               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 519 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de los Países Bajos

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de los Países Bajos

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

               (2)El informe específico de 2020 sobre los Países Bajos
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se examinaban los avances de este país en el cumplimiento de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , el seguimiento dado a las recomendaciones adoptadas en años anteriores y los avances de los Países Bajos hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 26 de febrero de 2020. Sobre la base de su propio análisis, la Comisión concluye que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el considerable volumen de deuda privada y el elevado superávit por cuenta corriente constituyen fuentes de desequilibrios, con incidencia transfronteriza.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías y está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales y causando volatilidad en los mercados financieros, alteraciones en la demanda de los consumidores y efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para los empleos y la renta de los trabajadores y para la actividad empresarial. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o han introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión comparte la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la crisis económica grave que se prevé como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que con ello no se ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo que respecta al componente corrector, el Consejo puede asimismo decidir, previa recomendación de la Comisión, adoptar una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían normalmente a la vez que faculta a la Comisión y el Consejo a adoptar las medidas necesarias de coordinación de políticas dentro del marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas en los lugares de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La actual crisis ha puesto de relieve la necesidad de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para el desarrollo de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con el fin de facultar a los Estados miembros para movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de forma que puedan hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, además de simplificar y racionalizar los procedimientos. Para aliviar las tensiones de tesorería, los Estados miembros pueden además beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión durante el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a los Países Bajos a aprovechar plenamente estas posibilidades para prestar apoyo a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

               (9)El 28 de abril de 2020, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 29 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

               (10)Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y están sujetos a la norma en materia de deuda.

               (11)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario global se deteriore desde un superávit del 1,7 % del PIB en 2019 hasta un superávit del 0,1 % en 2020. Según las previsiones, el superávit se reduciría hasta alcanzar un 0,0 % del PIB en 2023. Tras descender hasta el 48,6 % del PIB en 2019, se estima que la ratio deuda pública / PIB seguirá reduciéndose hasta el 46,3 % en 2020, acorde a lo indicado en el Programa de Estabilidad de 2020. Sin embargo, la hipótesis macroeconómica en la que se sustentan estas previsiones presupuestarias ya no resulta realista, y el Programa no tiene en cuenta un significativo número de las medidas anunciadas por los Países Bajos en respuesta a la pandemia de COVID-19. En el memorándum presupuestario de primavera
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                se presenta una actualización de las previsiones presupuestarias. Con arreglo al memorándum, se calcula que el saldo global de las Administraciones públicas se deteriorará hasta un déficit del 11,8 % del PIB en 2020, mientras que la ratio deuda pública / PIB aumentará hasta el 65,2 % ese mismo año. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias se ven afectadas por una gran incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

               (12)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un planteamiento coordinado de la Unión, los Países Bajos han adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y proporcionar alivio a las personas y los sectores particularmente afectados. Según lo indicado en el Programa de Estabilidad de 2020 y el memorándum presupuestario de primavera, esas medidas presupuestarias representan el 2,7 % del PIB. Las medidas consisten en un refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para los sectores en dificultades y apoyo a la renta de los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena. Además, los Países Bajos han anunciado medidas que, si bien no tienen efectos presupuestarios directos, contribuirán a apoyar la liquidez de las empresas. Entre esas medidas están la moratoria del pago del impuesto de sociedades (del 4,6 % al 5,9 % del PIB) y garantías de préstamo (1,8 % del PIB). En general, las medidas adoptadas por los Países Bajos se ajustan a las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida por una reorientación de las políticas presupuestarias con el objetivo de alcanzar una situación presupuestaria prudente a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a mantener la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

               (13)Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, siempre que no se produzca un cambio de políticas, se prevé que el saldo presupuestario de las Administraciones públicas de los Países Bajos se sitúe en el -6,3 % del PIB en 2020 y en el -3,5 % en 2021. La diferencia de 5,5 puntos porcentuales entre las previsiones del memorándum presupuestario de primavera y las de la Comisión se debe a una diferente contabilidad de la moratoria del pago de impuestos (del 4,6 % al 5,9 % del PIB), que las previsiones de la Comisión no consideran reducciones de los ingresos en 2020. Se estima que la deuda de las Administraciones públicas alcanzará el 62,1 % del PIB en 2020 y el 57,6 % en 2021.

               (14)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en vista de las previsiones que indicaban que los Países Bajos no cumplirían con el umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que el criterio de déficit, según se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997, no se cumple.

               (15)Tras un fuerte crecimiento en los últimos años, la pandemia de COVID-19 ha puesto un brusco fin a seis años consecutivos de expansión económica en los Países Bajos. Este año, se espera que la economía neerlandesa sufra su mayor contracción desde la posguerra. Se prevé que todos los elementos de la demanda, excepto el consumo público, desciendan este año de forma acusada, con una depresión de la actividad económica en el segundo trimestre. En 2021, es probable que la economía se recupere a un ritmo sensiblemente superior al del crecimiento tendencial, reflejando una normalización gradual de la actividad económica y la recuperación de la demanda interna y del comercio mundial desde niveles de depresión. No obstante, se estima que los niveles de actividad seguirán siendo inferiores a los de 2019. De acuerdo con las previsiones de la Comisión, el desempleo aumentaría hasta el 5,9 % en 2020, principalmente por los cierres obligatorios de empresas y el acusado descenso general de la actividad económica, pero se recuperaría en 2021, al descender hasta el 5,3 %. Las medidas de protección del empleo, en particular la medida temporal de emergencia para el mantenimiento del empleo y el apoyo adicional a la renta para los trabajadores por cuenta propia, deben servir para mitigar las pérdidas de puestos de trabajo. No obstante, se espera que el deterioro del mercado de trabajo se acelere en los próximos meses al resultar inevitable que las empresas de los sectores fuertemente afectados reduzcan su número de trabajadores, especialmente los que tienen contratos flexibles y temporales.

               (16)En respuesta al fuerte declive económico y la evaporación de la demanda en sectores concretos, el Gobierno neerlandés ha adoptado un paquete global de medidas de emergencia para ayudar a evitar daños estructurales a la economía. Esta sólida respuesta va orientada a los ámbitos más afectados por la crisis, y en particular se centra en la protección del empleo y del poder adquisitivo de los hogares, en compensaciones económicas directas para las industrias gravemente afectadas y en la moratoria del pago de impuestos y garantías de préstamo que sirvan de apoyo al flujo de crédito al sector privado. Con ello debería evitarse que las dificultades temporales de liquidez se transformen en problemas de insolvencia. Además, los estabilizadores automáticos deben ayudar a mitigar la dureza de la crisis. El banco central de los Países Bajos también ha reducido los colchones de capital sistémico de los bancos de mayor magnitud, y está retrasando una medida consistente en introducir una ponderación de riesgo mínima para las hipotecas, lo que libera capital de los bancos y les permite aumentar de forma significativa el crédito para los hogares y las empresas.

               (17)El sistema sanitario neerlandés está funcionando comparativamente bien en cuanto a su contribución a la salud general de la población y a la garantía de accesibilidad a los servicios sanitarios. Como parte de la respuesta inmediata a esta crisis, los Países Bajos han puesto en marcha una estrategia de control que incluye medidas generales de salud pública y han adoptado medidas específicas de financiación de la sanidad. Sin embargo, el inicio de la COVID-19 ha puesto a prueba la resiliencia del sistema sanitario. A este respecto, se han puesto de manifiesto preocupaciones que existían previamente. La capacidad de los trabajadores podría aumentar si se hiciera frente a la actual escasez, en particular de enfermeros y en la asistencia primaria. La gobernanza general de los sistemas sanitarios y su capacidad de garantizar una prestación de servicios integrada en toda la cadena asistencial podrían mejorarse con un mayor refuerzo de la gobernanza de datos y una mayor utilización de las herramientas de sanidad electrónica. La pandemia de COVID-19 ha mostrado a las claras, por tanto, la necesidad de continuar con la mejora de la resiliencia y la preparación ante las crisis del sistema sanitario, abordando esas deficiencias estructurales.

               (18)Aunque en 2019 y a principios de 2020 el mercado de trabajo continuó mejorando y funcionando bien en términos generales, la crisis de la COVID-19 ha reducido el crecimiento económico, y se prevé que conduzca a un considerable aumento del desempleo. Se han adoptado una serie de medidas económicas sin precedentes para proteger los empleos y modos de vida de las personas y minimizar los efectos para los trabajadores por cuenta propia y las empresas, tanto las pequeñas y medianas como las grandes. Para conservar el empleo, los empleadores que prevean perder al menos el 20 por ciento de su facturación debido a la crisis pueden solicitar una indemnización (de hasta el 90 por ciento de la masa salarial de la empresa, dependiendo de la pérdida de volumen de negocios) que les permitirá pagar los salarios de sus trabajadores durante tres meses. Los trabajadores por cuenta propia podrán recurrir a un procedimiento acelerado que les permite solicitar un apoyo a la renta adicional por un importe de hasta el salario mínimo social, lo que les ayudará a hacer frente al costo de la vida durante un período de tres meses.

               (19)La mitigación de las repercusiones sociales y para el empleo de la crisis para aquellos más duramente afectados debe ser una parte de la estrategia de recuperación. A pesar del paquete de medidas adoptado para mantener los niveles de empleo, las personas en una situación menos favorable dentro del mercado de trabajo o en una situación social vulnerable han sufrido más duramente los efectos. Ha aumentado el desempleo, en particular el de las personas que trabajan con contratos flexibles, como los jóvenes, los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y las personas con un contexto de migración. La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en lo que respecta al acceso a una protección social adecuada para los trabajadores por cuenta propia, que sufren con mayor frecuencia unos niveles de protección bajos (o no tienen ninguna protección) en casos de enfermedad, incapacidad, desempleo y vejez.

               (20)El apoyo a la liquidez de las empresas a través de préstamos y garantías, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, ha tenido una importancia capital. La distribución del apoyo de liquidez a las empresas debe aplicarse de manera efectiva y rápida por intermediarios, al tiempo que se apuntala la resiliencia de esas empresas. Permitir la moratoria del pago de impuestos y cotizaciones sociales y acelerar los pagos de los contratos por parte de las autoridades públicas puede ayudar también a mejorar la situación de tesorería de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas emergentes y empresas en expansión de creación reciente pueden requerir apoyo específico, por ejemplo en forma de participaciones de capital de las instituciones públicas e incentivos a los fondos de capital riesgo para que aumenten sus inversiones en ellas. Con ello puede contribuirse a evitar las ventas forzosas de empresas europeas de importancia estratégica. Tal como permite el Marco Temporal para las ayudas estatales
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               , y en las condiciones establecidas en él, el apoyo de capital o de cuasicapital debe garantizarse para todas las empresas
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                y no solo para aquellas que entren en la definición de pequeñas y medianas empresas formulada por la Comisión
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               . También deben mantenerse los esfuerzos para ofrecer a las personas y las empresas acceso a unos servicios públicos digitales eficientes.

               (21)Para fomentar la recuperación económica, será importante concentrar en su fase inicial los proyectos maduros de inversión pública y promover la inversión privada, en particular mediante reformas pertinentes. Una acción estratégica enfocada, que incluya la inversión en los sectores con mayores posibilidades de impulsar un crecimiento potencial para la economía en general, puede contribuir a abordar las dificultades que la actual crisis ha acelerado. En particular, las inversiones en I+D incluidas en la «política de sectores de máxima prioridad e innovación dirigida a una misión»
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                y en capital humano pueden servir para apoyar el crecimiento de la productividad a largo plazo y mantener una fuerte capacidad de innovación. En particular, este es el caso para las empresas emergentes, las empresas en expansión y las pymes innovadoras, que son cruciales para reforzar la competitividad y la creación de empleo. La inversión en iniciativas recogidas en el Acuerdo sobre el Clima y el Acuerdo Nacional sobre la Energía y el Clima de los Países Bajos con objeto de hacer frente al cambio climático y promover la transición energética puede constituir una contribución clave a unos objetivos sociales más amplios, incluida la necesidad de garantizar un crecimiento económico sostenible y eficiente en términos de recursos. Además, aunque los Países Bajos son pioneros en la descarbonización del sector del transporte, el uso de energías renovables en el transporte es inferior a la media de la UE. Finalmente, es necesario invertir en nuevas viviendas para aliviar la actual escasez. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a los Países Bajos a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe específico de país. Con ello, los Países Bajos podrían optimizar la utilización de ese Fondo.

               (22)Las capacidades técnicas y digitales y unos profesionales cualificados son cruciales para la capacidad de innovación de la economía neerlandesa y para un crecimiento sostenible e inclusivo de la productividad. La inversión en capacidades básicas y digitales, educación y formación, incluidas unas oportunidades de reciclaje y recapacitación que alcancen a todos, también sigue siendo crucial para mejorar el acceso al mercado de trabajo, en particular para mejorar la empleabilidad de quienes se encuentran en los límites del mercado de trabajo (entre ellos las personas con un contexto de migración y las personas con discapacidad), a la vez que se promueven la igualdad de oportunidades y la inclusión activa.

               (23)Aunque los Países Bajos han tomado medidas contra las prácticas de planificación fiscal agresiva al aplicar iniciativas previamente acordadas a escala internacional y europea, el elevado nivel de los pagos de dividendos, cánones e intereses efectuados a través de los Países Bajos parece indicar que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal agresiva. Una gran proporción de la inversión extranjera directa acumulada está en manos de «entidades con fines especiales». La ausencia de retención fiscal sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la UE a residentes en terceros países) en concepto de pagos de cánones e intereses puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. La reforma recién adoptada sobre la retención sujeta a condiciones de los impuestos sobre los pagos de cánones e intereses en caso de abuso o de pagos a jurisdicciones de baja carga impositiva, que será aplicable a partir del 1 de enero de 2021, es un paso positivo hacia la reducción de la planificación fiscal agresiva. La eficacia de la reforma debe vigilarse estrechamente.

               (24)Una serie de entidades financieras neerlandesas han estado recientemente implicadas en asuntos de blanqueo de capitales. Estos casos ponen de relieve que, a pesar de los recientes esfuerzos, es necesario seguir reforzando la supervisión de las entidades financieras e investigar y enjuiciar los casos de blanqueo de capitales. Fuera del sector financiero, la apertura de la economía neerlandesa a inversiones extranjeras directas y las complejas estructuras jurídicas del país también plantean riesgos significativos de blanqueo de capitales. El desajuste entre la escasa comunicación de información sobre transacciones inusuales por parte de los proveedores de servicios de fideicomiso y empresariales y los asesores fiscales y su alta exposición al riesgo exige una supervisión adecuada. Dada la gran presencia de estructuras jurídicas complejas, el buen funcionamiento del registro de titularidad real es esencial para evitar el mal uso de esas entidades, pero ese registro aún no ha sido creado.

               (25)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (26)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, los Países Bajos contribuirán a los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (27)La coordinación estrecha entre las economías dentro de la unión económica y monetaria es fundamental para alcanzar una recuperación rápida del impacto económico de la COVID-19. Los Países Bajos, como Estado miembro cuya moneda es el euro (y teniendo en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo), deben garantizar que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones para la zona del euro y se coordinan con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

               (28)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe específico de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el seguimiento dado a las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (29)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (30)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Estabilidad de 2020. Las presentes recomendaciones toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y de facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones que se refieren directamente a los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en la recomendación 3.

               RECOMIENDA a los Países Bajos que tomen medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, adoptar todas las medidas necesarias para abordar eficazmente la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación posterior. Cuando las condiciones económicas lo permitan, seguir políticas presupuestarias que tengan por objetivo alcanzar una situación prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se refuerza la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular haciendo frente a la actual escasez de personal sanitario y aumentando la utilización de herramientas pertinentes de sanidad electrónica.

               2.Mitigar el impacto social y sobre el empleo de la crisis y promover una protección social adecuada para los trabajadores por cuenta propia.

               3.Concentrar en la fase inicial los proyectos maduros de inversión pública y promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular el desarrollo de capacidades digitales, las infraestructuras sostenibles y la producción y el uso limpios y eficientes de la energía, así como una investigación y desarrollo orientada a misiones.

               4.Tomar medidas para abordar plenamente las características del sistema tributario que facilitan la planificación fiscal agresiva, en particular para los pagos salientes, fundamentalmente aplicando las medidas adoptadas y garantizando su eficacia. Garantizar la supervisión efectiva y la aplicación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 518 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        Memorándum presupuestario de 2020 (Voorjaarsnota 2020), distribuido para su revisión en la Segunda Cámara por W. Hoekstra, ministro de Economía, el 25 de abril de 2020.

                     (9)

                        DO C 91 I de 20.3.2020, p. 1.

                     (10)

                        Incluidas las empresas emergentes y en expansión con modelos de negocio competitivos cuya situación de tesorería se vea afectada negativamente por la COVID-19.

                     (11)

                        COM(2020) 150 final.

                     (12)

                        Este nuevo enfoque estratégico busca seguir impulsando la inversión en I+D para alcanzar los objetivos a largo plazo en retos sociales clave agrupados en cuatro «misiones»: i) transición energética y sostenibilidad; ii) agricultura, agua y alimentos; iii) salud y asistencia; y iv) seguridad. La estrategia se contempla como prioridad clave para el refuerzo de la competitividad y para abordar los retos sociales [Ministerio de Asuntos Económicos (EZK), 2018; Kamerbrief: Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact, Rijksoverheid, La Haya].

                     (13)

                        Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.5.2020
            COM(2020) 502 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Bulgaria

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Bulgaria

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
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               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
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               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2020 sobre Bulgaria
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                fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Bulgaria con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019
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               , las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Bulgaria ya no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En los últimos años, las vulnerabilidades del sector financiero se habían unido a un elevado endeudamiento y a préstamos no productivos en el sector empresarial. Ya no se detectan desequilibrios, porque una actuación coherente en materia de políticas y un entorno macroeconómico favorable han reducido aún más el riesgo y los puntos vulnerables.

               (3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. Constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

               (4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

               (5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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               . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

               (6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

               (7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de preparación ante las crisis en el sistema sanitario, que incluya, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

               (8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes
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                con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Bulgaria a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados por la crisis.

               (9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones búlgaras debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida de actividades que requieren un contacto cara a cara con los consumidores. Ello conlleva un riesgo sustancial de ampliación de las disparidades regionales en Bulgaria, lo que agrava la tendencia ya observada hacia una ampliación de las disparidades entre la capital y el resto del país, y entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

               (10)El jueves 30 de abril de 2020, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

               (11)Bulgaria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 2,1 % del PIB en 2019 a un déficit del 3,1 % en 2020. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda de las administraciones públicas / PIB, tras disminuir al 20,4 % en 2019, aumentaría al 25,8 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

               (13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Bulgaria ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 1,3 % del PIB. Las medidas incluyen un mayor gasto en asistencia sanitaria y servicios de seguridad, así como un régimen de apoyo al empleo para los sectores en dificultades. Por otra parte, Bulgaria ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas, y cuyo importe estiman los Programas de Convergencia de 2020 en el 0,6 % del PIB. Estas medidas incluyen garantías del Banco de Desarrollo de Bulgaria, de propiedad estatal, y aplazamientos fiscales para los impuestos de sociedades. Globalmente, las medidas tomadas por Bulgaria están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada a la pandemia de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

               (14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el déficit de las administraciones públicas de Bulgaria sería del 2,8 % del PIB en 2020 y el 1,8 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

               (15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Bulgaria del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. El análisis indica, tras evaluar todos los factores pertinentes, que se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

               (16)El 13 de marzo de 2020, Bulgaria declaró el estado de alarma desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020; posteriormente se amplió hasta el 13 de mayo de 2020 y luego hasta el 14 de junio de 2020. El 6 de abril de 2020, el Parlamento adoptó una propuesta de modificación del presupuesto del Estado para 2020 presentada por el Gobierno. El nuevo presupuesto prevé un déficit de 3 500 millones BGN (2,9 % del PIB), debido al aumento del gasto destinado a las medidas relacionadas con la crisis y a una reducción prevista de los ingresos de 2 400 millones. Se prevé una quintuplicación del límite máximo de la nueva deuda pública, que pasa de 2 200 millones BGN a 10 000 millones BGN.  En total, Bulgaria movilizó un paquete financiero de más de 870 millones BGN en el marco de varios programas operativos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 a fin de prestar apoyo al sistema sanitario y abordar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

               (17)En respuesta a la crisis, Bulgaria introdujo una medida de apoyo al empleo mediante la cual el Estado se compromete a pagar el 60 % de los ingresos de los trabajadores y la correspondiente cotización a la seguridad social durante un período de hasta tres meses, siempre que el empresario pague la diferencia y se comprometa a mantener a los trabajadores en activo. Las empresas elegibles incluyen las que se ven directamente afectadas por las restricciones impuestas por el estado de alarma. También son elegibles las empresas de otros sectores que demuestren que han reducido un 20 % sus ingresos en marzo de 2020, en comparación con marzo de 2019.

               (18)Se amplió el capital del Banco de Desarrollo de Bulgaria para aumentar la liquidez en la economía. Se destinaron 500 millones BGN para ofrecer garantías de cartera a los bancos que concedan a las empresas condiciones de préstamo más flexibles, mientras que 200 millones BGN se destinaron a garantías de préstamos sin intereses de hasta 4 500 BGN para autónomos o personas a las que su empresa ha aplicado una baja sin sueldo. El Banco de Desarrollo de Bulgaria también aplicará un sistema de garantía de 100 millones de euros para préstamos a las pymes financiados por el programa operativo «Innovación y Competitividad» en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El gestor del fondo de instrumentos financieros de Bulgaria ha reexaminado su cartera y está adaptando sus instrumentos de apoyo a las empresas a la realidad económica actual. El Banco Nacional de Bulgaria ha introducido un paquete de medidas por valor de 9 300 millones BGN, que tiene por objeto mantener la resiliencia del sistema bancario y aumentar su flexibilidad, a fin de reducir los efectos negativos de las restricciones impuestas a los ciudadanos y las empresas.

               (19)La economía búlgara se ha visto duramente perturbada por la crisis, que ha afectado tanto a los servicios como a la industria manufacturera. El impacto negativo se vio agravado por la disminución de la demanda y la oferta, así como por las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales. Las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la emergencia pueden ayudar a mitigar las consecuencias de la crisis, pero su aplicación rápida y eficaz será clave para preservar el empleo y mejorar la liquidez de las empresas, especialmente de las pymes, así como de los trabajadores independientes. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. En consonancia con las Directrices de la Comisión, Bulgaria ha suprimido las prohibiciones de exportación de equipos de protección individual y ha creado «carriles verdes» de controles rápidos en los pasos fronterizos.

               (20)La COVID-19 supone una carga adicional para el sistema sanitario de Bulgaria, que ya se caracteriza por una accesibilidad limitada como consecuencia de la escasa financiación pública, una limitada cobertura del seguro de enfermedad, un reducido número de enfermeros y una distribución geográfica desigual de los trabajadores sanitarios. Por lo tanto, hay margen para reforzar en general la resiliencia, la accesibilidad y la capacidad del sistema sanitario búlgaro. Una mayor atención (general y especializada) en entornos ambulatorios, también con consultas a distancia, aliviaría la presión sobre los hospitales, y toda la población debería poder acceder a ensayos y tratamiento, independientemente de su situación respecto al seguro de enfermedad. Debe garantizarse un acceso adecuado a los profesionales de la salud y a sus servicios en todo el territorio. La integración de la asistencia primaria, de larga duración y comunitaria es crucial para las personas de edad avanzada y los grupos más vulnerables.

               (21)Según las previsiones de la Comisión, la tasa de desempleo aumentaría hasta el 7,0 % en 2020 y descendería al 5,8 % en 2021. Desde el principio del estado de alarma, el desempleo ha aumentado rápidamente en el sector de la hostelería, en las grandes ciudades y entre las personas con educación equivalente o inferior a la enseñanza secundaria. El Gobierno ha tomado medidas para proteger el empleo, en particular sistemas de jornada reducida, que deben aplicarse rápidamente y mejorarse. En cooperación con los interlocutores sociales, el contexto actual justifica un amplio apoyo a los empleadores y trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, para evitar nuevas pérdidas de puestos de trabajo. La capacidad y las medidas aplicadas por la Agencia Nacional de Empleo deberán reforzarse para responder a los efectos negativos del mercado de trabajo. Más esfuerzos de activación, mejora de cualificaciones y reciclaje profesional serán fundamentales para que las personas vuelvan a trabajar, al tiempo que se prepara la mano de obra para los retos y las oportunidades derivados de la digitalización. La crisis también podría tener un impacto significativo en los trabajadores en empleo informal, con acceso limitado a servicios sanitarios y protección social. Unas medidas políticas específicas podrían evitar que aumente la pobreza entre los trabajadores no protegidos y los grupos más vulnerables y mejorar sus medios de subsistencia durante la recuperación.

               (22)La crisis de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables y exacerba los desafíos sociales existentes. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ya era elevado antes de la crisis, especialmente entre los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y la población romaní, y las transferencias sociales solo han reducido la pobreza de forma limitada. La desigualdad de ingresos era una de las más elevadas de la UE, y los sistemas fiscales y de prestaciones estaban entre los que menos la han reducido. La crisis requiere medidas para subsanar las carencias ya detectadas en años anteriores y, en particular, en el régimen de renta mínima, que es uno de los menos adecuados en la UE para sacar a los destinatarios de la pobreza. Siguen siendo pertinentes cuestiones como garantizar la protección social para todos, incluidos los trabajadores atípicos, los trabajadores por cuenta propia y los hogares con bajos ingresos, garantizar la ayuda a la renta, alimentos y servicios sociales adecuados, así como ofrecer alojamiento de emergencia y apoyo a las personas sin hogar. La reforma de los servicios sociales contribuiría a estabilizar el sistema, mientras que una mayor cooperación entre los servicios sanitarios y sociales permitiría proteger mejor a las personas que no pueden cuidar de sí mismas y a las personas con discapacidad. Muchos hogares romaníes, que ya se encontraban en situación de extrema pobreza antes de la crisis, necesitan servicios de mediación y servicios y apoyo esenciales.

               (23)Una mejora de la prestación de servicios de educación y formación y una mano de obra más cualificada también respaldarían firmemente la recuperación y fomentarían un crecimiento integrador y sostenible a medio plazo. Todavía hay margen para mejorar la calidad, la pertinencia para el mercado de trabajo y la inclusividad de la educación y la formación en Bulgaria. Bulgaria es uno de los Estados miembros en los que el contexto socioeconómico tiene mayor influencia en los resultados del aprendizaje. La inclusión de los romaníes en la educación sigue siendo un reto, ya que el abandono escolar prematuro es especialmente elevado entre los romaníes y en las zonas rurales. El nivel global de capacidades digitales es bajo entre la población (16-74 años), y también para los jóvenes (de 16 a 19 años). Una mejora de las capacidades digitales, por ejemplo, a través de grados y planes de estudios con mayor componente digital, podría ayudar en la adaptación a los cambios del mercado laboral producidos por la digitalización y a la necesidad de trabajar a distancia en un entorno digital. Al mismo tiempo, todavía hay un 11 % de estudiantes que carecen de ordenadores o de acceso a internet y 2 000 profesores sin ordenadores. Por consiguiente, la actual situación del aprendizaje a distancia corre el riesgo de empeorar las ya elevadas desigualdades en educación y formación: la mejora del conocimiento digital de todos los estudiantes y su acceso a una infraestructura técnica adecuada tendrían un impacto positivo duradero en su acceso a la educación, en particular para los grupos vulnerables, incluidos los romaníes, contribuyendo así a reducir sus elevadas tasas de abandono escolar.

               (24)La crisis ha puesto de relieve la importancia estratégica de una administración pública eficiente, digital y que funcione correctamente, incluida la sanidad electrónica y la contratación pública electrónica. La UE ha apoyado las reformas en este ámbito, pero su aplicación progresa con excesiva lentitud, lo que ha afectado negativamente a la eficacia del sector público durante el período de confinamiento. Por lo tanto, Bulgaria va a la zaga en la prestación de servicios electrónicos, y debe fomentarse su adopción por parte de los ciudadanos y las empresas. También será preciso abordar plenamente las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la seguridad de las infraestructuras críticas. De cara al futuro, una administración pública eficaz será clave para garantizar la aplicación oportuna y eficaz de las medidas de recuperación. Siguen siendo especialmente importante la cooperación y la coordinación en todos los niveles de la administración, incluidos los contratos públicos y las concesiones, así como la vigilancia del mercado. Una mayor previsibilidad y estabilidad reglamentaria, un control efectivo de la aplicación de las políticas y una reducción de la carga administrativa mejoraría el entorno empresarial y fomentaría la inversión, lo que afectaría positivamente a la velocidad de la recuperación.

               (25)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La crisis aumentó la importancia de la digitalización y la innovación, en las que Bulgaria, y en particular sus pequeñas y medianas empresas (pymes), obtienen resultados muy por debajo de la media de la UE. Un ejemplo significativo de esta cuestión es el espectro que está previsto asignar en las bandas pioneras 5G, que no está a la altura de lo necesario para permitir la prestación oportuna y efectiva de servicios 5G. Todavía deben abordarse los problemas ya conocidos del sistema de investigación y educación superior, como la fragmentación, la escasa financiación y la limitación de los conocimientos y la transferencia de tecnología. Al mismo tiempo, Bulgaria es la economía con mayor consumo de recursos, energía y gases de efecto invernadero de la UE, y tiene importantes necesidades de inversión en los ámbitos de la energía y la descarbonización para facilitar la transición a la neutralidad climática, tal como se describe en el Plan Nacional de Energía y Clima de Bulgaria.

               (26)Los esfuerzos de transformación para hacer frente a la elevada intensidad energética de Bulgaria, la dependencia excesiva de los combustibles fósiles y el uso ineficiente de la energía y de los recursos se encuentran en una fase inicial. El Plan Nacional de Energía y Clima hace hincapié en el compromiso de Bulgaria de descarbonizar su economía a más tardar en 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo, pero también señala la intención de mantener la dependencia de Bulgaria de las fuentes domésticas de lignito en 2050 y más adelante. La cobertura y la calidad de las infraestructuras de transporte en Bulgaria sigue por debajo de la media de la UE y la Red Transeuropea de Transporte sigue incompleta. La red de plataformas multimodales, algunas secciones ferroviarias y de carretera, así como los sistemas europeos de gestión del tráfico ferroviario y los sistemas de transporte inteligentes siguen estando poco desarrollados. Es preciso abordar cuestiones medioambientales importantes, ya que afectan al crecimiento sostenible y crean riesgos adicionales para la salud durante la crisis de la COVID-19. Bulgaria es uno de los Estados miembros con mayor incidencia de muertes relacionadas con la contaminación, y siguen siendo un reto la gestión de residuos y el cumplimiento de las obligaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Bulgaria a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe dirigido al país
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               . Esto permitiría a Bulgaria optimizar el uso de este Fondo.

               (27)Contar con un marco de insolvencia que funcione correctamente será importante para la recuperación de la economía real tras la crisis de la COVID-19, que podría provocar un aumento significativo de las quiebras.  Este marco también facilitaría una resolución más rápida de los préstamos no productivos, limitando así su acumulación. Al mismo tiempo, la ineficacia del marco de insolvencia da lugar a procedimientos de insolvencia lentos y costosos. En junio de 2019 se adoptó la hoja de ruta marco de insolvencia, y se detectaron lagunas importantes. Bulgaria ha iniciado su aplicación y está preparando medidas de seguimiento, en particular cambios legislativos y actividades de desarrollo de capacidades.

               (28)Bulgaria adoptó varias leyes en 2019 para transponer la cuarta y quinta Directivas de lucha contra el blanqueo de capitales, cuya aplicación está pendiente. La evaluación nacional de riesgos realizada recientemente pone de manifiesto deficiencias que requieren una mitigación urgente para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aún no se han evaluado adecuadamente los riesgos de concesión de la ciudadanía por programas de inversión y activos virtuales. Es preciso diseñar y aplicar acciones para que las entidades obligadas apliquen efectivamente el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. La eficacia de la aplicación y el control del cumplimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales ha sido limitada, y el uso de la información financiera ha sido insuficiente.

               (29)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

               (30)En general, los bancos búlgaros son rentables y están bien capitalizados. A pesar de algunas disminuciones en los últimos años, la ratio de préstamos dudosos se mantuvo en 7,2 % en el tercer trimestre de 2019, entre las más elevadas de la UE, en particular por parte de las sociedades no financieras y de los bancos de propiedad nacional, y sigue siendo importante mantener los esfuerzos para fomentar un mercado secundario de préstamos dudosos. La provisión de préstamos dudosos ha seguido una tendencia decreciente desde finales de 2018, acompañada en ocasiones de provisiones insuficientes para los préstamos dudosos con mucho retraso existentes. La evaluación global realizada por el Banco Central Europeo puso de manifiesto la necesidad de aumentar el capital de dos bancos. La recapitalización se está completando. Una mayor provisión de liquidez por parte de los bancos para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 y relanzar el crecimiento económico debe ir acompañada de una evaluación del riesgo crediticio y de unas normas de crédito prudentes, unas buenas prácticas de tasación y una notificación precisa de cualquier deterioro de la calidad de los activos.

               (31)La Comisión supervisa los avances de Bulgaria en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en el contexto del mecanismo de cooperación y verificación (MCV). El último informe del MCV de octubre de 2019 señalaba que los progresos realizados por Bulgaria son suficientes para cumplir los compromisos asumidos por Bulgaria en el momento de su adhesión a la UE. Sin embargo, Bulgaria ha llevado a cabo una amplia reforma de su marco jurídico de lucha contra la corrupción, pero necesita un sólido historial de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel para merecer la confianza pública. Además, siguen existiendo una serie de retos, en particular garantizar la eficacia de las investigaciones penales, el reequilibrio de la carga de trabajo entre los tribunales y la racionalización de las fiscalías locales. Estas cuestiones son objeto de seguimiento en el marco del mecanismo de cooperación y verificación. En virtud de este mecanismo, la Comisión sigue supervisando la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Bulgaria. Por consiguiente, estos ámbitos no están contemplados en las recomendaciones específicas para Bulgaria, pero son pertinentes para desarrollar un entorno socioeconómico positivo en el país.

               (32)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Bulgaria contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

               (33)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

               (34)A la luz de esta valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen
                  9
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               RECOMIENDA que Bulgaria tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

               1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, tomar todas las medidas necesarias para combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Movilizar recursos financieros adecuados para reforzar la resiliencia, la accesibilidad y la capacidad del sistema sanitario y garantizar una distribución geográfica equilibrada de los trabajadores sanitarios.

               2.Garantizar una protección social adecuada y unos servicios esenciales para todos, y reforzar las políticas activas del mercado de trabajo. Mejorar el acceso a las actividades de trabajo a distancia, y promover las competencias digitales y la igualdad de acceso a la educación. Corregir las deficiencias en la adecuación del régimen de renta mínima.

               3.Racionalizar y acelerar los procedimientos para proporcionar apoyo efectivo a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta propia, garantizando también su acceso continuado a la financiación y a acuerdos de pago flexibles. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición verde y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de la energía y los recursos, la infraestructura medioambiental y el transporte sostenible, contribuyendo a la descarbonización progresiva de la economía, incluso en las regiones carboníferas.

               4.Reducir al mínimo la carga administrativa para las empresas, mediante la mejora de la eficacia de la administración pública y el refuerzo de la administración digital. Garantizar un funcionamiento eficaz del marco de insolvencia. Intensificar los esfuerzos para garantizar una evaluación y mitigación adecuada del riesgo, así como la supervisión eficaz y el cumplimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)

                        SWD(2020) 501 final.

                     (4)

                        DO C 301 de 5.9.2019, p. 117–122.

                     (5)

                        COM(2020) 112 final.

                     (6)

                        COM(2020) 123 final.

                     (7)

                        Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5) y Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

                     (8)

                        SWD(2020) 501 final.

                     (9)

                        Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.