               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 515 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Lituania

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Lituania

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Lituania
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Lituania con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Lituania a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones lituanos debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 15 de mayo de 2020, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 30 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un superávit de 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit de 11,4 % del PIB en 2020. En 2021, se prevé que el déficit disminuya al 3,9 % del PIB. Tras subir al 36,3 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB aumentaría hasta el 50,6 % del PIB en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Lituania ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 6,8 % del PIB. Entre estas medidas se encuentran aplazamientos del pago de deudas tributarias, financiación adicional para comprar materiales médicos, subsidios para el mantenimiento de empleos y prestaciones sociales para los trabajadores por cuenta propia y ajena afectadas por la crisis de la COVID-19. Dado que del análisis de la Comisión se desprendía que el diseño y aplicación de algunas medidas presentaba un potencial de asimilación relativamente bajo, la Comisión asumió que el efecto de las medidas gubernamentales sobre las finanzas públicas sería menor. Por otra parte, Lituania ha anunciado medidas discrecionales que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, contribuirán a dar respuesta a la crisis, por ejemplo con liquidez para las empresas, que el Programa de Estabilidad de 2020 estima que representan un 3,8 % del PIB. Las garantías de préstamos son una de estas medidas (2,9 % del PIB). En general, las medidas adoptadas por Lituania se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas lituanas debería situarse en el -6,9 % del PIB en 2020 y en el -2,7 % en 2021. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 que ha programado Lituania. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el PIB de Lituania debería contraerse en un 8 %, a lo que espera que siga una recuperación rápida del 7,5 % en 2021. Para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y amortiguar el desplome económico, Lituania propuso un plan de estímulo económico y mitigación de las consecuencias de la transmisión de la COVID-19 el 16 de marzo. La dotación del plan asciende a 2 500 millones EUR (6,3 % del PIB del país), de los que 500 millones EUR (1,3 % del PIB) están destinados a garantizar los recursos que necesita el sistema sanitario. Se destinaron otros 500 millones EUR a proteger los empleos y las rentas. La dotación de los fondos estatales de garantía se incrementó en 500 millones EUR, y se aprobaron garantías estatales adicionales por un importe de 500 millones EUR para apoyar estimular la economía. En abril, la Comisión Europea aprobó varios regímenes de ayuda lituanos destinados a reforzar la economía del país en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Estos regímenes se han concebido para ayudar a las empresas a cubrir las necesidades inmediatas de capital circulante y a continuar sus actividades durante la pandemia y después de esta. Además, el Banco de Lituania flexibilizó algunos de los requisitos de capital para que la banca comercial aumente la concesión de préstamos a la economía real.

               (17)Los resultados sanitarios en Lituania están por debajo de los de otros Estados miembros de la UE, debido en parte a la mejorable eficiencia del sistema sanitario, que adolece de una falta de financiación. La pandemia actual ha sometido el sistema a una presión adicional y ha puesto de relieve problemas estructurales adicionales, como el avance lento en la mejora de la calidad de los servicios, el déficit de inversión en la atención sanitaria primaria y el estancamiento del proceso de adaptación de la red hospitalaria para hacerla más eficiente y capaz de responder a las necesidades constatadas. La crisis ocasionada por la COVID-19 también está poniendo de manifiesto desigualdades en materia de salud relacionadas con la falta de personal y los desajustes geográficos entre servicios y necesidades. Lituania debe movilizar los recursos que sean necesarios con el fin de hacer frente a la crisis actual y mejorar la resiliencia de su sistema sanitario de cara al futuro. Si bien las medidas que se han emprendido con carácter inmediato se centran en el refuerzo de las capacidades en términos de personal sanitario, material y suministros médicos críticos para salvar vidas durante la pandemia, las inversiones a más largo plazo deben ampliarse para mejorar la resiliencia del sistema sanitario, de modo que pueda soportar el nivel de operaciones, volver a su rendimiento óptimo y prepararse para nuevas perturbaciones. Ello requerirá asignar recursos suficientes con los que mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad del sistema sanitario, de modo que pueda responder mejor a los problemas que plantean el envejecimiento, el aumento las enfermedades crónicas y la persistencia de las desigualdades en materia de salud. La asistencia primaria y el desarrollo de la sanidad electrónica tienen un papel fundamental que desempeñar a este respecto. Lituania también debe garantizar que las mejoras recientes de la asequibilidad de la asistencia sanitaria no se vean menoscabadas. Por último, la resiliencia a la que se aspira a llegar también conlleva mejorar la capacidad del sistema de contrarrestar modos de vida poco saludables (uno de los mayores factores que condicionan los malos resultados sanitarios en Lituania), y redoblar los esfuerzos para preparar al sector de los cuidados de larga duración para hacer frente al envejecimiento de la población.

               (18)Antes de la situación surgida a raíz de la pandemia de la COVID-19, la participación en el mercado laboral era elevada y las cifras del desempleo se mantenían bajas, pero la crisis ha dado lugar a nuevas dificultades. Con la ayuda de la financiación de la Unión, Lituania ha implantado un régimen de reducción del tiempo de trabajo para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo y ha introducido una serie de medidas para paliar los efectos adversos para las empresas y los trabajadores por cuenta propia. Antes de la crisis, la cobertura de las medidas activas de empleo estaba disminuyendo y la participación en la formación de adultos seguía siendo baja. Sin embargo, será necesaria una mayor cobertura de las medidas activas de empleo y de otras medidas de reciclaje y formación profesional complementaria para ayudar a los desempleados a reincorporarse al mercado laboral tan pronto como sea posible. Reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para garantizar que su participación en el diseño del proceso de salida y recuperación sea significativa y oportuna.

               (19)La pobreza y la desigualdad de renta siguen siendo de las más elevadas de la UE, a pesar de que se tomaron medidas antes de la crisis para atender el riesgo de pobreza y exclusión social, por ejemplo, aumentando la asignación universal por hijo y las pensiones. Lituania tiene un gasto público comparativamente bajo en protección social; el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es bajo y se considera crítico en el cuadro de indicadores sociales. La progresividad y capacidad redistributiva tan bajas del sistema tributario y de prestaciones limitan la capacidad del país de financiar bienes y servicios públicos y reducir la pobreza y la desigualdad de renta. El efecto negativo de la pandemia de la COVID-19 en el empleo y en la renta de los hogares puede agravar estos problemas. Puede que sean necesarias medidas temporales, como la revisión de las normas de admisibilidad, de los importes y de la duración de algunas prestaciones, para garantizar que la situación de los más afectados por la pandemia no se deteriore. La red de seguridad social debe ampliarse para apoyar a todos los grupos, incluidos los empleados por cuenta propia, los trabajadores atípicos y las personas más vulnerables. Deben reforzarse los principales servicios sociales y de vivienda social para apoyar a las personas que los necesiten.

               (20)El apoyo a la liquidez de las empresas a través de préstamos y garantías del sector público, con hincapié en las pymes, ha sido de suma importancia, pero la distribución de esta ayuda a la liquidez debe ser llevada a cabo de forma eficaz y rápida por los intermediarios y las condiciones de los préstamos deben tener en cuenta la situación de crisis. En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas debe darse un peso importante a la resiliencia del sector bancario. El aplazamiento del pago de deudas tributarias y cotizaciones sociales, así como la reducción del plazo de pago de las deudas contractuales de las autoridades públicas, también pueden contribuir a mejorar la tesorería de las pymes. Las empresas emergentes y en expansión de nueva creación pueden necesitar un apoyo específico, por ejemplo, mediante la adquisición de participaciones por las instituciones públicas e incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en estas empresas. Deben mantenerse los esfuerzos para reducir las cargas normativas y administrativas innecesarias y ofrecer servicios públicos digitales eficientes a los ciudadanos y las empresas.

               (21)Lituania debe garantizar que sus medidas de fomento de la recuperación económica tengan visión de futuro y faciliten las transiciones digital y ecológica, cuyo logro depende de la superación de una serie dificultades. En el caso de la primera, las competencias digitales del país están por debajo de la media de la UE, y las pymes informan de que es bastante difícil encontrar candidatos idóneos para puestos de trabajo relacionados las TIC. Aunque el despliegue de la fibra óptica es superior a la media de la UE, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la cobertura de banda ancha fija y su asimilación son muy bajas y sigue habiendo una gran diferencia entre las ciudades y las zonas rurales.

               (22)Para fomentar la recuperación económica, será fundamental anticipar parte de la financiación de proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, introduciendo las reformas que sean pertinentes. Por lo que se refiere a la transición ecológica, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Lituania se han mantenido prácticamente sin cambios desde 2010. La productividad de los recursos en Lituania es una de las más bajas de la UE y el uso circular de los materiales (secundarios) está muy por debajo de la media de la UE. Según el plan nacional de energía y clima lituano, la mejora de la eficiencia energética de los edificios —con soluciones energéticas renovables y eficientes—, la modernización de los sistemas de calefacción y la mejora de la sostenibilidad del sector del transporte contribuirían significativamente a la descarbonización de la economía. Realizar inversiones públicas y privadas específicas destinadas a solucionar estas cuestiones, y otras que repercutan significativamente en el medio ambiente y la salud, puede fomentar el crecimiento y la resiliencia y contribuir a garantizar una recuperación sostenible. Las inversiones programadas están diseñadas de forma que se pueda seleccionar y financiar por adelantado proyectos que puedan contribuir a la recuperación económica, por ejemplo proyectos de inversión en la renovación de edificios y en energías renovables. Al elaborar las medidas de recuperación a medio plazo pueden servir de base los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros, la lista de proyectos de interés común y en los planes de desarrollo de infraestructuras. Además, el proyecto Rail Baltica y los proyectos de interconexión energética son prioridades clave de inversión de Letonia destinadas a mejorar su seguridad y su integración en el mercado único de la UE. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Lituania a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Lituania garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (24)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Lituania contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (25)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones del Eurogrupo, Lituania debe velar por que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y están coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (26)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (27)A la luz de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020 y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular canalizando una financiación adecuada y resolviendo la falta de personal sanitario y de productos médicos críticos. Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios sanitarios.

               2.Mitigar la repercusión de la crisis en el empleo. Aumentar la financiación y la cobertura de las medidas activas de empleo y fomentar el desarrollo de competencias. Garantizar la cobertura y la adecuación de la red de seguridad social y mejorar la eficacia del sistema tributario y de prestaciones en la protección contra la pobreza.

               3.Respaldar la liquidez de las empresas, especialmente la de las pymes y los sectores exportadores. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en las transiciones ecológica y digital, en particular en la cobertura y asimilación de banda ancha de muy alta capacidad, en un transporte sostenible y en lo que se refiere a la producción y el uso limpios y eficientes de energía. Fomentar la innovación tecnológica en las pymes.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 514 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 48.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 520 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Austria

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Austria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Austria

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Austria
                  2
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Austria con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Toda medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
                  5
               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabía esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de disponer de planes sólidos de preparación ante las crisis, especialmente en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Austria a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida del turismo. Ello conlleva el riesgo de que se amplíen las disparidades regionales en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 14 de abril de 2020, Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 30 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente.

               (11)Austria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda.

               (12)En su actualización técnica del Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo global se deteriore y pase de un superávit del 0,7 % del PIB en 2019 a un déficit del 8,0 % del PIB en 2020. Se espera que el déficit disminuya al 1,9 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 70,4 % del PIB en 2019, aumentaría al 81,4 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre a raíz de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Austria ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y los sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente al 5,0 % del PIB. Las medidas comprenden el refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para empresas en dificultades y un régimen de reducción del tiempo de trabajo. Por otra parte, Austria ha anunciado medidas que, sin tener un efecto directo en el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 5,0 % del PIB. Las medidas comprenden el aplazamiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades (2,6 % del PIB), y garantías de préstamo (2,4 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Austria están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas austríacas sería del -6,1 % del PIB en 2020 y del -1,9 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 78,8 % del PIB en 2020 y el 75,8 % del PIB en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por Austria del valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)El Gobierno austríaco ha adoptado medidas sin precedentes para controlar la propagación de la COVID-19. Ha introducido estrictas normas de cuarentena y de distanciamiento social, y ha puesto a disposición del sistema sanitario cuantiosos fondos para la adquisición de equipos y suministros, así como para el refuerzo de las capacidades de los laboratorios y las capacidades de personal. La atención primaria se ha visto sometida a una presión excepcional debido al aumento sin precedentes de las necesidades de teleconsultas, las citas médicas y las peticiones de visitas a domicilio. La rápida propagación de la COVID-19 ha afectado enormemente a la economía austríaca. Las medidas nacionales e internacionales de contención contra el virus han repercutido tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, lo que ha provocado una contracción generalizada. Por tanto, cabe esperar una reducción del PIB del 5½ % en 2020, más que durante la crisis económica y financiera de 2008-2009. En vista de la disminución relativamente rápida del número de nuevas infecciones, Austria fue uno de los primeros países europeos en anunciar el relajamiento de las medidas de contención a partir de mediados de abril. A fin de evitar daños económicos duraderos y amortiguar las repercusiones de la crisis en la sociedad y el empleo, el Gobierno ha adoptado un completo paquete de medidas para apoyar la economía austríaca (actualmente, 43 000 millones EUR, esto es, cerca del 10 % del PIB). El paquete incluye un régimen de reducción del tiempo de trabajo (Kurzarbeit), en virtud del cual pueden reducirse las horas de trabajo hasta en un 90 % de media durante un período determinado y se reembolsa al empleador entre el 80 y el 90 % del último salario neto del empleado, en función del último salario bruto. El completo conjunto de medidas destinadas a las empresas tiene por objeto evitar temporalmente los problemas de liquidez y proporcionar apoyo directo ante todo a las empresas e industrias más afectadas, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las medidas comprenden transferencias, apoyo a la liquidez mediante préstamos, garantías, inyecciones de capital y el aplazamiento de impuestos. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario.

               (17)Hasta el momento, el sistema sanitario austríaco se ha enfrentado con éxito a la pandemia de COVID-19. La ampliación de los servicios de atención primaria y ambulatoria con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como eje contribuiría a mejorar aún más la salud de la población. Una contratación pública más eficaz y el uso de medicamentos genéricos podrían mejorar la relación coste-eficiencia, manteniendo al mismo tiempo los elevados niveles de calidad. Por otra parte, el sistema de cuidados de larga duración de Austria se enfrenta a retos estructurales y fiscales, que hasta la fecha no se han abordado de forma exhaustiva. El sistema ofrece servicios de una calidad relativamente elevada, pero sufre problemas de dotación personal, que son más perceptibles y evidentes en el contexto de la crisis actual. El sistema de cuidados de larga duración depende en gran medida de los cuidados prestados por trabajadores procedentes de otros Estados miembros, hecho que subraya la necesidad de asegurar la libre circulación de los trabajadores transfronterizos. Además, una remuneración adecuada podría ayudar a que el trabajo del personal de enfermería resultara más atractivo.

               (18)La política impositiva está desempeñando un importante papel a la hora de apoyar a los hogares y las empresas durante la contención, y será clave para favorecer la recuperación económica tras la crisis. La estructura tributaria de Austria se caracteriza por una elevada presión sobre el factor trabajo, mientras que el potencial de ingresos de los impuestos relacionados con el patrimonio y el medio ambiente sigue en gran medida desaprovechado, y los impuestos sobre el consumo podrían ganar en eficiencia. Las reformas tributarias podrían ayudar a desplazar esa estructura hacia fuentes menos perjudiciales para un crecimiento sostenible e integrador y proporcionar una base sólida para la recuperación. En particular, el uso insuficiente de los impuestos relacionados con el alcohol y el tabaco, la contaminación y el consumo de recursos supone desaprovechar los efectos incentivadores y el potencial de ingresos. El nivel desigual, pero en general bajo, de imposición de la energía socava su eficiencia y eficacia en cuanto que instrumento político para incentivar un consumo beneficioso para el medio ambiente. Más concretamente, una imposición coherente de las emisiones de CO2 aumentaría la competitividad de las fuentes de energía inocuas para el clima y proporcionaría un margen fiscal para reducir los impuestos más distorsionadores. Unos impuestos sobre la energía más elevados, en relación con el CO2, ayudarían a internalizar el coste social de la contaminación, incitarían a los consumidores a recurrir en mayor medida a las fuentes renovables y moverían a los inversores a invertir en tecnologías inocuas para el clima. Por último, un mayor uso del impuesto sobre el patrimonio podría mejorar la equidad del sistema tributario, especialmente en vista de que, en Austria, persiste una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. En particular, los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria y de sucesiones han demostrado ser relativamente favorables al crecimiento y progresivos, y no deberían ignorarse cuando se trata de generar ingresos fiscales para restablecer las finanzas públicas.

               (19)Si bien Austria ha obtenido buenos resultados en el cuadro de indicadores sociales que sustenta el pilar europeo de derechos sociales, las deficiencias en la cobertura podrían conllevar una falta de protección de los ingresos de los grupos más vulnerables durante la crisis de la COVID-19 y podrían requerir medidas adicionales. Mientras el desempleo juvenil aumenta, los desempleados, en particular los de larga duración, los trabajadores no convencionales y las personas nacidas en el extranjero se encuentran especialmente en situación de riesgo de pobreza. Las medidas activas del mercado de trabajo que proporcionen oportunidades de aprendizaje permanente y de perfeccionamiento profesional seguirán siendo de vital importancia. Los alumnos desfavorecidos, en especial aquellos con discapacidades, sufren particularmente en circunstancias en las que la enseñanza debe llevarse a cabo a distancia. Dado que un 10 % de los alumnos menores de 15 años no tiene acceso a un entorno de aprendizaje virtual, el Gobierno austríaco, en respuesta a la crisis de la COVID-19, ha adoptado medidas de mitigación proporcionando ordenadores a los alumnos en riesgo. No obstante, cabe el riesgo de que las desigualdades ya existentes en cuanto al nivel de estudios, vinculadas al contexto socioeconómico y al origen migrante, se agudicen. Una estrategia de recuperación que mejore el acceso a unos servicios de atención y educación de la primera infancia inclusivos y de calidad, que, como se ha demostrado, ayudan a corregir las desventajas sociales, produciría beneficios socioeconómicos a medio y largo plazo y ofrecería a las mujeres la oportunidad de acceder de lleno al mercado de trabajo. La tasa global de empleo de las mujeres era alta antes de la crisis, pero casi la mitad de ellas trabajaba a tiempo parcial (en parte debido al horario reducido de apertura de las escuelas y guarderías), lo que se traducía en una considerable brecha salarial sin ajustar entre hombres y mujeres.

               (20)La eficacia de las medidas de apoyo en relación con la COVID-19 a la hora de aliviar a las empresas sometidas a mayor presión, preservar los entornos empresariales y evitar insolvencias depende de su aplicación rápida y de forma no burocrática por parte de las autoridades públicas y los intermediarios. Las empresas emergentes y aquellas en expansión podrían necesitar apoyo específico, por ejemplo, en forma de adquisición de participaciones por instituciones públicas e incentivos para que los fondos de capital riesgo inviertan más en estas empresas. El objetivo es reforzar a las empresas que sean vitales para la recuperación y evitar la venta «a precio de saldo» de empresas europeas de importancia estratégica. Además de apoyo financiero, las empresas sometidas a más presión, en particular las de menor tamaño, necesitan un entorno empresarial favorable. La carga administrativa y la densidad legislativa imponen costes que ahora menos que nunca se pueden permitir las empresas. Los esfuerzos encaminados a reducir los trámites innecesarios y ofrecer servicios públicos digitales eficientes son una forma eficaz de proporcionar a las empresas una ayuda inmediata y tangible sin imponer una carga mayor al contribuyente. El marco de insolvencia debería estar orientado a la prevención, pero también a la reestructuración rápida y a permitir «segundas oportunidades». Las redes de resolución de litigios, como SOLVIT, ayudan a las empresas en tiempos de perturbación del mercado único y necesitan disponer de los recursos adecuados.

               (21)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Esa inversión será más eficaz si se centra en la innovación, la digitalización y la transición ecológica, con miras a incrementar la productividad y garantizar una competitividad sostenible. La intensidad de investigación y desarrollo (I+D) de Austria es una de las más fuertes de la Unión, pero el país va a la zaga de los líderes en innovación en términos de resultados en este ámbito. Ahora que los presupuestos de investigación de muchas empresas se encuentran bajo presión, es tanto más importante que los esfuerzos de I+D del país se traduzcan en excelencia científica e innovación puntera, que se mantenga la inversión pública en investigación básica y que se garantice la financiación mediante fondos propios para las empresas emergentes innovadoras en expansión. La digitalización sigue siendo esencial para la apertura de la economía y la preparación de cara a la «nueva normalidad» tras el parón. La baja difusión de las tecnologías y los modelos de negocio digitales entre las empresas de menor tamaño representa un punto de estrangulamiento para el crecimiento de la productividad. Si bien las competencias digitales de los austríacos están en general por encima de la media de la UE, no hay suficientes graduados en informática para cubrir todos los puestos vacantes. El refuerzo del comercio electrónico, del teletrabajo y de la administración electrónica (por ejemplo) requerirá una mayor inversión en infraestructuras (en particular la 5G y la banda ancha rural), equipos y competencias.

               (22)La transformación de Austria en una economía climáticamente neutra exigirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Austria señala importantes retos de cara al logro de los objetivos del país para 2030 en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión. La mejora de la productividad de los recursos es un motor esencial del crecimiento futuro que, al mismo tiempo, permite minimizar las repercusiones para el medio ambiente. Es fundamental reducir las emisiones relacionadas con el transporte para cumplir las normas de calidad del aire y los objetivos climáticos. Anticipar los proyectos de inversión maduros y realizar nuevas inversiones en apoyo de la transición ecológica ayudará a crear nuevos empleos en ese ámbito y a relanzar la economía en su salida del modo de gestión de crisis. Las inversiones en ecoinnovación darían pie a un crecimiento de la productividad y, paralelamente, reducirían la huella ecológica de Austria. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Austria a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Austria garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (24)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Austria contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (25)Con miras a una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental que haya una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, Austria debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (26)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Austria y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Ha valorado igualmente el Programa de Estabilidad de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Austria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y fiscal de Austria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de esta en las futuras decisiones nacionales.

               (27)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Austria que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a alcanzar una situación fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, fomentando al mismo tiempo la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario reforzando la salud pública y la atención primaria.

               2.Garantizar la igualdad de acceso a la educación y un mayor recurso al aprendizaje digital.

               3.Garantizar una aplicación eficaz de las medidas de apoyo y de liquidez, en particular para las pequeñas y medianas empresas, y reducir la carga administrativa y normativa. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la innovación, el transporte sostenible y la producción y el uso limpios y eficientes de energía.

               4.Dotar a su estructura tributaria de mayor eficiencia y hacerla más favorable a un crecimiento sostenible e integrador.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 519 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5), y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 521 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Polonia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Polonia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Polonia
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Polonia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances realizados por ese país hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Dicha pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . Dicha cláusula, tal como figura en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartió con el Consejo su opinión de que, dada la grave recesión económica que se espera como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten activar la cláusula en cuestión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo, previa recomendación de la Comisión, puede también decidir adoptar una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; posibilita que los Estados miembros se aparten de los requisitos presupuestarios normalmente aplicables, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación frente a las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Todos ellos elementos clave para elaborar unos planes de preparación más amplios frente a las crisis.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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               , con el fin de facultar a los Estados miembros para movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de forma que puedan hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Tales modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de aliviar las tensiones de tesorería, los Estados miembros pueden además beneficiarse de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Polonia a aprovechar plenamente estas posibilidades para prestar apoyo a las personas y sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual entre las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, con el consiguiente riesgo de que se amplíen las disparidades territoriales en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 29 de abril de 2020, Polonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y al día siguiente, su Programa de Convergencia. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

               (11)Polonia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Polonia que garantizara que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto
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                no rebasaría el 4,2 % en 2019, lo que correspondía a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, así como en 2018 y 2019 considerados de manera conjunta. No obstante, a la vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia, en el caso de Polonia la adopción de nuevas medidas en el marco del procedimiento de desviación significativa no está justificada.

               (13)En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno planifica el deterioro del saldo presupuestario, pasando de un déficit del 0,7 % del PIB en 2019 a un déficit del 8,4 % del PIB en 2020. La ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 46,0 % en 2019, se espera que aumente al 55,2 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (14)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y en el marco de un enfoque coordinado de la Unión, Polonia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar asistencia a las personas y los sectores que han resultado especialmente afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, dichas medidas ascienden al 3,2 % del PIB e incluyen subsidios para los trabajadores autónomos y los empleados con contratos de trabajo atípicos, que eximen a las empresas del pago de cotizaciones sociales (las abonará el Estado), así como subvenciones salariales para determinadas empresas. Además, Polonia ha anunciado medidas que, si bien no tienen un impacto presupuestario directo, contribuirán a aportar liquidez a las empresas, como son las garantías de préstamos para empresas. La diferencia en cuanto a repercusiones fiscales de las medidas presupuestarias contempladas en el Programa de Convergencia se debe principalmente al tratamiento de los préstamos para empresas. En consonancia con lo anunciado por las autoridades, las previsiones de la Comisión parten del supuesto de que los préstamos equivalentes a unos 2¾ puntos porcentuales del PIB se van a convertir en ayudas, por lo que se registrarán como gastos en 2020. Globalmente, las medidas tomadas por Polonia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de posiciones fiscales prudentes a medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (15)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas polacas sería del – 9,5 % del PIB en 2020 y del – 3,8 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (16)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento planificado por Polonia del valor de referencia para el déficit del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis sugiere que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (17)La pandemia de COVID-19 ha llevado a Polonia a una nueva situación social y económica. Por primera vez en casi tres décadas, se prevé una recesión para 2020. Según los datos facilitados por el Gobierno, las repercusiones de la pandemia en la salud de la población han sido comparativamente bajas, debido, entre otras cosas, a la temprana adopción de medidas sin precedentes, como la estricta cuarentena y el distanciamiento social. Por el momento, las consecuencias más negativas se han observado en el sector de los servicios (incluidos el transporte, el comercio al por menor y al por mayor y el ocio), así como en la fabricación, como consecuencia de las interrupciones de las cadenas de suministro. Para compensar la repercusión económica de las restricciones impuestas, el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas que equivalen a alrededor del 9 % del PIB de Polonia (medidas de aumento del déficit y medidas de liquidez combinadas) y que incluyen financiación de la Unión. Este conjunto de medidas también se apoya en las medidas de aporte de liquidez del Banco Nacional de Polonia. La ayuda del Gobierno se centra en estabilizar la economía a corto plazo apoyando los salarios de los empleados, proporcionando financiación a las empresas que están experimentando una caída de los ingresos, reforzando la resiliencia y la capacidad de respuesta del sector sanitario y reforzando el sistema financiero. También incluye un programa de inversión en apoyo de la recuperación económica a medio plazo. La demanda pública de una respuesta política que incluya exenciones de las cotizaciones a la seguridad social, prestaciones para los empleados en empresas que han suspendido su actividad y acceso a préstamos para las microempresas es elevada. Se prevé que la pandemia de COVID-19 contribuya a la caída del PIB en un 4,3 % en 2020, seguida de una recuperación del 4,1 % en 2021.

               (18)La pandemia de COVID-19 ha obligado a adoptar unas medidas sin precedentes en el sistema sanitario. Se han realizado importantes desembolsos para la compra de equipos y suministros relacionados con la salud, el aumento de la capacidad hospitalaria y de laboratorio o el refuerzo de la dotación de personal, entre otras cosas. La asignación de recursos adicionales es necesaria también para compensar otros servicios sanitarios e inversiones que se habían pospuesto o reorientado. Antes del brote de COVID-19, el gasto público en el sistema sanitario era del 4,8 % del PIB, por debajo de la media de la Unión, que, en 2018, fue del 7 % del PIB. Esto, junto con una asignación deficiente de los fondos, dificulta el funcionamiento del sistema sanitario y el acceso a él. En 2018, el porcentaje de la población polaca que declaró haber necesitado someterse a un examen médico y no haber sido atendido ascendió al 4,2 %, una cifra muy superior al 2 % de la Unión. El número de doctores y enfermeras en ejercicio con respecto a la población sigue siendo uno de los más bajos de la Unión, y la distribución del personal sanitario en el país es desigual. La salud pública, la sanidad electrónica y la atención primaria, que son cruciales para mejorar la prevención y el acceso y para lograr que el sistema sea resiliente ante futuros retos, siguen estando infradesarrolladas. La pandemia ha afectado a los centros de cuidados de larga duración, en los que muchos de los residentes pertenecen a un grupo de alto riesgo.

               (19)La pandemia de COVID-19 tendrá un impacto significativo en el mercado de trabajo, invirtiendo la tendencia a la baja del desempleo de los últimos años. La tasa de desempleo volverá a subir, del 3,3 % de 2019 al 7,5 % aproximadamente en 2020, y se recuperará ligeramente en 2021, situándose en el 5,3 %. Este impacto a corto plazo puede llegar a ser más estructural a medio plazo, especialmente en el caso de los grupos vulnerables. El régimen temporal de reducción del tiempo de trabajo podría ser una herramienta eficaz para preservar los puestos de trabajo, acompañado de incentivos suficientes para que las empresas lo adopten. Al mismo tiempo, a pesar de la evolución favorable anterior a la crisis de la COVID-19, la participación en el mercado de trabajo de algunos grupos sigue siendo baja, en particular en el caso de las mujeres, las personas poco cualificadas, así como las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y sus cuidadores. La inmigración procedente de países no pertenecientes a la Unión ha contribuido a mitigar la escasez de mano de obra, pero el flujo continuo de trabajadores inmigrantes puede resultar difícil de conseguir debido a las restricciones impuestas por los controles fronterizos. La mejora de las fórmulas de trabajo flexibles, como el trabajo a distancia o los horarios flexibles, en particular en el marco de formas permanentes de empleo, puede, por tanto, contribuir a responder a la crisis y ayudar también a los grupos con tasas de actividad más bajas a encontrar un empleo permanente. De este modo, mejoraría también la resiliencia del mercado de trabajo durante futuras crisis.

               (20)Al objeto de mitigar las repercusiones sociales de la pandemia de COVID-19, impulsar la cohesión social y respaldar la recuperación económica, son necesarias redes de seguridad consistentes. En los últimos años, Polonia ha puesto en marcha un amplio programa de transferencias sociales, que incluyen la asignación universal por hijo y la prestación única adicional que debe abonarse cada año a los pensionistas, lo que supone cerca del 2,5 % del PIB anual. Estas medidas no dependen de los recursos, por lo que dejan margen para una mejor delimitación de los destinatarios. Al mismo tiempo, las prestaciones sociales ofrecen poca cobertura para las personas con rentas más bajas. El mayor aumento de la pobreza extrema comunicado en 2019 mediante la encuesta sobre el presupuesto de los hogares se observó en el caso de las personas o familias que viven de prestaciones (distintas de las pensiones y las pensiones de invalidez), lo que indica que existen deficiencias en el sistema de seguridad social. Además, no todos los tipos de contratos de trabajo permiten acceder a una protección social que incluya unas prestaciones adecuadas por desempleo, maternidad, enfermedad o invalidez. Ello hace que algunos trabajadores afectados por las medidas de emergencia sean más vulnerables y corran el riesgo de caer en la pobreza. Además, el nivel de las prestaciones de renta mínima se sitúa por debajo de la media de la Unión.

               (21)La suspensión repentina de las clases en todos los niveles de enseñanza ha planteado problemas para el sistema educativo a la hora de impartir clases a distancia. A fin de evitar un aumento de las desigualdades, es fundamental garantizar que todos los alumnos, en particular los que proceden de entornos desfavorecidos, puedan acceder a la educación a distancia. Sin embargo, en 2018 los hogares de prácticamente 330 000 alumnos no estaban equipados con un ordenador con acceso a internet. Un porcentaje significativo de profesores carece de capacidades para impartir enseñanza digital. Al mismo tiempo, muchos padres tienen dificultades para ayudar con el aprendizaje digital y la escolarización en casa. La continuación de las medidas destinadas a dotar a las escuelas y a los profesores de infraestructuras digitales y material didáctico en línea resolvería algunas de estas cuestiones y garantizaría la calidad. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el problema estructural global que existe con las capacidades digitales, ya que cerca de la mitad de la población adulta carece de capacidades digitales básicas y, en general, la implicación de los adultos en el aprendizaje es significativamente inferior a la de la media de la Unión. Las reformas que se han llevado a cabo recientemente en la formación profesional no han servido de incentivo para que un número suficiente de empleadores participen en ella, y la formación en el lugar de trabajo sigue estando infrautilizada. La escasez de profesores que empieza a aflorar indica que es necesario aumentar el atractivo de la profesión docente.

               (22)Las condiciones de trabajo en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las microempresas, se han visto muy afectadas por la COVID-19. Permitir el trabajo a distancia supone un desafío, ya que solo una décima parte de las empresas polacas está lo suficientemente digitalizada como para poder adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Uno de los principales obstáculos para la digitalización de las pymes es el bajo nivel de alfabetización digital entre los propietarios, directivos y empleados. El uso de las tecnologías digitales en la administración pública es clave para garantizar la prestación de los servicios gubernamentales, así como para dirigir las medidas necesarias para controlar y gestionar la crisis. Además, unos servicios públicos digitales eficientes permiten reducir la carga normativa y administrativa innecesaria, lo que puede resultar crucial en la fase de recuperación.

               (23)A fin de mitigar el impacto de la crisis, el Gobierno polaco ofrece cuantiosas ayudas en forma de liquidez a través de garantías, préstamos y ayudas condicionadas a las empresas afectadas, prestando especial atención a las pymes y las microempresas. Las medidas gubernamentales cuentan con el apoyo del Banco Nacional de Polonia, a través del programa de compra de bonos del Tesoro en el mercado secundario y unos recortes considerables de los tipos de interés. La aplicación efectiva y rápida de estas medidas y su transmisión eficaz por parte de los intermediarios son esenciales para ayudar al sector empresarial a proseguir su actividad y facilitar la recuperación. En el proceso de diseño y aplicación de estas medidas, es necesario tener en cuenta la resiliencia del sector bancario y debe hacerse un seguimiento de la estabilidad del sistema financiero. La posibilidad de aplazar el pago de impuestos y cotizaciones sociales y acelerar los pagos contractuales por parte de las autoridades públicas también contribuye a mejorar el flujo de tesorería de las empresas afectadas.

               (24)Para impulsar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada a través de las reformas pertinentes. La economía polaca es intensa en emisiones de carbono y la calidad del aire se sitúa entre las más bajas de la Unión, lo que plantea importantes problemas medioambientales y de salud. Por tanto, es esencial planificar y adoptar medidas ambiciosas, destinadas a lograr la transición hacia una energía limpia, en los plazos adecuados de conformidad con el Pacto Verde Europeo y con el plan nacional de energía y clima. Si bien el despliegue de fibra en Polonia se sitúa por encima de la media de la Unión y se han logrado avances significativos en la implantación de banda ancha ultrarrápida y móvil en los últimos años, Polonia sigue estando lejos de los objetivos de conectividad con los que se ha comprometido. Una inversión significativa en infraestructura de transporte sostenible para mejorar la conectividad entre las zonas periféricas y los centros de actividad económica podría ayudar en mayor medida a la recuperación. Polonia se apoyará cada vez más en la ciencia y la innovación para garantizar el crecimiento y la competitividad económicos sostenibles a largo plazo. El gasto general en investigación y desarrollo con respecto al PIB se mantiene por debajo de la media de la Unión y, a pesar de los avances visibles logrados en numerosos componentes de la combinación de políticas del ecosistema de innovación del país, la cooperación entre el mundo científico y el mundo empresarial sigue siendo un obstáculo clave en la manera de reforzar la innovación de Polonia. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Polonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país
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               . Ello permitiría a Polonia aprovechar al máximo ese Fondo.

               (25)Un entorno empresarial estable y previsible y un clima favorable a la inversión desempeñan un papel importante en una recuperación económica posterior a la pandemia. La independencia, la eficiencia y la calidad del sistema judicial son componentes esenciales a este respecto. La seguridad jurídica, incluido el acceso a tribunales independientes, y la confianza en la calidad y la previsibilidad de las políticas e instituciones reguladoras son también factores cruciales para el funcionamiento del mercado único y para salvaguardar la posición de Polonia en las cadenas de suministro europeas después de la pandemia. Además de las preocupaciones planteadas desde hace ya tiempo por la Comisión sobre el Estado de Derecho en Polonia, algunas de las cuales ya se han abordado en resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los recientes acontecimientos suscitan nuevas preocupaciones, al poner en peligro el funcionamiento del ordenamiento jurídico polaco y de la Unión.

               (26)Un entorno normativo sólido y estable es la base para sostener el crecimiento económico y la inversión privada. La ausencia de consultas adecuadas, tanto públicas como con los interlocutores sociales, tiene un efecto perjudicial en la estabilidad y la solidez del entorno empresarial, así como en la calidad de la legislación. Se estableció la obligatoriedad de las consultas públicas para los proyectos de ley propuestos por el Consejo de Ministros; sin embargo, no se realizan consultas, ni es obligatorio realizarlas, para las propuestas que utilizan vías alternativas, como la presentación por parte de los diputados al Parlamento. Esta incoherencia es una ponderación adicional de la calidad de la legislación resultante. Además, la calidad del diálogo social se ha deteriorado en los últimos años, debido en particular a la ausencia de consultas, o a la celebración de consultas muy breves, en el proceso de elaboración de políticas. Garantizar un plazo suficiente para las consultas, tener más en cuenta los dictámenes de las partes interesadas sobre las leyes y los documentos políticos y minimizar el número de leyes exentas de consulta reforzaría la participación de los interlocutores sociales y contribuiría a mejorar la calidad de la elaboración de legislación. El Consejo del Diálogo Social constituye un marco institucional para el diálogo social tripartito. Sin embargo, las disposiciones legales adoptadas en abril de 2020 debilitan la autonomía de los interlocutores sociales en dicho Consejo y conllevan el riesgo de deteriorar aún más la eficacia del diálogo social en el país.

               (27)Si bien las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (28)El Semestre Europeo establece el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Polonia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (29)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Polonia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Polonia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de las políticas fiscal y socioeconómica de Polonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

               (30)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Polonia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, adoptar todas las medidas necesarias para afrontar la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la resiliencia, la accesibilidad y la eficacia del sistema sanitario, en particular proporcionando recursos suficientes y acelerando la implantación de los servicios de sanidad electrónica.

               2.Mitigar las repercusiones de la crisis en el empleo, en particular mediante la mejora de las fórmulas de trabajo flexibles y de reducción de jornada. Delimitar mejor a los beneficiarios de las prestaciones sociales y garantizar el acceso a las personas necesitadas. Mejorar las capacidades digitales. Seguir promoviendo la transformación digital de las empresas y la administración pública.

               3.Proseguir los esfuerzos por garantizar a las empresas el acceso a la financiación y la liquidez. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en las transiciones ecológica y digital, en particular en la infraestructura digital, la producción y el uso limpios y eficientes de energía, así como en el transporte sostenible, contribuyendo así a la descarbonización progresiva de la economía, también en las regiones carboníferas.

               4.Mejorar el entorno de inversión, en particular salvaguardando la independencia judicial. Garantizar la eficacia de las consultas públicas y la participación de los interlocutores sociales en el proceso de elaboración de políticas.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 520 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (8)

                        SWD(2020) 520 final.

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                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.