               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 30.10.2019
            COM(2019) 551 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

               En este mundo globalizado, donde los delitos graves y el terrorismo son cada vez más transnacionales y polivalentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben contar con todos los equipos necesarios para cooperar con socios externos al objeto de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por consiguiente, Europol debe poder intercambiar datos personales con las fuerzas y cuerpos de seguridad de terceros países en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones en el marco de los requisitos establecidos en el Reglamento 2016/794, de 11 de mayo de 2016
                  1
               .

               Desde la entrada en vigor del Reglamento, Europol puede intercambiar datos con terceros países u organismos internacionales sobre la base de un acuerdo internacional que contemple garantías adecuadas con respecto a la protección de la privacidad y las libertades y los derechos fundamentales de las personas. La Comisión es responsable, en nombre de la Unión, de negociar dichos acuerdos internacionales. En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, Europol también podrá establecer y mantener relaciones de cooperación con socios externos a través de acuerdos de trabajo y administrativos que no pueden por sí solos constituir una base jurídica para el intercambio de datos personales.

               En el undécimo informe de evolución hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva
                  2
               , la Comisión señaló ocho países prioritarios
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                de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) en lo referente a las amenazas terroristas, los retos relativos a la migración y las necesidades operativas de Europol para iniciar las negociaciones. Teniendo en cuenta la estrategia política esbozada en la Agenda Europea de Seguridad
                  4
               , las Conclusiones del Consejo
                  5
                y la Estrategia Global
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               , las necesidades operativas de las fuerzas y cuerpos de seguridad de toda la UE y los beneficios potenciales de una cooperación más estrecha en este ámbito (como se demostró tras el ataque de Christchurch en marzo de 2019), la Comisión considera que es necesario incluir a Nueva Zelanda como país prioritario para dar comienzo a las negociaciones a corto plazo. Nueva Zelanda realizó una solicitud formal con relación a la iniciativa el 23 de agosto de 2019.

               En abril de 2019, Europol y la policía neozelandesa firmaron un acuerdo de colaboración. El acuerdo ofrece un marco para una cooperación de carácter estratégico estructurada, que incluye una línea de seguridad para permitir una comunicación directa segura. Nueva Zelanda, por su parte, ha enviado un funcionario de enlace a Europol. Sin embargo, no ofrece una base jurídica para el intercambio de datos personales. Actualmente, no existe una base jurídica con relación al intercambio regular y estructurado de datos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de Nueva Zelanda y Europol, lo que resulta fundamental de cara a una cooperación operativa efectiva.

               Las normas jurídicas de Nueva Zelanda relativas a la protección de los datos personales quedan recogidas fundamentalmente en la Ley sobre la vida privada de 17 de mayo de 1993, modificada por la Ley de modificación de la Ley sobre la vida privada de 7 de septiembre de 2010
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               . A estos efectos, dicha Ley establece doce principios sobre la privacidad de la información por los que se rige el tratamiento de datos personales. La Ley sobre la vida privada resulta de aplicación tanto a los organismos privados como a los públicos, incluidos las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, con ella se crea el Comisionado de protección de la vida privada, la autoridad independiente encargada de la protección de datos en Nueva Zelanda.

               Contexto político

               El 15 de mayo de 2019, tras el ataque de Christchurch, el Presidente francés Emmanuel Macron y la Primera Ministra neozelandesa Jacinda Ardern presentaron conjuntamente el acto de «Christchurch Call» («El llamamiento de Christchurch»), en París, al que asistió el Presidente Juncker y que puso de relieve la importancia de abordar el problema de los contenidos terroristas en línea, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales. Los Gobiernos y las empresas tecnológicas participantes, así como la Unión Europea, expresaron su apoyo a los compromisos adoptados en el documento «Christchurch Call to Action» («El llamamiento a la acción de Christchurch») para eliminar el contenido terrorista y extremista violento de la red (

                  https://www.christchurchcall.com/

               ).

               La UE y Nueva Zelanda son socios con una ideología similar que comparten la misma opinión y el mismo enfoque con respecto a diversos asuntos mundiales. El Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la UE y Nueva Zelanda, firmado el 5 de octubre de 2016, marca el camino hacia una relación más firme y sólida y contempla varios artículos por los que las Partes se comprometen a cooperar en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, la cooperación en la ejecución de las leyes, la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, las drogas, la ciberdelincuencia, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la migración y el asilo.

               La UE y Nueva Zelanda también son socios del Foro Mundial contra el Terrorismo (GCTF), un foro internacional formado por 29 países y la Unión Europea cuya misión fundamental es reducir la vulnerabilidad de las personas en todo al mundo frente al terrorismo, mediante la prevención, la lucha y la persecución de los actos terroristas, y la lucha contra la incitación y la captación que alimentan dicho terrorismo. La UE y Nueva Zelanda cooperan estrechamente en asuntos exteriores y de seguridad y participan regularmente en un diálogo político y de seguridad. En el marco de ese diálogo, también se realizan consultas en el ámbito ministerial y del alto funcionariado. Gracias al Acuerdo Marco de Asociación de 2012, Nueva Zelanda pudo participar en algunas operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. Por ejemplo, colaboró con EUNAVFOR Atalanta (contra la piratería en el Cuerno de África).

               Necesidades operativas

               En todas las áreas delictivas que son competencia de Europol existe un potencial para una mayor cooperación con Nueva Zelanda que ha de ser estudiado. A continuación se presenta una lista no exhaustiva de las necesidades operativas más importantes de Europol con relación a Nueva Zelanda:

               ·Terrorismo: El terrorismo representa una grave amenaza tanto para Nueva Zelanda como para la Unión Europea, que han sido objeto de ataques terroristas. Además de mejorar el panorama de las amenazas y la detección de nuevas tendencias, es necesaria una cooperación reforzada, también en lo relativo al intercambio de datos personales, para detectar, prevenir y perseguir eficazmente los delitos de terrorismo, especialmente los desplazamientos con fines terroristas, la financiación del terrorismo y el uso indebido de internet por parte de los terroristas.

                  El Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (CELT) de Europol tiene un firme interés operativo en poder intercambiar datos operativos/personales con Nueva Zelanda y viceversa, como se demostró tras el ataque de Christchurch. Tras el suceso, la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la UE (UE IRU) trabajó en la detección de contenido y en los patrones de difusión en internet. La velocidad y el volumen de agresiones en internet tras el ataque, así como el amplio número de proveedores de servicios afectados, fueron inéditos y pusieron de manifiesto las limitaciones de los procesos existentes para abordar este tipo de amenazas. Un acuerdo operativo con Nueva Zelanda no solo reforzará la posición de Europol para encabezar la respuesta operativa a la llamada de Christchurch a fin de erradicar el contenido terrorista o extremista violento de la red, sino que además ofrecerá a Europol el marco jurídico necesario para establecer una cooperación de alto nivel con Nueva Zelanda en cuestiones relativas al terrorismo.

               ·Ciberdelincuencia: Para la UE, las agencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad neozelandeses son un socio clave en las investigaciones relativas a los casos de explotación sexual infantil.

                  La policía de Nueva Zelanda participa y es socio activo del grupo Virtual Global Taskforce, una red de socios clave para el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol en la lucha contra el abuso sexual infantil en la red. El gran dominio de Nueva Zelanda de las investigaciones sobre la explotación sexual infantil en la red y su voluntad de poner en común sus conocimientos con los participantes en estas reuniones son muy valorados por las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE, a las que se ha asignado la responsabilidad de investigar estos delitos tan complejos y que se enfrentan a numerosos retos legales y técnicos. Desde un punto de vista operativo, Nueva Zelanda puede aportar un importante valor añadido a Europol en el ámbito de la ciberdelincuencia, concretamente en lo relativo a la explotación sexual infantil en las redes. La policía de Nueva Zelanda y el equipo sobre explotación infantil digital del Departamento de Asuntos Internos de dicho país trabajan en este ámbito y tienen experiencia en él, y han desempeñado un papel fundamental en operaciones de alta prioridad.

                  Nueva Zelanda sigue siendo el único país de la alianza Five Eyes
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                con el que Europol no dispone de una base jurídica para el intercambio de datos personales. Ello limita la capacidad de ambas partes para poner en común información operativa valiosa y cooperar de manera sistemática. Además, genera una situación en la que los contactos bilaterales deben establecerse directamente con los Estados miembros o mediante terceros organismos, como INTERPOL. El carácter de estos contactos va en detrimento de la eficacia de los Estados miembros para combatir este tipo de delitos y les priva de la oportunidad de contribuir al valor añadido que ofrece Europol y de beneficiarse de él, especialmente en el ámbito del contenido terrorista en la red y la explotación sexual infantil en línea.

               ·Bandas ilegales de motoristas: La policía de Nueva Zelanda y Europol muestran un enorme interés en cooperar en lo relativo a las bandas ilegales de motoristas. Estas bandas son un tema cada vez más preocupante en Nueva Zelanda, y la policía neozelandesa ha creado recientemente una unidad de inteligencia especializada en bandas que cuenta entre sus objetivos principales las bandas ilegales de motoristas. El seguimiento del proyecto de análisis de Europol tiene especial interés en los desplazamientos a Europa y los antecedentes penales de los miembros de las bandas ilegales de motoristas de Nueva Zelanda, así como de sus supuestos contactos con determinadas partes de la delincuencia organizada en el Sudeste Asiático.

               ·Drogas: Europol ya trabajó en el pasado en un caso de tráfico de anfetaminas a gran escala de la UE a Nueva Zelanda. Existe potencial para una mayor cooperación en este ámbito.

               2.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA RECOMENDACIÓN

               El Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) establece un marco jurídico para Europol, en particular sus objetivos y funciones, el alcance de sus competencias, las garantías en materia de protección de datos y las formas de cooperación con socios externos. La presente Recomendación se ajusta a las disposiciones del Reglamento sobre Europol
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               .

               El objetivo de la presente Recomendación es obtener del Consejo la autorización para que la Comisión negocie el futuro acuerdo en nombre de la UE. La base jurídica para que el Consejo autorice la apertura de negociaciones es el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               De conformidad con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión será designada negociador de la Unión para el Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               1.El Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  10
                fue adoptado el 11 de mayo de 2016 y resulta de aplicación desde el 1 de mayo de 2017.

               2.Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/794, en concreto con relación a la transferencia de datos personales de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a terceros países y organismos internacionales, Europol puede transferir datos de carácter personal a una autoridad de un tercer país sobre la base de un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y dicho tercer país de conformidad con el artículo 218 del TFUE en el que se contemplen garantías adecuadas con relación a la protección de la privacidad y las libertades y los derechos fundamentales de las personas.

               3.Procede entablar negociaciones a fin de celebrar un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (en adelante, «el Acuerdo»).

               4.Como también se detalla en el considerando 35 del Reglamento (UE) 2016/794, la Comisión debe poder consultar al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) durante la negociación del Acuerdo y, en todo caso, de manera previa a su celebración.

               5.El Acuerdo debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente el derecho a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 7 de la Carta, el derecho a la protección de datos de carácter personal, reconocido en el artículo 8 de la Carta, y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, reconocido en el artículo 47 de la Carta. El Acuerdo debe aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.

               6.El Acuerdo no debe afectar a la transferencia de datos de carácter personal o a otras formas de cooperación entre las autoridades responsables de velar por la seguridad nacional, y debe entenderse sin perjuicio de estas.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 2

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial, que debe insertar el Consejo].

               Artículo 3

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el 30.10.2019

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        Reglamento (UE) 2016/794, de 11 de mayo de 2016 (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

                     (2)

                        COM(2017) 608 final.

                     (3)

                        Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.

                     (4)

                        COM(2015) 185 final.

                     (5)

                        Documento del Consejo 10384/17, de 19 de junio de 2017.

                     (6)

                        Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea.
                  https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf

                     (7)

                        La Ley sobre la vida privada se encuentra actualmente en proceso de reforma como consecuencia de un proyecto de ley presentado en marzo de 2018.

                     (8)

                        Alianza de

                     servicios de inteligencia

                   formada por

                     Australia

                  ,

                     Canadá

                  ,

                     Nueva Zelanda

                  ,

                     Reino Unido

                   y

                     Estados Unidos

                  .

                     (9)

                        En concreto, los artículos 3, 23 y 25 y el capítulo VI del Reglamento (UE) 2016/794.

                     (10)

                        Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 30.10.2019
            COM(2019) 551 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

               ANEXO

               Durante las negociaciones, la Comisión debe tratar de conseguir los objetivos que se detallan a continuación:

               1)El objetivo general del Acuerdo debe ser establecer una base jurídica para la transmisión de datos personales entre Europol y las autoridades competentes de Nueva Zelanda, respectivamente, para apoyar y reforzar la acción de las autoridades competentes de este país y de los Estados miembros, así como su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra el terrorismo y los delitos transnacionales graves, proporcionando al mismo tiempo garantías apropiadas con respecto a la protección de la privacidad, los datos personales y las libertades y los derechos fundamentales de las personas.

               2)Para garantizar la delimitación de dicho objetivo, la cooperación y el intercambio de datos en virtud del Acuerdo deben referirse solo a los delitos e infracciones penales que formen parte de las competencias de Europol de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/794 (en lo sucesivo, conjuntamente, «infracciones penales»). En particular, la cooperación ha de tener por objeto la prevención y la lucha contra el terrorismo, la desarticulación de la delincuencia organizada y la lucha contra la ciberdelincuencia. El Acuerdo debe concretar su ámbito de aplicación y los fines con los que Europol puede transferir datos de carácter personal a las autoridades competentes de Nueva Zelanda.

               3)El Acuerdo debe establecer con claridad y precisión las garantías y controles necesarios para la protección de datos personales y de las libertades y los derechos fundamentales de las personas, con independencia de su nacionalidad y de su lugar de residencia, en los intercambios de datos personales entre Europol y las autoridades competentes neozelandesas. Además de las garantías que se fijan más adelante, estas deben velar por exigir que la transmisión de datos personales esté sujeta a obligaciones de confidencialidad y que dichos datos no se empleen para solicitar, dictar o ejecutar una pena de muerte ni ningún otro tipo de trato cruel o inhumano, sin perjuicio de otras garantías adicionales que se puedan requerir.

               Concretamente:

               a)El Acuerdo debe contener las definiciones de los términos clave. En particular, el Acuerdo debe contener una definición de datos personales conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/680.

               b)El Acuerdo debe respetar el principio de especificidad, que garantiza que los datos no se tratarán para fines distintos de aquellos para los que se han transmitido. Por consiguiente, los fines del tratamiento de los datos personales por las Partes en el contexto del Acuerdo deben detallarse de forma clara y precisa y no deben ser más amplios de lo necesario en casos concretos para la prevención del terrorismo y las infracciones penales y la lucha contra los mismos a que se hace referencia en el Acuerdo.

               c)Los datos personales transmitidos por Europol de conformidad con el Acuerdo deben tratarse de forma leal, sobre una base legítima y únicamente para los fines para los que hayan sido transmitidos. El Acuerdo debe ofrecer la posibilidad de que, en el momento de transmitir los datos, Europol indique cualquier restricción de acceso o utilización, sobre todo por lo que respecta a su transmisión, supresión, destrucción o tratamiento posterior. El Acuerdo debe obligar a las autoridades competentes de Nueva Zelanda a que respeten estas restricciones y determinen cómo se va a garantizar su cumplimiento en la práctica. Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y estar limitados a lo necesario en relación con dicha finalidad. Dichos datos deben ser exactos, estar actualizados y no conservarse más tiempo del necesario para los fines para los que hayan sido transmitidos. El Acuerdo debe incluir un anexo que contenga una lista exhaustiva de las autoridades competentes de Nueva Zelanda a las que Europol puede transferir datos personales, así como una breve descripción de sus competencias.

               d)Debe prohibirse la transmisión por parte de Europol de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, datos genéticos y datos relativos a la salud y a la vida sexual, a menos que sea estrictamente necesario y resulte proporcionado en casos concretos para la prevención de las infracciones penales y la lucha contra las mismas, tal como se contempla en el Acuerdo y desde el respeto a las garantías adecuadas. El Acuerdo también debe contener garantías específicas en relación con la transmisión de datos personales de las víctimas de infracciones penales, los testigos u otras personas que pudieran facilitar información sobre infracciones penales, y de los menores.

               e)El Acuerdo debe garantizar los derechos jurídicamente vinculantes de las personas cuyos datos personales se traten, mediante el establecimiento de normas sobre el derecho de acceso, la rectificación y la supresión, que incluyan las razones concretas por las que se pueden autorizar restricciones necesarias y proporcionadas. El Acuerdo también debe garantizar los derechos jurídicamente vinculantes de recurso administrativo y judicial a toda persona cuyos datos se traten en virtud del mismo, así como vías de recurso efectivas.

               f)El Acuerdo debe establecer las normas sobre almacenamiento, acceso, rectificación y cancelación de datos personales, así como sobre el mantenimiento de archivos a efectos de registro y documentación, y sobre la información que debe facilitarse a los particulares. También debe prever garantías en relación con el tratamiento automatizado de datos personales.

               g)El Acuerdo debe concretar los criterios en que se basará la indicación de la fiabilidad de la fuente y la exactitud de los datos.

               h)El Acuerdo debe contemplar la obligación de velar por la seguridad de los datos personales a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, en particular estableciendo que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos personales. El Acuerdo también debe incluir la obligación de notificación en caso de violación de la seguridad de los datos personales que afecte a los datos transmitidos en el marco del mismo.

               i)Las transmisiones ulteriores de información de las autoridades competentes de Nueva Zelanda a otras autoridades de Nueva Zelanda, también para su uso en procedimientos judiciales, solo deben autorizarse para los fines originales de la transmisión por parte de Europol y deben efectuarse a reserva de las condiciones y garantías adecuadas, en particular de la autorización previa por parte de Europol.

               j)Estas mismas condiciones de la letra i) deben aplicarse a las transmisiones ulteriores de información de las autoridades competentes de Nueva Zelanda a las autoridades de un tercer país, con el requisito adicional de que tales transmisiones solo deben autorizarse respecto a terceros países a los que Europol tenga derecho a transmitir datos personales con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794.

               k)El Acuerdo debe garantizar un sistema de supervisión por parte de una o varias autoridades públicas independientes responsables de la protección de datos, con poderes efectivos de investigación e intervención para supervisar a las autoridades públicas de Nueva Zelanda que utilicen datos personales / información intercambiada e incoar procedimientos legales. En concreto, las autoridades independientes deben ser competentes para resolver las quejas de los ciudadanos sobre el uso de sus datos personales. Las autoridades públicas que utilicen datos personales deben ser responsables de cumplir las normas de protección de datos personales en virtud del Acuerdo.

               4)El Acuerdo debe prever un mecanismo eficaz de solución de diferencias, con respecto a su interpretación y aplicación, a fin de garantizar que las Partes observen normas mutuamente acordadas.

               5)El Acuerdo debe incluir disposiciones sobre el control y la evaluación periódica del Acuerdo.

               6)El Acuerdo debe incluir una disposición sobre su entrada en vigor y validez y una disposición en virtud de la cual cada una de las Partes podrá concluir o suspender el Acuerdo, en particular en los casos en los que el tercer país ya no garantice efectivamente el nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales que se exige en virtud del Acuerdo. El Acuerdo también debe especificar si se podrán seguir tratando los datos personales que entren en su ámbito de aplicación y hayan sido transmitidos antes de la suspensión o denuncia del Acuerdo. Si se permite la continuación del tratamiento de los datos personales, este debe efectuarse en cualquier caso de conformidad con las disposiciones del Acuerdo en el momento de la suspensión o denuncia.

               7)El Acuerdo podrá incluir una cláusula sobre su ámbito de aplicación territorial, si fuera necesario.

               8)El Acuerdo será igualmente auténtico en las lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana o sueca e incluirá a tal efecto una cláusula sobre lenguas.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 516 final/2
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Luxemburgo

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Luxemburgo

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero.

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Luxemburgo
                  2
                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se valoraban los avances realizados por Luxemburgo con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
                  3
               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en años anteriores, así como los avances realizados por ese país para la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
                  5
               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, las transiciones ecológica y digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya modificado los marcos normativos pertinentes
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                para que los Estados miembros puedan movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de la COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Luxemburgo a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)El 30 de abril de 2020, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 29 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (10)Luxemburgo se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (11)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un superávit de 2,2 % del PIB en 2019 a un déficit de 8,5 % del PIB en 2020. En 2021, se prevé que el déficit disminuya al 3,0 % del PIB. Tras haber bajado al 22,1 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB subiría hasta el 28,7 % del PIB en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. La perspectiva macroeconómica y presupuestaria está sometida a una gran incertidumbre relacionada con la pandemia de la COVID-19.

               (12)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Luxemburgo ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 5,5 % del PIB. Algunas de estas medidas son: el refuerzo de los servicios de atención sanitaria, ayudas a las empresas en dificultades, préstamos y la reducción del tiempo de trabajo, incluidos los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores transfronterizos. Por otra parte, Luxemburgo ha anunciado medidas que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas. Entre estas medidas se encuentran aplazamientos del pago de deudas tributarias, préstamos a pymes que atraviesen dificultades financieras temporales y garantías. A diferencia del Programa de Estabilidad de 2020, la Comisión prevé que el paquete de medidas tendrá un efecto menor, ya que no considera que el aplazamiento del pago de deudas tributarias y la concesión de préstamos sean medidas discrecionales con repercusión presupuestaria. Las autoridades consideran, no obstante, que una parte del aplazamiento del pago de impuestos directos sí tendría repercusión presupuestaria, que se tiene en cuenta en el 5,5 % del PIB antes mencionado. Por otra parte, una parte del coste de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo se ha considerado parte del funcionamiento de los estabilizadores automáticos. En general, las medidas adoptadas por Luxemburgo se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (13)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas luxemburguesas debería situarse en un déficit de 4,8 % del PIB en 2020 y en un superávit de 0,1 % en 2021. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021. En comparación con las previsiones de la Comisión, el Programa de Estabilidad se basa en asunciones más prudentes tanto para los ingresos como los gastos.

               (14)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento previsto del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 por parte de Luxemburgo. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (15)Luxemburgo cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios de la UE. Sin embargo, dado que el 49 % de los médicos y el 62 % de los profesionales sanitarios no son nacionales, el sistema está muy por encima del máximo de vulnerabilidad crítica (según el indicador de la Organización Mundial de la Salud), lo que hace que el sistema sanitario de Luxemburgo pueda verse afectado por decisiones unilaterales de los países vecinos en tiempos de crisis. Luxemburgo tuvo que adoptar medidas a corto plazo en un tiempo récord para mejorar la resiliencia de su sistema de asistencia sanitaria a raíz de la crisis de la COVID-19; por ejemplo, ha tenido que movilizar infraestructura médica, crear una nueva sección temporal para un hospital y proporcionar alojamiento en Luxemburgo a profesionales sanitarios transfronterizos y a sus familias.

               (16)Se espera que el sistema sanitario se enfrente cada vez a mayores dificultades, que se sumarán al problema del número creciente de vacantes de profesionales sanitarios en los últimos años; en concreto, el aumento previsto de la demanda de asistencia sanitaria debida al envejecimiento de la población, y la jubilación prevista de entre un 59 % y un 69 % del personal médico en los próximos 15 años. Las innovaciones en la combinación de competencias del personal, el desarrollo de funciones profesionales, el reparto de tareas y la sustitución desempeñarán un papel importante a la hora de mantener el atractivo laboral del sector sanitario. En términos más generales, hay margen para mejorar la gobernanza del sistema sanitario, incluida la cooperación con los países vecinos; el Gobierno acaba de emprender una reforma significativa. Si bien la infraestructura digital está bastante avanzada en Luxemburgo, todavía se están realizando esfuerzos para implantar soluciones de sanidad electrónica, como las soluciones digitales para el reembolso a los proveedores. Luxemburgo se ha concentrado en las tecnologías digitales, tales como la supercomputación, la inteligencia artificial, la cadena de bloques y los macrodatos, y se encuentra en situación de aprovechar estas capacidades y colaborar a escala de la Unión para contribuir de forma significativa a la investigación destinada a neutralizar el virus y reducir las infecciones. Luxemburgo también ha creado un nuevo régimen de ayuda a los proyectos de inversión en I+D relativos a productos necesarios para atajar eficientemente la pandemia de la COVID-19, como tratamientos y vacunas eficaces.

               (17)Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo suba al 6,4 % en 2020 y que se recupere en 2021, llegando al 6,1 %. Luxemburgo ha adoptado una serie de medidas para mantener el empleo, en particular la reducción del tiempo de trabajo. No obstante, debe prestarse especial atención a los grupos más vulnerables, como los trabajadores de más edad o poco cualificados, dado que el nuevo régimen de renta mínima (REVIS o revenu d'inclusion sociale) ya ha dado lugar a un aumento de los desempleados inscritos en el servicio público de empleo como consecuencia de la inscripción obligatoria de sus beneficiarios en este servicio desde enero de 2019. Las personas más vulnerables se verían más afectadas por el aumento de la competencia en el mercado laboral como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Otras personas vulnerables afectadas por la crisis podrían ser los trabajadores temporales, así como los trabajadores poco cualificados en general. Por lo que se refiere a los trabajadores de más edad, su baja tasa de empleo sigue siendo una cuestión estructural de Luxemburgo que repercute en la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, en la línea de lo apuntado en las recomendaciones dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. En el contexto actual, el riesgo a ser despedidos de los trabajadores de más edad ha aumentado debido a la crisis; aumentar su capacidad de adaptación a otros empleos y sectores, en particular mediante el perfeccionamiento y reciclaje profesionales, resulta más necesario que nunca. Luxemburgo se sitúa cerca de la media de la UE en materia de inclusión social, pero los indicadores sobre desigualdad y pobreza de las personas con empleo se han debilitado en los últimos años, y las oportunidades de los estudiantes siguen estando muy influidas por su contexto socioeconómico. En este contexto, debe apoyarse a los grupos más vulnerables en particular, para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis.

               (18)Para apoyar a las empresas durante la crisis relacionada con la COVID-19, en particular a las pymes, incluidos los trabajadores por cuenta propia y las microempresas, Luxemburgo ha incluido en su plan de estabilización una serie de medidas. La venta minorista es uno de los sectores más afectados, debido al desplome de la demanda y a las medidas actuales que limitan las actividades de las empresas total o parcialmente. Aumentar la flexibilidad reguladora daría un impulso a la venta minorista tras la crisis. También sería beneficioso ayudar a las pymes a adoptar las tecnologías digitales que les permitan continuar sus actividades, como el comercio electrónico. Deben mantenerse medidas adecuadas durante todo el período de recuperación, suprimiéndolas de manera gradual y flexible, y se debe determinar cuáles son los sectores más afectados, con el fin de elaborar planes de apoyo específicos que les permitan ponerse al mismo nivel que los demás durante la fase de recuperación. En el proceso de aplicación de estas medidas debe darse un peso importante a la resiliencia del sector bancario. Una vez superada la fase más aguda de la crisis, para apoyar la transición y la creación de nuevas pymes en sectores potenciadores del crecimiento, llevar a cabo una reforma del marco de insolvencia de Luxemburgo puede ayudar a que las empresas reciban una segunda oportunidad, si no son culpables de la insolvencia.

               (19)Para fomentar la recuperación económica, será fundamental anticipar parte de la financiación de proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, introduciendo las reformas que sean pertinentes, especialmente en los sectores ecológico y digital. Luxemburgo ya ha puesto en marcha iniciativas para impulsar la digitalización y la innovación, pero la integración tecnológica en el sector empresarial y la inversión privada, así como la digitalización de los servicios públicos, siguen siendo bajas, si se tienen en cuenta el ambiente y la ambición tan propicios del país para pasar a una economía de los datos. Las inversiones en digitalización, competencias digitales avanzadas e innovación, incluido la elaboración de una estrategia integrada de I+i, serán esenciales para apoyar a las pymes e impulsar la productividad y la competitividad. La recuperación también debe apoyarse en mayor medida mediante el impulso de inversiones ecológicas ambiciosas a corto plazo. En este sentido pueden ser sectores esenciales, en particular, el transporte sostenible, especialmente el ferroviario, la construcción sostenible, en particular la eficiencia energética de los edificios, tanto los existentes como los nuevos, y las energías renovables. Estas medidas contribuirían a proporcionar un fuerte estímulo ecológico y a apoyar a Luxemburgo a acercarse a sus objetivos para 2030 en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables, allanando también el terreno para lograr la neutralidad climática. Asimismo, hay que seguir buscando dónde hace falta inversión y las correspondientes fuentes de financiación, especialmente dado el efecto de la pandemia de la COVID-19 en la economía y las finanzas públicas. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Luxemburgo a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Luxemburgo garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

               (20)Luxemburgo se enfrenta a riesgos importantes de blanqueo de capitales dados los cuantiosos flujos de inversiones extranjeras directas y la presencia de estructuras jurídicas complejas con patrocinadores extranjeros. Estos riesgos se reflejan en la evaluación nacional de riesgos, especialmente en relación con los profesionales que prestan servicios a sociedades y fideicomisos (trust), así como servicios de inversión. Las deficiencias en la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales por parte de estos profesionales dan lugar a análisis de riesgos inadecuados y a unos números bajos de notificación de actividades sospechosas. La intensidad de la supervisión de estos profesionales es inadecuada para solucionar estas deficiencias. Se ha creado un registro nacional de titulares reales para las empresas con el fin de limitar el secreto e identificarlos. La calidad de la información proporcionada y la eficacia del registro deben ser objeto de seguimiento a lo largo del tiempo.

               (21)La lucha contra la planificación fiscal abusiva sigue siendo fundamental para mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas fiscales, tal como se reconoce en la recomendación de la zona del euro de 2020. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Luxemburgo ha adoptado medidas contra las prácticas de planificación fiscal abusiva, como la puesta en práctica de iniciativas internacionales y europeas acordadas previamente, pero el alto nivel de pagos de dividendos, intereses y cánones como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La mayor parte de la inversión directa extranjera está en manos de «entidades con fines especiales». La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en países terceros) de intereses y cánones, y la exención de las retenciones en origen sobre los pagos de dividendos en determinadas circunstancias pueden dar lugar a que se eluda totalmente el pago de impuestos por dichos pagos, si estos tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. Luxemburgo ha presentado un proyecto de ley por la que se establece la no deducibilidad de los pagos de intereses y cánones a las jurisdicciones incluidas en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, en consonancia con su compromiso de introducir medidas defensivas contra dichos países y territorios.

               (22)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (23)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Luxemburgo contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (24)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones del Eurogrupo, Luxemburgo debe velar por que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y están coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (25)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (26)A la luz de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020 y su dictamen
                  7
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA a Luxemburgo que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario garantizando que haya suficientes profesionales sanitarios. Acelerar las reformas para mejorar la gobernanza del sistema de salud y la sanidad electrónica.

               2.Mitigar el efecto de la crisis en el empleo, prestando especial atención a las personas en una posición difícil en el mercado laboral.

               3.Garantizar la aplicación efectiva de las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas, en particular la de las pymes y los trabajadores por cuenta propia. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en las transiciones ecológica y digital, en particular en edificios y transportes sostenibles y en lo que se refiere a la producción y el uso limpios y eficientes de energía, lo que contribuirá a descarbonizar progresivamente la economía. Fomentar la innovación y la digitalización, en particular en el sector empresarial.

               4.Garantizar una supervisión y un control del cumplimiento eficaces del marco de lucha contra el blanqueo de capitales en lo que se refiere a los profesionales que prestan servicios a fideicomisos y sociedades, así como servicios de inversión. Intensificar el control de los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva, en particular a través de los pagos salientes.

               Hecho en Bruselas, el 20.5.2020

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        SWD(2020) 515 final.

                     (3)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 48.

                     (4)

                        COM(2020) 112 final.

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (7)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 9.6.2020
            COM(2020) 227 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook
            {SWD(2020) 102 final} - {SWD(2020) 103 final}

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

                  La Comisión propone negociar un nuevo protocolo que responda a las posibilidades y necesidades reales de la flota de los Estados miembros y esté en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Consejo, relativo a la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo de 19 de marzo de 2012 relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

                  La Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook han celebrado un Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible
                     1
                   con efecto a partir del 14 de octubre de 2016
                     2
                  . Su Protocolo de aplicación expirará el 13 de octubre de 2020. En este Protocolo se fijan las posibilidades de pesca de que dispone la flota de la Unión y la correspondiente contrapartida financiera pagada por la Unión y los armadores.

                  El Protocolo prevé un importe de 385 000 EUR para el primer y segundo años, y de 350 000 EUR para el tercer y cuarto años, con cargo al presupuesto de la UE, en concepto de compensación financiera por el acceso a las zonas de pesca para un tonelaje de referencia de 7 000 toneladas anuales. Además, los armadores de la UE pagan cánones de autorización basados en los precios fijados en el Protocolo para la cuota asignada. A ello se añaden 350 000 EUR al año del presupuesto de la UE para apoyar la política pesquera de las Islas Cook durante los cuatro años de vigencia del Protocolo.

                  El Acuerdo con las Islas Cook ofrece posibilidades de pesca del atún y de especies altamente migratorias para buques de dos Estados miembros de la Unión (España y Francia). En la actualidad, el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible con Islas Cook es el único activo en el Océano Pacífico
                     3
                  .

                  Los acuerdos de colaboración de pesca sostenible (ACPS) contribuyen a promover los objetivos de la política pesquera común a nivel internacional, garantizando que las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud del Derecho de la Unión. Además, los ACPS fomentan la cooperación científica entre la UE y sus socios, y promueven la transparencia y la sostenibilidad para una mejor gestión de los recursos pesqueros. Los ACPS fomentan la gobernanza apoyando la supervisión, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras y financiando la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), y contribuyen al desarrollo sostenible del sector pesquero local, así como al trabajo digno en relación con las actividades pesqueras. Los ACPS refuerzan la posición de la UE en las organizaciones internacionales y regionales de pesca: en el caso de las Islas Cook, en particular, en la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (CPPOC)
                     4
                  . Por último, las posibilidades de pesca concedidas a través de ACPS se basan en los mejores dictámenes científicos disponibles y contribuyen a la mejora del cumplimiento de las medidas internacionales.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  La negociación de un nuevo protocolo con las Islas Cook está en consonancia con la acción exterior de la Unión respecto a los países de África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP), en particular con los objetivos de la Unión relativos al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  La base jurídica de la Decisión la proporciona el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en su quinta parte (acción exterior de la Unión), título V (acuerdos internacionales), artículo 218, apartados 3 y 4, donde se establece el procedimiento para la negociación y la celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  No aplicable (competencia exclusiva).

               •Proporcionalidad

                  La Decisión es proporcional al objetivo perseguido.

               •Elección del instrumento

                  El instrumento está previsto en el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

                  La Comisión ha llevado a cabo en 2019-2020 una evaluación ex post del actual Protocolo del ACPS de la UE con las Islas Cook, así como una evaluación ex ante de la posible renovación de dicho Protocolo. Las conclusiones de la evaluación se exponen en un documento de trabajo aparte
                     5
                  .

                  En la evaluación se llegó a la conclusión de que la industria pesquera de la UE (túnidos) está muy interesada en operar en la zona de pesca de las Islas Cook y que la renovación del Protocolo aparece claramente como la opción preferida. La no renovación privaría a la UE de un instrumento capaz de responder a las necesidades de las distintas partes interesadas y a sus propias necesidades en términos de refuerzo de la gobernanza mundial de los océanos a través del marco multilateral de la CPPOC.

                  Para las Islas Cook, la intervención de la UE aporta un valor añadido consistente en unos ingresos asegurados a lo largo de varios años, una plataforma oficial para el diálogo sectorial e intercambios directos para la cooperación con la UE, así como un marco para el seguimiento y el control conjuntos de las actividades de la UE. El ACPS contribuye a la promoción de las prácticas pesqueras responsables y da acceso a una línea presupuestaria específica (apoyo sectorial) para la ayuda financiera a la ejecución de la política pesquera nacional por parte de las Islas Cook.

               •Consultas con las partes interesadas

                  En el contexto de la evaluación, se ha consultado a los Estados miembros, a representantes del sector y a organizaciones internacionales de la sociedad civil, así como al organismo responsable de la pesca de las Islas Cook y a la sociedad civil de este país. También se han celebrado consultas en el marco del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  No procede.

               •Evaluación de impacto

                  No procede.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

                  Se ha incluido una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y los principios democráticos en el ACPS.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  Las repercusiones presupuestarias relacionadas con el nuevo protocolo incluyen el pago de una contribución financiera a las Islas Cook que sea compatible con el actual marco financiero plurianual (MFP), en particular en lo que respecta a las asignaciones a la línea presupuestaria
                     6
                   para ACPS. Los importes anuales para compromisos y pagos se establecen en el procedimiento presupuestario anual, incluida la línea de reserva para propuestas que no hayan entrado en vigor a principios de año.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  Se espera que las negociaciones se inicien en el segundo o el tercer trimestre de 2020.

               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

                  La Comisión recomienda lo siguiente:

                  — que el Consejo autorice a la Comisión a entablar y mantener negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo protocolo para el ACPS con las Islas Cook;

                  — que se la designe como negociadora de la UE a tal fin;

                  — que la Comisión lleve a cabo las negociaciones con el asesoramiento del comité especial, según lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

                  — que el Consejo apruebe las directrices de negociación adjuntas a la presente Recomendación.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Deben iniciarse las negociaciones con vistas a la celebración de un nuevo protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook.

               (2)También debe autorizarse la negociación de una prórroga limitada del actual Protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook, en caso de que sea necesario para evitar una interrupción prolongada de las actividades pesqueras
                  7
               .

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un nuevo protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible con el Gobierno de las Islas Cook.

               Asimismo, se autoriza a la Comisión a negociar una prórroga limitada del actual Protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo con el asesoramiento del Grupo «Política Exterior de Pesca» del Consejo.

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente / La Presidenta

                     (1)

                        DO L 131 de 20.5.2016, p. 3.

                     (2)

                        DO L 131 de 20.5.2017, p. 10.

                     (3)

                        Los acuerdos de colaboración en el sector pesquero de la UE con Micronesia, las Islas Salomón y Kiribati, respectivamente, están actualmente inactivos, ya que no tienen ningún protocolo de aplicación en vigor.

                     (4)

                  http://www.fao.org/fishery/rfb/WCPFC/en
                  , el órgano creado con arreglo al Derecho internacional para la conservación y la gestión de las especies altamente migratorias en la región.

                     (5)

                        [referencia]

                     (6)

                        Véase el capítulo 40 (línea de reserva 40 02 41), en consonancia con el Acuerdo interinstitucional del MFP (2013/C 373/01).

                     (7)

                        Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook (DO L 131 de 20.5.2016, p. 10).

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 9.6.2020
            COM(2020) 227 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook
            {SWD(2020) 102 final} - {SWD(2020) 103 final}

               ANEXO

               Directrices para la negociación de un nuevo protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook

               El objetivo de estas negociaciones es la celebración de un protocolo del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  1
                y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012
                  2
               , relativas a la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común
                  3
               .

               A fin de garantizar, a través de este nuevo protocolo, el fomento de la pesca sostenible y responsable, los objetivos de negociación de la Comisión se basarán en los siguientes aspectos:

               ·garantizar el acceso a la zona de pesca de las Islas Cook y las autorizaciones necesarias a fin de que los buques de la flota de la Unión Europea puedan llevar a cabo actividades pesqueras en dicha zona;

               ·tomar debidamente en consideración los mejores dictámenes científicos disponibles y los planes de gestión correspondientes adoptados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), a fin de garantizar y mejorar la sostenibilidad medioambiental de unas actividades pesqueras dirigidas exclusivamente a los recursos excedentarios disponibles, teniendo en cuenta la capacidad de pesca de las flotas locales y prestando al mismo tiempo especial atención al carácter compartido de las poblaciones afectadas;

               ·procurar obtener un cupo adecuado de los recursos pesqueros que satisfaga los intereses de las flotas de la Unión, cuando otras flotas extranjeras también estén interesadas en tales recursos;

               ·garantizar que el acceso a las pesquerías se base en la actividad histórica y la actividad futura prevista de la flota de la Unión en la región, a la vista de las mejores y más actualizadas valoraciones científicas disponibles;

               ·proseguir el diálogo para reforzar la política sectorial con vistas a fomentar la aplicación de una política pesquera responsable, conectada con los objetivos de desarrollo del país, en particular en lo que se refiere a la gobernanza, el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades pesqueras y el asesoramiento científico, y teniendo en cuenta los medios de subsistencia y los intereses de las comunidades pesqueras locales;

               ·incluir una cláusula sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y los principios democráticos;

               ·garantizar que el protocolo contribuya a promover el crecimiento y el trabajo digno vinculados a la actividad marítima, teniendo en cuenta los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

               En particular, el protocolo debe definir:

               –las posibilidades de pesca, por categoría, que se van a conceder a los buques de la Unión Europea;

               –la contrapartida financiera y las condiciones del pago, y

               –los mecanismos para poner en práctica la ayuda sectorial.

               Con objeto de evitar la interrupción de las actividades pesqueras, el nuevo protocolo debe incluir una cláusula relativa a su aplicación provisional a partir del día siguiente a la fecha de expiración del actual Protocolo.

               En caso de que las negociaciones para un nuevo protocolo para el Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook duren más de lo previsto
                  4
               , y con el fin de evitar un largo período de interrupción de las actividades pesqueras, la Comisión debe intentar acordar con el Gobierno de las Islas Cook una prórroga del actual Protocolo
                  5
               , por un período limitado, si es posible, no superior a un año, y seguir tratando de alcanzar un acuerdo para un nuevo protocolo con arreglo a los objetivos antes mencionados.

                     (1)

                        Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).

                     (2)

                        Ref.: ST 7087 2012 REV 1 COR 1 de 20.3.2012.

                     (3)

                        Ref.: COM(2011) 417 final de 13.7.2011.

                     (4)

                        Debido, en particular, a las consecuencias ligadas a la actual situación sanitaria mundial, derivada de la pandemia de COVID-19.

                     (5)

                        Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook (DO L 131 de 20.5.2016, p. 10).


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 23.3.2021
            COM(2021) 138 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Angola sobre la facilitación de las inversiones

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               El 19 de diciembre de 2019, el Consejo adoptó la Decisión
                  1
                por la que se modifican las directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con los países y las regiones de África, el Caribe y el Pacífico («los países ACP»), en la medida en que sean competencia de la Unión («las directrices de negociación de 2019»). Estas nuevas directrices de negociación actualizaron el amplio mandato y las directrices de negociación emitidos por el Consejo el 12 de junio de 2002 (doc. 9930/02).

               La sección 6.2, párrafo primero, de las directrices de negociación modificadas establece lo siguiente: «Inversión. De conformidad con el objetivo de “reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza, de forma coherente con los objetivos del desarrollo sostenible” (y con respecto a los artículos 1, 29 y 75 a 78, y al anexo II del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable), las Partes acordarán establecer un marco regulador que facilite, mejore y estimule una inversión sostenible mutuamente beneficiosa entre ellas, teniendo en cuenta las iniciativas multilaterales de facilitación de las inversiones. Este marco se basará en los principios de no discriminación, apertura, transparencia y estabilidad. Las Partes fomentarán el desarrollo de entornos atractivos y estables para la inversión apoyando normas estables y transparentes para los inversores, y tratarán de mejorar la inclusión financiera y el acceso a la financiación».

               Angola todavía no es Parte en el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la UE y el grupo de países
                  2
                del Acuerdo de Asociación Económica de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (el AAE de la SADC), y dicho acuerdo no contiene disposiciones sobre la facilitación de las inversiones.

               El 8 de septiembre de 2020, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis y el ministro de Comercio e Industria de Angola, Victor Fernandes, emitieron una declaración conjunta
                  3
                en la que confirmaban su intención de iniciar debates exploratorios sobre un acuerdo de inversión entre la UE y Angola, que se añadiría al AAE y se centraría en la facilitación de las inversiones.

               En virtud de las directrices de negociación vigentes, actualizadas en 2019, el Consejo autoriza a la Comisión a negociar con los países y las regiones ACP Acuerdos de Asociación Económica que cubran una amplia gama de temas, incluidas disposiciones relativas a la facilitación de las inversiones
                  4
               . En vista de ello, y de la voluntad de Angola de negociar un acuerdo con la UE sobre este asunto, la Comisión recomienda entablar negociaciones con Angola para un acuerdo sobre facilitación de las inversiones. A fin de garantizar la coherencia y la consistencia con las negociaciones sobre facilitación de las inversiones con otros países ACP, las negociaciones con Angola deben llevarse a cabo sobre la base de lo dispuesto en las directrices de negociación de 2019 relativas a la facilitación de las inversiones (sección 6.2, párrafo primero).

               El objetivo general de dicho Acuerdo sería mejorar el clima de inversión y facilitar la movilización de las inversiones entre las Partes y su mantenimiento sobre la base de normas, medidas y procedimientos modernos y simplificados para la inversión extranjera directa. De este modo, el Acuerdo fomentaría el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la creación de empleo, y reforzaría las relaciones bilaterales de inversión entre la UE y Angola. También proporcionaría una plataforma sólida desde la que contribuir a la diversificación de la economía de Angola y a su integración en la economía mundial.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

               Los objetivos citados son coherentes con el Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece que la UE debe «fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional»
                  5
               .

               También están plenamente en consonancia con los objetivos del Acuerdo de Cotonú y el acuerdo que lo sustituya, así como con los principios generales que promueven.

               Asimismo, están en consonancia con la estrategia global de la UE con África
                  6
               , en la que «se propone que la UE diseñe mecanismos más ambiciosos para facilitar, atraer y fomentar la inversión en África».

               La presente propuesta también complementaría las negociaciones en curso sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo que están teniendo lugar en la actualidad en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  Los objetivos son coherentes con otras políticas de la UE, en particular con su política de desarrollo.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  La base jurídica procedimental es el artículo 218, apartados 3 y 4, del TFUE. Cuando la Comisión recomienda la negociación de un acuerdo internacional, no indica la base jurídica sustantiva.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  El objeto de las negociaciones previstas se refiere esencialmente a la política comercial común. Conforme al artículo 5, apartado 3, del TUE, el principio de subsidiariedad no es aplicable en ámbitos que son competencia exclusiva de la UE. La política comercial común figura entre los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión en el artículo 3 del TFUE. Esta política incluye la negociación de acuerdos comerciales en virtud, entre otros, del artículo 207 del TFUE.

                  La recomendación de la Comisión está en consonancia con el principio de proporcionalidad, ya que la celebración de un acuerdo internacional es el principal instrumento para asumir derechos y obligaciones recíprocos con un sujeto de Derecho internacional como es un país extranjero.

               •Elección del instrumento

                  Una decisión del Consejo de la Unión Europea.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

                  No aplicables.

               •Consultas con las partes interesadas

                  De junio a noviembre de 2020, la Comisión llevó a cabo una consulta pública
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                   para recabar la opinión del Parlamento Europeo, los Estados miembros, las partes interesadas y la sociedad civil acerca de la revisión de la política comercial de la Unión Europea, incluida la manera de reforzar las relaciones comerciales y de inversión de la UE con los países vecinos y África.

                  La Comisión consulta periódicamente a las partes interesadas, en particular en el grupo de expertos sobre acuerdos comerciales
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                   y el Diálogo de la Sociedad Civil
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                  .

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  La presente propuesta se basa en asesoramiento externo obtenido en el contexto de un proyecto llevado a cabo por el Banco Mundial y encargado por la Comisión Europea. Los informes señalaron, en particular, que los inversores
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                   presentaban, como factores críticos que afectan a sus decisiones de inversión en los países en desarrollo, la falta de transparencia y de previsibilidad a la hora de tratar con los organismos públicos, el cambio repentino de las leyes y reglamentos y los retrasos en la obtención de permisos y autorizaciones administrativas. Esos son los ámbitos que quedarían cubiertos por la propuesta.

               •Evaluación de impacto

                  La Decisión del Consejo sobre las directrices de negociación de 2019 ya abarcaba la facilitación de las inversiones que debían negociarse con los países y las regiones ACP. La presente Decisión es un requisito de procedimiento que, en sí mismo, no tendrá un impacto adicional comparable al de la Decisión del Consejo relativa a las directrices de negociación de 2019.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No aplicables.

               •Derechos fundamentales

                  La iniciativa respeta plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  Ninguna.

               5.OTROS ELEMENTOS

               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

                  No aplicables.

               •Documentos explicativos (para las Directivas)

                  No aplicables.

               •Aspectos de procedimiento

               La Comisión negociará en nombre de la UE. De conformidad con el artículo 218, apartado 4, del TFUE, se sugiere que el Consejo de la Unión Europea designe un comité al que deberá consultarse durante las negociaciones.

               Se informará al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento, con arreglo al artículo 218, apartado 10, del TFUE.

               La Comisión hará pública la presente Recomendación inmediatamente después de su adopción.

               La Comisión recomienda que la autorización se haga pública inmediatamente después de su adopción por el Consejo.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones para un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Angola sobre la facilitación de las inversiones

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo con Angola sobre facilitación de las inversiones.

               (2)La Decisión (UE) 2020/13 del Consejo
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                modificó las directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y las regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), en la medida en que eran competencia de la Unión.

               (3)A fin de garantizar la coherencia y la consistencia en las negociaciones sobre facilitación de las inversiones con otros países ACP, las negociaciones con Angola deben llevarse a cabo sobre la base de las directrices de negociación relativas a la facilitación de las inversiones establecidas en la Decisión (UE) 2020/13.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un acuerdo sobre facilitación de las inversiones con la República de Angola.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en la sección 6.2, párrafo primero, de la adenda de la Decisión (UE) 2020/13.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el [nombre del comité especial, que insertará el Consejo].

               Artículo 4

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente / La Presidenta

                     (1)

                        Decisión (UE) 2020/13 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican las directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que sean competencia de la Unión (DO L 6 de 10.1.2020, p. 101).

                     (2)

                        Angola está en proceso de adhesión al AAE existente entre la UE y el grupo de países del AAE de la SADC (compuesto actualmente por Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mozambique, Namibia y Sudáfrica).

                     (3)

                        https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en.

                     (4)

                        Actualmente se está llevando a cabo una negociación de este tipo con cinco países del África Oriental y Austral en el contexto de la «profundización» del actual Acuerdo de Asociación Económica.

                     (5)

                        Artículo 21, apartado 2, letra e), del TUE.

                     (6)

                        Comunicación conjunta de 2020 «Hacia una estrategia global con África»
                  https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-eu-africa-strategy-join-2020-4-final_es.pdf
                  .

                     (7)

                        https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=266.

                     (8)

                  http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/
                  .

                     (9)

                  http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531
                  .

                     (10)

                        Véase Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses [«Mantenimiento y expansión de la inversión extranjera directa, riesgos políticos y respuestas políticas», documento en inglés], Banco Mundial.
                  http://documents1.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf
                  .

                     (11)

                        Decisión (UE) 2020/13 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican las directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que sean competencia de la Unión (DO L 6 de 10.1.2020, p. 101).