title: Recomendación de la Comisión, de 7 de febrero de 2008 , sobre un código de conducta para una investigación responsable en el campo de las nanociencias y las nanotecnologías [notificada con el número C(2008) 424]

text:
               30.4.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 116/46

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 7 de febrero de 2008
   sobre un código de conducta para una investigación responsable en el campo de las nanociencias y las nanotecnologías
   [notificada con el número C(2008) 424]
   (2008/345/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Hacia un espacio europeo de investigación», la Comisión propuso en enero de 2000 la creación de un espacio europeo de investigación (1) con vistas a consolidar y estructurar la política europea de investigación. En mayo de 2007, en el Libro Verde «El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas» (2), la Comisión volvió a poner en marcha un amplio debate institucional y público sobre lo que debe hacerse para crear un espacio europeo de investigación unificado y atractivo que satisfaga las necesidades y expectativas de la comunidad científica, las empresas y los ciudadanos.

               (2)

               La Comisión adoptó en febrero de 2000 una Comunicación sobre el recurso al principio de precaución (3), entre cuyos objetivos figuraba el de elaborar una posición común sobre cómo evaluar, valorar, gestionar y comunicar los riesgos que la ciencia no puede evaluar todavía plenamente.

               (3)

               En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa fijó para la Comunidad el objetivo de convertirse, en la década siguiente, en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social.

               (4)

               En 2004, con su Comunicación «Hacia una estrategia europea para las nanotecnologías» (4), la Comisión definió una serie de acciones encaminadas a la creación del valor añadido comunitario necesario para seguir siendo competitivos en este sector, al tiempo que se garantizaba su desarrollo responsable. En sus conclusiones de 24 de septiembre de 2004 (5), el Consejo de Competitividad acogió favorablemente el enfoque integrado, seguro y responsable que se proponía, así como la intención de la Comisión de elaborar un plan de acción para las nanotecnologías.

               (5)

               Teniendo en cuenta los resultados de una consulta pública, la Comisión elaboró en 2005 un plan de acción sobre nanotecnologías (6) que establece acciones coherentes y articuladas para la aplicación inmediata de una estrategia integrada, segura y responsable para las nanociencias y las nanotecnologías basada en las áreas prioritarias definidas en la Comunicación «Hacia una estrategia europea para las nanotecnologías». Ambas Comunicaciones reconocían explícitamente la necesidad de integrar los aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud humana y la seguridad en toda la investigación sobre nanociencias y nanotecnologías.

               (6)

               Tras el plan de acción sobre nanociencias y nanotecnologías, en enero de 2007 el Grupo Europeo sobre Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías presentó un dictamen sobre los aspectos éticos de la nanomedicina (7).

               (7)

               Tras las observaciones formuladas durante una consulta pública, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados adoptó en marzo de 2006 un dictamen modificado sobre la adecuación de las metodologías existentes para evaluar los riesgos potenciales asociados con los productos nanotecnológicos artificiales y accidentales (8).

               (8)

               En junio de 2006, el Consejo Europeo adoptó una estrategia revisada sobre desarrollo sostenible que reajustaba la estrategia comunitaria al respecto puesta en marcha en la cumbre de Gotemburgo de junio de 2001, centrada en objetivos de protección del medio ambiente y de la salud y de erradicación de la pobreza.

               (9)

               En sus conclusiones (9) de 23 de noviembre de 2007, el Consejo de Competitividad reconoció la necesidad de fomentar las sinergias y la cooperación entre todas las partes interesadas en las nanociencias y las nanotecnologías, incluidos los Estados miembros, la Comisión, el mundo académico, los centros de investigación, la industria, los organismos financieros, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.

               (10)

               La Comisión presentó un primer informe de aplicación del plan de acción para Europa sobre nanotecnologías en 2007 (10). En dicho informe, la Comisión anunció su propósito de adoptar un código de conducta voluntario para una investigación responsable en materia de nanociencias y nanotecnologías.

               (11)

               La presente Recomendación incluye ese código de conducta, cuyo objetivo es promover una investigación integrada, segura y responsable en materia de nanociencias y nanotecnologías en Europa en beneficio de la sociedad en su conjunto.

               (12)

               Los principios generales y directrices sobre las medidas que deben tomarse, esbozados en la presente Recomendación, han sido objeto de consulta pública.

               (13)

               La presente Recomendación facilita a los Estados miembros un instrumento para adoptar nuevas iniciativas que garanticen una investigación segura, ética y sostenible en materia de nanociencias y nanotecnologías en la Unión Europea.

               (14)

               La presente Recomendación se propone igualmente contribuir a una coordinación adecuada entre los Estados miembros con vistas a optimizar las sinergias entre todas las partes interesadas en la investigación sobre nanociencias y nanotecnologías a nivel europeo e internacional.

         RECOMIENDA:

               1.

               Que los Estados miembros se guíen por los principios generales y directrices sobre las acciones que deben tomarse, establecidos en el código de conducta para una investigación responsable en materia de nanociencias y nanotecnologías (en lo sucesivo, «N + N») que figura en el anexo, cuando formulen, adopten y apliquen sus estrategias para el desarrollo de una investigación sostenible sobre N + N, en consonancia con la estrategia y el plan de acción sobre nanotecnologías de la Comisión.

               2.

               Que los Estados miembros se esfuercen por seguir estos principios generales y directrices cuando apliquen sus estrategias nacionales reguladoras de la investigación y el desarrollo o elaboren normas sectoriales e institucionales para la investigación y el desarrollo, teniendo en cuenta las directrices, las buenas prácticas o la normativa sobre N + N preexistentes aplicables.

               3.

               Que los Estados miembros consideren estos principios generales y directrices sobre investigación parte integrante de los mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad, viendo en ellos un medio de establecer criterios de financiación para los regímenes nacionales o regionales y adoptándolos para los procesos de auditoría, seguimiento y evaluación de los organismos públicos.

               4.

               Que los Estados miembros fomenten la adopción voluntaria del código de conducta por las autoridades nacionales y regionales, los empleadores y los organismos que financian la investigación, los investigadores y cualquier individuo u organización de la sociedad civil comprometido o interesado en la investigación sobre N + N y se esfuercen por dar los pasos necesarios para garantizar que contribuyen a instaurar y mantener un marco investigador favorable, que propicie el desarrollo seguro, ético y efectivo del potencial de las N + N.

               5.

               Que los Estados miembros cooperen con la Comisión para revisar la presente Recomendación cada dos años, así como para hacer un seguimiento de la medida en que las partes interesadas pertinentes han adoptado y aplican el código de conducta.

               6.

               Que los criterios para medir la adhesión al código de conducta y su aplicación se establezcan de común acuerdo con los Estados miembros en relación con trabajos similares emprendidos a nivel comunitario.

               7.

               Que los Estados miembros, en sus acuerdos bilaterales sobre estrategias y actividades de investigación con terceros países y en su condición de miembros de organizaciones internacionales, tengan debidamente en cuenta la presente Recomendación cuando propongan estrategias de investigación y adopten decisiones, y se coordinen debidamente con los demás Estados miembros y con la Comisión.

               8.

               Que la presente Recomendación se utilice también como instrumento para fomentar el diálogo a todos los niveles de gobierno entre los responsables políticos, los investigadores, la industria, los comités de ética, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, con vistas a mejorar la comprensión de las nuevas tecnologías por parte del público en general y su participación en su desarrollo.

               9.

               Que los Estados miembros informen a la Comisión antes del 30 de junio de 2008, y posteriormente con carácter anual, de todas las medidas que hayan adoptado en cumplimiento de la presente Recomendación, comuniquen los primeros resultados de su aplicación y propongan buenas prácticas.

      Hecho en Bruselas, el 7 de febrero de 2008.

            Por la Comisión

         Janez POTOČNIK

            Miembro de la Comisión

      (1)  COM(2000) 6 de 18 de enero de 2000.

      (2)  COM(2007) 161 de 4 de abril de 2007.

      (3)  COM(2000) 1 de 2 de febrero de 2000.

      (4)  COM(2004) 338 de 12 de mayo de 2004.

      (5)  Doc. 12487/04.

      (6)  COM(2005) 243 de 7 de junio de 2005.

      (7)  Dictamen EGE no 21 de 17 de enero de 2007.

      (8)  SCENIHR/002/05 de 10 de marzo de 2006.

      (9)  Doc. 14865/07.

      (10)  COM(2007) 505 de 6 de septiembre de 2007.

      ANEXO
      Código de conducta para una investigación responsable en materia de nanociencias y nanotecnologías
      El presente código de conducta pone en manos de los Estados miembros, los empleadores, las entidades financiadoras de la investigación, los investigadores y, más en general, de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas o interesadas en la investigación sobre nanociencias y nanotecnologías (N + N), es decir de «todas las partes interesadas», unas directrices que promuevan un enfoque responsable y abierto con respecto a la investigación sobre N + N en la Comunidad.
      El código de conducta complementa la normativa existente. De ninguna manera limita o modifica la posibilidad de que los Estados miembros establezcan una protección mayor, en relación con la investigación sobre N + N, que la que en él se estipula.
      Las partes interesadas que se adhieran al presente código de conducta deberán inspirarse también, cuando proceda, en los principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
      El código de conducta será reconsiderado periódicamente y revisado cada dos años por la Comisión a fin de tener en cuenta los progresos de las N + N en todo el mundo y su integración en la sociedad europea.
      1.   Ámbito de aplicación y objetivo
      El código de conducta invita a todas las partes interesadas a actuar con responsabilidad y cooperar mutuamente, en consonancia con la estrategia y el plan de acción de la Comisión en materia de N + N, a fin de garantizar que la investigación sobre N + N se lleve a cabo en la Comunidad dentro de un marco seguro, ético y eficaz, que respalde el desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
      El código de conducta cubre todas las actividades de investigación sobre N + N emprendidas en el Espacio Europeo de Investigación.
      El código de conducta es voluntario. Ofrece un conjunto de principios generales y directrices para las medidas que adopten todas las partes interesadas en las N + N. Debe facilitar y fundamentar los enfoques reguladores y no reguladores bosquejados en el plan de acción para Europa sobre N + N 2005-2009, mejorando la aplicación de la normativa actual y abordando las incertidumbres científicas.
      El código de conducta debe constituir también una base europea para el diálogo con los terceros países y las organizaciones internacionales.
      2.   Definiciones
      A efectos del presente código de conducta, se aplicarán las siguientes definiciones:

                  a)

                  «nanoobjetos»: en ausencia de una terminología internacional reconocida, se utiliza el término genérico «nanoobjeto» para designar los productos resultantes de la investigación sobre N + N. Incluye las nanopartículas y su agregación a escalas nanométricas, los nanosistemas, los nanomateriales, los materiales nanoestructurados y los nanoproductos;

                  b)

                  «investigación sobre N + N»: entendida en su sentido más amplio, abarca todas las actividades de investigación relacionadas con la materia a escala nanométrica (1 a 100 nm). Incluye todos los nanoobjetos artificiales tanto fabricados a propósito como generados involuntariamente. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del código de conducta los nanoobjetos naturales. La investigación sobre N + N incluye las actividades de investigación comprendidas entre la investigación más básica y la aplicada, el desarrollo tecnológico y la investigación prenormativa y conormativa que fundamenta el asesoramiento científico, las normas y los reglamentos.

                  c)

                  «partes interesadas en las N + N»: los Estados miembros, los empleadores, las entidades financiadoras de la investigación, los investigadores y, más en general, todas las personas y organizaciones de la sociedad civil que participan, están involucradas o están interesadas en la investigación sobre N + N.

                  d)

                  «organizaciones de la sociedad civil»: en el contexto del código de conducta, se consideran tales las personas jurídicas sin carácter gubernamental, que no tengan ánimo de lucro, que no representen intereses comerciales y que persigan un propósito común de interés público.

            3.   Principios generales
      El presente código de conducta se basa en un conjunto de principios generales que requieren acciones encaminadas a garantizar su respeto por todas las partes interesadas.
      3.1.   Sentido
      Las actividades de investigación sobre N + N deben ser comprensibles para el público. Deben respetar los derechos fundamentales y llevarse a cabo en interés del bienestar de las personas y de la sociedad en su diseño, ejecución, difusión y uso.
      3.2.   Sostenibilidad
      Las actividades de investigación sobre N + N deben ser seguras y éticas, y contribuir al desarrollo sostenible, estando al servicio de los objetivos de sostenibilidad de la Comunidad y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (1). No deben resultar perjudiciales ni crear una amenaza biológica, física o moral para las personas, los animales, los vegetales o el medio ambiente, ni en el presente ni en el futuro.
      3.3.   Precaución
      Las actividades de investigación sobre N + N deben llevarse a cabo de conformidad con el principio de precaución, previendo los posibles impactos de sus resultados sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad y adoptando las precauciones debidas, en proporción con el nivel de protección, al tiempo que se fomenta el progreso en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.
      3.4.   Participación
      La gobernanza de las actividades de investigación sobre N + N debe guiarse por los principios de apertura a todas las partes interesadas, transparencia y respeto por el derecho legítimo de acceso a la información. Debe permitir que participen en los procesos de adopción de decisiones todas las partes interesadas o preocupadas por las actividades de investigación sobre N + N.
      3.5.   Excelencia
      Las actividades de investigación sobre N + N deben ajustarse a los mejores patrones científicos, incluidos los que fundamentan la integridad de la investigación y los relacionados con las buenas prácticas de laboratorio (2).
      3.6.   Innovación
      La gobernanza de las actividades de investigación sobre N + N debe fomentar la máxima creatividad, flexibilidad y capacidad de planificación para la innovación y el crecimiento.
      3.7.   Rendición de cuentas
      Los investigadores y las organizaciones de investigación deben rendir cuentas por los impactos sociales, ambientales y sobre la salud humana que su investigación sobre N + N pueda tener para las generaciones presentes y futuras.
      4.   Directrices sobre las medidas que deben tomarse
      Las directrices que se establecen en este punto se basan en el conjunto de principios generales descritos en el punto 3. Su propósito es orientar sobre la manera de conseguir una buena gobernanza, el debido respeto del principio de precaución y una amplia difusión y correcto seguimiento del código de conducta. Se indica quién tiene la principal responsabilidad de actuar, pero todas las partes interesadas en las N + N deben contribuir a su puesta en práctica en la mayor medida posible dentro del ámbito de sus competencias.
      4.1.   Buena gobernanza de la investigación sobre N + N
      La buena gobernanza de la investigación sobre N + N debe tener en cuenta la necesidad y el deseo de todas las partes interesadas de estar al tanto de los retos y oportunidades concretos que suscitan las N + N. Debe crearse una cultura general de la responsabilidad con vistas a los retos y oportunidades que puedan plantearse en el futuro y que no sea posible prever en este momento.
      4.1.1.   Los Estados miembros deben cooperar con la Comisión para mantener un foro de debate abierto y pluralista relativo a la investigación sobre N + N a nivel comunitario como medio de estimular el debate social sobre dicha investigación, fomentar la detección y discusión de preocupaciones y esperanzas y facilitar la aparición de posibles iniciativas y soluciones. En consecuencia, los Estados miembros deben potenciar la comunicación sobre los beneficios, riesgos e incertidumbres relacionados con la investigación sobre N + N. Debe prestarse particular atención a los segmentos más joven y más viejo de la población.
      4.1.2.   Con el debido respeto hacia los derechos de propiedad intelectual, se insta a los Estados miembros, las entidades financiadoras de la investigación sobre N + N, las organizaciones de investigación y los investigadores a hacer fácilmente accesibles y comprensibles por los legos y por la comunidad científica todos los conocimientos científicos en materia de N + N, así como la información conexa, tal como normas, referencias, etiquetas, investigación sobre impactos, reglamentos y disposiciones legales.
      4.1.3.   Los Estados miembros deben instar a los laboratorios de los sectores público y privado a compartir las mejores prácticas en materia de investigación sobre N + N, con el debido respeto hacia la protección de la propiedad intelectual.
      4.1.4.   Las organizaciones de investigación y los investigadores del ámbito de las N + N deben procurar que los datos y los resultados científicos sean debidamente revisados por pares antes de difundirlos ampliamente fuera de la comunidad científica, a fin de garantizar su claridad y el equilibrio en su presentación.
      4.1.5.   Dado su potencial, los Estados miembros y las organizaciones que investigan sobre N + N deben garantizar que esta investigación se lleve a cabo con el nivel más elevado de integridad científica. Deben combatirse las prácticas investigadoras cuestionables (lo que no se limita al plagio, la falsificación y la fabricación de datos), ya que pueden comportar riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, provocar la desconfianza del público y ralentizar la difusión de los beneficios derivados de la investigación. Las personas que denuncian incorrecciones en la investigación deben ser protegidas por sus empleadores y por la legislación nacional o regional.
      4.1.6.   Los Estados miembros deben garantizar que se dedican recursos humanos y financieros adecuados a la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que afectan a la investigación sobre N + N. Las organizaciones que realicen actividades de investigación sobre N + N deben demostrar de manera transparente que cumplen la normativa pertinente.
      4.1.7.   Los comités de ética y las autoridades competentes nacionales y locales deben evaluar la manera de aplicar los requisitos de evaluación ética a la investigación sobre nanotecnologías de doble uso. En particular, deben estudiar las implicaciones para los derechos fundamentales de cualquier eventual restricción al consentimiento informado y a la publicación de los resultados de la investigación relacionados con la salud humana.
      Favorecer un enfoque participativo

                  4.1.8.

                  Las grandes líneas de la investigación sobre N + N deben decidirse de manera participativa, haciendo posible que todas las partes interesadas enriquezcan los debates preliminares sobre dichas líneas.

                  4.1.9.

                  Se insta a los Estados miembros, las entidades financiadoras de la investigación sobre N + N, las organizaciones de investigación y los investigadores a que examinen, desde las primeras etapas y mediante ejercicios participativos de prospectiva, las consecuencias futuras de las tecnologías u objetos que se investigan. De esta manera podrían encontrarse soluciones para solventar los impactos negativos potenciales en fases posteriores del uso de un objeto o tecnología nuevos. Las consultas con los comités de ética pertinentes deben formar parte de tales ejercicios de prospectiva, cuando proceda.

                  4.1.10.

                  La propia investigación sobre N + N debe estar abierta a las aportaciones de todas las partes interesadas, que deben ser informadas y apoyadas de manera que puedan tomar parte activa en las actividades de investigación, dentro del ámbito de su misión y su mandato.

            Prioridades clave

                  4.1.11.

                  Las autoridades de investigación y los organismos de normalización deben esforzarse por adoptar una terminología normalizada para las N + N que facilite la comunicación de las pruebas científicas. Deben fomentar los procedimientos de medición normalizados y el uso de materiales de referencia adecuados para mejorar la comparabilidad de los datos científicos.

                  4.1.12.

                  Las entidades que financian la investigación sobre N + N deben dedicar una proporción adecuada de la investigación al desarrollo de métodos e instrumentos de evaluación del riesgo, a la mejora de la metrología a escala nanométrica y a las actividades de normalización. En este contexto, debe prestarse especial atención a la elaboración de métodos que permitan evaluar los riesgos de las nanoestructuras activas de segunda generación.

                  4.1.13.

                  Los Estados miembros, las entidades que financian la investigación sobre N + N y las organizaciones deben fomentar las áreas de investigación que puedan tener un impacto positivo más amplio. Debe darse prioridad a la investigación encaminada a proteger a la población y al medio ambiente, a los consumidores o los trabajadores, así como a reducir, mejorar o sustituir la experimentación con animales.

                  4.1.14.

                  Los organismos que financian la investigación sobre N + N deben realizar y publicar unas evaluaciones equilibradas, basadas en los mejores datos científicos disponibles, de los costes, riesgos y beneficios potenciales de las áreas de investigación que pueden financiarse.

            Prohibición, restricciones o limitaciones

                  4.1.15.

                  Los organismos que financian la investigación sobre N + N no deben financiar investigaciones en áreas que puedan dar lugar a una violación de derechos fundamentales o de principios éticos fundamentales, sea en la propia investigación o en las fases de desarrollo (por ejemplo, virus artificiales potencialmente patógenos).

                  4.1.16.

                  Las organizaciones de investigación sobre N + N no deben llevar a cabo investigaciones cuyo objetivo sea una potenciación sin fines terapéuticos de los seres humanos que lleve a la adicción, o exclusivamente la potenciación ilícita del rendimiento del cuerpo humano.

                  4.1.17.

                  En tanto no se disponga de estudios de evaluación del riesgo sobre la seguridad a largo plazo, debe evitarse la investigación que suponga una intrusión deliberada de nanoobjetos en el cuerpo humano, así como su inclusión en alimentos (especialmente en alimentos para bebés), piensos, juguetes, cosméticos y otros productos, que podría conducir a la exposición de los seres humanos y el medio ambiente.

            4.2.   Respeto debido del principio de precaución
      Dado lo mucho que se desconoce sobre el impacto en la salud y el medio ambiente de los nanoobjetos, los Estados miembros deben aplicar el principio de precaución para proteger no solo a los investigadores, que serán los primeros en entrar en contacto con ellos, sino también a los profesionales, los consumidores, los ciudadanos y el medio ambiente, en el curso de las actividades de investigación sobre N + N.
      4.2.1.   Los estudiantes, investigadores y organizaciones de investigación que participan en la investigación sobre N + N deben adoptar medidas específicas relacionadas con la salud, la seguridad y el medio ambiente, adaptadas a las particularidades de los nanoobjetos manipulados. Deben elaborarse directrices específicas sobre la prevención de patologías inducidas por los nanoobjetos en consonancia con la Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2007-2014 (3).
      4.2.2.   Las organizaciones de investigación sobre N + N deben aplicar las buenas prácticas existentes en materia de clasificación y etiquetado. Además, dado que los nanoobjetos pueden presentar propiedades específicas debido a su tamaño, deben investigar sistemas (incluida, por ejemplo, la creación de pictogramas específicos) que permitan informar a los investigadores, y más en general a las personas que es probable entren en contacto con nanoobjetos en los locales donde se investiga (por ejemplo, personal de seguridad y servicios de urgencia), de manera que puedan adoptar las medidas de protección necesarias y adecuadas mientras desempeñan su cometido.
      4.2.3.   Los organismos públicos y privados que financian la investigación sobre N + N deben exigir que cada propuesta de financiación de este tipo vaya acompañada de una evaluación del riesgo.
      4.2.4.   Los programas de los organismos que financian la investigación sobre N + N deben incluir un seguimiento de los posibles impactos de las N + N sobre la sociedad, el medio ambiente y la salud humana a lo largo de un período de tiempo adecuado.
      La aplicación del principio de precaución debe incluir la reducción de las lagunas que existen en el conocimiento científico y, por consiguiente, la realización de nuevas acciones de investigación y desarrollo tales como las siguientes:
      4.2.5.   Los organismos que financian la investigación deben dedicar una proporción adecuada de la investigación sobre N + N a la comprensión de los riesgos potenciales, en particular para el medio ambiente y la salud humana, inducidos por los nanoobjetos durante la totalidad de su ciclo de vida, desde su creación hasta la fase final, incluyendo el reciclado.
      4.2.6.   Los investigadores y las organizaciones de investigación sobre N + N deben poner en marcha y coordinar actividades de investigación específicas encaminadas a comprender mejor los procesos biológicos fundamentales involucrados en la toxicología y ecotoxicología de los nanoobjetos artificiales o naturales. Deben publicar profusamente, una vez que hayan sido debidamente validados, los datos y los resultados referidos a sus efectos biológicos, tanto si son positivos como negativos o inexistentes.
      4.2.7.   Los organismos que financian la investigación sobre N + N deben poner en marcha y coordinar actividades específicas de investigación encaminadas a comprender mejor los impactos éticos, jurídicos y sociales de los nuevos campos abiertos por las N + N. Deben recibir especial atención las tecnologías de la información y la comunicación y la biotecnología, así como la convergencia entre estos campos y las ciencias cognitivas y las N + N.
      4.3.   Amplia difusión y seguimiento del código de conducta
      4.3.1.   Los Estados miembros deben respaldar la amplia difusión de este código de conducta, en particular a través de los organismos nacionales y regionales que financian la investigación pública.
      4.3.2.   Los organismos que financian la investigación sobre N + N deben cerciorarse de que los investigadores del campo conozcan, además de la existencia de este código de conducta, toda la legislación aplicable, así como los marcos éticos y sociales.
      4.3.3.   Dada la necesidad de efectuar un seguimiento de la aplicación del código de conducta en toda la Comunidad, los Estados miembros deben cooperar con la Comisión para idear medidas que permitan dicho seguimiento a nivel nacional y garantizar las sinergias con los demás Estados miembros.

         (1)  Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Resolución 55/2 de la Asamblea General de 8 de septiembre de 2000.

         (2)  Directivas 2004/9/CE y 2004/10/CE.

         (3)  COM(2007) 62 de 21 de febrero de 2007.


title: Recomendación de la Comisión, de  8 de diciembre de 2005 , relativa al tratamiento de determinadas cuestiones referentes a las reformas de la asistencia sanitaria en los índices armonizados de precios de consumo en el marco del Reglamento (CE) n o  2494/95 del Consejo y de sus medidas específicas de aplicación   (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               10.12.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 324/94

      RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

   de 8 de diciembre de 2005
   relativa al tratamiento de determinadas cuestiones referentes a las reformas de la asistencia sanitaria en los índices armonizados de precios de consumo en el marco del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo y de sus medidas específicas de aplicación
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2005/881/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los Países Bajos reformarán su seguro de enfermedad a partir de enero de 2006. Un nuevo sistema de seguridad social obligatoria cubrirá la mayor parte de la asistencia sanitaria de toda la población, y se espera que cerca del 37,5 % de la población total deje los sistemas privados de seguridad y entre en el nuevo sistema de seguridad social (este proceso se denominará en lo sucesivo «la reforma»).

               (2)

               La reforma introduce un cambio fundamental en la organización y en la estructura institucional del sistema de asistencia sanitaria. Su tratamiento en los índices armonizados de precios de consumo (IAPC) debe ser adecuado, coherente con el marco jurídico de los IAPC y, en particular, con los Reglamentos siguientes:

                           —

                           Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices armonizados de precios al consumo (1), y, en particular, con su artículo 4, su artículo 5, apartado 3, su artículo 8, apartado 3, y sus artículos 9 y 12,

                           —

                           Reglamento (CE) no 1749/96 de la Comisión, de 9 de septiembre de 1996, para la aplicación inicial de las medidas del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo sobre los índices armonizados de precios al consumo (2), artículos 2 y 4 y anexo Ia, y, en particular, sus notas 16 y 17 a pie de página,

                           —

                           Reglamento (CE) no 2454/97 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1997, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo en lo que respecta a las normas mínimas de calidad de las ponderaciones del IPCA (3),

                           —

                           Reglamento (CE) no 1617/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo en lo que respecta a las normas mínimas para el tratamiento de los seguros en los índices de precios al consumo armonizados y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2214/96 de la Comisión (4), artículos 2 y 3,

                           —

                           Reglamento (CE) no 2166/1999 del Consejo, de 8 de octubre de 1999, por el que se aprueban las normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 2494/95 en lo que respecta a las normas mínimas para el tratamiento de los productos en los sectores de la sanidad, la educación y la protección social del índice armonizado de precios al consumo (5), artículo 4,

                     y su resultado deben ser unos IAPC comparables, fiables y pertinentes.

               (3)

               El marco jurídico de los IAPC no alude explícita y concretamente al caso de esta reforma, que acarrea cambios fundamentales en las normas de admisibilidad y de acceso a la seguridad social. Teniendo en cuenta su impacto potencial sobre los IAPC y la incertidumbre consiguiente de los usuarios, la Comisión considera necesario formular la presente Recomendación, relativa al tratamiento de la reforma en los IAPC, para aclarar los Reglamentos vigentes sobre los IAPC.

               (4)

               Para medir la evolución de los precios de consumo, el marco jurídico de los IAPC requiere que éstos tengan en cuenta los cambios de precios nulos a precios positivos y a la inversa. Una lectura aislada de este requisito podría indicar que los IAPC deberían registrar una caída muy importante de la inflación como resultado de la reforma. Sin embargo, en el contexto de esta reforma, la Comisión (Eurostat) considera que un tratamiento así mostraría una variación injustificada de los precios como consecuencia de operaciones de tarifación que utilizarían distintos conceptos de evaluación.

               (5)

               La evaluación del gasto en asistencia sanitaria en los IAPC (COICOP/IAPC 06) (6) depende del tratamiento del seguro de enfermedad (COICOP/IAPC 12.5.3).

               (6)

               La seguridad social no entra, ni antes ni después de la reforma, dentro del alcance del gasto en consumo final de los hogares (la reforma reduce de manera importante la población cubierta por los sistemas privados de seguridad).

               (7)

               En principio, los valores del gasto sanitario per cápita siguen invariables en relación con los del período de base o de referencia, pero tanto la composición de la población de consumidores como el concepto de evaluación cambian en los períodos comparados como resultado de las nuevas normas de admisibilidad y de acceso a los sistemas de seguridad social.

               (8)

               El impacto sobre los IAPC a partir del mes de enero, en el que se llevará a cabo la reforma, del paso de los consumidores al nuevo sistema del seguro de enfermedad, debería ser prácticamente neutral para los IAPC.

               (9)

               La Comisión considera que este tratamiento no cuestiona el tratamiento de ejemplos anteriores de cambios de precios nulos a precios positivos y a la inversa (como la supresión del canon televisivo en 2000 o la reforma del seguro de enfermedad de 2004 en los Países Bajos, o la reforma de la asistencia sanitaria de 2004 en Alemania).

               (10)

               La Comisión (Eurostat) ha tomado en consideración las opiniones sobre esto de los principales usuarios de los IAPC y de los especialistas nacionales.

         RECOMIENDA:

               1)

               Los IAPC no deberían medir la evolución de los precios de consumo meramente en función del cambio de las normas de admisibilidad y de acceso a la seguridad social. Lo que deberían hacer los IAPC es hacer constar la evolución de los precios dentro de un mismo sistema, y la evolución de los precios que resulte de una variación de las normas de tarifación dentro de un mismo sistema.

               2)

               En el gasto del seguro de enfermedad y la asistencia sanitaria, tanto los precios como las ponderaciones deberían ser coherentes entre sí, y de forma permanente.

               3)

               A fin de que los IAPC sean exactos y pertinentes, las reformas que presenten las características antes descritas deberían tratarse mediante un ajuste de ponderaciones y un encadenamiento de los índices de precios de:

                           a)

                           el seguro de enfermedad, o en su interior entre el mes de diciembre precedente y el mes de enero en el que se lleva a cabo la reforma;

                           b)

                           el gasto en asistencia sanitaria, o en su interior entre el mes de diciembre precedente y el mes de enero en el que se lleva a cabo la reforma. Así, este tratamiento es coherente con el tratamiento del seguro de enfermedad.

               4)

               La presente Recomendación debería ser tenida en cuenta por las autoridades que recopilen los IAPC a la luz de las circunstancias concretas de las reformas particulares.

               5)

               Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 2005.

            Por la Comisión

         Joaquín ALMUNIA

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 257 de 27.10.1995, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

      (2)  DO L 229 de 10.9.1996, p. 3. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1708/2005 (DO L 274 de 20.10.2005, p. 9).

      (3)  DO L 340 de 11.12.1997, p. 24.

      (4)  DO L 192 de 24.7.1999, p. 9.

      (5)  DO L 266 de 14.10.1999, p. 1.

      (6)  Clasificación del consumo individual por objetivo adaptada a las necesidades de los IAPC (COICOP/IAPC).


title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Suecia

text:
               9.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 261/119

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2017 de Suecia
   (2017/C 261/26)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

               (2)

               El informe específico de 2017 sobre Suecia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Suecia a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la persistente subida de los precios de la vivienda, ya sobrevalorados de partida, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. Aunque los bancos parecen estar capitalizados adecuadamente, esa corrección desordenada podría afectar asimismo al sector financiero, ya que los bancos tienen una creciente exposición a las hipotecas de los hogares. En ese caso, podrían producirse contagios en los países vecinos, debido a la importancia sistémica de los grupos bancarios suecos en la región nórdico-báltica. Las autoridades suecas son plenamente conscientes de esos riesgos crecientes, y en los últimos años se han adoptado medidas destinadas a frenar el crecimiento de la deuda hipotecaria e incrementar la construcción de viviendas. Sin embargo, las medidas aplicadas hasta ahora no han bastado para atajar el recalentamiento en el sector de la vivienda. En conjunto, persisten carencias en el ámbito de las políticas de fiscalidad de la vivienda, el marco macroprudencial y la eliminación de los estrangulamientos en la oferta de nuevas viviendas, así como las trabas a la utilización eficiente de las viviendas ya existentes.

               (3)

               El 28 de abril de 2017, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Convergencia de 2017. Para tener en cuenta las interrelaciones entre ambos programas, los dos se han evaluado al mismo tiempo.

               (4)

               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.

               (5)

               Suecia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2017, el Gobierno prevé lograr un superávit del 0,3 % del PIB en 2017 y seguir cumpliendo el objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, un déficit estructural del 1 % del PIB, durante todo el período del programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 39,5 % en 2017 y siga reduciéndose hasta el 31,4 % en 2020. En principio, el sólido crecimiento económico y unas finanzas públicas saneadas serán los principales motores de esa disminución de la ratio deuda pública/PIB. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,4 % del PIB en 2017 y un superávit del 0,8 % en 2018, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. A tenor de su evaluación del Programa de Convergencia de 2017 y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión de la primavera de 2017, el Consejo estima que se prevé que Suecia cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2017 y 2018.

               (6)

               El endeudamiento de los hogares ha seguido aumentando a partir de unos niveles ya elevados. La deuda de los hogares aumentó un 7,1 % en 2016, de modo que se aproxima al 86 % del PIB y representa en torno al 180 % de la renta disponible, impulsada principalmente por un nivel más elevado de endeudamiento hipotecario vinculado a la subida constante de los precios de la vivienda. La distribución de los niveles de endeudamiento es cada vez más desigual, con una elevada proporción de hogares que han contraído recientemente un crédito hipotecario (16,4 % en 2016) tomando préstamos cuyo valor puede llegar a representar el 600 % de la renta de que disponen. El Gobierno ha adoptado algunas medidas macroprudenciales pertinentes, como la introducción de un nuevo requisito sobre amortización de hipotecas en 2016, aunque no está claro que dichas medidas vayan a tener el suficiente impacto a medio plazo. En febrero de 2017, el Gobierno puso en marcha un proceso legislativo dirigido a reforzar el mandato legal de la autoridad macroprudencial, a fin de garantizar que en el futuro esta pueda adoptar eventuales medidas macroprudenciales de manera oportuna y utilizar una gama de instrumentos más amplia. Está previsto que las modificaciones legislativas estén en vigor en febrero de 2018. La adaptación de los incentivos fiscales, por ejemplo mediante la limitación gradual de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses hipotecarios o el aumento de los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria, contribuiría a frenar el crecimiento del endeudamiento de los hogares, pero el Gobierno no ha realizado avances al respecto.

               (7)

               Desde mediados de la década de los años noventa del siglo pasado, los precios de la vivienda han venido experimentado en Suecia un crecimiento rápido y persistente, especialmente en las principales zonas urbanas. Entre los factores fundamentales de este fenómeno cabe citar un tratamiento fiscal favorable de la propiedad inmobiliaria y la deuda hipotecaria, la combinación de unas condiciones de crédito flexibles y unos tipos de amortización de las hipotecas relativamente bajos, y la escasa oferta de vivienda. Esta escasez duradera está vinculada a las deficiencias estructurales del mercado de la vivienda. Aunque la edificación de viviendas no ha dejado de aumentar, sigue estando muy por debajo de las necesidades de nuevas construcciones. El Plan relativo al mercado inmobiliario elaborado por el Gobierno, que consta de 22 puntos, aborda los factores subyacentes de la escasez de viviendas, e incluye medidas para aumentar los terrenos disponibles para la construcción, reducir los costes de construcción y acortar los plazos requeridos para iniciar el proceso de planificación. Sin embargo, otras ineficiencias estructurales, como la debilidad de la competencia en el sector de la construcción, no reciben la atención adecuada. La escasez de viviendas se ve agravada por las barreras que obstaculizan el uso eficiente del parque de viviendas existente. En Suecia, el mercado del alquiler está estrictamente regulado, lo que provoca un efecto de retraimiento y favorece a quienes han accedido ya a una vivienda en alquiler frente a quienes la están buscando. No obstante, no se han adoptado medidas de calado a fin de flexibilizar en mayor medida la fijación de los alquileres. Por lo que respecta al mercado de viviendas para uso propio, los impuestos sobre las plusvalías son relativamente elevados, lo que reduce la movilidad de los propietarios. Se ha introducido con carácter temporal una reforma de las normas sobre aplazamiento del pago de los impuestos sobre las plusvalías en las operaciones sobre bienes inmuebles, pero esta medida tendrá probablemente un efecto limitado. La falta de viviendas disponibles a precios asequibles puede limitar asimismo la movilidad en el mercado laboral y la integración efectiva de los migrantes en dicho mercado, contribuyendo además a la desigualdad intergeneracional.

               (8)

               En 2016, Suecia registró una de la tasas más elevadas de empleo de la Unión (81,2 %), paralelamente a una de las tasas más bajas de desempleo de larga duración. No obstante, persisten algunos retos, como la integración de las personas poco cualificadas y los migrantes de terceros países en el mercado laboral y la reducción de la importante brecha existente en materia de acceso al empleo en detrimento de las mujeres no nacidas en la UE. Suecia ha realizado considerables esfuerzos por acoger a los solicitantes de asilo e integrar a los refugiados y otros inmigrantes. Parece existir cierto margen para introducir mejoras ya que, en 2016, solo un tercio de los participantes en el programa de introducción estaban trabajando o recibiendo formación 90 días después de haberlo completado, y que aún no se ha establecido un enfoque global ni existe gobernanza en materia del correspondiente reconocimiento de las cualificaciones.

               (9)

               Según el informe del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos de la OCDE (PISA) de 2015, las aptitudes básicas de los jóvenes de 15 años han mejorado tras varios años de deterioro de sus resultados. Sin embargo, la proporción de alumnos con bajo rendimiento todavía se halla en torno a la media de la Unión y la diferencia de rendimiento vinculada a la situación socioeconómica de los estudiantes se ha ampliado. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mejorar los resultados escolares y favorecer la equidad merecen un estrecho seguimiento, al igual que las iniciativas destinadas a la integración de los migrantes que acaban de acceder como alumnos al sistema educativo.

               (10)

               En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Suecia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

               (11)

               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia y en su dictamen estima (4) que cabe esperar que Suecia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

               (12)

               A la luz de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Convergencia de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1 que figura a continuación.

         RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

               1.

               Hacer frente a los riesgos relacionados con el endeudamiento de los hogares, en particular mediante la limitación gradual de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses hipotecarios o el aumento los impuestos recurrentes sobre la bienes inmuebles, restringiendo simultáneamente la concesión de préstamos cuando los niveles de endeudamiento respecto a la renta sean excesivos. Fomentar la inversión en vivienda y mejorar la eficiencia del mercado de la vivienda, en particular mediante una mayor flexibilidad en la fijación de los precios de los alquileres y una revisión de la configuración del impuesto sobre las plusvalías.

      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         T. TÕNISTE

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

      (4)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.


title: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013 , sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales

text:
               24.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 378/11

         RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
   de 27 de noviembre de 2013
   sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales
   2013/C 378/03
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El objetivo de la presente Recomendación es reforzar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y para las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (1), a fin de completar y hacer efectivo el derecho a la asistencia de letrado que establece la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

               (2)

               El derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales está consagrado en el artículo 47, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y en el artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo de Derechos Humanos («CEDH»). También se reconoce en el artículo 14, apartado 3, letra d), del PIDCP. Los principios fundamentales en los que debe basarse un sistema de asistencia jurídica gratuita se recogen en los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la justicia gratuita en los sistemas de justicia penal, adoptados el 20 de diciembre de 2012 por la Asamblea General.

               (3)

               El ámbito de aplicación y el contenido del derecho a la asistencia de letrado se establecen en la Directiva 2013/48/UE, y se entiende que la presente Recomendación no limita de ningún modo los derechos establecidos en dicha Directiva.

               (4)

               El sospechoso o el acusado en un proceso penal tiene derecho a la asistencia de letrado desde el momento en que tenga conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio por las autoridades competentes, de que es sospechoso o de que se le acusa de haber cometido una infracción penal, con independencia de que esté privado o no de libertad. Este derecho se mantiene hasta la conclusión del proceso, que se entiende es la determinación final de si el sospechoso o acusado ha cometido el delito, incluidas, en su caso, la condena y la resolución de eventuales recursos. El mismo ámbito temporal debería aplicarse al derecho a la asistencia jurídica gratuita.

               (5)

               En la presente Recomendación, el término «letrado» se refiere a toda persona que, de conformidad con el Derecho nacional, está cualificada y habilitada, incluso por acreditación de un organismo autorizado, para prestar asistencia y asesoramiento jurídicos a los sospechosos y acusados.

               (6)

               La «asistencia jurídica gratuita» es la financiación y la ayuda que presta el Estado miembro para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia de letrado. La financiación debería cubrir las costas de defensa y procesales relativas a los sospechosos o acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en el procedimiento de la orden de detención europea.

               (7)

               Los sospechosos o acusados y las personas buscadas que carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar la totalidad o parte de las costas de defensa y procesales deberían tener acceso a la asistencia jurídica gratuita, en la medida en que esta sea necesaria en interés de la justicia.

               (8)

               El sospechoso o acusado no debería tener que probar, fuera de toda duda razonable, que sus recursos económicos son insuficientes, tal como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para determinar si el «interés de la justicia» exige que se conceda la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mantenido que deben tenerse en cuenta los criterios no acumulativos de la gravedad del delito, la severidad de la sentencia en cuestión, la complejidad del asunto y la situación personal del sospechoso o acusado.

               (9)

               Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, cuando la privación de libertad esté en juego, se deberá considerar superada la prueba del interés de la justicia.

               (10)

               La decisión de conceder o no la asistencia jurídica gratuita en un proceso penal debe adoptarse con la suficiente antelación para que el sospechoso o acusado pueda presentar sus argumentos de forma concreta y eficaz.

               (11)

               Dada la independencia de la profesión jurídica, el comportamiento de la defensa es fundamentalmente una cuestión entre el sospechoso, el acusado o la persona buscada y su representante. Para asegurar un alto nivel profesional de la asistencia jurídica que garantice un juicio imparcial, los Estados miembros deberían establecer sistemas eficaces que garanticen el nivel general de los letrados de la asistencia jurídica gratuita. A tal fin, deben establecer sistemas de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita. En cualquier caso, deberían asegurarse de que se adopten las medidas necesarias cuando se produzca una deficiencia manifiesta en la asistencia jurídica, y de que se ponga en conocimiento de los Estados miembros de forma adecuada.

               (12)

               Los abogados defensores y el personal que interviene en el proceso de toma de decisiones sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, como los fiscales, los jueces y el personal de las oficinas de la asistencia jurídica gratuita, deben recibir la formación adecuada para promover el derecho al acceso efectivo a la asistencia jurídica gratuita.

               (13)

               Considerando la importancia de la confianza entre el letrado y su cliente, las autoridades competentes deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias y los deseos del sospechoso o acusado al elegir al letrado que le prestará asistencia jurídica gratuita. No obstante, como ha reconocido en su jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dichas autoridades pueden desatender tales deseos cuando existan motivos pertinentes y suficientes que lo justifiquen en interés de la justicia.

               (14)

               La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En particular, la presente Recomendación se propone promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio imparcial y los derechos de la defensa. Debería interpretarse y cumplirse en consecuencia.

               (15)

               En la medida en que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene derechos que corresponden a los derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el sentido y alcance de aquellos derechos deberían ser iguales a los establecidos por este Convenio. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes de la presente Recomendación deberían interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, de acuerdo con su interpretación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

               (16)

               Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de las medidas adoptadas para cumplir la presente Recomendación.

               (17)

               En el plazo de 48 meses desde la notificación de la presente Recomendación, la Comisión debería evaluar la necesidad de adoptar nuevas medidas, incluso legislativas, para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos de la presente Recomendación.

         RECOMIENDA:
   SECCIÓN 1

      OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

               1.

               La presente Recomendación se refiere al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales y de las personas sujetas al procedimiento de la orden de detención europea, a fin de garantizar el derecho efectivo a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE.

               2.

               Los sospechosos o acusados en los procesos penales deberían tener derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento en que son sospechosos de haber cometido una infracción penal. Este derecho debería mantenerse hasta la conclusión del procedimiento.

         SECCIÓN 2

      ACCESO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

      Derecho a la asistencia jurídica gratuita

               3.

               Los Estados miembros deberían tomar las medidas adecuadas para garantizar que los sospechosos o acusados y las personas buscadas tengan derecho a recibir una asistencia jurídica efectiva que les garantice el derecho a un juicio imparcial, de acuerdo con la presente Recomendación.

               4.

               Los sospechosos o acusados y las personas buscadas deberían recibir, como mínimo, asistencia jurídica gratuita cuando carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar la totalidad o parte de las costas de defensa y procesales debido a su situación económica (evaluación de los medios económicos) y/o cuando dicha asistencia sea necesaria en interés de la justicia (evaluación del fundamento de la solicitud).

               5.

               Deberían adoptarse todas las medidas necesarias para que la información pertinente sobre la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales sea fácilmente accesible y comprensible para los sospechosos o acusados y las personas buscadas, incluida la información sobre cómo y dónde solicitar tal asistencia, los criterios transparentes para reconocer a una persona el derecho a la asistencia jurídica gratuita, e información sobre las posibilidades de reclamación en caso de denegación de acceso a la asistencia jurídica gratuita o de que la asistencia jurídica gratuita prestada por el letrado sea insuficiente.

      Evaluación de los medios económicos

               6.

               Cuando se aplique el requisito de la falta de recursos económicos para determinar el derecho a la asistencia jurídica gratuita (evaluación de los medios económicos), la valoración de la situación económica del solicitante debería basarse en elementos objetivos como la renta, el patrimonio, la situación familiar, el nivel de vida y el coste de un abogado defensor. Cuando la asistencia jurídica gratuita se preste a un menor, se tendrán en cuenta los activos propios del menor, no los de sus padres ni los del titular de la responsabilidad parental.

               7.

               Si la evaluación de los medios económicos tiene en cuenta la renta de la familia, pero algunos miembros de esta están enfrentados en un conflicto o no tienen el mismo acceso a la renta familiar, se considerará únicamente la renta de la persona que solicite la asistencia jurídica gratuita.

               8.

               Al determinar si un sospechoso, un acusado o una persona buscada carecen de recursos financieros suficientes, deberían considerarse todas las circunstancias pertinentes.

               9.

               Si un Estado miembro fija un umbral por encima del cual se considera que la persona es parcial o totalmente capaz de sufragar las costas de defensa y procesales, para la fijación de dicho umbral deberían tenerse en cuenta los factores mencionados en el apartado 6. Además, la existencia de este umbral no debería impedir a las personas que lo superen obtener asistencia jurídica gratuita para la totalidad o parte de las costas, si carecen de recursos económicos suficientes en su caso particular.

               10.

               Los sospechosos o acusados y las personas buscadas no necesitan demostrar fuera de toda duda razonable que carecen de los recursos económicos necesarios para sufragar las costas de defensa y procesales.

      Evaluación del fundamento de la solicitud

               11.

               Cuando haya que determinar si el interés de la justicia exige que se preste asistencia jurídica gratuita (evaluación del fundamento de la solicitud), esta evaluación tendrá en cuenta la complejidad del asunto, la situación personal y social del sospechoso o acusado o de las personas buscadas, la gravedad del delito y la severidad de la posible pena aplicable. Deberían considerarse todas las circunstancias pertinentes.

               12.

               En aquellas situaciones en que la persona sea sospechosa o acusada de un delito que pueda ser castigado con pena privativa de libertad, y en aquellas situaciones en que la asistencia jurídica sea obligatoria, debería considerarse que la concesión de asistencia jurídica gratuita redunda en interés de la justicia.

               13.

               Cuando se conceda asistencia jurídica gratuita a sospechosos o acusados o a personas buscadas tras la evaluación del fundamento de la solicitud, los costes de la asistencia jurídica gratuita podrán recuperarse en caso de sentencia condenatoria, siempre que la persona disponga de recursos suficientes en el momento del cobro, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 a 10.

      Decisiones sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita

               14.

               Las decisiones sobre la concesión o no de la asistencia jurídica gratuita deberían ser adoptadas sin demora por una autoridad competente independiente, en un plazo que permita a los sospechosos o acusados o a las personas buscadas preparar su defensa de manera concreta y eficaz.

               15.

               Los sospechosos o acusados y las personas buscadas deberían tener derecho a recurrir las decisiones de denegación total o parcial de asistencia jurídica gratuita.

               16.

               Las decisiones de denegación total o parcial de las solicitudes deberían motivarse por escrito.

         SECCIÓN 3

      EFICACIA Y CALIDAD DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

      Calidad de la asistencia jurídica prestada por los regímenes de asistencia jurídica gratuita

               17.

               La asistencia jurídica prestada en el marco de los regímenes de asistencia jurídica gratuita debería ser de alta calidad, con vistas a garantizar la equidad del procedimiento. A este fin, deberían establecerse en todos los Estados miembros sistemas que garanticen el nivel profesional de los letrados de la asistencia jurídica gratuita.

               18.

               Deberían establecerse mecanismos que permitan a las autoridades competentes sustituir a los letrados de la asistencia jurídica gratuita o exigirles que cumplan sus obligaciones, en los casos en que no presten una asistencia jurídica adecuada.

      Acreditación

               19.

               En cada Estado miembro debería establecerse y mantenerse un sistema de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita.

               20.

               Se insta a los Estados miembros a establecer criterios de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta las mejores prácticas.

      Formación

               21.

               El personal que interviene en la toma de decisiones relativas a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales debería recibir una formación adecuada.

               22.

               Con el fin de garantizar un alto nivel de calidad de la asistencia y el asesoramiento jurídicos, debería promoverse la formación y el desarrollo de programas de formación de los letrados que prestan asistencia jurídica gratuita.

               23.

               La acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita debería vincularse en lo posible a la obligación de seguir una formación profesional continua.

      Designación de los abogados de la asistencia jurídica gratuita

               24.

               Los sistemas nacionales de asistencia jurídica gratuita deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias y los deseos de los sospechosos o acusados y de las personas buscadas a la hora de elegir al letrado que les prestará la asistencia jurídica gratuita.

               25.

               El sistema de asistencia jurídica gratuita debería garantizar la continuidad de la representación legal por el mismo letrado, si el sospechoso o acusado o la persona buscada lo desea.

               26.

               Deberían establecerse mecanismos transparentes y comprobables que garanticen que los sospechosos o acusados y las personas buscadas puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la asistencia jurídica en el marco del régimen de asistencia jurídica gratuita, libres de cualquier influencia indebida.

         SECCIÓN 4

      RECOGIDA Y CONTROL DE DATOS

      Recogida de datos

               27.

               Los Estados miembros deberían recoger datos y estadísticas sobre las cuestiones pertinentes para el seguimiento de la presente Recomendación.

      Control

               28.

               Los Estados miembros deberían informar a la Comisión de las medidas adoptadas para dar seguimiento a la presente Recomendación, en el plazo de 36 meses a partir de su notificación.

         SECCIÓN 5

      DISPOSICIONES FINALES

               29.

               Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2013.

            Por la Comisión

         Viviane REDING

            Vicepresidenta

      (1)  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).

      (2)  Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).