               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 329 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Españay por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de España

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de España

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de España

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro
                  7
               . Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016. Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)El informe específico de 2016 sobre España
                  8
                fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo
                  9
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la elevada deuda externa e interna, tanto pública como privada, sigue constituyendo un punto vulnerable en un contexto de desempleo elevado. Es especialmente importante la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía española y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la Unión Económica y Monetaria. Pese a la mejora de la balanza por cuenta corriente, no se prevé que los pasivos exteriores netos se sitúen en niveles prudentes a corto plazo. El proceso de desapalancamiento del sector privado lleva buen rumbo, apoyado en parte por las favorables condiciones de crecimiento, pero las necesidades de desapalancamiento son grandes y el endeudamiento público sigue siendo elevado. Se han tomado medidas en el sector financiero y en relación con los marcos que rigen la insolvencia empresarial y personal, pero es necesario seguir actuando en el ámbito de la innovación y las cualificaciones y para garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (3)El 29 de abril de 2016, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y el 30 de ese mismo mes, su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  10
               .

               (5)España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, España prevé alcanzar objetivos de déficit global del 3,6 % del PIB en 2016 y del 2,9 % en 2017. Por consiguiente, se prevé corregir el déficit excesivo un año más tarde de lo actualmente recomendado por el Consejo al no haberse cumplido el esfuerzo fiscal y los objetivos principales en 2014 y 2015. Estos objetivos suponen la realización plena del ahorro permanente del 0,4 % del PIB en el nivel de las administraciones central y autonómicas anunciado en respuesta a la Recomendación Autónoma de la Comisión de 9 de marzo de 2016. Se prevé que el déficit siga disminuyendo posteriormente hasta llegar al 1,6 % del PIB en 2019. Sin embargo, no se prevé alcanzar el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales dentro del horizonte temporal del Programa de Estabilidad. En concreto, se prevé que el saldo estructural recalculado mejore solo levemente en 2016 y 2017 hasta situarse en torno al -2,5 % del PIB, y disminuya lentamente hasta alcanzar el -2,75 % del PIB en 2019. La ratio deuda pública/PIB disminuyó solo marginalmente en 2015 hasta el 99,2 % del PIB y se espera que disminuya ligeramente en 2016 y 2017, y de forma más decisiva en los dos años siguientes, hasta situarse en el 96 % del PIB en 2019 al convertirse el saldo primario en superávit. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil en lo que respecta a 2016 y 2017 y algo optimista para después; ha sido refrendado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit sería del 3,9 % del PIB en 2016 y del 3,1 % en 2017, por encima de los objetivos principales del Programa de Estabilidad. Por consiguiente, no se prevé que España corrija el déficit excesivo en 2016 tal como recomendaba el Consejo. Los objetivos de déficit del Programa se ven comprometidos por riesgos derivados en gran parte de las incertidumbres que rodean la realización de los ahorros propiciados por las medidas de marzo y abril de 2016. Dado que se prevé un ligero aumento del déficit estructural en ambos años, el esfuerzo fiscal no está en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que España no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por consiguiente, son necesarias más medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017.

               (6)De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, la Comisión supervisará regularmente la aplicación de las medidas adoptadas por España en respuesta a la última Recomendación efectuada por el Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 7, del TFUE: por lo tanto, la Comisión recomendará al Consejo las medidas oportunas que deban tomarse en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

               (7)Desde 2012, el marco presupuestario español se ha ido reforzando, en particular para evitar las desviaciones y garantizar el cumplimiento, por parte de todos los niveles de la Administración, de los respectivos objetivos de déficit, deuda y gasto. Además, a mediados de 2015 se aprobó una norma (de aplicación voluntaria) a nivel autonómico destinada a limitar el crecimiento del gasto en asistencia sanitaria y productos farmacéuticos, y en noviembre de ese mismo año el Gobierno y la industria farmacéutica firmaron un acuerdo de racionalización del gasto farmacéutico. Pese a ello, en 2015 la mayor parte de las comunidades autónomas y el sector de la seguridad social quedaron muy lejos de alcanzar los objetivos presupuestarios internos. La regla de gasto que contempla la Ley de Estabilidad no fue respetada por las administraciones central, autonómicas y locales, y el crecimiento del gasto en productos farmacéuticos, en particular en los hospitales, se intensificó aún más, incluso si se excluye la repercusión de la financiación de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C.

               (8)En el ámbito de la contratación pública, los resultados de España son buenos por lo que respecta a la calidad de la legislación y la disponibilidad de procedimientos de recurso. Se han realizado esfuerzos para racionalizar las adquisiciones públicas, en particular mediante mecanismos de contratación conjunta. No obstante, existen disparidades en la implementación de las contrataciones públicas por parte de las distintas administraciones, y la insuficiencia de los mecanismos de control obstaculiza la correcta aplicación de las normas pertinentes. El número de presuntas vulneraciones de la legislación de la UE en materia de contratación pública puestas en conocimiento de la Comisión en los últimos años ha sido relativamente elevado. Además, el Tribunal de Cuentas español ha señalado algunas deficiencias, como la utilización frecuente del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, la modificación recurrente de los contratos, el fraccionamiento indebido de los contratos en otros de menor cuantía y la insuficiente precisión y claridad de algunos documentos de licitación y decisiones administrativas.

               (9)España ha realizado avances considerables en la reestructuración del sector financiero. Se ha aplicado la Ley de Cajas de Ahorros, para reforzar su gobernanza y reducir las participaciones de control en manos de fundaciones bancarias. La aplicación de los planes de reestructuración de las entidades bancarias beneficiarias de ayudas estatales está muy avanzada. El Banco de España ha modificado el régimen contable de las entidades de crédito y adoptado un nuevo marco para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que permitirá a esta tratar adecuadamente las pérdidas de valor y facilitará que pueda adaptar sus políticas de desapalancamiento en función de supuestos creíbles sobre la evolución del mercado.

               (10)Las reformas del mercado laboral emprendidas en los últimos años han aumentado la prontitud de la reacción del empleo al crecimiento económico, y se ha reanudado la creación de puestos de trabajo, sobre la base de una mayor flexibilidad y el mantenimiento de la moderación salarial. Los convenios colectivos han favorecido esta evolución, también al hilo del acuerdo interprofesional firmado en junio de 2015. El reciente aumento del empleo total ha venido impulsado principalmente por los contratos temporales, aunque se está registrando un lento incremento del número de nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la utilización de los incentivos a la nueva contratación permanente es todavía limitada y la proporción de trabajadores temporales sigue siendo una de las más elevadas de la UE, sin que hayan aumentado las oportunidades al alcance de los trabajadores temporales para progresar hacia un contrato permanente. La corta duración de los contratos temporales limita los incentivos para invertir en capital humano, minando el crecimiento de la productividad. Aunque el desempleo está disminuyendo rápidamente, sigue siendo muy elevado, en particular entre los jóvenes, y su duración media va en aumento. La persistencia de índices elevados de desempleo de larga duración implica que la falta de empleo puede hacerse crónica, en detrimento de las condiciones laborales y sociales. Casi el 60 % de los parados de larga duración están poco cualificados, lo que hace necesario impulsar políticas adecuadas de formación y políticas activas y pasivas de empleo, para corregir la inadecuación generalizada de las cualificaciones e impedir que se deprecien las cualificaciones con que cuenta ese grupo. La interacción con los empleadores en la concepción de los programas de formación sigue siendo escasa.

               (11)La eficacia de las políticas de activación y de las políticas activas de empleo depende en gran medida de la capacidad de los servicios de empleo para diseñar y ofrecer apoyo individualizado a los beneficiarios. La aplicación de las recientes reformas de las políticas activas del mercado de trabajo está avanzando lentamente y la capacidad de los servicios públicos de empleo para ofrecer ayuda y una orientación individualizada efectiva en la búsqueda de empleo sigue siendo limitada, al igual que la cooperación entre los servicios de empleo de las comunidades autónomas y las agencias de colocación privadas. Además, la cooperación entre los servicios sociales y de empleo no es igual en las distintas comunidades autónomas, lo que dificulta la prestación de asistencia coordinada a las personas más alejadas del mercado laboral, en particular a los perceptores de la renta mínima. Existen diferencias significativas entre las comunidades autónomas respecto a los regímenes de complemento de la renta, por ejemplo sobre las modalidades de prestación, las condiciones de elegibilidad, la cobertura y la adecuación, mientras que las dificultades para transferir las prestaciones sociales dificultan la movilidad laboral entre comunidades autónomas. Además, la información sobre la transición al empleo desde los regímenes de renta mínima es muy limitada. España está elaborando actualmente un mapa de los regímenes de complemento de la renta en vigor a nivel nacional y en las comunidades autónomas. Aunque se han introducido algunas medidas, la eficacia de los subsidios familiares y de vivienda para la reducción de la pobreza sigue siendo limitada, y la falta de servicios de guardería y de cuidados de larga duración adecuados y asequibles disuade a las mujeres, en particular, de incorporarse al mercado laboral.

               (12)El cada vez más rápido cambio de la composición sectorial del empleo que España viene registrando desde 2008 se ha visto acompañado por un aumento de la inadecuación de las cualificaciones. El bajo nivel general de cualificación dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido y mina el crecimiento de la productividad. A pesar del gran número de personas con estudios superiores, la oferta de cualificaciones no está suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral, de modo que los índices de empleabilidad de los titulados superiores recientes figuran entre los más bajos de Europa, y gran parte de esos titulados desempeñan ocupaciones que no requieren un título universitario. Además, la cooperación entre las empresas y las universidades sigue siendo escasa, pese a la ligera mejora registrada durante estos cinco últimos años, en parte al hilo de las iniciativas de aumento de la representación de las empresas en los órganos rectores de las universidades. La escasa movilidad académica, la rigidez del sistema de gobernanza universitaria y las trabas administrativas a las que se enfrentan las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) agravan los obstáculos a una cooperación más estrecha.

               (13)La política de investigación e innovación en España afronta diversos retos. La interacción entre la investigación pública y privada es escasa. La intensidad de I+D en España (el gasto en I+D como porcentaje del PIB) y los resultados en materia de innovación siguen disminuyendo, con el trasfondo de un número relativamente pequeño de empresas innovadoras e incentivos escasos para la colaboración entre la investigación pública y las empresas. España presenta resultados por debajo de la media en la mayor parte de los indicadores de innovación empresarial. La diferencia en la intensidad del gasto en I+D con respecto al conjunto de la UE es especialmente significativa por lo que respecta a la inversión privada en I+D (un 0,6 % en España frente al 1,3 % en el conjunto de la UE). El capital riesgo no está aún muy extendido en España, especialmente en la fase de lanzamiento. La escasa coordinación de las políticas de investigación e innovación en España ha provocado un fragmentado paisaje de los organismos y programas autonómicos de promoción de las actividades de innovación y fomento de la cooperación entre el mundo científico y las empresas, lo que genera importantes dificultades para las empresas, especialmente para las de menor tamaño. La baja participación empresarial en las actividades de innovación podría apuntar a una falta de condiciones marco e incentivos que propicien la innovación. Como se puso de relieve en la evaluación del sistema español de investigación e innovación que publicó en 2014 el Comité del Espacio Europeo de Investigación (CEEI), los sistemas públicos de investigación más eficientes presentan niveles de evaluación y rendición de cuentas más elevados que los del sistema español. En este contexto, la asignación de fondos públicos a las actividades de I+D en las universidades y los organismos públicos de investigación no suele estar basada en el rendimiento, lo que reduce los incentivos para la mejora de la calidad y la pertinencia de la producción científica.

               (14)El pequeño tamaño medio de las empresas españolas contribuye a explicar que el nivel de productividad de la economía siga siendo bajo. El crecimiento de las empresas, junto con las mejoras en el capital humano, la innovación, la tecnología, el acceso a la financiación y la eficiencia de la justicia podrían impulsar la productividad agregada. En 2015, la inversión empresarial aumentó, gracias al dinamismo de las condiciones de la demanda, el reducido coste de los préstamos y el saneamiento en curso de los balances de las empresas y los hogares. España ha puesto en marcha varias medidas dirigidas a fomentar el crecimiento empresarial. Por ejemplo, la reciente Ley de Fomento de la Financiación Empresarial tiene por objeto facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación. También se ha hecho obligatoria la evaluación previa del posible impacto de las nuevas disposiciones legislativas en las pymes. Sin embargo, los plazos y el número de permisos exigidos para crear una empresa o poner en marcha algunas actividades económicas siguen siendo relativamente elevados.

               (15)Las considerables diferencias que existen entre las prácticas reguladoras de las distintas comunidades autónomas, en particular en materia de concesión de licencias de actividad, pueden limitar la capacidad de expansión de las empresas. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado tiene por objeto reducir los obstáculos al acceso y al ejercicio de las actividades económicas en las distintas comunidades autónomas y mejorar la regulación, lo que podría contribuir significativamente a eliminar los obstáculos a la inversión y simplificar la concesión de licencias a las empresas, facilitando su actividad y su crecimiento. Sin embargo, aunque ya han transcurrido tres años desde su promulgación, está siendo aplicada con lentitud a nivel autonómico. Del mismo modo, los beneficios de la reforma del sector minorista de 2014 dependen de que los gobiernos autonómicos adopten los actos de ejecución necesarios. Por otra parte, la reducción de los obstáculos que dificultan el acceso al sector de los servicios profesionales puede mejorar la productividad de otros sectores que los utilizan como insumo. Aparte de la transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español, la reforma horizontal del marco que rige las profesiones reguladas y las asociaciones profesionales no ha registrado ningún avance, salvo en el ámbito del visado de proyectos por los colegios profesionales. No se ha aprobado la reforma contemplada en los sucesivos Programas Nacionales de Reformas, que pretendía definir las profesiones de colegiación obligatoria, aumentar la transparencia y el buen gobierno de los colegios profesionales, abrir las actividades reservadas injustificadamente y preservar la unidad de mercado en el acceso y el ejercicio de los servicios profesionales en España.

               (16)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (17)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen
                  11
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (18)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA a España que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

               (1)Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017, reduciendo el déficit de las finanzas públicas al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % del PIB en 2107 tomando las medidas estructurales necesarias y aprovechando todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Esto es coherente con una mejora del balance estructural del 0,25 % del PIB en 2016 y del 0,5 % del PIB en 2017. Aplicar en todos los niveles de la Administración los instrumentos contemplados en la Ley Marco Presupuestaria. Mejorar los mecanismos de control de la contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación en todos los niveles de la Administración.

               (2)Adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales. Corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluyendo el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad.

               (3)Adoptar medidas adicionales que mejoren la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral, entre otras cosas, estableciendo incentivos a la cooperación entre las universidades, las empresas y el sector de la investigación. Aumentar la financiación por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y adoptar medidas para estimular la investigación y la innovación.

               (4)Acelerar la aplicación a nivel autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Garantizar la aplicación por las comunidades autónomas de las medidas de reforma adoptadas para el sector minorista. Adoptar la reforma prevista de los colegios y servicios profesionales.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2016) 329 final.

                     (4)
                  P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059, y P8_TA(2016)0060.

                     (5)
                  COM(2015) 690 final.

                     (6)
                  COM(2015) 691 final.

                     (7)
                  COM(2015) 692 final.

                     (8)
                  SWD(2016) 78 final.

                     (9)
                  COM(2016) 95 final.

                     (10)
                  COM(2014) 494 final.

                     (11)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 333 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Chiprey por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Chipre

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Chipre

                  y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Chipre

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)Chipre fue sometido a un programa de ajuste macroeconómico hasta el 31 de marzo de 2016, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de Ejecución 2013/463/UE
                  5
                del Consejo. Con arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) n.º472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  6
               , Chipre quedó exento, durante el período de vigencia del programa, de la supervisión y la evaluación del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. Una vez finalizado el programa, Chipre queda ahora plenamente reintegrado en el Semestre Europeo.

               (2)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  7
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  8
               , en el que se señalaba que la situación de Chipre se evaluaría en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, una vez concluido el programa de ajuste macroeconómico. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro
                  9
               . Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016. Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (3)El informe específico de 2016 sobre Chipre
                  10
                fue publicado el 7 de abril de 2016. En él se evaluaron la situación y los desafíos económicos y sociales de Chipre tras su salida del programa de ajuste macroeconómico, el 31 de marzo de 2016, y sus avances hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011. El 7 de abril de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo.
                  11
                El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es fundamental que aborde sus grandes desequilibrios en forma de sobreendeudamiento privado, público y exterior, y el alto nivel de préstamos no productivos.

               (4)El 28 de abril de 2016, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016, y el 13 de mayo de 2016, fuera de plazo, su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  12
               .

               (6)[Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Chipre se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda.] Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016. No obstante, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una cierta desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Se prevé que la balanza estructural de Chipre se deteriore más de lo que permite la norma transitoria en materia de deuda. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe el riesgo de que Chipre no cumpla lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar su cumplimiento en 2017.

               (7)En el marco de su programa de ajuste macroeconómico, Chipre ha introducido importantes reformas presupuestarias estructurales. Están pendientes de adopción determinadas normas de legislación derivada sobre los procedimientos de elaboración del presupuesto, las obligaciones de ajustes presupuestarios interanuales y las responsabilidades de los funcionarios encargados del control de los compromisos. En el sector público siguen observándose ineficiencias. En particular, la administración pública se caracteriza por una de las masas salariales más elevadas(en porcentaje del PIB) de la zona del euro, mientras que los indicadores de eficiencia se mantienen en la media, lo que puede atribuirse a la falta de movilidad y de incentivos al rendimiento. Los servicios públicos (telecomunicaciones, energía) se caracterizan por precios elevados y siguen gozando de una relativa protección frente a la competencia. Dentro del programa, Chipre se ha comprometido a introducir un mecanismo vinculante que limite los aumentos salariales de los empleados públicos como medio para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Aunque se ha elaborado y presentado a la Cámara de Representantes, el proyecto de ley sigue pendiente de aprobación. Para mejorar la eficiencia del sector público, dentro del programa se ha propuesto la reforma horizontal de la administración pública, un plan de reforma de las administraciones locales y una nueva ley sobre gobernanza de las entidades estatales, medidas aún pendientes de adopción.

               (8)La deuda del sector privado sigue siendo excesiva en Chipre. Aunque la reforma de las normativas sobre ejecución hipotecaria e insolvencia es un paso importante de cara a equilibrar los derechos de deudores y acreedores, aún es posible mejorar su eficiencia y ampliar su uso. Una serie de deficiencias en el funcionamiento de estas normativas impiden situar la deuda privada en una trayectoria decreciente sostenible y reducir más rápidamente los préstamos no productivos. Eso también afecta a la capacidad de ofrecer segundas oportunidades a los emprendedores. También persisten una serie de deficiencias que afectan a las soluciones de reestructuración de la deuda del sector privado. Por otra parte, para una aplicación efectiva de la legislación de insolvencia, es importante que se adopten todos los reglamentos y normas procesales necesarios. Para ser plenamente operativo, el servicio de insolvencia (Insolvency Service) necesita personal adecuado, infraestructura informática y un número suficiente de profesionales especializados en insolvencia debidamente formados y acreditados. Además, para evitar retrasos y proteger al comprador, garantizar que los derechos de propiedad se determinen correctamente y contribuir a que se restablezca la confianza en el mercado de la vivienda, es crucial que existan sistemas fiables y rápidos de expedición y cesión de escrituras.

               (9)Chipre también afronta retos decisivos en lo que respecta al funcionamiento de su sistema judicial. La ineficacia de los procedimientos judiciales y la falta de capacidad provocan importantes retrasos, que dificultan la aplicación de las normas sobre insolvencia y ejecución hipotecaria y debilitan el entorno empresarial en general. A falta de una reforma de la ley de enjuiciamiento civil, sigue habiendo lentitud a la hora de tramitar y aplicar las resoluciones judiciales y reducir el número de asuntos pendientes.

               (10)Gracias al programa, ha habido avances significativos en cuanto a reestructurar y restablecer la confianza en el sistema financiero chipriota. Pero Chipre sigue ante el reto de restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía y reducir los préstamos no productivos, que representan en torno al 55% del total de préstamos a los hogares y las sociedades no financieras. El alto endeudamiento de las empresas las hace menos competitivas y afecta a su capacidad de invertir y crecer. Los esfuerzos de los bancos por reestructurar la deuda de los prestatarios viables aún no han tenido resultados tangibles, y la provisión de la exposición dudosa de las entidades sigue siendo relativamente moderada. Las deficiencias en cuanto a ejecución de contratos y disciplina en la devolución de préstamos lastran la capacidad de hacer frente a los impagos estratégicos y cortar de raíz la formación de préstamos no productivos. Por otro lado, pese a haberse creado un registro de crédito, los bancos tienen un acceso limitado a la información sobre ingresos y patrimonio de los prestatarios.

               (11)Chipre ha avanzado un largo trecho a la hora de sacar a la economía de la recesión, pero la inversión sigue siendo baja, y el potencial de crecimiento es moderado.  Con arreglo al programa, Chipre adoptó un plan de acción para el crecimiento cuyo objetivo era impulsar la competencia, mejorar los incentivos a la innovación y facilitar las inversiones creando un entorno más transparente y eficiente para los negocios y flexibilizando la concesión de licencias y los procedimientos de autorización. Al aplicar el plan de privatización y reforzar las autoridades reguladoras nacionales, se intenta atraer una inversión extranjera que aumente la productividad. Hoy en día, las nuevas empresas y las pyme tienen muy pocas opciones de acceder a la financiación debido a las estrictos requisitos de concesión de créditos que aplican los bancos y a la falta de fuentes alternativas de financiación. También dificulta el acceso a la financiación la falta de coordinación a la hora de gestionar instrumentos de la UE tales como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y los programas de competitividad de la UE.

               (12)El mercado laboral empezó a recuperarse en 2015, pero el desempleo se mantiene alto. Especialmente preocupante es la situación del desempleo juvenil y de larga duración. Se han tomado algunas medidas sobre políticas activas del mercado de trabajo y servicios públicos de empleo. Pero estos últimos aún carecen de capacidad para satisfacer la demanda, dar ayuda y consejos de calidad en la búsqueda de empleo y alcanzar a los desempleados no inscritos. Se han retrasado los planes destinados a reforzar la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo, incluida la especialización y el aumento del número de asesores que atienden directamente a las necesidades de los usuarios. La eficacia de las políticas activas del mercado laboral se ve limitada por la falta de control efectivo de la calidad de los programas ya en marcha.

               (13)La participación de los jóvenes en la educación y formación profesionales sigue siendo baja y se caracteriza por la falta de compromiso de los empleadores con la educación de los alumnos. No obstante, se están aplicando medidas dentro de la estrategia de educación y formación profesionales.

               (14)Chipre carece de cobertura sanitaria universal, y su sanidad no ofrece un acceso suficiente y efectivo a la asistencia. Dado el bajo nivel de financiación pública de la sanidad, las necesidades no satisfechas —ya sea por su coste o porque el paciente paga directamente— son considerablemente superiores a las de otros países de la UE. Podría mejorarse la eficiencia en el uso de los recursos. Dar mayor autonomía para los hospitales públicos y crear un sistema nacional de salud son algunas de las medidas consideradas útiles —pero aún no aprobadas— para mejorar la adecuación y rentabilidad del sistema sanitario de Chipre.

               (15)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado su Programa de Estabilidad y su Programa Nacional de Reformas. La Comisión no solo ha tenido en cuenta su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (16)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su Dictamen
                  13
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA que Chipre tome medidas en 2016 y 2016 a fin de:

               1.Una vez corregido el déficit excesivo, respetar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y 2017. Antes de que acabe 2016, adoptar un mecanismo vinculante para contener la tasa de crecimiento de la remuneración de los empleados públicos. Antes de que acabe 2016, adoptar la reforma horizontal de la administración pública y la ley sobre gobernanza de las entidades estatales y aplicar la reforma de las administraciones locales. Antes de que acabe 2016, adoptar legislación derivada que complete el nuevo marco presupuestario.

               2.A más tardar en junio de 2017, eliminar los obstáculos que impiden la plena aplicación del marco de insolvencia y ejecución hipotecaria y garantizar recursos adecuados al servicio de insolvencia. Garantizar que existan sistemas rápidos y fiables de expedición de escrituras de propiedad y cesión de derechos sobre bienes inmuebles. Aumentar la eficiencia y la capacidad del sistema judicial. Reformar la ley de enjuiciamiento civil.

               3.Antes de que acabe 2016, tomar medidas que hagan disminuir los préstamos no productivos y permitan valorar con exactitud los activos de garantía destinados a provisiones. Aumentar la gama de información disponible para los prestamistas, de modo que el registro de crédito sea plenamente operativo.

               4.Eliminar los obstáculos a la inversión, en particular aplicando el plan de acción para el crecimiento, prosiguiendo el plan de privatización y reforzando las autoridades reguladoras nacionales. Adoptar medidas para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

               5.Mejorar la capacidad de los servicios públicos de empleo y la atención a los desempleados de larga duración; mejorar la atención a los desempleados no inscritos. Adoptar legislación para la reforma hospitalaria y avanzar en la aplicación prevista de la cobertura sanitaria universal.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2016) 333 final.

                     (4)
                  P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059 y P8_TA(2016)0060.

                     (5)
                  Decisión de Ejecución 2013/463/UE del Consejo, de 13 de septiembre de 2013, por la que se aprueba el programa de ajuste macroeconómico de Chipre y se deroga la Decisión 2013/236/UE (DO L 250 de 20.9.2013, p. 40).

                     (6)
                  Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

                     (7)
                  COM(2015) 690 final.

                     (8)
                  COM(2015) 691 final.

                     (9)
                  COM(2015) 692 final.

                     (10)
                  SWD(2016) 120 final.

                     (11)
                  COM(2016) 95 final.

                     (12)
                  COM(2014) 494 final.

                     (13)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 330 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Franciay por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Francia

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Francia

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Francia

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 5, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
                  3
               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
                  5
               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
                  6
               , en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. El mismo día, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro
                  7
               . Dicha Recomendación fue ratificada por el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 y adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2016. Al ser un país cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación.

               (2)El informe específico de 2016 sobre Francia
                  8
                fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo
                  9
               . El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, en un contexto de débil crecimiento y baja inflación, Francia registra un elevado y creciente nivel de endeudamiento público, a lo que se suma un deterioro de la competitividad. El riesgo de repercusiones adversas en la economía francesa y, dado su tamaño, de efectos secundarios negativos para la Unión Económica y Monetaria, es especialmente grande.

               (3)El 29 de abril de 2016, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Estabilidad de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos Programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han dirigido las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
                  10
               .

               (5)Francia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, en consonancia con la recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose para situarse en el 1,2 % en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2018. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance el 96,5 % del PIB en 2017, para bajar luego al 93,3 % del PIB en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es, en líneas generales, verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,4 % del PIB en 2016, en consonancia con el déficit recomendado por el Consejo. Por lo que se refiere a 2017, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global alcance el 3,2 % del PIB, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del plazo para corregir el déficit excesivo. No se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice en 2016 ni en 2017, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades, con los consiguientes riesgos de incumplimiento. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que Francia no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017.

               (6)El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la UE y ha venido aumentando de manera constante desde 2010. Francia ha anunciado un plan para reducir el gasto público en 50 000 millones EUR entre 2015 y 2017 en todos los niveles de las administraciones públicas, pero no es seguro que este plan sea suficiente para lograr una reducción significativa del gasto público. Precisar las medidas que sustentan las reducciones del gasto, garantizando al mismo tiempo que las medidas de ahorro tienen en cuenta la inflación próxima a cero, contribuiría a aumentar la eficiencia de este plan.

               (7)Uno de los retos pendientes es seguir reduciendo la tasa de gasto según lo previsto, dado que el proceso de delimitación de los grandes ámbitos de ahorro potencial no ha sido eficaz y las revisiones de gasto han tenido hasta la fecha resultados modestos. En el sector de la vivienda, Francia gasta casi el doble que otros países europeos comparables sin obtener mejores resultados en el mercado de la vivienda. El efecto combinado de la aplicación de la reducción prevista de las subvenciones del Gobierno central a las autoridades locales y un mayor control del gasto de las administraciones locales, en particular mediante la contención del aumento de los costes administrativos de estas, podría preservar su capacidad de inversión. Las revisiones de gastos podrían ser un instrumento apropiado para determinar tales ahorros. Por otra parte, la reciente reforma de la administración local podría aumentar la eficiencia del sistema de medio a largo plazo.

               (8)No es posible conseguir ahorros sustanciales a corto plazo sin reducir considerablemente el aumento del gasto en seguridad social, que representa más de la mitad del gasto de las administraciones públicas. El sistema de pensiones podría seguir registrando déficits a corto y medio plazo, especialmente en unas condiciones macroeconómicas adversas. Por otra parte, se espera que las anteriores reformas de las pensiones solo reduzcan el elevado nivel actual de gasto público en pensiones después de 2025. Francia ha fijado unos ambiciosos objetivos de limitación del crecimiento del gasto sanitario para 2016 y 2017. Estos objetivos podrían completarse con esfuerzos más decididos por delimitar mejoras de eficiencia a medio y largo plazo.

               (9)Se han emprendido medidas para reducir los costes laborales y mejorar los márgenes de beneficio de las empresas mediante una bonificación fiscal de 20 000 millones EUR para la competitividad y el empleo y reducciones adicionales de 10 000 millones EUR en las cotizaciones sociales de los empresarios previstas en el Pacto de Responsabilidad y Solidaridad. El diseño de estas medidas, que representan el 1,5 % del PIB y contribuyen a reducir la brecha existente entre Francia y la media de la zona del euro en términos de costes laborales, podría mermar su eficacia. Los resultados de las evaluaciones previstas de estas medidas de reducción de costes serán de utilidad para la adopción de cualquier decisión sobre el futuro diseño de estos regímenes, a fin de garantizar que dichas medidas alcanzan sus objetivos en términos de eficiencia. El efecto en la formación de los salarios y en el empleo reviste especial interés para dichas evaluaciones.

               (10)En el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene el empleo de las personas poco cualificadas. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para todas las categorías de trabajadores y crean un efecto de compresión al alza de los salarios. Debido al mecanismo de indización del salario mínimo, existen bucles de realimentación entre las subidas de los salarios medios y los cambios en el salario mínimo, lo que retrasa la necesaria adaptación de los salarios como respuesta a una situación de debilidad económica.

               (11)Las recientes reformas permiten solo un margen de flexibilidad limitado para que los empresarios puedan apartarse de los convenios colectivos sectoriales. Esta situación afecta a todos los aspectos de las condiciones laborales, incluidos los salarios, la jornada laboral, el empleo y las condiciones de trabajo, y limita las posibilidades de que las empresas puedan ajustar su personal en función de sus necesidades. En la actualidad, los diferentes sectores pueden impedir que las empresas determinen, caso por caso y tras negociar con los interlocutores sociales, en qué condiciones la jornada laboral podría apartarse de los convenios sectoriales. Podría facilitarse, en consulta con los interlocutores sociales, la adopción de excepciones a los convenios sectoriales y a las disposiciones legales de carácter general en materia de condiciones de empleo mediante acuerdos de empresa.

               (12)En 2015 subió la tasa de desempleo hasta situarse en el 10,4 %. El desempleo afecta de forma más aguda a los jóvenes, los nacionales de terceros países y los trabajadores menos cualificados. La estructura del mercado de trabajo está cada vez más polarizada: los trabajadores altamente cualificados suelen tener contratos indefinidos y una proporción constante de empleos poco cualificados son cada vez más precarios. El porcentaje de contratos de duración determinada de menos de un mes en el total de las contrataciones creció hasta cerca del 70 % en 2015. El marco jurídico que rige los contratos de trabajo, en particular en lo que respecta a la legislación en materia de despido para los contratos indefinidos, puede contribuir a la elevada segmentación del mercado de trabajo. El prolongado deterioro del mercado laboral ha afectado de manera significativamente negativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones de desempleo. Según las previsiones de febrero de 2016, el déficit se situará en 4 500 millones EUR en 2015, 4 200 millones EUR en 2016 y 3 500 millones EUR en 2017. De esta forma, aumentaría aún más el endeudamiento del sistema, que pasaría de 25 800 millones EUR en 2015 a 30 000 millones EUR en 2016 y 33 600 millones EUR en 2017. El cálculo de las prestaciones favorece una sucesión de empleos a tiempo completo de corta duración en detrimento de los empleos a tiempo parcial de larga duración y crea incentivos para que los empleadores ofrezcan empleos de corta duración que deben complementarse con prestaciones a las personas empleadas. Por otra parte, el diseño del sistema de prestaciones de desempleo, en particular en lo que respecta a las condiciones de elegibilidad y el carácter degresivo de las prestaciones, puede debilitar los incentivos para regresar al trabajo.

               (13)La transición de la escuela al mundo laboral sigue siendo difícil, siendo los jóvenes menos cualificados los más afectados. El recurso al aprendizaje está disminuyendo entre categorías poco cualificadas, en un contexto de estrategias regionales diferenciadas y una limitada capacidad del sistema para responder a las nuevas necesidades económicas. La oferta de formación para los desempleados, los trabajadores menos cualificados y el personal de las pymes sigue siendo insuficiente, a pesar de las reformas en curso en materia de formación profesional, en particular en lo que respecta a la gobernanza, los incentivos y la orientación y el nuevo plan de formación específica para parados. La insatisfactoria cooperación entre los distintos agentes implicados en la formación profesional continua impide una asignación eficiente de los recursos. La futura cuenta de actividad personal puede contribuir a reequilibrar el acceso.

               (14)El entorno empresarial francés sigue ocupando niveles medios, en particular en lo que se refiere a la carga que supone la regulación pública, aspecto que sitúa a Francia en un lugar muy bajo a nivel internacional. El programa de simplificación se está llevando a cabo según lo previsto, pero el progreso en la aplicación es desigual, en particular en lo que respecta a las medidas dirigidas a las empresas, y siguen planteándose retos en una serie de ámbitos.

               (15)La economía francesa registra un porcentaje desproporcionadamente alto de empresas pequeñas en comparación con otros Estados miembros, lo que limita su nivel de productividad. No se espera que las recientes iniciativas encaminadas a reducir el impacto de los requisitos relacionados con el tamaño afecten de forma significativa al crecimiento de las empresas, habida cuenta de su alcance limitado o su carácter temporal. Los efectos de umbral seguirán limitando, por tanto, el crecimiento de las empresas francesas.

               (16)La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero en otros persisten barreras, especialmente en los servicios a las empresas, dado que una proporción significativa de estos servicios no se han visto afectados por las recientes reformas, y las industrias de red. Una serie de regulaciones y barreras de entrada, así como las tarifas, limitan la actividad económica de las profesiones reguladas y afectan a la productividad de otros sectores que utilizan estos servicios. Otros problemas derivan de la aplicación restrictiva de los requisitos de autorización.

               (17)Francia sigue yendo a la zaga de los líderes en innovación de la UE, pese a la generosidad de las ayudas públicas en este ámbito. Durante los últimos quince años se ha producido una inflación e inestabilidad de los sistemas públicos de apoyo a la innovación, lo que constituye un motivo de preocupación en lo que respecta a la coordinación, coherencia y eficacia globales de dichos sistemas. Esta situación afecta especialmente a las pymes.

               (18)En 2014, la ratio impuestos/PIB se situaba en el 45,9 %, una de las más altas de la UE. La presión fiscal global sigue aumentando y su composición no es propicia al crecimiento económico, ya que afecta significativamente a los factores de producción, pero relativamente poco al consumo. La imposición sobre sociedades empezó a disminuir ligeramente en 2014, y Francia ha comenzado a reducir las diferencias con la media de la UE en cuanto a fiscalidad medioambiental, pero los ingresos procedentes del IVA sigue siendo bajos, tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje de la carga fiscal total, debido a los bajos tipos, la aplicación generalizada de tipos reducidos y el elevado número de exenciones. Más allá de la supresión progresiva en curso de la sobretasa de solidaridad a las empresas, aún no se han concretado medidas específicas para alcanzar el objetivo anunciado de reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020.

               (19)El sistema tributario es muy complejo. Sigue existiendo un gran número de impuestos ineficientes que reportan escasos o nulos ingresos, y la imposición de la renta de las personas físicas es especialmente compleja, lo que entraña un importante coste administrativo. A pesar de la introducción en la Ley de programación de las finanzas públicas de 2014-2019 de la obligación de evaluar periódicamente y hacer un seguimiento de los gastos tributarios, la reducción prevista del gasto fiscal para 2016 es modesta tras varios años de aumento.

               (20)En general, los obstáculos a la inversión privada son moderados, siendo los principales escollos el elevado peso de la regulación y el alto nivel de los tipos del impuesto de sociedades. El entorno de inversión mejoraría merced a la mejora del entorno empresarial, la reducción de los impuestos sobre la producción y la simplificación del sistema tributario. Todas las medidas destinadas a mejorar la competitividad relacionada o no con los costes de las empresas francesas encierran potencial para incrementar los niveles de inversión e incentivar a las empresas a invertir en capital físico y humano, con vistas a mejorar la productividad. El potencial de crecimiento a largo plazo se ve limitado asimismo por la debilidad de la inversión en actividades de innovación.

               (21)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la UE incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               (22)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad, y su Dictamen
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                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (23)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA que Francia tome medidas durante el período 2016-2017 con el fin de:

               1.Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017, tomando las medidas estructurales requeridas y utilizando todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Especificar los recortes en los gastos previstos durante los próximos años y redoblar los esfuerzos para aumentar el importe del ahorro generado por las revisiones de gastos, incluido el gasto de las administraciones locales, para finales de 2016. Reforzar las evaluaciones independientes de las políticas públicas con el fin de identificar los incrementos de eficiencia en todos los subsectores de las administraciones públicas.

               2.Garantizar que las reducciones del coste de la mano de obra son sostenidas y que la evolución del salario mínimo es compatible con la creación de empleo y la competitividad. Reformar el Derecho del trabajo a fin de que los empresarios tengan más incentivos para ofrecer contratos indefinidos.

               3.Mejorar los vínculos entre el sector de la educación y el mercado de trabajo, en particular mediante la reforma de la formación profesional y del aprendizaje, con especial atención a las personas poco cualificadas. De aquí a finales de 2016, tomar medidas encaminadas a reformar el sistema de prestaciones de desempleo de modo que se restablezca su sostenibilidad presupuestaria y ofrezca más incentivos para reincorporarse al mercado laboral.

               4.Eliminar los obstáculos a la actividad en el sector de los servicios, en particular en el sector de los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Adoptar medidas para simplificar los programas de innovación y mejorar su eficiencia. De aquí a finales de 2016, continuar con la reforma de los criterios de tamaño recogidos en las regulaciones que impiden el crecimiento de las empresas y simplificar las reglas administrativas, fiscales y contables de las empresas, prosiguiendo el programa de simplificación.

               5.Tomar medidas que reduzcan los impuestos sobre la producción y el tipo nominal del impuesto de sociedades, a la vez que se amplía la base impositiva sobre el consumo, en particular en lo que respecta al IVA. Eliminar los gastos tributarios ineficientes, suprimir los impuestos que reportan escasos o nulos ingresos y adoptar la reforma de la retención en origen del impuesto sobre la renta de las personas físicas a más tardar a finales de 2016.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2016) 330 final.

                     (4)
                  P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059 y P8_TA(2016)0060.

                     (5)
                  COM(2015) 690 final.

                     (6)
                  COM(2015) 691 final.

                     (7)
                  COM(2015) 692 final.

                     (8)
                  SWD(2016) 79 final.

                     (9)
                  COM(2016) 95 final.

                     (10)
                  COM(2014) 494 final.

                     (11)
                  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 18.5.2016
            COM(2016) 323 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bulgariay por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Bulgaria

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Bulgaria

                  y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2016 de Bulgaria

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 9, apartado 2,

               Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos
                  2
               , y en particular su artículo 6, apartado 1,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea
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               ,

               Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo
                  4
               ,

               Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

               Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

               Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

               Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

               Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 26 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
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               , marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2016 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo de 2016. El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta
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               , en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.

               (2)El informe específico de 2016 sobre Bulgaria
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                se publicó el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Bulgaria de cara a poner en práctica las recomendaciones específicas adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015 y el progreso de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020. El informe también incluyó el examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión adoptó una Comunicación
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                en la que presentaba los resultados del examen exhaustivo. Del análisis de la Comisión se desprende que Bulgaria se enfrenta a desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la economía se caracteriza por las deficiencias que siguen existiendo en el sector financiero y el alto endeudamiento de las empresas en un contexto de elevado desempleo.

               (3)El 15 de abril de 2016, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2016 y su Programa de Convergencia de 2016. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han formulado recomendaciones específicas por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre cómo utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica
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               .

               (5)Bulgaria está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario hasta el -1,9 % del PIB en 2016 y el -0,2 % del PIB en 2019. Está previsto alcanzar en 2017 el objetivo presupuestario a medio plazo, a saber, un déficit estructural del 1 % del PIB. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio de deuda pública sobre el PIB alcance un máximo del 31,8 % en 2018 y disminuya hasta el 30,8 % en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es moderadamente favorable. No se han concretado suficientemente las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos de 2017 en adelante. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, y si no se producen cambios en las políticas, existe un cierto riesgo de desviación de la trayectoria de ajuste hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo de 2016 y 2017. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia, y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que cabe pensar que, en rasgos generales, Bulgaria cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con todo, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar que se sigan cumpliendo en 2016 y en 2017.

               (6)Bulgaria ha realizado ciertos progresos respecto a las recomendaciones del año pasado en el sentido de hacer más productivo el gasto sanitario, en particular mediante la realización de un mapa sanitario que permitiría que los gastos de carácter médico se planificaran con arreglo a criterios territoriales sobre la base de las necesidades de la población. El sistema sanitario búlgaro se enfrenta a importantes dificultades, entre ellas la limitación del acceso al mismo, la escasez de fondos y unos resultados decepcionantes desde el punto de vista sanitario.  A pesar de los esfuerzos realizados recientemente para mejorar la recaudación fiscal, la economía sumergida sigue siendo un reto importante que menoscaba los ingresos del Estado. El trabajo no declarado, junto con la remuneración infradeclarada y la evasión de las cotizaciones de la seguridad social, distorsionan el mercado del trabajo y reducen los ingresos fiscales.

               (7)Las prácticas económicas imprudentes en todo el sistema financiero, unidas a una supervisión ineficiente, han creado un entorno en el que los desequilibrios se acumulan. La consecución, de forma transparente y conforme con las mejores prácticas internacionales, de una serie de medidas lanzadas recientemente (verificación del sector bancario, de los seguros y de los fondos de pensiones), y de las medidas de seguimiento correspondientes, contribuirá a aumentar la confianza en el sector financiero. Por otro lado, la continuidad de los esfuerzos para mejorar la supervisión financiera, tanto en el sector bancario como no bancario, será determinante para el fortalecimiento del sistema financiero, que se encontrará en una mejor posición para sostener la naciente recuperación macroeconómica.

               (8)El mercado de trabajo ha experimentado una modesta recuperación, pero persisten algunas deficiencias que lastran el crecimiento y limitan la capacidad de ajuste de la economía. El ajuste del mercado laboral se ve obstaculizado por el carácter estructural del desempleo de larga duración, la reducción y envejecimiento de la mano de obra, la baja participación en el mercado laboral y la falta de adecuación de las cualificaciones. Aunque el desempleo está disminuyendo paulatinamente, aún quedan importantes retos por afrontar, por ejemplo en lo que atañe al desempleo de larga duración y a los jóvenes que carecen de empleo, estudios o formación. Políticas activas del mercado de trabajo podrían desempeñar una función más importante para ayudar a estos grupos a acceder al mercado laboral. La activación de las personas beneficiarias de prestaciones sociales tropieza con la fragmentación y la falta de cooperación de las distintas agencias encargadas de suministrar las prestaciones sociales y los servicios de integración en el mercado laboral. Se han creado unos centros de empleo y asistencia social que combinan los cometidos de las agencias de empleo y de asistencia social, pero aún no se ha adoptado decisión alguna sobre un eventual desarrollo del proyecto a una escala mayor antes de que su vigencia expire en diciembre de 2016.

               (9)Aunque el salario mínimo de Bulgaria sigue siendo el más bajo de la UE, su incremento desde 2011 ha sido sustancial, y la falta de criterios objetivos respecto a su fijación es fuente de incertidumbre. A pesar del esfuerzo del gobierno y los interlocutores sociales en este campo, Bulgaria sigue sin tener unas directrices claras ni unos criterios transparentes para la fijación del salario mínimo, unos criterios que tengan en cuenta el impacto sobre la creación de empleo, las condiciones sociales y la competitividad.

               (10)Bulgaria sigue registrando niveles muy altos «de riesgo de pobreza o exclusión social» y de desigualdad. Los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social se ven dificultados por los continuos desafíos para integrar la población romaní en el mercado laboral, facilitar la transición de la escuela al trabajo y mejorar la cobertura y eficacia de las políticas social, sanitaria y laboral. El régimen general de renta mínima ofrece niveles muy limitados de apoyo y cobertura a la población. Las prestaciones se encuentran por debajo del límite de pobreza y no han aumentado en los últimos años de forma proporcional a los salarios medios o mínimos. Las estimaciones de la cobertura muestran que una gran parte de los beneficiarios potenciales no reciben prestación alguna. Ampliar la población beneficiaria para incluir más colectivos potenciales, sin descuidar por ello la disciplina presupuestaria, serviría para aliviar la pobreza.

               (11)El sistema educativo tiene una escasa capacidad para integrar a los grupos vulnerables y proporcionar a los estudiantes unas cualificaciones productivas. Los grupos vulnerables, como romaníes y estudiantes de familias pobres, siguen teniendo grandes dificultades para acceder a la educación y finalizar sus estudios. El nivel de escolarización de los romaníes en todos los niveles de la educación es considerablemente inferior al del resto. El índice de abandono escolar prematuro sigue aumentando y es particularmente elevado en las zonas rurales y en las regiones menos desarrolladas. Es preciso eliminar las barreras que dificultan la participación de los niños más desfavorecidos en las primeras fases de la educación con el fin de mejorar los resultados e impedir los abandonos. En septiembre de 2015 el Parlamento adoptó una nueva Ley de educación preescolar y escolar que constituye un importante primer paso para una reforma integral del sistema de educación primaria. La puesta en práctica de esta normativa, junto con medidas específicas para superar las barreras no legislativas que impiden la plena participación de grupos desfavorecidos en la educación, contribuirá a mejorar el potencial de crecimiento de la economía búlgara y la cohesión social a largo plazo. Los índices de inscripción y graduación en la educación superior están aumentando y el índice de empleo de los titulados recientes se está recuperando lentamente, aunque sigue estando muy por debajo de la media de la UE.

               (12)Los riesgos derivados de la elevada deuda de las empresas y las barreras al desapalancamiento siguen siendo importantes. El actual marco de insolvencia ofrece poco margen para un eficaz proceso de renegociación de la deuda y no contribuye a resolver el elevado nivel de endeudamiento de las empresas. Las reformas destinadas a facilitar los procedimientos de insolvencia de empresas mejorarían el desapalancamiento y abrirían el camino a la concesión de nuevos préstamos y a la inversión.

               (13)El sistema de contratación pública en Bulgaria sigue adoleciendo de deficiencias estructurales, como por ejemplo irregularidades sistemáticas en los procedimientos de contratación pública, falta de capacidad administrativa y mecanismos de control deficientes, combinados con recursos judiciales sistemáticos que a menudo retrasan los trabajos sobre el terreno. La transición a un sistema de contratación plenamente electrónico solo ha logrado avances limitados. Las deficiencias del sistema de contratación pública búlgaro han conducido a la interrupción de los pagos y a correcciones financieras en los programas de financiación de la UE y también afectan al entorno empresarial en general.

               (14)Las políticas inestables y la falta de confianza en instituciones públicas fundamentales, tales como el poder judicial, constituyen importantes elementos de disuasión de la inversión en la economía búlgara. La lentitud en la aplicación de las reformas de la administración pública y de las reformas en sectores específicos, tales como la investigación, la innovación y la energía, obstaculizan los avances en la mejora del clima inversor. Aunque Bulgaria ha adoptado un marco estratégico para reformar y modernizar su administración pública, el avance es lento y su aplicación a menudo aplazada. La nueva legislación no está sometida a una evaluación sistemática del impacto, aunque ha habido algunos esfuerzos para cambiar esta situación. Los cambios frecuentes del marco jurídico crean incertidumbre y afectan al entorno empresarial. La corrupción sigue siendo una lacra importante y la respuesta de las autoridades nacionales a este problema sigue viéndose obstaculizada por la debilidad y la fragmentación de las instituciones. En virtud del Mecanismo de Cooperación y Verificación, Bulgaria recibe recomendaciones sobre la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Aunque estos ámbitos revisten una importancia crucial para el entorno empresarial general, no están cubiertos en las recomendaciones específicas por países dirigidas a Bulgaria.

               (15)En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2016. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reformas, y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones a escala de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               (16)A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia, y su Dictamen
                  10
                se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

               (17)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Convergencia. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

               RECOMIENDA que Bulgaria tome medidas en 2016 y 2017 a fin de:

               1.Lograr un ajuste presupuestario anual del 0,5 % del PIB al objeto de alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y en 2017. Seguir mejorando la recaudación de impuestos y adoptar medidas para reducir la incidencia de la economía informal, incluido el trabajo no declarado.

               2.A más tardar a finales de 2016, finalizar el análisis de la calidad de los activos y las pruebas de resistencia de los bancos. A más tardar a finales de 2016, completar la revisión de los balances y las pruebas de resistencia de las compañías de seguros y la revisión de los activos de los fondos de pensiones privados. Adoptar las medidas de seguimiento necesarias en los tres sectores y seguir mejorando la supervisión bancaria y no bancaria.

               3.Fortalecer e integrar los servicios sociales y las políticas activas del mercado de trabajo, en particular respecto a los desempleados de larga duración y los jóvenes que carecen de empleo, estudios o formación. Aumentar la prestación de una enseñanza de calidad a los grupos desfavorecidos, en particular la población romaní. Incrementar la eficiencia del sistema sanitario gracias a una mejora del acceso y la financiación, e impulsar los resultados en materia de salud. Previa consulta con los interlocutores sociales, establecer orientaciones y criterios para la fijación del salario mínimo. Aumentar la cobertura y la suficiencia del régimen de renta mínima.

               4.
                     Reformar el marco de insolvencia para acelerar los procedimientos de rescate y resolución y mejorar su eficacia y transparencia. Aumentar la capacidad de los tribunales en relación con los procedimientos de insolvencia. Intensificar la capacidad de la Agencia de contratación pública y de los órganos de contratación y mejorar la concepción y el control de los procedimientos de licitación pública. Acelerar la implantación de la contratación pública electrónica.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)
                  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)
                  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

                     (3)
                  COM(2016) 323 final.

                     (4)
                  P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059, y P8_TA(2016)0060.

                     (5)
                  COM(2015) 690 final.

                     (6)
                  COM(2015) 691 final.

                     (7)
                  SWD(2016) 72 final.

                     (8)
                  COM(2016) 95 final.

                     (9)
                  COM(2014) 494 final.

                     (10)
                  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo.