title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría para 2012-2016

text:
               30.7.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 217/37

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de julio de 2013
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Hungría para 2012-2016
   2013/C 217/10
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Estrategia Europa 2020, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), que juntas forman «las orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros decidieron adoptar una decisión sobre un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 10 de julio de 2012, el Consejo aprobó una recomendación (4) relativa al Programa Nacional de Reformas de Hungría para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de Hungría para 2012-2015.

               (5)

               El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que iniciaba el Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas de 2013. Asimismo, el 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, el informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El Parlamento Europeo ha sido debidamente asociado al Semestre Europeo, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, y, el 7 de febrero de 2013, adoptó sendas resoluciones sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y sobre la contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013.

               (7)

               El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado y favorable al crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración pública.

               (8)

               El 10 de abril de 2013, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo para Hungría, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. El análisis de la Comisión llega a la conclusión de que Hungría está experimentando desequilibrios macroeconómicos, que merecen un seguimiento y requieren que se actúe con determinación. En particular, el actual ajuste de la muy negativa posición de inversión internacional neta, que está siendo impulsado en gran parte por el desapalancamiento del sector privado en un contexto de alto nivel de deuda de las administraciones públicas y un débil entorno empresarial, sigue mereciendo una atención muy especial con el fin de reducir los significativos riesgos de efectos adversos sobre el funcionamiento de la economía.

               (9)

               El 22 de abril de 2013, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2013 y el 24 de abril de 2013 su Programa de Convergencia para el período 2012-2016. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (10)

               Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, este considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones del programa es un tanto optimista. Las previsiones de crecimiento de las autoridades húngaras para 2013 y 2014 (0,7 % y 1,9 %, respectivamente) son superiores en aproximadamente medio punto porcentual a las contenidas en las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión. El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Convergencia es garantizar una corrección sostenible del déficit excesivo en el plazo de 2012 establecido por el Consejo en consonancia con la Recomendación del Consejo en virtud del procedimiento de déficit excesivo de 13 de marzo de 2012 y seguir cumpliendo el objetivo a medio plazo. Hungría emprendió esfuerzos presupuestarios significativos en 2012 y, con un déficit presupuestario del 1,9 % del PIB, cumplió con creces el objetivo de déficit recomendado por el Consejo (2,5 % del PIB), y ello debido en parte a unos ingresos puntuales adicionales equivalentes al 0,2 % del PIB, que vinieron a añadirse a los ya considerados cuando el Consejo formuló su recomendación. Sin embargo, las medidas correctoras para 2012 y años posteriores, particularmente las anunciadas en el otoño de 2012, se concentran sobre todo en los ingresos, focalizándose principalmente en determinados sectores, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos de saneamiento. Según las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, se requieren nuevos esfuerzos para 2013 y 2014 con el fin de corregir el déficit excesivo de forma sostenible. Tras la publicación de las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión, el Gobierno adoptó un nuevo paquete de medidas correctoras centradas en el aspecto de los gastos, las cuales, según la evaluación actualizada de la Comisión, permitirían mantener el déficit por debajo del umbral del 3 % del PIB en 2013 y 2014.
               El Programa de Convergencia ha modificado el objetivo a medio plazo, que ha pasado de un saldo presupuestario estructural del – 1,5 % al – 1,7 % del PIB. El nuevo objetivo a medio plazo es conforme con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hungría registró un saldo estructural del – 0,7 % del PIB en 2012, esto es, muy superior a su objetivo a medio plazo revisado, y según las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, el saldo estructural se ajustaría al objetivo a medio plazo durante el período de previsión, situándose en el – 1,1 % en 2013 y el – 1,8 % en 2014. Sobre la base de las medidas adoptadas después de la publicación de las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión, el saldo presupuestario estructural también podría mantenerse por encima del objetivo a medio plazo en 2014. La tasa de incremento del gasto público en 2013 y 2014, excluidas las medidas de ingresos discrecionales, sería conforme globalmente a la tasa de referencia para el crecimiento del PIB potencial a medio plazo, pero se espera que la rebase de forma significativa en 2015 y 2016. Así, el valor de referencia para el gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se cumplirá en estos dos años. Según los planes del Gobierno, la ratio deuda pública/PIB disminuirá continuamente a lo largo del período cubierto por el programa, del 79,2 % en 2012 al 77,2 % en 2014 y al 73,4 % en 2016, lo que significa que se mantendría por encima del valor de referencia del 60 % del PIB. En cambio, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a los planes de saneamiento, las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión esperan solo una disminución marginal en 2014, hasta el 78,9 % del PIB, cifra que sería aproximadamente 0,5 puntos porcentuales inferior gracias a las nuevas medidas correctoras. Hungría atravesará un período de transición en 2013 en lo que se refiere al cumplimiento del criterio de deuda, y según las previsiones de la primavera de 2013 de la Comisión, está realizando avances suficientes para cumplir dicho criterio en 2013 y 2014.

               (11)

               En cualquier caso, el marco presupuestario a medio plazo es solo indicativo; la planificación presupuestaria se centra únicamente en el año presupuestario considerado. Además, a pesar de algunas mejoras recientes, las tareas obligatorias y los recursos analíticos del Consejo Presupuestario todavía no son adecuados a su poder de veto sin precedentes ni a la necesidad de una evaluación ex post sistemática del cumplimiento de las reglas presupuestarias numéricas. El reforzamiento del marco presupuestario a medio plazo y la ampliación del mandato del Consejo Presupuestario contribuirían a mejorar la solidez y la credibilidad del marco de gobernanza presupuestaria recientemente renovado.

               (12)

               El sector financiero húngaro está inmerso en un rápido proceso de desapalancamiento, debido en parte a algunas medidas que han tenido fuertes repercusiones negativas sobre la rentabilidad de los bancos y contribuyen a endurecer las condiciones crediticias. La gestión de la cartera de valores, cuya calidad se está deteriorando, representa uno de los mayores retos para el sector financiero, junto con el creciente número de préstamos no productivos. En los últimos años, el Gobierno ha adoptado varias medidas de ayuda a los prestatarios en moneda extranjera, en algunos casos sin consultar a las partes interesadas del sector bancario. Sin embargo, estas medidas no siempre han estado encaminadas a los prestatarios en dificultades. La adopción de una serie de medidas a corto plazo podría aumentar el riesgo moral entre los prestatarios debido a que se mantienen las expectativas de mantenimiento de la ayuda pública. La crisis financiera mundial ha demostrado en qué medida el sistema bancario existente puede obligar a las autoridades nacionales a intervenir para salvaguardar la estabilidad financiera. En el primer programa de ayuda financiera a Hungría se afirmaba la necesidad de disponer de un sistema de supervisión de primer nivel, lo que incluía la concesión al supervisor financiero de facultades efectivas para actuar en caso de urgencia y el establecimiento de un mecanismo de resolución. Aunque durante los tres últimos años las facultades de la autoridad húngara de supervisión financiera han aumentado sustancialmente, el legislador no la ha dotado con poderes de control suficientes.

               (13)

               Hungría no ha seguido la recomendación de 2012 de establecer un marco estable y no distorsionador para la fiscalidad de las sociedades y ha aumentado la presión fiscal sobre determinados sectores empresariales introduciendo nuevas cargas impositivas adicionales sectoriales. Aunque el nuevo impuesto sobre las pequeñas empresas introducido como parte de la Ley de protección del empleo tiene un diseño favorable, la existencia de tipos impositivos diferentes según el sector dificulta la asignación eficiente de recursos y afecta a la inversión y al crédito. La introducción de tipos reducidos de contribución a la seguridad social al amparo de la Ley de protección del empleo constituye un paso en la dirección adecuada para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo. No obstante, la cuña fiscal sobre los trabajadores de bajos salarios sigue siendo elevada, por lo que convendría perfeccionar el sistema a fin de mejorar la definición de este grupo. Hungría también se propone combatir el incumplimiento de las obligaciones tributarias con varias medidas, tales como la obligación de establecer una conexión obligatoria entre todas las cajas registradoras y las autoridades tributarias. En cuanto a la fiscalidad de la energía, las medidas adoptadas no proporcionan incentivos para reducir el consumo de energía y tienen efectos distorsionadores.

               (14)

               Aunque se hayan registrado mejoras recientes, la baja tasa de empleo se asocia a una tasa de actividad muy baja. El desempleo juvenil ha aumentado del 11 % en 2011 al 28,1 % en 2012. El programa de obras públicas utiliza la mayor parte de los recursos presupuestarios para proporcionar a los desempleados de larga duración un trabajo remunerado en lugar de prestaciones sociales, aunque sus efectos favorables sobre la empleabilidad a largo plazo aún no se han demostrado. Aunque Hungría ha reforzado sus políticas activas del mercado de trabajo, habrá que mejorar el acceso a las mismas de algunas personas desfavorecidas, y la participación de los adultos en la formación permanente sigue siendo una de las más bajas de la Unión. En los últimos cinco años, la tasa de empleo femenino se ha mantenido prácticamente en el mismo bajo nivel. Con el fin de animar a las mujeres a participar en el mercado de trabajo, el Gobierno ha aumentado la oferta de guarderías y ha fomentado los regímenes de horario de trabajo flexible. La situación social sigue empeorando: el 31 % de la población corre riesgo de pobreza o exclusión social y un alto porcentaje de personas afrontan graves privaciones materiales. La pobreza sigue afectando de forma desproporcionada a los territorios y comunidades desfavorecidos, en particular a los gitanos.

               (15)

               El entorno empresarial en Hungría se ha deteriorado constantemente en los tres últimos años debido a una serie de medidas tales como las relativas a restricciones sobre los inversores y a un marco reglamentario inestable. Las recientes restricciones, que afectan de forma desproporcionada a los inversores extranjeros, se centran principalmente en el sector de servicios, incluidos los servicios minoristas. El Programa de Simplificación de la Administración incluye 114 medidas encaminadas a reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas en aproximadamente 500 000 millones HUF, pero su aplicación se ha retrasado un tanto. Persisten bajos niveles de competencia en la contratación pública, aunque el 1 de enero de 2012 entró en vigor una nueva ley. El programa de lucha contra la corrupción constituye un elemento central del Programa Magiar. Sin embargo, al centrarse en la administración pública, el programa de lucha contra la corrupción no aborda el tema del grado insuficiente de aplicación de la legislación en este ámbito ni el de la realización de controles más estrictos sobre la financiación de los partidos políticos, aspecto que suscita especial preocupación. Aunque ya se ha avanzado en la ejecución de algunas de las acciones fundamentales, aún no se han aplicado muchas de las medidas anunciadas. La falta de seguimiento de las medidas aplicadas también sigue constituyendo un problema. La evolución registrada en Hungría en 2012 y 2013 ha aumentado la preocupación en torno a la independencia del poder judicial. En el Marcador de la Unión para la Innovación se califica a Hungría de «innovador moderado». Las inversiones empresariales en I+D están impulsadas principalmente por empresas extranjeras.

               (16)

               Hungría ha logrado reducir el abandono escolar prematuro. Dado que aún persisten importantes diferencias regionales, los nuevos elementos del sistema centralizado de educación pública, si no se aplican cuidadosamente, podrían tener repercusiones negativas y aumentar la segregación y las desigualdades sociales. Aunque el número de estudiantes que inician la educación superior ha aumentado rápidamente en los últimos años, aún queda trabajo por hacer para alcanzar la media de la UE y el objetivo nacional fijado en la Estrategia Europa 2020. Conviene caucionar que la reforma de la educación superior que se está llevando a cabo garantice un mayor acceso a los alumnos desfavorecidos.

               (17)

               La aplicación de las medidas incluidas en el Plan Szell Kalman, que se propone mejorar la rentabilidad y la eficiencia del transporte público, podría sufrir retrasos considerables y la ausencia de una estrategia de transporte integral afecta negativamente a la sostenibilidad financiera del sistema de transporte. Aunque Hungría ha aumentado de forma adecuada las interconexiones de la red eléctrica con sus países vecinos, tal como se recomendó en 2012, siguen siendo motivo de preocupación la falta de independencia de la autoridad reguladora del sector energético para fijar las tarifas energéticas y la alta proporción de precios energéticos regulados que registran los consumidores de los hogares y las PYME.

               (18)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia y ha presentado un examen exhaustivo. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y la política económica de Hungría, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

               (19)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (20)

               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) no 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 que figuran a continuación.

         RECOMIENDA que Hungría actúe en el período 2013-2014 a fin de:

               1.

               Aplicar una estrategia presupuestaria creíble y favorable al crecimiento, especificando las medidas necesarias centradas en ahorros por el lado de los gastos, y mantener una situación presupuestaria sólida cumpliendo el objetivo a medio plazo a lo largo del período cubierto por el programa. Basándose en las medidas anteriores, situar la ratio de deuda de las administraciones públicas en una firme tendencia decreciente, con vistas, en particular, a reducir los desequilibrios macroeconómicos acumulados. Promover el marco presupuestario a medio plazo haciéndolo más vinculante y basándolo en reglas presupuestarias numéricas. Ampliar el mandato y mejorar la transparencia del Consejo Presupuestario, particularmente mediante un control ex post sistemático del cumplimiento de las reglas presupuestarias numéricas y mediante la elaboración de previsiones presupuestarias periódicas y la realización de evaluaciones de los efectos presupuestarios de las principales medidas propuestas.

               2.

               Contribuir a restablecer un flujo normal de crédito a la economía, principalmente mejorando la capacidad de acumulación de capital del sector financiero, en especial reduciendo las cargas excesivas impuestas actualmente a dicho sector. Mejorar la calidad de la cartera eliminando los activos tóxicos de los balances de los bancos, consultar a las partes interesadas acerca de las nuevas iniciativas y garantizar que las nuevas medidas no aumenten el riesgo moral para los prestatarios. Promover la regulación y supervisión del sector financiero, en particular confiriendo a la autoridad húngara de supervisión financiera facultades más eficaces para actuar en caso de urgencia y estableciendo un sistema de resolución de entidades bancarias.

               3.

               Garantizar un impuesto de sociedades estable, más equilibrado y predecible. Racionalizar la imposición de las sociedades y minimizar las distorsiones de la asignación de recursos causadas por impuestos sectoriales específicos, con el fin de fomentar el crecimiento y el empleo. Seguir haciendo más favorable al empleo la fiscalidad del trabajo, disminuyendo la presión fiscal sobre los trabajadores de bajos salarios, particularmente mejorando los criterios de elegibilidad de la Ley de protección del empleo y reorientando la fiscalidad hacia los impuestos medioambientales. Aplicar plenamente y reforzar las medidas ya anunciadas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir el coste de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

               4.

               Combatir el desempleo juvenil, por ejemplo, mediante una Garantía Juvenil (6). Reforzar las políticas activas del mercado de trabajo y mejorar el sistema de establecimiento del perfil del cliente del servicio público de empleo. Reducir el predominio del programa de obras públicas entre las medidas en favor del empleo y reforzar sus elementos de activación. Fortalecer los programas de formación para estimular la participación en el aprendizaje permanente. Seguir aumentando el número de guarderías para promover la participación de las mujeres en el mercado laboral. Garantizar que el objetivo de la estrategia nacional de inclusión social se integre en todos los ámbitos de actuación con objeto de reducir la pobreza, particularmente entre los niños y los gitanos.

               5.

               Crear un entorno empresarial favorable, restableciendo en particular un marco atractivo para las inversiones extranjeras directas, por medio de un aumento de la estabilidad del marco reglamentario y de un fomento de la competencia en el mercado. Garantizar la plena aplicación de las medidas previstas para reducir las cargas administrativas, mejorar la competencia en la contratación pública y adoptar nuevas medidas adecuadas para combatir la corrupción. Reforzar aún más la independencia del poder judicial. Suprimir las barreras de acceso al sector de servicios, incluidos los servicios minoristas. Ofrecer incentivos selectivos para apoyar a las empresas innovadoras.

               6.

               Aplicar una estrategia nacional en materia de abandono escolar prematuro y garantizar que el sistema educativo proporciona a todos los jóvenes conocimientos, competencias y cualificaciones adecuados para acceder al mercado de trabajo. Mejorar para las personas desfavorecidas, particularmente para los gitanos, el acceso a un sistema general de educación favorable a la inclusión. Respaldar la transición entre diferentes etapas del proceso educativo y hacia el mercado de trabajo. Realizar una reforma de la enseñanza superior que permita una mayor tasa de titulación en este nivel de enseñanza, particularmente para los estudiantes desfavorecidos.

               7.

               Abolir gradualmente los precios energéticos regulados, garantizando al mismo tiempo la protección efectiva de los consumidores económicamente vulnerables. Tomar nuevas medidas para garantizar la independencia de la autoridad nacional de regulación. Garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas estatales del sector de transportes reduciendo sus costes de funcionamiento y aumentando sus ingresos.

      Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. ŠADŽIUS

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Mantenida en 2013 por la Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 118 de 30.4.2013, p. 21).

      (4)  DO C 219 de 24.7.2012, p. 40.

      (5)  De conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.

      (6)  Establecida por la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013 (DO C 120 de 26.4.2013, p. 1).


Avis juridique important

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31996H0431

96/431/CE: Recomendación del Consejo de 8 de julio de 1996 sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad

Diario Oficial n° L 179 de 18/07/1996 p. 0046 - 0050

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 8 de julio de 1996 sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad (96/431/CE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 103,Vista la recomendación de la Comisión,Visto el dictamen del Comité Monetario,Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Florencia de los días 21 y de 22 de junio de 1996,RECOMIENDA:1. Principales objetivos y orientaciones generales Contrariamente a cuanto se esperaba en el momento de la adopción de las Orientaciones Generales de Política Económica de 1995, la actividad económica de la Comunidad ha disminuido considerablemente en los últimos doce meses, al tiempo que el desempleo aumentaba nuevamente. Si bien la inflación disminuyó globalmente, tal como se había previsto, y se incrementó la convergencia de precios, no se avanzó con la suficiente rapidez hacia unas finanzas públicas más sanas por las dificultades que originó la baja de la coyuntura económica.Así pues, la Comunidad no logró avanzar significativamente en la realización de importantes objetivos económicos, como los previstos en el artículo 2 del Tratado, a saber la promoción de un crecimiento sostenible y no inflacionista con un alto nivel de empleo. El ambiente de menor confianza que se palpa actualmente en la Comunidad es fundamentalmente fruto de esta incapacidad para reducir distancias entre las aspiraciones al bienestar económico y social y su realización.Sin embargo, la Comunidad disfruta de magnitudes económicas fundamentales de signo positivo. La inflación se sitúa a un nivel históricamente bajo y sigue disminuyendo, las tensiones en el mercado de divisas se han ido suavizando, el comercio mundial se desarrolla a un ritmo saludable, la rentabilidad de las inversiones ha mejorado y, en términos generales, es marcadamente superior a la del segundo semestre de los años 80. Esos factores, junto con la caída de los tipos de interés a largo plazo y el fin de la liquidación de existencias, permiten centrar las expectativas en la reactivación de la actividad económica en el segundo semestre de este año. Se deberían aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecerá esa esperada reactivación para alcanzar el grado de convergencia necesario para lograr la transición a la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero de 1999.Para hacer frente a los retos económicos lanzados a la Comunidad, es necesario continuar con la actual estrategia en política macroeconómica, en particular en el ámbito del saneamiento presupuestario, y mantener una reforma estructural. Se debe contar con iniciativas adecuadas, tanto en los mercados de bienes y servicios como en el sector de la reforma del mercado laboral.Esencialmente, pues, las presentes orientaciones corroboran y refuerzan las recomendaciones esbozadas en los ejercicios precedentes. Si esta estrategia no parece dar aún los resultados esperados en toda la Comunidad, es porque no se ha aplicado con suficiente fuerza y credibilidad. Por lo tanto, se alienta a todas las partes a que desarrollen sus políticas económicas de modo que puedan contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad (artículo 102 A del Tratado), a plasmar en actos lo prometido hace más de dos años y a coordinar mejor sus políticas económicas. Ese último punto constituye algo más que una obligación estipulada en el Tratado (artículo 3 A), es también una obligación práctica cada vez de más crucial importancia debido al incremento de la integración de las economías de los Estados miembros.2. Combinación de políticas macroeconómicas favorable al crecimiento, al empleo y a la convergencia El Consejo reitera que la realización de esos objetivos seguirá exigiendo un marco macroeconómico estable a corto y a medio plazo, favorable a la inversión caracterizado por:- una política monetaria orientada hacia la estabilidad cuyo funcionamiento no se vea comprometido por una evolución presupuestaria y salarial inadecuada,- esfuerzos sostenidos para consolidar las finanzas públicas de la mayoría de los Estados miembros, de conformidad con los objetivos de sus programas de convergencia,- una evolución de los salarios nominales compatible con el objetivo de la estabilidad de precios; al tiempo que la evolución de los salarios reales debería mantenerse inferior al aumento de la productividad para fortalecer la rentabilidad de las inversiones creadoras de empleo.Cuanto más secundada esté la función estabilizadora de la política monetaria por una política presupuestaria y una evolución de los salarios adaptados, más las condiciones monetarias, incluidos los tipos de cambio y los tipos de interés a largo plazo, favorecerán el crecimiento y empleo.Es necesario mantener a medio plazo un crecimiento económico importante y no inflacionista para:i) reducir de forma significativa y duradera el inaceptable y elevado nivel de paro en la Comunidad y luchar contra el aumento de la exclusión social;ii) lograr la mejora necesaria de la competitividad y, en particular, de la productividad de la economía comunitaria, y salvaguardar, en el contexto de una economía de mercado abierta, los valores sociales fundamentales propios de la Unión; yiii) garantizar el éxito duradero de la Unión Económica y Monetaria.A fin de incrementar tanto la credibilidad del marco de la política macroeconómica y la eficacia del proceso de coordinación en la Comunidad, se invita a los Estados miembros a que presenten programas de convergencia actualizados que reflejen un firme compromiso político.La Comisión intensificará el diálogo con los interlocutores sociales sobre cuestiones macroeconómicas. El diálogo social debería también intensificarse a escala nacional, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las tradiciones existentes.3. Estabilidad de precios y de tipos de cambio La creación y mantenimiento de un entorno macroeconómico estable es una condición ineludible para lograr un crecimiento sostenido a medio plazo. Este año, el promedio de inflación en la Comunidad debería descender al dos y medio por ciento. Resultado que debería mejorar el año que viene.Actualmente, diez Estados miembros han alcanzado ya el objetivo fijado en las anteriores orientaciones, es decir, un índice de inflación (1) de no más del dos o el tres por ciento como paso hacia la estabilidad de los precios; en el Reino Unido la inflación se acerca al tres por ciento. En los siete países (Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Finlandia) donde la inflación es inferior al dos por ciento y en Dinamarca e Irlanda donde se sitúa justo por encima de ese valor, la fiabilidad del efecto antiinflacionista de la política monetaria está en general firmemente establecida y no queda sino consolidar estos resultados a medio plazo. En Suecia, donde la inflación ha disminuido recientemente de forma significativa, y en el Reino Unido, las medidas que se adopten deberían ir dirigidas a la consolidación de los resultados obtenidos.Los países donde se prevé una inflación entre el tres y el cinco por ciento para 1996 (España, Portugal e Italia) deberían intentar reducir la inflación a menos del tres por ciento de aquí a 1997. Portugal, cuya inflación descendió recientemente y se sitúa un poco por debajo del tres por ciento, y España deberían seguir con sus políticas actuales para alcanzar el objetivo de inflación deseado en un futuro próximo. En Italia es esencialmente la política fiscal la que determinará el ritmo al que se avanzará hacia una credibilidad del tipo de cambio y un afianzamiento de las expectativas de inflación baja.A pesar del manifiesto progreso de Grecia en los últimos años, es evidente que debe continuar e intensificar sus esfuerzos. Para ello, debe hacer especial hincapié en mantener la política de corrección fiscal desarrollada estos últimos dos años y las políticas monetarias y de tipo de cambio prudentes aplicadas desde principios de los 90.Como ponen de relieve las anteriores orientaciones, todos los Estados miembros deben seguir tratando su política de tipos de cambio como una cuestión de interés común, en el marco del Sistema Monetario Europeo. La evolución de los tipos de cambio en 1995 mostró la necesidad de que varios Estados miembros adopten una política global más verosímil. Las políticas recomendadas en estas orientaciones contribuirán a ajustar adecuadamente los tipos de cambio en la Comunidad. También permitirán que los tipos de cambio resistan mejor, en el Sistema Monetario Europeo, las fluctuaciones producidas por la oscilación de las principales divisas exteriores. Esas políticas contribuirían también a crear las condiciones necesarias para que los países que actualmente no participan en el mecanismo de tipos de cambio puedan hacerlo.4. Finanzas públicas estables El año pasado se logró en la Comunidad algún, aunque limitado, avance en materia de consolidación fiscal. Los deslizamientos que se produjeron en relación con los objetivos presupuestarios anunciados reflejan sólo parcialmente la pérdida de impulso del crecimiento. La falta de credibilidad de las políticas presupuestarias ha contribuido ampliamente a las turbulencias monetarias de la primavera de 1995, ha minado la confianza económica y ha hecho dudar a los mercados económicos de las posibilidades de realizar el objetivo comunitario de una moneda única.Mientras tanto, muchos países han tomado importantes medidas para sanear sus finanzas públicas en 1996 y, también en muchos casos, en 1997. Ahora bien, el estado todavía insatisfactorio de las finanzas públicas en la Comunidad debería hacer que los Estados miembros revisaran y, llegado el caso, incrementaran sus programas de consolidación fiscal. Unos esfuerzos creíbles, anunciados con antelación y socialmente equilibrados, destinados a reducir los grandes desequilibrios presupuestarios, permitirán restaurar la confianza, transformar la esperada recuperación en un proceso de crecimiento a medio plazo duradero y generador de empleo y pasar a la Unión Económica y Monetaria en buenas condiciones, el 1 de enero de 1999.Si bien las condiciones económicas actuales son menos favorables que previsto cuando se adoptaron las Orientaciones de 1995, no se justifica optar por un nuevo retraso en el inevitable proceso de consolidación. Cualquier retraso podría provocar una reacción negativa de los mercados financieros y hacer el proceso aún más difícil en un futuro. Los progresos realizados este año en cuanto a reducción del déficit presupuestario estructural deben continuar y fortalecerán la consolidación en cuanto mejoren las condiciones cíclicas. Unas reducciones creíbles y bien concebidas del déficit presupuestario producen confianza y, de ese modo, fortalecen las perspectivas de crecimiento y sirven así de contrapeso -incluso a corto plazo- al impacto sobre la demanda, siempre que se lleven a cabo en el marco de una política global adecuada.A partir de las medidas de ajuste previstas hasta principios de mayo de 1996, la necesidad global de financiación del sector público en la Comunidad debería situarse muy poco por debajo del tres y medio por ciento del PIB en 1997, en comparación con el déficit del cinco por ciento de 1995. Casi todos los Estados miembros deberían intentar reducir su déficit presupuestario a como mucho el tres por ciento del PIB en 1997, como paso hacia el objetivo del equilibrio a medio plazo. A ese respecto resulta alentador que varios países hayan anunciado recientemente importantes medidas de equilibrio presupuestario y las estén aplicando.En lo que se refiere a los Estados miembros tomados individualmente, tres -Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo- cumplen ya el valor de referencia del déficit público fijado en un tres por ciento. Dinamarca e Irlanda deberían orientarse ahora hacia la realización de objetivos a medio plazo más ambiciosos que, en el caso de Dinamarca, figuran en la última versión de su programa de convergencia.Italia necesita introducir importantes medidas para llevar a cabo y mejorar la consolidación presupuestaria prevista, que sigue siendo la principal prioridad política. Ante todo la actuación debe centrarse en luchar contra la evasión fiscal, en una mayor disciplina presupuestaria de las autoridades locales y en una creciente eficacia de la administración pública. Por su parte, Grecia debe seguir esforzándose en numerosos ámbitos, fundamentalmente en la reducción de los gastos corrientes, en continuar las iniciativas de privatización en curso y en ampliar la base de imposición.Los diez países restantes pueden indudablemente realizar el esfuerzo necesario para cumplir el valor de referencia del tres por ciento y no deberían cejar en ello. En este grupo hay varios países (Alemania, Francia, Austria, Finlandia y Suecia) que han anunciado este año la adopción o refuerzo de medidas importantes para lograr reducir el déficit presupuestario a un tres por ciento, como máximo, del PIB en 1997. Esos países deberían, junto con los Países Bajos, aplicar decididamente sus programas de consolidación fiscal y, en su caso, reforzarlos para garantizar plenamente el logro de sus objetivos. El gobierno belga se ha comprometido firmemente -y ya dispone del apoyo necesario del parlamento belga- a especificar en su presupuesto de 1997 las medidas necesarias para reducir su déficit presupuestario al tres por ciento como máximo. En el Reino Unido, se espera que las reducciones presupuestarias sustanciales continúen durante los próximos dos años debido principalmente a las restricciones de gastos previstas. No obstante, para respetar el objetivo del tres por ciento para 1997, es importante tomar medidas para mantener el nivel de gastos previsto, para así compensar a un tiempo el deslizamiento fiscal de 1995 y una mejora presupuestaria a corto plazo menor de lo que se había previsto, debido principalmente a un crecimiento más débil que el esperado. Finalmente, España y Portugal deben aplicar con determinación el componente presupuestario de los programas de convergencia.Si bien el alcance, el calendario y la concepción de las medidas de consolidación deben adaptarse a las condiciones específicas de cada país, en las orientaciones anteriores se definieron algunos principios generales. Entre ellos:i) frenar el aumento del gasto que suele considerarse una opción más verosímil y eficaz que seguir incrementando la presión fiscal global. Entre los problemas por solucionar destaca la necesidad de sanear de forma sostenible la financiación en las pensiones, reducir el aumento de los gastos sanitarios y limitar las subvenciones costosas que crean distorsión;ii) reorientar al máximo el gasto público hacia actividades productivas como la inversión en infraestructuras, los recursos humanos y la política activa del empleo, sin por ello comprometer la necesaria reducción de los déficit presupuestarios;iii) mejorar la eficacia de los servicios públicos, entre otras cosas flexibilizando la gestión, ofreciendo mejores incentivos a los empleados públicos y, en algunos casos, recurriendo más a la privatización y a los cánones al usuario en la medida en que los Estados miembros consideren que ello es compatible con sus objetivos;iv) velar por que no se produzca una reducción de la presión fiscal global, deseable en la mayoría de los Estados miembros, mientras la reducción del déficit presupuestario no esté afianzada.Igual que a los Estados miembros, se invita a la Comunidad a que mantenga una estricta disciplina presupuestaria. Por consiguiente, la propia Comunidad debería adoptar una postura prudente hacia las perspectivas financieras ya definidas: esas perspectivas establecen límites máximos y no objetivos.5. Mejor funcionamiento de los mercados de bienes y servicios Para estimular el crecimiento y, por lo tanto, el empleo al tiempo que se mantiene un índice bajo de inflación, es esencial que las medidas de tipo macroeconómico vayan acompañadas de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios en general, a generar una mayor competitividad y a flexibilizar el mecanismo de los precios en particular. La realización de esos objetivos exigirá esencialmente que se refuercen de nuevo las políticas de competencia y la reducción de las ayudas estatales respetando plenamente los objetivos del artículo 130 A del Tratado sobre cohesión económica y social.También resulta crucial explotar al máximo las capacidades del mercado interior en un entorno competitivo abierto, incorporando al Derecho nacional y aplicando efectivamente la legislación del mercado único. En los sectores en los que dicha incorporación está retrasada es necesario hacer un esfuerzo particular para presentar todas las propuestas pertinentes a los parlamentos nacionales antes de que acabe 1996.Con miras a fomentar la competitividad de la Comunidad, deberían adoptarse rápidamente medidas destinadas a alentar la innovación, facilitar la emergencia de la sociedad de la información y crear un entorno de trabajo más propicio a la iniciativa y al desarrollo de las PYME. Evidentemente, en esos ámbitos cada uno de los Estados miembros en particular tiene una función clave. No obstante, llegado el caso pueden apoyarse iniciativas nacionales, de conformidad con las presentes orientaciones, mediante acciones a escala comunitaria. La Comisión debería también seguir con su política para mejorar la competitividad en los mercados de la Unión. Finalmente, para incrementar su eficacia, las políticas medioambientales deberían fundarse en más instrumentos basados en el mercado, incluidos los instrumentos fiscales, tanto a nivel nacional como, si resulta necesaria una actuación a escala de la Unión, a nivel comunitario.6. Fomentar el empleo y las reformas del mercado laboral Más de dos años y medio después de la publicación del Libro blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y empleo y una vez aplicada por algún tiempo la estrategia de Essen para favorecer el empleo, la Comunidad se encuentra con resultados deprimentes para ese período. Si bien la recuperación esperada conllevará la creación de empleos y cambiará la actual tendencia al alza del paro, es muy posible que la Comunidad cuente todavía con más de diecisiete millones de parados en 1997. Para mejorar la situación del empleo de manera sostenida y significativa se necesita, además de un crecimiento económico importante y duradero y de mercados eficaces de bienes y servicios un amplio abanico de reformas en el mercado laboral.La eliminación de las rigideces existentes y la mejora del funcionamiento de los mercados laborales forman el núcleo de los esfuerzos nacionales para garantizar un mayor crecimiento libre de tensiones a medio plazo y un modelo de crecimiento con más creación de empleo. Los Estados miembros se han esforzado por reformar sus mercados laborales. Hay que alentarles a intensificar sus acciones al tiempo que velan por que el sistema de protección social sea justo y eficaz. La aplicación de políticas destinadas a mejorar la movilidad profesional y geográfica de la población activa y a incrementar la eficacia de los servicios de empleo debería reducir los cuellos de botella que pueden interrumpir prematuramente el proceso de crecimiento.Hay que aplicar políticas adecuadas para adaptar todo el sistema educativo -incluida la formación profesional- a las necesidades del mercado y a la mejora de los recursos humanos, fomentando así el potencial de crecimiento económico. Para ello convendría mejorar prioritariamente la capacidad de los parados para encontrar un empleo, en particular de la mano de obra poco cualificada y sin experiencia, y reducir el desajuste de las cualificaciones con el mercado laboral, ofreciendo formaciones más adaptadas a las cambiantes necesidades del mercado. Se debería también prestar especial atención a incrementar las perspectivas de empleo de los jóvenes y de las mujeres.Deberá fomentarse un mayor incremento del empleo manteniendo las tendencias adecuadas en lo relativo al nivel medio de los salarios y, en algunos casos, haciendo que los salarios reflejen mejor las diferencias de productividad. En la medida de lo posible deberían reducirse los costes no salariales del trabajo para estimular el empleo. Se debería intentar incentivar, de forma compatible con estas orientaciones, el empleo de categorías poco favorecidas, en particular los parados de larga duración y la mano de obra poco cualificada. Las adaptaciones realizadas en pro del interés común de las empresas y los trabajadores, en todo lo referente al horario y a la organización del trabajo, ayudarán también en ese sentido. Finalmente, habría que fomentar las iniciativas locales y regionales en el sector de los nuevos servicios que incluyen una gran capacidad de mano de obra, como las mencionadas en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia europea para fomentar las iniciativas locales de desarrollo y empleo.La estrategia comunitaria común para el empleo establecida por primera vez en el Consejo Europeo de Essen y posteriormente en los de Cannes y de Madrid recoge todos los puntos anteriores. A ese respecto, se debe continuar con los programas multianuales de empleo de los Estados miembros para que resulten eficaces en el sector de la política del mercado laboral. Además, la Comisión continuará con su iniciativa de movilizar a todas las partes alrededor de la prioridad absoluta, que es la lucha contra el paro.Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 1996.Por el ConsejoEl PresidenteR. QUINN(1) Calculada según el promedio en doce meses del tipo de variación anual del índice provisional de los precios al consumo.


Avis juridique important

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31992H0540

92/540/CEE: Recomendación de la Comisión, de 9 de noviembre de 1992, relativa a un programa coordinado de control oficial de los productos alimenticios para 1993

Diario Oficial n° L 350 de 01/12/1992 p. 0085 - 0092

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓNde 9 de noviembre de 1992 relativa a un programa coordinado de  control oficial de los productos alimenticios para 1993 (92/540/CEE) LA COMISIÓN  DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el segundo guión  de su artículo 155, Vista la Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de  los productos alimenticios  (1) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14, Considerando que, con vistas a la realización y al funcionamiento del mercado interior, es  necesario establecer programas coordinados de control de productos alimenticios a escala  comunitaria; Considerando que, con dichos programas, no sólo debe comprobarse el cumplimiento de la legislación  comunitaria sino también la adecuación de los productos alimenticios para el consumo; Considerando que, si se realizan simultáneamente los programas individuales de cada Estado y los  coordinados, pueden adquirirse conocimientos de los que hoy se carece en gran medida; Considerando que el Comité permanente de productos alimenticios ha sido consultado y se ha  manifestado en favor del programa coordinado de control para el año 1993, RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE, DURANTE EL AÑO 1993, TOMEN MUESTRAS DE LOS SIGUIENTES  PRODUCTOS Y COMPRUEBEN DETERMINADOS PARÁMETROS: I.  Adulteración de zumos de  naranja. II.  Nitratos y nitritos en los preparados con verduras para niños de corta edad. III.  Control del peso de mariscos ultracongelados. IV.  Análisis microbiológico de helados. V.  Análisis microbiológico de platos preparados.   Explicaciones sobre el programa coordinado de control para 1993 En 1993, se llevará a cabo por  primera vez un programa coordinado de control con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del  artículo 14 de la Directiva 89/397/CEE. En su Recomendación, la Comisión se limita conscientemente  a un programa escueto con pocos grupos de productos alimenticios y parámetros que se pueden  determinar fácilmente. Con los análisis propuestos, se pretende comprobar el cumplimiento de las  normas de protección sanitaria, la garantía de un intercambio comercial leal y la protección de los  intereses de los consumidores. La Comisión renuncia a fijar un porcentaje único en las muestras que deben analizarse y en los  controles en las empresas. Deben recogerse muestras suficientes para tener en cuenta aspectos  sanitarios y de competencia, es decir, no sólo deben tomarse en consideración los fabricantes  importantes en el comercio intracomunitario sino que el análisis debe ser suficientemente amplio  para conseguir un panorama general del mercado del producto alimenticio de que se trate. Por parte de la Comisión, en este primer programa coordinado de control, no se formula indicación  alguna sobre la toma de muestras o los métodos de análisis. Cada Estado miembro tomará las muestras  según su sistema oficial de control de productos alimenticios y las analizará de acuerdo con las  disposiciones establecidas y de uso habitual. En los impresos de respuesta anexos se indicarán y  describirán brevemente los métodos analíticos empleados. En caso de que, en los dos últimos años, un Estado miembro haya realizado análisis detallados sobre  uno de los productos y parámetros propuestos, que abarquen todas las cuestiones del programa  coordinado de control, no serán necesarios análisis adicionales. Se pondrán a disposición de la  Comisión los resultados de los análisis anteriores. A fin de comprobar si un producto cumple los requisitos, y en lugar de tomas de muestras y de  análisis, podrá igualmente procederse a controles en las empresas. I.  Adulteración de zumos de naranja La finalidad del análisis es determinar si se ha utilizado  demasiada agua o azúcar en la fabricación de zumo de naranja y concentrado de zumo de naranja y en  la redilución de concentrados de zumo de naranja. Debe, además comprobarse si la redilución y el  azucarado están indicados conforme a lo establecido. Véase al respecto la Directiva 75/726/CEE del Consejo  (1) y la Directiva 89/397/CEE. II.  Nitratos y nitritos en los preparados con verduras para niños de corta edad La existencia de  cantidades elevadas de nitratos y nitritos en los alimentos es un peligro para la salud de los  lactantes y de los niños de corta edad. En este delicado sector, los consumidores esperan que haya  un alto nivel de protección. Por tanto, conviene realizar un inventario a escala comunitaria. Para  poder proceder, en su caso, a un estudio más detallado, deberán indicarse, además de los datos  globales, los valores individuales para cada tipo de verdura. III.  Control del peso de mariscos ultracongelados Para su transporte, los mariscos se  ultracongelan y, en determinadas circunstancias, se cubren con una capa de hielo. Frecuentemente,  el peso indicado no coincide con el peso escurrido. A fin de supervisar un intercambio comercial  leal y proteger al consumidor frente a operadores en situación económicamente ventajosa, se  controlará el peso escurrido de los productos siguientes: -  vieiras, -  camarones, -  langostas, -  volandeiras. IV.  Análisis microbiológico de helados De los resultados de los análisis enviados hasta el  momento por los Estados miembros se desprende que, a menudo, la calidad de los helados presenta  irregularidades desde el punto de vista microbiológico. El objetivo del inventario a escala comunitaria es determinar si, debido a la falta de higiene en  la fabricación y comercialización de helados, el consumo de éstos supone un riesgo para la salud.  Además del Escherichia coli y del número de gérmenes, se debe determinar la presencia de  Staphylococcus aureus como germen indicador de la falta de higiene y de Salmonella ssp. como germen  patógeno. V.  Análisis microbiológico de platos preparados De los resultados de los análisis enviados hasta  el momento por los Estados miembros se desprende que los platos preparados siguientes presentan  problemas microbiológicos: 1)  platos preparados sometidos a tratamiento térmico, cuya manipulación posterior puede producir  contaminación y que, en su caso, se calientan antes de consumirse; 2)  platos preparados sin tratamiento térmico, pero estabilizados de otra forma, por ejemplo, con  conservantes; 3)  platos preparados no cocinados que no se someten a ningún tratamiento térmico posterior; 4)  platos preparados no cocinados que se someten a tratamiento térmico antes de su consumo. Por consiguiente, deben analizarse muestras de dichos platos preparados a fin de determinar si  contienen gérmenes patógenos, gérmenes que indiquen una falta de higiene o gérmenes característicos  de una descomposición microbiológica. El presente programa no se ocupa de los platos preparados con  envasado estéril o sometidos a un tratamiento que mata los gérmenes (por ejemplo, las conservas).  Hecho en Bruselas, el 9 de noviembre de 1992. Por la Comisión Martin BANGEMANN  Vicepresidente


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de convergencia actualizado del Reino Unido (2002-2003 a 2008-2009)


title: 2014/135/UE: Recomendación de la Comisión, de 12 de marzo de 2014 , sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               14.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 74/65

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 12 de marzo de 2014
   sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2014/135/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El objetivo de la presente Recomendación es garantizar que las empresas viables con dificultades financieras, cualquiera que sea su ubicación en la Unión, tengan acceso a unos marcos nacionales de insolvencia que les permitan reestructurarse en una fase temprana con el fin de prevenir la insolvencia y, por lo tanto, maximizar su valor total para los acreedores, los empleados y los propietarios, así como para el conjunto de la economía. La Recomendación también se propone ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados incursos en procesos de insolvencia en toda la Unión.

               (2)

               Las normas nacionales en materia de insolvencia difieren considerablemente en cuanto a los procedimientos de que disponen los deudores con dificultades financieras para reestructurar sus empresas. Algunos Estados miembros tienen una serie limitada de procedimientos en los que las empresas solo pueden reestructurarse en una fase relativamente tardía, en el marco de los procedimientos formales de insolvencia. En otros Estados miembros, la reestructuración es posible en una fase más temprana pero los procedimientos disponibles no son tan eficaces como deberían o implican formalidades variables, especialmente en lo que respecta al recurso a los procedimientos extrajudiciales.

               (3)

               Del mismo modo, las normas nacionales que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios, en particular la condonación de las deudas contraídas en el curso de la actividad empresarial, varían en lo que respecta a la duración del período de condonación y las condiciones en que esta puede concederse.

               (4)

               Las divergencias entre los marcos nacionales de reestructuración, y entre las normas nacionales que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios honrados hacen que aumenten los costes y la incertidumbre a la hora de evaluar los riesgos de invertir en otro Estado miembro, fragmentan las condiciones de acceso al crédito y dan lugar a diferentes tasas de recuperación para los acreedores. Estas divergencias hacen más difícil la concepción y la adopción de planes de reestructuración coherentes para los grupos de empresas transfronterizos. En general, las divergencias pueden actuar como desincentivos para las empresas que desean establecerse en distintos Estados miembros.

               (5)

               El Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo (1) regula únicamente las cuestiones de competencia, reconocimiento, ejecución, legislación aplicable y cooperación en los procedimientos transfronterizos de insolvencia. La propuesta de la Comisión para la modificación de dicho Reglamento (2) debería extender su ámbito de aplicación a procedimientos preventivos que promuevan el rescate de un deudor económicamente viable y ofrezcan una segunda oportunidad a los empresarios. Sin embargo, la enmienda propuesta no aborda las divergencias entre los procedimientos previstos en los Derechos nacionales.

               (6)

               El 15 de noviembre de 2011, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución (3) sobre los procedimientos de insolvencia que incluía recomendaciones para armonizar aspectos específicos de las legislaciones nacionales en materia de insolvencia, incluidas las condiciones de establecimiento, los efectos y el contenido de los planes de reestructuración.

               (7)

               En la Comunicación sobre el Acta del Mercado Único II (4), de 3 de octubre de 2012, la Comisión emprendió la acción clave de modernizar las normas de insolvencia de la Unión con el fin de facilitar la supervivencia de las empresas y ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios. Con este fin, la Comisión anunció que estudiaría la forma de mejorar la eficacia de las normativas nacionales sobre insolvencia con vistas a crear condiciones de competencia equitativas para las empresas, los empresarios y los particulares en el mercado interior.

               (8)

               La Comunicación de la Comisión titulada «Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial» (5), de 12 de diciembre de 2012, pone de relieve ciertos sectores en los que las divergencias entre las normativas nacionales sobre insolvencia pueden obstaculizar el establecimiento de un mercado interno eficiente. Asimismo señaló que la creación de unas condiciones equitativas en estos sectores podría aumentar la confianza de las empresas, los empresarios y los particulares en los sistemas de otros Estados miembros, mejorar el acceso al crédito y fomentar la inversión.

               (9)

               El 9 de enero de 2013, la Comisión adoptó el Plan de Acción sobre emprendimiento 2020 (6) en el que se invita a los Estados miembros, entre otras cosas, a reducir en la medida de lo posible el período de suspensión de actividad y liquidación de deudas de un emprendedor honrado después de una quiebra hasta un máximo de tres años de aquí a 2013, y a ofrecer servicios de asistencia a las empresas para su pronta reestructuración, consejos para evitar las quiebras y apoyo a las PYME para reestructurarse y relanzarse.

               (10)

               Algunos Estados miembros están revisando actualmente sus normativas nacionales sobre insolvencia con el fin de mejorar el marco del rescate de la empresa y la segunda oportunidad para los empresarios. Por lo tanto, es conveniente fomentar la coherencia de estas iniciativas y de otras posibles en el futuro a fin de reforzar el funcionamiento del mercado interior.

               (11)

               Es necesario fomentar una mayor coherencia entre los marcos nacionales de insolvencia a fin de reducir las divergencias y las ineficiencias que obstaculizan la reestructuración temprana de empresas viables con dificultades financieras y la posibilidad de una segunda oportunidad para los empresarios honrados y, de este modo, reducir el coste de la reestructuración, tanto para los deudores como para los acreedores. Una mayor coherencia y eficiencia de las normas nacionales de insolvencia maximizaría los pagos a todo tipo de acreedores e inversores y fomentaría la inversión transfronteriza. Una mayor coherencia también facilitaría la reestructuración de los grupos de empresas, independientemente de la ubicación de sus miembros en la Unión.

               (12)

               Por otra parte, la eliminación de los obstáculos a la reestructuración efectiva de empresas viables con dificultades financieras contribuye a preservar puestos de trabajo y beneficia también a la economía en general. Facilitar a los empresarios una segunda oportunidad también haría que aumentaran las tasas de actividad por cuenta propia en los Estados miembros. Además, unos marcos de insolvencia eficientes permitirían evaluar mejor los riesgos de las decisiones sobre préstamos y empréstitos, y facilitarían la adaptación de las empresas sobreendeudadas al reducir al mínimo los costes económicos y sociales derivados de sus procesos de desapalancamiento.

               (13)

               Las pequeñas y medianas empresas se beneficiarían de un enfoque más coherente a nivel de la Unión, ya que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a los altos costes de reestructuración y aprovechar los procedimientos de reestructuración más eficientes de algunos Estados miembros.

               (14)

               Las autoridades fiscales tienen también interés en un marco eficaz para la reestructuración de las empresas viables. Al aplicar la presente Recomendación, los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas para garantizar la recaudación y el cobro de los ingresos fiscales respetando los principios generales de equidad fiscal, y adoptar medidas eficaces en casos de fraude, evasión o abuso.

               (15)

               Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Recomendación a las empresas de seguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades de inversión colectiva, las entidades de contrapartida centrales, los depositarios centrales de valores y otras entidades financieras que estén sujetas a marcos de cobro y resolución especiales en los que las autoridades nacionales de supervisión dispongan de amplios poderes de intervención. Aunque el sobreendeudamiento y la insolvencia de los consumidores no entran en el ámbito de aplicación de la presente Recomendación, se insta a los Estados miembros a estudiar la posibilidad de aplicar estas recomendaciones también a los consumidores, ya que algunos de los principios recogidos en la presente Recomendación también les pueden ser aplicables.

               (16)

               El marco de reestructuración permitiría a los deudores hacer frente a sus dificultades financieras en una etapa temprana, cuando se puede evitar la insolvencia y garantizar la continuación de las actividades empresariales. No obstante, a fin de evitar los posibles riesgos de una utilización abusiva del procedimiento, las dificultades financieras del deudor probablemente le llevarán a la insolvencia y el plan de reestructuración deberá impedir la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de la actividad empresarial.

               (17)

               Para promover la eficiencia y reducir los retrasos y los costes, los marcos nacionales preventivos de reestructuración deberían incluir procedimientos flexibles que limiten los trámites judiciales a lo estrictamente necesario y proporcionado para salvaguardar los intereses de los acreedores y otras partes interesadas que puedan verse afectadas. Por ejemplo, para evitar costes innecesarios y poner de manifiesto la naturaleza temprana del procedimiento, a los deudores se les debería dejar, en principio, el control sobre sus activos, y el nombramiento de un mediador o supervisor no debería ser obligatorio, sino decidirse en cada caso.

               (18)

               El deudor podría solicitar al órgano jurisdiccional la suspensión de las acciones de ejecución individuales y del procedimiento de insolvencia cuya incoación ha sido solicitada por los acreedores cuando tales medidas puedan afectar negativamente a las negociaciones y ensombrecer las perspectivas del proceso de reestructuración de la empresa del deudor. Ahora bien, para lograr un justo equilibrio entre los derechos del deudor y de los acreedores, teniendo en cuenta la experiencia de las reformas recientes en los Estados miembros, la suspensión debería concederse inicialmente por un período no superior a cuatro meses.

               (19)

               La confirmación del plan de reestructuración por un órgano jurisdiccional es necesaria para garantizar que la reducción de los derechos de los acreedores es proporcional a las ventajas de la reestructuración y que los acreedores disfrutan de la tutela judicial efectiva, dentro del pleno respeto de la libertad de empresa y del derecho de propiedad reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional debería rechazar aquellos planes en que la reestructuración prevista limite los derechos de los acreedores discrepantes más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de un proceso de reestructuración de la empresa del deudor.

               (20)

               Las consecuencias de la insolvencia, especialmente el estigma social, las consecuencias jurídicas y la incapacidad permanente para saldar deudas constituyen importantes desincentivos para los empresarios que desean crear una empresa o aprovechar una segunda oportunidad, incluso cuando hay elementos que demuestran que, la segunda vez, los empresarios declarados insolventes tienen más posibilidades de éxito. Por consiguiente, se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos de la insolvencia para los empresarios, mediante disposiciones que prevean la plena condonación de deudas después de cierto plazo máximo.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   FINALIDAD Y OBJETO

               1.

               El objetivo de la presente Recomendación es animar a los Estados miembros a establecer un marco que permita la reestructuración eficiente de las empresas viables con dificultades financieras, y ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados, con el fin de fomentar el espíritu empresarial, la inversión y el empleo, y contribuir a reducir los obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior.

               2.

               Mediante la reducción de tales obstáculos, la Recomendación pretende, en particular:

                           a)

                           disminuir los costes de evaluación de los riesgos de inversión en otro Estado miembro;

                           b)

                           aumentar las tasas de recuperación para los acreedores, y

                           c)

                           eliminar las dificultades de reestructuración de los grupos de empresas transfronterizos.

               3.

               La presente Recomendación establece normas mínimas sobre:

                           a)

                           marcos de reestructuración preventivos, y

                           b)

                           condonación de deudas de los empresarios insolventes.

               4.

               Al aplicar la presente Recomendación, los Estados miembros deberían adoptar medidas adecuadas y eficaces para garantizar la recaudación de impuestos, en particular en casos de fraude, evasión o abuso.

         II.   DEFINICIONES

               5.

               Con arreglo a la presente Recomendación, se aplicarán las siguientes definiciones:
               a)   «deudor»: persona física o jurídica con dificultades financieras que podría ser declarada insolvente;
               b)   «reestructuración»: modificación de la composición, las condiciones o la estructura de los activos y del pasivo de los deudores, o una combinación de estos elementos, con objeto de permitir la continuación, en su totalidad o en parte, de la actividad de los deudores;
               c)   «suspensión de acciones de ejecución individuales»: la suspensión, ordenada por un órgano jurisdiccional, del derecho de un acreedor a ejecutar una deuda frente a un deudor;
               d)   «órgano jurisdiccional»:: cualquier órgano competente en materia de procedimientos de prevención al que los Estados miembros han conferido funciones jurisdiccionales y cuyas decisiones pueden ser objeto de recurso o revisión por una autoridad judicial.

         III.   MARCO DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA

   A.   Disponibilidad del marco de reestructuración preventiva

               6.

               Los deudores deberían disponer de un marco que les permita reestructurar sus empresas a fin de evitar la insolvencia. Dicho marco debería contener los siguientes elementos:

                           a)

                           el deudor debería ser capaz de realizar la reestructuración en una fase temprana, tan pronto como sea evidente la probabilidad de insolvencia;

                           b)

                           el deudor debería mantener el control de la gestión corriente de su actividad;

                           c)

                           el deudor debería tener la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de las acciones de ejecución individuales;

                           d)

                           un plan de reestructuración adoptado por la mayoría prevista en la legislación nacional que sea vinculante para todos los acreedores, siempre que el plan sea confirmado por un órgano jurisdiccional;

                           e)

                           la nueva financiación necesaria para la ejecución de un plan de reestructuración no debería ser declarada nula, anulable o no ejecutable como un acto perjudicial para el conjunto de los acreedores.

               7.

               El procedimiento de reestructuración no debería ser largo ni costoso, y debería ser flexible para permitir la adopción de medidas extrajudiciales. La intervención del órgano jurisdiccional debería limitarse a lo necesario y ser proporcionada, a fin de salvaguardar los derechos de los acreedores y de otras partes interesadas que resulten afectadas por el plan de reestructuración.

         B.   Facilitar las negociaciones sobre los planes de reestructuración

      Nombramiento de un mediador o un supervisor

               8.

               Los deudores deberían tener la posibilidad de acogerse a un procedimiento de reestructuración de sus empresas sin necesidad de incoar formalmente un procedimiento judicial.

               9.

               El nombramiento de un mediador o un supervisor por el órgano jurisdiccional no debería ser obligatorio, sino realizarse en los casos en que tal nombramiento se considere necesario:

                           a)

                           en el caso del mediador, para ayudar al deudor y a los acreedores a dirigir con éxito las negociaciones sobre el plan de reestructuración;

                           b)

                           en el caso del supervisor, para supervisar la actividad del deudor y los acreedores, y adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses legítimos de uno o varios acreedores o de otra parte interesada.

      Suspensión de acciones de ejecución individuales y del procedimiento de insolvencia

               10.

               Los deudores deberían tener derecho a solicitar al órgano jurisdiccional la suspensión temporal de las acciones de ejecución individuales (en lo sucesivo, «la suspensión») presentadas por los acreedores, incluidos los acreedores preferentes y con garantía, que podrían de otro modo ensombrecer las perspectivas del plan de reestructuración. La suspensión no debería interferir en la ejecución de los contratos en curso.

               11.

               En los Estados miembros que supediten la suspensión a determinadas condiciones, los deudores deberían obtener la suspensión en todo caso siempre que:

                           a)

                           los acreedores que representen un número significativo de las deudas que puedan verse afectadas por el plan de reestructuración apoyen las negociaciones sobre la adopción del plan de reestructuración, y

                           b)

                           el plan de reestructuración tenga perspectivas razonables de ser aplicado y de evitar la insolvencia del deudor.

               12.

               Cuando así se disponga en las legislaciones de los Estados miembros, la obligación del deudor de solicitar la declaración de insolvencia, así como las solicitudes de los acreedores para la incoación del procedimiento de insolvencia contra el deudor presentadas tras la concesión de la suspensión, también deberían suspenderse durante el mismo período de tiempo.

               13.

               La duración de la suspensión debería reflejar un equilibrio entre los intereses del deudor y de los acreedores, especialmente los acreedores con garantía. Por consiguiente, la duración de la suspensión debería fijarse en función de la complejidad de la reestructuración prevista, y no debería ser superior a cuatro meses. Los Estados miembros podrán prever la renovación del plazo cuando se demuestre que las negociaciones sobre el plan de reestructuración progresan. La duración total de la suspensión no debería ser superior a 12 meses.

               14.

               La suspensión se retirará cuando ya no sea necesaria para facilitar la adopción del plan de reestructuración.

         C.   Planes de reestructuración

      Contenido del plan de reestructuración

               15.

               Los Estados miembros deberían garantizar que los órganos jurisdiccionales confirmen los planes oportunamente y, en principio, mediante procedimiento escrito. Los Estados miembros deberían establecer disposiciones claras y específicas sobre el contenido de los planes de reestructuración. Los planes de reestructuración deberían contener una descripción detallada de los elementos siguientes:

                           a)

                           la identificación clara y completa de los acreedores que resultarían afectados por el plan;

                           b)

                           los efectos de la reestructuración propuesta sobre las deudas individuales o categorías de deudas;

                           c)

                           la postura adoptada por los acreedores afectados sobre el plan de reestructuración;

                           d)

                           en su caso, las condiciones para la nueva financiación, y

                           e)

                           las posibilidades de que el plan evite la insolvencia del deudor y garantice la viabilidad de la actividad empresarial.

      Adopción de los planes de reestructuración por los acreedores

               16.

               Para aumentar las perspectivas de reestructuración y, por tanto, el número de empresas viables que serán rescatadas, los acreedores afectados, con o sin garantía, deberían tener la posibilidad de adoptar un plan de reestructuración.

               17.

               Los acreedores con diferentes intereses deberían ser tratados como categorías separadas que reflejen tales intereses. Como mínimo, deberían existir categorías separadas para los acreedores con garantía y sin garantía.

               18.

               El plan de reestructuración debería aprobarse por la mayoría prevista en la legislación nacional según la cuantía de los créditos de los acreedores de cada categoría. Cuando existan más de dos categorías de acreedores, los Estados miembros deberían estar en condiciones de mantener o introducir disposiciones que autoricen a los órganos jurisdiccionales a confirmar los planes de reestructuración apoyados por la mayoría de tales categorías de acreedores, teniendo especialmente en cuenta la importancia de los créditos de las respectivas categorías de acreedores.

               19.

               Los acreedores deberían disfrutar de condiciones de competencia equitativas con independencia de su ubicación. Por lo tanto, cuando la legislación de los Estados miembros exija un proceso de votación formal, los acreedores, en principio, deberían poder votar mediante técnicas de comunicación a distancia como la carta certificada o las tecnologías electrónicas seguras.

               20.

               Para una adopción más eficaz de los planes de reestructuración, los Estados miembros también deberían garantizar la posibilidad de que los planes de reestructuración los adopten únicamente determinados acreedores o determinados tipos o categorías de acreedores, siempre que esto no afecte a otros acreedores.

      Confirmación del plan de reestructuración por el órgano jurisdiccional

               21.

               Para garantizar que el plan de reestructuración no afecte indebidamente a los derechos de los acreedores, y en aras de la seguridad jurídica, los planes de reestructuración que afecten a los intereses de los acreedores discrepantes o prevean una nueva financiación deberían ser confirmados por un órgano jurisdiccional para ser vinculantes.

               22.

               Las condiciones en que el plan de reestructuración puede ser confirmado por un órgano jurisdiccional deberían especificarse claramente en la legislación de los Estados miembros e incluir, como mínimo, las siguientes:

                           a)

                           el plan de reestructuración se ha adoptado en condiciones que garantizan la protección de los intereses legítimos de los acreedores;

                           b)

                           el plan de reestructuración se ha notificado a todos los acreedores que puedan ser afectados por él;

                           c)

                           el plan de reestructuración no limita los derechos de los acreedores discrepantes más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de reestructuración, en caso de que el deudor haya liquidado o vendido el negocio como empresa en funcionamiento, según el caso;

                           d)

                           ninguna nueva financiación prevista en el plan de reestructuración es necesaria para cumplir el plan ni perjudica injustamente los intereses de los acreedores discrepantes.

               23.

               Los Estados miembros deberían garantizar que los órganos jurisdiccionales rechacen los planes de reestructuración que claramente no ofrezcan ninguna perspectiva de evitar la insolvencia del deudor o de garantizar la viabilidad de la actividad empresarial debido, por ejemplo, a que no prevén la nueva financiación necesaria para continuar la actividad.

      Derechos de los acreedores

               24.

               A los acreedores a los que pueda afectar el plan de reestructuración se les debería notificar el contenido del plan y reconocer el derecho a formular objeciones y a recurrir contra el plan de reestructuración. No obstante, en interés de los acreedores que apoyan el plan, el recurso, en principio, no debería suspender la ejecución del plan de reestructuración.

      Efectos del plan de reestructuración

               25.

               Los planes de reestructuración que se adopten por unanimidad de los acreedores afectados deberían ser vinculantes para todos ellos.

               26.

               Los planes de reestructuración que hayan sido confirmados por un órgano jurisdiccional deberían ser vinculantes para cada uno de los acreedores afectados e identificados en el plan.

         D.   Protección de la nueva financiación

               27.

               La nueva financiación, incluidos los nuevos préstamos, la venta de determinados activos por el deudor y la capitalización de la deuda, acordada en el plan de reestructuración y confirmada por un órgano jurisdiccional, no debería declararse nula, anulable o no ejecutable como acto perjudicial para el conjunto de los acreedores.

               28.

               Los proveedores de nueva financiación en el marco de un plan de reestructuración confirmado por un órgano jurisdiccional, deberían quedar exentos de responsabilidad civil y penal en relación con el proceso de reestructuración.

               29.

               Deberían establecerse excepciones a las normas de protección de la nueva financiación en el caso de que posteriormente se compruebe que se ha cometido fraude en relación con la nueva financiación.

         IV.   UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS EMPRESARIOS

      Plazos de condonación

               30.

               Los efectos negativos de la insolvencia para los empresarios deberían limitarse a fin de darles una segunda oportunidad. A los empresarios se les deberían condonar totalmente las deudas incursas en la insolvencia en un plazo máximo de tres años a partir de:

                           a)

                           en el caso de un procedimiento que concluya con la liquidación de los activos del deudor, la fecha en que el órgano jurisdiccional decidió, previa petición, iniciar el procedimiento de insolvencia;

                           b)

                           en el caso de un procedimiento que incluya un plan de reembolso, la fecha en que se inició la aplicación del plan de reembolso;

               31.

               Al expirar el período de condonación, a los empresarios se les deberían condonar de sus deudas sin necesidad, en principio, de volver a recurrir a un órgano jurisdiccional.

               32.

               La condonación total tras un breve plazo no siempre es conveniente. Por ello, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de mantener o introducir disposiciones más exigentes que resulten necesarias para:

                           a)

                           disuadir a los empresarios que han actuado de forma deshonesta o de mala fe, tanto antes como después de la iniciación del procedimiento de insolvencia;

                           b)

                           disuadir a los empresarios que no se adhieran a un plan de reembolso o a cualquier otra obligación jurídica prevista para garantizar los intereses de los acreedores, o

                           c)

                           garantizar los medios de subsistencia del empresario y su familia al permitirle conservar determinados activos.

               33.

               Los Estados miembros pueden excluir algunas categorías específicas de deuda, como las derivadas de la responsabilidad delictual, de la regla de la condonación total.

         V.   SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

               34.

               Se ruega a los Estados miembros que apliquen los principios establecidos en la presente Recomendación el 14 de marzo de 2015.

               35.

               También se les ruega que recopilen estadísticas anuales fiables sobre el número de procedimientos de reestructuración preventiva incoados, la duración de los procedimientos, e información sobre el tamaño de los deudores implicados y el resultado de los procedimientos incoados, y que comuniquen dicha información a la Comisión con periodicidad anual, y por primera vez el 14 de marzo de 2015.

               36.

               La Comisión evaluará la aplicación de la presente Recomendación en los Estados miembros a más tardar el 14 de septiembre de 2015. En este contexto, la Comisión evaluará su impacto en el rescate de empresas con dificultades financieras y en la segunda oportunidad que se da a los empresarios honrados, su interacción con otros procedimientos de insolvencia en otros aspectos como los plazos de condonación para las personas físicas que no ejerzan una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, su impacto en el funcionamiento del mercado interior, en las pequeñas y medianas empresas y en la competitividad de la economía de la Unión. La Comisión también evaluará la necesidad de proponer nuevas medidas para consolidar y reforzar el enfoque adoptado en la presente Recomendación.

      Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 2014.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Vicepresidenta

      (1)  Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160 de 30.6.2000, p. 1).

      (2)  COM(2012) 744 final.

      (3)  Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, con recomendaciones a la Comisión sobre el procedimiento de insolvencia en el marco del Derecho europeo de sociedades, P 7_TA (2011) 0484.

      (4)  COM(2012) 573 final.

      (5)  COM(2012) 742 final.

      (6)  COM(2012) 795 final.