title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Eslovaquia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/107

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Eslovaquia
      (2018/C 320/24)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Eslovaquia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Eslovaquia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Eslovaquia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Eslovaquia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovaquia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (4)

                  El 25 de abril de 2018, Eslovaquia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Eslovaquia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el déficit global experimente una mejora hasta llegar al 0,8 % del PIB en 2018 y, gradualmente, al 0,0 % en 2021. Se espera que el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) se alcance en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB descienda gradualmente del 49,3 % en 2018 al 43,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han especificado completamente. El presupuesto incluye una partida de gastos no especificada denominada reservas presupuestarias que representa una parte no desdeñable (0,7 % del PIB) y puede utilizarse para operaciones ad hoc, reduciendo así la previsibilidad en la aplicación del presupuesto.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Eslovaquia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 2,9 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Al mismo tiempo, en la evaluación del proyecto de plan presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 se estableció que deberá tenerse en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación de la Comisión sobre la solidez de la recuperación de Eslovaquia, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario tener en cuenta ningún otro elemento adicional al respecto. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de desviación significativa respecto de esta recomendación en 2018.

                  (8)

                  En 2019, en vista de la brecha de producción prevista del 1,2 % del PIB en Eslovaquia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 4,1 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,5 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de que Eslovaquia se desvíe significativamente con respecto de este requisito en 2019 debido a la desviación durante el período 2018-2019 en su conjunto. En general, el Consejo estima que a partir de 2018 deberían adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

                  (9)

                  Las finanzas públicas de Eslovaquia siguen afrontando riesgos a largo plazo. El gasto en asistencia sanitaria continúa planteando un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, habida cuenta de la dificultad que plantea mejorar la relación coste/eficacia del sistema sanitario eslovaco. A largo plazo, se prevé que el gasto público en asistencia sanitaria aumente en 1,2 puntos porcentuales del PIB, por encima de la media estimada de incremento de 0,9 puntos para la Unión. El sistema de pensiones ha experimentado una mejora progresiva de su sostenibilidad a largo plazo, debido principalmente al aumento automático de la edad de jubilación, que ha reducido el incremento previsto del gasto derivado del envejecimiento de la población a largo plazo.

                  (10)

                  Aunque se han dado algunos pasos para mejorar la relación coste/eficacia del sistema sanitario, en particular mediante la aplicación de la revisión del gasto en función de la rentabilidad, el potencial para racionalizar el uso de los recursos sigue siendo significativo. No muestran avances los planes para una profunda reforma del sistema sanitario que permita la racionalización de los servicios, una mejor gestión de los recursos hospitalarios y un sistema de asistencia más eficaz. El consumo de servicios hospitalarios sigue siendo elevado, con un gran porcentaje de hospitalizaciones causadas por enfermedades crónicas y tasas de altas superiores a la media de la Unión, junto con un porcentaje relativamente bajo de ocupación de camas. Aunque el refuerzo de la atención primaria puede aliviar la elevada carga que pesa sobre los hospitales, el sistema adolece de falta de médicos generalistas, exacerbada por su distribución geográfica desigual. Asimismo, la edad de los médicos generalistas puede plantear problemas de plantilla en el futuro. Por último, varias medidas destinadas a mejorar la relación coste/eficacia del sistema sanitario, como la plena introducción de un sistema de pago de diagnósticos por grupos homogéneos de pacientes y el funcionamiento efectivo del sistema de salud en línea, se encuentran aún en fase de desarrollo, y es probable que se enfrenten a nuevos retrasos y problemas de aplicación en el futuro.

                  (11)

                  Los ingresos fiscales aumentan gracias a un buen crecimiento económico y se están haciendo esfuerzos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para colmar la gran brecha de Eslovaquia derivada del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Aunque se incrementaron los incentivos fiscales para promover la I+D, los impuestos sobre bienes inmuebles siguen aportando escasos ingresos. Un programa evolutivo de revisiones del gasto para todos los ámbitos esenciales del gasto público se está revelando un instrumento eficaz y riguroso para mejorar la relación coste/eficacia del gasto público.

                  (12)

                  Continúa la evolución positiva del mercado laboral, caracterizado por el aumento del empleo y el históricamente bajo nivel de desempleo. No obstante, el desempleo de larga duración sigue siendo uno de los más altos de la Unión y afecta particularmente a los grupos desfavorecidos, como los trabajadores poco cualificados, los jóvenes y las comunidades gitanas marginadas. Como consecuencia de la mejora de las condiciones del mercado laboral, han comenzado a surgir noticias de escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores de la economía. Las disparidades regionales en el mercado laboral son acusadas, pues el mayor desempleo se concentra en Eslovaquia oriental y la mayor escasez de mano de obra, en la parte occidental del país. Eslovaquia ha comenzado a aplicar su plan de acción para la integración de los desempleados de larga duración, apoyado por el Fondo Social Europeo. El plan introduce en particular servicios personalizados, asesoramiento social y un nuevo sistema de creación de perfiles de base. No obstante, la aplicación no ha producido aún mejoras estructurales significativas. Siguen existiendo lagunas en la cooperación con los interlocutores privados y las organizaciones no gubernamentales para aliviar la presión sobre los servicios públicos de empleo, mientras que la orientación individualizada se encuentra en una fase inicial. Además, la segmentación poco detallada de los desempleados de larga duración no sirve como instrumento para encaminarlos hacia medidas de activación. Se han reforzado los programas de formación y de reconversión, pero siguen siendo insuficientes, y la atención que prestan a los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos es limitada. Además, la participación de los adultos en la formación es aún muy baja y la educación compensatoria para los grupos desfavorecidos no está suficientemente desarrollada. Las condiciones para poder recibir prestaciones por desempleo son estrictas y la duración de las prestaciones es corta. Esto se traduce en que pocos desempleados de corta duración reciben prestaciones por desempleo.

                  (13)

                  Las diferencias de empleo y de salario entre mujeres y hombres son muy superiores a la media de la Unión. La baja tasa de empleo de las mujeres en edad fértil refleja el hecho de que el permiso parental de larga duración rara vez es disfrutado por hombres, y está acompañada por la parca presencia de modalidades de trabajo flexible y por la carestía y el escaso número de plazas de guardería. Especialmente en el caso de los niños menores de tres años, su asistencia a guarderías es extremadamente baja.

                  (14)

                  El sistema educativo no contribuye suficientemente al desarrollo socioeconómico de Eslovaquia, y su financiación es insuficiente a todos los niveles. La calidad de los resultados educativos, la participación de los gitanos en un sistema general de enseñanza inclusivo y la integración efectiva de los estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos en la educación y la formación constituyen desafíos acuciantes. Los resultados educativos y el nivel de competencias básicas siguen siendo decepcionantes en comparación con los niveles internacionales y se ven profundamente condicionados por la situación socioeconómica del estudiante. El abandono escolar prematuro es bajo, pero está aumentando, y las disparidades regionales en las tasas de abandono escolar son notables. A pesar de los planes destinados a incrementar los sueldos de los profesores anualmente en un 6 % hasta 2020, la profesión de docente sigue siendo poco atractiva, debido en parte a la limitada formación inicial y a las escasas oportunidades de desarrollo profesional. La aplicación de medidas encaminadas a incrementar la participación de los alumnos gitanos en un sistema general de enseñanza inclusivo es muy tibia, debido a la insuficiente dotación económica y a la falta de seguimiento, así como a la escasa formación de los profesores en materia de cuestiones interculturales.

                  (15)

                  La Administración pública aún se ve lastrada por ineficiencias y obstáculos ocasionados por una deficiente o escasa cooperación interministerial y su poco convincente neutralidad política. La aplicación de la Ley del Funcionariado ha sido lenta y su impacto en la mejora de la gestión de los recursos humanos sigue estando por ver. En relación con la gestión de los fondos de la Unión, la capacidad y la eficiencia de la Administración son aún limitadas y la rotación del personal sigue siendo elevada, en parte vinculada al ciclo político. No obstante, este problema está siendo abordado por el refuerzo del papel de coordinación de la Oficina del Viceprimer Ministro, que actúa como elemento de estabilización de la continuidad y la experiencia institucional de las organizaciones encargadas de la aplicación.

                  (16)

                  Los Fondos EIE son esenciales para hacer frente a los principales retos de mejora de la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo en Eslovaquia. Eslovaquia sufrió una pérdida de 26 millones EUR de financiación para investigación e innovación en 2017, principalmente debido a problemas con la aplicación de los criterios de selección y la selección de los evaluadores, según lo confirmaron las comprobaciones efectuadas. Si no se adoptan medidas para acelerar la aplicación, existe un riesgo elevado de que se pierda otra parte de la financiación. Aunque el porcentaje de selección de proyectos ha superado la mitad de la asignación total para el actual período de programación, la aplicación sobre el terreno resultó en pagos a los beneficiarios que solo suponen un 11 % de la asignación.

                  (17)

                  La escasa eficacia de la Administración pública también se traslada a otros sectores, como la energía y el medio ambiente. Las tasas de reciclado son muy bajas y la calidad del aire sigue siendo relativamente pobre. La gestión sostenible de los bosques constituye un reto cada vez mayor. El sector de la energía sufre de un exceso de regulación y las políticas energéticas no están plenamente en consonancia con los objetivos climáticos y energéticos de la Unión.

                  (18)

                  Eslovaquia ha adoptado importantes medidas para establecer un sistema de contrataciones públicas eficaz y ha hecho esfuerzos para introducir criterios cualitativos en la adjudicación de contratos. Para octubre de 2018 deberían estar funcionando herramientas electrónicas obligatorias para la tramitación de los procedimientos de contratación pública. Aunque no hayan sido óptimas desde el punto de vista de la eficacia, se han realizado previamente verificaciones exhaustivas de todos los proyectos financiados a través de los Fondos EIE. No obstante, todavía no se han logrado resultados satisfactorios en los ámbitos de los controles internos, la transparencia, la digitalización, la profesionalización de los servicios y la contratación pública estratégica y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Esto se refleja en los resultados que Eslovaquia obtiene con respecto a las prácticas contrarias a las normas de competencia, que siguen estando un poco por encima de la media de la Unión, a pesar de unas ligeras mejoras. Por otra parte, los indicios de compromiso en la lucha contra la corrupción siguen siendo limitados. Más de la mitad de las empresas consideran que la corrupción está muy extendida en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales.

                  (19)

                  La corrupción, unos procedimientos administrativos complejos, las normativas excesivas y rápidamente cambiantes aplicables a las empresas y las preocupaciones sobre la gobernanza de varios organismos reguladores afectan sobremanera a la calidad de la actividad empresarial eslovaca. Aunque haya perdido terreno en algunas comparaciones internacionales, Eslovaquia ha definido una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de la actividad empresarial y estimular la inversión. También ha reforzado su marco aplicable a la normativa sobre evaluaciones de impacto, ampliando su uso en los últimos años. Por último, recientemente se ha adoptado la RIA (evaluación de impacto de la legislación) 2020, una nueva estrategia para legislar mejor. Persisten importantes obstáculos reglamentarios en el sector de los servicios a las empresas, pues las restricciones son superiores a la media de la Unión en lo que respecta a arquitectos, ingenieros, asesores fiscales, abogados, agentes de patentes, agentes inmobiliarios y guías turísticos. En la Comunicación de la Comisión de 10 de enero de 2017 relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales se hicieron recomendaciones destinadas a abordar los obstáculos reglamentarios. No obstante, Eslovaquia no ha informado de ningún avance en lo que respecta a la subsanación de esas restricciones.

                  (20)

                  En general, no se han logrado avances en la intensificación de la lucha contra la corrupción. La percepción de la existencia de corrupción sigue siendo elevada y el enjuiciamiento de estos delitos ha disminuido todavía más. Esta percepción se ha deteriorado aún más a raíz del asesinato de un periodista de investigación que había hecho averiguaciones sobre un gran número de casos importantes de corrupción. La proporción de casos importantes de corrupción enjuiciados es bajísima. La falta de rendición de cuentas de la policía y la fiscalía no se ha resuelto y obstaculiza la lucha contra la corrupción y las investigaciones de los casos de corrupción sensibles.

                  (21)

                  Mejorar la efectividad y la independencia del sistema judicial constituye un reto para Eslovaquia, a pesar de algunas mejoras en materia de eficiencia. Persiste la preocupación por la independencia de la judicatura, por ejemplo los procedimientos de nombramiento de jueces en todas las escalas del sistema judicial.

                  (22)

                  Aunque el estímulo a la innovación puede impulsar la competitividad y facilitar la transición hacia una economía basada en el conocimiento, la capacidad de Eslovaquia para innovar sigue siendo limitada, ya que la actividad de I+D de las empresas es muy baja (0,40 % del PIB en 2016). Aunque en Eslovaquia existe gran sector industrial de tecnología media y alta, las empresas multinacionales dominantes solo han mostrado hasta el momento un interés limitado en desarrollar actividades I+D y el porcentaje de pymes con innovación interna fue mucho menor en Eslovaquia (13,9 %) que en el conjunto de la Unión (28,8 %) en 2016.

                  (23)

                  La inversión pública en I+D se incrementó marcadamente entre 2009 y 2015, debido al recurso a los Fondos EIE. El pleno potencial de estas inversiones no ha llegado a alcanzarse debido a ineficiencias en el entorno de investigación eslovaco. A pesar del refuerzo de la Oficina del Viceprimer Ministro para coordinar la investigación, el desarrollo y la innovación, la gobernanza en este ámbito es deficiente. La naturaleza fragmentada del sistema y el débil marco de gobernanza, dado que las responsabilidades se dividen entre varios ministerios y organismos que a menudo pecan de falta de coordinación, da lugar al constante aplazamiento de las reformas. Las medidas para estimular la transferencia de conocimientos, reforzar las capacidades de investigación en la industria y mejorar la cooperación entre las empresas y el mundo académico avanzan muy lentamente.

                  (24)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Eslovaquia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovaquia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovaquia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (25)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Eslovaquia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 4,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Aplicar medidas para aumentar la relación coste/eficacia del sistema sanitario y elaborar una estrategia más eficaz en materia de personal sanitario.

                  2.

                  Reforzar las medidas de activación y capacitación, incluida una formación orientada a la calidad y servicios individualizados para los grupos desfavorecidos, en especial mediante la obtención de resultados en el plan de acción para desempleados de larga duración. Fomentar el empleo de las mujeres, en particular mediante la oferta de servicios de guardería de calidad a precios asequibles. Mejorar la calidad y el carácter inclusivo de la educación, por ejemplo aumentando la participación de los niños gitanos en el sistema educativo, desde el parvulario.

                  3.

                  Aumentar el uso de los criterios de calidad y de costes del ciclo de vida en las operaciones de contratación pública. Luchar contra la corrupción, en particular garantizando el cumplimiento de la legislación existente y aumentando la rendición de cuentas de la policía y la fiscalía. Mejorar la eficacia del sistema judicial, especialmente salvaguardando la independencia judicial en los nombramientos de jueces. Reducir la fragmentación del sistema público de investigación y estimular la innovación empresarial, en particular para las pymes.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Francia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/39

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Francia
      (2018/C 320/09)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

                  (2)

                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

                  (3)

                  El informe específico de 2018 sobre Francia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los puntos vulnerables derivan del alto nivel de deuda pública y de una pobre dinámica de competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. El riesgo de una repercusión adversa en la economía francesa y, dado el tamaño de esta, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria, es especialmente grande.

                  (4)

                  El 25 de abril de 2018, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (5)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (6)

                  Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo y la Decisión (UE) 2018/924 del Consejo (6) de derogar el procedimiento de déficit excesivo, Francia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del déficit global, que pasaría del – 2,6 % del PIB en 2017 al + 0,3 % del PIB en 2022. No se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,4 % del PIB) se logre durante el período abarcado por el Programa de Estabilidad de 2018. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 97,0 % del PIB en 2017 al 89,2 % en 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

                  (7)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Francia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no supere el 1,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de Francia para 2018 y tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Francia, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario considerar ningún otro elemento adicional. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

                  (8)

                  En 2019, en vista de la ratio de la deuda pública de Francia superior al 60 % del PIB y de la brecha de producción prevista del 0,6 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,4 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Francia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio extraordinario para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.

                  (9)

                  El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la Unión. Está previsto que la ratio de gasto se sitúe en el 56,0 % del PIB en 2018, es decir, 10,6 puntos porcentuales más que la media de la Unión. Aunque la estrategia de saneamiento de los últimos años se ha beneficiado principalmente del descenso de los tipos de interés y de recortes en la inversión pública, esta situación de tipos bajos tiene pocas probabilidades de mantenerse a medio plazo y el recorte en las inversiones productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Las revisiones de gastos realizadas desde 2014 no consiguieron ahorros importantes y las mejoras de eficiencia fueron limitadas debido a la falta de seguimiento adecuado y a la escasa implicación política. La estrategia más reciente de revisión del gasto ha sido abandonada y será sustituida por Acción Pública 2022 (Action Publique 2022), cuyos principios se recogen en el mandato otorgado por el Gobierno en octubre de 2017. El Comité de Acción Pública 2022 (Comité Action Publique 2022) debe elaborar un informe antes del verano de 2018 y analizar las medidas que es preciso adoptar. Sin embargo, no se han propuesto todavía unas medidas claramente especificadas y los nuevos ahorros en este marco solo se materializarán a partir de 2020. Los esfuerzos para hacer frente a las actuales necesidades de saneamiento presupuestario a corto y medio plazo podrían beneficiarse de una rápida aplicación de medidas de reducción del gasto.

                  (10)

                  En la actualidad, en Francia coexisten 37 regímenes de pensión diferentes que cubren a diversos grupos de trabajadores y funcionan con arreglo a conjuntos de normas dispares. Unificar progresivamente la normativa permitiría mejorar la transparencia del sistema, aumentar la solidaridad intergeneracional y fomentar la movilidad laboral. La armonización de las normas de cálculo también contribuiría a controlar mejor el gasto público. Si bien se espera que las reformas de las pensiones ya adoptadas reduzcan el nivel de gasto público en pensiones a largo plazo, un sistema de pensiones más sencillo y eficaz podría generar ahorros adicionales y ayudar a mitigar los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Según un estudio reciente realizado por la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP), la adaptación de los distintos regímenes de pensiones en los sectores público y privado podría aportar un ahorro de más de 5 000 millones EUR al gasto público de aquí a 2022.

                  (11)

                  La tasa de desempleo disminuyó del 10,4 % en 2015 al 9,4 % en 2017, y se prevé que baje aún más en los próximos años, mientras que la tasa de empleo aumentó hasta el 70,6 % en 2017. Sin embargo, las condiciones del mercado de trabajo para los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen migrante (primera y segunda generación) siguen siendo relativamente más difíciles. En 2017, solo el 55,6 % de las personas no nacidas en la UE (de entre 20 y 64 años) tenía trabajo, cifra inferior en 17,0 puntos porcentuales a la cifra correspondiente a los nacidos en Francia. Los habitantes de las zonas más desfavorecidas (Quartiers de la politique de la ville), entre ellos los de origen migrante, siguen enfrentándose a dificultades específicas en el mercado laboral. Pese a las medidas adoptadas, el impacto del origen socioeconómico y del origen migrante en los resultados educativos es comparativamente alto y obstaculiza la integración en el mercado de trabajo. También hay indicios de prácticas discriminatorias en dicho mercado. Un apoyo eficaz al empleo activo, incluido la formación lingüística, una orientación profesional intensiva y la ayuda a la contratación, así como el refuerzo de las medidas contra las prácticas discriminatorias, son claves para promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

                  (12)

                  La Ley de 2016 sobre el trabajo, que moderniza el diálogo social y asegura las trayectorias profesionales pretende mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir el porcentaje de trabajadores con contratos temporales. Aunque se están registrando más contratos de duración indeterminada, la segmentación del mercado de trabajo sigue siendo un reto y debería fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido. En este contexto, es importante finalizar la aplicación del ambicioso programa de reformas en curso, que abarca la reforma recientemente adoptada del Derecho laboral, la reforma prevista del sistema de prestaciones por desempleo y la del sistema de educación y formación profesionales, incluida la formación de aprendices.

                  (13)

                  La implantación gradual de medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo ha mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En relación con el salario medio, en 2016 Francia tenía uno de los mayores tipos de cotizaciones sociales empresariales en la Unión como porcentaje del total de los costes laborales. Las medidas políticas existentes destinadas a reducir el coste de la mano de obra se deben seguir consolidando y reforzando a partir de 2019, con la anunciada transformación de la bonificación fiscal para la competitividad y el empleo (CICE) en una reducción general de las cotizaciones sociales de los empresarios, y la introducción de reducciones adicionales para los salarios bajos, a fin de impulsar el empleo de las personas poco cualificadas.

                  (14)

                  Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación, sin ningún tipo de subida ad hoc. Por ello, ha crecido más lentamente que los salarios de referencia (1,23 % en 2017, en comparación con el 1,31 % del salario medio), en un contexto de baja inflación y crecimiento endeble de los salarios. Si bien comparado con otros países el salario mínimo es alto en relación con el salario medio, el coste de los trabajadores que reciben el salario mínimo se ha reducido significativamente debido a reducciones de las cotizaciones sociales. Estas reducciones se intensificarán y serán permanentes a partir de 2019. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación (único en la Unión) podría limitar el ajuste de los salarios a unas condiciones cambiantes, con posibles consecuencias negativas sobre la competitividad. Un grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo y elabora dictámenes no vinculantes sobre su evolución. En 2017, el grupo recomendó revisar la fórmula de indexación del salario mínimo, por ejemplo limitándolo únicamente a una indexación en función de la inflación.

                  (15)

                  El actual sistema inicial de educación y formación profesionales no está suficientemente preparado para la integración en el mercado laboral y una parte significativa de los estudiantes son orientados hacia vías con escasas perspectivas de empleo. Además, los estudiantes franceses de educación y formación profesionales logran resultados muy inferiores a la media de la Unión, mientras que los de la enseñanza general los obtienen mucho mejores. En este contexto, las medidas para fomentar el aprendizaje, asociadas a mejores perspectivas de empleo, junto con medidas destinadas a mejorar los resultados escolares, son esenciales para apoyar el empleo juvenil y fomentar la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, es también importante mejorar el acceso a la formación permanente de los trabajadores y los demandantes de empleo poco cualificados y promover la obtención de mayores cualificaciones, respaldada por una formación adecuadamente orientada. Como reflejo de estos retos y, en concreto, de la necesidad de mejorar la gobernanza del sistema, garantizar la relevancia del mercado laboral así como la calidad y el acceso a una formación y unas transiciones laborales seguras, el Gobierno presentó el 27 de abril de 2018 un proyecto de ley de reforma del sistema de formación de aprendices y de educación y formación profesionales continua. Además, el Programa Nacional de Reformas de 2018 confirma la intención de aplicar un plan de inversión de 14 000 millones EUR para la adquisición de capacidades y abre la vía a la reforma complementaria de los centros de formación profesional inicial.

                  (16)

                  En general, el sistema de protección social ofrece buenos resultados. Las desigualdades de ingresos después de las transferencias se sitúan por debajo de la media de la Unión y el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pese a un reciente aumento, permanece en un nivel relativamente bajo. Sin embargo, algunos grupos corren más riesgo de pobreza, en particular las familias monoparentales, las personas que no han nacido en la Unión y las que viven en zonas urbanas desfavorecidas. El acceso a una vivienda digna para las personas pobres sigue siendo un motivo de preocupación. A pesar de las recientes mejoras, las viviendas sociales escasean en algunas zonas.

                  (17)

                  Pese a las reformas en curso para reducir la presión fiscal sobre las empresas y apoyar las inversiones productivas, el sistema fiscal francés sigue caracterizándose por un elevado nivel de complejidad en el que el gasto fiscal, los impuestos ineficientes y los impuestos sobre la producción obstaculizan el buen funcionamiento de las empresas. El elevado gasto fiscal (créditos fiscales, exenciones, reducción de impuestos) añade una carga a las que ya pesan sobre las empresas, en particular las pymes, debido al incremento de los costes de cumplimiento, y genera incertidumbre. También genera costes adicionales de control para la Administración tributaria. En la Ley presupuestaria para 2018, los gastos fiscales se incrementarán en número y en valor, previéndose que alcancen los 99 800 millones EUR en 2018 (4,2 % del PIB), frente a 93 000 millones EUR en 2017. Además, se han localizado alrededor de 192 impuestos que generan pocos ingresos (menos de 150 millones EUR al año), pero solo un número muy limitado han sido eliminados desde 2014 (8). Por último, Francia tiene un nivel muy alto de impuestos sobre la producción en la Unión (9) (3,1 % del PIB en 2016), consistentes principalmente en impuestos sobre el capital y el trabajo que soportan las empresas como resultado de su participación en la producción, independientemente de sus resultados económicos.

                  (18)

                  Los servicios de mercado representaban más del 50 % del valor añadido, un 40 % del empleo y el 20 % del valor añadido de las exportaciones de la industria manufacturera francesa en 2016. Pese a que la competencia en los servicios de mercado tiene un impacto en toda la economía, se siguen viendo obstaculizados por requisitos normativos y cargas administrativas, que suponen también obstáculos a la capacidad de crecimiento de las empresas. Las reformas en el sector de los servicios podrían tener un significativo impacto económico positivo si fuesen suficientemente ambiciosas y se aplicasen plenamente. Al priorizar los esfuerzos de reforma, es importante tener en cuenta el significado económico y el rendimiento de los subsectores de los servicios. Un enfoque basado en indicadores utilizado para identificar las reformas prioritarias en los sectores de servicios apunta a una serie de servicios prestados a las empresas (arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y de contabilidad, servicios administrativos y de apoyo), el comercio minorista, la hotelería y la hostelería, y la sanidad. En el ámbito específico de los servicios profesionales, la Ley de Crecimiento, Actividades e Igualdad de Oportunidades Económicas (conocida como «Ley Macron»), de 6 de agosto de 2015, solo relajó las restricciones en un pequeño número de profesiones, la mayor parte de ellas de carácter jurídico. Sigue habiendo margen para realizar más reformas en los servicios profesionales. Otras reformas deberían centrarse en las restricciones específicas a la entrada y al ejercicio (por ejemplo, reservas de actividad, restricciones del derecho de voto, restricciones a la participación accionarial, restricciones multidisciplinares y númerus clausus), que se consideran excesivas. Las reformas destinadas a abordar los principales obstáculos a la expansión de las empresas podrían incluir la eliminación en los reglamentos de los efectos de umbral ligados a criterios relacionados con el tamaño y la reducción de las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Por último, la mejora de la cobertura de banda ancha mejoraría su capacidad para beneficiarse de la economía digital.

                  (19)

                  Según el Cuadro europeo de indicadores de la innovación, los resultados en materia de innovación de Francia siguen siendo inferiores a los de los líderes en innovación de la Unión, pese a la cuantía relativamente elevada de las ayudas públicas concedidas. En particular, la mejora de la eficiencia de los programas públicos de apoyo incluido el crédito fiscal para investigación y desarrollo (Crédit d'impôt recherche) estimularía mejor los resultados de la innovación. A este respecto, los resultados de las evaluaciones en curso también deben tenerse en cuenta a fin de mejorar el diseño de las ayudas públicas a la innovación. La transferencia de conocimientos entre investigación pública y empresas sigue planteando un reto y limita la explotación comercial de los resultados de la investigación. En comparación con otros países de la Unión, Francia tiene pocas publicaciones en las que colaboren los sectores público y privado y la I+D pública financiada por empresas. Existe, por ende, cierto potencial para reforzar los mecanismos de transferencia entre el mundo académico y la industria mediante la simplificación de la colaboración en materia de investigación y la incentivación de la movilidad de los investigadores.

                  (20)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (21)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (10) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

                  (22)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,4 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los beneficios extraordinarios para acelerar la reducción del déficit de las administraciones públicas. Realizar ahorros de gastos en 2018 y definir con precisión los objetivos y las nuevas medidas necesarias en el marco de Action Publique 2022, que se traduzcan en una reducción de gastos concretos y en medidas de mejora de la eficiencia en el presupuesto de 2019. Unificar progresivamente las normas de los diferentes regímenes de pensiones para reforzar su equidad y sostenibilidad.

                  2.

                  Proseguir las reformas del sistema de educación y formación profesionales con el fin de reforzar su adecuación al mercado de trabajo y mejorar el acceso a la formación, en particular en el caso de los trabajadores poco cualificados y los demandantes de empleo. Impulsar la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, especialmente el de los trabajadores de origen migrante y las personas que viven en zonas desfavorecidas. Garantizar que la evolución del salario mínimo sea compatible con la creación de empleo y la competitividad.

                  3.

                  Simplificar el sistema tributario, limitando el uso de los gastos tributarios, suprimiendo impuestos ineficientes y reduciendo los impuestos sobre la producción que gravan a las empresas. Reducir la carga normativa y administrativa para incrementar la competencia en el sector de los servicios y apoyar el crecimiento de las empresas. Intensificar los esfuerzos para aumentar el rendimiento del sistema de innovación, en particular mejorando la eficiencia de los programas públicos de apoyo y reforzando la transferencia de conocimientos entre centros públicos de investigación y empresas.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

         (4)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (6)  Decisión (UE) 2018/924 del Consejo, de 22 de junio de 2018, por la que se deroga la Decisión 2009/414/CE, sobre la existencia de un déficit excesivo en Francia (DO L 164 de 29.6.2018, p. 44).

         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (8)  Inspection Générale des Finances (2014), Les taxes à faible rendement.

         (9)  Los impuestos sobre la producción deben entenderse como «otros impuestos sobre la producción», de acuerdo con Eurostat (categoría D29).

         (10)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Polonia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/88

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Polonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Polonia
      (2018/C 320/20)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Polonia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Polonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Polonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

                  (3)

                  El 26 de abril de 2018, Polonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Polonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 1,7 % del PIB en 2017 a un 0,7 % en 2021. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, un déficit del 1,0 % del PIB en términos estructurales, de aquí a 2021, es decir, en el período cubierto por el Programa de Convergencia. El saldo estructural recalculado (5) apunta a un déficit del 1,3 % del PIB en 2021. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2018, la ratio deuda pública / PIB disminuirá del 50,6 % del PIB en 2017 al 50,4 % en 2018 y al 46,0 % para 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es cauteloso en 2018 y verosímil con posterioridad.

                  (6)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Polonia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 3,7 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Al mismo tiempo, se declaró que la evaluación del proyecto de plan presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Polonia. La Comisión ha realizado una evaluación cualitativa de los puntos fuertes de las condiciones económicas en Polonia, prestando la debida consideración a sus retos en materia de sostenibilidad. Sobre esta base, se concluye que no deben tenerse en cuenta elementos adicionales. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de ese ajuste recomendado en 2018.

                  (7)

                  En 2019, en vista de la previsión de una brecha de producción del 1,5 % del PIB en Polonia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 4,2 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (8)

                  A medio y largo plazo, Polonia tendrá que hacer frente a presiones sobre el gasto en varios ámbitos, en particular en relación con el envejecimiento de la población, que requieren nuevos mecanismos para evaluar la eficiencia y la eficacia del gasto público y facilitar una reasignación de los recursos. Con este fin, el Gobierno ha comenzado a trabajar en la reforma del proceso presupuestario, en particular para reforzar el marco presupuestario a medio plazo, e incorporar las revisiones del gasto en el proceso presupuestario. Polonia es el único Estado miembro sin un auténtico consejo presupuestario independiente y sin planes conocidos para crear uno, aunque las instituciones independientes existentes realizan algunas de las funciones de dicho consejo. El informe por país de 2018 concluye que Polonia no ha avanzado en limitar el uso generalizado de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. No obstante, el Ministerio de Hacienda polaco está trabajando para simplificar el modo en que los tipos aplicables se asignan a los bienes y servicios.

                  (9)

                  El comportamiento del mercado laboral polaco ha sido satisfactorio en los últimos años y las tasas de empleo han seguido aumentando. Sin embargo, la participación de algunos grupos en la población activa, especialmente las mujeres, los trabajadores poco cualificados y las personas de edad avanzada, sigue siendo baja en comparación con otros Estados miembros. Varias medidas recientes han tendido a disminuir los incentivos para trabajar, especialmente en el caso de las mujeres y las personas de edad avanzada. El sistema de protección social polaco ofrece insuficientes incentivos al trabajo. Mientras que las prestaciones por hijos han reducido la pobreza y la desigualdad, ya han tenido un efecto negativo en la participación de los padres, en su mayoría mujeres, en el mercado de trabajo, pues su tamaño y limitados recursos compensan los incentivos al trabajo de otras prestaciones sociales. La tasa de matriculación en guarderías oficiales de los niños menores de tres años sigue siendo una de las más bajas de la Unión, lo que dificulta aún más la participación de las mujeres en el mercado laboral. El limitado apoyo a disposición de las personas que prestan cuidados de larga duración les impide acceder al mercado laboral. La reducción de la edad legal de jubilación ha animado a algunos de los trabajadores de más edad a abandonar el mercado laboral. La migración procedente de países no pertenecientes a la UE está contribuyendo a satisfacer el aumento de la demanda de mano de obra.

                  (10)

                  Una vía complementaria para apoyar tanto la participación en la población activa como la capacidad innovadora de la economía es dotar a los alumnos y a los adultos de competencias y cualificaciones profesionales adecuadas que impulsen el empleo en un mercado de trabajo en rápida transformación. El porcentaje de la participación de los adultos en la educación y la formación es muy inferior a la media de la Unión. Este hecho, unido a la existencia de algunas deficiencias en las competencias digitales, así como en lectura, escritura y cálculo, en particular entre los adultos con educación inferior al nivel superior, está obstaculizando su empleabilidad. Todavía no se sabe hasta qué punto las medidas introducidas recientemente y planificadas, como los cambios en la organización de la enseñanza general, la formación profesional y la educación superior, tendrán un impacto en los niveles de cualificación.

                  (11)

                  Polonia ha seguido adoptando medidas para abordar la segmentación del mercado laboral, limitando la posibilidad de abuso del empleo temporal, aumentando las contribuciones a la seguridad social de algunos contratos de trabajo atípicos, e introduciendo un salario mínimo por hora para algunos de estos contratos. El número y la proporción de contratos indefinidos ha aumentado desde finales de 2016; no obstante, la proporción de contratos temporales sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Algunos otros cambios legislativos pertinentes para la dualidad del mercado laboral podrían incluirse en la reforma del Código Laboral. La cobertura de la protección social de los trabajadores autónomos y de aquellos con determinados contratos atípicos parece un problema potencial, especialmente desde el punto de vista de la adecuación de sus futuras pensiones. Desde 2015 se han introducido distintas medidas para mejorar la cobertura de la protección social de los trabajadores autónomos y de los trabajadores con contratos atípicos.

                  (12)

                  La edad media de jubilación se ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de anteriores reformas, tales como la retirada de las posibilidades de jubilación anticipada y el incremento gradual de la edad legal de jubilación. Un aumento continuado de la edad efectiva de jubilación es crucial para el crecimiento económico a medio plazo y para garantizar la adecuación y la sostenibilidad presupuestaria del sistema de pensiones. No obstante, la reciente reducción de la edad legal de jubilación a los 60 años para las mujeres y a los 65 años para los hombres va en la dirección opuesta. En cambio, la edad de jubilación de los jueces, tanto hombres como mujeres, de los tribunales ordinarios se ha armonizado en 65 años, lo que está en consonancia con la petición de la Comisión. El régimen especial de seguridad social de los agricultores, subvencionado con un coste cercano al 1 % del PIB, es una de las causas de la escasa movilidad de la mano de obra y del desempleo encubierto en la agricultura.

                  (13)

                  Se precisan un mejor acceso a la atención sanitaria y un aumento de su eficacia a fin de mejorar los resultados en materia de salud en Polonia. Las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas están entre las más altas de la Unión, y los tiempos de espera para determinadas intervenciones son especialmente prolongados. El número de camas de hospital es relativamente alto y no está distribuido de manera óptima desde el punto de vista geográfico. Los servicios sanitarios de asistencia primaria y ambulatoria se hallan por lo general infradesarrollados, con médicos que tienen incentivos para remitir las exploraciones y el tratamiento a especialistas. Abordar estas cuestiones es especialmente difícil, habida cuenta de que el nivel de financiación pública y el número de personal médico y de enfermería en determinadas especialidades en Polonia están muy por debajo de la media de la Unión. En 2017 se realizaron algunos esfuerzos para distribuir los recursos de asistencia sanitaria de forma más eficiente, pero los efectos de estas medidas están aún por verse.

                  (14)

                  El aumento de la capacidad de la economía para innovar es fundamental para permitir a Polonia ascender en la cadena de valor mundial, respaldando así el potencial para mejorar el nivel de vida. Esto requiere medidas en muchos frentes en un proceso gradual de varios años. Entre los principales ámbitos pertinentes figuran la creación de un clima de confianza en el entorno reglamentario; ofrecer incentivos para que las empresas gasten en I+D; reforzar la base científica, en particular a través de reformas de la educación superior; y fomentar un fuerte flujo de conocimientos y una estrecha cooperación entre las empresas y los centros de investigación. Esto último incluye también garantizar condiciones favorables para la comercialización de la investigación, desarrolladas y financiadas con fondos públicos. Ya se han aplicado varias medidas en estos ámbitos, y el Gobierno está planeando otras.

                  (15)

                  El rápido ritmo del cambio normativo y el uso limitado de las consultas públicas y las consultas a los interlocutores sociales sobre una serie de leyes fundamentales inciden en la calidad de la legislación y aumentan la incertidumbre de las empresas. Garantizar el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial son también esenciales en este contexto. Cabe recordar que, en diciembre de 2017, la Comisión presentó al Consejo una propuesta motivada para determinar la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de Polonia. La seguridad jurídica y la confianza en la calidad y la previsibilidad de las instituciones y las políticas normativas, fiscales y otras son factores importantes que podrían permitir un aumento de la tasa de inversión. Unas evaluaciones de impacto previas y posteriores sólidas, y unas consultas públicas y a los interlocutores sociales bien diseñadas y realizadas podrían ayudar a mejorar la calidad de la legislación, limitar la necesidad de modificaciones posteriores y, de esta manera, aumentar la previsibilidad del entorno normativo. Esto también podría ayudar a limitar los posibles efectos colaterales negativos a corto plazo de las nuevas leyes, como por ejemplo el aumento temporal de la carga administrativa resultante de un cambio en la legislación fiscal.

                  (16)

                  La red viaria se ha desarrollado rápidamente gracias a la financiación de la Unión, pero la tasa de mortalidad en carretera sigue siendo una de las más altas de la Unión. Por otra parte, las ciudades se enfrentan a crecientes retos de movilidad, como la congestión y la contaminación atmosférica creadas por el aumento de la flota de automóviles y la gran proporción de coches antiguos. Los actuales incentivos para utilizar el transporte público, que tiene un nivel bajo de emisiones, y los modos de desplazamiento activos son insuficientes para hacer abordar estos retos. La ejecución de proyectos ferroviarios cofinanciados por la Unión sigue enfrentándose a importantes cuellos de botella debido principalmente a la limitada capacidad del sector de la construcción y a la debilidad institucional del gestor de infraestructuras ferroviarias. Aunque el Gobierno prevé actualizar un documento estratégico pertinente, en la actualidad no se dispone de información suficiente sobre una visión estratégica para el desarrollo a largo plazo de las redes de transporte en todos los modos después de 2023. Sus respectivos papeles quedarían claramente definidos y atribuidos en dicho documento. Además, a pesar de las inversiones realizadas en los últimos años, siguen existiendo cuellos de botella y deficiencias en las redes e infraestructuras energéticas.

                  (17)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Polonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Polonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Polonia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (18)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Polonia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 4,2 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Tomar medidas para mejorar la eficiencia del gasto público, en particular mejorando el proceso presupuestario.

                  2.

                  Adoptar medidas para aumentar la participación en el mercado laboral, en particular mediante la mejora del acceso a la asistencia infantil y el fomento de las capacidades necesarias para el mercado de trabajo, especialmente a través del aprendizaje de adultos y la supresión de los obstáculos a formas más permanentes de empleo. Garantizar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones mediante la adopción de medidas destinadas a aumentar la edad efectiva de jubilación y la reforma de los regímenes preferentes de pensiones.

                  3.

                  Fortalecer la capacidad de innovación de la economía, en particular apoyando una colaboración más estrecha entre las empresas y los centros de investigación. Mejorar el marco regulador, en particular garantizando unas consultas públicas y de los interlocutores sociales efectivas en el proceso legislativo.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

         (6)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un periodo de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

         (7)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Croacia

text:
               10.9.2018

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 320/44

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Croacia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Croacia
      (2018/C 320/10)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

                  (2)

                  El informe específico de 2018 sobre Croacia se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Croacia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Croacia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Croacia todavía experimenta desequilibrios macroeconómicos excesivos, aunque se están reduciendo. Las vulnerabilidades están vinculadas a niveles elevados de deuda pública, privada y externa, en gran medida denominada en moneda extranjera. El nivel de préstamos dudosos sigue siendo elevado, especialmente para las sociedades no financieras. El potencial de crecimiento de Croacia sigue siendo insuficiente para permitir un ajuste duradero y en general se han registrado escasos avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar los problemas crónicos de baja utilización de la mano de obra y lento crecimiento de la productividad. La competitividad y la inversión se siguen viendo obstaculizadas por un entorno empresarial restrictivo, y la fragmentación de la Administración pública supone un lastre para la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

                  (3)

                  El 26 de abril de 2018, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

                  (4)

                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

                  (5)

                  Croacia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. Partiendo de un superávit de las administraciones públicas del 0,8 % del PIB en 2017, el Programa de Convergencia de 2018 prevé que el saldo global caiga hasta registrar un déficit del 0,5 % del PIB en 2018 y que después mejore gradualmente hasta llegar a un superávit del 0,5 % del PIB en 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,75 % del PIB) se prevé que siga alcanzándose con creces durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB baje del 78,0 % del PIB en 2017 al 75,1 % en 2018 y que siga disminuyendo hasta el 65,9 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sin embargo, los objetivos presupuestarios previstos parecen prudentes. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman el saldo de las administraciones públicas en el 0,7 % y el 0,8 % del PIB en 2018 y 2019, respectivamente.

                  (6)

                  El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Croacia permanecer en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el – 0,3 % del PIB en 2018 y en el – 0,6 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Croacia cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que Croacia cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

                  (7)

                  La adopción prevista de legislación fundamental para mejorar el marco presupuestario de Croacia está pendiente desde hace tiempo. Los fallos en la concepción de la normativa fiscal digital hacen ineficaz la planificación de la política presupuestaria y el papel de la Comisión de Política Presupuestaria como organismo independiente es todavía poco relevante. El aún elevado nivel de deuda pública de Croacia y su exposición al riesgo de tipo de cambio significa que siguen siendo esenciales unas prácticas sanas de gestión de la deuda. En 2017 se reforzó la función de gestión de la deuda y se elaboró una estrategia para dicha gestión, que exige actualizaciones periódicas. La introducción de un impuesto sobre bienes inmuebles ya se pospuso y no hay indicios de cuándo y cómo se aplicará. Esto deja a Croacia con una baja proporción de ingresos procedentes de la fiscalidad recurrente sobre los bienes inmuebles. Tal impuesto podría crear margen para mejorar una recaudación de ingresos que favorezca el crecimiento, garantizando al mismo tiempo una fuente de ingresos estable y previsible para las administraciones locales.

                  (8)

                  El mercado laboral croata siguió recuperándose en 2017. No obstante, las tasas de empleo y de actividad siguen estando muy por debajo de la media de la Unión, lo que obstaculiza el crecimiento potencial. Hasta la fecha, la edad legal de jubilación es de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. La convergencia y el aumento de la edad legal de jubilación es lento, porque está previsto que ambos sexos no alcancen la edad de jubilación de 67 años hasta 2038. Además, los trabajadores mayores pueden beneficiarse de muchas vías para la jubilación anticipada y el sistema de pensiones incluye una serie de regímenes especiales que ofrecen unas condiciones de jubilación más favorables. Las responsabilidades familiares de las mujeres contribuyen además a su reducida participación en el mercado laboral. La consiguiente baja duración media de la vida laboral implica una insuficiencia de las pensiones actuales y futuras, y riesgo de pobreza en la vejez. Las medidas anunciadas para fomentar la prolongación de la vida laboral todavía no se han aplicado.

                  (9)

                  Aunque existe una estructura de diálogo social en Croacia, la interacción efectiva entre las autoridades y las partes interesadas en el proceso de elaboración de las políticas es limitada y ha estado circunscrita principalmente a la comunicación por escrito de opiniones sobre las medidas propuestas por el Gobierno. Además, la gran fragmentación de los sindicatos limita su capacidad para implicarse realmente en el diálogo social.

                  (10)

                  A pesar de recientes mejoras, la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo alta, con marcadas disparidades territoriales entre condados. Los mayores, los trabajadores menos cualificados y las personas con discapacidad se ven particularmente afectados. El sistema de protección social presenta carencias desde el punto de vista de la eficacia y la equidad. Las prestaciones sociales tienen una limitada capacidad de reducción de la pobreza. La falta de coordinación entre instituciones y la inferior capacidad presupuestaria de las administraciones locales más pobres provoca disparidades en la oferta de prestaciones sociales.

                  (11)

                  Croacia se sitúa por debajo de la media de la Unión en materia de inversión en educación, educación primaria y guarderías, formación básica, número de personas con estudios de educación superior finalizados y relevancia de la educación y la formación profesionales para el mercado laboral. El país ha iniciado la aplicación de varias reformas contempladas en la estrategia en materia de educación, ciencia y tecnología. Es probable que la reforma de los planes de estudio tenga un impacto positivo en la calidad de la enseñanza, si se aplica en su totalidad y coherentemente con otras acciones en el marco de la estrategia. La importancia para el mercado laboral de los programas de formación profesional parece escasa, como sugiere el hecho de que más de la mitad de los desempleados registrados tienen un título de formación profesional. Es necesaria una mayor coordinación entre las autoridades públicas y las empresas para mejorar la identificación de las necesidades en materia de cualificaciones. El sistema de educación de adultos destinado a contribuir a la inclusión en el mercado laboral se caracteriza por un gran número de prestadores en todo el país, aunque desigualmente distribuidos, y por unos programas de aprendizaje que no se evalúan adecuadamente. La participación en programas de educación de adultos y programas educativos ofrecidos como parte de las políticas activas del mercado laboral es sumamente baja.

                  (12)

                  La fragmentación territorial de la Administración pública croata y la amplia distribución de competencias entre los niveles de gobierno lastran la eficacia de los servicios públicos y del gasto público. Muchas pequeñas unidades locales carecen de la suficiente capacidad financiera y administrativa para desarrollar funciones descentralizadas. Los indicadores de la eficacia de la Administración pública muestran unos resultados inferiores a la media de la Unión, lo que constituye un obstáculo para el diseño y la aplicación de políticas públicas y para un uso más eficiente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La reducción prevista del número de sucursales locales de la Administración central y la racionalización del sistema de organismos estatales se han pospuesto nuevamente. La falta de coherencia en los mecanismos de fijación de salarios en la Administración y los servicios públicos impiden la igualdad de trato y el control del Gobierno sobre la masa salarial del sector público. La legislación prevista para su armonización se ha pospuesto de nuevo, hasta mediados de 2018. Las autoridades han dado los primeros pasos para integrar algunas funciones de los hospitales, con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y el acceso a la atención sanitaria. No obstante, un modelo inefectivo de financiación del sistema sanitario resulta en una acumulación de deudas, especialmente por lo que respecta a la asistencia hospitalaria.

                  (13)

                  Las empresas estatales mantienen su gran presencia en la economía. Las medidas para mejorar su gestión han avanzado lentamente, y continúan mostrando bajos niveles de productividad y rentabilidad. Se ha adoptado nueva legislación sobre gestión y enajenación de activos del Estado.

                  (14)

                  En noviembre de 2017 finalizó una revisión independiente de la calidad de los activos del Banco Croata de Reconstrucción y Desarrollo. Dada la importancia del Banco para la aplicación de los instrumentos financieros de la Unión y del Plan de Inversiones para Europa, así como su creciente implicación en préstamos directos, las conclusiones de la revisión deben utilizarse para reforzar el marco de supervisión y regulación del Banco y sus estructuras de gobernanza.

                  (15)

                  La carga administrativa y las exacciones parafiscales siguen pesando sobre la actividad empresarial. La reducción de la carga administrativa ha progresado de manera constante, aunque a un ritmo muy pausado. Las reducciones de tasas parafiscales han sido moderadas y la transparencia es baja, ya que no se llevaron a cabo ni la actualización periódica del registro ni evaluaciones de impacto de los recortes previstos.

                  (16)

                  El plan de acción contra la corrupción 2017-2018 debe aplicarse plenamente a fin de cumplir los objetivos de la estrategia de lucha contra la corrupción 2015-2020. Todavía se precisan mejoras en varios elementos clave, especialmente la declaración de patrimonio y de conflictos de intereses, la sensibilización sobre los cauces de denuncia de irregularidades y un control efectivo de los riesgos en la contratación pública, que sigue siendo muy vulnerable a la corrupción debido a la gran proporción de procedimientos de contratación internos en las entidades de propiedad estatal.

                  (17)

                  La normativa restrictiva en los mercados de bienes y servicios, en particular un elevado número de profesiones muy reguladas, dificulta la competencia. La flexibilización de la normativa ha sido lenta en el contexto de una fuerte oposición por parte de grupos de interés.

                  (18)

                  La lentitud de los procedimientos judiciales y los retrasos acumulados siguen pesando sobre la calidad y la eficiencia del sistema judicial y, por consiguiente, en la actividad empresarial. El descenso observado de los retrasos se debió principalmente a una menor entrada de nuevos asuntos y no a unas resoluciones más rápidas. A pesar de las mejoras registradas, la comunicación electrónica de los litigios y los procedimientos de insolvencia sigue infrautilizada.

                  (19)

                  Mediante la estrategia de especialización inteligente de Croacia se están realizando esfuerzos específicos para reformar el sistema nacional de ciencia e innovación. Las responsabilidades políticas en materia de apoyo a la ciencia y la innovación parecen poco coordinadas, lo que debilita la aplicación de la estrategia. Del mismo modo, las principales universidades tienen estructuras de gobernanza muy fragmentadas y normas administrativas rígidas. La cooperación entre las instituciones de investigación y la empresa es escasa. No se realiza un seguimiento sistemático y una evaluación de impacto de las políticas de investigación e innovación existentes, lo que impide la correcta fijación de prioridades. El sistema de enseñanza superior podría beneficiarse de incentivos para promover la calidad y la pertinencia del mercado laboral.

                  (20)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Croacia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Croacia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Croacia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

                  (21)

                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y opina (5) que cabe esperar que Croacia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (22)

                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Convergencia de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

            RECOMIENDA a Croacia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

                  1.

                  Reforzar el marco presupuestario, en particular el mandato y la independencia de la Comisión de Política Presupuestaria. Introducir un impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles.

                  2.

                  Desalentar la jubilación anticipada, acelerar el paso a una mayor edad legal de jubilación y ajustar las disposiciones aplicables a determinadas categorías de pensiones a las normas del régimen general. Reformar el sistema de educación y formación profesionales para mejorar su calidad y su adecuación al mercado laboral, tanto para los jóvenes como para los adultos. Consolidar las prestaciones sociales y mejorar su capacidad de reducción de la pobreza.

                  3.

                  Reducir la fragmentación territorial de la Administración pública, racionalizar la distribución funcional de competencias y mejorar la capacidad de diseño y aplicación de las políticas públicas. En consulta con los interlocutores sociales, introducir marcos armonizados de fijación de salarios en toda la Administración pública y en los servicios públicos.

                  4.

                  Mejorar la gestión de las empresas estatales e intensificar la venta de estas y la de activos no productivos. Reducir significativamente la carga que pesa sobre las empresas derivadas de las tasas parafiscales y de engorrosos requisitos administrativos y legislativos. Estimular la competencia en los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Reducir la duración de los procedimientos judiciales y mejorar la comunicación electrónica en los órganos jurisdiccionales.

         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.

               Por el Consejo

               El Presidente

            H. LÖGER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 41.

         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

         (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.