title: Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovenia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovenia para 2014_x000b_

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		52014DC0425

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovenia_x000b__x000b_y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovenia para 2014_x000b_ /* COM/2014/0425 final - 2014/ () */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2013 de Eslovenia
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de Eslovenia para 2014

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en
particular, su artículo 6, apartado 1,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de
las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que
es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y
competitividad de Europa.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo, a partir
de las propuestas de la Comisión, aprobó una recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro, utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)
El 9 de julio de 2012, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Eslovenia y
emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016.
El 15 de noviembre de 2013, en consonancia con el Reglamento
(UE) nº 473/2013[5],
la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de
plan presupuestario de Eslovenia para 2014[6].
(5)
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], que marca
el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas
económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE)
nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[8], en el que
se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que serían objeto de
un examen exhaustivo.
(6)
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario, junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración pública.
(7)
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados de su examen exhaustivo sobre Eslovenia[9], de
conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. El
análisis de la Comisión la lleva a concluir que Eslovenia continúa
experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos que requieren
vigilancia y la continuación de una sólida acción política. Aunque los
desequilibrios se han ido contrarrestando a lo largo de 2013 con el ajuste
macroeconómico y las acciones políticas de Eslovenia, la magnitud de la
corrección necesaria implica que subsisten riesgos importantes. Más específicamente,
los riesgos derivados de una estructura económica caracterizada por la
debilidad de la gobernanza empresarial, un alto nivel de participación del
Estado en la economía, la pérdida de competitividad de costes, la deuda de las
empresas pendiente y un aumento considerable de la deuda pública, demandan
mucha atención. Si bien se han hecho progresos considerables en la mejora de
los balances de los bancos, aún es preciso llevar a cabo una acción firme con
respecto a la plena aplicación de una estrategia integral del sector bancario,
incluidas la reestructuración, la privatización y una mayor supervisión.
(8)
El 15 de abril de 2014, Eslovenia presentó su
Programa Nacional de Reformas de 2014, y el 24 de abril 2014 su Programa de
Estabilidad del mismo año. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones,
ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
(9)
El objetivo de la
estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es
corregir el déficit excesivo para 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo
para 2017. El programa confirma el anterior objetivo a medio plazo de conseguir
un presupuesto equilibrado, en consonancia con los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, no se espera que el balance estructural
(recalculado) alcance el objetivo a medio plazo para 2017. El programa prevé
que el déficit se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2015, en línea con
el objetivo establecido en la recomendación sobre el procedimiento de déficit
excesivo. Después de 2015, el programa prevé una disminución continuada del
déficit hasta pasar a un superávit del 0,3 % del PIB en 2018. El programa
prevé que la deuda pública llegue hasta el 81,1 % del PIB en 2015 antes de
bajar al 76 % en 2016. En general, la estrategia presupuestaria presentada
en el programa es coherente con los requisitos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones
presupuestarias del programa, que ha sido elaborado por un organismo
independiente (el Instituto de Análisis Macroeconómico y Desarrollo), es cauto.
El 5 de marzo de 2014, se dirigió a Eslovenia una Recomendación de la Comisión
Autónoma. El programa de estabilidad identifica algunas medidas adicionales que
ayudan a reducir la brecha con el esfuerzo fiscal requerido. Sobre esta base,
se considera que el programa de estabilidad ha respondido parcialmente a la
Recomendación de la Comisión Autónoma. Sin embargo, persisten los riesgos de
corrección a la baja dado que las medidas que sustentan el programa no se
detallan lo suficiente, y muchas de ellas están pendientes de adopción.
Cualquier potencial necesidad adicional de recapitalización bancaria derivada
del análisis cualitativo de los activos y la prueba de resistencia de 2013 en
Eslovenia, aumentaría el déficit y las ratios de endeudamiento, mientras que
los beneficios de una exitosa privatización de las entidades o de los bancos
estatales que no hayan sido incorporados en las proyecciones del programa
reducirían la carga de la deuda. Sobre la base de la previsión de la Comisión,
el esfuerzo fiscal a lo largo del periodo 2013-2014 se queda corto en un 1,4 %
del PIB en términos de variación (corregida) del balance estructural y en un
0,5 % del PIB en cuanto al importe de las medidas exigidas que se consideran
necesarias en el momento de la recomendación sobre el procedimiento de déficit
excesivo. Para el año 2015, mientras que el programa prevé un déficit que está
en consonancia con la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo,
las previsiones de la Comisión de la primavera 2014 estiman un déficit del 3,1 %
del PIB. Por otra parte, según las previsiones, el esfuerzo fiscal medido tanto
por la variación (corregida) del balance estructural como por el valor
subyacente de las medidas discrecionales a poner en práctica se espera que
caiga un poco por debajo del nivel recomendado por el Consejo para el año 2015.
Basándose en su evaluación del programa y en la previsión de la Comisión, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo opina que
es necesario realizar esfuerzos adicionales, en el año 2014 y después, con el
fin de garantizar el pleno cumplimiento de la recomendación sobre el
procedimiento de déficit excesivo, incluido el esfuerzo estructural requerido.
(10)
En lo que respecta a las normas fiscales, en
2013 el Parlamento aprobó una base constitucional para el establecimiento de
una norma de equilibrio presupuestario de las administraciones
públicas/superávit en términos estructurales. Sin embargo, la legislación de
aplicación necesaria, es decir la Ley de Normativa Presupuestaria, que se
suponía iba a estar en funcionamiento en noviembre de 2013, aún no se ha
adoptado. En particular, tiene que establecerse la base jurídica necesaria con
el fin de definir el papel, las competencias y la independencia de un Consejo
Presupuestario operativo. La realización puntual de
un examen exhaustivo de los gastos de todos los usuarios del presupuesto en el
ámbito de los gastos fundamentales de la sanidad podría identificar medidas
para fortalecer el saneamiento presupuestario y determinar las opciones para
mejorar la eficiencia y la relación coste/eficacia.
(11)
En 2013, se recomendó a Eslovenia que
reforzara la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y mejorara
la eficiencia, la relación coste/eficacia y la calidad del sector de la
asistencia a largo plazo. Eslovenia ha realizado progresos limitados en las
medidas adoptadas para hacer frente a esta recomendación. En abril de 2014 se completó una evaluación de la
reforma de las pensiones de 2012 y los primeros resultados son positivos.
Aunque se han logrado algunos ahorros presupuestarios, el nivel de las
pensiones se ha mantenido. Eslovenia se enfrenta a altos riesgos de
sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo, debido principalmente a un
aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población como
resultado de la demografía de Eslovenia. Por
lo tanto, deberán reformarse a medio plazo los sistemas de pensiones y de
asistencia a largo plazo para poder estabilizar el gasto total a medio y largo
plazo, al tiempo que se garantiza la adecuación de las pensiones y el acceso a
los servicios de asistencia a largo plazo. Las
autoridades planean proponer un Libro Blanco para una reforma exhaustiva de las
pensiones. A finales de 2013 se aprobó un plan de reforma de la asistencia a
largo plazo y se espera para finales de 2014 la legislación relacionada con el
mismo. Pero existe el riesgo de que se retrase como consecuencia de la demora
de la reorganización en curso de los seguros sanitarios.
(12)
La situación en el mercado laboral ha
empeorado. El desempleo alcanzó el 10,3 % en 2013 y el desempleo juvenil
aumentó al 21,6 % en el mismo año, mientras que la proporción de jóvenes
que ni trabajan, ni estudian, ni se forman aumentó en 2,1 puntos porcentuales
entre 2011 y 2013. La evaluación de la reforma del mercado laboral adoptada en
2013 señala la disminución de la segmentación entre los contratos permanentes y
los temporales, aunque a costa de un mayor uso de otras formas contractuales no
permanentes, mientras que sigue sin estar claro el efecto de los incentivos
para el empleo de los trabajadores jóvenes y de los de más edad. La
segmentación del mercado laboral también se está abordando a través de una
mejor regulación del trabajo de los estudiantes. Aunque está pendiente la
aprobación de un nuevo acto legislativo, sigue preocupando si va a abordar
adecuadamente las deficiencias de las normas anteriores. El gobierno ha avanzado poco en la aplicación de la recomendación
del pasado año sobre el salario mínimo, que sigue
estando indizado solo a la inflación, a pesar de que la ley sobre el salario
mínimo permite la indización con respecto a otras condiciones económicas. Se ha
avanzado algo en el desarrollo de políticas activas del mercado laboral que
sean eficaces y adaptadas, y a la hora de abordar los desajustes entre las
capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral.
(13)
El gobierno ha avanzado mucho a la hora de abordar las
recomendaciones relativas a la estabilidad en el sector bancario, realizar un
análisis cualitativo de los activos y una prueba de resistencia que sean
creíbles, realizar recapitalizaciones inmediatas, y transferir los préstamos de
dudoso cobro a la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios. Sin embargo, el trabajo está lejos de haberse completado y es necesario intervenir de forma decidida para finalizar y aplicar
una estrategia integral del sector bancario como se anunció en diciembre de
2013, incluida la reestructuración, la privatización y una mayor supervisión. El nivel de morosidad en el sistema bancario sigue siendo elevado.
Por tanto, es importante que los bancos aumenten la capacidad interna para
sanear la morosidad, incluso reforzando la gestión
interna de los activos y reestructurando las unidades, para acelerar el
procesamiento de los préstamos de dudoso cobro, maximizando al mismo tiempo el
valor de reembolso y preservando las empresas que sean viables. Cualquier
otra transferencia de préstamos de dudoso cobro a la
Sociedad de Gestión de Activos Bancarios tiene que concebirse cuidadosamente con el fin de facilitar una reestructuración rápida
y eficiente de los créditos de las empresas, especialmente en el caso de los
préstamos complejos interconectados a grupos. Se
espera una estrategia de gestión y un plan de
negocios integrales que fundamenten los objetivos de reembolso para la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios. A partir de lo aprendido con el
análisis cualitativo de los activos y la prueba de
resistencia, deben adoptarse más medidas decisivas
para mejorar la gobernanza y la supervisión del sector bancario, y en especial
para los que permanezcan como propiedad del Estado, mediante el fortalecimiento
de la gestión de riesgos y la mejora de los procesos de aprobación de créditos
y de la calidad y disponibilidad de los datos, con el objetivo de reducir los
niveles de morosidad y contener los riesgos futuros.
(14)
El gobierno ha avanzado poco en la aplicación
de las recomendaciones sobre gobierno corporativo de las empresas estatales,
que representan una sexta parte del valor añadido total y forman un complejo
nexo de bancos nacionales, grupos de seguros y sociedades no financieras, con
importante participación cruzada. El nivel de
influencia del Estado genera riesgos importantes para las finanzas públicas,
tanto directa como indirectamente, a través del pasivo por garantías. Una
estrategia coherente para la gestión de las empresas
estatales, junto con la mejora de la gobernanza
empresarial, crearía un entorno más favorable para atraer la inversión
extranjera directa. Aunque en mayo de 2013 se dieron los primeros pasos
recopilando una lista inicial de 15 empresas para la privatización acelerada,
los avances hasta la fecha han sido desiguales y existe un riesgo significativo
de que no se cumplan los plazos. La nueva legislación en que se basa el
Instituto Soberano de Eslovenia (Slovenia Sovereign Holding), que es un
vehículo para la consolidación de la gestión de las propiedades del Estado, se
introdujo, con retraso, en abril de 2014. Se espera una estrategia integral y
una clasificación precisa de los activos principales y secundarios, incluidos los afectados por la privatización. Es necesario
determinar y aplicar medidas apropiadas para garantizar el proceso de
reestructuración y el logro de sus objetivos, incluyendo entre otras cosas la
maximización del valor de reembolso para los acreedores y elaborar una lista
con los casos de reestructuración más urgentes para un rápido saneamiento.

(15)
El marco sobre insolvencia
fue modificado en 2013 con el fin de facilitar la resolución oportuna de los préstamos de dudoso cobro, pero el nuevo marco está en gran medida sin
probar. Un alto nivel de endeudamiento y las dificultades financieras han
limitado la capacidad del sector empresarial para invertir en proyectos
futuros. La reestructuración financiera y operativa que es necesario hacer con
urgencia en el sector empresarial aún no ha comenzado a gran escala. Es
necesaria una visión consolidada de las diferentes exposiciones al crédito en
el sistema bancario para acelerar el saneamiento de los préstamos de dudoso cobro y facilitar las negociaciones de reestructuración, en
especial en el caso de los préstamos complejos interconectados a grupos. Un grupo de trabajo centralizado con
representantes experimentados de todos los interesados podría tomar la
iniciativa en el apoyo y aceleración de este proceso. Mientras tanto, resulta
crucial el cierre rápido y eficaz de varios casos urgentes actuales, bajo la
dirección de la Sociedad de
Gestión de Activos Bancarios.
(16)
A pesar de su potencial,
Eslovenia cuenta con una de las cantidades más bajas de inversión extranjera
directa de la UE (34,1 % del PIB, para una media del 47,1 % en la UE
en 2012). Aunque la privatización y la reestructuración corporativa ofrecen
muchas posibilidades a los inversores privados, es evidente que el hecho de que
el entorno y la cultura empresariales estén insuficientemente desarrollados
impide a Eslovenia aprovecharlas. En el año 2012 se inició un proceso de desregulación de las
profesiones reguladas y, hasta la fecha, el número de estas disminuyó de 323 a
262. Una mayor desregulación de las profesiones reguladas contribuiría a
aumentar el número de prestadores de servicios nacionales y extranjeros,
contribuyendo a aumentar la competitividad. Hay potencial para aumentar la coherencia de las medidas
concebidas para mejorar el entorno y las actividades empresariales. En este
contexto, la próxima Estrategia de Especialización Inteligente de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos para 2014-2020 será una oportunidad para
centrarse en medidas clave como la creación de productos comercializables e
innovadores.
(17)
Eslovenia está en las primeras etapas de la
preparación de las propuestas de reforma integral del sector público (que deben
adoptarse para enero de 2015). En este contexto, tiene que recuperar la calidad
y la credibilidad de la administración pública. Eslovenia ha hecho algunos
progresos en la mejora de la calidad del sistema
judicial y ha reducido el número de casos pendientes. La reforma de la gestión
de los asuntos de Derecho mercantil y civil ha mejorado el funcionamiento del
sistema judicial. Se han mantenido las tendencias positivas recientes en los
litigios mercantiles y civiles.
(18)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica eslovena. Ha
evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. Ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de Eslovenia, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, puesto que debe
potenciarse la gobernanza económica global de la Unión Europea mediante la
contribución de esta a las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en
el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que
figuran a continuación.
(19)
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de Eslovenia, y su dictamen[10] se
refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(20)
Teniendo en cuenta los resultados del examen
exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha
examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus
recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº
1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación.
(21)
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la
zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Eslovenia
también debe garantizar la aplicación plena y oportuna de estas
recomendaciones.
RECOMIENDA que Eslovenia tome medidas
en el periodo 2014-2014 a fin de:
1.           Reforzar la estrategia
presupuestaria con medidas estructurales suficientemente específicas, para el
año 2014 y los años subsiguientes, con el fin de asegurar la corrección del
déficit excesivo de manera sostenible para el año 2015 a través del esfuerzo de
ajuste estructural, como especifica la recomendación del Consejo sobre el
procedimiento de déficit excesivo. Una corrección duradera de los
desequilibrios presupuestarios requiere una aplicación creíble de reformas
estructurales ambiciosas para aumentar la capacidad de ajuste e impulsar el
crecimiento y el empleo. Tras la corrección del déficit excesivo, lograr un
ajuste estructural de al menos el 0,5 % del PIB cada año, y superior
cuando se den unas buenas condiciones económicas, o garantizar que se cumple la
normativa sobre la deuda con el fin de poner la elevada ratio de deuda de las
administraciones públicas en una sostenida tendencia a la baja. Mejorar la
credibilidad de la política presupuestaria, completar la adopción de una norma
de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas/superávit en
términos estructurales, hacer que el marco presupuestario a medio plazo sea
vinculante, comprehensivo y transparente, y establecer la base jurídica necesaria
para un Consejo Presupuestario operativo que defina sus competencias dentro del
proceso presupuestario e introduzca normas de procedimiento claras para el
seguimiento de los resultados presupuestarios, tan pronto como sea posible.
Poner en marcha un examen exhaustivo de los gastos de las administraciones
estatal y local, los usuarios directos e indirectos del presupuesto y los
prestadores de servicios de propiedad municipal en el ámbito de la atención
sanitaria para finales de 2014, con vistas a la realización de ahorros
presupuestarios en 2015 y años subsiguientes.
2.           Sobre la base de la
consulta pública, acordar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema
de pensiones más allá de 2020, incluyendo ajustes de los parámetros
fundamentales, como vincular la edad legal de jubilación a los aumentos de la
esperanza de vida y fomentar las contribuciones privadas al segundo pilar del
sistema de pensiones. Contener el gasto relacionado con el envejecimiento en la
atención a largo plazo dirigiendo los beneficios a los más necesitados y
reorientando la prestación de la asistencia institucional a la atención
domiciliaria.
3.           Tras consultar con los
interlocutores sociales, y de conformidad con las prácticas nacionales,
desarrollar un Acuerdo Social integral para final de 2014 que garantice que la
evolución salarial, incluido el salario mínimo, apoye la competitividad, la
demanda interna y la creación de empleo. Redefinir la composición del salario
mínimo y revisar su sistema de indización. Adoptar medidas para seguir
reduciendo la segmentación, en particular abordando la eficacia de los
incentivos para la contratación de trabajadores jóvenes y de más edad y
mediante el uso de contratos de Derecho civil. Adoptar la Ley sobre el trabajo
de los estudiantes. Dar prioridad a la sensibilización a los jóvenes que no
figuran en los registros, garantizando unas capacidades adecuadas de los
servicios públicos de empleo. Aumentar el empleo de los trabajadores
poco cualificados y de los de más edad, adaptar el entorno de trabajo a una
vida laboral más prolongada y concentrar los recursos en las medidas políticas
activas adaptadas del mercado laboral, al tiempo que se mejora su eficacia.
Abordar los desajustes entre las capacidades de los trabajadores y las
necesidades del mercado laboral a través de una educación y una formación
profesionales más atractivas, y una mayor cooperación con las partes
interesadas pertinentes para poder evaluar dichas necesidades del mercado
laboral.
4.           Completar la
privatización de NKBM en 2014 como estaba previsto, preparar la privatización
de Abanka en 2015, proseguir la rápida aplicación de los planes de
reestructuración de los bancos que reciban ayudas públicas y la necesaria
consolidación del sector bancario. A partir de lo aprendido con el análisis
cualitativo de los activos y la prueba de resistencia, finalizar el plan de
acción global para los bancos en agosto de 2014, incluyendo medidas específicas
para mejorar la gobernanza, la supervisión, la gestión de riesgos, el proceso
de aprobación de créditos y la calidad y disponibilidad de los datos. Reforzar
la capacidad de los bancos para sanear la morosidad reforzando la gestión
interna de los activos y reestructurando las unidades. Clarificar el mandato de
la Sociedad de Gestión de Activos Bancarios, publicando una estrategia de
gestión y un plan de negocios que sean completos para septiembre de 2014,
detallando su papel en la reestructuración de sus activos, objetivos de
reembolso, presupuestos, planes de gestión de activos y rentabilidad esperada,
a la vez que se garantizan unos recursos adecuados.
5.           Seguir realizando las
privatizaciones anunciadas en 2013, respetando los plazos establecidos. Adoptar
una estrategia para el Instituto Soberano de Eslovenia con una clasificación
clara de los activos con arreglo al calendario y definiciones que estableció la
Ley del Instituto Soberano de Eslovenia de 2014. Para noviembre de 2014,
comprometerse a un calendario de desinversión a corto plazo (con un horizonte
temporal de uno a dos años) para una serie de activos con objetivos bien
definidos y una escala temporal clara. Hacer que el Instituto Soberano de
Eslovenia esté en pleno funcionamiento como vehículo para la gestión de los
activos que permanezcan como propiedad del Estado y la desinversión de los
activos afectados de acuerdo con las leyes en materia de gestión, dentro del
plazo estipulado por la legislación. Para septiembre de 2014, adoptar y
aplicar un código de gobernanza corporativa para las empresas estatales con el
fin de garantizar una gestión profesional, transparente e independiente.
6.           Finalizar un plan
director de reestructuración de las empresas para finales de 2014, con unas
prioridades claras y un proceso de aplicación efectiva. Establecer un grupo de
trabajo central encargado de la reestructuración de las empresas que supervise
y coordine el proceso de reestructuración general, que ofrezca los
conocimientos, la orientación y el asesoramiento necesarios, y que facilite el
proceso de negociación entre todos los participantes involucrados. Elaborar una
lista con los casos de reestructuración más urgentes, maximizando el valor de
reembolso para los acreedores. Promover el uso de los mecanismos legales
disponibles y las mejores prácticas internacionales para todos los interesados
en el proceso de reestructuración. Evaluar los recientes cambios en la
legislación concursal para septiembre de 2014, estando dispuestos a introducir
cualquier medida adicional necesaria. Seguir reduciendo la duración de los
procedimientos judiciales en primera instancia en asuntos civiles y mercantiles
contenciosos, incluidos los asuntos que entran en la legislación concursal, y
el número de casos pendientes, en particular los asuntos de ejecución de
resoluciones y de insolvencia.
7.           Reducir obstáculos a las
actividades empresariales en Eslovenia en áreas fundamentales para el
desarrollo económico, haciendo que el país sea más atractivo para la inversión
extranjera directa, sobre todo a través de una liberalización acelerada de las
profesiones reguladas, y la reducción de la carga administrativa, incluida la
simplificación de los regímenes de autorización. Garantizar suficiente
autonomía presupuestaria para la Agencia de Protección de la Competencia y
aumentar su independencia institucional. Racionalizar las prioridades y
garantizar la coherencia entre las Estrategias de Investigación e Innovación de
2011 y las Estrategias de Política Industrial de 2013, con las próximas
estrategias sobre especialización inteligente y transporte y garantizar su
rápida aplicación y la evaluación de la eficacia.
8.           Adoptar medidas eficaces
para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas, e introducir unos procedimientos externos de evaluación del
rendimiento y control de la calidad.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2014) 425 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[5]               DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
[6]               C(2013) 8010 final.
[7]               COM(2013) 800 final.
[8]               COM(2013) 790 final.
[9]               SWD(2014) 88 final.
[10]             De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , relativa a la aplicación de las orientaciones generales de política económica por los Estados miembros cuya moneda es el euro

text:
               23.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/15

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   relativa a la aplicación de las orientaciones generales de política económica por los Estados miembros cuya moneda es el euro
   2011/C 217/05
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 136, en relación con su artículo 121, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 20 de junio de 2011, el Eurogrupo mantuvo un debate sobre la aplicación de las orientacionesgenerales de política económica por los Estados miembros cuya moneda es el euro («Estados miembros de la zona del euro»), reconociendo la necesidad de reforzar más en su seno la coordinación de las políticas económicas y el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

               (2)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y la competitividad de Europa.

               (3)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales de política económica de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014). Se ha invitado a los Estados miembros y, en su caso, a la UE a tener en cuenta las directrices en sus políticas económicas.

               (4)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (7)

               En abril y mayo de 2011, los Estados miembros de la zona del euro presentaron sus Programas de Estabilidad relativos al periodo 2011-2014, y sus programas nacionales de reforma de 2011. Estos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               La experiencia de la primera década del euro ha puesto generalmente de relieve los numerosos beneficios de la moneda única. Sin embargo, la crisis de la economía mundial provocó una profunda contracción de la economía en 2009 que situó el PIB de la zona del euro por debajo de su nivel de 2006. Aunque en 2010 se volvió a observar un crecimiento del PIB, la producción sigue aún por debajo del nivel registrado en 2007. Como consecuencia de ello, el desempleo en la zona del euro aumentó del 7,6 % en 2007 al 10,1 % en 2010. Las finanzas públicas en la zona del euro se han deteriorado, lo que ha causado una revisión significativa de los riesgos de la deuda soberana de algunos Estados miembros de la zona del euro y ha originado riesgos para la estabilidad macrofinanciera. Ahora se está recuperando el crecimiento, con divergencias entre los Estados miembros, lo que refleja diferencias estructurales y cíclicas. La crisis ha desencadenado una reducción de los desequilibrios macroeconómicos que se habían desarrollado antes del inicio de la misma. Sin embargo, queda por ver si dicha reducción es suficiente y sostenible.

               (9)

               Los saldos presupuestarios de las administraciones públicas de la zona del euro han empezado a mejorar, por término medio, en 2010, y, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica manejada en las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión, se espera que sigan mejorando en 2011. Sin embargo, la deuda pública seguirá creciendo hasta 2012. Si no se corrige en los años siguientes, esta tendencia podría poner en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, habida cuenta del bajo crecimiento potencial y de la desfavorable evolución demográfica. En 2010, el déficit de la zona del euro disminuyó al 6 % del PIB, mientras que el ratio de deuda aumentó al 85,1 % del PIB. Según los objetivos establecidos en el Programa de Estabilidad de 2011, el déficit de la zona del euro disminuiría al 1,3 % del PIB en 2014 y el ratio de deuda empezaría a disminuir de nuevo hasta situarse por debajo del 85 % del PIB en 2014, tras alcanzar un máximo en 2012. Esta senda de saneamiento presupuestario para la zona del euro en su conjunto sería compatible con la estrategia de salida acordada y con la necesidad del saneamiento de las finanzas públicas en el contexto de una intensificación de la recuperación. El hecho de que se prevea centrar el saneamiento en la reducción del gasto, más que en aumentos tributarios, acrecienta sus posibilidades de éxito. Con todo, queda por confirmar la aplicación efectiva de ciertas medidas. Por otra parte, algunos Estados miembros de la zona del euro han aplicado recientemente nuevas normas presupuestarias o anunciado el reforzamiento de las ya existentes, aunque para que estas sean plenamente eficaces se requerirán medidas adicionales en algunos Estados miembros de la zona del euro. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, las reformas del sistema de pensiones y de los regímenes de seguridad social aún no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

               (10)

               Las medidas adoptadas por la UE para hacer frente a la situación han propiciado mejoras en el funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. Entre los retos que tiene planteados el sector financiero de varios Estados miembros de la zona del euro cabe citar el riesgo de que los bancos sufran nuevas pérdidas en sus carteras de activos o un endurecimiento de las condiciones en los mercados de refinanciación, y la continuación del proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario. A medida que las condiciones del sector financiero se estabilicen, el apoyo del sector público al sector bancario deberá ir eliminándose progresivamente, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del sector bancario de los Estados miembros. Abordar estos desafíos contribuirá a reducir las incertidumbres respecto a la existencia de pasivo contingente público.

               (11)

               Se necesitan mejoras de la productividad y de la competitividad, así como eliminar los obstáculos estructurales a la demanda interna privada, para aumentar el potencial de crecimiento de la zona del euro y corregir sus desequilibrios macroeconómicos. A este respecto, los Estados miembros de la zona del euro han anunciado una serie de reformas estructurales en sus programas nacionales de reforma. No obstante, aún se observan carencias en las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de sus mercados de productos y de trabajo, especialmente en lo que se refiere a los sectores de servicios, a un saneamiento presupuestario favorable al crecimiento y a los sistemas de fijación de salarios.

               (12)

               Con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado de la UEM, los Estados miembros de la zona del euro tienen la obligación explícita de considerar sus políticas económicas como una cuestión de interés común, debido a los posibles efectos colaterales entre países con una moneda común. Por consiguiente, a la luz de la crisis y de los retos actuales, resulta necesaria una revisión más global y permanente de la coordinación de las políticas económicas a nivel de la UE y de la zona del euro. El ciclo anual de supervisión integrada, enmarcado en el «Semestre Europeo», el marco reforzado de gobernanza económica, la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico y los organismos de supervisión europeos, y el Mecanismo Europeo de Estabilidad son elementos esenciales que, en algunos casos, aún no se han adoptado o aplicado íntegramente. El Pacto por el Euro Plus refuerza aún más este marco.

               (13)

               La Comisión ha evaluado los Programas de Estabilidad y los programas nacionales de reforma de los Estados miembros de la zona del euro, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la zona del euro, y considera que se requieren un cumplimiento estricto de los objetivos presupuestarios, con un reforzamiento en algunos Estados miembros de la zona del euro, y nuevas medidas encaminadas a consolidar la sostenibilidad y las normas presupuestarias. También deberán adoptarse medidas adicionales para mejorar la estabilidad financiera, las reformas tributarias que favorezcan el crecimiento y las medidas de saneamiento, los mecanismos de fijación de salarios, la competencia en los sectores de servicios y la aplicación del Pacto por el Euro Plus.

         RECOMIENDA que los Estados miembros cuya moneda es el euro adopten medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:

               1.

               Cumplir estrictamente los objetivos presupuestarios establecidos en su Programa de Estabilidad de 2011, y en el Memorándum de Entendimiento en el caso de los Estados miembros beneficiarios de la ayuda financiera de la UE o del FMI, y, cuando proceda, intensificar los esfuerzos de saneamiento según el dictamen emitido por el Consejo. En particular, garantizar los esfuerzos presupuestarios necesarios a fin de corregir el déficit excesivo y aproximarse a los objetivos presupuestarios a medio plazo. Emplear los posibles ingresos fiscales extraordinarios para acelerar el ajuste. Así se mejorará igualmente la evolución de la deuda pública.

               2.

               Garantizar la disciplina presupuestaria a nivel nacional y a niveles inferiores, especialmente introduciendo o reforzando marcos presupuestarios suficientemente fuertes y vinculantes.

               3.

               Continuar aplicando reformas de los sistemas de seguridad social que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas teniendo debidamente en cuenta la adecuación de las pensiones y las prestaciones sociales, particularmente adaptando los sistemas de pensiones en función de la situación demográfica nacional.

               4.

               Mejorar el funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero, dando curso inmediatamente a las pruebas de resistencia de los bancos que se realizarán próximamente a escala de la UE, a fin de garantizar que el sector bancario continúa fortaleciendo su resistencia para hacer frente a la posibilidad de nuevas pérdidas o restricciones financieras y que las entidades financieras no viables estén en condiciones de reestructurarse o salir del mercado sin crear tensiones indebidas en los mercados financieros.

               5.

               Aplicar nuevas reformas tributarias que den prioridad a fuentes de imposición que sean favorables al crecimiento pero mantengan los ingresos tributarios globales, en particular reduciendo los impuestos sobre las rentas del trabajo para que sea rentable trabajar; al reducir el gasto público, preservar las partidas que fomentan el crecimiento, tales como el gasto en investigación y desarrollo, en educación y en eficiencia energética; cuando sea necesario, ajustar los acuerdos de fijación de salarios y los mecanismos de indexación en consulta con los interlocutores sociales y según los usos nacionales, con objeto de garantizar que la evolución de los salarios se ajuste a la de la productividad, la competitividad y la situación relativa al empleo.

               6.

               Introducir nuevas reformas para incrementar la competencia en los sectores de servicios, especialmente suprimiendo las restricciones injustificadas en los servicios profesionales, el sector minorista y las industrias de redes.

               7.

               Cumplir plenamente los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus con el fin de fomentar el crecimiento, la competitividad y el empleo dentro de la zona del euro.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2001 2007)


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		52012DC0325

			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de Rumaníay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia de Rumanía para 2012-2015 /* COM/2012/0325 final */

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2012 de Rumanía
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia
de Rumanía para 2012-2015
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su
artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Vistas las recomendaciones de la Comisión
Europea[2],
Vistas las resoluciones del Parlamento
Europeo[3],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)       El 26 de marzo de 2010,
el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que
se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en
los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial
de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)       El 13 de julio de 2010,
el Consejo aprobó una recomendación sobre directrices generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período
2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[4], que juntas forman
las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener
en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)       El 12 de julio de 2011,
el Consejo aprobó una recomendación relativa al programa nacional de reforma de
Rumanía para 2011 y emitió su dictamen sobre el programa de convergencia
actualizado de Rumanía para 2011-2014.
(4)       El 23 de noviembre de 2011,
la Comisión adoptó el segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento,
iniciando así el segundo Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante
de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
(5)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad
financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
fomentar el crecimiento. El Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de
proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al
crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el
crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias
sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.
(6)       El 2 de marzo de 2012,
el Consejo Europeo invitó asimismo a los Estados miembros participantes en el
Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación
para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(7)       El 23 de abril de 2012,
Rumanía presentó su programa nacional de reforma para 2012 y, el 11 de mayo de
2012, su programa de convergencia para el período 2012-2015.
(8)       El 6 de mayo de 2009, el
Consejo adoptó la Decisión 2009/459/CE[5],
por la que se concedió a Rumanía ayuda financiera a medio plazo durante un
período de tres años al amparo de lo dispuesto en el artículo 143 del Tratado.
El correspondiente protocolo de acuerdo, firmado el 23 de junio de 2009, y sus
sucesivas addenda, establecen las condiciones de política económica a
las que se supeditaba el desembolso de la ayuda financiera. La Decisión
2009/459/CE del Consejo fue modificada el 16 de marzo de 2010 por la Decisión
2010/183/UE[6].
Tras la satisfactoria aplicación del programa por parte de Rumanía, y habida
cuenta de un ajuste parcial de la balanza corriente motivado por la
vulnerabilidad del país a los aumentos de los precios internacionales, como
consecuencia de las deficiencias estructurales subsistentes en los mercados
rumanos de trabajo y de productos, el Consejo adoptó, el 12 de mayo de 2011, la
Decisión 2011/288/UE[7],
por la que se concede a Rumanía una ayuda financiera a medio plazo con carácter
preventivo durante un período de tres años, al amparo del artículo 143 del
Tratado. El correspondiente protocolo de acuerdo se firmó el 29 de junio de
2011 y su primer addendum el 27 de diciembre de 2011.
(9)       La segunda revisión
formal del programa de asistencia financiera a medio plazo, que se llevó a cabo
entre finales de abril y primeros de mayo de 2012, permitió determinar que la
ejecución del programa por parte de Rumanía sigue bien encarrilada. Se ha
cumplido el objetivo de déficit presupuestario de tesorería para 2011, y el
objetivo SEC[8]
se hubiera cumplido de no haberse adoptado una importante medida puntual
relacionada con resoluciones judiciales que obligaron al Gobierno a pagar una
indemnización a determinadas categorías de trabajadores asalariados. El
presupuesto de 2012 se mantiene en vías de lograr un déficit por debajo del
3 % del PIB según las normas SEC. El sector bancario rumano ha soportado
las sacudidas, a pesar del actual deterioro de la calidad de los activos,
factor que ha seguido pesando en su rentabilidad. La
condicionalidad del programa en el sector financiero se ha cumplido, aunque con
ciertos retrasos en determinados casos. Los progresos registrados en sectores
clave de la reforma, como la energía y el transporte y la absorción de los
fondos de la UE, han sido irregulares.
(10)     Tras dos años de
disminución, en 2011 el PIB real de Rumanía aumentó en un 2,5 %. Para
2012, se espera que el crecimiento se desacelere al 1,4 %. Se prevé que la
demanda interna será el principal motor del crecimiento. Se espera asimismo que
la inversión pública, respaldada por la mejora de la absorción de los fondos de
la UE, desempeñará un papel esencial en 2012.
(11)     Partiendo de la
evaluación del Programa de convergencia de 2012, realizada de conformidad con
el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el
escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias
expuestas en el programa es verosímil. El objetivo de la estrategia
presupuestaria esbozada en el programa es alcanzar un déficit presupuestario
inferior al 3 % del PIB en 2012, conforme a las recomendaciones ofrecidas
por el Consejo a Rumanía en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Por
consiguiente, se propone alcanzar un objetivo presupuestario a medio plazo (OMP)
definido como un déficit del 0,7 % del PIB en términos estructurales. El
OMP plasma adecuadamente los requisitos del plan de estabilidad y crecimiento.
Tras la corrección proyectada del déficit excesivo en 2012, se espera que el
déficit siga disminuyendo al 2,2 % del PIB en 2013, el 1,2 % del PIB
en 2014 y el 0,9 % del PIB en 2015. Tomando como base el saldo estructural
(recalculado)[9],
esto implica una mejora del déficit en un 1,5 % en 2012, un 0,5 % en
2013 y un 0,7 % en 2014, cifras que se ajustan al valor de referencia del
0,5 % del pacto de estabilidad y crecimiento. La tasa de crecimiento de
los gastos de las administraciones públicas se ajusta al valor de referencia
fijado para esos gastos por el pacto de estabilidad y crecimiento para el
periodo 2012-2015. El programa prevé la consecución del OMP en 2014. Los
principales riesgos a los que están expuestos los objetivos presupuestarios se
derivan de los pagos atrasados de las empresas públicas y de la reacumulación
potencial de pagos atrasados en las administraciones locales y en el sector de
la sanidad. Por lo que respecta a la deuda pública, a finales de 2011 se
situaba por debajo del 34 %, es decir, considerablemente por debajo del 60 %
del PIB.
(12)     Rumanía ha contraído una
serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Estos compromisos,
y la ejecución de los compromisos presentados el año pasado, tienen por objeto
fomentar la competitividad, crear empleo, mejorar la sostenibilidad de las
finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera.
RECOMIENDA que Rumanía tome
medidas en el período 2012-2013 a fin de:
Aplicar las medidas establecidas en la
Decisión 2009/459/CE del Consejo, modificada por la Decisión 2010/183/UE del
Consejo, así como las medidas establecidas en la Decisión 2011/288/UE del
Consejo y desarrolladas en el protocolo de acuerdo de 23 de junio de 2009 y sus
addenda posteriores, y en el protocolo de acuerdo de 29 de junio de 2011
y sus addenda posteriores.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               COM(2012)325 final.
[3]               P7 TA(2012)0048 y P7 TA(2012)0047.
[4]               Decisión 2012/238/UE del Consejo de 26 de abril de 2012.
[5]               DO L 150 de 13.6.2009, p. 8.
[6]               DO L 83 de 30.3.2010, p. 19.
[7]               DO L 132 de 19.5.2011, p. 15.
[8]               Sistema Europeo de Cuentas.
[9]               Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras
excluir las medidas excepcionales y de carácter temporal, recalculado por los
servicios de la Comisión a partir de la información facilitada en el programa y
utilizando la metodología común.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 14 de septiembre de 2012 , al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2012/20)

text:
               22.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 286/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 14 de septiembre de 2012
   al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
   (BCE/2012/20)
   2012/C 286/01
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato de los actuales auditores externos del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland expiró tras la auditoría del ejercicio de 2011. Por tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2012.

               (3)

               El Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ha seleccionado a RSM Farrell Grant Sparks como su auditor externo para los ejercicios de 2012 a 2016.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que RSM Farrell Grant Sparks sea nombrado auditor externo del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland para los ejercicios de 2012 a 2016.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 14 de septiembre de 2012.

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI


title: Recomendación n ° S2, de 22 de octubre de 2013 , relativa al derecho a las prestaciones en especie para las personas aseguradas y los miembros de sus familias durante una estancia en un tercer país en virtud de un convenio bilateral entre el Estado miembro competente y el tercer país  Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza

text:
               18.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 46/8

         RECOMENDACIÓN No S2
   de 22 de octubre de 2013
   relativa al derecho a las prestaciones en especie para las personas aseguradas y los miembros de sus familias durante una estancia en un tercer país en virtud de un convenio bilateral entre el Estado miembro competente y el tercer país
   (Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza)
   (2014/C 46/09)
   LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL,
   Visto el artículo 72, letra a), del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, que establece que la Comisión Administrativa tiene la responsabilidad de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del Reglamento (CE) no 883/2004 y del Reglamento (CE) no 987/2009 (2),
   Visto el artículo 72, letra c), del Reglamento (CE) no 883/2004, según el cual la Comisión Administrativa se encargará de promover y desarrollar la colaboración entre los Estados miembros y sus instituciones en materia de seguridad social,
   De conformidad con las condiciones que establece el artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE) no 883/2004,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La particular importancia del principio general de igualdad de trato para los trabajadores que no residen en el Estado miembro en el que trabajan, incluidos los trabajadores fronterizos, se ha reiterado en el octavo considerando y en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004.

               (2)

               El artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 prohíbe la discriminación de las personas a las que se aplica dicho Reglamento.

               (3)

               El Tribunal de Justicia también ha dictaminado que, en caso de que la aplicación de una disposición del Derecho de la UE pueda verse obstaculizada por una medida adoptada en virtud de la aplicación de un convenio bilateral, aun cuando el Convenio no se halle dentro del ámbito de aplicación del Tratado, cada Estado miembro tendrá la obligación de facilitar la aplicación de dicha disposición (3).

               (4)

               Aun cuando un convenio celebrado entre un solo Estado miembro y uno o varios países terceros no se halle dentro del concepto de «legislación» en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004, esto no puede afectar a la obligación de todo Estado miembro de respetar el principio de igualdad de trato establecido en el artículo 45 del Tratado (4).

               (5)

               Por esta razón, debe quedar claro que los convenios bilaterales de seguridad social entre un Estado miembro y un tercer país han de interpretarse en el sentido de que los convenios bilaterales deben aplicarse de tal modo que no se prive a una persona ni a los miembros de su familia [artículo 1, letra i), del Reglamento (CE) no 883/2004] de los derechos que se derivan del ejercicio de la libertad de circulación dentro de la Unión Europea con arreglo a lo establecido en el Tratado.

               (6)

               La libertad de circulación no puede ser plenamente eficaz si a una persona a la que es aplicable la legislación de un Estado miembro distinto de su Estado de residencia no se le concede el mismo trato jurídico que a las personas que residen en ese Estado miembro y se encuentran en la misma situación.

               (7)

               Las disposiciones del Título III, capítulo 1, del Reglamento (CE) no 883/2004 contienen normas de conflicto que determinan las condiciones en las que una persona asegurada y los miembros de su familia tienen derecho a las prestaciones de enfermedad en especie por cuenta de la institución competente, mientras residan o se encuentren en otro Estado miembro.

               (8)

               La intención de los artículos 17 y 24 a 26 del Reglamento (CE) no 883/2004 es garantizar que la concesión de las prestaciones de enfermedad en especie no esté supeditada a la residencia de la persona asegurada en el Estado miembro competente, a fin de no disuadir a los trabajadores migrantes de ejercer su derecho a la libre circulación (5).

               (9)

               Esto también se aplica a los miembros de la familia, tal como se definen en el artículo 1, letra i), del Reglamento (CE) no 883/2004, que disfrutarán en el Estado miembro de residencia de las prestaciones de enfermedad en especie facilitadas por la institución del lugar de residencia, por cuenta de la institución competente, en virtud de los artículos 17 o 24 a 26 del Reglamento (CE) no 883/2004.

               (10)

               El principio de igualdad de trato también debe aplicarse, en principio, en los casos en los que el Estado miembro competente haya suscrito un convenio bilateral con un tercer país en el que se incluyan disposiciones sobre prestaciones de enfermedad en especie que sean necesarias desde un punto de vista médico en un tercer país, y a condición de que el tercer país esté dispuesto a cooperar en casos individuales.

         RECOMIENDA:

               1.

               Un Estado miembro que haya suscrito un convenio bilateral de seguridad social con un tercer país en el que se incluyan disposiciones sobre prestaciones de enfermedad en especie aplicará estas disposiciones a las personas a las que se aplica la legislación de ese Estado miembro, así como a los miembros de su familia, que residan en otro Estado miembro y que tengan derecho a recibir las prestaciones en especie en virtud de los artículos 17 o 24 a 26 del Reglamento (CE) no 883/2004, en caso de que las prestaciones de enfermedad en especie sean necesarias desde un punto de vista médico durante un período de estancia en dicho tercer país.

               2.

               La presente recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del primer día del segundo mes siguiente al de su publicación.

            La Presidenta de la Comisión Administrativa

         Mariana ZIUKIENE

      (1)  DO L 166 de 30.4.2004, p. 1 (Corrección de errores DO L 200 de 7.6.2004, p. 1).

      (2)  DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

      (3)  Asunto C-55/00 Gottardo Rec. 2002 p. I-413, apartado 31 y asunto 235/87 Matteucci Rec. 1988 p. 5589, apartado 19.

      (4)  Asunto C-55/00 Gottardo Rec. 2002 p. I-413, apartado 35 y asunto 235/92 Grana-Novoa Rec. 1993 p. I-4505.

      (5)  Asunto C-286/03 Silvia Hosse Rec. 2006 p. I-01771, apartado 54.


Avis juridique important

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32001H0928

Recomendación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la protección de la población contra la exposición al radón en el agua potable [notificada con el número C(2001) 4580]

Diario Oficial n° L 344 de 28/12/2001 p. 0085 - 0088

Recomendación de la Comisiónde 20 de diciembre de 2001relativa a la protección de la población contra la exposición al radón en el agua potable[notificada con el número C(2001) 4580](2001/928/Euratom)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 30, apartado 2 de su artículo 33, el apartado 1 de su artículo 38 y el segundo guión de su artículo 124,Visto el dictamen del grupo de expertos designados por el Comité científico y técnico con arreglo al artículo 31 del Tratado,Considerando lo siguiente:(1) La Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes(1), establece un marco para controlar la exposición a las fuentes naturales de radiación en el trabajo. El título VII de la Directiva se aplica a las actividades laborales en las que la presencia de fuentes naturales de radiación da lugar a un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o la población. Los Estados miembros deben identificar las actividades laborales que puedan constituir motivo de preocupación.(2) Teniendo en cuenta la gran variabilidad geográfica de la presencia natural de radón y la medida en que se ve afectada la población y el suministro de agua, es necesario un enfoque flexible que permita a los Estados miembros aplicar el concepto de optimización y garantizar la protección de los grupos de población más expuestos. Dicho enfoque es conforme con la letra a) del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 96/29/Euratom.(3) El grupo de expertos establecido con arreglo al artículo 31 del Tratado Euratom ha elaborado una guía técnica(2) para aplicar el título VII de la Directiva 96/29/Euratom(3). Dicha guía contempla la protección de los trabajadores contra la inhalación de radón en centros de trabajo en los que el agua puede liberar cantidades significativas de radón en la atmósfera interior.(4) La Recomendación 90/143/Euratom de la Comisión, de 21 de febrero de 1990, relativa a la protección de la población contra los peligros de una exposición al radón en el interior de edificios(4) introduce niveles de referencia y de diseño para el radón en el interior de edificios. El nivel de referencia para el examen de las acciones correctoras en edificios existentes se fija en 400 Bq/m3 y el nivel de diseño para futuras construcciones en 200 Bq/m3.(5) Estudios realizados en los Estados miembros han puesto de manifiesto que en algunas aguas subterráneas hay altas concentraciones de radón, sobre todo en regiones con rocas cristalinas. En determinadas circunstancias, las concentraciones de radón en el agua potable son radiológicamente significativas porque exponen a la población a dosis elevadas y no deben ser desdeñadas desde el punto de vista de la protección radiológica. Las altas concentraciones están relacionadas a menudo con la perforación de pozos privados, pero también con instalaciones de abastecimiento de agua que utilizan acuíferos de rocas o suelos.(6) Muchos Estados miembros son cada vez más conscientes de la importancia de la exposición de la población al radón en el agua potable. Varios países han adoptado ya o están elaborando medidas de control de las dosis. En muchos casos, las medidas de control se atienen a los principios de protección establecidos en la Directiva 96/29/Euratom y la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativas a las aguas destinadas al consumo humano(5).(7) El radón es un gas noble que existe en estado natural y cuyo isótopo más importante es el radón-222, que tiene una vida media de 3,82 días. Forma parte de la cadena de desintegración del uranio-238 y su presencia en el medio ambiente está asociada principalmente a la existencia, en rocas y suelos, de pequeñas cantidades de su pariente inmediato, el radio-226. Al ser un gas inerte, el radón puede desplazarse de manera relativamente libre en medios porosos como suelos o rocas fragmentadas. Cuando los poros están saturados de agua, como sucede en los suelos y rocas situados bajo el nivel freático, el radón se disuelve en el agua, que, a continuación, lo transporta. Los suelos saturados de agua con una porosidad del 20 % y una concentración de radio de 40 Bq/kg, que representa la media mundial en la corteza terrestre, dan lugar, en situación de equilibrio, a una concentración de radón en las aguas subterráneas del orden de 50 Bq/l.(8) Los estudios realizados en los Estados miembros han demostrado que las concentraciones de radón en las aguas de superficie son muy bajas, normalmente muy por debajo de 1 Bq/l. Las concentraciones de las aguas subterráneas varían de 1 a 50 Bq/l en los acuíferos rocosos de las rocas sedimentarias, de 10 a 300 Bq/l en los pozos excavados en el suelo y de 100 Bq/l a 50000 Bq/l en las rocas cristalinas. Las mayores concentraciones están normalmente asociadas con fuertes concentraciones de uranio en el lecho rocoso. Las concentraciones de radón en los acuíferos rocosos se caracterizan por su variabilidad; así, en una región con tipos de roca bastante homogéneos, algunos pozos presentan concentraciones muy superiores a la media de la región. También se han observado variaciones estacionales importantes en las concentraciones.(9) El radón del agua doméstica da lugar a la exposición humana a través de la ingestión y la inhalación. El radón puede ingerirse por el consumo directo de agua corriente o agua dulce embotellada. El radón es liberado por el agua corriente a la atmósfera interior, causando una exposición por inhalación.(10) En su informe de 1993, el Comité científico de las Naciones Unidas para el estudio de las radiaciones ionizantes (UNSCEAR)(6) estimó que la dosis efectiva comprometida resultante de la ingestión de radón en el agua ascendía a 10-8 Sv/Bq para los adultos y que era algo superior para los niños y los bebés. En 1998, el National Research Council de los Estados Unidos presentó un factor de conversión de 0,35.10-8 Sv/Bq(7). Esta comisión no encontró pruebas científicas suficientes para establecer estimaciones de dosis diferentes para los distintos grupos de edad. Además del factor de conversión, la dosis por ingestión depende también del consumo anual de agua. Las estimaciones de la dosis efectiva comprometida anual, absorbida por un adulto a raíz de la ingestión de agua que contiene 1000 Bq/l, varía entre 0,2 mSv y 1,8 mSv, en función del consumo anual de agua y la gama de factores de conversión utilizada.(11) El aumento de la concentración de radón en el interior de edificios causado por el agua corriente depende de diversos parámetros, tales como el consumo total de agua en el edificio, el volumen de este y la velocidad de ventilación. Tanto el UNSCEAR como el National Research Council estiman que 1000 Bq/l de radón en el agua corriente aumentan por término medio en 100 Bq/m3 la concentración de radón en la atmósfera interior de los edificios.(12) El radón en el agua potable es controlable en sentido físico y técnico; se han desarrollado métodos eficaces para eliminar el radón del agua potable(8) que están disponibles en los comercios. Por consiguiente, debe establecerse un sistema apropiado para reducir las exposiciones significativas. Un elemento importante de dicho sistema radica en la adopción de niveles de referencia para el examen de las acciones correctoras o preventivas.(13) Desde el punto de vista técnico o de coste, los métodos y los equipos utilizados para eliminar el radón y sus productos de desintegración de larga vida no difieren significativamente para los suministros de agua existentes y los nuevos suministros previstos para una futura utilización. Por consiguiente, pueden aplicarse los mismos criterios, incluidos los niveles de referencia, para establecer las medidas correctoras de los suministros existentes y las medidas preventivas de los nuevos suministros.(14) Para los suministros de agua individuales, esto es que no se realizan en el marco de una actividad comercial o pública, la exposición al radón presente en el agua es un fenómeno bastante similar a la exposición al radón en las viviendas. Por consiguiente, deben aplicarse criterios semejantes de protección radiológica. Teniendo en cuenta las vías de ingestión y de inhalación, la dosis efectiva anual resultante de aguas que contienen 1000 Bq/l de radón es, con arreglo al estado actual de los conocimientos, muy semejante a la resultante de una concentración de radón de 200 Bq/m3 en el interior de edificios, cantidad que constituye el nivel de diseño establecido en la Recomendación 90/143/Euratom.(15) Cuando el agua se suministra en el marco de una actividad comercial o pública, por ejemplo a través de una central abastecedora de agua, el consumidor no puede controlar la dosis recibida como puede hacerlo el propietario de un sistema de abastecimiento individual. Por ello, el consumidor debe confiar en que el agua no presenta ningún riesgo para la salud humana. Además, las acciones correctoras aplicadas a esta agua afectan a gran número de personas, por lo que, para concentraciones bajas de radón, son más rentables que las aplicadas a un sistema individual. Por tanto, está justificada la adopción de medidas de control más estrictas, incluido un nivel de referencia inferior, para el agua suministrada en el marco de una actividad comercial que para los sistemas de abastecimiento individual. Las pequeñas cantidades de radón en el agua son omnipresentes, por lo que no debería adoptarse ninguna medida correctora si la concentración es inferior a 100 Bq/l. Los estudios nacionales podrían demostrar que la aplicación práctica de un programa relativo al radón requiere que se adopte un nivel de referencia superior. No obstante, es poco probable que el agua de distribución de una red pública o comercial con un contenido en radón superior 1000 Bq/l pueda considerarse aceptable desde el punto de vista de la protección radiológica.(16) Es poco probable que la concentración de radón en el agua sea mayor en el punto de suministro que en la fuente, como, por ejemplo, en el caso de una central abastecedora de agua. Normalmente, la medición en la fuente es suficiente para demostrar la conformidad con la concentración de referencia y no es necesario realizar mediciones individuales en los diversos puntos de utilización. No obstante, puede ser necesario tener en cuenta la desintegración radiactiva y la posible aireación del radón durante el suministro, por ejemplo para evaluar las dosis.(17) La Directiva 98/83/CE requiere que los Estados miembros controlen las concentraciones de Radionuclides naturales en el agua potable, pero, además del radón, los productos de desintegración del radón están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. En determinadas circunstancias, el polonio-210 y el plomo-210 (productos de desintegración del radón de larga vida) presentes en el agua potable implican un riesgo de radiación comparable o superior a algunos Radionuclides naturales controlados con arreglo a la Directiva. En consecuencia, el polonio-210 y el plomo-210 no deberían ignorarse en el control y en la adopción de medidas de reducción de las exposiciones resultantes de la presencia de radionuclides naturales en el agua potable. Deberían establecerse concentraciones de referencia para el polonio-210 y el plomo-210, sujetas a control de conformidad con los principios aplicables según la Directiva a los radionuclides naturales. La dosis indicativa de 0,2mSv y los principios de cálculo de dosis establecidos en la Directiva deberían utilizarse para determinar las concentraciones de referencia.(18) Las concentraciones elevadas de radón apuntan a una posible presencia en el agua de otros radionuclides producidos por la desintegración del uranio, aunque la correlación no es siempre clara. Cuando se realizan acciones correctoras para reducir la concentración de radón, debe determinarse la presencia de otros radionuclides naturales y, en su caso, analizarse con mayor detalle a fin de seleccionar una técnica apropiada para eliminar al mismo tiempo, y de manera rentable, todos los radionuclides naturales presentes en el agua que sean significativos desde el punto de vista radiológico.(19) Deben ponerse a disposición de las centrales abastecedoras de agua y los propietarios de redes públicas de abastecimiento orientaciones específicas sobre los diferentes métodos existentes para eliminar del agua el radón y los productos de desintegración del radón de larga vida. Dichas orientaciones deberían incluir, en particular, instrucciones sobre la manipulación y la evacuación de residuos radiactivos acumulados y sobre el modo de minimizar la posible exposición resultante del radón liberado por un dispositivo de eliminación o del aumento de la radiación gamma externa en las proximidades de un dispositivo de eliminación.(20) Deberían establecerse procedimientos mitológicos sencillos para garantizar que las mediciones de la presencia de radón y de productos de desintegración del radón en el agua proporcionen datos con un grado apropiado de calidad y de fiabilidad.(21) Debido a las características especiales del problema, la información adecuada de la población es un elemento importante para mejorar las posibilidades de control de la exposición y asegurar la reacción positiva de aquélla.(22) La presente Recomendación tiene por objeto facilitar a los Estados miembros orientaciones para el establecimiento de controles de la exposición debida a la presencia de radón y productos de desintegración del radón en el agua potable.RECOMIENDA:1. La presente Recomendación tiene por objeto la calidad radiológica de los sistemas de abastecimiento de agua potable con respecto al radón y los productos de desintegración del radón de larga vida.2. Debería establecerse un sistema apropiado para reducir las exposiciones al radón y los productos de desintegración del radón de larga vida en los suministros de agua potable doméstica. En dicho sistema debe prestarse especial atención a la información adecuada de la población y a la respuesta a sus preocupaciones. El sistema debería centrarse en las exposiciones más elevadas y en los ámbitos donde las medidas pueden ser más eficaces.3. A efectos de la presente recomendación se entenderá por "agua potable":a) el agua, en estado original o después de ser tratada, utilizada para beber, cocinar, preparar alimentos o para cualquier otro uso doméstico, independientemente de cuál sea su origen o de si se ha suministrado a través de una red de distribución, en un camión cisterna, en botellas o en contenedores;b) el agua utilizada en empresas alimentarias para fabricar, transformar, conservar o comercializar productos o sustancias destinadas al consumo humano, a no ser que las autoridades nacionales competentes estén convencidas de que la calidad del agua no puede afectar a la salubridad del producto alimenticio final.Las aguas minerales naturales cubiertas por la Directiva 80/777/CEE del Consejo(9) y las aguas medicinales con arreglo a la Directiva 65/65/CEE del Consejo(10) están excluidas del ámbito de aplicación de la presente Recomendación porque ya se han establecido disposiciones específicas para estos tipos de agua.4. Cuando no se disponga de esta información, deberían realizarse estudios representativos para determinar la magnitud y la naturaleza de las exposiciones debidas al radón y los productos de desintegración del radón de larga vida en los suministros de agua potable doméstica procedente de diferentes tipos de fuentes de agua subterránea y pozos situados en diversas zonas geológicas. Dichos estudios deben estar concebidos de modo que los parámetros subyacentes y, en particular, la geología y la hidrología de la zona afectada, la radiactividad de las rocas o del suelo y el tipo de pozos, puedan identificarse y utilizarse más tarde para orientar la acción ulterior a las exposiciones más elevadas. Los estudios deberían examinar en particular:a) los pozos perforados, sobre todo en zonas con rocas cristalinas;b) las centrales abastecedoras de agua que utilizan acuíferos de rocas y suelos.5. Para el agua suministrada en el marco de una actividad comercial o pública, deberían adoptarse las medidas siguientes:a) por encima de una concentración de 100 Bq/l, los Estados miembros deberían establecer un nivel de referencia para el radón, que utilizarán para determinar si son necesarias medidas correctoras para proteger la salud humana. Puede adoptarse un nivel superior a 100 Bq/l si los estudios nacionales indican que es necesario para la aplicación práctica de un programa relativo al radón. Para las concentraciones superiores a 1000 Bq/l, las medidas correctoras se consideran justificadas por razones de protección radiológica;b) deberían exigirse mediciones de la concentración de radón si hay razones especiales para sospechar, sobre la base de los resultados de estudios representativos u otra información fiable, que podría haberse rebasado el nivel de referencia;c) cuando se sospecha, sobre la base de los resultados de estudios representativos u otra información fiable, que hay concentraciones importantes de polonio-210 y plomo-210, debería prescribirse el control de dichos nucleado junto con el control de otros radionuclides naturales exigido por la Directiva 98/83/CE;d) por encima de una concentración de referencia de 0,1 Bq/l para el polonio-210 y de 0,2 Bq/l para el plomo-210, debería considerarse si es necesario adoptar medidas correctoras para proteger la salud humana.6. Para los suministros de agua individuales, esto es que no se realizan en el marco de una actividad comercial o pública, deberían adoptarse las medidas siguientes:a) debería utilizarse un nivel de 1000 Bq/l para el estudio de medidas correctoras;b) la urgencia de las medidas correctoras debería ser proporcional al grado en que se haya rebasado la concentración de referencia;c) cuando se considere necesario adoptar medidas correctoras debido al radón, deberían comprobarse los niveles de otros radionuclides naturales y, a raíz de dicha comprobación, analizar y eliminar, en su caso, del agua potable otros radionuclides naturales con las mismas medidas correctoras;d) cuando la adopción de medidas correctoras se considera necesaria, debería informarse a los consumidores afectados sobre los niveles de radón del agua y las medidas correctoras disponibles para reducirlos.7. Cuando las mediciones indiquen que el radón del agua corriente contribuye de manera significativa a superar los límites de radón establecidos para el interior de los edificios, debería considerarse la adopción de medidas correctoras en esa fuente.8. El agua potable distribuida en lugares públicos, tales como residencias, escuelas y hospitales, debe ser conforme a los principios mencionados en el punto 5.9. Las mediciones deberían realizarse con métodos y equipo adecuados que han sido objeto de una calibración certificada y de programas de certificación de la calidad.10. Los Estados miembros deberían facilitar orientaciones sobre los diferentes métodos disponibles para eliminar el radón y los productos de desintegración del radón de larga vida en el agua. Asimismo, deberían facilitar instrucciones relativas a la manipulación y la evacuación de residuos radiactivos generados en el procedimiento de eliminación y sobre el modo de minimizar la posible exposición resultante del radón liberado por un dispositivo de eliminación o del aumento de la radiación gamma externa en las proximidades de un dispositivo de eliminación.11. La exposición de los trabajadores al radón inhalado en establecimientos en cuya atmósfera interior pueden liberarse grandes cantidades de radón procedentes del agua, en particular en centrales abastecedoras de agua, balnearios y piscinas, debería controlarse con arreglo al título VII de la Directiva 96/29/Euratom y las recomendaciones relativas a la aplicación de dicho título que en 1997 realizó el grupo de expertos contemplado en el artículo 31 del Tratado Euratom ("Radiation Protection 88").12. Los Estados miembros deberían considerar en qué medida la utilización voluntaria de agua que contiene radón debido a sus posibles efectos terapéuticos se justifica por sus ventajas económicas, sociales o de otro tipo teniendo en cuenta el perjuicio para la salud que puede provocar.Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2001.Por la ComisiónMargot WallströmMiembro de la Comisión(1) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.(2) Radiation Protection 88. Recommendations for the implementation of Title VII of the European Basic Safety Standards Directive (BSS) concerning the significant increase in exposure due to natural radiation sources. European Commission, Luxembourg, 1997.(3) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.(4) DO L 80 de 27.3.1990, p. 26.(5) DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.(6) Unscear 1993 report. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York, 1993.(7) Risk Assessment of Radon in Drinking Water. Committee on Risk Assessment of Exposure to Radon in Drinking Water, Board on Radiation Effects Research, Commission of Life Sciences, NRC (National Research Council). National Academy Press, Washington DC, 1999.(8) La Comisión ha financiado y financia varios proyectos de investigación sobre el riesgo de exposición al radón El proyecto TENEWA (Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water) realizado en el marco del contrato CCE n° FI4PCT960054 ha facilitado un volumen importante de informaciones sobre las técnicas de eliminación y, en particular, sobre los posibles riesgos radiológicos de los dispositivos de eliminación.(9) DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.(10) DO 22 de 9.2.1965, p. 369/65.


title: Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2013 , encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Malta

text:
               26.6.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 180/1

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 21 de junio de 2013
   encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Malta
   2013/C 180/01
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 7,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con el artículo 126 del Tratado los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

               (2)

               El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)

               De conformidad con el artículo 126, apartado 6, del Tratado, el Consejo decidió el 21 de junio de 2013 declarar la existencia de un déficit excesivo en Malta.

               (4)

               De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado, y con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (1), el Consejo debe dirigir recomendaciones al Estado miembro afectado con el objetivo de poner fin a la situación de déficit excesivo dentro de un plazo determinado. La Recomendación debe establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro afectado tome medidas efectivas con el fin de corregir el déficit excesivo. Además, en una recomendación encaminada a corregir un déficit excesivo el Consejo debe exigir que se realicen unos objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones en las que se sustente la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima del saldo estructural (saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB, como valor de referencia.

               (5)

               De conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1467/97, el objetivo presupuestario recomendado para el último año del período de corrección debe garantizar que la reducción exigida de la diferencia entre el ratio de deuda con respecto al PIB y el valor de referencia del 60 % del PIB mencionado en el Tratado se produzca en el transcurso de los dos años siguientes a la corrección del déficit excesivo, de acuerdo con las previsiones de la Comisión.

               (6)

               Según las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión, el déficit seguirá estando por encima del valor de referencia en 2013 y 2014, situándose respectivamente en el 3,7 % y el 3,6 % del PIB. Estas previsiones presupuestarias se basan en las políticas actuales, y por lo tanto incorporan el presupuesto de 2013 aprobado por el Parlamento en abril de 2013, que incluye medidas expansivas tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, así como la aportación ya prevista de capital a Air Malta (0,6 % del PIB), con un efecto de aumento neto del déficit de un 0,3 % del PIB. Las medidas expansivas se compensan solo parcialmente con incrementos de los impuestos especiales y la recaudación de impuestos atrasados, así como mediante la reducción de gastos y la subida de las cotizaciones sociales, derivadas de la reforma de las pensiones de 2006. Además, después de 2012 disminuiría drásticamente la contribución de medidas puntuales de reducción neta del déficit, señaladas por la Comisión, al esfuerzo de consolidación. Debido a la continuación del déficit primario que se espera para 2013 y 2014, se calcula que el déficit público, según las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión, seguirá aumentando hasta alcanzar el 73,9 % del PIB en 2013 y el 74,9 % del PIB en 2014. Se prevé que en 2015 y 2016 el déficit de las administraciones públicas se mantenga por encima del valor de referencia del 3 % del PIB, mientras que el ratio deuda/PIB aumentaría hasta el 75,6 % del PIB para 2016.

               (7)

               De conformidad con el Reglamento (CE) no 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse en el año siguiente a su detección, salvo que concurran circunstancias especiales. Por consiguiente, está justificada una corrección del déficit excesivo de aquí a 2014. En concreto, una senda de ajuste creíble y sostenible exigiría que Malta alcanzara un objetivo de déficit público global del 3,4 % del PIB para 2013 y del 2,7 % del PIB en 2014, que es compatible con una mejora anual del saldo presupuestario estructural del 0,7 % del PIB en 2013 y el 0,7 % del PIB en 2014. El objetivo para 2014 garantiza que la reducción exigida de la diferencia entre el ratio de deuda con respecto al PIB y el valor de referencia del 60 % del PIB previsto en el Tratado se produzca en el transcurso de los dos años siguientes a la corrección del déficit excesivo. Para alcanzar los objetivos estructurales mencionados, Malta tendría que adoptar medidas adicionales de consolidación de alrededor del 0,4 % del PIB en 2013, además de las medidas ya incluidas en el escenario de referencia, y alrededor del 0,75 % del PIB en 2014. Estos objetivos tienen en cuenta la necesidad de compensar los efectos secundarios negativos del saneamiento presupuestario en las finanzas públicas, a través de su repercusión en el crecimiento del PIB. El escenario de referencia en el que se basa esta senda de ajuste tiene en cuenta las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión y las prolonga hasta 2016, basándose en hipótesis normalizadas sobre la eliminación de la brecha de producción y la sensibilidad del presupuesto al ciclo; en cambio, no incluye la aportación adicional de capital a Air Malta que está prevista para 2015 según el programa de estabilidad de 2013. Por lo tanto, se supone que la aportación de capital no se efectuará o quedará contrarrestada por medidas en la dirección contraria.

               (8)

               El marco presupuestario de Malta es bastante flexible, y su carácter no vinculante y el corto horizonte de la planificación no favorecen una situación presupuestaria sólida. La Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (2) no ha sido transpuesta todavía. Además, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (3), Malta debe dotarse de organismos independientes encargados del seguimiento del cumplimiento de las reglas presupuestarias. Aunque en el programa de estabilidad se menciona la intención del Gobierno de crear un consejo presupuestario, aún no se han trazado planes concretos.

               (9)

               De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) no 473/2013, Malta debe presentar a la Comisión y al Consejo un programa de asociación económica, a la que vez que el informe que debe presentar con arreglo al artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) no 1467/97.

               (10)

               En opinión del Consejo, las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo de las administraciones públicas y, al mismo tiempo, estar encaminadas a mejorar la calidad de la hacienda pública y a reforzar el potencial de crecimiento de la economía.

         RECOMIENDA:

               1)

               Malta debe poner fin a la situación actual de déficit excesivo de aquí a 2014.

               2)

               En concreto, Malta debe:

                           a)

                           alcanzar un objetivo de déficit público global del 3,4 % del PIB para 2013 y el 2,7 % del PIB en 2014, que es compatible con una mejora anual del saldo estructural del 0,7 % del PIB en 2013 y el 0,7 % del PIB en 2014; esta senda de ajuste permitiría situar el déficit público global por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB para 2014, garantizando al mismo tiempo que el ratio de deuda bruta de las administraciones públicas se aproxime al valor de referencia del 60 % del PIB a un ritmo satisfactorio;

                           b)

                           especificar y aplicar rigurosamente las medidas necesarias para lograr la corrección del déficit excesivo de aquí a 2014, y utilizar todos los beneficios inesperados para reducir el déficit.

               3)

               El Consejo establece el plazo de 1 de octubre de 2013 para que Malta adopte medidas eficaces y, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) no 1467/97, transmita un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.
               Una vez corregido el déficit excesivo, se invita a Malta a que siga progresando a un ritmo adecuado hacia su objetivo a medio plazo de un presupuesto equilibrado en términos estructurales, incluido el cumplimiento del valor de referencia en materia de gasto. A fin de limitar los riesgos para la ejecución presupuestaria, el Consejo invita a Malta a fortalecer la eficacia de su marco presupuestario y a mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestaria durante todo el año. En concreto, se invita a Malta a establecer un marco presupuestario plurianual más vinculante y basado en reglas. Además, debe reforzarse el papel de los organismos independientes encargados del seguimiento de la política presupuestaria, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 473/2013.
               Por último, para garantizar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, se invita al Gobierno maltés a apoyar el saneamiento presupuestario con reformas estructurales de gran alcance, acordes con las recomendaciones que el Consejo ha dirigido a Malta en el contexto del Semestre Europeo y, en particular, las relacionadas con el componente preventivo del procedimiento de desequilibrio excesivo (4).
               El destinatario de la presente Recomendación es Malta.

      Hecho en Luxemburgo, el 21 de junio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. NOONAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.

      (3)  DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.

      (4)  Todos los documentos relacionados con el procedimiento de déficit excesivo de Malta pueden encontrarse en http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm