title: Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 21 de marzo de 2016, por la que se modifica la Recomendación JERS/2012/2 sobre la financiación de las entidades de crédito (JERS/2016/2)

text:
               21.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 140/1

         RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO
   de 21 de marzo de 2016
   por la que se modifica la Recomendación JERS/2012/2 sobre la financiación de las entidades de crédito
   (JERS/2016/2)
   (2016/C 140/01)
   LA JUNTA GENERA DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), en particular el artículo 3, apartado 2, letras b), d) y f), y los artículos 16 a 18,
   Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 15, apartado 3, letra e), y los artículos 18 a 20,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 20 de diciembre de 2012 la Junta General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) adoptó la Recomendación JERS/2012/2 (3), que pretende estimular a las entidades de crédito a dotarse de estructuras de financiación sostenibles.

               (2)

               A fin de lograr los objetivos de la Recomendación JERS/2012/2, se pide a las autoridades nacionales de supervisión (en lo sucesivo, las «ANS»), a las autoridades nacionales con funciones macroprudenciales, y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE), que tomen ciertas medidas en los plazos establecidos en la sección 2, apartado 3, de la Recomendación JERS/2012/2.

               (3)

               El 16 de septiembre de 2014 la Junta General decidió prorrogar algunos plazos entre seis y doce meses. Según el calendario revisado, la ABE debe presentar a la JERS un informe provisional, con una primera evaluación del resultado de la aplicación de la recomendación A(5) de la Recomendación JERS/2012/2, no más tarde del 31 de marzo de 2016. Asimismo, debe presentar a la JERS y al Consejo de la Unión Europea el informe final correspondiente no más tarde del 30 de junio de 2016. Estos informes deben basarse en los datos sobre los planes de financiación que las ANS hayan presentado a la ABE. No obstante, la ABE ha manifestado que, a causa de demoras en la presentación de los datos, no le será posible cumplir plenamente los plazos establecidos.

               (4)

               El objetivo general de la JERS es evitar o atenuar los riesgos sistémicos oportuna y eficazmente. La Junta General considera que, fusionar los informes provisional y final sobre la recomendación A(5) en un único informe de la ABE, y prorrogar otros 12 meses el plazo de su presentación a la JERS y al Consejo, no pondría en peligro el buen funcionamiento de los mercados financieros ni supondría dejar de aplicar la recomendación A(5).

               (5)

               Por lo tanto, la Junta General debe prorrogar el plazo correspondiente de manera que la ABE tenga tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias para aplicar la recomendación A(5).

               (6)

               Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2012/2.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   La Recomendación JERS/2012/2 se modifica como sigue:

               1.

               En la sección 2, apartado 3, el punto 1 se sustituye por el siguiente:

                           «1.

                              Recomendación A — Se pide a las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia de supervisión bancaria, a las autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades con funciones macroprudenciales y a la ABE que comuniquen la siguiente información no más tarde de las fechas indicadas:

                                       a)

                                       31 de diciembre de 2015: las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia de supervisión bancaria presentarán a la JERS un informe provisional con una primera evaluación del resultado de la aplicación de las recomendaciones A(1) y (2);

                                       b)

                                       31 de julio de 2016: las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia de supervisión bancaria presentarán a la JERS y al Consejo el informe final sobre las recomendaciones A(1) y (2);

                                       c)

                                       31 de diciembre de 2015: las autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades con funciones macroprudenciales presentarán a la JERS un informe provisional con una primera evaluación del resultado de la aplicación de la recomendación A(3);

                                       d)

                                       30 de septiembre de 2016: las autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades con funciones macroprudenciales presentarán a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación A(3);

                                       e)

                                       30 de junio de 2014: la ABE presentará a la JERS y al Consejo las directrices señaladas en la recomendación A(4);

                                       f)

                                       31 de marzo de 2017: la ABE presentará a la JERS y al Consejo un informe sobre la aplicación de la recomendación A(5).».

               2.

               En el anexo, el punto V.1.3.1 se sustituirá por el siguiente:
               «V.1.3.1.   Calendario

               Se pide a las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia de supervisión bancaria, a las autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades con funciones macroprudenciales y a la ABE que comuniquen a la JERS y al Consejo las medidas adoptadas en relación con esta recomendación, o que justifiquen adecuadamente su inacción, no más tarde de las fechas indicadas:

                           a)

                           31 de diciembre de 2015: las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia de supervisión bancaria presentarán a la JERS un informe provisional con una primera evaluación del resultado de la aplicación de las recomendaciones A(1) y (2);

                           b)

                           31 de julio de 2016: las autoridades nacionales de supervisión competentes en materia de supervisión bancaria presentarán a la JERS y al Consejo el informe final sobre las recomendaciones A(1) y (2);

                           c)

                           31 de diciembre de 2015: las autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades con funciones macroprudenciales presentarán a la JERS un informe provisional con una primera evaluación del resultado de la aplicación de la recomendación A(3);

                           d)

                           30 de septiembre de 2016: las autoridades nacionales de supervisión y otras autoridades con funciones macroprudenciales presentarán a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación A(3);

                           e)

                           30 de junio de 2014: la ABE presentará a la JERS y al Consejo las directrices señaladas en la recomendación A(4);

                           f)

                           31 de marzo de 2017: la ABE presentará a la JERS y al Consejo un informe sobre la aplicación de la recomendación A(5).».

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 21 de marzo de 2016.

            El presidente de la JERS

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

      (2)  DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

      (3)  Recomendación JERS/2012/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la financiación de las entidades de crédito (DO C 119 de 25.4.2013, p. 1).


title: Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, relativa a la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (undécimo FED) para el ejercicio 2015

text:
               23.2.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 58/4

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 21 de febrero de 2017
   relativa a la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (undécimo FED) para el ejercicio 2015
   (2017/C 58/04)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1) modificado por última vez,
   Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE (2) (denominado en lo sucesivo, «Acuerdo interno»), por el que se crea, entre otros, el undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (undécimo FED), y en particular su artículo 11, apartado 7,
   Visto el Reglamento (UE) 2015/232 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (3), y en particular sus artículos 43 a 45,
   Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes a las operaciones del undécimo FED, aprobados al 31 de diciembre de 2015, y el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2015, junto con las respuestas de la Comisión (4) incluidas en el mencionado Informe anual,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 11, apartado 7, del Acuerdo interno, la aprobación de la gestión financiera del undécimo FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

               (2)

               La ejecución, en su conjunto, por la Comisión de las operaciones del undécimo FED durante el ejercicio 2015 ha sido satisfactoria.

         RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecución por la Comisión de las operaciones del undécimo FED para el ejercicio 2015.

      Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         E. SCICLUNA

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 210 de 6.8.2013, p. 1.

      (3)  DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.

      (4)  DO C 375 de 13.10.2016, p. 287.


title: Recomendación con vistas a una recomendación del Consejo relativa a la activación del mecanismo de alerta rápida con relación a Francia a fin de prevenir un déficit excesivo

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title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Portugal

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/94

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Portugal
   (2015/C 272/25)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas. La estrategia se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3). Estas forman, juntas, las «directrices integradas» que se ha pedido a los Estados miembros tengan en cuenta en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Portugal y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado de 2014 de Portugal. El 28 de noviembre de 2014, conforme al Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia para 2015.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para fomentar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Portugal. En él se evaluaron los avances realizados por Portugal de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014. El informe específico también incluye los resultados de un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. En su análisis, la Comisión concluye que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos que requieren medidas decisivas y un seguimiento específico. Es cierto que el programa de ajuste ha permitido realizar considerables progresos en lo que respecta tanto al ajuste como a las políticas económicas. Pese al esfuerzo de desapalancamiento observado en los hogares y en los sectores empresariales no financieros, persisten importantes riesgos derivados de los altos niveles de endeudamiento interno y externo en diversos sectores, que merecen una atención particular. Existen también fuertes presiones relacionadas con el desapalancamiento en una coyuntura de escaso crecimiento, baja inflación y elevado desempleo.

               (7)

               El 28 de abril de 2015, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015 y su Programa de Estabilidad de 2015. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               Portugal se halla actualmente sujeto al componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno se propone corregir el déficit excesivo en 2015, dentro del plazo fijado por el Consejo. Su objetivo es reducir el déficit global a un 2,7 % del PIB en 2015, para seguir disminuyéndolo gradualmente a un 0,6 % del PIB en 2018. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, el Gobierno proyecta alcanzar en 2016 el objetivo a medio plazo, a saber, un déficit estructural del 0,5 % del PIB. Se espera que la ratio de deuda pública/PIB disminuya a 124,2 % en 2015 y a aproximadamente 112,1 % en 2018. El escenario macroeconómico que sustenta estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2015 y 2016, pero más bien optimista para 2017 y 2018, años respecto de los que el Consejo de Finanzas Públicas Portugués también ha detectado algunos riesgos. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, aún no se ha asegurado una corrección duradera del déficit excesivo en los plazos fijados, es decir, en 2015, pero no se trata de un objetivo inalcanzable. Al mismo tiempo, el esfuerzo presupuestario es inferior al recomendado por el Consejo. De corregirse ese déficit, Portugal quedaría sujeto al componente preventivo del Pacto a partir de 2016. Las medidas de equilibrio del saldo con las que se pretende contribuir a conseguir los objetivos de déficit previstos a partir de 2016 no se han especificado lo suficiente y su alcance parece demasiado limitado. Por lo tanto, parece existir un riesgo de desviación considerable respecto del ajuste necesario para el objetivo a medio plazo en 2016, lo que exigirá nuevas medidas estructurales. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo opina que existe un riesgo de que Portugal no cumpla las previsiones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

               (9)

               El saneamiento presupuestario debe apuntalarse en un aumento de la eficiencia y la calidad del gasto público en todos los niveles de la administración pública y en nuevas reformas del sistema de gestión de los fondos públicos. Concretamente, es preciso adoptar nuevas medidas que aseguren un estricto control de los gastos, aplicando efectivamente la Ley de control de los compromisos y reforzando las obligaciones de rendir cuentas. La Ley de escala salarial única se promulgó en septiembre de 2014 y se viene aplicando desde enero de 2015. El proceso de restructuración de las empresas estatales no ha concluido aún. Los progresos en el desarrollo de nuevas medidas exhaustivas inscritas en la reforma del sistema de pensiones en curso, a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional de agosto de 2014, han sido limitados. En los últimos dos años, Portugal ha acometido una reforma general de su sistema tributario, que ha afectado al impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y los impuestos medioambientales, y cuyo impacto global debe evaluarse. El impacto global de esta reforma debe evaluarse. Queda aún un amplio margen de reforma para modernizar la administración tributaria y seguir aumentando el cumplimiento tributario.

               (10)

               El sistema de negociación colectiva ha sido recientemente objeto de varias reformas, aunque no todas ellas fomentan la alineación de los salarios con la productividad a escala sectorial y empresarial. El desafío a que se enfrenta el sistema es permitir que las empresas se adapten a situaciones específicas. Esto incluye un uso efectivo de las disposiciones existentes para acogerse, en determinadas circunstancias, a excepciones respecto de los acuerdos colectivos sectoriales A pesar de la congelación impuesta en años recientes, el salario mínimo ha aumentado considerablemente más deprisa que el salario medio en términos nominales desde 2008 y la proporción de trabajadores cubiertos por el salario mínimo aumentó de un 5 % en 2005 a un 12,9 % en 2014.

               (11)

               Se han realizado importantes progresos en el despliegue de políticas activas del mercado de trabajo y en la reforma de los servicios públicos de empleo. No obstante, persisten desafíos en cuanto a las medidas destinadas a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es necesario aumentar la digitalización de los servicios de adecuación de la oferta y la demanda de trabajo; otro reto clave es asegurar una cobertura adecuada de la asistencia social, en particular el régimen de renta mínima. Se han registrado algunos progresos en el aumento de la calidad de la enseñanza y su adecuación al mercado de trabajo. Portugal ha reformado los currículos y los estatutos de los profesores para mejorar la calidad de la educación. El uso de la herramienta de supervisión y la diversificación de las distintas ramas, con nuevos programas de enseñanza y formación profesionales, debería contribuir a resolver el problema del abandono escolar prematuro y a mejorar los resultados. Las recientes reformas tienen por objeto modernizar el sistema de enseñanza y formación profesional, pero sigue pendiente la tarea de aumentar su atractivo para los estudiantes. El fomento de los intercambios de conocimientos entre centros de educación superior, empresas-privadas e institutos de investigación es otro reto.

               (12)

               El alto nivel de endeudamiento de las empresas portuguesas sigue lastrando su rendimiento e impidiendo nuevas inversiones; el endeudamiento de los hogares se ha reducido notablemente. A raíz del ejercicio de evaluación exhaustiva, el Banco Central intensificó su labor de vigilancia de la liquidez y posición de capital de los bancos y analizó sus planes de recuperación. La ratio de préstamos fallidos a empresas sigue siendo elevada (superior a un 18 %) y supone una carga para los balances de los bancos. La reforma del impuesto de sociedades acometida en 2014 refuerza los límites de deducibilidad de los gastos financieros netos, pero el importante sesgo a favor de los recursos ajenos en la tributación de las empresas merecería una mayor atención. Los procesos/plataformas de reestructuración de empresas PER y SIREVE están siendo rediseñados, con mayor énfasis en las medidas dirigidas a permitir que las empresas viables se mantengan en activo y no entren en liquidación. Las cifras de desapalancamiento para 2014 muestran considerables progresos en la aplicación de medidas de reducción del exceso de endeudamiento empresarial. El plan estratégico de reducción de la deuda empresarial, publicado en mayo de 2014, se va plasmando gradualmente en la legislación a través de disposiciones varias. Se están registrando asimismo progresos en la ampliación de alternativas de financiación a disposición de las empresas no financieras mediante el fomento de inversiones en capital. El Instituto Financiero de Desarrollo, creado oficialmente en septiembre de 2014, se propone corregir los fallos del mercado que entorpecen el acceso de las pymes a los fondos.

               (13)

               Hay cierto margen para reforzar las medidas dirigidas a aumentar la eficiencia y la calidad del sistema de justicia, especialmente en lo que respecta a la evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales y el uso de herramientas en línea, y a la realización de encuestas entre los usuarios de los tribunales y los profesionales del Derecho. Según el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2015, los procesos civiles y mercantiles siguen siendo muy dilatados (386 días). El número de casos pendientes de ejecución ha seguido disminuyendo ligeramente, pero los plazos de tramitación siguen siendo largos (1 045 días en 2014). Las reformas de las jurisdicciones tributaria y administrativa avanzan a un ritmo inferior al de otras reformas judiciales. El aumento de casos de insolvencia ha subrayado la necesidad de reforzar los recursos e intensificar las actividades de formación de los tribunales de primera-instancia de estos órdenes. La liquidez de las empresas sigue perjudicada por las largas demoras en los pagos, especialmente por parte del sector público. No se han adoptado nuevas medidas ni contraído nuevos compromisos para hacer frente a este problema. La transparencia es insuficiente en las asociaciones público-privadas en las administraciones local y regional y en el ámbito de las concesiones, a todos los niveles. La prevención de la corrupción se ve entorpecida por la aplicación ineficaz del marco legal vigente, cuyas disposiciones de seguimiento, ejecución y aplicación de sanciones reclaman mejoras.

               (14)

               El nuevo organismo regulador del transporte no ha entrado aún en fase operativa. Las medidas de liberalización de las concesiones portuarias, las redes de ferrocarriles y el transporte público metropolitano son lentas y, por lo tanto, no consiguen estimular la inversión. Se han observado progresos limitados en la ejecución del plan de transporte a largo-plazo y del calendario de reforma del sector portuario. Se han registrado demoras en relación con las concesiones de transporte para las zonas metropolitanas de Lisboa y Oporto. Además, los progresos en las renegociaciones de las concesiones en el sector portuario y en el sector ferroviario han sido limitados. Sigue en curso la fusión de los operadores ferroviarios (REFER) y viarios (EP), destinada a aumentar la sostenibilidad financiera del nuevo organismo de infraestructura de ambos modos de transporte. Se han reducido las plantillas de las empresas de transporte estatales.

               (15)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (16)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su dictamen (6) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (7). Portugal, como país cuya moneda es el euro, debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos.

         RECOMIENDA que Portugal tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.

               Asegurar, mediante las medidas necesarias, una corrección duradera del déficit excesivo en 2015. Conseguir un ajuste presupuestario del 0,6 % del PIB hacia el objetivo a medio plazo en 2016. Utilizar las ganancias imprevistas para acelerar la reducción del déficit y de la deuda. Proceder a la ejecución de la Ley de control de compromisos para controlar mejor el gasto. Mejorar la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones. Salvaguardar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales. Seguir aumentando el cumplimiento tributario y la eficiencia de la administración tributaria.

               2.

               Propiciar la alineación de los salarios con la productividad, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, teniendo en cuenta las diferencias en las capacidades y en las condiciones de los mercados laborales locales, así como las divergencias de los resultados económicos entre regiones, sectores y empresas. Asegurar que la evolución del salario mínimo sea compatible con los objetivos de fomento del empleo y la competitividad.

               3.

               Aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo público, aumentando en particular su capacidad de acceso a los jóvenes no inscritos como demandantes de empleo. Asegurar una activación efectiva de los beneficiarios de las prestaciones, así como una cobertura adecuada de la asistencia social, en particular del régimen de renta mínima.

               4.

               Adoptar medidas adicionales para reducir el exceso de endeudamiento de las empresas, la ratio de préstamos-fallidos a empresas en los bancos y el sesgo a favor de los recursos ajenos en la tributación de las empresas. Aumentar la eficiencia de las herramientas de restructuración de la deuda para las empresas viables, introduciendo incentivos para que los bancos y los deudores inicien los procesos de reestructuración en una fase temprana.

               5.

               Acelerar los trámites y aumentar la transparencia de las concesiones —en el sector de transporte, entre otros— y de las asociaciones público-privadas a nivel local y regional.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenidas por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (4)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2014 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Portugal de 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 102).

      (5)  Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (7)  DO C 272 de 18.8.2015, p. 98.


title: Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Lituania y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Lituania

text:
               18.8.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 272/70

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 14 de julio de 2015
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de Lituania y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de Lituania
   (2015/C 272/18)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 14 de julio de 2015, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2). Estas forman, juntas, las «directrices integradas» que se ha pedido a los Estados miembros tengan en cuenta en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 8 de julio de 2014, el Consejo adoptó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Lituania y emitió su Dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de 2014 de Lituania.

               (4)

               El 28 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2015 para la coordinación de las políticas económicas. Ese mismo día, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (5)

               El 18 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para fomentar la inversión, intensificar las reformas estructurales y proseguir un saneamiento presupuestario responsable que propicie el crecimiento.

               (6)

               El 26 de febrero de 2015, la Comisión publicó su informe específico de 2015 sobre Lituania. En él se evaluaron los avances realizados por Lituania de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas el 8 de julio de 2014.

               (7)

               El 13 de abril de 2015, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2015, y el 30 de abril de 2015, su Programa de Estabilidad de 2015. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               Lituania está actualmente sometida al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad para 2015, Lituania ha solicitado que se le aplique la cláusula relativa a la reforma de las pensiones, cuyos costes presupuestarios estima ascenderían en 2016 a un 0,1 % del PIB. A reserva de que Eurostat confirme que la reforma del sistema de pensiones cumple las condiciones necesarias, y teniendo en cuenta que se mantiene un margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del déficit, el Consejo opina que Lituania podría acogerse en 2016 a la desviación temporal solicitada respecto de la senda de ajuste al objetivo a medio plazo. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé alcanzar un déficit global del 1,2 % del PIB en 2015 y reconducirlo a un superávit del 0,7 % del PIB para 2018. El Gobierno se propone además cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 1 % del PIB) a lo largo de todo el período de programación. Conforme al Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su nivel máximo, un 42,2 %, en 2015, para disminuir a un 32,9 % en 2018. El escenario macroeconómico en el que se sustentan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas encaminadas a la consecución de los objetivos de déficit previstos a partir de 2016 no se han especificado suficientemente. Las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión ponen de manifiesto un riesgo de desviación respecto de la senda de ajuste necesaria hacia el objetivo a medio plazo en 2015 debido al aumento del gasto neto en un 0,3 % del PIB por encima del nivel de referencia. Para 2015-2016, tanto el saldo estructural como el aumento del gasto se desvían significativamente de la senda de ajuste marcada, lo que indica un riesgo de desviación considerable en 2016. Por lo tanto, se necesitarán nuevas medidas en ambos años. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo opina que existe un riesgo de que Lituania no cumpla lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Además, a pesar de los avances registrados recientemente, el marco presupuestario actual debería ser objeto de nuevas mejoras que refuercen su carácter vinculante y aseguren su plena concordancia con las disposiciones presupuestarias de la UE. La recaudación tributaria de Lituania depende ampliamente de los impuestos sobre el trabajo e indirectos, permaneciendo los ingresos derivados de los impuestos medioambientales y sobre el patrimonio en niveles muy escasos. Lituania sigue teniendo un desafío pendiente en lo que al cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente las relativas al IVA, se refiere.

               (9)

               Lituania está experimentando una importante disminución de la población en edad laboral, situación a la que contribuyen factores demográficos, la migración y el deficiente funcionamiento del sistema sanitario. La persistencia de la baja participación en actividades de aprendizaje permanente no propicia el refuerzo del capital humano, el aumento de la empleabilidad o el incremento de la productividad. Los centros de enseñanza presentan índices superiores a la media de alumnos con rendimiento insatisfactorio en aptitudes básicas, dato que pone de manifiesto la necesidad de modernizar los programas de magisterio y de fomentar el desarrollo profesional permanente. La oferta de enseñanza y formación no siempre se corresponde con la demanda del mercado de trabajo. La proporción de alumnos de secundaria matriculados en programas de enseñanza y formación profesional es muy baja. Lituania está tomando medidas para mejorar y ampliar la oferta de actividades de aprendizaje y de formación en el medio laboral, pero la cantidad y la calidad de esos programas siguen siendo insuficientes. El número de camas de hospital per cápita sigue siendo elevado en comparación con el del resto de la Unión, lo que puede ser un indicio de desequilibrios en la prestación de asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, la inversión pública total en el sector sanitario sigue siendo baja. La elevada frecuencia con que se alude al pago informal por los servicios sanitarios, unida a las sospechas de corrupción en los procedimientos de contratación pública para el suministro de productos médicos, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión del sistema sanitario.

               (10)

               Las medidas de reforma introducidas en el régimen de pensiones no bastan para resolver la cuestión de la sostenibilidad a medio plazo del sistema. La edad de jubilación obligatoria está siendo objeto de un aumento progresivo a lo largo de un período que concluirá en 2026, pero el sistema de pensiones no tiene en cuenta los indicadores de esperanza de vida. Además, las normas de indexación de las pensiones son poco claras. La escasa participación en los planes de ahorro y pensiones voluntarios y la inexistencia de planes de pensiones de empresa ponen en riesgo la suficiencia futura de las pensiones. El Gobierno se propone implantar una reforma general del sistema de pensiones en el contexto más amplio del «nuevo modelo social»; no obstante, esa estrategia está aún por ultimar y por adoptar previa consulta a los interlocutores sociales. Lituania ha introducido medidas de ayuda financiera para las personas de edad avanzada e incentivos financieros para la contratación de trabajadores de más edad. Con todo, sigue echándose en falta una estrategia activa general para hacer frente al envejecimiento de la población.

               (11)

               Más del 30 % de la población de Lituania está en riesgo de pobreza o exclusión social. La reforma de las prestaciones sociales en metálico, combinada con los efectos del repunte de la situación económica, ha desembocado en una considerable disminución del gasto en asistencia social y de su número de beneficiarios. Siguen siendo, no obstante, limitadas las medidas activas de empleo y otros servicios de apoyo a los beneficiarios.

               (12)

               Lituania ha registrado importantes progresos en la reforma de las empresas estatales y ha promulgado leyes destinadas a asegurar el efecto duradero de esas reformas. El Gobierno ha culminado además la separación de las actividades comerciales de las no comerciales, que se publican ahora en los informes anuales. Las empresas estatales restantes tienen de plazo hasta el final de septiembre de 2015 para nombrar miembros independientes en sus consejos de administración.

               (13)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe específico de 2015. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

               (14)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad y su Dictamen (5) se refleja, particularmente, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (15)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro. Sobre esta base, el Consejo ha formulado recomendaciones específicas destinadas a los Estados miembros cuya moneda es el euro (6). Lituania, en tanto que país cuya moneda es el euro, también debe garantizar la aplicación plena y oportuna de estas recomendaciones.

         RECOMIENDA QUE Lituania tome medidas en 2015 y 2016 a fin de:

               1.

               Evitar toda desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en 2015 y asegurarse de que la desviación que se registre en 2016 se mantenga dentro del margen permitido para la reforma sistémica de las pensiones. Ampliar la base impositiva y aumentar el cumplimiento tributario.

               2.

               Hacer frente al problema de la disminución de la población en edad laboral, afinando la adecuación al mercado de trabajo de la educación, aumentando la adquisición de aptitudes básicas y mejorando el funcionamiento del sistema de asistencia sanitaria; reducir la elevada cuña fiscal para los trabajadores con ingresos más bajos, desplazando la carga fiscal a otras fuentes, con efectos menos perjudiciales para el crecimiento.

               3.

               Adoptar una reforma global del sistema de pensiones que resuelva también la cuestión conseguir la suficiencia de las pensiones. Aumentar la cobertura y la suficiencia de las prestaciones por desempleo y las ayudas sociales en metálico y mejorar la empleabilidad de los solicitantes de empleo.

      Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. GRAMEGNA

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenidas por la Decisión 2014/322/UE del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (3)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Lituania para 2014 (DO C 247 de 29.7.2014, p. 67).

      (4)  Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (5)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (6)  DO C 272 de 18.8.2015, p. 98.


title: Recomendación de la Comisión, de 11 de octubre de 2007 , sobre la red electrónica de mecanismos oficialmente designados para el almacenamiento central de la información regulada a que se refiere la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2007) 4607] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               12.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 267/16

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 11 de octubre de 2007
   sobre la red electrónica de mecanismos oficialmente designados para el almacenamiento central de la información regulada a que se refiere la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
   [notificada con el número C(2007) 4607]
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2007/657/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211, segundo guión,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (1), exige que el acceso de los inversores a la información sobre los emisores esté más organizado a escala comunitaria, con el fin de promover activamente la integración de los mercados europeos de capitales.

               (2)

               La Directiva 2004/109/CE impone a las autoridades competentes de los Estados miembros la obligación de elaborar directrices dirigidas a facilitar el acceso del público a la información que debe divulgarse de conformidad con las Directivas 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003 (2), 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 (3), y la propia Directiva 2004/109/CE, y crear una red electrónica única (en lo sucesivo, «la red electrónica») o una plataforma de redes electrónicas que se extienda a todos los Estados miembros y conecte los diferentes mecanismos designados a escala nacional para el almacenamiento de esa información (en lo sucesivo, «los mecanismos de almacenamiento»).

               (3)

               El 30 de junio de 2006, en el marco del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV), creado mediante la Decisión 2001/527/CE de la Comisión (4), las autoridades competentes de los Estados miembros aprobaron un dictamen dirigido a la Comisión y en el que manifestaban preferir una red electrónica básica que conecte los mecanismos de almacenamiento. El acceso a esta red podría realizarse a través de una interfaz común que contuviera una lista de todas las sociedades admitidas a cotización en los mercados regulados de la Comunidad y que reenviara al usuario hacia la página del pertinente mecanismo de almacenamiento. De este modo, la información permanecería almacenada a escala nacional y no sería necesario implantar una infraestructura común que reprodujera toda la información almacenada a escala nacional, que originaría excesivos costes adicionales.

               (4)

               Resulta oportuno, en el estadio actual, prever una serie de normas de aplicación voluntaria que doten a los mecanismos de almacenamiento de la flexibilidad necesaria para adaptarse al funcionamiento de la red electrónica.

               (5)

               Es conveniente que los mecanismos de almacenamiento puedan interconectarse electrónicamente, de modo que los inversores y terceros interesados puedan obtener fácilmente información financiera sobre las sociedades admitidas a cotización en los mercados regulados de la Comunidad. A fin de que la red electrónica pueda implantarse rápidamente, esta debe fundamentarse en condiciones básicas, como las propuestas por las autoridades competentes de los Estados miembros. Una red básica debe también permitir ofrecer servicios de valor añadido a los inversores.

               (6)

               Con el propósito de facilitar el acceso de los inversores a información financiera sobre las sociedades admitidas a cotización en mercados regulados, procede alentar a que los mecanismos de almacenamiento, siempre que sea posible, incorporen información financiera conexa divulgada por los emisores en virtud de otros actos comunitarios o nacionales.

               (7)

               De cara a la implantación eficaz de la red electrónica, debe alentarse a las autoridades competentes de los Estados miembros a que, en el marco del CERV y en estrecha asociación con los mecanismos de almacenamiento, elaboren un acuerdo de gobierno de la red electrónica que recoja las condiciones esenciales para su creación, funcionamiento y financiación, y prevea, en particular, la designación de un órgano responsable de la gestión corriente de la red.

               (8)

               Es importante que los mecanismos de almacenamiento puedan decidir libremente su política de precios, de modo que se garantice su viabilidad económica. Al mismo tiempo, no deben discriminar en su política de precios entre los usuarios de la red electrónica y los usuarios que tengan acceso al mecanismo de almacenamiento a escala nacional.

               (9)

               En aras del adecuado funcionamiento de la red electrónica, y a fin de garantizar que su usuarios disfruten de servicios equiparables en toda la Comunidad, son necesarias normas mínimas de calidad aplicables al almacenamiento de la información regulada a escala nacional. Es importante que los mecanismos ofrezcan garantías suficientes de seguridad con respecto a la comunicación, el almacenamiento y el acceso a la información. Asimismo, es importante implantar sistemas que ofrezcan garantías sobre la fuente y el contenido de la información presentada a los mecanismos de almacenamiento. A fin de facilitar el registro electrónico automático, con indicación de fecha y hora, y el ulterior tratamiento de la información, los mecanismos de almacenamiento deben estudiar la posibilidad de imponer el uso de formatos y plantillas apropiados. Además, para facilitar el acceso de los usuarios finales a la información almacenada, deben ofrecerse herramientas adecuadas de búsqueda, así como asistencia de servicio. A efectos de la coherencia del sistema, las normas deben ser, siempre que sea posible, idénticas para los mecanismos de almacenamiento adheridos a la red y para los órganos designados para efectuar la gestión corriente de la plataforma de red.

               (10)

               Es necesario adoptar un enfoque gradual, a fin de garantizar que la red electrónica de mecanismos de almacenamiento responda a largo plazo a las expectativas de los emisores y los inversores, contemplando, en particular, la posibilidad de implantar una ventanilla única virtual de acceso a la información divulgada por las sociedades admitidas a cotización en mercados regulados. Resulta, pues, oportuno prever el estudio de posibles soluciones que mejoren esta red en el futuro. Al objeto de mantener la coherencia con el establecimiento inicial de la red, el estudio deben realizarlo las autoridades competentes de los Estados miembros en el marco del CERV. Los trabajos al respecto deben incluir, al menos, el examen de la posibilidad de conectar esta red electrónica con la red electrónica que desarrollan los registros de sociedades nacionales a que se refiere la primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (5).

               (11)

               A efectos de que la Comisión pueda seguir de cerca la situación y valorar la necesidad de adoptar medidas adicionales, inclusive la posibilidad de adoptar medidas de ejecución, conforme al artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE, debe alentarse a los Estados miembros a que proporcionen a la Comisión la información pertinente.

         RECOMIENDA:
   CAPÍTULO I
   OBJETO

               1.

               El objetivo de la presente Recomendación es alentar a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para la interconexión efectiva de los mecanismos oficialmente designados para el almacenamiento central de la información regulada, previstos en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE (en lo sucesivo, «los mecanismos de almacenamiento»), dentro de una red electrónica única de alcance comunitario, conforme al artículo 22, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la citada Directiva (en lo sucesivo, «la red electrónica»).

         CAPÍTULO II
   LA RED ELECTRÓNICA
   2.   Acuerdo de gobierno de la red electrónica

               2.1.

               Los Estados miembros deben facilitar la creación y el desarrollo de la red electrónica en su fase inicial, instruyendo, a tal fin, a las autoridades competentes a que se refiere el artículo 24 de la Directiva 2004/109/CE para que elaboren, en el marco del Comité Europeo de Responsables de Reglamentación de Valores (CERV), creado mediante la Decisión 2001/527/CE, un acuerdo sobre gobierno de la red electrónica (en lo sucesivo, «el acuerdo de gobierno»). La elaboración de ese acuerdo debe hacerse en estrecha asociación con los mecanismos de almacenamiento.
               Los Estados miembros deben designar a una entidad facultada para celebrar dicho acuerdo. Para ello, deben atender a las respectivas competencias de los mecanismos de almacenamiento, las autoridades competentes u otras entidades pertinentes.

               2.2.

               El acuerdo de gobierno debe abordar al menos los siguientes aspectos:

                           a)

                           la creación de una plataforma de red;

                           b)

                           las condiciones de adhesión a la red electrónica;

                           c)

                           las consecuencias de incumplir las condiciones de adhesión y cómo garantizar su cumplimiento;

                           d)

                           la designación de un órgano que se ocupe de la gestión corriente de la plataforma de red y las principales condiciones aplicables a dicha gestión;

                           e)

                           el procedimiento para decidir sobre las mejoras de la red electrónica, en el que ha de tenerse en cuenta, en su caso, la opinión de los interesados, incluidos los usuarios finales;

                           f)

                           las condiciones de financiación;

                           g)

                           el sistema de resolución de litigios;

                           h)

                           el procedimiento de modificación del propio acuerdo.

               2.3.

               Los Estados miembros deben adoptar las medidas apropiadas para garantizar que los mecanismos de almacenamiento satisfagan lo previsto en el acuerdo de gobierno.

         3.   Condiciones sobre la interoperatividad técnica de la red electrónica
   La red electrónica, creada conforme al acuerdo de gobierno, debe ofrecer, al menos, las siguientes funcionalidades:

               a)

               un servidor de aplicaciones central y una base de datos central que contenga una lista de todos los emisores con una interfaz común y permita, en relación con cada emisor, conectar al usuario final con el mecanismo de almacenamiento que mantenga la información regulada correspondiente a ese emisor;

               b)

               un punto de acceso único para los usuarios finales, ya sea centralizado o a través de cada mecanismo de almacenamiento individual;

               c)

               un repertorio de lenguas de interfaz a disposición de los usuarios finales en el punto de acceso único, en el que consten las lenguas de comunicación aceptadas a escala nacional por los mecanismos de almacenamiento adheridos a la red electrónica;

               d)

               acceso a todos los documentos de que dispongan los mecanismos de almacenamiento nacionales adheridos a la red electrónica, incluida, en su caso, la información divulgada por los emisores de conformidad con la Directiva 2003/06/CE, la Directiva 2003/71/CE y otros actos comunitarios o de Derecho nacional;

               e)

               la posibilidad de utilizar posteriormente los datos obtenidos a través de la red electrónica, siempre que sea factible.

         4.   Tarifas de acceso a la información contenida en la red electrónica

               4.1.

               Los mecanismos de almacenamiento deben poder fijar libremente su política de precios. No obstante, en su política de fijación de precios no deben discriminar entre los usuarios finales que obtengan la información directamente a través de sus respectivos puntos de acceso nacionales y aquellos que obtengan la información indirectamente a través del punto de acceso único de la red electrónica.

               4.2.

               Los mecanismos de almacenamiento deben examinar la posibilidad de facilitar el acceso gratuito de los inversores o terceros interesados a la información regulada, al menos dentro de cierto período después de que haya sido presentada por el emisor.

               4.3.

               Lo señalado en los puntos 4.1 y 4.2. no se extiende a los servicios de valor añadido prestados por los mecanismos de almacenamiento o por terceros que utilicen la información obtenida a través de la red electrónica.

         CAPÍTULO III
   NORMAS MÍNIMAS DE CALIDAD

      Sección 1

      Generalidades

               5.

               Los Estados miembros deben velar por que los mecanismos de almacenamiento adheridos a la red electrónica sigan normas equivalentes a las normas tipo establecidas en el presente capítulo.
               Los Estados miembros deben velar también por que el órgano a que se refiere el punto 2.2.d), designado con arreglo al acuerdo de gobierno, cumpla las normas establecidas en las secciones 2 y 3.

               6.

               Los Estados miembros deben velar por que las mismas normas que se aplican a los emisores, según se definen en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2004/109/CE, se apliquen también a las personas que hayan solicitado la admisión a negociación en un mercado regulado sin el consentimiento del emisor, conforme al artículo 21, apartado 1, de esa Directiva.

      Sección 2

      Seguridad

   7.   Seguridad en las comunicaciones

               7.1.

               Los mecanismos de almacenamiento deben disponer de sólidos dispositivos para garantizar la seguridad de los medios de transmisión utilizados para conectar al emisor con el mecanismo, así como ofrecer garantías sobre la fuente de la información presentada.

               7.2.

               Por razones de seguridad, el mecanismo de almacenamiento debe poder limitar los medios de transmisión utilizados, si bien debe estar, como mínimo, en condiciones de recibir envíos electrónicos a través de un sistema al que tenga acceso el emisor.
               En todo caso, los medios de transmisión que se utilicen han de ser de fácil acceso y de uso corriente, y estar fácilmente disponibles a bajo coste.

         8.   Integridad de la información regulada almacenada

               8.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe almacenar la información en un formato electrónico seguro y estar dotado de dispositivos de seguridad apropiados que permitan reducir al mínimo el riesgo de corrupción de los datos y de acceso no autorizado.

               8.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe garantizar que la información regulada que almacena tal como ha sido recibida del emisor esté completa y que el contenido de la información regulada no pueda modificarse mientras está almacenada.
               Si el mecanismo de almacenamiento acepta la presentación de información por medios de transmisión no electrónicos, dicho mecanismo debe garantizar que, al convertir los documentos a formato electrónico, el contenido de la información se mantenga íntegro y sin modificaciones, conforme al original remitido por el emisor de la información.

               8.3.

               La información enviada al mecanismo de almacenamiento y que este ofrece no debe extraerse de dicho mecanismo. Si fuera necesario introducir una adición o corrección, la información añadida o corregida debe mencionar el elemento que modifica e indicar que se trata de una corrección o adición.

         9.   Validación

               9.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe poder validar la información presentada, esto es, debe poder realizar un examen automático de los documentos a fin de verificar el cumplimiento técnico de las normas, la integridad y la exactitud de los formatos.

               9.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe disponer de sistemas que permitan detectar las interrupciones de la transmisión electrónica y solicitar el reenvío de los datos que no llegue a recibir del remitente.

         10.   Seguridad de acceso a los servicios

               10.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe disponer de sistemas de seguridad que permitan a los emisores y los usuarios finales tener acceso a sus servicios 24 horas al día y siete días por semana ininterrumpidamente.
               Cada mecanismo de almacenamiento debe determinar sus propias necesidades, atendiendo a las características de sus sistemas y las condiciones específicas en que opera.
               La capacidad de los sistemas, esto es, la capacidad de sus servidores y el ancho de banda, deben ser lo suficientemente amplios como para hacer frente a las previsibles necesidades de los emisores, por lo que atañe a la presentación de información, y de los usuarios finales, por lo que se refiere al acceso a la información almacenada.

               10.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe poder impedir el acceso a sus sistemas durante breves períodos, cuando ello resulte necesario para realizar las operaciones esenciales de mantenimiento o de mejora de sus servicios. Siempre que sea posible, tales interrupciones deben anunciarse anticipadamente.

         11.   Concesión de dispensas y herramientas de recuperación
   El mecanismo de almacenamiento debe establecer un proceso de evaluación dirigido a examinar y conceder o denegar dispensas para la presentación fuera de plazo por problemas técnicos del mecanismo o envíos no normalizados. El mecanismo debe disponer también de herramientas de recuperación que permitan al emisor utilizar otros dispositivos de presentación, en lugar del establecido, cuando este no funcione. No obstante, el emisor debe estar obligado a reenviar la información a través del dispositivo principal una vez restablecido su funcionamiento.
   12.   Sistemas de copias seguridad (back-up)

               12.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe ser tecnológicamente autónomo y disponer de herramientas de copia de seguridad suficientes para mantener y restablecer sus servicios en un plazo razonable.

               12.2.

               Cada mecanismo de almacenamiento debe determinar la naturaleza de esos sistemas de copias de seguridad atendiendo a las características específicas de los sistemas implantados.

      Sección 3

      Certeza sobre la fuente de información

   13.   Certeza sobre la fuente de información y la autenticidad del origen

               13.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe disponer de sólidos sistemas que ofrezcan garantías sobre la fuente de la información presentada. Debe tener la seguridad de que la información recibida procede de una fuente auténtica. Asimismo, debe verificar que toda la información financiera regulada que reciba directamente procede de la persona o entidad que tiene la obligación de presentarla, o de una persona o entidad autorizada a ello en nombre de aquellas.

               13.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe poder acusar recibo de los documentos electrónicamente. Debe confirmar la validez de la presentación o rechazar un envío de forma motivada, y disponer de una función de no repudio.

         14.   Autenticación del usuario
   Las medidas de seguridad del mecanismo de almacenamiento deben permitir verificar la validez del remitente o de la autorización recibida por una persona para remitir determinada información. El mecanismo de almacenamiento debe poder imponer el uso de firmas digitales, códigos de acceso o cualquier otra medida apropiada que ofrezca garantías suficientes.
   15.   Garantía de integridad del contenido de la información regulada
   El mecanismo de almacenamiento debe poder garantizar que no existe un riesgo significativo de corrupción o modificación de la información original, ya sea accidental o malintencionadamente, y detectar las posibles alteraciones.

      Sección 4

      Registro cronológico

   16.   Registro electrónico con indicación de fecha y hora

               16.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe poder registrar automáticamente los envíos electrónicos, con indicación de fecha y hora.

               16.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe estar facultado para imponer la obligación de presentar la información con arreglo a determinados formatos y plantillas que permitan el uso de tecnología de tratamiento automático de los datos.
               Si se impone el uso de determinados formatos, el mecanismo de almacenamiento debe, no obstante, utilizar sistemas de arquitectura abierta para la presentación de la información, y debe aceptar, al menos, lo siguiente:

                           a)

                           formatos de documento y protocolos de transmisión no patentados y que permiten prescindir de las aplicaciones informáticas facilitadas por un vendedor en exclusiva;

                           b)

                           formatos patentados de uso corriente y general aceptación.

                     Si se impone el uso de determinadas plantillas, el mecanismo de almacenamiento debe garantizar que sean fácilmente obtenibles y, en su caso, acordes con las utilizadas para presentar la misma información regulada a la autoridad competente.

               16.3.

               La información debe registrarse con fecha y hora al entrar en el mecanismo de almacenamiento, con independencia de que sea verificada por las autoridades competentes antes (control ex ante) o después (control ex post) de su entrada en ese mecanismo.

      Sección 5

      Facilidad de acceso para los usuarios finales

   17.   Presentación de la información
   Al ofrecer sus servicios a los usuarios finales, el mecanismo de almacenamiento debe distinguir entre la información financiera regulada presentada en virtud de una obligación legal y cualquier otro servicio de valor añadido proporcionado por ese mecanismo.
   18.   Régimen lingüístico

               18.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe archivar todas las versiones lingüísticas de la información, según hayan sido presentadas por el emisor, y facilitar el acceso a las mismas. No obstante, el acceso a todas las versiones lingüísticas no implica que el mecanismo de almacenamiento deba traducir la información a otras lenguas distintas de la utilizada por el emisor.

               18.2.

               Las herramientas de búsqueda del mecanismo de almacenamiento deben ir expresadas en la lengua aceptada por las autoridades competentes del Estado miembro de origen y, al menos, en una lengua de uso habitual en el ámbito financiero internacional.

         19.   Accesibilidad técnica

               19.1.

               El mecanismo de almacenamiento debe utilizar sistemas de arquitectura abierta para el acceso a la información almacenada. Al concebir los sistemas, el mecanismo de almacenamiento debe asegurarse de que permitan o puedan permitir la interoperatividad técnica con otros mecanismos de almacenamiento del mismo Estado miembro o de otros Estados miembros.

               19.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe facilitar el acceso de los usuarios finales a la información tan pronto como sea técnicamente viable tras la presentación de la misma, habida cuenta de las estructuras y los procedimientos operativos del mecanismo de almacenamiento. El mecanismo de almacenamiento no debe dilatar el proceso deliberadamente.

               19.3.

               El mecanismo de almacenamiento debe facilitar permanentemente a los usuarios finales el acceso a toda la información regulada almacenada, conforme a las condiciones señaladas en el punto 10.

               19.4.

               El mecanismo de almacenamiento debe ofrecer asistencia de servicio a sus usuarios. El grado de asistencia que facilite cada mecanismo de almacenamiento debe decidirse a escala nacional.

         20.   Formato de la información a la que pueden acceder los usuarios finales

               20.1.

               La información regulada almacenada por el mecanismo de almacenamiento debe tener un formato que permita a los usuarios consultar, descargar e imprimir, de forma directa, el contenido íntegro de la información regulada desde cualquier punto en el que se hallen. No obstante, el acceso a la información regulada no implica que el mecanismo de almacenamiento deba facilitar copia impresa de esa información.

               20.2.

               El mecanismo de almacenamiento debe ofrecer a los usuarios finales la posibilidad de buscar, solicitar y consultar interactivamente la información almacenada.

               20.3.

               El mecanismo de almacenamiento debe disponer de suficiente información de referencia sobre la información regulada que recibe. La información de referencia incluirá, al menos, lo siguiente:

                           a)

                           indicación de que se trata de información regulada;

                           b)

                           nombre del emisor del que procede la información regulada;

                           c)

                           título del documento;

                           d)

                           fecha y hora de difusión de la información regulada;

                           e)

                           lengua de redacción del documento;

                           f)

                           tipo de información regulada.

                     El mecanismo de almacenamiento debe organizar y clasificar la información regulada con arreglo, al menos, a lo señalado en el párrafo primero.
               El mecanismo de almacenamiento debe estar facultado para exigir a los emisores que aporten la información de referencia necesaria cuando presenten la información regulada.
               El mecanismo de almacenamiento debe adecuar las categorías de clasificación a las de los demás mecanismos de almacenamiento, en particular por lo que atañe al tipo de información regulada, conforme al acuerdo mencionado en el capítulo II de la presente Recomendación.

               20.4.

               El mecanismo de almacenamiento debe estar facultado para exigir a los emisores que utilicen determinados formatos y plantillas de documento. En toda circunstancia, el mecanismo de almacenamiento debe aceptar, como mínimo, lo siguiente:

                           a)

                           formatos de documento y protocolos de transmisión no patentados y que permiten prescindir de las aplicaciones informáticas facilitadas por un vendedor en exclusiva;

                           b)

                           formatos patentados de uso corriente y general aceptación.

                     Si se impone el uso de determinadas plantillas, el mecanismo de almacenamiento debe garantizar que sean fácilmente obtenibles y, en su caso, acordes con las utilizadas para presentar la misma información regulada a la autoridad competente.

         CAPÍTULO IV
   DIRECTRICES PARA EL FUTURO DESARROLLO DE LA RED ELECTRÓNICA

               21.

               Los Estados miembros deben alentar a las autoridades competentes a elaborar, antes del 30 de septiembre de 2010, en el marco del CERV, directrices apropiadas para el futuro desarrollo de la red electrónica.

               22.

               En la elaboración de las directrices debe examinarse, en particular, con inclusión de un análisis coste-beneficio, la viabilidad de exigir:

                           a)

                           el uso, en todos los puntos de acceso de la red electrónica, de herramientas de búsqueda armonizadas, basadas en una serie de botones de búsqueda y de datos de referencia comunes, con la consiguiente armonización de los métodos de clasificación e identificación de la información almacenada;

                           b)

                           el uso de formatos comunes para la introducción de datos y de unas mismas normas para la presentación de la información regulada a los mecanismos de almacenamiento;

                           c)

                           el uso por los mecanismos de almacenamiento de una lista común de tipos de información regulada;

                           d)

                           la interconexión técnica con la red electrónica desarrollada por los registros de sociedades nacionales a que se refiere la Directiva 68/151/CEE;

                           e)

                           que la supervisión de los servicios prestados por cualquier entidad jurídica que gestione los elementos comunes de la red electrónica se confíe a un órgano único integrado por representantes de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 24 de la Directiva 2004/109/CE.

                     Las herramientas de búsqueda armonizada a que se refiere la letra a) del párrafo primero deben permitir al menos lo siguiente:

                           a)

                           la búsqueda a través de categorías comunes que se asociarán a la información financiera regulada al ser registrada en el mecanismo de almacenamiento, tales como: nombre del emisor; fecha de presentación; país del emisor; título del documento; sector/ramo de actividad y tipo de información regulada;

                           b)

                           búsquedas dinámicas o en cadena;

                           c)

                           búsqueda de varios países a la vez con una sola solicitud.

                     Las directrices deben prever también listas comunes para el establecimiento de subcategorías en relación con sectores/ramos de actividad y el tipo de información regulada.

         CAPÍTULO V
   MEDIDAS ADOPTADAS Y DESTINATARIOS

               23.

               Se invita a los Estados miembros a informar a la Comisión de las medidas que se adopten a la luz de la presente Recomendación el 31 de diciembre de 2008, a más tardar.

               24.

               Los destinatarios de la presente recomendación son los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 11 de octubre de 2007.

            Por la Comisión

         Charlie McCREEVY

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

      (2)  DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.

      (3)  DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.

      (4)  DO L 191 de 13.7.2001, p. 43.

      (5)  DO L 65 de 14.3.1968, p. 8. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/99/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 137).