Avis juridique important

|

52002SC0381(02)

Recomendación de la Comisión al Consejo para que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la organización Marítima Internacional (OMI) sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea  /* SEC/2002/0381 final */

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad EuropeaEXPOSICIÓN DE MOTIVOSIntroducciónLa presente Comunicación de la Comisión al Consejo aborda la adhesión de la Comunidad Europea a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a la Organización Marítima Internacional (OMI).Como subraya el Libro Blanco sobre el futuro de la política europea de transportes [1], es necesario que la Unión Europea, que constituye la primera potencia comercial del mundo y que realiza gran parte de esa actividad comercial fuera de sus fronteras, desempeñe el papel que le corresponde en la adopción de las normas internacionales que regulan gran parte de los transportes.[1]  Libro Blanco - La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, COM(2001)370 de 12.09.2001.El acervo comunitario ha experimentado un desarrollo considerable en los últimos diez años, sobre todo en el ámbito del transporte aéreo y marítimo. Así pues, la creciente participación de la Comunidad en asuntos tratados en las dos organizaciones y el consiguiente desarrollo de la normativa comunitaria exigen reforzar su participación en la OACI y la OMI, organizaciones en las que participan países de todo el mundo y que establecen normas internacionales en materia de transporte aéreo y marítimo. La adhesión permitiría a la Comunidad cumplir sus obligaciones en materia de competencia exterior y garantizar la coherencia entre el Derecho comunitario y el internacional en estos dos sectores de especial importancia económica.Como dictaminó el Tribunal de Justicia en 1971, a medida que la Comunidad va estableciendo normas internas comunes, también va adquiriendo autoridad sobre las negociaciones exteriores que pueden afectar dichas normas comunes (doctrina AETR) [2]. Posteriormente, en el Dictamen 1/76, el Tribunal de Justicia certificó también que, si la Comunidad tiene competencias internas para conseguir un objetivo concreto, dispone implícitamente de competencias exteriores exclusivas sobre ese tema en la medida en que ello sea necesario para alcanzar dicho objetivo [3].[2]  Asunto 22/70 de 31.03.1971, Comisión contra Consejo, RTJ 1971 p. 263.[3]  Dictamen 1/76 de 26.04.1977, Proyecto de Acuerdo relativo a la creación de un fondo europeo de inmovilización de la navegación interior, RTJ 1977, p.741.El razonamiento de ambos fallos se vio confirmado por el Dictamen del Tribunal 1/94 [4]. Además, el Tribunal señaló que desde el momento en que la Comunidad ha incluido en sus actos legislativos internos cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales de países terceros o ha conferido expresamente a sus Instituciones competencia para negociar con los países terceros, adquiere una competencia exclusiva en la medida cubierta por dichos actos. En cualquier caso, lo mismo sucede, incluso en el caso de que no exista cláusula expresa que faculte a sus Instituciones para negociar con Estados terceros, cuando la Comunidad haya llevado a cabo una armonización completa (...), puesto que las normas comunes adoptadas podrían verse afectadas, en el sentido de la sentencia AETR (...) si los Estados miembros conservaran libertad de negociación con los países terceros [5].[4]  Dictamen 1/94 de 15.11.1994, Competencia de la Comunidad para concluir acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual, RTJ, 1994, p. I-5267.[5]  Dictamen 1/94, apartados 95 y 96.Así pues, la Comunidad no tiene más opción que suscribir los Convenios de Chicago y Ginebra, a fin de cumplir las obligaciones que le competen tanto en virtud del Derecho derivado como de los principios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.Además de las consideraciones jurídicas y como señala la Comisión en su reciente Libro Blanco titulado La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad [6], (...) la Unión Europea, primera potencia comercial del mundo, que realiza gran parte de esta actividad comercial fuera de sus fronteras, [tiene] (...) poco peso en la adopción de normas internacionales que, fundamentalmente, regulan el transporte. Esta situación se explica por su exclusión, como Unión Europea, de la mayor parte de las organizaciones intergubernamentales, donde sólo dispone de un puesto de observador.[6]  COM(2001)370 de 12.09.2001.Por consiguiente, la Comisión ha adoptado la posición siguiente: ...Conviene remediar rápidamente esta situación mediante la adhesión de la Comunidad a las organizaciones intergubernamentales que regulan los transportes, a fin de que la treintena de miembros de la Unión ampliada no sólo hable por unanimidad, sino que, además, pueda influir en la actividad de estas organizaciones fomentando un sistema de transporte internacional que tenga en cuenta los imperativos del desarrollo sostenible.El potencial de incidencia de una acción comunitaria cuidadosamente coordinada sobre las decisiones adoptadas en la OACI y la OMI ya ha quedado demostrado con las muy limitadas posibilidades actuales de participación comunitaria efectiva. En el ámbito de la seguridad marítima, la Comunidad acordó prohibir la entrada de los buques de casco único a sus puertos en 2015. Esta decisión de la Unión Europea condujo a la OMI a modificar el calendario previsto para la retirada de tales buques. Asimismo, los esfuerzos comunitarios para lograr una reducción progresiva del ruido provocado por las aeronaves han contribuido a acelerar los debates multilaterales sobre la revisión de las normas de la OACI a este respecto.El problema y sus solucionesNo obstante, las disposiciones vigentes sobre la participación de la Comunidad como observadora en la OACI o de la Comisión en la OMI no son ni satisfactorias ni suficientes para garantizar una representación efectiva de la posición comunitaria.En este sentido, el hecho de que la Comunidad sólo pueda ser invitada a participar en reuniones de órganos subsidiarios de la OACI en calidad de observador y de forma esporádica, y no reciba información sobre las actividades cotidianas de la OACI y la Comisión de Aeronavegación, organismos cuyas decisiones se elaboran y adoptan en los tres años de intervalo que hay entre las reuniones de la Asamblea de la OACI, plantea un grave problema para la Comunidad.Del mismo modo, el estatuto de observador de la Comisión en la OMI no le permite expresarse en nombre de la Comunidad en asuntos de competencia exclusiva de la misma, ni remitir a decisiones adoptadas a escala comunitaria, ya que las posiciones nacionales se consideran únicamente como tales, independientemente de la calidad de Estado miembro de la Comunidad del Estado que la expresa. Así las cosas, el estatuto de observador obstaculiza la utilidad de la coordinación de posiciones y favorece, por el contrario, que surjan posiciones contrarias a los intereses de la Comunidad.Así pues, existe una clara contradicción entre el derecho legítimo de la Comunidad Europea a ejercer sus competencias en nombre de sí misma y el estatuto de la Comunidad y la Comisión en estas dos organizaciones.Dado que los Convenios de Chicago y Ginebra, en virtud de los que se instituyeron dichas organizaciones internacionales, prevén únicamente la adhesión de Estados, la adhesión de la Comunidad exige modificar tales convenios de manera que las organizaciones de integración económica regionales puedan adherirse a aquellas. Por consiguiente, para que la Comunidad pueda adherirse, debe presentarse una propuesta de enmienda de ambos convenios, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la Asamblea de cada organización y ratificada de conformidad con las disposiciones de los convenios respectivos [7].[7]  En el caso de la OMI, por dos tercios de los Estados signatarios; en el caso de la OACI, por el número de Estados signatarios establecido por la Asamblea, sin que dicho número pueda ser inferior a dos tercios del total de Estados signatarios.A tal fin, la Comisión recomienda al Consejo que la autorice a negociar las enmiendas necesarias de los convenios.No obstante, se prevé que el proceso sea largo dado que la Comunidad sólo podrá adherirse a dichas organizaciones cuando el número necesario de Estados miembros haya ratificado las enmiendas de los convenios respectivos.Disposiciones transitoriasA la luz de lo anterior, se proponen medidas transitorias que se establecerán cuando la Comisión disponga de autorización para negociar las enmiendas de los convenios. El objetivo es intensificar las relaciones de trabajo entre la CE y ambas organizaciones, creando condiciones que permitan aumentar la participación en sus actividades.Dadas las diferencias existentes entre las normas y el funcionamiento de ambas organizaciones internacionales, las posibilidades de que dispone actualmente la CE para participar en las actividades de una y otra difieren considerablemente.Así, por ejemplo, la Comisión Europea cuenta con el estatuto de observador permanente en la OMI, lo que la autoriza a recibir todos los documentos y a participar cuando lo considera necesario, mientras que en la OACI la Comunidad tiene un estatuto de observador no permanente [8], por lo que sólo puede participar en las reuniones previa invitación y acceder sólo a la documentación relacionada con tales reuniones. Por consiguiente, las restricciones jurídicas son mayores en la OACI que en la OMI, lo cual significa que la Comisión coordina la posición de los Estados miembros en las reuniones de la OMI, mientras que, en la OACI, la Comunidad no puede asistir a las reuniones de los órganos internos en las que se adoptan las decisiones vinculantes.[8]  La normativa interna vigente de la OACI no contempla el estatuto de observador permanente.Dadas estas diferencias, las dos partes de la Comunicación relativas a la OACI y a la OMI abordan desde una orientación distinta dichas etapas intermedias y presentan las oportunas recomendaciones en función de las necesidades y las posibilidades de cada situación.En el caso de la OACI, teniendo en cuenta, por un lado, la fragilidad del estatuto actual de la Comunidad con respecto a los métodos de trabajo de la Organización y, por otro, la lejanía de su sede respecto a la Comunidad, la Comisión establecerá, junto con la negociación de adhesión, métodos de representación más eficaces designando un representante permanente en la sede de la OACI (como ocurre con los Estados miembros del Consejo de la OACI). Además, son necesarios procedimientos internos adecuados a escala comunitaria, adaptados a la situación real de las actividades de la OACI.En el caso de la OMI, donde, pese a haber coordinación, la Comunidad no está autorizada a hablar con una sola voz, los Estados miembros deberán emprender una acción concertada en los comités, a fin de que la Presidencia o la Comisión, en función de las competencias, expresen la posición de la Comunidad. El proceso de plena participación podría exigir un plazo de tiempo considerable. Mientras tanto, convendrá estrechar las relaciones con otras Partes contratantes de dicha organización y con los representantes del sector. Por consiguiente, debe estudiarse la posibilidad de designar un representante permanente de la Comisión en la OMI.ConclusionesLa Comisión invita al Consejo a que:- autorice a la Comisión a negociar, en nombre de la Comunidad, las enmiendas necesarias de los Convenios de Chicago y Ginebra de manera que la Comunidad pueda convertirse en miembro, así como las medidas oportunas para el período transitorio; y- adopte los procedimientos internos adecuados a escala comunitaria para una participación efectiva en las actividades de las dos organizaciones.RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea1. IntroducciónDada la ampliación de las competencias comunitarias en materia de seguridad del transporte marítimo, parece justificado considerar la adhesión de la Comunidad Europea a la Organización Marítima Internacional (OMI). Es necesario reforzar la participación comunitaria, para prevenir el incumplimiento por los Estados miembros de sus obligaciones comunitarias y garantizar la coherencia de la posición de la Comunidad.Ello entraña modificar el Convenio de Ginebra de 1948, por el que se crea la OMI (véase el anexo II), y obtener el voto y la ratificación de dos tercios de los 160 Estados miembros de la Asamblea. Dado que lo prolongado de los procedimientos de la OMI hará que el proceso lleve varios años [9], es necesario adoptar una solución transitoria para mejorar los procedimientos internos de la Comunidad relativos a la coordinación de las posiciones de la OMI y reforzar la representación de la Comisión en la Organización.[9]  El proceso de ratificación de un convenio en la OMI lleva una media de entre 8 y 10 años.Como subraya la Comisión en su Libro Blanco titulado La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad [10], conviene remediar rápidamente esta situación mediante la adhesión de la Comunidad a las organizaciones intergubernamentales que regulan los transportes, a fin de que la treintena de miembros de la Unión ampliada no sólo hable por unanimidad, sino que, además, pueda influir en la actividad de estas organizaciones para el interés común y el desarrollo sostenible. La Comisión precisa que la Unión Europea debe reforzar su capacidad de afirmación a escala internacional para expresarse por unanimidad en función de sus intereses sociales, industriales y ambientales.[10]  COM(2001) 370 de 12.09.2001, p.106 -107.Por tanto, la Comisión recomienda al Consejo que:- autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la OMI sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea a la OMI de acuerdo con las disposiciones del artículo 300 del Tratado;- adopte las directrices de negociación que se proponen a continuación. Además, la Comisión recomienda al Consejo que inste a los Estados miembros a apoyar su actuación en la búsqueda de estos objetivos de acuerdo con el artículo 10 del Tratado.2. Competencias e intereses comunitarios en los asuntos competencia de la OMIEl problema de las competencias deriva del hecho de que no todos los actos comunitarios adoptados en el ámbito de la seguridad marítima tienen el mismo nivel de armonización: algunos de ellos establecen normas mínimas, otros establecen normas máximas y otros tienen un contenido que podría calificarse de mixto.Por consiguiente, es preciso buscar soluciones basadas en la práctica comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de las competencias externas.La Comunidad tiene competencias en muchos ámbitos directa o indirectamente vinculados a la seguridad del transporte marítimo y a la prevención de la contaminación marina ocasionada por los buques. Tales competencias se establecieron al entrar en vigor numerosos instrumentos vinculantes (reglamentos y directivas) adoptados sobre la base de resoluciones, recomendaciones y convenios de la OMI.Esta normativa tiene como principal objetivo garantizar una aplicación armonizada y coherente en el conjunto de la Comunidad de las normas internacionales destinadas a los Estados miembros en su calidad de Estados de pabellón, y aplicables al tráfico internacional y nacional [11], así como a todos los buques, independientemente de su pabellón.[11]  Dentro de la Comunidad, no cabe distinguir entre transportes marítimos internacionales y nacionales.Así, por ejemplo, la Comunidad ejerce competencias (véase el anexo I) en los siguientes ámbitos:- Elaboración y aplicación de criterios y normas técnicas, que los Estados miembros han de adoptar obligatoriamente, especialmente en materia de equipos marinos.- Elaboración de reglas y normas de seguridad para los buques de pasaje.- Aplicación por parte del Estado del puerto de las normas internacionales relativas a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación, las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques y a los buques que hacen escala en los puertos comunitarios o en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros.- Elaborar normas armonizadas entre los Estados miembros dirigidas a sus autoridades marítimas de inspección y a las sociedades de clasificación.Reviste gran importancia que todas estas normas y las que se elaboren en el futuro [12] sean coherentes con las demás políticas desarrolladas por la Comunidad Europea, y especialmente con los objetivos del mercado interior y los de la política de medio ambiente.[12]  Las propuestas adoptadas en el paquete Erika I, es decir, los controles efectuados por el Estado del puerto, la reglamentación relativa a las sociedades de clasificación; la retirada de los viejos buques de casco único; y las del paquete Erika II, aún en fase de debate: el sistema comunitario de seguimiento, supervisión e información sobre el tráfico marítimo, el fondo de indemnización por los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos en las aguas europeas y, sobre todo, la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima.Corresponde a la Comisión Europea, en tanto que garante de los Tratados, velar por esta coherencia, ocupando la posición que le corresponde en la escena internacional.3. Adhesión de la Comunidad Europea3.1. Estatuto de la Comisión EuropeaEl Convenio de Ginebra sólo reconoce estatuto de miembro a los Estados. Desde el punto de vista político, resulta imperativo tanto para los Estados miembros como para los Estados terceros, clarificar la forma de participación europea, sobre todo si se tiene en cuenta que las estructuras de la OMI no reconocen la existencia de organizaciones de integración económica. La Comisión Europea tiene, empero, estatuto de observadora desde la firma de un acuerdo de cooperación y colaboración entre la Comisión y la OCMI (que posteriormente se convirtió en la OMI) el 28 de junio de 1974. Por consiguiente, no es la Comunidad Europea la que dispone de ese estatuto, sino la Comisión (véase el anexo III).Desde 1994 la Comisión recibe todos los documentos que figuran en el orden del día de los órganos de la OMI [13] y participa en todas las reuniones de los comités y subcomités que, a su juicio, revisten interés comunitario. Tales comités tienen competencias para modificar y enmendar por acuerdo tácito los anexos técnicos de los convenios de los que la OMI es depositaria.[13]  La Comisión participa en los 4 comités principales: el Comité de Seguridad Marítima (MSC), el Comité de Protección del medio ambiente marino (MEPC), el Comité de Cooperación Técnica (CTC) y el Comité Jurídico (LC).La Comisión se encarga de coordinar, en función de las necesidades, las posiciones comunes o concertadas de los Estados miembros al margen de las reuniones de esos comités y bajo la égida del Estado miembro que ejerce la Presidencia del Consejo.La presentación oral de dichas posiciones se efectúa en los debates celebrados por los órganos de la OMI y corre a cargo bien de una serie de Estados miembros que se expresan a título individual, bien de todos ellos en conjunto [14].[14]  Hasta hace poco, cuando la Comisión o el Estado miembro que ejercía la Presidencia se han expresado en nombre de los 15, esto llevó a veces a que países terceros expresaran, en ocasiones verbalmente, su oposición.3.1.1 Carencias actualesAun cuando el principio de coordinación comunitaria esté establecido desde 1994, su aplicación no siempre ha resultado suficiente y ha dado lugar a discrepancias, debido ante todo a la falta de comunicación entre las delegaciones nacionales y, como señala el Libro Blanco, al hecho de que los Estados miembros no siempre tienen una posición coherente en [esta organización] con respecto a lo decidido a escala comunitaria.Por otra parte, hay que recapitular brevemente las carencias actuales del estatuto de observador.El estatuto de observador no permite a la Comisión desempeñar las siguientes tareas:- Negociar directamente, aun cuando las cuestiones planteadas se refieran a ámbitos que han sido objeto de armonización comunitaria. - Expresarse en nombre de los 15 Estados miembros. Actualmente, cuando se procede a una votación, sólo se contabilizan los Estados miembros que emiten un voto, sea positivo o negativo. Siempre se contabilizan de forma individual. - Lograr una coordinación comunitaria eficaz en la esfera de las competencias comunitarias, por cuanto siempre existe el riesgo de que las opiniones expresadas por los Estados miembros no coincidan sistemáticamente con las acordadas a escala comunitaria.- Aportar una contribución concreta y tangible a la política de seguridad marítima comunitaria.Por otro lado, el estatuto de observador hace particularmente difícil la participación comunitaria en las negociaciones de los convenios internacionales al obligarla a estar vigilante y a aplicar procedimientos más complejos tanto en el plano interno como en el seno de las estructuras de la OMI, precisamente en un momento en que la Comunidad podría aspirar a participar.3.1.2 Ampliación de competenciasEl acervo comunitario se ha desarrollado considerablemente en un espacio de tiempo relativamente breve y el ritmo de crecimiento de las competencias sigue siendo elevado. Así, acaban de entrar en vigor las disposiciones del paquete Erika I, que irán rápidamente seguidas de las del paquete Erika II.Hay otras propuestas en curso o incluidas en el programa de trabajo de la Comisión como el refuerzo de las normas comunitarias en materia de barcos de pasajeros o del medio ambiente, además de los instrumentos internacionales asociados, que también justifican una toma de posición internacional, sobre todo, en el seno de la OMI.3.2. Valor añadido de la adhesión de la ComunidadLa adhesión de la Comunidad permitirá remediar las carencias y problemas descritos anteriormente en cuanto a las modalidades de participación y representación de la Comunidad en la OMI.3.2.1 Valor añadido en la escena internacionalAunque no quepa duda de que la OMI sigue siendo el foro más adecuado para elaborar normas internacionales relativas a la seguridad de los buques y a la prevención de la contaminación por ellos causada, conviene resaltar también que el carácter coercitivo del sistema jurídico comunitario hace posible una aplicación eficaz de tales normas.Lógicamente, esta coherencia entre 15 Estados miembros, que llegarán a ser una treintena tras la ampliación, debe reflejarse en la escena internacional.Desde el punto de vista económico, debe señalarse que las flotas de los Estados miembros representan actualmente el 12% del tonelaje mundial, porcentaje que, tras la ampliación, se elevará al 22%. La Europa de los Quince controla financieramente el 30% de la flota mundial y el tráfico marítimo con destino u origen en los puertos comunitarios supone el 30% del tráfico mundial.Cuando la Comunidad incorpora en su reglamentación las normas de la OMI, éstas no sólo tienen efectos en la flota de los Estados miembros, sino también, a menudo, en las de los terceros países que comercian con los Estados miembros, sobre todo en materia de inspección.Desde el punto de vista económico, dichos países no pueden eclipsar a un mercado tan sólido como el europeo, por lo que deberán familiarizarse con el régimen vigente en esta región del mundo y hacer todo lo posible por adecuarse al mismo. De hecho, las normas de seguridad impuestas por la Comunidad con arreglo a la reglamentación de la OMI se están convirtiendo poco a poco en una práctica profesional para todos los buques que operan en la zona europea.Ahora bien, ese valor añadido debería plasmarse, de acuerdo con la evolución de las competencias, en un estatuto más adecuado. En determinados ámbitos, los reglamentos y directivas establecen una armonización total entre los Estados miembros, lo que supone una competencia exclusiva de la Comunidad Europea. Por lo tanto, la Comunidad Europea deberá poder ejercer sus competencias en dichos ámbitos directamente ante la OMI [15].[15]   Véase el anexo I.3.2.2 Futuras modalidades de la participación de la Comunidad EuropeaCuando la adhesión sea efectiva, convendrá adaptar la expresión de la opinión de la Comunidad y la de los Estados miembros en función del grado de armonización de las competencias, así como el procedimiento que se les deba aplicar.- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia completamente armonizado, la Comisión se expresará y votará en nombre de los 15 Estados miembros. - Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia nacional, los Estados miembros se expresarán y votarán individualmente.- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia compartida y se alcance una posición común, ésta será presentada por la Presidencia del Consejo o por la Comisión. De no alcanzarse ninguna posición común, los Estados miembros se expresarán y votarán individualmente de conformidad con el artículo 10 del Tratado.3.3. Solicitud de adhesión de la ComunidadEl Convenio de Ginebra establece que el Secretario General de la OMI es el único que puede proponer una enmienda a los miembros de la Organización seis meses antes de la celebración de la Asamblea General.A fin de tener una idea más clara de las diferentes etapas que marcan la adhesión de la Comunidad a la OMI, conviene recordar las normas de procedimiento y las etapas en que se enmarca la adhesión de la Comunidad [16].[16]  Véase el anexo II.3.3.1 Etapas de la adhesiónDado que el Convenio de Ginebra prevé únicamente la adhesión de Estados, el único medio de alcanzar los objetivos planteados es enmendar dicho convenio, insertando una cláusula que permita la adhesión de las organizaciones de integración económica regionales y adaptar todos los artículos pertinentes del Convenio que se vean afectados por dicha cláusula, incluidas las normas de procedimiento.La adhesión de la Comunidad Europea deberá seguir las etapas siguientes:- El Consejo autoriza a la Comisión a negociar las condiciones y modalidades de la adhesión de la Comunidad Europea a la OMI mediante una enmienda del artículo 66 del Convenio de Ginebra que permita el acceso de las organizaciones de integración económica regionales.- La Comunidad presenta ante las autoridades competentes de la OMI una solicitud de enmienda del Convenio de Ginebra, de forma que se autorice la adhesión de las organizaciones de integración económica regionales.- «Doce meses después de ser aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados miembros de la Organización que no sean miembros asociados, las enmiendas entrarán en vigor para todos los Estados miembros.»- La Comisión adopta una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad a la OMI y la presenta al Consejo.- El Consejo, mediante una Decisión, autoriza a la Comunidad Europea a adherirse a la OMI. Los instrumentos de firma y aceptación deben serles presentados al Secretario General de Naciones Unidas (artículo 71 del Convenio de Ginebra).- La adhesión de la Comunidad entra en vigor con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de Ginebra modificado.3.3.2 Normas de procedimientoPara ser adoptada, la enmienda debe obtener el voto positivo y la ratificación de dos tercios de los miembros que participan en la Asamblea de la organización. La enmienda se considera adoptada cuando dos tercios de los miembros de la OMI, es decir, 106 Estados de un total de 160, la han aceptado oficialmente [17] y entra en vigor a los doce meses de haberse notificado la última ratificación [18].[17]  De los cuales, podemos sustraer teóricamente los Estados miembros, los Estados de la AELC y determinados países candidatos.[18]  Artículo 66 del Convenio de Ginebra.La Asamblea General de la OMI celebra reunión cada dos años y la última se celebró en noviembre de 2001, por lo que la decisión de modificar el Convenio no podrá tomarse hasta noviembre de 2003.En caso de que el Secretario General de la OMI se niegue a proponer la modificación del Convenio para que la CE pueda adherirse, el procedimiento se verá bloqueado y sólo podrá obligarle a cambiar su posición una decisión del Consejo de la OMI. De hecho, el Consejo puede adoptar todas las decisiones adecuadas en el ámbito de intervención de la OMI en virtud de una delegación general de la Asamblea General de la OMI [letra m) del artículo 15, Parte IV del Convenio]. En la práctica la letra m) del artículo 15 junto con el artículo 52 del Convenio se extiende a la posibilidad de proponer enmiendas del Convenio. Por otra parte, las decisiones de dicho Consejo sólo requieren mayoría simple de los miembros presentes.En caso de que el Secretario General de la OMI se niegue a proponer esta enmienda, será necesaria una acción concertada de los Estados miembros en el seno del Consejo de la OMI.En cualquier caso, dado lo complejo del proceso de negociación y ratificación, es evidente que la adhesión de la Comunidad efectiva requerirá varios años.4. Medidas transitoriasEs conveniente formalizar como medidas transitorias las actividades de coordinación comunitaria que ya funcionan correctamente en los comités y subcomités técnicos de la OMI. Durante el procedimiento de adhesión puede optarse por una solución intermedia a través de una actuación coordinada en los 4 comités de la OMI en los que la Comunidad dispone de competencias. También ha de tenerse en cuenta el nivel de armonización de competencias. Dicha armonización está sujeta por su propia naturaleza a una evolución continua, y las prácticas desarrolladas por la coordinación comunitaria en los comités y subcomités de la OMI reflejan esta situación.Conviene, por tanto, adaptar la expresión de la opinión de la Comisión y la de los Estados miembros al grado de armonización de competencias, así como el procedimiento que se les deba aplicar. - Cuando la coordinación comunitaria se refiera a un ámbito de competencia completamente armonizado, la Comisión se expresará y votará en nombre de los 15 Estados miembros.- Cuando la coordinación comunitaria se refiera a un ámbito de competencia nacional, los Estados miembros se expresarán y votarán individualmente.- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia compartida y se alcance una posición común, ésta será presentada por la Presidencia del Consejo o por la Comisión. De no alcanzarse ninguna posición común, los Estados miembros se expresarán individualmente de conformidad con el artículo 10 del Tratado.Debe estudiarse la posibilidad de crear una representación permanente de la Comunidad ante la OMI por cuanto las negociaciones para la adhesión exigen una mayor presencia en las delegaciones permanentes de los Estados miembros de la OMI.La creciente participación de la Comunidad en el ámbito de intervención de la OMI y el desarrollo natural de las normativas en el campo de la seguridad marítima hacen necesario que se refuerce su participación en la elaboración de las normas adoptadas bajo los auspicios de dicha organización.Esto permitirá también que la Comunidad Europea respete sus obligaciones respecto a las competencias externas y garantice la coherencia de la posición comunitaria en este sector.5. ConclusionesEs conveniente que la Comunidad Europea se adhiera a la OMI, para lo cual los Estados miembros, reunidos en el Consejo, deberán adoptar un planteamiento común sobre la modificación de la Parte III del Convenio de Ginebra a fin de hacer posible la adhesión de organizaciones de integración económica regionales.Dado que el proceso de adhesión se prolongará a lo largo de varios años, resulta necesario adoptar una solución transitoria, a fin de mejorar los procedimientos internos de la Comunidad en materia de coordinación de posiciones en la OMI y de reforzar la representación de la Comisión ante la OMI.6. RecomendacionesA la luz de lo anterior, la Comisión recomienda al Consejo que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la OMI sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de Ginebra, que designe un comité un comité especial que asista a la Comisión en dicho cometido, y que adopte las directrices de negociación que se incluyen a continuación.Las directrices de negociación que siguen van encaminadas a permitir a la Comunidad Europea adherirse a la OMI.Este estatuto debe posibilitar que la Comunidad, en igualdad de condiciones con los Estados miembros de la OACI, pueda:a) expresar sus opiniones durante las negociaciones o en cualquier reunión de los órganos de la OMI;b) en los asuntos que se decidan por votación, contar con un voto ponderado equivalente al de sus Estados miembros representados en los órganos de la OMI y sujeto al Derecho comunitario del que emanan las competencias externas;c) asumir, en su propio nombre, los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos elaborados en el marco de la OMI.De acuerdo con el artículo 300 del Tratado CE, las negociaciones deben ser llevadas a cabo por la Comisión, en consulta con un comité especial designado por el Consejo. Los Estados miembros deben apoyar en todo lo posible, como miembros actuales de la OMI, la adhesión de la Comunidad a dicha organización.Por lo que respecta a las cuestiones presupuestarias, dado que las contribuciones económicas de los Estados miembros de la Unión Europea representan una parte del presupuesto de la OMI, no se considera necesario contemplar la posibilidad de una contribución económica adicional de la Comunidad. No obstante, la Comunidad podría contemplar como alternativa una solución inspirada en la adoptada para su adhesión a la FAO, es decir, contribuir con una suma que cubra los gastos administrativos y de otro tipo derivados de su adhesión a la OMI (siempre que dicha cantidad no sea fijada unilateralmente por la OMI, sino de acuerdo con la Comunidad).Durante las negociaciones, podría surgir la cuestión de cuál es el lugar más adecuado para incluir las disposiciones sobre la adhesión y la participación de la Comunidad. La OMI podría preferir incluir algunas de ellas en las normas de procedimiento, pero la Comunidad, en principio y para asegurar la seguridad jurídica de las disposiciones que permiten su participación, debe procurar incluirlas en el Convenio. No obstante, independientemente de la opción elegida, también es importante dejar un sustancial margen de maniobra a este respecto, a fin de hacer frente a las posibles exigencias prácticas de la OMI.Por último, es probable que la OMI desee regular la participación de la Comunidad mediante una disposición general relativa a la participación de las organizaciones de integración económica regionales. En este caso, la Comunidad podría sugerir a la OMI la inclusión de una definición similar a la incluida en el estatuto de la FAO.Una vez enmendado el Convenio de Ginebra y a la luz de los resultados obtenidos, la Comisión presentará una propuesta de Decisión del Consejo sobre la adhesión de la Comunidad Europea.Durante el periodo de transición, los procedimientos relativos a las modalidades de presentación de la posición de la Comunidad ante la OMI seguirán lo establecido en la sección 4.RECOMENDACIÓNA la luz de lo aquí señalado, la Comisión recomienda que:- se envíe al Secretario General de la OMI  la carta adjunta en el apéndice 1, por la que se informa a dicha organización del deseo de la Comunidad Europea de abrir negociaciones con vistas a autorizar la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de la Organización Marítima Internacional, denominado «Convenio de Ginebra»;- el Consejo autorice a la Comisión a negociar con la OMI las condiciones y modalidades de la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de Ginebra;- puesto que de conformidad con el Tratado, la Comisión llevará a cabo dichas negociaciones en nombre de la Comunidad Europea, el Consejo designe un comité especial que la asista en esa tarea; y - el Consejo adopte las directrices de negociación del apéndice 2 de la presente Recomendación.ANEXO : DIRECTRICES DE NEGOCIACIÓNApéndice 1Propuesta de carta a enviar al Secretario General de la OMIMuy Sr. mío:Nos complace comunicarle que la Comunidad Europea desea convertirse en miembro de pleno derecho de la OMI. La Comunidad Europea tiene competencias para adoptar medidas en el ámbito de la seguridad marítima y la prevención y control de la contaminación marina. De hecho, dichas competencias ya se han ejercido al adoptar una serie de instrumentos en áreas en las que la OMI ha realizado o realiza su labor.Por ello, la Comunidad, como tal, se ve cada vez más afectada por las actividades de la OMI, lo cual, a su vez, ha suscitado la cuestión de la adhesión de la Comunidad a la OMI. En este sentido, la Comunidad Europea considera que su adhesión a la Organización beneficiaría tanto a la propia Comunidad como a la OMI. Facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados tanto de la adhesión a la OMI como del acceso a los instrumentos relacionados con las áreas que son competencia de la Comunidad debería incidir positivamente también en la marcha y los resultados de las actividades de la OMI.Sin embargo, la OMI no contempla la adhesión de las organizaciones de integración económica regionales, por lo cual le rogamos abra las negociaciones para introducir en la OMI y otras normas internas las modificaciones necesarias para que la Comunidad pueda adherirse a la OMI así como sobre las condiciones y la modalidad de nuestra adhesión.La Comisión, asistida por un comité especial de Estados miembros será la encargada de conducir dichas negociaciones por parte de la Comunidad. La Comisión está a disposición de la OMI para reunirse en breve con sus representantes en la fecha que la OMI considere adecuada.Aprovechamos para asegurarle una vez más que la Comunidad mantiene su compromiso de velar por que la OMI continúe siendo un foro atractivo para todos los países del mundo.Por la ComisiónEl PresidentePor el Consejo de la Unión EuropeaEl PresidenteApéndice 2Directrices para la negociación de la adhesión a la OMI- La Comunidad debe recibir el estatuto de miembro de pleno derecho en igualdad de condiciones con los Estados.- Dicho estatuto debe permitir que la Comunidad participe en las negociaciones y las reuniones en igualdad de condiciones con los Estados.- En cuanto al derecho a voto, la Comunidad debe contar con un número de votos equivalente al de los Estados miembros representados en los órganos pertinentes de la OMI y sujeto al Derecho comunitario del que emanan las competencias externas.- La Comunidad no contribuirá económicamente al presupuesto de la OMI. En caso de que esto resultara imposible o comprometiera la aceptación de la adhesión de la Comunidad por los actuales miembros de la OMI, la Comunidad podría aceptar como alternativa la aportación de una suma que compense los gastos administrativos y de otro tipo derivados de su adhesión a la OMI. Dicha suma no deberá ser establecida unilateralmente por la OMI sino de acuerdo con la Comunidad.- Como miembro de pleno derecho, la Comunidad deberá tener derecho a acceder a todos los futuros instrumentos negociados en el marco de la OMI que estén incluidos en sus competencias. Asimismo, la Comisión debe explorar la posibilidad de incluir en las normas de procedimiento de la OMI una disposición que permita la adhesión de la Comunidad a los convenios vigentes abiertos a los Estados miembros en los que la Comunidad cuenta con competencias.- La Comisión debe procurar que las disposiciones relativas a la participación de la comunidad se incluyan en el lugar más adecuado de la normativa interna de la OMI, a fin de garantizar su seguridad jurídica. No obstante, la necesidad de asegurar jurídicamente dichas disposiciones debe ser sopesada en función de las limitaciones internas de la OMI.- Si fuese necesario, la Comisión propondrá durante las negociaciones una definición de organización de integración económica regional similar a la contenida en el artículo II del acto constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [19].[19]  "...por organización de integración económica regional debe entenderse la constituida por Estados soberanos, en su mayoría miembros de la Organización, y a la que sus Estados miembros han transferido competencias en una serie de asuntos competencia de la Organización, incluida la autoridad para tomar decisiones vinculantes para sus Estados miembros respecto a dichos asuntos."ANEXO IDerecho comunitario pertinente para las actividades de la OMI1) Legislación adoptada- Reglamento (CEE) nº 613/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo al cambio de registro de buques dentro de la Comunidad. (DO n° L 68 de 15.3.1991, p. 1), modificado.- Directiva 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes (DO n° L 247 de 5.10.1993, p. 19), modificada.- Reglamento (CE) nº 2978/94 del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aplicación de la Resolución A. 747 (18) de la OMI relativa a la aplicación del arqueo de los tanques de lastre en los petroleros equipados con tanques de lastre separado (DO n° L 319 de 12.12.1994, p. 1).- Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (DO n° L 319 de 12.12.1994, p. 20) modificada.- Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados Miembros (control del Estado del puerto) (DO n° L 157 de 7.7.1995, p. 1) modificada.- Reglamento (CE) nº 3051/95 del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la gestión de la seguridad de transbordadores de pasajeros de carga rodada (DO n° L 320 de 30.12.1995, p. 14) (DO n° L 320 de 30.12.1995, p.14), modificado.- Directiva 96/98/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre equipos marinos - Anexo A.2 (DO n° L 46 de 17.2.1997, p. 25), modificada.- Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros (DO n° L 34 de 9.2.1998, p. 1), modificada.- Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (DO n° L 144 de 15.5.1998, p. 1).- Directiva 98/41/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos (DO n° L 188 de 2.7.1998, p. 35).- Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad (DO n° L 138 de 1.6.1999, p. 1).- Directiva 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en puertos de la Comunidad (DO n° L 14 de 20.1.2000, p. 29).- Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga - Declaración de la Comisión (DO n° L 332 de 28.12.2000, p. 81).- Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO n° L 12 de 16.01.2001 p.1).- Directiva 2001/25/EC del Consejo, de 4 abril 2001, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (DO n° L 136 de 18.5.2001, p. 28).- Directiva 2001/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de los graneleros (DO nº L 13 de 16.1.2002, p. 9).2) Legislación propuesta- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Comité de seguridad marítima y por el que se modifican los reglamentos en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques (DO nº C 365 E de 19.12.2000, p. 276).- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las directivas en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques (DO nº C 365 E de 19.12.2000, p. 280).- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único (DO n° C 212 E de 25.7.2000, p. 121).- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo (DO n° C120 E de 24.4.2001, p. 67).- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias (DO n° C120 E de 24.4.2001, p. 79).- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO n° C120 E de 24.4.2001, p. 83).ANEXO IIOrganización Marítima Internacional (OMI)La OMI es una agencia especializada de la ONU que fue creada por el Convenio de Ginebra de 1948 y tiene su sede en Londres. La OMI se ocupa de cuestiones de seguridad marítima y de la protección del medio ambiente a raíz de la contaminación accidental ocasionada por los buques.La OMI prepara conferencias diplomáticas con miras a la adopción de nuevas normas (convenios y protocolos) en materia de seguridad marítima y protección del medio marino y adopta en estos ámbitos recomendaciones en forma de resoluciones, que, salvo algunas excepciones, no tienen carácter vinculante. Los órganos principales de la OMI son la Asamblea, que se reúne cada dos años (la vigésimo segunda sesión tuvo lugar en noviembre de 2001), el Comité de Seguridad Marítima (CSM), el Comité de Protección del Medio Marino (CPMM), el Comité Jurídico y el Comité Técnico. Una serie de subcomités, dependientes de los comités, preparan las decisiones. Se encarga de dirigir la organización un Consejo, compuesto por una cuarentena de miembros elegidos por la Asamblea.El principal portavoz de la OMI es el Secretario General, D. William O'Neil (de nacionalidad canadiense).La OMI está compuesta por 160 miembros efectivos, entre los que se cuentan todos los Estados miembros de la UE y todos los países candidatos a la adhesión. Éstos representan aproximadamente el 25 % del tonelaje mundial.La OMI también es depositaria de gran número de convenios vigentes, en particular los Convenios SOLAS, MARPOL y STCW. A través de estos convenios se concede capacidad decisoria (posibilidad de introducir enmiendas) al CSM y al CPMM. A tal fin, estos comités adoptan resoluciones de carácter vinculante por las que se modifican los convenios y el protocolo. Las enmiendas entran en vigor por aceptación tácita.ANEXO IIIEstatuto de la Comisión ante la OMILa Comunidad, como tal, no está representada en la OMI ni es Parte Contratante de ninguno de los convenios gestionados por ella. Únicamente los Estados tienen derecho a ser miembros de la organización. En el caso de las organizaciones internacionales, el Convenio sólo prevé relaciones de cooperación. No existen disposiciones referentes a las organizaciones de integración económica regionales, razón por la que la Comisión cuenta con el estatuto de observador desde 1974.Tras un canje de notas entre el Sr. Ortoli, a la sazón Presidente de la Comisión Europea, y el Sr. Srivastava, Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI, que posteriormente se convirtió en la OMI), el 28 de junio de 1974 se concluyó un Acuerdo de Cooperación.Dicho Acuerdo prevé lo siguiente:- Consultas recíprocas sobre asuntos de interés común.- Intercambio de información, especialmente sobre los proyectos previstos y los programas de trabajo.Dada la libertad que conceden los convenios y resoluciones a los Estados, la Comunidad ha adoptado más de una decena de directivas y reglamentos directa o indirectamente basados en los instrumentos (convenios o resoluciones) de la OMI. Con esa normativa se pretende garantizar una aplicación armonizada y coherente de las normas internacionales en toda la Comunidad, tanto en el tráfico internacional como en el nacional.Se introdujo así una competencia mixta y en 1994 el Consejo aprobó un planteamiento pragmático de coordinación para ejercer dicha competencia.ANEXO IVNormas de procedimiento pertinentes de la OMIParte I. Propósito de la OrganizaciónArtículo 1Los objetivos de la Organización son:(a) Establecer un sistema de colaboración entre los Gobiernos en materia de reglamentación y prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la navegación comercial internacional; Parte III. AdhesiónArtículo 4Todos los Estados pueden ser Miembros de la Organización [...].Artículo 7Todo Estado que no tenga derecho a ser Miembro según lo dispuesto en los artículos 5 y 6, podrá solicitar su incorporación en tal carácter por intermedio del Secretario general de la Organización y será admitido como Miembro, cuando se haya adherido al presente Convenio, de acuerdo con las disposiciones del artículo 71 [...].Parte V. La AsambleaArtículo 15Las funciones de la Asamblea serán las siguientes:(m) Remitir al Consejo todo asunto incluido en el ámbito de aplicación de la Organización para que éste las considere y tome una decisión al respecto (...)Parte XI. La SecretaríaArtículo 52La Secretaría General asumirá toda otra función que la Convención, la Asamblea o el Consejo puedan asignarle.PARTE XV. Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizacionesArtículo 61La Organización podrá, en todo asunto comprendido en la esfera de sus finalidades, colaborar con otras organizaciones intergubernamentales que no sean organismos especializados de las Naciones Unidas, pero cuyos intereses y actividades tengan relación con los fines que persigue la Organización.Artículo 63Sujeto a la aprobación de la Asamblea, resuelta por mayoría de dos tercios de votos, la Organización podrá tomar a su cargo, de cualquier otra organización internacional gubernamental o no gubernamental, aquellas funciones, recursos y obligaciones que estén dentro de las finalidades de la Organización y puedan ser transferidos a la misma en virtud de convenios internacionales o de acuerdos mutuamente satisfactorios convenidos por las autoridades competentes de las respectivas organizaciones interesadas. La Organización podrá igualmente asumir todas las funciones administrativas que entren en sus finalidades y que le hayan sido confiadas a un Gobierno, según los términos de un instrumento internacional.Parte XVII. EnmiendasArtículo 66Los textos de los proyectos de enmiendas al presente Convenio serán comunicados a los Miembros por el Secretario general, con seis meses, por lo menos, de anticipación a su consideración por la Asamblea. Doce meses después de su aceptación por dos tercios de los Miembros de la Organización, excluidos los Miembros asociados, la enmienda entrará en vigor para todos los Miembros. Si en el transcurso de los sesenta primeros días de este período de doce meses un Miembro notifica que se retira de la Organización a causa de una enmienda, el retiro tendrá efecto, no obstante lo dispuesto en el artículo 73 del Convenio, en la fecha en que tal enmienda entre en vigor.Artículo 67Toda enmienda adoptada en las condiciones previstas en el artículo 66 será depositada ante el Secretario general de las Naciones Unidas, quien de inmediato enviará una copia de la misma a todos los Miembros.Artículo 68Las declaraciones de aceptación previstas en el artículo 66 deberán ser comunicadas por instrumento al Secretario general, para su depósito ante el Secretario general de las Naciones Unidas. El Secretario general notificará a los Miembros del recibo de dicho instrumento y de la fecha en la cual la enmienda entrará en vigor.FICHA DE FINANCIACIÓNÁmbito(s) político(s): Transporte marítimoActividad(es): Adhesión a la OMI Denominación de la medida: Representación de la Comisión en la OMI1. LÍNEA PRESUPUESTARIA(S) + TÍTULO(S)2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS2.1 Dotación global de la medida (parte B): créditos de compromiso en millones de euros: ninguno2.2 Período de aplicación: inicio en 2003, duración indefinida2.3 Estimación global plurianual de los gastos:a) Calendario de créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase el punto 6.1.1) Ninguno>SITIO PARA UN CUADRO>b) Asistencia técnica y administrativa y gastos de apoyo (véase el punto 6.1.2): Ninguno>SITIO PARA UN CUADRO>>SITIO PARA UN CUADRO>c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento (véanse los puntos 7.2 y 7.3)>SITIO PARA UN CUADRO>2.4 Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras|X| Propuesta compatible con la programación financiera existente.| | Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras,| | incluido, en su caso, un recurso a las disposiciones del acuerdo institucional. 2.5 Incidencia financiera en los ingresos:|X| Ninguna implicación financierao bien| | Incidencia financiera. El efecto en los ingresos es el siguiente:3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS: No aplicable>SITIO PARA UN CUADRO>4. FUNDAMENTO JURÍDICOArtículo 302 (antiguo artículo 229)5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN5.1 Necesidad de la intervención comunitaria5.1.1 Objetivos perseguidosLa creciente participación de la Comunidad en asuntos tratados en la OMI y el consiguiente desarrollo de la normativa comunitaria exigen reforzar su participación en esta organización en la que se establecen normas internacionales en materia de transporte marítimo. Esto le permitirá satisfacer las obligaciones comunitarias por lo que respecta a las competencias exteriores y garantizar la coherencia de la posición de la Comunidad en este sector de especial importancia económica.Por consiguiente, la Comisión adoptó, en su reciente Libro Blanco titulado La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, la posición de que conviene remediar rápidamente esta situación mediante la adhesión de la Comunidad a la OMI, a fin de que la treintena de miembros de la Unión ampliada no sólo hable por unanimidad, sino que, además, pueda influir en la actividad de estas organizaciones fomentando un sistema de transporte internacional que tenga en cuenta los imperativos del desarrollo sostenible.No se prevé contribución comunitaria al presupuesto de la OMI derivada de la adhesión.No obstante, es de prever que el proceso será largo, dado que la Comunidad sólo podrá adherirse a la OMI cuando el número necesario de Estados miembros de la Organización haya ratificado la enmienda del Convenio. Por lo tanto, la Comisión establecerá, junto con la negociación de adhesión, métodos de representación más eficaces mediante la designación de un representante permanente en Londres. La representación consistirá de un sólo funcionario, con base permanente en la representación de la Comisión en Londres y una persona dedicada a las labores de secretaría, también con base en Londres. Los costes relacionados con esta plantilla serán la única parte de la presente solicitud de adhesión a la OMI que tendrá incidencias presupuestarias.5.1.2 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex anteLa necesidad de estos empleos ha quedado establecida debido a la creciente necesidad de establecer relaciones estrechas con otras Partes contratantes de la OMI y con representantes del sector, así como basándose en la experiencia acumulada al tener un funcionario permanentemente en Londres para seguir los asuntos de la OMI. Las negociaciones para la adhesión a la OMI, reclamada en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes y objeto de la presente Comunicación, acentuarán la necesidad de dicha representación, cuyo programa anual de trabajo y resultados será supervisado por la unidad G de la DG TREN.5.1.3 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex postEl valor añadido de disponer de una representación permanente ante la OMI en Londres se revisará regularmente en función de la distribución de tareas y los programas de trabajo en cuestión.5.2 Acciones previstas y modalidades de intervención presupuestaria Precisar, para cada acción principal:- la o las poblaciones a que la acción va destinada (en la medida de lo posible, especificar los beneficiarios en términos cuantitativos) La acción propuesta beneficiará mutuamente a la Comisión, por un lado, y a las Partes contratantes de la OMI y los representantes del sector, por otro, al estrechar las relaciones entre ellos.- el o los objetivos específicos fijados para el periodo de programación (en términos mensurables)Establecimiento de un representante de la Comisión ante la Organización Marítima Internacional asistido por una secretaría.- las medidas concretas que deban adoptarse para la ejecución de la acciónNegociación sobre las posibilidades de acomodar al representante de la Comisión ante la OMI en las oficinas de la delegación de la Comisión en Londres (espacio para oficinas).- las realizaciones inmediatas de cada medida y su contribución al objetivo generalEl objetivo a largo plazo de lograr la adhesión de la Comunidad a la OMI no se logrará de inmediato. Por contra, los beneficios de contar con una representación permanente (véase el apartado 5.1) serán inmediatos.- las realizaciones previstas que cubran necesidades o resuelvan problemasLas realizaciones resolverán el actual problema de infrarrepresentación de la Comisión en la OMI y aportarán un valor añadido substancial a la labro de la Comisión en Bruselas al reducir la necesidad de constantes misiones a la OMI.También deberá facilitarse información sobre los acuerdos para la intervención presupuestaria (porcentaje y forma de la asistencia financiera solicitada). El establecimiento de un representante de la Comisión ante la OMI y una secretaría requerirá recursos presupuestarios que deberán ser cubiertos por la Parte A del presupuesto.5.3 Modalidades de ejecuciónLa representación propuesta requerirá una plantilla de dos funcionarios permanentes (un funcionario A y un funcionario C).6. INCIDENCIA FINANCIERA6.1 Incidencia financiera total en la Parte B (para todo el período de programación): Ninguna6.1.1 Intervención financieraNinguna6.1.2 Asistencia técnica y administrativa (ATA), gastos de apoyo (DDA) y gastos TI (créditos de compromiso): Ninguno6.2 Cálculo de los costes por medida prevista en la Parte B (para todo el período de programación): NingunoCréditos de compromiso en millones de EUR (al 3er decimal)>SITIO PARA UN CUADRO>7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS7.1 Incidencia en los recursos humanos>SITIO PARA UN CUADRO>7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos>SITIO PARA UN CUADRO>Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.7.3 Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción>SITIO PARA UN CUADRO>Los importes corresponden a los gastos totales durante 12 meses.Las necesidades de recursos humanos y administrativos se cubrirán con la asignación concedida a la DG responsable en el marco de la asignación anual.I. Total anual (7,2 + 7,3): 197.270 EURII. Duración de la acción: indefinidaIII. Coste total de la acción (I x II): no aplicable  //  8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN8.1. Sistema de seguimiento: No aplicable8.2. Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista: No aplicable9. MEDIDAS ANTIFRAUDE: No aplicable


				|

		52013DC0392

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en los Países Bajos /* COM/2013/0392 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo en los Países Bajos

El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126,
apartado 7,
Vista la
recomendación de la Comisión Europea,
Considerando lo
siguiente:
(1)       Con arreglo al
artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los
Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
(2)       El Pacto de Estabilidad
y Crecimiento está basado en el objetivo de lograr unas haciendas públicas
saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios
y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)       El 2 de diciembre de 2009,
el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del TFUE,
declaró la existencia de un déficit excesivo en los Países Bajos y formuló una
recomendación con miras a corregir el déficit excesivo en 2013 a más tardar[1], de conformidad con
el artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del
Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la
aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo[2]. Con el fin de situar el
déficit de las administraciones públicas por debajo del 3 % del PIB de
forma creíble y sostenible, se recomendó a las autoridades neerlandesas que
aplicasen las medidas presupuestarias en 2010 conforme a lo previsto en el
presupuesto de 2010 y que, comenzando el saneamiento en 2011, pusieran fin a la
situación de déficit excesivo a más tardar en 2013. A tal fin, se les
recomendaba realizar un esfuerzo presupuestario anual medio equivalente al 0,75 %
del PIB en el período 2011-2013, especificar las medidas necesarias para lograr
la corrección del déficit excesivo en 2013 a más tardar, si las condiciones
cíclicas lo permiten, y acelerar la reducción del déficit si las condiciones
económicas o presupuestarias resultasen mejores de lo que se esperaba en ese
momento. El Consejo estableció el plazo del 2 de junio de 2010 para la adopción
de medidas efectivas.
(4)       El 15 de junio de 2010,
la Comisión concluyó que, sobre la base de las previsiones de la primavera de
2010 de los servicios de la Comisión, los Países Bajos habían tomado medidas
efectivas para atenerse a la recomendación del Consejo de 2 de diciembre de
2009 de situar su déficit público por debajo del 3 % del valor de
referencia del PIB y consideró que en ese momento no era necesaria ninguna otra
medida en el marco de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo.
(5)       De conformidad con el
artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1467/97, el
Consejo podrá decidir, sobre la base de una recomendación de la Comisión,
adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126,
apartado 7, del TFUE, si se han tomado medidas efectivas y tras la
adopción de la recomendación aparecen factores económicos adversos e
inesperados que tienen importantes efectos desfavorables sobre la hacienda
pública. La aparición de factores económicos adversos e inesperados con
importantes efectos desfavorables sobre la situación presupuestaria ha de
evaluarse teniendo en cuenta las previsiones económicas subyacentes en la
recomendación del Consejo.
(6)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del
Reglamento (CE) nº 1467/97, el Consejo debe dirigir recomendaciones al
Estado miembro de que se trate con vistas a poner fin a la situación de déficit
excesivo en un plazo determinado. La recomendación del Consejo debe establecer
un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro tome medidas efectivas
destinadas a corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación
encaminada a corregir un déficit excesivo, el Consejo debe instar a alcanzar
objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones en que
se basa la recomendación, permitan una mejora anual del saldo presupuestario
estructural (saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas
puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo al 0,5 %
del PIB.
(7)       Según las previsiones
del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión, subyacentes en la
recomendación del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del
TFUE, de 2 de diciembre de 2009, la economía neerlandesa se contraería un 4,5 %
en 2009, y se recuperaría moderadamente en 2010 y 2011, con un crecimiento del
PIB del 0,25 % y el 1,5 %, respectivamente. Los años 2012 y 2013 se
sitúan más allá de esas previsiones, pero según la hipótesis de reducción gradual
de la importante brecha de producción negativa de aquí a 2015, se esperaba para
2012 y 2013 un crecimiento superior al de 2011. En 2009, el PIB disminuyó un
3,7 %, menos de lo esperado en las previsiones del otoño de 2009 de los
servicios de la Comisión, y en 2010 la recuperación, impulsada por las
exportaciones, fue superior a la prevista, con un crecimiento del 1,6%, pero en
2011 el crecimiento económico se ralentizó al 1 % y en 2012 la economía
neerlandesa entró en recesión. En 2011, los Países Bajos ya registraron una
disminución del PIB trimestral en todos los trimestres salvo el primero, y en
2012 la economía neerlandesa se contrajo un 1 %. El crecimiento
intertrimestral fue ligeramente positivo en la primera mitad del año, pero
luego cayó en picado. En conjunto, el crecimiento del PIB resultó ser mucho
menor de lo que se podía haber esperado en un modelo de recuperación cíclica
normal y la considerable contracción de la economía afectó negativamente al
empleo; el desempleo aumentó, los salarios reales bajaron y la demanda interna
disminuyó.
(8)       Las previsiones de la
primavera de 2013 de los servicios de la Comisión consideran que el PIB real
seguirá bajando en 2013 (un 0,8%), si bien se prevé que vuelva gradualmente a
crecer a partir del segundo semestre del año. Se espera que la evolución del
comercio contribuya a la recuperación, mientras que se prevé que la demanda
interna siga siendo baja hasta bien entrado 2013. La incertidumbre sobre las
perspectivas económicas globales, la aplicación de las propuestas de reforma y
las posibles nuevas medidas de saneamiento constituyen una rémora adicional
para la demanda interna. En 2014, se espera que las exportaciones e
importaciones se intensifiquen y la demanda interna debería comenzar a despegar
de forma gradual, apoyando una débil recuperación, con un crecimiento del PIB
real del 0,9 %.
(9)       Los Países Bajos habían
optado por retrasar el ajuste presupuestario hasta 2011. Esta opción contó con
el apoyo de la recomendación del Consejo de 2009 que instaba específicamente a
aplicar el presupuesto de 2010 aun cuando el saneamiento no empezara hasta
2011. Como respuesta, los Países Bajos elaboraron para el período 2011-2015 un
paquete plurianual de medidas basadas sobre todo en una reducción del gasto.
Hasta 2013 la aplicación de las medidas se halla, en gran medida, en buen
camino. Tras unos resultados del PIB real en 2009 y 2010 mejores que los
anunciados en las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión
en que se basa la recomendación del procedimiento de déficit excesivo, los
resultados económicos de los Países Bajos se deterioraron considerablemente a
partir de 2011. Esto se tradujo en una evolución similar de las finanzas
públicas, cumpliéndose inicialmente con creces los objetivos presupuestarios
hasta 2011 inclusive. En 2011, el déficit de las administraciones públicas
llegó al 4,5 % del PIB, mejorando posteriormente hasta situarse en el 4,1 %
del PIB en 2012. Por lo que respecta a las fuerzas impulsoras del déficit, las
oscilaciones del crecimiento económico afectaron principalmente a los ingresos
públicos. La recuperación inicial de la crisis financiera, con una actividad
económica más sólida de lo esperado en 2010 y en el primer semestre de 2011,
produjo inicialmente unos ingresos bastante importantes. No obstante,
posteriormente, los ingresos fueron inferiores a lo esperado, sobre todo en el
segundo semestre de 2011 y en 2012 con la disminución del crecimiento. Se prevé
que esta pauta adversa continúe en el futuro, contribuyendo en gran medida a
las malas perspectivas del déficit. Las tendencias generales reflejan la
sensibilidad cíclica de los ingresos que caracteriza a los Países Bajos.
(10)     Según las previsiones de
la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, el déficit de las
administraciones públicas mejoraría más, hasta un 3,6 % del PIB en 2013,
merced a las importantes medidas de saneamiento, principalmente en lo que
respecta a los ingresos, en particular el aumento del tipo del IVA y los
aumentos de los impuestos especiales, mientras que, en lo que respecta a los
gastos, la congelación de los salarios de los funcionarios y la no indexación
de los tramos del impuesto sobre la renta contribuirán al saneamiento. Además,
en 2013 algunas importantes medidas puntuales tendrán repercusiones sobre el
déficit[3].
La venta de licencias de telefonía móvil 4G y la nacionalización de SNS Reaal
(que se notarán ambas en 2013) se neutralizan en buena medida. Sin embargo, en
última instancia, las medidas puntuales harían que el déficit baje en torno a
un 0,2 % del PIB, en particular las relativas a los pagos de dividendos
del De Nederlandsche Bank y a la restitución por Havenbedrijf Rotterdam de las
contribuciones públicas para la ampliación del puerto. Las medidas
especificadas y acordadas que están incluidas en las previsiones
presupuestarias plurianuales implican nuevos ahorros en 2014. Además, las
repercusiones excepcionales positivas de los flujos de dividendos de De
Nederlandsche Bank y de una exacción de crisis aplicada a los bancos supondrán
una baja del déficit global. No obstante, dado que se espera que los ingresos
se mantengan moderados debido a la lenta recuperación, se prevé que el déficit
de las administraciones públicas se estabilizará en el 3,6 % del PIB en
2014. Las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión
no tienen en cuenta las medidas adicionales de saneamiento para 2014 propuestas
por el Gobierno en marzo de 2013, pero retiradas luego temporalmente en
respuesta al acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales en abril de
2013.
(11)     Las perspectivas fiscales
de 2014 en adelante conllevan unos riesgos de aplicación no despreciables. En
lo que respecta a las medidas integradas en el acuerdo de coalición, estos
riesgos tienen principalmente su origen en los beneficios previstos en términos
de eficacia que se prevén lograr mediante la descentralización de actividades a
los municipios. En los Países Bajos, es tradicional aplicar los acuerdos de
coalición prácticamente sin cambios. Hay varios ejemplos recientes de
modificaciones sustanciales que se deben, por ejemplo, a la revisión de los
planes originales por parte de los miembros de la coalición o al acuerdo con
los interlocutores sociales. En cualquier caso, el déficit global previsto para
2014 sugiere que es necesario adoptar medidas adicionales a fin de situar el
déficit global por debajo del 3 % del PIB en 2014.
(12)     Según las previsiones
actualizadas de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, el saldo
estructural mejorará por término medio alrededor de un 0,7 % del PIB al
año durante el período de ajuste 2010-2013, pero se prevé que se deterioren en
2014 en torno a 0,3 puntos porcentuales. Así, sobre la base de las previsiones
de la primavera de 2013, el ajuste presupuestario medio durante el período
2011-2013 se acercaría al 0,75 % del PIB exigido. Si se ajusta para tener
en cuenta la importante revisión a la baja del crecimiento potencial de la
producción desde el momento en que se formuló la recomendación de 2009 en el
marco del PDE y la repercusión de las revisiones de la composición del
crecimiento económico en los ingresos, el esfuerzo estructural medio anual (1,1 %
del PIB) excede, por un margen significativo, al esfuerzo presupuestario anual
medio recomendado (0,75 % del PIB) durante 2011-2013, requerido en la
recomendación del procedimiento de déficit excesivo del Consejo de 2009. Por lo
tanto, se puede considerar que los Países Bajos han tomado medidas efectivas
conforme a la recomendación del Consejo. Para el período 2011-2013, el esfuerzo
presupuestario global según un enfoque ascendente es del 4 % del PIB, es
decir, alrededor del 1,3 % del PIB al año, repartido por igual en general
entre las medidas de ingresos y de gastos. Una evaluación ascendente de las
medidas de saneamiento presupuestario adoptadas en los años 2010-2013 confirma,
por tanto, la conclusión de que los Países Bajos han tomado medidas efectivas.
(13)     La dinámica de la deuda
en los Países Bajos ha sido desfavorable. En 2008, las operaciones del Estado
en apoyo de los bancos de los Países Bajos fueron un factor fundamental de la
subida del ratio de endeudamiento público, incrementándolo del 45,3 % del
PIB en 2007 hasta el 58,5 %. En el período 2008-2012 creció continuamente
hasta el 71,2 % en 2012. Según las previsiones de primavera de 2013 de los
servicios de la Comisión se espera que el ratio de endeudamiento siga
aumentando hasta el 74,6 % del PIB en 2013 y el 75,8 % del PIB en
2014. Esto se debe fundamentalmente a la persistencia de los déficits globales
junto con el bajo crecimiento del PIB nominal, mientras que las operaciones del
FEEF y del MEDE atribuidas al endeudamiento público solo tuvieron un efecto
incremental relativamente pequeño. El repunte del ratio de deuda bruta para
2013 incluye operaciones que incrementan la deuda por un importe equivalente
aproximadamente al 1 % del PIB debido a la nacionalización de SNS Reaal a
principios de 2013 (además de las medidas incrementales del déficit que
ascienden a alrededor del 0,6 % del PIB).
(14)     De conformidad con las
normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento —y habida cuenta de todos estos
factores y, en particular, del deterioro substancial de la situación
presupuestaria resultante de la mayor debilidad de la situación global de la
economía en relación con la que subyace en la recomendación original del
Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE— cabe pensar
que procede conceder un nuevo plazo para la corrección del déficit excesivo de
los Países Bajos de aquí a 2014.
(15)     En el contexto de la
elevada incertidumbre sobre la evolución económica y presupuestaria, el
objetivo presupuestario recomendado para el último año del periodo de
corrección debe fijarse a un nivel claramente inferior al valor de referencia,
con objeto de garantizar un logro eficaz y duradero de la corrección dentro del
plazo requerido.
(16)     La concesión de un año
adicional para la corrección del déficit excesivo sería proporcionada a los
objetivos intermedios de déficit global del 3,6 % del PIB en 2013 y el 2,8 %
del PIB en 2014. La mejora subyacente del saldo presupuestario estructural que
implican estos objetivos es del 0,6 % del PIB en 2013 y del 0,7 % del
PIB en 2014. En total, para alcanzar los objetivos estructurales antes
mencionados, las autoridades neerlandesas tendrían que velar por lograr el
esfuerzo estructural previsto en 2013 y adoptar medidas adicionales de
saneamiento de alrededor de al menos el 1% del PIB en 2014, además de las
medidas ya contempladas en el escenario de base. Estos objetivos tienen en cuenta
la necesidad de compensar los efectos secundarios negativos del saneamiento
presupuestario sobre las finanzas públicas, a través de su impacto en el
crecimiento del PIB.
(17)     El informe de la Comisión
Europea de 2012 sobre la sostenibilidad de la hacienda pública muestra que los
Países Bajos no afrontan un riesgo de tensiones presupuestarias a corto plazo,
mientras que a medio y largo plazo el país está sujeto a un nivel medio de
riesgo para la sostenibilidad. Aunque las reformas de las pensiones de 2013
constituyen un importante paso en la dirección adecuada, son necesarias medidas
adicionales, dirigidas particularmente a frenar los gastos en cuidados de larga
duración, a fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda
pública.
(18)     Los Países Bajos cumplen
las condiciones para prorrogar el plazo de corrección del déficit público
excesivo establecidas en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento
(CE) nº 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
(1)
Los Países Bajos deben poner fin a su actual
situación de déficit excesivo a más tardar en 2014.
(2)
Los Países Bajos deberán alcanzar el objetivo
de un déficit global del 3,6 % en 2013 y el 2,8 % del PIB en 2014, lo
que es coherente con una mejora del saldo estructural de alrededor del 0,6 %
y el 0,7 % del PIB, respectivamente, sobre la base de las previsiones de
la primavera de 2013 actualizadas efectuadas por los servicios de la Comisión.
(3)
Los Países Bajos deben aplicar las medidas
plurianuales ya adoptadas en el presupuesto de 2013, y estar preparados para
compensarlas si su rendimiento resulta menor de lo actualmente previsto, y
aplicar medidas adicionales suficientes para lograr la corrección del déficit
excesivo en 2014. El Consejo establece el plazo del [1 de octubre] para que los
Países Bajos tomen medidas efectivas y, de conformidad con el artículo 3,
apartado 4 bis, del Reglamento (CE) nº 1467/97, informen con
detalle sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los
objetivos.
Por otra parte, a fin de garantizar el
éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario será importante que este
venga respaldado por reformas estructurales globales, de conformidad con las
recomendaciones del Consejo dirigidas a los Países Bajos en el marco del
Semestre Europeo, y particularmente con las relativas al componente preventivo
del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico.
El destinatario de la presente
Recomendación es el Reino de los Países Bajos.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               Todos los documentos relativos al procedimiento de
déficit excesivo aplicado a los Países Bajos pueden consultarse en:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/netherlands_en.htm

[2]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[3]               Esta interpretación de la clasificación de estas operaciones
no prejuzga la evaluación formal de Eurostat.


title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Estonia

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/25

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Estonia
   2014/C 247/06
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de Estonia para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Estonia para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, en virtud del Reglamento (UE) no 473/2013 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Estonia para 2014.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo, el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (7)

               El 8 de mayo de 2014, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y, el 29 de abril de 2014, su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es alcanzar los objetivos a medio plazo mantenidos a lo largo de todo el Programa y acumular suficientes reservas presupuestarias para épocas económicas difíciles. El Programa de Estabilidad confirma el anterior objetivo a medio plazo de un superávit estructural más estricto del requerido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se prevé que el saldo estructural recalculado de Estonia empeore en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2014, lo que se aparta de la senda de ajuste requerida, antes de mejorar en 0,4 puntos porcentuales en 2015 y de mantenerse en un nivel cercano al equilibrio en el período 2016-2017. Por otra parte, el Programa de Estabilidad apunta a un riesgo de desviación con respecto al índice de referencia del gasto en 2014 y a un riesgo de desviación significativa en 2015. En general, la trayectoria de ajuste prevista de cara al objetivo a medio plazo presenta riesgos en relación con el cumplimiento de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)

               El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa de Estabilidad, que no ha sido aprobado por una entidad independiente, es verosímil y, en general, está línea con las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Según estas previsiones, se prevé un deterioro del déficit estructural del 0,1 % del PIB en 2014, lo que llevaría a una diferencia del 0,3 % con respecto al ajuste requerido y a una significativa desviación en comparación si se considera un período de dos años. Para 2015, la Comisión prevé otro deterioro del 0,2 % del PIB en el equilibrio estructural, lo que se aparta significativamente del ajuste exigido para lograr el objetivo a medio plazo. También se espera una importante desviación con respecto al índice de referencia del gasto en el período 2014-2015. Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad de 2014 y de las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que existe un riesgo de que se produzca una desviación significativa respecto del objetivo a medio plazo en 2014 y 2015. La norma sobre el saldo estructural para ajustarse a lo establecido en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza entró en vigor mediante la nueva Ley de Presupuestos del Estado de Estonia el 23 de marzo de 2014, pero todavía tiene que ser complementada con un fortalecimiento del carácter vinculante de los objetivos plurianuales de gasto.

               (10)

               Por lo que se refiere al mercado laboral, se han realizado avances sustanciales para reducir el desempleo juvenil y de larga duración. Debe prestarse especial atención a medidas que incentiven la ocupación de trabajadores con ingresos bajos. Son necesarios esfuerzos adicionales para solucionar la creciente escasez de mano de obra, debida, entre otras causas, al envejecimiento y al abandono del mercado laboral por motivos de salud e incapacidad. La adopción y aplicación oportunas de la Reforma de la Capacidad Laboral, al tiempo que garantiza la disponibilidad de servicios de capacitación es, por lo tanto, sumamente importante. La relación coste-eficacia de la política de apoyo a las familias podría mejorarse, entre otras cosas, facilitando el acceso a las guarderías. Se espera así fomentar un rápido retorno de las mujeres al mercado laboral y reducir la persistencia de la gran diferencia salarial entre hombres y mujeres. Deben redoblarse los esfuerzos para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de puestos de trabajo fuera de las regiones de Tallin y Tartu para evitar el aumento de las diferencias de desarrollo económico y reducir el desempleo, especialmente entre las personas menos cualificadas.

               (11)

               En el ámbito de la educación y la formación, deben aplicarse las reformas recientemente adoptadas para adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral. Será necesario redoblar los esfuerzos para facilitar la transición de la educación al empleo. Deberán realizarse esfuerzos sistemáticos, en particular con la participación de los interlocutores sociales, para incrementar la participación en la educación y formación profesionales, así como en el aprendizaje en el lugar de trabajo, especialmente los contratos de aprendizaje. La aplicación de la estrategia de aprendizaje permanente requerirá importantes esfuerzos para la necesaria reconversión y la mejora de las capacidades y los niveles de cualificación, en particular para las personas en una posición débil en el mercado laboral. Existe un marco de especialización inteligente que incluye la Estrategia de Emprendimiento y Crecimiento y la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación, centrándose en las prioridades compartidas, aunque al mismo tiempo con una mayor especialización de los ámbitos temáticos. Dada la pequeña escala de la economía, deben mantenerse los esfuerzos de internacionalización y la priorización de las actividades de investigación y desarrollo y del sistema de innovación.

               (12)

               La intensidad de uso de los recursos en Estonia sigue siendo muy elevada. Se ha avanzado en el campo de la eficiencia energética de los edificios públicos, pero deben mantenerse e incrementarse los esfuerzos, en particular en los sectores residencial e industrial. Se han hecho progresos sustanciales con respecto a la gestión de los residuos y los vertederos, aunque debe asegurarse la viabilidad económica del reciclado. Deben aplicarse las medidas previstas en el Plan de Desarrollo del Transporte, en particular para que Estonia pueda contener las emisiones de CO2 en los sectores no cubiertos por el RCCDE. La eficiencia energética del transporte de mercancías puede mejorarse gracias al despliegue de medios de transporte más sostenibles. El uso del transporte público puede incrementarse mejorando la complementariedad de las redes regionales y las conexiones entre los autobuses y el ferrocarril. Está aumentando la utilización de vehículos privados, aunque la edad media de la flota de automóviles casi duplica la de la UE y los turismos nuevos se encuentran entre los más contaminantes de la Unión. Es preciso reforzar sustancialmente los incentivos medioambientales, incluida la fiscalidad. Aunque se han dado prometedores pasos en las conexiones energéticas transfronterizas, la plena conexión de Estonia con el mercado de la energía de la Unión requerirá tiempo e inversiones.

               (13)

               La ampliación de las diferencias regionales, combinada con una evolución demográfica negativa, ineficiencias y la falta de cooperación entre los gobiernos locales dificultan el potencial de desarrollo de Estonia. Esto refleja en parte el persistente desfase entre capacidad presupuestaria y competencias en los municipios pequeños, así como las limitadas economías de escala. Una prestación más eficaz y accesible de servicios públicos de calidad de ámbito local, basada en zonas de servicios y normas sobre servicios mínimos, especialmente en materia de transportes, asistencia de larga duración, educación preescolar y servicios sociales, es un requisito previo para que las medidas de activación y las relativas al mercado de trabajo sean efectivas.

               (14)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Estonia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Estonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (15)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la Recomendación 1 que figura a continuación.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Estonia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones en los plazos previstos.

         RECOMIENDA que Estonia tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 a la luz del creciente déficit del 0,3 % del PIB sobre la base de las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, lo que es indicio de una desviación significativa con respecto al componente preventivo de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente la estrategia presupuestaria para garantizar que se alcance el objetivo a medio plazo y se mantenga después de esa fecha. Complementar la norma presupuestaria con normas más vinculantes en materia de gastos plurianuales dentro del marco presupuestario a medio plazo y seguir mejorando la eficiencia del gasto público.

               2.

               Incentivar mejor el trabajo a través de medidas dirigidas a personas con bajos ingresos. Centrar los esfuerzos de activación mediante la adopción y la aplicación oportunas de la reforma de la capacidad laboral. Aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la política familiar, pero mejorando al mismo tiempo la disponibilidad y accesibilidad de servicios de guardería. Aplicar medidas coordinadas para fomentar el desarrollo económico y el espíritu empresarial en las regiones con fuerte desempleo.

               3.

               Garantizar la adecuación de los sistemas de educación y formación al mercado laboral, mejorar las competencias y los niveles de cualificación, ampliando las medidas de aprendizaje permanente, y aumentar sistemáticamente la participación en la educación y formación profesionales, incluida la formación de aprendices. Intensificar la fijación de prioridades y la especialización en los sistemas de investigación e innovación y mejorar la cooperación entre empresas, centros de enseñanza superior e institutos de investigación para contribuir a la competitividad internacional.

               4.

               Intensificar los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética, en particular en los edificios industriales y residenciales. Reforzar sustancialmente los incentivos medioambientales para que el sector del transporte contribuya a una movilidad que consuma menos recursos. Continuar el desarrollo de las conexiones transfronterizas de energía con los Estados miembros vecinos a efectos de diversificar las fuentes de suministro y fomentar la competencia a través de una mejor integración de los mercados bálticos de la energía.

               5.

               Equilibrar mejor los ingresos de las administraciones locales con las competencias que se les han transferido. Aumentar la eficiencia de las administraciones locales y asegurar la prestación de servicios públicos locales de calidad, especialmente los servicios sociales que complementan las medidas de activación.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Orientaciones mantenidas para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (3)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 21.

      (4)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (5)  Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (6)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo.

      (7)  Véase la página 141 del presente Diario Oficial.