               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 13.5.2015
            COM(2015) 255 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Dinamarcay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 de Dinamarca

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Dinamarca

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 de Dinamarca

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo nacionales.

               (3)El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Dinamarca y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de 2014 de Dinamarca.

               (4)El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  4
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  5
               , en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para fomentar la inversión, acelerar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Dinamarca
                  6
               . En él se evaluaron los avances realizados por Dinamarca de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014.

               (7)El 27 de marzo de 2015, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Convergencia de 2015. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)Dinamarca se encuadra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2015, el Gobierno prevé aumentar el déficit global del 1,6 % del PIB en 2015, ejercicio en que se vio favorecido por considerables beneficios inesperados, al 2,6 % del PIB en 2016. Posteriormente, prevé reducirlo con objeto de alcanzar un presupuesto equilibrado en 2020. Con arreglo al Programa de Convergencia, el Gobierno pretende alcanzar el objetivo a medio plazo, es decir, un déficit estructural del 0,5 % del PIB, de 2016 en adelante. Según dicho Programa, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente desde el 39,8 % del PIB en 2015 al 36,7 % en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas proyecciones presupuestarias es plausible. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, se espera que el saldo estructural se ajuste al objetivo a medio plazo en 2015. No obstante, basándose en esta previsión existe el riesgo de que se produzca una cierta desviación del objetivo a medio plazo en 2016, con un 0,3 % del PIB de crecimiento del gasto neto por encima del valor de referencia. Aunque se espera que esta desviación sea temporal, ya que el crecimiento del gasto neto en 2016 se ve influido por la reducción progresiva de las medidas puntuales relativas a la tributación del ahorro de las pensiones, es posible que sea necesario adoptar medidas adicionales para 2016. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y habida cuenta de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, el Consejo espera que Dinamarca cumpla ampliamente las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (9)Una oferta de mano de obra a largo plazo adecuadamente cualificada es una condición previa para que se produzca un crecimiento sostenible en Dinamarca. Gracias a la reforma de la política del mercado laboral, Dinamarca ha realizado avances en la mejora de la empleabilidad de personas situadas en los márgenes de  dicho mercado. La reforma se encuentra en una fase inicial de ejecución y es preciso realizar un seguimiento de sus resultados. En consonancia con las recomendaciones del grupo de expertos Carsten-Koch II, aún se precisa la adopción de medidas adicionales para aquellas personas más excluidas del mercado laboral. Tener un bajo nivel de estudios, escasa experiencia laboral, ser trabajador joven o inmigrante son factores clave a este respecto. En términos generales, sigue estando infrautilizado el potencial que para el mercado laboral presentan las personas de origen inmigrante. A pesar del elevado gasto en educación de Dinamarca, los resultados educativos son solo mediocres, especialmente en el caso de los alumnos de origen inmigrante. La reforma de los sistemas de educación primaria, primer ciclo de educación secundaria y formación profesional pretende poner remedio a esta situación. Es preciso llevar estas reformas plenamente a la práctica si se desean mejorar los resultados educativos.

               (10)Una mayor competitividad es esencial para reforzar la recuperación económica en Dinamarca. El crecimiento de la productividad, vital a este respecto, ha sido por lo general escaso en las dos últimas décadas y se ha visto afectado por barreras de entrada y carga normativa en los sectores de servicios orientados al mercado nacional. La Comisión de la Productividad ha señalado que los sectores de la construcción y el comercio minorista son aquellos en los que la productividad podría mejorar. Las normas relativas a los establecimientos de venta al por menor son muy estrictas y no se ha tomado iniciativa alguna destinada a suavizarlas. El sector de la construcción se caracteriza por la existencia de una normativa exigente y un elevado número de regímenes de certificación. En noviembre de 2014 el Gobierno danés presentó una estrategia en materia de construcción en la que plasmaba una serie de buenas intenciones, como la simplificación de las normas, la racionalización de los elementos técnicos, la introducción de normas internacionales, la armonización de las normas nacionales y la reducción del tiempo necesario para la obtención de licencias de obras. No obstante, la estrategia aún debe concretarse en medidas específicas. Sigue habiendo regímenes de autorización y certificación que se solapan, lo que en algunos casos también afecta a la prestación temporal de servicios transfronterizos. Además, las autorizaciones y certificaciones expedidas en otros Estados miembros no siempre se tienen en cuenta cuando los proveedores de servicios desean establecerse en Dinamarca.

               (11)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Dinamarca en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión Europea incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

               (12)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de Dinamarca y su dictamen
                  7
                se refleja en particular en la recomendación 1 que figura a continuación,

               RECOMIENDA que Dinamarca tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.Evitar desviarse del objetivo a medio plazo en 2016.

               2.Mejorar la productividad, en particular en los sectores de servicios orientados al mercado nacional, incluidos el sector minorista y de la construcción. Suavizar las restricciones aplicadas a los establecimientos minoristas y adoptar medidas adicionales para eliminar las restantes barreras que plantean los regímenes de autorización y certificación vigentes en el sector de la construcción.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  COM(2015) 255.

                     (3)
                  P8_TA(2015)0067, P8_TA(2015)0068, P8_TA(2015)0069.

                     (4)
                  COM(2014) 902.

                     (5)
                  COM(2014) 904 final.

                     (6)
                  SWD (2015) 24 final.

                     (7)
                  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 324 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de la República Checay por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de la República Checa

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de la República Checa

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de la República Checa

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  4
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  5
               , en el que no se señalaba a la República Checa como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2016 sobre la República Checa
                  6
                fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por la República Checa de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de la República Checa hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de mayo de 2016, la República Checa presentó su Programa de Convergencia de 2016, y el 12 de mayo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  7
               .

               (5)La República Checa se encuentra encuadrada actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé un ligero deterioro del saldo presupuestario al -0,6 % del PIB en 2016, y una estabilización en términos generales al -0,5 % del PIB a partir de 2017. El objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 1 % del PIB— se sigue cumpliendo durante el horizonte del programa. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública / PIB se mantenga en un 41,1 % en 2016 y que descienda al 39,3 % en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Las medidas para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Según las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se estima que el saldo estructural será del -0,7 % en 2016 y del -0,9 % del PIB en 2017, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se evaluarán posibles desviaciones futuras con referencia a la obligación de mantener el saldo estructural en el nivel del objetivo presupuestario a medio plazo. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo estima que la República Checa cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (6)A largo plazo, hay riesgos de sostenibilidad presupuestaria medios para la República Checa. Estos se derivan principalmente del impacto previsto del gasto público derivado del envejecimiento de la población, sobre todo en el sector sanitario pero también en las pensiones. Las medidas recientemente adoptadas o previstas para modificar el sistema de pensiones podrían, si se aplican, dar lugar a un deterioro de las finanzas públicas a largo plazo. En primer lugar, en febrero de 2016 el Gobierno checo aprobó una legislación que le permite ajustar el mecanismo de indexación de las pensiones de manera más flexible. En segundo lugar, se están discutiendo propuestas para fijar la edad legal de jubilación en sesenta y cinco años y establecer un mecanismo periódico de revisión de la edad de jubilación. En la actualidad no existen planes para aumentar la baja edad legal de jubilación. En materia de asistencia sanitaria, el aumento previsto del gasto a largo plazo también es motivo de preocupación. La República Checa afronta retos a la hora de mejorar la gestión y la rentabilidad de su sistema sanitario, a pesar de que varias medidas al respecto se encuentran en distintas fases de aplicación actualmente. Los indicadores apuntan a un elevado consumo de bienes y servicios y a la relativamente alta dependencia de la atención hospitalaria, que resulta más costosa que los servicios ambulatorios. Parece que la información médica disponible no se utiliza de manera eficaz para la planificación y la racionalización de la capacidad hospitalaria. El sistema de reembolso de la asistencia hospitalaria está siendo revisado debido a que presenta varios inconvenientes, tales como lo reducido de la muestra de hospitales que se utiliza para calcular las tarifas de referencia. Aún no se han analizado suficientemente las opciones para reforzar la coordinación de la asistencia ambulatoria, mejorar la función de control de la derivación de pacientes por parte de los profesionales sanitarios y limitar el uso innecesario de los servicios ambulatorios.

               (7)El marco presupuestario de la República Checa se sitúa entre los menos sólidos de la UE. En febrero de 2015, el Gobierno aprobó un paquete de reformas mediante el que aborda las principales deficiencias en este ámbito, pero que aún está pendiente de ratificación por el parlamento. Este paquete tiene por objeto transponer la Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre los marcos presupuestarios a la legislación nacional. La reforma propuesta prevé reforzar los límites de la partida de gastos y vincularlos directamente con el objetivo presupuestario a medio plazo. Con la reforma, el Gobierno tendría que aprobar un presupuesto que garantizara la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se establecería un consejo presupuestario independiente para controlar las finanzas públicas y aumentar la transparencia.

               (8)La inversión en la República Checa se mantiene por debajo de la media de la UE en términos per cápita y está muy concentrada en la región de la capital. Los obstáculos administrativos y reglamentarios siguen pesando sobre la eficiencia del entorno empresarial y suponen una barrera para la inversión. Existen cuellos de botella específicos en la ejecución de proyectos de infraestructuras de transporte y energía. Por otra parte, la absorción de los fondos de la UE durante el período de programación 2007-2013 fue lenta, debido sobre todo a la complejidad de los trámites, las deficiencias en los sistemas de gestión y control, las ineficiencias en los procedimientos de contratación pública y la escasa capacidad administrativa de los organismos que participan en la ejecución de los proyectos. Por lo que respecta a las infraestructuras de transporte, existen barreras administrativas a la inversión, tales como los largos procedimientos para la expedición de licencias de obras y los retrasos derivados de los procedimientos de reclamación ante la oficina antimonopolios. En cuanto a la eficiencia energética, los programas públicos para reducir la intensidad energética han sido fragmentarios y poco rentables. Hay indicios de que el ahorro de energía no está mejorando en consonancia con el plan nacional de acción para la eficiencia energética. En el ámbito de los servicios, se observan ciertas restricciones reglamentarias. Este es el caso, en particular, de algunos sectores de servicios profesionales, en los que los obstáculos a la entrada y el ejercicio parecen superiores a la media de la UE. La baja utilización de servicios públicos en línea de calidad obstaculiza también el entorno empresarial y es un reflejo de la deficiente oferta. Los servicios de administración electrónica no aprovechan al máximo las posibilidades tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario, y su nivel de sofisticación es uno de los más bajos de la UE. Los datos disponibles apuntan a un índice relativamente elevado de evasión fiscal en la República Checa. La solución de este problema, especialmente en materia de IVA, ocupa un lugar destacado en la agenda política. Por otra parte, no se han previsto medidas para reducir los costes relativamente elevados asociados al pago de impuestos o para simplificar el sistema tributario. Las autoridades fiscales ofrecen unos servicios de presentación previa muy restringidos. Los contribuyentes hacen un uso muy limitado de los sistemas electrónicos de declaración de impuestos, si bien se han hecho ciertos avances en materia de IVA. Además, los costes de la recaudación de impuestos son relativamente elevados, según los últimos informes internacionales. Las elevadas cotizaciones sociales del empresario contribuyen a un nivel general alto de los impuestos sobre el trabajo, mientras que la diversificación en otros ámbitos, tales como los impuestos sobre la propiedad, es limitada.

               (9)Diversos indicadores apuntan a deficiencias importantes en la administración pública. Se han hecho algunos avances en la adopción de las medidas legislativas y no legislativas del plan de lucha contra la corrupción de 2015. La Ley sobre el registro de los contratos fue aprobada por el parlamento en noviembre de 2015. Su aplicación temprana y su posterior desarrollo mejorarían la transparencia y la rentabilidad de las licitaciones públicas. Sin embargo, algunas de las principales disposiciones de lucha contra la corrupción, tales como la modificación de la Ley sobre los conflictos de intereses y una nueva ley sobre la financiación de los partidos políticos, siguen pendientes. Algunas de las medidas que ya se han adoptado resultan de difícil ejecución y su repercusión es limitada, mientras que varias medidas previstas se posponen continuamente al siguiente plan de acción. Pese a que se han realizado esfuerzos por corregir sus deficiencias, hay margen para seguir avanzando en el funcionamiento del sistema de contratación pública checo por lo que respecta a la competencia y, por consiguiente, a la relación calidad-precio. Esto se debe, en parte, a la falta de formación adecuada de los responsables de las contrataciones y al insuficiente énfasis en los criterios de calidad a la hora de adjudicar los contratos. El sector público depende en gran medida de procedimientos no competitivos, con una capacidad limitada para atraer a licitadores, mientras que la contratación agregada es rara. No obstante, se espera que la aplicación de las directivas sobre la modernización de los procedimientos de contratación pública, recientemente transpuestas, sea una oportunidad para introducir un enfoque estratégico y basado en datos contrastados en las políticas de contratación pública, en términos de profesionalización, de agregación de las adquisiciones públicas, de una mayor atención a los criterios de calidad y de integridad de los responsables de las contrataciones.

               (10)Ha habido un aumento significativo en la inversión en I+D durante los últimos años, pero los resultados siguen siendo escasos y se cuestiona la sostenibilidad de la infraestructura de I+D. El sistema checo de investigación ha comenzado a aplicar una serie de reformas de la gobernanza primordiales pero largamente postergadas, especialmente sobre evaluación y financiación. El actual mecanismo de financiación está fragmentado, la coordinación entre los órganos competentes es insuficiente y la división de las responsabilidades y las prioridades resulta confusa. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo un marco de evaluación global para I+D que incumbe también a la financiación, pero los avances son lentos. No se han hecho muchos esfuerzos para mejorar los vínculos entre el mundo académico y la comunidad empresarial. Estos vínculos se ven debilitados por un marco de evaluación para las instituciones públicas de investigación que no tiene en cuenta el grado de cooperación con las empresas.

               (11)La reforma de la educación superior fue aprobada por el parlamento en enero de 2016. La capacidad de atracción de las profesiones docentes sigue siendo un reto, entre otras cosas, debido a la remuneración relativamente baja, mientras que, al mismo tiempo, el profesorado envejece. Se está elaborando un nuevo sistema de carreras para los profesores y el personal pedagógico con el objetivo de aumentar el atractivo de la profesión, pero su aplicación se ha pospuesto. Los resultados educativos son generalmente buenos, pero se ven muy influidos por la situación socioeconómica de los estudiantes. Los malos resultados educativos de los grupos desfavorecidos, en particular de la comunidad romaní, son un asunto claramente preocupante. Se calcula que una cantidad muy importante de niños romaníes abandonan prematuramente los estudios. Muchos niños romaníes reciben educación fuera de los centros educativos ordinarios y, como consecuencia de ello, siguen un modelo de enseñanza inferior al del resto de la población. Los cursos de formación del profesorado destinados a ayudarles a hacer frente a este problema están poco desarrollados, y el número de profesores que participan en actividades de desarrollo profesional relacionadas con la enseñanza a grupos mixtos y con la educación inclusiva es escaso. Se ha adoptado y ha empezado a aplicarse un número importante de medidas legislativas y administrativas dirigidas a la educación inclusiva. Se espera que contribuyan a reducir las diferencias en el grado de instrucción y los resultados escolares que existen entre los niños romaníes y los no romaníes. El parlamento adoptó una serie de enmiendas a la Ley de Educación en marzo de 2016, por las que se amplía la educación obligatoria hasta el último año de la educación preescolar y se garantiza que los niños pequeños tengan derecho a plaza en las escuelas infantiles. No obstante, las desigualdades del sistema educativo constituyen un obstáculo a la mejora de la calidad del capital humano y también obstaculizan los resultados del mercado laboral en las etapas posteriores de la vida.

               (12)La situación del mercado de trabajo de la República Checa ha mejorado, pero los futuros aumentos de la tasa de empleo dependerán de una mayor participación de los grupos infrarrepresentados. Entre ellos se encuentran las madres con niños pequeños, los trabajadores con escasa cualificación y los miembros de la comunidad romaní. La proximidad de los servicios públicos de empleo, sumada a políticas activas del mercado de trabajo y servicios individualizados adecuados y bien orientados, contribuirían a incrementar la participación de los grupos vulnerables. La participación en el mercado de trabajo de las mujeres con niños pequeños se ve obstaculizada por la persistente falta de servicios de cuidado de niños asequibles y de calidad, en particular para los niños de hasta tres años, y por el escaso uso de las disposiciones sobre horario laboral flexible. En los últimos años se han venido adoptando algunas medidas para hacer frente a esta deficiencia, pero hay margen para realizar esfuerzos más importantes.

               (13)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de la República Checa y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a la República Checa en años anteriores.  Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de la República Checa, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (14)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y estima
                  8
                que cabe esperar que la República Checa cumplirá el Pacto de Estabilidad y Crecimiento

               RECOMIENDA a la República Checa que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en vista de los futuros riesgos en el ámbito de la asistencia sanitaria. Adoptar legislación mediante la que se refuerce el marco presupuestario.

               2.Reducir las barreras reglamentarias y administrativas a la inversión, especialmente en el transporte y la energía, y aumentar la oferta de servicios de administración electrónica. Adoptar las reformas de lucha contra la corrupción pendientes y mejorar las prácticas de contratación pública.

               3.Reforzar la gobernanza del sistema de I+D y facilitar los vínculos entre el mundo académico y las empresas. Potenciar el atractivo de la profesión docente y tomar medidas para aumentar la inclusión de los niños desfavorecidos, incluidos los romaníes, en los centros escolares y preescolares convencionales. Eliminar los obstáculos para una mayor participación en el mercado de trabajo de los grupos infrarrepresentados, en particular las mujeres.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  COM(2016) 324 final.

                     (3)
                  P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059 y P8_TA(2016)0060.

                     (4)
                  COM(2015) 690 final.

                     (5)
                  COM(2015) 691 final.

                     (6)
                  SWD(2016) 73 final.

                     (7)
                  COM(2014) 494 final.

                     (8)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 22.5.2017
            COM(2017) 522 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Rumaníay por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Rumanía

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Rumanía

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  4
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  5
               , en el que no se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2017 sobre Rumanía
                  6
                fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Rumanía de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 5 de mayo de 2017, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Convergencia de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En los programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han tenido en cuenta las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según lo previsto en la legislación que rige los Fondos EIE
                  7
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de las recomendaciones específicas por país pertinentes, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y modifique sus programas pertinentes relativos a los Fondos EIE. La Comisión ha facilitado nuevas directrices sobre la aplicación de dichas normas
                  8
               .

               (5)Entre 2009 y 2015, Rumanía se benefició de tres programas de ayuda a la balanza de pagos dirigidos conjuntamente por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y respaldados por el Banco Mundial. Solo se efectuaron desembolsos en el marco del primer programa en 2009-2011, mientras que los efectuados en 2011-13 y 2013-15 fueron de carácter cautelar. La vigilancia posterior al programa por cuenta de la Comisión con miras a supervisar la capacidad de Rumanía para reembolsar los préstamos concedidos en el marco del primer programa comenzó en octubre de 2015 y proseguirá hasta que se haya devuelto, al menos, el 70 % del préstamo, pagadero en la primavera de 2018.

               (6)Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno prevé un déficit global del 2,9 % del PIB, tanto en 2017 como en 2018, y una reducción gradual del mismo a continuación, hasta situarlo en el 2,0 % del PIB en 2020, como muy tarde. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, un déficit estructural del 1 % del PIB, de aquí a 2020, que es el período cubierto por el programa. Está previsto que el saldo estructural recalculado
                  9
                alcance el -2,6 % de aquí a 2020. Según el Programa de Convergencia, la ratio deuda pública / PIB aumentará en principio del 37,6 % del PIB en 2016 al 38,3 % del PIB en 2018 para disminuir posteriormente al 37,6 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil. El principal riesgo a la baja de las perspectivas macroeconómicas se deriva de un menor impacto de las medidas presupuestarias y estructurales sobre las perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo. Al mismo tiempo, no se han concretado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos. Por otra parte, el proyecto de ley salarial unificada plantea un importante riesgo a la baja con respecto a la previsión presupuestaria.

               (7)El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Rumanía que limitara la desviación con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y lograra un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB en 2017, a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo pudiera respetarse con un esfuerzo menor. Atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2016, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, el 22 de mayo de 2017, la Comisión advirtió a Rumanía que en 2016 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. [El XX el Consejo adoptó una recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  10
                no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB.] Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017, existe un riesgo de desviación significativa del ajuste recomendado en 2017.

               (8)En 2018, a la vista de su situación presupuestaria, se espera que Rumanía realice un nuevo ajuste orientado a la consecución de su objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, un déficit estructural del 1 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 4,3 %. Ello correspondería a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2018. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017 apuntan a un déficit de las administraciones públicas del 3,5 % y del 3,7 % del PIB en 2017 y 2018, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. En general, el Consejo considera que, a partir de 2017, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias [en consonancia con la Recomendación dirigida a Rumanía en XX con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo].

               (9)El marco fiscal de Rumanía es adecuado pero no se aplica plenamente. El presupuesto de 2016 se desvió considerablemente del objetivo a medio plazo, consistente en un déficit estructural del 1 % del PIB, infringiendo así la norma del déficit en el marco presupuestario nacional. El presupuesto de 2017 también se desvió de las normas presupuestarias nacionales. En 2016, como en años anteriores, las autoridades no enviaron al Parlamento una actualización de la estrategia presupuestaria dentro del plazo legal, que expiró en agosto. Como consecuencia de ello, la estrategia presupuestaria a medio plazo no ha podido guiar el proceso presupuestario anual.

               (10)En un contexto de reservas de capital confortables y una rentabilidad al alza, la salud del sector bancario siguió mejorando en 2016. Las autoridades se comprometieron a realizar una exhaustiva revisión de la calidad de los activos y pruebas de resistencia del sector bancario en 2018. La Ley de condonación de la deuda entró en vigor en mayo de 2016, pero los riesgos para el sector bancario se han visto muy atenuados por una sentencia del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales tendrán que evaluar si los prestatarios cumplen las disposiciones legales sobre dificultades excepcionales. La Ley de conversión de préstamos denominados en CHF, aprobada por el Parlamento en octubre de 2016, ha sido recientemente juzgada inconstitucional. Sin embargo, la recurrencia de las iniciativas legislativas sigue suponiendo un reto para la previsibilidad jurídica, con posibles repercusiones negativas sobre la confianza de los inversores.

               (11)La evasión fiscal ha sido prevalente en Rumanía, reduciendo los ingresos fiscales y la equidad tributaria y ejerciendo un efecto distorsionador sobre la economía. Rumanía ha realizado avances limitados en lo que respecta al seguimiento de una recomendación específica por país para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. En 2016 se modificaron los procedimientos de registro y reembolso del IVA y se están instalando a escala nacional cajas registradoras electrónicas conectadas a la administración tributaria. Desde 2017 se aplica un régimen especial a sectores como la restauración, la hostelería y otras actividades conexas, en los que la obligación tributaria se fija con independencia de los ingresos. Además, también se adoptaron restricciones en el trabajo por cuenta propia y las empresas familiares, con el fin de desincentivar la elusión fiscal. En 2016 se observó una mejora en el cumplimiento de las declaraciones y el pago de impuestos, pero las inspecciones y auditorías conjuntas, fiscales y laborales, no consiguieron mejorar los resultados. Por otra parte, se incrementó sustancialmente el umbral del volumen de negocios para el régimen fiscal de las microempresas, al tiempo que se rebajaba el tipo, lo que facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales en detrimento de los ingresos presupuestarios. Con la aplicación de los enfoques sectoriales y por categorías a la fiscalidad de las empresas se corre el riesgo de imponer una carga administrativa tanto a las empresas como a la administración tributaria, sin que ello favorezca la mejora de la recaudación.

               (12)La distribución de la renta familiar disponible (que tiene en cuenta el tamaño del hogar) es particularmente desigual en Rumanía, lo que va en detrimento de su potencial de crecimiento sostenible e inclusivo. El 20 % más rico de la población tiene una renta más de ocho veces superior a la del 20 % más pobre. Esta ratio supera con creces la media de la UE. Las desigualdades se deben en gran medida al desigual acceso a la atención sanitaria, la educación, los servicios y el mercado de trabajo. Por otra parte, la diferencia entre la desigualdad de renta antes y después del pago de los impuestos y las transferencias sociales es una de las menos pronunciadas en la UE. El índice de referencia social, en el que se basan las principales prestaciones sociales, no se ha actualizado desde su introducción en 2008. El trabajo no declarado, incluidos los «sueldos en mano», sigue siendo generalizado y continúa pesando sobre los ingresos tributarios, distorsionando la economía y minando la equidad y eficacia de los sistemas tributario y de prestaciones. La administración tributaria y las inspecciones de trabajo llevaron a cabo inspecciones nacionales conjuntas en el marco de un proyecto piloto, pero, hasta la fecha, esta iniciativa no ha logrado tener un impacto sistémico. Los recursos no se centran en los sectores con mayor riesgo de evasión fiscal, se presta limitada atención a los sueldos en mano y las medidas coercitivas priman sobre las de carácter preventivo.

               (13)El desempeño del mercado de trabajo mejoró en 2016, cuando la tasa de desempleo alcanzó niveles anteriores a la crisis. La mano de obra sigue reduciéndose, al tiempo que envejece la población y la emigración sigue siendo elevada. El bajo nivel de desempleo va acompañado de una de las tasas de inactividad más altas de la UE. Las tasas de empleo y de actividad de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad y las personas de etnia romaní, en particular, están muy por debajo de la media de la UE. El número de jóvenes que no tiene trabajo, ni estudia ni recibe formación sigue siendo muy elevado.

               (14)Aunque en retroceso, el riesgo de pobreza o exclusión social ha sido muy elevado, en particular para las familias con hijos, las personas con discapacidad, la población romaní y la población rural. En 2016 se adoptó un paquete integral de lucha contra la pobreza que refleja el cambio de política hacia la mejora de la prestación de servicios a grupos específicos de población. Este paquete incluye un proyecto piloto que establece servicios integrados en las comunidades marginadas. Su despliegue a escala nacional contribuiría de manera significativa a mejorar el bajo nivel actual de prestación de servicios integrados. En respuesta a sucesivas recomendaciones específicas por país, se adoptó la Ley sobre renta mínima de inclusión, que entrará en vigor en 2018. La renta mínima de inclusión mejora la adecuación y la cobertura de la asistencia social. Combina apoyo pasivo con medidas activas del mercado de trabajo obligatorias e inspecciones. Su activación potencial es, con todo, limitada, ya que el objetivo es llegar al 25 % de los beneficiarios mediante medidas activas del mercado laboral de aquí a 2021.

               (15)Las políticas de activación se han reforzado en el contexto de la reforma de la Agencia Nacional de Empleo. Las reformas incluyen más ayuda a medida y más servicios integrados para los solicitantes de empleo y los empleadores. Se están mejorando las acciones de divulgación y los servicios ofrecidos a los jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben formación. Sin embargo, las políticas de activación ofrecidas a los grupos que se encuentran más alejados del mercado laboral siguen siendo limitadas y las medidas de activación recientemente propuestas no se centran ya en estos grupos específicos. Su alcance y su vinculación con los servicios sociales es insuficiente para mejorar significativamente la participación en el mercado de trabajo de estos grupos en particular.

               (16)La adecuación de las pensiones y la pobreza en la vejez tienen una importante dimensión de género, ya que, en igualdad de condiciones, la edad de jubilación más baja de las mujeres se traduce en unos derechos de pensión más reducidos. Rumanía se encuentra entre los pocos países de la UE que no prevén la convergencia de la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres, la Ley sobre la equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres se presentó ante el Parlamento en 2013. Hasta ahora solo ha sido adoptada por el Senado.

               (17)Habida cuenta de la evolución de la productividad, la convergencia de ingresos y la posición de competitividad de Rumanía, las subidas de los salarios en los sectores público y privado merecen especial atención. Las subidas de los salarios públicos podrían extenderse al sector privado, con las consiguientes repercusiones en la competitividad del país. El nivel del salario mínimo de Rumanía, aunque sigue siendo uno de los más bajos de la UE, ha aumentado significativamente en los últimos años. Las subidas ad hoc del salario mínimo han mejorado notablemente la proporción de trabajadores que lo perciben y han provocado recientemente una fuerte compresión en la parte inferior de la distribución salarial. En respuesta a una recomendación específica por país, a principios de 2016 se creó un grupo de trabajo tripartito con la misión de crear un mecanismo de fijación del salario mínimo basado en criterios económicos, de mercado de trabajo y sociales objetivos, pero se registraron importantes retrasos que es preciso tener en cuenta. El diálogo social sigue caracterizándose por el bajo nivel de negociación colectiva a nivel sectorial y por las debilidades institucionales que limitan la eficacia de las reformas.

               (18)Unas cualificaciones básicas suficientes son fundamentales para encontrar y conservar puestos de trabajo adecuados y estables y para participar de forma exitosa en la vida económica y social. Los estudios internacionales apuntan a deficiencias graves en las competencias básicas entre los adolescentes rumanos. La elevada tasa de abandono escolar prematuro, el bajo desempeño en la educación superior y una elevada emigración resultan en la escasez de mano de obra cualificada. El acceso a una educación de calidad es limitado en las zonas rurales y para los niños romaníes, en particular. La dificultad para atraer a buenos profesores a las zonas rurales y a las escuelas con mayoría de alumnos romaníes, junto con la segregación y unas actitudes a menudo discriminatorias, se traduce en un desempeño educativo inferior de los niños de etnia romaní. En respuesta a reiteradas recomendaciones específicas por país, Rumanía adoptó y empezó a aplicar una estrategia sobre el abandono escolar prematuro. Entre las medidas recientemente adoptadas cabe destacar intervenciones integradas, un programa piloto de comida caliente, la mejora en el reembolso de los costes de desplazamiento y bonos sociales para fomentar la educación preescolar de los niños pobres. Para el otoño de 2017 se prevén medidas basadas en proyectos con financiación de la UE destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas desfavorecidas, y se ha emprendido la modernización, si bien incompleta, de los planes de estudio. Se mejoró la legislación en materia de lucha contra la segregación, en particular gracias al refuerzo del mandato de las inspecciones escolares en este ámbito. No obstante, se sigue echando en falta una metodología de seguimiento. Se requieren nuevas medidas para asegurar un progreso sostenido en la lucha contra las desigualdades socioeconómicas en la educación. Hasta la fecha, la Garantía Juvenil ha llegado solo parcialmente a los alumnos que abandonan prematuramente la escuela, y los programas de segunda oportunidad no están disponibles de forma inmediata. El sistema de educación y formación profesional no está suficientemente adaptado a las necesidades del mercado de trabajo y la participación en el aprendizaje de los adultos es muy baja.

               (19)La población rumana está expuesta a unos indicadores sanitarios deficientes. El acceso a una asistencia sanitaria de calidad se ve dificultado por la escasez de profesionales sanitarios, una financiación insuficiente, la excesiva dependencia de los hospitales y la corrupción, lo que afecta, en particular, a las personas con rentas bajas y a las zonas rurales. Además de los pagos informales a los profesionales de la medicina, la corrupción atañe a la contratación pública en los hospitales, el fraude en materia de seguros y los sobornos para obtener certificados que dan derecho a prestaciones. En respuesta a una recomendación específica por país y en el contexto de la condicionalidad ex ante para el período de financiación de la UE 2014-2020, Rumanía adoptó algunas medidas destinadas a favorecer un cambio de rumbo que favorece la asistencia ambulatoria por encima de la hospitalización. Se elaboraron planes sanitarios regionales para determinar las necesidades de infraestructuras y servicios, y la aplicación de la estrategia nacional de asistencia sanitaria está siendo objeto de seguimiento. En consonancia con la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2016-2020, se adoptó legislación para modernizar el sistema de información sobre los pagos informales y se han mejorado los salarios de los profesionales de la salud. La estrategia de lucha contra la corrupción comprende medidas globales en el ámbito de la atención sanitaria, que incluyen el fomento de la rendición de cuentas y la transparencia en la contratación de los directivos de los hospitales. No obstante, el refuerzo de la atención comunitaria, de la asistencia ambulatoria y de los sistemas de remisión de pacientes se encuentra todavía en una fase inicial, los pagos informales siguen siendo generalizados, queda por garantizar la transparencia en la gestión de los centros y está pendiente de adopción una estrategia nacional relativa al personal sanitario.

               (20)La capacidad administrativa y de elaboración de políticas de Rumanía se ha visto perjudicada por la falta de transparencia en los procedimientos y en los procesos decisorios, unos procedimientos administrativos onerosos, la escasa utilización de datos fácticos de calidad, la insuficiente coordinación entre las políticas sectoriales y una corrupción endémica. El avance de la reforma de la Administración Pública ha sido limitado. Las estructuras organizativas siguen siendo inestables, lo que afecta a la independencia y eficacia de la Administración Pública. En 2016 se emprendieron estrategias relativas a la función pública, pero el marco legislativo no incorpora todavía algunos de sus objetivos principales, en particular en lo que respecta a los criterios objetivos para la contratación de personal, la evaluación y recompensa de resultados. Se propone armonizar en cierta medida los niveles salariales, aunque no existe un vínculo claro entre prestaciones y retribuciones, ni a nivel central ni a nivel local. Aún deben reforzarse la capacidad y la autoridad de la Agencia de la Función Pública. Parece ir a darse marcha atrás en algunas de las medidas de transparencia en la elaboración de las políticas, introducidas en 2016. La planificación estratégica y la evaluación del impacto regulador no se han consolidado en la práctica administrativa.

               (21)Unas infraestructuras de transporte insuficientes en términos de calidad y cantidad han sido uno de los principales obstáculos al desarrollo económico en Rumanía. Para hacer frente a las deficiencias asociadas, Rumanía adoptó en el otoño de 2016, en respuesta a una recomendación específica por país, el plan general de transporte. Con el fin de acelerar la inversión en infraestructuras viarias, la gestión de la inversiones en infraestructuras ya no es responsabilidad de la autoridad encargada de la administración de las infraestructuras. En 2016 se creó un organismo para la reforma del sistema ferroviario, que estará operativo a mediados de 2017.

               (22)Últimamente, Rumanía venía registrando uno de los coeficientes de inversión más elevados de la UE. Sin embargo, en 2016, la inversión pública se contrajo, debido, entre otras cosas, a la infrautilización de los fondos de la UE. Un elevado nivel de absorción y un uso eficaz de la financiación de la UE son esenciales para que Rumanía pueda explotar su potencial de desarrollo en sectores clave como el transporte o los residuos, en particular. La calidad de la inversión pública se ha visto afectada, entre otras cosas, por una gestión deficiente y unas prioridades cambiantes. Se ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país. Desde agosto de 2016, los ministerios deben tener en cuenta en sus planes de gasto las prioridades en materia de inversión, pero no se han tomado otras medidas para reforzar el papel del Ministerio de Hacienda en materia de priorización de la inversión ni para asegurar una mayor coordinación de la preparación de los proyectos de inversión pública en todos los ministerios. La adopción del plan nacional de gestión de residuos y del programa de prevención de residuos, que estaba prevista para finales de 2016, está aún pendiente. Estos planes también son necesarios para mejorar la gobernanza y asegurar el cumplimiento de la regulación a fin de canalizar fondos nacionales y de la UE hacia la consecución de los estándares medioambientales de la UE.

               (23)La eficiencia de la contratación pública es fundamental para conseguir los objetivos estratégicos y hacer frente a los grandes retos políticos a que se enfrenta Rumanía, en particular la eficiencia del gasto público, la modernización de la Administración Pública, la lucha contra la corrupción y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e inclusivo. Es asimismo esencial para consolidar la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos y en la democracia. Rumanía ha tomado recientemente medidas encaminadas a la puesta en práctica de la estrategia y el plan de acción en materia de contratación pública. Como corolario de la Ley de contratación pública, en vigor desde mayo de 2016, a finales de ese mismo año se adoptaron disposiciones de ejecución, y la agenda nacional de contratación pública incluye medidas de prevención y control de la corrupción. Sin embargo, siguen pendientes algunas medidas fundamentales de la estrategia, como el refuerzo de los controles y otras medidas de lucha contra la corrupción, la implementación de la contratación electrónica y la formación de funcionarios responsables de la contratación pública.

               (24)Más del 45 % de la población rumana vive en zonas rurales, que siguen estando muy a la zaga de las zonas urbanas en términos de empleo y educación, acceso a los servicios y las infraestructuras y bienestar material. En respuesta a una recomendación específica por país con miras a mejorar el acceso a unos servicios públicos integrados, ampliar las infraestructuras básicas y fomentar la diversificación económica, en particular en las zonas rurales, Rumanía adoptó en 2016 un conjunto exhaustivo de medidas sobre desarrollo rural, modernización de las pequeñas explotaciones agrícolas, apoyo a las pymes no agrícolas, inversión en infraestructuras, incluidos los servicios sociales y la educación, y formalización del empleo. Su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de desplegar las acciones piloto a mayor escala, y de orientar y absorber eficazmente los fondos disponibles de la UE.

               (25)Las empresas públicas desempeñan un papel decisivo en la economía, en particular en sectores de infraestructuras clave. Las deficiencias en la gobernanza de las empresas estatales se traducen en una disminución de la rentabilidad en relación con sus homólogos privados, con los consiguientes efectos negativos en la Hacienda Pública. En respuesta a una recomendación específica por país, Rumanía logró progresos sustanciales en la mejora de la gobernanza corporativa de las empresas estatales. En el otoño de 2016 se adoptó rápidamente legislación derivada en apoyo de la legislación principal sobre gobernanza corporativa de las empresas estatales. El marco legislativo es acorde con las buenas prácticas internacionales en materia de transparencia en el nombramiento de los miembros de los consejos de administración y la gestión de las empresas estatales y confiere al Ministerio de Hacienda competencias específicas de vigilancia y ejecución. También se adoptaron medidas de concienciación de las autoridades locales sobre las nuevas normas y se hizo pública información presupuestaria sobre las empresas estatales. Sin embargo, los retrasos en la designación de los gestores profesionales suscitan dudas acerca de su implementación ulterior.

               (26)La competitividad de Rumanía se ha resentido de la debilidad de la competitividad no relacionada con los costes y las barreras estructurales a la transición a una economía de mayor valor añadido, entre las que cabe destacar los complejos procedimientos administrativos. En respuesta a una recomendación específica por país formulada en 2016, Rumanía adoptó una serie de actos legislativos para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración Pública, aunque limitados a un reducido número de procedimientos.

               (27)La corrupción persiste a todos los niveles y sigue siendo un obstáculo para la actividad empresarial. Rumanía ha realizado progresos sustanciales en gran parte de la reforma del sistema judicial y en la lucha contra la corrupción de alto nivel. No obstante, se echan en falta medidas clave para hacer frente a los retos que se plantean en estos sectores, de manera que las reformas sean sostenibles e irreversibles. Se han realizado algunos progresos en el desarrollo de nuevas medidas de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las administraciones locales, pero subsisten importantes retos en la implementación efectiva de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción adoptada en 2016. Se requieren esfuerzos en lo que respecta al respeto de la independencia judicial en la vida pública de Rumanía, la ultimación de las reformas del código penal y del código civil y la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales. En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, Rumanía recibe recomendaciones en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Estos ámbitos no se incluyen, pues, en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Rumanía.

               (28)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de las políticas socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

               (29)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA que Rumanía tome medidas en 2017 y 2018 a fin de:

               1.En 2017, garantizar el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de [XX] con vistas a corregir la desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En 2018, proseguir su política presupuestaria en consonancia con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que se traduce en un importante esfuerzo presupuestario para 2018. Garantizar la plena aplicación del marco presupuestario. Reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación. Luchar contra el trabajo no declarado garantizando, entre otras cosas, el uso sistemático de controles integrados.

               2.Reforzar unas políticas selectivas de activación y unos servicios públicos integrados, prestando especial atención a las personas más alejadas del mercado laboral. Adoptar legislación sobre la igualación de la edad de jubilación para hombres y mujeres. Establecer un mecanismo transparente de fijación del salario mínimo, en consulta con los interlocutores sociales. Mejorar el acceso a una educación general de calidad, en particular para la población romaní y los niños en las zonas rurales. En lo que respecta a la atención sanitaria, proceder a una reorientación hacia la asistencia ambulatoria, y frenar los pagos informales.

               3.Adoptar legislación para asegurar un servicio civil profesional e independiente, aplicando criterios objetivos. Reforzar la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública. Garantizar la aplicación oportuna, plena y viable de la estrategia nacional en materia de contratación pública.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  COM(2017) 522 final.

                     (3)
                  P8_TA(2017)0038, P8_TA(2017)0039 y P8_TA(2017)0040.

                     (4)
                  COM(2016) 725 final.

                     (5)
                  COM(2016) 728 final.

                     (6)
                  SWD(2017) 88 final.

                     (7)
                  Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (8)

                        COM(2014) 494 final.

                     (9)
                  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología consensuada.

                     (10)
                  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

                     (11)
                  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 322 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bélgicay por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Bélgica

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bélgica

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Bélgica

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  2
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  3
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
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               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el informe sobre el Mecanismo de Alerta
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               , en el que se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro
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               . Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016. Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)El informe específico de 2016 sobre Bélgica
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                fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015 e incluyó un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo
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               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Bélgica no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Un debilitado comportamiento del sector exterior combinado con un elevado endeudamiento público puede plantear riesgos en el futuro. Sin embargo, la evolución reciente apunta a una mejora de la competitividad. Las medidas correctoras, que incluyen la moderación salarial y la reducción de las cotizaciones a la seguridad social, han llevado a una ralentización del crecimiento de los costes laborales. El endeudamiento del sector público no está disminuyendo, pero los riesgos a corto plazo parecen controlados.

               (3)El 29 de abril de 2016, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (5)El Programa de Estabilidad de 2016 indica que la repercusión presupuestaria de la excepcional afluencia de refugiados en 2015 y 2016 y de las medidas de seguridad excepcionales adoptadas en 2016 es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos subvencionables adicionales para los refugiados ascendieron al 0,03 % del PIB en 2015, mientras que el impacto adicional en 2016 se estima en el 0,17 % del PIB, en el caso de los gastos relacionados con los refugiados, y en el 0,12 % del PIB, en el caso de las medidas de seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permitirían hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la entrada de refugiados así como la gravedad de la amenaza terrorista sean acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas belgas sea significativo y la sostenibilidad no se vea comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por lo tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2015 ha sido reducido para tener en cuenta los costes adicionales relacionados con los refugiados. En lo que atañe a 2016, en la primavera de 2017 se llevará a cabo una evaluación final, incluidos los importes subvencionables, sobre la base de los datos observados proporcionados por las autoridades belgas.

               (6)Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. El 18 de mayo de 2016, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no logró avances suficientes en el cumplimiento de la norma en materia de deuda en 2015. El análisis concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 2,6 % del PIB en 2015 al -0,2 % del PIB en 2019. Se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo revisado de aquí a 2018, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado
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                apunta a un déficit estructural del 0,4 % del PIB en 2018. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo del 106,2 % del PIB en 2016 para luego ir bajando hasta el 99,6 % a más tardar en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo de desviación considerable respecto del ajuste recomendado en 2016, así como en 2016 y 2017 tomados en conjunto, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas. En caso de que la repercusión presupuestaria de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad excepcionales sea excluida de la evaluación, la desviación proyectada en 2016 deja de ser significativa. No se prevé que Bélgica cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2016 ni, una vez finalizado el período transitorio, el parámetro de reducción de la deuda en 2017. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, el Consejo considera que existe el riesgo de que Bélgica no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016 y 2017.

               (7)Un elevado nivel de endeudamiento público se combina con los mediocres resultados de las exportaciones y la competitividad. Los resultados exteriores se han deteriorado desde 2000, como demuestran las pérdidas de cuota de mercado mundial, y se han visto agravados por exportaciones orientadas principalmente hacia mercados menos dinámicos. Aunque la tendencia negativa de las cuotas de mercado se ha estancado en los últimos años, las pérdidas acumuladas siguen siendo importantes. La especialización en segmentos de mercado con una mayor exposición a la competencia de precios también dificulta la capacidad exportadora del país. Esta situación es difícilmente compatible con los elevados costes laborales del país. Los costes laborales unitarios han aumentado rápidamente como consecuencia de un bajo incremento de la productividad y, en particular, un rápido aumento de los salarios. Esto último puede atribuirse a determinadas características del sistema de fijación de salarios. Por un lado, los márgenes de aumento salarial real fueron fijados reiteradamente en un nivel demasiado alto. Por otra parte, la inflación superó en repetidas ocasiones las expectativas y la registrada en los países vecinos. La diferencia estructural entre las tasas de inflación subyacente de Bélgica y de los países vecinos se debe principalmente al mayor crecimiento de los precios de los servicios y al funcionamiento insatisfactorio del mercado minorista. Esta inflación se transmitió al incremento salarial a través de la práctica general de indización automática de los salarios. Juntos, estos factores mermaron la eficacia del altamente coordinado sistema de fijación de salarios. Para detener la disminución de competitividad y su impacto negativo en los resultados de las exportaciones y el empleo, las autoridades belgas han intervenido en los últimos años en el proceso de fijación de salarios. Se han impuesto medidas de moderación salarial, como limitar los aumentos de los salarios reales y suspender los sistemas de indización de los salarios. Además, se están aplicando reducciones a las cotizaciones a la seguridad social. Sin embargo, para garantizar la durabilidad de la corrección, son necesarias las reformas estructurales del marco de fijación salarial en consonancia con las recomendaciones del Consejo de los últimos años. Aunque el Gobierno se propone revisar la Loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité («Ley de 1996»), que constituye la base sobre la cual los interlocutores sociales fijan la «norma salarial» cada dos años, hasta ahora se han logrado pocos avances. Garantizar un vínculo más formal entre salarios y productividad contribuiría a consolidar los recientes avances registrados y evitaría una repetición de problemas del pasado.

               (8)Se han realizado algunos progresos en el funcionamiento general del mercado de trabajo. Se han reforzado los incentivos al trabajo mediante medidas destinadas a reducir la cuña fiscal y cambios en el sistema de prestaciones por desempleo. Sin embargo, considerables diferencias de empleo entre grupos de población específicos siguen provocando una infrautilización crónica de la mano de obra, especialmente entre las personas menos cualificadas, los jóvenes, las personas mayores y las personas de origen migrante. Además, al incorporarse o reincorporarse al mercado laboral los tipos impositivos marginales crean trampas de inactividad y salarios bajos para quienes aportan un segundo ingreso y para tipos de hogares específicos, como solteros y familias monoparentales. Por lo tanto, es importante poner a punto y aplicar políticas destinadas a fomentar el paso de la inactividad o el desempleo al empleo. Las desigualdades educativas vinculadas al entorno socioeconómico figuran entre las más elevadas de la UE y el fracaso escolar explica en parte la insuficiencia profesional observada entre las personas de origen migrante o los jóvenes poco cualificados. Las reformas educativas que se están introduciendo están especialmente destinadas a abordar el abandono escolar, la atención a la infancia y la educación infantil. También pretenden mejorar la calidad y pertinencia del sistema de formación profesional. Estas reformas podrían facilitar una transición más fluida hacia una economía intensiva en conocimientos y cada vez más orientada a los servicios y paliar la inadecuación de las cualificaciones y la persistente escasez de mano de obra en algunas profesiones. Además, las muy bajas tasas de actividad y empleo de los trabajadores de más edad requieren políticas que fomenten el envejecimiento activo y apoyen la demanda del mercado laboral de los trabajadores de más edad. Por último, el recurso a medidas fiscales adicionales para facilitar la incorporación al trabajo podría estar justificado.

               (9)Hay todavía un margen considerable para mejorar la dimensión que no está ligada a los costes de la competitividad exterior. Para salvaguardar y mejorar los actuales niveles de protección social debería hacerse más hincapié en las mejoras de la productividad y en la inversión en capital intelectual. Esto requiere un impulso sostenido hacia productos y servicios asociados de más rango en la cadena de valor, sobre la base de mejores resultados en materia de innovación y utilización de los resultados de la I+D. A pesar de su sistema público de investigación de alta calidad, Bélgica cuenta con relativamente pocas empresas de rápido crecimiento en sectores innovadores. Por otra parte, el clima empresarial se ve obstaculizado por cargas administrativas y reglamentarias que dificultan la creación y expansión de las empresas. Los requisitos en materia de accionariado y las limitaciones de los derechos de voto, la forma jurídica y las actividades multidisciplinares frenan el dinamismo del mercado de los servicios a empresas. Las restricciones operativas y las restricciones a la instalación de locales minoristas tienen el mismo efecto en el sector minorista. Por otra parte, existen deficiencias en la eficacia del sistema de justicia, con una baja penetración de las tecnologías de información y comunicación. Juntos, estos factores constituyen obstáculos importantes a la inversión privada. Infraestructuras insuficientes y largos y pesados cuellos de botella también socavan el crecimiento de la productividad y la inversión. La red de transporte sufre el déficit de inversión más acuciante. La ubicación geográfica de Bélgica, unida a la presencia de organismos internacionales, ha permitido al país atraer a muchos centros de distribución, bases logísticas y sedes internacionales de diferentes empresas. Sin embargo, existe un creciente problema de congestión de tráfico en horas punta que debilita el atractivo del país para los inversores extranjeros y provoca importantes costes económicos y medioambientales. También se espera que Bélgica incumpla su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y padece graves problemas de contaminación atmosférica. Teniendo en cuenta la elevada concentración de actividades económicas alrededor de la capital y los puertos, los retos más urgentes son la mejora de las infraestructuras básicas de transporte ferroviario y por carretera y la construcción de los enlaces pendientes entre los principales centros económicos. Al mismo tiempo, es importante abordar la congestión en horas punta mediante la mejora de los servicios públicos de transporte, la optimización de la gestión del tráfico y la eliminación de las distorsiones del mercado y los incentivos fiscales adversos, tales como el trato favorable para los vehículos de empresa.

               (10)Otro reto es la adecuación de la generación de electricidad interna y la seguridad del suministro en general. Obstaculizadas por repetidas interrupciones, las envejecidas instalaciones nucleares belgas se han convertido en fuentes no fiables, mientras que el calendario repetidamente revisado para la eliminación progresiva del parque nuclear ha creado un clima desfavorable para las decisiones de inversión a largo plazo. Esto se refleja en un aumento de las importaciones y en una seguridad de suministro cada vez más perjudicada. Aunque a corto plazo los riesgos de suministro han remitido, las necesidades de inversión a más largo plazo siguen siendo considerables. Además de una nueva capacidad de producción nacional importante y un nuevo incremento de las interconexiones, las redes inteligentes son necesarias para desarrollar la gestión de la demanda. Dado el considerable margen de tiempo para los grandes proyectos en el sector energético y la enorme necesidad de capacidad de sustitución a lo largo de la próxima década, una acción rápida será necesaria en particular en forma de marco jurídico adecuado que favorezca el aumento de la capacidad de generación.

               (11)Bélgica ha logrado algunos avances en la reforma del sistema tributario, sobre todo desplazando la presión fiscal del trabajo hacia otras bases imponibles, lo cual reducirá gradualmente la cuña fiscal sobre el trabajo. Las reducciones en el impuesto de las personas físicas y en las cotizaciones patronales a la seguridad social también ayudarán a reducir las diferencias. No obstante, el sistema tributario sigue siendo complejo, con bases imponibles erosionadas por exenciones específicas, desgravaciones y tipos reducidos. Algunas de estas exenciones implican pérdidas de ingresos, distorsiones económicas y una pesada carga administrativa. Además, la traslación tributaria no parece ser neutra desde el punto de vista presupuestario. Todavía hay un amplio margen de mejora de la concepción del sistema fiscal mediante la ampliación de las bases impositivas, lo que permitiría tanto unos tipos impositivos más bajos como menos distorsiones. También existe un potencial considerable para una traslación tributaria «verde» que proviene, entre otros factores, del tratamiento fiscal favorable de los coches de empresa y de las tarjetas de carburante, que contribuyen a la contaminación, la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero.

               (12)En los últimos años, Bélgica ha logrado importantes avances en la reforma de su sistema de pensiones. La Ley de 10 de agosto de 2015 sobre el aumento de la edad de jubilación, las condiciones para la jubilación anticipada y la edad mínima para las pensiones de supervivencia establece una nueva edad mínima y criterios de duración de carrera para las pensiones ordinarias. Sin embargo, incluso tras las recientes reformas, el aumento previsto en el porcentaje de gastos de pensiones sigue siendo considerable. Un vínculo automático a los cambios en la esperanza de vida, tal como se recomendó en el pasado, reduciría los riesgos de sostenibilidad a medio y largo plazo. A este respecto, el Gobierno ha anunciado su intención de implantar un sistema de pensiones basado en créditos que podría permitir mecanismos de ajuste automático para responder a la evolución demográfica. Estas cuestiones seguirán siendo objeto de un estrecho seguimiento en el marco del Semestre Europeo.

               (13)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (14)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su Dictamen
                  11
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2016 y 2017 a fin de:

               1.Conseguir un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y en 2017. Utilizar los beneficios inesperados para acelerar la reducción de la ratio de endeudamiento público. Acordar una distribución vinculante de los objetivos presupuestarios entre todos los niveles de la Administración. Simplificar el sistema tributario y eliminar los gastos fiscales distorsionadores.

               2.Llevar a cabo la revisión prevista de la «Ley de 1996» sobre competitividad y empleo en consulta con los interlocutores sociales. Garantizar que los salarios pueden evolucionar en consonancia con la productividad. Garantizar la eficacia de las políticas de activación del mercado de trabajo. Avanzar en las reformas de la educación y de la formación profesional y ofrecer apoyo a la formación, sobre todo a las personas de origen migrante.

               3.Impulsar la capacidad de innovación, especialmente mediante el fomento de la inversión en capital basado en el conocimiento. Aumentar la competencia en el sector de los servicios a las empresas y el sector minorista mediante la eliminación de restricciones operativas y de establecimiento injustificadas. Solucionar las carencias en inversiones en infraestructuras de transporte y en capacidad de generación de energía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  COM(2016) 322 final.

                     (3)
                  P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059 y P8_TA(2016)0060.

                     (4)
                  COM(2015) 690 final.

                     (5)
                  COM(2015) 691 final.

                     (6)
                  COM(2015) 692 final.

                     (7)
                  SWD(2016) 71 final.

                     (8)
                  COM(2016) 95 final.

                     (9)
                  COM(2014) 494 final.

                     (10)
                  El saldo estructural recalculado por la Comisión sobre la base de la información del Programa de Estabilidad, siguiendo la metodología comúnmente acordada.

                     (11)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.