               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 27.7.2016
            COM(2016) 518 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a la reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo
            {SWD(2016) 263 final}

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a la reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 126, apartado 9,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Con arreglo al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluye el Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo
                  1
               , que se adoptó con objeto de fomentar la rápida corrección de los déficits públicos excesivos.

               (3)El 27 de abril de 2009, el Consejo, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), declaró la existencia de un déficit excesivo en España y emitió una recomendación para que este país lo corrigiese en 2012 a más tardar, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, de dicho Tratado. Desde entonces, el Consejo ha emitido tres nuevas recomendaciones para España (el 2 de diciembre de 2009, el 10 de julio de 2012 y el 21 de junio de 2013) sobre la base del artículo 126, apartado 7, del TFUE, que ampliaban el plazo para la corrección del déficit excesivo hasta 2013, 2014 y 2016, respectivamente. En las tres recomendaciones, el Consejo consideraba que España había tomado medidas efectivas, pero que habían surgido factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables en la hacienda pública
                  2
               .

               (4)Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 8, del Tratado, el 12 de julio de 2016 el Consejo decidió que las autoridades españolas no habían tomado medidas efectivas para seguir la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013.

               (5)De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, en el supuesto de que un Estado miembro participante no aplique las medidas o de que, a juicio del Consejo, se compruebe que son inadecuadas, este adoptará de inmediato una decisión conforme a lo establecido en el artículo 126, apartado 9, del Tratado.

               (6)
                     La Comisión ha actualizado sus previsiones de la primavera de 2016 con la información disponible hasta el 19 de julio de 2016. Sobre esa base, las previsiones de crecimiento real del PIB para 2016 se han revisado al alza 0,3 puntos porcentuales en comparación con las previsiones de primavera, hasta el 2,9 %, y a la baja para 2017 (2,3 % frente al 2,5 % de la primavera). Para 2018, se prevé que el PIB real crezca un 2,1 %, frente a un crecimiento del 3,2 % en 2015. Así pues, el crecimiento económico disminuirá pero permanecerá sólido, beneficiándose todavía de las reformas emprendidas en respuesta a la crisis y de la satisfactoria finalización del programa de ayuda financiera. La recuperación sigue yendo acompañada de una fuerte creación de empleo y continúa beneficiándose, en un contexto de moderación salarial continuada, de las reformas del mercado de trabajo. Los bajos precios del petróleo también favorecen el crecimiento. Al mismo tiempo, se espera que la inflación sea del − 0,3 % en 2016. Sin embargo, existen riesgos de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento, especialmente a partir de 2017, relacionados, entre otros puntos, con el resultado del referéndum en el Reino Unido sobre la pertenencia a la Unión Europea, que ha aumentado la incertidumbre, con posibles implicaciones negativas para el comercio y la demanda interna.

               (7)Según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya al 4,6 % del PIB en 2016, al 3,3 % del PIB en 2017 y al 2,7 % del PIB en 2018 (frente a los objetivos del programa de estabilidad del 3,6 %, el 2,9 % y el 2,2 % del PIB en 2016, 2017 y 2018, respectivamente, y una previsión de déficit del 3,9 % del PIB en 2016 y del 3,1 % del PIB en 2017 en las previsiones de primavera). La previsión de déficit más elevada se explica, en parte, por el hecho de que las previsiones actualizadas de la Comisión tienen en cuenta una cantidad menor de medidas de contención del gasto, tanto a nivel central como de las Comunidades Autónomas en respuesta a la recomendación de la Comisión de marzo de 2016 (0,2 % del PIB), frente a las previsiones del programa de estabilidad (0,4 % del PIB), debido a que algunas de esas medidas aún no se han especificado suficientemente para ser incluidas en las previsiones de la Comisión, sobre la base de la hipótesis habitual de mantenimiento de la política. Sin embargo, la mayor parte de las diferencias se deriva de los cambios introducidos en el marco jurídico del impuesto de sociedades, que conducirían a unos menores pagos anticipados por las empresas («pagos fraccionados») en 2016. Los menores pagos fraccionados no se cuantificaron en el programa de estabilidad y solo se observaron en abril, en el momento de abonarse el primer tramo, tras la fecha límite de las previsiones de primavera. Las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión estiman ese déficit en un 0,5 % del PIB en 2016. Dado que los cambios mencionados provocan una demora permanente en el pago de los impuestos, pero no un cambio del tipo impositivo o de la base imponible, no afectarán a los ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta de las sociedades en un nuevo estado estable (a partir de 2017). Se traducen en una pérdida temporal de ingresos fiscales en 2016, que ha sido tratada como un acontecimiento excepcional en las previsiones de primavera actualizadas. Para 2017, las diferencias entre las previsiones de primavera actualizadas y el programa de estabilidad se derivan de la peor situación de partida y del hecho de que las medidas de ahorro adoptadas en respuesta a la Recomendación de la Comisión de marzo de 2016 todavía no se han especificado suficientemente para ser tenidas en cuenta sobre la base de la hipótesis habitual de mantenimiento de la política. Se espera que el déficit estructural aumente un 0,4 % y un 0,1 % del PIB en 2016 y 2017, respectivamente, y que no varíe en 2018. Sin embargo, en 2016, el incremento previsto del déficit estructural está impulsado en parte por el hecho de que las actuales perspectivas para la inflación y el crecimiento del PIB nominal son más bajas que el escenario en que se basaba el presupuesto de 2016, lo que ha afectado negativamente a los ingresos públicos estructurales sin posibilidad de ajustar el gasto.

               (8)La ratio deuda pública bruta/PIB pasó del 36 % en 2007 a alrededor del 99 % en 2014. En 2015 la ratio de deuda se mantuvo más o menos estable, dado que las ventas netas de activos financieros contrarrestaron el impacto negativo provocado por el aumento del déficit a un ritmo más rápido que el crecimiento del PIB nominal. Según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, se espera que el ratio de deuda alcance un máximo del 100,6 % del PIB en 2017, mientras que, según las previsiones de primavera, se esperaba que la deuda alcanzase un máximo del 100,3 % del PIB en 2016. Aunque España no parece enfrentarse a riesgos inmediatos de tensiones presupuestarias derivadas de esta elevada ratio de deuda, los riesgos de sostenibilidad de la deuda aumentarán significativamente a medio plazo si no mejora la situación presupuestaria. A más largo plazo, los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas se reducirán gracias al impacto positivo de la disminución de los gastos relacionados con el envejecimiento
                  3
               .

               (9)De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1467/97, en la decisión del Consejo por la que se recomiende la adopción de medidas encaminadas a la reducción del déficit excesivo de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del Tratado, el Consejo instará al Estado miembro a alcanzar objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones subyacentes a la recomendación, permitan una mejora anual mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como valor de referencia, del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. Sin embargo, el hecho de que la presente Decisión del Consejo por la que se formula una advertencia se adopte en el segundo semestre del año amplifica el esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar una mejora anual determinada del saldo estructural. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la hipótesis de partida para la nueva senda de ajuste se inicia con un deterioro del 0,4 % del PIB del déficit estructural, que, al menos en parte, es el resultado de una inflación que ha resultado inferior a lo previsto en el escenario en que se basa el presupuesto de 2016 – una situación que se encuentra en gran medida fuera del control del Gobierno. Por todo ello, parece conveniente no solicitar medidas estructurales adicionales en 2016.

               (10)Considerando que no procede solicitar nuevas medidas estructurales en 2016, conceder a España un año adicional para la corrección de su déficit excesivo, lo que se ajusta a la norma en virtud del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, requeriría una mejora anual del saldo estructural en 2017, lo cual tendría un impacto demasiado negativo en el crecimiento. Por lo tanto, parece adecuado ampliar a dos años el plazo para que España ponga fin a la situación de déficit excesivo.

               (11)Por lo tanto, una senda de ajuste creíble y sostenible exigiría a España alcanzar un déficit de las administraciones públicas del 4,6 %, del 3,1 % y del 2,2 % del PIB en 2016, 2017 y 2018, respectivamente, lo cual es coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018. Estos objetivos presupuestarios también tienen en cuenta la necesidad de compensar los efectos secundarios del saneamiento presupuestario sobre las finanzas públicas, a través de su impacto en la economía en general.

               (12)Con objeto de alcanzar dichos objetivos, se consideran necesarias medidas estructurales adicionales con un impacto estimado del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018. Los ahorros para 2017 y 2018 podrían incluir, entre otros puntos, la reducción del número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, a fin de lograr el ajuste estructural requerido.

               (13)Además, el estricto cumplimiento a todos los niveles de la Administración de los mecanismos preventivos y correctores previstos en la Ley de Estabilidad española podría contribuir a una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo. Esto podría conseguirse mediante una mayor automaticidad en su aplicación. Por otra parte, la contribución de la norma de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas podría reforzarse aclarando mejor la cobertura y la definición de las categorías de gasto necesarias para su cálculo y pidiendo explícitamente a las administraciones públicas incumplidoras que compensen los desvíos de gastos en el año siguiente a aquel en el que se produzcan.

               (14)España también debe prestar la debida atención a los aspectos cualitativos de las finanzas públicas, incluida su política de contratación pública. Ha sido significativo el número de irregularidades con un impacto en la aplicación de la legislación sobre contratación pública de la UE puesto en conocimiento de la Comisión durante los últimos años. Los datos ponen de manifiesto que existen divergencias en la ejecución de los contratos públicos en las entidades y autoridades de contratación y que la falta de mecanismos de control a priori y a posteriori suficientes obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de la legislación en materia de contratación pública. España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros. Esto se traduce en una competencia limitada de las empresas de los demás países de la UE y, con frecuencia, en adjudicaciones directas, con consecuencias en términos de aumento del gasto de las administraciones públicas. El uso limitado de los instrumentos de contratación centralizada o conjunta impide que las mejoras de eficiencia contribuyan a los ahorros presupuestarios. La falta de un organismo independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en todo el país obstaculiza la aplicación correcta de las normas de contratación pública y puede generar oportunidades para cometer irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la hacienda pública española.

               (15)Para facilitar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, también será importante respaldar dicho saneamiento con extensas reformas estructurales, en la línea de las recomendaciones formuladas por el Consejo a España en el contexto del Semestre Europeo de 2016 y, en particular, las relativas a la corrección de sus desequilibrios macroeconómicos.

               (16)De conformidad con el artículo 126, apartado 9, del Tratado, el Consejo puede, como parte de su decisión de formular una advertencia en virtud de dicho artículo, solicitar al Estado miembro en cuestión que presente informes sobre el esfuerzo de ajuste conforme a un calendario específico. Con arreglo al artículo 5, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, el informe del Estado miembro incluirá los objetivos relativos al gasto y a los ingresos públicos y especificará las medidas de política fiscal por el lado tanto del gasto como de los ingresos, así como información sobre las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones específicas del Consejo. A fin de facilitar el seguimiento de la fecha límite para el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en la presente advertencia, así como el plazo para la corrección del déficit excesivo, se solicita a las autoridades españolas que presenten un informe de ese tipo antes del 15 de octubre de 2016, al mismo tiempo que su proyecto de plan presupuestario para 2017.

               (17)España también debe presentar informes a la Comisión y al Comité Económico y Financiero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 473/2013, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 877/2013 de la Comisión. El informe debe presentarse por primera vez antes del 15 de enero de 2017 y a partir de entonces con una periodicidad trimestral.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               1.España debe poner fin a la situación actual de déficit excesivo a más tardar en 2018.

               2.España debe reducir el déficit de las administraciones públicas al 4,6 % del PIB en 2016, al 3,1 % del PIB en 2017 y al 2,2 % del PIB en 2018. Esa mejora del déficit de las administraciones públicas es coherente con el deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, basadas en las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. Las autoridades españolas también deben utilizar todos los ingresos inesperados para acelerar la reducción del déficit y de la deuda.

               3.Además de los ahorros ya incluidos en las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, España adoptará y aplicará completamente medidas de saneamiento por un importe equivalente al 0,5 % del PIB, tanto en 2017 como en 2018.

               4.España debe estar preparada para adoptar otras medidas si se materializan los riesgos para los planes presupuestarios. Las medidas de saneamiento presupuestario garantizarán una mejora duradera del saldo estructural general de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento.

               5.España debe adoptar medidas para reforzar su marco presupuestario, en particular con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos de déficit, deuda y gasto y reforzar la contribución de la norma de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

               6.España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. Dicho marco debe incluir mecanismos de control a priori y a posteriori adecuados para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la legislación.

               Artículo 2

               El Consejo establece el plazo del 15 de octubre de 2016 para que España adopte medidas efectivas y, de conformidad con el artículo 5, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, presente un informe al Consejo y a la Comisión sobre las medidas adoptadas en respuesta a la advertencia del Consejo. El informe deberá incluir los objetivos relativos al gasto y a los ingresos públicos y especificar las medidas discrecionales por el lado tanto del gasto como de los ingresos, así como información sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones específicas del Consejo para reforzar su marco presupuestario y su política de contratación pública, de conformidad con el artículo 1, apartados 5 y 6.

               Artículo 3

               El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.

                     (2)
                  Todos los documentos relacionados con el procedimiento de déficit excesivo de España pueden consultarse en:

                     http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm

                   .

                     (3)
                  «Fiscal Sustainability Report 2015», European Economy, Institutional Paper n.º 018, Comisión Europea (2016).


RECOMENDACION DE DECISION DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA COMISION PARA PROPONER UNA ENMIENDA DEL CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CODIGO DE CONDUCTA DE LOS BUQUES DE CONFERENCIA, CON EL FIN DE PERMITIR LA ADHESION DE LA COMUNIDAD A DICHO CONVENIO


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 12.5.2017
            COM(2017) 175 final
            This document was downgraded/declassifiedDate: 21/06/2017By: Yvon SlingenbergAuthority: DG CLIMA
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y el Instituto mundial de crecimiento verde

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

               El Instituto mundial de crecimiento verde (Global Green Growth Institut, GGGI) es una organización internacional, creada en 2012, dedicada a fomentar y promover un crecimiento económico fuerte, integrador y sostenible en los países en desarrollo y en las economías emergentes. Su objetivo es lograr un mundo resiliente a través de un crecimiento verde fuerte, integrador y sostenible, y tiene la misión de apoyar la transición de los países hacia un modelo de crecimiento verde mediante el desarrollo y la aplicación de estrategias que simultáneamente consigan la reducción de la pobreza, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y el crecimiento económico.

               El Acuerdo de París de la CMNUCC, adoptado en diciembre de 2015, reforzará la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguirá los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. Cada Parte de la CMNUCC mantiene una contribución determinada a nivel nacional que establece las medidas que tiene previsto adoptar para alcanzar esos objetivos. Las Partes también alcanzaron un acuerdo sobre la importancia del desarrollo y transferencia de tecnologías para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

               El Acuerdo de París necesita un esfuerzo internacional sólidamente reforzado y respaldado por todos los países para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en la mayor medida posible de la forma más rápida posible. El Acuerdo de París reconoció la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a elaborar sus planes climáticos.

               En este contexto, el GGGI ha emergido como un actor principal internacional en materia de crecimiento verde. Como miembro del GGGI, la Unión podría acceder a un foro a través del cual poder reforzar sus campañas de diplomacia climática hacia las economías en desarrollo y emergentes, contribuyendo al mismo tiempo con su valiosa experiencia adquirida gracias al desarrollo de las políticas climáticas de la Unión. Habida cuenta de que el GGGI se centra en estrategias integrales de crecimiento verde, esta circunstancia también podría ayudar a explotar las sinergias entre los objetivos climáticos y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.Se propone abrir negociaciones con el GGGI sobre la adhesión de la UE, en lugar de la posibilidad alternativa de proponer la adhesión de la Unión al Acuerdo relativo a la creación del GGGI. El motivo es que el tema de los derechos de voto de la UE como futuro miembro del GGGI debería aclararse antes de que la Unión se convierta en miembro de esta organización internacional.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

               Con el fin de limitar el aumento de temperatura muy por debajo de 2 °C, el Acuerdo de París debe ser verdaderamente mundial y efectivo. Todos los países tendrían que empezar a aplicar sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional. Como miembro del GGGI, la Unión puede:

               –alentar a los países miembros del GGGI actuales y futuros a ejecutar y elevar el nivel de ambición de sus contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París utilizando, entre otros medios, buenas practicas que están siendo desarrolladas y aplicadas en virtud de un enfoque de crecimiento verde;

               –cooperar con el GGGI en el contexto de la estrategia diplomática de la Unión en materia climática, teniendo plenamente en cuenta las sinergias entre alcanzar los objetivos climáticos y los objetivos del desarrollo sostenible;

               –dirigir un intercambio de mejores prácticas a nivel político y de expertos basado en la importante experiencia acumulada por la Unión en el desarrollo y ejecución de estrategias climáticas.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  El trabajo del GGGI, centrado en el crecimiento verde y sostenible, está claramente vinculado con asuntos medioambientales y de desarrollo así como con políticas de energía renovable y eficiencia energética.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

               El artículo 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión puede celebrar un acuerdo con una organización internacional. El artículo 218 fija el procedimiento que debe seguirse al celebrar un acuerdo con una organización internacional y el artículo 218, apartado 3, el proceso cuando se nombra a la Comisión como negociadora en nombre de la Unión.

                   •
                        Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

               El cambio climático es un asunto transfronterizo. La coordinación de la acción por el clima tanto a nivel mundial como europeo es necesaria y la acción de la Unión está justificada por razones de subsidiariedad. El artículo 191 del TFUE especifica las competencias de la Unión en el ámbito del medio ambiente, incluido el cambio climático.

               La adhesión de la Unión permitiría compartir el conocimiento del GGGI y las mejores prácticas entre todos los Estados miembros; también permitiría redoblar los esfuerzos de la Unión para difundir sus mensajes políticos y diplomáticos referentes al cambio climático lo más ampliamente posible con nuestros socios internacionales.

               •Proporcionalidad

               La recomendación de Decisión del Consejo para negociar la adhesión de la Unión al GGGI es proporcionada: se trata del paso mínimo legal y más simple necesario para autorizar la adhesión de la Unión.

               •Elección del instrumento

                  El artículo 218, apartado 3, del TFUE estipula la adopción de una Decisión del Consejo.

                   3.
                        RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A POSTERIORI, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones a posteriori/control de calidad de la legislación existente

                  No aplicable.

               •Consultas con las partes interesadas

                  No aplicable. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2016, en su sitio web Legislar mejor, la Comisión hizo pública su intención de solicitar la autorización del Consejo para negociar, en nombre de la Unión, la adhesión de la Unión al GGGI. Durante el período para enviar observaciones, fijado entre el 8 de noviembre de 2016 y el 12 de enero de 2017, no se recibió ninguna observación de las partes interesadas.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No aplicable.

               •Evaluación de impacto

                  No se ha elaborado ninguna evaluación de impacto ya que una Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la adhesión de la Unión al GGGI no tiene ninguna repercusión directa en el presupuesto de la Comisión ni requiere que los Estados miembros lleven a cabo ninguna acción.

                  No obstante, la Comisión consideró la opción alternativa de no actuar. La opción de referencia de no actuar consistiría en una hipótesis en la que solo un pequeño número de países de la Unión fueran miembros del GGGI (desde su fundación como organización internacional en 2012, Dinamarca, el Reino Unido, y recientemente Hungría, se han convertido en miembros). En este caso, resulta poco probable que la experiencia ampliamente variada de la Unión en asuntos de crecimiento verde se trasladara al GGGI y que la organización se utilizara en la mayor medida posible para los objetivos de la estrategia diplomática climática de la Unión.

                  La opción preferida presentada a través de la presente propuesta es la adhesión de la Unión al GGGI. Se propone la adhesión como miembro participante sin contribución financiera (Estatutos del GGGI, artículo 3).

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No aplicable.

               •Derechos fundamentales

                  No aplicable.

                   4.
                        REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  La adhesión de la Unión al GGGI no tiene ninguna repercusión directa en el presupuesto de la UE.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

               No aplicable: una Decisión del Consejo para negociar la adhesión al GGGI no requiere que los Estados miembros lleven a cabo ninguna acción.

               •Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)

                  No aplicable.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

               La Comisión recomienda que:

               –el Consejo autorice a la Comisión a iniciar y mantener negociaciones para la adhesión de la Unión al GGGI;

               –la Comisión mantenga dichas negociaciones en consulta con el comité especial, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el TFUE;

               –el Consejo apruebe las directrices de negociación adjuntas a la presente recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y el Instituto mundial de crecimiento verde

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Actualmente, solo un pequeño número de países de la Unión son miembros del Instituto mundial de crecimiento verde (Global Green Growth Institut, GGGI)
                  1
               . Por lo tanto, resulta poco probable que la experiencia ampliamente variada de la Unión en asuntos de crecimiento verde se traslade al GGGI y que la organización se utilice en la mayor medida posible para los objetivos de la estrategia diplomática climática de la Unión.

               (2)El cambio climático es un asunto transfronterizo. La coordinación de la acción por el clima tanto a nivel mundial como europeo es necesaria y la acción de la Unión está justificada por razones de subsidiariedad. El artículo 191 del TFUE especifica las competencias de la Unión en el ámbito del medio ambiente, incluido el cambio climático.

               (3)La adhesión de la Unión permitiría compartir el conocimiento del GGGI y las mejores prácticas entre todos los Estados miembros; también permitiría redoblar los esfuerzos de la Unión para difundir sus mensajes políticos y diplomáticos referentes al cambio climático lo más ampliamente posible con nuestros socios internacionales.

               (4)Habida cuenta de que el GGGI se centra en estrategias integrales de crecimiento verde, la adhesión de la Unión al GGGI podría ayudar también a explotar las sinergias entre los objetivos climáticos y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

               (5)Por lo tanto, debe autorizarse a la Comisión a iniciar negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a la celebración de un acuerdo sobre la adhesión de la Unión al GGGI.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo  1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un acuerdo sobre la adhesión de la Unión al Instituto mundial de crecimiento verde.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial, que debe insertar el Consejo].

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  Desde su fundación como organización internacional en 2012, Dinamarca, el Reino Unido, y recientemente Hungría se han convertido en miembros del GGGI.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 12.5.2017
            COM(2017) 175 final
            This document was downgraded/declassifiedDate: 21/06/2017By: Yvon SlingenbergAuthority: DG CLIMA
            ANEXO
            a la Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOpor la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y el Instituto mundial de crecimiento verdeDirectrices para la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y el Instituto mundial de crecimiento verde sobre la adhesión de la Unión al Instituto mundial de crecimiento verde

               ANEXO
               Directrices para la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y el Instituto mundial de crecimiento verde sobre la adhesión de la Unión al Instituto mundial de crecimiento verde

               1.La Comisión se esforzará por garantizar que el acuerdo sobre la adhesión de la Unión al Instituto mundial de crecimiento verde (Global Green Growth Institut, GGGI) sea coherente con la normativa pertinente de la Unión.

               2.La Comisión mantendrá negociaciones de conformidad con la normativa pertinente de la Unión vigente o con las posiciones acordadas de la Unión establecidas específicamente a los efectos de estas negociaciones en el comité especial de representantes de los Estados miembros contemplado en el artículo 3 de la presente Decisión del Consejo o en el Consejo.

               3.La Comisión informará al Consejo sobre el resultado de las negociaciones y, cuando proceda, sobre cualquier problema que pueda surgir durante las mismas.