               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 3.7.2019
            COM(2019) 314 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se completan las directrices de negociación del Programa de Doha para el Desarrollo en relación con las negociaciones de un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

                  El 13 de diciembre de 2017, en la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), setenta miembros de la OMC adoptaron una Declaración conjunta sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo
                     1
                   en la que se abogaba por «debates estructurados con el objetivo de elaborar un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones». Esos debates tienen por objeto identificar y desarrollar los elementos de un marco para facilitar las inversiones extranjeras directas (IED). La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros apoyaron firmemente esta iniciativa y se unieron a ella.

                  La UE participó activamente en los debates estructurados que tuvieron lugar en 2018 en la OMC. Los debates fueron transparentes y estuvieron abiertos a todos los miembros de la OMC, y dieron lugar a una «lista recapitulativa de las cuestiones planteadas por los miembros», que contenía posibles elementos de un marco para facilitar las IED identificadas por los miembros de la OMC. Esta «lista recapitulativa» fue aprobada en una reunión de balance celebrada el 6 de diciembre de 2018.

                  En 2019 se ha iniciado una nueva fase de debate. Los miembros de la OMC acordaron un calendario de reuniones para el primer semestre del año, que se dedicará al desarrollo de los elementos incluidos en la lista recapitulativa. Esta tarea exploratoria sobre el desarrollo de dichos elementos sigue siendo transparente y está abierta a todos los miembros de la OMC. El debate abarcará todos los elementos de la «lista recapitulativa» a partir de ejemplos de disposiciones existentes en acuerdos bilaterales o multilaterales que sean pertinentes para la facilitación de las inversiones. Estos ejemplos se recogen en un «Compendio de ejemplos basados en textos». En julio de 2019 se celebrará una reunión de balance. En otoño de 2019, es probable que los miembros empiecen a proponer textos específicos para un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones. Esto significa que es probable que la primera fase de las negociaciones se inicie a partir de septiembre u octubre de 2019.

                  Las negociaciones deben tener lugar en el marco de la OMC, y seguir siendo transparentes y estando abiertas a todos los miembros de la OMC que decidan adherirse. Durante las negociaciones, los miembros participantes podrán poner sobre la mesa cualquier propuesta de negociación en el ámbito de la facilitación de las IED, al principio o en una fase posterior del proceso de negociación en la OMC.

                  La Comisión obtuvo la autorización del Consejo en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) para las negociaciones en la OMC, entre otras cosas, sobre comercio e inversión
                     2
                  . Dado que las IED son un vehículo importante para el comercio internacional, y la facilitación de las inversiones es una forma de fomentar la inversión transfronteriza al contribuir a garantizar un clima estable y predecible para las IED en todo el mundo
                     3
                  , las nuevas negociaciones de la OMC sobre la facilitación de las inversiones están cubiertas por la autorización existente, ya que pertenecen al ámbito del comercio y la inversión
                     4
                  . Por consiguiente, no se requiere una nueva decisión del Consejo por la que se autorice la apertura de negociaciones con arreglo al artículo 218, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

                  No obstante, si bien el comercio y la inversión no constituyen un nuevo asunto en la agenda de la OMC
                     5
                  , las negociaciones sobre la facilitación de las inversiones podrían ser novedosas en algunos aspectos y abordar algunas cuestiones sobre las que la UE tiene prioridades específicas. Por consiguiente, para encuadrar con mayor precisión las negociaciones, la Comisión recomienda al Consejo la adopción de directrices de negociación específicas adicionales para las negociaciones en la OMC sobre la facilitación de las inversiones.

                  Las directrices de negociación propuestas tienen por objeto garantizar que la UE esté en condiciones de participar en la negociación de cualquier elemento de la facilitación de las inversiones que propongan los miembros participantes de la OMC en el curso de las negociaciones, respetando plenamente el acervo y las decisiones políticas de la UE en las negociaciones comerciales.

                  Para la UE, los objetivos de las negociaciones son facilitar las IED por parte de inversores y empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y crear nuevas oportunidades para fomentar el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. Un marco multilateral de facilitación de las inversiones podría facilitar las inversiones globales de la misma manera que la OMC contribuye a facilitar el comercio mundial con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Con el fin de lograr un resultado de alto nivel con la participación del mayor número posible de miembros de la OMC, las normas y los compromisos deben ofrecer a los miembros una flexibilidad adecuada.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  Los objetivos citados son coherentes con el Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece que la UE debe «fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional»
                     6
                  .

                  El Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2018 autorizó a la Comisión a proseguir la modernización de la OMC con objeto de 1) aumentar la pertinencia de la Organización y de hacerla más adaptable a un mundo cambiante, y 2) reforzar su eficacia. La modernización de las actividades reguladoras de la OMC, que es uno de los principales objetivos de las negociaciones previstas sobre la facilitación de las inversiones, constituye el pilar central de este proceso.

                  El 18 de septiembre de 2018, la Comisión presentó un documento de reflexión
                     7
                   sobre la modernización de la OMC. En el contexto del refuerzo de la función reguladora de la OMC, la Comisión subrayó, entre otras cosas, que tras las declaraciones conjuntas acordadas en Buenos Aires, ya se está trabajando en los ámbitos de la facilitación de las inversiones, pero se necesitarán más esfuerzos para subsanar las lagunas y actualizar el código normativo de la OMC.

                  La UE presenta sistemáticamente, en sus negociaciones de libre comercio, disciplinas ambiciosas en materia de transparencia y reglamentación nacional en el sector de los servicios y en otros sectores. Las directrices de negociación propuestas para las negociaciones sobre la facilitación de las inversiones se basarían en el mismo enfoque que la UE aplica en sus ALC.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  Las disciplinas que la UE puede proponer en la OMC serían plenamente conformes con la legislación pertinente de la UE sobre el mercado interior, y se basarían en ella, y reflejarían las propuestas presentadas por la UE en las negociaciones bilaterales.

                  Las directrices de negociación propuestas confirman que toda norma o compromiso acordado por la UE debe atenerse al marco jurídico de la UE (punto 5 del anexo).

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  Artículo 207, apartado 4, párrafo primero, leído en relación con el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

                  De conformidad con el artículo 207, en caso de que deban negociarse acuerdos relativos a la política comercial común, la Comisión presentará recomendaciones al Consejo. La Comisión llevará a cabo dichas negociaciones en consulta con un comité especial designado por el Consejo para asistirla en dicha tarea y con arreglo a las directrices que el Consejo pueda dirigirle.

                  El artículo 218, apartado 3, del TFUE establece que la Comisión presentará recomendaciones al Consejo. El Consejo está facultado para adoptar decisiones por las que se autorice la apertura de negociaciones y, de conformidad con el artículo 218, apartado 4, del TFUE, puede dictar directrices al negociador y designar un comité especial, al que deberá consultarse durante las negociaciones.

                  Por lo que se refiere a las negociaciones de la OMC sobre la facilitación de las inversiones, el Consejo ya ha autorizado la apertura de negociaciones y ha dictado directrices a la Comisión sobre el comercio y la inversión en la OMC. Sin embargo, es necesario adoptar directrices de negociación suplementarias para encuadrar con mayor precisión estas negociaciones. En consecuencia, la Comisión recomienda al Consejo que adopte una decisión sobre la base del artículo 207, apartado 4, párrafo primero, leído en relación con el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  La política comercial común es un ámbito de competencia exclusiva de la UE en virtud del artículo 3 del TFUE. Por consiguiente, no se aplica el principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del TUE).

               •Proporcionalidad

                  La recomendación de la Comisión se ajusta al principio de proporcionalidad (artículo 5, apartado 4, del TUE).

               •Elección del instrumento

                  Decisión del Consejo de la Unión Europea sobre las directrices de negociación relativas a la facilitación de las inversiones en la OMC para completar las directrices dictadas a la Comisión sobre el Programa de Doha para el Desarrollo.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

                  No procede.

               •Consultas con las partes interesadas

                  No se ha llevado a cabo una consulta pública, ya que todavía no se conocen los elementos sustantivos de las negociaciones de la OMC.

                  La Comisión consulta periódicamente a las partes interesadas, en particular en el Grupo de Expertos sobre Acuerdos Comerciales
                     8
                   y el Diálogo de la Sociedad Civil
                     9
                  .

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No procede.

               •Evaluación de impacto

                  No se ha realizado ninguna evaluación de impacto por el motivo siguiente: las negociaciones en la OMC sobre la facilitación de las inversiones se basan en la autorización que el Consejo concedió a la Comisión para las negociaciones en la OMC (véase la sección 1). El contenido de las negociaciones no representa ningún nuevo ámbito político; las negociaciones son la continuación de negociaciones más amplias de la OMC que ahora se han reducido a un ámbito más específico, sin incluir la liberalización de las inversiones ni la protección de las inversiones.

                  Tomando como base los posibles elementos de un marco multilateral para la facilitación de las inversiones identificados en la «lista recapitulativa», nada parece indicar que la ratificación de un acuerdo de este tipo vaya a tener algún impacto significativo para la UE. Más bien, se traduciría en una codificación de prácticas que ya están bien establecidas en la UE. Es probable que los efectos de las posibles nuevas normas y compromisos derivados de las negociaciones en la OMC sean más sustanciales en el caso de determinados terceros países, en particular países en desarrollo y países menos adelantados. Sin embargo, no pueden determinarse a priori. En primer lugar, porque los miembros de la OMC participantes aún no han presentado las propuestas de negociación. En segundo lugar, porque no se conoce qué miembros asumirán compromisos sobre las nuevas normas y obligaciones de la OMC y, en caso afirmativo, en qué plazo.

                  Cuando estén más claros los efectos potenciales, es decir, cuando se conozca mejor el contenido del marco multilateral y los compromisos de los miembros de la OMC, la Comisión volverá a evaluar la necesidad de un análisis más exhaustivo. Esto debería producirse a más tardar al término de las negociaciones de la OMC.

                  La UE participará activamente y presentará propuestas desde las primeras fases de las negociaciones para influir en el resultado.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

                  La iniciativa respeta plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  La iniciativa no tiene repercusión presupuestaria alguna.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  No procede.

               •Documentos explicativos (para las Directivas)

                  No procede.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  No procede.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se completan las directrices de negociación del Programa de Doha para el Desarrollo en relación con las negociaciones de un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 4, párrafo primero, leído en relación con su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)En el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, el Consejo autorizó la apertura de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dirigió directrices a la Comisión relativas, entre otras cosas, al comercio y las inversiones.

               (2)El 13 de diciembre de 2017, en la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, setenta miembros de la OMC adoptaron una Declaración conjunta sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo
                  10
                en la que se abogaba por unos debates estructurados con el objetivo de elaborar un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones.

               (3)La actual fase de los debates, que tiene por objeto desarrollar los posibles elementos de un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones, concluirá en julio de 2019 con arreglo al calendario más reciente
                  11
               , y es probable que vaya seguida de una primera fase de negociación en otoño de 2019.

               (4)La adopción de directrices de negociación suplementarias es necesaria para encuadrar en mayor medida la posición de la Unión en las negociaciones previstas en la OMC sobre la facilitación de las inversiones.

               (5)De conformidad con el artículo 207, apartado 3, el Comité de Política Comercial debe seguir siendo el comité designado al que debe consultarse durante las negociaciones.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Las directrices de negociación dirigidas a la Comisión sobre el Programa de Doha para el Desarrollo se completan con las directrices de negociación para las negociaciones de un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones que figuran en el anexo.

               Artículo 2

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        WT/MIN(17)/59 de 13 de diciembre de 2017.

                     (2)

                        Una serie de conclusiones del Consejo constituyen la autorización del PDD, que abarca del 25 de octubre de 1999 al 18 de julio de 2008.

                     (3)

                        En el último calendario de reuniones de los debates estructurados sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo (INF/IFD/W/3), de 17 de abril de 2019, a partir de la «lista recapitulativa de las cuestiones planteadas por los miembros», se establece que la facilitación de las inversiones hace referencia al establecimiento de un clima empresarial estable, transparente y previsible para las IED en todo el mundo. La última versión de la «lista recapitulativa de las cuestiones planteadas por los miembros», de 9 de noviembre de 2018, se distribuyó a todos los miembros como anexo a la nota informal sobre el balance y los próximos pasos de 27 de noviembre de 2018.

                     (4)

                        Se hace referencia, en particular, a las conclusiones del Consejo de 26 de octubre de 1999, 8 de diciembre de 1999, 29 de octubre de 2001, 21 de noviembre de 2001, 21 de julio de 2003 (que establecen específicamente que las Declaraciones Ministeriales de Singapur y de Doha y los textos conexos adoptados, así como las anteriores conclusiones del Consejo, constituyen la base de la actuación de la Unión en las negociaciones del PDD), 5 de diciembre de 2003, 6 de octubre de 2004, 19 de julio de 2005, 18 de octubre de 2005 (que recuerdan específicamente que las conclusiones del Consejo de octubre de 1999 a julio de 2005 siguen siendo válidas y que juntas constituyen el mandato de la Comisión para las negociaciones del PDD), 21 de noviembre de 2005, 12 de junio de 2006, 10 de marzo de 2008 y 18 de julio de 2008.

                     (5)

                        En 1997 se puso en marcha el Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Relación entre Comercio e Inversiones.

                     (6)

                        Artículo 21, apartado 2, letra e), del TUE.

                     (7)

                  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf

                     (8)

                  http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/

                     (9)

                  http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531

                     (10)

                        WT/MIN(17)/59.

                     (11)

                        INF/IFD/W/3.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 3.7.2019
            COM(2019) 314 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de Decisión del Consejo
            por la que se completan las directrices de negociación del Programa de Doha para el Desarrollo en relación con las negociaciones de un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones

               ANEXO

               1.NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS NORMAS Y COMPROMISOS

               1.Tomando como base la autorización existente del Consejo para las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, el objetivo de las negociaciones multilaterales sobre la facilitación de las inversiones debe ser establecer un marco multilateral de normas con vistas a facilitar las inversiones extranjeras directas (IED) en todo el mundo. El objetivo es crear un clima más transparente, eficiente y previsible para facilitar las inversiones transfronterizas. Un marco de estas características debe centrarse en las IED con exclusión de los movimientos de capitales a corto plazo, y debe tener como objetivo garantizar las condiciones adecuadas para que las inversiones internacionales contribuyan a un desarrollo sostenible, preservando al mismo tiempo la capacidad de los países receptores para regular la actividad de los inversores en sus territorios respectivos.

               2.De conformidad con la Declaración ministerial conjunta sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo, adoptada por setenta miembros de la OMC en la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC celebrada el 13 de diciembre de 2017, en estas negociaciones no se abordará el acceso a los mercados, la protección de las inversiones ni la solución de diferencias entre inversores y Estados.

               3.Las negociaciones deben llevarse a cabo y concluirse teniendo debidamente en cuenta los derechos y obligaciones de los miembros en el marco de la OMC, respetando los principios de transparencia e inclusión y basándose en los acuerdos de la OMC en vigor.

               4.La finalidad de las negociaciones debe ser desarrollar disciplinas y compromisos de alto nivel con la participación del mayor número posible de miembros de la OMC. Las negociaciones deben tener en cuenta las oportunidades y los retos únicos que se presentan a los miembros de la OMC en relación con la facilitación de las inversiones. En consecuencia, las normas y los compromisos deben prever la flexibilidad adecuada.

               5.Las normas y los compromisos acordados por la Unión Europea (UE) deben tener en cuenta la obligación de no discriminación en los acuerdos de la OMC existentes en la medida en que sean pertinentes y aplicables en un contexto de facilitación de las inversiones.

               2.CONTENIDO PROPUESTO DE LAS NORMAS Y LOS COMPROMISOS

               6.El objetivo de las negociaciones debe consistir en el desarrollo de un nuevo marco de disciplinas en la OMC destinado a facilitar las IED. Este marco debe crear un entorno transparente, eficiente y previsible para las inversiones internacionales en beneficio de las empresas de la UE de todos los tamaños, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y también debe reforzar la capacidad de los países en desarrollo y los países menos adelantados de atraer IED, incrementando de esta manera su participación en las cadenas de valor mundiales.

               7.Las negociaciones se llevarán a cabo de forma abierta e inclusiva. Por lo tanto, podrán versar sobre cualquier aspecto de la facilitación de las inversiones que propongan los miembros participantes. Reconociendo la naturaleza transversal de la facilitación de las inversiones, las negociaciones podrán abordar cuestiones tales como:

               –elementos destinados a mejorar la transparencia y la previsibilidad de las medidas de inversión, incluidas las normas y las condiciones aplicables a la entrada y al funcionamiento de las IED (publicación y disponibilidad de medidas y de información; notificación a la OMC; puntos de información);

               –elementos destinados a racionalizar y acelerar los procedimientos y requisitos administrativos (procedimientos administrativos y requisitos de documentación; plazos para los procedimientos administrativos; tratamiento de las solicitudes incompletas; tasas y gravámenes; revisión de los procedimientos administrativos; uso de la administración electrónica; tipos de mecanismo de ventanilla única; tipos de mecanismo de punto focal/punto de contacto/Defensores del Pueblo, incluidas las relaciones con las partes interesadas pertinentes y la prevención de conflictos);

               –elementos destinados a reforzar la cooperación internacional, el intercambio de información y el intercambio de mejores prácticas (cooperación internacional entre miembros; cooperación internacional a nivel multilateral a través de un Comité de la OMC sobre la facilitación de las inversiones);

               –la dimensión del desarrollo (retos a los que se enfrentan los países menos desarrollados; intercambio de buenas prácticas; disposiciones sobre el trato especial y diferenciado; asistencia técnica y desarrollo de capacidades) y la promoción de la responsabilidad social de las empresas y el desarrollo sostenible.

               8.La Unión Europea también podrá entablar negociaciones sobre otros aspectos pertinentes para la facilitación de las IED, propuestos por los miembros participantes, de conformidad con las presentes directrices.

               9.Toda norma o compromiso acordado por la Unión Europea debe atenerse al marco jurídico de la UE.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 528 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 del Reino Unido

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 del Reino Unido

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)A raíz de la retirada del Reino Unido de la UE el 31 de enero de 2020 y de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, el Reino Unido entró en un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho período transitorio podrá prorrogarse hasta un máximo de uno o dos años mediante una decisión única tomada por la UE y el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020 en el Comité Mixto contemplado en el Acuerdo de Retirada. Durante el período transitorio, el Derecho de la Unión, incluidas las disposiciones relativas al Semestre Europeo, se seguirá aplicando al Reino Unido y dentro de su territorio.

               (3)El informe específico de 2020 sobre el Reino Unido
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por el Reino Unido con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (4)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales y perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, creando profundas perturbaciones de la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. También constituye una amenaza para los puestos de trabajo y los ingresos de los ciudadanos, así como para la actividad empresarial. Ha ocasionado una profunda perturbación económica que ya está teniendo consecuencias graves en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (5)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (6)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, dada la gravedad de la recesión económica que se espera como resultado de la pandemia de COVID-19, concurren las condiciones para la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020 los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, al tiempo que permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

               (7)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar que se dan las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo con el fin de reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (8)La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden que el mercado único funcione normalmente tan pronto como dejen de ser indispensables. La actual crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis que incluyan, concretamente, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos son los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones del Reino Unido debido a los diferentes patrones de especialización. Esto plantea un riesgo sustancial de que se amplíen aún más las disparidades regionales dentro del Reino Unido. La situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 30 de abril de 2020, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 7 de mayo de 2020, su Programa de Convergencia de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (11)El Reino Unido se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma en materia de deuda. El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó al Reino Unido que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no supere el 1,6 % en 2019-2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. La evaluación general de la Comisión confirma el riesgo de una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2019-2020 y a lo largo de 2018-2019 y 2019-2020, considerados en su conjunto. Los datos de ejecución presupuestaria de 2019-2020 estarán disponibles en otoño de 2020.

               (12)En su Programa de Convergencia de 2019-2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario empeore y pase de un déficit del 2,2 % del PIB en 2019-2020 a un déficit del 2,5 % del PIB en 2020-2021. Según las proyecciones, el déficit aumentará hasta el 3,1 % del PIB en 2021-22 y disminuirá al 2,4 % del PIB en 2024-2025. En 2019-2020, según las estimaciones, la ratio deuda pública / PIB había descendido al 83,2 %, y, según el Programa de Convergencia de 2019-2020, se espera que en 2020-2021 disminuya hasta el 82,9 %. Sin embargo, no parece que el escenario macroeconómico en el que se basan estas proyecciones presupuestarias siga siendo realista ya que en él no se tienen en cuenta las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19. En las proyecciones del Programa tampoco se tienen en cuenta las medidas anunciadas por el Reino Unido en respuesta a la pandemia de COVID-19. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por una elevada incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Reino Unido ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar apoyo a las personas y sectores especialmente afectados por la crisis. Estas medidas no están incluidas en las proyecciones del Programa de Convergencia, pero sí se tienen en cuenta en las previsiones de la Comisión. Las medidas presupuestarias equivalen aproximadamente a un 5,5 % del PIB, e incluyen ayudas para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y las empresas, así como medidas sociales. Además, el Reino Unido ha anunciado medidas que, aunque no tienen incidencia presupuestaria directa, contribuirán a la liquidez de las empresas. Estas medidas incluyen garantías de préstamos equivalentes a aproximadamente el 16 % del PIB. La plena aplicación de estas medidas, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias con el fin de lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a mantener la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión y en el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas, se prevé que el saldo de las administraciones públicas del Reino Unido se sitúe en el -10,7 % del PIB en 2020-2021 y en el -6,2 % en 2021-2022. Según las proyecciones, la ratio deuda pública / PIB se elevará al 102,5 % del PIB en 2020-2021 y al 100,2 % en 2022. En el escenario macroeconómico en el que se basa el Programa de Convergencia no se tienen en cuenta las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y, por consiguiente, las proyecciones de la deuda y del déficit divergen considerablemente de las de la Comisión.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que, según las proyecciones, el Reino Unido superaría en 2020-2021 el límite de déficit del 3 % del PIB. En general, del análisis se desprende que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (16)La actual crisis de la COVID-19 ha creado retos de política económica y social sin precedentes en las últimas décadas. Se prevé que en 2020 el desempleo, que en 2019 fue del 3,8 %, aumente casi 3 puntos porcentuales hasta llegar al 6,7 % para luego recuperarse ligeramente y situarse en el 6 % en 2021. El Gobierno del Reino Unido ha adoptado medidas de emergencia para aliviar los efectos negativos de las perturbaciones económicas. El coste del apoyo presupuestario directo dependerá de la demanda, pero puede elevarse a aproximadamente 110 000 millones de libras esterlinas (5,5 % del PIB), más 330 000 millones (16 % del PIB) en garantías crediticias para préstamos bancarios. Se han desplegado programas de reducción del tiempo de trabajo para proteger el empleo y se han tomado medidas para prestar apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Se han mejorado temporalmente la cobertura y los criterios de admisibilidad para acceder a los pagos anticipados del crédito universal y se han ampliado temporalmente durante doce meses los criterios básicos de admisibilidad para el crédito universal. Las autoridades locales también recibirán una financiación única adicional para prestar apoyo a las personas y los hogares vulnerables desde el punto de visto económico. El Gobierno ha anunciado asimismo una moratoria de tres meses para los pagos de hipotecas en beneficio de los propietarios de viviendas que se encuentren en dificultades debido al coronavirus.

               (17)Para prestar apoyo a la situación financiera de las empresas, el Banco de Inglaterra ha reducido el tipo de interés bancario en dos ocasiones, pasando en total del 0,75 % al 0,1 %; ha reducido el porcentaje de las reservas de capital anticíclico del Reino Unido al 0 % a partir de una trayectoria preexistente hacia el 2 % en diciembre de 2020; ha aumentado su programa de compra de bonos hasta 645 000 millones de libras esterlinas; y ha ampliado su apoyo a la concesión de préstamos bancarios comerciales a la economía real junto con las garantías de préstamos del Gobierno. El gobierno ha ofrecido a algunos sectores una moratoria de un año en los pagos de los impuestos sobre bienes inmuebles comerciales, un aplazamiento de los pagos del IVA y subvenciones en efectivo para las empresas más pequeñas. También se ha facilitado ayuda a la liquidez en forma de garantías y subvenciones combinadas en el marco del plan de préstamos a las pequeñas y medianas empresas que han debido interrumpir su actividad debido al coronavirus y cuyo volumen de negocios es inferior a un umbral concreto, utilizando una amplia gama de productos financieros, por ejemplo, líneas de crédito renovables y otros productos, como préstamos a plazo. Además, se ha puesto a disposición de todos los sectores de actividad un plan general destinado a proporcionar liquidez a las pymes, pero también a empresas de mayor tamaño, que podría incluir ayudas a la inversión. Para diseñar y aplicar estas medidas hay que tener en cuenta la resiliencia del sector bancario.

               (18)La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los puntos débiles del Reino Unido en el grado de preparación y en la capacidad de los sistemas sanitarios para hacer frente a este tipo de pandemia, especialmente en lo que se refiere a las instalaciones, el personal y los suministros. A resultas de esto, se han instalado urgentemente en todo el Reino Unido hospitales de campaña provisionales para los pacientes de COVID-19. Se ha instado a la industria manufacturera del país a modificar sus líneas de producción para fabricar urgentemente más equipos médicos, como respiradores, con el fin de hacer frente a la demanda prevista. La crisis de la COVID-19 ha acentuado aún más la escasez existente de personal sanitario. Para poder gestionar crisis parecidas en el futuro serán necesarias inversiones en los sistemas sanitarios de todo el Reino Unido, lo que incluye medidas de salud pública eficaces y con recursos suficientes. El objetivo de dichas inversiones debería ser proporcionar los equipos e instalaciones necesarios, así como la mano de obra cualificada requerida, y, en general, la capacidad de prestar todos los servicios sanitarios ordinarios al mismo tiempo que se proporciona asistencia a los pacientes de COVID-19 u otras enfermedades contagiosas parecidas.

               (19)Es probable que la actual crisis tenga mayores repercusiones para las personas más vulnerables y que agrave la pobreza. El riesgo de pobreza o la exclusión social ya iban en aumento antes de la crisis, a pesar de que el desempleo estaba en niveles históricamente bajos. También son elevadas la pobreza de las personas con empleo y la pobreza infantil. Con los recortes y las reformas del bienestar se corre el riesgo de socavar el sólido efecto de reducción de la pobreza del sistema tributario y de prestaciones del Reino Unido. Hay margen de maniobra para reforzar el apoyo a los más vulnerables, incluidos los niños en situación de pobreza, especialmente porque se prevé que la crisis haga aumentar aún más la desigualdad de los ingresos.

               (20)Mejorar el rendimiento de la productividad laboral sigue siendo un reto importante para el Reino Unido. La producción por hora es considerablemente menor en el Reino Unido que en la mayoría de las demás economías desarrolladas y apenas es mayor de lo que era antes de la crisis financiera. El crecimiento del PIB se ha visto impulsado por el crecimiento del empleo y en los últimos tiempos no se ha producido prácticamente aumento alguno de la productividad. A pesar de las tensiones del mercado laboral, la curva de la productividad laboral del Reino Unido se ha mantenido prácticamente plana desde principios de 2018. El crecimiento de los salarios reales también ha seguido siendo lento. Muchas zonas del Reino Unido son relativamente pobres y presentan niveles comparativamente bajos de inversión en capacidades e infraestructuras. Las limitadas perspectivas de progresar profesionalmente que tienen las personas en empleos con salarios bajos repercuten negativamente tanto en la productividad como en la pobreza. Se espera que esta situación se mantenga e incluso se recrudezca con motivo de la crisis de la COVID-19. La reciente pandemia también plantea retos significativos para los sistemas de educación y formación del Reino Unido, principalmente a consecuencia de la enseñanza a distancia y de las diferencias en el acceso a la enseñanza estructurada. Por consiguiente, hay margen para aumentar la productividad haciendo frente a problemas generalizados, como los bajos niveles de inversión en bienes de equipo, infraestructuras e investigación y desarrollo, y las carencias de capacidades, especialmente de las capacidades básicas y técnicas. El Reino Unido tiene como objetivo invertir más en investigación e innovación y mejorar el uso de las tecnologías existentes en toda la economía.

               (21)Para impulsar la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada, por ejemplo, mediante las reformas pertinentes. El Reino Unido registra una persistente escasez de vivienda. Están apareciendo limitaciones de capacidad y, al mismo tiempo, la construcción residencial sigue por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda estimada. Tanto la cantidad como la ubicación del suelo disponible para nuevas viviendas están limitadas por una reglamentación estricta del mercado del suelo, en particular en torno a las grandes ciudades. El sector de la construcción sigue siendo un sector clave para la vivienda, así como para cumplir los futuros objetivos climáticos y de eficiencia energética, aunque resulta complicado reducir la cantidad de energía utilizada para la calefacción doméstica debido a la vetustez del parque inmobiliario y al lento ritmo al que se sustituye. Tras décadas de infrainversión por parte de los poderes públicos, el Gobierno está comenzando a abordar el déficit de infraestructuras. Se han registrado avances alentadores en la inversión en energías renovables y se ha conseguido una reducción significativa de las emisiones en el sector energético. Sin embargo, avanzar hacia la neutralidad climática sigue siendo un reto para toda la economía. El uso de las redes de carreteras, ferroviarias y aéreas del Reino Unido está alcanzando los límites de su capacidad, lo que contribuye a la congestión y a la contaminación atmosférica. El Reino Unido aspira a estar en la vanguardia de los vehículos de emisión cero, pero la mayoría de su red ferroviaria todavía no está electrificada. Aunque en el Reino Unido la cobertura de las redes de fibra óptica en su totalidad sigue siendo modesta, la competencia en el mercado de la fibra óptica está creciendo debido a que el Gobierno está aumentando significativamente las ayudas públicas al despliegue de las redes de fibra óptica. Sin embargo, estas inversiones en infraestructuras digitales deben ir acompañadas de una mejora de las capacidades digitales, ya que el Reino Unido adolece de un déficit estructural de capacidades informáticas especializadas.

               (22)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo hasta el final del período transitorio.

               (23)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, el Reino Unido contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (24)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe por país de 2020
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               . Asimismo, ha valorado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al Reino Unido en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (25)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la primera recomendación que figura a continuación.

               RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.Hacer todo lo necesario, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para hacer frente de forma eficaz a la pandemia, sostener la economía y prestar apoyo a la recuperación subsiguiente. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario.

               2.Garantizar la adecuación y la cobertura del sistema de protección social para prestar apoyo a todos y, especialmente, a los más afectados por la crisis.

               3.Fomentar la innovación y prestar apoyo al desarrollo del capital humano. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en la transición verde y digital, especialmente en la vivienda, en la producción y uso eficientes de energías limpias, en infraestructuras de transporte sostenible y en redes de banda ancha de alta velocidad.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 527 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión y las variaciones no discrecionales de los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (8)

                        SWD(2020) 527 final.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 517 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Hungría

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Hungría
                  2
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartió con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Son elementos clave para elaborar planes más amplios de preparación frente a crisis.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Hungría a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos territorios debido a los diferentes modelos de especialización, en particular en las regiones que carecen de dotación en activos clave o que dependen en gran medida de sectores en los que el trato cara a cara con el cliente es importante. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las desigualdades territoriales en Hungría, agravando la tendencia ya observada a que se amplíen las disparidades entre zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 5 de mayo de 2020, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 4 de mayo de 2020 su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)Hungría se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

               (12)El 14 de junio de 2019, el Consejo recomendó a Hungría garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
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                no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada para el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019, considerados en conjunto. Sin embargo, a la luz de la activación de la cláusula general de salvaguardia, en el caso de Hungría no está justificado que se adopten medidas adicionales en el marco del procedimiento de desviación significativa.

               (13)En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno ha planificado que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 2,0 % del PIB en 2019 a un déficit del 3,8 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya hasta el 2,7 % del PIB en 2021 y que llegue de forma gradual al 1,0 % del PIB en 2024. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir hasta el 66,3 % del PIB en 2019, aumentaría hasta el 72,6 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19. Existen riesgos específicos de cada país subyacentes a las previsiones presupuestarias, a saber, riesgos relacionados con gastos superiores a los previstos (en consonancia con tendencias del pasado a un gasto elevado al final del ejercicio), así como con ingresos potencialmente inferiores a los previstos porque la previsión de ingresos parece ser algo optimista.

               (14)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Hungría ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de cuidados intensivos de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, dichas medidas presupuestarias ascendieron al 2,8 % del PIB en 2020 y se financian en su totalidad mediante la reasignación de gastos dentro del presupuesto, reservas y nuevos impuestos. Algunas de estas medidas están dirigidas al apoyo al mercado de trabajo, las desgravaciones fiscales para las empresas y los gastos relacionados con la emergencia médica. Se han anunciado medidas adicionales para apoyar la recuperación (1,4 % del PIB) y el mercado de trabajo (0,4 % del PIB), pero aún no se ha especificado en qué consisten. Además, Hungría ha adoptado medidas que, sin tener un impacto presupuestario directo, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en un 1,5 % del PIB. Las autoridades están trabajando en medidas adicionales que representan el 0,3 % del PIB. Entre estas medidas figuran programas de garantía de crédito y préstamos garantizados por el Estado. La incidencia presupuestaria global de las medidas fiscales notificadas en los Programas de Convergencia de 2020 difiere de la indicada en las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, ya que la Comisión solo evaluó y tuvo en cuenta las medidas fiscales que estaban suficientemente especificadas. Globalmente, las medidas tomadas por Hungría están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena especificación y adopción de todas las medidas anunciadas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación fiscal prudente a medio plazo cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (15)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas húngaras sería del -5,2 % del PIB en 2020 y el -4,0 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda pública alcance el 75,0 % del PIB en 2020.

               (16)El 14 de junio de 2019, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría en 2018. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el 14 de junio de 2019 el Consejo recomendó a Hungría garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019 y el 4,7 % en 2020, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 1,0 % y el 0,75 % del PIB. El 5 de diciembre de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/2172
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               , en la que se establecía que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 14 de junio de 2019, y emitió una recomendación revisada. En la Recomendación de 5 de diciembre de 2019, el Consejo instaba a Hungría a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 4,7 % en 2020, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB en 2020. Sobre la base de la evaluación global de la Comisión y a la vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia para 2020, que permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, se considera que Hungría ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 5 de diciembre de 2019.

               (17)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que Hungría había planificado incumplir el valor de referencia para el déficit del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (18)El 11 de marzo de 2020, el Gobierno anunció un estado de excepción. El 12 de marzo se cerraron las fronteras para los viajeros, excepto para los ciudadanos y residentes del Espacio Económico Europeo que regresaran, así como para los trabajadores transfronterizos regulares. El tránsito de mercancías siguió estando permitido. El 16 de marzo de 2020 se cerraron las instalaciones de educación infantil, los centros de enseñanza y las universidades y se empezó a impartir enseñanza en línea. A partir del 17 de marzo de 2020, se obligó a cerrar los comercios no esenciales a las 15.00 h, mientras que los restaurantes solo podían permanecer abiertos para ofrecer comida para llevar. El 28 de marzo de 2020 se decretó un toque de queda parcial, que implicaba que las personas solo podían abandonar su lugar de residencia por razones debidamente justificadas y debían mantenerse a distancia unas de otras. Antes de la pandemia de COVID-19, la economía húngara se encaminaba a una ralentización gradual tras varios años de crecimiento extraordinario. El PIB real aumentó un 4,9 % en 2019. Tras el brote del virus, se aplicaron medidas de contención con relativa rapidez y, hasta ahora, las cifras oficiales de casos han sido limitadas. Sin embargo, se prevé que la recesión mundial afecte a las exportaciones con especial dureza, debido al predominio de sectores altamente cíclicos, como el del automóvil. También se prevé que afecte a los servicios turísticos y de transporte, que se ven afectados por las restricciones de viaje. Globalmente se prevé una aguda recesión, con inicio en el mes de marzo, que irá seguida de una recuperación económica gradual a partir del segundo semestre, dado que se supone que las medidas de contención irán levantándose de forma gradual. El desempleo podría aumentar rápidamente debido a la flexibilidad del mercado de trabajo. Los resultados económicos en 2020 dependerán de la duración del período de confinamiento y de la respuesta en materia de política económica. Las previsiones de primavera de la Comisión Europea señalan una disminución del 7 % del PIB real en 2020, seguida de una recuperación del 6 % en 2021.

               (19)Desde mediados de marzo, el Gobierno ha anunciado varias oleadas de medidas para mitigar el impacto social y económico de la crisis de la COVID-19. El banco central ha adoptado medidas para proporcionar liquidez al sector financiero. Otras medidas para aumentar la liquidez de los hogares y las empresas son: i) una moratoria de pagos hasta el 31 de diciembre de 2020 en el caso de los préstamos y contratos de arrendamiento financiero para empresas y hogares, y ii) una limitación del tipo de interés de los créditos al consumo. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas, debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. Otras medidas, dirigidas sobre todo a los sectores más afectados por la crisis, como el turismo y los servicios, son las reducciones y exenciones temporales de impuestos, las subvenciones a la inversión, el desarrollo de infraestructuras, los préstamos subvencionados y garantizados y los programas destinados a reforzar el capital. A fin de conservar puestos de trabajo, el Gobierno puso en marcha dos tipos de regímenes de reducción del tiempo de trabajo. El régimen general cubre hasta el 70 % de los salarios no percibidos durante tres meses en determinadas condiciones y un régimen específico está dirigido al personal de investigación y desarrollo (I+D). El Gobierno adelantó un trimestre un recorte ya planificado de las cotizaciones a la seguridad social y anunció un complemento salarial puntual en el sector de la asistencia sanitaria. En general, si bien las medidas fiscales tienen por objeto apoyar a las empresas y conservar los puestos de trabajo, su alcance y cobertura siguen siendo limitados en comparación con la mayoría de los Estados miembros. Por otra parte, se ha planificado que se financien a través de reasignaciones entre capítulos del presupuesto y de impuestos recientemente aumentados, por lo que se prevé que tengan un efecto limitado desde el punto de vista de la estabilización macroeconómica.

               (20)Varios aspectos de los resultados en materia de salud siguieron siendo peores que en la mayoría de los Estados miembros, lo que refleja, entre otras cosas, la alta prevalencia de factores de riesgo entre la población y la limitada eficacia de la prestación de asistencia sanitaria. La participación pública en el gasto sanitario en Hungría fue considerablemente inferior a la media de la UE. Un número de húngaros por encima del promedio de la UE tienen gastos directos en asistencia sanitaria y se ven cada vez más obligados a recurrir a servicios de salud privados, lo cual agrava el riesgo de dificultades financieras para los hogares húngaros y repercute en la equidad social y los resultados en materia de salud. Es necesario realizar inversiones adicionales y reformas globales para racionalizar el uso de los recursos en el sistema sanitario, reducir las desigualdades de acceso y aumentar la calidad de la asistencia. Los servicios de prevención y de atención primaria están infrafinanciados y sigue aprovechándose poco su potencial para mejorar la calidad, la accesibilidad y la relación coste/eficacia del sistema sanitario. Aunque las autoridades han empezado a trabajar para aliviar la considerable escasez de profesionales sanitarios en Hungría, las disparidades regionales en su distribución siguen dificultando el acceso a la asistencia en algunas zonas y para algunos grupos vulnerables, como las comunidades gitanas marginadas, y las personas con discapacidad también se enfrentan a obstáculos específicos. Ante la profunda alteración de la demanda de sistemas sanitarios generada por la pandemia de COVID-19, es necesario actuar con rapidez para empezar a abordar estos retos estructurales y aumentar la resiliencia del sistema sanitario húngaro.

               (21)Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia pueden ser significativas, y aún está por determinar el impacto del Decreto gubernamental de 18 de marzo de 2020 por el que se permiten excepciones al Código de Trabajo acordadas bilateralmente. Según las previsiones de la Comisión, el desempleo aumentaría hasta el 7,0 % en 2020 y se recuperaría, hasta el 6,1 %, en 2021. Los sectores excesivamente afectados por la crisis representan una gran parte de la economía húngara, que da empleo a una mano de obra con baja a media cualificación en contratos de trabajo muy flexibles. Hasta principios de 2020, la tasa global de empleo siguió mejorando en un contexto de fuerte expansión económica, pero esto no benefició a todos los grupos por igual. Las diferencias en materia de empleo entre grupos de cualificaciones y entre hombres y mujeres siguieron siendo grandes en comparación con la media de la UE, y esta última diferencia se debe en parte a la escasez de servicios de atención infantil de calidad. Pese a que se ha ido reduciendo, sigue teniendo un alcance considerable el programa de obras públicas, que no consigue emplear a los participantes en el mercado de trabajo primario. Existe margen para reforzar otras políticas, de tal manera que ayuden eficazmente a las personas desempleadas o inactivas a encontrar empleo o acceder a formación y que estén más centradas en estas personas. La duración de las prestaciones de desempleo es la más corta de la UE —tres meses como máximo— e, incluso en condiciones económicas muy favorables, estaba muy por debajo del tiempo necesario por término medio para encontrar empleo. En consonancia con los principios del pilar europeo de derechos sociales, es necesario que los regímenes y medidas de protección social protejan a quienes corren riesgo de perder su empleo, así como a los trabajadores por cuenta propia y los desempleados. Los expedientes de regulación temporal de empleo, en los que los empleados reciben ayuda a la renta del Estado por las horas no trabajadas, constituyen una buena forma de proteger el empleo. Durante la pandemia, los expedientes de regulación temporal de empleo son más eficaces si su administración es sencilla y rápida, y si la admisibilidad no está limitada a determinados sectores o tipos de empresas.

               (22)Si bien la situación general de la pobreza en Hungría mejoró antes de la pandemia, la tendencia puede invertirse rápidamente durante la recesión. Las desigualdades en materia de ingresos han aumentado en la última década, debido en parte a los cambios en el sistema fiscal y de prestaciones. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, tanto la privación material grave como la privación material y social eran elevadas, especialmente entre los hogares con varios hijos y entre la población gitana. La escasez de pisos municipales para el alquiler social y la falta de apoyo financiero a los arrendatarios dificulta la movilidad. La prestación de renta mínima permanece nominalmente inalterada desde 2012 y es una de las más bajas de la UE. Se prevé que la pandemia afecte más gravemente a los grupos vulnerables que carecen de acceso a atención y servicios esenciales y que viven en hogares con hacinamiento. Será necesario adoptar medidas que fomenten su activación y su integración laboral cuando se recuperen las economías. Ya antes de la crisis, los resultados en materia educativa se situaban por debajo de la media de la Unión y estaban muy influidos por el contexto socioeconómico de los alumnos. Las tasas de abandono escolar prematuro fueron elevadas, especialmente entre los alumnos gitanos. La baja participación de los grupos vulnerables en una educación de calidad constituye una oportunidad perdida para formar capital humano y cohesión social. El salario de los profesores es uno de los más bajos de la UE. El escaso número de estudiantes de educación superior no se corresponde con la fuerte demanda de trabajadores muy cualificados. Es probable que el inesperado cambio a un aprendizaje a distancia aumente aún más las desigualdades. Las pruebas de competencia nacionales anuales ponen de manifiesto que es difícil llegar a muchos alumnos a través de la educación digital, debido a la falta de herramientas digitales. Los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos sufren los efectos negativos del aprendizaje a distancia, debido también al hacinamiento en los hogares y al bajo nivel educativo de los padres. Las inversiones recientes y en curso en digitalización educativa han sido importantes y deben continuar.

               (23)En el contexto de la crisis de la COVID-19, es especialmente importante garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas y la libre circulación de mercancías en todo el mercado único, así como supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro en cooperación con los países vecinos. Hungría es una pequeña economía abierta que cuenta con un intenso transporte transfronterizo de mercancías. Además, muchos húngaros trabajan en el extranjero y se desplazan con una periodicidad semanal. Hungría también puede necesitar trabajadores fronterizos estacionales en el sector de la agricultura. Las restricciones de viaje impuestas actualmente pueden retrasar la circulación de mercancías y trabajadores, pero podrían aliviarse mediante corredores verdes en los pasos fronterizos.

               (24)Entre los servicios, el comercio minorista es uno de los sectores más afectados, debido a las medidas que han impedido a muchas empresas funcionar del todo o que han limitado sus operaciones de manera significativa. La flexibilidad reglamentaria ayudaría al comercio al por menor a recuperarse de las secuelas de la COVID-19. Hungría tiene el mayor número de profesiones reguladas en la UE. Los servicios profesionales desempeñarán un papel importante para facilitar la salida de la crisis y la recuperación posterior. Por tanto, es esencial que se garanticen el acceso a las profesiones y el ejercicio de estas mediante la racionalización de sus marcos reglamentarios y los procedimientos administrativos conexos, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas —incluidos los profesionales que ejercen a título individual—, que se han visto especialmente afectadas por la crisis. Las medidas encaminadas a facilitar liquidez a las empresas mediante préstamos y garantías, centradas en las pequeñas y medianas empresas, son de suma importancia y los intermediarios deben distribuir eficaz y rápidamente el aporte de liquidez a las empresas. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas, debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. Permitir el aplazamiento del pago de impuestos y contribuciones sociales y acelerar los pagos contractuales efectuados por la Administración Pública también puede contribuir a mejorar el flujo de tesorería de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas emergentes y en expansión de nueva creación pueden necesitar un apoyo específico, como incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en ellas. Tales medidas de apoyo también ayudarán a evitar ventas «a precio de saldo» de empresas europeas de importancia estratégica.

               (25)La investigación y la innovación son un motor fundamental para el crecimiento y la competitividad a largo plazo. Hungría tiene la calificación de «innovador moderado». La escasez de trabajadores altamente cualificados es un obstáculo clave para la innovación. El gasto en investigación y desarrollo (I+D) está aumentando lentamente y ha sido estimulado principalmente por las empresas, que se benefician a este efecto de la mayor ayuda pública de toda la UE. Sin embargo, el gasto en I+D en el sector público ha disminuido en la última década. Invertir en pequeñas y medianas empresas (pymes) innovadoras y reforzar la cooperación entre empresas, la investigación, el mundo académico y el sector público aumenta la capacidad de investigación e innovación del país que reclama la crisis de la COVID-19. Las inversiones en investigación e innovación públicas y un entorno de investigación favorable son necesarios para la recuperación.

               (26)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. El plan nacional de energía y clima de Hungría identifica las inversiones necesarias para emprender la transición energética y climática. Junto con la inversión en digitalización y en la transición ecológica, todo ello hará que la economía húngara sea más sostenible y resiliente una vez que el país se haya recuperado de la crisis. En la actualidad, la eficiencia energética en el sector residencial es baja, lo que también contribuye a la contaminación atmosférica. Las persistentes infracciones de las normas en materia de calidad del aire tienen graves repercusiones para la salud y el medio ambiente. Entre las principales fuentes de contaminación atmosférica se encuentran la combustión doméstica de combustibles sólidos, la agricultura y las emisiones del transporte. Solo el 1 % del consumo interior bruto de energía procede de fuentes renovables con bajas emisiones de carbono, y la biomasa altamente contaminante contribuye aproximadamente al 10 %. Las instalaciones solares, que partían de un nivel bajo, han experimentado un rápido aumento. De conformidad con su plan nacional de energía y clima y con la neutralidad climática a largo plazo, Hungría tiene intención de basarse más en fuentes de energía renovables, principalmente en la energía solar. En la actual situación económica, la política energética puede generar un crecimiento ecológico y contribuir a la recuperación económica. Hasta que se produjo la pandemia de COVID-19, la congestión vial ha constituido un desafío cada vez mayor, que acarrea un impacto económico negativo y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación atmosférica. Una mayor generalización del teletrabajo y unos sistemas de transporte público más atractivos también ayudarían a mitigar el impacto medioambiental del transporte. La economía circular aún está en una fase inicial, el reciclado de residuos municipales no está suficientemente desarrollado y los instrumentos de política económica no ofrecen incentivos suficientes. La descarga en vertederos sigue siendo el método predominante en la gestión de residuos. La calidad y el suministro de agua siguen suscitando preocupación. Las competencias digitales de los húngaros y el uso de tecnologías digitales por las empresas y los servicios públicos siguen estando por debajo de la media de la UE. Deben mantenerse los esfuerzos por ofrecer unos servicios públicos digitales eficientes para los ciudadanos y las empresas. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Hungría a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Esto permitiría a Hungría optimizar el uso de este Fondo.

               (27)En respuesta a la epidemia de COVID-19, el 11 de marzo de 2020 el Gobierno declaró un «estado de excepción». Su duración no está predefinida y el Gobierno tiene poder discrecional para mantenerlo o ponerle fin. Las medidas concretas adoptadas por el Gobierno durarán hasta que concluya el «estado de excepción». El 30 de marzo de 2020, el Parlamento aprobó una nueva ley que permite al gobierno anular mediante decreto cualquier ley. Las competencias excepcionales otorgadas parecen ser más amplias que las adoptadas en otros Estados miembros, teniendo en cuenta el efecto combinado de una definición muy general de estas competencias y de la falta de un límite de tiempo claro. Determinadas medidas de emergencia adoptadas utilizando estas competencias plantean dudas en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, e interfieren con actividades empresariales y con la estabilidad del entorno reglamentario. Entre tales medidas cabe citar establecer excepciones en la legislación laboral, desplegar agentes de enlace militar en empresas estratégicas y someter a una sociedad cotizada a supervisión por el Estado. Como declaró el 15 de mayo de 2020, el primer ministro, Viktor Orbán, espera que al final del mes el Gobierno podrá devolver al Parlamento el mandato especial que se le otorgó debido a la epidemia de coronavirus. El refuerzo de la independencia judicial también sería fundamental para una supervisión eficaz de las medidas de emergencia en cuestión.

               (28)La participación de los interlocutores sociales en las iniciativas políticas y en su implementación ha sido insuficiente en los últimos años, lo que ha debilitado la calidad y la previsibilidad de la formulación de políticas y ha aumentado las posibilidades de que se cometan errores políticos. Se han eludido reiteradamente consultas y evaluaciones de impacto mediante la aplicación de procedimientos legislativos especiales, como proyectos de ley presentados por diputados a título individual y procedimientos de urgencia. La participación de las partes interesadas se ha debilitado aún más durante el actual sistema de gobernar mediante decreto gubernamental, teniendo en cuenta además el Decreto gubernamental de 18 de marzo de 2020 que permite excepciones bilaterales del Código de Trabajo.

               (29)La falta de competencia en la contratación pública sigue siendo un importante motivo de preocupación, ya que una mayor apertura a la competencia es clave para hacer frente a la crisis, reavivar el sector de las pequeñas empresas y ayudar a la reanudación de la economía. A pesar de los nuevos cambios legislativos y de la digitalización de la contratación pública, casi la mitad de las licitaciones públicas desembocan en un procedimiento de oferta única. El elevado número de ofertas únicas socava la eficacia del sistema de contratación pública. La profesionalización de la contratación pública podría contribuir a mejorar el cumplimiento de las normas de la Unión y a hacer posible una contratación estratégica. Las auditorías de la Comisión sobre contratación pública relacionadas con proyectos cofinanciados por la Unión y llevadas a cabo en los últimos años han detectado deficiencias sistémicas y han puesto de manifiesto puntos débiles en el sistema de control de la contratación pública. En 2019, la Comisión impuso a Hungría correcciones financieras por valor de aproximadamente 1 000 millones EUR debido a estas deficiencias.

               (30)La lucha contra la planificación fiscal abusiva es fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Hungría ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva mediante la aplicación de iniciativas previamente acordadas a nivel internacional y europeo, pero el hecho de que no se apliquen retenciones en origen en Hungría sobre las salidas de ingresos a centros financieros extraterritoriales podría proporcionar una vía de escape para que salgan beneficios de la UE sin que se pague la parte de impuestos que corresponde. Si bien las salidas de ingresos, como cánones, intereses y dividendos, hacia centros financieros extraterritoriales fueron relativamente bajas en el período 2013-2017, Hungría registra entradas y salidas de capital volátiles y relativamente altas a través de entidades instrumentales, lo que apunta a una posible vulnerabilidad con prácticas de planificación fiscal abusiva.

               (31)En el contexto de la crisis relacionada con la crisis de la COVID-19, es especialmente importante garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas y la libre circulación de mercancías en todo el mercado único, así como supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro en cooperación con los países vecinos. Por tanto, levantar medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19, en particular la de restringir las exportaciones de medicamentos y sustancias medicinales para que se suministren principalmente en Hungría, contribuirá a atender las necesidades de los ciudadanos en toda la UE de manera coherente y solidaria, y a evitar el riesgo de escasez y de perturbaciones en las cadenas de suministro. En última instancia, allanará el camino para que la estrategia coordinada de la UE para la salida de la COVID-19 tenga éxito.

               (32)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (33)La corrupción, el acceso a la información pública y la libertad de prensa han sido motivo de preocupación, incluso antes de la crisis. Estos ámbitos presentan aún más riesgo de deterioro con el estado de excepción, dado que los mecanismos de control se han debilitado. La investigación judicial y el enjuiciamiento parecen ser menos eficaces en Hungría que en otros Estados miembros. Falta una actuación sistemática decidida para enjuiciar la corrupción de alto nivel. Preocupa la rendición de cuentas cuando se decide terminar las investigaciones judiciales, ya que no existen vías de recurso efectivas contra las decisiones de la fiscalía de no enjuiciar una supuesta actividad delictiva. Las restricciones de acceso a la información siguen obstaculizando la lucha contra la corrupción. Las prácticas disuasorias contra el acceso a la información pública pueden desalentar a los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales de ejercer sus derechos constitucionales.

               (34)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Hungría contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (35)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

               (36)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020 y su dictamen
                  10
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr una situación fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Abordar la escasez de personal sanitario y garantizar un suministro adecuado de productos médicos e infraestructuras críticos para aumentar la resiliencia del sistema sanitario. Mejorar el acceso a servicios de calidad en los ámbitos de la prevención y la atención primaria.

               2.Proteger el empleo mejorando los expedientes de regulación temporal de empleo, aumentando la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y ampliando la duración de las prestaciones por desempleo. Mejorar la adecuación de la asistencia social y garantizar el acceso a servicios esenciales y a una educación de calidad para todos.

               3.Garantizar que se adopten medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, el transporte sostenible, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, la investigación y la innovación, y la infraestructura digital de los centros de enseñanza.

               4.Garantizar que todas las medidas de emergencia sean estrictamente proporcionadas, limitadas en el tiempo y conformes con las normas europeas e internacionales, y que no interfieran con las actividades empresariales y la estabilidad del entorno reglamentario. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales y de las partes interesadas en el proceso de elaboración de políticas. Mejorar la competencia en la contratación pública.

               5.Reforzar la fiscalidad contra el riesgo de planificación fiscal abusiva.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                  El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 516 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (8)

                        DO L 329 de 19.12.2019, pp. 91-93.

                     (9)

                        SWD(2019) 1016 final.

                     (10)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.