title: Recomendación (UE) 2017/1936 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, sobre la adopción inmediata de medidas para evitar el uso indebido de precursores de explosivos (Texto pertinente a efectos del EEE. )

text:
               24.10.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 273/12

         RECOMENDACIÓN (UE) 2017/1936 DE LA COMISIÓN
   de 18 de octubre de 2017
   sobre la adopción inmediata de medidas para evitar el uso indebido de precursores de explosivos
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los recientes incidentes y atentados terroristas indican que la amenaza derivada de los explosivos de fabricación artesanal en Europa sigue siendo alta. Las sustancias precursoras de explosivos siguen siendo accesibles y utilizadas a efectos de la elaboración casera de explosivos, a pesar de los intentos de restringir y controlar de forma eficaz dicho acceso.

               (2)

               En su Resolución 2370 (2017), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace hincapié en la necesidad primordial de evitar que los terroristas utilicen materias primas y componentes que pueden utilizarse en la fabricación de explosivos, o pretendan acceder a los mismos, y pide una mayor vigilancia, que incluye particularmente el establecimiento de buenas prácticas, el intercambio de información transfronteriza y el establecimiento de asociaciones.

               (3)

               El Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece normas armonizadas acerca de la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas susceptibles de utilizarse de forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos, con el fin de limitar su disponibilidad para los particulares y de garantizar la adecuada comunicación de las transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de suministro.

               (4)

               La aplicación correcta del Reglamento (UE) n.o 98/2013 por todos los Estados miembros es necesaria para alcanzar su objetivo de mejorar la libre circulación de las mezclas y sustancias químicas en el mercado interior y suprimir los falseamientos de la competencia, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la seguridad de la población. Asimismo, dicha aplicación promoverá el logro de los objetivos de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), encaminada a la prevención de atentados terroristas que impliquen la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos, así como el suministro y la recepción de instrucciones sobre la fabricación o utilización de explosivos.

               (5)

               La presente Recomendación tiene por objeto garantizar que el objetivo del Reglamento (UE) n.o 98/2013 pueda alcanzarse más eficazmente proporcionando orientación a los Estados miembros sobre su aplicación, complementa las Directrices (3) adoptadas por la Comisión y por el Comité permanente sobre precursores (4) y tiene en cuenta los debates celebrados en dicho Comité y durante una serie de seminarios regionales organizados en 2016 y 2017 con la participación de las autoridades de los Estados miembros.

               (6)

               La disponibilidad de los precursores de explosivos para el público en general debe restringirse con el fin de impedir su adquisición por los terroristas. El Reglamento (UE) n.o 98/2013 restringe el acceso a siete sustancias químicas (precursores de explosivos restringidos enumerados en el anexo I de dicho Reglamento) (5) y la utilización de dichas sustancias por parte del público en general.

               (7)

               A pesar de esta prohibición, los Estados miembros pueden decidir permitir el acceso del público a estas sustancias únicamente mediante un sistema de licencias y de registro. El 1 de enero de 2017, dieciséis Estados miembros contaban con regímenes de concesión de licencias o de registro en lugar de una prohibición (6). Por lo tanto, en dichos Estados miembros, las mezclas y sustancias de precursores de explosivos restringidas siguen siendo objeto de acceso y utilización por parte del público en general.

               (8)

               Los Estados miembros deben determinar y promover concentraciones más bajas y sustancias alternativas que planteen menos preocupación en materia de seguridad y establecer las condiciones del almacenamiento de los precursores de explosivos. Los Estados miembros que tienen un régimen de licencias deben realizar controles sobre los antecedentes de la persona que solicita una licencia.

               (9)

               La presente Recomendación también pide que se mejore la aplicación de las restricciones y controles establecidos en el Reglamento (UE) n.o 98/2013, así como la cooperación intersectorial. Un aumento del nivel de concienciación de todos los agentes de la cadena de suministro, incluidos los que operan en línea, les permitirá cumplir sus obligaciones con arreglo al Reglamento (UE) n.o 98/2013.

               (10)

               Sin perjuicio de los marcos jurídicos para el intercambio transfronterizo de información en el contexto de las investigaciones penales en relación con delitos de terrorismo (7) o en el ámbito de las aduanas (8), la presente Recomendación aboga por el intercambio de información sobre transacciones sospechosas, desapariciones, robos y otros incidentes sospechosos o solicitudes de licencia, cuando encierren un elemento transfronterizo.

               (11)

               Aunque en los recientes incidentes y atentados se ha utilizado principalmente triperóxido de triacetona (TATP), la amenaza procede de una gama más amplia de explosivos de fabricación artesanal y sustancias precursoras de explosivos. La Unión y sus Estados miembros deben permanecer vigilantes, detectando y abordando la evolución en este ámbito en cooperación con las partes interesadas pertinentes y con los usuarios.

               (12)

               Desde la adopción del Reglamento, la Comisión ha supervisado y facilitado su aplicación en estrecha colaboración con el Comité Permanente sobre Precursores. En febrero de 2017, la Comisión adoptó un informe (9) en el que llegaba a la conclusión de que, a pesar de que la entrada en vigor del Reglamento ha contribuido a reducir la amenaza que suponen los precursores de explosivos en Europa, es necesario determinar medidas y acciones que refuercen el sistema de controles en torno a los explosivos de fabricación casera. En mayo de 2017, la Comisión comenzó su trabajo de revisión del Reglamento relativo a los precursores de explosivos (10) con una evaluación que irá seguida de una evaluación de impacto durante el primer semestre de 2018. La evaluación examinará la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido del Reglamento y determinará los problemas y los obstáculos que puedan requerir medidas adicionales. La evaluación de impacto examinará diferentes opciones estratégicas para abordar los problemas y obstáculos detectados. A la espera de los resultados de dicha revisión, la Recomendación recomienda que los Estados miembros adopten medidas inmediatas encaminadas a restringir efectivamente la disponibilidad de precursores de explosivos para el público en general en el marco del Reglamento vigente.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

      Limitar la disponibilidad de los precursores de explosivos para el público en general

               1.

               Los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias, con arreglo al Reglamento (UE) n.o 98/2013, con objeto de limitar la disponibilidad de los precursores de explosivos para el público en general e impedir el acceso de los terroristas a los precursores de explosivos, así como garantizar la adecuada notificación de las transacciones sospechosas en toda la cadena de suministro. A tal fin, los Estados miembros deberán evaluar cuidadosamente si el sistema de registro, concesión de licencias o prohibición que han implantado cumple eficazmente estos objetivos. Los Estados miembros habrán de informar a la Comisión de los resultados de su evaluación en un plazo de cuatro meses a partir de la adopción de la presente Recomendación. Esta información contribuirá a la evaluación de posibles nuevas medidas a nivel de la UE.

               2.

               Además, los Estados miembros deberán tomar urgentemente las siguientes medidas:

                           a)

                           fomentar y, cuando sea posible y apropiado, requerir el uso de sustancias alternativas o concentraciones más bajas que puedan utilizarse para la misma actividad legítima y planteen menos preocupaciones desde el punto de vista de la seguridad;

                           b)

                           establecer las condiciones de seguridad del almacenamiento de los precursores de explosivos para los operadores económicos, los usuarios profesionales y los miembros del público en general que se encuentren legalmente en posesión de precursores de explosivos;

                           c)

                           ofrecer directrices claras a los operadores económicos sobre la manera de comprobar de manera efectiva y eficaz si una persona forma parte del público en general o no; a tal fin, los Estados miembros podrían aplicar un concepto de «usuario profesional», que designe a las personas que necesitan precursores de explosivos restringidos para fines relacionados con su actividad comercial, empresarial o profesional;

                           d)

                           en caso de que se haya establecido un régimen de licencias de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 98/2013, efectuar controles sobre los antecedentes de la persona que solicita una licencia y, en particular, verificar su registro de antecedentes penales en todos los Estados en que haya residido durante los cinco años anteriores, y

                           e)

                           establecer sistemas de inspección para detectar los casos de incumplimiento por parte de los operadores económicos.

      Reforzar la cooperación e intervenir en la cadena de suministro

               3.

               Con el fin de intensificar la cooperación e intervenir en la cadena de suministro, los Estados miembros deberán:

                           a)

                           proporcionar formación para asegurarse de que los servicios policiales, los servicios de primera intervención y las autoridades aduaneras puedan reconocer las mezclas y sustancias de precursores de explosivos en el ejercicio de sus funciones y reaccionar de forma adecuada y oportuna frente a las actividades sospechosas;

                           b)

                           además de las obligaciones de información establecidas en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 98/2013, animar a los usuarios finales de precursores de explosivos a comunicar los robos y desapariciones significativos;

                           c)

                           en la medida en que ello no esté ya cubierto por las obligaciones impuestas en la legislación de la Unión, intercambiar información sobre transacciones sospechosas, desapariciones, robos y otros incidentes sospechosos o solicitudes de licencia, siempre que estos puedan encerrar elementos transfronterizos, con otros Estados miembros afectados, tan pronto como sea posible y de conformidad con la legislación nacional y los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes; y

                           d)

                           determinar todos los sectores importantes, incluidos los que operan en línea, orientar las medidas de concienciación a las especificidades de cada sector y mantener un diálogo con la cadena de suministro y con los usuarios finales, a fin de mejorar la comprensión de las utilizaciones legítimas profesionales y no profesionales de los precursores de explosivos.

      Hecho en Bruselas, el 18 de octubre de 2017.

            Por la Comisión

         Julian KING

            Miembro de la Comisión

      (1)  Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (DO L 39 de 9.2.2013, p. 1).

      (2)  Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

      (3)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf

      (4)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245

      (5)  Peróxido de hidrógeno, nitrometano, ácido nítrico, clorato potásico, perclorato potásico, clorato sódico y perclorato sódico en una concentración superior a los límites establecidos en el anexo I, con inclusión de las mezclas u otras sustancias en las que esté presente alguna de las sustancias indicadas en una concentración superior al límite correspondiente.

      (6)  Informe de la Comisión sobre la aplicación y delegación de poderes de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos [COM (2017) 103 final de 28 de febrero de 2017].

      (7)  Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo (DO L 253 de 29.9.2005, p. 22).

      (8)  Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p.1).

      (9)  Informe de la Comisión sobre la aplicación y delegación de poderes de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos [COM (2017) 103 final de 28 de febrero de 2017].

      (10)  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors_en


title: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Austria’s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Austria’s stability programme for 2012-2017

text:
                           COMISIÓN
                           EUROPEA
                                                  Bruselas, 29.5.2013
                                                  COM(2013) 370 final
                                   Recomendación de
                          RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
             relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Austria
   y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
                                 Austria para 2012-2017
                                 {SWD(2013) 370 final}
ES                                                                                ES
 ---pagebreak---                                             Recomendación de
                                 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
                  relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de Austria
       y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de
                                         Austria para 2012-2017
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121,
   apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al
   reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y
   coordinación de las políticas económicas1 y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea2,
   Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo3,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de
           iniciar una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, que se basa
           en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
           fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento
           sostenible y competitividad de la economía europea.
   (2)     El 13 de julio de 2010, sobre la base de las propuestas de la Comisión, el Consejo
           aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas
           económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el
           21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de
           empleo de los Estados miembros4, que juntas forman las «orientaciones integradas».
           Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas
           en sus políticas económicas y de empleo.
   (3)     El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno tomaron una decisión sobre
           un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de
           actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todas las
   1
           DO L 209 de 2.8.1997, p.1.
   2
           COM(2013) 370 final.
   3
           P7_TA(2013)0052 y P7_TA(2013)0053.
   4
           Decisión del Consejo 2013/208/UE de 22 de abril de 2013.
ES                                                    2                                           ES
 ---pagebreak---        palancas, instrumentos y políticas posibles. Decidieron sobre las acciones que debían
       emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su
       compromiso total para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las
       recomendaciones específicas para cada país.
   (4) El 6 julio 2012, el Consejo aprobó una recomendación relativa al Programa Nacional
       de Reformas de Austria para 2012 y emitió su dictamen sobre el Programa de
       Estabilidad actualizado de Austria para 2011-2016.
   (5) El 28 de noviembre de 2012, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre
       el Crecimiento5, marcando el inicio del Semestre Europeo 2013 para la coordinación
       de las políticas económicas. También el 28 de noviembre de 2012, la Comisión, sobre
       la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el segundo Informe sobre el
       Mecanismo de Alerta6, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados
       miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.
   (6) El 14 de marzo de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la
       estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a
       fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir una consolidación
       fiscal diferenciada que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la
       concesión de crédito, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el
       desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la administración
       pública.
   (7) El 16 de abril de 2013, Austria presentó su Programa de Estabilidad de 2013 que cubre
       el periodo 2012-2017 y su Programa Nacional de Reformas de 2013. Con objeto de
       tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo
       tiempo.
   (8) Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad realizada de conformidad con
       el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que Austria ha
       realizado considerables esfuerzos de consolidación para situar el presupuesto en una
       senda de corrección del déficit excesivo. Por lo que se refiere al programa 2013, el
       escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es
       optimista. El principal objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el programa
       es reducir paulatinamente el déficit de las administraciones públicas hasta alcanzar el
       equilibrio presupuestario en términos nominales en 2016 y cumplir el objetivo a medio
       plazo (OMP) de aquí a 2015. El programa confirma el anterior objetivo a medio plazo
       de un déficit estructural del 0,45 % del PIB. El objetivo a medio plazo se ajusta a las
       exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sobre la base de las previsiones
       actuales, Austria está en vías de corregir su déficit excesivo durante 2013, dado que el
       déficit de las administraciones públicas fue del 2,5 % del PIB en 2012 y se espera que
       siga descendiendo hasta el 2,2 % del PIB en 2013, y hasta el 1,8 % del PIB en 2014,
       respectivamente, según las previsiones de la Comisión. Sin embargo, existen posibles
       costes adicionales ligados al desmantelamiento de un gran banco que podrían tener un
       importante efecto desfavorable sobre el déficit. Tras una fuerte mejora superior al
       ritmo de ajuste exigido en el marco del procedimiento de déficit excesivo en 2012, se
       prevé que el déficit estructural aumentará en 2013 hasta el 1,8 %. También las
       previsiones de la Comisión confirman un ligero incremento del déficit estructural en
       2013. Según la información del programa, a partir de 2014 se prevé para el saldo
       estructural recalculado un ajuste estructural superior al 0,5 % en 2014 y 2015, lo que
   5
       COM(2012) 750 final.
   6
       COM(2012) 751 final.
ES                                              3                                               ES
 ---pagebreak---         permitirá a Austria alcanzar el objetivo a medio plazo con dos años de antelación con
        respecto al escenario presentado en el programa, es decir, en 2015 en lugar de 2017.
        En cuanto al valor de referencia para el gasto de acuerdo con la información facilitada
        en el programa, se espera que la tasa de crecimiento del gasto público, excluidas las
        medidas discrecionales, en el período 2014 -2016 contribuya a un ajuste estructural
        anual hacia el objetivo a medio plazo de un 0,5 % del PIB. Sin embargo, la notable
        disminución del ratio gasto/PIB prevista en el escenario del programa es muy
        ambiciosa, ya que en él se calcula que los gastos alcanzarán en términos de PIB uno de
        los niveles más bajos en los últimos 15 años o más. Cabe esperar que Austria viva un
        período de transición desde 2014 hasta 2016 por lo que se refiere al cumplimiento del
        criterio de deuda, y que la planificación prevista garantizará un progreso suficiente
        hacia el cumplimiento de este criterio.
        El refuerzo del marco presupuestario ha hecho que las relaciones fiscales entre los
        distintos niveles de gobierno se hayan mantenido prácticamente inalteradas, y el
        solapamiento de responsabilidades y las incoherencias entre la financiación y las
        responsabilidades en materia de gasto siguen constituyendo un reto. El complejo
        mecanismo de acuerdos entre el Gobierno nacional, los proveedores de prestaciones
        sociales y el nivel subfederal constituyen asimismo un riesgo para la aplicación de las
        medidas encaminadas a contener el gasto sanitario. En el ámbito de la educación, las
        negociaciones sobre una propuesta de 6 puntos que incluye la supresión de las
        autoridades escolares a nivel de distrito son un paso adecuado hacia la racionalización
        del reparto de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, pero sería
        necesaria una mayor simplificación para reducir la fragmentación de una forma más
        sustancial.
   (9)  Está previsto que el potencial austríaco de mano de obra disminuya a partir de 2020, y
        la economía exija un nivel cada vez más elevado de cualificaciones. Aún es posible
        optimizar el uso de la población en edad de trabajar, en particular las mujeres, los
        inmigrantes y los trabajadores de más edad.
   (10) Los trabajadores de más edad tienen una tasa de empleo inferior a la media de la UE
        (43,1 % frente al 48,8 %), y casi el 30 % de las personas están entre un año y medio y
        tres años en paro o de baja por enfermedad justo antes de jubilarse. El uso aún
        relativamente generalizado de los regímenes de jubilación anticipada y pensión de
        invalidez, junto con una edad legal de jubilación relativamente baja de las mujeres
        (60), que va a aumentar en el futuro, aunque muy gradualmente, tiene un impacto
        negativo en la oferta de empleo de los trabajadores de más edad.
   (11) Aunque la tasa de empleo femenino en Austria es relativamente elevada (70,3 %, en
        comparación con el 62,4 % en toda la UE en 2012), aún queda margen para seguir
        reduciendo la segmentación por sexos en el mercado de trabajo. La proporción de
        mujeres en el empleo a tiempo parcial es una de las más elevadas de la UE, pero la
        disponibilidad de servicios de guardería y asistencia de larga duración es limitada. Las
        tasas de empleo femenino, medidas en equivalentes a tiempo completo (55,6 % en
        2012), sugieren que Austria tiene dificultades concretas para aprovechar plenamente el
        potencial de su mano de obra femenina. Por otra parte, hay casi dos veces más mujeres
        que desempeñan un trabajo marginal y el empleo femenino está muy concentrado en
        los puestos de trabajo poco remunerados. Este modelo ha provocado una diferencia
        salarial entre hombres y mujeres del 24 %, que es la tercera más alta de la UE. Una
        reducción de la presión fiscal sobre los trabajadores con rentas bajas podría ofrecer
        mayores incentivos para aumentar la participación en el mercado de trabajo. La
        estructura del régimen fiscal austriaco ofrece margen para reorientar la fiscalidad hacia
ES                                               4                                                ES
 ---pagebreak---         otras fuentes menos perjudiciales para el crecimiento. De hecho, los ingresos
        procedentes de la fiscalidad patrimonial en Austria representan el 0,5 % del PIB y se
        sitúan muy por debajo de la media de la UE, equivalente al 2,1 % del PIB. En
        particular, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes
        inmuebles, que se consideran los menos perjudiciales para el crecimiento, son los
        terceros más bajos de la Unión Europea, situándose en el 0,2 % del PIB en 2011
        (media de la UE: 1,3 %).
   (12) Austria, donde la población en edad de trabajar nacida en el extranjero representaba en
        2011 el 19 %, cuenta con una de las mayores tasas de inmigrantes en edad de trabajar
        de la OCDE. Los migrantes tienen a menudo dificultades en el mercado de trabajo y
        soportan unas tasas de desempleo muy superiores (del 9,7 %, frente al 3,6 %) y unas
        tasas de empleo inferiores (nacionales de terceros países: 62,8 %, frente a los
        nacionales austriacos: 76,4 %). Además, las personas de origen inmigrante tienen tres
        veces más posibilidades de estar empleadas y remuneradas por debajo de sus niveles
        de cualificación que los austriacos (2008: 27,5 %, frente al 9,7 %). Su nivel educativo
        es asimismo más bajo y su riesgo de pobreza es dos veces más alto (26,6 % frente al
        12,6 %).
   (13) Las proyecciones de gasto en materia de pensiones y asistencia sanitaria a medio y
        largo plazo constituyen un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las
        proyecciones de gasto en materia de asistencia de larga duración también plantean un
        riesgo de sostenibilidad, aunque a menor escala. Es probable que las recientes
        reformas del régimen de pensiones reduzcan en cierta medida los riesgos de
        sostenibilidad, si se acompañan de mejoras en las condiciones del mercado de trabajo
        que permitan a los trabajadores de más edad permanecer más tiempo en el empleo. Sin
        embargo, todavía se echa en falta una armonización acelerada de las edades de
        jubilación entre hombres y mujeres, así como la vinculación de la edad legal de
        jubilación al aumento de la esperanza de vida. Es preciso abordar la cuestión de la
        sostenibilidad presupuestaria de los regímenes de asistencia sanitaria y asistencia de
        larga duración, teniendo en cuenta asimismo la creciente necesidad y el aumento de la
        demanda de prestaciones de asistencia de larga duración. Las últimas medidas
        políticas adoptadas en los sectores sanitarios van probablemente en la dirección
        adecuada, aunque en los próximos años habrá que llevar a cabo una cuidadosa
        evaluación de su eficacia. Hay margen para mejorar la prevención, la rehabilitación y
        la autonomía de vida para contener los futuros costes de la asistencia de larga
        duración.
   (14) Según se desprende de estudios y ensayos internacionales comparativos, en Austria,
        los resultados educativos están por debajo de la media en el caso de los jóvenes de 10
        a 15 años, pese a que en Austria el gasto en educación, que alcanza el 6.01 % del PIB,
        está muy por encima de la media de la UE (5,41 %). Más del 25 % de los jóvenes de
        15 años tienen problemas de lectura, y los resultados son apenas mejores en
        matemáticas. Las diferencias de resultados entre los jóvenes de origen inmigrante y
        sus compañeros nativos se sitúan entre los más altos de la UE. El aumento del número
        de estudiantes en la enseñanza superior está ejerciendo una presión en los sistemas
        financieros y organizativos, pero el porcentaje de estudiantes que acaban sus estudios
        con éxito es bajo. También está fragmentado el reparto de responsabilidades en la
        gestión y financiación del sistema educativo.
   (15) Austria es uno de los Estados miembros que mayor beneficio extraería (en términos de
        PIB) de la reducción de los obstáculos a la prestación de servicios transfronterizos. Sin
        embargo, existen todavía importantes obstáculos a la entrada y a una efectiva
ES                                             5                                                  ES
 ---pagebreak---         competencia en el sector de los servicios. Estos obstáculos son especialmente
        pronunciados en las profesiones liberales y en el sector del transporte ferroviario. Los
        servicios profesionales ocupan un lugar importante en los mercados de servicios a las
        empresas, que representan el 10 % del PIB y el 11 % del empleo total. Sigue habiendo
        restricciones de acceso y ejercicio de determinadas profesiones en el sector de los
        servicios, por ejemplo en lo que respecta a la forma jurídica y a los requisitos de
        participación en el accionariado. Hay razones de peso para analizar hasta qué punto se
        justifican dichas restricciones, y si los mismos objetivos de interés público no podrían
        alcanzarse con una reglamentación menos estricta. Aunque un cambio reciente en la
        legislación sobre competencia reforzará los poderes de la autoridad austríaca de
        competencia, sus recursos financieros y humanos están todavía por debajo de los
        niveles observados en economías de un tamaño similar o incluso inferior.
   (16) Austria ha realizado progresos en la cooperación transfronteriza en materia de
        supervisión financiera entre el país de origen y el país de acogida. Por otra parte, se ha
        avanzado en la reestructuración de los bancos nacionalizados o parcialmente
        nacionalizados que se han beneficiado de una ayuda de reestructuración. Sin embargo,
        debido a los riesgos asociados con un mayor deterioro de la calidad de los activos de
        estos bancos, sigue habiendo bolsas de vulnerabilidad que habrá que vigilar
        estrechamente.
   (17) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de
        la política económica austriaca. Ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa
        Nacional de Reformas. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la
        sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Austria, sino también su
        conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la
        gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de
        la UE en las futuras decisiones nacionales. Sus recomendaciones en el marco del
        Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 7 que figuran a continuación.
   (18) A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de
        Austria y su dictamen7 se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a
        continuación.
   (19) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha llevado a cabo un
        análisis de la política económica de la zona del euro en su conjunto. Sobre esta base, el
        Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros
        cuya moneda es el euro. Austria debería asimismo garantizar la plena y oportuna
        aplicación de estas recomendaciones.
   RECOMIENDA que Austria tome medidas en el período 2013-2014 a fin de:
   1.     Ejecutar el presupuesto para el año 2013 según lo previsto con objeto de corregir el
          déficit excesivo de manera sostenible y realizar el esfuerzo de ajuste estructural
          especificado en las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de
          déficit excesivo. Tras la corrección del déficit excesivo, proseguir el esfuerzo de
          ajuste estructural a un ritmo adecuado para alcanzar el objetivo a medio plazo de
          aquí a 2015. Racionalizar las relaciones fiscales entre los distintos niveles de
          gobierno, por ejemplo simplificando el marco organizativo y armonizando las
          responsabilidades en materia de gastos e ingresos.
   7
        De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.
ES                                                     6                                           ES
 ---pagebreak---    2.     Promover la armonización de la edad de jubilación para hombres y mujeres, vincular
          la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida, garantizar la aplicación y el
          seguimiento de las recientes reformas que limitan el acceso a la jubilación anticipada
          y mejorar la empleabilidad de los trabajadores de más edad con el fin de aumentar la
          edad efectiva de jubilación y la tasa de empleo de los trabajadores de más edad.
   3.     Adoptar nuevas medidas para aumentar la participación de las mujeres en el mercado
          de trabajo, en particular mediante una mejora de los servicios de guardería y
          asistencia de larga duración, y corregir las importantes diferencias de género en las
          pensiones y retribuciones. Utilizar plenamente el potencial de mercado de trabajo de
          las personas de origen migrante mejorando el reconocimiento de sus cualificaciones
          y sus resultados educativos. Reducir las cargas fiscales y las contribuciones a la
          seguridad social de los trabajadores con bajos salarios de forma neutra para el
          presupuesto, aprovechando en mayor medida otras fuentes de impuestos menos
          perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes
          inmuebles.
   4.     Aplicar eficazmente las recientes reformas del sistema de asistencia sanitaria con el
          fin de garantizar que se materialice el esperado aumento de la relación coste/eficacia.
          Desarrollar un modelo sostenible desde el punto de vista financiero para la prestación
          de asistencia de larga duración, así como hacer mayor hincapié en la prevención, la
          rehabilitación y la autonomía de vida.
   5.     Mejorar los resultados educativos, especialmente en el caso de los jóvenes
          desfavorecidos, en particular mejorando la educación en la primera infancia y
          reduciendo las consecuencias negativas de un encauzamiento escolar temprano (early
          tracking). Seguir mejorando la planificación estratégica de la enseñanza superior y
          mejorar las medidas para reducir la tasa de abandono.
   6.     Seguir reforzando las competencias y recursos de la autoridad federal de
          competencia y supervisar la ejecución de la reforma de las normas de competencia.
          Eliminar los obstáculos excesivos que pesan sobre los prestadores de servicios. Esto
          incluye examinar si las restricciones existentes al acceso y el ejercicio de las
          profesiones reguladas están justificadas por el interés general, y fomentar la
          competencia, especialmente en el sector del transporte ferroviario.
   7.     Con el fin de mantener la estabilidad financiera, seguir supervisando estrechamente a
          los bancos nacionalizados o parcialmente nacionalizados y acelerar su
          reestructuración.
   Hecho en Bruselas, el
                                               Por el Consejo
                                               El Presidente
ES                                               7                                                ES


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31994H0313

94/313/CE: Recomendación del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativas a la suspensión de determinadas relaciones económicas y financieras con Haití

Diario Oficial n° L 139 de 02/06/1994 p. 0007 - 0007

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 30 de mayo de 1994 relativas a la suspensión de determinadas relaciones económicas y financieras con Haití (94/313/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 73 G,  Vista la Decisión 94/315/PESC del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a la posición común definida sobre la base del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea sobre la disminución de las relaciones económicas con Haití (1),  Vista la propuesta de la Comisión,  RECOMIENDA:  1. Los Estados miembros y la Comisión se informarán mutuamente y se concertarán sobre las medidas a tomar con vistas a la aplicación del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión 94/315/PESC e intercambiarán toda la información pertinente referida a la  aplicación de la presente Recomendación.  2. Por fondos y recursos financieros contemplados en el apartado 4 de la Resolución 917 (1994) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se entenderá los activos y recursos sea cual fuere su naturaleza u origen, a saber, sin que esta enumeración  sea exhaustiva, el efectivo, los activos líquidos, los créditos, las garantías y créditos documentarios, los recursos resultantes o procedentes de bienes inmuebles, de inversiones, de acciones, de obligaciones, o de otros títulos, así como el oro y los  demás metales preciosos.  3. Los Estados miembros tomarán las disposiciones oportunas para que, salvo autorización de sus autoridadas competentes, las medidas que adopten no se apliquen:  a) a las excepciones solicitadas por el Presidente Aristide y el primer ministro en ejercicio, Sr. Malval;  b) a los pagos de intereses o de remuneraciones similares devengados por los activos y recursos financieros contemplados en el apartado 2, siempre que se efectúen en la Comunidad y a personas u organismos encargados directamente de ello;  c) a los cargos en cuentas, en relación con el mantenimiento de depósitos o con otros servicios financieros relacionados con dichas cuentas.  Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 1994.  Por el Consejo El Presidente G. MORAITIS  (1) Véase la página 10 del presente Diario Oficial.


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		52013DC0605

			RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que la autorice a negociar en nombre de la Unión Europea modificaciones del Tratado de la Comunidad de la Energía /* COM/2013/0605 final - 2013/ () */

			   	RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO
para que la
autorice a negociar en nombre de la Unión Europea modificaciones del Tratado de
la Comunidad de la Energía

1.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de la
Comunidad de la Energía fue firmado el 25 de octubre de 2005 en Atenas por la
Comunidad Europea y las nueve Partes contratantes de Europa Sudoriental, y
entró en vigor el 1 de julio de 2006. El artículo 16 del Tratado
identifica el «acervo comunitario en materia de energía» con los actos
normativos siguientes:
·
la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y por la Directiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003;
·
la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de
abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados
combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE;
·
la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión (Directiva de grandes instalaciones de combustión);

·
el artículo 4, apartado 2, de la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
El artículo 12 del
Tratado de la Comunidad de la Energía establece que cada Parte contratante debe
aplicar el acervo comunitario en materia de medio ambiente respetando el
calendario que figura en su anexo II.
La Directiva de grandes
instalaciones de combustión se sustituyó por el capítulo III, el
artículo 72, apartados 3 y 4, y el anexo V de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación), con efectos a partir del 7 de enero de 2013 para las nuevas
instalaciones y a partir del 1 de enero de 2016 para las instalaciones
existentes. La Directiva de grandes instalaciones de combustión queda derogada
a partir de esta última fecha. Por consiguiente, el acervo comunitario en
materia de medio ambiente indicado en el artículo 16 del Tratado de la
Comunidad de la Energía y el calendario de aplicación previsto en su
anexo II deben modificarse en consecuencia.
El 29 de abril de 2013,
la Comisión adoptó la Decisión C(2013) 2364 final, por la que se
establecen las propuestas de la Comisión al Consejo Ministerial de la Comunidad
de la Energía relativas a la aplicación de la Directiva 2001/80/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
grandes instalaciones de combustión, y a la aplicación del capítulo III,
el anexo V y el artículo 72, apartados 3 y 4, de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación), que modifica el artículo 16 y el anexo II del Tratado
de la Comunidad de la Energía.
El artículo 5,
apartado 2, de la Decisión 2006/500/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2006,
sobre la celebración por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la
Energía, establece el procedimiento que debe aplicarse antes de que se pueda
adoptar una posición en la Comunidad de la Energía sobre las modificaciones de
ese Tratado.
En este contexto, la
Comisión recomienda que el Consejo la autorice a mantener en el seno de las
instituciones de la Comunidad de la Energía deliberaciones sobre las
modificaciones necesarias del Tratado de la Comunidad de la Energía.

2.
RECOMENDACIÓN

La Comisión recomienda
al Consejo:
·
que la autorice a negociar en nombre de la
Unión Europea las modificaciones necesarias del Tratado de la Comunidad de la
Energía;
·
que, de acuerdo con el Tratado, la autorice a
representar a la Unión Europea en las negociaciones sobre las modificaciones
del Tratado de la Comunidad de la Energía de acuerdo con las directrices de
negociación expuestas en el anexo de la presente Recomendación;
·
que designe a un comité que deberá ser
consultado durante las negociaciones; y
·
que emita las directrices de negociación.
ANEXO
Directrices
de negociación de las modificaciones del Tratado de la Comunidad de la Energía
Las modificaciones que se acuerden en nombre
de la Unión Europea deben basarse en las propuestas en la Decisión
C(2013) 2364 final de la Comisión y tener por objeto garantizar, en el
plazo más breve posible, la convergencia con el acervo comunitario en materia
de medio ambiente actualizado sobre emisiones de grandes instalaciones de
combustión.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, en relación con el programa de estabilidad actualizado de Irlanda (2005-2008)


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31993H0404

93/404/CEE: Recomendación del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre el acceso a la formación profesional permanente

Diario Oficial n° L 181 de 23/07/1993 p. 0037 - 0040

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 30 de junio de 1993 sobre el acceso de la formación profesional permanenteEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 128,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que el primer principio enunciado en la Decisión 63/266/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una política común sobre formación profesional (4), establece que todas  las personas deben recibir una formación adecuada, en relación principalmente con la necesidad de promover la formación básica y la formación profesional avanzada y, en caso necesario, la reorientación adaptada a las diferentes etapas de la vida  profesional, y atender a la necesidad de ofrecer a cada persona, con la ayuda de medios permanentes de evolución profesional, la oportunidad de la promoción o la formación necesarias para realizar una nueva actividad de nivel más elevado;  Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 63/266/CEE, la aplicación de los principios generales incumbe a los Estados miembros y a las Instituciones competentes de la Comunidad en el marco del Tratado;  Considerando que el desarrollo de los recursos humanos a través de la formación profesional constituye uno de los elementos esenciales para aumentar la competitividad de la economía europea; que, como afirmó el Consejo Europeo de Hannover de los días 27  y 28 de junio de 1988, la realización del mercado único debe ir acompañada de un mayor acceso a la formación continua;  Considerando que la evolución tecnológica, sus repercusiones en las cualificaciones de los trabajadores y el aumento del desempleo hacen necesario desarrollar el acceso a la formación profesional continua;  Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, adoptada el 9 de diciembre de 1989 en el Consejo Europeo de Estrasburgo por los Jefes de Estado y de Gobierno de once Estados miembros, declara en  particular en su punto 15 que:  «Todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder tener acceso a la formación profesional y seguir beneficiándose de ella a lo largo de toda su vida activa. En las condiciones de acceso a esta formación profesional no puede existir discriminación  fundada en la nacionalidad.  Las autoridades públicas competentes, las empresas o los interlocutores sociales, cada uno en la esfera de sus competencias, deberían establecer dispositivos de formación continua y permanente que permitan a toda persona reciclarse, especialmente  beneficiándose de permisos por formación, perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos, teniendo en cuenta, sobre todo, la evolución técnica»;  Considerando que la formación profesional continua ha sido objeto de la constante preocupación de los interlocutores sociales en el marco del diálogo social (5);  Considerando que el Comité Económico y Social aprobó, el 22 de octubre de 1992, un informe sobre «La formación profesional: la promoción de las cualificaciones profesionales como instrumento estratégico del desarrollo económico y social de la Comunidad  Europea»;  Considerando que el 21 de abril de 1993 el Parlamento Europeo adoptó un informe de iniciativa sobre la formación profesional en la Comunidad Europea para los años 90, en el que se aborda el problema del acceso a la formación continua;  Considerando que se han emprendido acciones de cooperación internacional a nivel comunitario (6);  Considerando que las tendencias demográficas van a reducir de manera considerable el número de jóvenes que entra en el mercado de trabajo en la Comunidad, lo cual, ligado a los cambios del medido de trabajo, deberá tener como consecuencia la mayor  actualización y adaptación de los conocimientos de la problación activa;  Considerando que se ha comprobado a nivel comunitario que las dificultades que encuentran las mujeres en lo relativo al acceso al empleo se deben en gran parte a un menor acceso a la formación profesional; que debe prestarse particular atención a la  necesidad de que tengan un acceso efectivo a la formación profesional continua; que es preciso asimismo tener en cuenta el aumento del número de mujeres activas (7);  Considerando que la colaboración en materia de formación profesional continua debe basarse en las disposiciones que ya se aplican en los Estados miembros, dentro del respeto de la diversidad de los sistemas jurídicos nacionales y de las prácticas  nacionales, de las competencias de Derecho interno de las partes interesadas y de la autonomía contractual; que, dado que las iniciativas emprendidas a nivel nacional por los Estados miembros y los interlocutores sociales son numerosas y variadas, se  estima que, en la perspectiva de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores y habida cuenta de la dimensión internacional de la acción, dichas iniciativas deben ser apoyadas a escala comunitaria; que, finalmente, es  esencial favorecer la sinergia de los medios y la cooperación entre el sector público y privado;  Considerando que se ha consultado al Comité consultivo para la formación profesional, que éste ha reconocido la importancia estratégica de la cuestión de la formación profesional continua en las empresas tanto para los Estados miembros como para la  Comunidad, así como la necesidad de que la Comunidad desempeñe un papel activo en este ámbito,  I. RECOMIENDA, que los Estados miembros, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las responsabilidades respectivas de las autoridades públicas competentes, de las empresas y de los interlocutores sociales (dentro del respeto de la diversidad de  las legislaciones o prácticas nacionales) orienten su política de formación profesional en el sentido de que todos los trabajadores de la Comunidad deben tener posibilidad de acceso a la formación profesional continua sin ninguna forma de discriminación  y disponer de ella durante toda su vida activa;  II. RECOMIENDA, para que este acceso se facilite y sea lo más amplio posible, que los Estados miembros:  1. favorezcan que las empresas tomen conciencia de la coherencia entre las competencias de los trabajadores y la capacidad competitiva de las empresas para alentar a las empresas a conceder prioridad al desarrollo de la calidad y de los conocimientos de  sus trabajadores y a establecer planes y programas de formación adecuados a su dimensión y a sus objectivos, sensibilizando e informando consiguientemente a sus dirigentes.  Dichos planes y programas podrán establecerse en función de los recursos humanos y financieros disponibles, la organización del trabajo, las necesidades futuras de competencias y la necesidad de prever la evolución industrial y tecnológica, y la  dimensión transnacional de la formación profesional continua;  2) prevean medidas específicas de estímulo y asistencia técnica en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.  Estas medidas podrían comprender, por ejemplo, ayudas al asesoramiento en materia de formación y ayudas para el análisis de la necesidades de formación;  3) fomenten que las empresas impulsen la formación profesional continua necesaria para su desarrollo, teniendo en cuenta la situación específica de los trabajadores de dichas empresas, en particular para promover, cuando sea preciso, las medidas  definidas en los puntos siguientes;  4) prevean medidas de estímulo y de asistencia técnica específicas que sean apropiadas, necesarias y adecuadas en favor de las empresas que se enfrentan a un proceso de mutación industrial para favorecer la formación y la reconversión profesional de sus  trabajadores;  5) desarrollen la formación profesional continua para convertirla en factor esencial del desarrollo regional y local, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las empresas y de los trabajadores;  apoyen la realización de colaboraciones, especialmente a nivel regional o local, para analizar las necesidades de las empresas y de los trabajadores y proporcionar información acutalizada sobre las posibilidades de formación, con vistas a conseguir la  mejor adecuación posible entre la oferta y la demanda;  6) recomienden a los empresarios que informen a sus trabajadores, lo antes posible y, en su caso, en el momento de su contratación, sobre la política y las actividades emprendidas por la empresas en el ámbito de la formación profesional permanente y del  desarrollo personal, así como sobre las condiciones de acceso a la formación profesional continua, incluida la posibilidad de disfrutar de un permiso para seguir una formación profesional continua;  7) apoyen las iniciativas que permitan a los trabajadores que lo deseen, evaluar sus necesidades en materia de formación profesional continua.  Esta evaluación debería realizarse en la empresa o fuera de la empresa, o en asociación con las instituciones especializadas.  La explotación de los resultados tendrá carácter confidencial;  8) favorezcan la información y la consulta de los representantes de los trabajadores o, en su defecto, de los proprios trabajadores sobre la elaboración y la aplicación de los planes y programas de formación de la empresa de que se trate;  9) sensibilicen a los trabajadores y a las empresas sobre la importancia de una formación profesional continua que conduzca a la obtención de las cualificaciones que demanda el mercado de trabajo.  A este respecto, convendría velar por que la formación no se limite sólo a la adaptación específica al puesto de trabajo, sino que proporcione los medios de anticipar y dominar la evolución de los sistemas de producción y de la organización del trabajo,  para reforzar la competitividad de las empresas y para mejorar las perspectivas profesionales de los trabajadores;  10) favorezcan el desarrollo de los métodos más adecuados de eseñanza y aprendizaje en la formación profesional continua, que permitan facilitar el acceso a la formación profesional permanente para los trabajadores, por ejemplo, formas de autoformación  en el lugar de trabajo, aprendizaje a distancia, aprendizaje asistido por los medidos de comunicación y otros;  11) contribuyan a que los trabajadores menos cualificados, cualquiera que sea su estatuto profesional, se beneficien de las acciones de formación profesional continua que les permitan alcanzar el primer nivel de cualificación y les proporcionen las  bases necesarias para dominar las nuevas tecnologías.  Debería prestarse especial atención al acceso a la formación permanente de los trabajadores o grupos de trabajadores que durante algún tiempo no hayan podido beneficiarse de formación, o cuyas posibilidades de empleo y perspectivas profesionales sean  escasas;  12) fomenten el acceso de las mujeres a la formación profesional continua, así como su participación efectiva en la misma.  Esto puede contribuir, en particular, a abrir a las mujeres nuevas áreas profesionales y a favorecer la reanudación de la actividad profesional después de una interrupción de la misma.  13) fomenten el acceso y la participación de los jóvenes que dispongan de una cualificación profesional o de experiencia profesional, cualquiera que sea su nivel de competencia, a la formación profesional continua, con el fin de que puedan desarrollar  plenamente sus potencialidades y adquirir competencias para el presente y el futuro;  14) fomenten el acceso de los desempleados a la formación profesional continua y su participación en la misma.  Debería prestarse especial atención a los desempleados de larga duración, cuya cualificación sea insuficiente o inadaptada, para mejorar su inserción y su reinserción profesional.  La formación profesional continua de los parados, que implica la acción de las empresas, se presta particularmente a fomentar la reinserción en el mercado de trabajo.  15) favorezcan, en las políticas relativas al acceso a la formación profesional continua, una dimensión transnacional con vistas, en particular, a facilitar la libre circulación de los trabajadores;  III. 1) INVITA a la Comisión a intensificar la cooperación con los Estados miembros y los interlocutores sociales, en particular en el senso del Comité consultivo para la formación profesional, para apoyar la aplicación del punto II.  2) A tal efecto, INVITA a al Comisión a que, en concertación con los Estados miembros y utilizando el potencial de los programas de acción y de las iniciativas comunitarias en materia de formación, incluido, llegado el caso, el Fondo Social Europeo, y  los organismos especializados de la Comunidad como el Centro europeo para el desarrollo y la formación profesional (CEDEFOP), proceda a:  a) difundir y enriquecer la información comparativa pertinente sobre los sistemas de formación profesional continua, incluidos los métodos y disposiciones en vigor para la integración de los jóvenes demandantes de empleo y de los parados de larga  duración;  b) facilitar los intercambios de experiencias adecuados y de métodos sobre las experiencias más significativas de formación continua;  c) apoyar las transferencias de conocimientos prácticos entre Estados miembros, que sean importantes para la aplicación del punto II, mediante acciones de cooperación transnacional y de redes, principalmente en beneficio de las regiones, los sectores,  los tipos de empresa y las categorías de trabajadores para los que está menos derarrollado el acceso a la formación continua.  3) INVITA también a la Comisión a apoyar las gestiones de los interlocutores sociales a nivel comunitarios en el marco del diálogo social, para profundizar su reflexión sobre el acceso a la formación profesional continua pudiéndose llegar a través de  dicho diálogo, si éstos lo consideran conveniente, a relaciones convencionales;  IV. 1) INVITA a los Estados miembros a proporcionar a la Comisión, tres años después de la fecha de adopción de la presente Recomendación, un informe en el que se describan las medidas adoptadas en aplicación de los puntos I y II;  2) INVITA a la Comisión a que:  a) elabore, sobre la base de los informes de los Estados miembros y de los resultados del diálogo social, un informe de evaluación sobre los avances realizados a partir de las recomendaciones de los puntos I y II en materia de acceso a la formación  profesional continua en la Comunidad;  b) presente dicho informe de evaluación, a más tardar un año después de la fecha contemplada en el punto IV 1, al Comité consultivo para la formación profesional;  3) INVITA a la Comisión a que presente dicho informe de evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, y a que lo transmita a los interlocutores sociales a escala comunitaria.  Hecho en Luxemburgo, el 30 de junio de 1993.  Por el Consejo El Presidente S. BERGSTEIN (1) DO no C 23 de 27. 1. 1993, p. 8.(2) DO no C 150 de 31. 5. 1993.(3) DO no C 129 de 10. 5. 1993, p. 57.(4) DO no 63 de 20. 4. 1993, p. 1338/63.(5) Véanse los textos siguientes: - dictamen común de 6 de marzo de 1987 sobre la formación, la  motivación, la información y la consulta, - dictamen común de 13 de febrero de 1990 relativo a la creación de un espacio europeo de movilidad profesional y geográfica, y a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo en Europa, - dictamen común  de 19 de junio de 1990 sobre la educación básica y la formación inicial, y sobre la formación profesional y de los adultos, - dictamen común de 21 de septiembre de 1991 sobre las modalidades que pueden facilitar el acceso efectivo más amplio posible a  la formación, - acuerdo de 31 de octubro de 1991 entre los interlocutores sociales a nivel europeo, - acuerdo marco europeo de 6 de septiembre de 1990 entre la Confederación europea de sindicatos (CES) y el Centro europeo de la empresa pública (CEEP)  sobre la formación en las empresas públicas.(6) Véanse los textos siguientes: - Decisión 90/267/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, por la que se crea un programa de acción para el desarrollo de la formación profesional continuada en la Comunidad  Europea FORCE (DO no L 156 de 21. 6. 1990, p. 1), - Decisión 89/657/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, por la que se establece un programa de acción destinado a fomentar la innovación en el sector de la formación profesional como resultado de  los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea EUROTECNET (DO no L 393 de 30. 12 1989, p. 29),modificadas por la Decisión 92/170/CEE (DO no L 75 de 21. 3. 1992, p. 51); - Decisión 89/27/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1988, por la que se  aprueba la segunda fase del Programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías COMETT II (DO no L 13 de 17. 1. 1989, p. 28); - Decisión 91/387/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la  que se modifica la Decisión 87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional PETRA (DO no L 214 de 2. 8. 1991, p. 69); - Reglamento (CEE) no 4255/88 del Consejo, de 19 de  diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo (DO no L 374 de 31. 12. 1988, p. 21);(7) Comisión de las Comunidades Europeas: «El empleo en Europa»  (1992).


Aviso jurídico importante

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52005SC0142

Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Irlanda (2004-2007)  /* SEC/2005/0142 final */

	Bruselas, 2.2.2005SEC(2005) 142 finalRecomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997en relación con el programa de estabilidad actualizado de Irlanda (2004-2007)(presentada por la Comisión)  EXPOSICIÓN DE MOTIVOSDe conformidad con el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], los países participantes, esto es, los que hubieran adoptado la moneda única, habían de presentar al Consejo y a la Comisión un programa de estabilidad antes del 1 de marzo de 1999. En virtud del artículo 5 de este Reglamento, el Consejo debe examinar cada programa de estabilidad basándose en las evaluaciones realizadas por la Comisión y el Comité creado en virtud del artículo 114 del Tratado (Comité Económico y Financiero). Basándose en una recomendación de la Comisión, previa consulta al Comité Económico y Financiero y tras analizar el programa, el Consejo emitió un dictamen. Con arreglo al Reglamento, los Estados miembros deben presentar actualizaciones anuales de sus programas de estabilidad, que también pueden ser examinadas por el Consejo aplicando estos mismos procedimientos.El primer programa de estabilidad de Irlanda, relativo al periodo 1999-2001, fue presentado el 2 de diciembre de 1998, habiendo sido evaluado por el Consejo el 18 de enero de 1999. Irlanda presentó actualizaciones en cada uno de los años siguientes, siendo la más reciente la del 1 de diciembre de 2004. Los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación técnica de dicha actualización teniendo en cuenta las previsiones económicas del otoño de 2004 de los servicios de la Comisión, así como el Código de conducta[2], la metodología común para la estimación del potencial de producción y de los saldos presupuestarios ajustados en función del ciclo, las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Generales de Política Económica para el período 2003-2005, y los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2002, relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas presupuestarias (adoptada por el Consejo)[3]. Las conclusiones de esta evaluación son las que se presentan a continuación:-  La nueva actualización del programa de estabilidad de Irlanda, que abarca hasta 2007, fue publicada y presentada a la Comisión el 1 de diciembre de 2004, coincidiendo con la presentación del presupuesto para 2005 por parte del Gobierno. El programa cumple con las exigencias en materia de datos del Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia[4].-  Las perspectivas para la economía irlandesa presentadas en el programa son mejores que las de la actualización de 2003. Se estima que en 2004 se ha producido una aceleración del PIB real hasta el 5,2%, frente al 3,3% previsto en el programa anterior, y ello como consecuencia de una mayor contribución de la demanda interna y del sector exterior. Para el período de 2005 a 2007, la actualización prevé que el crecimiento del PIB real se mantenga en torno al 5,2% anual por término medio. La tasa de crecimiento potencial obtenida aplicando la metodología común a los datos del programa rebasa inicialmente las tasas de crecimiento previstas en el programa, pero en los últimos años se acerca gradualmente a éstas. Se prevé una baja de la inflación medida por el IPCA, que se situaría por debajo del 2% al final del periodo cubierto por el programa, mientras que las previsiones del otoño de 2004 de los servicios de la Comisión (que son anteriores al presupuesto irlandés) presentaban un perfil de inflación más elevado y más estable. Partiendo de la información disponible, el escenario macroeconómico subyacente en el programa parece verosímil y generalmente en consonancia con la evaluación de los servicios de la Comisión, particularmente con sus previsiones del otoño de 2004, aunque la previsión de inflación medida por el IPCA parece estar subestimada.-  La actualización estima el superávit de las administraciones públicas en el 0,9% del PIB en 2004, cifra significativamente superior a la de las anteriores previsiones oficiales (y 2,0 puntos porcentuales por encima del objetivo de déficit establecido en la actualización de 2003). Este resultado se debe a unos ingresos tributarios superiores a los previstos, derivados particularmente del efecto de factores excepcionales tales como los ingresos generados por investigaciones especiales llevadas a cabo por los servicios fiscales (“Revenue Commissioners”), que se estiman en el 0,5% del PIB en la actualización, y a unos gastos inferiores a los presupuestados, especialmente en lo que se refiere a la inversión pública. Durante el período de 2005 a 2007, la estrategia presupuestaria contempla un déficit de las administraciones públicas del 0,8% del PIB en 2005 y el 0,6% en los dos últimos años del programa. En comparación con el programa anterior, los ratios previstos de déficit público en 2005 y 2006 son más próximos al equilibrio en 0,6 y 0,5 puntos porcentuales del PIB respectivamente en el marco de un escenario macroeconómico más favorable. Dejando al margen un aumento inicial del ratio de gasto en 2005 como consecuencia de las recientes medidas presupuestarias, el ratio de gastos y el ratio de ingresos siguen una tendencia decreciente. Aplicando la metodología común para estimar el impacto del ciclo, resulta un saldo presupuestario ajustado en función del ciclo en situación de superávit durante todo el periodo del programa, con excepción de un pequeño déficit del 0,2% del PIB en 2005. Sin embargo, las características especiales de la economía irlandesa implican que las estimaciones de la brecha de producción subyacente en dichos cálculos estén sometidas a un elevado grado de incertidumbre. Las previsiones de déficit presupuestario del sector público irlandés deben apoyarse en bases más sólidas, ya que se está aplicando un importante programa de inversión pública, que se traduce en un ratio inversión pública/PIB durante el periodo cubierto por el programa muy superior a la media de la UE de los últimos años.-  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias parecen en general equilibrados. Por una parte, la previsión de ingresos parece verosímil y la existencia de provisiones para imprevistos permite suponer la posibilidad de que se den unos resultados mejores que los previstos. En lo que se refiere a los gastos, Irlanda también ha realizado recientemente avances alentadores hacia el cumplimiento de los objetivos de gasto, lo que demuestra la eficacia de las distintas medidas tomadas para reforzar el control. Por otra parte, el saldo presupuestario de las administraciones públicas también podría resultar menos favorable que el previsto en la actualización. En particular, la tasa de aumento del gasto parece un tanto limitada en los últimos años del programa. Teniendo en cuenta esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa parece suficiente para cumplir la exigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de mantener una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit durante todo el periodo cubierto por el programa. Por otra parte, existe un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit rebase el límite del 3% del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales.-  Se estima que la deuda pública bruta ha disminuido al 30,5% del PIB en 2004, cifra muy inferior al valor de referencia del Tratado (60% del PIB). Se prevé que el ratio de deuda se estabilizará en torno al 30% del PIB en el periodo de 2005 a 2007. Al igual que en el programa anterior, se prevé que tanto el saldo primario como la interacción entre los pagos de intereses y el crecimiento del PIB nominal contribuirán a reducir el ratio de deuda, pero ello quedaría en gran parte anulado por unos importantes ajustes de flujos-fondos. Éstos reflejarían principalmente los efectos de la adquisición de activos no públicos por el Fondo nacional de reserva de las pensiones ( National Pensions Reserve Fund, NPRF) , creado en 2001 para prefinanciar futuras obligaciones en materia de pensiones y que recibe anualmente fondos equivalentes al 1% del PNB con cargo a los recursos públicos. Sin la acumulación de activos no públicos en este fondo, el coeficiente de deuda pública bruta disminuiría durante todo el periodo cubierto por el programa.-  La actualización proporciona una visión global del programa de reforma estructural del Gobierno, que está orientado a fomentar la calidad de los servicios públicos, aumentar la eficiencia del gasto público y cubrir las necesidades de infraestructura de la economía irlandesa. En aras de un mayor ratio coste/beneficio de los servicios públicos, la actualización también examina la reforma actual de los servicios sanitarios. Las políticas económicas expuestas en la actualización siguen en líneas generales las orientaciones generales de política económica para 2003-2005 específicas para Irlanda en el área de la hacienda pública, que recomiendan que las autoridades irlandesas fomenten la eficiencia del gasto público, mejoren el marco presupuestario a medio plazo y clasifiquen por orden de prioridad los elementos de infraestructura del Plan nacional de desarrollo.-  Irlanda parece encontrarse en una posición relativamente favorable en relación con la viabilidad a largo plazo de su hacienda pública, y ello a pesar de los importantes costes presupuestarios que implicará el envejecimiento de la población. El ratio de deuda relativamente bajo de Irlanda, las medidas de reforma del sistema de pensiones ya aplicadas y la acumulación de los recursos en el NPRF contribuirán a la viabilidad presupuestaria y permitirán afrontar mejor las repercusiones del envejecimiento de la población. La estrategia expuesta en el programa se basa principalmente en el cumplimiento del marco establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en la continuación de la acumulación de activos en el NPRF. La relativamente baja presión fiscal de la economía irlandesa deberá facilitar la eliminación de las brechas de sostenibilidad que pudieran aparecer a largo plazo.Basándose en la presente evaluación, la Comisión ha adoptado y transmite al Consejo la Recomendación adjunta, con vistas a que éste emita un dictamen en relación con el programa de estabilidad actualizado de Irlanda.Recomendación con vistas a unDICTAMEN DEL CONSEJO de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997en relación con el programa de estabilidad actualizado de Irlanda (2004-2007)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[5], y en particular su artículo 5.3,Vista la Recomendación de la Comisión,Previa consulta al Comité Económico y Financiero,HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:1.  El [17 de febrero] de 2005, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Irlanda, que abarca el periodo 2004-2007. El programa cumple con las exigencias en materia de datos del Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia.2.  Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el crecimiento del PIB real sería del 5,2% en 2004 y se estabilizaría en torno al 5,2% por término medio durante el resto del periodo que abarca el programa. Partiendo de la información disponible, este escenario parece reflejar unas hipótesis de crecimiento verosímiles. No obstante, las previsiones de inflación medida por el IPCA que figuran en el programa parecen subestimadas.3.  Tras un superávit en 2004 no previsto en un principio, que se ha derivado de unos ingresos superiores a los previstos, a veces resultantes de factores excepcionales, y de unos gastos inferiores a los presupuestados, la estrategia incluida en la actualización contempla un déficit moderado y prácticamente estable a partir de 2005. Los ratios de gastos y de ingresos seguirían una tendencia decreciente durante el periodo del programa, aunque los ingresos aumentarían en 2005 como consecuencia de las medidas presupuestarias adoptadas recientemente. Al mismo tiempo, se ha emprendido un importante programa de inversión pública que debería llevar al ratio inversión pública/PIB a un valor medio ligeramente inferior al 4% durante el periodo del programa. Aplicando la metodología común para estimar el impacto del ciclo, resulta un saldo presupuestario ajustado en función del ciclo en situación de superávit durante todo el periodo del programa, con excepción de un pequeño déficit en 2005. Sin embargo, debe observarse que la estimación de la brecha de producción, y por consiguiente, de los saldos ajustados en función del ciclo, conlleva elevados márgenes de incertidumbre debido a las características especiales de la economía irlandesa. En comparación con el programa anterior, el presente programa actualizado contempla unos saldos públicos más sólidos en el marco de un escenario macroeconómico más favorable.4.  Los riesgos asociados a las previsiones presupuestarias parecen en general equilibrados. Por una parte, la previsión de ingresos parece verosímil y la existencia de provisiones para imprevistos en las previsiones para 2006 y 2007 permite suponer la posibilidad de que se den unos resultados mejores que los previstos. En lo que se refiere a los gastos, Irlanda también ha realizado recientemente avances alentadores hacia el cumplimiento de los objetivos de gasto, lo que demuestra la eficacia de las distintas medidas tomadas para reforzar el control. Por otra parte, los déficit también podrían resultar inferiores a los previstos. En particular, la tasa de aumento del gasto parece un tanto limitada en los últimos años del programa.5.  Teniendo en cuenta esta evaluación de riesgos, la orientación presupuestaria del programa parece suficiente para cumplir la exigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de mantener una situación presupuestaria de proximidad al equilibrio o superávit hasta 2007. También proporciona un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit rebase el límite del 3% del PIB en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales durante todo el periodo del programa.6.  Se estima que la deuda de las administraciones públicas ha disminuido hasta el 30,5% del PIB en 2004, cifra muy inferior al valor de referencia establecido en el Tratado (60% del PIB). Según el programa, el ratio de deuda se estabilizaría en torno al 30% del PIB durante el periodo 2005-2007. En ausencia de una adquisición de activos no públicos por parte del National Pensions Reserve Fund (NPRF) , el ratio de deuda disminuiría de forma significativa a lo largo del periodo cubierto por el programa.7.  Irlanda parece encontrarse en una posición relativamente favorable en relación con la viabilidad a largo plazo de su hacienda pública. El ratio de deuda relativamente bajo de Irlanda, las medidas de reforma del sistema de pensiones ya aplicadas y la acumulación de los recursos en el NPRF contribuirán a la viabilidad presupuestaria y permitirán afrontar mejor las repercusiones del envejecimiento de la población. La estrategia expuesta en el programa se basa principalmente en el cumplimiento del marco establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en la continuación de la acumulación de activos en el NPRF. La relativamente baja presión fiscal de la economía irlandesa deberá facilitar la eliminación de las brechas de sostenibilidad que pudieran aparecer a largo plazo.8.  La actualización proporciona una visión global del programa de reforma estructural del Gobierno, que está orientado a fomentar la calidad de los servicios públicos, aumentar la eficiencia del gasto público y cubrir las necesidades de infraestructura de la economía irlandesa. Las políticas económicas expuestas en la actualización siguen en líneas generales las orientaciones generales de política económica para 2003-2005 específicas para Irlanda en el área de la hacienda pública, que recomiendan que las autoridades irlandesas fomenten la eficiencia del gasto público, mejoren el marco presupuestario a medio plazo y clasifiquen por orden de prioridad los elementos de infraestructura del Plan nacional de desarrollo.Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias2004 | 2005 | 2006 | 2007 |PIB real (% variación) | PE diciembre 2004 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |COM2 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | – |PE diciembre 2003 | 3,3 | 4,7 | 5,2 | – |Inflación IPCA (%) | PE diciembre 2004 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |COM Oct 20042 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | – |PE diciembre 2003 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | – |Saldo de las administraciones públicas (% del PIB) | PE diciembre 2004 | 0,9 | -0,8 | -0,6 | -0,6 |COM Oct 20042 | -0,2 | -0,6 | -0,5 | – |PE diciembre 2003 | -1,1 | -1,4 | -1,1 | – |Saldo primario (% del PIB) | PE diciembre 2004 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |COM Oct 20042 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | – |PE diciembre 2003 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | – |Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo (% del PIB) | PE diciembre 20041 | 1,2 | -0,2 | 0,1 | 0,0 |COM Oct 20042 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | – |PE diciembre 20031 | -0,7 | -0,8 | -0,5 | – |Deuda pública bruta (% del PIB) | PE diciembre 2004 | 30,5 | 30,1 | 30,1 | 30,0 |COM Oct 20042 | 30,7 | 30,7 | 30,6 | – |PE diciembre 2003 | 33,3 | 33,5 | 33,3 | – |Notas: 1 Los cálculos de los servicios de la Comisión aplican la metodología común a los datos del programa. 2 Previsiones del otoño de 2004 de los servicios de la Comisión. Fuente: Programas de estabilidad actualizados de Irlanda (PE), diciembre de 2003 y diciembre de 2004; previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) del otoño de 2004; cálculos de los servicios de la Comisión. |[1] DO L 209, 2.8.1997. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.[2] Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo EcoFin el 10.7.2001.[3] COM(2002) 668, 27.11.2002.[4] Dictamen revisado del Comité Económico y Financiero relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo EcoFin el 10.7.2001.[5] DO L 209, 2.8.1997, p. 1. Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.


Avis juridique important

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32000H0207

2000/207/CE: Recomendación de la Comisión, de 22 de febrero de 2000, relativa a un programa coordinado de control oficial de productos alimenticios para el año 2000 [notificada con el número C(2000) 356] (Texto pertinente a efectos del EEE)

Diario Oficial n° L 063 de 10/03/2000 p. 0034 - 0041

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓNde 22 de febrero de 2000relativa a un programa coordinado de control oficial de productos alimenticios para el año 2000[notificada con el número C(2000) 356](Texto pertinente a efectos del EEE)(2000/207/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios(1) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,Previa consulta al Comité permanente de los productos alimenticios,Considerando lo siguiente:(1) Es necesario, con vistas al buen funcionamiento del mercado interior, organizar programas coordinados de inspección de alimentos a nivel comunitario.(2) Dichos programas deben hacer hincapié en el cumplimiento de la legislación comunitaria, la protección de la salud pública, los intereses de los consumidores y la competencia comercial leal.(3) El artículo 3 de la Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios(2), exige que los laboratorios a que se refiere el artículo 7 de la Directiva 89/397/CEE cumplan los criterios de las normas europeas EN 45000. Sólo estos laboratorios pueden considerarse adecuados para realizar los análisis en el marco del programa coordinado de controles oficiales.(4) La realización simultánea de los programas nacionales y de los programas coordinados puede proporcionar información y experiencia para futuras actividades de control.RECOMIENDA:1. Durante el año 2000, los Estados miembros deben efectuar controles y, si procede, recogerán muestras y las analizarán en laboratorios, realizarán auditorías e inspecciones, para comprobar el cumplimiento de las medidas de la Comunidad siguientes:a) apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios(3), en lo que se refiere a la aplicación de los principios del sistema HACCP (análisis de riesgos y control de puntos críticos) en determinadas empresas del sector alimentario;b) apartado 2 del capítulo IV del anexo de la Directiva 93/43/CEE, en lo que se refiere al transporte de productos alimenticios a granel;c) Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990 relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios(4), en lo que se refiere a las menciones sobre propiedades nutritivas de bebidas lácteas, yogures y bebidas sin alcohol a base de aromas de frutas.2. Aunque aún no se ha establecido la frecuencia de muestreo e inspección, los Estados miembros deberán velar por que sean suficientes para proporcionar una visión general en cada Estado miembro del tema considerado. Se presentarán sugerencias sobre los métodos de análisis.3. Los Estados miembros deberán proporcionar la información solicitada ajustándose al formato de las fichas incluidas en el anexo de la presente Recomendación, con el fin de aumentar la comparabilidad de los resultados.4. Los productos alimenticios sujetos a análisis en virtud del presente programa deberán ser analizados en laboratorios que cumplan lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 93/99/CEE.5. El sistema HACCP en determinadas empresas del sector alimentario5.1. Ámbito de aplicación del programaEl apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 93/43/CEE exige que los agentes del sector alimentario a los que se refiere la Directiva apliquen determinados principios del sistema HACCP a sus empresas, además de los requisitos generales en materia de higiene que se describen en el anexo de dicha Directiva. Desde diciembre de 1995, los operadores del sector alimentario tienen la obligación de disponer de sistemas de análisis y de control de riesgos alimentarios, basados, en su caso, en guías voluntarias de buenas prácticas en materia de higiene. El artículo 5 de la Directiva 93/43/CEE prevé que los Estados miembros fomentarán la elaboración de guías de prácticas correctas de higiene, que expongan, para cada sector, los principios generales de higiene que figuran en el anexo de la Directiva, así como los requisitos relativos a la aplicación de los principios del sistema HACCP mencionados en el apartado 2 de su artículo 3.El apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 93/43/CEE se aplica a todas las empresas del sector alimentario reguladas por ella, independientemente de su dimensión o del tipo de actividad. Habida cuenta de la gran diversidad de empresas que deben ajustarse a esta disposición, se han seleccionado algunas empresas de una dimensión y de un tipo determinados, únicamente para poder comparar los resultados. Esta selección no significa de modo alguno que otras empresas tengan una responsabilidad mayor o menor en lo que se refiere a la aplicación de esta disposición.5.2. MétodoEn el ejercicio habitual de su misión, las autoridades competentes de los Estados miembros deberán visitar las categorías de empresas alimentarias reguladas por la Directiva 93/43/CEE siguientes:a) establecimiento de alimentación colectiva/industrial;b) carnicerías al por menor que vendan directamente al consumidor.Los resultados del control deberán registrarse en las fichas cuyos modelos figuran en el anexo.6. Transporte de productos alimenticios a granel6.1. Ámbito de aplicación del programaEl capítulo IV del anexo de la Directiva 93/43/CEE, especifica que los productos alimenticios a granel en estado líquido, en forma de gránulos o en polvo deberán transportarse en receptáculos o contenedores/cisternas reservados para su transporte. La Comisión ha adoptado excepciones a esta disposición respecto de dos clases de productos alimenticios, a saber, el transporte marítimo de aceites y grasas alimentarias y el azúcar sin refinar. El objeto de este elemento del programa coordinado es comprobar la conformidad del transporte de los productos alimenticios que no están amparados por las excepciones previstas en el artículo 4 de la Directiva 93/43/CEE.6.2. MétodoLos resultados de los siguientes controles deberán registrarse en las fichas cuyos modelos figuran en el anexo de la presente Recomendación:- controles en las instalaciones de los fabricantes de productos alimenticios a granel de origen no animal (aceite, harina, almidón, etc.); se realizarán controles para comprobar el buen estado y la limpieza de los receptáculos con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV del anexo de la Directiva 93/43/CEE y se registrarán los resultados; se realizarán controles para determinar si el fabricante ha establecido procedimientos satisfactorios para garantizar que los receptáculos o recipientes utilizados para el transporte de los productos alimenticios se reserven exclusivamente para estos productos,- controles en las instalaciones de los transportistas, para comprobar el tipo de productos transportados, por medio del análisis de los documentos de transporte y de la observación directa.7. Etiquetado sobre propiedades nutritivas7.1. Ámbito de aplicación del programaLa Directiva 90/496/CEE, establece requisitos específicos para el etiquetado de los nutrientes presentes en el producto alimenticio si el etiquetado o la presentación del producto incluyen menciones sobre propiedades nutritivas. Se excluyen los productos alimenticios destinados a una alimentación especial regulados por la Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial(5).7.2. MétodoPara dos categorías de productos alimenticios (zumos de frutas y verduras y bebidas lácteas y yogures a base de aromas de frutas) cuya etiqueta incluya menciones sobre cualidades nutritivas, deberán recogerse muestras para determinar si se autorizan dichas menciones sobre propiedades nutritivas y si su redacción se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 90/496/CEE. Además, deberán analizarse las muestras para determinar si los valores indicados en la mención sobre propiedades nutritivas son exactos o se sitúan dentro de unos límites aceptables. Los resultados deberán registrarse en las fichas que figuran en el anexo de la presente Recomendación.Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 2000.Por la ComisiónErkki LIIKANENMiembro de la Comisión(1) DO L 186 de 30.6.1989, p. 23.(2) DO L 290 de 24.11.1993, p. 14.(3) DO L 175 de 19.7.1993, p. 1.(4) DO L 276 de 6.10.1990, p. 40.(5) DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.ANEXO>PIC FILE= "L_2000063ES.003702.EPS">>PIC FILE= "L_2000063ES.003801.EPS">>PIC FILE= "L_2000063ES.003901.EPS">>PIC FILE= "L_2000063ES.004001.EPS">>PIC FILE= "L_2000063ES.004101.EPS">


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31998Y1231(04)

Recomendación del Banco central europeo de 12 de noviembre de 1998 sobre los auditores externos de los Bancos Centrales nacionales (BCE/1998/5)

Diario Oficial n° C 411 de 31/12/1998 p. 0011 - 0011

RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 12 de noviembre de 1998 sobre los auditores externos de los Bancos Centrales nacionales (BCE/1998/5) (98/C 411/08)EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, el apartado 1 de su artículo 27,(1) Considerando que las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y las de los Bancos Centrales nacionales serán controladas por auditores externos independientes, recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea;(2) Considerando que los auditores externos aquí recomendados reflejan los nombramientos actuales efectuados por cada uno de los Bancos Centrales nacionales participantes y no prejuzga el derecho del BCE de adoptar una recomendación modificativa cuando así lo requiera un cambio en las circunstancias,HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:Se recomienda a KPMG Réviseurs d'Entreprises s.c. (société civile), Amberes, y Deloitte Touche Tohmatsu s.c., Bruselas, como auditores externos del Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België;Se recomienda a KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft AG y PwC Deutsche Revision AG como auditores externos del Deutsche Bundesbank;Se recomienda a Coopers & Lybrand, perteneciente a la sociedad internacional PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del Banco de España;Se recomienda a Mazars & Guérard, Paris, y Deloitte Touche Tohmatsu - Audit, Neuilly, como auditores externos del Banque de France;Se recomienda a PricewaterhouseCoopers, Dublín, como auditor externo del Central Bank of Ireland;Se recomienda a Reconta Ernst & Young s.p.a. (Società per Azioni), Roma, como auditor externo de la Banca d'Italia;Se recomienda a PricewaterhouseCoopers SARL (Société à responsabilité limitée), Réviseur d'Entreprises, Luxemburgo, como auditor externo del Banque centrale du Luxembourg;Se recomienda al Prof. Drs. J. A. van Manen RA (Registered Accountant), designado a título personal y socio de PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del De Nederlandsche Bank;Se recomienda al Prof. DDr. Kurt Neuner, al Dr. Pipin Henzl, al Dr. Peter Wolf, al Mag. Christian Hofer, al Dkfm. Dr. Peter Christian Gormasz y al Dkfm. Leopold Wundsam, todos ellos registrados como censores jurado de cuentas, como auditores externos del Österreichische Nationalbank;Se recomienda a PricewaterhouseCoopers - Auditores e Consultores Lda., como auditor externo del Banco de Portugal; ySe recomienda a Arthur Andersen Oy como auditor externo del Suomen Pankki.La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.La presente Recomendación está dirigida al Consejo de la Unión Europea.Hecho en Francfort del Meno, el 12 de noviembre de 1998.El Presidente del BCEWillem F. DUISENBERG


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32000H1013

2000/612/CE: Recomendación del Banco Central Europeo, de 5 de octubre de 2000, sobre los auditores externos de los bancos centrales nacionales (BCE/2000/10)

Diario Oficial n° L 259 de 13/10/2000 p. 0065 - 0065

Recomendación del Banco Central Europeode 5 de octubre de 2000sobre los auditores externos de los bancos centrales nacionales(BCE/2000/10)(2000/612/CE)EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, el apartado 1 de su artículo 27,Considerando lo siguiente:(1) Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y las de los bancos centrales nacionales (BCN) serán controladas por asesores externos independientes, recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.(2) De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 2000/427/CE del Consejo, de 19 de junio de 2000, de conformidad con el apartado 2 del artículo 122 del Tratado sobre la adopción por Grecia de la moneda única el 1 de enero de 2001(1), Grecia cumple en la actualidad las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única, y que la excepción en favor de Grecia establecida en el considerando 4 de la Decisión 98/317/CE del Consejo(2), con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado; se suprimirá con efectos a partir del 1 de enero de 2001.(3) Los auditores externos recomendados en la Recomendación BCE/1998/5, de 12 de noviembre de 1998, sobre los auditores externos de los bancos centrales nacionales(3), reflejan las designaciones actuales efectuadas por cada uno de los BCN participantes.(4) Debe recomendarse un auditor externo del Bank of Greece para el control de las cuentas anuales a partir del ejercicio 2001.(5) Resulta necesario recomendar una modificación de la Decisión 1999/70/CE del Consejo, de 25 de enero de 1999, relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales(4), modificada por la Decisión 2000/223/CE(5), a fin de tener en cuenta a los Estados miembros acogidos a una excepción que haya sido suprimida posteriormente.RECOMIENDA:- a Ernst &  Young (Hellas) Certified Auditors SA y a D. Charalambos Stathakis, registrado como censor jurado de cuentas, como auditores externos del Bank of Greece para el control de las cuentas anuales a partir del ejercicio 2001,- que el Consejo de la Unión Europea modifique su Decisión 1999/70/CE a fin de adaptarla a lo establecido en la presente Recomendación.La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.La presente Recomendación se dirige al Consejo de la Unión Europea.Hecho en Francfort del Meno, el 5 de octubre de 2000.El Presidente del BCEWillem F. Duisenberg(1) DO L 167 de 7.7.2000, p. 19.(2) DO L 139 de 11.5.1998, p. 30.(3) DO C 411 de 31.12.1998, p. 11.(4) DO L 22 de 29.1.1999, p. 69.(5) DO L 71 de 18.3.2000, p. 24.


Recomendación con vistas a un dictamen del Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 de 7 de julio de 1997 en relación con el programa de estabilidad actualizado de Francia (2003 2007)