title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2012-2017

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/27

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Francia para 2012-2017
   2013/C 217/08
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una Recomendación sobre las directrices generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una Recomendación (4) ( la Recomendación de 2012) relativa al Programa Nacional de Reformas de Francia para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Francia para 2012-2016.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo 2013 de coordinación de la política económica. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 10 de abril de 2013, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo de Francia en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión llega a la conclusión de que Francia sufre desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de medidas decididas. En particular, el deterioro de la balanza comercial y la competitividad, impulsado por factores relacionados y no relacionados con los costes, en un contexto de empeoramiento de la posición exterior y una deuda pública elevada, merece una atención constante para reducir el riesgo de efectos adversos sobre el functionamiento de la economía francesa y de la Unión Económica y Monetaria, en particular dado el tamaño de la economía francesa.

               (9)

               El 30 de abril de 2013, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013 y su Programa de Estabilidad, que cubre el período 2012-2017. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que, pese a los considerables esfuerzos de saneamiento que condujeron a una reducción del déficit global del 7,5 % del PIB en 2009 al 4,8 % en 2012, no se espera que Francia corrija su déficit excesivo en 2013 como recomendó el Consejo el 2 de diciembre de 2009. Ello se debe, en particular, al empeoramiento de la situación económica respecto de la previsión adoptada en el momento de la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009, solo en parte compensada por los ingresos extraordinarios, así como al hecho de que el esfuerzo se haya concentrado hasta cierto punto al final del período. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad es plausible para 2013, pero demasiado optimista para 2014. En particular, las autoridades prevén que, tras un estancamiento en 2012 (0 %) y 2013 (+0,1 %), el PIB crecerá un 1,2 % en 2014, suponiendo que no se adopten medidas presupuestarias para reducir el déficit general de las administraciones públicas al 2,9 % del PIB en 2014. En comparación, la Comisión prevé que el PIB crecerá un 1,1 % en 2014 si no hay un cambio de política, un escenario que únicamente tiene en cuenta las medidas que se han adoptado o especificado suficientemente y que arroja una previsión de déficit del 4,2 % del PIB en 2014. El objetivo principal de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Estabilidad es conseguir el objetivo a medio plazo, es decir, un presupuesto equilibrado en términos estructurales, como en el Programa de Estabilidad para 2012-2016. Es un objetivo más ambicioso que el exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El año en que se prevé alcanzar el objetivo a medio plazo es 2016, frente a 2015 en el Programa de Estabilidad para 2012-2016.
               El déficit global establecido por el programa de estabilidad es coherente con una corrección del déficit excesivo en 2014, un año después del plazo revisado fijado por el Consejo en virtud del procedimiento de déficit excesivo el 2 de diciembre de 2009. Dadas las previsiones demasiado optimistas del Programa de Estabilidad para 2014, a menos que se adopten medidas adicionales para redoblar los esfuerzos en ese año, el Consejo considera que el esfuerzo de saneamiento presupuestario previsto por las autoridades no es compatible con una corrección real del déficit excesivo en 2014. Los ahorros y los ingresos adicionales previstos tampoco se especifican suficientemente. En estas circunstancias, deben especificarse las medidas para 2014 y 2015 a fin de garantizar de manera creíble que el déficit excesivo se corregirá en 2015 a más tardar como recomienda el Consejo. En 2016, el saldo estructural, recalculado por la Comisión, se espera que sea el -0,4 % del PIB (-0,3 % en 2017), por lo que el objetivo a medio plazo no se cumpliría al final del programa. Se calcula que los progresos hacia el objetivo a medio plazo en 2016 representarán el 0,3 % del PIB, por debajo del valor de referencia del 0,5 % del PIB. La deuda pública ha crecido sustancialmente desde el comienzo de la crisis. Partiendo del 64,2 % en 2007, la proporción entre la deuda y el PIB llegó al 90,2 % en 2012 y se prevé que aumente hasta el 96,2 % en 2014, según la previsión de primavera 2013 de los servicios de la Comisión. Las autoridades esperan que la proporción de la deuda alcance el punto máximo del 94,3 % del PIB en 2014 y a continuación descienda al 88,2 % en 2017.

               (11)

               Dada la deuda elevada y creciente, así como el nuevo retraso del plazo para la corrección del déficit excesivo a 2015, es imprescindible que el presupuesto de 2013 se ejecute estrictamente y los esfuerzos sustanciales de saneamiento se prosigan con firmeza en los años venideros. En particular, es crucial que el gasto público francés crezca a un ritmo significativamente menor que el PIB potencial, puesto que las mejoras del déficit estructural se han basado hasta la fecha principalmente en los ingresos. A este respecto, la revisión en curso del gasto público («Modernisation de l'action publique»), que incluye la administración local y de la seguridad social además de la administración central, debe proporcionar indicaciones para mejorar aún más la eficiencia del gasto público. Hay margen también para avanzar en la racionalización de las distintas capas y competencias administrativas para lograr más sinergias, eficiencia y ahorro. La nueva ley de descentralización prevista debe abordar este problema. En vista del incremento esperado a medio y largo plazo del gasto público en sanidad, el futuro gasto público en asistencia sanitaria requiere mayor control y eficiencia, en particular el gasto farmacéutico. Las previsiones más recientes del Consejo Asesor en materia de Pensiones («Conseil d’orientation des retraites») apuntan a déficits persistentes del sistema de pensiones en 2018, contrariamente al objetivo de la reforma de 2010 de lograr un sistema equilibrado en ese plazo. Además, el desmantelamiento parcial de la reforma de 2010 contraviene la Recomendación del Consejo de 2012. En consecuencia, el sistema de pensiones seguirá sufriendo todavía grandes déficits en 2020 y se necesitan urgentemente nuevas medidas para remediar esta situación a la vez que se preserva la suficiencia del sistema.
               Dichas medidas podrían incluir un aumento de la edad mínima de jubilación y la edad para cobrar una pensíón completa, así como del período de cotización para obtener la pensión completa, adaptando las normas de indización y revisando las numerosas excepciones vigentes al régimen general para categorías específicas de trabajadores. El Gobierno de Francia ha decidido asociar plenamente a los interlocutores sociales al diseño de la reforma reforzando su integración. Dado su impacto negativo sobre los costes laborales, debe evitarse un aumento de las cotizaciones a la seguridad social. En vista del desafío de las finanzas públicas que afronta Francia, es vital que las medidas presupuestarias se complementen con renovados esfuerzos en pro de las reformas estructurales para apoyar y aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía francesa.

               (12)

               Como pone de manifiesto el examen exhaustivo de 2013, la competitividad de Francia sigue siendo un gran desafío, como así lo indica la notable disminución de su cuota de mercados de exportación en estos últimos años. El Gobierno propuso en noviembre de 2012 varias medidas políticas en el contexto del «Pacto de competitividad». La introducción de un crédito fiscal en relación con el impuesto de sociedades (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — CICE) con un impacto anual total previsto de 20 000 millones EUR, es un paso importante que debería contribuir a reducir los costes laborales. Existe margen para adoptar más medidas, dado que el nuevo crédito fiscal solo reduce a la mitad la diferencia entre la cuña fiscal francesa y la media de los países de la OCDE en lo que respecta al salario mediano. Además, las medidas fiscales que afectan a las empresas, incluidas las reducciones de los gastos fiscales, adoptadas desde 2010 han inducido un aumento general de la fiscalidad empresarial, pese a la corrección que supuso el CICE. La subida del salario mínimo decidida en julio de 2012, aun limitada, puede tener un impacto negativo sobre la creación de empleo y la competitividad, como subrayaba la Recomendación de 2012. Entre 2002 y 2012, el salario mínimo por hora aumentó un 38 % (16 % en términos reales). El alto nivel del salario mínimo, que representa el 60 % del salario mediano, lo compensan los empleadores con una serie de exenciones a la cotización empresarial a la seguridad social. El correspondiente coste para las finanzas públicas ha aumentado rápidamente en entre 1992 y 2002, y estabilizado desde entonces en cifras cercanas al 1 % del PIB. Además, instrumentos alternativos como los sistemas de ayuda a la renta («Prime pour l'emploi» y «Revenu de solidarité active») son más eficientes que el salario mínimo para resolver el problema de la pobreza en el trabajo.

               (13)

               Por lo que se refiere a la competitividad no relacionada con los precios, aunque el Gobierno ha renovado recientemente su estrategia de exportación, el respaldo al desarrollo de las redes y asociaciones de exportación promovería la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME). En general, podrían adoptarse medidas para garantizar que el entorno empresarial favorece el crecimiento de las PYME. Pese a los considerables esfuerzos desplegados por las empresas en sectores intensivos en investigación y desarrollo (I+D) y el sustancial apoyo público (en particular, el crédito fiscal para investigación), los sectores de alta y media-alta tecnología solo representan una parte modesta y decreciente de la economía francesa. Es preciso, por lo tanto, fomentar aún más la creación y el crecimiento de las PYME y de las empresas de tamaño medio en estos sectores mejorando las condiciones generales que propician la innovación y la iniciativa empresarial. La política de alianzas que se ha desarrollado para vincular la investigación pública a las empresas privadas también podría orientarse más hacia la explotación comercial de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), las externalidades positivas entre empresas privadas geográficamente próximas entre sí y la internacionalización de las PYME. Además, los estudios de doctorado y la investigación deben resultar lo bastante atractivos para reforzar el vínculo entre empresas privadas y centros de investigación.

               (14)

               En lo que respecta a los servicios, en 2012 solo se hicieron progresos limitados. En particular, no se inició una reforma horizontal para suprimir las restricciones injustificadas en las profesiones y sectores regulados. Muchos proveedores de servicios profesionales siguen padeciendo restricciones en materia de forma jurídica y estructura accionarial (como las restricciones a la propiedad del capital para veterinarios y abogados). Otros obstáculos importantes a la entrada o al ejercicio (como las comunicaciones comerciales, las cuotas o restricciones territoriales) subsisten en varios sectores (como taxistas, algunas profesiones sanitarias, notarios y otras profesiones jurídicas). El sector minorista está aún sujeto a una serie de regulaciones, como procedimientos de autorización complejos y largos para el establecimiento de comercios minoristas. Además, la prohibición vigente de las ventas con pérdidas produce diversas distorsiones cuando el objetivo de apoyar a los productores y a los pequeños distribuidores podría alcanzarse más eficazmente con medidas menos distorsionantes. Estas restricciones excesivas de las profesiones y sectores regulados repercuten en la competencia y tienden a elevar los precios. Como indica el examen exhaustivo, los precios más elevados de los servicios de intermediación, que representan casi la cuarta parte de los costes de producción en el sector industrial, repercuten en última instancia en la competitividad externa de las empresas francesas. En 2012 también fueron escasos los avances en las industrias de redes. El mercado de electricidad francés continúa siendo uno de los más concentrados de la Unión. Los precios regulados del gas y la electricidad distorsionan la competencia y son un obstáculo para los nuevos operadores. Deben suprimirse las tarifas reguladas para los clientes no domésticos según el calendario acordado con las autoridades francesas. Una mayor capacidad de interconexión con los países vecinos y la licitación de concesiones hidráulicas también contribuirían a estimular la competencia en el mercado eléctrico.
               En el sector ferroviario, el transporte de mercancías ha caido varios años(hasta el 17 % de volumen en tm/km conratado entre 2006 y 2011), mientras que el transporte de pasajeros no está abierto a la competencia, excepto los servicios internacionales. La próxima reforma debe garantizar que todo nuevo «gestore único de infraestructura» es independiente del operador establecido para acreditar un acceso justo y no discriminatorio de los nuevos operadores.

               (15)

               El sistema fiscal francés sigue siendo complejo y carece de eficiencia por la amplia gama de exenciones y deducciones especiales existentes, pero también por los frecuentes cambios legislativos. Pese a los esfuerzos para reducir y racionalizar los gastos fiscales, el importe de los ingresos no percibidos como conecuencia de aquellos sigue siendo elevado. La determinación de una base amplia y un tipo impositivo bajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las sociedades sería una opción más favorable al crecimiento y el bienestar social. Está previsto que el tipo intermedio del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aumente del 7 % al 10 % a partir de enero de 2014. Es una decisión acertada, pero son necesarios esfuerzos adicionales. En general, el coste de las exenciones fiscales y de las cotizaciones a la seguridad social es muy alto, hasta el 10 % del PIB. Pese a la demostrada ineficacia de algunos tipos reducidos de IVA, como los de los servicios de restauración, no se han tomado medidas suficientemente diferenciadas. La introducción del crédito fiscal CICE, financiado parcialmente mediante el antedicho aumento de los tipos intermedio y normal del IVA, desplaza la carga fiscal en beneficio del trabajo. Es menester, sin embargo, ampliar el ámbito de actuación, en particular para reequilibrar la cuota de los impuestos medioambientales. El año pasado, Francia adoptó algunas medidas para abordar el problema de los incentivos al endeudamiento en la fiscalidad empresarial. La deducción de intereses está restringida por encima del umbral de 3 millones EUR y el 15 % de los intereses que superan ese límite no puede ser objeto de deducción fiscal en 2013, tasa que será aumentada al 25 % en 2014. Hay, sin embargo, margen para otras mejoras.

               (16)

               La tasa de desempleo aumentó del 9,7 % en 2010 al 10,2 % en 2012. La Comisión prevé que la tasa de desempleo aumentará al 10,6 % en 2013 y al 10,9 % en 2014, debido a la persistente debilidad del crecimiento económico. En este contexto, la segmentación del mercado laboral francés sigue siendo un motivo de preocupación. La probabilidad de pasar de un empleo temporal a uno permanente era solo del 10,6 % en 2010, frente al 25,9 % de media en la UE. Como consecuencia, los trabajadores poco cualificados con empleos precarios suelen soportar la carga del proceso de ajuste del mercado laboral. En mayo de 2013, se promulgó una ley basada en el acuerdo interprofesional (ANI) para garantizar el empleo celebrado entre los interlocutores sociales en enero de 2013. Esta ley refuerza los derechos de los trabajadores, resuelve la incertidumbre jurídica de los despidos y otorga mayor flexibilidad a los empleadores. Constituye un progreso hacia un mercado más laboral más fluido. En algunos aspectos esepecíficos, la ejecución de esta reforma, así como su impacto, está conectada con la adopción de otros acuerdos sectoriales y de empresa que serán necesarios para que el acuerdo pueda entrar en vigor.

               (17)

               La sexta parte de los jóvenes franceses abandonan la educación y formación sin cualificación. Es este un dato especialmente preocupante porque la tasa de desempleo juvenil ascendía al 25,4 % a finales de 2012 y el riesgo de desempleo era casi el doble para los jóvenes menos cualificados. Los sistemas de promoción de los contratos de aprendizaje deben llegar en particular a los jóvenes menos cualificados. La armonización de los sistemas nacionales con la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (5) debe desempeñar una función estructural en la respuesta a estos retos. Pese a las reformas iniciadas en 2009, el porcentaje de participación de los adultos franceses en actividades de formación permanente (5,7 % en 2012; adultos menos cualificados: 2,5 %) está por debajo de la media de la UE. La transferencia prevista de competencias a los Consejos regionales podría permitir poner remedio a las deficiencias del sistema actual. Pese a su significativa tendencia al aumento, la tasa de ocupación de los trabajadores de 55 a 64 años es todavía baja, en la media de los Estados miembros de la UE (45,7 % en el cuarto trimestre de 2012), y se ha cerrado en la mitad tan solo del desfase con la media de la UE desde 2008 (de los 7,4 puntos en 2008 a los 3,8 en 2012). Aun siendo un paso en la dirección correcta, no está claro en qué medida los «contratos generacionales» contribuirán al empleo de los trabajadores de mayor edad y facilitarán la reocupación de los demandantes de empleo más mayores. El gasto público francés en subsidios de desempleo aumentó un 5,3 % en 2012 y se espera que aumente un 6,1 % en 2013 según el Programa de Estabilidad. El déficit acumulado del régimen de desempleo, que rondará el 1 % del PIB en 2013, exige una reforma del sistema de prestaciones de desempleo.
               En particular, algunos elementos, como las condiciones de acceso, la disminución progresiva de las prestaciones o las tasas de sustitución de los trabajadores con salarios más altos, deberían adaptarse para asegurarse de que los incentivos al trabajo son adecuados. El nuevo convenio tripartito del servicio público de empleo (Pôle emploi) prevé un seguimiento diferenciado de los demandantes de empleo. La la cartera de los asesores laborales ha aumentado, sin embargo, debido al incremento del desempleo, y la reorientación de la estrategia del Pôle emploi se ve obstaculizada por la debilidad económica. En resumidas cuentas, es preciso tomar más medidas en vista de las negativas perspectivas económicas y del aumento esperado del desempleo en Francia.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Francia. Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad y ha presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (19)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (6) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2, 3, 4, 5 y 6 que figuran a continuación.

               (21)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). En tanto que país cuya moneda es el euro, Francia también debería garantizar la oportuna y plena aplicación de estas recomendaciones.

         RECOMIENDA que Francia tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Reforzar y proseguir la estrategia presupuestaria en 2013. Acrecentar la credibilidad del ajuste especificando antes del otoño de 2013 y aplicando las medidas necesarias para 2014 y los años posteriores con el fin de garantizar una corrección sostenible del déficit excesivo en 2015 a más tardar y la consecución del objetivo de ajuste estructural enunciado en las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Dedicar todos los ingresos extraordinarios a la reducción del déficit. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios requiere una ejecución creíble de reformas estructurales ambiciosas para aumentar la capacidad de ajuste y fomentar el crecimiento y el empleo. Mantener una senda de consolidación presupuestaria que propicie el crecimiento y aumentar la eficiencia del gasto público, en particular revisando como está previsto las categorías de gasto en todos los subsectores de la administración pública. Tomar medidas en virtud de la próxima ley de descentralización para lograr mejores sinergias y ahorros entre las administraciones centrales y locales. Una vez corregido el déficit excesivo, proseguir el esfuerzo de ajuste estructural a un ritmo adecuado para el objetivo a medio plazo en 2016. Adoptar medidas a finales de 2013 para equilibrar de manera sostenible el régimen de pensiones a más tardar en 2020, por ejemplo adaptando las normas de indización, aumentando el período de cotización para la pensión completa, elevando más la edad de jubilación efectiva, ajustando la edad de jubilación o el pago de las prestaciones de jubilación a los cambios en de la esperanza de vida, y revisando los regímenes especiales, a la vez que se evita un incremento de las contribuciones empresariales a la seguridad social, y aumentar la eficacia del gasto sanitario, incluido el gasto farmacéutico.

               2.

               Garantizar que la reducción de los costes laborales resultantes del «crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi» se produce en la medida prevista y que ninguna otra medida contrarresta su efecto. Adoptar nuevas medidas para reducir los costes laborales, en particular para reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social, en colaboración con los interlocutores sociales. Garantizar que los aumentos del salario mínimo favorecen la competitividad y la creación de empleo, teniendo en cuenta la existencia de sistemas de apoyo a la renta y exenciones a las cotizaciones sociales.

               3.

               Adoptar medidas suplementarias para mejorar el entorno empresarial y desarrollar la capacidad de innovación y exportación de las empresas, en particular las PYME y las empresas de tamaño medio. En particular, emprender la anunciada iniciativa de simplificación del marco reglamentario y mejorar las condiciones generales para la innovación aumentando la transferencia de tecnología y la explotación comercial de la investigación, también mediante una reorientación de los polos de competitividad.

               4.

               Adoptar medidas suplementarias para fomentar la competencia en el sector de servicios, eliminar las restricciones injustificadas al acceso y el ejercicio de los servicios profesionales, sobre todo en lo que respecta a la forma jurídica, la estructura accionarial, las cuotas y las restricciones territoriales; tomar medidas para simplificar la autorización de la apertura de establecimientos comerciales y suprimir la prohibición de las ventas con pérdidas; eliminar las tarifas reguladas de gas y electricidad para los clientes no domésticos y reforzar la capacidad de interconexión con los países vecinos; en el sector ferroviario, abrir a la competencia el transporte nacional de pasajeros

               5.

               Proseguir los esfuerzos para simplificar el sistema fiscal y mejorar su eficiencia, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las normas fiscales. Adoptar medidas para acabar con la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad empresarial. Intensificar los esfuerzos para reducir y racionalizar el gasto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades al tiempo que se reducen los tipos impositivos; aproximar los tipos reducidos del IVA al tipo normal y suprimir los tipos reducidos ineficientes. Adoptar nuevas medidas que desplacen la carga fiscal del trabajo al medio ambiente o al consumo.

               6.

               Aplicar plenamente, sin demora y en concertación con con los interlocutores sociales, el acuerdo interprofesional de enero de 2013. Adoptar nuevas medidas para combatir la segmentación del mercado laboral, en particular para abordar la situación de los trabajadores temporales. Emprender urgentemente una reforma del sistema de prestaciones de desempleo en colaboración con los interlocutores sociales y de conformidad con las prácticas nacionales para garantizar la sostenibilidad del sistema a la par que su capacidad para incentivar la reocupación. Elevar la tase de empleo de los trabajadores de más edad y estimular su participación en el mercado de trabajo. Tomar medidas específicas para mejorar las perspectivas de empleo de los desempleados de más edad, en particular mediante asesoramiento y formación específicos. Aumentar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente, especialmente de los menos cualificados y de los desempleados. Garantizar que los servicios públicos de empleo prestan un apoyo individualizado real a los desempleados y que las políticas activas de empleo se dirigen efectivamente a los más desfavorecidos. Adoptar nuevas medidas para mejorar la transición de la escuela al trabajo mediante, por ejemplo, una Garantía Juvenil (8) y la promoción de los contratos de aprendizaje.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Orientaciones mantenidas para 2013 mediante la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (4)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 31.

      (5)  DO C 120 de 26.4.2013, p.1.

      (6)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  Véase la página 97 del presente Diario Oficial.

      (8)  Adoptado por la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 (DO C 120 de 26.4.2013, p.1).


Avis juridique important

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31992H0579

92/579/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1992, por la que se invita a los Estados miembros a crear las infraestructuras necesarias para la identificación de los productos peligrosos en las fronteras exteriores

Diario Oficial n° L 374 de 22/12/1992 p. 0066 - 0069

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN  de 27 de noviembre de 1992  por la que se invita a los Estados miembros a crear las infraestructuras necesarias para la identificación de los productos peligrosos en las fronteras exteriores  (92/579/CEE)LA  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el segundo guión de su artículo 155,  Considerando que, a más tardar, el 29 de junio de 1994, fecha para la transposición de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos (1), los Estados miembros deben haber adoptado las  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a dicha Directiva; que la mencionada Directiva crea, en particular, un conjunto coherente de procedimientos, tanto en el plano nacional como comunitario, para garantizar  el cumplimiento de la obligación general de seguridad, esto es, la obligación para los productores de comercializar únicamente productos seguros;  Considerando que la definición de « productor », que figura en la letra d) del artículo 2 de dicha Directiva se refiere también al importador del producto; que la obligación de comercializar únicamente productos seguros que se impone al productor se  aplica también a la actividad del importador en la medida en que se solicite el despacho a libre práctica de productos de consumo procedentes de terceros países;  Considerando que la mencionada Directiva permite, en particular, la adopción de medidas de urgencia como instrumento de último recurso a escala comunitaria cuando existan divergencias entre los Estados miembros respecto a las medidas urgentes que hayan  de adoptarse y cuando los procedimientos comunitarios específicos resulten insuficientes para corregir las situaciones de emergencia que crean los productos peligrosos;  Considerando que, con arreglo a ese procedimiento, puede adoptarse una decisión comunitaria en la que se prevean medidas transitorias con respecto a un producto determinado; que incumbe luego a los Estados miembros adoptar las disposiciones nacionales  apropiadas para garantizar su aplicación en los territorios respectivos; que dichas medidas nacionales son también necesarias cuando la situación de emergencia puede ser resuelta por los Estados miembros mismos sin la intervención formal de la  Comunidad, siempre que todos adopten medidas equivalentes dirigidas a eliminar el riesgo, para garantizar la protección de la salud y de la seguridad de los consumidores y el buen funcionamiento del mercado interior;  Considerando que en la medida en que las disposiciones nacionales contempladas anteriormente se refieran a medidas encaminadas a restringir o prohibir la comercialización y teniendo en cuenta la aplicabilidad de la Directiva 92/59/CEE en caso de  despacho a libre práctica, el respeto de dichas disposiciones será garantizado por las autoridades nacionales responsables de la vigilancia del mercado, incluidas las autoridades aduaneras encargadas de autorizar el despacho a libre práctica de los  productos procedentes de terceros países;  Considerando que, durante el período que preceda a la transformación de la Directiva 92/59/CEE, con objeto de garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores no solamente en el interior de su territorio, sino también en las fronteras  exteriores, resulta apropiado invitar a los Estados miembros a que prevean, a partir de este momento, las infraestructuras administrativas necesarias para la identificación de los productos considerados peligrosos;  Considerando que la Decisión 89/45/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema comunitario de intercambio rápido de informaciones sobre los peligros derivados de la utilización de productos de consumo (2), modificada por la  Decisión 90/352/CEE (3), prevé una infraestructura eficaz y coherente que haga posible el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión; que el procedimiento se inicia cuando un Estado miembro decide adoptar medidas urgentes con  objeto de impedir, restringir o someter a condiciones específicas la comercialización o la utilización en su territorio geográfico de un producto debido al riesgo grave e inmediato que entraña para la salud y la seguridad de los consumidores;  Considerando que dicho procedimiento de información se ha concebido para advertir a los demás Estados miembros del riesgo grave e inmediato que representan algunos productos de consumo que se encuentran en el mercado y que han sido identificados por un  Estado miembro determinado, a fin de que puedan adoptar las medidas apropiadas para garantizar la protección de los consumidores en sus territorios respectivos;  Considerando que el mencionado procedimiento de vigilancia del mercado puede ser utilizado asimismo por los Estados miembros para identificar los productos que se considera que representan un riesgo grave e inmediato con ocasión del cumplimiento de las  formalidades de importación relacionadas en particular con el despacho a libre práctica de esos productos procedentes de terceros países; que, en estas circunstancias, la decisión adoptada por el Estado miembro de prohibir o restringir la  comercialización de un producto determinado podría aplicarse también a los productos idénticos a los productos peligrosos señalados, procedentes de terceros países y declarados para su despacho a libre práctica;  Considerando que los procedimientos que se preconizan en la presente Recomendación, no pueden afectar a los métodos practicados de verificación y análisis aplicados por las autoridades nacionales para evaluar si un producto es efectivamente peligroso;  Considerando que, en aplicación de la Decisión 89/45/CEE, los Estados miembros disponen de las infraestructuras necesarias para verificar el riesgo grave e inmediato de los productos notificados; que para alcanzar el objetivo perseguido, se invita a los  Estados miembros a informar a las autoridades aduaneras acerca de los resultados de estas verificaciones, a fin de permitir la identificación del producto de que se trate basándose en la declaración aduanera presentada en el momento del cumplimiento de  las formalidades de despacho a libre práctica;  Considerando que, en la medida en que las autoridades aduaneras hayan identificado efectivamente dichos productos, se recomienda suspender el levante de los mismos cuando se declaren para su despacho a libre práctica, a fin de que las autoridades  competentes en la materia puedan llevar a cabo las verificaciones pertinentes;  Considerando que, incluso si el producto señalado no se encuentra en el mercado nacional, se sugiere a los Estados miembros que contemplen la posibilidad de que las autoridades competentes puedan adoptar las medidas antes mencionadas respecto de dicho  producto sobre la base de las informaciones notificadas en el marco del sistema de intercambio rápido y, en su caso, sobre la base del examen de una muestra puesta a disposición de la autoridad competente; que, cuando se adopte una medida con respecto  al producto peligroso, es conveniente que las autoridades aduaneras dispongan de dicha información para garantizar el control adecuado de las fronteras exteriores; que, en estas condiciones, las verificaciones suplementarias antes mencionadas pueden  efectuarse cuando el producto señalado es declarado para su despacho a libre práctica;  Considerando que, cuando de estas verificaciones se desprenda que el producto de que se trate presenta efectivamente un riesgo grave e inmediato para la salud y la seguridad de los consumidores, se invita a los Estados miembros a que prohíban, llegado  el caso, el despacho a libre práctica de dicho producto con arreglo a la medida nacional citada anteriormente;  Considerando que, en espera de la transposición de la Directiva 92/59/CEE, se invita a los Estados miembros a que apliquen la presente Recomendación para garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores, mediante una vigilancia eficaz de  las fronteras exteriores, respecto de los productos que presenten riesgos graves e inmediatos;  Considerando que, para evaluar la eficacia de los procedimientos propuestos en la presente Recomendación, en la medida en que los Estados miembros se hayan atenido a la misma, resulta oportuno que la Comisión, previa consulta a los Estados miembros,  informe de ello al Parlamento Europeo y al Consejo;  Considerando que la presente Recomendación, por su naturalzea misma, no afecta a la aplicación de los procedimientos comunitarios de notificación equivalentes,  FORMULA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:  I  A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:  1) sistema de intercambio rápido: el sistema comunitario de intercambio rápido de información sobre los riesgos derivados de la utilización de productos de consumo, creado por la Decisión 89/45/CEE;  2) punto de contacto: la autoridad nacional competente designada por cada Estado miembro para transmitir o recibir:   - las notificaciones relativas a las medidas urgentes que un Estado miembro haya decidido adoptar para impedir, restringir o someter a condiciones específicas la comercialización o la utilización en su territorio de un producto o de un lote de  productos debido al riesgo grave e inmediato que dicho producto o lote de productos entraña para la salud y la seguridad de los consumidores cuando se utiliza en condiciones normales y previsibles,  - la información que recibe la Comisión,  - la información relativa a los controles efectuados en el mercado y a las medidas adoptadas, en su caso, tras la recepción de las notificaciones iniciales;  3) productos: todos los productos destinados a los consumidores a que se refiere el artículo 2 de la Decisión 89/45/CEE;  4) autoridades aduaneras: las autoridades competentes para la aplicación de la reglamentación aduanera.  II  1. Se invita a todo Estado miembro que decida adoptar medidas urgentes para impedir, restringir o someter a condiciones específicas la comercialización o la utilización en su territorio geográfico de un producto, debido al riesgo grave e inmediato que  entraña para la salud y la seguridad de los consumidores, a que informe de ello a las autoridades aduaneras de su país y a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Decisión 89/45/CEE.  2. En caso de aplicación del apartado 1 anterior y para facilitar la identificación del producto de que se trate, es de desear que la información que se transmita incluya, además de los elementos enumerados en el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión  citada anteriormente, una referencia, a título indicativo, al código NC.  III  Se invita a los Estados miembros a contemplar la posibilidad de que:  1) desde el momento de la recepción de las notificaciones transmitidas en el marco del sistema de intercambio rápido, el punto de contacto, en su caso, mediante la intervención de una autoridad competente en la materia, pueda adoptar las medidas  necesarias para comprobar si los productos señalados presentan un riesgo grave e inmediato;  2) en caso de que resulte necesario disponer de una muestra del producto, el punto de contacto pueda enviar a la Comisión una solicitud a tal efecto; la Comisión, por su parte, informará de ello al punto de contacto del Estado miembro notificador; si  dicho punto de contacto decide dar un curso favorable a dicha solicitud, podría proporcionarse al punto de contacto solicitante una muestra del producto. Si el punto de contacto notificador formula una solicitud a tal efecto, debería devolverse la  muestra.  IV  1. Se invita a los Estados miembros a contemplar la posibilidad de que el punto de contacto pueda informar a las autoridades aduaneras de su país así como a la Comisión, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 89/45/CEE, cuando el punto de  contacto considere que el producto notificado por otro Estado miembro representa efectivamente un riesgo grave e inmediato para la salud y la seguridad de los consumidores y el Estado miembro decida, en consecuencia, adoptar medidas urgentes para  impedir, restringir o someter a condiciones específicas la comercialización o la utilización de un producto en su territorio geográfico. En este caso, será de aplicación el apartado 2 de la sección II.  2. El anterior apartado 1 podrá también aplicarse cuando de las verificaciones se desprenda que el producto notificado puede considerarse peligroso con arreglo a dicho apartado, aunque se compruebe que dicho producto no se encuentra en el territorio  nacional del Estado miembro de que se trate.  V  Se invita a los Estados miembros a contemplar la posibilidad de que:  1) desde el momento de la recepción de la información comunicada en aplicación de las secciones II y IV, las autoridades aduaneras puedan adoptar las medidas apropiadas para garantizar la identificación del producto de que se trate cuando éste sea  objeto de una declaración de despacho a libre práctica;  2) cuando un producto idéntico al producto señalado sea declarado para su despacho a libre práctica, las autoridades aduaneras puedan informar de ello directamente al punto de contacto, suspendiendo, en su caso, su decisión de conceder el levante de  dicho producto;  3) el punto de contacto pueda adoptar, en su caso, mediante la intervención de una autoridad competente en la materia, las medidas apropiadas para verificar las características del producto declarado para su despacho a libre práctica, en particular por  lo que respecta a su seguridad, a fin de determinar si el producto es idéntico al que se ha notificado y ha sido objeto de las medidas nacionales previstas en la sección IV;  4) cuando las comprobaciones a que se refiere el punto 3 confirmen que se trata de un producto que entraña un peligro grave e inmediato para la salud y la seguridad de los consumidores, el punto de contacto pueda informar de ello a las autoridades  aduaneras, que podrán decidir la no concesión del levante; en ese caso, se invita a dichas autoridades a que hagan constar en la factura comercial que acompaña al producto una de las siguientes indicaciones:  - « Producto peligroso - No autorizado su despacho a libre práctica  Recomendación 92/579/CEE »  - »Farligt produkt - Ikke godkendt til fri omsaetning  Henstilling 92/579/EOEF«  -  "Gefaehrliches Produkt - Abfertigung zum freien Verkehr nicht gestattet  Empfehlung 92/579/EWG"  - «AAðéêssíaeõíï ðñïúueí - AEaaí aaðéôñÝðaaôáé ç èÝóç óaa aaëaaýèaañç êõêëïoeñssá  Óýóôáóç 92/579/AAÏÊ»  - 'Dangerous product - Release for free circulation not authorized  Recommendation 92/579/EEC'  - « Produit dangereux - Mise en libre pratique non autorisée  Recommandation 92/579/CEE »  - « Prodotto pericoloso - Immissione in libera pratica non autorizzata  Raccomandazione 92/579/CEE »  -  "Gevaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan  Aanbeveling 92/579/EEG"  - « Produto perigoso - Colocaçao em livre prática nao autorizada  Recomendaçao 92/579/CEE ».  5) en la medida en que el producto de que se trate sea declarado a continuación para un destino aduanero distinto del de despacho a libre práctica, la indicación mencionada en el punto 4 pueda consignarse igualmente en el documento relativo al régimen  aduanero de que se trate o en el utilizado en zona franca o en déposito franco.  VI  Se invita a los Estados miembros a contemplar la posibilidad de que el punto de contacto pueda notificar a la Comisión los casos de aplicación de la sección V, indicando, en su caso, el número de orden de la notificación inicial. La Comisión informará  de ello a los demás Estados miembros.  VII  En caso de que los Estados miembros decidan dar curso favorable a una o a varias de las disposiciones que figuran en la presente Recomendación, se les invita a informar de ello a la Comisión.  VIII  1. A más tardar un año después de la publicación de la presente Recomendación, la Comisión procederá a consultar a los Estados miembros para evaluar el curso que aquéllos hayan reservado a la misma.  2. Tras la consulta, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación de la presente Recomendación.  IX  Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1992. Por la Comisión  Karel VAN MIERT  Miembro de la Comisión   (1) DO no L 228 de 11. 8. 1992, p. 24. (2) DO no L 17 de 21. 1. 1989, p. 51. (3) DO no L 173 de 6. 7. 1990, p. 49.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 9 de diciembre de 2011 , al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del De Nederlandsche Bank (BCE/2011/22)

text:
               16.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 367/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 9 de diciembre de 2011
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del De Nederlandsche Bank
   (BCE/2011/22)
   2011/C 367/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del De Nederlandsche Bank expirará después de la auditoría del ejercicio de 2011. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2012.

               (3)

               El De Nederlandsche Bank ha seleccionado a Deloitte Accountants BV como auditor externo para los ejercicios de 2012 a 2018.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que Deloitte Accountants BV sea nombrado auditor externo del De Nederlandsche Bank para los ejercicios de 2012 a 2018.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 9 de diciembre de 2011.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI


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		52012PC0655

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos /* COM/2012/0655 final */

			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           Antecedentes y contexto político
El amaño de
partidos se considera unánimemente una de las mayores amenazas para el deporte
contemporáneo. Afecta a valores del deporte como la integridad, el juego limpio
y el respeto a los demás, y puede provocar la pérdida de interés de los
seguidores y aficionados por el deporte organizado, sector que genera un
2 % del valor añadido bruto de la UE. Además, en el amaño de partidos
están a menudo implicadas redes de delincuencia organizada activas a escala
mundial. Este problema se ha convertido en una prioridad para los poderes
públicos, el movimiento deportivo y los organismos que velan por el
cumplimiento de la ley en todo el mundo.
La
Comunicación de la Comisión «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte»
de 2011 reconoce explícitamente que amañar partidos es contrario a la ética y
la integridad del deporte. La Comisión abordó también el problema del amaño de
partidos en 2011 en su Libro Verde sobre el juego en línea, en su Comunicación sobre
la lucha contra la corrupción en la UE y en su Comunicación «Hacia un marco
europeo global para los juegos de azar en línea».
El Parlamento
Europeo adoptó en junio de 2011 una Declaración escrita sobre la lucha contra
la corrupción en el deporte europeo y, en febrero de 2012, una Resolución sobre
el desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en la que insta a reforzar
la cooperación internacional para combatir el amaño de partidos. El 29 de
noviembre de 2011 el Consejo de la UE adoptó conclusiones sobre la lucha contra
el amaño de partidos en las que instaba a la Comisión, a los Estados miembros y
a la partes interesadas no gubernamentales a cooperar y adoptar medidas a
diferentes niveles para mejorar la lucha contra el amaño de partidos en la UE.
En marzo de
2011 el Comité Olímpico Internacional (COI) creó un Grupo de Trabajo, compuesto
por representantes de alto nivel del movimiento deportivo, los poderes
públicos, las organizaciones internacionales y los operadores de apuestas, para
que propusiera formas de combatir las apuestas deportivas irregulares e
ilegales, y el 2 de febrero de 2012 se adoptó una hoja de ruta en Lausana para
la adopción de medidas al respecto.
El 28 de
septiembre de 2011 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una
Recomendación sobre la promoción de la integridad del deporte frente a la
manipulación de resultados, en particular el amaño de partidos. En dicha
Recomendación se pide al Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS) que
lleve a cabo un estudio de viabilidad de un posible instrumento jurídico
internacional para prevenir y combatir el amaño de partidos. El 15 de marzo de
2012, la Conferencia de Ministros Responsables del Deporte del Consejo de
Europa, reunida en Belgrado, tomó nota de las conclusiones del estudio y pidió
al EPAS que entablara negociaciones, de forma coordinada con la UE, sobre un
posible instrumento jurídico internacional (convenio) para combatir la
manipulación de resultados deportivos, especialmente el amaño de partidos. El
13 de junio de 2012, el Comité de Ministros del Consejo de Europa respaldó
dicha petición. En el verano de 2012, el EPAS invitó a los países firmantes del
Convenio Cultural Europeo a manifestar su interés por participar en las
negociaciones de un proyecto de Convenio del Consejo de Europa contra la
manipulación de resultados deportivos.
2.           Posible Convenio del Consejo de Europa
contra el amaño de partidos: contenido y calendario eventuales
Sobre la base del estudio de viabilidad
realizado por el EPAS, el posible contenido del futuro Convenio del Consejo de
Europa puede estructurarse de la manera siguiente:
1.           Prevención
a)      Coordinación interna
b)      Promoción y apoyo de las medidas que
adopte el movimiento deportivo
c)      Creación de un marco para el mercado
de las apuestas
d)      Promoción de las medidas que adopten
los operadores de apuestas
2.           Cooperación
internacional
e)      Poderes públicos – deporte
f)       Poderes públicos (reguladores de
apuestas) – operadores de apuestas
g)      Cooperación internacional entre las
autoridades judiciales o las autoridades que velan por el cumplimiento de la
ley
h)      Consultas tripartitas
3.           Sanciones
i)       Combinación de sanciones
disciplinarias, administrativas y penales
j)       Disciplinarias
k)      Administrativas
l)       Penales
m)     Jurisdicción
4.           Garantía del cumplimiento
de la ley
n)      Investigación
o)      Ciberdelincuencia
5.           Continuación
p)      Seguimiento
q)      Comité del Convenio
Uno de los aspectos más importantes de la
lucha contra el amaño de partidos a nivel de la UE o a nivel internacional es
la necesidad de coordinar a las diferentes partes interesadas que actúan
sobre el terreno, en particular los poderes públicos, los organismos que velan
por el cumplimiento de la ley, los reguladores de apuestas, el movimiento
deportivo con todos sus componentes y los operadores de apuestas (loterías y
operadores privados). El principal valor añadido de un Convenio del Consejo de
Europa contra el amaño de partidos es la creación de una plataforma de
cooperación transfronteriza y transectorial en la que participarían todos
los agentes pertinentes. Una ventaja significativa de este Convenio radicaría
en sus estructuras de seguimiento y continuación, basadas en el modelo de los
comités permanentes existentes para los convenios del Consejo de Europa en el
ámbito del deporte (lucha contra el dopaje y violencia de los espectadores).
Estas estructuras deberían estar abiertas a todas las partes interesadas
pertinentes y convertirse en el foro de debate sobre la aplicación del Convenio
y los avances en la lucha contra el amaño de partidos en Europa.
Otra ventaja importante de un futuro
Convenio es que estaría abierto a países no europeos: todos los países podrían
firmarlo y ratificarlo (por ejemplo, Canadá y Australia son Parte en el
Convenio del Consejo de Europa contra el dopaje). Este aspecto es fundamental,
dado que la cooperación a escala mundial, principalmente con los países en los
que están generalizadas las apuestas deportivas, como los del Sudeste Asiático,
se considera esencial para combatir eficazmente las redes transnacionales de delincuencia
organizada que están implicadas en amaños de partidos y operan en distintos
continentes.
El Convenio propuesto no constituiría un
instrumento de armonización de las legislaciones nacionales de las partes
firmantes. Aunque mencionaría el establecimiento de una definición acordada de
«amaño de partidos» y la adopción de un abanico de sanciones efectivas,
disuasorias y proporcionadas, estas disposiciones se formularían de manera que
las partes firmantes pudieran gozar de cierta flexibilidad a la hora de
aplicarlas.
El contenido preciso, la estructura y el
ámbito de aplicación del texto del Convenio son a estas alturas más bien
teóricos, puesto que se tratarán en las futuras negociaciones.
Un grupo de redacción, compuesto
por representantes de los Estados miembros que participen en las negociaciones,
será responsable de la preparación del texto del Convenio. En los documentos
distribuidos por el Consejo de Europa se indica explícitamente que podrá
participar en él un representante de la UE. Este grupo se reunió en Estrasburgo
por primera vez del 9 al 11 de octubre de 2012 para mantener conversaciones
exploratorias. La Comisión asistió a esa primera reunión exploratoria en
calidad de observador ad hoc. El EPAS, que asumirá la secretaría,
calcula que el grupo de redacción celebrará siete reuniones de tres días entre
octubre de 2012 y diciembre de 2013, con el fin de presentar el Convenio a la
firma del Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2014.
3.           Papel de la UE en la lucha contra el
amaño de partidos
El amaño de partidos es un asunto
relativamente nuevo en la agenda de la UE para el deporte, y las iniciativas al
respecto son, por tanto, muy recientes. En la Comisión, la participación en la
lucha contra el amaño de partidos puede examinarse desde tres ángulos
distintos, correspondientes a los tres aspectos principales de este problema.
El aspecto
deportivo: Tal como se establece en el artículo
165 del Tratado, uno de los objetivos de la acción de la UE en el ámbito
deportivo es desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la
equidad en las competiciones deportivas y protegiendo la integridad física y
moral de los deportistas. La Comisión ha adoptado una primera iniciativa
concreta en este ámbito al incluir en la convocatoria de propuestas para la
ejecución de la «Acción preparatoria: Asociaciones europeas en el ámbito del
deporte», de 2012, una línea prioritaria para proyectos centrados en la
prevención del amaño de partidos mediante la educación y la información de las
partes interesadas, especialmente los deportistas, los árbitros, los jueces de
las competiciones y los directivos del deporte. El objetivo del apoyo
financiero que se prestará a raíz de esta convocatoria consiste en reforzar el
aspecto preventivo de la lucha contra el amaño de partidos mediante el
intercambio de buenas prácticas. La lucha contra el amaño de partidos figura
también entre los objetivos del capítulo dedicado al deporte del programa
«Erasmus para Todos», que probablemente permitirá prestar apoyo de forma estructurada
a acciones similares más allá de 2014. Además de prestar ayuda financiera, la
Comisión coopera estrechamente con las partes interesadas externas (en
particular el COI y el Consejo de Europa) en la búsqueda de formas de combatir
el amaño de partidos a escala europea e internacional. La Comisión asume
también la secretaría del Grupo de Expertos de la UE sobre la Buena Gobernanza
en el Deporte, creado de acuerdo con la Resolución del Consejo sobre un Plan de
Trabajo de la UE para el deporte de mayo de 2011. El Grupo de Expertos elaboró
recomendaciones que sometió al análisis del Grupo de Trabajo del Consejo sobre
el deporte en junio de 2012.
El aspecto
del juego de azar y las apuestas: Los amaños de
partidos no están necesariamente vinculados con apuestas deportivas. Sin
embargo, la combinación de apuestas deportivas no reguladas y el amaño de
partidos supone una amenaza para las manifestaciones deportivas, debido en gran
medida a la existencia de personas o redes delictivas que utilizan las apuestas
deportivas como fuente de ingresos o con fines de blanqueo de capitales. En el
Libro Verde sobre el juego en línea, consulta pública realizada por la Comisión
en 2011, se abordaron cuestiones relacionadas con la integridad del deporte. Se
recibieron unas doscientas cincuenta respuestas de distintas partes
interesadas, incluidos varios organismos deportivos. La consulta se completó
con cinco talleres temáticos en el transcurso de 2011, uno de los cuales,
celebrado el 10 de mayo, se dedicó especialmente al juego en línea y la
integridad del deporte (con particular atención al amaño de partidos). El 23 de
octubre de 2012, como continuación al Libro Verde, la Comisión adoptó la
Comunicación «Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea»
[COM(2012) 596 final]. La protección de la integridad del deporte contra el
amaño de partidos es una de las prioridades presentadas en la Comunicación y a
tal fin se propone un Plan de Acción que incluye la participación de la
Comisión en los trabajos del Consejo de Europa sobre un posible Convenio contra
la manipulación de resultados deportivos.
El aspecto
de la corrupción: El amaño de partidos es una
forma de corrupción y, como tal, está sancionado por las legislaciones penales
nacionales. La Comisión está aplicando el paquete de medidas contra la
corrupción adoptado en 2011, que está orientado a la mejora del seguimiento y
la evaluación de la lucha contra la corrupción, en particular mediante la
elaboración de un Informe Anticorrupción de la UE mediante el cual la Comisión
evaluará periódicamente varios aspectos destacados en relación con la
corrupción y la capacidad de control de la corrupción en los Estados miembros
de la UE. El Informe podría abordar también cualquier asunto destacado
relacionado la corrupción, incluido el amaño de partidos en el deporte. El
Informe Anticorrupción de la UE, acompañado de un análisis por Estado miembro,
con recomendaciones para cada uno de ellos, será publicado por la Comisión cada
dos años a partir de 2013. Paralelamente, la Comisión está estudiando las
modalidades de la posible participación de la UE en el Grupo de Estados contra
la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, cuya finalidad es aumentar el
valor añadido a la lucha de la UE contra la corrupción.
El Parlamento Europeo se refirió
al problema del amaño de partidos, especialmente cuando está vinculado con
apuestas, en su informe de 2009 sobre la integridad de los juegos de azar en
línea (A6-0064/2009). Abordó también esta cuestión de forma más detallada en su
informe de 2011 sobre el juego en línea en el mercado interior (A7-0342/2011),
en el que mencionaba cuestiones relacionadas con la cooperación transfronteriza
policial y judicial, la colaboración entre los organizadores de competiciones
deportivas y los operadores de juegos y apuestas, el establecimiento de redes y
puntos de contacto nacionales para tratar los casos de amaño de partidos y la
definición de «amaño de partidos» a nivel de la UE. Por último, el problema del
amaño de partidos se abordó también en el informe de 2012 del Parlamento
Europeo sobre la dimensión europea en el deporte (A7-0385/2011), en el que el
Parlamento pedía a las federaciones deportivas que trabajasen en estrecha
colaboración con los Estados miembros para proteger la integridad del deporte.
El Consejo abordó por primera vez
la lucha contra el amaño de partidos en el Plan de Trabajo de la UE para el
deporte 2011-2014, adoptado en mayo de 2011, en el que la integridad del
deporte, en particular la lucha contra el amaño de partidos, figuraba como asunto
prioritario para el periodo 2011-2014. Asimismo, en noviembre de 2011 el
Consejo adoptó conclusiones sobre la lucha contra el amaño de partidos en las
que invitaba a los Estados miembros y a las partes interesadas a fomentar el
desarrollo de programas educativos y a garantizar una estrecha cooperación
entre todas las partes interesadas. El Grupo de Trabajo del Consejo sobre el
deporte debate actualmente el texto del proyecto de conclusiones sobre el
establecimiento de una estrategia para combatir la manipulación de resultados
deportivos, que debe adoptarse en noviembre de 2012.
Los dos organismos de la UE encargados de
la cooperación transfronteriza policial y judicial, Europol y Eurojust,
también participan activamente en la lucha contra el amaño de partidos. Si bien
la cooperación en el ámbito del deporte de los organismos que velan por el
cumplimiento de la ley a nivel de la UE se ha centrado tradicionalmente en el
problema de la violencia de los espectadores, el amaño de partidos se ha
convertido en los dos últimos años en un nuevo ámbito de cooperación
transfronteriza. Actualmente hay dos casos abiertos, de los que se ocupa un
Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en el que participan cuatro países de la
UE (DE, HU, AT y FI). La razón declarada por Europol y Eurojust para ocuparse
de los amaños de partidos es que en estas prácticas están a menudo implicadas
importantes organizaciones de delincuencia organizada.
Todos estos elementos están enfocados en
la misma dirección: la lucha contra el amaño de partidos se ha convertido en
una prioridad en diferentes ámbitos de actuación de la UE (política de
deportes, supervisión de los mercados de los juegos de azar y lucha contra la
corrupción) y es probable que centre aún más la atención del público tras los recientes
casos de corrupción en varios ámbitos del mundo del deporte.
Dado que el Convenio previsto no tiene
como objetivo armonizar las disposiciones de Derecho penal en los países
firmantes ni persigue fines de armonización en otros campos, como las leyes
sobre los juegos de azar y las apuestas, y puesto que, en virtud del artículo 6
del TFUE, la UE solo tiene competencia para apoyar, coordinar o complementar
medidas de los Estados miembros en el ámbito del deporte, se propone que la UE
participe en las próximas negociaciones junto con sus Estados miembros.
La participación propuesta en las negociaciones no tiene incidencia en el
presupuesto de la UE.
Por consiguiente, la Comisión
recomienda que el Consejo:
–
adopte la Decisión adjunta por la que se
autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la
negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para luchar
contra la manipulación de resultados deportivos;
–
emita las directrices de negociación adjuntas
a dicha Decisión;
–
designe un comité especial, en consulta con el
cual se llevarán a cabo las negociaciones.
Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se autoriza la participación
de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio
internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los
resultados deportivos
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su
artículo 218, apartados 3 y 4,
Vista la
Recomendación de la Comisión Europea,
Considerando
lo siguiente:
Deben
entablarse negociaciones sobre la preparación de un Convenio internacional del
Consejo de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos.
La Unión debe
participar en esas negociaciones.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se autoriza a
la Comisión a negociar, en nombre de la Unión Europea, un Convenio
internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los
resultados deportivos.
Artículo 2
Las
directrices de negociación figuran en el anexo.
Artículo 3
Las
negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité
especial, que insertará el Consejo].
Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión será la Comisión.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
ANEXO
Directrices para la negociación
de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir
la manipulación de los resultados deportivos
El futuro
Convenio tendrá como finalidad la creación de un marco jurídico internacional
para prevenir y combatir la manipulación de resultados deportivos, en
particular el amaño de partidos. El objetivo del Convenio debe ser el refuerzo
de la cooperación internacional en este contexto y el establecimiento de un
mecanismo de seguimiento que garantice una actuación efectiva de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el Convenio.
La Unión
Europea participará en estas reuniones para garantizar la coherencia de la
propuesta de Convenio con el acervo de la UE, especialmente en lo que atañe a las
libertades del mercado interior (libre prestación de servicios y libertad de
establecimiento) y a la cooperación judicial en asuntos penales.
La Unión
Europea participará también en las negociaciones a efectos de garantizar que
las disposiciones del futuro Convenio se ajusten a las políticas de la UE en
los ámbitos del deporte, los juegos de azar en línea y la lucha contra la
corrupción. Los documentos de referencia de estas políticas son, entre otros,
los siguientes:
·
la Comunicación de la Comisión «Desarrollo de
la dimensión europea en el deporte» [COM(2011) 12 final];
·
el Libro Verde sobre el juego en línea en el
mercado interior [COM(2011) 128 final];
·
la Comunicación de la Comisión sobre la lucha
contra la corrupción en la UE [COM(2011) 308 final];
·
la Comunicación de la Comisión «Hacia un marco
europeo global para los juegos de azar en línea» [COM(2012) 596 final];
·
las conclusiones del Consejo sobre la lucha
contra el amaño de partidos (16819/11).


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		52014PC0651

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones en relación con la enmienda del Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales /* COM/2014/0651 final */

			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
La Unión Europea y la mayoría de sus
Estados miembros son Partes en el Convenio de la CEPE/ONU sobre los Efectos
Transfronterizos de los Accidentes Industriales (en lo sucesivo denominado «el
Convenio»). El Convenio se aplica a la prevención, la preparación y la
intervención en caso de accidentes industriales en lugares donde se desarrollan
actividades peligrosas que puedan tener efectos transfronterizos.
La Directiva Seveso II es el
instrumento jurídico establecido para cumplir las obligaciones de la Unión
Europea derivadas del Convenio. El anexo I del Convenio y el anexo I
de la Directiva Seveso II contienen las sustancias peligrosas por
categorías e individualizadas a efectos de la determinación de las actividades
peligrosas. En junio de 2015, la Directiva Seveso II será sustituida por
la Directiva Seveso III, que, entre otras cosas, modifica el anexo I.
2.           RESULTADOS DE LAS
CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
En su 7ª reunión, de 2012, la Conferencia
de las Partes (COP) en el Convenio de la CEPE/ONU sobre los Efectos
Transfronterizos de los Accidentes Industriales encargó al Grupo de trabajo
sobre el desarrollo del Convenio que evaluara una lista de posibles enmiendas en
ámbitos propuestos por la COP. El Grupo de trabajo, tras su cuarta reunión,
celebrada en abril de 2014, llegó a la conclusión de que era conveniente
introducir enmiendas en cuatro ámbitos:
1)         Definiciones revisadas y
definiciones adicionales (art. 1): El Grupo de trabajo recomendó enmendar
algunas definiciones para mantener una coherencia con otros convenios de la
CEPE [Convenio de Aarhus y Convenio sobre evaluación de impacto ambiental en un
contexto transfronterizo (Convenio de Espoo)], para adaptar las definiciones a
los avances aceptados a nivel internacional, para aumentar la claridad y la
seguridad jurídica y para fortalecer la coherencia interna del Convenio.
2)         Reforzar la participación del
público (art. 9): El Grupo recomendó enmendar el artículo 9 en aras
de la coherencia con otros convenios de la CEPE.
3)         Frecuencia de las reuniones
(art. 18): El Convenio prevé una Conferencia de las Partes anual. No
obstante, en la práctica se celebra cada dos años. El Grupo propuso enmendar el
artículo 18 para armonizarlo con la práctica actual.
4)         Aplicación de las enmiendas a
nuevas Partes (art. 29): El Grupo recomendó añadir un nuevo apartado al
artículo 29 que establezca que los países que se adhieran al Convenio
después de que una enmienda haya entrado en vigor deben adherirse
automáticamente también a esa enmienda. De ese modo aumentará la claridad y se
garantizará la seguridad jurídica para las nuevas Partes.
Ninguno de esos ámbitos susceptibles de
enmienda introducirían en el Convenio modificaciones que pudieran ejercer
impactos ambientales o socioeconómicos en la UE. Antes al contrario, algunas de
esas enmiendas tendrían repercusiones positivas, ya que impondrían normas más
estrictas a las Partes en el Convenio que no son Estados miembros de la UE y,
por esa razón, potenciarían la igualdad de condiciones entre los
establecimientos de la UE y los de fuera de la UE y reducirían los riesgos de
accidentes con efectos transfronterizos potenciales en la UE.
En cuanto a todos los demás ámbitos
técnicos propuestos por la COP, se llegó a la conclusión de que bastaría con
ofrecer una serie de orientaciones y que no era necesario introducir ninguna
enmienda.
También se está estudiando la posibilidad
de que puedan adherirse al Convenio países miembros de las Naciones Unidas que
no sean miembros de la CEPE. A este respecto deberán tenerse en cuenta los
debates sobre este mismo asunto que van a celebrarse en el 71º período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en
septiembre de 2016.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
No es probable que los ámbitos
susceptibles de enmienda tengan ningún efecto en la legislación vigente de la
Unión Europea porque ya están regulados por normas de la UE más estrictas o se
refieren a la organización interna del Convenio.
4.           REPERCUSIONES
PRESUPUESTARIAS
De todos los ámbitos susceptibles de
enmienda, solo podría tener repercusiones presupuestarias el relativo a la
adhesión de países no miembros de la CEPE. Los candidatos potenciales serían
países beneficiarios, lo cual supondría una presión para el presupuesto del
Convenio. No obstante, el mecanismo financiero establecido en el marco del
Convenio se basa en contribuciones voluntarias. Por consiguiente, las Partes
tienen libertad para determinar el importe de su contribución. Al mismo tiempo,
en un Convenio abierto a nivel mundial podrían considerarse otras fuentes de
financiación, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Aunque las
repercusiones presupuestarias serán probablemente muy limitadas, pueden
resultar un factor decisivo en las negociaciones.
Por todo lo cual, procede autorizar la
apertura de negociaciones en relación con la enmienda del Convenio sobre los
Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales.
Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se autoriza la apertura de
negociaciones en relación con la enmienda del Convenio sobre los Efectos
Transfronterizos de los Accidentes Industriales
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 218, apartados 3 y 4,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea,
Considerando lo siguiente:
1)         La Unión es Parte en el Convenio sobre los Efectos
Transfronterizos de los Accidentes Industriales (en lo sucesivo denominado «el
Convenio»).
2)         En la 7ª Conferencia de las Partes, de 2012, se
solicitó al Grupo de trabajo sobre desarrollo del Convenio que determinara la
necesidad de introducir enmiendas en una serie de ámbitos.
3)         En su 4ª reunión de abril de 2014, ese Grupo de trabajo
llegó a la conclusión de que la mayoría de esas cuestiones podían resolverse
mediante orientaciones, pero también identificó cuatro ámbitos en los que la
introducción de enmiendas podía mejorar el Convenio. Esos ámbitos son: las
definiciones, la participación del público, la frecuencia de las reuniones y la
aplicación de enmiendas a las nuevas Partes.
4)         El Grupo de trabajo sobre desarrollo del Convenio llegó
a la conclusión de que se requería más información y debate para evaluar la
cuestión de la posible adhesión al Convenio de países miembros de las Naciones
Unidas que no fueran miembros de la CEPE.
5)         No se espera que las negociaciones tengan repercusiones
sobre la legislación vigente de la Unión Europea, habida cuenta de que, en
relación con los ámbitos objeto de consideración, la Directiva 2012/18/CE prevé
disposiciones más estrictas.
6)         Procede que la Unión participe en las negociaciones
sobre la posible enmienda del Convenio.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se autoriza a la Comisión a negociar, en
nombre de la Unión, en las cuestiones que sean competencia de la Unión, las
enmiendas potenciales del Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los
Accidentes Industriales.
Artículo 2
Las directrices de negociación figuran en
el anexo.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
ANEXO
Documento adjunto
a la propuesta de
Decisión del Consejo
por la que se autoriza la
apertura de negociaciones en relación con la enmienda del Convenio sobre los
Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales
Directrices de negociación de las enmiendas del Convenio sobre los
Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales
1)           Todas las enmiendas acordadas
serán coherentes con las medidas establecidas en la Directiva 2012/18/UE o en
otros actos legislativos pertinentes.
2)           Todas las enmiendas acordadas
en los ámbitos objeto de consideración formarán parte de un único paquete.
3)           La Comisión velará por que el
acuerdo contenga las disposiciones adecuadas que permitan a la Unión ser Parte
en él.
4)           La Comisión se asegurará de que
solo aceptará las enmiendas si su adopción se propone a la vez.
5)           La Comisión informará al comité
consultivo designado por el Consejo sobre el resultado de las negociaciones y,
en su caso, sobre los problemas que puedan surgir durante ellas.