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		52014DC0417

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Luxemburgo_x000b__x000b_y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de Luxemburgo /* COM/2014/0417 final - 2014/ () */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de Luxemburgo
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2014 de Luxemburgo
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Luxemburgo de 2013 y
emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo
para 2012-2016. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento
(UE) nº 473/2013[4],
la Comisión emitió su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de
Luxemburgo para 2014[5].
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual[6]
sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para
la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión,
sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el
Mecanismo de Alerta[7],
en el que se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que serían
objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados de su examen exhaustivo relativo a Luxemburgo[8], realizado
en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. Sobre la
base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Luxemburgo
no está experimentando desequilibrios macroeconómicos en el sentido del
procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En particular, el análisis del
superávit por cuenta corriente muestra que no se deriva de una demanda interna
anémica, sino que es más bien el resultado del modelo de crecimiento específico
de Luxemburgo, basado firmemente en servicios financieros. Existen
efectivamente riesgos para la estabilidad financiera nacional derivados de la
presencia de un amplio sector financiero, pero son relativamente limitados, en
la medida en que el sector está diversificado y especializado al mismo tiempo.
El elevado nivel de endeudamiento en el sector privado, especialmente entre las
sociedades no financieras, refleja principalmente la presencia de un gran
número de empresas multinacionales que utilizan sus sucursales o filiales en
Luxemburgo para sus operaciones de financiación intragrupo. Por último, la
actual situación favorable de las finanzas públicas depende en gran medida de
la sostenibilidad de un modelo de crecimiento basado en un sector financiero
dinámico, y presenta un elevado riesgo de sostenibilidad a largo plazo.
(8)
El 28 de abril de 2014, Luxemburgo presentó su
Programa Nacional de Reformas de 2014, y, el 25 de abril de 2014, su Programa
de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones,
ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)
El objetivo de la estrategia presupuestaria a
medio plazo recogida en el Programa de Estabilidad de 2014 es regresar al
objetivo a medio plazo en 2016, tras haberse desviado considerablemente de él
en 2015. El programa confirma el objetivo a medio plazo fijado anteriormente de
un superávit del 0,5 % del PIB, que refleja los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Está previsto que el superávit estructural (recalculado)
de las administraciones públicas pase del 1,4 % del PIB en 2013 al
1,1 % en 2014, antes de convertirse en un déficit del 0,1 % del PIB
en 2015. A partir de ese momento, lo previsible es que se alcancen superávits
estructurales cada vez mayores. Por lo tanto, Luxemburgo debería mantenerse
dentro de su objetivo a medio plazo en 2014, para luego desviarse
considerablemente de él en 2015. Según el programa, la tasa de crecimiento del
gasto público, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los
ingresos, superaría la tasa a medio plazo de referencia de crecimiento
potencial del PIB en 2015. En general, los objetivos del programa se atienen en
parte a los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, con una desviación, en particular, en 2015. La tasa de
endeudamiento, que se situó en el 23,1 % del PIB en 2013, muy por debajo
del valor de referencia del 60 % del PIB, experimentará probablemente un
nuevo descenso durante el período de aplicación del programa. El escenario
macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del programa,
elaborado por un organismo independiente (STATEC), resulta ligeramente
optimista con respecto a 2014 y 2015. El Gobierno prevé una tasa de crecimiento
del PIB del 3,2 % tanto en 2014 como en 2015, mientras que las previsiones
de primavera de la Comisión de 2014 arrojan un 2,6 % y un 2,7 %,
respectivamente. Además, las autoridades todavía no han especificado plenamente
las medidas en que se basa la senda fiscal para el período 2015‑2018.
Según las previsiones de la Comisión, que no tienen en cuenta las medidas
anunciadas más recientemente, el superávit estructural está llamado a bajar al
0,6 % del PIB en 2014 y a convertirse en un déficit del 1,3 % del PIB
en 2015. La tasa de crecimiento del gasto público, una vez excluidas las
medidas discrecionales relativas a los ingresos, superará previsiblemente la
tasa a medio plazo de referencia del PIB potencial en 2015, año en que se
espera una desviación significativa. Sobre la base de su evaluación del
Programa de Estabilidad de 2014 y las previsiones de la Comisión, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo
estima que hay riesgos de que no se alcancen los objetivos del programa, que
solo en parte se atienen a los requisitos del componente preventivo del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, especialmente a partir de 2015.
(10)
En julio de 2013, el Gobierno presentó al
Parlamento un anteproyecto de ley sobre la transposición de las disposiciones
de la Directiva 85/2011 del Consejo relativa a los marcos presupuestarios y del
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Aunque el anteproyecto de
ley debía entrar en vigor el 1 de enero de 2014, se pospuso su adopción debido
a la dimisión del Gobierno en julio. En virtud del anteproyecto de ley, se
introduce una nueva ley de programación financiera plurianual que cubre el
mismo horizonte temporal que la próxima actualización del Programa de
Estabilidad. La ley de programación financiera plurianual se actualizaría cada
año de forma sistemática, junto con el presupuesto anual. Detallaría las
medidas previstas para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en la
administración pública. El anteproyecto de ley introduce límites máximos
plurianuales en la ley de programación financiera plurianual únicamente
aplicables al sector de la administración central, pero no hace ninguna
referencia a las consecuencias en caso de rebasarse tales límites máximos. El
anteproyecto de ley no prevé una norma nacional en materia de gasto que
determine la configuración de objetivos plurianuales de gasto. No obstante,
contiene disposiciones para la senda de ajuste que permitiría alcanzar el
objetivo a medio plazo. En marzo de 2014 se presentó al Parlamento un proyecto
revisado de esta ley, que entre otras cosas prevé asignar la tarea de realizar
un seguimiento independiente de las normas presupuestarias a una institución de
nueva creación, el Conseil National des Finaces Publiques.
(11)
Por otra parte, los ingresos tributarios
procedentes del IVA se verán afectados por las nuevas normas sobre la
recaudación del IVA generada por las actividades de comercio electrónico. A
partir de 2015, dichos ingresos se transferirán del país en que el proveedor
está establecido al país de residencia del cliente. El Gobierno ha anunciado
que los tipos de IVA se incrementarán en dos puntos porcentuales, lo que
debería compensar parcialmente la pérdida de ingresos. No obstante, teniendo en
cuenta el uso generalizado de los tipos impositivos
reducido y superreducido, los ingresos adicionales
pueden aumentarse extendiendo la aplicación del tipo normal, lo que compensaría
en mayor medida las citadas pérdidas.
(12)
Según las cifras del Informe sobre el
envejecimiento de 2012 de la Comisión, en Luxemburgo el gasto público bruto en
pensiones como porcentaje del PIB está llamado a pasar del 9,2 % del PIB
al 18,6 % en 2060. Esto se debe principalmente al gasto relacionado con el
envejecimiento, y más concretamente a las pensiones. La reforma de las
pensiones de 2012 tenía un alcance limitado y no abordaba sustancialmente la
amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La
financiación a corto plazo del sistema de pensiones está actualmente
garantizada por una baja ratio de dependencia de las personas mayores y se basa
en las contribuciones de la población relativamente joven de trabajadores
transfronterizos. En el futuro, esta tendencia debería invertirse y es probable
que los costes de las pensiones, así como los gastos de la asistencia de larga
duración, aumenten sustancialmente. Para garantizar la viabilidad del sistema
de pensiones, se precisaría un incremento considerable del porcentaje de
cotización a partir de 2020, además de la moderación automática de la
adaptación de las pensiones al nivel de vida. Esto supondría un significativo
incremento de la presión fiscal sobre los trabajadores que deberá soportar la
futura población activa y, por consiguiente, una pérdida de competitividad de
costes. Teniendo en cuenta el nivel actualmente elevado de la tasa de
reemplazo, podrían haberse adoptado diferentes medidas para garantizar una
distribución más justa de la carga entre generaciones. La imposición de un
límite máximo a la adaptación de las pensiones acorde con el aumento de los
salarios reales aumentaría las reservas de las pensiones. Por otra parte,
elevar la edad efectiva de jubilación, actualmente fijada en los 59 años,
adaptándola a los cambios registrados en la esperanza de vida, ayudaría a
garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Vemos
también que deberían reducirse las posibilidades de jubilación anticipada. Los
incentivos financieros para prolongar la vida laboral, según lo previsto en la
reforma de las pensiones, pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema de
pensiones, pero la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad debería
mejorar, mediante el refuerzo de la formación profesional y el aprendizaje
permanente. Luxemburgo debe limitar la futura necesidad de asistencia de larga
duración, y los costes que de esta se derivan, para garantizar su
sostenibilidad. Podría asimismo conseguirse que los servicios de asistencia de
larga duración resulten más eficientes reforzando la coordinación entre la
atención sanitaria y la asistencia social, mejorando la prestación de servicios
y brindando un mayor apoyo a los cuidadores familiares.
(13)
El gran superávit por cuenta corriente de
Luxemburgo viene impulsado por los servicios financieros y enmascara un déficit
persistente y cada vez mayor de la balanza comercial de mercancías, resultante
de un lento crecimiento de las exportaciones. Mientras esta tendencia refleja
la creciente importancia del sector servicios en la economía, responde
igualmente a una pérdida más estructural de competitividad de costes. El
continuo incremento observado recientemente del coste laboral unitario ha
socavado la competitividad del tejido industrial de Luxemburgo. La modulación
del mecanismo de indización salarial adoptado por el Gobierno en 2012 estará
concluida de aquí a finales de 2014. Aunque caben distintas líneas de
actuación, es importante que los salarios estén más estrechamente vinculados a
la productividad mediante una reforma del sistema de indización salarial que
permita una diferenciación sectorial. La fuerte dependencia del sector financiero
representa un riesgo estructural para la economía de Luxemburgo. Por lo tanto,
Luxemburgo tiene que concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de empresas
altamente especializadas, que sirvan de trampolín hacia un crecimiento
impulsado por la innovación. Aunque la cuadruplicación de la intensidad de la
I+D del sector público desde 2000 refleja la decisión de reforzar las
capacidades de investigación públicas, Luxemburgo no está dando los pasos
necesarios para alcanzar su objetivo para 2020 de intensidad de la I+D del
2,3-2,6 % del PIB, debido a la fuerte disminución de la intensidad de I+D
de las empresas (del 1,53 % del PIB en 2000 al 1 % en 2012). Por lo
que respecta a los indicadores de cooperación entre los organismos públicos de
investigación y las empresas, Luxemburgo debería mejorar aún más sus
resultados. Debe darse un nuevo impulso a la reforma lanzada en 2013 con vistas
al refuerzo de las agrupaciones empresariales innovadoras.
(14)
Aunque se han adoptado distintas medidas, el
desempleo juvenil sigue siendo alto: alcanzó el 17,4 % de la población
activa en 2013, lo que no obstante supuso un descenso con respecto al 18 %
alcanzado en 2012. Depende fuertemente del nivel educativo y es inferior entre
las personas con un grado de instrucción más alto. El sistema educativo de
Luxemburgo se enfrenta a una serie de retos específicos, como el multilingüismo
y las competencias específicas requeridas por un mercado laboral altamente
especializado con un gran sector financiero. Los resultados del estudio para la
evaluación de alumnos de la OCDE de 2012 confirmaron que se precisan medidas
adicionales para contrarrestar el rendimiento relativamente pobre de los
jóvenes en las competencias básicas, según lo observado desde 2006. A este
respecto, habría que seguir avanzando en las reformas de la enseñanza primaria
y secundaria. Además, convendría potenciar la calidad y el atractivo de la
formación profesional y educativa para poder ofrecer al mercado laboral una
mano de obra cualificada, especialmente en el caso de las personas de origen
inmigrante. El diseño del sistema fiscal y de prestaciones sociales es la causa
de las significativas deficiencias del mercado de trabajo, que se cuentan entre
las más significativas de la UE, en todos los niveles salariales y estructuras
familiares. Vemos también que, a pesar de los recientes esfuerzos de reforma,
las política de activación laboral siguen siendo débiles; la participación en
políticas activas del mercado de trabajo no es obligatoria en ningún momento
durante el período de desempleo, y no existe la obligación de seguir buscando
trabajo mientras se participa en las políticas activas del mercado de trabajo.
(15)
Luxemburgo está decidido a reducir sus
emisiones de gas de efecto invernadero en los sectores no sujetos al RCDE en un
20 % de aquí a 2020, pero lo previsible es que se desvíe de este objetivo
en 23 puntos porcentuales. Además, las emisiones de 2013 se situarán
previsiblemente un 1 % por encima del objetivo fijado para 2013 en la
Decisión de reparto del esfuerzo. En torno al 70 % de las emisiones
asociadas al transporte están vinculadas a las exportaciones de combustible,
entre otras cosas como resultado de la escasa entidad de los impuestos sobre
consumos específicos que gravan los combustibles. El reconocimiento de la
exportación de combustible como un reto clave en el segundo Plan Nacional de
Acción Climática adoptado en mayo de 2013 es un paso adelante. No obstante, se
necesitan medidas más concretas y a largo plazo para abordar esta cuestión. La
fiscalidad medioambiental representó el 2,4 % del PIB en 2012, mientras
que en 2004 representó el 3,1 %. Esta caída es concretamente el resultado
de la disminución de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la
energía, resultado, a su vez, de la ausencia de indización de dichos impuestos.
Los impuestos sobre los transportes, con excepción de los combustibles,
representaron el 0,2 % del PIB en 2012. Los impuestos sobre el combustible
utilizado en el transporte se elevan al 2,2 % del PIB, un porcentaje alto,
a pesar del trato fiscal preferente del gasoil, en razón, principalmente, del
«turismo de gasolinera». Vemos, pues, que con una fiscalidad medioambiental que
representa una proporción de la recaudación tributaria total inferior a la
media, el régimen de la fiscalidad medioambiental es susceptible de mejora,
especialmente si se aumenta la tributación sobre los productos energéticos
utilizados en el transporte.
(16)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo,
ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
socioeconómica y fiscal de Luxemburgo, sino también su conformidad con las
normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza
económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las
futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre
Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.
(17)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de Luxemburgo, y su dictamen[9] se refleja,
en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(18)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la
zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Luxemburgo
debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de
los plazos previstos.
RECOMIENDA
que Luxemburgo tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:
1.           Preservar una situación
presupuestaria saneada en 2014 y reforzar significativamente la estrategia
presupuestaria en 2015, a fin de garantizar que se alcanza el objetivo a medio
plazo, y mantenerse después dentro del mismo, para proteger la sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas, en especial teniendo en cuenta los
pasivos implícitos relacionados con el envejecimiento de la población. Reforzar
la gobernanza presupuestaria, mediante la rápida adopción de un marco
presupuestario a medio plazo que abarque las administraciones públicas e
incluya techos de gasto plurianuales, y el establecimiento de una supervisión
independiente de las normas presupuestarias. Ampliar aún más la base
impositiva, en particular la que grava el consumo.
2.           Con vistas a garantizar
la sostenibilidad presupuestaria, limitar los gastos relacionados con el envejecimiento,
haciendo que la asistencia de larga duración resulte más eficiente,
prosiguiendo la reforma de las pensiones para aumentar la edad efectiva de
jubilación, limitando, en particular, la jubilación anticipada, y vinculando la
edad legal de jubilación a la esperanza de vida. Redoblar los esfuerzos por
aumentar la tasa de participación de los trabajadores de mayor edad, en
particular, mejorando su empleabilidad mediante el aprendizaje permanente.
3.           Acelerar la adopción de
medidas estructurales, tras consultar a los interlocutores sociales y de
acuerdo con las prácticas nacionales, para reformar el sistema de indización de
los salarios con vistas a mejorar la capacidad de los salarios de responder a
la evolución de la productividad, especialmente a nivel sectorial. Proseguir la
diversificación de la estructura de la economía, fomentando, en particular, la
inversión privada en investigación, y desarrollando en mayor medida la
cooperación entre la investigación pública y las empresas.
4.           Proseguir los esfuerzos
destinados a reducir el desempleo juvenil entre los solicitantes de empleos
poco cualificados de origen inmigrante, a través de una estrategia coherente,
en particular mejorando el diseño y el seguimiento de las políticas activas del
mercado de trabajo, abordando la inadecuación de las cualificaciones, y
reduciendo los factores financieros que desincentivan el trabajo. En esta misma
dirección, acelerar la aplicación de la reforma de la formación profesional y
la enseñanza general para que las cualificaciones de los jóvenes respondan
mejor a la demanda laboral.
5.           Desarrollar
un marco integral y adoptar medidas concretas para cumplir el objetivo de
reducir de aquí a 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de las actividades no sujetas al RCDE, especialmente a través de la imposición
de los productos energéticos utilizados en los transportes.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2014) 417 final.
[3]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[4]               DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
[5]               C(2013) 8006 final.
[6]               COM(2013) 800 final.
[7]               COM(2013) 790 final.
[8]               SWD(2014) 84 final.
[9]               Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013 , relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales

text:
               24.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 378/8

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 27 de noviembre de 2013
   relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales
   2013/C 378/02
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El objetivo de la presente Recomendación es incitar a los Estados miembros a reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados que no puedan comprender y participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física o sus discapacidades (en lo sucesivo «personas vulnerables»).

               (2)

               Al establecer unas normas mínimas sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos o acusados, la presente Recomendación debe reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas judiciales penales de otros Estados miembros y, por tanto, puede contribuir a mejorar el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal.

               (3)

               El Programa de Estocolmo (1) hace gran hincapié en la consolidación de los derechos de las personas en los procesos penales. En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas que conformaran un planteamiento progresivo del refuerzo de los derechos de los sospechosos o acusados (2).

               (4)

               Hasta la fecha, se han adoptado tres medidas, concretamente, la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

               (5)

               Cuando la presente Recomendación se refiera a sospechosos o acusados que han sido detenidos o privados de libertad, ello debe entenderse como cualquier situación en la que, durante un proceso penal, una persona sospechosa o acusada se ve privada de su libertad en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c), del CEDH, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

               (6)

               La detección y el reconocimiento rápidos de la vulnerabilidad de un sospechoso o acusado en un proceso penal resulta esencial. A tal fin, los agentes de policía, los cuerpos de seguridad o las autoridades judiciales deben realizar una primera evaluación. Asimismo, las autoridades competentes deben poder solicitar que un experto independiente examine el grado de vulnerabilidad, las necesidades de las personas vulnerables y la idoneidad de las medidas adoptadas o previstas en relación con las mismas.

               (7)

               Los sospechosos o acusados, o sus abogados, deben tener derecho a impugnar, de conformidad con el Derecho nacional, la evaluación de su posible vulnerabilidad en los procesos penales, especialmente si ello pudiera impedir o restringir significativamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Este derecho no conlleva la obligación de que los Estados miembros prevean un procedimiento específico de recurso o un mecanismo o procedimiento de reclamación aparte mediante el cual pueda impugnarse ese hecho.

               (8)

               El término «representante legal» se refiere a la persona que representa los intereses y supervisa los asuntos jurídicos de una persona vulnerable. Un ejemplo sería el tutor de una persona vulnerable designado por un órgano jurisdiccional.

               (9)

               El término «adulto adecuado» se refiere a un familiar o a una persona relacionada socialmente con la persona vulnerable que pueda interactuar con las autoridades y permitir a la persona vulnerable ejercer sus derechos procesales.

               (10)

               Durante los procesos penales, las personas vulnerables necesitan asistencia y apoyo adecuados. A tal fin, el representante legal de una persona vulnerable sospechosa o acusada o un adulto adecuado debe ser informado lo antes posible de la acción penal incoada en su contra, de la naturaleza de la acusación, de los derechos procesales y de las soluciones disponibles. El representante legal, o el adulto adecuado, deberá ser informado lo antes posible de la privación de libertad y de los motivos de la misma, salvo que ello vaya en detrimento de los intereses de la persona vulnerable.

               (11)

               Las personas reconocidas como especialmente vulnerables no son capaces de seguir y entender el proceso penal. A fin de garantizar su derecho a un juicio justo, no deben poder renunciar a su derecho a asistencia letrada.

               (12)

               Con objeto de garantizar la integridad personal de las personas vulnerables que se ven privadas de libertad, dichas personas deben tener acceso a un examen médico para evaluar su estado general y la compatibilidad con el mismo de las posibles medidas adoptadas contra ellas.

               (13)

               Las personas vulnerables no son siempre capaces de comprender el contenido de los interrogatorios de policía a que se les somete. A fin de evitar toda impugnación del contenido de una interpelación y, por ende, la repetición indebida de preguntas, dichas interpelaciones deben grabarse por medios audiovisuales.

               (14)

               En función de las circunstancias específicas de cada caso, la situación de vulnerabilidad no debe ser obstáculo para que el sospechoso o acusado acceda a las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes relacionadas con el proceso penal de que se trate en el ejercicio de sus derechos procesales y en relación con el derecho a soluciones efectivas.

               (15)

               La presente Recomendación se aplicará a las personas vulnerables que estén sujetas a procedimientos de entrega, con arreglo a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/584/JHA del Consejo (6) (procedimientos relativos a la orden de detención europea). Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución deben aplicar los derechos procesales específicos de la presente Recomendación a los procedimientos relativos a la orden de detención europea.

               (16)

               Las referencias de la presente Recomendación a la necesidad de medidas adecuadas que garanticen el acceso efectivo a la Justicia de las personas con discapacidad deben entenderse a la luz de los objetivos definidos en la Convención de las Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, en su artículo 13.

               (17)

               Los profesionales que entren en contacto con personas vulnerables deben recibir formación adecuada para garantizar que son conscientes de las necesidades específicas de las mismas.

               (18)

               La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Recomendación aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa.

               (19)

               Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre el seguimiento de la presente Recomendación en el plazo de (36 mese) a partir de su publicación. La Comisión debe supervisar y evaluar las medidas adoptadas por los Estados miembros sobre la base de la información recibida.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1

      OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

               1.

               La presente Recomendación insta a los Estados miembros a fortalecer determinados derechos procesales de las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales y de las personas vulnerables sujetas a procedimientos relacionados con la orden de detención europea.

               2.

               Los derechos procesales específicos de las personas vulnerables deben aplicárseles a partir del momento en que sean sospechosas de haber cometido un delito. Tales derechos se aplicarán hasta la conclusión del proceso.

               3.

               Las personas vulnerables deben ser informadas de conformidad con sus intereses para el ejercicio de sus derechos procesales en función de su capacidad de comprender y participar efectivamente en el proceso.

         SECCIÓN 2

      IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLES

               4.

               Las personas vulnerables deben ser identificadas y reconocidas como tales rápidamente. Los Estados miembros deben velar por que todas las autoridades competentes puedan recurrir a un reconocimiento médico efectuado por un experto independiente, con objeto de identificar a las personas vulnerables y determinar su grado de vulnerabilidad y sus necesidades específicas. Dicho experto podrá emitir un dictamen motivado sobre la conveniencia de las acciones adoptadas o previstas contra la persona vulnerable.

         SECCIÓN 3

      DERECHOS DE LAS PERSONAS VULNERABLES

      No discriminación

               5.

               Las personas vulnerables no deben ser objeto de discriminación alguna por la legislación nacional en el ejercicio de los derechos procesales mencionados en la presente Recomendación.

               6.

               Los derechos procesales concedidos a las personas vulnerables deberán respetarse a lo largo de todo el proceso penal en función de la naturaleza y el grado de vulnerabilidad.

      Presunción de vulnerabilidad

               7.

               Los Estados miembros deben prever una presunción de vulnerabilidad, especialmente en el caso de las personas con deficiencias graves de orden psicológico, intelectual, físico o sensorial, o trastornos mentales o cognitivos, que les dificulten comprender y participar efectivamente en el proceso.

      Derecho a la información

               8.

               Las personas con discapacidad deben recibir, a petición propia, información relativa a sus derechos procesales en una forma que les resulte comprensible.

               9.

               Las personas vulnerables y, si fuera necesario, su representante legal o un adulto adecuado deben ser informadas de los derechos procesales específicos previstos en la presente Recomendación, en particular los relativos al derecho a la información, el derecho a la asistencia médica, el derecho a un abogado, el respeto de la vida privada y, en su caso, los derechos relacionados con la prisión preventiva.

               10.

               El representante legal o el adulto adecuado que nombre la persona vulnerable o las autoridades competentes para ayudar a dicha persona deben estar presentes en la comisaría de policía y durante las vistas ante el órgano jurisdiccional.

      Derecho a la asistencia de letrado

               11.

               Si una persona vulnerable no es capaz de comprender y seguir el proceso, no debe poder renunciar al derecho a la asistencia de letrado, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/48/UE.

      Derecho a asistencia médica

               12.

               En caso de privación de libertad, las personas vulnerables deben tener acceso a asistencia médica sistemática y regular a lo largo del proceso penal.

      Grabación de los interrogatorios

               13.

               Todo interrogatorio de personas vulnerables realizado durante la fase de investigación previa al juicio debe ser grabado por medios audiovisuales.

      Privación de libertad

               14.

               Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la privación de libertad de las personas vulnerables antes de su condena es una medida de último recurso, proporcionada y realizada en condiciones que se ajustan a sus necesidades. En caso de privación de libertad, deben adoptarse medidas adecuadas para garantizar que las personas vulnerables disponen de alojamiento razonable en función de sus necesidades particulares.

      Privacidad

               15.

               Las autoridades competentes deben adoptar las medidas adecuadas para proteger la vida privada, la integridad personal y los datos personales de las personas vulnerables, incluidos los datos médicos, a lo largo de todo el proceso penal.

      Procedimientos relacionados con la orden de detención europea

               16.

               El Estado miembro de ejecución debe garantizar que, tras su detención, las personas vulnerables sujetas a procedimientos relacionados con la orden de detención europea tienen los derechos procesales específicos mencionados en la presente Recomendación.

      Formación

               17.

               Los agentes de policía, los cuerpos de seguridad o las autoridades judiciales competentes en los procesos penales contra personas vulnerables deben recibir una formación específica.

         SECCIÓN 4

      SUPERVISIÓN

               18.

               Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para aplicar la presente Recomendación en el plazo de (36 meses) a partir de su notificación.

         SECCIÓN 5

      DISPOSICIONES FINALES

               19.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2013.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Vicepresidenta

      (1)  DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

      (2)  DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.

      (3)  Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa a los derechos a la interpretación y la traducción en los procesos penales, DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.

      (4)  Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.

      (5)  Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, DO L 294 de 6.11.2013, p. 1.

      (6)  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.


title: Recomendación de la Comisión, de 21 de octubre de 2011 , sobre la iniciativa de programación conjunta de investigación Europa urbana — Retos urbanos mundiales, soluciones conjuntas europeas

text:
               25.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 312/1

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 21 de octubre de 2011
   sobre la iniciativa de programación conjunta de investigación «Europa urbana — Retos urbanos mundiales, soluciones conjuntas europeas»
   2011/C 312/01
   LA COMISIÓN EUROPEA
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 181,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El desarrollo sostenible de las zonas urbanas europeas es un importante tema social en un momento en que el mundo está experimentando de forma creciente tendencias como la urbanización. Según las previsiones, casi el 70 % de la población mundial vivirá en las ciudades para 2050, frente al 50 % aproximadamente hoy en día (1). La cifra son más altas en Europa: se prevé que un 83 % de la población (casi 557 millones de personas) viva en ciudades para 2050.

               (2)

               La urbanización supone una amplia gama de retos interrelacionados, entre los que se cuentan la marginación y las carencias sociales, la expansión y la congestión urbanas delante, la seguridad, la degradación del medio amiente, la contaminación y los efectos del cambio climático. Estas tendencias ejercen presión sobre la sociedad y plantean un reto sin precedentes a la resistencia, la gestión y la gobernanza de los sistemas urbanos en Europa y en todo el mundo.

               (3)

               Al mismo tiempo, Europa debe aprovechar las ventajas del espacio urbanizado. Las zonas urbanas sirven de motores del crecimiento de la economía europea. Las aglomeraciones urbanas y las ciudades en red se han convertido en puntas de lanza del desarrollo, no solo desde el punto de vista socioeconómico, sino también desde el tecnológico y geopolítico. Las ciudades son en sí mismas centros de innovación en los que se reúnen los conocimientos, políticas y prácticas para crear ideas innovadoras, emplear tecnologías nuevas y sacar ventaja de nuevas perspectivas sobre los retos y motores del desarrollo urbano, así como sus soluciones. También hay cada vez más indicios de que las redes de grandes centros urbanos, que se denominan a menudo «ciudades globales», ejercen una influencia creciente a escala internacional, aunque hay que reconocer al mismo tiempo la importancia de las ciudades pequeñas y medianas debido a su incidencia desde el punto de vista del desarrollo regional. Europa se caracteriza por una alta densidad urbana y por un gran número de ciudades pequeñas y medianas, cuyos activos se deben tener en cuenta desde una perspectiva económica, social y cultural.

               (4)

               La estrategia Europa 2020 presenta tres prioridades que se refuerzan recíprocamente: crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador (2). El desarrollo urbano sostenible podrían contribuir de manera importante a alcanzar esos objetivos. En su iniciativa emblemática «Unión por la innovación» establecida en la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, «Iniciativa emblemática de Europa 2020 Unión por la innovación» (3), una de las posibles cooperaciones de innovación la constituyen las ciudades inteligentes y habitables que reúnan eficiencia energética, transportes limpios e Internet rápido. Las ciudades pueden contribuir a un crecimiento integrador, sobre todo mediante la lucha contra la polarización social y la pobreza, la prevención de la segregación social y el tratamiento de los problemas del envejecimiento. La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (4) se propone alcanzar el objetivo de la UE de reducir la pobreza y la exclusión social en un mínimo de veinte millones de personas para 2020. Contribuirá a definir las mejores prácticas y a fomentar el entendimiento mutuo entre municipios.

               (5)

               Para poder adoptar políticas basándose en datos reales, urge reforzar la base de conocimientos sobre el desarrollo urbano integrado a lo largo y ancho de sus interfaces de investigación en materia económica, social, ecológica y de movilidad.

               (6)

               Hace falta coordinarse para hacer frente a los retos señalados, aprovechar las oportunidades y facilitar una cooperación para una investigación de alta calidad dirigida a proporcionar materiales de estudio que apoyen las zonas urbanas como un sistema de redes complejas con una elevada interdependencia de los subsistemas económicos, tecnológicos, sociales y ecológicos relacionados y con una perspectiva de futuro.

               (7)

               En su reunión de 26 de mayo de 2010 (5), el Consejo de Competitividad identificó y justificó una serie de posibles iniciativas de programación conjunta (en lo sucesivo denominadas «IPC»), entre las que se cuenta «Europa urbana — Retos urbanos mundiales, soluciones conjuntas europeas», por considerar que, en esos ámbitos, una programación conjunta de la investigación aportaría un importante valor añadido a los actuales esfuerzos, dispersos, de los Estados miembros y a las iniciativas de la Unión existentes. Por esa razón, se adoptó una serie de conclusiones en las que se reconocía la necesidad de poner en marcha una iniciativa de programación conjunta al respecto y se invitaba a la Comisión a participar en su preparación.

               (8)

               Los Estados miembros han confirmado su participación en esa IPC mediante cartas de compromiso formal.

               (9)

               La programación conjunta de la investigación sobre el desarrollo urbano sostenible facilitaría la coordinación de la investigación y la innovación en este ámbito y contribuiría considerablemente a la construcción de un Espacio Europeo de Investigación plenamente operativo sobre la investigación y la innovación en materia de desarrollo urbano, además de consolidar el liderazgo y la competitividad de Europa en la investigación en este campo.

               (10)

               El desarrollo urbano constituye un importante ámbito transversal dentro de los programas de investigación e innovación acogidos a la financiación de la UE. Las actividades de esta IPC deben coordinarse estrechamente con otras actividades relacionadas en el marco de los programas de financiación vigentes y futuros y de las iniciativas de investigación e innovación.

               (11)

               Por consiguiente, al efecto de alcanzar los objetivos fijados en la presente Recomendación, los Estados miembros deben cooperar con la Comisión para garantizar la coordinación y el fomento de sinergias con los programas de investigación e innovación existentes mediante el estudio de iniciativas de la Comisión, tales como la Iniciativa sobre Ciudades y Comunidades Inteligentes y otras iniciativas relacionadas, para evitar duplicaciones y solapamientos.

               (12)

               A fin de que la Comisión pueda informar al Parlamento Europeo y al Consejo, los Estados miembros deben informar periódicamente a la Comisión sobre los progresos alcanzados en esta IPC.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               Se invita a los Estados miembros a crear y mantener una visión común sobre la forma en que la cooperación y la coordinación en el ámbito de la investigación a nivel de la Unión pueden contribuir a conseguir un desarrollo urbano sostenible en todas sus formas (6).

               2.

               Se invita a los Estados miembros a desarrollar un programa estratégico común de investigación que determine las necesidades y objetivos de investigación a medio y largo plazo en el ámbito del desarrollo, en un contexto de mundialización creciente. El programa estratégico de investigación debe contener un plan de ejecución que establezca las prioridades y los plazos y especifique las medidas, los instrumentos y los recursos necesarios para su aplicación.

               3.

               Se invita a los Estados miembros a incluir en el programa estratégico de investigación y en el plan de ejecución las medidas siguientes:

                           a)

                           búsqueda e intercambio de información sobre los programas y las actividades de investigación nacionales pertinentes;

                           b)

                           consolidación de capacidades en materia de análisis prospectivo común y de evaluación tecnológica;

                           c)

                           intercambio de información, recursos, mejores prácticas, metodologías y directrices;

                           d)

                           determinación de las áreas o actividades de investigación que podrían beneficiarse de la coordinación o de la profundización en esa coordinación;

                           e)

                           determinación de las áreas o actividades de investigación que podrían beneficiarse de convocatorias de propuestas conjuntas o de la puesta en común de recursos;

                           f)

                           definición de las modalidades de investigación que deben emprenderse de forma conjunta en los ámbitos a los que hace referencia la letra e);

                           g)

                           garantía de la coordinación, fomento de sinergias con programas de financiación existentes y futuros, así como con las iniciativas de investigación e innovación en la Unión, y prevención de las duplicaciones y solapamientos con iniciativas existentes y futuras de la Unión en este ámbito;

                           h)

                           consideración de las necesidades cambiantes de las ciudades y de la población urbana a la hora de determinar los objetivos de los programas de investigación en materia de desarrollo urbano;

                           i)

                           puesta en común, cuando proceda, de las infraestructuras de investigación existentes o creación de nuevos recursos, tales como bancos de datos coordinados o inventario y elaboración de modelos para el estudio de los procesos urbanos;

                           j)

                           fomento de una mayor colaboración dentro del sector público y entre los sectores público y privado, así como de la innovación abierta entre diversas actividades de investigación, la educación y el empresariado en relación con el desarrollo urbano, al tiempo que se vela por una amplia participación de las partes interesadas pertinentes, tales como las autoridades locales y la sociedad civil;

                           k)

                           exportación y difusión de conocimientos, innovación y planteamientos metodológicos interdisciplinarios, así como definición y eliminación de obstáculos en el sistema de investigación e innovación que impiden a las soluciones innovadoras y socialmente beneficiosas llegar más rápidamente al mercado;

                           l)

                           aportación de la información científica adecuada a efectos de la toma de decisiones políticas a nivel local, regional, nacional y de la Unión;

                           m)

                           creación de redes entre centros dedicados a la investigación en materia urbana, incluidos aquellos no incluidos en el Espacio Europeo de Investigación.

               4.

               Se invita a los Estados miembros a mantener y fomentar una estructura común de gestión eficaz en el ámbito de la investigación sobre el reto del desarrollo urbano, con el mandato de establecer unas condiciones, normas y procedimientos comunes de cooperación y coordinación, así como de efectuar un seguimiento de la aplicación del programa estratégico de investigación.

               5.

               Se invita a los Estados miembros a aplicar conjuntamente un programa estratégico de investigación a través de sus programas nacionales de investigación, de conformidad con las directrices establecidas en las Condiciones Marco de la Programación Conjunta establecidas por el Grupo de alto nivel del Consejo para la programación conjunta (7).

               6.

               Se invita a los Estados miembros a cooperar con la Comisión con vistas a estudiar iniciativas para asistir a los Estados miembros en la creación y aplicación del programa estratégico de investigación, y a coordinar los IPC con otras iniciativas de la Unión en la materia, tales como la I + D subvencionada por los programas de financiación en favor de la investigación y la innovación, especialmente en los ámbito de las ciencias socioeconómicas y las humanidades, los transportes, la energía, el medio ambiente, las TIC, la seguridad, la salud, así como otras iniciativas de investigación e innovación como otras IPC relacionadas, IET de las comunidades de conocimiento e innovación y plataformas tecnológicas europeas.

               7.

               Se invita a los Estados miembros a vincularse estrechamente con el Foro Estratégico para la Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FECI) (8) para fomentar y aplicar una posible dimensión internacional del programa estratégico de investigación y velar por la coherencia con las iniciativas del FECI en colaboración con terceros países y con las dirigidas a estos.

               8.

               Se invita a los Estados miembros a informar periódicamente a la Comisión, mediante informes anuales de actividad, de los progresos registrados en relación con esta IPC.

      Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 2011.

            Por la Comisión

         Máire GEOGHEGAN-QUINN

            Miembro de la Comisión

      (1)  http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

      (2)  Comunicación de la Comisión «EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», Bruselas, COM(2010) 2020.

      (3)  COM(2010) 546.

      (4)  Comunicación de la Comisión «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial», Bruselas, COM(2010) 758 final.

      (5)  10246/10.

      (6)  http://www.jpi-urbaneurope.eu

      (7)  ERC-GPC 1311/10. Joint Programming in research 2008-2010 and beyond — Report of the High Level Group on Joint Programming to the Council, 12 de noviembre de 2010, anexo II.

      (8)  El FECI tiene su origen en la conclusiones del Consejo de diciembre de 2008, en las que el Consejo hizo un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que formaran una nueva asociación en favor de la ciencia internacional y la cooperación tecnológica. El Consejo lo ha establecido como una configuración específica del CEEI.


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52011DC0324

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que la autorice a negociar en nombre de la Unión Europea modificaciones en el Tratado de la Comunidad de la Energía  RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que la autorice a negociar en nombre de la Unión Europea modificaciones en el Tratado de la Comunidad de la Energía  /* COM/2011/0324 final - */

	RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJOpara que la autorice a negociar en nombre de la Unión Europea modificaciones en el Tratado de la Comunidad de la EnergíaEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl artículo 11 del Tratado de la Comunidad de la Energía identifica el «acervo comunitario en materia de energía» con los actos normativos siguientes:- la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE,- la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, y- el Reglamento (CE) nº 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad.En virtud de la Decisión nº 2007/06/MC-EnC del Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía, de 18 de diciembre de 2007, las Partes contratantes están obligadas también a aplicar el Reglamento (CE) nº 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural.En la Unión Europea, los cuatro actos arriba mencionados han sido —con efectos desde el 3 de marzo de 2011— derogados y sustituidos por la Directiva 2009/72/CE, la Directiva 2009/73/CE, el Reglamento (CE) nº 714/2009 y el Reglamento (CE) nº 715/2009, adoptados los cuatro el 13 de julio de 2009. Junto con el Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACRE), estos nuevos instrumentos de la normativa de la UE conforman el «tercer paquete» de medidas legislativas adoptadas en el ámbito del mercado interior de la energía de la Unión.El artículo 20 del Tratado de la Comunidad de la Energía dispone que «En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, cada Parte contratante enviará a la Comisión Europea un plan de aplicación de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad y de la Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. La Comisión Europea presentará el plan de cada Parte contratante al Consejo Ministerial para su adopción.».Las dos Directivas a las que se refiere el citado artículo 20, identificadas como el «acervo en materia de renovables» de la Comunidad de la Energía, fueron modificadas por la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.En su informe sobre la Comunidad de la Energía enmarcado en el artículo 7 de la Decisión 2006/500/CE y adoptado el 10 de marzo de 2011, la Comisión consideró que adoptar y aplicar el tercer paquete y la Directiva 2009/28/CE era una de las prioridades a las que debía atender la Comunidad de la Energía como medio de acelerar la integración de la región en el mercado único europeo de la energía.Según dispone el artículo 59 del Tratado de la Comunidad de la Energía, que regula la composición del Consejo regulador de esa Comunidad, la Unión Europea «estará representada por la Comisión Europea, asistida por un organismo regulador de cada participante, y un representante del Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas (ERGEG).».Las actividades desempeñadas en el pasado por el citado Grupo han sido asumidas por la ACRE, de forma que el ERGEG dejará de existir a partir del 1 de julio de 2011.El 6 de mayo de 2011, la Comisión adoptó una Decisión por la que establece su Propuesta al Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía sobre la aplicación de la Directiva 2009/72/CE, de la Directiva 2009/73/CE, del Reglamento (CE) nº 714/2009 y del Reglamento (CE) nº 715/2009 y por la que se modifican los artículos 11 y 59 del Tratado de la Comunidad de la Energía.El artículo 5, apartado 2, de la Decisión 2006/500/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2006, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la Energía, regula el procedimiento que ha de aplicarse antes de que se pueda tomar en las instituciones de la Comunidad de la Energía una posición sobre las modificaciones que pretendan introducirse en el citado Tratado [artículo 100, inciso i)].En este contexto, la Comisión recomienda que el Consejo la autorice para deliberar en las instituciones de la Comunidad de la Energía sobre las adaptaciones que sean necesarias en el Tratado de esa Comunidad.RECOMENDACIÓNEn vista de lo que precede, la Comisión recomienda:-  que el Consejo la autorice para negociar en nombre de la Unión Europea las modificaciones que sea necesario introducir en el Tratado de la Comunidad de la Energía;-  que, de conformidad con el Tratado, sea ella quien negocie por la Unión Europea las modificaciones del Tratado de la Comunidad de la Energía de acuerdo con las directrices de negociación;-  que el Consejo designe a un comité al que deba consultarse durante el proceso de negociación;-  que el Consejo emita las directrices de negociación adjuntas a la presente Recomendación.ANEX ODirectrices para la negociación de las modificaciones del Tratado de la Comunidad de la Energía.«ACERVO COMUNITARIO EN MATERIA DE ENERGÍA»Las modificaciones que se acuerden en nombre de la Unión Europea deberán ajustarse a las que se proponen en la Decisión de la Comisión de 6 de mayo de 2011.«ACERVO EN MATERIA DE RENOVABLES»Las modificaciones que se acuerden en nombre de la Unión Europea deberán hacer referencia a la obligación de las Partes contratantes de adoptar la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.CONSEJO REGULADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ENERGÍALas modificaciones que se acuerden en nombre de la Unión Europea deberán ajustarse a las que se proponen en la Decisión de la Comisión de 6 de mayo de 2011.


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31997H0190

97/190/CE: Recomendación del Consejo de 17 de marzo de 1997 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) para el ejercicio 1995

Diario Oficial n° L 080 de 21/03/1997 p. 0021 - 0021

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 17 de marzo de 1997 por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) para el ejercicio 1995 (97/190/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 206,Visto el Tercer Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984,Vista la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (1),Visto el Acuerdo interno relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad (2), firmado en Bruselas el 19 de febrero de 1985, modificado por la Decisión 86/281/CEE (3), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 29,Visto el Reglamento financiero de 11 de noviembre de 1986, aplicable al sexto Fondo Europeo de Desarrollo (4) y, en particular, sus artículos 66 a 73,Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) aprobados al 31 de diciembre de 1995, así como el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1995, acompañado de las respuestas de la Comisión (5),Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 29 del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión llevada a cabo por la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) corresponde al Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo;Considerando que la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) durante el ejercicio 1995, por la Comisión, ha sido, en su conjunto, satisfactoria,RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación por parte de la Comisión de la ejecución de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (1984) (sexto FED) para el ejercicio 1995.Hecho en Bruselas, el 17 de marzo de 1997.Por el ConsejoEl PresidenteG. ZALM(1) DO n° L 175 de 1. 7. 1986, p. 1.(2) DO n° L 86 de 31. 3. 1986, p. 210.(3) DO n° L 178 de 2. 7. 1986, p. 13.(4) DO n° L 325 de 20. 11. 1986, p. 42.(5) DO n° C 340 de 12. 11. 1996, pp. 290 a 333.


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31998H0195

98/195/CE: Recomendación de la Comisión de 8 de enero de 1998 sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado (Parte 1 - Las tarifas de interconexión) (Texto pertinente a los fines del EEE)

Diario Oficial n° L 073 de 12/03/1998 p. 0042 - 0050

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de enero de 1998 sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado (Parte 1 - Las tarifas de interconexión) (Texto pertinente a los fines del EEE) (98/195/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la red abierta (ONP) (1), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 7,Considerando que la Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones (2), dispone de abolición de los derechos especiales y exclusivos en lo que se refiere al suministro de redes y servicios de telecomunicación;Considerando que es política de la Comunidad la creación de un mercado abierto y competitivo en el sector de las telecomunicaciones; que la interconexión con las redes de telecomunicaciones conmutadas públicas actuales resulta esencial para quienes se incorporan al mercado de las telecomunicaciones para competir con los operadores preexistentes, y que las cuotas de conexión representan una de las partidas de gastos más importantes para ellos; que la Comunidad ha establecido un marco regulador de la interconexión, que se plasma en la Directiva 97/33/CE;Considerando que la Directiva 97/33/CE confiere a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) de las telecomunicaciones un papel importante en lo que se refiere a garantizar una interconexión adecuada de las redes, de conformidad con el Derecho comunitario, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión con vistas a facilitar el desarrollo de un auténtico «mercado doméstico» europeo (considerando 12); que, en particular, el apartado 5 del artículo 7 de la Directiva 97/33/CE dispone que la Comisión elaborará recomendaciones para los sistemas de contabilidad de costes y la separación contable; que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la fijación de las tarifas de interconexión es responsabilidad de los Estados miembros;Considerando que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 97/33/CEE exige que determinados organismos, que hayan sido notificados por su ANR como dotados de un peso significativo en el mercado (en lo sucesivo denominados «de operadores notificados») se atengan a los principios de transparencia y orientación en función de los costes en la fijación de las cuotas de interconexión, y establece que la carga de la prueba de que las cuotas se basan en los costes corresponde al organismo que proporciona la interconexión a su red;Considerando que la Comisión entiende que el método más adecuado para fijar las tarifas de interconexión es el que se basa en los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos, ya que es el más compatible con un mercado competitivo; que este método no impide el uso de «márgenes» justificados como forma de recuperar los costes comunes prospectivos de un operador eficiente que se producirían en condiciones de competencia;Considerando que, hasta que se implanten unas cuotas de interconexión basadas en los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos, procede publicar unas comparaciones internacionales de las cuotas de interconexión para ayudar a las autoridades nacionales de reglamentación a garantizar que la interconexión a las redes de los operadores notificados se base en los costes;Considerando que el apartado 5 del artículo 7 de la Directiva 97/33/CE exige que las ANR velen por que los sistemas de contabilidad de costes utilizados por los organismos afectados permitan garantizar la transparencia y la orientación por los costes, pero no especifica un sistema de contabilidad de costes concreto; que el método de fijar las tarifas de interconexión basado en los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos implica un sistema contable basado en costes corrientes y no en costes históricos; que pueden utilizarse cuentas por actividades para construir un modelo «descendente» de los costes incrementales medios a largo plazo de la interconexión;Considerando que el coste de terminar una llamada procedente de una red interconectada no debe depender del tipo de red en la que se originó la llamada; que el principio de no discriminación significa que las tarifas de interconexión para servicios de terminación de llamadas prestados por operadores notificados no debe, en general, diferenciar las llamadas originadas en redes fijas de las llamadas originadas en redes móviles, así como tampoco las llamadas originadas en redes del mismo Estado miembro de las llamadas originadas en redes de otros Estados miembros;Considerando que los Estados miembros pueden someter a autorización la prestación de servicios de telecomunicación, incluido el establecimiento y/o la explotación de las redes de telecomunicación necesarias para la prestación de tales servicios, de conformidad con la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (3); que los principios generales del Tratado y las exigencias específicas de la Directiva 97/33/CE imponen que todos los puntos de interconexión abiertos a los operadores nacionales estén también abiertos a los operadores autorizados en otros Estados miembros que deseen entregar tráfico transfronterizo; que la práctica establecida de que los operadores de red existentes puedan entregar tráfico a otros Estados miembros sin necesidad de autorización en el Estado miembro de destino y sin necesidad de estar establecidos en el Estado miembro de destino es coherente con el principio de que la entrega de tráfico a un Estado miembro no constituye la oferta de un servicio en dicho Estado miembro;Considerando que la Directiva 97/33/CE permite a los Estados miembros establecer mecanismos de reparto del coste neto de las obligaciones del servicio universal entre los organismos explotadores de redes públicas de telecomunicación y/o servicios de telefonía vocal accesibles al público;Considerando que el apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a la telefonía vocal (4), exige que las tarifas aplicadas al uso de la red telefónica fija y a los servicios de telefonía vocal sean conformes a los principios básicos de transparencia y orientación en función de los costes; que solo son permisibles las aportaciones de las partes interconectadas a regímenes del tipo «déficit del acceso» cuando las ANR impongan restricciones a las tarifas fundamentadas en la asequibilidad y la accesibilidad del servicio telefónico de conformidad con el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 95/62/CE; que la Comisión ha indicado que cree que tales sistemas deben desaparecer antes del 1 de enero de 2000 (5);Considerando que la aplicación de los principios establecidos en la presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros y de las empresas de dar pleno cumplimiento a las normas de la Unión Europea sobre competencia, teniendo en cuenta las posiciones específicas establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones (6);Considerando que el Comité consultivo creado por el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (7) (denominado «el Comité ONP») ha dado un amplio respaldo a los principios contenidos en la presente Recomendación, y la Comisión ha tenido en cuenta en la mayor media posible las opiniones expresadas,RECOMIENDA:1. La presente Recomendación se refiere a la interconexión de redes de telecomunicación, y en particular a la tarificación de la terminación de llamadas en las redes de los operadores que, según designación de su autoridad nacional de reglamentación, tienen un peso significativo en el mercado (en adelante denominados «los operadores notificados») de conformidad con la Directiva 97/33/CE.2. El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 97/33/CE exige que las cuotas de interconexión de los operadores notificados se atengan a los principios de orientación en función de los costes y transparencia. El principio de orientación en función de los costes aplicado a la interconexión significa que las cuotas de interconexión deben reflejar la forma en que se producen realmente los costes de interconexión. Los operadores notificados deben poder recuperar tanto los costes incrementales necesarios como conectar las redes que se producen una sola vez como los costes de capacidad incrementales exigidos por el tráfico de interconexión.El anexo I de la presente Recomendación contiene información detallada sobre el tipo de costes asociados con la terminación de una llamada.3. Los costes de interconexión deben calcularse sobre la base de los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos, ya que estos costes se aproximan mucho a los de un operador eficiente que emplee tecnología moderna. Las cuotas de interconexión basadas en tales costes podrán incluir «márgenes» justificados destinados a cubrir una parte de los costes comunes prospectivos de un operador eficiente, tal como producirían en unas condiciones de competencia.4. Las cuotas de interconexión basadas en la «mejor práctica actual» que figuran más abajo representan una orientación para las ANR a la hora de evaluar las cuotas de interconexión para la terminación de llamadas propuestas por los operadores notificados, hasta que se disponga de unos costes de interconexión calculados basados en los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos.Sobre la base de los datos que figuran en el anexo II de la presente Recomendación, se recomiendan las siguientes «cuotas de la mejor práctica actual» como cuotas de interconexión máximas para el período que comienza el 1 de enero de 1998:Cuotas de interconexión de la «mejor práctica actual» Cuota de interconexión de la «mejor práctica actual» para terminación de llamadas a nivel local (es decir, en una centralita local o tan cerca de ella como sea posible)entre 0,6 y 1,0 ecus/100 por minuto (en hora punta)Cuota de interconexión de la «mejor práctica actual» para la interconexión de TRÁFICO SIMPLE (nivel metropolitano)entre 0,9 y 1,8 ecus/100 por minuto (en hora punta)Cuota de interconexión de la «mejor práctica actual» para la interconexión de TRÁFICO DOBLE (nivel nacional - más de 200 km)entre 1,5 y 2,6 ecus/100 por minuto (en hora punta)5. Se recomienda que cuando las cuotas estén fuera de los intervalos de la «mejor práctica actual» que figuran en el punto 4, las autoridades nacionales de reglamentación, en ejercicio de los derechos que les confiere el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 97/33/CE, exijan la plena justificación de las cuotas propuestas y, si procede, la modificación de las cuotas de interconexión con carácter retroactivo. Los intervalos de «mejor práctica actual» que figuran en el punto 4 se consideran suficientemente amplios para tener en cuenta las diferencias de costes reconocidas entre Estados miembros.6. El uso de los costes incrementales medios a largo plazo prospectivos supone un sistema de contabilidad de costes que utilice la atribución por actividad de los costes corrientes, y no de los costes históricos. Se recomienda que las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) establezcan plazos para que sus operadores notificados apliquen nuevos sistemas de contabilidad de costes basados en los costes corrientes cuando no existan todavía tales sistemas. Se recomiendan los sistemas de costes por actividad, en los cuales los costes se atribuyen a cada producto y/o servicio sobre la base de los factores y actividades que determinan los costes de un operador eficiente, para reducir al mínimo los costes comunes que no puedan atribuirse directamente.7. En consonancia con la práctica habitual en materia de interconexión transfronteriza entre operadores de redes establecidas, así como con el principio de no discriminación, no debe obligarse a los operadores autorizados en un Estado miembro que se limitan a interconectarse para entregar tráfico a otro Estado miembro y que no ofrecen servicios ni explotan infraestructura en ese otro Estado miembro a ser autorizado o a establecerse en este otro Estado miembro.Se recomienda que la oferta de interconexión de referencia de los organismos notificados incluya -como elemento discreto y desglosado de la oferta de interconexión- las condiciones y tarifas relativas al enlace de transmisión entre el punto de interconexión real y la frontera del Estado miembro.8. Sin perjuicio del principio de no discriminación, no debe imponerse ninguna aportación al servicio universal o a los déficits de acceso pagadera por los organismos que exploten redes públicas de telecomunicación y/o por los operadores de telefonía vocal de un Estado miembro (que, de conformidad con el Derecho comunitario, deben ser independientes de las cuotas de interconexión), a los organismos que se limitan a interconectarse para entregar tráfico a un Estado miembro y no ofrecen realmente servicios de telecomunicación en dicho Estado miembro, ni, indirectamente, a los consumidores de otros Estados miembros.9. La presente Recomendación, y en particular las «cuotas de la mejor práctica actual» que figuran en el punto 4 y los datos del anexo II, será reconsiderada por la Comisión antes del 31 de julio de 1998 a más tardar, y actualizada si resulta necesario.10. Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 8 de enero de 1998.Por la ComisiónMartin BANGEMANNMiembro de la Comisión(1) DO L 199 de 26. 7. 1997, p. 32.(2) DO L 74 de 22. 3. 1996, p. 13.(3) DO L 117 de 7. 5. 1997, p. 15.(4) DO L 321 de 30. 12. 1995, p. 6.(5) COM(96) 608 de 27 noviembre de 1996, Comunicación de la Comisión relativa a los criterios de evaluación de los sistemas nacionales de cálculo de costes y de financiación del servicio universal de telecomunicaciones y directrices para los Estados miembros sobre la aplicación de dichos sistemas.(6) DO C 76 de 11. 3. 1997, p. 9.(7) DO L 192 de 24. 7. 1990, p. 1.ANEXO I COMPONENTES DE LAS CUOTAS DE INTERCONEXIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LLAMADAS La Directiva 97/33/CE exige que las cuotas de interconexión de los operadores notificados se atengan a los principios de orientación en función de los costes. El presente anexo examina las consecuencias de esta exigencia en lo que se refiere a los componentes de una cuota de interconexión para la terminación de llamadas.1. Tarificación del bucle local a efectos de interconexión Con la expresión bucle local se hace referencia al enlace final entre el cliente y la centralita local. En una red fija con bucles locales por cable o inalámbricos, el coste de un bucle local no conmutado se abona, en lo fundamental de una sola vez, dejando aparte los costes periódicos de mantenimiento. Cuando se compra la terminación de una llamada, el lugar «más bajo» de la red en que esto puede ocurrir es el conmutador local, del lado de la red principal (1). La interconexión a este punto puede general costes adicionales en capacidad de conmutación, pero no existen costes adicionales en capacidad ni se precisan inversiones en lo que se refiere a los componentes del bucle local dedicados a un cliente concreto (es decir, el par de hilos de cobre de una red tradicional).Del principio de orientación por los costes se deduce que, dado que el suministro de la interconexión no supone ningún incremento de los costes de los componentes dedicados del bucle local de la red que efectúa la terminación, el cálculo de las cuotas de interconexión no debe incluir ningún componente relacionado con el coste directo de los componentes dedicados al abonado del bucle local. El coste de estos componentes del bucle local no conmutado dedicados a un cliente concreto debe sufragarlo, por consiguiente, dicho cliente a través de una cuota por línea de abonado, o mediante una combinación de dicha cuota y los ingresos procedentes de otros servicios, en la medida en que la competencia lo permita.Se plantea una dificultad si existen medidas reguladoras que impiden al operador preexistente reequilibrar sus tarifas y, por consiguiente, no puede cobrar un precio económico a sus propios clientes para cubrir el coste del bucle local. Esta situación da lugar al denominado «déficit del acceso». En un régimen de monopolio, el operador compensa el déficit en la «red de acceso» (es decir, en el bucle local) fijando precios superiores al precio económico para otros servicios, tales como las llamadas internacionales. Con una interconexión orientada por los costes, los competidores pueden captar parte de este tráfico de larga distancia internacional, con lo que se reducen las posibilidades de que el operador preexistente compense el déficit del acceso. Imponer un sistema de déficit del acceso supone solicitar aportaciones de otros operadores para compensar al operador preexistente por la pérdida de los ingresos que hubiera utilizado para financiar este déficit.Los sistemas de déficit del acceso generan siempre señales de inversión ineficiente y ocasionan un aumento de los costes globales de la industria. Además, son engorrosos de administrar y carecen de transparencia. Según se indica en las directrices sobre cálculo de costes y financiación del servicio universal publicadas por la Comisión en noviembre de 1996 (2), se espera que los sistemas de déficit del acceso solo se apliquen temporalmente hasta 2000, momento en que se habrá conseguido ya un reequilibrio suficiente dentro de los Estados miembros.De conformidad con la Directiva de interconexión, cualquier aportación a los «déficits de acceso» que deban abonar las partes que se interconecten debe separarse claramente de las cuotas de interconexión. El pago de «aportaciones al déficit del acceso» por las partes interconectadas solo es permisible, con arreglo al Derecho comunitario, cuando los Estados miembros impongan limitaciones reglamentarias a las tarifas al detalle de los operadores notificados. Si ninguna medida reguladora impide a un operador reequilibrar sus tarifas, las cuotas por «déficit del acceso» carecen de justificación.2. Tarificación de las llamadas no completadas a efectos de interconexión Las llamadas no completadas en horas punta que tienen su origen en redes interconectadas pueden ocasionar costes de capacidad adicional a la red que las termina. En algunos casos, sin embargo, el motivo de que la llamada resulte infructuosa puede ser el bajo rendimiento de la propia red del operador preexistente. La Directiva de interconexión dispone que la carga de la prueba en lo que se refiere a los costes corresponde al operador de la red, por lo cual, si un operador decide incluir en sus tarifas de interconexión un cargo por las llamadas no completadas, tendrá que demostrar que el motivo de que la llamada haya sido infructuosa no es el bajo rendimiento de su propia red.3. Cuotas de establecimiento de llamada a efectos de interconexión En una red fija, los costes de conmutación dependen básicamente de dos factores, la duración de llamada y los eventos de la llamada (es decir, la señalización y el establecimiento de la llamada). Se necesita mucha información para determinar qué parte del coste total corresponde a cada uno de estos dos tipos de coste. En parte por este motivo, es frecuente que las autoridades reguladoras permitan la recuperación de los costes de conmutación solamente sobre la base de la duración de las llamadas completadas. Una cuota por establecimiento de llamada solo podría considerarse un componente válido de una tarifa de interconexión si el operador pudiera demostrar en qué medida las llamadas que tienen su origen en una red interconectada ocasionan costes incrementales en la red de terminación en términos de potencia de tratamiento suplementaria necesaria para hacer frente a los intentos adicionales de establecimiento de llamadas que se producen durante las horas punta. Si se utiliza una cuota de establecimiento de llamada, las cuotas por duración de la llamada correspondientes deben ser inferiores a las aplicadas si no se utilizara dicha cuota.4. Cuotas de interconexión y precios al detalle Algunos países calculaban anteriormente las cuotas de interconexión sobre la base de las tarifas al detalle, a las que se aplicaba una reducción. Sin embargo, las tarifas al detalle actuales no se basan necesariamente en los costes, y este método sería, en la mayor parte de los casos, incompatible con las exigencias del Derecho comunitario.Ni siquiera en el caso de que las tarifas al detalle se basaran en los costes sería éste un método deseable, porque tiende a encerrar a los operadores nuevos en la misma estructura de tarifas al detalle del operador preexistente, lo que impide que los operadores nuevos creen regímenes de tarificación al detalle innovadores destinados a diferentes tipos de usuarios. La variedad de sistemas de tarificación al detalle que existen actualmente en las redes móviles de los Estados miembros demuestra que las posibilidades de innovación son considerables en este campo, ya que constituyen un medio de ofrecer distintas opciones al consumidor y potenciar la demanda de servicios de telecomunicación.Si las cuotas de interconexión varían en función de la hora del día y del día de la semana, deberán aplicarse de forma no discriminatoria a los operadores nuevos y al tráfico propio del operador preexistente.(1) El suministro de bucles locales «disociados» en cuyo caso un operador nuevo se hace cargo de un bucle local instalado por un operador preexistente y disfruta de un uso exclusivo del mismo a cambio de una contraprestación adecuada, no se considera estrictamente «interconexión» en la terminología de la Unión Europea.(2) COM(96) 608 de 27. 11. 1996.ANEXO II CUOTAS DE INTERCONEXIÓN DE LA «MEJOR PRÁCTICA» Y MANERA EN QUE SE HAN OBTENIDO 1. Método El método utilizado consiste en tomar las cuotas de interconexión de los tres Estados miembros (de los que se disponía de datos a 1 de septiembre de 1997) en los que su coste es menor como punto de partida para obtener un conjunto de cifras correspondientes a la «mejor práctica actual» que puedan constituir un objetivo a corto plazo.En la figura 1 se presentan las cuotas de interconexión de los Estados miembros. Los costes indicados en ella se refieren a la terminación de llamadas en redes fijas y en horas punta. Se incluyen en las cuotas por establecimiento de llamada cuando existen, pero, por regla general, no se incluye ninguna otra cuota relacionada con el tráfico. Tampoco se incluyen aportaciones al déficit del acceso o al servicio universal. Estas aportaciones adicionales no serán necesarias en muchos Estados miembros, pero, cuando el marco regulador de un Estado miembro las exija, deberán calcularse y presentarse con independencia de la cuota de interconexión, de conformidad con la Directiva de interconexión.Nótese que estas cifras se refieren a un elemento concreto del coste de la interconexión, a saber, la cuota por terminación de llamadas, y que no representan las cuotas de interconexión íntegras pagaderas en un país dado.1997/1998 - Cuotas de interconexión >REFERENCIA A UN FILM>Figura 1Cuotas de interconexión para los niveles local, de tránsito simple y de tránsito doble en horas punta(en ecus/100 por minuto basándose en una llamada de tres minutos de duración)Los cuadros que figuran en la sección 3 contienen los datos en que se basa la figura 1.Existen factores tales como la densidad media de conexiones, los costes de mano de obra, lo factores de tipo geológico o la rentabilidad permitida del capital utilizado (1) que varían de un Estado miembro de la Unión Europea a otro. Aun cuando estas variaciones afectarán en alguna medida al coste de la interconexión, no se considera que sean suficientemente grandes para invalidar las cuotas de la «mejor práctica anual» que aquí se recomiendan (2).Esta previsto reconsiderar las cifras que figuran en la presente Recomendación durante 1998, y se espera que las cuotas de interconexión de la «mejor práctica actual» vayan reduciéndose progresivamente en razón de la tendencia descendente de los costes de la red y de la mejor estimación de estos costes. En la actualidad, las cuotas de interconexión están disminuyendo a nivel mundial a un ritmo aproximado del 8 % anual.Hay que subrayar que estas cuotas de la «mejor práctica actual» son superiores, y en algunos casos muy superiores, a las que serían de esperar de haberse utilizado un cálculo LRAIC ascendente. Sin embargo, en la situación en que se encontrará la Unión Europea en enero de 1998, se considera que representan un objetivo intermedio realista.2. Obtención de las cuotas de interconexión de la «mejor práctica actual» Los intervalos de precios se obtuvieron a partir de las tarifas con que se contaba a 1 de septiembre de 1997. No se han tenido en cuenta las modificaciones que puedan haberse producido con posterioridad a esta fecha.El precio máximo de cada intervalo corresponde a la cuota aplicada a 1 de septiembre de 1997 en el tercer Estado miembro de menor coste redondeada a la milésima de ecu inmediatamente superior.El precio inferior de cada intervalo corresponde a la cuota aplicada a 1 de septiembre de 1997 en el Estado miembro de menor coste, redondeada a la milésima de ecu inmediatamente inferior, y una vez introducido un ajuste en la cuota de «tránsito doble» para tener en cuenta que en los Estados miembros más pequeños puede resultar adecuado un componente de distancia inferior a 200 km.3. Datos relativos a los costes para cada Estado miembro >SITIO PARA UN CUADRO>(1) Históricamente, el coste real del capital ha sido mayor en algunos países y en algunas regiones del mundo que en otros. Por ello, la rentabilidad del capital utilizado puede diferir de un Estado a otro en varios puntos porcentuales al año.(2) La densidad de conexiones se refleja en buena parte en el coste del acceso, que es un coste para el cliente final y no crea grandes diferencias en las cuotas de interconexión. Lo mismo cabe decir con respecto a los factores geológicos.