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31995K0073

RECOMENDACIÓN Nº 73/95/CECA DE LA COMISIÓN de 17 de enero de 1995 relativa a la obligación de presentar un certificado de exportación para la importación en la Comunidad de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA

Diario Oficial n° L 013 de 19/01/1995 p. 0001 - 0002

RECOMENDACIÓN N° 73/95/CECA DE LA COMISIÓN de 17 de enero de 1995 relativa a la obligación de presentar un certificado de exportación para la importación en la Comunidad de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado CECA LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 74,Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Recomendación n° 3118/94/CECA (1), por la que la Comisión supedita la importación de determinados productos siderúrgicos regulados por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a una vigilancia comunitaria, procede incluir la lista de los países y productos para los que se exigirá un certificado de exportación en un anexo de dicha Recomendación;Considerando que en espera de la entrada en vigor de los acuerdos sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos celebrados entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Federación Rusa y entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y Ucrania, que fueron negociados en Bruselas los días 15 y 16 de diciembre de 1994 y del 19 al 22 de diciembre de 1994 respectivamente, se exigirá un certificado de exportación expedido por las autoridades rusas o por las autoridades ucranias, acompañado de un certificado de origen, con efecto a partir del 23 de enero de 1995, para la importación en la Comunidad de los productos siderúrgicos contemplados en dichos acuerdos,FORMULA LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN:Artículo 1 El Anexo adjunto que recoge la lista de países y productos para los que se exigirá un certificado de exportación, se incluirá como Anexo IV en la Recomendación n° 3118/94/CECA.Artículo 2 La presente Recomendación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Será aplicable a partir del 23 de enero de 1995.Hecho en Estrasburgo, el 17 de enero de 1995.Por la ComisiónLeon BRITTANMiembro de la Comisión(1) DO n° L 330 de 21. 12. 1994, p. 6.ANEXO « ANEXO IVPRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA FEDERACIÓN RUSA Y DE UCRANIA PARA LOS QUE SE EXIGE UN CERTIFICADO DE EXPORTACIÓNA. Productos laminados planos1. Enrollados7208 11 007208 12 107208 12 917208 12 957208 12 987208 13 107208 13 917208 13 957208 13 987208 14 107208 14 917208 14 997208 21 107208 21 907208 22 107208 22 917208 22 957208 22 987208 23 107208 23 917208 23 957208 23 987208 24 107208 24 917208 24 997211 12 107211 19 107211 22 107211 29 107219 11 107219 11 907219 12 107219 12 907219 13 107219 13 907219 14 107219 14 907225 10 107225 20 207225 30 002. Chapas fuertes7208 31 007208 32 107208 32 307208 32 517208 32 597208 32 917208 32 997208 33 107208 33 917208 33 997208 41 007208 42 107208 42 307208 42 517208 42 597208 42 917208 42 997208 43 107208 43 917208 43 997211 11 007211 21 003. Otros productos enrollados planos7208 34 107208 34 907208 35 107208 35 907208 44 107208 44 907208 45 107208 45 907208 90 107209 11 007209 12 107209 12 907209 13 107209 13 907209 14 107209 14 907209 21 007209 22 107209 22 907209 23 107209 23 907209 24 107209 24 917209 24 997209 31 007209 32 107209 32 907209 33 107209 33 907209 34 107209 34 907209 41 007209 42 107209 42 907209 43 107209 43 907209 44 107209 44 907209 90 107210 11 107210 12 117210 12 197210 20 107210 31 107210 39 107210 41 107210 49 107210 50 107210 60 117210 60 197210 70 317210 70 397210 90 317210 90 337210 90 357210 90 397211 19 917211 19 997211 22 907211 29 917211 29 997211 30 107211 41 107211 41 917211 49 107211 90 117212 10 107212 10 917212 21 117212 29 117212 30 117212 40 107212 40 917212 50 317212 50 517212 60 117212 60 917219 21 117219 21 197219 21 907219 22 107219 22 907219 23 107219 23 907219 24 107219 24 907219 31 107219 31 907219 32 107219 32 907219 33 107219 33 907219 34 107219 34 907219 35 107219 35 907225 40 707225 40 90B. Productos largos1. Vigas7207 19 317207 20 717216 31 117216 31 197216 31 917216 31 997216 32 117216 32 197216 32 917216 32 997216 33 107216 33 902. Alambrón7213 10 007213 20 007213 31 207213 31 817213 31 897213 39 107213 39 907213 41 007213 49 007213 50 207213 50 817213 50 897221 00 107221 00 907227 10 007227 20 007227 90 107227 90 307227 90 507227 90 703. Otros productos largos7207 19 117207 19 147207 19 167207 20 517207 20 557207 20 577214 20 007214 30 007214 40 107214 40 207214 40 517214 40 597214 40 807214 50 107214 50 317214 50 397214 50 907214 60 007215 90 107216 10 007216 21 007216 22 007216 40 107216 40 907216 50 107216 50 917216 50 997216 90 107218 90 507222 10 117222 10 197222 10 217222 10 297222 10 317222 10 397222 10 817222 10 897222 30 107222 40 117222 40 197222 40 307224 90 317224 90 397228 10 107228 10 307228 20 117228 20 197228 20 307228 30 207228 30 417228 30 497228 30 617228 30 697228 30 707228 30 897228 60 107228 70 107228 70 317228 80 107228 80 907301 10 00 »


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31995H0144

95/144/CE: Recomendación del Consejo, de 7 de abril de 1995, relativa a los criterios comunes de evaluación de la seguridad en las tecnologías de la información

Diario Oficial n° L 093 de 26/04/1995 p. 0027 - 0028

RECOMENDACIÓN DEL  CONSEJO de 7 de abril de 1995 relativa a los criterios comunes de evaluación de la seguridad en las  tecnologías de la información (95/144/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Parlamento Europeo  (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social  (2), Considerando que, mediante el establecimiento de un mercado común y la aproximación progresiva de  las políticas económicas de los Estados miembros, el objetivo de la Comunidad es promover en toda  la Comunidad un desarrollo armonioso de la actividad económica, una expansión continua y  equilibrada, una mayor estabilidad, un aumento acelerado del nivel de vida y unas relaciones más  estrechas entre los Estados miembros; Considerando que la información almacenada, tratada y transmitida electrónicamente desempeña un  papel cada vez más importante en las actividades sociales y económicas; Considerando que la eficacia de unas comunicaciones globales y la utilización generalizada de la  información electrónica subrayan la necesidad de contar con una protección adecuada; Considerando que, en sus deliberaciones y resoluciones, el Parlamento Europeo ha subrayado  repetidamente la importancia de la seguridad de los sistemas de información; Considerando que el Comité Económico y Social ha subrayado la necesidad de plantear los asuntos  relacionados con la seguridad de la información en el marco de las actividades de la Comunidad, en  particular dadas las repercusiones de la realización del mercado interior; Considerando que la Comisión ha propuesto medidas en el campo de la protección de datos y de la  seguridad de los sistemas de información  (3); Considerando que la complejidad de la seguridad de los sistemas de información exige la elaboración  de estrategias que permitan la libre circulación de información en el mercado interior al tiempo  que garantizan la seguridad de dichos sistemas en toda la Comunidad; Considerando que la presente Recomendación no afecta a las disposiciones de los Estados miembros en  materia de seguridad pública y orden público; Considerando que la responsabilidad de los Estados miembros en este campo implica un enfoque  concertado, basado en una estrecha colaboración con altos funcionarios de los Estados miembros; Considerando que los criterios comunes de evaluación de la seguridad de la tecnología de la  información constituyen una base fundamental para el reconocimiento mutuo de certificados a escala  internacional; Considerando que las actividades llevadas a cabo a nivel nacional, internacional y comunitario  proporcionan una buena base para una armonización a escala comunitaria y para la celebración de  acuerdos internacionales; Considerando que se ha consultado al sector interesado; que el Grupo de altos funcionarios sobre  seguridad en los sistemas de información (SOG-IS) ha recomendado el uso de criterios comunes de  evaluación de la seguridad de la tecnología de la información; Considerando que tales criterios son necesarios para establecer un mercado único de productos en el  ámbito de las tecnologías de la información cuya seguridad está garantizada; que, por otra parte,  dichos criterios permiten realizar economías de escala; Considerando asimismo que la utilización de criterios comunes es una condición previa necesaria  para la obtención de aplicaciones y servicios transeuropeos cuya seguridad está garantizada; Considerando que dichos objetivos no podrían alcanzarse si existieran criterios diferentes en cada  Estado miembro y en cada sector económico; Considerando que la elaboración de criterios adicionales daría lugar a múltiples acciones  bilaterales entre los Estados miembros y produciría retrasos excesivos y procedimientos complejos,  incluidas numerosas negociaciones individuales, que podrían evitarse mediante una acción coordinada  a escala comunitaria, RECOMIENDA: 1)  aplicar, por un período inicial de dos años, los criterios de evaluación de  la seguridad en las tecnologías de la información (ITSEC)  (1) en los sistemas de evaluación y  certificación, para satisfacer las necesidades inmediatas de evaluación y certificación  relacionadas con el comercio y la utilización de productos, sistemas y servicios vinculados con las  tecnologías de la información; 2)  progresar en la armonización y normalización internacionales de los criterios de evaluación de  la seguridad en las tecnologías de la información, bajo los auspicios del Grupo de altos  funcionarios sobre seguridad en los sistemas de información (SOG-IS); 3)  negociar, por parte de los Estados miembros o las instancias que éstos designen, durante dicho  período inicial o, en caso necesario, hasta que se decida la armonización y normalización  internacionales, el reconocimiento mutuo bilateral y, a ser posible, europeo o internacional, de  las certificaciones de evaluación de la seguridad; 4)  analizar la situación una vez transcurrido el mencionado período inicial y proponer las medidas  adecuadas, previo dictamen del Grupo SOG-IS, a la luz de la experiencia adquirida y de los  resultados de la armonización internacional. Hecho en Luxemburgo, el 7 de abril de 1995. Por el Consejo El Presidente J. ROSSI


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31998H0257

98/257/CE: Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 115 de 17/04/1998 p. 0031 - 0034

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (*) (Texto pertinente a los fines del EEE) (98/257/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 155,Considerando que, en las conclusiones aprobadas por el Consejo de consumidores celebrado el 25 de noviembre de 1996, el Consejo destacó que el deseo de aumentar la confianza de los consumidores en el funcionamiento del mercado interior y su capacidad para beneficiarse de las posibilidades que éste les ofrece incluye la posibilidad de que los consumidores puedan resolver sus litigios de forma eficaz y adecuada por la vía de procedimientos extrajudiciales u otros procedimientos comparables;Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 14 de noviembre de 1996 (1) destacó que es necesario que dichos procedimientos satisfagan unos criterios mínimos que garanticen la imparcialidad del órgano, la eficacia del procedimiento, y la publicidad y la transparencia de la actuación, e invitó a la Comisión a elaborar propuestas en la materia;Considerando que, debido a su naturaleza, la mayoría de los litigios en materia de consumo se caracterizan por una desproporción entre el valor económico del asunto y el coste de su solución judicial; que, en particular en el caso de los conflictos transfronterizos, las posibles dificultades ligadas a los procedimientos judiciales pueden disuadir al consumidor de hacer valer efectivamente sus derechos;Considerando que «el Libro verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único» (2) fue objeto de una consulta muy amplia, cuyos resultados confirmaron la necesidad y la urgencia de una acción comunitaria destinada a mejorar la situación actual;Considerando que la experiencia adquirida por varios Estados miembros demuestra que, a condición de que se garantice el respeto de algunos principios esenciales, los mecanismos alternativos de solución no judicial de los litigios en materia de consumo pueden garantizar buenos resultados, tanto para los consumidores como para las empresas, reduciendo el coste y la duración de la solución de los litigios en materia de consumo;Considerando que el establecimiento de tales principios a nivel europeo facilitaría la aplicación de procedimientos extrajudiciales para la solución de los litigios en materia de consumo; que, habida cuenta de los conflictos transfronterizos, ello aumentaría la confianza mutua de los órganos extrajudiciales existentes en los distintos Estados miembros, así como la confianza de los consumidores en los diferentes procedimientos nacionales existentes; que estos criterios facilitarán que los prestadores de servicios extrajudiciales establecidos en un Estado miembro puedan ofrecer sus servicios en otro Estado miembro;Considerando que entre las conclusiones del Libro verde figuraba la adopción de «una Recomendación de la Comisión, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los sistemas de "Ombudsman" (mediador) encargados de la tramitación de los litigios en materia de consumo»;Considerando que durante el proceso de consulta sobre el Libro verde se destacó la necesidad de tal Recomendación, y que durante la consulta acerca de la Comunicación sobre un «Plan de Acción» (3) una gran mayoría de las partes interesadas ratificó dicha necesidad;Considerando que la presente Recomendación debe limitarse a los procedimientos que, con independencia de su denominación, conducen a una solución del litigo por intervención activa de una tercera persona que propone o impone una solución; que, por lo tanto, no se refiere a los procedimientos que se limitan a un simple intento de aproximar a las partes para convencerlas de encontrar una solución de común acuerdo;Considerando que las decisiones de los órganos extrajudiciales pueden tener un efecto obligatorio para las partes, limitarse a simples recomendaciones o a propuestas de transacción que deben ser aceptadas por las partes; que a los efectos de la presente Recomendación, el término «decisión» abarca estos diferentes casos;Considerando que la imparcialidad y la objetividad del órgano responsable de la toma de decisiones son calidades necesarias para garantizar la protección de los derechos de los consumidores y aumentar su confianza en los mecanismos alternativos de solución de los litigios en materia de consumo;Considerando que un órgano sólo puede ser imparcial si en el ejercicio de sus funciones no está sometido a presiones que podrían influir sobre su decisión; que, en consecuencia, ha de garantizarse su independencia sin que ello implique el establecimiento de garantías tan estrictas como las destinadas a garantizar la independencia de los jueces en el sistema judicial;Considerando que, cuando la decisión se toma de forma individual, la imparcialidad de la persona responsable sólo puede garantizarse si ésta demuestra independencia y posee las cualificaciones necesarias y actúa en un entorno que le permite decidir de manera autónoma; que ello implica que el mandato de dicha persona sea por un período de duración suficiente, durante el cual no pueda ser destituida sin un motivo justo;Considerando que, cuando la decisión se toma de forma colegial, la participación paritaria de los representantes de los consumidores y de los profesionales es un medio adecuado para garantizar esta independencia;Considerando que, con el fin de asegurar la información adecuada de las personas interesadas, es necesario garantizar la transparencia del procedimiento y de la actividad de los órganos responsables de la solución de litigios; que la falta de transparencia puede perjudicar los derechos de las partes y suscitar reticencias respecto a los procedimientos extrajudiciales de solución de litigios en materia de consumo;Considerando que los intereses de las partes sólo pueden protegerse si el procedimiento les permite hacer valer su punto de vista ante la institución competente e informarse sobre los hechos expuestos por la otra parte y, en su caso, sobre la declaración de los expertos; que ello no implica necesariamente una audiencia oral de las partes;Considerando que los procedimientos extrajudiciales están destinados a facilitar el acceso de los consumidores a la justicia; que por ello, en aras de la eficacia, deben solucionar algunos problemas que se plantean en el marco judicial, como las elevadas costas, los largos plazos y la utilización de procedimientos muy lentos;Considerando que, con el fin de aumentar la eficacia y la equidad del procedimiento, conviene asignar a la institución competente un papel activo que le permita tener en cuenta todo elemento útil para la solución del litigio; que este papel activo resulta aún más importante en la medida en que, en el marco de los procedimientos extrajudiciales, con frecuencia las partes actúan sin asesoramiento jurídico;Considerando que los órganos extrajudiciales pueden decidir no sólo sobre la base de disposiciones legales, sino también con equidad y basándose en códigos de conducta; que, no obstante, esta flexibilidad respecto al fundamento de sus decisiones no debe tener como resultado que disminuya el nivel de protección de los consumidores en comparación con la protección que, respetando el Derecho comunitario, los garantizaría la aplicación del Derecho por los tribunales;Considerando que las partes tienen derecho a ser informadas de las decisiones adoptadas y de sus motivos; que la motivación de las decisiones es un elemento necesario para garantizar la transparencia y la confianza de las partes en el funcionamiento de los procedimientos extrajudiciales;Considerando que, de acuerdo con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el acceso a los tribunales es un derecho fundamental sin excepciones; que cuando el Derecho comunitario garantiza la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior, el corolario de estas libertades es que los agentes económicos, incluidos los consumidores, pueden recurrir a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para solventar los litigios a los que pueden dar lugar sus actividades económicas, por las mismas razones que los ciudadanos de dicho Estado; que los procedimientos extrajudiciales no pueden tener como objetivo sustituir al sistema judicial; que, por lo tanto, la utilización de la vía extrajudicial sólo puede privar al consumidor de su derecho de acceso a los tribunales si éste lo acepta expresamente, con pleno conocimiento de causa y con posterioridad al surgimiento del litigio;Considerando que algunas veces, e independientemente del objeto y del valor del litigio, las partes, y en particular el consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, pueden necesitar la asistencia y los servicios jurídicos de una tercera persona para defender y proteger mejor sus derechos;Considerando que, con el fin de lograr un nivel de transparencia y de difusión de los procedimientos extrajudiciales que garanticen el respeto de los principios expuestos en la presente Recomendación, así como para facilitar su introducción en red, la Comisión adoptará la iniciativa de crear una base de datos sobre los órganos extrajudiciales de solución de los conflictos en materia de consumo que ofrezcan estas garantías; que el contenido de la base de datos estará constituido por la información que los Estados miembros que quieran participar en esta iniciativa comuniquen a la Comisión; que para que la información sea normalizada y para simplificar la transmisión de los datos se pondrá a disposición de los Estados miembros una ficha de información normalizada;Considerando, por último, que, en estas condiciones, parece necesario establecer a escala comunitaria principios mínimos sobre la creación y el funcionamiento de procedimientos extrajudiciales de solución de litigios en materia de consumo para apoyar y completar, en un ámbito esencial, las iniciativas realizadas por los Estados miembros, con el fin de lograr, con arreglo al artículo 129 A del Tratado, un alto nivel de protección de los consumidores, y que ello no excede lo que es necesario para garantizar el buen funcionamiento de los procedimientos extrajudiciales; que, por lo tanto, se ajusta al principio de subsidiariedad,RECOMIENDA que todo órgano existente o que pueda crearse, que tenga como competencia la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo, respete los principios siguientes:I Principio de independencia La independencia del órgano responsable de la toma de la decisión estará asegurada, de forma que se garantice la imparcialidad de su acción.Cuando la decisión se adopte de forma individual, esta independencia estará garantizada por las medidas siguientes:- la persona designada tendrá la capacidad, la experiencia y la competencia, en particular en materia jurídica, necesarias para la función,- la duración del mandato de la persona designada deberá ser suficiente para garantizar la independencia de su acción, sin que ésta pueda ser destituida sin motivo justificado,- cuando la persona designada sea nombrada o remunerada por una asociación profesional o por una empresa, no deberá haber trabajado para dicha asociación profesional, ni para uno de sus miembros, ni para la empresa en cuestión, durante los tres años anteriores a su entrada en funciones.Cuando la decisión se adopte de forma colegial, la independencia del órgano responsable de ella puede garantizarse mediante la representación paritaria de los consumidores y de los profesionales o por el respeto de los criterios antes enunciados.II Principio de transparencia Se adoptarán las medidas convenientes para garantizar la transparencia del procedimiento. Entre dichas medidas se incluirán:1) la comunicación por escrito, o en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de la información siguiente:- una descripción precisa de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, así como los límites que puedan existir en relación con la cobertura territorial y el valor del objeto de los litigios,- las normas relativas a la consulta del órgano, incluidas, en su caso, las gestiones previas impuestas al consumidor, así como otras normas de procedimiento, en particular las relativas al carácter escrito u oral del procedimiento, a la comparecencia personal y a las lenguas del procedimiento,- el posible coste del procedimiento para las partes, incluidas las normas relativas al reparto de los costes con posterioridad al procedimiento,- el tipo de normas en las que se basan las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad, códigos de conducta, etc.),- las modalidades de toma de decisión en el órgano,- el valor jurídico de la decisión, precisando claramente si es o no de carácter obligatorio, para el profesional o para las dos partes. Si la decisión tuviera carácter obligatorio, deberán precisarse las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la decisión. Lo mismo se aplica a las vías de recurso que puedan existir para la parte que no obtenga satisfacción.2) La publicación, por el órgano competente, de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que permita evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios presentados.III Principio de contradicción El procedimiento que habrá de seguirse implicará la posibilidad de que todas las partes interesadas den a conocer su punto de vista a la institución competente y que tengan conocimiento de todas las posturas y de todos los hechos expuestos por la otra parte, así como, en su caso, de las declaraciones de los expertos.IV Principio de eficacia La eficacia del procedimiento estará asegurada por medidas que garanticen:- el acceso del consumidor al procedimiento, sin estar obligado a utilizar un representante legal,- la gratuidad del procedimiento o la fijación de costes moderados,- la fijación de plazos cortos entre la consulta presentada ante el órgano y la toma de la decisión,- la atribución de un papel activo al órgano competente, que le permita tener en cuenta todo elemento útil para la solución del litigio.V Principio de legalidad La decisión del órgano no podrá tener como resultado privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado en el que esté establecido el órgano. En caso de litigios transfronterizos, la decisión del órgano no podrá tener como resultado privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado miembro en el cual el consumidor tenga su residencia habitual, en los asuntos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.Toda decisión se justificará y comunicará por escrito, o de cualquier otra forma apropiada, a las partes interesadas, en el menor plazo posible.VI Principio de libertad La decisión del órgano sólo podrá ser obligatoria para las partes cuando éstas hayan sido previamente informadas y la hayan aceptado expresamente.La adhesión del consumidor al procedimiento extrajudicial no podrá ser resultado de un compromiso anterior al surgimiento de un desacuerdo, cuando dicho compromiso tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para la solución judicial del litigio.VII Principio de representación El procedimiento no podrá privar a las partes del derecho a hacerse representar o acompañar por un tercero en toda las etapas del procedimiento.LA PRESENTE RECOMENDACIÓN se dirige a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios de consumo, a cualquier persona física o jurídica responsable de la creación o el funcionamiento de tales órganos, y a los Estados miembros cuando participen en ellos.Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 1998.Por la ComisiónEmma BONINOMiembro de la Comisión(*) El 30 de marzo de 1998 la Comisión adoptó una Comunicación sobre la solución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo. Dicha Comunicación, que incluye la presente Recomendación y el formulario europeo de reclamación del consumidor, se encuentra en la dirección de Internet siguiente: http://europa.eu.int.comm/dg24.(1) Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión «Plan de acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior», de 14 de noviembre de 1996, DO C 362 de 2. 12. 1996, p. 275.(2) Libro verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios de consumo en el mercado único, COM(93) 576 final de 16 de noviembre de 1993.(3) Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior, COM(96) 13 final de 14 de febrero de 1996.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovaquia para 2012-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/71

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovaquia para 2012-2016
   2013/C 217/18
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que, juntas, forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros tomaron una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de Eslovaquia para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de Eslovaquia para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando el inicio del Semestre Europeo de 2013 para la coordinación de las políticas económicas. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Eslovaquia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública.

               (8)

               El 24 de abril de 2013, Eslovaquia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013 y, el 30 de ese mismo mes, su Programa de Estabilidad para el período 2012-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que Eslovaquia ha reducido el déficit de las administraciones públicas del 7,7 % del PIB en 2010 al 4,3 % del PIB en 2012 merced a una considerable labor de saneamiento y que, a la luz de las actuales previsiones, está en vías de corregir el déficit excesivo. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad es verosímil. En comparación con las previsiones de la Comisión, las autoridades indican tasas de crecimiento del PIB similares con una composición ligeramente distinta. El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad es llegar a una situación que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Para ello, el Gobierno confirma el objetivo de reducir el déficit global por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2013, de conformidad con la recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. El ajuste presupuestario anual medio en el período 2010-2013 asciende al 1,4 % del PIB, cifra muy superior al 1 % del PIB recomendado por el Consejo. Se prevé que los recortes de gastos de 2013 provendrán, en gran parte, de las administraciones locales y otras instancias de las administraciones públicas sobre las que la administración central no tiene una influencia directa. La consecución del objetivo podría, por tanto, verse comprometida, habida cuenta además de los rebasamientos de gastos registrados en el pasado.
               El Programa de Estabilidad confirma el anterior objetivo a medio plazo del – 0,5 %, que habría de alcanzarse en 2018. El objetivo a medio plazo se ajusta a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En lo que respecta a los años siguientes al plazo previsto de corrección del déficit excesivo, la mejora proyectada del saldo presupuestario estructural (recalculado) es adecuada en 2014 y 2015 (0,6 y 0,7 puntos porcentuales del PIB, respectivamente), pero insuficiente en 2016 (0,3 puntos porcentuales del PIB). Cabe esperar que Eslovaquia se atenga al gasto de referencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la deuda pública se mantendrá por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB establecido hasta 2016. Las previsiones de los servicios de la Comisión para la primavera de 2013 vaticinan un aumento de la ratio de deuda hasta el 54,6 % del PIB en 2013 y el 56,7 % del PIB en 2014.
               A fin de hacer posible la significativa reducción del déficit global lograda desde 2011, las autoridades han recurrido también a la reducción de las inversiones financiadas con cargo al presupuesto público, que podría no ser sostenible ni deseable desde una perspectiva a medio o largo plazo, así como a medidas puntuales. De cara al futuro, el proceso de saneamiento y convergencia en curso deberá preservar aquellas categorías de gastos que potencian el crecimiento, como la educación, la innovación y las infraestructuras de transporte.

               (10)

               Eslovaquia dispone de margen para recaudar ingresos adicionales, si amplía la base impositiva, limita las posibilidades de incumplimiento y evasión fiscal y recurre en mayor medida a impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos sobre bienes inmuebles y los impuestos medioambientales. En 2012 se adoptó un plan de acción para luchar contra el fraude fiscal, con especial énfasis en el IVA. Para que la estrategia tenga éxito, se requieren otras medidas, en particular con vistas a mejorar la infraestructura informática, ampliar las competencias y la capacidad de auditoría de las autoridades y garantizar el seguimiento judicial.

               (11)

               Eslovaquia aprobó una reforma de las pensiones en 2012 para mejorar la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas. Con ella se ha reducido la brecha estimada de sostenibilidad a largo plazo en un 2 % del PIB, sin embargo, con un 4,9 % del PIB la brecha sigue estando muy por encima de la media de la UE, igual al 3 % del PIB. En gran parte refleja la incidencia del envejecimiento de la población, puesto que 1,5 puntos porcentuales del PIB corresponden al gasto en pensiones y 2 puntos porcentuales del PIB corresponden al gasto sanitario. Dado que se prevé un aumento significativo del gasto de asistencia sanitaria de Eslovaquia a largo plazo, los progresos que se realicen en la mejora de la sostenibilidad de las pensiones deberán ir unidos a la reforma de la asistencia sanitaria, en aras de la sostenibilidad de las finanzas públicas. La introducción de estructuras de incentivos y mecanismos de control eficaces contribuiría a mejorar la eficacia de costes de la sanidad.

               (12)

               La persistencia de un desempleo elevado, en particular en un escenario de lenta recuperación tras la crisis, sigue siendo uno de los principales problemas de la economía eslovaca. En los últimos meses, Eslovaquia ha tomado medidas para reformar las políticas activas del mercado laboral. Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá en gran parte de la capacidad de los servicios públicos de empleo para aplicarla eficazmente. Se requieren medidas adicionales más selectivas para los demandantes de empleo más desfavorecidos. La prestación de asistencia social debe estar más vinculada a la reinserción y es preciso eliminar del sistema tributario y de prestaciones los elementos que desincentivan la aceptación de un trabajo poco remunerado. Aumentar la participación en el mercado laboral de las mujeres y las personas mayores contribuiría a incrementar la tasa global de empleo y a alcanzar el objetivo nacional de empleo de cara a 2020, igual al 72 %. Sin embargo, la falta de servicios adecuados de guardería, en particular para niños menores de tres años, dificulta la reincorporación de las madres al mercado laboral.

               (13)

               Eslovaquia registra una de las más altas tasas de desempleo juvenil de la Unión. A pesar de las medidas de reforma adoptadas en 2012 a fin de mejorar la calidad de la educación y su adecuación al mercado de trabajo, la transición del mundo escolar al laboral sigue siendo difícil y el sistema educativo no responde fácilmente a las necesidades del mercado laboral. La financiación per cápita de la educación favorece la cantidad, en detrimento de la calidad, y la proporción de la financiación asignada a las actividades docentes (profesores, material y equipos) es baja. La mejora de la calidad de la enseñanza superior y la cooperación entre las empresas y las instituciones académicas también ayudarían a desarrollar un triángulo del conocimiento que funcione correctamente, a hacer más eficaces y atractivas las inversiones en I+D, y a ampliar la capacidad de innovación de la economía eslovaca.

               (14)

               El potencial de mano de obra infrautilizada radica, asimismo, en las comunidades marginadas, que tropiezan con importantes obstáculos cuando intentan integrarse en el mercado laboral y el sistema educativo. Tras adoptar la Estrategia de la República Eslovaca para la Integración del Pueblo Romaní hasta 2020, no se ha adoptado ninguna medida eficaz en 2012 y las condiciones de vida de las comunidades marginadas, entre ellas los romaníes, siguen siendo difíciles. Es importante acelerar los esfuerzos para mejorar los resultados educativos de los grupos marginados, así como para garantizar la prestación de servicios específicos de inserción a los adultos.

               (15)

               Pese a los notables progresos, Eslovaquia ocupa el quinto lugar entre los Estados miembros con mayor intensidad energética, lo que se explica en parte por el hecho de ser la economía en la que más peso tiene la industria (25,9 % del PIB). Al mismo tiempo, los precios de la electricidad son relativamente elevados, en particular para los pequeños y medianos clientes industriales. Eslovaquia ha tomado medidas en los últimos años para liberalizar parcialmente el mercado de la energía, pero aún es posible mejorar la forma en que funciona el mercado, en particular mediante una mayor transparencia —concretamente en la fijación de las tarifas de la red— y una mayor justificación económica y previsibilidad de las decisiones de regulación. Asimismo, hay margen para mejorar la seguridad del abastecimiento y fijar objetivos más ambiciosos en materia de eficiencia energética.

               (16)

               En 2012, Eslovaquia puso en marcha una reforma fundamental de la Administración Pública con vistas a lograr una mayor orientación al cliente de los servicios públicos prestados a los ciudadanos y las empresas. Por ahora, a excepción de las agencias locales, la reforma no se centra en la administración central y en su calidad y eficacia globales. Al no haberse producido ningún avance en la reforma del sistema judicial, los procedimientos judiciales siguen siendo largos, en particular en casos de insolvencia, y no se recurre suficientemente a la resolución alternativa de litigios. Si bien Eslovaquia ha reformado recientemente sus normas de contratación pública, reforzando también la independencia de la Oficina de Contratación Pública, la experiencia en la ejecución de los fondos estructurales de la UE parece indicar que la aplicación efectiva de las normas de contratación pública sigue planteando problemas.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Eslovaquia. Ha evaluado su Programa de Estabilidad y su Programa Nacional de Reformas. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Eslovaquia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (18)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (5) se refleja, en particular, en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

               (19)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Basándose en el mismo, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (6). En tanto que país que ha adoptado el euro como moneda nacional, Eslovaquia debe velar igualmente por que se apliquen plena y oportunamente dichas recomendaciones.

         RECOMIENDA que Eslovaquia tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Ejecutar según lo previsto el presupuesto del ejercicio 2013, a fin de corregir el déficit excesivo de manera sostenible y lograr el ajuste presupuestario especificado en las recomendaciones del Consejo en el marco del PDE. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir el esfuerzo de ajuste estructural que permitirá a Eslovaquia alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. Evitar el recorte de los gastos que propician el crecimiento y redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto público. Basándose en la reforma de las pensiones ya aprobada, seguir mejorando la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas mediante la reducción del déficit de financiación del sistema público de pensiones y el aumento de la eficacia de costes de la sanidad.

               2.

               Acelerar la aplicación del plan de acción para combatir el fraude fiscal y seguir esforzándose por mejorar la recaudación del IVA, en particular dotando a la administración tributaria de una mayor capacidad analítica y de auditoría. Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Vincular la tributación de los bienes inmuebles a su valor de mercado.

               3.

               Ampliar la capacidad de los servicios públicos de empleo para prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo y reforzar la vinculación entre las medidas de reinserción y la asistencia social. Abordar más eficazmente el desempleo de larga duración a través de medidas de reinserción y formación a medida. Mejorar los incentivos para el trabajo de las mujeres mediante un aumento de servicios de guardería, en particular para niños menores de tres años. Reducir la cuña fiscal de los trabajadores con bajos salarios y adaptar el sistema de prestaciones.

               4.

               Intensificar los esfuerzos para subsanar el elevado desempleo juvenil, por ejemplo a través de una «garantía juvenil». Tomar medidas para atraer a los jóvenes a la profesión docente y mejorar los resultados educativos. En la enseñanza y formación profesionales, ampliar la oferta de aprendizaje en las empresas. En la enseñanza superior, crear programas de grado más orientados al mundo profesional. Fomentar una transferencia efectiva de conocimientos promoviendo la cooperación entre las esferas académica, científica y empresarial. Redoblar los esfuerzos para mejorar el acceso de las comunidades marginadas, entre ellas los romaníes, a una educación preescolar y escolar integradora y de calidad.

               5.

               Intensificar los esfuerzos con vistas a un mejor funcionamiento del mercado de la energía; en particular, aumentar la transparencia del mecanismo de tarificación y reforzar la obligación de rendir cuentas de la instancia de regulación. Aumentar las interconexiones con los países vecinos. Mejorar la eficiencia energética, en particular en los edificios y la industria.

               6.

               Tomar medidas, entre las que se encuentra la modificación de la Ley de la Función Pública, con vistas a incrementar la independencia del servicio público. Mejorar la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública. Redoblar los esfuerzos para ampliar la capacidad analítica de los Ministerios clave, con objeto también de mejorar la absorción de los fondos de la UE. Aplicar medidas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial. Promover sistemas de resolución alternativa de litigios y fomentar un mayor recurso a los mismos.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenida para 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (3)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 74.

      (4)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (5)  De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (6)  Véase la página 97 del presente Diario Oficial.


Avis juridique important

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31989H0350

89/350/CEE: Recomendación de la Comisión de 10 de mayo de 1989 por la que se crea una tarjeta de ciudadano europeo mayor de 60 años

Diario Oficial n° L 144 de 27/05/1989 p. 0059 - 0061

*****RECOMENDACIÓN  DE LA COMISIÓN  de 10 de mayo de 1989  por la que se crea una tarjeta de ciudadano europeo mayor de 60 años  (89/350/CEE)  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 155,  Considerando que una de las misiones de la Comunidad consiste en estrechar permanentemente los vínculos entre los pueblos europeos y que, con tal fin, es conveniente fomentar el conocimiento y la comprensión entre los ciudadanos de la Comunidad, para que éstos puedan adquirir conciencia de la dimensión comunitaria;  Considerando que es preciso, en especial, animar a las personas de edad avanzada a que hagan un mayor uso de las oportunidades de enriquecimiento personal de las que disponen en los diversos Estados miembros, fomentando así la autonomía de dichas personas y mejorando su participación en la vida social;  Considerando que la creación de una tarjeta europea para los ciudadanos mayores de 60 años de edad facilitaría y haría más patente el ejercicio de los derechos que les confieren los artículos 7,48,52 y 59 del Tratado CEE, con arreglo a los cuales dichos ciudadanos disfrutan, en el Estado miembro en que se encuentren, de las mismas ventajas de que disponen los nacionales de ese Estado miembro de su misma categoría en cuanto a transportes públicos y actividades culturales;  Considerando que la Comunidad solicitó la creación de dicha tarjeta en su comunicación sobre una acción comunitaria en materia de turismo, transmitida al Consejo el 30 de enero de 1986 (1), y que el Parlamento Europeo se pronunció en idéntico sentido en su resolución de 14 de mayo de 1986 sobre una acción comunitaria para mejorar la situación de las personas de edad avanzada (2);  Considerando que la creación de dicha tarjeta se ajusta al espíritu de la Europa de los ciudadanos, cuya realización es una de las prioridades del Consejo Europeo y de la Comisión, que como tal quedó recogida en la Comunicación sobre la « Europa de los ciudadanos » de 24 de junio de 1988, dirigida por la Comisión al Parlamento Europeo (3),  RECOMIENDA:  Artículo 1  Se recomienda a los Estados miembros  - que adopten las decisiones pertinentes para crear una tarjeta de ciudadano europeo mayor de 60 años que dé derecho a disfrutar de las ventajas ya existentes en materia de transportes públicos y actividades culturales;  - que se sirvan del modelo adjunto para definir el formato y demás características de la tarjeta, que habrá de ponerse a disposición de las personas afectadas de la manera que se estime más oportuna;  - que adopten todas las medidas necesarias para informar a las diversas administraciones y servicios que deban ofrecer descuentos u otras ventajas a los titulares de dicha tarjeta.  Artículo 2  Se recomienda a los Estados miembros que el empleo de la tarjeta entre en vigor, a más tardar, el 1 de enero de 1991.  Artículo 3  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cuáles son los descuentos y demás ventajas de que disfrutan en su territorio las personas de que se trata, así como los servicios competentes para expedir la tarjeta.  A partir de estos datos, la Comisión elaborará una guía destinada a las personas de edad avanzada.  Artículo 4  Los Estados miembros informarán a la Comisión, a más tardar el 1 de marzo de 1991, de las medidas que adopten para aplicar la presente Recomendación.  Hecho en Bruselas, el 10 de mayo de 1989.  Por la Comisión  Vasso PAPANDREOU  Miembro de la Comisión  (1) DO no C 114 de 14. 5. 1986, p. 7.  (2) DO no C 148 de 16. 6. 1986, p. 61.  (3) COM(88) 331 final.  ANEXO  MODELO UNIFORME DE TARJETA EUROPEA  FORMA Y FORMATO  Tipo pasaporte o tarjeta de identidad plastificada  (anverso)  1.2 //  //  // COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA  //  // ESTADO MIEMBRO  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  // Color dominante: azul   //  // Estrellas amarillas  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  // //  //  // El  titular de la presente tarjeta tiene derecho a disfrutar de las ventajas para las personas mayores de 60 años en materia de transportes públicos y actividades culturales que existen en los Estados miembros de la CEE.   //  1.2.3 //   //  //   //   //   //  1.2 // La presente tarjeta se expide en virtud de la Recomendación 89/350/CEE de la Comisión.   // (reverso) 1.2 //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  //  // FOTOGR AFÍA  // Apellido (s):   //   // Nombre:   //   // Fecha de nacimiento:   //   // Nacionalidad:   //   // Dirección:   //  1.2 //  //  //  //  //  //  //  //  //  // (sello de la autoridad expedidora)   //  //  //  //  //  //  //  // (fecha de expedición)


title: 2011/516/UE: Recomendación de la Comisión, de 23 de agosto de 2011 , relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               24.8.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 218/23

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 23 de agosto de 2011
   relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2011/516/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Se han adoptado varias medidas como parte de una estrategia global para reducir la presencia de dioxinas, furanos y PCB en el medio ambiente, los piensos y los productos alimenticios.

               (2)

               En la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (1), y en el Reglamento (CE) no 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (2), se establecen los contenidos máximos de dioxinas, la suma de dioxinas y los PCB similares a las dioxinas para los piensos y los productos alimenticios.

               (3)

               En la Recomendación 2006/88/CE de la Comisión, de 6 de febrero de 2006, relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los alimentos (3), se establecieron umbrales de intervención a fin de estimular un enfoque proactivo para reducir la presencia de dioxinas y PCB similares a las dioxinas en los productos alimenticios. Estos umbrales de intervención son un instrumento para que las autoridades competentes y los operadores señalen los casos en los que conviene determinar la fuente de contaminación y tomar medidas para su reducción o eliminación. Puesto que las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas provienen de fuentes distintas, deben fijarse umbrales de intervención distintos para las dioxinas, por un lado, y para los PCB similares a las dioxinas, por el otro.

               (4)

               En la Directiva 2002/32/CE se establecieron los umbrales de intervención para las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas.

               (5)

               La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró un taller de expertos del 28 al 30 de junio de 2005 sobre la reevaluación de los valores de los factores de equivalencia de tóxica (FET) que dicha organización estableció en 1998. Se cambiaros los valores de una serie de FET, en particular los referentes a los PCB, los congéneres octaclorados y los furanos pentaclorados. Los datos sobre el efecto de los nuevos valores de los FET y la presencia reciente se recopilan en el informe científico «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (4) (Resultados del control del contenido de dioxinas de los productos alimenticios y la alimentación animal) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Por tanto, es conveniente revisar los umbrales de intervención teniendo en cuenta los nuevos valores de los FET.

               (6)

               La experiencia ha mostrado que, en algunos productos alimenticios, cuando se superan los umbrales de intervención no es necesario realizar investigaciones. En tales casos, el hecho de superar el umbral de intervención no está relacionado con una fuente específica de contaminación que puede reducirse o eliminarse, sino a la contaminación medioambiental general. Por tanto, conviene no establecer umbrales de intervención para dichos productos alimenticios.

               (7)

               En estas circunstancias, la Recomendación 2006/88/CE debe ser sustituida por la presente Recomendación.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   1.   Los Estados miembros llevarán a cabo, de acuerdo con su producción, uso y consumo de piensos y productos alimenticios, un control aleatorio de la presencia de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los piensos y los productos alimenticios.
   2.   En caso de no conformidad con las disposiciones de la Directiva 2002/32/CE y del Reglamento (CE) no 1881/2006, y cuando se hallen contenidos de dioxinas y/o PCB similares a las dioxinas que superen los umbrales de intervención especificados en el anexo de la presente Recomendación en relación con los productos alimenticios, y en el anexo II de la Directiva 2002/32/CE en relación con los piensos, los Estados miembros, en cooperación con los operadores,

               a)

               iniciarán investigaciones a fin de determinar la fuente de contaminación;

               b)

               adoptarán medidas para reducir o eliminar la fuente de contaminación.

         3.   Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros sobre sus descubrimientos, los resultados de sus investigaciones y las medidas tomadas a fin de reducir o eliminar la fuente de contaminación.
   Por la presente, queda derogada la Decisión 2006/88/CE a partir del 1 de enero de 2012.

      Hecho en Bruselas, el 23 de agosto de 2011.

            Por la Comisión

         John DALLI

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 140 de 30.5.2002, p. 10.

      (2)  DO L 364 de 20.12.2006, p. 5.

      (3)  DO L 42 de 14.2.2006, p. 26.

      (4)  The EFSA Journal 2010, 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

      ANEXO
      Dioxinas [suma de policlorodibenzo-para-dioxinas (PCDD) y policlorodibenzofuranos (PCDF), expresada en equivalentes tóxicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizando los factores de equivalencia tóxica de la misma organización (FET-OMS)], y policlorobifenilos similares a las dioxinas [(PCB) expresados en equivalentes tóxicos de la OMS, utilizando los factores de equivalencia tóxica de la misma organización (FET-OMS)]. Los FET-OMS para evaluación del riesgo para la salud humana se basan en las conclusiones de la reunión de expertos del International Programme on Chemical Safety (IPCS, Programa Internacional de Seguridad Química) que se celebró en Ginebra en junio de 2005 [Martin van den Berg y otros: «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

                  Productos alimenticios

                  Umbral de intervención para dioxinas + furanos (EQT-OMS) (1)

                  Umbral de intervención para PCB similares a las dioxinas (EQT-OMS) (EQT-OMS) (1)

                  Carne y productos cárnicos (excluidos los despojos comestibles) (2) de los siguientes animales:

                              —

                              bovinos y ovinos

                  1,75 pg/g grasa (3)

                  1,75 pg/g grasa (3)

                              —

                              aves de corral

                  1,25 pg/g grasa (3)

                  0,75 pg/g grasa (3)

                              —

                              cerdos

                  0,75 pg/g grasa (3)

                  0,5 pg/g grasa (3)

                  Mezcla de grasas

                  1,00 pg/g grasa (3)

                  0,75 pg/g grasa (3)

                  Carne de pescado de piscifactoría y productos de la pesca de piscifactoría

                  1,5 pg/g peso en fresco

                  2,5 pg/g peso en fresco

                  Leche cruda (2) y productos lácteos (2), incluida la grasa láctea

                  1,75 pg/g grasa (3)

                  2,0 pg/g grasa (3)

                  Huevos de gallina y ovoproductos (2)

                  1,75 pg/g grasa (3)

                  1,75 pg/g grasa (3)

                  Frutas, hortalizas y cereales

                  0,3 pg/g producto

                  0,1 pg/g producto

         (1)  Concentraciones máximas: las concentraciones máximas se calculan dando por sentado que todos los valores de los diferentes congéneres que estén por debajo del límite de detección son iguales a este límite.

         (2)  Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO L 139 de 30.4.2004, p. 55).

         (3)  Los umbrales de intervención no se aplican a los productos alimenticios que contienen menos de un 2 % de grasa.


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		52012PC0005

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas eficaces para seguir la recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009 /* COM/2012/05 final - 2012/ () */

			   	Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se establece que Hungría no ha
tomado medidas eficaces para seguir la recomendación del Consejo de 7 de julio
de 2009
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 8,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)
Con arreglo al artículo 126 del Tratado, los
Estados miembros deben evitar déficit públicos excesivos.
(2)
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene
por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las
condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte,
sostenible y generador de empleo. El Pacto de
Estabilidad y Crecimiento incluye el Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo, de
7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento
de déficit excesivo[1],
que se adoptó con objeto de fomentar la rápida corrección de los déficits
públicos excesivos.
(3)
El Consejo, basándose en una recomendación de
la Comisión y de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado,
decidió, el 5 de julio 2004, declarar la existencia de un déficit excesivo en
Hungría[2]. El mismo día, y también partiendo de una
recomendación de la Comisión, el Consejo adoptó recomendaciones en virtud del
artículo 104, apartado 7, en las que instaba a las autoridades húngaras a tomar
medidas a medio plazo con objeto de situar el déficit por debajo del 3% del PIB
en 2008 a más tardar.
(4)
En enero de 2005, el Consejo, con arreglo al
artículo 104, apartado 8, del Tratado CE, consideró que Hungría no había tomado
medidas eficaces para seguir su recomendación y emitió otra recomendación
basada en el artículo 104, apartado 7, del Tratado CE en marzo de 2005, en la
que confirmaba el plazo de 2008 para la corrección del déficit excesivo. Tras un deterioro substancial de las perspectivas presupuestarias de
Hungría, el Consejo decidió en noviembre de 2005 que por segunda vez este país
no había seguido las recomendaciones formuladas al amparo del artículo 104,
apartado 7, del Tratado CE. Por consiguiente, el Consejo dirigió a Hungría una
tercera recomendación con arreglo al artículo 104, apartado 7, del Tratado CE,
en la que se ampliaba el plazo para la corrección del déficit excesivo hasta
2009. El Consejo concluyó en julio de 2009 que podía considerarse que las
autoridades húngaras habían tomado medidas eficaces para seguir las
recomendaciones de octubre de 2006, y, en el contexto de la grave recesión
provocada por la crisis financiera, formuló (por tercera vez) una recomendación
revisada conforme al artículo 104, apartado 7, del Tratado CE.
(5)
En su recomendación de julio de 2009, el
Consejo instaba a las autoridades húngaras a poner fin a su situación de
déficit excesivo a más tardar en 2011. En concreto,
recomendó a Hungría limitar el deterioro de su situación presupuestaria en 2009
garantizando una aplicación estricta de las medidas correctoras anunciadas y
adoptadas a fin de cumplir el objetivo del 3,9% del PIB para el déficit. Por
otro lado, también recomendaba que, a partir de 2010, el país aplícase
rigurosamente las medidas de saneamiento necesarias para lograr una reducción
continua del déficit estructural y una nueva disminución del déficit público,
basándose cada vez más en medidas estructurales, y ello a fin de garantizar una
mejora duradera de las finanzas públicas. El Consejo también recomendó definir
y adoptar a su debido tiempo medidas de saneamiento necesarias para lograr la
corrección del déficit excesivo en 2011 a más tardar y garantizar un esfuerzo
presupuestario acumulado equivalente como mínimo al 0,5% del PIB en 2010 y
2011. Por otra parte, se recomendó a las autoridades húngaras situar el ratio
de deuda pública bruta en una firme tendencia decreciente.
(6)
El 27 de enero de 2010, la Comisión adoptó una
Comunicación al Consejo en la que, partiendo de la información disponible
entonces, indicaba que Hungría había adoptado medidas eficaces en respuesta a
las recomendaciones del Consejo de julio de 2009, particularmente teniendo en
cuenta las medidas de saneamiento de 1,5 puntos porcentuales del PIB
encaminadas a alcanzar el objetivo de déficit del 3,9% del PIB para 2009, las
reformas estructurales realizadas en el sistema de pensiones y de prestaciones
sociales con vistas a alcanzar el objetivo de déficit del 3,8% del PIB para
2010 y los progresos en la aplicación del nuevo marco presupuestario, pero
advertía de la existencia de un gran nivel de incertidumbre en relación con
dichas medidas.
(7)
Una nueva valoración de las medidas adoptadas
por Hungría para corregir el déficit excesivo en 2011 a más tardar en respuesta
a la recomendación formulada por el Consejo con arreglo al artículo 104,
apartado 7, del Tratado, basada, en particular, en el noveno informe de
evolución presentado a la Comisión y el Consejo el 15 de diciembre de 2011 en
el marco del PDE, lleva a las siguientes conclusiones:
–
En 2010, el déficit presupuestario registrado
rebasó el objetivo en 0,4 puntos porcentuales del PIB, mientras que el
crecimiento económico fue superior al contemplado en las previsiones de la
primavera de 2009 de los servicios de la Comisión, que habían servido de base
para las recomendaciones formuladas por el Consejo en julio de 2009. Según el Gobierno y las previsiones del otoño de 2011 de los
servicios de la Comisión, en 2011 las administraciones públicas iban a
registrar un superávit, aunque solo gracias a unos ingresos puntuales de 9,75
puntos porcentuales del PIB derivados de la transferencia de activos de
pensiones de los regímenes privados de pensiones al régimen público y del 0,9%
del PIB derivados de impuestos sectoriales (telecomunicaciones, energía,
comercio minorista y sector financiero). Sin estas medidas puntuales el déficit
habría alcanzado aproximadamente el 6% del PIB, con lo cual habría rebasado
claramente el valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado. En
su notificación realizada en otoño 2011 en el marco del PDE, las autoridades
húngaras preveían un superávit equivalente al 3,9% del PIB. Según las previsiones
del otoño de 2011 de los servicios de la Comisión, se iba a producir un
superávit ligeramente inferior (3,6% del PIB), debido sobre todo a que incluían
la asunción de una parte de la deuda de las empresas de transporte público
(0,2% del PIB). Partiendo de la información reciente sobre medidas puntuales
recibida tras la fecha de referencia de las previsiones del otoño de 2011, el
superávit podría ser incluso inferior. En cuanto al déficit estructural, este
se deterioró en 1,5 puntos porcentuales en 2010 y en 1,25 puntos porcentuales
en 2011 (deterioro acumulado de 2,75% puntos porcentuales), lo que era
contrario a la recomendación de la Comisión de garantizar un esfuerzo
presupuestario acumulado equivalente como mínimo al 0,5% del PIB en estos dos años
para corregir el déficit de forma sostenible en el plazo de 2011. Este
deterioro del saldo estructural refleja el hecho de que unos recortes
tributarios que representaban más del 2% del PIB no fueron suficientemente
compensados por medidas estructurales.
–
En cuanto a 2012, el proyecto de presupuesto
establece un objetivo de déficit del 2,5% del PIB, cifra en consonancia con la
actualización de 2011 del programa de convergencia. A
fin de alcanzar el objetivo, el proyecto de presupuesto contiene varias medidas,
que representan cerca del 4% del PIB según las autoridades, y prevé una reserva
extraordinaria del 0,7% del PIB. En cambio, según las previsiones del otoño de
2011 de los servicios de la Comisión, en 2012 el déficit de las
administraciones públicas alcanzará el 2,8% del PIB. En comparación con el
proyecto de presupuesto, esta mayor cifra de déficit refleja, entre otros
factores, una previsión de crecimiento económico para 2012 inferior en un punto
porcentual y una estimación más prudente de la evolución de los ingresos y
gastos. Al mismo tiempo, supone, en línea con la legislación pertinente, que no
se espera una utilización de la reserva extraordinaria. No obstante, el límite
máximo del 3% del PIB solo se cumpliría gracias a unos ingresos puntuales de
cerca del 0,9% del PIB procedentes de los impuestos extraordinarios
mencionados.
–
Según las previsiones del otoño de 2011 de los
servicios de la Comisión, y con la hipótesis habitual de mantenimiento de la
política económica, el déficit presupuestario aumentará nuevamente en 2013,
hasta el 3,7%. Ello se debería principalmente a que no
se espera que la desaparición gradual de los impuestos extraordinarios,
equivalentes aproximadamente al 0,9% del PIB, quede compensada con los ahorros
adicionales que se derivarían del programa de reforma estructural durante el
año.
–
Sobre la base de la evolución presupuestaria
observada tras la publicación de las previsiones del otoño de 2011, la
previsión de un déficit del 2,8% del PIB para 2012 aún parece verosímil (sin
tener en cuenta el reciente deterioro de la situación macroeconómica). Ello se explica por el hecho de que el efecto de disminución del
déficit (del 0,4% del PIB) que tendría el nuevo paquete de saneamiento adoptado
por el Gobierno el 15 de diciembre de 2011 sería contrarrestado globalmente por
las enmiendas al proyecto de presupuesto adoptadas, que aumentarían el déficit,
así como por los costes presupuestarios netos del acuerdo celebrado con el
sector bancario el 15 de diciembre de 2011, para cuya compensación aún no se
dispone de medidas de saneamiento adicionales adecuadas.
–
En cuanto a 2013 —teniendo en cuenta nuevas
precisiones formuladas en el programa de reforma estructural (las
correspondientes decisiones del Gobierno y del Parlamento se exponen en detalle
en el informe de evolución de diciembre de 2011), el positivo efecto de base
respecto de 2012 y el coste neto derivado del acuerdo con el sector bancario—
la previsión de déficit contenida en las previsiones del otoño de 2011 para
dicho año podría disminuir del 3,7% del PIB a 3,25 puntos porcentuales del PIB,
cifra aún claramente por encima del límite máximo del 3%. La diferencia entre esta estimación actualizada y la cifra oficial
(2,2% del PIB) se deriva especialmente del hecho de que en ausencia de medidas
específicas no se ha podido tener en cuenta alrededor de la mitad del programa
de reforma estructural. El resto de la diferencia respecto del objetivo oficial
se debe a una previsión de mayores gastos, especialmente en relación con las
empresas de transporte público y el mantenimiento de las carreteras, y a
divergencias en las hipótesis de crecimiento.
–
Existe la posibilidad de que haya que revisar
a la baja estas previsiones actualizadas a medio plazo. Si bien es cierto que en 2012 y 2013 los ingresos podrían seguir
siendo superiores a los previstos, se espera que esta eventualidad quede
sobradamente contrarrestada. En particular, los tipos de interés han aumentado
para todos los plazos de vencimiento, el tipo de cambio se ha debilitado y las
perspectivas económicas a medio plazo parecen haberse deteriorado desde la
publicación de las previsiones del otoño de 2011 el 10 de noviembre de 2011.
Globalmente, si se tomasen en cuenta estos factores, las previsiones de déficit
para 2012 y 2013 aumentarían en medio punto porcentual del PIB, lo que llevaría
a déficits ligeramente superiores al 3% del PIB y a 3,75 puntos porcentuales
del PIB, respectivamente.
–
Según las previsiones del otoño de 2011 de los
servicios de la Comisión, teniendo en cuenta las cifras previstas de déficit y
las hipótesis sobre el tipo de cambio, la deuda pública bruta aumentará de
nuevo hasta cerca del 77% del PIB en 2013, tras una disminución temporal en
2011 derivada de la asunción de los activos de los regímenes privados de
pensiones por el sector público. Si las previsiones
presupuestarias a medio plazo se actualizasen únicamente sobre la base de las
nuevas medidas adoptadas tras la fecha de referencia de las previsiones, el
ratio de deuda se mantendría globalmente invariado en 2012 y solo mejoraría
ligeramente en 2013. Sin embargo, posibles nuevas revisiones de las previsiones
presupuestarias —teniendo en cuenta, particularmente, los mayores rendimientos,
el tipo de cambio HUF/EUR, que ascendía a 311 a finales de 2011 (cifra inferior
en aproximadamente un 12% a la de la hipótesis técnica utilizada en las
previsiones de otoño), y la peor situación macroeconómica— llevarían a un ratio
de deuda que se situaría alrededor del 80% en 2011 y se estabilizaría en torno
al 78,5% en 2012 y 2013, mientras que el Consejo recomendó situar el ratio de
deuda en una firme trayectoria decreciente.
(8)
La conclusión general es que, aunque Hungría
respeta formalmente el valor de referencia del 3% del PIB en 2011 para el
déficit, este resultado no se basa en una corrección estructural y sostenible
de sus finanzas públicas. El superávit presupuestario
en 2011 depende de unos ingresos puntuales substanciales, superiores al 10% del
PIB, y viene acompañado por un deterioro estructural acumulado en 2010 y 2011
de 2,75 puntos porcentuales del PIB frente a la recomendación formulada de una
mejora presupuestaria acumulada del 0,5% del PIB. Por otra parte, aunque las
autoridades se proponen aplicar medidas estructurales sustanciales en 2012, el
valor de referencia del 3% del PIB solo se cumpliría una vez más gracias a
medidas puntuales equivalentes a cerca del 1% del PIB. Por último, se espera
que en 2013 el déficit (3,25 puntos porcentuales del PIB) rebase nuevamente el
valor de referencia establecido en el Tratado incluso teniendo en cuenta las
medidas adicionales anunciadas con posterioridad a la publicación de las
previsiones del otoño de 2011 de los servicios de la Comisión. El mayor déficit
en 2013 estaría principalmente asociado a una desaparición gradual de los ingresos
puntuales según el ritmo previsto, mientras que no se especifican
suficientemente todas las reformas estructurales planeadas. Globalmente, esto
refuerza la conclusión de que es insuficiente la respuesta de las autoridades
húngaras a la recomendación formulada por el Consejo el 7 de julio de 2009, con
arreglo al artículo 104, apartado 7, del Tratado.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Hungría no ha tomado medidas eficaces para
seguir la recomendación formulada por el Consejo el 7 de julio de 2009 de
conformidad con el artículo 104, apartado 7.
Artículo 2
El
destinatario de la presente Decisión será Hungría.
Hecho en Bruselas, el 11.1.2012
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
[2]               DO
L 389 de 30.12.2004, p. 27. Todos los documentos relativos al PDE aplicado a
Hungría pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.


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		52014DC0407

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Estonia de 2014 /* COM/2014/0407 final */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de Estonia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia
de Estonia de 2014

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse en los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Estonia para 2013 y
emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado para
2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, en virtud del Reglamento (UE) nº
473/2013[4],
la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de presupuesto de Estonia
para 2014[5].
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[6], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[7],
en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que serían
objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración pública.
(7)
El 8 de mayo de 2014, Estonia presentó su
Programa de Convergencia de 2014 y, el 29 de abril de 2014, su Programa de
Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos
programas se han evaluado al mismo tiempo.
(8)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es alcanzar los objetivos a
medio plazo y acumular suficientes reservas presupuestarias para épocas
económicas difíciles. El Programa confirma el anterior objetivo a medio plazo
de un superávit estructural más estricto del requerido por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Se prevé que el saldo estructural recalculado de
Estonia empeore en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2014, lo que se aparta de
la senda de ajuste requerida, antes de mejorar en 0,4 puntos porcentuales en
2015 y de mantenerse en un nivel cercano al equilibrio en el período 2016-2017.
Por otra parte, el Programa apunta a un riesgo de desviación con respecto al
índice de referencia del gasto en 2014 y a un riesgo de desviación
significativa en 2015. En general, la trayectoria de ajuste prevista de cara al
objetivo a medio plazo presenta riesgos en relación con el cumplimiento de los
requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico
en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el Programa, que
no ha sido aprobado por una entidad independiente, es verosímil y, en general,
está línea con las previsiones de la primavera de 2014 de la Comisión, que
prevén un deterioro del déficit estructural del 0,1 % del PIB en 2014, lo
que llevaría a una diferencia del 0,3 % con respecto al ajuste requerido y
a una significativa desviación en comparación si se considera un período de dos
años. Para 2015, la Comisión prevé otro deterioro del 0,2 % en el
equilibrio estructural, lo que se aparta significativamente del ajuste exigido
para lograr el objetivo a medio plazo. También se espera una importante
desviación con respecto al índice de referencia del gasto en el período
2014-2015. Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad de 2014 y de
las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 1466/97, el Consejo considera que existe un riesgo de que se produzca
una desviación significativa respecto del objetivo a medio plazo en 2014 y
2015. La norma sobre el saldo estructural para ajustarse a lo establecido en el
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza entró en vigor mediante la
nueva Ley de Presupuestos del Estado de Estonia el 23 de marzo de 2014, pero
todavía tiene que ser complementada con un fortalecimiento del carácter
vinculante de los objetivos plurianuales de gasto.
(9)
Por lo que se refiere al mercado laboral, se
han realizado avances sustanciales para reducir el desempleo juvenil y de larga
duración. Debe prestarse especial atención a medidas que incentiven la
ocupación de trabajadores con salarios bajos. Son necesarios esfuerzos
adicionales para solucionar la creciente escasez de mano de obra, debida, entre
otras causas, al envejecimiento y al abandono del mercado laboral por motivos
de salud e incapacidad. La adopción y aplicación oportunas de la Reforma de la
Capacidad Laboral, al tiempo que garantiza la disponibilidad de servicios de
capacitación es, por lo tanto, sumamente importante. La relación coste-eficacia
de la política de apoyo a las familias podría mejorarse, entre otras cosas,
reasignando la financiación destinada a prestaciones por hijos a medidas como
servicios de guardería. Se espera así fomentar un rápido retorno de las mujeres
al mercado laboral y reducir la persistencia de la gran diferencia salarial
entre hombres y mujeres. Deben redoblarse los esfuerzos para fomentar el
espíritu emprendedor y la creación de puestos de trabajo fuera de las regiones
de Tallin y Tartu para evitar el aumento de las diferencias de desarrollo
económico y reducir el desempleo, especialmente entre las personas menos
cualificadas.
(10)
En el ámbito de la educación y la formación,
deben aplicarse las reformas recientemente adoptadas para adaptar la educación
a las necesidades del mercado laboral. Con el fin de velar por la
disponibilidad de la Garantía Juvenil, será necesario redoblar los esfuerzos
para facilitar la transición de la educación al empleo. Deberán realizarse
esfuerzos sistemáticos, en particular con la participación de los
interlocutores sociales, para incrementar la participación en la formación
profesional, así como en el aprendizaje en el lugar de trabajo, especialmente
los contratos de aprendizaje. La aplicación de la estrategia de aprendizaje
permanente requiere importantes esfuerzos para la necesaria reconversión y la
mejora de las capacidades y los niveles de cualificación, en particular para
las personas en una posición débil en el mercado laboral. Existe un marco de
especialización inteligente que incluye la Estrategia de Emprendimiento y
Crecimiento y la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación ha de
aplicarse con rigor, centrándose en las prioridades compartidas, aunque al
mismo tiempo con una mayor especialización de los ámbitos temáticos. Dada la
pequeña escala de la economía, deben mantenerse los esfuerzos de internacionalización
y la priorización de las actividades de investigación y desarrollo y del
sistema de innovación.
(11)
La intensidad de uso de los recursos en
Estonia sigue siendo muy elevada. Se ha avanzado en el campo de la eficiencia
energética de los edificios públicos, pero deben mantenerse e incrementarse los
esfuerzos, especialmente en los sectores residencial e industrial. Se han hecho
progresos sustanciales con respecto a la gestión de los residuos y los
vertederos, aunque debe asegurarse la viabilidad económica del reciclado. Deben
aplicarse las medidas previstas en el Plan de Desarrollo del Transporte para
que Estonia pueda contener las emisiones de CO2 en los sectores no
cubiertos por el RCCDE. La eficiencia energética del transporte de mercancías
puede mejorarse gracias al despliegue de medios de transporte más sostenibles.
El uso del transporte público puede incrementarse mejorando la
complementariedad de las redes regionales y las conexiones entre los autobuses
y el ferrocarril. Aumenta la utilización de vehículos privados, mientras que la
edad media de la flota de automóviles casi duplica la de la UE y los turismos
nuevos se encuentran entre los más contaminantes de la UE. Es preciso reforzar
sustancialmente los incentivos medioambientales, incluida la fiscalidad. Aunque
se han dado prometedores pasos en las conexiones energéticas transfronterizas, una
plena conexión de Estonia con el mercado de la energía de la UE requerirá
tiempo e inversiones.
(12)
La ampliación de las diferencias regionales,
combinada con una evolución demográfica negativa, ineficiencias y la falta de
cooperación entre los gobiernos locales dificultan el potencial de desarrollo
de Estonia. Esto refleja en parte el persistente desfase entre capacidad
presupuestaria y competencias en los municipios pequeños, así como las
limitadas economías de escala. Una prestación más eficaz y accesible de
servicios públicos de cualidad de ámbito local, basada en zonas y normas sobre
servicios mínimos, especialmente en materia de transportes, asistencia de larga
duración, educación preescolar y servicios sociales, es un requisito previo
para que las medidas de activación y las relativas al mercado de trabajo sean
efectivas.
(13)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Estonia,
ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Estonia, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al
nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el
marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran
a continuación.
(14)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de Estonia, y su dictamen[8] se refleja,
en particular, en la Recomendación 1 que figura a continuación.
(15)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis de la política económica de la zona
del euro en su conjunto, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Estonia
debe asimismo asegurar la aplicación de estas recomendaciones en los plazos
previstos.
RECOMIENDA que Estonia tome
medidas en el período 2014-2015 a fin de:
1.                     Reforzar
las medidas presupuestarias para 2014 a la luz del creciente déficit del
0,3 % del PIB sobre la base de las previsiones de primavera de 2014 de la
Comisión, lo que es indicio de una desviación significativa con respecto a las
exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2015, reforzar significativamente
la estrategia presupuestaria para garantizar la consecución del objetivo a
medio plazo y mantenerse en ese nivel. Complementar la norma presupuestaria con
normas más vinculantes en materia de gastos plurianuales dentro del marco
presupuestario a medio plazo y seguir mejorando la eficiencia del gasto
público.
2.                     Incentivar
mejor el trabajo a través de medidas dirigidas a personas con bajos ingresos.
Centrar los esfuerzos de activación en las personas más alejadas del mercado
laboral, en particular mediante la adopción y la aplicación oportunas de la
reforma de la capacidad laboral. Aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la
política familiar, pero mejorando al mismo tiempo la disponibilidad y
accesibilidad de servicios de guardería. Aplicar medidas coordinadas para
fomentar el desarrollo económico y el espíritu empresarial en las regiones con
fuerte desempleo.
3.                     Garantizar la
adecuación de los sistemas de educación y formación al mercado laboral, mejorar
los niveles de cualificación, ampliando sistemáticamente las medidas de
aprendizaje permanente, y aumentar la participación en la formación
profesional, incluida la formación de aprendices. Intensificar la fijación de
prioridades y la especialización en los sistemas de investigación e innovación y
mejorar la cooperación entre empresas, centros de enseñanza superior e
institutos de investigación para promover la competitividad internacional.
4.                     Intensificar
los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética, en particular en los
edificios industriales y residenciales. Reforzar sustancialmente los incentivos
medioambientales para que el sector del transporte contribuya a una movilidad
que consuma menos recursos. Continuar el desarrollo de las conexiones
transfronterizas de energía con los Estados miembros vecinos a efectos de diversificar
las fuentes de suministro y fomentar la competencia a través de una mejor
integración de los mercados bálticos de la energía.
5.                     Equilibrar
mejor los ingresos de las administraciones locales con las competencias que se
les han transferido. Aumentar la eficiencia de las Administraciones locales y
asegurar la prestación de servicios públicos locales de calidad, especialmente
los servicios sociales que complementan las medidas de activación.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2014) 407 final.
[3]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[4]               DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
[5]               C(2013) 8002 final.
[6]               COM(2013) 800 final.
[7]               COM(2013) 790 final.
[8]               De conformidad con el artículo 5, apartado 2,
del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de  14 de marzo de 2006 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2004

text:
               18.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 81/12

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 14 de marzo de 2006
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2004
   (2006/223/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación ACP-CE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1),
   Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de asociación ACP-CE (2), por el que se crea, entre otros, un noveno Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED), y, en particular, el artículo 32, apartado 3, de dicho Acuerdo,
   Visto el Reglamento financiero de 27 de marzo de 2003 aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo (3), y, en particular, sus artículos 96 a 103,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del noveno FED, aprobados al 31 de diciembre de 2004, así como el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2004, acompañado de las respuestas de la Comisión (4);
   Considerando que en virtud del artículo 32, apartado 3, del Acuerdo interno citado, la aprobación de la gestión financiera del noveno FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo;
   Considerando que la ejecución de las operaciones del noveno FED durante el ejercicio 2004, por la Comisión, ha sido, en su conjunto, satisfactoria,
   RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del noveno FED para el ejercicio 2004.

      Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2006.

            Por el Consejo

            El Presidente

         K.-H. GRASSER

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.

      (3)  DO L 83 de 1.4.2003, p. 1.

      (4)  DO C 301 de 30.11.2005, p. 249.