title: Recomendación (UE) 2016/1871 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2016, dirigida a la República Helénica sobre las medidas específicas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.° 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

text:
               21.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 286/75

         RECOMENDACIÓN (UE) 2016/1871 DE LA COMISIÓN
   de 28 de septiembre de 2016
   dirigida a la República Helénica sobre las medidas específicas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El traslado de solicitantes de protección internacional a Grecia en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Dublín») está suspendido por los Estados miembros desde 2011, a raíz de dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (2), que pusieron de manifiesto la existencia de deficiencias sistémicas en el sistema de asilo griego que vulneraban los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional trasladados desde otros Estados miembros a Grecia en virtud del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo (3).

               (2)

               El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha supervisado la situación en Grecia desde que el TEDH dictó en 2011 la sentencia M.S.S/Bélgica y Grecia sobre la base de los informes de situación que Grecia debe presentar como prueba de la ejecución de la sentencia, así como de datos procedentes de ONG y organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que operan en Grecia.

               (3)

               Como consecuencia de la sentencia M.S.S, Grecia se comprometió a reformar su sistema de asilo sobre la base de un Plan de Acción Nacional de Reforma del Sistema de Asilo y Gestión de la Migración, presentado en agosto de 2010 y revisado en enero de 2013 (en lo sucesivo, «Plan de Acción griego»). El 1 de octubre de 2015, Grecia presentó un calendario de ejecución del mecanismo de reubicación y los puntos críticos al Consejo, que también define determinadas acciones prioritarias para garantizar la aplicación de las medidas acordadas pendientes en materia de asilo y acogida.

               (4)

               Al mismo tiempo, la actual crisis migratoria y de refugiados sigue ejerciendo presión sobre los sistemas de asilo y migración griegos al tratarse del principal país de primera entrada en la ruta del Mediterráneo oriental. Entre enero y el 12 de septiembre de 2016, llegaron a Grecia (4)165 202 migrantes de forma irregular. Aun cuando la Declaración UE-Turquía (5) ha dado lugar a un descenso significativo del número de llegadas diarias a Grecia desde Turquía (6), también ha atribuido nuevas responsabilidades a las autoridades griegas. Además, la situación en Grecia también ha cambiado significativamente tras el cierre de hecho de la ruta de los Balcanes Occidentales, que impide seguir viaje a los nacionales de terceros países. En consecuencia, 60 528 nacionales de terceros países llegados ilegalmente han quedado bloqueados en Grecia (7). Al mismo tiempo, los Estados miembros aún no aplican plenamente los mecanismos de reubicación y solo han aliviado en parte la presión que Grecia está sufriendo hoy día (8).

               (5)

               El 10 de febrero de 2016, la Comisión adoptó una primera Recomendación dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento de Dublín, en lo sucesivo, «primera Recomendación» (9). El 15 de junio de 2016, la Comisión remitió una segunda Recomendación a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento de Dublín, en lo sucesivo, «segunda Recomendación» (10). La conclusión de las recomendaciones era que la situación en Grecia aún requería considerables mejoras antes de que la Comisión pudiera evaluar la posible reanudación de los traslados a Grecia en el marco del Reglamento de Dublín.

               (6)

               El 14 de julio de 2016, la Comisión recibió de Grecia un balance general de la situación de los solicitantes de asilo en Grecia y de los progresos realizados en relación con los asuntos pendientes enumerados en la segunda Recomendación.

               (7)

               Entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2016, las autoridades griegas recibieron 28 752 solicitudes de asilo. El 1 de septiembre de 2016, Grecia informó a la Comisión de la correcta finalización del denominado ejercicio de registro previo, comenzado el 8 de junio de 2016 (11). El objetivo de esta iniciativa era registrar a todos los nacionales de terceros países que habían entrado irregularmente en Grecia antes del 20 de marzo de 2016 y que deseaban solicitar protección internacional, pero aún no habían sido canalizados hacia el procedimiento de asilo por las autoridades griegas. De acuerdo con la información disponible (12), durante los meses de junio y julio de 2016 las autoridades griegas registraron a 27 592 personas en el continente como solicitantes de asilo que aún no habían presentado su solicitud. El 1 de septiembre de 2016 comenzó el proceso de presentación de solicitudes. Entre el 20 de marzo y el 18 de septiembre de 2016, otras 15 253 personas fueron registradas en las islas, de las cuales 6 298 ya han presentado su solicitud de asilo.

               (8)

               Por carta de 19 de septiembre de 2016, Grecia facilitó a la Comisión información complementaria actualizada sobre la situación de los solicitantes de asilo en Grecia y los progresos realizados para reformar su sistema de asilo. Grecia también expresó su preocupación ante la perspectiva de una posible reanudación de los traslados del sistema de Dublín, dado el actual número de migrantes varados en Grecia, la mayoría de los cuales han sido ya canalizados hacia los procedimientos de asilo, y los retos a los que se enfrenta para aplicar la Declaración UE-Turquía. Grecia señaló también que el número de reubicaciones desde Grecia a otros Estados miembros sigue estando muy por debajo del nivel previsto en las decisiones de reubicación.

               (9)

               La Comisión ha tomado nota de las mejoras que Grecia ha aportado a su legislación nacional para garantizar la transposición de las nuevas disposiciones legales de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) sobre procedimientos de asilo refundida y ciertas disposiciones de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) sobre las normas de acogida refundida. El 3 de abril de 2016, el Parlamento griego adoptó una nueva ley (Ley 4375/2016), pero no todas sus disposiciones han entrado en vigor (15). El 22 de junio de 2016, el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley 4375/2016 que, entre otras cosas, modificó la composición de los comités de recurso y el derecho de los solicitantes de asilo a ser oídos por estos (Ley 4399/2016) (16). El 31 de agosto de 2016, el Parlamento griego adoptó también una ley relativa a los niños refugiados en edad escolar que residen en Grecia (Ley 4415/2016) (17).

               (10)

               Desde la adopción de las dos recomendaciones, Grecia ha incrementado significativamente su capacidad total de acogida de migrantes irregulares y solicitantes de protección internacional. Según la información facilitada por las autoridades griegas el 14 de septiembre de 2016, Grecia dispone de 62 987 plazas en instalaciones temporales de acogida para migrantes irregulares y solicitantes de protección internacional (18). El 14 de julio de 2016, Grecia informó a la Comisión de que está «en condiciones de proporcionar alojamiento, alimentos y todos los servicios básicos a la inmensa mayoría de los migrantes irregulares y solicitantes de asilo en Grecia» y que se ha comprometido a «ofrecer un adecuado nivel de vida a toda la población de refugiados».

               (11)

               Además, el 14 de julio Grecia también facilitó información sobre el plan de aumento de la oferta de alojamiento para los solicitantes vulnerables, en particular los menores no acompañados. El objetivo era crear otras 700 plazas para finales de verano, además de las 622 plazas existentes en julio, así como utilizar espacios separados en las instalaciones actuales mediante la ayuda financiera de la UE hasta que se decidan nuevos emplazamientos para los menores no acompañados. Sin embargo, este objetivo no se ha logrado: el 19 de septiembre de 2016, Grecia informó a la Comisión de que dispone de 891 plazas de alojamiento para menores no acompañados. Estos centros están actualmente llenos y existe una lista de espera de 1 487 menores no acompañados que precisan de instalaciones adecuadas (19). Los progresos son lentos en este ámbito, y es evidente que Grecia necesita redoblar sus esfuerzos para garantizar que exista un número adecuado de centros de acogida para los menores no acompañados y responder a la demanda de este tipo de alojamiento.

               (12)

               Por otra parte, los recién llegados a las islas del mar Egeo suponen un serio desafío. La capacidad máxima de acogida es de 7 450 plazas, mientras que el número total de migrantes registrados en las islas ascendía a 13 863 a fecha de 27 de septiembre de 2016. El ritmo menor, aunque continuo, de nuevas llegadas genera preocupaciones en materia de seguridad e higiene, así como por las condiciones inadecuadas para los grupos vulnerables.

               (13)

               Además, la mayoría de las instalaciones griegas son temporales y algunas proporcionan exclusivamente las condiciones más básicas de acogida a quienes se alojan en ellas, como comida, agua, saneamiento y atención sanitaria básica. Aunque esto puede ser suficiente durante un período muy breve, hasta que se pueda trasladar a los interesados a instalaciones mejores, las condiciones de algunos de estos centros no cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida para los solicitantes de protección internacional.

               (14)

               En enero de 2016, se firmó un acuerdo de delegación entre la Comisión y el ACNUR, por un total de 80 millones EUR, para crear 20 000 plazas de alojamiento en abierto (alquiler de apartamentos, vales para hoteles y programas de acogida familiar), principalmente en beneficio de los solicitantes de protección internacional que pueden optar a la reubicación (20). El acuerdo de delegación se revisó en julio de 2016, con el fin de incluir en el plan de alojamiento también la posibilidad de crear plazas en los lugares de reubicación gestionados por el ACNUR, y precisar en el texto que el grupo destinatario del plan incluye no solo a los candidatos a la reubicación, sino también a otros solicitantes de asilo. Desde junio, las plazas disponibles han aumentado de forma significativa (en torno a 5 600). De las 20 000 plazas reservadas para solicitantes que pueden optar a la reubicación con arreglo al régimen de arrendamiento del ACNUR en diciembre de 2015, a 19 de septiembre se disponía de 12 045 plazas, incluidas 3 404 plazas en hoteles y edificios enteros, 6 559 plazas en apartamentos, 385 plazas en familias de acogida y 507 plazas en instalaciones específicas para menores no acompañados (21).

               (15)

               De lo anterior se desprende que Grecia aún tiene que progresar en la creación de una capacidad de acogida abierta permanente adecuada y suficiente para los solicitantes de asilo, con arreglo a las normas. De acuerdo con la información facilitada por Grecia por carta de 25 de agosto, la capacidad total prevista de los 39 emplazamientos permanentes en el continente se cifra en unas 32 700 plazas. En carta de 19 de septiembre, Grecia afirmó que se han hallado nuevos emplazamientos que ofrecen unas condiciones de vida dignas, de acuerdo con las normas de la UE, que serán totalmente renovados. Es imprescindible aplicar eficazmente estos planes con carácter de urgencia y, dado que algunas instalaciones temporales se transformarán en permanentes, mantener también una capacidad suficiente de alojamiento temporal para atender a los problemas de capacidad resultantes de llegadas inesperadas. Además, como se solicita en la segunda Recomendación, es necesario que las autoridades griegas faciliten datos más exactos sobre la capacidad de acogida y una evaluación de las necesidades exhaustiva y constantemente actualizada en función de la capacidad total de acogida y la naturaleza de esa capacidad.

               (16)

               Se han observado mejoras sustanciales con la creación de las oficinas de asilo regionales. La legislación griega prevé el establecimiento de oficinas de asilo regionales en las regiones de Ática, Tesalónica, Tracia, Epiro, Tesalia, Grecia occidental, Creta, Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Rodas (22). Por decisión del Director del Servicio de Asilo también es posible establecer unidades de asilo autónomas a fin de cubrir el aumento de las necesidades del Servicio de Asilo. Hasta la fecha, se han puesto en marcha ocho oficinas regionales en las regiones de Tracia, Ática, Lesbos, Samos, Salónica y Rodas. Además, se han creado otras dos unidades de asilo en Quíos y Kos, con lo que el número total de unidades de asilo asciende a cinco. La Ley dispone que otras tres oficinas de asilo regionales deben entrar en funcionamiento en la zona de Kos, Epiro (Ioannina), Creta (Heraklio) y Tesalia (Volos). Además, la unidad de Grecia occidental (Patra) debe convertirse en oficina regional de asilo. También se ha creado una unidad de reubicación en Alimos, que está en funcionamiento desde el 26 de septiembre de 2016.

               (17)

               En sus informes, las autoridades griegas han comunicado también a la Comisión que estaban contratando más personal para el Servicio de Asilo con el objeto de incrementar su capacidad de tramitación. Según la información facilitada el 14 de julio de 2016, el Servicio de Asilo contaba con una plantilla de 350 personas en aquel momento, el doble que en 2015. Un tercio tienen contratos de duración determinada, financiados por diversos fondos de la UE y el EEE. El Parlamento griego ha aprobado la creación de otros 300 puestos de carácter permanente a lo largo de los próximos meses. Ello se suma a los trabajadores contratados por el ACNUR mediante contratos de duración determinada y los expertos de los Estados miembros desplegados a través de la EASO en el Servicio de Asilo griego por un período determinado.

               (18)

               Con el fin de tramitar las solicitudes de asilo presentadas por los solicitantes de asilo recién inscritos, el Servicio de Asilo tiene la intención de proceder gradualmente, entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, a 177 nuevas contrataciones para acrecentar la capacidad de registro y tramitación: 56 funcionarios registrarán a los solicitantes que puedan optar a la reubicación; 25 funcionarios registrarán las solicitudes que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín; 7 funcionarios se ocuparán de los casos manifiestamente infundados con arreglo a un procedimiento acelerado; 60 funcionarios registrarán y tramitarán las solicitudes de protección internacional según el procedimiento ordinario, y 29 funcionarios atenderán distintas tareas de carácter administrativo y estadístico.

               (19)

               Dado el muy notable aumento del número de solicitantes de asilo canalizados hacia el procedimiento de asilo en Grecia, resulta evidente que la dotación de personal actual y prevista para el Servicio de Asilo sigue siendo inferior a la que se requiere para tramitar los casos en curso y futuros de forma adecuada; en particular, Grecia ha indicado en julio que el examen de las solicitudes presentadas podría durar hasta tres años. En su carta de 14 de julio de 2016, las autoridades griegas afirmaron que no es viable un aumento más rápido de la plantilla debido a la falta de personal directivo para formar, tutelar y supervisar a los recién contratados. Sin embargo, es importante garantizar un refuerzo sustancial del Servicio de Asilo, con muchos más recursos personales y materiales, para que pueda tramitar un número cada vez mayor de solicitudes de asilo. A tal fin, debe llevarse a cabo una evaluación de las necesidades exhaustiva y continuamente actualizada que tenga en cuenta el número de solicitudes de asilo pendientes de resolución y que probablemente tenga que tramitar el Servicio de Asilo griego en su momento, así como el personal disponible necesario o que pueda hacer falta para la tramitación de dichas solicitudes. Esto no solo permitirá estimar los recursos humanos necesarios para el Servicio de Asilo, sino también evaluar cómo la Comisión, sus agencias y también los Estados miembros podrían ayudar mejor a Grecia a resolver estas solicitudes en un plazo más breve.

               (20)

               De conformidad con la sentencia M.S.S, los solicitantes de asilo deben poder tener un acceso efectivo a vías de recurso contra una decisión negativa sobre su solicitud. Se han realizado importantes avances a este respecto. En virtud de la Ley 4375/2016, adoptada en abril de 2016, se establecieron el órgano de apelación y los comités de recurso. Debe crearse un número adecuado de comités de recurso que estén plenamente operativos a finales de 2016.

               (21)

               La Ley 4399/2016, recientemente aprobada, establece nuevos comités de recurso. Son competentes para examinar los recursos contra las decisiones del Servicio de Asilo griego presentados a partir del 24 de junio de 2016. Con carácter prioritario, los comités de recurso se centran principalmente en los recursos presentados en las islas griegas, para contribuir así a la aplicación de la Declaración UE-Turquía. Los nuevos comités de recurso dictaron sus primeras decisiones a mediados de agosto. En la actualidad existen cinco comités de recurso. La Ley 4399/2016 también modificó la estructura de dichos comités, que ahora están compuestos por tres miembros: dos jueces de la jurisdicción administrativa y un ciudadano griego con los conocimientos y la experiencia pertinentes propuesto por el ACNUR o la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

               (22)

               Los antiguos comités de recurso para los «recursos atrasados», establecidos para conocer de los recursos atrasados en Grecia, recibieron inicialmente un mandato adicional para conocer, además de los recursos de fondo contra las resoluciones en primera instancia, los recursos contra las decisiones por motivos de admisibilidad como parte de la Declaración UE-Turquía. La creación de comités de recursos adicionales en junio debería aliviar la carga de los 20 comités de recurso para los «recursos atrasados», permitiéndoles acelerar el ritmo de resolución de los recursos pendientes.

               (23)

               Se han hecho más progresos con los recursos atrasados hace tiempo en el marco del «antiguo procedimiento» regulado por el Decreto Presidencial 114/2010. El retraso actual se cifra en unos 8 075 recursos a 21 de septiembre de 2016 (frente a un total de aproximadamente 51 000 recursos atrasados a principios de 2013 y 13 975 recursos en junio de 2016). Las autoridades griegas han concedido permisos con fines humanitarios a las personas cuyas solicitudes de asilo estaban pendientes desde hace mucho tiempo y que reunían las condiciones para obtener permisos de residencia por motivos humanitarios u otros motivos de carácter excepcional, de conformidad con la Ley 4375/2016. Los permisos de residencia se expiden por un período de dos años renovable (23). Otorgan a los beneficiarios los mismos derechos y prestaciones que la protección subsidiaria en Grecia, y estas personas dejan de ser consideradas solicitantes de asilo (24). Algunos de los recursos atrasados se examinan, sin embargo, en cuanto al fondo. Pese a los significativos progresos realizados desde la primera Recomendación, Grecia debe proseguir sus esfuerzos para resolver los recursos pendientes, velando por que los solicitantes con un recurso pendiente tengan la oportunidad de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.

               (24)

               Dado el aumento del número de solicitudes presentadas en Grecia desde la aplicación de la Declaración UE-Turquía, es fundamental un órgano de apelación con una dotación de personal plena, capaz de hacer frente al incremento significativo previsto del número de recursos. Debe llevarse a cabo también una evaluación continua de las necesidades sobre la base del número de recursos actualmente pendientes ante los diversos órganos de recurso y que probablemente les corresponda resolver.

               (25)

               La prestación de asistencia jurídica gratuita se ha incluido en la nueva Ley (Ley 4375/2016) para los solicitantes en la fase de recurso. Sin embargo, no se han adoptado aún todas las medidas para poner en práctica esta Ley. El 9 de septiembre de 2016 se adoptó una Decisión ministerial de ejecución de la prestación de asistencia jurídica gratuita, en virtud de la Ley 4375/2016, tras lo cual, según las autoridades griegas, deben adoptarse rápidamente todas las medidas necesarias para prestar asistencia jurídica gratuita a todos los solicitantes en la fase de recurso en Grecia. La financiación de la prestación de asistencia jurídica gratuita se ha garantizado a través de su programa nacional en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Además, se otorgó un convenio de subvención al ACNUR, con cargo a la financiación de ayuda de emergencia del FAMI, por un importe total de 30 millones EUR (25). El ACNUR está utilizando esta financiación, entre otras cosas, para prestar asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de protección internacional en la fase de recurso hasta principios de 2017, cuando las autoridades griegas deben establecer su propio régimen de asistencia jurídica gratuita. El 19 de septiembre, Grecia informó a la Comisión de que la lista de abogados que debe elaborar el Servicio de Asilo se establecerá a principios de 2017. Grecia debería adoptar las medidas necesarias para garantizar sin demora el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de asilo.

               (26)

               La nueva Ley 4375/2016 prevé la creación de dos nuevas entidades — una Dirección de Acogida y una Dirección de Integración Social — que incluyen servicios especializados para la acogida e integración de los menores no acompañados dentro del Ministerio de Interior y Reconstrucción Administrativa, incluida la puesta a disposición de un representante legal. A pesar de ello, las autoridades griegas todavía tienen que adoptar medidas de ejecución para asegurar que los menores no acompañados disfruten en la práctica de garantías procesales y condiciones de acogida apropiadas. Aunque el Gobierno griego ya ha adoptado una Decisión ministerial relativa a la determinación de la edad de los menores no acompañados que soliciten asilo (26), todavía está pendiente de adopción un Decreto presidencial que regule un sistema de tutela eficaz.

               (27)

               Las ONG han manifestado su preocupación por que muchos niños no pueden acceder a la educación en Grecia. Se han hecho progresos a este respecto con la adopción de la Ley 4415/2016 en agosto de 2016, que tiene por objeto, en particular, garantizar apoyo psicosocial y educación a los hijos menores de los solicitantes de asilo, así como facilitar la integración en el sistema educativo griego de quienes permanecerán en Grecia, tras un período de preparación transitorio. Es esencial que este marco jurídico se aplique eficaz y plenamente con carácter de urgencia. Además, según algunas ONG, la situación de los menores no acompañados es en general precaria, y algunas de ellas citan casos de detenciones prolongadas de niños en centros abarrotados y condiciones insalubres, sin representante legal ni acceso a la asistencia jurídica gratuita, hasta que se les puede encontrar un alojamiento adecuado (27). Como se indica en el considerando 11, la falta de alojamiento adecuado para los menores es un problema importante que aún debe solventarse a la mayor brevedad posible.

               (28)

               La Comisión Europea ha concedido una financiación sustancial a Grecia para apoyar al país en sus esfuerzos por alinear su sistema de gestión del asilo con las normas de la UE. Desde principios de 2015, se han adjudicado a Grecia más de 352 millones EUR en ayuda de emergencia a través de los Fondos de Asuntos de Interior [Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y Fondo de Seguridad Interior (FSI)], bien directamente a las autoridades griegas o mediante las agencias de la Unión y las organizaciones internacionales que operan en el país. De esta cantidad, en julio de 2016 se adjudicaron unos 90 millones EUR directamente a las autoridades griegas para reforzar su capacidad de mejora de las condiciones de vida y prestación de servicios de asistencia sanitaria primaria en los centros de alojamiento de refugiados, así como de prestación de servicios de acogida y asistencia sanitaria a los migrantes. También se está aportando una financiación considerable (aproximadamente 198 millones EUR), destinada a cubrir las necesidades humanitarias básicas de los migrantes y refugiados, a las organizaciones humanitarias asociadas a través del recientemente creado Instrumento de Ayuda de Emergencia. Esta financiación contribuye a la puesta en práctica del plan de respuesta a situaciones de emergencia elaborado conjuntamente por la Comisión, la administración griega y las partes interesadas pertinentes para hacer frente a la situación humanitaria sobre el terreno y a la aplicación de la Declaración UE-Turquía.

               (29)

               Esta asistencia de emergencia viene a sumarse a los 509 millones EUR asignados a Grecia para el período 2014-2020 a través de sus programas nacionales en el marco del FAMI y el FSI, convirtiendo a Grecia en el primer beneficiario de los Fondos de Asuntos de Interior de la UE entre los Estados miembros de la UE.

               (30)

               Grecia debe garantizar que dichos recursos financieros se utilizan plenamente de la forma más eficaz y efectiva y sin más demora. A tal fin, debe concluirse urgentemente la revisión en curso de los programas nacionales en el marco de los Fondos de Asuntos de Interior (FAMI y FSI) para ajustarlos a las nuevas prioridades. La revisión del programa nacional del FAMI está casi terminada, con pocas cuestiones pendientes por resolver antes del procedimiento de aprobación, que se espera comience en breve. En lo que respecta a la revisión del programa nacional del FSI, que está menos avanzado, debe presentarse urgentemente una versión revisada del programa a la Comisión para su consulta oficial. En cuanto a la autoridad responsable de la gestión de estos fondos, que ha sido transferida del Ministerio de Interior y Reconstrucción Administrativa al Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo, Grecia debe notificar sin demora la finalización de la designación formal de la nueva autoridad responsable, con arreglo a los requisitos establecidos en la base jurídica.

               (31)

               Tal como se reconocía en la Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2016 titulada «Restablecer Schengen» (28), garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Dublín es una parte fundamental de los esfuerzos más amplios necesarios para estabilizar la política de asilo, migración y fronteras. Esos esfuerzos deben conducir al retorno al funcionamiento normal del espacio Schengen. Por consiguiente, es importante que las autoridades griegas adopten urgentemente las medidas pendientes que se indican en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, la reforma de las normas de Dublín propuesta por la Comisión (29), basada en el objetivo de solidaridad y distribución equitativa de cargas entre los Estados miembros, debe constituir una prioridad. Las negociaciones sobre esta propuesta están en curso.

               (32)

               La información regular por parte de Grecia sobre los progresos realizados en la aplicación de estas medidas, así como otros elementos pertinentes, incluida la futura información obtenida por el ACNUR y otras organizaciones, será esencial para evaluar adecuadamente si las condiciones permiten a los Estados miembros reanudar los traslados individuales a Grecia con arreglo al Reglamento de Dublín, teniendo en cuenta que el volumen de traslados y las categorías de personas que deben ser trasladadas deben corresponder a los progresos específicos realizados. Grecia debe presentar un informe actualizado antes del 31 de octubre de 2016, según lo establecido en la presente Recomendación.

               (33)

               La Comisión reconoce los importantes avances realizados por Grecia, con la asistencia de la Comisión, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), los Estados miembros y las organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG), para mejorar el funcionamiento del sistema de asilo griego desde la adopción de las dos recomendaciones. Grecia ha realizado esfuerzos significativos para poner en pie las estructuras jurídicas e institucionales esenciales para el correcto funcionamiento del sistema de asilo. La Comisión reconoce, en concreto, que Grecia ha adoptado importantes medidas para canalizar a la mayoría de los migrantes irregulares hacia el procedimiento de asilo o de retorno mediante el ejercicio de registro previo. Grecia también ha incrementado la capacidad de acogida global y la capacidad del Servicio de Asilo, ha reducido significativamente los recursos atrasados, ha creado nuevos comités de recurso y ha adoptado un marco legal para la asistencia jurídica gratuita y el acceso de los menores a la educación pública.

               (34)

               No obstante, Grecia sigue enfrentándose a la difícil situación creada por la tramitación de un gran número de nuevas solicitudes de asilo, principalmente derivadas del ejercicio de registro previo y de las continuas llegadas irregulares de migrantes, aunque a niveles inferiores que antes de marzo de 2016. Existen, además, otras medidas importantes que deben adoptarse para subsanar las deficiencias sistémicas restantes del sistema de asilo griego, en particular su insuficiente capacidad. Sobre la base de los nuevos avances, la futura reanudación de los traslados a Grecia en el marco del Reglamento de Dublín debe tener en cuenta el impacto que esta delicada situación tiene sobre el funcionamiento general del sistema de asilo, y deberá ser paulatina, caso por caso. En este sentido, debe evitarse que Grecia soporte una carga insostenible.

               (35)

               La presente Recomendación establece las medidas que las autoridades griegas deben adoptar o respaldar para que se recomiende dicha reanudación gradual de los traslados del sistema de Dublín a finales de diciembre de 2016. Teniendo presente este objetivo, Grecia debe adoptar urgentemente todas las medidas indicadas en la presente Recomendación. La Comisión tiene previsto hacer un balance de los progresos realizados en este ámbito y formular nuevas recomendaciones en diciembre de 2016. Dichas recomendaciones podrían establecer cuál es, en opinión de la Comisión, el alcance y la naturaleza adecuados de dicha reanudación gradual de los traslados del sistema de Dublín, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades específicas de los solicitantes vulnerables y una gestión del proceso en estrecha cooperación con las autoridades griegas.

               (36)

               La responsabilidad de decidir sobre dicha reanudación de los traslados en casos individuales incumbe exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros bajo el control de sus órganos jurisdiccionales, que podrán plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo sobre la interpretación del Reglamento de Dublín.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      Condiciones e instalaciones de acogida

               1.

               Grecia debe proseguir sus esfuerzos para velar por que las instalaciones de acogida sean suficientes para alojar a todos los solicitantes de protección internacional en su territorio y para que las condiciones de acogida en todas estas instalaciones cumplan las normas establecidas en el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2013/33/UE. Como primera prioridad, Grecia debe:

                           a)

                           aplicar plenamente el plan relativo a los centros de acogida abiertos permanentes, capaces de alojar a todos los solicitantes de protección internacional que reciban o vayan a recibir y a las personas a su cargo, durante el procedimiento de asilo;

                           b)

                           crear las plazas adicionales necesarias para los menores no acompañados con el objeto de garantizar que todos los menores no acompañados solicitantes de asilo reciban inmediatamente un alojamiento adecuado y no padezcan condiciones de detención deficientes, y asegurar la sostenibilidad de estas instalaciones;

                           c)

                           aplicar eficazmente la nueva legislación sobre el acceso de los menores al sistema de enseñanza pública durante el procedimiento de asilo;

                           d)

                           garantizar que los solicitantes de asilo reciban la atención sanitaria necesaria, que incluirá, como mínimo, la atención sanitaria de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades o trastornos psíquicos graves.

                     Grecia también debe velar por que, además de los centros permanentes, se disponga, o pueda disponerse a corto plazo, de un número adecuado de centros de acogida abiertos temporales con el fin de permitir alojar en condiciones adecuadas a los solicitantes de protección internacional y las personas a su cargo que lleguen inesperadamente.
               Las autoridades griegas deben llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades en términos de capacidad de acogida total requerida y la naturaleza de esa capacidad, y actualizar continuamente esta evaluación conforme evolucione la situación. Las autoridades griegas también deben garantizar una gestión y coordinación continuada y eficaz de todos los centros de acogida, incluidos los puntos críticos, y velar por que los ministerios responsables dispongan de los recursos adecuados a tal fin.

      Acceso y personal para el procedimiento de asilo en primera instancia

               2.

               Grecia debe continuar sus esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de protección internacional tengan acceso efectivo al procedimiento de asilo, en particular:

                           a)

                           determinar cuántos miembros del personal del Servicio de Asilo es probable que se necesiten para tramitar la admisión de solicitudes de asilo en los plazos que se especifican en la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo;

                           b)

                           acelerar urgentemente la contratación de personal para el Servicio de Asilo para poder, tan pronto como sea posible, gestionar de forma eficaz y oportuna todas las solicitudes de protección internacional;

                           c)

                           establecer oficinas de asilo regionales adicionales en las regiones de Leros y Creta (Heraklio), Tesalia y Epiro (Volos y Ioannina), y elevar el rango de las unidades de asilo actualmente operativas en Leros y Grecia Occidental (Patras) a la categoría de oficinas de asilo regionales como dispone la Ley.

                     La evaluación de las necesidades a que se refiere la letra a) debe actualizarse continuamente y contener información sobre el número de personas contratadas.

      Órgano de Apelación

               3.

               Grecia debe proseguir sus esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de protección internacional gocen de una tutela judicial efectiva, asegurando en particular:

                           a)

                           el pleno funcionamiento del nuevo órgano de apelación mediante el establecimiento de un número adecuado de comités de recurso;

                           b)

                           los recursos humanos adecuados para el órgano de apelación y los comités de recurso, a fin de resolver todos los recursos pendientes y futuros, incluidos los recursos en el marco de la Declaración UE-Turquía;

                           c)

                           la resolución inmediata de todas las solicitudes de revisión judicial de decisiones administrativas pendientes, y en cualquier caso antes de finales de 2016.

                     Las autoridades griegas deben determinar, sobre la base de una evaluación de las necesidades completa y continua, el número comités de recurso dependientes del nuevo órgano de apelación que se necesitan para examinar todos los recursos presentados por los solicitantes de protección internacional y el personal preciso para asegurar el buen funcionamiento de esos comités.

      Asistencia jurídica gratuita

               4.

               Grecia debe garantizar que el marco jurídico de acceso a la asistencia jurídica gratuita sea eficaz en la práctica y que todos los solicitantes de asilo cuenten con la asistencia jurídica necesaria para la revisión judicial de las decisiones administrativas sobre las solicitudes de protección internacional. En particular, Grecia debe:

                           a)

                           aplicar eficazmente la Decisión ministerial sobre la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita;

                           b)

                           establecer rápidamente un contrato de registro de los abogados que pueden prestar estos servicios a los solicitantes en la fase de recurso en Grecia.

      Trato de los menores no acompañados y las personas vulnerables durante el procedimiento de asilo

               5.

               Grecia debe garantizar el establecimiento de estructuras adecuadas para la identificación y el trato de los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados. En particular, Grecia debe:

                           a)

                           instituir con urgencia un procedimiento de tutela adecuado mediante la adopción del Decreto presidencial necesario para aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley 4375/2016;

                           b)

                           establecer la Dirección de Acogida y el Servicio de Protección de Menores no Acompañados, con la dotación de personal necesaria, a fin de ofrecer urgentemente las garantías necesarias a efectos de localización de la familia y representación legal de conformidad con el acervo en materia de asilo;

                           c)

                           garantizar que los procedimientos para identificar a los solicitantes con necesidades procesales y de acogida especiales se aplican en la práctica, de modo especial cuando estos solicitantes hayan podido ser víctimas de violencia y explotación sexual o trata de seres humanos.

      Uso de la financiación de la UE en el marco de los programas nacionales

               6.

               Grecia debe garantizar que la financiación sustancial de la UE se utiliza plenamente, en particular mediante la movilización sin demora de los recursos disponibles con cargo al FAMI y el FSI en el marco de sus programas nacionales y la exploración de vías de financiación complementaria con cargo a los Fondos Estructurales. En este contexto, Grecia debe completar urgentemente la revisión en curso de los programas nacionales, adaptarlos mejor a las nuevas prioridades y notificar sin demora la designación formal de la nueva autoridad responsable, con arreglo a los requisitos establecidos en la base jurídica.

      Informe sobre las medidas adoptadas

               7.

               Grecia deberá presentar, el 31 de octubre de 2016 a más tardar, un informe sobre los progresos en la aplicación de la presente Recomendación y las recomendaciones de 15 de junio y 10 de febrero de 2016. El informe deberá incluir, en particular, una descripción de las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias pendientes detectadas en la presente Recomendación, incluido el modo en que las autoridades griegas han desplegado, o tienen previsto desplegar, los recursos humanos y materiales necesarios a que se hace referencia en los apartados 1 a 5 de la presente Recomendación. Dicho informe deberá incluir también una descripción de las evaluaciones de necesidades continuas a que se refieren los apartados 1 a 3 de la presente Recomendación. El informe deberá incluir la información siguiente:

                           a)

                           el importe total actual y previsto de la capacidad de acogida temporal y permanente para alojar a los solicitantes de protección internacional y la naturaleza de esa capacidad;

                           b)

                           el número total de solicitudes de asilo pendientes en primera instancia;

                           c)

                           datos exhaustivos sobre todos los recursos pendientes y las resoluciones dictadas en segunda instancia, incluida la admisibilidad de los nuevos recursos, por parte de los nuevos comités de recurso y los comités de recurso para los «recursos atrasados»;

                           d)

                           el personal total actual y previsto para tramitar las solicitudes de asilo registradas en el Servicio de Asilo y la Dirección de Acogida, y

                           e)

                           el personal total actual y previsto y el número de comités de recurso que el órgano de apelación ha puesto progresivamente en funcionamiento.

      Hecho en Bruselas, el 28 de septiembre de 2016.

            Por la Comisión

         Dimitris AVRAMOPOULOS

            Miembro de la Comisión

      (1)  Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).

      (2)  M.S.S/Bélgica y Grecia (no 30696/09) y NS/Secretary of State for the Home Department, C-411/10 y C-493/10.

      (3)  Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 50 de 25.2.2003, p. 1) [sustituido por el Reglamento (UE) n.o 604/2013].

      (4)  Datos de Frontex de 12 de septiembre de 2016.

      (5)  Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016.

      (6)  Véanse los informes de la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm.

      (7)  http://www.media.gov.gr/index.php, consultado el 27 de septiembre de 2016.

      (8)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, Sexto informe sobre reubicación y reasentamiento [COM(2016) 636 final].

      (9)  Recomendación de la Comisión, de 10 de febrero de 2016, dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 [C(2016) 871 final].

      (10)  Recomendación de la Comisión, de 15 de junio de 2016, dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 [C(2016) 3805 final].

      (11)  http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/EN-01.08.2016-Press-Release-end-pre-registration.pdf.

      (12)  http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_EN_EXTERNAL.pdf.

      (13)  Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).

      (14)  Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).

      (15)  «Ley 4375/2016 sobre la estructura y el funcionamiento del Servicio de Asilo, el órgano de apelación y el servicio de acogida e identificación, la creación de una Secretaría general de acogida y la transposición en la legislación griega de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) y otras disposiciones», disponible en: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf.
   Deben adoptarse actos de ejecución en forma de decisiones ministeriales o co-ministeriales para que las autoridades griegas puedan aplicar la Ley en su totalidad.

      (16)  http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/n_4399.2016.pdf.

      (17)  https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_ellinoglosi.pdf.

      (18)  http://www.media.gov.gr/index.php.
   http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1.
   Estas instalaciones permanentes y temporales de emergencia se crearon en los puntos críticos de las islas del mar Egeo y en el continente.

      (19)  http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83.

      (20)  Si bien se dará prioridad a los solicitantes que pueden optar a la reubicación, las actividades también beneficiarán a los solicitantes de protección internacional que están a la espera de ser reagrupados, en virtud del Reglamento de Dublín, con miembros de su familia en otro Estado miembro de la UE y las personas que solicitan asilo en Grecia, especialmente los grupos vulnerables, incluidos los menores no acompañados y separados, las personas con discapacidad, las familias monoparentales, las personas mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, etc.

      (21)  http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83.

      (22)  Artículo 1, apartado 3, de la Ley 4375/2016.

      (23)  Artículo 22, apartado 3, de la Ley 4375/2016.

      (24)  Artículo 28 del Decreto presidencial 114/2010.

      (25)  El convenio de subvención se firmó el 15 de julio de 2016.

      (26)  Decisión ministerial 1982/16 de febrero de 2016 (Boletín Oficial B' 335).

      (27)  Human Rights Watch, «Why are you keeping me here?» («¿Por qué me teneis aquí?» ), septiembre de 2016. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf.

      (28)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, «Restablecer Schengen — Hoja de ruta» [COM(2016) 120 final de 4 de marzo de 2016].

      (29)  COM(2016) 270 final.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de la República Checa y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de la República Checa

text:
               18.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 299/23

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2016
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de la República Checa y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de la República Checa
   (2016/C 299/06)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a la República Checa como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2016 sobre la República Checa fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por la República Checa de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de la República Checa hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)

               El 11 de mayo de 2016, la República Checa presentó su Programa de Convergencia de 2016, y el 12 de mayo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas por país pertinentes. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

               (5)

               La República Checa se encuentra encuadrada actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé un ligero deterioro del saldo presupuestario al -0,6 % del PIB en 2016, y una estabilización en términos generales al -0,5 % del PIB a partir de 2017. El objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 1 % del PIB— se sigue cumpliendo durante el horizonte del programa. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública/PIB se mantenga en un 41,1 % en 2016 y que descienda al 39,3 % en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Las medidas para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Según las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se estima que el saldo estructural será del -0,7 % en 2016 y del -0,9 % del PIB en 2017, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se evaluarán posibles desviaciones futuras con referencia a la obligación de mantener el saldo estructural en el nivel del objetivo presupuestario a medio plazo. Basándose en su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo estima que la República Checa cumplirá las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (6)

               A largo plazo, hay riesgos de sostenibilidad presupuestaria medios para la República Checa. Estos se derivan principalmente del impacto previsto del gasto público derivado del envejecimiento de la población, sobre todo en el sector sanitario pero también en las pensiones. Las medidas recientemente adoptadas o previstas para modificar el sistema de pensiones podrían, si se aplican, dar lugar a un deterioro de las finanzas públicas a largo plazo. En primer lugar, en febrero de 2016 el Gobierno aprobó una legislación que le permite ajustar el mecanismo de indexación de las pensiones de manera más flexible. En segundo lugar, se están discutiendo propuestas para fijar la edad legal de jubilación en sesenta y cinco años y establecer un mecanismo periódico de revisión de la edad de jubilación. En la actualidad no existen planes para aumentar la baja edad legal de jubilación. En materia de asistencia sanitaria, el aumento previsto del gasto a largo plazo también es motivo de preocupación. La República Checa afronta retos a la hora de mejorar la gestión y la rentabilidad de su sistema sanitario, a pesar de que varias medidas al respecto se encuentran en distintas fases de aplicación actualmente. Los indicadores apuntan a un elevado consumo de bienes y servicios y a una dependencia relativamente alta de la atención hospitalaria, que resulta más costosa que los servicios ambulatorios. Parece que la información médica disponible no se utiliza de manera eficaz para la planificación y la racionalización de la capacidad hospitalaria. El sistema de reembolso de la asistencia hospitalaria está siendo revisado debido a que presenta varios inconvenientes, tales como lo reducido de la muestra de hospitales que se utiliza para calcular las tarifas de referencia. Aún no se han analizado suficientemente las opciones para reforzar la coordinación de la asistencia ambulatoria, mejorar la función de control de la derivación de pacientes por parte de los profesionales sanitarios y limitar el uso innecesario de los servicios ambulatorios.

               (7)

               El marco presupuestario de la República Checa se sitúa entre los menos sólidos de la Unión. En febrero de 2015, el Gobierno aprobó un paquete de reformas mediante el que aborda las principales deficiencias en este ámbito, pero que aún está pendiente de ratificación por el parlamento. Este paquete tiene por objeto transponer la Directiva 2011/85/UE del Consejo (4) sobre los marcos presupuestarios a la legislación nacional. La reforma propuesta prevé reforzar los límites de la partida de gastos y vincularlos directamente con el objetivo presupuestario a medio plazo. Con la reforma, el Gobierno tendría que aprobar un presupuesto que garantizara la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se establecería un consejo presupuestario independiente para controlar las finanzas públicas y aumentar la transparencia.

               (8)

               La inversión en la República Checa se mantiene por debajo de la media de la UE en términos per cápita y está muy concentrada en la región de la capital. Los obstáculos administrativos y reglamentarios siguen pesando sobre la eficiencia del entorno empresarial y suponen una barrera para la inversión. Existen cuellos de botella específicos en la ejecución de proyectos de infraestructuras de transporte y energía. Por otra parte, la absorción de los fondos de la UE durante el período de programación 2007-2013 fue lenta, debido sobre todo a la complejidad de los trámites, las deficiencias en los sistemas de gestión y control, las ineficiencias en los procedimientos de contratación pública y la escasa capacidad administrativa de los organismos que participan en la ejecución de los proyectos. Por lo que respecta a las infraestructuras de transporte, existen barreras administrativas a la inversión, tales como los largos procedimientos para la expedición de licencias de obras y los retrasos derivados de los procedimientos de reclamación ante la oficina antimonopolios. En cuanto a la eficiencia energética, los programas públicos para reducir la intensidad energética han sido fragmentarios y poco rentables. Hay indicios de que el ahorro de energía no está mejorando en consonancia con el plan nacional de acción para la eficiencia energética. En el ámbito de los servicios, se observan ciertas restricciones reglamentarias. Este es el caso, en particular, de algunos sectores de servicios profesionales, en los que los obstáculos a la entrada y el ejercicio parecen superiores a la media de la UE. La baja utilización de servicios públicos en línea de calidad obstaculiza también el entorno empresarial y es un reflejo de la deficiente oferta. Los servicios de administración electrónica no aprovechan al máximo las posibilidades tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario, y su nivel de sofisticación es uno de los más bajos de la Unión. Los datos disponibles apuntan a un índice relativamente elevado de evasión fiscal en la República Checa. La solución de este problema, especialmente en materia de IVA, ocupa un lugar destacado en la agenda política. Por otra parte, no se han previsto medidas para reducir los costes relativamente elevados asociados al pago de impuestos o para simplificar el sistema tributario. Las autoridades fiscales ofrecen unos servicios de presentación previa muy restringidos. Los contribuyentes hacen un uso muy limitado de los sistemas electrónicos de declaración de impuestos, si bien se han hecho ciertos avances en materia de IVA. Además, los costes de la recaudación de impuestos son relativamente elevados, según los últimos informes internacionales. Las elevadas cotizaciones sociales del empresario contribuyen a un nivel general alto de los impuestos sobre el trabajo, mientras que la diversificación en otros ámbitos, tales como los impuestos sobre la propiedad, es limitada.

               (9)

               Diversos indicadores apuntan a deficiencias importantes en la administración pública. Se han hecho algunos avances en la adopción de las medidas legislativas y no legislativas del plan de lucha contra la corrupción de 2015. La Ley sobre el registro de los contratos fue aprobada por el parlamento en noviembre de 2015. Su aplicación temprana y su posterior desarrollo mejorarían la transparencia y la rentabilidad de las licitaciones públicas. Sin embargo, algunas de las principales disposiciones de lucha contra la corrupción, tales como la modificación de la Ley sobre los conflictos de intereses y una nueva ley sobre la financiación de los partidos políticos, siguen pendientes. Algunas de las medidas que ya se han adoptado resultan de difícil ejecución y su repercusión es limitada, mientras que varias medidas previstas se posponen continuamente al siguiente plan de acción. Pese a que se han realizado esfuerzos por corregir sus deficiencias, hay margen para seguir avanzando en el funcionamiento del sistema de contratación pública checo por lo que respecta a la competencia y, por consiguiente, a la relación calidad-precio. Esto se debe, en parte, a la falta de formación adecuada de los responsables de las contrataciones y al insuficiente énfasis en los criterios de calidad a la hora de adjudicar los contratos. El sector público depende en gran medida de procedimientos no competitivos, con una capacidad limitada para atraer a licitadores, mientras que la contratación agregada es rara. No obstante, se espera que la aplicación de las directivas sobre la modernización de los procedimientos de contratación pública, recientemente transpuestas, sea una oportunidad para introducir un enfoque estratégico y basado en datos contrastados en las políticas de contratación pública, en términos de profesionalización, de agregación de las adquisiciones públicas, de una mayor atención a los criterios de calidad y de integridad de los responsables de las contrataciones.

               (10)

               Ha habido un aumento significativo en la inversión en I+D durante los últimos años, pero los resultados siguen siendo escasos y se cuestiona la sostenibilidad de la infraestructura de I+D. El sistema checo de investigación ha comenzado a aplicar una serie de reformas de la gobernanza primordiales pero largamente postergadas, especialmente sobre evaluación y financiación. El actual mecanismo de financiación está fragmentado, la coordinación entre los órganos competentes es insuficiente y la división de las responsabilidades y las prioridades resulta confusa. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo un marco de evaluación global para I+D que incumbe también a la financiación, pero los avances son lentos. No se han hecho muchos esfuerzos para mejorar los vínculos entre el mundo académico y la comunidad empresarial. Estos vínculos se ven debilitados por un marco de evaluación para las instituciones públicas de investigación que no tiene en cuenta el grado de cooperación con las empresas.

               (11)

               La reforma de la educación superior fue aprobada por el parlamento en enero de 2016. La capacidad de atracción de las profesiones docentes sigue siendo un reto, entre otras cosas, debido a la remuneración relativamente baja, mientras que, al mismo tiempo, el profesorado envejece. Se está elaborando un nuevo sistema de carreras para los profesores y el personal pedagógico con el objetivo de aumentar el atractivo de la profesión, pero su aplicación se ha pospuesto. Los resultados educativos son generalmente buenos, pero se ven muy influidos por la situación socioeconómica de los estudiantes. Los malos resultados educativos de los grupos desfavorecidos, en particular de la comunidad romaní, son un asunto claramente preocupante. Se calcula que una cantidad muy importante de niños romaníes abandonan prematuramente los estudios. Muchos niños romaníes reciben educación fuera de los centros educativos ordinarios y, como consecuencia de ello, siguen un modelo de enseñanza inferior al del resto de la población. Los cursos de formación del profesorado destinados a ayudarles a hacer frente a este problema están poco desarrollados, y el número de profesores que participan en actividades de desarrollo profesional relacionadas con la enseñanza a grupos mixtos y con la educación inclusiva es escaso. Se ha adoptado y ha empezado a aplicarse un número importante de medidas legislativas y administrativas dirigidas a la educación inclusiva. Se espera que contribuyan a reducir las diferencias en el grado de instrucción y los resultados escolares que existen entre los niños romaníes y los no romaníes. El parlamento adoptó una serie de enmiendas a la Ley de Educación en marzo de 2016, por las que se amplía la educación obligatoria hasta el último año de la educación preescolar y se garantiza que los niños pequeños tengan derecho a plaza en las escuelas infantiles. No obstante, las desigualdades del sistema educativo constituyen un obstáculo a la mejora de la calidad del capital humano y también obstaculizan los resultados del mercado laboral en las etapas posteriores de la vida.

               (12)

               La situación del mercado de trabajo de la República Checa ha mejorado, pero los futuros aumentos de la tasa de empleo dependerán de una mayor participación de los grupos infrarrepresentados. Entre ellos se encuentran las madres con niños pequeños, los trabajadores con escasa cualificación y los miembros de la comunidad romaní. La proximidad de los servicios públicos de empleo, sumada a políticas activas del mercado de trabajo y servicios individualizados adecuados y bien orientados, contribuirían a incrementar la participación de los grupos vulnerables. La participación en el mercado de trabajo de las mujeres con niños pequeños se ve obstaculizada por la persistente falta de servicios de cuidado de niños asequibles y de calidad, en particular para los niños de hasta tres años, y por el escaso uso de las disposiciones sobre horario laboral flexible. En los últimos años se han venido adoptando algunas medidas para hacer frente a esta deficiencia, pero hay margen para realizar esfuerzos más importantes.

               (13)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de la República Checa y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a la República Checa en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de la República Checa, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (14)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y estima (5) que cabe esperar que la República Checa cumplirá el Pacto de estabilidad y crecimiento.

         RECOMIENDA a la República Checa que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               1.

               Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en vista de los futuros riesgos en el ámbito de la asistencia sanitaria. Adoptar legislación mediante la que se refuerce el marco presupuestario.

               2.

               Reducir las barreras reglamentarias y administrativas a la inversión, en particular en el transporte y la energía, y aumentar la oferta de servicios de administración electrónica. Adoptar las reformas de lucha contra la corrupción pendientes y mejorar las prácticas de contratación pública.

               3.

               Reforzar la gobernanza del sistema de I+D y facilitar los vínculos entre el mundo académico y las empresas. Potenciar el atractivo de la profesión docente y tomar medidas para aumentar la inclusión de los niños desfavorecidos, incluidos los romaníes, en los centros escolares y preescolares convencionales. Eliminar los obstáculos para una mayor participación en el mercado de trabajo de los grupos infrarrepresentados, en particular las mujeres.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. KAŽIMÍR

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).

      (5)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 30 de julio de 2004, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banca d'Italia (BCE/2004/17)

text:
               10.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 202/1

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

   de 30 de julio de 2004
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banca d'Italia
   (BCE/2004/17)
   (2004/C 202/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales del Eurosistema son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo de la Banca d'Italia ha expirado y no será renovado. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2004.

               (3)

               La Banca d'Italia ha seleccionado un nuevo auditor externo siguiendo las normas de contratación pública que le son aplicables, y el BCE considera que el auditor externo seleccionado cumple los requisitos necesarios.

               (4)

               El mandato del nuevo auditor externo será de tres años renovables.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda a PricewaterhouseCoopers SpA como auditor externo de la Banca d'Italia a partir del ejercicio de 2004 por tres años renovables.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 30 de julio de 2004.

            El presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET


Avis juridique important

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31983H0250

83/250/CEE: Recomendación del Consejo, de 24 de mayo de 1983, a los Estados miembros relativa al estímulo a las inversiones para la utilización de combustibles sólidos en la industria

Diario Oficial n° L 140 de 31/05/1983 p. 0025 - 0025 Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 4 p. 0096  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 4 p. 0096

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 24 de mayo de 1983 a los Estados miembros relativa al estímulo a las inversiones para la utilización de combustibles sólidos en la industria  (83/250/CEE) EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento europeo (2),  Visto el dictamen del Comité económico y social (3),  Vista la Comunicación de la Comisión relativa al papel del carbón en la estrategia energética de la Comunidad,  Considerando que la estrecha dependencia de la Comunidad respecto de sus importaciones de petróleo, con las incertidumbres en materia de abastecimiento y de precios que la caracterizan, pesa sobre la economía de la Comunidad;  Considerando que una mejora, incluso ligera, de la coyuntura en los países industrializados, si estuviera ligada a un incremento de la demanda de petróleo en el resto del mundo, podría acentuar aún más dichas dificultades;  Considerando que, a tal fin, la política de sustitución del petróleo debería facilitar el necesario proceso de adaptación de las estructuras; que dicho resultado sólo podrá alcanzarse mediante una política de utilización racional de la energía que  implique el incremento de la contribución de las energías de sustitución y, en particular, de los combustibles sólidos;  Considerando que sería deseable utilizar combustibles sólidos tanto en las nuevas instalaciones como en las instalaciones existentes;  Considerando que el sector de la industria - a excepción de la siderurgia y del sector energético, donde se ha iniciado la sustitución gracias a las medidas adoptadas - con sus necesidades de calor para los procesos industriales y la calefacción ofrece  un potencial particularmente importante para la sustitución del petróleo por los combustibles sólidos;  Considerando que, a pesar de la ventaja en materia de precios que presenta el combustible sólido con relación al fuel oil, el proceso de sustitución se ha iniciado muy lentamente; que los factores que entran en juego son, en particular, los siguientes:    - costes de inversión y gastos de financiación elevados,   - multitud de otros obstáculos a la inversión y, en particular, exigencias en materia de protección del medio ambiente, problemas de implantación, lentitud de los procedimientos de autorización, inseguridad de las expectativas económicas, en particular  en lo que se refiere a los precios respectivos del combustible sólido y del petróleo,   - falta de experiencia en la utilización de combustible sólido,   - carencia de la infraestructura que permita abastecer de combustible sólido a los consumidores,   - incertidumbre en lo que se refiere al futuro desarrollo de las técnicas de combustión de combustible sólido;  Considerando que la utilización de combustibles sólidos, inclusive los transportes y el tratamiento de residuos, debería desarrollarse de manera que tuviera en cuenta el medio ambiente;  Considerando que es conveniente que los Estados miembros adopten de forma concertada un conjunto coherente de medidas de estímulo a la inversión a fin de superar dichas dificultades y obstáculos,  RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:  1. que adopten todas las medidas compatibles con el medio ambiente que estimen adecuadas para favorecer, en las empresas de todas las ramas industriales, con excepción de la siderurgia y del sector energético, la conversión o la reconversión a  combustibles sólidos de las instalaciones de combustión existentes alimentadas por fuel oil, así como la construcción de nuevas instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos;  2. que comuniquen a la Comisión, al final de cada año, las medidas adoptadas en el ámbito relacionado con la presente Recomendación, a fin de que la Comisión pueda informar, cada año, al Consejo de forma adecuada. Hecho en Bruselas, el 24 de mayo de 1983. Por el Consejo El Presidente H. W. LAUTENSCHLAGER  (1) DO no C 105 de 26. 4. 1982, p. 1.(2) DO no C 149 de 14. 6. 1982, p. 134.(3) DO no C 205 de 9. 8. 1982, p. 3.