               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 1.6.2021
            COM(2021) 269 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones para modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

               El Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón
                  1
                tiene por objeto establecer una cooperación más eficaz entre la Unión Europea y Japón en este ámbito. En virtud del Acuerdo, el Estado requerido, a petición del Estado requirente, prestará asistencia jurídica en relación con las investigaciones, las actuaciones judiciales y otros procedimientos (incluidos los procedimientos judiciales) en materia penal. El ámbito de aplicación del Acuerdo incluye herramientas modernas de cooperación, como la videoconferencia y el intercambio de información bancaria. Es el primer acuerdo «autónomo» de la UE con otro país. Ningún Estado miembro ha celebrado previamente un acuerdo similar con Japón.

               La Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal (DAP)
                  2
                entró en vigor el 6 de mayo de 2016 y los Estados miembros debían transponerla al Derecho nacional a más tardar el 6 de mayo de 2018 (artículo 63, apartado 1, de la DAP). En comparación con la Decisión marco que derogó y sustituyó
                  3
               , la DAP es un instrumento horizontal de protección de datos mucho más completo y exhaustivo. Se aplica al tratamiento nacional y transfronterizo de datos personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública (artículo 1, apartado 1, de la DAP).

               En virtud del artículo 62, apartado 6, se exige a la Comisión que, a más tardar el 6 de mayo de 2019, revise otros actos jurídicos de la UE que regulen el tratamiento de datos personales con fines policiales, a fin de evaluar la necesidad de aproximarlos a las disposiciones de la Directiva DAP y, en su caso, proponer modificaciones para garantizar un enfoque coherente de la protección de los datos personales.

               El 24 de junio de 2020, la Comisión cumplió esta obligación mediante la adopción de la Comunicación «Manera de avanzar en la alineación del acervo del antiguo tercer pilar con las normas en materia de protección de datos»
                  4
               . La Comunicación enumera diez actos jurídicos que deben armonizarse con la DAP y establece un calendario para hacerlo. Se indica que el Acuerdo con Japón es uno de los actos que requieren una modificación específica para garantizar su plena adecuación a la DAP y que se presentará una recomendación al Consejo en el primer trimestre de 2021. Esta es la recomendación.

               •Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial

               El objetivo de esta iniciativa es armonizar las normas de protección de datos del Acuerdo con los principios y normas establecidos en la DAP, con el fin de proporcionar un marco sólido y coherente de protección de datos a efectos del Acuerdo.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

                  No procede.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

               La presente propuesta se basa en el artículo 218, apartados 3 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

               El artículo 218, apartado 3, del TFUE exige que la Comisión presente recomendaciones al Consejo, que a continuación adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones y se designe, en función de la materia del acuerdo previsto, al negociador o al jefe del equipo negociador de la Unión. El artículo 218, apartado 4, del TFUE dispone que el Consejo podrá dictar directrices de negociación y designar un comité especial, al que deberá consultarse durante las negociaciones.

               •Subsidiariedad (para las competencias no exclusivas)

                  Solo la Unión puede llevar a cabo negociaciones para modificar el Acuerdo.

               •Proporcionalidad

                  La presente propuesta se limita a lo necesario para garantizar que el Acuerdo sea compatible con la legislación vigente de la Unión en materia de protección de datos personales, en particular la DAP, sin modificar los mecanismos de cooperación previstos en el Acuerdo. La Recomendación no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

               •Elección del instrumento

                  No procede.

               3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

               La presente propuesta Recomendación se basa en los resultados de la revisión realizada por la Comisión en virtud del artículo 62, apartado 6, de la DAP, expuesta en su Comunicación, «Manera de avanzar en la alineación del acervo del antiguo tercer pilar con las normas en materia de protección de datos». La Comunicación enumera los puntos en los que es necesaria la adaptación. En particular, señala la necesidad de mejorar las garantías de protección de datos del Acuerdo.

               Con arreglo a las disposiciones vigentes, en particular los artículos 8 (solicitudes de asistencia) y 13 (confidencialidad y limitaciones de uso):

               las solicitudes deben incluir una descripción de la finalidad de la asistencia solicitada, junto con los hechos relativos al objeto de la investigación, el enjuiciamiento u otro procedimiento (incluido el proceso judicial); y

               el Estado requirente no debe tratar datos personales para fines distintos de los descritos en la solicitud sin el consentimiento previo del Estado requerido.

               La revisión determinó varios ámbitos en los que se necesitan disposiciones. Entre estos ámbitos figuran:

               ·las disposiciones sobre calidad y seguridad de los datos;

               ·las normas sobre conservación de datos y de registros;

               ·las garantías aplicables al tratamiento de categorías especiales de datos personales;

               ·las restricciones a las transmisiones ulteriores;

               ·las normas sobre supervisión y vías de recurso de que disponen los particulares.

               La presente Recomendación tiene por objeto que se autorice al Consejo a entablar negociaciones para la modificación del Acuerdo con vistas a acordar nuevas disposiciones que permitan a la Unión garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la DAP.

               • Consultas con las partes interesadas

                  En consonancia con sus directrices para la mejora de la legislación, la Comisión publicó una hoja de ruta en la que esbozaba una iniciativa de Recomendación de Decisión del Consejo relativa al «Acuerdo UE-Japón sobre asistencia judicial en materia penal - Propuesta de adaptación a las normas de protección de datos de la UE»
                     5
                  . Se invitó a las partes interesadas a formular sus observaciones entre el 14 de enero y el 11 de febrero de 2021. En ese plazo no se recibió ninguna observación.

               •Obtención y utilización de asesoramiento técnico

                  Al llevar a cabo la revisión, la Comisión tuvo en cuenta un estudio realizado en el marco del proyecto piloto del Parlamento Europeo de «revisión de la incidencia de los instrumentos y programas de recopilación de datos de la UE en los derechos fundamentales»
                     6
                  . El estudio incluía un inventario de los actos de la Unión contemplados en el artículo 62, apartado 6, de la DAP e identificó los actos jurídicos que en principio requerían una armonización de las disposiciones relativas a la protección de datos.

               •Evaluación de impacto

               El impacto de la presente propuesta se limita esencialmente al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes en el contexto de la Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo
                  7
               . El impacto de las nuevas obligaciones derivadas de la Directiva se evaluó en el contexto de los trabajos preparatorios de la Directiva. Esto hace innecesaria una evaluación de impacto específica de la presente propuesta.

               •Adecuación regulatoria y simplificación

                  No procede.

               •Derechos fundamentales

               El derecho a la protección de los datos de carácter personal está consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La protección de datos también está estrechamente vinculada al respeto de la vida privada y familiar, tal como se protege en el artículo 7 de la Carta. La legislación de la UE en materia de protección de datos tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales.

               La presente Recomendación solicita autorización para la apertura de negociaciones con vistas a modificar el Acuerdo con Japón con el fin de establecer las salvaguardias adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la DAP. Esto repercutiría positivamente en los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  No procede.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones para modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando que:

               (1)Deben entablarse negociaciones con vistas a modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón
                  8
               .

               (2)El tratamiento de datos personales en virtud del Acuerdo debe cumplir las normas aplicables en materia de protección de datos. Deben revisarse las disposiciones sobre protección de datos del Acuerdo y acordarse nuevas disposiciones que permitan a la Unión garantizar que dicho tratamiento cumpla lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  9
               .

               (3)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  10
               , emitió su dictamen el [...]
                  11
               .

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               1.Se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones para modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con [un comité especial designado por el Consejo].

               Artículo 4

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón
                     (DO L 39 de 12.2.2010, p. 20), firmado en Bruselas el 30 de noviembre de 2009 y en Tokio el 15 de diciembre de 2009. Entró en vigor el 2 de enero de 2011.

                     (2)

                        Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

                     (3)

                        Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal
                     (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).

                     (4)

                        COM(2020) 262 final.

                     (5)

                  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12804-EU-Japan-mutual-legal-assistance-on-criminal-matters
                  .

                     (6)

                        El proyecto fue solicitado por el Parlamento, gestionado por la Comisión y realizado por un contratista (grupo de expertos independientes) seleccionado por la Comisión sobre la base de los criterios establecidos por el Parlamento. Los resultados del proyecto reflejan exclusivamente los puntos de vista y las opiniones del contratista, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pudiera hacerse de la información contenida en ellos;

                     http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collection-instruments-and-programmes
                     .

                     (7)

                        Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación
                        (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1).

                     (8)

                        Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre asistencia judicial en materia penal,
                     DO L 39 de 12.2.2010, p. 20.

                     (9)

                        Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

                     (10)

                        Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

                     (11)

                        DO C...

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 1.6.2021
            COM(2021) 269 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJOpor la que se autoriza la apertura de negociaciones para modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón

               ANEXO

               Directrices de las negociaciones para modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón

               La Comisión debe perseguir en las negociaciones los objetivos que se detallan a continuación:

               1)El objetivo general de las modificaciones es apoyar y reforzar la cooperación entre los Estados miembros y Japón en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal mediante el refuerzo de las garantías relativas a la protección de los datos personales. Las modificaciones no deben alterar el objetivo y las formas de cooperación en el marco del Acuerdo.

               2)El Acuerdo, en particular sus artículos 8 (solicitudes de asistencia) y 13 (confidencialidad y limitaciones de uso), ya exige que:

               –las solicitudes contengan una descripción de la finalidad de la asistencia solicitada, junto con los hechos relativos al objeto de la investigación, el enjuiciamiento u otro procedimiento (incluido el procedimiento judicial) y

               –el Estado requirente no trate datos personales para fines distintos de los descritos en la solicitud sin el consentimiento previo del Estado requerido.

               Esto confirma los principios de especificación y limitación de la finalidad.

               3)Las modificaciones deben garantizar que el Acuerdo establezca garantías adecuadas de protección de datos en el sentido de la Directiva (UE) 2016/680
                  1
                para la transmisión de datos personales con arreglo al Acuerdo, independientemente de la nacionalidad o del lugar de residencia de las personas de que se trate.

               4)En particular, las modificaciones deben incluir las siguientes salvaguardias adicionales, que se aplicarán a todas las autoridades que participen en la investigación, el enjuiciamiento u otro procedimiento (incluido el procedimiento judicial) que se describe en la solicitud:

               a)la obligación de garantizar que los datos personales que deban transmitirse entre las partes sean necesarios para alcanzar el objetivo de la solicitud, en consonancia con los objetivos y el ámbito de aplicación del acuerdo, y que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con dicha finalidad;

               b)la obligación de garantizar que los datos personales sean exactos y, en caso necesario, estén actualizados; que se supriman o rectifiquen los datos personales que no cumplan este requisito y que se informe a la otra parte cuando existan indicios de que los datos personales son o han pasado a ser inexactos o han quedado obsoletos;

               c)la obligación de garantizar que los datos personales no se conserven durante más tiempo del necesario para los fines para los que se han transmitido;

               d)el requisito de que la transmisión y el tratamiento ulterior de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas o la afiliación sindical; datos genéticos; datos biométricos con el fin de identificar de manera unívoca a una persona física; datos relativos a la salud o a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física solo se autoricen si dicha transmisión y tratamiento ulterior están sujetos a garantías adecuadas para hacer frente a los riesgos específicos que entraña el tratamiento;

               e)la obligación de aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas para poder demostrar el cumplimiento;

               f)la obligación de garantizar la seguridad de los datos personales mediante medidas técnicas y organizativas adecuadas, incluidas las restricciones de acceso, y de notificar los casos de violación de la seguridad de los datos personales;

               g)un mecanismo para garantizar que se notifique a la persona o personas interesadas cualquier transmisión de datos y que se ponga a su disposición información básica sobre el tratamiento, sin perjuicio de las restricciones necesarias y proporcionadas;

               h)la obligación de garantizar que la persona o personas interesadas tengan derechos exigibles de acceso (incluida la información básica sobre el tratamiento), rectificación y supresión, con sujeción a las restricciones necesarias y proporcionadas, y de establecer garantías adecuadas con respecto a las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos personales transmitidos que les afecte negativamente;

               i)cuando se requiera el consentimiento previo de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Acuerdo, el Estado requerido deberá evaluar todos los factores pertinentes, en particular:

               –la finalidad inicial del tratamiento;

               –la finalidad del tratamiento ulterior;

               –si la autoridad receptora garantiza un nivel de protección de los datos personales equivalente al garantizado por el Acuerdo;

               j)el requisito de garantizar que el cumplimiento de las salvaguardias acordadas entre las partes sea supervisado por una o varias autoridades de supervisión independientes que posean competencias efectivas de investigación y ejecución, en particular la facultad de atender las reclamaciones de las personas sobre el uso de sus datos personales, teniendo en cuenta el contexto específico del tratamiento de datos por parte de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su jurisdicción;

               k)la obligación de garantizar que se conceda a las personas un recurso judicial efectivo en caso de violación de las garantías mencionadas.

               5)El Acuerdo modificado debe contener las definiciones de términos clave, incluida una definición de «datos personales» que esté en consonancia con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/680.

                     (1)

                        Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JHA del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 2.6.2021
            COM(2021) 513 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Chipre
            {SWD(2021) 501 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de Chipre

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia
                  2
                del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
                  3
               . En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se cumplían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis y ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021
                  4
               .

               (2)El 20 de julio de 2020, el Consejo recomendó a Chipre
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                que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, recomendó a Chipre que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomenta la inversión.

               (3)Según la Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, las políticas presupuestarias deben seguir siendo expansionistas en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021, y las medidas que se adopten deberán adaptarse a las circunstancias específicas del país y ser oportunas, temporales y específicas
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               . Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, deben eliminarse progresivamente las medidas de emergencia, paliando al mismo tiempo las repercusiones sociales y sobre el mercado laboral de la crisis. Deben aplicarse políticas presupuestarias destinadas a lograr posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que fomentan la inversión. Los Estados miembros deben aplicar reformas que refuercen la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

               (4)El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2021 de los Estados miembros de la zona del euro, que se basaron en una evaluación cualitativa de las medidas presupuestarias. La Comisión consideró que el proyecto de plan presupuestario de Chipre seguía globalmente las recomendaciones de política presupuestaria adoptadas por el Consejo el 20 de julio de 2020, y que la mayoría de las medidas incluidas en el plan respaldaban la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre.

               (5)La iniciativa Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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               , entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Este Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso fiscal financiado por la UE. El mecanismo contribuirá a la recuperación económica, a la realización de inversiones y reformas sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías. De esta forma, también ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, así como el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

               (6)El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una Comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros
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               . La orientación presupuestaria global, que engloba los presupuestos nacionales y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la UE, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, particularmente eliminando gradualmente las medidas de apoyo a su debido tiempo, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

               (7)Por otra parte, en su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión anunció su punto de vista de que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como principal criterio cuantitativo la comparación del nivel de actividad económica en la UE o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (fin de 2019). Sobre la base de sus previsiones de primavera de 2021, el 2 de junio la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país
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               .

               (8)El 29 de abril de 2021, Chipre presentó su Programa de Estabilidad de 2021, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (9)En 2020, partiendo de los datos validados por Eurostat, Chipre registró un déficit de las Administraciones Públicas del 5,7 % del PIB, mientras que su deuda pública aumentó al 118,2 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al - 7,6 % del PIB, teniendo en cuenta particularmente las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 3,6 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Chipre también adoptó medidas de apoyo a la liquidez de las empresas y los hogares (como garantías y aplazamientos fiscales, que no tienen un impacto presupuestario directo e inmediato) con un importe estimado en el 1,9 % del PIB.

               El 2 de junio de 2020, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del TFUE. Ese informe analizó la situación presupuestaria de Chipre, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó en 2020 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no disminuyó a un ritmo satisfactorio. El informe concluyó que el criterio de déficit no se cumplía y que el criterio de deuda, tampoco.

               (10)El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias es optimista para 2021 y 2022. De acuerdo con las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, se prevé que el PIB real de Chipre crezca un 3,1 % en 2021 y un 3,8 % en 2022. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se prevé que la economía chipriota crezca un 3,6 % en 2021 y un 3,8 % en 2022. La tasa de crecimiento comparativamente más alta del Programa en 2021 se debe a un incremento del consumo privado.

               (11)En su Programa de Estabilidad de 2021, el Gobierno planeaba un aumento del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría del 5,7 % del PIB en 2020 al 4,7 % del PIB en 2021, mientras que la ratio de deuda disminuiría al 111,9 % del PIB en 2021. Según el programa, la variación del saldo presupuestario primario en 2021 respecto del nivel anterior a la crisis (2019) debería ascender al - 6,5 % del PIB, lo que refleja las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía, de importe equivalente al 3,4 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Estas previsiones están en consonancia con las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión.

               (12)En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Chipre ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta política ha amortiguado la contracción del PIB, que, a su vez, frenó el aumento del déficit y la deuda de las Administraciones Públicas. Las medidas presupuestarias deberían maximizar el apoyo a la recuperación sin anticipar futuras trayectorias presupuestarias. Por consiguiente, las medidas deben evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introduzcan medidas permanentes, deben financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Chipre en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 son en su mayoría temporales o están acompañadas de medidas compensatorias.

               (13)El Programa de Estabilidad de 2021 asume inversiones y reformas financiadas por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia equivalentes al 0,6 % en 2021, el 0,4 % en 2022, el 0,4 % en 2023 y el 0,4 % en 2024. En lugar de ello, las previsiones de la Comisión asumen que el impacto presupuestario total de las reformas e inversiones que implica el Plan asciende al 0,3 % del PIB en 2021 y al 0,5 % en 2022.

               (14)Los indicadores de ajuste presupuestario establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1466/97 deben considerarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En primer lugar, existe un grado significativo de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe estar dispuesta a adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por la importancia de las medidas de apoyo a la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la UE (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso proporcionado a la economía por las políticas presupuestarias. En este contexto, el saldo estructural no parece constituir un indicador adecuado en las circunstancias actuales. Por otra parte, la referencia en materia de gasto debe adaptarse
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                y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

               En primer lugar, y de forma similar al enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis corresponden al apoyo aportado a los sistemas sanitarios y a la indemnización de los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos derivadas de los confinamientos y de las perturbaciones de la cadena de suministro; su abandono por parte de las autoridades públicas dependerá de la vuelta del sistema sanitario y de la situación económica a la normalidad.

               En segundo lugar, para evaluar la orientación presupuestaria global en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la UE (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

               Por consiguiente, la orientación presupuestaria se mide mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la UE, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis.

               Más allá de la orientación presupuestaria global, el análisis también pretende evaluar si la política fiscal nacional es prudente y su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, se presta especial atención a la evolución de la inversión y de los gastos primarios corrientes que son financiados a nivel nacional.

               (15)En su Programa de Estabilidad de 2021, Chipre prevé que el déficit de sus Administraciones Públicas disminuya al 0,9 % del PIB en 2022, debido principalmente a la interrupción de las medidas temporales de apoyo adoptadas en 2020 y 2021. Por su parte, la ratio de deuda de sus Administraciones Públicas disminuiría al 103,9 % del PIB en 2022. Estas previsiones son inferiores a las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión. La Comisión prevé un déficit del 2 % del PIB, debido principalmente al aumento del gasto previsto y a una disminución de los ingresos, y una ratio de deuda de sus Administraciones Públicas del 106,6 % del PIB en 2022.

               Según la previsión de la Comisión, el saldo presupuestario global, según se define más arriba, —incluyendo también el efecto sobre la demanda agregada que en 2022 se derivaría de las inversiones financiadas por el presupuesto nacional y el presupuesto de la UE, particularmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en el - 0,3 % del PIB
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               . Se prevé que la contribución positiva de los gastos financiados por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE aumente en 0,4 puntos porcentuales del PIB. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional suponga una contribución contraccionista de 0,1 puntos porcentuales del PIB
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               . Según las previsiones, los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) supondrían una contribución contraccionista de 0,1 puntos porcentuales del PIB.

               (16)La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las reformas encaminadas a aumentar la eficiencia y la equidad de los sistemas de ingresos públicos. Por el lado de los gastos, ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de unas inversiones sostenibles y favorables al crecimiento que contribuyan al logro de los objetivos de impulsar el potencial de crecimiento y fomentar la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de Recuperación y Resiliencia permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

               (17)Según los planes presupuestarios a medio plazo del programa, el superávit de las Administraciones Públicas aumentaría, pasando del 0,1 % del PIB en 2023, al 1,6 % del PIB en 2024.

               Sobre la base del programa, el saldo presupuestario global —incluyendo también el efecto sobre la demanda agregada derivada de las inversiones financiadas por el presupuesto nacional y el presupuesto de la UE, particularmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en el 2,8 % del PIB en 2023 y 2024, por término medio. Se prevé que la contribución positiva de los gastos financiados por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE aumente en 0,1 puntos porcentuales del PIB. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional suponga una contribución contraccionista de 0,1 puntos porcentuales del PIB
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               . Según las previsiones, los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) supondrían una contribución contraccionista de 2,8 puntos porcentuales del PIB.

               La estimación actual para el crecimiento potencial nominal medio en un período de 10 años lo sitúa en el 3,5 %
                  14
               . Esta estimación, sin embargo, no incluye el impacto de las reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que pueden impulsar el potencial de crecimiento de Chipre.

               (18)Se prevé una disminución de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas del 99,5 % del PIB en 2023 y del 92,9 % del PIB en 2024. Se considera que Chipre afronta un nivel medio de riesgo para la sostenibilidad a medio plazo de sus finanzas públicas, según el análisis más reciente de la sostenibilidad de su deuda
                  15
               .

               (19)En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión seguirán siendo de naturaleza predominantemente cualitativa. Se proporcionarán orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, si disminuye suficientemente el grado de incertidumbre.

               El Consejo ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2021 y las medidas de seguimiento adoptadas por Chipre para seguir la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020.

               RECOMIENDA A CHIPRE:

               1.Que, en 2022, mantenga un saldo presupuestario expansionista, con inclusión del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y preserve las inversiones financiadas a nivel nacional.

               2.Que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique una política presupuestaria destinada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Que, al mismo tiempo fomente la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

               3.Que preste una atención especial a la composición de las finanzas públicas, tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos del presupuesto, y a la calidad de las medidas presupuestarias, con objeto de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Que dé prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, especialmente las que promuevan la transición ecológica y digital. Que dé prioridad a las reformas presupuestarias estructurales que contribuyan a proporcionar financiación para las prioridades de las políticas públicas y a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, incluso mediante el refuerzo de la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica.

                     (3)

                        Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Bruselas, 20 de marzo de 2020, COM(2020) 123 final.

                     (4)

                        Comunicación de la Comisión «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021», Bruselas, 17 de septiembre de 2020, COM(2020) 575 final.

                     (5)

                        Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Chipre (DO C 282 de 26.8.2020, p. 82).

                     (6)

                        A la espera de la adopción definitiva por el Consejo, tras el refrendo del Consejo Europea. El texto acordado por el Eurogrupo el 16 de diciembre de 2020 puede consultarse en la siguiente dirección:
                  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14356-2020-INIT/es/pdf
                  .

                     (7)

                  DO
                   L 57 de 18.2.2021, p. 17
                  .

                     (8)

                        Comunicación de la Comisión al Consejo «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», Bruselas, 3 de marzo de 2021, COM(2021) 105 final.

                     (9)

                        Comunicación de la Comisión «Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía», Bruselas, 2.6.2021, COM(2021) 500 final.

                     (10)

                        En particular, la promediación de la inversión a lo largo de cuatro años utilizada en la referencia en materia de gasto no permite evaluar adecuadamente las ayudas presupuestarias a la recuperación proporcionadas por inversiones financiadas a nivel nacional.

                     (11)

                        Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

                     (12)

                        Se prevé que otros gastos de capital financiados a nivel nacional supongan una contribución expansionista de 0,1 puntos porcentuales del PIB.

                     (13)

                        Se prevé que otros gastos de capital financiados a nivel nacional supongan una contribución neutra.

                     (14)

                        Estimación de la Comisión, aplicando la metodología común.

                     (15)

                        Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Statistical Annex providing background data relevant for the assessment of the 2021 Stability and Convergence Programmes.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 2.6.2021
            COM(2021) 511 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2021 de Croacia
            {SWD(2021) 501 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2021 de Croacia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia
                  2
                del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se cumplían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis y ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021
                  4
               .

               (2)El 20 de julio de 2020, el Consejo recomendó a Croacia que adoptara todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz
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               . Asimismo, recomendó a Croacia que, cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que fomenta la inversión.

               (3)La iniciativa Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, garantizará una recuperación sostenible, integradora y equitativa. El Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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               , entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Este Mecanismo proporcionará ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implicará un impulso presupuestario financiado por la UE. El mecanismo contribuirá a la recuperación económica, a la realización de inversiones y reformas sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente para promover las transiciones ecológica y digital, y reforzará la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías. De esta forma, también ayudará a las finanzas públicas a volver a posiciones más favorables a corto plazo y contribuirá a reforzar su sostenibilidad, así como el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo.

               (4)El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una Comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros
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               . La orientación presupuestaria global, que engloba los presupuestos nacionales y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, ante las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022. Las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben tener en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. En vista de la necesidad de apoyar una recuperación sostenible en la UE, los Estados miembros con bajo riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas deben orientar sus presupuestos hacia el mantenimiento de una política presupuestaria expansionista en 2022, teniendo en cuenta el impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con altos niveles de deuda deben aplicar políticas presupuestarias prudentes, preservando al mismo tiempo las inversiones financiadas a nivel nacional y utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos de inversión de calidad y reformas estructurales adicionales. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, particularmente eliminando gradualmente las medidas de apoyo a su debido tiempo, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

               (5)Por otra parte, en su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión anunció su punto de vista de que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como principal criterio cuantitativo la comparación del nivel de actividad económica en la UE o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (fin de 2019). Sobre la base de sus previsiones de la primavera de 2021, el 2 de junio la Comisión consideró que se cumplían las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país
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               .

               (6)Croacia presentó su Programa de Convergencia de 2021 el 29 de abril de del mismo año, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (7)En 2020, partiendo de los datos validados por Eurostat, Croacia registró un déficit de las Administraciones Públicas del 7,4 % del PIB, mientras que su deuda pública aumentó al 88,7 % del PIB. La variación anual del saldo presupuestario primario equivalía al -8.1 % del PIB, teniendo en cuenta particularmente las medidas presupuestarias discrecionales de reactivación de la economía, de importe equivalente al 3,8 % del PIB, y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Croacia también adoptó medidas de apoyo a la liquidez de las empresas y los hogares (tales como garantías y aplazamiento de pagos tributarios, que no tienen un impacto presupuestario directo e inmediato), con un importe estimado en el 4,6 % del PIB.

               El 2 de junio de 2021, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del Tratado, Ese informe analizó la situación presupuestaria de Croacia, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó en 2020 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no disminuyó a un ritmo satisfactorio. El informe concluyó que el criterio de déficit no se cumplía y que el criterio de deuda no se cumplía.

               (8)El escenario macroeconómico subyacente en las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia es realista para 2021 y favorable para 2022. De hecho, prevé un crecimiento algo más fuerte que el de las previsiones de primavera de la Comisión tanto en 2021 (un 5,2 % frente a un 5 %) como en 2022 (un 6,6% frente a un 6,1%). Ello se debe principalmente a los pronósticos más positivos para el consumo de los hogares y la inversión, mientras que las previsiones de la Comisión son algo mejores para la contribución de las exportaciones.

               (9)En su Programa de Convergencia de 2021, el Gobierno planeaba una mejora del déficit de las Administraciones Públicas, que pasaría del 7,4 % del PIB en 2020 al 3,8 % del PIB en 2021, mientras que la ratio de deuda disminuiría al 86,6 % del PIB en 2021. Según el programa, la variación del saldo presupuestario primario en 2021 en comparación con el nivel anterior a la crisis (2019) se sitúa en el -4,6 % del PIB, lo que refleja las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas en apoyo de la economía y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Por su parte, las previsiones de primavera de la Comisión no prevén que el déficit disminuya tanto en 2021 (4,6 % del PIB). Las diferencias son más pronunciadas en el lado de los ingresos, que según las estimaciones del Programa de Convergencia repuntarán muy por encima de la tasa de crecimiento del PIB real. Entretanto, se prevé que la reconstrucción tras los terremotos de 2020 en Zagreb y Petrinja tenga un impacto en los gastos, aunque excepcional.

               (10)En respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la recesión económica asociada, Croacia ha adoptado medidas presupuestarias para reforzar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Esta enérgica respuesta ha atenuado la contracción del PIB, lo que, a su vez, ha frenado el aumento del déficit público y la deuda pública. Las medidas presupuestarias deberán maximizar el apoyo a la recuperación sin anticipar futuras trayectorias presupuestarias. Por lo tanto, las medidas deben evitar crear una carga permanente para las finanzas públicas. Cuando los Estados miembros introduzcan medidas permanentes, deberán financiarlas adecuadamente para garantizar la neutralidad presupuestaria a medio plazo. Las medidas adoptadas por Croacia en 2020 y 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021son en su mayoría temporales o van acompañadas de medidas compensatorias. Más allá del periodo cubierto por la previsión de la Comisión, en 2023 el impacto residual de estas medidas no temporales (principalmente recortes del impuesto sobre la renta) se estima provisionalmente en torno al 0,3 % del PIB.

               (11)El Programa de Convergencia de 2021 parte del supuesto de que las inversiones y reformas financiadas mediante subvenciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ascenderán al 0,4 % del PIB en 2021, el 1,9 % en 2022, el 2,4 % en 2023, el 2,3 % en 2024, el 1,7 % en 2025 y el 1 % en 2026. Las previsiones de primavera de la Comisión incluyen la evolución de estas subvenciones en sus previsiones presupuestarias a un ritmo bastante similar en 2021 y 2022.

               (12)Los indicadores de ajuste presupuestario establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1466/97 deben considerarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En primer lugar, existe un grado significativo de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción. En segundo lugar, la política presupuestaria debe estar dispuesta a adaptarse rápidamente a la evolución de la pandemia, pasando de las ayudas de urgencia a medidas más selectivas una vez que hayan disminuido los riesgos sanitarios. En tercer lugar, el contexto actual se caracteriza por la importancia de las medidas de apoyo a la actividad económica. Teniendo en cuenta las considerables transferencias a partir del presupuesto de la UE (tales como las procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), los indicadores establecidos no reflejan plenamente el impulso proporcionado a la economía por las políticas presupuestarias. En este contexto, el saldo estructural no parece constituir un indicador adecuado en las circunstancias actuales. Por otra parte, la referencia en materia de gasto debe adaptarse
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                y complementarse con información adicional con el fin de calibrar plenamente la orientación de la política presupuestaria.

               En primer lugar, de conformidad con el enfoque seguido en la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2021, las medidas de urgencia temporales se han excluido del agregado del gasto. Estas medidas temporales relacionadas con la crisis corresponden al apoyo aportado a los sistemas sanitarios y a la indemnización de los trabajadores y las empresas por las pérdidas de ingresos derivadas de los confinamientos y de las perturbaciones de la cadena de suministro; su abandono por parte de las autoridades públicas dependerá de la vuelta del sistema sanitario y de la situación económica a la normalidad.

               En segundo lugar, para evaluar la orientación presupuestaria global en la coyuntura actual, habrá que incluir en el agregado del gasto pertinente las considerables transferencias procedentes del presupuesto de la UE (por ejemplo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

               Por consiguiente, la orientación presupuestaria se mide mediante la variación de los gastos primarios, incluidos los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la UE, y excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos y las medidas de urgencia temporales relacionadas con la crisis.

               Más allá de la orientación presupuestaria global, el análisis también pretende evaluar si la política fiscal nacional es prudente y su composición propicia una recuperación sostenible compatible con las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, se presta especial atención a la evolución de la inversión y de los gastos primarios corrientes que son financiados a nivel nacional.

               (13)En su Programa de Convergencia de 2021, Croacia prevé que el déficit de sus Administraciones Públicas disminuya al 2,6 % del PIB en 2022, debido principalmente al fuerte aumento de los ingresos y al abandono de las medidas de apoyo temporales adoptadas en 2020 y 2021. Por su parte, la ratio de deuda de sus Administraciones Públicas disminuiría al 82,5 % del PIB en 2022. Según las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión, las ratios de déficit de y deuda serán más elevados en 2022, situándose en el 3,2 % del PIB y el 82,9 % del PIB respectivamente, diferencia que se explica en gran medida por efecto de base a partir de 2021.

               Sobre la base de las previsiones de la Comisión, la orientación presupuestaria global, según se define anteriormente —incluyendo también el efecto sobre la demanda agregada que en 2022 se derivaría de las inversiones financiadas por el presupuesto nacional y el presupuesto de la UE, particularmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en el - 2,4 % del PIB
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               . Se prevé que la contribución positiva de los gastos financiados por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE aumente en 1,5 puntos porcentuales del PIB. Las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían una contribución  expansionista equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB
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               . Se prevé que los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) proporcionen una contribución contractiva equivalente a 0,8 puntos porcentuales del PIB.

               (14)La calidad de las medidas presupuestarias de los Estados miembros resulta particularmente importante. Las reformas presupuestarias estructurales encaminadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales pueden respaldar el crecimiento potencial, crear el muy necesario margen de maniobra presupuestario y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los retos en materia de cambio climático y asistencia sanitaria. Por el lado de los ingresos, la crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las reformas encaminadas a aumentar la eficiencia y la equidad de los sistemas de ingresos públicos. Por el lado de los gastos, se ha hecho aún más indispensable aumentar el nivel y la calidad de unas inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, que contribuyan al logro de los objetivos de fomentar el crecimiento potencial, la resiliencia económica y social y la doble transición ecológica y digital. Los planes de Recuperación y Resiliencia permitirán mejorar la composición de los presupuestos nacionales.

               (15)Según los planes presupuestarios a medio plazo del programa, el déficit de las Administraciones Públicas disminuiría, pasando del 1,9 % del PIB en 2023, al 1,5  % del PIB en 2024.

               Sobre la base del programa, el saldo presupuestario global —incluyendo también el efecto sobre la demanda agregada que en 2022 se derivaría de las inversiones financiadas por el presupuesto nacional y el presupuesto de la UE, particularmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— se estima en un -0.1% del PIB en 2023 y 2024, por término medio. Se prevé que los gastos financiados por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE supongan una contribución contractiva de 0,6 puntos porcentuales el PIB. Las inversiones financiadas a nivel nacional tendrían una contribución  contractiva equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB
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               . Se prevé que los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) proporcionen una contribución contractiva equivalente a 0,6 puntos porcentuales del PIB.

               La estimación actual para el crecimiento potencial nominal medio en un periodo de 10 años es del 3 1/4 %
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                Sin embargo, esta estimación no incluye los efectos de las reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y puede fomentar el potencial de crecimiento de Croacia.

               (16)Se prevé una disminución de la ratio de deuda de las Administraciones Públicas, del 79,5 % del PIB en 2023 al 76,8 % del PIB en 2024. Según el último análisis de sostenibilidad de la deuda, se considera que Croacia se enfrenta a un riesgo limitado de sostenibilidad presupuestaria
                  14
               .

               (17)En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, las orientaciones de política presupuestaria de la Comisión seguirán siendo de naturaleza predominantemente cualitativa.  Se deberán proporcionar orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, cuando haya disminuido suficientemente el grado de incertidumbre.

               La Comisión ha evaluado el Programa de Convergencia de 2021 y las medidas de seguimiento adoptadas por Croacia para seguir la Recomendación del Consejo de 2020.

               INVITA A CROACIA A:

               1.En 2022, mantener una política fiscal expansionista, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y preservar la inversión financiada a nivel nacional. Mantener bajo control el incremento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional.

               2.Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar una política presupuestaria encaminada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Al mismo tiempo, fomentar la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

               3.Prestar especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias, a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora. Dar prioridad a las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular aquellas que respalden la transición ecológica y digital.  Conceder preferencia a las reformas presupuestarias estructurales que ayuden a financiar las prioridades de las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, reforzando también la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección sanitaria y social para todos.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica.

                     (3)

                        Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Bruselas, 20 de marzo de 2020, COM(2020) 123 final.

                     (4)

                        Comunicación de la Comisión «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021», Bruselas, 17 de septiembre de 2020, COM(2020) 575 final.

                     (5)

                        Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Croacia, DO C 282 de 26.8.2020, p. 68.

                     (6)

                  DO
                   L57 de 18.2.2021, p.17.

                     (7)

                        Comunicación de la Comisión al Consejo «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», Bruselas, 3 de marzo de 2021, COM(2021) 105 final.

                     (8)

                        Comunicación de la Comisión «Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía», Bruselas, 2 .6.2021, COM (2021) 500 final.

                     (9)

                        En particular, el suavizado (cuatro años) de la inversión utilizado en el valor de referencia para el gasto no permite evaluar adecuadamente el apoyo presupuestario a la recuperación proporcionado por las inversiones financiadas a nivel nacional.

                     (10)

                        Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.

                     (11)

                        Se prevé que otras inversiones financiadas a nivel nacional tengan una contribución neutral.

                     (12)

                        Se prevé que otras inversiones financiadas a nivel nacional tengan una contribución expansionista equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB.

                     (13)

                        Estimación de la Comisión, aplicando la metodología común.

                     (14)

                  Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Statistical Annex providing background data relevant for the assessment of the 2021 Stability and Convergence Programmes».


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 2.6.2021
            COM(2021) 530 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía
            {SWD(2021) 530 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 126, apartado 7,

               Vista la recomendación de la Comisión,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Conforme al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

               (2)El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

               (3)Siguiendo una Recomendación de la Comisión de 4 de marzo de 2020
                  1
                sobre la base de la planificación de un déficit excesivo para 2019, el 3 de abril de 2020, el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del Tratado, declaró la existencia de un déficit excesivo en Rumanía
                  2
                y formuló una recomendación con miras a corregir el déficit excesivo en 2022 a más tardar
                  3
               , de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo
                  4
               .

               (4)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC)
                  5
               . Esta cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97
                  6
                y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica resultante de la pandemia de COVID-19, las condiciones justificaban la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión.

               (5)El 15 de septiembre de 2020, Rumanía presentó su informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020. Dicho informe señalaba un importante deterioro de las finanzas públicas durante el año 2020, en su mayor parte debido a la pandemia de COVID-19.

               (6)El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la situación presupuestaria de Rumanía
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               . A la luz del persistente y excepcional grado de incertidumbre creado por la pandemia de COVID-19 y sus enormes repercusiones macroeconómicas y presupuestarias, la Comisión consideraba que, en esa coyuntura, no se podía adoptar ninguna decisión sobre nuevas medidas en el marco del procedimiento de déficit excesivo (PDE) iniciado con respecto a Rumanía. En particular, el excepcional grado de incertidumbre, especialmente a la hora de diseñar una trayectoria creíble para la política presupuestaria, no permitía a la Comisión presentar en ese momento una Recomendación de Recomendación del Consejo conforme al artículo 126, apartado 7, del Tratado. La Comisión declaró que volvería a evaluar la situación presupuestaria de Rumanía en la primavera de 2021 partiendo de los datos registrados para 2020, el presupuesto para 2021 y las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021 y que, en su caso, propondría nuevas medidas en el marco del PDE, teniendo en cuenta el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia del PEC en 2021.

               (7)El 3 de marzo de 2021, la Comisión aprobó una Comunicación que ofrece nuevas orientaciones para facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros
                  8
               . Por otra parte, en su Comunicación de 3 de marzo de 2021, la Comisión consideró que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como principal criterio cuantitativo la comparación del nivel de actividad económica en la UE o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (fin de 2019). El 2 de junio de 2021, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la coordinación de la política económica en 2021
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               . Según esa Comunicación, la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento seguirá en vigor en 2022 y se prevé su desactivación en 2023.

               (8)Según una actualización del «Debt Sustainability Monitor 2020» de la Comisión, que pretendía reflejar las recientes previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas rumanas a medio y largo plazo se mantienen a un nivel elevado. Estos riesgos deben abordarse a través de un plan presupuestario a medio plazo adecuado respaldado por medidas estructurales.

               (9)A la luz de la profunda contracción de la actividad económica derivada de la pandemia de COVID-19 y de la consiguiente necesidad de políticas presupuestarias favorables a la recuperación en 2021 y 2022, la Recomendación del Consejo ya no constituye una base apropiada para la orientación de la política presupuestaria de Rumanía.

               (10)De conformidad con el artículo 3, apartado 5, última frase, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, en caso de grave recesión económica en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, puede adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del Tratado, siempre que no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

               (11)De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1467/97, el Consejo debe dirigir una Decisión al Estado miembro de que se trate en la que, entre otras cosas, se establezca un plazo para que este ponga fin a su situación de déficit excesivo. La Recomendación ha de establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro adopte medidas eficaces encaminadas a la corrección del déficit excesivo, plazo que puede reducirse a tres meses cuando la gravedad de la situación así lo justifique. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB del saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal).

               (12)El PIB real de Rumanía se redujo un 3,9 % en 2020, y según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021 registrará un repunte a continuación, con una tasa de crecimiento del 5,1 % en 2021 y el 4,9 % en 2022. Se espera una recuperación del consumo privado a medida que avance el proceso de vacunación y se vayan suprimiendo gradualmente las medidas de distanciación social, mientras que se prevé que las subidas salariales también se mantengan robustas. Se considera que la realización gradual de proyectos en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia propiciará un nuevo impulso a la expansión de la inversión. Se espera que la contribución de las exportaciones netas (esto es, exportaciones menos importaciones) se mantenga negativa durante el período de previsión, ya que las importaciones se verían estimuladas por el consumo privado y por las crecientes inversiones. Se prevé que las exportaciones sean respaldadas por una recuperación de la demanda interna, pero que se mantengan menos dinámicas que las importaciones. Las perspectivas de crecimiento están sujetas a unos riesgos equilibrados. Por una parte, una estrategia presupuestaria a medio plazo creíble puede contribuir a disipar la inquietud acerca de la sostenibilidad presupuestaria, particularmente cuando se asocia a reformas ambiciosas (incluidas las contenidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia). Ello ayudaría a Rumanía a corregir sus desequilibrios macroeconómicos, mitigar los riesgos para la estabilidad de sus finanzas y contribuir al crecimiento sostenible, particularmente mejorando su clima de inversión. Por otra parte, la incertidumbre en relación con la adopción de medidas y los retrasos o ineficiencias en la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia podrían tener efectos negativos sobre la confianza.

               (13)El 2 de marzo de 2021, el Parlamento rumano adoptó el presupuesto para 2021 y la estrategia presupuestaria a medio plazo de Rumanía. La estrategia presupuestaria, junto con información sobre el perfil de ayudas financieras no reembolsables y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, el «Mecanismo»), se ha tenido en cuenta en el Programa de Convergencia de 2021, que se presentó a la Comisión el 5 de mayo de 2021. Partiendo de un déficit de las Administraciones Públicas equivalente al 9,2 % del PIB en 2020, el Programa de Convergencia se propone como objetivo reducir este déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2024, en las siguientes etapas: 8,0 % del PIB en 2021; 6,2 % del PIB en 2022; 4,4 % del PIB en 2023, y 2,9 % del PIB en 2024. El ajuste presupuestario contemplado en el Programa de Convergencia se realizaría principalmente por el lado del gasto. Se espera un control del gasto, reduciéndolo en porcentaje del PIB, particularmente en el caso de los salarios del sector público (disminución de 1,4 puntos porcentuales entre 2022 y 2024) y las transferencias sociales (disminución de 0,9 puntos porcentuales entre 2022 y 2024).

               (14)Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, que abarcan hasta 2024, el déficit de las Administraciones Públicas sería del 8,0 % del PIB en 2021, el 7,1 % del PIB en 2022 y el 6,8 % del PIB en 2023 y 2024. Esta previsión tiene en cuenta los gastos que se espera financiar con ayudas financieras no reembolsables y préstamos del Mecanismo, según figuran en el Programa de Convergencia de Rumanía y en la información adicional proporcionada por las autoridades rumanas. La disminución del déficit de las Administraciones Públicas previsto por la Comisión se basaría principalmente en la expiración gradual de las medidas de urgencia adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, en unos mayores ingresos debido a la recuperación económica prevista y en los efectos positivos adicionales de las inversiones y las reformas que se espera financiar mediante el Mecanismo. Además, el Gobierno rumano ha decidido congelar los salarios del sector público en 2021 y 2022, aplazar la subida de las pensiones previstas para 2021 y aumentar moderadamente las pensiones en 2022, lo que contribuye a unas mejores perspectivas que las asociadas a las previsiones de la Comisión del otoño de 2020. Estos cambios ya se han plasmado en nueva legislación. Por otro lado, el Gobierno se propone adoptar una nueva legislación en materia de pensiones que mantendría a un nivel globalmente estable la proporción que representan los gastos de pensiones en el PIB. El hecho de que la previsión de déficit que figura en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021 sea superior a la contenida en el Programa de Convergencia de Rumanía se deriva de que la consolidación planeada por las autoridades rumanas se apoya en medidas no aplicadas plenamente o no anunciadas de forma creíble, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta en las previsiones de la Comisión. La Comisión prevé que el déficit estructural mejore en 0,7 puntos porcentuales del PIB en 2021 y 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2022 y se deteriore en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2023 y 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2024.

               (15)El déficit de las Administraciones Públicas representaba el 34,7 % del PIB al final de 2018, el 35,3 % del PIB al final de 2019 y el 47,3 % del PIB al final de 2020. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, aumentaría al 49,7 % del PIB al final de 2021, el 52,7 % del PIB al final de 2022 y el 59,5 % del PIB al final de 2024, con lo cual se aproximaría por primera vez al valor de referencia del 60 % establecido en el Tratado, sin contar con otras medidas correctoras que las ya aplicadas o anunciadas de forma creíble.

               (16)El análisis de la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo, actualizado atendiendo a las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, confirma unos elevados riesgos para la sostenibilidad a medio plazo. Según la previsión de referencia a 10 años, la ratio deuda pública/PIB seguiría aumentando durante el periodo de previsión, hasta alcanzar un nivel próximo al 90 % del PIB. Los factores de riesgo para la sostenibilidad de la deuda serían los amplios déficits presupuestarios, los costes relacionados con el envejecimiento de la población y la vulnerabilidad de la senda de deuda respecto de perturbaciones macrofiscales. Las subidas de las pensiones, aprobadas en el verano de 2019, y por ahora aplazadas hasta el final de 2022, constituyen el principal factor de riesgo para la sostenibilidad de la deuda. La estructura de la deuda, con una alta proporción de deuda denominada en divisas y una proporción significativa de deuda poseída por no residentes, aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, aunque las intervenciones del Banco Nacional de Rumanía en el mercado secundario han contribuido a mantener los costes de empréstito del sector público en unos niveles favorables en 2020. Por otro lado, existen riesgos derivados de los pasivos contingentes asociados a las garantías estatales (1,4 % del PIB) concedidas a las empresas y a los trabajadores autónomos durante la crisis de la COVID-19. Se prevé un aumento de las necesidades brutas de financiación. En cambio, se prevé que las reformas e inversiones en el marco de la iniciativa Next Generation EU, si se aplican de forma eficaz, tendrán un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB en los próximos años, lo que contribuiría a la sostenibilidad de la deuda.

               (17)En virtud del artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse en el año siguiente a su detección salvo que concurran circunstancias especiales. La senda de ajuste debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1467/97, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria del Estado miembro.

               (18)En la situación actual, en Rumanía se dan tales circunstancias especiales. La concesión de un año adicional a Rumanía, lo que sería conforme con la norma establecida en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, requeriría un ajuste presupuestario muy pronunciado y daría lugar a pérdidas de producción significativas, lo que pondría en peligro la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Una senda de ajuste con un plazo de corrección del déficit excesivo en 2024, aunque requeriría ajustes anuales sustanciales, implicaría un esfuerzo más gradual y lograría un buen equilibrio entre el saneamiento presupuestario y el apoyo a la recuperación económica. La nueva senda de ajuste también tiene en cuenta la modificación de la situación presupuestaria, con inclusión de la evolución presupuestaria en 2020 y la nueva estrategia presupuestaria instaurada por el Gobierno rumano. Unas reformas, especialmente aquellas que mejoren la gestión de las finanzas públicas, serían determinantes para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. A la luz de estas consideraciones, y en consonancia con las orientaciones para la política presupuestaria establecidas en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2021, está justificado fijar el año 2024 como plazo para la corrección del déficit excesivo.

               (19)Una senda de ajuste creíble y sostenible conforme a este plazo requeriría que Rumanía lograse un déficit de las Administraciones Públicas del 8,0 % del PIB en 2021, el 6,2 % del PIB en 2022, el 4,4 % del PIB en 2023 y el 2,9 % del PIB en 2024, en consonancia con los propios objetivos del Gobierno. Según las previsiones de la Comisión, ello es compatible con una tasa de incremento nominal de los gastos primarios netos del 3,4 % en 2021, el 1,3 % en 2022, el 0,9 % en 2023 y el 0,0 % en 2024
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               . Estas tasas de incremento de los gastos primarios netos constituirán el principal indicador utilizado para evaluar el esfuerzo presupuestario en caso de que sea necesario un análisis a fondo de la situación. Los correspondientes ajustes presupuestarios anuales del saldo estructural serían del 0,7 % del PIB en 2021, el 1,8 % del PIB en 2022, el 1,7 % del PIB en 2023 y el 1,5 % del PIB en 2024.

               (20)Para evaluar el efecto potencial de la política presupuestaria general en la producción, en la coyuntura actual, los considerables pagos efectuados con cargo al presupuesto de la UE (en el marco del Mecanismo y otros fondos de la Unión) deberán incluirse en el agregado del gasto pertinente, como medida presupuestaria
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               . Partiendo de esta base, se espera que los fondos de la Unión tengan un efecto positivo significativo sobre la economía rumana en los próximos años. Concretamente, las inversiones y reformas respaldadas por el Mecanismo ofrecen a Rumanía la oportunidad de mejorar su situación presupuestaria subyacente a medio plazo, al mismo tiempo que apoyan el crecimiento y la creación de empleo.

               (21)Las medidas de saneamiento presupuestario deberán garantizar una corrección duradera del déficit excesivo y, al mismo tiempo, estar encaminadas a mejorar la calidad de las finanzas públicas y a reforzar el potencial de crecimiento de la economía. La realización de reformas de carácter presupuestario y de carácter económico en general —relacionadas, por ejemplo, con el sistema de pensiones, la administración tributaria, los salarios del sector público y la gobernanza de las empresas de propiedad estatal— deberá contribuir al esfuerzo de saneamiento presupuestario.

               (22)Desde 2016, Rumanía se ha apartado de forma sistemática y repetida de su normativa presupuestaria nacional y del calendario de adopción de su estrategia presupuestaria a medio plazo, incluidos en su marco presupuestario nacional. De cara al futuro, el ajuste presupuestario Rumanía estaría respaldado por una plena aplicación de su marco presupuestario nacional.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               (1)Rumanía deberá poner fin a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2024.

               (2)Rumanía deberá alcanzar un objetivo de déficit público del 8,0 % del PIB en 2021, el 6,2 % del PIB en 2022, el 4,4 % del PIB en 2023, y el 2,9 % del PIB en 2024. Estas cifras son compatibles con unas tasas de incremento nominal del gasto público primario neto del 3,4 % en 2021, el 1,3 % en 2022, el 0,9 % en 2023 y el 0,0 % en 2024, y corresponden a un ajuste estructural anual del 0,7 % del PIB en 2021, el 1,8 % del PIB en 2022, el 1,7 % del PIB en 2023 y el 1,5 % del PIB en 2024.

               (3)Rumanía habrá de aplicar plenamente las medidas ya adoptadas para 2021, y deberá especificar y aplicar las medidas adicionales que son necesarias para lograr la corrección de su déficit excesivo de aquí a 2024. Las medidas de saneamiento presupuestario deberán garantizar una corrección sostenible que favorezca el crecimiento. Los posibles resultados positivos inesperados deberán utilizarse para reducir el déficit de las Administraciones Públicas.

               (4)El Consejo fija la fecha límite del 15 de octubre de 2021 para que Rumanía adopte medidas efectivas y, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, informe sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos. Posteriormente, Rumanía deberá informar acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente Recomendación, al menos cada seis meses, hasta que se haya corregido el déficit excesivo.

               Asimismo, Rumanía deberá garantizar la aplicación plena y efectiva de su marco presupuestario nacional. A fin de garantizar el éxito de la estrategia presupuestaria a medio plazo, también será importante respaldar el saneamiento presupuestario por medio de reformas globales.

               El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo,

                     El Presidente

                     (1)

                        COM(2020) 91 final.

                     (2)

                        DO L 110 de 8.4.2020, p. 58.

                     (3)

                        DO C 116 de 8.4.2020, p. 1.

                     (4)

                        Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

                     (5)

                        COM(2020) 123 final.

                     (6)

                        Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

                     (7)

                        COM(2020) 752 final.

                     (8)

                        COM(2021) 105 final.

                     (9)

                        Comunicación de la Comisión «Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía», Bruselas, 2 de junio de 2021, COM(2021) 500 final.

                     (10)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se somete a un suavizado a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (11)

                        El efecto presupuestario global se mide comparando la variación de los gastos primarios (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos, pero incluidas las variaciones en los gastos financiados por el Mecanismo y otras ayudas financieras no reembolsables de la Unión Europea) con la tasa media de crecimiento potencial en un período de 10 años. Sin embargo, esta estimación no incluye los efectos de las reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y pueden aumentar el potencial de crecimiento de Rumanía. Un signo negativo en el indicador corresponde a un incremento de los gastos primarios superior al crecimiento económico a medio plazo, lo que refleja una política presupuestaria expansionista.