title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Portugal

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/92

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Portugal
   (2017/C 261/21)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Portugal debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Portugal fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaron los avances realizados por Portugal a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Portugal hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluyó asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. En el análisis de la Comisión se concluye que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la gran acumulación de pasivos exteriores netos, la deuda privada y pública y el elevado porcentaje de préstamos no productivos constituyen puntos vulnerables en un contexto de desempleo elevado, pero en disminución, y de crecimiento lento de la productividad. El crecimiento potencial sigue estando por debajo de su nivel anterior a la crisis, afectado por estrangulamientos persistentes y rigideces en los mercados de productos y de trabajo, así como por importantes desequilibrios exteriores. La balanza por cuenta corriente refleja algunas mejoras, pero serán necesarios esfuerzos adicionales para un ajuste significativo de los pasivos exteriores netos. Tras un ajuste significativo en los últimos años, los costes laborales unitarios empezaron a aumentar debido a la debilidad del crecimiento de la productividad y el aumento de los salarios. La deuda privada está disminuyendo y la deuda pública se ha estabilizado, en un contexto aún caracterizado por las necesidades de desapalancamiento. El volumen de préstamos no productivos sigue siendo elevado y, junto con la baja rentabilidad y las reservas de capital relativamente escasas, plantean riesgos para los balances de los bancos. Las condiciones del mercado de trabajo han mejorado, pero el desempleo juvenil, el desempleo de larga duración y el porcentaje de trabajadores temporales siguen siendo elevados.

               (4)

               El 28 de abril de 2017, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo. El Programa Nacional de Reformas de Portugal de 2017 incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo. En particular, incluye medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas y el entorno empresarial y hacer frente a la deuda de las empresas. Se compromete con reformas ambiciosas para modernizar la administración pública, aumentar la protección social, mejorar el nivel de cualificación de la mano de obra y mejorar la gobernanza en las empresas estatales. Cubre asimismo los retos señalados en el informe por país de 2017 y la Recomendación para la zona del euro, incluida la necesidad de relanzar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De aplicarse íntegramente en los plazos indicados, estas medidas ayudarían a abordar los desequilibrios macroeconómicos de Portugal y las recomendaciones específicas por país. Sobre la base de la evaluación de los compromisos de Portugal, la Comisión confirma su evaluación anterior de que, de momento, no se justifican nuevas medidas en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. La aplicación de la agenda de reformas será objeto de un seguimiento estrecho por medio de un control específico.

               (5)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (6)

               Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Portugal se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, Portugal prevé alcanzar un déficit global del 1,5 % del PIB y el 1,0 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente, y una nueva mejora hasta un superávit de 0,4 % del PIB en 2020. Esos planes no incluyen los posibles efectos de aumento del déficit derivados de las medidas de apoyo a la banca. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un superávit estructural del 0,25 % del PIB— se alcance a más tardar en 2021. El Programa de Estabilidad de 2017 prevé que la ratio deuda pública/PIB alcanzará el 127,9 % en 2017 y el 124,2 % en 2018, y sería del 117,6 % en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2017, pero optimista para los años siguientes. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente.

               (7)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Portugal lograr un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Según las previsiones de primavera de 2017 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de ese ajuste recomendado en 2017.

               (8)

               En 2018, a la luz de su situación fiscal, y en particular de su nivel de deuda, se espera que Portugal prosiga el ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo de un superávit estructural del 0,25 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (5) no supere el 0,1 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2018. A primera vista, no se prevé que Portugal cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2017 y 2018. En general, el Consejo considera que será preciso adoptar nuevas medida a partir de 2017 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y de los resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Portugal. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Portugal.

               (9)

               Un saneamiento presupuestario sólido depende de la aplicación oportuna y estricta de la nueva Ley marco presupuestaria, que revisa y racionaliza el gasto público y sigue mejorando la recaudación de ingresos. Portugal ha iniciado un ejercicio de revisión del gasto, basado principalmente en medidas de eficiencia en los ministerios de sanidad y educación, las empresas públicas, la contratación pública (centralizada) y la gestión de bienes inmuebles. Sin embargo, esta revisión del gasto todavía no ha sido de amplio alcance, ya que solo se ha referido al Gobierno central y se ha centrado en los ahorros de eficiencia derivados de la racionalización de servicios. En el sector de la sanidad, el Gobierno ha adoptado medidas destinadas a fomentar la prevención de las enfermedades y las políticas de salud pública. Por otra parte, se han adoptado varias medidas para que el sector de la asistencia sanitaria sea más eficaz y sostenible, por ejemplo a través de la contratación pública centralizada o una mayor utilización de genéricos. Al mismo tiempo, mientras prosigue la reforma hospitalaria, la planificación y la ejecución presupuestaria en los hospitales siguen siendo problemas importantes. Sigue aumentando la demora en los pagos (atrasos), lo que subraya las deficiencias en los mecanismos de control contable y las prácticas de gestión. Una presupuestación exacta y equilibrada, la mejora de los controles y la aplicación efectiva de la Ley de control de los compromisos podrían ayudar a reducir los atrasos y mejorar la eficiencia y la calidad del sector. El nivel elevado y al alza de los costes derivados del envejecimiento sigue suponiendo un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. A medio plazo, se espera que el aumento de los riesgos presupuestarios esté relacionado, en gran medida, con los costes de financiación de las pensiones. Los riesgos presupuestarios a largo plazo en el país se consideran bajos, en gran medida gracias a las reformas de los sistemas de pensiones, el mantenimiento previsible de la política económica y un sistema de pensiones que siga reduciendo su dependencia de las transferencias presupuestarias. La reestructuración de las empresas estatales, para que sean sostenibles desde el punto de vista presupuestario, aún no se ha acometido plenamente. Las empresas públicas supervisadas por la unidad de control del Ministerio de Hacienda (UTAM) presentaron un endeudamiento total de 32 000 millones EUR en el segundo trimestre de 2016. Un marco con unos objetivos establecidos para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales podría ayudar a reducir su dependencia de las transferencias del presupuesto del Estado y a abordar el gran volumen de deuda.

               (10)

               El mercado laboral portugués siguió recuperándose en 2016, con una mejora constante en los indicadores del mercado laboral y, en particular, una disminución de la tasa de desempleo. Una parte considerable de los nuevos puestos de trabajo creados son contratos indefinidos. Sin embargo, el volumen de los contratos temporales se mantiene estable en niveles elevados. La alta segmentación del mercado laboral afecta negativamente a los ingresos y las perspectivas profesionales de los trabajadores, en particular de los jóvenes. En enero de 2017, Portugal reformuló su programa de apoyo al empleo para fomentar la contratación indefinida. Sin embargo, se prevé que tenga un impacto limitado sobre la reducción de la segmentación, ya que son relativamente escasas las personas a las que se aplicará ese programa. Aunque las recientes reformas del mercado de trabajo han mejorado los incentivos para la creación de empleo, algunos aspectos del marco jurídico todavía pueden disuadir a las empresas de contratar trabajadores con contratos indefinidos. En particular, los empleadores deben hacer frente a costes de despido inciertos en los casos en los que el despido individual de trabajadores fijos se considera abusivo. Esto se debe, en parte, a la posibilidad de reincorporar a un trabajador si el despido se considera abusivo, y a ineficiencias en los procedimientos judiciales.

               (11)

               Con el descenso del desempleo desde 2014, también está disminuyendo, en términos absolutos, el número de desempleados de larga duración. Sin embargo, más de la mitad de los desempleados no ha tenido ningún trabajo durante un año o más, y ese porcentaje no está disminuyendo con la recuperación. Los altos niveles de desempleo juvenil y desempleo de larga duración aumentan el riesgo de que las personas desempleadas abandonen el mercado laboral, perdiendo paulatinamente sus cualificaciones y su empleabilidad, lo que también afecta negativamente al potencial de crecimiento. El desempleo juvenil, aunque sigue siendo importante, está disminuyendo merced a una serie de medidas adoptadas en años anteriores, en particular a través de medidas de concienciación en el contexto de la Garantía Juvenil (6). Esto puede explicar, en parte, por qué el porcentaje de jóvenes que ni tienen empleo ni educación o formación (ni-ni) es inferior a la media de la Unión. Portugal también está tomando medidas para racionalizar las políticas activas del mercado de trabajo y para resolver el problema del desempleo juvenil. Entre ellas figura la introducción, en abril de 2017, de incentivos para el empleo (mediante rebajas de las cotizaciones a la seguridad social), destinada a contratar a jóvenes y a desempleados de larga duración con contrato indefinidos. No obstante, a fin de garantizar la activación efectiva de los desempleados de larga duración, es fundamental que los servicios públicos de empleo colaboren eficazmente con los servicios sociales para identificar y abordar mejor las necesidades de este grupo. Un paso importante en esta dirección sería crear las ventanillas únicas para el empleo que han sido anunciadas.

               (12)

               Siguiendo el programa anunciado, en 2017 el Gobierno aumentó el salario mínimo por tercer año consecutivo. Con el último aumento, por encima de la inflación prevista y de los incrementos de productividad medios, se prevé que el salario mínimo sea cada vez más vinculante, puesto que la proporción de empleados cubiertos ya representó una quinta parte del total en 2016. Los incrementos del salario mínimo contribuyen a reducir la alta tasa de pobreza de las personas empleadas y pueden incidir positivamente en la demanda agregada. Sin embargo, pueden implicar riesgos de pérdidas de empleo, en particular para las personas poco cualificadas. Esos riesgos no se han concretado en el contexto actual de recuperación, pero siguen suponiendo un desafío. El Gobierno está examinando las repercusiones de la evolución del salario mínimo, por medio de informes trimestrales, que se publican y debaten con los interlocutores sociales.

               (13)

               Portugal ha registrado mejoras significativas en su educación escolar, tal como lo demuestran los resultados más recientes del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). No obstante, el país sigue estando entre los países de la OCDE con mayores porcentajes de repetición de curso, y se ha demostrado que ello aumenta el riesgo de abandono escolar prematuro y afecta de forma significativa a los costes de la educación. El nivel general de cualificación de la mano de obra sigue siendo uno de los más bajos de Europa y perjudica al potencial de innovación y a la competitividad del país. Además, las competencias digitales siguen siendo un obstáculo para la mejora de las capacidades de la mano de obra. Un 22 % aproximadamente de la mano de obra portuguesa no tiene competencias digitales (principalmente porque no utilizan internet con regularidad), casi el doble de la media de la Unión. El Gobierno ha tomado medidas para fomentar la educación de adultos, especialmente mediante la creación del programa «Qualifica» y de la iniciativa nacional para las competencias digitales («INCoDe2030 Initiative»). Para garantizar su eficacia, será esencial que ofrezcan oportunidades de calidad para mejorar y actualizar las competencias de los trabajadores, en consonancia con las necesidades del mercado laboral. El Gobierno también ha adoptado una serie de medidas para apoyar la cooperación entre los centros de enseñanza superior y el sector empresarial, en particular en cuanto a los resultados y las actividades de investigación. Sin embargo, las estructuras universitarias deberían adaptarse para favorecer dicha cooperación.

               (14)

               Aunque la situación está mejorando, el gran volumen de préstamos no productivos a empresas, junto con la baja rentabilidad, la exposición a los riesgos de la deuda soberana y la debilidad de las reservas de capital siguen siendo retos para el sector bancario. El deterioro de la calidad de los activos, en particular en el sector empresarial, afecta negativamente a la rentabilidad del sector bancario. Se trata de uno de los factores, junto con las bajas reservas de capital, que impiden la asignación productiva del crédito y la inversión. Aunque el nivel de los préstamos no productivos se está reduciendo, la ratio de préstamos no productivos sigue siendo elevado (un 19,5 % frente al 19,6 % a finales de 2015) y sigue en aumento en algunos sectores de la economía, en particular en las empresas que operan en los sectores económicos de la construcción y de la inmobiliaria. Se han adoptado algunas medidas para abordar el problema del gran volumen de préstamos no productivos. Sin embargo, sigue siendo necesaria una estrategia global para garantizar una reducción significativa del volumen de deuda deteriorado, incluido el fomento del desarrollo de mercados secundarios para permitir a los bancos vender partes de sus carteras en dificultades.

               (15)

               Las condiciones de crédito han ido mejorando tanto por el lado de la demanda como de la oferta, pero el acceso a la financiación para las pymes todavía tiene que mejorar. El porcentaje de pymes portuguesas que no consiguieron obtener el importe total de préstamos solicitados aumentó del 34 % al 42 %, mientras que la media de la Unión caía al 30 % en 2016. Las empresas innovadoras y competitivas con fuerte potencial de crecimiento se beneficiarían de un mejor acceso al capital, lo que reduciría su dependencia de la financiación de la deuda y mejoraría su acceso a la financiación, ayudando a las empresas a crecer e internacionalizarse. La diferencia del coste del capital entre las inversiones financiadas por deuda y las financiadas mediante recursos propios en 2016 fue la quinta más alta de la Unión, muy por encima de la media de la Unión. Si bien es cierto que los cambios introducidos en el régimen tributario han reducido los incentivos de financiación de la deuda, es demasiado pronto para apreciar la repercusión en el sesgo en favor del endeudamiento, relativamente elevado, del impuesto de sociedades. En julio de 2016, las autoridades pusieron en marcha el programa Capitalizar destinado principalmente a fomentar la inversión privada. El programa establece nuevas líneas de crédito para las pymes, crea fondos especializados que participarán en las inversiones privadas e introduce cambios en el régimen tributario para apoyar la inversión. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha otro programa (Programa Semente) para proporcionar financiación a las empresas emergentes y a las pequeñas empresas en su fase inicial (capital inicial). El programa les ayudará a obtener aportaciones de capital mediante la oferta de desgravaciones fiscales, hasta un máximo de tres años, a los inversores privados que adquieran nuevas acciones en esas empresas. Se espera que ambos programas mejoren la financiación de empresas en Portugal, siempre que se apliquen con rapidez e íntegramente.

               (16)

               En enero de 2017, como parte del paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios, la Comisión ofreció orientaciones a todos los Estados miembros sobre las necesidades de reforma nacional para regular los servicios profesionales con alto potencial de crecimiento y empleo. La recomendaciones de reforma se refieren a un amplio abanico de requisitos, sobre la base de un análisis comparativo que se ajusta al espíritu y al trabajo llevado a cabo en el ejercicio de evaluación mutua con los Estados miembros en los últimos tres años. Portugal ha participado activamente en ese ejercicio. En su plan de acción nacional, Portugal explica que, dado que las principales reformas y la revisión de las profesiones reguladas se han ido llevando a cabo desde 2011, no se esperan modificaciones importantes en los próximos años. Las orientaciones que ofrece la Comisión complementan las evaluaciones del Semestre Europeo de 2017, ya que abordan específicamente los requisitos aplicables a esas profesiones. Existen importantes obstáculos reglamentarios y administrativos para acceder a la prestación de servicios en varios sectores. Algunas reformas destinadas al sector de la construcción y a los servicios más restrictivos a las empresas, incluidas las profesiones reguladas, se acordaron durante el programa de asistencia financiera, pero han sido frenadas o revocadas. Los decretos por los que se regulan determinadas profesiones son menos ambiciosos que la legislación marco en cuanto a apertura de esas profesiones a la competencia. También plantean problemas en lo que respecta al efecto directo o indirecto de limitar la competencia en el mercado de los servicios profesionales.

               (17)

               Persisten los bajos niveles de eficiencia y transparencia en la administración pública portuguesa. La competencia en la contratación pública sigue siendo limitada. Pese a los avances, se siguen observando deficiencias en lo que respecta a la transparencia y fiabilidad de los datos y los procedimientos de contratación pública. La transparencia en los contratos de concesión y las asociaciones entre los sectores público y privado sigue viéndose obstaculizada por los poderes adjudicadores, que carecen de la experiencia necesaria para gestionar contratos complejos. El recurso a adjudicaciones directas en la contratación pública sigue siendo elevado. Se acaba de adoptar la revisión del Código de Contratación Pública, cuya aplicación será atentamente supervisada por la Comisión. La carga administrativa y la falta de prácticas homogéneas de aplicación en todo el país están retrasando la reforma de los procedimientos. Aunque se han registrado algunos avances, se observan retrasos en la simplificación de procedimientos administrativos centrales y locales, con escasa coordinación entre los distintos niveles de la administración pública. Las autoridades portuguesas han aprobado un nuevo programa de simplificación, denominado SIMPLEX+, que contiene un paquete de medidas bastante ambicioso para los ciudadanos y las empresas. Esas medidas son prometedoras y debe garantizarse una aplicación rápida de SIMPLEX+ para que el programa pueda empezar a tener un impacto eficaz. La mayor parte de las medidas del paquete destinadas a las empresas están empezando a aplicarse. Los resultados del sistema judicial portugués siguen estando por debajo de la media de la Unión. En Portugal, los indicadores de eficiencia en materia de litigios civiles, mercantiles y fiscales siguen siendo insatisfactorios, lo que tiene una incidencia negativa en la dinámica empresarial y para atraer la inversión extranjera directa. La eficiencia de las jurisdicciones tributaria y administrativa sigue siendo un reto en cuanto a la tasa de resolución, y los procedimientos siguen siendo demasiado largos. Todavía toca esperar hasta cuarenta meses para concluir un procedimiento judicial de insolvencia, lo que plantea dudas acerca de la eficiencia del instrumento SIREVE.

               (18)

               Portugal está avanzando en materia de aumento de la transparencia y de lucha contra la corrupción en la administración pública, si bien no dispone de una estrategia global. La lucha contra la corrupción parece haberse convertido en una prioridad real de la fiscalía nacional y se han establecido procedimientos más eficaces para la gestión de los asuntos y de los recursos. Sin embargo, queda por ver si estas medidas se reflejarán en un aumento de los índices de condenas firmes por corrupción de alto nivel y en una aplicación de las sanciones que sea más disuasoria. En el aspecto preventivo, los planes de prevención de la corrupción establecidos en las distintas instituciones públicas han sido de momento meramente formalistas. No están plenamente adaptados a cada organización, ni se complementan con una supervisión adecuada.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal y lo ha publicado en el informe específico de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (20)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (21)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a Portugal que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Garantizar la durabilidad de la corrección del déficit excesivo. Realizar un importante esfuerzo presupuestario en 2018 atendiendo a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de consolidar la recuperación en curso y de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Portugal. Utilizar los beneficios inesperados para acelerar la reducción de la ratio de endeudamiento público/PIB. Poner mayor empeño en ampliar la revisión del gasto para hacerla extensiva a una parte importante del gasto de la administración pública en varias políticas. Reforzar el control del gasto, la relación coste/eficacia y la presupuestación adecuada, en particular en el sector de la salud, con especial atención a la reducción de los atrasos en los hospitales, y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Incrementar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales, fijar objetivos de eficiencia específicos a tiempo para el presupuesto de 2018, mejorar la renta neta global de las empresas de propiedad estatal y disminuir la carga para el presupuesto del Estado.

               2.

               Fomentar la contratación de empleados con contratos indefinidos, en particular revisando el marco jurídico. Garantizar la activación efectiva de los desempleados de larga duración. En colaboración con los interlocutores sociales, garantizar que la evolución del salario mínimo no perjudique al empleo de las personas poco cualificadas.

               3.

               Intensificar los esfuerzos para sanear los balances de las entidades de crédito mediante la aplicación de una estrategia global que resuelva el problema de los préstamos no productivos, incluso reforzando el mercado secundario para los activos tóxicos. Mejorar el acceso al capital, en particular para las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas.

               4.

               Aplicar una hoja de ruta para seguir reduciendo la carga administrativa y suprimir los obstáculos reglamentarios en los sectores de la construcción y de los servicios a las empresas antes del término de 2017. Aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y de los procedimientos tributarios.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  El gasto público neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se contrarrestan totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (6)  Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (DO C 120 de 26.4.2013, p. 1).

      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Eslovenia

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/105

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Eslovenia
   (2017/C 261/23)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Eslovenia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 3.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre Eslovenia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Eslovenia a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovenia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Eslovenia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, son puntos vulnerables las deficiencias del sector bancario, el endeudamiento de las empresas y los riesgos presupuestarios. Los desequilibrios de stocks se están compensando gradualmente en un contexto de reanudación del crecimiento. En el sector empresarial, se ha registrado una reducción sustancial de la deuda, y se ha reanudado la inversión privada, incluso la que adopta la forma de inversión extranjera directa, a pesar de que los volúmenes de inversión extranjera directa siguen siendo exiguos en comparación con el de otros países de la región. La deuda pública alcanzó su nivel máximo en 2015, y en los próximos años se espera un ajuste a la baja de la misma. Los progresos realizados en la reestructuración del sector bancario han coincidido con el rápido descenso observado en la proporción de préstamos no productivos que, en principio, debería seguir disminuyendo. El Gobierno ha adoptado las medidas pertinentes para la consolidación y reestructuración del sector bancario y para la mejora de la gobernanza de las empresas estatales. No obstante, es necesario adoptar medidas complementarias con objeto de hacer frente a la deuda de las empresas y paliar las deficiencias que aún persisten en el sector financiero, garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y mejorar el entorno empresarial.

               (4)

               Eslovenia presentó su Programa de Estabilidad de 2017 el 28 de abril de 2017, y su Programa Nacional de Reformas de 2017 el 3 de mayo de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (6)

               Eslovenia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario global mejore, pasando de un déficit del 0,8 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,4 % del PIB en 2020. Está previsto alcanzar en 2020, a más tardar, el objetivo presupuestario a medio plazo, a saber, el logro de un presupuesto equilibrado en términos estructurales, que no respeta los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, sobre la base del saldo estructural recalculado (5), el objetivo presupuestario a medio plazo no se cumpliría durante el período cubierto por el Programa. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 77,0 % del PIB en 2017 y siga disminuyendo hasta el 67,5 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente.

               (7)

               El Programa de Estabilidad de 2017 indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados es considerable en 2016 y 2017 y prueba de manera adecuada el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales admisibles en relación con la afluencia excepcional de refugiados en 2016 ascendieron al 0,07 % del PIB. Este importe no varía con respecto al que figura en el proyecto de plan presupuestario para 2017, que confirmó las previsiones del Programa de Estabilidad de 2016. Para 2017, el Programa de Estabilidad incluía una solicitud para el 0,07 % del PIB, cuyo impacto adicional la Comisión estimará en un porcentaje equivalente al 0,01 % del PIB. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la entrada de refugiados y las medidas relacionadas con la seguridad guardan relación con acontecimientos inusuales, su impacto en las finanzas públicas eslovenas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes presupuestarios adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2016 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En lo que respecta a 2017, en la primavera de 2018 se llevará a cabo una evaluación final, también sobre los importes elegibles, a partir de los datos facilitados por las autoridades eslovenas.

               (8)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Eslovenia lograr un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, existe un riesgo de ligera desviación respecto de ese requisito en 2017.

               (9)

               En 2018, a la vista de la situación presupuestaria de Eslovenia y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste con vistas a la consecución de un objetivo presupuestario a medio plazo adecuado. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 0,6 %. Ello correspondería a un ajuste estructural del 1 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa respecto de ese requisito en 2018. Se prevé que Eslovenia cumpla con la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. En general, el Consejo considera que Eslovenia ha de estar preparada para adoptar nuevas medidas en 2017 y que será necesario que adopte nuevas medidas en 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas eslovenas. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Eslovenia. Además, en el caso concreto de este país, existe un elevado grado de incertidumbre respecto de la situación cíclica debido a la considerable contracción de la actividad económica durante el período 2008-2013 y a las importantes reformas estructurales y del sector financiero que se están llevando a cabo.

               (10)

               La Ley de Normativa Presupuestaria aprobada en julio de 2015 estableció un marco presupuestario a medio plazo para las administraciones públicas. Para que resulte operativo, es preciso introducir algunas modificaciones en la Ley de Hacienda Pública. En un principio, el Gobierno se había comprometido a adoptar la Ley de Hacienda Pública revisada en un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la Ley de Normativa Presupuestaria. No obstante, dicho plazo se pospuso en repetidas ocasiones y el acto revisado todavía no se ha sometido al Parlamento para su deliberación. La Ley de Hacienda Pública revisada constituye uno de los instrumentos legales de transposición en la legislación nacional de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (7), que los Estados miembros estaban obligados a completar a más tardar a finales de 2013. Los miembros del Consejo Presupuestario fueron designados el 21 de marzo de 2017.

               (11)

               El elevado nivel de deuda pública de Eslovenia, situado en el 79,7 % del PIB en 2016, supone una fuente de vulnerabilidad para sus finanzas públicas. La población de este país está envejeciendo más rápidamente que en la mayoría de los demás Estados miembros. Eslovenia se enfrenta a riesgos elevados en relación con la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas, dado que presenta el indicador de la brecha de sostenibilidad a largo plazo más elevado de todos los Estados miembros, como consecuencia del incremento previsto del gasto público en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.

               (12)

               El Gobierno ha presentado propuestas de reforma del sistema de asistencia sanitaria. El proyecto de Ley sobre Asistencia Sanitaria y Seguro Sanitario, pilar de dicha reforma, se sometió a consulta pública en febrero de 2017, y está previsto que se presente ante la Asamblea Nacional en el verano de 2017, como muy tarde. El respeto del calendario previsto es importante y debería permitir que el proyecto se convierta en ley aún en 2017. En diciembre de 2016, se presentaron propuestas de enmienda de la Ley sobre Servicios de Salud y de la Ley de Derechos del Paciente y se adoptó una nueva Ley de Farmacias. Los problemas pendientes guardan relación con la gobernanza y el rendimiento de los hospitales, la atención primaria como control de acceso a la asistencia hospitalaria, los sistemas de pago de los hospitales, la evaluación de las tecnologías en el ámbito de la salud y los sistemas de información. Además, siguen apenas sin explotarse las ventajas derivadas de la centralización de la contratación pública de productos y servicios médicos, al tiempo que se está procediendo a la preparación de una nueva contratación pública centralizada para los medicamentos que podría contribuir a una mayor transparencia y rentabilidad en este ámbito. También supone un reto importante avanzar en la reforma de los cuidados de larga duración. Hasta ahora Eslovenia no cuenta con un sistema integrado para este tipo de cuidados. Se está elaborando un proyecto piloto a fin de determinar las necesidades existentes al respecto.

               (13)

               La adopción por el Gobierno del Libro Blanco sobre las pensiones en abril de 2016 supuso el lanzamiento de una consulta pública sobre el futuro del sistema de pensiones. Sin embargo, aún no se han presentado propuestas legislativas concretas en la materia. Los futuros desafíos consisten en garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la adecuación del sistema de pensiones adaptando la edad legal de jubilación al aumento de la esperanza de vida y fomentando el retraso de la jubilación, impulsar la cobertura de los regímenes complementarios de pensiones, responder de forma adecuada a las diferentes trayectorias profesionales y reducir los riesgos de pobreza en la vejez.

               (14)

               Los indicadores sociales y las tendencias del mercado de trabajo han seguido mejorando. La creación de empleo ha aumentado y el desempleo está disminuyendo. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se ha reducido, pero sigue siendo superior a la media de la Unión en el caso de las personas de edad avanzada. Aunque la mejora del mercado laboral brinda oportunidades de empleo a los trabajadores de más edad, las tasas de participación en relación con estos últimos siguen siendo bajas. El acceso a la jubilación a través del sistema de seguro de desempleo se ha convertido en los últimos años en un fenómeno cada vez más frecuente. El desempleo de larga duración se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis y representa más de la mitad del número total de desempleados. Más del 40 % de los desempleados de larga duración son mayores de 50 años y casi la mitad de ellos han estado en paro por un período de dos años o superior. Se han preparado y debatido con los interlocutores sociales un análisis y un plan de acción que tiene por objeto incrementar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. La aplicación del plan de acción en los plazos previstos al efecto puede contribuir a mejorar la activación laboral de dichos trabajadores. La tasa de empleo de los trabajadores poco cualificados sigue siendo reducida y se sitúa muy por debajo del nivel anterior a la crisis y a la media de la Unión. El plan de aplicación de una política activa del mercado de trabajo adoptado en enero de 2016 mantiene el planteamiento actual, mientras que el gasto en este ámbito sigue siendo exiguo. Los trabajadores poco cualificados y los de más edad siguen estando infrarrepresentados en las medidas de la política activa del mercado de trabajo. La segmentación de este último plantea todavía problemas, pese a la reforma llevada a cabo en 2013.

               (15)

               El nivel de préstamos no productivos se mantiene elevado, aunque sigue una firme trayectoria descendente. El Banco de Eslovenia ha puesto en práctica una serie de medidas que están procurando a los bancos incentivos para reducir sus préstamos no productivos de forma sostenible. Han empezado a moderarse las presiones para la reducción de la deuda, pero el flujo de crédito hacia las empresas sigue contrayéndose. Los progresos realizados por las distintas empresas de cara a la reducción de la deuda han sido desiguales. El saneamiento y la reestructuración del sector bancario han seguido progresando con la fusión de tres bancos en 2016. Eslovenia se comprometió a vender al menos el 50 % de su participación en el mayor banco de propiedad estatal a más tardar el 31 de diciembre de 2017 y otro 25 % menos una acción a más tardar el 31 de diciembre de 2018. Las revisiones del marco legislativo han reforzado en mayor medida la capacidad de reestructuración empresarial de la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios. En el caso de las pymes, el nivel de préstamos no productivos sigue siendo elevado. Para solucionar este problema, se ha elaborado con la ayuda del Banco Mundial un enfoque sistemático de saneamiento por las pymes de los préstamos no productivos. Además, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para la creación de un registro central de crédito que permita una gestión de riesgos más eficiente y reduzca del riesgo de endeudamiento.

               (16)

               El acceso de los negocios solventes a fuentes de financiación alternativas es muy limitado. El Fondo Empresarial de Eslovenia y el Slovenska izvozna in razvojna banka («banco SID») han introducido nuevos instrumentos de deuda destinados a las pymes que incluyen medidas como los microcréditos. En 2016, el Fondo Empresarial de Eslovenia puso en marcha un régimen de capital inicial al que se acogieron 50 pymes. Existen instrumentos de financiación alternativos, tales como el capital riesgo y la financiación con fondos propios, en el marco de los Fondos EIE, que podrían constituir una fuente importante de financiación adicional, pero que siguen sin explotarse en gran medida.

               (17)

               Está en curso la aplicación de la estrategia para el desarrollo de la administración pública 2015-2020 y ya se han logrado algunos avances. No obstante, se ha vuelto a retrasar la adopción de ciertas medidas específicas, como la Ley de la Función Pública. Se calcula que entre 2009 y 2015 el programa del Gobierno para la reducción de la carga administrativa permitió un ahorro total de 365 millones EUR, y se ha aplicado casi el 60 % de las 318 medidas destinadas a esa reducción. No obstante, la inversión privada sigue lastrada por unos procedimientos administrativos largos y complejos, especialmente en los ámbitos de la construcción y la ordenación del territorio. Aunque la calidad del sistema judicial ha seguido mejorando, la programación de las primeras audiencias en asuntos mercantiles todavía requiere mucho tiempo y las denuncias no pueden presentarse por medios electrónicos. Pese a que se han adoptado algunas reformas clave para combatir la corrupción, como por ejemplo el programa de tolerancia cero, esta sigue percibiéndose como un problema y parece tener incidencia sobre las decisiones de las empresas. Tras los primeros progresos obtenidos en la modernización de la regulación de las profesiones, las reformas se han ralentizado. La supresión de las barreras restrictivas relativas a la regulación de las profesiones podría favorecer la competencia en los mercados de dichas profesiones.

               (18)

               La intervención estatal en la economía sigue siendo significativa, pese al programa de privatización iniciado en 2013. En Eslovenia, el Estado es el principal empleador, gestor de activos y titular de la deuda de las empresas. El elevado nivel de participación del Estado, asociado a una débil gobernanza empresarial, ha tenido considerables repercusiones presupuestarias y económicas. Esas repercusiones se valoran en 13 000 millones EUR, es decir, aproximadamente, una tercera parte del PIB entre 2007-2014, y se deben principalmente a las medidas de estabilización del sector financiero y a los beneficios no obtenidos por las empresas públicas frente a sus homólogas privadas. Los resultados de las empresas públicas han empezado a mejorar, apuntalados por un nuevo sistema de gobernanza empresarial, pero persisten los riesgos. A finales de 2015, los resultados obtenidos mostraron una mejora de la rentabilidad de las empresas bajo la gestión del Slovenian Sovereign Holding, si bien por debajo del objetivo intermedio fijado en la estrategia de gestión. En enero de 2017, el Gobierno adoptó el plan de gestión de activos para 2017, en el que se cuantifican los indicadores de rendimiento para cada una de las empresas estatales y se actualiza la lista de activos destinados a la venta. Al mismo tiempo, sigue pendiente la revisión de la estrategia de gestión de activos aprobada inicialmente por el Parlamento en 2015, ya que el Gobierno ha aplazado su decisión hasta la segunda mitad de 2017. Aunque a finales de febrero de 2017 se nombró a un nuevo presidente del consejo de administración, todavía no se ha designado a la totalidad de los miembros del consejo de supervisión.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Eslovenia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovenia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovenia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (20)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (21)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Eslovenia tome medidas en 2017 y 2018 a fin de:

               1.

               Llevar a cabo en 2018 un importante esfuerzo presupuestario, de acuerdo con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la recuperación iniciada y de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Eslovenia. Adoptar y aplicar la reforma propuesta del sistema de asistencia sanitaria y adoptar la reforma prevista de los cuidados de larga duración, incrementando la rentabilidad, la accesibilidad y la calidad de la asistencia. Aprovechar plenamente el potencial de la contratación centralizada en el sector sanitario. Adopte las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la adecuación del sistema de pensiones.

               2.

               Intensificar los esfuerzos encaminados a aumentar la empleabilidad de las personas poco cualificadas y los trabajadores de más edad, en particular mediante medidas específicas de aprendizaje permanente y de activación.

               3.

               Mejorar las condiciones de financiación, en particular facilitando la resolución duradera de los préstamos no productivos y el acceso a fuentes de financiación alternativas. Garantizar la plena aplicación de la estrategia de la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios. Reducir la carga administrativa que soportan las empresas derivada del cumplimiento de las normas en materia de ordenación del territorio y permisos de construcción, y garantizar la buena gobernanza de las empresas estatales.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de 4 años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.

      (7)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).

      (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


Avis juridique important

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31986H0242

86/242/CEE: Recomendación de la Comisión de 25 de abril de 1986 dirigido al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo sobre el proyecto de ley de distribución del transporte de mercancías entre los ferrocarriles y los transportes por carretera

Diario Oficial n° L 163 de 19/06/1986 p. 0041 - 0042

*****RECOMENDACIÓN  DE LA COMISIÓN  de 25 de abril de 1986  dirigido al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo sobre el proyecto de ley de distribución del transporte de mercancías entre los ferrocarriles y los transportes por carretera  (86/242/CEE)  Con arreglo al artículo 1 de la Decisión del Consejo, de 21 de marzo de 1962, por la que se establece un procedimiento de examen y consulta previos para determinadas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas previstas por los Estados miembros en el sector de los transportes (1), modificada por la Decisión 73/402/CEE (2), el Gobierno luxemburgués comunicó a la Comisión, mediante nota de 23 de octubre de 1985 de su representación permanente ante las Comunidades Europeas, un proyecto de ley sobre la distribución del transporte de mercancías entre los ferrocarriles y los transportes por carretera.  La nota de la representación permanente llegó a la Comisión el 28 de octubre de 1985.  Con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de dicha Decisión, a iniciativa de la Comisión se celebraron consultas con los Estados miembros sobre dichas disposiciones durante la reunión celebrada en Bruselas el 19 de diciembre de 1985.  El plazo de dos meses en el que la Comisión debe pronunciarse y que se establece en el primer apartado del artículo 2 de dicha Decisión, se ha prolongado hasta el 28 de marzo de 1986, con arreglo al apartado 4 del artículo 2 de dicha Decisión.  Con arreglo al artículo 2 de dicha Decisión, la Comisión formula la siguiente Recomendación:  1. La Comisión ha comprobado que, según el Gobierno luxemburgués, el proyecto de ley tiene la finalidad de permitir la intervención de los poderes públicos en la distribución de los transportes de mercancías entre los distintos medios de transporte. Mediante la adopción de un decreto grand ducal se podrá prohibir el transporte por carretera de determinadas mercancías  -productos CECA y productos petrolíferos y químicos- y transferirlas, de forma obligatoria, a los ferrocarriles.  La Comisión ha tomado nota de la exposición de motivos del proyecto de ley y de las declaraciones efectuadas por el Gobierno luxemburgués durante la reunión de consulta celebrada el 19 de diciembre de 1985, según las cuales:  - la ley se aplicaría a los transportes nacionales, internacionales y en tránsito por Luxemburgo, a los transportes por cuenta ajena y por cuenta propia y a los transportes efectuados por transportistas no residentes y por transportistas luxemburgueses,  - el proyecto de ley se inscribe en el marco de las acciones del Gobierno luxemburgués destinadas « a favorecer el ferrocarril para los transportes pesados » (3); dicha acción se impone, dado que el déficit de la Compañía de ferrocarriles luxemburguesa representa un 10 % del presupuesto anual del Estado luxemburgués,  - esta transferencia de los transportes por carretera al ferrocarril sólo podría imponerse por razones de circulación y seguridad en carretera (seguridad y orden públicos), de protección del medio ambiente (calidad de vida) y de utilización óptima de los equipos ferroviarios disponibles,  - las medidas previstas sólo se aplicarían si se dispone de los empalmes ferroviarios que permitan efectuar dichos transportes por ferrocarril,  - la prohibición de transportar determinadas mercancías por carretera se establecería fundamentalmente para los transportes de abasteciminto y expedición que tengan carácter regular y que supongan molestias evidentes para la población, como transportes regulares por carretera de chatarra o de escorias de carbón que atraviesen varias localidades.  2. Es conveniente señalar que, en la reunión celebrada el 19 de diciembre de 1985, los Estados miembros que estaban presentes o que habían manifestado su opinión por escrito, emitieron un dictamen negativo sobre el proyecto de ley previsto por el Gobierno luxemburgués.  3. La Comisión llama la atención de Luxemburgo sobre el hecho de que las medidas previstas agravarían las diferencias existentes en el momento actual entre las políticas nacionales de los Estados miembros. Efectivamente, de acuerdo con las informaciones de las que dispone la Comisión, en ninguno de los Estados miembros existen disposiciones con un alcance tan amplio como las que Luxemburgo se propone adoptar. Un aumento de las diferencias sería contrario a la consecución de un mercado interior unificado preconizado por la Comisión en su Libro Blanco sobre la realización del mercado interior (4).  La Comisión considera que una regulación de la capacidad cuyos resultados sean una distribución del tráfico por parte de los poderes públicos sería incompatible con los principios básicos de la política común de transportes expuestos, en particular:  - en el memorándum de la Comisión « Hacia una política común de transportes - transportes terrestres » (1), que rechazó la idea de sostener los ferrocarriles en especial mediante medidas que refuercen las restricciones impuestas a los otros medios de transporte,  - en las conclusiones del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en junio de 1985 en Milán, que acogió favorablemente dicho Libro Blanco de la Comisión y decidió que la creación de un mercado libre de los transportes era una acción prioritaria para la Comunidad,  - en las orientaciones políticas adoptadas por el Consejo en su sesión de 14 de noviembre de 1985 y destinadas, en particular, a crear dicho mercado libre de los transportes, sin restricciones cuantitativas, para 1992 a más tardar.  4. La transferencia obligatoria del transporte por carretera al transporte por ferrocarril de determinadas mercancías tendría repercuciones perjudiciales para el sector de los transportes por carretera, tanto para los transportistas luxemburgueses como para los extranjeros. Esta transferencia obligatoria llevaría a una reducción de la cifra de negocios y de la productividad de las empresas de transporte y a un aumento notable de los costes de transporte, concretamente debido al necesario transbordo de las mercancías.  Por lo tanto, las medidas previstas podrían tener consecuencias económicas y sociales negativas para las industrias a cuyos productos se refiere el proyecto de ley sin resolver uno de los objetivos de la ley, a saber, la reabsorción del déficit de los ferrocariles luxemburgueses.  5. La Comisión aprueba totalmente los otros objetivos perseguidos por el Gobierno luxemburgués que se refieren, en particular, a la protección de la seguridad en carretera y del medio ambiente. Efectivamente, la realización de estos objetivos constituye también para la Comisión una tarea importante y prioritaria que debe ser garantizada por los poderes públicos en interés general. Sin embargo, la Comisión considera que tales objetivos podrían alcanzarse de forma adecuada por otros medios más idóneos a los fines que se pretenden alcanzar. La base jurídica de dichas medidas debería ser el código de la circulación y la legislación sobre tráfico por carretera.  6. De todo lo anterior puede deducirse que la Comisión considera necesario recomendar al Gran Ducado de Luxemburgo que renuncie al proyecto de ley en su forma actual.  Si se comprobase que las psoibilidades que ofrece la legislación vigente en Luxemburgo, en particular el código de circulación, no son suficientes para garantizar una protección eficaz del medio ambiente, del tráfico por carretera o de la seguridad en carretera, la Comisión recomienda al Gran Ducado de Luxemburgo que complete dichas normas siguiendo el ejemplo de medidas existentes en otros Estados miembros.  7. La Comisión informará de esta Recomendación a los otros Estados miembros.  Hechos en Bruselas, el 25 de abril de 1986.  Por la Comisión  Stanley CLINTON DAVIS  Miembro de la Comisión  (1) DO no 23 de 3. 4. 1962, p. 720/62.  (2) DO no L 347 de 17. 12. 1973, p. 48.  (3) Cita del programa gubernamental presentado en la Cámara de Diputados el 23 de julio de 1984.  (4) COM (85) 310 final de 14. 6. 1985.  (1) COM (83) 58 final de 9. 2. 1983.


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32002H0001

Recomendación de la Comisión, de 27 de diciembre de 2001, relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2002 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados otros productos de origen vegetal (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 3771]

Diario Oficial n° L 002 de 04/01/2002 p. 0008 - 0012

Recomendación de la Comisiónde 27 de diciembre de 2001relativa a un programa comunitario coordinado de control para 2002 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados otros productos de origen vegetal[notificada con el número C(2001) 3771](Texto pertinente a efectos del EEE)(2002/1/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/57/CE de la Comisión(2), y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 7,Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas(3), cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/57/CE, y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 4,Considerando lo siguiente:(1) En virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y de la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, la Comisión ha de presentar al Comité fitosanitario permanente, por todo el 31 de diciembre de cada año, una Recomendación en la que se establezca un programa comunitario coordinado de control, destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados en los respectivos anexos II de las Directivas mencionadas. El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 645/2000 de la Comisión(4) establece que dichas recomendaciones podrán cubrir períodos de entre uno y cinco años.(2) La Comisión debe esforzarse por implantar progresivamente un sistema que permita calcular la exposición real a los plaguicidas a través de la alimentación, según lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE. Para facilitar un análisis de la viabilidad de dichas evaluaciones, debe disponerse de datos sobre el control de los residuos de plaguicidas en un número determinado de productos alimenticios que constituyen los componentes principales de la alimentación europea. En vista de los recursos disponibles a escala nacional para el control de los residuos de plaguicidas, los Estados miembros sólo pueden analizar muestras de ocho productos cada año, dentro de un programa coordinado de control. La utilización de plaguicidas registra cambios dentro de un programa rotativo de cinco años. Cada plaguicida debe por lo tanto controlarse, en general, entre veinte y treinta productos alimenticios a lo largo de varios ciclos trienales.(3) Los Estados miembros deben adoptar dispositivos de control continuado, ya que facilitan el reconocimiento de cambios en la presencia de plaguicidas.(4) En 2002 deben controlarse los residuos de los plaguicidas acefato, el grupo del benomilo, clorpirifós, iprodiona y metamidofós, pues ello permitirá analizar la viabilidad de la utilización de dichos plaguicidas para calcular la exposición real a los mismos a través de la alimentación, ya que dichos componentes (clasificados como grupo A en el anexo I) ya fueron controlados entre 1996 y 2001.(5) Entre 2002 y 2005 deben controlarse los residuos de los plaguicidas diazinón, metalaxilo, metidatión, tiabendazol y triazofós, pues ello permitirá analizar la viabilidad de la utilización de dichos plaguicidas para calcular la exposición real a los mismos a través de la alimentación, ya que dichos componentes (clasificados como grupo B en el anexo I) ya fueron controlados entre 1997 y 2001.(6) Entre 2002 y 2005 deben controlarse los residuos de los plaguicidas clorpirifós-metilo, deltametrina, endosulfán, imazalilo, lambda-cihalotrina, el grupo del maneb, mecarbam, permetrina, pirimifós-metilo y vinclozolina, pues ello permitirá analizar la viabilidad de la utilización de dichos plaguicidas para calcular la exposición real a los mismos a través de la alimentación, ya que dichos componentes (clasificados como grupo C en el anexo I) ya fueron controlados entre 1998 y 2001.(7) Entre 2002 y 2005 deben controlarse los residuos de los plaguicidas azinfós-metilo, captán, clorotalonilo, diclofluanida, dicofol, dimetoato, folpet, malatión, ometoato, oxidemetón-metilo, forato, procimidona, propizamida y azoxistrobina, pues ello permitirá analizar la viabilidad de la utilización de dichos plaguicidas para calcular la exposición real a los mismos a través de la alimentación, ya que dichos componentes (clasificados como grupo D en el anexo I) ya fueron controlados en 2001.(8) Entre 2002 y 2005 deben controlarse los residuos de los plaguicidas aldicarb, bromopropilato, cipermetrina, metiocarb, metomilo, paratión y tolilfluanida, pues ello permitirá analizar la viabilidad de la utilización de dichos plaguicidas para calcular la exposición real a los mismos a través de la alimentación, ya que dichos componentes (clasificados como grupo E en el anexo I) serán controlados en 2002.(9) Es necesario adoptar un procedimiento estadístico sistemático con respecto al número de muestras que han de tomarse en cada ejercicio coordinado de control. Dicho procedimiento ha sido fijado por la Comisión del Codex Alimentarius(5). Según una distribución binómica de probabilidades, puede calcularse que el examen de 459 muestras proporciona un 99 % de seguridad de detectar una muestra con residuos de plaguicidas por encima del límite de detección cuando el 1 % de los productos de origen vegetal contiene residuos por encima del límite de detección. En consecuencia, debe tomarse un mínimo de 459 muestras en toda la Comunidad. La recogida de esas muestras debe repartirse proporcionalmente entre los Estados miembros, en función de la población y del número de consumidores, con un mínimo de doce muestras por producto y año.(10) El proyecto de orientaciones sobre los Métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas fue debatido por los expertos de los Estados miembros en Oeiras, Portugal, los días 15 y 16 de septiembre de 1997, así como debatido y tomado en consideración en el subgrupo de residuos de plaguicidas del grupo de trabajo sobre productos fitosanitarios los días 20 y 21 de noviembre de 1997. Se ha acordado que este proyecto de orientaciones debe ser aplicado en la medida de lo posible por los laboratorios de análisis de los Estados miembros y debe revisarse a la luz de la experiencia. Las orientaciones fueron de nuevo debatidas y revisadas por expertos de los Estados miembros en Atenas, Grecia, del 15 al 17 de noviembre de 1999. Las directrices revisadas se presentaron al Comité fitosanitario permanente y fueron publicadas por la Comisión(6).(11) En virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE, los Estados miembros han de especificar los criterios aplicados para elaborar sus programas nacionales de control al transmitir a la Comisión información sobre su aplicación durante el año siguiente. Dicha información debe incluir los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y los análisis que deben realizarse, así como los niveles de referencia aplicados y los criterios empleados para fijarlos. Deben proporcionar información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a la Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios(7).(12) La información sobre los resultados de los programas de control se presta especialmente al tratamiento, almacenamiento y transmisión mediante métodos electrónicos o informáticos. La Comisión ha desarrollado formatos para que los Estados miembros puedan suministrar los datos en forma de disquete. Por tanto, los Estados miembros deben poder enviar a la Comisión sus informes en el formato normalizado. La elaboración de directrices por parte de la Comisión es la forma más eficaz de seguir desarrollando dicho formato normalizado.(13) Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.RECOMIENDA:Artículo 1Los Estados miembros deberán tomar muestras y efectuar análisis de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, basándose en el número de muestras por producto que se les asigna en el anexo II, proporcionalmente, según proceda, a la cuota de mercado nacional, comunitaria y de terceros países, del Estado miembro.Como mínimo para un plaguicida que pueda suponer un riesgo grave, deberá someterse uno de los productos a un análisis individual de los componentes de la muestra compuesta.Se tomarán dos muestras de un número adecuado de componentes, que, cuando sea posible, serán productos obtenidos por un único productor; si en la primera muestra global se encuentra un nivel detectable de plaguicidas, los componentes de la segunda muestra se analizarán individualmente; en 2002 se incluirá al menos una de las siguientes combinaciones: aldicarb/patatas, aldicarb/plátanos, oxidemetón-metilo/espinacas, clorprofán/patatas y fosmet/peras.Artículo 2Los Estados miembros deberán comunicar los resultados de la parte del ejercicio específico asignado para 2002 en el anexo I, a más tardar el 31 de agosto de 2003, indicando los métodos analíticos utilizados y los niveles de referencia alcanzados, de acuerdo con los métodos de control de calidad fijados en los Métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas.El informe deberá elaborarse en un formato -incluido el formato electrónico- conforme al Documento de trabajo para orientar a los Estados miembros en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión en relación con los programas coordinados de control, que figura en el anexo III de la Recomendación 1999/333/CE de la Comisión(8).Artículo 3Los Estados miembros deberán transmitir a la Comisión y a todos los demás Estados miembros, a más tardar el 31 de agosto de 2002, toda la información requerida en el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 86/362/CEE y en el apartado 3 del artículo 4 del Directiva 90/642/CEE con respecto al ejercicio de control de 2001, con objeto de garantizar, al menos mediante comprobación por muestreo, la conformidad con los límites máximos de residuos de plaguicidas, que incluya:a) los resultados de sus programas nacionales referentes a los plaguicidas recogidos en los respectivos anexos II de las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE, en relación con los límites armonizados, y cuando éstos no se hayan fijado a escala comunitaria, en relación con los límites nacionales vigentes;b) información sobre los procedimientos de control de calidad en sus laboratorios y, en particular, información sobre los aspectos de las orientaciones sobre los Métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas que no hayan podido aplicar o cuya aplicación haya sido difícil;c) información sobre la autorización de los laboratorios que lleven a cabo los análisis, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 93/99/CE (incluido el tipo de autorización, el organismo de autorización y una copia del certificado de autorización);d) información sobre los tests repetidos y los tests circulares en que haya participado el laboratorio.Artículo 4Los Estados miembros deberán remitir a la Comisión, a más tardar el 30 de septiembre de 2002, sus proyectos para el año 2003 de programa nacional de control de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados por las Directivas 90/642/CEE y 86/362/CEE.Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 27 de diciembre de 2001.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.(2) DO L 208 de 1.8.2001, p. 36.(3) DO L 350 de 14.12.1990, p. 71.(4) DO L 78 de 29.3.2000, p. 7.(5) Codex Alimentarius, residuos de plaguicidas en los productos alimentarios, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, p. 372.(6) Documento SANCO 3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm)(7) DO L 290 de 24.11.1993, p. 14.(8) DO L 128 de 21.5.1999, p. 25.ANEXO ICombinaciones de plaguicidas y productos que habrán de controlarse durante el ejercicio específico establecido en el artículo 1 de la presente Recomendación>SITIO PARA UN CUADRO>(a) Peras, plátanos, alubias (frescas o congeladas), patatas, zanahorias, naranjas/mandarinas, melocotones/nectarinas, espinacas (frescas o congeladas).(b) Coliflores, pimientos, trigo, berenjenas, arroz, pepinos, repollos, guisantes (frescos o congelados, sin vaina).(c) Manzanas, tomates, lechugas, uvas, fresas, puerros, zumo de naranja, centeno/avena.ANEXO IINúmero de muestras de cada producto que deben tomar los Estados miembros de acuerdo con el programa comunitario coordinado de control para 2002>SITIO PARA UN CUADRO>


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31990H0124

RECOMENDACION  DEL CONSEJO  de 12 de marzo de 1990  por la que se aprueba la ejecucion por la Comision de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) para el ejercicio 1988  (90/124/CEE)

Diario Oficial n° L 073 de 20/03/1990 p. 0029 - 0029

*****RECOMENDACIÓN  DEL CONSEJO  de 12 de marzo de 1990  por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) para el ejercicio 1988  (90/124/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 206 ter,  Visto el Convenio ACP-CEE de Lomé, de 28 de febrero de 1975,  Vista la Decisión 76/568/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1976, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),  Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado el 11 de julio de 1975, y en particular el apartado 3 de su artículo 31,  Visto el Reglamento financiero, de 27 de julio de 1976, aplicable al cuarto Fondo Europeo de Desarrollo (3), y en particular sus artículos 64 a 67,  Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) aprobados el 31 de diciembre de 1988, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1988, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),  Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 31 del acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) se efectuará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 206 del Tratado;  Considerando que la ejecución, en su conjunto, de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) durante el ejercicio 1988, por la Comisión, ha sido satisfactoria,  RECOMIENDA  al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) para el ejercicio 1988.  Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 1990.  Por el Consejo  El Presidente  A. REYNOLDS  (1) DO no L 176 de 1. 7. 1976, p. 8.  (2) DO no L 25 de 30. 1. 1976, p. 168.  (3) DO no L 229 de 20. 8. 1976, p. 9.  (4) DO no C 312 de 12. 12. 1989, pp. 181, 335.