title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad del Reino Unido para 2014

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/136

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 del Reino Unido y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad del Reino Unido para 2014
   2014/C 247/26
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas del Reino Unido para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado del Reino Unido para el período de 2012-2013 a 2017-2018.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba al Reino Unido como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo del Reino Unido, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que el Reino Unido continúa experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren seguimiento y la adopción de medidas políticas. En particular, hay que seguir atentos a la evolución de la situación de la deuda de los hogares, unida a los elevados niveles de deuda hipotecaria y a las características estructurales del mercado de la vivienda, así como a la evolución desfavorable de las cuotas del mercado exportador. Los riesgos en el sector de la vivienda consisten en una escasez estructural permanente de vivienda; las limitaciones intrínsecas de la oferta, especialmente en Londres, y la respuesta relativamente lenta de la oferta a la demanda siguen impulsando al alza los precios de la vivienda, en especial en Londres y en el Sudeste del país, y dan también lugar a que los compradores firmen hipotecas más elevadas. Es poco probable que la tendencia decreciente de las cuotas en los mercados de exportación plantee problemas a corto plazo, pero, asociada a un déficit de la balanza por cuenta corriente, podría plantear problemas de carácter estructural, relacionados con las carencias y deficiencias en materia de infraestructuras. Por lo que se refiere a las finanzas públicas, no se prevé que el Reino Unido cumpla el plazo para la corrección del déficit excesivo establecido por el Consejo, y el esfuerzo presupuestario anual medio se sitúa por debajo de la recomendación.

               (8)

               El 30 de abril de 2014, el Reino Unido presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (9)

               De conformidad con el artículo 4 del Protocolo (no 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la obligación en virtud del artículo 126, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de evitar déficit públicos excesivos no se aplicará al Reino Unido. El artículo 5 del Protocolo dispone que el Reino Unido tratará de evitar un déficit público excesivo. El 8 de julio de 2008, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que existía un déficit excesivo en el Reino Unido.

               (10)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia de 2014 consiste en equilibrar el actual presupuesto ajustado en función del ciclo al final de un período de cinco años consecutivos, que finaliza actualmente en 2018-2019. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo a medio plazo, como está previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit de las administraciones públicas se estima en el 5,0 % del PIB en el período 2014-2015, tras bajar desde un máximo del 11,4 % del PIB en 2009-2010. Esto no se atiene al plazo para la corrección del déficit excesivo establecido por el Consejo. Según el Programa de Convergencia, el déficit excesivo se corregirá en 2016-2017, situándose en el 2,4 % del PIB, dos años después del plazo fijado por el Consejo. El Programa de Convergencia supone que el déficit estructural (recalculado) de las administraciones públicas mejorará en 0,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 4,4 % del PIB a lo largo del año para el período 2014-2015. Los planes presupuestarios no bastan para alcanzar el esfuerzo presupuestario anual medio recomendado para corregir el déficit excesivo. Posteriormente, el Programa de Convergencia prevé una mejora anual del saldo estructural (recalculado) de 0,8 puntos porcentuales en 2015-2016 y de 1,3 puntos porcentuales en el período 2016-2017. En conjunto, el Programa de Convergencia solo cumple en parte los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (11)

               Hasta ahora, la consolidación se ha conseguido principalmente por medio de recortes de los gastos, por lo que cabría considerar la posible contribución a los ingresos de una ampliación de la base imponible. El Reino Unido registra un nivel elevado de impuestos no percibidos, en particular en lo que respecta a la fiscalidad indirecta. Según el Programa de Convergencia, se prevé que el ratio deuda/PIB aumente hasta el 93,1 % en 2015-2016, antes de disminuir al 86,6 % en 2018-2019. El escenario macroeconómico del Reino Unido, en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia, es verosímil. Los posibles riesgos para las previsiones presupuestarias se derivan de un crecimiento menor de lo esperado, debido a los salarios limitados que frenan el consumo privado y a la incertidumbre que obstaculiza las inversiones. No obstante, las previsiones son coherentes con las previsiones de primavera de 2014 de los servicios de la Comisión, que tampoco prevén que el déficit excesivo se haya corregido dentro del plazo establecido por el Consejo. Además, según las previsiones de la Comisión, la variación (corregida) del saldo estructural en el periodo 2010-2014 se queda corta en un 0,6 % anual del PIB por término medio con respecto a la recomendación y se prevé que en 2015 tampoco lo alcance. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que se necesitan medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de la Recomendación en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo.

               (12)

               El Reino Unido ha adoptado medidas tanto en términos de demanda como de oferta en el ámbito de la vivienda. Aunque la oferta de nuevos bienes ha aumentado, sigue siendo baja y se sitúa muy lejos de la demanda. Esto, combinado con unos bajos tipos de interés y unas condiciones hipotecarias más sencillas (como unos mayores múltiplos préstamo/ingresos), han empujado al alza los precios de la vivienda en algunas zonas del Reino Unido, especialmente en Londres. La escasez de la oferta ha sido durante mucho tiempo un fenómeno estructural y es probable que se mantenga a medio plazo. Es necesario actuar para fomentar más la oferta de viviendas, mediante la creación de incentivos adecuados que aumenten la oferta a nivel local. Las autoridades deben seguir controlando los precios de la vivienda y el endeudamiento hipotecario y estar preparadas para instaurar medidas adecuadas, entre ellas la adaptación del régimen de ayuda «Help to Buy 2» (garantía de préstamos) en caso necesario. Es necesario aumentar la transparencia de la utilización y el impacto de la regulación macroprudencial del sector de la vivienda adoptada por el Comité de Política Financiera, que podría usarse para abordar los excesivos aumentos de precios de la vivienda y los incrementos del endeudamiento hipotecario. Cabe considerar la posibilidad de reformar la fiscalidad de los bienes raíces e inmuebles para paliar los falseamientos del mercado de la vivienda.

               (13)

               El Reino Unido sigue afrontando los retos del desempleo y subempleo, así como los problemas específicos relacionados con el desempleo juvenil. Los retos de dotar a los jóvenes de las capacidades y la experiencia laboral que exige el mercado laboral y de aumentar la oferta de aprendices son importantes. Esto ayuda a explicar el hecho de que la utilización de las subvenciones salariales previstas en el contrato juvenil («Youth Contract») siga siendo inferior a lo previsto. El mercado laboral adolece de la falta de adaptación de las cualificaciones de los trabajadores y las autoridades están intentando recualificar la mano de obra para hacer frente tanto al desempleo como a la escasez de competencias profesionales y técnicas de alta calidad. Aunque se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de los programas de aprendizaje, se necesitan esfuerzos adicionales. Por otra parte, el sistema de cualificaciones sigue siendo complejo y debe mejorarse para facilitar el reconocimiento universal y un mayor nivel de compromiso de los empleadores.

               (14)

               Las autoridades están abordando el problema de la debilidad de los incentivos para trabajar, especialmente para los beneficiarios de prestaciones sociales, con la introducción del «crédito universal», que permitirá a los titulares de una prestación mantener una parte mayor de esta al ocupar un puesto de trabajo. Aunque el crédito universal podría tener un impacto positivo en el empleo, dependerá en gran medida de su aplicación efectiva y de los servicios de apoyo, incluida la interacción con otras prestaciones. El hincapié en la vuelta al trabajo también se ha reflejado en la limitación de la adaptación anual de muchas prestaciones para beneficiarios en edad laboral y créditos fiscales al 1 % anual hasta 2016.

               (15)

               El Reino Unido sigue enfrentándose a los retos que supone incrementar el empleo de las personas con hijos, aumentando el acceso a servicios de guardería de alta calidad a precios asequibles. Continúa instaurando programas para hacer que esos servicios sean asequibles para las personas con hijos que trabajan a tiempo parcial y a tiempo completo, teniendo en cuenta los distintos niveles de ingresos. Sin embargo, los costes de dichos servicios siguen estando entre los más altos de la Unión y afectando especialmente a las personas que representan la segunda fuente de ingresos familiares y a las familias monoparentales.

               (16)

               En términos de acceso a la financiación, si bien las condiciones de los mercados de crédito han mejorado en 2013, el crecimiento del crédito sigue siendo débil y las políticas existentes necesitan más tiempo para demostrar su éxito. Las pymes siguen teniendo problemas particulares relacionados con el acceso al crédito. Mientras las grandes empresas pueden financiarse directamente en los mercados al por mayor y beneficiarse de la oferta existente en el bien desarrollado sector de los servicios financieros, la financiación exterior de las pymes del Reino Unido depende en gran medida del sector bancario. Se ha progresado considerablemente en respuesta a la recomendación del año pasado sobre la competencia en el sector bancario mediante la creación de nuevos bancos llamados bancos alternativos («challenger banks») (un ejemplo es TSB, que, sin embargo, todavía no es totalmente independiente).

               (17)

               En diciembre de 2013, el Reino Unido publicó un plan actualizado de infraestructuras nacionales que contenía un enfoque estratégico y a largo plazo de la planificación, financiación y realización de infraestructuras. El plan establece un «canal» de inversiones de capital a futuro de 2020 en adelante, por un importe total de 375 000 millones GBP (aproximadamente 460 000 millones EUR). Una gran parte de ese «canal» (340 000 millones GBP, es decir, aproximadamente 420 000 millones EUR) se destina a inversiones en los sectores del transporte y la energía. Se prevé que cerca de las tres cuartas partes de la financiación procederá de fuentes privadas, mientras que se prevé que el resto se financiará con fondos públicos. Aunque el plan es una iniciativa adecuada, el elemento de la financiación del sector privado, la seguridad normativa y los calendarios de las licencias de obra siguen siendo fuente de preocupación. Se necesitan unos mecanismos estrictos que atenúen los riesgos de financiación y ejecución, garantizando al mismo tiempo la transparencia de los gastos previstos y reales de las infraestructuras.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica del Reino Unido, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica del Reino Unido, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 6 que figuran a continuación.

               (19)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia del Reino Unido, y su dictamen (5) se refleja, en particular, la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2, 3, 5 y 6 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que el Reino Unido tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Reforzar la estrategia presupuestaria, procurando corregir el déficit excesivo de manera sostenible, en consonancia con la recomendación del Consejo de conformidad con el Procedimiento de Déficit Excesivo. Aplicar al ajuste fiscal un planteamiento diferenciado y favorable al crecimiento, dando prioridad a los gastos de capital. Para contribuir a la consolidación fiscal, debe estudiarse la posibilidad de incrementar los ingresos ampliando la base imponible. Resolver los estrangulamientos estructurales relacionados con las infraestructuras, la falta de adecuación de las cualificaciones y el acceso de las pymes a la financiación para estimular el crecimiento de la exportación de bienes y servicios.

               2.

               Aumentar la transparencia de la utilización y el impacto de la regulación macroprudencial en el sector de la vivienda por parte del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra. Instaurar las medidas necesarias para responder al rápido aumento de los precios de los bienes inmuebles en zonas que constituyan una parte considerable del crecimiento económico del Reino Unido, principalmente Londres, y atenuar los riesgos relacionados con el alto endeudamiento hipotecario. Controlar el régimen de ayuda «Help to Buy 2» y ajustarlo si se considera necesario. Contemplar reformas de la fiscalidad de los bienes raíces e inmuebles, por ejemplo con medidas para reevaluar la propiedad para paliar los falseamientos del mercado de la vivienda. Proseguir los esfuerzos para aumentar la oferta de viviendas.

               3.

               Mantener el compromiso con el contrato juvenil («Youth Contract»), en particular mejorando las cualificaciones para que respondan a las necesidades de los empresarios. Garantizar la participación de los empleadores haciendo hincapié en resolver la falta de adecuación de las cualificaciones haciéndolas más avanzadas y de mayor nivel y fomentando las ofertas de aprendizaje. Reducir el número de jóvenes con cualificaciones básicas bajas.

               4.

               Proseguir los esfuerzos para reducir la pobreza infantil en los hogares con bajos ingresos, garantizando que el «crédito universal» y otras reformas del sistema de protección social ofrezcan prestaciones adecuadas con verdaderos incentivos al empleo y servicios de apoyo. Mejorar la disponibilidad de guarderías de calidad a precios asequibles.

               5.

               Continuar los esfuerzos para mejorar la disponibilidad de financiación bancaria y no bancaria para las pymes. Garantizar el funcionamiento eficaz de la actividad bancaria y apoyar una mayor presencia de los bancos alternativos («challenger banks»).

               6.

               Dar continuidad al Plan nacional de infraestructuras aumentando la previsibilidad de los procesos de planificación e introduciendo claridad en los compromisos de financiación. Garantizar la transparencia y responsabilidad, proporcionando información coherente y puntual sobre la aplicación del Plan.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida para 2014 por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 93.

      (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: 2014/478/UE: Recomendación de la Comisión, de 14 de julio de 2014 , relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               19.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 214/38

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 14 de julio de 2014
   relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores
   (Texto pertinente a efectos del EEE)

      (2014/478/UE)

   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En 2011, la Comisión llevó a cabo una consulta pública acerca de su Libro Verde sobre el juego en línea en el mercado interior (1). Esta consulta sirvió para identificar objetivos comunes de los Estados miembros por lo que respecta a la regulación de los servicios de juego en línea, y contribuyó a delimitar los principales ámbitos prioritarios en los que era necesaria la actuación de la Unión.

               (2)

               La Comisión, en su Comunicación «Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea» (2), adoptada el 23 de octubre de 2012, propuso una serie de acciones para responder a los retos de índole reguladora, social y técnica que plantea el juego en línea. En concreto, la Comisión anunció que presentaría recomendaciones sobre la protección de los consumidores en el ámbito de los servicios de juego en línea, incluida la protección de los menores, y sobre la comunicación comercial responsable de los servicios de juego en línea. La presente Recomendación combina ambos aspectos, y pretende mejorar la protección de los consumidores y los usuarios e impedir que los menores jueguen en línea. Su objetivo es garantizar que el juego siga siendo una fuente de entretenimiento, que los consumidores dispongan de un entorno de juego seguro, que se apliquen medidas para contrarrestar el riesgo de daños económicos o sociales y que se lleven a cabo las acciones necesarias para prevenir el juego en línea entre los menores.

               (3)

               El Parlamento Europeo, en su Resolución de 10 de septiembre de 2013 sobre el juego en línea en el mercado interior (3), pidió a la Comisión que evaluara la posibilidad de instituir una interoperabilidad entre los registros nacionales de autoexclusión, que introdujera medidas de sensibilización sobre los riesgos de adicción y que estudiara la posibilidad de aplicar controles obligatorios de identificación de terceros. Pidió asimismo que se obligara a los operadores de juego en línea a facilitar en sus sitios web de juego información sobre las autoridades reguladoras y advertencias a los menores, así como a promover el uso de autorrestricciones. Además, el Parlamento Europeo hizo un llamamiento en favor de principios comunes para unas comunicaciones comerciales responsables. Recomendó que las comunicaciones comerciales incluyeran advertencias claras sobre las consecuencias del juego compulsivo y los riesgos de la adicción al juego. Las comunicaciones comerciales no deben ser excesivas ni exhibirse junto con contenidos que estén dirigidos específicamente a menores o que entrañen un riesgo de tener a menores como destinatarios.

               (4)

               El Comité Económico y Social Europeo también ha pedido a la Comisión que intervenga para mejorar la protección de los consumidores por lo que respecta al juego en línea y para proteger a los menores (4).

               (5)

               En ausencia de armonización a escala de la Unión, los Estados miembros son libres, en principio, para fijar los objetivos de su política en materia de juegos de azar y para definir el nivel de protección buscado con el fin de proteger la salud de los consumidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado orientaciones generales sobre la interpretación de las libertades fundamentales del mercado interior en el ámbito del juego(en línea), teniendo en cuenta la naturaleza específica de las actividades de juego. Aunque los Estados miembros pueden restringir o limitar la prestación transfronteriza de servicios de juego en línea invocando objetivos de interés público que deseen proteger, han de demostrar la idoneidad y la necesidad de las medidas que adopten al respecto. Los Estados miembros tienen el deber de demostrar que los objetivos de interés público se persiguen de forma congruente y sistemática (5).

               (6)

               El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha establecido normas de base para las comunicaciones comerciales de los servicios de juego y, en particular, para los servicios prestados en régimen de monopolio. La publicidad difundida por el titular de un monopolio público debe ser mesurada y limitarse a lo que es estrictamente necesario para encauzar a los consumidores hacia redes de juego controladas. Este tipo de publicidad no puede tener por objeto fomentar la propensión natural al juego de los consumidores, estimulando su participación activa en el mismo, por ejemplo trivializando el juego o potenciando su atractivo mediante mensajes publicitarios seductores que hagan hincapié en la perspectiva de grandes ganancias. En particular, debe establecerse una distinción entre las estrategias del titular de un monopolio que estén destinadas exclusivamente a informar a posibles clientes de la existencia de determinados productos, y que sirvan para garantizar un acceso regular a los juegos de azar canalizando a los usuarios hacia circuitos controlados, y aquellas que inviten a la participación activa en dichos juegos y la fomenten (6).

               (7)

               En el contexto de los marcos de los Estados miembros en los que se aborda la prevención de los problemas con el juego y la protección de los menores, los principales objetivos de interés público son la protección de los consumidores y la salud.

               (8)

               Las normas y políticas que los Estados miembros han introducido para perseguir los objetivos de interés público varían considerablemente. Una actuación a nivel de la UE anima a los Estados miembros a ofrecer un elevado nivel de protección en toda la Unión, en particular a la luz de los riesgos asociados al juego, que incluyen el desarrollo de un tipo de trastorno relacionado con el juego u otras consecuencias sociales y personales negativas.

               (9)

               El objetivo de la presente Recomendación es preservar la salud de los consumidores y los usuarios y, de este modo, minimizar el posible daño económico que pueda resultar del juego compulsivo o excesivo. A tal fin, recomienda principios para asegurar un elevado nivel de protección de los consumidores, los usuarios y los menores por lo que respecta a los servicios de juego en línea. Al elaborar la presente Recomendación, la Comisión se ha basado en las buenas prácticas de los Estados miembros.

               (10)

               La oferta y la utilización de servicios de juego en línea gozan de amplia difusión. El juego en línea es una actividad de servicios cuyos ingresos en 2012 en la UE ascendieron a 10 540 millones EUR. Los avances tecnológicos, el aumento de la disponibilidad de internet y la comodidad que ofrecen las tecnologías móviles están impulsando la accesibilidad y el crecimiento del juego en línea. Sin embargo, cuando la información no es suficientemente clara o transparente, se pueden tomar decisiones sin fundamento. Además, si los usuarios en línea perciben que no hay suficientes ofertas atractivas, buscarán otras oportunidades en la competencia.

               (11)

               Existe un amplio catálogo de vías que contribuyen a la exposición a la publicidad relativa al juego; por ejemplo, los medios impresos, la publicidad directa por correo, los medios audiovisuales y la publicidad exterior, así como el patrocinio. Esto puede dar lugar a que grupos vulnerables, como los menores, se sientan atraídos por el juego. Al mismo tiempo, la comunicación comercial de los servicios de juego en línea puede desempeñar un papel importante a la hora de canalizar a los consumidores hacia una oferta que cuente con autorización y sea objeto de supervisión; por ejemplo, mostrando la identidad del operador y ofreciendo información correcta sobre el juego, incluidos los riesgos de problemas que este conlleva, así como exhibiendo advertencias apropiadas.

               (12)

               Algunas personas que se inician en el juego tienen problemas, como consecuencia de su comportamiento, que llegan a afectarles a nivel personal o familiar, otras sufren graves problemas de ludopatía. Se calcula que entre el 0,1 y el 0,8 % de la población adulta en general sufre algún tipo de trastorno asociado con el juego y que entre un 0,1 y un 2,2 % adicional muestra una relación con el juego potencialmente problemática (7). Es necesario, pues, un enfoque preventivo que garantice que los servicios de juego en línea se ofrecen y promueven de manera socialmente responsable, en particular para asegurar que el juego siga siendo una fuente de actividades recreativas y de ocio.

               (13)

               Los menores están a menudo expuestos al juego cuando utilizan internet, aplicaciones móviles y medios de comunicación que exhiben publicidad sobre el juego, así como cuando entran en contacto con la publicidad exterior. Además, ven o asisten a competiciones deportivas patrocinadas por intereses de juego o que exhiben publicidad centrada en actividades de juego. Por consiguiente, la presente Recomendación también está destinada a evitar que los menores puedan verse perjudicados o explotados por el juego.

               (14)

               Cada vez es más frecuente que operadores de juego en línea radicados en la Unión sean titulares de múltiples licencias en varios Estados miembros que han optado por regular el juego mediante sistemas basados en licencias. Estos operadores podrían salir beneficiados si se siguiera un enfoque más común. Por otra parte, la multiplicación de los requisitos de conformidad puede acarrear una duplicación innecesaria de infraestructuras y costes, lo que genera una carga administrativa innecesaria para los reguladores.

               (15)

               Conviene invitar a los Estados miembros a que elaboren normas que regulen la información que los consumidores deben recibir sobre el juego en línea. Dichas normas deben servir para evitar el desarrollo de trastornos relacionados con el juego, impedir el acceso de los menores a los locales de juego y disuadir a los consumidores de recurrir a ofertas que no están permitidas y, por tanto, potencialmente perniciosas.

               (16)

               Cuando proceda, los principios de la presente Recomendación deben aplicarse no solo a los operadores, sino también a terceras partes, incluidos los «afiliados», que tienen permiso para promover servicios de juego en línea por cuenta de los operadores.

               (17)

               Conviene informar mejor a los consumidores y usuarios sobre los servicios de juego en línea que, en coherencia con el Derecho de la Unión, no están permitidos por la legislación del Estado miembro en el que se utiliza el servicio de juego en línea, y tomar medidas contra tales servicios. En ese mismo contexto, los Estados miembros que no permitan un determinado servicio de juego en línea no deben permitir la comunicación comercial relativa a ese servicio.

               (18)

               El proceso de registro para abrir una cuenta de usuario tiene como finalidad verificar la identidad de la persona y permitir el seguimiento de su comportamiento. Es fundamental que el registro esté pensado de tal manera que evite que los consumidores renuncien al proceso de registro y acudan a sitios web de juego que no estén regulados.

               (19)

               Aunque el proceso de registro se ha introducido de forma diferente en los distintos Estados miembros, requiriéndose en ocasiones acciones fuera de línea o manuales en el proceso de verificación, los Estados miembros deben velar por que los datos de identificación puedan comprobarse de manera efectiva para facilitar la finalización del proceso de registro.

               (20)

               Es importante que las cuentas de usuario no se conviertan en permanentes hasta que no se hayan validado los datos de identidad facilitados por los usuarios. A la espera de que una cuenta sea permanente, conviene que los usuarios puedan utilizar cuentas temporales. Dada su naturaleza, las cuentas temporales deben tener un valor nominal fijo y los usuarios no deben poder retirar depósitos ni ganancias.

               (21)

               A fin de proteger a los usuarios y sus fondos, y en aras de la transparencia, deben existir procedimientos de verificación de las cuentas de usuario que no hayan estado activas durante un período de tiempo determinado, así como procedimientos de cierre o suspensión de una cuenta de usuario. Además, cuando se compruebe que se trata de un menor, debe procederse a la cancelación de la cuenta de usuario.

               (22)

               Por lo que respecta a las alertas de información, la opción de un temporizador debe estar disponible, en su caso, de forma visible para el usuario durante una sesión de juego.

               (23)

               Por lo que respecta al apoyo al usuario, además del establecimiento de límites de depósitos, los usuarios podrían contar con otras medidas de protección, como la posibilidad de fijar límites de apuestas o de pérdidas.

               (24)

               A fin de prevenir el desarrollo de un trastorno relacionado con el juego, el operador también debe tener la posibilidad de dirigirse al usuario, en caso de cambios desconcertantes en su comportamiento, para que se tome un tiempo muerto o para excluirlo del juego. En tales circunstancias, el operador debe comunicar al usuario las razones de su decisión y orientarlo para que encuentre asistencia o tratamiento.

               (25)

               Los operadores son importantes patrocinadores de equipos y actos deportivos en Europa. Con el fin de lograr una mayor responsabilidad de los proveedores de servicios de juego en su labor como patrocinadores, debe establecerse claramente que el patrocinio ha de ser transparente y llevarse a cabo de manera responsable. En particular, deben fijarse requisitos más claros para evitar que el patrocinio a cargo de operadores de juego pueda afectar negativamente a los menores o influir en su conducta.

               (26)

               También es necesario sensibilizar sobre los riesgos inherentes, como el fraude, que entrañan los sitios web que no están sujetos a ninguna forma de control en la Unión.

               (27)

               Es necesaria una supervisión efectiva para proteger adecuadamente los objetivos de interés público. Debe animarse a los Estados miembros a que designen autoridades competentes independientes, establezcan orientaciones claras para los operadores y faciliten información fácilmente accesible a los consumidores, los usuarios y los grupos vulnerables, incluidos los menores.

               (28)

               La existencia de códigos de conducta puede desempeñar un papel importante en la aplicación efectiva, y el control, de los principios sobre comunicación comercial de la presente Recomendación.

               (29)

               La presente Recomendación no interfiere con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) ni con la Directiva 93/13/CEE del Consejo (9).

               (30)

               La aplicación de los principios enunciados en la presente Recomendación conlleva el tratamiento de datos personales. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) son, pues, aplicables.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   FINALIDAD

               1.

               Se recomienda a los Estados miembros que persigan un elevado nivel de protección de los consumidores, los usuarios y los menores, mediante la adopción de principios aplicables a los servicios de juego en línea y la comunicación comercial responsable de dichos servicios, a fin de preservar la salud de aquellos y también minimizar el posible perjuicio económico que pudiera derivarse del juego compulsivo o excesivo.

               2.

               La presente Recomendación no interfiere con el derecho de los Estados miembros a regular los servicios de juego.

         II.   DEFINICIONES

               3.

               A efectos de la presente Recomendación se entiende por:
               a)   «servicio de juego en línea»: todo servicio que implique apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un componente de habilidad como las loterías, los juegos de casino, el póquer y las apuestas, que se preste por cualquier medio a distancia, por vía electrónica o mediante cualquier otra tecnología que facilite la comunicación, y a petición individual del destinatario del servicio;
               b)   «consumidor»: toda persona física que esté actuando al margen de su propia actividad comercial, negocio, oficio o profesión;
               c)   «usuario»: toda persona física que sea titular de una cuenta de usuario con el operador y que participe en el servicio de juego en línea;
               d)   «cuenta de usuario»: la cuenta abierta por el usuario en la que se registran todas las transacciones con el operador;
               e)   «menor»: toda persona que se encuentre por debajo de la edad mínima establecida, de conformidad con la legislación nacional aplicable, para participar en un servicio de juego en línea;
               f)   «operador»: toda persona física o jurídica con permiso para prestar servicios de juego en línea y cualquier persona que actúe en nombre o por cuenta de ella;
               g)   «comunicación comercial»: cualquier forma de comunicación destinada a promocionar, directa o indirectamente, los productos, los servicios o la imagen de un operador;
               h)   «patrocinio»: toda relación contractual entre un operador y una parte patrocinada en la que el operador proporcione financiación o cualquier otro tipo de apoyo a cualquier acto, organización o equipo deportivo o artístico, o a cualquier deportista o artista, con el fin de establecer una asociación entre la imagen, las marcas o los productos del operador y el objeto del patrocinio, a cambio de comunicaciones comerciales u otros beneficios.

         III.   REQUISITOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN

               4.

               La información que figura a continuación debería exhibirse, en lugar destacado, en la página de aterrizaje del sitio web de juego del operador y estar accesible desde todas las páginas del sitio web:

                           a)

                           los datos de la empresa u otros medios que permitan identificar al operador y entrar en contacto con él, incluidos:

                                       i)

                                       su denominación social,

                                       ii)

                                       el lugar de registro,

                                       iii)

                                       la dirección de correo electrónico;

                           b)

                           un aviso de límite de edad para participar en el juego, que indique la edad mínima por debajo de la cual no se permite jugar;

                           c)

                           un mensaje de «juego responsable» que ofrezca, con solo un clic:

                                       i)

                                       información avisando de que el juego puede ser pernicioso si no se controla,

                                       ii)

                                       información sobre las medidas de apoyo a los usuarios en el sitio web,

                                       iii)

                                       pruebas de autoevaluación para que los usuarios puedan comprobar su comportamiento en relación con el juego;

                           d)

                           un enlace a una organización al menos que ofrezca información sobre los trastornos asociados con el juego, y asistencia al respecto.

               5.

               Las condiciones de la relación contractual entre el operador y el consumidor deberían enunciarse de forma concisa y legible. Deberían:

                           a)

                           contener, al menos, información sobre los plazos y límites relativos a las retiradas de fondos de las cuentas de usuario, cualquier gasto relacionado con las transacciones realizadas en la cuenta de usuario y un enlace a los porcentajes de devolución en premios para cada juego;

                           b)

                           ser aceptadas y confirmadas por el consumidor durante el proceso de registro a que se refiere la sección V;

                           c)

                           estar disponibles por medios electrónicos de manera que el consumidor pueda guardarlas y recuperarlas, y que cualquier cambio en ellas pueda comunicársele al consumidor.

               6.

               Los Estados miembros deberían velar por que el consumidor tenga a su disposición información sobre las normas relativas a los juegos y las apuestas disponibles en el sitio web de juego del operador.

               7.

               Los Estados miembros deberían velar por que el sitio web de juego del operador exhiba los datos de la autoridad reguladora en materia de juego para poder comprobar que el operador está autorizado.

         IV.   MENORES

               8.

               Ningún menor debería poder participar en actividades de juego en un sitio web o ser titular de una cuenta de usuario.

               9.

               Los Estados miembros deberían velar por que el operador disponga de procedimientos para impedir que los menores participen en actividades de juego, como los controles de verificación de la edad durante el procedimiento de registro a que se refiere la sección V.

               10.

               Para evitar que los menores accedan a sitios web de juego, los Estados miembros deberían procurar que estos contengan enlaces a programas de control parental.

               11.

               Los Estados miembros deberían velar por que las comunicaciones comerciales relativas a los servicios de juego en línea no resulten perniciosas para los menores o les induzcan a considerar el juego como un elemento natural de sus actividades de ocio.

               12.

               Las comunicaciones comerciales deberían contener un mensaje claro de límite de edad, en el que se indique la edad mínima por debajo de la cual no está permitido el juego.

               13.

               Los Estados miembros deberían procurar que las comunicaciones comerciales no sean transmitidas, exhibidas ni facilitadas:

                           a)

                           en medios de comunicación o en torno a programas en los que se prevea que los menores sean la audiencia principal;

                           b)

                           en sitios web cuyo perfil de público esté compuesto por menores;

                           c)

                           muy cerca de lugares en los que los menores pasen habitualmente tiempo y en los que quepa esperar que sean el público principal, incluidos, como mínimo, los colegios.

               14.

               Las comunicaciones comerciales no deberían:

                           a)

                           aprovechar la inexperiencia o la falta de conocimientos de los menores;

                           b)

                           utilizar imágenes de menores o jóvenes ni campañas que sean especialmente atractivas para los menores;

                           c)

                           atraer a menores o a jóvenes por reflejar actividades propias de la cultura juvenil o asociar el juego con ellas;

                           d)

                           sugerir que el juego marca la transición entre la adolescencia y la edad adulta.

         V.   REGISTRO Y CUENTA DE USUARIO

               15.

               Los Estados miembros deberían velar por que solo se permita a una persona participar en el servicio de juego en línea si está registrada como usuario y es titular de una cuenta con el operador.

               16.

               En el proceso de registro para abrir una cuenta de usuario debería exigirse la información siguiente:

                           a)

                           nombre y apellidos;

                           b)

                           dirección;

                           c)

                           fecha de nacimiento;

                           d)

                           dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil.

               17.

               La dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil deberían ser validados por el usuario o verificados por el operador. Deberían permitir el contacto y la comunicación entre el operador y el usuario de manera directa y efectiva.

               18.

               Los datos de identidad del usuario deberían verificarse. Cuando la verificación electrónica directa no sea posible o no esté disponible, se anima a los Estados miembros a que faciliten el acceso a las bases de datos o registros nacionales, o a cualesquiera otros documentos oficiales con los que los operadores puedan contrastar los datos de identidad.

               19.

               Los Estados miembros deberían velar por que, cuando no pueda verificarse la identidad o la edad de la persona, se cancele el proceso de registro para abrir una cuenta de usuario, incluida la cuenta temporal.

               20.

               Se anima a los Estados miembros a que adopten sistemas de identificación electrónica en el proceso de registro.

               21.

               Los Estados miembros deberían velar por que:

                           a)

                           el proceso de registro permita verificar la identidad en un plazo razonable y no sea innecesariamente gravoso para los consumidores ni para los operadores;

                           b)

                           los sistemas de registro permitan otros medios para verificar la identidad, en particular cuando el consumidor no tenga un número de identificación nacional del Estado miembro que así lo exija, o en caso de indisponibilidad temporal de las bases de datos.

               22.

               Los Estados miembros deberían velar por que los usuarios tengan:

                           a)

                           acceso a una cuenta temporal con el operador con el que han abierto la cuenta hasta que se haya verificado la identidad;

                           b)

                           un nombre de identificación de usuario único y una contraseña u otros elementos de seguridad de acceso en el operador con el que han abierto la cuenta.

               23.

               Los Estados miembros deberían contar con normas destinadas a:

                           a)

                           garantizar que los fondos de los usuarios estén protegidos y solo puedan abonarse al usuario, y que se mantengan separados de los fondos propios del operador;

                           b)

                           evitar la colusión entre usuarios y las transferencias de dinero entre ellos, incluidas normas relativas a la anulación de transferencias o la recuperación de fondos de las cuentas de usuario cuando se detecte colusión o fraude.

         VI.   ACTIVIDAD DEL USUARIO Y MEDIDAS DE APOYO

               24.

               Los Estados miembros deberían velar por que, en la fase de registro, en el sitio web de juego del operador, un usuario pueda fijar, por defecto, límites de depósitos monetarios, así como límites temporales.

               25.

               Los Estados miembros deberían velar por que el usuario pueda acceder fácilmente en todo momento en el sitio web de juego del operador:

                           a)

                           al saldo de la cuenta de usuario;

                           b)

                           a la función de apoyo al usuario para un juego responsable a través de formularios en línea o de contactos personales, incluido, al menos, el chat o el teléfono;

                           c)

                           a enlaces con organizaciones que ofrecen información y ayuda, a las que se hace referencia en el punto 4, letra d).

               26.

               Los Estados miembros deberían velar por que en el sitio web del operador, el usuario pueda recibir, por defecto y a intervalos regulares, alertas de información sobre pérdidas y ganancias durante una jugada o apuesta y sobre el tiempo que ha estado jugando. El usuario debería confirmar la alerta de información y poder suspender la jugada o seguir jugando.

               27.

               Los Estados miembros deberían velar por que en el sitio web de juego del operador el usuario no pueda:

                           a)

                           realizar depósitos por encima del límite de depósitos monetarios para el período de tiempo especificado;

                           b)

                           participar en actividades de juego a menos que la cuenta de usuario tenga los fondos necesarios para cubrir la jugada o la apuesta.

               28.

               Los Estados miembros no deberían permitir que el operador conceda préstamos al usuario.

               29.

               Los Estados miembros deberían velar por que en la página web del operador el usuario pueda:

                           a)

                           reducir el límite de depósitos, con efecto inmediato;

                           b)

                           aumentar el límite de depósitos; la solicitud del usuario no debería cobrar efecto hasta veinticuatro horas después de realizada como mínimo;

                           c)

                           tomarse un tiempo muerto y autoexcluirse.

               30.

               Los Estados miembros deberían velar por que el operador disponga de estrategias y procedimientos que faciliten la interacción con los usuarios cuyo comportamiento indique un riesgo de desarrollo de un trastorno relacionado con el juego.

               31.

               Los Estados miembros deberían velar por que el operador lleve un registro al menos de los depósitos y las ganancias del usuario durante un período de tiempo determinado. Estos registros deberían ponerse a disposición del usuario si este así lo solicita.

         VII.   TIEMPO MUERTO Y AUTOEXCLUSIÓN

               32.

               Los Estados miembros deberían velar por que el usuario pueda activar en todo momento en el sitio web del operador las funciones de tiempo muerto y autoexclusión de un determinado servicio de juego en línea o de todos los tipos de servicios de juego en línea.

               33.

               Los Estados miembros deberían velar por que:

                           a)

                           el tiempo muerto sirva para suspender el juego durante al menos veinticuatro horas;

                           b)

                           la autoexclusión con un operador sea posible por un período no inferior a seis meses.

               34.

               Los Estados miembros deberían velar por que, en caso de autoexclusión, se cierre la cuenta de usuario.

               35.

               Los Estados miembros deberían velar por que el nuevo registro de un usuario solo sea posible previa petición de este, por escrito o por vía electrónica, y, en cualquier caso, solo una vez que haya transcurrido el período de autoexclusión.

               36.

               Los Estados miembros deberían disponer de normas en relación con las peticiones de terceros interesados cursadas a un operador para que se excluya a un usuario del sitio web de juego.

               37.

               Se anima a los Estados miembros a que establezcan un registro nacional de usuarios autoexcluidos.

               38.

               Cuando existan, los Estados miembros deberían facilitar el acceso de los operadores a los registros nacionales de usuarios autoexcluidos y velar por que los operadores consulten regularmente estos registros a fin de evitar que los usuarios autoexcluidos sigan jugando.

         VIII.   COMUNICACIÓN COMERCIAL

               39.

               Los Estados miembros deberían velar por que el operador por cuya cuenta se hace la comunicación comercial sea claramente identificable.

               40.

               Cuando proceda, los Estados miembros deberían garantizar que las comunicaciones comerciales de los servicios de juego en línea comporten mensajes prácticos y transparentes que incluyan, al menos, los riesgos para la salud que conllevan los problemas con el juego.

               41.

               Las comunicaciones comerciales no deberían:

                           a)

                           hacer declaraciones infundadas acerca de las probabilidades de ganar o el rendimiento que los usuarios pueden esperar del juego;

                           b)

                           sugerir que la habilidad puede influir en el resultado de una jugada, si no es este el caso;

                           c)

                           ejercer presión para que se juegue o desacreditar la decisión de no jugar, por el momento y el lugar en que se difunden o por su naturaleza;

                           d)

                           describir el juego como socialmente atractivo o contener mensajes de personajes famosos o celebridades que sugieran que el juego contribuye al éxito social;

                           e)

                           sugerir que el juego puede ser una solución para los problemas sociales, profesionales o personales;

                           f)

                           sugerir que el juego puede ser una alternativa al empleo, una solución a los problemas financieros o una forma de inversión financiera.

               42.

               Los Estados miembros deberían velar por que los juegos sin contrapartida económica que se utilizan en las comunicaciones comerciales estén sujetos a las mismas normas y condiciones técnicas que los juegos equivalentes con contrapartida económica.

               43.

               Las comunicaciones comerciales no deberían dirigirse específicamente a usuarios vulnerables, en particular recurriendo a comunicaciones comerciales no solicitadas dirigidas a usuarios que se hayan autoexcluido del juego o hayan sido excluidos de la utilización de servicios de juego en línea por tener problemas con el juego.

               44.

               Los Estados miembros que permitan la comunicación comercial no solicitada por correo electrónico deberían velar por que:

                           a)

                           dicha comunicación comercial sea identificable de manera clara e inequívoca;

                           b)

                           el operador respete los registros de exclusión voluntaria en los que pueden inscribirse las personas físicas que no deseen recibir tales comunicaciones comerciales.

               45.

               Los Estados miembros deberían velar por que las comunicaciones comerciales tengan en cuenta el riesgo potencial del servicio de juego en línea promovido.

         IX.   PATROCINIO

               46.

               Los Estados miembros deberían velar por que el patrocinio por parte de los operadores sea transparente y por que estos sean claramente identificables como la parte patrocinadora.

               47.

               El patrocinio no debería afectar negativamente a los menores ni influir en ellos. Se anima a los Estados miembros a que velen por que:

                           a)

                           no se permita el patrocinio de actos pensados para los menores o destinados principalmente a ellos;

                           b)

                           no se utilice material promocional de la parte patrocinadora en los productos publicitarios pensados para los menores o destinados principalmente a ellos.

               48.

               Los Estados miembros deberían animar a las partes patrocinadas a que verifiquen si el patrocinio está autorizado, de conformidad con el Derecho nacional, en el Estado miembro en el que debe tener efecto.

         X.   EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

               49.

               Se insta a los Estados miembros, en su caso junto con las organizaciones de consumidores y con los operadores, a organizar o promover campañas regulares de educación y sensibilización de los consumidores y los grupos vulnerables, incluidos los menores, sobre el juego en línea.

               50.

               Los Estados miembros deberían velar por que los operadores y la autoridad reguladora en materia de juego estén obligados a informar a sus respectivos empleados que trabajen con actividades relacionadas con el juego sobre los riesgos asociados al juego en línea. Los empleados que interactúen directamente con los usuarios deberían estar formados para garantizar que comprenden los problemas con el juego y saben cómo responder a ellos.

         XI.   SUPERVISIÓN

               51.

               Se invita a los Estados miembros a que designen autoridades reguladoras competentes en materia de juego cuando apliquen los principios establecidos en la presente Recomendación, a fin de garantizar y vigilar de manera independiente el cumplimiento efectivo de las medidas nacionales adoptadas para respaldar los principios establecidos en la presente Recomendación.

         XII.   INFORMES

               52.

               Se invita a los Estados miembros a que notifiquen a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación a más tardar el 19 de enero de 2016, a fin de que la Comisión pueda evaluar su aplicación.

               53.

               Se invita a los Estados miembros a que recojan, con fines estadísticos, datos anuales fiables sobre:

                           a)

                           las medidas de protección aplicables, en particular el número de cuentas de usuario (abiertas y cerradas), el número de usuarios autoexcluidos, el número de usuarios que sufren un trastorno asociado con el juego y las reclamaciones presentadas por usuarios;

                           b)

                           las comunicaciones comerciales por categoría y por tipo de violación de los principios.

                     Se invita a los Estados miembros a que comuniquen esta información a la Comisión, por primera vez a más tardar el 19 de julio de 2016.

               54.

               La Comisión debería evaluar la aplicación de la presente Recomendación a más tardar el 19 de enero de 2017.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2014.

            Por la Comisión

         Michel BARNIER

            Vicepresidente

      (1)  COM(2011) 128 final.

      (2)  COM(2012) 596 final.

      (3)  P7_TA(2013)0348.

      (4)  2012/2322(INI).

      (5)  Asuntos C-186/11 y C-209/11, Stanleybet International, y C-316/07, Stoss y otros, y jurisprudencia citada.

      (6)  Asunto C-347/09, Dickinger y Ömer, y jurisprudencia citada.

      (7)  Documento orientativo de ALICE-RAP: «Gambling — two sides of the same coin: recreational activity and public health problem» (El juego, dos caras de la misma moneda: actividad recreativa y problema de salud pública). ALICE-RAP es un proyecto de investigación financiado con cargo al VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo (www.alicerap.eu).

      (8)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

      (9)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

      (10)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

      (11)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).


title: Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2014 , relativa a la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED) para el ejercicio 2012

text:
               29.8.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 289/4

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 18 de febrero de 2014
   relativa a la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED) para el ejercicio 2012
   2014/C 289/03
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1) y modificado por el Acuerdo firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (2),
   Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE (3) («el Acuerdo interno»), por el que se crea, entre otros, el décimo Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED), y en particular su artículo 11, apartado 8,
   Visto el Reglamento (CE) no 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo (4), y, en particular, sus artículos 142 a 144,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del décimo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2012, y el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 11, apartado 8, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del décimo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del décimo FED durante el ejercicio 2012 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del décimo FED para el ejercicio 2012.

      Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         G. STOURNARAS

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

      (3)  DO L 247 de 9.9.2006, p. 32.

      (4)  DO L 78 de 19.3.2008, p. 1.

      (5)  DO C 331 de 14.11.2013, p. 261.


Aviso jurídico importante

|

52007SC0190

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Lituania (2006-2009)  /* SEC/2007/0190 final */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 13.2.2007SEC(2007) 190 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Lituania (2006-2009)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSContexto generalEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, se basa en el objetivo de finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para un crecimiento sólido y sostenible que conduzca a la creación de empleo. La reforma de 2005, aun reconociendo la utilidad del Pacto como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales [los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la hayan adoptado, programas de convergencia (actualizados)]. Lituania presentó su primer programa de convergencia en mayo de 2004. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió un dictamen sobre el mismo el 5 de julio de 2004, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.Contexto de la evaluación del programa actualizadoLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de convergencia de Lituania, presentada el 13 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre dicha actualización (en el recuadro se recogen los principales aspectos abordados en la evaluación).Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de convergencia actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  los resultados económicos y presupuestarios de los diez últimos años;2.  la evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de convergencia);3.  la evaluación del Programa nacional de reforma de octubre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesLituania ha culminado con éxito la transición a una economía de mercado viable y disfruta ahora de una de las tasas de crecimiento económico más elevadas de los Estados miembros de la UE. No obstante, el PIB per cápita era sólo ligeramente superior al 50 % de la media comunitaria en 2005. La demanda interna se ha acelerado rápidamente en los últimos años, lo que refleja en parte el fuerte aumento de los créditos, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento económico y provocando un aumento de los déficit exteriores. Tras un período de crecimiento no inflacionista, la inflación volvió a repuntar desde mediados de 2004 debido a una combinación de factores, entre ellos el alza de los costes de la energía y los alimentos no procesados e importantes incrementos salariales en el contexto de un endurecimiento del mercado laboral. El Gobierno ha conseguido cumplir en general sus objetivos fiscales en los últimos años, aunque podría haber aprovechado mejor la coyuntura económica favorable de la que ha disfrutado Lituania.Evaluación en el dictamen del Consejo sobre el anterior programaEl 14 de marzo de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la anterior actualización del programa de convergencia, referente al período 2005-2008. «En el contexto de las favorables perspectivas de crecimiento y para garantizar una convergencia sostenible con la UE», el Consejo instaba a Lituania «a que: i) intensifique sus esfuerzos de ajuste presupuestario estructural con el fin de avanzar más deprisa hacia el logro del objetivo a medio plazo; y ii) en particular, persiga un objetivo de déficit de las administraciones públicas más exigente en 2006, garantizando que un déficit en 2005 mejor que el previsto se repercuta en 2006 y en años posteriores».Evaluación de la Comisión del Programa nacional de reforma de octubre de 2006El 13 de octubre de 2006 Lituania presentó el informe de aplicación de su Programa nacional de reforma, elaborado en el contexto de la Estrategia renovada de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. Este Programa se fija como principales retos o prioridades: apoyar un rápido crecimiento económico y un entorno macroeconómico estable; fomentar la competitividad de las empresas lituanas; y promover el empleo y la inversión en capital humano.De la evaluación del Programa realizada por la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución, de diciembre de 2006[2]) se desprende que Lituania está logrando progresos satisfactorios en la aplicación de su Programa nacional de reforma en la mayoría de los principales ámbitos de actuación en los sectores macroeconómico, microeconómico y del empleo. Sin embargo, muchas medidas importantes se encuentran todavía en la fase de concepción, por lo que queda mucho por hacer en términos de aplicación.Teniendo en cuenta los factores favorables y desfavorables detectados, se recomendó a Lituania que tomara medidas en los ámbitos de la I+D y de la oferta de mano de obra cualificada.Recuadro: Principales puntos abordados en la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1, (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9, apartado 1, (en el caso de los programas de convergencia) del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: determinar si los supuestos económicos en los que se basa el programa son realistas; examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada; determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo; al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables, y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB; al definir la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3 % del PIB y de que se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del período de programación), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización; determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008. En la evaluación también se examina: la evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse «atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias», de conformidad con el informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento»; una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque a seguir para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[3]; el grado de integración con el Programa nacional de reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo; en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo ECOFIN declaró que los programas nacionales de reforma debían ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia; el cumplimiento del Código de conducta[4], que impone, en particular, una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Lituania (2006-2009)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:4.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Lituania, que abarca el período 2006-2009. La actualización se presentó casi dos semanas después del plazo del 1 de diciembre establecido en el Código de conducta, debido a un cambio en el procedimiento de aprobación del programa, en el que participa ahora al Parlamento.5.  Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el crecimiento del PIB real se ralentizará progresivamente, pasando del 7,8 % en 2006 al 4,5 % en 2009. Sobre la base de la información actualmente disponible, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento prudentes a partir de 2007. Las previsiones de inflación del programa parecen un tanto optimistas, habida cuenta de la evolución reciente.6.  Las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión estiman que el déficit de las administraciones públicas se situará en el 1 % del PIB en 2006, frente al objetivo del 1,4 % del PIB fijado en la actualización anterior del programa de convergencia. El programa actualizado presenta un déficit estimado del 1,2 %. Sin embargo, los datos preliminares para el conjunto de 2006 apuntan a un resultado incluso más favorable, cercano al equilibrio. Ello se debe a unos niveles de actividad económica y de empleo muy superiores a las previsiones, a un incremento salarial más rápido y a mejoras en la recaudación de impuestos, y se ha conseguido a pesar de una modificación presupuestaria en julio de 2006, que supuso un aumento de los gastos en torno al 0,5 % del PIB.7.  El principal objetivo del programa es reducir paulatinamente el déficit de las administraciones públicas durante el período del programa, con el fin de lograr el objetivo a medio plazo (véase infra ) para 2008 y el equilibrio presupuestario en 2009. Se prevé que el saldo primario alcance el equilibrio en 2007 y registre un superávit del 0,8 % del PIB al final del período del programa. En comparación con la actualización anterior, el ajuste previsto es más ambicioso, pero se concentra más al final del período del programa, debido al escenario macroeconómico menos favorable previsto para ese momento. La consolidación fiscal contemplada implica un aumento del ratio ingresos/PIB superior al del ratio gasto/PIB (2,6 puntos porcentuales frente a 1,4 puntos porcentuales). En el lado de los ingresos, solamente un 0,5 puntos porcentuales resultaría del aumento de la presión fiscal, fruto principalmente de la mejora prevista en la recaudación de impuestos. El programa no especifica el resto del aumento de los ingresos, aunque parece relacionado con la entrada de fondos de la UE. En el lado de los gastos, los cambios se derivan de un incremento de la inversión pública, las transferencias sociales y «otros» gastos primarios, incremento que sólo queda parcialmente compensado por el importante recorte del consumo del sector público como porcentaje del PIB (en más de 2 puntos porcentuales).8.  Se prevé que el saldo estructural (esto es, el saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), calculado aplicando la metodología común, mejore progresivamente, pasando de un déficit del 1,75 % del PIB en 2006 a un superávit de un 0,5 % del PIB en 2009. Como en la anterior actualización del programa de convergencia, el objetivo presupuestario a medio plazo presentado en el programa es un déficit estructural equivalente al 1 % del PIB, que según el programa se alcanzaría, a más tardar, en 2008. Dado que este objetivo es más exigente que el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit de aproximadamente el 2 % del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad suficiente que impida la aparición de un déficit excesivo. El objetivo a medio plazo se sitúa dentro del intervalo indicado para los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Código de conducta, y refleja debidamente el ratio de deuda y el crecimiento medio de la producción potencial a largo plazo.9.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias parecen globalmente equilibrados hasta 2007, pero los resultados podrían ser peores de lo previsto en el programa a partir de 2008. La estrategia presupuestaria se basa en un aumento significativo del ratio ingresos/PIB y en un recorte sustancial del ratio consumo del sector público/PIB, que podrían haberse justificado mejor, teniendo en cuenta que el marco a medio plazo para la planificación y el control de las finanzas públicas no es suficientemente vinculante. Mientras que los efectos probables de un déficit en 2006 inferior al previsto implican la posibilidad de alcanzar el objetivo para 2007, la falta de información detallada sobre las medidas contempladas introduce una inseguridad considerable en cuanto a la realización de los objetivos presupuestarios a partir de 2008.10.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la estrategia presupuestaria del programa no parece suficiente para alcanzar el objetivo a medio plazo de aquí a 2008, como se prevé en el programa. No obstante, parece proporcionar un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit rebase el límite del 3 % del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales durante todo el período del programa. Según el programa, el ritmo de ajuste para alcanzar el objetivo a medio plazo es conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que especifica que este ajuste debe intensificarse en coyunturas favorables y podrá suavizarse en coyunturas desfavorables. Sin embargo, teniendo en cuenta los riesgos señalados anteriormente, el ajuste estructural previsto debería reforzarse mediante medidas que permitan que la mejora anual del saldo estructural sea como mínimo equivalente al 0,5 % del PIB, como es obligatorio en los Estados miembros del MTC II y la zona del euro.11.  Se estima que la deuda pública bruta ascendía al 18,5 % del PIB en 2006, muy por debajo, pues, del valor de referencia establecido en el Tratado (60 % del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda se mantendrá en torno al 19 % del PIB en 2007-2008, para disminuir después hasta el 17,75 % en 2009.12.  Las repercusiones a largo plazo del envejecimiento de la población sobre el presupuesto en Lituania serán inferiores a la media de la UE, previéndose que las reformas del sistema de pensiones adoptadas contribuirán a limitar el aumento del gasto en este ámbito en los próximos decenios. El nivel actual de la deuda bruta es muy bajo en Lituania y la mejora de la posición presupuestaria, según lo previsto en la actualización del programa de convergencia, contribuiría a limitar los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. En general, estos riesgos son poco importantes en Lituania.13.  El programa de convergencia no contiene una evaluación cualitativa de los efectos globales del informe de octubre de 2006 sobre la aplicación del Programa nacional de reforma en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. No obstante, proporciona información sistemática sobre los costes presupuestarios que se derivan directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma, y sus previsiones presupuestarias parecen tener en cuenta las implicaciones, para las finanzas públicas, de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en materia de finanzas públicas mencionadas en el programa de convergencia parecen compatibles con las previstas en el Programa nacional de reforma. En particular, ambos programas destacan las reformas en curso en el ámbito de las pensiones, la asistencia sanitaria y la fiscalidad. Sin embargo, los objetivos en cuanto al déficit de las administraciones públicas presentados en el programa de convergencia son notablemente inferiores a los presentados en el Programa nacional de reforma.14.  La estrategia presupuestaria del programa es en general compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.15.  En cuanto a los requisitos en materia de datos, estipulados en el Código de conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta todos los datos obligatorios y la mayoría de los opcionales[6].La conclusión general es que, en el contexto de las favorables perspectivas de crecimiento, el programa prevé una progresión hacia el objetivo a medio plazo, que podría alcanzarse para 2008. No obstante, a partir de 2008, existen riesgos para la realización de los objetivos presupuestarios.A la luz de la evaluación anterior, se insta a Lituania a:i) aprovechar la coyuntura favorable para perseguir un objetivo de déficit más exigente en 2007, habida cuenta de que es probable que el déficit en 2006 sea menor del previsto, y a intensificar el ritmo de ajuste hacia el objetivo a medio plazo con medidas que garanticen que la mejora anual del saldo estructural sea como mínimo del 0,5 % del PIB, como se exige a los Estados miembros de la zona del euro y del MTC II.ii) mejorar el marco a medio plazo para la planificación y el control de las finanzas públicas.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |PIB real (% variación) | PC Dic 2006 | 7,6 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 4,5 |COM Nov 2006 | 7,6 | 7,8 | 7,0 | 6,5 | n.d. |PC Dic 2005 | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 6,8 | n.d. |Inflación IPCA (%) | PC Dic 2006 | 2,7 | 3,9 | 4,7 | 3,4 | 3,1 |COM Nov 2006 | 2,7 | 3,8 | 4,6 | 3,3 | n.d. |PC Dic 2005 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | n.d. |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PC Dic 20061 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | -1,9 |COM Nov 20065 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | -0,6 | n.d. |PC Dic 20051 | 2,9 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | n.d. |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PC Dic 2006 | -0,5 | -1,2 | -0,9 | -0,5 | 0,0 |COM Nov 2006 | -0,5 | -1,0 | -1,2 | -1,3 | n.d. |PC Dic 2005 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | -1,0 | n.d. |Saldo primario (% del PIB) | PC Dic 2006 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 |COM Nov 2006 | 0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | n.d. |PC Dic 2005 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | n.d. |Saldo presupuestario (% del PIB) | PC Dic 20061 | -1,0 | -1,8 | -1,3 | -0,5 | 0,5 |COM Nov 2006 | -0,8 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | n.d. |PC Dic 20051 | -2,3 | -2,0 | -1,4 | -1,2 | n.d. |Saldo estructural2 (% del PIB) | PC Dic 20063 | -1,0 | -1,8 | -1,3 | -0,5 | 0,5 |COM Nov 20064 | -0,8 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | n.d. |PC Dic 2005 | -2,3 | -2,0 | -1,4 | -1,2 | n.d. |Deuda pública bruta (% del PIB) | PC Dic 2006 | 18,7 | 18,4 | 19,2 | 19,0 | 17,7 |COM Nov 2006 | 18,7 | 18,9 | 19,6 | 19,8 | n.d. |PC Dic 2005 | 19,2 | 19,9 | 19,8 | 18,9 | n.d. |Notas: 1Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 2Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (como en las filas anteriores) excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 3En el programa no figuran medidas excepcionales ni otras medidas de carácter temporal. 4En las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión no figuran medidas excepcionales ni otras medidas de carácter temporal. 5Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 7,9 %, el 7,7 %, el 7,8 % y el 7,9 %, en 2005, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Fuente: Programa de convergencia, previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera: «Ejecución de la Estrategia de Lisboa renovada para el Crecimiento y el Empleo – Un año de resultados», 12.12.2006, COM(2006) 816.[3] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574 final, y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), «The long-term sustainability of public finances in the European Union», European Economy , nº 4/2006.[4] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo ECOFIN de 11 de octubre de 2005.[5] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[6] Cncretamente, faltan los datos sobre los subcomponentes del ajuste flujos-fondos y las contribuciones del trabajo, el capital y la productividad global de los factores al crecimiento del PIB potencial.