title: Recomendación con vistas a una decisión del Consejo dirigida a Grecia con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a este país a fin de que adopte las medidas encaminadas a la reducción del déficit consideradas necesarias para poner remedio a la situación de déficit excesivo

text:
   ES
ES    ES
 ---pagebreak---                     COMISIÓN EUROPEA
                                                     Bruselas, 4.5.2010
                                                     SEC(2010) 560 final
                                Recomendación con vistas a una
                                 DECISIÓN DEL CONSEJO
   dirigida a Grecia con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y
   de formular una advertencia a este país a fin de que adopte las medidas encaminadas a
    la reducción del déficit consideradas necesarias para poner remedio a la situación de
                                       déficit excesivo
ES                                                                                ES
 ---pagebreak---                                    Recomendación con vistas a una
                                    DECISIÓN DEL CONSEJO
    dirigida a Grecia con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y
    de formular una advertencia a este país a fin de que adopte las medidas encaminadas a
     la reducción del déficit consideradas necesarias para poner remedio a la situación de
                                            déficit excesivo
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo
   126, apartado 9, y su artículo136,
   Vista la recomendación de la Comisión,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El artículo 136, apartado 1, letra a), del TFUE prevé la posibilidad de adoptar medidas
           relativas a los Estados miembros cuya moneda es el euro para reforzar la coordinación
           y supervisión de su disciplina presupuestaria.
   (2)     El artículo 126 del TFUE establece que los Estados miembros evitarán déficits
           públicos excesivos y define el procedimiento de déficit excesivo aplicable. El Pacto de
           Estabilidad y Crecimiento, que en su componente corrector aplica el procedimiento de
           déficit excesivo, proporciona el marco que respalda las políticas públicas a fin de
           permitir una vuelta rápida a situaciones presupuestarias sólidas atendiendo a la
           situación económica.
   (3)     El 27 de abril de 2009, el Consejo, en aplicación del artículo 104, apartado 6, del
           Tratado CE, decidió que en Grecia existía un déficit excesivo, y emitió
           recomendaciones dirigidas a corregir el déficit excesivo en 2010 a más tardar, de
           conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Tratado CE y el artículo 3, apartado 4,
           del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la
           aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo. El Consejo también
           estableció como fecha límite para la adopción de medidas eficaces el 27 de octubre de
           2009. El 30 de noviembre de 2009, el Consejo, en aplicación del artículo 126, apartado
           8, del TFUE, comprobó que Grecia no había adoptado medidas eficaces; por
           consiguiente, el 16 de febrero de 2010, el Consejo formuló una advertencia a Grecia
           de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del TFUE para que adoptara las
           medidas dirigidas a corregir el déficit excesivo en 2012 a más tardar. El Consejo
           estableció como fecha límite para la adopción de medidas eficaces el 15 de mayo de
           2010.
   (4)     Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE)
           n° 1467/97 del Consejo, si se han tomado medidas eficaces de conformidad con el
           artículo 126, apartado 9, del TFUE y tras la adopción de la advertencia aparecen
ES                                                   2                                              ES
 ---pagebreak---        factores económicos adversos e inesperados que tienen importantes efectos
       desfavorables sobre la hacienda pública, el Consejo, partiendo de una recomendación
       de la Comisión, podrá adoptar una advertencia revisada con arreglo al artículo 126,
       apartado 9, del TFUE.
   (5) Según las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión, en las que se
       basaba la advertencia inicial dirigida a Grecia, el PIB se contraería un 0,25 % en 2010,
       recuperándose a partir de 2011, año para el que se auguraba un crecimiento económico
       del 0,7 %. Ahora se espera una brusca caída del PIB real para 2010, seguida de una
       nueva contracción en 2011. A partir de entonces, el crecimiento se reanudaría
       gradualmente. Este acusado empeoramiento de la situación económica lleva aparejado
       un deterioro de las perspectivas para las finanzas públicas, en el supuesto de que la
       política económica no varíe. A ello debe añadirse la revisión al alza del déficit público
       para 2009 (desde el 12,7 % del PIB estimado en el momento de la decisión adoptada
       en virtud del artículo 126, apartado 9, hasta el 13,6 % del PIB, según la notificación
       presupuestaria presentada por Grecia el 1 de abril de 2010), con el riesgo de una nueva
       revisión al alza (comprendida entre el 0,3 % y el 0,5 % del PIB) tras la finalización de
       las investigaciones que Eurostat está llevando a cabo con las autoridades estadísticas
       griegas1. Por último, la inquietud reinante en los mercados ante las perspectivas de las
       finanzas públicas ha provocado una brusca subida de las primas de riesgo de la deuda
       pública, lo que acentúa las dificultades a la hora de controlar la trayectoria de la deuda
       y el déficit públicos. Según la evaluación preliminar realizada por la Comisión en
       marzo de 2010, Grecia estaba ejecutando las medidas presupuestarias solicitadas,
       destinadas a asegurar la consecución del objetivo de déficit previsto para 2010. No
       obstante, debido al cambio repentino de la situación económica esas medidas ya no
       pueden considerarse válidas. La amenaza inmediata para la solvencia del Estado
       requiere una actuación aún más drástica durante el presente año. Al mismo tiempo, la
       intensidad de la contracción de la economía que cabe esperar hace ahora inviable la
       senda de reducción del déficit prevista inicialmente. Puede considerarse que han
       aparecido en Grecia factores económicos adversos e inesperados que tienen
       importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública, por lo que se justifica la
       adopción de una recomendación revisada con arreglo al artículo 136 y al artículo 126,
       apartado 9, del TFUE.
   (6) A tenor de lo anterior, parece necesario prorrogar dos años, hasta 2014, el plazo fijado
       en la advertencia del Consejo de 16 de febrero de 2010 para la corrección del déficit
       excesivo en Grecia.
   (7) La deuda pública bruta se situaba a finales de 2009 en el 115,1 % del PIB, uno de los
       ratios de deuda más elevados de la UE y muy superior al valor de referencia del 60 %
       del PIB establecido en el Tratado. Por otra parte, esta cifra corre el riesgo de sufrir una
       nueva revisión al alza (de entre 5 y 7 puntos porcentuales) como consecuencia de la
       investigación estadística en curso. Seguir la senda de reducción del déficit que se
       considera necesaria y viable habida cuenta de las circunstancias implicaría que la
       tendencia alcista de la deuda se invertiría a partir de 2014. Además de unos niveles de
       déficit público persistentemente elevados, la contribución de las operaciones
       extrapresupuestarias al incremento de la deuda ha sido considerable. Todo ello ha
       contribuido a socavar la confianza de los mercados en la capacidad del Gobierno de
   1
       Comunicado de prensa de Eurostat nº 55/2010, 22 de abril de 2010.
ES                                                 3                                               ES
 ---pagebreak---         hacer frente al servicio de la deuda en el futuro. Es sumamente urgente que Grecia
        adopte medidas decisivas, a una escala sin precedentes, para corregir el déficit y los
        demás factores coadyuvantes en el aumento de la deuda, a fin de invertir la tendencia
        al alza del ratio deuda/PIB y poder volver cuanto antes a la financiación del mercado.
   (8)  El deterioro sumamente grave de la situación financiera de Grecia ha obligado a los
        Estados miembros de la zona del euro a decidir proporcionar a este país una ayuda de
        estabilidad, combinada con una ayuda multilateral del Fondo Monetario Internacional,
        con objeto de salvaguardar la estabilidad financiera del conjunto de la zona del euro.
        Esta ayuda consistirá en un sistema de préstamos bilaterales, coordinado por la
        Comisión. Los prestamistas han decidido supeditar su apoyo al respeto por Grecia de
        la presente Decisión. En particular, se espera que Grecia lleve a cabo las medidas que
        se especifican en la presente Decisión, con arreglo al calendario que se fija en la
        misma.
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
                                            Artículo 1
   1.     Las autoridades griegas deberán poner fin a su actual situación de déficit excesivo lo
          más rápidamente posible y, a más tardar, en 2014.
   2.     La senda del ajuste presupuestario para la corrección del déficit excesivo tendrá
          como objetivo impedir que el déficit de las administraciones públicas sobrepase la
          cifra de 18 508 millones de euros (8,0 % del PIB) en 2010, 17 065 millones de euros
          (7,6 % del PIB) en 2011, 14 916 millones de euros (6,5 % del PIB) en 2012, 11 399
          millones de euros (4,9 % del PIB) en 2013 y 6 385 millones de euros (2,6 % del PIB)
          en 2014. Para ello, deberá lograrse una mejora del saldo estructural de al menos el
          10 % del PIB durante el período 2009-2014.
   3.     La senda de ajuste a que se refiere el apartado 2 exige que la variación anual de la
          deuda bruta consolidada de las administraciones públicas no sobrepase la cifra de
          34 058 millones de euros en 2010, 17 365 millones de euros en 2011, 15 016
          millones de euros en 2012, 11 599 millones de euros en 2013 y 7 885 millones de
          euros en 2014. Partiendo de las previsiones actuales del PIB, la senda
          correspondiente del ratio deuda/PIB sería un 133,2 % en 2010, un 145,2 % en 2011,
          un 148,8 % en 2012, un 149,6 % en 2013 y un 148,4 % en 2014.
                                            Artículo 2
   1.     Grecia deberá adoptar las siguientes medidas antes de que finalice junio de 2010:
          a)     Una ley por la que se introduzca una escala tributaria progresiva para todo tipo
                de rentas y un régimen horizontal unificado para las rentas del trabajo y del
                capital.
          b)    Una ley por la que se deroguen todas las disposiciones tributarias que prevén
                exenciones y regímenes autónomos, incluido por lo que atañe a las rentas
                procedentes de complementos especiales abonados a los funcionarios.
ES                                              4                                                 ES
 ---pagebreak---         c)     La cancelación de los créditos presupuestarios de la reserva para imprevistos,
               con objeto de ahorrar 700 millones de euros.
        d)     La supresión de la mayoría de los créditos presupuestarios destinados al
               subsidio de solidaridad (excepto una parte destinada a la reducción de la
               pobreza), con objeto de ahorrar 400 millones de euros.
        e)     Un recorte de las pensiones más elevadas, con objeto de ahorrar 500 millones
               de euros durante un año completo (350 millones de euros en 2010).
        f)     La reducción de las primas y bonificaciones de Semana Santa, verano y
               Navidad abonadas a los funcionarios, con objeto de ahorrar 1 500 millones de
               euros en un año completo (1 100 millones de euros en 2010).
        g)     La supresión de las primas de Semana Santa, verano y Navidad abonadas a los
               pensionistas, aunque protegiendo a los que perciben pensiones bajas, con
               objeto de ahorrar 1 900 millones de euros en un año completo (1 500 millones
               de euros en 2010).
        h)     Un aumento del tipo del IVA, lo que supondrá al menos 1 800 millones de
               euros en un año completo (800 millones de euros en 2010).
        i)     Un aumento de los impuestos especiales sobre los carburantes, el tabaco y el
               alcohol, lo que supondrá al menos 1 050 millones de euros en un año completo
               (450 millones de euros en 2010).
        j)     Legislación por la que se aplique la Directiva «servicios»2.
        k)     Una ley de reforma y simplificación de las administraciones públicas locales,
               con objeto de reducir costes de funcionamiento.
        l)     El establecimiento de un grupo operativo, con el objetivo de mejorar el índice
               de absorción de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.
        m)     Una ley que simplifique los trámites para la creación de empresas.
        n)     Una reducción de 500 millones de euros en los planes de inversión pública.
        o)     La canalización de los créditos presupuestarios destinados a la cofinanciación
               de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión a una cuenta central
               especial que no pueda utilizarse para ningún otro fin.
   2.   Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de septiembre de 2010:
        a)     La inclusión en el proyecto de presupuesto para 2011 de medidas de
               saneamiento presupuestario equivalentes como mínimo al 3,2 % del PIB
               (4,3 % del PIB si se tienen en cuenta los créditos prorrogados de las medidas
               ejecutadas en 2010). El presupuesto incluirá en particular las medidas
               siguientes (o, en circunstancias excepcionales, medidas que permitan ahorros
   2
      Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
      los servicios en el mercado interior ( DO L 376 de 27.12.2006).
ES                                                   5                                                   ES
 ---pagebreak---       comparables): una reducción del consumo intermedio de las administraciones
      públicas de al menos 300 millones de euros, con respecto al nivel de 2010
      (además de los ahorros derivados de la reforma de las administraciones
      públicas y de las administraciones locales mencionada en el presente apartado);
      una congelación de la indización de las pensiones (con objeto de ahorrar 100
      millones de euros); aplicación de una exacción temporal de crisis a las
      empresas más rentables (lo que generaría al menos 600 millones de euros de
      ingresos adicionales anuales en 2011, 2012 y 2013); un régimen impositivo de
      estimación objetiva para los trabajadores autónomos (lo que representaría al
      menos 400 millones de euros en 2011 y rendimientos crecientes en 2012 y
      2013); una ampliación de la base del IVA mediante la inclusión de servicios
      actualmente exentos y el traslado de un 30 % de bienes y servicios del tipo
      reducido al tipo normal (lo que supondría 1 000 millones de EUR);
      introducción gradual de un impuesto ecológico sobre las emisiones de CO2 (lo
      que supondría al menos 300 millones de euros en 2011); la aplicación por el
      Gobierno de la ley de reforma de las administraciones públicas y una
      reorganización de las administraciones locales (con el objetivo de reducir sus
      costes en al menos 500 millones de euros en 2011, y 500 millones adicionales
      anuales en 2012 y 2013); una reducción de las inversiones financiadas con
      fondos nacionales (al menos 1 000 millones de euros), dando prioridad a los
      proyectos de inversión financiados por los Fondos Estructurales de la UE;
      incentivos para la regularizaron de las infracciones de construcciones que
      vulneran las normas de utilización del suelo (lo que supondría al menos 1 500
      millones de euros entre 2011 y 2013, de los cuales 500 millones de euros como
      mínimo en 2011); la percepción de ingresos procedentes de la concesión de
      licencias de juego (al menos 500 millones de euros en ventas de licencias y 200
      millones de euros en cánones); una ampliación de la base del impuesto sobre la
      propiedad inmobiliaria, actualizando los valores de los activos (lo que
      generaría al menos 500 millones de euros de ingresos adicionales); un aumento
      de la fiscalidad sobre los salarios en especie, en particular, gravando los pagos
      por arrendamiento de vehículos (como mínimo 150 millones de euros); un
      aumento de los impuestos sobre los artículos de lujo (al menos 100 millones de
      euros); un impuesto especial sobre establecimientos no autorizados (al menos
      800 millones de euros anuales); sustitución de sólo el 20 % de los funcionarios
      que se jubilen (Gobierno central, municipios, empresas públicas,
      administraciones locales, organismos estatales y otras entidades públicas).
   b) Una ley de reforma del sistema de pensiones con objeto de garantizar su
      sostenibilidad a medio y largo plazo. En particular, esta ley debe contemplar: la
      unificación de la edad preceptiva de jubilación en los 65 años (hombres y
      mujeres); una fusión de los fondos de pensiones existentes en tres fondos y un
      nuevo régimen unificado de pensiones para todos los asalariados actuales y
      futuros (aplicable a partir del 1 de enero de 2013); una disminución del límite
      superior de las pensiones; un aumento gradual del período mínimo de
      cotización para acceder a la pensión completa, de 37 a 40 años (en 2015, a más
      tardar); el establecimiento de la edad mínima de jubilación en los 60 años de
      aquí al 1 de enero de 2011 (también en el caso de los trabajadores que
      desempeñen actividades penosas y los que hayan cotizado 40 años); la
      supresión de las normas especiales en favor de las personas aseguradas antes de
      1993 (manteniendo al mismo tiempo los derechos adquiridos); una reducción
      sustancial de la lista de profesiones penosas; una reducción de las pensiones
ES                                     6                                                ES
 ---pagebreak---               (un 6 % anual) para los trabajadores que se jubilen entre los 60 y 65 años con
              un período de cotización inferior a 40 años; la creación de un mecanismo de
              ajuste automático que vincule la edad legal de jubilación al aumento de la
              esperanza de vida (a partir de 2020); la creación de una renta mínima
              garantizada en función de los recursos para las personas con una edad superior
              a la edad preceptiva de jubilación; el endurecimiento de los criterios de
              concesión de las pensiones de invalidez y su revisión periódica; la
              modificación de la fórmula de cálculo de las pensiones en el régimen de
              cotizaciones, a fin de reforzar el vínculo entre las cotizaciones pagadas y las
              prestaciones recibidas (con una tasa de devengo limitada a una tasa media
              anual del 1,2 %); y la extensión del período considerado para el cálculo de la
              pensión a toda la vida laboral (manteniendo al mismo tiempo los derechos
              adquiridos). La aplicación de esta ley debe reducir el aumento previsto de la
              proporción de los gastos en pensiones en el PIB por debajo de la media de la
              zona del euro durante los próximos decenios y limitará el incremento del gasto
              público en pensiones durante el período 2010-2060 a menos del 2,5 % del PIB.
      c)      Refuerzo del papel y los recursos de la Oficina General de Contabilidad y el
              establecimiento de salvaguardias frente a posibles interferencias políticas en las
              proyecciones de datos y la contabilidad.
      d)      Un proyecto de reforma de la legislación salarial en el sector público, que
              contemple en particular la creación de una única autoridad para el pago de
              salarios, la introducción de unos principios y un calendario unificados con
              vistas al establecimiento de una tabla salarial unificada y racionalizada en el
              sector público, aplicable en la administración central, las administraciones
              locales y otros organismos.
      e)      Una legislación que mejore la eficiencia de la administración tributaria y los
              controles tributarios.
      f)      Puesta en marcha de una revisión independiente de la administración pública y
              de los programas sociales existentes.
      g)      Publicación de las estadísticas mensuales de que se disponga sobre ingresos,
              gastos, financiación y gastos atrasados (basadas en la contabilidad de caja) para
              las administraciones públicas y sus subentidades.
      h)      Un plan de acción para mejorar la recogida y el tratamiento de los datos de las
              administraciones públicas, en particular reforzando los mecanismos de control
              de las autoridades estadísticas y de la Oficina General de Contabilidad, y
              velando por una efectiva responsabilidad personal, en los casos de mala
              comunicación de datos, a fin de garantizar el puntual suministro de datos de
              gran calidad sobre las administraciones públicas, conforme a los Reglamentos
              (CE) nº 2223/963, (CE) nº 264/20004, (CE) nº 1221/20025, (CE) nº 501/20046,
   3
     Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de
     cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (DO L 310 de 30.11.1996, p. 1).
   4
     Reglamento (CE) nº 264/2000 de la Comisión, de 3 de febrero de 2000, sobre la aplicación del
     Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo en lo relativo a las estadísticas a corto plazo sobre finanzas
     públicas (DO L 29 de 4.2.2000, p. 4).
ES                                                7                                                        ES
 ---pagebreak---                (CE) nº 1222/20047, (CE) nº 1161/20058, (CE) nº 223/20099 y (CE)
               nº 479/200910.
        i)     La publicación periódica de información sobre la situación financiera de las
               empresas públicas y otras entidades públicas no clasificadas en el sector
               «administraciones públicas» (incluidas cuentas de resultados detalladas,
               balances y datos sobre empleo y masa salarial).
   3.   Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de diciembre de 2010:
        a)     Adopción definitiva de las medidas mencionadas en el apartado 2, letras a) y
               d).
        b)     Un proyecto legislativo por el que se refuerce el marco presupuestario. Debe
               incluir en particular el establecimiento de un marco presupuestario a medio
               plazo, la creación de una reserva obligatoria para imprevistos en el
               presupuesto, equivalente al 10 % del total de los créditos, la creación de
               mecanismos reforzados de control del gasto y la instauración de una agencia
               independiente de política presupuestaria con una función de asesoramiento y
               vigilancia cualificada en materia presupuestaria.
        c)     Una ley de reforma del sistema de negociación salarial en el sector privado,
               que prevea una reducción de la retribución de las horas extraordinarias, una
               mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y la posibilidad de
               celebrar pactos territoriales locales para fijar un incremento salarial inferior al
               previsto en los acuerdos sectoriales.
        d)     Una ley sobre salarios mínimos que introduzca mínimos parciales para grupos
               de riesgo, como los desempleados jóvenes y de larga duración, y que
               contemple medidas para garantizar que los salarios mínimos actuales no varíen
               en términos nominales durante tres años.
        e)     Una reforma de la legislación de protección del empleo, a fin de ampliar a un
               año el período de prueba en los nuevos trabajos, reducir el nivel global de las
               indemnizaciones por despido y garantizar que se apliquen las mismas
   5
      Reglamento (CE) nº 1221/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, sobre
      cuentas no financieras trimestrales de las administraciones públicas (DO L 179 de 9.7.2002, p. 1).
   6
      Reglamento (CE) nº 501/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo
      a las cuentas financieras trimestrales de las administraciones públicas (DO L 81 de 19.3.2004, p. 1).
   7
      Reglamento (CE) n° 1222/2004 del Consejo, de 28 de junio de 2004, relativo a la recogida y
      transmisión de datos sobre la deuda pública trimestral (DO L 233 de 2.7.2004, p. 1).
   8
      Reglamento (CE) nº 1161/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, sobre la
      elaboración de cuentas no financieras trimestrales por sector institucional (DO L 191 de 22.7.2005, p.
      22).
   9
      Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo
      a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1101/2008 relativo a la
      transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por
      el secreto estadístico, el Reglamento (CE) nº 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la
      Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de
      las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
   10
      Reglamento (CE) n° 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del
      Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de
      la Comunidad Europea (DO L 145 de 10.6.2009, p. 1).
ES                                                     8                                                       ES
 ---pagebreak---                 condiciones de indemnización por despido a los trabajadores manuales y a los
                administrativos, aumentar el umbral mínimo de activación de las normas
                relativas a los despidos colectivos, sobre todo para las empresas más grandes, y
                facilitar un mayor recurso a los contratos temporales.
           f)   Un aumento significativo del índice de absorción de los Fondos Estructurales y
                del Fondo de Cohesión.
           g)   Introducción de un nuevo sistema de gestión de los medicamentos que
                favorezca el uso de los medicamentos genéricos.
           h)   Establecimiento de un sistema unificado de contratación pública con una
                autoridad central que garantice, en particular, procedimientos sólidos de
                licitación y controles previos y a posteriori.
           i)   Una legislación que simplifique y acelere el proceso de concesión de licencias
                a empresas, actividades industriales y profesiones.
           j)   Modificación del marco institucional de la autoridad griega de competencia
                (HCC) con objeto de aumentar su independencia, fijar plazos razonables para
                la investigación y la adopción de decisiones, y otorgarle la potestad de rechazar
                denuncias.
           k)   Mejora de la gestión de los activos públicos, a fin de obtener al menos 1 000
                millones de euros al año durante el período 2011-2013.
           l)   Medidas encaminadas a eliminar las restricciones existentes a la libre
                prestación de servicios.
   4.      Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de marzo de 2011:
   La adopción definitiva de las medidas mencionadas en el apartado 3, letra b).
   5.      Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de junio de 2011:
           a)   Una tabla salarial unificada y racionalizada en el sector público aplicable en la
                administración central, las administraciones locales y otros organismos, con
                remuneraciones que reflejen la productividad y las tareas.
           b)   Medidas que apliquen las conclusiones alcanzadas en la revisión funcional
                independiente y externa de las administraciones públicas.
           c)   Un refuerzo de la inspección de trabajo, que deberá disponer de todo el
                personal cualificado necesario y de objetivos cuantitativos sobre el número de
                controles que deben llevarse a cabo.
ES                                               9                                                ES
 ---pagebreak---    6. Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de septiembre de 2011:
      a)   La inclusión en el proyecto de presupuesto para 2012 de medidas de
           saneamiento presupuestario de un valor equivalente, como mínimo, al 2,2 %
           del PIB. El presupuesto incluirá, en particular, las medidas siguientes (o, en
           circunstancias excepcionales, medidas que permitan ahorros comparables): una
           nueva ampliación de la base del IVA mediante el traslado de bienes y servicios
           del tipo reducido al tipo normal (con el objetivo de recaudar al menos 300
           millones de euros adicionales); una reducción del empleo público, aparte de la
           medida que prevé la provisión de solo una de cada cinco vacantes por
           jubilación en el sector público (con el objetivo de ahorrar al menos 600
           millones de euros); establecimiento de impuestos especiales sobre las bebidas
           no alcohólicas (por un importe total de al menos 300 millones de euros); una
           ampliación de la base del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria,
           actualizando los valores de los activos (para generar al menos 200 millones de
           euros de ingresos adicionales); una reorganización de las administraciones
           subcentrales (con el objetivo de obtener ahorros de como mínimo 500 millones
           de euros); una reducción del consumo intermedio de las administraciones
           públicas (de al menos 300 millones de euros respecto a 2011); una congelación
           de las pensiones nominales; un aumento de la eficiencia del régimen
           impositivo de estimación objetiva para los trabajadores autónomos (con el
           objetivo de recaudar al menos 100 millones de euros); una reducción de las
           transferencias a empresas públicas (de al menos 800 millones de euros) tras su
           reestructuración; prestaciones de desempleo sujetas a comprobación de los
           recursos (con el objetivo de ahorrar 500 millones de euros); recaudación de
           ingresos adicionales procedentes de la concesión de licencias de juego (al
           menos 225 millones de euros en ventas de licencias y 400 millones de euros en
           cánones).
      b)   Atenuación de los obstáculos fiscales a las fusiones y adquisiciones.
      c)   Simplificación del proceso de despacho de aduana para las exportaciones y las
           importaciones.
      d)   Un aumento adicional del índice de absorción de los Fondos Estructurales y del
           Fondo de Cohesión.
      e)   Plena aplicación del programa de mejora de la legislación, con objeto de
           reducir la carga administrativa en un 20 % (con respecto a 2008).
   7. Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de diciembre de 2011:
      a)   La adopción definitiva de las medidas mencionadas en el apartado 6, letra a).
      b)   Un refuerzo de la capacidad de gestión de todas las autoridades de gestión y los
           organismos intermedios de los programas operativos, en el contexto del marco
           estratégico nacional de referencia 2007-2013 y su certificación ISO 9001:2008
           (gestión de la calidad).
ES                                         10                                               ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 3
   Grecia cooperará plenamente con la Comisión y transmitirá sin demora, previa solicitud
   motivada de esta última, cualquier dato o documento necesario para controlar el cumplimiento
   de la presente Decisión.
                                               Artículo 4
   1.       Grecia presentará al Consejo y a la Comisión, con periodicidad trimestral, un
            informe en el que se recojan las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la
            presente Decisión.
   2.       Los informes mencionados en el apartado 1 deben contener información detallada
            sobre:
            a)    las medidas concretas aplicadas hasta la fecha del informe para dar
                  cumplimiento a la presente Decisión, incluido su impacto presupuestario
                  cuantificado;
            b)    las medidas concretas que esté previsto aplicar tras la fecha del informe para
                  dar cumplimiento a la presente Decisión, así como su calendario de aplicación
                  y la estimación de su impacto presupuestario;
            c)    la ejecución mensual del presupuesto del Estado;
            d)    la ejecución del presupuesto en períodos inferiores a un año en el ámbito de la
                  seguridad social y de las administraciones locales, y el uso de fondos
                  extrapresupuestarios;
            e)    la emisión y el reembolso de la deuda publica;
            f)    la evolución del empleo, permanente y temporal, en el sector público;
            g)    los gastos públicos pendientes de pago (atrasos acumulados);
            h)    la situación financiera de las empresas públicas y otras entidades públicas.
   3.       La Comisión y el Consejo analizarán los informes con el fin de evaluar si Grecia
            cumple la presente Decisión. En el marco de dichas evaluaciones, la Comisión podrá
            indicar las medidas necesarias a fin de seguir la senda de ajuste fijada en la presente
            Decisión para la corrección del déficit excesivo.
                                               Artículo 5
   La presente Decisión surtirá efecto el día de su notificación.
                                               Artículo 6
   El destinatario de la presente Decisión es la República Helénica.
ES                                                 11                                               ES
 ---pagebreak---    Hecho en Bruselas, el
                         Por el Consejo
                         El Presidente
ES                        12            ES


				|

		52014DC0423

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Portugal de 2014 /* COM/2014/0423 final - 2014/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de Portugal y por la que se emite un
dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Portugal de 2014
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto
el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo
al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la
supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], y, en
particular, su artículo 5, apartado 2,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en que es
necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los
Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)
Portugal fue sometido a un programa de ajuste
macroeconómico hasta el 17 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 1,
apartado 2, de la Decisión 2011/344/UE, que preveía que la ayuda financiera
estaría disponible durante un período de tres años. El 19 de marzo de 2014, el Consejo
decidió ampliar por seis semanas la disponibilidad de la ayuda financiera, a
fin de permitir una evaluación amplia y profunda del cumplimiento de las condiciones
del programa y un correcto desembolso del último tramo del préstamo. Con
arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) nº 472/2013, Portugal quedó
exento, durante el período de vigencia del programa, de la supervisión y la
evaluación del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas
económicas. Una vez finalizado el programa, procede reintegrar plenamente a
Portugal en el marco del Semestre Europeo.
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[4], marcando
el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas
económicas. En esa misma fecha, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011,
la Comisión adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[5].
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración pública.
(7)
De conformidad con el Reglamento (UE)
nº 472/2013, Portugal estaba exento de la obligación de presentar su Programa
de Estabilidad y su Programa Nacional de Reformas durante el período de
vigencia del programa de ajuste macroeconómico. No obstante, presentó un
documento de estrategia presupuestaria actualizado el 30 de abril de 2014 y una
carta del Gobierno portugués en la que se presentaban los progresos logrados en
cuanto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
El 17 de mayo, el Gobierno presentó su programa de reformas en curso y nuevas
iniciativas en pro de un crecimiento sostenible en un documento titulado «La
vía hacia el crecimiento, una estrategia de reforma a medio plazo para
Portugal».
(8)
El objetivo de la estrategia que figura en el documento
de estrategia presupuestaria de 2014 es corregir el déficit excesivo de aquí a
2015 de forma sostenible y alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2017.
La estrategia prevé situar el déficit público en el 4,0 % del PIB en 2014 y
reducirlo hasta el 2,5 % en 2015, en consonancia con los objetivos
señalados en la Recomendación relativa al procedimiento de déficit excesivo de
21 de junio de 2013 y confirmada por la duodécima revisión del programa de
ajuste macroeconómico. Sin embargo, el 30 de mayo de 2014, el Tribunal
Constitucional portugués anuló medidas de saneamiento que se estimaba que
tendrían una repercusión en los resultados presupuestarios de 2014 en torno al
0,35 % del PIB, con posibles efectos en 2015. A fin de alcanzar los
objetivos acordados, el Gobierno tendrá que introducir medidas de sustitución
de magnitud equivalente. No obstante, existen dos sentencias del Tribunal
Constitucional pendientes que impiden una cuantificación completa de las
medidas que deben adoptarse. Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible, el
Gobierno puede tener que recurrir a medidas de carácter menos favorable al
crecimiento, en particular en lo que se refiere a los ingresos. Después de
2015, la estrategia confirma el objetivo de alcanzar el objetivo a medio plazo
en 2017 mediante la realización de un esfuerzo estructural del 0,5 % del
PIB en 2016 y logrando un déficit estructural del 0,5 % en 2017. De
acuerdo con la estrategia, la deuda bruta de las administraciones públicas
aumentará hasta aproximadamente el 130,5 % del PIB en 2014 y empezará a
disminuir progresivamente a partir de 2015. El escenario macroeconómico
subyacente en las previsiones presupuestarias de la estrategia es acorde con el
acordado en la duodécima revisión del programa de ajuste macroeconómico y está
siendo analizado por el Consejo de Finanzas Públicas. Se estima que las medidas
de saneamiento presupuestario de 2014 serán suficientes para alcanzar el
objetivo de déficit del 4 % del PIB. No obstante, siguen existiendo riesgos
de corrección a la baja para el objetivo, debido principalmente a la inseguridad
jurídica y al impacto estadístico de operaciones encaminadas a una gestión más
eficaz de la excesiva deuda de algunas empresas de propiedad pública. El ajuste
presupuestario de 2015 se basa en medidas de saneamiento presupuestario que
ascienden al 0,8 % del PIB, lo que se considera suficiente para alcanzar
el objetivo del 2,5 % del PIB. Basándose en la evaluación del programa y
en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, el Consejo considera que los objetivos de la estrategia se ajustan
a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
(9)
Es preciso que el saneamiento presupuestario
se base en nuevas reformas del sistema de gestión de las finanzas públicas. En
particular, a pesar de los avances realizados en el marco del programa de
ajuste macroeconómico, es preciso completar la amplia reforma de la Ley marco
presupuestaria y son necesarios más esfuerzos para garantizar un control estricto
del gasto mediante la aplicación de la Ley de Control de los Compromisos y
evitando una mayor acumulación de morosidad del sector público. Será crucial proseguir
la reestructuración de las empresas de propiedad pública, garantizando su sostenibilidad
financiera y controlando los gastos en pensiones y asistencia sanitaria. Por el
lado de los ingresos, hay margen de maniobra para que el sistema tributario sea
más favorable al crecimiento y para promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
(10)
Portugal se enfrenta a retos relacionados con el
desempleo, el cual, a pesar de la reciente disminución, sigue siendo muy elevado,
en particular para las generaciones más jóvenes. La tasa de desempleo se situó
en el 17 % en 2013 y el desempleo juvenil, en el 37,7 %, muy por
encima de la media de la UE, al igual que el porcentaje de jóvenes que no
reciben educación ni formación, ni están empleados. La tasa de empleo de
Portugal, que ha sido tradicionalmente elevada, se ha reducido de forma acusada
desde el inicio de la crisis económica, desde el 73,1 % en 2008 al 65,6 %
en 2013. En cuanto al desempleo juvenil, en línea con los objetivos de la
garantía juvenil, entre los principales retos figuran una débil sensibilización
de los jóvenes no registrados y una necesidad de ajustar mejor la educación y
la formación a las necesidades del mercado de trabajo. En el marco del programa
de ajuste macroeconómico, Portugal ha aplicado una amplia gama de reformas del
mercado de trabajo dirigidas a atenuar una legislación de protección del empleo
demasiado restrictiva, hacer que los mecanismos de fijación de salarios sean más
flexibles y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y las
políticas de activación. No obstante, persisten las dificultades, en particular
en cuanto a resolver la segmentación del mercado laboral y mejorar la capacidad
de adaptación de los salarios a las condiciones económicas. Una evaluación
independiente de los efectos de las recientes reformas introducidas en el
sistema de protección del empleo podría contribuir a evaluar, en particular, su
impacto en la creación de empleo, la precariedad, los costes salariales, así
como en el número de recursos judiciales contra despidos y su resultado. A
pesar de los esfuerzos para paliar el impacto social negativo, el necesario
ajuste económico tras la crisis ha tenido efectos negativos en términos de
pobreza.
(11)
Portugal ha realizado progresos significativos
en la reforma de su sistema de enseñanza, mediante varias medidas dirigidas a combatir
el abandono escolar prematuro, y mejorar la tasa de personas que concluyen
estudios superiores y adaptar la educación a las necesidades del mercado
laboral. Sin embargo, la plena aplicación y el uso
eficaz de la financiación siguen siendo fundamentales. En particular, es
necesario seguir trabajando para reducir el desfase de las capacidades, sobre
todo aumentando la calidad y el atractivo de la formación profesional, incluida
la formación profesional dual, y fomentando la participación de las empresas en
la concepción de programas y en prever suficientes plazas de formación en el
empleo y aprendizaje profesional. Es también preciso establecer servicios de
orientación y asesoramiento profesional eficaces para los estudiantes de
enseñanza secundaria y superior, en consonancia con las necesidades del mercado
de trabajo; anticipar la
necesidad de cualificaciones; y reforzar los vínculos con el sector
empresarial.
(12)
Portugal ha tomado importantes medidas en el
marco del programa de ajuste macroeconómico para mejorar la base de capital del
sector bancario y reforzar su marco de supervisión y resolución. No obstante,
persisten algunos problemas importantes que deben ser objeto de un seguimiento
y gestión detallados, en particular la rentabilidad de los bancos portugueses. Los
datos del primer trimestre de 2014 muestran que algunos de los bancos que
recibieron ayuda han registrado resultados positivos. El deterioro de la
calidad de los activos sigue siendo un problema, con unos niveles de deterioro elevados,
en torno al 6 % del total de préstamos brutos, y con unos niveles elevados
de préstamos no productivos (10,6 %), especialmente en el segmento de las empresas
(por encima del 16 %). Portugal ha adoptado una serie de medidas para
facilitar la concesión de préstamos a empresas viables, pero las condiciones de
financiación siguen siendo difíciles, en particular para las pyme, y el abanico
de alternativas de financiación de las empresas distintas de la financiación
bancaria sigue siendo limitado. Los préstamos de nueva concesión a pyme se
redujeron en un 4,8 % en 2013 en comparación con 2012. La media de los
tipos de interés de los nuevos préstamos a empresas portuguesas ha disminuido
ligeramente desde principios de 2013, aunque se mantiene significativamente por
encima de la media de la zona del euro. Dado el alto nivel de endeudamiento de
las empresas y la necesidad de seguir disminuyendo el apalancamiento del sector
bancario, la capacidad de los bancos para conceder créditos a empresas viables
a un coste razonable sigue siendo limitado.
(13)
Con vistas a garantizar la eficacia y la
sostenibilidad del sector energético y reducir el coste de la energía para la
economía, se han promulgado dos paquetes de medidas en el marco del programa de
ajuste macroeconómico. Las rentas en el sector de la energía deben, sin
embargo, reducirse más, y debe abordarse el elevado nivel del déficit tarifario,
que sigue al alza. Con este fin, Portugal ha anunciado recientemente un tercer
paquete de medidas, incluida la ampliación a 2015 del gravamen especial
aplicable en 2014 a los operadores del sector energético. Por otro lado, la
mejora de la integración transfronteriza de las redes de energía y la
aceleración de la ejecución de los proyectos de interconexión de gas y
electricidad siguen siendo cuestiones pendientes que requieren medidas
decididas. En el sector del transporte, se ha avanzado en el programa, en
particular, reforzando la posición competitiva de los puertos portugueses, estableciendo
un plan de transporte a largo plazo, tras haber abordado las deficiencias y
lagunas, y mejorando el marco regulador. No obstante, siguen siendo necesarias
nuevas medidas para aplicar eficazmente el plan de transporte a largo plazo y
el plan de acción de reforma de los puertos. También es preciso tomar medidas
para garantizar la independencia y la capacidad del organismo regulador del
transporte y la sostenibilidad financiera de las empresas de propiedad pública en
el sector, y aumentar la eficiencia y la competencia en el transporte por
ferrocarril.
(14)
Se ha aplicado una importante reforma en el
mercado del arrendamiento urbano con el fin de hacer que el mercado de la
vivienda sea más dinámico, en particular mediante un mayor equilibrio entre los
derechos y las obligaciones de los propietarios e inquilinos, la introducción
de una mayor flexibilidad en la elección de la duración de los contratos, e
incentivando las obras de renovación. Es preciso trabajar más para evaluar el
impacto de esta reforma utilizando datos sobre factores clave del mercado y sobre
la economía sumergida en el mercado del alquiler. Portugal ha realizado
progresos sustanciales en la mejora de su entorno empresarial, en particular
fomentando mejores condiciones marco, fomentando la cultura empresarial y
mejorando los procedimientos de insolvencia para las empresas en dificultades. Ahora debe prestarse atención a la aplicación. La simplificación
de los procedimientos administrativos y de concesión de licencias ha progresado,
pero aún es preciso finalizar una serie de medidas.
Son necesarios nuevos esfuerzos para eliminar los obstáculos a la competencia
en el sector de los servicios, en particular mediante la adopción de enmiendas
sectoriales, y en lo que respecta a los servicios profesionales, adoptando
legislación sobre el resto de las organizaciones profesionales. Por lo que se
refiere a la regulación y la competencia, se precisan medidas de seguimiento
para garantizar la independencia y la autonomía de los reguladores sectoriales
nacionales y de la autoridad de competencia. Siguen existiendo importantes
retrasos en los pagos por parte de las autoridades públicas.
(15)
Se han realizado notables avances en el marco
del programa de ajuste macroeconómico en cuanto a la racionalización y la
modernización de la Administración pública, en términos de empleo, política de
remuneración, condiciones de trabajo, eficacia organizativa y calidad de los
servicios. No obstante, deben completarse algunas de las medidas de reforma
previstas y mejorar la transparencia. A pesar de los notables avances logrados para
mejorar la eficiencia del sistema judicial, deben introducirse mejoras, en
particular en cuanto a la duración de los procedimientos, el porcentaje de
resolución, el número de casos pendientes y el proceso de evaluación y seguimiento.
(16)
El [17 de junio de 2014], la Comisión completó
la duodécima y última revisión del programa de ajuste macroeconómico de
Portugal. El análisis lleva a la conclusión de que la correcta ejecución del
programa fue decisiva para gestionar los riesgos económicos y financieros, y
reducir los desequilibrios. Portugal ha adoptado una
amplia gama de reformas estructurales difíciles en el marco del programa, que
están empezando a dar sus frutos, en particular en términos de mayor
competitividad y reanudación del crecimiento económico, pero hay que seguir trabajando
para evaluar el impacto de las reformas en el funcionamiento de la economía. El
seguimiento continuo de todas las reformas aplicadas es, por tanto, esencial
para evaluar si estas contribuyen a fomentar la competitividad, la productividad
y el empleo.
(17)
Dado que tras la finalización del programa de
ajuste macroeconómico, que concluirá legalmente el 28 de junio de 2014,
Portugal estará plenamente reintegrado en el Semestre Europeo, la Comisión,
sobre esta base y a la luz de su duodécima y última revisión en el marco del
programa de ajuste macroeconómico, ha evaluado la documentación presentada por
Portugal. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de
la política presupuestaria y socioeconómica de Portugal, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica general de la Unión, incluyendo aportaciones
de la UE para las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones para
Portugal en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1
a 8 que figuran a continuación.
(18)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de Portugal, y su dictamen[6] se refleja, en
particular, en la recomendación 1 que figura a continuación. Estas
recomendaciones fueron elaboradas a raíz de la reciente conclusión
satisfactoria del programa de ajuste y, por tanto, se basan en los logros del
programa a fin de asegurar su ejecución duradera.
(19)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la
zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Portugal
debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de
los plazos previstos.
RECOMIENDA que Portugal tome
medidas en el período 2014-2015 para:
1.           Aplicar
plenamente la estrategia presupuestaria para 2014, a fin de alcanzar los
objetivos presupuestarios y evitar la acumulación de nuevos atrasos. Para el
año 2015, aplicar rigurosamente la estrategia presupuestaria, tal como figura
en el documento de estrategia presupuestaria de 2014, con el fin de situar el
déficit en el 2,5 % del PIB, en línea con el objetivo establecido en la
Recomendación del procedimiento de déficit excesivo, logrando simultáneamente
el ajuste estructural requerido. Sustituir las medidas de saneamiento que el
Tribunal Constitucional considera inconstitucionales por medidas de magnitud y
calidad similar, tan pronto como sea posible. La corrección del déficit
excesivo debe hacerse de manera sostenible y favorable al crecimiento, limitando
el recurso a medidas puntuales y de carácter temporal. Tras la corrección del
déficit excesivo, proseguir el ajuste estructural anual previsto hacia el
objetivo a medio plazo, en consonancia con el requisito de un ajuste
estructural anual de al menos el 0,5 % del PIB, y por encima en tiempos de
bonanza, y garantizar el cumplimiento de la norma sobre deuda a fin de situar
el elevado ratio de deuda en una senda sostenible. Dar prioridad al saneamiento
presupuestario basado en el gasto y aumentar la eficiencia y la calidad del
gasto público. Mantener un estrecho control del gasto de la Administración
central, regional y local. Continuar la reestructuración de las empresas de
propiedad pública. Desarrollar una solución duradera para garantizar la
sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones antes de que finalice
2014. Controlar el crecimiento del gasto sanitario y proceder a la reforma
hospitalaria. Revisar el sistema tributario y hacerlo más favorable al
crecimiento. Seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
luchar contra la evasión fiscal, mediante el aumento de la eficiencia de la Administración
tributaria. Reforzar el sistema de gestión de las finanzas públicas finalizando
rápidamente y aplicando la amplia reforma de la Ley marco presupuestaria antes
de que finalice 2014. Garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de control
de compromisos. Aplicar eficazmente las escalas salariales y de complementos únicas
en el sector público a partir de 2015.
2.           Mantener un nivel mínimo
de evolución salarial compatible con los objetivos de fomentar el empleo y la
competitividad. Garantizar un sistema de fijación de salarios que promueva la armonización
de los salarios y la productividad a nivel sectorial o de empresa. Estudiar, en
consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas
nacionales, la posibilidad de que las empresas puedan excluirse voluntaria y
temporalmente de los convenios sectoriales acordados entre las empresas y los
representantes de los trabajadores. Antes de septiembre de 2014, presentar
propuestas sobre la posibilidad de que las empresas puedan excluirse voluntaria
y temporalmente de los convenios sectoriales acordados entre las empresas y los
representantes de los trabajadores, y sobre una revisión de la pertinencia de
los convenios colectivos.
3.           Presentar, antes de
marzo de 2015, una evaluación independiente de las recientes reformas
introducidas en el sistema de protección del empleo, junto con un plan de
acción para posibles nuevas reformas a fin de abordar la segmentación del
mercado de trabajo. Proseguir la reforma en curso de las políticas activas del
mercado de trabajo y los servicios públicos de empleo destinada a aumentar las
tasas de empleo y la participación en el mercado laboral, especialmente
mediante la mejora de la orientación profesional y la ayuda en la búsqueda de
empleo, y de los sistemas de sanciones y activación con vistas a reducir el
desempleo de larga duración y a integrar a las personas más alejadas del
mercado laboral. Abordar el problema del elevado desempleo juvenil, en
particular mediante la anticipación de la necesidad de cualificaciones y la
sensibilización de los jóvenes no registrados, en línea con los objetivos de la
garantía juvenil. Elevar el umbral de elegibilidad del régimen de renta mínima.
Garantizar una adecuada cobertura de la asistencia
social, asegurando, al mismo tiempo, la activación de los beneficiarios de las
prestaciones.
4.           Mejorar la calidad del
sistema educativo y su adecuación al mercado laboral a fin de reducir el
abandono escolar prematuro y abordar el bajo rendimiento académico. Garantizar
la eficacia del gasto público en educación y reducir la inadecuación de las
cualificaciones, por ejemplo, aumentando la calidad y el atractivo de la
formación profesional y fomentando la cooperación con las empresas. Reforzar la
cooperación entre la investigación pública y las empresas y fomentar la transferencia
de conocimientos.
5.           Supervisar la situación
de liquidez de las entidades bancarias y el eventual déficit de capital, en
particular mediante inspecciones temáticas in situ y pruebas de resistencia.
Continuar la evaluación de los planes de rescate de los bancos e introducir
mejoras en el proceso de evaluación cuando sea necesario. Aplicar una
estrategia para reducir la excesiva deuda de las empresas y redoblar los
esfuerzos para ampliar la gama de alternativas de financiación, en particular
para las primeras fases de desarrollo empresarial, mediante el aumento de la
eficacia de las herramientas de reestructuración de la deuda (en particular PER
y SIREVE) para las empresas viables; introducir incentivos para que los bancos
y los deudores inicien procesos de reestructuración desde un primer momento y
mejorar la disponibilidad de financiación a través del mercado de capitales.
Velar por que las medidas seleccionadas apoyen la reasignación de la
financiación hacia los sectores productivos de la economía. Aplicar, para
finales de septiembre de 2014, un sistema de alerta rápida para detectar la mala
situación financiera de las empresas, incluidas las pyme, con el fin de apoyar una
rápida reestructuración de la deuda de las empresas, reducir la morosidad de
los préstamos a pyme y acelerar la resolución de los préstamos no productivos.
6.           Aplicar el segundo y el
tercer paquete de medidas en el sector energético con el fin de reducir el
coste de la energía para la economía, eliminando simultáneamente el déficit
tarifario de la electricidad de aquí a 2020, y vigilar de cerca su aplicación.
Mejorar la integración transfronteriza de las redes de energía y acelerar la
realización de los proyectos de interconexión de gas y electricidad. Aplicar el
plan de transporte a largo plazo y el calendario de reforma de los puertos.
Garantizar que la renegociación de las actuales concesiones portuarias y los
nuevos regímenes de autorizaciones estén orientados al rendimiento y sean conformes
con los principios del mercado interior, en especial las normas de
contratación. Garantizar que el organismo regulador del transporte (AMT) sea
plenamente independiente y operativo a finales de septiembre de 2014.
Garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas en el sector
del transporte. Aumentar la eficiencia y la competencia en el sector de los
ferrocarriles, aplicando el plan de competitividad de CP Carga, tras la
transferencia de los terminales de mercancías y garantizando la independencia
de la gestión de las empresas ferroviarias y del administrador de
infraestructuras de propiedad pública.
7.           Seguir mejorando la
evaluación del mercado de la vivienda, en particular mediante la creación, antes
de finales de noviembre de 2014, de un marco de supervisión e información más
sistemático, y emitir un informe completo sobre la economía sumergida en dicho
mercado. Continuar los esfuerzos para llevar a cabo nuevos inventarios de las
cargas normativas con objeto de incluir, antes de marzo de 2015, los sectores
aún no cubiertos. Adoptar y aplicar, antes de que finalice septiembre de 2014,
los decretos pendientes sobre licencias y enmiendas sectoriales. Eliminar, antes
de que finalice septiembre de 2014, las restricciones que quedan en el sector
de los servicios profesionales y promulgar los estatutos modificados de las organizaciones
profesionales que aún no han sido aprobados en el marco del programa de ajuste
macroeconómico. Eliminar los retrasos en los pagos del sector público.
Garantizar los recursos necesarios de los reguladores nacionales y la autoridad
de competencia y adoptar a la mayor brevedad posible los estatutos de la
autoridad nacional de competencia.
8.           Seguir racionalizando y
modernizando la Administración pública central, regional y local. Aplicar las
reformas para mejorar la eficiencia del sistema judicial y aumentar la
transparencia. Intensificar los esfuerzos para evaluar la aplicación de las
reformas emprendidas en el marco del programa de ajuste macroeconómico, así
como las reformas planificadas o previstas para el futuro. En particular,
introducir evaluaciones sistemáticas obligatorias, previas y a posteriori, en
el proceso legislativo. Crear en el seno del Gobierno una unidad central de
evaluación independiente desde el punto de vista funcional, que evalúe e informe
cada seis meses sobre la aplicación de estas reformas, en particular la
coherencia con la evaluación previa de impacto, y que adopte medidas
correctoras en caso necesario.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2014) 423 final.
[3]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[4]               COM(2013) 800 final.
[5]               COM(2013) 790 final.
[6]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: 2013/461/UE: Recomendación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013 , sobre los principios por los que se rige SOLVIT Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               19.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 249/10

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 17 de septiembre de 2013
   sobre los principios por los que se rige SOLVIT
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2013/461/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 26 del TFUE define el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada. El artículo 4, apartado 3, del TUE exige que los Estados miembros tomen cuantas medidas resulten oportunas para cumplir plenamente sus obligaciones de conformidad con el Derecho de la Unión.

               (2)

               El mercado interior ofrece numerosas posibilidades a las personas que desean vivir y trabajar en otro Estado miembro y a las empresas que desean ampliar sus mercados. Si bien, en general, el mercado interior funciona adecuadamente, en ocasiones se plantean problemas en aquellos casos en que las autoridades públicas no respetan la normativa de la Unión.

               (3)

               A raíz de la Recomendación 2001/893/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2001, sobre los principios para la utilización de «SOLVIT» — Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (1), se creó SOLVIT como una red de centros establecidos por los Estados miembros en el seno de sus propias administraciones nacionales, a fin de ofrecer un medio rápido e informal a través del cual resolver los problemas que los particulares y las empresas experimentan a la hora de ejercer sus derechos en el mercado interior.

               (4)

               No obstante el carácter informal y pragmático de SOLVIT, su configuración contribuye a garantizar que las soluciones encontradas sean conformes con el Derecho de la Unión. SOLVIT se basa en un proceso transparente de resolución de problemas que afecten a dos Estados miembros. Aunque la Comisión no suele intervenir en la resolución de los casos, se mantiene en estrecho contacto con los centros SOLVIT, ofrece formación jurídica periódica y, en algunos casos complejos, proporciona asesoramiento informal. Hace, asimismo, un seguimiento de la tramitación de los expedientes SOLVIT y de los correspondientes resultados a través de la base de datos en línea y puede intervenir siempre que considere que las soluciones propuestas por los centros SOLVIT no se ajustan al Derecho de la Unión. No solo contribuye la referida configuración a la legalidad de los resultados en casos individuales, sino que, tal como indican las evaluaciones realizadas, los trabajos de SOLVIT han propiciado, además, un cumplimiento más riguroso de la normativa de la Unión por parte de las autoridades nacionales.

               (5)

               SOLVIT ha evolucionado considerablemente desde su creación. El número de expedientes tramitados actualmente es diez veces mayor que hace diez años, y la diversidad de los mismos es también mucho mayor de lo inicialmente previsto. La inmensa mayoría de los casos se resuelve satisfactoriamente en un plazo medio de nueve semanas, lo que se refleja en la elevada puntuación que le otorgan, en las encuestas de satisfacción, los particulares y las empresas que han recurrido a sus servicios.

               (6)

               Si bien SOLVIT representa un éxito, el aumento en volumen del servicio ha amplificado algunos retos. La minuciosa evaluación realizada en el transcurso de 2010 dejó patente que no todos los centros SOLVIT cuentan con un nivel equivalente de recursos ni tienen la misma entidad. El número de expedientes tramitados y el nivel del servicio prestado también varían dentro de la red. Por otra parte, es excesivamente reducido el número de particulares y empresas que llega a dirigirse a SOLVIT.

               (7)

               Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, resulta necesario adoptar medidas orientadas a reforzar SOLVIT y aumentar su visibilidad, tanto en línea como fuera de línea, tal como se subraya en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market», en la Comunicación titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único» (2) y en el informe sobre la ciudadanía de la UE (3). Dentro de este ejercicio, procede sustituir la Recomendación 2001/893/CE por otra. El objeto de esta nueva Recomendación es aportar claridad sobre lo que SOLVIT debe ofrecer, con arreglo a las mejores prácticas. En ella se establecen objetivos y normas, tanto en lo que respecta a los Estados miembros como a la Comisión, para garantizar una ayuda eficaz a las empresas y los ciudadanos en aquellas situaciones en que no se respete el Derecho de la Unión. Se busca asimismo garantizar que los centros SOLVIT apliquen las mismas normas y ofrezcan sistemáticamente el mismo tipo de servicio en toda la red.

               (8)

               Con objeto de garantizar una interpretación coherente del mandato en toda la red, la presente Recomendación define los tipos de casos que deben ser tratados por SOLVIT. A tenor de la Recomendación 2001/893/CE, SOLVIT se ocupa de los casos de «incorrecta aplicación de la normativa del mercado único». La definición del ámbito de aplicación en estos términos ha dado lugar a una falta de coherencia. Se ha argumentado, en primer lugar, que el término «aplicación incorrecta» implica que los centros SOLVIT no pueden tratar aquellos casos en los que las normas nacionales son contrarias al Derecho de la Unión (los denominados «casos estructurales») y, en segundo lugar, que SOLVIT solo puede intervenir cuando las disposiciones de la Unión consideradas atañen al mercado interior.

               (9)

               Se define ahora como caso SOLVIT todo problema transfronterizo ocasionado por la posible vulneración, por parte de una autoridad pública, del Derecho de la Unión aplicable al mercado interior, siempre y cuando dicho problema no sea objeto de procedimiento judicial a nivel nacional o de la UE.

               (10)

               El término «vulneración» se utiliza para indicar que los centros SOLVIT aceptan como casos SOLVIT todas aquellas situaciones en las que las autoridades públicas no respetan las disposiciones legales de la Unión que regulan el mercado interior, con independencia del origen del problema. La inmensa mayoría de los expedientes tramitados por SOLVIT atañen a situaciones en las que una autoridad pública aplica incorrectamente el Derecho de la Unión aplicable al mercado interior. No obstante, los centros SOLVIT también han demostrado su capacidad de ofrecer ayuda eficaz cuando se plantean problemas estructurales. Si bien los casos estructurales representan tan solo una pequeña proporción del conjunto de casos tratados por SOLVIT, la admisión de estos casos por SOLVIT es importante a fin de garantizar que dichos problemas no pasen inadvertidos y constituye la mejor garantía de que los problemas estructurales se resuelvan eficazmente al nivel adecuado.

               (11)

               La presente Recomendación confirma que SOLVIT se ocupa de los casos en que se plantea un problema transfronterizo con una autoridad pública. El criterio del carácter transfronterizo asegura que de todo caso SOLVIT se harán cargo los centros SOLVIT de dos Estados miembros, lo que garantiza la transparencia y la calidad de los resultados. El criterio de la autoridad pública responde al hecho de que SOLVIT forma parte de la administración nacional y su actuación reviste carácter meramente informal.

               (12)

               La presente Recomendación tiene asimismo por objeto precisar el nivel de servicio que los particulares y las empresas pueden esperar de SOLVIT. Define la manera en que debe informarse a los solicitantes y el grado mínimo de asistencia que debe ofrecérseles. Especifica, por lo demás, las distintas etapas del procedimiento y los plazos que han de respetarse en la tramitación de un expediente SOLVIT, así como el curso que debe darse a aquellos expedientes que no puedan resolverse.

               (13)

               Por otra parte, la presente Recomendación establece normas mínimas que los centros SOLVIT deben cumplir, en cuanto a organización, capacitación jurídica y relaciones con otras redes. Aclara también la función de la Comisión dentro de la red SOLVIT.

               (14)

               La Comisión ha reestructurado recientemente la base de datos en línea SOLVIT, transformándola en un módulo independiente del Sistema de Información del Mercado Interior. Como consecuencia de esta integración técnica, las disposiciones relativas al tratamiento de los datos personales y de la información confidencial contenidas en el Reglamento (UE) no 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (4) son asimismo aplicables a los procedimientos SOLVIT. La presente Recomendación especifica, además, determinados aspectos del tratamiento de los datos personales en SOLVIT, de conformidad con el Reglamento IMI.

               (15)

               La presente Recomendación no está destinada a regular la manera en que la Comisión tramita las denuncias que recibe directamente y se entiende sin perjuicio de la función de la Comisión en cuanto guardiana de los Tratados. Tampoco tiene por objeto precisar la función de EU Pilot ni de los coordinadores nacionales de EU Pilot. Estos extremos se abordan en una serie de orientaciones específicas, que se actualizan con regularidad.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   OBJETIVO Y DEFINICIONES

   A.   Objetivo

   La presente Recomendación establece los principios que rigen el funcionamiento de la red SOLVIT. SOLVIT tiene por objeto arbitrar soluciones rápidas, eficaces e informales a los problemas que experimentan las empresas y los particulares cuando los derechos que les confiere la UE en el mercado interior se ven denegados por las autoridades públicas. Al favorecer y promover un cumplimiento más riguroso del Derecho de la Unión, contribuye a un mejor funcionamiento del mercado único. Para lograr este propósito, los centros nacionales SOLVIT deben actuar de manera concertada sobre la base de los principios establecidos en la presente Recomendación.
   B.   Definiciones

   A efectos de la presente Recomendación se entenderá por:
   1.   «Solicitante»: toda persona física o jurídica que se enfrenta a un problema transfronterizo y lo pone en conocimiento de SOLVIT, bien directamente o a través de un intermediario, o toda organización que somete a la consideración de SOLVIT un problema concreto en nombre de uno o varios de sus miembros.
   2.   «Problema transfronterizo»: todo problema que experimenta un solicitante en un Estado miembro y que supone una posible vulneración del Derecho de la UE aplicable al mercado interior por parte de una autoridad pública de otro Estado miembro; incluidos, entre otros, los problemas originados a los solicitantes por sus propias administraciones públicas, tras haber ejercido o intentado ejercer aquellos su derecho a la libre circulación.
   3.   «Derecho de la Unión aplicable al mercado interior»: toda disposición, norma o principio de la Unión relativos al funcionamiento del mercado interior a tenor del artículo 26, apartado 2, del TFUE incluidas las normas no destinadas, en sí, a regular el mercado interior, pero que inciden en la libre circulación de mercancías, servicios, personas o capitales entre los Estados miembros.
   4.   «Autoridad pública»: todo servicio de la administración pública de un Estado miembro, a nivel nacional, regional o local, o todo organismo, cualquiera que sea su forma jurídica, al que se haya confiado, en aplicación de una medida adoptada por el Estado, la responsabilidad de prestar un servicio público bajo control estatal y al cual se confieran a tal efecto poderes especiales, más allá de los que se derivan de las normas habituales aplicables en las relaciones entre particulares.
   5.   «Procedimiento judicial»: procedimiento formal encaminado a la resolución de un litigio ante un órgano judicial o cuasi judicial, salvedad hecha de los recursos administrativos contra la misma autoridad que esté en el origen del problema.
   6.   «Problema estructural»: toda infracción que se derive de una norma nacional contraria al Derecho de la Unión.
   7.   «Centro de origen»: el centro SOLVIT del Estado miembro que presente el nexo más estrecho con el solicitante, en términos, por ejemplo, de nacionalidad, residencia, establecimiento o lugar en el que el solicitante haya adquirido los derechos considerados.
   8.   «Centro responsable»: el centro SOLVIT del Estado miembro en el que haya tenido lugar la presunta vulneración del Derecho de la Unión aplicable al mercado interior.
   9.   «Base de datos SOLVIT»: la aplicación en línea creada en el marco del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para facilitar la tramitación de los expedientes SOLVIT.
   II.   MANDATO DE SOLVIT

   La red SOLVIT trata todo problema transfronterizo ocasionado por la posible vulneración, por parte de una autoridad pública, del Derecho de la Unión aplicable al mercado interior, siempre y cuando dicho problema no sea objeto de procedimiento judicial a nivel nacional o de la Unión. Al favorecer y promover un cumplimiento más riguroso del Derecho de la Unión, contribuye a un mejor funcionamiento del mercado único.
   III.   SERVICIO OFRECIDO POR SOLVIT

   Los Estados miembros deben garantizar que los solicitantes puedan disfrutar de los servicios mínimos siguientes:

               1.

               Los centros SOLVIT deben estar accesibles por teléfono o correo electrónico, y proporcionar una respuesta rápida a cuantas comunicaciones reciban.

               2.

               En el plazo de una semana, el solicitante debe obtener una primera respuesta a su problema, en la que se indique, en la medida en que la información facilitada lo permita, si SOLVIT puede o no hacerse cargo del caso. Al mismo tiempo, debe invitarse al solicitante a presentar, si procede, toda documentación necesaria para tramitar su expediente. En el plazo de un mes a partir de esa primera evaluación, y siempre que su expediente esté completo, el solicitante debe recibir confirmación de si su caso ha sido o no aceptado por el centro responsable y si se ha abierto, por tanto, un expediente SOLVIT.

               3.

               Cuando un problema no pueda tramitarse a través de SOLVIT, debe informarse al solicitante de los correspondientes motivos y proponérsele otras posibles líneas de actuación que puedan ayudarle a solventarlo, así como señalar o transferir el problema, siempre que sea posible, a otra red de información o resolución de problemas pertinente o a la autoridad nacional competente.

               4.

               En un plazo de diez semanas a partir de la fecha de apertura del expediente, debe ofrecerse al solicitante una solución a su problema, solución que puede consistir en una aclaración del Derecho de la Unión aplicable. En circunstancias excepcionales, y en particular cuando se esté próximo a alcanzar una solución o cuando el problema sea de índole estructural, el expediente podrá mantenerse abierto más allá del plazo establecido, siempre y cuando se informe al solicitante, hasta un máximo de diez semanas.

               5.

               Los solicitantes deben ser informados del carácter informal de SOLVIT y de los procedimientos y los plazos aplicables. Esta información debe incluir información sobre otras posibles vías de recurso, la advertencia de que la tramitación de un caso por SOLVIT no deja en suspenso los plazos nacionales de recurso, y que las soluciones ofrecidas por SOLVIT son informales y no recurribles. Debe informarse a los solicitantes asimismo del carácter gratuito de SOLVIT. También debe informárseles periódicamente de la evolución del expediente.

               6.

               En razón de su carácter informal, el procedimiento SOLVIT no impide al solicitante emprender un procedimiento formal a nivel nacional, lo que dará lugar al archivo del expediente SOLVIT.

               7.

               En caso de que se alcance una solución satisfactoria, se debe informar al solicitante de las actuaciones a seguir para beneficiarse de la solución propuesta.

               8.

               Tan pronto como se haga patente la imposibilidad de que SOLVIT resuelva un caso, debe procederse a archivar el expediente e informar de ello al solicitante sin demora. En tal supuesto, SOLVIT debe asimismo informar al solicitante de otras posibles vías de recurso a nivel nacional o de la Unión. Cuando se aconseje a un interesado que presente su denuncia ante la Comisión, los centros SOLVIT deben alentarle a hacer referencia al procedimiento previo en SOLVIT (facilitando un número de referencia y un breve resumen de dicho procedimiento). Los casos no resueltos deben notificarse sistemáticamente a la Comisión a través de la base de datos.

               9.

               Tras el archivo del expediente, debe invitarse a los solicitantes a manifestar su opinión sobre el tratamiento dispensado al caso por SOLVIT.

         IV.   ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS SOLVIT

               1.

               Cada Estado miembro debe contar con un centro SOLVIT.

               2.

               A fin de permitir que los centros SOLVIT desempeñen los cometidos enunciados en la presente Recomendación, los Estados miembros deben garantizar que dichos centros:

                           a)

                           dispongan de personal suficiente y adecuadamente formado, con un conocimiento operativo de más de una lengua de la Unión, si ello resulta necesario para garantizar una comunicación rápida y transparente con otros centros SOLVIT;

                           b)

                           dispongan de una capacitación jurídica adecuada o de la experiencia necesaria en la aplicación del Derecho de la Unión, de modo que puedan realizar evaluaciones jurídicas independientes de los casos;

                           c)

                           estén situados en un servicio de las administraciones nacionales con competencias suficientes de coordinación para poder garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en el seno de la correspondiente administración;

                           d)

                           puedan crear una red dentro de la administración nacional que les permita tener acceso a los conocimientos y el apoyo jurídicos necesarios para hallar soluciones prácticas a los casos.

         V.   PROCEDIMIENTO SOLVIT

   A.   Principios que rigen el tratamiento de los casos SOLVIT

               1.

               Todos los casos SOLVIT deben ser tratados por dos centros SOLVIT, el centro de origen y el centro responsable.

               2.

               El centro de origen y el centro responsable deben cooperar de manera abierta y transparente con vistas a encontrar soluciones rápidas y eficaces para los solicitantes.

               3.

               El centro de origen y el centro responsable deben convenir en la lengua que utilizarán para comunicarse entre sí, teniendo presente el objetivo de resolver los problemas mediante contactos informales, de la forma más rápida y eficaz posible, y garantizar la transparencia y la comunicación de información.

               4.

               Todos los problemas notificados, las evaluaciones realizadas por los centros SOLVIT que intervengan en el caso, las medidas adoptadas y las soluciones propuestas deben registrarse en la base de datos SOLVIT de manera clara y comprensible. Cuando un caso se refiera a problemas estructurales, debe señalizarse como tal en la base de datos a fin de que la Comisión pueda efectuar sistemáticamente un seguimiento de este tipo de casos.

               5.

               Todas las soluciones propuestas deben ajustarse plenamente y en todo momento al Derecho de la Unión.

               6.

               Los centros SOLVIT deben atenerse a las normas detalladas de tramitación de casos establecidas en el correspondiente manual de SOLVIT, que la Comisión examinará regularmente en colaboración con los centros SOLVIT.

         B.   Centro de origen

               1.

               El centro de origen debe registrar todos los problemas jurídicos que le sean comunicados, con independencia de que puedan o no considerarse casos SOLVIT.

               2.

               Una vez que el centro de origen acepte la admisión a trámite de una denuncia, debe constituir un expediente completo y llevar a cabo un análisis jurídico exhaustivo del problema antes de someterlo a la consideración del centro responsable.

               3.

               Cuando reciba una propuesta de solución por parte del centro responsable, y en particular aclaraciones en cuanto a la normativa de la Unión aplicable, debe comprobar que la solución se ajuste al Derecho de la Unión.

               4.

               El centro de origen debe proporcionar al solicitante información oportuna y adecuada durante las distintas etapas del procedimiento.

         C.   Centro responsable

               1.

               El centro responsable debe confirmar la aceptación de un caso en el plazo de una semana a partir de su presentación por el centro de origen.

               2.

               El centro responsable debe perseguir el objetivo de ofrecer soluciones a los solicitantes, en particular aclaraciones en cuanto a la normativa de la Unión aplicable, y debe informar periódicamente al centro de origen sobre la evolución de sus trabajos.

               3.

               Cuando el problema planteado por el solicitante sea de naturaleza estructural, el centro responsable debe evaluar lo antes posible si dicho problema puede resolverse mediante el procedimiento SOLVIT. En el caso de que no lo considere posible, debe archivar el caso, clasificándolo como no resuelto, e informar a las autoridades nacionales responsables de velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en ese Estado miembro, de modo que se ponga efectivamente fin a la vulneración del Derecho de la Unión. La Comisión debe asimismo ser informada a través de la base de datos.

         VI.   FUNCIÓN DE LA COMISIÓN

               1.

               La Comisión respalda el funcionamiento de SOLVIT y presta su asistencia mediante:

                           a)

                           la organización de sesiones periódicas de formación y actos orientados a la red en colaboración con los centros SOLVIT nacionales;

                           b)

                           la redacción y actualización del manual de tramitación de casos SOLVIT en colaboración con los centros SOLVIT nacionales;

                           c)

                           la asistencia en la tramitación a petición de los centros SOLVIT. En los casos complejos tal asistencia puede incluir asesoramiento jurídico informal. Los servicios de la Comisión deben responder a las solicitudes de asesoramiento jurídico informal en un plazo de dos semanas. Dado el carácter meramente informal de tal asesoramiento, no puede considerarse vinculante para la Comisión;

                           d)

                           la gestión y el mantenimiento de la base de datos SOLVIT y de una interfaz pública, y la provisión de formación específica y materiales a fin de facilitar su utilización por los centros SOLVIT;

                           e)

                           el control de la calidad y la eficacia de los centros SOLVIT y el seguimiento de los casos de los que estos se ocupan. En aquellos casos que se refieran a problemas estructurales, la Comisión efectuará un estrecho seguimiento del caso y, si procede, prestará asesoramiento y asistencia con vistas a garantizar que se ponga fin al problema de que se trate. La Comisión examinará la posible necesidad de tomar medidas complementarias en respuesta a los problemas estructurales no resueltos;

                           f)

                           la garantía de una adecuada comunicación entre SOLVIT, CHAP (5) y EU Pilot (6), con objeto de garantizar un seguimiento apropiado de los casos SOLVIT no resueltos, supervisar los casos relativos a problemas estructurales y evitar toda duplicación en la tramitación de las denuncias;

                           g)

                           la información a los centros SOLVIT, a petición de estos, sobre el curso dado por la Comisión a los casos no resueltos, cuando se haya presentado una denuncia ante la Comisión.

               2.

               En su caso, y siempre que el denunciante dé su consentimiento, la Comisión podrá remitir a SOLVIT denuncias que le hayan sido presentadas, con vistas a encontrar una solución rápida e informal.

         VII.   CONTROL DE CALIDAD E INFORMES

               1.

               Los centros SOLVIT deben llevar a cabo controles periódicos de calidad en relación con los casos de los que se ocupen, en su condición de centro de origen o de centro responsable, tal como se establece en el manual de tramitación de casos.

               2.

               Los servicios de la Comisión efectuarán periódicamente controles de calidad globales de todos los casos y señalarán todo posible problema a los centros SOLVIT concernidos, los cuales deben adoptar las medidas oportunas para poner remedio a las deficiencias detectadas.

               3.

               La Comisión presentará informes periódicos sobre la calidad y la eficacia de SOLVIT. Asimismo, presentará informes sobre el tipo de problemas denunciados ante SOLVIT y de los casos tratados por la red, con vistas a definir las tendencias y determinar los problemas que subsisten en el mercado interior. En este marco, la Comisión presentará informes por separado sobre los casos relativos a problemas estructurales.

         VIII.   VISIBILIDAD DE LA RED

               1.

               La Comisión promoverá el conocimiento de SOLVIT y el recurso a la red entre las instancias europeas interesadas y las instituciones de la Unión, y mejorará la accesibilidad y la presencia de SOLVIT a través de medios en línea.

               2.

               Los Estados miembros deben velar por la disponibilidad de información fácil de consultar y la facilidad de acceso a los servicios SOLVIT, en particular, en todos los sitios web pertinentes de la administración pública.

               3.

               Asimismo, deben llevar a cabo actividades de sensibilización acerca de SOLVIT entre las instancias interesadas. La Comisión prestará ayuda para la realización de tales actividades.

         IX.   COOPERACIÓN CON OTRAS REDES Y PUNTOS DE CONTACTO

               1.

               A fin de garantizar que los solicitantes obtengan una ayuda eficaz, los centros SOLVIT deben cooperar con otras redes europeas y nacionales de información y ayuda, tales como «Tu Europa», «Europe Direct», «Tu Europa — Asesoramiento», la red «Enterprise Europe», EURES, la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red CEC), la red FIN-NET y la Red Europea de Defensores del Pueblo. Los centros SOLVIT deben establecer asimismo buenas relaciones de trabajo con los correspondientes miembros nacionales de la Comisión Administrativa para la Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, con objeto de permitir una gestión eficaz de los casos relativos a la seguridad social.

               2.

               Los centros SOLVIT deben mantener contactos periódicos y colaborar estrechamente con los puntos de contacto EU Pilot de su país, con el fin de garantizar un intercambio adecuado de información sobre las denuncias recibidas y los casos sometidos a su consideración.

               3.

               La Comisión facilitará dicha colaboración mediante la organización, entre otras cosas, de actos conjuntos orientados a la red y el establecimiento de medios técnicos de conexión con las redes y puntos de contacto indicados en el apartado 1 (7).

         X.   PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

   El tratamiento de datos de carácter personal a efectos de la presente Recomendación, incluidos, en particular, los requisitos de transparencia y los derechos de los interesados, se rige por el Reglamento IMI. En consonancia con dicho Reglamento, será de aplicación lo siguiente:

               1.

               Los solicitantes deben poder presentar sus denuncias ante SOLVIT a través de una interfaz pública vinculada al Sistema de Información del Mercado Interior, puesta a su disposición por la Comisión. Los solicitantes no tendrán acceso a la base de datos SOLVIT.

               2.

               El centro de origen y el centro responsable deben tener acceso a la base de datos SOLVIT y poder gestionar el caso que se les haya confiado a través de dicha base de datos. Ello incluye la posibilidad de acceder a los datos de carácter personal del solicitante.

               3.

               Los demás centros SOLVIT que no intervengan en un caso concreto, así como la Comisión, deben tener acceso de solo lectura a la información anónima sobre el caso.

               4.

               El centro de origen debe normalmente revelar la identidad del solicitante al centro responsable, a fin de facilitar la resolución del problema. El solicitante debe ser informado de ello al inicio del proceso y disfrutar de la posibilidad de oponerse, en cuyo caso la identidad del solicitante no debe divulgarse.

               5.

               La información facilitada por el solicitante debe ser utilizada por el centro responsable y las autoridades públicas competentes en relación con la denuncia con el fin exclusivo de buscar una solución al caso. Los funcionarios que se ocupen del caso han de tratar los datos de carácter personal únicamente para los fines que hayan motivado su transmisión. Deben asimismo adoptarse las medidas oportunas para salvaguardar la información sensible desde el punto de vista comercial que no contenga datos de carácter personal.

               6.

               Un expediente solo podrá transferirse a otra red u organismo de resolución de problemas con el consentimiento previo del solicitante.

               7.

               El personal de la Comisión únicamente debe tener acceso a los datos personales de los solicitantes si ello resulta necesario a fin de:

                           a)

                           evitar el tratamiento simultáneo de un mismo problema ya sometido a la consideración de la Comisión o de otra institución de la Unión mediante otro procedimiento;

                           b)

                           ofrecer asesoramiento jurídico informal, de conformidad con la sección VI;

                           c)

                           adoptar una decisión en cuanto al curso que proceda dar a los casos ya tratados por SOLVIT;

                           d)

                           resolver problemas técnicos que afecten a la base de datos SOLVIT.

               8.

               Los datos de carácter personal relativos a casos SOLVIT deben bloquearse en el Sistema de Información del Mercado Interior dieciocho meses después del archivo del correspondiente expediente. Deben conservarse en la base de datos SOLVIT descripciones de los casos SOLVIT desprovistas de datos de carácter personal, las cuales podrán utilizarse con fines estadísticos, de elaboración de informes o de formulación de políticas.

         XI.   OTRAS DISPOSICIONES

   La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 2001/893/CE. Todas las referencias a la Recomendación 2001/893/CE deben entenderse hechas a la presente Recomendación.
   XII.   FECHA DE APLICACIÓN Y DESTINATARIOS

   La presente Recomendación será aplicable a partir del 1 de octubre de 2013.
   Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 17 de septiembre de 2013.

            Por la Comisión

         Michel BARNIER

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 331 de 15.12.2001, p. 79.

      (2)  COM(2012) 259 final.

      (3)  COM(2013) 269 final.

      (4)  DO L 316 de 14.11.2012, p. 1.

      (5)  Complaint handling/Accueil des plaignants (tramitación de quejas — acogida de denunciantes) — Sistema de registro de denuncias de la Comisión.

      (6)  COM(2007) 502 final.

      (7)  En la fecha de adopción de la presente Recomendación, se han establecido ya los medios técnicos de conexión con «Tu Europa — Asesoramiento» y están en fase de desarrollo con «Europe Direct».