title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Chequia 2020/C 282/03

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/15

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Chequia
      (2020/C 282/03)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o°1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Chequia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Chequia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Chequia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chequia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Chequia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Por tanto, la situación actual conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales en Chequia, o de crear nuevas disparidades territoriales a nivel subregional, agravando la tendencia ya observada de las crecientes disparidades entre las regiones de Karlovarský y Ústecký y el resto del país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Chequia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 7 de mayo de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020 el 30 de abril de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Chequia se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 5,1 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 4,1 % del PIB en 2021. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 30,8 % en 2019, aumentaría hasta el 37 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Chequia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4 % del PIB. Dichas medidas incluyen bonificaciones fiscales compensatorias y la condonación de los seguros sociales y de enfermedad durante seis meses para los trabajadores por cuenta propia (1 % del PIB), un régimen de trabajo a corto plazo (1 % del PIB), la condonación de los anticipos de impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades adeudados en junio de 2020 (0,8 % del PIB), así como medidas relacionadas con la salud (0,7 % del PIB). Además, Chequia ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Incluyen sobre todo sistemas de garantía para conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas y a grandes empresas. No obstante, el Programa de Convergencia de 2020 no cuantifica los pasivos contingentes vinculados a las medidas anunciadas. La mayoría de las medidas subyacentes al Programa de Convergencia de 2020 también se incluyeron en las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión. No se han podido incluir algunas medidas que no pudieron cuantificarse o se prorrogaron más allá de la fecha límite. Globalmente, las medidas tomadas por Chequia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas checas sería del -6,7 % del PIB en 2020 y del -4,0 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Chequia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  Entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, Chequia declaró el estado de alarma con el fin de frenar el impacto de la pandemia de COVID-19, cerró escuelas, restringió eventos y el funcionamiento de los comercios, y limitó significativamente las reuniones de personas. Entre el 15 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, también se cerraron parcialmente las fronteras terrestres. Esto limitó el número de salidas de trabajadores checos y el número de entradas de trabajadores extranjeros, creando cuellos de botella de mano de obra a escala local, en particular en la industria manufacturera y los trabajos estacionales, y afectó a cadenas de suministros esenciales. Para ayudar a los hogares y a las empresas durante la crisis, el Gobierno ha anunciado un paquete de estímulo que incluye medidas de apoyo directo y garantías públicas. Aunque esto puede proporcionar un alivio temporal, se espera que la economía siga viéndose gravemente afectada en 2020, ya que las caídas de la demanda externa y las medidas de confinamiento perturban la actividad económica. Se prevé que el PIB real se recupere gradualmente en 2021, pero es poco probable que vuelva a los valores de 2019 durante el período de previsión 2020-2012. Se prevé que el impacto en sectores como el transporte, la hostelería y el turismo sea significativo. El desempleo aumentará, pero se verá amortiguado por la escasez previa de mano de obra, el paquete de medidas de estímulo y la baja proporción de contratos temporales. Para garantizar el apoyo a la liquidez, las autoridades han puesto en marcha una serie de sistemas de garantías estatales para empresas de todos los tamaños. También se ha previsto el aplazamiento de pagos de préstamos al consumo y de préstamos hipotecarios durante tres o seis meses para los hogares y las empresas afectados por la crisis. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. El Banco Nacional Checo ha adoptado también diversas medidas para amortiguar el impacto de la crisis en el sector financiero.

                  (17)

                  El esfuerzo de mitigación de la incidencia sanitaria de la COVID-19 en fase temprana contribuyó a ralentizar la propagación del virus en Chequia. Se tomaron medidas para aumentar el suministro de equipos médicos y garantizar la infraestructura necesaria y, de este modo, preparar el sistema sanitario para hacer frente al aumento de la demanda. La situación sanitaria de la población checa ha mejorado significativamente en los últimos años, acercándose a la media de la UE. Sin embargo, existen importantes diferencias regionales en términos de esperanza de vida, determinadas en parte por factores socioeconómicos y de comportamiento. Aunque el nivel general de necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas es uno de los más bajos de la Unión, persisten disparidades regionales en lo que respecta a la distribución de los recursos y del personal del ámbito sanitario, que ha sufrido tensiones cada vez mayores. Se prevé que en los próximos años se jubile una parte sustancial del personal sanitario. Para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, en el futuro será necesario mejorar la resiliencia y la preparación del sistema sanitario frente a las crisis, y apoyar al mismo tiempo la igualdad de acceso a una mayor atención primaria y una atención integrada para reducir las hospitalizaciones evitables. Esto también puede mejorar la prevención y mitigar otros problemas sanitarios. Las soluciones de sanidad electrónica siguen siendo limitadas, pese a que existe una estrategia nacional de salud en línea para el período 2016-2020.

                  (18)

                  En 2019 y principios de 2020, el mercado laboral checo se mantuvo sólido y la mayoría de indicadores mostraron resultados positivos. La tasa de empleo siguió aumentando y la de desempleo descendió a su mínimo histórico. No obstante, según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, la tasa de desempleo aumentaría hasta el 5,0 % en 2020 y descendería ligeramente al 4,2 % en 2021. El Gobierno respondió rápidamente a la pandemia de COVID-19 mediante la introducción de numerosas medidas para proteger los ingresos y el empleo, prestando especial atención a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, algunos grupos vulnerables del mercado laboral (trabajadores con contratos de corta duración y los contratados a través de agencias de trabajo temporal) no están plenamente protegidos por las medidas atenuantes propuestas. El cierre de guarderías y escuelas durante el confinamiento puede haber afectado especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares importantes. El fomento de la inversión en servicios de cuidado de los niños y de cuidados de larga duración, junto con fórmulas de trabajo flexibles, como el teletrabajo, debería facilitar la transición después de la crisis. Unas políticas activas del mercado de trabajo y un suministro de capacidades más específicas, en consulta con los interlocutores sociales, apoyan tanto el mantenimiento de los empleados como las transiciones laborales. Las acciones de comunicación por parte de los servicios públicos de empleo también pueden facilitar el éxito de la reinserción en el mercado laboral, en particular para los grupos vulnerables. Un acceso más fácil y más rápido a la protección social ayudaría a evitar las trampas de la pobreza y los desahucios. Los resultados educativos siguen viéndose muy afectados por las desigualdades socioeconómicas y las bajas inversiones. Garantizar la igualdad de acceso a una educación y una formación inclusivas de calidad, también en el contexto digital, puede ayudar a mejorar los niveles de capacidades y ampliar el aprendizaje digital. Es especialmente importante fomentar las competencias digitales, en particular mediante el apoyo y la formación continua de profesores y formadores. El gasto público por estudiante sigue siendo comparativamente bajo en todos los niveles educativos. La escasez de profesores cualificados indica la necesidad de aumentar el atractivo de la profesión, en particular para los jóvenes con talento.

                  (19)

                  Chequia es uno de los países que podrían verse especialmente afectados por el cambio tecnológico y que necesitan una inversión significativa en este ámbito. La transformación digital requerirá apoyo, también en los sectores de la industria y los servicios, mediante inversiones específicas en soluciones y capacidades inteligentes. Se ha alcanzado el objetivo de una cobertura total de banda ancha fija, pero la banda ancha móvil sigue siendo relativamente cara. Los retrasos en el desarrollo de las infraestructuras podrían afectar especialmente a los grupos vulnerables y a las regiones estructuralmente débiles con mayor riesgo de aislamiento. Esto podría tener también consecuencias negativas en la vigilancia y el control de las epidemias. Para atender a las necesidades de conectividad, es necesario invertir en redes de muy alta capacidad y en redes fijas y móviles, así como en medidas adecuadas relativas a la demanda. Para ello, será esencial asignar a tiempo un espectro de 5G en condiciones previsibles conducentes a la inversión. La demanda de servicios de banda ancha ultrarrápida se ve frenada por la baja demanda resultante de múltiples variables, como el precio de suscripción, así como por el poder adquisitivo, la edad y la educación de la población. Las autoridades están comprometidas con el desarrollo y la integración de nuevas tecnologías digitales, pero esto se ve obstaculizado por la persistencia de niveles bajos de capacidades. Las autoridades checas se han comprometido a fomentar soluciones basadas en la inteligencia artificial pero, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en este ámbito, Chequia sigue estando por debajo de los Estados miembros fronterizos en cuanto a actividades de investigación y patentes en este ámbito.

                  (20)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. El Plan Nacional de Energía y Clima de Chequia indica que se necesitan importantes inversiones para abordar con éxito la transición climática y energética y avanzar hacia la neutralidad climática. Este es el caso, en particular, de la promoción de los recursos energéticos renovables, la eficiencia energética, las infraestructuras y partes de la red de transporte. Los efectos del cambio climático ya son visibles en forma de sequías e inundaciones, que provocan importantes pérdidas económicas. La contaminación atmosférica es también un problema permanente. Al mismo tiempo, los impuestos sobre la contaminación son muy bajos. El carbón sigue dominando el sector energético y sigue siendo un importante motor de la actividad económica en tres regiones checas. La limitada capacidad de desarrollo de los promotores de proyectos y el asesoramiento limitado prestado por las autoridades checas siguen siendo un obstáculo importante para el desarrollo de una sólida reserva de proyectos que apliquen la doble transición en materia de cambio climático y digital en dichas regiones. En general, se espera que la transición a fuentes de energía distintas del carbón tenga importantes consecuencias socioeconómicas y parece faltar interés de momento por invertir en tecnologías de emisión cero y de baja emisión de gases de efecto invernadero. La producción de energía renovable es inferior a la media de la UE. El sector carece de incentivos financieros y de un marco jurídico e institucional adecuado para apoyar su futuro desarrollo. También parece haber poca conciencia de los beneficios más amplios de la eficiencia energética. El paso a la electromovilidad ha sido bastante lento y el transporte por carretera se está convirtiendo en uno de los principales consumidores de energía. Los impuestos sobre el transporte son bajos y no se basan en las emisiones de CO2. La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es aún incipiente. Los resultados de la gestión de residuos siguen siendo moderados respecto a los objetivos más ambiciosos definidos en la materia. Falta una estrategia global para desarrollar el potencial de circularidad de la economía. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Chequia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Chequia optimizar el uso de este Fondo.

                  (21)

                  El acceso a la financiación convencional está por encima de la media de la UE, pero la financiación de riesgo está menos desarrollada. Sigue habiendo poca financiación para las empresas nacionales de alto riesgo, especialmente en la fase de lanzamiento y posterior al desarrollo. Aunque se han lanzado al mercado algunas iniciativas innovadoras, la financiación de capital de riesgo y de fondos propios se mantiene a un nivel muy bajo. La investigación y la innovación en Chequia se ven obstaculizadas por la necesidad de una reforma sistémica. Aunque sigue creciendo constantemente la inversión privada en investigación y desarrollo, las empresas grandes, en su mayoría de propiedad extranjera, invierten mucho más que las pequeñas y medianas empresas nacionales en activos intangibles como la investigación y desarrollo. La industria de media y alta tecnología sufre escasez de mano de obra cualificada debido al escaso número de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a la formación inadecuada de los titulados. Al mismo tiempo, el fomento y el apoyo a la iniciativa empresarial siguen siendo bajos, lo que dificulta el crecimiento de la productividad. El alto grado de fragmentación en el sector de la investigación se traduce en una dispersión excesiva de la financiación en el ámbito de la investigación y desarrollo. La cooperación entre el sector público y el privado se ve obstaculizada por las prácticas actuales de evaluación de las carreras de los investigadores. Una cooperación más estrecha entre el mundo académico y empresarial, en particular a través de empresas derivadas, podría acelerar la transferencia de tecnología y la difusión de la innovación.

                  (22)

                  Las medidas de confinamiento a raíz de la COVID-19 han supuesto una carga para las cadenas de suministro y muchas empresas no han podido mantener su actividad, y carecen de reservas de liquidez. Los sectores del automóvil y de los servicios son los que se han visto más afectados. Las actividades de vigilancia del mercado están repartidas entre demasiadas autoridades, y la cooperación y la coordinación no son óptimas. La capacidad de los regímenes oficiales para proporcionar a las empresas garantías estatales no permite cubrir todas las solicitudes. Existe margen para mejorar la coordinación y agilizar los procesos a fin de canalizar el apoyo a las empresas. Algunas partes interesadas consideran que las medidas adoptadas por las autoridades checas para aliviar el impacto de la crisis de la COVID-19 son burocráticas, y su implantación en la economía real es lenta. Existe margen para mejorar el análisis de los datos necesarios a fin de tomar decisiones rápidas, informadas y óptimas sobre estrategias y medidas específicas de recuperación económica. En general, el sector empresarial considera que la legislación en rápida evolución y unos procedimientos administrativos complejos obstaculizan la inversión. La carga administrativa es especialmente problemática para las empresas emergentes en términos de licencias y permisos. Los largos y complejos procedimientos para obtener un permiso de construcción son un obstáculo importante. La nueva legislación propuesta en materia de construcción es objeto de críticas. Chequia es uno de los Estados miembros menos avanzados en cuanto a la utilización de servicios públicos digitales. El número de usuarios de la administración electrónica sigue estando muy por debajo de la media de la UE. El país está aplicando su plan de administración electrónica. A partir de 2020, el país cuenta con una nueva «constitución digital» que otorga derecho a recibir, a más tardar en 2025, casi todos los servicios públicos por vía electrónica. No obstante, solo una parte relativamente pequeña de los municipios ofrecen soluciones en línea. El Parlamento está debatiendo actualmente un cambio del Código Fiscal, cuyo objetivo es aumentar la digitalización del sistema fiscal, ya que el porcentaje de presentación electrónica sigue siendo bastante bajo para determinados impuestos.

                  (23)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (24)

                  Los resultados del sector público de Chequia y la eficacia gubernamental se sitúan por debajo de la media de la UE. Los indicadores internacionales en materia de acceso a la información de las autoridades públicas sobre elaboración de políticas son relativamente satisfactorios. No lo son tanto respecto a la profesionalidad de la función pública, la transparencia de la administración y el control de la corrupción. La eficiencia de la administración pública mejoraría con una mejor planificación estratégica, una mejor coordinación interministerial y una menor fragmentación de la administración local. El marco de contratación pública ha mejorado, pero puede ser objeto de nuevos ajustes. Pese a leves mejoras, la corrupción sigue constituyendo un problema para las empresas y puede seguir obstaculizando la actividad económica. Sigue pendiente la adopción de varias medidas de lucha contra la corrupción, como el proyecto de ley sobre grupos de presión o sobre protección de los denunciantes.

                  (25)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Chequia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (26)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chequia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Chequia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Chequia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (27)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (7), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Chequia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Garantizar la resiliencia del sistema sanitario, mejorar la disponibilidad de personal sanitario, la atención primaria y la integración de la asistencia, así como el despliegue de servicios de sanidad electrónica.

                  2.

                  Apoyar el empleo mediante políticas activas del mercado de trabajo, el desarrollo de capacidades, incluidas las digitales, y el acceso al aprendizaje digital.

                  3.

                  Apoyar a las pequeñas y medianas empresas haciendo un mayor uso de los instrumentos financieros para garantizar el apoyo a la liquidez, la reducción de la carga administrativa y la mejora de la administración electrónica. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en infraestructuras y tecnologías digitales de gran capacidad, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, y en infraestructuras de transporte sostenibles, incluso en las regiones carboníferas. Garantizar el acceso de las empresas innovadoras a la financiación, y mejorar la cooperación entre los sectores público y privado en materia de investigación y desarrollo.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 15.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Dinamarca 2020/C 282/04

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/22

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Dinamarca
      (2020/C 282/04)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Dinamarca fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Dinamarca con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de los años anteriores, así como los avances de Dinamarca hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 pandemia mundial. Esta constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales y perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, creando profundas perturbaciones de la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 (4) y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, al tiempo que permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Dichas modificaciones ofrecen flexibilidad adicional y procedimientos racionalizados y simplificados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Dinamarca a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 7 de mayo de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020 el 5 de mayo de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

                  (10)

                  Dinamarca se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (11)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario empeore y pase de un superávit del 3,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 8,0 % del PIB en 2020. Según las proyecciones, en 2021 el déficit se reducirá al 2,4 % del PIB. En 2019, la ratio deuda pública/PIB había descendido al 33,2 %, pero, según el Programa de Convergencia de 2020, se espera que en 2020 aumente hasta el 40,7 %. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (12)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y como parte del enfoque coordinado de la Unión, Dinamarca ha adoptado en tiempo oportuno medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar apoyo a las personas y sectores especialmente afectados por la crisis. Según el Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias se elevaban al 4,9 % del PIB. Las medidas incluyen reforzar los servicios de asistencia sanitaria, compensaciones temporales para los costes fijos de las empresas, un régimen de compensación salarial temporal y ayuda de emergencia para los sectores en dificultades. Por otra parte, Dinamarca ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en aproximadamente el 15 % del PIB. Dichas medidas incluyen aplazamientos en el pago de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y garantías de préstamos (3,7 % del PIB). En comparación con las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, la principal diferencia es que el Programa de Convergencia de 2020 incluye las pérdidas futuras previstas derivadas de las garantías estatales en relación con la COVID-19 (0,5 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Dinamarca están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y de las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (13)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión y en el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas, se prevé que el saldo de las administraciones públicas de Dinamarca se sitúe en el -7,2 % del PIB en 2020 y en el -2,3 % del PIB en 2021. Según las proyecciones, la ratio deuda pública/PIB seguirá estando por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (14)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que estaba previsto que en 2020 Dinamarca superase el límite de déficit del 3 % del PIB. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (15)

                  En el primer semestre de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a Dinamarca, ejerció presión sobre el sistema sanitario y redujo considerablemente la actividad económica en determinados sectores. Dinamarca adoptó medidas oportunas para detener la pandemia y reforzar el sistema sanitario, incluidas iniciativas de amplio alcance para mitigar sus consecuencias económicas. Para hacer frente a la crisis económica resultante el Gobierno y el Banco Central adoptaron una serie de medidas económicas y financieras resueltas: ayuda directa para cubrir parcialmente los costes fijos y salariales de las empresas, aplazamientos en el pago de impuestos, inyección de liquidez para bancos y empresas, sistemas de crédito y otras medidas de política monetaria. Para diseñar y aplicar estas medidas hay que tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las medidas redujeron de forma eficaz el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 pero no evitaron una pérdida significativa de producción, un elevado número de quiebras e insolvencias y un acusado aumento del desempleo y del número de personas en riesgo de pobreza, algunas de ellas en situaciones vulnerables (por ejemplo, las personas con discapacidades). Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2020, se espera que en 2020 el desempleo aumente de forma moderada hasta aproximadamente el 6,5 %, antes de descender por debajo del 6 % en 2021.

                  (16)

                  La actual crisis de la COVID-19 destaca la necesidad de que Dinamarca siga reforzando la resiliencia de su sistema sanitario. Una cuestión especialmente preocupante es la escasez de personal sanitario y la falta de personal médico y de enfermería especializado, por ejemplo, en cuidados intensivos (en particular enfermeras de anestesia). Es esencial realizar esfuerzos constantes para hacer frente a esta escasez de mano de obra. A corto plazo, Dinamarca debe esforzarse por garantizar la disponibilidad de productos médicos esenciales, incluidos los equipos de protección individual para el personal sanitario. Se está investigando para descubrir no solo un tratamiento antiviral y una vacuna, sino también cómo realizar pruebas mejores y más rápidas.

                  (17)

                  Para impulsar la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada, por ejemplo, mediante las reformas pertinentes. Dinamarca está obteniendo buenos resultados en la digitalización, como lo demuestra el cuadro de indicadores digitales de la Comisión Europea. Sin embargo, para que Dinamarca pueda mantener esta sólida posición a largo plazo, garantizar su competitividad y beneficiarse de la transformación digital, necesita invertir en infraestructuras digitales, así como en educación, formación y perfeccionamiento profesional. En el plan nacional de energía y clima de Dinamarca se informa de que son necesarias considerables inversiones para hacer frente con éxito a la transición climática y energética. Las mayores necesidades de inversión están relacionadas con la instalación de nuevas capacidades de energía renovable, pero también se han descubierto necesidades de inversión significativas en los hogares (eficiencia energética y conversión del suministro de calor), el transporte sostenible, la industria, el biogás y la calefacción urbana. Los objetivos de Dinamarca en materia de política climática son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70 % para 2030, en comparación con 1990, y conseguir la neutralidad climática como mucho en 2050. Para reflejar esto, sería necesario reducir el consumo de energía, lo que exigiría inversiones inscritas en un planteamiento global y que se centrasen en aquellos sectores en que los ahorros de energía son especialmente prometedores. Se podría impulsar la recuperación económica de la crisis derivada de la COVID-19 adelantando las inversiones ecológicas previstas y haciendo que progresen proyectos ambiciosos de inversión en infraestructuras, energía, clima y medio ambiente, por ejemplo, en vivienda, energía eólica marítima, conectividad energética y electrificación ferroviaria. En Dinamarca, el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la actuación política en este campo reviste especial pertinencia. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Dinamarca a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Ello permitiría a Dinamarca garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

                  (18)

                  En Dinamarca el gasto total en investigación y desarrollo (I+D) no ha tenido como resultado un mayor crecimiento de la productividad. Se echa en falta una estrategia de innovación integrada en la que se expresen claramente los objetivos que Dinamarca quiere lograr en el panorama mundial de la innovación. Las actividades de investigación e innovación siguen estando concentradas en un reducido número de grandes empresas y fundaciones, en su mayoría en el sector farmacéutico y de la biotecnología. Las ocho mayores empresas representan casi el 40 % del gasto total de I+D del sector privado (frente a la media mundial del 19 %). El gasto total en I+D sigue siendo elevado pero la cifra absoluta de empresas activas en este sector ha disminuido desde 2009, en gran medida porque las empresas de menor tamaño no practican la I+D. Solo el 33 % de las pymes han introducido innovaciones en productos o en procesos. Por eso podría ser necesario hacer más esfuerzos políticos por ampliar la base de innovación con el objetivo de incluir más empresas. Para hacer frente a las necesidades cambiantes de capacidades después de la pandemia de COVID-19 y también en previsión de futuros cambios tecnológicos, es necesario mantener una inversión constante en planes de perfeccionamiento y reciclaje profesionales, incluida la enseñanza de adultos.

                  (19)

                  Dinamarca ha tomado medidas para reforzar su marco de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). En 2019, se adoptó nueva legislación y las autoridades y reguladores nacionales empezaron a aplicar una serie de medidas para fortalecer el marco preventivo de LBC de Dinamarca. Se han conferido a la Autoridad de Supervisión Financiera facultades sancionadoras y se le ha asignado un presupuesto más elevado para mejorar su capacidad de supervisión en relación con la LBC. También han aumentado los efectivos y la financiación de la unidad de inteligencia financiera. Es esencial que el marco mejorado de LBC dé como resultado una supervisión y un control del cumplimiento efectivos. En concreto, el supervisor de LBC necesitará aplicar plenamente un enfoque basado en el riesgo. La capacidad mejorada de la unidad de inteligencia financiera deberá mostrar que se han resuelto de forma adecuada los puntos débiles destacados por el Tribunal de Cuentas danés.

                  (20)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (21)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Dinamarca contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (22)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Dinamarca en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (23)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Dinamarca que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario, por ejemplo garantizando que se dispone de suficientes productos médicos esenciales y haciendo frente a la escasez de personal sanitario.

                  2.

                  Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en la transición verde y digital, especialmente en la producción y consumo eficientes y limpios de energía, en el transporte sostenible y en la investigación y la innovación. Prestar apoyo a una estrategia de innovación integrada con una más amplia base de inversión.

                  3.

                  Mejorar la eficacia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y aplicar eficazmente el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 20.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Alemania 2020/C 282/05

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/27

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Alemania
      (2020/C 282/05)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Alemania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Alemania fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Alemania de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) («las recomendaciones específicas por país para 2019»), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Alemania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. A raíz de su análisis, la Comisión concluyó que Alemania está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el elevado superávit de la balanza por cuenta corriente refleja un nivel moderado de inversión en relación con el ahorro y tiene incidencia transfronteriza.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos, así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Alemania a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Alemania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 20 de abril de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020, el 30 de abril de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

                  (11)

                  Alemania se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 1,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 7,25 % del PIB en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 59,8 % en 2019, aumentaría hasta el 75,25 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Alemania ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, en 2020 esas medidas presupuestarias equivaldrán al 7,2 % del PIB. Las medidas incluyen disposiciones de apoyo a la liquidez para las empresas, el suministro de asistencia específica a las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia mediante préstamos y subvenciones, así como la facilitación del acceso a regímenes de reducción del tiempo de trabajo para evitar despidos. Por otra parte, Alemania ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 24,9 % del PIB. Se trata de garantías de préstamos proporcionadas principalmente por el banco público de desarrollo (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) y por el nuevo Fondo de Estabilización Económica, creado en respuesta a la pandemia de COVID-19. Al contrario que en el Programa de Estabilidad de 2020, en las estimaciones de la Comisión no se consideran como medidas discrecionales con repercusión presupuestaria los aplazamientos del pago de impuestos y las compensaciones presupuestarias por la disminución de la recaudación tributaria como consecuencia de la ralentización económica. Globalmente, las medidas tomadas por Alemania están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas alemanas sería del -7,0 % del PIB en 2020 y el -1,5 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 75,6 % del PIB en 2020 y el 71,8 % en 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Alemania del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  En Alemania, la primera infección se registró el 27 de enero de 2020 y el número de casos relacionados con la COVID-19 empezó a aumentar de manera exponencial en marzo de 2020. En ese momento, las autoridades alemanas respondieron adoptando medidas de confinamiento para contener la propagación del virus, como el cierre de todos los comercios minoristas no esenciales, restaurantes, locales culturales y de entretenimiento, instalaciones deportivas, escuelas y universidades. Quedaron prohibidas todas las reuniones públicas de más de dos personas y se pidió a la población que redujera al máximo los contactos sociales. La industria no ha estado sometida a medidas de confinamiento per se. Sin embargo, las grandes fábricas han permanecido cerradas a lo largo de varias semanas debido a la alteración de los intercambios comerciales con el extranjero y la compresión de la demanda. Las perspectivas económicas se han deteriorado considerablemente, y las previsiones de la Comisión de primavera de 2020 apuntan a un descenso del PIB del 6,5 % en 2020. Incluso si la extensión del régimen de reducción del tiempo de trabajo (Kurzarbeit) ayuda a las empresas a conservar sus plantillas, no parece posible evitar que aumente el desempleo. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumentará hasta el 4 % en 2020 y se recupere hasta alcanzar el 3,5 % en 2021.

                  (17)

                  Para amortiguar las repercusiones económicas, el Gobierno alemán ha reaccionado rápidamente adoptando medidas de gran alcance. Se ha liberado un importe de hasta 50 000 millones EUR en asistencia inmediata (subvenciones directas) a las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos y free lance. A través del Fondo de Estabilización Económica recientemente creado y del banco público de desarrollo KfW, el Gobierno ha ampliado las posibilidades de acceso a préstamos y el volumen de estos en favor de las empresas de todos los tamaños, al cubrir el 80-90 % del riesgo de crédito de los bancos prestamistas (en algunos casos específicos, hasta el 100 %). El Fondo de Estabilización Económica también puede ayudar a las grandes empresas alimentando sus recursos propios mediante la aportación temporal de capital adicional. Para apuntalar la liquidez de las empresas, se han modificado los aplazamientos y los pagos anticipados de impuestos, así como las sanciones tributarias. También se han modificado las normas de insolvencia para evitar procedimientos técnicos de insolvencia. Los distintos Estados federados (Länder) están complementando las medidas federales con sus propios programas de apoyo. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. Es probable que la crisis de la COVID-19 aumente la presión sobre la rentabilidad, ya de por sí baja, del sector bancario alemán. Así pues, parece justificado seguir reduciendo los costes para que los bancos alemanes puedan mejorar su rentabilidad y liberar fondos canalizables hacia la inversión en tecnologías de la información y la creación de capital orgánico. Una mayor consolidación también ayudaría a este respecto.

                  (18)

                  Tras la positiva evolución que había experimentado a principios del año, la situación del mercado de trabajo se ha deteriorado como resultado de la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento correspondientes. Para amortiguar las consecuencias sociales y sobre el empleo de la crisis, el Gobierno ha proporcionado un apoyo sustancial a través del régimen de reducción del tiempo de trabajo (Kurzarbeit). Ha suavizado las condiciones para acceder a él, ha extendido retroactivamente el régimen a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y ha aumentado el nivel de las compensaciones que contempla. Ello contribuye al mantenimiento del empleo y a la protección de la renta de los hogares. Los empresarios están recibiendo una ayuda financiera al no tener que pagar las cotizaciones a la seguridad social por el tiempo de trabajo perdido. La facilitación del acceso a las ayudas a la renta mínima (en virtud del tomo II del Código Social de Alemania, Sozialgesetzbuch) permite aliviar las pérdidas de ingresos. Por otro lado, las familias con bajos ingresos están recibiendo ayuda a través de la facilitación del acceso a las prestaciones por hijos. Además, los inquilinos que puedan verse afectados por una pérdida de ingresos han sido protegidos temporalmente contra el desahucio. Alemania presenta buenos resultados en el cuadro de indicadores sociales basado en el pilar europeo de derechos sociales, pero las diferencias de cobertura, si no se corrigen, pueden dar lugar a una reducción de los ingresos de los grupos vulnerables en el contexto de la crisis actual.

                  (19)

                  En cuanto a la mitigación de las consecuencias sanitarias, el sistema sanitario alemán de cobertura universal proporciona una asistencia de gran calidad y ha logrado aumentar rápidamente la capacidad de realización de pruebas y prestación de cuidados intensivos. La actual crisis de la COVID-19 subraya, no obstante, la continua necesidad de reforzar la resiliencia del sistema sanitario. La disponibilidad de personal de enfermería y el atractivo de esa profesión siguen siendo cuestiones problemáticas. A pesar de que el número de enfermeros en ejercicio per cápita es comparativamente elevado, los hospitales denuncian que cada vez son más numerosas las plazas de personal de enfermería que quedan vacantes. También podría fomentarse y mejorarse, mediante herramientas digitales, la coordinación entre los prestadores de servicios sanitarios en la asistencia primaria y en la hospitalaria y entre la asistencia sanitaria y la asistencia social. Aunque el despliegue de la infraestructura de sanidad electrónica se está acelerando, el recurso a los servicios sanitarios y de asistencia en línea, a las recetas electrónicas y al intercambio de datos médicos sigue muy por debajo de la media de la Unión. Una nueva ley aprobada en marzo de 2020 contribuye a mitigar las consecuencias económicas de la COVID-19, principalmente para los hospitales y los médicos del sector privado. No obstante, a fin de mantener la asistencia en todos los ámbitos deberá garantizarse la financiación a largo plazo de los centros de salud, dado que el aplazamiento de las intervenciones quirúrgicas y de los tratamientos no indispensables está mermando sus ingresos financieros, y los recursos disponibles se están destinando a la adquisición de pruebas y equipos prioritarios. Alemania cuenta con una sólida base científica y tiene capacidad para emprender medidas específicas de investigación e innovación de respuesta a la crisis de la COVID-19 como el desarrollo de vacunas y terapias y el despliegue de una red que vincule y refuerce las actividades de investigación de las clínicas universitarias alemanas— y para prestar apoyo a la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias.

                  (20)

                  Para fomentar la recuperación económica, será importante concentrar inicialmente la atención en los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada. La inversión pública y privada siguió aumentando intensamente en 2019, pero se mantuvo por debajo de las necesidades de inversión. La inversión pública está por debajo de la tasa de sustitución a nivel municipal, en cuyo ámbito se han reducido las inversiones pendientes, aunque siguen situándose por encima del 4,0 % del PIB y viéndose constreñidas por las limitaciones de capacidad y planificación. Pueden adelantarse las inversiones ya planificadas en tecnologías y fuentes de energía ecológicas, por ejemplo, proyectos en los ámbitos de la renovación de edificios y las energías renovables. A pesar de las recientes iniciativas, la consecución de los objetivos de descarbonización a corto y medio plazo y de neutralidad climática para 2050 sigue siendo problemática. Lo mismo cabe decir en relación con los objetivos medioambientales y de eficiencia energética, pues la evolución de los precios, teniendo en cuenta especialmente la reducción de los precios del petróleo que ha propiciado la actual crisis de la COVID-19, desincentiva los comportamientos respetuosos con el clima y el medio ambiente. La transformación de Alemania en una economía climáticamente neutra requerirá destinar cuantiosas inversiones públicas y privadas, durante un largo período, a las energías renovables, las infraestructuras eléctricas, la eficiencia energética, la economía circular y el transporte sostenible, entre otros ámbitos. Además, la Oficina Federal de Auditoría alemana ha criticado la eficiencia en términos de costes de las medidas relacionadas con la transición a las energías verdes. Es necesario multiplicar los esfuerzos y seguir invirtiendo en las redes de energía para poder aprovechar las ventajas de un sistema energético sostenible y plenamente integrado, en el que los precios emitan señales coherentes. La movilidad limpia puede fomentarse con medidas reglamentarias adecuadas y aumentando y acelerando la inversión en la infraestructura de transporte sostenible y las soluciones de movilidad no contaminante. Para orientar la recuperación hacia una economía más sostenible y competitiva es esencial contar con inversión adicional en investigación y desarrollo (I+D). El gasto en educación e investigación aumentó ligeramente, del 9,2 % en 2017 al 9,31 % del PIB en 2018, por debajo del anterior objetivo nacional del 10 %. La inversión privada en I+D se concentra cada vez más en las grandes empresas. La oferta de viviendas se mantuvo muy por debajo del objetivo anual de construir 375 000 nuevos pisos entre 2017 y 2021, a pesar de las medidas adoptadas. Las políticas de fomento de la inversión en nuevas viviendas solucionarían este desequilibrio y mejorarían la asequibilidad de la vivienda. La programación del Fondo de Transición Justa, que es objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Alemania a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios que figuran en el anexo D del informe del país de 2020, de modo que Alemania pueda aprovechar el Fondo al máximo.

                  (21)

                  Contar con una infraestructura y unos servicios digitales modernos es crucial cuando la movilidad está restringida. Las inversiones en la infraestructura y los servicios públicos digitales pueden apoyar la recuperación económica y contribuir a reducir la brecha, aún importante, que separa a Alemania de otros países en lo que respecta a la cobertura de las redes de capacidad muy elevada. En Alemania, en 2019 dicha cobertura era del 32,7 %, frente a la media de la Unión del 44 %, y la cobertura de fibra hasta las instalaciones era del 10,5 %, un porcentaje muy inferior a la media de la Unión, del 33,5 %. La crisis de la COVID-19 ha subrayado la importancia que revisten los servicios digitales conectados. Las lagunas en materia de conectividad pueden ser uno de los principales factores que dificulten la inversión en la digitalización, en particular entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que siguen adoptando lentamente las tecnologías digitales. En cuanto a los servicios públicos digitales, Alemania sigue rezagada respecto a los Estados miembros, a pesar de la mejora de estos servicios para las empresas. Sin embargo, el nivel de interacción en línea entre los poderes públicos y la población en general es muy bajo. La aplicación de la Ley de Acceso en Línea avanza lentamente, y será difícil cumplir el objetivo de digitalizar los 575 servicios para finales de 2022. A fin de generar una mejora más significativa en la administración pública digital, todos los organismos públicos involucrados (federales, estatales y locales) deben aplicar la Ley.

                  (22)

                  Es importante que las cargas reglamentarias y administrativas sigan siendo reducidas para la aplicación de las medidas de apoyo y de otro tipo. Reducir al máximo la carga administrativa para poder acceder a las medidas de apoyo permitirá garantizar que las empresas más pequeñas reciban el mismo apoyo de los intermediarios que las de mayor tamaño. Reducir otras cargas administrativas ampliando la perspectiva, es decir, más allá de las medidas de apoyo, por ejemplo aplicando con flexibilidad los procedimientos burocráticos no esenciales, también puede ayudar a las pymes.

                  (23)

                  Ya antes del surgimiento de la crisis de la COVID-19 el progreso tecnológico estaba transformando el mercado de trabajo y, por ende, exigiendo incrementar la financiación destinada a la educación y la formación, por ejemplo al reciclaje, a la formación complementaria y a la mejora de las cualificaciones digitales. La crisis de la COVID-19 ha hecho esta necesidad aún más acuciante, en particular en lo que respecta a quienes trabajan en sectores que pueden verse afectados por las medidas de distanciamiento social durante más tiempo o a quienes podrían quedarse sin empleo. El acelerón de la digitalización de la sociedad y la enseñanza en casa pueden suponer dificultades especialmente para los alumnos vulnerables y los estudiantes que no tienen acceso a soluciones digitales o apoyo en su hogar, incluidos los estudiantes con discapacidad. Es preciso prestar especial atención para que todos los alumnos y estudiantes puedan adquirir las competencias clave recogidas en los planes de estudios y que los meses de perturbación provocada por la COVID-19 no generen situaciones de desventaja permanentes. Existe el riesgo de que se agudicen las desigualdades ya existentes en cuanto a las capacidades básicas, vinculadas a contextos socioeconómicos y migratorios. La crisis ha puesto de relieve la importancia de seguir desarrollando el sistema educativo para promover una recuperación inteligente e inclusiva y para seguir impulsando la transición ecológica y digital.

                  (24)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (25)

                  El Semestre Europeo establece el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Alemania contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (26)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Alemania debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para la zona del euro en 2020 y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (27)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Alemania y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Alemania en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Alemania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante la realización de aportaciones a nivel de la Unión a las decisiones nacionales futuras.

                  (28)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (29)

                  En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en la recomendación 2.

            RECOMIENDA a Alemania que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, impulsar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Movilizar recursos adecuados y reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular mediante el despliegue de servicios sanitarios electrónicos.

                  2.

                  Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en el transporte sostenible, los sistemas energéticos limpios, eficientes e integrados, la infraestructura y las capacidades digitales, la vivienda, la educación y la investigación y la innovación. Mejorar los servicios públicos digitales en todos los niveles y fomentar la digitalización en las pymes. Reducir las cargas reglamentarias y administrativas impuestas a las empresas.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 24.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.