               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 504 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Dinamarca

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Dinamarca

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Dinamarca
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Dinamarca con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales y perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, creando profundas perturbaciones de la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. También constituye una amenaza para los puestos de trabajo y los ingresos de los ciudadanos, así como para la actividad empresarial. Ha ocasionado una profunda perturbación económica que ya está teniendo consecuencias graves en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
                  5
               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, dada la gravedad de la recesión económica que se espera como resultado de la pandemia de COVID-19, concurren las condiciones para la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020 los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, al tiempo que permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar que se dan las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo con el fin de reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden que el mercado único funcione normalmente tan pronto como dejen de ser indispensables. La actual crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis que incluyan, concretamente, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos son los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                para permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Dichas modificaciones ofrecen flexibilidad adicional y procedimientos racionalizados y simplificados. Para aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros también pueden beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Dinamarca a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)El 7 de mayo de 2020, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 5 de mayo de 2020, su Programa de Convergencia de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (10)Dinamarca se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (11)En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario empeore y pase de un superávit del 3,7 % del PIB en 2019 a un déficit del 8,0 % del PIB en 2020. Según las proyecciones, en 2021 el déficit se reducirá al 2,4 % del PIB. En 2019, la ratio deuda pública / PIB había descendido al 33,2 %, pero, según el Programa de Convergencia de 2020, se espera que en 2020 aumente hasta el 40,7 %. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por una elevada incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

               (12)En respuesta a la pandemia de COVID-19 y como parte del enfoque coordinado de la Unión, Dinamarca ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar apoyo a las personas y sectores especialmente afectados por la crisis. Según el Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias se elevaban al 4,9 % del PIB. Las medidas incluyen reforzar los servicios de asistencia sanitaria, compensaciones temporales para los costes fijos de las empresas, un régimen de compensación salarial temporal y ayuda de emergencia para los sectores en dificultades. Además, Dinamarca ha anunciado medidas que, aunque no tienen incidencia presupuestaria directa, contribuirán a la liquidez de las empresas; en los Programas de Convergencia de 2020 se estima que ascienden aproximadamente al 15 % del PIB. Dichas medidas incluyen aplazamientos en el pago de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y garantías de préstamos (3,7 % del PIB). En comparación con las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, la principal diferencia es que el Programa de Convergencia incluye las pérdidas futuras previstas derivadas de las garantías estatales en relación con la COVID-19 (0,5 % del PIB). En general, las medidas tomadas por Dinamarca están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias con el fin de lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a mantener la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

               (13)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión y en el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas, se prevé que el saldo de las administraciones públicas de Dinamarca se sitúe en el -7,2 % del PIB en 2020 y en el -2,3 % en 2021. Según las proyecciones, la ratio deuda pública / PIB seguirá estando por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (14)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que estaba previsto que en 2020 Dinamarca superase el límite de déficit del 3 % del PIB. En general, del análisis se desprende que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (15)En el primer semestre de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a Dinamarca, ejerció presión sobre el sistema sanitario y redujo considerablemente la actividad económica en determinados sectores. Dinamarca adoptó medidas oportunas para detener la pandemia y reforzar el sistema sanitario, incluidas iniciativas de amplio alcance para mitigar sus consecuencias económicas. Para hacer frente a la crisis económica resultante el Gobierno y el Banco Central adoptaron una serie de robustas medidas económicas y financieras: ayuda directa para cubrir parcialmente los costes fijos y salariales de las empresas, aplazamientos en el pago de impuestos, inyección de liquidez para bancos y empresas, sistemas de crédito y otras medidas de política monetaria. Para diseñar y aplicar estas medidas hay que tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las medidas redujeron de forma eficaz el impacto económico de la pandemia pero no evitaron una pérdida significativa de producción, un elevado número de quiebras e insolvencias y un acusado aumento del desempleo y del número de personas en riesgo de pobreza, algunas de ellas en situaciones vulnerables (por ejemplo, personas con discapacidad). Según las previsiones de la Comisión, se espera que en 2020 el desempleo aumente de forma moderada hasta aproximadamente el 6,5 %, antes de recuperarse por debajo del 6 % en 2021.

               (16)La actual crisis de la COVID-19 destaca la necesidad de que Dinamarca siga reforzando la resiliencia de su sistema sanitario. Una cuestión especialmente preocupante es la escasez de personal sanitario y la falta de personal médico y de enfermería especializado, por ejemplo, en cuidados intensivos (en concreto, enfermeros anestesistas). Es esencial realizar esfuerzos constantes para hacer frente a esta escasez de mano de obra. A corto plazo, Dinamarca debe esforzarse por garantizar la disponibilidad de productos médicos esenciales, incluidos los equipos de protección individual para el personal sanitario. Se está investigando para descubrir no solo un tratamiento antiviral y una vacuna, sino también cómo realizar pruebas mejores y más rápidas.

               (17)Para impulsar la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada, por ejemplo, mediante las reformas pertinentes. Dinamarca está obteniendo buenos resultados en la digitalización, como lo demuestra el cuadro de indicadores digitales de la Comisión Europea. Sin embargo, para que Dinamarca pueda mantener esta sólida posición a largo plazo, garantizar su competitividad y beneficiarse de la transformación digital, necesita invertir en infraestructuras digitales, así como en educación, formación y perfeccionamiento profesional. En el plan nacional de energía y clima de Dinamarca se informa de que son necesarias considerables inversiones para hacer frente con éxito a la transición climática y energética. Las mayores necesidades de inversión están relacionadas con la instalación de nuevas capacidades de energía renovable, pero también se han descubierto necesidades de inversión significativas en los hogares (eficiencia energética y conversión del suministro de calor), el transporte sostenible, la industria, el biogás y la calefacción urbana. Los objetivos de Dinamarca en materia de política climática son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70 % para 2030, en comparación con 1990, y conseguir la neutralidad climática como mucho en 2050. Para reflejar esto, sería necesario reducir el consumo de energía, lo que exigiría inversiones inscritas en un planteamiento global y que se centrasen en aquellos sectores en que los ahorros de energía son especialmente prometedores. Se podría impulsar la recuperación económica de la crisis derivada de la COVID-19 adelantando las inversiones ecológicas previstas y haciendo que progresen proyectos ambiciosos de inversión en infraestructuras, energía, clima y medio ambiente, por ejemplo, en vivienda, energía eólica marítima, conectividad energética y electrificación ferroviaria. En Dinamarca, el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la actuación política en este campo reviste especial pertinencia. En la actualidad se está negociando la política de transporte ecológico del gobierno, cuyo objetivo es asignar entre 2021 y 2030 15 000 millones de euros (112 700 millones de coronas danesas) principalmente a proyectos de infraestructuras, con el fin de tener más en cuenta los objetivos climáticos y medioambientales. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Dinamarca a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Dinamarca garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (18)En Dinamarca el gasto total en investigación y desarrollo (I+D) no ha tenido como resultado un mayor crecimiento de la productividad. Se echa en falta una estrategia de innovación integrada en la que se expresen claramente los objetivos que Dinamarca quiere lograr en el panorama mundial de la innovación. Las actividades de investigación e innovación siguen estando concentradas en un reducido número de grandes empresas y fundaciones, en su mayoría en el sector farmacéutico y de la biotecnología. Las ocho mayores empresas representan casi el 40 % del gasto total de I+D del sector privado (la media mundial es del 19 %). El gasto total en I+D sigue siendo elevado pero la cifra absoluta de empresas activas en este sector ha disminuido desde 2009, en gran medida porque las empresas de menor tamaño no practican la I+D. Solo el 33 % de las pymes han introducido innovaciones en productos o en procesos. Por eso podría ser necesario hacer más esfuerzos políticos por ampliar la base de innovación con el objetivo de incluir más empresas. Para hacer frente a las necesidades cambiantes de capacidades después de la COVID-19 y también en previsión de futuros cambios tecnológicos, es necesario mantener una inversión constante en planes perfeccionamiento y reciclaje profesionales, incluida la enseñanza de adultos.

               (19)Dinamarca ha tomado medidas para reforzar su marco de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). En 2019, se adoptó nueva legislación y las autoridades y reguladores nacionales empezaron a aplicar una serie de medidas para fortalecer el marco preventivo de LBC de Dinamarca. Se han conferido a la Autoridad de Supervisión Financiera facultades sancionadoras y se le ha asignado un presupuesto más elevado para mejorar su capacidad de supervisión en relación con la LBC. También han aumentado los efectivos y la financiación de la unidad de inteligencia financiera. Es esencial que el marco mejorado de LBC dé como resultado una supervisión y un control del cumplimiento efectivos. En concreto, el supervisor de LBC necesitará aplicar plenamente un enfoque basado en el riesgo. La capacidad mejorada de la unidad de inteligencia financiera deberá mostrar que se han resuelto de forma adecuada los puntos débiles destacados por el Tribunal de Cuentas danés.

               (20)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida de la crisis actual.

               (21)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Dinamarca contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (22)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Dinamarca en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (23)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la primera recomendación que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Dinamarca que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.Hacer todo lo necesario, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para hacer frente de forma eficaz a la pandemia, sostener la economía y prestar apoyo a la recuperación subsiguiente. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario, por ejemplo garantizando que se dispone de suficientes productos médicos esenciales y haciendo frente a la escasez de personal sanitario.

               2.Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en la transición verde y digital, especialmente en la producción y uso eficientes de energías limpias, en el transporte sostenible y en la investigación y la innovación. Prestar apoyo a una estrategia de innovación integrada con una más amplia base de inversión.

               3.Mejorar la eficacia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y aplicar eficazmente el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 503 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 505 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Alemania

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Alemania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Alemania

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Alemania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Alemania
                  3
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Alemania con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  4
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. A raíz de su análisis, la Comisión concluyó que Alemania está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el elevado superávit de la balanza por cuenta corriente refleja un nivel moderado de inversión en relación con el ahorro y tiene incidencia transfronteriza.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, dando lugar a cambios bruscos en la demanda de los consumidores y teniendo efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y los ingresos de la ciudadanía y la actividad de las empresas. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo consecuencias significativas en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de emergencia o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, como figura en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión hizo saber al Consejo que, en su opinión, dada la grave recesión económica que acarreará el brote de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Finanzas de los Estados miembros aceptaron la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por lo que respecta al componente corrector, el Consejo también podrá decidir, partiendo de una Recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria fiscal revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Posibilita que los Estados miembros se aparten de los requisitos presupuestarios normalmente aplicables, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo emprender las necesarias medidas de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a los hogares y las empresas y garantizar unas condiciones adecuadas en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de planes de preparación frente a situaciones de crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Son elementos clave para elaborar planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                para permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan mitigar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones ofrecerán mayor flexibilidad, así como procedimientos racionalizados y simplificados. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros también podrán beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Alemania a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a los diferentes patrones de especialización, con el riesgo consiguiente de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 20 de abril de 2020 Alemania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y diez días después su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (11)Alemania se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.

               (12)Según lo planificado por el Gobierno en su Programa de Estabilidad de 2020, el saldo global se deteriorará, pasando de un superávit del 1,4 % del PIB en 2019 a un déficit del 7,25 % del PIB en 2020. Tras disminuir hasta el 59,8 % del PIB en 2019, se prevé que la ratio deuda pública / PIB aumente hasta el 75,25 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Sobre las perspectivas macroeconómicas y fiscales pende una gran incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia, y en el marco del enfoque coordinado de la Unión, Alemania ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar ayuda a los individuos y sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, en 2020 esas medidas presupuestarias equivaldrán al 7,2 % del PIB. Las medidas incluyen disposiciones de apoyo a la liquidez para las empresas, el suministro de asistencia específica a las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia mediante préstamos y subvenciones, así como la facilitación del acceso a regímenes de reducción del tiempo de trabajo para evitar despidos. Además, Alemania ha anunciado medidas que, si bien no tienen un impacto presupuestario directo, contribuirán a garantizar la liquidez de las empresas, y que según las estimaciones del Programa de Estabilidad de 2020, equivaldrán al 24,9 % del PIB. Se trata de garantías de préstamos proporcionadas principalmente por el banco público de desarrollo (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) y por el nuevo Fondo de Estabilización Económica, creado en respuesta a la pandemia de COVID-19. Al contrario que en el Programa de Estabilidad de 2020, en las estimaciones de la Comisión no se consideran como medidas discrecionales con repercusión presupuestaria los aplazamientos del pago de impuestos y las compensaciones presupuestarias por la disminución de la recaudación tributaria como consecuencia de la ralentización económica. En general, las medidas adoptadas por Alemania se ajustan a las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de posiciones fiscales prudentes a medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirán a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

               (14)Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que las políticas no varíen, se prevé que el saldo de las administraciones públicas alemanas se sitúe en el -7,0 % del PIB en 2020 y el -1,5 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas se sitúe en el 75,6 % del PIB en 2020 y en el 71,8% en 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido al previsto rebasamiento por Alemania, en 2020, del umbral de déficit del 3 % del PIB. En general, el análisis sugiere que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997.

               (16)En Alemania, la primera infección se registró el 27 de enero de 2020 y el número de casos relacionados con la COVID-19 empezó a aumentar de manera exponencial en marzo de 2020. En ese momento, las autoridades alemanas respondieron adoptando medidas de confinamiento para contener la propagación del virus, como el cierre de todos los comercios minoristas no esenciales, restaurantes, locales culturales y de entretenimiento, instalaciones deportivas, escuelas y universidades. Quedaron prohibidas todas las reuniones públicas de más de dos personas y se pidió a la población que redujera al máximo los contactos sociales. La industria no ha estado sometida a medidas de confinamiento per se. Sin embargo, las grandes fábricas han permanecido cerradas a lo largo de varias semanas debido a la alteración de los intercambios comerciales con el extranjero y la compresión de la demanda. Las perspectivas económicas se han deteriorado considerablemente, y las previsiones de primavera de la Comisión apuntan a un descenso del PIB del 6,5 % en 2020. Incluso si la extensión del régimen de reducción del tiempo de trabajo (Kurzarbeit) ayuda a las empresas a conservar sus plantillas, no parece posible evitar que aumente el desempleo. Según las previsiones, se prevé que el desempleo ascienda hasta el 4 % en 2020 y disminuya ligeramente hasta el 3,5 % en 2021.

               (17)Para amortiguar las repercusiones económicas, el Gobierno alemán ha reaccionado rápidamente adoptando medidas de gran alcance. Se ha liberado un importe de hasta 50 000 millones EUR para ofrecer una ayuda inmediata (subvenciones directas) a las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. A través del Fondo de Estabilización Económica recientemente creado y del banco público de desarrollo (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW), el Gobierno ha ampliado, con una dotación de garantías públicas de al menos 822 000 millones EUR (24 % del PIB), las posibilidades de acceso a préstamos y el volumen de estos en favor de las empresas de todos los tamaños, al cubrir el 80-90 % del riesgo de crédito de los bancos prestamistas (en algunos casos específicos, hasta el 100 %). El Fondo de Estabilización Económica también puede ayudar a las grandes empresas alimentando sus recursos propios mediante la aportación temporal de capital adicional. Para apuntalar la liquidez de las empresas, se han modificado los aplazamientos y los pagos anticipados de impuestos, así como las sanciones tributarias. También se han modificado las normas de insolvencia para evitar procedimientos técnicos de insolvencia. Los distintos Estados federados (Länder) están complementando las medidas federales con sus propios programas de apoyo. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. Es probable que la crisis de la COVID-19 contribuya a la reducción de la ya baja rentabilidad del sector bancario alemán. Así pues, parece justificado seguir reduciendo los costes para que los bancos alemanes puedan mejorar su rentabilidad y liberar fondos canalizables hacia la inversión en tecnologías de la información y la creación de capital orgánico. Una mayor consolidación también ayudaría a este respecto.

               (18)Tras la positiva evolución que había experimentado a principios del año, la situación del mercado de trabajo se ha deteriorado como resultado de la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento correspondientes. Para amortiguar las consecuencias sociales y sobre el empleo de la crisis, el Gobierno ha proporcionado un apoyo sustancial a través del régimen de reducción del tiempo de trabajo (Kurzarbeit). Ha suavizado las condiciones para acceder a él, ha extendido retroactivamente el régimen a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y ha aumentado las prestaciones que contempla. Ello contribuye al mantenimiento del empleo y a la protección de la renta de los hogares. Los empresarios están recibiendo una ayuda financiera al no tener que pagar las cotizaciones a la seguridad social por el tiempo de trabajo perdido. La facilitación del acceso a las ayudas a la renta mínima (en virtud del tomo II del Código Social de Alemania, Sozialgesetzbuch) permite aliviar las pérdidas de ingresos. Las familias con bajos ingresos están recibiendo ayuda a través de la facilitación del acceso a las prestaciones por hijos y la renta mínima. Además, los inquilinos que puedan verse afectados por una pérdida de ingresos han sido protegidos temporalmente contra el desahucio. Alemania presenta buenos resultados en el cuadro de indicadores sociales basado en el pilar europeo de derechos sociales, pero las diferencias de cobertura, si no se corrigen, pueden dar lugar a una reducción de los ingresos de los grupos vulnerables en el contexto de la crisis actual.

               (19)En cuanto a la mitigación de las consecuencias sanitarias, el sistema sanitario alemán de cobertura universal proporciona una asistencia de gran calidad y ha logrado aumentar rápidamente la capacidad de realización de pruebas y prestación de cuidados intensivos. La actual crisis de la COVID-19 subraya, no obstante, la continua necesidad de reforzar la resiliencia del sistema sanitario. La disponibilidad de personal de enfermería y el atractivo de esa profesión siguen siendo cuestiones problemáticas. A pesar de que el número de enfermeros y enfermeras en ejercicio per cápita es comparativamente elevado, los hospitales denuncian que cada vez son más numerosas las plazas de personal de enfermería que quedan vacantes. La coordinación entre los prestadores tanto de asistencia sanitaria primaria y hospitalaria como de asistencia sanitaria y social también podría fomentarse y mejorarse mediante herramientas digitales. Aunque el despliegue de la infraestructura de sanidad electrónica se está acelerando, el uso de los servicios sanitarios y de asistencia en línea, las recetas electrónicas y el intercambio de datos médicos sigue muy por debajo de la media de la UE. Una nueva ley aprobada en marzo de 2020 contribuye a mitigar las consecuencias económicas que la COVID-19 acarrea principalmente para los hospitales y los médicos que practican la medicina privada. No obstante, deberá garantizarse la financiación a largo plazo de las instituciones sanitarias a fin de mantener la asistencia en todos los ámbitos, pues el aplazamiento de las consultas y los tratamientos no indispensables está mermando sus ingresos económicos, y los recursos disponibles se están destinando a la adquisición de pruebas y equipos prioritarios. Alemania cuenta con una sólida base de investigación y tiene capacidad para participar en medidas específicas de investigación e innovación que permitan dar respuesta a la crisis de la COVID-19 —incluidos el desarrollo de vacunas y terapias y el despliegue de una red que vincule y refuerce las actividades de investigación de las clínicas universitarias alemanas—, así como prestar apoyo a la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias.

               (20)Para fomentar la recuperación económica, será importante concentrar inicialmente la atención en los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada. La inversión pública y privada siguió aumentando intensamente en 2019, pero se mantuvo por debajo de las necesidades de inversión. La inversión pública está por debajo de la tasa de sustitución a nivel municipal, donde las inversiones pendientes siguen siendo elevadas (4 % del PIB) y siguen viéndose constreñidas por las limitaciones de capacidad y planificación. Pueden adelantarse las inversiones ya planificadas en tecnologías y fuentes de energía ecológicas, por ejemplo proyectos en los ámbitos de la renovación de edificios y las energías renovables. A pesar de las recientes iniciativas, la consecución de los objetivos de descarbonización a corto y medio plazo y de neutralidad climática para 2050 sigue siendo problemática. Lo mismo cabe decir en relación con los objetivos medioambientales y de eficiencia energética, pues la evolución de los precios, teniendo en cuenta especialmente la reducción de los precios del petróleo que ha propiciado la actual crisis de la COVID-19, desincentiva los comportamientos respetuosos con el clima y el medio ambiente. La transformación de Alemania en una economía climáticamente neutra requerirá destinar cuantiosas inversiones públicas y privadas, durante un largo período, a las energías renovables, las infraestructuras eléctricas, la eficiencia energética, la economía circular y el transporte sostenible, entre otros ámbitos. Además, la Oficina Federal de Auditoría alemana ha criticado la eficiencia de las medidas relacionadas con la transición energética ecológica. Es necesario multiplicar los esfuerzos y seguir invirtiendo en las redes de energía para poder aprovechar las ventajas de un sistema energético sostenible y plenamente integrado, en el que los precios emitan señales coherentes. Puede fomentarse la movilidad limpia a través de medidas reglamentarias adecuadas y aumentando y acelerando la inversión en la infraestructura de transporte sostenible y las soluciones de movilidad no contaminante. Es esencial aumentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) para orientar la recuperación hacia una economía más sostenible y competitiva. El gasto en educación e investigación se mantuvo en el 9,1 % del PIB en 2018, por debajo del objetivo nacional del 10 %. La inversión privada en I+D se concentra cada vez más en las grandes empresas. La oferta de viviendas se mantuvo muy por debajo del objetivo anual de construir 375 000 nuevos pisos entre 2017 y 2021, a pesar de las medidas adoptadas. Las políticas de fomento de la inversión en nuevas viviendas solucionarían este desequilibrio y mejorarían la asequibilidad de la vivienda. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Alemania a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Alemania garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (21)Contar con una infraestructura y unos servicios digitales modernos es crucial cuando la movilidad está restringida. Las inversiones en la infraestructura y los servicios públicos digitales pueden fomentar la recuperación económica y contribuir a reducir la brecha, aún importante, que separa a Alemania de otros países en lo que respecta a la cobertura de las redes de capacidad muy elevada. En Alemania, dicha cobertura era del 32,7 % en 2019, frente a la media de la UE del 44 %, y la cobertura de la fibra óptica era del 10,5 %, un porcentaje muy inferior a la media de la UE, del 33,5 %. La crisis de la COVID-19 ha subrayado la importancia que revisten los servicios digitales conectados. Las lagunas en materia de conectividad pueden ser uno de los principales factores que dificulten la inversión en la digitalización, en particular entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que siguen adoptando lentamente las tecnologías digitales. En cuanto a los servicios públicos digitales, Alemania sigue rezagada respecto a los Estados miembros, a pesar de la mejora de estos servicios para las empresas. Sin embargo, el nivel de interacción en línea entre los poderes públicos y la población en general es muy bajo. La aplicación de la Ley de acceso en línea avanza lentamente, y será difícil cumplir el objetivo de digitalizar los 575 servicios para finales de 2022. La Ley debe ser aplicada por todos los organismos públicos involucrados, federales, estatales y locales, a fin de generar una mejora más significativa en la administración pública digital.

               (22)Es importante que las cargas reglamentarias y administrativas sigan siendo reducidas para la aplicación de las medidas de apoyo y de otro tipo. Reducir al máximo la carga administrativa para poder acceder a las medidas de apoyo permitirá garantizar que las empresas más pequeñas reciban el mismo apoyo de los intermediarios que las de mayor tamaño. Reducir otras cargas administrativas ampliando la perspectiva, es decir, más allá de las medidas de apoyo, por ejemplo aplicando con flexibilidad los procedimientos burocráticos no esenciales, también puede ayudar a las pymes.

               (23)Ya antes del surgimiento de la crisis de la COVID-19, el progreso tecnológico estaba transformando el mercado de trabajo y, por ende, exigiendo incrementar la financiación destinada a la educación y la formación, por ejemplo al reciclaje, a la formación complementaria y a la mejora de las cualificaciones. La crisis de la COVID-19 hace esta necesidad aún más acuciante, en particular en lo que respecta a quienes trabajan en sectores que pueden verse afectados por las medidas de distanciamiento físico durante más tiempo o a quienes podrían quedarse sin empleo. El acelerón de la digitalización de la sociedad y la educación a domicilio puede resultar especialmente problemático para los alumnos vulnerables y los estudiantes que no tienen acceso a soluciones digitales o apoyo en su hogar. Esto incluye a los estudiantes con discapacidad. Es preciso prestar especial atención para que todos los alumnos y estudiantes puedan adquirir las competencias clave recogidas en los planes de estudios y que los meses de perturbación al hilo de la COVID-19 no generen situaciones de desventaja permanentes. Las desigualdades ya existentes en cuanto a las capacidades básicas, vinculadas a contextos socioeconómicos y migratorios, podrían agudizarse. La crisis ha puesto de relieve la importancia de seguir desarrollando el sistema educativo para promover una recuperación inteligente e inclusiva y para seguir impulsando la transición ecológica y digital.

               (24)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (25)El Semestre Europeo establece el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Alemania contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (26)La estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria es fundamental para lograr una rápida recuperación de los efectos económicos de la COVID-19. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones políticas del Eurogrupo, Alemania debe velar por que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones para la zona del euro y están coordinadas con las de los demás Estados miembros de esa zona.

               (27)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Alemania y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Alemania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Alemania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (28)A la luz de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (29)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión conforme al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en la recomendación 2.

               RECOMIENDA a Alemania que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, adoptar todas las medidas necesarias para afrontar eficazmente la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación subsiguiente. Cuando las condiciones económicas lo permitan, impulsar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Movilizar recursos adecuados y reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular mediante el despliegue de servicios sanitarios electrónicos.

               2.Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en el transporte sostenible, los sistemas energéticos limpios, eficientes e integrados, la infraestructura y las capacidades digitales, la vivienda, la educación y la investigación y la innovación. Mejorar los servicios públicos digitales en todos los niveles y fomentar la digitalización en las pequeñas y medianas empresas. Reducir las cargas reglamentarias y administrativas impuestas a las empresas.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 504 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 509 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre España
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por España con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. El elevado nivel de deuda externa e interna, tanto pública como privada, sigue constituyendo un punto débil en un contexto de desempleo aún elevado y tiene incidencia transfronteriza.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a España a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados por la crisis.

               (9)Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas Comunidades Autónomas españolas debido a sus diferentes modelos de especialización. Es el caso, por ejemplo, de las regiones más dependientes del turismo, tales como las de la costa mediterránea, Andalucía o las islas Baleares y las islas Canarias, en donde más de la cuarta parte de los empleos están relacionados con este sector. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El 1 de mayo de 2020, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)España se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda.

               (12)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a España garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (3) no rebasara el 0,6 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Este es el factor pertinente recogido en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que se evalúa el cumplimiento del criterio de deuda por parte de España en 2019.

               (13)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 2,8 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,3 % en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 95,5 % en 2019, aumentaría al 115,5 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (14)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, España ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 3,2 % del PIB. La cuantificación de las medidas que suponen un aumento del déficit coincide con las estimaciones de la Comisión, tras tener en cuenta el diferente tratamiento del coste de los estabilizadores automáticos. Entre estas medidas se incluye el reforzamiento de los servicios de asistencia sanitaria y la concesión de una ayuda a la renta de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Por otra parte, España ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 9,2 % del PIB. Entre esas medidas cabe destacar las garantías de préstamo (8,8 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por España están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (15)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas españolas sería del –10,1 % del PIB en 2020 y el –6,7 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 115,6 % del PIB en 2020 y el 113,7 % del PIB en 2021.

               (16)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de España de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis indica que el criterio de déficit y el criterio de deuda definidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97 no se cumplen.

               (17)Las medidas adoptadas para detener la propagación del virus están teniendo un importante efecto sobre la economía y podrían causar una reducción del PIB del 9,4 % este año. Aunque por el momento es difícil de calcular, el impacto sobre el empleo también será considerable. Alrededor de un millón de personas ya han perdido su empleo desde el comienzo de la crisis. Los efectos sobre el empleo están siendo actualmente mitigados por la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a cerca de 3,5 millones de trabajadores, lo que ha impedido hasta la fecha más pérdidas inmediatas de empleo. Las consecuencias de la pandemia en España se verán agravadas por la alta proporción de empleo en las pequeñas y medianas empresas (PYME), por la importancia de sectores que están siendo particularmente afectados y que probablemente experimentarán una recuperación más lenta, tales como el turismo y el sector del comercio minorista, y por la alta tasa de contratos temporales entre los trabajadores (26,3 % en 2019). Todos estos factores podrían provocar grandes pérdidas de puestos de trabajo y ampliar los efectos de la crisis. Según las previsiones de la Comisión, la tasa de desempleo, que era del 13,6 % en febrero de 2020, aumentaría hasta el 18,9 % en 2020 y se recuperaría, hasta el 17 %, en 2021.

               (18)Las autoridades españolas han procurado mitigar el impacto de la pandemia y del periodo de confinamiento mediante diversas series de medidas, de un importe total de 145 000 millones EUR. En sus esfuerzos por combatir la enfermedad, las autoridades han aumentado sus gastos en asistencia sanitaria y en servicios sociales. También han facilitado la utilización de expedientes de regulación temporal de empleo con el fin de mantener el empleo de los trabajadores y sostener la renta de las familias. Los trabajadores afectados por un ERTE reciben una prestación equivalente al 70 % de su cotización base a la seguridad social, con un importe mínimo y un importe máximo (de 502 EUR y 1 402 EUR, respectivamente). La relación laboral se mantiene intacta durante la duración de los ERTE, que se ha ampliado recientemente hasta el 30 de junio de 2020. Las empresas que utilizan expedientes de regulación temporal de empleo están exentas de pagar una parte muy importante de las cotizaciones a la seguridad social relativas a los trabajadores a los que se aplica un ERTE, a condición de que mantengan sus empleos durante un mínimo de seis meses tras la reanudación de la actividad. Estas medidas se aplican en paralelo a ayudas específicas a las PYME y a los trabajadores autónomos, que constituyen la columna vertebral de la economía española (aplazamiento de pagos tributarios, reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y garantías estatales) y pretenden ayudarles a evitar la quiebra y a reanudar rápidamente la actividad una vez que se haya superado la crisis. Las medidas también se han adoptado para garantizar de forma temporal una ayuda a la renta de trabajadores no convencionales que no tienen acceso a la protección de la seguridad social.

               (19)El sistema sanitario español presenta buenos resultados a pesar de un nivel de inversión relativamente bajo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sometido el sistema a una tensión sin precedentes y ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Las acciones inmediatas se están centrando en el reforzamiento de las capacidades en materia de trabajadores sanitarios y productos médicos e infraestructuras esenciales, con el fin de salvar vidas y restablecer la salud durante la pandemia. Las personas discapacitadas y las personas de más edad que reciben una atención residencial se han visto particularmente expuestas durante la crisis. Ha de garantizarse permanentemente su acceso a la asistencia médica y social, incluidos los servicios asistenciales de urgencia e intensivos. Posteriormente, los esfuerzos se deberán concentrar en mejorar la resiliencia del sistema sanitario de forma que pueda recuperar su funcionamiento óptimo lo antes posible y afrontar mejor nuevas perturbaciones. La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y en la contratación y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios. Existen disparidades regionales en materia de gasto, recursos físicos y personal, y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno no siempre es eficiente. A medio plazo, la asistencia sanitaria podría responder mejor a los problemas que plantea el envejecimiento de la población, la agravación de las enfermedades crónicas y la discapacidad. La asistencia primaria y el desarrollo de la sanidad electrónica tienen un papel fundamental que desempeñar a este respecto. A medio plazo, será importante garantizar que la probable disminución de los recursos como consecuencia de la recesión económica no afecte a la cobertura sanitaria de las personas y no se traduzca en desigualdades de acceso.

               (20)A pesar de los años de fuerte creación de empleo, el mercado de trabajo español aún registraba niveles muy altos de desempleo y segmentación del mercado laboral antes de la pandemia de COVID-19. Los datos preliminares apuntan a un aumento muy significativo del nivel de desempleo en España como resultado de la crisis, lo cual tendrá repercusiones en la ya limitada capacidad de los servicios de empleo para ayudar a los trabajadores y a los empresarios y en los servicios sociales. A medio plazo, el camino hacia la recuperación deberá fundamentarse en medidas de apoyo al empleo tomadas tras consultar a los interlocutores sociales, tales como la eliminación gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo, la revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar formas de empleo sostenibles, especialmente para los trabajadores jóvenes, y la flexibilización de las condiciones laborales. Incrementándose la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, fomentándose el atractivo de la educación y la formación profesional y garantizándose unas oportunidades flexibles de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional se podría contribuir a satisfacer la demanda creciente de cualificaciones técnicas necesarias para las transiciones ecológica y digital que acompañarán a la recuperación. De forma general, una mejora de la orientación educativa y profesional y la prestación de un apoyo adecuado a los estudiantes con algún tipo de desventaja y a las regiones rezagadas podrían contribuir a mejorar los resultados educativos. El éxito de las medidas que puedan adoptarse con vistas a alcanzar estos objetivos dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario para alcanzar un consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas.

               (21)Los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo se han traducido en la acuciante necesidad de sostener la renta de los hogares afectados por la crisis. Con este fin, ha sido fundamental la facilitación de la utilización de expedientes de regulación temporal de empleo. Sin embargo, los trabajadores temporales con contratos de muy corta duración, que constituyen la inmensa mayoría de los nuevos desempleados (cerca de un millón) y entre los que se encuentran muchos trabajadores jóvenes, frecuentemente no pueden optar a una protección por desempleo convencional. Con el fin de respaldar una recuperación sostenible y la cohesión social, se requiere garantizar cuanto antes que todos los trabajadores, incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada y a las políticas activas del mercado de trabajo.

               (22)La crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con hijos. En 2019, España era el Estado miembro cuya asignación familiar por hijo media era la más baja. Las familias de rentas bajas no pueden optar a las asignaciones por hijo, cuya concesión está sometida a condiciones estrictas, y las desgravaciones fiscales les aportan un beneficio limitado. Los gastos en prestaciones sociales siguen muy orientados hacia las personas de más edad y, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no se toman medidas compensatorias, se prevé un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo. La difícil situación económica y social resultante de la pandemia más bien aboga por una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes. La prestación de desempleo destinada a los desempleados de larga duración y a los trabajadores que no pueden optar a regímenes contributivos está actualmente dispersa en una multitud de regímenes, lo que se traduce en una baja cobertura. Los regímenes autonómicos de renta mínima en vigor solo llegan al 20 % de sus beneficiarios potenciales en el país, existiendo grandes disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación. En el acuciante contexto actual, se prevé la introducción a muy corto plazo de un régimen nacional permanente de renta mínima garantizada. Por ahora no se puede evaluar su impacto sobre la reducción de la pobreza ni su sostenibilidad a corto y medio plazo

               (23)Otro factor agravante en relación con la crisis provocada por la pandemia en España es que el elevado número de PYME generan una gran parte del empleo. Con el fin de prevenir quiebras evitables, se han adoptado con carácter de urgencia algunas medidas encaminadas a facilitar liquidez a las empresas por medio de préstamos y garantías, centrándose la atención en las PYME y en los sectores que serán afectados más intensamente y durante más tiempo por la crisis, tales como el turismo (que genera el 12 % del PIB de España en 2019). Para que puedan tener sus efectos, estas medidas deberán ser aplicadas de modo rápido y eficiente por los intermediarios financieros. Permitir el aplazamiento del pago de impuestos y contribuciones sociales y acelerar los pagos contractuales efectuados por la Administración Pública también contribuirá a mejorar la liquidez de las PYME. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. Con vistas a garantizar la eficacia de estas medidas, es importante mantener los esfuerzos tendentes a reducir las cargas administrativas y a ofrecer unos servicios públicos digitales eficientes. El apoyo a las empresas de los sectores más perjudicadas por la crisis y la salvaguardia de la competitividad de las empresas exportadoras serán esenciales para el éxito de la recuperación.

               (24)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación, especialmente mediante la transición digital y ecológica. En todas las Comunidades Autónomas, los resultados en materia de innovación están por debajo de la media de la UE. España obtiene peores resultados en materia de capacidad de las empresas para innovar, invertir en activos materiales e inmateriales y utilizar de forma óptima las cualificaciones de su mano de obra, lo que podría afectar a su competitividad en una economía basada en el conocimiento. La crisis ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para mantener el acceso a los servicios públicos y a la educación y la formación, así como para preservar los puestos de trabajo y la actividad económica. Antes del período de confinamiento, en España solo la mitad de los centros escolares poseían plataformas de aprendizaje digital adecuadas, y ello con disparidades significativas entre Comunidades Autónomas. El cambio repentino a un aprendizaje digital también ha sido particularmente complicado para los alumnos vulnerables que no disponían de dispositivos digitales en casa. España deberá garantizar que todos los alumnos tengan acceso al aprendizaje digital, incluidos los de las zonas rurales y los que forman parte de familias vulnerables. El apoyo a la digitalización de las empresas también fomentaría la competitividad de las empresas españolas en las cadenas de valor mundiales y aumentaría su capacidad para exportar, particularmente en el caso de las PYME y las microempresas. La adopción de tecnologías digitales, particularmente de tecnologías digitales avanzadas, y la reducción de la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales mejorarían la capacidad de innovación de la economía española. Por otra parte, el reforzamiento de la gobernanza en materia de investigación e innovación a todos los niveles, el aumento de la calidad de la investigación a través de evaluaciones sistemáticas y la incentivación de los centros de investigación para que cooperen con el sector privado podrían aumentar la eficacia de las políticas de investigación e innovación y acelerar la difusión de innovación con el fin de contribuir a la recuperación.

               (25)La transformación de la economía española hacia una economía climáticamente neutra requerirá inversiones considerables durante un periodo prolongado especialmente en los sectores de energías renovables, infraestructuras energéticas, eficiencia energética y transporte sostenible. Las inversiones deberán anticiparse con el fin de contribuir a la transición ecológica durante la recuperación, en consonancia con el plan nacional de energía y clima de España. El fomento de un sistema de energía integrado debe facilitar la penetración de las energías renovables. La reducción del consumo de energía de los edificios privados y públicos, por medio de renovaciones a gran escala, y el desarrollo de unas redes inteligentes y un abastecimiento de electricidad procedente de fuentes de energía renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda de energía, al tiempo que respaldarían la creación de empleo durante la recuperación. Nuevas inversiones en infraestructuras energéticas, particularmente en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión, contribuirían a mejorar la integración del mercado interior de la energía de la UE, al mismo tiempo que propiciarían más competencia y facilitarían el desarrollo de las energías renovables. También deberán realizarse esfuerzos adicionales para fomentar el transporte sostenible, incluido el desarrollo de una infraestructura de combustibles alternativos, particularmente para los vehículos eléctricos. Asimismo, serán necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y centros logísticos. Además, algunas zonas de España se encuentran entre las más expuestas al cambio climático en Europa. Existen tensiones en relación con los recursos hídricos, y la infraestructura de gestión de los recursos hídricos y de los residuos es desigual en el país. Las inversiones medioambientales pueden ayudar a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, tales como las inundaciones y los incendios forestales, a mejorar la calidad del aire, así como la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, y a desarrollar el potencial de la economía circular. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a España a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe dirigido al país
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               . Esto permitiría a España optimizar el uso de este Fondo.

               (26)En España, la fragmentación y los obstáculos reglamentarios impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala y afectan negativamente a la productividad. La Ley de Unidad de Mercado, que ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de defensa de la competencia, debe utilizarse de forma más activa para fomentar la mejora de la reglamentación y la competencia durante la recuperación. En este contexto, las estrictas restricciones en materia de propiedad y mercado que han pretendido garantizar el suministro de bienes y servicios estratégicos durante la crisis provocada por la pandemia deberán suprimirse tan pronto como cese el período de emergencia. De modo más general, una coordinación reforzada y sostenida entre los distintos niveles de gobierno podría aumentar la eficacia de las políticas encaminadas a facilitar la recuperación. También es esencial garantizar que la estructura de gobernanza que ya ha sido creada por las leyes que desarrollaban las Directivas de contratación pública de 2014 pueda funcionar a pleno rendimiento lo antes posible, con el fin de lograr una utilización eficiente de la inversión pública que pueda respaldar la recuperación. Habrá que intensificar los trabajos sobre la estrategia global nacional de contratación pública en estrecha cooperación con los representantes de todos los niveles de gobierno (central, autonómico y local) a través del Comité de Cooperación.

               (27)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (28)La resolución oportuna de los procedimientos de insolvencia también desempeñará un papel fundamental para garantizar la liquidez de las empresas y una reasignación eficiente de recursos, y fomentar el emprendimiento y la estabilidad del sector financiero. Es esencial preservar la capacidad del sistema judicial para tratar de forma eficiente los procedimientos de insolvencia. Esto es particularmente importante, ya que la actual suspensión de la actividad de los tribunales y el aumento previsto del número de litigios debido a la recesión provocada por la pandemia podrá agravar aún más los problemas actuales planteados por unos procedimientos cada vez más largos y un creciente número de casos pendientes de resolución.

               (29)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, España contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (30)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por el Eurogrupo, España debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (31)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y política presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones de esta a las futuras decisiones nacionales.

               (32)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020
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               , y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (33)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2 y 4.

               RECOMIENDA a España que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.

               2.Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones. Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital.

               3.Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible.

               4.Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 508 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 48.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        SWD(2020) 508 final.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.