title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Portugal

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/92

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Portugal y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Portugal
      (2018/C 320/21)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Portugal debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Portugal fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Portugal de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Portugal hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de pasivos exteriores netos y de deuda privada y pública, así como un alto porcentaje de préstamos dudosos, constituyen puntos vulnerables en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. Una posición prudente por cuenta corriente y el mantenimiento de la competitividad adquirida son necesarios para garantizar el ajuste de los pasivos exteriores netos. Las ratios de deuda privada siguen disminuyendo desde niveles elevados, debido a la reanudación del crecimiento nominal y los flujos de crédito ligeramente negativos, y se prevé que la ratio deuda pública / PIB haya enfilado a la baja, en un contexto de persistentes necesidades de desapalancamiento. Las intervenciones en el sector financiero han contribuido a reducir los riesgos para la estabilidad, aunque los bancos siguen penalizados por la baja rentabilidad y un gran volumen de préstamos dudosos, que, no obstante, han comenzado a disminuir. Un mayor crecimiento de la productividad es esencial para mejores perspectivas de competitividad, desapalancamiento y potencial de crecimiento. El desempleo lleva varios años disminuyendo rápidamente. Sigue habiendo carencias en materia de políticas, en particular en lo que concierne a aplicar las medidas contempladas para reducir los préstamos dudosos y mejorar el entorno empresarial. La adopción y aplicación de diversos planes de reforma, que incluyan medidas para abordar la segmentación del mercado de trabajo o reformas presupuestarias estructurales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, tendrán que ser objeto de seguimiento.

                  (4)

                  El 27 de abril de 2018, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé una sólida trayectoria descendente de la ratio deuda pública / PIB. El Programa Nacional de Reformas de Portugal de 2018 incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo y abarca los retos identificados en el informe por país de 2018. En particular, anuncia medidas en los ámbitos de las cualificaciones y la innovación, que pueden impulsar la productividad y aumentar el valor de las exportaciones portuguesas. La estrategia presentada para reducir los préstamos no productivos, junto con las acciones destinadas a promover la capitalización de las empresas contribuyen a reducir el endeudamiento de la economía portuguesa y al saneamiento de los balances de los bancos. En términos generales, la aplicación efectiva de los programas presentados contribuirá a la corrección de los desequilibrios.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Portugal se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, Portugal prevé alcanzar un déficit global del 0,7 % del PIB y del 0,2 % en 2018 y 2019, respectivamente, y posteriormente una mejora hasta un superávit del 1,4 % del PIB en 2021. Esos planes no incluyen los posibles efectos de aumento del déficit derivados de las medidas de apoyo a la banca a partir de 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un superávit estructural del 0,25 % del PIB) se alcance a más tardar en 2020. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé que la ratio de deuda pública / PIB alcanzará el 122,2 % en 2018 y el 118,4 % en 2019 y, posteriormente, el 107,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2018, pero favorable para los años siguientes. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.

                  (7)

                  El Programa de Estabilidad de 2018 de Portugal indica que el impacto presupuestario de los grandes incendios forestales que se produjeron en 2017 es importante y aporta pruebas suficientes sobre el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. En particular, el Programa de Estabilidad de 2018 señala que el presupuesto para 2018 incluye gastos excepcionales equivalentes al 0,07 % del PIB relativos a medidas preventivas para la protección del territorio nacional contra los incendios. El Programa de Estabilidad de 2018 cuantifica los gastos relativos a la gestión de las emergencias, clasificados como medidas puntuales, y a la prevención. Debido al carácter integrado de estos gastos y al vínculo directo con los grandes incendios forestales de 2017, el tratamiento específico de los gastos de prevención de incendios forestales podría tenerse en cuenta al aplicar la «cláusula de acontecimientos excepcionales». Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles en 2018 ascienden al 0,07 % del PIB en concepto de medidas preventivas. Las disposiciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 se aplican a estos gastos adicionales, ya que los incendios forestales de magnitud sin precedentes se consideran acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas portuguesas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En la primavera de 2019 se realizará una evaluación final, incluso de los importes elegibles, sobre la base de los datos de 2018 facilitados por las autoridades portuguesas.

                  (8)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Portugal que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 0,1 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de Portugal para 2018, con respecto a la solidez de la recuperación en Portugal, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario considerar ningún otro elemento adicional al respecto. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y en la hipótesis de mantenimiento de la política, existe un riesgo de cierta desviación respecto de este requisito en 2018 y para el período 2017-2018 tomado en su conjunto.

                  (9)

                  En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Portugal por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 1,3 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 0,7 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la hipótesis de que no haya cambios en la política, existe un riesgo de cierta desviación respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. Al mismo tiempo, se prevé que Portugal cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que será preciso adoptar nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio imprevisto para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.

                  (10)

                  Garantizar la sostenibilidad de la deuda pública depende de un saneamiento presupuestario sostenible a través de una mejora estructural de las finanzas públicas, que deberá lograrse mediante una mayor recaudación de ingresos y el control del gasto. Para reforzar los controles del gasto, son fundamentales la aplicación efectiva de la Ley de Control de los Compromisos, una estricta y oportuna aplicación de la ley marco presupuestaria y unos esfuerzos continuados de revisión del gasto y racionalización. La planificación y la ejecución presupuestaria sigue siendo un reto importante, especialmente en el sector sanitario, en donde los retrasos en los pagos son frecuentes, lo que también indica deficiencias en el control contable y en las prácticas de gestión. Para un saneamiento presupuestario sostenible, deben abordarse los altos y crecientes costes ligados al envejecimiento. A medio plazo, se prevé que los mayores riesgos presupuestarios relacionados con el envejecimiento en gran medida estén vinculados a los costes de financiación de las pensiones, mientras que los costes relacionados con la salud ejercerán una presión a largo plazo. Con vistas a hacer frente a estos riesgos, sería necesario introducir medidas para mejorar la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones, junto con una estrategia general para hacer frente a los costes sanitarios derivados del envejecimiento de la población.

                  (11)

                  En una línea similar, controlar el gasto, gestionar la deuda y mejorar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas podrían contribuir significativamente a la mejora estructural de las finanzas públicas. Aunque los ingresos netos totales siguen siendo negativos, en general los resultados operativos de las empresas públicas han mejorado en los últimos años, con la excepción del sector de la salud, en donde han empeorado. La deuda total no consolidada de las empresas públicas incluidas en las administraciones públicas también sigue siendo elevada, situándose en el 18,3 % del PIB a finales de 2017. Se están poniendo en marcha medidas para mejorar la vigilancia de las empresas públicas, aunque su impacto aún está por ver. El plan puesto en marcha para la gestión de la deuda y la recapitalización de las empresas públicas debería reducir el endeudamiento y recortar los gastos en concepto de intereses, pero podrían reforzarse unos incentivos adecuados garantizando un marco predecible y transparente para limitar las transferencias presupuestarias.

                  (12)

                  Continúa la recuperación del mercado de trabajo portugués, en consonancia con unos mejores resultados económicos. Se crearon más de 150 000 puestos de trabajo en 2017 y la tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años aumentó hasta el 73,4 % en 2017, recuperando el nivel anterior a la crisis. La tasa de desempleo disminuyó considerablemente y en la actualidad es inferior a la media de la zona del euro. La tasa de desempleo de larga duración también bajó rápidamente, aunque sigue siendo relativamente elevada. Además de las políticas activas del mercado de trabajo en curso, las exenciones en materia de seguridad social y un servicio público de empleo que sigue un modelo de ayuda personalizada a los demandantes de empleo, Portugal está asimismo poniendo en marcha «ventanillas únicas» de empleo en 2018. Esto podría desempeñar un importante papel a la hora de garantizar una cobertura más amplia de las medidas de activación. Los indicadores de pobreza y desigualdad también han mejorado. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se está acercando a la media de la Unión y la participación en la renta del 20 % de las personas más pobres ha aumentado desde 2015. Sin embargo, el nivel de desigualdad de ingresos sigue siendo elevado. Además, las transferencias sociales (excluidas las pensiones) son ineficaces para sacar a las personas de la pobreza, la adecuación del régimen de ingresos mínimos (pese a haber mejorado) sigue siendo limitado y la asequibilidad de la vivienda representa un reto creciente para los hogares con bajos ingresos.

                  (13)

                  A pesar de un importante aumento del número de puestos de trabajo permanentes en 2017, la proporción de trabajadores temporales se mantuvo estable en el 22 % y continúa siendo una de las más altas de la Unión. En 2017, aproximadamente el 82 % de los empleados temporales se encontraban involuntariamente en esa situación. Aunque más personas están pasando de empleos temporales a permanentes, los contratos temporales siguen siendo la norma para los desempleados que encuentran un puesto de trabajo. Por otra parte, la ya muy amplia brecha salarial entre los trabajadores temporales y los que tienen contratos indefinidos aumentó durante la crisis. Las medidas adoptadas para fomentar la creación de puestos de trabajo permanentes (por ejemplo, Contrato-Emprego) y las exenciones de cotizaciones sociales para contratar a personas pertenecientes a grupos vulnerables demostraron su eficacia, pero tuvieron una cobertura limitada. Algunos aspectos de la legislación de protección del empleo y unos procedimientos judiciales engorrosos pueden obstaculizar la contratación indefinida. No obstante, por el momento no está prevista ninguna medida para revisar el marco jurídico del despido. El Gobierno se propone adoptar medidas para hacer frente a la segmentación del mercado de trabajo mediante un debate tripartito con los interlocutores sociales.

                  (14)

                  El nivel general de cualificación de la población adulta sigue siendo uno de los más bajos de la Unión, lo que perjudica al potencial de innovación y a la competitividad del país. Esto incluye las competencias digitales: en 2017, solo el 50 % de los ciudadanos de entre 16 y 74 años disponía unas competencias digitales básicas o por encima de las básicas (frente a una media del 57 % en la Unión). Se están poniendo en marcha programas en este sentido (en particular Qualifica y la Iniciativa Nacional de Competencias Digitales Incode 2030), pero su eficacia para la mejora de las capacidades básicas de los trabajadores (capacidad de cálculo, alfabetismo y cibercapacidad) y, en última instancia, para el aumento de la productividad, dependerá de la cobertura y la calidad de la formación ofrecida, es decir, que vaya más allá del reconocimiento de las capacidades. Aunque hay indicios de que los recientes aumentos del salario mínimo (que suponen un porcentaje de incremento acumulado del 18,3 % desde 2014) no han perjudicado a la tasa de empleo de los trabajadores poco cualificados, el considerable aumento del número de empleados cubiertos, hasta un 20,4 % en el tercer trimestre de 2017, provocó una mayor compresión de los salarios. Esto amenaza con reducir la prima salarial otorgada a quienes poseen cualificaciones, en particular entre los grupos con cualificaciones bajas y medias, reduciendo los incentivos para que las personas poco cualificadas inviertan en educación y formación. El Gobierno sigue de cerca la evolución del salario mínimo junto con los interlocutores sociales.

                  (15)

                  El abandono escolar prematuro sigue siendo superior a la media de la Unión, pero se mantiene en una tendencia a la baja a largo plazo, gracias también a las medidas que se están aplicando para fomentar los buenos resultados educativos y reducir las tasas de abandono. Los resultados educativos siguen mejorando, pero existen problemas de equidad ya que la proporción de alumnos con bajo rendimiento difiere considerablemente entre los cuartiles socioeconómicos inferiores y superiores. El porcentaje de personas de entre 30 y 34 años que finaliza estudios superiores disminuyó desde el 34,6 % en 2016 al 33,9 % en 2017, muy por debajo del objetivo nacional del 40 % para 2020. A pesar de la elevada capacidad de inserción profesional de los licenciados en ciencias, ingeniería, tecnologías y matemáticas, hay pocos estudiantes de estas carreras.

                  (16)

                  Pese a los avances logrados en el sistema portugués de investigación e innovación en los últimos años, en particular en lo que respecta a la cantidad y calidad de los recursos humanos y la producción científica, persisten importantes cuellos de botella en la creación de una cultura de capacitación y en el establecimiento de unas condiciones que permitan una intensificación de la cooperación entre las esferas académica y empresarial. Estos incluyen barreras a la transferencia de conocimientos y de tecnología y a la comercialización de los resultados de investigaciones, así como unas trayectorias de investigación que no invitan suficientemente a los investigadores a explorar vías de «investigación empresarial» y las oportunidades de colaboración con la industria. Reforzar la sensibilización y la claridad de la propiedad intelectual en la relación entre el ámbito académico y el empresarial podría contribuir a reducir el tiempo de ejecución de los objetivos contractuales, a la monetización de los conocimientos científicos y a su potencial económico.

                  (17)

                  Se está aplicando una estrategia general para una reducción más rápida de los activos no rentables. Esto ha contribuido a reducir la ratio de préstamos no productivos del 17,2 % de los préstamos brutos al final de 2016 al 13,3 % en el cuarto trimestre de 2017. Los préstamos no productivos de las empresas son un motivo de especial preocupación, ya que suponen alrededor de dos tercios del total de préstamos no productivos; la proporción de préstamos no productivos a empresas sigue siendo elevada (25,2 % de los préstamos brutos). La resolución de activos tóxicos es fundamental para la liberación de crédito destinada a nuevas inversiones y al crecimiento sostenible. No obstante, los procedimientos para las empresas insolventes y un pequeño mercado secundario para activos tóxicos siguen siendo importantes obstáculos para reducir la proporción de préstamos no productivos. Aunque los incrementos de capital, junto con los esfuerzos en curso para reducir costes y algunos otros avances positivos recientes en lo que respecta a los préstamos no productivos, están mejorando las perspectivas del sector financiero, la rentabilidad sigue siendo baja, alta la exposición a la deuda soberana y los colchones de capital, endebles.

                  (18)

                  El acceso a la financiación sigue siendo un reto importante para la economía portuguesa. Conseguir acceder a financiación estable y, en particular, a participaciones de capital, se considera uno de los principales retos para las empresas portuguesas, exacerbado por las presiones de desapalancamiento. En términos relativos, las fuentes alternativas de financiación siguen siendo poco importantes. En los últimos años, se han puesto en marcha nuevos programas y nuevas líneas de crédito, junto con otras simplificaciones en el entorno empresarial, pero aún queda mucho por hacer. Al mismo tiempo, y aunque ha disminuido, la deuda de las empresas y los préstamos no productivos siguen siendo elevados, y la mejora de la asignación del capital a las empresas más productivas sería beneficiosa para la inversión.

                  (19)

                  A pesar de registrarse avances en la introducción de la simplificación administrativa para las cuestiones horizontales que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y las empresas, obstáculos reglamentarios y administrativos específicos siguen dificultando la inversión y una asignación eficiente de los recursos. Una reforma de los flujos procedimentales mediante el acortamiento de los plazos para la toma de decisiones, las excepciones al principio de aprobación tácita solo en casos muy limitados y la sustitución de los regímenes de autorización que exigen la presentación de múltiples documentos por «declaraciones responsables» son reformas sectoriales muy necesarias específicas al respecto. Las cargas administrativas en el sector de la construcción deberían adaptarse a los costes reales. Si bien la competencia en la contratación pública sigue siendo limitada, el Código de Contratación Pública revisado tiene por objeto promover la transparencia, la competencia y la mejora de la gestión de los contratos públicos. La aplicación de las nuevas normas debe ser objeto de seguimiento, en particular los efectos de las normas más estrictas en materia de utilización de las adjudicaciones directas. A pesar de que el sistema judicial portugués mejora su eficiencia, la duración de los procedimientos judiciales en los tribunales administrativos sigue constituyendo un problema. Por otra parte, la corrupción y la falta de transparencia siguen siendo percibidas por las empresas como ámbitos preocupantes. Aunque se ha seguido avanzando en la lucha contra la corrupción, los esfuerzos para mejorar la cultura de integridad en las instituciones públicas no han dado hasta ahora unos resultados suficientes.

                  (20)

                  Las reformas reglamentarias han sido escasas desde el programa de asistencia financiera, lo que ha paralizado o a veces incluso revertido reformas acordadas en ese contexto. Los grupos empresariales tienen prohibido prestar varios servicios profesionales. Las ordenanzas de determinados servicios empresariales profesionales, en particular los jurídicos, son menos ambiciosas que las de la legislación marco en elementos esenciales como la forma jurídica, el accionariado, la gestión, la publicidad y las prácticas multidisciplinares. La reforma de la autorización y el registro de los proveedores de servicios de construcción ha sido escasamente complementada por una relajación de los controles para los servicios de instalación y las licencias de construcción.

                  (21)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (22)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (23)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Portugal que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 0,7 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los beneficios extraordinarios para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Reforzar el control del gasto, la relación coste/eficacia y una presupuestación adecuada, en particular en el sector de la sanidad, con especial atención a la reducción de los pagos atrasados de los hospitales. Mejorar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas, en particular mediante el aumento de sus ingresos netos totales y la reducción de la deuda.

                  2.

                  Fomentar un entorno que desemboque en la contratación indefinida, en particular revisando el marco jurídico en consulta con los interlocutores sociales. Aumentar el nivel de competencias de la población adulta, incluida la alfabetización digital, mediante la ampliación de la cobertura y el refuerzo del componente de formación de adultos en los programas de cualificación. Mejorar la participación en la educación superior, especialmente en los campos de la ciencia y la tecnología.

                  3.

                  Aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y recuperación, y reducir los obstáculos al mercado secundario de préstamos no productivos. Mejorar el acceso de las empresas a financiación. Aligerar la carga administrativa mediante la reducción de los plazos procedimentales, utilizar más la aprobación tácita y reducir los requisitos de presentación de documentos. Suprimir las restricciones reglamentarias persistentes, garantizando la correcta aplicación de la ley marco para las profesiones muy reguladas. Aumentar la eficiencia de los tribunales administrativos, entre otras cosas, reduciendo la duración de los procedimientos.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un periodo de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de los Países Bajos

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/80

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de los Países Bajos
      (2018/C 320/18)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, los Países Bajos deben velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre los Países Bajos fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de los Países Bajos hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los Países Bajos muestran el mayor superávit por cuenta corriente medio de tres años en términos de PIB entre los Estados miembros de la zona del euro. El superávit sugiere una asignación de recursos que no es óptima, desaprovechando oportunidades de un mayor crecimiento y bienestar. La deuda privada es elevada, concretamente las hipotecas de los hogares y la deuda de las empresas multinacionales. Los abultados balances de los hogares aumentan la vulnerabilidad a las crisis financieras.

                  (4)

                  Los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 30 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 26 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el superávit de las administraciones públicas experimente un descenso, pasando del 1,1 % del PIB en 2017 al 0,3 % en 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo, que se sitúa en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, sigue cumpliéndose a lo largo de todo el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB registre un descenso para situarse en el 44,0 % del PIB en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural pase de un superávit del 0,5 % del PIB en 2017 a un déficit del 0,1 % en 2018 y del 0,3 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda bruta de las administraciones públicas siga una firme tendencia a la baja y por debajo del valor de referencia establecido en el Tratado. En general, el Consejo estima que los Países Bajos cumplirán las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, aun respetando el objetivo a medio plazo, sigue existiendo margen para utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para incrementar las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación.

                  (7)

                  Los Países Bajos disponen de un sector de investigación y desarrollo eficiente que, junto con un sistema educativo y una base científica sólidos, sientan unos cimientos sanos para impulsar la capacidad de innovación y crecimiento a través de la educación y de actividades de investigación y desarrollo. Se han anunciado inversiones adicionales sustanciales que podrían contribuir a estabilizar la investigación pública y privada y la intensidad del desarrollo. Todavía sigue siendo incierto si los Países Bajos alcanzarán los objetivos de Europa 2020, en particular en lo que respecta a la inversión en investigación y desarrollo y en energía renovable.

                  (8)

                  Un reto fundamental para hacer frente al alto endeudamiento de los hogares lo constituye el mercado de la vivienda, en el que las rigideces y los incentivos distorsionadores que se han ido acumulando durante decenios determinan las pautas de financiación de la vivienda y el ahorro sectorial. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar parcialmente esta cuestión. En 2017, el Gobierno anunció planes para acelerar la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses de las hipotecas a partir de 2020. Sin embargo, el mal funcionamiento del segmento medio en el mercado de alquiler anima a los hogares a comprar en vez de alquilar, lo que ha dado lugar a altas ratios de endeudamiento y a vulnerabilidad económica desde una edad precoz. El sector de la vivienda social es uno de los más desarrollados de la Unión, pero las viviendas no siempre están ocupadas por quienes realmente las necesitan. Los hogares con altos ingresos siguen habitando viviendas sociales, dado que las entidades de vivienda social no incrementan los alquileres tan rápidamente como podrían hacerlo. Aunque el Gobierno ha anunciado su intención de apoyar la oferta de viviendas asequibles en el mercado de alquiler a particulares, todavía no se han comunicado planes concretos para este apoyo.

                  (9)

                  Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es indispensable para obstaculizar las distorsiones de la competencia entre empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El elevado nivel de pagos de dividendos, cánones e intereses efectuados a través de los Países Bajos da a entender que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. Una gran proporción de la inversión directa extranjera acumulada está en manos de entidades con finalidades especiales. La ausencia de retención fiscal sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) en concepto de pagos de cánones e intereses puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. La falta de determinadas normas contra los abusos, especialmente en el caso de las entidades híbridas, también puede facilitar la planificación fiscal abusiva. La Comisión toma nota del compromiso de los Países Bajos de combatir la planificación fiscal abusiva, tal como se explicita en el programa de reformas fiscales, incluida la retención en origen sobre los pagos de cánones, intereses y dividendos en caso de abuso o de pagos a países con baja tributación constituye un paso en la dirección adecuada para reducir la planificación fiscal abusiva y debe aplicarse con rapidez y ser objeto de un seguimiento atento. A tenor de los últimos contactos mantenidos con las autoridades neerlandesas, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

                  (10)

                  Pese a una baja tasa de desempleo y a un número de empleos no cubiertos, el crecimiento nominal de los salarios fue moderado, registrando un 1,5 % en 2017. Este porcentaje es inferior al nivel que podría esperarse sobre la base de la inflación, la productividad y el desempleo. El crecimiento salarial moderado puede estar parcialmente vinculado al lento incremento de la productividad, a la atonía que muestra el resto del mercado laboral y a la creciente segmentación de dicho mercado. En 2017, el Gobierno adoptó varias medidas fiscales que reducen la carga fiscal sobre el trabajo y pretenden aumentar la renta neta disponible de los hogares en los que sus miembros trabajan. Impulsar la renta neta disponible de los hogares mediante la creación de las condiciones necesarias para promover el crecimiento de los salarios y reformar el segundo pilar del sistema de pensiones para que sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente en caso de perturbaciones, apoyaría la demanda interna y contribuiría al reequilibrio de la zona del euro.

                  (11)

                  El reciente crecimiento del empleo puede atribuirse en gran medida a un aumento del número de personas con contratos temporales y de los trabajadores por cuenta propia. El alto y creciente porcentaje de contratos temporales, así como el rápido aumento de la actividad por cuenta propia sin asalariados ocurre en un contexto de grandes diferencias en las normas laborales aplicables y la protección laboral, así como de diferencias en la legislación fiscal y la relativa a la seguridad social. Aunque se han adoptado algunas medidas y recientemente se han anunciado otras adicionales, algunos de estos factores siguen creando incentivos financieros para que los empleados comiencen a trabajar como autónomos o para favorecer su contratación mediante contratos temporales. Además, la aplicación de medidas para luchar contra el falso trabajo por cuenta propia se ha suspendido hasta 2020. A menudo, los trabajadores por cuenta propia están insuficientemente asegurados contra la discapacidad, el desempleo y en materia de pensiones. Esto podría afectar a la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.

                  (12)

                  A pesar de un mercado laboral que funciona bien en general, todavía existe un potencial de mano de obra no aprovechado. En particular, el gran número de mujeres que trabajan a tiempo parcial y la situación laboral de las personas de origen migrante siguen constituyendo retos importantes. La tasa de empleo de los migrantes nacidos fuera de la UE es 20,6 puntos porcentuales inferior a la de las personas nacidas en los Países Bajos, y esta diferencia todavía crece en el caso de las mujeres.

                  (13)

                  El aumento en los últimos años de la tasa de ahorro de los hogares se debió en parte al mayor ahorro en el segundo pilar del sistema de pensiones (regímenes privados complementarios obligatorios), a lo que contribuyó el marco normativo. Una adecuada distribución intrageneracional e intergeneracional de los costes y riesgos más allá de las normas aprobadas en materia de indexación y las reservas financieras (marco de evaluación financiera) podría ayudar a los hogares a emplear sus recursos financieros de una forma más favorable al crecimiento. El Gobierno ha confirmado su intención de reformar sustancialmente el segundo pilar del sistema de pensiones con el fin de mejorar la cobertura y de crear un sistema más transparente, flexible y justo desde el punto de vista actuarial del sistema. Por lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el informe sobre el envejecimiento de 2018 indica un riesgo medio para la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, ya que se prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumentará del 3,5 % al 6,0 % del PIB hasta 2070.

                  (14)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (15)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (6) que cabe esperar que los Países Bajos cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (16)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a los Países Bajos que tomen medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Respetando el objetivo a medio plazo, utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para incrementar las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación. Tomar medidas para reducir el sesgo en favor del endeudamiento de los hogares y las distorsiones que subsisten en el mercado de la vivienda, en particular apoyando el desarrollo del sector del alquiler privado.

                  2.

                  Reducir los incentivos para la utilización de contratos temporales y de trabajadores por cuenta propia sin asalariados, fomentando al mismo tiempo una protección social adecuada para los trabajadores por cuenta propia, y luchar contra el falso trabajo por cuenta propia. Crear las condiciones necesarias para promover un mayor crecimiento de los salarios reales, respetando el papel de los interlocutores sociales. Garantizar que el segundo pilar del sistema de pensiones sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente frente a las perturbaciones.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Bélgica

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Bélgica
      (2018/C 320/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Bélgica fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 27 de abril de 2018, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 1,0 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. Se espera alcanzar de aquí a 2020 el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado (6) sigue apuntando a un déficit del 0,2 % en 2020. Tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y bajar a cerca del 103 % en 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB siga bajando hasta situarse en el 94,6 % de aquí a 2021, según el Programa de Estabilidad de 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, no se han especificado las medidas necesarias para apoyar la consecución de los objetivos de déficit previstos a partir de 2019, lo que contribuye al deterioro previsto del saldo estructural en 2019 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018.

                  (7)

                  El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no había logrado avances suficientes en el cumplimiento del valor de referencia en la reducción de la deuda en 2017. Tras una evaluación de todos los factores pertinentes, dado que actualmente no hay pruebas suficientemente sólidas para llegar a una conclusión sobre la existencia de una desviación significativa en Bélgica en 2017 y a lo largo de 2016 y 2017 considerados conjuntamente, el informe no pudo determinar plenamente si se cumple o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (7). La Comisión volverá a evaluar la conformidad con el valor de referencia en la reducción de la deuda sobre la base de los datos ex post para 2018 que deberán notificarse en la primavera de 2019.

                  (8)

                  El Programa de Estabilidad de 2018 indica que el impacto presupuestario de las medidas relacionadas con la seguridad en 2017 es considerable y prueba de manera adecuada el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2017 al 0,02 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la gravedad de la amenaza terrorista constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Bélgica es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

                  (9)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (8) no supere el 1,6 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se declaró que la evaluación del proyecto de plan presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Bélgica. A raíz de la evaluación por la Comisión de la solidez de la recuperación en Bélgica, dando la debida consideración a sus retos en materia de sostenibilidad, efectuada en el marco de su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Bélgica para 2018, no deben tenerse en cuenta elementos adicionales a este respecto. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, sigue existiendo el riesgo de una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018, considerados en su conjunto.

                  (10)

                  En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 0,4 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,8 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2019 y a lo largo de 2017 y 2018, conjuntamente considerados. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda ni en 2018 ni en 2019. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse medidas para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

                  (11)

                  La sostenibilidad de las finanzas públicas sigue constituyendo un reto. La reforma de las pensiones aprobada en 2015 fue un paso significativo para abordar los riesgos relacionados con el envejecimiento de la población a largo plazo, pero el Informe sobre el envejecimiento de 2018 apunta a un aumento mayor de lo previsto del gasto relacionado con el envejecimiento de la población a largo plazo, tanto para las pensiones como para los cuidados de larga duración. Se prevé que el gasto en pensiones aumente en 2,9 puntos porcentuales del PIB en 2070, en comparación con un aumento de 1,3 puntos porcentuales en 2060 (y una reducción de 0,1 puntos porcentuales del PIB por término medio en la Unión) en la anterior actualización. A este respecto, la plena aplicación de la hoja de ruta del Gobierno para la reforma podría contribuir a abordar estos riesgos. Además, se prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumentará, pasando de un nivel ya superior a la media de la Unión del 2,3 % del PIB al 4,0 % del PIB de aquí a 2070. La reducción de la fragmentación en la organización de los cuidados de larga duración, debido a la distribución de competencias entre los diferentes niveles administrativos, tiene el potencial de aumentar la eficiencia del gasto en este ámbito.

                  (12)

                  La eficaz coordinación del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal, como Bélgica, en el que gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. A fin de mejorar la coordinación interna y de transponer el componente fiscal del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la unión económica y monetaria («Pacto Presupuestario»), el Gobierno federal y las administraciones regionales y locales firmaron en 2013 un acuerdo de cooperación con el objetivo de definir sendas presupuestarias plurianuales generales y particulares, que serán supervisadas por el Alto Consejo de Finanzas. Se ha alcanzado un acuerdo sobre los objetivos presupuestarios para 2020, lo que constituye un paso positivo. Sin embargo, aún no hay un acuerdo formal sobre los objetivos presupuestarios anuales en todos los niveles de gobierno. Se han realizado progresos en relación con el establecimiento de garantías suficientes con respecto a la independencia del Alto Consejo de Finanzas.

                  (13)

                  Existe margen para otorgar a la limitación del gasto un mayor papel en el saneamiento presupuestario. El gasto público total como porcentaje del PIB se sitúa por encima de la media de la zona del euro. Pese al potencial que encierra para estimular el crecimiento a largo plazo, la inversión pública es baja en comparación con la media europea, en particular en relación con el gasto público total. A las bajas reservas de capital público hay que sumar el deterioro sufrido por las infraestructuras públicas. Las revisiones del gasto pueden contribuir a una asignación más inteligente del gasto y apoyar un saneamiento que propicie el crecimiento. A nivel regional, solo Flandes tiene previsto introducir un enfoque de revisión del gasto en el proceso presupuestario. Actualmente, ningún nivel de gobierno en Bélgica está vinculado por reglas de gasto nacionales, con la excepción de un límite máximo para los gastos de asistencia sanitaria. Esto contrasta con la creciente adopción de dichas reglas en toda la Unión e impide un saneamiento presupuestario basado en el gasto. Por otro lado, las cotizaciones al sistema de garantía de depósitos belga no se invierten en una cartera separada de activos de bajo riesgo.

                  (14)

                  El reparto entre deuda y activos en los hogares belgas revela algunos puntos débiles, a pesar de su posición general de riqueza. Un período prolongado de aumento de los precios de la vivienda más rápido que la renta disponible de los hogares, junto con los constantes aumentos en el endeudamiento de los hogares, han debilitado la situación financiera de estos. En abril de 2018 se aplicó una medida macroprudencial, que presta atención principalmente a la resiliencia del sector bancario, para abordar un aumento de los riesgos sistémicos en relación con el sector inmobiliario residencial. En el futuro, podría mejorarse el marco nacional de toma de decisiones macroprudenciales con el fin de aumentar la capacidad macroprudencial de la autoridad para emplear instrumentos macroprudenciales de forma oportuna. Los precios de la vivienda parecen actualmente algo sobrevalorados.

                  (15)

                  Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro, la lucha contra la planificación fiscal abusiva es indispensable para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El antiguo sistema de deducción de los intereses teóricos que se basaba en las acciones se ha sustituido por un sistema incremental. El nuevo sistema, que comparte una estructura incremental con la bonificación en concepto de crecimiento e inversión propuesta en la base imponible común del impuesto sobre sociedades se limitará a dicho incremento de capital calculado sobre la base de una media de cinco años. Este cambio tiene por objeto contribuir a la neutralidad presupuestaria de la reforma del impuesto sobre sociedades y al mismo tiempo abordar el uso potencial del sistema en la planificación fiscal abusiva y aliviar además el problema del sesgo de la financiación en favor del endeudamiento. Si bien la falta de normas específicas contra las prácticas abusivas era un motivo de preocupación, actualmente se está preparando una reforma del marco de lucha contra estas prácticas. Esto constituye un paso positivo que será objeto de un estrecho seguimiento para garantizar que las nuevas normas aborden todas las formas de abuso. Sobre la base de las últimas gestiones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

                  (16)

                  El crecimiento económico reciente ha generado mucho empleo. El crecimiento del empleo fue sólido en 2017 y la tasa de desempleo se acerca actualmente a su nivel anterior a la crisis. No obstante, en lo que se refiere a la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años (68,5 % en 2017), Bélgica no va por buen camino para alcanzar su objetivo del 73,2 % fijado en la Estrategia Europa 2020. Se ha progresado de forma limitada en la participación en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, dado que la inactividad y el desempleo se concentran en gran parte entre los trabajadores poco cualificados, las personas de origen migrante y los trabajadores de más edad, lo que sugiere que factores tanto estructurales como específicos de ciertos grupos obstaculizan la integración en el mercado de trabajo. En particular, las personas de origen migrante, que suponen una gran proporción de la población en edad de trabajar, siguen presentando resultados desfavorables en el mercado de trabajo, lo que representa por tanto considerables capacidades potenciales sin explotar. En 2016, la tasa de empleo de los no nacidos en la UE fue del 49,1 %, es decir, más de 20 puntos porcentuales por debajo de la población nacida en Bélgica (la diferencia era incluso más pronunciada para las mujeres). Las medidas de activación podrían ayudar a las personas de entornos desfavorecidos, pero hay indicios de que dichas medidas de activación no son igual de eficaces para todos los grupos de población. Aunque se han tomado medidas para ayudar a los recién llegados a integrarse y para abordar la discriminación, sigue habiendo una falta de coordinación entre los distintos ámbitos de actuación y en los distintos niveles políticos para hacer frente al reto de integrar a las personas de origen migrante en el mercado de trabajo. Persisten importantes disparidades regionales en los resultados del mercado de trabajo.

                  (17)

                  A pesar de los esfuerzos para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo, los factores que desincentivan el trabajo siguen siendo elevados en el caso de algunos grupos, como los hogares formados por una sola persona que perciben el salario medio, y las segundas fuentes de ingresos familiares. A pesar de las medidas anteriores, la cuña fiscal para un hogar formado por una sola persona que percibe el salario medio se mantuvo entre las más elevadas de la Unión en 2016. La trampa del desempleo para los trabajadores con salarios bajos (67 % del salario medio para un hogar formado por una sola persona) es también una de las mayores de la Unión. Persiste un elevado nivel de desincentivos fiscales para la segunda fuente de ingresos familiares, en su mayoría mujeres.

                  (18)

                  La tasa de vacantes de empleo es una de las más elevadas de la Unión, lo que indica una importante inadecuación de las cualificaciones, debida, entre otros factores, al bajo nivel de movilidad y, especialmente en la región bilingüe de Bruselas, a la insuficiencia de conocimientos lingüísticos. La participación en el aprendizaje permanente es baja. Un mayor compromiso por parte de las personas y los empleadores respecto del aprendizaje permanente es importante para que las personas puedan gestionar la transición entre empleos.

                  (19)

                  Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la igualdad de oportunidades para participar en una educación y formación profesionales de calidad a medida que las comunidades neerlandófona y francófona van integrando paulatinamente las reformas de la enseñanza. No obstante, pese a los buenos resultados medios en comparación con la situación internacional, sigue habiendo elevadas desigualdades educativas que se prolongan. Los resultados educativos de los alumnos de 15 años muestran diferencias importantes relacionadas con el origen socioeconómico y la condición de migrante. Las diferencias de rendimiento entre las comunidades flamenca y francófona, así como la insuficiente representación de los grupos desfavorecidos entre los estudiantes con mejores resultados en ciencias, lectura y matemáticas, suscitan preocupación. Las grandes diferencias de rendimiento entre las escuelas van parejas a la desigualdad de oportunidades educativas. La proporción de titulados de educación superior es elevada. No obstante, se observan desigualdades en el acceso a la educación de calidad, deficiencias de cualificaciones y disparidades regionales. La proporción de licenciados en ciencias, tecnología y matemáticas es una de las más bajas de la Unión y las carencias en estos sectores podrían convertirse en un grave obstáculo para el crecimiento y la innovación. La escasez de profesores suscita preocupación y las reformas relativas a la formación de profesores avanzan lentamente. Es necesario adaptar el desarrollo profesional permanente de los profesores. Tanto la comunidad neerlandófona como la francófona han emprendido importantes reformas de sus sistemas educativos. La ejecución de estas reformas está programada a lo largo de la próxima década y años sucesivos. Sin embargo, a finales de 2017, Flandes tomó la decisión de aplazar un año la entrada en vigor de determinadas medidas clave. El impacto de las reformas y medidas dependerá en gran medida de su aplicación y seguimiento efectivos.

                  (20)

                  Solo se han emprendido reformas limitadas para abordar el restrictivo marco reglamentario en el sector de los servicios. Flandes suprimió la ley de establecimiento para un número seleccionado de profesiones artesanales. No obstante, la regulación sigue siendo elevada en algunos servicios profesionales. En consecuencia, la competencia es débil en estos sectores, y se registran bajos índices de entrada de nuevas empresas en el mercado. En el sector de la construcción, los regímenes de autorización horizontal para el acceso al mercado se imponen y las licencias de construcción siguen siendo complejas pese a las medidas adoptadas en los últimos años. El índice de rotación en el sector de la construcción belga está muy por debajo de la media de la Unión, lo que puede indicar que el sector sufre falta de competencia. Esto también afecta a la entrega de importantes proyectos de infraestructura. También hay importantes restricciones en el ámbito de los servicios de transporte ferroviario y por carretera. El escaso crecimiento de la productividad de la economía belga viene determinado en gran medida por el bajo incremento de la productividad en el sector de los servicios. Las restricciones normativas tienen también repercusiones negativas en los usuarios de estos servicios, en particular el sector manufacturero. Más reformas estructurales profundas en sectores de servicios clave ayudarían a fomentar el crecimiento de la productividad, un factor esencial para garantizar el crecimiento en el futuro, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas.

                  (21)

                  También se han realizado progresos limitados en la mejora del funcionamiento del sector minorista. A pesar de las recientes reformas, las restricciones reglamentarias siguen pesando sobre los resultados del sector y dificultan la inversión. Los precios de muchas categorías de productos siguen siendo más elevados que en los países vecinos. Es necesario un mayor esfuerzo para hacer que el entorno empresarial sea competitivo y favorable a la inversión a fin de que los consumidores disfruten de una mayor oferta de productos y de precios más bajos. En abril de 2018, la Comisión propuso buenas prácticas para orientar las reformas de los Estados miembros en el sector minorista.

                  (22)

                  El espíritu empresarial en Bélgica sigue siendo bajo, a pesar de una serie de reformas en los últimos años y de las recientes medidas cuyo impacto está aún por evaluar. El dinamismo empresarial es reducido, ya que la tasa de creación de empresas sigue siendo de las más bajas de Europa, muy inferior a la media de la Unión, acompañada de un bajo porcentaje de destrucción de empresas. Por otra parte, la carga administrativa de las empresas sigue siendo muy pesada, caracterizándose por procedimientos complejos y un bajo nivel de seguridad jurídica.

                  (23)

                  Bélgica obtiene resultados medios en materia de servicios públicos digitales. En comparación con su buena posición global en el desarrollo de su economía digital, solo está en la media en cuanto a servicios públicos digitales. La estructura federal de Bélgica presenta retos específicos para el establecimiento de servicios de Administración electrónica coherentes a escala nacional. Unos sistemas diversos, no necesariamente interoperables, producen pérdidas por fricción. Siguen existiendo preocupaciones graves sobre el sistema judicial, en particular por lo que respecta a la lentitud de los procedimientos, la digitalización, y la fiabilidad, comparabilidad y homogeneidad de los datos de los órganos jurisdiccionales. El desarrollo de iniciativas para digitalizar determinados servicios judiciales en todos los juzgados (como e-deposit o e-box), está retrasado. No obstante, mientras este sistema de codificación uniforme no se aplique en todos los tribunales, los datos sobre la eficiencia de los procedimientos judiciales seguirá teniendo una limitada fiabilidad y comparabilidad.

                  (24)

                  Pese a las recientes reformas, el sistema tributario belga sigue siendo complejo. La reforma del impuesto sobre sociedades rebajará los tipos legales y contribuirá a simplificar el sistema. No obstante, se mantiene un gran número de exenciones e incentivos distorsionadores, tal como muestra la tendencia al alza del volumen total de desgravaciones fiscales. Podría utilizarse en mayor medida la oportunidad de desplazar la presión fiscal hacia bases que permitan un mayor crecimiento. Los ingresos procedentes de impuestos relacionados con el medio ambiente siguen estando entre los más bajos de la Unión. Sin duda, existe un potencial considerable para una traslación tributaria «verde» que aborde, entre otras cosas, el trato favorable otorgado a los vehículos de empresa, que contribuyen a la contaminación atmosférica, la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero.

                  (25)

                  Los avances han sido limitados a la hora de hacer frente a la congestión del tráfico. La movilidad acusa una insuficiencia de inversión pública en infraestructuras, la existencia de incentivos fiscales distorsionadores y la falta de competencia en los servicios de transporte, lo que causa grandes atascos y dificulta el crecimiento de la productividad. La congestión del tráfico por carretera empeora de año en año, desalentando la inversión extranjera e incurriendo en elevados costes sociales, económicos y medioambientales. Los retos más urgentes son completar y mejorar las infraestructuras de transporte ferroviario y por carretera, especialmente en el entorno y en el interior de Amberes y Bruselas. También existen considerables restricciones en el ámbito de los servicios de transporte ferroviario y por carretera. Las autoridades pueden fomentar un uso más eficiente de la infraestructura existente y la transferencia modal desde el transporte individual y colectivo hacia un mayor uso de alternativas con bajas emisiones.

                  (26)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bélgica, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (27)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2018 y 2019 a fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,8 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la deuda pública. Realizar las reformas previstas de las pensiones y contener el aumento previsto del gasto de la asistencia de larga duración. Proseguir la plena aplicación del Acuerdo de Cooperación de 2013 para coordinar las políticas fiscales de todos los niveles de gobierno. Mejorar la eficiencia y la composición del gasto público en todos los niveles de gobierno a fin de crear margen para la inversión pública, en particular mediante la realización de análisis del gasto.

                  2.

                  Suprimir los desincentivos al trabajo y reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, en particular para las personas poco cualificadas, las personas de origen migrante y los trabajadores de más edad. Proseguir las reformas de la educación y la formación, también mediante el fomento de la equidad y el aumento de la proporción de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

                  3.

                  Reducir la carga normativa y administrativa para incentivar el espíritu empresarial y aumentar la competencia en el sector de los servicios, en particular en la venta minorista, la construcción y los servicios profesionales. Abordar los crecientes retos en materia de movilidad, en particular a través de la inversión en infraestructuras de transporte nuevas o existentes, y el refuerzo de los incentivos a la utilización del transporte público y con bajas emisiones.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (7)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (8)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (9)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.