title: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Belgiumand delivering a Council opinion on the updated Stability Programme of Belgium 2011-2014

text:
       COMISIÓN EUROPEA
                                        Bruselas, 7.6.2011
                                        SEC(2011) 802 final
                         Recomendación de
               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Bélgica
           y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de estabilidad actualizado de Bélgica (2011-2014)
                       {SEC(2011) 710 final}
 ---pagebreak---                                             Recomendación de
                                RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
                   relativa al programa nacional de reforma de 2011 de Bélgica
                            y por la que se emite un dictamen del Consejo
               sobre el programa de estabilidad actualizado de Bélgica (2011-2014)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121,
   apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
   reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
   coordinación de las políticas económicas1, y, en particular, su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea2,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión
           Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia
           Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y
           se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el
           potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
   (2)     El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices
           generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para
           el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
           orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros3, que juntas
           forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
           en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
   1
           DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
   2
           DO C de , p. .
   3
           Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
ES                                                    2                                                      ES
 ---pagebreak---    (3) El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE
       y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas
       económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
   (4) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el
       saneamiento fiscal y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo
       de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual
       sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de
       conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la
       sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas
       del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y
       pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que
       habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus
       programas nacionales de reforma.
   (5) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros
       participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida
       antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en
       sus programas nacionales de reforma.
   (6) El 15 de abril de 2011, Bélgica presentó la actualización de 2011 de su programa de
       estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011.
       Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al
       mismo tiempo.
   (7) Bélgica experimentó un sólido crecimiento del PIB, de un 2,3 % anual en promedio,
       en el decenio anterior a 2008. El país recibió de lleno el impacto de la recesión
       económica mundial en 2009, y el PIB se contrajo un 2,8 %. El impacto de la recesión
       sobre el empleo fue relativamente moderado. Una disminución temporal del número
       de horas trabajadas y una disminución de la productividad laboral por hora actuaron
       como amortiguadores. Tras una caída del 0,4 % en 2009, el empleo volvió a crecer en
       2010. No obstante, el desempleo pasó del 7 % antes de la recesión al 8,3 % en 2010.
       Gracias a la reactivación del comercio mundial, en 2010 la recuperación fue superior a
       lo esperado, con un crecimiento del PIB del 2,2 %. A causa de los estabilizadores
       automáticos y de las medidas discrecionales adoptadas ante la crisis, el déficit global
       de las administraciones públicas pasó del 1,3 % del PIB en 2008 al 5,9 % en 2009.
   (8) Partiendo de la evaluación del programa de estabilidad actualizado realizada de
       conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera
       que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias
       del programa es verosímil. Aun cuando se basa en unas hipótesis de crecimiento para
       2011 ligeramente menos favorables, coincide en términos generales con las
       previsiones más recientes de la primavera de 2011 de la Comisión. Tras un déficit del
       4,1 % en 2010, mejor de lo esperado, el objetivo de la estrategia presupuestaria
       bosquejada en el programa es reducirlo al 3,6 % en 2011 y situarlo por debajo del
       valor de referencia del 3 % para 2012, plazo fijado por el Consejo para la corrección
       del déficit excesivo. La reducción del déficit prevista para 2011 parece factible, dado
       que las proyecciones económicas son bastante prudentes. No obstante, es probable que
       el esfuerzo fiscal esté por debajo del ajuste presupuestario anual medio del 0,75 % del
       PIB recomendado por el Consejo, en particular en 2011 y 2012, años en los que solo
ES                                              3                                              ES
 ---pagebreak---         supondría el 0,4 % y el 0,3 % del PIB, respectivamente, en términos estructurales.
        Además, los objetivos de déficit para 2012 y años posteriores no están respaldados por
        medidas de ajuste específicas. Por último, no se espera la consecución del objetivo a
        medio plazo, que es un superávit estructural del 0,5 % del PIB, dentro del período del
        programa 2011-2014.
   (9)  Teniendo en cuenta que en 2010 se ha registrado un resultado mejor del esperado,
        serían adecuados una reducción más ambiciosa del déficit en 2011 y un progreso más
        rápido que el previsto hacia el umbral del 3 % del PIB. Además, no será posible poner
        fin al déficit excesivo para 2012 y seguir progresando hacia el objetivo a medio plazo
        sin nuevas medidas de saneamiento. Como la presión fiscal, especialmente sobre las
        rentas del trabajo, es ya muy elevada en Bélgica, dichas medidas de saneamiento
        deben incidir esencialmente en el gasto.
   (10) La crisis económica y financiera invirtió la precedente tendencia a largo plazo a la
        reducción de la deuda pública. El ratio de deuda, que había disminuido constantemente
        desde 1993 (año en que alcanzó un 134 % del PIB para ir descendiendo luego hasta un
        84 % del PIB en 2007), ha vuelto a aumentar desde 2008, alcanzando el 96,8 % del
        PIB a finales de 2010. La elevada deuda pública sigue representando un reto
        importante, en particular porque el impacto presupuestario a largo plazo del
        envejecimiento es superior a la media de la UE, sobre todo a causa de un incremento
        relativamente alto de los gastos en pensiones, lo que generará nuevas tensiones en las
        finanzas públicas. Garantizar suficientes superávit primarios a medio plazo y acometer
        nuevas reformas del sistema belga de seguridad social, en particular del sistema de
        pensiones, a fin de contener el sustancial incremento previsto de los gastos
        relacionados con el envejecimiento de la población, debería mejorar la sostenibilidad a
        largo plazo de las finanzas públicas.
   (11) Un reto de envergadura para Bélgica es conseguir un sector financiero estable, que
        funcione correctamente y sea capaz de satisfacer las necesidades de intermediación
        financiera de la economía real. Durante los dos últimos años, el sector financiero belga
        se ha visto fuertemente sacudido por la crisis financiera, a consecuencia de lo cual se
        han reducido los balances, se han concedido sustanciales ayudas estatales y se ha
        modificado la supervisión de los bancos. La situación financiera del sector bancario
        sigue siendo frágil. Además, en Bélgica el sector bancario está muy concentrado y su
        envergadura es relativamente grande en comparación con el tamaño de la economía.
   (12) La Ley de 1996 sobre «la promoción del empleo y la protección cautelar de la
        competitividad» estipula que la tendencia de los salarios en Bélgica debe estar en
        consonancia con la tendencia de los salarios en los tres países vecinos (Francia,
        Alemania y los Países Bajos), a fin de mantener controlados los costes laborales. Sin
        embargo, esta Ley no ha podido evitar que, a lo largo del período 2005-2010, los
        salarios hayan crecido más rápidamente en Bélgica que en los tres países vecinos, aun
        cuando el aumento de la productividad haya sido más lento. En consecuencia, los
        costes laborales unitarios también han aumentado a un ritmo más rápido en Bélgica
        que en los países vecinos y en la zona del euro en promedio. Esto resulta
        particularmente problemático porque Bélgica está especializada en productos de
        contenido tecnológico relativamente bajo, donde la competencia de los países de
        costes inferiores es feroz. Aunque la norma sobre salarios ayuda a encuadrar las
        negociaciones salariales, podría mejorarse teniendo en cuenta las diferencias en el
ES                                              4                                                ES
 ---pagebreak---         crecimiento de la productividad e implantando un sistema más eficaz para aplicar
        correcciones ex post en caso de no alcanzarse los objetivos.
   (13) El mercado laboral se caracteriza por una serie de rigideces que desincentivan
        fuertemente la incorporación al trabajo, a saber: duración ilimitada de la prestación por
        desempleo; tipos impositivos marginales efectivos y cuña fiscal elevada (en particular
        para los trabajadores con salarios más bajos); y combinación de la pérdida de las
        prestaciones de asistencia social con la fiscalidad elevada al incorporarse al trabajo.
        Además, existen varías vías de salida que incentivan a los trabajadores de más edad a
        abandonar el mercado de trabajo antes de la edad legal de jubilación de 65 años. Una
        nueva reforma de las políticas activas del mercado laboral y su ampliación a las
        personas de más de 50 años ayudarían a incrementar la tasa global de empleo y a
        mejorar los incentivos para buscar trabajo. Por otra parte, nuevas reducciones del nivel
        a lo largo del tiempo y de la duración de las prestaciones por desempleo incentivarían
        más a los trabajadores jóvenes a incorporarse al mercado laboral. Hacer más estrictos
        los criterios de acceso a la jubilación anticipada incitaría a los trabajadores de edad a
        permanecer en la población activa e incluso a reincorporarse al mercado laboral a
        aquellos que lo hubieran abandonado por un tiempo. Por último, los no nacionales de
        la UE tienen una tasa de empleo (40,9 %) muy inferior al promedio de la UE.
   (14) La presión fiscal global sobre el trabajo de Bélgica figura entre las más elevadas de la
        UE, por lo que reducirla contribuiría a que trabajar resultara más atractivo. No
        obstante, dado el sustancial esfuerzo de saneamiento pendiente, sería preciso
        compensar esta reducción con aumentos equivalentes en impuestos menos
        distorsionadores, por ejemplo sobre el consumo o mediante un desplazamiento hacia
        impuestos ecológicos. Los tipos impositivos implícitos sobre la energía de Bélgica son
        muy inferiores a los de países vecinos. En combinación con la elevada cuña fiscal
        sobre el trabajo, el ratio entre impuestos ambientales e impuestos sobre el trabajo de
        Bélgica es el menor de la UE. Esto ha contribuido a conformar una situación en la que
        un desempleo elevado coexiste con un consumo de energía relativamente elevado, lo
        que dificulta el logro de los objetivos de empleo y eficiencia energética.
   (15) Los precios de numerosos bienes y servicios suelen ser superiores a los de otros
        Estados miembros, lo que refleja la debilidad de las presiones competitivas, en
        especial en el sector minorista y en las industrias de red, además de la del marco de
        supervisión. En el sector minorista, las barreras a la entrada y las restricciones
        operativas son elevadas. En particular, normativas perjudiciales para la competencia
        siguen restringiendo los horarios comerciales, protegiendo a las empresas históricas de
        los nuevos competidores e impidiendo la difusión de nuevas tecnologías y modelos de
        negocio. Un problema habitual para la competencia en los sectores de red en Bélgica
        es la sólida posición del operador histórico y las elevadas barreras de entrada en
        comparación con otros Estados miembros, lo que significa que los antiguos
        monopolios de estos sectores pueden seguir obteniendo, al aplicar precios más
        elevados, beneficios superiores a los que permitiría un mercado competitivo.
   (16) Las autoridades belgas han contraído una serie de compromisos en relación con el
        Pacto por el Euro Plus4. Dichos compromisos se refieren a las cuatro áreas del Pacto.
   4
        Para más detalles sobre los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, véase
        SEC(2011) 710.
ES                                                5                                                      ES
 ---pagebreak---         Se centran en medidas encaminadas a reducir el déficit, mantener controlados los
        precios de la energía y fomentar la competencia, controlar los aumentos reales de los
        salarios, aplicar un marco de supervisión para vigilar al sector financiero e introducir
        medidas para aumentar la edad de jubilación efectiva. Sin embargo, se carece de
        información sobre las medidas que se van a tomar para alcanzar el objetivo buscado
        desde el punto de vista fiscal, así como sobre la manera en que se podría controlar el
        crecimiento de los salarios reales o los precios de la energía. En lo que se refiere a los
        regímenes de jubilación anticipada, no está claro si se revisará el «Pacto entre
        Generaciones» y en qué fecha, ni tampoco cuál será su repercusión en términos de
        medidas concretas. Estos compromisos se han evaluado y se han tenido en cuenta en
        las recomendaciones.
   (17) La Comisión ha evaluado el programa de estabilidad y el programa nacional de
        reforma, incluido el Pacto por el Euro Plus5, y ha tenido en cuenta no solo su
        pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política
        socioeconómica de Bélgica, sino también su cumplimiento de las normas y
        orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global
        de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras
        decisiones nacionales. De acuerdo con ello, la Comisión considera que debería ser
        posible una reducción más ambiciosa del déficit en 2011, y que deberían especificarse
        nuevas medidas de saneamiento para 2012 y años posteriores. A fin de mejorar la
        sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, resultan necesarias nuevas
        reformas del sistema de pensiones. También deberían darse nuevos pasos para
        fortalecer la competitividad, ayudar a las personas a encontrar empleo, desplazar la
        presión fiscal del trabajo al consumo y la energía y abrir más oportunidades para la
        inversión y el crecimiento en el sector de los servicios y en las industrias de red.
   (18) A la luz de la presente evaluación, y teniendo también en cuenta la recomendación
        formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126,
        apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha
        examinado la actualización de 2011 del programa de estabilidad de Bélgica, y su
        dictamen6 se refleja en particular en sus recomendaciones (1) y (2) recogidas a
        continuación.
   RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:
   (1)    Aprovechar la recuperación económica en curso para acelerar la corrección del
          déficit excesivo. A tal efecto, adoptar las medidas necesarias —principalmente en
          relación con el gasto— a más tardar de cara al presupuesto de 2012 a fin de alcanzar
          un esfuerzo estructural medio de al menos el 0,75 % del PIB. Con ello, el déficit
          público se situaría claramente por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB para
          2012 a más tardar. Garantizar un progreso hacia el objetivo a medio plazo de al
          menos un 0,5 % del PIB al año.
   (2)    Tomar medidas para la mejora de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas
          públicas. Debe hacerse hincapié en implantar una estrategia de contención de los
          gastos relacionados con el envejecimiento de la población, en particular evitando la
   5
        SEC(2011) 710.
   6
        Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.
ES                                                      6                                          ES
 ---pagebreak---           salida anticipada del mercado laboral a fin de aumentar la edad de jubilación efectiva
          y vinculando la edad legal de jubilación con la esperanza de vida.
   (3)    Afrontar los puntos débiles estructurales en el sector financiero, en particular
          ultimando la reestructuración de los bancos que necesitan un modelo de negocio
          viable y financiado adecuadamente.
   (4)    Reformar, consultando con los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica
          nacional, el sistema de negociación salarial e indización de los salarios con vistas a
          garantizar que el incremento de los salarios responda mejor a la evolución de la
          productividad y la competitividad.
   (5)    Mejorar la participación en el mercado laboral reduciendo la elevada carga que
          representan los impuestos y la seguridad social para los bajos salarios de una manera
          que sea presupuestariamente neutra e introduciendo un sistema en el que el nivel de
          las prestaciones por desempleo disminuya gradualmente al aumentar su duración.
          Tomar medidas para desplazar la presión fiscal del trabajo al consumo y para que el
          sistema tributario tenga más en cuenta el medio ambiente. Mejorar la eficacia de las
          políticas activas de empleo, orientando las medidas hacia los trabajadores de más
          edad y los grupos vulnerables.
   (6)    Introducir medidas para impulsar la competencia en el sector minorista, suprimiendo
          las barreras de entrada y reduciendo las restricciones operativas, e introducir medidas
          para reforzar la competencia en los mercados del gas y la electricidad, mejorando la
          eficacia de las autoridades sectoriales encargadas de la regulación y la competencia.
   Hecho en
                                               Por el Consejo
                                               El Presidente
ES                                               7                                                ES


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		52014DC0410

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España /* COM/2014/0410 final */

Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de España
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2014 de España
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Estrategia Europa 2020, basada en una mayor
coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos
fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y
emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016
de España. El 15 de noviembre de 2013, en consonancia con el Reglamento (UE) nº 473/2013[5],
la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para
2014 de España[6].
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[8],
en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que serían
objeto de un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración Pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados del examen exhaustivo relativo a España[9] que había
elaborado con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. Del
análisis de la Comisión cabe concluir que España está experimentando
desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la
aplicación de medidas resueltas. En particular, en varias dimensiones se ha
avanzado claramente en el ajuste de los desequilibrios considerados excesivos
el pasado año y la reanudación del crecimiento ha disminuido los riesgos. Con
todo, la magnitud y el carácter interrelacionado de los desequilibrios, en
concreto los altos niveles de deuda interna y externa y el elevado desempleo,
implican que siguen existiendo riesgos.
(8)
El 30 de abril de 2014, España presentó su
Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con
objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al
mismo tiempo.
(9)
El objetivo de la estrategia presupuestaria
presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit
excesivo para 2016 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El programa
confirma el objetivo a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada
en términos estructurales, objetivo más riguroso que el exigido en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé situar el déficit por debajo del
3 % en 2016, en consonancia con el objetivo establecido en la
Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013, pero la mejora anual del
saldo estructural (recalculado) previsto en el programa queda por debajo del esfuerzo
recomendado a partir de 2014. Para 2017, el plan prevé un avance suficiente
hacia el objetivo a medio plazo, aunque quizá no sea suficiente para alcanzarlo
en ese año según lo indicado en el programa. El programa prevé que el ratio de
deuda pública alcance en 2015 un máximo del 101,7 % del PIB, para comenzar
a disminuir posteriormente. En conjunto, la estrategia presupuestaria perfilada
en el programa se ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se apoyan las
previsiones presupuestarias incluidas en el programa, que no ha sido elaborado
ni corroborado por ningún organismo independiente, es plausible en líneas
generales por lo que respecta a 2014, pero presenta riesgos de sobreestimación
en lo tocante a 2015 en comparación con las previsiones de la primavera de 2014
de los servicios de la Comisión. Para 2016-2017, las tasas de crecimiento del
PIB previstas en el programa parecen un tanto optimistas si se consideran las
estimaciones actuales de la tasa de crecimiento potencial de la economía y las
necesidades de ajuste restantes una vez concluida la crisis. Así pues, existen
también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del
déficit y la deuda. Además, todavía no se han especificado suficientemente las
medidas concretas en apoyo del logro de los objetivos de déficit global a
partir de 2015, especialmente por lo que respecta a los cambios de la
legislación tributaria en el marco de la reforma fiscal prevista. Otros riesgos
guardan relación con los pasivos contingentes y los rendimientos de los ahorros
previstos a nivel local y regional. Sobre la base de la previsión de la
Comisión, el esfuerzo presupuestario durante 2013-2014 queda 1,1 puntos
porcentuales por debajo de lo necesario en términos de la variación (corregida)
del saldo estructural (aunque los cambios recientemente introducidos en la
metodología de cálculo de la producción potencial contribuyen a inflar esta
cifra) y 0,4 puntos porcentuales si se compara con el importe de las medidas
consideradas necesarias cuando se formuló la Recomendación en el marco del
procedimiento de déficit excesivo. Basándose en su evaluación del programa y en
las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, el Consejo considera que las medidas en que se sustenta la
estrategia presupuestaria deben especificarse con mayor detalle y que son
necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente la Recomendación
formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo.
(10)
En cuanto a la dimensión presupuestaria
estructural, ha habido avances en la notificación de la ejecución del
presupuesto y en la aplicación de medidas correctoras a los organismos
administrativos incumplidores; ahora bien, sigue habiendo margen para aplicar
los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas incumplidoras. Se han
tomado nuevas medidas para que todos los niveles de la Administración respeten
el plazo medio de 30 días en el pago a los proveedores comerciales. En
noviembre de 2013 se promulgó la ley de creación de una institución fiscal
independiente, y su presidente fue nombrado en febrero de 2014. Ahora bien, la
entidad no pudo entrar en funcionamiento a tiempo para valorar el Programa de
Estabilidad de 2014. En el Programa Nacional de Reformas de 2014 se reconoce
también la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de la asistencia
sanitaria y el gasto farmacéutico, por ejemplo, centralizando la adquisición de
productos farmacéuticos, revisando la gama de servicios, desarrollando los
historiales clínicos digitales o reforzando la gestión de los centros de salud.
Dado que la mayor parte del saneamiento presupuestario previsto sería el
resultado de un recorte de los gastos, un análisis sistemático de estos en
todos los niveles de la Administración contribuiría a determinar los ámbitos en
que podrían realizarse ahorros favorables al crecimiento, al mismo tiempo que
se atienden las necesidades de los más vulnerables.
(11)
En 2013, España adoptó nuevas medidas para
corregir la distorsión en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades.
Asimismo, durante ese año, España avanzó en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias intensificando la lucha contra el fraude fiscal y el trabajo no
declarado, aunque siguen existiendo graves problemas. En 2013 y 2014, España
introdujo varias reducciones de las cotizaciones de la seguridad social para
fomentar la contratación de jóvenes y nuevos trabajadores. Tras la presentación
de un informe exhaustivo sobre la reforma fiscal elaborado por una Comisión de
Expertos atendiendo la petición del Gobierno, las autoridades planean presentar
propuestas legislativas concretas durante el segundo semestre de 2014. Con
arreglo al Programa Nacional de Reformas de 2014, las propuestas tratarán de
modernizar el sistema impositivo, reducir la distorsión en contra del empleo,
fomentar la recaudación, propiciar el desarrollo económico, garantizar la unidad
de mercado y la neutralidad presupuestaria y ampliar la competitividad de la
economía española, contribuyendo al mismo tiempo al saneamiento presupuestario.
La concepción y aplicación de esa reforma fiscal será importante para las
finanzas públicas y las perspectivas económicas futuras.
(12)
La estabilidad financiera se ha reforzado
merced a la recapitalización y reestructuración del sector bancario y la
aplicación rigurosa del programa de recapitalización de las entidades
financieras aprobado en julio de 2012 en el marco del MEDE y completado el 22
de enero de 2014. No obstante, el sector financiero español se enfrenta todavía
a importantes problemas que deben ser supervisados y gestionados
cuidadosamente. Además, la mejora de las condiciones de financiación de los
bancos solo se está trasladando gradualmente a la financiación de las PYME.
Ahora es importante garantizar que el crédito siga fluyendo hacia los sectores
viables de la economía mientras prosigue el proceso de desapalancamiento del
sector privado. Las autoridades han tomado varias medidas para mejorar el
acceso de las empresas a la financiación bancaria y no bancaria y facilitar la
restructuración de su deuda, pero son necesarias medidas adicionales.
(13)
El mercado de trabajo muestra algunas señales
de estabilización y en 2014 se prevé que una tenue recuperación propicie el
aumento de los niveles de empleo y la disminución de los de desempleo. Ahora
bien, la tasa de desempleo, que en 2013 registró una media anual del
26,1 %, sigue siendo elevadísima. Son especialmente preocupantes la
elevada tasa de paro juvenil (54,3 %) y el máximo significativo que
alcanzó en 2013 la tasa de desempleo de larga duración (49,7 %), que
afectaba aún con mayor intensidad a los trabajadores menos cualificados y de
mayor edad. Las evaluaciones disponibles de la reforma del mercado laboral de
2012 concluyen que, junto con el compromiso de moderación salarial asumido durante
el periodo 2012-2014 por los interlocutores sociales, dicha reforma ha
contribuido a acrecentar la flexibilidad interna de las empresas y limitar las
pérdidas de empleo, dando prioridad a la negociación de acuerdos colectivos a
nivel de empresa y ampliando las posibilidades de utilizar cláusulas de
descuelgue a su alcance. La reforma también ha reducido
los costes de las indemnizaciones por despido improcedente y ha contribuido a reducir
el número de despidos impugnados judicialmente, además de introducir una nueva
modalidad de contrato para promover la contratación estable en las PYME. En
2013 y a principios de 2014 se introdujeron otras medidas para facilitar el empleo
estable a tiempo parcial y reducir temporalmente las cotizaciones a la seguridad
social aplicables a los nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la
segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo
español, sigue existiendo un elevado número de tipos de contrato y la
diferencia entre los costes de despido de los contratos de duración determinada
y de los contratos indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma, entre
las más elevadas de la UE. La reforma de las políticas activas del mercado de
trabajo ha registrado algunos avances, incluida la aprobación del Plan Anual de
Política de Empleo (PAPE), pero las iniciativas de modernización y refuerzo de los
servicios públicos de empleo parecen ir algo rezagadas, lo que amenaza con
impedir la aplicación con éxito del nuevo marco. Se han registrado retrasos en
la aplicación del Portal Único de Empleo. La cooperación con las agencias
privadas de colocación ha avanzado, pero son necesarios esfuerzos adicionales.
(14)
La inadecuación de la educación y la formación
a las necesidades del mercado de trabajo y el elevado porcentaje de
desempleados sin cualificación formal (35,2 %) contribuyen a la elevada
tasa de desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. El porcentaje de
los jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo mayor que la media de la
UE y ha venido aumentando considerablemente. El porcentaje de estudiantes que
abandonan prematuramente los estudios o la formación sigue siendo muy alto
(23,5 %), aunque está disminuyendo. La tasa de personas que han completado
estudios superiores se mantiene, pero los distintos sistemas de aprendizaje y
enseñanza y formación profesional siguen estando infrautilizados, y las competencias
de los estudiantes de formación profesional de ciclo superior son inferiores a
la media de la UE. España también está preparando medidas de fomento del empleo
juvenil. Ya se está aplicando la Estrategia Nacional de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, aunque todavía no se han puesto
en marcha todas las medidas. Basándose en esa Estrategia, España ha dado
también algunos pasos para luchar contra el desempleo juvenil en consonancia
con los objetivos de una garantía juvenil. Se han registrado algunos avances en
las iniciativas de lucha contra el abandono escolar prematuro y fomento de la
formación profesional dual, pero sigue siendo crucial garantizar su plena
aplicación y la utilización eficiente de los recursos financieros. En el ámbito
de la formación profesional dual, es indispensable la coordinación constante
entre todas las partes interesadas, incluidos los empleadores, los proveedores
de formación y las instancias decisorias a todos los niveles de la
Administración, para racionalizar el sistema, propiciar una mayor adecuación
entre la formación proporcionada y las necesidades del mercado de trabajo y
garantizar la compatibilidad de los modelos de enseñanza y formación
profesional dual en las distintas regiones.
(15)
Principalmente a causa de la situación del
mercado de trabajo, pero también debido a la limitada eficacia de la protección
social para reducir la pobreza, España se sitúa debajo de la media de la UE por
lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la
exclusión social, a las que están especialmente expuestos los niños y los
adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también una de las
mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de
desigualdad de la renta de la UE. Es indispensable simplificar los
procedimientos para los solicitantes de asistencia social y mejorar la
gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y
local. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye
un marco adecuado para adaptar las políticas activas de empleo a quienes se
encuentran más alejados del mercado de trabajo, mitigar la pobreza infantil y
mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias. Por otro lado,
la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos
limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce deficiencias en
la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada entre los
servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y la carga
administrativa para acceder a los regímenes que
garantizan una renta mínima dificultan la transición fluida entre la asistencia
social y la reincorporación al mercado laboral.
(16)
España ha impulsado reformas estructurales que
promueven el crecimiento y la competitividad en consonancia, en líneas
generales, con los planes del Programa Nacional de Reformas de 2013. La Ley que
garantiza la unidad de mercado fue aprobada en diciembre de 2013 y su aplicación,
no exenta de complejidad, está en curso. La Ley de emprendedores promulgada en
otoño de 2013 también ha introducido modalidades societarias más flexibles y
mejoras en el marco regulador de las insolvencias empresariales y por lo que
respecta a la racionalización de los sistemas de apoyo a la
internacionalización de las empresas. Se ha extendido la utilización de los
procedimientos abreviados de concesión de licencias, simplificándose así la
apertura de pequeños establecimientos minoristas, y se han adoptado otras
medidas para facilitar la concesión de licencias comerciales. No obstante,
todavía está pendiente la aprobación de la legislación de desarrollo que
permitirá la creación de sociedades de responsabilidad limitada, a través de
ventanillas únicas en los plazos más breves establecidos en la Ley de apoyo a
los emprendedores, de septiembre de 2013. También estaría justificado proceder
a una revisión constante de las barreras reglamentarias que obstaculizan el
crecimiento de las empresas, en particular en el ámbito de la fiscalidad,
teniendo presente la diferencia que sigue existiendo entre España y los demás
países de la zona del euro por lo que respecta al tamaño de las empresas. La
reforma de los servicios profesionales, largamente esperada, acumula retrasos y
debe ser agilizada. No se han tomado medidas para eliminar las restricciones
que limitan el establecimiento de grandes superficies comerciales. El sistema
español de I+I debe incrementar la calidad de la producción científica,
fomentar la cooperación entre los sectores públicos y privado y fomentar la
transformación de la investigación e innovación en productos comerciales. En
2013, el Gobierno español adoptó una estrategia nacional de ciencia, tecnología
e innovación que todavía no cuenta con el respaldo de financiación pública.
También está pendiente la creación de la nueva Agencia de Investigación y
Desarrollo encargada de la gestión eficiente de la I+D pública.
(17)
Aunque se han dado pasos significativos para
eliminar el déficit tarifario del sector eléctrico, especialmente reduciendo
los costes del sistema, todavía no está totalmente clara la repercusión exacta
de la reforma, particularmente en el sector de las energías renovables. El
Gobierno está analizando la manera de minimizar las repercusiones negativas
para el erario público de la insolvencia de algunas autopistas de peaje. Las
autoridades han creado una base de datos con información económica,
medioambiental y relacionada con el tráfico, así como otros indicadores para
fundamentar los análisis previos a las inversiones en infraestructuras, pero
todavía no han establecido un observatorio independiente que ayude a evaluar
los grandes proyectos de infraestructura futuros. Obstáculos técnicos y
jurídicos siguen dificultando la competencia efectiva en los servicios de
transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, en detrimento de la
utilización eficiente de la vasta red de infraestructura.
(18)
La reforma de la Administración Pública está
avanzando. En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Administración
Pública local. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ya
ha comenzado su labor, que proseguirá a lo largo de 2014 y 2015. La reforma
judicial se encuentra en diferentes fases de aplicación o finalización y debe
ser completada. Entre los últimos avances en el ámbito de la lucha contra la
corrupción cabe mencionar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013, así como dos proyectos
de ley referidos a la supervisión de la financiación de los partidos políticos
y la rendición de cuentas de los altos cargos. Se está aplicando el Plan
Nacional de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social
(2012-2014). España también ha ampliado su red de acuerdos internacionales para
intercambiar información pertinente a efectos de las inspecciones fiscales y ha
emprendido un proyecto con distintas empresas privadas para estudiar cómo se
podría mejorar la gestión del sistema de prestaciones.
(19)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España, ha
evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al
nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el
marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran
a continuación.
(20)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen[10] se refleja,
en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(21)
A la luz del examen exhaustivo de la Comisión
y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de
Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud
del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan en las
recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 que figuran a continuación.
(22)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la
zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. España
debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de
los plazos previstos.
RECOMIENDA que España tome medidas
en el periodo 2014-2015 con el fin de:
1.           Reforzar
la estrategia presupuestaria a partir de 2014, en particular especificando
plenamente las medidas subyacentes para 2015 y los años posteriores, con objeto
de lograr corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2016, a más
tardar, merced al esfuerzo de ajuste estructural especificado en la
Recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit
excesivo. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios exige
aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan
incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo. Tras
lograr la corrección del déficit excesivo, aplicar un ajuste estructural hacia
el objetivo a medio plazo no inferior al 0,5 % cada año, e incluso mayor
si la coyuntura económica es buena o si resulta necesario para garantizar el
respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda
de las administraciones públicas en una senda de descenso constante. Garantizar
que la nueva autoridad fiscal independiente pueda comenzar a funcionar
plenamente cuanto antes y que se apliquen de forma rigurosa y transparente en
todos los niveles de la Administración las medidas preventivas, correctoras y
coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria,
incluidas las relativas a la eliminación de las deudas contraídas con entidades
comerciales. Realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del
gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la
eficiencia y la calidad del gasto público. Seguir aumentando la eficiencia del sistema
sanitario, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, también
en los hospitales e intensificando la coordinación entre los distintos tipos de
asistencia, preservando al mismo tiempo la accesibilidad para los grupos
vulnerables. Adoptar, antes de finales de 2014, una reforma fiscal completa,
que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya en mayor medida al
crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente
y la estabilidad de la recaudación. A tal efecto: trasladar la imposición hacia
tributos menos distorsionadores como los que gravan el consumo o el deterioro
del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos
recurrentes sobre bienes inmuebles; eliminar las deducciones en el impuesto de
sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas; considerar la
posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en
particular en el caso de los empleos con salarios bajos; seguir corrigiendo el
sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, tomar medidas
para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del
mercado interior español. Intensificar la lucha contra la evasión fiscal.
2.           Completar la reforma del
sector de las cajas de ahorro, por lo que respecta a la aprobación de la
legislación de desarrollo, y finalizar la reestructuración de las cajas de
ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y
facilitar su vuelta a manos privadas. Fomentar los esfuerzos desplegados por
los bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de
la Sareb para garantizar que los activos se enajenen en los plazos
establecidos, minimizando simultáneamente el coste para el contribuyente.
Completar las medidas en curso para ampliar el acceso a la financiación por parte
de las PYME, en particular finalizando las iniciativas ya en marcha para
mejorar la intermediación financiera no bancaria. Eliminar los obstáculos que
persisten en el marco de la insolvencia empresarial —en particular mejorando
los conocimientos especializados de los administradores concursales y la
capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia— y
desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal.
3.           Impulsar nuevas medidas
para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y
sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de
contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de indemnización
por despido. Proseguir la supervisión periódica de las reformas del mercado de
trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el
objetivo de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo
para la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la focalización
de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las ayudas a la
contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al
empleo. Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y
las de educación y formación. Acelerar la modernización de los servicios
públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz,
proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la
demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de
larga duración. Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de
las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los
servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios
proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de
Empleo y combinarlo con medidas adicionales de apoyo a la movilidad laboral.
4.           Aplicar la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar
ofertas de buena calidad para oportunidades de empleo, contratos de aprendizaje
y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el acercamiento a los jóvenes no
registrados como desempleados, de conformidad con los objetivos de una garantía
juvenil. Aplicar eficazmente los nuevos programas educativos para mejorar la
calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el apoyo y asesoramiento
proporcionados a los grupos que presentan riesgo de abandono escolar prematuro.
Aumentar la pertinencia, para el mercado de trabajo, de los distintos tipos de
formación profesional y de la enseñanza superior, en particular mejorando la
cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores y
profesores.
5.           Aplicar el Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y valorar su efectividad para la
consecución de la totalidad de sus objetivos. Reforzar la capacidad
administrativa y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo con
el fin de brindar itinerarios integrados de apoyo a quienes se encuentren en
situación de riesgo, y racionalizar los procedimientos para facilitar las
transiciones entre los sistemas de rentas mínimas y la incorporación al mercado
de trabajo. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y
los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con
hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias
sociales.
6.           Garantizar una
aplicación rápida y ambiciosa de la Ley 20/1013, de garantía de la unidad de
mercado, en todos los niveles de la Administración. Aprobar una reforma
ambiciosa de los servicios profesionales y de los colegios profesionales antes
de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un
colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de
cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades
reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a
los servicios profesionales y su ejercicio en España. Reducir el tiempo, el coste
y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento
una empresa. Corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de
grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las
disposiciones regionales de urbanismo. Determinar fuentes de financiación para
la nueva estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación y hacer
operativa la nueva Agencia Estatal de Investigación.
7.           Tras la reforma de 2013,
garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de
2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias.
Abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se
minimicen los costes para el Estado. Establecer, antes de finales de 2014, un
observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes
proyectos futuros de infraestructura. Tomar medidas que garanticen la
competencia eficaz en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y
mercancías.
8.           Aplicar, en todos los
niveles de la Administración, las recomendaciones de la Comisión para la
reforma de las Administraciones Públicas. Reforzar los mecanismos de control e
incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a
nivel local y regional. Completar y supervisar cuidadosamente las medidas en
curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y del
mapa judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2014) 410 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[5]               DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
[6]               C(2013) 8003 final.
[7]               COM(2013) 800 final.
[8]               COM(2013) 790 final.
[9]               SWD(2014) 80 final.
[10]             Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/31

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España
   (2017/C 261/08)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).

               (2)

               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3.

               (3)

               El informe específico de 2017 sobre España fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por España a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión le indujo a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos que tienen relevancia transfronteriza. En particular, los superávits de la balanza por cuenta corriente se están traduciendo en una reducción de los pasivos netos de España frente al exterior, que, no obstante, siguen siendo considerables y exponen al país a las fluctuaciones de la confianza del mercado. La deuda del sector privado se ha reducido de forma significativa, especialmente en el caso de las empresas, pero el endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel elevado. El crecimiento económico se ha convertido en el principal motor de la reducción de la deuda, sin embargo siguen existiendo riesgos elevados de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. De especial importancia es la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas de los desequilibrios sobre la economía española y, dadas su magnitud y relevancia transfronteriza, sobre la unión económica y monetaria. El sector financiero ha seguido mostrando un alto grado de estabilidad, respaldada por su reestructuración en curso, los bajos costes de financiación y la recuperación económica. La creación de empleo ha sido sólida en los últimos años y el desempleo ha disminuido rápidamente, a pesar de seguir siendo muy elevado. Las reformas del mercado laboral y la moderación salarial han contribuido significativamente a una fuerte creación de empleo y al incremento de la competitividad en los últimos años.

               (4)

               España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 el 28 de abril de 2017, y su Programa de Estabilidad de 2017 el 29 de abril de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

               (6)

               España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, España prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2018, de acuerdo con la Decisión del Consejo, de 8 de agosto de 2016, por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas para corregir su déficit excesivo (en lo sucesivo, «Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016»). Está previsto que el déficit global siga reduciéndose hasta situarse en el 0,5 % del PIB en 2020. Las previsiones de gasto que figuran en el Programa de Estabilidad de 2017 incorporan la materialización de los pasivos contingentes relativos a las autopistas y el sector financiero, que ascienden a casi el 0,4 % y el 0,2 % del PIB en 2017 y 2018, respectivamente. No se prevé alcanzar, dentro del horizonte temporal del Programa de Estabilidad de 2017, el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. Se prevé que el saldo estructural recalculado (5) se sitúe en el -1,9 % del PIB en 2020. El Programa de Estabilidad de 2017 prevé que la ratio deuda pública/PIB descienda hasta el 98,8 % en 2017, el 97,6 % en 2018 y el 92,5 % en 2020. Las hipótesis macroeconómicas del Programa de Estabilidad de 2017 son verosímiles hasta 2018 y pasan a ser ligeramente favorables posteriormente. En conjunto, la consecución prevista de los objetivos sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas, no exentas, sin embargo, de riesgos. Otros riesgos que ponen en entredicho la consecución de los objetivos presupuestarios están relacionados con la incertidumbre relativa a la incidencia de las medidas tributarias recientemente adoptadas. Además, habida cuenta de la supuesta materialización de los pasivos contingentes (que no se incluyen en las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión), el Programa de Estabilidad de 2017 parte de una contención del gasto considerablemente superior a la recogida en las previsiones de la Comisión para 2017 y 2018. Por último, aún no se han concretado las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos para 2018.

               (7)

               El 8 de agosto de 2016, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las Administraciones Públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, en un 3,1 % del PIB en 2017 y en un 2,2 % del PIB en 2018. Se consideró que esta mejora del déficit de las Administraciones Públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, a partir de las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España alcanzó un déficit global del 4,5 % del PIB en 2016, por debajo del objetivo fijado en la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 3,2 % del PIB en 2017 y aún más hasta el 2,6 % del PIB en 2018, suponiendo que las políticas no varíen, un 0,1 % y un 0,4 % del PIB respectivamente por encima de los objetivos de déficit global del Programa de Estabilidad de 2017 y los fijados por el Consejo. A diferencia del Programa de Estabilidad de 2017, las previsiones no incluyen la materialización de los pasivos contingentes antes mencionados. Se espera que el esfuerzo presupuestario acumulado se alcance a duras penas en el período 2016-2017, mientras que en 2018, y en el supuesto de que no varíen las políticas, se prevé que el esfuerzo fiscal se quede corto en relación con lo exigido en la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Por otra parte, si bien, en agosto de 2016, el Consejo instó a España a que adoptase medidas de mejora del marco presupuestario, el Programa de Estabilidad de 2017 no contempla plan alguno para reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En términos generales, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas, especialmente en 2018, para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en particular los términos de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016.

               (8)

               España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, concretamente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes adjudicadores a todos los niveles de la Administración. El Gobierno ha presentado en 2017 algunas medidas que mejorarían el sistema de supervisión de la contratación pública y que actualmente están pendientes de aprobación parlamentaria.

               (9)

               España ha avanzado en la lucha contra la corrupción, en particular por lo que se refiere a la transparencia del proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo y más concretamente en lo que respecta a la promulgación de legislación relativa a la financiación de los partidos políticos, la publicidad patrimonial y los conflictos de interés. Se trata ahora de centrar la atención en la aplicación de estas medidas. No obstante, a pesar del incremento del número de investigaciones en casos de corrupción a escala local y autonómica, ni se han diseñado estrategias preventivas específicas en esos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva común entre ellos. Tampoco se han adoptado todavía medidas específicas respecto de otras deficiencias, como las lagunas en la legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión. Otra cuestión que se plantea se refiere a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. En 2015 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de limitar los plazos establecidos para las investigaciones y reducir los retrasos injustificados en los procesos penales. Sin embargo, con ello podría aumentar el riesgo de que los plazos de los procedimientos sean insuficientes para tratar asuntos complejos de corrupción si las disposiciones que permiten prórrogas resultan restrictivas.

               (10)

               A pesar de contar con un tipo normal del IVA acorde con la media de la Unión y de registrar una brecha de cumplimiento de las obligaciones de pago del IVA baja y en descenso, los ingresos procedentes del IVA son relativamente bajos en España. Esto se debe principalmente a que España aplica de forma muy generalizada exenciones o tipos reducidos a diversos productos y servicios. Como consecuencia de ello, España registró en 2014 la mayor brecha de la política en materia de IVA de la Unión (un 59 % frente a la media de la Unión, que se sitúa en torno al 44 %). Del mismo modo, en España los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales se sitúan entre los más bajos de la Unión, pese a algunas medidas adoptadas en los últimos años, principalmente en el sector de la energía. La imposición de tributos sobre la contaminación y la utilización de los recursos puede generar mayores ingresos y aportar importantes beneficios sociales y medioambientales. Además, existe una dispersión normativa que tiene como consecuencia la adopción de un enfoque heterogéneo en relación con determinados impuestos medioambientales a nivel autonómico. Por lo que respecta a los gastos, el Gobierno ha encargado a la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, que lleve a cabo una revisión que abarque todos los niveles de gasto de las Administraciones Públicas. Esta revisión puede contribuir a identificar aquellos ámbitos en los que sea posible subvenir a las necesidades de gasto con una utilización más eficiente de los recursos.

               (11)

               La creación de empleo, a la que han contribuido las reformas del mercado laboral y la moderación salarial, ha sido vigorosa estos últimos años. El desempleo ha disminuido rápidamente, pero sigue siendo uno de los más elevados de la UE, en particular entre los jóvenes y las personas escasamente cualificadas, lo que conlleva riesgos de desvinculación del mercado de trabajo. Casi la mitad de los desempleados lleva sin empleo más de un año. España está adoptando medidas para apoyar a los jóvenes, en particular mediante una ampliación de los criterios para optar a la Garantía Juvenil (6), y para reforzar el apoyo individual a los desempleados de larga duración. Su eficacia depende también del rendimiento de los servicios públicos autonómicos de empleo. Hay margen para potenciar su cooperación con los servicios sociales, con el fin de mejorar la prestación de servicios a los solicitantes de empleo, en particular a los desempleados de larga duración y a los beneficiarios de los sistemas de renta mínima garantizada. Al mismo tiempo, podría mejorarse la cooperación de los servicios públicos de empleo con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes tramitados por los servicios de empleo.

               (12)

               España presenta uno de los porcentajes más elevados de empleo temporal de la UE, y muchos de los contratos temporales son de muy corta duración. Los índices de transición de contratos temporales a contratos indefinidos son muy bajos en comparación con la media de la Unión. El recurso generalizado a contratos temporales va asociado a un menor crecimiento de la productividad (por ejemplo mediante un número inferior de oportunidades de formación en el puesto de trabajo), peores condiciones de trabajo y mayor riesgo de pobreza. Las reformas introducidas recientemente en el mercado de trabajo parecen haber producido un efecto ligeramente positivo en la reducción de la segmentación entre los contratos indefinidos y los contratos temporales, y el refuerzo que se está llevando a cabo de las inspecciones de trabajo está dando resultados positivos en la lucha contra el abuso de la contratación temporal. Sin embargo, algunas de las características del mercado laboral español, como la incertidumbre jurídica en el caso de litigios por despido o las indemnizaciones comparativamente elevadas por despido de los trabajadores con contratos indefinidos, todavía pueden desincentivar la contratación indefinida. Por otra parte, el sistema de incentivos a la contratación sigue siendo disperso y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. Aunque recientemente España ha creado un grupo de trabajo sobre la calidad del empleo, aún no ha elaborado un plan exhaustivo para luchar contra la segmentación del mercado laboral, a tenor del acuerdo alcanzado en 2014 entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

               (13)

               Sigue habiendo disparidades en las condiciones de elegibilidad de los sistemas de renta mínima garantizada y en el vínculo entre activación y protección en función de los distintos sistemas y comunidades autónomas. Determinados grupos vulnerables quedan fuera de los sistemas de renta mínima garantizada. La escasa eficacia de los sistemas se explica, en parte, por las grandes diferencias en las condiciones de acceso y adecuación de los regímenes autonómicos de renta mínima y por la fragmentación del sistema nacional de prestaciones en múltiples sistemas que se dirigen a distintas categorías de demandantes de empleo, gestionados por diversas administraciones. La fragmentación introduce discontinuidad en la ayuda concedida a aquellos que la necesitan y menoscaba la oferta de itinerarios integrados. En respuesta a los múltiples problemas que se plantean, un estudio que se está llevando a cabo en la actualidad pretende evaluar la eficacia de los regímenes nacionales y autonómicos de apoyo a las rentas. La orientación de las prestaciones familiares deja bastante que desear. Por otra parte, si tenemos en cuenta el efecto de los créditos fiscales, el sistema fiscal y de prestaciones es, en conjunto, ligeramente regresivo. Además, a medida que aumentan los ingresos familiares se incrementa netamente el uso de servicios de atención a los niños, lo que sugiere la existencia de obstáculos de acceso para los padres con bajos ingresos. Aunque mejora la prestación de cuidados de larga duración, existen disparidades entre las distintas comunidades autónomas y aún no se han cubierto las necesidades actuales.

               (14)

               Los deficientes resultados en materia educativa afectan negativamente al potencial de crecimiento a largo plazo de la productividad en España. Pese a las mejoras significativas registradas en los últimos años, la tasa de abandono escolar prematuro sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Existen grandes disparidades entre las distintas comunidades autónomas en materia de abandono escolar y rendimiento de los estudiantes, en particular en lo que respecta a las competencias básicas. Entre los factores que han contribuido al éxito de la educación escolar en las comunidades autónomas que obtienen mejores resultados se encuentra la formación del profesorado y el apoyo a los estudiantes de forma individualizada. España ocupa el segundo puesto en cuanto a tasa de repetición en la Unión, lo que aumenta el riesgo de abandono escolar, reduce las expectativas en cuanto al nivel de formación que se alcanzará y aumenta el coste de la educación. La empleabilidad de los titulados universitarios sigue siendo comparativamente baja. La escasa movilidad de los estudiantes y del personal académico, las oportunidades limitadas de períodos de prácticas, la falta de incentivos y la rigidez de la gobernanza universitaria siguen siendo obstáculos a la cooperación con las empresas en materia de educación o investigación.

               (15)

               A fin de aumentar la productividad y la competitividad, a España le beneficiaría un mayor fomento de la investigación y la innovación. Sin embargo, los resultados en materia de innovación han ido decayendo hasta situarse actualmente en un nivel inferior al de 2007, mientras que el desfase con la media de la Unión ha aumentado a lo largo del tiempo. El bajo rendimiento en innovación coincide con la disminución del gasto privado en I+D y apunta a la existencia de deficiencias en el marco de gobernanza de la investigación y la innovación. La Agencia Estatal de Investigación, encargada de gestionar la financiación de la investigación y la innovación procedente de la Administración central, comenzó a ser operativa a principios de 2017. Hasta ahora, no existe una planificación plurianual sistemática de los presupuestos destinados a los programas de apoyo. Además, la eficacia de los programas de apoyo no se evalúa sistemáticamente con vistas a mejorar su concepción y aplicación. Debido a la falta de incentivos y a la rigidez de la gobernanza de las universidades, la cooperación entre los sectores público y privado también sigue siendo escasa y la movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado es baja. La coordinación entre los distintos niveles de la Administración no es óptima, y, como consecuencia de ello, las políticas nacionales y autonómicas no funcionan en completa sinergia.

               (16)

               Las pequeñas empresas españolas suelen presentar una productividad significativamente inferior a la de sus homólogas en otros grandes Estados miembros. Dado el predominio de las empresas pequeñas en España, ello tiene un impacto significativo en la productividad del conjunto de la economía. Por tanto, si se logra eliminar los obstáculos que dificultan la creación de empresas, su funcionamiento y crecimiento, se conseguiría aumentar la inversión y la productividad. En los últimos años el Gobierno español ha adoptado diversas medidas destinadas a facilitar la creación de empresas y su crecimiento. La consolidación y la plena realización de estas reformas es fundamental para aprovechar plenamente sus ventajas. La Ley de garantía de la unidad de mercado adoptada en 2013 ha contribuido a contener los costes adicionales que ocasionan a los empresarios las diferencias y solapamientos sustanciales que existen en la reglamentación aplicable a las empresas en las distintas comunidades autónomas. El recurso creciente por parte de las empresas al mecanismo de denuncia previsto en esa Ley para obtener reparación por los obstáculos al acceso al mercado apunta a una posible necesidad de simplificar aún más los procedimientos de concesión de licencias. La coordinación entre las distintas administraciones públicas, incluida la realizada a nivel de conferencia sectorial, requiere esfuerzos adicionales. Ello es esencial para que la legislación actual y futura a todos los niveles aborde de forma efectiva los obstáculos innecesarios al acceso al mercado, también para los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa. En el sector minorista, la existencia de dobles autorizaciones para los establecimientos minoristas sigue restringiendo innecesariamente el acceso al mercado. Los requisitos de acceso al mercado previstos en la legislación autonómica relativa al sector de los servicios de vehículos con conductor y a los alquileres de corta duración podrían obstaculizar innecesariamente el desarrollo equilibrado de la economía colaborativa. En los primeros meses de 2017 España ha tomado medidas para sacar todo el provecho de la Ley de garantía de la unidad de mercado, como ejemplifican la recientemente adoptada guía relativa a su puesta en práctica y la publicación del catálogo de buenas y malas prácticas en su aplicación.

               (17)

               La regulación de los servicios profesionales sigue siendo relativamente restrictiva. Se conceden derechos proteccionistas («actividades reservadas») de forma selectiva a algunos proveedores de servicios, excluyendo a otros con cualificaciones similares pertinentes. En numerosas profesiones es obligatorio afiliarse a un colegio profesional. El nivel de restricción es mayor en España que en la media ponderada de la Unión por lo que respecta a los ingenieros civiles, arquitectos y guías turísticos. Es inferior a la media de la Unión respecto de los agentes de patentes y los abogados, si bien el acceso en España a esta última profesión se encuentra más restringido que para cualquier otra. Está pendiente de aprobación el proyecto de Ley de servicios profesionales que prevé, entre otras cosas, una racionalización de la afiliación a los colegios profesionales. Esta reforma establece también una mayor transparencia y responsabilidad de los colegios profesionales, mediante la apertura de las actividades reservadas injustificadamente y la preservación de la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y el ejercicio de los mismos en España.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (19)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016, incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto.

               2.

               Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes.

               3.

               Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración. Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.

      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.

      (6)  Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (DO C 120 de 26.4.2013, p. 1).

      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 14 de diciembre de 2009 , al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (BCE/2009/26)

text:
               18.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 308/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

   de 14 de diciembre de 2009
   al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
   (BCE/2009/26)
   2009/C 308/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland expiró tras la auditoría del ejercicio de 2008. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2009.

               (3)

               El Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ha seleccionado a Deloitte & Touche como auditor externo para los ejercicios de 2009 a 2011.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que Deloitte & Touche sea nombrado auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland para los ejercicios de 2009 a 2011.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 14 de diciembre de 2009.

            El presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET


Avis juridique important

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52003HB0011

Recomendación del Banco Central Europeo de 3 de octubre de 2003 al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg (BCE/2003/11)

Diario Oficial n° C 247 de 15/10/2003 p. 0016 - 0016

Recomendación del Banco Central Europeode 3 de octubre de 2003al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg(BCE/2003/11)(2003/C 247/06)EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular su artículo 27.1,Considerando lo siguiente:(1) Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales del Eurosistema son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.(2) El mandato del actual auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg no se renovará cuando, cumplidos cinco años, expire a finales de 2003. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir de 2004.(3) La Banque centrale du Luxembourg ha seleccionado un nuevo auditor externo siguiendo las normas de contratación pública que le son aplicables, y el BCE considera que el auditor externo seleccionado cumple los requisitos necesarios.(4) El mandato del auditor externo será de un año renovable.RECOMIENDA:a Deloitte &  Touche Luxembourg como auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg para el ejercicio de 2004.La presente recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.Hecho en Fráncfort del Meno, el 3 de octubre de 2003.El presidente del BCEWillem F. Duisenberg


Avis juridique important

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32004H0406(01)

Recomendación del Consejo de 30 de marzo de 2004 sobre directrices para la toma de muestras de drogas incautadas

Diario Oficial n° C 086 de 06/04/2004 p. 0010 - 0011

Recomendación del Consejode 30 de marzo de 2004sobre directrices para la toma de muestras de drogas incautadas(2004/C 86/04)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Teniendo presentes:La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, enmendada por el Protocolo de modificación de 1972,El Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas,La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988,El Plan de acción de la Unión Europea en materia de drogas (2000-2004), aprobado por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000,La Decisión 2001/419/JAI del Consejo de 28 de mayo de 2001 sobre el envío de muestras de sustancias controladas(1),Las directrices sobre tomas de muestras representativas de drogas adoptadas por la Red Europea de Institutos de Policía Científica (ENFSI) en noviembre de 2003,Considerando lo siguiente:(1) Uno de los objetivos de la Unión Europea es el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia.(2) En este espacio es importante una lucha global y eficaz contra la delincuencia, incluida la delincuencia relacionada con el tráfico organizado de drogas.(3) Por sustancias estupefacientes y psicotrópicas se entienden todas aquellas recogidas en las listas de los Convenios respectivos de Naciones Unidas y cualquier sustancia sujeta a medidas de control con arreglo al apartado 1 del artículo 5 de la Acción Común 97/396/JAI de 16 de junio de 1997 relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas(2).(4) Debe garantizarse la recogida, el análisis y la difusión de datos objetivos, fiables y comparables sobre el fenómeno de la droga, como establece el Plan de acción en materia de drogas de la Unión Europea.(5) En el Plan de acción en materia de drogas de la Unión Europea se contempla que los Estados miembros, a través de sus laboratorios de la policía científica, intercambien información sobre el análisis de las muestras recogidas en las incautaciones de drogas de síntesis.(6) Procede, a tal efecto, considerar directrices para la toma de muestras.(7) Las directrices deben ser viables y no suponer una carga de trabajo excesiva para los laboratorios, ni generar plazos de análisis inaceptables.(8) Estas directrices también tendrían que preservar la cadena de custodia de las muestras enviadas, para incorporar, en la medida de lo posible, su admisibilidad como pruebas en acciones judiciales por delitos relacionados con la droga.(9) La utilización de estas directrices en este sentido contribuiría a mejorar las resoluciones y sentencias judiciales y facilitaría la labor de los funcionarios que intervienen en la lucha antidroga en cualquiera de sus etapas,RECOMIENDA a los Estados Miembrosque, en la fase de toma de muestras de las drogas incautadas a efectos de análisis:1. introduzcan, en caso de que no exista ya, un sistema de toma de muestras con arreglo a directrices internacionalmente aceptadas y apliquen dichas directrices especialmente en los casos en que sea probable que los resultados de la toma de muestras revistan interés para otros Estados miembros;2. consideren las directrices de la Red Europea de Institutos de Policía Científica de noviembre de 2003 para la toma de muestras representativa de drogas una base sólida para garantizar el procedimiento de obtención de muestras;3. consideren que el muestreo de casos internacionales importantes requiere como mínimo:a) un informe detallado (descripción, numeración, ponderación, embalaje, origen, características externas, apariencia, fotos, etc. de las muestras) de la incautación por parte de las fuerzas del orden, destinado a la policía científica y a los tribunales,b) una técnica de muestreo basada en los métodos hipergeométrico o bayesiano, con un nivel de confianza del 95 % y una proporcionalidad del 50 % (como mínimo la mitad de los productos), o en el método recomendado por las NU;4. consideren que las normas mínimas para el muestreo utilizadas en un Estado miembro se puedan tomar en consideración en otros Estados miembros con arreglo a la legislación nacional;5. adopten las medidas oportunas para garantizar la cadena de custodia en la transmisión de muestras.(1) DO L 150 de 6.6.2001, p. 1.(2) DO L 167 de 25.6.1997, p. 1.