title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bélgica y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Bélgica

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/36

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bélgica y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Bélgica
   (2016/C 299/09)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la Comisión adoptó el informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016 (3). Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre Bélgica fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015 e incluyó un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Bélgica no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Un debilitado comportamiento del sector exterior combinado con un elevado endeudamiento público puede plantear riesgos en el futuro. Sin embargo, la evolución reciente apunta a una mejora de la competitividad. Las medidas correctoras, que incluyen la moderación salarial y la reducción de las cotizaciones a la seguridad social, han llevado a una ralentización del crecimiento de los costes laborales. El endeudamiento del sector público no está disminuyendo, pero los riesgos a corto plazo parecen controlados.

               (3)

               El 29 de abril de 2016, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               El Programa de Estabilidad de 2016 indica que la repercusión presupuestaria de la excepcional afluencia de refugiados en 2015 y 2016 y de las medidas de seguridad excepcionales adoptadas en 2016 es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos subvencionables adicionales para los refugiados ascendieron al 0,03 % del PIB en 2015, mientras que el impacto adicional en 2016 se estima en el 0,17 % del PIB, en el caso de los gastos relacionados con los refugiados, y en el 0,12 % del PIB, en el caso de las medidas de seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permitirían hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la entrada de refugiados así como la gravedad de la amenaza terrorista sean acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas belgas sea significativo y la sostenibilidad no se vea comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por lo tanto, el ajuste requerido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2015 ha sido reducido para tener en cuenta los costes adicionales relacionados con los refugiados. En lo que atañe a 2016, en la primavera de 2017 se llevará a cabo una evaluación final, incluidos los importes subvencionables, sobre la base de los datos observados proporcionados por las autoridades belgas.

               (6)

               Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. El 18 de mayo de 2016, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no logró avances suficientes en el cumplimiento de la norma en materia de deuda en 2015. El análisis concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 2,6 % del PIB en 2015 al -0,2 % del PIB en 2019. Se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo revisado de aquí a 2018, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado (5) apunta a un déficit estructural del 0,4 % del PIB en 2018. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo del 106,2 % del PIB en 2016 para luego ir bajando hasta el 99,6 % a más tardar en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo de desviación considerable respecto del ajuste recomendado en 2016, así como en 2016 y 2017 tomados en conjunto, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas. En caso de que la repercusión presupuestaria de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad excepcionales sea excluida de la evaluación, la desviación proyectada en 2016 deja de ser significativa. No se prevé que Bélgica cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2016 ni, una vez finalizado el período transitorio, el parámetro de reducción de la deuda en 2017. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, el Consejo considera que existe el riesgo de que Bélgica no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016 y 2017.

               (7)

               Un elevado nivel de endeudamiento público se combina con los mediocres resultados de las exportaciones y la competitividad. Los resultados exteriores se han deteriorado desde 2000, como demuestran las pérdidas de cuota de mercado mundial, y se han visto agravados por exportaciones orientadas principalmente hacia mercados menos dinámicos. Aunque la tendencia negativa de las cuotas de mercado se ha estancado en los últimos años, las pérdidas acumuladas siguen siendo importantes. La especialización en segmentos de mercado con una mayor exposición a la competencia de precios también dificulta la capacidad exportadora del país. Esta situación es difícilmente compatible con los elevados costes laborales del país. Los costes laborales unitarios venían aumentando rápidamente hasta hace poco como consecuencia de un bajo incremento de la productividad y, en particular, un rápido aumento de los salarios. Esto último puede atribuirse a determinadas características del sistema de fijación de salarios. Por un lado, los márgenes de aumento salarial real fueron fijados reiteradamente en un nivel demasiado alto. Por otra parte, la inflación superó en repetidas ocasiones las expectativas y la registrada en los países vecinos. La diferencia estructural entre las tasas de inflación subyacente de Bélgica y de los países vecinos se debe principalmente al mayor crecimiento de los precios de los servicios y al funcionamiento insatisfactorio del mercado minorista. Esta inflación se transmitió al incremento salarial a través de la práctica general de indización automática de los salarios. Juntos, estos factores mermaron la eficacia del altamente coordinado sistema de fijación de salarios. Para detener la disminución de competitividad y su impacto negativo en los resultados de las exportaciones y el empleo, las autoridades belgas han intervenido en los últimos años en el proceso de fijación de salarios. Se han impuesto medidas de moderación salarial, como limitar los aumentos de los salarios reales y suspender los sistemas de indización de los salarios. Además, se están aplicando reducciones a las cotizaciones a la seguridad social. Sin embargo, para garantizar la durabilidad de la corrección, son necesarias reformas estructurales del marco de fijación salarial en consonancia con las recomendaciones del Consejo de los últimos años. Aunque el Gobierno se propone revisar la Ley de 1996 relativa a la promoción del empleo y a la salvaguarda de la competitividad, que constituye la base sobre la cual los interlocutores sociales fijan la «norma salarial» cada dos años, hasta ahora se han logrado pocos avances. Garantizar un vínculo más formal entre salarios y productividad contribuiría a consolidar los recientes avances registrados y evitaría una repetición de problemas del pasado.

               (8)

               Se han realizado algunos progresos en el funcionamiento general del mercado de trabajo. Se han reforzado los incentivos al trabajo mediante medidas destinadas a reducir la cuña fiscal y cambios en el sistema de prestaciones por desempleo. Sin embargo, considerables diferencias de empleo entre grupos de población específicos siguen provocando una infrautilización crónica de la mano de obra, especialmente entre las personas menos cualificadas, los jóvenes, las personas mayores y las personas de origen migrante. Además, al incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, los tipos impositivos marginales crean trampas de inactividad y salarios bajos para quienes aportan un segundo ingreso y para tipos de hogares específicos, como solteros y familias monoparentales. Por lo tanto, es importante poner a punto y aplicar políticas destinadas a fomentar el paso de la inactividad o el desempleo al empleo. Las desigualdades educativas vinculadas al entorno socioeconómico figuran entre las más elevadas de la Unión y el fracaso escolar explica en parte la insuficiencia profesional observada en el mercado de trabajo entre las personas de origen migrante. Las reformas educativas que se están introduciendo están especialmente destinadas a abordar el abandono escolar y a mejorar la prestación de atención a la infancia y de educación infantil. Las autoridades pertinentes pretenden mejorar la calidad y pertinencia del sistema de formación profesional. Estas reformas podrían facilitar una transición más fluida hacia una economía intensiva en conocimientos y cada vez más orientada a los servicios y paliar la inadecuación de las cualificaciones y la persistente escasez de mano de obra en algunas profesiones. Además, las muy bajas tasas de actividad y empleo de los trabajadores de más edad requieren políticas que fomenten el envejecimiento activo y apoyen la demanda del mercado laboral con respeto a los trabajadores de más edad. Por último, el recurso a medidas fiscales adicionales para facilitar la incorporación al trabajo podría estar justificado.

               (9)

               Hay todavía un margen considerable para mejorar la dimensión que no está ligada a los costes de la competitividad exterior. Para salvaguardar y mejorar los actuales niveles de protección social debería hacerse más hincapié en las mejoras de la productividad y en la inversión en capital intelectual. Esto requiere un impulso sostenido hacia productos y servicios asociados de más rango en la cadena de valor, sobre la base de mejores resultados en materia de innovación y utilización de los resultados de la I+D. A pesar de su sistema público de investigación de alta calidad, Bélgica cuenta con relativamente pocas empresas de rápido crecimiento en sectores innovadores. Por otra parte, el clima empresarial se ve obstaculizado por cargas administrativas y reglamentarias que dificultan la creación y expansión de las empresas. Los requisitos en materia de accionariado y las limitaciones de los derechos de voto, la forma jurídica y las actividades multidisciplinares frenan el dinamismo del mercado de los servicios a empresas. Las restricciones operativas y las restricciones a la instalación de locales minoristas tienen el mismo efecto en el sector minorista. Por otra parte, existen deficiencias en la eficacia del sistema de justicia, con una baja penetración de las tecnologías de información y comunicación. Juntos, estos factores constituyen obstáculos importantes a la inversión privada. Infraestructuras insuficientes y largos y pesados cuellos de botella también socavan el crecimiento de la productividad y la inversión. La red de transporte sufre el déficit de inversión más acuciante. La ubicación geográfica de Bélgica, unida a la presencia de organismos internacionales, ha permitido al país atraer a muchos centros de distribución, bases logísticas y sedes internacionales de diferentes empresas. Sin embargo, existe un creciente problema de congestión de tráfico en horas punta que debilita el atractivo del país para los inversores extranjeros y provoca importantes costes económicos y medioambientales. También se espera que Bélgica incumpla su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y padece graves problemas de contaminación atmosférica. Teniendo en cuenta la elevada concentración de actividades económicas alrededor de la capital y los puertos, los retos más urgentes son la mejora de las infraestructuras básicas de transporte ferroviario y por carretera y la construcción de los enlaces pendientes entre los principales centros económicos. Al mismo tiempo, es importante abordar la congestión en horas punta mediante la mejora de los servicios públicos de transporte, la optimización de la gestión del tráfico y la eliminación de las distorsiones del mercado y los incentivos fiscales adversos, tales como el trato favorable para los vehículos de empresa.

               (10)

               Otro reto es la adecuación de la generación de electricidad interna y la seguridad del suministro en general. Los cortes de suministro no planificados de varias instalaciones nucleares han suscitado dudas sobre cómo equilibrar la oferta y la demanda de electricidad, mientras que el calendario repetidamente revisado para la eliminación progresiva del parque nuclear ha creado un clima desfavorable para las decisiones de inversión a largo plazo. Esto se refleja en un aumento de las importaciones y en una seguridad de suministro cada vez más perjudicada. Aunque a corto plazo los riesgos de suministro han remitido, las necesidades de inversión a más largo plazo siguen siendo considerables. Además de una nueva capacidad de producción nacional importante y un nuevo incremento de las interconexiones, las redes inteligentes son necesarias para desarrollar la gestión de la demanda. Dado el considerable margen de tiempo para los grandes proyectos en el sector energético y la enorme necesidad de capacidad de sustitución a lo largo de la próxima década, una acción rápida será necesaria en particular en forma de marco jurídico adecuado que favorezca el aumento de la capacidad de generación.

               (11)

               Bélgica ha logrado algunos avances en la reforma del sistema tributario, en particular desplazando la presión fiscal del trabajo hacia otras bases imponibles, lo cual reducirá gradualmente la cuña fiscal sobre el trabajo. Las reducciones en el impuesto de las personas físicas y en las cotizaciones patronales a la seguridad social también ayudarán a reducir las diferencias. No obstante, el sistema tributario sigue siendo complejo, con bases imponibles erosionadas por exenciones específicas, desgravaciones y tipos reducidos. Algunas de estas exenciones implican pérdidas de ingresos, distorsiones económicas y una pesada carga administrativa. Además, la traslación tributaria no parece ser neutra desde el punto de vista presupuestario. Todavía hay un amplio margen de mejora de la concepción del sistema fiscal mediante la ampliación de las bases impositivas, lo que permitiría tanto unos tipos impositivos más bajos como menos distorsiones. También existe un potencial considerable para una traslación tributaria «verde» que proviene, entre otros factores, del tratamiento fiscal favorable de los coches de empresa y de las tarjetas de carburante, que contribuyen a la contaminación, la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero.

               (12)

               En los últimos años, Bélgica ha logrado importantes avances en la reforma de su sistema de pensiones. La Ley de 10 de agosto de 2015 sobre el aumento de la edad de jubilación, las condiciones para la jubilación anticipada y la edad mínima para las pensiones de supervivencia establece una nueva edad mínima y criterios de duración de carrera para las pensiones ordinarias. Sin embargo, incluso tras las recientes reformas, el aumento previsto en el porcentaje de gastos de pensiones sigue siendo considerable. Una vinculación automática con los cambios en la esperanza de vida, tal como se recomendó en el pasado, reduciría los riesgos de sostenibilidad a medio y largo plazo. A este respecto, el Gobierno ha anunciado su intención de implantar un sistema de pensiones basado en créditos que podría permitir mecanismos de ajuste automático para responder a la evolución demográfica. Estas cuestiones seguirán siendo objeto de un estrecho seguimiento en el marco del Semestre Europeo.

               (13)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (14)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2016 y 2017 a fin de:

               1.

               Conseguir un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y en 2017. Utilizar los beneficios inesperados para acelerar la reducción de la ratio de endeudamiento público. Acordar una distribución vinculante de los objetivos presupuestarios entre todos los niveles de la Administración. Simplificar el sistema tributario y eliminar los gastos fiscales distorsionadores.

               2.

               Llevar a cabo la revisión prevista de la Ley de 1996 sobre la promoción del empleo y la salvaguarda de la competitividad en consulta con los interlocutores sociales. Garantizar que los salarios pueden evolucionar en consonancia con la productividad. Garantizar la eficacia de las políticas de activación del mercado de trabajo. Avanzar en las reformas de la educación y de la formación profesional y prestar apoyo formativo a los grupos desfavorecidos, en particular a las personas de origen migrante.

               3.

               Impulsar la capacidad de innovación, especialmente mediante el fomento de la inversión en capital basado en el conocimiento. Aumentar la competencia en el sector de los servicios a las empresas y el sector minorista mediante la eliminación de restricciones operativas y de establecimiento injustificadas. Solucionar las carencias en inversiones en infraestructuras de transporte y en capacidad de generación de energía.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  DO C 96 de 11.3.2016, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  El saldo estructural recalculado por la Comisión sobre la base de la información del Programa de Estabilidad, siguiendo la metodología comúnmente acordada.

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación (UE) 2016/193 de la Comisión, de 10 de febrero de 2016, dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.° 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

text:
               13.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 38/9

         RECOMENDACIÓN (UE) 2016/193 DE LA COMISIÓN
   de 10 de febrero de 2016
   dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El traslado de solicitantes de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «el Reglamento de Dublín») está suspendido por los Estados miembros desde 2011, tras sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2) que detectaron deficiencias sistémicas en el sistema griego de asilo, lo que podía constituir una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional trasladados de los Estados miembros a Grecia en virtud del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo (3).

               (2)

               El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha estado supervisando la situación en Grecia desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictase la sentencia M.S.S/Bélgica y Grecia en 2011, sobre la base de los informes de situación que Grecia debe presentar como prueba de la ejecución de la sentencia y de los datos procedentes de las ONG y organizaciones internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que operan en Grecia.

               (3)

               Como consecuencia de la sentencia M.S.S, Grecia se comprometió a reformar su sistema de asilo sobre la base de un plan de acción nacional de reforma del sistema de asilo y la gestión de la migración presentado en agosto de 2010 y revisado en enero de 2013 (en lo sucesivo, «el plan de acción de Grecia»).

               (4)

               Con el fin de abordar las graves deficiencias del sistema griego de asilo, las autoridades griegas también pidieron a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) que prestase ayuda de emergencia a Grecia en 2011. La EASO prestó apoyo operativo del 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2014. Durante este período, los equipos de apoyo al asilo desplegados ayudaron a Grecia en la creación de los tres nuevos servicios, así como en la acogida de personas vulnerables, el tratamiento de las solicitudes pendientes de protección internacional, en particular en segunda instancia, y el aumento de la capacidad de absorción de los fondos de la Unión Europea. El 4 de diciembre de 2014, Grecia presentó a la EASO una nueva solicitud de apoyo especial y ahora se ha llegado al compromiso de que este apoyo se prestará hasta el final de mayo de 2016.

               (5)

               La situación en Grecia también llevó a la Comisión a presentar una serie de procedimientos de infracción contra este país, entre otros, respecto del acceso insuficiente al procedimiento de asilo; insuficiente capacidad de acogida y malas condiciones de acogida, incluso en centros de internamiento; omisión de la toma de impresiones dactilares de los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo; falta de tratamiento apropiado de los menores no acompañados; y falta de asistencia jurídica adecuada para la presentación de los recursos. La presente recomendación se entiende sin perjuicio de los procedimientos de infracción en curso o futuros que la Comisión pueda iniciar en relación con las cuestiones que se plantean en la presente recomendación.

               (6)

               Al mismo tiempo, la Comisión ha tomado medidas concertadas para ayudar a superar las deficiencias del sistema de asilo en Grecia. La Comisión ha supervisado la aplicación por Grecia de las medidas previstas en su plan de acción y ha proporcionado apoyo financiero y técnico, haciendo hincapié, entre otras cosas, en las medidas destinadas a abordar las preocupaciones planteadas en los procedimientos de infracción. En octubre de 2014 se presentó al Consejo un documento de trabajo de los servicios de la Comisión (4), que evaluaba la aplicación del plan de acción griego y ponía de relieve las deficiencias restantes en el sistema griego de asilo que necesitan atención urgente.

               (7)

               La Comisión ha colaborado estrechamente con todos los Estados miembros y Noruega, mediante reuniones ad hoc regulares del llamado «grupo de amigos de Grecia», presidido por la Comisión. Este grupo constituye un foro para el intercambio de información sobre el estado de ejecución del plan de acción de Grecia que permite, entre otras cosas, que los Estados miembros interesados propongan medidas de cooperación práctica, y se reunió por última vez el 27 de febrero de 2015. Además, la participación de la EASO, Frontex el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OMI) tiene por objeto garantizar la disponibilidad de información actualizada sobre la situación in situ.

               (8)

               Se ha asignado a Grecia un importe significativo de financiación de la Unión Europea para el período 2014-2020, destinado a apoyar las medidas nacionales adoptadas en el ámbito del asilo y la migración. En el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración se ha asignado un total de 294,5 millones EUR, así como un total de 214,8 millones EUR del Fondo de Seguridad Interior-Fronteras y Visados. Desde 2014 se han concedido a Grecia otros 133 millones EUR en virtud de la ayuda de emergencia. Además, se le concedió una financiación significativa en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados en el período 2008-2013, incluida financiación de emergencia por un total de 50,6 millones EUR.

               (9)

               Los retos a que se enfrenta Grecia se han visto considerablemente agravados por el importante aumento de la llegada de migrantes en el transcurso de 2015, que han ejercido enormes presiones sobre los recursos y la capacidad de Grecia para hacer frente a la gran afluencia de migrantes procedentes de fuera de la Unión Europea, incluido un gran número de personas que pueden necesitar protección internacional. En 2015, más de 868 000 migrantes irregulares llegaron a las islas griegas, creando una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes que requiere acción inmediata.

               (10)

               En mayo de 2015, la Comisión Europea presentó su Agenda Europea de Migración (5), y el 14 de septiembre de 2015 el Consejo adoptó una Decisión para reubicar a 40 000 personas con necesidad manifiesta de protección internacional desde Italia y Grecia, de las cuales 16 000 deben ser reubicadas a partir de Grecia (6). El 22 de septiembre de 2015, el Consejo adoptó una Decisión para reubicar a otras 120 000 personas procedentes de Italia y Grecia, de ellas al menos 50 400 desde Grecia (7). En total, en el marco de estas dos Decisiones del Consejo, al menos 66 400 personas serán reubicadas desde Grecia a otros Estados miembros a lo largo de dos años (8).

               (11)

               En septiembre de 2015 comenzó la aplicación del enfoque de «puntos críticos» en Grecia e Italia, con el apoyo de la Comisión, Frontex, EASO y Europol. El 29 de septiembre de 2015, la Comisión adoptó una Comunicación en la que resumía las medidas operativas, presupuestarias y jurídicas inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración, y pedía el pleno despliegue del plan de reubicación y de los Equipos de apoyo a la gestión de la migración que trabajan en zonas críticas. A tal efecto, el 1 de octubre de 2015 Grecia presentó al Consejo un plan de trabajo para la realización del plan de reubicación y puntos críticos que recoge determinadas acciones a las que debe concederse prioridad para garantizar la aplicación de las acciones pendientes acordadas en materia de asilo y acogida.

               (12)

               Tras la cumbre de dirigentes europeos de 25 de octubre de 2015, Grecia se comprometió a aumentar su capacidad de acogida a 30 000 plazas para finales de 2015, y a proporcionar subvenciones para alquiler y programas de familias de acogida para al menos 20 000 personas más con ayuda del ACNUR. Este total de 50 000 plazas pretende abordar las necesidades de acogida de migrantes irregulares y solicitantes de asilo en Grecia, incluidas las personas que puedan optar a la reubicación en otros Estados miembros.

               (13)

               En su reunión de 8 y 9 de diciembre de 2015, el Comité de Ministros del Consejo de Europa evaluó la ejecución de la sentencia M.S.S. Acogió con satisfacción la creación de la nueva autoridad administrativa para la inmigración; tomó nota del aumento de la capacidad de alojamiento de los solicitantes de asilo, así como del aumento previsto, y pidió a las autoridades que garantizasen un funcionamiento sostenible e ininterrumpido de las instalaciones de acogida abiertas y una prestación de servicios a un nivel adecuado. Se invitó a las autoridades a proseguir sus esfuerzos en relación con las condiciones de vida de los solicitantes de asilo en general y de los menores no acompañados en particular (9).

               (14)

               El 15 de diciembre de 2015, la Comisión adoptó una Comunicación sobre los progresos realizados por Grecia en el establecimiento de los puntos críticos, que resume la situación de Grecia en relación con la aplicación del plan de puntos críticos en las islas del mar Egeo (10). Este informe destacaba los nuevos compromisos asumidos por Grecia y el ACNUR para aumentar la capacidad de acogida, pero destacaba también la necesidad de que Grecia mejorase la capacidad de acogida en los puntos críticos y en el continente, en particular para los menores no acompañados y las personas vulnerables.

               (15)

               Ha habido algunas mejoras significativas en el sistema griego de asilo, como parte de las reformas de Grecia en el marco de su plan de acción (2010-2014). Se han creado tres nuevos servicios administrativos independientes de la policía griega: el servicio de primera acogida, las autoridades de apelación (creadas en 2011, pero actualmente no operativas) y el servicio de asilo (desde 2013). Las condiciones materiales de acogida y los centros de detención han mostrado una cierta mejora desde 2011, y algunos de los centros de detención con las peores condiciones se han cerrado. Sin embargo, Grecia aún debe seguir esforzándose para garantizar que su sistema de asilo funcione de plena conformidad con los requisitos de la legislación de la Unión.

               (16)

               El servicio de asilo griego cuenta con siete oficinas operativas regionales en Ática, Lesbos, norte de Evros, sur de Evros, Rodas y Salónica, incluida una oficina regional recién abierta en la isla de Samos en 2016. También están operativas tres unidades de asilo en las zonas de Amygdaleza, Patra y Xanthi, que examinan las solicitudes de protección internacional presentadas por migrantes irregulares detenidos. Es preciso contar con personal adecuado para que estas oficinas y unidades sean plenamente operativas. Las autoridades griegas también se han comprometido a abrir un total de 13 oficinas regionales de asilo. Grecia debe aún completar el establecimiento y adecuada dotación de personal de todas las demás oficinas regionales de asilo, según lo previsto en el plan de reubicación de 2015, a fin de permitir el acceso efectivo al procedimiento de asilo en todo el país.

               (17)

               La capacidad de acogida para los solicitantes de asilo en Grecia ha aumentado, pero sigue sin ser suficiente. Gracia debe garantizar que las condiciones en los alojamientos de acogida abiertos y cerrados, incluidos los servicios psicosociales y el acceso a la atención sanitaria necesaria, se ajustan a las normas en virtud de la legislación pertinente de la Unión, en particular la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) sobre las condiciones de acogida, y que reciben un mantenimiento adecuado. Grecia también debe garantizar la sostenibilidad de las condiciones de acogida a través de una financiación adecuada con cargo al presupuesto nacional o, en la medida disponible, a los fondos de la UE asignados.

               (18)

               Con el fin de garantizar un acceso a la tutela judicial efectiva de los solicitantes de asilo, Grecia estableció una autoridad de apelación, responsable del funcionamiento de los comités de apelación, competente para examinar los recursos presentados contra las resoluciones negativas en primera instancia del servicio de asilo. A finales de septiembre de 2015, el comité de apelación cesó en su actividad al expirar su mandato, por lo que los recursos contra las decisiones de denegación en primera instancia pueden interponerse, pero no pueden gestionarse. Por consiguiente, actualmente no está disponible en la práctica el acceso a un sistema de tutela judicial efectiva. Esta situación también socava la aplicación efectiva del procedimiento de reubicación, en los casos en que un solicitante presenta un recurso contra una decisión de reubicación o traslado.

               (19)

               Muchos solicitantes de asilo no cuentan actualmente con la asistencia jurídica gratuita necesaria que les permita recurrir las decisiones de asilo en primera instancia, de conformidad con las normas de la UE. Las disposiciones pertinentes de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) aún no se han incorporado al Derecho nacional, o no se han aplicado.

               (20)

               Ha habido mejoras en los procedimientos para la identificación de personas vulnerables en Grecia. El servicio de asilo, en cooperación con la EASO y el ACNUR, ha puesto en marcha un procedimiento de comprobación previa destinado a identificar a los solicitantes vulnerables, tales como menores no acompañados, con vistas a prestarles apoyo durante el procedimiento. Para los menores no acompañados, Grecia ha comunicado que se está siguiendo un procedimiento de identificación y determinación de la edad dentro del procedimiento de primera acogida y el procedimiento de asilo. Además, se está estableciendo un procedimiento para el tratamiento de los menores no acompañados por parte de la policía griega, el servicio de primera acogida y el servicio de asilo.

               (21)

               El sistema de tutela de los menores no acompañados debe ser objeto de mayor atención, dado que los fiscales nombrados para representar a los menores no tienen los recursos necesarios para gestionar el gran número de casos que se les remiten, y no hay ninguna institución u organismo al que los fiscales puedan consultar para nombrar tutores permanentes. Deben adoptarse medidas concretas para garantizar que todos los menores no acompañados sean inmediatamente remitidos a centros de acogida especiales y asistidos por personal especializado.

               (22)

               La suspensión desde 2011 de los traslados a Grecia al amparo del Reglamento de Dublín ha reducido significativamente la eficacia del funcionamiento del sistema de Dublín en la Unión Europea. La incapacidad de efectuar dichos traslados también socava la eficacia de las medidas de reubicación adoptadas en favor de Grecia en septiembre de 2015, en particular al eliminar uno de los principales incentivos para que los migrantes no realicen desplazamientos secundarios a otros Estados miembros.

               (23)

               Grecia ha tomado medidas importantes para mejorar el funcionamiento de su sistema de asilo, pero sigue habiendo deficiencias. Por tanto, Grecia debe tomar urgentemente todas las medidas necesarias para permitir la reanudación de los traslados de Dublín, en particular que las personas trasladadas al amparo del Reglamento de Dublín puedan disfrutar de todos los derechos que les corresponden en virtud del acervo de la Unión Europea en materia de asilo, incluidos el acceso a un recurso efectivo contra una decisión negativa sobre una solicitud de protección internacional y unas condiciones de acogida adecuadas.

               (24)

               La presente recomendación identifica las principales acciones que debe tomar Grecia respecto de las deficiencias persistentes.

               (25)

               La presentación regular de información por Grecia sobre los avances en la aplicación de estas medidas, así como otros elementos pertinentes incluidos los próximos informes del ACNUR y otras organizaciones pertinentes, debe aclarar la evaluación de si las condiciones permiten a los Estados miembros reanudar los traslados individuales a Grecia en el marco del Reglamento de Dublín, teniendo en cuenta que el volumen de traslados y las categorías de personas que deben ser trasladadas deben corresponder al progreso específico que se realice.

               (26)

               La reanudación de los traslados a Grecia en el marco del Reglamento de Dublín también debe tener en cuenta que Grecia sigue recibiendo diariamente un gran número de potenciales solicitantes de asilo, y debe evitarse que Grecia soporte una carga insostenible.

               (27)

               La responsabilidad de decidir sobre dicha reanudación de los traslados corresponde exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros bajo el control de los órganos jurisdiccionales, que podrán plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo sobre la interpretación del Reglamento de Dublín.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   1.   Grecia debería garantizar que las condiciones de acogida para los solicitantes de protección internacional en Grecia cumplen las normas requeridas por la Directiva 2013/33/UE.
   2.   Grecia debería tomar las medidas necesarias para garantizar un acceso efectivo al procedimiento de asilo en todo su territorio, mediante el establecimiento de las 13 oficinas regionales de asilo y su mantenimiento. Las oficinas regionales del servicio de asilo deberían contar con personal suficiente para ser plenamente operativas y capaces de procesar todas las solicitudes de asilo. Las necesidades de recursos humanos deben calcularse en función del número de solicitudes de asilo presentadas en Grecia durante el último año. Con este fin, los procedimientos de contratación deberán ultimarse con carácter urgente.
   3.   Grecia debería garantizar que los comités de apelación sean plenamente operativos y estén dotados de personal suficiente, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva ante ellos contra las decisiones administrativas recién adoptadas sobre las solicitudes de protección internacional, y que tramiten todas las peticiones pendientes de revisión judicial de decisiones administrativas sobre solicitudes de protección internacional tan pronto como sea posible y en cualquier caso antes de finales de 2016.
   4.   Grecia debería garantizar que todos los solicitantes de asilo cuenten con la asistencia jurídica necesaria para la revisión judicial de las decisiones administrativas sobre las solicitudes de protección internacional, de conformidad con los requisitos de la normativa de la UE, y que el marco legislativo para la prestación de asistencia jurídica gratuita se adopte y aplique rápidamente.
   5.   Grecia debería garantizar que sus estructuras actuales para la identificación y el tratamiento de los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados, se adapten a los niveles exigidos por el acervo de la UE en materia de asilo y, en particular, los artículos 21 a 25 de la Directiva 2013/33/UE y el artículo 25 de la Directiva 2013/32/UE. Esto significa que Grecia debe garantizar la existencia del marco jurídico necesario y su plena aplicación a fin de asegurar que las necesidades de las personas vulnerables, incluidos los menores no acompañados, estén adecuadamente atendidas, en particular en términos de alojamiento y tutela.
   6.   Grecia debería garantizar que las 50 000 plazas de acogida que se comprometió a establecer para finales de 2015, en cooperación con el ACNUR, estén plenamente operativas lo antes posible, y que se asigne la financiación necesaria para garantizar de forma continuada el mantenimiento y los servicios esenciales tales como manutención y saneamiento.
   7.   Grecia debería garantizar que la programación de los fondos de la UE y la financiación procedente del presupuesto nacional permita aplicar estas recomendaciones.

      Información sobre las medidas adoptadas

               8.

               Grecia debería informar a la Comisión antes del 4 de marzo de 2016, y posteriormente con una periodicidad mensual, acerca de sus progresos en la aplicación de las medidas definidas en la presente Recomendación.

      Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 2016.

            Por la Comisión

         Dimitris AVRAMOPOULOS

            Miembro de la Comisión

      (1)  Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).

      (2)  M.S.S/Bélgica y Grecia (n.o 30696/09) y NS/Secretary of State for the Home Department, C-411/10 y C-93/10.

      (3)  Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 50 de 25.2.2003, p. 1), sustituido por el Reglamento (UE) n.o 604/2013.

      (4)  SWD(2014) 316 final.

      (5)  COM(2015) 240 final.

      (6)  DO L 239 de 15.9.2015, p. 146.

      (7)  DO L 248 de 24.9.2015, p. 80.

      (8)  DO L 248 de 24.9.2015, p. 80, y DO L 239 de 15.9.2015, p. 146.

      (9)  1 243a sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa (8-9 de diciembre de 2015).

      (10)  COM(2015) 678 final de 15 de diciembre de 2015.

      (11)  Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96) y DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.

      (12)  Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).


Avis juridique important

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31977H0534

77/534/CEE: Recomendación de la Comisión, de 25 de julio de 1977, por la que se establece un Código de conducta europeo relativo a las transacciones referentes a los valores mobiliarios

Diario Oficial n° L 212 de 20/08/1977 p. 0037 - 0043 Edición especial en español: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0015  Edición especial en portugués: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0015

 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN    de 25 de julio de 1977    por la que se establece un Código de conducta   europeo relativo a las transacciones referentes a los   valores mobiliarios     ( 77/534/CEE )    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS    1 . La realización de los objetivos enunciados en el   artículo 2 del Tratado de Roma y , en particular , el   desarrollo armonioso de las actividades económicas de la   Comunidad , exige que los capitales estén suficientemente   disponibles y que las fuentes de capitales estén   suficientemente diversificadas para poder financiar   del modo más racional las inversiones en el mercado   común .    Los mercados de valores mobiliarios están destinados a   permitir en todo momento una confrontación muy amplia de   la oferta y de la demanda de capitales . El buen   funcionamiento y la interpenetración de estos mercados   deberán , por consiguiente , considerarse esenciales   en la constitución de un « mercado común »   de capitales .    2 . Aunque las disparidades existentes entre los diferentes   mercados financieros de los nueve Estados miembros no   hayan constituido hasta ahora un obstáculo insuperable   para la realización de algunas transacciones   internacionales , el carácter incompleto de las   informaciones sobre los propios valores y el desconocimiento   de las normas en vigor sobre los diferentes   mercados han contribuido a limitar las inversiones   de la gran mayoría de los ahorradores a los mercados de   los países en que residen o a algunos grandes valores   internacionales que tienen cierta fama .    La reducción de tales disparidades puede , por   consiguiente , favorecer la interpenetración de los   mercados de los países miembros , sobre todo si va   acompañada de una mejora de las garantías ofrecidas   a los ahorradores .    I . Lugar del Código de conducta europeo en los   trabajos de aproximación del Derecho de los Estados   miembros .    3 . Basándose en su Decisión de 1968 relativa a la   información del público sobre los valores mobiliarios y   las condiciones de sus transacciones , la Comisión ha   procedido ya a diversos trabajos de armonización sobre   algunos puntos específicos , como « el contenido ,   el control y la difusión de los folletos que han   de publicarse en el momento de la admisión a   cotización oficial en una Bolsa de Valores de títulos   emitidos por sociedades » (1) o « la coordinación   de las condiciones para la admisión de los valores   mobiliarios a cotización oficial en una Bolsa de   Valores » (2) .    4 . Paralelamente a estos trabajos de armonización , que   dan lugar a directivas , y sin renunciar a esta forma de   armonización , que es la única que permite llegar al   fin perseguido , a saber , una verdadera integración   europea , la Comisión estima necesario recomendar a los   Estados , en un documento que trate un conjunto de problemas   relativos a las transacciones sobre los valores   mobiliarios , que velen por el respeto de un determinado   número de principios , ya muy ampliamente admitidos   en el conjunto de los países europeos , pero   cuyo recuerdo y aplicación ayudarán a crear , en   un campo en permanente evolución , una ética común que   facilitará considerablemente los trabajos de armonización   en curso mediante directivas , indicando desde ahora el   espíritu en que la Comisión se propone llevarlos a cabo .    5 . El presente Código de conducta , adoptado en forma   de Recomendación , merece por consiguiente un lugar   aparte en los trabajos de armonización de la Comisión :     - debido a la primacía dada al aspecto deontológico   sobre el aspecto reglamentario ,     - a causa de su deseo de respetar la dinámica del   mercado financiero y de la vida de los negocios ,   situándose deliberadamente en una óptica positiva de   mejora de los mecanismos del mercado y de la eficacia   de los que en él operan ,     - debido a que determinados temas abordados en el   Código de modo muy general podrán ser objeto , y algunos   ya lo son , de propuestas de directivas , toda vez que   resultará conveniente la necesidad de un marco jurídico   estricto .    II . Alcance jurídico de la Recomendación de la   Comisión    6 . La presente Recomendación se dirige a los Estados   miembros con el fin de que velen por el respeto , por   quienes están en condiciones de ejercer influencia sobre   el funcionamiento de los mercados de valores mobiliarios ,   de los principios contenidos en el Código de conducta ;   la Comisión , mediante consulta a los medios interesados ,   ha podido además comprobar que existe en ellos un amplio   consenso sobre los principios del Código .    7 . En cuanto al control del respeto de estos principios ,   es evidente que , aunque en todos los Estados se ha podido   comprobar que se es consciente de la necesidad de controlar   los mercados financieros , subsisten grandes diferencias   sobre el modo de proceder a dicho control .    La Recomendación , teniendo en cuenta estas diferencias ,   no exige a cada Estado miembro la creación de organismos   especializados , sino solamente la coordinación en el   ámbito de la acción de las diferentes asociaciones y   organismos interesados .    8 . Es preciso , no obstante , recordar que la   aplicación de un Código de conducta relativo a las   transacciones sobre los valores mobiliarios mediante   Recomendación , no prejuzga en absoluto la adopción   ulterior de directivas o reglamentos en una u otra   de las materias tratadas en el presente Código .   Algunas están ya , por la demás , en preparación .    9 . Asimismo , no se excluye que determinados Estados   consideren oportuno , para ajustarse a la Recomendación ,   legislar sobre el conjunto de los campos o sobre uno de los   temas cubiertos por el Código .    III . Contenido del Código    10 . En el Código se enuncia un objetivo fundamental ,   seguido de algunos principios generales y de determinados   principios complementarios .    11 . Los principios generales son las disposiciones   esenciales del Código y revisten una importancia   primordial .    Dichos principios son más importantes y sobrepasan   considerablemente las disposiciones más detalladas que   les siguen , y que sólo tienen valor ilustrativo .    Los principios generales son los que deben permitir   respetar el objetivo fundamental del Código ; el contenido   de éste debe ser comprendido e interpretado a la luz   de los mismos , sin limitarse a la letra de las disposiciones   complementarias que siguen .    A . El primer principio general hace hincapié en el   aspecto de la interpretación del Código . Dicho   principio recuerda que toda operación en los mercados de   valores mobiliarios debe efectuarse respetando las normas   y los usos de cada Estado para asegurar el buen   funcionamiento de los mercados , reglas y usos , a los que   se vienen a añadir , o los cuales refuerzan , los   principios del presente Código de conducta europeo .    B . El segundo principio general atañe a la información   completa y correcta de los ahorradores , pues la   ignorancia es siempre fuente de imperfecciones en un   mercado , sea éste el que fuere .    Si la información no se da , o si es incomprensible   o es mal interpretada por aquéllos a quienes está   destinada , si voluntariamente es manipulada o falseada ,   la cotización de los valores puede resultar completamente   artificial y el mercado no podrá cumplir su misión .   Un número importante de disposiciones previstas en la   segunda parte trata de este problema ( disposiciones   complementarias 7 a 15 ) . Esta necesidad de una   información correctamente difundida atañe a   situaciones tan distintas como la emisión o la   negociación de valores mobiliarios . También   en este campo han sido elaboradas propuestas   de directiva ( relativas en particular a la admisión   en Bolsa ) .    C . El tercer principio general se refiere a la   igualdad de los accionistas . La Comisión ha estimado ,   a pesar de determinadas críticas , que debe mantener el   principio de la igualdad de trato , ilustrando su   aplicación mediante dos disposiciones complementarias ,   que hacen hincapié , en particular , en una obligación   concreta de publicidad .    La decimoséptima disposición complementaria   mencionada la paridad de trato que debe ofrecerse a los   otros accionistas en caso de transferencia de una   participación de control , pero admite que la protección   de estos accionistas puede realizarse de otra manera , con   el fin de tener en cuenta la existencia , en Alemania , de   un derecho que limita los poderes del accionista dominante .    Debe quedar claro que el principio fundamental de la   igualdad de los accionistas desborda con mucho el   campo de aplicación de este Código . No se limita   tampoco , en el Código , a las cesiones de bloques de   acciones o a las disposiciones complementarias que   figuran en la segunda parte y que pueden referirse a él ,   tales como la explotación de informaciones no   publicadas que perjudiquen a los que no disponen de ellas o   la compartimentación de los mercados que permita   favorecer a determinados compradores o vendedores de   valores mobiliarios respecto de otros .    Es evidente que sólo cabe recordar algunas de las   situaciones en que tal principio puede ser aplicable ;   dificilmente puede ser completado , en el marco del   ámbito de aplicación del Código , de modo más   detallado sin peligro de omisiones que probablemente serían   rápidamente aprovechadas . Este principio indica una   vía que debe seguirse y el espíritu con el que deben   llevarse a cabo determinadas operaciones .    D . Los principios generales 4 , 5 y 6 se refieren de un   modo más preciso a determinadas categorías de personas   que , indudablemente , pueden desempeñar un papel   importante en la realización de los objetivos del   Código , a saber , los miembros de los órganos de   vigilancia , de administración y de dirección de una   sociedad ( principio 4 ) , los intermediarios financieros   y los profesionales de las transacciones sobre valores   mobiliarios ( principio 5 y 6 ) .    El cuarto principio general , después de haber recordado   que el Código se aplica en particular a los miembros de   los órganos de vigilancia , administración y dirección   de las sociedades , menciona más especialmente su deber   de abstenerse de toda acción que pueda obstaculizar el   buen funcionamiento del mercado de sus títulos y perjudicar   a los otros accionistas .    La intervención contemplada sobre el mercado de los   títulos de su sociedad , por parte de los responsables   sociales , puede no ser siempre una « acción » en el   sentido estricto de la palabra , ya que existen también   omisiones tan culpables , e incluso a veces más que   las acciones .    El quinto principio general recomienda a los   profesionales , o por lo menos a « quienes operen   habitualmente en los mercados de valores mobiliarios » ,   no comprometer , por la búsqueda de un beneficio   inmediato y desleal , la credibilidad y la eficacia del   mercado que por su propio interés deben promover .    Los conflictos de intereses que pueden producirse , por   ejemplo en los diferentes servicios del banco , debido a la   diversidad de misiones que un banquero tiene a veces   que desempeñar para su clientela , son el origen del sexto   principio general .    Aún admitiendo que los límites de una obligación de   discrección son muy difíciles de precisar , conviene   poner de relieve la necesidad de buscar los medios para   evitar este tipo de conflictos .    Un ejemplo permitirá comprender la dificultad de   precisar el alcance exacto de una norma de ese tipo : el   carácter secreto de una información dentro de una   entidad financiera , ¿ debe ser tan absoluto que no se   pueda desaconsejar una inversión ( sin especificar , sin   embargo , las razones que se tengan para desconfiar )   cuando no se trate de obtener una ganancia sino de evitar   una pérdida ? Será preciso dar este consejo sensato al   cliente , lo que es , efectivamente , una interpretación   razonable de este principio ; sólo la práctica , sin   embargo , permitirá descubrir si dicha interpretación   de la octava disposición complementaria puede convertirse   en una fuente de abuso y si la Recomendación de la   Comisión ha de ser reforzada en este punto concreto .    12 . Las disposiciones complementarias    Como su nombre indica , cumplen el fin de completar ,   especificándolos , ilustrándolos , los principios   generales . No son exhaustivas : podrán completarse , en   función de las situaciones concretas que aparezcan en los   diferentes mercados europeos , en las reuniones del Comité   de enlace encargado de informar a la Comisión sobre la   aplicación del Código . Dichas disposiciones   complementarias pueden dividirse en dos partes :    A . Las primeras disposiciones complementarias especifican   algunos elementos de lo que es necesario entender por un   « comportamiento leal » de los intermediarios   financieros .    Además del respeto a las disposiciones legales y   reglamentarias y a los usos en vigor , las reglas 1 a 6   describen algunas normas de conducta más específicas   de los intermediarios . La principal concierne ,   evidentemente , a la recomendación de ejecutar las   órdenes de un mercado organizado y a los límites   que deben fijarse para la contrapartida y la   compensación , operaciones que no están   formalmente desaconsejadas por el Código , pero   que es muy deseable someter a la vigilancia de las   autoridades de control , en la medida en que éstas puedan   asumir dicha obligación .    B . Las disposiciones complementarias siguientes , desde   la regla 7 hasta el final , se refieren a la necesidad de   la información .    Es evidente que muchas de las irregularidades , se   evitarían si la información correcta se hiciera pública   con gran rapidez y que de ese modo se limitarían al   mínimo el tiempo en que una información importante no se   difunde .    Los principios relativos a la información pueden   dividirse en varias partes , según que se refieran :    a ) a la creación de un mercado artificial   ( disposición 7 ) ;    b ) a la explotación abusiva de una información que no   ha sido hecha pública , pero que , si así fuese ( o   cuando lo sea ) , influiría en la cotización de uno o   varios valores de un modo sensible ( disposiciones 8   a 10 ) ;    c ) a los informes que deben facilitar al público las   autoridades del mercado y las sociedades ( disposiciones   11 a 14 ) ;    d ) a la igualdad de información de que deben poderse   beneficiar todos los inversores ( disposiciones 15   y 16 ) ,    y , por último ,    e ) a la información que debe proporcionarse en caso de   adquisición o eventualmente de cesión de una   participación que permita un control , de derecho o de   hecho , de una sociedad ( disposiciones 17 y 18 ) .    IV . Aplicación del Código de conducta europeo    13 . Al promulgar el Código de conducta europeo en   forma de Recomendación dirigida a los Estados miembros , la   Comisión es perfectamente consciente de que ésta no   vincula a los Estados en cuanto a los resultados que deben   alcanzarse ; la aplicación del Código de conducta   dependerá , pues , en gran medida de la cooperación   activa de quienes deben respetarlo y , sobre todo , de   la autoridad del organismo u organismos que velen por   su aplicación .    14 . Es fundamental que , teniendo en cuenta las   estructuras existentes , un organismo por lo menos en cada   Estado miembro ( autoridad de control , organización   profesional , etc. ) se encargue de comprobar la   aplicación del Código de conducta en el ámbito   nacional .    La designación de dicho organismo u organismos es un   problema interno de cada Estado .    No es necesario , en el espíritu de este Código , que   dichos organismos de vigilancia dispongan de poderes que   pertenezcan al poder público , ya que no se trata de una   regulación que implique la potestad de imponer sanciones   penales .    15 . No obstante , por tener que ser respetado el Código   de conducta en la Comunidad , será necesario que los   representantes de cada uno de los organismos de vigilancia   puedan reunirse en un Comité de enlace .    La Comisión podrá inspirarse en los trabajos de este   Comité de enlace para la puesta al día del presente   Código de conducta , teniendo en cuenta las dificultades   que surjan y las prácticas seguidas para la aplicación   del mismo .    Por estos motivos , con arreglo a las disposiciones del   Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y ,   en particular , al artículo 155 , la Comisión recomienda   a los Estados miembros , sin perjuicio de las disposiciones   reglamentarias o administrativas ya existentes :    1 . Que velen por el respeto , por quienes operan en los   mercados de valores mobiliarios o están en condiciones   de ejercer una influencia en el funcionamiento de dichos   mercados del objetivo fundamental de los principios   generales y de las disposiciones complementarias   contenidas en el Código de conducta europeo que figura en   el Anexo ;    2 . Que coordinen a tal fin la acción de las asociaciones   profesionales y de los organismos nacionales que   asuman , en cada Estado , el control del buen funcionamiento   del mercado y del comportamiento de los operadores ;    3 . Que designen a uno o varios representantes de dichas   asociaciones y organismos para que informen cada año a   la Comisión , y por primera vez un año después del   envío de la presente Recomendación , de las medidas   adoptadas para su ejecución y aplicación , de las   dificultades encontradas y de las sugerencias que parezcan   oportunas para completar o modificar el Código de conducta   europeo ;    4 . Que adopten las demás medidas que consideren útiles   para promover los principios contenidos en el Código y   controlar su aplicación .    Hecho en Bruselas , el 25 de julio de 1977 .    Por la Comisión    Christopher TUGENDHAT    Miembro de la Comisión    (1) DO n º C 131 de 13 . 12 . 1972 .    (2) DO n º C 56 de 10 . 3 . 1976 .    ANEXO    CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPEO    Objetivo fundamental del Código    En el marco del desarrollo y la integración de los   mercados de valores mobiliarios en la Comunidad Europea ,   el presente Código de conducta pretende que se respeten   determinados principios generales , acompañados de   unas disposiciones complementarias .    El objetivo del presente Código es formular , en el   ámbito europeo , las normas de un comportamiento leal que   contribuya al funcionamiento eficaz de los mercados de   valores mobiliarios ( es decir , al encuentro de la   oferta y la demanda de capitales en las mejores   condiciones ) y que aseguren una adecuada protección   de los intereses del público .    Definiciones    Con arreglo al presente Código , se entenderá :     - por valores mobiliarios : todos los títulos   negociados o que puedan negociarse en un mercado organizado ,     - por intermediarios financieros : toda persona que   intervenga a título profesional en las operaciones   relativas a los valores mobiliarios ,     - por ordenante : toda persona que tenga , en relación   con un título y con el mercado de éste , una posición   estratégica ( por ejemplo , los administradores   y directores de sociedades , los tenedores o compradores   de participaciones importantes ) y todos aquéllos   que estén en condiciones de ejercer una influencia sobre   la opinión pública ( por ejemplo , los analistas   financieros , los periodistas ) ,     - por mercados de valores mobiliarios : el mercado de la   cotización oficial y todos los mercados organizados   por o bajo el control de las autoridades competentes ,   así como todas las transacciones sobre valores   mobiliarios , comprendidas las transacciones según   lo convenido libremente entre particulares sobre valores   mobiliarios tales como los definidos más arriba .   La palabra mercado ( en singular ) se reserva a la   cotización oficial y a los mercados organizados ,     - por autoridades competentes : las competentes para   velar por el buen funcionamiento y por la información   del mercado en el ámbito nacional y , muy principalmente ,   las autoridades de la Bolsa y las Comisiones de control .    Principios generales    1 . El objetivo del presente Código y sus principios   generales deben ser respetados incluso en los casos no   cubiertos expresamente por una disposición   complementaria .    Toda operación en los mercados de valores mobiliarios   implicará el respeto no solamente de la letra , sino   también del espíritu de las disposiciones legales   o reglamentarias en vigor en cada Estado , así   como de los principios de buena conducta en uso en dichos   mercados o recomendados por el presente Código .    2 . El público debe disponer de una información leal ,   correcta , clara , suficiente y difundida a su debido   tiempo . La información se presentará de tal modo   que sea posible deducir fácilmente su significado   y alcance . Corresponde muy especialmente a quienes , en   razón de su profesión o de sus funciones , tienen el   deber o el poder de informar al público , velar por que   sea efectivamente así y que no resulte privilegiada   ninguna clase de personas .    3 . Debe asegurarse a todo tenedor de valores mobiliarios   de la misma naturaleza , emitidos por la misma sociedad ,   una igualdad de trato , en particular , en todo acto que   implique , directa o indirectamente , la transferencia   de una participación que permita un control ,   de hecho o de derecho , de una sociedad cuyos valores   mobiliarios se negocien en el mercado , se tendrá en   cuenta el derecho de todos los accionistas a ser tratados   del mismo modo .    4 . Los miembros de los órganos de vigilancia , de   administración y de dirección de una sociedad   cuyos valores mobiliarios se negocien en el mercado ,   así como los que la controlen de hecho o de derecho ,   se comportarán lealmente para realizar el objetivo   fundamental del presente Código de conducta . Se   abstendrán , en particular , de toda acción   que pueda obstaculizar el funcionamiento normal del   mercado de los títulos de su sociedad y perjudicar a los   otros accionistas .    5 . Quienes operen habitualmente en los mercados de   valores inmobiliarios tienen el deber de adoptar un   comportamiento leal con arreglo al objetivo del presente   Código , aún cuando ello pueda privarles , en   algunos casos , de ventajas financieras inmediatas .    6 . Los intermediarios financieros se esforzarán por   evitar todo conflicto de intereses , ya sea entre ellos   mismos y sus clientes u otras personas con las que   estén en relación profesional , ya sea entre estas   dos últimas clases de personas . Si , no obstante ,   se produjere dicho conflicto , los intermediarios   tomarán todas las medidas necesarias para no obtener   de esta situación una ventaja personal directa ni   indirecta y para evitar todo perjuicio a sus clientes o a   las otras personas con las que estén en relaciones   profesionales .    Disposiciones complementarias    1 . Quienes operen habitualmente en los mercados de   valores mobiliarios tienen el deber de reforzar la   confianza de los inversores en la lealtad del mercado ,   comportándose con gran probidad comercial y   respetando la deontología profesional .    2 . Los intermediarios financieros tienen el deber de   estar particularmente atentos al respeto del objetivo   fundamental de los principios generales del presente   Código de conducta .    Se negarán en particular a asociarse con quienes   intenten ir contra las disposiciones y principios   contemplados en el párrafo 2 del primer principio   general y no se prestarán a maniobras que puedan falsear   el funcionamiento normal del mercado .    3 . Nadie podrá incitar a una persona , intermediario   o no , a contravenir las disposiciones y principios   contemplados en el párrafo 2 del primer principio   general , ni ejercer presiones para obtener :    1 ) informaciones que no hayan sido hechas públicas   y no puedan ser divulgadas sin contravenir las normas   relativas a dichas informaciones ;    2 ) la realización de una operación irregular   o falta de honradez .    4 . Los intermediarios financieros buscarán y   aconsejarán las mejores condiciones para sus clientes   en lo que se refiere a la ejecución de las órdenes   que les sean confiadas , respetando el objetivo fundamental   y los principios generales del Código .    Ejecutarán las órdenes de que se hagan cargo en un   mercado organizado , a menos que el ordenante haya dado   expresamente instrucciones en contrario .    Sin embargo , si las condiciones de la negociación o la   naturaleza de los títulos hicieren muy difícil , o   incluso imposible , la ejecución de las órdenes   en mercado organizado , los intermediarios financieros   podrán presentarse como contrapartida de sus clientes o   compensar órdenes fuera de estos mercados , si bien   velarán por que ello no ocasione ningún perjuicio   a sus clientes y estarán en condiciones de   responder a cualquier petición de las autoridades   competentes sobre la justificación , el número y las   condiciones de las operaciones tratadas de esta forma .    5 . Los intermediarios financieros se abstendrán de   incitar a ventas o compras repetidas con el exclusivo objeto   de percibir comisiones .    6 . Los intermediarios financieros no revelarán la   identidad de sus ordenantes , salvo en el caso en que los   exija la regulación nacional o las autoridades   de control ( y en su caso con motivo de la instrucción   de un proceso penal ) .    7 . Toda tentativa o maniobra de personas que actúen   individualmente o de común acuerdo y que , por   cualesquiera medios fraudulentos , intenten producir o   produzcan el alza o la baja de precios de los valores   mobiliarios es contraria al objetivo del presente   Código .    En particular , se considerarán medios fraudulentos la   publicación o difusión de datos falsos , exagerados o   tendenciosos , así como el empleo de otros artificios   que tengan por objeto perturbar el funcionamiento   normal de los mercados .    Los intermediarios , así como los miembros de los   órganos de vigilancia , administración y dirección   de las sociedades cuyos valores mobiliarios se negocien   en los mercados de valores mobiliarios , que tuvieran   conocimiento de tales tentativas o comprobaran   dichas maniobras , se esforzarán portomar las medidas   necesarias para desbaratarlas . Informarán sin demora a   las autoridades competentes y a las sociedades de   que se trate .    8 . Los intermediarios financieros se esforzarán por   mantener el carácter secreto , incluso entre los   diferentes departamentos o servicios de sus entidades ,   de las informaciones de que se beneficien con ocasión   del cumplimiento de sus funciones , que no estén   todavía publicadas y que , si lo fueren , podrían   influir de un modo apreciable en la cotización de   un valor mobiliario .    Los intermediarios financieros , no podrán utilizar   en particular estas informaciones , ni en las operaciones   que efectúen por su propia cuenta en los mercados   de valores mobiliarios ni en las operaciones que   tengan que aconsejar o efectuar por cuenta de sus clientes .    9 . Todas las personas que dispongan , con motivo del   ejercicio de su profesión o de su función , de una   información que no haya sido hecha pública , relativa   a una sociedad o al mercado de sus títulos o a   algún acontecimiento que interese al mercado en general ,   que pudiera , si se publicare , influir de manera   apreciable en la cotización de uno o varios valores   mobiliarios , se abstendrán de realizar , directa o   indirectamente , cualquier operación por la cual   aprovechan dicha información , así como de comunicarla   a un tercero para beneficiarle antes de que sea hecha   pública .    10 . Los mercados de valores mobiliarios deberán estar   suficientemente abiertos para impedir compartimentaciones   que permitan negociar simultáneamente un mismo valor en   mercados diferentes a precios diferentes .    11 . Cuando un valor mobiliario se negocie en el mercado ,   el público será informado , independientemente de las   diferentes cotizaciones de las transacciones , del volumen   de las mismas , a menos que la organización de dicho   mercado no le permita , por otro medio , apreciar la   liquidez de su inversión .    12 . Toda sociedad cuyos valores mobiliarios se negocien   en los mercados de valores mobiliarios deberá publicar   periódicamente , por lo menos cada seis meses , una   información clara , precisa , completa y actualizada   sobre su actividad , resultados y situación financiera .   Toda decisión o hecho importante que pueda ejercer una   influencia apreciable sobre la cotización de los valores   mobiliarios deberá así mismo ser hecha pública   sin demora .    13 . Cuando una decisión o hecho importante ,   contemplado en la disposición anterior , no pueda ser   hecho público sin demora , por ejemplo porque de ello   pudiera derivarse un perjuicio grave para la sociedad   o porque no se hayan cumplido todavía determinadas   formalidades , pero la sociedad estime que existe riesgo de   indiscreción , ésta informará a las autoridades   competentes . Estas tomarán las medidas necesarias   para salvaguardar el adecuado funcionamiento del   mercado hasta que dicha decisión o hecho pueda hacerse   público . Podrán , en particular , si ello resulta   inevitable , suspender las negociaciones durante el   plazo necesario .    14 . Es deseable que la emisión pública de valores   mobiliarios vaya precedida de la publicación de un   folleto .    La existencia de dicho folleto y los lugares en que es   posible obtenerlo se mencionarán en toda la publicidad   relativa a dicha emisión .    15 . Ningún inversor o grupo de inversores podrá ser   tratado , en lo que a información , se refiere de un modo   más favorable que otros o que el público . El acceso   a la información estará abierto sin restricciones   a todos los inversores .    16 . En cada emisión de valores mobiliarios de la misma   categoría que se negocien o puedan negociarse   simultáneamente en varios mercados , el emisor deberá   esforzarse por no favorecer a ninguno de estos mercados .    17 . Las transacciones que impliquen la transferencia de   una participación de control con arreglo al tercer   principio general no deben hacerse clandestinamente sin   información a los demás accionistas y a las autoridades   de control del mercado .    Es deseable que se ofrezca a todos los accionistas de la   sociedad cuyo control haya sido transferido la posibilidad   de ceder sus títulos en condiciones idénticas ,   salvo que se beneficien por otro lado de una protección   que pueda considerarse equivalente .    18 . Toda adquisición o intento de adquisición en el   mercado , aisladamente o mediante una acción concertada ,   sin informar al público , de una participación de   control con arreglo al tercer principio general es   contraria al objetivo del presente Código .