title: Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011 , sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital

text:
               29.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 283/39

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 27 de octubre de 2011
   sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital
   (2011/711/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Agenda Digital para Europa se propone optimizar los beneficios de las tecnologías de la información con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos europeos, como parte de la Estrategia Europa 2020. La digitalización y la conservación de la memoria cultural de Europa, que incluye publicaciones impresas (libros, revistas y periódicos), fotografías, piezas de museo, documentos de archivo, material audiovisual y de audio, monumentos y yacimientos arqueológicos (en lo sucesivo, «material cultural») es uno de los aspectos clave de la Agenda Digital.

               (2)

               La estrategia de la UE para la digitalización y conservación se construye a partir del trabajo realizado durante los últimos años en la Iniciativa de Bibliotecas Digitales. Las actuaciones europeas en este campo, que incluyen el desarrollo de Europeana y el proyecto de biblioteca, archivo y museo digitales de Europa, recibieron recientemente el apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Resolución del Parlamento, de 5 de mayo de 2010, y en las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2010. El plan de trabajo en materia de cultura (2011-2014) elaborado por el Consejo en la sesión celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2010 hace hincapié en la necesidad de coordinar los esfuerzos en el ámbito de la digitalización.

               (3)

               El 28 de agosto de 2006, la Comisión emitió una Recomendación a los Estados miembros con miras a optimizar el potencial económico y cultural del patrimonio cultural de Europa a través de Internet. Los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de la Recomendación de 2008 y 2010 demuestran que se han realizado avances. Estos avances, sin embargo, no son homogéneos en todos los Estados miembros, y el cumplimiento de los distintos puntos de la Recomendación es desigual.

               (4)

               Además, el contexto de los esfuerzos para la digitalización y para la colaboración a nivel europeo ha cambiado notablemente durante los últimos años. El lanzamiento de Europeana en noviembre de 2008, la publicación del informe del Comité de Sabios «El nuevo Renacimiento» sobre la digitalización del patrimonio cultural europeo, de 10 de enero de 2011, y la propuesta de Directiva de la Comisión sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, de 24 de mayo de 2011, son algunos de estos cambios.

               (5)

               Por este motivo conviene recomendar a los Estados miembros un paquete de medidas actualizado para la digitalización y puesta en línea del patrimonio cultural, y para la conservación digital. En ese contexto, debe seguir alentándose el desarrollo de material digitalizado procedente de bibliotecas, archivos y museos para garantizar que Europa mantenga su puesto en la vanguardia mundial en el campo de la cultura y el contenido creativo y utilice su rico patrimonio cultural de la mejor manera posible. Tal como subrayó el Comité de Sabios sobre la digitalización del patrimonio cultural europeo, Europa debe intervenir urgentemente para obtener los beneficios de la digitalización y de la conservación digital. Si los Estados miembros no aumentan la inversión en este campo, existe el riesgo de que los beneficios culturales y económicos del cambio digital se materialicen en otros continentes, y no en Europa.

               (6)

               La accesibilidad en línea del material cultural permitirá que los ciudadanos de toda Europa puedan acceder a él y puedan utilizarlo para su ocio, sus estudios o su trabajo. Dotará de un perfil claro en internet al patrimonio diverso y multilingüe de Europa, y la digitalización de sus activos ayudará a las instituciones culturales europeas a continuar llevando a cabo su misión de dar acceso a nuestro patrimonio y de conservarlo en el entorno digital.

               (7)

               Además, el material digitalizado podrá reutilizarse, sea con fines comerciales o no comerciales, para el desarrollo de contenidos educativos y de aprendizaje, documentales, aplicaciones turísticas, juegos, animaciones y herramientas de diseño, siempre que se respeten plenamente los derechos de autor y otros derechos afines. De esta forma se dará una aportación importante a las industrias creativas, que representan un 3,3 % del PIB de la UE y un 3 % del empleo. Estas industrias se enfrentan a una transición digital que está cambiando los modelos tradicionales, transformando sus cadenas de valor y reclamando nuevos modelos empresariales. La digitalización de los recursos culturales y la ampliación del acceso a los mismos ofrece enormes oportunidades económicas y es una condición esencial para poder seguir desarrollando las capacidades cultural y creativa de Europa y la presencia de su industria en este campo.

               (8)

               La digitalización es un medio importante para ampliar el acceso al material cultural y fomentar su uso. La acción concertada de los Estados miembros para digitalizar sus respectivos patrimonios culturales daría mayor coherencia a la selección de este material y evitaría duplicaciones en la digitalización. Además, ofrecería un entorno más seguro a las empresas inversoras en tecnologías de la digitalización. Una perspectiva general de las actividades de digitalización en curso y previstas, así como la fijación de objetivos cuantitativos de digitalización, ayudarían a conseguir esos objetivos.

               (9)

               El coste de la digitalización del patrimonio cultural para el conjunto de Europa es elevado y, por eso, no puede cubrirse solamente con financiación pública. El patrocinio de la digitalización por el sector privado o la creación de asociaciones entre los sectores público y privado pueden ser vías para la participación de entidades privadas en las actividades de digitalización y, por tanto, deben fomentarse. Para ser justas y equilibradas, estas asociaciones deben cumplir una serie de principios fundamentales. Concretamente, procede establecer plazos para el uso preferente del material digitalizado. El informe del Comité de Sabios sobre la digitalización del patrimonio cultural europeo estableció un plazo máximo de siete años para el uso preferente del material digitalizado por las asociaciones entre los sectores público y privado.

               (10)

               Los Fondos Estructurales de la UE pueden ser destinados, y de hecho lo son, a la cofinanciación de las actividades de digitalización como parte de los proyectos que repercuten en la economía regional. Este uso, sin embargo, podría ser más generalizado y sistemático. Los procesos de digitalización en masa pueden incrementar la eficacia debido a las ventajas de escala. Por consiguiente, debe promoverse el uso eficiente de la capacidad de digitalización y, cuando sea posible, el uso compartido de los equipos de digitalización entre las instituciones culturales y los países.

               (11)

               Solo una parte del material guardado en bibliotecas, archivos y museos es de dominio público, en el sentido de que no está, o ha dejado de estar, protegido por derechos de propiedad intelectual, mientras que el resto sí está protegido por estos derechos. Puesto que los derechos de propiedad intelectual son un instrumento fundamental para incentivar la creatividad, el material cultural de Europa debe digitalizarse, divulgarse y conservarse en el pleno respeto de los derechos de autor y otros derechos afines.

               (12)

               El 24 de mayo de 2011, la Comisión publicó una propuesta de Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. Para que pueda tener pleno efecto, conviene su rápida adopción y aplicación para garantizar un enfoque armonizado en relación con las obras huérfanas en el conjunto de la UE. Con el objetivo de digitalizar a gran escala obras fuera de comercio, los Estados miembros podrían necesitar respaldo legislativo en relación con los mecanismos de concesión de licencias desarrollados de forma voluntaria por las partes interesadas, habida cuenta de la necesidad de garantizar un efecto transfronterizo. En este contexto, el planteamiento adoptado con motivo del diálogo de las partes interesadas patrocinado por la Comisión sobre los libros y revistas especializadas fuera de comercio que dio lugar al Memorando de Acuerdo firmado en Bruselas el 20 de septiembre de 2011, debe considerarse un modelo para futuros diálogos y así facilitar acuerdos sobre la digitalización de todo el material fuera de comercio posible. Las bases de datos de información sobre derechos conectadas a nivel europeo pueden reducir los costes de transacción para la adquisición de derechos. Por lo tanto, estos mecanismos deben promoverse en estrecha cooperación con las partes interesadas.

               (13)

               A fin de permitir un amplio acceso al contenido de dominio público y su consiguiente uso, es necesario asegurar que este contenido siga siendo de domino público una vez digitalizado. Debe evitarse el uso de marcas intrusivas u otros medios de protección visual en las copias de material de dominio público como signo de titularidad o procedencia.

               (14)

               «Europeana», biblioteca, archivo y museo digital de Europa, se lanzó el 20 de noviembre de 2008. La continuación del desarrollo de la plataforma Europeana dependerá, en gran medida, de cómo los Estados miembros y sus instituciones culturales la enriquezcan con contenido y de cómo dichos contenidos se hagan públicos. Deben fomentarse mecanismos a este fin.

               (15)

               Actualmente, Europeana facilita el acceso directo a más de 19 millones de objetos digitalizados. El material audiovisual y de audio representa solo un 2 % de estos objetos. El aumento del contenido accesible a través de Europeana, incluidos aquellos materiales que actualmente están infrarrepresentados, repercutirá positivamente en el interés de los usuarios, y conviene por tanto fomentarlo. La meta global de 30 millones de objetos de aquí a 2015 se ajusta al plan estratégico de Europeana y representa un punto de partida para tener digitalizada la totalidad del patrimonio cultural europeo de aquí a 2025. El acceso a través de Europeana a todas las obras maestras de dominio público, esto es, a aquellas obras y objetos clave para la cultura y la historia que los Estados miembros hayan determinado y seleccionado, enriquecerá el contenido del sitio en consonancia con las expectativas de los usuarios. Conviene alentar a los Estados miembros para que adopten disposiciones destinadas a garantizar que todo el material digitalizado con financiación pública sea accesible a través de Europeana, ya que así se impulsaría el desarrollo de la plataforma y se establecería un marco claro para el suministro de contenidos por parte de las instituciones culturales.

               (16)

               El material digital debe gestionarse y conservarse; en caso contrario, los archivos podrían resultar ilegibles cuando los soportes físicos y lógicos para su almacenaje quedaran obsoletos; los materiales podrían perderse cuando, con el tiempo, los dispositivos de almacenaje se deterioraran, y estos dispositivos podrían no abarcar el enorme volumen de contenidos nuevos y en constante evolución. A pesar de los logros conseguidos en toda la UE, no todos los Estados miembros cuentan con políticas claras y globales sobre la conservación de los contenidos digitales. La ausencia de estas políticas amenaza la supervivencia del material digitalizado y puede ocasionar la pérdida de material producido en formato digital (material creado en forma digital). El desarrollo de medios eficaces para la conservación digital tiene repercusiones significativas que van más allá de las instituciones culturales. Las cuestiones relacionadas con la conservación digital son relevantes para todas aquellas organizaciones públicas y privadas que deban o quieran conservar material digital.

               (17)

               La conservación digital supone un reto de carácter financiero, organizativo y técnico, y a veces requiere una actualización de las disposiciones legislativas. Varios Estados miembros han introducido o están considerando introducir obligaciones legales para exigir que los productores de material digital pongan una o más copias de su material a disposición de un organismo de depósito habilitado. Con prácticas y disposiciones eficaces en materia de depósito legal se puede reducir al mínimo la carga administrativa para los titulares de contenidos e instituciones depositarias por igual, y por ello debe recomendarse. Es necesario, y debe promoverse, que los Estados miembros colaboren de forma efectiva para evitar una excesiva divergencia entre las normas reguladoras del depósito de material digital. La «recolección en la web» (web harvesting) es una nueva técnica de recogida de material de internet con fines de conservación. Mediante esta técnica, que debería ser regulada por la legislación nacional, las instituciones facultadas recogen material en lugar de esperar a que este sea depositado, con lo cual se reduce la carga administrativa de los productores de material digital.

               (18)

               En lo que se refiere a las obras cinematográficas, la presente Recomendación complementa, en una serie de aspectos, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, relativa al patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades industriales relacionadas (1).

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

      En relación con la digitalización: su organización y su financiación

               1.

               sigan adelante con la planificación y supervisión de la digitalización de libros, revistas, periódicos, fotografías, piezas de museo, documentos de archivo, material audiovisual y de audio, monumentos y yacimientos arqueológicos (en lo sucesivo, «material cultural»):

                           a)

                           estableciendo objetivos cuantitativos claros para la digitalización del material cultural en consonancia con los objetivos generales señalados en la séptima recomendación, en la cual figura el incremento estimado de material digitalizado que puede incorporarse a Europeana, así como los presupuestos asignados por las autoridades públicas;

                           b)

                           describiendo la situación general del material cultural digitalizado y contribuyendo a los esfuerzos de colaboración para establecer una panorámica a nivel europeo con cifras comparables;

               2.

               fomenten las asociaciones entre las instituciones culturales y el sector privado para crear nuevas formas de financiar la digitalización del material cultural y para incentivar usos innovadores del material, garantizando al mismo tiempo que las asociaciones entre los sectores público y privado sean justas, equilibradas y conformes a las condiciones establecidas en el anexo;

               3.

               hagan uso de los Fondos Estructurales de la UE, cuando sea posible, para cofinanciar las actividades de digitalización en el marco de las estrategias de innovación regional para una especialización inteligente;

               4.

               estudien maneras para optimizar el uso de la capacidad de digitalización y para lograr economías de escala, lo cual puede requerir la puesta en común de los medios de digitalización entre las instituciones culturales y las colaboraciones transfronterizas, basándose en centros de competencia para la digitalización en Europa.

      En relación con la digitalización y la accesibilidad en línea del material de dominio público

               5.

               mejoren el acceso al material cultural digitalizado de dominio público y fomenten su uso:

                           a)

                           garantizando que el material de dominio público siga perteneciendo al dominio público una vez digitalizado;

                           b)

                           promoviendo un acceso lo más amplio posible al material digitalizado de dominio público y a la reutilización de este material para fines comerciales y no comerciales;

                           c)

                           adoptando medidas para limitar el uso de marcas intrusivas u otras medidas de protección visual que dificulten la utilización del material digitalizado de dominio público.

      En relación con la digitalización y la accesibilidad en línea del material protegido por derechos de autor

               6.

               mejoren las condiciones para la digitalización y la accesibilidad en línea del material protegido por derechos de autor:

                           a)

                           incorporando y aplicando, de forma rápida y correcta, las disposiciones de la Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, una vez aprobadas, y previa consulta de las partes interesadas, para facilitar así una rápida aplicación; supervisando estrechamente la aplicación de la Directiva, una vez adoptada;

                           b)

                           creando un marco jurídico que respalde los mecanismos de concesión de licencias que las partes interesadas hayan determinado y acordado sobre la digitalización a gran escala y la accesibilidad transfronteriza de las obras fuera de comercio;

                           c)

                           fomentando el acceso a las bases de datos con información de derechos conectadas a nivel europeo, como el proyecto ARROW.

      En relación con Europeana

               7.

               contribuyan a la continuación del desarrollo de Europeana:

                           a)

                           alentando a las instituciones culturales, así como a los editores y otros titulares de derechos, a facilitar el acceso a su material digitalizado a través de Europeana, ayudando de este modo a que, antes de 2015, la plataforma permita el acceso directo a 30 millones de objetos digitalizados, incluidos dos millones de objetos audiovisuales o de audio;

                           b)

                           condicionando toda financiación pública para futuros proyectos de digitalización a la accesibilidad del material digitalizado a través de Europeana;

                           c)

                           garantizando el acceso a todas sus obras maestras de dominio público a través de Europeana antes de 2015;

                           d)

                           elaborando o reforzando agregadores nacionales que permitan incorporar contenido de distintos dominios a Europeana y contribuyendo a los agregadores transfronterizos en ámbitos o temas específicos, lo que puede dar lugar a economías de escala;

                           e)

                           garantizando el uso de las normas comunes de digitalización definidas por Europeana en colaboración con las instituciones culturales para lograr la interoperabilidad del material digitalizado a nivel europeo, así como el uso sistemático de identificadores permanentes;

                           f)

                           garantizando una disponibilidad amplia y libre de los metadatos existentes (descripciones de los objetos digitales) producidos por las instituciones culturales para su reutilización a través de servicios como Europeana y para aplicaciones innovadoras;

                           g)

                           elaborando un plan de comunicación en colaboración con las instituciones culturales que aportan contenido a Europeana para sensibilizar al público en general y a los alumnos en particular sobre este proyecto.

      En relación con la conservación digital

               8.

               refuercen las estrategias nacionales para la conservación a largo plazo del material digital, actualicen los planes de acción correspondientes, e intercambien información sobre las estrategias y los planes de acción;

               9.

               incluyan en su legislación disposiciones explícitas y claras que permitan la copia múltiple y la migración del material cultural digital por las instituciones públicas con fines de conservación, en el pleno respeto de la legislación de la Unión Europea e internacional sobre derechos de propiedad intelectual;

               10.

               tomen las disposiciones necesarias en cuanto al depósito del material creado en formato digital a fin de garantizar su conservación a largo plazo, y mejoren la eficacia de las disposiciones en cuanto al depósito existente para el material creado en formato digital:

                           a)

                           garantizando que los titulares de derechos entreguen las obras a las bibliotecas depositarias sin medidas de protección técnica, o bien pongan a su disposición los medios para garantizar que dichas medidas no obstaculicen los procedimientos que las bibliotecas deben llevar a cabo para los fines de conservación, en el pleno respeto de la legislación de la Unión Europea e internacional sobre derechos de propiedad intelectual;

                           b)

                           adoptando, en su caso, disposiciones legales que permitan la transferencia de obras digitales objeto de depósito legal de una biblioteca depositaria a otra biblioteca depositaria que también tenga el derecho sobre la obra;

                           c)

                           permitiendo que las instituciones facultadas conserven el material en línea mediante técnicas de recogida de material de internet, como la recolección en la web («web harvesting»), respetando plenamente la legislación comunitaria e internacional sobre derechos de propiedad intelectual;

               11.

               tengan en cuenta la situación en otros Estados miembros, a la hora de elaborar políticas y procedimientos para el depósito de material creado originalmente en formato digital, a fin de impedir una divergencia excesiva en las disposiciones en materia de depósito.

      En relación con el seguimiento de la presente Recomendación

               12.

               informen a la Comisión, 24 meses después de la publicación de la presente Recomendación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y a partir de entonces cada dos años, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente Recomendación.

      Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2011.

            Por la Comisión

         Neelie KROES

            Vicepresidenta

      (1)  DO L 323 de 9.12.2005, p. 57.

      ANEXO I

         ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA DIGITALIZACIÓN

      Para conseguir que la digitalización de nuestro patrimonio cultural progrese rápidamente, la financiación pública debe complementarse con la inversión privada. La Comisión fomenta por tanto que la digitalización del material cultural sea llevada a cabo por asociaciones público-privadas.
      La Comisión insta a los Estados miembros a promover estas asociaciones, sobre la base de los siguientes principios:
      1.   Respeto de los derechos de propiedad intelectual

      Las asociaciones público-privadas para la digitalización de las colecciones de las instituciones culturales deben respetar plenamente la legislación de la Unión Europea e internacional sobre los derechos de propiedad intelectual.
      2.   No exclusividad

      Los acuerdos de digitalización de material de dominio público deben cumplir el principio de no exclusividad en el sentido de que cualquier otro socio privado debe tener la posibilidad de digitalizar el mismo material en condiciones comparables.
      Es posible que se necesite un período de uso o explotación comercial preferente para dar al socio privado la posibilidad de amortizar la inversión. Este período debería tener un límite temporal lo más corto posible con el fin de respetar el principio según el cual el material de dominio público debe permanecer en el dominio público tras su digitalización. El período de uso preferente no debe exceder de siete años.
      Todas las disposiciones deben ajustarse plenamente a las normas de competencia de la UE.
      3.   Transparencia del proceso

      Los acuerdos de digitalización de colecciones guardadas en instituciones culturales deben celebrarse mediante licitación abierta entre los socios privados potenciales.
      4.   Transparencia de los acuerdos

      El contenido de los acuerdos entre las instituciones culturales y los socios privados para la digitalización de las colecciones culturales debe hacerse público.
      5.   Accesibilidad a través de Europeana

      La celebración de un acuerdo de asociación público-privada debe estar condicionada a la accesibilidad del material digitalizado a través de Europeana.
      6.   Criterios principales

      Los criterios principales de evaluación de las propuestas de asociación público-privada son los siguientes:

                  —

                  el volumen total de la inversión que deba efectuar el socio privado, teniendo en cuenta el esfuerzo exigido del socio público,

                  —

                  la accesibilidad del material digitalizado para el público en general, en particular a través de la plataforma Europeana. Deben fomentarse los modelos de asociación que permitan el libre acceso del usuario final al material digitalizado en detrimento de aquellos modelos en los que el usuario final deba pagar para acceder al material,

                  —

                  el acceso transfronterizo. Los acuerdos de asociación deben servir para dar acceso transfronterizo a toda la población,

                  —

                  la duración de cualquier período de uso comercial preferente del material digitalizado por parte del socio privado. Este período debe ser lo más breve posible,

                  —

                  la calidad prevista de la digitalización y la calidad de los archivos que se darán a las instituciones culturales. El socio privado debe facilitar a las instituciones culturales archivos digitalizados de la misma calidad que los utilizados por él,

                  —

                  el uso que las instituciones culturales puedan hacer del material digitalizado en un contexto no comercial. Este uso debe ser lo más amplio posible y no estar sujeto a restricciones técnicas o contractuales,

                  —

                  el calendario del proyecto de digitalización.

      ANEXO II

         OBJETIVOS INDICATIVOS DE SUMINISTRO MÍNIMO DE CONTENIDOS A EUROPEANA POR ESTADO MIEMBRO

                  Número de objetos en Europeana por Estado miembro (1)

                  Objetivo indicativo 2015 (2)

                  BÉLGICA

                  338 098

                  759 000

                  BULGARIA

                  38 263

                  267 000

                  REPÚBLICA CHECA

                  35 490

                  492 000

                  DINAMARCA

                  67 235

                  453 000

                  ALEMANIA

                  3 160 416

                  5 496 000

                  ESTONIA

                  68 943

                  90 000

                  IRLANDA

                  950 554

                  1 236 000

                  GRECIA

                  211 532

                  618 000

                  ESPAÑA

                  1 647 539

                  2 676 000

                  FRANCIA

                  2 745 833

                  4 308 000

                  ITALIA

                  1 946 040

                  3 705 000

                  CHIPRE

                  53

                  45 000

                  LETONIA

                  30 576

                  90 000

                  LITUANIA

                  8 824

                  129 000

                  LUXEMBURGO

                  47 965

                  66 000

                  HUNGRÍA

                  115 621

                  41 000

                  MALTA

                  56 233

                  73 000

                  PAÍSES BAJOS

                  1 208 713

                  1 571 000

                  AUSTRIA

                  282 039

                  600 000

                  POLONIA

                  639 099

                  1 575 000

                  PORTUGAL

                  28 808

                  528 000

                  RUMANÍA

                  35 852

                  789 000

                  ESLOVENIA

                  244 652

                  318 000

                  ESLOVAQUIA

                  84 858

                  243 000

                  FINLANDIA

                  795 810

                  1 035 000

                  SUECIA

                  1 489 488

                  1 936 000

                  REINO UNIDO

                  944 234

                  3 939 000

         (1)  Octubre de 2011. También contribuyen con objetos varios países no pertenecientes a la UE (en particular Noruega y Suiza), mientras que otros proceden de proyectos de la UE que no se asignan a ningún Estado miembro en particular.

         (2)  Los objetivos indicativos por Estado miembro se han calculado sobre la base de a) el tamaño de la población, y b) el PIB, para lograr el objetivo global de poner a disposición 30 millones de objetos digitalizados a través de Europeana de aquí a 2015. En lo que se refiere a los Estados miembros que ya hubiesen alcanzado o que estuviesen a punto de alcanzar el objetivo indicativo en este momento, los cálculos se basan en el número actual de objetos con el que contribuyen a Europeana, más un 30 %. Se insta a todos los Estados miembros a fijarse también en los aspectos cualitativos, teniendo en cuenta la necesidad de poner a disposición a través de Europeana todas las obras maestras de dominio público de aquí a 2015.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Italia

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Italia
   (2016/C 299/01)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016 (3). Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Italia fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 14 de julio de 2015 por el Consejo, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, el lento crecimiento de la productividad lastra la recuperación de la competitividad y dificulta reducir la elevada ratio de deuda pública. Es en particular importante la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria.

               (3)

               El 28 de abril de 2016, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               Italia se encuentra en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda para el período 2013-2015 y a la norma en materia de deuda a partir de 2016. Según el Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo nivel en 2015, situándose en el 132,7 %, y que vaya disminuyendo paulatinamente hasta el 123,8 % en 2019. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, la ratio deuda/PIB debería estabilizarse en 2016 y comenzar un ligero descenso a partir de 2017. La aplicación del importante programa de privatizaciones presentado por sus autoridades constituye un reto de primer orden para Italia, dada su contribución prevista a los esfuerzos de reducción de la deuda. Aunque en 2015 las privatizaciones se aplicaron en consonancia con los planes, el objetivo del 0,5 % de ingresos procedentes de privatizaciones por año en 2016-2018 y del 0,3 % en 2019 parece muy ambicioso, teniendo también en cuenta los retrasos producidos en algunos proyectos de privatización. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias es plausible.

               (6)

               El 18 de mayo de 2016, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Italia no había hecho suficientes progresos hacia el cumplimiento de la norma en materia de deuda en 2015. El análisis incluía todos los elementos pertinentes y concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido. La Comisión revisará su evaluación en un nuevo informe, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, sobre la base de las previsiones de otoño de 2016 de la Comisión, cuando disponga de información adicional sobre la reanudación de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2017.

               (7)

               En la primavera de 2015, se concedió a Italia una desviación temporal de 0,4 puntos porcentuales del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 para tener en cuenta importantes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. En su proyecto de plan presupuestario para 2016, Italia solicitó un desvío adicional de 0,1 puntos porcentuales del PIB de la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 para tener en cuenta otras reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La información detallada en que se basan todas estas reformas se ha fijado en el Programa Nacional de Reformas de 2016 de Italia, que confirma en líneas generales la agenda reformadora. Los ámbitos de reforma anunciados en el Programa que tienen un impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas son: i) Administración pública y simplificación; ii) mercados de productos y servicios; iii) mercado laboral; iv) justicia en materia civil; v) educación; vi) desplazamiento de la presión fiscal; vii) medidas para reducir el número de préstamos no productivos y reformar los procedimientos de insolvencia; y viii) análisis del gasto como medida de financiación. El impacto de todas estas reformas sobre el PIB real ha sido estimado por las autoridades en 2,2 puntos porcentuales de aquí a 2020, lo que parece verosímil. Si se aplican plenamente y a su debido tiempo, estas reformas tendrán un efecto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Actualmente, puede considerarse que Italia cumple los requisitos para la desviación temporal total que solicita de 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2016, siempre que ejecute adecuadamente las reformas acordadas, lo cual será objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo, y que respete las condiciones establecidas en el considerando 10.

               (8)

               En su proyecto de plan presupuestario para 2016, Italia solicitó un desvío adicional de 0,3 puntos porcentuales del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016, para tener en cuenta las necesidades de gastos nacionales de inversión en proyectos cofinanciados por la UE. La información facilitada en el Programa de Estabilidad de 2016 parece confirmar que la desviación con respecto a la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 está siendo utilizada de forma eficaz con el fin de aumentar las inversiones. Sin embargo, aún existen algunas dudas sobre la viabilidad de todo el importe previsto de las inversiones cofinanciadas en el transcurso de 2016. Actualmente, puede considerarse que Italia cumple los requisitos para la desviación temporal de 0,25 puntos porcentuales del PIB en 2016, siempre que ejecute adecuadamente las inversiones previstas, y que respete las condiciones establecidas en el considerando 10. La Comisión llevará a cabo una evaluación ex post con el fin de comprobar el importe real del gasto nacional en la cofinanciación de proyectos de inversión y de la correspondiente ampliación a que Italia puede acogerse en virtud de la denominada «cláusula de inversión».

               (9)

               El Programa de Estabilidad de 2016 indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados y de las correspondientes medidas de seguridad es significativo, y que estos factores deberían considerarse un acontecimiento inusitado fuera del control del Gobierno, como se define en el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Según la Comisión, el impacto adicional está en consonancia con las estimaciones aportadas por el Programa de Estabilidad y equivale al 0,03 % del PIB en 2015 y al 0,04 % en 2016 para los gastos relacionados con los refugiados, y al 0,06 % del PIB en 2016 para medidas de seguridad. A este respecto, Italia solicitó una desviación temporal de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Las disposiciones definidas en el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten este gasto adicional, en la medida en que la llegada de refugiados, así como la gravedad de la amenaza terrorista son acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas de Italia es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida si se permitiera una desviación respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2015 se ha reducido para tener en cuenta otros costes relacionados con los refugiados. En cuanto a 2016, en la primavera de 2017 se realizará una evaluación final, en la que se incluirán los importes admisibles, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades italianas.

               (10)

               En su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 2016 de Italia, la Comisión indicó que, en el marco de la «evaluación global» de una posible desviación de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, tendría en cuenta la posible admisibilidad de Italia para flexibilidad en el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento, prestando especial atención a si una desviación de la senda de ajuste sería efectivamente utilizada para incrementar la inversión; la existencia de planes creíbles para reanudar la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo; y los avances en la agenda de reforma estructural, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo. La Comisión estima que Italia puede optar a otro margen de 0,35 puntos porcentuales del PIB para 2016, teniendo en cuenta los progresos realizados con las reformas estructurales, las inversiones previstas, así como el compromiso del Gobierno de garantizar el cumplimiento de la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2017, que la Comisión volverá a evaluar en el otoño.

               (11)

               Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el deterioro previsto del saldo estructural del – 0,7 % del PIB en 2016 apunta a un riesgo de cierta desviación con respecto a las obligaciones de Italia en el marco del componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, después de haber tenido en cuenta la desviación permitida para las inversiones y la aplicación de reformas estructurales. En 2017, en la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la Comisión muestran un nivel cero de esfuerzo estructural en 2017, como resultado de lo cual existiría un riesgo de desviación significativa con respecto a la senda de ajuste estructural requerida del 0,6 % del PIB. No está previsto que Italia se ajuste a la norma en materia de deuda en 2016 y 2017.

               (12)

               En definitiva, sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad de 2016, y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que Italia corre el riesgo de incumplir las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. La Comisión reevaluará la conformidad de Italia con el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo sobre la base de sus previsiones de otoño de 2016 y en la medida en que esté disponible más información relativa al objetivo presupuestario a medio plazo, incluido el proyecto de plan presupuestario de 2017.

               (13)

               Aunque están en curso iniciativas de reforma del marco presupuestario, hasta ahora se han dado pocos pasos para garantizar que la revisión del gasto contribuya al saneamiento presupuestario. En particular, los objetivos de la revisión del gasto se han reducido aún más y tales revisiones no están plenamente integradas en el procedimiento presupuestario, lo que supone un lastre para la eficiencia global del ejercicio. Se espera que la finalización de la amplia reforma del proceso presupuestario en marcha desde 2009 corrija esa deficiencia y dote a dicho proceso de un enfoque más orientado hacia los resultados. Para mejorar la sostenibilidad de la deuda pública es también importante acelerar el despliegue del plan de privatización. El sistema impositivo italiano mina la eficiencia económica y sigue planteando diversos problemas. Dichos problemas están vinculados al bajísimo índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales y a la reforma pendiente de los gastos fiscales, en particular en lo que respecta a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido y al antiguo sistema de valores catastrales. La Ley de habilitación para la reforma del sistema impositivo contemplaba todos esos aspectos, pero las medidas correspondientes todavía no se han aplicado o solo se han aplicado parcialmente. Además, algunas medidas recientes, como la supresión del impuesto sobre los bienes inmuebles que grava las primeras residencias, parecen difícilmente conciliables con el objetivo de ampliar la base tributaria y desplazar la carga fiscal desde los factores productivos hacia el consumo y las propiedades inmobiliarias.

               (14)

               La reforma de la Administración pública es un paso importante que, si se adoptaran y aplicaran los decretos legislativos necesarios, redundaría en beneficio del país en términos de mayor eficiencia y calidad del sector público. Los decretos legislativos ya propuestos por el Gobierno en enero de 2016 sobre las empresas de titularidad pública y los servicios públicos locales, así como el previsto sobre el empleo público, revisten especial importancia para corregir las causas de las ineficiencias. Si bien es cierto que recientemente se han tomado medidas para intensificar la lucha contra la corrupción, en particular mediante el endurecimiento de las sanciones y las condiciones de prescripción de algunos delitos de corrupción, la revisión sistemática de las normas de prescripción sigue en suspenso, pese a las reiteradas recomendaciones al respecto. El fraude contable es otra cuestión importante. En el sistema judicial, la lentitud de los procedimientos judiciales y el elevado número de asuntos civiles y mercantiles pendientes siguen siendo problemas importantes. Supervisar atentamente el efecto de las medidas adoptadas en los últimos años para corregir estos problemas ayudará a evaluar la pertinencia de medidas complementarias adicionales.

               (15)

               Se han realizado algunos avances en la mejora de la calidad de los activos del sector bancario. Aunque en los últimos meses ha disminuido el flujo de nuevos préstamos no productivos, su nivel sigue siendo muy elevado y continúa ejerciendo presión sobre la rentabilidad y los recursos de los bancos. Además, el sistema concursal y los marcos de cobro de deudas en Italia no contribuyen suficientemente al rápido saneamiento de los préstamos que han perdido valor. Desde mediados de 2015, se han adoptado varias leyes para simplificar y acelerar los procedimientos de insolvencia y de ejecución hipotecaria, y se ha propuesto un proyecto de ley de habilitación para la reforma orgánica del régimen de quiebra. Sin embargo, todavía están por ver los efectos de todas estas reformas sobre la duración de los procedimientos y las tasas de recuperación. Desde principios de 2015, Italia ha ido adoptando diversas medidas para corregir las deficiencias de la gobernanza corporativa de los bancos, particularmente en lo que respecta a las entidades cooperativas más grandes, los bancos que tienen fundaciones entre su accionariado y los pequeños bancos mutualistas. La plena aplicación de esas reformas contribuiría a aumentar la resiliencia del sector y a garantizar una asignación más eficiente de créditos a la economía real. Considerando que la baja relación coste-eficacia del sector bancario mina la rentabilidad y la generación interna de capital, la coyuntura de bajo crecimiento y tipos de interés reducidos constituye un desafío adicional. El nuevo marco de la UE para la resolución bancaria (5) ha cambiado el perfil de riesgo de los bonos que emiten los bancos, destino habitual de las inversiones de los clientes minoristas italianos, lo que subraya la importancia de que el público en general tenga una cultura financiera básica.

               (16)

               En 2015, Italia reformó en profundidad su normativa sobre el mercado de trabajo y sus instituciones competentes a través de la denominada reforma de la «Ley del Trabajo». La aplicación de la reforma de las políticas activas del mercado laboral es clave para la activación de las personas más alejadas de él, en particular los jóvenes y los desempleados de larga duración. Los problemas existentes en la actualidad son de índole administrativa, política o guardan relación con los recursos. En particular, hacen necesario reforzar los servicios públicos de empleo y supervisar atentamente los servicios prestados. Se ha reformado el sistema de contratos de aprendizaje para incluir también a los adultos que han perdido su empleo y se han ampliado las oportunidades que se brindan a los jóvenes, pero la aplicación de las reformas aún está en curso. La negociación de segundo nivel no está suficientemente desarrollada en Italia, lo que obstaculiza la adopción de soluciones innovadoras en las distintas empresas que podrían aumentar la productividad y hacer que los salarios respondan mejor a las condiciones imperantes en el mercado de trabajo. Las medidas que se impulsen en este ámbito han de consensuarse con los interlocutores sociales y atenerse a las prácticas nacionales. Los interlocutores sociales todavía no han llegado a un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva. Según el Programa Nacional de Reformas, la modificación correspondiente debería aprobarse antes de finales de 2016. La participación en el mercado de trabajo de las mujeres italianas figura entre las más bajas de la UE. Las mujeres ocupan sobre todo empleos precarios y atípicos, constituyen el grueso de los trabajadores no estándar y corren el riesgo de verse especialmente afectadas por la economía informal. El sistema impositivo y de prestaciones disuade de trabajar a la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares, sin que la Ley del Trabajo haya corregido eficazmente este problema. La disponibilidad limitada de servicios asistenciales asequibles mina también la participación en el mercado de trabajo de las mujeres con hijos o familiares ancianos. Los niveles de pobreza son elevados —más de una cuarta parte de los italianos están en riesgo de pobreza o de exclusión social— y la prestación de asistencia social sigue adoleciendo de debilidad y fragmentación. Adoptar y aplicar la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y racionalizar los gastos sociales podrían ser los primeros pasos de la implantación gradual a nivel nacional de un régimen de asistencia social adecuado basado en el principio de la inclusión activa, sin repercusión sobre el presupuesto global. En la reforma de la educación se han logrado importantes avances: fue adoptada en julio de 2015 y los decretos de aplicación deberían aprobarse antes de enero de 2017.

               (17)

               En lo que respecta al fomento de la competencia en el sector de los servicios, los avances han sido limitados. La legislación en materia de competencia de 2015 aún se está debatiendo en el Parlamento. Durante la tramitación parlamentaria se han relajado algunas de sus disposiciones, por ejemplo las relativas a las profesiones jurídicas. Algunos sectores aún siguen estando excesivamente protegidos o regulados, en particular las profesiones reguladas, el sector sanitario, los transportes públicos locales y los taxis, los puertos y los aeropuertos. El sector minorista adolece de diversas ineficiencias derivadas de la rigidez de la regulación del mercado. El proceso público de concesión de derechos sobre el dominio público para el ejercicio de actividades económicas no favorece la competencia, sobre todo porque los regímenes de licencias no se adjudican mediante procedimientos competitivos y transparentes. Un entorno favorable a las empresas debe apoyar las medidas de apertura de los mercados. Se han realizado algunos avances en el marco del programa de simplificación de 2015-2017, que facilita y racionaliza la cooperación entre la Administración central y las administraciones regionales. No obstante, el entorno empresarial italiano todavía no es suficientemente favorable al crecimiento y la inversión, y se ve afectado por la fragmentación y la estratificación del sistema de disposiciones legales y reglamentarias que emanan de los diferentes niveles de gobierno. No se ha reducido la carga administrativa y normativa que pesa sobre los agentes económicos. Los aspectos positivos en términos de la facilitación de la creación de empresas o los procedimientos concursales se han visto lastrados por las deficiencias en la gestión de las licencias de obras, la ejecución de los contratos, el pago de impuestos o la obtención de crédito. La aplicación de la estrategia nacional en materia de contratación pública adoptada a principios de 2016 también podría contribuir a corregir algunas deficiencias sistémicas y generalizadas.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (19)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Italia, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               En 2016, limitar la desviación temporal respecto del ajuste requerido del 0,5 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a un máximo del 0,75 % del PIB, importe autorizado para las inversiones y la aplicación de reformas estructurales, a condición de que en 2017 se reanude la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Lograr un ajuste presupuestario anual del 0,6 % o más del PIB en dirección al objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Finalizar la reforma del proceso presupuestario a lo largo de 2016 y asegurarse de que la revisión del gasto forma parte integrante del mismo. Garantizar la aplicación oportuna del programa de privatizaciones, y utilizar los beneficios extraordinarios para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Desplazar la carga tributaria de los factores productivos al consumo y la propiedad inmobiliaria. Reducir el número y el alcance de los gastos fiscales y completar la reforma del sistema catastral para mediados de 2017. Tomar medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular a través de la facturación y los pagos electrónicos.

               2.

               Llevar a cabo la reforma de la Administración pública, adoptando y aplicando todos los decretos legislativos necesarios, en particular los relativos a la reforma de las empresas de titularidad pública, los servicios públicos locales y la gestión de los recursos humanos. Intensificar la lucha contra la corrupción, entre otras cosas mediante la revisión de los plazos de prescripción para finales de 2016. Reducir la duración de los procesos civiles mediante la aplicación de reformas y la gestión eficaz de los asuntos.

               3.

               Acelerar la reducción del volumen de préstamos no productivos, en particular mediante la mejora del marco de insolvencia y el cobro de deudas. Completar rápidamente la aplicación de las reformas en curso en materia de gobernanza corporativa en el sector bancario.

               4.

               Aplicar la reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, en particular mediante la mejora de la eficacia de los servicios de empleo. Facilitar la incorporación al trabajo de la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares. Adoptar y aplicar la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y revisar y racionalizar el gasto social.

               5.

               Adoptar y aplicar rápidamente la legislación pendiente en materia de competencia. Tomar nuevas medidas para incrementar la competencia en las profesiones reguladas, el transporte, los sectores sanitario y minorista y el sistema de concesiones.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 96 de 11.3.2016, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


Aviso jurídico importante

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52007SC0070

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Chipre (2006-2010)  /* SEC/2007/0070 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 23.1.2007SEC(2007) 70 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,en relación con el programa de convergencia actualizado de Chipre (2006-2010)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO GENERALEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto realizada en 2005, aunque reconocía la utilidad de éste como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento[1], establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la han adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de convergencia de Chipre fue presentado en mayo de 2004. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 5 de julio de 2004, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZADOLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de convergencia de Chipre, presentada el 6 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre dicha actualización (en el recuadro se recogen los principales aspectos abordados en la evaluación).Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del nuevo programa de convergencia, en los siguientes apartados se resumen:1.  Los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años.2.  La evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de convergencia).3.  La evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesChipre tiene una economía pequeña y abierta, y por ello muy expuesta a las perturbaciones exteriores, que está experimentando un fructífero proceso de convergencia nominal y real con la UE. El crecimiento del PIB es alto, con una tasa media anual del 3,5% durante los diez últimos años, mientras que la inflación es baja. La inflación medida por el IPCA osciló en torno a niveles inferiores al 3% durante la mayor parte de la década. La economía chipriota ha disfrutado de condiciones cercanas al pleno empleo. El desempleo de larga duración se sitúa en niveles muy bajos, mientras que el incremento de la productividad es elevado en comparación con el de otros países. No obstante, los salarios nominales y los costes laborales unitarios aumentaron relativamente más deprisa que los de sus socios comerciales. A pesar de ello, los sectores de servicios orientados a la exportación, que representan la mayor parte del total de exportaciones, están teniendo un comportamiento adecuado, aunque los amplios superávit en el sector de servicios no han compensado totalmente los grandes déficit de la balanza de mercancías. Así, el saldo de la balanza por cuenta corriente de Chipre ha sido negativo durante los diez últimos años. Sin embargo, su financiación ha seguido sin plantear problemas, gracias a la entrada de inversiones directas y de cartera y a los depósitos de no residentes en instituciones financieras establecidas en el país. El programa de saneamiento fiscal actualmente en curso ha reducido el déficit al 2% del PIB en 2006 y la deuda pública sigue una tendencia decreciente.Evaluación realizada en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 14 de marzo de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la actualización más reciente del programa de convergencia, referente al periodo 2005-2009. El Consejo acogió favorablemente «el ajuste estructural previsto a lo largo del periodo del programa, tras situar el déficit por debajo del 3% del PIB en 2005». El Consejo instó a Chipre a «garantizar con medidas de carácter permanente, que el proceso de saneamiento presupuestario hacia el objetivo a medio plazo del programa se prosigue una vez corregido el déficit excesivo» y a «controlar los gastos del sistema público de pensiones y aplicar nuevas reformas en los ámbitos de las pensiones y de la asistencia sanitaria con objeto de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública».Evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la ComisiónEl informe de aplicación del Programa nacional de reforma de Chipre, elaborado en el contexto de la nueva estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, fue presentado el 17 de octubre de 2006. Dicho Programa se fija los siguientes retos o prioridades: sostenibilidad presupuestaria; calidad de las finanzas públicas; I+D, innovación y TIC; fomento de la diversificación de la economía; competencia y marco empresarial; sostenibilidad del medio ambiente; infraestructura; recursos humanos; y cohesión social.De la evaluación de la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución, de diciembre de 2006[2]) se desprende que Chipre está avanzando satisfactoriamente en la aplicación de su Programa nacional de reforma.Teniendo en cuenta los factores favorables y desfavorables detectados se recomendó a Chipre tomar medidas para reformar los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria y fomentar las oportunidades de empleo y de formación para los jóvenes.Recuadro: Principales aspectos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE nº 1466/97) del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada; Determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; Al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5% del PIB. Al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3% del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del periodo del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la "Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[3]). El grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el periodo 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo EcoFin declaró que los programas nacionales de reforma deben ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia). El cumplimiento del Código de conducta, que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia[4]. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,en relación con el programa de convergencia actualizado de Chipre (2006-2010)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:4.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Chipre, que abarca el periodo 2006-2010.5.  Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el crecimiento del PIB real aumentaría del 3,7% en 2006 a una media del 4,1% durante el resto del período cubierto por el programa. Partiendo de la información disponible, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento verosímiles. Las previsiones de inflación del programa también parecen realistas.6.  Según las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas se situaría ligeramente por debajo del 2% del PIB, conforme al objetivo establecido en la anterior actualización del programa de convergencia. Con un crecimiento del PIB real inferior al previsto en la anterior actualización (3,7% en lugar de 4,2%), se estima que el gasto total será superior al previsto, pero ello se vería compensado por unos mayores ingresos totales.7.  Tras la corrección del déficit excesivo en 2005, el programa se propone seguir saneando las finanzas públicas. Se prevé que el saldo de las administraciones públicas mejore, pasando de un déficit del 1,9% del PIB en 2006 a una situación de equilibrio en 2010, gracias exclusivamente a una reducción de los gastos, ya que el ratio de ingresos se mantendría constante durante todo el periodo cubierto por el programa. Aunque se prevé que los gastos totales disminuirán en 1,75 puntos porcentuales del PIB durante el periodo del programa (de los cuales un punto porcentual del PIB correspondería a la baja de los pagos de intereses), se espera que las transferencias sociales aumenten en 1,25 puntos porcentuales. Se prevé que el superávit primario aumente del 1,5% del PIB en 2006-2007 a una cifra ligeramente superior al 2% del PIB en 2008 y se mantenga constante a continuación. El saneamiento planeado es ligeramente más rápido que el previsto en la anterior actualización del programa de convergencia, mientras que el escenario macroeconómico es similar.8.  Se prevé que el saldo estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluyendo las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado aplicando la metodología común, mejore de un déficit de alrededor del 1,5% del PIB en 2006 a un superávit del 0,25% del PIB al final del periodo cubierto por el programa. Al igual que en la anterior actualización del programa de convergencia, el objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria presentada en el programa es un déficit estructural equivalente al 0,5% del PIB, que el programa se propone alcanzar de aquí a 2008, esto es, un año antes de lo previsto en el programa anterior. Dado que el objetivo a medio plazo del programa es más exigente que el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit de alrededor del 1,75% del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Código de conducta y refleja adecuadamente el ratio de deuda y el crecimiento potencial medio a largo plazo.9.  Los riesgos para las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados. El objetivo para 2007 parece verosímil en las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión y para 2008, cuando se espera que mejore el superávit primario, se dispone de información relativamente detallada en el programa acerca de las medidas en que se basaría el ajuste. Sin embargo, existe el riesgo de desvíos en los gastos habida cuenta del alto grado de restricción de los gastos previsto y de la falta de información sobre los límites máximos de gasto y su aplicación. Por otra parte, las autoridades chipriotas han mostrado generalmente un grado satisfactorio de cumplimiento de sus objetivos presupuestarios.10.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa parece suficiente para garantizar el logro del objetivo a medio plazo de aquí a 2008, como se prevé en el programa. Además, parece proporcionar un margen de seguridad suficiente a fin de evitar que se rebase el límite del 3% del PIB para el déficit con unas fluctuaciones macroeconómicas normales durante todo el periodo del programa. El ritmo de ajuste hacia el objetivo a medio plazo que implica el programa es conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que especifica que, para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II, la mejora anual del saldo estructural deberá ser equivalente al 0,5% del PIB como mínimo y que el ajuste deberá ser mayor en coyunturas favorables y podrá ser menor en coyunturas desfavorables. La orientación fiscal del programa para el periodo posterior al logro del objetivo a medio plazo también es conforme al Pacto.11.  Se estima que la deuda pública bruta ha alcanzado en 2006 el 64,75% del PIB, cifra superior al valor de referencia establecido en el Tratado (60% del PIB). Según el programa, el ratio de deuda disminuiría por debajo del valor de referencia del 60% del PIB en 2008 y se situaría ligeramente por encima del 46% del PIB al final del periodo cubierto por el programa. Los riesgos que presenta esta evolución prevista del ratio de deuda parecen globalmente equilibrados. Teniendo en cuenta esta evaluación de riesgos, se espera que el ratio de deuda disminuya a un ritmo satisfactorio hacia el valor de referencia en la parte inicial del periodo del programa y se acerque a dicho valor en 2007.12.  Los efectos a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto de Chipre serán de los más elevados dentro de la UE, debido, en particular, a un incremento considerable de la proporción que representan los gastos en pensiones en el PIB. La situación presupuestaria inicial contribuirá a aliviar una parte de las considerables repercusiones que tendrá a largo plazo el envejecimiento de la población sobre el presupuesto, pero no será suficiente para contrarrestarlas. Además, el nivel actual de deuda bruta es superior al valor de referencia del Tratado. Como han reconocido las autoridades, la continuación del saneamiento de la hacienda pública al mismo tiempo que se adoptan medidas de reforma del sistema de pensiones para contener el incremento significativo de los gastos en relacionados con la edad contribuiría a reducir los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Globalmente, Chipre parece afrontar un alto nivel de riesgo en relación con la sostenibilidad de sus finanzas públicas.13.  El programa de convergencia contiene una evaluación cualitativa de las repercusiones globales del informe de octubre de 2006 sobre la aplicación del Programa nacional de reforma en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. Por otro lado, proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma, y sus previsiones presupuestarias parecen tener en cuenta las repercusiones presupuestarias de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en el área de la hacienda pública previstas en el programa de convergencia parecen ajustarse a las contempladas en el Programa nacional de reforma. En particular, ambos programas contemplan la aplicación gradual de las reformas del sistema de pensiones y de asistencia sanitaria con objeto de paliar los efectos del envejecimiento de la población, pero no incluyen indicaciones claras sobre el contenido y el marco temporal para la finalización y plena aplicación de una estrategia general a lo largo de toda la vida.14.  La estrategia presupuestaria del programa es conforme globalmente a las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.15.  En cuanto a los requisitos en materia de datos estipulados en el Código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta todos los datos obligatorios y la mayoría de los datos opcionales[6].A modo de conclusión se puede indicar que, tras la corrección del déficit excesivo en 2005, el programa prevé un avance satisfactorio hacia el objetivo a medio plazo a lo largo de todo el periodo, gracias a una limitación de los gastos en el contexto de unas perspectivas de crecimiento favorables. Se prevé que la deuda bruta de las administraciones públicas se acerque al valor de referencia del 60% del PIB en 2007 y siga disminuyendo en años posteriores.A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta particularmente el nivel de deuda y el aumento previsto de los gastos relacionados con la edad, se insta a Chipre a controlar sus gastos en pensiones y aplicar nuevas medidas en las áreas de pensiones y asistencia sanitaria con objeto de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |PIB real (% variación) | PC Dic 2006 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |COM Nov 2006 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | – | – |PC Dic 2005 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | – |Inflación IPCA (%) | PC Dic 2006 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |COM Nov 2006 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | – | – |PC Dic 2005 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PC Dic 20061 | –0,9 | –1,0 | –1,1 | –1,1 | –1,1 | –1,1 |COM Nov 20065 | –1,3 | –1,3 | –1,3 | –1,3 | – | – |PC Dic 20051 | –0,8 | –0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PC Dic 2006 | –2,3 | –1,9 | –1,6 | –0,7 | –0,4 | –0,1 |COM Nov 2006 | –2,3 | –1,9 | –1,7 | –1,7 | – | – |PC Dic 2005 | –2,5 | –1,9 | –1,8 | –1,2 | –0,6 | – |Saldo primario (% del PIB) | PC Dic 2006 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |COM Nov 2006 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | – | – |PC Dic 2005 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | – |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PC Dic 20061 | –2,0 | –1,5 | –1,2 | –0,3 | 0,0 | 0,3 |COM Nov 2006 | –1,8 | –1,4 | –1,2 | –1,2 | – | – |PC Dic 20051 | –2,2 | –1,8 | –1,8 | –1,2 | –0,6 | – |Saldo estructural2 (% del PIB) | PC Dic 20063 | –3,3 | –1,9 | –1,0 | –0,3 | –0,1 | –0,1 |COM Nov 20064 | –2,7 | –1,4 | –1,2 | –1,2 | – | – |PC Dic 2005 | –3,1 | –2,1 | –2,1 | –1,5 | –0,6 | – |Deuda pública bruta (% del PIB) | PC Dic 2006 | 69,2 | 64,7 | 60,5 | 52,5 | 49,0 | 46,1 |COM Nov 2006 | 69,2 | 64,8 | 62,2 | 59,6 | – | – |PC Dic 2005 | 70,5 | 67,0 | 64,0 | 56,9 | 53,5 | – |Notas: 1 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 2 Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 3 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas del programa (1,3% del PIB en 2005 y 0,4% en 2006, reducción del déficit). En 2005 y 2006 se incluyen medidas que representan un 0,4% del PIB y corresponden a operaciones relacionadas con los fondos de la UE. 4 Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas de las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión (0,9% del PIB en 2005, reducción del déficit); contrariamente al programa (véase nota 3), los servicios de la Comisión no consideraron como excepcional ninguna operación relacionada con fondos de la UE. 5 Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 3,9%, el 3,7%, el 3,9% y el 4,0%, respectivamente, en 2005, 2006, 2007 y 2008. Fuente: Programa de convergencia (PC); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera: « Implementing the renewed Lisbon strategy for growth and jobs - A year of delivery », 12.12.2006, COM(2006)816.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM (2006) 574 final; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), « The long-term sustainability of public finances in the European Union », Economía Europea, nº 4/2006.[4] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[5] DO L 209, 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174, 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[6] En particular, no se facilitan los datos sobre la «evolución cíclica» (cuadro 5) ni sobre los componentes del crecimiento del PIB potencial (punto 4).