública, el nivel de competencia sigue siendo un motivo de preocupación, ya que casi la mitad de todas las licitaciones públicas desembocan en un procedimiento de oferta única. Al mismo tiempo, el establecimiento del uso obligatorio de procedimientos electrónicos tiene potencial para aumentar la transparencia y la eficiencia. Las autoridades checas han invertido en la plataforma estatal de contratación pública electrónica «Herramienta Electrónica Nacional», que debería ser cada vez más fiable y de fácil uso, además de plataformas privadas al servicio del mercado checo. Hay todavía un margen considerable para eliminar los obstáculos administrativos y aprovechar el potencial de la contratación pública estratégica y agregada a fin de conseguir una mejor relación calidad-precio para el erario público. Tanto las autoridades centrales como locales han comenzado a emprender iniciativas específicas para formar al personal que participa en los procedimientos de contratación pública. No obstante, el establecimiento de medidas de contratación conjunta y la adquisición de conocimientos especializados en determinados ámbitos siguen constituyendo retos importantes. Además, la corrupción y el soborno preocupan a las empresas y los ciudadanos. Si bien se han adoptado algunas grandes reformas de la estrategia de lucha contra la corrupción, algunos ámbitos siguen sin afrontarse.

                  (10)

                  Aunque los resultados de la Administración electrónica siguen siendo inferiores a la media de la Unión, se han adoptado medidas legislativas pertinentes a fin de garantizar el aumento de la accesibilidad y la disponibilidad de estos servicios. En 2018 se espera introducir algunas iniciativas a gran escala, pero su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para sensibilizar y hallar soluciones fáciles.

                  (11)

                  Determinadas cargas administrativas y normativas están frenando la inversión. Estas cargas tienen que ver principalmente con las licencias de construcción y la complejidad del sistema tributario. Sin embargo, las autoridades aprobaron una modificación de la Ley de Edificación que simplifica el procedimiento para la obtención de licencias de obras, mediante la inclusión de la evaluación de impacto ambiental en la decisión de ordenación del territorio o en la licencia conjunta de construcción y ordenación del territorio. Sin embargo, no queda claro si esto puede racionalizar también los procedimientos para grandes proyectos de infraestructuras, ya que en este sistema de licencias conjuntas no se incluyen otras autorizaciones diversas. Se está debatiendo en el Parlamento una modificación de la legislación existente que regula la construcción de la infraestructura de transportes. Si bien se han realizado modificaciones en el sistema fiscal para mejorar la recaudación de impuestos, las normas y los tipos fiscales han subido en la lista de preocupaciones como ámbitos problemáticos para la actividad empresarial. El nuevo Gobierno ha indicado posibles cambios con el fin de mejorar la transparencia y simplificar el sistema tributario, incluidos los trabajos en curso para modernizar la legislación del impuesto sobre la renta. Los costes de cumplimiento han aumentado ligeramente y se mantienen por encima de la media de la Unión. Aunque han aumentado los ingresos fiscales, la «declaración periódica del IVA» ha aumentado el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A pesar de la considerable reducción del número de horas necesarias para cumplir los requisitos de la legislación fiscal, Chequia está aún en el extremo superior de la escala. Además, los nuevos tipos del impuesto sobre el valor añadido reducido podrían incrementar la complejidad del sistema de este impuesto, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

                  (12)

                  Mientras que la economía checa está avanzando hacia actividades más intensivas en conocimiento, existen varios problemas que siguen obstaculizando el desarrollo de un sistema de investigación e innovación eficaz. El aumento de la inversión de las empresas en I+D está principalmente impulsado por las inversiones extranjeras directas, ya que el gasto en I+D de las empresas nacionales se ha reducido en los dos últimos años. A pesar de una importante inversión pública en I+D, Chequia obtiene resultados deficientes en cuanto a calidad de la base científica pública. Se adoptaron medidas para establecer vínculos entre el mundo académico y las empresas, y mejorar el rendimiento de la base científica pública, pero los resultados hasta la fecha han sido limitados, y las reformas todavía no se han aplicado plenamente. Por otra parte, la gobernanza del sistema de investigación e innovación sigue fragmentada.

                  (13)

                  Una educación y formación integradoras y de calidad son esenciales, en vista del aumento de las dificultades en el mercado de trabajo checo. Los resultados educativos siguen estando profundamente afectados por la situación socioeconómica de los estudiantes. Las medidas de educación integradora aún no se han aplicado plenamente, en particular para los niños gitanos. La escasez de profesores cualificados, junto con las previsiones demográficas, indican que podría ser más difícil contratar y retener a los profesores. El nuevo sistema de carrera previsto para los profesores, que habría vinculado el desarrollo profesional continuo, la trayectoria profesional y los salarios, no fue adoptado por el Parlamento. Los salarios de los profesores continúan siendo bajos en comparación con los de otros trabajadores con educación superior, pero se prevén más incrementos salariales en los próximos años. La profesión docente, por tanto, sigue siendo relativamente poco atractiva para los jóvenes con talento. Por último, el éxito de la reforma para que la educación sea más integradora (introducida en 2016 con el apoyo del Fondo Social Europeo) dependerá de la disponibilidad de financiación nacional, suficiente y sostenible, de una mayor formación para docentes y asistentes, y de la sensibilización de la opinión pública sobre los beneficios de una educación integradora.

                  (14)

                  El mercado laboral checo funciona satisfactoriamente. El empleo ha aumentado constantemente durante los últimos seis años y el desempleo se ha reducido considerablemente. El potencial de las mujeres, los trabajadores poco cualificados y las personas con discapacidad sigue estando no obstante infrautilizado. En un contexto de escasez de mano de obra, existe un claro margen para incrementar su participación en el mercado laboral. El empleo y las diferencias salariales entre mujeres y hombres siguen siendo elevados a pesar de las recientes medidas que han flexibilizado los permisos parentales y han aumentado el número de guarderías. La tasa de empleo de las mujeres sigue estando muy por debajo de la de los hombres. La maternidad sigue teniendo un fuerte impacto en la participación en el mercado de trabajo, unida a la insuficiente oferta de guarderías a precios asequibles, los permisos parentales prolongados, el escaso uso de modalidades de trabajo flexibles y la falta de instalaciones dedicadas a cuidados de larga duración. En 2016, solo el 4,7 % de los niños menores de tres años acudían a guarderías oficiales. A pesar de que representan una pequeña proporción de la población, la tasa de empleo de las personas poco cualificadas es bastante inferior a la de las personas con cualificación media y alta. Del mismo modo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es inferior a la media de la Unión, a pesar de una histórica tasa mínima de desempleo general y de la escasez de mano de obra en el mercado de trabajo. Esto podría suponer un aliciente para aprovechar el potencial no utilizado de las personas con discapacidad. Debido a su limitada capacidad, actualmente los servicios públicos de empleo no consiguen dar a los demandantes de empleo apoyo personalizado y continuo. El aumento de las capacidades de comunicación y activación de los servicios de empleo público, unido a unas políticas y unos servicios individualizados del mercado de trabajo activos, apropiados y bien enfocados, contribuiría a potenciar la participación de estos grupos. Las iniciativas de capacitación (también en cuanto a competencias digitales) podrían mejorar el acceso al mercado de trabajo.

                  (15)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chequia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chequia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chequia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (16)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y estima (6) que cabe esperar que Chequia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Chequia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Mejorar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, en particular del sistema de pensiones. Abordar las deficiencias en las prácticas de contratación pública, en particular permitiendo una competencia más basada en la calidad y aplicando medidas de lucha contra la corrupción.

                  2.

                  Reducir la carga administrativa para la inversión, en particular acelerando los procedimientos de licencias para obras de infraestructura. Eliminar los obstáculos para la investigación, el desarrollo y la innovación, en particular aumentando la capacidad de innovación de las empresas nacionales. Reforzar la capacidad del sistema educativo para ofrecer una educación integradora de calidad, en particular fomentando la profesión docente. Fomentar el empleo de las mujeres, los trabajadores poco cualificados y las personas con discapacidad, incluso mediante el aumento de la eficacia de las políticas activas del mercado laboral.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).

         (6)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 del Reino Unido

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/119

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 del Reino Unido
      (2018/C 320/27)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre el Reino Unido fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por el Reino Unido de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances del Reino Unido hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. Salvo que un acuerdo de retirada ratificado establezca otra fecha o el Consejo Europeo, de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y de conformidad con el Reino Unido, decida por unanimidad que los Tratados dejen de aplicarse en una fecha posterior, todo el Derecho primario y derivado de la Unión dejará de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019, a las 00.00 horas (hora central europea). El Reino Unido pasará a ser un país tercero. Se están celebrando negociaciones a fin de garantizar una retirada ordenada, incluido un periodo transitorio hasta finales del 2020 durante el cual el Derecho de la Unión seguirá aplicándose al Reino Unido y en el Reino Unido.

                  (4)

                  El 30 de abril de 2018, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2017-2018, el Gobierno espera que el déficit global se reduzca del 2,2 % del PIB en 2017-2018 al 1,8 % en 2018-2019, y al 1,7 % en 2019-2020. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo presupuestario a medio plazo. Según dicho Programa, se espera que la ratio deuda pública / PIB se estabilice de manera general en torno al 85,5 % del PIB de 2017-2018 a 2019-2020 para descender al 84,8 % en 2021-2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Aunque las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos se han concretado en conjunto satisfactoriamente, las crecientes presiones sobre el gasto público en diversos ámbitos amenazan el logro de la reducción del déficit proyectada.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó al Reino Unido que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (5) no supere el 1,8 % en 2018-2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, el Consejo señaló que debe prestarse atención a lograr una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una cierta desviación del cumplimiento del requisito del componente preventivo en 2018-2019.

                  (8)

                  En 2019-2020, en vista de la ratio de deuda pública del Reino Unido por encima del 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción del 0,4 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,6 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, se prevé que el Reino Unido cumplirá este requisito en el periodo 2019-2020. Se espera en principio que el Reino Unido cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018-2019 y en 2019-2020, de resultas de la desviación anual autorizada del 0,25 %. En general, el Consejo considera que el Reino Unido ha de estar preparado para adoptar nuevas medidas en 2018-2019 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  La oferta anual neta de vivienda sigue aumentando en un contexto de una serie de iniciativas gubernamentales para estimular el mercado de la vivienda y una recuperación cíclica. Sin embargo, sigue estando muy por debajo de las estimaciones de la demanda, y el Reino Unido sigue enfrentándose a un reto de envergadura para disponer de suficientes viviendas. Esto está vinculado a una regulación muy estricta y compleja del mercado del suelo. La escasez de viviendas y su elevado coste son problemas en particular en zonas de demanda alta y creciente, por ejemplo en los centros urbanos y sus alrededores. El Gobierno reconoce el problema y ha fijado objetivos ambiciosos para aumentar la oferta en los próximos años. Al mismo tiempo, ha reiterado su compromiso de limitar el desarrollo en torno a los centros urbanos. La propiedad de viviendas para jóvenes se ha reducido de manera significativa, contribuyendo a la desigualdad intergeneracional.

                  (10)

                  La productividad laboral es baja y está estancada. Grandes partes de la economía obtienen un resultado comparativamente pobre en los principales vectores de la productividad: capacidades, inversión y procesos empresariales eficientes. Las redes de carreteras, ferroviarias y de transporte aéreo del Reino Unido tienen asimismo importantes y crecientes presiones de capacidad.

                  (11)

                  Aunque las principales cifras del mercado de trabajo siguen siendo positivas en la mayoría de los parámetros, existen dudas sobre la calidad de ciertos empleos. Esto está relacionado con cuestiones de desarrollo de capacidades, ciertas formas atípicas de trabajo, salarios, productividad, participación en el mercado de trabajo y pobreza de las personas en edad de trabajar. Se han producido notables avances y anuncios de medidas sobre todas estas cuestiones. La coherencia en estas políticas es de vital importancia. En cuanto a las capacidades, se ha prestado mucha atención a los contratos de aprendizaje y a las reformas de la educación técnica. Una mayor atención a la calidad de ambas cuestiones podría suponer un efecto multiplicador sostenible tanto para la sociedad como para la economía. El Reino Unido es uno de los Estados miembros que ya cumplen más de dos tercios de los criterios propuestos en el Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, y por tanto es factible la fijación y supervisión de objetivos de calidad, por ejemplo, mediante el seguimiento de los titulados. Para el aprendizaje permanente, en particular para las personas que quedan atrapadas en los niveles de empleo más bajos, se precisan recursos proporcionales a los asignados para contratos de aprendizaje y para las nuevas cualificaciones técnicas (T-Levels) enfocadas a los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios.

                  (12)

                  La protección y la inclusión social también requerirán atención en el futuro. Se están desarrollando reformas en cuanto a cuidado de los niños, pero se precisan más medidas, en particular para los niños menores de tres años. El impacto de algunas reformas y recortes del Estado de bienestar aún no se ha sentido plenamente, en particular en las familias en que sus miembros trabajan.

                  (13)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al Reino Unido en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria del Reino Unido, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (14)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,6 % en 2019-2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB.

                  2.

                  Impulsar la oferta de viviendas, especialmente en las zonas de mayor demanda, incluso mediante nuevas reformas del sistema de ordenación territorial.

                  3.

                  Abordar las necesidades en materia de cualificaciones y de desarrollo mediante el establecimiento de objetivos para la calidad y la eficacia de los contratos de aprendizaje y mediante una mayor inversión en la mejora de las competencias de los que ya están en el mercado laboral.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (6)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de julio de 2018, por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2018/5)

text:
               21.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 338/1

      RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
      de 16 de julio de 2018
      por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial
      (JERS/2018/5)
      (2018/C 338/01)
      LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), en particular el artículo 3 y los artículos 16 a 18,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (2), en particular el artículo 458, apartado 8,
      Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3), en particular los artículos 18 a 20,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Para garantizar la eficacia y coherencia de las medidas nacionales de política macroprudencial es importante complementar la reciprocidad obligatoria impuesta por el derecho de la Unión con la reciprocidad voluntaria.

                  (2)

                  El régimen de reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial establecido en la Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4) pretende asegurar que todas las medidas de política macroprudencial basadas en la exposición al riesgo activadas en un Estado miembro se apliquen recíprocamente en los demás Estados miembros.

                  (3)

                  La Recomendación JERS/2017/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (5) recomienda a la autoridad activadora pertinente proponer un umbral máximo de importancia, cuando solicite la aplicación recíproca a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), por debajo del cual la exposición de un proveedor de servicios financieros determinado al riesgo macroprudencial identificado en la jurisdicción donde la medida de política macroprudencial se aplica por la autoridad activadora puede considerarse como no importante. El Equipo de Evaluación de la JERS al que se refiere la Decisión JERS/2015/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (6) puede recomendar un umbral diferente si lo estima necesario.

                  (4)

                  Desde el 30 de abril de 2018 las entidades de crédito autorizadas en Bélgica y que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio, están sujetas, de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a un recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica formado por: a) un recargo fijo de la ponderación del riesgo de 5 puntos porcentuales, y b) un recargo proporcional de la ponderación del riesgo consistente en una fracción (33 %) de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo.

                  (5)

                  A raíz de la solicitud de Bélgica a la JERS en virtud del artículo 458, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y a fin de evitar la materialización de los efectos transfronterizos negativos en forma de fugas y arbitraje regulatorio que podrían derivarse de la ejecución de la medida de política macroprudencial aplicada en Bélgica conforme al artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la Junta General de la JERS ha decidido incorporar esta medida a la lista de medidas de política macroprudencial cuya aplicación recíproca recomienda la Recomendación JERS/2015/2.

                  (6)

                  Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2015/2.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

         MODIFICACIONES

      La Recomendación JERS/2015/2 se modifica como sigue:

                  1.

                  En la sección 1, la recomendación C(1) se sustituye por la siguiente:

                              «1.

                              Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente las medidas de política macroprudencial que adopten otras autoridades pertinentes y cuya aplicación recíproca recomiende la JERS. Se recomienda la aplicación recíproca de las medidas siguientes que se detallan en el anexo:
                              Estonia:

                                          —

                                          un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 1 % aplicable, conforme al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE, a las exposiciones internas de todas las entidades de crédito autorizadas en Estonia;

                                    Finlandia:

                                          —

                                          un suelo del 15 % para la ponderación media del riesgo de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales garantizados por unidades residenciales en Finlandia aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Finlandia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio;

                                    Bélgica:

                                          —

                                          un recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica, aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio, y formado por:

                                                      a)

                                                      un recargo fijo de la ponderación del riesgo de 5 puntos porcentuales, y

                                                      b)

                                                      un recargo proporcional de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica.».

                  2.

                  El anexo se sustituye por el anexo de la presente recomendación.

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 16 de julio de 2018.

            Francesco MAZZAFERRO

               Jefe de la Secretaría de la JERS,

               en nombre de la Junta General de la JERS

         (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

         (2)  DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

         (3)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

         (4)  Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 15 de diciembre de 2015, sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (DO C 97 de 12.3.2016, p. 9).

         (5)  Recomendación JERS/2017/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de octubre de 2017, por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (DO C 431 de 15.12.2017, p. 1).

         (6)  Decisión JERS/2015/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de diciembre de 2015, sobre la coordinación de la notificación de las medidas nacionales de política macroprudencial por las autoridades pertinentes y la emisión de dictámenes y recomendaciones por la JERS y por la que se deroga la Decisión JERS/2014/2 (DO C 97 de 12.3.2016, p. 28).

         ANEXO
         «

                  Anexo

                     Estonia

                        Porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 1 % aplicable, conforme al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE, a las exposiciones internas de todas las entidades de crédito autorizadas en Estonia

                  I.   Descripción de la medida

                              1.

                              La medida estonia consiste en aplicar un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 1 %, conforme al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE, a las exposiciones internas de todas las entidades de crédito autorizadas en Estonia.

                        II.   Aplicación recíproca

                              2.

                              En el caso de los Estados miembros que hayan incorporado el artículo 134 de la Directiva 2013/36/UE a su derecho interno, se recomienda a las autoridades pertinentes que, conforme al artículo 134, apartado 1, de dicha directiva, apliquen recíprocamente la medida estonia a las exposiciones ubicadas en Estonia de las entidades autorizadas en el ámbito nacional. A efectos del presente apartado, se aplica el plazo establecido en la recomendación C(3).

                              3.

                              En el caso de los Estados miembros que no hayan incorporado el artículo 134 de la Directiva 2013/36/UE a su derecho interno, se recomienda a las autoridades pertinentes que, de acuerdo con la recomendación C(2), apliquen recíprocamente la medida estonia a las exposiciones ubicadas en Estonia de las entidades autorizadas en el ámbito nacional. Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten su medida equivalente en un plazo de seis meses.

                     Finlandia

                        Suelo del 15 % específico para entidades de crédito para la ponderación media del riesgo de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales garantizados por unidades residenciales en Finlandia, aplicable en virtud del artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a las entidades de crédito que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) (en adelante, “entidades de crédito IRB”)

                  I.   Descripción de la medida

                              1.

                              La medida finlandesa, adoptada de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, consiste en un suelo específico para entidades de crédito del 15 % para la ponderación media del riesgo de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales garantizados por unidades residenciales en Finlandia, aplicable a nivel de cartera a las entidades de crédito IRB.

                        II.   Aplicación recíproca

                              2.

                              De conformidad con el artículo 458, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se recomienda a las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados que apliquen recíprocamente la medida finlandesa a las carteras de las entidades de crédito IRB de préstamos hipotecarios minoristas garantizados por unidades residenciales en Finlandia y otorgados por sucursales autorizadas en el ámbito nacional sitas en Finlandia. A efectos del presente apartado, se aplica el plazo establecido en la recomendación C(3).

                              3.

                              También se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida finlandesa a las carteras de las entidades de crédito IRB de préstamos hipotecarios minoristas garantizados por unidades residenciales en Finlandia y otorgados directamente de manera transfronteriza por entidades de crédito establecidas en sus jurisdicciones respectivas. A efectos del presente apartado, se aplica el plazo establecido en la recomendación C(3).

                              4.

                              Conforme a la recomendación C(2), se recomienda a las autoridades pertinentes que, previa consulta con la JERS, apliquen la medida de política macroprudencial disponible en su jurisdicción que tenga el efecto más próximo al de la medida cuya aplicación recíproca se recomienda, incluida la adopción de las medidas y facultades de supervisión establecidas en el título VII, capítulo 2, sección IV, de la Directiva 2013/36/UE. Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten esa medida equivalente en un plazo de cuatro meses.

                        III.   Umbral de importancia

                              5.

                              La medida se complementa con un umbral de importancia de 1 000 millones EUR de exposición al mercado de préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales en Finlandia para orientar la posible aplicación del principio de no regular lo nimio por los Estados miembros que apliquen recíprocamente la medida.

                              6.

                              Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, las autoridades pertinentes del Estado miembro interesado podrán eximir a entidades de crédito IRB individuales con carteras no importantes de préstamos hipotecarios minoristas garantizados por unidades residenciales en Finlandia que no alcancen el umbral de importancia de 1 000 millones EUR. En este caso las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida cuando una entidad de crédito IRB supere el umbral de 1 000 millones EUR.

                              7.

                              Cuando no existan entidades de crédito IRB autorizadas en los otros Estados miembros interesados con sucursales sitas en Finlandia, o que presten servicios financieros directamente en Finlandia, que tengan exposiciones de 1 000 millones EUR o más al mercado hipotecario finlandés, las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados podrán decidir no aplicar recíprocamente la medida, como se establece en el apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2. En este caso las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida cuando una entidad de crédito IRB supere el umbral de 1 000 millones EUR.

                     Bélgica

                        Recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica, aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB), y formado por:

                              a)

                                    un recargo fijo de la ponderación del riesgo de 5 puntos porcentuales, y

                              b)

                                    un recargo proporcional de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica

                        I.   Descripción de la medida

                              1.

                              La medida belga, aplicada de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, e impuesta a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB), consiste en un recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica formado por dos elementos:

                                          a)

                                          El primer elemento es un recargo de 5 puntos porcentuales de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica que se obtiene después de calcular el segundo elemento del recargo de la ponderación del riesgo conforme a lo establecido en la letra b).

                                          b)

                                          El segundo elemento es un recargo de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica. La media ponderada por exposición es la media de las ponderaciones del riesgo de los préstamos individuales calculadas conforme al artículo 154 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ponderada por el valor de la exposición pertinente.

                        II.   Aplicación recíproca

                              2.

                              De conformidad con el artículo 458, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se recomienda a las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados que apliquen recíprocamente la medida belga en el plazo establecido en la recomendación C(3) a las sucursales sitas en Bélgica de entidades de crédito autorizadas en el ámbito nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB).

                              3.

                              Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida belga a las entidades de crédito autorizadas a nivel nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas directas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica. Conforme a la recomendación C(2), se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen en el plazo establecido en la recomendación C(3) la misma medida que la autoridad activadora aplica en Bélgica.

                              4.

                              Si no disponen de la misma medida de política macroprudencial en su jurisdicción, se recomienda a las autoridades pertinentes que, previa consulta con la JERS, apliquen la medida de política macroprudencial disponible en su jurisdicción que tenga el efecto más próximo al de la medida cuya aplicación recíproca se recomienda, incluida la adopción de las medidas y facultades de supervisión establecidas en el título VII, capítulo 2, sección IV, de la Directiva 2013/36/UE. Se recomienda a las autoridades pertinentes que adopten la medida equivalente en el plazo de los cuatro meses siguientes a la publicación de la presente recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

                        III.   Umbral de importancia

                              5.

                              La medida se complementa con un umbral de importancia específico por entidad de 2 000 millones EUR para orientar la posible aplicación del principio de no regular lo nimio por las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida.

                              6.

                              Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, las autoridades pertinentes del Estado miembro interesado podrán eximir a las entidades de crédito individuales autorizadas a nivel nacional que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales en Bélgica que no alcancen el umbral de importancia de 2 000 millones EUR. Cuando apliquen el umbral de importancia, las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida belga a las entidades de crédito individuales autorizadas a nivel nacional y exentas hasta entonces cuando superen el umbral de importancia de 2 000 millones EUR.

                              7.

                              Cuando no existan entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros interesados con sucursales sitas en Bélgica o que tengan exposiciones minoristas directas garantizadas por inmuebles residenciales en Bélgica, que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) y que tengan exposiciones de 2 000 millones EUR o más al mercado hipotecario residencial belga, las autoridades pertinentes de los Estados miembros interesados podrán decidir no aplicar recíprocamente la medida belga, como se establece en el apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2. En este caso las autoridades pertinentes deberán vigilar la importancia de las exposiciones, y se recomienda que apliquen recíprocamente la medida belga cuando una entidad de crédito que utilice el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) supere el umbral de 2 000 millones EUR.

                              8.

                              Conforme al apartado 2.2.1 de la Recomendación JERS/2015/2, el umbral de importancia de 2 000 millones EUR es el umbral máximo recomendado. Las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente la medida pueden por consiguiente, en lugar de aplicar el umbral recomendado, fijar para sus jurisdicciones un umbral inferior si procede, o aplicar recíprocamente la medida sin umbral de importancia.

            ».


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 19 de octubre de 2018, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del De Nederlandsche Bank (BCE/2018/25)

text:
               30.10.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 394/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 19 de octubre de 2018
      al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del De Nederlandsche Bank
      (BCE/2018/25)
      (2018/C 394/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

                  (2)

                  El mandato del actual auditor externo del De Nederlandsche Bank, Deloitte Accountants B.V., expiró tras la auditoría del ejercicio de 2018. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2019.

                  (3)

                  El De Nederlandsche Bank ha seleccionado a KPMG Accountants N.V. como auditor externo para los ejercicios de 2019 a 2022, mandato que puede luego renovarse anualmente hasta el ejercicio de 2025.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      Se recomienda que KPMG Accountants N.V. sea nombrado auditor externo del De Nederlandsche Bank para los ejercicios de 2019 a 2022, mandato que puede luego renovarse anualmente hasta el ejercicio de 2025.

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 19 de octubre de 2018.

               El Presidente del BCE

            Mario DRAGHI


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2019, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (BCE/2019/24)

text:
               21.8.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 283/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 25 de julio de 2019
      al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
      (BCE/2019/24)
      (2019/C 283/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

                  (2)

                  El mandato del actual auditor externo del Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, PricewaterhouseCoopers, expiró tras la auditoría del ejercicio de 2018. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2019.

                  (3)

                  El Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta Banque ha seleccionado a KPMG como auditor externo para los ejercicios de 2019 a 2025.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      Se recomienda que KPMG sea nombrado auditor externo del Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta para los ejercicios de 2019 a 2025.

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 25 de julio de 2019.

               El Presidente del BCE

            Mario DRAGHI


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Estonia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/30

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Estonia
      (2019/C 301/06)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Estonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 2 y 3 que figuran más abajo. En particular, las medidas centradas en la política económica en relación con la inversión en los ámbitos especificados ayudarán a responder a la segunda recomendación de la zona del euro en relación con el apoyo a la inversión.

                  (3)

                  El informe específico de 2019 sobre Estonia se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Estonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Estonia en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 el 30 de mayo de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 el 30 de abril de 2019.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Estonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa de Estabilidad de 2019 se presentó partiendo de una hipótesis de mantenimiento de las políticas. El Programa prevé pasar de un déficit presupuestario del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 0,2 % del PIB en 2019, el 0,3 % del PIB en 2020 y el 0,7 % del PIB en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), no se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en un déficit del 0,5 % del PIB en términos estructurales, durante el período cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019. Se prevé que la ratio deuda pública/PIB haya descendido al 5,3 % del PIB en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son optimistas. No se han especificado las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos, lo que supone un riesgo para las hipótesis de rendimiento recaudatorio.

                  (7)

                  Teniendo en cuenta las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, que preveían una situación más cercana al objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, y de acuerdo con las normas para desbloquear el ajuste requerido, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debe superar el 4,9 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,3 % en 2019. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019.

                  (8)

                  En 2020, a la vista de la previsión de una brecha de producción del 2,7 % del PIB en Estonia y de una previsión de crecimiento del PIB inferior a la tasa de crecimiento potencial estimada, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 4,1 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2020. En general, el Consejo considera que las medidas necesarias deben adoptarse a partir de 2019 para poder cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (9)

                  La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una prioridad para Estonia en el contexto de grandes escándalos de blanqueo de capitales. Estonia ha reforzado su marco de lucha contra el blanqueo de capitales, y la proporción de depósitos de no residentes en el sector bancario estonio ha disminuido considerablemente. No obstante, persisten algunos problemas. Aunque el Gobierno estonio ha introducido medidas y directrices adicionales sobre cómo seguir reforzando la prevención en este ámbito, el Parlamento estonio aún no ha adoptado ninguna iniciativa legislativa para aumentar las capacidades de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales. Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas, una vez adoptadas.

                  (10)

                  La escasez de personal cualificado y la falta de adecuación de las cualificaciones se encuentran entre los principales obstáculos a la inversión empresarial y limitan los aumentos de productividad. En los últimos años, Estonia ha realizado reformas globales, pero las tendencias del mercado de trabajo y la reducción de la población en edad de trabajar plantean retos a largo plazo para el sistema de educación y formación, entre los que cabe destacar una tasa aún elevada de abandono escolar prematuro, una reorganización incompleta de la red escolar, la insuficiente adecuación de la enseñanza superior y de la formación profesional al mercado laboral y los retos relacionados con el envejecimiento de los profesores y el escaso atractivo de la profesión. Aunque la participación en la educación de adultos está mejorando, el perfeccionamiento y reciclaje profesionales de los trabajadores no se están produciendo con la rapidez necesaria para adaptarse a las tendencias del mercado laboral. La insuficiente capacidad de innovación es una de las dificultades más acuciantes en lo que a capacidades se refiere. A pesar del alto porcentaje de especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación, la formación en capacidades digitales que proporcionan las empresas es limitada. La mejora de la adecuación del sistema de educación y formación al mercado laboral, en particular invirtiendo en orientación profesional, haciendo frente al abandono escolar prematuro y anticipando mejor las necesidades en materia de capacidades, ayudaría a garantizar que las personas tuvieran las capacidades apropiadas. Además, la mejora de las condiciones de trabajo de los profesores, de la calidad de la enseñanza y de las políticas educativas en respuesta a las tendencias demográficas y económicas podría reforzar la capacidad del sistema de educación y formación.

                  (11)

                  A pesar de los avances, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad de ingresos siguen siendo altas, especialmente entre las personas mayores. Alrededor del 42 % de las personas de 65 años o más se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2017, frente a un 15 % de media en la Unión. Las prestaciones sociales siguen resultando ineficaces para reducir la pobreza, y la red de seguridad social es débil. La prestación de servicios sociales asequibles y de buena calidad se ve obstaculizada por la escasa coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria y social y por las grandes diferencias que presentan los municipios en su capacidad para detectar las necesidades de los servicios sociales y responder a ellas. Los particulares también deben sufragar gran parte de los costes de los servicios prestados por las autoridades. El gasto público de Estonia en cuidados de larga duración fue menos de la mitad de la media de la Unión (en 2016, 0,6 % del PIB, frente al 1,6 % del PIB). No existen medidas preventivas o un sistema de apoyo para aliviar la carga que pesa sobre los cuidadores no profesionales. La proporción de personas con necesidades médicas no cubiertas sigue siendo una de las más elevadas de la Unión (11,7 %), lo que apunta a problemas de accesibilidad y eficacia del sistema de asistencia sanitaria. Esos problemas ponen de manifiesto la necesidad de ofrecer unos servicios de asistencia sanitaria y social asequibles y de buena calidad de una manera integrada y de desarrollar un marco global de asistencia a largo plazo. Las inversiones que contribuyen a la inclusión social, en particular en infraestructuras sociales, podrían impulsar un crecimiento integrador.

                  (12)

                  La brecha salarial entre hombres y mujeres, del 25,6 % en 2017, sigue siendo una de las más elevadas de la Unión y es ligeramente más amplia que la del año anterior. Además, el impacto de la parentalidad en el empleo femenino fue muy superior a la media de la Unión (25,2 y 9,0 %, respectivamente). Los permisos parentales prolongados suelen frenar la progresión de la carrera profesional de las mujeres. Las mujeres tienden a trabajar en sectores económicos y profesiones peor remunerados, a pesar de que su nivel educativo es superior al de los hombres. Recientemente se han adoptado medidas que han flexibilizado los permisos parentales y el sistema de prestaciones para facilitar la vuelta al mercado de trabajo de las personas que han tenido hijos. Ha mejorado el uso de los servicios de guardería. No obstante, factores como la actividad económica, la profesión, la edad, la experiencia laboral o la jornada de trabajo explican solo una parte de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y hay una diferencia inexplicable de un 20 % con respecto a la media de la Unión del 11,5 %. La transparencia salarial podría ayudar a comprender mejor las razones de esta elevada brecha salarial entre hombres y mujeres. La inversión continua en servicios de guardería y en políticas activas de empleo facilitaría el empleo de las mujeres. Además, el diálogo con los interlocutores sociales y el refuerzo de su capacidad siguen siendo importantes en un contexto más amplio.

                  (13)

                  Como país periférico con baja densidad de población, un sistema de transporte interconectado y que funcione correctamente resulta fundamental para la actividad económica y las exportaciones de Estonia. La infraestructura de transporte de Estonia presenta algunas deficiencias en términos de conectividad y sostenibilidad. El transporte por ferrocarril y el transporte intermodal siguen estando poco desarrollados. Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera han aumentado en los últimos cinco años. Si se adoptaran nuevas soluciones innovadoras y sostenibles podría hacerse frente a la congestión y a los problemas relacionados con el transporte público. Sincronizar el sistema eléctrico de Estonia con la red continental europea es esencial para garantizar la seguridad del suministro de electricidad en toda la región del Báltico. La inversión en infraestructuras podría contribuir a reforzar la competitividad de las empresas estonias.

                  (14)

                  La productividad de Estonia se ha estado ralentizando debido al bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, especialmente por parte del sector privado. Mientras que en 2017 el gasto público en investigación y desarrollo fue solo ligeramente inferior a la media de la Unión, la inversión empresarial representó únicamente el 0,61 % del PIB, aproximadamente la mitad de la media de la Unión. Son pocas las empresas que informan de actividades de investigación e innovación, en particular entre las pequeñas y medianas (pymes). El gasto en innovación no procedente de la investigación y desarrollo está disminuyendo, y la colaboración entre el mundo científico y el empresarial es escasa. Algunos de esos factores lastran la productividad y los resultados en innovación del país. Una inversión más orientada a la investigación, el desarrollo y la innovación, en particular en la digitalización y la automatización de las empresas, podría aumentar la productividad y la competitividad de Estonia. También podría contribuir a ello una mejor priorización de los temas de investigación en ámbitos de interés para la economía. Las autoridades estonias han diseñado y aplicado varias medidas para subsanar las deficiencias del sistema de investigación e innovación, pero el impacto de esas medidas sigue siendo limitado hasta la fecha.

                  (15)

                  Siguen planteándose retos en relación con la eficiencia energética y la utilización eficiente de los recursos. El rendimiento ecoinnovador de Estonia no refleja todo el potencial del país; a ese respecto, su puntuación compuesta (60) es un 40 % inferior a la media de la Unión. A pesar de algunas mejoras en los últimos años, la productividad de los recursos en Estonia es tres veces menor que la media de la Unión, y la brecha con el resto de la Unión se está ampliando. Solo una pequeña proporción de las pymes estonias está tomando medidas para aumentar su eficiencia en el uso de los recursos y volverse más ecológicas. Además, la economía tiene una gran intensidad energética, y su consumo de energía es muy superior a la media de la Unión. Todas las regiones estonias se están quedando atrás en la mejora de la eficiencia energética y la utilización eficiente de los recursos. Con un 0,4 % en 2017, Estonia estaba muy lejos de su objetivo nacional de alcanzar una cuota del 10 % de energías renovables en el transporte. El fomento de la eficiencia energética y de los recursos, en particular en el sector de la construcción, y el apoyo a la economía circular, en particular mediante el aumento de la inversión, podrían contribuir a una economía más competitiva y sostenible.

                  (16)

                  Los procedimientos de insolvencia en Estonia duran aproximadamente tres años, y la tasa de recuperación es ligeramente superior al 40 %. Esto confina recursos humanos y económicos en empresas menos productivas y socava los incentivos a la inversión y a la financiación de empresas. La reforma del marco de la insolvencia sería importante para acortar la duración de los procedimientos de insolvencia y aumentar la tasa de recuperación de los acreedores. Por ejemplo, se podrían fomentar procedimientos de reestructuración antes y después de la insolvencia y evitar la liquidación gradual de las empresas.

                  (17)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Esto permitiría a Estonia hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores enumerados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

                  (18)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Estonia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Estonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (19)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Estonia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 4,1 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

         2.

            Hacer frente a la escasez de personal cualificado y fomentar la innovación mediante la mejora de la capacidad y la adecuación al mercado laboral del sistema de educación y formación. Mejorar la adecuación de la red de seguridad social y el acceso a servicios sociales asequibles e integrados. Adoptar medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, en particular aumentando la transparencia salarial.

         3.

            Centrar la política económica en relación con la inversión en infraestructuras sostenibles de transporte y energía, incluidas las interconexiones, en el fomento de la investigación y la innovación, y en la eficiencia de los recursos y la energía, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 24.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.