               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 27.9.2019
            COM(2019) 420 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre la transferencia y el uso de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) con el fin de prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.OBJETO

                  La UE debe abrir negociaciones con Japón con miras a firmar un acuerdo bilateral que establezca el marco y las condiciones con arreglo a las cuales las compañías aéreas estarán autorizadas a transferir a Japón los datos que figuren en el registro de nombres de los pasajeros (PNR) de los pasajeros que vuelen entre la UE y Japón de conformidad con los requisitos del Derecho de la UE.

               2.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

                  El PNR es un registro de los requisitos de viaje de cada pasajero, que contiene toda la información necesaria para que las compañías aéreas puedan formular reservas. Por lo que respecta a la presente Recomendación, los datos PNR incluyen los datos recogidos y consignados en los sistemas automatizados de reserva y control de salidas de las compañías aéreas.

                  En la UE, el tratamiento de los datos PNR constituye un instrumento esencial en la respuesta común al terrorismo y a la delincuencia grave, así como un pilar de la Unión de la Seguridad. Identificar y rastrear las pautas de viaje sospechosas mediante el tratamiento de los datos PNR con el fin de reunir pruebas, y, en su caso, encontrar a los autores de delitos graves y sus cómplices y desmantelar las redes delictivas, resulta esencial para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos graves y de terrorismo.

                  El 27 de abril de 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva (UE) 2016/681 relativa a la utilización de datos PNR para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (en lo sucesivo, «Directiva PNR»)
                     1
                  . Esta Directiva permite a las autoridades nacionales de la UE acceder directamente a información esencial en poder de las compañías aéreas, con pleno respeto de los derechos de protección de datos. Ofrece a todos los Estados miembros un instrumento importante para prevenir, detectar e investigar el terrorismo y los delitos graves, incluido el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la explotación sexual infantil. La fecha límite para que los Estados miembros transpongan la Directiva PNR era el 25 de mayo de 2018
                     2
                  .

               A nivel mundial, la Resolución 2396 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 21 de diciembre de 2017, insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas «de conformidad con las normas y prácticas recomendadas de la OACI, a que desarrollen la capacidad de reunir, procesar y analizar los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) y se aseguren de que todas sus autoridades nacionales competentes utilicen y compartan esos datos, respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales». La Resolución también insta a la OACI a que «colabore con sus Estados miembros con miras a establecer una norma para la reunión, el uso, el procesamiento y la protección de los datos PNR»
                  3
               . En marzo de 2019, el Comité de Transporte Aéreo (ATC) de la OACI creó un grupo de trabajo sobre facilitación para evaluar las normas y prácticas recomendadas (NPR) en materia de recogida, utilización, tratamiento y protección de los datos PNR, en consonancia con la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Grupo de trabajo tiene el mandato de: a) revisar las NPR existentes que figuran en el capítulo 9 del anexo 9 del Convenio de Chicago; b) determinar si deben complementarse con NPR adicionales o documentación orientativa, teniendo en cuenta la decisión y las consideraciones del Consejo de Seguridad, y c) si fuera necesario, elaborar nuevas disposiciones (normas, prácticas recomendadas o documentación orientativa) para la recogida, utilización, tratamiento y protección de los datos PNR.

                  La transmisión de datos personales pertinentes de la UE a un tercer país solo puede efectuarse de conformidad con las disposiciones sobre transferencias internacionales establecidas en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 («el RGPD»)
                     4
                  .

                  En la actualidad existen dos acuerdos internacionales en vigor entre la UE y terceros países (a saber, Australia
                     5
                   y Estados Unidos
                     6
                  ) sobre el tratamiento y la transferencia de datos PNR. El 26 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE adoptó un dictamen sobre el Acuerdo previsto entre la UE y Canadá, firmado el 25 de junio de 2014
                     7
                  . El Tribunal decidió que el acuerdo no podía celebrarse en su forma prevista porque algunas de sus disposiciones eran incompatibles con los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos personales reconocidos por la UE. En particular, el Tribunal estableció requisitos jurídicos adicionales respecto a la supervisión por parte de una autoridad independiente, los datos sensibles, el tratamiento automatizado de los datos PNR, los fines del tratamiento de los datos PNR y la conservación, utilización, divulgación y ulterior transferencia de datos PNR. Además de la autorización recibida por la Comisión Europea del Consejo en diciembre de 2017, en junio de 2018 se entablaron nuevas negociaciones sobre el PNR con Canadá. En la 17.ª Cumbre UE-Canadá, celebrada en Montreal los días 17 y 18 de julio de 2019, la UE y Canadá se congratularon de que habían concluido dichas negociaciones. Aunque Canadá hizo constar su obligación de revisión jurídica, las partes se comprometieron, a reserva de dicha revisión, a ultimar el Acuerdo lo antes posible, reconociendo su papel fundamental para reforzar la seguridad, a la vez que se garantiza la privacidad y la protección de los datos personales.

               3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

                  Japón es un socio cercano y estratégico de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional. En las Naciones Unidas, el G-20, el G-7 y otros foros multilaterales, la Unión Europea y Japón colaboran estrechamente para mejorar los marcos de seguridad mundial y reforzar la seguridad de sus ciudadanos.

                  El Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón, firmado en julio de 2018, refuerza la asociación global y afirma que «las Partes procurarán utilizar, en la medida en que sean compatibles con sus respectivas leyes y reglamentos, los instrumentos disponibles, tales como los registros del nombre de los pasajeros, para prevenir y combatir los actos de terrorismo y los delitos graves, respetando al mismo tiempo el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales». Un acuerdo PNR entre la UE y Japón contribuiría a reforzar la propuesta de asociación en materia de infraestructuras de calidad y conectividad sostenible entre la Unión Europea y Japón, en particular mejorando la seguridad del transporte aéreo.

                  El 23 de enero de 2019, la Comisión Europea adoptó una decisión de adecuación en relación con la transferencia de datos personales de la UE a Japón entre operadores comerciales
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                  . En este contexto, la Comisión Europea también evaluó las condiciones y garantías con arreglo a las cuales las autoridades públicas japonesas, incluida las autoridades policiales, pueden acceder a los datos en poder de dichos operadores.

                  Japón ha manifestado claramente a la Comisión Europea su interés en entablar negociaciones con el objeto de celebrar un acuerdo PNR con la Unión Europea. En particular, más recientemente, Japón ha señalado la necesidad apremiante de obtener datos PNR de las compañías aéreas de la UE con vistas a los Juegos Olímpicos de 2020 que se celebrarán en este país, con el fin de hacer frente a un aumento anticipado de los riesgos para la seguridad.

                  Según la legislación japonesa (Ley de aduanas e inmigración y Ley de control de la inmigración y reconocimiento de los refugiados), las compañías aéreas deben transmitir los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) a la Oficina de Aduanas y de Aranceles Aduaneros y a la Oficina de Inmigración de Japón. Esta legislación tiene por objeto mejorar la seguridad de Japón mediante la obtención de datos PNR antes de la llegada o la salida del pasajero y, por lo tanto, mejora significativamente la capacidad de llevar a cabo una evaluación previa eficaz y efectiva de los riesgos de viaje de los pasajeros.

                  Las compañías aéreas y sus asociaciones también han pedido en varias ocasiones a la Comisión Europea que garantice la seguridad jurídica de las compañías aéreas que operan vuelos entre la UE y Japón, teniendo en cuenta su obligación de facilitar a Japón los datos PNR en la medida en que se recogen y consignan en sus sistemas automatizados de reserva y control de salidas.

                  Se requiere una solución que proporcione una base jurídica a nivel de la UE para la transferencia de datos PNR de la UE a Japón como reconocimiento de la necesidad de los datos PNR en la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional. Al mismo tiempo, un futuro acuerdo debe proporcionar garantías adecuadas en materia de protección de datos en el sentido del artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento general de protección de datos, incluido un sistema de supervisión independiente. El futuro acuerdo debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, en particular el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 7 de la Carta, el derecho a la protección de los datos personales reconocido en el artículo 8 de la Carta y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta.

                  La transferencia de datos PNR a Japón sería un medio para seguir fomentando la cooperación policial internacional con la Unión Europea, en particular mediante el suministro por parte de Japón de información analítica derivada de los datos PNR a las autoridades competentes de los Estados miembros, así como a Europol o a Eurojust en el marco de sus respectivos mandatos.

               4. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

                  La presente Recomendación de entablar negociaciones con Japón sobre un Acuerdo PNR tiene en cuenta el marco jurídico aplicable de la UE en materia de protección de datos y PNR, a saber, el Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva 2016/680/UE
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                   y la Directiva (UE) 2016/681, así como el Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales, según se interpretan en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la UE, en particular el Dictamen 1/15 del Tribunal.

                  La Recomendación también tiene en cuenta la autorización concedida por la Comisión Europea al Consejo en diciembre de 2017 para la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la UE y Canadá para la transferencia y utilización de datos PNR.

                  Esta recomendación se ajusta a los requisitos legales establecidos en el Dictamen 1/15 del Tribunal. Se basa en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea será nombrada negociadora de la Unión.

               Recomendación para un

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre la transferencia y el uso de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) con el fin de prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando que:

               (1)Deben entablarse negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo entre la Unión y Japón sobre la transferencia y el uso de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional.

               (2)El Acuerdo debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, en particular el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 7 de la Carta, el derecho a la protección de los datos de carácter personal reconocido en el artículo 8 de la Carta y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta. El Acuerdo deberá aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión Europea a negociar, en nombre de la Unión, un Acuerdo entre la Unión y Japón sobre la transferencia y el uso de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional.

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con un comité especial designado por el Consejo.

               Artículo 4

               La destinataria de la presente Decisión es la Comisión Europea.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 132-149).

                     (2)

                        Véase el Decimonoveno informe de situación hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva [COM (2019) 353 final, de 24.7.2019] para el estado de aplicación de la Directiva PNR.

                     (3)

                        Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por el retorno de combatientes terroristas extranjeros.

                     (4)

                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

                     (5)

                        DO L 186 de 14.7.2012, pp. 4-16.

                     (6)

                        DO L 215 de 11.8.2012, pp. 5-14.

                     (7)

                        Dictamen 1/15 del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 26 de julio de 2017, ECLI:EU:C:2017:592.

                     (8)

                        Decisión de Ejecución (UE) 2019/419 de la Comisión, de 23.1.2019, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adecuación de la protección de los datos personales por parte de Japón en virtud de la Ley sobre la protección de la información personal [notificada con el número C (2019) 304] (DO L 76 de 19.3.2019, pp. 1-58).

                     (9)

                        Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 27.9.2019
            COM(2019) 420 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación deDECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre la transferencia y el uso de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) con el fin de prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional

               ANEXO

               Directrices para la negociación de un Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre la transferencia y el uso de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) con el fin de prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional

               En el transcurso de las negociaciones, la Comisión Europea debe aspirar a alcanzar los objetivos que se exponen a continuación:

               (1)El objetivo del Acuerdo debe ser proporcionar la base jurídica, las condiciones y las salvaguardias para la transferencia de datos PNR a Japón.

               (2)El Acuerdo debe reflejar debidamente la necesidad e importancia de utilizar los datos PNR para prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional.

               (3)A tal efecto, el objetivo del presente Acuerdo debe ser regular la transferencia y el uso de los datos PNR con el único fin de prevenir y combatir el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional, respetando plenamente la protección de la intimidad, los datos personales y los derechos y libertades fundamentales de las personas, en las condiciones que establezca el Acuerdo.

               (4)El Acuerdo también debe reconocer la transferencia de datos PNR a Japón como fomento de la cooperación policial y judicial, que se conseguirá mediante la transferencia de información analítica derivada de los datos del PNR. Por consiguiente, el Acuerdo debe garantizar la transferencia de información analítica procedente de las autoridades competentes de Japón a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, así como a Europol y Eurojust, en el marco de sus competencias respectivas.

               (5)Para garantizar el cumplimiento del principio de limitación de la finalidad, el Acuerdo debe limitar el tratamiento de datos PNR exclusivamente a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento del terrorismo y otros delitos transnacionales graves, basándose en las definiciones establecidas en los instrumentos pertinentes de la UE.

               (6)El Acuerdo debe garantizar el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la UE, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal establecido en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. También debe garantizar el pleno respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad en relación con el derecho a la vida privada y familiar y la protección de los datos personales, tal como se establece en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, según la interpretación del Tribunal de Justicia en su Dictamen 1/15 sobre el Acuerdo entre la UE y Canadá sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR).

               (7)El Acuerdo debe ofrecer seguridad jurídica, en particular para las compañías aéreas, proporcionando una base jurídica para que estas transfieran los datos PNR consignados en sus sistemas automatizados de reserva y control de salidas.

               (8)El Acuerdo debe definir con claridad y precisión las salvaguardias y los controles necesarios en materia de protección de datos personales, derechos y libertades fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia, en el contexto de la transferencia de datos PNR a Japón. Estas salvaguardias deben garantizar lo siguiente:

               (a)Las categorías de datos PNR que se transfieran deberán especificarse exhaustivamente y de manera clara y precisa, en consonancia con las normas internacionales. Las transferencias de datos deberán limitarse al mínimo necesario y deberán ser proporcionadas al objetivo especificado del Acuerdo.

               (b)No deberán tratarse los datos sensibles en el sentido del Derecho de la Unión, incluidos los datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, la salud o la vida u orientación sexual de las personas.

               (c)El Acuerdo deberá incluir disposiciones sobre la seguridad de los datos, que en particular solo otorguen acceso a los datos PNR a un número limitado de personas especialmente autorizadas y que establezcan la obligación de notificar sin demora a las autoridades europeas de supervisión de la protección de datos las infracciones a la seguridad de los datos que afecten a los datos PNR, a menos que sea improbable que la infracción genere un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, así como impongan sanciones efectivas y disuasorias.

               (d)El Acuerdo deberá contener disposiciones relativas a la información adecuada y transparente de los pasajeros en relación con el tratamiento de sus datos PNR, así como el derecho de notificación individual en caso de utilización después de la llegada, el acceso y, en su caso, su rectificación y supresión.

               (e)El Acuerdo deberá garantizar el ejercicio efectivo y no discriminatorio de los derechos de recurso administrativo y judicial, con independencia de la nacionalidad o del lugar de residencia de las personas cuyos datos sean tratados en virtud del Acuerdo, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

               (f)El Acuerdo deberá garantizar que el tratamiento automatizado se base en criterios específicos, objetivos, no discriminatorios, fiables y preestablecidos, y no deberá utilizarse como única base para tomar decisiones con efectos jurídicos adversos o que afecten seriamente a un individuo. Las bases de datos con las cuales se comparan los datos PNR deberán ser únicamente las pertinentes para los fines del Acuerdo, y deberán ser fiables y estar actualizadas.

               (g)La utilización de los datos PNR por parte de la autoridad competente japonesa que trascienda los controles fronterizos y de seguridad deberá basarse en nuevas circunstancias y estar sujeta a condiciones sustantivas y procedimentales basadas en criterios objetivos. En particular, dicha utilización deberá someterse al control previo de un órgano jurisdiccional o de un organismo administrativo independiente, excepto en los casos urgentes debidamente establecidos.

               (h)El período de conservación de los datos PNR deberá estar limitado y no ser más largo de lo necesario para alcanzar el objetivo original. La conservación de los datos PNR después de la salida de los pasajeros aéreos de Japón deberá cumplir los requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Acuerdo deberá exigir que los datos se supriman tras la expiración del período de conservación o se anonimicen de tal manera que el interesado deje de ser identificable.

               (i)El Acuerdo deberá garantizar que la comunicación de los datos PNR a otras autoridades públicas de un mismo país o de otros países solo pueda hacerse caso por caso y con arreglo a determinadas condiciones y garantías. En particular, dicha divulgación solo podrá tener lugar cuando la autoridad destinataria ejerza funciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo o los delitos transnacionales graves y garantice la misma protección que brinda el Acuerdo. Las transferencias ulteriores a autoridades competentes de otros terceros países deberán limitarse a aquellos países con los que la UE tenga un Acuerdo PNR equivalente o para los que la UE haya adoptado una decisión de adecuación con arreglo a la legislación de protección de datos de la UE que cubra a las autoridades pertinentes a las que se pretende transferir datos PNR.

               (1)El Acuerdo deberá garantizar un sistema de supervisión por parte de una autoridad pública independiente responsable de la protección de datos, con poderes efectivos de investigación, intervención y ejecución para supervisar a las autoridades públicas que utilicen los datos PNR. Dicha autoridad deberá tener competencias para conocer de las quejas de los particulares, en particular en lo que se refiere al tratamiento de sus datos PNR. Las autoridades públicas que utilicen los datos PNR deberán responder por el cumplimiento de las normas sobre la protección de los datos personales en virtud del presente Acuerdo.

               (2)El Acuerdo deberá exigir que los datos se transfieran exclusivamente sobre la base de un sistema de transmisión («push system»).

               (3)El Acuerdo deberá garantizar que la frecuencia y el calendario de las transmisiones de datos PNR no generen una carga excesiva para las compañías aéreas y se limiten a lo estrictamente necesario.

               (4)El Acuerdo deberá garantizar que las compañías aéreas no estén obligadas a recoger datos adicionales a los que ya recopilan o a recoger determinados tipos de datos, sino únicamente a transmitir lo que ya recogen como parte de su actividad empresarial.

               (5)El Acuerdo deberá contener disposiciones para la revisión periódica conjunta de todos los aspectos de la aplicación del Acuerdo, incluida la fiabilidad y la actualidad de los modelos y criterios previamente establecidos y de las bases de datos, incluida una evaluación de la proporcionalidad de los datos conservados basada en su valor para la prevención y la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia transnacional.

               (6)El Acuerdo deberá prever un mecanismo de solución de diferencias con respecto a su interpretación, aplicación y ejecución.

               (7)El Acuerdo deberá celebrarse por un período de siete años e incluir una disposición por la que podrá ser renovado por un período igual, a menos que una Parte ponga fin al mismo.

               (8)El Acuerdo deberá incluir una cláusula relativa a su aplicación territorial.

               (9)El Acuerdo deberá ser auténtico en las lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, y deberá incluir una cláusula lingüística a tal efecto.


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 21.11.2018
            COM(2018) 803 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se establece que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018
            {SWD(2018) 503 final}

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se establece que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo cuarto,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que se observaba en Rumanía una desviación significativa del -1 % del PIB respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (2)Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió el 22 de junio de 2018 una Recomendación
                  2
                dirigida a Rumanía para que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  3
                no superase el 3,3 % en 2018 ni el 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB cada año. El Consejo recomendó también a Rumanía que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario habrán de garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento. El Consejo estableció la fecha límite de 15 de octubre de 2018 para que Rumanía informase sobre las medidas adoptadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (3)Los días 27 y 28 de septiembre de 2018, la Comisión realizó una misión de supervisión reforzada en Rumanía a efectos de comprobación in situ con arreglo al artículo -11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo. Después de haber enviado sus conclusiones provisionales a las autoridades rumanas para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 21 de noviembre de 2018. Estas conclusiones se hicieron públicas posteriormente. El informe de la Comisión llega a la conclusión de que las autoridades rumanas tienen intención de mantener el objetivo de déficit global para 2018 justo por debajo del 3 % del PIB y, por lo tanto, no tienen intención de aplicar la recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018. En 2019, el Gobierno prevé reducir el déficit global hasta el 2,38 % del PIB, pero aún no ha concretado las medidas que piensa adoptar al efecto.

               (4)El 16 de octubre de 2018, las autoridades rumanas presentaron un informe sobre las medidas tomadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018
                  4
               . En dicho informe las autoridades reiteraron que su objetivo para 2018 sigue siendo un déficit global del 2,96 % del PIB. Para 2019, las autoridades se fijan como objetivo un déficit del 2,38 % del PIB. El informe no menciona nuevas medidas para 2018. Para 2019, el informe se basa en la contención del gasto correspondiente a la remuneración de los asalariados y los bienes y servicios, pero sin respaldarla con la adopción de unas medidas lo suficientemente detalladas, o al menos con el anuncio de unas medidas creíbles. Por el lado de los ingresos, el informe menciona la prórroga de medidas ya existentes y algunas acciones destinadas a aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por tanto, la incidencia fiscal de las medidas comunicadas se sitúa por debajo del requisito formulado en la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018.

               (5)Con arreglo a las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, en 2018 el aumento del gasto público primario neto debería ascender al 11,3 %, porcentaje claramente superior al valor de referencia del gasto, que es del 3,3 %. Se prevé que el saldo estructural se mantenga estable en 2018, en el 3,3 % del PIB. Por lo tanto, ambos pilares indican un riesgo de desviación respecto del ajuste recomendado. El valor de referencia para el gasto apunta a una desviación del 2,3 % del PIB. El saldo estructural confirma esta lectura, indicando una desviación relativamente más leve, del 0,8 % del PIB. Dicho saldo se ha visto afectado positivamente por un aumento significativo del deflactor del PIB y por una estimación puntual del crecimiento potencial del PIB más elevada que la media a medio plazo subyacente al valor de referencia para el gasto. Este efecto se compensa parcialmente por el impacto de un incremento de la inversión pública, que se atenúa en el valor de referencia para el gasto. Por lo tanto, la apreciación global confirma una desviación respecto del ajuste recomendado por el Consejo por un amplio margen.

               (6)En 2019, sobre la base de las previsiones de otoño de 2018 de la Comisión, el crecimiento del gasto público nominal, excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas puntuales, se fija en el 7,5 %, muy por encima del valor de referencia para el gasto del 5,1 % (desviación del 0,7 % del PIB respecto del ajuste recomendado). El saldo estructural se deteriorará previsiblemente en un 0,1 % del PIB, alcanzando un déficit del 3,4 % (desviación del 0,9 % del PIB) Por lo tanto, ya que ambos pilares apuntan a una desviación respecto del ajuste requerido por un margen similar en 2019, la evaluación global confirma la desviación respecto del ajuste recomendado por el Consejo.

               (7)Según las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas será del 3,3 % en 2018 y del 3,4 % en 2019, cifra que se sitúa por encima del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado.

               (8)De todo lo expuesto se concluye que la respuesta de Rumanía a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 ha sido insuficiente. El esfuerzo presupuestario no consiguió impedir que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto superase el 3,3 % en 2018 y el 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB cada año.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018.

               Artículo 2

               La destinataria de la presente Decisión es Rumanía.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 3.

                     (3)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales por el lado de los ingresos y del gasto se integran sobre una base neta.

                     (4)

                        Disponible en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2018-INIT/en/pdf


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 21.11.2018
            COM(2018) 806 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018
            {SWD(2018) 504 final}

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que se establece que Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo cuarto,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que se observaba en Hungría una desviación significativa del -1,5 % del PIB respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (2)Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió el 22 de junio de 2018 una Recomendación
                  2
                dirigida a Hungría para que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  3
                no superase el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El Consejo recomendó también a Hungría que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario habrán de garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento. El Consejo señaló el 15 de octubre de 2018 como fecha límite para que Hungría informase sobre las medidas tomadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (3)Los días 18 y 19 de septiembre de 2018, la Comisión llevó a cabo una misión de supervisión reforzada en Hungría a efectos de comprobación in situ, con arreglo al artículo -11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Después de haber enviado sus conclusiones provisionales a las autoridades húngaras para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 21 de noviembre de 2018. Estas conclusiones se hicieron públicas posteriormente. El informe de la Comisión llega a la conclusión de que las autoridades húngaras tenían intención de mantener el objetivo de déficit global para 2018 del 2,4 % del PIB, tal como se establece en el Programa de Convergencia de 2018 y, por lo tanto, no tienen intención de aplicar la recomendación del Consejo.

               (4)El 15 de octubre de 2018, las autoridades húngaras presentaron un informe sobre las medidas tomadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018
                  4
               . En dicho informe las autoridades reiteraron que su objetivo para 2018 sigue siendo un déficit del 2,4 % del PIB. En comparación con las previsiones presupuestarias recogidas en el Programa de Convergencia de 2018, las autoridades esperan unos ingresos fiscales y unos ahorros mucho mayores debido a la disminución de los costes de cofinanciación de los proyectos financiados por la UE. No obstante, prevén un gasto adicional que compense plenamente el efecto de reducción del déficit de esos cambios. La nuevas medidas discrecionales comunicadas no han tenido un impacto fiscal neto significativo en los resultados presupuestarios en 2018, situándose por debajo del requisito formulado en la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018.

               (5)En 2018, sobre la base de las previsiones de otoño de 2018 de la Comisión, el crecimiento del gasto público, excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas puntuales, se fija en el 7,0 %, muy por encima del tipo de referencia recomendado de un crecimiento del 2,8 % (desviación del 1,6 % del PIB). El saldo estructural se deteriorará previsiblemente en un 0,4 % del PIB, frente a la mejora remendada del 1,0 % (desviación del 1,4 % del PIB). Por lo tanto, ambos pilares apuntan a una desviación respecto del ajuste recomendado por un amplio margen. La lectura del valor de referencia para el gasto se ve negativamente afectado por tres factores, a saber, una tasa de crecimiento potencial a medio plazo y un deflactor del PIB subyacente al valor de referencia para el gasto por debajo de las estimaciones actuales, así como un efecto indirecto en los ingresos de determinadas medidas. Tras aplicar la corrección correspondiente a estos factores, el valor de referencia del gasto parece reflejar adecuadamente el esfuerzo presupuestario y apunta a una cierta desviación. La evaluación del saldo estructural conduce a un resultado similar. El saldo estructural se ha visto afectado negativamente por una disminución de los ingresos, pero esta se ve parcialmente compensada por el efecto de una mayor estimación puntual del crecimiento potencial del PIB más elevada que la media a medio plazo subyacente al valor de referencia para el gasto. Por lo tanto, la apreciación global confirma una desviación respecto del ajuste recomendado por un amplio margen.

               (6)De todo lo expuesto se concluye que la respuesta de Hungría a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 ha sido insuficiente. El esfuerzo presupuestario no consiguió impedir que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto superase el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018.

               Artículo 2

               El destinatario de la presente Decisión es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 1.

                     (3)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (4)

                        https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 30.11.2018
            COM(2018) 776 final
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y cada uno de los países meridionales de la Política Europea de Vecindad con el objetivo de acordar las condiciones para ampliar la prestación del Servicio Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) a los países de la Política Europea de Vecindad

               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

               •Razones y objetivos de la propuesta

               El Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) hace posible que las señales abiertas de navegación por satélite actuales sean aptas para aplicaciones vitales de seguridad en los transportes, tales como el pilotaje y el aterrizaje de aeronaves en los que no se disponga de equipo terrestre de asistencia por radio, o este sea limitado.

               EGNOS y Galileo son los dos programas de navegación por satélite de la Unión Europea, regulados por el Reglamento sobre el sistema global de navegación por satélite («Reglamento GNSS»)
                  1
               .

               La cooperación en materia de navegación por satélite entre los países meridionales de la Política Europea de Vecindad (PEV)
                  2
                y la Unión se encuadra en la cooperación euromediterránea en materia de transporte. En el contexto de la PEV
                  3
               , la cooperación euromediterránea en materia de transporte se basa en el marco iniciado en Barcelona (1995) que se convirtió, a partir de 2008, en la Unión por el Mediterráneo en virtud de la Declaración Conjunta
                  4
                adoptada en la reunión de jefes de Estado o de Gobierno.

                  El artículo 2, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 1285/2013 (Reglamento GNSS)
                     5
                   estipula que la cobertura geográfica del sistema EGNOS podrá ampliarse a países de la Política Europea de Vecindad (PEV), dentro de los límites de la viabilidad técnica y sobre la base de los correspondientes acuerdos internacionales. Dichas ampliaciones no retrasarán la ampliación de la cobertura geográfica del EGNOS a todo el territorio de los Estados miembros situado geográficamente en Europa.

               La ampliación del EGNOS a los países meridionales de la PEV corresponde a esos criterios y será una continuación de las medidas iniciadas con la instalación de algunas estaciones terrestres del EGNOS fuera de Europa. Esta ampliación tiene el doble objetivo de reforzar la cobertura del EGNOS en la periferia de la UE y proporcionar cobertura a los países meridionales de la PEV para permitir que los usuarios lo adopten.

               La ampliación del EGNOS a los países meridionales de la PEV no retrasará la ampliación de la cobertura geográfica del EGNOS en el territorio de la Unión sino todo lo contrario, ya que contribuirá a mejorar la cobertura en las regiones del sur, el sudeste y el sudoeste de la Unión y, en particular, a mejorar la cobertura en las islas españolas y portuguesas del océano Atlántico, así como en Chipre, Grecia, Malta e Italia.

               Un análisis realizado por la Agencia Espacial Europea en 2015
                  6
               , reforzado por la oferta de la industria de 2017 para el desarrollo de la versión 3 del EGNOS, confirmó la viabilidad técnica de dicha ampliación y concluyó que tres estaciones terrestres del EGNOS serían suficientes para cubrir la totalidad del espacio aéreo de los países meridionales de la PEV.

               Desde 2009, los departamentos de la Comisión están trabajando en coordinación con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para lograr la ampliación de la cobertura del EGNOS a la zona del Mediterráneo meridional (es decir, los países meridionales de la PEV) y la introducción en ella del servicio de salvaguardia de la vida del EGNOS en la aviación y otros ámbitos del transporte. La extensión de la cobertura del EGNOS es una iniciativa que beneficia a todas las partes. Para la Unión, reforzará los lazos con los países socios vecinos y creará oportunidades de acceso a los mercados para su industria, mientras que los países meridionales de la PEV tendrán acceso al EGNOS con un coste muy marginal comparado con la inversión pública realizada hasta la fecha por la Unión.

               Se han realizado progresos significativos a lo largo de los años y las autoridades del transporte de los países meridionales de la PEV han mostrado un gran interés. Consideran que el servicio de salvaguardia de la vida del EGNOS es un medio eficaz para cumplir las prescripciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y creen que ofrece una tecnología generadora de nuevos servicios y aplicaciones en otros ámbitos, relacionados o no con el transporte.

                     7
                  Así pues, entre 2014 y 2016, seis de los países meridionales de la PEV expresaron oficialmente al más alto nivel político su interés por celebrar estos acuerdos internacionales relativos al EGNOS con la Unión.

               Es conveniente que la Unión dé una respuesta positiva a la expectativa de los países meridionales de la PEV de recibir el servicio de salvaguardia de la vida del EGNOS. El aspecto estratégico de esta ampliación del EGNOS resulta aún más evidente a la luz de las actividades de otros proveedores de sistemas globales de navegación por satélite en la región.

                  Un acuerdo internacional bilateral específico sobre el EGNOS con cada país meridional de la PEV establecerá los sistemas adecuados de gobernanza, definirá los roles y la responsabilidad de cada Parte y decidirá las responsabilidades financieras para el desarrollo y el funcionamiento de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios basados en el EGNOS en cada uno de estos países.

               En la presente Recomendación se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad de una ampliación del EGNOS a los países meridionales de la PEV, incluida la evaluación del SEAE de la situación geopolítica en la región. Se continuará supervisando y haciendo un seguimiento de los aspectos relacionados con la seguridad durante las fases de negociación y despliegue. Esto incluye la elección de los emplazamientos para el despliegue de las infraestructuras terrestres del EGNOS, así como su protección durante la fase operativa del EGNOS en los países meridionales de la PEV.

               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

               La ampliación del EGNOS a los países meridionales de la PEV figura en el Plan de Acción Regional de Transporte 2014-2020 y se incluyó en la resolución de la Unión por el Mediterráneo en 2013 y 2014.

               Una ampliación de la cobertura del servicio de salvaguardia de la vida del EGNOS en el norte de África y Oriente Medio ofrecerá un alto nivel de seguridad en los procedimientos de aterrizaje, incluso en los destinos más pequeños, turísticos y regionales, por lo que se armonizará el nivel de seguridad entre la Unión y los países meridionales de la PEV y aumentará, en consecuencia, la adopción de EGNOS por parte de compañías aéreas que vuelen en las dos regiones.

               Por último, la ampliación del EGNOS a los países meridionales de la PEV es coherente con otras ampliaciones similares del EGNOS o sistemas basados en el EGNOS, como la ampliación similar a Ucrania
                  8
                y el establecimiento de sistemas independientes de servicios de aumentación basados en satélites (SBAS) basados en tecnología del EGNOS en África, que empezó con 17 países de la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA)
                  9
               . Por lo tanto, el EGNOS garantizará una cobertura homogénea en los continentes europeo y africano, aumentando la seguridad de los vuelos y los aterrizajes.

               •Coherencia con otras políticas de la Unión

               Los sistemas de navegación por satélite europeos son elementos importantes de la política de la Unión Europea para lograr la plena integración de las infraestructuras del transporte por tierra, mar y aire, a fin de que la navegación sea segura, fluida, económica y respetuosa con el medio ambiente. Estos sistemas han sido promovidos a nivel internacional de diversas maneras, entre las que se encuentran los acuerdos de cooperación sobre navegación por satélite firmados con países como Marruecos, Ucrania, Estados Unidos, Noruega, Suiza y Corea del Sur.

               En la gestión del tránsito aéreo (ATM), todos los países meridionales de la PEV desean cumplir las prescripciones de la OACI en materia de Navegación Basada en Prestaciones (PBN). El EGNOS es un elemento importante para la modernización de la ATM en Europa y para la puesta en práctica de la iniciativa del Cielo Único Europeo. La ampliación a los países meridionales de la PEV contribuirá a la desfragmentación de los servicios de navegación aérea por todo el Mediterráneo. La cobertura del EGNOS en estos países también contribuirá a crear una zona euromediterránea integrada de transporte que englobará a casi mil millones de personas en la Unión y en los países vecinos.

               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

               •Base jurídica

                  Artículo 218, apartados 3 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

                  Los Estados miembros no pueden alcanzar los objetivos de la propuesta debido a que el programa EGNOS de navegación por satélite es una iniciativa europea gestionada por la Comisión Europea. En este sentido, el ámbito de los acuerdos que deban negociarse no puede limitarse a un único Estado miembro o a un grupo de Estados miembros, sino que afecta a la Unión en su conjunto.

                  Cualquier solución alternativa (como una red de relaciones bilaterales entre los Estados miembros de la Unión y cada país meridional de la PEV) acarrearía un alto riesgo de deficiencias, retrasos y contradicciones que aumentarían rápidamente los costes que debería asumir el presupuesto de la Unión. No desarrollar la cooperación entre la Unión y los países meridionales de la PEV sobre la prestación de los servicios de EGNOS supondría una oportunidad perdida para la industria de la Unión Europea y, desde un punto de vista estratégico, debilitaría la posición de la Unión en la región meridional de la PEV.

                  El artículo 29 del Reglamento n.º 1285/2013 dispone que la Unión podrá suscribir acuerdos con terceros países y organizaciones internacionales en el marco de los programas de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 218 del TFUE.

               •Proporcionalidad

                  El establecimiento de un acuerdo guarda proporción con los objetivos que se desea alcanzar.

               •Elección del instrumento

                  El artículo 29 del Reglamento n.º 1285/2013 contempla expresamente la conclusión de acuerdos internacionales por parte de la Unión en el contexto del EGNOS. Además, el artículo 2, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento estipula expresamente la posibilidad de ampliar la cobertura geográfica del sistema EGNOS a otras regiones del mundo, y especifica que dicha ampliación podría referirse, entre otros, a los países de la PEV. También especifica que esta ampliación se llevará a cabo mediante acuerdos internacionales, dentro de los límites de la viabilidad técnica.

               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

               •Consultas con las partes interesadas

               El uso de SBAS como el EGNOS en los países meridionales de la PEV ha sido evaluado desde una perspectiva socioeconómica y desde el punto de vista técnico. Se han comparado y examinado los resultados de los análisis con las partes interesadas y las autoridades de los países meridionales de la PEV en varias ocasiones durante años de cooperación sobre el tema.

               Entre 2007 y 2005, los proyectos EuroMed GNSS I y II, financiados por la Comisión, instalaron infraestructura terrestre del EGNOS para ofrecer un mínimo de cobertura y llevar a cabo transferencia de conocimientos técnicos, pruebas de desarrollo de capacidades y ensayos con autoridades de aviación civil, usuarios del espacio aéreo y proveedores de servicios de navegación aérea locales para probar procedimientos de aterrizaje y evaluar las ventajas. En este contexto, también se realizó un análisis de reglamentación que determinó el marco normativo de la OACI, específico de la aviación, en el que se basará la prestación del servicio, así como una estrategia de navegación por satélite y planes de aplicación detallados por país.

               También se llevó a cabo un análisis de rentabilidad por país que confirmó los beneficios netos positivos de ampliar el EGNOS a los países meridionales de la PEV, y resaltó los efectos positivos del EGNOS para cada uno de estos países en los ámbitos de la aviación y el transporte multimodal. El análisis de rentabilidad estimó los beneficios netos en más de mil millones de euros para la región meridional de la PEV. Estos análisis se realizaron con la participación plena de los homólogos de los países meridionales de la PEV y los resultados se han compartido y debatido con sus representantes y partes interesadas en varios talleres. En las conclusiones de todos los grupos de trabajo del EuroMed GNSS en 2011, 2012 y 2013 se pidió a la Comisión que completara la cobertura del EGNOS en el espacio aéreo de la región meridional de la PEV.

                  La industria espacial proveedora de la Unión se beneficiará del mercado relacionado con el despliegue de la infraestructura terrestre, y la industria derivada de la Unión (para las aplicaciones del EGNOS) se beneficiará de la disponibilidad de un mercado más grande. La cooperación y los vínculos técnicos entre las autoridades de transporte y las partes interesadas de la Unión y sus homólogos de la región meridional de la PEV también se verán reforzados con un impacto estratégico a largo plazo mutuamente beneficioso.

                  Se ha confirmado también que la ampliación del EGNOS a los países meridionales de la PEV no retrasará la finalización de la cobertura geográfica del sistema EGNOS en los territorios de los Estados miembros situados en Europa.

               •Obtención y uso de asesoramiento especializado

                  Ámbitos científicos y técnicos pertinentes

                  Expertos en navegación por satélite y expertos en ámbitos a los que atañe el uso de localización precisa por satélite (aviación, sector marítimo, ferrocarril, carretera, agricultura, ordenación del territorio, etc.).

                  Metodología utilizada

                  Amplias consultas e interacción con las autoridades correspondientes, homólogos y usuarios de los dos proyectos financiados en el marco del programa Euromed (EuroMed GNSS I, 2007-2011, y EuroMed GNSS II, 2012-2015). Análisis e investigaciones realizados por consorcios industriales, agencias de la UE y de los Estados miembros, y agencias de los países meridionales de la PEV.

                  Principales organizaciones y expertos consultados

                  Ministerios de transporte, autoridades de aviación civil, aeropuertos y compañías aéreas de todos los países meridionales de la PEV. La Agencia Espacial Europea, el European Satellite Services Provider, la Agencia del GNSS Europeo (GSA), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la industria espacial y la industria y expertos de la navegación por satélite y de la aviación de los países de la Unión y de los países meridionales de la PEV (por ejemplo, la Agencia Espacial Argelina).

               Derechos fundamentales

                  No existen consecuencias para la protección de los derechos fundamentales.

               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

                  Los gastos de capital relacionados con la creación de infraestructura para la prestación de SBAS basados en el EGNOS en cada uno de los países meridionales de la PEV estarán cubiertos por fondos europeos, en particular los que financian la PEV. Los costes operativos adicionales relacionados con la explotación de los SBAS basados en el EGNOS en cada país meridional de la PEV serán sufragados por dichos países.

                  No hay repercusiones presupuestarias derivadas de este acuerdo para el presupuesto de la Unión asignado a los programas europeos de GNSS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 5, último párrafo, del Reglamento (UE) n.º 1285/2013, los costes de dicha ampliación no estarán cubiertos por los recursos asignados a los programas Galileo y EGNOS.

               Recomendación de

               DECISIÓN DEL CONSEJO

               por la que autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y cada uno de los países meridionales de la Política Europea de Vecindad con el objetivo de acordar las condiciones para ampliar la prestación del Servicio Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) a los países de la Política Europea de Vecindad

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,

               Vista la recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)se cumplen las condiciones del artículo 2, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1285/2013 en lo referente a la viabilidad técnica y la garantía de que no se retrasará la cobertura geográfica del sistema EGNOS en los territorios de los Estados miembros,

               (2)el Reglamento (UE) n.º 1285/2013 dispone que la Unión es la propietaria de todos los bienes materiales o inmateriales creados o desarrollados en el marco del programa EGNOS, que la Unión puede suscribir acuerdos con terceros países y organizaciones internacionales en el marco de dicho programa y que el coste de cualquier ampliación de la cobertura del sistema EGNOS fuera de Europa no correrá a cargo de los recursos presupuestarios asignados con arreglo al Reglamento,

               se deben entablar negociaciones con el fin de firmar un acuerdo con cada uno de los países meridionales de la Política Europea de Vecindad (PEV) que establezca las condiciones para la prestación, en dichos países, de servicios de aumentación basados en satélites (SBAS) basados en el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS).

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               Artículo 1

               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un acuerdo internacional con cada uno de los países meridionales de la PEV sobre las condiciones para la prestación, en dichos países, de servicios de aumentación basados en satélites (SBAS) basados en el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS).

               Artículo 2

               Las directrices de negociación figuran en el anexo.

               Artículo 3

               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con [el Consejo debe añadir el nombre del comité compuesto por representantes de los Estados Miembros].

               Artículo 4

               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente / La Presidenta

                     (1)

                        El sistema EGNOS hace referencia a la infraestructura espacial y terrestre, el hardware y el software que permiten suministrar la señal EGNOS de salvaguardia de la vida (SoL). La señal EGNOS se convierte en servicio EGNOS cuando la autoridad local de aviación civil lo autoriza de conformidad con las prescripciones de la aviación internacional. El programa EGNOS se refiere a la gestión del sistema y del servicio EGNOS, encomendada a la Comisión Europea.

                     (2)

                        En la actualidad: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Jordania, Palestina*, Israel y el Líbano, según se define en el anexo 1 del Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad. (*) Esta denominación no debe interpretarse como el reconocimiento de un Estado de Palestina y se utiliza sin perjuicio de las posiciones individuales de los Estados miembros al respecto.

                     (3)

                        Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo,

                     al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Revisión de la Política Europea de Vecindad, JOIN(2015) 50 final.

                     (4)

                  http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/ufm_paris_declaration1.pdf

                     (5)

                        Reglamento (UE) n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

                     (6)

                        ESA, EGNOS Project Office (EPO), FWC-2 WP-STA-004, 12 de marzo de 2015.

                     (7)

                        Argelia, Túnez, Libia, Jordania, el Líbano e Israel remitieron cartas a los miembros del Colegio.

                     (8)

                        El 12 de abril de 2018, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 6934/18, por la que autorizaba a la Comisión a que entablara negociaciones sobre un acuerdo internacional con Ucrania para la ampliación del EGNOS a su espacio aéreo.

                     (9)

                        La Comisión firmó el 8 de diciembre de 2016 un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la ASECNA relativo al desarrollo de la radionavegación por satélite y a la prestación de los servicios conexos en la zona de la ASECNA en beneficio de la aviación civil.

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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 30.11.2018
            COM(2018) 776 final
            ANEXO
            de la
            Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que autoriza la apertura de negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y cada uno de los países meridionales de la Política Europea de Vecindad con el objetivo de acordar las condiciones para ampliar la prestación del Servicio Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) a los países de la Política Europea de Vecindad

               ANEXO
               Directrices de negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y cada uno de los países meridionales de la Política Europea de Vecindad (PEV) que establezca las condiciones para la prestación, en dichos países, de servicios de aumentación basados en satélites (SBAS) basados en el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS)

               1)La Comisión negociará un acuerdo internacional con cada uno de los países meridionales de la Política Europea de Vecindad (PEV) para la prestación en dichos países de servicios de aumentación basados en satélites (SBAS) basados en el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS).

               2)La Comisión llevará a cabo las negociaciones en consulta con el [ ], que actuará como comité especial e informará sobre el resultado de las negociaciones y, cuando proceda, de los problemas que puedan surgir en ellas.

               1.OBJETIVO DE LA NEGOCIACIÓN

               El objetivo de la negociación es alcanzar acuerdos que establezcan las condiciones para la cooperación con cada país meridional de la PEV para la prestación en dichos países de SBAS basados en el sistema EGNOS.

               2.ÁMBITO DEL ACUERDO

               Cada acuerdo debería cubrir, en particular, los ámbitos siguientes:

               1)Disposiciones sobre cooperación: actividades de cooperación para establecer y ofrecer SBAS en países de la PEV. Dichas actividades engloban, entre otras cosas, la promoción del programa y los servicios EGNOS; el apoyo a su puesta en marcha y funcionamiento; la cooperación en cuestiones relacionadas con la frecuencia (sin perjuicio de los procedimientos de la Unión Europea
                  1
               ); la normalización y todos los temas relativos a los sistemas de navegación por satélite gestionados por organizaciones y asociaciones internacionales; y la investigación y el desarrollo. La cooperación debe cumplir los acuerdos y obligaciones de cooperación vigentes, incluidos los relativos a la no proliferación y al control de la exportaciones
                  2
               , también sin perjuicio de las medidas que afectan a la seguridad nacional.

               2)Disposiciones financieras: participación de cada país meridional de la PEV en los costes operativos adicionales del mantenimiento del sistema EGNOS ampliado para permitir la cobertura del servicio de salvaguardia de la vida en los países meridionales de la PEV. Apoyo financiero de la Unión para ampliar el servicio de salvaguardia de la vida a los países meridionales de la PEV. De conformidad con el artículo 2, apartado 5, último párrafo, del Reglamento (UE) n.º 1285/2013, dicho apoyo no puede, bajo ninguna circunstancia, financiarse con las contribuciones presupuestarias asignadas a la navegación por satélite europea y recogidas en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1285/2013.

               3)Establecimiento de mecanismos apropiados de cooperación para la gestión del acuerdo, establecimiento del régimen apropiado de responsabilidad para la prestación de servicios EGNOS. Garantía por parte de cada uno de los países meridionales de la PEV de que las posibles instalaciones de EGNOS en su territorio, propiedad de la Unión o arrendadas, reciben un rango adecuado (privilegios, inmunidades, etc.), así como garantías de que cada país meridional de la PEV efectuará el control de seguridad necesario, así como la notificación y la protección necesarias, del sistema EGNOS y de las instalaciones EGNOS. Disposiciones sobre la solución de diferencias entre las partes.

               4)Cumplimiento de las disposiciones correspondientes de los Tratados y la legislación aplicable de la Unión, incluido el Reglamento (UE) n.º 1285/2013
                  3
                y el Reglamento (UE) n.º 912/2010
                  4
               , en particular con respecto a la gobernanza del programa del EGNOS.

               5)Cumplimiento de las prescripciones en materia de seguridad por parte de los elementos del sistema EGNOS que se desplieguen en los territorios de los países meridionales de la PEV.

               6)Introducción de una cláusula de terminación que permita resolver situaciones en las que un país meridional de la PEV no respete las obligaciones del acuerdo.

                     (1)

                        Política del espectro radioeléctrico basada en la Decisión 676/2002/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 (Decisión sobre el espectro radioeléctrico), que establece un marco de coordinación para los asuntos del espectro radioeléctrico a nivel de la Unión, que incluye la coordinación con la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT) para cuestiones técnicas, y la representación de los intereses de la UE al tratar con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

                     (2)

                        DO L 159, de 30 de junio de 2000, Arreglo de Wassenaar y Régimen de Control de la Tecnología de Misiles.

                     (3)

                        Reglamento (UE) n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 1).

                     (4)

                        Reglamento (UE) n.º 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo, se deroga el Reglamento (CE) n.º 1321/2004 del Consejo, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 276, de 20.10.2010, p.11).


               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 21.11.2018
            COM(2018) 805 final
            Recomendación de
            RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
            con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Hungría
            {SWD(2018) 504 final}

               Recomendación de

               RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

               con vistas a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo

                  en Hungría

               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 4,

               Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
                  1
               , y en particular su artículo 10, apartado 2, párrafo segundo,

               Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

               Considerando lo siguiente:

               (1)El 22 de junio de 2018, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que existía en Hungría una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y emitió una recomendación para que ese país tome las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto
                  2
                no supere el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB.
                  3
                El Consejo recomendó también a Hungría que utilizase todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit; al mismo tiempo, las medidas de saneamiento presupuestario habrán de garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento. El Consejo señaló el 15 de octubre de 2018 como fecha límite para que Hungría informase sobre las medidas tomadas en respuesta a dicha Recomendación.

               (2)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Hungría que en 2018 cumpla la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018 de corrección de la significativa desviación respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo
                  4
               . Se recomendó a Hungría que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 3,9 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,75 % del PIB.

               (3)Los días 18 y 19 de septiembre de 2018, la Comisión llevó a cabo una misión de supervisión reforzada en Hungría a efectos de comprobación in situ, con arreglo al artículo -11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Después de haber enviado sus conclusiones provisionales a las autoridades húngaras para que presentasen sus observaciones, la Comisión informó de sus conclusiones al Consejo el 21 de noviembre de 2018. Estas conclusiones se hicieron públicas posteriormente.

               (4)El 15 de octubre de 2018, las autoridades húngaras presentaron el informe sobre las medidas efectivas aplicadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018
                  5
               . Habida cuenta de la información facilitada por las autoridades en su informe y la evaluación global basada en las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, el Consejo de 21 de noviembre de 2018 llegó a la conclusión de que Hungría no ha adoptado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018.

               (5)Teniendo en cuenta que Hungría no ha adoptado ninguna medida efectiva al respecto, y dada la gran desviación acumulada respecto de la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, es conveniente dirigir a este Estado miembro una recomendación revisada con arreglo al artículo 121, apartado 4, del TFUE, sobre las medidas apropiadas que deban adoptarse.

               (6)Sobre la base de las previsiones de otoño de 2018 de la Comisión, el déficit estructural de Hungría aumentó del 1,7 % del PIB al 3,4 % en 2017 y se prevé que siga deteriorándose en un 0,4 % del PIB a un 3,8 % en 2018. Como consecuencia de ello, se estima que en 2018 el saldo estructural será del 2,3 % del PIB, lo que supone una desviación respecto de su objetivo presupuestario a medio plazo del 1,5 %.

               (7)Para corregir las desviaciones acumuladas y conseguir que Hungría vuelva a la senda adecuada de ajuste tras las pasadas desviaciones, se precisa esfuerzo adicional y persistente que complemente el ajuste estructural anual recomendado del 0,75 % del PIB para 2019 establecido en la recomendación de Consejo dirigida a Hungría el 13 de julio de 2018. Un esfuerzo adicional del 0,25 % del PIB parece apropiado, dada la magnitud de la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Dicho esfuerzo acelerará el ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (8)La mejora del saldo estructural requerida del 1,0 % del PIB en 2019 es coherente con la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto, no superior al 3,3 % en 2019.

               (9)La mejora estructural del 1,0 % del PIB en 2019 exige adoptar medidas con un rendimiento total del 0,5 % del PIB en términos estructurales con respecto a la base de referencia actual de 2019 determinada de acuerdo con las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión, dada la mejora del saldo estructural prevista en 2019.

               (10)Los requisitos para 2019, formulados en la presente Recomendación, sustituyen a los elementos correspondientes establecidos en la recomendación presupuestaria contenida en la Recomendación del Consejo dirigida a Hungría el 13 de julio de 2018.

               (11)Hungría debe informar al Consejo sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación a más tardar el 15 de abril de 2019, posiblemente como parte de su Programa de Convergencia, presentado de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1466/97.

               (12)Procede que la presente Recomendación se haga pública.

               RECOMIENDA QUE HUNGRÍA:

               (1)tome las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no sea superior al 3,3 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB y situará al Estado miembro en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

               (2)utilice todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit; las medidas de saneamiento presupuestario deben garantizar una mejora duradera del saldo estructural de las administraciones públicas que sea propicia al crecimiento.

               (3)informe al Consejo, a más tardar el 15 de abril de 2019, sobre las medidas tomadas en respuesta a la presente Recomendación; el informe debe contener medidas suficientemente detalladas y explicadas de forma verosímil, con indicación de la repercusión presupuestaria de cada una de ellas, así como previsiones presupuestarias actualizadas y pormenorizadas para 2019.

               El destinatario de la presente Recomendación es Hungría.

               Hecho en Bruselas, el

                     Por el Consejo

                     El Presidente

                     (1)

                        DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

                     (2)

                        El gasto público primario neto se compone del gasto público total menos el gasto en concepto de intereses, el gasto en programas de la Unión que se contrarreste totalmente con los ingresos de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Las medidas discrecionales relacionadas con los ingresos o los aumentos de los ingresos fijados legalmente se integran en el cálculo. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

                     (3)

                        DO C 223 de 27.6.2018, p. 1.

                     (4)

                        Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Hungría (DO C 320 de 10.9.2018, p. 72).

                     (5)

                        https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en