title: Recomendación del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, al Consejo sobre las prioridades de la Unión para el 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2017/2194(INI))

text:
               5.4.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 129/58

      P8_TA(2018)0060
      Prioridades de la Unión para el 62o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
      Recomendación del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, al Consejo sobre las prioridades de la Unión para el 62o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2017/2194(INI))
      (2019/C 129/08)

         El Parlamento Europeo,

                  —

                  Vistos el 62.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, su tema prioritario «Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales» y su tema de examen «La participación de la mujer en los medios de difusión y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos, así como su repercusión en el adelanto y la potenciación de la mujer y su utilización con esos fines»,

                  —

                  Vistos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción para el empoderamiento de las mujeres aprobadas en Pekín y los documentos finales posteriores de los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Pekín + 5, + 10, + 15 y + 20 sobre nuevas acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobados el 9 de junio de 2000, el 11 de marzo de 2005, el 2 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2015, respectivamente,

                  —

                  Visto el artículo 157, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

                  —

                  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea (1),

                  —

                  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (2),

                  —

                  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (3),

                  —

                  Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (4),

                  —

                  Vista la Resolución de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York,

                  —

                  Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (5),

                  —

                  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979,

                  —

                  Vista la Recomendación general n.o 34 (2016) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los derechos de las mujeres rurales,

                  —

                  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017 (6), sobre la adhesión de la Unión a dicho Convenio,

                  —

                  Visto el Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015,

                  —

                  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0022/2018),

                  A.

                  Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión, reconocido en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

                  B.

                  Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las Naciones Unidas es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, y que debe integrarse por completo en la Agenda 2030 para lograr avances en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas; considerando que una de las metas comprendidas en los ODS es «duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres»;

                  C.

                  Considerando que la Unión y sus Estados miembros deben estar a la vanguardia del empoderamiento de las mujeres y las niñas y tienen el deber de trabajar para lograr la plena igualdad de género en el seno de la Unión y de promover este objetivo en todas las relaciones exteriores;

                  D.

                  Considerando que las circunstancias sociales y económicas y las condiciones de vida han cambiado sustancialmente en las últimas décadas y difieren de forma bastante considerable entre unos países y otros;

                  E.

                  Considerando que la falta de medidas gubernamentales contra la desigualdad de género pone en peligro los logros actuales y futuros en este ámbito; que abordar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los estereotipos y las creencias tradicionales es esencial para garantizar el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la pobreza;

                  F.

                  Considerando que la discriminación que sufren las mujeres también afecta a las mujeres del ámbito rural; que la mayoría de las mujeres del mundo viven en zonas rurales y, por ello, están más expuestas a múltiples formas de discriminación por motivos de edad, clase, etnia, raza, discapacidad e identidad de género;

                  G.

                  Considerando que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en las zonas rurales engloba un amplio abanico de empleos que van más allá de la agricultura convencional;

                  H.

                  Considerando que el trabajo de las mujeres rurales a menudo está peor remunerado que el de los hombres a igualdad de rendimiento, que con frecuencia no está reconocido formalmente —como, por ejemplo, en el caso de los cuidados no remunerados—, y que no queda reflejado en el número de mujeres que son titulares de explotaciones agrarias; considerando, no obstante, que las mujeres son agentes clave para lograr los cambios transformadores de índole económica, ambiental y social que son necesarios para el desarrollo sostenible;

                  I.

                  Considerando que las mujeres rurales, que son quienes suelen asumir la responsabilidad principal de los cuidados en sus familias y comunidades, se enfrentan a incontables dificultades para acceder a servicios de cuidado de los niños y las personas mayores de sus familias, lo cual les supone una carga desproporcionada que obstaculiza su integración en el mercado laboral; considerando que la prestación de servicios de cuidados de calidad es esencial para las mujeres y favorece el equilibrio entre vida laboral y vida privada;

                  J.

                  Considerando que las mujeres rurales tienen múltiples dificultades para acceder a servicios de salud públicos adecuados debido a una movilidad limitada y a la falta de acceso al transporte o a medios para contactar con el transporte (por ejemplo, teléfono móvil); considerando la necesidad de unos servicios de salud integrales que aborden el bienestar físico, mental y emocional de las mujeres rurales (por ejemplo, para responder a la violencia de género); que el acceso a los derechos y a la educación en materia de salud sexual y reproductiva es más limitado en las zonas rurales;

                  K.

                  Considerando que mantener pobladas las zonas rurales, prestando especial atención a las zonas con limitaciones naturales, resulta esencial para la sociedad, puesto que de ello dependen la conservación del medio ambiente y del paisaje;

                  L.

                  Considerando que existe un vínculo directo entre la desigualdad de género y el deterioro ambiental;

                  M.

                  Considerando que el cambio climático y sus consecuencias tienen un impacto negativo específico y desmesurado en las mujeres y las niñas de las zonas rurales; que las mujeres rurales son también poderosas agentes del cambio hacia una agricultura más sostenible y ecológica y pueden desempeñar un importante papel en la creación de empleos verdes; considerando que facilitar a las agricultoras un acceso igualitario a la tierra y a otros recursos productivos es fundamental para conseguir la igualdad de género, la seguridad alimentaria y unas políticas climáticas eficaces;

                  N.

                  Considerando que las mujeres jóvenes de las zonas rurales siguen sufriendo desigualdad y se enfrentan a múltiples formas de discriminación; considerando la necesidad de tomar medidas para promover la igualdad efectiva de hombres y mujeres a fin de que existan más oportunidades laborales, también de trabajo por cuenta propia y en el sector de las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas (sector CTIM), que les permitan permanecer en los entornos rurales y, por tanto, asegurar el relevo generacional, garantizando de esta manera la pervivencia del sector agrario y las zonas rurales;

                  O.

                  Considerando que el sector agrario, en el que las mujeres desempeñan una función importante, es esencial para la vitalidad de las zonas rurales y para fomentar el relevo generacional, la cohesión social y el crecimiento económico; que el sector agrario debe producir alimentos seguros, nutritivos y saludables; que dicho sector también contribuye a la diversificación del paisaje, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural;

                  P.

                  Considerando que la nutrición tiene un peso importante en el desarrollo y el bienestar de las niñas; considerando que una mala nutrición genera problemas físicos y mentales, como retrasos en el crecimiento, infertilidad, apatía, fatiga y mala concentración, por lo que reduce el potencial económico de las mujeres y repercute en el bienestar de las familias y de la comunidad en su conjunto;

                  Q.

                  Considerando que las mujeres rurales deben poder participar en los órganos de decisión en el ámbito público; considerando que, para alcanzar la igualdad, es imprescindible una representación equilibrada;

                  R.

                  Considerando que, por lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, hombres y mujeres están expuestos a distintos factores; considerando, por ejemplo, que para valorar los efectos nocivos de productos químicos se realizan cálculos a menudo basados en la complexión de hombres —generalmente con más masa muscular— y que incluso se obvian las recomendaciones específicas para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; considerando, pues, que es necesario tener en cuenta diferentes factores para adoptar medidas que garanticen la salud de las mujeres en el ámbito agrario;

                  S.

                  Considerando que la discriminación también afecta a las mujeres en el sector de los medios de comunicación; que los medios desempeñan una función vital para la sociedad en su conjunto y que, por consiguiente, es deseable que las mujeres, que representan como mínimo el 50 % de la sociedad, participen de forma equitativa en la creación de contenidos y la toma de decisiones en las organizaciones de medios de comunicación;

                  T.

                  Considerando que el papel del sector de los medios de comunicación es esencial para la promoción de la igualdad de género, puesto que los medios no solo reflejan modelos y patrones de comportamiento, sino que también los crean, contribuyendo así de modo significativo a conformar la opinión pública y la cultura;

                  U.

                  Considerando que la cobertura mediática contribuye a que todos los estratos sociales sean ampliamente conscientes de la complejidad de la situación de las mujeres y los hombres;

                  V.

                  Considerando que las mujeres y los niños se ven afectados de manera desproporcionada por los conflictos y que representan la mayor parte de los refugiados alojados en campos o en tránsito en busca de seguridad;

                  W.

                  Considerando que en muchas sociedades las mujeres no tienen el mismo derecho a la tierra y la propiedad por medios legales, lo que recrudece la pobreza y limita su desarrollo económico;

                  X.

                  Considerando que las mujeres transgénero se enfrentan a una discriminación desproporcionada por su identidad de género;

                  Y.

                  Considerando que un mayor apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es una condición indispensable para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;

                  Z.

                  Considerando que las convenciones sociales relativas al papel de las mujeres y de los hombres colocan a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva, y habida cuenta de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina o los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

         1.

            Recomienda al Consejo:

            Condiciones generales para empoderar a mujeres y niñas

                  a)

                  que reconfirme su compromiso inquebrantable con la Plataforma de Acción de Pekín;

                  b)

                  que apoye a las madres empresarias en las zonas rurales, ya que se enfrentan a problemas específicos; que insista en que la promoción del emprendimiento entre estas mujeres no solo puede conllevar una conciliación satisfactoria de la vida profesional y la vida privada, sino que también puede estimular nuevas oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida en las zonas rurales y alentar a otras mujeres a poner en práctica sus propios proyectos;

                  c)

                  que ponga fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y que combata todas las formas de violencia, que representan violaciones graves de sus derechos fundamentales, violaciones que son, a su vez, consecuencia directa de dicha discriminación;

                  d)

                  que implique a todos los Gobiernos y les exija la elaboración de programas dirigidos a la erradicación de la violencia sexual y de género y de prácticas nocivas tales como el matrimonio infantil, precoz y forzado, la mutilación genital femenina y la trata de seres humanos;

                  e)

                  que pida a los Estados miembros que luchen contra los estereotipos de género e inviertan en el acceso de las mujeres y las niñas a una educación, un aprendizaje permanente y una formación profesional adaptados a sus necesidades, en especial en zonas rurales y en particular en el sector CTIM, así como a la iniciativa empresarial y la innovación, ya que estos ámbitos son herramientas importantes para alcanzar los ODS y para promover la igualdad en los sectores agrario y de la alimentación, así como en el turismo y en otros sectores en las zonas rurales;

                  f)

                  que diseñe políticas destinadas a erradicar la pobreza y garantizar un nivel de vida adecuado para grupos particularmente vulnerables, como las mujeres y las niñas, especialmente a través de sistemas de protección social;

                  g)

                  que promueva la información, medidas de asistencia técnica y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros sobre la instauración de un estatuto profesional para cónyuges colaboradores del sector agrario que les permita disfrutar de derechos individuales, tales como, en particular, permiso de maternidad, cobertura social en caso de accidente laboral, acceso a formación y derechos de pensión;

                  h)

                  que elimine la brecha salarial de género, la brecha de ingresos (ganancias) a lo largo de toda la vida y la brecha de pensiones;

                  i)

                  que pida a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen el acceso universal a servicios adecuados de cuidado de la infancia y las personas mayores en las zonas rurales;

                  j)

                  que pida a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que proporcionen instalaciones y servicios públicos y privados asequibles y de calidad para la vida cotidiana, en especial en las zonas rurales y atendiendo en particular a los ámbitos de la salud, la educación y los cuidados; señala que ello exigiría la puesta a disposición de infraestructuras para el cuidado de los niños en el ámbito rural, servicios de atención médica, centros educativos, residencias para personas mayores y dependientes, servicios de sustitución en caso de enfermedad o maternidad y servicios culturales;

                  k)

                  que garantice la incorporación de la perspectiva de género —en cuanto herramienta para integrar el principio de la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la discriminación— en todas las políticas y programas dotándolos de recursos financieros y humanos adecuados;

                  l)

                  que movilice los recursos necesarios para lograr la igualdad mediante la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones, en particular a través de la presupuestación de género en cuanto herramienta para integrar el principio de la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la discriminación;

                  m)

                  que garantice la plena participación del Parlamento y de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el proceso de toma de decisiones sobre la posición de la Unión en el 62.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas;

            Empoderamiento de las mujeres rurales

                  n)

                  que recuerde que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer introduce la obligación de eliminar la discriminación directa e indirecta contra las mujeres a través de medidas legales, políticas y programáticas en todas las esferas de la vida y que su artículo 14 es la única obligación internacional que aborda las necesidades específicas de las mujeres en las zonas rurales;

                  o)

                  que se asegure de que las mujeres y las niñas rurales reciban una educación formal e informal accesible, asequible y de calidad, incluidas formaciones que les permitan adquirir o seguir desarrollando capacidades de gestión, alfabetización financiera, económicas, comerciales y empresariales, así como educación política, cívica y ciudadana y formación tecnológica y sobre agricultura sostenible; que garantice que las mujeres tengan las mismas oportunidades y libertad de elección respecto de la carrera profesional a la que deseen dedicarse;

                  p)

                  que garantice que las mujeres y las niñas rurales puedan acceder fácilmente a créditos y recursos productivos y que reciban apoyo en sus iniciativas empresariales y de innovación;

                  q)

                  que salvaguarde el derecho y el acceso a una atención sanitaria universal y de calidad que tenga en cuenta las diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres y se adecue a las necesidades de las mujeres y las niñas rurales, en particular por lo que respecta a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

                  r)

                  que condene todas las formas de violencia contra las mujeres y garantice que no se prive a ninguna de las víctimas en zonas rurales y aisladas de un acceso igualitario a la asistencia;

                  s)

                  que mejore la eficacia, la transparencia y la naturaleza democrática de las instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales que apoyan y refuerzan el papel de las mujeres rurales, garantizando la presencia de estas mediante una participación igualitaria;

                  t)

                  que facilite la transición de las mujeres rurales de la economía informal a la formal, y reconozca que las mujeres en las zonas rurales trabajan en una variedad de campos y son a menudo agentes del cambio hacia una agricultura sostenible y ecológica, la seguridad alimentaria y la creación de empleos verdes;

                  u)

                  que planifique y aplique políticas agrícolas resilientes frente al clima, que tengan debidamente en cuenta las amenazas específicas a las que las mujeres rurales se enfrentan como consecuencia de desastres naturales o provocados por el ser humano;

                  v)

                  que garantice la participación de las mujeres y las niñas rurales en la toma de decisiones relativa a la planificación de todas las fases de los desastres y otras crisis, y a la respuesta a estos, desde la alerta temprana al socorro, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, y que garantice su protección y seguridad en caso de desastres y otras crisis;

                  w)

                  que tome todas las medidas necesarias para garantizar que las mujeres rurales disfruten de un ambiente seguro, limpio y saludable;

                  x)

                  que ofrezca infraestructura y servicios públicos accesibles y de calidad para las mujeres y las comunidades rurales y que invierta en su desarrollo y mantenimiento;

                  y)

                  que facilite el desarrollo digital, ya que puede contribuir de forma considerable a la creación de empleos nuevos, simplificando el acceso al trabajo autónomo, impulsando la competitividad y el desarrollo del turismo y favoreciendo una mejor conciliación del trabajo y la vida familiar;

                  z)

                  que apoye las actividades en curso de los grupos comunitarios locales y la creación de otros nuevos, que deberían reunirse periódicamente para debatir los problemas y desafíos ligados al desarrollo y emprender acciones constructivas;

                  aa)

                  que pida a los Estados miembros, los interlocutores sociales y la sociedad civil que apoyen y promuevan la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en los órganos de dirección de asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales y sindicales en los ámbitos de la política rural, sanitario, educativo y agrario, así como en los órganos de gestión y representación mediante una presencia igualitaria;

                  ab)

                  que reconozca y respalde el papel activo de las mujeres en las zonas rurales y su contribución a la economía como empresarias, jefas de empresas familiares y promotoras del desarrollo sostenible;

                  ac)

                  que garantice los derechos de propiedad de las mujeres rurales, en particular su derecho a ser propietarias de explotaciones agrarias y a heredar tierras, que constituyen una herramienta importante para su empoderamiento económico y les permiten participar plenamente en el desarrollo de las zonas rurales y beneficiarse de él;

                  ad)

                  que garantice el acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos, las plataformas electrónicas, los mercados, los establecimientos comerciales y los servicios financieros; que impulse los mercados locales, de proximidad y tradicionales —incluidas las plazas de abastos—, al tratarse de lugares en los que habitualmente las mujeres tienen más posibilidades de comercializar directamente sus productos, lo que redunda en un mayor empoderamiento económico;

                  ae)

                  que promueva el empleo de las mujeres en el sector CTIM, en concreto en puestos que contribuyan a la economía circular y a luchar contra el cambio climático;

                  af)

                  que desarrolle políticas de empleo, servicios y programas dirigidos a atender las situaciones precarias de aquellas mujeres rurales que a menudo trabajan en el sector informal y que pueden enfrentarse a múltiples formas de discriminación interseccional por sexo, edad, clase, religión, etnia, discapacidad o identidad de género; que proporcione asistencia y apoyo adaptados a sus necesidades e intereses;

                  ag)

                  que establezca programas que garanticen que las mujeres y sus familias tengan acceso a sistemas universales de protección social que incidan en su futura situación de jubilación y contribuyan así a reducir la brecha de las pensiones, de naturaleza pluridimensional;

                  ah)

                  que recopile datos desglosados por género y elabore estadísticas sobre valores, situaciones, condiciones y necesidades de las mujeres rurales que permitan formular unas políticas adecuadas; que lleve un seguimiento periódico de la situación de las mujeres en las zonas rurales;

                  ai)

                  que inste a la ratificación y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido su artículo 6 titulado «Mujeres con discapacidad»; que garantice la accesibilidad de productos, infraestructuras y servicios;

                  aj)

                  que pida a la Comisión, a los Estados miembros y a los Gobiernos regionales y locales que proporcionen instalaciones y servicios públicos y privados asequibles y de calidad orientados a la vida cotidiana en las zonas rurales y que creen las condiciones necesarias para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las mujeres en las zonas rurales, en particular garantizando la disponibilidad de instalaciones de cuidados adecuadas para personas dependientes, una atención médica accesible y transporte público;

                  ak)

                  que subraye la importancia de incluir, en las políticas de la Unión, salvaguardias sobre las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres contratadas como trabajadoras estacionales en el sector agrario, especialmente en lo que respecta a la necesidad de que dispongan de protección social, seguro de salud y atención sanitaria; que aliente a las autoridades regionales, locales y nacionales y otras instituciones a garantizar los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes y estacionales y sus familias, en especial de las mujeres y las personas vulnerables, y a fomentar su integración en la comunidad local;

            Participación de la mujer en los medios de difusión y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos, así como su repercusión en el adelanto y la potenciación de la mujer y su utilización con esos fines

                  al)

                  que garantice el acceso a una infraestructura y unos servicios fiables de internet de banda ancha y alta velocidad; que invierta en nuevas tecnologías en las zonas rurales y el sector agrario y fomente su uso; que reconozca los importantes beneficios sociales, psicológicos y económicos que ello aporta; que insista en el desarrollo de un enfoque global (la «aldea digital»); que fomente la igualdad de oportunidades en el acceso a estas nuevas tecnologías y en la formación para utilizarlas;

                  am)

                  que preste atención a la presencia y el avance de las mujeres en los medios de comunicación y a los contenidos mediáticos no estereotipados;

                  an)

                  que anime a los organismos públicos de medios de comunicación a que establezcan sus propias políticas de igualdad, que prevean una representación equilibrada de hombres y mujeres sus órganos decisorios;

                  ao)

                  que vele por que se luche de manera eficaz, con el debido respeto a la libertad de expresión, contra la creciente sexualización de la imagen de las mujeres y las niñas en los medios de comunicación;

                  ap)

                  que anime a las organizaciones de medios de comunicación a que eviten los procedimientos propios de culturas organizativas a menudo incompatibles con la conciliación de la vida laboral y privada;

                  aq)

                  que aborde la brecha salarial de género en el sector de los medios de comunicación a través de medidas contra la discriminación que garanticen la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un mismo trabajo;

                  ar)

                  que adopte todas las medidas necesarias contra los actos violentos dirigidos a los periodistas de investigación, prestando especial atención a las periodistas, que suelen ser más vulnerables;

         2.

            Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

         (1)  DO C 316 de 22.9.2017, p. 182.

         (2)  DO C 50 de 9.2.2018, p. 25..

         (3)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0028.

         (4)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0099.

         (5)  DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.

         (6)  Textos Aprobados, P8_TA(2017)0329.


title: Recomendación del Consejo, de 9 de abril de 2019, sobre la política económica de la zona del euro

text:
               12.4.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 136/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de abril de 2019
      sobre la política económica de la zona del euro
      (2019/C 136/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  La zona del euro ha entrado en su sexto año de crecimiento económico ininterrumpido y se está cerrando la brecha de producción negativa. No obstante, están aumentando los riesgos asociados a las perspectivas económicas y se espera una moderación del crecimiento. El crecimiento potencial sigue siendo bajo en comparación con los niveles registrados en las últimas décadas y persisten divergencias entre países como resultado de importantes diferencias en materia de resiliencia económica. El incremento de los salarios reales sigue siendo moderado y ha sido inferior al de la productividad. El incremento de los salarios nominales y la inflación básica están registrando un repunte paralelamente a una expansión continuada del empleo, pero en algunos Estados miembros subsisten bolsas de infrautilización de la mano de obra o de desempleo elevado, mientras que en otros la oferta de mano de obra es escasa. La zona del euro ha registrado un amplio superávit de su balanza por cuenta corriente durante los últimos cinco años, resultado de la dinámica de sus exportaciones y de la mejora de su competitividad, aunque las divergencias entre países siguen siendo importantes en el sector exterior. Los Estados miembros que han registrado un amplio déficit exterior durante mucho tiempo todavía presentan una posición de inversión internacional neta muy negativa, que, al venir generalmente acompañada de elevados niveles de deuda pública o privada, representa un factor de vulnerabilidad. Tal como se indica en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta adoptado por la Comisión el 21 de noviembre de 2018, Un ritmo de desapalancamiento adecuado, unas condiciones favorables desde el punto de vista del crecimiento y la inflación y la realización continuada de reformas encaminadas a incrementar la productividad son elementos esenciales para lograr el reequilibrio de la zona del euro. También es importante una dinámica favorable a la demanda, y los Estados miembros con amplio superávit también contribuirían al reequilibrio reforzando las condiciones que respaldan las subidas salariales, dentro del respeto del papel de los interlocutores sociales, así como la inversión pública y privada.

                  (2)

                  El aumento del crecimiento potencial a largo plazo y la reducción de las disparidades nacionales y regionales requieren nuevos incrementos de las tasas de actividad, unas reformas estructurales favorables al crecimiento y una inversión en activos materiales e inmateriales a fin de aumentar la productividad y la innovación, particularmente en aquellos Estados miembros con un crecimiento potencial claramente inferior a la media de la zona del euro. Esto es importante para reforzar la cohesión económica, social y territorial en la zona del euro.

                  (3)

                  La coherencia y el equilibrio en la combinación de políticas macroeconómicas de la zona del euro, en particular en los ámbitos monetario, presupuestario y estructural, son esenciales para lograr un crecimiento económico robusto, integrador y sostenible. En los últimos años, el Banco Central Europeo ha recurrido a instrumentos de política monetaria no convencionales para reorientar la inflación hacia su objetivo a medio plazo, respaldando al mismo tiempo el crecimiento y la creación de empleo. Es necesario aplicar unas políticas presupuestarias convenientemente diferenciadas y centrarse en la realización de reformas estructurales para seguir respaldando el crecimiento a corto y largo plazo.

                  (4)

                  El refuerzo de la sostenibilidad presupuestaria de la zona del euro y de los Estados miembros de la zona del euro requiere unas políticas nacionales diferenciadas que respeten plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta el margen de maniobra presupuestario y los efectos indirectos entre países. La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales sobre la base de las normas presupuestarias comunes es fundamental para el funcionamiento adecuado de la unión económica y monetaria. Las normas presupuestarias comunes van encaminadas a alcanzar la sostenibilidad de la deuda a nivel nacional, preservando al mismo tiempo un margen de maniobra para la estabilización macroeconómica. La orientación presupuestaria de la zona del euro fue por término medio globalmente neutral en el período 2015-2018 y, según las previsiones de la Comisión, sería ligeramente expansionista en 2019, a pesar de que la producción es superior a la potencial. La reconstitución de las reservas presupuestarias es especialmente importante para los Estados miembros que aún tienen altos niveles de deuda pública, ya que ello también reduciría su vulnerabilidad frente a las perturbaciones y permitiría el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos en la próxima fase descendente del ciclo. El aumento de la inversión pública, particularmente en los Estados miembros con margen de maniobra presupuestario y bajos niveles de inversión pública, favorecería el crecimiento y el reequilibrio de la economía.

                  (5)

                  Unas reformas estructurales presupuestarias siguen siendo fundamentales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el refuerzo del potencial de crecimiento económico. Un mejor funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales, una buena gestión de las revisiones del gasto y unos procedimientos de contratación pública eficaces y transparentes pueden reforzar la eficiencia y la eficacia del gasto público y la credibilidad de las políticas presupuestarias. Una mejora de la composición de los presupuestos nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, mediante, entre otros, la reasignación de recursos hacia la inversión, aumentaría el efecto de los presupuestos públicos sobre el crecimiento e incrementaría la productividad a más largo plazo. La simplificación y modernización de los sistemas fiscales y la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, particularmente a través de medidas contra la planificación fiscal abusiva, son esenciales para lograr que los sistemas fiscales sean más justos y eficientes. Garantizar que los sistemas tributarios favorezcan la profundización del mercado único y fomenten la competencia entre empresas es esencial para mejorar el entorno empresarial y la resiliencia de las economías de la zona del euro y de los Estados miembros. A este fin contribuiría la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades.

                  (6)

                  Las características estructurales e institucionales de los mercados de trabajo y de productos y el buen funcionamiento de las administraciones públicas son importantes para la resiliencia de los Estados miembros de la zona del euro. Unas estructuras económicas resilientes impiden que las perturbaciones tengan efectos significativos y duraderos sobre los ingresos y la oferta de trabajo. Dichas estructuras pueden facilitar la ejecución de la política monetaria y presupuestaria y limitar las divergencias, creando así las condiciones para un crecimiento sostenible e inclusivo. Una mejor coordinación y aplicación de las reformas estructurales, particularmente las preconizadas en las recomendaciones específicas por país, puede generar efectos indirectos positivos entre los Estados miembros y reforzar los efectos positivos en toda la zona del euro. Las reformas que aumentan la convergencia en los mercados de productos, promueven la eficiencia de recursos y mejoran el entorno empresarial y la calidad de las instituciones, en particular la eficacia del sistema judicial, refuerzan la resiliencia económica de la zona del euro y de los Estados miembros. El mercado único, que ha demostrado ser un importante motor de crecimiento y convergencia entre los Estados miembros, todavía encierra un considerable potencial no aprovechado, y se requieren progresos para profundizarlo, especialmente en los sectores de los servicios, las actividades digitales, la energía y el transporte, garantizando de esta forma la aplicación oportuna y una mejor ejecución de la legislación.

                  (7)

                  El pilar europeo de derechos sociales establece veinte principios para favorecer la igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión sociales. Las reformas que promueven la participación en el mercado laboral, facilitan las transiciones en el mercado laboral, promueven la creación de empleo de calidad y reducen la segmentación, pueden contribuir a estimular el crecimiento integrador, mejorar la resiliencia económica y la estabilización automática, reducir las desigualdades, hacer frente a la pobreza y la exclusión social y afrontar los retos que plantea una economía en constante cambio. Una ayuda individualizada en materia de búsqueda de empleo, formación y reciclaje puede permitir una vuelta al mercado de trabajo eficaz y rápida. El acceso a una formación y enseñanza de alta calidad durante toda la vida es esencial y requiere inversiones adecuadas en capacidades y capital humano, especialmente dirigidas a los trabajadores poco cualificados. Estas reformas e inversiones mejoran la empleabilidad, la innovación, la productividad y los salarios a medio y largo plazo, aumentando la resiliencia de la zona del euro y fomentando la inclusión social y la movilidad dentro de los Estados miembros y en toda la zona del euro. La presión fiscal en la zona del euro es relativamente elevada y está sesgada en detrimento del factor trabajo. Desplazarla hacia otras modalidades de base imponible menos negativas para el crecimiento, tales como los impuestos sobre los inmuebles o sobre el consumo o los impuestos medioambientales, podría reforzar la oferta y la demanda de empleo. La legislación de protección del empleo debe ofrecer condiciones de trabajo equitativas y dignas a todos los trabajadores, teniendo en cuenta especialmente las nuevas formas de empleo y los nuevos tipos de contratos que están apareciendo y que proporcionan nuevas oportunidades, aunque también plantean problemas relativos a la seguridad del empleo y al alcance de la protección social.
                  Unos sistemas de protección social eficaces y sostenibles también son fundamentales para garantizar unos ingresos adecuados y el acceso a servicios de calidad. Las reformas de los sistemas de pensiones y las políticas de conciliación entre vida profesional y privada son también determinantes para fomentar la participación en el mercado de trabajo. Unas restricciones innecesarias de la movilidad profesional, sectorial y geográfica pueden dificultar la reasignación de la mano de obra dentro de los Estados miembros y en toda la zona del euro. Es esencial la participación de los interlocutores sociales en las reformas laborales y sociales y en las reformas económicas asociadas.

                  (8)

                  Aunque desde la crisis se ha fortalecido el sector financiero de la zona del euro, subsisten vulnerabilidades que conviene subsanar. La deuda del sector privado se mantiene elevada y los sistemas tributarios siguen estando caracterizados por un sesgo en favor de la financiación mediante deuda. Los fuertes aumentos de los rendimientos de las obligaciones soberanas podrían erosionar el capital de los bancos, lo que podría tener efectos de contagio negativos en toda la zona del euro. La necesidad de adaptar los modelos empresariales de los bancos, el entorno de bajos tipos de interés y el aumento de la competencia de otras formas de financiación siguen ejerciendo presión sobre la rentabilidad de los bancos. Se ha progresado de manera sostenida en materia de reducción de riesgos, especialmente en la reducción de préstamos no productivos y en la acumulación de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles. Sin embargo, los porcentajes nacionales de préstamos no productivos situadas muy por encima de la media de la zona del euro requieren nuevos esfuerzos sostenidos. En marzo de 2018, la Comisión presentó un conjunto de medidas de reducción del riesgo con vistas tanto a abordar la cuestión de los préstamos no productivos heredados del pasado como a evitar el riesgo de una nueva acumulación de estos en el futuro. El conjunto de medidas para el sector bancario de noviembre de 2016, que persigue lograr una mayor reducción de los riesgos mediante la aplicación de las normas internacionales en materia de reservas de capital, subordinación de pasivos y liquidez de los bancos, manteniendo el equilibrio de la solución transaccional del Consejo, es importante para seguir reduciendo riesgos y, con ello, repartiéndolos.
                  A raíz de graves incumplimientos de las normas contra el blanqueo de capitales, la Comisión propuso medidas dirigidas a reforzar la Autoridad Bancaria Europea y la cooperación en materia de supervisión para fortalecer la aplicación del marco reglamentario en este ámbito. Se han logrado progresos significativos en el establecimiento de la Unión Bancaria, como por ejemplo con el reciente acuerdo sobre la puesta en marcha de un mecanismo común de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución Bancaria, pero sigue estando incompleta. Existen ciertas limitaciones en la configuración actual de inyección de liquidez para la resolución y falta un sistema común de garantía de depósitos y un mecanismo común de protección para el Fondo Único de Resolución Bancaria (FURB), con lo que la capacidad de la Unión Bancaria para romper el vínculo existente entre los bancos y los emisores soberanos se ve menoscabada.

                  (9)

                  El refuerzo de la estructura de la UEM requiere que se completen de forma prioritaria la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales, pero también medidas relativas a todos los demás elementos de la declaración de la Cumbre del Euro de 14 de diciembre de 2018. En diciembre de 2017 y mayo de 2018, la Comisión publicó una serie de propuestas de nuevas medidas encaminadas a la realización de la UEM, cabiendo citar las relativas a la creación de una Función Europea de Estabilización de las Inversiones y de un Programa de Apoyo a las Reformas (presentadas en el marco financiero plurianual). Estas propuestas se basan en el documento de reflexión sobre la profundización de la UEM de mayo de 2017 y en el Informe de los Cinco Presidentes de junio de 2015. Durante la Cumbre del Euro del 13 y 14 de diciembre de 2018 se tomaron decisiones sobre la Unión Bancaria y sobre un mayor desarrollo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que, según acordaron los dirigentes de la Cumbre del Euro, proporcionará el mecanismo común de protección presupuestaria del Fondo Único de Resolución a más tardar al final del período de transición.
                  Se avanzará en la preparación de las modificaciones necesarias al Tratado del MEDE (incluido el mecanismo común de protección presupuestaria del Fondo Único de Resolución, a partir de la ficha descriptiva refrendada por los dirigentes de la Cumbre del Euro. El mecanismo común de protección presupuestaria se presentará con anterioridad, siempre que se haya avanzado lo suficiente en materia de reducción de riesgos, según una evaluación que se realizará en 2020. Se seguirá trabajando durante el primer semestre de 2019, en particular mediante la creación de un grupo de trabajo de alto nivel sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y continuando con el establecimiento de la inyección de liquidez para la resolución. También se seguirá trabajando en el diseño, las modalidades de ejecución y el calendario de un instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona del euro y, con carácter voluntario, para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro participantes en el mecanismo de tipos de cambio II (MTC II). Las características del instrumento se acordarán en junio de 2019. El instrumento se adoptará conforme al procedimiento legislativo, según disponen los Tratados, a partir de la propuesta de la Comisión pertinente, que se modificará en caso necesario. Todas estas reformas podrían contribuir a fortalecer el papel internacional del euro, haciéndolo más acorde con la importancia económica y financiera a nivel mundial de la zona del euro. Es importante que estas reformas se debatan de forma abierta y transparente para con los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, respetando plenamente el mercado interior de la Unión.

                  (10)

                  Se ha consultado al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social sobre los aspectos sociales y relativos al empleo de la presente Recomendación,

            RECOMIENDA que, en el período 2019-2020, los Estados miembros de la zona del euro adopten individual y colectivamente medidas en el Eurogrupo, con el fin de:

                  1.

                  Profundizar el mercado único, mejorar el entorno empresarial y la calidad de las instituciones y llevar a cabo reformas de los mercados de productos y de servicios que fomenten la resiliencia. Reducir la deuda externa y realizar reformas que estimulen la competitividad, especialmente mediante la productividad de los Estados miembros de la zona del euro con déficit de la balanza por cuenta corriente o altos niveles de deuda exterior, y reforzar las condiciones que respaldan las subidas salariales en el respeto al papel de los interlocutores sociales. Aplicar medidas que promuevan la inversión en los Estados miembros de la zona del euro con amplio superávit de la balanza por cuenta corriente.

                  2.

                  Apoyar la inversión pública y privada y mejorar la calidad y la composición de las finanzas públicas en todos los países al tiempo que se aplican políticas de manera plenamente respetuosa con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Reconstituir las reservas presupuestarias, especialmente en los Estados miembros de la zona del euro con altos niveles de deuda pública, Apoyar y aplicar actuaciones de la UE para luchar contra la planificación fiscal abusiva.

                  3.

                  Aliviar la presión fiscal existente sobre el factor trabajo y reforzar los sistemas de enseñanza y formación y la inversión en capacidades. Mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que contribuyan al logro de las transiciones en el mercado laboral. Promover la creación de empleos de calidad, abordar la segmentación del mercado laboral. Garantizar unos sistemas de protección social adecuados y sostenibles en toda la zona del euro.

                  4.

                  Dotar de operatividad al mecanismo de protección presupuestaria del Fondo Único de Resolución y adelantarlo, siempre que se haya avanzado lo suficiente en la reducción de riesgos. Proseguir el trabajo en relación con el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, en particular mediante la creación de un grupo de trabajo de alto nivel. Fortalecer el marco europeo de reglamentación y supervisión. Avanzar en la adopción de soluciones para superar las limitaciones de la configuración actual de la inyección de liquidez para la resolución. Promover una reducción ordenada de los grandes niveles de deuda privada. Seguir reduciendo rápidamente el nivel de los préstamos no productivos de la zona del euro e impedir su acumulación, particularmente eliminando el sesgo de la tributación en favor de la financiación mediante deuda. Dar pasos ambiciosos en materia de Unión de los Mercados de Capitales.

                  5.

                  Avanzar rápidamente hacia la profundización de la unión económica y monetaria, a partir de la declaración de la Cumbre del Euro del 14 de diciembre de 2018, con el objetivo asimismo de reforzar el papel internacional del euro, teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión y las iniciativas de los Estados miembros, respetando plenamente al mismo tiempo el mercado interior de la Unión y de manera abierta y transparente hacia los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

         Hecho en Luxemburgo, el 9 de abril de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            G. CIAMBA

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.


title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 27 de junio de 2019 sobre las vulnerabilidades a medio plazo del sector inmobiliario residencial de Dinamarca (JERS/2019/5)2019/C 366/02

text:
               30.10.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 366/7

      RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
      de 27 de junio de 2019
      sobre las vulnerabilidades a medio plazo del sector inmobiliario residencial de Dinamarca
      (JERS/2019/5)
      (2019/C 366/02)
      LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico  (1)
         , en particular los artículos 3, 16, 17 y 18,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El sector inmobiliario desempeña un papel destacado en la economía y su evolución puede influir de forma sustancial en el sistema financiero. Anteriores crisis financieras demostraron que la evolución no sostenible de los mercados inmobiliarios puede afectar gravemente a la estabilidad del sistema financiero y de la economía en su conjunto, lo que también puede dar lugar a efectos de contagio transfronterizo adverso. La evolución adversa de los mercados inmobiliarios de algunos Estados miembros dio lugar a grandes pérdidas crediticias y tuvo efectos negativos en la economía real. Estas consecuencias muestran que existe una interacción estrecha entre el sector inmobiliario, los financiadores y otros sectores económicos. Además, la sólida información de retorno entre el sistema financiero y la economía real agudiza toda evolución negativa.

                  (2)

                  Estos vínculos son importantes porque significan que los riesgos que se originan en el sector inmobiliario pueden tener consecuencias sistémicas de carácter procíclico. Las vulnerabilidades del sistema financiero tienden a acumularse durante la fase de expansión del ciclo inmobiliario. La percepción de que los riesgos son menores y de que el acceso a la financiación es más fácil puede contribuir a la rápida expansión del crédito y la inversión, así como a un aumento de la demanda de bienes inmuebles, ejerciendo así una presión al alza sobre sus precios. Puesto que el consiguiente aumento de los valores de los activos de garantía fomenta la demanda y oferta de crédito, esta dinámica autoalimentada puede tener consecuencias sistémicas. En cambio, durante la fase descendente del ciclo inmobiliario, unas condiciones de crédito más estrictas, una mayor aversión al riesgo y las presiones bajistas sobre los precios inmobiliarios pueden afectar negativamente a la resiliencia de los prestatarios y prestamistas, degradando así las condiciones económicas.

                  (3)

                  Las vulnerabilidades del sector inmobiliario residencial pueden provocar riesgos sistémicos y afectar a la estabilidad financiera directa o indirectamente. Son efectos directos las pérdidas de las carteras hipotecarias debidas a condiciones económicas o financieras adversas y a una evolución negativa simultánea del mercado inmobiliario residencial. Los efectos indirectos pueden relacionarse con ajustes del consumo de los hogares que tengan otras repercusiones en la economía real y en la estabilidad financiera.

                  (4)

                  Según el considerando 4 de la Recomendación JERS/2013/1 (2), el objetivo final de la política macroprudencial es contribuir a la protección de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, incluso mediante el refuerzo de la capacidad de resistencia del sistema financiero y la atenuación de los riesgos sistémicos, garantizando así una aportación sostenible del sector financiero al crecimiento económico.

                  (5)

                  Con este objetivo y dependiendo de la evaluación de los riesgos, las autoridades macroprudenciales pueden aplicar una o varias de las medidas macroprudenciales basadas en el capital que se establecen en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), o medidas macroprudenciales basadas en los prestatarios y que son exclusivamente de derecho interno. Mientras que las medidas basadas en el capital buscan fundamentalmente aumentar la resiliencia del sistema financiero, las medidas basadas en los prestatarios pueden ser especialmente apropiadas para evitar una mayor acumulación de riesgos sistémicos.

                  (6)

                  Además, la Recomendación JERS/2013/1 recomienda a los Estados miembros que establezcan un marco legal que permita a las autoridades macroprudenciales disponer del control directo, o de facultades de recomendación, sobre los instrumentos macroprudenciales a que se refiere dicha recomendación.

                  (7)

                  En 2016 la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) evaluó las vulnerabilidades del sector inmobiliario residencial al nivel de la Unión (5). Esta evaluación permitió a la JERS detectar que ciertas vulnerabilidades a medio plazo de varios países eran una fuente de riesgo sistémico para la estabilidad financiera, y la llevó a emitir avisos para ocho países, incluida Dinamarca (6).

                  (8)

                  En 2016 la principal vulnerabilidad detectada en el sector inmobiliario residencial de Dinamarca fue el elevado nivel de endeudamiento de los hogares. Buena parte de los deudores hipotecarios estaban sujetos a tipos de interés variables o sus deudas excedían el valor de sus viviendas, por lo que eran vulnerables a condiciones económicas o financieras adversas o a una evolución adversa del mercado inmobiliario residencial. Aunque no había indicios generales de sobrevaloración, los precios de la vivienda habían subido mucho, sobre todo en las principales ciudades, y estaban cerca de los niveles anteriores a la crisis.

                  (9)

                  La JERS ha concluido recientemente una evaluación sistemática y prospectiva de las vulnerabilidades del sector inmobiliario residencial al nivel del Espacio Económico Europeo (EEE) (7).

                  (10)

                  En cuanto a Dinamarca, esta reciente evaluación ha puesto de manifiesto que, desde 2016, aunque el endeudamiento de los hogares ha disminuido, se mantiene en uno de los niveles más altos del EEE. Es significativo, además, el porcentaje actual de préstamos hipotecarios con amortización diferida, que hace a los hogares más vulnerables estructuralmente a condiciones económicas o financieras adversas o a una evolución adversa del mercado inmobiliario residencial. Asimismo, aunque el aumento del precio de la vivienda se ha ralentizado y los precios de los pisos en Copenhague se han estabilizado en los últimos años, la dinámica previa ha originado bolsas de sobrevaloración en las principales ciudades, sobre todo en Copenhague. En esta situación, el requisito legal de hacer un pago inicial mínimo del 5 %, establecido en 2015, proporciona un activo adicional (aun limitado) para el caso de que bajen los precios de la vivienda.

                  (11)

                  En 2018 la legislación sobre protección de los consumidores estableció restricciones a la concesión de préstamos hipotecarios residenciales a deudores hipotecarios con una ratio deuda-ingresos (DTI) (antes de impuestos) superior a 4 y con una ratio préstamo-valor (LTV) superior al 60 %, consistentes en lo siguiente: a) los tipos de interés han de ser fijos por un período mínimo de 5 años, y b) la amortización diferida solo es posible si el tipo de interés es fijo por un período mínimo de 30 años. Además, en 2014 se anunció la creación del denominado «diamante supervisor» para entidades de crédito hipotecario, que establece una serie de valores de referencia y límites para determinadas áreas de riesgo de la actividad bancaria, y que pretende que antes de 2018 y 2020 mejore la calidad crediticia del stock de préstamos hipotecarios, con lo que afecta a la producción de nuevos préstamos. Asimismo, en 2018 se incrementó dos veces el porcentaje de colchón anticíclico requerido: del 0 % al 0,5 % desde el 1 de marzo de 2019, y del 0,5 % al 1 % desde septiembre de 2019. Además, la Junta danesa de riesgo sistémico recomendó un tercer incremento, del 1 % al 1,5 % desde junio de 2020, y que el porcentaje llegara a un máximo del 2,5 % a menos que cambiara significativamente la acumulación de riesgos del sistema financiero danés. Por último, la Finanstilsynet (autoridad danesa encargada de la supervisión financiera) ha adoptado una orientación que exige cautela a las entidades de crédito cuando practiquen la evaluación crediticia de los hogares para concederles préstamos hipotecarios en áreas geográficas donde los precios de los inmuebles residenciales estén subiendo.

                  (12)

                  Pese a las medidas macroprudenciales aplicadas, y dado el elevado nivel de endeudamiento de los hogares y el número significativo de deudores hipotecarios que son vulnerables a condiciones económicas adversas o a una evolución adversa del mercado inmobiliario residencial, es posible que las actuales medidas basadas en el capital no basten para corregir las vulnerabilidades acumuladas. Si aumentan las vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento de los hogares, con la sobrevaloración de la vivienda y con los criterios de concesión de crédito, puede ser necesario a medio plazo reforzar las medidas vigentes basadas en los prestatarios o activar medidas adicionales de esta clase.

                  (13)

                  Aunque las vulnerabilidades detectadas en Dinamarca responden en buena medida a factores cíclicos, también han sido impulsadas por factores estructurales, que plantean un mayor riesgo sistémico, como los siguientes: i) la compleja regulación del mercado de alquiler, con límites a las rentas en un porcentaje significativo de los edificios de las principales ciudades, que reduce la oferta de vivienda y presiona al alza su precio y la deuda de los hogares que la adquieren, y ii) las desgravaciones fiscales hipotecarias, que pueden incentivar el sobrendeudamiento de los hogares. Además, desde 2001 la fiscalidad de la vivienda se ha desvinculado de los precios de mercado, lo que ha provocado la bajada del tipo impositivo real, sobre todo en las principales ciudades. En 2017 el Parlamento danés aprobó una ley sobre un nuevo régimen tributario de la vivienda que vuelve a vincular los impuestos exigibles a los precios vigentes en el mercado inmobiliario residencial y que entrará en vigor en 2021.

                  (14)

                  Por consiguiente, la JERS concluye que, aunque las medidas macroprudenciales aplicadas o disponibles en Dinamarca son adecuadas, solo corrigen parcialmente las vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento de los hogares a medio plazo. En consecuencia, son necesarias otras medidas que aborden dichas vulnerabilidades, que pueden provocar riesgos sistémicos. Las medidas propuestas en la presente recomendación tienen por finalidad complementar las medidas macroprudenciales actualmente aplicadas en Dinamarca. Puesto que hasta cierto punto esas vulnerabilidades responden a factores estructurales que escapan a la política macroprudencial, se necesitan otras medidas que complementen y refuercen las actuales medidas macroprudenciales a fin de abordar de modo más eficiente y eficaz los factores que contribuyen a la acumulación de los riesgos sistémicos del mercado inmobiliario residencial danés, sin ocasionar costes excesivos a la economía real y al sistema financiero del país.

                  (15)

                  La presente recomendación tiene por objeto: a) reforzar las medidas vigentes, o activar otras, basadas en el capital, a fin de asegurar la resiliencia del sector bancario frente a las vulnerabilidades a medio plazo detectadas en Dinamarca, y b) vigilar las vulnerabilidades y reforzar las medidas vigentes, o activar otras, basadas en los prestatarios, si el crecimiento del precio de la vivienda y el crecimiento del crédito se aceleran a medio plazo. La presente recomendación subraya además la necesidad de tomar medidas más amplias que limiten los factores que facilitan o impulsan un mayor endeudamiento de los hogares.

                  (16)

                  La presente recomendación se entiende sin perjuicio de los mandatos de política monetaria de los bancos centrales de la Unión.

                  (17)

                  Las recomendaciones de la JERS se publican una vez que la Junta General ha informado de su propósito de publicarlas tanto a sus destinatarios como al Consejo de la Unión Europea, y ha dado a este la oportunidad de reaccionar.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      SECCIÓN 1

         RECOMENDACIONES

         Recomendación A — Refuerzo o activación de medidas basadas en el capital

      Se recomienda a la autoridad macroprudencial, la autoridad designada o la autoridad competente, según proceda, de Dinamarca, que asegure, mediante el refuerzo de las medidas vigentes basadas en el capital o la activación de otras de esta clase, la resiliencia de las entidades de crédito autorizadas en el país frente a la potencial materialización del riesgo sistémico relacionado con el sector inmobiliario residencial que puede provocar pérdidas crediticias directas o indirectas derivadas de los préstamos hipotecarios o de la disminución del consumo de los hogares con préstamos para vivienda.

         Recomendación B — Vigilancia de vulnerabilidades y refuerzo o activación de medidas basadas en los prestatarios

                  1.

                  Se recomienda a las autoridades nacionales danesas encargadas de vigilar los riesgos sistémicos que vigilen estrechamente las vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento de los hogares, la sobrevaloración de la vivienda y los criterios de concesión de nuevos préstamos hipotecarios a medio plazo, para lo cual, entre otras medidas:

                              a)

                              evaluarán —utilizando datos a nivel de préstamos correspondientes a nuevos préstamos hipotecarios— la capacidad de los prestatarios de nuevos préstamos hipotecarios para resistir condiciones económicas o financieras adversas o una evolución adversa del mercado inmobiliario residencial, y

                              b)

                              evaluarán la sostenibilidad de los precios de la vivienda y su potencial disminución en caso de condiciones económicas o financieras adversas.

                  2.

                  A fin de prevenir la acumulación excesiva de riesgo crediticio, se recomienda a la autoridad danesa encargada de activar las medidas basadas en los prestatarios, que refuerce las medidas vigentes basadas en los prestatarios, o active otras de esta clase, si los resultados de la vigilancia efectuada conforme a la recomendación B, apartado 1, letra a), indican que un número significativo o creciente de prestatarios de nuevos préstamos hipotecarios podría ser incapaz de atender el servicio de la deuda o de mantener su consumo en condiciones económicas o financieras adversas o a consecuencia de una evolución adversa del mercado inmobiliario residencial.

                  3.

                  Se recomienda a Dinamarca aumentar el pago inicial mínimo legalmente requerido si los resultados de la vigilancia efectuada conforme al apartado 1, letra b), indican que la sobrevaloración de la vivienda ha aumentado, a fin de velar por que los activos de garantía para nuevos préstamos hipotecarios sean suficientes para cubrir las pérdidas crediticias correspondientes a la posible disminución del precio de la vivienda en condiciones económicas o financieras adversas y a la disminución estimada del precio de la vivienda en un escenario adverso.

         Recomendación C — Cambios estructurales relacionados con los préstamos hipotecarios y el sector inmobiliario residencial

      Se recomienda a Dinamarca que revise sus políticas a fin de limitar los factores estructurales que impulsan las vulnerabilidades detectadas en ese país como fuentes de riesgo sistémico por incentivar un endeudamiento hipotecario excesivo de los hogares o provocar un crecimiento excesivo del precio de la vivienda y de la deuda hipotecaria.
      SECCIÓN 2

         APLICACIÓN

      1.   Definiciones

      A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:

                  a)

                  «medidas basadas en los prestatarios», las medidas macroprudenciales dirigidas a los prestatarios;

                  b)

                  «control directo», la capacidad real y efectiva de imponer y modificar medidas macroprudenciales aplicables a las instituciones financieras situadas en el ámbito de actuación de la autoridad macroprudencial pertinente cuando sea necesario para lograr un objetivo final o intermedio;

                  c)

                  «facultades de recomendación», la capacidad de orientar mediante recomendaciones la aplicación de los instrumentos macroprudenciales cuando sea necesario para lograr un objetivo final o intermedio;

                  d)

                  «ratio deuda-ingresos» (ratio DTI), el total de la deuda del prestatario en relación con el total de su renta disponible anual, en el momento inicial del préstamo;

                  e)

                  «ratio préstamo-valor» (ratio LTV), la suma de todos los préstamos o tramos de préstamo garantizados por el prestatario con un inmueble en relación con el valor de este, en el momento inicial del préstamo;

                  f)

                  «medio plazo», un horizonte de tres años;

                  g)

                  «autoridad macroprudencial», la autoridad macroprudencial nacional que tiene los objetivos, organización, facultades, requisitos de responsabilidad y demás características establecidas en la Recomendación JERS/2011/3 (8);

                  h)

                  «servicio de la deuda», el reembolso combinado de principal e intereses del total de la deuda del prestatario durante un período determinado (generalmente un año);

                  i)

                  «ratio servicio de la deuda-renta» (ratio DSTI), el total del servicio de la deuda anual en relación con el total de la renta disponible anual del prestatario en el momento inicial del préstamo;

                  j)

                  «vencimiento», la duración del contrato de préstamo sobre inmueble residencial expresada en años en el momento inicial del préstamo.

            2.   Criterios de aplicación

      1.   La aplicación de la presente recomendación se regirá por los siguientes criterios:

                  a)

                  debe prestarse la consideración debida al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el objetivo y el contenido de la recomendación A, la recomendación B y la recomendación C;

                  b)

                  al reforzar las medidas vigentes basadas en el capital, o activar otras de esta clase, conforme a la recomendación A, su calibración e introducción gradual deben tener en cuenta la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros, así como las posibles repercusiones en cuanto a costes y beneficios;

                  c)

                  al reforzar las medidas vigentes basadas en los prestatarios, o activar otras de esta clase, conforme a la recomendación B, su calibración e introducción gradual deben tener en cuenta la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros, así como las posibles repercusiones en cuanto a costes y beneficios;

                  d)

                  al aumentar el pago inicial mínimo legalmente requerido, conforme a la recomendación B, la calibración e introducción gradual de esta medida deben tener en cuenta la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros, así como las posibles repercusiones en cuanto a costes y beneficios;

                  e)

                  en cuanto a la recomendación C, al revisar las políticas aplicables, la introducción gradual de las medidas correspondientes debe tener en cuenta la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros, de manera que esas medidas no desencadenen o intensifiquen la materialización de las vulnerabilidades acumuladas del sector inmobiliario residencial de Dinamarca;

                  f)

                  en el anexo I se establecen criterios de aplicación específicos de las recomendaciones A, B y C.

            2.   Se solicita a los destinatarios de la presente recomendación que informen a la JERS y al Consejo de las medidas que adopten al respecto o que justifiquen adecuadamente su inacción. Los informes comprenderán como mínimo:

                  a)

                  información sobre el fondo y los plazos de las medidas adoptadas;

                  b)

                  una evaluación de las vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento de los hogares, la sobrevaloración de la vivienda y los criterios de concesión de nuevos préstamos hipotecarios, incluida su distribución según ratios LTV, DTI y DSTI, vencimientos y perfiles de amortización, calculándose las ratios correspondientes conforme al anexo IV de la Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (9), y una evaluación del funcionamiento de las medidas adoptadas, teniendo en cuenta los objetivos de la presente recomendación;

                  c)

                  una justificación detallada de toda inacción o inaplicación de la presente recomendación, incluidos los retrasos en su aplicación.

            3.   Plazos de seguimiento

      Se solicita a los destinatarios de la presente recomendación que informen a la JERS y al Consejo de las medidas adoptadas al respecto, o que justifiquen adecuadamente su inacción, en los siguientes plazos:

                  a)

                     Recomendación A

                  Se solicita a los destinatarios de la recomendación A que el 31 de octubre de 2020 a más tardar, y sucesiva y anualmente hasta el 31 de octubre de 2022, informen a la JERS y al Consejo de su actuación en cuanto a la aplicación de las medidas basadas en el capital. Se presentará un informe conjunto cuando haya más de una autoridad encargada de tomar medidas respecto de las vulnerabilidades detectadas.

                  b)

                     Recomendación B

                  Se solicita a los destinatarios de la recomendación B que el 31 de octubre de 2020 a más tardar, y sucesiva y anualmente hasta el 31 de octubre de 2022, informen a la JERS y al Consejo de la vigilancia de las vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento de los hogares y de las medidas adoptadas para corregirlas. Se presentará un informe conjunto cuando haya más de una autoridad encargada de tomar medidas respecto de las vulnerabilidades detectadas.

                  c)

                     Recomendación C

                  Se solicita a los destinatarios de la recomendación C que el 31 de octubre de 2022 a más tardar informen a la JERS y al Consejo sobre la aplicación de dicha recomendación. Se presentará un informe conjunto cuando haya más de una autoridad encargada de tomar medidas respecto de las vulnerabilidades detectadas.

            4.   Verificación y evaluación

                  1.

                  La Secretaría de la JERS:

                              a)

                              prestará asistencia a los destinatarios garantizando la coordinación de la presentación de información, facilitando las plantillas pertinentes y especificando, en caso necesario, el procedimiento y los plazos de seguimiento;

                              b)

                              verificará el seguimiento realizado por los destinatarios, les prestará asistencia si así lo solicitan y presentará informes de seguimiento a la Junta General. Se efectuarán las tres evaluaciones siguientes:

                                          i)

                                          el 31 de diciembre de 2020 a más tardar, sobre la aplicación de las recomendaciones A y B;

                                          ii)

                                          el 31 de diciembre de 2021 a más tardar, sobre la aplicación de las recomendaciones A y B;

                                          iii)

                                          el 31 de diciembre de 2022 a más tardar, sobre la aplicación de las recomendaciones A, B y C.

                  2.

                  La Junta General evaluará las medidas y justificaciones comunicadas por los destinatarios de la presente recomendación y, cuando proceda, podrá decidir que la presente recomendación no se ha aplicado y que el destinatario no ha justificado adecuadamente su inacción.

         Hecho en Fráncfort del Meno, el 27 de junio de 2019.

               El jefe de la Secretaría de la JERS,

               en nombre de la Junta General de la JERS,

            Francesco MAZZAFERRO

         (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

         (2)  Recomendación JERS/2013/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 4 de abril de 2013, sobre objetivos intermedios e instrumentos de política macroprudencial (DO C 170 de 15.6.2013, p. 1).

         (3)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

         (4)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

         (5)  Véase el documento «Vulnerabilities in the EU Residential Real Estate Sector», JERS, noviembre de 2016, disponible en inglés en la dirección de la JERS en internet, www.esrb.europa.eu.

         (6)  Aviso JERS/2016/07 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de septiembre de 2016, sobre las vulnerabilidades a medio plazo del sector inmobiliario residencial de Dinamarca (DO C 31 de 31.1.2017, p. 47).

         (7)  Véase el documento «Vulnerabilities in the residential real estate sectors of EEA countries», JERS, 2019, disponible en inglés en la dirección de la JERS en internet, www.esrb.europa.eu.

         (8)  Recomendación JERS/2011/3 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (DO C 41 de 14.2.2012, p. 1).

         (9)  Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 31 de octubre de 2016, sobre la eliminación de lagunas de datos sobre bienes inmuebles (DO C 31 de 31.1.2017, p. 1).

         ANEXO I

            Criterios de aplicación específicos de las recomendaciones

            Recomendación A — Refuerzo o activación de medidas basadas en el capital

         Criterios de aplicación de la recomendación A:

                     1.

                     Antes de reforzar las medidas vigentes basadas en el capital, o de activar otras de esta clase, debe evaluarse la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros a fin de determinar si esa actuación sería apropiada.

                     2.

                     Después de activar medidas basadas en el capital puede ser necesario reforzarlas o activar otras medidas macroprudenciales a fin de corregir las vulnerabilidades detectadas en Dinamarca, lo cual dependerá de las medidas basadas en el capital activadas, de su calibración inicial y de los resultados de la evaluación de las vulnerabilidades.

            Recomendación B — Vigilancia de vulnerabilidades y refuerzo o activación de medidas basadas en los prestatarios

         Criterios de aplicación de la recomendación B:

                     1.

                     Antes de reforzar las medidas vigentes basadas en los prestatarios, o de activar otras de esta clase, debe evaluarse la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros a fin de determinar si esa actuación sería apropiada.

                     2.

                     Antes de aumentar el pago inicial mínimo legalmente requerido, debe evaluarse la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros a fin de determinar adecuadamente la calibración e introducción gradual de la medida.

            Recomendación C — Cambios estructurales relacionados con los préstamos hipotecarios y el sector inmobiliario residencial

         Criterios de aplicación de la recomendación C:
         Al formular opciones normativas y antes de aplicar nuevas medidas, deben evaluarse los efectos de las medidas propuestas, teniendo en cuenta la posición de Dinamarca en los ciclos económicos y financieros, a fin de velar por que esas medidas no desencadenen o intensifiquen la materialización de las vulnerabilidades acumuladas del sector inmobiliario residencial de Dinamarca.