title: Recomendación de la Comisión, de 18 de junio de 2019, sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Suecia para el período 2021-2030

text:
               3.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/104

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
      de 18 de junio de 2019
      sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Suecia para el período 2021-2030
      (2019/C 297/27)
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, cada Estado miembro debe presentar a la Comisión un proyecto de plan nacional integrado de energía y clima para el período de 2021 a 2030 conforme al artículo 3, apartado 1, y al anexo I de dicho Reglamento. El plazo de presentación de los primeros proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima concluyó el 31 de diciembre de 2018.

                  (2)

                  Suecia presentó su proyecto de plan nacional integrado de energía y clima el 17 de enero de 2019. La presentación de estos proyectos constituye la base y el primer paso del proceso iterativo entre la Comisión y los Estados miembros para la finalización y posterior ejecución de los planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (3)

                  De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión debe hacer una evaluación de los distintos proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. A este respecto, la Comisión hizo una evaluación exhaustiva del plan nacional integrado de energía y clima de Suecia, teniendo en cuenta los elementos pertinentes del Reglamento (UE) 2018/1999. Dicha evaluación (2) se publica junto con la presente Recomendación. Las recomendaciones formuladas a continuación se basan en esa evaluación.

                  (4)

                  Las recomendaciones de la Comisión pueden abordar, en particular: i) el nivel de ambición de los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones con vistas a la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030; ii) las políticas y medidas relacionadas con los objetivos del Estado miembro y a nivel de la Unión y las demás políticas y medidas de relevancia potencial transfronteriza; iii) cualquier política o medida adicional que pudiese ser necesaria en los planes nacionales integrados de energía y clima; iv) las interacciones y la coherencia entre las políticas y medidas existentes y las previstas en el plan nacional integrado de energía y clima dentro de una dimensión y entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía.

                  (5)

                  Al elaborar sus recomendaciones, la Comisión tuvo en cuenta, por una parte, la necesidad de sumar determinadas contribuciones cuantificadas previstas de todos los Estados miembros a fin de evaluar la ambición a nivel de la Unión y, por otra, la necesidad de proporcionar el tiempo oportuno al Estado miembro de que se trate para que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión antes de finalizar su plan nacional.

                  (6)

                  Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables se basan en una fórmula establecida en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999, que se ajusta a criterios objetivos.

                  (7)

                  En lo que concierne a la eficiencia energética, las recomendaciones de la Comisión se basan en la evaluación del nivel de ambición nacional plasmado en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima, en comparación con el nivel de esfuerzo colectivo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, la información facilitada sobre circunstancias nacionales específicas. Las contribuciones nacionales finales en el ámbito de la eficiencia energética deben reflejar el potencial de ahorro energético rentable e ir acompañadas de una sólida estrategia de renovación de edificios a largo plazo y de medidas destinadas a cumplir la obligación de ahorro de energía impuesta por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Los Estados miembros deben demostrar también que han tenido debidamente en cuenta el principio «primero, la eficiencia energética», explicando en particular cómo contribuye la eficiencia energética a alcanzar de forma rentable los objetivos nacionales de una economía hipocarbónica competitiva, de seguridad del suministro energético y de lucha contra la pobreza energética.

                  (8)

                  El Reglamento sobre la gobernanza exige que los Estados miembros presenten una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones que se establecen en el plan nacional integrado de energía y clima, así como una evaluación general de las fuentes de dicha inversión. En los planes nacionales de energía y clima debe velarse por la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales para garantizar la seguridad de la inversión.

                  (9)

                  Paralelamente, en el marco del ciclo del Semestre Europeo 2018-2019, la Comisión ha hecho especial hincapié en las necesidades de inversión de los Estados miembros relacionadas con la energía y el clima. Así se refleja en el informe sobre Suecia de 2019 (4) y en la Recomendación de la Comisión de Recomendación del Consejo a Suecia (5), como parte del proceso del Semestre Europeo. La Comisión ha tenido en cuenta las últimas conclusiones y recomendaciones del Semestre Europeo en su evaluación de los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. Las recomendaciones de la Comisión complementan las recomendaciones específicas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo y, por consiguiente, los Estados miembros deben tener en cuenta también dichas recomendaciones específicas en sus planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (10)

                  Además, el Reglamento sobre la gobernanza exige que todos los Estados miembros tengan debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión sobre el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima que deben presentar de aquí al 31 de diciembre de 2019 y que, si no abordan una recomendación o una parte sustancial de una recomendación, expongan los motivos y los hagan públicos.

                  (11)

                  En su caso, los Estados miembros deben comunicar en sus planes nacionales integrados de energía y clima, y en las actualizaciones de años posteriores, los mismos datos que en sus notificaciones a Eurostat o a la Agencia Europea de Medio Ambiente. También es esencial hacer uso de la misma fuente y de estadísticas europeas, cuando estén disponibles, para calcular la base de referencia utilizada en la elaboración de modelos y proyecciones. El uso de estadísticas europeas mejorará la comparabilidad de las proyecciones y los datos utilizados en los planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (12)

                  Todos los elementos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1999 deben incluirse en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. En este contexto, debe evaluarse el impacto macroeconómico de las políticas y las medidas previstas y, en la medida de lo posible, sus repercusiones sociales y su incidencia en los ámbitos de la salud, el medio ambiente, el empleo, la educación y las capacidades. Debe preverse la participación del público y de otras partes interesadas en la preparación de la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. Estos y otros elementos se describen detalladamente en el documento de trabajo publicado junto con la presente Recomendación (6).

                  (13)

                  En la versión final del plan nacional integrado de energía y clima, Suecia también debería tener en cuenta las interrelaciones entre políticas, en particular las sinergias entre las dimensiones de descarbonización, seguridad energética y mercado interior y el principio «primero, la eficiencia energética». La interacción de las políticas previstas relacionadas con el aumento planificado de las energías renovables en el sector de la electricidad y el fortalecimiento necesario de las redes de electricidad constituyen también elementos importantes que deben abordarse en el plan final. Los objetivos perseguidos en la dimensión de investigación, innovación y competitividad deben contribuir a los esfuerzos previstos en el marco de las demás dimensiones de la Unión de la Energía. Dada la importancia del uso de la energía hidroeléctrica, podrían tenerse en cuenta también las repercusiones del cambio climático en la seguridad energética.

                  (14)

                  En la versión final del plan nacional integrado de energía y clima, Suecia podría basarse en su objetivo general de desarrollar tecnologías y servicios que puedan ser comercializados por empresas suecas para presentar una visión general más completa de la competitividad del sector de las tecnologías hipocarbónicas. También podría mejorar su plan con más información acerca de la interacción con la economía circular.

                  (15)

                  Las recomendaciones de la Comisión a Suecia se basan en la evaluación del proyecto de plan nacional integrado de energía y clima de Suecia, que se publica junto con la presente Recomendación (7).

            RECOMIENDA A SUECIA QUE ADOPTE MEDIDAS PARA:

                  1.

                  Desarrollar su estrategia para cumplir el compromiso, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), de que las emisiones del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura no superen sus absorciones, determinadas mediante la aplicación de las correspondientes normas contables. Prestar especial atención a la evaluación del impacto de las políticas y medidas en el régimen de comercio de derechos de emisión, el reparto del esfuerzo y el sector UTCUTS.

                  2.

                  Confirmar el gratificante nivel de ambición del 65 % de cuota de energías renovables para 2030, al que se hace referencia en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima, como contribución de Suecia al objetivo de la Unión para 2030 en el ámbito de las energías renovables, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y con el artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/1999. Esta contribución debería apoyarse con políticas y medidas detalladas y cuantificadas acordes con las obligaciones establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 que permitan una consecución oportuna y rentable de esa contribución. Debería incluirse una trayectoria indicativa que alcance todos los puntos de referencia con arreglo al artículo 4, letra a), punto 2, del Reglamento (UE) 2018/1999. Debería incluirse también información adicional sobre cómo superar la carga administrativa y sobre los marcos facilitadores para el autoconsumo de energías renovables y las comunidades de energías renovables, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Directiva (UE) 2018/2001. Asimismo, debería proporcionarse información adicional sobre las medidas específicas previstas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del uso de la biomasa en el sector de la energía, dada la importante contribución de la biomasa en toda la combinación energética de Suecia.

                  3.

                  Aumentar su esfuerzo por reducir el consumo de energía primaria en vista de la necesidad de alcanzar colectivamente el objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030, y contribuir a ese aumento con políticas y medidas que permitan un ahorro energético adicional de aquí a 2030. Deberían desarrollarse medidas adicionales e incluirse en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima junto con una evaluación de su impacto en términos de ahorro de energía.

                  4.

                  Especificar las medidas de apoyo a la consecución de los objetivos de seguridad energética en relación con la diversificación y la reducción de la dependencia energética, incluidas medidas que garanticen la flexibilidad y la adecuación de la generación de electricidad a la luz del ambicioso objetivo en materia de energías renovables.

                  5.

                  Aclarar los objetivos nacionales y los objetivos de financiación en materia de investigación, innovación y competitividad, relacionados específicamente con la Unión de la Energía, que deben alcanzarse entre 2023 y 2030, de tal manera que sean fácilmente mensurables y resulten adecuados para contribuir a la consecución de los objetivos en las demás dimensiones del plan nacional integrado de energía y clima. Contribuir a la consecución de esos objetivos mediante políticas y medidas específicas y adecuadas, incluidas las que deben desarrollarse en cooperación con otros Estados miembros, como el Plan Estratégico de Tecnología Energética.

                  6.

                  Intensificar la ya buena cooperación regional entre los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) extendiéndola a nuevos ámbitos y ampliando su alcance geográfico para incluir a los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Los intercambios regionales deberían centrarse en los ámbitos del mercado interior de la energía y de la seguridad energética, habida cuenta de los cambios en los sistemas de electricidad para integrar una mayor proporción de electricidad renovable, lo que incrementará la importación y exportación de electricidad y la necesidad de flexibilidad del sistema.

                  7.

                  Ofrecer una visión general de la inversión necesaria para alcanzar sus objetivos en materia de clima y energía, así como una evaluación general de las fuentes de esa inversión, incluida una financiación adecuada a nivel nacional y regional.

                  8.

                  Enumerar todas las subvenciones a la energía, en particular a los combustibles fósiles, así como las medidas emprendidas y los planes para su eliminación progresiva.

                  9.

                  Incluir un análisis de las interacciones con la política sobre calidad del aire y emisiones atmosféricas, exponiendo las repercusiones sobre la contaminación atmosférica en los distintos escenarios, proporcionando información justificativa y teniendo en cuenta las sinergias y los efectos compensatorios.

                  10.

                  Integrar mejor los aspectos de una transición justa y equitativa, en particular facilitando más información sobre las repercusiones sociales de las políticas, las medidas y los objetivos previstos y su incidencia en los ámbitos del empleo y de las capacidades.

         Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2019.

               Por la Comisión

            Miguel ARIAS CAÑETE

               Miembro de la Comisión

         (1)  DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.

         (2)  SWD(2019) 278.

         (3)  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).

         (4)  SWD(2019) 1026 final.

         (5)  COM(2019) 527 final de 5 de junio de 2019.

         (6)  SWD(2019) 278 final.

         (7)  SWD(2019) 278 final.

         (8)  Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 1).

         (9)  Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).


title: Recomendación de la Comisión, de 18 de junio de 2019, sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Reino Unido para el período 2021-2030

text:
               3.9.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 297/108

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
      de 18 de junio de 2019
      sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Reino Unido para el período 2021-2030
      (2019/C 297/28)
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, cada Estado miembro debe presentar a la Comisión un proyecto de plan nacional integrado de energía y clima para el período de 2021 a 2030 conforme al artículo 3, apartado 1, y al anexo I de dicho Reglamento. El plazo de presentación de los primeros proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima concluyó el 31 de diciembre de 2018.

                  (2)

                  El Reino Unido presentó su proyecto de plan nacional integrado de energía y clima el 20 de diciembre de 2018. La presentación de estos proyectos constituye la base y el primer paso del proceso iterativo entre la Comisión y los Estados miembros para la finalización y posterior ejecución de los planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (3)

                  De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión debe hacer una evaluación de los distintos proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. A este respecto, la Comisión hizo una evaluación exhaustiva del plan nacional integrado de energía y clima del Reino Unido, teniendo en cuenta los elementos pertinentes del Reglamento (UE) 2018/1999. Dicha evaluación (2) se publica junto con la presente Recomendación. Las recomendaciones formuladas a continuación se basan en esa evaluación.

                  (4)

                  Las recomendaciones de la Comisión pueden abordar, en particular: i) el nivel de ambición de los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones con vistas a la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030; ii) las políticas y medidas relacionadas con los objetivos del Estado miembro y a nivel de la Unión y las demás políticas y medidas de relevancia potencial transfronteriza; iii) cualquier política o medida adicional que pudiese ser necesaria en los planes nacionales integrados de energía y clima; iv) las interacciones y la coherencia entre las políticas y medidas existentes y las previstas en el plan nacional integrado de energía y clima dentro de una dimensión y entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía.

                  (5)

                  Al elaborar sus recomendaciones, la Comisión tuvo en cuenta, por una parte, la necesidad de sumar determinadas contribuciones cuantificadas previstas de todos los Estados miembros a fin de evaluar la ambición a nivel de la Unión y, por otra, la necesidad de proporcionar el tiempo oportuno al Estado miembro de que se trate para que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión antes de finalizar su plan nacional.

                  (6)

                  Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables se basan en una fórmula establecida en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999, que se ajusta a criterios objetivos.

                  (7)

                  En lo que concierne a la eficiencia energética, las recomendaciones de la Comisión se basan en la evaluación del nivel de ambición nacional plasmado en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima, en comparación con el nivel de esfuerzo colectivo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, la información facilitada sobre circunstancias nacionales específicas. Las contribuciones nacionales finales en el ámbito de la eficiencia energética deben reflejar el potencial de ahorro energético rentable e ir acompañadas de una sólida estrategia de renovación de edificios a largo plazo y de medidas destinadas a cumplir la obligación de ahorro de energía impuesta por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Los Estados miembros deben demostrar también que han tenido debidamente en cuenta el principio «primero, la eficiencia energética», explicando en particular cómo contribuye la eficiencia energética a alcanzar de forma rentable los objetivos nacionales de una economía hipocarbónica competitiva, de seguridad del suministro energético y de lucha contra la pobreza energética.

                  (8)

                  El Reglamento sobre la gobernanza exige que los Estados miembros presenten una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones que se establecen en el plan nacional integrado de energía y clima, así como una evaluación general de las fuentes de dicha inversión. En los planes nacionales de energía y clima debe velarse por la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales para garantizar la seguridad de la inversión.

                  (9)

                  Paralelamente, en el marco del ciclo del Semestre Europeo 2018-2019, la Comisión ha hecho especial hincapié en las necesidades de inversión de los Estados miembros relacionadas con la energía y el clima. Así se refleja en el informe sobre el Reino Unido de 2019 (4) y en la Recomendación de la Comisión de Recomendación del Consejo al Reino Unido (5), como parte del proceso del Semestre Europeo. La Comisión ha tenido en cuenta las últimas conclusiones y recomendaciones del Semestre Europeo en su evaluación de los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. Las recomendaciones de la Comisión complementan las recomendaciones específicas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo y, por consiguiente, los Estados miembros deben tener en cuenta también dichas recomendaciones específicas en sus planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (10)

                  Además, el Reglamento sobre la gobernanza exige que todos los Estados miembros tengan debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión sobre el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima que deben presentar de aquí al 31 de diciembre de 2019 y que, si no abordan una recomendación o una parte sustancial de una recomendación, expongan los motivos y los hagan públicos.

                  (11)

                  En su caso, los Estados miembros deben comunicar en sus planes nacionales integrados de energía y clima, y en las actualizaciones de años posteriores, los mismos datos que en sus notificaciones a Eurostat o a la Agencia Europea de Medio Ambiente. También es esencial hacer uso de la misma fuente y de estadísticas europeas, cuando estén disponibles, para calcular la base de referencia utilizada en la elaboración de modelos y proyecciones. El uso de estadísticas europeas mejorará la comparabilidad de las proyecciones y los datos utilizados en los planes nacionales integrados de energía y clima.

                  (12)

                  Todos los elementos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1999 deben incluirse en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. En este contexto, debe evaluarse el impacto macroeconómico de las políticas y las medidas previstas y, en la medida de lo posible, sus repercusiones sociales y su incidencia en los ámbitos de la salud, el medio ambiente, el empleo, la educación y las capacidades. Debe preverse la participación del público y de otras partes interesadas en la preparación de la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. Estos y otros elementos se describen detalladamente en el documento de trabajo publicado junto con la presente Recomendación (6).

                  (13)

                  En el plan final, el Reino Unido debe establecer vínculos más claros entre las políticas nacionales y las dimensiones de la Unión de la Energía, y tener en cuenta las interrelaciones entre las políticas y medidas previstas en la dimensiones de descarbonización, seguridad energética, mercado interior e investigación, innovación y competitividad. Cabe mencionar, por ejemplo, el principio «primero, la eficiencia energética», el impacto del uso de la bioenergía en las emisiones y absorciones contabilizadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y cómo afectan los riesgos del cambio climático al suministro energético.

                  (14)

                  Se podría mejorar la versión final del plan nacional integrado de energía y clima presentando un análisis global de la posición que ocupa actualmente el sector de las tecnologías hipocarbónicas en el mercado mundial, en el que se determinaran áreas de fortaleza competitiva y posibles desafíos, se señalaran objetivos cuantificables para el futuro, así como políticas y medidas para alcanzarlos, y se establecieran vínculos adecuados con la política empresarial e industrial. También podría mejorarse tomando en consideración el papel de la economía circular, haciendo referencia a las estrategias y planes de acción nacionales y elevando sus ventajas y posibles efectos compensatorios en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

                  (15)

                  Las recomendaciones de la Comisión al Reino Unido se basan en la evaluación del proyecto de plan nacional integrado de energía y clima del Reino Unido, que se publica junto con la presente Recomendación (7).

            RECOMIENDA AL REINO UNIDO QUE ADOPTE MEDIDAS PARA:

                  1.

                  Especificar y cuantificar en mayor medida las repercusiones de las políticas y medidas adicionales, sin limitarse a los sectores de la construcción y del transporte, para alcanzar su objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero del 37 % en 2030 respecto a 2005 en sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Debe tenerse en cuenta también el compromiso, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), de que las emisiones del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura no superen sus absorciones, lo que implica la aplicación de las normas contables correspondientes.

                  2.

                  Presentar una cuota de energías renovables de al menos el 27 % como contribución del Reino Unido al objetivo de la Unión para 2030 en el ámbito de las energías renovables, tal como se indica en la fórmula del anexo II con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999. Incluir una trayectoria indicativa en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima que alcance todos los puntos de referencia con arreglo al artículo 4, letra a), punto 2, del Reglamento (UE) 2018/1999 conforme a dicha cuota, teniendo en cuenta la necesidad de incrementar el nivel de esfuerzo para alcanzar ese objetivo de forma colectiva. Proponer políticas y medidas detalladas y cuantificadas acordes con las obligaciones establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y que permitan una consecución oportuna y rentable de esa contribución. Aumentar el nivel de ambición en el sector de la calefacción y la refrigeración para cumplir el objetivo indicativo incluido en el artículo 23 de la Directiva (UE) 2018/2001 y aumentar el nivel de ambición para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 25 de dicha Directiva. Ofrecer más información sobre los marcos facilitadores para el autoconsumo de energías renovables y las comunidades de energías renovables, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Directiva (UE) 2018/2001.

                  3.

                  Establecer contribuciones nacionales sustancialmente más ambiciosas que las previsiones resultantes de la modelización mencionada en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima, habida cuenta de la necesidad de aumentar el esfuerzo para alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030. Proponer políticas y medidas más ambiciosas que permitan aumentar el ahorro energético de aquí a 2030. Indicar políticas y medidas para todo el período de 2021 a 2030. Proporcionar una evaluación de impacto de las políticas y medidas previstas en materia de eficiencia energética, en particular por lo que respecta al ahorro de energía que se supone que deben aportar.

                  4.

                  Especificar las medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos de seguridad energética en relación con la diversificación y la reducción de la dependencia energética, incluidas medidas que garanticen la flexibilidad y el suministro a largo plazo de combustible nuclear, con vistas al posible desarrollo de su capacidad de generación de energía nuclear.

                  5.

                  Definir objetivos prospectivos sobre la integración del mercado y, en particular, definir una estrategia y un calendario para avanzar hacia la aplicación de unos precios basados plenamente en el mercado.

                  6.

                  Aclarar los objetivos nacionales y los objetivos de financiación en materia de investigación, innovación y competitividad, relacionados específicamente con la Unión de la Energía, que deben alcanzarse entre 2023 y 2030, de tal manera que sean fácilmente mensurables y resulten adecuados para contribuir a la consecución de los objetivos en las demás dimensiones del plan nacional integrado de energía y clima. Contribuir a la consecución de esos objetivos mediante políticas y medidas específicas y adecuadas, incluidas las que deben desarrollarse en cooperación con otros Estados miembros, como el Plan Estratégico de Tecnología Energética.

                  7.

                  Trabajar en el marco de la Cooperación energética en el mar del Norte sobre el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de los sistemas de apoyo a la energía eólica marina y de posibles proyectos, con el fin de cumplir los objetivos de seguridad energética, sostenibilidad y competitividad de la Unión de la Energía. A la luz de su decisión de retirarse de la Unión Europea, el Reino Unido debería establecer medidas para garantizar la continuación de la cooperación regional con Irlanda sobre preparación y respuesta ante emergencias en lo que concierne a la electricidad y la seguridad de abastecimiento de gas y petróleo.

                  8.

                  Mejorar su análisis de los gastos y las fuentes de inversión en todas las dimensiones de la Unión de la Energía, incluyendo una financiación adecuada a nivel nacional y regional, que actualmente está prevista para una lista de ámbitos, y complementarla con una visión general de las necesidades de inversión, los riesgos y los obstáculos.

                  9.

                  Enumerar todas las subvenciones a la energía, en particular a los combustibles fósiles, así como las medidas emprendidas y los planes para su eliminación progresiva.

                  10.

                  Exponer las repercusiones de los distintos escenarios en lo que concierne a la contaminación atmosférica, con información justificativa y teniendo en cuenta las sinergias y los efectos compensatorios.

                  11.

                  Detallar aspectos de la transición justa y equitativa, en particular precisando la evaluación de la pobreza energética, estableciendo objetivos relacionados con ella y describiendo las repercusiones sociales de las políticas, las medidas y los objetivos, así como su incidencia en los ámbitos del empleo y de las capacidades. Debe prestarse especial atención a las regiones intensivas en carbón y carbono y a cómo las afectará la transición energética. Incluir una evaluación específica de los problemas de pobreza energética, acompañada de eventuales objetivos conexos o políticas o medidas específicas, tal como se exige en el Reglamento (UE) 2018/1999.

         Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2019.

               Por la Comisión

            Miguel ARIAS CAÑETE

               Miembro de la Comisión

         (1)  DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.

         (2)  SWD(2019) 279.

         (3)  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).

         (4)  SWD(2019) 1027 final.

         (5)  COM(2019) 528 final de 5 de junio de 2019.

         (6)  SWD(2019) 279 final.

         (7)  SWD(2019) 279 final.

         (8)  Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 1).

         (9)  Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).


title: Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

text:
               15.2.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 60/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 12 de febrero de 2019
      sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
      (2019/C 60/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 283, apartado 2, y su artículo 139, apartado 2,
      Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,
      RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:
      Nombrar a D. Philip R. LANE miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, con efectos a partir del 1 de junio de 2019.

         Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            E.O. TEODOROVICI


title: Recomendación (UE) 2019/534 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, Ciberseguridad de las redes 5G

text:
               29.3.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 88/42

      RECOMENDACIÓN (UE) 2019/534 DE LA COMISIÓN
      de 26 de marzo de 2019
      Ciberseguridad de las redes 5G
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
      Considerando que:

                  (1)

                  La Comisión ha reconocido que el despliegue de la 5.a generación (5G) de las tecnologías de red constituye un importante elemento promotor de los futuros servicios digitales y una prioridad de la Estrategia para el Mercado Único Digital. La Comisión adoptó el Plan de Acción 5G para garantizar que la Unión disponga de la infraestructura de conectividad necesaria para su transformación digital a partir de 2020 (1).

                  (2)

                  Las redes 5G se basarán en la actual 4.a generación de tecnologías de red (4G), proporcionarán nuevas capacidades de servicio y se convertirán en la infraestructura central facilitadora de grandes partes de la economía de la Unión. Una vez desplegadas, las redes 5G constituirán la espina dorsal de una amplia gama de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el mantenimiento y el ejercicio de funciones sociales y económicas vitales, como la energía, el transporte, la banca y la sanidad, así como los sistemas de control industrial. La organización de los procesos democráticos, como las elecciones, también se basará cada vez más en las infraestructuras digitales y las redes 5G.

                  (3)

                  La dependencia de muchos servicios esenciales de las redes 5G provocaría que las consecuencias de las perturbaciones sistémicas y generalizadas fueran especialmente graves. En consecuencia, garantizar la ciberseguridad de las redes 5G es una cuestión de importancia estratégica para la Unión, en un momento en que los ciberataques van en aumento y son más sofisticados que nunca.

                  (4)

                  La naturaleza interconectada y transnacional de las infraestructuras que sustentan el ecosistema digital y la dimensión transfronteriza de las amenazas significan que cualquier vulnerabilidad o incidente de ciberseguridad importante de las redes 5G que ocurra en un Estado miembro afectaría a la Unión en su conjunto. Esta es la razón por la que deben adoptarse medidas para mantener un elevado nivel común de ciberseguridad de las redes 5G.

                  (5)

                  La necesidad de actuar a nivel de la Unión ha sido confirmada por los Estados miembros. En sus conclusiones de 21 de marzo de 2019, el Consejo Europeo solicita una recomendación de la Comisión sobre un enfoque concertado de la seguridad de las redes 5G (2).

                  (6)

                  Garantizar la soberanía europea debe ser un objetivo fundamental, respetando plenamente los valores europeos de apertura y tolerancia (3). La inversión extranjera en sectores estratégicos, la adquisición de activos, tecnologías e infraestructuras críticos en la Unión y el suministro de equipos críticos también pueden plantear riesgos para la seguridad de la Unión.

                  (7)

                  La ciberseguridad de las redes 5G es fundamental para garantizar la autonomía estratégica de la Unión, tal como se reconoce en la Comunicación Conjunta «UE-China-Una perspectiva estratégica» (4).

                  (8)

                  La Resolución del Parlamento Europeo sobre las amenazas a la seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión también pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas a escala de la Unión (5).

                  (9)

                  La presente Recomendación aborda los riesgos de ciberseguridad de las redes 5G y establece orientaciones sobre las medidas adecuadas de análisis y gestión de riesgos a nivel nacional, el desarrollo de una evaluación coordinada de los riesgos a escala europea y el establecimiento de un proceso para crear un conjunto común de medidas apropiadas de gestión de riesgos.

                  (10)

                  Existe un sólido marco legislativo de la Unión para proteger las redes de comunicaciones electrónicas.

                  (11)

                  El marco de la Unión en el ámbito de las comunicaciones electrónicas (6) promueve la competencia, el mercado interior y los intereses de los usuarios finales, y con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (7) persigue un objetivo de conectividad adicional, articulado en forma de resultados: acceso y uso generalizado de la conectividad fija y móvil de muy alta capacidad por todos los ciudadanos y empresas de la Unión, salvaguardando al mismo tiempo los intereses de los ciudadanos. La Directiva 2002/21/CE exige a los Estados miembros que garanticen el mantenimiento de la integridad y la seguridad de las redes públicas de comunicaciones, con la obligación de garantizar que las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público adopten medidas técnicas y organizativas para gestionar adecuadamente los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los servicios. También establece que las autoridades reguladoras nacionales competentes tengan competencias, incluida la facultad de emitir instrucciones vinculantes, para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones.

                  (12)

                  Además, la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) permite a los Estados miembros añadir a la autorización general condiciones relativas a la seguridad de las redes públicas contra el acceso no autorizado, con el fin de proteger la confidencialidad de las comunicaciones de conformidad con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

                  (13)

                  Para apoyar el cumplimiento de estas obligaciones, la Unión ha instituido varios organismos de cooperación. La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), la Comisión, los Estados miembros y los entes reguladores nacionales han elaborado directrices técnicas para los entes reguladores nacionales sobre la notificación de incidentes, las medidas de seguridad y las amenazas y los recursos (10). El Grupo de cooperación establecido por la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) («Grupo de cooperación») reúne a las autoridades competentes para apoyar y facilitar la cooperación, en particular proporcionando orientaciones estratégicas para las actividades de la red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, que facilita la cooperación operativa a nivel técnico.

                  (14)

                  El futuro marco europeo de certificación de la ciberseguridad (12) debe proporcionar un instrumento de apoyo esencial para promover unos niveles de seguridad coherentes. Debe permitir el desarrollo de unos sistemas de certificación de la ciberseguridad que respondan a las necesidades de los usuarios de equipos y programas informáticos 5G. Dada la importancia crítica de estas infraestructuras, el desarrollo de sistemas europeos de certificación de la ciberseguridad pertinentes de los productos, servicios o procesos de las tecnologías de la información y las comunicaciones utilizados en las redes 5G debe constituir una prioridad inmediata. Los Estados miembros y los agentes del mercado deben participar activamente en el desarrollo de dichos sistemas de certificación, incluido el apoyo a la definición de perfiles de protección específicos de las redes 5G.

                  (15)

                  En ausencia de una legislación armonizada de la Unión, los Estados miembros podrán especificar, mediante reglamentos técnicos nacionales adoptados de conformidad con el Derecho de la Unión, la obligatoriedad de un sistema europeo de certificación de la ciberseguridad. Los Estados miembros también recurren a los sistemas europeos de certificación de la ciberseguridad en el contexto de la contratación pública y la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y podrían apoyar el desarrollo de mecanismos de asistencia, como un centro de asistencia, para la adquisición de soluciones de ciberseguridad por los compradores públicos.

                  (16)

                  Un elevado nivel de protección de los datos y de la privacidad es un elemento importante para garantizar la seguridad de las redes 5G. Se han definido también normas a nivel de la Unión que garantizan la seguridad del tratamiento de los datos personales, incluidas las comunicaciones electrónicas. El Reglamento general de protección de datos (14) establece la obligación de tratar los datos personales de manera que se garantice su seguridad, en particular impidiendo el acceso o el uso no autorizado de datos personales y del equipo utilizado para su tratamiento. La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas establece normas específicas para la protección de la confidencialidad de las comunicaciones y de los equipos terminales de los usuarios finales. También impone a los proveedores de servicios la obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus servicios.

                  (17)

                  La Unión también ha adoptado un instrumento que protegerá las infraestructuras y tecnologías críticas, como las utilizadas en las comunicaciones, merced a la autorización otorgada a los Estados miembros para controlar las inversiones extranjeras directas por motivos de seguridad o de orden público, y mediante la creación de un mecanismo de cooperación en el que los Estados miembros y la Comisión puedan intercambiar información y expresar sus inquietudes sobre inversiones específicas (15).

                  (18)

                  Los Estados miembros y los operadores están tomando actualmente importantes medidas preparatorias que posibiliten el despliegue a gran escala de las redes 5G. Varios Estados miembros han expresado su preocupación por los posibles riesgos de seguridad relacionados con las redes 5G en el contexto de la aplicación de procedimientos para la concesión de derechos de uso de bandas de espectro radioeléctrico asignadas para las redes 5G (16) y han explorado medidas para hacer frente a estos riesgos.

                  (19)

                  Al abordar los riesgos de ciberseguridad en las redes 5G, deben tenerse en cuenta tanto los factores técnicos como de otro tipo. Los factores técnicos pueden incluir las vulnerabilidades de ciberseguridad que puedan explotarse para acceder sin autorización a la información (ciberespionaje, por motivos económicos o políticos) o para otros fines dolosos (ciberataques destinados a perturbar o destruir sistemas y datos). Entre los aspectos relevantes que deben considerarse figuran la necesidad de proteger las redes a lo largo de todo su ciclo de vida y la necesidad de abarcar todos los equipos pertinentes, en particular en las fases de diseño, desarrollo, licitación, despliegue, explotación y mantenimiento de las redes 5G.

                  (20)

                  Otros factores pueden ser los requisitos reglamentarios o de otro tipo impuestos a los proveedores de equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Una evaluación de la importancia de tales factores debería tener en cuenta, entre otras cosas, el riesgo global de influencia de terceros países, especialmente en relación con su modelo de gobernanza; la ausencia de acuerdos de cooperación en materia de seguridad o de acuerdos similares, como las decisiones de adecuación, en materia de protección de datos entre la Unión y el tercer país de que se trate, o si este país es parte en acuerdos multilaterales, internacionales o bilaterales en materia de ciberseguridad, lucha contra la ciberdelincuencia o protección de datos.

                  (21)

                  Un elemento importante para el desarrollo de un enfoque de la Unión sobre la ciberseguridad de las redes 5G es la realización de una evaluación de riesgos a nivel nacional. Ayudaría a los Estados miembros a adaptar las medidas nacionales sobre los requisitos de seguridad y gestión de riesgos a la luz de sus resultados.

                  (22)

                  Debe desarrollarse la coordinación para garantizar la eficacia de las medidas destinadas a hacer frente a estas amenazas a la ciberseguridad, medidas que son esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior y para la protección de los datos personales y la privacidad.

                  (23)

                  Las evaluaciones nacionales de riesgos deben constituir la base de una evaluación coordinada de riesgos de la Unión, compuesta por un mapa de amenazas y una revisión conjunta de los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y en colaboración con la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA).

                  (24)

                  Teniendo en cuenta las evaluaciones de riesgo nacionales y de la Unión, el Grupo de cooperación debe establecer un conjunto de herramientas que identifique los tipos de riesgos de ciberseguridad y las posibles medidas para mitigarlos en ámbitos como la certificación, las pruebas y los controles de acceso. También debe identificar posibles medidas específicas adecuadas para hacer frente a los riesgos detectados por uno o varios Estados miembros. El Grupo de cooperación debe contar con el apoyo de la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA), Europol, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y el Centro de Inteligencia y Situación de la UE. Este conjunto de herramientas debe servir para asesorar a la Comisión en el desarrollo de requisitos mínimos comunes para seguir garantizando un elevado nivel de ciberseguridad de las redes 5G en toda la Unión.

                  (25)

                  Cuando se adopten medidas para hacer frente a los riesgos de ciberseguridad, deberá tenerse en cuenta la promoción de la ciberseguridad a través de la diversidad de proveedores al construir las redes respectivas.

                  (26)

                  La presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en relación con las actividades relativas a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional y las actividades del Estado en ámbitos del Derecho penal, incluido el derecho de los Estados miembros a excluir proveedores o suministradores de sus mercados por motivos de seguridad nacional.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      I.   OBJETIVOS

                  (1)

                  Con el fin de apoyar el desarrollo de un enfoque de la Unión para garantizar la ciberseguridad de las redes 5G, la presente Recomendación determina las medidas que deben adoptarse para permitir que:

                              a)

                              los Estados miembros evalúen los riesgos de ciberseguridad que afectan a las redes 5G a nivel nacional y adopten las medidas de seguridad necesarias;

                              b)

                              los Estados miembros y las instituciones, agencias y otros organismos pertinentes de la Unión desarrollen conjuntamente una evaluación coordinada de riesgos de la Unión, basada en las evaluaciones nacionales de riesgos;

                              c)

                              el Grupo de cooperación instituido en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148 (Grupo de cooperación) establezca un posible conjunto común de medidas para su adopción a fin de mitigar los riesgos de ciberseguridad relacionados con las infraestructuras que sustentan el ecosistema digital, en particular las redes 5G.

            II.   DEFINICIONES

                  (2)

                  A efectos de la presente Recomendación, se entiende por:
                  a)   «redes 5G»: el conjunto de todos los elementos de la infraestructura de red pertinentes para las tecnologías de las comunicaciones móviles e inalámbricas utilizados en los servicios de conectividad y de valor añadido con características de alto rendimiento, tales como capacidades y velocidades de datos muy elevadas, comunicaciones de baja latencia, fiabilidad ultraelevada o soporte de un elevado número de dispositivos conectados. Pueden incluir elementos de la red preexistentes basados en generaciones anteriores de tecnologías de las comunicaciones móviles e inalámbricas, como 4G o 3G. Se entiende que las redes 5G incluyen todas las partes pertinentes de la red;
                  b)   «infraestructuras que sustentan el ecosistema digital»: las infraestructuras utilizadas para permitir la digitalización a través de una amplia gama de aplicaciones críticas en la economía y la sociedad.

            III.   ACCIÓN A NIVEL NACIONAL

                  (3)

                  A más tardar el 30 de junio de 2019, los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación de riesgos de la infraestructura de red 5G, incluida la detección de los elementos más sensibles cuyos fallos de seguridad tendrían un impacto negativo importante. Para esa misma fecha, los Estados miembros también deben revisar los requisitos de seguridad y los métodos de gestión de riesgos aplicables a nivel nacional, teniendo en cuenta las amenazas de ciberseguridad que puedan derivarse de i) factores técnicos, como las características técnicas específicas de las redes 5G, y ii) otros factores, como el marco jurídico y político al que pueden estar sujetos los proveedores de equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones en terceros países.

                  (4)

                  Sobre la base de estas evaluaciones y revisiones de riesgos nacionales, y teniendo en cuenta la acción coordinada en curso a nivel de la Unión, los Estados miembros deben:

                              a)

                              actualizar los requisitos de seguridad y los métodos de gestión de riesgos aplicados con respecto a las redes 5G;

                              b)

                              actualizar las obligaciones pertinentes impuestas a las empresas que suministren redes de comunicaciones públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público con arreglo a los artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva 2002/21/CE;

                              c)

                              añadir a la autorización general condiciones relativas a la seguridad de las redes públicas contra el acceso no autorizado y recabar de las empresas participantes en los futuros procedimientos de concesión de derechos de uso de radiofrecuencias en las bandas de 5G el compromiso de cumplimiento de los requisitos de seguridad de las redes de conformidad con la Directiva 2002/20/CE;

                              d)

                              aplicar otras medidas preventivas destinadas a mitigar los posibles riesgos de ciberseguridad.

                  (5)

                  Las medidas contempladas en el punto 4 deben incluir obligaciones reforzadas para que los proveedores y operadores garanticen la seguridad de los componentes sensibles de las redes, así como la obligación, en su caso, de que proporcionen información pertinente a las autoridades nacionales competentes en relación con los cambios previstos en las redes de comunicaciones electrónicas y los requisitos de prueba previa de determinados componentes y sistemas de tecnología de la información a efectos de seguridad e integridad en los laboratorios nacionales de auditoría o certificación.

                  (6)

                  Las revisiones de seguridad conjuntas deben ser realizadas por dos o más Estados miembros, utilizando y compartiendo los conocimientos técnicos y los servicios adecuados en relación con las infraestructuras que sustentan el ecosistema digital y las redes 5G, por ejemplo, cuando la misma empresa opere o construya una infraestructura de red en más de un Estado miembro o cuando existan grandes semejanzas en las configuraciones de la red. La Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA), Europol y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) debe conceder prioridad a las solicitudes de ayuda de los Estados miembros en este ámbito. Los resultados de estas revisiones deben transmitirse al Grupo de cooperación y a la red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática.

            IV.   ACCIÓN COORDINADA A NIVEL DE LA UNIÓN

                  (7)

                  A fin de desarrollar un enfoque común para abordar los riesgos de ciberseguridad en relación con las redes 5G, los Estados miembros deben empezar a operar en una línea de trabajo específica en el Grupo de cooperación, a más tardar el 30 de abril de 2019. Los Estados miembros deben invitar a las autoridades pertinentes a participar, en su caso, en los trabajos del Grupo de cooperación.

         Una evaluación europea coordinada de los riesgos

                  (8)

                  Los Estados miembros deben intercambiar información entre sí y con los organismos pertinentes de la Unión a fin de adquirir un entendimiento común de los riesgos de ciberseguridad existentes y potenciales asociados a las redes 5G.

                  (9)

                  Los Estados miembros deben transmitir sus evaluaciones de riesgos nacionales a la Comisión y a la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA), a más tardar el 15 de julio de 2019.

                  (10)

                  La Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) debe completar un mapa específico de las amenazas a las redes 5G. El Grupo de cooperación y la red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, creados en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148, deben apoyar este proceso.

                  (11)

                  Teniendo en cuenta todos estos elementos, y a más tardar el 1 de octubre de 2019, los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y de la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA), deben completar una revisión conjunta de la exposición de la Unión a los riesgos relacionados con las infraestructuras que sustentan el ecosistema digital, en particular las redes 5G.

                  (12)

                  Esta revisión conjunta debe otorgar prioridad a un análisis de riesgos aplicable a los elementos especialmente sensibles o vulnerables que constituyen el núcleo central de las redes 5G, al centro de operaciones y de mantenimiento, así como al acceso a los elementos de la red 5G utilizados en aplicaciones industriales.

                  (13)

                  En una segunda fase, esta revisión conjunta deberá ampliarse a otros elementos estratégicos de la cadena de valor digital.

         Un conjunto de herramientas común de la Unión para hacer frente a los riesgos

                  (14)

                  El Grupo de cooperación debe determinar las mejores prácticas aplicadas a nivel nacional del tipo previsto en el punto 4. Sobre la base de estas mejores prácticas nacionales, debe acordarse, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, un conjunto de medidas de gestión de riesgos apropiadas, eficaces y proporcionadas para mitigar los riesgos de ciberseguridad detectados a nivel nacional y de la Unión, a fin de asesorar a la Comisión sobre el desarrollo de requisitos mínimos comunes para seguir garantizando un elevado nivel de ciberseguridad de las redes 5G en toda la Unión.

                  (15)

                  Este conjunto de herramientas debe incluir:

                              a)

                              un inventario de los tipos de riesgos de seguridad que pueden afectar a la ciberseguridad de las redes 5G (por ejemplo, riesgo de la cadena de suministro, riesgo de vulnerabilidad de los programas informáticos, riesgo de control de acceso y riesgos derivados del marco jurídico y político al que pueden estar sujetos los proveedores de equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones en terceros países), y

                              b)

                              un conjunto de posibles medidas mitigadoras (por ejemplo, certificación de equipos, programas o servicios informáticos por terceros; ensayos formales o controles de conformidad de equipos y programas informáticos; procesos para garantizar la existencia y realización de controles de acceso; detección de productos, servicios o proveedores potencialmente no seguros, etc.). Estas medidas deberán cubrir todos los tipos de riesgos de seguridad detectados en uno o más Estados miembros a raíz de la evaluación de riesgos.

                  (16)

                  Una vez desarrollados los sistemas europeos de certificación de la ciberseguridad pertinentes para las redes 5G, los Estados miembros deberán adoptar, de conformidad con el Derecho de la Unión, reglamentos técnicos nacionales que dispongan la certificación obligatoria de los productos, servicios o sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones cubiertos por estos sistemas.

                  (17)

                  Los Estados miembros, junto con la Comisión, deben determinar las condiciones de seguridad de las redes públicas contra el acceso no autorizado que se añadirán a la autorización general y los requisitos de seguridad de las redes a efectos de recabar compromisos de las empresas participantes en los procedimientos de concesión de derechos de uso del espectro en las bandas de 5G de conformidad con la Directiva 2002/20/CE. Estos requisitos deberán reflejarse, en la medida de lo posible, en las medidas indicadas en el punto 4, letra c).

                  (18)

                  Los Estados miembros deben cooperar con la Comisión en la elaboración de requisitos de seguridad específicos que puedan aplicarse en el contexto de la contratación pública relacionada con las redes 5G. Deben incluir los requisitos obligatorios para aplicar los regímenes de certificación de la ciberseguridad en la contratación pública, en la medida en que estos sistemas todavía no sean vinculantes para todos los proveedores y operadores.

            V.   REVISIÓN

                  (19)

                  Los Estados miembros deben cooperar con la Comisión en la evaluación de los efectos de la presente Recomendación a más tardar el 1 de octubre de 2020, con miras a determinar la manera adecuada de seguir avanzando. Esta evaluación deberá tener en cuenta el resultado de la evaluación coordinada de riesgos de la Unión y del conjunto de herramientas de la Unión.

         Hecho en Estrasburgo, el 26 de marzo de 2019.

               Por la Comisión

            Julian KING

               Miembro de la Comisión

         (1)  COM(2016) 588 final.

         (2)  Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de marzo de 2019.

         (3)  Estado de la Unión 2018-La hora de la soberanía europea, 12 de septiembre de 2018.

         (4)  JOIN (2019) 5 final.

         (5)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0112+0+DOC+XML+V0//ES.

         (6)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33), y Directivas específicas.

         (7)  Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

         (8)  Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21).

         (9)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

         (10)  https://resilience.enisa.europa.eu/article-13.

         (11)  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).

         (12)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación [COM(2017) 477 final-2017/0225 (COD)].

         (13)  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

         (14)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

         (15)  Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1-14..

         (16)  El procedimiento de subasta en al menos una banda del espectro está previsto para 2019 en 11 Estados miembros: Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Lituania y Portugal. Para 2020 están previstas seis subastas más: España, Malta, Lituania (distintas frecuencias), Eslovaquia, Polonia y Reino Unido. Fuente: http://5gobservatory.eu/observatory-overview/observatory-reports/.