title: Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2021 de Luxemburgo

text:
               29.7.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/73

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 18 de junio de 2021
      por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2021 de Luxemburgo
      (2021/C 304/16)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.

                  (2)

                  El 20 de julio de 2020, el Consejo adoptó una recomendación (3) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020»). Recomendó a Luxemburgo que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. También recomendó a Luxemburgo que aplicase, cuando las condiciones económicas lo permitan, políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión.

                  (3)

                  Según la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, las políticas presupuestarias deben seguir siendo expansionistas en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021 y las medidas que se adopten deben adaptarse a las circunstancias específicas del país y ser oportunas, temporales y selectivas. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, deben eliminarse progresivamente las medidas de emergencia, paliando al mismo tiempo las repercusiones sociales y laborales de la crisis. Los Estados miembros deben aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que fomentan la inversión. Los Estados miembros deben aplicar reformas que refuercen la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

                  (4)

                  El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2021 de los Estados miembros de la zona del euro, que se basaron en una evaluación cualitativa de las medidas presupuestarias. La Comisión consideró que el proyecto de plan presupuestario de Luxemburgo seguía globalmente las recomendaciones de política presupuestaria establecidas en la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020, y que la mayoría de las medidas incluidas en dicho proyecto respaldaban la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre.

                  (5)

                  Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso fiscal financiado por la Unión. El Mecanismo contribuirá a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, y al crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

                  (6)

                  El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros. La orientación fiscal general, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de que la actividad económica se normalice en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas fiscales de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la Unión, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de alta calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas fiscales deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad fiscal. Una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de situaciones fiscales prudentes a medio plazo, incluida la eliminación gradual de las medidas de apoyo en el momento oportuno, contribuirá a garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

                  (7)

                  En su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión opinó también que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019). Sobre la base de sus previsiones de primavera de 2021, el 2 de junio de 2021 la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y para desactivarla en 2023. Se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia.

                  (8)

                  El 30 de abril de 2021, Luxemburgo presentó su Programa de Estabilidad de 2021, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1466/97.

                  (9)

                  En 2020, partiendo de datos validados por Eurostat, Luxemburgo registró un déficit público del 4,1 % del producto interior bruto (PIB), mientras que la deuda pública aumentó al 24,9 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al -6,6 % del PIB, teniendo en cuenta particularmente las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 3,6 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Luxemburgo también prestó un apoyo a la liquidez de empresas y hogares (como garantías y aplazamientos de impuestos, que no tienen una repercusión directa e inmediata), estimado en un 5,7 % del PIB; la Comisión calcula que en 2020 el aumento efectivo de las garantías públicas ha sido aproximadamente del 0,5 % del PIB.

                  (10)

                  El 2 de junio de 2021, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe aborda la situación presupuestaria de Luxemburgo, habida cuenta de que el déficit público rebasó, en 2020, el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit.

                  (11)

                  El escenario macroeconómico en que se basan estas proyecciones presupuestarias es realista en 2021 y favorable en 2022. El Programa de Estabilidad de 2021 prevé un crecimiento del PIB real del 4,0 % en 2021 frente al 4,5 % de las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, que tienen en cuenta una mayor contribución al crecimiento de la demanda interior y las exportaciones netas. Para 2022, el Programa de Estabilidad de 2021 prevé que el PIB real aumente un 4,0 % gracias a un aumento de la contribución de las exportaciones netas mayor que las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, del 3,3 %.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, el Gobierno prevé una disminución del déficit de las Administraciones Públicas, que pasará del 4,1 % del PIB en 2020 al 2,0 % del PIB en 2021, a la vez que se prevé un aumento de la ratio de deuda hasta el 26,8 % del PIB. Según el Programa de Estabilidad de 2021, la variación del saldo presupuestario primario en 2021 respecto del nivel anterior a la crisis (2019) será del -4,3 % del PIB, lo que refleja las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía, de importe equivalente al 0,6 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión prevén una ratio de deuda similar en 2021 y una mayor mejora del déficit, hasta el 0,3 % del PIB, relacionada en gran parte con una mayor disminución del gasto público.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Luxemburgo ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia de COVID-19 y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta ha amortiguado la contracción del PIB, lo que, a su vez, ha contenido el aumento del déficit público y la deuda pública. Las medidas fiscales han de maximizar el apoyo a la recuperación sin anticipar futuras trayectorias fiscales. Por lo tanto, las medidas deben evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introduzcan medidas permanentes, deben financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Luxemburgo en 2020 y 2021 están en consonancia con la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Estas medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 son mayoritariamente temporales o están acompañadas de medidas compensatorias.

                  (14)

                  El Programa de Estabilidad de 2021 no incluye todavía el cobro de subvenciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En su lugar, y a falta de información suficientemente detallada sobre el plan nacional de recuperación y resiliencia, las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión parten de la base de una integración simplificada y lineal de los gastos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que representan cerca del 0,03 % del PIB por año.

                  (15)

                  Los indicadores establecidos de ajuste fiscal del Reglamento (CE) n.o 1466/97 deben considerarse en el contexto de las circunstancias actuales. En primer lugar, existe una gran incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe estar dispuesta a adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia de COVID-19, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por una importante respuesta política en apoyo de la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la Unión (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso dado a la economía por las políticas presupuestarias. En este contexto, el saldo estructural no parece ser el adecuado en las circunstancias actuales. La referencia en materia de gasto también debe adaptarse (5) y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

                  (16)

                  Como en el enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis apoyan a los sistemas sanitarios y compensan a los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos provocadas por los confinamientos y las interrupciones de la cadena de suministro; su retirada por parte de las autoridades públicas está supeditada a la recuperación de la normalidad en la situación económica y de salud pública. Para evaluar el efecto global de la política presupuestaria en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la Unión (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). El efecto global de la política presupuestaria se mide por lo tanto mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis. Más allá del efecto global de la política presupuestaria, el análisis también pretende evaluar si la política fiscal nacional es prudente y su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por este motivo, se presta especial atención a la evolución del gasto corriente primario y las inversiones financiadas a nivel nacional.

                  (17)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, se prevé que el déficit de las Administraciones Públicas de Luxemburgo disminuya hasta el 1,3 % del PIB en 2022, debido principalmente a unos mayores ingresos públicos y a una disminución del gasto social gracias a la interrupción de las medidas temporales de apoyo adoptadas en 2020 y 2021. Por su parte, la ratio de deuda de sus Administraciones Públicas aumentaría al 28,0 % del PIB en 2022. Las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión prevén un déficit (0,1 %) y una ratio de deuda (26,8 %) inferiores. Partiendo de las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, y basándose en el método específico que refleja los retos mencionados, el efecto global de la política presupuestaria —incluida la incidencia en la demanda agregada en 2022 de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, se estima en el -0,2 % del PIB (6). Se prevé que la contribución positiva de los gastos financiados por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión se mantenga sin cambios. Por su parte, las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto contractivo equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB (7). Los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tendrían un efecto expansionista equivalente a 0,4 puntos porcentuales del PIB.

                  (18)

                  La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reafirmado la importancia de las reformas para lograr unos sistemas de ingresos públicos más eficientes y justos. Por el lado de los gastos, ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, de manera compatible con el logro de los objetivos de fomentar el potencial de crecimiento, la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de recuperación y resiliencia nacionales permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

                  (19)

                  Según los planes presupuestarios a medio plazo del Programa de Estabilidad de 2021, se prevé que el déficit de las Administraciones Públicas disminuya del 0,4 % del PIB en 2023 al 0,0 % del PIB en 2024 y pase a un superávit del 0,4 % del PIB en 2025. El Programa de Estabilidad de 2021 no incluye la información requerida para estimar el efecto global de la política presupuestaria en 2023 y 2024. La estimación actual para el crecimiento potencial nominal medio en un periodo de 10 años es del 5 % (8). Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y podrían por lo tanto estimular el crecimiento potencial de Luxemburgo.

                  (20)

                  Las previsiones apuntan a que la ratio deuda pública/PIB descenderá del 28,4 % del PIB en 2023 al 28,2 % del PIB en 2024. Se considera que Luxemburgo se enfrenta a un riesgo bajo de sostenibilidad fiscal a medio plazo, de acuerdo con el análisis más reciente de sostenibilidad de la deuda.

                  (21)

                  En vista de que el grado de incertidumbre actual sigue siendo excepcionalmente alto, la orientación de la política fiscal debe seguir siendo predominantemente cualitativa. En 2022, se facilitará una orientación cuantificada más precisa para años posteriores, si para entonces el grado de incertidumbre ha disminuido lo suficiente.

                  (22)

                  El Consejo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2021 y el seguimiento por parte de Luxemburgo de la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020.

            RECOMIENDA A LUXEMBURGO:

         1.

            En 2022, aplicar una orientación fiscal favorable, incluido el impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y preservar las inversiones financiadas a nivel nacional.

         2.

            Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar una política fiscal destinada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Al mismo tiempo, incrementar las inversiones para impulsar el potencial de crecimiento.

         3.

            Preste especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Dé prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular a aquellas que respalden la transición ecológica y digital. Conceda preferencia a las reformas presupuestarias estructurales que ayuden a financiar las prioridades de las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reforzando también, en su caso, la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

         Hecho en Luxemburgo, el 18 de junio de 2021.

               Por el Consejo

               El Presidente

            J. LEÃO

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (3)  Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Luxemburgo (DO C 282 de 26.8.2020, p. 101).

         (4)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

         (5)  En particular, el recurso al suavizado a lo largo de cuatro años de la inversión a efectos del valor de referencia del gasto no permite evaluar adecuadamente el apoyo presupuestario a la recuperación que suponen las inversiones financiadas a nivel nacional.

         (6)  Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

         (7)  Los demás gastos de capital financiados a nivel nacional tendrían un efecto contractivo equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB.

         (8)  Estimación de la Comisión, con arreglo a la metodología común.


title: Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Eslovaquia

text:
               29.7.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 304/121

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 18 de junio de 2021
      por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Eslovaquia
      (2021/C 304/26)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.

                  (2)

                  El 20 de julio de 2020, el Consejo adoptó una recomendación (3) (en lo sucesivo, «Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020»). Recomendó a Eslovaquia que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, recomendó al país que aplicase, cuando las condiciones económicas lo permitan, políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomenta la inversión.

                  (3)

                  Según la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, las políticas presupuestarias deben seguir siendo expansionistas en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021 y las medidas que se adopten deben adaptarse a las circunstancias específicas del país y ser oportunas, temporales y selectivas. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, deben eliminarse progresivamente las medidas de emergencia, paliando al mismo tiempo las repercusiones sociales y sobre el mercado laboral de la crisis. Los Estados miembros deberían aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que fomentan la inversión. Los Estados miembros deben aplicar reformas que refuercen la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

                  (4)

                  El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2021 de los Estados miembros de la zona del euro, que se basaron en una evaluación cualitativa de las medidas presupuestarias. La Comisión consideró que el proyecto de plan presupuestario de Eslovaquia seguía globalmente las recomendaciones de política presupuestaria establecidas en la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020, y que la mayoría de las medidas incluidas en dicho proyecto respaldaban la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre. Sin embargo, algunas medidas no parecían ser temporales ni ir acompañadas de medidas de compensación.

                  (5)

                  La iniciativa Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso fiscal financiado por la Unión. El Mecanismo contribuirá a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, y al crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

                  (6)

                  El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una Comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros. La orientación presupuestaria global, que engloba los presupuestos nacionales y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la Unión, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, particularmente eliminando gradualmente las medidas de apoyo a su debido tiempo, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

                  (7)

                  En su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión opinó también que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019). Sobre la base de sus previsiones de la primavera de 2021, el 2 de junio de 2021 la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y para desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país.

                  (8)

                  El miércoles, 12 de mayo de 2021, Eslovaquia presentó su Programa de Estabilidad de 2021, ya cumplido el plazo fijado por el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1466/97.

                  (9)

                  En 2020, partiendo de los datos validados por Eurostat, Eslovaquia registró un déficit de las Administraciones Públicas del 6,2 % del producto interior bruto (PIB), mientras que su deuda pública aumentó al 60,6 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al -4,8 % del PIB, teniendo en cuenta particularmente las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 3,6 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Eslovaquia también adoptó medidas de apoyo a la liquidez de las empresas y los hogares (tales como garantías y aplazamientos en el pago de impuestos, que no tienen un impacto presupuestario directo e inmediato), con un importe estimado en el 2,1 % del PIB. La Comisión calcula que en 2020 el aumento efectivo de las garantías públicas ha sido aproximadamente del 1 % del PIB.

                  (10)

                  El 2 de junio de 2021, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Eslovaquia, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó en 2020 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que el criterio de déficit no se cumplía, a diferencia del criterio de deuda.

                  (11)

                  El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias es realista para 2021 y 2022, dada la incertidumbre actual. El Programa de Estabilidad de 2021 prevé que el PIB real crezca un 3,3 % en 2021 y un 6,3 % en 2022. Ello contrasta con las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, que anticipan un adelanto de la recuperación, con un crecimiento del PIB real del 4,8 % en 2021 y 5,2 % en 2022.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, el Gobierno planea un aumento del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría del 6,2 % del PIB en 2020 al 9,9 % del PIB en 2021, mientras que la ratio de deuda disminuiría al 64,1 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2021, la variación del saldo presupuestario primario en 2021 respecto del nivel anterior a la crisis (2019) sería del -4,0 % del PIB, lo que reflejaría las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía, de importe equivalente al 2,3 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Las ratios de déficit y deuda previstos son superiores a las recogidas en las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión. La Comisión prevé un déficit de las Administraciones Públicas del 6,5 % y una ratio de deuda del 59,5 % en 2021. Las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión no incluyen una provisión para gastos relacionados con la pandemia de 2,4 puntos porcentuales del PIB, ni un aumento de los gastos de las empresas estatales y de la agencia de seguros sociales, ambos incluidos en las Administraciones Públicas, ya que no se disponía de información en la fecha límite prevista. La Comisión prevé unos ingresos superiores en 0,2 puntos porcentuales del PIB y unos gastos inferiores en 3,4 puntos porcentuales con respecto al Programa de Estabilidad de 2021. Las principales diferencias en el gasto se atribuyen al menor consumo intermedio, a la reducción en los pagos de carácter social y a la reducción de las subvenciones asumidas en las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión. La menor previsión de deuda de la Comisión se explica principalmente porque el saldo primario es más bajo (3,6 puntos porcentuales).

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Eslovaquia ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia de COVID-19 y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta ha amortiguado la contracción del PIB, lo que, a su vez, ha contenido el aumento del déficit público y la deuda pública. Las medidas presupuestarias deben maximizar el apoyo a la recuperación sin condicionar las trayectorias presupuestarias futuras, por lo que han de evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introducen medidas permanentes, deberán financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Eslovaquia en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Sin embargo, algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno durante el periodo de 2020 a 2021 no parecen ser temporales ni ir acompañadas de medidas compensatorias. Más allá de las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, el impacto restante acumulado de estas medidas no temporales en 2023 se estima preliminarmente en un 1 % del PIB, principalmente mediante la reintroducción de las pagas navideñas, cambios en el régimen de la energía verde, un aumento de sueldo de los efectivos de las Fuerzas Armadas, una reducción del impuesto sobre vehículos de motor, la supresión de la tasa bancaria, subvenciones a centros sanitarios y desgravaciones por hijos. Estas medidas, que no son temporales, se han visto compensadas solo en parte con la congelación de la pensión mínima y el aumento de los costes de funcionamiento de los ministerios.

                  (14)

                  El Programa de Estabilidad de 2021 no contempla aún los ingresos de las subvenciones con arreglo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, en su escenario macroeconómico subyacente parte de unas inversiones y reformas financiadas mediante subvenciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que ascenderían al 0,2 % del PIB en 2021, el 1,1 % en 2022 y el 1,3 % en 2023 y 2024. Las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión incluyen estas subvenciones en sus previsiones presupuestarias.

                  (15)

                  Los indicadores de ajuste presupuestario establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1466/97 deben considerarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En primer lugar, existe un grado significativo de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe estar dispuesta a adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia de COVID-19, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por la importancia de las medidas de apoyo a la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la Unión (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso dado a la economía por las políticas presupuestarias. Sobre esta base, el saldo estructural no parece constituir un indicador adecuado en las circunstancias actuales. La referencia en materia de gasto también debe adaptarse (5) y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

                  (16)

                  Como en el enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis corresponden al apoyo aportado a los sistemas sanitarios y a la indemnización de los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos derivadas de los confinamientos y de las perturbaciones de la cadena de suministro; su abandono por parte de las autoridades públicas dependerá de la vuelta del sistema sanitario y de la situación económica a la normalidad. Para evaluar el efecto global de la política presupuestaria en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la Unión (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). El efecto global de la política presupuestaria se mide por lo tanto mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis. Más allá del efecto global de la política presupuestaria, el análisis también pretende evaluar si la política fiscal nacional es prudente y su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, se presta especial atención a la evolución de la inversión y de los gastos primarios corrientes que son financiados a nivel nacional.

                  (17)

                  En su Programa de Estabilidad de 2021, Eslovaquia prevé que el déficit de sus Administraciones Públicas disminuya al 5,1 % del PIB en 2022, principalmente como consecuencia de la supresión de las medidas temporales de apoyo adoptadas en 2020 y 2021. La ratio de deuda de sus Administraciones Públicas aumentaría al 65,5 % del PIB en 2022. Estas previsiones son superiores a las de la primavera de 2021 de la Comisión. Las previsiones de la Comisión parten de la hipótesis de medidas contra la COVID-19 de menor calado y una tasa de utilización más rápida de los fondos de la Unión en 2022 en comparación con el Programa de Estabilidad de 2021. Partiendo de dichas previsiones de la Comisión, y basándose en el método específico que refleja los retos mencionados, el efecto global de la política presupuestaria, tal como se ha definido anteriormente —incluida la incidencia en la demanda agregada en 2022 de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, se estima en el +0,9 % del PIB (6). El efecto positivo de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión aumentaría en 0,8 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto contractivo equivalente a 0,7 puntos porcentuales del PIB (7). Se prevé que los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) proporcionen una contribución contractiva equivalente a 1,1 puntos porcentuales del PIB.

                  (18)

                  La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las reformas encaminadas a aumentar la eficiencia y la equidad de los sistemas de ingresos públicos. Por el lado de los gastos, ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, de manera compatible con el logro de los objetivos de fomentar el potencial de crecimiento, la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de recuperación y resiliencia nacionales permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

                  (19)

                  Según los planes presupuestarios a medio plazo del Programa de Estabilidad de 2021, el déficit de las Administraciones Públicas disminuiría, pasando del 4,1 % del PIB en 2023 al 3,8 % del PIB en 2024. Se prevé por tanto que el déficit de las Administraciones Públicas supere el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado a lo largo del Programa de Estabilidad de 2021. De acuerdo con dicho Programa, el efecto global de la política presupuestaria —incluida la incidencia en la demanda agregada de las inversiones financiadas tanto por el presupuesto nacional como por el de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en un promedio del 0,2 % del PIB en 2023 y 2024. El efecto positivo de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la Unión se reduciría en 0,3 puntos porcentuales del PIB. Las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían un efecto neutro (8). Los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tendrían un efecto contractivo equivalente a 1,3 puntos porcentuales del PIB. El crecimiento potencial nominal medio a diez años se estima actualmente en un 4,50 % (9). Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y podrían por lo tanto estimular el crecimiento potencial de Eslovaquia.

                  (20)

                  Las previsiones apuntan a que la ratio deuda pública/PIB pasará del 64,6 % del PIB en 2023 al 65,8 % del PIB en 2024. A medio plazo, se considera que Eslovaquia se enfrenta a riesgos medios de sostenibilidad presupuestaria según el último análisis de sostenibilidad de la deuda.

                  (21)

                  En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión deben seguir siendo de naturaleza predominantemente cualitativa. Se deberán proporcionar orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, siempre que haya disminuido suficientemente el grado de incertidumbre.

                  (22)

                  El Consejo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2021 y las medidas de seguimiento adoptadas por Eslovaquia para aplicar la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020.

            RECOMIENDA A ESLOVAQUIA QUE:

         1.

            En 2022, mantenga una política fiscal expansionista, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y preserve la inversión financiada a nivel nacional.

         2.

            Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique una política presupuestaria encaminada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Al mismo tiempo, fomente la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

         3.

            Preste especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Dé prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular a aquellas que respalden la transición ecológica y digital. Conceda preferencia a las reformas presupuestarias estructurales que ayuden a financiar las prioridades de las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reforzando también, en su caso, la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

         Hecho en Luxemburgo, el 18 de junio de 2021.

               Por el Consejo,

               El Presidente

            J. LEÃO

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (3)  Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Eslovaquia (DO C 282 de 26.8.2020, p. 164).

         (4)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

         (5)  En particular, el recurso suavizado a lo largo de cuatro años a la inversión a efectos del valor de referencia del gasto no permite evaluar adecuadamente el apoyo presupuestario a la recuperación que suponen las inversiones financiadas a nivel nacional.

         (6)  Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

         (7)  Se prevé que otros gastos de capital financiados a nivel nacional aporten una contribución neutra.

         (8)  Los demás gastos de capital financiados a nivel nacional tendrían un efecto expansionista equivalente a 1,6 puntos porcentuales del PIB.

         (9)  Estimación de la Comisión, de acuerdo con la metodología común.


title: Recomendación del Banco Central Europeo de 6 de mayo de 2021 al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Národná banka Slovenska (BCE/2021/22) 2021/C 187/01

text:
               17.5.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 187/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
      de 6 de mayo de 2021
      al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Národná banka Slovenska
      (BCE/2021/22)
      (2021/C 187/01)
      EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

                  (2)

                  En 2017 el Národná banka Slovenska seleccionó a Deloitte Audit s.r.o. como auditor externo para los ejercicios de 2017 a 2020, con la opción de ampliar el mandato a los ejercicios de 2021 a 2023 (1).

                  (3)

                  El mandato del actual auditor externo del Národná banka Slovenska, Deloitte Audit s.r.o., expiró tras la auditoría del ejercicio de 2020 con arreglo a la Decisión (UE) 2017/1849 del Consejo (2).

                  (4)

                  El Národná banka Slovenska pretende ampliar el mandato de Deloitte Audit s.r.o. al ejercicio de 2021. Esta ampliación es posible en virtud de los acuerdos contractuales entre el Národná banka Slovenska y Deloitte Audit s.r.o.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      Se recomienda que Deloitte Audit s.r.o. sea nombrado auditor externo del Národná banka Slovenska para el ejercicio de 2021.

         Hecho en Fráncfort del Meno el 6 de mayo de 2021.

               La Presidenta del BCE

            Christine LAGARDE

         (1)  Recomendación BCE/2017/27 del Banco Central Europeo, de 8 de septiembre de 2017, al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Národná banka Slovenska (DO C 310 de 19.9.2017, p. 1).

         (2)  Decisión (UE) 2017/1849 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, que modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en relación con el auditor externo del Národná banka Slovenska (DO L 264 de 13.10.2017, p. 5).


title: Recomendación (UE) 2021/801 de la Comisión de 18 de mayo de 2021 sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas incurridas durante la crisis de la COVID-19

text:
               20.5.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 179/10

      RECOMENDACIÓN (UE) 2021/801 DE LA COMISIÓN
      de 18 de mayo de 2021
      sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas incurridas durante la crisis de la COVID-19
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  La pandemia de COVID-19 ha llevado a tomar medidas tanto nacionales como europeas sin precedentes para sostener la economía de la UE y facilitar su recuperación. La mayoría de las medidas de respuesta a la crisis a corto plazo tratan de garantizar que las empresas dispongan de un flujo de caja suficiente.

                  (2)

                  En particular, las pequeñas y medianas empresas (pymes) (1) se han visto gravemente afectadas por las medidas de sanidad pública debido a su menor capacidad de absorber o financiar pérdidas con respecto a las empresas de mayor tamaño. Además, las pymes tienden a estar más presentes en sectores que dichas medidas han obligado a cerrar, tales como hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

                  (3)

                  Son muchos los países y territorios que han actuado con rapidez para reducir la presión fiscal inmediata sobre las empresas introduciendo medidas de apoyo adecuadas, en gran parte con arreglo a la normativa de la Unión sobre ayudas estatales, y en particular el nuevo Marco Temporal sobre Ayudas Estatales (2). Aunque el tipo de medida fiscal más comúnmente aplicado para mejorar el flujo de caja de las empresas ha sido el aplazamiento del pago de impuestos, también han sido un importante instrumento de política fiscal los cambios introducidos en las disposiciones sobre compensación de pérdidas.

                  (4)

                  Por lo general, los Estados miembros contemplan tres grandes maneras de tratar las pérdidas a efectos fiscales. Normalmente, las pérdidas pueden a) utilizarse en el ejercicio contable corriente en el que se producen, de modo que no se adeuden impuestos en ese ejercicio. Pero los excesos de pérdidas también pueden b) trasladarse a ejercicios posteriores y compensarse con los próximos beneficios futuros disponibles, reduciendo así la deuda tributaria, o, en algunos Estados miembros, c) trasladarse a ejercicios precedentes y compensarse con los beneficios totales del ejercicio fiscal anterior o de varios ejercicios anteriores, lo que da lugar a la devolución de impuestos pagados con anterioridad.

                  (5)

                  Como política, la medida de trasladar las pérdidas a ejercicios posteriores resulta menos útil para aportar una ayuda inmediata a las empresas en dificultades, ya que el contribuyente solo obtendrá el beneficio de la liquidez cuando vuelvan a ser rentables y tengan que pagar impuestos. Las pérdidas de ejercicios anteriores pueden utilizarse en el actual, pero eso no liberaría liquidez alguna, a menos que un contribuyente obtuviera beneficios. Trasladarlas a ejercicios anteriores resulta mucho más interesante para las empresas afectadas por la crisis, ya que da lugar a la devolución de impuestos pagados en esos ejercicios y les proporciona liquidez adicional. La medida beneficiaría en especial a las pymes.

                  (6)

                  Trasladar las pérdidas a ejercicios anteriores ofrece la ventaja de beneficiar únicamente a las empresas que fueron rentables en los años anteriores a la pandemia, lo que supone aplicar el principio de apoyar a las empresas sanas. En la práctica, solo las empresas que obtuvieran beneficios y tributaran en los ejercicios anteriores a 2020 podrán compensar con esos impuestos sus pérdidas de 2020 y 2021. De este modo se garantiza que la medida se aplique a las empresas que sufren dificultades directamente debidas a la pandemia, y que el dinero público no se gaste en tratar de ayudar a empresas privadas que son inviables por causas que nada tienen que ver con la crisis.

                  (7)

                  Para garantizar que la medida alcance su objetivo específico, los Estados miembros que decidan permitir el traslado a ejercicios anteriores durante más de un ejercicio deben restringirlo a aquellas empresas que no sufrieran pérdidas en esos ejercicios. Así, si se permite trasladar las pérdidas a dos o tres ejercicios anteriores, la medida debe aplicarse a aquellas empresas que no registraran pérdidas en 2019, 2018 o 2017.

                  (8)

                  El coste de estas medidas sería sobre todo cuestión de calendario: las empresas recibirían el dinero ahora, cuando con mayor urgencia lo necesitan, sin tener que esperar a poder compensar sus pérdidas con sus futuras deudas fiscales. Los Estados miembros renunciarían ahora a unos ingresos fiscales, pero los obtendrían en el futuro de las empresas que se mantuvieron a flote y volvieron a ser rentables. Además, trasladar pérdidas a ejercicios pasados permitirá reducir las trasladadas a ejercicios futuros en los próximos años, lo que mitigará la incidencia en los ingresos fiscales.

                  (9)

                  Algunos Estados miembros ya han introducido o anunciado medidas que permiten el traslado a ejercicios fiscales anteriores de las pérdidas incurridas en el de 2020, lo que permitirá a los contribuyentes compensar retroactivamente sus pérdidas fiscales de 2020 con los beneficios obtenidos en ejercicios anteriores.

                  (10)

                  Ahora bien, a la hora de tratar las pérdidas, los Estados miembros tienden a aplicar normas dispares, lo que a menudo redunda en condiciones de competencia desiguales.

                  (11)

                  La presente Recomendación a los Estados miembros sobre su tratamiento de las pérdidas, basada en las mejores prácticas, puede contribuir a la igualdad de condiciones de competencia entre las empresas de toda la Unión.

                  (12)

                  La presente Recomendación debe aplicarse a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 para ayudar a las empresas durante la crisis de la COVID-19.

                  (13)

                  Los Estados miembros deben permitir el traslado de las pérdidas de las empresas como mínimo al ejercicio fiscal anterior, es decir, a 2019. No obstante, y a fin de que los contribuyentes puedan compensar la totalidad de sus pérdidas con los impuestos pagados con anterioridad, los Estados miembros pueden ampliar el traslado de pérdidas a un máximo de tres ejercicios anteriores, es decir, hasta 2017. Esta ampliación a un máximo de tres años del período de traslado de pérdidas puede ser particularmente beneficiosa para las empresas de menor tamaño y con menores beneficios.

                  (14)

                  Para evitar que la medida tenga repercusiones excesivas en los presupuestos nacionales, es preciso limitar su alcance. En particular, un límite de 3 millones EUR por ejercicio fiscal deficitario supondría un valioso apoyo a las empresas más pequeñas, a la vez que garantizaría que todos los contribuyentes salieran en alguna medida beneficiados.

                  (15)

                  La Comisión recuerda que, si los Estados miembros introducen medidas que responden a los criterios para constituir ayudas estatales no exentas de la obligación de notificación, deben notificarlas a la Comisión con arreglo a los procedimientos aplicables a las ayudas estatales en general.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN
      1.   OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

      A fin de beneficiar a las empresas ante la situación económica creada por la pandemia de COVID-19, la presente Recomendación establece un enfoque coordinado para el tratamiento de las pérdidas sufridas por las empresas en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
      2.   TRATAMIENTO FISCAL DE LAS PÉRDIDAS

      Dadas las circunstancias económicas excepcionales de los años 2020 y 2021 debidas a la pandemia de COVID-19, los Estados miembros deben permitir el traslado de las pérdidas de las empresas como mínimo al ejercicio fiscal anterior, es decir, al menos a 2019.
      Los Estados miembros pueden ampliar este período para permitir el traslado de pérdidas como máximo a los tres ejercicios fiscales anteriores, de modo que las empresas puedan compensar sus pérdidas correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021 con los beneficios ya gravados en los ejercicios de 2019, 2018 y 2017.
      Los Estados miembros deben permitir que las empresas soliciten de inmediato y sin necesidad de esperar hasta el final del ejercicio el traslado a ejercicios anteriores de las pérdidas que consideren que vayan a sufrir en el ejercicio de 2021.
      3.   LIMITACIONES

      A fin de limitar el impacto en los presupuestos nacionales, los Estados miembros deben limitar la cuantía de las pérdidas que pueden trasladarse a ejercicios anteriores. El importe máximo para dicho traslado debe ser de 3 millones EUR por ejercicio fiscal deficitario.
      Si los Estados miembros permiten el traslado de pérdidas hasta 2017, las empresas que puedan optar a hacerlo no deben haber sufrido pérdidas en ninguno de los ejercicios fiscales de 2019, 2018 y 2017.
      4.   SEGUIMIENTO

      Se insta a los Estados miembros a informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas de resultas de la presente Recomendación, así como sobre cualquier modificación de dichas medidas.
      Se invita a los Estados miembros a debatir con la Comisión sus planes para el traslado a ejercicios anteriores de las pérdidas de las empresas.
      5.   DESTINATARIOS

      Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros.

         Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2021.

               Por la Comisión

            Paolo GENTILONI

               Miembro de la Comisión

         (1)  Tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

         (2)  Comunicación de la Comisión titulada «Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19» (DO C 91 I de 20.3.2020, p. 1), modificada por las Comunicaciones de la Comisión C(2020) 2215 (DO C 112 I de 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (DO C 164 de 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (DO C 218 de 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (DO C 340 de 13.10.2020, p. 1) y C(2021) 564 (DO C 34 de 1.2.2021, p. 6).


title: Recomendación (UE) 2021/816 del Consejo de 20 de mayo de 2021 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción

text:
               21.5.2021

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 182/1

      RECOMENDACIÓN (UE) 2021/816 DEL CONSEJO
      de 20 de mayo de 2021
      por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letras b) y e), y su artículo 292, frases primera y segunda,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (1).

                  (2)

                  El 2 de febrero de 2021, el Consejo modificó la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (2), con el fin de actualizar los criterios utilizados para evaluar si los viajes no esenciales realizados desde terceros países son seguros y deben permitirse.

                  (3)

                  La misma modificación introdujo mecanismos para contener la propagación de variantes preocupantes del virus SARS-COV-2 en el espacio UE+ (3).

                  (4)

                  Desde entonces, se han puesto en marcha campañas de vacunación masiva contra el virus SARS-COV-2 en el espacio UE+, así como en muchas otras regiones y terceros países.

                  (5)

                  El 17 de marzo de 2021, la Comisión propuso dos Reglamentos (4) con el fin de crear «certificados verdes digitales» destinados a facilitar la libre circulación en la UE durante la pandemia de COVID19. Dentro de la UE, el certificado acreditará que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado tras haberla sufrido o ha realizado una prueba con resultado negativo. Los Estados miembros seguirán siendo responsables de decidir de qué restricciones de salud pública pueden quedar exentos los viajeros, pero deberán aplicarlas de forma no discriminatoria a los viajeros en posesión de un certificado verde digital.

                  (6)

                  Se dispone de cada vez más dictámenes científicos y pruebas empíricas sobre los efectos de la vacunación que concluyen y reiteran que la vacunación contribuye a romper la cadena de transmisión.

                  (7)

                  Estas pruebas sugieren que, en determinados casos, podrían suprimirse de forma segura las restricciones de viaje para las personas que puedan demostrar haber recibido la última dosis recomendada de una vacuna contra la COVID-19 autorizada en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y que dichas dispensas también podrían aplicarse a las personas que hayan sido vacunadas con una vacuna contra la COVID-19 que haya completado el procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias de la OMS.

                  (8)

                  Los niños que, por su edad, estén excluidos de la vacunación contra la COVID-19 deberán poder viajar con sus padres vacunados a condición de haber dado negativo en una prueba PCR de COVID-19 realizada con una antelación máxima de 72 horas con respecto al cruce de la frontera del espacio UE+. En estos casos, los Estados miembros podrán exigir pruebas adicionales tras la llegada.

                  (9)

                  Sin embargo, los estudios disponibles todavía no son concluyentes sobre si las variantes preocupantes escapan a la respuesta inmunitaria inducida por las diversas vacunas contra la COVID-19. Por consiguiente, en consonancia con el criterio de precaución, debe establecerse un mecanismo de «freno de emergencia» que permita a los Estados miembros adoptar, de manera coordinada, medidas urgentes y de duración limitada para reaccionar rápidamente ante la aparición de una variante en un tercer país determinado que haya sido objeto de un control específico y, en particular, cuando haya sido designada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) como variante de interés. Este freno de emergencia debe permitir la adopción de medidas adecuadas, incluidas limitaciones de entrada, con el fin de evitar su importación y propagación en el espacio UE+. Estas medidas deben ser objeto de una rápida coordinación en el Consejo para que pueda adoptarse un planteamiento común.

                  (10)

                  Al evaluar la situación epidemiológica en un tercer país, deberá tenerse en cuenta el grado de avance en la vacunación de la población de dicho país contra el virus.

                  (11)

                  Una vez adoptados, los Reglamentos sobre el certificado verde digital constituirán la base, a través de un acto de ejecución de la Comisión, para tratar los certificados de vacunación de terceros países como certificados verdes digitales, o para expedir dichos certificados a personas que hayan sido vacunadas en terceros países. Con objeto de garantizar un enfoque coordinado de los Estados miembros y facilitar el desplazamiento posterior de los viajeros procedentes de terceros países dentro del espacio UE+, deben tomarse medidas para facilitar el uso de estas disposiciones. A tal fin, los Estados miembros podrían considerar la posibilidad de crear un portal en el que las personas que residan fuera del espacio UE+ puedan solicitar el reconocimiento de su certificado de vacunación expedido por un tercer país como prueba fiable de vacunación o la expedición de un «certificado verde digital».

                  (12)

                  Cuando los Estados miembros acepten pruebas de vacunación para eximir de las restricciones establecidas de conformidad con el Derecho de la Unión con el fin de limitar la propagación de la COVID-19, tales como los requisitos de cuarentena o autoaislamiento o de realización de pruebas para detectar la infección por SARS-COV-2, deberán dispensar en principio de estos requisitos a los viajeros residentes en un tercer país que hayan recibido, con una antelación máxima de 14 días respecto de su entrada en el espacio UE+, la última dosis recomendada de una vacuna contra la COVID-19 autorizada en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004. Los Estados miembros también podrán decidir que se exima de las restricciones a los viajeros vacunados con otra vacuna contra la COVID-19 que haya completado el procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias de la OMS. No obstante, estos dos casos no deberán aplicarse cuando un Estado miembro haya hecho uso del freno de emergencia. Hasta que se adopten y entren en vigor los Reglamentos sobre el certificado verde digital y hasta que la Comisión adopte un acto de ejecución para tratar los certificados de vacunación de terceros países como certificados verdes digitales, los Estados miembros deberán poder aceptar certificados de terceros países que contengan al menos el conjunto mínimo de datos según la legislación nacional, teniendo en cuenta la capacidad de verificar la autenticidad, validez e integridad del certificado y si contiene todos los datos pertinentes.

                  (13)

                  De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.

                  (14)

                  La presente Recomendación desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (6); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

                  (15)

                  Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (7).

                  (16)

                  Por lo que respecta a Suiza, la presente Recomendación constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (8), leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (9).

                  (17)

                  Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Recomendación desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (10), leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE (11).

                  (18)

                  El estatuto jurídico de la presente Recomendación, conforme se recuerda en los considerandos 13 a 17, se entiende sin perjuicio de la necesidad de que todos los Estados miembros, en interés del correcto funcionamiento del espacio Schengen, decidan levantar las restricciones de los viajes no esenciales a la UE de manera coordinada.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo queda modificada como sigue:

                  1)

                  El párrafo primero del quinto guion del punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

                              «—

                              la naturaleza del virus presente en un país, en particular si se han detectado variantes de interés o variantes preocupantes de dicho virus. Las variantes de interés y las variantes preocupantes son las determinadas como tales por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) basándose en las propiedades clave del virus, como la transmisión, la gravedad y la capacidad para escapar a la respuesta inmunitaria.».

                  2)

                  En el párrafo segundo del punto 2, la cifra «25» se sustituye por «75».
                  El texto del párrafo tercero del punto 2 se sustituye por el siguiente:
                  «El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) deberá facilitar los datos relativos al “índice de pruebas”, al “índice de positividad de las pruebas” y a las “variantes preocupantes y variantes de interés” sobre la base de la información facilitada al CEPCE. Estos datos podrían complementarse con información facilitada por las delegaciones de la UE, la OMS y otros centros de control de enfermedades, cuando esté disponible, también a partir de la lista de verificación adjunta a la Comunicación de 11 de junio de 2020.».
                  Se añade el siguiente nuevo párrafo cuarto al punto 2:
                  «Además de la información mencionada en el párrafo primero del punto 2, el CEPCE deberá publicar y actualizar periódicamente un mapa en el que se presente la situación con respecto a las variantes preocupantes y a las variantes de interés en terceros países.».

                  3)

                  El punto 6 queda modificado como sigue:

                              a)

                              se añade la siguiente frase después del párrafo primero:
                              «Además, deberán permitirse los desplazamientos esenciales a las categorías específicas de viajeros con funciones o necesidades esenciales enumeradas en el anexo II.»;

                              b)

                              se suprime el antiguo párrafo tercero.

                  4)

                  Después del punto 6 se inserta el nuevo punto 6 bis siguiente:

                              «6 bis.

                              Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) y b) del punto 6, cuando los Estados miembros acepten pruebas de vacunación como eximente de las restricciones de viaje para limitar la propagación de la COVID-19, los Estados miembros deberán, en principio, levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE con respecto a los viajeros procedentes de terceros países que hayan recibido la última dosis recomendada de una de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004, a más tardar 14 días antes de entrar en el espacio UE+.
                              Los Estados miembros también podrán levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE con respecto a los viajeros que hayan recibido, con una antelación mínima de 14 días con respecto a su entrada en el espacio UE+, la última dosis recomendada de una de las vacunas contra la COVID-19 que haya completado el procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias de la OMS.
                              Con ese fin, los viajeros que deseen realizar viajes no esenciales a un Estado miembro deberán estar en posesión de una prueba válida de vacunación contra la COVID-19. Los Estados miembros podrían aceptar certificados de vacunación de terceros países que contengan al menos el conjunto mínimo de datos, como la identificación de la persona, el tipo de vacuna y la fecha de su administración, de conformidad con la legislación nacional, teniendo en cuenta la necesidad de poder verificar la autenticidad, validez e integridad del certificado y si contiene todos los datos pertinentes.
                              Cuando los Estados miembros decidan levantar las restricciones para los viajeros en posesión de una prueba válida de vacunación contra la COVID-19, los Estados miembros deberán tener en cuenta, caso por caso, la reciprocidad concedida al espacio UE+.».

                  5)

                  En el punto 7, al principio de la primera frase, se introducen las palabras «sin perjuicio del punto 6 bis».
                  Tras el párrafo tercero del punto 7 se insertan los siguientes nuevos párrafos, que pasan a ser un nuevo punto 7 bis:
                  «Cuando la situación epidemiológica de un tercer país o región empeore rápidamente, y en particular cuando se haya detectado una variante preocupante o una variante de interés, los Estados miembros deberán, de forma excepcional, aplicar una restricción temporal urgente a todos los desplazamientos a la UE de nacionales de terceros países que residan en ese tercer país. Esta restricción de viaje no deberá aplicarse a las personas contempladas en las letras a) y b) del punto 6 ni a los viajeros enumerados en el inciso i) y en los incisos iv) a ix) del anexo II. No obstante, estos viajeros deberán someterse a pruebas adecuadas y periódicas, también antes de la salida tal como se establece en el punto 7, así como a autoaislamiento o cuarentena incluso si han recibido, con una antelación mínima de 14 días con respecto a su entrada en el espacio UE+, la última dosis recomendada de una de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas en la UE de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 o una de las vacunas contra la COVID-19 que haya completado el procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias de la OMS.
                  Cuando un Estado miembro aplique tales restricciones, los Estados miembros, reunidos en el seno de las estructuras del Consejo y en estrecha cooperación con la Comisión, deberán revisar con urgencia la situación de forma coordinada. Tales restricciones deberán revisarse al menos cada dos semanas, teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica.».
                  Los párrafos cuarto y quinto del punto 7 se insertan después del punto 7 bis y pasan a ser los párrafos primero y segundo del nuevo punto 7 ter.

         Hecho en Bruselas, el 20 de mayo de 2021.

               Por el Consejo

               El Presidente

            A. SANTOS SILVA

         (1)  Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio de 2020, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (DO L 208 I de 1.7.2020, p. 1).

         (2)  Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo, de 2 de febrero de 2021, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (DO L 41 de 4.2.2021, p. 1).

         (3)  El «espacio UE+» comprende todos los Estados miembros de Schengen (incluidos Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumanía) así como los cuatro Estados asociados de Schengen. También incluiría a Irlanda, en caso de que decidiese sumarse.

         (4)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital), COM/2021/130 final, y Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para los nacionales de terceros países que residan legalmente o se encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital), COM/2021/140 final.

         (5)  Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).

         (6)  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

         (7)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

         (8)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

         (9)  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).

         (10)  DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.

         (11)  Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).