title: Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014 , relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2014 de la República Checa

text:
               29.7.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 247/12

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de julio de 2014
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2014 de la República Checa
   2014/C 247/03
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, adoptó una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país.

               (4)

               El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación (3) relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de la República Checa y emitió su dictamen sobre el Programa de Convergencia actualizado de la República Checa para 2012-2016.

               (5)

               El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. Asimismo el 13 de noviembre de 2013, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (4), en el que no se señalaba a la República Checa como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (6)

               El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración pública.

               (7)

               El 16 de abril de 2014, la República Checa presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y el 28 de abril de 2014, su Programa de Convergencia de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (8)

               El objetivo de la estrategia presupuestaria que se expone en el Programa de Convergencia de 2014 es mantener el déficit general de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB a lo largo del periodo de vigencia del Programa. En el Programa de Convergencia se menciona el objetivo a medio plazo de - 1 % del PIB, que refleja los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si bien la estrategia presupuestaria se ajusta a lo establecido en el Pacto en 2014, no se prevé que se consiga el ajuste estructural necesario en 2015, dado que las proyecciones indican un deterioro de 0,6 puntos porcentuales del saldo estructural recalculado. Además, se calcula que el gasto público aumentará a un ritmo incompatible con el valor de referencia. Se prevé también para 2016 y 2017 una desviación del saldo estructural recalculado respecto de la senda de ajuste requerida, con unas cifras respectivas de - 1,6 % y - 1,9 % del PIB. De forma global, se espera a partir de 2015 un riesgo de desviación respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo. Según el Programa de Convergencia, se prevé que la ratio de deuda, situada ya por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB, disminuya temporalmente en 1,1 punto porcentual hasta situarse en un 45 % del PIB en 2014 para después aumentar al 46 % del PIB en 2015. El escenario macroeconómico en el que se sustentan las proyecciones presupuestarias del Programa de Convergencia es realista. Según el Programa de Convergencia, se espera que la economía checa crezca en un 1,7 % en 2014 y en un 2 % en 2015, frente al 2 % y el 2,4 % calculados por los servicios de la Comisión en sus previsiones de primavera de 2014. Los principales riesgos para las perspectivas presupuestarias se derivan del alto grado de incertidumbre sobre la evolución del gasto público y de un posible desembolso único correspondiente a un contrato de arrendamiento de aviones de caza previsto, cuyo impacto en términos de aumento del déficit sería del 0,5 % del PIB en 2015.
               Las previsiones de la Comisión alertan de un riesgo de desviación importante respecto del objetivo a medio plazo en 2015. La diferencia con el escenario del Programa de Convergencia radica en las distintas hipótesis sobre políticas y medidas discrecionales en 2015. Partiendo de su evaluación del Programa de Convergencia y de las previsiones de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que en 2013 se consiguió reducir el déficit de forma sostenible por debajo del 3 % del PIB conforme a la Recomendación del Consejo y que, si bien se espera alcanzar el objetivo a medio plazo en 2014, existe un riesgo de desviarse considerablemente de él a partir de 2015.

               (9)

               La República Checa sale de una recesión que ha durado dos años y se enfrenta ahora al reto de conseguir un crecimiento elevado y sostenible en un contexto de envejecimiento de la población. En los últimos años, la inversión pública ha dibujado una pronunciada trayectoria descendente, tendencia que ha afectado especialmente a la inversión en infraestructura. El modelo de crecimiento de la economía checa anterior a la crisis se caracterizaba por su dependencia de grandes entradas de capital extranjero y su fuerte orientación a la exportación. Habida cuenta de que el margen de recuperación basado en la acumulación de factores de producción (incluido el capital extranjero) es limitado, la reorientación de la economía hacia los factores de crecimiento internos abriría nuevas vías de aumento de la productividad. Elementos esenciales de este proceso son el fomento de la educación, la formación y la innovación y el refuerzo de las instituciones.

               (10)

               El Gobierno ha aprobado recientemente el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, aunque su ratificación por el Parlamento está aún pendiente. En 2011 se acometió una reforma general del marco fiscal cuya aprobación y aplicación aún son inciertas. También se ha aplazado la aprobación de la legislación pertinente para dar cumplimiento a la Directiva 2011/85/UE del Consejo (5).

               (11)

               En el ámbito tributario, los principales retos para la República Checa son percibir de los ingresos de manera más eficiente e implantar una estructura impositiva más propicia al crecimiento. La República Checa adoptó una serie de medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en el sector de la imposición indirecta, pero los costes globales de cumplimiento siguen siendo demasiado altos. A este respecto, es preciso observar que aún no se han armonizado las bases impositivas (impuestos sobre la renta y cotizaciones a la seguridad social) y se ha cancelado la introducción del principio de unidad de caja prevista para 2015. No obstante, el Gobierno anunció su intención de abordar la cuestión de la armonización de las bases impositivas. No se han seguido las recomendaciones de 2013 relativas a la estructura impositiva. Los impuestos sobre el trabajo siguen siendo especialmente altos, especialmente para los perceptores de rentas bajas, debido en particular a las elevadas contribuciones a la seguridad social. Existe cierto potencial de trasferencia de la fiscalidad del trabajo a otros sectores, como el medio ambiente y los impuestos recurrentes sobre la propiedad, ambos relativamente poco gravados. Persisten importantes diferencias de impuestos y cotizaciones sociales entre empleados y autónomos, lo que produce un estrechamiento de la base impositiva y crea incentivos para la aparición de «falsos autónomos», con consecuencias injustas para los trabajadores con un contrato laboral regular.

               (12)

               La República Checa se enfrenta a un riesgo medio de sostenibilidad a largo plazo, principalmente debido al aumento previsto del gasto en pensiones y asistencia sanitaria. Conforme a la legislación vigente, la edad de jubilación obligatoria aumentará a largo plazo, aunque el cambio resulta demasiado lento a medio plazo. El Gobierno se propone introducir un mecanismo de revisión para ajustar la edad de jubilación a los cambios en la esperanza de vida, pero esta iniciativa no es sino una solución parcial a la brecha de sostenibilidad. Además, la reducción de la indexación de las pensiones adoptada con carácter temporal tocará a su fin en 2015, un año antes de lo previsto, sin que se haya revisado el mecanismo tipo de indexación de las pensiones (los precios más una tercera parte del aumento de los salarios reales). Las medidas de fomento de la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad han registrado avances limitados; la rentabilidad del gasto público sanitario no ha mejorado en absoluto. El sector de cuidados hospitalarios presenta un exceso de capacidad, situación que pone de manifiesto que hay margen para mejorar la gestión.

               (13)

               Se han dado algunos pasos iniciales para la mejora de la capacidad y la calidad de la función pública que, si bien avanzan en la dirección correcta, requerirían una evaluación de impacto. Las políticas activas de empleo siguen infrafinanciadas y no se canalizan eficazmente a las mujeres con hijos de corta edad, los jóvenes ni los trabajadores de mayor edad. A pesar de la existencia de una tasa de empleo general relativamente elevada, estos grupos siguen infrarrepresentados en el mercado de trabajo. El limitado acceso a guarderías y servicios de atención infantil a precios asequibles y el recurso relativamente bajo al trabajo a tiempo parcial obstaculiza la participación de la mujer en el mercado laboral. En 2012, la brecha salarial de género seguía siendo una de las más amplias de la Unión.

               (14)

               La calidad y adecuación al mercado de trabajo del sistema educativo de la República Checa siguen siendo motivo de preocupación. Se han adoptado algunas medidas para mejorar el marco de evaluación de la enseñanza obligatoria, pero la aplicación de sus conclusiones a las escuelas y los alumnos con peores resultados sigue siendo una asignatura pendiente. El atractivo de las profesiones docentes sigue presentando un reto que el Gobierno se propone abordar. El escaso índice de participación de los niños gitanos en la enseñanza infantil y primaria general sigue siendo un reto para su integración. La reforma de la enseñanza superior se ha aplazado y no se han registrado progresos en los aspectos de acreditación y financiación; solamente se han introducido pequeños cambios en los modelos de financiación de los centros de investigación. Sigue siendo fundamental crear los incentivos adecuados para que los investigadores públicos aspiren a la excelencia, aborden los retos a los que se enfrenta la sociedad y colaboren con las empresas.

               (15)

               Se ha iniciado el proceso de desregulación del elevado número de profesiones reguladas, aunque a un ritmo lento e incapaz de generar los rápidos beneficios que se derivarían del aumento de la competencia en el sector de servicios. La República Checa ha adoptado algunas medidas iniciales para aumentar la eficiencia energética, entre las que destacan los incentivos a la financiación pública en apoyo del sector de la construcción. El potencial de ahorro de energía sigue siendo considerable y la adopción de medidas más ambiciosas contribuiría a reducir la dependencia energética.

               (16)

               La calidad y la eficiencia de la Administración pública siguen siendo un punto espinoso con repercusiones económicas negativas. Aún no se ha aprobado la largamente esperada Ley de la Función Pública, pese a ser una de las máximas prioridades del Gobierno. Los avances en la lucha contra la corrupción siguen siendo limitados; aún no se han aprobado algunos de los actos legislativos clave de la estrategia anticorrupción 2013-2014. Todavía no se dispone de una visión clara a largo plazo sobre la forma de abordar esta cuestión de enorme importancia para el desarrollo económico y social. La ejecución de los contratos públicos en los niveles local y regional sufre retrasos innecesarios; las nuevas normas de contratación pública suponen un retroceso dado que eliminan algunas de las garantías de transparencia. Se han registrado progresos limitados en la mejora de la ejecución de los fondos de la UE, pero es preciso redoblar los esfuerzos, como indican los elevados porcentajes de error señalados por la autoridad de auditoría para varios de los programas al final de 2013.

               (17)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la República Checa y ha evaluado su Programa Nacional de Reformas y su Programa de Convergencia. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de la República Checa, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.

               (18)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su dictamen (6) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA que la República Checa tome medidas en el período 2014-2015 a fin de:

               1.

               Tras la corrección del déficit excesivo, mantener una situación fiscal sólida en 2014. Apuntalar fuertemente la estrategia presupuestaria en 2015 para garantizar la consecución y el posterior mantenimiento del objetivo a medio plazo. Otorgar prioridad al gasto que estimule la recuperación y aumente las perspectivas de crecimiento. Adoptar y aplicar medidas para consolidar el marco fiscal y, concretamente, crear una institución fiscal independiente que supervise las políticas fiscales, introducir normas fiscales para los gobiernos locales y regionales y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

               2.

               Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con especial énfasis en el IVA, y reducir los costes de la recaudación y el pago de impuestos, simplificando el sistema tributario y armonizando las bases imponibles de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social y el seguro de enfermedad. Reducir el alto nivel de imposición sobre el trabajo, especialmente en lo que respecta a los trabajadores con rentas bajas. Trasladar los impuestos a sectores donde resulten menos perjudiciales para el crecimiento, como los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria y los impuestos medioambientales. Seguir reduciendo las diferencias de tratamiento fiscal entre empleados y autónomos.

               3.

               Asegurar la sostenibilidad a largo plazo del régimen de pensiones público, acelerando el aumento de la edad de jubilación obligatoria y a continunación vinculándolo más claramente con la esperanza de vida. Fomentar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad y revisar el mecanismo de indexación de las pensiones. Adoptar medidas que conduzcan a una mejora significativa de la rentabilidad y la gobernanza del sector sanitario, especialmente en lo que respecta a los cuidados hospitalarios.

               4.

               Reforzar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo mediante un sistema de medición del rendimiento profesional. Incrementar la participación de los jóvenes desempleados en los servicios individualizados. Aumentar considerablemente la disponibilidad de guarderías y servicios de atención infantil de calidad y a precios asequibles, especialmente para los niños de cero a tres años.

               5.

               Asegurar que la acreditación, la gobernanza y la financiación de la enseñanza superior contribuyan a mejorar su calidad y adecuación al mercado de trabajo. Acelerar el desarrollo y la introducción de una nueva metodología de evaluación de la investigación y asignar los fondos con miras a aumentar el porcentaje de financiación basada en el rendimiento de los centros de investigación. En el ámbito de la enseñanza obligatoria, aumentar el atractivo de la profesión docente, aplicar un marco general de evaluación y prestar apoyo a los centros y los alumnos con resultados deficientes. Aumentar la función integradora de la educación, en particular fomentando la participación de alumnos con desventajas sociales y de gitanos, especialmente en la educación de la primera infancia.

               6.

               Acelerar la reforma de las profesiones reguladas, partiendo de la eliminación de requisitos injustificados y desproporcionados. Redoblar los esfuerzos por mejorar la eficiencia energética en la economía.

               7.

               En 2014, adoptar y aplicar una Ley de la Función Pública que garantice la estabilidad, eficiencia y eficacia de la Administración pública. Acelerar e intensificar considerablemente la lucha contra la corrupción, aplicando las medidas legislativas de la estrategia anticorrupción 2013-2014 pendientes y desarrollando planes para el periodo posterior. Seguir mejorando la gestión de los fondos de la UE mediante la simplificación de las estructuras de ejecución, el aumento de la capacidad y la solución de los conflictos de interés. Aumentar la transparencia en la contratación pública y mejorar la aplicación de las licitaciones públicas, ofreciendo la supervisión y el asesoramiento adecuados.

      Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         P. C. PADOAN

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Mantenida para 2014 por la Decisión del Consejo 2014/322/UE, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2014 (DO L 165 de 4.6.2014, p. 49).

      (3)  DO C 217 de 30.7.2013, p. 14.

      (4)  Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

      (5)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).

      (6)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1466/97.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 6 de octubre de 2006 , sobre la adopción de ciertas medidas para proteger más eficazmente los billetes en euros contra la falsificación (BCE/2006/13)

text:
               25.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 257/16

      RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

   de 6 de octubre de 2006
   sobre la adopción de ciertas medidas para proteger más eficazmente los billetes en euros contra la falsificación
   (BCE/2006/13)
   (2006/C 257/07)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en particular el apartado 1 del artículo 106,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular los artículos 16 y 34.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Tratado y los Estatutos asignan la función de emitir billetes en euros al Banco Central Europeo (BCE) y, con sujeción a la autorización de este, a los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros no acogidos a una excepción.

               (2)

               Garantizar la integridad y la conservación de los billetes en euros en circulación y, en consecuencia, la confianza que los ciudadanos depositan en ellos, es parte de esa función.

               (3)

               El Marco del Eurosistema para la detección de billetes falsos y la selección de billetes aptos para la circulación por parte de las entidades de crédito y otras entidades que participan a título profesional en el manejo de efectivo (1) (en adelante, el «Marco») establece normas y procedimientos uniformes para el reciclaje de billetes en la zona del euro. Concretamente, cuando las comprobaciones de autenticidad y aptitud para volver a circular deban llevarse a cabo mediante máquinas de tratamiento de billetes, solo podrán emplearse para comprobar los billetes que vayan ser redistribuidos máquinas cuyo funcionamiento haya superado satisfactoriamente las pruebas de un BCN. En este contexto, los BCN ofrecen a los fabricantes pruebas comunes para máquinas de tratamiento de billetes que son válidas para toda la zona del euro y que se llevan a cabo por medio de paquetes de prueba comunes que incluyen, entre otras cosas, clases escogidas de falsificaciones. En consecuencia, las pruebas exigen disponer de billetes falsos de una misma clase tanto para la formación inicial como para la reposición de los paquetes de prueba comunes y, por lo tanto, exigen también el intercambio y transporte regulares de esos billetes dentro de la Unión Europea entre BCN.

               (4)

               El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1338/2001, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (2), dispone que las autoridades nacionales competentes entreguen sin demora a los centros nacionales de análisis (CNA), para su análisis e identificación, los ejemplares necesarios solicitados de cada tipo de billete presuntamente falso. Dispone asimismo que los CNA transmitan al BCE, para su análisis y clasificación, todo nuevo tipo de billete presuntamente falso que corresponda a los criterios adoptados por el BCE.

               (5)

               Las obligaciones que el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1338/2001 impone a las autoridades nacionales competentes y a los CNA se supeditan al Derecho penal interno. En concreto, no pueden impedir la utilización o conservación de los billetes presuntamente falsos como prueba en causas penales. En varios Estados miembros esta limitación obstaculiza gravemente la disponibilidad de billetes falsos para los CNA y los BCN que no son CNA.

               (6)

               El uso de máquinas de tratamiento de billetes, y su prueba y permanente mejora, son un medio de facilitar la detección de billetes falsos y contribuir así a la puesta en circulación de billetes en euros de modo que estén protegidos contra la falsificación.

               (7)

               Es por lo tanto esencial que, con la debida consideración a las causas penales pendientes, se permita que los CNA y los BCN que no son CNA transporten billetes falsos también a los efectos previstos en el Marco.

               (8)

               El artículo 10 del Tratado exige que los Estados miembros, incluida la policía y los jueces, adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Derecho comunitario.

               (9)

               La protección efectiva del euro contra la falsificación es un elemento importante del Derecho comunitario. La labor de impedir la falsificación incumbe tanto a la Comunidad, en virtud de su competencia respecto de la moneda común, como a los Estados miembros, en virtud de su competencia en materia de Derecho penal y de medidas de lucha contra la delincuencia organizada.

               (10)

               En general, el Derecho penal y las normas de enjuiciamiento criminal no incumben a la Comunidad salvo en la medida necesaria para asegurar el cumplimiento del Derecho comunitario. En todo lo demás, puede requerirse la adopción de medidas al amparo del Título VI del Tratado de la Unión Europea, relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal.

               (11)

               El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea dispone que el objetivo de la UE de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia elaborando una acción en común entre los Estados miembros, se logre a través de, entre otras cosas, la aproximación de las normas de los Estados miembros en materia penal.

               (12)

               La obligación del Eurosistema de garantizar la integridad y conservación de los billetes en euros en circulación exige formular recomendaciones sobre determinados objetivos, dejando a las autoridades nacionales y de la UE que los examinen y adopten las medidas adecuadas para su consecución.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

               1.

               La Comisión Europea debería considerar la posibilidad de proponer la ampliación de las facultades de los CNA y los BCN que no son CNA de manera que puedan conservar ejemplares identificados y analizados de billetes falsos, así como solicitar y transportar legalmente estos billetes dentro de la UE, para los fines que en el Marco se establecen. En concreto, debería modificarse el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1338/2001 y suprimirse el apartado 3 del mismo artículo. Cuando menos, este último apartado debería modificarse de modo que no se obstaculizase la plena aplicación del apartado 2 del artículo 4 por la utilización o conservación de los billetes falsos como prueba en causas penales salvo cuando dicha aplicación fuera imposible habida cuenta de la cantidad y el tipo de los billetes falsos aprehendidos.

               2.

               Aunque es indispensable modificar el Reglamento (CE) no 1338/2001 para que se permita el transporte de billetes falsos para los fines que se establecen en el Marco, así como su cesión por las autoridades nacionales, podría examinarse el grado de utilidad, a estos efectos, de una acción común adoptada al amparo del Título VI del Tratado de la UE. Concretamente, podría estudiarse la aplicabilidad de la letra e) del apartado 1 del artículo 31 del Tratado de la UE, pues los billetes falsos aprehendidos se utilizan como prueba en las causas penales que se ventilan ante las autoridades judiciales nacionales. En particular, los Estados miembros deberían velar por que, sin perjuicio de los derechos de los sospechosos y acusados, el personal de los CNA y los BCN que no son CNA pueda transportar legalmente y conservar, para los fines establecidos en el Marco, cierta cantidad de los billetes aprehendidos, con la condición de devolverlos a la fiscalía o a la autoridad judicial en cuanto los soliciten.

               3.

               Se adopten o no las medidas precedentes, puede que los Estados miembros tengan que modificar su legislación para facilitar la conservación y el transporte, para los fines establecidos en el Marco, de los billetes falsos aprehendidos. Concretamente, los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de derogar las disposiciones internas que establezcan que los billetes falsos aprehendidos deban permanecer en todo momento en los archivos del tribunal, o ser destruidos, o ser entregados exclusivamente a la policía, o permanecer en el territorio nacional.

               4.

               Se adopten o no las medidas precedentes, los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de fomentar el acuerdo de medidas prácticas con sus BCN para que los billetes falsos puedan facilitarse a los BCN para los fines establecidos en el Marco y puedan intercambiarse entre los BCN, posiblemente mediante el ejercicio de las facultades discrecionales de la fiscalía o la autoridad judicial.

         La presente recomendación se dirige al Consejo de la Unión Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los Estados miembros.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 6 de octubre de 2006.

            El presidente del BCE

         Jean-Claude TRICHET

      (1)  Disponible en www.ecb.int.

      (2)  DO L 181 de 4.7.2001, p. 6.


title: 2014/124/UE: Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014 , sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               8.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 69/112

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 7 de marzo de 2014
   sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2014/124/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea consagran el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los valores y tareas esenciales de la Unión.

               (2)

               Los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que, en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, y luchar contra toda discriminación por razón de sexo.

               (3)

               El artículo 157, apartado 1, del TFUE obliga a cada Estado miembro a garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

               (4)

               El artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.

               (5)

               La igualdad de salario por trabajo igual y trabajo de igual valor es una de las cinco prioridades establecidas en la Carta de la Mujer, que reafirma el compromiso de la Comisión en favor de una firme movilización de todos los instrumentos, legislativos y no legislativos, para reducir la diferencia de retribución entre hombres y mujeres. La Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 se basa en las prioridades de la Carta de la Mujer. La Estrategia establece que la Comisión analizará posibles medios para mejorar la transparencia de las retribuciones.

               (6)

               La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece que para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, se eliminará la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución. En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las retribuciones, este sistema se basará en criterios comunes a los trabajadores de ambos sexos, y se establecerá de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo.

               (7)

               Las mujeres de la Unión siguen ganando, como media, un 16,2 % menos que los hombres por hora trabajada (Eurostat 2011), a pesar de su gran progreso en términos de logros educativos y experiencia laboral. Esto indica una persistente diferencia de retribución entre hombres y mujeres que hasta ahora solo se ha reducido a un ritmo muy lento.

               (8)

               La Comunicación COM(2007) 424 final de la Comisión (2) llegó a la conclusión de que las mujeres siguen viéndose afectadas por la discriminación salarial por razón de género y las desigualdades en el mercado laboral, lo que les impide explotar plenamente su potencial. La discriminación salarial directa obvia para el mismo trabajo es ahora poco frecuente; no obstante, el actual marco jurídico ha sido menos eficaz a la hora de garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor. Es poco probable que tal discriminación sea objeto de actuaciones judiciales, no solo porque las posibles víctimas probablemente no son conscientes de ello, sino también porque resulta más difícil para las víctimas de la discriminación salarial lograr la aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración. Las víctimas tienen que demostrar los hechos que dan lugar a la presunción de discriminación con el fin de trasladar la carga de la prueba al empleador. Unas estructuras salariales opacas y la falta de información disponible sobre los niveles salariales de los trabajadores que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor son los principales factores que han contribuido a estas dificultades.

               (9)

               La Comunicación COM(2010) 543 final de la Comisión (3) incluyó nuevas mejoras en la transposición, ejecución y aplicación de la legislación de la Unión entre sus prioridades en el ámbito de la normativa inteligente.

               (10)

               El Parlamento Europeo adoptó el 18 de noviembre de 2008 (4) y el 24 de mayo de 2012 (5) sendas resoluciones sobre la igualdad de retribución entre hombres y mujeres con recomendaciones sobre cómo aplicar mejor el principio de igualdad de remuneración. Las recomendaciones incluyen la introducción de medidas de transparencia retributiva y sistemas de evaluación y clasificación de empleos no discriminatorios con respecto al sexo.

               (11)

               En sus conclusiones de 6 de diciembre de 2010 sobre el refuerzo del compromiso de eliminar las diferencias de retribución entre mujeres y hombres y la intensificación de las medidas a tal efecto, y sobre el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín (6), el Consejo invitó a los Estados miembros a implantar medidas para hacer frente a las causas de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, especialmente las que promuevan la transparencia salarial y unos sistemas de evaluación y clasificación de empleos no discriminatorios con respecto al sexo.

               (12)

               La Comunicación COM(2013) 83 final de la Comisión (7) insta a los Estados miembros a que eliminen las diferencias salariales entre hombres y mujeres y aborden otras barreras a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, animando a los empleadores a que aborden el problema de la discriminación en el lugar de trabajo como parte de los esfuerzos por seguir una estrategia de inclusión activa.

               (13)

               El informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM(2013) 861 final (8) indica que la aplicación efectiva de las disposiciones sobre el principio de igualdad de retribución en la práctica puede verse dificultada por la falta de transparencia en los sistemas de remuneración, la falta de claridad y de seguridad jurídica sobre el concepto de «trabajo de igual valor», y por los obstáculos procedimentales. Entre estos obstáculos figura el de que los empleados suelen tener un acceso limitado a la información necesaria para presentar con éxito una reclamación de igualdad salarial, concretamente a la información sobre la remuneración de las personas que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

               (14)

               Las acciones a nivel de la Unión para facilitar la aplicación del principio de igualdad de remuneración ayudarían a las autoridades nacionales y a las partes interesadas a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la prevención de la discriminación salarial a través de una mejor aplicación de los requisitos legales vigentes. Respetando plenamente el principio de subsidiariedad, es necesario impulsar la aplicación efectiva del principio de igualdad de retribución en los Estados miembros.

               (15)

               La presente Recomendación debería centrarse en la transparencia de las categorías salariales, que es esencial para la aplicación efectiva del principio de igualdad de retribución. Una mayor transparencia puede poner de manifiesto un sesgo en función del género, así como la discriminación en la fijación de salarios de una empresa u organización; asimismo, permite a los trabajadores, empresarios e interlocutores sociales adoptar las medidas adecuadas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución. La presente Recomendación debe presentar un conjunto de medidas destinadas a ayudar a los Estados miembros a adoptar un enfoque adaptado respecto de una mayor transparencia salarial. Es preciso alentar a los Estados miembros a que apliquen las medidas más adecuadas a sus circunstancias específicas y apliquen al menos una de las medidas básicas para reforzar la transparencia que se establecen en esta Recomendación (derecho a solicitar información salarial, información de las empresas, auditorías salariales, negociación colectiva sobre igualdad de retribución, etc.).

               (16)

               La política salarial de una empresa u organización sería más transparente si se permitiese a los empleados solicitar información sobre los niveles de remuneración, en particular los componentes variables o complementarios, tales como pagos en especie y primas, de otras categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desglosados por género. También mejorarían las posibilidades para emprender actuaciones judiciales individuales en casos de discriminación ante los tribunales nacionales, por lo que esta transparencia tendría un efecto disuasorio.

               (17)

               La comunicación regular de información por parte de los empleadores acerca de los salarios por categoría de trabajadores o puesto, desglosados por género, también mejoraría la transparencia salarial y constituiría una base fiable para los debates sobre las medidas destinadas a aplicar el principio de igualdad de retribución. Esta comunicación colectiva de los salarios no debería exigirse a las empresas y organizaciones con menos de 50 trabajadores que cumplan los criterios laborales para las pequeñas empresas expuestos en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (9), ya que podría suponer una carga desproporcionada para las mismas.

               (18)

               Las auditorías salariales deberían hacer más fácil analizar los aspectos de la remuneración relativos a la igualdad de género y alcanzar conclusiones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución. Las auditorías salariales podrían servir de base para un debate entre empresarios y representantes de los trabajadores destinado a eliminar la discriminación por razón de sexo en la remuneración. Las medidas relativas a la realización de auditorías salariales no deben exigirse a las empresas y organizaciones con menos de 250 trabajadores que cumplan los criterios sobre mano de obra de las empresas medianas expuestos en la Recomendación 2003/361/CE, ya que podría suponer una carga desproporcionada para las mismas.

               (19)

               Fomentar u obligar a los interlocutores sociales a debatir y prestar especial atención a las cuestiones de igualdad de retribución en la negociación colectiva es otra manera de aumentar la transparencia salarial y de abordar la diferencia de retribución entre mujeres y hombres.

               (20)

               La recopilación de estadísticas salariales desglosadas por género y la transmisión a Eurostat de estadísticas exactas y completas es esencial para analizar y registrar las modificaciones en cuanto a la diferencia de retribución entre hombres y mujeres a escala europea. El Reglamento (CE) no 530/1999 del Consejo (10) exige a los Estados miembros que recopilen las estadísticas estructurales sobre ingresos cada cuatro años para facilitar el cálculo de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres. Para 2006 y 2010, la diferencia de retribución entre mujeres y hombres se calculó a partir de los datos obtenidos en la encuesta sobre la estructura de los salarios. Entre 2007 y 2009, los datos sobre la diferencia de retribución entre mujeres y hombres se transmitieron con carácter voluntario, a menudo con retraso y en forma de proyecto, sujetos a revisión posterior. Unas estadísticas anuales de alta calidad podrían aumentar la transparencia y reforzar la toma de conciencia acerca del problema de la desigualdad de género en materia de remuneración. La disponibilidad y la comparabilidad de estos datos es fundamental para evaluar la evolución en toda la Unión.

               (21)

               La falta de una definición de trabajo de igual valor, y en particular de una indicación clara de los criterios de evaluación para comparar empleos diferentes, constituye un obstáculo importante para que las víctimas de la discriminación salarial puedan acudir a los tribunales. Para evaluar si los trabajadores realizan un trabajo de igual valor, debe tenerse en cuenta una serie de factores, entre ellos la naturaleza del trabajo, la formación y las condiciones de trabajo. La inclusión de esta definición y de criterios de evaluación y clasificación de empleos en las legislaciones nacionales ayudaría a las víctimas de la discriminación salarial a interponer demandas ante los tribunales nacionales.

               (22)

               Los sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas son eficaces para establecer un sistema de retribución transparente. Estos sistemas detectan la discriminación salarial indirecta vinculada a la infravaloración del empleo de las mujeres, puesto que miden y comparan empleos cuyo contenido es diferente pero de igual valor, apoyando de esta manera el principio de trabajo de igual valor. Se insta a los Estados miembros, los interlocutores sociales y los empleadores a promover el desarrollo y el uso de sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas, inspirándose en el anexo 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al informe sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE (11).

               (23)

               Es imprescindible la participación de los organismos de fomento de la igualdad a la hora de aplicar efectivamente el principio de igualdad de remuneración. Las competencias y mandatos de estos organismos nacionales deberían ser, por tanto, adecuados para cubrir la discriminación salarial por razón de género, así como las obligaciones de transparencia. Los obstáculos procedimentales y de coste a que se enfrentan las víctimas de la discriminación salarial deberían atenuarse permitiendo que los organismos de fomento de la igualdad representen a las personas físicas. Esto reduciría el riesgo de litigio para los empleados y podría ser una posible solución para la escasez de casos de igualdad de retribución que se llevan actualmente ante los tribunales.

               (24)

               Las actividades de sensibilización incluyen informar a los interesados sobre la existencia y la importancia del principio de igualdad de retribución. Debe alentarse a los Estados miembros a sensibilizar a las empresas y organizaciones, los interlocutores sociales y el público en general, a fin de promover eficazmente el principio de igualdad de retribución, utilizar métodos de evaluación y clasificación de empleos sin sesgo de género y luchar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres de manera más general. También es preciso realizar actuaciones a nivel de las empresas y organizaciones.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   I.   OBJETO

               1.

               La presente Recomendación facilita orientaciones a los Estados miembros para ayudarlos a aplicar mejor y de forma más eficaz el principio de igualdad de retribución, con el fin de luchar contra las discriminaciones en materia de retribución y contribuir a hacer frente a la persistente diferencia de retribución entre hombres y mujeres.

         II.   TRANSPARENCIA SALARIAL

               2.

               Los Estados miembros deben alentar a los empleadores públicos y privados y a los interlocutores sociales a que adopten políticas de transparencia sobre la composición y las estructuras salariales. Deben establecer medidas específicas para promover la transparencia salarial. En particular, estas medidas deben incluir una o varias de las acciones contempladas en los puntos 3 a 6 con un enfoque adaptado a la situación nacional específica.

      Derecho de los empleados a obtener información sobre los niveles salariales

               3.

               Los Estados miembros deben establecer medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar que los empleados puedan solicitar información sobre los niveles salariales, desglosada por género, para las categorías de trabajadores que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Esta información deberá incluir los componentes variables o complementarios además del sueldo base fijo, tales como los pagos en especie y la participación en los beneficios.

      Información sobre el salario

               4.

               Los Estados miembros deben establecer medidas que garanticen que los empleadores de empresas u organizaciones con al menos 50 trabajadores informen periódicamente a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores y a los interlocutores sociales de la remuneración media por categoría de trabajador o puesto, desglosada por sexos.

      Auditorías salariales

               5.

               Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que se realicen auditorías salariales en las empresas u organizaciones que empleen al menos a 250 trabajadores. Dichas auditorías deberían incluir un análisis de la proporción de mujeres y hombres en cada categoría de trabajadores o puestos, un análisis del sistema de evaluación y clasificación de empleos e información detallada sobre los salarios y las diferencias salariales por razón de género. Estas auditorías deberían ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores y de los interlocutores sociales, a petición de estos.

      Negociación colectiva

               6.

               Sin perjuicio de la autonomía de los interlocutores sociales y de conformidad con la legislación y prácticas nacionales, los Estados miembros deben velar por que la cuestión de la igualdad de retribución, en particular las auditorías salariales, se debata en el nivel adecuado de la negociación colectiva.

      Estadísticas y datos administrativos

               7.

               Los Estados miembros deben mejorar la disponibilidad de datos actualizados sobre la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, proporcionando a Eurostat estadísticas anuales y oportunas. Estas estadísticas deberán desglosarse por sexo, sector económico (12), tiempo de trabajo (a tiempo completo o parcial), control económico (propiedad pública/privada) y edad, y se calcularán sobre una base anual.

               8.

               Asimismo, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión datos sobre el número y los tipos de casos de discriminación salarial, al notificarlo de conformidad con el punto 18.

      Protección de datos

               9.

               En la medida en que la información proporcionada con arreglo a las medidas adoptadas en virtud de los puntos 3 a 8 requiera la divulgación de datos personales, esta deberá facilitarse de conformidad con las normas nacionales de protección de datos, en particular las disposiciones de aplicación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

      Concepto de trabajo de igual valor

               10.

               En consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Estados miembros deberán precisar en su legislación el concepto de «trabajo de igual valor». El valor del trabajo deberá evaluarse y compararse utilizando criterios objetivos tales como los requisitos educativos, profesionales y de formación, la cualificación, el esfuerzo y la responsabilidad, los trabajos realizados y la naturaleza de las tareas en cuestión.

      Sistemas de evaluación y clasificación de empleos

               11.

               Los Estados miembros deberán promover el desarrollo y uso de sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas, en particular en su calidad de empleadores del sector público, con el fin de evitar o detectar y abordar posibles discriminaciones salariales basadas en escalas salariales sexistas. En concreto, deben animar a los empresarios y a los interlocutores sociales a introducir sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas.

               12.

               Por lo que se refiere a los sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas, se anima a los Estados miembros a basarse en el anexo 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al informe sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE.

         III.   DISPOSICIONES HORIZONTALES

      Organismos de fomento de la igualdad

               13.

               Los Estados miembros deberán velar por que las competencias y mandatos de sus organismos nacionales de fomento de la igualdad cubran cuestiones relacionadas con la discriminación salarial por razón de género, y en particular las obligaciones de transparencia. En su caso, los Estados miembros deberían dar a estos organismos el derecho a acceder a la información y auditorías contemplados en los puntos 4 y 5 de la presente Recomendación.

               14.

               Los Estados miembros deberán reducir las barreras procedimentales para que los casos de igualdad de retribución puedan ser llevados a los tribunales, permitiendo a los organismos de fomento de la igualdad representar a los individuos en casos de discriminación salarial.

               15.

               Los Estados miembros deberán garantizar una mayor cooperación y coordinación entre los organismos nacionales de fomento de la igualdad y los organismos nacionales con funciones de inspección en el mercado de trabajo.

      Control y ejecución

               16.

               Los Estados miembros deberán velar por la coherencia en la supervisión de la aplicación del principio de la igualdad de retribución y la ejecución de todas las soluciones posibles respecto de la discriminación salarial.

      Actividades de sensibilización

               17.

               Los Estados miembros deberán aumentar la sensibilización de las empresas y organizaciones públicas y privadas, los interlocutores sociales y el público en general, con el fin de promover el principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor y la transparencia salarial, hacer frente a las causas de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y elaborar herramientas para ayudar a analizar y evaluar las desigualdades salariales.

         IV.   SEGUIMIENTO

               18.

               Los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Recomendación, y se les invita a comunicar a la Comisión estas medidas a más tardar el 31 de diciembre de 2015, a fin de permitir a la Comisión vigilar de cerca la situación, elaborar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente Recomendación y, sobre esa base, evaluar la necesidad de adoptar nuevas medidas.

         V.   DISPOSICIONES FINALES

               19.

               La Recomendación está dirigida a todos los Estados miembros. También está dirigida a los interlocutores sociales, en particular en los Estados miembros en los que, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los interlocutores sociales tienen una responsabilidad concreta para la aplicación del principio de igualdad de retribución mediante la celebración de convenios colectivos.

      Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2014.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Vicepresidenta

      (1)  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).

      (2)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de julio de 2007 — Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres.

      (3)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2010 — Normativa inteligente en la Unión Europea.

      (4)  DO C 16 E de 22.1.2010, p. 21.

      (5)  P7_TA(2012)0225.

      (6)  DO C 345 de 18.12.2010, p. 1.

      (7)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de febrero de 2013 — Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020 (página 11).

      (8)  Informe sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

      (9)  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

      (10)  Reglamento (CE) no 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo a las estadísticas estructurales sobre ingresos y costes salariales (DO L 63 de 12.3.1999, p. 6).

      (11)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, SWD (2013) 512 final.

      (12)  Al menos NACE Rev. 2, secciones B a S excepto O.

      (13)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).