title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Hungría 2020/C 282/17

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/107

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Hungría
      (2020/C 282/17)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Hungría fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Hungría con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Hungría a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en los distintos territorios debido a sus diferentes modelos de especialización. Es el caso, por ejemplo, de las regiones que carecen de dotación en activos clave o que dependen en gran medida de sectores en los que el trato cara a cara con el cliente es importante. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las desigualdades territoriales en Hungría, agravando la tendencia ya observada a que se amplíen las disparidades entre zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 5 de mayo de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020 el 4 de mayo de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Hungría se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

                  (12)

                  El 14 de junio de 2019, el Consejo recomendó a Hungría garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 1,0 % del producto interior bruto (PIB). La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019 tomados en conjunto. Sin embargo, a la luz de la activación de la cláusula general de salvaguardia, en el caso de Hungría no está justificado que se adopten medidas adicionales en el marco del procedimiento de desviación significativa.

                  (13)

                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 2,0 % del PIB en 2019 a un déficit del 3,8 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya hasta el 2,7 % del PIB en 2021 y que llegue de forma gradual al 1,0 % del PIB en 2024. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 66,3 % en 2019, aumentaría hasta el 72,6 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Existen riesgos subyacentes a las previsiones presupuestarias, a saber, riesgos relacionados con gastos superiores a los previstos (en consonancia con tendencias del pasado a un gasto elevado al final del ejercicio), así como con ingresos potencialmente inferiores a los previstos porque la previsión de ingresos parece ser algo optimista.

                  (14)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Hungría ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de cuidados intensivos de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 2,8 % del PIB en 2020 y se financia en su totalidad mediante la reasignación de gastos dentro del presupuesto, reservas y nuevos impuestos. Algunas de estas medidas están dirigidas al apoyo al mercado de trabajo, las desgravaciones fiscales para las empresas y los gastos relacionados con la emergencia médica. Se han anunciado medidas adicionales para apoyar la recuperación (1,4 % del PIB) y el mercado de trabajo (0,4 % del PIB), pero aún no se ha especificado en qué consisten. Además, Hungría ha adoptado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en el 1,5 % del PIB. Las autoridades están trabajando en medidas adicionales que representan el 0,3 % del PIB. Entre estas medidas cabe destacar las garantías de crédito y de préstamo garantizados por el Estado. La incidencia presupuestaria global de las medidas fiscales notificadas en los Programas de Convergencia de 2020 difiere de la indicada en las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, ya que la Comisión solo evaluó y tuvo en cuenta las medidas fiscales que estaban suficientemente especificadas. Globalmente, las medidas adoptadas por Hungría están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena especificación y adopción de todas las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo anunciadas, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (15)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas húngaras sería del -5,2 % del PIB en 2020 y el -4,0 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 75,0 % del PIB en 2020.

                  (16)

                  El 14 de junio de 2019, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2018 se había observado en Hungría una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el 14 de junio de 2019 el Consejo formuló una Recomendación (8) en la que recomendaba a Hungría que tomara las medidas necesarias para garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019 y el 4,7 % en 2020, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 1,0 % y el 0,75 % del PIB. El 5 de diciembre de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/2172 (9), en la que se establecía que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 14 de junio de 2019, y el 5 de diciembre de 2019 emitió una recomendación revisada (10). En la Recomendación de 5 de diciembre de 2019, el Consejo instaba a Hungría a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 4,7 % en 2020, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB en 2020. Sobre la base de la evaluación global de la Comisión y a la vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia para 2020, que permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, se considera que Hungría ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 5 de diciembre de 2019.

                  (17)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Hungría del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (18)

                  El 11 de marzo de 2020, el Gobierno declaró un estado de excepción. El 12 de marzo se cerraron las fronteras para los viajeros, excepto para los ciudadanos y residentes del Espacio Económico Europeo que regresaran, así como para los trabajadores transfronterizos regulares. El tránsito de mercancías siguió estando permitido. El 16 de marzo de 2020 se cerraron las instalaciones de educación infantil, los centros de enseñanza y las universidades y se empezó a impartir enseñanza en línea. A partir del 17 de marzo de 2020, se obligó a cerrar los comercios no esenciales a las 15.00 h, mientras que los restaurantes solo podían permanecer abiertos para ofrecer comida para llevar. El 28 de marzo de 2020 se decretó un toque de queda parcial, que implicaba que las personas solo podían abandonar su lugar de residencia por razones debidamente justificadas y debían mantenerse a distancia unas de otras. Antes de la pandemia de COVID-19, la economía húngara se encaminaba a una ralentización gradual tras varios años de crecimiento extraordinario. El PIB real aumentó un 4,9 % en 2019. Tras el brote del virus, se aplicaron medidas de contención con relativa rapidez y, hasta ahora, las cifras oficiales de casos han sido limitadas. Sin embargo, se prevé que la recesión mundial afecte a las exportaciones con especial dureza, debido al predominio de sectores altamente cíclicos, como el del automóvil. También se prevé que afecte a los servicios turísticos y de transporte, que se ven afectados por las restricciones de viaje. Globalmente se prevé una aguda recesión, con inicio en el mes de marzo, que irá seguida de una recuperación económica gradual a partir del segundo semestre, dado que se supone que las medidas de contención irán levantándose de forma gradual. El desempleo podría aumentar rápidamente debido a la flexibilidad del mercado de trabajo. Los resultados económicos en 2020 dependerán de la duración del período de confinamiento y de la respuesta en materia de política económica. Las previsiones de primavera de la Comisión señalan una disminución del 7 % del PIB real en 2020, seguida de una recuperación del 6 % en 2021.

                  (19)

                  Desde mediados de marzo, el Gobierno ha anunciado varias oleadas de medidas para mitigar el impacto social y económico de la crisis de la COVID-19. El banco central ha adoptado medidas para proporcionar liquidez al sector financiero. Otras medidas para aumentar la liquidez de los hogares y las empresas son: a) una moratoria de pagos hasta el 31 de diciembre de 2020 en el caso de los préstamos y contratos de arrendamiento financiero para empresas y hogares, y b) una limitación del tipo de interés de los créditos al consumo. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Otras medidas, dirigidas sobre todo a los sectores más afectados por la crisis, como el turismo y los servicios, son las reducciones y exenciones temporales de impuestos, las subvenciones a la inversión, el desarrollo de infraestructuras, los préstamos subvencionados y garantizados y los programas destinados a reforzar el capital. A fin de conservar puestos de trabajo, el Gobierno ha puesto en marcha dos tipos medidas relacionadas con el mercado laboral. El régimen de reducción del tiempo de trabajo cubre hasta el 70 % de los salarios no percibidos durante tres meses en determinadas condiciones y hay un subsidio salarial específico dirigido al personal de investigación y desarrollo (I+D). El Gobierno adelantó un trimestre un recorte ya planificado de las cotizaciones a la seguridad social y anunció un complemento salarial puntual en el sector de la asistencia sanitaria. En general, si bien las medidas fiscales tienen por objeto apoyar a las empresas y conservar los puestos de trabajo, su alcance y cobertura siguen siendo limitados en comparación con las medidas que han adoptado la mayoría de los demás Estados miembros. Por otra parte, se ha planificado que se financien a través de reasignaciones entre capítulos del presupuesto y de impuestos recientemente aumentados, por lo que se prevé que tengan un efecto limitado desde el punto de vista de la estabilización macroeconómica.

                  (20)

                  Varios aspectos de los resultados en materia de salud siguieron siendo peores que en la mayoría de los Estados miembros, lo que refleja, en particular, la alta prevalencia de factores de riesgo entre la población y la limitada eficacia de la prestación de asistencia sanitaria. La participación pública en el gasto sanitario en Hungría fue considerablemente inferior a la media de la Unión. Aunque el nivel de necesidades médicas no satisfechas es bajo, el número de húngaros que debe hacer frente a gastos directos se sitúa por encima del promedio de la UE. Cada vez en mayor medida, esas personas se ven obligadas a recurrir a servicios de salud privados. Ello agrava el riesgo de dificultades financieras para los hogares húngaros y repercute en la equidad social y en los resultados en materia de salud. Es necesario realizar inversiones adicionales y reformas globales para racionalizar el uso de los recursos en el sistema sanitario, reducir las desigualdades de acceso y aumentar la calidad de la asistencia. Los servicios de prevención y de atención primaria están infrafinanciados y sigue aprovechándose poco su potencial para mejorar la calidad, la accesibilidad y la relación coste/eficacia del sistema sanitario. Aunque las autoridades han empezado a trabajar para aliviar la considerable escasez de profesionales sanitarios en Hungría, las disparidades regionales en su distribución siguen dificultando el acceso a la asistencia en algunas zonas y algunos grupos vulnerables, como las comunidades gitanas marginadas y las personas con discapacidad, también se enfrentan a obstáculos específicos. Ante la profunda alteración de la demanda de sistemas sanitarios generada por la pandemia de COVID-19, es necesario actuar con rapidez para empezar a abordar esos retos estructurales y aumentar la resiliencia del sistema sanitario húngaro.

                  (21)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia pueden ser significativas, y aún está por determinar el impacto del Decreto gubernamental de 18 de marzo de 2020 por el que se permiten excepciones al Código de Trabajo acordadas bilateralmente. Según las previsiones de la Comisión, el desempleo aumentaría hasta el 7,0 % en 2020 y se recuperaría, hasta el 6,1 %, en 2021. Los sectores excesivamente afectados por la crisis representan una gran parte de la economía húngara, que da empleo a trabajadores con baja a media cualificación en contratos de trabajo muy flexibles. Hasta principios de 2020, la tasa global de empleo siguió mejorando en un contexto de fuerte expansión económica, pero esto no benefició a todos los grupos por igual. Las diferencias en materia de empleo entre grupos de cualificaciones y entre hombres y mujeres siguieron siendo grandes en comparación con la media de la Unión, y esta última diferencia se debe en parte a la escasez de servicios de atención infantil de calidad. Pese a que se ha ido reduciendo, sigue teniendo un alcance considerable el programa de obras públicas, que no consigue emplear a los participantes en el mercado de trabajo primario. Existe margen para reforzar otras políticas, de tal manera que ayuden eficazmente a las personas desempleadas o inactivas a encontrar empleo o acceder a formación y que estén más centradas en estas personas. La duración de las prestaciones de desempleo es la más corta de la Unión —tres meses como máximo— e, incluso en condiciones económicas muy favorables, estaba muy por debajo del tiempo necesario por término medio para encontrar empleo. En consonancia con los principios del pilar europeo de derechos sociales, es necesario que los regímenes y medidas de protección social protejan a quienes corren riesgo de perder su empleo, así como a los trabajadores por cuenta propia y los desempleados. Los expedientes de regulación temporal de empleo, en los que los empleados reciben ayuda a la renta del Estado por las horas no trabajadas, constituyen una buena forma de proteger el empleo. Durante la pandemia, los expedientes de regulación temporal de empleo son más eficaces si su administración es sencilla y rápida, y si la admisibilidad no está limitada a determinados sectores o tipos de empresas.

                  (22)

                  Si bien la situación general de la pobreza en Hungría mejoró antes de la pandemia, la tendencia puede invertirse rápidamente durante la recesión. Las desigualdades en materia de ingresos han aumentado en la última década, debido en parte a los cambios en el sistema fiscal y de prestaciones. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, tanto la privación material grave como la privación material y social eran elevadas, especialmente entre los hogares con varios hijos y entre la población gitana. La escasez de pisos municipales para el alquiler social y la falta de apoyo financiero a los arrendatarios dificulta la movilidad. La prestación de renta mínima permanece nominalmente inalterada desde 2012 y es una de las más bajas de la Unión. Se prevé que la pandemia afecte más gravemente a los grupos vulnerables que carecen de acceso a atención y servicios esenciales y que viven en hogares con hacinamiento. Será necesario adoptar medidas que fomenten la activación y la integración laboral de dichos grupos cuando se recuperen las economías. Incluso antes de la crisis, los resultados en materia educativa se situaban por debajo de la media de la Unión y estaban muy influidos por el contexto socioeconómico de los alumnos. Las tasas de abandono escolar prematuro fueron elevadas, especialmente entre los alumnos gitanos. La baja participación de los grupos vulnerables en una educación de calidad constituye una oportunidad perdida para formar capital humano y cohesión social. El salario de los profesores es uno de los más bajos de la Unión. El escaso número de estudiantes de educación superior no se corresponde con la fuerte demanda de trabajadores muy cualificados. Es probable que el inesperado cambio a un aprendizaje a distancia aumente aún más las desigualdades. Las pruebas de competencia nacionales anuales ponen de manifiesto que es difícil llegar a muchos alumnos a través de la educación digital, debido a la falta de herramientas digitales. Los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos sufren también los efectos negativos del aprendizaje a distancia, debido al hacinamiento en los hogares y al bajo nivel educativo de los padres. Las inversiones recientes y en curso en digitalización educativa han sido importantes y deben continuar.

                  (23)

                  En el contexto de la crisis de la COVID-19, es especialmente importante garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas y la libre circulación de mercancías en todo el mercado interior, así como supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro en cooperación con los países vecinos. Hungría es una pequeña economía abierta que cuenta con un intenso transporte transfronterizo de mercancías. Además, muchos húngaros trabajan en el extranjero y se desplazan con una periodicidad semanal. Hungría también puede necesitar trabajadores fronterizos estacionales en el sector de la agricultura. Las restricciones de viaje impuestas actualmente pueden retrasar la circulación de mercancías y trabajadores, pero podrían aliviarse mediante corredores verdes en los pasos fronterizos.

                  (24)

                  Entre los servicios, el comercio minorista es uno de los sectores más afectados, debido a las medidas que han impedido a muchas empresas funcionar del todo o que han limitado sus operaciones de manera significativa. La flexibilidad reglamentaria ayudaría al comercio al por menor a recuperarse de las secuelas de la COVID-19. Hungría tiene el mayor número de profesiones reguladas en la Unión. Los servicios profesionales desempeñarán un papel importante para facilitar la salida de la crisis y la recuperación posterior. Por tanto, es esencial que se garanticen el acceso a las profesiones y el ejercicio de estas mediante la racionalización de sus marcos reglamentarios y los procedimientos administrativos conexos, especialmente en el caso de las pymes y las microempresas —incluidos los profesionales que ejercen a título Individual—, que se han visto especialmente afectadas por la crisis. Las medidas encaminadas a facilitar liquidez a las empresas mediante préstamos y garantías, centradas en las pymes, son de suma importancia y es necesario que los intermediarios distribuyan eficaz y rápidamente el aporte de liquidez a las empresas. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. El aplazamiento del pago de deudas tributarias y cotizaciones sociales, así como la reducción del plazo de pago de las deudas contractuales de las autoridades públicas, también pueden contribuir a mejorar la tesorería de las pymes. Las empresas emergentes y en expansión de nueva creación pueden necesitar un apoyo específico, como incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en ellas. Tales medidas de apoyo también ayudarán a evitar ventas «a precio de saldo» de empresas europeas de importancia estratégica.

                  (25)

                  La investigación y la innovación son un motor fundamental para el crecimiento y la competitividad a largo plazo. Hungría tiene la calificación de «innovador moderado». La escasez de trabajadores altamente cualificados es un obstáculo clave para la innovación. El gasto en investigación y desarrollo (I+D) está aumentando lentamente y ha sido estimulado principalmente por las empresas, que se benefician a este efecto de la mayor ayuda pública de toda la Unión. Sin embargo, el gasto en I+D en el sector público ha disminuido en la última década. Invertir en pymes innovadoras y reforzar la cooperación entre empresas, la investigación, el mundo académico y el sector público aumenta la capacidad de investigación e innovación del país que reclama la crisis de la COVID-19. Las inversiones en investigación e innovación públicas y un entorno de investigación favorable son necesarios para la recuperación.

                  (26)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. El plan nacional de energía y clima de Hungría identifica las inversiones necesarias para emprender la transición energética y climática. Junto con la inversión en digitalización y en la transición ecológica, todo ello hará que la economía húngara sea más sostenible y resiliente una vez que el país se haya recuperado de la crisis. En la actualidad, la eficiencia energética en el sector residencial es baja, lo que también contribuye a la contaminación atmosférica. Las persistentes infracciones de las normas en materia de calidad del aire tienen graves repercusiones para la salud y el medio ambiente. Entre las principales fuentes de contaminación atmosférica se encuentran la combustión doméstica de combustibles sólidos, la agricultura y las emisiones del transporte. Solo el 1 % del consumo interior bruto de energía procede de fuentes renovables con bajas emisiones de carbono, y la biomasa altamente contaminante contribuye aproximadamente al 10 %. Las instalaciones solares, que partían de un nivel bajo, han experimentado un rápido aumento. De conformidad con su plan nacional de energía y clima y con la neutralidad climática a largo plazo, Hungría tiene intención de basarse más en fuentes de energía renovables, principalmente en la energía solar. En la actual situación económica, la política energética puede generar un crecimiento ecológico y contribuir a la recuperación económica. Hasta que se produjo la pandemia de COVID-19, la congestión vial ha constituido un desafío cada vez mayor, que acarrea un impacto económico negativo y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación atmosférica. Una mayor generalización del teletrabajo y unos sistemas de transporte público más atractivos también ayudarían a mitigar el impacto medioambiental del transporte. La economía circular aún está en una fase inicial, el reciclado de residuos municipales no está suficientemente desarrollado y los instrumentos de política económica no ofrecen incentivos suficientes. La descarga en vertederos sigue siendo el método predominante en la gestión de residuos. La calidad y el suministro de agua siguen suscitando preocupación. Las competencias digitales de los húngaros y el uso de tecnologías digitales por las empresas y los servicios públicos siguen estando por debajo de la media de la Unión. Deben mantenerse los esfuerzos por ofrecer unos servicios públicos digitales eficientes para los ciudadanos y las empresas. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Hungría a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Hungría optimizar el uso de este Fondo.

                  (27)

                  La duración del estado de excepción declarado el 11 de marzo de 2020 no está predefinida y el Gobierno tiene poder discrecional para mantenerlo o ponerle fin. Las medidas concretas adoptadas por el Gobierno durarán hasta que concluya el estado de excepción. El 30 de marzo de 2020, el parlamento húngaro aprobó una nueva ley que permite al gobierno anular mediante decreto cualquier ley. Las competencias excepcionales otorgadas parecen ser más amplias que las adoptadas en otros Estados miembros, teniendo en cuenta el efecto combinado de una definición muy general de estas competencias y de la falta de un límite de tiempo claro. Determinadas medidas de emergencia adoptadas utilizando estas competencias plantean dudas en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, e interfieren con actividades empresariales y con la estabilidad del entorno reglamentario. Entre tales medidas cabe citar establecer excepciones en la legislación laboral, desplegar agentes de enlace militar en empresas estratégicas y someter a una sociedad cotizada a supervisión por el Estado. El 26 de mayo de 2020, el Gobierno presentó en el parlamento húngaro un proyecto de ley por el que se pediría al gobierno que pusiera fin al estado de excepción y aboliría la ley del 30 de marzo de 2020 al final del estado de excepción. Según la ley fundamental, la decisión de poner fin al estado de excepción sigue siendo prerrogativa del Gobierno. El refuerzo de la independencia judicial también sería fundamental para una supervisión eficaz de las medidas de emergencia en cuestión.

                  (28)

                  La participación de los interlocutores sociales en las iniciativas políticas y en su implantación ha sido insuficiente en los últimos años, lo que ha debilitado la calidad y la previsibilidad de la formulación de políticas y ha aumentado las posibilidades de que se cometan errores políticos. Se han eludido reiteradamente consultas y evaluaciones de impacto mediante la aplicación de procedimientos legislativos especiales, como proyectos de ley presentados por diputados a título Individual y procedimientos de urgencia. La participación de las partes interesadas se ha debilitado aún más durante el actual sistema de gobernar mediante decreto gubernamental, especialmente teniendo en cuenta el Decreto gubernamental de 18 de marzo de 2020 que permite excepciones bilaterales del Código de Trabajo.

                  (29)

                  La falta de competencia en la contratación pública sigue siendo un importante motivo de preocupación, ya que una mayor apertura a la competencia es clave para hacer frente a la crisis, reavivar el sector de las pequeñas empresas y ayudar a la reanudación de la economía. A pesar de los nuevos cambios legislativos y de la digitalización de la contratación pública, casi la mitad de las licitaciones públicas desembocan en un procedimiento de oferta única. El elevado número de ofertas únicas socava la eficacia del sistema de contratación pública. La profesionalización de la contratación pública podría contribuir a mejorar el cumplimiento de las normas de la Unión y a hacer posible una contratación estratégica. Las auditorías de la Comisión sobre contratación pública relacionadas con proyectos cofinanciados por la Unión y llevadas a cabo en los últimos años han detectado deficiencias sistémicas y han puesto de manifiesto puntos débiles en el sistema de control de la contratación pública. En 2019, la Comisión impuso a Hungría correcciones financieras por valor de aproximadamente 1 000 millones de euros debido a estas deficiencias.

                  (30)

                  La lucha contra la planificación fiscal abusiva es fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Hungría ha adoptado medidas contra la planificación fiscal abusiva mediante la aplicación de iniciativas previamente acordadas a nivel internacional y europeo, pero el hecho de que no se apliquen retenciones en origen en Hungría sobre las salidas de ingresos a centros financieros extraterritoriales podría proporcionar una vía de escape para que salgan beneficios de la Unión sin que se pague la parte de impuestos que corresponde. Si bien las salidas de ingresos como cánones, intereses y dividendos, hacia centros financieros extraterritoriales fueron relativamente bajas en el período 2013-2017, Hungría registra entradas y salidas de capital volátiles y relativamente altas a través de entidades instrumentales, lo que apunta a una posible vulnerabilidad con prácticas de planificación fiscal abusiva.

                  (31)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (32)

                  La corrupción, el acceso a la información pública y la libertad de prensa han sido motivo de preocupación incluso antes de la crisis. Estos ámbitos presentan aún más riesgo de deterioro con el estado de excepción, dado que los mecanismos de control se han debilitado. La investigación judicial y el enjuiciamiento parecen ser menos eficaces en Hungría que en otros Estados miembros. Falta una actuación sistemática decidida para enjuiciar la corrupción de alto nivel. Preocupa la rendición de cuentas cuando se decide archivar investigaciones judiciales, ya que no existen vías de recurso efectivas contra las decisiones de la fiscalía de no enjuiciar una supuesta actividad delictiva. Las restricciones de acceso a la información siguen obstaculizando la lucha contra la corrupción. Las prácticas disuasorias contra el acceso a la información pública pueden desalentar a los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales de ejercer sus derechos constitucionales.

                  (33)

                  El Semestre Europeo establece el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Hungría contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (34)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones por país dirigidas a Hungría en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (35)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (11), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Hungría que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, impulsar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Abordar la escasez de trabajadores sanitarios y garantizar un suministro adecuado de productos médicos e infraestructuras esenciales para aumentar la resiliencia del sistema sanitario. Mejorar el acceso a servicios de calidad en los ámbitos de la prevención y la atención primaria.

                  2.

                  Respaldar el empleo mejorando los expedientes de regulación temporal de empleo, aumentando la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y ampliando la duración de las prestaciones por desempleo. Mejorar la adecuación de la asistencia social y garantizar el acceso a servicios esenciales y a una educación de calidad para todos.

                  3.

                  Garantizar que se adopten medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pymes. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, el transporte sostenible, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, el fomento de la investigación e innovación y la infraestructura digital de los centros de enseñanza.

                  4.

                  Garantizar que todas las medidas de emergencia sean estrictamente proporcionadas, limitadas en el tiempo y conformes con las normas europeas e internacionales y que no interfieran con las actividades empresariales y la estabilidad del entorno reglamentario. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales y de las partes interesadas en el proceso de elaboración de políticas. Mejorar la competencia en la contratación pública.

                  5.

                  Reforzar la fiscalidad contra el riesgo de planificación fiscal abusiva.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 101.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Recomendación del Consejo, de 14 de junio de 2019, dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría (DO C 210 de 21.6.2019, p. 4).

         (9)  DO L 329 de 19.12.2019, p. 91.

         (10)  Recomendación del Consejo, de 5 de diciembre de 2019, dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría (DO C 420 de 13.12.2019, p. 1).

         (11)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Malta 2020/C 282/18

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/116

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Malta
      (2020/C 282/18)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Malta fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Malta con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Malta hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Malta a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 30 de abril de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020 el 2 de mayo de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (10)

                  Malta se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (11)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,5 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 7,5 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 3,6 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 43,1 % en 2019, aumentaría hasta el 54,5 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (12)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Malta ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4,1 % del PIB. Entre ellas se encuentran ayudas a las rentas del trabajo en los sectores en dificultades, el aumento de la capacidad de atención sanitaria y medidas sociales relacionadas con la COVID-19. Por otra parte, Malta ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. El Programa de Estabilidad de 2020 estima que gracias a las garantías estatales los bancos podrán apalancar la cartera de nuevos préstamos a las empresas en hasta un 6,1 % del PIB. Las garantías de préstamos son una de estas medidas. El Programa de Estabilidad de 2020 también confirma los aplazamientos del pago de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades, el IVA y las contribuciones sociales anunciados. Globalmente, las medidas tomadas por Malta están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (13)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas maltesas sería del -6,7 % del PIB en 2020 y del -2,5 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (14)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Malta del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (15)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, Malta adoptó medidas de contención: una campaña de comunicación sanitaria eficaz, medidas de aislamiento físico, una cuarentena, medidas de seguimiento, un gran número de pruebas y rastreo de contactos. Las autoridades maltesas también han trabajado para aumentar la capacidad de los hospitales, incluidos los dedicados a unidades de cuidados intensivos. La adquisición directa de equipos de protección individual se está llevando a cabo a nivel nacional. Malta también se ha incorporado al proceso de contratación pública conjunta de la Unión de equipos de protección individual, reactivos y pruebas de laboratorio y respiradores. Por lo que respecta a los medicamentos y a los principios activos, Malta está llevando a cabo un seguimiento activo de la situación para detectar y anticipar posibles carencias y adoptar medidas correctoras inmediatas, especialmente en caso que los países que normalmente suministran los medicamentos o principios activos cierren sus fronteras. El 12 de mayo de 2020, la Comisión aprobó un plan (por valor de 11,5 millones EUR) de apoyo a las inversiones para la producción de productos pertinentes a efectos de la COVID-19, entre ellos productos médicos, como vacunas, equipos médicos y equipos hospitalarios, por ejemplo, respiradores, y ropa y equipo de protección. También se han llevado a cabo cambios relativos al destino del personal sanitario que, además, ha sido reconvertido con eficacia: a los especialistas en sanidad pública que solían ocupar cargos en los organismos reguladores y en los ministerios se les han asignado tareas completamente distintas y un nuevo destino para ayudar a combatir la pandemia.

                  (16)

                  El Gobierno de Malta ha respaldado a las empresas prestándoles un apoyo financiero para el teletrabajo y estableciendo subvenciones para los trabajadores en cuarentena obligatoria. El Gobierno también ha ofrecido garantías y aplazamientos del pago de deudas tributarias a las empresas, incluidos los trabajadores por cuenta propia. Los empleados a tiempo completo de empresas que operen en sectores como la venta al por menor, la venta al por mayor, el turismo y la hostelería, que han sufrido notablemente las consecuencias de la pandemia de COVID-19, o en sectores que hayan tenido que suspender temporalmente sus actividades en virtud del decreto del superintendente de Salud Pública, tendrán derecho a recibir hasta cinco días de sueldo por semana, sobre la base de un salario de 800 EUR al mes. Los empleados de sectores menos afectados tienen derecho a una remuneración equivalente al sueldo de entre uno y dos días por semana, sobre la base de un salario de 800 EUR al mes. El Gobierno también ha anunciado ayudas para las personas con discapacidad, las familias con hijos en las que ambos progenitores estén contratados por cuenta ajena pero no puedan teletrabajar, los trabajadores que hayan perdido su trabajo debido a la crisis actual y los desempleados que vivan en viviendas de alquiler. Por último, el Gobierno financiará hasta 2,5 puntos porcentuales de los tipos de interés de los préstamos bancarios contraídos por las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

                  (17)

                  El sistema sanitario maltés presenta buenos resultados sanitarios. No obstante, la pandemia de COVID-19 ha sometido al sistema sanitario público maltés a unos niveles de presión sin precedentes. Se mejoraría su resiliencia si se realizasen esfuerzos centrados en el desarrollo de la capacidad del sistema de asistencia sanitaria para responder eficazmente a las crisis pandémicas, como la de la COVID-19. Los ámbitos siguientes requieren un seguimiento particular: a) la creciente dependencia de un personal de enfermería migrante en el ámbito de los cuidados de larga duración y la medicina de urgencias e intensiva, y de unos médicos de cabecera privados que envejecen; b) las dificultades para ofrecer medicamentos nuevos e innovadores; c) el nivel elevado de gastos directos asociados a la asistencia primaria y ambulatoria y a algunos medicamentos, y d) las listas de espera para las especialidades de asistencia ambulatoria, que son siempre largas y han ido aumentando recientemente. La reorientación de la prestación de los servicios desde los hospitales hacia la atención primaria sigue siendo también una prioridad clave.

                  (18)

                  En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 5,9 % en 2020 y que posteriormente descienda hasta el 4,4 % en 2021. Para paliar los graves efectos de la crisis en el empleo, Malta adoptó medidas de emergencia, en consulta con los interlocutores sociales, para evitar los despidos favoreciendo medidas de reducción del tiempo de trabajo. La adopción de regímenes de reducción del tiempo de trabajo de forma más permanente también protegería los puestos de trabajo en la transición hacia la recuperación económica. Es esencial garantizar un apoyo adecuado y un acceso a la protección social a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, así como tener en cuenta la posible prolongación del período de desempleo. El sistema de protección social maltés también debe garantizar que se presta un apoyo adecuado a los trabajadores extranjeros para buscar un empleo alternativo, conservar los permisos de trabajo, cuando sea posible, y acceder a otros servicios sociales. La proporción de adultos con una baja cualificación es comparativamente elevada y se ve agravada por una también elevada proporción de jóvenes que abandonan la educación y la formación prematuramente. La crisis actual puede exacerbar la escasez de personal cualificado en algunos sectores y redefinir las necesidades de capacidades en otros. Resulta por ello más importante aún establecer con claridad las necesidades en materia de capacidades y de reciclaje profesional de los trabajadores, en particular en lo que se refiere a las capacidades digitales y ecológicas. Malta ha realizado recientemente progresos en materia de educación y formación, pero sigue teniendo que hacer frente a importantes retos, como el alto porcentaje de alumnos con niveles insuficientes de capacidades básicas.

                  (19)

                  En Malta, la crisis de la COVID-19 ha transformado en una prioridad urgente el apoyo a la liquidez de las empresas. Garantizar un flujo continuo de crédito y acceso a la financiación es esencial, especialmente para las pymes de los sectores más afectados. El sistema bancario está llamado a desempeñar un papel importante en la aplicación efectiva de las medidas de liquidez, proporcionando préstamos y canalizando las garantías públicas, lo que le permitirá superar el carácter conservador de las prácticas de préstamo previas a la crisis actual. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario.

                  (20)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, especialmente a través de reformas pertinentes. Las inversiones en apoyo de la recuperación brindan una oportunidad para encarrilar la economía maltesa por una vía más sostenible. La transformación de Malta en una economía climáticamente neutra requerirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado. La inversión destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que figura en su plan nacional de energía y clima, y a tratar otras externalidades medioambientales negativas, en particular en sectores como la construcción y el transporte, puede contribuir al logro del doble objetivo de la recuperación económica y la sostenibilidad. Apoyar la renovación del parque inmobiliario existente, así como planes de formación específicos, ayudará a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Con una mayor inversión en transporte sostenible se pueden garantizar alternativas viables al uso de automóviles privados. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Malta a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, tal como se muestra en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Malta optimizar el uso de este Fondo.

                  (21)

                  Conceder mayor importancia a la investigación e innovación y mejorar su integración en el entorno empresarial favorecerá la sostenibilidad del modelo económico basado en el conocimiento de Malta. Malta ha desarrollado servicios de administración electrónica para los ciudadanos y las empresas, en particular una serie de aplicaciones para dispositivos móviles. Sin embargo, su uso sigue siendo bajo. Para facilitar la transición digital de la economía, es fundamental fomentar el uso de los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos y las empresas.

                  (22)

                  Si bien la reorientación de Malta hacia un sector de los servicios con vocación internacional y su especialización en el juego a distancia y los activos virtuales, así como sus regímenes de ciudadanía y residencia, contribuyen al crecimiento económico, también la hacen propensa al blanqueo de capitales, riesgo que se debe mitigar. Para prevenir y combatir estos riesgos, se han tomado medidas encaminadas a reforzar la función del supervisor de la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). También se ha mejorado la cooperación con las demás autoridades competentes. Sin embargo, suscita cierta preocupación la práctica de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta de contratar a personal de una consultora privada para ciertas tareas de supervisión. Las deficiencias en la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales siguen siendo un problema. Una mejora de la supervisión nacional de las empresas financieras con vocación internacional autorizadas para operar en Malta reforzaría el marco general de gobernanza. En el sector de los seguros, es esencial la cooperación entre supervisores nacionales y externos. También existe margen de mejora en la supervisión de las sucursales de los bancos de terceros países, así como en el enfoque orientado al riesgo y la valoración de la adecuación de la gestión de riesgos para las entidades bancarias.

                  (23)

                  La lucha contra la planificación fiscal abusiva sigue siendo fundamental para mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas fiscales. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Malta ha tomado medidas para hacer frente a las prácticas de planificación fiscal abusiva mediante la puesta en práctica de iniciativas internacionales y europeas acordadas previamente, pero el trato fiscal que reciben las empresas residentes no domiciliadas, así como los regímenes de nacionalidad y residencia para los inversores, que ni siquiera exigen que una persona sea residente a efectos fiscales en Malta, plantean un riesgo de doble no imposición tanto por lo que respecta a las empresas como a los particulares.

                  (24)

                  Malta también se enfrenta a ciertas dificultades relacionadas con el refuerzo de su capacidad institucional de lucha contra la corrupción. Malta ha anunciado reformas para reforzar la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y está consultando a las partes interesadas pertinentes, en particular la Comisión de Venecia, sobre la reforma del sistema judicial. Deben adoptarse medidas concretas para completar estas reformas y hacerlas operativas.

                  (25)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (26)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Malta contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (27)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Malta debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (28)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Malta en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Malta, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (29)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Malta que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario en lo relativo al personal sanitario, los productos médicos esenciales y la atención primaria.

                  2.

                  Consolidar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y garantizar la adecuación de la protección por desempleo para todos los trabajadores. Reforzar la calidad y el carácter inclusivo de la educación y el desarrollo de capacidades.

                  3.

                  Garantizar la aplicación efectiva del apoyo a la liquidez de las empresas afectadas, incluidos los trabajadores por cuenta propia. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, el transporte sostenible, la gestión de residuos y la investigación e innovación.

                  4.

                  Ultimar las reformas que tratan las deficiencias actuales de la capacidad institucional y la gobernanza para reforzar la independencia judicial. Mantener los esfuerzos para valorar adecuadamente y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y garantizar la aplicación efectiva del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Intensificar la actuación para revisar los aspectos del régimen fiscal que facilitan la planificación fiscal abusiva de particulares y multinacionales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 107.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.