title: Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013 , sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión

text:
               26.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 201/60

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 11 de junio de 2013
   sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión
   (2013/396/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, entre otras cosas facilitando el acceso a la justicia, así como el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores.

               (2)

               La economía moderna crea a veces situaciones en las que numerosas personas pueden resultar perjudicadas por las mismas prácticas ilegales consistentes en la violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, por parte de uno o más operadores económicos u otras personas («daños masivos»). En consecuencia, estas personas pueden tener un motivo suficiente para solicitar la cesación de tales prácticas o para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

               (3)

               La Comisión adoptó el Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia en 2005 (1) y el Libro Blanco correspondiente en 2008, que incluían propuestas sobre recursos colectivos específicos contra las prácticas contrarias a las normas de competencia (2). En 2008, la Comisión publicó el Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores (3) y en 2011 celebró la consulta pública «Hacia un planteamiento europeo más coherente del recurso colectivo» (4).

               (4)

               El 2 de febrero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución «Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo», en la que pedía que cualquier propuesta en materia de recurso colectivo se estableciera en forma de marco horizontal que incluyese un conjunto de principios comunes que permitan el acceso uniforme a la justicia a través de un recurso colectivo en la Unión, y que regulase específica, aunque no exclusivamente, la infracción de los derechos de los consumidores. El Parlamento también subrayó la necesidad de tener debidamente en cuenta las tradiciones jurídicas y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y de aumentar la coordinación de buenas prácticas entre los Estados miembros (5).

               (5)

               El 11 de junio de 2013, la Comisión publicó la Comunicación «Hacia un marco europeo horizontal del recurso colectivo» (6), que hacía balance de las acciones realizadas hasta la fecha y de las opiniones de los interesados y del Parlamento Europeo, y presentaba la posición de la Comisión sobre algunos temas centrales relativos al recurso colectivo.

               (6)

               La prevención y el castigo de las violaciones de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión forman parte esencial de la función ejecutiva de las autoridades públicas. La posibilidad de que los particulares interpongan demandas por violación de tales derechos es un complemento de dicha acción ejecutiva. La presente Recomendación, en sus referencias a la violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, abarca todas las situaciones en que la infracción de las normas establecidas al nivel de la Unión ya ha causado o pueda causar un perjuicio a las personas físicas y jurídicas.

               (7)

               Los ámbitos en que se ejerce la acción privada complementaria para hacer valer los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, en forma de recurso colectivo, son la protección de los consumidores, la competencia, la protección del medio ambiente, la protección de los datos personales, la normativa sobre servicios financieros y la protección de los inversores. Los principios establecidos en la presente Recomendación deben aplicarse de forma horizontal y uniforme a dichos ámbitos, pero también a cualesquiera otros en los que las demandas colectivas de cesación o de indemnización por daños y perjuicios derivados de la violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión sean pertinentes.

               (8)

               Las acciones individuales, como el proceso de escasa cuantía en materia de consumo, son los medios habituales para resolver los conflictos, evitar daños y reclamar una indemnización.

               (9)

               Además del recurso individual, todos los Estados miembros han introducido diferentes mecanismos de recurso colectivo. Estas medidas están destinadas a prevenir y poner fin a las prácticas ilegales, así como a garantizar la obtención de una indemnización por los daños causados en caso de «daños masivos». La posibilidad de agrupar las demandas e interponerlas de forma colectiva puede ser una manera mejor de acceder a la justicia, especialmente cuando el coste de las acciones individuales disuada a los perjudicados de acudir a los tribunales.

               (10)

               El objeto de la presente Recomendación es facilitar el acceso a la justicia en relación con las violaciones de derechos recogidos en el Derecho de la Unión y, a tal fin, recomendar que todos los Estados miembros dispongan de sistemas de recursos colectivos a nivel nacional que respeten los mismos principios básicos en toda la Unión, teniendo en cuenta las tradiciones jurídicas de los Estados miembros y la protección frente a los abusos.

               (11)

               En materia de medidas cautelares, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2009/22/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (7). No obstante, el procedimiento de cesación introducido por la Directiva no permite obtener una indemnización a las personas que aleguen haber sufrido un perjuicio como resultado de una práctica ilícita.

               (12)

               En algunos Estados miembros se han establecido, con diverso alcance, procedimientos de demanda colectiva para reclamar indemnizaciones. Ahora bien, los procedimientos existentes de recurso colectivo varían considerablemente según los Estados miembros.

               (13)

               La presente Recomendación presenta un conjunto de principios relativos al recurso colectivo, tanto judicial como extrajudicial, que deberían ser comunes en toda la Unión, dentro del respeto de las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Estos principios deben garantizar los derechos procesales fundamentales de las partes y evitar los abusos mediante unas garantías adecuadas.

               (14)

               La presente Recomendación trata del recurso colectivo de indemnización y —en la medida en que resulte oportuno y pertinente para cada principio— del recurso colectivo de cesación. Se entiende sin perjuicio de los actuales mecanismos sectoriales de medidas cautelares previstos en el Derecho de la Unión.

               (15)

               Los mecanismos de recurso colectivo deben mantener las garantías procesales y las de las partes en las acciones civiles. Con el fin de evitar que se extienda la práctica de litigios abusivos en los casos de daños masivos, los mecanismos nacionales de recurso colectivo deben incluir las garantías fundamentales recogidas en la presente Recomendación. Elementos como las indemnizaciones punitivas, los procedimientos invasivos de comunicación de documentos antes del juicio y las indemnizaciones punitivas concedidas por los jurados, que en su mayoría son ajenos a las tradiciones jurídicas de gran parte de los Estados miembros, deben evitarse, por regla general.

               (16)

               Los procedimientos alternativos de solución de conflictos pueden ser un medio eficaz para obtener reparación en caso de daños masivos. Deberían estar siempre disponibles junto con el recurso judicial colectivo, o como elemento facultativo de este.

               (17)

               La capacidad legal para ejercitar una acción colectiva en los Estados miembros depende del tipo de mecanismo de recurso colectivo. En determinados tipos de acciones colectivas, como las acciones de grupo que pueden interponerse conjuntamente por quienes aleguen haber sufrido daños, la cuestión de la capacidad está más clara que en el caso de las acciones de representación, en que debe clarificarse.

               (18)

               En las acciones de representación, la capacidad legal para ejercitarlas debe limitarse a entidades acreditadas ad hoc, a entidades representantes designadas que cumplan determinados criterios establecidos por ley o a las autoridades públicas. Se debería obligar a la entidad representante a demostrar que posee la capacidad administrativa y financiera suficiente para representar los intereses de los demandantes de forma adecuada.

               (19)

               Se adoptarán las medidas adecuadas para que la financiación de los recursos colectivos no pueda dar lugar a abusos del sistema ni a conflictos de intereses.

               (20)

               Para evitar un uso abusivo del sistema, y en interés de la buena administración de la justicia, no debe permitirse que prospere ninguna acción colectiva ante la justicia que no cumpla las condiciones de admisibilidad establecidas por la ley.

               (21)

               A los órganos jurisdiccionales se les debe atribuir la función esencial de protección de los derechos e intereses de todas las partes interesadas en una acción colectiva, así como la tramitación eficaz de la acción colectiva.

               (22)

               En los ámbitos del Derecho en que una autoridad pública esté facultada para adoptar una decisión que declare que se ha producido una violación del Derecho de la Unión, es importante garantizar la coherencia entre la decisión definitiva sobre dicha violación y el resultado de la acción colectiva de recurso. Además, en el caso de las acciones colectivas interpuestas como consecuencia de una decisión de una autoridad pública (acciones consecutivas), se supone que la autoridad pública, al constatar la violación del Derecho de la Unión, ya ha tenido en cuenta el interés público y la necesidad de evitar los abusos.

               (23)

               En lo que respecta a la normativa de medio ambiente, la presente Recomendación tiene en cuenta las disposiciones del artículo 9, apartados 3, 4 y 5, de la Convención de la CEPE de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales («Convención de Aarhus») que, respectivamente, fomentan un amplio acceso a la justicia en asuntos ambientales, establecen los criterios que deben aplicarse a los procedimientos, incluidos los criterios de celeridad y costes razonables, y prevén la información al público y la introducción de mecanismos de ayuda.

               (24)

               Los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para aplicar los principios establecidos en la presente Recomendación, a más tardar, dos años después de su publicación.

               (25)

               Los Estados miembros deberían informar a la Comisión de la aplicación de la presente Recomendación. Tomando como base esta información, la Comisión debe supervisar y evaluar las medidas adoptadas por los Estados miembros.

               (26)

               En el plazo de cuatro años desde la publicación de la presente Recomendación, la Comisión deberá evaluar la necesidad de adoptar nuevas acciones, incluidas medidas legislativas, para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos de la presente Recomendación. En particular, la Comisión deberá evaluar la aplicación de la presente Recomendación y su repercusión en el acceso a la justicia, el derecho a obtener una indemnización, la necesidad de prevenir los litigios abusivos, el funcionamiento del mercado único, la economía de la Unión Europea y la confianza de los consumidores.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   FINALIDAD Y OBJETO

               1.

               La finalidad de la presente Recomendación es facilitar el acceso a la justicia, poner fin a las prácticas ilegales y permitir a las partes perjudicadas obtener una indemnización en caso de daños masivos causados por infracciones de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, estableciendo al mismo tiempo las garantías procesales necesarias para evitar los litigios abusivos.

               2.

               Los Estados miembros deberían disponer de mecanismos de recurso colectivo a nivel nacional, tanto de cesación como de indemnización, que respeten los principios básicos establecidos en la presente Recomendación. Estos principios deben ser comunes a toda la Unión y respetar al mismo tiempo las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben velar por que los procedimientos de recurso colectivo sean justos, equitativos, oportunos y no excesivamente onerosos.

         II.   DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

               3.

               A los efectos de la presente Recomendación, se aplicarán las siguientes definiciones:
               a)   «recurso colectivo»: i) mecanismo jurídico que garantiza la posibilidad de solicitar la cesación de un comportamiento ilegal, de forma colectiva por dos o más personas físicas o jurídicas o por una entidad capacitada para entablar una acción de representación (recurso colectivo de cesación), ii) mecanismo jurídico que garantiza la posibilidad de reclamar una indemnización de forma colectiva por dos o más personas físicas o jurídicas que afirmen haber sido perjudicadas en caso de daños masivos o por una entidad capacitada para entablar una acción de representación (recurso colectivo de indemnización);
               b)   «daños masivos»: situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas afirman haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una pérdida causada por una misma actividad ilegal de una o varias personas físicas o jurídicas;
               c)   «acción por daños y perjuicios»: acción por la que se interpone una demanda por daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional nacional;
               d)   «acción de representación»: acción interpuesta por una entidad representante, una entidad acreditada ad hoc o una autoridad pública, en representación y en nombre de dos o más personas físicas o jurídicas que declaren correr el riesgo de sufrir daños o haber sufrido daños como consecuencia de daños masivos, cuando dichas personas no sean partes del procedimiento;
               e)   «acción colectiva consecutiva»: acción de recurso colectivo que se interpone después de que una autoridad pública haya adoptado una decisión definitiva en la que se constate una infracción del Derecho de la Unión.
               La presente Recomendación expone los principios comunes que deberían aplicarse en todos los procedimientos de recurso colectivo, así como los principios específicos propios del recurso colectivo de cesación y del recurso colectivo de indemnización.

         III.   PRINCIPIOS COMUNES A LOS RECURSOS COLECTIVOS DE CESACIÓN Y DE INDEMNIZACIÓN

      Capacidad para interponer una acción de representación

               4.

               Los Estados miembros deberían designar a las entidades representantes que podrán interponer acciones de representación con arreglo a unas condiciones de admisión claramente definidas. Estas condiciones deberían incluir, como mínimo, los siguientes requisitos:

                           a)

                           las entidades no deberían tener ánimo de lucro;

                           b)

                           debería existir una relación directa entre los objetivos principales de la entidad y los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión que la acción que se interpone considere violados, y

                           c)

                           la entidad debería tener capacidad suficiente en términos de recursos financieros, recursos humanos y conocimientos jurídicos para representar a múltiples demandantes y defender ante todo sus intereses.

               5.

               Los Estados miembros deberían asegurarse de que la entidad designada pierda su condición de representante si deja de cumplir uno o varios requisitos.

               6.

               Los Estados miembros deberían asegurarse de que las acciones de representación solo puedan ser interpuestas por entidades previamente designadas oficialmente, tal como se recomienda en el punto 4, o por entidades que hayan sido acreditadas ad hoc por las autoridades nacionales de un Estado miembro o por los órganos jurisdiccionales para una determinada acción de representación.

               7.

               Además, o como alternativa, los Estados miembros deberían facultar a las autoridades públicas para interponer acciones de representación.

      Admisibilidad

               8.

               Los Estados miembros deberían proceder a verificar, en la fase más temprana posible, que los casos que no cumplan los requisitos de la acción colectiva y los casos manifiestamente infundados, no sigan su curso.

               9.

               A tal fin, los órganos jurisdiccionales deberían proceder de oficio a las necesarias comprobaciones.

      Información sobre los recursos colectivos

               10.

               Los Estados miembros deberían garantizar que la entidad representante o el grupo de demandantes puedan difundir información sobre la presunta violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión y su intención de interponer una acción de cesación, así como sobre un caso de daños masivos y su intención de interponer una acción por daños y perjuicios en forma de recurso colectivo. A la entidad representante ad hoc, la entidad acreditada, la autoridad pública o el grupo de demandantes se les garantizarán las mismas posibilidades de información sobre las acciones de indemnización en curso.

               11.

               Los métodos de difusión de información deberían tener en cuenta las circunstancias particulares del caso de daños masivos de que se trate, la libertad de expresión, el derecho a la información, y el derecho a la protección de la reputación o del valor de la empresa del demandado antes de que se le declare responsable de la presunta violación o de los daños en virtud de sentencia firme de un órgano jurisdiccional.

               12.

               Los métodos de difusión se entienden sin perjuicio de las normas de la Unión sobre abuso de información privilegiada y manipulación del mercado.

      Reembolso de las costas a la parte ganadora

               13.

               Los Estados miembros deberían asegurarse de que la parte perdedora en una acción de recurso colectivo reembolse las costas judiciales necesarias soportadas por la parte ganadora (principio de «quien pierde, paga»), siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación nacional aplicable.

      Financiación

               14.

               La parte demandante debería declarar al órgano jurisdiccional, al iniciarse el procedimiento, el origen de los fondos que va a utilizar para sufragar la acción judicial.

               15.

               El órgano jurisdiccional debería suspender el procedimiento cuando, en el caso de que se utilicen recursos financieros aportados por un tercero,

                           a)

                           exista un conflicto de intereses entre el tercero y la parte demandante y sus miembros;

                           b)

                           el tercero no disponga de recursos suficientes para cumplir sus compromisos financieros con la parte demandante que ha incoado el procedimiento de recurso colectivo;

                           c)

                           la parte demandante no disponga de recursos suficientes para hacer frente a los costes de la parte contraria en caso de que el procedimiento de recurso colectivo no prospere.

               16.

               Los Estados miembros deberían garantizar que, cuando una acción de recurso colectivo esté financiada por un tercero privado, este tendrá prohibido:

                           a)

                           intentar influir en las decisiones procesales de la parte demandante, incluidas las transacciones;

                           b)

                           financiar una acción colectiva contra un demandado que sea un competidor del proveedor de fondos o contra un demandado del que dependa el proveedor de fondos;

                           c)

                           exigir intereses excesivos sobre los fondos prestados.

      Asuntos transfronterizos

               17.

               Los Estados miembros deberían garantizar que, cuando un conflicto afecte a personas físicas o jurídicas de varios Estados miembros, las normas nacionales sobre la admisibilidad y capacidad legal de los grupos de demandantes extranjeros o de las entidades representantes pertenecientes a otros sistemas jurídicos nacionales, no impidan la introducción de una acción colectiva única ante una misma jurisdicción.

               18.

               Cualquier entidad representante designada previa y oficialmente por un Estado miembro para ejercer acciones de representación debería estar autorizada a actuar ante el órgano jurisdiccional nacional competente para pronunciarse en los casos de daños masivos.

         IV.   PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AL RECURSO COLECTIVO DE CESACIÓN

      Celeridad de los procedimientos de demanda de medidas de cesación

               19.

               Los órganos jurisdiccionales y las autoridades públicas competentes deberían tramitar las demandas de medidas cautelares que soliciten la cesación o la prohibición de una violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión con la debida celeridad y, en su caso, por el procedimiento abreviado, con el fin de evitar daños o nuevos perjuicios derivados de la pérdida causada por tal violación.

      Ejecución eficiente de las medidas de cesación

               20.

               Los Estados miembros deberían establecer sanciones adecuadas contra el demandado perdedor, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la medida de cesación, incluido el pago de un importe fijo por cada día de retraso o de cualquier otro importe previsto en la legislación nacional.

         V.   PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AL RECURSO COLECTIVO DE INDEMNIZACIÓN

      Constitución de la parte demandante por el «principio de participación voluntaria» (opt-in)

               21.

               La parte demandante debería constituirse por consentimiento expreso de las personas físicas o jurídicas que afirmen haber sufrido daños (principio opt-in). Las excepciones a este principio, en virtud de disposiciones legales o de una resolución judicial, deberían justificarse debidamente por razones de buena administración judicial.

               22.

               Todo miembro de la parte demandante debería poder retirarse de esta parte en cualquier momento antes de que se dicte la resolución definitiva o de que el asunto se resuelva válidamente de otra manera, siempre que se cumplan las mismas condiciones que se aplican a la retirada en las acciones individuales, sin que se le prive de la posibilidad de proseguir con su demanda de otra forma, si ello no perjudica a la buena administración de la justicia.

               23.

               Las personas físicas o jurídicas que aleguen haber sufrido daños en un mismo caso de daños masivos deberían poder adherirse a la parte demandante en cualquier momento antes de que se dicte la resolución definitiva o de que el asunto se resuelva válidamente de otra manera, si ello no perjudica a la buena administración de la justicia.

               24.

               El demandado debería estar informado de la composición de la parte demandante y de cualquier modificación de la misma.

      Modalidades alternativas de solución de litigios colectivos y transacciones

               25.

               Los Estados miembros deberían asegurarse de que se anime a las partes de los litigios surgidos en casos de daños masivos a resolver la cuestión de la indemnización de forma consensuada o extrajudicial, tanto en la fase previa al juicio como durante el juicio civil, teniendo asimismo en cuenta los requisitos de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (8).

               26.

               Los Estados miembros deberían garantizar que los mecanismos judiciales de recurso colectivo incluyan la posibilidad de que las partes, antes y durante el litigio, puedan acceder a las modalidades alternativas de solución colectiva de conflictos. El recurso a tales modalidades dependerá del consentimiento de las partes en el asunto.

               27.

               El eventual plazo de prescripción aplicable a las demandas debería suspenderse durante el período comprendido entre el momento en que las partes acuerden resolver el conflicto por un procedimiento de resolución alternativa de conflictos hasta, como mínimo, el momento en que una o ambas partes se retiren expresamente de dicho procedimiento.

               28.

               La legalidad de toda decisión obligatoria resultante de una transacción colectiva debería ser controlada por los órganos jurisdiccionales, que velarán por la adecuada protección de los intereses y derechos de todas las partes implicadas.

      Representación legal y honorarios de los abogados

               29.

               Los Estados miembros deberían garantizar que los honorarios de los abogados y su método de cálculo no creen ningún incentivo para emprender acciones judiciales que sean innecesarias desde el punto de vista de los intereses de cualquiera de las partes.

               30.

               Los Estados miembros no deberían permitir los honorarios condicionales que puedan generar un incentivo de este tipo. Los Estados miembros que, excepcionalmente, permitan honorarios condicionales, deberían establecer una normativa nacional adecuada sobre estos honorarios en casos de recursos colectivos, teniendo especialmente en cuenta el derecho de los miembros de la parte demandante a obtener una reparación íntegra de los daños.

      Prohibición de las indemnizaciones punitivas

               31.

               La indemnización concedida a las personas físicas o jurídicas perjudicadas en caso de daños masivos no debería ser superior a la indemnización que se habría concedido si la demanda se hubiera tramitado mediante acciones individuales. Deberían prohibirse, en particular, las indemnizaciones punitivas que conceden a la parte demandante una indemnización superior al daño sufrido.

      Financiación de los recursos colectivos de indemnización

               32.

               Los Estados miembros deberían velar por que, además de los principios generales de financiación, en los casos de financiación de los recursos colectivos de indemnización por un tercero privado, se prohíba calcular la remuneración o los intereses que percibirá el proveedor de fondos a partir del importe fijado en el acuerdo alcanzado o la indemnización concedida, salvo que este acuerdo financiero esté regulado por una autoridad pública para garantizar los intereses de las partes.

      Acciones colectivas consecutivas

               33.

               Los Estados miembros deberían asegurarse de que, en las materias legislativas en que una autoridad pública es competente para adoptar una decisión que constate una violación del Derecho de la UE, las acciones de recurso colectivo no se interpongan, por regla general, en tanto la autoridad pública no haya concluido definitivamente el procedimiento que inició con anterioridad a la acción privada. Si el procedimiento de la autoridad pública se incoara tras la interposición de la acción de recurso colectivo, el órgano jurisdiccional debería evitar dictar cualquier resolución contraria a la decisión prevista por la autoridad pública. A tal fin, el órgano jurisdiccional podrá suspender el recurso colectivo hasta la conclusión del procedimiento de la autoridad pública.

               34.

               Los Estados miembros deberían garantizar que, en caso de acciones consecutivas, a las personas que aleguen haber sufrido daños no se les impida reclamar una indemnización por el hecho de que hayan expirado los plazos de prescripción o caducidad antes de la conclusión definitiva del procedimiento por la autoridad pública.

         VI.   INFORMACIÓN GENERAL

      Registro de los recursos colectivos

               35.

               Los Estados miembros deberían establecer un registro nacional de recursos colectivos.

               36.

               El registro nacional debería ser accesible gratuitamente, a través de medios electrónicos o de otro tipo, a cualquier persona interesada. Los sitios web del registro deberían permitir acceder a información completa y objetiva sobre los métodos disponibles para obtener una indemnización, incluidos los extrajudiciales.

               37.

               Los Estados miembros, asistidos por la Comisión, deberían garantizar la coherencia de la información recogida en los registros y la interoperabilidad de estos.

         VII.   SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

               38.

               Los Estados miembros deberían aplicar los principios establecidos en la presente Recomendación a sus sistemas nacionales de recursos colectivos el 26 de julio de 2015, a más tardar.

               39.

               Los Estados miembros deberían recopilar estadísticas anuales fiables sobre el número de procedimientos de recursos colectivos judiciales y extrajudiciales, así como información sobre las partes, el objeto de los litigios y las soluciones aplicadas.

               40.

               Los Estados miembros deberían comunicar anualmente a la Comisión la información recogida con arreglo al punto 39 y por primera vez el 26 de julio de 2016, a más tardar.

               41.

               La Comisión debería evaluar la aplicación de la Recomendación según la experiencia práctica el 26 de julio de 2017, a más tardar. En este contexto, la Comisión debería evaluar, en particular, sus repercusiones en el acceso a la justicia, en el derecho a obtener una indemnización, en la necesidad de prevenir los litigios abusivos y el funcionamiento del mercado único, en las PYME, la competitividad de la economía de la Unión Europea y la confianza de los consumidores. La Comisión también debería evaluar la necesidad de proponer nuevas medidas para consolidar y reforzar el enfoque horizontal adoptado en la Recomendación.

      Disposiciones finales

               42.

               La Recomendación debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 11 de junio de 2013.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  COM(2005) 672 de 19.12.2005.

      (2)  COM(2008) 165 de 2.4.2008.

      (3)  COM(2008) 794 de 27.11.2008.

      (4)  COM(2010) 135 final de 31.3.2010.

      (5)  [2011/2089(INI)].

      (6)  COM (2013) 401 final.

      (7)  DO L 110 de 1.5.2009, p. 30.

      (8)  DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.


title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 del Reino Unido

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/21

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2015 del Reino Unido
   (2015/C 272/06)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo nacionales.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 del Reino Unido y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de 2014 del Reino Unido.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo refrendó las prioridades para fomentar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre el Reino Unido. En él se evaluaron los avances realizados por el Reino Unido de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que el Reino Unido está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren la adopción de medidas y seguimiento. En particular, siguen reclamando atención los riesgos relacionados con el alto nivel de endeudamiento de los hogares, también vinculados a las características estructurales del mercado de la vivienda. Ha aumentado la resiliencia de la economía y del sector financiero. Sin embargo, la falta de viviendas se mantendrá y es probable que sustente los altos precios de la vivienda a medio plazo y siga haciendo al sector menos resiliente frente a los riesgos.

               (7)

               El 26 de marzo de 2015, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Convergencia de 2015. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               El Reino Unido está actualmente sujeto al componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia para el período 2014-2015, el Gobierno prevé una mejora del déficit global, que pasaría del 4,3 % del PIB en 2015-2016 al 2,2 % del PIB en 2016 2017, de modo que se alcanzaría un superávit del 0,1 % del PIB en 2019-2020. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo a medio plazo. Se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo nivel en 2015 situándose en el 88,8 % y que vaya disminuyendo paulatinamente hasta situarse en torno al 81,4 % en 2019-2020. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, no se espera que el Reino Unido corrija su déficit excesivo antes del plazo de 2014-2015 fijado por el Consejo. Por otra parte, el esfuerzo presupuestario fue inferior a lo recomendado por el Consejo. Por este motivo, el 19 de junio, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, del TFUE que el Reino Unido no había tomado medidas eficaces en respuesta a la Recomendación del Consejo formulada de conformidad con la Recomendación de 2 de diciembre de 2009 relativa al déficit excesivo y emitió una nueva recomendación por la que se pedía al Reino Unido que corrigiera su déficit excesivo en 2016-2017. El Programa de Convergencia es compatible con el nuevo plazo de 2016-2017 en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. El supuesto macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, se espera que el Reino Unido corrija su déficit excesivo antes del plazo de 2016-2017 y lleve a cabo el estímulo presupuestario recomendado. Ya se han especificado medidas de apoyo a los porcentajes de déficit previsto a partir de 2015-2016, pero es necesario detallar más los límites de gasto para los distintos departamentos especificados. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo estima que cabe esperar que el Reino Unido cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (9)

               Se ha estimado que una gran parte, posiblemente excesiva, del endeudamiento de los hogares constituye un desequilibrio macroeconómico potencial que plantea riesgos para la economía del Reino Unido. Aunque el citado endeudamiento sigue disminuyendo ligeramente, continúa siendo elevado y hace al Reino Unido vulnerable frente a riesgos que podrían afectar a la estabilidad financiera y el crecimiento económico. A mediados de 2014, el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra anunció dos medidas para reducir los riesgos asociados a un alto nivel de endeudamiento de los hogares. Recomendaba que los prestamistas hipotecarios aplicaran una «prueba de estrés del tipo de interés» para evaluar la capacidad de los prestatarios para responder a sus obligaciones hipotecarias en el caso de una subida de los tipos de interés. Recomendaba asimismo que los prestamistas hipotecarios limitasen la proporción de hipotecas a ratios de préstamo/ingresos de 4,5 o superiores en el caso del 15 % de los nuevos préstamos hipotecarios. Los efectos de estas medidas deberían ser objeto de un estrecho seguimiento.
               Se ha llevado a cabo una serie de reformas del marco de política de planificación nacional, pero es poco probable que tengan un impacto a corto plazo. La respuesta de las autoridades locales a la reforma destinada a aumentar la oferta de vivienda debe ser objeto de un estrecho seguimiento.

               (10)

               El mercado de trabajo del Reino Unido ha registrado buenos resultados en los últimos años y se prevé que siga mostrando signos de fortaleza. La tasa de empleo era del 76,5 % en 2014, mientras que la tasa de desempleo siguió disminuyendo hasta el 6 %, y se prevé que disminuya aún más en 2015. A pesar de la tendencia positiva que refleja la situación del mercado laboral, siguen planteándose diversos retos sociales. El porcentaje de personas que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja aumentó ligeramente, pasando del 13 % en 2012 al 13,2 % en 2013, en comparación con la media de la UE, que se sitúa en el 10,7 %. La diferencia en el porcentaje de trabajo a tiempo parcial entre las mujeres (42,6 % en 2013) y los hombres (13,2 % en 2013) es una de las más elevadas de la UE. El porcentaje de mujeres que están inactivas o trabajan a tiempo parcial debido a responsabilidades familiares y personales (12,5 %) era casi dos veces más alta que la media de la UE (6,3 %) en 2013. El empleo juvenil y el compromiso de los empleadores en el ámbito de la formación de los aprendices constituyen nuevos retos. Otro ámbito al que habrá que prestar atención y vinculado al empleo juvenil, lo constituye la educación y las cualificaciones. Una gran parte de los jóvenes poseen, en términos comparativos, unos bajos niveles de cualificaciones básicas. La aplicación de medidas encaminadas a abordar la reforma de la protección social y la asistencia infantil ha sido limitada. La proporción de niños que viven en hogares cuyos miembros están todos desempleados en el Reino Unido sigue siendo una de los más elevadas de la Unión. Además, aun cuando la oferta del sistema de guarderías ha aumentado recientemente, la disponibilidad de guarderías asequibles a tiempo completo y de calidad sigue siendo una cuestión clave.

               (11)

               Impulsar la inversión pública y privada puede contribuir a mejorar la productividad y la competitividad, retos clave para el Reino Unido. La necesidad de garantizar una alta calidad de la inversión en infraestructura se refleja en el plan nacional de infraestructuras de diciembre de 2014, cuyo alcance ha sido actualizado y ampliado. Se espera que el sector privado financie una parte importante del plan, pero aún quedan dudas sobre cuál será su nivel de compromiso. Esto plantea riesgos para el éxito del plan, incluso si se ha experimentado un avance sustancial a la hora de suministrar información a su debido tiempo sobre su aplicación. El Reino Unido debería garantizar que los regímenes fiscales son favorables a la inversión, en particular a través de la inminente revisión del impuesto sobre bienes inmuebles comerciales.

               (12)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas al Reino Unido en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión haciendo aportaciones a escala de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1, 2 y 3 que figuran a continuación.

               (13)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia del Reino Unido y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (14)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 a 3 que figuran a continuación,

         RECOMIENDA al Reino Unido que tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.

               Garantizar una acción eficaz en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo y tratar de corregir el déficit excesivo de aquí a 2016-2017 de manera sostenible, en particular dando prioridad a los gastos de capital.

               2.

               Adoptar medidas adicionales para aumentar la oferta en el sector de la vivienda, incluida la aplicación de las reformas relativas al marco de la política de planificación nacional.

               3.

               Abordar la falta de adecuación de las cualificaciones mediante el aumento de la participación de los empresarios en la organización de la formación de los aprendices. Adoptar medidas para reducir aún más el número de jóvenes con bajas cualificaciones básicas. Mejorar aún más la disponibilidad de guarderías asequibles, a tiempo completo y de calidad.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad del Reino Unido para 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 136).

      (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) 1466/97 de 7 de julio de 1997 sobre el Programa de convergencia actualizado de Suécia (2001-2004)

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Avis juridique important

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31992H0295

92/295/CEE: Recomendación de la Comisión, de 7 de abril de 1992, relativa a códigos de conducta para la protección de los consumidores en materia de contratos negociados a distancia

Diario Oficial n° L 156 de 10/06/1992 p. 0021 - 0022

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN  de 7 de abril de 1992  relativa a códigos de conducta para la protección de los consumidores en materia de contratos negociados a distancia  (92/295/CEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,  Considerando que conviene adoptar las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior y que la venta a distancia transfronteriza puede constituir para el consumidor una de las principales manifestaciones concretas de su consecución;   Considerando que se ha decidido presentar mediante Directiva unas normas mínimas de protección del consumidor necesarias para el buen funcionamiento de dicho mercado; que esta iniciativa, entre otras, ha sido inspirada por el deseo de evitar la  fragmentación de las legislaciones nacionales;  Considerando que es deseable que estas normas básicas vinculantes se completen con disposiciones voluntarias de los profesionales en forma de códigos de conducta;  Considerando que las empresas que realizan transacciones mediante contratos a distancia utilizan determinadas técnicas específicas de promoción de las ventas; que estas técnicas de promoción pueden presentar unas características específicas, debido a  las técnicas de comunicación empleadas; que, por tanto, es especialmente necesario velar por que el consumidor esté suficientemente informado de ello;  Considerando que el pago por adelantado puede plantear un problema de seguridad financiera para el consumidor; que el riesgo es especialmente importante cuando la empresa es difícil de identificar y de localizar; que resulta necesario que el consumidor  pueda tener la seguridad de que se le reembolsará en caso de no ejecutarse el contrato;  Considerando que cuando una empresa se adhiere a un código, informa de ello a sus clientes; que es necesario, por consiguiente, que el consumidor pueda conocer el contenido de dicho código y saber lo que debe hacer si considera que éste no se ha  respetado;  Considerando que la Comisión evaluará a su debido tiempo la aplicación de la presente Recomendación; que al hacerlo comprobará si se impone la adopción de otras medidas,  RECOMIENDA: A las organizaciones profesionales de proveedores:  1) que se doten de códigos de conducta, cuyo objetivo principal sea establecer, según los sectores afectados o las técnicas utilizadas, las normas mínimas contenidas en la Directiva relativa a los contratos negociados a distancia;  2) que incluyan en estos códigos disposiciones relativas, en particular, a los puntos que se recogen en el Anexo;  3) que velen por que sus miembros cumplan estos códigos;  4) que informen a la Comisión, un año después de la publicación de la Directiva en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del contenido de dichos códigos y de la aplicación que les hayan dado sus miembros. Hecho en Bruselas, el 7 de abril de  1992. Por la Comisión  Karel VAN MIERT  Miembro de la Comisión    ANEXO  Puntos que podrían tratarse en los códigos de conducta en materia de contratos negociados a distancia:  - difusión de la incitación: medios que permiten no recibir incitación alguna al consumidor que haya expresado ese deseo,  - presentación: principios éticos a los que debe ajustarse toda incitación, especialmente en lo referente al respeto de la dignidad humana y a las convicciones religiosas o políticas,  - promoción de las ventas: disposiciones sobre las técnicas de promoción de las ventas (descuentos, primas, regalos, loterías y concursos) para que se respeten los principios de una competencia sana y leal y se informe sin ambigueedad al consumidor,  - seguridad financiera: dispositivos que permiten garantizar el reembolso de los pagos efectuados por los consumidores al hacer el pedido,  - derecho de rescisión: en caso de que el consumidor ejerza el derecho de rescisión, plazo para el reembolso de los adelantos efectuados,  - conocimiento del código: información de los consumidores sobre la existencia del código, su contenido y el balance de su aplicación.


title: Recommendation for a Council opinion in accordance with the third paragraph of Article 9 of Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 On the updated convergence programme of Estonia, 2006-2010

text:
Aviso jurídico importante

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52007SC0189

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 13.2.2007SEC(2007) 189 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Estonia (2006-2010)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1. CONTEXTO GENERALEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, se basa en el objetivo de finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento sólido, sostenible que conduzca a la creación de empleo. La reforma de 2005, aun reconociendo la utilidad del Pacto como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales [los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)]. Estonia presentó su primer programa de convergencia en mayo de 2004. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió un dictamen sobre el mismo el 5 de julio de 2004, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.2. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZADOLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de convergencia de Estonia, presentada el 1 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo en relación con dicho programa (véanse en el recuadro los principales puntos abordados en la evaluación).Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de convergencia actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años;2.  la evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de convergencia);3.  la evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la Comisión.2.1. Resultados económicos y presupuestarios recientesEstonia culminó con éxito la transición a una economía de mercado viable y disfruta ahora de la tasa de crecimiento económico más elevada de la UE. Los mercados laboral y de productos son sumamente flexibles. La combinación de fuertes alzas salariales y de aumentos de la productividad ha permitido al país aproximarse rápidamente al nivel de vida de la UE. Junto con el buen comportamiento de las exportaciones, la demanda interna ha progresado rápidamente en los últimos años. Más recientemente, el éxito de Estonia ha generado nuevos desafíos. Tras varios años de rápido crecimiento, la economía se enfrenta a limitaciones de capacidad, sobre todo en el mercado laboral, que está perdiendo fuelle. Una inflación básica en alza, el amplio déficit exterior y el fuerte aumento de los créditos, que ha dado pie a un auge inmobiliario, revelan riesgos importantes de recalentamiento.2.2. Evaluación en el dictamen del Consejo sobre el anterior programaEl 14 de febrero de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la anterior actualización del programa de convergencia, referente al período 2005-2009. El Consejo estimaba que «globalmente, la situación presupuestaria está saneada y la estrategia presupuestaria proporciona un buen ejemplo de política fiscal conforme con el Pacto». En vista de que «los resultados presupuestarios de 2005 serán significativamente mejores que los previstos en el programa y habida cuenta de la necesidad de evitar políticas procíclicas», el Consejo invitó a Estonia a «perseguir un mayor superávit presupuestario en 2006 y en los años siguientes con objeto de seguir apoyando la corrección del desequilibrio exterior».2.3. Evaluación de la Comisión del Programa nacional de reforma de octubre de 2006El 12 de octubre de 2006, Estonia presentó el informe de aplicación de su Programa nacional de reforma, elaborado en el contexto de la estrategia renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Este Programa se fija los siguientes retos o prioridades: I+D e innovación, y empleo.De la evaluación del Programa realizada por la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución, de diciembre de 2006[2]) se desprende que Estonia está logrando progresos muy satisfactorios en la aplicación de su Programa nacional de reforma. También son impresionantes sus esfuerzos para garantizar la coherencia entre su Programa nacional de reforma y la política de cohesión.A la luz de los progresos realizados, se instó a Estonia a centrarse también en los siguientes ámbitos: educación y formación permanente; investigación y desarrollo e innovación; política de competencia; flexibilidad del mercado laboral y políticas activas de mercado de trabajo.Recuadro: Principales puntos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad), y con el artículo 9, apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia), del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada; determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB; al definir la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3 % del PIB y de que se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del período de programación), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008. En la evaluación también se examina: la evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse «atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias», de conformidad con el informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque a seguir para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[3]); el grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo ECOFIN declaró que los programas nacionales de reforma debían ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia); el cumplimiento del Código de conducta[4], que impone, en particular, una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Estonia (2006-2010)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:4.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Estonia, que abarca el período 2006-2010.5.  Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el crecimiento del PIB real, tras alcanzar un nivel máximo del 11 % en 2006, se reduciría al 8,25 % en 2007 y al 7,5 % anual en los últimos años del programa. Sobre la base de la información actualmente disponible, este escenario parece manejar previsiones de crecimiento prudentes. No obstante, la senda prevista a medio plazo de una suave ralentización del crecimiento con respecto al ritmo actual, propenso al recalentamiento, no está en absoluto exenta de riesgos. Las previsiones de inflación contenidas en el programa parecen realistas.6.  Las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión estiman que el superávit de las administraciones públicas se situará en el 2,5 % del PIB en 2006, frente a un objetivo del 0,3 % del PIB establecido en la anterior actualización del programa de convergencia. Este resultado notablemente más favorable, que también se esperaba en la nueva actualización, se debe a los efectos de unos resultados en 2005 mejores de lo previsto y al sorprendente crecimiento en 2006.7.  Los principales objetivos de la estrategia presupuestaria a medio plazo incluida en el programa son, por un lado, mantener al menos en situación de equilibrio las finanzas públicas y, por otro, garantizar su sostenibilidad a largo plazo, habida cuenta de la incidencia del envejecimiento de la población en el presupuesto. La estrategia presupuestaria prevé una reducción del superávit global de las administraciones públicas, que pasará del 2,5 % del PIB en 2006 a aproximadamente el 1,25 % en 2007-2008, para recuperarse después hasta situarse en torno al 1,5 % del PIB. El saldo primario seguirá una tendencia similar, dado el peso insignificante de los gastos de intereses. La disminución del superávit en 2007 obedece a un aumento del ratio gastos/PIB, mientras que el ratio de ingresos sigue una tendencia a la baja. A partir de 2008, los ratios globales de ingresos y gastos se reducen simultáneamente, lo que refleja en particular los recortes del impuesto sobre la renta y el mantenimiento del crecimiento del gasto por debajo del importante crecimiento del PIB nominal. El nuevo programa se aparta de la práctica anterior de fijar siempre como objetivo el equilibrio de las finanzas públicas (objetivo que, por regla general, se superó con creces durante los últimos años) para buscar en cambio un superávit considerable durante todo el período del programa; ello representa un avance para responder a las condiciones cíclicas de la economía. En comparación con la actualización anterior, se han revisado al alza los objetivos a partir de 2007 en, al menos, un 1 punto porcentual de PIB, en el contexto de un escenario macroeconómico más favorable (y más realista).8.  Se prevé que el saldo estructural (esto es, el saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado aplicando la metodología común, retroceda en torno a un punto porcentual hasta situarse en el 0,5 % del PIB en 2007, y superar el 1 % del PIB en 2008 y el 1,5 % del PIB en 2009 y 2010. Como en la anterior actualización del programa de convergencia, el objetivo presupuestario a medio plazo presentado en el programa es una situación de equilibrio en términos estructurales, que se prevé mantener durante todo el período del programa. Dado que este objetivo es más exigente que el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit de aproximadamente el 2 % del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad suficiente que impida la aparición de un déficit excesivo. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Código de conducta, y es significativamente más exigente que el que correspondería al ratio de deuda y al crecimiento medio de la producción potencial a largo plazo.9.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias del programa parecen equilibrados en líneas generales. Las hipótesis macroeconómicas del programa pueden considerarse prudentes durante el período del programa. Las previsiones relativas a los ingresos fiscales parecen en general verosímiles. No obstante, sería más fácil conseguir la moderación prevista del incremento del gasto con un marco de planificación fiscal a medio plazo más vinculante.10.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa parece suficiente para garantizar con creces el logro del objetivo a medio plazo durante el período cubierto, según se prevé en el programa. Con mayor razón, proporciona un margen de seguridad suficiente para impedir que el déficit rebase el límite del 3 % del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales durante el período del programa. La orientación de la política fiscal del programa no se ajusta plenamente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el sentido de que es procíclica durante 2007, período de coyuntura favorable en el que se prevé una disminución del saldo estructural en un 1 % del PIB aproximadamente.11.  Se estima que la deuda pública bruta se ha reducido hasta el 3,7 % del PIB en 2006, muy por debajo, pues, del valor de referencia establecido en el Tratado (60 % del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda disminuirá otros dos puntos porcentuales del PIB durante el período cubierto por el mismo.12.  Las repercusiones a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto en Estonia serán de las más limitadas de la UE y el gasto relacionado con este aspecto como porcentaje del PIB se reducirá previsiblemente durante los próximos decenios, debido al impacto de la reforma del sistema de pensiones, que ha permitido reducir el gasto considerablemente. El nivel actual de la deuda bruta es muy bajo en Estonia y mantener una hacienda pública saneada, conforme a los planes presupuestarios durante el período del programa, contribuiría a contener los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Globalmente, estos riesgos son poco importantes en Estonia.13.  El programa de convergencia contiene una evaluación cualitativa de los efectos globales del informe de octubre de 2006 sobre la aplicación del Programa nacional de reforma en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. Por otro lado, proporciona información sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma, y sus previsiones presupuestarias tienen en cuenta explícitamente las consecuencias, para las finanzas públicas, de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en materia de finanzas públicas mencionadas en el programa de convergencia parecen compatibles con las previstas en el Programa nacional de reforma. En particular, ambos programas insisten en la importancia de políticas fiscales prudentes para la estabilización macroeconómica.14.  La estrategia presupuestaria del programa es en general compatible con las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.15.  En cuanto a los requisitos en materia de datos, estipulados en el Código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta todos los datos obligatorios y la mayoría de los opcionales[6].La conclusión general es que la situación presupuestaria a medio plazo es sólida y la estrategia presupuestaria proporciona un buen ejemplo de política fiscal conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, el debilitamiento previsto del superávit presupuestario en 2007, durante una coyuntura económica favorable, implica una orientación procíclica de la política fiscal.A la luz de la evaluación anterior, se invita a Estonia a perseguir un superávit presupuestario en 2007 superior al previsto en el programa, con el fin de impulsar la estabilidad macroeconómica, y a seguir apoyando la corrección del desequilibrio exterior.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. |3Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas del programa (0,6 % del PIB en 2006 y 0,4 % en 2007; reducción del déficit en ambos casos). |4Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas de las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión (0,2 % del PIB en 2005, 0,6 % del PIB en 2006, 0,4 % del PIB en 2007 y 0,2 % en 2008; reducción del déficit en todos los casos). |5Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 9,1 %, el 9,6 %, el 9,9 % y el 9,9 % en 2005, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera: «Ejecución de la Estrategia de Lisboa renovada para el Crecimiento y el Empleo – Un año de resultados», 12.12.2006, COM(2006) 816.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574, y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), «The long-term sustainability of public finances in the European Union», European Economy , nº 4/2006.[4] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo ECOFIN de 11 de octubre de 2005.[5] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[6] Concretamente, faltan datos sobre algunas variables del mercado de trabajo y los datos sobre préstamos/empréstitos netos del sector privado.


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		52013PC0906

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Polonia /* COM/2013/0906 final - 2013/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
encaminada a poner fin a la situación de
déficit público excesivo de Polonia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado
7,
Vista la
recomendación de la Comisión Europea,
Considerando lo
siguiente:
(1)       De conformidad con el
artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los
Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
(2)       El Pacto de Estabilidad
y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como
medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un
crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
(3)       El 7 de julio de 2009,
el Consejo, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), declaró la existencia de un
déficit excesivo en Polonia y dirigió a este país una recomendación para su
corrección en 2012 a más tardar[1],
de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Tratado CE y el artículo 3
del Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a
la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo[2]. A fin de situar el
déficit de las administraciones públicas en el 3 % del PIB o por debajo de
modo creíble y sostenible, se recomendó a las autoridades polacas que aplicaran
las medidas de saneamiento en 2009 como estaba previsto, garantizaran un ajuste
anual medio del saldo presupuestario estructural de, como mínimo, 1,25 %
puntos porcentuales del PIB a partir de 2010, señalaran las medidas detalladas
necesarias para situar el déficit por debajo del valor de referencia en 2012 y
que introdujeran reformas para contener el gasto primario corriente en los años
siguientes. El Consejo estableció el plazo del 7 de enero de 2010 para la
adopción de medidas eficaces.
(4)       El 3 de febrero de 2010,
la Comisión llegó a la conclusión de que, de acuerdo con las previsiones de
otoño de 2009 de la Comisión, Polonia había tomado las medidas necesarias para
seguir la recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009 de situar su déficit
público por debajo del valor de referencia y consideró que no era necesaria
ninguna otra medida en el marco de la aplicación del procedimiento de déficit
excesivo. Sobre la base de sus previsiones de otoño de 2011, la Comisión
consideró que Polonia no seguía el rumbo previsto y solicitó medidas
adicionales, que Polonia adoptó y anunció públicamente hasta el 10 de enero de
2012. En consecuencia, el 11 de enero de 2012, la Comisión confirmó que las
autoridades polacas habían tomado medidas eficaces para lograr una corrección
oportuna y sostenible del déficit excesivo y que en ese momento no era
necesario pasar a una siguiente etapa del procedimiento de déficit excesivo
aplicado a Polonia[3].
(5)       El 21 de junio de 2013,
el Consejo concluyó que Polonia había tomado medidas eficaces, pero que habían
aparecido factores económicos adversos con importantes efectos desfavorables
sobre la hacienda pública, y formuló recomendaciones revisadas[4]. En consecuencia,
Polonia cumplía las condiciones para la ampliación del plazo de corrección del
déficit público excesivo según lo establecido en el artículo 3, apartado 5, del
Reglamento (CE) n° 1467/97. El Consejo recomendó a Polonia que pusiera fin a su
actual situación de déficit excesivo en 2014 a más tardar. Polonia debe
alcanzar un objetivo de déficit global de las administraciones públicas del
3,6 % del PIB en 2013 y del 3,0 % del PIB en 2014, lo que es
compatible con una mejora anual equivalente del saldo estructural de como
mínimo el 0,8 % del PIB y el 1,3 % del PIB en 2013 y 2014,
respectivamente, según las previsiones actualizadas de primavera de 2013 de la
Comisión. Polonia debe aplicar rigurosamente las medidas ya adoptadas,
complementándolas con medidas adicionales suficientes para lograr una
corrección del déficit excesivo a más tardar en 2014. Polonia debe utilizar
todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit. El Consejo estableció la
fecha límite del 1 de octubre de 2013 para que Polonia adopte medidas eficaces
y, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento
(CE) nº 1467/97 del Consejo, transmita un informe detallado sobre la estrategia
de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos. El 2 de octubre de 2013,
Polonia presentó un informe sobre las medidas aplicadas, que la Comisión
analizó a continuación.
(6)       El [10 de diciembre de
2013], el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, del TFUE,
estableció que Polonia no había tomado medidas eficaces en 2013 en respuesta a
la recomendación del Consejo formulada de conformidad con el artículo 126,
apartado 7, del Tratado, de 21 de junio de 2013.
(7)       De conformidad con el
artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3 del Reglamento (CE)
nº 1467/97, el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro de
que se trate con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo en un
plazo determinado. La recomendación debe establecer un plazo máximo de seis
meses para que el Estado miembro afectado tome medidas eficaces con el fin de
corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a
la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de
objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que
se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del
saldo estructural equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB (saldo ajustado
en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de
carácter temporal).
(8)       Tras registrar un
crecimiento anual medio del PIB real del 4 % anual de 2001 a 2011, el
ritmo de la actividad económica se ralentizó en 2012 hasta un 1,9 %. El
escenario macroeconómico subyacente al informe sobre las medidas aplicadas
prevé que el crecimiento del PIB real se ralentice aún más en 2013, hasta un
1,5 %, antes de repuntar en 2014 y 2015, con un PIB real hasta el
2,5 % y el 3,8 % respectivamente. De acuerdo con las previsiones de otoño
de 2013 de la Comisión, el PIB real crecerá un 1,3 % en 2013 y se
acelerará a un 2,5 % en 2014 y un 2,9 % en 2015. La Comisión tiene un
punto de vista menos optimista que las autoridades polacas sobre el crecimiento
de la demanda interna en el periodo de previsión, en particular sobre el
consumo privado y la inversión privada.
(9)       Las autoridades polacas
prevén un déficit global de las administraciones públicas del 4,8 % del
PIB en 2013, frente a un 3,9 % del PIB en 2012. El Ministerio de Finanzas
polaco prevé posteriormente un superávit del 4,5 % del PIB en 2014 gracias
a la reforma de las pensiones prevista, que incluye en particular una
transferencia única de activos por valor del 8,5 % del PIB. Se espera que
en 2015 el saldo de las administraciones públicas vuelva a un déficit del
3 % del PIB.
(10)     Para 2013 y 2014 las
previsiones de la Comisión son similares a las de las autoridades polacas,
contemplando también un déficit del 4,8 % del PIB en 2013. El deterioro,
en comparación con la cifra del 3,9 % del PIB recogida en el escenario de
base del procedimiento de déficit excesivo, se debe principalmente a unos
menores ingresos. Se prevé que en 2014 las administraciones públicas registren
un superávit (+4,6 % del PIB) a consecuencia de la reforma de las pensiones
prevista. Para 2015, la Comisión es menos optimista que las autoridades polacas
y espera un déficit de las administraciones públicas del 3,3 % del PIB. La
diferencia de 0,3 pp. del PIB se debe principalmente a unos ingresos corrientes
más bajos basados en una previsión más baja de crecimiento del PIB nominal así
como en un gasto público en consumo intermedio más elevado. Los objetivos de
déficit están sujetos a riesgos de aplicación.
(11)     Además, debe señalarse
que la actual previsión de déficit se basa en el SEC-95. A partir de otoño de
2014 se aplicará un nuevo conjunto de normas (SEC-2010). Según el nuevo
conjunto de normas, las transferencias de activos ya no contarán como ingresos
de las administraciones públicas, por lo que se espera que dichas administraciones
registren un déficit del 4,2 % del PIB en 2014 y del 3,9 % del PIB en
2015[5]. Como el Consejo
decidirá una derogación basada en las cifras del procedimiento de déficit
excesivo según la estimación de Eurostat en la primavera de 2015 con arreglo a
el SEC-2010, se necesitan nuevas medidas para compensar los elementos de la
reforma de las pensiones que ya no reducirán el déficit según el SEC-2010.
(12)     Tanto las autoridades
polacas como la Comisión prevén que la deuda bruta total de las
administraciones públicas siga por debajo del valor de referencia del 60 %
en todo el periodo considerado. Según las previsiones de otoño de 2013 de la
Comisión, el ratio deuda/PIB bajaría del 55,6 % en 2012 al 51 % en
2014, debido principalmente a la transferencia anunciada de los activos de los
fondos de pensiones, equivalente al 8,5 % del PIB antes de situarse en el
52,5 % en 2015.
(13)     Con el fin de corregir el
déficit excesivo dentro del plazo de 2014 con las normas SEC-2010 entonces
vigentes y garantizar su sostenibilidad, el esfuerzo estructural adicional
necesario en 2014 ascenderá como mínimo al 1,6 % del PIB, sumándose a las
medidas ya incluidas en la previsión de otoño de 2013 de la Comisión (que de
acuerdo con el SEC-2010 generará una mejora del déficit estructural del
0,6 % del PIB en 2014). Como parte de la necesidad del ajuste es resultado
del paso del SEC-95 al SEC-2010, y, además, ese ajuste anual [superior al
solicitado en la Recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009 (1,25 %
del PIB) y superior al 1,3 % del PIB solicitado en la Recomendación del
Consejo de 21 de junio de 2013] produciría una importante pérdida de producción
en un momento en que la brecha de producción sigue siendo negativa, procede
fijar el plazo de 2015.
(14)     En este panorama de tanta
incertidumbre en cuanto a la evolución económica y presupuestaria, el objetivo
presupuestario recomendado para el último año del periodo de corrección debería
fijarse en un nivel claramente inferior al valor de referencia para garantizar
que se consiga la corrección de manera efectiva y duradera dentro de los plazos
establecidos.
(15)     En consecuencia, corregir
el déficit excesivo de aquí a 2015 sería compatible con el logro del objetivo
intermedio de déficit global del 3,9 % del PIB en 2014 (excluida la transferencia
de los activos de las pensiones) y el objetivo final del 2,8 % del PIB en
2015. La mejora subyacente en el saldo presupuestario estructural que suponen
estos objetivos es del 1 % del PIB en 2014 y del 1,2 % del PIB en
2015, habida cuenta de las medidas incluidas en las previsiones de otoño de
2013 de la Comisión que implicarían una mejora del saldo estructural, con
arreglo al SEC-2010, del 0,6 % del PIB en 2014 y del 0,2 % del PIB en
2015. Ello supone que se necesitan medidas adicionales del 0,4 % del PIB
en 2014 y del 1 % del PIB en 2015, además de las ya incluidas en las
previsiones de otoño de 2013 de la Comisión (excluidas las transferencias de
activos de la reforma de las pensiones),
HA ADOPTADO LA PRESENTE
RECOMENDACIÓN:
1)           Polonia debe poner fin a la
situación de déficit excesivo de aquí a 2015 de modo creíble y sostenible.
2)           Polonia debe alcanzar un
objetivo de déficit global del 4,8 % del PIB en 2013, del 3,9 % del
PIB en 2014 y del 2,8 % del PIB en 2015 (excluido el impacto de la transferencia
de activos de la reforma de pensiones). Ello es compatible con una mejora del
saldo estructural del 1 % del PIB en 2014 y del 1,2 % del PIB en
2015, sobre la base de la previsión de otoño de 2013 de la Comisión.
3)           Polonia debe aplicar
rigurosamente las medidas ya anunciadas y adoptadas, complementándolas con
medidas adicionales suficientes para lograr una corrección del déficit excesivo
a más tardar en 2015 de forma sostenible. Polonia debe utilizar todos los
ingresos imprevistos para reducir el déficit.
4)           El Consejo establece el plazo
del 15 de abril de 2014 para que Polonia adopte medidas eficaces y, de
conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) nº
1467/97 del Consejo, transmita un informe detallado sobre la estrategia de
saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.
Además, las autoridades polacas deben i)
mejorar la calidad de las finanzas públicas, en particular reduciendo al mínimo
los recortes en las inversiones en infraestructura que propicien el
crecimiento, y procediendo a una revisión cuidadosa de los gastos sociales y de
su eficiencia; ii) mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e
incrementar la eficiencia de la administración tributaria y iii) lograr que el
marco institucional de las finanzas públicas sea más vinculante y transparente,
en particular ajustando las definiciones utilizadas en la contabilidad nacional
a las normas SEC y garantizando una cobertura lo suficientemente amplia,
mejorando la supervisión intraanual de la ejecución presupuestaria y
garantizando una supervisión efectiva y oportuna del cumplimiento de la norma
permanente de gasto, sobre la base de análisis fiables e independientes
realizados por organismos independientes u organismos con autonomía funcional
frente a las autoridades presupuestarias. Por último, con el fin de asegurar el
éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, será importante respaldar
el saneamiento presupuestario con reformas estructurales amplias, en
consonancia con las recomendaciones del Consejo dirigidas a Polonia en el
contexto del Semestre Europeo. Más allá del informe previsto en la
recomendación nº 4, las autoridades polacas deben informar sobre los avances
realizados en la aplicación de estas recomendaciones como mínimo cada [seis
meses], así como en un capítulo independiente de los programas de convergencia,
hasta la total corrección del déficit excesivo.
El destinatario de la presente
Recomendación es la República de Polonia.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6. Todos los documentos
relacionados con el procedimiento de déficit excesivo de Polonia pueden
consultarse en:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/poland_en.htm
[2]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[3]               Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la
evaluación de la ejecución del presupuesto en el marco de los actuales
procedimientos de déficit excesivo tras el establecimiento de las previsiones
del otoño de 2011 de los servicios de la Comisión - COM(2012) 4 final,
11.1.2012.
[4]               Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2013,
encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Polonia, .
[5]               Con arreglo al SEC-2010, los siguientes efectos de
la reforma de las pensiones prevista ya no reducirán el déficit: transferencia
única de activos del 8,5 % del PIB en 2014, transferencia regular de
activos en 2014 (0,3 % del PIB) y 2015 (efecto acumulado del 0,6 %
del PIB). En las nuevas normas solo seguirá el cambio en el número de
contribuyentes al primer pilar (0,2 % del PIB en 2014, efecto acumulado
del 0,4 % del PIB en 2015). Mientras que se espera que el paso al SEC-2010
tenga un efecto positivo sobre las cifras del PIB, el volumen del impacto de un
PIB más elevado sobre las cifras fiscales se espera que sea insignificante.