title: Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2017, con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía

text:
               6.7.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 216/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 16 de junio de 2017
   con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía
   (2017/C 216/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros deben fomentar unas finanzas públicas saneadas a medio plazo mediante la coordinación de las políticas económicas y la vigilancia multilateral con el fin de evitar déficits públicos excesivos.

               (2)

               El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Rumanía que limitara la desviación con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograra un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo se cumpliese con un menor esfuerzo presupuestario (2).

               (4)

               En 2016, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión y los datos de ejecución de 2016 validados por Eurostat, la situación del saldo estructural se deterioró al pasar del -0,6 % del PIB, es decir por encima del objetivo presupuestario a medio plazo del -1 % del PIB, al -2,6 % del PIB, lo que indica una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo (es decir, una desviación del 1,6 % del PIB). El crecimiento del gasto público, excluidas las medidas puntuales y las medidas discrecionales relativas a los ingresos, se situó muy por encima del valor de referencia para el gasto, lo que también indica una desviación significativa (es decir, una desviación del -2,0 % del PIB). La diferencia en los indicadores se debe principalmente a las diferentes tasas anuales de crecimiento potencial del PIB nominal utilizadas en su cálculo. Independientemente de esa diferencia, ambos indicadores confirman una desviación importante respecto de los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2016.

               (5)

               El 22 de mayo de 2017, tras una evaluación global, la Comisión constató que en Rumanía se observa una importante desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo y dirigió una advertencia a ese país con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del Tratado y el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.

               (6)

               Según el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, en el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia, el Consejo debe formular una recomendación al Estado miembro afectado para que adopte las medidas necesarias. El Reglamento (CE) n.o 1466/97 dispone que la recomendación fijará un plazo máximo de cinco meses para que el Estado miembro corrija la desviación. Sobre esa base, parece apropiado fijar el 15 de octubre de 2017 como fecha límite para que Rumanía corrija la desviación. Dentro de este plazo, Rumanía debe informar sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

               (7)

               Se estima que en 2016 el saldo estructural de Rumanía registró una desviación del 1,6 % del PIB respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión respecto a la brecha de producción, Rumanía se halla en un período económico normal en 2017, y la ratio de deuda de las administraciones públicas se sitúa por debajo del umbral del 60 % del PIB. El esfuerzo estructural requerido mínimo prescrito por el Reglamento (CE) n.o 1466/97 y la matriz de ajuste, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los posibles problemas de sostenibilidad, asciende al 0,5 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé un deterioro del saldo estructural del 1,3 % del PIB en 2017. Por consiguiente, una mejora estructural no inferior al 0,5 % del PIB en 2017 exige adoptar medidas con un rendimiento total del 1,8 % del PIB con respecto a la base de referencia actual de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión. Dado el tamaño considerable del esfuerzo de saneamiento estructural exigido a resultas del ajuste mínimo requerido en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no procede exigir ningún ajuste adicional, aparte de los requisitos mínimos del 0,5 % del PIB.

               (8)

               La mejora del saldo estructural requerida, del 0,5 % del PIB en 2017, es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 3,3 % en 2017 (3).

               (9)

               Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión anuncian un déficit de las administraciones públicas del 3,5 % del PIB en 2017, cifra que es superior al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El ajuste estructural requerido parece también adecuado para garantizar que el déficit general de las administraciones públicas en Rumanía respete el umbral del 3 % del PIB en 2017.

               (10)

               Resulta oportuno que la presente Recomendación se haga pública.

               (11)

               Al objeto de alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados, es fundamental que Rumanía adopte y aplique estrictamente las medidas necesarias y realice un estrecho seguimiento de la evolución del gasto corriente.

         RECOMIENDA:
   QUE RUMANÍA

               1)

               tome las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB y situará al país en la senda adecuada de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               2)

               utilice todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit. Las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento.

               3)

               informe al Consejo a más tardar el 15 de octubre de 2017 sobre las medidas que adopte en respuesta a la presente Recomendación.

      El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.
      Hecho en Luxemburgo, el 16 de junio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         E. SCICLUNA

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

      (2)  Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Rumanía y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Rumanía (DO C 299 de 18.8.2016, p. 73).

      (3)  El gasto público neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto para programas de la Unión cubierto totalmente por ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y las variaciones no discrecionales del gasto de las prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo se verá facilitada a lo largo de un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales por el lado de los ingresos y del gasto se integran sobre una base neta.


title: Recomendación de la Comisión, de 3 de junio de 2005, sobre unas directrices comunes para las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación [notificada con el número C(2005) 1648]

text:
               18.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 186/1

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 3 de junio de 2005
   sobre unas directrices comunes para las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación
   [notificada con el número C(2005) 1648]
   (Los textos en lengua alemana, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca son los únicos auténticos)
   (2005/491/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 106, apartado 2, del Tratado, los Estados miembros podrán realizar emisiones de moneda metálica, para las cuales será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión.

               (2)

               Conforme al artículo 106, apartado 2, segunda frase, del Tratado, el Consejo ha adoptado medidas armonizadas en este ámbito, mediante el Reglamento (CE) no 975/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación (1).

               (3)

               De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (2), las monedas denominadas en euro o en cent que se ajusten a las denominaciones y especificaciones técnicas deberán ser de curso legal en todos los Estados miembros «participantes» en el sentido del Reglamento. Desde su puesta en circulación el 1 de enero de 2002, estas monedas circulan en toda la zona del euro.

               (4)

               El Consejo EcoFin informal de Verona acordó en abril de 1996 que las monedas en euros deberían tener un diseño común en el reverso y un diseño nacional distintivo en el anverso. Los diseños comunes para las distintas denominaciones fueron seleccionados por los jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de diciembre de 1997 celebrado en Amsterdam, sobre la base de los resultados de un concurso organizado por la Comisión. Los diseños de las caras nacionales de las monedas en euros son seleccionados por cada Estado miembro.

               (5)

               El 8 de diciembre de 2003, el Consejo acordó levantar la moratoria sobre la emisión de monedas conmemorativas destinadas a la circulación, que había sido establecida por el Consejo EcoFin el 23 de noviembre de 1998. A partir de 2004, y a condición de respetar ciertas limitaciones, los Estados miembros, a fin de conmemorar un acontecimiento específico o una personalidad, pueden emitir monedas conmemorativas en euros destinadas a la circulación con un diseño nacional distinto del diseño normal de las monedas en euros destinadas a la circulación, de conformidad con la Recomendación 2003/734/CE de la Comisión, de 29 septiembre de 2003, sobre un procedimiento común para la modificación del diseño de la cara nacional en el anverso de las monedas en euros destinadas a la circulación (3). Por otra parte, el Consejo acordó la posibilidad de cambiar la cara nacional normal cuando cambie el Jefe de Estado cuya efigie figura en la moneda. Asimismo, a finales de 2008 podrá reconsiderarse la moratoria para los cambios de las caras nacionales por otros motivos.

               (6)

               Tras la ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004, varios de los nuevos Estados miembros han comenzado a prepararse para la adopción del euro. La selección de las caras nacionales de sus monedas en euros forma parte de estos preparativos.

               (7)

               A la luz del creciente número de caras nacionales diferentes, las directrices comunes para la selección de las caras nacionales de las monedas destinadas a la circulación, tanto normales como conmemorativas, que se formulan en la presente Recomendación, reforzarán la coherencia global del sistema de acuñación de las monedas en euros.

               (8)

               Las monedas en euros no sólo circulan en el país emisor, sino en toda en la zona del euro, e incluso fuera de la misma. Como consecuencia de ello, la proporción de monedas en circulación que no lleva la cara nacional está aumentando en cada uno de los países de la zona del euro. En este contexto, una clara indicación del país emisor deberá constar en la cara nacional con el fin de permitir a los usuarios interesados identificar fácilmente el país de origen de las monedas.

               (9)

               Las caras comunes europeas de las monedas en euros llevan el nombre de la moneda única y la denominación de la moneda. En la cara nacional no deberá repetirse el nombre de la moneda única ni la denominación de la moneda. La leyenda grabada en el canto de la moneda de 2 euros puede llevar una indicación de la denominación a condición de que se emplee únicamente la cifra «2» y/o la palabra «euro», de conformidad con las prácticas existentes en la mayoría de los Estados miembros.

               (10)

               Dado que las monedas en euros circulan en toda la zona del euro, las características de su cara nacional son en cierta medida un asunto de interés común. Los Estados miembros deberán informarse mutuamente de las nuevas caras nacionales antes de adoptar una decisión definitiva. A este efecto, los Estados miembros deberán comunicar los diseños de sus nuevas monedas en euros (incluida la leyenda grabada en el canto de la moneda de 2 euros) a la Comisión, que procederá a su difusión. Esta operación deberá llevarse a cabo evitando retrasos indebidos.

               (11)

               Los Estados miembros han sido consultados acerca de las directrices formuladas en la presente Recomendación con objeto de tener en cuenta las diferentes prácticas y preferencias nacionales en este ámbito.

               (12)

               La Comunidad ha celebrado acuerdos monetarios con el Principado de Mónaco, la República de San Marino y el Estado de la Ciudad del Vaticano, en virtud de los cuales estos Estados pueden emitir ciertas cantidades de monedas en euros destinadas a la circulación. Las presentes directrices comunes también deberán ser aplicables a las monedas destinadas a la circulación emitidas por estos Estados.

         RECOMIENDA:
   Artículo 1
   Identificación del Estado miembro emisor
   Las caras nacionales de todas las denominaciones de las monedas en euros destinadas a la circulación deberán llevar una indicación del Estado miembro emisor, consistente en el nombre de dicho Estado miembro o en una abreviatura del mismo.
   Artículo 2
   Ausencia del nombre de la moneda y de su denominación

               a)

               La cara nacional no deberá repetir ninguna indicación de la denominación de la moneda, o de partes de la misma, ni el nombre de la moneda única o su unidad fraccionaria, a menos que dicha indicación se derive del empleo de un alfabeto diferente.

               b)

               La leyenda grabada en el canto de la moneda de 2 euros puede llevar una indicación de la denominación a condición de que se emplee únicamente la cifra «2» y/o la palabra «euro».

         Artículo 3
   Procedimiento de información
   Los Estados miembros deberán informarse mutuamente de los diseños de las nuevas caras nacionales, incluidas las leyendas grabadas en el canto de las monedas, antes de de aprobar oficialmente dichos diseños. A este efecto, el Estado miembro emisor deberá comunicar los nuevos diseños a la Comisión, que, en su caso, informará sin demora a los demás Estados miembros a través del subcomité competente del Comité Económico y Financiero. Toda la información pertinente sobre los nuevos diseños nacionales de las monedas en euros se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Ámbito de aplicación de las prácticas recomendadas
   La presente Recomendación deberá aplicarse a las caras nacionales y a las leyendas grabadas en el canto de las monedas en euros destinadas a la circulación, tanto normales como conmemorativas. No se aplicará a las caras nacionales ni a las leyendas grabadas en el canto de las monedas en euros destinadas a la circulación normales o conmemorativas que se hayan emitido por primera vez antes de la adopción de la presente Recomendación.
   Artículo 5
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Decisión son todos los Estados miembros mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 974/98.

      Hecho en Bruselas, el 3 de junio de 2005.

            Por la Comisión

         Joaquín ALMUNIA

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 139 de 11.5.1998, p. 6. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 423/1999 (DO L 52 de 27.2.1999, p. 2).

      (2)  DO L 139 de 11.5.1998, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2596/2000 (DO L 300 de 29.11.2000, p. 2.).

      (3)  DO L 264 de 15.10.2003, p. 38.


title: Recomendación n° 950/79/CECA de la Comisión, de 14 de mayo de 1979, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre determinadas fundiciones hematites originarias de Brasil pero procedentes de un tercer país

text:
 11 /Vol . 28                                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         11
 379L0950KSG
 16 . 5 . 79                                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                              N° L 120 / 11
                                       RECOMENDACION N° 950/ 79 /CECA DE LA COMISION
                                                              de 14 de mayó de 1979
                 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre determinadas fundiciones hema
                                          tites originarías de Brasil pero procedentes de un tercer país
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,                                     Considerando que el examen preliminar de los hechos
Visto el Tratado que establece la Comunidad Europea                          había demostrado la existencia de dumping y de suficien
del Carbón y del acero, y en particular sus artículos 74 y                   tes elementos de prueba según los cuales se había produ
86 ,                                                                         cido un perjuicio y que los intereses de la Comunidad
                                                                             exigían una acción inmediata, la Comisión, mediante la
Vista la Recomendación 77/ 329/CECA de la Comisión,                          Recomendación n° 294 /79/ CECA (6), estableció un de
de 15 de abril de 1977 , relativa a la defensa contra las                    recho antidumping provisional para las importaciones an
prácticas de dumping, primas o subvenciones por parte                        tes mencionadas ;
de los países no miembros de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero ('), modificada por las Recomenda                        Considerando que durante el examen de los hechos,
ciones n° 3004 /77/CECA (2), y n° 158 /79/CECA (3), y                        completado después del establecimiento del derecho anti
en particular, sus artículos 17 y 19,                                        dumping provisional, la Comisión concedió a las partes
Tras haber oído los anuncios emitidos en el seno del Co                     interesadas la posibilidad de dar a conocer su punto de
mité consultivo previsto por la Recomendación 77 / 329 /                     vista por escrito ; que concedió a las partes directamente
CECA ;                                                                       implicadas que lo solicitaban la posibilidad de desarrollar
Considerando que la Comisión publicó unos precios de                         su punto de vista verbalmente ;
base (4), establecidos a partir de los precios normales o
de los más bajos costes normales de producción en el o                       Considerando no obstante que, en la medida en que las
en los países abastecedores en los que reinan condiciones                    partes interesadas no aprovecharon la oportunidad para
normales de competencia e, incluyendo los gastos de                          realzar su punto de vista o para formular sus alegaciones
transporte y de seguro así como los derechos de aduana ;                     en cuanto a los temas esenciales de la investigación, la
                                                                             Comisión tuvo que fundar sus conclusiones en los datos
Considerando que fue sometida a la Comisión una que                         de que se disponía ;
ja, presentada en nombre del sector económico de la Co
munidad implicado, que contiene elementos de prueba
en cuanto a la existencia de unas prácticas de dumping,                      Considerando que, en este caso, la Comisión fundó del
que se refieren a determinadas fundiciones hematites ori                    cálculo del dumping en los precios de base, calculados a
ginarias de Brasil, y del perjuicio importante que resulta                   partir de los costes de producción en un país considerado
de ello ;                                                                    como uno de los productores más eficientes del producto
                                                                             antes mencionado ; dichos costes fueron obtenidos a par
Considerando que las informaciones recibidas pusieron                        tir de los últimos datos publicados de que se disponía ;
de manifiesto que la queja era admisible y que podían
resultar necesarias unas medidas de defensa contra un
dumping, la Comisión comunicó oficialmente dichas in                        Considerando que dichos costes de producción fueron
formaciones a los exportadores e importadores notoria                       calculados teniendo en cuenta, entre otros , los siguientes
mente afectados, publicó en el Diario Oficial de las Co                     elementos : materias primas (incluidos el mineral de hie
munidades Europeas un anuncio de apertura del procedi                       rro, el aglomerado, las bolas, la chatarra, las ferroalea
miento de investigación relativa a las importaciones                         ciones y los demás materiales que contienen hierro así
objeto de la queja (5) y empezó a examinar los hechos en                     como los metales de fundición), costes de energía (co
coloboración con los Estados miembros ;                                      que, Juel oil, electricidad), costes de mano de obra, in
                                                                             cluidos los costes sociales, otros costes de explotación
(')  DO n° L 1 14 de 5 . 5 . 1977, p. 6.                                     (incluidos los gastos de conservación y de transporte) y
O    DO n° L 352 de 31 . 12 . 1977 , p . 13 .                                los costes del capital ; a cuyos elementos fue añadido un
C)   DO n° L 21 de 30. 1 . 1979, p. 14.                                      importe razonable para los demás gastos de administra
(4)  Véase la Comunicación de la Comisión de 31 de diciembre                 ción, de venta y otros así como para los beneficios ;
     de 1977 referente a los precios de base de determinados pro
     ductos siderúrgicos (DO n° L 353 de 31 . 12. 197, p. 1 ) modi
     ficada por las comunicaciones de 1 de abril de 1978 (DO n°              Considerando, por otra parte, que los precios interiores
     L 87 de 1 . 4 . 1978 , p. 4), de 13 de mayo de 1978 (DO n° L            en Brasil, de que la Comisión dispone, confirman la legi
     126 de 13 . 5 . 1978 , p. 6), de 5 de julio de 1978 (DO n° L            timidad de dichos precios de base ;
     183 de 5 . 7 . 1978 , p. 3) y de 30 de diciembre de 1978 (DO
     n° L 372 de 30 . 12 . 1978 , p . 2).
(5) DO n° C 35 de 8 . 2 . 1979, p. 3 .                                       (') DO n° L 41 de 16 . 2 . 1979, p . 29 .
 ---pagebreak---  12                                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       11 /Yol . 28
Considerando que los precios de importación en la Co            Considerando que dichos convenios, que la Comunidad
munidad de los productos objetos de la queja fueron              estima satisfactorios , permitieron, mediante la Recomen
comparados con dichos precios de base ;                          dación n° 720/79/CECA (*), que no se aplique más el
                                                                 derecho antidumping provisional que afectaba a las im
                                                                 portaciones directas ;
Considerando que dicha comparación de precios fue
efectuada sobre una base franco frontera comunitaria
tras el despacho de aduana ;                                     Considerando, sin embargo, que el convenio celebrado
                                                                 con Brasil no establece ninguna disciplina en cuanto a las
Considerando que el examen de los hechos demostró                importaciones indirectas que, como lo demuestra la ex
que los productos implicados se ofrecían para su impor          periencia de 1978 , sobre todo en el caso de Brasil, ame
tación en la Comunidad ayunos precios inferiores a los           nazan con comprometer el equilibrio del conjunto del
precios de base y que existía dumping, constituyendo             sistema de precios, tanto con respecto a los productores
dicha subcotización el margen de dumping ;                       europeos como a los productores de los demás países ab
                                                                 astecedores que hayan renovado los convenios relativos
                                                                 al comercio de los productos siderúrgicos ;
Considerando qúe, en lo que refiere al perjuicio ocasio
nado al sector económico implicado, los elementos de
prueba sometidos a la Comisión revelan que, por una              Considerando que, en las graves circunstancias que atra
parte, las importaciones de los productos implicados au         viesa el sector siderúrgico comunitario, los intereses de la
mentaron, puesto que pasaron globalmente de 416 000              Comunidad exigen el establecimiento de un derecho an
toneladas en 1974 a 713 000 toneladas en 1977 ; aumen           tidumping definitivo y la percepción definitiva del im
taron por su parte las importaciones originarias de Brasil       porte garantizado en concepto de derecho provisional,
de 0 toneladas a 401 000 toneladas durante el mismo pe          en lo que se refiere a las importaciones indirectas ;
ríodo ; que, por esto, las importaciones totales han po
dido llegar a representar el 33 % del mercado comunita
rio frente al 19 % de este mismo mercado que suponen             Considerando que el importe de dicho derecho- definitivo
las importaciones originarias de Brasil ; que, en 1978 , la      debe corresponder a la diferencia entre el precio de base
adopción de medidas antidumping y la celebración de              publicado por la Comisión para los productos de que se
acuerdos, relativos al comercio de productos siderúrgi          trata y los precios de importación en la Comunidad te
cos, entre la Comunidad y la mayor parte de los países           niendo en cuenta cualquier reducción de valor solicitada
abastecedores influyeron sobre la evolución de las impor        por los importadores y demostrada satisfactoriamente a
taciones ; que, sin embargo, Brasil pudo conservar una           las autoridades nacionales competentes,
importante participación en el mercado, es decir el 12 % ,
durante los nueve primeros meses de 1978 ; que, por otra
parte, la industria comunitaria se encuentra en una situa
                                                                 FORMULA LA SIGUIENTE RECOMENDACION :
ción de crisis caracterizada por una reducción aproxi
mada alrededor de 28,2 % de los abastecimientos en la
Comunidad, de los productos de que se trata entre 1974
y 1978 , y por despidos y reducciones de horario para la                                    Artículo 1
plantilla de la s empresas afectadas que pasó de unas
6 000 a 4 000 personas entre 1974 y 1978 y que, por úl          1 . Queda establecido un derecho antidumping defini
timo, el sector comunitario registró una reducción de los        tivo sobre los siguientes productos , originarios de Brasil
beneficios o la aparición de graves pérdidas en la mayor         y procedentes de un tercer país :
parte de las empresas del sector ;
                                                                         Número del
                                                                      arancel aduanero             Designación de la mercancía
                                                                           común
Considerando que los precios de importación, en la Co
munidad , de los productos originarios de Brasil fueron
con mucho inferiores a los precios de venta en la Comu
                                                                 ex 73.01 B                 Fundiciones hematites que contienen
                                                                 (códigos Nimexe :          más del 1 % de silicio y cuyo peso de
nidad de dichos productos fabricados por la industria eu        73.01-23 y 25 )            manganeso equivale o supera el
ropea ;                                                                                0,1 °/o
Considerando, por consiguiente, que la comprobación              2 . El importe de dicho derecho será igual a la diferen
definitiva de los hechos revela que un perjuicio impor          cia entre el precio contractual efectivo (precio de base
tante fue ocasionado a la producción de la Comunidad o           más extra) establecido franco frontera después de su des
que semejante perjuicio había sido ocasionado si no se           pacho de aduana y el último precio efectivo (precio de
hubieran aplicado unas medidas provisionales, en razón           base más extra) publicado por la Comisión para dicho
de las importaciones originarias de Brasil ;                     producto en el momento de salir al mercado en la Co
                                                                 munidad .
Considerando, no obstante, que fueron celebrados deter
minados convenios, respecto de las importaciones direc
tas de los productos de que se trata, entre la Comunidad
y Brasil ;                                                       (') DO n° L 92 de 11 . 4. 1979, p. 10 .
 ---pagebreak---  11 /Vol . 28                           Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       3
3 . No obstante deberá reducirse el importe de dicho             birán definitivamente en la medida en que no superen el
derecho en la medida en que el importador demuestre              tipo de derecho establecido en la presente Reomenda
satisfactoriamente a las autoridades nacionales compe           ción .
tentes, que la diferencia en el precio anteriormente men
cionada en el apartado 2 se deba a una reducción de va                                  Artículo 3
lor resultante de que la calidad de los productos es infe
rior a la más baja de las calidades descritas en la última
                                                                 La presente Recomendación se comunicará a los Estados
publicación sobre los precios de base efectuada por la           miembros .
Comisión .
4 . El mencionado derecho antidumping se percibirá               Entrará en vigor en cada Estado miembro el día de su
según las mismas modalidades que los derechos de                 publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Euro
aduana .                                                         peas.
                         Artículo 2                              Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 1979.
Los importes garantizados en concepto de derecho pro                                                  Por la Comisión
visional de conformidad       con   la Recomendación n°
                                                                                Wilhelm HAFERKAMP
294 /79/CECA, que se refieren a los productos origina
rios de Brasil pero procedentes de un tercer país se perci                                              Vicepresidente


title: CE: Recomendación de la Comisión, de 15 de febrero de 2005, relativa al papel de los administradores no ejecutivos o supervisores y al de los comités de consejos de administración o de supervisión, aplicables a las empresas que cotizan en bolsa (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               25.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 52/51

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 15 de febrero de 2005
   relativa al papel de los administradores no ejecutivos o supervisores y al de los comités de consejos de administración o de supervisión, aplicables a las empresas que cotizan en bolsa
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2005/162/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el segundo guión de su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En una Comunicación adoptada el 21 de mayo de 2003, la Comisión presentó su Plan de Acción «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar» (1). Los principales objetivos del Plan de Acción son el fortalecimiento de los derechos de los accionistas y la protección de empleados, acreedores y terceros con quienes tratan las empresas, adaptando convenientemente las normas del derecho de sociedades y la gobernanza empresarial a las diferentes categorías de empresas, y estimular la eficacia y la competitividad de las empresas, prestando una atención especial a determinados problemas transfronterizos específicos.

               (2)

               En su Resolución de 21 de abril de 2004, el Parlamento Europeo mostró su satisfacción por el Plan de Acción y expresó su firme apoyo a la mayoría de las iniciativas anunciadas. El Parlamento Europeo invitó a la Comisión a que propusiera normas para eliminar y prevenir conflictos de interés y destacó, en particular, la necesidad de que las empresas que cotizan en bolsa tengan un comité de auditoría, entre cuyas funciones se incluyan la supervisión de la independencia, la objetividad y la eficacia del auditor externo.

               (3)

               Las empresas contratan administradores no ejecutivos o supervisores para diversos fines. El papel de ellos tiene particular importancia a la hora de supervisar a los administradores ejecutivos o gerentes y ocuparse de las situaciones en las que aparezcan conflictos de interés. Es esencial promover esa función para devolver la confianza a los mercados financieros. Por todo ello se debe invitar a los Estados miembros a adoptar medidas que se apliquen a las empresas que cotizan en bolsa, definidas como las empresas cuyos valores estén admitidos a cotización en un mercado regulado de la Comunidad. Al aplicar la presente Recomendación, los Estados miembros deben tener en cuenta las características de los organismos de inversión colectiva de tipo empresarial y evitar desigualdades de trato innecesarias entre los diversos tipos de organismos de inversión colectiva. Por lo que respecta a los organismos de inversión colectiva definidos en la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (2), ésta dispone un conjunto de mecanismos de gobernanza específicos. Sin embargo, para evitar que otros organismos de inversión colectiva constituidos como empresa y no sujetos a la armonización comunitaria sufran desigualdades de trato innecesarias, los Estados miembros deben tener en cuenta si estos organismos de inversión colectiva no armonizados están sujetos a mecanismos de gobernanza equivalentes y, en su caso, en qué medida.

               (4)

               A la vista de la complejidad de muchas de las cuestiones planteadas, la adopción de normas vinculantes detalladas no es necesariamente la forma más deseable y eficaz de alcanzar los objetivos perseguidos. Muchos códigos de gobernanza empresarial adoptados por los Estados miembros tienden a basarse en la divulgación de información para fomentar su cumplimiento. Según el principio de «cumplir o explicar», se invita a las empresas a que señalen si cumplen el código y expliquen cualquier desviación sustancial respecto a éste. Este principio permite a las empresas reflejar los requisitos específicos del sector o la empresa y a los mercados valorar las explicaciones y justificaciones esgrimidas. Con el fin de estimular el papel de los administradores no ejecutivos o supervisores, se considera conveniente invitar a todos los Estados miembros a que den los pasos necesarios para introducir a nivel nacional un conjunto de disposiciones —inspirado en los principios presentados en esta Recomendación— aplicables en las empresas que cotizan en bolsa, basadas en el principio de «cumplir o explicar» o que se establezcan en virtud de la legislación.

               (5)

               Si los Estados miembros deciden aplicar el principio de «cumplir o explicar» (por el que se exige a las empresas que expliquen sus prácticas en relación con una serie definida de recomendaciones sobre mejores prácticas), deberán poder referirse a las recomendaciones pertinentes desarrolladas por los actores del mercado.

               (6)

               Cualquier medida que adopten los Estados miembros de acuerdo con la presente Recomendación debe tener por objetivo fundamental mejorar la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. Como este objetivo es pertinente para proteger a los inversores, reales o potenciales, de todas las empresas que cotizan en bolsa de la Comunidad, estén constituidas o no en uno de los Estados miembros, estas medidas deben cubrir también a las empresas constituidas en terceros países que coticen en bolsa en la Comunidad.

               (7)

               La presencia de representantes independientes en el consejo, con capacidad de impugnar las decisiones de la dirección, se considera en general como una forma de proteger los intereses de los accionistas y otras partes interesadas. En empresas de propiedad dispersa, la principal preocupación es cómo hacer que los gestores sean responsables ante los pequeños accionistas. En empresas con accionistas mayoritarios, se trata más bien de garantizar que la empresa se gestione de forma que tenga suficientemente en cuenta los intereses de los accionistas minoritarios. En ambos casos debe garantizarse la protección a las terceras partes. En consecuencia, sea cual sea la estructura formal del consejo presente en todas las empresas, la dirección debe estar sometida a una supervisión eficaz y suficientemente independiente. Se entenderá por independencia la ausencia de cualquier conflicto material de intereses; en este contexto debe prestarse especial atención a las amenazas que se deriven del hecho de que algún representante miembro del consejo tenga vínculos estrechos con algún competidor de la empresa.

               (8)

               Con el fin de garantizar que la dirección se someta a una supervisión eficaz y suficientemente independiente, el consejo de administración o de supervisión debe contar con el suficiente número de administradores no ejecutivos o supervisores, que, además de no ejercer tareas de gestión en la empresa o su grupo, sean independientes, es decir, no tengan ningún conflicto material de interés. Habida cuenta de los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros, la proporción de miembros independientes no debe definirse a nivel comunitario.

               (9)

               El papel de supervisión de los administradores no ejecutivos o supervisores se considera habitualmente crucial en tres ámbitos en los que la posibilidad de conflictos de intereses de la dirección es particularmente elevada, especialmente en aspectos que no son responsabilidad directa de los accionistas, a saber, el nombramiento de consejeros, las retribuciones de éstos y la auditoría. Por esta razón es conveniente estimular el papel de los administradores no ejecutivos o supervisores en estos ámbitos y fomentar la creación dentro del consejo de administración o de supervisión de comités responsables de nombramientos, retribuciones y auditoría.

               (10)

               En principio, y sin perjuicio de los poderes de la asamblea general, el consejo de administración o de supervisión en su conjunto es el único que dispone del poder de decisión estatutario y, como estructura colegial, es responsable colectivamente del buen cumplimiento de sus tareas. El consejo de administración o de supervisión tiene poder para determinar el número y estructura de los comités que considere apropiados para facilitar sus propias tareas, pero, en principio, estos comités no sustituirán a dicho consejo. Por esta razón, como regla general, los comités de nombramientos, remuneración y auditoría harán recomendaciones destinadas a preparar las decisiones que deba tomar el consejo de administración o de supervisión mismo. Sin embargo, no se debe impedir al consejo de administración o de supervisión que delegue una parte de su poder de decisión en los comités, cuando lo considere apropiado y la legislación nacional lo autorice, aunque dicho consejo siga siendo totalmente responsable de las decisiones adoptadas en su ámbito de competencia.

               (11)

               Dado que la identificación de los candidatos para ocupar los puestos vacantes en consejos unitarios o duales plantea cuestiones pertinentes para la selección de los administradores no ejecutivos o supervisores encargados de controlar a la dirección o pertinentes para el mantenimiento de los administradores en sus funciones, el comité de nombramientos debe estar formado principalmente por administradores no ejecutivos o supervisores independientes. Ello dejará cierto margen al comité de nombramientos para la presencia de administradores no ejecutivos o supervisores que no reúnan los criterios de independencia. También dejará margen para la presencia de administradores ejecutivos/gerentes (cuando el comité de nombramientos se haya creado dentro de un consejo unitario y siempre que no sean mayoría en ése).

               (12)

               Dados los diferentes enfoques de los Estados miembros respecto a los organismos responsables de nombrar y destituir a los administradores, el papel de los comités de nombramientos creados dentro del consejo de administración o de supervisión debe garantizar esencialmente que, en los casos en los que este consejo desempeñe un papel en los procesos de nombramiento y destitución (mediante su competencia para presentar propuestas o para tomar decisiones, con arreglo a la legislación nacional), esta tarea se ejecute de la forma más objetiva y profesional posible. Por esta razón, el comité de nombramientos debe, fundamentalmente, presentar recomendaciones al consejo de administración o de supervisión en relación con el nombramiento y destitución de administradores por el organismo competente con arreglo al derecho de sociedades nacional.

               (13)

               En materia de remuneraciones, los códigos de gobernanza empresarial vigentes en los Estados miembros tienen tendencia a centrarse en las retribuciones de los administradores ejecutivos o gerentes, ya que aquí se localizan esencialmente los posibles abusos y conflictos de interés. Muchos códigos consideran también que el consejo debe también ocuparse en alguna medida de la política de remuneraciones de los cuadros superiores. Por último, se presta especial atención a las opciones de compra de acciones. Dados los diferentes enfoques de los Estados miembros respecto a los organismos responsables de fijar las remuneraciones de los administradores, el papel de los comités de remuneraciones creados dentro del consejo de administración o de supervisión debe garantizar esencialmente que, en los casos en los que este consejo desempeñe un papel en los procesos para fijar las remuneraciones (mediante su competencia para presentar propuestas o para tomar decisiones, con arreglo a la legislación nacional), esta tarea se ejecute de la forma más objetiva y profesional posible. Por esta razón, el comité de remuneraciones debe, fundamentalmente, presentar recomendaciones al consejo de administración o de supervisión en asuntos de remuneración para que el organismo competente con arreglo al derecho de sociedades nacional adopte sus decisiones.

               (14)

               Se considera en general que dos de las responsabilidades clave del consejo de administración o de supervisión consisten en garantizar que los informes financieros y la información correspondiente difundidos por la empresa presenten una imagen exacta y completa de su situación y en controlar los procedimientos establecidos para la evaluación y la gestión de los riesgos. En este contexto, la mayoría de códigos de gobernanza empresarial asignan al comité de auditoría un papel esencial para ayudar al consejo de administración o de supervisión a cumplir estas tareas. En algunos Estados miembros, estas responsabilidades se atribuyen, en todo o en parte, a órganos corporativos exteriores al consejo de administración o de supervisión. Es conveniente, por lo tanto, prever que, en general, los comités de auditoría constituidos en el consejo de administración o de supervisión presenten recomendaciones al consejo de administración o de supervisión en relación con las cuestiones de auditoría mencionadas, pudiendo ejercer también esta función otros órganos —externos respecto al consejo de administración o de supervisión— que sean igualmente eficaces.

               (15)

               Para que los administradores no ejecutivos o supervisores desempeñen un papel efectivo, deben tener la competencia necesaria y disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo su trabajo. Además, un número suficiente de ellos debe reunir criterios de independencia apropiados. Antes del nombramiento de los administradores no ejecutivos o supervisores, debe proporcionarse una información adecuada al respecto y tal información debe actualizarse con la suficiente frecuencia.

               (16)

               En relación con las cualificaciones profesionales de los administradores, la mayoría de los códigos de gobernanza empresarial insisten en la necesidad de que en el consejo haya personas cualificadas, pero, al mismo tiempo, reconocen que la definición de las cualificaciones adecuadas debe corresponder a la empresa misma, pues depende, entre otras cosas, de las actividades, del volumen de negocios y del entorno de la empresa, y porque debe reunirlas el consejo en su conjunto. Sin embargo, un asunto que preocupa especialmente es el de la competencia necesaria para formar parte del comité de auditoría, función para la que se considera indispensable poseer algún tipo de conocimientos específicos. El consejo de administración o de supervisión debe por ello determinar la composición ideal del comité de auditoría y evaluarla periódicamente, debiendo prestar atención específica a la experiencia necesaria para formar parte del mismo.

               (17)

               Respecto al compromiso de los administradores, la mayoría de los códigos de gobernanza empresarial tratan de garantizar que dediquen el tiempo suficiente a sus funciones. Algunos de estos códigos limitan al número de cargos directivos que pueden tener en otras empresas. Se considera que los puestos de presidente o administrador ejecutivo o gerente tienen más exigencias que los de administrador no ejecutivo o supervisor, pero el número preciso de cargos directivos aceptable varía enormemente. Sin embargo, la implicación exigida a los administradores puede variar mucho según la empresa y su entorno; en tales condiciones se considera apropiado que cada administrador se comprometa a equilibrar adecuadamente el número de sus compromisos restantes.

               (18)

               Por lo general, los códigos de gobernanza empresarial adoptados por los Estados miembros reconocen la necesidad de que una proporción significativa de los administradores no ejecutivos o supervisores sean independientes, es decir, no tengan conflictos materiales de interés. En la mayoría de los casos se entiende por independencia la ausencia de vínculos estrechos con la dirección, los accionistas mayoritarios y la empresa misma. Ante la falta de una interpretación única de lo que signifique exactamente independencia, conviene ofrecer una definición general que describa el objetivo más amplio. Debe también ofrecerse una lista (no exhaustiva) de situaciones que reflejen las relaciones o circunstancias que generalmente se consideran generadoras potenciales de conflictos materiales de intereses, y que los Estados miembros deben considerar debidamente al introducir a nivel nacional cierto número de criterios apropiados que aplique el consejo de administración o de supervisión. Determinar qué constituye la independencia debe ser principalmente una tarea del consejo de administración o supervisión mismo. Cuando el consejo de administración o de supervisión aplique los criterios de independencia, debe centrarse en el fondo antes que en la forma.

               (19)

               Dada la importancia que se concede al papel de los administradores no ejecutivos o supervisores para restablecer la confianza y, de forma más general, para desarrollar prácticas de gobernanza empresarial sólidas, será conveniente seguir de cerca la aplicación de la presente Recomendación en los Estados miembros.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN I
   ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
   1.   Ámbito de aplicación
   1.1.   Se invita a los Estados miembros a dar los pasos necesarios para introducir a nivel nacional, mediante un planteamiento de «cumplir o explicar» o mediante normas legales, y con los instrumentos más acordes con su marco jurídico, un conjunto de disposiciones relativas al papel de los administradores no ejecutivos o supervisores y al de los comités de consejos de administración o de supervisión, aplicables a las empresas que cotizan en bolsa.
   Es conveniente tener debidamente en cuenta las peculiaridades de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios contemplados en la Directiva 85/611/CEE. Los Estados miembros deben también tener en cuenta las características específicas de los organismos de inversión colectiva de tipo empresarial que no están cubiertos por esta Directiva, cuya única finalidad es invertir los capitales obtenidos de inversores en una gama diversificada de activos y que no tratan de acceder al control jurídico o de gestión de los emisores de sus inversiones subyacentes.
   1.2.   Si los Estados miembros decidieran utilizar el modelo de «cumplir o explicar», de acuerdo con el cual se exige a las empresas que expliquen sus prácticas tomando como referencia una serie definida de recomendaciones sobre mejores prácticas, deberán exigir a las empresas que especifiquen anualmente las recomendaciones que no han observado (aclarando, en caso de recomendaciones cuyos requisitos tengan carácter permanente, en qué parte del ejercicio financiero se produjo esa situación) y explicar la amplitud —y las razones— de cualquier incumplimiento sustancial.
   1.3.   Cuando los Estados miembros tomen en consideración los principios contemplados en la presente Recomendación, deben tener en cuenta, en particular, los siguientes elementos:
   1.3.1.   Las funciones y características asignadas por los Estados miembros a los comités creados dentro del consejo de administración o de supervisión y propuestas en la presente Recomendación deben tener debidamente en cuenta los derechos y deberes de los órganos corporativos correspondientes definidos por la legislación nacional.
   1.3.2.   Los Estados miembros deben poder optar, en todo o en parte, por la creación dentro del consejo de administración o de supervisión de cualquiera de los comités con las características preconizadas en la presente Recomendación, o por la utilización de otras estructuras, externas al consejo de administración o de supervisión. Estas estructuras o procedimientos, que podrían ser obligatorios para las empresas de conformidad con la legislación nacional o recomendados como mejores prácticas a nivel nacional mediante un modelo de «cumplir o explicar», deben ser equivalentes funcionalmente e igualmente eficaces.
   1.4.   En el caso de las empresas que cotizan en bolsa constituidas en alguno de los Estados miembros, el conjunto de disposiciones que introduzcan los Estados miembros debe cubrir, como mínimo, a las empresas con cotización en bolsa constituidas en su territorio.
   En el caso de las empresas con cotización en bolsa no constituidas en alguno de los Estados miembros, el conjunto de disposiciones que introduzcan los Estados miembros debe cubrir, como mínimo, a las empresas que tengan su cotización principal en un mercado regulado establecido en su territorio.
   2.   Definiciones a efectos de la presente Recomendación:
   2.1.   «Empresas que cotizan en bolsa» son las empresas cuyos valores mobiliarios se han admitido a negociación en un mercado regulado, a tenor de la Directiva 2004/39/CE, en uno o más Estados miembros.
   2.2.   «Administrador» es todo miembro de los órganos de administración, gestión o supervisión de una empresa.
   2.3.   «Administrador ejecutivo» es todo miembro del órgano administrativo (consejo unitario) encargado de la gestión diaria de la empresa.
   2.4.   «Administrador no ejecutivo» es todo miembro del órgano administrativo (consejo unitario) de una empresa que no sea administrador ejecutivo.
   2.5.   «Administrador gerente» es todo miembro del órgano de gestión (consejo dual) de una empresa.
   2.6.   «Administrador supervisor» es todo miembro del órgano de supervisión (consejo dual) de una empresa.
   SECCIÓN II
   PRESENCIA Y PAPEL DE LOS ADMINISTRADORES NO EJECUTIVOS O SUPERVISORES EN LOS CONSEJOS SUPERVISORES
   3.   Presencia de los administradores no ejecutivos o supervisores
   3.1.   Los órganos de administración, gestión o supervisión deben establecer un equilibrio total apropiado de administradores ejecutivos/gerentes y no ejecutivos/supervisores para que ninguna persona o pequeño grupo de personas domine la toma de decisiones por parte de estos órganos.
   3.2.   Las responsabilidades ejecutivas presentes o pasadas del presidente del consejo de administración o de supervisión no deberían impedirle ejercer una supervisión objetiva. En un consejo unitario, una de las posibles formas de garantizar esto es que los papeles de presidente y de director general estén separados; en los consejos unitarios y duales, una de las posibilidades puede ser que el director general no se convierta inmediatamente en presidente del consejo de administración o de supervisión. En casos en los que una empresa prefiera combinar los papeles de presidente y director general o nombrar inmediatamente como presidente del consejo de administración o de supervisión al antiguo director general, este hecho debe ir acompañado de la información sobre cualquier medida de salvaguardia aplicada.
   4.   Número de administradores independientes
   Para el consejo de administración o de supervisión de las empresas, debe elegirse un número suficiente de administradores no ejecutivos o supervisores que garantice un tratamiento apropiado de los conflictos graves de intereses que impliquen a los administradores.
   5.   Organización de comités en los consejos
   Los consejos deben organizarse de forma que un número suficiente de administradores no ejecutivos o supervisores independientes desempeñen un papel efectivo en áreas clave en las que el riesgo de conflicto de intereses sea particularmente elevado. Para ello, y de conformidad con el punto 7, deben crearse comités de nombramientos, retribuciones y auditoría en el consejo de administración o de supervisión, cuando este último juegue un papel en los ámbitos de las nominaciones, retribuciones o auditoría en virtud de la legislación nacional, teniendo en cuenta el anexo I.
   6.   Papel de los comités frente al consejo de administración o de supervisión
   6.1.   Los comités de nombramientos, remuneración y auditoría deben hacer recomendaciones destinadas a preparar las decisiones que deba tomar el consejo de administración o de supervisión mismo. La principal finalidad de los comités debe ser incrementar la eficacia del trabajo del consejo de administración o de supervisión, garantizando que las decisiones estén bien fundadas, y ayudar a organizar el trabajo del mismo para asegurar que las decisiones que adopte estén libres de conflictos materiales de intereses. En principio, la creación de los comités no persigue que el consejo de administración o de supervisión mismo deje de examinar los temas en cuestión, ya que éste sigue siendo enteramente responsable de las decisiones adoptadas en su ámbito de competencia.
   6.2.   El mandato de los comités lo debe establecer el consejo de administración o de supervisión. Cuando lo permita la legislación nacional, la delegación del poder de toma de decisiones deberá declararse explícitamente, describirse correctamente y hacerse pública de forma totalmente transparente.
   7.   Flexibilidad para la creación de comités
   7.1.   Las empresas deben garantizar que las funciones asignadas a los comités de nombramientos, remuneraciones y auditoría se lleven a cabo. Sin embargo, las empresas pueden agrupar las funciones como consideren oportuno y crear menos de tres comités. En tal caso, las empresas deberán explicar claramente las razones por las que han optado por un método alternativo y de qué manera el sistema elegido puede alcanzar el objetivo fijado para los tres comités separados.
   7.2.   En las empresas en las que el consejo de administración o de supervisión sea pequeño, las funciones asignadas a los tres comités las podrá efectuar el consejo de administración o de supervisión en su conjunto, a condición de que satisfaga los requisitos de composición establecidos para los comités y que se suministre la información adecuada al respecto. En tal caso se aplicarán las disposiciones nacionales relativas a los comités de los consejos (en particular, respecto a su papel, funcionamiento y transparencia) al consejo de administración o de supervisión en su conjunto.
   8.   Evaluación del consejo de administración o de supervisión
   El consejo de administración o de vigilancia debe proceder anualmente a una evaluación de su rendimiento. En ella figurará un examen de su composición, organización y funcionamiento como grupo, se evaluará la competencia y eficacia de cada uno de sus miembros y comités y se considerará su rendimiento en función de los objetivos que se hubieran fijado.
   9.   Transparencia y comunicación
   9.1.   El consejo de administración o de supervisión debe hacer pública, como mínimo una vez al año (como parte de la información divulgada anualmente por la empresa sobre sus estructuras y prácticas de gobernanza empresarial), información adecuada sobre su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades, indicando, en particular, en qué medida la autoevaluación a la que ha procedido ha llevado a cambios importantes.
   9.2.   El consejo de administración o de supervisión debe garantizar que se informa debidamente a los accionistas de los negocios de la empresa, de su enfoque estratégico y de su forma de gestionar los riesgos y los conflictos de interés. El papel de los administradores respecto a la comunicación y el compromiso con los accionistas debe describirse claramente.
   SECCIÓN III
   PERFIL DE LOS ADMINISTRADORES NO EJECUTIVOS O SUPERVISORES
   10.   Nombramiento y destitución
   Los administradores no ejecutivos o supervisores deben nombrarse por un mandato determinado, sujeto a reelección individual, de una duración máxima que deberá determinarse a nivel nacional y que les permita tanto adquirir la experiencia necesaria como verse reconfirmados en sus funciones un número suficiente de veces. También debe poderse destituirlos, pero no de forma más sencilla que a los administradores ejecutivos o gerentes.
   11.   Titulación
   11.1.   Para mantener la presencia de un conjunto equilibrado de cualificaciones profesionales, el consejo de administración o de supervisión debe fijar su composición en función de la estructura y las actividades de la empresa y evaluarla periódicamente. Debe garantizar que está compuesto por miembros que, en su conjunto, tienen los conocimientos, la capacidad de juicio y experiencia necesarios para realizar correctamente sus funciones.
   11.2.   Los miembros del comité de auditoría deben, colectivamente, tener formación y experiencia reciente y pertinente sobre temas financieros y contabilidad de empresas que cotizan en bolsa.
   11.3.   A todos los nuevos miembros del consejo de administración o de supervisión se les debe ofrecer un programa de formación a medida que cubra, en la medida necesaria, la organización y actividades de la empresa y sus responsabilidades. El consejo de administración o de supervisión debe efectuar una revisión anual para identificar las áreas en las que sus miembros deben actualizar sus competencias y conocimientos.
   11.4.   Cuando se proponga el nombramiento de un administrador, se deben divulgar las competencias particulares que cualifican a su persona para formar parte del consejo de administración o de supervisión. Para permitir a los mercados y al público apreciar si estas competencias siguen siendo apropiadas al cabo del tiempo, el consejo de administración o de supervisión debe publicar anualmente un perfil de su composición e información sobre las competencias particulares de cada uno de sus miembros que les cualifican para formar parte del mismo.
   12.   Compromiso
   12.1.   Cada administrador debe dedicar a sus funciones el tiempo y atención necesarios y comprometerse a limitar el número de sus demás compromisos profesionales (en particular, los cargos directivos en otras empresas) en la medida necesaria para poder cumplir correctamente sus tareas.
   12.2.   En caso de propuesta de nombramiento de un nuevo administrador, deben divulgarse sus demás compromisos profesionales importantes. Debe informarse al consejo de administración o de supervisión de cualquier cambio posterior. El consejo debe reunir cada año la información sobre estos compromisos y publicarla en su informe anual.
   13.   Independencia
   13.1.   Debe considerarse que un administrador es independiente cuando no está vinculado por ninguna relación comercial, familiar o de otro tipo —con la empresa, su accionista mayoritario o la dirección de cualquiera de los dos— que cree un conflicto de intereses que haga obstáculo a su capacidad de juicio.
   13.2.   Debe adoptarse a nivel nacional un cierto número de criterios para evaluar la independencia de los administradores, teniendo en cuenta las directrices del anexo II, que contempla algunas situaciones que reflejan las relaciones o circunstancias habitualmente consideradas como generadoras de potenciales conflictos materiales de interés. Determinar qué constituye la independencia es fundamentalmente una tarea que debe llevar a cabo el consejo de administración o supervisión mismo. En efecto, éste puede considerar que un administrador que cumpla todos los criterios de independencia establecidos a nivel nacional, no sea, pese a ello, independiente por circunstancias específicas de su persona o de la empresa, y viceversa.
   13.3.   Debe divulgarse la información correspondiente a las conclusiones a las que ha llegado el consejo de administración o supervisión al determinar si un administrador concreto debe considerarse independiente.
   13.3.1.   En caso de que se proponga el nombramiento de un administrador no ejecutivo o supervisor, la empresa debe hacer saber si lo considera independiente; si no se cumplen uno o más de los criterios de independencia fijados a nivel nacional, la empresa debe divulgar las razones por las que, a pesar de ello, considera independiente a este administrador. Las empresas deben hacer pública también anualmente la relación de administradores que consideran independientes.
   13.3.2.   Si uno o más de los criterios de independencia de los administradores fijados a nivel nacional no se han cumplido a lo largo del año, la empresa debe divulgar las razones por las que considera que el administrador en cuestión es independiente. Para garantizar la exactitud de la información suministrada respecto a la independencia de los administradores, la empresa debe exigir a los administradores independientes que vuelvan a confirmar su independencia periódicamente.
   SECCIÓN IV
   DISPOSICIONES FINALES
   14.   Seguimiento
   Se invita a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para promover la aplicación de los principios enunciados en la presente Recomendación antes del 30 de junio de 2006 y notifiquen a la Comisión las medidas adoptadas de acuerdo con la presente Recomendación para que la Comisión pueda seguir de cerca la situación y, sobre esta base, valorar la necesidad de nuevas medidas.
   15.   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 15 de febrero de 2005.

            Por la Comisión

         Charlie McCREEVY

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2003) 284 final.

      (2)  DO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

      Los anexos que figuran a continuación brindan orientaciones suplementarias para interpretar los principios enunciados en la Recomendación.

      ANEXO I
      Comités del consejo de administración o de supervisión
      1.   CARACTERÍSTICAS COMUNES
      1.1.   Tamaño
      Cuando los comités se creen dentro de los consejos de administración o de supervisión, estarán compuestos normalmente por tres miembros como mínimo. En las empresas en las que el consejo de administración o de supervisión sea pequeño, podrán, excepcionalmente, estar compuestos sólo por dos miembros.
      1.2.   Composición
      El presidente y los miembros de los comités deben elegirse teniendo en cuenta la necesidad de garantizar su renovación y evitando una excesiva dependencia de personas concretas.
      1.3.   Mandato
      Las instrucciones precisas para cada comité creado deben recogerse en el mandato establecido por el consejo de administración o de supervisión.
      1.4.   Recursos disponibles
      Las empresas deben garantizar que los comités disponen de los suficientes recursos para cumplir sus tareas, lo que incluye el derecho a obtener —en particular de los responsables de la empresa— toda la información necesaria o a solicitar la asesoría de profesionales independientes sobre cuestiones que entran en su ámbito de competencia.
      1.5.   Participación en las reuniones de los comités
      Para garantizar la autonomía y objetividad de los comités, los administradores que no fueran miembros del comité sólo estarían autorizados a participar en sus reuniones por invitación del mismo. El comité puede invitar a sus reuniones a determinados responsables o expertos o requerir su presencia.
      1.6.   Transparencia

                  1.

                  Los comités deben cumplir sus tareas dentro del mandato que se les ha otorgado y garantizar que informan regularmente de sus actividades y resultados al consejo de administración o de supervisión.

                  2.

                  El mandato otorgado a todo comité creado, explicando su papel y la autoridad que le delega el consejo de administración o de supervisión cuando la legislación nacional lo autoriza, debe hacerse público como mínimo una vez al año (como parte de la información divulgada anualmente por la empresa sobre sus estructuras y prácticas de gobernanza empresarial). Las empresas deben publicar también anualmente una declaración de los comités existentes sobre su composición, el número de sus reuniones y la participación en ellas a lo largo del año, así como sus principales actividades. En particular, el comité de auditoría debe confirmar que está satisfecho con la independencia del procedimiento de auditoría y describir brevemente los pasos que ha dado para llegar a esa conclusión.

                  3.

                  El presidente de cada comité debe poder comunicarse directamente con los accionistas. Los casos en los que debe hacerlo deben contemplarse en el mandato del comité.

            2.   EL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
      2.1.   Creación y composición

                  1.

                  Debe crearse un comité de nombramientos en el consejo de administración o de supervisión cuando, en virtud de la legislación nacional, éste desempeñe un papel en el proceso de nombramientos y/o destituciones de administradores, ya sea adoptando las decisiones él mismo o elaborando propuestas para que las considere otro órgano corporativo.

                  2.

                  El comité de nombramientos debe estar compuesto por lo menos de una mayoría de administradores no ejecutivos o supervisores independientes. Cuando una empresa considere apropiado que su comité de nombramientos incluya una minoría de miembros no independientes, el director general podrá ser miembro de dicho comité.

            2.2.   Función

                  1.

                  El comité de nombramientos debe como mínimo:

                              —

                              identificar y recomendar, para su aprobación por el consejo de administración o de supervisión, a los candidatos para las vacantes cuando éstas se produzcan. Para ello, el comité de nombramientos debe evaluar las competencias, conocimientos y experiencia del consejo, describir las funciones y capacidades necesarias para un nombramiento concreto y evaluar el tiempo necesario para desempeñar su cometido,

                              —

                              evaluar periódicamente la estructura, el tamaño, la composición y el rendimiento del consejo unitario o dual y hacer recomendaciones al consejo de administración o de supervisión respecto a los eventuales cambios,

                              —

                              evaluar periódicamente las competencias, conocimientos y experiencia de los administradores y rendir cuenta de ello al consejo de administración o de supervisión,

                              —

                              examinar convenientemente las cuestiones relacionadas con la planificación de la sucesión.

                  2.

                  Además, el comité de nombramientos debe examinar la política del consejo de administración o de gestión en la selección y el nombramiento de los cuadros superiores.

            2.3.   Funcionamiento

                  1.

                  El comité de nombramientos debe estudiar las propuestas presentadas por las partes interesadas, incluidas aquí la dirección y los accionistas (1). En particular, el comité de nominaciones debe consultar de forma apropiada al director general y habilitarlo para que a su vez éste presente propuestas, especialmente cuando se trata de cuestiones vinculadas a los administradores ejecutivos/gerentes o de cuadros superiores.

                  2.

                  En el ejercicio de sus funciones, el comité de nombramientos debe poder utilizar todos los recursos que considere apropiados, incluida la asesoría o la publicidad externas, y recibir de la empresa recursos financieros para ello.

            3.   EL COMITÉ DE REMUNERACIONES
      3.1.   Creación y composición

                  1.

                  Debe crearse un comité de remuneraciones en el consejo de administración o de supervisión cuando, en virtud de la legislación nacional, éste desempeña un papel en el proceso de establecer las remuneraciones de los administradores, ya sea tomando las decisiones él mismo ya haciendo propuestas para que las considere otro órgano corporativo.

                  2.

                  El comité de remuneraciones debe estar compuesto exclusivamente por administradores no ejecutivos o supervisores independientes. Una mayoría de éste, por lo menos, deben conformarla miembros independientes.

            3.2.   Función

                  1.

                  En el caso de los administradores ejecutivos o gerentes, el comité de remuneraciones debe como mínimo:

                              —

                              presentar propuestas, para aprobación por el consejo de administración o de supervisión, sobre la política de remuneraciones de los administradores ejecutivos o gerentes. Esta política debe cubrir todas las formas de remuneración, incluidas en concreto la remuneración fija, los sistemas de remuneración ligada al rendimiento, los regímenes de pensiones y las indemnizaciones por despido. Las propuestas relativas a los sistemas de remuneración ligada al rendimiento deben ir acompañadas de recomendaciones sobre los objetivos y los criterios de evaluación con el fin de hacer coincidir convenientemente la remuneración de los administradores ejecutivos o gerentes con los intereses a largo plazo de los accionistas y los objetivos fijados para la empresa por el consejo de administración o supervisión,

                              —

                              hacer propuestas al consejo de administración o de supervisión sobre la remuneración individual de los administradores ejecutivos o supervisores, garantizando que se atiene a la política de remuneraciones adoptada por la empresa y a la evaluación de rendimiento de los administradores afectados. Para ello, se debe informar debidamente al comité de la remuneración total obtenida por los administradores de otras empresas afiliadas al grupo,

                              —

                              presentar propuestas al consejo de administración o de supervisión sobre modalidades contractuales apropiadas para los administradores ejecutivos o gestores,

                              —

                              ayudar al consejo de administración o de supervisión a supervisar el procedimiento por el cual la empresa se atiene a las disposiciones en vigor en materia de divulgación de las cuestiones de remuneración (en particular, la política de remuneración aplicada y la remuneración correspondiente a cada administrador),

                  2.

                  En el caso de los cuadros superiores (tal como los defina el consejo de administración o de supervisión), el comité debe por lo menos:

                              —

                              hacer recomendaciones generales a los administradores ejecutivos o gerentes respecto al nivel y la estructura de la remuneración de los cuadros superiores,

                              —

                              controlar el nivel y la estructura de la remuneración de los cuadros superiores, sobre la base de la información pertinente suministrada por los administradores ejecutivos o gerentes.

                  3.

                  Respecto a las opciones de compra de acciones y otros incentivos basados en las mismas de los que puedan beneficiarse los administradores, directores u otros empleados, el comité debe, por lo menos:

                              —

                              debatir la política general que regula la concesión de dichos sistemas y, en particular, las opciones de compra de acciones y presentar propuestas al respecto al consejo de administración o de supervisión,

                              —

                              revisar la información a este respecto que figure en el informe anual y la ofrecida a la asamblea de accionistas cuando proceda,

                              —

                              hacer propuestas al consejo de administración o de supervisión respecto a la elección entre la concesión de opciones para la suscripción de acciones o la concesión de opciones para la compra de las mismas e indicar las razones de esta elección, así como sus consecuencias.

            3.3.   Funcionamiento

                  1.

                  El comité de remuneraciones debe consultar como mínimo al presidente y/o al director general sobre sus opiniones respecto a la remuneración de otros administradores ejecutivos o gerentes.

                  2.

                  El comité de remuneraciones debe poder hacer uso de consultantes con el fin de obtener la información necesaria sobre las normas de mercado aplicables a los sistemas de remuneración. Debe ser responsable de fijar los criterios de selección, seleccionar, nombrar y fijar el mandato de los consultores encargados de asesorarle en asuntos de remuneración y recibir de la empresa recursos financieros para ello.

            4.   EL COMITÉ DE AUDITORÍA
      4.1.   Composición
      El comité de auditoría debe estar compuesto exclusivamente por administradores no ejecutivos o supervisores. Una mayoría de éste, al menos, deben conformarla miembros independientes.
      4.2.   Función

                  1.

                  Por lo que respecta a las políticas y procedimientos internos adoptados por la empresa, el comité de auditoría debe ayudar al consejo de administración o de supervisión como mínimo a:

                              —

                              controlar la integridad de la información financiera suministrada por la empresa, especialmente revisando la pertinencia y la coherencia de las normas contables aplicadas por la empresa y su grupo (incluidos los criterios de consolidación de las cuentas de las empresas del grupo),

                              —

                              revisar, al menos anualmente, los sistemas internos de control y gestión de riesgos para garantizar que los principales riesgos (incluidos los riesgos vinculados al cumplimiento de la legislación y las normativas en vigor) se han identificado, gestionado y divulgado correctamente,

                              —

                              garantizar la eficacia de la función de auditoría interna, en particular haciendo recomendaciones sobre la selección, nombramiento, reelección y destitución del responsable del servicio de auditoría interna y sobre el presupuesto de este servicio, y verificando que la dirección tiene en cuenta sus conclusiones y recomendaciones. Cuando una empresa no disponga de función de auditoría interna, la necesidad de crear una debe evaluarse por lo menos anualmente.

                  2.

                  En el caso del auditor externo contratado por la empresa, el comité de auditoría debe por lo menos:

                              —

                              hacer recomendaciones al consejo de administración o de supervisión sobre la selección, nombramiento, reelección y destitución del auditor externo por el órgano que sea con arreglo al derecho de sociedades nacional y sobre los términos y condiciones de su compromiso,

                              —

                              controlar la independencia y la objetividad del auditor externo, comprobando, en particular, que el gabinete de auditoría cumpla las directrices vigentes relativas a la rotación de sus socios, el nivel de los honorarios pagados por la empresa y las demás exigencias reglamentarias,

                              —

                              mantener en revisión la naturaleza y amplitud de los servicios que no sean de auditoría suministrados sobre la base, entre otras cosas, en la declaración del auditor externo de todos los honorarios pagados por la empresa y su grupo al gabinete de auditoría y su red, con el fin de prevenir los conflictos materiales de intereses. El comité debe fijar y aplicar una política oficial que especifique, de conformidad con los principios y directrices contemplados en la Recomendación 2002/590/CE de la Comisión (2), los tipos de servicios que no son de auditoría que quedan a) excluidos, b) autorizados previa revisión por el comité y c) autorizados sin consulta al comité,

                              —

                              controlar la eficacia del procedimiento de auditoría externa y verificar que la dirección tiene en cuenta las recomendaciones efectuadas en la carta de gestión del auditor externo,

                              —

                              investigar los problemas que hayan dado origen a la dimisión del auditor externo y hacer recomendaciones sobre las actuaciones necesarias.

            4.3.   Funcionamiento

                  1.

                  La empresa debe ofrecer un programa de formación para los nuevos miembros del comité de auditoría y, posteriormente, un programa pertinente de formación continua organizado cuando se considere oportuno. Todos los miembros del comité deben, en particular, disponer de toda la información sobre las características contables, financieras y operativas de la empresa.

                  2.

                  La dirección debe informar al comité de auditoría de los métodos usados para contabilizar las transacciones inhabituales importantes en los casos en los que se pueden aplicar distintos tratamientos contables. A este respecto, debe prestarse atención particular tanto a la existencia como a la justificación de cualquier actividad que efectúe la empresa en centros offshore o mediante canales especiales.

                  3.

                  El comité de auditoría debe decidir si el director general o el presidente del consejo, el director financiero (o los cuadros responsables de finanzas, contabilidad y tesorería), el auditor interno y el auditor externo participan en sus reuniones, y de ser así, cuándo. El comité debe estar autorizado para reunirse, si así lo desea, con cualquier persona pertinente sin la presencia de administradores ejecutivos o gerentes.

                  4.

                  Además de mantener una relación de trabajo efectiva con la dirección, los auditores externos e internos deben tener libre acceso al consejo de administración o de supervisión. Para ello, el comité de auditoría debe ser el principal punto de contacto de los auditores internos y externos.

                  5.

                  El comité de auditoría debe estar informado del programa de trabajo del auditor interno y recibir los informes de las auditorías internas o un resumen periódico de las mismas.

                  6.

                  El comité de auditoría debe estar informado del programa de trabajo del auditor externo y acceder a un informe del auditor externo en el que se describan todas las relaciones existentes entre el auditor independiente y la empresa y su grupo. El comité debe recibir información puntual sobre los problemas que desvele la auditoría.

                  7.

                  El comité de auditoría debe tener libertad para recibir asesoría y ayuda de expertos jurídicos externos, contables u otros cuando lo considere necesario para ejercer sus funciones, y debe recibir de la empresa recursos financieros para ello.

                  8.

                  El comité de auditoría debe controlar el procedimiento en virtud del cual la empresa se atiene a las disposiciones en vigor relativas a la posibilidad de que los empleados señalen las irregularidades importantes que consideren se han podido cometer en la empresa presentando una reclamación o una denuncia anónima, normalmente a un administrador independiente, y garantizar que disponga lo necesario para una investigación proporcionada e independiente a este respecto, seguida de una actuación apropiada.

                  9.

                  El comité de auditoría debe informar de su actividad al consejo de administración o de supervisión por lo menos una vez cada seis meses, en el momento de la aprobación de las cuentas anuales y semestrales.

         (1)  Cuando los accionistas hagan sus propuestas al comité de nombramientos y éste decida no recomendar a estos candidatos para su aprobación por el consejo de administración o de supervisión, ello no impedirá que los accionistas propongan a los mismos candidatos directamente a la asamblea general, siempre que la legislación nacional les autorice a presentar proyectos de resolución a tal efecto.

         (2)  DO L 191 de 19.7.2002, p. 22.

      ANEXO II
      Perfil de los administradores no ejecutivos o supervisores

                  1.

                  Es imposible hacer la lista exhaustiva de todo lo que amenaza la independencia de los administradores; las relaciones o circunstancias que parecen pertinentes para determinarla pueden variar, hasta cierto punto, entre los Estados miembros y las empresas y las mejores prácticas a este respecto pueden evolucionar con el tiempo. Hay, no obstante, una serie de situaciones que se consideran con frecuencia pertinentes para ayudar al consejo de administración o de supervisión a determinar si un administrador no ejecutivo o supervisor es o no independiente, aunque se admite generalmente que la valoración de la independencia debe basarse más en el fondo que en la forma. En este contexto, se deben adoptar a nivel nacional cierto número de criterios aplicables en los consejos de administración o de supervisión. Estos criterios, que deben adaptarse al contexto nacional, deben tener en cuenta, como mínimo, las siguientes situaciones:

                              a)

                              no ser administrador ejecutivo o gerente de la empresa, o de una empresa asociada, y no haber ocupado tal función en los últimos cinco años;

                              b)

                              no ser empleado de la empresa o de una empresa asociada, ni haberlo sido en los últimos tres años, excepto si el administrador no ejecutivo o supervisor no es cuadro superior y ha sido elegido para el consejo de administración o de supervisión en el contexto de un sistema de representación de los trabajadores reconocido por la ley y que ofrezca la protección adecuada contra el despido abusivo y otras formas de trato injusto;

                              c)

                              no recibir, ni haber recibido, remuneración adicional importante de la empresa o de alguna empresa vinculada, al margen de los honorarios percibidos como administrador no ejecutivo o supervisor. Esta remuneración suplementaria cubre, en particular, la participación en las opciones de compra de acciones o cualquier otra fórmula de remuneración ligada al rendimiento; no cubre los honorarios fijos recibidos en el marco de un plan de jubilación (incluidos los honorarios atrasados) por servicios anteriores en la empresa (siempre que estos honorarios no estén condicionados de manera alguna a la permanencia en el servicio);

                              d)

                              no formar parte de los accionistas mayoritarios o representarlos de alguna forma (determinándose el concepto de mayoritario en relación con las situaciones presentadas en el artículo 1, apartado 1, de la séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas (1);

                              e)

                              no mantener, ni haber mantenido el último año, una relación comercial importante con la empresa o una empresa asociada, directamente o como socio, accionista, administrador o cuadro superior de un órgano que mantenga una relación de ese tipo. Las relaciones comerciales incluyen la situación de un proveedor de mercancías o servicios (financieros, jurídicos, de asesoría o consultoría) importante o un cliente importante de la empresa, así como las organizaciones que reciben contribuciones importantes de la empresa o su grupo;

                              f)

                              no ser, o haberlo sido en los tres últimos años, socio o empleado del auditor externo, actual o precedente, de la empresa o una empresa asociada;

                              g)

                              no ser administrador ejecutivo o gerente de otra empresa en la que algún administrador ejecutivo o gerente de la empresa sea administrador no ejecutivo o supervisor, ni mantener otros vínculos importantes con los administradores ejecutivos de la empresa por funciones desarrolladas en otras empresas u órganos;

                              h)

                              no haber ocupado un puesto en el consejo de administración o de supervisión como administrador no ejecutivo o supervisor por más de tres mandatos (o durante más de doce años si la legislación nacional prevé mandatos ordinarios muy breves);

                              i)

                              no ser familiar cercano de una administrador ejecutivo o gerente, o de personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en las letras a) a h).

                  2.

                  El administrador independiente se compromete a) a mantener en todas las circunstancias su independencia de análisis, de decisión y de acción, b) a no buscar ni aceptar ventajas improcedentes que puedan comprometer su independencia y c) a expresar claramente su oposición en caso de que considere que alguna decisión del consejo de administración o de supervisión puede perjudicar a la empresa. Cuando el consejo de administración o de supervisión haya adoptado decisiones sobre las cuales algún administrador ejecutivo o supervisor tenga serias reservas, éste deberá extraer las consecuencias correspondientes. Si tuviera que dimitir, debe alegar sus razones en una carta dirigida al consejo o al comité de auditoría, y –si procediera– a cualquier órgano competente externo a la empresa.

         (1)  DO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16)


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		52014PC0437

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se deroga la Decisión 2010/283/UE sobre la existencia de un déficit excesivo en Bélgica /* COM/2014/0437 final */

			   	Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se deroga la Decisión
2010/283/UE sobre la existencia de un déficit excesivo en Bélgica
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 12,
Vista la recomendación de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)       Mediante la Decisión
2010/283/UE del Consejo, de 2 de diciembre de 2009[1], adoptada siguiendo una
recomendación de la Comisión, se decidió declarar la existencia de un déficit
excesivo en Bélgica. El Consejo señaló que el déficit de las administraciones
públicas previsto para 2009 sería del 5,9 % del PIB, y por tanto superaría
el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras
que se preveía que la deuda bruta de las administraciones públicas alcanzaría
el 97,6 % del PIB en 2009, por encima del valor de referencia del 60 %
del PIB del Tratado[2].
(2)       El 2 de diciembre de
2009, de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo
3, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio
de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo[3],
el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, dirigió una
recomendación a Bélgica encaminada a poner fin a la situación de déficit
excesivo en 2012 a más tardar. La recomendación se hizo pública.
(3)       El 21 de junio de 2013,
sobre la base de una recomendación de la Comisión, el Consejo decidió, de
conformidad con el artículo 126, apartado 8, del Tratado, que Bélgica no había
tomado medidas eficaces para atenerse a la Recomendación del Consejo de 2 de
diciembre de 2009 a fin de corregir su déficit excesivo para 2012, y decidió,
de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del Tratado, formular una
advertencia a Bélgica para poner fin a la situación de déficit excesivo a más
tardar en 2013. Se dio a Bélgica el plazo del 15 de septiembre para informar
sobre las medidas adoptadas para cumplir esta decisión, de conformidad con el artículo
5, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo. El
15 de noviembre de 2013, la Comisión concluyó que Bélgica había tomado medidas
eficaces y que en ese momento no se precisaba ninguna otra medida en el
procedimiento de déficit excesivo.
(4)       De conformidad con el
artículo 4 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo, anejo a los Tratados, la Comisión debe proporcionar los datos para la
aplicación de este procedimiento. En el marco de la aplicación de este
Protocolo, los Estados miembros deben notificar los datos referentes al déficit
público y la deuda pública, junto con otras variables conexas, dos veces al
año, a saber, antes del 1 de abril y antes del 1 de octubre, de conformidad con
el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo
de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento
aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea[4].
(5)       Para determinar si debe
derogarse una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo, el Consejo
debe basarse en los datos notificados. Además, una decisión sobre la existencia
de un déficit excesivo únicamente debe derogarse si las previsiones de la
Comisión indican que el déficit no rebasará el umbral del 3 % del PIB
durante el período de previsión[5].
(6)       Partiendo de los datos
proporcionados por la Comisión (Eurostat) de conformidad con el artículo 14 del
Reglamento (CE) nº 479/2009 a raíz de la notificación remitida por Bélgica
antes del 1 de abril de 2014, y basándose en el Programa de Estabilidad de 2014
y en las previsiones de la primavera de 2014 de la Comisión, pueden sacarse las
siguientes conclusiones:
–
Tras alcanzar un nivel máximo del 5,6 %
del PIB en 2009, del cual alrededor del 0,7 % del PIB se debió a factores
puntuales, el déficit de las administraciones públicas de Bélgica se redujo
hasta el 2,6 % del PIB en 2013, en consonancia con la decisión del Consejo
de 21 de junio de 2013. La mejora se vio impulsada por un importante
saneamiento presupuestario, así como por la mejora de las condiciones cíclicas.
–
El programa de estabilidad para 2014-2017,
presentado por el Gobierno belga el 30 de abril de 2014, prevé una reducción
del déficit hasta el 2,15 % del PIB en 2014 y una nueva reducción hasta el
1,4 % del PIB en 2015. Suponiendo que no haya un cambio de políticas, las
previsiones de la primavera de 2014 de la Comisión prevén un déficit del
2,6 % del PIB en 2014 y del 2,8 % del PIB en 2015. Por tanto, se prevé
que el déficit permanezca por debajo del valor de referencia del Tratado del
3 % del PIB durante el período de previsión.
–
Tras mejorar en un 0,7 % del PIB en 2013,
se prevé que el saldo estructural ajustado en función del ciclo económico y
excluyendo las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal
permanezca estable en 2014 y empeore ligeramente en 2015, suponiendo que no se
produzca un cambio de políticas. En este contexto, parece que está apareciendo
una desviación del 0,5 % del PIB en relación con el ajuste necesario del
saldo estructural hacia el objetivo a medio plazo en 2014, lo que sugiere que
es preciso reforzar las medidas presupuestarias con el fin de garantizar el
pleno cumplimiento del componente preventivo del Pacto en vista del riesgo
emergente de una considerable desviación respecto de la trayectoria de ajuste
exigida y una vulneración del valor de referencia de la deuda.
–
El ratio deuda/PIB aumentó en 6 puntos
porcentuales entre 2009 y 2013, hasta situarse en el 101,5 %, en parte
debido a la contribución de Bélgica a la ayuda financiera para los Estados
miembros de la zona del euro. Se prevé que la deuda pública bruta se mantenga
en torno a este nivel en 2014 y 2015.
(7)       El Consejo recuerda que,
a partir de 2014, que es el año siguiente al de la corrección del déficit
excesivo, Bélgica está sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento y debería avanzar hacia su objetivo a medio plazo a un ritmo
adecuado, incluido el cumplimiento del valor de referencia del gasto, así como
avanzar suficientemente en cuanto al cumplimiento del criterio de la deuda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1 bis, del
Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a
la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.
(8)       En virtud del artículo 126,
apartado 12, del Tratado, una Decisión del Consejo relativa a la existencia de
un déficit excesivo debe derogarse cuando el déficit excesivo del Estado
miembro afectado haya sido corregido en opinión del Consejo.
(9)       En opinión del Consejo,
el déficit excesivo de Bélgica ha sido corregido y, por consiguiente, procede
derogar la Decisión 2010/283/UE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
De la evaluación global efectuada se
desprende que la situación de déficit excesivo en Bélgica ha sido corregida.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2010/283/UE.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión
será el Reino de Bélgica.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 125 de 21.5.2010, p. 34.
[2]               El déficit de las administraciones públicas y la
deuda para 2009 se revisaron posteriormente al 5,6 % y al 95,7 % del
PIB, respectivamente.
[3]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[4]               DO L 145 de 10.6.2009, p. 1.
[5]               De conformidad con las «Condiciones de aplicación
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el
formato de los programas de estabilidad y de convergencia», de 3 de septiembre
de 2012. Véase:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf