               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 24.11.2021
            COM(2021) 742 final

            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            sobre la política económica de la zona del euro
            {SWD(2021) 362 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               sobre la política económica de la zona del euro

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Tras una recesión muy profunda en 2020, la economía de la zona del euro está experimentando una recuperación sólida y rápida. El crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2021 superó las expectativas y, según las previsiones económicas del otoño de 2021, se espera que el PIB de la zona del euro crezca un 5,0 % en 2021. Está previsto que la economía de la zona del euro recupere su nivel de PIB anterior a la crisis en el último trimestre de 2021. En el segundo trimestre de 2021, siete países de la zona del euro ya habían recuperado sus niveles de PIB anteriores a la crisis. Según las previsiones, el PIB anual de la zona del euro aumentará en un 4,3 % en 2022. La demanda interna es el principal motor del crecimiento del PIB, vinculado a la relajación de las restricciones tras el despliegue de la vacunación, las mejoras graduales en los mercados de trabajo, la utilización del ahorro adicional acumulado durante los períodos de confinamiento y el fuerte crecimiento de la inversión, que se beneficia de unas condiciones de financiación favorables y del apoyo político de NextGenerationEU. Como se recomendó, los Estados miembros de la zona del euro han tomado medidas, individual y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de garantizar una orientación de la política que apoye la recuperación de la crisis de la COVID-19. De cara al futuro, la incertidumbre y los riesgos siguen siendo elevados, en particular la evolución de la pandemia, tanto dentro como fuera de la UE.

               (2)A lo largo del año, el fuerte crecimiento de la demanda interna se ha topado con las limitaciones de la oferta, como la escasez de insumos y las perturbaciones logísticas. Además, la escasez de mano de obra y de personal cualificado se ha convertido en una preocupación creciente en algunos sectores y Estados miembros. Tras varios años de tasas muy bajas, la inflación en la zona del euro ha repuntado desde principios de 2021, en particular como consecuencia de la subida de los precios de la energía y de los estrangulamientos de la oferta, lo que sugiere un fenómeno transitorio vinculado al proceso de ajuste posterior al confinamiento. La inflación en la zona del euro alcanzó un máximo del 3,4 % en septiembre de 2021, la tasa más alta de los diez últimos años.

               (3)En 2021, la estrategia europea de recuperación se centró en poner en marcha NextGenerationEU, y su instrumento más importante, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
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               . A mediados de noviembre de 2021, el Consejo había adoptado los planes de recuperación y resiliencia de 22 Estados miembros, incluidos 18 países de la zona del euro, tras las evaluaciones positivas de la Comisión. En los próximos años, la aplicación de las reformas y la inversión en el marco del MRR tendrá un profundo impacto positivo en el funcionamiento de las economías de la zona del euro. El Mecanismo fomentará la convergencia económica y social al alza entre los Estados miembros de la zona del euro, dada la clave utilizada para asignar sus recursos. También ha reforzado la confianza y contribuye a preservar el crecimiento y la estabilidad macrofinanciera, equilibrando así la combinación de políticas y complementando las acciones del Banco Central Europeo (BCE). Además de apoyar la recuperación, el MRR tiene por objeto transformar estructuralmente las economías de los Estados miembros, en particular para lograr las transiciones ecológica y digital. La aplicación de inversiones y reformas coherentes en el marco del MRR, junto con el uso de los fondos de cohesión, tiene por objeto aumentar la resiliencia de la zona del euro ante futuras perturbaciones y aumentar la producción potencial de manera duradera, apoyar el empleo y abordar los retos sociales. Además, la emisión de deuda denominada en euros por parte de la Unión para financiar el MRR añadirá profundidad y liquidez a los mercados de capitales europeos y contribuirá a reforzar el euro como moneda internacional.

               (4)La aplicación de las reformas e inversiones incluidas en los planes de recuperación y resiliencia dará paso al desembolso de financiación del MRR y contribuirá efectivamente a la consecución de las prioridades políticas de la zona del euro, incluidas las Recomendaciones del Consejo sobre la política económica de la zona del euro
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               . Esto se referirá, entre otras cosas, al refuerzo de los marcos institucionales nacionales, al apoyo a la inversión pública de alta calidad, a las medidas políticas de apoyo a la cohesión social y a una transición justa ecológica y digital. Ello debería contribuir a garantizar una recuperación sostenible e integradora, mantener el potencial de crecimiento y mejorar la resiliencia. Esto está en consonancia con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible y las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva, es decir, la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica
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               .

               (5)Unas políticas económicas que se apoyan adecuadamente y se refuerzan mutuamente han garantizado una estabilización macroeconómica eficaz y han limitado el impacto en los resultados del mercado de trabajo, mitigando los riesgos de cicatrización y apoyando una rápida recuperación económica. Una combinación coherente entre las políticas monetaria y fiscal, junto con las reformas estructurales y las medidas para mantener la estabilidad financiera, seguirán siendo esenciales para el buen funcionamiento de la zona del euro, dentro del pleno respeto de las funciones respectivas de los Estados miembros y las instituciones en virtud del Tratado.

               (6)Las medidas de política monetaria del BCE tienen por objeto garantizar el buen funcionamiento de los distintos segmentos de los mercados financieros, mantener intactos los canales de transmisión monetaria y, en última instancia, salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. En julio de 2021, el BCE publicó su nueva estrategia de política monetaria. La nueva estrategia adopta un objetivo simétrico de inflación del 2 % a medio plazo. El Consejo de Gobierno confirmó también que el conjunto de tipos de interés del BCE sigue siendo su principal instrumento de política monetaria. En octubre de 2021, el BCE inició una fase de investigación de dos años de duración sobre un euro digital. La creación de un euro digital requeriría una intervención del legislador de la Unión sobre la base del artículo 133 del TFUE. La emisión de dicha moneda digital de banco central podría, entre otras cosas, garantizar el suministro continuo de dinero público en formato digital, apoyar la digitalización de la economía europea y fomentar activamente la innovación en los pagos minoristas
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               . Además, contribuiría a reforzar el papel internacional del euro y la autonomía estratégica abierta de Europa.

               (7)El 19 de octubre de 2021, la Comisión Europea reabrió el debate sobre la revisión de la gobernanza económica para crear un amplio consenso sobre la manera de mejorar la eficacia y la transparencia del marco, abordar los desequilibrios macroeconómicos y abordar los retos presupuestarios de una manera favorable a la transición y al crecimiento, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la crisis de la COVID-19.

               (8)Se prevé que el déficit de las administraciones públicas de la zona del euro en su conjunto alcance el 7,1 % del PIB en 2021, pero disminuya hasta el 3,9 % en 2022. Se prevé que la orientación presupuestaria de la zona del euro, derivada de los presupuestos nacionales y del presupuesto de la UE, siga siendo favorable en 2021 y 2022 (1,75 % y 1 % del PIB, respectivamente). En 2022, la inversión pública, financiada tanto a escala nacional como de la UE, contribuirá a la orientación favorable. A partir de noviembre de 2021, los 18 planes nacionales de recuperación y resiliencia de la zona del euro aprobados por el Consejo hasta la fecha proporcionarán un apoyo financiero de gran magnitud a los Estados miembros de la zona del euro por un importe máximo de 262 000 millones EUR en subvenciones y de 139 000 millones EUR en préstamos hasta 2026. La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es crucial para dar una respuesta eficaz a la perturbación causada por la COVID-19, una recuperación sostenible y el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria (UEM). Aunque la cláusula general de salvaguardia seguirá en vigor en 2022, se espera que se desactive a partir de 2023. Con la consolidación de la recuperación económica, la política fiscal está pasando de las medidas temporales de emergencia a las medidas específicas de apoyo a la recuperación. El aumento de las ratios de deuda pública (del 85,5 % del PIB en 2019 al 100 % del PIB en 2021) ha reflejado los efectos combinados de la contracción de la producción y la necesaria reacción política ante la gran perturbación causada por la COVID-19. Sin embargo, dado que las ratios de deuda ya eran elevadas en algunos Estados miembros de la zona del euro antes de la perturbación, una reducción gradual, continua y favorable al crecimiento de la deuda será un objetivo político en gran parte de la zona del euro.

               (9)En este contexto, la mejora de la composición de las finanzas públicas, también mediante el fomento de la inversión, la calidad de las medidas presupuestarias y la garantía de la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, también en vista del cambio climático y de las transiciones ecológica y digital, parecen especialmente pertinentes. La presupuestación ecológica, las revisiones del gasto, el buen funcionamiento de los sistemas de gestión de la inversión pública y unos marcos de contratación pública eficaces pueden crear margen presupuestario para nuevas inversiones públicas. Las reformas para una política de ingresos más eficiente y justa se han vuelto aún más fundamentales tras la crisis de la COVID-19. Sigue habiendo margen para que los sistemas fiscales de la zona del euro sean más favorables al crecimiento y al medio ambiente, en particular reduciendo la cuña fiscal sobre el trabajo, que sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro. Las medidas destinadas a abordar la planificación fiscal abusiva, la elusión fiscal y la evasión fiscal pueden hacer que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, al tiempo que apoyan la recuperación y aumentan los ingresos. La globalización ha hecho necesario ajustar el marco fiscal para adaptarse a una economía cada vez más digitalizada. Se ha alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la fiscalidad mundial para limitar la competencia fiscal perniciosa en el marco inclusivo de la OCDE y el G20 sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS).

               (10)La respuesta política rápida y enérgica a escala nacional y de la Unión, en particular a través de NextGenerationEU, ha sido eficaz para mitigar el impacto de la crisis en los hogares y las empresas. Gracias a esta acción coordinada, las divergencias se han ampliado menos de lo previsto inicialmente, y se han mitigado las secuelas a largo plazo. El apoyo a las políticas, en particular a través de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas de mantenimiento del empleo, ha contribuido a mantener la actividad de las empresas durante la crisis y ha limitado el aumento de la tasa de desempleo y la caída de la renta disponible. Aunque han aumentado, las tasas de insolvencia se mantuvieron moderadas en 2021, a pesar del levantamiento gradual de las medidas de apoyo. Los mercados de trabajo también están mostrando mejoras graduales, con el empleo de nuevo en el 72,2 % en el segundo trimestre de 2021, frente al máximo alcanzado antes de la COVID del 72,9 % en el cuarto trimestre de 2019. La adopción acelerada de la tecnología digital a lo largo de la crisis podría tener un impacto positivo en la productividad si se mantiene en el tiempo. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha tenido importantes repercusiones territoriales, sectoriales y distributivas, lo que requerirá reasignaciones tanto dentro de los países y de los sectores como entre estos, con importantes costes de transición para los trabajadores y las empresas.

               (11)Aunque el aumento de las quiebras ha seguido siendo limitado hasta la fecha, la pandemia ha dejado a muchas empresas con balances más débiles, lo que podría limitar su capacidad para financiar proyectos de inversión a corto plazo y comprometer su capacidad de reembolso. A medida que se haga efectiva la recuperación, el apoyo debe eliminarse gradualmente y hacerse más específico. Un menor uso de instrumentos de deuda limitaría los pasivos contingentes y contribuiría a preservar la capacidad de inversión de las empresas. La retirada oportuna de las medidas de apoyo a las políticas es un acto de equilibrio entre el apoyo a la inversión y el empleo, y la evitación de la quiebra de las empresas viables, por una parte, sin impedir la salida ordenada de las inviables a medio plazo, por otra. En este contexto, es crucial mejorar el acceso de las empresas a la financiación, reforzar los balances de las empresas y aumentar la capacidad y la eficiencia de los marcos de insolvencia. Los regímenes nacionales de insolvencia difieren sustancialmente en la zona del euro, por lo que serán necesarias medidas de refuerzo de la capacidad para facilitar un sistema administrativo y judicial eficaz. La mejora de los marcos de insolvencia también puede contribuir a unos balances más sólidos en el sector bancario, con un impacto positivo en la oferta de crédito. La Directiva sobre reestructuración e insolvencia
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               , que tiene por objeto introducir normas mínimas en todos los Estados miembros en materia de reestructuración preventiva y exoneración de deudas de los empresarios, deberá incorporarse a la legislación nacional a más tardar el 17 de julio de 2022. Además, la integración de los mercados de capitales de la UE es fundamental para proporcionar a las empresas fuentes alternativas de financiación que complementen los préstamos bancarios. Los avances en la unión de los mercados de capitales (UMC)
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                pueden mejorar el acceso de las empresas de la zona del euro a la financiación, movilizar inversiones a largo plazo en tecnologías ecológicas, nuevas tecnologías e infraestructuras, promover la inversión en capital y eliminar los obstáculos transfronterizos a la inversión, en particular armonizando determinados aspectos del Derecho sustantivo en materia de procedimientos de insolvencia.

               (12)Si bien el empleo se está recuperando rápidamente, algunos sectores, categorías específicas de trabajadores y regiones se verán afectados de forma duradera por la crisis y por el fuerte impulso a favor de una economía más ecológica. Los nuevos puestos de trabajo creados pueden ser diferentes de los puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de la crisis. Los estrangulamientos en la cadena de suministro pueden ralentizar la recuperación del empleo en determinados sectores. Por lo tanto, las medidas políticas que faciliten la transición laboral y la reintegración en el mercado laboral serán fundamentales para apoyar el ajuste y mitigar las repercusiones sociales, en particular a la luz de la doble transición. La Comisión presentó una recomendación sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE)
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               , en la que se invita a los Estados miembros a que elaboren paquetes de políticas coherentes que combinen medidas destinadas a reducir la escasez de personal cualificado y ayudar a las personas a navegar con éxito por las transiciones ecológica y digital. Estos paquetes constarán de tres componentes: i) incentivos a la contratación y a la transición, limitados en el tiempo y bien diseñados, y apoyo al emprendimiento; ii) oportunidades de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional vinculadas a las necesidades del mercado laboral; y iii) un mayor apoyo por parte de los servicios de empleo. Mientras tanto, para la cohesión de la zona del euro la protección social sigue siendo fundamental tras la crisis sanitaria y económica y con vistas a garantizar una doble transición justa. El pilar europeo de derechos sociales
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                sigue siendo la brújula para la acción en materia de empleo, capacidades y política social que fomenta la convergencia económica y social al alza y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en los Estados miembros. El Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales, adoptado en marzo de 2021, establece tres objetivos principales de la UE sobre i) empleo, ii) aprendizaje de adultos y iii) reducción de la pobreza de aquí a 2030
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               , a lo que contribuirán las medidas recomendadas a continuación. Estos objetivos fueron acogidos favorablemente por los dirigentes de la UE en la Cumbre Social de Oporto del 8 de mayo de 2021 y en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio de 2021.

               (13)Los Estados miembros han diseñado ambiciosos planes de reforma e inversión, con el apoyo financiero y político del MRR. El aumento de la calidad de las instituciones, en particular mediante el refuerzo de la capacidad administrativa, será fundamental para garantizar una rápida absorción de los fondos correspondientes, evitando al mismo tiempo duplicaciones e interferencias con otros instrumentos de la UE. Los Estados miembros pueden mejorar las condiciones marco para la inversión privada mejorando el entorno empresarial. Para garantizar el buen funcionamiento del mercado único, será fundamental preservar y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro en el mercado único mediante la detección y el tratamiento de la escasez de suministros y los estrangulamientos de la oferta, junto con los mercados abiertos, la convergencia de las normas, una mayor diversificación, la circularidad y la eficiencia de los recursos. Sigue siendo pertinente la Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, de 13 de julio de 2021, en la que se pide una mayor integración del mercado único de bienes y servicios, en particular el mercado único digital, mediante la eliminación de restricciones innecesarias, la mejora de la vigilancia del mercado y la garantía de una capacidad administrativa suficiente.

               (14)El sector bancario ha demostrado su resiliencia general cuando se enfrenta a graves tensiones económicas, gracias a reformas anteriores. El amplio apoyo de las políticas en el fondo de la crisis y la sólida recuperación registrada en 2021 han atenuado hasta ahora la preocupación por el debilitamiento de los balances de las empresas. Sin embargo, los bancos de la zona del euro podrían sufrir cierto deterioro en la calidad de los activos. El seguimiento oportuno de los riesgos, el compromiso proactivo con los deudores y la gestión activa de los préstamos dudosos son importantes para mantener su capacidad de financiar la recuperación económica.

               (15)El tamaño económico y la integración de la zona del euro, así como las medidas adoptadas para responder a la crisis, han sido factores de estabilización a escala mundial a lo largo de la crisis de la COVID-19. Dada la interconexión de las economías, los Estados miembros de la zona del euro tendrán que realizar en los próximos años las inversiones y reformas acordadas para salir fortalecidos de la crisis, al tiempo que deberán profundizar aún más en la configuración institucional de la zona del euro para aumentar su resiliencia frente a futuras perturbaciones y permanecer más fuertes en la escena internacional. La evolución económica y financiera de las economías avanzadas y emergentes tiene repercusiones directas en la zona del euro a través de diversos canales, en particular a través de la política sanitaria y de vacunación, la política monetaria, los flujos financieros, las cadenas de valor mundiales y el comercio. Las limitaciones de las cadenas de suministro mundiales surgidas a raíz de la recuperación demuestran aún más la creciente interconexión económica mundial. Al mismo tiempo, el superávit por cuenta corriente de la zona del euro continuó su gradual descenso y registró un nivel próximo al sugerido por las variables fundamentales. El fortalecimiento del papel internacional del euro, que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, en particular mediante el desarrollo de un euro digital, podría reforzar la autonomía económica y financiera de la zona del euro y de la Unión, y mejorar la estabilidad financiera mundial.

               (16)La profundización de la UEM sigue siendo esencial. La unión bancaria y la unión de los mercados de capitales son proyectos que se refuerzan mutuamente para promover el crecimiento, salvaguardar la estabilidad financiera y apoyar una auténtica unión económica y monetaria. Colmar las lagunas restantes aumentaría aún más la estabilidad y la resiliencia de la zona del euro, contribuiría a la prosperidad de las economías de la zona del euro y reforzaría el papel internacional del euro. Sigue siendo esencial completar la unión bancaria, junto con la oportuna ratificación del Acuerdo de modificación del Tratado del MEDE, y la unión de los mercados de capitales. Esto también apoyará las transiciones ecológica y digital, que requieren importantes inversiones. La Cumbre del Euro del 25 de junio de 2021 reiteró el compromiso de completar la unión bancaria e invitó al Eurogrupo (en composición ampliada) a acordar, sin demora y de forma consensuada, un plan de trabajo gradual y sujeto a plazos sobre todos los elementos pendientes. También pidió la rápida aplicación del Plan de Acción para la UMC en consonancia con las prioridades establecidas en las Conclusiones del Consejo de 3 de diciembre de 2020. La Recomendación del Consejo de 2021 sobre la política económica de la zona del euro, de 13 de julio de 2021, que insta a completar la UEM y reforzar el papel internacional del euro, sigue siendo pertinente.

               RECOMIENDA que, durante el período 2022-2023, los Estados miembros de la zona del euro adopten individualmente medidas mediante la aplicación de sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de:

               1.Seguir utilizando y coordinando las políticas presupuestarias nacionales en todos los Estados miembros para apoyar eficazmente una recuperación sostenible e integradora. Mantener una orientación presupuestaria moderadamente favorable en 2022 en toda la zona del euro, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y la financiación proporcionada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Encauzar gradualmente las medidas fiscales hacia inversiones que promuevan una recuperación sostenible e integradora, coherente con las transiciones ecológica y digital, prestando especial atención a la calidad de las medidas presupuestarias. Mantener la política presupuestaria ágil para poder reaccionar si reaparecen los riesgos de pandemia. Diferenciar las políticas presupuestarias teniendo en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión.

               2.Promover políticas que aborden la planificación fiscal abusiva, la evasión y la elusión fiscales para garantizar unos sistemas fiscales justos y eficientes. Trabajar para limitar la competencia fiscal perniciosa, en particular mediante la aplicación de una solución mundial basada en el consenso para hacer frente a los retos fiscales derivados de la digitalización y la globalización de la economía. Reducir la cuña fiscal sobre el trabajo y promover un cambio de la fiscalidad del trabajo hacia impuestos menos distorsionadores. Pasar de las medidas de emergencia a las medidas de recuperación en los mercados laborales garantizando políticas activas del mercado de trabajo eficaces: i) apoyando las transiciones laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital, ii) combinando medidas para hacer frente a la escasez de personal cualificado, reforzando la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, ofreciendo incentivos específicos a la contratación y iii) mejorando la capacidad de los servicios públicos de empleo para hacer frente a los desajustes del mercado laboral. Reforzar los sistemas integradores de educación y formación de calidad. Promover la integración en el mercado laboral de los grupos vulnerables, en particular los jóvenes y las mujeres, garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y abordar la segmentación del mercado laboral, desarrollar y adaptar, cuando sea necesario, sistemas de protección social para hacer frente a los retos que surjan tras la crisis de la COVID-19. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas, reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. Garantizar el intercambio de las buenas prácticas y la convergencia hacia estas en el mercado laboral y las políticas sociales que aumenten la resiliencia económica y social.

               3.Supervisar la eficacia de los paquetes de apoyo a las empresas, centrarse en un apoyo más específico a la solvencia de las empresas viables que han sufrido tensiones durante la pandemia y hacer un mayor uso de instrumentos de renta variable. Tomar medidas para aumentar la capacidad de los marcos de insolvencia para hacer frente de manera eficaz y oportuna a la quiebra y la reestructuración de la deuda, maximizar la conservación del valor y promover una asignación eficiente del capital y las inversiones transfronterizas. Avanzar en la profundización de la unión de los mercados de capitales, en particular aprobando rápidamente las propuestas legislativas de la Comisión para apoyar la financiación de la economía y aumentar las oportunidades de inversión para las empresas y los particulares y eliminar los obstáculos transfronterizos a la inversión en el mercado único.

               4.Seguir reforzando los marcos institucionales nacionales y proseguir las reformas para abordar los obstáculos a la inversión y la reasignación de capital, y garantizar el uso eficiente y oportuno de los fondos de la Unión. Reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar el entorno empresarial. Reforzar la eficacia y la digitalización de la administración pública. Mejorar la gestión de las finanzas públicas, en particular a través de la presupuestación ecológica y unos marcos eficaces de gestión de la inversión pública, y hacer uso de las revisiones del gasto para mejorar la composición de las finanzas públicas, en particular la calidad de las inversiones públicas, la inversión en personas y capacidades, y centrar mejor el gasto público en las necesidades de recuperación y resiliencia.

               5.Garantizar la estabilidad macrofinanciera y mantener los canales de crédito a la economía, seguir abordando los préstamos dudosos mediante, entre otras cosas, el seguimiento de la calidad de los activos, el compromiso oportuno y proactivo con los deudores en dificultades (en particular, los viables) y el mayor desarrollo de los mercados secundarios de préstamos dudosos. Seguir trabajando en la culminación de la unión bancaria, a través de un plan de trabajo gradual y sujeto a plazos, y en el refuerzo del papel internacional del euro. Seguir apoyando los trabajos exploratorios sobre la posible introducción de un euro digital.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.

                     (4)

                        Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2021, sobre la política económica de la zona del euro, DO C 283 de 15.7.2021, p. 1.

                     (5)

                        Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022, COM(2021) 740.

                     (6)

                        Véase el informe sobre un euro digital del BCE de octubre de 2020 disponible en
                  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
                  .

                     (7)

                        Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), DO L 172 de 26.6.2019, p. 18.

                     (8)

                        Durante la Cumbre del Euro del 25 de junio de 2021, los dirigentes de la UE subrayaron su apoyo político a la unión de los mercados de capitales (UMC) y pidieron la rápida aplicación del plan de acción de la UMC.

                     (9)

                        Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE), DO L 80 de 8.3.2021, p. 1.

                     (10)

                        Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, DO C 428 de 13.12.2017, p.10.

                     (11)

                        La UE se comprometió a cumplir los siguientes objetivos principales de la UE para 2030: al menos el 78 % de la población de 20 a 64 años debería tener empleo; al menos el 60 % de las personas de entre 25 y 64 años debería participar en actividades de aprendizaje cada año; y el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería disminuir en al menos 15 millones con respecto a 2019.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 29.3.2022
            COM(2022) 132 final

            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

                  La ciberdelincuencia sigue siendo una amenaza creciente para la seguridad de los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea (UE) según la Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en internet de Europol
                     1
                  . La ciberdelincuencia es un fenómeno global y sin fronteras, e intensificar la cooperación internacional para luchar contra ella ha sido un objetivo prioritario para los países de todo el mundo desde hace varios años.

                  El Convenio del Consejo de Europa de 2001 sobre la ciberdelincuencia (el Convenio de Budapest) es el primer tratado internacional sobre ciberdelincuencia, por el que se definen los delitos relacionados con esta; se establece una serie de competencias y procedimientos para investigarla como la búsqueda e interceptación de redes informáticas, y pruebas electrónicas seguras en relación con cualquier delito, y se crea un marco para la cooperación internacional
                     2
                  . El Convenio de Budapest está abierto a los miembros no pertenecientes al Consejo de Europa y se han adherido a él países de todas las regiones geográficas. Hasta la fecha, hay sesenta y seis Estados participantes, y se ha invitado a catorce países más a adherirse al Convenio. Es la base de la legislación contra la ciberdelincuencia en el 80 % de los países de todo el mundo. La adopción de un Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2021 demuestra que el Convenio sigue siendo pertinente como marco para la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia
                     3
                  .

                  El auge de la tecnología de la información y el rápido desarrollo de nuevos sistemas de redes informáticas y de telecomunicaciones, así como el uso y abuso de las tecnologías con fines delictivos también han figurado en la agenda de las Naciones Unidas. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 65/230, por la que se solicitaba a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CPDJP) que estableciera un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para que realice un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético
                     4
                  . En su séptima (y última) reunión del 6 al 8 de abril de 2021, dicho grupo recopiló todas las conclusiones y recomendaciones preliminares sugeridas por los Estados miembros de las Naciones Unidas
                     5
                   y acordó transmitir a la CPDJP las sesenta y tres conclusiones y recomendaciones convenidas
                     6
                  . En su estudio, el grupo no llegó a un consenso sobre la necesidad de un nuevo tratado internacional sobre ciberdelincuencia.

                  Paralelamente, algunos Estados miembros de las Naciones Unidas intensificaron sus esfuerzos para trabajar en pos de un tratado de este tipo en las deliberaciones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 73/187, de 17 de diciembre de 2018, sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
                     7
                  . Posteriormente, el 27 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una segunda Resolución, la 74/247, sobre el mismo tema, por la que se establece un comité intergubernamental de expertos ad hoc de composición abierta (en lo sucesivo, el «comité ad hoc») para elaborar un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos. La Resolución especificaba que el comité ad hoc debía tener plenamente en cuenta los instrumentos y esfuerzos internacionales existentes a escala nacional, regional e internacional en la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos, en particular el trabajo y los resultados del grupo intergubernamental de expertos
                     8
                  . El 26 de mayo de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 75/282, en la que se determinaban las modalidades de las negociaciones
                     9
                  . La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, entre otras cosas, que el comité ad hoc debía convocar al menos seis sesiones, de diez días cada una, empezando en enero de 2022, y una sesión de clausura para presentar un proyecto de Convenio a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo octavo período de sesiones en 2024. Además, decidió que el comité ad hoc celebrará la primera, tercera y sexta sesiones de negociación en Nueva York, y la segunda, cuarta y quinta sesiones en Viena. El 20 de enero de 2022, la Asamblea General decidió aplazar la primera sesión a una fecha posterior debido a la situación de la pandemia de COVID-19 en Nueva York.

                  La presente propuesta tiene por objeto garantizar la adecuada participación de la Unión Europea en estas negociaciones, ya que se espera que estas aborden elementos relacionados con la legislación y la competencia de la UE, en particular en el ámbito de la ciberdelincuencia. El artículo 3, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión posee «competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional (...) en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas». Un acuerdo internacional puede afectar a las normas comunes o alterar el alcance de estas si el ámbito que abarca se superpone con la legislación de la Unión o si ya lo aborda en gran medida el Derecho de la Unión.

                  Dado que las negociaciones se refieren a asuntos de competencia de la Unión distintos de la PESC, que se espera que sean los principales componentes del acuerdo previsto, debe nombrarse a la Comisión jefa del equipo negociador. En asuntos relacionados con la Política Exterior y de Seguridad Común, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad lleva a cabo las negociaciones como parte del equipo. El negociador principal de la Comisión garantizará la coherencia global del acuerdo. Bajo la autoridad del negociador principal, los servicios de la Comisión estarán a la cabeza de las partes no relacionadas con la PESC del acuerdo previsto, y el SEAE dirigirá aquellas partes de los acuerdos previstos que entren en el ámbito de la PESC.

                  La presente Recomendación se presenta al Consejo, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, a fin de recibir autorización para negociar el futuro Convenio de las Naciones Unidas en nombre de la Unión Europea, proporcionar directrices de negociación y nombrar a la Comisión negociadora.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  La lucha contra la ciberdelincuencia es una prioridad para la Unión Europea, como se pone de manifiesto en la Estrategia para una Unión de la Seguridad de 2020
                     10
                   y en la Estrategia contra la Delincuencia Organizada de 2021
                     11
                  . En el tercer informe de situación de la Unión de la Seguridad de 2021, la Comisión se comprometió a garantizar la participación efectiva de la Unión en las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la «lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos» a nivel de las Naciones Unidas
                     12
                  .

                  La Comisión reconoce la necesidad de seguir avanzando y reforzando las capacidades de las autoridades policiales y judiciales en este ámbito, a fin de desarrollar la legislación nacional en materia de ciberdelincuencia, cuando no se disponga lo suficiente, así como la necesidad de promover la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. También apoya una serie de programas de desarrollo de capacidades en varios países de todo el mundo, incluidos aquellos en desarrollo
                     13
                  . La Comisión ha apoyado la labor del grupo intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Comité del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros organismos.

                  Se espera que las negociaciones sobre el convenio internacional se refieran a normas comunes de la UE para luchar contra la ciberdelincuencia. En particular, ello puede incluir la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil
                     14
                  , que aborda nuevos avances en el entorno en línea, como el embaucamiento de menores (delincuentes que atraen a menores con fines de cometer abusos sexuales); la Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información
                     15
                  , que tiene por objeto hacer frente a los ciberataques a gran escala exigiendo a los Estados miembros que refuercen las legislaciones nacionales en materia de ciberdelincuencia e introduzcan un elevado nivel de sanciones penales; y la Directiva (UE) 2019/713 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo
                     16
                  , que armoniza la conducta delictiva de las personas físicas o jurídicas en relación con los medios de pago distintos del efectivo y amplía la responsabilidad penal a las monedas virtuales y los monederos digitales. Otros instrumentos de la UE establecen normas comunes para la lucha contra los delitos que pueden permitirse mediante el uso de sistemas de información, como el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción y la delincuencia organizada.

                  También se espera que las negociaciones abarquen medidas penales procesales y de cooperación. El actual marco jurídico de la UE incluye instrumentos de ejecución forzosa y cooperación judicial en materia penal, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal
                     17
                  , el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea
                     18
                  , el Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust
                     19
                  , el Reglamento (UE) 2016/794 sobre Europol
                     20
                  , el Reglamento (UE) 2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea
                     21
                  , la Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo sobre equipos conjuntos de investigación
                     22
                  , y la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales
                     23
                  . También son pertinentes las propuestas de la Comisión de abril de 2018 sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas
                     24
                   y el paquete de cooperación policial
                     25
                  , que actualmente está tramitándose con arreglo al procedimiento legislativo de la UE. En el exterior, la Unión Europea ha celebrado una serie de acuerdos bilaterales con terceros países, como los acuerdos de asistencia judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y entre la Unión Europea y Japón
                     26
                  .

                  La Unión también ha adoptado varias directivas que refuerzan los derechos procesales de los investigados y encausados
                     27
                  . La protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental conforme al artículo 16 del TFUE y al artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los datos personales deben tratarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (el Reglamento General de Protección de Datos)
                     28
                   y la Directiva (UE) 2016/680 (Directiva sobre protección de datos policiales)
                     29
                  . El derecho fundamental de las personas al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones también está consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Esto incluye el respeto de la privacidad de las comunicaciones, así como la protección del equipo terminal del usuario, como elementos esenciales. Los datos de las comunicaciones electrónicas deben tratarse de conformidad con la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)
                     30
                  .

                  Las negociaciones deben garantizar que las disposiciones de un futuro convenio de las Naciones Unidas logren la máxima protección posible de los derechos humanos y que los Estados miembros puedan cumplir con el Derecho de la UE, teniendo también en cuenta su evolución futura.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La Unión Europea ha fomentado sistemáticamente el Convenio de Budapest como marco jurídico de referencia valioso y flexible para la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Ha ayudado a terceros países a adherirse al Convenio, permitiéndoles introducir un marco jurídico nacional mínimo para luchar contra la ciberdelincuencia y desarrollar las capacidades de investigación y enjuiciamiento necesarias, facilitando la cooperación con otras partes en el Convenio
                     31
                  .

                  La UE, representada por la Comisión, también ha participado activamente en las negociaciones del Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest
                     32
                  . El Protocolo estará abierto a la firma en mayo de 2022. Dado que las materias cubiertas por el Segundo Protocolo Adicional son competencia exclusiva de la Unión, el 25 de noviembre de 2021 la Comisión adoptó dos propuestas de Decisiones del Consejo para autorizar a los Estados miembros de la UE a firmar
                     33
                   y ratificar
                     34
                  , en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia.

                  Por consiguiente, las negociaciones también deberán garantizar la coherencia con el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia y sus protocolos adicionales.

                  2.
                        BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  El artículo 218, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Comisión debe presentar recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones y se designe al negociador de la Unión. De conformidad con el artículo 218, apartado 4, del TFUE, el Consejo puede dictar directrices al negociador.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  Una acción unilateral no ofrecería una alternativa, ya que no proporcionaría una base suficiente para la cooperación con países no pertenecientes a la UE. La adhesión a un acuerdo multilateral como un posible convenio futuro de las Naciones Unidas, que la Unión ha podido negociar, es más eficiente que entablar negociaciones bilaterales con países no pertenecientes a la UE.

               •Proporcionalidad

                  Esta iniciativa no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos políticos en cuestión.

               •Elección del instrumento

                  Una Recomendación de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones está en consonancia con el artículo 218, apartado 3, del TFUE, que establece que la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

                  No procede.

               •Consultas con las partes interesadas

                  El 14 de enero de 2022, la Comisión publicó una convocatoria de datos sobre esta iniciativa en su sitio web, que estuvo disponible para formular observaciones durante cuatro semanas. Las (cinco) respuestas individuales a la convocatoria de datos se publicaron en el sitio web de la consulta. Estas consideraciones se han tenido en cuenta en la preparación de la presente propuesta.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  La Comisión tuvo en cuenta las opiniones expresadas por los expertos de los Estados miembros durante los debates en los grupos de trabajo pertinentes del Consejo en la preparación de las negociaciones.

               •Evaluación de impacto

                  No procede.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

                  Es probable que las negociaciones abarquen elementos que podrían constituir una injerencia en los derechos fundamentales, como las medidas penales procesales, las definiciones de delitos que pueden ser la base de un procedimiento penal o el acceso a los datos privados de una persona obtenidos en el contexto de un procedimiento penal. Las disposiciones que se negocien pueden dar lugar a injerencias con, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales. Dado que la participación en las negociaciones en nombre de la Unión Europea no debe comprometer el nivel de protección de los derechos fundamentales en la Unión, la presente iniciativa propone alcanzar un nivel elevado de protección de los derechos fundamentales.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para el presupuesto de la Unión. Los Estados miembros de la UE pueden tener costes únicos por la aplicación del Convenio una vez concluidas las negociaciones, pero no es posible determinar estos costes en esta fase, ya que las negociaciones aún no han comenzado del todo.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que el proceso de negociación dure hasta 2024, tras lo cual podrá tener lugar la firma y la celebración del Convenio. La iniciativa propone seguir un proceso de negociación abierto, inclusivo y transparente.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 27 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 74/247 relativa a la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, que estableció un comité intergubernamental especial de composición abierta de expertos que representen a todas las regiones, a fin de elaborar un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
                  35
               . La Unión debe participar en las negociaciones sobre este Convenio.

               (2)La Unión ha adoptado normas comunes que se solapan con varios elementos que se están considerando para tal convenio. Tales normas comunes comprenden, en particular, un conjunto completo de instrumentos sobre Derecho penal sustantivo
                  36
               , cooperación policial y judicial en materia penal
                  37
               , estándares mínimos en materia de derechos procesales
                  38
                y garantías en materia de protección de datos y respeto de la vida privada
                  39
               . También deben tenerse en cuenta las futuras normas comunes
                  40
               .

               (3)Por consiguiente, un nuevo convenio internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos puede afectar a normas comunes de la Unión o alterar su ámbito de aplicación.

               (4)A fin de proteger la integridad del Derecho de la Unión y de velar por que las normas del Derecho internacional y del Derecho de la Unión sigan siendo coherentes, es preciso que la Unión participe en las negociaciones de un nuevo convenio internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

               (5)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el …

               (6)[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.]

               [O]

               [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda ha notificado [, por carta de ...,] su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.]

               (7)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un convenio general sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con un comité especial que deberá designar el Consejo.

               Artículo 4

               La presente Decisión y su apéndice se publicarán inmediatamente después de su adopción.

               Artículo 5

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente / La Presidenta

                     (1)

                        Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en internet (IOCTA) de Europol de 2021
                  www.europol.eu
                  .

                     (2)

                        Convenio de Budapest del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185), 23 de noviembre de 2001,
                  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa41c
                  .

                     (3)

                  Detalles de los resultados (coe.int)
                  .
                  Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa — Noticias (coe.int)
                  .

                     (4)

                        Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2010,

                     A/Res/65/230 - E - A/Res/65/230 - escritorio (undocs.org)

                  .

                     (5)

                        Recopilación de todas las conclusiones y recomendaciones preliminares sugeridas por los Estados Miembros durante las reuniones del Grupo de Expertos encargado de realizar un estudio exhaustivo sobre el delito cibernético celebradas en 2018, 2019 y 2020:
                  V2101015.pdf (unodc.org)
                  .

                     (6)

                        Informe de la reunión del Grupo de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético celebrada en Viena del 6 al 8 de abril de 2021:
                  V2102598.pdf (unodc.org)
                  .

                     (7)

                        Resolución de la Asamblea General de 17 de diciembre de 2018,
                  A/RES/73/187
                  .

                     (8)

                        Resolución de la Asamblea General de 27 de diciembre de 2019,
                  A/RES/74/247
                  .

                     (9)

                        Resolución de la Asamblea General de 26 de mayo de 2021,
                  A/RES/75/282*
                  .

                     (10)

                  COM(2020) 605 final,
                   de 27.7.2020.

                     (11)

                  COM(2021) 170 final
                  , de 14.4.2021.

                     (12)

                  COM(2021) 799 final,
                   de 8.12.2021.

                     (13)

                        Esto incluye programas como GLACY+, CyberEast y CyberSouth, cofinanciados por la UE y el Consejo de Europa y administrados por el Consejo de Europa.

                     (14)

                        Directiva 2011/93/UE de 13.12.2011.

                     (15)

                        Directiva 2013/40/UE de 12.8.2013.

                     (16)

                        Directiva (UE) 2019/713 de 17.4.2019.

                     (17)

                        Directiva 2014/41/UE de 3.4.2014.

                     (18)

                        Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29.5.2020.

                     (19)

                        Reglamento (UE) 2018/1727 de 14.11.2018.

                     (20)

                        Reglamento (UE) 2016/794 de 11.5.2016.

                     (21)

                        Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12.10.2017.

                     (22)

                        Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo de 13.6.2022.

                     (23)

                        Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo de 30.11.2009.

                     (24)

                        Propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal,

                     COM(2018) 225 final

                  , y Propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales,

                     COM(2018) 226 final

                  , de 17.4.2018.

                     (25)

                        Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la cooperación policial operativa, COM(2021) 780; Propuesta de Directiva relativa al intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros, por la que se deroga la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, COM(2021) 782; y Propuesta de Reglamento relativo al intercambio automatizado de datos para la cooperación policial («Prüm II»), COM(2021) 784, de 8.12.2021.

                     (26)

                        Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25.6.2003.Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación judicial en materia penal (2009).

                     (27)

                        Directiva 2010/64/UE de 20.10.2010; Directiva 2012/13/UE de 22.5.2012; Directiva 2013/48/UE de 22.10.2013; Directiva (UE) 2016/1919 de 26.10.2016; Directiva (UE) 2016/800 de 11.5.2016; Directiva (UE) 2016/343 de 9.3.2016.

                     (28)

                        Reglamento (UE) 2016/679 de 27.4.2016.

                     (29)

                        Directiva (UE) 2016/680 de 27.4.2016.

                     (30)

                        Directiva 2002/58/CE de 12.7.2002, modificada por la Directiva 2009/136/CE de 25.11.2009.

                     (31)

                        Véanse, por ejemplo, las Conclusiones del Consejo sobre la ciberdiplomacia, de 10 de febrero de 2015, documento 6122/15.

                     (32)

                        Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión Europea a participar, en nombre de la Unión Europea, en las negociaciones sobre un Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, referencia 9116/19.

                     (33)

                        Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo adicional segundo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas, COM(2021) 718 final, de 25.11.2021.

                     (34)

                        Propuesta de Decisión del Consejo, por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo adicional segundo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas,

                     COM(2021) 719 final

                  , de 25.11.2021.

                     (35)

                        Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de diciembre de 2019 sobre el informe de la Tercera Comisión (A/74/401), Lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos,
                  A/RES/74/247
                  .

                     (36)

                        Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo

                     (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1)

                  ; Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo

                     (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8)

                  ; Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo, PE/89/2018/REV/3

                     (DO L 123 de 10.5.2019, p. 18)

                  .

                     (37)

                        Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1); Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018); Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53); Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1); Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42); y Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).

                     (38)

                        Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1); Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1); Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1).

                     (39)

                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo; Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37), modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

                     (40)

                        Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 225 final]; Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 226 final].

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 29.3.2022
            COM(2022) 132 final

            ANEXO
            de la
            Recomendación de Decisión del Consejo
            por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos

               ANEXO

               Por lo que respecta al proceso de las negociaciones, la Unión debe aspirar a lo siguiente:

               1)Que el proceso de negociación sea abierto, inclusivo y transparente y que se base en la cooperación de buena fe.

               2)Que el proceso de negociación permita la participación significativa de todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales.

               3)Que todas las aportaciones recibidas de todos los miembros de las Naciones Unidas se examinen en igualdad de condiciones para garantizar la inclusividad del proceso.

               4)Que el proceso de negociación se base en un programa de trabajo eficaz y realista.

               Por lo que respecta a los objetivos generales de las negociaciones, la Unión debe aspirar a lo siguiente:

               5)El Convenio constituye un instrumento eficaz para las autoridades policiales y judiciales en la lucha mundial contra la ciberdelincuencia, con el objetivo de añadir valor a la cooperación internacional.

               6)Se tiene plenamente en cuenta el marco existente de instrumentos y esfuerzos internacionales y regionales probados, tal como se refleja en las Resoluciones 74/247 y 75/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, el Convenio es compatible con los instrumentos internacionales existentes y los complementa, en particular el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia celebrado en Budapest en 2001 y sus protocolos, la Convención de las Naciones Unidas de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, así como otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes. El Convenio evita cualquier impacto en su aplicación o en la futura adhesión de cualquier país a ellos y, en la medida de lo posible, evita duplicaciones innecesarias.

               7)Se tienen plenamente en cuenta el trabajo y los resultados del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de realizar un estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, tal como se acordó en la Resolución 75/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

               8)Las disposiciones del Convenio garantizan la máxima protección posible de los derechos humanos. Los Estados miembros de la UE deben poder cumplir con el Derecho de la UE, incluidos sus derechos fundamentales, libertades y principios generales consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Las disposiciones del Convenio también deben ser compatibles con las obligaciones comerciales internacionales de la UE y sus Estados miembros.

               Por lo que respecta a la sustancia de las negociaciones, la Unión debe aspirar a lo siguiente:

               9)Que el Convenio defina los delitos que solo pueden cometerse mediante sistemas de información.

               10)Que el Convenio defina los delitos que pueden cometerse sin utilizar sistemas de información, pero que pueden fomentarse mediante sistemas de información en determinadas circunstancias, pero solo en los casos en que la participación de los sistemas de información modifique sustancialmente las características o el impacto de las infracciones.

               11)Que los delitos se definan de forma clara, estricta y tecnológicamente neutra. Que las definiciones sean compatibles con las de otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

               12)Que el Convenio establezca normas sobre la tentativa y la complicidad de tales delitos, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por tales delitos, sobre el establecimiento de la jurisdicción sobre tales delitos y sobre las sanciones y medidas en relación con tales delitos que sean compatibles con otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

               13)Que el Convenio fije medidas penales procesales que permitan a las autoridades investigar eficazmente los ciberdelitos, inmovilizar y decomisar el producto de tales delitos y conservar u obtener pruebas electrónicas de cualquier delito penal en el marco de una investigación o un procedimiento penal, teniendo debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad.

               14)Que estas medidas penales procesales aporten un valor añadido suficiente en comparación con otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y sean compatibles con dichos convenios y con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

               15)Que las medidas procesales para conservar u obtener pruebas electrónicas contengan una definición clara y estricta del tipo de información abarcada. Que las medidas procesales para la cooperación con entidades del sector privado garanticen que la carga impuesta sobre dichas entidades sea proporcionada y que estas respeten plenamente los derechos humanos de sus usuarios. Que el Convenio proporcione claridad jurídica a los proveedores de servicios en línea (por ejemplo, los proveedores de servicios de internet) en sus interacciones con las autoridades policiales de los Estados miembros que sean Parte del Convenio. Que las medidas procesales para la retirada de contenidos ilícitos solo se refieran a aquellos que puedan ser lo bastante específicos y definirse de forma estricta.

               16)Que el Convenio fije medidas de cooperación que permitan a las autoridades de los distintos Estados que sean parte del instrumento cooperar eficazmente a efectos de investigaciones o procedimientos penales relativos a delitos definidos en el instrumento, o cooperar para conservar u obtener pruebas electrónicas de cualquier delito en el marco de una investigación o un procedimiento penal.

               17)Que estas medidas de cooperación aporten un valor añadido suficiente en comparación con otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y sean compatibles con dichos convenios y con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

               18)Que las medidas de cooperación estén sujetas a las condiciones dispuestas en la legislación de la parte requerida y prevean motivos amplios de denegación, tales como garantizar la protección de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de los datos personales, también en el contexto de las transferencias de datos personales, y, en su caso, la existencia de una doble tipificación.

               19)Que el Convenio fije condiciones estrictas y garantías sólidas para garantizar que los Estados miembros de la UE puedan respetar y proteger los derechos fundamentales, las libertades y los principios generales del Derecho de la UE consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, incluidos, en particular, el principio de proporcionalidad, las garantías y derechos procesales, el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y los derechos de defensa de las personas sujetas a procedimientos penales, así como el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de los datos personales y de las comunicaciones electrónicas cuando se traten dichos datos, incluidas las transferencias a autoridades de países no pertenecientes a la Unión Europea, y el derecho a la libertad de expresión e información. Que el Convenio garantice, en particular, que los Estados miembros de la UE puedan cumplir con los requisitos para las transferencias internacionales de datos personales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/680, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. Que las condiciones y garantías también garanticen la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en consonancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Que esto se aplique a todo el Convenio, incluidas las medidas procesales y de cooperación, también las que pueden interferir significativamente en los derechos de las personas, como el embargo preventivo y el decomiso de los productos del delito y la extradición.

               20)Que el Convenio sirva de base para medidas voluntarias de desarrollo de capacidades a fin de apoyar a los países en su capacidad para llevar a cabo investigaciones y procedimientos eficaces en materia de ciberdelincuencia, y obtener pruebas electrónicas para las investigaciones y procedimientos de otros delitos, incluso mediante asistencia técnica y formación. Que la UNODC tenga un papel claramente descrito en la aplicación de dichas medidas.

               21)Que el Convenio tenga debidamente en cuenta la posición de las personas físicas y jurídicas como víctimas de la ciberdelincuencia. Que el Convenio garantice que estas reciben la asistencia, el apoyo y la protección adecuados.

               22)Que el Convenio sirva de base para medidas prácticas de prevención de la ciberdelincuencia claramente definidas, estrictamente limitadas y distintas de las medidas procesales penales que podrían interferir en los derechos y libertades de las personas físicas o jurídicas.

               Por lo que respecta al funcionamiento del Convenio, la Unión debe aspirar a lo siguiente:

               23)Que el Convenio conserve los instrumentos mundiales y regionales existentes y la cooperación internacional en curso en la lucha mundial contra la ciberdelincuencia. En particular, que los Estados miembros de la Unión Europea, en sus relaciones mutuas, puedan seguir aplicando las normas de la Unión Europea.

               24)Que el Convenio establezca un mecanismo adecuado para garantizar su aplicación e indicar las disposiciones finales, incluidas las relativas a la solución de diferencias, la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión, la entrada en vigor, la modificación, la suspensión, la denuncia y el depósito, así como las lenguas, que se inspiren, cuando sea posible y apropiado, en las disposiciones de otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia.

               25)Que el Convenio permita a la Unión Europea formar parte de él.