title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Bélgica

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Bélgica
      (2019/C 301/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo. En concreto, las medidas para mejorar los servicios ayudarán a dar cumplimiento a la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la existencia de unos mercados de servicios resilientes y a medidas para mejorar la sostenibilidad, eficiencia y composición de las finanzas públicas, del mismo modo que el uso de los beneficios imprevistos para reducir la deuda pública contribuirá a dar respuesta a la segunda recomendación para la zona del euro en lo relativo al apoyo a la inversión, a la mejora de las finanzas públicas, a la reconstitución de los estabilizadores presupuestarios y a medidas para reforzar la eficacia de las políticas del mercado laboral, que ayudarán a abordar la tercera parte de la zona del euro en lo que se refiere al apoyo a unas transiciones satisfactorias en el mercado laboral.

                  (3)

                  El informe de 2019 sobre Bélgica se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances de Alemania en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 26 de abril de 2019, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

                  (5)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicaría esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo global desde el déficit del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 hasta el 0,0 % del PIB en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), a lo largo del período cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019 no se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que, tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y disminuido al 102 % del PIB en 2018, la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 94 % en 2022. La hipótesis macroeconómica en la que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Dicho esto, no se han especificado las medidas necesarias para sustentar la consecución de los objetivos de déficit planeados a partir de 2020, lo que contribuye a la previsión de deterioro del saldo estructural en 2020 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión.

                  (7)

                  El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento de la norma en materia de deuda en 2018 por parte de Bélgica. Tras evaluar todos los factores pertinentes, el informe concluyó que el análisis actual no puede determinar de forma concluyente si se ha cumplido o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97.

                  (8)

                  En su Programa de Estabilidad de 2019, Bélgica confirma la solicitud, ya recogida en el proyecto de plan presupuestario para 2019, de acogerse a la flexibilidad prevista por el componente preventivo con arreglo a la «Posición común sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» adoptada por el Consejo el 12 de febrero de 2016. Bélgica solicitó una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo con miras a la ejecución de importantes reformas estructurales con repercusión positiva en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Estas reformas estructurales afectan al sistema de pensiones, la redistribución de la presión fiscal, el impuesto de sociedades, el mercado laboral y la administración pública. Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión confirman que Bélgica respetará el valor de referencia mínimo en 2019, lo que proporciona un margen de seguridad con respecto del umbral de déficit del 3 % del PIB. Todas las medidas han quedado íntegramente plasmadas en la legislación, con excepción de la reforma de la administración pública. Habida cuenta de su naturaleza, especialmente en el caso de la redistribución de la presión fiscal y de la reforma del impuesto de sociedades, persisten algunas incertidumbres acerca de la repercusión de estas medidas a corto plazo, particularmente debido a su falta de neutralidad presupuestaria, que ha empeorado la situación de las finanzas públicas. No obstante, las medidas han incrementado el potencial de crecimiento de la economía, reducido la tasa de desempleo y atenuado los riesgos de desequilibrios macroeconómicos, con la consiguiente incidencia positiva en la sostenibilidad de la deuda de medio a largo plazo. Dadas estas circunstancias, puede considerarse que Bélgica reúne actualmente las condiciones para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en 2019, siempre que aplique adecuadamente las reformas acordadas, que serán objeto de supervisión en el marco del Semestre Europeo.

                  (9)

                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que el índice de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no superase el 1,8 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Dado que Bélgica cumple los requisitos necesarios para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en virtud de la cláusula de reforma estructural, el ajuste estructural requerido para 2019 puede reducirse al 0,1 % del PIB, lo que corresponde a una tasa de crecimiento nominal del gasto primario neto no superior al 2,8 % en 2019. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, hay un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada para el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo de 2018 y 2019, considerados en conjunto.

                  (10)

                  En 2020, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica, por encima del 60 % del PIB, y de la brecha de producción prevista del 0,1 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,6 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias de ajuste consensuada con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de ese requisito en 2020. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda en 2019 ni en 2020. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería importante utilizar los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas. La sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas belgas sigue en peligro debido a la combinación de una elevada ratio deuda/PIB y al aumento previsto de los costes del envejecimiento de la población, en particular los vinculados a las pensiones y a los cuidados de larga duración. En 2015 se promulgó un conjunto de reformas legislativas del sistema de pensiones que impuso un aumento de la edad legal de jubilación a la edad de 65 a 66 años a partir de 2025 y a la de 67 años a partir de 2030. Además, se endurecieron los requisitos de edad y antigüedad para acogerse a la jubilación anticipada. A pesar de todo, se prevé que el gasto público en pensiones aumentará en 2,9 puntos porcentuales del PIB entre 2016 y 2070, principalmente en las dos próximas décadas. Por otro lado, las condiciones de jubilación anticipada para algunos grandes grupos de funcionarios públicos siguen siendo más favorables que las del conjunto de la población. Se prevé que, entre 2016 y 2070, el gasto público en cuidados de larga duración aumente en 1,7 puntos porcentuales del PIB, incremento superior a la media a partir de uno de los niveles ya más elevados de la Unión. La fragmentación organizativa de los cuidados de larga duración, debida al reparto actual de competencias entre los distintos niveles administrativos, plantea retos en algunas dimensiones de la eficiencia del gasto, por lo que aún no está claro el impacto neto de la reciente transferencia de competencias. El refuerzo de la gobernanza contribuiría a alcanzar los aumentos de eficiencia previstos. Podría existir cierto margen para optimizar la combinación de prestaciones asistenciales con el fin de mejorar la eficiencia en términos de costes del sistema de cuidados de larga duración.

                  (11)

                  La composición y la eficiencia del gasto público pueden mejorarse para abrir espacio a una mayor inversión pública. A pesar de una reciente disminución, el gasto total en porcentaje del PIB en Bélgica sigue siendo uno de los más elevados de la zona del euro. El elevado nivel de gasto público sugiere que hay margen para un ajuste presupuestario más basado en el gasto. Dado este elevado nivel de gasto público, los resultados de determinadas políticas y la calidad de determinados servicios públicos plantean cuestiones de eficiencia en términos de costes. Los análisis de los gastos y las evaluaciones de las políticas pueden ayudar a Bélgica a fijar prioridades y a aumentar la eficiencia del gasto público. Además, las revisiones de los gastos podrían utilizarse para determinar la eficiencia de la ayuda pública indirecta a la investigación y el desarrollo de las empresas, que es una de las más elevadas de la Unión en porcentaje del PIB y que siguió aumentando el año pasado. Las autoridades federales y regionales han expresado recientemente su interés por integrar la revisión de los gastos en su mecanismo presupuestario.

                  (12)

                  La coordinación presupuestaria entre entidades no es actualmente lo suficientemente flexible como para abrir espacio a la inversión pública en proyectos a gran escala. Una coordinación eficaz del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal como Bélgica, donde gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. A pesar del acuerdo de cooperación firmado en 2013, todavía no existe un acuerdo formal sobre los objetivos anuales en todos los niveles de gobierno, lo que complica la coordinación presupuestaria. A diferencia de la práctica respecto de los anteriores Programas de Estabilidad, para los que el Comité de concertación tomó nota de la trayectoria presupuestaria, todos los niveles de gobierno aprobaron la trayectoria presupuestaria general presentada en el Programa de Estabilidad de 2018 y apoyaron la consecución de los objetivos presupuestarios de aquí a 2020 para todos los niveles de gobierno. Aunque esta aprobación añadió credibilidad a la trayectoria general, no se produjo ningún acuerdo formal sobre los objetivos presupuestarios anuales en cada nivel de gobierno. La falta de acuerdo sobre los objetivos en cada nivel de gobierno puede socavar la viabilidad de la trayectoria general hacia el objetivo a medio plazo. Además, impide que la sección de necesidades de financiación del sector público del Alto Consejo de Finanzas haga un seguimiento efectivo del cumplimiento de estos objetivos. El Programa de Estabilidad de 2019 contiene únicamente objetivos presupuestarios globales e intermedios de naturaleza indicativa, puesto que el 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones federales, regionales y de las comunidades.

                  (13)

                  El reciente crecimiento económico ha conducido a la creación de puestos de trabajo y el empleo se encuentra en su nivel más alto en los últimos diez años. No obstante, el número de transiciones desde la inactividad o el desempleo al empleo sigue siendo bajo y Bélgica no avanza al ritmo adecuado para alcanzar su objetivo de empleo del 73,2 % conforme a la Estrategia Europa 2020. Persisten importantes disparidades regionales en el mercado de trabajo. A pesar de una constante disminución durante los últimos cinco años, en Bruselas el desempleo juvenil se sitúa muy por encima de la media de la Unión. Es baja la participación en el mercado de trabajo de las personas poco cualificadas, las personas de origen migrante, los trabajadores de mayor edad y las personas con discapacidad, lo que sugiere que tanto factores estructurales como otros específicos de cada grupo obstaculizan su integración en el mercado laboral y que las medidas de activación vigentes no son igualmente eficaces para todos los grupos de población. La tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años) sigue siendo inferior a la media de la Unión, y la brecha con respecto a la media de la Unión sigue siendo grande en el caso de los mayores de 60 años. Las personas de origen migrante, en particular las mujeres, siguen experimentando tasas de desempleo más elevadas, índices de actividad más bajos, mayores niveles de pobreza incluso entre las personas ocupadas y problemas de sobrecualificación. Aunque se han tomado algunas medidas para facilitar la integración de los recién llegados y luchar contra la discriminación, sigue sin adoptarse un planteamiento coordinado que permita abordar los retos a los que se enfrentan las personas de origen migrante. Se han tomado algunas medidas en el marco de la reforma del «Pacto por el empleo» para remediar el bajo nivel de participación en el mercado laboral, pero su impacto está pendiente de evaluación.

                  (14)

                  Persisten importantes alicientes financieros que desincentivan el empleo. Aunque la redistribución de la presión fiscal redujo la cuña impositiva sobre el trabajo, esta sigue siendo en promedio elevada para todos los asalariados, excepto aquellos con sueldos muy bajos (50 % del salario medio). Bélgica sigue siendo el único Estado miembro en el que las prestaciones de desempleo no están limitadas en el tiempo, aunque van disminuyendo gradualmente. Existen desincentivos financieros para que los beneficiarios de los regímenes de enfermedad y discapacidad y los segundos perceptores de ingresos familiares asuman un empleo a tiempo completo. Concretamente, las familias monoparentales (y, en menor medida, las parejas con hijos) tienen escasos incentivos financieros para aceptar un empleo (a tiempo completo) debido a la combinación de los costes y la retirada de las prestaciones. Además, la división de competencias en materia de protección social entre los niveles federal, regional y local puede suscitar problemas de coordinación. El sistema de seguridad social no cubre formalmente a los trabajadores por cuenta propia en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

                  (15)

                  La degradación de los resultados en la enseñanza obligatoria y la existencia de disparidades significativas en el sistema educativo siguen siendo motivo de preocupación. El porcentaje de jóvenes que no domina competencias básicas podría reducirse, en particular en la Comunidad Francesa, donde ese porcentaje está por encima de la media de la OCDE. La brecha en los resultados educativos provocada por el contexto socioeconómico y el origen migratorio es amplia. El profesorado requiere un mayor apoyo para hacer frente a la diversidad; persiste además la necesidad de adaptar el desarrollo profesional permanente de los profesores. Es necesario intensificar las reformas destinadas a mejorar los resultados educativos y a reducir las disparidades para impulsar el crecimiento intensivo en conocimientos, sostenible e inclusivo y la inclusión social. Se está avanzando en la aplicación del «Pacto por la Excelencia», reforma emblemática del sistema escolar de la Comunidad Francesa para mejorar las competencias básicas, la eficiencia, la gobernanza y la lucha contra las desigualdades. Se han aprobado decretos relativos a la organización del trabajo de los profesores, al tronco común del currículo escolar, al estatuto de los directores de centros de enseñanza y al refuerzo de los conocimientos de francés para alumnos recién llegados, que serán aplicables a partir de septiembre de 2020. La Comunidad Flamenca va a aplicar reformas de la educación secundaria a partir del año escolar 2019/20, pero la orientación temprana de los alumnos sigue siendo motivo de preocupación. El impacto de estas reformas y medidas dependerá también de su aplicación y supervisión efectivas. El Parlamento Federal ha reducido de seis a cinco años la edad de entrada en la enseñanza obligatoria. Dados los ya elevados niveles de gasto en educación, será necesario llevar a cabo reformas más enfocadas al aumento de la eficiencia y la eficacia del sistema, y de su capacidad para generar competencias orientadas al futuro y adecuadas al mercado de trabajo.

                  (16)

                  Los desajustes de competencias y la escasa movilidad laboral traban el crecimiento de la productividad y del empleo. A pesar de la adopción de diversas medidas regionales y federales para hacer frente a la escasez de personal cualificado y fomentar la activación, algunas de las cuales se inscriben en la reforma del «Pacto por el Empleo», se aprecia una falta de mano de obra en diversos sectores entre los que destacan las tecnologías de la información y la comunicación, la construcción y la salud. El crecimiento del sector de la construcción se ve frenado por la falta de competencias y la escasez de mano de obra. Algunos sectores tienen importantes necesidades de reciclaje y perfeccionamiento profesional de sus trabajadores. La participación de los adultos en la educación, la formación y la movilidad profesional también es baja. Las deficientes competencias lingüísticas plantean un serio problema, especialmente en Bruselas, donde aproximadamente el 50 % de las ofertas de empleo requieren conocimientos de francés y neerlandés, según el Programa Nacional de Reformas de 2019. El porcentaje de titulados en estudios superiores es elevado, pero faltan graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). En 2016, Bélgica ocupaba el puesto 26 de la Unión en número de graduados universitarios en esas disciplinas, con un bajo índice de nuevos accesos, especialmente por parte de mujeres, a dichos campos de la enseñanza superior. La aplicación general del «Plan de Acción CTIM 2012-2020» en Flandes muestra avances, pero el número de titulados de secundaria en las trayectorias técnicas y profesionales de CTIM se ha estancado desde 2010. La Comunidad Francesa carece de estrategia específica en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y aún tiene pendiente de aplicación su «Estrategia para la Educación Digital» en las escuelas, recientemente adoptada. La escasez de profesionales con conocimientos empresariales en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas frena el desarrollo de las empresas emergentes. El nivel general de competencias digitales es bueno, pero no mejora. El Programa Nacional de Reformas de 2019 destaca el acuerdo entre Flandes y Valonia y el acuerdo previsto entre Flandes y la Región de Bruselas-Capital para mejorar la movilidad laboral interregional.

                  (17)

                  La investigación y el desarrollo se concentran en unos pocos sectores y la irradiación de la innovación hacia el resto de la economía es insuficiente, lo que, en última instancia, lastra el crecimiento de la productividad. La investigación que recibe financiación pública parece situarse por debajo de la media de la Unión También se observan disparidades regionales y subregionales en materia de investigación, desarrollo e innovación. El Pacto Nacional para Inversiones Estratégicas señala el refuerzo de la digitalización como vía prometedora para impulsar la productividad y la capacidad de innovación de Bélgica. Requiere inversiones en infraestructura digital, la adopción de medidas eficaces para el éxito del despliegue de la tecnología 5G, capital humano y espíritu empresarial, así como una absorción acelerada de la tecnología digital, en particular por las empresas que hayan quedado rezagadas.

                  (18)

                  La calidad de la infraestructura viaria se está deteriorando tras años de escasa inversión pública. Al mismo tiempo, el mantenimiento de una red amplia y densa no resulta rentable para las regiones y los entes locales. Las carreteras belgas se encuentran entre las más congestionadas de la Unión. La infraestructura ferroviaria es densa y de buena calidad, pero completarla y actualizarla sigue suponiendo un reto; además, sufre problemas de congestión, especialmente en torno a Bruselas y en el acceso a los puertos de Amberes y de Zeebrugge. Están previstas importantes inversiones en la infraestructura y la señalización ferroviarias suburbanas, pero su ejecución se ve frenada, en particular, por las normas de asignación presupuestaria de las distintas regiones. Además, los incentivos y obstáculos que falsean y dificultan la competencia y la inversión en los servicios nacionales de transporte ferroviario de pasajeros y en los servicios de autocares interurbanos limitan la oferta y la demanda de servicios alternativos de transporte colectivo con baja emisión de carbono. La creciente congestión se explica, en parte, por el continuo aumento de turismos, incentivado por las carreteras sin peaje, la deducción de los vehículos de empresa y la benévola fiscalidad medioambiental. Los elevados impuestos que gravan las transacciones de bienes inmuebles y el régimen de vehículos de empresa afectan negativamente a la movilidad. La calidad de los servicios ferroviarios ha disminuido y la red de transporte público urbano y entre zonas urbanas y rurales son mejorables, en particular en Valonia, donde el acceso al puesto de trabajo supone un gran obstáculo para los solicitantes de empleo. Según el Programa Nacional de Reformas de 2019, se están realizando importantes inversiones y reformas en todas las regiones, mientras que a nivel federal, y en cooperación con las regiones, las obras que permitirán completar la red de ferrocarriles suburbanos en torno a Bruselas están avanzando. Bélgica ha adoptado una ley de liberalización de los servicios ferroviarios nacionales, pero la proporción del transporte de viajeros efectuada en cumplimiento de obligaciones de servicio público con un contrato adjudicado directamente sigue siendo muy elevada en el país. Los operadores de autobuses privados no están autorizados a prestar servicios de autocar interurbano. La regulación de los servicios de taxi varía de unos entes locales a otros. Aunque las regiones han desarrollado sus propios planes de movilidad, la complejidad de su coordinación impide formarse una visión coherente de la movilidad dentro de Bélgica y, posiblemente, entre el país y las ciudades y regiones fronterizas. El órgano regulador ferroviario tiene margen para ampliar el ámbito de su actividad de regulación.

                  (19)

                  Las necesidades de inversión en apoyo de la transición energética son cuantiosas. La renovación del antiguo parque inmobiliario, que precede a la introducción de normas energéticas, contribuirá a cumplir los objetivos de reducción de las emisiones fijados para 2020 y 2030. El despliegue de combustibles alternativos es bastante bajo. Es necesario destinar importantes inversiones a la generación de electricidad, así como a la capacidad de interconexión, las redes inteligentes, el almacenamiento y la eficiencia energética.

                  (20)

                  A pesar de los esfuerzos de la administración, la carga reguladora y administrativa sobre las empresas sigue siendo onerosa y obstruye la iniciativa empresarial. La carga tributaria sobre las empresas de nueva creación y las pequeñas empresas se ha aligerado, pero la fiscalidad sigue siendo compleja en el caso de las inversiones financieras. Bélgica ha reformado su Código de Derecho de sociedades acortando el número de formas jurídicas de las empresas, facilitando las comunicaciones electrónicas legales, reduciendo los requisitos mínimos de capital y, conforme al Programa Nacional de Reformas de 2019, reformando la legislación concursal de forma que incluya, en particular, las profesiones liberales. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, los plazos para la concesión de permisos de construcción sufren largas demoras, las tasas de registro de la propiedad son elevadas y los procesos judiciales se prolongan en exceso. La justicia administrativa tropieza con dificultades derivadas de la escasez de recursos y la duración de los procedimientos, que causan importantes demoras, sobre todo en la concesión de los permisos de construcción pero también en los procedimientos de contratación pública. Por otra parte, la coordinación de las políticas climática, energética, digital y de transportes es compleja y se puede mejorar. La cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado dista de ser óptima, lo que aumenta el riesgo de que entren en la Unión a través de las fronteras belgas mercancías no conformes con las normas. La evaluación de impacto podría integrarse mejor en el proceso de elaboración de políticas. La calidad de los servicios públicos digitales para las empresas es baja. La falta de digitalización del sistema judicial sigue siendo un reto importante, en particular en lo que afecta a la recopilación de datos. Culminar el proceso de digitalización de la justicia es una condición importante para introducir nuevas mejoras en la calidad del sistema judicial, como la actualización de los procesos empresariales y la gestión más eficaz de los recursos humanos y financieros de los órganos jurisdiccionales.

                  (21)

                  Los obstáculos a la competencia y a la inversión en varios servicios empresariales obstaculizan el crecimiento y la productividad. Los índices de entrada de nuevos proveedores de servicios se sitúan netamente por debajo de la media de la Unión, al contrario que los índices de beneficio, que son superiores a esa media. El indicador del efecto restrictivo diseñado por la Comisión pone de manifiesto que el marco regulador belga aplicable a contables, asesores fiscales, arquitectos y agentes inmobiliarios es considerablemente más restrictivo que el marco regulador medio de la Unión. Una ley recientemente adoptada ha introducido requisitos más estrictos para los agentes de patentes. Según las estimaciones de la Oficina Federal de Planificación, una ambiciosa reducción en la carga reguladora en los servicios jurídicos, contables y de arquitectura aumentaría la productividad laboral. Los aranceles regulados de los notarios para las transacciones inmobiliarias son bastante elevados y vienen a añadirse a los elevados impuestos de escrituración. Las regiones han reformado las profesiones artesanales y comerciales en desigual medida. El sector minorista se enfrenta aún a restricciones operativas que merman su productividad y desincentivan la inversión. El sector de los supermercados presenta un nivel de competencia subóptimo, debido principalmente a su alta concentración y a la floja dinámica de entradas y salidas. Según el indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista, Bélgica es el sexto Estado miembro más restrictivo en lo que afecta al entorno operativo para los minoristas. El Programa Nacional de Reformas de 2019 destaca las recientes reformas llevadas a cabo en la Región de Bruselas-Capital para facilitar el establecimiento de comercios minoristas. El mercado de las telecomunicaciones se caracteriza por un alto nivel de concentración (acentuado por las recientes absorciones) y una escasa competencia. Esta situación se refleja también en los precios relativamente elevados de los servicios fijos en comparación con países similares. En las redes fijas, el mercado minorista se caracteriza por duopolios geográficamente definidos compuestos por operadores clásicos y operadores de redes de distribución por cable. Esta configuración puede crear obstáculos a la prestación de servicios agrupados convergentes de telefonía fija y móvil por parte de algunos operadores. El Programa Nacional de Reformas de 2019 destaca que se ha adoptado una reforma del Derecho económico destinada a aumentar el grado de cumplimiento de la legislación en materia de competencia, mejorar el funcionamiento de la Autoridad de Competencia Belga mediante la introducción de unos procedimientos más eficientes y reducir el riesgo de nuevos litigios ante el Tribunal de la Competencia (Cour des Marchés/Marktenhof). Los recursos de la autoridad de competencia belga son, en comparación con los de las autoridades de competencia de otros Estados miembros, limitados.

                  (22)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Permitiría a Bélgica hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.

                  (23)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (24)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2019 y 2020 a fin de:

         1.

            Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,6 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los ingresos imprevistos para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Proseguir las reformas dirigidas a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los sistemas de cuidados de larga duración y de pensiones, en particular restringiendo las posibilidades de salida anticipada del mercado laboral. Mejorar la composición y la eficiencia del gasto público, en particular mediante revisiones del gasto, así como la coordinación de las políticas presupuestarias por parte de todos los niveles de la administración a fin de abrir espacio para la inversión pública.

         2.

            Suprimir los desincentivos al trabajo y reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral, en particular para las personas poco cualificadas, los trabajadores de mayor edad y las personas de origen migrante. Mejorar los resultados y el carácter inclusivo de los sistemas de educación y formación y abordar los desajustes de competencias.

         3.

            Centrar la política económica de inversión en el transporte sostenible, en particular mediante la actualización de la infraestructura ferroviaria, la transición energética y hacia una economía hipocarbónica y la investigación y la innovación, en particular en materia de digitalización, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Hacer frente a los crecientes retos de movilidad, reforzando los incentivos y suprimiendo las trabas existentes, con el fin de aumentar la oferta y la demanda de transporte colectivo y de bajas emisiones.

         4.

            Reducir la carga reguladora y administrativa para incentivar el emprendimiento y eliminar los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios, en particular en los campos de las telecomunicaciones, la venta minorista y los servicios profesionales.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.

         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Bulgaria

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/8

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Bulgaria
      (2019/C 301/02)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2019 sobre Bulgaria se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Bulgaria para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances de Bulgaria en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos. A las vulnerabilidades del sector financiero se añaden, en particular, un elevado endeudamiento y un gran volumen de préstamos no productivos en el sector empresarial. Si bien se han producido avances a la hora de enfrentarse a las fuentes de los desequilibrios, será fundamental aplicar plenamente las reformas de la supervisión y gobernanza emprendidas recientemente en el sector financiero, tanto bancario como no bancario, y hacer un seguimiento de las mismas.

                  (3)

                  El 24 de abril de 2019, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Bulgaria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé que se pase de un superávit general del 2 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 a un déficit del 0,3 % del PIB en 2019 y a unos superávits respectivos del 0,4 % del PIB en 2020, el 0,2 % en 2021 y el 0,1 % en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (5), se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) siga superándose durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2019, la ratio deuda pública/PIB debería disminuir gradualmente del 22,6 % del PIB en 2018 al 16,7 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,7 % del PIB en 2019 y del 0,6 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo considera que Bulgaria probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (6)

                  Tanto los ingresos tributarios como el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias están aumentando, y hay una serie de iniciativas en marcha. No obstante, la recaudación no parece estar mejorando al mismo ritmo en todos los sectores. En particular, no lo está haciendo en los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones a la seguridad social, así como en algunas categorías de impuestos especiales. También se ha evidenciado que el trabajo no declarado y el comercio ilícito de combustible siguen constituyendo un problema. Mantener los esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos y adoptar medidas específicas adicionales para hacer frente a las dificultades en ámbitos específicos del sistema tributario reviste una importancia capital para reducir la aún significativa economía sumergida.

                  (7)

                  El Gobierno ha tomado medidas para mejorar la eficacia del gasto público. El Banco Mundial llevó a término una revisión del gasto concerniente a una serie de instituciones públicas (ministerios y municipios) y dos estudios piloto, uno sobre la vigilancia y el servicio de lucha contra incendios y otro sobre gestión de residuos, y elaboró un manual para la realización de revisiones por parte del Gobierno en el futuro. En la estrategia presupuestaria a medio plazo de 2018, el Gobierno estableció una serie de indicadores de rendimiento para evaluar las repercusiones del gasto sobre los diferentes ámbitos de actividad a lo largo del tiempo y para informar la evaluación y la planificación del presupuesto. Se espera que la continuación de esas iniciativas aumente la calidad, la eficiencia y la transparencia del gasto público, y como consecuencia de ello se incrementen, a su vez, la cantidad y la calidad de los bienes públicos.

                  (8)

                  Las empresas estatales adolecen de una gobernanza empresarial débil, que también se refleja en gran medida en sus resultados económicos. El marco normativo de la gobernanza empresarial de las empresas estatales está siendo objeto de una reforma, en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con el apoyo del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión. La reforma tiene por objeto subsanar las deficiencias actuales adaptando la legislación nacional a las directrices de gobernanza empresarial de la OCDE paras las empresas estatales. La adopción y la aplicación eficaz del marco garantizarán la continuidad y serán cruciales para el éxito de la reforma.

                  (9)

                  En un entorno económico favorable, las ratios de liquidez y de capital de los bancos, por término medio, experimentaron una mejora. Paralelamente, se registró un descenso de los préstamos no productivos por parte de las sociedades no financieras, aunque la cifra sigue siendo elevada. El mercado secundario de préstamos no productivos se ha vuelto más dinámico. El 30 de mayo de 2019, el BNB adoptó una decisión destinada a aplicar las Directrices de la ABE para la gestión de las exposiciones dudosas y reestructuradas. Las medidas de seguimiento derivadas de las revisiones del sector financiero han reforzado el sector bancario, pero persisten algunas vulnerabilidades. Las nuevas iniciativas en materia de regulación tomadas en 2018 incluían las normas aplicables a las grandes exposiciones y la identificación de los clientes conexos, un aumento de la tasa de reserva de capital anticíclica e instrumentos macroprudenciales para las medidas basadas en los prestatarios. Consecutivamente a las iniciativas legislativas sobre las exposiciones de partes vinculadas, la labor continuada de supervisión con el fin de limitar los préstamos a las partes vinculadas y sancionar las infracciones de las disposiciones sobre garantías es fundamental para dar apoyo a las buenas prácticas empresariales. El refuerzo del marco de resolución bancaria es otra medida en curso que contribuirá a la resiliencia del sector financiero.

                  (10)

                  Llevar a término la reforma del marco aplicable a la insolvencia podría ayudar a reducir el elevado nivel de deuda pendiente del sector privado y la aún alta proporción de préstamos no productivos. La falta de algunos elementos reduce la eficiencia y la eficacia del marco aplicable a la insolvencia, lo que supone que los procedimientos de insolvencia son lentos y costosos. Al mismo tiempo, la ausencia de unos instrumentos de vigilancia adecuados impide un análisis correcto de los procedimientos de insolvencia y previos a la insolvencia, tanto los que están en curso como los nuevos, y no permite determinar los obstáculos o debilidades concretos. En octubre de 2018, Bulgaria solicitó la asistencia del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión para que le ayudase a avanzar en la reforma del marco aplicable a la insolvencia. El proyecto ha detectado deficiencias en el marco aplicable a la insolvencia y elaborará una hoja de ruta para subsanarlas. Es importante mantener el impulso de las reformas y aplicar la hoja de ruta resultante.

                  (11)

                  Bulgaria ha adoptado modificaciones legislativas en 2018 y posteriormente en mayo de 2019, y está trabajando para lograr una transposición totalmente coherente de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales). Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas. Las autoridades aún no han finalizado y notificado la evaluación nacional de riesgos, que constituye una piedra angular de la concepción de políticas nacionales adecuadas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, la evolución reciente del sector bancario apunta a la necesidad de reforzar la supervisión nacional de las transacciones financieras internacionales y de garantizar la aplicación efectiva del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Es menester dar una mejor respuesta al riesgo de corrupción, que es un delito accesorio al blanqueo de capitales. Las autoridades búlgaras tendrán que mostrar resultados concretos y presentar un historial sustentado por decisiones firmes en casos de corrupción de alto nivel. El recurso a la investigación financiera y a la elaboración de perfiles financieros es limitado.

                  (12)

                  Se está reformando la supervisión no bancaria. En septiembre de 2017, la Comisión de Supervisión Financiera adoptó un plan de acción para la reforma de la supervisión financiera no bancaria, en cooperación con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. La implementación y la ejecución plenas y oportunas del plan de acción, que aún están en curso, contribuirán a una supervisión adecuada del sector financiero no bancario. Se están llevando a cabo modificaciones de la legislación secundaria con el fin de mejorar las normas de valoración y su aplicación. Su aplicación y cumplimiento efectivos servirían para afrontar los problemas detectados en materia de valoración que aún persisten. Por último, la supervisión a nivel de grupo sigue siendo una dificultad en lo que respecta a garantizar la adecuación de una supervisión de seguros basada en el riesgo.

                  (13)

                  El sector de los seguros de vehículos presenta algunas vulnerabilidades. Unas normas sobre compensación bien especificadas facilitarían que los jueces pudieran tomar decisiones sobre cada asunto con un planteamiento más armonizado. A más largo plazo, dicha metodología ayudaría a reducir los costes, la volatilidad y el riesgo de suscripción en la línea de negocio de seguros de vehículos con cobertura de daños a terceros. La sostenibilidad del sector también se beneficiaría de una mejora del sistema de fijación de precios que tenga en cuenta el historial de conducción de los clientes. La Comisión de Supervisión Financiera ha propuesto un sistema de bonus-malus, que está siendo sometido a un amplio debate público. Por último, la liquidez de la «Oficina Nacional de la Carta Verde» ha suscitado importantes preocupaciones, fundamentalmente debido a que una aseguradora búlgara ha dejado siniestros impagados. El cumplimiento estricto de sus obligaciones por parte de todos los miembros es crucial para la credibilidad y la eficiencia del sistema.

                  (14)

                  Las infraestructuras adolecen de una importante falta de inversiones. La cobertura y la calidad de las infraestructuras de transporte han mejorado, pero aún se encuentran por debajo de la media de la Unión. La Red Transeuropea de Transporte en Bulgaria aún está incompleta. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado de manera importante durante los últimos cinco años. Es necesario seguir desarrollando tramos viarios y ferroviarios y los respectivos sistemas de gestión del tráfico ferroviario y sistemas de transporte inteligente europeos. Bulgaria tiene unos bajos índices de conexión y tratamiento de aguas residuales urbanas y unos niveles elevados de contaminación del aire y de vertido de los residuos municipales, mientras que su tasa de reciclaje es considerablemente inferior a la media de la Unión. Es necesario invertir en la promoción de una gestión sostenible de las aguas, la eficiencia de los recursos y la transición a una economía circular. Además, las necesidades de inversión en los ámbitos de la energía y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él son considerables. La alta intensidad energética de la economía y la lentitud de los avances en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, en particular en el sector de la construcción, están mermando la productividad y la competitividad de las empresas del país. Por tanto, se deben intensificar los esfuerzos para garantizar unos ahorros de energía significativos a través de inversiones orientadas a los sectores industrial, de la construcción y del transporte. El aumento de las inversiones en infraestructuras energéticas limpias (como una generación de energía eléctrica limpia e hipocarbónica y las redes inteligentes), en consonancia con las prioridades establecidas en el proyecto de plan nacional búlgaro para el clima y la energía, contribuirían a mejorar la competitividad general de la economía y la calidad de vida de la población.

                  (15)

                  A pesar de un incremento en el presupuesto público dedicado a investigación en 2018, el gasto en investigación y desarrollo (I+D) sigue siendo muy bajo tanto en el sector público como en el privado. La inversión privada en I+D está dominada por grandes empresas multinacionales y concentrada en la región de la capital. El lento ritmo de aplicación de las reformas y la elevada fragmentación del sistema de investigación, desarrollo e innovación obstaculizan la contribución de la inversión en I+D a la productividad y el crecimiento. Numerosas universidades e institutos de investigación siguen obteniendo malos resultados en investigación científica de alta calidad. Los vínculos entre ciencia y empresa siguen siendo débiles y la disponibilidad de capital humano en el sistema de I+D es un gran motivo de preocupación. Los clústeres y su potencial en Bulgaria están infradesarrollados, dado que con frecuencia les falta masa crítica. Nuevas reformas, combinadas con una gobernanza eficiente y una inversión pública más eficaz, pueden maximizar los efectos sobre la productividad y mejorar la competitividad de la economía. Además, mejorar la digitalización de las empresas e introducir nuevos modelos de negocio es crucial para la productividad del país.

                  (16)

                  Las reformas de la administración pública y de la administración electrónica siguen siendo lentas, lo que está dando lugar a una insuficiencia de las mejoras y a que persista la debilidad del entorno empresarial. Se ha adoptado una serie de reformas, pero su aplicación práctica se está ralentizando. Las deficiencias institucionales, la incertidumbre en lo que respecta a la regulación, la corrupción y una oferta de mano de obra insuficiente siguen estando entre los principales obstáculos a la inversión. La gobernanza del sector público podría beneficiarse de una mayor transparencia, unas normas más claras y una perspectiva a largo plazo. También son evidentes las deficiencias en el ámbito de los ensayos sobre productos y de la seguridad, debido a la limitación de los medios financieros y humanos. Además, aunque la inmensa mayoría de las medidas incluidas en la estrategia nacional de contratación pública ya han sido adoptadas, su aplicación exige que el seguimiento, el control y la evaluación sean continuos. El frecuente uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas representan una amenaza para la transparencia y la eficacia del sistema. La capacidad administrativa del sector de la contratación pública supone actualmente un desafío, como también la profesionalización de los compradores públicos y las adquisiciones agregadas. El importante retraso en la adopción de la contratación electrónica está impidiendo una mejora más acusada de la transparencia y la eficiencia de los procedimientos de contratación pública.

                  (17)

                  El mercado de trabajo ha mejorado, pero sigue presentando deficiencias. La tasa de empleo ha alcanzado su máximo nivel desde que Bulgaria se adhirió a la Unión, y la tasa de desempleo es inferior a la media de la Unión. Pese a esos avances positivos, algunos grupos, como las personas con baja cualificación, los jóvenes, los romaníes y las personas con discapacidad, aún se enfrentan a dificultades para encontrar un empleo. Se están aplicando medidas específicas de apoyo a los desempleados de larga duración, que representaban el 3 % de la población activa en 2018. Una combinación de medidas de divulgación eficaces y sostenibles, políticas activas del mercado de trabajo e integración de los servicios sociales y los de empleo podría mejorar la empleabilidad de los grupos desfavorecidos y sus posibilidades de encontrar trabajo.

                  (18)

                  El aumento de la escasez de personal cualificado en Bulgaria justifica unas inversiones importantes. La empleabilidad de los jóvenes podría aumentar si mejorasen la calidad y la eficacia de los períodos de formación y de aprendizaje en empresas. Además, la participación de la población adulta en medidas de mejora de capacidades y reciclaje profesional es muy baja. Pese a las medidas adoptadas para fomentar la adquisición de competencias digitales, el nivel de Bulgaria a ese respecto (solo el 29 % de la población búlgara posee competencias digitales básicas, frente el 57 % de media en la Unión) sigue entre los más bajos de la Unión.

                  (19)

                  A pesar de la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la fijación del salario mínimo y de varias rondas de negociaciones mantenidas en 2018, los empresarios y los sindicatos aún tienen posiciones encontradas en lo que respecta a los criterios que deben aplicarse al determinar el salario mínimo. Existe margen para un mayor consenso sobre un mecanismo de fijación de salarios objetivo y transparente. Al mismo tiempo, pese a que la implicación de los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de las políticas y las reformas parece haber aumentado, sigue siendo necesario mantener un apoyo continuo a un diálogo social reforzado.

                  (20)

                  Los resultados educativos aún son malos y siguen estando fuertemente influidos por la situación socioeconómica de los padres. Esto es reflejo de dificultades relacionadas con la calidad y el carácter inclusivo del sistema de educación y formación. El nivel de inversión de Bulgaria en educación es insuficiente, en particular en educación preescolar y primaria, dos niveles fundamentales para crear igualdad de oportunidades desde una edad temprana. El acceso a una educación y unos cuidados infantiles de calidad es escaso, especialmente en el caso de los romaníes y de los niños de otros grupos desfavorecidos. La tasa de abandono escolar prematuro aún es elevada, lo que conlleva consecuencias negativas para la empleabilidad futura y los resultados del mercado de trabajo. La adecuación de la formación profesional al mercado laboral y la disponibilidad de formación profesional dual siguen siendo insuficientes. Aunque se están aplicando algunas medidas, es preciso poner mayor empeño para garantizar que el conjunto de capacidades que adquieren los titulados superiores pueda solucionar la escasez de capacidades a corto y medio plazo de forma constante. Se han puesto en marcha medidas para reciclar al profesorado y aumentar el atractivo de la profesión. No obstante, los programas educativos iniciales y continuos para los profesores tienen que mejorarse, y aún es necesario realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo del personal del sector educativo.

                  (21)

                  Bulgaria aún se enfrenta a una elevada desigualdad de ingresos y de riesgo de pobreza o exclusión social. Pese a haber registrado un descenso, la tasa de pobreza o exclusión social de 2018 fue del 32,8 %, aún superior a la media de la Unión. El sistema de seguridad social no cubre a todas las personas con empleo y el sistema de protección social es insuficiente para abordar las cuestiones sociales importantes. Esto refleja el bajo nivel de gasto social, la desigual disponibilidad de servicios sociales en todo el territorio y los limitados efectos redistributivos del sistema tributario. En 2018, los ingresos del 20 % más rico de la población eran 7,7 veces superiores a los del 20 % más pobre, una diferencia que aún está entre las mayores de la Unión. A pesar de esas medidas, la adecuación y la cobertura de la renta mínima siguen siendo limitadas y aún se echa en falta un mecanismo objetivo para su actualización periódica. Los servicios sociales adolecen de baja calidad y de falta de un enfoque integrado en favor de la inclusión activa. Persisten las disparidades en el acceso a los servicios sociales, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. Esto menoscaba su capacidad de proporcionar un apoyo completo a los más vulnerables, como los romaníes, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las personas que viven en zonas rurales. Parte de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible. En consecuencia, es necesario poner mayor empeño en fomentar la inclusión activa, promover la integración socioeconómica de los grupos vulnerables, incluidos los romaníes, mejorar el acceso a servicios de calidad y hacer frente a la privación material.

                  (22)

                  El sector de la asistencia sanitaria aún se caracteriza por el bajo nivel de gasto público. La población búlgara sufre limitaciones en el acceso a la asistencia sanitaria causadas por la distribución desigual de los limitados recursos y el bajo grado de cobertura de los seguros de salud. Los pagos directos son considerables, ya que tienen que compensar el reducido gasto público. La escasa disponibilidad de médicos de cabecera está limitando la prestación de atención primaria. Existe una importante escasez de enfermeras, cuyo número per cápita es uno de los más bajos de la Unión. Una aplicación más rápida y eficaz de la estrategia nacional de salud serviría para abordar esos puntos débiles.

                  (23)

                  En el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria, aunque tienen repercusión en el desarrollo de un entorno empresarial positivo en el país. El informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación de noviembre de 2018 señalaba que Bulgaria había perseverado en su labor de reforma del sistema judicial y de subsanación de las deficiencias en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, pero que era necesario acentuarla en otros ámbitos. La Comisión espera evaluar de nuevo los avances a principios del otoño de 2019.

                  (24)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Bulgaria aprovechar al máximo esos fondos en los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

                  (25)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (26)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019 y estima (7) que cabe esperar que Bulgaria cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (27)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Convergencia de 2019. Sus recomendaciones, formuladas con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 2 que figura a continuación.

            RECOMIENDA que Bulgaria tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Mejorar la recaudación tributaria a través de medidas específicas en ámbitos como los impuestos sobre el combustible y sobre el trabajo. Mejorar la gobernanza de las empresas estatales mediante la adopción y aplicación de la próxima legislación.

         2.

            Garantizar la estabilidad del sector bancario mediante el refuerzo de la supervisión, la promoción de una valoración de activos adecuada, incluidas las garantías bancarias, y la promoción de un mercado secundario operativo para los préstamos no productivos. Garantizar la supervisión efectiva y el cumplimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Reforzar el sector financiero no bancario mediante la aplicación efectiva de la supervisión basada en el riesgo, las recientemente adoptadas directrices de valoración y la supervisión a nivel de grupo. Aplicar la futura hoja de ruta para abordar las deficiencias detectadas en su marco aplicable a la insolvencia. Fomentar la estabilidad del sector de los seguros de vehículos, haciendo frente a las dificultades del mercado y a las debilidades estructurales persistentes.

         3.

            Centrar la política económica relacionada con la inversión en la investigación y el desarrollo, el transporte, en particular su sostenibilidad, las infraestructuras relacionadas con el agua, los residuos y la energía y la eficiencia energética, teniendo en cuenta las disparidades regionales y mejorando el entorno empresarial.

         4.

            Aumentar la empleabilidad mediante el refuerzo de las competencias, incluidas las digitales. Mejorar la calidad, la adecuación al mercado de trabajo y la inclusividad de la educación y la formación, en particular para los romaníes y otros grupos desfavorecidos. Abordar la inclusión social mejorando el acceso a unos servicios de empleo y sociales integrados y aumentando la eficacia del apoyo a la renta mínima. Mejorar el acceso a los servicios sanitarios, en particular reduciendo los pagos directos y haciendo frente a la escasez de profesionales de la salud.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 7.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (6)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

         (7)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Chequia

text:
               5.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 301/15

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Chequia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2019 de Chequia
      (2019/C 301/03)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Chequia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2019 sobre Chequia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Chequia para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones adoptadas en años anteriores, así como los avances de Chequia en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 30 de abril de 2019, Chequia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

                  (4)

                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Chequia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno espera pasar de un superávit presupuestario del 0,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 0,2 % en 2020, que se prevé se deteriore gradualmente hasta el 0,5 % de aquí a 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (5), el objetivo presupuestario a medio plazo, que ha pasado de un déficit estructural del 1 % en 2019 al 0,75 % del PIB a partir de 2020, sigue alcanzándose con creces durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2019, la ratio deuda pública/PIB debería disminuir gradualmente hasta el 29,7 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios parecen globalmente equilibrados, previéndose un mayor aumento de los salarios públicos y las transferencias sociales que contrasta con una pequeña reducción de los ingresos totales como porcentaje del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se deteriore hasta aproximadamente el -0,1 % del PIB en 2019 y el -0,4 % del PIB en 2020, manteniéndose por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que, conforme a las previsiones, Chequia cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

                  (6)

                  Chequia presenta riesgos medios de sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas a largo plazo, debido primordialmente a los costes del envejecimiento de la población. El principal factor que afecta negativamente a la sostenibilidad a largo plazo es el gasto en pensiones, ya que se espera que aumente alrededor de dos puntos porcentuales del PIB de aquí a 2070. Los riesgos a largo plazo se derivan de una demografía desfavorable, unida a la limitación de la edad legal de jubilación a los 65 años. Como consecuencia de ello, la tasa de dependencia de las personas mayores, comparando a las personas de edad avanzada con la población activa, prácticamente casi se duplica y alcanzará aproximadamente el 50 % en 2070. Las medidas adoptadas recientemente mejoran la adecuación de las pensiones. Junto con una indización más generosa de las prestaciones de jubilación, el Gobierno aumentó el importe de la pensión básica e incrementó las pensiones de los pensionistas de más edad. Con todo, estas medidas no van acompañadas de políticas que mejoren la sostenibilidad. Por ejemplo, la armonización entre el aumento de la esperanza de vida y la edad legal de jubilación no es automática. En la actualidad, cualquier cambio en la edad de jubilación (jubilación legal y anticipada) debe ser propuesto por el Gobierno y aprobado por el Parlamento. Estas medidas también pueden combinarse con políticas del mercado de trabajo que fomenten carreras profesionales más largas y la participación de los grupos infrarrepresentados. El aumento previsto de los gastos públicos de asistencia sanitaria derivados del envejecimiento de la población asciende a 1,1 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2070, lo que también reduce la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. En este contexto, una mayor consolidación del sector hospitalario y la inversión en la asistencia sanitaria y social primaria e integrada podrían aumentar la rentabilidad del sistema sanitario.

                  (7)

                  El Banco Nacional Checo puede recomendar límites macroprudenciales de créditos hipotecarios, pero, según la legislación vigente, sus facultades sancionadoras son limitadas, puesto que carece de autoridad formal de ejecución. Aunque en general los bancos checos cumplen con las recomendaciones, los límites legislativos vinculantes probablemente aumentarían el nivel de cumplimiento entre los bancos checos y otros proveedores de préstamos hipotecarios, lo que garantizaría la estabilidad financiera y reduciría los riesgos para los prestatarios. Aún es objeto de debate una propuesta legislativa por la que se modifica la Ley sobre el Banco Nacional Checo.

                  (8)

                  Pese a leves mejoras, la corrupción sigue constituyendo un problema para las empresas y puede obstaculizar la actividad económica. La parte positiva es que las reformas instauradas en 2017, en particular sobre contratación pública, se están aplicando actualmente y algunas medidas pendientes fueron adoptadas finalmente por el Gobierno y presentadas al Parlamento para su posterior debate. Entre ellas se cuentan propuestas para ampliar el papel de la Oficina Suprema de Auditoría a las regiones y municipios, así como sobre los nombramientos en las empresas estatales, un ámbito en el que pueden surgir conflictos de intereses y en el que la regulación es esencial. No obstante, aún no se han adoptado las propuestas relativas a la protección de los denunciantes de irregularidades y a los grupos de presión.

                  (9)

                  El mercado laboral checo funciona muy bien. El empleo ha aumentado constantemente durante los últimos siete años y el desempleo se ha reducido considerablemente. No obstante, el potencial del mercado de trabajo de las mujeres con niños pequeños, las personas poco cualificadas y las personas con discapacidad sigue estando infrautilizado. En un contexto de escasez de mano de obra, existe un claro margen para incrementar su participación en el mercado laboral. Las diferencias laborales y salariales entre mujeres y hombres siguen siendo elevadas a pesar de las recientes medidas que han flexibilizado los permisos parentales y han aumentado el número de guarderías. La tasa de empleo de las mujeres sigue estando muy por debajo de la de los hombres. La escasa disponibilidad de servicios de guardería asequibles, los largos permisos parentales, el escaso uso de modalidades de trabajo flexibles y la falta de centros de cuidados de larga duración siguen influyendo sobremanera en la participación en el mercado de trabajo. En 2017, solo el 6,5 % de los niños menores de tres años acudían a guarderías oficiales (frente a una media del 34,2 % en la Unión). A pesar de que las personas poco cualificadas representan una pequeña proporción de la población, su tasa de empleo es bastante inferior a la de las personas con cualificación media y alta. Del mismo modo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad sigue siendo baja. Debido a la capacidad limitada, los servicios públicos de empleo no ofrecen actualmente un apoyo personalizado y continuo a los demandantes de empleo. El aumento de las capacidades de comunicación y activación de los servicios públicos de empleo, unido a unas políticas activas del mercado de trabajo eficaces y bien orientadas, contribuiría a impulsar la participación de los grupos desfavorecidos.

                  (10)

                  Las limitaciones laborales y demográficas en una economía manufacturera intensiva justifican una mayor inversión en educación y formación, destinadas también a los adultos empleados, para garantizar que el país afronte los retos planteados por los cambios estructurales en la economía, como los futuros cambios tecnológicos. Podrían surgir desajustes cualitativos en las cualificaciones, entre ellos los debidos a la automatización y la robotización futuras, en particular en el sector digital. Los nuevos puestos de trabajo requerirán nuevas competencias e inversiones significativas, en particular en lo que se refiere a las competencias profesionales técnicas más avanzadas y las competencias digitales. Aunque en los últimos años se han tomado varias iniciativas para establecer una estrategia global en materia de capacidades, estas todavía no se han convertido en un auténtico sistema global.

                  (11)

                  Los resultados educativos siguen estando profundamente afectados por la situación socioeconómica de los estudiantes. En 2016 se adoptó, con el apoyo del Fondo Social Europeo, una reforma para que la educación sea más inclusiva. Su éxito dependerá de la disponibilidad de financiación nacional, suficiente y sostenible, de una mayor formación para docentes y asistentes, y de un aumento de la sensibilización acerca de los beneficios de una educación inclusiva. Aun siendo globalmente positivos, los efectos de la reforma de la educación inclusiva sobre la participación de los niños gitanos en la educación general siguen siendo limitados. La escasa inversión, el escaso atractivo de la profesión docente y las desigualdades socioeconómicas frenan el nivel educativo alcanzado. Hay escasez de profesores debido al poco prestigio de la profesión, los bajos salarios en comparación con otras profesiones, a pesar de los recientes aumentos, y las limitadas oportunidades de desarrollo profesional. La docencia sigue siendo una profesión relativamente poco atractiva para los jóvenes con talento. Habida cuenta de ello, la escasez de profesores cualificados, unida a la desfavorable evolución demográfica prevista, indica que en el futuro podría ser más difícil contratar y conservar profesorado.

                  (12)

                  A pesar de que Chequia es un país de tránsito, las obras de las redes europeas de transporte, incluidos los corredores de la RTE-T, distan mucho de estar acabadas. La infraestructura de transporte suburbano también sigue siendo deficiente, lo que limita la asequibilidad de la vivienda y la capacidad de los ciudadanos para desplazarse al trabajo. Las deficiencias que presentan las conexiones de transporte también resultan disuasorias para la actividad empresarial, especialmente en las regiones alejadas. Aunque el proceso de suburbanización está en curso en las zonas metropolitanas, las redes de transporte suburbanas sufren retrasos, en particular en el caso de la infraestructura ferroviaria. El país obtiene malos resultados en materia de objetivos hipocarbónicos, en particular en lo relativo al porcentaje de energías renovables en el transporte y la utilización de vehículos eléctricos. Además, el crecimiento previsto de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos puede no ser suficiente para responder a la demanda futura. Una mayor inversión en el transporte sostenible también podría reducir la contaminación atmosférica y acústica, atenuando su impacto en la salud pública, especialmente en las zonas urbanas. La infraestructura digital está mejorando, pero persiste la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, ya que solo el 59 % de los hogares rurales están cubiertos por redes de banda ancha de alta velocidad. La modernización de las redes más antiguas de infraestructura de cobre con soluciones fijas de acceso inalámbrico no bastará para alcanzar los objetivos de conectividad de 2025. Para atender a las futuras necesidades de conectividad, es necesario invertir en redes de muy alta capacidad (es decir, fibra óptica) y en medidas adecuadas relativas a la demanda.

                  (13)

                  La intensidad energética de la economía checa sigue siendo una de las más elevadas de la Unión, dado que la eficiencia energética solo está mejorando lentamente, en particular en el sector de la construcción. La intensidad energética alcanza sus niveles más elevados en los sectores industrial y residencial. La mejora de la eficiencia energética constituye una oportunidad para aumentar la competitividad de Chequia, reduciendo los costes de la energía para los hogares y las empresas, desarrollando industrias más limpias y aumentando la cadena de valor. El carbón domina el sector de la electricidad y es la mayor fuente de emisiones de carbono, lo que supone una amenaza importante para la calidad del aire local. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado considerablemente en los cinco últimos años. En cuanto a la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos, faltan medidas apropiadas en lo que respecta a una prevención adecuada, la preparación y la resiliencia ante las catástrofes.

                  (14)

                  Es posible que la carga administrativa y reglamentaria esté obstaculizando las inversiones. Muchas empresas checas consideran que esa carga administrativa y reglamentaria es un gran obstáculo para la inversión. La rápida evolución de la legislación y los complejos procedimientos administrativos siguen constituyendo obstáculos importantes para la actividad empresarial. El coste de la ejecución de los contratos, los cambios frecuentes de la normativa fiscal y laboral y la dificultad para obtener permisos de construcción podrían estar desincentivando la inversión en el país. El grado de carga administrativa también varía sustancialmente entre las regiones. Las recientes propuestas tienen por objeto reducir la complejidad de los procedimientos de planificación, en particular en el caso de los grandes proyectos de infraestructuras. Además, el Gobierno tiene previsto elaborar una nueva ley sobre la construcción para 2021, con la participación de los interlocutores sociales. La responsabilidad de la vigilancia del mercado de los productos se reparte entre varias organizaciones, presenta solapamientos y plantea dificultades que entorpecen una coordinación eficiente y una cooperación eficaz.

                  (15)

                  A pesar de haber experimentado una mejora en términos de transparencia y de formación impartida, las prácticas de contratación pública siguen estando rezagadas en términos de competitividad debido a la elevada proporción de procedimientos en los que se recibe una sola oferta, de uso de criterios de calidad y de confianza en las instituciones públicas. La inmensa mayoría de las decisiones en materia de contratación pública siguen basándose en el precio más bajo, ya que sigue pendiente la adopción de un enfoque estratégico. Se ha hecho más hincapié en la contratación centralizada y en el uso de conocimientos técnicos compartidos, pero su despliegue es bastante lento, a pesar de su potencial demostrado.

                  (16)

                  Chequia todavía no ha creado un ecosistema de innovación plenamente operativo y basado en la investigación y el desarrollo nacionales. El país sigue siendo un innovador moderado a escala de la Unión, a pesar del aumento de la intensidad de la investigación y el desarrollo. Estos resultados pueden estar vinculados a una inversión pública carente de una estrategia plenamente coherente para aumentar los modestos resultados de la investigación y mejorar la cooperación entre el sector privado y el mundo académico. Las mejoras de la productividad están impulsadas principalmente por las grandes empresas extranjeras, mientras que las empresas nacionales les van a la zaga en términos de generación de valor añadido. Por otra parte, la productividad total de los factores —indicador de la eficacia de la utilización de capital y de mano de obra en la producción—, ha ido creciendo a un ritmo relativamente lento. Prestar mayor atención a la innovación nacional podría impulsar la productividad en todo el espectro empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas.

                  (17)

                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Ello permitiría a Chequia aprovechar al máximo esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades regionales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

                  (18)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chequia y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chequia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chequia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (19)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2019 y estima (6) que cabe esperar que Dinamarca cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

            RECOMIENDA a Chequia que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

         1.

            Mejorar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo de los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria. Adoptar las medidas pendientes de lucha contra la corrupción.

         2.

            Fomentar el empleo de las mujeres con niños de corta edad, en particular mejorando el acceso a servicios asequibles de guardería, y de los grupos desfavorecidos. Aumentar la calidad y el carácter inclusivo de los sistemas de educación y formación, en particular mediante el fomento de las competencias técnicas y digitales y la promoción de la profesión docente.

         3.

            Centrar la política económica de inversión en el transporte, en particular en su sostenibilidad, en la infraestructura digital y en la transición hacia una economía hipocarbónica y energética, incluida la eficiencia energética, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Reducir la carga administrativa de la inversión y apoyar una competencia más basada en la calidad en la contratación pública. Eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de un ecosistema de innovación que funcione plenamente.

         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            M. LINTILÄ

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 12.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (6)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.