title: Creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010 , destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE (2010/2096(INI))

text:
               15.6.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               CE 169/140

         Martes 14 de diciembre de 2010Creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE
   P7_TA(2010)0465
   Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE (2010/2096(INI))
   2012/C 169 E/21

      El Parlamento Europeo,

               —

               Visto el artículo 196 del Tratado de Lisboa, en el que se dispone que «la Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención de las catástrofes naturales o de origen humano y de protección frente a ellas» y que «la acción de la Unión tendrá por objetivo […] favorecer la coherencia de las acciones emprendidas a escala internacional en materia de protección civil»,

               —

               Visto el artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que las acciones de la Unión en el ámbito de la ayuda humanitaria han de tener por objeto prestar «asistencia y socorro a las poblaciones de los terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen humano» y que dichas acciones «se llevarán a cabo conforme a los principios del Derecho internacional y a los principios de imparcialidad, neutralidad y no discriminación»,

               —

               Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, firmado conjuntamente en diciembre de 2007 por los Presidentes del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, y el Plan de Acción presentado por la Comisión en mayo de 2008 para la aplicación del Consenso,

               —

               Vistas las conclusiones del Consejo de diciembre de 2007, en las que se invitaba a la Comisión a hacer el mejor uso posible del mecanismo comunitario de protección civil y a seguir reforzando la cooperación entre los Estados miembros,

               —

               Vistas las directrices sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil para las operaciones de socorro en caso de catástrofe (directrices de Oslo), revisadas el 27 de noviembre de 2006,

               —

               Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 23 de febrero de 2009 titulada «Estrategia de la UE en apoyo de la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo»,

               —

               Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de marzo de 2008 titulada «Refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes» (COM(2008)0130), y la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2008 sobre el refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes (1),

               —

               Visto el informe de Michel Barnier de 9 de mayo de 2006 titulado «Por una fuerza europea de protección civil: Europe Aid»,

               —

               Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el reciente terremoto en Haití (2),

               —

               Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la prevención de catástrofes naturales y de origen humano,

               —

               Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo, de 23 de marzo de 2010, sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE, presentada de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del Reglamento por Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez y Frédérique Ries en nombre del Grupo ALDE (B7-0228/2010),

               —

               Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0332/2010),

               A.

               Considerando que cada vez son más frecuentes en todo el mundo las catástrofes que causan considerables daños humanos, económicos y ambientales y que dichas crisis se sucederán con mayor intensidad y frecuencia y se extenderán a otras partes del mundo, principalmente por el impacto del cambio climático; y que la Unión Europea está realizando importantes esfuerzos para responder a estas crisis,

               B.

               Considerando que la multiplicación y la mayor frecuencia de las intervenciones, tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea, junto con la situación económica mundial y las restricciones presupuestarias, ponen de manifiesto la necesidad de que las operaciones obtengan los máximos resultados con el menor coste,

               C.

               Considerando que la puesta en común de recursos entre los 31 Estados miembros que participan en el mecanismo comunitario de protección civil (UE-27, Noruega, Liechtenstein, Croacia, Islandia) o en el marco de una cooperación reforzada entre los Estados miembros, puede ser muy valiosa tanto en el plano operativo como financiero,

               D.

               Considerando que en los últimos cinco años el presupuesto de la Comisión destinado a catástrofes humanitarias, y en concreto el de la DG ECHO, no sólo se ha mantenido congelado sino que ha disminuido ligeramente en términos reales,

               E.

               Considerando que en los últimos años se ha avanzado hacia una respuesta más coherente de la UE a las catástrofes gracias, en especial, al paulatino reforzamiento del mecanismo de protección civil, a la mejor interacción y coordinación entre la protección civil y la ayuda humanitaria y al reconocimiento de que un enfoque integrado de la gestión de catástrofes no sólo requiere acciones de respuesta, sino también de prevención y preparación,

               F.

               Considerando que la respuesta de la Unión Europea al terremoto de Haití no sólo puso en marcha una intervención de ayuda humanitaria que fue rápida, significativa y a gran escala, sino que también activó el mecanismo de protección civil, que, por primera vez, desplegó inmediatamente dos módulos (una unidad de purificación de agua y una unidad médica avanzada) financiados por una acción preparatoria de 2008 relativa a una capacidad de respuesta rápida de la UE,

               G.

               Considerando que las experiencias de las últimas crisis siguen demostrando la necesidad de mejorar la respuesta de la UE a las catástrofes por lo que se refiere a la eficacia, la coordinación y la visibilidad, y que estas catástrofes han puesto en evidencia una vez más la necesidad imperativa de crear una capacidad europea de reacción rápida (fuerza europea de protección civil),

               H.

               Considerando que la capacidad de la UE para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos es crucial para su credibilidad,

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

                           a)

                           Reconoce que la inclusión de la protección civil y la ayuda humanitaria en la cartera de un único comisario responsable de la ayuda humanitaria y la respuesta a las situaciones de crisis genera mejores sinergias dentro de la Comisión y contribuye a reforzar la coherencia de la respuesta global de la UE a las catástrofes;

                           b)

                           Pide que se refuerce en la DG ECHO la integración entre las metodologías de trabajo relativas a la protección civil y a la ayuda humanitaria, al tiempo que se preservan las respectivas características específicas, manteniendo una distinción y demarcación claras entre ellas, con el fin de maximizar las sinergias y la complementariedad; solicita también que el personal militar y civil y los agentes humanitarios que intervengan en catástrofes u operaciones humanitarias actúen bajo los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad;

                           c)

                           Reitera que el uso de recursos de protección civil, cuando se despliegan en una crisis humanitaria, debe basarse en las necesidades existentes y debe ser complementario y coherente en relación con la ayuda humanitaria, de acuerdo con el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y de conformidad con las directrices de las Naciones Unidas (directrices de Oslo), especialmente con el fin de garantizar el respeto de los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia;

                           d)

                           Insiste en que la asistencia de la UE en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre se dirija, en la medida de lo posible, a prestar ayuda a la economía local, por ejemplo adquiriendo alimentos producidos a nivel local o regional y facilitando a los agricultores los materiales necesarios para relanzar la economía rural;

                           e)

                           Pide al Consejo y a la Comisión que precisen los dispositivos de cooperación y coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión para la gestión de respuestas a gran escala a catástrofes sucedidas fuera del territorio de la Unión Europea;

                           f)

                           Propone que se desplieguen esfuerzos localizados de coordinación, en cooperación con el gobierno nacional del Estado afectado y por medio de los representantes de la UE y de los Estados miembros sobre el terreno, con el fin de garantizar una respuesta específica y competente en favor de las localidades afectadas;

                           g)

                           Insta al Consejo a que atribuya una elevada prioridad al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la UE a las catástrofes, en especial a la vista de los debates sobre la creación de una fuerza de protección civil de la UE, y a que dé curso a las peticiones reiteradas del Parlamento Europeo de aplicar las propuestas formuladas en el informe Barnier, publicado en 2006;

                           h)

                           Pide que se cree con carácter inmediato una fuerza de protección civil de la UE suficientemente equipada con los recursos técnicos y tecnológicos necesarios;

                           i)

                           Pide también, en el contexto de las operaciones posteriores a las catástrofes naturales, una mejor coordinación entre las agencias humanitarias y los mecanismos de protección civil de los Estados miembros y la DG ECHO, y la posible fuerza europea de protección civil;

                           j)

                           Insta a la Comisión a que desarrolle con los gobiernos nacionales, las entidades locales y los organizaciones de la sociedad civil en los países beneficiarios programas dirigidos a organizar las capacidades de las comunidades locales de prevención y de gestión de la respuesta a las catástrofes;

                           k)

                           Alienta al Consejo a adoptar, a propuesta de la Comisión y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, medidas dirigidas a aumentar la previsibilidad y la capacidad de planificación anticipada del actual mecanismo de protección civil de la UE, que en la actualidad se basa en contribuciones voluntarias ad hoc de los Estados miembros; propone que entre estas medidas estén dispositivos que han sido probados en la acción preparatoria de la UE, como los recursos a nivel de la UE, la puesta en común voluntaria de recursos, la cartografía de las capacidades, la identificación de hipótesis y el desarrollo de nuevas actividades de formación;

                           l)

                           Solicita asimismo que se elaboren presupuestos realistas en los que se consignen cantidades destinadas a las catástrofes naturales o la acción humanitaria, basados en la experiencia reiterada de gasto de años anteriores;

                           m)

                           Considera que la fuerza de protección civil de la UE debe aprovechar la experiencia del mecanismo europeo de protección civil, optimizando los instrumentos disponibles para reforzar su eficacia y visibilidad y poniendo en común de modo voluntario los recursos logísticos y humanos, ya sea en términos de formación para la respuesta en caso de catástrofe o en términos de gestión de catástrofes mediante el desarrollo de iniciativas entabladas en el marco de acciones preparatorias, de modo que pueda garantizar la prestación de asistencia de emergencia en un plazo de 24 horas desde que se produce la catástrofe;

                           n)

                           Recomienda que la fuerza de protección civil de la UE se base en los siguientes principios:

                                       —

                                       fundamentarse en una evaluación de las necesidades con la participación de todos los operadores humanitarios

                                       —

                                       ser de carácter civil

                                       —

                                       operar bajo bandera de la UE

                                       —

                                       respetar el derecho humanitario internacional

                                       —

                                       respetar el carácter voluntario de la participación de los Estados miembros en el dispositivo previsto

                                       —

                                       basarse en el principio de reparto de la carga

                                       —

                                       estar abierto a las contribuciones de terceros países

                                       —

                                       reconocer la función global de las Naciones Unidas en la coordinación internacional de la ayuda fuera del territorio de la Unión Europea

                                       —

                                       organizarse de forma preventiva en función de hipótesis;

                           o)

                           Considera, especialmente en lo relativo a las operaciones de ayuda humanitaria y tomando como base la experiencia adquirida en las intervenciones en Haití y Pakistán, que la UE debe actuar siempre que sea posible bajo el paraguas coordinador de las Naciones Unidas, centrándose en aquellas áreas de intervención en las que puede aportar mayor valor añadido;

                           p)

                           Considera que la fuerza europea de protección civil podría consistir en el compromiso por parte de algunos Estados miembros de facilitar módulos de protección civil, definidos de antemano y listos para intervenir de inmediato en operaciones de la UE coordinadas por el MIC; que la mayoría de estos módulos, que están ya disponibles a nivel nacional y por tanto no ocasionarían costes adicionales importantes, se mantendrían bajo su control, y que el despliegue de dichos módulos en situación de reserva («standby») constituiría el núcleo del sistema de protección civil de la UE para responder a las catástrofes en el interior y en el exterior de la Unión;

                           q)

                           Considera que la UE podría financiar módulos complementarios de protección civil para cubrir determinadas necesidades específicas en las que se han identificado deficiencias y respecto a las cuales el nivel europeo podría aportar valor añadido, al tiempo que destaca la importancia que revisten el aumento de la financiación del transporte y el desarrollo de módulos de transporte en situación de reserva («standby»);

                           r)

                           Destaca la necesidad de desarrollar un enfoque global y proactivo para responder a las catástrofes, de forma que se coordinen los diferentes instrumentos de acción de que disponen la UE y sus Estados miembros, como los dispositivos (civiles y militares) de gestión de las crisis, la ayuda financiera y el desarrollo de políticas sociales y ambientales; considera, en este mismo contexto, que debe gestionarse más eficientemente la transición entre la respuesta a las catástrofes y las consiguientes operaciones de reconstrucción; recuerda la propuesta de crear un Cuerpo Europeo de Voluntarios para la Ayuda Humanitaria, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa (artículo 214, apartado 5) y, al hilo de la celebración del Año Europeo del Voluntariado 2011, insta a la Comisión Europea y al Consejo a colaborar con el Parlamento Europeo en la elaboración de las normas y procedimientos para regular el funcionamiento de dicho Cuerpo tan pronto como sea posible, especialmente a la luz de iniciativas análogas emprendidas por algunos Estados miembros;

                           s)

                           Recuerda al Consejo que el uso de medios y capacidades militares en la respuesta a las catástrofes, especialmente en lo que se refiere a la asistencia en las áreas de la logística, el transporte y las infraestructuras para el apoyo de las operaciones humanitarias, debe tener carácter excepcional y que debe emplearse como «último recurso» y siempre de conformidad con los acuerdos vigentes, como el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y las directrices de Oslo sobre la utilización de los medios militares y de defensa civil en el socorro internacional en casos de catástrofe;

                           t)

                           Reconoce que los recursos de defensa militares y civiles deberían utilizarse en última instancia para hacer frente a las catástrofes, de conformidad con el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y las directrices de Oslo; recuerda que los medios militares representan a menudo una importante contribución a la respuesta a las catástrofes, junto con la protección civil y la ayuda humanitaria, y señala que los recursos militares pueden ser necesarios para colmar lagunas críticas en las capacidades (en particular en lo que se refiere al transporte estratégico, los recursos especializados, la ingeniería pesada y el transporte en general); destaca, por tanto, la necesidad de desarrollar una estrategia global y de mejorar las sinergias entre las capacidades civiles y militares y de determinar aquellas áreas en las que los Estados miembros podrían aunar sus esfuerzos y capacidades a nivel de la UE con el fin de contribuir a la respuesta de la UE ante las catástrofes, un factor que revestiría una importancia particular en momentos económicamente difíciles;

                           u)

                           Destaca la necesidad de desarrollar las capacidades civiles de la UE de forma que tengan una disponibilidad permanente y sean operativas con independencia de las estructuras militares, así como de definir aquellas áreas en las que, con este fin, los Estados miembros podrían aunar sus esfuerzos y capacidades en el plano de la UE;

                           v)

                           Insta al Consejo y a la Comisión a cooperar en la aplicación de un plan de acción en materia de visibilidad que incluya medidas concretas para aumentar la visibilidad de la respuesta de la UE en caso de catástrofe;

                           w)

                           Alienta la utilización del sistema del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) para hacer un seguimiento de las áreas potenciales de crisis, de forma que permita mejorar la preparación de las tareas de ayuda humanitaria, al tiempo que destaca la importancia fundamental que reviste la creación de un mecanismo de seguimiento de los esfuerzos desplegados por la UE y de evaluación de la ayuda prestada;

                           x)

                           Alienta la elaboración de presupuestos de investigación y de capacidades industriales (por ejemplo, en lo que se refiere a la disponibilidad de imágenes por satélite en el marco de la iniciativa GMES) con el fin de mejorar las fases de gestión de catástrofes;

                           y)

                           Invita al Consejo a que considere las anteriores recomendaciones cuando estudie la próxima comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes, anunciada por la Comisión Europea, y cuando extraiga de ella las conclusiones que corresponda;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

      (1)  DO C 286 de 27.11. 2009, p. 15.

      (2)  Textos Aprobados, P7_TA(2010)0015.


Avis juridique important

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31994H0007

94/7/CE: Recomendación del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad

Diario Oficial n° L 007 de 11/01/1994 p. 0009 - 0012

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 1993 sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad (94/7/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 103,  Vista la Recomendación de la Comisión,  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 1993,  RECOMIENDA:  El artículo 103 del Tratado establece el marco para la coordinación de las políticas económicas en la segunda fase del proceso hacia la Unión Económica y Monetaria. Las orientaciones de política económica adoptadas de conformidad con dicho artículo  constituirán el punto de referencia para las políticas económicas de la Comunidad y de los Estados miembros.  Principales objetivos Existen indicios de que la recesión ha tocado fondo en la Unión Europea. Los indicadores de la producción y de los estudios comerciales en una serie de países reflejan un fortalecimiento de la confianza y una mejora de las perspectivas. Los tipos de  interés a largo plazo han disminuido considerablemente y la mayoría de los bancos centrales europeos ha bajado sus tipos de interés básicos. Sin embargo, el desempleo sigue aumentando en la mayoría de los Estados miembros. En este contexto, las líneas  generales de política económica para 1994 deberían perseguir, con carácter prioritario, la vuelta a un crecimiento económico duradero y no inflacionario.  La Comunidad debería proponerse como objetivo a corto plazo invertir la tendencia del paro y luego, antes de que finalice el siglo, reducir sustancialmente el número de parados que en la actualidad se sitúa en el nivel inaceptable de 17 millones. Es  indispensable disminuir el paro para reducir las consecuencias económicas y sociales negativas que implica ese derroche de recursos humanos. También se requiere una mayor creación de empleo a fin de realizar una sociedad más activa, en la que todos los  que deseen participar en el proceso productivo puedan hacerlo y se limite sustancialmente el peso de los factores que llevan a la exclusión social.  Este objeto de empleo deberá lograrse con un crecimiento fuerte, generador de empleo y no inflacionario que se mantenga a lo largo de muchos años y no atente contra el medio ambiente. Un mayor crecimiento es fundamental no sólo para la creación de  empleo sino también para que la Comunidad pueda beneficiarse del mercado interior, mejorar su cohesión económica y social y cumplir sus crecientes compromisos para con el resto del mundo. Dado que el crecimiento no puede generarse de forma artificial,  deberá realizarse fundamentalmente mediante el juego de las fuerzas del mercado y el dinamismo del mercado interior, abierto al mundo exterior. La conclusión de las negociaciones del GATT con carácter global, duradero y equilibrado y la apertura de la  Comunidad a nuevos mercados habrán de desempeñar una función fundamental al respecto.  El logro de una mayor tasa de crecimiento exige además el fortalecimiento de la convergencia económica entre Estados miembros. La convergencia sentará las bases para una mayor creación de puestos de trabajo y permitirá a la Comunidad recoger todos los  beneficios del mercado interior. También permitirá el éxito del paso a la UEM.  A tal fin, la tarea de los responsables de la política económica consiste en permitir a las fuerzas del mercado que desplieguen todo su potencial mediante:  i) el establecimiento de un marco macroeconómico estable y coherente;  ii) la supresión de los obstáculos macroeconómicos y microeconómicos al crecimiento.  En la presente situación, el reto es doble. En primer lugar, actuar decididamente para mejorar las condiciones de crecimiento compatibles con el compromiso de una fuerte creación de puestos de trabajo a medio plazo. En segundo lugar, crear las  condiciones económicas y sociales que permitan un crecimiento duradero más fuerte y más generador de empleo a medio y largo plazo.  El proceso de recuperación exigirá el restablecimiento de la confianza, el cual exige a su vez que se reequilibre la dosificación actual de políticas macroeconómicas y de medidas estructurales dignas de crédito. Cuanto antes se integre el objetivo de  estabilidad de precios en las tendencias salariales y presupuestarias actuales y previstas, antes podrá efectuarse una nueva reducción sustancial de los tipos de interés sobre una base sana. Efectivamente, una baja de los tipos de interés sobre esta  base representaría un factor esencial para mejorar las perspectivas de la Comunidad a corto plazo. No obstante, dada la gravedad en la situación actual y la magnitud del ajuste presupuestario que debe realizarse en numerosos países, el proceso de  recuperación puede ser débil y vacilante. En estas circunstancias, la plena realización de las iniciativas acordadas en las reuniones del Consejo Europeo de Edimburgo y Copenhague revisten por consiguiente una importancia capital.  A medio plazo, las políticas y los comportamientos deben seguir siendo compatibles con la estabilidad. Deben contribuir a superar los factores de rigidez y poner fin a la desfavorable reducción del ahorro nacional resultante de los elevados déficits  públicos. Se reforzarán así las condiciones de la inversión y el potencial de crecimiento de la Comunidad permitiéndose durante numerosos años un crecimiento más fuerte y más generador de empleo.  Orientaciones de política económica Con el fin de crear las condiciones para la realización de los objetivos económicos de la Comunidad, sobre todo en materia de aumento del empleo y disminución del desempleo, el Consejo adopta las siguientes orientaciones generales de política económica:   Estabilidad de precios y tipos de cambio La Comunidad intentará mantener un marco macroeconómico estable, debiéndose alcanzar para 1996 en la mayoría de los Estados miembros una tasa media de inflación no superior al 2 o al 3 % como una etapa hacia la estabilidad de precios en la Comunidad.  Todas las políticas y todos los comportamientos deberán ser coherentes con este objetivo. Los Estados miembros que ya han alcanzado dicho nivel de inflación deberán garantizar que las medidas adoptadas sean compatibles con su mantenimiento. Los  restantes Estados miembros deben adoptar iniciativas enérgicas que den lugar a tipos de interés menos elevados a corto y a largo plazo, por ejemplo iniciativas en materia de saneamiento presupuestario, de evolución de los salarios y de precios  inflacionistas en el sector de los servicios.  Si estas medidas se aplican con suficiente rapidez, se darían las condiciones para un descenso tanto de los tipos de interés nominales como de los tipos de interés reales paralelo a una disminución de las expectativas de inflación. La puesta en marcha  del IME representará un factor adicional de estabilidad y de cooperación, dada la importancia de su papel en el reforzamiento de los mecanismos de coordinación de las políticas monetarias de los Estados miembros así como en la supervisión del  funcionamiento del Sistema Monetario Europeo.  El altro grado de integración y la recogida de los beneficios del mercado interior exigen que la Comunidad siga persiguiendo una estabilidad de los tipos de cambio basada en un esfuerzo común encaminado a la convergencia y a la creación de cimientos  económicos sanos en todos los Estados miembros de la Comunidad.  La Comunidad reafirma su compromiso con el proceso hacia la UEM y el calendario del mismo acordados en el Tratado de la Unión Europea y, a este fin, intensificará sus esfuerzos para lograr la convergencia económica.  Saneamiento de las finanzas públicas El restablecimiento de la confianza requiere que en 1994 los Estados miembros eviten cualquier nuevo deterioro de su situación presupuestaria y se preparen a proseguir el proceso de reducción del déficit. En los Estados miembros en que la situación  presupuestaria es más preocupante, la confianza se beneficiará de que se acometa inmediata y decididamente el proceso de saneamiento. Esto es válido sobre todo en el caso de los Estados miembros cuyos coeficientes de endeudamiento son muy elevados y  crecientes. El proceso de consolidación presupuestaria debería intensificarse en aquellos Estados miembros con un elevado déficit presupuestario y cuya situación económica se espera que sea relativamente favorable en 1994. En los demás Estados miembros  será necesario un estricto control presupuestario en 1994, aunque éste tendrá que centrarse principalmente en la adopción de estrategias de consolidación a medio plazo dignas de crédito, anunciando desde ahora medidas que no entrarían en vigor hasta  dentro de unos años, cuando la recuperación se afiance. En el plano comunitario, deberán respetarse los límites de gastos e ingresos acordados en el Consejo Europeo de Edimburgo.  En 1995, los Estados miembros deberán perseverar en sus esfuerzos por lograr que vuelva a ser sostenible la situación de sus finanzas públicas. Teniendo en cuenta el crecimiento previsto para los próximos años, ello significa la adopción de iniciativas  encaminadas a la reducción de los déficits presupuestarios al valor de referencia indicado en el Tratado de la Unión Europea (3 % del PIB). La mayor parte de los Estados miembros están en condiciones de alcanzar dicho objetivo en 1996, mientras que los  restantes necesitan más tiempo. Dichas iniciativas contribuirán a que se cumpla el criterio relativo a la deuda pública establecido en el Tratado.  Las medidas aplicadas para sanear los presupuestos públicos deberán conceder prioridad a la reducción de los gastos corrientes y a la mejora de la eficacia del sistema fiscal, intensificando por ejemplo las medidas adoptadas para luchar contra el fraude  fiscal. Todos los Estados miembros deben reorientar el gasto público hacia finalidades más productivas y, en particular, hacia un aumento de la inversión.  A largo plazo las políticas presupuestarias de los Estados miembros se orientarán a contribuir a un aumento del ahorro nacional y de la inversión, lo que traerá consigo una gran reducción de los déficits presupuestarios (quizás próximos al equilibrio  para el año 2000).  Creación de más puestos de trabajo Los Estados miembros y la Comunidad deberán actuar con decisión para mejorar el funcionamiento de sus economías, intentando en particular mejorar la competitividad y la capacidad de la Comunidad para crear puestos de trabajo.  Debido a las características institucionales, legislativas o contractuales específicas de cada Estado miembro, la acción de la Comunidad debe concentrarse en la definición de los objetivos, dejando a los Estados miembros la elección de los medios. Este  tipo de medidas estructurales se pondrán de relieve en el próximo Libro blanco sobre « Crecimento, competitividad y empleo ».  Salarios, inversión y empleo Los Estados miembros se fijan el objetivo de un incremento sensible de la participación de la inversión en su PIB. El logro de dicho objetivo resulta imprescindible para aumentar el potencial de crecimiento duradero y no inflacionario de la economía  europea a medio y largo plazo. Además, la recuperación de la inversión privada contribuirá, a corto plazo, a fomentar la demanda.  La recuperación de la inversión será posible si la sociedad está dispuesta a hacer hoy los esfuerzos que en el futuro traerán más prosperidad y puestos de trabajo. Ello supone, entre otros aspectos, una evolución de los salarios compatible con la mejora  de la rentabilidad de las inversiones y de la competitividad de las empresas europeas en los mercados mundiales. Dicho proceso contribuirá asimismo a favorecer la creación de puestos de trabajo prontamente.  A corto plazo, la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo no permitirá un aumento de los salarios reales en la mayoría de los países, pudiendo conducir, en algunos sectores de la economía, a un descenso de los salarios reales. No obstante, la  evolución salarial presentará una diferenciación adecuada en función de la situación de los países miembros, de los sectores industriales y de las empresas, así como de las cualificaciones profesionales y la experiencia profesional.  Con este fin, los gobiernos y los interlocutores sociales se servirán de todos los instrumentos que los procedimientos nacionales ponen a su alcance para garantizar que la evolución salarial de sus países se adapte rápidamente al objetivo en materia de  inflación.  La moderación salarial en el sector público es asimismo importante, por un lado para aligerar las finanzas públicas y acelerar el fomento de la inversión pública y, por otro lado, para dar ejemplo al sector privado.  Las negociaciones efectuadas de forma descentralizada (a nivel de ramo o de empresa) pueden introducir fórmulas que permitan favorecer nuevas formas de organización del trabajo sobre una base económica sana.  Reducción del coste indirecto del trabajo Donde haga falta, los Estados miembros deberán incrementar sus esfuerzos para efectuar una reducción significativa del coste indirecto del trabajo. Esto permitirá lograr un mayor equilibrio entre los costes de los diferentes factores de producción. Sin  dicho reequilibrio, el factor trabajo, en particular el trabajo poco cualificado, resulta excesivamente afectado.  La acción que debe abordarse en dicho sector perseguirá un doble objetivo:  - deberá favorecer la creación de puestos de trabajos en los servicios de proximidad cuyo desarrollo se ve hoy en día desincentivado por lo gravoso del coste indirecto del trabajo;  - vinculada a la moderación salarial, debería asimismo salvar puestos de trabajo en el sector expuesto a la competencia internacional frenando la sustitución del capital al factor trabajo y el traslado de centros de actividad.  A fin de encauzar el proceso en la dirección deseada, se invita a los Estados miembros a que determinen la medida en que una adaptación de los modos de financiación de su sistema de protección social, combinada con medidas de saneamiento, podría  contribuir mejor a fomentar el empleo. No obstante, las modificaciones introducidas en los sistemas no deberían incrementar el endeudamiento de los Estados miembros. Esta cuestión volverá a estudiarse a escala comunitaria tomando como base los informes  de los Estados miembros. Medidas fiscales, relativas, entre otras cosas, al medio ambiente, podrán constituir uno de los medios de compensar la baja de las cotizaciones sociales, en un contexto general de estabilización del conjunto de las cotizaciones  obligatorias y de reducción de la presión fiscal.  Política activa de empleo El logra de dicho objetivo dependerá asimismo de una adaptación de las políticas de empleo a los cambios económicos actuales.  Se invita a los Estados miembros a que:  - mejoren los sistemas educativos y de formación permanente para que aquellos que vayan a entrar en el mercado laboral dispongan de la capacidad de evolucionar profesionalmente ofreciendo al mismo tiempo competencias útiles para las empresas;  - faciliten la reinserción de los parados de larga duración en el mercado laboral;  - mejoren el funcionamiento de los servicios locales de colocación;  - flexibilicen las rigideces excesivas que impiden un funcionamiento eficaz del mercado laboral;  - mejoren la movilidad laboral;  - promuevan medidas de liberalización encaminadas a los sectores protegidos, incluida, en su caso, la industria de servicios.  Realización plena del gran mercado La existencia de un gran mercado interior con vocación exportadora constituye una baza importante de la economía europea, que debe ser plenamente explotada. La trasposición íntegra al plano nacional de la normativa comunitaria. La mejora y  simplificación de la reglamentación, la creación de un entorno fiscal, administrativo y financiero favorable a las PYME, la aplicación de las normas de competencia y el control de las ayudas estatales son factores esenciales en la realización del gran  mercado.  En el mismo contexto, debe mejorarse la eficacia del mercado de capitales a fin de fomentar la afluencia del ahorro hacia las inversiones productivas generadoras de empleo.  Las redes transeuropeas constituyen asimismo un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado interior y para reforzar la competitividad económica. El Consejo utilizará rápida y plenamente las nuevas posibilidades ofrecidas por el Tratado  (artículo 129 B).  Las orientaciones de política económica que se acaban de exponer constituirán el punto de referencia de todos los futuros ejercicios de vigilancia multilateral. La puesta en práctica de dichas orientaciones se supervisará con arreglo a los  procedimientos establecidos en el Tratado. El Consejo evaluará asimismo la aplicación de dichas orientaciones en el marco de su evaluación de los programas de los Estados miembros en materia de convergencia.  Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1993.  Por el Consejo El Presidente J.-M. DEHOUSSE


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Luxemburgo para 2012-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/55

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Luxemburgo para 2012-2016
   2013/C 217/14
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reforma de Luxemburgo para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de 2013 para la coordinación de las políticas económicas. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 26 de abril de 2013, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013 y su Programa de Estabilidad para el período 2012-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es plausible. En particular, el escenario en que se basa el Programa de Estabilidad para 2013 es muy parecido al de las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión, mientras que para 2014 es algo más optimista. Las previsiones de déficit a medio plazo se basan en un escenario de crecimiento ligeramente optimista, superior al crecimiento potencial. El objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el Programa de Estabilidad es reducir el déficit del 0,8 % del PIB en 2012 al 0,6 % del PIB en 2014. Sin embargo, en los últimos años del período del Programa, se prevé que el déficit aumente al 1,3 % del PIB, tanto en 2015 como en 2016. Ello se deberá a la introducción de las nuevas normas sobre el IVA aplicables a los servicios electrónicos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. Según dichas normas, los ingresos del IVA generados en las actividades de comercio electrónico pasarán del país en que se halla situado el proveedor al país de residencia del cliente. Las autoridades calculan que las nuevas normas darán lugar a una reducción de los ingresos fiscales en concepto de IVA equivalente al 1,4 % del PIB. El Gobierno ya ha anunciado que aumentará el tipo normal del IVA, con el fin de recuperar una parte de la pérdida de ingresos. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo presupuestario a medio plazo (OMP) anterior de un superávit estructural del 0,5 % del PIB. El OMP cumple los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión y del saldo presupuestario estructural (recalculado) indicado en el Programa de Estabilidad, se prevé que Luxemburgo registre un superávit estructural del 0,1 % del PIB, inferior al OMP, en 2012, y que alcance su OMP en 2013. No obstante, se prevé que Luxemburgo volverá a desviarse de su OMP a partir de 2014 en un 0,3 % del PIB y que lo hará todavía más en 2015 y 2016. Las autoridades nacionales han reiterado su objetivo de vuelta al cumplimiento del OMP en 2017 a más tardar, a fin de tener un mayor margen de maniobra. Situada en un 20,8 % del PIB en 2012, la deuda pública bruta es notablemente inferior al valor de referencia del Tratado.

               (10)

               Luxemburgo ha conseguido mantener su déficit público por debajo del máximo del 3 % del PIB en los últimos años, con lo que ha evitado la incoación de un procedimiento de déficit excesivo. Ello se ha debido en mayor medida al elevado nivel de ingresos que a la contención del gasto. Concretamente, en 2012, se calcula que la tasa de crecimiento del gasto público, excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, superó el valor de referencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se calcula que la desviación de la tasa de crecimiento del gasto público respecto del valor de referencia alcanzará el 1,3 % del PIB, situándose por encima del máximo del 0,5 % del PIB conforme al Reglamento (CE) no 1466/97. Sin embargo, para valorar esa desviación, debe realizarse una evaluación global, teniendo en cuenta otros factores: i) el déficit aumentó en términos estructurales solo en un 0,2 % del PIB en 2012; ii) dado el pequeño tamaño del país y su grado de apertura, la economía de Luxemburgo es muy inestable; iii) según las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, Luxemburgo debería alcanzar su OMP ya en 2013. Todos estos elementos apuntan a una desviación de carácter no estructural. No obstante, la alta volatilidad de los ingresos recaudados por las administraciones públicas de Luxemburgo, aunque hasta ahora ha dado lugar a unos ingresos superiores a los previstos, representa un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para afrontar mejor ese riesgo, deben establecerse por ley las obligaciones en cuanto a la deuda y el gasto. Además, convendría designar un órgano de control y contar con medidas preestablecidas para los casos de incumplimiento. La entrada en vigor el 1 de enero de 2015 del paquete del IVA mencionado anteriormente y su consiguiente fuerte impacto negativo en la recaudación fiscal ilustrará la importancia que tiene para Luxemburgo la introducción de un marco presupuestario a medio plazo. Ello exigirá, concretamente, la aplicación de una política presupuestaria especialmente prudente en 2014.

               (11)

               Actualmente, menos de una tercera parte de los ingresos fiscales proceden de los impuestos al consumo, debido en parte a los moderados tipos normal y reducido del IVA. Luxemburgo ocupa el primer lugar en la UE en cuanto al número de categorías de bienes y servicios a los que se aplican tipos reducidos de IVA. La existencia de un amplio sector financiero, exento del IVA, contribuye asimismo a la baja ratio IVA/PIB. En términos generales, Luxemburgo dispone de margen para aumentar los ingresos ampliando el tipo normal del IVA. Además, el sistema del impuesto de sociedades de Luxemburgo se caracteriza por un amplio sesgo impositivo a favor del endeudamiento, lo que contribuye a una elevada ratio deuda privada/PIB.

               (12)

               La reforma de las pensiones de Luxemburgo aprobada en diciembre de 2012 solo puede considerarse un primer paso importante en la buena dirección. Aun teniendo en cuenta la mayoría de los aspectos de la reforma de las pensiones aprobada, para eliminar el déficit presupuestario Luxemburgo debería aplicar políticas para potenciar la sostenibilidad a largo plazo de efecto equivalente a un aumento permanente de 8,6 puntos porcentuales del PIB en el saldo primario. Por consiguiente, Luxemburgo debe profundizar su reforma de las pensiones. El establecimiento de un límite a la adaptación de las pensiones acorde con el aumento de los salarios reales aumentaría las reservas de las pensiones, y la vinculación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida ayudaría a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Por otro lado, deberían reducirse las posibilidades de jubilación anticipada, y debería hacerse más atractivo trabajar después de alcanzada la edad mínima de jubilación. Además, se prevé que el impacto del gasto sanitario a largo plazo sobre la sostenibilidad presupuestaria contribuya en 2,1 puntos porcentuales al déficit de sostenibilidad de Luxemburgo. El aumento previsto del número de personas mayores y del número de personas dependientes en Luxemburgo es alto en comparación con la media de la UE.

               (13)

               La productividad actual de Luxemburgo es bastante elevada. Sin embargo, el margen de maniobra en términos de aumento de la productividad se está reduciendo. Por ello, debe limitarse el crecimiento de los costes laborales unitarios mediante una mejor correlación entre los salarios y la productividad. Luxemburgo ha adoptado medidas para moderar el crecimiento de los salarios modulando el sistema de indexación entre 2012 y 2014. No obstante, esa reforma es solo temporal y no garantiza que en el futuro los salarios evolucionen de acuerdo con la productividad. La productividad no es la misma en todos los sectores económicos, y el nivel de productividad del sector financiero es casi el doble que en el resto de la economía. Habrá un notable riesgo para la competitividad de Luxemburgo a partir de 2015, cuando el sistema de indexación automática se vuelva a aplicar del modo normal. Por lo tanto, deberían tomarse medidas adicionales para reformar el sistema de fijación de salarios de manera más permanente, a fin de evitar el deterioro de la competitividad en el futuro.

               (14)

               La economía de Luxemburgo depende en gran medida de su sector financiero, que representa aproximadamente el 30 % del valor añadido total y el 25 % de la recaudación fiscal. Para mantener la competitividad futura del país, deberían crearse «nichos de competencia» alternativos. Sin embargo, el sistema luxemburgués de investigación e innovación sigue siendo muy débil, y Luxemburgo no avanza al ritmo necesario para conseguir el objetivo de intensidad de Investigación y Desarrollo (I+D) para 2020. Los resultados de Luxemburgo en lo que respecta a los indicadores relativos a la cooperación entre los centros públicos de investigación y las empresas está muy por debajo de la media de la UE, lo que pone de manifiesto las desconexiones actuales entre la I+D del sector privado y el sistema público de investigación. Luxemburgo debería contrarrestar esta tendencia a la baja de su intensidad de I+D, en particular ayudando a impulsar la intensidad de I+D de las empresas. El desarrollo de una estrategia de especialización inteligente y mejor dirigida podría desempeñar un papel crucial para maximizar los efectos económicos de la financiación pública de la investigación, sobre todo mediante un efecto de palanca de las inversiones privadas. Este enfoque específico debería complementarse con una política horizontal global centrada en la creación y el desarrollo de empresas innovadoras.

               (15)

               El desempleo juvenil se mantiene en niveles elevados (18 %), y depende en gran medida del nivel educativo. A la hora de obtener un puesto de trabajo, los residentes jóvenes se enfrentan a una intensa competencia por parte de no residentes, que suelen estar más cualificados. Aunque Luxemburgo ha mostrado un fuerte compromiso en la lucha contra el desempleo juvenil, son necesarios esfuerzos adicionales. Con objeto de maximizar los resultados, las medidas adoptadas deberían formar parte de una estrategia global de reforma, incluido el refuerzo de las políticas de activación para luchar contra la dependencia de los subsidios. Las pruebas realizadas en el marco del estudio PISA (5) indican que el nivel de los jóvenes luxemburgueses en lo que respecta a las competencias básicas es relativamente baja. Deben hacerse más esfuerzos para contrarrestar la tendencia negativa en lo que respecta a la lectura, las matemáticas y las ciencias observada desde 2006. Deben hacerse más esfuerzos también para mejorar y utilizar mejor los recursos educativos de las escuelas con estudiantes desfavorecidos, así como para aumentar los recursos disponibles para el apoyo lingüístico y las clases de recuperación. Los problemas concretos que tienen en el mercado laboral las personas procedentes de la inmigración deberían examinarse más detalladamente y abordarse con medidas específicas, incluidas medidas relativas a las competencias lingüísticas. En este contexto debe prestarse especial atención a la formación profesional y la especialización. Deben adoptarse nuevas medidas para mejorar la enseñanza preescolar y reducir el abandono escolar, sobre todo entre la población inmigrante y ha de mejorarse la empleabilidad de los trabajadores de más edad, entre otras cosas mediante la mejora de las competencias.

               (16)

               Luxemburgo ha asumido el compromiso de reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero en los sectores no abarcados por el RCDE en un 20 % en 2020 respecto a 2005, pero se prevé que se quedará a 23 puntos porcentuales de conseguir su objetivo según las últimas proyecciones para 2020 basadas en las medidas existentes. En 2011, el sector del transporte generó el 68 % de las emisiones no abarcadas por el RCDE, lo que supone un gran problema para Luxemburgo. Las medidas que se están aplicando actualmente solo contribuirán a alrededor de una tercera parte de la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero necesaria para cumplir el objetivo. En consecuencia, deben reforzarse considerablemente dichas medidas, sobre todo aumentando los impuestos sobre los carburantes, de manera que se reduzca la diferencia de nivel impositivo respecto de los países vecinos. También debe acelerarse la reforma del impuesto de circulación. Luxemburgo debe proseguir la realización de proyectos que favorezcan el uso del transporte público. Debe establecer tasas por congestión para luchar contra los atascos, de manera que se incentive el cambio en favor del transporte público. Deben fomentarse asimismo mejores conexiones de transporte público con las regiones vecinas.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica luxemburguesa. Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión mediante aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran más adelante.

               (18)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha llevado a cabo un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esa base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Luxemburgo debe velar igualmente por la aplicación plena y a su debido tiempo de esas recomendaciones.

         RECOMIENDA que Luxemburgo tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Mantener una situación presupuestaria saneada y seguir cumpliendo el objetivo a medio plazo, con objeto de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en especial teniendo en cuenta los pasivos ligados al envejecimiento de la población. Reforzar la gobernanza presupuestaria con la adopción de un marco presupuestario a medio plazo que abarque las administraciones públicas e incluya techos de gasto plurianuales, y con el establecimiento de una supervisión independiente de la aplicación de las normas presupuestarias.

               2.

               Adoptar medidas para corregir el sesgo del impuesto de sociedades en favor del endeudamiento y ampliar la aplicación del tipo normal del IVA.

               3.

               Reducir el gasto derivado del envejecimiento de la población, haciendo que la asistencia sanitaria a largo plazo tenga una mejor relación coste-eficacia, en especial centrándose más en la prevención, la rehabilitación y la autonomía, fortaleciendo la reforma de las pensiones recientemente adoptada, tomando medidas adicionales para reducir las jubilaciones anticipadas y aumentando la edad de jubilación efectiva, mediante el alineamiento de la edad de jubilación o los beneficios de la pensión a los cambios en la esperanza de vida.

               4.

               En lo que se refiere a los salarios, además de la congelación actual, adoptar medidas estructurales adicionales, previa consulta a los interlocutores sociales y conforme a las prácticas nacionales, para reformar el sistema de fijación de salarios, incluida la indexación de los mismos, mejorar su capacidad de reacción a la evolución de la productividad y a la evolución sectorial y las condiciones del mercado de trabajo, e impulsar la competitividad. Intensificar los esfuerzos para diversificar la estructura de la economía, fomentando las inversiones privadas en investigación, en particular mediante el desarrollo de la cooperación entre la investigación pública y las empresas privadas.

               5.

               Intensificar los esfuerzos para reducir el desempleo juvenil, mejorando la elaboración y el seguimiento de las políticas activas del mercado de trabajo. Potenciar la educación general y profesional para adaptar mejor las competencias de los jóvenes a la demanda de trabajo, en especial en el caso de las personas procedentes de la inmigración. Actuar de manera decidida para aumentar el índice de participación de las personas de más edad, entre otras cosas mediante su empleabilidad a través de la formación permanente.

               6.

               Reforzar las medidas destinadas a cumplir el objetivo de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero no abarcadas por el RCDE, en especial mediante un aumento de los impuestos sobre los productos energéticos utilizados en el transporte.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenida para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (3)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 58.

      (4)  DOL 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de la OCDE.

      (6)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  Véase la página 97 del presente Diario Oficial.


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		52012PC0273

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se deroga la Decisión 2010/422/UE sobre la existencia de un déficit excesivo en Bulgaria /* COM/2012/0273 final - 2012/ () */

			   	Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se deroga la Decisión
2010/422/UE sobre la existencia de un déficit excesivo en Bulgaria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 126, apartado 12,
Vista la recomendación de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)       Mediante la Decisión
2010/422/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010[1],
adoptada sobre la base de una propuesta de la Comisión formulada en
virtud del artículo 126, apartado 6, del Tratado, se decidió declarar la
existencia de un déficit excesivo en Bulgaria. El
Consejo observaba que el déficit de las administraciones públicas fue del
3,9 % del PIB en 2009, por encima del valor de referencia del 3 % del
PIB que figura en el Tratado, mientras que la deuda bruta de las
administraciones públicas alcanzaba el 14,8 % del PIB,
muy por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB establecido
en el Tratado[2].
(2)       El 13 de julio de
2010, de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo
3, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de
1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo[3], el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión,
formuló una recomendación dirigida a Bulgaria para
que este país pusiera fin a su situación de déficit excesivo en 2011 a más
tardar. La recomendación se hizo pública.
(3)       De conformidad
con el artículo 4 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de
déficit excesivo, anejo a los Tratados, la Comisión debe proporcionar los datos
para la aplicación de este procedimiento. En el marco de la aplicación de este
Protocolo, los Estados miembros deben notificar los datos sobre la deuda
pública y el déficit público y sobre otras variables asociadas dos veces al
año, a saber, antes del 1 de abril y antes del 1 de octubre, de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 479/2009 del Consejo,
de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea[4].

(4)       A la hora de examinar si
procede derogar una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo, el
Consejo debe adoptar una decisión sobre la base de los datos notificados.
Además, una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo solamente ha de
derogarse en caso de que las previsiones de la Comisión indiquen que el déficit
no superará el umbral del 3 % del PIB durante el período a que se refieren
las previsiones[5].
(5)       Los datos
facilitados por la Comisión (Eurostat) en virtud del artículo 14 del Reglamento
(CE) nº 479/2009 a raíz de la notificación realizada por Bulgaria antes del 1 de abril de 2012 y las previsiones de
la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión justifican las
conclusiones siguientes:
–
Los objetivos presupuestarios se superaron de
forma constante en el período siguiente al año en que se registró el déficit
excesivo. El déficit de las administraciones públicas se redujo al 3,1 %
del GDP en 2010, disminuyendo de nuevo al 2,1 % del PIB en 2011, frente a
unos objetivos inicialmente fijados en un 3,8 % y un 2,5 %,
respectivamente. El déficit se ha corregido principalmente mediante un estricto
control del crecimiento del gasto, en particular mediante la congelación de la
masa salarial y las pensiones del sector público, en el que el ratio gasto/PIB
disminuyó 5,5 puntos porcentuales entre 2009 y 2011. El programa de
convergencia de 2012 señala que el déficit se seguirá reduciendo, situándose en
el 1,6 % del PIB en 2012 y en el 1,3 % del PIB en 2013. Según las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de
la Comisión, el déficit de las administraciones públicas disminuirá al 1,9 %
del PIB en 2012 y al 1,7 % del PIB en 2013, merced a la congelación
continuada de la masa salarial del sector público, así como a la mejora cíclica
de los ingresos.
–
Las previsiones de la
primavera de 2012 de los servicios de la Comisión
vaticinan un saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir
las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, del 0,7 %
en 2012 y del 0,8 % del PIB en 2013, partiendo de la hipótesis de que la
política económica no cambie. Entretanto, en 2012 y 2013, se prevé que la tasa
de crecimiento del gasto público, excluidas las medidas excepcionales relativas
a los ingresos, se mantenga por debajo de la tasa de referencia a medio plazo
de crecimiento potencial del PIB, tal y como se indica en el artículo 5, apartado
1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo
al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la
supervisión y coordinación de las políticas económicas.
–
Según las previsiones de
la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, la deuda pública bruta
experimentará un moderado incremento, pasando del 16,3 %
del PIB en 2011 al 18,5 % del PIB en 2013. Esta previsión no contempla una
posible emisión de deuda externa en 2012 para prefinanciar el reembolso de
bonos denominados en euros de aproximadamente el 2 % del PIB en enero de
2013. Del mismo modo, el programa de convergencia más reciente prevé que el
ratio de deuda aumente a un 18,4 % de aquí a 2013.
(6)       En virtud del
artículo 126, apartado 12, del Tratado, las decisiones del Consejo relativas a
la existencia de un déficit excesivo deben derogarse cuando, en opinión del
Consejo, el déficit excesivo en el Estado miembro afectado haya sido corregido.
(7)       En opinión del
Consejo, el déficit excesivo de Bulgaria ha sido
corregido y, por consiguiente, procede derogar la Decisión 2010/422/UE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
De la evaluación global efectuada se desprende que la
situación de déficit excesivo en Bulgaria ha sido
corregida.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2010/422/UE.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República de
Bulgaria.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El Presidente
[1]               DO L 199 de 31.7.2010, p. 26.
[2]               El déficit y la deuda públicos para 2009 fueron
revisados posteriormente y en la actualidad se cifran en el 4,3 % del PIB
y el 14,6 % del PIB, respectivamente.
[3]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[4]               DO L 145 de 10.6.2009, p. 1.
[5]               Conforme a las Condiciones de aplicación del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre formato y contenido de
los programas de estabilidad y convergencia, aprobadas por el Consejo el 24
de enero de 2012. Véase:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


Avis juridique important

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31994H0480

94/480/CE: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 1994, sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad

Diario Oficial n° L 200 de 03/08/1994 p. 0038 - 0041

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 11 de julio de 1994 sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad (94/480/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 103,  Vista la recomendación de la Comisión,  Visto el dictamen del Comité Monetario,  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio de 1994,  RECOMIENDA:  El artículo 103 del Tratado establece el marco para la coordinación de las políticas económicas en la segunda fase del proceso hacia la Unión Económica y Monetaria. Las orientaciones de política económica adoptadas de conformidad con dicho artículo  constituirán el punto de referencia para las políticas económicas de la Comunidad y de los Estados miembros.  En la actualidad se está produciendo una recuperación económica en la Comunidad. La labor principal de la política económica será apoyar y reforzar esta recuperación en los próximos meses, y garantizar que siente las bases para un fuerte crecimiento del  empleo. Además, el crecimiento tiene que ser sostenible y tener debidamente en cuenta el medio ambiente. Para mantener esta recuperación será preciso seguir avanzando hacia la estabilidad de precios, creando de este modo las condiciones para fijar bajos  tipos de interés. La política presupuestaria desempeñará un papel crucial a este respecto, haciendo que las posiciones presupuestarias vuelvan a ser sostenibles y contribuyendo al necesario incremento del ahorro nacional. Igualmente importante será la  continuación de las reformas de ajuste estructural que actualmente se están llevando a cabo. La mejora de la situación económica debe ser un estímulo para incrementar los esfuerzos en estas dos áreas en lugar de conducir a la complacencia y a una menor  pujanza. No deben repetirse los errores del ciclo económico precedente.  El conjunto actual de orientaciones políticas desarrolla más concretamente las que se adoptaron en diciembre pasado para tener en cuenta el panorama económico y la situación específica de los Estados miembros. Su aplicación contribuirá a mejorar la  actual combinación de políticas fomentando la consolidación presupuestaria, manteniendo la moderación salarial y aligerando la carga de estabilización confiada a la política monetaria. Si la combinación de políticas mejora a medida que descienden las  expectativas inflacionistas y progresa la consolidación presupuestaria, y si se ponen en práctica esfuerzos efectivos de ajuste estructural, la Comunidad puede volver a conocer un aumento progresivo de las tasas de crecimiento y de creación de empleo.  En estas condiciones sería posible estabilizar el desempleo durante 1995 y situarlo en una curva descendente a continuación.  Las presentes orientaciones, adoptadas con arreglo al apartado 2 del artículo 103 del Tratado, servirán de referencia a la hora de dirigir las políticas económicas en la Comunidad y en los Estados miembros. Reafirman el objetivo señalado en las  orientaciones de 1993 de incrementar sustancialmente el empleo durante los próximos años para reducir el alto nivel de desempleo actual. También confirman la estrategia a medio plazo esbozada el pasado diciembre para volver a situar a la Comunidad en el  camino de un crecimiento más sólido, duradero y más generador de empleo.  Estabilidad de precios y de tipos de cambio Las tendencias favorables de los precios registradas el año pasado y los progresos que esperan obtenerse en 1994 y 1995 allanarán el camino hacia la continuación de un crecimiento sostenido y no inflacionista a corto plazo. Las políticas macroeconómica  y financiera deben orientarse firmemente a garantizar que la estabilidad de precios sea la norma en la Comunidad. La vuelta a la estabilidad de precios y su consolidación requieren que las tendencias salariales y presupuestarias se ajusten a este  objetivo. A más tardar a finales de 1996 la mayoría de los Estados miembros deberían alcanzar una tasa de inflación no superior al 2-3 % como paso previo hacia la estabilidad de precios en la Comunidad.  El compromiso de mantener a la baja la inflación depende, en buena medida, de la dirección de las políticas macroeconómica y estructural. Los resultados conseguidos hasta el momento reflejan asimismo el funcionamiento del mercado interior y los efectos  de la política de competencia. Para reducir aún más las estimaciones y presiones inflacionistas es imprescindible que todas las políticas sean previsibles, verosímiles y ajustadas al tiempo. El éxito en este ámbito contribuirá a conseguir tipos de  interés más bajos. La estabilidad de precios es también factor esencial de la estabilidad de los tipos de cambio entre Estados miembros. A su vez, esta estabilidad, si cuenta con una base firme, puede contribuir a lograr la estabilidad de precios.  Los Estados miembros que ya han logrado tasas de inflación, reflejadas en los índices de precios al consumo, situadas en la gama propuesta por las directrices son Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino  Unido. En la mayor parte de ellos las tendencias salariales han evolucionado de forma acorde con la estabilidad de precios; por consiguiente, estos países deben consolidar los progresos obtenidos en el terreno de la inflación y proseguir con su política  de prudencia para garantizar unos precios estables a medio plazo.  En los restantes Estados miembros la inflación debe aún reducirse hasta los parámetros indicados en las orientaciones. A medida que sus economías vayan recuperándose, es vital que los posibles efectos retardados de las depreciaciones pasadas no pongan  en peligro la estabilidad de precios. En todos los países se imponen nuevos esfuerzos para recucir la inflación y lograr una estabilidad de precios a medio plazo.  Es preciso acentuar la desinflación en Grecia: la corrección de los desequilibrios presupuestarios es condición fundamental para reducir la inflación y alcanzar la estabilidad de precios en dicho país. Debería practicarse una política creíble de ajuste  presupuestario para disipar adversas previsiones inflacionistas y apoyar la estabilidad exterior de la dracma.  Todos los Estados miembros deben cerciorarse de que aplican medidas coherentes con el objetivo de estabilidad de tipos de cambio en la Comunidad y que supongan un refuerzo del mismo. Ello es necesario para cosechar los beneficios derivados de la mayor  integración económica.  Solidez de las Haciendas públicas Como se proponía en las orientaciones de diciembre de 1993, a partir de 1995 la política presupuestaria deberá sentar las bases para un crecimiento y una inversión mayores. La gran prioridad es volver a situaciones presupuestarias sostenibles; y los  déficit presupuestarios deberán situarse en el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Las previsiones actuales apuntan a que, si bien las perspectivas de evolución de los déficit en el valor de referencia del 3 % para 1996/97 son  más halagueeñas, ello será imposible sin un decidido compromiso de ajuste fiscal. A escala comunitaria deben respetarse los límites de gastos e ingresos de la Comunidad Europea acordados en el Consejo de Edimburgo.  El deteriorio de las haciendas públicas experimentado a partir de 1990 ha dado lugar a una situación presupuestaria preocupante en la mayoría de Estados miembros, por lo que existe la perentoria necesidad de volver a un reajuste sostenido de los  desequilibrios presupuestarios. A medida que se va afianzando la recuperación, el restablecimiento de la confianza exige la aplicación de los planes de consolidación presupuestaria previstos en los programas de convergencia y, en caso de que surjan  desviaciones, la adopción de nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en dichos planes para 1994 y años posteriores. Para acelerar el ritmo de la consolidación, los Estados miembros deberán hacer uso del margen de  maniobra que les conceden tasas de crecimiento económico o reducciones de los tipos de interés, superiores a las estimadas en las previsiones presupuestarias. Es necesario sacar provecho de la mejora de la coyuntura para invertir radicalmente la  tendencia al déficit presupuestario registrada desde comienzos de este decenio. Así se fortalecerá el compromiso de las autoridades económicas de lograr la consolidación presupuestaria y aumentará la credibilidad de sus actuaciones.  No sólo centrándose en el objetivo prioritario de consolidación puede la política presupuestaria contribuir sustancialmente al crecimiento y a la creación de empleo. Es preciso además reorientar los ingresos fiscales y los gastos para apoyar la  inversión pública y privada que resulte viable y demás gastos idóneos para impulsar el crecimiento económico. Al mismo tiempo, y cuando resulte necesario, los Estados miembros deben procurar reformar sus estructuras fiscales de forma que se favorezca la  creación de puestos de trabajo y la mejora del medio ambiente.  Es fundamental que prosiga la consolidación presupuestaria al tiempo que avanza la recuperación económica. Los presupuestos de 1995 deben, por lo tanto, confirmar meridianamente que se ha emprendido una consolidación fiscal.  En aquellos Estados miembros en los que los pagos de intereses constituyen una partida presupuestaria significativa y en los que el coeficiente de endeudamiento es elevado y sigue aumentando (Bélgica, Grecia e Italia), es preciso hacer un esfuerzo  decidido por reducir el déficit presupuestario, sobre todo conteniendo el crecimiento de los gastos primarios. De entre aquellos países que han desarrollado programas de convergencia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, los Países Bajos, Portugal y  el Reino Unido deben seguir decididamente los programas de consolidación presupuestaria ya previstos o en curso de ejecución. Irlanda y Luxemburgo deben seguir en la vía del avance ya alcanzado.  En Grecia es crucial la determinación por conseguir la consolidación fiscal mediante políticas verosímiles inscritas en un marco plurianual. Debería plasmarse rápidamente en medidas concretas una política encaminada a aumentar la recaudación fiscal y a  reducir el gasto.  En Italia, tras los progresos obtenidos en 1993, es necesario redoblar los esfuerzos por lograr el ajuste presupuestario a medio plazo.  En España, el brusco deterioro de la situación presupuestaria que se ha producido en 1993 exige un programa plurianual de consolidación fiscal, como el ya anunciado por el Gobierno, que actualice el programa de convergencia de 1992.  En determinados Estados miembros, una mejora significativa de la administración fiscal (así, la simplificación del régimen tributario, una lucha más eficaz contra la evasión fiscal, etc.) constituye requisito esencial para fomentar el ajuste  presupuestario, mientras que en otros países sigue existiendo la necesidad de contener las actuales presiones ejercidas por los gastos, incluidos los de seguridad social.  Una economía comunitaria más dinámica Todos los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento de sus economías en la línea trazada por el Libro blanco de la Comisión sobre « Crecimiento, Competitividad y Empleo » y, más en concreto, en el Plan de acción  aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 1993.  Los Estados miembros han de cerciorarse de que sus economías recojan plenamente los beneficios derivados del mercado interior y el comercio internacional. Debe animarse a las empresas comunitarias, especialmente a las PME, para que perfeccionen su  organización, aumenten sus actividades de I + D y no pasen por alto las oportunidades que vayan surgiendo, sobre todo en los mercados mundiales más dinámicos. Debe prestarse una atención constante a la mejora del entorno competitivo en el que están  inmersas las empresas; las privatizaciones, en la medida en que los Estados miembros las consideren compatibles con sus objetivos, pueden servir para profundizar en los progresos ya conseguidos en este terreno.  Por su parte, la Comunidad seguirá adelante con la aplicación de los capítulos del Plan de acción que son de su competencia (redes transeuropeas, mantenimiento de un sistema abierto de intercambios, riguroso cumplimiento de la normativa sobre ayudas de  Estado y competencia, mejora de las actividades de I+D, etc.). La combinación de esfuerzos de la Comunidad y los Estados miembros aumentará el dinamismo y la competitividad de la economía comunitaria.  Medidas estructurales para crear más empleo Las políticas estructurales deben encaminarse a garantizar que el crecimiento produzca más y mejores empleos; también debe servir para otorgar a los trabajadores los conocimientos necesarios para desempeñar dichos trabajos y la capacidad para adaptarse  a los cambios. Entre las prioridades se cuentan:  - Mejorar la educación y la formación, que deben centrarse en conseguir que los nuevos conocimientos adquiridos sean adecuados para los nuevos trabajos que irán surgiendo. Para ello es primordial fomentar una nueva actitud hacia el equilibrio entre  trabajo, formación y ocio. Ello exigirá:  - una mejor educación básica, especialmente la capacidad de resolución de problemas y la adaptabilidad;  - facilitar la transición entre la universidad o la escuela y el trabajo;  - una mayor implicación de los empresarios;  - la formación continua.  - Flexibilizar los mercados, en particular los laborales y los sistemas de empleo. Ello exige un reexamen de toda una serie de ámbitos que afectan al funcionamiento del mercado de trabajo, entre ellos la legislación laboral, la fiscalidad y la política  de seguridad social, para garantizar que:  - se alcancen objetivos equitativos de forma que no se perjudique al funcionamiento del mercado de trabajo;  - la normativa laboral, de vivienda y de campos afines no obstaculice la movilidad laboral;  - desaparezcan los obstáculos a la flexibilización de la jornada laboral.  - Fomentar unas políticas activas que incidan sobre el mercado laboral y que deben centrarse en ayudar a ciertos colectivos (desempleados jóvenes y de larga duración) para contrarrestar el problema de la exclusión social y eliminar estrangulamientos  inflacionistas en potencia.  - Explotar plenamente el potencial generador de empleo de las PME.  - Fomentar medidas liberalizadoras centradas en sectores económicos protegidos incluyendo, cuando sea oportuno, las profesiones liberales.  - Mejorar la utilización de la mano de obra como factor de producción reduciendo los costes no salariales, especialmente los de los perceptores de sueldos más bajos, que son los más afectados. En la mayoría de Estados miembros se están estudiando o  aplicando medidas para reducir los costes no salariales del empleo de ciertas categorías de trabajadores, especialmente los menos retribuidos y los jóvenes. Debe seguirse resueltamente por este camino, en coherencia con el objetivo de consolidación  presupuestaria.  - Garantizar que los costes medioambientales queden mejor reflejados en los precios en toda la economía y que se garantice el principio de que « quien contamina, paga ».  - Las políticas salariales, además de atenerse a los objetivos de inflación, deben contribuir a dejar margen de maniobra para el incremento de la inversión y el aumento del empleo.  Dado el elevado nivel de desempleo que se registra actualmente en toda la Comunidad, los incrementos de los salarios reales deben ser menores que los aumentos de productividad; las tendencias observadas apuntan a que esto es lo que está ocurriendo en la  Comunidad. Deben adoptarse medidas para garantizar que se creen condiciones que mantengan esta línea durante muchos años. Los incrementos de salarios reales deberán responder a cambios de la demanda y la oferta entre sectores y diferentes regiones de la  Unión. En algunos sectores económicos, la necesidad de mantener o de crear empleo puede exigir a corto plazo una reducción de los salarios reales.  La moderación salarial debe mantenerse en todos los Estados miembros y ello será tanto más necesario cuanto más se consolide la recuperación prevista. Los convenios salariales de los Estados miembros deben ajustarse a lo propuesto en las orientaciones y  en ellos habrá que basarse para mantener a medio plazo la moderación salarial, sobre todo en los países en los que se prevé descienda el desempleo. La moderación salarial permitirá afianzar los progresos ya efectuados en este terreno y abrirá paso a un  mayor crecimiento del empleo a medio plazo.  En los Estados miembros, especialmente en los que el desempleo puede aumentar aún durante este año, se han previsto o aplicado diversas medidas específicas para fomentar las oportunidades de creación de puestos de trabajo de forma que se ponga coto al  deterioro del mercado laboral. Seal cual fuere, a corto plazo, la eficacia de estas medidas como motor para generar empleo, es imprescindible que se siga con firmeza esta política y que se destaque su contribución al fortalecimiento de la creación de  puestos de trabajo. Según se vaya consolidando la recuperación, los efectos positivos de estas medidas se harán más visibles.  El Libro blanco de la Comisión ha contribuido a animar el debate sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo en numerosos países. Tal como se indica en el informe del Comité de política económica al Consejo Ecofin, muchos Estados miembros han  tomado medidas coherentes con la estrategia propuesta en el Libro blanco. Pero, tal como se expone en dicho informe, queda mucho por hacer para mejorar la situación del empleo y la eficacia de los mercados de trabajo europeos.  Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 1994.  Por el Consejo El Presidente Th. WAIGEL