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		52011SC0818

			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Bulgariaand delivering a Council opinionon the updated Convergence Programme of Bulgaria, 2011-2014

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de Bulgaria para 2011
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de convergencia actualizado de Bulgaria (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 9, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[3],
que juntas forman las «Orientaciones Integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(4)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión).
El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(6)
El 15 de abril de 2011, Bulgaria presentó la
actualización de 2011 de su programa de convergencia relativa al periodo
2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Con objeto de tener en
cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(7)
La crisis económica interrumpió un periodo de
fuerte crecimiento impulsado por las considerables entradas de inversiones
extranjeras directas y la expansión del crédito. El PIB volvió a crecer en el
segundo trimestre de 2010, tras haber experimentado un descenso global de un
7,1 % de su nivel máximo a su nivel mínimo, de lo que se deriva un PIB
real prácticamente estable para el año 2010 en su conjunto. Los principales
motores del crecimiento fueron el acusado aumento de las exportaciones y la
reposición de las existencias. El saldo de las administraciones públicas pasó
del superávit anterior a la crisis a un déficit del 4,7 % del PIB en 2009
y del 3,3 % del PIB en 2010. La producción y el empleo en los sectores
dirigidos a la exportación aumentaron, si bien la moderada actividad de los
sectores inmobiliario, minorista y de la construcción limitaron la recuperación
durante el año pasado. La corrección de la producción afectó ante todo al
empleo, sector en el que se han perdido aproximadamente 358 000 puestos de
trabajo desde el pico que se registró en 2008. Como consecuencia de ello, el
desempleo se incrementó varios puntos porcentuales hasta llegar a un
10,2 % en 2010 y no se espera que recupere su nivel anterior a la crisis a
medio plazo.
(8)
Sobre la base de la evaluación del programa de
convergencia actualizado con arreglo al Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que las hipótesis
macroeconómicas a partir de las que se han elaborado las previsiones
presupuestarias se sustentan en previsiones de crecimiento más optimistas que
las que manejan los servicios de la Comisión. Tras un ajuste presupuestario considerable
y concentrado de más de dos puntos porcentuales en términos estructurales en
2010, en 2011 el nivel de esfuerzo fiscal se halla muy por debajo del ajuste
recomendado del 0,75 % del PIB como mínimo. Con todo, el programa de
convergencia actualizado prevé una corrección del excesivo déficit de las
administraciones públicas en 2011, de acuerdo con la Recomendación del Consejo,
seguida de nuevas reducciones. No obstante, la actualización no ofrece detalles
suficientes sobre las medidas presupuestarias previstas para alcanzar los
objetivos presupuestarios en 2012-14. El objetivo a medio plazo revisado a la
baja de déficit estructural del 0,6 % del PIB, previsto para 2014, sigue
siendo más ambicioso que el nivel mínimo requerido. Refleja los objetivos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está previsto alcanzarlo al final del periodo
de programación (2014). Cabe señalar, empero, que el esfuerzo fiscal estructural
medio anual previsto para 2012-14, una vez efectuada la corrección programada
del déficit excesivo en 2011, está muy por debajo de la mejora estructural
anual mínima del 0,5 % del PIB recomendada. Teniendo en cuenta la mejora
gradual de las perspectivas económicas, el programa debería prever progresos
más rápidos hacia el logro del objetivo a medio plazo. Si se compara con una
estimación prudente del crecimiento potencial de la producción a medio plazo,
el aumento previsto del gasto presupuestario en 2012-13 parece un tanto
optimista y supone un riesgo para la situación presupuestaria estructural a medio
plazo.
(9)
La corrección del déficit excesivo prevista
para finales de 2011 permitirá recobrar la confianza y reforzar la credibilidad
de las políticas gubernamentales. A medio plazo, es importante lograr un
reducido déficit estructural del 0,6 % del PIB para garantizar que la
política presupuestaria respalda el régimen monetario vigente. Con todo, el
saneamiento fiscal se ve obstaculizado por la escasa eficiencia del sector
público, que puede ejercer una presión considerable sobre el gasto, siendo
también probable que los ingresos presupuestarios sean estructuralmente
inferiores a los obtenidos en los años de auge económico anteriores a la
crisis. Así pues, se imponen ambiciosas reformas de las finanzas públicas para
poder proceder al ajuste presupuestario requerido y conseguir financiación para
la aplicación de las reformas estructurales necesarias, en particular la
cofinanciación exigida para los proyectos apoyados por la UE.
(10)
Los resultados presupuestarios de Bulgaria
fueron relativamente positivos en el contexto económico favorable anterior a la
crisis. Se lograron sistemáticamente los objetivos fiscales y se acumularon
considerables reservas presupuestarias. En 2009, de resultas de la crisis
económica, el presupuesto arrojó un déficit por primera vez en muchos años y se
incumplió la norma de mantener un presupuesto equilibrado o con superávit y un
gasto público por debajo del 40 % del PIB. Esta situación puede achacarse
en parte a las deficiencias en materia de programación y control del gasto.
También debe atribuirse al hecho de que los ingresos imprevistos derivados de
la boyante actividad económica anterior a la crisis se destinaron a financiar
aumentos relativamente elevados de gastos especiales y recortes de las
cotizaciones a la seguridad social. Para hacer frente a estos problemas, las
autoridades adoptaron varias iniciativas para controlar de forma más rigurosa el
gasto y los sistemas de supervisión y notificación, entre las que destacan la
adopción de un amplio conjunto de medidas legislativas que refuerzan las reglas
presupuestarias y el marco presupuestario a medio plazo. Se espera que todo
ello contribuya a aumentar la disciplina fiscal y la previsibilidad de las
políticas, a reducir la inestabilidad macroeconómica y a garantizar una política
fiscal menos procíclica.
(11)
En los años de bonanza anteriores a la crisis
se observaron una considerable rigidez en el mercado de trabajo y una
importante subida salarial superior al aumento de la productividad. El
crecimiento salarial alcanzó una tasa anual máxima cercana al 20 % en el
cuarto trimestre de 2007. A raíz de la recesión, los salarios sufrieron una
desaceleración, si bien el crecimiento salarial se mantuvo relativamente
elevado, cifrándose en cerca de un 10 % en 2010 en el caso de los
empleados con contratos de trabajo (que representan en torno al 65 % de la
mano de obra). Adecuar el aumento de los salarios al crecimiento de la
productividad facilitará la reestructuración interna de la economía y su
orientación hacia sectores productivos y dirigidos a la exportación.
(12)
Los obstáculos a la participación en el
mercado laboral son en parte reflejo de la escasez de políticas activas del
mercado de trabajo debidamente orientadas y adaptadas, así como de servicios
públicos de empleo poco eficaces y con insuficiente financiación. La calidad de
los servicios públicos en los ámbitos de la activación, la ayuda en la búsqueda
de empleo y el reciclaje es baja, como también lo es el gasto público. Asimismo,
la cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo es limitada, pues
tan solo el 12 % de los solicitantes de empleo participa en medidas de activación.
La introducción de más programas de empleo por regiones y de programas de
formación a gran escala de los Fondos Estructurales europeos tendrá efectos
positivos a corto plazo. No obstante, la elaboración de políticas se ve frenada
por las escasas capacidades existentes para supervisar y evaluar los resultados
de los programas. Como señala un reciente informe encargado por el Servicio
Público de Empleo («Evaluación de los efectos netos de las políticas activas
del mercado de trabajo en Bulgaria»), unos servicios más personalizados y de
mayor calidad y una infraestructura de oficinas de empleo más racional
ayudarían más eficazmente a los desempleados a encontrar un trabajo.
(13)
La crisis económica sigue influyendo en el
mercado de trabajo. La tasa de desempleo se incrementó de un 5,4 % en 2008
a un 10,2 % en 2010, y, en el caso de los jóvenes (de 15 a 24 años), llegó
a un 23,2 % en 2010. La crisis se cebó en las personas escasamente
cualificadas (incluida una gran parte de la minoría romaní), que representan
casi el 70 % de los desempleados. El porcentaje correspondiente al paro de
larga duración (un 46 % en 2010) es superior a la media de la UE (un 40 %
en 2010) y existe el riesgo de que pase a tener carácter estructural. La tasa
de actividad de los jóvenes se mantiene desde hace tiempo en un nivel inferior
a los dos tercios de la media de la UE (2009: 29,5 %; UE: 43,8 %). La
tasa de empleo de los jóvenes fue de un 24,8 % en 2009 (UE: 35,2 %).
Bulgaria posee asimismo la mayor proporción de jóvenes que no estudian ni
trabajan (el 19,5 % de las personas de 15 a 24 años). Uno de los principales
obstáculos a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral es la escasez
de oportunidades de combinar estudios y trabajo, en particular a través de periodos
de prácticas y aprendizaje profesional en su ámbito de estudio, actividades que
facilitan la transición al mercado laboral.
(14)
A pesar de un nivel educativo superior a la
media, Bulgaria cuenta con más de un 40 % de estudiantes con rendimiento
insatisfactorio en lectura, escritura y cálculo, lo cual muestra que es preciso
mejorar el sistema educativo para adaptarlo mejor a las necesidades del mercado
laboral. Sobre la base de los positivos resultados de la reciente reforma en
favor de la descentralización de la enseñanza, la Ley sobre enseñanza
preescolar y escolar, de próxima promulgación, deberá aportar algunas
soluciones, que podrán reforzarse posteriormente, con respecto a la autonomía
financiera, las tasas de participación en la educación preescolar y la evaluación
externa, al tiempo que garantiza la rendición de cuentas. La tasa de abandono
prematuro del sistema educativo (un 14,7 % en 2009) se acerca a la media
de la UE, si bien es especialmente elevada entre los romaníes (estimada en un 43 %
en 2008). La tasa de personas que han completado estudios superiores (un 27,9 %
en 2009) se mantiene por debajo de la media de la UE (32,2 %). Bulgaria ha
retrasado considerablemente la reforma de su sistema de enseñanza superior. La
nueva Ley de educación superior, presentada en 2010 y posteriormente retirada,
constituiría un instrumento útil para hacer frente a las necesidades de reforma.
(15)
La reforma del sistema de pensiones decidida
en 2010 no está vinculada a la esperanza de vida ni a la situación del sistema
sanitario y de asistencia de larga duración. El periodo de ejecución se
desarrolla entre 2011 y 2026, si bien la mayor parte de las medidas surtirá
efecto en la segunda mitad del periodo, lo cual podría poner en riesgo la
aplicación y la viabilidad del primer pilar del sistema de pensiones.
(16)
El grado de pobreza de los ciudadanos búlgaros
es superior a la media de la UE (el 41,9 % de la población sufre
privaciones materiales graves, frente al 8,1 % que las sufre en la UE). Aproximadamente
el 66 % de las personas de edad avanzada corren el riesgo de caer en la
pobreza, siendo ese porcentaje muy superior a la media de la UE. Hay indicios
de que las condiciones de vida han empeorado en los dos últimos años. Dada la
situación demográfica, el logro de los objetivos del programa nacional de
reforma en materia de reducción de la pobreza depende en gran medida de una
concepción adecuada de políticas dirigidas a los trabajadores de mayor edad y a
las personas desfavorecidas, así como de unas transferencias sociales
apropiadas. El programa nacional de reforma anuncia la elaboración de una
estrategia operativa para la integración de los romaníes (que suponen, según
las estimaciones, el 10 % de la población) con el fin de abordar en un
plan global único los múltiples obstáculos existentes en los ámbitos del
empleo, la educación, la salud y la vivienda.
(17)
La baja eficiencia de los servicios públicos
sigue siendo una rémora para el crecimiento. Pese a las recientes medidas de
racionalización, la reforma de la administración pública no se ha centrado ni
en la mejora de la calidad del personal ni en las funciones fundamentales. El
porcentaje de penetración de la banda ancha fija en Bulgaria no solo es exiguo
(un 14,9 %), sino que es el segundo más bajo de la UE, lo cual también
limita la incorporación de los servicios prestados por vía electrónica.
(18)
El porcentaje de irregularidades en la
contratación pública se eleva al 60 % de todos los procedimientos
verificados y es todavía más alto en el caso de los grandes proyectos de
infraestructuras públicas, respecto de los que las autoridades están obligadas
a practicar un control previo. La capacidad de la Agencia de Inspección
Financiera Pública se ha reducido considerablemente y, como consecuencia de
ello, dicha Agencia solo efectuó controles a posteriori del 12 % de
todos los procedimientos de contratación pública en 2009.
(19)
La intensidad energética de la economía
búlgara es una de las más altas de la UE. Un ejemplo notable de ello lo
constituye la calefacción doméstica, sector en el que el deficiente
mantenimiento de los edificios de pisos supone el principal problema. La
reciente modificación de las normas de subvencionabilidad abre la posibilidad
de recurrir a los Fondos Estructurales de la UE para financiar inversiones en
eficiencia energética. Se han efectuado pocas inversiones, mientras que los
ingresos derivados de los impuestos que gravan la energía y el transporte han
disminuido en relación con el PIB y con los impuestos sobre las rentas del
trabajo, que son notablemente superiores a la media de la UE. El acceso al
mercado de la energía se ve entorpecido por la escasa competencia y los opacos
mecanismos de fijación de precios.
(20)
Bulgaria ha contraído una serie de compromisos
en el marco del Pacto por el Euro Plus[4].
Desde el punto de vista presupuestario, los compromisos indican que la
viabilidad de las finanzas públicas se logrará a través de medidas de reforma
de las pensiones, medidas para garantizar salarios basados en las prestaciones
en el sector público mediante la congelación de pensiones y sueldos hasta 2013 y
la consolidación del marco presupuestario nacional a través de la adopción de
un pacto de estabilidad financiera que incluya normas presupuestarias numéricas
nacionales vinculantes. A fin de fomentar el empleo, se tomarán medidas para
reducir la proporción de trabajo no declarado y aumentar la participación
laboral. Las medidas para estimular la competitividad se centran en la
reducción de la carga administrativa y el aumento de la gobernanza electrónica,
un mayor acceso a la educación y la mejora de los resultados del sistema
educativo. Los anteriores compromisos corresponden a tres de las cuatro áreas
del Pacto, dejando al margen el sector financiero. Dan continuidad al plan de
reforma más amplio presentado en los programas de convergencia y reforma
nacional, y respaldan los proyectos de reforma en curso en los campos de la
gobernanza fiscal, la administración pública y la educación. En las
recomendaciones se han evaluado y tomado en consideración los compromisos del
Pacto por el Euro Plus.
(21)
La Comisión ha evaluado el programa de
convergencia y el programa nacional de reforma de Bulgaria, incluidos los
compromisos contraídos por ese país en el marco del Pacto por el Euro Plus[5], y ha tenido en
cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria
y la política socioeconómica de Bulgaria, sino también su cumplimiento de las
normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza
económica global de la Unión Europea, incluyendo aportaciones a nivel de la UE en
las futuras decisiones nacionales. Estima que, tras el notable y concentrado
ajuste presupuestario al que se procedió en 2010, los planes de saneamiento fiscal
para 2011 se deberán aplicar conforme a lo previsto y el déficit se deberá reducir
por debajo del valor de referencia del 3 %, de acuerdo con la
Recomendación del Consejo. La actualización no detalla suficientemente las
medidas presupuestarias previstas para alcanzar los objetivos fiscales en
2012-14 y podría haberse procurado avanzar más rápidamente hacia el objetivo
presupuestario a medio plazo. La consolidación del marco presupuestario
nacional asegurará la disciplina fiscal y conferirá previsibilidad y credibilidad
a la política gubernamental va medio plazo. Asimismo, será conveniente adoptar
nuevas medidas para aumentar la competitividad, ayudar a los ciudadanos a
encontrar empleo, proteger a los grupos más vulnerables y expuestos a múltiples
obstáculos, aumentar la capacidad de la administración pública y las
autoridades reguladoras, incrementar la eficiencia de los recursos y ofrecer
más posibilidades de inversión y crecimiento.
(22)
A la luz de la presente evaluación, y teniendo
en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 2 de junio de 2010 en
virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de
convergencia de Bulgaria y su dictamen[6]
se refleja particularmente en sus recomendaciones (1) y (2) recogidas a
continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de
marzo de 2011, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de
Bulgaria.
RECOMIENDA que Bulgaria adopte las
siguientes medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:
(1)
Proceder a una ejecución eficiente del
presupuesto de modo que el déficit excesivo quede corregido en 2011. Especificar
las medidas que sustentan la estrategia presupuestaria para 2012-2014 y
aprovechar la recuperación económica en curso para agilizar el ajuste fiscal
con miras a alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, para lo cual
será preciso ante todo mantener el crecimiento del gasto acorde con el
crecimiento potencial a medio plazo, incrementando al mismo tiempo la
proporción de gasto público que favorezca el crecimiento.
(2)
Garantizar una mayor previsibilidad de la
planificación presupuestaria y su ejecución, en particular reforzando la gobernanza
fiscal. A tal fin, elaborar y aplicar normas fiscales vinculantes y un marco
presupuestario a medio plazo bien definido que garantice la transparencia en
todos los niveles de la Administración. Introducir medidas para que los
informes presupuestarios sigan el principio del devengo.
(3)
Agilizar la reforma del sistema de pensiones
en curso y reforzar las medidas de ayuda para que los trabajadores de mayor
edad permanezcan en su puesto durante más tiempo.
(4)
Promover, en consulta con los interlocutores
sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, políticas que garanticen
que el incremento salarial refleja de forma más realista la evolución de la
productividad y potencia la competitividad.
(5)
Luchar contra la pobreza y
promover la inclusión social, especialmente de los grupos vulnerables y
expuestos a múltiples obstáculos, mediante la ampliación del mercado de
proveedores de servicios privados de empleo, la modernización de los servicios
públicos de empleo incrementando su capacidad para adecuar los perfiles
profesionales a la demanda del mercado de trabajo, y la concentración de las
ayudas en los jóvenes poco cualificados. Impulsar la
reforma educativa mediante la adopción de una Ley sobre enseñanza preescolar y
escolar, y de una nueva Ley sobre enseñanza superior a mediados de 2012.
(6)
Poner mayor empeño en aumentar la capacidad
administrativa en las funciones clave del Estado y las autoridades reguladoras
para que los servicios públicos puedan responder con mayor eficacia a las necesidades
de los ciudadanos y las empresas. Introducir medidas de control de la
contratación pública sobre la base de evaluaciones del riesgo, reforzar la capacidad
de las autoridades en materia de prevención y penalización de irregularidades a
fin de garantizar una mayor calidad y rentabilidad en la utilización de los
fondos públicos.
(7)
Suprimir obstáculos de acceso, acuerdos de
beneficios garantizados y controles de precios, así como garantizar la plena
independencia de la autoridad reguladora búlgara del sector de la energía, al
objeto de impulsar la competencia en los mercados del gas y la electricidad. Ofrecer
incentivos para mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO C      de            , p. .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
2011/308 UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[4]               Para más detalles sobre los compromisos contraídos
en el marco del Pacto por el Euro Plus, véase SEC(2011) 711.
[5]               SEC(2011) 711.
[6]               Previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE)
nº 1466/97 del Consejo.


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		52014DC0420

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de los Países Bajos /* COM/2014/0420 final */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de los Países Bajos
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de los Países
Bajos y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de los
Países Bajos para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 473/2013[5],
la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de los
Países Bajos para 2014[6].
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[8],
en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que
serían objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados de su examen exhaustivo relativo a los Países Bajos[9], realizado
en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. Sobre la
base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los Países
Bajos siguen experimentando desequilibrios macroeconómicos, que requieren
supervisión y medidas estratégicas. En particular, es preciso supervisar la
evolución macroeconómica con relación a la deuda del sector privado y el
proceso de desapalancamiento, junto con las ineficiencias que subsisten en el
mercado inmobiliario. Aunque un gran superávit por cuenta corriente no
representa un riesgo similar al de un gran déficit, y está en parte vinculado a
la necesidad de desapalancamiento, la Comisión seguirá la evolución de la
balanza por cuenta corriente en los Países Bajos en el contexto del Semestre
Europeo.
(8)
El 29 de abril de 2014, los Países Bajos
presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2014, y el 30 de abril de 2014,
su Programa de Estabilidad de 2014. Para tener en cuenta sus interrelaciones,
los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
señalado en el Programa de Estabilidad de 2014 es garantizar que la corrección
del déficit excesivo en 2013 resulta sostenible, y alcanzar una situación
presupuestaria próxima al objetivo presupuestario a medio plazo de aquí a 2015.
El objetivo presupuestario a medio plazo es un déficit estructural igual o
inferior al 0,5 % del PIB, en consonancia con los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Se aplicaron importantes medidas presupuestarias
adicionales, pero el saldo estructural (recalculado) está llamado a mantenerse
constante en 2014 con respecto a 2013, lo que apunta a un considerable desvío
con respecto al ajuste mínimo necesario del 0,5 % del PIB. En 2015, el
saldo estructural (recalculado) debería mejorar en 0,3 puntos porcentuales del
PIB. El gasto crecería a un ritmo conforme al valor de referencia para el gasto
tanto en 2014 como en 2015. Tras una evaluación global de la estrategia presupuestaria
de los Países Bajos, la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a
medio plazo se atiene en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, la deuda pública bruta se
estabilizará en 2015 y disminuirá a partir de ese momento. El escenario
macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del programa,
elaborado por un organismo neerlandés independiente (la Oficina de Análisis de
la Política Económica), es verosímil. Los riesgos que pesan sobre los objetivos
presupuestarios parecen considerables, pero equilibrados en líneas generales.
Las previsiones de la primavera de 2014 de la Comisión predicen una
estabilización del saldo estructural en 2014 y una mejora del 0,5 % del
PIB en 2015. Según las previsiones de la Comisión, los Países Bajos respetarán
el valor de referencia para el gasto en 2014, pero no en 2015. Para reforzar el
potencial de crecimiento de los Países Bajos, es de capital importancia que la
consolidación necesaria salvaguarde el gasto favorable al crecimiento, como el
destinado a la innovación y la investigación, incluyendo la investigación
fundamental, la enseñanza y la formación. Sobre la base de su evaluación del
programa y las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo estima que los Países Bajos han situado de
manera sostenible su déficit de las administraciones públicas por debajo del
3 % del PIB en 2013, pero corren el riesgo de desviarse considerablemente
de los requisitos del componente preventivo a partir de 2014.
(10)
Un reto fundamental lo constituye el mercado
inmobiliario, en el que se han ido acumulando durante décadas rigideces y
factores de distorsión, configurando en ese sector unas pautas particulares de
financiación y ahorro. La tendencia de los hogares a contraer deudas
hipotecarias brutas con la garantía de su patrimonio inmobiliario se explica,
en gran medida, por unos incentivos fiscales de los que disfrutan desde hace
mucho tiempo, especialmente la deducibilidad fiscal total de los intereses
hipotecarios. Desde abril de 2012, se han aplicado una serie de medidas para
abordar en parte el problema que suponen estos incentivos. Algunas de esas
medidas implican un ajuste del tratamiento fiscal que se otorga a la
financiación de la vivienda. La transición paulatina a una deducibilidad fiscal
limitada de los intereses hipotecarios y a mayores incentivos en materia de
amortización está justificada, pero la introducción progresiva de esta medida
es demasiado lenta para influir de forma significativa en los comportamientos
de amortización. El mercado del alquiler se encuentra limitado por la
reglamentación y por la presencia de un sector de la vivienda social muy
importante, que también ha de hacer frente a largas listas de espera. La
introducción reciente de cierta diferenciación en los alquileres de esas
viviendas sociales, en función de la renta, supone un paso en la dirección
adecuada, si bien su impacto es limitado. Las empresas dedicadas a la vivienda social
aún pueden construir viviendas con un alquiler mensual superior al límite de
alquiler fijado para las viviendas sociales. Aunque las recomendaciones de 2013
aconsejaban hacer hincapié en el apoyo a los hogares más necesitados, esta
reorientación no se ha producido. Por consiguiente, si bien es cierto que las
medidas propuestas se inscriben en la senda adecuada, el ritmo general de las
reformas para resolver los problemas subyacentes es lento y debe acelerarse,
sin que por ello deje de garantizarse el acceso a la vivienda social a los
ciudadanos desfavorecidos que no pueden acceder a una vivienda en condiciones
de mercado, incluso en lugares de alta demanda. Las recomendaciones de 2013
sugerían que el refuerzo de las medidas relativas al mercado inmobiliario
debería depender de la evolución económica global. Dado que parece que la
economía y el mercado inmobiliario van a seguir recuperándose, debería
contemplarse la posibilidad de acelerar el ritmo de las reformas.
(11)
Se ha mejorado la sostenibilidad a largo plazo
del sistema de pensiones mediante el incremento gradual de la edad legal de
jubilación, que pasará de los 65 años en 2012 a los 67 en 2023. Los Países
Bajos han emprendido una reforma completa de los pilares y privado del sistema
de pensiones y del sistema de asistencia de larga duración financiados con
dinero público. Esto se complementa con reformas que animan a los trabajadores
de mayor edad a trabajar durante más tiempo y que pretenden incrementar la
movilidad del mercado laboral. Las reformas de la asistencia de larga duración
trasladaron la responsabilidad a los municipios, reduciendo con ello el gasto
global y en aras de una mayor eficiencia. Algunos componentes de estas
importantes reformas aún no se han adoptado. Los retos pendientes incluyen una
distribución intra e intergeneracional de los costes y riesgos, y es preciso
supervisar la calidad y la accesibilidad de la asistencia de larga duración. La
aplicación de los planes que hay previstos para reformar la asistencia de larga
duración contribuiría a limitar los costes galopantes que genera el
envejecimiento y, por tanto, a aumentar la sostenibilidad de las finanzas
públicas. En este sentido, la calidad y la accesibilidad de la asistencia de
larga duración debería mantenerse a un nivel adecuado.
(12)
Las reformas del mercado de trabajo propuestas
por el Gobierno tienen por objeto incrementar la participación y la movilidad
laboral. La Ley de Participación tiene por objeto fomentar la participación en
el mercado de trabajo. No obstante, las reformas aún no se han incorporado en
la legislación. Además, se precisan medidas adicionales para reducir la falta
de incentivos fiscales en favor del trabajo y para mejorar la empleabilidad de
las personas situadas al margen del mercado laboral, en particular por lo que
se refiere a las mujeres, las personas de origen inmigrante, las personas con
discapacidad y las personas mayores. Los Países Bajos han anunciado la reforma
del régimen de prestaciones por desempleo y de su relativamente estricta
legislación sobre protección del empleo, en particular mediante un aliciente
fiscal destinado a incrementar la participación. No obstante, aunque estas
medidas apuntan en la dirección correcta, no pueden evaluarse plenamente hasta
después de su aplicación efectiva. Acelerar la supresión de los factores que
aún disuaden a la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares de
aumentar el número de horas trabajadas permitiría atenuar la futura escasez de
mano de obra. Por último, hacer un mejor uso de la flexibilidad existente en el
marco institucional para propiciar unos aumentos salariales más diferenciados
puede beneficiar a la renta familiar global y, por lo tanto, favorecer la
demanda interna sin causar perjuicio a la competitividad.
(13)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países
Bajos, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de
Reformas, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad
de la política presupuestaria y socioeconómica de los Países Bajos, sino
también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la
necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión Europea
incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.
Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.
(14)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de los Países Bajos, y su dictamen[10] se
refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(15)
A la luz del examen exhaustivo de la Comisión
y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de
Reformas y el Programa de Estabilidad de los Países Bajos. Sus recomendaciones,
emitidas en virtud del artículo 6 del Reglamento nº 1176/2011, se reflejan
en las recomendaciones 2 y 4 que figuran a continuación.
(16)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la
zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Los Países
Bajos deben asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones
dentro de los plazos previstos.
RECOMIENDA que los Países Bajos
tomen medidas en el período 2014-2015 a fin de:
1.           Reforzar,
tras la corrección del déficit excesivo, las medidas presupuestarias aplicables
en 2014 a la luz de la brecha emergente del 0,5 % del PIB sobre la base de
las previsiones de la primavera de 2014 de la Comisión, que evidencian un
riesgo de desviación significativa con respecto a los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente la estrategia
presupuestaria para garantizar que se alcanza el objetivo presupuestario a
medio plazo, y se mantiene en lo sucesivo, y garantizar que se cumpla la norma
en materia de deuda, lo que permitirá mantener el ratio de deuda pública en una
tendencia a la baja sostenida. Proteger el gasto en los ámbitos que afectan
directamente al crecimiento, como los de la enseñanza, la innovación y la
investigación.
2.           Intensificar los
esfuerzos de reforma del mercado inmobiliario, acelerando la reducción de la
deducibilidad fiscal de los intereses hipotecarios, instaurando en el mercado
del alquiler un mecanismo de fijación de precios más orientado al mercado, y
vinculando en mayor medida los alquileres a la renta familiar en el sector de
la vivienda social. Supervisar los efectos de las reformas desarrolladas en el
ámbito de la vivienda social en términos de accesibilidad y asequibilidad para
los hogares con bajos ingresos. Proseguir los esfuerzos destinados a poner en
mayor medida las políticas de vivienda social al servicio de los hogares más
necesitados.
3.           Emprender la reforma del
segundo pilar del sistema de pensiones, garantizando una distribución intra e
intergeneracional apropiada de los costes y riesgos. Respaldar el incremento
gradual de la edad legal de jubilación con medidas dirigidas a mejorar la
empleabilidad de los trabajadores de mayor edad. Emprender en el ámbito de la
asistencia de larga duración la reforma prevista con vistas a garantizar la
sostenibilidad, sin renunciar a garantizar un acceso equitativo y la calidad de
los servicios, y supervisar sus efectos.
4.           Adoptar nuevas medidas
para potenciar la participación en el mercado de trabajo, especialmente entre
las personas situadas al margen, y reducir los factores fiscales que
desincentivan el trabajo. Emprender la reforma de la legislación sobre
protección del empleo y del sistema de prestaciones por desempleo, y seguir
combatiendo las rigideces del mercado laboral. Previa consulta de los
interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, permitir unos
aumentos salariales más diferenciados, haciendo pleno uso del marco
institucional existente.
Hecho en Bruselas, el
                                                                                Por
el Consejo
                                                                                El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2014) 420 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[5]               DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
[6]               C(2013) 8008 final.
[7]               COM(2013) 800 final.
[8]               COM(2013) 790 final.
[9]               SWD(2014) 87 final.
[10]             Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE)
nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013 , sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil

text:
               26.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 120/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 22 de abril de 2013
   sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil
   2013/C 120/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Si se invierte ahora en el capital humano que constituyen los jóvenes europeos se obtendrán beneficios a largo plazo y se contribuirá a la consecución de un crecimiento económico sostenible e inclusivo. La Unión podrá recoger todos los frutos que da una mano de obra activa, innovadora y capacitada y, al mismo tiempo, evitará los elevadísimos costes que acarrea el hecho de que haya jóvenes que ni trabajan ni estudian ni siguen formación alguna («ni-nis»), costes que representan actualmente un 1,2 % del PIB.

               (2)

               La crisis ha golpeado con especial fuerza a los jóvenes. Los jóvenes son vulnerables debido a los períodos transitorios que atraviesan en su vida, a su falta de experiencia profesional, a su en ocasiones inadecuada educación o formación, a su con frecuencia limitada cobertura de protección social, al acceso restringido que tienen a los recursos financieros y a sus condiciones laborales precarias. Las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de verse afectadas por los salarios bajos y el empleo precario, mientras que los jóvenes con hijos, principalmente las madres, carecen de medidas adecuadas para equilibrar su vida laboral y familiar. Por otro lado, algunos jóvenes se ven especialmente desfavorecidos o corren un riesgo particular de discriminación. Por tanto, es preciso adoptar medidas de apoyo adecuadas, al tiempo que se reconoce la responsabilidad individual de los jóvenes en la búsqueda de una vía para incorporarse a la actividad económica.

               (3)

               Hay siete millones y medio de «ni-nis» en toda la Unión, lo que representa un 12,9 % de los jóvenes europeos (personas entre 15 y 24 años). Muchos no tienen más que la educación secundaria inferior, han abandonado prematuramente los estudios y la formación. Además, son con frecuencia inmigrantes o proceden de entornos desfavorecidos. El término «ni-ni» abarca varios subgrupos de jóvenes con necesidades diversas.

               (4)

               El 30,1 % de las personas en paro menores de 25 años en la Unión llevan más de doce meses sin trabajo. Además, un número creciente de jóvenes no busca empleo de forma activa, lo que puede dejarlos sin apoyo estructural para reincorporarse al mercado laboral. Los estudios demuestran que el desempleo juvenil puede dejar cicatrices permanentes, como un riesgo más elevado de desempleo en el futuro, unos futuros niveles de ingresos más bajos, la pérdida de capital humano, la transmisión intergeneracional de la pobreza o la menor motivación para fundar una familia, lo que contribuye a unas tendencias demográficas negativas.

               (5)

               El término «Garantía Juvenil» se refiere a una situación en la que los jóvenes reciben una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. La oferta de educación continua engloba programas de formación de calidad que conduzcan a una titulación profesional reconocida.

               (6)

               La Garantía Juvenil debería contribuir a la consecución de tres de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, a saber, que el 75 % de las personas de 20 a 64 años tengan empleo, que las personas que abandonan prematuramente los estudios representen menos del 10 % y que se rescate a por lo menos veinte millones de personas de la pobreza y la exclusión social.

               (7)

               Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, adoptadas por el Consejo en su Decisión 2010/707/UE (1) de 21 de octubre de 2010, en particular las orientaciones nos 7 y 8, hacen un llamamiento a los Estados miembros para que promuevan la integración de los jóvenes en el mercado laboral y les ayuden, sobre todo a los «ni-nis», en colaboración con los interlocutores sociales, a encontrar un primer empleo o una experiencia de trabajo, o bien oportunidades de educación complementaria o de formación, incluida la formación de aprendices, y para que intervengan con rapidez cuando una persona joven se quede en paro.

               (8)

               Ya en 2005, cuando se adoptaron las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros mediante la Decisión 2005/600/CE (2) de 12 de julio de 2005, el Consejo acordó que se ofreciera «a cada desempleado una nueva oportunidad antes de que alcance seis meses de paro en el caso de los jóvenes». Por la Decisión 2008/618/CE, de 15 de julio de 2008, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2008-2010) (3), el Consejo redujo ese plazo a no más de cuatro meses para los jóvenes que abandonaron prematuramente los estudios.

               (9)

               En su Resolución de 6 de julio de 2010 sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz (4), el Parlamento Europeo hizo un llamamiento para que el Consejo y la Comisión propusieran un instrumento de Garantía Juvenil Europea que garantice, para todos los jóvenes de la Unión, el derecho a recibir una propuesta de trabajo, un período de prácticas, formación adicional o un período combinado de trabajo y formación tras un máximo de cuatro meses de desempleo.

               (10)

               En su Comunicación «Juventud en Movimiento» de 15 de septiembre de 2010, la Comisión animaba a los Estados miembros a que introdujeran garantías juveniles, si bien la aplicación de estas ha sido hasta ahora muy limitada. La presente Recomendación debe acentuar y reiterar la necesidad de que los Estados miembros persigan ese objetivo, al tiempo que les ayuda con el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de dichos sistemas de Garantía Juvenil.

               (11)

               En sus conclusiones de 17 de junio de 2011 sobre el fomento del empleo de los jóvenes para lograr los objetivos de Europa 2020, el Consejo invitaba a los Estados miembros a intervenir con rapidez ofreciendo educación complementaria, formación o reciclaje o medidas de activación para los «ni-nis», incluidos aquellos que abandonan la escuela prematuramente. Eso serviría para alcanzar el objetivo de reincorporar a estas personas a la educación, la formación o el mercado laboral en el plazo más breve posible, y de reducir el riesgo de pobreza y exclusión social. El Consejo reconoció que la segmentación del mercado laboral podía tener efectos desfavorables para los jóvenes e invitaba a los Estados miembros a reducir dicha segmentación.

               (12)

               La Recomendación del Consejo de 28 de junio de 2011 relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro (5) se centraba en el diseño de políticas basadas en datos empíricos, exhaustivas e intersectoriales que incluyeran medidas para recuperar a las personas que hubieran abandonado los estudios y reforzar los lazos entre los sistemas de educación y formación y el sector laboral. Al elaborar el presupuesto de 2012, el Parlamento Europeo apoyó este planteamiento y pidió a la Comisión que pusiera en marcha una acción preparatoria en apoyo del establecimiento de garantías juveniles en los Estados miembros.

               (13)

               En su paquete sobre empleo propuesto en su Comunicación de 18 de abril de 2012, que lleva por título «Hacia una recuperación generadora de empleo», la Comisión pidió la movilización activa de los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas para responder a los retos actuales de la Unión en materia de empleo y, en particular, de desempleo juvenil. La Comisión hizo hincapié en el importante potencial de creación de empleo que tienen la economía verde, la atención sanitaria y social y los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y, en esta línea, acompañó dicho documento de tres planes de acción para dar continuidad a las medidas. Posteriormente, en su Comunicación de 10 de octubre de 2012 sobre una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica, la Comisión señaló seis ámbitos prioritarios prometedores para la innovación industrial, que ayudan en la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y caracterizada por un uso eficiente de los recursos. En el paquete sobre empleo, la Comisión subrayaba el importante papel que desempeñarían, también para los jóvenes, el fomento del espíritu emprendedor y una mayor disponibilidad de servicios de apoyo a la creación de empresas y de microfinanciación, así como el establecimiento de sistemas de conversión de las prestaciones de desempleo en subvenciones para la creación de empresas. Por otro lado, en el paquete sobre empleo se proponía utilizar subvenciones salariales, para impulsar las nuevas contrataciones netas, y reducir selectivamente la cuña fiscal (principalmente las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social) para ayudar a incrementar el empleo, e igualmente se proponían reformas equilibradas de la legislación sobre protección del empleo que permitan a los jóvenes tener a acceso a empleos de calidad.

               (14)

               En su Resolución de 24 de mayo de 2012 sobre la iniciativa de oportunidades para la juventud, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a que adoptaran medidas rápidas y concretas a nivel nacional, a fin de velar por que los jóvenes ocupen un puesto de trabajo digna, sigan una educación o formación a los cuatro meses de acabar los estudios. El Parlamento Europeo destacó que el sistema de Garantía Juvenil es necesario para mejorar efectivamente la situación de los «ni-nis» y solucionar gradualmente el problema del desempleo juvenil en la Unión.

               (15)

               En sus Conclusiones de 29 de junio de 2012, el Consejo Europeo instó a los Estados miembros a realizar esfuerzos para incrementar el empleo juvenil, «con el objetivo de que, en el plazo de pocos meses tras acabar sus estudios, los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, formación permanente, un período de prácticas o de aprendizaje». También concluía que estas medidas pueden recibir apoyo del Fondo Social Europeo y que los Estados miembros deben aprovechar las posibilidades de financiación de las subvenciones a la contratación temporal con cargo a dicho Fondo.

               (16)

               La Comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 2012 sobre un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados socioeconómicos, constituye la contribución de la Unión a esta labor desde el punto de vista educativo. Profundiza en las cuestiones clave para la reforma y eficiencia de los sistemas de educación y formación: poner en consonancia las aptitudes impartidas con las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo; estimular vías de aprendizaje abiertas y flexibles; y promover un esfuerzo de colaboración entre todas las partes interesadas, incluida la financiación.

               (17)

               En su Recomendación de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (6), el Consejo recomendó a los Estados miembros que deberían establecer para 2018 a más tardar, de acuerdo a las circunstancias y especificidades nacionales y según consideren apropiado, disposiciones para la validación del aprendizaje no formal e informal.

               (18)

               En su Comunicación de 28 de noviembre de 2012 relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013, la Comisión hizo hincapié en que los Estados miembros deben facilitar a los jóvenes la transición de los estudios al trabajo y desarrollar y aplicar sistemas de Garantía Juvenil en virtud de los cuales toda persona menor de 25 años reciba una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleada.

               (19)

               En sus Conclusiones sobre el marco financiero plurianual de 8 de febrero de 2013, el Consejo Europeo decidió crear una Iniciativa sobre Empleo Juvenil, con una dotación de 6 000 millones de EUR para el periodo 2014-2020, para apoyar las medidas establecidas en el Paquete de Empleo Juvenil propuesto por la Comisión el 5 de diciembre de 2012 y, en particular, la Garantía Juvenil.

               (20)

               La Garantía Juvenil debe ponerse en práctica por medio de un sistema consistente en medidas de apoyo y debe ajustarse conforme a las circunstancias nacionales, regionales y locales. Estas medidas deben basarse en seis ejes: adopción de enfoques basados en la asociación; intervención y activación tempranas; medidas de apoyo que faciliten la integración laboral; uso de los Fondos de la Unión; evaluación y mejora continua del sistema; y puesta en práctica rápida. Como tales, van dirigidas a impedir el abandono prematuro de los estudios, fomentar la empleabilidad y eliminar los obstáculos de orden práctico al empleo. Pueden recibir apoyo de los Fondos de la Unión y han de ser sometidas a seguimiento y mejora de manera continua.

               (21)

               La coordinación y la asociación eficaces en todos los ámbitos de actuación (empleo, educación, juventud, asuntos sociales, etc.) resultan cruciales para fomentar unas oportunidades de empleo y unos períodos de formación de aprendices y de prácticas de calidad.

               (22)

               Los sistemas de Garantía Juvenil deben tener en cuenta la diversidad de los Estados miembros y sus diferentes puntos de partida en cuanto a niveles de desempleo juvenil, situación institucional y capacidad de los diversos agentes del mercado de trabajo. También deben tener presentes las distintas situaciones en relación con los presupuestos públicos y con las restricciones financieras en cuanto a asignación de recursos. En el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013, la Comisión señala que, cuando sea posible, deben priorizarse y reforzarse las inversiones en educación, velando por la eficiencia de tales inversiones. También conviene prestar una atención particular al mantenimiento o aumento de la cobertura y la eficacia de los servicios de empleo y las políticas activas del mercado de trabajo, como son la formación para las personas sin empleo y los sistemas de Garantía Juvenil. El establecimiento de estos sistemas tiene un sentido a largo plazo, pero también hace falta una respuesta a corto plazo para contrarrestar los efectos dramáticos de la crisis económica en el mercado de trabajo.

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1.

               Velen por que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal.
               Al diseñar ese sistema de Garantía Juvenil, los Estados miembros deberían tener presentes cuestiones de carácter general como el hecho de que los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo con entornos sociales similares, así como el principio de obligatoriedad mutua y la necesidad de abordar el riesgo de los ciclos de inactividad.
               El punto de partida para otorgar la Garantía Juvenil a un joven debería ser su registro en un servicio de empleo y para los «ni-nis» que no estén inscritos en un servicio de empleo, los Estados miembros deberían definir un punto de partida correspondiente para otorgar la Garantía Juvenil en el mismo plazo de cuatro meses.
               Los sistemas de Garantía Juvenil se deben basarse en las directrices que se exponen a continuación, de acuerdo con las circunstancias nacionales, regionales y locales y atendiendo al género y a la diversidad de los jóvenes destinatarios.

      Adopción de enfoques basados en la asociación

               2.

               Determinen cuál será la autoridad pública pertinente encargada de establecer y gestionar el sistema de Garantía Juvenil y de coordinar las asociaciones en todos los niveles y sectores. Cuando, desde un punto de vista constitucional, un Estado miembro no pueda determinar una única autoridad pública, se identificarán las autoridades públicas pertinentes, manteniendo el menor número de autoridades posible y determinando un punto de contacto único para comunicar a la Comisión Europea sobre la aplicación de la Garantía Juvenil.

               3.

               Se aseguren de que todos los jóvenes tengan pleno acceso a la información de los servicios y el apoyo disponibles, reforzando la cooperación entre los servicios de empleo, los proveedores de orientación profesional, los centros de educación y formación y los servicios de apoyo a la juventud, y aprovechando al máximo todos los canales de información pertinentes.

               4.

               Potencien las asociaciones entre los empleadores y los agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, diversos niveles de la administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud) a fin de fomentar las oportunidades de empleo, de formación de aprendices y de prácticas para los jóvenes.

               5.

               Desarrollen entre los servicios de empleo públicos y privados, los centros de educación y formación, los servicios de orientación profesional y otros servicios especializados en la juventud (organizaciones no gubernamentales, centros y asociaciones juveniles) asociaciones que ayuden a facilitar la transición del desempleo, la inactividad o la educación a la vida laboral.

               6.

               Velen por que los interlocutores sociales a todos los niveles participen activamente en el diseño y la aplicación de las políticas dirigidas a los jóvenes; y promuevan sinergias dentro de sus iniciativas para establecer sistemas de formación de aprendices y de prácticas.

               7.

               Velen por que los jóvenes o las organizaciones juveniles sean consultados o participen en el diseño y posterior desarrollo del sistema de Garantía Juvenil a fin de adaptar los servicios a las necesidades de los beneficiarios, y para que actúen como multiplicadores en las actividades de concienciación.

      Intervención y activación tempranas

               8.

               Diseñen estrategias eficaces para llegar a los jóvenes, incluidas campañas de información y concienciación, con vistas a su captación y registro en los servicios de empleo, centrándose en los jóvenes vulnerables con múltiples obstáculos (exclusión social, pobreza, discriminación, etc.) y en los «ni-nis», y teniendo en cuenta sus antecedentes diversos (condicionados, en particular, por la pobreza, la discapacidad, el bajo nivel de estudios o la pertenencia a una minoría étnica o a la población inmigrante).

               9.

               Ofrezcan un mejor apoyo a los jóvenes y aborden la posible falta de concienciación acerca de las ofertas existentes, y consideren la posibilidad de establecer «puntos focales» comunes, es decir, organizaciones que aseguren la coordinación entre todas las instituciones y organizaciones afectadas, y en particular con la autoridad pública responsable de la gestión del sistema de Garantía Juvenil, de manera que pueda compartirse información sobre los jóvenes que abandonen la escuela, en especial aquellos que corran el riesgo de no encontrar un puesto de trabajo ni realizar una actividad de educación o formación continua.

               10.

               Permitan a los servicios de empleo, junto con otros socios de apoyo a los jóvenes, ofrecer una orientación personalizada y planes de actuación individuales, incluidos sistemas de apoyo individuales hechos a la medida, basándose en el principio de obligatoriedad mutua en una fase temprana y el seguimiento continuado con vistas a prevenir el abandono y velar por el avance hacia la educación y formación o el empleo.

      Medidas de apoyo para la integración en el mercado de trabajo

      Mejora de las aptitudes

               11.

               Ofrezcan a los jóvenes que abandonen prematuramente los estudios y a los poco cualificados vías para reincorporarse a la educación y la formación o programas educativos de segunda oportunidad que les proporcionen unos entornos de aprendizaje que respondan a sus necesidades específicas y les permitan conseguir la cualificación que no obtuvieron.

               12.

               Se aseguren de que las medidas emprendidas en el contexto de un sistema de Garantía Juvenil con el fin de mejorar las aptitudes y las competencias ayude a remediar los desajustes existentes y a cubrir las necesidades de mano de obra de los servicios.

               13.

               Velen por que los esfuerzos por mejorar las aptitudes y las competencias incluyan las capacidades en TIC o digitales; y eleven la categoría de los conocimientos y las competencias profesionales garantizando que los planes de estudios y las certificaciones en TIC sean conformes con las normas e internacionalmente comparables.

               14.

               Animen a los centros escolares, incluidos los centros de formación profesional, y a los servicios de empleo a promover y proporcionar a los jóvenes una orientación continua sobre el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, incluso con cursos sobre emprendimiento.

               15.

               Pongan en aplicación la Recomendación de 20 de diciembre de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal.

      Medidas relacionadas con el mercado de trabajo

               16.

               Reduzcan, cuando proceda, los costes laborales no salariales para aumentar las perspectivas de contratación de los jóvenes.

               17.

               Utilicen subvenciones salariales y a la contratación específicas y bien diseñadas que animen a los empleadores a crear nuevas oportunidades para los jóvenes, por ejemplo un puesto de aprendiz o de prácticas o una colocación, en particular para los que se encuentran más alejados del mercado laboral, en consonancia con las normas aplicables sobre ayudas estatales.

               18.

               Promuevan la movilidad de la mano de obra dando a conocer a los jóvenes las ofertas de trabajo y los períodos de prácticas y de formación de aprendices, así como el apoyo disponible en distintas zonas, regiones y países, por ejemplo a través de servicios y sistemas, que animen a la movilidad y el trabajo dentro de la Unión; y velen por que los jóvenes que encuentren trabajo en otra zona u otro Estado miembro dispongan del apoyo adecuado para adaptarse a su nuevo entorno.

               19.

               Pongan a disposición más servicios de apoyo a la creación de empresas y sensibilicen sobre las posibles oportunidades y perspectivas vinculadas al trabajo por cuenta propia, en especial con una cooperación más estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los proveedores de (micro)financiación.

               20.

               Mejoren los mecanismos para reactivar a los jóvenes que abandonen los programas de activación y dejen de percibir prestaciones.

      Uso de los Fondos de la Unión

               21.

               Hagan un uso pleno y óptimo de los instrumentos de financiación de la política de cohesión en el próximo período 2014-2020 para apoyar el establecimiento de sistemas de Garantía Juvenil, cuando las circunstancias nacionales lo aconsejen; para ello, velen por que se dé la prioridad necesaria y se asignen los recursos correspondientes a la concepción y aplicación de las medidas relacionadas con el establecimiento de los sistemas de Garantía Juvenil, incluidas las posibilidades de financiación de subvenciones específicas a la contratación con cargo al Fondo Social Europeo. Además, utilicen también al máximo la financiación aún disponible del período de programación 2007-2013.

               22.

               En el contexto de la preparación para el período 2014-2020, presten la atención necesaria en el Acuerdo de Asociación a los objetivos específicos que guarden relación con la aplicación de los sistemas de Garantía Juvenil, cuando las circunstancias nacionales lo aconsejen, y describan en los programas operativos las acciones que vayan a apoyarse conforme a las prioridades de inversión pertinentes del Fondo Social Europeo, en particular las relativas a la integración sostenible de los «ni-nis» en el mercado de trabajo y al apoyo a los emprendedores jóvenes y las empresas sociales, junto con su respectiva contribución a los objetivos específicos.

               23.

               Cuando proceda, utilizar plena y óptimamente la Iniciativa sobre Empleo Juvenil para poner en práctica la Garantía Juvenil.

      Evaluación y mejora continua de los sistemas

               24.

               Sometan a seguimiento y evaluación todas las medidas en virtud de los sistemas de Garantía Juvenil, de modo que puedan diseñarse más políticas e intervenciones de base factual atendiendo a aquello que funciona, dónde funciona y por qué funciona, garantizando así el uso eficiente de los recursos y unos rendimientos positivos de la inversión; y tengan una visión de conjunto actualizada de la cantidad de financiación asignada al establecimiento y puesta en práctica de la Garantía Juvenil, en particular en el marco de programas operativos de la política de cohesión.

               25.

               Promuevan actividades de aprendizaje mutuo a escala nacional, regional y local entre todas las partes que participen en la lucha contra el desempleo juvenil, a fin de mejorar el diseño y los resultados de los futuros sistemas de Garantía Juvenil y, cuando proceda, utilicen al máximo los resultados de los proyectos apoyados en el transcurso de la acción preparatoria sobre los sistemas de Garantía Juvenil.

               26.

               Refuercen las capacidades de todas las partes interesadas, en especial los servicios de empleo pertinentes, que participen en el diseño, la aplicación y la evaluación de los sistemas de Garantía Juvenil, a fin de eliminar todo obstáculo interno y externo relacionado con la política y con la manera en que se desarrollen estos sistemas.

      Aplicación de los sistemas de Garantía Juvenil

               27.

               Apliquen lo antes posible los sistemas de Garantía Juvenil. Para los Estados miembros que experimenten un mayor grado de dificultades presupuestarias y mayores índices de «ni-nis» o de paro juvenil, se podría considerar la aplicación gradual.

               28.

               Se aseguren de que los sistemas de Garantía Juvenil estén adecuadamente integrados en los futuros programas cofinanciados por la Unión, preferiblemente desde el comienzo del Marco Financiero Plurianual de 2014-2020. Cuando los Estados miembros pongan en práctica los sistemas de Garantía Juvenil, se podrán beneficiar de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.

         RECOMIENDA QUE LA COMISIÓN:

      Financiación

               1.

               Anime a los Estados miembros a que hagan el mejor uso posible del Fondo Social Europeo, de acuerdo con las prioridades de inversión pertinentes para el período de programación 2014-2020, y la Iniciativa de Empleo Juvenil, cuando proceda, para apoyar el establecimiento y la aplicación de los sistemas de Garantía Juvenil como instrumento estratégico para combatir y prevenir el desempleo y la exclusión social de los jóvenes.

               2.

               Apoye la labor de programación de los Fondos del Marco Estratégico Común de la Unión (Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), en especial mediante el aprendizaje inter pares, las actividades en red y la asistencia técnica.

      Buenas prácticas

               3.

               Haga pleno uso de las posibilidades del nuevo Programa para el Cambio y la Innovación Sociales, a fin de reunir ejemplos de buenas prácticas en materia de sistemas de Garantía Juvenil a escala nacional, regional y local.

               4.

               Utilice el Programa de Aprendizaje Mutuo de la Estrategia Europea de Empleo para animar a los Estados miembros a compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas.

      Seguimiento

               5.

               Continúe efectuando un seguimiento e informando regularmente de la evolución en cuanto al diseño, la aplicación y los resultados de los sistemas de Garantía Juvenil como parte del programa anual de trabajo de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo; velará por que se informe al Comité de Empleo a este respecto.

               6.

               Haga un seguimiento de la puesta en práctica de los sistemas de Garantía Juvenil con arreglo a la presente Recomendación, a través de la supervisión multilateral del Comité de Empleo en el marco del Semestre Europeo, y analizará el impacto de las políticas aplicadas y, cuando proceda, hará recomendaciones específicas por país a los Estados miembros basadas en las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros.

      Concienciación

               7.

               Apoye las actividades de concienciación sobre el establecimiento de los sistemas de Garantía Juvenil en todos los Estados miembros, utilizando el Portal Europeo de Juventud y creando lazos, en particular, con sus campañas de información.

      Hecho en Luxemburgo, el 22 de abril de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         S. COVENEY

      (1)  DO L 308 de 24.11.2010, p. 46.

      (2)  DO L 205 de 6.8.2005, p. 21.

      (3)  DO L 198 de 26.7.2008, p. 47.

      (4)  DO C 351 E de 2.12.2011, p. 29.

      (5)  DO C 191 de 1.7.2011, p. 1.

      (6)  DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.