Aviso jurídico importante

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52007SC0140

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 3,del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Malta (2006-2009)  /* SEC/2007/0140 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 7.2.2007SEC(2007) 140 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3,del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Malta (2006-2009)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSContexto generalEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene como objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto de 2005, aunque reconocía la utilidad del Pacto como elemento estabilizador de la disciplina presupuestaria, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de convergencia de Malta fue presentado en mayo de 2004. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 5 de julio de 2004, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia actualizados son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.Contexto para la evaluación del programa actualizadoLa Comisión ha examinado la última actualización del programa de convergencia de Malta, presentada el 7 de diciembre de 2006, y ha aprobado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo al respecto (para conocer los principales elementos evaluados, véase el recuadro).A fin de situar el contexto en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de convergencia actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años;2.  la situación del país respecto de la vertiente correctora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (procedimiento de déficit excesivo);3.  la evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de convergencia);4.  la evaluación del programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesTras un fuerte crecimiento económico durante la segunda mitad de la década de los noventa, la economía de Malta sufrió una sensible desaceleración entre 2001 y 2005[2] Si bien este resultado se vio favorecido por una evolución cíclica adversa, las deficiencias estructurales internas, intensificadas por la concentración sectorial en la industria manufacturera, han supuesto progresivamente para Malta una pérdida de competitividad exterior. Ello ha dado lugar a una disminución de las exportaciones y al deterioro del déficit exterior, que, en 2005, se situaba en torno al 11 % del PIB. Aun cuando las estimaciones de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) puedan reflejar el aspecto «cualitativo» de los factores de producción, el bajo nivel de la PTF en los últimos años parece ser otro de los motivos que explican el escaso crecimiento económico de Malta. En los últimos años, el presupuesto de las Administraciones Públicas de Malta ha registrado un déficit. Si bien, desde 1998, se ha intentado en diversas ocasiones, y con resultados positivos, reducir el ratio del déficit con respecto al PIB, el ajuste no siempre ha sido de carácter duradero. La mayoría de los años, el ajuste se hizo posible a través del incremento de los ingresos, pero recientemente se está llevando a cabo mediante el control del gasto, lo que, en principio, contribuirá a una consolidación más duradera. Con todo, pese a haberse logrado contener el gasto global en los últimos años, algunos gastos, como los relativos a sanidad y protección social, han registrado una tendencia alcista entre 1984 y 2004.Aplicación del procedimiento de déficit excesivo a MaltaEl 5 de julio de 2004, el Consejo adoptó una Decisión en la que declaraba que Malta registraba un déficit excesivo de conformidad con el artículo 104, apartado 6. Simultáneamente, el Consejo formuló una recomendación, al amparo del artículo 104, apartado 7, en la que se especificaba que el déficit excesivo debía corregirse para 2006. En particular, se instaba a Malta a aplicar de forma enérgica medidas, sobre todo de tipo estructural, con vistas a racionalizar y reducir el gasto. Asimismo, el Consejo recomendaba a Malta que pusiera fin al aumento del ratio de deuda en 2005 y lo redujera posteriormente.Evaluación contenida en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 14 de marzo de 2006, el Consejo aprobó su dictamen sobre la precedente actualización del programa de convergencia, que abarcaba el período 2005-2008. El Consejo estimó que el programa era «globalmente compatible con la corrección del déficit excesivo en 2006 a más tardar». El Consejo instaba a Malta a aplicar rigurosamente las medidas presupuestarias para 2006 y asegurar la corrección del déficit excesivo en este año y en consonancia con el programa de convergencia actualizado, así como a garantizar que el proceso de saneamiento presupuestario hacia el objetivo a medio plazo del programa prosiga una vez corregido el déficit excesivo, a velar por que «el ratio de deuda disminuya a partir de 2006 a un ritmo satisfactorio hacia el valor de referencia del 60% del PIB establecido en el Tratado» y a mejorar «la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública realizando nuevos avances en el diseño y la aplicación de la reforma del sistema de pensiones».Evaluación del programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la ComisiónEl informe de aplicación del programa nacional maltés de reforma, previsto en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo, se presentó el 15 de octubre de 2006. El programa nacional de reforma de Malta se centra en los siguientes objetivos fundamentales y prioridades: sostenibilidad de la hacienda pública, competitividad, medio ambiente, empleo y educación. La evaluación de dicho programa realizada por la Comisión (adoptada en el contexto de su informe anual a diciembre de 2006[3]) mostraba que Malta está avanzando satisfactoriamente en la realización de su programa nacional de reforma. Se registran notables progresos en el ámbito de la sostenibilidad presupuestaria, que las autoridades consideran un elemento vital de cara a un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo y a la adopción del euro. Los avances en el terreno microeconómico y del empleo son más moderados.Atendiendo a los puntos fuertes y las deficiencias observadas, se recomendó a Malta que tomara medidas en los siguientes ámbitos: intensificación de la competencia y reducción y reorientación de las ayudas estatales; incentivación del ingreso en el mercado de trabajo, lucha contra el empleo no declarado y modificación del sistema tributario y de prestaciones sociales.Recuadro: Principales aspectos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas. Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada. Determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo. Al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5% del PIB. Al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o al permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3% del PIB y se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del periodo del programa), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización. Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el periodo 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[4]). El grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el periodo 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo EcoFin declaró que los programas nacionales de reforma deben ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia). El cumplimiento del Código de conducta, que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia[5]. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3,del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Malta (2006-2009)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[6], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:5.  El 27 de febrero de 2007 el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Malta referente al período 2006-2009.6.  De acuerdo con el escenario macroeconómico en el que se basa el programa, el crecimiento del PIB real rondará el 3 % durante el período del programa. A la luz de la información de la que se dispone actualmente, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento favorables en 2007 y muy favorables con posterioridad, debido especialmente a la satisfactoria evolución a medio plazo del sector exterior. Si las exportaciones netas a medio plazo son menos favorables de lo previsto en el programa, el desequilibrio exterior registrado en los últimos años podría agravarse.7.  El déficit de las Administraciones Públicas correspondiente a 2006 se estima en el 2,9 % del PIB en las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006, frente al objetivo del 2,7 % del PIB fijado en la anterior actualización del programa de convergencia. El resultado de 2006 estimado en la nueva actualización (2,6 % del PIB) es inferior al señalado en las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006 y parece verosímil a la luz de los datos recientes sobre el crecimiento del PIB y tesorería de la hacienda pública.8.  La estrategia presupuestaria esbozada en la actualización va encaminada a reducir el déficit por debajo del valor de referencia, equivalente al 3 % del PIB, en 2006, y proseguir con posterioridad el saneamiento presupuestario. La actualización prevé una disminución gradual del déficit de las Administraciones Públicas que conduciría a un presupuesto globalmente en equilibrio para 2009. A raíz de la reducción proyectada de la carga de intereses, se prevé que el superávit primario alcanzará el 3,25 % del PIB para 2009. El ajuste se llevará a cabo a través de un recorte del ratio de gastos primarios de cerca de 5,75 puntos porcentuales del PIB, que supera con creces el descenso del ratio de ingresos de casi 3,75 puntos porcentuales del PIB. Pese a la satisfactoria contención del gasto global, el gasto de sanidad ha seguido una trayectoria ascendente en los últimos años. El recurso a medidas excepcionales para reducir el déficit será menor que en el pasado reciente. El programa confirma globalmente el ajuste presupuestario nominal previsto en la anterior actualización sobre la base de un escenario macroeconómico considerablemente más favorable.9.  El déficit estructural (es decir, el déficit corregido en función del ciclo y del que se han excluido las medidas excepcionales y temporales) calculado con arreglo a la metodología establecida de común acuerdo disminuirá previsiblemente, pasando del 3 % del PIB, aproximadamente, en 2006 al 0,25 % del PIB al término del período de referencia. Al igual que en la anterior actualización del programa de convergencia, el objetivo a medio plazo indicado en el programa en lo que respecta al saldo presupuestario es un equilibrio en términos estructurales, si bien el nuevo programa no apunta al logro de ese objetivo durante el período de referencia. Dado que el objetivo a medio plazo del programa es más ambicioso que el valor mínimo de referencia (estimado en un déficit del 1,75 % del PIB, aproximadamente), su consecución permitirá, en principio, disponer de un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros del MTC II y la zona del euro en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el código de conducta, y refleja adecuadamente el ratio de deuda y la tasa media de crecimiento potencial a largo plazo.10.  Los riesgos que rodean a las proyecciones presupuestarias del programa parecen contrarrestarse globalmente en lo que respecta a 2007, pero los resultados presupuestarios podrían ser más negativos de lo previsto en el programa posteriormente. Ello se explica por el crecimiento adecuado del PIB previsto para 2007 y el escenario macroeconómico claramente favorable de 2008-2009 en el que se sustentan las previsiones de la actualización (aun cuando las previsiones tributarias correspondientes a estos años sean aparentemente prudentes). Además, después de 2007 no se especifica la estrategia de ajuste, lo que incrementa los riesgos derivados del saneamiento presupuestario proyectado.11.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa parece permitir una corrección del déficit excesivo en 2006 conforme a la recomendación del Consejo. Además, ofrece aparentemente un margen de seguridad suficiente para que el déficit no supere el nivel de referencia del 3% del PIB como consecuencia de las habituales fluctuaciones macroeconómicas a partir de 2008. En los años siguientes a la corrección del déficit excesivo, el ritmo de ajuste hacia el objetivo a medio plazo que implica el programa concuerda globalmente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que específica que en los Estados miembros del MTC II y la zona del euro la mejora anual del saldo estructural debe ser como mínimo equivalente al 0,5 % del PIB, pudiendo ser el ajuste superior en coyunturas favorables e inferior en coyunturas desfavorables.12.  Se estima que la deuda pública bruta ha alcanzado el 68,25 % del PIB en 2006, cifra superior al valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado. El programa prevé una reducción del ratio de deuda de 8,75 puntos porcentuales del PIB durante el periodo del programa. Es probable que la evolución de este ratio sea menos favorable que la prevista en el programa teniendo en cuenta los riesgos para los objetivos presupuestarios mencionados anteriormente. A la luz de esta evaluación de riesgos, el ratio de deuda parece ir disminuyendo suficientemente hacia el valor de referencia durante el período del programa.13.  Malta ha puesto en vigor recientemente una reforma del régimen de pensiones destinada a elevar la edad de jubilación efectiva y aumentar el nivel de las pensiones. En consecuencia, las estimaciones del programa sugieren que el gasto derivado de las pensiones será más elevado, lo que supondrá un mayor aumento de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población, aproximándolos a la media de la UE. Aunque el ritmo se mantendrá algo por debajo de los niveles históricos, las previsiones en materia de gastos de sanidad apuntan a un incremento de 1,75 puntos porcentuales del PIB, aproximadamente, a largo plazo, suponiendo que prosiga la tendencia actual. La actual situación presupuestaria no garantizaría una reducción continua de la deuda por debajo del valor de referencia establecido en el Tratado. Por ello, una mejoría de la situación presupuestaria, según lo previsto en el programa, contribuiría a reducir los riesgos que rodean a la sostenibilidad de la hacienda pública. Globalmente, Malta parece presentar un nivel medio de riesgo en relación con la sostenibilidad de la hacienda pública.14.  El programa de convergencia no contiene una evaluación cualitativa de la incidencia global del informe de octubre de 2006 relativo a la aplicación del programa nacional de reforma en la estrategia presupuestaria a medio plazo. No obstante, proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios directos de las principales reformas contempladas en el programa nacional de reforma y sus previsiones presupuestarias reflejan explícitamente las implicaciones para la hacienda pública de las actuaciones señaladas en el programa nacional de reforma. Las medidas en el campo de las finanzas públicas previstas en el programa de convergencia parecen concordar con las del programa nacional de reforma. En concreto, ambos programas prevén la aplicación de la reforma del régimen de pensiones, y el programa de convergencia facilita detalles sobre la reforma tributaria anunciada en el programa nacional de reforma.15.  La estrategia presupuestaria contenida en el programa es globalmente conforme a las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices Integradas para el período 2005-2008.16.  A la luz de los datos que deben figurar en los programas de estabilidad y de convergencia de acuerdo con los requisitos del código de conducta, el programa omite algunos de los datos obligatorios y optativos[7].De forma general, cabe concluir que el programa es compatible con una corrección del déficit excesivo en 2006 y, ante las perspectivas de fuerte crecimiento, prevé una progresión satisfactoria hacia el objetivo a medio plazo con posterioridad. De acuerdo con el programa, el ratio de deuda va disminuyendo aparentemente a un ritmo adecuado hacia el valor de referencia del 60% del PIB. No obstante, la consecución de los objetivos presupuestarios después de 2007 podría verse comprometida. Es importante, especialmente a la luz de la reciente intensificación de los desequilibrios exteriores, mantener una situación presupuestaria capaz de resistir a una posible inversión de la tendencia de fuerte crecimiento prevista. Atendiendo a la anterior evaluación, se insta a Malta a que:(i) seguir avanzando de forma adecuada hacia el objetivo a medio plazo y garantizar que se reduzca oportunamente el ratio entre la deuda y el PIB, definiendo, al mismo tiempo, la estrategia presupuestaria, especialmente en lo tocante a los gastos, desde una perspectiva a más largo plazo;(ii) mejorar, a la vista del nivel de endeudamiento y del aumento previsto de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población, la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, mediante el logro del objetivo a medio plazo y haciendo que prospere la concepción y aplicación de la reforma de la sanidad.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |PIB real (% variación) | PC Dic 2006 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |COM Nov 2006 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | n.d. |PC enero 2006 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | n.d. |Inflación IPCA (%) | PC Dic 2006 | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |COM Nov 2006 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | n.d. |PC enero 20066 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | n.d. |Brecha de producción (% PIB potencial) | PC Dic 20061 | -2,8 | -2,1 | -1,3 | -0,3 | 0,9 |COM Nov 20065 | -2,1 | -1,4 | -1,1 | -0,5 | n.d. |PC enero 20061 | -2,9 | -3,7 | -4,2 | -4,4 | n.d. |Saldo de las Administraciones Públicas (% PIB) | PC Dic 2006 | -3,2 | -2,6 | -2,3 | -0,9 | 0,1 |COM Nov 2006 | -3,2 | -2,9 | -2,7 | -2,9 | n.d. |PC enero 2006 | -3,9 | -2,7 | -2,3 | -1,2 | n.d. |Saldo primario (% PIB) | PC Dic 2006 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 3,2 |COM Nov 2006 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | n.d. |PC enero 2006 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | n.d. |Saldo ajustado en función del ciclo (% PIB) | PC Dic 20061 | -2,2 | -1,8 | -1,8 | -0,8 | -0,2 |COM Nov 2006 | -2,4 | -2,3 | -2,3 | -2,7 | n.d. |PC enero 20061 | -2,8 | -1,3 | -0,7 | 0,4 | n.d. |Saldo estructural2 (% PIB) | PC Dic 20063 | -3,8 | -2,9 | -2,0 | -1,0 | -0,4 |COM Nov 20064 | -4,0 | -3,5 | -2,5 | -2,7 | n.d. |PC enero 2006 | -3,8 | -2,3 | -1,4 | 0,3 | n.d. |Deuda pública bruta (% PIB) | PC Dic 2006 | 74,2 | 68,3 | 66,7 | 63,2 | 59,4 |COM Nov 2006 | 74,2 | 69,6 | 69,0 | 68,6 | n.d. |PC enero 2006 | 76,7 | 70,8 | 68,9 | 67,3 | n.d. |Notas: 1Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 2Saldo ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 3Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal derivadas del programa (1,6 % del PIB en 2005, 1,1 % del PIB en 2006, 0,2 % del PIB en 2007, 0,2 % del PIB en 2008 y 0,2 % del PIB en 2009; todas ellas suponen una reducción del déficit). 4Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal derivadas de las previsiones de los servicios de la Comisión del otoño de 2006 (1,6 % del PIB en 2005, 1,1 % del PIB en 2006, 0,2 % del PIB en 2007, 0 % del PIB en 2008; todas ellas suponen una reducción del déficit). 5Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 2,2 %, el 1,7 %, el 1,7 % y el 1,6 %, respectivamente, en 2005, 2006, 2007 y 2008. 6Las cifras del PC de enero de 2006 corresponden al índice de precios al por menor. Fuente: Programa de convergencia (PC); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] El 7 de diciembre de 2006, las autoridades maltesas transmitieron a Eurostat una nueva serie de datos sobre el PIB desde 1995, los cuales, en comparación con las cifras publicadas en septiembre de 2006, suponen una revisión a la baja del nivel del PIB nominal de hasta un 1 %, aproximadamente, entre 1996 y 2003. En lo que respecta a 2004 y 2005, el PIB nominal se ha revisado al alza en un 0,4 % y un 0,9 %, respectivamente, y en lo relativo al primer semestre de 2006, la revisión corresponde a un 1,1 %. Estas revisiones han sido efectuadas en el marco del proceso normal de evaluación de la observancia de las prácticas estadísticas de Eurostat. En su evaluación del programa actualizado, la Comisión ha utilizado las últimas cifras.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera, «Ejecución de la Estrategia de Lisboa Renovada para el Crecimiento y el Empleo - Un año de resultados», 12.12.2006, COM(2006) 816.[4] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM (2006) 574 ; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), « The long-term sustainability of public finances in the European Union », Economía Europea, nº 4/2006.[5] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[6] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[7] Concretamente, no se proporcionan los datos relativos a los saldos sectoriales, en particular las previsiones de préstamos/empréstitos netos frente al resto del mundo en el período 2006-2009, el empleo y la productividad laboral en horas trabajadas.


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		52014DC0411

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Francia /* COM/2014/0411 final - 2014/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de Francia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2014 de Francia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en
particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Francia de 2014 y
emitió su dictamen sobre su Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2017.
El 15 de noviembre de 2013, conforme al Reglamento (UE)
nº 473/2013[5],
la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia
para 2014[6].
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[8],
en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que serían
objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis y modernizar la Administración pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados de su examen exhaustivo sobre Francia[9],
con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. En su
análisis, la Comisión concluye que Francia sigue experimentando desequilibrios
macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la adopción de
medidas contundentes. En particular, el deterioro de la balanza comercial y de
la competitividad y las implicaciones del alto nivel de endeudamiento del
sector público merecen una atención continua por parte de los responsables
políticos.
(8)
El 7 de mayo de 2014, Francia presentó su
Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con
objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos
programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
que se expone en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit
excesivo para 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El Programa
confirma el objetivo a medio plazo anterior, a saber, lograr un presupuesto
equilibrado en términos estructurales, requisito más riguroso que el recogido
en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa proyecta reducir el
déficit al 3 % del PIB en 2015, objetivo más ambicioso que el fijado en la
Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013. A partir de ese año, el
progreso anual (recalculado) previsto para lograr el objetivo a medio plazo es inferior
al mínimo requerido del 0,5 % del PIB. De forma global, la estrategia
presupuestaria presentada en el Programa se ajusta solo parcialmente a los
requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Programa prevé que la
deuda de las administraciones públicas alcance su cota máxima del 95,6 % del
PIB en 2014 y 2015 para posteriormente disminuir al 91,9 % en 2017. El
escenario macroeconómico en el que se sustentan las proyecciones
presupuestarias del Programa es realista para 2014 y ligeramente optimista para
2015, con aumentos previstos del PIB del 1,0 % y el 1,7 % para el año
en curso y el próximo, respectivamente, que eran del 1,0 % y el 1,5 %
en las previsiones de primavera de 2014 de la Comisión. En abril de 2014, el
Alto Consejo de Finanzas Públicas (Haut Conseil des finances publiques),
organismo independiente, emitió un dictamen sobre el escenario macroeconómico
del Programa. El 5 de marzo de 2014, la Comisión recomendó a Francia que insistiera
en sus esfuerzos por asegurar el pleno cumplimiento de la Recomendación del
Consejo de conformidad con el Procedimiento de Déficit Excesivo. El Programa de
Estabilidad presenta una serie de medidas adicionales para 2014, entre las que
se cuenta la cancelación de los créditos ministeriales pendientes de aprobación
como parte de un presupuesto suplementario y los primeros efectos del plan de
ahorro de 50 millones EUR anunciado por el Gobierno. Partiendo de estos datos y
teniendo también en cuenta que el esfuerzo fiscal conseguido en 2013 fue
superior al esperado cuando se publicó la Recomendación de la Comisión, puede
considerarse que el Programa responde a grandes rasgos a dicha Recomendación. El
grado de detalle de las medidas de saneamiento presupuestario es insuficiente para
garantizar con credibilidad la corrección de la situación de déficit excesivo
de aquí a 2015 si se tienen en cuenta las previsiones de la Comisión que indican
un déficit del 3,4 % del PIB para el próximo año y un ajuste estructural
subyacente notablemente inferior al nivel recomendado por el Consejo. Además,
los objetivos del Gobierno presentan riesgos de revisión a peor. Concretamente,
parte de las medidas adicionales para 2014 anunciadas en el Programa siguen sin
adoptarse y el importe del ahorro planeado para 2015 es muy ambicioso. Tomando
como base las previsiones de la Comisión, el esfuerzo fiscal en el periodo
2013-2014 se queda a 0,2 puntos porcentuales del PIB en términos de variación
(corregida) del saldo estructural y a 0,1 punto porcentual del PIB en términos del
número de medidas consideradas necesarias cuando se presentó la Recomendación
del Consejo. Partiendo de su evaluación del programa y de las previsiones de la
Comisión, conforme al Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera
que las medidas en las que se sustenta la estrategia presupuestaria deben
especificarse más detalladamente y que se necesitan nuevos esfuerzos para acatar
la Recomendación del Consejo y asegurar, a partir de ese momento, el retorno a
la senda de cumplimiento del objetivo a medio plazo. Concretamente, los
esfuerzos adicionales deberán explicitarse en la próxima Ley de presupuestos de
2014.
(10)
Habida cuenta del alto y creciente nivel de
deuda de las administraciones públicas, así como del hecho de que el plazo de
corrección del déficit excesivo se ha ampliado hasta 2015, es imprescindible
que el presupuesto de 2014 se ejecute estrictamente y que se desempeñen
considerables y rigurosos esfuerzos de saneamiento en 2015. En particular, el
gasto público debería aumentar a un ritmo mucho más moderado que en años
anteriores, conforme a lo proyectado por el Gobierno francés. Por lo tanto, es necesario especificar más
detalladamente la estrategia de reducción del gasto, profundizando la revisión
del gasto en curso y redefiniendo, cuando así proceda, el alcance de la
intervención del Gobierno. No pueden conseguirse ahorros sustanciales a corto
plazo sin reducir considerablemente el aumento del gasto en la seguridad
social, que absorbe prácticamente la mitad del gasto público. Ello implica
controlar los costes de la asistencia sanitaria y las pensiones mediante, por
ejemplo, la fijación de objetivos anuales de gasto sanitario más ambiciosos y
la congelación temporal de las pensiones y otras prestaciones sociales, como se
plantea actualmente el Gobierno. Además, la nueva Ley de descentralización
proyectada debería racionalizar las diversas capas de administración existentes
en Francia para eliminar solapamientos y conseguir nuevas sinergias, aumentos de eficiencia y ahorros mediante la fusión o la
supresión de algunos de los estratos administrativos existentes. Es preciso
indicar a este respecto que las reformas estructurales presentadas con este fin
en el Programa de Estabilidad solo surtirán efecto a medio plazo –pese a que el
calendario previsto se ha adelantado desde la presentación de dicho Programa– y,
además, su ejecución puede correr peligro. Es preciso controlar con mayor rigor
el gasto de las administraciones locales, para lo que podrá ponerse un tope al incremento
anual de sus recaudaciones tributarias, aplicando al mismo tiempo de forma
estricta la reducción prevista de las subvenciones procedentes de la
Administración central. Además de la necesidad de
ahorros a corto plazo, otra fuente de preocupación es la sostenibilidad de las
finanzas públicas a largo plazo. A pesar de que el
gasto público en el sector sanitario se ha mantenido bajo control en los
últimos años, el aumento de la rentabilidad del sistema requiere nuevos
esfuerzos. Concretamente, es necesario aplicar nuevas políticas de contención de
costes habida cuenta de las previsiones que señalan un importante aumento de
los gastos sanitarios de medio a largo plazo. Los ámbitos que requieren un
aumento de la eficiencia incluyen el gasto farmacéutico y administrativo y los
cuidados hospitalarios. Por último, en diciembre de 2013 se aprobó una reforma
del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo; no
obstante, esa reforma no bastará para eliminar el déficit del sistema y, más precisamente,
el procedente de los regímenes aplicables a los funcionarios públicos y a los
empleados de una serie de empresas estatales. En total, según las previsiones
de las autoridades francesas, las nuevas medidas de pensiones se limitarán a
dividir por dos el déficit total del sistema hasta alcanzar un 0,5 % del
PIB en 2020. Además, el alcance del ajuste está sujeto a importantes riesgos
dado que el escenario macroeconómico en el que se sustentan las previsiones
podrían resultar excesivamente optimista. El recién creado comité de
supervisión de las pensiones (Comité de Suivi des Retraites) deberá
asegurarse de la progresiva eliminación del déficit del sistema.
(11)
Francia se cuenta entre los Estados miembros
donde la mano de obra es más cara. Concretamente, la severa carga fiscal sobre
el trabajo merma la rentabilidad de las empresas. Para fomentar la competitividad
de los costes, el Gobierno francés ha adoptado una serie de iniciativas destinadas
a aliviar esa carga. En diciembre de 2012 se adoptó la deducción fiscal por la
competitividad y el empleo (CICE), equivalente a una disminución del coste de
la mano de obra para los sueldos inferiores en 2,5 veces o más al salario
mínimo. En enero de 2014 se anunció además una disminución adicional de
10 000 millones EUR del coste de la mano de obra como parte del «Pacto de responsabilidad y solidaridad».
Ambas medidas, que supondrán 30 000 millones EUR o un 1,5 % del PIB,
importe que va parejo al aumento global del impuesto de sociedades a lo largo
del periodo 2010-2013, cerrarían solo la mitad de la brecha existente entre Francia y la media de la zona del euro en lo que a las
cotizaciones empresariales a la seguridad social se refiere. Además, las
empresas exportadoras, que tienden a pagar sueldos elevados, se beneficiarán menos
del CICE que las empresas no exportadoras, lo que atenúa los efectos de la
medida en la competitividad. El Pacto de
responsabilidad y solidaridad incluye una reducción del coste de la mano de
obra para los sueldos bajos y otra para los que equivalen a entre 1,6 y 3 veces
el salario mínimo. Esta última medida, que se espera entre en vigor en 2016, tendría
un impacto más directo para las empresas exportadoras. El sistema de fijación
salarial en Francia tiende a crear distorsiones de la estructura salarial y a limitar
la capacidad de las empresas para ajustar los sueldos en épocas de recesión
económica. El Alto Consejo de Financiación de la Protección Social (Haut
Conseil du financement de la protection sociale) ha evaluado las
repercusiones en el empleo de diferentes hipótesis de exención de las
cotizaciones a la seguridad social, aunque ha prestado una atención limitada a
su impacto en la evolución de los sueldos y la competitividad. No obstante,
aunque se han concedido amplias exenciones con respecto a los trabajadores
perceptores del salario mínimo, el coste de la mano de obra que percibe ese salario
sigue siendo elevado. Esas exenciones contribuyeron a contener los costes de la
mano de obra en 2013, lo cual es un dato positivo, pero el nivel del salario
mínimo en Francia ofrece uno de los poderes adquisitivos más altos de la UE. Por
esos motivos, el salario mínimo debe seguir evolucionando conforme a criterios
de competitividad y creación de empleo. Francia aplica contadas excepciones al
salario mínimo legal y podría hacer esfuerzos adicionales para reducir el coste
de la mano de obra de los grupos vulnerables.
(12)
La clasificación mundial de Francia resultante
de una serie de estudios sobre el medio empresarial internacional se ha
deteriorado. Si bien se han hecho ciertos esfuerzos como parte del «plan de
simplificación de choque» aplicado en julio de 2013 para distender las
relaciones entre las empresas y la Administración, es preciso seguir mejorando
el entorno empresarial. Además, algunas de las medidas esbozadas en el plan de
simplificación están todavía por definir y por aplicar. Procede prestar
atención, en particular, a la reglamentación contenida en el Estatuto de los
Trabajadores o a las reglas de contabilidad vinculadas a determinados umbrales
de tamaño de las empresas, que alicortan su expansión y pueden contribuir a las
dificultades que experimentan las PYME para alcanzar el tamaño que les
permitiría exportar e innovar. Las iniciativas dirigidas a potenciar el gasto
en I+D y la innovación por parte de las empresas privadas, especialmente el
crédito fiscal para investigación y los polos de competitividad, han generado
hasta el momento resultados desiguales. El decreciente peso de la industria en
el sector privado francés se plasma en un estancamiento del gasto dedicado a
I+D por las empresas privadas, a pesar de los importantes esfuerzos realizados de
forma individual por cada empresa. Como consecuencia, una amplia proporción del
gasto en I+D sigue siendo financiada por el Estado, bien de forma directa
(investigación pública) bien de forma indirecta (subvenciones). La eficacia de
las herramientas existentes debería aumentarse para generar un mayor nivel de
gasto en I+D por las empresas privadas y de innovación en el sector privado. Concretamente,
los recursos asignados a los polos de competitividad podrían potenciar mejor
los efectos de escala y aumentar la difusión de la innovación. Además, la
eficacia de las políticas adoptadas podría intensificarse permitiendo que esos
polos se convirtiesen en auténticas redes de empresas con efectos indirectos
positivos. Por último, se prevé que el coste del crédito fiscal para
investigación alcance en 2014 5 800 millones EUR (cerca de un 0,3 %
del PIB). Pese al coste de esta medida, su eficacia en relación con la I+D no
ha sido objeto de evaluación ex post alguna.
(13)
Si bien se han eliminado los obstáculos relativos
a la forma jurídica, los requisitos de participación accionarial o las tasas aplicables
a determinadas profesiones (por ejemplo, los veterinarios), la mayoría de ellas
sigue sujeta a fuertes obstáculos que dificultan su acceso o ejercicio (taxistas,
profesionales del sector sanitario, notarios y profesiones jurídicas en
general). El principio de numerus clausus que rige la incorporación a numerosas
profesiones (médicos, farmacéuticos, etc.) sigue entorpeciendo el acceso a los
servicios y podría ser objeto de una revisión que no comprometiese la calidad
ni la seguridad de estos. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación
detallada de la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones que
afectan a las profesiones reguladas. En el sector minorista, siguen vigentes engorrosos
trámites para la autorización de la apertura de establecimientos comerciales (derivados,
en su mayor parte, de la normativa de planificación urbana) y la prohibición de
las ventas a pérdida, con repercusiones negativas para la competencia y los
consumidores. Hasta la fecha, no se han adoptado en Francia medidas concretas
para eliminar los obstáculos de acceso al sector minorista. Por lo que respecta
a la distribución de electricidad y gas, se están eliminando gradualmente las tarifas
reguladas para los consumidores no domésticos. No obstante, los precios
aplicables a los hogares y los precios de la electricidad siguen regulados y
fijados por debajo de los costes, y el acceso de otros proveedores al mercado
sigue siendo limitado. Por lo que respecta a las interconexiones energéticas,
deberán culminarse los proyectos en curso, sobre todo con España, para reforzar
las conexiones de gas y electricidad con los países vecinos. En el sector
ferroviario, las barreras de entrada al mercado siguen impidiendo un funcionamiento
eficiente del mercado. Francia no ha abierto su mercado nacional de transporte
de pasajeros por ferrocarril a la competencia; los servicios internacionales,
en cambio, tienen algunos operadores nuevos. Francia ha acometido una reforma
de su sistema de redes ferroviarias para aumentar su sostenibilidad financiera.
En octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que actualmente se halla en
fase de debate parlamentario; entre las medidas que lo componen se encuentra el
nombramiento de un gestor de infraestructura con plenas competencias integrado
en una estructura vertical que incluirá al operador tradicional. Esta nueva estructura
puede dificultar el acceso de otros operadores a la red.
(14)
Francia tiene una elevada y creciente carga
fiscal. En 2013, la ratio impuestos/PIB se situaba en el 45,9 %, una de
las más altas de la UE, que por añadidura ha registrado un aumento de 3 puntos
porcentuales desde el inicio del saneamiento presupuestario en 2010. Ante esta situación,
un comité especial (Assises de la fiscalité) ha
ofrecido su asesoramiento para la reforma del sistema tributario. Hasta la
fecha se han registrado escasos progresos en la reducción de los tipos nominales
de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y en el
aumento de la eficiencia del IVA. En cambio, la sobrecarga temporal ejercida
sobre las grandes empresas se ha prolongado hasta 2015, lo que provocará una
subida del tipo global nominal del impuesto de sociedades al 38,1 % (el
tipo nominal, del 33,3 %, es ya uno de los más elevados de la UE). El Gobierno
francés ha anunciado una reducción gradual del tipo nominal al 28 % de
aquí a 2020, pero se carece de información sobre el calendario exacto de
aplicación de la medida. El año pasado se registraron asimismo progresos
limitados en cuanto a la reducción y racionalización de los impuestos sobre la
renta. A pesar de los avances obtenidos en la fiscalidad medioambiental (con la
introducción gradual del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono,
llamado contribution climat énergie), la proporción de los impuestos
medioambientales en el PIB sigue siendo baja. Concretamente, en Francia no se
indexan los impuestos especiales con la inflación y persisten importantes
subvenciones nocivas para el medio ambiente, como el tipo preferente del
impuesto especial aplicable al gasóleo. Por último, en 2013 no se
adoptaron medidas adicionales para subsanar la distorsión a favor del
endeudamiento en el impuesto de sociedades con el fin de prevenir un mayor
aumento de la deuda privada.
(15)
A pesar de la adopción de toda una batería de
medidas, la situación del mercado laboral en Francia siguió deteriorándose en
2013 y sigue presentando considerables dificultades. El desempleo siguió
aumentando hasta alcanzar el 10,3 % en 2013 (frente al 7,5 % en 2008).
El mercado laboral francés sigue segmentado, con niveles muy bajos de
transición de contratos temporales a contratos permanentes (la probabilidad de pasar
de un puesto temporal a otro permanente era solo del 10,6 % en 2010, frente
a una media del 25,9 % en la UE). El acuerdo interprofesional para la
obtención de empleo dio lugar a una ley que se adoptó en julio de 2013. Aunque
esta reforma es positiva, sus repercusiones son por el momento desiguales.
Concretamente, muy pocas empresas han recurrido a los mecanismos de acuerdos de
empresa establecidos por la ley para aumentar la flexibilidad de las
condiciones de trabajo en caso de dificultades económicas transitorias. No
obstante, el porcentaje de despidos efectivos denunciados ante los tribunales se
ha reducido considerablemente. Aunque en 2014 los interlocutores sociales
celebraron negociaciones con miras a la reforma del sistema de prestaciones de
desempleo, no se prevé que el nuevo acuerdo logre reducir sustancialmente el
déficit que este sistema genera. El déficit acumulado del régimen de subsidios
de desempleo, que en 2013 se aproximaba al 1 % del PIB, exige medidas
estructurales adicionales que aseguren la sostenibilidad del sistema. En
particular, algunos de sus componentes, como las condiciones de elegibilidad, el
carácter decreciente de las prestaciones a lo largo del tiempo o las tasas de
sustitución de los trabajadores con sueldos más elevados experimentaron solo modificaciones
muy tenues tras el último acuerdo entre interlocutores sociales de marzo de 2014
y precisan de nuevas adaptaciones que aseguren la existencia de los incentivos
adecuados para trabajar. Gracias a las reformas sucesivas de las pensiones, la
tasa de empleo de los trabajadores entre 55 y 64 años ha conocido un aumento
constante en los últimos tres años. A pesar de ello, los índices de empleo de
los trabajadores de más edad en Francia (45,6 % en 2012) siguen siendo muy
inferiores a la media de la UE (-4,5 puntos porcentuales) y solo un 55 % de
los trabajadores de mayor edad se jubilan directamente desde una situación de
empleo (2008-2011). Como consecuencia de esta situación, la tasa de desempleo
de este grupo ha aumentado considerablemente en los últimos años. Es por
consiguiente necesario intensificar las medias que aumenten su empleabilidad y
revisar los incentivos para su permanencia o su retorno al trabajo.
(16)
El Programa para la Evaluación Internacional
de los Alumnos de 2013 puso de manifiesto que la desigualdad en la enseñanza se
encuentra en Francia entre las más altas de los países de la OCDE. Una sexta
parte de los jóvenes franceses sale del sistema de educación y formación sin
ningún título; esta tendencia resulta especialmente preocupante si se considera
que al final de 2013 la tasa de desempleo de los jóvenes era del 25,5 % y
que el riesgo de desempleo era dos veces mayor para los jóvenes menos
cualificados. Los programas de fomento del aprendizaje deberán destinarse, en
particular, a estos jóvenes. Se alcanzaron ciertos
progresos en este terreno con la reforma de la educación obligatoria
introducida en julio de 2013 y la adopción de una ley de formación profesional
y aprendizaje permanente en marzo de 2014. No obstante, es demasiado pronto
para determinar si estas medidas van a ser eficaces para limar las
desigualdades del sistema educativo y sigue pendiente de aplicación el nuevo plan destinado al primer ciclo de la enseñanza secundaria
en las zonas desfavorecidas. Por último, el número de aprendices disminuyó en
2012 y los programas beneficiaron cada vez más a los estudiantes
universitarios.
(17)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha realizado un análisis global de la política económica de Francia.
Ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad y ha
presentado un examen exhaustivo. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia
para la sostenibilidad de la política presupuestaria y socioeconómica de
Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE,
dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión
incluyendo aportaciones de la Unión en las futuras decisiones nacionales. Sus
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las
recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
(18)
A la luz de esta evaluación, el Consejo ha
examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen[10] se
refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(19)
A la luz del examen exhaustivo realizado por
la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa
Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones,
formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011, se
reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.
(20)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha realizado también un análisis de la política económica de la zona
del euro en su conjunto. Sobre esta base, el Consejo ha formulado
recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el
euro. Francia debería también garantizar la oportuna y plena aplicación de
estas recomendaciones.
RECOMIENDA que Francia tome
medidas en el período 2014-2015 a fin de:
1.           Reforzar
la estrategia presupuestaria -entre otras cosas, especificando más
detalladamente las medidas subyacentes- para 2014 y años posteriores, con el
fin de asegurar la corrección del déficit excesivo de forma sostenible para
2015 mediante el esfuerzo de ajuste estructural especificado en la
Recomendación del Consejo con arreglo al Procedimiento de Déficit Excesivo. La
corrección duradera de los desequilibrios fiscales requiere una aplicación
creíble de reformas estructurales ambiciosas que aumenten la capacidad de
ajuste y potencien el crecimiento y el empleo. Tras la corrección del déficit
excesivo, proseguir un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo de al
menos un 0,5 % del PIB anual, porcentaje que se incrementará cuando las
condiciones económicas sean favorables o cuando así lo exija el cumplimiento de
la norma en materia de deuda a fin de situar la elevada ratio de deuda de las
administraciones públicas en una senda descendente sostenible. Redoblar los
esfuerzos para conseguir incrementos de eficiencia en todos los subsectores de
la Administración pública, redefiniendo, cuando así proceda, el alcance de la
intervención del Gobierno. En particular, tomar medidas para reducir
considerablemente el gasto en seguridad social a partir de 2015 según lo
previsto, fijando objetivos anuales más ambiciosos de gasto sanitario, conteniendo
los costes de las pensiones y racionalizando las prestaciones familiares y los
subsidios de vivienda. Fijar un calendario claro para el proceso de descentralización
en curso y tomar, no más tarde de diciembre de 2014, las primeras medidas
dirigidas a suprimir duplicidades administrativas, facilitar fusiones entre
órganos de gobierno local y especificar las responsabilidades de cada capa de la
administración local. Introducir un tope del incremento anual de las
recaudaciones tributarias de las administraciones locales, reduciendo en
paralelo las subvenciones de la Administración central conforme a lo previsto. Además
de atender la necesidad de ahorro a corto plazo, adoptar no más tarde de junio
de 2015 medidas que permitan atajar el aumento del gasto sanitario público (incluidos
los gastos farmacéuticos) previsto de medio a largo plazo, a las que se
añadirán según proceda medidas destinadas a equilibrar con carácter sostenible
el sistema de pensiones de aquí a 2020, con especial énfasis en los regímenes
especiales vigentes.
2.           Garantizar que se sostenga
la reducción del coste de la mano de obra derivada del crédit d’impôt compétitivité
emploi. Adoptar medidas para seguir disminuyendo las cotizaciones empresariales
a la seguridad social en cumplimiento de los compromisos del Pacto de
responsabilidad y solidaridad, asegurando que ninguna otra medida contrarreste
sus efectos y que los objetivos actualmente fijados se mantengan. Seguir
evaluando el impacto económico de las exenciones de las cotizaciones a la
seguridad social, haciendo hincapié en el empleo, la evolución de los sueldos y
la competitividad, y adoptar, en caso necesario, las medidas apropiadas. Sin
incidir en el presupuesto, seguir reduciendo el coste de la mano de obra,
concretamente en el peldaño inferior de la escala salarial, objetivo que se
conseguirá esencialmente mediante reducciones específicas de las cotizaciones empresariales
de la seguridad social, teniendo en cuenta los distintos regímenes de ayuda
salarial.
3.           Simplificar las reglas
administrativas, fiscales y contables de las empresas y adoptar disposiciones
concretas de aplicación del «plan de simplificación» del Gobierno en curso, no
más tarde de diciembre de 2014. Eliminar los impedimentos normativos a la
expansión de las empresas, revisando los criterios de tamaño recogidos en las
regulaciones vigentes a fin de evitar efectos de umbral. Adoptar medidas para aumentar
la sencillez y eficiencia de la política de innovación, especialmente mediante
una evaluación y, en caso necesario, una adaptación del crédit d’impôt recherche.
Asegurar que los recursos se canalizan hacia los polos de competitividad más
eficaces y fomentar en mayor medida el impacto económico de la innovación desarrollada
en los polos.
4.           Eliminar toda
restricción injustificada del acceso a las profesiones reguladas y el ejercicio
de las mismas, reducir los costes de entrada y favorecer la competencia en el
sector de servicios. Tomar nuevas medidas para reducir la carga reguladora que
afecta al funcionamiento del sector minorista, simplificando el proceso de
autorización de la apertura de establecimientos comerciales y eliminando la
prohibición de las ventas a pérdida. Manteniendo condiciones asequibles para
los grupos vulnerables, asegurar que las tarifas reguladas del gas y la
electricidad para los hogares se fijen en un nivel apropiado para no
obstaculizar la competencia. Reforzar la capacidad de interconexión de las
redes energéticas con España; más concretamente, ampliar la capacidad de
interconexión de gas para integrar plenamente el mercado ibérico del gas con el
mercado europeo. En el sector ferroviario, garantizar la independencia del
nuevo gestor único de infraestructura respecto del operador tradicional y tomar
medidas para abrir el transporte nacional de pasajeros a la competencia antes
de 2019.
5.           Aliviar la carga fiscal
sobre el trabajo y redoblar los esfuerzos de simplificación e incremento de la
eficiencia del sistema tributario. Con tal fin, a partir del presupuesto de
2015, adoptar medidas dirigidas a eliminar todo gasto ineficiente de los
impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades, sobre la base
de las evaluaciones recientes y de la iniciativa Assises de la fiscalité,
reduciendo de forma paralela los tipos nominales; adoptar medidas adicionales
para acabar con la distorsión a favor del endeudamiento en la fiscalidad
empresarial; ampliar la base imponible, especialmente en los bienes y servicios
de consumo; eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio
ambiente.
6.           Segur luchando contra la
rigidez del mercado laboral, concretamente mediante medidas de reforma de las
condiciones de los «acuerdos de mantenimiento del empleo» a fin de aumentar su utilización
por parte de las empresas en dificultades. Adoptar medidas adicionales de
reforma del sistema de subsidio de desempleo, en concertación con los
interlocutores sociales, a fin de asegurar su sostenibilidad, por un lado, y la
existencia de incentivos suficientes para regresar al trabajo, por otro. Reforzar
las actividades de asesoramiento y formación destinadas a los trabajadores de
mayor edad y reevaluar los dispositivos correspondientes de los regímenes
específicos de desempleo.
7.           Proseguir
la modernización de la enseñanza y formación profesionales, aplicar la reforma
de la enseñanza obligatoria y seguir actuando para reducir las desigualdades
educativas, intensificando, en particular, las medidas de lucha contra el
abandono escolar prematuro. Asegurar que las políticas activas de empleo apoyen
realmente a los grupos más vulnerables. Facilitar la transición de la escuela
al trabajo, intensificando las medidas de desarrollo de los programas de
aprendizaje con miras, en particular, a los beneficiarios poco cualificados.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2014) 411 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 and P7_TA(2014)0129.
[5]               OJ L 140, 27.5.2013, p.11.
[6]               C(2013) 8004 final.
[7]               COM(2012) 800 final.
[8]               COM(2012) 790 final.
[9]               SWD(2014) 81 final.
[10]             Artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo.


title: Recomendación de la Comisión, de 28 de mayo de 2008 , sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: 2-nitrotolueno y 2,4-dinitrotolueno [notificada con el número C(2008) 2233] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               31.5.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 141/20

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 28 de mayo de 2008
   sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: 2-nitrotolueno y 2,4-dinitrotolueno
   [notificada con el número C(2008) 2233]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2008/405/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (1), y, en particular, su artículo 11, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el marco del Reglamento (CEE) no 793/93, las siguientes sustancias se han clasificado como sustancias prioritarias para su evaluación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 2364/2000 de la Comisión, de 25 de octubre de 2000, relativo a la cuarta lista de sustancias prioritarias según establece el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (2):

                           —

                           2-nitrotolueno,

                           —

                           2,4-dinitrotolueno.

               (2)

               Siguiendo las disposiciones del Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes (3), el Estado miembro que se designó como ponente en virtud de los reglamentos arriba citados ha finalizado ya la evaluación del riesgo que esas sustancias suponen para el ser humano y el medio ambiente y ha propuesto una estrategia para limitarlo de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo.

               (3)

               El Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales (CCRSM) ha sido consultado y ha emitido sus dictámenes con respecto a las evaluaciones del riesgo efectuadas por el ponente. Estos dictámenes pueden encontrarse en la página Internet del Comité científico.

               (4)

               Los resultados de la evaluación del riesgo y otros resultados de la estrategia de limitación del riesgo se recogen en la correspondiente Comunicación de la Comisión (4).

               (5)

               Sobre la base de dicha evaluación, es conveniente recomendar determinadas medidas de reducción del riesgo en relación con ciertas sustancias. En cuanto a las sustancias que no se mencionan específicamente, no hay ninguna recomendación para los destinatarios de la presente Recomendación.

               (6)

               Las medidas de reducción del riesgo recomendadas para los trabajadores deben aplicarse dentro del marco de la legislación sobre protección de los trabajadores, de la que se considera que ofrece el marco adecuado para limitar los riesgos de estas sustancias en la medida necesaria.

               (7)

               Las medidas de reducción del riesgo previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 793/93.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1
   2,4-DINITROTOLUENO
   (No CAS 121-14-2; no Einecs 204-450-0)
   Medidas de reducción del riesgo para el medio ambiente (1, 2, 3)

               1)

               Que las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes establezcan, en las autorizaciones que concedan en virtud de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), condiciones, valores límite de emisión o parámetros o medidas técnicas equivalentes respecto al 2,4-dinitrotolueno a fin de aplicar las mejores técnicas disponibles (MTD), teniendo en cuenta las características técnicas de las instalaciones correspondientes, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales.

               2)

               Que los Estados miembros lleven a cabo un seguimiento cuidadoso de la aplicación de las MTD en relación con el 2,4-dinitrotolueno e informen a la Comisión sobre los eventuales cambios importantes, en el marco del intercambio de información relativa a las MTD.

               3)

               Que las emisiones locales de 2,4-DNT al medio acuático y a través de emisiones atmosféricas se controlen, en caso necesario, mediante normas nacionales para garantizar que no quepa esperar ningún riesgo para el medio ambiente.

         SECCIÓN 2
   DESTINATARIOS

               4)

               La presente Recomendación se dirige a todos los sectores que importen, produzcan, transporten, almacenen, formulen en preparados o elaboren de otra manera, utilicen, eliminen o recuperen dichas sustancias, así como a los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 2008.

            Por la Comisión

         Stavros DIMAS

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

      (2)  DO L 273 de 26.10.2000, p. 5. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

      (3)  DO L 161 de 29.6.1994, p. 3.

      (4)  DO C 134 de 31.5.2008, p. 4.

      (5)  DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.


title: 2012/771/UE: Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012 , relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal

text:
               12.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 338/37

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 6 de diciembre de 2012
   relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal
   (2012/771/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En un contexto internacional, la existencia de diferentes legislaciones tributarias se suele aceptar como una consecuencia de la soberanía fiscal. En este contexto, algunos terceros países, generalmente de pequeñas dimensiones y con necesidades financieras limitadas, han optado por aplicar un bajo nivel del impuesto sobre la renta, tanto a los particulares como a las empresas, o incluso por no aplicarlo en absoluto. Tales políticas tributarias no tienen por qué ser perjudiciales en sí mismas, en tanto en cuanto el Estado que las ponga en práctica coopere a nivel internacional a fin de permitir a otros Estados aplicar sus propias políticas en el ámbito fiscal.

               (2)

               Ahora bien, las políticas que entrañan un bajo nivel de ingresos fiscales o la total supresión de los mismos a menudo van unidas a una falta de transparencia o de intercambio de información con otros Estados. Los Estados que las practican atraen inversiones ofreciendo a los no residentes un refugio para ciertos tipos de capitales o rentas móviles y permitiéndoles ocultar la existencia de dichas rentas o capitales a la Administración tributaria de su Estado de residencia.

               (3)

               A fin de hacer frente a tales problemas, se han adoptado varias iniciativas en diversos foros internacionales, como, por ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o el G20. Por otro lado, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales (en lo sucesivo, «el Foro Global») ha elaborado normas en materia de transparencia e intercambio de información a efectos fiscales. En 2009, el Foro Global aceptó revisar la aplicación de esas normas. A raíz de su decisión, emprendió un proceso de revisión global inter pares, y muchos de los países que vienen aplicando unos niveles impositivos exiguos han acordado celebrar acuerdos bilaterales relativos al intercambio de información en materia fiscal.

               (4)

               En el ámbito de la Unión, las cuestiones relativas a la transparencia y el intercambio de información han sido abordadas en la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (1). Por otro lado, dentro de la Unión existe un consenso, que se concretó en el Código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, incluido en el anexo 1 de las conclusiones del Consejo ECOFIN, de 1 de diciembre de 1997, relativo a la política fiscal (2), en el sentido de que las medidas fiscales perniciosas no son aceptables, lo que dificulta su mantenimiento o introducción por los Estados miembros. Además, se están analizando a la luz de las normas sobre ayudas estatales contempladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) una serie de medidas que podrían inscribirse en el ámbito de aplicación del Código de conducta.

               (5)

               En el marco de sus relaciones con los terceros países, la Unión ha tratado de convencer a estos últimos de que se adhieran a sus principios en materia de transparencia e intercambio de información (similares a las normas internacionales ampliamente aceptadas en estos ámbitos) y de que supriman las medidas fiscales perniciosas que se describen en la Comunicación de la Comisión sobre fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal (3) y en la Comunicación de la Comisión sobre cooperación sobre fiscalidad y desarrollo; cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (4).

               (6)

               Los Estados miembros cuya base imponible se ha visto negativamente afectada por la falta de transparencia o por la aplicación de medidas fiscales perniciosas por parte de terceros países han adoptado medidas para solucionar este problema. Sin embargo, los contribuyentes han respondido desviando sus actividades económicas y transacciones hacia otros territorios con un nivel de protección menor. Este riesgo es particularmente importante dentro de la Unión, habida cuenta de la libertad de que gozan los operadores económicos para emprender su actividad en cualquier punto de su territorio. Por consiguiente, el nivel de protección existente dentro de la Unión frente a la erosión de la base imponible tiende a corresponderse con el Estado miembro que ofrece el nivel de protección más exiguo.

               (7)

               Las distorsiones que entraña esta situación dentro de la Unión pueden provocar un falseamiento de los flujos de capitales y de la circulación de los contribuyentes dentro del mercado interior, perjudicando a su correcto funcionamiento, y erosionar las bases imponibles de los Estados miembros. Es preciso poner fin a estas distorsiones mediante la aplicación de un enfoque común a todos los Estados miembros.

               (8)

               Por lo tanto, resulta necesario establecer de forma precisa normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal, tanto por lo que respecta a la transparencia y el intercambio de información como a las medidas fiscales perniciosas, y adoptar una serie de medidas con respecto a los terceros países que promuevan el cumplimiento de las normas establecidas por parte de estos.

               (9)

               En materia de transparencia e intercambio de información, se ha establecido una norma reconocida a nivel internacional en el pliego de condiciones acordado por el Foro Global en 2009. Por tanto, resulta oportuno que dichas condiciones constituyan la base de la presente Recomendación. Por lo que respecta a las medidas fiscales perniciosas, el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas se ha revelado una referencia pertinente dentro de la Unión. Los Estados miembros se han comprometido a promover los principios consagrados en dicho Código en los terceros países. Así pues, resulta oportuno hacer referencia a los criterios establecidos en el Código a los fines de la presente Recomendación. A este respecto, resulta oportuno aludir asimismo a la labor desarrollada por el Grupo del Código de Conducta (fiscalidad de las empresas), creado por el Consejo a fin de evaluar las medidas fiscales que puedan inscribirse en el ámbito de aplicación del Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (5). Los casos analizados por dicho grupo pueden ser de utilidad a la hora de analizar si una determinada medida puede considerarse perniciosa.

               (10)

               Resulta conveniente que la presente Recomendación señale una serie de medidas que deberían aplicarse en las relaciones con terceros países que no cumplan las normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal. Mediante la aplicación común de dichas medidas, los Estados miembros incrementarían de forma significativa la eficacia de las medidas que adoptan por separado. De este modo, podrían reducirse las pérdidas de ingresos fiscales disminuyendo, paralelamente, los costes administrativos de las Administraciones tributarias y las cargas de los contribuyentes en materia de cumplimiento.

               (11)

               A fin de promover la aplicación de las normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal, es preciso proponer asimismo medidas positivas que animen a los terceros países que ya cumplen dichas normas o que se han comprometido a cumplirlas pero que necesitan ayuda al efecto.

               (12)

               Las medidas contempladas en la presente Recomendación y aplicadas por los Estados miembros deben ser compatibles con el Derecho de la Unión, en particular con las libertades fundamentales consagradas por el TFUE.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   1.   Objeto
   La presente Recomendación establece criterios que permiten identificar a los terceros países que no cumplan las normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal. Asimismo, enumera una serie de medidas que los Estados miembros pueden adoptar en detrimento de los terceros países que no cumplan dichas normas y a favor de los que sí lo hagan.
   La presente Recomendación se aplica al impuesto sobre la renta.
   2.   Definiciones
   A efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:

               a)

               «impuesto sobre la renta», todo impuesto aplicado a la renta de las personas físicas y jurídicas, independientemente del modo en que se perciba, que se aplique en nombre de un Estado, de sus subdivisiones políticas o de sus autoridades locales;

               b)

               «tercer país», todo territorio distinto del de un Estado miembro;

               c)

               «lista negra nacional», una lista adoptada por un Estado miembro en la que figuren los territorios con respecto a los cuales dicho Estado miembro aplique medidas o políticas fiscales predeterminadas.

         3.   Normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal
   Un tercer país solo cumple las normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal:

               a)

               cuando ha adoptado medidas legislativas, reglamentarias y administrativas destinadas a cumplir las normas en materia de transparencia e intercambio de información establecidas en el anexo y las aplica de forma efectiva;

               b)

               cuando no aplica medidas fiscales perniciosas en el ámbito de la fiscalidad de las empresas.

         Deben considerarse potencialmente perniciosas las medidas fiscales que implican un nivel impositivo efectivo notablemente inferior, incluido el tipo cero, al aplicado habitualmente en ese tercer país. Dicho nivel impositivo puede ser el resultado del tipo impositivo nominal, de la base imponible o de cualquier otro factor pertinente.
   En la evaluación del carácter pernicioso de dichas medidas se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

               a)

               si las ventajas se otorgan solo a no residentes o solo con respecto a las operaciones realizadas con no residentes, o

               b)

               si las ventajas están totalmente aisladas del mercado nacional, de manera que no afectan a la base imponible nacional, o

               c)

               si las ventajas se otorgan aun cuando no exista ninguna actividad económica real ni presencia económica sustancial dentro del tercer país que ofrezca dichas ventajas fiscales, o

               d)

               si las normas para determinar los beneficios derivados de las actividades internas de los grupos de empresas multinacionales no se ajustan a los principios internacionalmente reconocidos, concretamente a las normas acordadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), o

               e)

               si las medidas fiscales carecen de transparencia y, en particular, si las disposiciones legales se aplican a nivel administrativo con menos rigor y sin transparencia.

         Al aplicar dichos criterios, los Estados miembros deben tener en cuenta las conclusiones del Grupo del Código de Conducta (fiscalidad de las empresas) por lo que respecta a las medias fiscales que haya considerado perniciosas.
   4.   Medidas contra los terceros países que no cumplan las normas mínimas establecidas en el punto 3

               4.1.

               Procede que los Estados miembros publiquen listas negras de terceros países que no respeten las normas mínimas establecidas en el punto 3, con vistas a la aplicación del punto 4.3. Conviene que dichas listas negras hagan referencia a la presente Recomendación.

               4.2.

               Los Estados miembros que hayan adoptado listas negras nacionales deberían incluir en ellas a los terceros países que no cumplan las normas mínimas establecidas en el punto 3.

               4.3.

               Todo Estado miembro que haya celebrado un convenio de doble imposición con un tercer país que no respete las normas mínimas establecidas en el punto 3, debería tratar de renegociar el Convenio, suspenderlo, o ponerle fin, en función de lo que resulte más adecuado a fin de mejorar el cumplimiento de las normas por ese tercer país.

         5.   Medidas a favor de los terceros países que cumplan las normas mínimas establecidas en el punto 3

               5.1.

               Los Estados miembros deberían eliminar de las listas negras mencionadas en el punto 4.1 a aquellos países que cumplan las normas mínimas establecidas en el punto 3.

               5.2.

               Los Estados miembros deberían considerar la eliminación de las listas negras nacionales mencionadas en el punto 4.2 de los países que cumplan las normas mínimas establecidas en el punto 3.

               5.3.

               Los Estados miembros deberían evaluar la posibilidad de entablar negociaciones bilaterales con vistas a la celebración de convenios de doble imposición con los terceros países que cumplan las normas mínimas establecidas en el punto 3.

         6.   Medidas a favor de los terceros países que se comprometan a cumplir las normas mínimas establecidas en el punto 3

               6.1.

               Los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de intensificar la cooperación y la ayuda brindada a los terceros países, en particular a los que se encuentran en vías de desarrollo, que se comprometan a cumplir las normas mínimas establecidas en el punto 3, a fin de ayudarlos a combatir eficazmente el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva. A tal fin, deberían enviar a dichos países, en comisión de servicios y por un período limitado, a expertos en cuestiones fiscales.
               A la hora de evaluar el compromiso adquirido por dichos países de cumplir con las normas mínimas, los Estados miembros deberían tener en cuenta todas las indicaciones concretas a este efecto y, en particular, los progresos que haya realizado ya en materia de cumplimiento el tercer país en cuestión.

               6.2.

               En la medida en que un tercer país se beneficie de ayuda de conformidad con el punto 6.1 y realice los progresos esperados con vistas al cumplimiento de las normas mínimas, los Estados miembros deberían abstenerse de aplicar las medidas previstas en el punto 4, a excepción de la renegociación de los convenios de doble imposición.

         7.   Seguimiento
   Resulta oportuno que Estados miembros informen a la Comisión sobre las medidas que adopten para ajustarse a la presente Recomendación, así como sobre cualquier cambio que introduzcan en relación con dichas medidas.
   La Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la presente Recomendación en un plazo de tres años a partir de su adopción.
   8.   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2012.

            Por la Comisión

         Algirdas ŠEMETA

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 64 de 11.3.2011, p. 1.

      (2)  DO C 2 de 6.1.1998, p. 1.

      (3)  COM(2009) 201 final de 28 de abril de 2009.

      (4)  COM(2010) 163 final de 21 de abril de 2010.

      (5)  DO C 99 de 1.4.1998, p. 1.

      ANEXO

         NORMAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

      A.   DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

                  A.1.

                  El tercer país en cuestión garantizará que sus autoridades competentes dispongan de la información relativa a la propiedad e identidad de todas las entidades y acuerdos pertinentes.

                  A.2.

                  El tercer país en cuestión garantizará la llevanza de registros contables fiables en relación con todas las entidades y acuerdos pertinentes.

                  A.3.

                  Todos los titulares de una cuenta dispondrán de información bancaria.

            B.   ACCESO A LA INFORMACIÓN

                  B.1.

                  Las autoridades competentes del tercer país en cuestión estarán facultadas para obtener y facilitar la información objeto de una solicitud en el marco de un acuerdo de intercambio de información, procedente de cualquier persona en su territorio que posea o controle dicha información.

                  B.2.

                  Los derechos y salvaguardias aplicables a las personas en el tercer país requerido en cuestión serán compatibles con el intercambio efectivo de información.

            C.   INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

                  C.1

                  Los mecanismos para el intercambio de información con los Estados miembros deberán permitir que este último se lleve a cabo de forma efectiva.

                  C.2.

                  La red de mecanismos de intercambio de información del tercer país en cuestión abarcará la totalidad de los Estados miembros.

                  C.3.

                  Los mecanismos de intercambio de información del tercer país en cuestión incluirán disposiciones que garanticen la confidencialidad de la información recibida de los Estados miembros.

                  C.4.

                  Los mecanismos de intercambio de información del tercer país en cuestión respetarán los derechos y salvaguardias de contribuyentes y terceros.

                  C.5.

                  El tercer país en cuestión facilitará rápidamente la información gracias a la red de acuerdos con los Estados miembros.


title: Recomendación del Consejo, de 16 de febrero de 2010 , sobre el nombramiento del vicepresidente del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

text:
               2.3.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 16 de febrero de 2010
   sobre el nombramiento del vicepresidente del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
   2010/C 52/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 283, apartado 2, y 139, apartado 2, letra h), y vistos los artículos 11.2 y 42.3 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
   RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
   Nombrar a D. Vítor CONSTÂNCIO vicepresidente del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, con efectos a partir del 1 de junio de 2010.

      Hecho en Bruselas, 16 de febrero de 2010.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         E. SALGADO


title: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de  15 de febrero de 2006 , sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior

text:
               4.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 64/60

      RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 15 de febrero de 2006
   sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior
   (2006/143/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 149, apartado 4, y su artículo 150, apartado 4,
   Vista la propuesta de la Comisión,

   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Si bien la puesta en práctica de la Recomendación 98/561/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior (3), ha supuesto un notable éxito, como pone de relieve el informe de la Comisión de 30 de septiembre de 2004, sigue siendo necesario mejorar la eficacia de la enseñanza superior europea, en particular en lo que se refiere a su calidad, a fin de que sea más transparente y merecedora de la confianza de los ciudadanos europeos y de los estudiantes universitarios y académicos de otros continentes.

               (2)

               La Recomendación 98/561/CE instó al apoyo y, en su caso, a la creación de sistemas transparentes de garantía de la calidad. Casi todos los Estados miembros han establecido sistemas nacionales de garantía y han iniciado o autorizado la creación de una o más agencias de garantía de la calidad o acreditación.

               (3)

               La Recomendación 98/561/CE exhortó a que los sistemas de garantía de la calidad se basaran en una serie de características esenciales, entre las que figuran la evaluación de los programas o instituciones mediante una evaluación interna y una revisión externa, que cuenten con la participación de los estudiantes, la publicación de resultados y la participación internacional. Los resultados de las evaluaciones de garantía de la calidad desempeñan un importante papel en la ayuda a la mejora de la eficacia de las instituciones de enseñanza superior.

               (4)

               Las características esenciales a que se refiere el considerando 3 se han aplicado, en general, en todos los sistemas de garantía de la calidad, y han sido corroboradas por los Ministros de Educación europeos, reunidos en Berlín en septiembre de 2003, en el contexto del proceso de Bolonia, para impulsar la realización del Espacio europeo de la enseñanza superior.

               (5)

               La Asociación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior (ENQA), que se estableció en 2000, cuenta entre sus miembros con un número creciente de organismos de garantía de la calidad o acreditación de todos los Estados miembros.

               (6)

               En el contexto del proceso de Bolonia, los Ministros de Educación de 45 países aprobaron las normas y directrices relativas a la garantía de la calidad en el Espacio europeo de la enseñanza superior, como había propuesto la ENQA en la reunión celebrada en Bergen los días 19 y 20 de mayo de 2005, al hilo de las conclusiones de la reunión de Berlín de septiembre de 2003. Asimismo, acogieron favorablemente el principio de crear un Registro europeo de agencias de garantía de la calidad basado en una evaluación nacional, y pidieron que los aspectos prácticos de la aplicación fueran desarrollados por la ENQA, en colaboración con la Asociación Europea de Universidades (EUA), la Asociación Europea de instituciones de Enseñanza Superior (EURASHE) y las Asociaciones Nacionales de Estudiantes Europeos (ESIB), y que se remitiera un informe a los Ministros por medio del Grupo de seguimiento de Bolonia. Por otra parte, destacaron la importancia de la cooperación entre las agencias reconocidas a nivel nacional con miras a reforzar el reconocimiento mutuo de las decisiones sobre acreditación o garantía de la calidad.

               (7)

               Las iniciativas de la UE en apoyo de la garantía de la calidad deben desarrollarse de conformidad con las actividades desarrolladas en el contexto del proceso de Bolonia.

               (8)

               Es conveniente elaborar un registro de las agencias de garantía de la calidad independientes y fiables que operan en Europa, ya sean regionales o nacionales, de tipo general o especializado, públicas o privadas, para apoyar la transparencia en la enseñanza superior y contribuir al reconocimiento de cualificaciones y de períodos de estudio en otros países.

               (9)

               En el contexto de la Estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo, reunido en Barcelona en marzo de 2002, concluyó que la educación europea y los sistemas de formación deben convertirse en una «referencia de calidad mundial».

         RECOMIENDAN A LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1.

               que insten a todas las instituciones de enseñanza superior activas en su territorio a la introducción o el desarrollo de sistemas internos rigurosos de garantía de la calidad, con arreglo a las normas y directrices en materia de garantía de la calidad en el Espacio europeo de la enseñanza superior aprobadas en Bergen en el contexto del proceso de Bolonia;

               2.

               que insten a todos los organismos de garantía de la calidad o acreditación activos en su territorio a que sean independientes en sus evaluaciones, a que pongan en práctica las características de la garantía de la calidad establecidas en la Recomendación 98/561/CE y a que apliquen, a efectos de la evaluación, el conjunto de normas y directrices comunes aprobadas en Bergen. Dichas normas deben elaborarse en cooperación con representantes del sector de la enseñanza superior y aplicarse de tal forma que se proteja y fomente la diversidad y la innovación;

               3.

               que insten a los representantes de las autoridades nacionales, del sector de la enseñanza superior y de las agencias de garantía de la calidad o acreditación, junto con los interlocutores sociales, a que establezcan un «Registro europeo de agencias de garantía de la calidad» («Registro europeo») que se base en una evaluación nacional y tenga en cuenta los principios establecidos en el anexo, y a que definan los requisitos de registro y las normas de gestión del Registro;

               4.

               que permitan a las instituciones de enseñanza superior activas en su territorio elegir, entre las agencias de garantía de la calidad o acreditación del Registro europeo, aquélla que se ajuste mejor a sus necesidades y a su perfil, siempre que ello sea compatible con la legislación nacional o sea autorizado por sus autoridades nacionales;

               5.

               que permitan que las instituciones de enseñanza superior consigan una evaluación complementaria por otra agencia del Registro europeo, con el fin, por ejemplo, de consolidar su reputación internacional;

               6.

               que fomenten la cooperación entre las agencias con el fin de reforzar la confianza mutua y el reconocimiento de las evaluaciones sobre acreditación y garantía de la calidad, contribuyendo así al reconocimiento de las cualificaciones con miras a estudiar o trabajar en otro país;

               7.

               que garanticen el acceso público a las evaluaciones realizadas por las agencias de garantía de la calidad o acreditación que figuren en el Registro europeo.

         PIDEN A LA COMISIÓN:

               1.

               que continúe apoyando, en estrecha colaboración con los Estados miembros, la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior, las agencias de garantía de la calidad o acreditación, las autoridades competentes y otros organismos activos en este ámbito;

               2.

               que presente informes trienales al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los progresos en el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad en los diferentes Estados miembros, así como acerca de las actividades de cooperación a escala europea, incluidos los avances logrados con relación a los objetivos a que se hizo referencia anteriormente.

      Hecho en Estrasburgo, el 15 de febrero de 2006.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BORRELL FONTELLES

            Por el Consejo

            El Presidente

         H. WINKLER

      (1)  DO C 255 de 14.10.2005, p. 72.

      (2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de octubre de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 30 de enero de 2006.

      (3)  DO L 270 de 7.10.1998, p. 56.

      ANEXO
      «Registro europeo de agencias de garantía de la calidad»
      El Registro debe ofrecer una lista de agencias fiables cuyas evaluaciones sean merecedoras de la confianza de los Estados miembros (y de sus autoridades públicas) y ha de basarse en los siguientes principios fundamentales:

                  1)

                  la elaboración de la lista de agencias debe estar a cargo de representantes de las autoridades nacionales, del ámbito de la enseñanza superior (instituciones de enseñanza superior, estudiantes, profesores e investigadores) y de las agencias de garantía de la calidad o acreditación activas en los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales;

                  2)

                  entre los requisitos de registro de las agencias pueden figurar, entre otros, los siguientes:

                              i)

                              el compromiso de independencia absoluta en sus evaluaciones;

                              ii)

                              el reconocimiento como mínimo por el Estado miembro en que ejerzan su actividad (o por las autoridades públicas de dicho Estado miembro);

                              iii)

                              un funcionamiento basado en el conjunto de normas y directrices comunes a que se hace referencia en las recomendaciones 1 y 2 dirigidas a los Estados miembros;

                              iv)

                              una revisión externa realizada de forma periódica por organismos homólogos u otros expertos, que incluya la publicación de los criterios y métodos aplicados en ella, así como sus resultados;

                  3)

                  en caso de denegación de registro, es posible realizar una nueva evaluación sobre la base de las mejoras logradas.