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31987H0179

87/179/CEE: Recomendación del Consejo de 9 de marzo de 1987 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) para el ejercicio 1985

Diario Oficial n° L 071 de 14/03/1987 p. 0031 - 0031

*****RECOMENDACIÓN  DEL CONSEJO  de 9 de marzo de 1987  por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) para el ejercicio 1985  (87/179/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 206 ter,  Visto el Convenio ACP-CEE de Lomé, de 28 de febrero de 1975,  Vista la Decisión 76/568/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1976, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),  Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado el 11 de julio de 1975, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 31,  Visto el Reglamento financiero de 27 de julio de 1976, aplicable al cuarto Fondo Europeo de Desarrollo (3), y, en particular, sus artículos 64 a 67,  Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) aprobados al 31 de diciembre de 1985 así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1985, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),  Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 31 del acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) se efectuará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 206 del Tratado;  Considerando que la ejecución, en su conjunto, de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) durante el ejercicio 1985, por la Comisión, ha sido satisfactoria,  RECOMIENDA  al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1975) (cuarto FED) para el ejercicio 1985.  Hecho en Bruselas, el 9 de marzo de 1987.  Por el Consejo  El Presidente  M. EYSKENS  (1) DO no L 176 de 1. 7. 1976, p. 8.  (2) DO no L 25 de 30. 1. 1976, p. 168.  (3) DO no L 229 de 20. 8. 1976, p. 9.  (4) DO no C 321 de 15. 12. 1986, pp. 133 y 251.


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Croacia

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/41

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Croacia
   (2017/C 261/10)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2017 sobre Croacia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evaluaban los avances realizados por Croacia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Croacia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Croacia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, en 2016, la ratio de deuda de las administraciones públicas emprendió una trayectoria descendente, pero la deuda pública está expuesta al riesgo de tipo de cambio y los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria siguen siendo elevados a medio plazo. La deuda del sector privado ha disminuido, aunque sigue siendo elevada, especialmente en el sector empresarial, y está muy expuesta al riesgo de tipo de cambio. El sector financiero está preparado para apoyar la recuperación, pero sigue expuesto al riesgo de crédito inducido por divisas, y la proporción de préstamos no productivos sigue siendo elevada. La tasa de desempleo está disminuyendo rápidamente, como consecuencia de una moderada creación de empleo y de la contracción de la población activa. Por último, un engorroso entorno empresarial deprime la inversión productiva y el crecimiento de la productividad.

               (3)

               El 27 de abril de 2017, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Convergencia de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En los programas relativos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (5)

               Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Croacia se encuentra en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo de las administraciones públicas, de -0,8 % del PIB en 2016 a 0,5 % del PIB in 2020. El objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en -1,75 % del PIB en términos estructurales, se alcanzó con un amplio margen en 2016, y se prevé que el saldo estructural (recalculado (4)) se sitúe en el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 y 2018, pero sin margen. Posteriormente, la previsión es que vuelva a mejorar ligeramente. En el Programa de Convergencia se prevé que la ratio deuda pública/PIB continúe disminuyendo hasta el 72,1 % para 2020, tras alcanzar un máximo de 86,7 % del PIB en 2015. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es optimista, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión negativa de las dificultades financieras que afronta la mayor empresa privada de Croacia, Agrokor, dato que las proyecciones del programa no tienen en cuenta. La crisis de Agrokor plantea también riesgos directos para las previsiones presupuestarias. Además, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 todavía no se han concretado del todo.

               (6)

               El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Croacia lograr un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Los datos relativos a la ejecución, que muestran una mejora considerable del saldo presupuestario para 2016, indican que Croacia alcanzó ya su objetivo presupuestario a medio plazo en ese año. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión indican que el saldo estructural seguirá estando por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en 2017, pese a su bajada de -0,3 % del PIB en 2016 a -1,7 % del PIB en 2017. En 2018, se recomienda a Croacia que se mantenga en el objetivo presupuestario a medio plazo. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión prevén que el saldo estructural siga disminuyendo hasta 2,1 % del PIB y señalan un riesgo de cierta desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Está previsto que Croacia se ajuste a la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. En conjunto, el Consejo considera que Croacia debe estar preparada para adoptar nuevas medidas en 2018 a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (7)

               El marco de gobernanza presupuestaria de Croacia muestra deficiencias. La nueva Ley de responsabilidad presupuestaria, que debería reforzar el marco presupuestario, así como la independencia y el mandato del Comité de Política Fiscal, aún no ha sido adoptada. Se ha aplazado la modificación de la Ley de presupuestos, cuyo objetivo era reforzar el marco presupuestario a medio plazo y encontrar una solución para las revisiones de los planes presupuestarios a nivel central y local. La fiabilidad de las previsiones subyacentes tras los planes presupuestarios sigue siendo escasa.

               (8)

               Croacia obtiene unos ingresos relativamente bajos de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles. Las corporaciones locales recaudan ingresos mediante gravámenes vinculados a los inmuebles, pero con variaciones considerables en su cálculo y cobertura. Dependen también de la tributación, menos eficiente, de las transmisiones inmobiliarias. En aplicación de reiteradas recomendaciones específicas por país, y en el marco de la reforma fiscal de finales de 2016, algunos gravámenes e impuestos locales serán sustituidos a partir de 2018 por un impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles calculado en función de cinco parámetros que permiten determinar aproximadamente al valor del inmueble. Esto se considera un primer paso hacia el impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles basado completamente en el valor.

               (9)

               Las necesidades de financiación soberana de Croacia y la exposición de la deuda soberana al riesgo de tipo de cambio destacan la importancia de unas fuentes de financiación fiables y una gestión prudente del riesgo. En respuesta a una recomendación específica por país, a principios de 2017 se adoptó una estrategia de gestión de la deuda de la Administración central para el período 2017-2019. La estrategia anterior había expirado tres años antes. El sistema institucional para la gestión de la deuda pública, lo que incluye la comunicación con los mercados, la gestión del riesgo y la actualización periódica de la estrategia, es deficiente. Tampoco se tienen suficientemente en cuenta las operaciones extrapresupuestarias con una repercusión potencial en la deuda.

               (10)

               El mercado de trabajo ha continuado recuperándose recientemente, pero el desempleo sigue siendo elevado y hay un alto porcentaje de solicitantes de empleo durante largo tiempo. Esta situación, a la que se añade un nivel de actividad bajo y en descenso, significa que hay un gran potencial de mano de obra desaprovechado. La disminución de la actividad en 2016, determinada por la contracción de la población activa a causa del envejecimiento demográfico y la emigración, factores ambos que han ido en aumento, fue especialmente pronunciada entre los trabajadores poco cualificados en edades de máximo rendimiento.

               (11)

               La inactividad es relativamente elevada entre los grupos que reúnen las condiciones para acogerse a la jubilación anticipada. Los cortos períodos de cotización tienen como resultado una insuficiencia de las pensiones actuales y futuras, lo que genera riesgos de pobreza en la vejez. Existen numerosas opciones para poder acogerse a la jubilación anticipada, hasta cinco años antes de la edad legal de jubilación. Los incentivos económicos para trabajar hasta esa edad son escasos. Las medidas anunciadas para fomentar vidas laborales más largas aún no se han aplicado. Las responsabilidades asistenciales contribuyen a que la participación en el mercado de trabajo sea baja, en particular en el caso de las mujeres que sobrepasan la mediana edad. Los servicios formales de atención a la infancia son insuficientes, hay grandes disparidades regionales y los contratos de trabajo dejan poca flexibilidad para conciliar trabajo y cuidados familiares. Hasta la fecha, la edad legal de jubilación es de 61 años y 9 meses para las mujeres y 65 años para los hombres. La convergencia y el incremento de las edades legales de jubilación son lentos: se prevé que la edad de jubilación para ambos sexos coincida en 67 años en 2038. Se está estudiando la posibilidad de acelerar este proceso, pero aún no se ha llevado a la práctica. El sistema de pensiones da derecho a condiciones más favorables para determinadas categorías de trabajadores, en profesiones clasificadas como penosas y peligrosas y en sectores específicos. Las autoridades croatas han llevado a cabo un examen de las profesiones penosas y peligrosas, pero las normas aún no se han racionalizado.

               (12)

               Según los datos más recientes, en 2015 casi el 30 % de la población estaba expuesta a riesgo de pobreza o exclusión social. El sistema de protección social presenta deficiencias en cuanto a efectividad y a equidad, que se derivan de incoherencias en los criterios de elegibilidad, fragmentación de la cobertura geográfica, falta de coordinación entre las autoridades responsables y poca transparencia. En 2016, solo el 0,6 % del PIB se asignó al sistema de renta mínima destinado a los hogares más pobres. Los planes de reforma, que incluirían la redistribución de responsabilidades a nivel institucional y la armonización de los criterios de elegibilidad, no han registrado avances.

               (13)

               La adquisición de las capacidades necesarias en el mercado de trabajo es una condición importante para la empleabilidad. La participación en la educación de adultos es muy baja, al igual que el gasto en políticas activas del mercado de trabajo y su cobertura, y son también muy insuficientes las medidas de reciclaje profesional y aprendizaje permanente. No hay suficiente formación específicamente dirigida a los trabajadores de más edad y menos cualificados y a los desempleados de larga duración, que suelen encontrar especiales dificultades de empleabilidad. Se ha retrasado la elaboración de legislación para mejorar la calidad de las instituciones, los programas y la enseñanza de adultos.

               (14)

               Unas capacidades básicas suficientes son esenciales para encontrar y conservar un empleo estable y de calidad y participar con éxito en la vida económica y social. Los datos de estudios internacionales señalan graves deficiencias en competencias básicas, ciencias aplicadas y matemáticas en los alumnos croatas de 15 años de edad. Desde 2015, como parte de la estrategia de educación, ciencia y tecnología, se puso en marcha una reforma de los planes de estudios escolares para mejorar los contenidos y la enseñanza de capacidades transversales. Tras las reacciones ambivalentes de las partes interesadas, la reforma de los planes de estudios se revisó y su aplicación se ha retrasado significativamente. Ahora el proceso debe continuar con arreglo a los objetivos originales. Croacia adoptó recientemente una estrategia de formación profesional, que se espera que dé lugar a una actualización de los planes de estudios de esta formación, a un incremento del aprendizaje en el trabajo y a una mejora de la calidad de la enseñanza en formación profesional. Está pendiente la introducción del sistema de reconocimiento y validación del aprendizaje no formal e informal.

               (15)

               La fragmentación territorial y funcional de la Administración pública supone un lastre para la prestación de servicios y la eficiencia del gasto público. La actual organización de las competencias y las relaciones presupuestarias entre los distintos niveles de la Administración no propicia una prestación eficiente y equitativa de los servicios públicos, en particular en los ámbitos de la sanidad, la educación y la asistencia social. La reforma global de la Administración pública sufre retrasos. La legislación encaminada a redistribuir las tareas entre las autoridades centrales y locales está pendiente, al igual que la simplificación del sistema de organismos públicos. A principios de 2017, las autoridades croatas anunciaron la creación de una comisión técnica para elaborar legislación sobre la financiación de los niveles de gobierno subnacionales.

               (16)

               La fragmentación de la fijación de salarios en la Administración pública sigue impidiendo la transparencia de las retribuciones y la igualdad de trato, así como el control por la Administración de los salarios del sector público, lo cual conlleva riesgos de efectos indirectos sobre el conjunto de la economía. En febrero de 2017, el Gobierno adoptó unas directrices comunes para la negociación y el seguimiento de los convenios colectivos en el sector público, pero la simplificación de los mecanismos de fijación salarial se ha aplazado hasta 2018.

               (17)

               Las empresas públicas son en promedio menos productivas que las privadas, lo que da a entender que existen deficiencias en su gobernanza. Repercuten de forma negativa en la eficiencia en la asignación de recursos y frenan el crecimiento de la productividad en la economía. El proceso de apertura de las empresas públicas al control privado avanzó con lentitud el año pasado. Un mejor seguimiento de su actuación y de la rendición de cuentas de las juntas directivas, incluidas las de empresas que son propiedad de corporaciones locales, ayudaría a mejorar su gestión.

               (18)

               El Banco de Reconstrucción y Desarrollo de Croacia (HBOR) desempeña una función clave en la ejecución de los instrumentos financieros de la Unión y, en concreto, del Plan de Inversiones para Europa. Para que cumpla rigurosamente esta función es preciso que asuma unos niveles elevados de transparencia y rendición de cuentas. Las autoridades croatas han encomendado a auditores independientes un examen independiente de la calidad de los activos de su cartera de crédito cuyas conclusiones deberían estar disponibles antes de que finalice 2017. Sobre la base de esas conclusiones, se revisarán su marco normativo y sus estructuras de gobernanza.

               (19)

               Las empresas soportan elevados costes normativos. Un gran número de tasas parafiscales, muchas de las cuales son tratadas estadísticamente como impuestos, complican el entorno en el que operan las empresas. En respuesta a una recomendación específica por país, en el verano de 2016 el Gobierno decidió abolir 13 tasas parafiscales y reducir otras 11, pero la puesta en práctica ha sido lenta. Las empresas siguen padeciendo una onerosa carga administrativa. Se adoptó un plan de acción para reducir esta carga, en el que se trataban ocho ámbitos normativos, pero aún está pendiente su aplicación.

               (20)

               La inversión se recuperó en 2016 tras una drástica caída durante la crisis. No obstante, pese a las favorables condiciones macroeconómicas y financieras, algunos importantes cuellos de botella siguen obstruyendo una recuperación más sostenida de las inversiones. Las deficiencias de la Administración pública, el engorroso entorno empresarial, la lentitud en la aplicación de la estrategia de lucha contra la corrupción, una regulación restrictiva en sectores clave de las infraestructuras y la fuerte presencia del Estado en la economía son factores que lastran el ambiente empresarial.

               (21)

               La modernización de las regulaciones profesionales puede promover la movilidad laboral y contribuir a bajar las tarifas de los servicios profesionales, aumentando así el crecimiento potencial. La normativa de Croacia para los proveedores de servicios y las profesiones reguladas ha sido restrictiva, sobre todo para los abogados. En el verano de 2016, el Gobierno adoptó un plan de acción para sustituir y modernizar una normativa inadecuada, pero su alcance y su nivel de detalle eran limitados.

               (22)

               La calidad y la eficiencia del sistema de justicia son factores determinantes para el entorno empresarial. Pese a que se han reducido los atrasos, los procedimientos judiciales en primera instancia en asuntos mercantiles, civiles y penales son prolongados. El archivo y la expedición de documentos judiciales por medios electrónicos podrían mejorar significativamente la administración de justicia, pero aún no se han puesto en práctica. Los jueces de lo mercantil no pueden acceder a los registros en línea, lo cual afecta a la eficiencia de los procedimientos de insolvencia. Las sentencias judiciales no suelen estar publicadas en línea, y hay margen para mejorar los procedimientos mercantiles en los tribunales de comercio de primera instancia.

               (23)

               El sector bancario sigue estando bien capitalizado y su rentabilidad se recuperó en 2016 tras la conversión de los préstamos denominados en francos suizos a préstamos en euros en 2015. La ratio de préstamos no productivos en el total de préstamos brutos ha disminuido últimamente pero sigue siendo elevada, en particular en las sociedades no financieras. La disminución parece inducida por las ventas, así como por los requisitos introducidos en 2013 en materia de aprovisionamiento progresivo y automático. Como parte de la reciente reforma tributaria, el Gobierno introdujo también un nuevo tratamiento fiscal para la cancelación de préstamos no productivos, en respuesta a una recomendación específica por país. Deberán seguirse de cerca sus efectos. La eficiencia del marco de insolvencia recientemente reformado para facilitar la resolución de préstamos no productivos merece también un minucioso seguimiento.

               (24)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Croacia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Croacia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Croacia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (25)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2017, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (26)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Convergencia de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a Croacia que en 2017 y 2018 tome medidas con el fin de:

               1.

               Proseguir su política presupuestaria de conformidad con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que supone mantenerse en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Para septiembre de 2017, reforzar la planificación presupuestaria y el marco presupuestario plurianual, en concreto fortaleciendo la independencia y el mandato del Comité de Política Fiscal. Tomar las medidas necesarias para la introducción del impuesto sobre los bienes inmuebles basado en el valor. Reforzar el marco para la gestión de la deuda pública, en concreto garantizando que haya actualizaciones anuales de la estrategia de gestión de la deuda.

               2.

               Desincentivar la jubilación anticipada, acelerar la transición a una edad legal de jubilación más avanzada y ajustar a las normas del régimen general de pensiones las disposiciones aplicables a determinadas categorías. Mejorar la coordinación y la transparencia de las prestaciones sociales.

               3.

               Mejorar la educación de adultos, en particular de los trabajadores de más edad, los trabajadores poco cualificados y los desempleados de larga duración. Acelerar la reforma del sistema educativo.

               4.

               Reducir la fragmentación y mejorar la distribución funcional de competencias de la Administración pública a fin de aumentar la eficiencia y de disminuir las disparidades territoriales en la prestación de servicios públicos. En consulta con los interlocutores sociales, armonizar los marcos de fijación de salarios en toda la Administración pública y en los servicios públicos.

               5.

               Acelerar la venta de empresas públicas y otros activos públicos y mejorar la gobernanza de las empresas públicas. Reducir significativamente el lastre que suponen para las empresas los costes derivados de la regulación y de las cargas administrativas. Eliminar aquellas restricciones normativas que obstaculizan el acceso a las profesiones reguladas y su ejercicio y a los servicios profesionales y empresariales. Mejorar la calidad y la eficiencia del sistema judicial, en particular reduciendo la duración de los procesos civiles y mercantiles.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando la metodología común.

      (5)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


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		52013PC0544

			Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la celebración por parte de la Comisión, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea /* COM/2013/0544 final - 2013/ () */

			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 24 de septiembre de 2012, el Consejo
autorizó a la Comisión a abrir negociaciones, en nombre de la Unión Europea y
sus Estados miembros y de la República de Croacia, con Montenegro, con objeto
de celebrar un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Montenegro, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de
Croacia a la Unión Europea.
Dichas negociaciones empezaron el 22 de
noviembre de 2012, tras la celebración de consultas técnicas previas con Montenegro.
El 25 de enero y el 7 de marzo de 2013 tuvieron lugar rondas de negociación
adicionales. El Protocolo fue rubricado por la Comisión y el Gobierno
montenegrino el 16 de mayo de 2013. Se adjunta el texto rubricado del
Protocolo.
La Comisión propone que el Consejo adopte
una Decisión relativa a la firma y la aplicación provisional del Protocolo en
nombre de la Unión Europea y celebre el Protocolo en nombre de la Unión Europea
y de sus Estados miembros. La Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) es
también Parte en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Para la celebración
del Protocolo en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la
Comisión propone que el Consejo dé su aprobación, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 101, párrafo segundo, del Tratado CEEA.
De conformidad con el artículo 101 del
Tratado CEEA, la Comisión, por un lado, adopta la decisión de firma del Acuerdo
y, por otro, con la aprobación del Consejo, adopta la decisión de celebración
del Acuerdo. Por ello es necesario adoptar decisiones por separado para la
firma y la celebración del Protocolo por parte de la UE y de la CEEA.
Para la celebración del Protocolo en
nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Comisión propone que
el Consejo:
–
dé su aprobación, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 101, párrafo segundo, del Tratado CEEA.
Recomendación de
DECISIÓN DEL CONSEJO
relativa a la aprobación de la
celebración por parte de la Comisión, en nombre de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, de un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Montenegro, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en especial, su artículo 101,
párrafo segundo,
Vista la Recomendación de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 24 de septiembre de 2012, el Consejo
autorizó a la Comisión a abrir negociaciones con Montenegro con objeto de
celebrar un Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Montenegro, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de
Croacia a la Unión Europea.
(2)
Dichas negociaciones se han llevado a cabo con
éxito.
(3)
Por consiguiente, el Protocolo debe celebrarse
también en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en lo que
respecta a los asuntos que entran en el ámbito del Tratado CEEA.
(4)
La firma y la celebración del Protocolo están
sujetas a procedimientos por separado en lo que respecta a los asuntos que
entran en el ámbito del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea.
(5)
Debe aprobarse la celebración del Protocolo
por la Comisión, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo único
Queda aprobada la celebración por la
Comisión, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del
Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea (en lo sucesivo, «el Protocolo»).
El texto del Protocolo se adjunta a la
Decisión del Consejo relativa a la firma y la aplicación provisional de un
Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea.
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente


title: Recomendación de la Comisión, de 18 de octubre de 2011 , relativa a la definición de nanomaterial Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               20.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 275/38

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 18 de octubre de 2011
   relativa a la definición de nanomaterial
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2011/696/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2005, titulada «Nanociencias y nanotecnologías: un plan de acción para Europa 2005-2009» (1) define una serie de iniciativas articuladas e interconectadas para la aplicación inmediata de una estrategia segura, integrada y responsable en materia de nanociencias y nanotecnologías.

               (2)

               De acuerdo con los compromisos asumidos en el plan de acción, la Comisión revisó detenidamente la legislación pertinente de la Unión a fin de determinar la aplicabilidad de la normativa vigente a los posibles riesgos de los nanomateriales. El resultado de la revisión quedó recogido en la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2008, titulada «Aspectos reglamentarios de los nanomateriales» (2). En la Comunicación se llegó a la conclusión de que el término «nanomateriales» no figura de manera específica en la legislación de la Unión, pero que la normativa vigente abarca, en principio, los riesgos potenciales para la salud, la seguridad y el medio ambiente relacionados con los nanomateriales.

               (3)

               En su Resolución de 24 de abril de 2009 sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales (3), el Parlamento Europeo solicitó, entre otras cosas, la introducción de una definición científica y exhaustiva de nanomateriales en la legislación de la Unión.

               (4)

               La definición de la presente Recomendación debe utilizarse como referencia para determinar si un material debe considerarse «nanomaterial» a efectos legislativos y políticos en la Unión. La definición del término «nanomaterial» en la legislación de la Unión debe basarse únicamente en el tamaño de las partículas constituyentes de un material, independientemente del peligro o del riesgo. Esta definición, basada exclusivamente en el tamaño del material, abarca materiales naturales, secundarios o fabricados.

               (5)

               Conviene que la definición del término «nanomaterial» se base en los conocimientos científicos disponibles.

               (6)

               La medición del tamaño y la granulometría de los nanomateriales es una tarea ardua en muchos casos, y los diferentes métodos de medición pueden dar resultados que no son comparables. Deben elaborarse métodos de medición armonizados para garantizar que la aplicación de la definición ofrezca resultados coherentes entre los distintos materiales y a lo largo del tiempo. Mientras no se disponga de métodos de medición armonizados, deben aplicarse los mejores métodos alternativos disponibles.

               (7)

               El informe de referencia del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, titulado «Considerations on a Definition of Nanomaterials for Regulatory purposes» (4) (Consideraciones sobre una definición de nanomateriales a efectos reglamentarios), sugiere que una definición de nanomateriales debe abordar nanomateriales en partículas, ser aplicable al conjunto de la legislación de la Unión y estar en consonancia con otros planteamientos a escala mundial. El tamaño debe ser la única propiedad definitoria, lo que requiere una definición clara de los límites de la nanoescala.

               (8)

               La Comisión encargó al Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados (CCRSERI) que aportara datos científicos sobre los elementos que deben considerarse a la hora de elaborar una definición del término «nanomaterial» a efectos reglamentarios. El dictamen sobre la base científica para la definición del término «nanomaterial» fue sometido a consulta pública en 2010. En su dictamen de 8 de diciembre de 2010 (5), el CCRSERI llegó a la conclusión de que el tamaño es universalmente aplicable a los nanomateriales y constituye el parámetro más adecuado. La definición de un intervalo de tamaños facilitaría una interpretación uniforme. Se propuso un tamaño de 1 nm como límite inferior. Hay un consenso general para utilizar un límite superior de 100 nm, pero no hay pruebas científicas que respalden la idoneidad de este valor. La utilización de un único valor límite superior podría ser demasiado limitado para la clasificación de los nanomateriales, y podría ser preferible un enfoque diferenciado. A efectos reglamentarios, la granulometría numérica debe considerarse asimismo utilizando el tamaño medio y la desviación típica para perfeccionar la definición. La granulometría de un material debe presentarse como granulometría basada en la concentración numérica (es decir, en el número de objetos en un intervalo de tamaños determinado dividido por el número de objetos en total) y no en la fracción de masa de partículas nanométricas en el nanomaterial, dado que una pequeña fracción de masa puede contener el mayor número de partículas. El CCRSERI señaló algunos casos concretos en los que la aplicación de la definición puede verse facilitada utilizando la superficie específica por unidad de volumen como indicador para determinar si un material pertenece al intervalo nanométrico definido.

               (9)

               La Organización Internacional de Normalización define el término «nanomaterial» como material que tenga cualquier dimensión externa en la nanoescala o con una estructura interna o superficial en la nanoescala. El término «nanoescala» se define como intervalo de tamaños entre aproximadamente 1 nm y 100 nm (6).

               (10)

               La granulometría numérica debe tener en cuenta el hecho de que los nanomateriales normalmente están compuestos de muchas partículas de diferentes tamaños con una distribución específica. Sin especificar la granulometría numérica, sería difícil determinar si un material específico se ajusta a la definición cuando algunas partículas son inferiores a 100 nm y otras no. Este enfoque es coherente con la opinión del CCRSERI de que la granulometría de un material debe presentarse como distribución basada en la concentración numérica (es decir, el número de partículas).

               (11)

               No existe una base científica clara para indicar un valor específico respecto a la granulometría por debajo del cual no se espera que los materiales que contienen partículas en un intervalo de tamaños de entre 1 nm y 100 nm muestren propiedades específicas de los nanomateriales. El dictamen científico consistió en utilizar un enfoque estadístico basado en la desviación típica con un valor umbral del 0,15 %. Teniendo en cuenta la presencia generalizada de materiales que cumplirían ese umbral y la necesidad de adaptar el alcance de la definición para utilizarla en un contexto reglamentario, el umbral debe ser más elevado. Un nanomaterial, según se define en la presente Recomendación, debe estar compuesto de un 50 % o más de partículas de un tamaño comprendido entre 1 nm y 100 nm. De conformidad con el dictamen del CCRSERI, incluso un pequeño número de partículas en el intervalo de 1 nm a 100 nm puede, en ciertos casos, justificar una evaluación específica. No obstante, clasificar esos materiales como nanomateriales podría inducir a error. Puede haber casos legislativos específicos, sin embargo, en que la preocupación por el medio ambiente, la salud, la seguridad o la competitividad justifiquen la aplicación de un umbral inferior al 50 %.

               (12)

               Las partículas aglomeradas o agregadas pueden presentar las mismas propiedades que las partículas sueltas. Además, puede haber casos, durante el ciclo de vida de un nanomaterial, en que se liberen partículas de los aglomerados o agregados. Por tanto, la definición de la presente Recomendación debe incluir también las partículas de aglomerados o agregados siempre que las partículas constituyentes se sitúen en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 nm y 100 nm.

               (13)

               Actualmente se puede medir la superficie específica por unidad de volumen de los polvos o materiales sólidos secos con el método de adsorción de nitrógeno («método BET»). En esos casos, la superficie específica puede utilizarse como indicador para señalar un nanomaterial potencial. Los nuevos conocimientos científicos pueden ampliar la posibilidad de utilizar este y otros métodos para otros tipos de materiales en el futuro. Puede haber una discrepancia entre la medición de la superficie específica y la granulometría numérica de un material a otro. Conviene especificar, por tanto, que deben prevalecer los resultados correspondientes a la granulometría numérica y no debe caber la posibilidad de utilizar la superficie específica para demostrar que un material no es un nanomaterial.

               (14)

               El desarrollo tecnológico y el progreso científico avanzan a gran velocidad. Por tanto, la definición y los descriptores deben ser objeto de revisión de aquí a diciembre de 2014 para garantizar que correspondan a las necesidades. En particular, es preciso que la revisión evalúe si debe aumentarse o reducirse el umbral de granulometría numérica del 50 % y si se incluyen los materiales con estructura interna o de superficie en la nanoescala, como los nanomateriales con nanocomponentes complejos, incluidos los materiales nanoporosos y nanocompuestos utilizados en algunos sectores.

               (15)

               Deben elaborarse orientaciones y métodos de medición normalizados, así como datos sobre las concentraciones típicas de nanopartículas en series representativas de materiales, cuando sea factible y viable para facilitar la aplicación de la definición en un contexto legislativo específico.

               (16)

               La definición de la presente Recomendación no debe prejuzgar ni reflejar el ámbito de aplicación de ningún acto legislativo de la Unión ni de ninguna disposición que pueda establecer requisitos suplementarios para esos materiales, incluidos los relativos a la gestión de riesgos. En ciertos casos puede ser necesario excluir determinados materiales del ámbito de aplicación de algunos actos o disposiciones legislativas específicas, incluso aunque se ajusten a la definición. También puede ser necesario incluir otros materiales, como algunos materiales de tamaño inferior a 1 nm o superior a 100 nm, en el ámbito de aplicación de los actos o disposiciones legislativas específicas relativas a los nanomateriales.

               (17)

               Habida cuenta de las circunstancias especiales del sector farmacéutico y los sistemas nanoestructurados especializados ya empleados, la definición de la presente Recomendación no debe afectar al uso del término «nano» cuando se definan determinados productos farmacéuticos y sanitarios.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se invita a los Estados miembros, las agencias de la Unión y los operadores económicos a utilizar la siguiente definición del término «nanomaterial» cuando adopten y apliquen legislación, políticas y programas de investigación sobre productos de nanotecnologías.

               2.

               Por «nanomaterial» se entiende un material natural, secundario o fabricado que contenga partículas, sueltas o formando un agregado o aglomerado y en el que el 50 % o más de las partículas en la granulometría numérica presente una o más dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 nm y 100 nm.
               En casos específicos y cuando se justifique por preocupaciones de medio ambiente, salud, seguridad o competitividad, el umbral de la granulometría numérica del 50 % puede sustituirse por un umbral comprendido entre el 1 % y el 50 %.

               3.

               No obstante lo dispuesto en el punto 2, los fullerenos, los copos de grafeno y los nanotubos de carbono de pared simple con una o más dimensiones externas inferiores a 1 nm deben considerarse nanomateriales.

               4.

               A efectos del punto 2, los términos «partícula», «aglomerado» y «agregado» se definen como sigue:
               a)   «partícula»: una parte diminuta de materia con límites físicos definidos;
               b)   «aglomerado»: un conjunto de partículas débilmente ligadas o de agregados en que la extensión de la superficie externa resultante es similar a la suma de las extensiones de las superficies de los distintos componentes;
               c)   «agregado»: una partícula compuesta de partículas fuertemente ligadas o fusionadas.

               5.

               Cuando sea técnicamente posible y la legislación específica lo exija, el respeto de la definición contemplada en el punto 2 podrá determinarse sobre la base de la superficie específica por unidad de volumen. Un material debe considerarse incluido en la definición del punto 2 cuando la superficie específica por unidad de volumen del material sea superior a 60 m2/cm3. No obstante, un material que, según su granulometría numérica, es un nanomaterial debe considerarse que respeta la definición del punto 2, incluso si el material tiene una superficie específica inferior a 60 m2/cm3.

               6.

               De aquí a diciembre de 2014, la definición establecida en los puntos 1 a 5 se revisará a la luz de la experiencia adquirida y de la evolución científica y tecnológica. Conviene que la revisión se centre principalmente en la cuestión de si debe aumentarse o reducirse el umbral de la granulometría numérica del 50 %.

               7.

               Los Estados miembros, las agencias de la Unión y los operadores económicos serán los destinatarios de la presente Recomendación.

      Hecho en Bruselas, el 18 de octubre de 2011.

            Por la Comisión

         Janez POTOČNIK

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2005) 243 final.

      (2)  COM(2008) 366 final.

      (3)  P6_TA(2009) 0328.

      (4)  EUR 24403 EN, junio de 2010.

      (5)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_032.pdf

      (6)  http://cdb.iso.org


Avis juridique important

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31979H0167

79/167/CECA,CEE,Euratom: Recomendación del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativa a la reducción de la demanda de energía de los edificios en la Comunidad

Diario Oficial n° L 037 de 13/02/1979 p. 0025 - 0026 Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0134  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0134

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO    de 5 de febrero de 1979    relativa a la reducción de la demanda de   energía de los edificios en la Comunidad     ( 79/167/CECA , CEE , Euratom )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Vistos los Tratados constitutivos de las Comunidades   Europeas ,    Vista la propuesta de la Comisión (1) ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Visto el dictamen del Comité económico y   social (3) ,    Considerando que , en su Resolución de 17 de   diciembre de 1974 relativa a los objetivos de la   política energética comunitaria para 1985 (4) , el   Consejo ha aprobado el objetivo de reducir la tasa de   crecimiento del consumo de energía para el conjunto   de la Comunidad a un nivel inferior en un 15 % a   las previsiones establecidas en enero de 1973 ; que   el Consejo ha adoptado el mismo día , una Resolución   relativa al programa de acción comunitario en el   ámbito del uso racional de la energía (5) ;    Considerando que , en las sesiones del Consejo   Europeo de los días 6 y 7 de julio de 1978 , los   jefes de estado o de gobierno de los Estados miembros   han decidido adoptar como objetivo la reducción de la   relación entre la tasa de crecimiento del consumo   de energía y la tasa de crecimiento del producto   interior bruto en la Comunidad hasta el 0,8 en   promedio para 1985 ;    Considerando que , según las previsiones , sería   posible realizar un importante ahorro suplementario de   energía hasta 1985 , procediendo a realizar   inversiones en la mejora del aislamiento térmico de   los edificios , en la reducción de la ventilación   superflua y en el perfeccionamiento de eficacia de   los sistemas de calefacción y de refrigeración ;    Considerando que estas inversiones beneficiarán   tanto a la sociedad en su conjunto como a las partes   directamente interesadas reduciendo la demanda de   energía , así como contribuyendo a la protección   y mejora del medio ambiente , creando nuevos puestos   de trabajo y contribuyendo a la reducción del   coste en divisas de las importaciones de energía ;    Considerando que de estas medidas se podrá   desprender una serie de ventajas a corto plazo como   la obtención de niveles de bienestar más   elevados , así como , por otra parte , una   disminución de la presión inflacionista y de la   incidencia que sobre los consumidores tengan las   subidas futuras de los precios de la energía , a   condición de que el conjunto de los edificios   construidas responda a una normativa lo suficientemente   desarrollada en materia de aislamiento térmico a   finales de siglo ;    Considerando que para lograr estas ventajas es   conveniente que el conjunto de los Estados miembros se   comprometan a aplicar programas de acción   inmediatos y exhaustivos ;    Considerando que sería conveniente establecer un   procedimiento de consulta permanente con el fin de   determinar la contribución relativa de los   programas de los Estados miembros a la realización   de los objetivos de la Comunidad así como de facilitar   los intercambios de experiencias ,    RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS :    1 . Proseguir , en el contexto de los programas   contemplados en el párrafo segundo , una política que   se dirija al ahorro de energía reduciendo la   demanda de la misma mediante la mejora de la eficacia   térmica de los edificios .    Estas políticas se decidirán en el contexto de   un programa cuya duración sea por lo menos de   cuatro años y teniendo en cuenta la situación social ,   económica y climática . La ejecución de este   programa estará en función de las necesidades de   la gestión económica a corto plazo , así como   de los fondos públicos disponibles .    Los Estados miembros , sin perjuicio de la   distribución de competencias entre gobierno   central , federal , regional o local , decidirán   los tipos de edificios que se incluirán en el   programa de acción , otorgando especial prioridad   a la mejora significativa de los edificios que   dependan de la gestión directa de las administraciones   públicas así como los edificios destinados a   viviendas ;    2 . Adoptar los programas descritos en el punto 1   antes del 31 de diciembre de 1979 , informando de ello   a la Comisión .    El Consejo examinará periódicamente la   aplicación de la presente Recomendación ,   haciéndolo por primera vez a más tardar el 31   de agosto de 1980 .    Este examen se basará en un informe y en   cualquier otra propuesta necesaria que la Comisión   dirigirá al Consejo y al Parlamento Europeo .   Dicho informe incluirá un análisis de la   rentabilidad de las inversiones destinadas a reducir   la demanda de energía de los edificios en la   Comunidad y en un análisis de la contribución   relativa de los programas de los Estados miembros   a la realización de los objetivos de la Comunidad ,   teniendo en cuenta los niveles de bienestar .    La Comisión organizará las consultas apropiadas   con los Estados miembros en el marco del Comité de   energía , con vistas a :     - elaborar los informes contemplados en el   párrafo precedente ,     - facilitar los intercambios de información en   lo relativo a la aplicación de la presente   Recomendación que pudieran ser útiles para los   Estados miembros en la aplicación de sus programas .    Hecho en Bruselas , el 5 de febrero de 1979 .    Por el Consejo    El Presidente    P. MEHAIGNERIE    (1) DO n º C 138 de 11 . 6 . 1977 , p. 4 .    (2) DO n º C 266 de 7 . 11 . 1977 , p. 55 .    (3) DO n º C 287 de 30 . 11 . 1977 , p. 3 .    (4) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 2 .    (5) DO n º C 153 de 9 . 7 . 1975 , p. 5 .


title: Recomendación de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n °2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (BCE/2014/19) (formulada por el Banco Central Europeo)

text:
               14.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 144/2

         Recomendación de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones
   (BCE/2014/19)

      (formulada por el Banco Central Europeo)

   (2014/C 144/02)
   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   I.   INTRODUCCIÓN

   El 23 de noviembre de 1998, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) no 2532/98 del Consejo (1). Teniendo en cuenta la experiencia de varios años de aplicación del Reglamento (CE) no 2532/98 en los distintos ámbitos de competencia del Banco Central Europeo (BCE), y que el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (2) ha ampliado el alcance de las facultades sancionadoras del BCE, procede considerar la introducción de ciertas modificaciones en el Reglamento (CE) no 2532/98. A estos efectos, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 129, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
   II.   CONSIDERACIONES GENERALES

   A fin de desempeñar las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) no 1024/2013, el BCE puede, en virtud del artículo 18 de dicho reglamento, imponer sanciones pecuniarias administrativas «cuando una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, deliberadamente o por negligencia, incumpla un requisito establecido en un acto directamente aplicable del Derecho de la Unión, en relación con el cual las autoridades competentes estarán facultadas para imponer sanciones pecuniarias administrativas con arreglo al Derecho aplicable de la Unión» (3), e imponer sanciones «en caso de incumplimiento de sus [del BCE] reglamentos o decisiones» (4) (en adelante denominadas conjuntamente «sanciones administrativas»). Por lo que respecta a las infracciones del derecho interno en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), las autoridades nacionales competentes mantienen su competencia para imponer sanciones administrativas, pero solo pueden imponerlas a entidades de crédito directamente supervisadas por el BCE si este solicita a las autoridades nacionales competentes que inicien un procedimiento con ese fin.
   Los principios y procedimientos aplicables a la imposición de sanciones pecuniarias administrativas por el incumplimiento del derecho directamente aplicable de la Unión conforme al artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1024/2013 se establecen en el Reglamento (UE) no 1024/2013 y en el Reglamento (UE) no 468/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/17) (5). Conforme al artículo 18, apartado 7, del Reglamento (UE) no 1024/2013 el BCE puede imponer sanciones por incumplimiento de sus reglamentos y decisiones con arreglo al Reglamento (CE) no 2532/98. El artículo 18, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1024/2013 dispone que el BCE aplique dicho artículo «de conformidad con los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del presente Reglamento, incluidos los procedimientos que se establecen en el Reglamento (CE) no 2532/98, según corresponda».
   En este contexto importa especialmente establecer un régimen coherente de imposición por el BCE de toda sanción administrativa relacionada con el desempeño de sus funciones de supervisión conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013.
   Por otra parte, ciertas normas del Reglamento (CE) no 2532/98 difieren de las establecidas en el Reglamento (UE) no 1024/2013. Se trata de las normas sobre los límites máximos de las multas y los pagos periódicos coercitivos, las normas de procedimiento y los plazos de prescripción, establecidas en el Reglamento (CE) no 2532/98.
   Por consiguiente, se recomienda introducir las modificaciones siguientes en el Reglamento (CE) no 2532/98:

               a)

               Debe insertarse un nuevo artículo 1 bis con objeto de establecer ciertos principios generales aplicables a las sanciones administrativas que imponga el BCE en relación con sus funciones de supervisión y a las sanciones que imponga en relación con sus funciones distintas de la supervisión, y especificar el alcance de las diversas disposiciones aplicables a ellas.

               b)

               Deben insertarse nuevos artículos 4 bis, 4 ter y 4 quater relativos al régimen aplicable a las sanciones administrativas que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión. El objeto de estos nuevos artículos es diferenciar entre el régimen aplicable a la imposición de sanciones administrativas por el BCE en relación con sus funciones de supervisión y las disposiciones aplicables a las sanciones que imponga el BCE en relación con sus funciones distintas de la supervisión. Se trata de asegurar la aplicación de un único régimen a toda sanción administrativa que imponga el BCE en el ámbito de la supervisión, teniendo en cuenta a la vez las normas establecidas en el Reglamento (UE) no 1024/2013.

               c)

               Deben introducirse otras modificaciones que garanticen la compatibilidad entre los principios y procedimientos que rigen la imposición de sanciones establecidos en los artículos 2 a 4 del Reglamento (CE) no 2532/98 y los que rigen la imposición de sanciones administrativas por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013.

         III.   COMENTARIOS SOBRE EL ARTICULADO

   Artículo 1 – Definiciones
   Definición de pago periódico coercitivo
   La definición de pago periódico coercitivo debe modificarse por dos razones. En primer lugar, conforme a otras disposiciones del derecho de la Unión sobre la materia (6), debe explicarse claramente que el BCE puede utilizar pagos periódicos coercitivos no solo para castigar una infracción continuada sino también para obligar a una empresa a cumplir un reglamento o una decisión del BCE. En segundo lugar, la actual definición hace referencia al artículo 3, apartado 1,segundo párrafo, del Reglamento (CE) no 2532/98 en cuanto a la notificación de una decisión por la que se exige poner fin a una infracción. Puesto que las sanciones que se impongan en relación con las funciones de supervisión del BCE se rigen por un procedimiento de toma de decisiones distinto, la definición debe incluir una referencia a este procedimiento distinto.
   Consecuentemente, también debe modificarse la definición de «sanción», suprimiendo la referencia a que los pagos periódicos coercitivos se imponen «a consecuencia de una infracción».
   Artículo 1 bis – Principios generales y alcance
   Si bien el Reglamento (CE) no 2532/98 establece de acuerdo con el artículo 34.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo las condiciones con las que el BCE puede imponer sanciones a las empresas que no cumplan sus obligaciones conforme se establecen en reglamentos o decisiones del BCE, debe prestarse la debida atención al Reglamento (UE) no 1024/2013, que contiene gran variedad de disposiciones que afectan directamente a las facultades del BCE para imponer sanciones administrativas en relación con el ejercicio de sus funciones de supervisión. Por tanto, aunque en principio las disposiciones del Reglamento (CE) no 2532/98 son aplicables a toda sanción que pueda imponer el BCE por el incumplimiento de sus reglamentos o decisiones, ciertas disposiciones de dicho reglamento que son incompatibles con el Reglamento (UE) no 1024/2013 en lo que respecta a la imposición de sanciones administrativas relacionadas con las funciones de supervisión del BCE deben bien dejar de aplicarse, bien modificarse.
   El BCE podrá publicar toda decisión de imponer una sanción administrativa en relación con sus funciones de supervisión, o una sanción en relación con sus funciones distintas de la supervisión, independientemente de que la decisión sea o no recurrible, de modo que todas las decisiones del BCE estén sujetas al mismo régimen de publicación. El BCE aplicará a la publicación el derecho pertinente de la Unión, con independencia de las leyes o reglamentos nacionales, y, en consecuencia, debe considerar la proporcionalidad entre la publicación de la decisión y la gravedad de la sanción administrativa impuesta, así como la repercusión de la publicación en la estabilidad del sistema financiero.
   Artículo 2 – Sanciones
   El artículo 2, apartado 4, hace referencia al procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2532/98, que no debe aplicarse a la imposición de sanciones administrativas relacionadas con las funciones de supervisión del BCE. Por tanto, debe añadirse una referencia al procedimiento de toma de decisiones establecido en el artículo 4 ter.

   Artículo 3 – Normas de procedimiento
   La referencia del artículo 3, apartado 1, primera frase, a que el órgano competente para iniciar un procedimiento de infracción es el Comité Ejecutivo debe suprimirse a fin de que el BCE pueda determinar, por medio de un reglamento adoptado en virtud del artículo 6, apartado 2, qué órgano interno debe tramitar la investigación de una supuesta infracción. El Comité Ejecutivo mantendrá, con sujeción al nuevo artículo 4 ter, la facultad de adoptar decisiones sobre la imposición de sanciones.
   El artículo 3, apartado 10, debe modificarse de manera que no se refiera solo a las funciones encomendadas al Sistema Europeo de Bancos Centrales sino también a las encomendadas al BCE conforme al artículo 127, apartado 6, del Tratado. El artículo 3, apartado 10, última frase, debe modificarse para reflejar también la nueva competencia del BCE en materia de supervisión.
   Artículo 4 bis – Normas específicas sobre los límites máximos de las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión
   El límite máximo de las sanciones pecuniarias administrativas que puede imponer el BCE conforme al artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1024/2013 por infracción del derecho directamente aplicable de la Unión excede en mucho el establecido en el Reglamento (CE) no 2532/98. Esta diferencia no se considera justificada, ya que la infracción de un reglamento o una decisión del BCE no es necesariamente menos grave que la del derecho directamente aplicable de la Unión. Por tanto, todas las sanciones administrativas que imponga el BCE a las entidades que supervise en el marco del MUS deben estar sujetas a idénticos límites máximos. También el límite máximo de los pagos periódicos coercitivos que imponga el BCE en materia de supervisión debe modificarse conforme a lo expuesto.
   Consecuentemente, el artículo 2, apartado 1, no debe aplicarse a las sanciones administrativas que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión.
   Artículo 4 ter – Normas específicas de procedimiento para las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión
   En el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1024/2013 se establece el principio de separación, conforme al cual, las funciones asignadas al BCE por dicho reglamento se ejercen separadamente de las funciones de política monetaria y cualesquiera otras funciones del BCE. Conforme a este artículo, debe modificarse el Reglamento (CE) no 2532/98 para establecer un procedimiento de toma de decisiones en el que participen el Consejo de Supervisión y el Consejo de Gobierno del BCE, con arreglo al artículo 26 del Reglamento (UE) no 1024/2013, en relación con la imposición de sanciones administrativas en materia de supervisión. Esto también sería conforme con los Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (7) y con la necesidad de garantizar que las autoridades que impongan sanciones a las entidades sean además las que las supervisan.
   La decisión de imponer una sanción administrativa que adopte el Consejo de Gobierno en materia de supervisión está sujeta al examen del Comité Administrativo de Revisión, según establece el artículo 24 del Reglamento (UE) no 1024/2013, cuando una persona física o jurídica solicite la revisión de la decisión y esta la concierna o afecte directa e individualmente. En consecuencia, debe modificarse el Reglamento (CE) no 2532/98 para establecer un procedimiento de revisión en el que participe el Comité Administrativo de Revisión del BCE, conforme al artículo 24 del Reglamento (UE) no 1024/2013, en relación con la imposición de sanciones administrativas en materia de supervisión.
   En vista de lo que antecede, el artículo 3, apartados 1 a 8, no deben aplicarse a sanciones administrativas relacionadas con el ejercicio por el BCE de sus funciones de supervisión.
   Artículo 4 quater – Plazos específicos para las sanciones administrativas que se impongan en materia de supervisión
   Los plazos aplicables a la imposición y ejecución de sanciones relacionadas con las funciones del BCE distintas de la de supervisión han demostrado funcionar bien, en parte debido a la relativa sencillez de la investigación requerida para averiguar si se ha cometido una infracción, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de reservas mínimas, de las normas sobre admisibilidad de activos de garantía y de las obligaciones de información estadística. Puesto que las investigaciones de supuestas infracciones en materia supervisora son más complejas, la facultad de imponer y ejecutar sanciones administrativas en esa materia debe someterse a plazos más largos que los establecidos respecto de sanciones relacionadas con funciones distintas de la supervisión. Ello es además conforme con los plazos establecidos en el Reglamento (CE) no 1/2003 respecto de las infracciones de las normas sobre competencia. Como todas las sanciones administrativas que el BCE pueda imponer a empresas en materia supervisora deben estar sujetas a los mismos plazos, ya se refieran a infracciones de reglamentos o decisiones del BCE o del derecho directamente aplicable de la Unión, los plazos establecidos en el artículo 4 quater deben aplicarse a las sanciones administrativas que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión.
   La suspensión e interrupción de estos plazos debe regularse en consecuencia, teniendo en cuenta también que los procedimientos de infracción en materia de supervisión podrían solaparse con investigaciones y causas penales basadas en los mismos hechos.
   Conforme a lo que antecede, el artículo 4 no debe aplicarse a las sanciones administrativas relacionadas con el ejercicio por el BCE de sus funciones de supervisión.

      Recomendación de:

         «REGLAMENTO DEL CONSEJO
         por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 132, apartado 3,
         Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 34.3,
         Vista la Recomendación del Banco Central Europeo,
         Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
         Visto el dictamen de la Comisión Europea,
         De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 129, apartado 4, del Tratado y el artículo 41 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El Reglamento (CE) no 2532/98 (8) especifica, de conformidad con el artículo 34.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en adelante, “los Estatutos del SEBC”), los límites y condiciones con sujeción a los cuales el Banco Central Europeo (BCE) podrá imponer multas o pagos periódicos coercitivos a las empresas que incumplan las obligaciones que les imponen los reglamentos y decisiones del BCE.

                     (2)

                     El BCE ha aplicado el Reglamento (CE) no 2532/98 para imponer sanciones en diversos ámbitos de su competencia, en particular la ejecución de la política monetaria de la Unión, el funcionamiento de los sistemas de pago y la recopilación de información estadística.

                     (3)

                     El Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (9) faculta al BCE para imponer a las autoridades sujetas a su supervisión: a) sanciones pecuniarias administrativas, si incumplen obligaciones establecidas en el derecho directamente aplicable de la Unión, y b) sanciones, si incumplen reglamentos o decisiones del BCE, (en adelante denominadas conjuntamente “las sanciones administrativas”).

                     (4)

                     El artículo 18, apartado 7, del Reglamento (UE) no 1024/2013 dispone que, a efectos del ejercicio de las funciones que le atribuye dicho Reglamento, el BCE podrá imponer sanciones de conformidad con el Reglamento (CE) no 2532/98 en caso de incumplimiento de sus reglamentos o decisiones.

                     (5)

                     El Reglamento (UE) no 1024/2013 contiene gran variedad de disposiciones que afectan directamente a las facultades del BCE para imponer sanciones administrativas en relación con sus funciones de supervisión. En este contexto, ciertas disposiciones del Reglamento (CE) no 2532/98 son incompatibles con el Reglamento (UE) no 1024/2013, por lo que es preciso determinar qué normas del primer reglamento citado deben modificarse a fin de establecer un régimen que rija de manera coherente la imposición de sanciones por el BCE en el ejercicio de las funciones de supervisión que le confiere el Reglamento (UE) no 1024/2013.

                     (6)

                     El BCE debe publicar sus decisiones sobre la imposición de sanciones pecuniarias administrativas por incumplimiento del derecho directamente aplicable de la Unión y de sanciones por incumplimiento de los reglamentos y decisiones del BCE, tanto en el ámbito de la supervisión como en otros ámbitos distintos, salvo que la publicación sea desproporcionada teniendo en cuenta la gravedad de la sanción impuesta a la empresa o ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros.

                     (7)

                     A fin de garantizar un tratamiento coherente de infracciones igualmente graves, el límite máximo de la multa que el BCE pueda imponer a una empresa por incumplir un reglamento o decisión del BCE en materia de supervisión no debe ser distinto del límite máximo de la multa que el BCE pueda imponer a una empresa por incumplir el derecho directamente aplicable de la Unión. Todas las multas que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión deben, por tanto, estar sujetas a los mismos límites máximos.

                     (8)

                     Debe facultarse el BCE para imponer pagos periódicos coercitivos a empresas para obligarlas a cumplir los reglamentos o decisiones del BCE en materia de supervisión o para poner fin a las infracciones continuadas de dichos reglamentos o decisiones. El límite máximo de los pagos periódicos coercitivos debe guardar proporción con el límite máximo de las multas aplicables en materia de supervisión.

                     (9)

                     El artículo 25 del Reglamento (UE) no 1024/2013 establece el principio de separación, conforme al cual, el BCE lleva a cabo las funciones que le atribuye dicho reglamento sin perjuicio y con independencia de sus funciones de política monetaria y de sus demás funciones. A fin de reforzar este principio de separación, se ha creado conforme al artículo 26 el Consejo de Supervisión, que se encarga, entre otras funciones, de preparar los proyectos de decisiones del Consejo de Gobierno del BCE en materia de supervisión. Además, las decisiones que adopte el Consejo de Gobierno del BCE están sujetas, conforme a las condiciones establecidas en el artículo 24, al examen del Comité Administrativo de Revisión. Teniendo en cuenta el principio de separación y la creación del Consejo de Supervisión y del Comité Administrativo de Revisión, deben aplicarse dos procedimientos distintos: a) cuando el BCE considere imponer una sanción administrativa en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la decisión con este fin la tomará el Consejo de Gobierno del BCE sobre la base de un proyecto completo de decisión del Consejo de Supervisión y con sujeción al examen del Comité Administrativo de Revisión, y b) cuando el BCE considere imponer una sanción en ejercicio de sus funciones distintas de la supervisión, la decisión con este fin la tomará el Comité Ejecutivo del BCE con sujeción al examen del Consejo de Gobierno del BCE.

                     (10)

                     Dada la complejidad de la investigación de las infracciones en materia de supervisión, la facultad de imponer y ejecutar sanciones administrativas relativas a las funciones de supervisión del BCE debe someterse a plazos más largos que los establecidos para las sanciones relacionadas con las funciones del BCE distintas de la supervisión. La suspensión e interrupción de estos plazos debe regularse en consecuencia, teniendo en cuenta también que los procedimientos de infracción en materia de supervisión pueden solaparse con investigaciones y causas penales basadas en los mismos hechos.

                     (11)

                     Debe modificarse el Reglamento (CE) no 2532/98 conforme a lo que antecede.

               HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
         Artículo 1
         Modificaciones
         El Reglamento (CE) no 2532/98 se modificará como sigue:

                     1)

                     El artículo 1 se modificará como sigue:

                                 a)

                                 el punto 6 se sustituirá por el texto siguiente:
                                 “‘Pagos periódicos coercitivos’ o ‘multas coercitivas’: la cantidad de dinero que debe pagar una empresa, en caso de infracción continuada, en concepto de sanción, o a fin de obligar a las personas de que se trate a cumplir los reglamentos y decisiones del BCE en materia de supervisión, que será calculada por cada día de infracción continuada: a) después de la notificación de una decisión a la empresa, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, por la que se exige la terminación de dicha infracción, o b) cuando la infracción continuada entre en el ámbito de aplicación del artículo 18, apartado 7, del Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (10), conforme al procedimiento establecido en el artículo 4 ter del presente Reglamento.

                                    (10)  DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.”;"

                                 b)

                                 el punto 7 se sustituirá por el texto siguiente:
                                 “‘Sanción’: las multas y los pagos periódicos coercitivos.”.

                     2)

                     Se insertará el siguiente artículo 1 bis:

                     “Artículo 1 bis
                     Principios generales y alcance
                     1.   El presente Reglamento se aplicará a la imposición por el BCE de sanciones a las empresas que incumplan obligaciones derivadas de reglamentos o decisiones del BCE, salvo cuando expresamente disponga lo contrario.
                     2.   La imposición por el BCE, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, de sanciones pecuniarias administrativas por incumplimiento del derecho directamente aplicable de la Unión y de sanciones por incumplimiento de los reglamentos y decisiones del BCE (en adelante denominadas conjuntamente ‘las sanciones administrativas’) no se regirá por las normas de los artículos 2 a 4 en la medida que establezcan los artículos 4 bis a 4 quater.

                     3.   El BCE podrá publicar toda decisión por la que se imponga a una empresa una sanción pecuniaria administrativa por incumplimiento del derecho directamente aplicable de la Unión o una sanción por incumplimiento de reglamentos y decisiones del BCE, tanto en materia de supervisión como distinta de la supervisión, con independencia de que la decisión haya sido o no recurrida. El BCE efectuará la publicación conforme al derecho aplicable de la Unión, con independencia de las leyes o reglamentos nacionales y, cuando el derecho aplicable de la Unión consista en directivas, de la legislación nacional por la que estas se apliquen.”.

                     3)

                     En el artículo 2, el apartado 4 se sustituirá por el siguiente:
                     “4.   Cuando la infracción consista en no cumplir con una obligación, la aplicación de una sanción no eximirá a la empresa del cumplimiento de dicha obligación, salvo que la decisión adoptada con arreglo al artículo 3, apartado 4, o al artículo 4 ter especifique explícitamente lo contrario.”.

                     4)

                     El artículo 3 se modificará como sigue:

                                 a)

                                 la primera frase del apartado 1 se sustituirá por la siguiente:
                                 “La decisión de iniciar o no un procedimiento sancionador será adoptada por el BCE de oficio o a propuesta del banco central nacional del Estado miembro en cuya jurisdicción se haya producido la supuesta infracción.”;

                                 b)

                                 el apartado 10 se sustituirá por el siguiente:
                                 “Si la infracción está exclusivamente relacionada con una función encomendada al SEBC o al BCE en el Tratado y los Estatutos del SEBC, solamente podrá iniciarse un procedimiento sancionador sobre la base del presente Reglamento, con independencia de cualquier disposición legal o reglamentaria nacional que pueda establecer un procedimiento distinto. Si la infracción se refiere también a una o más materias fuera de las competencias del SEBC o del BCE, el derecho a iniciar un procedimiento sancionador sobre la base del presente Reglamento será independiente de cualquier derecho de una autoridad nacional competente a iniciar procedimientos distintos en relación con dichas materias fuera de las competencias del SEBC o del BCE, sin perjuicio de la aplicación de la legislación penal y de la legislación nacional relativa a las competencias de supervisión prudencial en los Estados miembros participantes conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo.”.

                     5)

                     Se insertarán los artículos 4 bis a 4 quater siguientes:
                     “Artículo 4 bis
                     Normas específicas sobre los límites máximos de las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión
                     1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, en el caso de las infracciones de reglamentos y decisiones adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión, los límites de las multas y pagos periódicos coercitivos que pueda imponer el BCE serán los siguientes:

                                 a)

                                 multas: el límite máximo será igual al doble del importe del beneficio obtenido o la pérdida evitada mediante la infracción si dicho beneficio o pérdida puede determinarse, o el 10 % del volumen de negocios total anual de la empresa;

                                 b)

                                 pagos periódicos coercitivos: el límite máximo será igual al 5 % del volumen de negocios medio diario por cada día de infracción. Los pagos periódicos coercitivos podrán imponerse por un período máximo de seis meses desde la fecha estipulada en la decisión que los imponga.

                           2.   A efectos del apartado 1: a) ‘volumen de negocios anual’ será el volumen de negocios anual de una persona jurídica conforme esta se define en el derecho aplicable de la Unión y con arreglo a las cuentas financieras anuales más recientes disponibles de esa persona. Si la empresa es la filial de una empresa matriz, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual que resulte de las cuentas financieras anuales consolidadas más recientes disponibles de la empresa matriz última del grupo supervisado por el BCE; b) ‘volumen de negocios medio diario’ será el volumen de negocios anual conforme se define en la letra a) pero dividido por 365.
                     Artículo 4 ter
                     Normas específicas de procedimiento para las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión
                     1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 a 8, las infracciones de los reglamentos y decisiones adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión se regirán por las normas del presente artículo.
                     2.   Una vez tramitado el procedimiento de infracción conforme a las normas que el BCE establezca en virtud del artículo 6, apartado 2, el Consejo de Supervisión propondrá al Consejo de Gobierno un proyecto completo de decisión de imposición de una sanción a la empresa de que se trate con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) no 1024/2013. La remisión por el Consejo de Supervisión del proyecto completo de decisión al Consejo de Gobierno vendrá precedida de una audiencia sobre la supuesta infracción cometida por la empresa.
                     3.   La empresa podrá solicitar que la decisión que el Consejo de Gobierno haya adoptado conforme al apartado 2 sea examinada por el Comité Administrativo de Revisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento (UE) no 1024/2013.
                     Artículo 4 quater
                     Plazos específicos para las sanciones administrativas que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión
                     1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el derecho de adoptar una decisión de imponer una sanción administrativa por infracciones de actos directamente aplicables del derecho de la Unión y de reglamentos y decisiones adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión, prescribirá a los cinco años de cometerse la infracción o, si esta es de carácter continuado, a los cinco años de cesar la infracción.
                     2.   El plazo del apartado 1 se interrumpirá por cualquier medida que adopte el BCE a efectos de investigar una infracción o tramitar el procedimiento sobre ella. Dicho plazo se interrumpirá con efectos a partir de la fecha en que la medida se notifique a la entidad supervisada de que se trate. Cada interrupción del plazo significará su reinicio. No obstante, el plazo no excederá los diez años siguientes a la comisión de la infracción o, si esta es de carácter continuado, los diez años siguientes al cese de la infracción.
                     3.   Los plazos establecidos en los apartados precedentes podrán ampliarse en los casos siguientes: a) si la decisión del Consejo de Gobierno es objeto de examen ante el Comité Administrativo de Revisión o de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o b) si está pendiente una causa penal contra la empresa por los mismos hechos. En estos casos, los plazos establecidos en los apartados precedentes se ampliarán por el tiempo necesario para que el Comité Administrativo de Revisión o el Tribunal de Justicia revisen la decisión o hasta que concluya la causa penal contra la empresa.
                     4.   El plazo de ejecución de una decisión de imponer una sanción administrativa se interrumpirá por cualquier medida del BCE encaminada a hacer cumplir el pago o las condiciones del pago conforme a la sanción administrativa impuesta. El derecho del BCE de ejecutar una decisión de imponer una sanción administrativa prescribirá a los cinco años de la adopción de la decisión. El plazo de ejecución de la sanción administrativa se suspenderá:

                                 a)

                                 hasta transcurrido el plazo de pago de la sanción administrativa impuesta;

                                 b)

                                 si la ejecución del pago de la sanción administrativa impuesta se ha suspendido por decisión del Consejo de Gobierno o del Tribunal de Justicia.”.

               Artículo 2
         El presente Reglamento entrará en vigor el [fecha].

            El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado.»

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 16 de abril de 2014.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI

      (1)  Reglamento (CE) no 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (DO L 318 de 27.11.1998, p. 4). Previamente, el Banco Central Europeo presentó al Consejo la Recomendación BCE/1998/9 de Reglamento (CE) del Consejo relativa a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (DO C 246 de 6.8.1998, p. 9).

      (2)  Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

      (3)  Artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1024/2013.

      (4)  Artículo 18, apartado 7, del Reglamento (UE) no 1024/2013.

      (5)  Reglamento (UE) no 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).

      (6)  Véanse, por ejemplo, el artículo 4, segundo párrafo, del Reglamento Delegado (UE) no 946/2012 de la Comisión, de 12 de julio de 2012, por el que se completa el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante normas de procedimiento relativas a la imposición de multas a las agencias de calificación crediticia por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, incluidas normas relativas a los derechos de defensa y disposiciones temporales (DO L 282 de 16.10.2012, p. 23); el artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1); el artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 646/2012 de la Comisión, de 16 de julio de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas a la imposición de multas y multas coercitivas en virtud del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 187 de 17.7.2012, p. 29); el artículo 36 ter, apartado 1, del Reglamento (UE) no 513/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 145 de 31.5.2011, p. 30); el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO L 79 de 19.3.2008, p. 1); el artículo 15 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO 23 de 29.1.2004, p. 1), y el artículo 24 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

      (7)  Véanse el principio 1, en particular el criterio esencial 6(b), y el principio 11, en particular el criterio esencial 7, de los Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, de septiembre de 2012, que requieren ambos que un sistema eficaz de supervisión bancaria cuente con atribuciones y objetivos claros para cada autoridad que participle en la supervisión de bancos y grupos bancarios, incluida la facultad del supervisor de imponer sanciones, y que el supervisor cuente con una adecuada gama de herramientas de supervisión que le permita aplicar medidas correctivas oportunas, incluida la imposición de sanciones a los bancos. Este documento puede consultarse en la dirección del Banco de Pagos Internacionales en internet: www.bis.org.

      (8)  Reglamento (CE) no 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (DO L 318 de 27.11.1998, p. 4).

      (9)  Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).