               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 539 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018
            {SWD(2019) 534 final}

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97
                  1
                del Consejo, y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo cuarto,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que se observaba en Hungría una desviación significativa  respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo del -1,5 % del PIB. Habida cuenta de la significativa desviación observada, el Consejo emitió el 22 de junio de 2018 una Recomendación
                  2
                dirigida a Hungría para que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  3
                no superase el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB.

               (2)El 4 de diciembre de 2018, el Consejo concluyó que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a su Recomendación de 22 de junio de 2018. En consecuencia, el 4 de diciembre de 2018 el Consejo formuló una recomendación revisada con el fin de que Hungría tomara las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no fuera superior al 3,3 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB
                  4
               . El Consejo recomendó también a Hungría que utilizase todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario habrían de garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas de manera propicia al crecimiento. El Consejo estableció la fecha límite de 15 de abril de 2019 para que Hungría informase sobre las medidas adoptadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (3)El 27 de marzo de 2019, la Comisión realizó una misión de supervisión reforzada en Hungría a efectos de comprobación in situ con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo. Después de haber enviado sus conclusiones provisionales a las autoridades húngaras para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 5 de junio de 2019. Estas conclusiones se hicieron públicas posteriormente. El informe de la Comisión llega a la conclusión de que las autoridades húngaras no tienen intención de aplicar la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018. Durante la misión, las autoridades confirmaron que su objetivo presupuestario para 2019 sigue siendo un déficit global del 1,8 %, tal y como se recoge en el presupuesto de 2019 aprobado en julio de 2018, pese a un escenario macroeconómico más favorable y unos resultados presupuestarios mejores de lo previsto en 2018.

               (4)El 15 de abril de 2019, las autoridades húngaras presentaron un informe sobre las medidas tomadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018. En el informe, las autoridades reiteran que su objetivo para 2019 sigue siendo un déficit global del 1,8 % del PIB en 2019, lo que supone una reducción de 0,4 % puntos porcentuales del PIB con respecto a 2018. El informe no recoge plan alguno para llevar a cabo el ajuste presupuestario recomendado por el Consejo. Además, la gran variedad de programas económicos con repercusiones presupuestarias enumerados en el informe siguen en gran medida sin cuantificar, y el informe tampoco incluye previsión presupuestaria alguna para 2019. Por tanto, el informe no cumple la obligación de información establecida por el Consejo. La mejora del déficit estructural subyacente se sitúa muy por debajo del requisito formulado en la Recomendación del Consejo.

               (5)Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, publicadas el 7 de mayo de 2019, se prevé que el crecimiento del gasto primario neto aumente al 6,5 % en 2019, muy por encima del 3,3 % recomendado. Se estima que el saldo estructural mejore en un 0,4 % del PIB con respecto a 2018, lo que no alcanza el ajuste recomendado del 1,0 % del PIB. Por lo tanto, ambos indicadores apuntan a una desviación respecto del ajuste recomendado. La diferencia con el valor de referencia para el gasto asciende al 1,2 % del PIB. La diferencia del saldo estructural es algo menor, equivalente al 0,6 % del PIB. El saldo estructural se ve afectado negativamente por algunas pérdidas de ingresos. La lectura del valor de referencia para el gasto sufre un fuerte impacto negativo debido al crecimiento potencial del PIB a medio plazo aplicado en su cálculo, que incluye un crecimiento del PIB potencial muy bajo después de la crisis. Además, el deflactor del PIB en el que se basa el valor de referencia para el gasto no parece reflejar de forma adecuada  las crecientes presiones sobre los costes que afectan al gasto público. Tras aplicar la corrección correspondiente a estos factores, el valor de referencia del gasto parece reflejar adecuadamente el esfuerzo presupuestario, pero aún apunta a una desviación con respecto al ajuste recomendado.

               (6)Desde las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, que sirvieron de base para la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018, las autoridades húngaras han anunciado nuevas medidas expansionistas por el lado del gasto. Además, tras un crecimiento de los salarios públicos más rápido de lo previsto en 2018, se anunciaron nuevos aumentos salariales en algunas categorías a partir de otoño del mismo año. Por último, hay que añadir a las proyecciones de gasto para 2019 unas mayores reservas en el presupuesto y la intención explícita del gobierno de agotarlas completamente a finales de año. Como consecuencia de ello, se espera que la desviación con respecto al valor de referencia para el gasto sea significativamente mayor que la observada en la evaluación del otoño de 2018.

               (7)De todo lo expuesto se concluye que la respuesta de Hungría a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018 ha sido insuficiente. El esfuerzo presupuestario no ha conseguido impedir que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto supere el 3,3 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018.

               Artículo 2

               El destinatario de la presente Decisión es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 1.

                     (3)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (4)

                        OJ C 460, 21.12.2018, p. 4.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.11.2019
            COM(2019) 921 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019
            {SWD(2019) 941 final}

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo cuarto,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)En junio de 2018, el Consejo concluyó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2017 se había producido una desviación significativa observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo de Hungría. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió una Recomendación el 22 de junio de 2018
                  2
                para que Hungría adoptase las medidas necesarias para corregirla. El Consejo concluyó posteriormente que Hungría no había adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación y emitió una Recomendación revisada el 4 de diciembre de 2018
                  3
               . El Consejo concluyó posteriormente que Hungría tampoco había adoptado medidas efectivas en respuesta a esta Recomendación.

               (2)El 14 de junio de 2019, el Consejo concluyó que de nuevo se había producido en Hungría una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y le dirigió una Recomendación para que tomara las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  4
                no superase el 3,3 % en 2019 y el 4,7 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 y del 0,75 % del PIB en 2020
                  5
               . Para 2020, el esfuerzo recomendado se considera adecuado, si bien queda supeditado al cumplimiento de ajuste exigido en 2019. El Consejo recomendó también a Hungría que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario debían garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas de manera propicia al crecimiento. El Consejo señaló el 15 de octubre de 2019 como fecha límite para que Hungría informase sobre las medidas tomadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (3)El 26 de septiembre de 2019, la Comisión realizó una misión de supervisión reforzada en Hungría a efectos de comprobación in situ con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Tras remitir sus conclusiones provisionales a las autoridades húngaras para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 20 de noviembre de 2019. Estas conclusiones se hicieron públicas. El informe de la Comisión concluye que las autoridades húngaras tienen intención de mantener el objetivo de déficit global para 2019 del 1,8 % del PIB, tal como se establece en el Programa de Convergencia de 2019. Para 2020, las autoridades revisaron el objetivo de déficit para situarlo en el 1 % del PIB, objetivo más ambicioso que el 1,5 % del PIB contemplado en el Programa de Convergencia de 2019. Así pues, las autoridades húngaras únicamente pretenden tomar con respecto al año 2020 medidas acordes con la Recomendación de 14 de junio de 2019.

               (4)El 15 de octubre de 2019, las autoridades húngaras presentaron un informe sobre las medidas tomadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019
                  6
               . En el informe, pese a una evolución macroeconómica y presupuestaria más favorable en 2019, las autoridades mantienen el objetivo de déficit de las administraciones públicas del 1,8 % del PIB en 2019, recogido en el Programa de Convergencia de 2019. Para 2020, las autoridades confirman el objetivo de un déficit global del 1,0 % del PIB, en consonancia con el presupuesto de 2020, y del 0,5 % del PIB, por encima del objetivo contemplado en el Programa de Convergencia de 2019. El informe recuerda la elevada reserva (1 % del PIB) que para gestionar riesgos externos incluye el objetivo de déficit para 2020, y que solo puede gastarse si se prevé alcanzar el objetivo de déficit. El informe enumera las medidas que aumentarán el déficit recogidas en el «Plan de acción de protección económica» que el Gobierno adoptó el 30 de mayo de 2019 con el objetivo de mantener el crecimiento en los próximos años 2 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. La gran variedad de programas económicos enumerados en el informe sigue en gran medida sin cuantificar, y tampoco se incluye previsión presupuestaria alguna para 2019 y 2020. Por tanto, el informe no cumple la obligación de información recomendada por el Consejo.

               (5)En 2019, sobre la base de las previsiones de otoño de 2019 de la Comisión, el crecimiento previsto del gasto público primario neto se fija en el 6,8 %, muy por encima del tipo de referencia recomendado de un crecimiento del 3,3 % (desviación del 1,3 % del PIB). El saldo estructural mejorará previsiblemente en un 0,5 % del PIB, frente a la mejora remendada del 1,0 % (desviación del 0,5 % del PIB). Por lo tanto, ambos pilares apuntan a una desviación respecto del ajuste recomendado. La lectura del valor de referencia para el gasto se ve negativamente afectada por el uso de un deflactor del PIB subyacente a dicho valor de referencia inferior a las estimaciones actuales. Asimismo, la reducción de las inversiones financiadas a nivel nacional tiene un impacto marginal y negativo en la lectura del valor de referencia para el gasto. A su vez, el saldo estructural se ve afectado positivamente por el mayor potencial de crecimiento estimado subyacente al indicador, pero negativamente por la disminución de los ingresos. Teniendo en cuenta estos factores, la evaluación global confirma una desviación en 2019 respecto del ajuste recomendado.

               (6)En 2020, sobre la base de las previsiones de otoño de 2019 de la Comisión, el crecimiento previsto del gasto público primario neto se fija en el 7,5 %, muy por encima del tipo de referencia recomendado de un crecimiento del 4,7 % (desviación del 1,0 % del PIB). El saldo estructural mejorará previsiblemente en un 1,2 % del PIB, 0,4 % por encima del esfuerzo del 0,75 % del PIB recomendado por el Consejo. Por lo tanto, el valor de referencia para el gasto apunta a un riesgo de desviación respecto del ajuste requerido, mientras que el saldo estructural apunta al cumplimiento, con una discrepancia relativamente grande. En los últimos años, la inversión pública ha aumentado de forma continua hasta alcanzar un nivel del 6,4 % del PIB en 2019, con mucho el más alto de la UE. En este contexto, la reducción prevista en 2020 se considera una normalización más duradera de la tasa de inversión pública. Si bien la reducción de la inversión se refleja totalmente en la variación del saldo estructural, el perfil moderado de la inversión en el valor de referencia para el gasto da lugar a una indicación excesivamente negativa del esfuerzo presupuestario en dicho valor. El valor de referencia para el gasto también se ve negativamente afectado por el uso de un deflactor del PIB inferior a las estimaciones actuales. Si se tienen en cuenta estos factores, el valor de referencia para el gasto apunta al cumplimiento del requisito. Al mismo tiempo, el saldo estructural se ve influido positivamente por una estimación puntual del crecimiento potencial del PIB subyacente a su cálculo más elevada que la media a medio plazo subyacente al valor de referencia para el gasto. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la evaluación global concluye que Hungría cumplirá el ajuste recomendado en 2020.

               (7)De todo lo expuesto se concluye que la respuesta de Hungría a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019 ha sido insuficiente. El esfuerzo presupuestario no ha conseguido garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 3,3 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB, mientras que en 2020 el esfuerzo presupuestario previsto es en general coherente con el ajuste recomendado.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14 de junio de 2019.

               Artículo 2

               El destinatario de la presente Decisión es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 1.

                     (3)

                        DO C 460 de 21.12.2018, p. 4.

                     (4)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiado a escala nacional se repartirá a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Se deducen las medidas puntuales tanto de ingresos como de gastos.

                     (5)

                        DO C 210 de 21.6.2019, p. 4.

                     (6)

                        https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 5.6.2019
            COM(2019) 513 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Chipre

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Chipre

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

               (2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 5. En concreto, la adopción de medidas para reducir la carga administrativa ayudará a dar respuesta a la primera recomendación para la zona del euro por lo que respecta a las mejoras del entorno empresarial y de la productividad con el fin de reequilibrar la zona del euro; centrar las políticas económicas relacionadas con la inversión en los ámbitos especificados ayudará a atender la segunda recomendación para la zona del euro por lo que respecta al apoyo a la inversión; las medidas fiscales y las destinadas a mejorar las capacidades ayudarán a poner en práctica la tercera recomendación para la zona del euro por lo que respecta a la lucha contra la planificación fiscal abusiva y el funcionamiento del mercado de trabajo; y las medidas para mejorar el funcionamiento de la sociedad de gestión de activos ayudarán a dar respuesta a la cuarta recomendación para la zona del euro por lo que respecta a la reducción de los préstamos no productivos.

               (3)El informe específico de 2019 sobre Chipre
                  3
                fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Chipre de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019
                  4
               . El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es esencial que el Estado miembro haga frente a los elevados niveles de deuda privada, deuda pública y deuda exterior y de préstamos no productivos.

               (4)El 15 de abril de 2019, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019, y, el 30 de abril de 2019, su Programa de Estabilidad de 2019. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (5)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han tenido en cuenta en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  5
               , cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica
                  6
               .

               (6)Chipre se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, se prevé que el saldo de las administraciones públicas, que se convirtió en un déficit del 4,8 % del PIB en 2018 y, por tanto, rebasó el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, alcance un superávit en términos nominales del 3,0 % del PIB en 2019 y algo más del 2,0 % del PIB a lo largo del período del programa. Tomando como base el saldo estructural recalculado
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               , se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, se alcance en el transcurso del período 2019-2022. Se espera que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB, que aumentó hasta situarse en torno al 102,5 % del PIB en 2018, disminuya al 95,7 % en 2019 y siga reduciéndose de manera constante posteriormente, hasta alcanzar el 77,5 % en 2022, según el Programa de Estabilidad de 2019. Las hipótesis macroeconómicas en las que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Tienden a infravalorarse los riesgos asociados con los supuestos macroeconómicos y presupuestarios que se presentan en el Programa de Estabilidad, vinculados principalmente a sucesos externos, así como la posible repercusión fiscal de sentencias judiciales sobre reformas tributarias pasadas y las necesidades de financiación de los hospitales públicos durante los primeros años del sistema nacional de salud. Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión pronostican que el saldo de las administraciones públicas registre un superávit del 3,0 % del PIB en 2019 y del 2,8 % del PIB en 2020. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el 1,1 % del PIB en 2019 y el 0,7 % del PIB en 2020, manteniéndose por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Chipre cumpla la norma en materia de deuda en 2019 y 2020. En general, el Consejo considera que Chipre probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

               (7)El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE debido a que, según los datos transmitidos, el déficit global incumplió en 2018 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. La conclusión del informe era que no debían tomarse medidas adicionales que condujeran a una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo. Las ineficiencias de la administración pública y de los gobiernos locales siguen planteando dificultades, pese a los avances realizados en cuanto a servicios de administración electrónica. Esto repercute en el entorno empresarial. Sigue pendiente la aprobación de propuestas legislativas fundamentales para tratar esta cuestión, como los proyectos de ley sobre la reforma de la administración pública y de los gobiernos locales. Las deficiencias del marco de gobernanza de las entidades estatales podrían facilitar la acumulación de pasivos contingentes públicos y obstaculizar la capacidad de inversión en servicios esenciales, como los de telecomunicaciones y energía. La contención de la masa salarial del sector público, que ha sido un factor significativo en el saneamiento presupuestario de Chipre, debería continuar.

               (8)Resulta fundamental combatir la planificación fiscal abusiva para que los sistemas impositivos sean más eficientes y justos, tal como se reconoce en la Recomendación para la zona del euro de 2019. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales que complemente la legislación de la UE. Chipre ha tomado medidas contra la planificación fiscal abusiva, pero los altos niveles de pagos en concepto de dividendos e intereses (en relación con el PIB) inducen a pensar que hay empresas que aprovechan la normativa fiscal chipriota para practicar una planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) en concepto de dividendos, intereses y, en muchos casos, cánones, realizados por empresas establecidas en Chipre a residentes en países terceros puede dar lugar a que dichos pagos eludan por completo el abono de impuestos en aquellos casos en que tampoco estén sujetos a tributación en el país receptor. La ausencia de tales impuestos, junto con las normas sobre residencia fiscal de las empresas, podrían seguir facilitando la planificación fiscal abusiva. El régimen de deducción de los intereses teóricos debe supervisarse estrechamente para evitar que se aproveche indebidamente con fines de planificación fiscal abusiva. Por último, el programa chipriota de naturalización de inversores por exención y el programa de residencia por inversión dan acceso a un tipo impositivo bajo sobre la renta de las personas físicas para rentas procedentes de activos financieros exteriores y no exigen que una persona pase una cantidad significativa de tiempo en el territorio que ofrece el programa. La OCDE ha señalado que presentan un riesgo potencialmente elevado de que se aprovechen para eludir el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

               (9)Se aplicaron medidas importantes en el contexto de una estrategia global frente a los préstamos no productivos. Esto condujo a una reducción notable de los préstamos no productivos en el sector bancario, gracias principalmente a la venta y la liquidación del Cyprus Cooperative Bank y a la transferencia de su cartera de préstamos no productivos a una sociedad estatal de gestión de activos. Por otra parte, mejoró la legislación sobre la venta de préstamos y se aprobó una ley sobre la titulización de préstamos. Para maximizar las ganancias procedentes de la venta de activos y, en última instancia, ayudar a reducir la deuda privada, es esencial que la sociedad estatal de gestión de activos tenga una estructura de gobernanza eficaz, una gestión muy especializada, independencia operativa con respecto al Estado chipriota y objetivos bien definidos y acordes con los compromisos contraídos por el gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal relativa a la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. Por otra parte, es importante que se establezca un marco de supervisión adecuado para las empresas que adquieren créditos, incluida la sociedad estatal de gestión de activos, ya que el número de ellas ha aumentado y están planeadas más ventas de carteras de préstamos no productivos en el futuro. La capacidad administrativa y de gobernanza de los supervisores de seguros y fondos de pensiones sigue siendo baja. Debería concretarse sin demora la integración de estos supervisores. En términos más generales, debe reforzarse el marco de supervisión aplicable a los mercados de capitales, habida cuenta de la considerable importancia relativa de las actividades transfronterizas de las empresas de servicios financieros no bancarios y del crecimiento exponencial de las empresas autorizadas en los últimos años.

               (10)El empleo está aumentando, el desempleo está disminuyendo y la capacidad a corto plazo de los servicios públicos de empleo para prestar apoyo activo al empleo ha mejorado. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo de la capacidad de estos servicios sigue siendo dudosa, ya que el personal suplementario fue contratado por tan solo dos años. En 2018, la proporción de jóvenes que carecían de empleo y tampoco estaban llevando a cabo estudios ni una formación profesional figuraba entre las más altas de la UE. La escasa eficiencia de los servicios públicos de empleo y su alcance y participación limitados en la adopción de medidas de activación para ayudar a la gente a encontrar trabajo siguen siendo un problema. Por consiguiente, hay margen para reforzar las medidas de proximidad y de apoyo a la activación para el acceso al empleo, en particular las dirigidas a los jóvenes y los desempleados de larga duración. Esto incluye promover el trabajo autónomo y la economía social, así como modernizar las instituciones y los servicios del mercado laboral con el fin de ayudar a las personas a adquirir capacidades que respondan mejor a las necesidades del mercado de trabajo.

               (11)La escasez de personal cualificado y la inadecuación de las capacidades se encuentran entre los principales obstáculos a la inversión empresarial, lo que pone de relieve la necesidad de invertir más en la formación profesional de la mano de obra potencial no utilizada e infrautilizada, de ajustar mejor los planes de estudios a las necesidades del mercado de trabajo y de invertir en una infraestructura de formación profesional adaptada a él. Los avances en reformas cruciales de la educación y la formación, como las destinadas a mejorar los procesos de designación y evaluación de los profesores, son desiguales. El rendimiento académico sigue siendo bajo, al igual que la participación en la educación infantil y los cuidados a la infancia, que se han vuelto menos asequibles para los hogares, cuyos ingresos durante la crisis cayeron a un ritmo superior al de los costes de los servicios de atención a la infancia.  La continuación de los esfuerzos para modernizar el sistema de educación y de formación a todos los niveles ayudará a mejorar los resultados educativos e incrementará el potencial de crecimiento sostenible de Chipre. La modificación de los planes de estudios de la formación general y profesional es un paso alentador para reducir la inadecuación de las capacidades en el mercado de trabajo. Sin embargo, la elevada proporción de titulados universitarios que se ven afectados por la inadecuación de sus capacidades y la baja participación en la educación de adultos, en especial de las personas con más baja cualificación, indican la necesidad de reforzar las medidas de formación complementaria y reciclaje profesional.

               (12)Chipre ha avanzado en materia de asistencia sanitaria con la aprobación de legislación para la creación del nuevo sistema nacional de salud. Con este nuevo sistema se trata de mejorar el acceso, introducir la cobertura sanitaria universal, reducir el elevado nivel de pago directo e incrementar la eficiencia de la prestación de asistencia en el sector público. Antes de que el sistema sea plenamente operativo, en 2020, deberán solventarse aún importantes escollos prácticos y se requerirá una inversión importante. Sigue siendo crucial preservar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, y en concreto garantizar la autonomía financiera y operativa de los hospitales públicos, como está previsto. La adopción de medidas de modernización y mejora de la eficiencia de los proveedores de asistencia sanitaria, incluida la asistencia sanitaria primaria, con la introducción de la sanidad electrónica y la creación de una organización nacional de medicamentos, apuntalaría aún más el sistema sanitario.  El nivel de cuidados de larga duración es bajo y sigue planteando un problema, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.

               (13)Sigue siendo muy preocupante el deficiente comportamiento medioambiental de Chipre, cuya vulnerabilidad frente al cambio climático se mantiene. Chipre debe mejorar significativamente su sistema de gestión de residuos y la economía circular. La generación de residuos sigue siendo significativamente más elevada que la media de la Unión y ha aumentado desde 2014. Las instalaciones existentes de tratamiento de residuos no permiten niveles elevados de reciclaje y la falta de instrumentos económicos, como los impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos, hace que el reciclaje resulte poco atractivo económicamente. La gestión de los recursos hídricos, sobre todo en las zonas urbanas, se caracteriza por su ineficiencia. La escasez de agua, combinada con la extracción excesiva de agua subterránea, es el principal problema para Chipre. Por lo que respecta a las aguas residuales urbanas, una cantidad considerable se sigue evacuando sin pasar por instalaciones de recogida o depuración; solo alrededor de la mitad de las aguas residuales totales se somete a un tratamiento secundario.  Las sequías y la escasez de agua constituyen preocupaciones graves y una respuesta política insuficiente puede afectar a la economía rural y al turismo del Estado miembro. Por consiguiente, una gestión sostenible y un uso eficiente de sus recursos naturales, junto con medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental y climática, son esenciales para que Chipre pueda mitigar los efectos adversos del cambio climático, preservar y restablecer su entorno natural y garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

               (14)Chipre puede aprovechar mucho mejor sus fuentes de energía renovables, en especial la solar, y corregir las actuales ineficiencias energéticas. El porcentaje de energía renovable en Chipre fue del 8,9 % en 2017, y su objetivo para 2020 es del 13 %. Los edificios residenciales y comerciales construidos con poca protección térmica o sin ella, especialmente en las zonas urbanas, son una fuente importante de ineficiencia energética. Las condiciones marco para invertir en el sector de las energías renovables han mejorado, y se han introducido diversas medidas, como la instalación de sistemas fotovoltaicos y programas de subvenciones para pymes y hogares. Sin embargo, Chipre aún no ha aprovechado plenamente su considerable potencial de generación de energía renovable, sobre todo la procedente de fuentes solares. La dependencia respecto de las carreteras para el transporte interior plantea una serie de retos políticos, en especial para reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ocasiona graves congestiones de tráfico en las zonas urbanas durante las horas punta, así como en las carreteras que enlazan con los puertos. Con un porcentaje del 2,7 % en 2016, Chipre también va a la zaga en el uso de fuentes de energía renovables en los transportes, y puede tener dificultades para alcanzar el objetivo vinculante del 10 % para 2020.

               (15)Invertir en la economía digital y en la mejora de las capacidades digitales de los trabajadores es esencial para impulsar la productividad. Chipre se sitúa en el extremo inferior del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2019 de la Comisión Europea. Solo el 50 % de los chipriotas de entre 16 y 74 años tiene capacidades digitales básicas y los especialistas en informática representan aún una reducida proporción de la población activa en comparación con el resto de la UE (2,3 % frente a 3,7 %), lo cual erosiona el potencial de la economía digital. El nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos es bajo, y solo el 50 % de los chipriotas interactúa en línea. El comercio electrónico está mejorando pero continúa por debajo de la media en la Unión.

               (16)Chipre, cuyos resultados en materia de innovación han empeorado desde 2010,  sigue siendo un innovador poco destacado. Los niveles de gasto en actividades de investigación y desarrollo públicas y privadas están entre los más bajos de la Unión, lo que obstaculiza la capacidad de los centros de investigación y el sector empresarial para innovar. La interacción entre universidades y empresas es también muy limitada. Para mejorar la competitividad de Chipre y, en concreto, la de sus pequeñas y medianas empresas, es crucial aumentar la capacidad del sector empresarial para innovar e impulsar el acceso a financiación e inversiones centradas en áreas bien definidas de especialización inteligente.

               (17)La carga administrativa es elevada, en especial cuando se trata de poner en marcha inversiones estratégicas. Hay margen para simplificar significativamente los procedimientos de obtención de permisos para realizar inversiones estratégicas y falta la legislación pertinente.

               (18)La ejecución del plan de acción para el crecimiento ha propiciado algunos progresos en materia de emprendimiento y acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas.  Sin embargo, las medidas de apoyo financiero para las pymes siguen consistiendo principalmente en subvenciones. Fuentes alternativas de financiación, como el capital de riesgo, la financiación mediante fondos propios y la microfinanciación colectiva, siguen siendo marginales para las empresas chipriotas. Una mejor coordinación del apoyo a las empresas podría mejorar su implantación. Muchas iniciativas de privatización destinadas a atraer inversiones extranjeras que promuevan la productividad están en suspenso, y solo unos pocos proyectos de privatización avanzan gradualmente.

               (19)Las persistentes ineficiencias del sistema judicial siguen afectando al cumplimiento de los contratos e impiden la rápida resolución de asuntos civiles y mercantiles y la investigación de delitos graves. Las engorrosas y anticuadas normas que regulan los procedimientos civiles y el deficiente cumplimiento de las sentencias judiciales merman el incentivo de los bancos para utilizar los marcos de insolvencia y ejecución hipotecaria con el fin de reducir su volumen de préstamos no productivos. Se ha iniciado una serie de reformas para tratar los problemas más graves que afectan al sistema judicial, en particular el anacronismo de las normas de procedimiento civil, la escasa especialización y digitalización de los tribunales, la tramitación del gran volumen de asuntos atrasados y la falta de formación continua para los jueces, pero los avances siguen siendo lentos. La reforma debe ser acorde con los compromisos contraídos por el Gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal sobre la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. En 2018 se adoptaron marcos mejorados para los procedimientos de insolvencia y de ejecución hipotecaria. La aplicación decidida de la nueva legislación, combinada con medidas que garanticen un sistema judicial eficiente y un cumplimiento más estricto de las sentencias, debería contribuir a mejorar la disciplina de reembolso de deudas. Desde diciembre de 2017 se aplica una estrategia nacional anticorrupción, que se ha reforzado con un plan de acción nacional horizontal contra la corrupción aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2019. Se han presentado en el Parlamento sendos proyectos de ley para la creación de un nuevo organismo independiente anticorrupción y para la protección de las personas denunciantes, pero aún no han sido aprobados. Estas leyes ayudarían a reforzar el marco nacional de lucha contra la corrupción. Las reformas anticorrupción deberían acelerarse mediante la rápida aplicación del Plan de Acción Anticorrupción. Debe salvaguardarse la independencia de los fiscales y debe reforzarse la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

               (20)El atraso en la expedición de escrituras de propiedad sigue siendo elevado, pese a algunos esfuerzos realizados para reducirlo. Sigue faltando una solución estructural para subsanar las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y la transmisión de escrituras de propiedad). Esto es esencial para facilitar los procedimientos de ejecución hipotecaria y permitir la liquidación de garantías.

               (21)La programación de los Fondos de la UE para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Chipre utilizar de manera óptima esos fondos en los sectores identificados, teniendo en cuenta las disparidades territoriales. El refuerzo de la capacidad administrativa del país para la gestión de esos fondos es un factor importante para el éxito de esta inversión.

               (22)En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe específico de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019 y el Programa Nacional de Reformas de 2019, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (23)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen es
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                que […].

               (24)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2019 y el Programa de Estabilidad de 2019. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación. Esas recomendaciones contribuyen también a la aplicación de la Recomendación para la zona del euro, y en particular las recomendaciones primera, tercera y cuarta para la zona del euro. Las políticas presupuestarias a las que se hace referencia en la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con la elevada deuda pública.

               RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

               1.Aprobar reformas legislativas fundamentales para mejorar la eficiencia del sector público, en concreto por lo que respecta al funcionamiento de la administración pública y a la gobernanza de las entidades estatales y los gobiernos locales. Revisar los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva de particulares y de multinacionales, en concreto a través de los pagos salientes.

               2.Facilitar la reducción de los préstamos no productivos, en concreto mediante la implantación de una estructura de gobernanza eficaz de la sociedad estatal de gestión de activos, la adopción de medidas para mejorar la disciplina de pago y el refuerzo de la supervisión de las empresas que adquieren los créditos. Fortalecer las capacidades de supervisión del sector financiero no bancario, en concreto mediante la plena integración de los supervisores de seguros y de fondos de pensiones.

               3.Completar las reformas encaminadas a aumentar la eficacia de los servicios públicos de empleo y reforzar las medidas de proximidad y de apoyo a la activación dirigidas a los jóvenes. Hacer efectiva la reforma del sistema de educación y de formación, incluida la evaluación de los profesores, e incrementar la implicación de los empleadores y la participación de los estudiantes en la formación profesional, y promover una educación infantil y unos cuidados infantiles asequibles. Tomar medidas para asegurar que el sistema nacional de salud esté en funcionamiento en 2020, según lo planeado, preservando al mismo tiempo su sostenibilidad a largo plazo.

               4.Centrar la política económica de inversión en el transporte sostenible, el medio ambiente, en particular la gestión de residuos y de aguas residuales, la eficiencia energética y las energías renovables, la digitalización, incluidas las capacidades digitales, así como la investigación y la innovación, teniendo en cuenta las disparidades territoriales dentro del Estado miembro. Adoptar legislación para simplificar los procedimientos de expedición de los permisos y licencias necesarios para los inversores estratégicos. Mejorar el acceso de las pymes a la financiación y reanudar la ejecución de proyectos de privatización.

               5.Intensificar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema judicial, incluido el funcionamiento de la justicia administrativa y la revisión de los procedimientos civiles, incrementar la especialización de los tribunales e implantar un sistema operativo de justicia en red. Tomar medidas para reforzar la ejecución legal de las reclamaciones y garantizar que existan sistemas rápidos y fiables de expedición y transmisión de escrituras de propiedad y derechos sobre bienes inmuebles. Acelerar las reformas anticorrupción, salvaguardar la independencia de los fiscales y reforzar la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2019) 1012 final.

                     (4)

                        COM(2019) 150 final.

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

                     (6)

                        COM(2014) 494 final.

                     (7)

                        Saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

                     (8)

                        SWD(2019) 1012 final.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.