title: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011 , relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo (2011-2014)

text:
               16.7.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 210/5

         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 12 de julio de 2011
   relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Luxemburgo y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Luxemburgo (2011-2014)
   2011/C 210/02
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4.
   Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 3,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Previa consulta al Comité Económico y Financiero,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

               (2)

               El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

               (3)

               El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

               (4)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (5)

               El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

               (6)

               El 29 de abril de 2011, Luxemburgo presentó la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al período 2011-2014 y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

               (7)

               Considerando el peso excepcional del sector financiero en la economía, Luxemburgo ha resistido la crisis financiera y económica relativamente bien. Tras una caída del PIB real del 3,6 % en 2009, la economía se recuperó rápidamente en 2010. El PIB creció cerca de un 3,5 %, impulsado por un aumento del gasto público decidido por el Gobierno en el marco del Programa Europeo de Recuperación Económica, así como por un fuerte aumento de las exportaciones netas. El empleo se mantuvo resistente, en parte debido al recurso importante a medidas de reducción de la jornada laboral fomentadas por las autoridades. El desempleo empezó a despuntar a partir de principios de 2008 y se estabilizó en términos generales a un nivel del 6 %, que es históricamente elevado en Luxemburgo. A pesar de la recesión, las finanzas públicas de Luxemburgo son relativamente sólidas (un déficit del 1,7 % y una deuda bruta del 18,4 % en 2010), gracias a una situación de partida muy favorable.

               (8)

               Sobre la base de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo entiende que los supuestos macroeconómicos sobre los que se sustentan las previsiones presupuestarias son algo cautelosos en comparación con las previsiones de primavera de 2011 de los servicios de la Comisión. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, el objetivo para 2011 es un déficit del 1 % del PIB, en consonancia con las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión. De mantenerse inalterada la situación política, el Programa de Estabilidad prevé un deterioro del déficit global en 2012 de hasta un 1,5 % del PIB antes de volver a mejorar gradualmente hasta un 0,8 % del PIB para 2014. Las previsiones de los servicios de la Comisión son ligeramente más optimistas y anuncian un déficit del 1,1 % del PIB en 2012, basándose en unos presupuestos macroeconómicos más favorables y a un incremento más lento del gasto. El Programa de Estabilidad no prevé el logro del objetivo a medio plazo, que es un superávit estructural del 0,5 % del PIB, dentro del período de programación de 2011-2014. Por el contrario, se prevé que el saldo estructural (recalculado por los servicios de la Comisión sobre la base de la información en el Programa de Estabilidad y aplicando la metodología común) se deteriore gradualmente a partir de una situación de superávit del 0,3 % en 2011 para pasar a un déficit del 0,8 % en 2014.

               (9)

               Con un crecimiento del PIB que se prevé que siga siendo sólido, las finanzas públicas luxemburguesas podrían beneficiarse de una nueva mejora del saldo estructural con vistas a lograr el objetivo a medio plazo ya en 2012, lo cual proporcionaría a Luxemburgo un margen de seguridad suficiente frente a un posible descenso futuro de la actividad económica y ayudaría a mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Además, teniendo en cuenta la incidencia estimada de los pasivos implícitos relacionados con el envejecimiento de la población, el país se beneficiaría de un objetivo a medio plazo más ambicioso.

               (10)

               Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas se sitúan en un término medio. Se prevé que el incremento del gasto público vinculado al envejecimiento de la población en Luxemburgo en las próximas décadas será uno de los más fuertes del conjunto de la UE. La financiación a corto plazo del sistema de pensiones actualmente se sostiene gracias a la baja tasa de dependencia de la población de más edad y depende en parte de las contribuciones pagadas por la población relativamente joven de los trabajadores transfronterizos. En el futuro, ambos factores se invertirán y se prevé que los costes de las pensiones aumenten sustancialmente. A pesar de que el Estado ha acumulado un volumen significativo de activos y las reservas de pensiones siguen creciendo, éstos no bastarán para garantizar la sostenibilidad del sistema. Además, la tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad (55-64 años), que era del 38,2 % en 2009, figura entre las más bajas de la UE (media de la UE: 46 %). Si bien la edad legal de jubilación es en principio 65 años, el sistema de pensiones luxemburgués permite frecuentemente la jubilación anticipada sin prácticamente ninguna reducción del nivel de la pensión que, además, es comparativamente elevado. Por consiguiente, la edad media de retirada del mercado laboral es 59,4 años, lo cual pesa sobre los costes del sistema de pensiones. Los planes del Gobierno para la reforma de las pensiones prevén un nuevo modelo dirigido a mantener a los empleados en activo durante más tiempo de forma voluntaria, mejorando así la tasa de dependencia del sistema de pensiones. No obstante, este mecanismo afectaría solamente a los nuevos pensionistas y sólo se aplicaría a la parte de la vida laboral posterior a la entrada en vigor de la reforma, de tal manera que su pleno efecto no se dejaría sentir hasta después de transcurridos 40 años.

               (11)

               La competitividad de precios y costes de Luxemburgo se ha deteriorado sustancialmente desde el inicio de la última década debido a la evolución tanto de los salarios como de la productividad. Durante el período 2000-2010, los costes laborales unitarios aumentaron una vez y media más rápido en Luxemburgo que de promedio en la UE-15, y más de cinco veces más rápido que en Alemania. Habida cuenta del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para aplazar de la primavera a octubre de 2011 la aplicación del mecanismo de indización automática de los salarios, en 2011 éstos moderarán sustancialmente su crecimiento real. Queda pendiente de decisión el umbral consiguiente. Atendiendo a las perspectivas de inflación actuales, la próxima indización automática podría tener lugar ya en la primavera de 2012, lo que eliminaría las ganancias de competitividad de costes logradas anteriormente.

               (12)

               A pesar del fuerte crecimiento histórico del empleo, la tasa de empleo de la población residente es inferior a la media de la UE, especialmente en ambos extremos del espectro de edades. La creación de empleo en los últimos años ha beneficiado principalmente a no residentes. A pesar de que el aumento del desempleo desde 2008 está relacionado con la recesión, está adquiriendo cada vez más un carácter estructural ilustrado por el hecho de que durante los años de crecimiento anteriores a la crisis el empleo tenía que crecer aproximadamente un 4 % anual para lograr una ligera disminución del desempleo. La tasa de desempleo juvenil es relativamente elevada, un 16,1 % en comparación con el 6 % del total de la población activa. La tasa de desempleo depende en gran medida del nivel educativo. Los residentes jóvenes se enfrentan a una fuerte competencia con no residentes con cualificaciones iguales o incluso superiores por los empleos disponibles.

               (13)

               El Gobierno esbozó una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus que hacen referencia a las cuatro áreas del Pacto. En lo relativo a las finanzas públicas, el Gobierno aprobó las características de una reforma de las pensiones que se ha comprometido a finalizar para finales de 2011. Para reforzar la estabilidad financiera, las medidas se centran en el aumento de la resistencia del sector financiero mediante la regulación y la supervisión a los niveles europeo e internacional y en la continuación de los esfuerzos para diversificar la estructura de la economía luxemburguesa. Las medidas de empleo se centran en el aumento de la eficiencia de las políticas activas de empleo (reforma de la «Administration de l'Emploi») y en el fomento de la formación continua en el sector privado mediante un mayor porcentaje de cofinanciación por parte del Estado. Las medidas de competitividad incluyen el aplazamiento de la indización salarial de la primavera de 2011 (implicada por el sistema de indización automática) a octubre de 2011 y el compromiso de negociar con los interlocutores sociales un aplazamiento similar en 2012. Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar el entorno empresarial mediante la simplificación administrativa y una mejor infraestructura. Estos compromisos corresponden al programa general de reforma esbozado en los programas de estabilidad y los programas nacionales de reforma y afrontan los retos en los ámbitos de las pensiones, la competitividad, el empleo (en particular el de los trabajadores jóvenes y de mayor edad) y el sector financiero. No obstante, algunas de las reformas propuestas son demasiado genéricas. Los compromisos del Pacto por el Euro Plus han sido evaluados y tenidos en cuenta en las recomendaciones.

               (14)

               La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos contraídos por Luxemburgo en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Luxemburgo, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. A la luz de la presente evaluación, la Comisión considera que, a la vista de las perspectivas macroeconómicas favorables, debería ser posible una reducción más ambiciosa del déficit en 2011, y que un mayor esfuerzo fiscal permitiría a Luxemburgo alcanzar el objetivo a medio plazo en 2012. Deberían asimismo tomarse medidas adicionales para reformar el sistema de pensiones y fomentar el envejecimiento activo, reforzar la competitividad, y ayudar a los jóvenes a encontrar empleo.

               (15)

               A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Luxemburgo y su dictamen (3) se refleja en particular en las recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Luxemburgo.

         RECOMIENDA que Luxemburgo tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:

               1.

               Aprovechar la mejora de las condiciones cíclicas, reforzar el esfuerzo presupuestario y utilizar ingresos adicionales imprevistos para reducir aún más el déficit global y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2012.

               2.

               Proponer y aplicar una amplia reforma de las pensiones para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, empezando por medidas que aumenten la tasa de participación de los trabajadores de mayor edad, en particular desincentivando la jubilación anticipada. A fin de retrasar la edad de jubilación efectiva, cabría considerar medidas como la interrelación de la edad legal de jubilación y la esperanza de vida.

               3.

               Tomar medidas para reformar, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con la práctica nacional, el sistema de negociación salarial e indización de los salarios, a fin de garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad laboral y la competitividad.

               4.

               Tomar medidas para reducir el desempleo juvenil mediante el refuerzo de las medidas de formación y educación dirigidas a lograr una mayor correspondencia entre las cualificaciones de los jóvenes y la demanda de empleo.

      Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2011.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. VINCENT-ROSTOWSKI

      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

      (2)  Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).

      (3)  Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.


Avis juridique important

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31992H0441

92/441/CEE: Recomendación del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social

Diario Oficial n° L 245 de 26/08/1992 p. 0046 - 0048

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 24 de junio de 1992 sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (92/441/CEE)EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),   (1) Considerando que el fortalecimiento de la cohesión social en la Comunidad supone fomentar la solidaridad con las personas más necesitadas y más vulnerables;   (2) Considerando que el respeto de la dignidad humana forma parte de los derechos fundamentales que constituyen el fundamento del Derecho comunitario, como se reconocen en el preámbulo del Acta Única Europea;   (3) Considerando que los procesos de exclusión social y la amenaza de empobrecimiento se han incrementado y diversificado en el transcurso del último decenio, en particular debido a las evoluciones conjugadas, por una parte, del mercado del empleo y,  en particular, el aumento del desempleo de larga duración y, por otra parte, de las estructuras familiares y, en particular, el aumento de las situaciones de aislamiento;   (4) Considerando que resulta necesario acompañar las políticas generales de desarrollo, que pueden contribuir a frenar las evoluciones estructurales observadas, mediante políticas específicas, sistemáticas y coherentes de integración;   (5) Considerando que, por consiguiente, conviene continuar los esfuerzos y consolidar el acervo de las políticas sociales, y adaptarlas al carácter multidimensional de la exclusión social, lo cual implica asociar a las diversas formas necesarias de  ayuda inmediata, medidas encaminadas resueltamente a integrar económica y socialmente a las personas afectadas;   (6) Considerando que la insuficiencia, la irregularidad y la incertidumbre de los recursos no permiten a quienes padecen dicha situación participar convenientemente en la vida económica y social de la sociedad en la que viven, ni tomar parte con éxito  en un proceso de integración económica y social y que, por consiguiente, es necesario, dentro de una política global y coherente de apoyo a su inserción, reconocer a los más necesitados un derecho a recursos suficientes, estables y previsibles;   (7) Considerando que el Consejo y los ministros de Asuntos Sociales reunidos en el seno del Consejo adoptaron, el 29 de septiembre de 1989, una Resolución relativa a la lucha contra la exclusión social (4) que subraya que la lucha contra la exclusión  social puede considerarse como un componente importante de la dimensión social del mercado interior;   (8) Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, adoptada en el Consejo Europeo de Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1989, por los jefes de Estado o de Gobierno de once Estados miembros, declara, en  particular, en su octavo considerando y en sus puntos 10 y 25:  «Considerando que [. . .] con espíritu de solidaridad, es importante luchar contra la exclusión social;» «Con arreglo a las modalidades propias de cada país:  10. Todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a una protección social adecuada y, sea cual fuere su estatuto o la dimensión de la empresa en que trabaja, debe beneficiarse de niveles de prestaciones de seguridad social de nivel suficiente.  Las personas que estén excluidas del mercado de trabajo, ya sea por no haber podido acceder a él, ya sea por no haber podido reinsertarse en el mismo, y que no dispongan de medios de subsistencia, deben poder beneficiarse de prestaciones y de recursos  suficientes adaptados a su situación personal.» «25. Toda persona que haya alcanzado la edad de jubilación, pero que no tenga derecho a pensión y que no tenga otros medios de subsistencia, debe poder disfrutar de recursos suficientes y de una asistencia social y médica adaptadas a sus necesidades  específicas.»;   (9) Considerando que la Comisión recogió este aspecto fundamental de la lucha contra la exclusión social en su programa de acción relativo a la aplicación de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, señalando en  particular el interés de una iniciativa comunitaria dirigida, en un espíritu de solidaridad, a los ciudadanos menos favorecidos de la Comunidad, incluidos los ancianos cuya situación se asemeja con demasiada frecuencia a la de los excluidos del mercado  de trabajo;  (10) Considerando que la creación de una garantía de recursos y de prestaciones es tarea de la protección social; que corresponde a los Estados miembros calificar, a tal fin, la naturaleza jurídica de las disposiciones destinadas a proporcionar dicha  garantía, las cuales, en la mayoría de los Estados miembros, no competen a la seguridad social;  (11) Considerando que, a la hora de aplicar progresivamente la Recomendación, importa tener en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, las prioridades nacionales y los equilibrios dentro de los sistemas nacionales de protección social; que  existen diferencias de desarrollo entre Estados miembros en lo que a la protección social se refiere;  (12) Considerando que, mediante Resolución sobre la lucha contra la pobreza (5), el Parlamento Europeo se pronunció a favor del establecimiento en todos los Estados miembros de una renta mínima garantizada como factor de inserción social de los  ciudadanos más pobres;  (13) Considerando que, mediante dictamen de 12 de julio de 1989 sobre la pobreza (6), el Comité Económico y Social también recomendó que se estableciera un mínimo social concebido para ser a la vez una red de seguridad para los pobres y un instrumento  necesario para su reinserción social;  (14) Considerando que la presente Recomendación no afecta a las disposiciones nacionales y comunitarias en materia de derecho de residencia;  (15) Considerando que el Tratado no prevé, para la ejecución de los objetivos de la presente Recomendación, más poderes que los del artículo 235,  I. RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:  A. que reconozcan, dentro de un dispositivo global y coherente de lucha contra la exclusión social, el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes para vivir conforme a la dignidad humana y que adapten en consecuencia, en la  medida de lo necesario, con arreglo a los principios y orientaciones expuestos a continuación, sus sistemas de protección social;  B. que establezcan el reconocimiento de dicho derecho con arreglo a los siguientes principios generales:  1. la afirmación de un derecho basado en el respeto de la dignidad de la persona humana;  2. la definición del ámbito de aplicación personal de este derecho, tomando en consideración la residencia legal y la nacionalidad, con arreglo a las disposiciones pertinentes en materia de residencia y/o de estancia y tendiendo a abarcar  progresivamente, en la mayor medida de lo posible y con arreglo a las modalidades previstas por los Estados miembros, el conjunto de las situaciones de exclusión;  3. la extensión de dicho derecho a todas las personas que no dispongan, por sí mismas o en la unidad familiar en la que vivan, de recursos suficientes,  - a reserva de la disponibilidad activa para el trabajo o para la formación profesional con vistas a la obtención de un empleo, para las personas cuya edad, salud y situación familiar permitan dicha disponibilidad activa o, si se da el caso,  condicionada a medidas de integración económica y social para las restantes personas, y - sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de no ampliar dicho derecho a las personas con empleo a jornada completa ni a los estudiantes;  4. el acceso a este derecho sin límite de duración, siempre que se cumplan las condiciones de acceso y quedando entendido que, concretamente, el derecho podrá asignarse por períodos de tiempo limitados pero renovables;  5. el carácter auxiliar de este derecho con respecto a los demás derechos en materia social; la reinserción de las personas más pobres en los sistemas de derecho general deberá constituir un objetivo paralelo;  6. el acompañamiento de este derecho con políticas consideradas necesarias, a nivel nacional, para la integración económica y social de las personas afectadas, tal como se contemplan en la Resolución del Consejo y de los ministros de Asuntos Sociales  reunidos en el Consejo, de 29 de septiembre de 1989, relativa a la lucha contra la exclusión social;  C. que establezcan la aplicación de este derecho con arreglo a las siguientes orientaciones prácticas:  1. a) fijar, teniendo en cuenta el nivel de vida y el nivel de precios en el Estado miembro considerado, y para distintos tipos y dimensiones de unidades familiares, el importe de los recursos estimados suficientes para cubrir las necesidades  fundamentales en cuanto al respeto de la dignidad humana;  b) adaptar o completar los importes para satisfacer necesidades específicas;  c) referirse, para fijar dichos importes, a indicadores que estimen apropiados, tales como, por ejemplo, la estadística de la renta media disponible en el Estado miembro, la estadística del consumo de las unidades familiares, el salario mínimo legal en  caso de que exista, o los niveles de precios;  d) promover, para las personas con edad y aptitud para trabajar, la incitación a la búsqueda de empleo;  e) establecer modalidades de revisión periódica de dichos importes, con arreglo a esos indicadores, a fin de que se garantice esta cobertura de las necesidades;  2. conceder a las personas cuyos recursos, calculados por individuo o por familia, sean inferiores a los importes así fijados, adaptados o completados, una ayuda financiera diferencial que les permita disponer de dichos importes;  3. adoptar las disposiciones necesarias para que, en lo que respecta al alcance del apoyo económico así concedido, la aplicación de las normas en vigor en los ámbitos de la fiscalidad, de las obligaciones civiles y de la seguridad social tenga en cuenta  el nivel deseable de recursos y prestaciones suficientes para vivir de modo acorde con la dignidad humana;  4. adoptar todas las disposiciones para facilitar a las personas afectadas un acompañamiento social apropiado que consista en medidas y servicios tales como, en particular, la acogida, la información y la ayuda para hacer valer sus derechos;  5. adoptar, para las personas con edad y aptitud para trabajar, disposiciones tendentes a ayudarlas eficazmente a que se integren o reintegren en la vida activa, incluida, si es necesario, la formación profesional;  6. adoptar las medidas necesarias para que se informe efectivamente de este derecho a las personas más desfavorecidas;  simplificar en la mayor medida posible los procedimientos administrativos y las modalidades de examen de los recursos y de las situaciones relativas al reconocimiento de este derecho;  organizar, siempre que sea posible y con arreglo a las disposiciones nacionales, las modalidades de recurso ante terceros independientes, tales como los tribunales, que sean fácilmente accesibles a las personas afectadas;  D. que aseguren esta garantía de recursos y de prestaciones en el marco de los regímenes de protección social;  que determinen sus modalidades, que financien su coste y que organicen su gestión y su aplicación de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales;  E. que apliquen desde ahora las medidas establecidas en la presente Recomendación de forma progresiva para que dentro de cinco años pueda realizarse un balance:  - teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos económicos y presupuestarios, así como las prioridades establecidas por las autoridades nacionales y los equilibrios dentro de los sistemas de protección social, y - modulando, llegado el caso, su ámbito de aplicación con arreglo a categorías de edad o de situación familiar;  F. que tomen las disposiciones apropiadas:  - para recoger una información sistemática sobre las formas efectivas de acceso a dichas medidas por parte de la población interesada, y - para llevar a cabo una evaluación metódica de su aplicación y de sus efectos;  II. Y, A TAL FIN, PIDE A LA COMISIÓN:  1. que fomente y organice, en coordinación con los Estados miembros, el intercambio sistemático de información y de experiencias y la evaluación continua de las disposiciones nacionales adoptadas;  2. que presente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, con carácter regular, un informe en el que se describan, a partir de la información que le suministren los Estados miembros, los progresos realizados y los obstáculos  encontrados en la aplicación de la presente Recomendación.  Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 1992.  Por el Consejo El Presidente José da SILVA PENEDA (1) DO no C 163 de 22. 6. 1991, p. 3.(2) DO no C 150 de 15. 6. 1991, p. 3.(3) DO no C 14 de 20. 1. 1992, p. 1.(4) DO no C 277 de 31. 10. 1989, p. 1.(5) DO no C 262 de 10. 10. 1988, p. 194.(6) DO no C 221 de 28. 8. 1989, p. 10.


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		52011SC0824

			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Polandand delivering a Council opinionon the updated Convergence Programme of Poland, 2011-2014

			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2011 de Polonia
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de convergencia actualizado de Polonia (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1], y,
en particular, su artículo 9, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los
Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[3],
que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados
miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas
económicas y de empleo.
(3)
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020.
(4)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro
Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de
reforma.
(6)
El 27 de abril de 2011, Polonia presentó la
actualización de 2011 de su programa de convergencia, relativa al período
2011-2014, y, el 29 de abril de 2011, su programa nacional de reforma. Con
objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado
al mismo tiempo.
(7)
La crisis financiera mundial ralentizó la
actividad económica en Polonia y el crecimiento del PIB real descendió al
1,7 % en 2009, aunque no se llegó a entrar en recesión. En 2010, el
crecimiento del PIB real repuntó hasta situarse en el 3,8 %, gracias a la
fuerte demanda externa, que impulsó el sector manufacturero e invirtió el ciclo
de existencias, y a la resistencia del mercado de trabajo, que sustentó el
consumo privado. La tasa de desempleo aumentó, pasando del 7,1 % en 2008
al 9,6 % en 2010, pese al creciente empleo. La crisis ha cobrado una
importante factura a las finanzas públicas. El déficit de las administraciones
públicas pasó del 3,7 % del PIB en 2008 al 7,3 % en 2009. En 2010, pese a
un modesto paquete de medidas de saneamiento y en un contexto de intenso
crecimiento, alcanzó el 7,9 % del PIB. El ratio deuda/PIB ha aumentado,
pasando del 50,9% registrado en 2009 al 55,1 % en 2010, cifra aún inferior al
umbral del 60 % fijado por el Tratado y al límite constitucional de deuda
de Polonia.
(8)
Partiendo de la evaluación del programa de
convergencia actualizado, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el
que se basan las previsiones presupuestarias es plausible. El programa prevé
situar el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en
2012, plazo fijado por el Consejo. El ajuste presupuestario medio anual durante
el período 2010-2012 se aproxima al 1,25 % del PIB recomendado por el
Consejo, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo, el 6 de julio de
2009. No se prevé alcanzar el objetivo a medio plazo durante el período de
vigencia del programa. La modificación de la reforma de las pensiones, que
reduce el déficit presupuestario estructural en un 0,7 % del PIB en 2011 y
un 0,5 % adicional en 2012, no mejora la situación presupuestaria
subyacente, pues conlleva un incremento de las obligaciones a largo plazo de
igual magnitud. Los objetivos presupuestarios están sujetos a riesgos de
revisión a peor. En concreto, los ingresos procedentes de los impuestos
directos podrían ser inferiores a lo previsto, debido a que las hipótesis sobre
la elasticidad de la base impositiva son optimistas; las previsiones del
programa en relación con las cotizaciones sociales se basan en escenarios
favorables de empleo y de crecimiento salarial; y las posibles demoras en la
aplicación de las medidas de reducción del déficit y los posibles cambios en
las mismas, que también escapan al control directo del Gobierno, podrían
generar una desviación en la ejecución presupuestaria.
(9)
El Gobierno polaco se comprometió a reducir el
déficit de las administraciones públicas a un nivel inferior al 3 % del
PIB en 2012, según lo recomendado por el Consejo, así como a garantizar la
estabilidad de las finanzas públicas a largo plazo. A estos efectos, en 2011 ha
emprendido un ambicioso plan de saneamiento de las finanzas públicas, que
incluye medidas por el lado de los ingresos y del gasto, entre ellas un
importante recorte del gasto público de inversión. El proyecto de presupuesto
de 2012 fue aprobado por el Gobierno el 5 de mayo de 2011. Se prevé que
contribuya a una importante reducción adicional del déficit. Puede ser
necesario adoptar aún otras medidas, además de las recogidas en el proyecto de
presupuesto de 2012, a fin de cumplir el plazo de 2012 para la corrección del
déficit excesivo. Sin embargo, nuevos recortes en el gasto público de inversión
podrían limitar la capacidad para cofinanciar los proyectos de inversión
financiados por la UE.
(10)
Polonia ha reforzado su marco presupuestario a
lo largo de los años. No obstante, de cara a garantizar la sostenibilidad de
las finanzas públicas a medio y largo plazo, las normas presupuestarias
vigentes y los actuales procedimientos de programación a medio plazo no parecen
dotar al proceso presupuestario de la necesaria transparencia, ni ofrecer
incentivos para la coordinación entre los diversos niveles de la
Administración, ni flexibilidad para hacer frente a las perturbaciones y los
desequilibrios macroeconómicos. Las disposiciones presupuestarias deberían
basarse también en agregados presupuestarios suficientemente amplios y ser
plenamente coherentes con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC05). Con arreglo a las actuales políticas, los riesgos para la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas derivados del
envejecimiento de la población pueden considerarse de nivel medio.
(11)
Aunque el Gobierno suprimió las jubilaciones
anticipadas especiales para la mayoría de los beneficiarios, siguen existiendo
regímenes especiales de jubilación anticipada de los cuerpos uniformados y los
mineros, y la edad legal de jubilación de las mujeres es inferior a la de los
hombres. En consecuencia, la edad efectiva de jubilación es aún baja. Al mismo tiempo, el fondo de la seguridad social
para los agricultores (KRUS), intensamente subvencionado, alienta poco a los
agricultores a abandonar el sector, lo que enlentece la reestructuración
económica y dificulta el crecimiento de la productividad.
(12)
El sistema de educación y formación no está
plenamente adaptado a las necesidades del mercado de trabajo. Pese al marcado
incremento de quienes finalizan la educación terciaria, la empleabilidad se ve
afectada por la discordancia entre las cualificaciones y los empleos
disponibles. El sistema de educación superior no está suficientemente vinculado
al contexto empresarial y de empleo. La proporción de población adulta
(especialmente los trabajadores de más edad y los trabajadores poco
cualificados) que realiza cursos de educación y de formación profesional sigue
siendo muy baja.
(13)
El gasto público en I+D es reducido en
Polonia, y está muy lejos de ser compensado por el gasto privado, uno de los
más exiguos de la UE. Cabe señalar también que ese gasto ha venido descendiendo
en los últimos años, al no hallar el sector privado incentivos suficientes para
invertir. Es previsible que ello suponga un gran obstáculo para el crecimiento
a medio y largo plazo. El sistema de I+D no es un sistema integrado, ya que las
universidades, los institutos de investigación y la industria están muy poco
interconectados.
(14)
La escasa participación de la mujer en el
mercado de trabajo se debe en parte a que no existen suficientes servicios de
cuidado de niños y personas dependientes. Polonia está muy por debajo de la
media de la UE en cuanto al número de niños menores de tres años para los que
existen tales servicios. La tasa de acceso a los mismos de niños de más edad es
igualmente baja, si bien no ha dejado de aumentar en los últimos años. En
muchos casos, los padres jóvenes solo pueden participar en el mercado de
trabajo si familiares se ocupan de los hijos. Además, la escasez de servicios
de atención reduce el potencial de mano de obra, sobre todo de las mujeres de
más edad, que dejan sus empleos o se jubilan anticipadamente para cuidar de sus
nietos u otras personas dependientes.
(15)
El escaso desarrollo de la infraestructura de
red constituye un obstáculo para la inversión empresarial y extranjera, y la
poco desarrollada infraestructura de transporte aumenta las divergencias
regionales. La infraestructura energética está quedando rápidamente obsoleta y
ha alcanzado el límite de su capacidad. Además, necesita importantes ajustes para
reunir las condiciones que exigen las políticas de mitigación del cambio
climático. Aunque el sistema ferroviario de Polonia es el tercero más extenso
de Europa, no sirve adecuadamente de apoyo a la expansión de la actividad
económica, puesto que tanto la infraestructura como el material rodante están
obsoletos.
(16)
La calidad del entorno empresarial y la
eficiencia de la Administración pública son bajas en Polonia. Estudios
comparativos entre países indican que Polonia adolece especialmente de
problemas por lo que atañe a la recaudación de impuestos, la creación y el
cierre de empresas, la ejecución de los contratos y el registro de la
propiedad. Las empresas se enfrentan a dilatados procedimientos de
autorización. Por lo que atañe a los procedimientos legales, por ejemplo, para
la ejecución de contratos y la obtención de permisos de construcción, el número
de trámites necesarios es elevado y el proceso demasiado largo en su conjunto.
(17)
Polonia ha contraído una serie de compromisos
en el marco del Pacto por el Euro Plus[4].
Desde la óptica presupuestaria, Polonia se compromete a mantener el actual
nivel de deuda y la norma temporal de gasto, establecer nuevas disposiciones
que limiten los ratios de déficit de las administraciones locales e introducir
una norma permanente en materia de gasto. A fin de reforzar la estabilidad
financiera, las medidas se dirigen a una regulación y supervisión más eficiente
del sector bancario. Las medidas de empleo se centran en la participación de
las mujeres y de los trabajadores de más edad avanzada en el mercado de
trabajo, así como en reformas dirigidas a incrementar la conexión entre la
educación y la esfera empresarial. Las medidas de competitividad se focalizan
en la educación y en el sector científico, en el desarrollo de las
infraestructuras de transporte y de banda ancha, y en la mejora de las
condiciones de las empresas. Estos compromisos se refieren a los cuatro
capítulos del Pacto y reflejan, en gran medida, la agenda expuesta en el
programa de convergencia y el programa nacional de reforma. Diversos retos
importantes quedan sin abordar (p.ej., la baja tasa de participación de los
trabajadores de más edad avanzada) o apenas se tocan (p.ej., la mejora de la
gestión empresarial). Los compromisos adquiridos en el Pacto por el Euro Plus
se han analizado y tenido en cuenta en las recomendaciones.
(18)
La Comisión ha evaluado el programa de
convergencia y el programa nacional de reforma, incluidos los compromisos
contraídos en el contexto del Pacto por el Euro Plus[5] y ha tenido en cuenta no
sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la
política socioeconómica de Polonia, sino también su cumplimiento de las normas
y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica
global de la Unión Europea incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las
futuras decisiones nacionales. Considera que los programas establecen un plan
de saneamiento de las finanzas públicas ambicioso y exhorta al Gobierno a
aplicarlos y a adoptar medidas adicionales, si fuera necesario, para reducir el
déficit de las administraciones públicas a un nivel inferior al 3 % del PIB en
2012. Partiendo de los logros de la pasada década, deben adoptarse medidas para
un mayor crecimiento del empleo, principalmente reformando el sistema de
pensiones y el sistema educativo y mejorando los servicios de cuidado de niños
y personas dependientes. Asimismo, debe incrementarse la competitividad basada
en factores distintos de los precios, mejorando el marco de I+D y el entorno
empresarial e impulsando la inversión en infraestructura.
(19)
A la luz de la presente evaluación, y teniendo
en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 7 de julio de 2009 en
virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de convergencia
de Polonia, y su dictamen[6] se
refleja particularmente en las recomendaciones (1) y (2) recogidas a
continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de
marzo de 2011, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de
Polonia.
RECOMIENDA que Polonia tome
medidas en el período 2011-2012 a fin de:
(1)
Aplicar las medidas anunciadas en el proyecto
de presupuesto de 2012 y adoptar medidas adicionales, de carácter permanente,
para reducir el déficit de las administraciones públicas a un nivel inferior al
3 % del PIB en 2012. Reducir al mínimo, en el futuro, los recortes en el
gasto propicio al crecimiento, en particular la cofinanción de proyectos con la
UE, asegurando, al mismo tiempo, un adecuado progreso hacia el objetivo a medio
plazo.
(2)
Adoptar legislación con el fin de introducir
una norma permanente en materia de gasto de aquí a 2013. Dicha norma debe
basarse en agregados presupuestarios suficientemente amplios y ha de ser
coherente con el sistema europeo de cuentas. Asimismo, tomar medidas para
fortalecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de la
Administración en los procesos presupuestarios anuales y a medio plazo.
(3)
Aumentar, según lo previsto, la edad legal de
jubilación de los cuerpos uniformados, proseguir con las medidas destinadas a
aumentar la edad efectiva de jubilación y vincularla a la esperanza de vida.
Fijar un calendario de modificación de las normas que regulan las cotizaciones
de los agricultores a los fondos de la seguridad social (KRUS), de manera que
reflejen mejor los ingresos individuales.
(4)
Aplicar la estrategia propuesta con respecto a
la formación continua, potenciar la formación de aprendices y los programas de
educación y formación profesional específicos para trabajadores de más edad y
trabajadores poco cualificados. Reforzar la
conexión entre la ciencia y la esfera empresarial, aplicando el programa «Edificamos
sobre la base del conocimiento» («Budujemy na Wiedzy»); aplicar el programa de
reforma de la educación superior «Colaboración en pro del conocimiento»
(«Partnerstwo dla Wiedzy»), con el fin de
adaptar mejor la educación a las necesidades del mercado de trabajo
(5)
Aumentar la participación de la mujer en el
mercado de trabajo, adoptando medidas dirigidas a garantizar una financiación
estable de los servicios de atención preescolar, para incrementar la tasa de
acceso a los mismos de niños menores de tres años.
(6)
Adoptar medidas dirigidas a reequilibrar los
incentivos para la inversión en recursos destinados a la generación de energía,
con el fin de impulsar las tecnologías de baja emisión de carbono, así como a
desarrollar más las interconexiones transfronterizas de las redes eléctricas. Desarrollar un plan plurianual de inversiones en
infraestructura ferroviaria y aplicar el plan director del transporte
ferroviario.
(7)
Establecer un calendario para la
simplificación de los procedimientos legales necesarios para hacer cumplir los
contratos; revisar la legislación en materia de construcción y zonificación, al
objeto de racionalizar los procedimientos de recurso y acelerar los
procedimientos administrativos.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p.1.
[2]               DO C de , p. .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión
2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[4]               Para más detalles sobre los compromisos contraídos en el
marco del Pacto por el Euro plus véase SEC(2011) 729.
[5]               SEC(2011) 729.
[6]               Previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.


title: Recomendación del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre los entornos libres de humo

text:
               5.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 296/4

      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

   de 30 de noviembre de 2009
   sobre los entornos libres de humo
   2009/C 296/02
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 152, apartado 4, párrafo segundo,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Previa consulta al Parlamento Europeo (1),
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Tratado, en su artículo 152, establece que la acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana.

               (2)

               De conformidad con el artículo 137 del Tratado, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros, entre otros ámbitos, en el de la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.

               (3)

               La exposición al humo de tabaco ambiental (HTA) —también denominado humo de tabaco ajeno— es una fuente muy extendida de mortalidad, morbilidad y discapacidad en la Unión Europea.

               (4)

               Según cálculos prudentes, en 2002, siete mil trescientos adultos, entre ellos dos mil ochocientos no fumadores, murieron como consecuencia de la exposición al HTA en el lugar de trabajo en la Unión Europea. Otras setenta y dos mil muertes de adultos, entre ellas las de dieciséis mil cuatrocientos no fumadores, estaban relacionadas con la exposición al HTA en el hogar.

               (5)

               La exposición al humo de tabaco ajeno es especialmente peligrosa para los niños y los adolescentes y puede aumentar la probabilidad de que lleguen a ser fumadores.

               (6)

               El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el humo de tabaco en el ambiente como carcinógeno humano conocido, y Alemania y Finlandia lo han clasificado como carcinógeno profesional.

               (7)

               Todas las personas tienen derecho a un elevado nivel de protección de la salud y deben estar protegidas contra la exposición al humo de tabaco.

               (8)

               Las políticas voluntarias a nivel nacional han demostrado ser ineficaces para reducir la exposición al humo de tabaco. Una legislación vinculante de los Estados miembros, que se haga cumplir y se supervise correctamente, es un medio eficaz para proteger adecuadamente a las personas contra los riesgos para la salud del humo de tabaco ajeno.

               (9)

               La legislación sobre los entornos libres de humo tiene la máxima eficacia cuando está respaldada por medidas como campañas de sensibilización, ayuda para dejar de fumar, advertencias sanitarias contundentes en los envases de productos del tabaco y otras reglamentaciones de los productos del tabaco.

               (10)

               La sociedad civil tiene un papel importante a la hora de apoyar y garantizar el cumplimiento de la legislación sobre los entornos libres de humo.

               (11)

               Las políticas antitabaco deben contar con instrumentos adecuados para aplicar el enfoque multisectorial del control del tabaco.

               (12)

               Es necesario reforzar la cooperación entre los Estados miembros para facilitar el intercambio de información y de buenas prácticas y desarrollar un sistema normalizado de supervisión en la UE.

               (13)

               En la Resolución del Consejo y de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 18 de julio de 1989 sobre la prohibición de fumar en lugares destinados al público (3), se invitó a los Estados miembros a adoptar medidas para prohibir fumar en determinados lugares cerrados destinados al público y a extender la prohibición de fumar a todos los medios colectivos de transporte.

               (14)

               En la Recomendación 2003/54/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 2002, relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco (4), se recomendó que los Estados miembros pusieran en práctica disposiciones legales u otras medidas efectivas, de forma que se garantice una protección contra la exposición al humo de tabaco en el ambiente en los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y el transporte público.

               (15)

               En la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (5), si bien no se hace referencia explícita al humo de tabaco, se abarcan todos los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. (6)

               (16)

               En su Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) (7), la Comisión se comprometió a trabajar para mejorar la calidad del aire en el interior de edificios, en particular fomentando la prohibición de fumar en todos los lugares de trabajo mediante el recurso a mecanismos jurídicos y a iniciativas a favor de la salud tanto a escala europea como de los Estados miembros.

               (17)

               La consulta iniciada mediante el Libro Verde de la Comisión «Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE» (8), en lo sucesivo, el «Libro Verde», puso de manifiesto un firme apoyo a las prohibiciones generales de fumar en todos los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados y a medidas adicionales de la UE para promover entornos sin humo en todos los Estados miembros.

               (18)

               Los días 30 y 31 de mayo de 2007, tuvo lugar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores un cambio de impresiones acerca de las opciones políticas a nivel de la UE sobre los entornos sin humo. Dicho Consejo acogió con satisfacción el Libro Verde e insistió en la necesidad de una orientación comunitaria que siga promoviendo los entornos sin humo de tabaco a escala de la UE, así como el apoyo comunitario a las medidas nacionales y la coordinación de las mismas.

               (19)

               En la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2007, sobre el Libro Verde, se invitó a los Estados miembros a presentar leyes antitabaco exhaustivas en un plazo de dos años y, a la Comisión a presentar una propuesta legislativa pertinente a más tardar en 2011 en caso de que no se avanzara de forma satisfactoria. Asimismo, se invitó a la Comisión a proponer una modificación del marco legislativo vigente para clasificar el humo de tabaco en el ambiente como carcinógeno y obligar a los empleadores a garantizar que el lugar de trabajo esté libre de humo.

               (20)

               En el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), firmado en junio de 2003 por todos los miembros de la OMS, y ratificado hasta la fecha por ciento sesenta y siete Partes, entre las que se encuentran la Comunidad y veintiséis de sus Estados miembros, se crea la obligación jurídica de que sus Partes adopten y apliquen, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine el Derecho nacional, medidas eficaces para proteger a las personas contra la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, en otros lugares públicos, y promuevan activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.

               (21)

               En la Segunda Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS, en julio de 2007, se adoptaron directrices sobre la protección contra la exposición al humo de tabaco (9) a fin de ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 8 del Convenio. Cada Parte debe esforzarse por aplicar las directrices en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte.

               (22)

               El artículo 14 del Convenio Marco de la OMS crea la obligación jurídica de que sus Partes elaboren y difundan directrices apropiadas, completas e integradas, basadas en pruebas científicas y en las mejores prácticas, y adopten medidas eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la dependencia del tabaco. En la Tercera Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS, se decidió crear un grupo de trabajo para elaborar las directrices de aplicación de dicho artículo.

               (23)

               En la Estrategia Europea sobre el Control del Tabaco, adoptada por el Comité Regional para Europa de la OMS en septiembre de 2002, se recomendó que los Estados miembros garantizaran el derecho de los ciudadanos a un entorno sin humo, entre otras cosas, haciendo que los lugares públicos, los lugares de trabajo y los medios de transporte públicos estuvieran libres de humo, prohibiendo fumar al aire libre en todos los centros de enseñanza de menores, en todos los lugares donde se presta asistencia sanitaria y en los actos públicos, y clasificando el humo de tabaco en el ambiente como carcinógeno.

               (24)

               La presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de la legislación comunitaria por la que se establecen los requisitos mínimos para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores adoptada en virtud del artículo 137 del Tratado, la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (10), y la Decisión 2003/641/CE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2003, sobre el uso de fotografías en color u otras ilustraciones como advertencias sanitarias en los envases de tabaco (11).

         RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

               1.

               Protejan eficazmente contra la exposición al humo de tabaco en los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados, los medios de transporte público y, según proceda, otros lugares públicos, como se estipula en el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y, basándose en las directrices adjuntas sobre la protección contra la exposición al humo de tabaco adoptadas por la Segunda Conferencia de las Partes del Convenio, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para el Estado miembro en cuestión o a más tardar en un plazo de tres años a partir de la adopción de la presente Recomendación.

               2.

               Elaboren y consoliden estrategias y medidas para reducir la exposición al humo de tabaco ajeno de niños y adolescentes.

               3.

               Complementen las políticas antitabaco con medidas de apoyo, entre ellas:

                           a)

                           adoptar medidas eficaces para promover el abandono del tabaco y tratamientos adecuados para la dependencia del mismo, teniendo presentes las circunstancias y prioridades nacionales de acuerdo con el artículo 14 del Convenio Marco de la OMS; y

                           b)

                           introducir advertencias combinadas (tal y como se definen en el artículo 2, apartado 4, de la Decisión 2003/641/CE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2003, sobre el uso de fotografías en color u otras ilustraciones como advertencias sanitarias en los envases de tabaco (12) e información sobre servicios que apoyen el abandono del uso del tabaco en los paquetes de productos de tabaco para fumar a fin de informar mejor a los consumidores sobre los riesgos sanitarios del uso del tabaco y la exposición al humo de tabaco, fomentar el abandono del tabaco y disuadir de empezar a fumar.

               4.

               Elaboren, apliquen, actualicen y revisen periódicamente estrategias, planes o programas de control del tabaco multisectoriales exhaustivos que aborden, entre otras cosas, la cuestión de la protección contra el humo de tabaco en los lugares accesibles al público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quién sea su propietario o del derecho de acceso a los mismos.

               5.

               Proporcionen instrumentos adecuados para aplicar estrategias nacionales, políticas y programas de control del tabaco a fin de garantizar una protección eficaz contra la exposición al humo de tabaco.

               6.

               Notifiquen a la Comisión, si es posible en un plazo de seis meses a partir de la adopción de la presente Recomendación, los centros de referencia nacionales para el control del tabaco con objeto de intercambiar información y buenas prácticas, y coordinar las políticas con otros Estados miembros.

               7.

               Cooperen estrechamente entre ellos y con la Comisión sobre un marco coherente de definiciones, parámetros e indicadores para la aplicación de la presente Recomendación.

               8.

               Supervisen y evalúen la eficacia de las medidas políticas que utilizan los indicadores mencionados anteriormente.

               9.

               Informen a la Comisión sobre las medidas legislativas y otras medidas adoptadas en respuesta a la presente Recomendación, así como sobre los resultados de la supervisión y la evaluación.

         INVITA A LA COMISIÓN A:

               1.

               Informar sobre la aplicación, el funcionamiento y el impacto de las medidas propuestas, basándose en la información facilitada por los Estados miembros.

               2.

               En el marco de una posible revisión de la Directiva 2001/37/CE, examinar todas aquellas medidas relacionadas con los productos del tabaco que ayuden a reducir la atracción que ejercen estos productos y sus efectos adictivos.

               3.

               Analizar los aspectos jurídicos y fundamentos del impacto de un empaquetado genérico, incluso para el funcionamiento del mercado interior.

      Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2009.

            Por el Consejo

            El Presidente

         S. O. LITTORIN

      (1)  Resolución emitida sin consulta obligatoria (no publicada aún en el Diario Oficial).

      (2)  Dictamen de5 de noviembre de 2009 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (3)  DO C 189 de 26.7.1989, p. 1.

      (4)  DO L 22 de 25.1.2003, p. 31.

      (5)  DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.

      (6)  Véase asunto C-49/00, Comisión contra Italia [2001] ECR I-8575, apartados 12-13.

      (7)  COM(2004) 416 final.

      (8)  COM(2007) 27 final.

      (9)  FCTC/COP2(7) Directrices sobre protección contra la exposición al humo de tabaco elaboradas por el grupo de trabajo convocado conforme a la Decisión FCTC/COP1(15) de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

      (10)  DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.

      (11)  DO L 226 de 10.9.2003, p. 24.

      (12)  Véase la nota 11.

      ANEXO

         Directrices sobre protección contra la exposición al humo de tabaco adoptadas por la Segunda Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

         FINALIDAD, OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PRINCIPALES

         Propósito de las directrices

                  1.

                  De conformidad con otras disposiciones del Convenio Marco de la OMS y con las intenciones de la Conferencia de las Partes, el propósito de las presentes directrices es prestar asistencia a las Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 8 del Convenio. Se han elaborado sobre la base de los mejores datos científicos disponibles y las experiencias de las Partes que han aplicado satisfactoriamente medidas eficaces para reducir la exposición al humo de tabaco.

                  2.

                  Las directrices contienen declaraciones de principios y definiciones de términos pertinentes convenidas, así como recomendaciones también convenidas sobre los pasos que es preciso seguir para cumplir las obligaciones dimanantes del Convenio. Además, en las directrices se identifican las medidas necesarias para lograr una protección eficaz contra los peligros del humo de tabaco ajeno. Se alienta a las Partes a que utilicen las presentes directrices no sólo para cumplir sus obligaciones legales en virtud del Convenio, sino también las mejores prácticas de protección de la salud pública.

         Objetivos de las directrices

                  3.

                  Las presentes directrices tienen dos objetivos conexos. El primero es prestar asistencia a las Partes en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a lo previsto en el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS, de manera compatible con las pruebas científicas relativas a la exposición al humo de tabaco ajeno y con las mejores prácticas mundiales en lo que respecta a la aplicación de medidas encaminadas a lograr entornos sin humo de tabaco, con el fin de establecer un alto nivel de responsabilidad en cuanto al cumplimiento del tratado y de prestar asistencia a las Partes para que promuevan el disfrute del más alto nivel posible de salud. El segundo objetivo es identificar los elementos principales de la legislación necesaria para proteger eficazmente a las personas contra la exposición al humo de tabaco, tal como requiere el artículo 8.

         Consideraciones subyacentes

                  4.

                  En la elaboración de las presentes directrices han influido las siguientes consideraciones fundamentales:

                              a)

                              El deber de proteger contra la exposición al humo de tabaco, consagrado en el texto del artículo 8, está basado en las libertades y derechos humanos fundamentales. Habida cuenta de los peligros que entraña el inhalar humo de tabaco ajeno, el deber de proteger contra la exposición de humo de tabaco está implícito, entre otros, en el derecho a la vida y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, reconocidos en numerosos instrumentos jurídicos internacionales (entre ellos la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), incorporados oficialmente en el 2 Preámbulo del Convenio Marco de la OMS y reconocidos en las constituciones de muchos países.

                              b)

                              El deber de proteger a las personas contra el humo de tabaco se corresponde con la obligación de los gobiernos de promulgar leyes que las protejan frente a las amenazas a sus derechos y libertades fundamentales. Esa obligación se hace extensiva a todas las personas, y no se limita a determinadas poblaciones.

                              c)

                              Varios órganos científicos autorizados han determinado que el humo de tabaco ajeno es un carcinógeno. Algunas Partes en el Convenio Marco de la OMS (por ejemplo, Alemania y Finlandia) han clasificado el humo de tabaco ajeno como carcinógeno, y han incluido en su legislación en materia de salud y seguridad la prevención de la exposición al mismo en el lugar de trabajo. Por consiguiente, además de las prescripciones establecidas en el artículo 8, las Partes pueden estar obligadas a abordar el peligro que entraña la exposición al humo de tabaco, conforme a sus leyes vigentes que afecten al lugar de trabajo o a otras leyes que regulen la exposición a sustancias nocivas, incluidos los carcinógenos.

         DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DEFINICIONES PERTINENTES QUE SUBYACEN A LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

         Principios

                  5.

                  Según se indica en el artículo 4 del Convenio Marco de la OMS, se requiere un compromiso político firme a fin de adoptar medidas para proteger a todas las personas contra la exposición al humo de tabaco. Los siguientes principios convenidos deben servir de orientación a la hora de aplicar el artículo 8 del Convenio.

         Principio 1

                  6.

                  La aplicación de las medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco, previstas en el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS, comporta la abstención total del acto de fumar y la eliminación total del humo de tabaco en un espacio o ambiente determinado a fin de lograr un entorno absolutamente libre de humo de tabaco. No existe un nivel inocuo de exposición al humo de tabaco, y hay que rechazar conceptos tales como el valor de umbral para la toxicidad del humo ajeno, puesto que los datos científicos no los corroboran. Se ha demostrado en repetidas ocasiones la ineficacia de las soluciones que se apartan del objetivo de lograr entornos completamente libres de humo de tabaco, entre ellas la ventilación, la filtración de aire y el uso de zonas destinadas a los fumadores (tanto con sistemas de ventilación independientes como sin ellos), y existen datos científicos y de otra índole que demuestran de forma concluyente que los métodos basados en soluciones técnicas no protegen contra la exposición al humo de tabaco.

         Principio 2

                  7.

                  Todas las personas deben estar protegidas contra la exposición al humo de tabaco. Todos los lugares de trabajo interiores y lugares públicos cerrados deben estar libres de humo de tabaco.

         Principio 3

                  8.

                  Se necesita una legislación que proteja a las personas contra la exposición al humo de tabaco. Se ha demostrado en repetidas ocasiones que la adopción voluntaria de políticas encaminadas al logro de entornos sin humo de tabaco es ineficaz y no ofrece una protección adecuada. Para ser eficaz, la legislación debe ser simple, clara y de obligado cumplimiento.

         Principio 4

                  9.

                  Una buena planificación y recursos adecuados son esenciales para la aplicación y observancia satisfactorias de una legislación que propicie entornos libres de humo de tabaco.

         Principio 5

                  10.

                  La sociedad civil tiene un papel decisivo a la hora de apoyar y asegurar el cumplimiento de las medidas encaminadas a lograr entornos sin humo de tabaco, y debe participar como asociado activo en el proceso de elaboración, aplicación y observancia de la legislación.

         Principio 6

                  11.

                  Es preciso vigilar y evaluar la aplicación, la observancia y las repercusiones de una legislación que propicie entornos sin humo de tabaco. Esto debe incluir la vigilancia y respuesta a las actividades de la industria tabacalera que socavan la aplicación y la observancia de la legislación, como se prevé en el artículo 20, apartado 4, del Convenio Marco de la OMS.

         Principio 7

                  12.

                  En caso necesario, hay que fortalecer y ampliar la protección de las personas contra la exposición al humo de tabaco; tales medidas pueden incluir la promulgación de nuevas leyes o la modificación de las vigentes, la mejora de la observancia y otras medidas que reflejen los nuevos datos científicos y las experiencias extraídas del estudio de casos.

         Definiciones

                  13.

                  Al elaborar la legislación, es importante definir cuidadosamente las principales expresiones utilizadas. En el presente documento se incluyen varias recomendaciones relativas a las definiciones más adecuadas, sobre la base de las experiencias de numerosos países. Las definiciones contenidas en esta sección complementan las ya incluidas en el Convenio Marco de la OMS.

         «Humo de tabaco ajeno» o «humo de tabaco ambiental»

                  14.

                  Normalmente se utilizan varios términos alternativos para describir el tipo de humo mencionado en el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS, entre ellos «humo ajeno», «humo de tabaco ambiental» y «humo de otras personas». Deben evitarse términos tales como «tabaquismo pasivo» y «exposición involuntaria al humo de tabaco», ya que la experiencia de Francia y otros países muestra que la industria tabacalera puede utilizarlos para apoyar la posición de que la exposición «voluntaria» es aceptable. Los términos preferibles son «humo de tabaco ajeno», que en ocasiones figura abreviado por sus siglas en inglés como «SHS», y «humo de tabaco ambiental», en ocasiones abreviado como «HTA»; en las presentes directrices se utiliza el término «humo de tabaco ajeno».

                  15.

                  El humo de tabaco ajeno se puede definir como «el humo que se desprende del extremo ardiente de un cigarrillo o de otros productos de tabaco, generalmente en combinación con el humo exhalado por el fumador».

                  16.

                  El «aire sin humo» es el aire al 100 % libre de humo de tabaco. Esta definición incluye, aunque no se limita, al aire donde el humo de tabaco no puede verse, olerse, percibirse ni medirse (1).

         «Fumar»

                  17.

                  Este término debe definirse de manera que incluya el hecho de estar en posesión o control de un producto de tabaco encendido, independientemente de que el humo se esté inhalando o exhalando de forma activa.

         «Lugares públicos»

                  18.

                  Si bien la definición precisa de «lugares públicos» variará en función de las jurisdicciones, es importante que la legislación defina esta expresión de la manera más amplia posible. La definición utilizada debe abarcar todos los lugares accesibles al público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quién sea su propietario o del derecho de acceso a los mismos.

         «Interior» o «cerrado»

                  19.

                  El artículo 8 requiere la protección contra el humo de tabaco en lugares de trabajo «interiores» y espacios públicos «cerrados». Teniendo en cuenta las dificultades que puede plantear una definición de zona «interior», a la hora de definir esta expresión deben contemplarse específicamente las experiencias de diversos países. La definición debe ser tan inclusiva y clara como sea posible, y al formularla se procurará evitar la incorporación de listas que se puedan interpretar como si excluyeran alguna zona «interior» que pueda ser pertinente. Se recomienda definir «zona interior» (o «cerrada») de manera que se incluya todo espacio cubierto por un techo o cerrado entre una o más paredes o muros, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros, y de que la estructura sea permanente o temporal.

         «Lugar de trabajo»

                  20.

                  En términos generales, un «lugar de trabajo» debe definirse como «todo lugar utilizado por las personas durante su empleo o trabajo». La definición debe abarcar no solamente el trabajo remunerado, sino también el trabajo voluntario del tipo que normalmente se retribuye. Además, los «lugares de trabajo» incluyen no sólo aquellos donde se realiza el trabajo, sino también todos los lugares conexos o anexos que los trabajadores suelen utilizar en el desempeño de su empleo, entre ellos, por ejemplo, los pasillos, ascensores, huecos de escalera, vestíbulos, instalaciones conjuntas, cafeterías, lavabos, salones, comedores y edificaciones anexas tales como cobertizos y barracones. Los vehículos que se utilizan mientras se realiza el trabajo se consideran lugares de trabajo y deben identificarse de forma específica como tales.

                  21.

                  Es preciso tomar debidamente en consideración los lugares de trabajo que al mismo tiempo son viviendas o lugares de residencia de determinadas personas, por ejemplo, prisiones, instituciones de salud mental u hogares de ancianos. Estos lugares de residencia son lugares de trabajo de otras personas, que deben estar protegidas contra la exposición al humo de tabaco.

         «Transporte público»

                  22.

                  El transporte público se debe definir de manera que comprenda todo vehículo utilizado para transportar al público, generalmente con fines comerciales o para obtener una remuneración. Abarca los taxis.

         EL ALCANCE DE UNA LEGISLACIÓN EFICAZ

                  23.

                  El artículo 8 requiere la adopción de medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en 1) lugares de trabajo interiores, 2) lugares públicos cerrados, 3) medios de transporte público y 4) «según proceda, otros lugares públicos».

                  24.

                  Esto crea una obligación de proporcionar protección universal asegurando que todos los lugares públicos cerrados, todos los lugares de trabajo interiores, todos los medios de transporte público y, posiblemente, otros lugares públicos (exteriores o cuasi exteriores), estén libres de la exposición al humo de tabaco ajeno. No hay exención alguna que se justifique sobre la base de argumentos sanitarios ni jurídicos. Si hay que considerar la posibilidad de establecer exenciones sobre la base de otros argumentos, éstas deben ser mínimas. Además, en caso de que una Parte no pueda lograr la cobertura universal de inmediato, el artículo 8 establece una obligación permanente de actuar lo antes posible a fin de eliminar cualesquiera exenciones y hacer que la protección sea universal. Cada Parte debe esforzarse por proporcionar protección universal en el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio Marco de la OMS para esa Parte.

                  25.

                  No existen niveles seguros de exposición al humo ajeno y, tal como reconoció la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(15), los métodos basados en soluciones técnicas tales como la ventilación, la renovación del aire y el uso de zonas destinadas a los fumadores no protegen contra la exposición al humo de tabaco.

                  26.

                  Debe proporcionarse protección en todos los lugares de trabajo interiores o cerrados, incluidos los vehículos automotores utilizados como lugares de trabajo (por ejemplo taxis, ambulancias o vehículos de reparto de mercancías).

                  27.

                  El texto del tratado requiere la aplicación de medidas de protección no solamente en todos los lugares públicos «interiores», sino también en esos «otros» lugares públicos (es decir, exteriores o cuasi exteriores), «según proceda». Al identificar esos lugares públicos exteriores y cuasi exteriores, según proceda con arreglo a la legislación, las Partes deberán tener en cuenta las pruebas científicas con respecto a los posibles peligros para la salud en diversos entornos, y deberán actuar con el fin de adoptar las medidas de protección más eficaces contra la exposición, en caso de que dichas pruebas demuestren que existe un peligro.

         INFORMAR, CONSULTAR Y HACER PARTICIPAR AL PÚBLICO A FIN DE ASEGURAR SU APOYO Y UNA APLICACIÓN SIN TROPIEZOS

                  28.

                  Sensibilizar a la población y a los líderes de opinión con respecto a los riesgos que entraña la exposición al humo de tabaco ajeno mediante campañas de información continuas es una función importante que los organismos gubernamentales deben desempeñar en alianza con la sociedad civil, a fin de garantizar que la población comprenda y apoye las medidas legislativas. Entre los principales interlocutores figuran las empresas, las asociaciones de restauración y hostelería, la patronal, los sindicatos, los medios de comunicación, los profesionales sanitarios, las organizaciones que representan a niños y jóvenes, las instituciones confesionales y de enseñanza, la comunidad de investigadores y la población en general. Los esfuerzos de sensibilización deben incluir el mantenimiento de consultas con las empresas y otras organizaciones e instituciones afectadas mientras se elabore la legislación.

                  29.

                  Los mensajes clave deben concentrarse en los daños que causa la exposición al humo de tabaco ajeno, el hecho de que la eliminación del tabaco en los espacios interiores es la única solución basada en datos científicos para asegurar una protección total contra la exposición, el derecho de todos los trabajadores a estar igualmente protegidos por la ley, así como el hecho de que no hay factores económicos que compensen el perjuicio causado a la salud, ya que la experiencia en un número creciente de jurisdicciones demuestra que los entornos sin humo de tabaco benefician tanto a la salud como a la economía. Las campañas de educación de la población también deben ir dirigidas a aquellos entornos en los que tal vez no sea viable o adecuado aplicar la legislación, como es el caso de los hogares privados.

                  30.

                  También es esencial mantener amplias consultas con los interlocutores a fin de educar y movilizar a la comunidad y facilitar el apoyo a la legislación una vez promulgada. Cuando ésta se adopte, debe ponerse en marcha una campaña de educación a efectos de aplicar la ley, facilitar información a los empresarios y administradores de inmuebles sobre el contenido de la ley y las responsabilidades que les impone, y crear recursos tales como la señalización. Esas medidas aumentarán la probabilidad de que la ley se aplique sin tropiezos y se cumpla voluntariamente en amplia medida. Los mensajes destinados a defender los derechos de los no fumadores y agradecer a los fumadores el cumplimiento de la ley promoverán la participación del público en la labor de observancia y la aplicación sin tropiezos.

         OBSERVANCIA

         Deber de cumplimiento

                  31.

                  Una legislación eficaz debe imponer responsabilidades legales con respecto al cumplimiento tanto por los establecimientos mercantiles afectados como por los fumadores, y debe prever sanciones para las infracciones, que se aplicarán a los establecimientos y, posiblemente, a los fumadores. Por lo general, la observancia se centrará en los establecimientos mercantiles. En virtud de la legislación, el propietario, administrador u otra persona a cargo del local será el responsable de cumplir la ley, que identificará claramente las acciones que éste o ésta debe llevar a cabo. Entre esas obligaciones figuran las siguientes:

                              a)

                              colocar en las entradas y otras ubicaciones adecuadas señales claras que indiquen la prohibición de fumar; las autoridades sanitarias u otros organismos del gobierno determinarán el formato y contenido de esas señales, que pueden incluir un número de teléfono u otros mecanismos que permitan al público informar de las infracciones, así como el nombre de la persona a quien deben dirigirse las reclamaciones en el establecimiento;

                              b)

                              retirar todos los ceniceros del local;

                              c)

                              vigilar el cumplimiento de las normas;

                              d)

                              adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen en el local; entre esas medidas se pueden mencionar las siguientes: pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local o ponerse en contacto con el organismo encargado de hacer cumplir la ley u otra autoridad.

         Sanciones

                  32.

                  La legislación debe especificar multas u otras sanciones pecuniarias por las infracciones. Si bien la cuantía de las sanciones reflejará necesariamente las prácticas y costumbres específicas de cada país, la decisión debe guiarse por varios principios. Ante todo, las sanciones deben ser lo bastante amplias como para disuadir a los posibles infractores, de lo contrario es posible que éstos no las tengan en cuenta o las consideren como un mero costo de la actividad comercial. Se requieren sanciones de mayor cuantía a fin de disuadir a los empresarios infractores, en comparación con las necesarias para los fumadores, quienes normalmente disponen de menos recursos. Las sanciones deben aumentar en caso de reincidencia, y deben ser coherentes con las aplicadas a otros delitos de igual gravedad en el país de que se trate.

                  33.

                  Además de las sanciones pecuniarias, la legislación también puede prever sanciones administrativas tales como la suspensión de las licencias empresariales, de manera compatible con la práctica y el sistema jurídico del país. Aunque rara vez se recurre a esas «sanciones en última instancia», éstas son muy importantes para hacer cumplir la ley a los establecimientos que se niegan a ello en repetidas ocasiones.

                  34.

                  Según el contexto jurídico y cultural de cada país, si procede, se puede considerar la posibilidad de prever sanciones penales por las infracciones.

         Infraestructura de la observancia

                  35.

                  La legislación debe identificar la autoridad o las autoridades responsables de la observancia, y prever un sistema tanto para vigilar el cumplimiento como para perseguir a los infractores.

                  36.

                  La vigilancia incluirá un proceso de inspección de los establecimientos para verificar el cumplimiento de la ley. Muy pocas veces es necesario crear un nuevo sistema de inspección para la observancia de la legislación que promueve entornos sin humo de tabaco. Por el contrario, el cumplimiento se puede vigilar normalmente recurriendo a uno o más de los mecanismos ya disponibles para la inspección de los locales comerciales y lugares de trabajo. En general existen varias opciones a tal fin. En muchos países, las inspecciones para verificar el cumplimiento pueden estar integradas en las inspecciones sobre licencias comerciales, inspecciones de sanidad y de las condiciones de saneamiento, inspecciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo, inspecciones de seguridad contra incendios o programas similares. Puede ser útil recurrir de forma simultánea a varias de esas fuentes de acopio de información.

                  37.

                  Se recomienda emplear a los inspectores o agentes encargados de hacer cumplir la ley a nivel local, siempre que sea posible; es probable que con ello aumenten los recursos de observancia disponibles y el nivel de cumplimiento. Este enfoque requiere el establecimiento de un mecanismo nacional de coordinación a fin de asegurar un enfoque coherente en el ámbito nacional.

                  38.

                  Independientemente del mecanismo utilizado, la vigilancia debe basarse en un plan global de observancia e incluir un proceso de formación eficaz de los inspectores. Una vigilancia eficaz puede combinar inspecciones regulares con inspecciones imprevistas o sorpresivas, así como visitas realizadas en respuesta a reclamaciones presentadas. Esas visitas pueden muy bien ser educativas en el periodo inicial que sigue a la entrada en vigor de la ley, ya que es probable que la mayor parte de las infracciones sean involuntarias. La legislación debe autorizar la entrada de los inspectores en los locales, a reserva de las condiciones establecidas a tal efecto, así como la recogida de muestras y pruebas en caso de que esas facultades no se hayan previsto expresamente en la ley vigente. De forma análoga, la legislación debe prohibir que los establecimientos obstaculicen la labor de los inspectores.

                  39.

                  El costo de una vigilancia eficaz no es excesivo. No es necesario contratar a un número elevado de inspectores, ya que las inspecciones se pueden llevar a cabo en el marco de los programas existentes y con el personal disponible, teniendo en cuenta que la experiencia demuestra que la legislación que propicia entornos sin humo de tabaco tiende a cumplirse automáticamente en un plazo muy breve (es decir, es el público quien se encarga principalmente de hacerla cumplir). Tal vez sólo sean necesarios algunos enjuiciamientos si la legislación se aplica cuidadosamente y se acometen esfuerzos activos para educar a los propietarios de los establecimientos y a la población en general.

                  40.

                  Si bien estos programas no resultan caros, se necesitan recursos para educar a los propietarios de los establecimientos, formar a los inspectores, coordinar el proceso de inspección y compensar al personal por las inspecciones realizadas fuera del horario habitual de trabajo. Es preciso identificar un mecanismo de financiación a tal fin. En los programas eficaces de vigilancia se han utilizado diversas fuentes de financiación, entre ellas ingresos fiscales asignados, derechos por expedición de licencias comerciales, e ingresos obtenidos de las multas abonadas por los infractores.

         Estrategias de observancia

                  41.

                  Los enfoques estratégicos para hacer cumplir la legislación pueden maximizar su cumplimiento, simplificar su aplicación y reducir el nivel de recursos de observancia necesarios.

                  42.

                  En particular, las actividades encaminadas a asegurar la observancia en el periodo inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley son fundamentales para la eficacia de ésta, y para una vigilancia y una observancia satisfactorias en el futuro. Muchas jurisdicciones recomiendan un periodo inicial de observancia poco estricta, durante el cual se prevenga pero no se sancione a los infractores. Este enfoque debe combinarse con una campaña activa de educación de los propietarios de los establecimientos que les informe sobre sus responsabilidades en el marco de la ley, y les haga comprender que el periodo de gracia inicial o periodo de introducción gradual irá seguido de una observancia más estricta.

                  43.

                  Cuando se inicia el periodo de observancia activa, muchas jurisdicciones recomiendan que se recurra a enjuiciamientos severos a fin de reforzar el efecto disuasorio. Si se identifica a los infractores que más abiertamente han desafiado el cumplimiento de la ley o que son muy conocidos en la comunidad, se adoptan medidas firmes con rapidez, y se promueve la máxima sensibilización de la población con respecto a estas actividades, las autoridades serán capaces de mostrar su determinación y la gravedad que entraña el incumplimiento de la ley. Esto aumenta el cumplimiento voluntario y reduce la necesidad de recursos de cara a las actividades futuras de vigilancia y observancia.

                  44.

                  A pesar de que las leyes que propician entornos sin tabaco se cumplen automáticamente en breve plazo, sigue siendo esencial que las autoridades estén preparadas para responder rápidamente y con decisión a cualesquiera casos aislados de desafío flagrante. En particular, cuando una ley entra en vigor, puede haber un infractor ocasional que demuestre su desprecio por la ley en público. En estos casos, las respuestas firmes crean una expectativa de cumplimiento que facilitará los esfuerzos que se hagan en el futuro, mientras que la indecisión puede conducir rápidamente a infracciones generalizadas.

         Movilizar y hacer participar a la comunidad

                  45.

                  La eficacia de un programa de vigilancia y observancia mejora con la participación de la comunidad. Conseguir el apoyo de ésta y alentar a sus miembros a que vigilen el cumplimiento e informen de las infracciones aumenta en amplia medida el margen de actuación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y reduce la necesidad de interponer recursos destinados al cumplimiento. De hecho, en muchas jurisdicciones las reclamaciones presentadas por miembros de la comunidad son el medio principal de asegurar el cumplimiento. Por tal motivo, toda legislación que propicie entornos sin humo de tabaco debe especificar que los miembros de la comunidad pueden presentar reclamaciones y debe autorizar a toda persona u organización no gubernamental a iniciar acciones para imponer el cumplimiento de las medidas que regulan la exposición al humo de tabaco ajeno. El programa de observancia debe poner a disposición del público, de forma gratuita, una línea directa de reclamaciones o prever un sistema similar para alentar a la población a informar sobre las infracciones.

         VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

                  46.

                  La vigilancia y evaluación de las medidas encaminadas a reducir la exposición al humo de tabaco son importantes por varias razones, entre ellas las siguientes:

                              a)

                              para aumentar el apoyo político y público al fortalecimiento y a la ampliación de las disposiciones legislativas;

                              b)

                              para documentar los éxitos obtenidos, que servirán de base y ayuda para los esfuerzos de otros países;

                              c)

                              para identificar y hacer públicos los esfuerzos realizados por la industria tabacalera con el fin de socavar la aplicación de las medidas.

                  47.

                  El alcance y la complejidad de la vigilancia y la evaluación variará según las jurisdicciones, en función de los conocimientos técnicos y los recursos de que se disponga. Sin embargo, es importante evaluar el resultado de las medidas aplicadas, en particular por lo que se refiere al indicador clave de la exposición al humo de tabaco ajeno en los lugares de trabajo y los lugares públicos. Puede haber formas de conseguirlo con una buena relación entre coste y eficacia, por ejemplo utilizando los datos o la información que se hayan recopilado mediante actividades habituales, tales como inspecciones de los lugares de trabajo.

                  48.

                  Es preciso tener en cuenta ocho indicadores de los procesos y resultados principales (2).

         Procesos

                  a)

                  conocimientos, actitudes y apoyo de la población en general, y posiblemente de grupos específicos, tales como los empleados de los bares, en relación con las políticas encaminadas a crear entornos sin humo de tabaco;

                  b)

                  observancia y cumplimiento de las políticas encaminadas a crear entornos sin humo de tabaco;

         Resultados

                  a)

                  reducción de la exposición de los empleados al humo de tabaco ajeno en los lugares de trabajo y los lugares públicos;

                  b)

                  reducción del contenido de humo de tabaco ajeno en el ambiente de los lugares de trabajo (en particular los restaurantes) y los lugares públicos;

                  c)

                  reducción de la mortalidad y la morbilidad derivadas de la exposición al humo de tabaco ajeno;

                  d)

                  reducción de la exposición al humo de tabaco ajeno en las viviendas privadas;

                  e)

                  cambios en la prevalencia de tabaquismo y en los comportamientos relacionados con el tabaquismo;

                  f)

                  repercusiones económicas.

         (1)  Es posible que existan elementos constitutivos de humo de tabaco en el aire en cantidades demasiado pequeñas para medirse. Hay que prestar atención a la posibilidad de que la industria tabacalera o el sector del ocio traten de sacar partido de las limitaciones que presenta esta definición.

         (2)  La publicación de la OMS con recomendaciones normativas: Protection from exposure to second-hand tobacco smoke (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007) comprende referencias y enlaces a estudios de vigilancia de todos esos indicadores realizados en otros organismos.