title: Recomendación del Consejo, de 15 de octubre de 2018, relativa a las etapas del cumplimiento de los compromisos más vinculantes asumidos en el marco de la cooperación estructurada permanente y a la especificación de objetivos más precisos

text:
               16.10.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 374/1

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 15 de octubre de 2018
      relativa a las etapas del cumplimiento de los compromisos más vinculantes asumidos en el marco de la cooperación estructurada permanente y a la especificación de objetivos más precisos
      (2018/C 374/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 46, apartado 6,
      Visto el Protocolo n.o 10 sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Vista la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes (1),
      Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El artículo 4, apartado 2, letra b), de la Decisión (PESC) 2017/2315 establece que el Consejo debe adoptar decisiones y recomendaciones a fin de definir las diferentes etapas de la realización de los compromisos más vinculantes que figuran en el anexo de dicha Decisión en el transcurso de las dos fases iniciales consecutivas (años 2018-2020 y 2021-2025) y especificar al principio de cada fase los objetivos más precisos para el cumplimento de los compromisos más vinculantes.

                  (2)

                  La Recomendación del Consejo de 6 de marzo de 2018 relativa a un programa para la aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) (2) establece que conviene que el Consejo adopte una recomendación que determine las diferentes etapas de realización de los compromisos, y que esta debe establecer también indicadores acordados para ayudar a los Estados miembros participantes a cumplir los compromisos y a evaluar los progresos al respecto.

                  (3)

                  La secretaría de la CEP, asumida conjuntamente por el Servicio Europeo de Acción Exterior, incluido el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE), y la Agencia Europea de Defensa (AED), en virtud del artículo 7 de la Decisión (PESC) 2017/2315, dio a conocer sus reacciones a finales de marzo de 2018 sobre el tipo, el nivel de detalle y la estructura de la información facilitada en los planes nacionales de aplicación (PNA) comunicados por los Estados miembros participantes en diciembre de 2017, tal y como solicitó el Consejo en su Recomendación del 6 de marzo de 2018.

                  (4)

                  El 25 de junio de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/909 (3), por la que se establece un conjunto de reglas de gobernanza comunes para proyectos de la CEP. El mismo día, el Consejo adoptó unas Conclusiones en las que declaraba que esperaba la adopción de una Recomendación del Consejo sobre la definición del cumplimiento de los compromisos más vinculantes adquiridos por los Estados miembros que participan en la CEP y sobre la determinación de objetivos más precisos.

                  (5)

                  En noviembre de 2018 se invitará al Consejo a que dé su acuerdo al inicio, en el otoño de 2019, de la primera revisión anual coordinada sobre defensa (CARD) completa.

                  (6)

                  Por consiguiente, el Consejo debe adoptar una recomendación relativa a las etapas del cumplimiento de los compromisos más vinculantes asumidos en el marco de la CEP y a la especificación de objetivos más precisos.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
      I.   Objetivo y ámbito de aplicación

                  1.

                  La presente Recomendación tiene por objetivo asegurar un enfoque común y permitir que los Estados miembros participantes estén en condiciones de cumplir los compromisos más vinculantes establecidos en el anexo de la Decisión (PESC) 2017/2315 y facilitar el proceso de evaluación anual establecido en el artículo 6 de dicha Decisión, a partir de un conjunto completo de datos pertinentes, con hojas de ruta que recojan, cuando sea aplicable, objetivos e hitos intermedios. Los Estados miembros participantes deben facilitar anualmente esos datos en sus planes nacionales de aplicación (PNA), revisados y actualizados de conformidad con el artículo 3 de dicha Decisión. Los PNA también deben estar sujetos a las normas de seguridad que figuran en la Decisión 2013/488/UE del Consejo (4). Los Estados miembros participantes, con el apoyo de la secretaría de la CEP, deben garantizar la transparencia y mejorar la coherencia y consistencia de la información que se exige y se proporciona en el contexto de la CEP y de otras iniciativas relacionadas con la defensa, entre ellas la revisión anual coordinada sobre defensa (CARD). Es necesario seguir desarrollando y reforzando la coherencia entre las diversas iniciativas relacionadas con la defensa, en particular en lo referente a los informes presentados por los Estados miembros, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas al término de la primera fase de la CEP (2018-2020).

                  2.

                  De conformidad con los compromisos establecidos en el anexo de la Decisión (PESC) 2017/2315, y sin cambiarlos ni incluir compromisos nuevos, la presente Recomendación ofrece orientaciones sobre la secuenciación del cumplimiento de esos compromisos para las fases 2018-2020 y 2021-2025, y detalla objetivos más precisos para cada compromiso, en particular los compromisos que han de cumplirse antes de 2020. La presente Recomendación también proporciona indicadores de progreso para ayudar a los Estados miembros participantes a planificar el cumplimiento de los compromisos más vinculantes y a facilitar la evaluación de los progresos al respecto.

                  3.

                  Los objetivos más precisos a que se refiere la sección II, que también incluyen indicadores de progreso cuando corresponda para compromisos específicos, permitirán a los Estados miembros participantes planificar el cumplimiento de los compromisos más vinculantes de manera estructurada y transparente y facilitar información pormenorizada y evaluable sobre los progresos realizados en relación con el cumplimiento de cada compromiso en sus PNA.

                  4.

                  El objetivo es obtener los primeros resultados específicos en relación con el cumplimiento de los compromisos más vinculantes a finales de 2020, y desarrollar una planificación estable para asegurar que se cumplen de forma rigurosa después de la primera fase. Al término de la primera fase, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Decisión (PESC) 2017/2315, el Consejo actualizará y ampliará, en su caso, los compromisos más vinculantes establecidos en dicha Decisión teniendo en cuenta los logros alcanzados mediante la CEP, para reflejar la capacidad y las necesidades operativas de la Unión y la evolución de su entorno de seguridad. Esta decisión se basará en un proceso de revisión estratégica que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos de la CEP por parte de los diferentes Estados miembros participantes. En este contexto, al comienzo de la siguiente fase, el Consejo debe adoptar un segundo conjunto de objetivos más precisos para la fase 2021-2025, con las actualizaciones y ampliaciones que resulten necesarias, teniendo en cuenta el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Decisión (PESC) 2017/2315.

            II.   Secuenciación del cumplimiento de los compromisos mediante la especificación de objetivos más precisos
      Compromisos n.os 1 a 5

                  5.

                  Compromiso n.o 1: Los Estados miembros participantes deben facilitar en sus PNA datos financieros pormenorizados acerca de la evolución de su gasto total en defensa, en términos reales, en comparación con el año anterior (5), también en cifras absolutas, que demuestren la existencia de un plan de aumento continuado del gasto. A este respecto, los PNA de los Estados miembros participantes también deben detallar las expectativas de gasto acordadas a nivel nacional para los años sucesivos. Aquellos Estados miembros que sean también miembros de la OTAN y cuyos gastos se encuentren al nivel o por encima del nivel de las directrices de la OTAN sobre gasto en defensa deben indicar su intención de mantener o modificar ese nivel de gasto en defensa. El informe anual de la Alta Representante, basándose en la información facilitada en los PNA, ofrecerá una síntesis detallada de la evolución del gasto en defensa realizado por los Estados miembros, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Decisión (PESC) 2017/2315.

                  6.

                  Compromiso n.o 2: Todos los Estados miembros participantes deben facilitar en sus PNA datos financieros precisos acerca de cómo tienen previsto contribuir al valor de referencia colectivo del 20 % (6) en inversión en defensa. Con esa información se puede obtener una previsión del aumento con respecto al año anterior en términos reales, como porcentaje del presupuesto total en defensa. Las cifras facilitadas deben incluir las inversiones en contratación pública y en investigación y desarrollo (I+D) en materia de defensa. Aquellos Estados miembros participantes que ya hayan alcanzado o superado el valor de referencia (colectivo) de gasto deben indicar su intención de mantener o modificar ese nivel de gasto.

                  7.

                  Compromiso n.o 3: Cada Estado miembro participante debe aportar información detallada en su PNA acerca de la manera y los medios previstos para aumentar el número, tamaño y repercusión de los proyectos conjuntos y colaborativos de capacidades estratégicas de defensa, mencionando también las cifras presupuestarias y los proyectos concretos que se benefician o beneficiaron de asistencia financiera procedente de la Unión. A este respecto, los Estados miembros participantes deben facilitar datos financieros precisos acerca de cómo se proponen contribuir a la consecución en términos reales del valor de referencia colectivo de suministro de equipos colaborativos europeos (35 % del gasto total en equipos) y del valor de referencia de investigación y tecnología (I+T) en defensa colaborativa europea (20 % del gasto total en I+T de defensa). Aquellos Estados miembros participantes que ya hayan alcanzado esos valores de referencia de gasto deben indicar su intención de mantener o modificar esos niveles de gasto.

                  8.

                  Compromiso n.o 4: Cada Estado miembro participante debe detallar con claridad en su PNA la manera en que va a contribuir, para así aproximarse al nivel del 2 % del gasto total en defensa (valor de referencia colectivo) en porcentaje del gasto total en defensa para la I+T en materia de defensa, incluidas las previsiones de gastos, para de ese modo permitir el seguimiento del avance interanual real.

                  9.

                  Compromiso n.o 5: Cada año se anima a los Estados miembros a emplear sus PNA para compartir sus experiencias en materia de planificación y contribución al cumplimiento de los compromisos n.os 1 a 4 en vista de los objetivos más precisos expuestos anteriormente. A finales de 2020 se realizará una revisión de esos compromisos. Esta revisión se basará en la información sobre el gasto detallada en los PNA, y servirá para adaptar los indicadores y objetivos de esos compromisos según resulte necesario, para su refrendo por el Consejo.

            Compromisos n.os 6 a 11

                  10.

                  Compromiso n.o 6: Para el año 2020, los Estados miembros participantes habrán aumentado el uso de y la participación en las herramientas de desarrollo de capacidades de la Unión, entre las que se encuentran el Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC) y la CARD, para sustentar la toma de decisiones nacionales y la planificación en materia de defensa, así como el desarrollo de actividades en relación con las capacidades de defensa colaborativa dentro de la Unión. Con este fin, los Estados miembros participantes deben indicar en sus PNA la manera en que se aplicarán las prioridades de desarrollo de capacidades de la Unión derivadas del PDC, incluso mediante la fijación de prioridades nacionales, y deben esbozar sus planes y objetivos en relación con sus respectivas prioridades que se han de cumplir en los próximos años.

                  11.

                  Compromiso n.o 7: Para el año 2020, cada Estado miembro participante habrá hecho un uso óptimo de las herramientas y procesos disponibles para facilitar toda la información pertinente que se haya solicitado en el marco de la CARD, en particular mediante diálogos bilaterales. Los Estados miembros participantes deben haber incorporado las enseñanzas extraídas durante la prueba piloto de la CARD, y deben proporcionar en sus PNA información acerca de su apoyo a la prueba piloto de la CARD y, en la medida de lo posible, al primer ciclo completo de la CARD en 2019-2020, en particular sobre utilización de las recomendaciones expuestas en los informes de la CARD como referencia en contextos nacionales y multinacionales para la toma de las decisiones pertinentes.

                  12.

                  Compromiso n.o 8: Para finales del año 2020, los Estados miembros participantes habrán hecho un uso óptimo de los resultados tanto de la acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa (2017-2019) como del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (2019-2020) en relación con proyectos colaborativos de valor añadido identificado para la UE, y habrán garantizado su seguimiento. A fin de respaldar las prioridades de capacidades derivadas del PDC y teniendo en cuenta la CARD, los Estados miembros deben indicar en sus PNA los proyectos de desarrollo de capacidades colaborativas en los que participan o tienen previsto participar y para los que se recibe o se prevé recibir cofinanciación a través de asistencia financiera de la Unión. También deben indicar, en la medida de lo posible, el porcentaje de inversión nacional en defensa que destinaron o prevén destinar a dichos proyectos colaborativos.

                  13.

                  Compromiso n.o 9: Los Estados miembros participantes deben indicar los correspondientes proyectos de desarrollo de capacidades colaborativas que estén en curso de acuerdo con el PDC de la CEP, así como en otros ámbitos, e indicar las fechas previstas de inicio y finalización de la armonización de requisitos. Se debe indicar también la fecha prevista de inicio de la armonización de los requisitos de capacidades para los proyectos programados y previstos. Este aspecto se debe indicar respecto de los próximos años, prestando especial atención a subsanar deficiencias en materia de capacidades que se hayan detectado por medio del PDC y teniendo en consideración la CARD.

                  14.

                  Compromiso n.o 10: Los PNA de los Estados miembros participantes deben enumerar las capacidades e instalaciones que se encuentren ya disponibles y que se ofrecen para ser utilizadas de manera conjunta por otros Estados miembros participantes, con ejemplos concretos como la formación y los ejercicios, las bases militares y el apoyo logístico, también en el caso de operaciones, y asimismo con el fin de promover la utilización de la base de datos colaborativa CODABA en apoyo del intercambio de información relativa a planes de defensa y programas de desarrollo de capacidades entre los Estados miembros participantes. Los Estados miembros participantes también pueden detallar en sus PNA las capacidades, entre ellas las infraestructuras ofrecidas por otros Estados miembros participantes, que podrían servir de base para la cooperación. Los PNA deben indicar el modo en que dicha cooperación puede optimizar los recursos disponibles y mejorar su efectividad global, por medios como el envío, cuando exista, de información sobre posibilidades de ahorro y la perspectiva financiera prevista en cifras absolutas para los próximos años.

                  15.

                  Compromiso n.o 11: Los Estados miembros participantes deben indicar en sus PNA cómo van a aumentar la cooperación en materia de defensa cibernética, en particular a través de las iniciativas ya existentes o nuevas actividades de colaboración, en particular indicando el nivel de participación en ejercicios cibernéticos multinacionales. De aquí a 2020, cada Estado miembro participante debe haber indicado su intención de participar en un proyecto de CEP en materia de defensa cibernética y prestado apoyo a otros Estados miembros participantes en relación con amenazas informáticas, por ejemplo a través del intercambio de información. De aquí a 2020, cada Estado miembro participante debe también recapitular los recursos destinados a cooperación, en el marco de la AED en materia de ciberdefensa o de la nueva plataforma de defensa creada en la Escuela Europea de Seguridad y Defensa, y empleados para mejorar el nivel de ciberdefensa.

            Compromisos n.os 12 a 14

                  16.

                  Compromiso n.o 12: De aquí a 2020, los Estados miembros participantes deben:

                              a)

                              de conformidad con el concepto de respuesta rápida militar de la UE, llevar a término la base de datos de respuesta rápida para permitir su empleo como herramienta útil de planificación militar que contribuya a alcanzar los niveles de ambición de la UE en ese ámbito. Para contribuir a la base de datos de respuesta rápida, y sin perjuicio de los requisitos constitucionales nacionales respecto a las decisiones de despliegue, los Estados miembros participantes indicarán su posible contribución de formaciones rápidamente desplegables, capacidades e infraestructuras de apoyo correspondientes que podrían ser desplegadas rápidamente o utilizadas en una misión u operación militar de la política común de seguridad y defensa (PCSD), en apoyo del nivel de ambición de la UE. Para ello, todos los Estados miembros participantes deben actualizar la base de datos durante la conferencia de coordinación de la respuesta rápida militar con una lista de las formaciones y capacidades militares de que dispongan. Ese proceso establecido abarca la creación de bases de datos terrestres, marítimas y aéreas, e incluye una indicación del nivel de disponibilidad de capacidades y fuerzas, en su caso. Sin perjuicio de los requisitos de clasificación, esta parte de la base de datos de respuesta rápida debe ser accesible a los Estados miembros participantes para secundar la posibilidad de emitir una evaluación inicial acerca de la posibilidad de emprender una misión u operación militar de la PCSD. Los Estados miembros participantes deben reflejar sus contribuciones a esta base de datos en sus respectivos PNA;

                              b)

                              haber evaluado la viabilidad de un compromiso político acelerado a nivel nacional, en el respeto de sus requisitos constitucionales, en particular por medio de una posible revisión, en caso de que aún no lo hayan hecho, del procedimiento nacional de toma de decisiones con vistas a la aplicación de mejoras. Cuando corresponda, la aplicación de procedimientos de toma de decisiones en situaciones de respuesta rápida por medio de ejercicios de tipo POLEX y las observaciones pertinentes también deben figurar en los PNA;

                              c)

                              haber proporcionado apoyo sustancial, en la medida de sus medios y capacidades, a las operaciones y misiones militares de la PCSD cuyo objetivo consista en cumplir las declaraciones de requisitos y así aportar una pare justa a la correspondiente generación de fuerzas, y detallarlo en sus PNA;

                              d)

                              confirmar sus contribuciones importantes y reiteradas a los grupos de combate de la UE en principio al menos con cuatro años de antelación y preparar y formar a las fuerzas y capacidades participantes con arreglo al concepto de grupo de combate de la UE y a la Guía de Preparación de los grupos de combate de la UE. Para ello, todos los Estados miembros participantes deben recoger en sus PNA las actualizaciones semestrales del registro del grupo de combate de la UE;

                              e)

                              haber realizado una contribución tangible a la aplicación del plan de acción sobre movilidad militar de la UE y a los proyectos de la CEP en ese ámbito, respetando la soberanía nacional, los procesos de toma de decisiones y la legislación y la normativa de los países, en particular impulsando en el plano nacional las cuatro medidas acordadas en las Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa de 25 de junio de 2018, en particular en el punto 18 de dichas Conclusiones, lo antes posible y a más tardar en 2024. También deben proponerse aplicar las primeras medidas mencionadas a más tardar a finales de 2019, también mediante el establecimiento de un plan nacional sobre movilidad militar. Ese extremo debe quedar especificado en los PNA.

                  17.

                  Compromiso n.o 13: En materia de interoperabilidad de las fuerzas, los Estados miembros participantes deben:

                              a)

                              utilizar la Guía de Preparación del grupo de combate de la UE, en particular los criterios comunes de evaluación y validación para el conjunto de las fuerzas del grupo de combate de la UE, que sean acordes con las normas de la OTAN, conservando a la vez una certificación nacional. En sus PNA, los Estados miembros participantes deben señalar cómo entrenan y certifican a sus fuerzas, por ejemplo mediante la elaboración de un programa de ejercicios del grupo de combate de la UE para la fase de preparación y mediante la realización de un ejercicio real final (LIVEX), dentro del conjunto de certificación del grupo de combate;

                              b)

                              precisar en sus PNA cómo buscan ponerse de acuerdo sobre las normas técnicas y operativas que habrán de ser utilizadas por las fuerzas de todos los Estados miembros participantes, al tiempo que se reconoce la necesidad de garantizar la interoperabilidad y coherencia entre la UE y la OTAN y se garantiza la existencia de unas condiciones apropiadas indispensables para una interoperabilidad máxima que permita a todos los Estados miembros participantes estar en condiciones de cumplir sus compromisos;

                              c)

                              indicar en sus PNA la participación actual y la intención de mejorar, cuando sea posible, su participación y contribución a las estructuras multinacionales europeas, en particular los disponibles en la Unión.

                  18.

                  Compromiso n.o 14: Los Estados miembros participantes deben dedicarse a elaborar un planteamiento ambicioso en lo que respecta a la financiación común de las operaciones y misiones militares de la PCSD, presentando opciones y posibilidades, más allá de lo que se definirá como coste común de conformidad con la Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo (7), actualmente en fase de revisión. Se invita a los Estados miembros participantes a que presenten propuestas en este sentido antes del término de 2018. Para principios de 2020, los Estados miembros participantes deben haber examinado dichas propuestas con el fin de facilitar la toma de decisiones por el Consejo según proceda.

            Compromisos n.os 15 a 17

                  19.

                  Compromiso n.o 15: De aquí a 2020, los Estados miembros participantes deben haber aumentado el número y la magnitud de sus proyectos de desarrollo de capacidades, lo que contribuirá a colmar las lagunas en materia de capacidad registradas en el PDC y descritas en las prioridades de desarrollo de capacidades de la Unión, en particular en los casos del contexto estratégico conexos y mediante el uso de la CARD. Las prioridades de desarrollo de capacidades de la Unión derivadas de la revisión del PDC tienen también en cuenta las lagunas en materia de capacidades y los objetivos relativos a capacidades de gran impacto que tienen carácter prioritario. Los Estados miembros participantes deben facilitar sus respectivos planes para los próximos años describiendo el número y volumen estimado de sus proyectos de colaboración en términos financieros, y facilitarán información sobre aquellos de sus proyectos nacionales que contribuyan a superar las deficiencias de capacidades registradas en el PDC. Los Estados miembros participantes también deben poner en común su análisis sobre la importancia de esos proyectos para mejorar la autonomía estratégica de Europa y reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE). Para aquellas actividades que tienen una dimensión industrial o tecnológica, los Estados miembros participantes deben indicar qué tipo de sector industrial o de tecnología europeo prevén reforzar.

                  20.

                  Compromiso n.o 16: De aquí a 2020, los Estados miembros participantes deben recoger en sus PNA las decisiones y medidas apropiadas adoptadas a nivel nacional con el fin de considerar prioritario un planteamiento colaborativo europeo para que en futuros proyectos puedan colmarse las lagunas en materia de capacidad detectadas a nivel nacional. El uso activo de la base de datos colaborativa CODABA podría facilitar el cumplimiento de ese compromiso. Para los años 2019 y 2020, los Estados miembros participantes deben incluir en sus PNA aquellos proyectos colaborativos y actividades multinacionales que, según sus previsiones, permitirán colmar las deficiencias detectadas a nivel nacional, y deben poner en común sus ideas en cuanto al modo en que pretenden incrementar el uso de las fórmulas de colaboración en este sentido.

                  21.

                  Compromiso n.o 17: Puesto que todos los Estados miembros participantes contribuyen a uno o más proyectos de la CEP, los PNA deben detallar la contribución global prevista en recursos y conocimientos que hagan o tengan intención de hacer y cómo se espera que dicha contribución tenga un impacto estratégico.

            Compromisos n.os 18 a 20

                  22.

                  Compromiso n.o 18: De aquí a 2020, los Estados miembros participantes deben garantizar que se hace el mejor uso posible de la AED como foro europeo para el desarrollo conjunto de capacidades. Para ello, los Estados miembros participantes deben indicar en sus PNA los proyectos en los que participan y el volumen financiero conexo canalizado a través de la AED, tomando para ello como base las cifras de 2018 y especificando las actividades para 2019 y 2020, en particular los ámbitos en los que se van a desarrollar capacidades y el tipo de actividad previsto. Se invita a los Estados miembros a que indiquen en sus PNA cómo y en qué situaciones consideran la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) como organización de referencia para la gestión de los programas colaborativos y a que faciliten información sobre las decisiones adoptadas para seleccionar una organización de gestión de los programas multinacionales en los cuales se ha considerado que la OCCAR era una opción. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

                  23.

                  Compromiso n.o 19: De aquí a 2020, los Estados miembros participantes deben demostrar que sus proyectos colaborativos de desarrollo de capacidades, en particular los proyectos de desarrollo de capacidades de la CEP, contribuyen a promover la competitividad, eficiencia y capacidad innovadora de la industria de la defensa en toda la Unión.

                              a)

                              Los PNA deben especificar de qué manera orienta una política industrial adecuada, en caso de que exista, la elaboración de proyectos colaborativos de desarrollo de capacidades de forma que se eviten solapamientos innecesarios, con indicación de las zonas industriales reforzadas y los ámbitos en que se hayan impedido solapamientos.

                              b)

                              Los Estados miembros participantes informarán sobre aquellos de sus programas de cooperación que se beneficien de la cofinanciación de la Unión al amparo del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, en consonancia con el compromiso n.o 8.

                  24.

                  Compromiso n.o 20:

                              a)

                              De aquí a 2020, los Estados miembros participantes deben demostrar que sus programas de cooperación benefician a las entidades que aportan valor añadido en el territorio de la UE (por ejemplo, en aspectos relacionados con los resultados generados y los derechos de propiedad intelectual, las mejoras tecnológicas, la creación de oportunidades de mercado, etc.). Los PNA deben indicar, según corresponda, las entidades pertinentes que se hayan beneficiado de los programas de cooperación y del efecto correspondiente en la base tecnológica e industrial de la defensa europea.

                              b)

                              Los Estados miembros participantes demostrarán que las estrategias de adquisición aplicadas entre 2018 y 2020 han tenido un impacto positivo en la base tecnológica e industrial de la defensa europea. Esta circunstancia se podría indicar facilitando un listado del volumen absoluto de la inversión en defensa y de la parte relativa destinada a soluciones desarrolladas y fabricadas dentro de la Unión. En concreto, los PNA deben facilitar información sobre los ámbitos de capacidades y tecnologías acordados en el PDC, así como sobre la estrategia de adquisición en relación con los proyectos de desarrollo de capacidades que tengan una dimensión industrial.

            III.   Actuación futura

                  25.

                  Una vez adoptada la presente Recomendación, los Estados miembros participantes revisarán y actualizarán en consecuencia sus PNA, y los comunicarán a la secretaría de la CEP a más tardar el 10 de enero de 2019, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2017/2315, con vistas al proceso de evaluación establecido en su artículo 6, apartado 3. De conformidad con el apartado 14 del programa de 6 de marzo de 2018 para la aplicación de la CEP, y a la luz de la presente Recomendación, la Secretaría de la CEP actualizará la plantilla utilizada para los PNA.

                  26.

                  La Alta Representante debe tener en cuenta la presente Recomendación en el informe anual de la CEP que servirá de apoyo para evaluar el cumplimiento de los compromisos más vinculantes por cada Estado miembro participante y que se presentará de conformidad con los puntos 14 a 16 del programa para la aplicación de la CEP.

                  27.

                  La Recomendación se revisará y actualizará según sea necesario al inicio de la siguiente fase en 2021.

         Hecho en Luxemburgo, el 15 de octubre de 2018.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            F. MOGHERINI

         (1)  DO L 331 de 14.12.2017, p. 57.

         (2)  DO C 88 de 8.3.2018, p. 1.

         (3)  Decisión (PESC) 2018/909 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por la que se establece un conjunto de reglas de gobernanza comunes para proyectos de la cooperación estructurada permanente (CEP) (DO L 161 de 26.6.2018, p. 37).

         (4)  Decisión 2013/488/UE del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 274 de 15.10.2013, p. 1).

         (5)  De conformidad con la lista de definiciones de datos de defensa de la Agencia Europea de Defensa (EDA201807105).

         (6)  En noviembre de 2007, el Comité de Dirección Ministerial de la AED aprobó cuatro valores de referencia colectivos para inversión: 20 % del total del gasto en defensa para suministro de equipos (entre ellos I+D/I+T); 35 % del total del gasto en equipos para suministro de equipos colaborativos europeos; 2 % del total del gasto de defensa para I+T en defensa; 20 % del total del gasto de I+T en defensa para I+T en defensa colaborativa europea.

         (7)  Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo, de 27 de marzo de 2015, por la que se crea un mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (Athena) y por la que se deroga la Decisión 2011/871/PESC (DO L 84 de 28.3.2015, p. 39).

         (8)  Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).


title: Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad

text:
               5.6.2019

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 189/4

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 22 de mayo de 2019
      relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad
      (2019/C 189/02)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 165,
      Vista la propuesta de la Comisión Europea,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El pilar europeo de derechos sociales (1) establece en su principio número 11 el derecho de los niños a disfrutar de una educación y unos cuidados de la primera infancia asequibles y de buena calidad. Esto está en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2), que reconoce la educación como un derecho, con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.o 4.2, que prevé que, de aquí a 2030, todos los niños y niñas deberían tener acceso a un desarrollo, unos cuidados y una enseñanza preprimaria de calidad.

                  (2)

                  En su Comunicación «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura» (3), la Comisión Europea presenta su visión de un Espacio Europeo de Educación que reconoce el papel de la educación y los cuidados de la primera infancia a la hora de sentar una base sólida para el aprendizaje escolar y a lo largo de toda la vida. Las Conclusiones del Consejo sobre desarrollo escolar y una enseñanza de excelencia (4) y la Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (5), reiteraron el papel esencial que pueden desempeñar la educación y los cuidados de la primera infancia para promover el aprendizaje de todos los niños, su bienestar y su desarrollo.

                  (3)

                  Tanto los responsables políticos como los investigadores reconocen que es en los primeros años (6) cuando los niños crean los cimientos y la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. El aprendizaje es un proceso gradual; construir una base sólida en los primeros años de vida es una condición previa para un mayor nivel de desarrollo de competencias y de rendimiento escolar, y resulta también esencial para la salud y el bienestar de los niños. Por tanto, la educación y los cuidados de la primera infancia deben considerarse como la base de los sistemas de educación y formación, y formar parte integral del continuum educativo.

                  (4)

                  Participar en la educación y los cuidados de la primera infancia es beneficioso para todos los niños, especialmente para los que proceden de familias menos favorecidas. Contribuye a prevenir la formación de carencias de capacidades en una fase temprana y, por tanto, es una herramienta esencial para luchar contra las desigualdades y la pobreza educativa. La prestación de educación y cuidados de la primera infancia debe formar parte de un paquete integrado de medidas políticas basadas en los derechos de los niños para mejorar sus resultados y romper los ciclos intergeneracionales de las desventajas. Mejorar esa prestación ayuda, por tanto, a mantener los compromisos suscritos en la Recomendación de la Comisión «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (7) y la Recomendación del Consejo, de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (8).

                  (5)

                  La participación en la educación y los cuidados de la primera infancia tiene múltiples beneficios (9), tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto, desde la mejora de los resultados educativos y en el mercado laboral hasta la reducción de las intervenciones sociales y educativas y la creación de unas sociedades más cohesionadas e inclusivas. Los niños escolarizados en la primera infancia durante más de un año obtuvieron mejores resultados en lengua y matemáticas, según los estudios PIRLS (10) y PISA (11). La participación en unos servicios de educación y cuidados de la primera infancia de calidad también ha demostrado ser un factor importante para prevenir el abandono escolar prematuro (12).

                  (6)

                  La educación y los cuidados desde las fases más tempranas desempeñan un papel esencial para aprender a convivir en sociedades heterogéneas. Estos servicios pueden reforzar la cohesión y la inclusión social de distintas formas. Pueden servir de lugar de encuentro para las familias. Pueden contribuir a desarrollar las competencias lingüísticas de los niños, tanto en el idioma en que se imparte el servicio como en su primera lengua (13). A través del aprendizaje socioemocional, las experiencias de educación y cuidados de la primera infancia pueden facilitar que los niños aprendan a ser empáticos, así como a conocer sus derechos y a aprender cosas sobre la igualdad, la tolerancia y la diversidad.

                  (7)

                  La rentabilidad de la inversión en las fases tempranas de la educación es la más elevada de todas las fases educativas, especialmente en el caso de los niños en situación de desventaja (14). El gasto en la educación y cuidados de la primera infancia supone una inversión en capital humano de alto rendimiento.

                  (8)

                  La disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de servicios de cuidados de la primera infancia de alta calidad son, además, factores esenciales para permitir a las mujeres (y también a los hombres) con responsabilidades asistenciales participar en el mercado laboral, como reconocieron el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (15) y la Comunicación de la Comisión sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional, aprobada el 26 de abril de 2017 (16). El empleo femenino contribuye directamente a mejorar la situación socioeconómica de los hogares y al crecimiento económico.

                  (9)

                  Invertir en la educación y los cuidados de la primera infancia solo supone una buena inversión si los servicios son de alta calidad, accesibles, asequibles e inclusivos. Las pruebas demuestran que solo los servicios de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad dan beneficios, y que unos servicios de mala calidad afectan negativamente a los niños y a la sociedad en su conjunto (17). Las medidas y reformas políticas deben dar prioridad a las consideraciones relativas a la calidad.

                  (10)

                  En general, los Estados miembros gastan mucho menos en educación y cuidados de la primera infancia que en educación primaria. Tal y como demuestra el informe sobre los avances en los objetivos de Barcelona (18), en la actualidad no hay suficientes plazas disponibles en los servicios de educación y cuidados de la primera infancia y la demanda supera con mucho a la oferta en casi todos los países. Está demostrado que la falta de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad representa una de las principales barreras para el uso de estos servicios (19).

                  (11)

                  El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa (20), insta a los Estados miembros a mejorar la calidad y ampliar el acceso a la educación y los cuidados de la primera infancia y a que hagan frente a la falta de infraestructuras suficientes que ofrezcan una atención a la infancia accesible y de calidad para todos los niveles de ingresos, así como a considerar la posibilidad de conceder acceso gratuito a las familias que viven en situación de pobreza y exclusión social.

                  (12)

                  Los servicios de educación y cuidados de la primera infancia deben estar centrados en los niños. Los niños aprenden mejor en entornos basados en la participación y el interés en el aprendizaje. La organización, la elección de las actividades y los objetos de aprendizaje suelen discutirse entre los educadores y los niños. Los servicios deberían ofrecer un entorno seguro, educativo y afectuoso y ofrecer un espacio social, cultural y físico con distintas posibilidades para que los niños desarrollen su potencial. El diseño de la prestación mejora si está basado en la premisa fundamental de que la educación y los cuidados son inseparables. Para ello, se ha de partir de la base de que la primera infancia constituye un valor en sí misma y de que los niños no solo han de estar preparados para la escuela y la edad adulta, sino que también han de recibir apoyo y aprecio en su primera infancia.

                  (13)

                  Dentro del contexto establecido por la normativa nacional, regional o local, las familias deben implicarse en todos los aspectos de la educación y los cuidados de sus hijos. La familia es el primer lugar, y el más importante, para que los niños crezcan y se desarrollen, y los padres y tutores son los responsables del bienestar, la salud y el desarrollo de los niños. Los servicios de educación y cuidados de la primera infancia suponen una oportunidad ideal para crear un planteamiento integrado, ya que dan lugar a un contacto en primera persona con los padres. Los padres con problemas deben recibir servicios de asesoramiento individual durante las visitas al domicilio. Para hacer realidad su implicación, los servicios de educación y cuidados de la primera infancia deben diseñarse en colaboración con las familias y estar basados en la confianza y el respeto mutuo (21).

                  (14)

                  La participación en la educación y los cuidados de la primera infancia puede ser una herramienta efectiva para lograr la igualdad educativa en el caso de los niños en situación de desventaja, como algunos niños migrantes o pertenecientes a grupos de minorías (como los gitanos) y los niños refugiados, los niños con necesidades especiales, entre las que se encuentran la discapacidad, los niños que precisan cuidados alternativos y los niños de la calle, los hijos de presidiarios, así como los niños procedentes de hogares particularmente expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social, como las familias monoparentales o las familias numerosas. Los niños refugiados, debido a su situación de vulnerabilidad, necesitan más apoyo. La pobreza, los factores que provocan estrés físico y emocional, los traumas y las carencias en capacidades lingüísticas pueden obstaculizar sus perspectivas educativas futuras y el éxito de su integración en una nueva sociedad. La participación en la educación y los cuidados de la primera infancia puede ayudar a paliar estos factores de riesgo.

                  (15)

                  Ofrecer una educación y unos cuidados de la primera infancia inclusivos puede contribuir a cumplir los compromisos suscritos por los Estados miembros en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de las que son firmantes todos los Estados miembros.

                  (16)

                  La publicación, en 2014, de una propuesta de principios clave de un marco de calidad (22) fue la primera declaración sobre la calidad en la educación y los cuidados de la primera infancia, y la realizaron expertos europeos de veinticinco países. Las declaraciones se basan en cinco dimensiones: el acceso, el personal, el plan de estudios, la supervisión y la evaluación, y la gobernanza y la financiación. Se hicieron un total de diez declaraciones sobre el refuerzo de la prestación de educación y cuidados de la primera infancia. Las partes interesadas implicadas en iniciativas de promoción de políticas, investigación y formación de muchos países compartieron ese documento. En dichos países, el borrador del marco sirvió de potente catalizador del cambio, al contribuir a los procesos de consulta que sustentaron las vías de reforma existentes.

                  (17)

                  Las cinco dimensiones del marco de calidad son esenciales para garantizar unos servicios de alta calidad. En particular, el trabajo de los profesionales de la educación y cuidados de la primera infancia tiene un impacto duradero en la vida de los niños. Sin embargo, en muchos países, la profesión tiene un estatus y un perfil bajos (23).

                  (18)

                  Para cumplir su cometido profesional de apoyar a los niños y sus familias, el personal de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia precisa conocimientos, capacidades y competencias complejos, así como una profunda comprensión del desarrollo de los niños y conocimientos en materia de pedagogía de la primera infancia. La profesionalización del personal es clave, ya que unos niveles de preparación más elevados tienen una correlación positiva con una mejor calidad del servicio y de las interacciones entre el personal y los niños y, por tanto, mejoran los resultados del desarrollo de los pequeños (24).

                  (19)

                  Muchos proveedores de servicios trabajan con asistentes cuyo principal cometido es apoyar a los educadores, que trabajan directamente con los niños y sus familias. Suelen contar con unas cualificaciones inferiores a las de los educadores y, en muchos países, no se exige una cualificación para trabajar como asistente. Por tanto, es necesario profesionalizar al personal, incluidos los asistentes (25). El desarrollo profesional continuo forma parte integral de la mejora de las competencias de los asistentes.

                  (20)

                  Un marco de calidad o un documento equivalente puede resultar un elemento eficaz para el buen gobierno de la educación y los cuidados de la primera infancia. De acuerdo con la opinión de los expertos y una reciente revisión de las políticas (26), los países que desarrollan y aplican marcos de calidad tienen un planteamiento más global y uniforme de las reformas. Resulta importante que las partes interesadas y los profesionales pertinentes se involucren en el diseño del marco de calidad y se sientan responsables de su autoría.

                  (21)

                  Los Estados miembros han establecido valores de referencia y objetivos relativos a la participación de los niños en la educación y los cuidados de la primera infancia. En 2002, el Consejo Europeo de Barcelona estableció los objetivos (27) para la prestación de servicios formales de cuidados de la infancia: en 2010, como mínimo el 90 % de los niños de la Unión entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria y al menos el 33 % de los menores de tres años debían tener acceso a ellos. Estos objetivos se reafirmaron en el Pacto Europeo para la Igualdad de Género 2011-2020. El análisis sobre los avances en pos de esos valores de referencia se detalla en la Comunicación de la Comisión sobre los objetivos de Barcelona (28). El Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación (29) fijó un valor de referencia del 95 % de participación para los niños de entre cuatro años y la edad de inicio de la educación primaria.

                  (22)

                  Los Estados miembros han realizado avances positivos en general en los últimos años en lo referente a la mejora de la disponibilidad de servicios de educación y cuidados de la primera infancia. El valor de referencia de ET 2020 y el objetivo de Barcelona para los niños menores de tres años se han alcanzado. El objetivo de Barcelona para los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria todavía no se ha logrado a pesar de los avances realizados desde 2011. En 2016, el 86,3 % de los niños de ese grupo de edad participaba en la educación y los cuidados de la primera infancia. No obstante, estos promedios ocultan importantes diferencias entre Estados miembros, regiones y grupos sociales (30). Son precisos más esfuerzos para garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación y unos cuidados de la primera infancia de alta calidad en cuanto sus padres lo soliciten. En particular, son necesarias medidas específicas para aumentar el acceso de los niños en situación de desventaja (31).

                  (23)

                  La presente Recomendación pretende establecer una interpretación común de lo que es la calidad de la educación y los cuidados de la primera infancia. Establece posibles acciones que los Gobiernos deben considerar en función de sus necesidades específicas. La presente Recomendación se dirige también a los padres, las instituciones y las organizaciones, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, así como los investigadores, que intentan mejorar la situación del sector.

                  (24)

                  La educación y los cuidados de la primera infancia, tal y como se entienden en la presente Recomendación (32), deben entenderse como referidos a toda medida encaminada a prestar educación y cuidados a los niños desde su nacimiento hasta la edad de escolarización obligatoria, con independencia de su entorno, financiación, horario o programa educativo, e incluye los cuidados en centros de día y en el hogar, las prestaciones financiadas con fondos públicos y privados y la educación preescolar y preprimaria.

                  (25)

                  La presente Recomendación respeta plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

            RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:
      De conformidad con la legislación nacional y europea, con los recursos disponibles y con las circunstancias nacionales, y en estrecha colaboración con todas las partes interesadas pertinentes:

                  1.

                  Mejorar el acceso a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad en línea con las declaraciones que se recogen en el Marco de Calidad para la Educación y los Cuidados de la Primera Infancia que se presenta como anexo a la presente Recomendación y con el principio número 11 del pilar europeo de derechos sociales.

                  2.

                  Trabajar para garantizar que los servicios de educación y cuidados de la primera infancia sean accesibles, asequibles e inclusivos. Podría estudiarse la posibilidad de:

                              a)

                              apoyar el desarrollo infantil de manera coherente lo antes posible mediante el empleo de servicios de educación y cuidados de la primera infancia;

                              b)

                              analizar la oferta y la demanda de las familias para adaptar mejor la oferta de servicios de educación y cuidados de la primera infancia a sus necesidades, respetando las decisiones de los padres;

                              c)

                              analizar y abordar los obstáculos que las familias pueden encontrar para el acceso y la utilización de servicios de educación y cuidados de la primera infancia, tales como los costes, las barreras relacionadas con la pobreza, la ubicación geográfica, los horarios poco flexibles, los obstáculos relacionados con la falta de adecuación de las prestaciones para niños con necesidades especiales, las barreras culturales y lingüísticas, la discriminación y la falta de información;

                              d)

                              contactar y cooperar con las familias, y especialmente con aquellas en situación de vulnerabilidad o desventaja, para informarlas de las posibilidades y los beneficios de participar en los servicios de educación y cuidados de la primera infancia y, en su caso, para informarlas de la asistencia disponible y para generar confianza en dichos servicios y fomentar la participación desde una edad temprana;

                              e)

                              garantizar el acceso a unos servicios de educación y cuidados de la primera infancia asequibles y de alta calidad para las familias que deseen utilizar dichos servicios, preferiblemente trabajando en el nivel de la administración pertinente en pos de la consecución del derecho a una plaza en un servicio de educación y cuidado de la primera infancia de alta calidad;

                              f)

                              ofrecer unos servicios de educación y cuidados de la primera infancia inclusivos a todos los niños, incluidos aquellos procedentes de entornos diversos y con necesidades educativas especiales, como por ejemplo las discapacidades, evitando la segregación e incentivando su participación independientemente de la situación en el mercado laboral de sus padres o cuidadores;

                              g)

                              apoyar a todos los niños en el aprendizaje de la lengua en que se imparte la educación, al tiempo que se tiene en cuenta y se respeta su primera lengua;

                              h)

                              reforzar las acciones preventivas, la identificación temprana de dificultades y las prestaciones adecuadas para niños con necesidades especiales y sus familias, involucrando a todas las partes relevantes pertinentes, como por ejemplo los servicios educativos, sociales o sanitarios, así como los padres.

                  3.

                  Apoyar la profesionalización del personal del sector de la educación y los cuidados de la primera infancia, que engloba también a los dirigentes. En función del nivel existente de cualificación profesional y las condiciones de trabajo, las medidas más adecuadas podrían ser, entre otras:

                              a)

                              elevar el estatus profesional de la educación y los cuidados de la primera infancia creando estándares profesionales de alto nivel, ofreciendo un estatus profesional y perspectivas de carrera atractivos para los educadores de este sector, esforzándose por alcanzar un mejor equilibrio entre hombres y mujeres y creando itinerarios de profesionalización para el personal sin cualificación o con baja cualificación, así como itinerarios específicos para cualificar a los asistentes;

                              b)

                              mejorar la educación inicial y el desarrollo profesional permanente para tener totalmente en cuenta las necesidades de bienestar, aprendizaje y desarrollo de los niños, la correspondiente evolución de la sociedad, la igualdad entre hombres y mujeres, y una plena comprensión de los derechos del niño;

                              c)

                              ofrecer tiempo al personal para desarrollar actividades profesionales como la reflexión, la planificación, la implicación con los padres y la colaboración con otros profesionales y colegas;

                              d)

                              tratar de dotar al personal de las competencias necesarias para responder a las necesidades individuales de los niños procedentes de diferentes entornos y con necesidades educativas especiales, como por ejemplo las discapacidades, preparándolo para gestionar grupos diversos.

                  4.

                  Mejorar la elaboración de los planes de estudio de los primeros años con el fin de abordar las inquietudes de los niños, velar por su bienestar y responder a las necesidades y al potencial concretos de cada niño, también de aquellos con necesidades especiales o en situación vulnerable o de desventaja. Los enfoques para respaldar el aprendizaje holístico y el desarrollo infantil podrían incluir:

                              a)

                              garantizar un equilibrio en la oferta de desarrollo socioemocional y cognitivo, reconociendo la importancia del juego, el contacto con la naturaleza, el papel de la música, las artes y la actividad física;

                              b)

                              promover la participación, la iniciativa, la autonomía, la resolución de problemas y la creatividad y respaldar las disposiciones para el aprendizaje en materia de razonamiento, investigación y colaboración;

                              c)

                              fomentar la empatía, la compasión, el respeto mutuo y la sensibilización en relación con la igualdad y la diversidad;

                              d)

                              ofrecer oportunidades para la exposición a las lenguas y su aprendizaje en una fase temprana, a través de actividades lúdicas; y

                              e)

                              tener en cuenta, cuando resulte posible, los programas infantiles multilingües tempranos diseñados a medida, que también tienen en cuenta las necesidades concretas de los niños bilingües o multilingües;

                              f)

                              orientar a los proveedores en el uso acorde a la edad de las herramientas digitales y las nuevas tecnologías emergentes;

                              g)

                              promover una mayor integración de la educación y los cuidados de la primera infancia en el continuum educativo y apoyar la colaboración entre el personal especializado en educación y cuidados de la primera infancia, el personal de las escuelas primarias, los padres y los servicios de asesoramiento para permitir así una transición fluida de los niños a la educación primaria.

                              h)

                              fomentar un entorno educativo integrador, democrático y participativo que acoja e integre las voces de todos los niños.

                  5.

                  Fomentar la supervisión y evaluación transparentes y uniformes de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia a los niveles adecuados con vistas a la elaboración y la aplicación de políticas. Podrían resultar efectivos, entre otros, los siguientes planteamientos:

                              a)

                              el uso de herramientas de autoevaluación, cuestionarios y directrices de observación como parte de la gestión de la calidad a nivel de sistema y de servicio;

                              b)

                              el uso de métodos adecuados y acordes a la edad para fomentar la participación de los niños y escuchar sus opiniones, sus preocupaciones y sus ideas, y tener la perspectiva de los niños en cuenta en el proceso de evaluación;

                              c)

                              la implementación de las herramientas existentes para mejorar la inclusividad de la prestación de servicios de educación y cuidados de la primera infancia, tales como la herramienta de autorreflexión para entornos de educación inclusiva en la primera infancia, desarrollada por la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa.

                  6.

                  Procurar garantizar la financiación adecuada y un marco legal para la prestación de servicios de educación y cuidados de la primera infancia. Podría estudiarse la posibilidad de:

                              a)

                              aumentar la inversión en la educación y los cuidados de la primera infancia prestando especial atención a la disponibilidad, la calidad y la asequibilidad, incluyendo el uso, en su caso, de las oportunidades de financiación ofrecidas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

                              b)

                              crear y mantener marcos de calidad nacionales o regionales adaptados;

                              c)

                              fomentar una mejor cooperación entre servicios o una mayor integración de estos para las familias y los niños, sobre todo con los servicios sociales y sanitarios, así como con las escuelas, a escalas nacional, regional y local;

                              d)

                              integrar políticas sólidas de protección o salvaguarda de la infancia dentro del sistema de educación y cuidados de la primera infancia, para ayudar a proteger a los niños de todas las formas de violencia;

                              e)

                              desarrollar un sistema que propugne:

                                          1)

                                          una sólida cultura de diálogo y reflexión, mediante el fomento de un proceso continuo de desarrollo y aprendizaje entre actores a todos los niveles;

                                          2)

                                          una alta calidad de las infraestructuras de educación y cuidados de la primera infancia y una distribución geográfica adecuada al ámbito de vida de los niños.

                  7.

                  Informar, a través de los marcos y herramientas existentes, sobre las experiencias y los avances realizados en materia de acceso y calidad de los sistemas de educación y cuidados de la primera infancia.

            ACOGE CON SATISFACCIÓN LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:

                  8.

                  Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros en el contexto del Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación y los marcos que puedan venir después, así como en el Comité de Protección Social.

                  9.

                  Respaldar la cooperación de los Estados miembros, en función de su demanda, organizando actividades de aprendizaje y de asesoramiento entre iguales.

                  10.

                  Respaldar la cooperación con la red de la OCDE sobre educación y cuidados de la primera infancia para facilitar la difusión de los resultados y evitar duplicidades.

                  11.

                  Respaldar el desarrollo de servicios de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad, ofreciendo la financiación disponible de la Unión, especialmente en el marco del programa Erasmus+ y, en su caso, mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, incluida Interreg, sin perjuicio alguno de las negociaciones relativas al próximo marco financiero plurianual.

                  12.

                  Proponer un valor de referencia u objetivo europeo actualizado relativo a la prestación de servicios de educación y cuidados de la primera infancia, en consonancia con la revisión del valor de referencia de ET 2020 y los objetivos de Barcelona, tras consultar con los Estados miembros. El Consejo deberá debatir y aprobar esta propuesta de valor de referencia, junto con otras propuestas de marcos de referencia europeos en el ámbito de la educación y formación, en el contexto de la creación del nuevo marco estratégico de educación y formación posterior al 2020.

                  13.

                  Informar al Consejo sobre el seguimiento de la Recomendación, de conformidad con las modalidades de información de los marcos y herramientas existentes.

         Hecho en Bruselas, el 22 de mayo de 2019.

               Por el Consejo

               El Presidente

            C. B. MATEI

         (1)  13129/17.

         (2)  DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.

         (3)  COM(2017) 673 final.

         (4)  DO C 421 de 8.12.2017, p. 2.

         (5)  DO C 189 de 4.6.2018, p. 1.

         (6)  Los primeros años se definen como el período comprendido entre el nacimiento y los seis años, lo que corresponde al nivel educativo CINE 0.

         (7)  DO L 59 de 2.3.2013, p. 5.

         (8)  DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.

         (9)  Benefits of early childhood education and care and the conditions under which they can be obtained («Beneficios de la educación y los cuidados de la primera infancia y condiciones para obtenerlos», documento en inglés), informe de European Expert Network on Economics of Education (EENEE, Red Europea de Expertos en Economía de la Educación).

         (10)  Estudio Internacional sobre el Progreso de la Competencia en Lectura (PIRLS).

         (11)  Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), OCDE (2016), Panorama de la Educación.

         (12)  Comisión Europea (2014), Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving («Estudio sobre el uso eficaz de la educación y los cuidados de la primera infancia en la prevención del abandono escolar prematuro», documento en inglés).

         (13)  Primera lengua: variante o variantes lingüísticas adquiridas y utilizadas en la primera infancia (aproximadamente antes de los dos o tres años de edad), en las que se haya adquirido por primera vez la facultad del lenguaje humano. Preferimos este término al de «lengua materna», que es a menudo inadecuado, pues la primera lengua no es necesariamente la de la madre solamente.

         (14)  «The Economics of Human Development and Social Mobility», Annual Reviews of Economics, Vol. 6 (2014), pp. 689-733.

         (15)  DO C 155 de 25.5.2011, p. 10.

         (16)  COM(2017) 252 final.

         (17)  A Review of Research on the Effects of Early Childhood Education and Care on Child Development (Revisión de los estudios sobre los efectos de la educación y los cuidados de la primera infancia sobre el desarrollo infantil, documento en inglés), informe del proyecto CARE (2015).

         (18)  COM(2018) 273 final.

         (19)  OCDE (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care («Comenzar fuerte 2017: indicadores clave sobre la educación y los cuidados de la primera infancia», documento en inglés); Eurofound (2015) Early childhood Care: Accessibility and quality of services («Cuidados de la primera infancia: accesibilidad y calidad de los servicios», documento en inglés).

         (20)  P8_TA(2017)0360.

         (21)  Children in Europe (2008): documento de orientación Young children and their services: developing a European approach («Los niños pequeños y sus servicios: elaborando un planteamiento europeo», documento en inglés)

         (22)  Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care (2014) («Propuesta de principios clave de un Marco de Calidad para la Educación y los Cuidados de la Primera Infancia», documento en inglés), informe del Grupo de Trabajo sobre Educación y Cuidados de la Primera Infancia, bajo los auspicios de la Comisión Europea.

         (23)  Eurofound (2015), Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review («El cuidado de la primera infancia: condiciones de trabajo, formación y calidad de los servicios – Una revisión sistemática»).

         (24)  Comisión Europea (2011): CoRe: Competence Requirements in Early Childhood Education and Care («Requisitos en materia de competencias en la educación y los cuidados de la primera infancia», documento en inglés).

         (25)  Professionalisation of Childcare Assistants in Early Childhood Education and Care (ECEC): Pathways towards Qualification («Profesionalización de los asistentes de atención infantil en la educación y cuidados de la primera infancia. Itinerarios hacia la cualificación», documento en inglés), informe de la red NESET II (2016).

         (26)  The current state of national ECEC quality frameworks, or equivalent strategic policy documents, governing ECEC quality in EU Member States («Estado actual de los marcos nacionales de calidad de la educación y los cuidados de la primera infancia, o de los documentos estratégicos equivalentes que rigen la calidad en este ámbito en los Estados miembros», documento en inglés), informe de la red NESET II 4/2017.

         (27)  SN 100/1/02 REV 1.

         (28)  COM(2018) 273 final.

         (29)  DO C 417 de 15.12.2015, p. 25.

         (30)  COM(2018) 273 final.

         (31)  Comisión Europea (2017): monitor de la Educación y la Formación.

         (32)  Niveles CINE 0.1 y CINE 0.2.

         ANEXO

            «Los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y unos cuidados de la primera infancia asequibles y de buena calidad.»

            Pilar europeo de derechos sociales

         El aprendizaje y la educación comienzan desde el nacimiento y los primeros años son los más instructivos en la vida de los niños, ya que sientan las bases de su desarrollo para el resto de su vida. El presente Marco de Calidad recoge los principios clave y ofrece un planteamiento europeo de los sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad, basado en las buenas prácticas de los Estados miembros de la UE y las últimas investigaciones. Incluye diez declaraciones de calidad estructuradas en torno a cinco áreas de calidad más amplias: acceso, personal, plan de estudios, supervisión y evaluación, y gobernanza y financiación. Las diez declaraciones de calidad describen las principales características de los servicios de alta calidad tal y como se identifican en la práctica. El Marco de Calidad es una herramienta de gobernanza destinada a ofrecer orientaciones para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas de educación y cuidados de la primera infancia.
         El objetivo principal del Marco es la descripción de un sistema que pueda proporcionar una educación y unos cuidados de la primera infancia de alta calidad a todos los niños y su desarrollo; se basa en los siguientes principios:

                     —

                     unos servicios de alta calidad son cruciales para promover el desarrollo y el aprendizaje infantil y, a largo plazo, para mejorar las oportunidades educativas de los niños;

                     —

                     la participación de los padres como colaboradores de tales servicios es esencial: la familia es el lugar más importante para el crecimiento y el desarrollo de los niños, y sus padres y tutores son los responsables del bienestar, la salud y el desarrollo de cada niño;

                     —

                     los servicios de educación y cuidados de la primera infancia deben estar centrados en el niño, implicarlo activamente y tener en cuenta sus opiniones.

            EL MARCO DE CALIDAD DE LA UE PARA LA EDUCACIÓN Y LOS CUIDADOS DE LA PRIMERA INFANCIA

         El ACCESO a servicios de educación y cuidados de la primera infancia de calidad de todos los niños sustenta su desarrollo saludable y su rendimiento educativo, y contribuye a disminuir las desigualdades sociales, además de reducir la brecha de competencias entre los niños de distinta extracción socioeconómica. El acceso equitativo también es esencial para garantizar que los progenitores, especialmente las mujeres, dispongan de flexibilidad para integrarse o reintegrarse en el mercado laboral.

            Declaraciones de calidad:

         1.   Una prestación disponible y asequible para todas las familias y sus hijos.

         El derecho legal universal a recibir servicios de educación y cuidados de la primera infancia proporciona una base sólida para llegar a todos los niños. Los datos sobre población y las encuestas a los padres sobre la demanda de plazas en centros de educación y cuidados de la primera infancia pueden servir de base para calcular las futuras necesidades y ajustar capacidades.
         La prestación puede servir para abordar las barreras que podrían impedir la participación de las familias y sus hijos, por ejemplo, mediante la adaptación de las cuotas que deben pagarse por la educación y los cuidados de la primera infancia, de manera que se dé también acceso a los hogares con rentas más bajas. También se ha comprobado que la flexibilidad en los horarios de apertura y otras disposiciones pueden permitir la participación, especialmente en el caso de los hijos de madres trabajadoras, familias monoparentales y procedentes de grupos minoritarios o desfavorecidos.
         La distribución igualitaria de esa prestación entre las áreas urbanas y las rurales, los barrios acomodados y los pobres y las regiones puede ampliar el acceso a los grupos sociales desfavorecidos. Se sabe que la disponibilidad y la asequibilidad de unos servicios de alta calidad en los barrios donde residen familias pobres, minorías o familias migrantes o refugiadas es lo que más repercute a la hora de apoyar la igualdad y la inclusión social.
         2.   Una prestación que promueva la participación, refuerce la inclusión social y acepte la diversidad.

         Los centros de educación y cuidados de la primera infancia pueden fomentar activamente la participación de los padres, las familias y los cuidadores implicados en los procesos de decisión (por ejemplo, en las asociaciones de padres). Llegar a las familias —especialmente a las familias monoparentales, desfavorecidas, migrantes o pertenecientes a minorías— con iniciativas específicas les permite expresar sus necesidades y que los servicios las tengan en cuenta al adaptar esa prestación a las demandas de las comunidades locales.
         Puede fomentarse la contratación de personal procedente de grupos marginados, migrantes o minoritarios, ya que se ha demostrado que es una ventaja que la composición del personal de los centros de educación y cuidados de la primera infancia refleje la diversidad existente en la comunidad.
         Crear un entorno acogedor para los niños, que valore su lengua, su cultura y su procedencia, contribuye al desarrollo de su sentimiento de pertenencia. Un desarrollo profesional continuo adecuado también prepara al personal para acoger y ayudar a los niños bilingües.
         Los centros de educación y cuidados de la primera infancia pueden desarrollar buenas prácticas en las familias para lograr una transición fluida del entorno familiar al centro educativo, y fomentar altos niveles de participación de los padres organizando actividades específicas.
         El PERSONAL es el factor más importante en los resultados relacionados con el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Por tanto, las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional del personal se consideran componentes esenciales de la calidad.

            Declaraciones de calidad:

         3.   Un personal bien cualificado, con formación inicial y continua que le permita desempeñar su cometido profesional.

         Los sistemas eficaces de educación y cuidados de la primera infancia se están planteando elevar el estatus profesional del personal, algo ampliamente reconocido como uno de los factores clave de la calidad, elevando los niveles de cualificación y ofreciendo un estatus profesional atractivo, perspectivas de carrera flexibles e itinerarios alternativos para los asistentes. Esto puede respaldarse intentando contar con un personal educativo compuesto por profesionales altamente cualificados que posean una cualificación profesional especializada completa en educación de la primera infancia, además de con personal asistente.
         Los programas de educación inicial más avanzados están diseñados conjuntamente con profesionales y ofrecen un buen equilibrio entre teoría y práctica. También supone un activo que los programas educativos preparen al personal para trabajar colectivamente y mejorar las competencias de reflexión. Estos programas pueden beneficiarse de la formación del personal para trabajar con grupos diversos a nivel lingüístico y cultural, desde familias pertenecientes a minorías hasta familias migrantes o con rentas bajas.
         Un personal que ha sido preparado para seguir las necesidades de desarrollo de los niños, así como sus intereses y su potencial, y que es capaz de detectar posibles problemas de desarrollo y de aprendizaje puede ayudar más activamente a su desarrollo y su aprendizaje. Las oportunidades de desarrollo profesional regulares, continuas y hechas a medida benefician a todos los miembros del personal, incluidos los asistentes y los auxiliares.
         Por lo que respecta a los elementos necesarios para el desarrollo y la psicología de los niños, las competencias del personal deberían incluir conocimientos sobre sistemas de protección de la infancia y, más generalmente, sobre los derechos de los niños, en consonancia con las diversas estructuras de formación existentes en los Estados miembros.
         4.   Unas condiciones de trabajo favorables, incluyendo un equipo directivo que cree oportunidades para la observación, la reflexión, la planificación, el trabajo en equipo y la colaboración con los padres.

         Los sistemas de educación y cuidados de la primera infancia que buscan mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, mediante unos niveles de retribución más adecuados, pueden hacer del trabajo en la educación y cuidados de la primera infancia una opción más atractiva para el personal mejor cualificado que busque una buena carrera profesional.
         Las ratios adultos/niños y el tamaño de los grupos son más adecuados si se diseñan de forma adecuada a la edad y la composición del grupo de niños, ya que los más pequeños precisan más atención y cuidados.
         Las comunidades de enseñanza profesional, cuando existen dentro de los centros y colaboran entre ellas, han demostrado tener un impacto positivo al asignar tiempo y espacio a las prácticas colegiales del personal y su trabajo conjunto.
         Ofrecer tutoría y supervisión al personal recién contratado durante su iniciación puede ayudar a que consiga cumplir sus funciones profesionales rápidamente.
         El PLAN DE ESTUDIOS es una poderosa herramienta para mejorar el bienestar, el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Un marco pedagógico amplio sienta los principios para el desarrollo y aprendizaje continuado de los niños a través de prácticas de educación y cuidados que respondan a las necesidades, los intereses y el potencial de los niños.

            Declaraciones de calidad:

         5.   Un plan de estudios basado en objetivos, valores y planteamientos pedagógicos que permita a los niños alcanzar todo su potencial abordando su desarrollo social, emocional, cognitivo y físico, así como su bienestar.

         Los planteamientos pedagógicos centrados en los niños pueden contribuir mejor a su desarrollo general, apoyar sus estrategias de aprendizaje y promover su desarrollo cognitivo y no cognitivo basándose más sistemáticamente en el aprendizaje experimental, el juego y las interacciones sociales.
         Existen pruebas sólidas de que un plan de estudios explícito es un activo, ya que puede ofrecer un marco coherente para el cuidado, la educación y la socialización como partes integrales de la prestación de educación y cuidados de la primera infancia. Lo ideal es que dicho marco defina objetivos pedagógicos que permitan a los educadores personalizar su acercamiento a las necesidades individuales de los niños, y que pueda ofrecer unas directrices para un entorno de aprendizaje de alta calidad. Debe también poner libros y otros materiales impresos a disposición de los niños para ayudar al desarrollo de la lectoescritura.
         A través de la promoción de la diversidad, la igualdad y la sensibilización lingüística, un marco curricular eficaz fomenta la integración de los migrantes y refugiados, y puede contribuir al desarrollo tanto de su lengua materna como de la lengua de escolarización.
         6.   Un plan de estudios que exija al personal colaborar con los niños, los compañeros y los padres y reflexionar sobre su propio trabajo.

         El plan de estudios puede ayudar a implicar mejor a los padres, las partes interesadas y el personal para garantizar que responda más adecuadamente a las necesidades, los intereses y el potencial de los niños.
         Un plan de estudios puede definir los roles y los procedimientos para que el personal colabore regularmente con los padres, además de con los compañeros que trabajan en otros servicios infantiles (incluyendo los sectores sanitario, de atención social y educativo).
         Siempre que sea posible, el plan de estudios puede ofrecer directrices para que el personal de educación y cuidados de la primera infancia se mantenga en contacto con el personal de la escuela por lo que respecta a la transición de los niños a las escuelas de educación preprimaria o primaria.
         LA SUPERVISIÓN Y LA EVALUACIÓN favorecen la calidad. Al señalar las fortalezas y debilidades, sus procesos pueden ser componentes importantes para mejorar la calidad de los sistemas educativos de la primera infancia. Pueden ayudar a las partes interesadas y a los responsables políticos a emprender iniciativas que respondan a las necesidades de los niños, los padres y las comunidades locales.

            Declaraciones de calidad:

         7.   La supervisión y la evaluación generan información al nivel local, regional o nacional pertinente para contribuir a la mejora continua de la calidad de las políticas y prácticas.

         Una información transparente sobre los servicios y el personal o sobre la implementación del plan de estudios al nivel nacional, regional y local pertinente puede ayudar a mejorar la calidad.
         La información regular puede facilitar el proceso de evaluación de las políticas, por ejemplo, permitiendo el análisis de la utilización de fondos públicos o de lo que resulta efectivo y en qué contexto.
         Para identificar las necesidades de aprendizaje del personal y tomar las decisiones correctas para mejorar la calidad del servicio y el desarrollo profesional, conviene que los responsables de la educación de la primera infancia puedan recopilar datos relevantes de manera oportuna.
         8.   La supervisión y la evaluación redundan en beneficio de los niños.

         Para proteger los derechos del niño, es preciso integrar sólidas políticas de salvaguarda o protección de la infancia en el sistema de educación y cuidados de la primera infancia que protejan a los niños de todas las formas de violencia. Las políticas efectivas de protección infantil cubren cuatro áreas generales: 1) políticas, 2) personas, 3) procedimientos y 4) responsabilidad. Más información sobre estas áreas en el documento «Child safeguarding estándares and how to implement them», publicado por Keeping Children Safe.
         Los procesos de supervisión y evaluación pueden fomentar la implicación y colaboración activas entre todas las partes interesadas. Todos los implicados en el desarrollo de la calidad pueden contribuir a las prácticas de supervisión y evaluación, y beneficiarse de ellas.
         Las pruebas disponibles indican que la combinación de diferentes métodos de supervisión (como la observación, la documentación y la evaluación descriptiva de las competencias y el aprendizaje de los niños) puede ofrecer información útil y dar cuenta de las experiencias y el desarrollo de los niños, ayudando, por ejemplo, a hacer más fácil la transición a la escuela primaria.
         Pueden crearse herramientas de supervisión y procedimientos de evaluación participativos para permitir a los niños hacerse oír y hablar claro sobre sus experiencias de aprendizaje y socialización en los centros.
         LA GOBERNANZA Y LA FINANCIACIÓN son cruciales para permitir que los servicios de educación y cuidados de la primera infancia desempeñen su cometido en el desarrollo personal y en el aprendizaje de los niños, así como en la reducción de la brecha de los resultados y el fomento de la cohesión social. La calidad se obtiene a través de unas políticas públicas completas y coherentes que vinculen la educación y los cuidados de la primera infancia con otros servicios relacionados con el bienestar de los niños y sus familias.

            Declaraciones de calidad:

         9.   Las diferentes partes interesadas poseen una interpretación clara y compartida de su cometido y sus responsabilidades, y saben que se espera que colaboren con sus organizaciones homólogas.

         Los servicios de educación y cuidados de la primera infancia se benefician de una estrecha colaboración con todos los servicios que trabajan en favor de los niños, incluyendo los servicios sociales y de salud, las escuelas y las partes interesadas locales. Esas alianzas entre agencias han demostrado ser más efectivas si se rigen por un marco político uniforme que pueda fomentar proactivamente la colaboración y la inversión a largo plazo en las comunidades locales.
         La implicación de las partes interesadas ha demostrado ser crucial para diseñar e implementar la prestación de la educación y los cuidados de la primera infancia.
         La integración o coordinación de servicios a cargo de distintas normativas en materia de educación y cuidados de la primera infancia puede repercutir de manera positiva sobre la calidad del sistema.
         10.   La legislación, la regulación y la financiación sustentan los avances hacia el derecho universal a la educación y los cuidados de la primera infancia de alta calidad y asequibles, y los progresos se notifican periódicamente a las partes interesadas pertinentes.

         La mejora de la calidad en la prestación de servicios para todos los niños podría lograrse mejor desarrollando progresivamente el derecho legal universal, mediante, por ejemplo, la promoción de la participación en la educación y los cuidados de la primera infancia desde edades tempranas. Puede resultar útil evaluar si los servicios de educación y cuidados de la primera infancia basados en el mercado se traducen en un acceso desigual o de menor calidad para los niños desfavorecidos y, si fuera necesario, elaborar planes para remediarlo.
         Un vínculo estrecho con las políticas laborales, sanitarias y sociales sería claramente un activo, ya que puede promover una redistribución más eficaz de los recursos al destinar fondos adicionales a los grupos y los barrios desfavorecidos.


               9.11.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 378/262

         P7_TA(2014)0216
   Compromiso humanitario de los agentes no estatales armados en relación con la protección de los niños
   Recomendación del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, destinada al Consejo sobre el compromiso humanitario de los agentes no estatales armados en relación con la protección de los niños (2014/2012(INI))
   (2017/C 378/32)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo presentada por Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes y Keith Taylor, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el compromiso humanitario de los agentes no estatales armados en relación con la protección de los niños (B7-0585/2013),

               —

               Visto el informe de 2013 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, así como otros informes de agentes pertinentes,

               —

               Vistas las directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados, de 2008, la estrategia de aplicación de las directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados, de 2010, y la Lista de verificación para la incorporación de la protección de los niños afectados por conflictos armados en las operaciones de la PESD, de 2008,

               —

               Vistas las Conclusiones del Consejo de 2008 sobre la promoción y la protección de los derechos del niño en la acción exterior de la Unión Europea: las dimensiones humanitaria y de desarrollo,

               —

               Vistas sus Resoluciones, de 19 de febrero de 2009, sobre el lugar especial que corresponde a la infancia en la acción exterior de la UE (1), de 16 de enero de 2008, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (2), de 3 de julio de 2003, sobre la trata de niños y los niños soldados (3), de 6 de julio de 2000, sobre el secuestro de niños por parte del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) (4), y de 17 de diciembre de 1998, sobre los niños soldados (5),

               —

               Vistas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y, en particular, la Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

               —

               Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 2002, relativo a la participación de niños en conflictos armados,

               —

               Vistos los Compromisos de París para proteger a los niños y niñas reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas armadas o grupos armados, así como los Principios y Directrices de París sobre los niños vinculados a fuerzas o grupos armados, adoptados en ambos casos el 6 de febrero de 2007,

               —

               Vistos el artículo 121, apartado 3, y el artículo 97 de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0160/2014),

               A.

               Considerando que en la mayoría de los conflictos armados actuales están involucrados uno o varios agentes no estatales armados que luchan contra las fuerzas gubernamentales u otros grupos armados, y que en estas guerras los civiles, y en particular los niños, resultan los más perjudicados;

               B.

               Considerando que el abanico de estos actores no estatales es muy amplio y comprende una gran gama de identidades y motivos y diversos grados de voluntad y capacidad de respetar el Derecho internacional humanitario y otras normas de Derecho internacional, pero que todos ellos deben ser supervisados a este respecto;

               C.

               Considerando que, para mejorar la protección de los civiles, y en particular de los niños, deben tenerse en cuenta todas las partes implicadas en el conflicto;

               D.

               Considerando que las normas del Derecho internacional humanitario se aplican a todas las partes involucradas en un conflicto armado y son vinculantes para las mismas;

               E.

               Considerando que los conflictos armados tienen efectos extremadamente devastadores para el desarrollo físico y psíquico de los niños, con consecuencias a largo plazo para la seguridad humana y el desarrollo sostenible;

               F.

               Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional penaliza el reclutamiento y el alistamiento de niños menores de 15 años en fuerzas o grupos armados, al igual que su utilización para que participen activamente en las hostilidades;

               G.

               Considerando que el Derecho internacional prohíbe cualquier forma de violencia sexual, incluida la ejercida contra niños, y que los actos de violencia sexual pueden considerarse crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio;

               H.

               Considerando que, si bien el uso de minas antipersonas ha disminuido desde la adopción de la Convención sobre la prohibición de estas minas en 1997, sigue suponiendo una amenaza para los niños, especialmente en los conflictos armados que no revisten carácter internacional;

               I.

               Considerando que la comunidad internacional tiene la obligación moral de buscar el compromiso de todas las partes implicadas en los conflictos, tanto los agentes estatales como los no estatales armados, con objeto de proteger a los niños;

               J.

               Considerando que la desmovilización, la rehabilitación y la reintegración de los niños soldados han de estar incluidas en cualquier negociación y acuerdo de paz resultante, así como ser afrontadas durante el propio conflicto;

               K.

               Considerando que una desmovilización y una reintegración de los niños soldados satisfactorias pueden ayudar a prevenir los ciclos continuados de violencia;

               1.

               Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Comisario de Desarrollo y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

                           a)

                           promover la firma, por parte de los Estados implicados y los agentes no estatales armados, de planes de acción para la protección de los niños en los conflictos armados con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, recordando al mismo tiempo que esta actividad con los agentes no estatales armados no significa apoyarles a ellos o a sus actividades, ni reconocer su legitimidad;

                           b)

                           reconocer los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG) para persuadir a los agentes no estatales armados de la necesidad de proteger a los niños, reiterando que ello no implica apoyar ni reconocer la legitimidad de las acciones de estos agentes;

                           c)

                           incluir en los diálogos políticos con terceros países, como en el marco del Acuerdo de Cotonú, por ejemplo, el objetivo de prevenir y acabar con el reclutamiento y la participación forzosa de niños menores de 18 años y garantizar su liberación y reinserción en la sociedad;

                           d)

                           reafirmar que los agentes estatales y no estatales armados deben respetar el Derecho internacional humanitario y el Derecho consuetudinario internacional humanitario, y apoyar sus esfuerzos por adoptar medidas específicas para la protección de los civiles y, en particular, de los niños, recordando al mismo tiempo que esta actividad con los agentes no estatales armados no significa apoyarles a ellos o a sus actividades, ni reconocer su legitimidad;

                           e)

                           recordar que el Derecho internacional humanitario es un marco jurídico que vincula a los grupos no estatales armados y que tanto el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra como el Segundo Protocolo Adicional de 1977 contribuyen a este fin, al igual que un gran número de normas consuetudinarias del Derecho internacional humanitario; examinar, como cuestión de gran importancia, si las normas vigentes del Derecho internacional humanitario son adecuadas para abordar los agentes no estatales o si es necesaria una mayor regulación;

                           f)

                           entablar un diálogo, bien directamente, bien indirectamente a través de ONG especializadas y organizaciones humanitarias, con los agentes no estatales armados sobre la cuestión de la protección de niñas y niños, con objeto de aliviar el sufrimiento de los menores en los conflictos armados e instar a los agentes no estatales armados a firmar el Acta de compromiso del Llamamiento de Ginebra para la protección de los niños frente a las repercusiones de los conflictos armados;

                           g)

                           apoyar a las organizaciones humanitarias que mantienen un diálogo con los agentes no estatales armados con el fin de promover el respeto del Derecho internacional humanitario en los conflictos armados, y en particular la protección de los niños, recurriendo a medios políticos, diplomáticos y financieros;

                           h)

                           instar a los Estados miembros de la UE a aunar los esfuerzos internacionales para evitar que los agentes armados ataquen los colegios y hagan un uso militar de los mismos y a respaldar el proyecto de Directrices de Lucens para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado.

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Comisario de Desarrollo, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al Consejo y al Servicio Europeo de Acción Exterior.

      (1)  DO C 76 E de 25.3.2010, p. 3.

      (2)  DO C 41 E de 19.2.2009, p. 24.

      (3)  DO C 74 E de 24.3.2004, p. 854.

      (4)  DO C 121 de 24.4.2001, p. 401.

      (5)  DO C 98 de 9.4.1999, p. 297.


title: Recomendación del Banco Central Europeo, de 19 de diciembre de 2017, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Central Bank of Cyprus (BCE/2017/43)

text:
               5.1.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 2/1

         RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 19 de diciembre de 2017
   al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Central Bank of Cyprus
   (BCE/2017/43)
   (2018/C 2/01)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

               (2)

               El mandato del actual auditor externo del Central Bank of Cyprus, KPMG Limited, expirará después de la auditoría del ejercicio de 2017. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2018.

               (3)

               El Central Bank of Cyprus ha seleccionado a PricewaterhouseCoopers Limited como su auditor externo para los ejercicios de 2018 a 2022.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
   Se recomienda que PricewaterhouseCoopers Limited sea nombrado auditor externo del Central Bank of Cyprus para los ejercicios de 2018 a 2022.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 19 de diciembre de 2017.

            El presidente del BCE

         Mario DRAGHI