title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Letonia 2020/C 282/14

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/89

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Letonia
      (2020/C 282/14)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Letonia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Letonia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Letonia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  El 30 de abril de 2020, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Letonia se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 0,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 9,4 % en 2020. Se prevé que el déficit baje al 5,0 % del PIB en 2021 y al 2,7 % del PIB en 2023, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 36,9 % en 2019, alcanzará su punto álgido, alrededor del 53 %, en 2022. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Letonia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 3,0 % del PIB. Entre ellas figuran opciones de aplazamiento del pago de las deudas tributarias hasta tres años, un aumento de la cobertura de la baja por enfermedad con cargo al Estado, el apoyo a sectores específicos y un aumento del gasto en sanidad. Por otra parte, Letonia ha proporcionado apoyo a la liquidez de las empresas mediante garantías y préstamos que representan un 3,2 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Letonia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas letonas sería del -7,3 % del PIB en 2020 y el -4,5 % del PIB en 2021. Esta previsión refleja un efecto de las medidas de estímulo similar, en líneas generales, al previsto en el Programa de Estabilidad de 2020, si bien se prevé que la caída del empleo será menor, del mismo modo que también se prevé que los estabilizadores automáticos por el lado del gasto serán inferiores. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Letonia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  Letonia declaró el estado de alarma el 13 de marzo de 2020 y lo prorrogó hasta el 9 de junio de 2020. El Gobierno limitó la circulación de personas a través de las fronteras de Letonia por vía aérea, ferroviaria y marítima, cerró escuelas y universidades asegurando el aprendizaje a distancia, prohibió todos los actos públicos, impuso medidas de distanciamiento físico, restringió el comercio en fines de semana y fomentó el uso de servicios públicos digitales. Dada la mejora de la situación epidemiológica, las autoridades relajaron las restricciones nacionales el 12 de mayo de 2020 y acordaron reabrir las fronteras con Lituania y Estonia a partir del 15 de mayo de 2020. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 8,6 % en 2020 y disminuya ligeramente hasta el 8,3 % en 2021. Se espera que la economía se contraiga un 7 % en 2020; las inversiones y las exportaciones sufrirán la peor parte en un contexto de disminución de la demanda extranjera y de creciente incertidumbre. Asimismo, se espera que el empleo baje un 2,5 %, dado que el efecto negativo sobre este se verá considerablemente amortiguado por el régimen de suspensión del contrato de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena subvencionado por el Gobierno y por los subsidios salariales en los sectores exportadores. Letonia reaccionó a la crisis de la COVID-19 desarrollando un paquete de medidas integral que combina políticas presupuestarias y económicas. Las autoridades han articulado la respuesta en tres vectores: 1) apoyo a los trabajadores, 2) apoyo a las empresas, y 3) apoyo a los sectores económicos más afectados. Algunas de las medidas de política laboral, destinadas a mantener el empleo y reforzar la red de seguridad social, consisten en subvenciones salariales de hasta el 75 % del salario bruto, la cobertura de la baja por enfermedad en caso de que a un trabajador se le diagnostique la COVID-19 o se encuentre en cuarentena y la ampliación de las prestaciones por desempleo. El apoyo a las empresas que se enfrentan a dificultades temporales ha tenido como objetivo respaldar la liquidez de las empresas viables y reforzar rápidamente el suministro de bienes y servicios esenciales.

                  (17)

                  La pandemia de COVID-19 ha exigido adoptar medidas sin precedentes para contener la propagación y los efectos de la enfermedad. Ha agravado las debilidades estructurales del sistema sanitario letón, que están directamente relacionadas con los limitados recursos financieros y humanos de que dispone y con el lento avance de las reformas. El acceso a una asistencia sanitaria de calidad y asequible y la eficacia del sistema sanitario se ven afectados por la escasa financiación pública, lo que conduce a unos niveles elevados de necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas, a unos pagos directos de cantidades importantes, especialmente para los grupos vulnerables, y a la desigualdad en el acceso. Los modos de vida poco saludables son otra razón importante que explica los malos resultados sanitarios. Además, la falta de personal es un problema complejo y dificulta la prestación de servicios sanitarios. Para aumentar la eficiencia y la calidad de la asistencia sanitaria resulta crucial acelerar las reformas en curso, que siguen estando en una fase temprana. Entre ellas se cuentan unas medidas de prevención eficaces, la racionalización del sector hospitalario, la mejora de la atención primaria y el enfoque en la gestión de la calidad. La magnitud de la repercusión de estas reformas y la probabilidad de mejorar los resultados sanitarios también dependen en gran medida del importe de la financiación pública que se destine al ámbito sanitario. Para poder gestionar crisis similares en el futuro, resulta esencial invertir en medidas de salud pública eficaces y con recursos suficientes para prevenir, contener y mitigar la propagación de enfermedades infecciosas y controlar sus efectos sobre el rendimiento del sistema sanitario. Las inversiones podrían tener como objetivo garantizar los equipos necesarios, servicios sólidos de sanidad electrónica, instalaciones y recursos humanos para la atención sanitaria y la capacidad de prestar todos los servicios sanitarios ordinarios que cabe esperar junto con los servicios de asistencia a los pacientes de la COVID-19.

                  (18)

                  Letonia ha adoptado medidas encaminadas a ampliar la ayuda a la renta para los trabajadores y a evitar que se produzcan despidos durante el estado de alarma. Sin embargo, este apoyo es reducido en términos de cobertura y adecuación, principalmente porque depende del pago de cotizaciones sociales y de criterios de admisibilidad restrictivos. El régimen tampoco abarca los supuestos de inactividad parcial. Con una transición más gradual desde ayudas a la renta hasta rentas del trabajo se lograría una mayor flexibilidad del mercado de trabajo durante el período de inactividad y la recuperación económica. Es necesario no cesar en los esfuerzos para mejorar la adecuación, la duración y la cobertura de la red de seguridad social para todos. Sin embargo, estos esfuerzos se ven constreñidos por los bajos ingresos tributarios como proporción del PIB. A pesar de la ligera mejora registrada, la renta mínima garantizada, las pensiones mínimas y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad siguen siendo insuficientes. Letonia ha introducido un subsidio por desempleo para los más vulnerables, pero los desempleados siguen corriendo un riesgo alto de caer en la pobreza, especialmente cuanto más dura el desempleo. Existen diferencias de cobertura en el acceso a la protección social, incluido el seguro de desempleo, de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores no convencionales, que pueden solucionarse. Si bien su proporción disminuye, el trabajo no declarado y los sueldos en mano siguen estando generalizados, lo que debilita la protección social de los trabajadores afectados y aumenta los riesgos laborales. Es de esperar que a los grupos vulnerables les resulte más difícil encontrar un nuevo empleo. La integración de los servicios de empleo, educativos, sanitarios y sociales y la prestación de servicios sociales siguen siendo bajas. Los porcentajes de personas que sufren privaciones graves en materia de vivienda y de personas que viven hacinadas son de los mayores de la Unión, y la vivienda social es escasa.

                  (19)

                  Prestar apoyo a las pymes para ayudarlas a desarrollar rápidamente el teletrabajo y condiciones de trabajo flexibles puede ayudar considerablemente a paliar los efectos de la crisis. El bajo nivel de inscripción en los servicios públicos de empleo y el bajo nivel de participación de los desempleados en las políticas activas de empleo son motivo de especial preocupación. Es preciso reforzar y adaptar la aplicación y la composición de las políticas activas de empleo para reducir la duración de los períodos de desempleo y facilitar la transición al empleo. Formar a las personas para que adquieran las capacidades adecuadas es aún más importante para mejorar la resiliencia de la población activa en momentos de recesión económica. Una educación de adultos eficaz y de fácil acceso, el reciclaje profesional y la formación complementaria, junto con la prestación de servicios sociales y el apoyo a la movilidad, podrían aumentar el número de personas con cualificación suficiente para el mercado laboral. También hay que mejorar las capacidades digitales, ya que solo el 43 % de los letones tiene capacidades digitales básicas o de nivel superior. La pandemia de COVID-19 también ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la educación y formación digitales de calidad y de garantizar la igualdad de acceso a todos los alumnos. El refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales también es importante para garantizar su participación significativa y oportuna en la respuesta a la crisis de la COVID-19 y la salida de esta.

                  (20)

                  Se ha creado y puesto en marcha con suma rapidez un régimen de apoyo a la liquidez cuantioso a través de la institución nacional de desarrollo Altum. Ha ayudado a reestructurar los calendarios de reembolso de los préstamos de las empresas y ha proporcionado apoyo a la liquidez mediante nuevos préstamos. Al mismo tiempo, la mayoría de las reestructuraciones de préstamos bancarios se producen sin que medien garantías estatales. Por otra parte, las condiciones para la concesión de una garantía estatal son relativamente estrictas. Como consecuencia, existe el riesgo de que las empresas más pequeñas con una situación financiera más débil, o que no estén al día en el pago de sus impuestos, no reciban ayuda. Los restaurantes y los hoteles, que se encuentran entre los sectores más afectados por esta crisis, tienen dificultades para acceder a la liquidez debido a su débil situación en términos financieros y de garantías. Al mismo tiempo, resulta importante apuntalar la resiliencia del sector bancario.

                  (21)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Las políticas de apoyo a las transiciones digital y ecológica del país deben tener en cuenta las importantes disparidades regionales. La mayoría de las zonas urbanas de Letonia cuentan con una infraestructura digital excelente, pero la cobertura de banda ancha fija en las zonas rurales, especialmente las conexiones de «último kilómetro», es pobre. La continuación y el refuerzo de los esfuerzos para desplegar una banda ancha de muy alta velocidad contribuirá a mejorar la infraestructura digital. Con el fin de afrontar las dificultades que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, son necesarias inversiones para diversificar la economía y hacerla más moderna y competitiva, en especial mediante el refuerzo de la inversión en investigación e innovación y en capital humano, y para aliviar los costes socioeconómicos de la transición. La sostenibilidad medioambiental de Letonia pasa por avanzar hacia una mayor eficiencia energética, ejecutar su plan nacional de energía y clima, en particular por lo que respecta al transporte y los edificios, e integrar las consideraciones de sostenibilidad medioambiental en otros sectores económicos, en particular en la agricultura y la silvicultura. La mejora de las infraestructuras de transporte intermodal dentro de Riga y en sus inmediaciones facilitaría la movilidad laboral y contribuiría a frenar el aumento del consumo de energía imputable a los turismos. Además, el proyecto «Rail Baltica» y los proyectos de interconexión energética son prioridades clave de inversión de Letonia destinadas a mejorar su seguridad y su integración en el mercado interior de la UE. Aumentar las inversiones en energías renovables, en particular la energía eólica, y fomentar la transición a una economía circular con tasas de reciclado significativamente más elevadas puede también mejorar los resultados tanto medioambientales como económicos y contribuir a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027, podría ayudar a Letonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Letonia optimizar el uso de este Fondo.

                  (22)

                  Letonia ha reducido considerablemente el flujo de activos de riesgo en sus bancos y ha remodelado su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. En particular, prohibió prestar servicios comerciales a las sociedades fantasma no residentes y modificó una serie de leyes. Asimismo, reforzó la capacidad de las principales instituciones de supervisión, inteligencia financiera y vigilancia normativa. Si bien la supervisión de las entidades financieras se ha reforzado considerablemente, podría ser más específica y eficiente si se mejorasen las evaluaciones de riesgos. Por otra parte, aunque se ha aumentado la capacidad de los órganos de garantía del cumplimiento del Derecho y la cooperación entre ellos, podría reforzarse aún más su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de blanqueo de capitales.

                  (23)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (24)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Letonia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (25)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Letonia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (26)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Letonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (27)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia y la accesibilidad del sistema sanitario, en particular dotándolo con recursos humanos y financieros adicionales.

                  2.

                  Proporcionar una ayuda adecuada a la renta a los grupos más afectados por la crisis y reforzar la red de seguridad social. Mitigar los efectos de la crisis en el empleo, en particular a través de fórmulas de trabajo flexibles, políticas activas de empleo y el desarrollo de capacidades.

                  3.

                  Garantizar que las empresas y, en particular, las pymes puedan acceder al apoyo a la liquidez. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la investigación e innovación, la producción y el uso limpios y eficientes de energía, los transportes sostenibles y las infraestructuras digitales.

                  4.

                  Seguir avanzando en la lucha contra el blanqueo de capitales.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 86.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Lituania 2020/C 282/15

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/95

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Lituania y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Lituania
      (2020/C 282/15)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Lituania fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Lituania con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Lituania hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos, así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Lituania a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en los distintos sectores y regiones de Lituania debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

                  (10)

                  Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 15 de mayo de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020, el 30 de abril de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

                  (11)

                  Lituania se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (12)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 11,4 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 3,9 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 36,3 % en 2019, aumentaría hasta el 50,6 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

                  (13)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Lituania ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 6,8 % del PIB. Entre estas medidas se encuentran aplazamientos del pago de deudas tributarias, financiación adicional para comprar materiales médicos, subsidios para el mantenimiento de empleos y prestaciones para los trabajadores por cuenta propia y ajena afectadas por la pandemia de COVID-19. Dado que del análisis de la Comisión se desprendía que el diseño y aplicación de algunas medidas presentaba un potencial de asimilación relativamente bajo, la Comisión asumió que el efecto de las medidas gubernamentales sobre las finanzas públicas sería menor. Por otra parte, Lituania ha anunciado medidas discrecionales que, sin tener un impacto presupuestario directo, contribuirán a dar respuesta a la crisis, por ejemplo proporcionando liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 3,8 % del PIB. Las garantías de préstamos son una de estas medidas (2,9 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Lituania están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (14)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas lituanas sería del -6,9 % del PIB en 2020 y del -2,7 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

                  (15)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Lituania del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (16)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, el PIB de Lituania debería contraerse en un 8 %, a lo que espera que siga una recuperación rápida del 7,5 % en 2021. Para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y amortiguar el desplome económico, Lituania propuso un plan de estímulo económico y mitigación de las consecuencias de la transmisión de la COVID-19 el 16 de marzo. La dotación del plan asciende a 2 500 millones EUR (6,3 % del PIB del país), de los que 500 millones EUR (1,3 % del PIB) están destinados a garantizar los recursos que necesita el sistema sanitario. Se destinaron otros 500 millones EUR a proteger los empleos y las rentas. La dotación de los fondos estatales de garantía se incrementó en 500 millones EUR, y se aprobaron garantías estatales adicionales por un importe de 500 millones EUR para estimular la economía. En abril, la Comisión aprobó varios regímenes de ayuda lituanos destinados a reforzar la economía del país en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Estos regímenes se han concebido para ayudar a las empresas a cubrir las necesidades inmediatas de capital circulante y a continuar sus actividades durante la pandemia y después de esta. Además, el Banco de Lituania flexibilizó algunos de los requisitos de capital para que la banca comercial aumente la concesión de préstamos a la economía real.

                  (17)

                  Los resultados sanitarios en Lituania están por debajo de los de otros Estados miembros de la UE, debido en parte a la mejorable eficiencia del sistema sanitario, que adolece de una falta de financiación. La pandemia actual ha sometido el sistema a una presión adicional y ha puesto de relieve problemas estructurales adicionales, como el avance lento en la mejora de la calidad de los servicios, el déficit de inversión en la atención sanitaria primaria y el estancamiento del proceso de adaptación de la red hospitalaria para hacerla más eficiente y capaz de responder a las necesidades constatadas. La crisis ocasionada por la COVID-19 también está poniendo de manifiesto desigualdades en materia de salud relacionadas con la falta de personal y los desajustes geográficos entre servicios y necesidades. Lituania debe movilizar los recursos que sean necesarios con el fin de hacer frente a la crisis actual y mejorar la resiliencia de su sistema sanitario de cara al futuro. Si bien las medidas que se han emprendido con carácter inmediato se centran en el refuerzo de las capacidades en términos de personal sanitario, material y suministros médicos críticos para salvar vidas durante la pandemia, las inversiones a más largo plazo deben ampliarse para mejorar la resiliencia del sistema sanitario, de modo que pueda soportar el nivel de operaciones, volver a su rendimiento óptimo y prepararse para nuevas perturbaciones. Ello requerirá asignar recursos suficientes con los que mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad del sistema sanitario, de modo que pueda responder mejor a los problemas que plantean el envejecimiento, el aumento las enfermedades crónicas y la persistencia de las desigualdades en materia de salud. La asistencia primaria y el desarrollo de la sanidad electrónica tienen un papel fundamental que desempeñar a este respecto. Lituania también debe garantizar que las mejoras recientes de la asequibilidad de la asistencia sanitaria no se vean menoscabadas. Por último, la resiliencia a la que se aspira a llegar también conlleva mejorar la capacidad del sistema de contrarrestar modos de vida poco saludables (uno de los mayores factores que condicionan los malos resultados sanitarios en Lituania), y redoblar los esfuerzos para preparar al sector de los cuidados de larga duración para hacer frente al envejecimiento de la población.

                  (18)

                  Antes de la situación surgida a raíz de la pandemia de la COVID-19, la participación en el mercado laboral era elevada y las cifras del desempleo se mantenían bajas, pero la crisis ha dado lugar a nuevas dificultades. Con la ayuda de la financiación de la Unión, Lituania ha implantado un régimen de reducción del tiempo de trabajo para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo y ha introducido una serie de medidas para paliar los efectos adversos para las empresas y los trabajadores por cuenta propia. Antes de la crisis, la cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo estaba disminuyendo y la participación en la formación de adultos seguía siendo baja. Sin embargo, serán necesarias una mayor cobertura y suficiente financiación de las políticas activas del mercado de trabajo y de otras medidas de reciclaje y formación profesional complementaria para ayudar a los desempleados a reincorporarse al mercado laboral tan pronto como sea posible y prestar un apoyo eficaz de manera sostenible más allá de la fase de recuperación. Reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para garantizar que su participación en el diseño del proceso de salida y recuperación sea significativa y oportuna.

                  (19)

                  La pobreza y la desigualdad de renta siguen siendo de las más elevadas de la Unión, a pesar de que se tomaron medidas antes de la crisis para atender el riesgo de pobreza y exclusión social, por ejemplo, aumentando la asignación universal por hijo y las pensiones. Lituania tiene un gasto público comparativamente bajo en protección social; el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es bajo y se considera crítico en el cuadro de indicadores sociales basado en el pilar europeo de derechos sociales. La progresividad y capacidad redistributiva tan bajas del sistema tributario y de prestaciones limitan la capacidad del país de financiar bienes y servicios públicos y reducir la pobreza y la desigualdad de renta. El efecto negativo de la pandemia de la COVID-19 en el empleo y en la renta de los hogares puede agravar esos problemas a medio plazo. Puede que sean necesarias medidas temporales, como la revisión de las normas de admisibilidad, de los importes y de la duración de algunas prestaciones, para garantizar que la situación de los más afectados por la pandemia no se deteriore. La red de seguridad social debe ampliarse para apoyar a todos los grupos, incluidos los empleados por cuenta propia, los trabajadores atípicos y las personas más vulnerables. Deben reforzarse los principales servicios sociales y de vivienda social para apoyar a las personas que los necesiten.

                  (20)

                  El apoyo a la liquidez de las empresas a través de préstamos y garantías del sector público, con hincapié en las pymes, ha sido de suma importancia, pero la distribución de esta ayuda a la liquidez debe ser llevada a cabo de forma eficaz y rápida por los intermediarios y las condiciones de los préstamos deben tener en cuenta la situación de crisis. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Permitir el aplazamiento del pago de impuestos y contribuciones sociales y acelerar los pagos contractuales efectuados por la Administración Pública también puede contribuir a mejorar la liquidez de las pymes. Las empresas emergentes de reciente creación y en expansión pueden necesitar apoyo específico, por ejemplo en forma de participaciones de instituciones públicas en el capital e incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en esas empresas. Deben mantenerse los esfuerzos para reducir las cargas normativas y administrativas innecesarias y ofrecer servicios públicos digitales eficientes a los ciudadanos y las empresas.

                  (21)

                  Lituania debe garantizar que sus medidas de fomento de la recuperación económica tengan visión de futuro y faciliten las transiciones digital y ecológica, cuyo logro depende de la superación de una serie dificultades. En el caso de la primera, las competencias digitales del país están por debajo de la media de la Unión, y las pymes informan de que es bastante difícil encontrar candidatos idóneos para puestos de trabajo relacionados las TIC. Aunque el despliegue de la fibra óptica es superior a la media de la Unión, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la cobertura y la implantación de la banda ancha fija son muy bajas y sigue habiendo una gran diferencia entre las ciudades y las zonas rurales.

                  (22)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Por lo que se refiere a la transición ecológica, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Lituania se han mantenido prácticamente sin cambios desde 2010. La productividad de los recursos en Lituania es una de las más bajas de la Unión y el uso circular de los materiales (secundarios) está muy por debajo de la media de la Unión. Según el plan nacional de energía y clima lituano, la mejora de la eficiencia energética de los edificios —con soluciones energéticas renovables y eficientes—, la modernización de los sistemas de calefacción y la mejora de la sostenibilidad del sector del transporte contribuirían significativamente a la descarbonización de la economía. Realizar inversiones públicas y privadas específicas destinadas a solucionar esas cuestiones, y otras que repercutan significativamente en el medio ambiente y la salud, puede fomentar el crecimiento y la resiliencia y contribuir a garantizar una recuperación sostenible. Las inversiones programadas están diseñadas de forma que se pueda seleccionar y financiar por adelantado proyectos que puedan contribuir a la recuperación económica, por ejemplo proyectos de inversión en la renovación de edificios y en energías renovables. Al elaborar las medidas de recuperación a medio plazo, pueden servir de base los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros, la lista de proyectos de interés común y en los planes de desarrollo de infraestructuras. Además, el proyecto Rail Baltica y los proyectos de interconexión energética son prioridades clave de inversión de Lituania destinadas a mejorar su seguridad y su integración en el mercado interior de la Unión. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Lituania a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Lituania optimizar el uso de este Fondo.

                  (23)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (24)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Lituania contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (25)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Lituania debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (26)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Lituania en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (27)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular canalizando una financiación adecuada y dando respuesta a la falta de personal sanitario y de productos médicos críticos. Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios sanitarios.

                  2.

                  Mitigar la repercusión de la crisis de la COVID-19. Aumentar la financiación y la cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo y fomentar el desarrollo de competencias. Garantizar la cobertura y la adecuación de la red de seguridad social y mejorar la eficacia del sistema tributario y de prestaciones en la protección contra la pobreza.

                  3.

                  Respaldar la liquidez de las empresas, especialmente la de las pymes y los sectores exportadores. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en la cobertura e implantación de banda ancha de muy alta capacidad, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes y en el transporte sostenible. Fomentar la innovación tecnológica en las pymes.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 91.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Luxemburgo 2020/C 282/16

text:
               26.8.2020

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 282/101

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Luxemburgo
      (2020/C 282/16)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o°1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

                  (2)

                  El informe específico de 2020 sobre Luxemburgo fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Luxemburgo con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Luxemburgo hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

                  (3)

                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

                  (4)

                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

                  (5)

                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

                  (6)

                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

                  (7)

                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

                  (8)

                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Luxemburgo a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

                  (9)

                  Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 30 de abril de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020 el 29 de abril de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

                  (10)

                  Luxemburgo se encuentra actualmente sometido actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

                  (11)

                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriorare, pasando de un superávit del 2,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 8,5 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 3,0 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras haber aumentado hasta el 22,1 % del PIB en 2019, aumentaría hasta el 28,7 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

                  (12)

                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Luxemburgo ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 5,5 % del PIB. Algunas de estas medidas son: el refuerzo de los servicios de atención sanitaria, ayudas a las empresas en dificultades, ayudas reembolsables y a fondo perdido, también en el caso de los trabajadores por cuenta propia y los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, incluidos los trabajadores transfronterizos. Por otra parte, Luxemburgo ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Entre estas medidas se encuentran aplazamientos del pago de deudas tributarias, préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes) que atraviesen dificultades financieras temporales y garantías. A diferencia del Programa de Estabilidad de 2020, la Comisión prevé que el paquete de medidas tendrá un efecto menor, ya que no considera que el aplazamiento del pago de deudas tributarias y la concesión de préstamos sean medidas discrecionales con repercusión presupuestaria. Las autoridades consideran, no obstante, que una parte del aplazamiento del pago de impuestos directos sí tendría un impacto sobre el presupuesto, que se incluye en el 5,5 % del PIB ya mencionado. Por otra parte, una parte del coste de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo se ha considerado parte del funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Globalmente, las medidas tomadas por Luxemburgo están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

                  (13)

                  Según las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo presupuestario de las administraciones públicas luxemburguesas se situaría en un déficit del 4,8 % del PIB en 2020 y en un superávit del 0,1 % en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021. En comparación con las previsiones de primavera de 2020 de la Comisión, el Programa de Estabilidad se basa en asunciones más prudentes tanto para los ingresos como los gastos.

                  (14)

                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Luxemburgo del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

                  (15)

                  Luxemburgo cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios de la Unión. Sin embargo, dado que el 49 % de los médicos y el 62 % de los profesionales sanitarios no son nacionales, el sistema está muy por encima del máximo de vulnerabilidad crítica (según el indicador de la Organización Mundial de la Salud), lo que hace que pueda verse afectado por decisiones unilaterales de los países vecinos en tiempos de crisis. Luxemburgo tuvo que adoptar medidas a corto plazo en un tiempo récord para mejorar la resiliencia de su sistema de asistencia sanitaria a raíz de la crisis de la COVID-19; por ejemplo, ha tenido que movilizar infraestructura médica, crear una nueva sección temporal para un hospital y proporcionar alojamiento en Luxemburgo a profesionales sanitarios transfronterizos y a sus familias.

                  (16)

                  Se prevé que el sistema sanitario se enfrente cada vez a mayores dificultades, que se sumarán al problema del número creciente de vacantes de profesionales sanitarios en los últimos años; en concreto, el incremento previsto de la demanda de asistencia sanitaria debido al aumento y el envejecimiento de la población, y la jubilación prevista de entre un 59 % y un 69 % del personal médico en los próximos 15 años. Las innovaciones en la combinación de competencias del personal, el desarrollo de funciones profesionales, el reparto de tareas y la sustitución desempeñarán un papel importante a la hora de mantener el atractivo laboral del sector sanitario. En términos más generales, hay margen para mejorar la gobernanza del sistema sanitario, incluida la cooperación con los países vecinos; el Gobierno acaba de emprender una reforma significativa. Si bien la infraestructura digital está bastante avanzada en Luxemburgo, todavía se están realizando esfuerzos para implantar soluciones de sanidad electrónica, como las soluciones digitales para el reembolso a los proveedores. Luxemburgo se ha concentrado considerablemente en las tecnologías digitales, tales como la supercomputación, la inteligencia artificial, la cadena de bloques y los macrodatos, y se encuentra en situación de aprovechar estas capacidades y colaborar a escala de la Unión para contribuir de forma significativa a la investigación destinada a neutralizar el virus causante de la COVID-19 y reducir las infecciones. Luxemburgo también ha creado un nuevo régimen de ayuda a los proyectos de inversión en I+D relativos a productos necesarios para atajar eficientemente la pandemia de la COVID-19, como tratamientos y vacunas eficaces.

                  (17)

                  En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo ascienda hasta el 6,4 % en 2020 y disminuya hasta el 6,1 % en 2021. Luxemburgo ha adoptado una serie de medidas para mantener el empleo, en particular la reducción del tiempo de trabajo (chômage partiel). No obstante, debe prestarse especial atención a los grupos más vulnerables, como los trabajadores de más edad o poco cualificados, dado que el nuevo régimen de renta mínima (REVIS o revenu d’inclusion sociale) ya ha dado lugar a un aumento de los desempleados inscritos en el servicio público de empleo como consecuencia de la inscripción obligatoria de sus beneficiarios en este servicio desde enero de 2019. Las personas más vulnerables se verían más afectadas por el aumento de la competencia en el mercado laboral como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Otras personas vulnerables afectadas por la crisis podrían ser los trabajadores temporales, así como los trabajadores poco cualificados en general. Por lo que se refiere a los trabajadores de más edad, su baja tasa de empleo sigue siendo una cuestión estructural de Luxemburgo que repercute en la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, en la línea de lo que se ha descrito en las recomendaciones por país dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. En el contexto actual, el riesgo de despido de los trabajadores de más edad ha aumentado debido a la crisis de la COVID-19; aumentar su capacidad de adaptación a otros empleos y sectores, en particular mediante el perfeccionamiento y reciclaje profesionales, resulta más necesario que nunca. Luxemburgo consigue situarse cerca de la media de la Unión en materia de inclusión social, pero los indicadores sobre desigualdad y pobreza de las personas con empleo se han debilitado en los últimos años, y las oportunidades de los estudiantes siguen estando muy influidas por su contexto socioeconómico. En este contexto, debe apoyarse a los grupos más vulnerables en particular, para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis de la COVID-19.

                  (18)

                  Para apoyar a las empresas durante la crisis relacionada con la COVID-19, en particular a las pymes, incluidos los trabajadores por cuenta propia y las microempresas, Luxemburgo incluyó en su plan de estabilización presentado el 25 de marzo de 2020 una serie de medidas. La venta minorista es uno de los sectores más afectados, debido al desplome de la demanda y a las medidas actuales que limitan las actividades de las empresas total o parcialmente. Aumentar la flexibilidad reguladora daría un impulso a la venta minorista tras la crisis de la COVID-19. También sería beneficioso ayudar a las pymes a adoptar las tecnologías digitales que les permitan continuar sus actividades, como el comercio electrónico. Deben mantenerse medidas adecuadas durante todo el período de recuperación, suprimiéndolas de manera gradual y flexible, y se debe determinar cuáles son los sectores más afectados, con el fin de elaborar planes de apoyo específicos que les permitan ponerse al mismo nivel que los demás durante la fase de recuperación. En el proceso de aplicación de estas medidas debe darse un peso importante a la resiliencia del sector bancario. Una vez superada la fase más aguda de la crisis de la COVID-19, para apoyar la transición y la creación de nuevas pymes en sectores potenciadores del crecimiento, llevar a cabo una reforma del marco de insolvencia de Luxemburgo puede ayudar a que las empresas reciban una segunda oportunidad, si no son culpables de la insolvencia.

                  (19)

                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, en particular a través de reformas pertinentes, especialmente en los sectores ecológico y digital. Luxemburgo ya ha puesto en marcha iniciativas para impulsar la digitalización y la innovación, pero la integración tecnológica en el sector empresarial y la inversión privada, así como la digitalización de los servicios públicos, siguen siendo bajas, si se tienen en cuenta el ambiente y la ambición tan propicios del país para pasar a una economía de los datos. Las inversiones en digitalización, competencias digitales avanzadas e innovación serán esenciales para apoyar a las pymes e impulsar la productividad y la competitividad. La recuperación también debe apoyarse en mayor medida mediante el impulso de inversiones ecológicas ambiciosas a corto plazo. Pueden ser sectores esenciales, en particular, el transporte sostenible, especialmente el ferroviario, la construcción sostenible, en particular la eficiencia energética de los edificios, tanto los existentes como los nuevos, y las energías renovables. Estas medidas contribuirían a proporcionar un fuerte estímulo ecológico y a apoyar a Luxemburgo a acercarse a sus objetivos para 2030 en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables, del mismo modo que allanarían el terreno para lograr la neutralidad climática. Asimismo, hay que seguir buscando dónde hace falta inversión y las correspondientes fuentes de financiación, especialmente dado el efecto de la pandemia de la COVID-19 en la economía y las finanzas públicas. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Luxemburgo a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Luxemburgo optimizar el uso de este Fondo.

                  (20)

                  Luxemburgo se enfrenta a riesgos importantes de blanqueo de capitales dados los cuantiosos flujos de inversiones extranjeras directas y la presencia de estructuras jurídicas complejas con patrocinadores extranjeros. Estos riesgos se reflejan en la evaluación nacional de riesgos, especialmente en relación con los profesionales que prestan servicios a sociedades y fideicomisos (trust), así como servicios de inversión. Las deficiencias en la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales por parte de estos profesionales dan lugar a análisis de riesgos inadecuados y a unos números bajos de notificación de actividades sospechosas. La intensidad de la supervisión de estos profesionales es inadecuada para solucionar estas deficiencias. Se ha creado un registro nacional de titulares reales para las empresas con el fin de limitar el secreto e identificarlos. La calidad de la información proporcionada y la eficacia del registro deben ser objeto de seguimiento a lo largo del tiempo.

                  (21)

                  Hacer frente a la planificación fiscal abusiva sigue siendo fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas fiscales, como se reconoce en la Recomendación de 2020 sobre la política económica de la zona del euro. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Luxemburgo ha adoptado medidas contra las prácticas de planificación fiscal abusiva, como la puesta en práctica de iniciativas internacionales y europeas acordadas previamente, pero el alto nivel de pagos de dividendos, intereses y cánones como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La mayor parte de la inversión directa extranjera está en manos de entidades con fines especiales. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) de intereses y cánones, y la exención de las retenciones en origen sobre los pagos de dividendos en determinadas circunstancias pueden dar lugar a que se eluda totalmente el pago de impuestos por dichos pagos, si estos tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. Luxemburgo ha presentado un proyecto de ley por la que se establece la no deducibilidad de los pagos de intereses y cánones a las jurisdicciones incluidas en la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, en consonancia con su compromiso de introducir medidas defensivas contra dichos países y territorios.

                  (22)

                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

                  (23)

                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Luxemburgo contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

                  (24)

                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Luxemburgo debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.

                  (25)

                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

                  (26)

                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

            RECOMIENDA a Luxemburgo que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

                  1.

                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario garantizando que haya suficientes profesionales sanitarios. Acelerar las reformas para mejorar la gobernanza del sistema de salud y la sanidad electrónica.

                  2.

                  Mitigar el efecto de la crisis de la COVID-19 en el empleo, prestando especial atención a las personas en una posición difícil en el mercado laboral.

                  3.

                  Garantizar la aplicación efectiva de las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas, en particular la de las pymes y los trabajadores por cuenta propia. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en las transiciones ecológica y digital, en particular en edificios y transportes sostenibles y en lo que se refiere a la producción y el uso limpios y eficientes de energía, lo que contribuirá a descarbonizar progresivamente la economía. Fomentar la innovación y la digitalización, en particular en el sector empresarial.

                  4.

                  Garantizar una supervisión y un control del cumplimiento eficaces del marco de lucha contra el blanqueo de capitales en lo que se refiere a los profesionales que prestan servicios a fideicomisos y sociedades, así como servicios de inversión. Intensificar el control de los aspectos del régimen tributario que puedan facilitar la planificación fiscal abusiva, en particular a través de los pagos salientes.

         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.

               Por el Consejo

               La Presidenta

            J. KLOECKNER

         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 97.

         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

         (7)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.