title: CE: Recomendación de la Comisión, de 2 de marzo de 2005, relativa al programa coordinado de controles en el ámbito de la alimentación animal para el año 2005 de conformidad con la Directiva 95/53/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               9.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 62/22

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 2 de marzo de 2005
   relativa al programa coordinado de controles en el ámbito de la alimentación animal para el año 2005 de conformidad con la Directiva 95/53/CE del Consejo
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2005/187/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 22, apartado 3,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En 2004 los Estados miembros indicaron que sería conveniente que en 2005 se efectuara un programa coordinado de controles sobre determinadas cuestiones.

               (2)

               Aunque la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (2), establece el contenido máximo de aflatoxina B1 en los piensos, no existen disposiciones comunitarias aplicables a otras micotoxinas como la ocratoxina A, la zearalenona, el deoxinivalenol y las fumonisinas. La recopilación de información sobre la presencia de esas micotoxinas a través de muestreos aleatorios podría proporcionar datos útiles para evaluar la situación a efectos del desarrollo de la legislación. Por otra parte, determinadas materias primas para piensos, como los cereales y las semillas oleaginosas, están particularmente expuestas a la contaminación por micotoxinas a causa de las condiciones de cosecha, almacenamiento y transporte. La concentración de micotoxinas varía de un año a otro, por lo que conviene recabar datos de años consecutivos para todas las micotoxinas citadas.

               (3)

               Los antibióticos distintos de los coccidiostáticos e histomonostáticos pueden comercializarse y utilizarse como aditivos para piensos sólo hasta el 31 de diciembre de 2005. Anteriores controles para detectar la presencia de antibióticos y coccidiostáticos en ciertos piensos en los que no están autorizadas algunas de esas sustancias indican que sigue habiendo casos de incumplimiento de esta prohibición. La frecuencia con que se detectan tales casos y la importancia de esta cuestión justifican que se prosigan los controles.

               (4)

               Es importante velar por que las restricciones relativas al uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal previstas en la legislación comunitaria pertinente se cumplan efectivamente.

               (5)

               Conviene velar por que los niveles de los oligoelementos cobre y zinc en los piensos compuestos para cerdos no excedan de los contenidos máximos establecidos en virtud del Reglamento (CE) no 1334/2003 de la Comisión, de 25 de julio de 2003, por el que se modifican las condiciones para la autorización de una serie de aditivos en la alimentación animal pertenecientes al grupo de los oligoelementos (3).

               (6)

               Las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         RECOMIENDA:

               1.

               Se recomienda que los Estados miembros lleven a cabo durante 2005 un programa coordinado de controles con el objetivo de verificar:

                           a)

                           la concentración de micotoxinas (aflatoxina B1, ocratoxina A, zearalenona, deoxinivalenol y fumonisinas) en los piensos, indicando los métodos de análisis; el método de toma de muestras debería comprender tanto muestreos aleatorios como muestreos específicos; en el caso de muestreos específicos, las muestras deberían ser materias primas para piensos de las que se sospeche que pudieran contener concentraciones más elevadas de micotoxinas, por ejemplo los granos de cereales, las semillas y frutos oleaginosos, sus productos y subproductos, y materias primas para piensos almacenadas durante un período prolongado o transportadas por mar en trayectos largos; en el caso de la aflatoxina B1, también debería prestarse especial atención a los piensos compuestos para el ganado lechero que no sea el vacuno lechero; los resultados de los controles deberían notificarse en el modelo que figura en el anexo I;

                           b)

                           los antibióticos, coccidiostáticos e histomonostáticos, autorizados o no como aditivos para piensos destinados a ciertas especies y categorías de animales, presentes con frecuencia en premezclas y piensos compuestos no medicados en los que estas sustancias medicamentosas no estén autorizadas; los controles deberían centrarse en esas sustancias medicamentosas en las premezclas y en los piensos compuestos si la autoridad competente considera que hay una mayor probabilidad de que se detecten irregularidades; los resultados de los controles deberían notificarse en el modelo que figura en el anexo II;

                           c)

                           la aplicación de las restricciones relativas a la producción y el uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal, con arreglo al anexo III;

                           d)

                           los niveles de cobre y zinc en los piensos compuestos para cerdos, según se establecen en el anexo IV.

               2.

               Se recomienda que los Estados miembros incluyan los resultados del programa coordinado de controles previsto en el apartado 1 como un capítulo aparte en el informe anual sobre las actividades de control que deberá transmitirse a más tardar el 1 de abril de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 95/53/CE y la última versión del modelo de notificación armonizado.

      Hecho en Bruselas, el 2 de marzo de 2005.

            Por la Comisión

         Markos KYPRIANOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 265 de 8.11.1995, p. 17. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 234 de 1.9.2001, p. 55).

      (2)  DO L 140 de 30.5.2002, p. 10. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/100/CE de la Comisión (DO L 285 de 1.11.2003, p. 33).

      (3)  DO L 187 de 26.7.2003, p. 11. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2112/2003 (DO L 317 de 2.12.2003, p. 22).
   ANEXO I
   Concentración de ciertas micotoxinas (aflatoxina B1, ocratoxina A, zearalenona, deoxinivalenol y fumonisinas) en los piensos
   Resultados individuales de todas las muestras examinadas; modelo de informe al que se hace referencia en el apartado 1, letra a)

               Piensos

               Muestreo (aleatorio o específico)

               Tipo y concentración de micotoxinas (μg/kg en relación con un pienso con un índice de humedad del 12 %)

               Tipo

               País de origen

               Aflatoxina B1

               Ocratoxina A

               Zearalenona

               Deoxinivalenol

               Fumonisinas (1)

         La autoridad competente debería indicar asimismo:

               —

               las medidas adoptadas en caso de que se superen los contenidos máximos de aflatoxina B1,

               —

               los métodos de análisis utilizados,

               —

               los límites de detección.

      (1)  La concentración de fumonisinas corresponde a la suma de las fumonisinas B1, B2 y B3.
   ANEXO II
   Presencia de ciertas sustancias medicamentosas no autorizadas como aditivos para piensos
   Ciertos antibióticos, coccidiostáticos y otras sustancias medicamentosas pueden estar legalmente presentes como aditivos en las premezclas y los piensos compuestos destinados a determinadas especies y categorías de animales si cumplen los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (1).
   La presencia de sustancias medicamentosas no autorizadas en los piensos constituye una infracción.
   La elección de las sustancias medicamentosas que deben someterse a control debería hacerse entre las sustancias siguientes:

               1.

               Sustancias medicamentosas autorizadas como aditivos para piensos destinados exclusivamente a determinadas especies o categorías de animales:

                           avilamicina

                           decoquinato

                           diclazuril

                           flavofosfolipol

                           hidrobromuro de halofuginona

                           lasalocida A de sodio

                           maduramicina de amonio alfa

                           monensin sodium

                           narasina

                           narasina — nicarbazina

                           hidrocloruro de robenidina

                           salinomicina de sodio

                           semduramicina de sodio

               2.

               Sustancias medicamentosas que han dejado de estar autorizadas como aditivos para piensos:

                           amprolio

                           amprolio/etopabato

                           arprinocida

                           avoparcina

                           carbadox

                           dimetridazol

                           dinitolmida

                           ipronidazol

                           meticlorpindol

                           meticlorpindol/metilbenzocuato

                           nicarbazina

                           nifursol

                           olaquindox

                           ronidazol

                           espiramicina

                           tetraciclinas

                           fosfato de tilosina

                           virginiamicina

                           bacitracina zinc

                           otras sustancias antimicrobianas

               3.

               Sustancias medicinales que nunca han estado autorizadas como aditivos para piensos:

                           otras sustancias.
                           Resultados individuales de todas las muestras no conformes; modelo de informe al que se hace referencia en el apartado 1, letra b)

                                       Tipo de pienso (especie y categoría de animales)

                                       Sustancia detectada

                                       Nivel constatado

                                       Causa de la infracción (2)

                                       Medida adoptada

                                 La autoridad competente debería indicar asimismo:

                                       —

                                       el número total de muestras examinadas,

                                       —

                                       los nombres de las sustancias objeto del control,

                                       —

                                       los métodos de análisis utilizados,

                                       —

                                       los límites de detección.

      (1)  DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.

      (2)  Causa de la presencia de la sustancia no autorizada en el pienso, establecida a raíz de un estudio llevado a cabo por la autoridad competente.
   ANEXO III
   Restricciones relativas a la producción y el uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal
   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3 a 13 y en el artículo 15 de la Directiva 95/53/CE, los Estados miembros deberían emprender en 2005 un programa coordinado de controles a fin de determinar si se han respetado las restricciones relativas a la producción y el uso de materias primas de origen animal en la alimentación animal.
   Con vistas a garantizar, en particular, que se aplica efectivamente la prohibición de alimentar a determinados animales con proteínas animales transformadas, prevista en el anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (1), los Estados miembros deberían poner en práctica un programa de control específico basado en controles específicos. De conformidad con el artículo 4 de la Directiva 95/53/CE, dicho programa debería seguir una estrategia basada en los riesgos, incluyendo todas las fases de producción y todos los tipos de instalaciones en las que se produzcan, manipulen y administren piensos. Los Estados miembros deberían prestar especial atención a la definición de los criterios que puedan relacionarse con un riesgo. La ponderación dada a cada criterio debería ser proporcional al riesgo. La frecuencia de los controles y el número de muestras analizadas en las instalaciones debería establecerse en función de la suma de las ponderaciones asignadas a dichas instalaciones.
   Cuando se elabore un programa de controles deberían tenerse en cuenta las instalaciones y los criterios orientativos siguientes:

               Instalaciones

               Criterios

               Ponderación

               Fábricas de piensos

               Fábricas de piensos de doble flujo que producen piensos compuestos para rumiantes y piensos compuestos para no rumiantes que contienen proteínas animales transformadas que han sido objeto de una excepción
               Fábricas de piensos con antecedentes de incumplimiento o sobre las que existen sospechas de incumplimiento
               Fábricas de piensos que importan grandes cantidades de piensos de alto contenido proteínico, tales como harina de pescado, harina de soja, harina de gluten de maíz y concentrados de proteínas
               Fábricas de piensos con una gran producción de piensos compuestos
               Riesgo de contaminación cruzada derivada de procedimientos operativos internos (tales como la dedicación de los silos, el control de la separación efectiva de las cadenas de producción, el control de los ingredientes, la existencia de un laboratorio interno o los procedimientos de muestreo)

               Puestos de inspección fronterizos y otros puntos de entrada en la Comunidad

               Alto/bajo volumen de importaciones de piensos
               Piensos con un alto contenido proteínico

               Explotaciones

               Mezcladoras propias que utilizan proteínas animales transformadas que han sido objeto de una excepción
               Explotaciones que tienen rumiantes y otras especies (riesgo de alimentación cruzada)
               Explotaciones que compran piensos al por mayor

               Distribuidores

               Almacenes y almacenamiento intermedio de piensos con un alto contenido proteínico
               Volumen importante de piensos comercializados al por mayor
               Distribuidores de piensos compuestos producidos en el extranjero

               Mezcladoras móviles

               Mezcladoras que producen piensos para rumiantes y no rumiantes
               Mezcladoras con antecedentes de incumplimiento, o sobre las que existen sospechas de incumplimiento
               Mezcladoras que incorporan piensos con un alto contenido proteínico
               Mezcladoras que producen grandes cantidades de piensos
               Mezcladoras que trabajan para un gran número de explotaciones, incluidas explotaciones que tienen rumiantes

               Medios de transporte

               Vehículos utilizados para el transporte de proteínas animales transformadas y de piensos
               Vehículos con antecedentes de incumplimiento o sobre los que existen sospechas de incumplimiento

         Como alternativa a las instalaciones y los criterios orientativos expuestos, los Estados miembros podrán enviar su propia determinación del riesgo a la Comisión antes del 31 de marzo de 2005.
   El muestreo debería centrarse en los lotes o los casos en los que la contaminación cruzada con proteínas transformadas prohibidas es más probable (primer lote tras el transporte de piensos que contienen proteínas animales cuya presencia estaba prohibida en ese lote, problemas técnicos experimentados en las cadenas de producción o cambios introducidos en las mismas, cambios en los depósitos de almacenamiento o en los silos destinados a material al por mayor).
   En 2005, los Estados miembros deberían centrarse en el análisis de la pulpa de remolacha azucarera y las materias primas para piensos importadas.
   Todos los Estados miembros deberían efectuar anualmente al menos 10 controles por cada 100 000 toneladas de piensos compuestos producidas. Todos los Estados miembros deberían tomar al año al menos 20 muestras oficiales por cada 100 000 toneladas de piensos compuestos producidas. A la espera de la aprobación de métodos alternativos debería recurrirse, para el análisis de las muestras, a la identificación y el cálculo mediante microscopio previstos en la Directiva 2003/126/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, relativa a los métodos de análisis para determinar los componentes de origen animal a los efectos del control oficial de los piensos (2). La presencia en los piensos de cualquiera de los componentes de origen animal prohibidos debería considerarse una infracción a la prohibición de piensos.
   Los resultados de los programas de controles deberían comunicarse a la Comisión en los formatos que se exponen a continuación.
   Cuadro recapitulativo de los controles relativos a las restricciones de utilización de piensos de origen animal (alimentación a base de proteínas animales transformadas prohibidas)
   A.   Controles documentados

               Fase

               Número de controles que incluyen verificaciones de la presencia de proteínas animales transformadas

               Número de infracciones no establecidas sobre la base de pruebas de laboratorio sino, por ejemplo, de controles documentales

               Importación de materias primas para piensos

               Almacenamiento de materias primas para piensos

               Fábricas de piensos

               Mezcladoras propias/mezcladoras móviles

               Intermediarios de piensos

               Medios de transporte

               Explotaciones que tienen animales no rumiantes

               Explotaciones que tienen animales rumiantes

               Otras: …………………….

   B.   Toma de muestras y examen de materias primas para piensos y piensos compuestos con vistas a la detección de proteínas animales transformadas

               Instalaciones

               Número de muestras oficiales sometidas a prueba con vistas a detectar la presencia de proteínas animales transformadas

               Número de muestras no conformes

               Presencia de proteínas transformadas procedentes de animales terrestres

               Presencia de proteínas transformadas procedentes de peces

               Materias primas para piensos

               Piensos compuestos

               Materias primas para piensos

               Piensos compuestos

               Materias primas para piensos

               Piensos compuestos

               para rumiantes

               para no rumiantes

               para rumiantes

               para no rumiantes

               para rumiantes

               para no rumiantes

               En la importación

               Fábricas de piensos

               Intermediarios/almacenamiento

               Medios de transporte

               Mezcladoras propias/mezcladoras móviles

               En la explotación

               Otras: ………….

   C.   Cuadro recapitulativo de las muestras de piensos destinados a rumiantes en las que se han detectado proteínas animales transformadas prohibidas

               Mes de la toma de muestras

               Tipo, grado y origen de la contaminación

               Sanciones impuestas (u otras medidas aplicadas)

               1

               2

               3

               4

               5

               …

      (1)  DO L 147 de 31.5.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 214/2005 de la Comisión (DO L 37 de 10.2.2005, p. 9).

      (2)  DO L 339 de 24.12.2003, p. 78.
   ANEXO IV
   Resultados individuales de todas las muestras (tanto las conformes como las no conformes) en lo que se refiere al contenido de cobre y zinc en los piensos compuestos para cerdos

               Tipo de pienso compuesto (categoría de animal)

               Oligoelemento (cobre o zinc)

               Nivel constatado (mg/kg de pienso completo)

               Razón para superar el contenido máximo (1)

               Medida adoptada

      (1)  Establecida a raíz de un estudio llevado a cabo por la autoridad competente.


title: Recomendación del Consejo, de 10 de febrero de 2009 , por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2007

text:
               11.2.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 40/37

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 10 de febrero de 2009
   por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2007
   (2009/114/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación ACP-CE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1), modificado por el Acuerdo firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (2),
   Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de asociación ACP-CE (3), denominado en lo sucesivo «el Acuerdo interno», por el que se crea, entre otros, un noveno Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED), y, en particular, su artículo 32, apartado 3,
   Visto el Reglamento financiero de 27 de marzo de 2003 aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo (4) y, en particular, sus artículos 96 a 103,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del noveno FED, aprobados al 31 de diciembre de 2007, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 32, apartado 3 del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del noveno FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución por la Comisión de las operaciones del noveno FED durante el ejercicio 2007 ha sido, en su conjunto, satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del noveno FED para el ejercicio 2007.

      Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 2009.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. KALOUSEK

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

      (3)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.

      (4)  DO L 83 de 1.4.2003, p. 1.

      (5)  DO C 286 de 10.11.2008, p. 273.


title: Recommendation for a Council opinion in accordance with the third paragraph of Article 9 of Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 On the updated convergence programme of Sweden, 2006-2009

text:
Aviso jurídico importante

|

52007SC0192

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 13.2.2007SEC(2007) 192 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Suecia (2006-2009)(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSContexto GeneralEl Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. La reforma del Pacto realizada en 2005, aunque reconocía la utilidad de éste como elemento estabilizador de la disciplina fiscal, pretendía reforzar su eficacia y sus fundamentos económicos y salvaguardar la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.El Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], que forma parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece que los Estados miembros han de presentar al Consejo y a la Comisión programas de estabilidad o de convergencia y las correspondientes actualizaciones anuales (los Estados miembros que ya han adoptado la moneda única deben presentar programas de estabilidad (actualizados), y los Estados miembros que aún no la han adoptado, programas de convergencia (actualizados)). El primer programa de convergencia de Suecia fue presentado en diciembre de 1998. De conformidad con el Reglamento, el Consejo emitió su dictamen sobre el mismo el 8 de febrero de 1999, basándose en una recomendación de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Conforme al mismo procedimiento, los programas de estabilidad y de convergencia son evaluados por la Comisión y examinados por el Comité mencionado; por su parte, el Consejo puede examinarlos.Contexto de la evaluación del programa actualizadoLa Comisión ha examinado la actualización más reciente del programa de convergencia de Suecia, presentada el 7 de diciembre de 2006, y ha adoptado una recomendación con vistas a un dictamen del Consejo sobre dicha actualización (en el recuadro se recogen los principales aspectos abordados en la evaluación).Con el fin de establecer el marco en el que se evalúa la estrategia presupuestaria del programa de convergencia actualizado, en los siguientes apartados se resumen:1.  los resultados económicos y presupuestarios de los últimos diez años;2.  la evaluación más reciente de la situación del país respecto de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (síntesis del dictamen del Consejo sobre la anterior actualización del programa de convergencia); y3.  la evaluación del Programa Nacional de Reforma de noviembre de 2006 realizada por la Comisión.Resultados económicos y presupuestarios recientesEn los últimos diez años, los resultados económicos de Suecia han sido globalmente positivos.El crecimiento del PIB real ha sido superior al registrado en la zona del euro. Estos resultados en materia de crecimiento se han caracterizado por una evolución favorable de la productividad y por unas aportaciones al crecimiento de las exportaciones netas. La balanza por cuenta corriente ha arrojado un superávit en constante aumento. Las tasas de desempleo son inferiores a las registradas en la zona del euro y se han reducido, aunque siguen considerándose elevadas en una perspectiva histórica. Las tasas de actividad son relativamente altas. La inflación es baja, como consecuencia de un régimen monetario creíble centrado en el control de la inflación. Como sucede en otros países, han bajado los tipos de interés reales y nominales. La hacienda pública, de conformidad con el marco normativo nacional, está saneada, habiendo registrado unos superávit presupuestarios medios que se ajustan generalmente al objetivo nacional de un superávit del 2 % a lo largo del ciclo. El ratio de deuda bruta de las administraciones públicas se ha ido reduciendo paulatinamente y se sitúa muy por debajo del límite del 60 %.Evaluación realizada en el dictamen del Consejo sobre el programa anteriorEl 24 de enero de 2006, el Consejo adoptó su dictamen sobre la actualización anterior del programa de convergencia, referente al período 2005-2009. El Consejo estimaba que la situación presupuestaria era sólida y la estrategia presupuestaria constituía un buen ejemplo de política fiscal aplicada de conformidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.Suecia está aprovechando el período transitorio que finaliza en la primavera de 2007 para aplicar la Decisión de Eurostat, de 2 de marzo de 2004, sobre la clasificación sectorial de los regímenes de pensiones por capitalización. El cumplimiento de la Decisión de Eurostat rebajará cada año el superávit en un 1 % del PIB aproximadamente e incrementará El ratio de deuda pública en 0,5 puntos porcentuales.Evaluación del Programa Nacional de Reforma de noviembre de 2006 realizada por la ComisiónEl informe de aplicación del Programa Nacional de Reforma de Suecia, revisado por el nuevo Gobierno en el contexto de la nueva Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, fue presentado el 28 de noviembre de 2006. El Programa Nacional de Reforma de Suecia se fija los siguientes retos o prioridades: la necesidad de alcanzar una alta tasa de actividad y un nivel elevado de horas trabajadas, así como el fomento de una economía basada en el conocimiento con procesos de producción eficientes desde un punto de vista ambiental.De la evaluación del Programa realizada por la Comisión (adoptada como parte integrante de su informe anual de evolución, de diciembre de 2006[2]), se desprende que Suecia está realizando progresos notables en la aplicación de su Programa Nacional de Reforma. El marco macroeconómico orientado hacia la estabilidad es adecuado y da buenos resultados. Se está haciendo un esfuerzo importante por reforzar los incentivos laborales. Se necesitan medidas complementarias para aumentar la competencia en el sector de los servicios.A la luz de los progresos realizados, se animó a Suecia a centrarse asimismo en los siguientes ámbitos: medidas reglamentarias para aumentar la competencia, sistema de evaluación de repercusiones, mejora de la legislación, oferta de trabajo y horas trabajadas, tasa de empleo de inmigrantes y jóvenes y reinserción de personas en régimen de enfermedad.Recuadro: Puntos principales de la evaluación De conformidad con el artículo 5, apartado 1 (en el caso de los programas de estabilidad) y con el artículo 9 , apartado 1 (en el caso de los programas de convergencia), del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, la evaluación debe: Determinar si los supuestos económicos en los que se basa el Programa son realistas. Examinar el objetivo presupuestario a medio plazo presentado por el Estado miembro y determinar si la senda de ajuste es adecuada. Determinar si las medidas que se están adoptando o se propone adoptar para seguir esta senda de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el ciclo. Al evaluar la senda de ajuste hacia el logro del objetivo a medio plazo, determinar si en coyunturas económicas favorables se realiza un mayor esfuerzo de ajuste, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en coyunturas económicas desfavorables y, en el caso de los Estados miembros del MTC II y de la zona del euro, si el Estado miembro considerado, a fin de alcanzar su objetivo a medio plazo, persigue una mejora anual de su saldo ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal, equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB. Al definir la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo (para los Estados miembros que aún no lo hayan alcanzado) o permitir una desviación temporal respecto de este objetivo (para los países que lo hayan alcanzado), examinar la aplicación de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos sobre la reducción de costes a largo plazo (en particular elevando el potencial de crecimiento) y, por consiguiente, un impacto verificable sobre la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública (a condición de que se mantenga un margen de seguridad adecuado respecto del valor de referencia del 3 % del PIB y de que se prevea que la situación presupuestaria vuelva al objetivo a medio plazo dentro del período de programación), prestando especial atención a reformas de las pensiones que introduzcan un sistema de varios pilares que incluya un pilar obligatorio financiado por capitalización. Determinar si la política económica del Estado miembro considerado es compatible con las Orientaciones Generales de Política Económica. El realismo de los supuestos económicos del Programa se evalúa haciendo referencia a las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, empleando asimismo la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo. La evaluación de la compatibilidad con las Orientaciones Generales de Política Económica se realiza considerando las orientaciones generales de política económica en el ámbito de las finanzas públicas incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008. En la evaluación también se examina: La evolución del ratio de deuda y las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, a las que debe prestarse atención suficiente en el procedimiento de supervisión de las situaciones presupuestarias, de conformidad con un informe del Consejo de 20 de marzo de 2005 sobre la «Mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (una Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 establece el enfoque para la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo[3]). El grado de integración con el Programa Nacional de Reforma, presentado por los Estados miembros en el contexto de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo (en su nota explicativa de 7 de junio de 2005 sobre las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2005-2008, dirigida al Consejo Europeo, el Consejo EcoFin declaró que los programas nacionales de reforma deben ser compatibles con los programas de estabilidad y de convergencia). El cumplimiento del Código de Conducta[4] que, en particular, prescribe una estructura común y un conjunto de cuadros de datos comunes para los programas de estabilidad y de convergencia. |-  Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJOde conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de convergencia actualizado de Suecia (2006-2009)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5] y, en particular, su artículo 9, apartado 3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:4.  El [27 de febrero de 2007], el Consejo examinó el programa de convergencia actualizado de Suecia, que abarca el período 2006-2009.5.  Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el crecimiento del PIB real disminuirá del 4,0 % en 2006 a una media del 3,0 % durante el resto del período que abarca el programa, aunque se mantendrá próximo al crecimiento potencial. Teniendo en cuenta la información disponible, este escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento verosímiles, con un crecimiento en 2006 que puede haber sido incluso superior. Las previsiones de inflación del programa también parecen realistas.6.  Para 2006, el superávit de las administraciones públicas se estima en el 2,8 % del PIB en las previsiones del otoño de 2006 de los servicios de la Comisión, frente a la previsión del 0,9 % del PIB establecida en la anterior actualización del programa de convergencia. La diferencia refleja ante todo un efecto de base del superávit mucho más alto de lo esperado en 2005. Se desprende de los datos de caja disponibles que, tanto por unos gastos primarios inferiores como por unos ingresos tributarios superiores, el superávit de 2006 probablemente haya sido superior a las previsiones de los servicios de la Comisión.7.  El programa revisado confirma que un superávit presupuestario medio del 2 % del PIB a lo largo del ciclo sigue siendo el principal objetivo presupuestario, basado en unos límites plurianuales para el gasto. En la Ley Presupuestaria de la primavera de 2007, el Gobierno reevaluará el objetivo actual de superávit de las administraciones públicas, para tener en cuenta la Decisión de Eurostat relativa a la clasificación de los sistemas de pensiones por capitalización (segundo pilar)[6]. Tras expirar el período transitorio para la aplicación de esta Decisión (primavera de 2007), el superávit se reducirá en aproximadamente un 1 % del PIB cada año y el ratio de deuda bruta/PIB se revisará al alza en un 0,5 % del PIB aproximadamente. La estrategia presupuestaria presentada en el programa actualizado prevé una reducción del superávit en 2007 (de un 3 % del PIB en 2006 a un 2,4 %), seguida por una recuperación paulatina (al 3,1 % en 2009). El superávit primario seguiría una senda similar. Durante todo el período del programa, los ratios de ingresos y gastos seguirían una tendencia decreciente. La estrategia tiende a concentrar los gastos al final del programa, con importantes reducciones de impuestos en 2007 que sólo se financiarían parcialmente. Con respecto a la actualización anterior, la senda prevista del superávit (una reducción inicial seguida por una recuperación paulatina) es similar, pero con una capacidad de financiación neta más alta durante todo el período cubierto por el programa.8.  Durante el período del programa, se prevé que el superávit estructural (es decir, el superávit ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal), aplicando la metodología acordada en común, se mantenga por encima del 2 % del PIB. Como en la actualización anterior del programa de convergencia, el objetivo a medio plazo para la situación presupuestaria presentada en el programa corresponde al objetivo mencionado de un superávit presupuestario medio del 2 % del PIB durante el ciclo económico (es decir, en términos estructurales), que el programa se propone mantener durante el período cubierto por el mismo. Dado que el objetivo a medio plazo del programa es mucho más exigente que el valor de referencia mínimo (estimado en un déficit de alrededor del 1 % del PIB), el logro de dicho objetivo debería proporcionar un margen de seguridad que impida la aparición de déficit excesivos. El objetivo a medio plazo también es mucho más exigente que el correspondiente al ratio de deuda y al crecimiento medio potencial a largo plazo.9.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias del programa parecen globalmente equilibrados a partir de 2007. Las perspectivas macroeconómicas y las previsiones en materia de ingresos fiscales parecen basarse en hipótesis verosímiles, pese a cierta incertidumbre en cuanto a los resultados futuros de los impuestos sobre las plusvalías. Los objetivos en materia de gastos están respaldados por los buenos resultados alcanzados, debido al cumplimiento de los límites en los gastos mencionados anteriormente.10.  A la luz de esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa parece bastar para mantener el objetivo a medio plazo a lo largo del período que abarca el programa, como se contempla en el mismo. Además, proporciona un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit rebase el límite del 3 % del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales durante el período del programa. Ahora bien, existe el riesgo de que la orientación presupuestaria del programa resulte procíclica en 2007, año en que se espera que se mantenga la coyuntura favorable. Esa orientación no sería conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.11.  Se estima que la deuda pública bruta ha disminuido hasta el 46,5 % del PIB en 2006, cifra muy inferior al valor de referencia establecido en el Tratado (60 % del PIB). El programa prevé que el ratio de deuda seguirá reduciéndose, con una disminución de 13,5 puntos porcentuales durante el período cubierto por el mismo.12.  Se prevé que las repercusiones presupuestarias a largo plazo del envejecimiento de la población en Suecia serán inferiores a la media de la UE, con unas previsiones de gastos en pensiones relativamente estables a largo plazo en porcentaje del PIB, como consecuencia de la reducción considerable de los gastos debida a la reforma del sistema de pensiones. La situación presupuestaria inicial, con un elevado superávit primario, contribuirá a la reducción de la deuda bruta y a la acumulación de activos. Mantener unas finanzas públicas saneadas y unos superávit persistentes, tal como está previsto, contribuiría a limitar los riesgos que amenazan a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En general, Suecia parece afrontar un bajo nivel de riesgo en relación con la sostenibilidad de sus finanzas públicas.13.  El programa de convergencia contiene una evaluación cualitativa de las repercusiones globales del informe de noviembre de 2006 sobre la aplicación del Programa Nacional de Reforma en el marco de la estrategia fiscal a medio plazo. Por otra parte, proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa Nacional de Reforma, y sus previsiones presupuestarias parecen tener en cuenta las repercusiones presupuestarias de las medidas presentadas en dicho Programa. Las medidas en el área de la hacienda pública previstas en el programa de convergencia parecen compatibles con las previstas en el Programa Nacional de Reforma. En particular, ambos programas prevén la aplicación de medidas destinadas a aumentar la oferta de trabajo.14.  La estrategia presupuestaria del programa es conforme globalmente a las orientaciones generales de política económica incluidas en las Directrices integradas para el período 2005-2008.15.  En cuanto a los requisitos en materia de datos especificados en el Código de Conducta para los programas de estabilidad y de convergencia, el programa presenta lagunas en los datos obligatorios y opcionales[7].La conclusión general es que la situación presupuestaria a medio plazo es sólida y la estrategia presupuestaria constituye un buen ejemplo de política fiscal aplicada de conformidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, será importante garantizar que el deterioro de la situación presupuestaria estructural en 2007, derivado de las reformas estructurales destinadas a fomentar una mayor participación en el mercado laboral, no repercuta en los años siguientes.Comparación de las principa les previsiones macroeconómicas y presupuestarias 12005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |PIB real (% variación) | PC Dic 2006 | 2,7 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 2,7 |COM Nov 2006 | 2,7 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | - |PC Dic 2005 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | - |Inflación IPCA2 (%) | PC Dic 2006 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,9 |COM Nov 2006 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | - |PC Dic 2005 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - |Brecha de producción (% del PIB potencial) | PC Dic 20063 | -0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |COM Nov 20067 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | - |PC Dic 20053 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | - |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PC Dic 2006 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |COM Nov 2006 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | - |PC Dic 2005 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | - |Saldo primario (% del PIB) | PC Dic 2006 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,6 |COM Nov 2006 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | - |PC Dic 2005 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | - |Saldo ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PC Dic 20063 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |COM Nov 2006 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | - |PC Dic 20053 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | - |Saldo estructural4 (% del PIB) | PC Dic 20065 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |COM Nov 20066 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | - |PC Dic 2005 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | - |Deuda pública bruta (% del PIB) | PC Dic 2006 | 50,3 | 46,5 | 41,5 | 37,4 | 33,0 |COM Nov 2006 | 50,4 | 46,7 | 42,6 | 38,7 | - |PC Dic 2005 | 50,9 | 49,4 | 47,8 | 46,0 | - |Notas: 1Las previsiones presupuestarias no incluyen los efectos de la Decisión de Eurostat, de 2 de marzo de 2004, sobre la clasificación de los regímenes de pensiones por capitalización, que debe haberse aplicado ya al realizarse la notificación de la primavera de 2007. Incluyendo estos efectos, el saldo presupuestario de las administraciones públicas sería, según el programa actualizado, del 2 % del PIB en 2005, el 2 % en 2006, el 1,3 % en 2007, el 1,6 % en 2008 y el 2,0 % en 2009, mientras que la deuda pública bruta sería equivalente al 50,9 % del PIB en 2005, el 47,0 % en 2006, el 42,0 % en 2007, el 37,9 % en 2008 y el 33,5 % en 2009. 2 Los datos sobre inflación del PC se calculan de diciembre a diciembre, mientras que las cifras de la Comisión son unas medias anuales. Esto explica la diferencia entre las cifras de la Comisión y las del IPCA para 2005 y 2006. El programa también parte del supuesto de que en 2008 y 2009 el IPCA se ajustará al UND1X (índice nacional de precios al consumo, con exclusión de las variaciones en los impuestos indirectos, las subvenciones y los gastos de intereses hipotecarios). No obstante, se espera que el IPCA se sitúe 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación UND1X en 2007, con lo que se acentuaría la reducción que prevé el programa en la inflación IPCA en 2008. 3Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa. 4Saldo ajustado al ciclo (al igual que en las líneas anteriores), excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal. 5Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas del programa (0,4 % del PIB en 2005, reducción del déficit). 6Medidas excepcionales y otras medidas de carácter temporal tomadas de las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión (0,4 % del PIB en 2005, reducción del déficit). 7Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 2,6 %, el 3,2 %, el 3,1 % y el 3,0 %, respectivamente, en 2005, 2006, 2007 y 2008. Fuente: Programa de convergencia (PC); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2006; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209 de 2.8.1997, p.1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Todos los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[2] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera - «Ejecución de la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo - Un año de resultados», COM(2006) 816 de 12.12.2006.[3] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE», 12.10.2006, COM(2006) 574; y Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (2006), «The long-term sustainability of public finances in the European Union» , Economía Europea, nº 4/2006.[4] «Condiciones de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y directrices sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia», dictamen aprobado por el Consejo EcoFin de 11 de octubre de 2005.[5] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1). Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm[6] Véanse los comunicados de prensa de Eurostat nº 30/2004, de 2 de marzo de 2004, y nº 117/2004, de 23 de septiembre de 2004.[7] Los datos obligatorios que se omiten incluyen, entre otras cosas, algunos deflactores, la presión fiscal y el crecimiento de los mercados extranjeros pertinentes.


title: Recomendación n o  U1, de 12 de junio de 2009 , sobre la legislación aplicable a personas desempleadas que ejercen una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en un Estado miembro distinto del Estado de residencia (Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza)

text:
               24.4.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 106/49

         RECOMENDACIÓN No U1
   de 12 de junio de 2009
   sobre la legislación aplicable a personas desempleadas que ejercen una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en un Estado miembro distinto del Estado de residencia
   (Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza)
   2010/C 106/15
   LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL,
   Visto el artículo 72, letra a), del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (1), con arreglo al cual la Comisión Administrativa se encarga de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del Reglamento (CE) no 883/2004 y del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (2),
   Visto el artículo 11, apartado 3, letra a), y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004, así como el artículo 18 del Reglamento (CE) no 987/2009,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Cuando las personas que residen en el territorio de un Estado miembro se benefician, en virtud de la legislación que les es aplicable, de las prestaciones por desempleo, deberían permitirles ejercer una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en el territorio de otro Estado miembro, sin dejar de conservar el beneficio de las prestaciones por desempleo a cargo del Estado de residencia.

               (2)

               En tal situación es necesario determinar la legislación aplicable a dichas personas con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) no 883/2004, con vistas a evitar posibles conflictos de legislación.

               (3)

               Con arreglo al artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento, se considerará que las personas que reciben una prestación en metálico por el hecho o como consecuencia de su actividad por cuenta ajena o propia serán consideradas como si ejercieran dicha actividad.

               (4)

               Con arreglo al artículo 11, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento, la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena o propia en un Estado miembro estará sujeta a la legislación de ese Estado miembro.

               (5)

               En interés de las personas mencionadas en el considerando 1, es deseable que dichas personas continúen sujetas a la legislación de su Estado de residencia por lo que se refiere tanto al pago de cotizaciones debidas en virtud de su actividad profesional o comercial como a la concesión de prestaciones.

               (6)

               El artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004 permite que los Estados miembros prevean excepciones a los artículos 11 a 15 de dicho Reglamento.
               De conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE) no 883/2004,

         RECOMIENDA A LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE:

               1.

               Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados celebren, o den a los organismos designados por dichas autoridades competentes instrucciones para celebrar, acuerdos con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004 con arreglo a las siguientes condiciones:
               Los acuerdos deberían determinar que las personas que se beneficien en el Estado de residencia de las prestaciones por desempleo y que ejerzan simultáneamente una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en otro Estado miembro estén exclusivamente sometidas a la legislación del primer Estado tanto en lo que se refiere al pago de las cotizaciones como a la concesión de las prestaciones.
               La institución que abone la prestación por desempleo en el Estado de residencia del interesado informará a la institución designada por la autoridad competente de este Estado sobre el ejercicio de toda actividad profesional a tiempo parcial que el interesado desarrolle en otro Estado miembro.
               Esta última institución informará inmediatamente a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio realiza la actividad profesional a tiempo parcial el interesado de que dicha persona permanece sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia.

               2.

               Con arreglo a dichos acuerdos, se aplicarán los procedimientos administrativos establecidos en los artículos 19 a 21 del Reglamento (CE) no 987/2009.

               3.

               El Acuerdo celebrado por los Estados miembros en virtud de la Recomendación no 18, de 28 de febrero de 1986, que figura en el anexo, seguirá siendo vigente con arreglo a los Reglamentos (CE) no 883/2004 y (CE) no 987/2009, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 de la presente Recomendación.

               4.

               La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 987/2009.

            La Presidenta de la Comisión Administrativa

         Gabriela PIKOROVÁ

      (1)  DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

      (2)  DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

      ANEXO
      Acuerdo de 28 de octubre de 1986 entre Bélgica y Luxemburgo sobre la determinación de la legislación aplicable a las personas desempleadas que residan en uno de los dos Estados, en el que reciben prestaciones de desempleo, mientras trabajan a tiempo parcial en el otro Estado.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado de Chipre (2004-2008)


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de España

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/7

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de España
   (2016/C 299/02)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016 (3). Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre España fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la elevada deuda externa e interna, tanto pública como privada, sigue constituyendo un punto vulnerable en un contexto de desempleo elevado. Es importante la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía española y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria. Pese a la mejora de la balanza por cuenta corriente, no se prevé que los pasivos exteriores netos se sitúen en niveles prudentes a corto plazo. El proceso de desapalancamiento del sector privado lleva buen rumbo, apoyado en parte por las favorables condiciones de crecimiento, pero las necesidades de desapalancamiento son grandes y el endeudamiento público sigue siendo elevado. Se han tomado medidas en el sector financiero y en relación con los marcos que rigen la insolvencia empresarial y personal, pero es necesario seguir actuando en el ámbito de la innovación y las cualificaciones y para garantizar el cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (3)

               El 29 de abril de 2016, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y el 30 de abril de 2016, su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, España prevé alcanzar objetivos de déficit global del 3,6 % del PIB en 2016 y del 2,9 % en 2017. Por consiguiente, se prevé corregir el déficit excesivo un año más tarde de lo actualmente recomendado por el Consejo al no haberse cumplido el esfuerzo fiscal y los objetivos principales en 2014 y 2015. Estos objetivos suponen la realización plena del ahorro permanente del 0,4 % del PIB en el nivel de las administraciones central y autonómicas anunciado en respuesta a la Recomendación Autónoma de la Comisión de 9 de marzo de 2016. Se prevé que el déficit siga disminuyendo posteriormente hasta llegar al 1,6 % del PIB en 2019. Sin embargo, no se prevé alcanzar el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales dentro del horizonte temporal del Programa de Estabilidad. En concreto, se prevé que el saldo estructural recalculado mejore solo levemente en 2016 y 2017 hasta situarse en torno al -2,5 % del PIB, y disminuya lentamente hasta alcanzar el -2,75 % del PIB en 2019. La ratio deuda pública/PIB disminuyó solo marginalmente en 2015 hasta el 99,2 % del PIB y se espera que disminuya ligeramente en 2016 y 2017, y de forma más decisiva en los dos años siguientes, hasta situarse en el 96 % del PIB en 2019 al convertirse el saldo primario en superávit. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil en lo que respecta a 2016 y 2017 y algo optimista para después; ha sido refrendado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit sería del 3,9 % del PIB en 2016 y del 3,1 % en 2017, por encima de los objetivos principales del Programa de Estabilidad. Por consiguiente, no se prevé que España corrija el déficit excesivo en 2016 tal como recomendaba el Consejo. Los objetivos de déficit del Programa se ven comprometidos por riesgos derivados en gran parte de las incertidumbres que rodean la realización de los ahorros propiciados por las medidas de marzo y abril de 2016. Dado que se prevé un ligero aumento del déficit estructural en ambos años, el esfuerzo fiscal no está en consonancia con los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que España no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por consiguiente, son necesarias más medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017.

               (6)

               De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (5), la Comisión supervisará regularmente la aplicación de las medidas adoptadas por España en respuesta a la última Recomendación efectuada por el Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 7, del TFUE: por lo tanto, la Comisión recomendará al Consejo las medidas oportunas que deban tomarse en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

               (7)

               Desde 2012, el marco presupuestario español se ha ido reforzando, en particular para evitar las desviaciones y garantizar el cumplimiento, por parte de todos los niveles de la Administración, de los respectivos objetivos de déficit, deuda y gasto. Además, a mediados de 2015 se aprobó una norma de aplicación (sobre una base voluntaria y, en 2016, obligatoria para la mayoría de las comunidades autónomas) a nivel autonómico destinada a limitar el crecimiento del gasto en asistencia sanitaria y productos farmacéuticos, y en noviembre de ese mismo año el Gobierno y la industria farmacéutica firmaron un acuerdo de racionalización del gasto farmacéutico. Pese a ello, en 2015 la mayor parte de las comunidades autónomas y el sector de la seguridad social quedaron muy lejos de alcanzar los objetivos presupuestarios internos. La regla de gasto que contempla la Ley de Estabilidad no fue respetada por las administraciones central, autonómicas y locales, y el crecimiento del gasto en productos farmacéuticos, en particular en los hospitales, se intensificó aún más, incluso si se excluye la repercusión de la financiación de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C.

               (8)

               En el ámbito de la contratación pública, los resultados de España son buenos por lo que respecta a la calidad de la legislación y la disponibilidad de procedimientos de recurso. Se han realizado esfuerzos para racionalizar las adquisiciones públicas, en particular mediante mecanismos de contratación conjunta. No obstante, existen disparidades en la ejecución de las contrataciones públicas por parte de las distintas administraciones, y la insuficiencia de los mecanismos de control obstaculiza la correcta aplicación de las normas pertinentes. El número de presuntas vulneraciones de la legislación de la UE en materia de contratación pública puestas en conocimiento de la Comisión en los últimos años ha sido relativamente elevado. Además, el Tribunal de Cuentas español ha señalado algunas deficiencias, como la utilización frecuente del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, la modificación recurrente de los contratos, el fraccionamiento indebido de los contratos en otros de menor cuantía y la insuficiente precisión y claridad de algunos documentos de licitación y decisiones administrativas.

               (9)

               España ha realizado avances considerables en la reestructuración del sector financiero. Se ha aplicado la Ley de Cajas de Ahorros, para reforzar su gobernanza y reducir las participaciones de control en manos de fundaciones bancarias. La aplicación de los planes de reestructuración de las entidades bancarias beneficiarias de ayudas estatales está muy avanzada. El Banco de España ha modificado el régimen contable de las entidades de crédito y adoptado un nuevo marco para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El nuevo marco permitirá a esta tratar adecuadamente las pérdidas de valor y facilitará que pueda adaptar sus políticas de desapalancamiento en función de supuestos creíbles sobre la evolución del mercado.

               (10)

               Las reformas del mercado laboral emprendidas en los últimos años han aumentado la prontitud de la reacción del empleo al crecimiento económico, y se ha reanudado la creación de puestos de trabajo, sobre la base de una mayor flexibilidad y el mantenimiento de la moderación salarial. Los convenios colectivos han favorecido esta evolución, también al hilo del acuerdo interprofesional firmado en junio de 2015. El reciente aumento del empleo total ha venido impulsado principalmente por los contratos temporales, aunque se está registrando un lento incremento del número de nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la utilización de los incentivos a la nueva contratación permanente es todavía limitada y la proporción de trabajadores temporales sigue siendo una de las más elevadas de la Unión, sin que hayan aumentado las oportunidades al alcance de los trabajadores temporales para progresar hacia un contrato permanente. La corta duración de los contratos temporales limita los incentivos para invertir en capital humano, minando el crecimiento de la productividad. Aunque el desempleo está disminuyendo rápidamente, sigue siendo muy elevado, en particular entre los jóvenes, y su duración media es también muy elevada. La persistencia de índices elevados de desempleo de larga duración implica que la falta de empleo puede hacerse crónica, en detrimento de las condiciones laborales y sociales. Casi el 60 % de los parados de larga duración están poco cualificados, lo que hace necesario impulsar políticas adecuadas de formación y políticas activas y pasivas de empleo, para corregir la inadecuación generalizada de las competencias e impedir que se deprecien las competencias con que cuenta ese grupo. La interacción con los empleadores en la concepción de los programas de formación sigue siendo escasa.

               (11)

               La eficacia de las políticas de activación y de las políticas activas de empleo depende en gran medida de la capacidad de los servicios de empleo para diseñar y ofrecer apoyo individualizado a los beneficiarios. La aplicación de las recientes reformas de las políticas activas del mercado de trabajo está avanzando lentamente y la capacidad de los servicios públicos de empleo para ofrecer ayuda y una orientación individualizada efectiva en la búsqueda de empleo sigue siendo limitada, al igual que la cooperación entre los servicios de empleo de las comunidades autónomas y las agencias de colocación privadas. Además, la cooperación entre los servicios sociales y de empleo es desigual en las distintas comunidades autónomas, lo que dificulta la prestación de asistencia coordinada a las personas más alejadas del mercado laboral, en particular a los perceptores de la renta mínima. Existen diferencias significativas entre las comunidades autónomas respecto a los regímenes de apoyo a la renta, por ejemplo sobre las modalidades de prestación, los requisitos de acceso, la cobertura y la cuantía, mientras que las dificultades para transferir las prestaciones sociales dificultan la movilidad laboral entre comunidades autónomas. Además, la información sobre la transición al empleo desde los regímenes de renta mínima es muy limitada. España está elaborando actualmente un mapa de los regímenes de apoyo a la renta en vigor a nivel nacional y en las comunidades autónomas. Aunque se han introducido algunas medidas, la eficacia de las prestaciones familiares y de vivienda para la reducción de la pobreza sigue siendo limitada, y la falta de servicios de guardería y de cuidados de larga duración adecuados y asequibles desanima a las mujeres, en particular, de incorporarse al mercado laboral.

               (12)

               El cada vez más rápido cambio de la composición sectorial del empleo que España viene registrando desde 2008 se ha visto acompañado por un aumento de la inadecuación de las cualificaciones. El bajo nivel general de cualificación dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido y mina el crecimiento de la productividad. A pesar del gran número de personas con estudios superiores, la oferta de cualificaciones no está suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral, de modo que los índices de empleabilidad de los titulados superiores recientes figuran entre los más bajos de Europa, y gran parte de esos titulados desempeñan ocupaciones que no requieren un título universitario. Además, la cooperación entre las empresas y las universidades sigue siendo escasa, pese a la ligera mejora registrada durante estos cinco últimos años, en parte al hilo de las iniciativas de aumento de la representación de las empresas en los órganos rectores de las universidades. La escasa movilidad académica, la rigidez del sistema de gobernanza universitaria y las trabas administrativas a las que se enfrentan las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) agravan los obstáculos a una cooperación más estrecha.

               (13)

               La política de investigación e innovación en España afronta diversos retos. La interacción entre la investigación pública y privada es escasa. La intensidad de I+D en España (el gasto en I+D como porcentaje del PIB) y los resultados en materia de innovación siguen disminuyendo, con el trasfondo de un número relativamente pequeño de empresas innovadoras e incentivos escasos para la colaboración entre la investigación pública y las empresas. España presenta resultados por debajo de la media en la mayor parte de los indicadores de innovación empresarial. La diferencia en la intensidad del gasto en I+D con respecto al conjunto de la Unión es especialmente significativa por lo que respecta a la inversión privada en I+D (un 0,6 % en España frente al 1,3 % en el conjunto de la Unión). El capital riesgo no está aún muy extendido en España, en particular en la fase de lanzamiento. La escasa coordinación de las políticas de investigación e innovación en España y un fragmentado paisaje de los organismos y programas autonómicos de promoción de las actividades de innovación y fomento de la cooperación entre el mundo científico y las empresas genera importantes dificultades para las empresas, especialmente para las de menor tamaño. La baja participación empresarial en las actividades de innovación podría apuntar a una falta de capacidad absorbente, condiciones marco que propicien la innovación e incentivos. Como se puso de relieve en la evaluación del sistema español de investigación e innovación que publicó en 2014 el Comité del Espacio Europeo de Investigación (CEEI), los sistemas públicos de investigación más eficientes presentan niveles de evaluación y rendición de cuentas más elevados que los del sistema español. En este contexto, la asignación de fondos públicos institucionales para las universidades y los organismos públicos de investigación no suele estar basada en el rendimiento de investigación e innovación, lo que reduce los incentivos para la mejora de la calidad y la pertinencia de la producción científica.

               (14)

               El pequeño tamaño medio de las empresas españolas contribuye a explicar que el nivel de productividad de la economía siga siendo bajo. El crecimiento de las empresas, junto con las mejoras en el capital humano, la innovación, la tecnología, el acceso a la financiación y la eficiencia de la justicia podrían impulsar la productividad agregada. En 2015, la inversión empresarial aumentó, gracias al dinamismo de las condiciones de la demanda, el reducido coste de los préstamos y el saneamiento en curso de los balances de las empresas y los hogares. España ha puesto en marcha varias medidas dirigidas a fomentar el crecimiento empresarial. Por ejemplo, la reciente Ley de Fomento de la Financiación Empresarial tiene por objeto facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación. También se ha hecho obligatoria la evaluación previa del posible impacto de las nuevas disposiciones legislativas en las PYME. Sin embargo, los plazos y el número de permisos exigidos para crear una empresa o poner en marcha algunas actividades económicas siguen siendo relativamente elevados.

               (15)

               Las considerables diferencias que existen entre las prácticas reguladoras de las distintas comunidades autónomas, en particular en materia de concesión de licencias de actividad, pueden limitar la capacidad de expansión de las empresas. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado tiene por objeto reducir los obstáculos al acceso y al ejercicio de las actividades económicas en las distintas comunidades autónomas y mejorar la regulación, lo que podría contribuir significativamente a eliminar los obstáculos a la inversión y simplificar la concesión de licencias a las empresas, facilitando su actividad y su crecimiento. La aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado requiere la plena implicación de todas las administraciones. Sin embargo, aunque ya han transcurrido tres años desde su promulgación, está siendo aplicada con lentitud a nivel autonómico. Del mismo modo, los beneficios de la reforma del sector minorista de 2014 dependen de que los gobiernos autonómicos adopten los actos de ejecución necesarios. Por otra parte, la reducción de los obstáculos que dificultan el acceso al sector de los servicios profesionales puede mejorar la productividad de otros sectores que los utilizan como insumo. Aparte de la transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español, la reforma horizontal del marco que rige las profesiones reguladas y las asociaciones profesionales no ha registrado ningún avance, salvo en el ámbito del visado de proyectos por los colegios profesionales. No se ha aprobado la reforma contemplada en los sucesivos Programas Nacionales de Reformas, que pretendía definir las profesiones de colegiación obligatoria, aumentar la transparencia y el buen gobierno de los colegios profesionales, abrir las actividades reservadas injustificadamente y preservar la unidad de mercado en el acceso y el ejercicio de los servicios profesionales en España.

               (16)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (17)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (18)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Las recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a España que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo, de conformidad con las decisiones y recomendaciones pertinentes en el marco del procedimiento de déficit excesivo, tomando las medidas estructurales necesarias y aprovechando todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Aplicar en todos los niveles de la Administración los instrumentos contemplados en la Ley Marco Presupuestaria. Mejorar los mecanismos de control de la contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación en todos los niveles de la Administración.

               2.

               Adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales. Corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad.

               3.

               Adoptar medidas adicionales que mejoren la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral, entre otras cosas, estimulando la cooperación entre las universidades, las empresas y el sector de la investigación. Aumentar la financiación por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y adoptar medidas para estimular la investigación y la innovación por el sector privado.

               4.

               Acelerar la aplicación a nivel autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Garantizar la aplicación por las comunidades autónomas de las medidas de reforma adoptadas para el sector minorista. Adoptar la reforma prevista de los colegios y servicios profesionales.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 96 de 11.3.2016, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación de decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir

text:
Aviso jurídico importante

|

52007PC0214

Recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir  /* COM/2007/0214 final - CNS 2007/0075 */

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 25.4.2007COM(2007) 214 final2007/0075 (CNS)Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOsobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania[1] de 2005, introduce un sistema simplificado para la adhesión de Bulgaria y Rumania a los convenios (y protocolos) concluidos por los Estados miembros sobre la base del artículo 34 TUE (previamente artículo K.3 TUE) o del artículo 293 CE. En efecto, ya no es necesario negociar y concluir protocolos específicos de adhesión a estos convenios (que habrían requerido la ratificación por parte de 27 Estados): el artículo 3, apartado 3, de la ley establece simplemente que Bulgaria y Rumania se adhieren a estos convenios y protocolos en virtud del Acta de adhesión.El artículo 3, apartados 3 y 4, del Acta de adhesión establece que, a tal efecto, el Consejo adoptará una decisión para determinar la fecha de entrada en vigor de dichos Convenios en Bulgaria y Rumania y para hacer todos los ajustes de los convenios necesarios en virtud de la adhesión de los dos nuevos Estados miembros (que incluirían, en cualquier caso, la adopción de los convenios en las lenguas búlgara y rumana, de modo que estas versiones puedan ser «igualmente auténticas»). El Consejo actuará por recomendación de la Comisión, después de consultar al Parlamento Europeo.El anexo I al Acta de adhesión recoge la lista de los siete convenios y protocolos afectados en el área de Justicia e Interior.La lista incluye el Convenio, de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir.La presente Recomendación de la Comisión con vistas a una Decisión del Consejo tiene por objeto efectuar los ajustes necesarios debido a la adhesión de Bulgaria y Rumania a los convenios y protocolos mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, del Acta de Adhesión.2007/0075 (CNS)Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJOsobre la adhesión de Bulgaria y Rumania al Convenio de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducirEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado de la Unión Europea,Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumania,Vista el Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania (en lo sucesivo el «Acta de adhesión») y en especial su artículo 3, apartado 4,Vista la Recomendación de la Comisión[2],Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],Considerando lo siguiente:1.  El Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir[4] (en lo sucesivo, el «Convenio sobre las decisiones de privación del derecho de conducir») se firmó en Luxemburgo el 17 de junio de 1998 y aún no ha entrado en vigor.2.  El artículo 3, apartado 3, del Acta de adhesión establece que Bulgaria y Rumania se adhieren a los convenios y protocolos concluidos entre los Estados miembros y relacionados en el Anexo I del Acta de adhesión, entre los que figura el Convenio sobre las decisiones de privación del derecho de conducir. Éstos deben entrar en vigor en Bulgaria y Rumania en la fecha fijada por el Consejo.3.  De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Acta de adhesión, el Consejo debe hacer todos los ajustes requeridos en virtud de la adhesión a dichos convenios y protocolos.DECIDE:Artículo 1El Convenio sobre las decisiones de privación del derecho de conducir entrará en vigor en Bulgaria y Rumania en la fecha en la que entre en vigor en los Estados miembros signatarios originales.Artículo 2Los textos búlgaro y rumano del Convenio sobre las decisiones de privación del derecho de conducir que figuran en el anexo serán auténticos en las mismas condiciones que el resto de los textos del presente Convenio.Artículo 3La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Hecho en Bruselas,Por el ConsejoEl PresidenteANEXO Texto del Convenio, de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir en las lenguas búlgara y rumana.[1] DO L 157 de 2005, p. 203.[2] DO C […] de […], p. […].[3] DO C […] de […], p. […].[4] DO C 216 de 10.7.1998, p. 1.